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Timestamp: 2019-10-15 16:53:28+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 348, de 10/11/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 348 ASUNTOS EXTERIORES PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA Sesión núm. 28 celebrada el jueves, 10 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA: Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. (BOCG, serie A, número 75-1, de 30-7-94. Número de expediente 121/000060) (Página 10802) Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. (BOCG, serie A, número 75-1, de 30-7-94. Número de expediente 121/000060) (Página 10802) Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a recabar del Gobierno de México la adopción de medidas para garantizar la vida y la seguridad de las personas, en el marco del respeto a los derechos humanos, así como para asegurar la máxima transparencia e imparcialidad de los organismos electorales en la resolución de las denuncias de fraude presentadas tras el proceso electoral de 21 de agosto de 1994. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente 161/000298) (Página 10804)
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Dictámenes sobre: --Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador (número 173 de la OIT) adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992 y Declaración que España va a formular en el momento de la ratificación. (BOCG, serie C, número 141-1, de 16-9-94. Número de expediente 110/000118) (Página 10808) --Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Nicaragua, hecho «ad referendum» en Managua el 16 de marzo de 1994. (BOCG, serie C, número 145-1, de 23-9-94.
Número de expediente 110/000120) (Página 10810) --Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, así como declaración que el Gobierno español va a formular. (BOCG, serie C, número 149-1, de 7-10-94. Número de expediente 110/000121) (Página 10812)
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA. (Número de expediente 121/000060.)
Ustedes tienen el orden del día y vamos a empezar por el punto primero, que es la ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
Los miembros de la Ponencia aquí presentes se ratifican en el informe que hicieron en su reunión.
¿Se aprueba por asentimiento esta ratificación? (Asentimiento.)
--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA. (Número de expediente 121/000060.)
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, pasamos a la discusión del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, dado que por parte de Coalición Canaria se ha valorado, primero, lo que ha sido la consecuencia y congruencia con las votaciones que siempre hemos venido efectuando para apoyar todos los proyectos que consoliden la Unión Europea y, segundo, por tratarse en este caso de una ampliación del Tratado de Adhesión con países como Noruega, Austria, Finlandia y Suecia, cuatro países que tradicionalmente componen uno de los paquetes que en este momento es de mayor interés, tanto en las transacciones comerciales como turísticas con el archipiélago canario, junto a toda la valoración positiva que el proyecto trae en sí.
Por eso nosotros, ya que otros portavoces también lo van a aceptar, dentro de una dimensión puramente europea más general, hacemos causa obvia de ello, sumándonos también, por supuesto, pero querríamos destacar este principio y desear también desde Coalición Canaria que los referenda que tienen que realizarse en estos países para ratificar desde bases de soberanía popular la adhesión a la misma encuentren la feliz solución que todos deseamos.
Desde aquí lanzamos un voto de afecto y apoyo a las fuerzas políticas de Noruega, de Austria, de Finlandia y de Suecia que están empeñadas en este ambicioso, necesario e imprescindible proyecto. Por estas razones nosotros vamos a dar, y no me extiendo más, señor Presidente, nuestro voto de apoyo total y absoluto a este proyecto de ampliación de la Unión Europea, del que se derivarán beneficios para España, y en concreto para los intereses legítimos, dentro del marco de la nación española, que son recogidos precisamente en el Acta, debido a las relaciones que en este momento hay de todo tipo --turístico, cultural y comercial-- e incluso con empresas noruegas, finlandesas o suecas que tradicionalmente vienen operando desde hace años en el archipiélago canario.
Por ello nos solidarizamos en la unidad de este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vázquez.
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El señor VAZQUEZ ROMERO: La primera consideración que mi Grupo quisiera hacer es que el tema que nos ocupa tiene la suficiente relevancia como para merecer una intervención en el Pleno, dada la solemnidad que ello confiere a ese tipo de actos.
La segunda, que es posible, y ojalá nos equivoquemos, que estemos hablando de una entelequia. Están pendientes los referenda en algunos de estos países, por cuyo resultado, si es favorable, entrarían a formar parte de la Unión Europea el día 1.º de enero de 1996, pero, como todos sabemos, hay dificultades importantes para que esos referenda consigan un resultado positivo.
Desde aquí nos quisiéramos sumar a las palabras del señor Mardones en la medida de que desde nuestra modesta fuerza podamos ayudar a que esos referenda tengan el resultado positivo que todos esperamos. Sin embargo, repito que el conocimiento de los datos que ahora mismo se manejan no nos permite ser demasiado optimistas al respecto. Incluso a pesar de que hayan sido nombrados los futuros comisarios de la Unión Europea con la inclusión de carteras importantes para estos cuatro países: Suecia, Noruega, Finlandia y Austria.
Repito que nuestro Grupo, con todos los demás de la Cámara, ya mostró su posición favorable a la ampliación y al mismo tiempo a retener --digamos-- el instrumento de ratificación hasta que se cumpliera la inclusión de España en la política de pesca comunitaria, a pesar de que, como ustedes saben perfectamente, en algunos medios de comunicación y por parte de algunas personas de solvencia intelectual reconocida se criticó la medida unánime del Congreso, tachándola de poco europeísta, quizás olvidando por parte de quienes así opinaban que las circunstancias que motivaron la entrada de España en el entonces Mercado Común han variado sensiblemente y, por tanto, no tendríamos por qué estar obligados a aceptar unas condiciones que entonces fueron bastante negativas para nuestro país, tanto en el tema concreto de la pesca como en algunos otros.
Por tanto, sin merma de nuestra vocación de apoyo a esa ampliación y con las consideraciones antes expresadas, mi Grupo cree que este proyecto de ley va a requerir de todos nosotros un debate más solemne en el Pleno de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente este proyecto de ley por diversas razones que voy a dejar enunciadas, haciendo la reserva de que, efectivamente, en el Pleno procederá un debate de mayor solemnidad dada la importancia que supone este trámite no sólo para España sino para la Unión Europea.
Esta es la primera ampliación que se produce en la Unión Europea desde que España es miembro y, de la misma manera que nosotros en su día reclamamos, una vez alcanzada la democracia, la integración en la Unión Europea, es forzoso reconocer el derecho de todos los países europeos y democráticos a integrarse en la misma. Esta es una posición de principio irrenunciable que favorece a todos aquellos países que estén predispuestos a asumir plenamente el acervo comunitario.
Además, creo que la ampliación de la Comunidad es buena para Europa y para la construcción europea. Estos países aportan algo muy positivo al conjunto de la Unión Europea. En el terreno socio-económico son países altamente desarrollados e incluso, desde una perspectiva más estrictamente social, sus estructuras sociales son mucho más equilibradas que las que rigen en el sur de Europa y, desde ese punto de vista, aportan una dimensión positiva al futuro de la Unión Europea. Incluso en el terreno de la seguridad se podrían hacer también consideraciones favorables a la ampliación.
Vista la ampliación desde la perspectiva española, supone un auténtico reto. Un reto para España en el sentido de que, si llega a producirse la plena integración de estos países, va a elevar todas las medias comunitarias en todos los terrenos. Nosotros estamos ya por debajo de tales medias comunitaria y, por tanto, el desafío que supone elevar esas medias con la incorporación de estos cuatro países es para España y para sus Gobiernos un reto de primerísima magnitud, a fin de no quedarnos rezagados en lo que es, no ya la construcción europea, sino los objetivos que presiden la construcción europea, que es alcanzar el mayor nivel de bienestar, de libertad y de democracia en el conjunto de la Unión.
