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Timestamp: 2017-11-21 00:55:56+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO ANTE DECESO DE EX DIPUTADO SEÑOR VICENTE SOTA BARROS. OFICIO
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO EN MATERIA DE LICENCIA PROFESIONAL
DIÁLOGO PARA PERFECCIONAMIENTO DE LEY LAFKENCHE . OFICIOS
CUMPLIMIENTO EN FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN DE LEY SOBRE DERECHO A AMAMANTAR. OFICIOS
RECHAZO A VISITA DE VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
CINCUENTA AÑOS DE OCUPACIÓN ISRAELÍ DE TERRITORIOS PALESTINOS. OFICIOS
Sesión 39ª, en miércoles 16 de agosto de 2017
(De 16:25 a 19:8)
GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE, Y JAIME QUINTANA LEAL,
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
Asimismo, se encontraban presentes el Director General de Aguas, señor Carlos Estévez Valencia, y el asesor del Comité de la UDI, señor Álvaro Pillado.
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Las actas de las sesiones 37ª y 38ª, ordinarias, en 8 y 9 de agosto de 2017, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero retira y hace presente la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental para la tramitación de su oficio mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Director de la Empresa Televisión Nacional de Chile al señor Jorge Andrés Richards Rojas, por el período que indica (boletín N° S 1.940-05).
Con los diez siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
7) El que modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para efectos de aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de dichas instituciones (boletín N° 10.623-02).
Con el décimo tercero hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para considerar las actuaciones diplomáticas entre aquellas no reguladas por dicha ley (boletín N° 10.132-06).
7) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Entidad Binacional para el Proyecto "Túnel Internacional Paso de Agua Negra" (EBITAN)", suscrito en Santiago el 6 y 9 de enero de 2017 (boletín N° 11.218-10).
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros (boletines N°s 11.053-13 y 11.103-13, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo señala que dio su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley aprobado por el Senado que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07) (con urgencia calificada de "suma").
Con el tercero comunica que aprobó el proyecto de ley que declara el primer lunes de octubre de cada año como Día Nacional del Feriante (boletín N° 10.920-24).
Con el cuarto señala que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (boletín N° 8.938-24).
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Envía diversas sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recaídos en las siguientes disposiciones:
-Artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas.
Remite diversas resoluciones dictadas en sendos requerimientos de inconstitucionalidad presentados, uno, por un grupo de Senadores, y otro, por un grupo de Diputados, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín N° 9.895-11).
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las disposiciones siguientes:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
-Artículos 166, 171 (inciso final) y 174 (inciso primero) del Código Sanitario.
Remite respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor García, para informar sobre la denuncia efectuada por eventuales irregularidades cometidas por la empresa encargada de construir el puente que unirá las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
Adjunta informe, requerido en nombre del Senador señor Navarro, sobre materias relativas a extranjería, en el período indicado.
Da respuesta a petición, manifestada en nombre del Senador señor Horvath, sobre el funcionamiento del Puerto de Quellón en la isla de Chiloé y la habilitación de un puerto alternativo que asegure el movimiento de personas, vehículos y mercancías entre Melinka y Quellón.
Envía antecedentes relativos al desempeño de los agregados comerciales de Pro Chile en misión en el exterior en los últimos dos años: consulta realizada en nombre del Senador señor García-Huidobro.
Contesta requerimientos, expresados en nombre del Senador señor Navarro, sobre los siguientes asuntos:
-Políticas públicas ministeriales en ámbito de salud mental.
-Materias relativas al estado de la salud mental infanto-juvenil en nuestro país.
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor Moreira, al objeto de mantener la salvaguardia para la producción del acero con controles de calidad que impidan el ingreso al país de barras de acero que no cumplan con los estándares de calidad requeridos.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía:
Anexa antecedentes relativos a las siguientes materias consultadas en nombre del Senador señor Espina:
-Considerar la repavimentación de la Ruta Collipulli-Angol para evitar los riesgos de un camino en malas condiciones.
-Apertura del camino vecinal ubicado en el kilómetro 4 de la ruta Collipulli-Angol para dar conectividad al sector.
Del señor Gobernador de Chiloé:
Envía datos sobre el número de accidentes automovilísticos ocurridos en la ruta 5 sur, entre Castro y Quellón, y controles carreteros efectuados en la misma zona, en los períodos indicados: materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Responde inquietudes, planteadas en nombre del Senador señor García, sobre los siguientes asuntos:
-Evolución mensual de la deuda hospitalaria del servicio durante el primer semestre del año en curso.
-Avance de las listas de espera del servicio durante el primer semestre de este año.
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor García, relativo al derecho a cuota mortuoria de la persona individualizada.
Adjunta antecedentes sobre las razones por las cuales al pensionado por invalidez con retiro programado de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, usuario de FONASA en la letra A, se le aplica el descuento por cotización de salud: materia consultada en nombre del Senador señor Bianchi.
Informa solicitud, expedida en nombre del Senador señor García, acerca del cronograma de restitución del puente ferroviario de Toltén, comuna de Pitrufquén.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado que Modifica el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura", suscrito en Andorra el 12 de septiembre de 2016 (boletín N° 11.048-10) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de aplicar al trabajador que celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien contrae matrimonio (boletín N° 10.763-13).
Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Girardi y Prokurica, con la que inician un proyecto para incorporar una disposición en la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, al objeto de permitirle al Servicio Nacional de Discapacidad disponer de clases diferentes de bastones, en función del nivel de visión del usuario (boletín Nº 11.368-11).
Del Senador señor Tuma, para ausentarse del país a contar del 18 de agosto de 2017.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, solicito que el Senado guarde un minuto de silencio ante el fallecimiento del ex Diputado señor Vicente Sota Barros, quien fue Presidente de la Cámara Baja.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Les ruego a Sus Señorías y a las demás personas presentes en la Sala y en las tribunas ponerse de pie.
--El Senado guarda un minuto de silencio.
En nombre de la Corporación, se enviará una nota de pésame a los familiares del extinto parlamentario.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, si bien había un acuerdo para tratar en la sesión de hoy, en primer lugar, el proyecto de ley de aguas con respecto a las atribuciones de la DGA, nosotros, como bancada, queremos señalar que este ha sido un año en que se ha discutido mucho sobre las bases de nuestro régimen de aguas, tanto a nivel constitucional como del Código de Aguas.
La agricultura y la minería necesitan reglas claras y un panorama cierto en materia de discusiones legislativas.
Los regantes están legítimamente preocupados de la conveniencia de dar más poder a la DGA, así como de si es bueno o no aumentar el monto de las multas.
No es el ánimo de esta bancada dilatar la discusión. Nosotros solo queremos tener tiempo para pensar mejor y concordar una regulación que les dé certeza a quienes son fiscalizados por la DGA.
Nada de eso impide que este proyecto sea puesto en tabla para votarlo la próxima semana.
Me dicen que hay un problema de urgencia.
Nosotros queremos votar este proyecto, pero al interior de mi bancada existen algunas dudas.
Entonces, formalmente, deseamos pedir segunda discusión.
Para eso sería bueno conocer los alcances, y posteriormente, si es necesario, convocar a una reunión de Comités.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Según me informa Secretaría, este proyecto de ley tiene "suma" urgencia, la que vencerá mañana. O sea, si no lo despachamos hoy, deberemos citar a sesión para mañana, salvo que el Ejecutivo retire la urgencia.
Está en la Sala el señor Ministro de Obras Públicas, quien nos puede señalar si existe voluntad del Gobierno a ese respecto. Pero si la hubiera, necesitaríamos su formalización mediante un oficio.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, nosotros no tenemos problema en que se discuta la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El problema está en que debemos despacharla con urgencia.
El señor MOREIRA.- Nosotros nunca hemos puesto ninguna dificultad cuando el Ejecutivo, ante situaciones parecidas, ha apelado a nuestra buena disposición.
Señor Presidente, no tenemos problema alguno en votar esta iniciativa el próximo martes, a la hora que sea. Y ahora queremos disipar ciertas dudas que se han planteado al interior de nuestra bancada.
Esa es la razón por la cual queremos pedir segunda discusión.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, debo recordar que en la última sesión ordinaria esta iniciativa se hallaba en el segundo lugar de la tabla, pues tenía "suma" urgencia.
En el momento en que correspondía tratarla, se planteó que el proyecto conocido como "Ley SANNA" tenía prioridad (estaban en las tribunas familiares de niños con enfermedades graves, en fin). Concluimos, pues, que era importante tramitarlo. Y recuerdo perfectamente bien que, al dar el acuerdo respectivo, insistí, como Presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, en que la iniciativa atinente a las aguas se tratara el miércoles 16 de agosto -o sea, hoy- en el primer lugar del Orden del Día.
Entiendo que en la bancada de la UDI hay observaciones a algunos preceptos.
Sin embargo, no olvidemos que este proyecto se está discutiendo en el Parlamento desde el 18 de enero de 2012; se incorporó una indicación sustitutiva en septiembre de 2016, y desde esa época distintas Comisiones -la de Recursos Hídricos, la de Hacienda- lo han tramitado. De manera que ha habido tiempo suficiente para plantear en esas instancias observaciones -legítimas, por cierto- a las normas contenidas en el articulado.
Por eso, señor Presidente, yo soy partidaria de que iniciemos el debate particular y de que cuando lleguemos a las disposiciones en que existen dudas -entiendo que se refieren a los monto de las multas- los Senadores de la UDI formulen sus reparos.
Es el procedimiento que aplicamos siempre para la discusión particular de las iniciativas.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, coincido con lo que expresó la Presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
No obstante, quiero agregar un elemento: en esta materia hubo un acuerdo unánime de la Sala.
Me parece que a ese respecto debemos ser rigurosos.
Yo puede comprender que surjan dudas. Pero la verdad es que esta iniciativa lleva un largo tiempo de tramitación. Y, más todavía, en la Comisión sobre Recursos Hídricos está representada la bancada de la UDI.
Ahora, yo tengo dudas de si es posible, mediando un compromiso y habiéndose adoptado un acuerdo unánime en el sentido de votar en particular hoy día este proyecto, que nos digan que quieren volver a postergar su discusión.
Es legítimo que existan dudas. Pero ha habido tiempo para debatir extensamente la iniciativa. Nadie podría sostener que no tuvo ocasión para formular sus planteamientos. Estamos con "suma" urgencia. Y, a la luz de estos antecedentes, nos costaría mucho entender que no se cumpliera un acuerdo unánime de la Sala. No visualizamos qué argumento podrían darnos para no respetarlo.
Por eso, pregunto si aquello es posible desde el punto de vista procedimental. Porque, en mi concepto, no corresponde.
El señor HORVATH.- Además de los argumentos aducidos, señor Presidente, debo subrayar que este proyecto se halla en el Congreso Nacional desde el año 2012: se ha visto en demasía.
No está aquí el colega Navarro, quien reiteradamente pide indicaciones para aumentar el monto de las multas y quitarles los derechos de aguas a quienes contaminen.
A decir verdad, este proyecto está bastante centrado en la necesidad de contar con agua en condiciones da cantidad y calidad; aumentar la fiscalización; establecer vía multas un desincentivo para el mal uso del recurso, que es cada día más necesario: todo ello señala la conveniencia de que comencemos a discutir el proyecto en este minuto.
Como dice la Senadora Muñoz, cuando lleguemos a las cuestiones controversiales se tomarán las decisiones del caso. Y habrá mecanismos reglamentarios, e incluso, la posibilidad de citar a una segunda sesión sobre la materia para el día de hoy.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, las Senadoras Allende y Muñoz tienen toda la razón, al igual que el colega Horvath.
La semana pasada esta Sala adoptó un acuerdo unánime, el que, a mi juicio, debe respetarse absolutamente. Se llegó a él debido a que había otro proyecto de gran trascendencia. Y todos convinimos en que la iniciativa atinente a las aguas se tratara hoy día en el primer lugar de la tabla.
A mí no me parece que, mediando un acuerdo unánime del Senado, no se respete en los términos en que se concibió.
Es más: el proyecto concerniente a las aguas tiene "suma" urgencia, y el Ejecutivo no está dispuesto a retirarla; ello nos obligaría eventualmente a discutirlo mañana.
Ahora, si quieren despachamos el proyecto mañana.
En definitiva, señor Presidente, le pido que se haga valer el acuerdo unánime que adoptó esta Sala en la última sesión ordinaria.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Efectivamente, hay un acuerdo de Sala, según me informa la Secretaría.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, me gustaría despejar una cosa muy importante, que no podemos dejar pasar.
Primero, más allá de las garantías que las minorías podamos tener en cuanto al uso de los recursos que prevé el Reglamento, debo manifestar que el acuerdo fue en el sentido de tratar el proyecto sobre las aguas en el primer lugar de la tabla de esta sesión.
Segundo, eso de ninguna manera restringe el derecho reglamentario de cada Senador o Senadora a solicitar segunda discusión.
Me interesa que aquello quede completamente claro, porque sobre la materia no podemos sentar precedentes para futuros proyectos de ley.
Ahora, señor Presidente, para mí sería fácil decir "Pido segunda discusión en este minuto". En tal caso, usted debería citar para mañana, o bien, para hoy, después de las 8 o de las 9 de la noche.
Sin embargo, no se trata de dilatar.
Primero quiero que la cuestión reglamentaria quede absolutamente clara, y después le voy a proponer una solución.
Pero le pido a la Mesa que, reglamentariamente, dé los antecedentes vinculados con lo que estoy diciendo.
El señor LETELIER.- ¡Hay un acuerdo unánime!
El señor MOREIRA.- Perdón, señor Presidente.
El señor MOREIRA.- Entonces, señor Presidente, queremos que se nos informe sobre lo que planteé.
Yo estoy actuando como Jefe de Comité, en representación de Senadores de la UDI que tienen dudas razonables sobre la materia.
No vamos a colocar objeción. No pediremos segunda discusión. Pero, sí, quiero que me ratifique -ello, para el futuro- que la existencia de un acuerdo unánime de la Sala para poner un proyecto de ley en el primer lugar de la tabla no significa restringir el ejercicio de los derechos que el Reglamento nos confiere a los Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo único que puedo hacerle presente, Su Señoría, es que hubo un acuerdo unánime de la Sala en el sentido de despachar el miércoles pasado el proyecto denominado "Ley SANNA", y el relativo a las aguas, en la sesión ordinaria de hoy.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Esa fue la intención. No quedó explícitamente así, pero se habló de tratar el proyecto en el primer lugar de la tabla de hoy, en la idea de despacharlo. Nadie planteó la posibilidad de segunda discusión o la existencia de problemas. Ello, porque deseábamos despachar con mayor urgencia la otra iniciativa.
En todo caso, se trata de un problema que debemos resolver acá. Y espero que lo solucionemos bien.
De lo contrario, voy a pedirle a la Secretaría que, de todas maneras, cite a sesión para hoy, a partir de las 8:45, por lo que pueda ocurrir.
