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Timestamp: 2018-12-15 23:08:22+00:00

Document:
LEGISLACION INTERNACIONAL SOBRE EL ABORTO – ITALIA | EL COLECTIVO SEXOLÓGICO
LEY del 22 de mayo de 1978, n° 194
Normas para la protección social de la maternidad
y sobre la interrupción voluntaria del embarazo
Vigente al: 26-2-2018
La Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron;
El Estado garantiza el derecho a la reproducción consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad y protege la vida humana desde su inicio.
La interrupción voluntaria del embarazo, prevista en la presente ley, no es un medio para controlar la natalidad.
El Estado, las regiones y las entidades locales, en el ámbito de sus propias funciones y competencias, promueven y desarrollan los servicios socio-sanitarios, así como otras iniciativas necesarias para evitar que se utilice el aborto con el fin de limitar los nacimientos.
Los centros familiares creados por la ley del 29 de julio de 1975, n° 405, sin perjuicio de lo establecido por la misma ley, asisten a la mujer embarazada:
a) informándola sobre los derechos que le corresponden de conformidad con la legislación estatal y regional, y de los servicios sociales, sanitarios y asistenciales ofrecidos en la práctica por las estructuras que operan en el territorio;
b) informándola sobre las formas adecuadas para lograr que se respeten las leyes laborales para salvaguardar a la embarazada;
c) actuando de forma directa o proponiendo a la entidad local competente o a las estructuras sociales que operan en el territorio llevar a cabo intervenciones especiales, cuando el embarazo o la maternidad creen problemas para cuya resolución las intervenciones normales resultan inadecuadas conforme al inciso a);
d) contribuyendo a que se superen los motivos que podrían haber inducido a la mujer a solicitar una interrupción de su embarazo.
Los centros de asesoramiento pueden, en función de reglamentos o convenciones adecuados, recurrir, para los fines previstos por la ley, a la colaboración voluntaria de organizaciones sociales idóneas básicas y de asociaciones de voluntariado, que también pueden ayudar con los problemas de la maternidad posteriores al nacimiento.
La administración bajo receta médica en las estructuras sanitarias y en los centros de asesoramiento de los medios necesarios para alcanzar los fines escogidos libremente con respecto a la procreación responsable está permitida incluso a los menores.
Incluso para el cumplimiento de las tareas adicionales establecidas en la presente ley a los centros de asesoramiento familiar, se aumenta el fondo que les corresponde conforme al artículo 5 de la ley del 29 de julio de 1975, n° 405, mediante una asignación de 50.000.000.000 liras anuales, que deberá repartirse entre las regiones, en función de los mismos criterios establecidos en el artículo antes mencionado.
Para cubrir la carga de 50.000 millones de liras relativa al ejercicio financiero 1978, se procede a la reducción correspondiente del presupuesto consignado en el capítulo 9001 del estado de previsión del gasto del Ministerio de Hacienda para el mismo ejercicio. El Ministro Hacienda está autorizado a introducir, mediante decretos propios, las modificaciones necesarias en el presupuesto.
Para la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los primeros noventa días, la mujer que denuncie circunstancias por las cuales la continuación del embarazo, el parto o la maternidad implicarían un riesgo grave para su salud física o psíquica, con relación a su estado de salud o sus condiciones económicas, sociales o familiares, o a las circunstancias en las que se produjo la concepción, o por un pronóstico de anomalías o malformaciones del niño por nacer, se dirige a un consultorio público creado en virtud del inciso a) del artículo 2 de la ley del 29 de julio de 1975, n° 405, o a una estructura socio-sanitaria habilitada a tal fin en la región, o a un médico de su confianza.
El consultorio y la estructura socio-sanitaria, además de tener que garantizar las evaluaciones médicas necesarias, tienen la tarea en cada caso, y especialmente cuando la solicitud de interrupción del embarazo esté motivada por la incidencia de las condiciones económicas, sociales o familiares en la salud de la gestante, de analizar junto con la mujer y con el padre del niño por nacer, siempre que la mujer preste su consentimiento, respetando la dignidad y la privacidad de la mujer y de la persona identificada como padre del niño por nacer, las posibles soluciones a los problemas que se presenten, de ayudarla a superar los motivos que conducirían a la interrupción del embarazo, de hacerla capaz de hacer valer sus derechos de trabajadora y de madre, de promover todas las intervenciones oportunas para apoyar a la mujer, ofreciéndole toda la ayuda necesaria tanto durante el embarazo como después de dar a luz.