Por último, creo que también es bueno para los países que solicitan la integración el que se incorporen a la Unión Europea porque acceden a un proyecto de futuro y se alejan de lo que podría denominarse un aislamiento egoísta.
Nosotros, por tanto, esperamos dos cosas: esperamos que los referenda pendientes se resuelvan favorablemente a la integración en esos países y esperamos también que estos países que se integran, si llegan a integrarse, contribuyan a la construcción europea en términos positivos, es decir, en términos de ir a una integración más sólida y más equilibrada que la que existe actualmente en la Unión Europea.
Dicho esto, el Grupo Parlamentario Popular, como es lógico, mantiene la posición que asumió en el Pleno de la Cámara al aprobar la resolución por la que se instaba al Gobierno a demorar la presentación del instrumento de ratificación hasta que se cumplan los compromisos asumidos por el Consejo de Ministros de la Unión Europea con España, y ello no implica favorecer el incumplimiento de obligaciones internacionales, sino todo lo contrario. Yo creo que no se pueden hacer compartimentos estancos en el proceso de construcción europea y hay que cumplir todos los compromisos.
Nosotros votamos favorablemente la autorización de la ratificación y queremos que se cumplan los compromisos internacionales, pero no sólo éstos, sino también los compromisos comunitarios que son absolutamente imprescindibles para que la construcción europea pueda avanzar de forma equilibrada. Es al Gobierno a quien corresponde la principal responsabilidad. Tiene ante sí un objetivo no fácil en estos momentos, que es conseguir la plena integración de España en la política común pesquera
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con efectos de 1 de enero de 1996, y a él le corresponde, por tanto, adoptar todas las medidas precisas en el seno de las instituciones comunitarias para conseguir que se pueda producir la ampliación en los términos en que está prevista, al mismo tiempo que se cumple la plena integración de España en la política común pesquera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Permítanme también, en una breve intervención, señalar los aspectos que consideramos más importantes de esta Ley Orgánica de ampliación de la Unión Europea, y permítanme, en primer lugar, manifestar en este acto nuestra confianza y nuestra esperanza de que las medidas que quedan pendientes, ajenas a nuestra voluntad, de ampliación, especialmente en Suecia y Noruega, se desarrollen favorablemente para los intereses de la Unión Europea, que son los intereses, sin duda, también de los ciudadanos de esos dos países. Este acto también viene a ser la confianza y un crédito hacia esos países para su integración en este espacio europeo que todos deseamos cada vez más unido.
La negociación ha sido ardua y difícil, ha durado poco más de un año, en el que se han abordado distintos aspectos, todos ellos importantes para la Unión Europea y particularmente para España, pero a mí me gustaría hacer referencia en este trámite a algunas cuestiones generales e importantes para la propia Unión Europea. En primer lugar, ésta es la primera ampliación de la Unión Europea como tal, y se produce en un momento especialmente oportuno, a nuestro entender, porque escenifica la búsqueda de soluciones conjuntas a conflictos emergentes en las sociedades europeas, como son el racismo, la intolerancia y otros, frente a salidas individuales o nacionales en la búsqueda de solución a esos problemas. Es una ampliación que fortalece política y económicamente al proyecto de Unión Europea y que, por ello, es para España y para el Grupo Parlamentario Socialista especialmente importante, ya que ha compartido históricamente y apoya claramente este proceso de integración.
En el plano político se refuerza el peso de Europa en los asuntos mundiales, con mayor peso en todos los foros internacionales, y da asimismo una mayor seguridad al suponer un nuevo avance en el objetivo de una más fuerte unión de los pueblos europeos recogida en los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea. En el plano económico, supone un mayor mercado de servicios y capitales y, por tanto, no tan sólo un reto, sino también un escenario de oportunidades para las iniciativas, para las empresas españolas. Supone, asimismo, un incremento muy importante del territorio de la Comunidad y de su producto interior bruto, un producto interior bruto que, efectivamente, se incrementa sustancialmente, hasta un 12 por ciento, al ser estos países más ricos que la media comunitaria. En definitiva, supone nuevos recursos humanos, naturales y financieros.
La ampliación también viene a ser el triunfo del modelo de integración política y económica frente al de cooperación intergubernamental y libre comercio que representaba la EFTA en Europa. La negociación ha tenido como principio filosofal la aceptación por parte de estos países del acervo comunitario, más que el intercambio económico; también la unión política, y ello merece a nuestro Grupo Parlamentario una valoración especialmente positiva.
Me gustaría simplemente, para finalizar, resaltar las consecuencias positivas que tiene también para nuestro país al permitir acortar el período transitorio para la política común de pesca, que venía dado por nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, y participar plenamente en la política común de pesca. Es verdad que todavía quedan por instrumentar algunos de los temas para hacer realidad esta integración en la política común de pesca, pero también es verdad que existe --así lo han manifestado distintos responsables de la Unión Europea-- la voluntad de cumplir todos los compromisos adquiridos en la negociación. Hace unos pocos días hemos podido ver cómo se eliminaban los obstáculos pendientes para hacer realidad el cumplimiento del compromiso de recursos propios para la Unión Europea. Esperamos que en los próximos Consejos podamos también celebrar que se han eliminado los obstáculos para que España se integre plenamente en la política común de pesca en enero de 1996; que se eliminen esos obstáculos y que los países que aún tienen por celebrar su referenda nacionales tengan éxito y sean favorables a esta ampliación y que nosotros, en el plazo que nos queda hasta final de año, podamos decir que sí a esta ampliación y a una Europa más fuerte, más unida y más solidaria.
El señor PRESIDENTE: Terminados los turnos de palabra, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECABAR DEL GOBIERNO DE MEXICO LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EN EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASI COMO PARA ASEGURAR LA MAXIMA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN LA RESOLUCION DE LAS DENUNCIAS DE FRAUDE PRESENTADAS TRAS EL PROCESO ELECTORAL DE 21-8-94. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000298.)
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El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a recabar del Gobierno de México la adopción de medidas para garantizar la vida y la seguridad de las personas, en el marco del respeto a los derechos humanos, así como para asegurar la máxima transparencia e imparcialidad de los organismos electorales en la resolución de las denuncias de fraude presentadas tras el proceso electoral de 21 de agosto de 1994.
El autor de esa proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por este Grupo, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, el efecto el objetivo fundamental del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al presentar a debate y votación esta proposición no de ley en la Comisión de Exteriores es la estimación de la responsabilidad que a España, como a otros países, le cabe de manera indirecta en unos hechos que, si bien se pusieron de manifiesto en Méjico a partir del 1 de enero de 1994, revelan una situación de fondo cuya gravedad todavía, a juicio de este Grupo Parlamentario, puede alcanzar cotas de violencia mayores de las que se han planteado hasta este momento.