El señor MOREIRA.- ¡Pero le estoy diciendo que nosotros estamos dando la unanimidad!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Está dando la unanimidad?
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo quiero reiterar que el Senador Moreira manifestó al final que no íbamos a pedir segunda discusión. Se trata solo de aclarar los términos, de manera que podemos proceder.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Agradezco la unanimidad.
No le había entendido al Honorable señor Moreira.
Se dará por zanjado el punto y se entrará derechamente al tratamiento de la iniciativa, porque, si no, buena parte de la sesión se destinaría a un debate reglamentario.
Boletín N° 8149-09
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, con segundo informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.149-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012 (se da cuenta).
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 77ª, en 3 de enero de 2017.
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía (segundo): sesión 36ª, en 2 de agosto de 2017.
Hacienda: sesión 36ª, en 2 de agosto de 2017.
Sesión 80ª, en 11 de enero de 2017 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones consignan, para los efectos reglamentarios, que los números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 y 31 a 37 del artículo 1; los artículos 2 y 3, y el artículo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Es preciso dejar constancia del quorum respecto del número 25, referido al artículo 175 del Código de Aguas, y de la letra b) del número 35, atinente al artículo 306, que requieren 21 votos para ser acogidos por ser normas de rango orgánico constitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se darían por aprobados los preceptos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El señor COLOMA.- Para el despacho razonable del texto, señor Presidente, solicito únicamente cinco minutos a fin de poder definir qué casos dicen relación con un pronunciamiento separado. Los estamos viendo con el Ejecutivo y son pocos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Primero cabe dar por sancionadas las disposiciones a que he hecho referencia y que fueron expuestas por el señor Secretario, respecto de las cuales no se han pedido discusión ni votación.
El señor COLOMA.- ¿Puedo contar con los cinco minutos?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá.
El señor LETELIER.- Era cuestión de recurrir al informe.
El señor COLOMA.- ¡De otro modo, pediré votación separada para todos los incisos!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Las normas que he señalado solo podrían ser debatidas y objeto de un pronunciamiento si la unanimidad del Senado lo acordara.
El señor COLOMA.- Insisto en los cinco minutos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si no hay objeciones, se otorgará ese lapso para que se precisen las votaciones.
El señor LAGOS.- ¿Por qué no abocarse al debate del proyecto?
El señor LETELIER.- ¡No quieren multas!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Conforme a la facultad de la Mesa, se suspende la sesión.
--Se suspendió a las 16:49.
Se ha pedido autorización para que pueda asistir el Director General de Aguas, señor Carlos Estévez.
El señor COLOMA.- El asunto es bastante técnico. Solicitamos que también pueda hacerlo nuestro asesor señor Álvaro Pillado.
La señora MUÑOZ.- No corresponde.
El señor HARBOE.- La otra persona es el Director del servicio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Propongo fijar el 31 de agosto próximo como nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, aunque aún no votamos acerca de la iniciativa que modifica el marco normativo de las aguas, voy a inhabilitarme, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento del Senado, en virtud de que pertenezco a una sociedad con derechos en ese ámbito.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dejará constancia de ello.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, solicito determinar el 29 de septiembre próximo como nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto, en primer trámite, que modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país. El boletín es el N° 8.999-08.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, varios artículos de la iniciativa sobre el marco normativo de las aguas fueron modificados por la unanimidad de la Comisión de Hacienda.
Por mi parte, quiero hacer una petición que también requiere esta última en la Sala. Sé que es difícil, pero voy a explicarla en treinta segundos. Dice relación con el artículo 38 y con un aspecto que no debería generar mayor cuestión, que son las nuevas normas para las organizaciones de usuarios, las cuales tendrán que mantener determinadas condiciones en las obras instaladas.
Se establece al respecto que los criterios para las exigencias y las multas necesitarán un decreto fundado. Lo que nosotros planteamos -hemos llegado a varios acuerdos y hay solo algunas discrepancias- es que se contemplen en un reglamento, para que todos podamos conocerlos en forma previa. Intentamos evitar que el Director General de Aguas -del Gobierno actual, del próximo o del subsiguiente- aplique un enfoque distinto.
Estamos pensando particularmente en la situación de los actores pequeños.
Por eso, solicito simplemente, en cuanto a la capacidad para un cambio -ello también se hizo en otra parte del proyecto-, que se considere un reglamento en vez de un decreto supremo.
Lo otro es pedir un pronunciamiento en cuanto a las normas de fiscalización, no para votar en contra -tengo el derecho-, sino para explicar un punto sobre el cual deberíamos reflexionar, básicamente, respecto de la falta de financiamiento de la Dirección General de Aguas. Ello va desde el artículo 172 bis al 172 sexies.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Habiendo escuchado la petición del Honorable señor Coloma, voy a dar por aprobadas todas las disposiciones consignadas por el señor Secretario, y se dejará pendiente, para ver si hay o no unanimidad, el famoso número 2 del artículo 1.
--Reglamentariamente, se dan por aprobados los números 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del artículo 1, los artículos 2 y 3, y el transitorio, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ya se dejó establecido que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el número 25, referido al artículo 175 del Código de Aguas, y la letra b) del número 35, atinente al artículo 306, que son normas de rango orgánico constitucional, por lo cual requieren 21 votos para ser acogidas.
--Se dan por aprobados, dejándose constancia, para los efectos del quorum orgánico constitucional exigido, de que se registran 23 votos a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con el mismo quorum debe sancionarse el número 16, referido al artículo 137 del Código de Aguas, disposición que no fue objeto de modificaciones en el segundo informe, mas sí de una indicación.
--Se da por aprobado, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional exigido, de que se registran 23 votos a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora bien, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía efectuó diversas enmiendas al texto acogido en general, todas las cuales acordó por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de las normas de su competencia e introdujo modificaciones, todas unánimes, en los siguientes números del artículo 1 del texto despachado por la Comisión Especial: 3, letra c); 13; 17, letra c); 20, artículo 172; 21, artículos 172 bis, 172 ter y 172 sexies; 23, artículo 173; 24, artículos 173 bis y 173 ter, y 28, letra c).
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas (no las hay).
De las enmiendas unánimes, el inciso quinto que se agrega al artículo 92 del Código de Aguas, contenido en el numeral 9; el numeral 13, letra a) (referido al artículo 129 bis 2), y la frase final del último inciso del artículo 172 sexies, contenido en el numeral 21, todos del artículo 1, requieren para su aprobación de 21 votos favorables, por ser normas de rango orgánico constitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones acordadas por unanimidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido votación separada del artículo 172 sexies, contenido en el numeral 21 del artículo 1 del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Excluyendo dicha norma, debemos pronunciarnos sobre las demás enmiendas unánimes.
¿Hay acuerdo para aprobarlas?
--Se aprueban las modificaciones unánimes, dejándose constancia, para los efectos del quorum orgánico constitucional exigido, de que se registran 24 votos a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para discutir por separado el número 2 del artículo 1, como pidió el Senador señor Coloma?
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero estudiar un poco más ese punto.
Antes de dar el acuerdo unánime, le sugiero partir debatiendo la otra enmienda, la referida al artículo 172 sexies.
El señor COLOMA.- ¿Puedo explicar el asunto, señor Presidente?
El señor COLOMA.- Señor Presidente, sabemos que este es un proyecto complejo. Y quiero dejar claro, ante cualquier suspicacia, que hemos llegado a un acuerdo virtualmente en todo, con distintas modificaciones, lo que está bien.
Nosotros manifestamos algunas dudas, que fueron aclaradas debidamente por el Director General de Aguas, cuyas respuestas fueron útiles.
Solo nos quedan por discutir -entiendo- dos temas.
Por lo tanto, si alguien cree que nuestra solicitud era para ganar tiempo, le tengo una mala noticia: la iniciativa se va a despachar muy rápido.
¿Cuál es nuestro primer planteamiento? Y ojalá los podamos convencer.
Mediante el numeral 2 del artículo 1 (página 3 del boletín comparado), se incorporan al artículo 38 de la ley obligaciones distintas de las que actualmente tienen los usuarios.
Básicamente, se dispone que, una vez construidas las obras de que se trata, debe instalarse "un sistema de transmisión instantánea de la información que se obtenga al respecto.". Se agrega: "Dicha información deberá ser siempre entregada a la Dirección General de Aguas cuando ésta lo requiera.". Y termina: "El Servicio, por resolución fundada," -antes me equivoqué, pues dije "por decreto"; tienen razón el Senador Harboe y su asesor, quienes me acaban de rectificar- "determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación". Y si ello se incumple, se cursará una multa muy severa.
¿Qué tratamos de plantear? Que, al igual como lo logramos en otra parte del articulado -ha habido modificaciones-, esto sea a través de un reglamento y así evitar el caso a caso.
No pensemos en los grandes constructores de embalses. La norma se refiere a todos los que existan.
El problema es que para dicha obligación -si me equivoco, que me corrija el Director General de Aguas o el Ministro- no se establece ningún financiamiento. ¡Ese es un tema! Porque es refácil fijar obligaciones, pero no se sabe cómo las cumplirán las organizaciones de usuarios, que hicieron un esfuerzo por contruir algo y ahora, más encima, deben mandar información en forma permanente a la DGA, ¡y a su costo!
Además, se desconoce cuáles son las formas para remitir dicha información en cada caso.
Por esa razón, estamos sugiriendo que sea a través de un reglamento: para saber a qué atenerse. Entiendo que el Gobierno no tendría inconvenientes en esto. Lo estoy suponiendo nomás; puedo equivocarme. Lo importante es tener claras las reglas del juego.
Señor Presidente, como estamos en el debate en particular, uno no puede volver a la discusión en general. Pero hago presente que esta iniciativa introduce un cambio grande respecto de los derechos de la DGA y las obligaciones de los usuarios. Hemos intentado -no sé si con mucho éxito- dejar las cosas bastante mejor construidas -creo yo- que como estaban originalmente.
El punto que he planteado no guarda relación con el fondo del proyecto, pero es un motivo de legítima preocupación para los usuarios.
A ellos les gustaría que haya un financiamiento público o acceso a una bonificación para la mantención de datos. Pero ese es un problema del Ejecutivo. Si no hay indicación del Gobierno a ese respecto, no podemos hacer nada.
Sí podemos pedir que este tipo de obligaciones se regulen a través de un reglamento y no de una resolución fundada (caso a caso).
Ese es el sentido de nuestra petición de votación separada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo caso, se requiere acuerdo unánime para ello, sobre todo porque habría que modificar el texto.
Quisiera escuchar al señor Ministro sobre esta materia.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, la verdad es que el Ejecutivo no tiene problemas en que esto pueda ser discutido. De hecho, si hubiera sido planteado en las Comisiones, lo habríamos recogido perfectamente.
El punto de fondo guarda relación con la necesidad de que no solo se cuente con los distintos instrumentos, sino que estos se mantengan y se transmita la información requerida.
El cómo se regula este último proceso, si es por resolución fundada o por reglamento, no es un problema. Cualquiera de las dos opciones nos satisface.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la línea de lo planteado por el señor Ministro, estaríamos disponibles para abrir el debate del numeral 2 del artículo 1, considerando que no fue objeto de indicación ni de modificaciones.
Cabe señalar que, si se establece un reglamento en lugar de una resolución fundada, la norma quedará con un perfil más permanente, de mayor certidumbre para las personas que deberán implementar el sistema de información mencionado.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el artículo 38 de la ley dispone -y me pueden corregir el señor Director General de Aguas y el señor Ministro, si me equivoco- las obligaciones para las organizaciones de usuarios o el propietario del acueducto que extraiga aguas de una corriente natural.
Ese es el objeto de dicho precepto.
En su contenido, se establece la obligación de construir a lo menos una bocatoma -era la tradición en la época en que se dictó la norma-, con compuertas de cierre y descarga, etcétera. Y ahora se propone algo muy importante: su mantención. La razón de ello es evidente: detectar a quienes especulan con los derechos de agua. ¡Ese es el sentido! Quien usa el agua construye su bocatoma y la mantiene.
Tal obligación no constituye una carga de ningún tipo.
Lo segundo que plantea el artículo 38 es implementar "los dispositivos que permitan controlar y aforar el agua que se extrae.".
Ante ello, para algunos es discutible si es necesario o no poner en la ley el sistema de transmisión que propone la iniciativa. Algunos dicen que sí; otros, que no. Hay quienes creen que ello ya está incluido en el concepto de "dispositivo".
Lo cierto es que aquí se fija una norma para que la DGA, representante de todos los chilenos para efectos de esta ley, cuente con la información en forma correcta para controlar que nadie esté robando agua, sacando más de la cantidad a la que tiene derecho. Ese es el sentido de disponer de información verídica.
Entiendo que el Senador que planteó este punto no tiene objeciones sobre esos temas. Por ende, la pregunta es si el instrumento que se necesita, es o no una resolución fundada.
Puede, además, elaborarse un reglamento en torno al cual se dicten las resoluciones. Pero yo creo que siempre debe haber una resolución.
Por ello, pienso que el señor Senador que propuso el cambio a ese respecto está equivocado. Puede haber un reglamento; podemos solicitar que haya un artículo transitorio a ese efecto, para que las comunidades sepan a qué atenerse, en el sentido de que tengan cierta certeza sobre el procedimiento utilizado. Pero creo que siempre se va a requerir una resolución fundada.
Por ende, yo pediría no abrir la discusión del numeral 2, pero sí sostener una conversación con el Ejecutivo, si llegamos a un acuerdo unánime, para establecer un reglamento en una norma transitoria, que regule las condiciones para que las comunidades cumplan la nueva obligación.
De otro lado, no me parece que se trate solo de un acto jurídico para todas las comunidades de aguas. Pienso que debe haber resoluciones diferenciadas, por las distintas realidades existentes, ya que no todas las comunidades tienen regularizados sus derechos, etcétera.
A mi juicio, señor Presidente, el referido numeral está perfecto tal como se propone.
Reitero: no me opongo a que tratemos de construir un acuerdo, con el Ejecutivo y la Oposición, para clarificar a través de un reglamento qué elementos serán necesarios para cumplir con la obligación respectiva, el cual podría incluirse en una norma transitoria, no en una permanente. Así acogemos las inquietudes del colega Coloma.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el fondo del asunto es contar con un sistema de transmisión instantánea de información para verificar y controlar la cantidad y calidad del agua que se extraiga en determinado lugar, en fin.
Hoy en día tal tipo de transmisión, con los sistemas tecnológicos existentes, como el de los celulares, se puede lograr en nuestro país desde los lugares más alejados.
Por lo tanto, como el problema no es técnico ni económico, yo me centraría en la idea de incorporar en la ley en proyecto el establecimiento de un reglamento -no me parece mal, para nada- que posibilite distinguir entre los pequeños y grandes propietarios o agrupaciones de usuarios, porque a unos se les aprieta más y a otros, menos.