Cuando la mujer consulte al médico de su confianza, éste debe llevar a cabo el reconocimiento médico necesario, respetando la dignidad y la libertad de la mujer; evaluará con la mujer y con el padre del niño por nacer – siempre que la mujer preste su consentimiento, respetando la dignidad y la privacidad de ambos, incluso sobre la base del éxito del reconocimiento antes mencionado – las circunstancias por las que solicita la interrupción del embarazo; le informará sobre los derechos que le corresponden y las medidas de carácter social a las que puede recurrir, además de los centros de asesoramiento y las estructuras socio-sanitarias.
Cuando el médico del consultorio o de la estructura socio-sanitaria, o el médico de confianza, constate la existencia de condiciones que hacen necesaria una intervención urgente, le entregará a la mujer un certificado que acredita la urgencia. Con ese certificado, la mujer por sí misma puede presentarse en una de las sedes autorizadas para que le realicen la interrupción del embarazo.
Si no se constata que se trata de una urgencia, ante la solicitud de la mujer de interrumpir el embarazo de acuerdo con las circunstancias contempladas en el artículo 4, al finalizar el encuentro el médico del consultorio o de la estructura socio-sanitaria, o el médico de confianza le entregarán una copia de un documento, firmado también por la mujer, que acredita el embarazo y la solicitud presentada, y le pedirán que espere siete días. Una vez transcurridos los siete días, la mujer podrá presentarse ante una de las sedes autorizadas para que le realicen la interrupción del embarazo, de conformidad con el documento que le fue entregado con arreglo al presente párrafo.
La interrupción voluntaria del embarazo, después de los primeros noventa días, podrá llevarse a cabo:
cuando el embarazo o el parto implican un grave peligro para la vida de la mujer;
cuando se han comprobado procesos patológicos, incluidos aquellos relacionados con anomalías o malformaciones importantes del feto, que determinan un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer.
Los procesos patológicos que constituyen los casos previstos en el artículo anterior son comprobados por un médico del servicio obstétrico-ginecológico del hospital en el que debe practicarse la intervención, quien certifica su existencia. El médico puede valerse de la colaboración de especialistas. También debe proporcionar la documentación sobre el caso y transmitir su certificación al director sanitario del hospital para la intervención que se practicará en forma inmediata.
Cuando la interrupción del embarazo resulta necesaria debido a un peligro inminente para la vida de la mujer, la intervención podrá llevarse a cabo aun sin la ejecución de los procedimientos previstos en el párrafo anterior y fuera de los lugares establecidos en el artículo 8. En estos casos, el médico debe informar al médico provincial.
Cuando existe la posibilidad de vida autónoma del feto, la interrupción del embarazo puede efectuarse sólo en el caso al que se refiere el inciso a) del artículo 6 y el médico que lleva a cabo la intervención debe tomar todas las medidas adecuadas para salvaguardar la vida del feto.
La interrupción del embarazo la practica un médico del servicio obstétrico-ginecológico en un hospital general de los mencionados en el artículo 20 de la ley del 12 de febrero de 1968, n° 132, quien asimismo verifica la inexistencia de contraindicaciones de salud.
La intervención también puede llevarse a cabo en hospitales públicos especializados, instituciones y entidades que se mencionan en el penúltimo párrafo del artículo 1 de la ley del 12 de febrero de 1968, n° 132, y en las instituciones mencionadas en la ley del 26 de noviembre de 1973, n° 817, y el decreto del Presidente de la República del 18 de junio de 1958, n° 754, siempre que los respectivos organismos de gestión la soliciten.
Durante los primeros noventa días, la interrupción del embarazo también puede llevarse a cabo en centros de asistencia autorizados por la región, provistos de las condiciones sanitarias y los servicios obstétrico-ginecológicos adecuados.
El Ministro de Salud por medio de un decreto limitará “la facultad” de dichos centros asistenciales autorizados de practicar las intervenciones de interrupción del embarazo, estableciendo:
el porcentaje de las intervenciones de interrupción de un embarazo que podrán tener lugar, con relación al total de las intervenciones quirúrgicas efectuadas durante el año anterior en el mismo centro asistencial;
el porcentaje de días de hospitalización autorizados por la intervención de interrupción del embarazo, con respecto al total de días de hospitalización que tuvieron lugar durante el año anterior con relación a los acuerdos con la región.