Los espectadores internacionales asistimos con asombro a la puesta en escena de una situación en Méjico en la cual, frente a unos resultados, desde el punto de vista económico, absolutamente espectaculares medidos en crecimiento del producto interior bruto, coexistían situaciones de desigualdades, de miseria, y probablemente es difícil valorar un deterioro más intenso y más rápido en otros países del mundo.
Los datos nacionales de Méjico revelan que el número de personas que viven bajo el nivel de la extrema pobreza se ha duplicado en los últimos tres años, que en la inmensa mayoría de los Estados que componen la República de Méjico el 70 por ciento de los niños están afectados de desnutrición grave y que enfermedades tan residuales en la mayor parte de los países, como el tracoma, afecta a la cuarta parte de la población infantil.
Este proceso violento que se planteó con el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo una tregua de expectativa inusitada con respecto a proyectos de cambio ante las elecciones del 21 de agosto del año 1994.
El hecho ha sido que, a pesar de las medidas y las presiones, desde el punto de vista internacional, para garantizar la máxima transparencia en las elecciones, en el conjunto de Méjico y muy especialmente en el Estado de Chiapas, se han constatado graves vulneraciones de las mínimas normas de transparencia electoral y, por lo tanto, de respeto a la voluntad popular. En el texto de la exposición de motivos aparecen datos acerca de la envergadura de las denuncias y el alcance de las mismas que, como se dice, pudieran poner en entredicho la legitimación democrática de los máximos representantes del pueblo mejicano que tomarán posesión de sus responsabilidades próximamente, en especial en el Estado de Chiapas, en el cual el inicio de la campaña electoral se produjo con el intento de asesinato del candidato por el PRD, don Amado Avendaño Figueroa, que sufrió la embestida de un trailer sin matrícula a consecuencia de la cual murieron tres de sus estrechos colaboradores, lo que plantea, a juicio de nuestro Grupo Parlamentario, la exigencia de que los organismos electorales mejicanos tomen en cuenta y actúen con la máxima transparencia en la resolución de las denuncias de fraude presentadas. De hecho, los movimientos sociales, asociaciones campesinas de Chiapas, han constituido lo que se llama la Procuraduría Electoral del Pueblo Chiapaneco ante la cual se han presentado decenas de miles de denuncias de irregularidades que cuestionan en el fondo la supuesta victoria, por el 51 por ciento de los votos, del candidato del Partido Revolucionario Institucional, el señor Robledo Rincón. Es más, se plantean en este momento, ante la toma de posesión de esta persona, actuaciones de insurgencia civil, de movilización social que anuncian situaciones violentas y graves en el Estado de Chiapas, así como en el resto de Méjico.
Es preciso recordar que en los últimos seis años, es decir, en la etapa transcurrida desde las anteriores elecciones generales, 300 dirigentes del Partido de la Revolución Democrática de Méjico han sido asesinados en circunstancias no aclaradas y en condiciones que han impedido que hasta el momento ninguno de los responsables de tales asesinatos haya sido condenado.
El objetivo de la proposición no de ley de Izquierda Unida es asumir la responsabilidad que como país con una historia cercana a la del país mejicano nos corresponde. Y en aras a intentar contribuir a que la violencia desatada en Méjico no alcance cotas aún mayores en los próximos días es por lo que se pretende que esta Comisión de Asuntos Exteriores, en representación del Congreso de los Diputados, se dirija al Gobierno mejicano solicitando medidas que permitan garantizar la vida y la seguridad de las personas, tanto en el Estado de Chiapas como en el conjunto de Méjico, así como instar a que las actuaciones de los organismos electorales encargados de sancionar las denuncias de fraude presentadas actúen con la máxima transparencia e independencia, de manera que en este momento en que la violencia anuncia cotas de intensidad superiores a las que ya se han vivido en este año puedan garantizar el respeto a la voluntad popular en el Estado de Chiapas e, insisto, en el conjunto de Méjico, de manera que no pueda cuestionarse la legitimación democrática de los máximos representantes del pueblo mejicano.
El señor PRESIDENTE: No habiéndose presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley, vamos a proceder a abrir el turno de palabra de los grupos que deseen intervenir.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Nosotros hemos estado escuchando y atendiendo las razones que expone nuestra colega respecto a esta proposición no de ley, que viene, de alguna manera, como corolario de la filosofía que se expandió en esta Comisión en la reciente intervención del
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Ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, en su comparecencia de carácter general.
Nosotros, en aquel momento, prodigamos una visión mejicana basada justamente en la moderación del proceso general electoral aunque, evidentemente, soportando una situación de profundas injusticias internas, no del proceso, sino de la situación misma de la política mejicana.
En este sentido nos movemos a caballo de dos realidades. Por una parte, la realidad intrínseca del país que, como dijimos el día 19 de octubre, es francamente inquietante, puesto que Chiapas es un indicio de lo que puede ocurrir en cada una de las esquinas de Méjico y, por otra parte, el esfuerzo reformador del Presidente Salinas de Gortari que quiere adaptar la realidad política a la social y que en este proceso está encontrando enormes dificultades, cuales son, como hemos visto recientemente, los asesinatos del propio candidato reformador. Collosio era un hombre profundamente reformador en lo social y ésa hubiera sido su tarea de gobierno de mayor envergadura, puesto que las reformas económicas ya las había emprendido Salinas de Gortari, y eso le costó la vida. Después el propio animador de esas medidas internas de reforma en el PRI, el propio Massieu, que fue asesinado recientemente.
Existen realidades muy encontradas entre lo que objetivamente ocurre en Méjico, que es una injusticia social clamorosa, lo cual es una bomba social sobre 22 millones de personas, gran parte de ellas en la miseria en torno a la ciudad de Méjico, y que es evidentemente lo que manifiesta Chiapas, y todo ese contenido revolucionario que está expresándose de forma, por cierto, harto curiosa.
Esta realidad que conforma el telón de fondo de la situación mejicana nos impele, como Grupo Popular, a entender que esas reformas son necesarias y que, evidentemente, ser tolerantes con la ineficacia o inexistencia de reformas no sería coherente como planteamiento desde nuestro punto de vista. Pero, por otra parte, también apreciamos que ha habido un proceso de mejora en la corrección de graves defectos de estructura y de funcionamiento, e incluso de manipulación «a posteriori» de los procesos electorales anteriores. En este sentido también somos conscientes de que algo se ha mejorado por la vía, a lo mejor de un cierto minimalismo, en este proceso y, en consecuencia, muchos de los partidos políticos (no es el caso de los de la justificación que se presenta en esta proposición no de ley, el del PRD) estiman que ha habido una situación de mejora cualitativa, a lo mejor no cuantitativa porque los datos que aporta la proposición no de ley son un poco inquietantes, puesto que habla de irregularidades en 200 distritos sobre 300 que hay en el país y, en consecuencia, esto inquieta. Hay otros grupos políticos que son de la opinión de que algo se ha mejorado y en ese caso se entiende que el proceso ha sido no «ad peiorem» sino «ad meliorem».
Dentro de esta ambivalencia en nuestro planteamiento analítico, entendemos que la proposición no de ley es de interés. Quisiéramos que se introdujera alguna modificación para poderla votar positivamente y, en este sentido, esperamos que el Grupo Socialista proponga alguna enmienda «in voce», si la presidencia lo estima oportuno, lo que daría pie a una más decidida convicción respecto a la decisión que vamos a tomar.