En consecuencia, la sugerencia de incluir lo anterior en un reglamento me parece positiva.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, respecto del significado de la obligación de entregar información, no hay controversia. Ello es importante porque una de las cosas que persigue esta iniciativa es que la Dirección General de Aguas pueda contar con la información adecuada sobre lo que está sucediendo en cada una de las cuencas y de los canales.
Tal obligación ya se encuentra incorporada en el proyecto en debate con el establecimiento de un sistema de transmisión instantánea de información.
El Senador Horvath señaló que ello se puede hacer perfectamente a través de teléfonos celulares. Todo el mundo dispone de estos aparatos hoy día. Las juntas de vigilancia y los usuarios se entienden con los celadores o cuidadores de los ríos a través de este sistema, y no hay ninguna dificultad al respecto. Y no implica un costo ni genera un problema económico, como al principio se trató de plantear.
Por lo tanto, determinar los plazos y la forma de entregar la información a través de un reglamento o de una resolución fundada de la Dirección General de Aguas es prácticamente lo mismo. En un reglamento se colocarán los fundamentos para establecer aquello.
Para resolver el problema, deberá formularse una indicación que modifique -si hubiera acuerdo mayoritario, al menos- la última parte del numeral 2. En vez de decir: "El Servicio, por resolución fundada, determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación.", debiera ponerse: "El Servicio, mediante un reglamento, determinará...".
Ello implica la presentación de una indicación patrocinada por el Ejecutivo, según entiendo, porque se le entrega una obligación a la Dirección General de Aguas: la de elaborar un reglamento.
El procedimiento queda a consideración de la Mesa.
En todo caso, sería bueno resolver...
El señor LAGOS.- Se requiere unanimidad para introducir tal modificación.
El señor PIZARRO.- Entiendo que existe acuerdo sobre el particular. No hay dificultades para que sea un medio u otro.
Lo que importa es aprobar las enmiendas al artículo 38, las que se resolverán en la Cámara Baja durante el tercer trámite constitucional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido al Ejecutivo que prepare una posible redacción de la norma en comento, de acuerdo a lo señalado por los Senadores señores Letelier, Coloma, Pizarro y señora Muñoz, y que se precise si ello será a través de una norma transitoria...
El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente; en la disposición permanente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ... o en el mismo numeral. En tal caso, que se diga que "El Servicio, mediante un reglamento, determinará", etcétera.
Se puede entender que la resolución fundada es caso a caso, mientras que un reglamento fija la regla general acerca de cómo dictar dicha resolución.
En consecuencia, solicito a la Sala dejar este asunto pendiente y seguir discutiendo el resto del proyecto, para despacharlo pronto.
El señor PIZARRO.- El cambio es sencillo, señor Presidente.
Lo único que hay que cambiar, en la última parte del numeral 2, es la expresión "por resolución fundada" por "mediante un reglamento".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hagamos aquí trabajo de Comisiones.
Esperemos una propuesta concreta del Ejecutivo, de acuerdo a lo señalado por el Senador señor Pizarro, que, a mi juicio, va en la línea correcta.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, celebro ver que en esta Sala hay bastante acuerdo en cuanto a que la Dirección General de Aguas necesita contar con mucho mayor y mejor información sobre lo que ocurre con nuestros recursos hídricos, cada vez más escasos en nuestro país. Difícilmente podrá cumplir su función de implementar una política equilibrada si no cuenta con la información pertinente.
Por eso resulta sumamente importante que las organizaciones de usuarios o el propietario exclusivo de un acueducto tengan la obligación de construir y mantener un sistema de transmisión instantánea de la información relativa al agua aforada que se extrae. A su vez, la Dirección General de Aguas puede exigir la entrega de información acerca de los derechos de aprovechamiento de aguas, sean estas superficiales o subterráneas.
Lo anterior me parece de gran relevancia.
Ahora, como expresó el Senador Pizarro, creo que al cambiar la expresión "por resolución fundada" por "a través de un reglamento", para determinar los plazos y las condiciones técnicas para cumplir la referida obligación, igual se cumple el objetivo buscado. Es obvio que el reglamento deberá tener razones fundadas para su determinación.
Aquí lo más importante es que todos coincidamos y apoyemos el hecho de que la Dirección General de Aguas cuente con los instrumentos necesarios para requerir la información respectiva.
Por lo tanto, comparto la sugerencia de que haya un reglamento, si eso nos facilita la aprobación de las enmiendas al artículo 38, que es muy relevante, como acabo de señalar.
Señor Presidente, tengo claro que está muy ocupado con el Senador Letelier, pero le pido atención.
Todos estaríamos de acuerdo si se estableciera la frase "a través de un reglamento", entendiendo que este deberá fundar los criterios técnicos para hacer aplicable lo que el artículo 38 propone.
El señor MONTES.- ¡Sí, pues, señor Presidente...!
¡Ponga atención a la Senadora...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Entonces, dígale a su colega que no me distraiga...!
En todo caso, voy a esperar que me traigan la redacción final de la referida norma.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, me parece adecuado el acuerdo a que se ha llegado para dar certeza a todos y cada uno de los actores.
Efectivamente se requiere una resolución fundada y diferenciada en cada caso, dadas las condiciones a las que nos hemos referido durante la discusión del artículo 38. Pero considero que es necesario también contar con un reglamento.
Quiero hacer notar un problema adicional, que me parece complejo, acerca de una disposición que ya se aprobó. Pese a ello, igual me gustaría dejar una constancia sobre el particular.
Con motivo de la aplicación de las facultades que se le están entregando a la Dirección General de Aguas, lo más probable es que se produzca una excesiva judicialización de los diversos casos que se susciten, lo que ya se está convirtiendo en una situación bastante arraigada en nuestro país, que sobrepasa la acción de los tribunales ordinarios y especiales que nuestra normativa contempla.
Por tal motivo, es oportuno observar la necesidad de que existan tribunales contencioso-administrativos para zanjar este tipo de conflictos, planteamiento que, por lo demás, ha sido compartido por la Corte Suprema en reiteradas ocasiones.
Lamentablemente, hasta ahora no se ha podido concretar el objetivo de establecer esta judicatura especializada, a fin de que los afectados puedan, mediante actos administrativos, hacer valer sus derechos frente a las determinaciones de entes reguladores como la DGA.
Por otra parte, en lo que respecta al texto del inciso primero del artículo 137, ya aprobado, se establece que las resoluciones de término que emita el Director General de Aguas en los recursos de reconsideración y toda otra que dicte en el ejercicio de sus funciones serán reclamables ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Tal disposición, si bien ya se encuentra aprobada, como acabo de decir, además de atentar contra el principio de descentralización que rige nuestro ordenamiento jurídico institucional, vuelve más onerosos los procedimientos que deben ejercerse ante dicha autoridad, como lo hizo ver la propia Corte Suprema en su informe. Esto deberá ser corregido en algún minuto, pues -reitero- las reclamaciones se harán muy costosas al tener que efectuarse ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En todo caso, aun cuando aumente la judicialización por actos que dicte la Dirección General de Aguas, confiamos en que este organismo actuará con prudencia y mesura en el ejercicio de las facultades que se le confieren mediante este proyecto de ley, sin incurrir en arbitrariedades.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente a la Sala que aún no me han traído una propuesta concreta de redacción para el tema que se halla pendiente, razón por la cual lo dejaremos para después, a objeto de avanzar en la tramitación del proyecto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, el Honorable señor Coloma ha pedido votación separada de los artículos 172 bis a 172 sexies, que corresponden a enmiendas unánimes.
El 172 sexies, contenido en el numeral 21, es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, he pedido votación separada para poder hacer una reflexión.
Como ya hemos señalado, este es un proyecto complejo. En la Comisión de Hacienda logramos varias modificaciones que, a mi juicio, van en la línea correcta.
Ahora, que uno no pida más votaciones separadas no quiere decir que esté de acuerdo en todo. Me parece que hay cosas que se podrían haber hecho de mejor manera.
Valoro el esfuerzo que se ha realizado y entiendo que se está llegando a un arreglo a propósito de la disposición en torno a la cual hice otra reflexión. Ella no fue vista en la Comisión de la cual soy parte, por lo que no me pueden decir que no planteé ahí mi inquietud. No era mi obligación.
Señor Presidente, quiero hacer notar que a través del artículo 172 bis y posteriores se otorgan varias nuevas facultades a la Dirección General de Aguas. Mi intención no es discutir si son muchas o pocas o cuán correctas son; mi planteamiento apunta a que, curiosamente, este proyecto no cuenta con informe financiero, lo cual se hizo ver en la Comisión. El proyecto ingresó sin informe financiero, se modificó sin informe financiero y terminó sin informe financiero.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tengo la impresión de que, a pesar de las ideas que aquí se pueden instalar y de que algunos digan que estamos haciendo un cambio muy importante, nos vamos a topar con una realidad muy clara: la DGA va a continuar con los mismos funcionarios y el mismo financiamiento. No se le entregan recursos especiales, que tal vez puedan ser discutidos en la Ley de Presupuestos, año tras año. Yo pensé que en la Comisión de Hacienda íbamos a ver cómo se financiaban los mayores costos que tendrá la Dirección General de Aguas, pero lo concreto es que no hay ni un peso adicional para estos efectos.
Se han hecho muchas modificaciones.
En el artículo 299 -que es donde están, entiendo, las facultades generales de la DGA-, también se innova, pero además hay una serie de nuevas obligaciones que se instauran a lo largo de la normativa y que van más allá del entramado técnico necesario. Yo no sé si será tan fácil que al Director General le vayan informando lo que esté pasando en todos los cauces en determinadas condiciones. En otros preceptos se modifican las multas y los procedimientos, sin ulterior recurso.
Entonces, en algún momento hay que plantear esta situación, y yo la quiero plantear ahora.
El proyecto da una expectativa de que habrá un mejor cuidado del agua en lo que corresponda. Reitero: estoy de acuerdo en lo que plantea el proyecto. Varios de los aspectos en que yo tenía discrepancias fueron modificados en la Comisión de Hacienda de buena manera. Otros no pasaron por esa instancia y quedaron igual. Ahora, la idea no es volver a discutirlos, pues ya fueron analizados y votados en su mérito, pero sí me interesa dejar claro que, a mi juicio, una iniciativa de este tipo debió haber venido acompañada de un informe financiero y que el Ministerio de Hacienda debió haber dispuesto algunos recursos para que esta normativa funcionara de modo más apropiado. No nos lamentemos después de que algunas modificaciones no se traducen en un mejor cuidado del agua o en una mejor atención a los usuarios.
Aquí se habla mucho de las facultades de la DGA. Yo les quiero decir que a mí me importan bastante los usuarios, que no son, como algunos insinúan, personas que necesariamente especulan. Habrá especuladores, como en cualquier parte del mundo, pero la inmensa mayoría de los usuarios cuida el agua correctamente, porque además es parte de su forma de vida. Aquí hay un ámbito de desconfianza en los usuarios que a mí me inquieta, tanto en este proyecto como en otros; existe una sensación de sospecha permanente que yo no comparto. Al igual que muchos colegas, sé cómo funcionan y cómo actúan y, en general, creo que lo hacen muy correctamente. Han sido un gran activo para Chile y su capacidad de riego.
Si bien es cierto que se necesitan algunas modificaciones, en algunas se exagera, y en otras, en que se requieren recursos, se escatima. Y ese, en mi concepto, no es un buen procedimiento para que las normas puedan validarse en la práctica.
Esta era la reflexión, señor Presidente, y por eso pedí votación separada de los artículos en cuestión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Quintana presida la sesión durante algunos minutos.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Jaime Quintana, en calidad de Presidente accidental.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, este proyecto de ley -el Ministro de Obras Públicas y el Director General de Aguas lo pueden ratificar- tiene por objeto darle músculo a la DGA, a fin de que efectivamente pueda fiscalizar el cumplimiento de la ley.
Ese es el sentido. No es solo constatar que se dan nuevas atribuciones, sino asegurarse de que ellas serán ejercidas. Y esto, a la par con la modificación del Código de Aguas, relacionada con muchos otros temas, entre ellos, y quizás el que más preocupa a los usuarios, el vinculado a la regularización de los derechos de aguas, que algunos han esperado por décadas.
Entiendo que es responsabilidad de este Senado, en tanto parte del Congreso, asegurar el presupuesto que la Dirección General de Aguas requiere para sacar adelante esta tarea, lo cual se irá viendo en el tiempo. Hoy lo que se necesita no es solo crear una nueva estructura para la DGA, sino darle mayores atribuciones.
Ese es el sentido del proyecto. Y, desde ese punto de vista, no entiendo del todo la reflexión del Senador Coloma. Aquí uno no está diciendo que los usuarios no utilicen correctamente el agua. Al contrario: la gran mayoría de los cultores de la agricultura familiar campesina necesitan una DGA más empoderada, más fuerte, con mayores atribuciones, para protegerlos y cautelar sus derechos.
Yo entiendo que no hay un informe financiero específico porque posteriormente estaremos discutiendo, en la Ley de Presupuestos, no sobre las atribuciones, sino si se necesita o no más personal para sacar adelante el trabajo que se le asigna a ese organismo.
Hoy no se crean nuevas unidades en la Dirección General -se mantienen las ya existentes-, habrá que ver si se le destina mayor presupuesto, pero incluso la gran tarea de regularización de los derechos de agua de las comunidades debería ser más fácil de llevar a cabo: en vez de tener que ir caso a caso y poder hacerlo por la comunidad completa, hasta sería mucho menos oneroso, sobre todo para que la gente no tenga que gastar lo que hoy gasta cuando necesita una regularización, pues a veces algunos abogados pueden llegar a cobrar hasta un millón de pesos por el trámite.
Por ello, señor Presidente, entiendo que las inquietudes que ha señalado mi colega, el Senador Coloma, son eso, inquietudes, pero que no dicen relación a las atribuciones expresadas en el texto de la ley. Por ende, no entiendo por qué quiere realizar una votación separada respecto de un tema,...
El señor COLOMA.- ¡Porque quiero discutirlo!
El señor LETELIER.- Por mi parte, sugiero que votemos las normas en conjunto, entendiendo que es responsabilidad de todos nosotros asegurar que la DGA tenga las aptitudes, las atribuciones y, por sobre todo, los recursos necesarios para que su personal pueda sacar adelante la tarea de fiscalizar.
Mi mayor preocupación, en verdad, es que se provean los dineros suficientes para regularizar los derechos de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina, quienes desean tener certeza jurídica, dado que ellos usan el agua y la usan bien, pero necesitan contar con un documento de respaldo para el día de mañana no sufrir un cuestionamiento a sus derechos de uso.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Les recuerdo a los señores Senadores que estamos en la discusión de los artículos 172 bis a 172 sexies.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en verdad, no se trata de inquietudes, sino de una realidad que día a día uno visualiza frente al accionar de la Dirección General de Aguas en cada una de nuestras zonas.
¿De qué se quejan nuestros regantes, nuestros pequeños agricultores? De que muchas veces, para la autorización de un pozo, hay demora excesiva, de que faltan funcionarios que acrediten que ese pozo puede ser utilizado. ¡Para qué decir cuando se trata de obras mayores!