Los porcentajes mencionados en los puntos 1) y 2) no deben ser inferiores al 20 por ciento e iguales para todos los centros asistenciales. Dichos centros podrán elegir el criterio a cumplir entre los dos anteriores. Asimismo, durante los primeros noventa días las intervenciones de interrupción del embarazo deberán efectuarse después de la constitución de las unidades socio-sanitarias locales, en policlínicos públicos debidamente equipados, conectados funcionalmente con los hospitales y autorizados por la región.
El certificado expedido de conformidad con el tercer párrafo del artículo 5 y, una vez transcurridos siete días, el documento entregado a la mujer, de conformidad con el cuarto párrafo del mencionado artículo, tiene validez para que se practique una intervención con carácter urgente y se efectúe, de ser necesaria, la hospitalización.
El personal sanitario y quienes desempeñan actividades auxiliares no están obligados a tomar parte en los procedimientos establecidos en los artículos 5 a 7, ni en las intervenciones para interrumpir un embarazo cuando planteen una objeción de conciencia, mediante una declaración previa. Dicha declaración del objetor debe comunicarse al médico provincial y en el caso del personal del hospital o del centro asistencial, también al director sanitario, dentro del mes, a partir de la entrada en vigor de la presente ley o de la obtención de la habilitación o de la contratación de una entidad que debe brindar prestaciones directas para la interrupción del embarazo, o del establecimiento de un acuerdo con entidades provinciales que implique la realización de dichas prestaciones.
La objeción siempre puede revocarse o presentarse fuera de los términos mencionados en el párrafo anterior, pero en este caso la declaración surte efecto después de un mes de su presentación ante el médico provincial.
La objeción de conciencia exime al personal sanitario y a los auxiliares de llevar a cabo procedimientos y actividades específica y necesariamente dirigidos a la interrupción del embarazo, pero no de la asistencia previa y posterior a la intervención.
En cualquier caso, los establecimientos hospitalarios y los centros asistenciales autorizados están obligados a garantizar el cumplimiento de los procedimientos previstos en el artículo 7 y que las intervenciones de interrupción de un embarazo solicitadas se lleven a cabo de acuerdo con la modalidad prevista en los artículos 5, 7 y 8. La región también controla y garantiza la implementación mediante la movilidad del personal.
La objeción de conciencia no puede ser invocada por el personal sanitario ni por los auxiliares cuando, dada la particularidad de las circunstancias, su intervención resulta indispensable para salvar la vida de la mujer que se encuentre en inminente peligro.
La objeción de conciencia se considera revocada, con efecto inmediato, si la persona que la había planteado, participa en un procedimiento o intervención para la interrupción del embarazo, previsto por la presente ley, además de los casos a los que se hace referencia en el párrafo anterior.
La evaluación, la intervención, el tratamiento y la eventual hospitalización con relación a la interrupción del embarazo en las circunstancias previstas por los artículos 4 y 6, efectuados en las instituciones sanitarias mencionadas en el artículo 8, se encuentran entre las prestaciones hospitalarias transferidas a las regiones por ley del 17 de agosto de 1974, n° 386.
La región asume todos los gastos por eventuales evaluaciones, tratamientos u hospitalizaciones necesarios para la culminación del embarazo, así como también para el parto, con respecto a la mujer que no tiene derecho a la asistencia de la sociedad de socorros mutuos.
Las prestaciones de salud y farmacéuticas no previstas en los párrafos anteriores y las evaluaciones efectuadas, según las disposiciones del segundo párrafo del artículo 5 y del primer párrafo del artículo 7, por médicos que son empleados del Estado o ejercen su actividad en el ámbito de los servicios públicos o en lugares que tienen un convenio con la región, correrán por cuenta de las entidades mutualistas, hasta que se establezca el servicio nacional de salud.
La entidad hospitalaria, el centro asistencial o el policlínico donde se ha llevado a cabo la intervención, debe enviar al médico provincial competente en ese territorio, una declaración con la que el médico que efectuó dicha intervención informe sobre la misma y sobre la documentación en base a la cual se efectuó, sin mencionar la identidad de la mujer.
Se derogan los incisos b) y f) del artículo 103 del texto único de las leyes sanitarias, aprobadas por decreto real del 27 de julio de 1934, n° 1265.
La solicitud de interrupción del embarazo según los procedimientos de la presente ley debe efectuarla personalmente la mujer.
Si la mujer tiene menos de dieciocho años de edad, la interrupción del embarazo requiere el consentimiento de quien ejerce sobre la propia mujer la ((responsabilidad parental)) o la tutela.
