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Timestamp: 2017-12-15 02:49:56+00:00

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Sentencia T.S.J. Andalucía 473/2007 de 28 de septiembre. IVA. Transmisión de bienes empresariales. Ejecución forzosa. Sujeción. Procede - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 473/2007 de 28 de septiembre
IVA: Adjudicación de los bienes de la empresa en procedimiento hipotecario. Tributación: No procede por ITP. Sujeción IVA: Procede porque el titular del bien transmitido es del empresario deudor, la entrega del bien se efectúa en el ejercicio de una actividad empresarial y el juez es un intermediario que legitima la enajenación. Entrega de bienes: No se requiere voluntariedad a efectos del impuesto. Sujeto pasivo: Deudor ejecutado. Sentencia del TS con solución diferente: No es obligada su aplicación porque no es constitutiva de doctrina jurisprudencial.
RECURSO NÚM: 1.228/2000
SENTENCIA NÚM. 473 DE 2.007
En la ciudad de Granada, a veintiocho de septiembre de dos mil siete. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 1288/2000 seguido a instancia de la Junta de Andalucía, que comparece representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, siendo parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada), en cuya representación y defensa interviene el Abogado del Estado, y como parte codemandada interviene el Banco Popular Hipotecario S.A., representado por el Procurador de los Tribunales Don José Sánchez León Herrera y asistido de Letrado. La cuantía del recurso es de 870.907 pesetas.
Primero.-Se interpuso el presente recurso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) que queda identificada más abajo. Se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada.
Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso anulando la resolución que se recurre por no ser conforme a Derecho.
Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó que sea dictada sentencia confirmando en sus términos la resolución impugnada por ser ajustada a Derecho. En el mismo trámite procesal, la representación de la parte codemandada solicitó se dictase sentencia en idénticos términos.
Cuarto.-No habiendo solicitado las partes el recibimiento del procedimiento a prueba, ni solicitado el trámite de conclusiones escritas ni la celebración de vista, los autos quedaron a disposición del Magistrado Ponente para que dictara la resolución procedente.
Quinto.-Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don José Antonio Santandreu Montero.
Primero.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 23 de marzo de 2000, recaída en el expediente número 18/10351/1998/1, que estima la reclamación deducida por la entidad mercantil Banco Popular Hipotecario S.A. frente a la liquidación que le fuera girada por la Oficina Liquidadora de Motril, liquidación 520/98, por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, consecuencia de la adjudicación en procedimiento hipotecario de un inmueble, en los autos 84/95, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Motril.
Segundo.-La cuestión que se somete al juicio de la Sala es estrictamente jurídica y consiste en determinar si la transmisión instrumentada en Auto de adjudicación en procedimiento hipotecario del inmueble al que se ha hecho referencia, efectuada a favor del acreedor hipotecario, debe ser calificada como entrega de bienes sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, tesis que mantiene el TEARA en la resolución que se recurre (de la que también participa la mercantil codemandada adjudicataria del bien), o por el contrario, ha de calificarse como transmisión onerosa sujeta a gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tesis que sostiene la oficina liquidadora del tributo dependiente de la Junta de Andalucía.
Tercero.-Sostiene el TEARA en la resolución que se impugna que la transmisión de inmuebles allí considerada debe quedar sujeta al IVA porque la intervención realizada por el Juzgado a través del Auto de adjudicación lo es en sustitución de la voluntad del deudor hipotecario tratándose, por ello, de una intervención meramente instrumental. En consecuencia, retomando la descripción del hecho imponible de ese tributo, considerando que quedan sujetas a él las entregas de bienes realizadas por empresarios a título oneroso, con carácter habitual y en el ejercicio de su actividad empresarial, considerando, además, como tales entregas de bienes las efectuadas por sociedades mercantiles y las transmisiones a terceros de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial de los sujetos pasivos, incluso las llevadas a término con ocasión del cese en el ejercicio de actividades económicas que determinen la sujeción al Impuesto, y considerando, para mayor abundamiento, que el texto legal del Impuesto califica como entrega de bienes, incluso, las transmisiones realizadas en virtud de norma o de resolución administrativa o jurisdiccional, concluye su razonamiento el órgano económico-administrativo indicando que, en el caso enjuiciado, concurren todos los requisitos para entender que la transmisión que se realiza del patrimonio empresarial o de los bienes de una empresa consecuencia de una adjudicación judicial quedan sujetas al IVA por cuanto la entrega formalizada por el Juzgado resulta ser meramente instrumental y concurrir en la misma todos los elementos que la hacen susceptible de integrarse en el hecho imponible del referido Impuesto (entrega de bien realizada por empresario en el ejercicio de su actividad empresarial).