Por lo tanto, las atribuciones que se entregan a partir del artículo 172 son absolutamente razonables, necesarias e indispensables. Pero que alguien venga a decir que para llevarlas adelante no se requiere más personal ni mayores recursos constituye claramente un despropósito. No se entiende adecuadamente qué precisa un servicio de las características de la Dirección General de Aguas para cumplir adecuadamente lo establecido en cada una de ellas.
Yo llamo a mis colegas a leer estas normas para darse cuenta de la necesidad de contar con más personal y disponer de una capacidad logística adecuada por parte de la DGA. Y para eso, sin duda, hubiera sido mucho más eficaz e incluso yo diría más procedente que el proyecto hubiera venido acompañado de un informe financiero que señalara cuánto el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General pueden gastar en esta materia. También se podría discutir en la Ley de Presupuestos, pero en ese caso sería absolutamente indispensable saber cómo han operado y cómo se han hecho efectivas estas normas.
Fíjese, señor Presidente, que el inciso final del artículo 172 bis establece que, declarada admisible una denuncia, se abrirá el procedimiento sancionatorio correspondiente, el que "deberá ser resuelto en un plazo máximo de seis meses". Es un mandato imperativo: frente a una denuncia sobre cualquier río de la Región del Biobío, para ejemplificarlo, la DGA tendrá que abrir un procedimiento sancionatorio y dejarlo resuelto en un lapso de seis meses.
¿Tiene la Dirección General de Aguas capacidad para enfrentar en la Octava Región 30 a 40 denuncias sobre la materia a la vez? Yo pongo en duda esa situación y la caracterizo, no como una inquietud, sino como una realidad.
El artículo 172 ter, por su lado, dispone que dentro del plazo de 15 días, contado desde la apertura del expediente, la Dirección deberá efectuar una inspección a terreno.
Lo mismo: si en determinada región existen 20 a 25 denuncias admisibles, ¿cómo va a llevar adelante esta tarea la DGA?
Es indudable que nosotros queremos que la Dirección General de Aguas tenga estas facultades y por eso las vamos a aprobar. Lo que planteamos, no como inquietud sino como un verdadero elemento de preocupación, es que las nuevas atribuciones se transformen, a la larga, en letra muerta. Y nosotros no queremos eso, sino que se lleven a la práctica y se actúe con una capacidad fiscalizadora adecuada en esta materia.
Y así, las disposiciones establecidas en los artículos 172, en sus diferentes denominaciones, son absolutamente necesarias e indispensables. ¿Cómo las pondrá en práctica la Dirección General de Aguas? No lo sabemos. En la discusión del proyecto no se dilucidó.
Ahora nos dicen que eso se verá en la Ley de Presupuestos, pero no sé si en su discusión la Dirección General de Aguas contará con antecedentes acerca de los recursos que requiere.
En resumen, señor Presidente, estamos aprobando normas necesarias e indispensables, pero que de músculo van a tener a lo mejor harto poco.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, pedí la palabra para manifestar que, efectivamente, tanto en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos como en la Comisión de Hacienda se analizó la inquietud que expresaron distintos colegas en el sentido de tener certeza de que la DGA contaría con los recursos técnicos y humanos necesarios.
Eso fue conversado y explicado.
El Senador Coloma planteó que no habría financiamiento para que la Dirección General pudiera cumplir con la atribución que el presente proyecto de ley le entrega para "investigar, medir el recurso y monitorear tanto su calidad como su cantidad, en atención a la conservación y protección de las aguas".
Yo entiendo que la DGA posee hoy día los recursos técnicos y humanos apropiados para ejecutar el mandato que se le está asignando. Tiene un laboratorio y técnicos que lo operan. Lo que no tiene es la facultad para monitorear la calidad y la cantidad del agua. En la actualidad solo investiga y mide el recurso. Y ahora se le está diciendo que, además, deberá monitorear su calidad y cantidad, en atención a la conservación y protección de las aguas.
Ahora, si la aplicación de las nuevas normas de fiscalización demandan más recursos técnicos, nuevas tecnologías, mayor equipamiento o más personal, la Dirección General deberá ir haciendo las solicitudes pertinentes en la respectiva Ley de Presupuestos, pero, hoy por hoy, la institución se halla en condiciones de cumplir el mandato que le estamos entregando. Y es la razón por la cual no se acompaña un informe financiero que se haga cargo de una inquietud que legítimamente todos tenemos.
Termino, señor Presidente, insistiendo en que lo que aquí se está pidiendo es que la DGA pueda llevar adelante sus nuevas atribuciones con los recursos técnicos y humanos de que hoy dispone.
La señora MUÑOZ.- Estaba antes el señor Ministro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Y tiene preferencia.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, he querido intervenir acerca de lo que se señala respecto a los informes presupuestarios de esta iniciativa.
Este proyecto, junto con dar más facultades y exigir mayor requerimiento de información, simplifica el trabajo de la Dirección General de Aguas.
A propósito de la discusión anterior sobre el artículo 38, por ejemplo, cuando se señala que cada uno de los regantes debe tener no solo el aforo necesario, sino también un sistema de transmisión de esa información, se están generando datos para la fiscalización, lo que, sin duda, ayuda a simplificar.
En materia de fiscalización, los funcionarios de la Dirección General de Aguas van a poder ser ministros de fe o ingresar inmediatamente a un predio con auxilio de la fuerza pública o del tribunal, según corresponda. Eso ahorrará muchos viajes en comparación con los que se efectúan hoy día.
En lo referido a la calidad, cuando se habla del laboratorio que ya tiene la Dirección General de Aguas, vemos que existe una capacidad instalada.
Con un informe financiero que indica que lo que se propone no significa mayor gasto, con los niveles actuales de movimiento de las distintas cuencas del país -naturalmente los cambios de movimiento se ven año a año en la Ley de Presupuestos-, podemos decir que este proyecto simplifica, desburocratiza, da mayores herramientas.
Y, por lo tanto, se ha diseñado seriamente.
Quería señalar aquello porque se ha generado cierta discusión en cuanto a que toda facultad va acompañada de mayores financiamientos, pero cuando esta se basa en simplificar, la verdad es que no es así.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la misma línea de lo señalado por el señor Ministro, quiero decir que el debate que dimos en la Comisión de Recursos Hídricos apuntó a simplificar y a agilizar facultades, atribuciones y el uso de instalaciones que ya tiene la Dirección General de Aguas.
Pienso que la preocupación del Senador Coloma va en otro sentido. De alguna manera, significa desconfiar del fortalecimiento de la institucionalidad pública en la gestión y la administración de los recursos hídricos.
Es un debate que hemos ido resolviendo en las distintas Comisiones donde se ha tramitado este proyecto.
¿Por qué es fundamental ir fortaleciendo la institucionalidad pública en la gestión y la administración del recurso? Porque estamos en un escenario nacional y planetario absolutamente distinto.
Hoy día modificamos la legislación pues tenemos una situación de escasez del recurso hídrico: hay poca agua, poca disposición del recurso.
La normativa que existe actualmente, hecha en épocas de abundancia, no es suficiente.
Por otro lado, lo que está en el centro de la preocupación de esta legislación, y también en la modificación del Código de Aguas, es nada más y nada menos que un bien nacional de uso público: el agua.
Por cierto, se generará cierta incertidumbre en algunos agricultores, porque cambian modalidades, procedimientos, pero toda actividad productiva que use consciente y responsablemente el recurso que todos los chilenos y las chilenas le entregamos no tiene por qué temer a estas modificaciones.
Eso sí, hay especuladores que deben ser fiscalizados, sancionados fuertemente.
Señor Presidente, no se puede perder de vista que este es un bien nacional de uso público, y debemos cuidarlo. Y cuidarlo significa tener una institucionalidad pública más robusta, con procedimientos más ágiles, más nítidos, más transparentes, como plantea este proyecto de ley.
Entiendo, entonces, que lo manifestado por el Senador Coloma apunta a dejar constancia de esta preocupación, y no a realizar una modificación de todos los artículos que se han señalado, del 172 bis al 172 sexies.
En tal sentido, yo no estaría de acuerdo con abrir la votación ni en hacer modificaciones.
Pero sí es importante consignar las diferencias que tenemos hoy día en cuanto a cómo Chile, el país, nosotros como legisladores, vamos avanzando en normativas que pongan en el centro el resguardo de un bien nacional de uso público que nos importa a todas las chilenas y los chilenos. Y quienes trabajan bien ese recurso, quienes producen bien, no tienen por qué tener incertidumbre.
Por cierto, nosotros tenemos que precaver que el agua sea definida como un elemento esencial y principal para el uso de los seres humanos, cuestión que hoy día ha sido olvidada en nuestra legislación: no está ni en la Constitución ni en el Código de Aguas su resguardo como un bien esencial para la vida humana, para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestras poblaciones.
Eso es, señor Presidente, lo que hay acá.
Entiendo que la preocupación es de otra naturaleza.
No creo que nadie se oponga, teniendo como eje principal que el agua es un bien nacional de uso público, a que el Estado de Chile vaya fortaleciendo su institucionalidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Consulto a la Sala si habría acuerdo para abrir la votación.
El señor LETELIER.- ¿Es una sola votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sí, desde el artículo 172 bis hasta el 172 sexies, contenidos en el numeral 21 del texto propuesto por la Comisión de Hacienda.
El último inciso requiere quorum orgánico constitucional para su aprobación.
La señora MUÑOZ.- Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz para una aclaración, porque estamos votando.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, entiendo que la Sala tenía que pronunciarse sobre si votábamos o no estos artículos. ¿Estos requieren votación separada?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señora Senadora, está autorizada su votación en conjunto.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, es sumamente importante el texto que va desde el 172 bis hasta el 172 sexies.
Entiendo que estamos reforzando las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas.
No queremos seguir con una institucionalidad débil, dispersa, fraccionada. Y no son opiniones mías: así lo estableció el Banco Mundial, al punto de aconsejar a Chile que fortaleciera su institucionalidad, e incluso que la concentrara, para que fuera más rectora o coordinadora.
Lo indicado es justamente que esa Dirección, usando las tecnologías, su capacidad, su experiencia, sus profesionales, pueda ejercer una función fiscalizadora.
Hemos conversado acerca de la escasez del recurso hídrico, y justamente se trata de velar por que haya un uso equitativo, sobre todo en el consumo humano y en el saneamiento, como prioridades que debieran estar siempre presentes en la modificación de nuestro Código de Aguas.
Por lo tanto, me parece muy importante mantener estas sanciones.
Señor Presidente, voy a votar a favor de estos artículos para que la Dirección General de Aguas tenga un procedimiento claro, expedito. E incluso más, para que pueda hacer uso hasta de la fuerza pública a fin de entrar a un predio para constatar una denuncia seria, responsable, como aquí mismo se plantea desde el artículo 172 bis en adelante.
Hay plazos, procedimientos, formas, maneras de hacer la denuncia; hay razones por las cuales la Dirección General de Aguas puede aceptarla.
Eso es lo importante, señor Presidente.
Y, desde ya -reitero-, anuncio mi voto a favor.
Es esencial que dotemos a la Dirección de estas facultades fiscalizadoras. Y si con el tiempo se requiere más financiamiento, lo veremos a través de la Ley de Presupuestos.
Tenemos que darle esta herramienta a la DGA si no queremos que esto quede solamente en palabras, en expresión de voluntad, y sin capacidad real de llevarse a la práctica.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, observo en este conjunto de artículos una debilidad profunda de la Dirección General de Aguas, porque, al parecer, el Director es quien determina qué es admisible y qué no lo es. Si el particular no cumple con el requisito de establecer una serie larguísima de hechos en el momento de hacer la denuncia, esta será archivada. Y, en caso de que no lo sea, el Director dará inicio a un "procedimiento sancionatorio", no de investigación.
Creo que el concepto está mal aplicado. Lo que debería abrirse es un proceso de investigación, para determinar la veracidad y el alcance de la denuncia.
El inciso final del artículo 172 bis dice: "Declarada admisible la denuncia, se abrirá el expediente del procedimiento sancionatorio,".
¡No! La denuncia tiene que ser investigada.
Luego se incorpora una norma que yo no he visto en ninguna otra legislación, en el tiempo largo que llevo en el Parlamento. El artículo 172 ter, inciso segundo, señala: "En ejercicio de la labor fiscalizadora, el personal de la Dirección deberá siempre informar al sujeto fiscalizado de la materia específica objeto de la fiscalización y de la normativa pertinente, realizando las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización.".
¿Cómo va a saber el fiscalizador cuáles son aquellas diligencias si está realizando la investigación?
Aquí se advierte una disminución extrema de las facultades de los fiscalizadores. Esto me recuerda el tema que ha planteado la UDI -o la Derecha- respecto del Director de Impuestos Internos. Porque si el Director de Aguas estima que la denuncia no ha cumplido todos los requisitos, no hay investigación.
Es decir, el Director deberá declarar admisible la denuncia. Pero, si decide declararla inadmisible, porque a su juicio no están todos los elementos que se exigen, vamos a tener una discrecionalidad.
Quiero advertir que esta normativa, tratándose de grandes corporaciones o de pequeños usuarios, puede generar tremendas discriminaciones. Yo esperaría que fuera un órgano colectivo el que determinara si efectivamente procede o no una investigación, y no una autoridad en particular, que además puede delegar la responsabilidad en el Director Regional.
Creo que son facultades muy personalistas y que atentan contra la debida investigación. Porque se establece incluso que si la denuncia no cumple determinados requisitos: si no menciona los hechos, los lugares; si no hace una narrativa, será archivada.
Señor Presidente, lo que corresponde aquí es dar todas las facilidades para que los hechos denunciados se puedan investigar.
En seguida, en referencia al artículo 171, quiero destacar que se exceptúa a los organismos públicos de la obligación de cumplir determinados requisitos y se dice que tendrán que entregar, ¡seis meses después de la recepción definitiva de la obra!, todos los procedimientos y planes respectivos.
Yo he tenido experiencias en esta materia. Cuando se aprobó lo relativo a Ralco, el principal adversario de quienes queríamos defender el Biobío y las familias pehuenches era la Dirección General de Aguas, que hacía todo lo que estaba a su alcance para favorecer a ENDESA.
Por tanto, no me parece adecuado que se exceptúe a los organismos públicos de cumplir con lo que se les exige a los privados. El inciso final del artículo 171 propuesto dice: "Estos servicios deberán remitir los proyectos definitivos de las obras a la Dirección General de Aguas para su conocimiento e inclusión en el Catastro Público de Aguas, dentro del plazo de seis meses, contado desde la recepción final de la obra.".
O sea, ¡entregan el proyecto definitivo una vez que está terminada la obra! ¡No lo entiendo! ¡Si los proyectos definitivos tienen que ser entregados al inicio de la obra, no seis meses después de su fin!