El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria, al pronunciarse sobre esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiere hacer, para que se entienda bien su planteamiento, un enunciado general: nuestra permanente defensa en el marco del respeto a los derechos humanos. Esto lo suscribirá Coalición Canaria en todo acuerdo internacional, en cualquier foro internacional y desde la propia proyección de la Constitución Española y la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo también el respeto al principio de soberanía de cualquier Estado.
Por eso, Coalición Canaria no va a poder apoyar esta proposición no de ley. En primer lugar, se insta al Gobierno a recabar del Gobierno de Méjico la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida y la seguridad de las personas en el marco del respeto a los derechos humanos y no nos parece que sea éste el sitio adecuado para hacer esta defensa de los derechos humanos, sobre todo respecto a un Gobierno como el de Méjico, porque España y los demócratas españoles no pueden olvidar nunca el referente histórico. Con todas las acusaciones que se puedan hacer, con todas las corruptelas que el tiempo ejerce sobre un sistema político permanente como el que realiza el Partido Revolucionario Institucional, es el país que acogió a los exiliados que se salvaron de las cárceles y de los pelotones de fusilamiento franquistas en nuestra Guerra Civil.
Esta es una deuda permanente con el Gobierno de Méjico. ¿Cómo le vamos a echar en cara al Gobierno de Méjico ahora una cuestión de respeto a los derechos humanos cuando dio acogida a toda la España del exilio y fue sede hasta de un gobierno republicano en el exilio? Valoro este hecho histórico, porque valoro también la propia realidad que existe en este momento en Méjico.
En segundo lugar, señorías, con respecto al punto segundo de la proposición, solicitar actuaciones por parte del Ejecutivo mejicano, modestamente, Coalición Canaria lo considera una injerencia improcedente en el Derecho internacional que asiste a la plena capacidad de un gobierno democrático.
No sé si esta proposición de ley, por la fecha que lleva --porque siempre llegan aquí con mucho retraso--, está legítimamente hecha al calor de unos hechos electorales que suceden en las pasadas elecciones presidenciales mejicanas, pero ahí está el resultado actual, que los propios disidentes, como Cuauhtémoc Cárdenas, han asumido, al final, porque si no era meter al país en un principio de duda e inestabilidad.
Comprendo todos los problemas de tipo social y político que se dan en una de las invocaciones que hace en su exposición de motivos la proposición sobre el Estado de Chiapas, pero no puedo apoyar cuestiones tan genéricas. Tienen que ser los órganos jurisdiccionales y democráticos
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mejicanos los que hagan ver cuál es el sentido de la libertad y de la justicia, porque tampoco puedo apoyar indeterminadamente un movimiento, por muchas razones y apoyos que tenga, como el «movimiento zapatista», porque, desde luego, no puedo apoyar al Comandante Marcos mientras no se quite el pasamontañas. Emiliano Zapata, para defender a los campesinos mejicanos, no se puso ningún antifaz, lo hizo siempre a cara descubierta.
Esto es lo que tenemos que apoyar y defender en todos los principios democráticos de derechos humanos. Por tanto, señorías, comprendan la vehemencia que a veces he puesto en esta cuestión por todo ese sentido de compromiso histórico que creo que a los demócratas españoles nos une con los demócratas mejicanos.
Por estas razones, lamentándolo por el Grupo proponente, porque entiendo su buena finalidad, por este sentido de respeto y para no entrar en una injerencia que es competencia del propio ejecutivo mejicano, porque es muy duro que a un país democrático otro le solicite estas actuaciones en sus órganos jurisdiccionales. Por estas razones, no podremos apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.
El señor CREMADES SENA: Voy a intervenir para manifestar nuestro voto contrario a esta proposición no de ley. Desde que en agosto de 1994 tuvieron lugar las últimas elecciones en Méjico, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado un conjunto de iniciativas, por ejemplo, la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores en la Comisión, que se celebró el 19 de octubre de 1994, donde todos los Grupos nos manifestamos sobre las preocupaciones de esas denuncias de irregularidades que se han dado en estas elecciones, donde creo que todos los Grupos tuvimos una intervención moderada, preocupándonos por el problema del proceso democratizador en Méjico, pero, a la vez, nos parece una desproporción, dentro del conjunto de la proposición no de ley, los dos puntos que se pretende que se aprueben esta mañana aquí.
Aparte, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya intentó otra iniciativa más, como era la comparecencia del Embajador de Méjico en esta Cámara, que fue rechazada por la Mesa del Congreso porque no es nuestra labor controlar a autoridades de otros Estados.
Nadie duda del resultado final de las elecciones en Méjico. Puede que se esté dudando de esas irregularidades que hayan afectado a la calidad de esas elecciones, pero ni siquiera organismos importantes, como la Alianza Cívica, que se citó aquí en la comparecencia del Ministro, han puesto en cuestión el triunfo del PRI, el triunfo del candidato a Presidente, el señor Cedillo.
Es cierto que las mayores irregularidades en estas elecciones se han dado en el Estado de Chiapas, que vive una situación que todos conocemos, donde realmente es muy difícil que las irregularidades que se han producido o se han denunciado no sean mayores.
Por otro lado, la proposición no de ley no contempla una serie de avances importantes que han hecho que estas elecciones mejicanas sean las más limpias o las menos sucias --no voy a entrar en la cuestión de ver con optimismo o con pesimismo el problema-- de toda la historia de Méjico, con un sistema electoral mucho más abierto que en todos los procesos electorales anteriores, con mucho menos control del partido dominante, del PRI, que en otros procesos electorales y con otras reformas importantes, algunas de las cuales quiero citar aquí.
La nueva legislación electoral mejicana por primera vez tipifica el delito electoral, establece autonomía del Instituto Federal Electoral, permite la presencia de observadores independientes y extranjeros, tanto de la OEA, como de la ONU, como de algunos parlamentos, entre ellos el nuestro, y ninguno de ellos ha cuestionado el resultado final. En algunos casos se ha visto que hay determinadas deficiencias técnicas e incluso algunas cuestiones que pueden ser denunciables, como se está comprobando hasta finales de este mes, que será cuando se den definitivamente los resultados.
En este sentido, quiero decir que, por ejemplo, algunos conflictos y algunas denuncias que se han planteado en las instancias electorales a las que les corresponde dar los resultados finales están dando avances positivos. Por ejemplo, que yo recuerde, en la Alcaldía de Monterrey había un conflicto entre el candidato del PRI y el candidato del PAN y, curiosamente, las instancias electorales correspondientes han dado la victoria al candidato del PAN frente al candidato del PRI. No podemos participar ni tener la sospecha de que estas instancias electorales no vayan a cubrir su papel desde esa autonomía que les permite la ley electoral actual al Instituto Federal Electoral, y «a priori» no podemos poner en cuestión que no vayan a ser tenidas en cuenta las distintas denuncias que se hayan podido hacer.
Aparte de eso, por primera vez también se han expuesto las listas electorales con antelación a la votación y se han adoptado medidas para evitar el voto múltiple y también para garantizar el secreto del voto. Yo creo que son medidas importantes que tenemos que reconocer aquí y que la proposición no de ley que presenta Izquierda Unida no contempla.