La Sala también comparte este modo de razonar y, en consecuencia, se inclina por considerar y así dicta su pronunciamiento, en el sentido de que la operación que se viene describiendo debe quedar sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, entendiéndolo de este modo por las razones que pasan a exponerse.
Cuarto.-Ante todo, tres ideas esenciales deben presidir el razonamiento jurídico que se expone. La primera, que la titularidad del bien que se transmite es del empresario cuyo patrimonio, en todo o en parte, es objeto de ejecución judicial, habida cuenta de que el título en el que se documenta la enajenación forzosa es otorgado por el deudor ejecutado, sin perjuicio de que la transmisión del bien objeto de la subasta tenga lugar al tiempo de dictarse el auto judicial de adjudicación. La segunda idea que se antoja esencial en este proceso de razonamiento jurídico, es que -frente a lo que pudiera suponerse-, la entrega del bien se lleva a cabo en el ejercicio de la actividad empresarial, habida cuenta de que su ejecución forzosa debe tener por causa una negligente actuación empresarial que obliga al empresario a hacer frente a sus deudas patrimoniales con los bienes habidos en el ejercicio de su actividad económica. La tercera idea que es denominador común de este modo de razonar, consiste en entender que el Juez que ejecuta los bienes del empresario deudor, es un mero instrumento que sitúa el Derecho para llevar a término lo que de forma voluntaria y por otros derroteros no ha podido ser cumplido por el empresario deudor, siendo imprescindible para la ejecución forzosa de sus bienes patrimoniales la intermediación del juez que legitima la enajenación que se lleva a término, todo lo cual quiere decir, que en última instancia, la transmisión se ultima siempre entre el titular del bien que se ejecuta (el empresario) y el adjudicatario de la subasta, corriendo de cargo de este último el cumplimiento del deber de repercusión tributaria y de los restantes deberes formales (por ejemplo, el de facturación y la renuncia a la exención) que son inherentes al cumplimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos que previene la Disposición Adicional Sexta de la Ley 37/1992 reguladora de ese Impuesto (que se reproduce más abajo en su literalidad), pues debe insistirse que el Juez que interviene en la subasta judicial es árbitro y mero instrumento que la ley interpone para la consecución del fin que se pretende, a saber, la entrega de los bienes con los que solventar las deudas generadas en el ejercicio de una actividad empresarial donde encuentran su origen.
Por otro lado, en este tipo de enajenaciones forzosas, la ausencia de voluntad contractual y de consentimiento espontáneo en la transmisión de los bienes ejecutados, no es óbice que objete la tributación de la operación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, habida cuenta de que en el hecho imponible de ese tributo no se exige la voluntariedad en la entrega de bienes, sino que ésta se lleve a cabo, y tanto da que lo haya sido de forma espontánea como por requerimiento del Juzgador, es más, el artículo 81. Dos. 31 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido llega a considerar como entrega de bienes, inclusive, las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa", exponente de que la voluntariedad y la espontaneidad no son requisitos inherentes en la entrega de bienes para su sometimiento al referido Impuesto, habida cuenta de que la relación de sujeción viene establecida legalmente entre el bien que se entrega y la persona que lo entrega, en el sentido de que este último debe tratarse de un empresario y la entrega realizada en el contexto de su actividad empresarial, requisitos, los dos, que se dan en el caso de enajenación forzosa de bienes por auto judicial de adjudicación de éstos. Dicho en otros términos, la transmisión del poder de disposición sobre un bien produce la entrega, con independencia de que dicho negocio traslativo venga exigido por una norma o por una resolución administrativa o judicial y si ésta se lleva a efecto en el desarrollo de una actividad empresarial, dado que solo el empresario puede transmitir el poder de disposición de dicho bien, la operación debe quedar sujeta al IVA y el deudor ejecutado es el sujeto pasivo tributario con el deber de cumplir las obligaciones formales derivadas de dicha operación, limitándose el Juez ejecutor de la subasta a ordenar su venta.