Porque, ¿cómo se va a fiscalizar? Además, eso posibilita una adaptación constante desde el proyecto inicial al definitivo.
¡Esto es manga ancha total para los organismos del Estado! Y, quiero decirlo: el Estado no se caracteriza ni por el cuidado del agua ni por el cuidado del medio ambiente.
Me gustaría que el Ministro nos explicara por qué se hace esta concesión con todos los organismos públicos, que, dependiendo del Director de turno, podrán actuar bien o mal.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, voy a votar a favor de todo este articulado, que responde a una necesidad de fiscalización importante.
Escuché atentamente lo que dijeron varios de los señores Senadores y señoras Senadoras. Creo que este tema, como muchos otros, es muy relevante para el desarrollo de nuestro país y no debe ser politizado, porque tiene que ver con cómo vemos un derecho esencial: el del acceso al agua.
Nosotros hemos experimentado en todas las provincias de la Región de Valparaíso, pero particularmente en Petorca, un avance en la desertificación; un problema grave de escasez hídrica, que ha obligado al Gobierno del Presidente Piñera y al actual a renovar los decretos de escasez todos los fines de año -la zona ha estado sobreviviendo a punta de esos decretos-; pero también hemos tenido harto robo de agua. Y lo complejo de los drenes ilegales -esto dice relación con este artículo 172- es que aunque en numerosas oportunidades los fiscalizadores los ponen en conocimiento de las autoridades, si no se actúa rápidamente, es sumamente fácil taparlos, ocultarlos, como ha pasado.
En nuestra Región tenemos unos pocos casos en el Ministerio Público, en que se ha determinado la existencia de un delito, como el robo de agua; y otros están en tribunales de garantía. Sin embargo, el problema es que cada vez que finalmente se ha llegado a fiscalizar, después de meses, muchos de esos drenes ya no existen.
Por eso, es muy importante que conjuntamente con estas modificaciones legales se disponga de los fiscalizadores necesarios y suficientes. Hace seis años había dos fiscalizadores en nuestra Región de Valparaíso. Hoy día hay siete.
Entonces, casi da risa que, en una Región como la nuestra, con avance en la desertificación, con drenes ilegales y robo de agua y, más encima, con problemas de falta de aguas lluvias, tengamos tan poca fiscalización. Porque al final los platos rotos los paga la gente, y las comunas más lejanas -por ejemplo, las localidades de Chincolco, en Petorca, o de Cabildo- se ven obligadas a movilizar agua para el consumo humano a través de camiones aljibe. Y eso tampoco es justo, pues el consumo humano debiera estar absolutamente garantizado y en ningún caso quedar a la discrecionalidad de la autoridad.
Lo señalo porque aquí hay que hablar con el Gobernador, con los Alcaldes, con el Intendente, con el Gobierno de turno, con el Ministro del Interior y hacer un montón de malabares para que al final a la gente le llegue algo tan esencial como el agua que es de consumo humano.
Por eso, señor Presidente, voto con entusiasmo a favor de todas estas medidas. Obviamente, no van a solucionar la falta de agua, pues también se requiere un plan estratégico en torno a su manejo. Aquí no se trata de hacer grandes embalses. El actual Gobierno no ha hecho ni uno solo. Durante el anterior, del Presidente Piñera, logramos el de Chacrillas, en Aconcagua. El Ministro de Obras Públicas actual ha anunciado la construcción de pequeños embalses. Yo sé que él tiene grandes ganas de tener Los Ángeles, Las Palmas, Catemu, pero lamentablemente durante este Gobierno no se van a concretar, pues no se destinaron los recursos fiscales para ello.
Por lo tanto, el desafío es que estas platas realmente queden asignadas en la discusión presupuestaria de los dos próximos meses. Porque, ver para creer: si están asignados los recursos, es posible que tengamos estas obras. Si no, vamos a seguir perdiendo aguas lluvias. Porque el agua que llega se va; esa es una realidad. Tenemos zonas con napas subterráneas, además de aguas que se pierden en el mar. Y, finalmente, hay muchas zonas en nuestra provincia de Petorca, como también en Aconcagua, en Quillota, en Casablanca, que van quedando absolutamente desmejoradas por la falta de este recurso.
Por último, quiero decir que para Casablanca hay una canalización preciosa, que viene desde hace décadas y que espero se concrete lo antes posible.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece bien que se haya generado este debate. Justamente, esa fue la idea de nuestra bancada: instalar el tema. Incluso el Senador Navarro me señaló que debimos haber pedido que se discutiera artículo por artículo, y puede que tenga razón.
En verdad, como no tenemos iniciativa en materia presupuestaria, lo que quisimos marcar -y todos han coincidido en ello- fue que hubiera sido deseable que se considerara el financiamiento en este proyecto y no en la Ley de Presupuestos, que se discute año a año. ¡Esa es la diferencia! De un año a otro los criterios pueden cambiar, pueden modificarse.
Lo razonable hubiera sido que en esta iniciativa, en que se contempla un fortalecimiento enorme de la DGA -insisto: muchas normas me parecen bien inspiradas, otras me generan un grado de duda mayor y solo en la práctica veremos si funcionan o no (me inquieta la sensación térmica de que los usuarios no sean quienes cuiden el agua, en circunstancias de que tengo buena opinión de ellos)-, se hubiera instalado un presupuesto definido y se hubiera agotado la discusión respecto de qué se necesita.
Puede que no sean tantos los recursos que se precisan.
Hoy día con la tecnología, con la modernidad, puede que parte de eso se haya considerado. Pero el Senador Pérez fue superclaro al respecto: hay trámites -ya no es un tema de recursos-, hay obligaciones, hay comparecencias que se adicionan en este proyecto, y no queda claro cómo van a funcionar.
Por eso, señor Presidente, efectuado el debate y no habiendo una indicación del Ejecutivo que recoja lo que la inmensa mayoría -creo que todo el Parlamento- hemos planteado, en el sentido de acompañar con un financiamiento adecuado el proyecto en examen, voto a favor.
Insisto en que la iniciativa contiene normas que están bien.
No hemos pedido votación separada de cada disposición, ya que en la Comisión introdujimos varias modificaciones que están correctas. Pero obviamente no creo que existan razones muy claras para pensar que esto va a cambiar para bien sin el acompañamiento económico. Puede que al final sea simplemente una especie de saludo a la bandera, con algunas normas que ojalá no generen burocracia.
La gran tentación, cuando no se tiene el financiamiento adecuado, es exigirles a los privados muchas cosas que debería hacer la autoridad, pero que en virtud de estas disposiciones se traspasan a quienes efectúan hartas tareas adicionales a estar enviando información al Estado.
--Se aprueban los artículos 172 bis a 172 sexies del Código de Aguas (con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda), contenidos en el número 21 del artículo 1 del proyecto (26 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz y Lily Pérez y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se encontraba pendiente la redacción de un texto que recogiera lo señalado respecto de la modificación del artículo 38 del Código de Aguas. La propuesta es agregar, luego del texto que señala "El Servicio, por resolución fundada, determinará los plazos y las condiciones técnicas para cumplir dicha obligación", el siguiente inciso segundo: "La autoridad dictará un reglamento en que se expliciten plazos, criterios y condiciones necesarios para aplicar las resoluciones fundadas dispuestas en el inciso anterior.".
El señor COLOMA.- ¡Sí!
El señor LETELIER.- ¡Sí!
--Se aprueba por unanimidad el texto propuesto y queda despachado el proyecto en este trámite.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, agradezco al Senado de la República el despacho de este proyecto, que introduce modificaciones importantes en nuestra regulación de aguas.
La iniciativa permitirá una mayor información respecto a cuál es el agua que se usa en las distintas cuencas. También establece mayores facultades para la fiscalización, y mayores sanciones. Si a eso le sumamos las referencias a algunos elementos de calidad de agua, estamos dando un paso importante en nuestra regulación sobre el tema.
Así, además de las mayores inversiones que hemos impulsado en materia de embalses, en materia de agua potable rural, y de la ley sobre agua potable rural, hoy día el Senado despacha este proyecto.
Por lo tanto, estoy muy agradecido del concurso de las distintas Comisiones que analizaron esta materia y, por supuesto, de toda la Sala del Senado, por el apoyo unánime, en el fondo, a esta iniciativa.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero plantear dos peticiones.
En primer lugar, solicito que se recabe autorización para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar en paralelo con la Sala para trabajar en el proyecto que modifica la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, que tiene urgencia de "discusión inmediata". Terminaríamos bastante rápido.
El señor COLOMA.- Hasta las 19.
El señor MONTES.- Como señala el Senador Coloma, hasta las 19.
¡Curicó nos espera...!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará.
El señor MONTES.- En segundo término, pido que se amplíe el plazo para presentar indicaciones al proyecto que crea el Sistema de Educación Pública hasta el martes 22, a las 19, porque dicha iniciativa comenzará su tramitación el lunes en la Comisión de Hacienda y van a surgir de todas maneras ciertos temas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. Deben ser materias propias de la Comisión de Hacienda.
El señor MONTES.- Por supuesto, señor Presidente.
--Se fija plazo para formular indicaciones al proyecto que crea el Sistema de Educación Pública (boletín Nº 10.368-04) hasta el martes 22 de agosto, a las 19.
Boletín N° 10800-15
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Letelier, que modifica el artículo 12 de la Ley de Tránsito en lo relativo a la licencia profesional, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.800-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016 (se da cuenta).
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 28ª, en 11 de julio de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es incentivar a los conductores y permitirles acceder a mejores opciones de empleo en el rubro del transporte público, ampliando la capacidad máxima de asientos de 17 a 32 (excluido el conductor) de un vehículo público o privado de transporte de personas respecto del cual se pueda válidamente conducir con la licencia profesional A-2, siempre y cuando el conductor haya estado en posesión de esta licencia por a lo menos dos años y que el largo de vehículo no exceda de los 9 metros.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto en general y en particular por ser de artículo único y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García-Huidobro, Girardi, Letelier y Ossandón).
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en nuestro país tenemos un tremendo déficit de conductores profesionales.
Este es un tema antiguo, que se arrastra hace mucho tiempo. En un momento incluso la ex Senadora Matthei, cuando desempeñaba el cargo de Ministra del Trabajo, intentó generar las condiciones para que más personas pudiesen acceder a una de las licencias de conducción profesional.
Lo que ocurre hoy es que las licencias A-1, A-2 y A-3 tienen que ver con diferentes autorizaciones específicas, para las cuales se requiere cumplir determinados requisitos.
Actualmente, la licencia profesional A-2 faculta para conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con una capacidad de 10 a 17 asientos.
La licencia A-3 se requiere para conducir buses, por así decirlo, interprovinciales, buses mayores.
Existe una necesidad en particular de conductores de buses con capacidad de más de 17 personas pero menos de 30 o de 33. Es decir, dicho en lenguaje común, para las liebres, para los buses pequeños, que no tienen una extensión de más de 9 metros.
Señor Presidente, lo que se quiere -lo hemos conversado mucho con los personeros del Ministerio de Transportes y con todos los miembros de la Comisión (Senadores Ossandón, García-Huidobro, Matta y Girardi)- es que efectivamente logremos generar instrumentos que permitan facilitar el acceso de personas con experiencia para que puedan conducir estos vehículos.
El proyecto de ley es muy sencillo.
Se permite que las personas que estén en posesión de la licencia A-2 por más de dos años, pero con experiencia, ¡con experiencia!, puedan llegar a conducir también vehículos de hasta 32 asientos, siempre y cuando no excedan los 9 metros de largo -esto es tremendamente importante para el transporte que se conoce como "rural"-, y, por sobre todo, vehículos de transporte público de pasajeros mayor en su versión más pequeña, que es muy relevante en provincia.
Por tal razón, la Comisión, después de discutir el proyecto, lo aprobó en forma unánime.
Esta es una demanda muy sentida, desde hace mucho tiempo, por quienes trabajan en el área, porque hay escasez de conductores y a ellos les resulta demasiado oneroso y poco funcional el requisito que existe actualmente, cual es, además de tener que esperar un tiempo, someterse a cursos muy costosos que estos pequeños emprendedores difícilmente logran cubrir.
Por eso, invito a aprobar esta modificación simple a la Ley de Tránsito en lo que dice relación con la entrega de licencias profesionales A-2.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido autorización de la Sala para abrir la votación.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta propuesta, que corresponde a una moción del Senador Juan Pablo Letelier, es acertada. Apunta a un problema real y concreto no solo de las zonas rurales, sino también de las zonas urbanas.
Puedo decir responsablemente que una mayoría abrumadora de conductores está trabajando muchas más horas de las que la ley autoriza. ¡Faltan conductores! Y los choferes deben cumplir doble turno, lo que atenta contra la seguridad.
Pero hoy día, si se les impide trabajar, no hay quién pueda realizar transporte público en Chile.
Por consiguiente, establecer condiciones para la dignidad de los trabajadores que conducen vehículos de transporte público es una necesidad urgente.
Este oficio, este trabajo, esta profesión ha atravesado por distintos períodos. Y en la actualidad pasa por uno malo. En este sentido, debo recordar que estos conductores carecen de contrato laboral; trabajan a porcentaje; siguen teniendo incentivo por boleto -en el caso urbano-, y, por cierto, el estrés ha hecho que un porcentaje significativo de ellos deba recurrir a psicotrópicos, lo que ha sido constatado por todos los estudios realizados por el Ministerio de Transportes.
Por tanto, aumentar el número de conductores del transporte público es urgente.
Señor Presidente, hemos debatido este tema en la Región del Biobío.
Es preciso incentivar a que más mujeres se incorporen a la tarea profesional de ser una conductora del servicio de transporte público. Esto requiere programas de estímulo y desarrollo por parte del SENCE.
Ellas han probado ser extraordinarias conductoras, responsables, que aprenden muy rápido, contrariamente a lo que algunos pueden imaginar cuando evocan aquel viejo dicho que reza: "Si hay un problema de conducción, debe ser por una mujer".
Creo que facilitar que la licencia A-2 habilite para conducir vehículos de 32 asientos va a posibilitar que un segmento muy importante de hombres y mujeres que cuentan con esa licencia pero que no tienen acceso a la conducción de este tipo de transporte público puedan trabajar en él.
Sin embargo, pienso que ello no será suficiente, pues la ley en proyecto establece una etapa de experiencia escalonada.
Me parece que dos años es un número adecuado. La persona debe acreditar a lo menos ese tiempo. Si ha tenido licencia Clase B, lo ha hecho.
Ojalá que la habilitación pudiera hacerse de manera inmediata, pues hoy día el transporte público carece de conductores, lo que genera un claro elemento de riesgo.
Deseo destacar que he presentado un proyecto de ley para establecer el "Día Nacional del Conductor del Transporte Público". No se trata de una mera efeméride, sino particularmente de una fecha que resalte la dignidad de los conductores. Hay gente muy crítica de ellos. Tengo amigos personales que han trabajado toda su vida como tales y son extraordinarios conductores, personas honestas, honradas, respetuosas. Como en todo oficio -también en la política-, hay quienes rompen las reglas. Pero generalizar es altamente inadecuado.