Por otra parte, las denuncias que están planteadas carecen en estos momentos de una cuantificación de hasta dónde ha podido llegar ese posible fraude o esas posibles irregularidades y, repito, estamos ante las elecciones más democráticas de toda la historia de Méjico. España tiene una obligación relevante, como se ha dicho aquí por parte de algunos portavoces, de ayudar en este proceso electoral por la amistad fraternal que este país tiene con Méjico, por los importantísimos intereses económicos que tiene nuestro país con Méjico y que tendrá a partir de haber firmado el Tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, donde puede haber unos intereses comerciales de gran envergadura, y somos los primeros a los que nos interesa que el proceso democratizador y de desarrollo de derechos humanos y de desarrollo del pueblo mejicano sea cada vez mejor.
El problema es plantearnos si con esta proposición no de ley nosotros estamos ayudando y colaborando a que las autoridades mejicanas puedan llevar ese proceso mejor, o
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vamos a conseguir el efecto contrario con esa deslegitimación que parece ser que pretende demostrar o decir que podrían tener las autoridades mejicanas en caso de que no se consiguiese esa limpieza en las instancias electorales para ver las denuncias que se han presentado.
Por otra parte, la proposición no de ley nos parece tremendamente desproporcionada. En su primer punto, partiendo de un hecho concreto que son las elecciones mejicanas, nos habla de temas importantes, terribles, que nos preocupan mucho, como es el de los derechos humanos, garantizar la vida de las personas, etcétera, pero partiendo de un hecho muy concreto lo generaliza a situaciones que, desgraciadamente, no sólo Méjico sino otros países padecen a lo largo y a lo ancho de la tierra. No reconociendo los avances importantes a los que me he referido, tendrá ese efecto contrario al que pretende la propia iniciativa que presenta Izquierda Unida. Creemos que, como ha dicho el señor Mardones, cometeríamos una injerencia en los asuntos internos del país con este tipo de proposición no de ley.
También creemos que estas preocupaciones deberían darse en todos y cada uno de los procesos electorales y en todo caso crearíamos un precedente para todos aquellos procesos electorales de otros países que están haciendo esfuerzos por democratizar su sociedad, por hacer un país más democrático y sumarse limpiamente al conjunto de países democráticos del mundo, y crearíamos un precedente en futuras elecciones en otros países que tienen problemas parecidos o a veces menores a los de la propia sociedad mejicana. Lamentar las posibles irregularidades o defectos técnicos que hayan podido tener las elecciones, sin reconocer ese esfuerzo que se está haciendo porque cada vez Méjico sea más democrático y resuelva mejor los problemas gravísimos de desarrollo que tiene en algunas zonas del país, tal y como se propugna en esta proposición, creemos que perjudicaría las buenas relaciones de Méjico con España.
Nosotros consideramos que debemos seguir apoyando el proceso. En el sexenio del señor Salinas de Gortari se han hecho esfuerzos importantes por dar un paso de gigante y todavía no lo ha conseguido, y la nueva autoridad mejicana, el señor Cedillo, creo que tiene que tener el respaldo de todos nosotros porque, en primer lugar, no se le cuestiona su triunfo; en segundo lugar, creo que hay que respaldar su legitimidad por haber ganado estas elecciones, como todos los observadores dicen, y creo que con este tipo de iniciativas estaríamos perjudicando la fuerza, la decisión que nos consta que tienen las nuevas autoridades que acaban de salir de estas elecciones de agosto de 1994 para conseguir consolidar cada vez más ese proceso que nosotros vamos a apoyar, desde luego no con este tipo de iniciativas.
El señor PRESIDENTE: No habiéndose presentado enmiendas, vamos a proceder, por consiguiente, a la votación, pero antes quiero pedir a los grupos que comuniquen cuáles han sido las sustituciones que se han producido en los Diputados.
El señor Moya Milanés tiene la palabra.
El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, por parte del Grupo Socialista a la señora Balletbó la sustituye el señor Costa, al señor Curiel el señor Cuevas, al señor Estrella el señor Torres, al señor Fuentes la señora Sánchez, al señor De Puig el señor Marsall y al señor Martínez el señor Rueda.
El señor Vázquez Romero tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: La señora Angeles Maestro sustituye al señor Anguita.
El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.
El señor RUPEREZ RUBIO: El señor Arias-Salgado sustituye a la señora Tocino.
Comunicadas las sustituciones, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 24.
--CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DE LOS CREDITOS LABORALES EN CASO DE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR (NUMERO 173 DE LA OIT), ADOPTADO EN GINEBRA EL 23 DE JUNIO DE 1992 Y DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION. (Número de expediente 110/000118.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Dictamen sobre el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador (número 173 de la OIT), adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1992 y Declaración que España va a formular en el momento de la ratificación.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: El Convenio número 173 de la OIT sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador se adoptó en la 79.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en junio de 1992. Su contenido, concretamente en las partes 2 y 3, dispone que los créditos adecuados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos frente a otros acreedores en caso de insolvencia del empleador. Asimismo se establece en el
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Convenio que si debido a la insolvencia del empresario es inaplicable el procedimiento anterior, el pago de sus créditos deberá ser garantizado por una institución de garantía.
Señorías, ésta es una materia contemplada en la legislación laboral española, tanto en lo referente a la consideración de preferencias de los salarios de los trabajadores no satisfechos por los empresarios sobre otros créditos, como en la protección de los salarios a través de una institución de garantía en caso de insolvencia. En concreto, estamos hablando del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 33 del mismo Estatuto.
La ratificación que se propone abarca las partes 2 y 3 del Convenio, en consonancia con una de las alternativas que se ofrece en su artículo 3, en concreto la del artículo 3.3. No excluye ninguno de los créditos protegidos por el texto del Convenio y sí lo hace con referencia al personal al servicio de la Administración pública, así como a las personas con relación laboral especial al servicio del hogar familiar, en este último supuesto de acuerdo con la exclusión que en su día se aceptó al transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria 987/80, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
Este es de alguna manera, señor Presidente, el resumen del Convenio que hoy se estudia en esta Comisión de Exteriores sobre el cual me voy a permitir, con la indulgencia de SS. SS. hacer algunas consideraciones de carácter general.
Supongo, puesto que no se ha podido consultar en el expediente, que lo que se establece en el artículo 4.2 de dicho Convenio, es decir, la consulta previa a las organizaciones empresariales, a las organizaciones sindicales, relativa a las exclusiones específicas que se hacen en la declaración final del Convenio se ha hecho de modo formal y, por tanto, existirán y obrarán en consecuencia en dicho expediente.
En relación con la exclusión que se hace de la parte 2 del Convenio de los empleados públicos, supongo también que no se refiere a aquellos empleados públicos que tienen una relación contractual con la Administración de carácter laboral, por cuanto, desgraciadamente, y dadas las circunstancias por las que está atravesando el país, no son ya una excepción y no es una situación que no pueda producirse la suspensión de pagos en empresas públicas. Por consiguiente, se entiende que los trabajadores al servicio de la Administración que tienen una relación contractual de carácter laboral y, por tanto, están sometidos al Estatuto de los Trabajadores, no están excluidos de la declaración que formula el Gobierno para la ratificación de este Convenio. Recientemente se ha producido, lo cual no deja de ser un cierto contrasentido, la primera suspensión de pagos de una empresa pública, donde además el acreedor fundamental es el propio Estado. Sería un contrasentido que los trabajadores de dicha empresa pública no vieran recogido el privilegio de ser considerado su salario como pago preferente.