La tesis señalada queda reforzada por el mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido que dice: "En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos para: 11. Expedir la factura en que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante. 21. Ejecutar, en su caso, la renuncia a las exenciones prevista en el apartado Dos del artículo 20 de esta Ley ". Esto es, si el adjudicatario de los bienes ejecutados queda facultado legalmente para llevar a término los deberes formales que son inherentes al cumplimiento del IVA y, además, según el texto de dicha Disposición, lo hace en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, éste no puede ser otro que el empresario deudor ejecutado, lo que determina de manera palpable que la operación contemplada en tales términos, es operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, no al de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
Quinto.-Desea terminar sus razonamientos la Sala indicando que, si bien es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1994 (Ar. 1925),dictada en recurso de apelación, da una solución diferente al punto litigioso que ha quedado resuelto, no lo es menos que siendo única y no constitutiva, por tanto, de doctrina jurisprudencial, no es obligada su aplicación por esta Sala, sin que tampoco sea óbice a tal conclusión, el hecho de que con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo más reciente de 20 de noviembre de 2000 (RJT 957/2001 Vol 1) dictada en recurso de casación en interés de ley (que, sin entrar en el fondo, desestimó el recurso por no cumplir determinadas exigencias formales en su interposición y no fijó la doctrina legal pertinente de acuerdo con lo argumentado), se haya formulado un voto particular por el Magistrado Sr. Rouanet Moscardó en el que, analizando la cuestión de fondo planteada en el recurso (idéntica a la que se examina ahora) concluye, tras amplios razonamientos, afirmando que el supuesto que se enjuicia debe quedar sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, básicamente, por la razón de que es el Juez que interviene en la ejecución forzosa, en virtud de su "imperium", quien realiza la transmisión correspondiente, voto particular que al no ser la opinión mayoritaria de la Sala del Tribunal Supremo, no sirve para fijar doctrina.
Esos precedentes pronunciamientos del Tribunal Supremo, por los términos y en las situaciones en que se han producido, no vinculan a esta Sala que mantiene y sustenta un criterio divergente, criterio, no obstante, que es el compartido también por la Audiencia Nacional en sentencias de 30 de mayo y 31 de octubre de 2000; por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencias de 29 de marzo y 11 de julio de 2001, y de 11 de julio de 1002; y por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en sentencias de 2 de julio y 8 de octubre de 1999; 21 de enero y 19 de julio de 2000, 19 de enero de 2001 y 31 de julio de 2002.
Por lo tanto, siendo el criterio de esta Sala el que se acaba de exponer, no queda sino confirmar la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Granada, desestimando, en consecuencia, el recurso origen del presente procedimiento, pues declaramos que en los casos en que la entrega de los bienes al acreedor hipotecario en subasta judicial se hace por el Juez en la forma descrita en las presentes actuaciones, esa operación debe quedar gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Sexto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no se aprecian motivos suficientes para efectuar ningún pronunciamiento en materia de costas.
Desestima el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 23 de marzo de 2000, recaída en el expediente número 18/10351/1998/1, que se confirma en sus términos por ser ajustados a Derecho; sin costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 81
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 139
 resolución