Señalo lo anterior por cuanto se ha generalizado un estereotipo de conductor del transporte público que es tremendamente errado.
Por cierto, ser conductor de transporte público es una labor que posibilita el acceso a todos los derechos.
¡Sin transporte público no se llega al hospital! ¡Derecho a la salud!
¡Sin transporte público no se llega al trabajo! ¡Derecho al trabajo!
¡Sin transporte público no se llega a la escuela, al liceo, a la universidad! ¡Derecho a la educación!
En consecuencia, es preciso dignificar esa tarea.
Se está dando un paso importante al incorporar un grupo humano que ya cuenta con una licencia adecuada (la de Clase A-2) a una labor que implica mayores desafíos y más profesionalismo.
Por lo anterior, señor Presidente, votaré a favor del proyecto, recordándole a la Sala que depende de todos nosotros que en la discusión del Presupuesto 2018 le pidamos al señor Ministro de Hacienda más recursos para el SENCE en lo relativo a capacitación y traspaso de licencias, al objeto de que se vaya subiendo a las Clases A-1, A-2, A-3, A-4, de manera que haya un profesionalismo ascendente. Lo planteo porque muchos conductores no tienen los recursos para pagar el curso respectivo, pues su costo es elevado.
Por eso, considero que esta iniciativa va en la línea correcta, y espero que se apruebe.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Me habría gustado escucharle al Senador Navarro decir algo respecto de Venezuela; pero, bueno, no señaló nada...!
Señor Presidente, este proyecto, que modifica el artículo 12 de la Ley de Tránsito en lo relativo a la licencia profesional, corresponde a una moción del Senador Juan Pablo Letelier. Su contenido ha estado durante mucho tiempo en conversación con los gremios del transporte público.
Su propósito es incentivar a los conductores y permitirles acceder a mejores opciones de empleo en el rubro del transporte público.
Estamos con un problema muy muy serio en cuanto a contar con personas capacitadas que puedan desempeñarse en esa área.
Es importante señalar que hoy día quienes cuentan con licencia Clase A-2 pueden conducir vehículos con capacidad de hasta 17 asientos. Y lo que hace la iniciativa en estudio es permitirles la conducción de vehículos con una capacidad máxima de 32 asientos, excluido el conductor, en lo que respecta al transporte público o privado de personas, "siempre y cuando el conductor tenga dos años de licencia y el largo del vehículo no exceda los 9 metros".
Actualmente el artículo 12 de la Ley de Tránsito habilita a "conducir indistintamente taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas, con capacidad de diez a diecisiete asientos, excluido el conductor.".
En el fondo, se está ampliando la posibilidad para que puedan conducir vehículos más grandes.
La regulación vigente establece que la primera licencia profesional es precisamente la Clase A-2, que habilita a su titular a conducir, válida e indistintamente, taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado de personas con capacidad de diez a diecisiete asientos.
Ahora bien, esta licencia está pensada para la conducción de hasta un minibús, en atención a la capacidad máxima de asientos que contempla. Para obtener dicha licencia se deben reunir los requisitos de cualquier tipo de licencia y cumplir las siguientes exigencias: tener como mínimo 20 años, acreditar contar previamente con licencia Clase B por dos años y aprobar cursos teóricos y prácticos.
Por consiguiente, y a diferencia de las exigencias establecidas para obtener la licencia Clase A-3, en el caso de la A-2 no se requiere haber tenido licencia profesional previamente, sino solo haber estado en posesión de una licencia Clase B por dos años.
En conclusión, señor Presidente, creo que este proyecto va en la línea correcta, pues permitiría que el transporte público contase con más personas preparadas para asumir responsabilidades de conducción, con las cualificaciones profesionales respectivas.
No obstante, en mi opinión se debería incorporar un criterio en materia de longitud y peso de los buses.
En la legislación comparada encontramos diversos casos en los cuales se hace referencia no solo al número de asientos, sino también al factor peso de esas máquinas. Es el caso de la Unión Europea y Estados Unidos.
Todo lo anterior haría posible especificar de buen modo qué tipo de vehículos quedarían comprendidos con la modificación que introduce este proyecto de ley.
En general, señor Presidente, me parece que esta es una buena iniciativa, que va en la línea correcta. Ayuda a dar tiraje en el sector y aborda la necesidad extrema que hoy día tenemos en materia de transporte público, no solo en las zonas rurales, sino también en muchos sectores urbanos.
Por lo tanto, la UDI va a votar afirmativamente.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, por cierto, voy a votar a favor esta moción del Senador Juan Pablo Letelier.
En reuniones efectuadas acá, en la Región de Valparaíso, hay demandas sobre la materia.
Como decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra, existe una demanda creciente por conductores en el transporte tanto de carga cuanto de público en general, de distintos tamaños. Y la medida que se propone apunta a flexibilizar y descomprimir.
Solo quiero hacer dos reflexiones sobre el particular, más allá de que, como anticipé, voy a pronunciarme afirmativamente.
Se explica en los antecedentes de la iniciativa que hay demanda por conductores profesionales debido a múltiples factores, entre ellos el crecimiento de la minería y del transporte de carga.
Yo agregaría -esto no es de importancia menor- que a lo menos en la Región Metropolitana y en otras regiones grandes de Chile existe un marco regulatorio un poco más estricto, que mira más en beneficio del trabajador...
El señor LAGOS.- ... y, en consecuencia, al hacer respetar la jornada de ocho horas y una serie de otras normas genera restricciones -entre comillas- desde el punto de vista de la oferta de conductores.
Eso ocurre aquí, en la Quinta Región, en el Gran Valparaíso.
Quienes nos hemos reunido con vecinos de Villa Alemana, Quilpué, San Felipe, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio sabemos que la falta de conductores profesionales a veces impide cumplir los horarios establecidos para los recorridos (uno lo ve en las mediciones por GPS de la seremía de Transportes). Y la explicación es, básicamente, "No tengo choferes".
Entonces, la medida sugerida ayuda.
Sin embargo, señor Presidente, quiero resaltar otro tema, que no es parte de este proyecto. Seguramente será motivo de otra regulación. Y no tengo claro si los parlamentarios contamos con iniciativa sobre la materia.
Cuando a principios de los noventa se discutieron las normas regulatorias de las licencias de conducir, inicialmente se hizo presente la necesidad de que tanto a aquellos que quisieran obtener la Clase B (no profesionales) como a quienes desearan conseguir la Clase A (profesionales) se les exigiera la realización de un curso en una escuela de conductores.
Eso se modificó -pongámoslo así-, y tal exigencia quedó restringida a las licencias profesionales.
Se me ha planteado -y creo que hay que examinarlo con detención- la posibilidad de repensar la idea de que el curso en una escuela de conductores sea obligatorio.
Por supuesto, eso lleva aparejada la existencia de un sistema que permita certificar a las escuelas respectivas, para que no sea simplemente una suerte de negocio, o eventualmente, la firma de un papel que dé cuenta de la aprobación de un curso, pero sin que ello signifique mayores responsabilidades para el establecimiento con relación a quienes luego van a un municipio y son rechazados en el examen de rigor.
Aquello es muy parecido -guardando las proporciones- a las exigencias que hacemos cuando hablamos de la educación superior.
Sin embargo, me parece razonable.
En muchos países -me refiero a sociedades más sofisticadas que la nuestra- el curso de manejo es obligatorio. Allí existen escuelas privadas de conductores, reguladas por el Estado, las que permiten hacer frente a un hecho real.
En Chile la cantidad de personas que postulan a licencia Clase B ha aumentado exponencialmente desde la época en que se rechazó la idea a que me referí (a mediados de los noventa, me parece).
Desde entonces han pasado veinte años.
En consecuencia, hago un llamado al Ejecutivo y a los demás parlamentarios para que veamos la posibilidad de establecer -sea mediante una moción, sea por la vía del patrocinio gubernativo- la exigencia de que hice mención.
Sé que ello no es popular, pues implica señalarles a los chilenos que quieran obtener su licencia de conducir por primera vez que deberán costear un curso. Pero es menester decirles que un curso de esa índole será importante en la medida que la escuela esté certificada y responda cuando un alumno rinda el examen pertinente y sea rechazado.
A mi juicio, eso es lo que requiere Chile en esta materia. Porque buena parte de los accidentes habidos en nuestro territorio tienen lugar por falta de experiencia de los conductores.
En el fondo, al no hacer exigibles los cursos en comento incurrimos en una ilegalidad.
Yo obtuve mi licencia de conductor cuando tenía más de 18 años (no digo que manejo bien o mal) sin haber hecho ningún curso. De manera que en algún minuto tuve que practicar informalmente, por no decir de manera irregular.
El señor ESPINA.- ¡Chuta...!
El señor LAGOS.- Sí: pero a esta altura ya está prescrito.
¡Así que no se preocupe, señor Senador...!
Señor Presidente, ¿cómo aprende una persona a manejar hoy día? La llevan a los grandes estacionamientos.
Sin embargo, eso no es razonable.
Los países más sofisticados que el nuestro en esta materia hacen exigible la realización de un curso en una escuela de conductores.
Voto favorablemente. Y felicito al Senador Juan Pablo Letelier por la presentación de esta iniciativa.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, esta es una forma ingeniosa de resolver un problema práctico.
En efecto, hoy día una cantidad significativa de personas tienen experiencia, pero carecen de dinero para pagar un curso que las habilite para manejar las famosas "liebres". Porque de eso se está hablando: de los buses cortos.
Así que felicito al Senador Letelier, compañero de Comisión, por la presentación de esta iniciativa, que nos hace ver que deberemos revisar la situación de todas las licencias de conducir y no solo la de las profesionales.
De alguna manera, al igual que los países desarrollados, tenemos que valorar la experiencia adquirida, la cual no emana solo de la realización de un curso.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, sin duda es importante abrir a nuevas personas el tan importante oficio de la conducción de vehículos de transporte público.
Lo relevante, sí, es que los nuevos choferes acaten la legalidad vigente. Por ejemplo, la "Ley Emilia", que es rigurosa, tanto más cuanto que un vehículo se convierte en un arma cuando es manejado por una persona que se halla en estado de ebriedad.
Lamentablemente, al respecto el Tribunal Constitucional ha acogido algunas presentaciones, lo que ha implicado dejar sin aplicación una norma que aquí, en el Senado, defendimos fuertemente: la que impone privación de libertad durante el primer año a las personas que cometen el ilícito a que se refiere la "Ley Emilia".
Insisto: ¡el conductor o la conductora que maneja bajo la influencia del alcohol o de las drogas convierte a su vehículo en un arma!
Eso hay que tenerlo tremendamente claro.
Lo digo porque prácticamente todas las semanas nos enteramos de casos, registrados en nuestra región y en el resto del país, en que la "Ley Emilia" no se está aplicando de la manera como la aprobamos en el Senado.
En seguida, señor Presidente, debo expresar que me parece elemental la exigencia de hacer un curso de conducción.
Sin embargo, tratándose del transporte público, yo, a diferencia de lo que señaló el Senador Lagos, no veo por qué el costo deben asumirlo las personas que van a laborar en esa área. A mi entender, en tal caso el curso tiene que ser de cargo del Estado, porque el transporte público es un servicio que él ha de proveer.
Con todo, considero interesante abrir la posibilidad de que haya más personas capacitadas para trabajar en oficios como este.
En muchos recorridos las exigencias que se les hacen a los conductores y a las conductoras son brutales: deben cumplir turnos continuos, no tienen pausas adecuadas. ¡No hay garitas, no hay baños, no hay lockers, no hay nada!
Entonces, señor Presidente, una cosa debe ir de la mano con la otra. Nada sacamos con abrir la posibilidad de tener más conductores y más conductoras si no se establecen condiciones de trabajo dignas.
Las personas que van a ejercer una labor de tanta importancia en el ámbito del transporte público deben, primero, acceder a cursos de conducción costeados por el Estado, y luego, contar con una infraestructura que les permita desempeñar su labor en forma apropiada: turnos fiscalizados, en fin.
La mayoría de los accidentes son causados por fatiga, por agotamiento de los choferes, cuyos turnos laborales no son respetados por los dueños o los controladores de las empresas.
Es superimportante que eso se diga con fuerza y claramente, pues también debemos legislar para el bienestar de los trabajadores.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, al igual que el resto de mi bancada, voy a votar a favor de este proyecto de ley, que es una forma de racionalizar las exigencias existentes en nuestro país en materia de licencias de conducir.
Ahora bien, en el Senado, donde hay debates de buen nivel, con motivo de la discusión de un asunto a veces se levantan temas distintos del central.
En tal sentido, me parece que lo planteado esta tarde por el Senador Lagos es de la máxima importancia.
Por ejemplo, el reciente fin de semana largo hubo más de una docena de fallecidos en accidentes de tránsito.
Ahora, debemos considerar que la mayoría de ese tipo de accidentes tienen lugar, no por fallas mecánicas -hoy día los vehículos, a diferencia de antes, prácticamente no fallan; ello, debido a su modernidad, a la revisión técnica a que son sometidos, en fin-, sino por fallas humanas.
Mucha gente de edad avanzada se sube a un vehículo para manejarlo sin haber realizado previamente un curso de conducción, el que, como se ha planteado aquí, en otras naciones es obligatorio.
En países con los que nos gusta compararnos resulta extraordinariamente difícil tener licencia de conducir. No se trata de un derecho, sino de un privilegio, atendido el alto nivel de las exigencias que deben cumplirse para conseguirla.
Por eso dichas naciones registran menos accidentes de tránsito que nosotros.
En consecuencia, yo soy partidario de que sea obligatorio hacer un curso para obtener licencia de conducir. Y no me refiero solo a las profesionales (la A-1, la A-2, la A-3, etcétera, que habilitan para transportar pasajeros, cargas peligrosas; para hacer movimientos de tierra, en fin), sino además a las no profesionales, que permiten manejar vehículos comunes y corrientes. Porque conduciendo un automóvil pequeño también se pueden causar accidentes con secuelas de muchas víctimas.
Debemos tener en cuenta que en Chile muere más gente por accidentes de tránsito que por cáncer. O sea, a raíz de aquellos estamos viviendo una verdadera pandemia.
Sumemos a lo anterior que cada día circulan más vehículos por nuestras calles y carreteras, y que la infraestructura vial no crece al mismo ritmo que el parque automotor.
Entonces, se trata de un problema que debemos abordar seriamente.
En tal sentido, anuncio que presentaré un proyecto de ley con la finalidad de hacer exigible un curso de conductor para obtener cualquier clase de licencia, de tal manera que la capacitación recibida ayude a disminuir los accidentes de tránsito.
A mí me ha llegado información proveniente de dueños de escuelas de conductores que me han contado el caso de personas que concurren a realizar el curso pertinente y dicen: "Aquí tengo mi licencia de conducir". "¡Pero cómo, si usted viene a hacer el curso!".