Con relación a los empleados del hogar, una consideración general. Parece claro y evidente que la exclusión que se establece es para garantizar o no cargar demasiado a las familias españolas, y a las familias europeas que hayan ratificado dicho convenio, la contratación de empleados, de personas que puedan ayudar a las tareas del hogar. Eso es así por cuanto se les obligaría a aportar determinadas cantidades para la constitución de un fondo de garantía salarial, en el caso de insolvencia, paro, etcétera de los cabezas de familia, cuestión que es muy habitual, por desgracia, en nuestro país.
Entendido de esta manera, ningún matiz que añadir, pero sí una consideración general. No es muy adecuada, o parece insuficiente, no sólo la legislación española, sino la legislación europea y comunitaria en el resto de los países sobre la protección a las familias en este sentido, cuando, además, las familias españolas y las familias europeas en gran medida y las más numerosas son desgraciadamente las más modestas, soportan de modo solidario la carga de la crisis.
En estos casos, aunque no hay ningún inconveniente por parte de nuestro grupo a que las Cortes aprueben la ratificación de dicho convenio, convendría hacer una reflexión general sobre estas cuestiones. Vivimos tiempos difíciles en los que precisamente esos sectores de la sociedad más desprotegidos, como la infancia, la juventud y la vejez o la tercera edad, necesitan de una especial protección. Cuando además, dicho por expertos, y todo parece suponerlo, precisamente sobre las familias europeas va a recaer en el futuro de manera importante la labor de solidaridad por la crisis que atravesamos, fundamentalmente el paro, que son consecuencias no coyunturales de una crisis, sino entiendo yo, y me perdonarán SS. SS. que haga esta reflexión, de políticas mal aplicadas o políticas que se han demostrado ineficaces.
En consecuencia, señor Presidente, y a la vista de lo anterior, no existe obstáculo por nuestra parte para que se autorice por las Cortes Generales la ratificación de dicho convenio.
El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria va a dar su apoyo a la ratificación de este convenio en razón a los siguientes argumentos.
Este convenio recoge el sentir que en 1992 hace la Oficina Internacional del Trabajo al darse cuenta que el convenio de protección del salario que ya venía existiendo en las normas internacionales laborales y en las de muchos países, incluido España, en caso de insolvencia, fundamentalmente quiebra de las empresas, había llevado a la legislación laboral, como el caso de la española, unos instrumentos de garantía para salvaguardar esa parte salarial con la seguridad que correspondía al trabajador o empleado frente a la insolvencia del empleador.
Como bien reconoce este convenio, se efectúa un cambio, no sólo de ir a la protección del salario, sino, y sobre todo, de la rehabilitación de la empresa insolvente, tratando de producir todos los efectos posibles con la legislación de cada país para que la rehabilitación de las empresas vaya aparejada a la salvaguarda del empleo.
En este convenio queremos destacar, y con esto termino, señor Presidente, dos aspectos muy interesantes y
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favorables que nos mueven hacia nuestro voto de apoyo. En primer lugar, la introducción del principio del privilegio en la protección del salario. Estábamos viendo cómo en los expedientes judiciales de quiebra, al hacerse la lista de acreedores en muchos países no existía una preferencia de quién tenía que ser atendido al hacerse la liquidación de los activos. Pues bien, este convenio en la parte II, artículo 5, señala y consagra la protección de los créditos laborales a los trabajadores por medio de un privilegio, es decir, que sean pagados con cargo a los activos del empleador insolvente, fundamentalmente en el caso de las quiebras, frente a los acreedores no privilegiados que son los demás.
Estamos cansados de ver sentencias laborales donde muchas veces se ha dado preferencia a los acreedores no privilegiados, que eran suministradores de esa empresa, de cualquier cuestión o servicio, y quedaban en demérito los propios trabajadores en situación de paro y desempleo.
También queremos resaltar, por último, la introducción en la parte II, en sus artículos 9 y 12, de las instituciones de garantía. Lo cierto es, y la experiencia laboral nos lo ha enseñado, que sin instituciones de garantía para protección de los créditos laborales estaríamos hablando de una pura entelequia y de una pura teoría, si no existe un fondo de garantía salarial para atender todas estas incidencias, en el caso de insolvencia o quiebra de las empresas. Considerándolo positivo, como he dicho, damos nuestro voto favorable.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi grupo va a dar su voto favorable a este convenio que significa la transformación en convenio internacional de lo que era una proposición, la número 163, de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, en junio de 1992. Me parece importante que en la misma se contenga la prioridad y el objetivo de rehabilitar las empresas y salvaguardar el empleo.
Como ya se ha dicho, nos preocupa la parte final del convenio, lo que es la declaración de España a dicho convenio, en lo que significa de exclusión de las obligaciones contenidas en su parte II relativas a los trabajadores al servicio de la Administración Pública.
Como hecho más positivo nos parece importante el artículo 5, en el que se establece un privilegio para el cobro de las cantidades adeudadas a los trabajadores, antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les corresponda en caso de insolvencia. Repito, lo que fundamentalmente nos preocupa de este convenio son las exclusiones que establece España en su declaración, tanto en lo referido al personal al servicio de la Administración Pública, como las obligaciones que están contenidas en la parte III del convenio referidas a las personas con relación laboral de carácter especial al servicio del hogar familiar.
A pesar de esto, vamos a dar nuestro voto favorable a dicho convenio que seguramente puede resolver circunstancias desgraciadas que han sido frecuentes en el pasado reciente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vallejo.
El señor VALLEJO RODRIGUEZ: Para mostrar la posición favorable del Grupo Socialista al convenio que se nos presenta, pero además decir que justamente este año de 1994 se celebra el 75 aniversario de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo y el 50 aniversario de la Declaración de Filadelfia, que son la base de los objetivos sociales que actualmente contemplamos.
Se ha explicado suficientemente el contenido del convenio, aunque hay cosas que no entiendo muy bien de lo que ha dicho algún portavoz. Se plantean dudas, desde el punto de vista de que no quede clara alguna cosa que yo creo queda clara, cuando se habla de exclusión del personal al servicio de la Administración Pública, no de personal contratado por empresas que trabajan para la Administración Pública. A no ser que haya alguien que pretenda crear dudas sobre cualquier cosa a propósito de cualquier convenio, cualquier término, cualquier acuerdo o cualquier votación que se lleve a cabo en el Parlamento.
Por otra parte, se han hecho algunas reflexiones en torno a por qué se excluyen las personas con relación laboral de carácter especial al servicio del hogar familiar. Cualquier grupo parlamentario, al margen de este convenio, puede tener las iniciativas que le parezcan oportunas y presentarlas en la Cámara según el Reglamento, y en los términos que crea mejores; pero creo que hoy sentamos un precedente curioso, extraño, singular, y espero que sea poco frecuente, y es que a raíz de un convenio que aprueba España se hable de la situación española, haciendo valoraciones negativas seguramente en un momento en el que alguien cree que a río revuelto ganancia de pescadores.