Sin embargo, durante los primeros noventa días, cuando haya serios motivos que impidan o desaconsejen la consulta con las personas que ejercen la ((responsabilidad parental)) o la tutela, o éstas, al ser consultadas, niegan su consentimiento o expresan opiniones divergentes, el consultorio, la estructura socio-sanitaria o el médico de confianza realizarán las tareas y procedimientos mencionados en el artículo 5 y, dentro de los siete días posteriores a la solicitud, enviarán un informe acompañado de su propia opinión al juez tutelar competente. El juez tutelar, dentro de un plazo de cinco días, luego de haber escuchado a la mujer y teniendo en cuenta su voluntad, las razones que alegue y el informe recibido, puede autorizar a la mujer, mediante un acto no sujeto a reclamo, a decidir sobre la interrupción del embarazo.
Si el médico constata la urgencia de la intervención debido a que la salud de la menor de dieciocho años corre un grave peligro, independientemente del consentimiento de quien se encuentra en ejercicio de la ((responsabilidad parental)) o la tutela y sin recurrir al juez tutelar, certifica la existencia de las condiciones que justifican la interrupción del embarazo. Esta documentación constituye un certificado para que pueda realizarse en carácter urgente la intervención y, en caso de ser necesaria, la hospitalización.
A efectos de la interrupción del embarazo después de los primeros noventa días, se aplican también a la menor de dieciocho años los procedimientos contemplados en el artículo 7, independientemente del consentimiento de quien se encuentra en ejercicio de la ((responsabilidad parental)) o la tutela.
Si la mujer sufre una enfermedad mental, la solicitud de conformidad con los artículos 4 y 6 puede ser presentada además de por ella personalmente, por su curador o su esposo no curador, en caso de no estar separados legalmente.
En el caso de que la solicitud sea presentada por la mujer incapaz o su esposo, se debe escuchar la opinión del curador. La solicitud presentada por el curador o por el esposo debe ser confirmada por la mujer.
El médico del consultorio o de la estructura socio-sanitaria, o el médico de confianza, transmitirá al juez de curatela, en un plazo de siete días desde la presentación de la solicitud, un informe que incluirá detalles sobre la solicitud y sus motivos, sobre la postura tomada por la mujer y sobre el embarazo y el tipo de enfermedad mental que padece, así como la opinión del curador, cuando la manifieste.
El juez de curatela, habiendo escuchado a los interesados y si lo considera oportuno, tomará una decisión en un plazo de cinco días desde la recepción del informe mediante un escrito no sujeto a reclamo.
La resolución de un juez de curatela tiene los efectos contemplados en el último párrafo del artículo 8.
El médico que realice la interrupción del embarazo está obligado a brindarle a la mujer la información y las indicaciones sobre la reglamentación de los nacimientos, y asimismo hacerla partícipe de los procedimientos abortivos que deben realizarse con el fin de respetar la dignidad personal de la mujer.
En presencia de procesos patológicos, incluidos aquellos relacionados con anomalías o malformaciones del feto, el médico que realice la interrupción del embarazo debe brindarle a la mujer la información necesaria para prevenir tales procesos.
Las regiones, de forma coordinada con las universidades y con los establecimientos hospitalarios, promueven la actualización del personal sanitario y los auxiliares sobre los problemas de la reproducción consciente y responsable, los métodos anticonceptivos, la evolución del embarazo, el parto y el uso de las técnicas más modernas, más respetuosas de la integridad física y psíquica de la mujer y menos riesgosas para interrumpir un embarazo. Las regiones promueven también la realización de cursos y encuentros en los que pueden participar tanto el personal sanitario y los auxiliares como las personas interesadas en profundizar sus conocimientos sobre cuestiones relativas a la educación sexual, la evolución del embarazo, el parto, los métodos anticonceptivos y las técnicas para la interrupción de embarazos.
A fin de garantizar lo dispuesto en los artículos 2 y 5, las regiones elaborarán un programa anual de actualización e información sobre la legislación estatal y regional, y sobre los servicios sociales, sanitarios y asistenciales que existen en el territorio regional.
Durante el mes de febrero, a partir del año posterior al de entrada en vigencia de la presente ley, el Ministro de Salud presentará al Parlamento un informe sobre la aplicación de la propia ley y sus efectos, incluso con relación al problema de la prevención.
Las regiones deben brindar la información necesaria durante el mes de enero de cada año, en base a los cuestionarios elaborados por el Ministro.