¡Se la dieron sin saber manejar...!
¡Así de simple! ¡Con esa facilidad se consigue licencia de conducir en Chile!
¡Eso constituye una irresponsabilidad!
Por consiguiente, debemos hacer las correcciones del caso.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable a este proyecto. Y, por su intermedio, quiero dirigirme al Senador Letelier, quien preside la Comisión de Transportes.
Hace algunos años presentamos dos iniciativas de ley sobre la materia. Una de ellas dice relación con las personas que padecen diabetes.
Para la gente que sufre descompensaciones a raíz de dicha enfermedad, hoy día, a diferencia de lo que ocurría en la década del setenta (a la sazón la Ley de Tránsito no se había actualizado en la materia), existen medicamentos y cuidados especiales. Sin embargo, hay una enorme discriminación con respecto a los profesionales del transporte afectados por mellitus tipo 2, por ejemplo, quienes no tienen posibilidad de conseguir la licencia de conducir pertinente.
El Senador Letelier, Presidente de la Comisión de Transportes, es coautor de uno de esos proyectos, los cuales, por desgracia, no se han movido en la Cámara Alta.
Así las cosas, quien padece de diabetes y necesita contar con licencia profesional para conducir un colectivo, un taxi básico o cualquier vehículo de transporte público debe omitir tal antecedente, en circunstancias de que actualmente esa clase de problemas se puede controlar por completo.
Señor Presidente, debemos ponernos al día en esta materia y no cortarles los brazos a gente cuyo único ingreso proviene de su experiencia en el manejo de vehículos del transporte público.
¡Esas personas se ven obligadas a mentir!
¿Qué ocurre en definitiva? Que los conductores afectados por dicha enfermedad están más expuestos que otros a protagonizar accidentes de tránsito, entre otras cosas debido a que no son objeto de control permanente, cada dos o tres años. Pero ello no ocurriría si, por el contrario, el médico que autoriza el otorgamiento de la licencia, quien dispone de los antecedentes respectivos, pudiera verificar la evolución de la patología pertinente, la que hoy, como señalé, es completamente manejable sobre la base de exámenes realizados en la salud primaria o en la secundaria.
Reitero: se está generando una enorme discriminación contra los referidos trabajadores.
Entonces, al momento de apoyar este proyecto, me encantaría saber que la Comisión de Transportes también va a discutir las iniciativas de que hice mención, que dan cuenta de la necesidad de actualizar la Ley de Tránsito en lo relacionado con la patología en comento.
Hoy día, como expresé, dicha enfermedad es perfectamente tratable. No obstante, la gente que la padece se ve obligada a ocultarla, porque el sistema vigente, al no regular la situación, le quita la posibilidad de trabajar.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo también voy a apoyar la moción del Senador Letelier.
Hacen falta conductores profesionales. Y la ley en proyecto puede ser una solución, en la medida que se aplique rigurosamente.
En Chile se registra una cantidad de accidentes viales bastante grande. La estadística revela que somos un país con una alta tasa de accidentes de tránsito, algunos, por desgracia, con resultados fatales.
Pero también es cierto que existe muy poca cultura vial. Es cosa de ver las irregularidades que cometen los peatones al cruzar las calles, o bien, la gente que transita por ellas en estado de ebriedad (no estoy hablando de la "Ley Emilia", sino de los transeúntes).
Esa es una de las causas más importantes de los accidentes viales: la irresponsabilidad de quienes circulan a pie por la ciudad, más que la de quienes manejan un vehículo.
Con todo, considero interesante la perspectiva que abre esta iniciativa, que puede constituir una buena solución al permitir que la licencia A-2 se transforme en A-3 (siempre que se cumplan los requisitos establecidos mediante el artículo único), la cual habilita para manejar vehículos con capacidad superior a diecisiete asientos.
Ahora, yo siempre he creído que para obtener cualquier tipo de licencia de conducir en nuestro país hace falta la aprobación de un curso. Pero hoy día ello no ocurre.
Aquí se realizan cursillos de una semana o de quince días, y a la persona se le entrega la licencia.
En otras naciones los cursos para conseguir la licencia que permite manejar automóviles -no vehículos medianos o mayores- duran a lo menos tres meses.
Entonces, creo que en Chile hay una falta de rigor a la hora de establecer exigencias para obtener licencia de conducir.
En todo caso, me parece interesante todo lo que se ha planteado en la Sala a propósito de esta iniciativa.
Es cierto lo que señaló -me parece- la Senadora Lily Pérez.
Tiempo atrás me reuní con representantes de la Asociación de Colectiveros de la Región de Valparaíso -entre otros, con don Luis Torres-, quienes me hicieron ver la gran cantidad de problemas que los aquejan. Por ejemplo, a veces, desgraciadamente, ni siquiera les entregan los uniformes (tienen derecho a tres por año); no se respetan sus horas de descanso, de comida, en fin.
Asimismo, existe un problema que no se halla resuelto totalmente: el del pase escolar.
Nos reunimos con la Ministra de Transportes, quien tuvo a bien recibir a dichos personeros. De manera que hubo un diálogo directo. Y se planteó la creación de una mesa técnica.
A aquel respecto, se le entrega un subsidio directo al dueño del vehículo de transporte público. No obstante, existe un problema con los choferes, quienes generalmente se ven sometidos a presiones bastante grandes.
Y hay otras cuestiones que también son de alto interés.
Señor Presidente, me agradó mucho que la Ministra recibiera y escuchara a dichos trabajadores, como asimismo que durante la entrevista se haya planteado la creación de una mesa técnica para revisar los asuntos pendientes.
Sin embargo, no puedo dejar de resaltar la importancia de que cada día entreguemos un transporte público de mejor calidad y con mayor cobertura.
Mucha gente me dice que el taxi colectivo no siempre llega al lugar donde vive; que ello le provoca un alto grado de aislamiento y desconexión, en fin.
Asimismo, es necesario considerar las condiciones laborales de los conductores.
La idea es velar porque esos trabajadores, quienes tienen la tremenda responsabilidad de conducir los vehículos de transporte público, cuenten con condiciones que les permitan desarrollar su labor en forma óptima, lo que no siempre sucede.
Yo quería, pues, dar a conocer las preocupaciones que me manifestó la Asociación de Colectiveros de la Región de Valparaíso.
Señor Presidente, si se aplica bien, la ley en proyecto posibilitará tener un mayor número de conductores. Porque también es cierto, en la medida en que ello no se registra, que a quienes se encuentran en actividad les hacen cumplir horarios desmedidos por completo y turnos absolutamente contrarios a lo que debiera ser un buen servicio. Jamás se debiera pasar de un número determinado de horas, y eso no es lo que ocurre.
Por ello, voy a votar a favor. Creo que podemos dar un buen salto con la iniciativa.
--Por 22 votos a favor, se aprueba en general el proyecto, y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Espina, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que informe sobre CATASTRO DE PARQUES URBANOS EN QUINTA REGIÓN Y FONDOS PARA SU CONSERVACIÓN, PROMOCIÓN O MANTENCIÓN, ADEMÁS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TAL EFECTO.
Al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, requiriendo indicar FORMA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON COMUNIDAD PARA MEJORAS EN PARQUE URBANO EL LITRE.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, planteándole REVISIÓN DE ANTECEDENTES DE SEÑOR GENARO CORTÉS MORALES, DE TALTAL, PARA DETERMINACIÓN DE PROCEDENCIA DE DESAHUCIO.
A la señora Ministra de Salud, exponiéndole la conveniencia de CONTRATACIÓN DE AL MENOS CUATRO ESPECIALISTAS PARA NUEVO HOSPITAL DR. MARCOS CHAMORRO, COMUNA DE PORVENIR.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, pidiéndole informar sobre SITUACIÓN PROCESAL EN MALASIA DE CHILENOS SEÑORES FELIPE OSIADACZ SANHUEZA Y FERNANDO CANDIA OLCAY, ANTE IMPUTACIÓN POR MUERTE.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se informe sobre REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA ANTE UNESCO Y PERÍODOS CON EMBAJADOR PERMANENTE O CON EMBAJADOR CONCURRENTE.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que se remitan antecedentes acerca de PREDIO FISCAL CON INSCRIPCIÓN A FOJAS 153 VUELTA N° 169 EN REGISTRO DE PROPIEDAD DE 1985 DE CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA UNIÓN.
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de consultar por SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN "PROYECTO DE INVERSIÓN DE PRODUCTORES ESPECIALIZADOS DE LITIO EN CHILE" Y CRONOGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PRESENTACIONES.
A la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, a fin de que proporcione antecedentes respecto de BONO DE RIEGO A COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL LLACAMÁN, COMUNA DE LANCO.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para pedir COPIA DE RESULTADOS DE PRIMER CONCURSO 2017 DE FONDO DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE NATIVO.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de preguntar por MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAIGUÉN A LOS SAUCES Y DE LOS SAUCES A ANGOL, INVERSIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se informe acerca de PROYECTO DE ASFALTADO DE RUTA D-337, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de pedir CAMBIO DE BUS PARA MANTENCIÓN DE RECORRIDO TRES VECES POR SEMANA EN FAJA 10 DE COMUNA DE VILCÚN.
Al señor Subsecretario de Hacienda, solicitando APOYO PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RURAL SEÑOR JUAN HUBERTO BALBOA SEPÚLVEDA Y SEÑORA MARÍA LUZ BALBOA REYES, DEUDORES DE CONTRIBUCIONES.
Al señor Director del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, para que informe respecto de EXPLOTACIÓN IRREGULAR DE REINETA EN LA ARAUCANÍA POR PESCADORES DE BIOBÍO Y FISCALIZACIÓN.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía, requiriéndole evaluar INSTALACIÓN DE LOMO DE TORO U OTRA SOLUCIÓN VIAL FRENTE A LICEO POLITÉCNICO DE PUEBLO NUEVO, COMUNA DE TEMUCO.
Al señor Director Regional de Vialidad de La Araucanía, con el objeto de consultar por LICITACIÓN DE REPOSICIÓN RUTA S-31 CAJÓN-VILCÚN-REFUGIO LLAIMA, INVERSIÓN Y PLAZO PARA OBRAS, Y DESMALEZAMIENTO DE FAJA VIAL EN COLONIA MENDOZA.
Al señor Director Nacional del Trabajo, a fin de que indique MEDIDAS PARA FISCALIZACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO DE PROPINAS.
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, solicitando copia de informe sobre CANTIDAD, POR REGIONES, DE DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE FUERZAS ARMADAS CONDENADOS O PROCESADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CONFORME A REFERENCIA EN SESIÓN DE COMISIÓN DE DEFENSA DE CÁMARA DE DIPUTADOS POR EVENTUAL FRAUDE EN JUBILACIONES.
Al señor Ministro de Obras Públicas, con miras a agilización de DECRETO DE EMERGENCIA Y RECURSOS PARA OBRA PROVISORIA EN SECTOR QUEBRADA LAS PETRAS, CONCÓN, ANTE RIESGO DE DERRUMBE DE VIVIENDAS.
Al señor Ministro de Energía, a fin de consultar por DINERO PARA AUSPICIO DE CARRERA DE FÓRMULA E, ORIGEN DE RECURSOS Y COMPATIBILIDAD DE ELLO CON MISIÓN DE MINISTERIO.
Al señor General Director de Carabineros de Chile y a la señora Alcaldesa de Viña del Mar, para que se remitan antecedentes de CANTIDAD DE DELITOS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN CALLE VALPARAÍSO Y SUS PERPENDICULARES EN VIÑA DEL MAR Y PLANES DE PREVENCIÓN.
A todas las intendencias, con el objeto de preguntar por APOYO DE RECURSOS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS A ORGANIZACIONES E INICIATIVAS CULTURALES.
Al señor Alcalde de Concón, a fin de que se informe sobre CANTIDAD DE FAMILIAS CON VIVIENDAS EN RIESGO DE DERRUMBE EN SECTOR QUEBRADA LAS PETRAS Y RECURSOS Y COPIA DE PROYECTO HABITACIONAL COMO SOLUCIÓN.
Al señor Director de Presupuestos, para consultar por CANTIDAD DE DESVINCULACIONES FUNCIONARIAS POR SALUD INCOMPATIBLE EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL ENTRE 2010 Y 2016.
Al señor Director Nacional de Aduanas, solicitando opinión acerca de MOTIVOS DE SUPUESTA SUSPENSIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES, ANTE DENUNCIA DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE ADUANA DE CHILE.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, solicitándole opinión ante DENUNCIA DE ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE ADUANA DE CHILE SOBRE SUSPENSIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
A la señora Directora del Servicio Nacional de Menores, a fin de requerir antecedentes sobre INTERVENCIONES DE PROFESIONALES DE MEDICINA EN SENAME.
Al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, pidiéndole información sobre EFECTOS FUTUROS DE INCENDIOS FORESTALES EN VERANO PASADO, CON DETALLE DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE SUELO, EN ESPECIAL RESPECTO DE REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, solicitándole DEJAR SIN EFECTO O RECONSIDERAR SANCIÓN A CABO 1ª SEÑORA OLGA CASTRO.
A la señora Ministra de Salud, requiriéndole información acerca de MOTIVOS DE RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS DE SEÑORA ALEJANDRA DEL PILAR ZAPATA TAPIA.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la hora de Incidentes, los Comités Demócrata Cristiano e Independiente y Renovación Nacional no harán uso de la palabra.
En el turno del Comité Socialista e Independiente, puede intervenir el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en febrero del año 2008 se publicó la ley N° 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, también conocida como "Ley Lafkenche".
Este cuerpo legal permite asignar una superficie del borde costero a una comunidad indígena o una asociación de comunidades indígenas que ejerzan uno o más usos consuetudinarios en ella, es decir, prácticas o conductas desarrolladas en forma habitual y reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura.
Dicha normativa constituye un avance relevante en tanto permite el reconocimiento legal de las particularidades que conforman la relación entre los pueblos originarios y el área referida, lo que hasta la fecha de promulgación no estaba debidamente cautelado.
La Ley Lafkenche da preferencia a las solicitudes de las comunidades, por sobre otras que puedan afectar sus intereses, y les permite, entre otras medidas, el acceso al sector sin necesidad de un pago asociado.
Sin embargo, organizaciones productivas de distintas regiones han manifestado desde hace ya un tiempo ciertos grados de preocupación respecto de la manera en que se está aplicando el texto legal.
La situación cobra nuevamente vigencia luego de conocerse en los últimos días que un conjunto de comunidades de la Región de Los Lagos presentó una petición de espacio marítimo que abarca la totalidad del borde costero de las comunas de Puerto Montt y Calbuco, incluidas sus diversas islas.
¿Cuáles son las inquietudes de agrupaciones tan diversas como los sindicatos de pescadores artesanales, los armadores, los salmoneros y los mitilicultores, entre otros?