Espero que eso realmente no se cumpla y que, al final, de lo que hablemos sea de lo que estamos hablando en el momento presente: del convenio que firma España que, como digo, y acabo con lo que he dicho al principio, el Grupo Socialista va a votar afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación.
--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE NICARAGUA, HECHO «AD REFERENDUM» EN MANAGUA EL 16 DE MARZO DE 1994. (Número de expediente 110/000120.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día: Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Nicaragua,
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hecho «ad referendum» en Managua, el 16 de marzo de 1994.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Puche.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Este acuerdo de protección recíproca de inversiones que vamos a someter a ratificación viene situándose en la misma línea de los diversos acuerdos que ha firmado España con otros países. En este acuerdo se fijan las garantías que nos aseguran un tratamiento no discriminatorio de las inversiones recíprocas de ambos países, es decir, de España y de Nicaragua. Esa no discriminación se refiere, tanto respecto a terceros países, como respecto a la libre repatriación de los rendimientos de la inversión, así como a las cláusulas especiales respecto a la posibilidad de las nacionalizaciones.
Señalaría que la importancia de este acuerdo radica fundamentalmente en que se evita uno de los grandes riesgos que tiene una inversión exterior; es decir, el denominado riesgo político, o el problema que puede existir ante el cambio de un régimen político, o ante un cambio simplemente del Gobierno, que modifique esa política respecto a la relación que puede existir con una inversión exterior.
Este acuerdo evita ese riesgo y además atrae, por esa misma vía, la posibilidad de una serie de inversiones extranjeras que no podrían atraerse de ninguna otra forma. Un acuerdo como el que vamos a ratificar en este momento, dada la situación relativa que tiene España de desarrollo respecto a Nicaragua, tiene como objetivo claro y terminante incentivar la inversión española en Nicaragua, por lo que supone, desde nuestro punto de vista, una ayuda al desarrollo económico de este país por un sistema mucho más efectivo del que pudiera ser la donación directa de fondos, que siempre es reducida y, como saben SS. SS., posiblemente más escasa, o desde luego más escasamente eficiente.
Los efectos multiplicativos que, desde nuestro punto de vista, genera este acuerdo, son, en fin, mucho mayores que los que pudiera tener, como digo, una ayuda directa al desarrollo.
Termino, señor Presidente, no sin antes señalar la tremenda importancia que, desde nuestro punto de vista, tiene en este convenio el artículo 5.º, que trata de la posibilidad de las nacionalizaciones y expropiaciones, en función del interés general; el 6.º, que trata de la compensación de las pérdidas derivadas de situaciones especiales, como pueden ser conflictos armados o revueltas; o el artículo 7.º, de especial relevancia, que garantiza la transferencia de las rentas de la inversión en moneda convertible en un plazo no superior a seis meses.
Por todo ello, señor Presidente, el voto del Grupo Popular va a ser favorable a la ratificación de dicho acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Quiero aclarar que es tradición en esta Comisión que en los debates sobre dictámenes se produzca una alternancia en la primera intervención entre los dos grupos más importantes. Esta alternancia no se ha producido en este caso y he dado la palabra al señor Puche porque, cuando yo he preguntado qué grupos querían intervenir, nadie me ha avisado de que quisiera hacerlo con excepción del Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.
El señor CREMADES SENA: Gracias, señor Presidente.
No importa que el turno sea a favor o en contra; nosotros también vamos a apoyar este acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Nicaragua, convenio que se viene intentando desde el año 1991 y que, por fin, en este momento, ya se ha podido firmar, pues las dos partes, tanto España como Nicaragua, han aceptado este texto que, por otra parte, es un texto modelo, un texto marco, como el que se ha firmado con otros países, con un objetivo importante, que es fomentar la inversión productiva española, ofreciendo un marco jurídico de protección de esas inversiones. Esperamos que, después de la firma de este acuerdo, y tras la puesta en funcionamiento del mismo, las inversiones españolas en Nicaragua se incrementen.
Por otra parte, creemos que con este tipo de convenios se estabiliza de forma importante la garantía, la estabilidad y la confianza de aquellos productores españoles que deseen seguir incrementando las inversiones que se están haciendo en aquel país.
En beneficio de ambos países, el Grupo Socialista aprobará este acuerdo apoyando su puesta en vigor.
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, ¿ha pedido usted la palabra;?
El señor VAZQUEZ ROMERO: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Ruego de todas formas que digan quién quiere hacer uso de la palabra en el momento en que yo lo solicito, no se vayan incorporando sobre la marcha porque, entonces, trastuecan un poco el orden que seguimos; es un orden siempre elástico, pero orden, al fin y al cabo.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente. Creí haberlo hecho en su momento. Probablemente no fue así.
El señor PRESIDENTE: O, como se dice, no lo he captado yo.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Me parece que tampoco importa demasiado. Lo que nos parece importante es que también en este caso existe consenso en la Cámara para apoyar este acuerdo entre España y la República de Nicaragua que, de hecho, como se ha dicho, es prácticamente similar a otros de los que ya en muchas ocasiones hemos ratificado en esta Comisión, y del que a mí me gustaría resaltar, fundamentalmente, los aspectos que se contienen en los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, porque son los que hablan del tratamiento que va a recibir cada una de las partes
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contratantes de los extremos relacionados con la posible nacionalización y expropiación, la compensación por las pérdidas y las transferencias posibles de las inversiones que se puedan generar en cada uno de los dos países.
Nos parece que es un acuerdo que podemos apoyar sin ningún tipo de duda, porque probablemente sirva para ayudar al intercambio comercial entre nuestro país y Nicaragua, lo que puede significar un estímulo para el desarrollo, no sólo de las relaciones comerciales, sino de otro tipo con esta pequeña república centroamericana.
--CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL, HECHO EN LA HAYA EL 29 DE MAYO DE 1993, ASI COMO DECLARACION QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL VA A FORMULAR. (Número de expediente 110/000121.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto y último del orden del día: convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, así com declaración que el Gobierno español va a formular.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Este convenio, como explica su artículo 1.º, trata de establecer garantías para las adopciones internacionales, es decir, las adopciones de niños que proceden de otros países. Asimismo, se trata (dice el texto) de instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes y asegurar el reconocimiento, en estos Estados, de las adopciones realizadas de acuerdo con el convenio.
De la lectura, tanto del texto articulado como de la exposición de motivos, se deduce que hay tres principios fundamentales que rigen esta materia: el principio del interés superior del niño; en segundo lugar, el respeto a sus derechos fundamentales; y, en tercer lugar, un principio específico para esta materia de la adopción, el de prevenir la sustración, venta y tráfico de niños.
El convenio, a lo largo de su articulado, en el que no voy a entrar nada más que muy por encima, regula las condiciones de las adopciones internacionales, las autoridades centrales y organismos competentes en esta materia, el procedimiento a seguir y el reconocimiento y efectos de estas adopciones en los Estados contratantes.