El Ministro de Justicia debe presentar un informe similar en lo que respecta a las cuestiones de competencia específica de su cartera.
Toda persona que le produzca un daño a una mujer debido a la interrupción de un embarazo deberá enfrentar una pena de prisión por un término de 3 meses a 2 años.
Toda persona que le produzca un daño a una mujer debido a un parto prematuro deberá enfrentar la pena contemplada en el párrafo anterior, disminuida hasta la mitad.
En los casos previstos en los párrafos anteriores, si el hecho fuera cometido junto con la violación de las normas establecidas para proteger el trabajo, se aumentará la pena.
Toda persona que le produzca un daño a una mujer debido a la interrupción de un embarazo sin el consentimiento de la mujer deberá enfrentar una pena de prisión por un término de cuatro a ocho años. Se considerará que el consentimiento no fue prestado si fue exigido con violencia o amenazas, o si hubiera sido obtenido mediante un engaño.
La misma pena se aplica a toda persona que provoque la interrupción de un embarazo con acciones directas que produzcan lesiones a la mujer.
La mencionada pena se disminuirá hasta la mitad si, a causa de esas lesiones, se produce la aceleración del parto.
Si debido a los hechos previstos en los párrafos primero y segundo se produce la muerte de la mujer, se aplicará una pena de prisión por un término de ocho a dieciséis años; si se produce una lesión personal muy grave, se aplicará una pena de prisión por un término de seis a doce años; si la lesión personal es grave, se disminuirá esta última pena.
Las penas establecidas en los párrafos anteriores se aumentarán si la mujer es menor de dieciocho años.
Toda persona que lleve a cabo la interrupción voluntaria de un embarazo, si no se respetan las modalidades señaladas en los artículos 5 u 8, deberá enfrentar una pena de prisión por un término de hasta tres años.
La mujer deberá pagar una multa de hasta cien mil liras.
Si la interrupción voluntaria del embarazo se produce sin el dictamen médico otorgado en los casos previstos en los incisos a) y b) del artículo 6 o si no se respetan las modalidades previstas en el artículo 7, la persona que la lleve a cabo enfrentará una pena de prisión por un término de uno a cuatro años.
La mujer enfrentará una pena de prisión por un término de hasta seis meses.
Cuando la interrupción voluntaria del embarazo se produce en una mujer menor de dieciocho años o incapaz, más allá de los casos previstos en los artículos 12 y 13 o sin respetar las modalidades allí contempladas, la persona que la lleve a cabo enfrentará las penas respectivas previstas en los párrafos anteriores aumentadas hasta en un cincuenta por ciento. La mujer es inimputable.
Si, como consecuencia de los hechos previstos en los párrafos anteriores, se produce la muerte de la mujer, se aplicará una pena de prisión por un término de tres a siete años; en caso de que se produzca una lesión personal muy grave, se aplicará una pena de prisión por un término de dos a cinco años; si la lesión personal es grave, se disminuirá la pena.
Las penas establecidas en el párrafo anterior se aumentarán si debido a los hechos previstos en el quinto párrafo se produce una lesión o la muerte de la mujer.
Las penas previstas en los artículos 18 y 19 para quien realice la interrupción del embarazo se aumentarán cuando el delito sea cometido por quien haya presentado una objeción de conciencia en virtud del artículo 9.
Toda persona que – más allá de los casos previstos en el artículo 326 del Código Penal – habiendo conocido por motivos de profesión u oficio a la persona que ha recurrido a las intervenciones o los procedimientos previstos por la presente ley, revele su identidad o divulgue noticias que permitan identificarla, será penada conforme al artículo 622 del Código Penal.
Se deroga el título X del libro II del Código Penal. Asimismo, se derogan el inciso 3) del primer párrafo y el inciso 5) del segundo párrafo del artículo 583 del Código Penal.
Excepto que se haya dictado una sentencia firme de condena, no será imputable por el delito de aborto de una mujer que haya prestado su consentimiento a tal efecto toda persona que haya cometido el hecho con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, si el juez comprobara que existieron las condiciones previstas por los artículos 4 y 6.
La presente ley, con el sello del Estado, se incluirá en la Recopilación oficial de las leyes y los decretos de la República Italiana. Debe ser cumplida y debe hacérsela cumplir como ley del Estado.
Dada en Roma, el 22 de mayo de 1978
ANDREOTTI – ANSELMI –
BONIFACIO – MORLINO –
Visto, el Canciller: BONIFACIO

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 103
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 326
 artículo 622
 artículo 583