El convenio al que nos estamos refiriendo es en realidad un desarrollo, obligado, de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que fue firmada el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por España en junio de 1990. Aquella Convención de los derechos del niño se ocupaba ya del tema de la adopción en el artículo 21, y precisamente España hizo entonces una Declaración en relación con la letra d) de ese artículo, relativa a los posibles beneficios financieros, que nunca podrían ser distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir los gastos estrictamente necesarios, decía la Declaración del Gobierno de España.
El Gobierno se propone también hacer varias declaraciones con relación al Convenio que estamos tratando. Son exactamente cuatro declaraciones, a las que me voy a referir brevemente.
En primer lugar, una que figura ya en el texto que se nos ha entregado, relativa a las adopciones de niños con residencia habitual en España, que sólo podrán tener lugar cuando la autoridad central, según la terminología del Convenio, de los otros Estados sean autoridades públicas u organismos reconocidos, de acuerdo con el párrafo uno del artículo 22 del Convenio. Es decir, se trata de dar las máximas garantías a estas adopciones para que no pueda haber interferencias de organismos que no den suficientes garantías para el proceso.
Hay otras tres declaraciones que, aunque no figuran en el texto, sí están en el expediente del mismo, concretamente en el documento que procede del Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por la primera, España manifiesta que será autoridad central cada una de las 17 comunidades autónomas en el ámbito de su territorio y en relación con los residentes en el mismo. La segunda Declaración dice que, para la transmisión de comunicaciones, la autoridad central a que se refiere el Convenio en uno de sus artículos, será la Dirección General de Protección del Menor, del Ministerio de Asuntos Sociales. La tercera declaración establece que la competencia para certificar la adopción será de cada una de las comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia, y la Dirección General de Protección del Menor respecto a Ceuta y Melilla.
El Consejo de Estado, en su dictamen acerca de este Convenio, manifiesta que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Convenio consultado requiere la previa autorización de las Cortes y lo declara comprendido en el apartado e) del artículo 94.1 de nuestra Constitución. Quiero recordar a SS. SS. que ese apartado es el que se refiere a los tratados y convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
Para terminar, querría hacer una breve reflexión sobre este último aspecto, porque me parece que España está dejando mucho que desear en lo que atañe a la incorporación a su ordenamiento jurídico interno de los asuntos a los que presta su adhesión internacional; en concreto, en este ámbito de la protección del menor y de la adopción internacional, existen muchas carencias.
Quiero referirme a una proposición no de ley de mi grupo parlamentario, presentada al Pleno de esta Cámara
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el último mes de junio, junio de 1994, y apoyada por todos los grupos de la Cámara. La proposición no de ley tenía nueve puntos, uno de los cuales se refería a la necesidad de envío a las Cortes cuanto antes (ya se ha aplazado en muchas ocasiones, se ha hablado de ese proyecto, pero nunca lo hemos llegado a ver en esta Cámara) de un proyecto de ley de protección del menor o de derechos del niño, en uno de cuyos aspectos se ha de tocar evidentemente el tema de la adopción internacional. Al mismo tiempo, en aquella proposición no de ley, dos puntos, el 3 y el 4, hacían referencia a la adopción internacional y a la necesidad de regularla siguiendo las directrices de este Convenio, al que ya se aludía en aquel debate, estableciendo además, se decía, organismos para la adopción internacional que, en colaboración con las comunidades autónomas, promuevan, asesoren y garanticen la adopción de menores extranjeros.
Quiero señalar que es una materia en la que nuestra legislación tiene en estos momentos unas lagunas que han de ser rellenadas cuanto antes, pero, sin ninguna duda, ha de hacerse siguiendo las directrices de este Convenio al que nos estamos refiriendo, que por supuesto vamos a apoyar con nuestro voto. (Rumores.--La señora Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a la señora Balletbó que no está en el uso de la palabra.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi grupo va a dar su apoyo a este convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, señalando dos extremos que nos parecen especialmente importantes que, por otra parte, han sido citados por el señor Muñoz-Alonso.
El primero de ellos es el artículo 1 del capítulo I, en el que se establecen las directrices que van a regir en este tipo de tema, señalándose en el apartado a) las garantías para que las adopciones tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto de sus derechos fundamentales.
El segundo, el apartado b), la instauración de un sistema de cooperación entre los Estados que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia --lo que nos parece esencial--, prevenga la sustracción, venta o tráfico de niños. En tercer lugar, asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio, lo que pone en pie de igualdad a todos los Estados que participen de la notificación del mismo.
Asimismo, nos parece altamente destacable la declaración que el Gobierno español va a formular en el momento de la ratificación, cuando establece que todas las funciones conferidas a las autoridades centrales sean ejercidas por autoridades públicas o por organismos reconocidos, de acuerdo con lo previsto en el párrafo primero del artículo 22 del Convenio; es decir, únicamente entidades públicas, autoridades públicas centrales, en el caso español, como se ha dicho, se entiende por autoridad central las comunidades autónomas, lo que nos parece altamente adecuado. Nos parece fundamental evitar la participación, en un tema tan sensible como éste, de entidades privadas que pudieran mediar por intereses comerciales en un tema de esta naturaleza.
Por tanto, nos parece altamente apoyable la Declaración que el Gobierno español adjunta a este Convenio en el momento de su ratificación. Es, quizá, el punto esencial que nos hace votar favorablemente el mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Plá.
La señora PLA PASTOR: Muchas veces, demasiadas, nos encontramos en los medios de comunicación hechos lamentables y delictivos, que tienen como objeto pasivo al niño, es decir, un ser débil por naturaleza que es objeto de prostitución, malos tratos, abusos y tráfico. Por eso, al Grupo Socialista todas las cautelas que se adopten para proteger los derechos del niño y evitarle todos estos abusos, nos parecen pocas. De aquí que vamos a ratificar el Convenio afirmativamente como han manifestado ya los demás grupos.
No vamos a entrar a su descripción detallada porque ya lo han hecho los señores Vázquez y Muñoz-Alonso, pero sí quisiéramos destacar algunos aspectos, muy pocos, que nos parecen importantes. La declaración de España en el sentido de señalar a las autoridades centrales para negociar esta cooperación con otros organismos internacionales, también centrales y públicos, que impidan el tráfico de niños, la venta, la adopción, es decir, que estas operaciones se hagan siempre sin ánimo de lucro. Una de las cosas que leemos y nos horrorizan, es ese tráfico y compraventa de niños, que nos parece absolutamente deleznable. Por eso, ese aspecto nos parece importante.
También nos parece importante que sean las 17 comunidades autónomas las que vayan a participar en toda esta cooperación y en la adopción de niños, porque las comunidades autónomas van asumiendo competencias, una de ellas ésta, y nos parece importante que sea España la que lo asuma en su declaración.
También queremos destacar que este convenio es una continuación de la ratificación de los Derechos del Niño de la ONU. Esta Diputada que les habla tuvo el honor de ratificarlo en 1980 y de ser ponente.
Por eso, el voto del Grupo Socialista va a ser afirmativo, sin ninguna duda, y nos unimos a las palabras que han expresado los demás ponentes respecto a la protección de los derechos del niño.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de este convenio.
Efectuada la votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Señorías, hemos terminado el orden del día.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
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 artículo 7
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 94
 artículo 1
 artículo 22