Una de sus principales críticas apunta a que ni en este ni en otros cuerpos legales sobre materias similares se toman las debidas precauciones ante la potencial generación de conflictos al superponerse varios tipos de uso del borde costero, en atención a que en esos territorios conviven múltiples actores, desde la pesca artesanal al turismo, pasando por la mitilicultura, la acuicultura, la actividad portuaria y el propio y también legítimo interés de los pueblos originarios.
Por otra parte, tanto los representantes de los sectores productivos como las propias comunidades que han iniciado los trámites de solicitud de espacios costeros acusan una excesiva burocracia.
Ello se torna más complejo si consideramos que mientras se cursa una petición se congelan todos los demás procesos de concesión existentes en el mismo sector.
La Ley Lafkenche busca resolver una de las tantas inequidades en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. En ese sentido no hay cuestionamientos. Pero sí resulta necesario hacer frente a la multiplicidad de elementos que han ido apareciendo durante los años que la normativa lleva en vigencia y que complican la administración del borde costero.
¿Qué hacer ante una solicitud que abarca varios cientos de kilómetros cuadrados e incluye zonas urbanas e industriales, puertos comerciales de carga y de pasajeros, concesiones acuícolas, islas y caletas?
¿Cómo evitar que existan zonas sobre las cuales pesan tres o cuatro solicitudes de comunidades, tal como ocurre hoy, las cuales, por múltiples razones, no han logrado ponerse de acuerdo para convivir en un mismo espacio costero?
¿De qué manera conciliar con la Ley Lafkenche las distintas legislaciones que hemos aprobado en esta misma Sala, como la de caletas pesqueras, de modo que no haya sectores perjudicados?
En virtud de estas y otras tantas dudas que afectan a comunidades y sectores productivos de la costa, pido que se oficie al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría de Pesca y a la CONADI para que tengan a bien informar sobre la conformación de una mesa de trabajo y de diálogo a nivel nacional que contribuya a perfeccionar la aplicación de la Ley Lafkenche de modo que, sin afectar bajo ninguna forma los derechos de los pueblos originarios, permita conciliar los distintos usos del borde costero del país y avanzar hacia una adecuada implementación práctica de la legislación que crea el espacio costero marino en favor de estos últimos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Quinteros, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Comité Unión Demócrata Independiente no ocupará su tiempo.
En el turno del Comité Independientes y Amplitud, tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministro de Defensa, al General Director de Carabineros, a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, a Gendarmería de Chile y a la Policía de Investigaciones, respecto del cumplimiento de la ley sobre el derecho de amamantar de las madres trabajadoras.
Nosotros dictamos un cuerpo legal que contempla una hora al día para tal efecto en el caso del hijo menor de dos años. Ello les corresponde a todas las mujeres, independientemente de que exista o no sala cuna. Y es irrenunciable.
La lactancia materna es vital en el proceso de formación cognitiva y el desarrollo de los niños.
En el último tiempo ha habido un debate por la prohibición de amamantar aplicada a una funcionaria de Carabineros, incluso sancionada, quien formuló una denuncia.
El derecho le corresponde a la trabajadora por su condición de madre, con uniforme o sin este.
Deseo que el Ministro de Defensa, pero también los Comandantes en Jefe, puedan detallarnos cuántas uniformadas están haciendo uso del derecho y cuánto es el tiempo, en promedio, en que lo ejercen.
No hay distinción: ello rige en las Fuerzas Armadas y en el resto del mundo laboral. La inserción de la mujer en el ámbito del trabajo registra cifras históricas, superando el cuarenta por ciento. Eso significa que muchas pueden enfrentar día a día el problema.
Este último no debe ser tal. Por el contrario, es una gran oportunidad de materializar los derechos de las madres trabajadoras, independientemente del estado civil y de si tienen o no libreta. Hay un niño o una niña que se tienen que alimentar.
Algunas personas se horrorizan de que se amamante en la vía pública. En las próximas horas vamos a presentar un proyecto de ley en orden a que nadie pueda reprochar esa acción, sea en el Metro o en un vehículo de la locomoción colectiva, porque el derecho es de la madre y también del niño.
¡Desde cuándo nos horrorizamos por un seno a la vista al alimentarse a una criatura!
¿Cuál es el vejamen?
¿Cuál es la incitación?
El caso conocido en Carabineros de Chile es lamentable, porque se le niega el derecho a una mujer uniformada en circunstancias en que hay otros asuntos muy importantes de los cuales preocuparse, entre ellos el que ha involucrado a generales en servicio activo y que dice relación con un fraude -cometido por funcionarios, desde luego, y no por la institución, como tal- que ya supera los 25 mil millones de pesos.
Repito que espero obtener toda la información detallada de cómo se está ejerciendo el derecho.
Y les expreso mi solidaridad a aquellas mujeres que luchan para que se materialice. ¡Tienen todo el derecho a reclamarlo y van a contar con la protección del Estado, y las instituciones que no quieran respetarlo tendrán que ser sancionadas!
Si oficiales de Carabineros o de cualquier rama de las Fuerzas Armadas o si empleadores o jefes se niegan a reconocerlo, es preciso hacer la denuncia ante la Dirección del Trabajo o cualquier autoridad capaz de alzar la voz, porque lo último que podríamos permitir en un país donde crece la fuerza laboral femenina y día a día echamos abajo barreras de discriminación es que ahora se discriminara a las madres por amamantar.
¡No hay ninguna duda! ¡Todos los informes internacionales -de la FAO, de la UNICEF- son coincidentes: la leche materna es insustituible!
Por eso, pido que se oficie también al Ministerio de Salud, ya que una importante marca ha hecho pactos programados de amamantamiento con las madres en consultorios y hospitales, a fin de reemplazar la leche materna. Me refiero específicamente a Nestlé. He tenido a la vista los convenios firmados por ellas.
¡La leche materna es irremplazable! ¡Se debe fomentar al máximo la lactancia! Para eso son indispensables las condiciones laborales de la mujer.
Y es necesario, asimismo, que los empleadores sean plenamente conscientes de que acceden al ejercicio de un derecho, no a un privilegio, ni a un servicio, ni a una concesión. ¡Es un derecho!
Pido que el Ministerio de Salud, entonces, pueda precisar si propicia o respalda los contratos o convenios que la empresa Nestlé celebra directamente con las madres que amamantan y si son legales o no, porque no es posible que exista una política pública destinada a fomentar el reemplazo de la leche materna.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero referirme a la visita del señor Mike Pence, Vicepresidente de los Estados Unidos, quien llegó directamente a la Moneda, bombardeada durante la dictadura de Pinochet y desde donde Salvador Allende salió acribillado, a hablar sobre Venezuela, a conspirar sediciosamente para que Chile respalde una acción militar, tal como lo ha expuesto Trump, ese señor que escandaliza por sus dichos. Una amenaza de esta índole por parte de la primera potencia mundial en dicho ámbito no es para dejarla pasar ni es cosa de niños.
El señor Pence ha venido a conversar con la Presidenta Bachelet. Quiero extenderle mi agradecimiento y felicitación a la Primera Mandataria, quien ha expresado que Chile no va a apoyar intervención militar alguna en Venezuela ni a propiciar una acción tendiente a un golpe de Estado.
El visitante ya estuvo con Macri en Argentina y viaja por toda América Latina. ¡Tarde se acuerda Estados Unidos de que esta existe!
¡Tal gira, que es el preámbulo de acciones mayores, tanto sanciones financieras como intervenciones militares, tiene que ser denunciada!
¡Señor Pence, usted no es bienvenido en Chile! ¡Yankee, go home!
Pensé que iba a presentar disculpas al llegar, porque los archivos de la CIA enviados en el año 2000 por el Senado de los Estados Unidos señalaron claramente la intervención de ese país en el derrocamiento de Allende y antes de que asumiera la Presidencia.
El Gobierno de los Estados Unidos, no su pueblo, le debe a Chile una explicación y una petición de perdón por haber actuado para derribar a un Gobierno legítimo.
Al visitar su Vicepresidente la Moneda, el Senador que habla hubiera esperado de su parte excusas públicas. ¡Porque la CIA intervino! ¡Y eso no corresponde a Hollywood ni a la ciencia ficción! ¡Allí están los archivos desclasificados de la CIA en la Biblioteca Nacional para quien quiera leerlos!
¡Henry Kissinger y Richard Nixon afirmaban que era preciso hacer chillar a nuestra economía para propiciar las condiciones del golpe de Estado!
¡Las fuerzas de tarea incluían más de 140 agentes de la CIA destinados en Chile!
¡Se financiaba a periódicos y partidos de Oposición con dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos para inducir a la subversión!
La del Vicepresidente de los Estados Unidos no es una visita de cortesía, sino una maniobra sediciosa para impulsar el aislamiento de Venezuela.
Ojalá el espíritu de Salvador Allende haya inspirado a la Presidenta Bachelet hoy en la Moneda. Al parecer, así fue.
¡Chile rechaza total y absolutamente el intervencionismo en ese país!
¡La petición de apoyo para un golpe de Estado en un país amigo nuestro se relaciona con el hecho de que el único objetivo de esa acción es quedarse con el petróleo!
El plan aplicado en Iraq fue distinto. Los marines fueron a salvarlo y solo generaron devastación. Las armas de destrucción masiva denunciadas por los Estados Unidos, como pretexto para una invasión, resultaron ser esos efectivos. ¡La única fue su propia fuerza militar! Y las consecuencias están a la vista.
Las crisis en el Medio Oriente, en especial en Siria, como también la de Libia, han terminado con pueblos arrasados y un solo saldo favorable para los estadunidenses: el petróleo.
¡Denuncio en el Senado de la República que la visita del señor Mike Pence tiende a instalar aquí una base de apoyo para intervenir militarmente en Venezuela!
El petróleo implica una gran virtud para este último país, pero también un gran problema. Lo único que busca Estados Unidos es obtenerlo.
¡No seremos parte de ese juego!
Más allá de cualquier diferencia ideológica, espero que Chile entero, que el Senado, que el ciudadano, perciban nítidamente el objetivo que se persigue.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, el 5 junio recién pasado se cumplieron cincuenta años de la ocupación de territorios palestinos por el Estado de Israel.
En 1947, tras la presión de los Estados Unidos y el apoyo de la Unión Soviética, se aprobó el establecimiento de un Estado judío coexistente con uno árabe y de un régimen internacional para la ciudad de Jerusalén.
Con esta decisión, las grandes potencias impusieron al Estado hebreo como una potencia militar hegemónica en el mundo árabe y los territorios palestinos. Como consecuencia, el pueblo palestino se ha encontrado en un estado de guerra permanente luego de la ocupación de su territorio en 1967, tras la Guerra de los Seis Días.
Ello representa un fracaso para el sistema de las Naciones Unidas. Las sucesivas condenas por parte de la Asamblea han sido sistemáticamente desoídas por Israel.
Por su parte, diversos actores internacionales han condenado las ocupaciones y los asentamientos que se mantienen en este último país. Según las Naciones Unidas, actualmente hay 250 de ellos a lo largo de la ribera occidental, construidos sobre tierra tomada en la guerra de 1967, en los cuales viven más de 600 mil israelíes. De acuerdo con dicho organismo, son ilegales bajo la ley internacional.
La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de diciembre de 2016, no reconoce la soberanía de Israel en Jerusalén, que considera territorio palestino ocupado.
A la denuncia de Naciones Unidas se sumó el llamado del papa Juan Pablo Segundo, quien declaró, refiriéndose al muro: "El mundo necesita puentes de unión y no muros de separación".
Por su parte, el papa Francisco, tocando el mismo muro construido por Israel, dijo: "Esto no puede continuar".
Los esfuerzos de paz han fracasado una y otra vez, puesto que la ocupación por parte de Israel, mientras se impulsa el diálogo, ha seguido avanzando con el emplazamiento de los asentamientos ilegales; el bloqueo a la Franja de Gaza, que impone restricciones injustificadas de movimiento, y las detenciones abiertamente abusivas de cientos de miles de personas, en su mayoría originadas en tribunales militares y con cerca de un cien por ciento de condenas sin el debido proceso.
Todas las fronteras están bajo absoluto control de Israel, que decide arbitrariamente quién puede ingresar a los territorios palestinos.
Varios ciudadanos chilenos de origen palestino han sido deportados apenas pisan el aeropuerto.
Los puestos de control militar impiden la libre circulación de los palestinos en calles y carreteras. Muchas mujeres han dado a luz en ellos, porque se han visto impedidas de llegar a los hospitales.
La misma vigilancia se ejerce sobre el comercio, los escolares y los estudiantes universitarios.
Setecientos cincuenta mil palestinos han sido detenidos sin causa desde junio de 1967. Entre los detenidos en las cárceles israelíes, hoy día 20 sufren enfermedades terminales; 300 son menores de edad -¡son niños, señor Presidente!-; 60 mujeres y 13 parlamentarios de la Asamblea Nacional Palestina.
En abril de este año, más de 1.800 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre en protesta por sus humillantes condiciones y trato vejatorio.
El listado de atropellos y sufrimientos es muy numeroso tras medio siglo de ocupación. Es un conflicto que mantiene bajo el cautiverio de la violencia a palestinos y, también, a israelíes, respecto del cual no podemos quedar indiferentes.
Lamentablemente, señor Presidente, el Gobierno de Chile -mi Gobierno- en esta ocasión ha guardado silencio y no ha realizado suficientes actos de Estado para expresar su rechazo a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte del Estado de Israel. Aún más, a la única actividad oficial convocada por la comunidad palestina en Chile para conmemorar estos tristes 50 años de ocupación, ¡todas las autoridades del Gobierno de Chile se restaron! ¡No asistió ningún Ministro, ningún Subsecretario o jefe de servicio!
Aquí no se trata de un respaldo a un Estado sobre otro. Lo que está en juego es el respeto de los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos elementales del pueblo palestino.
La defensa irrestricta de los derechos humanos es un principio de política exterior de Chile y no puede ser acomodada según afecte a uno u otro Estado. Tampoco puede ser debilitada por grupos de presión, intereses corporativos o económicos.
La ocupación de los territorios palestinos, señor Presidente, es una violación al derecho internacional y a los derechos humanos más elementales.
Por eso me avergüenza la actitud asumida por mi Gobierno, porque lo que está en juego es nuestra política de Estado frente a la crisis humanitaria, frente al derecho internacional y frente a la vulneración de derechos de miles de seres humanos.
Señor Presidente, solicito que copia de esta intervención sea enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de que exista coherencia en la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.
Es claro que el derecho internacional ha fracasado y que los esfuerzos de paz han servido para consolidar y ampliar la ocupación israelí.
Pero, a pesar de todo el sufrimiento y la incapacidad de la comunidad internacional para hacer respetar el derecho internacional y los derechos humanos, aún nos queda el espacio para denunciar, para remecer la conciencia de nuestras sociedades y seguir reclamando por el derecho de Palestina y de todos los pueblos, incluyendo el de Israel, a la autodeterminación y al respeto a sus derechos humanos, esfuerzo en el cual lamento, muy sinceramente, la ausencia y el silencio del Gobierno de Chile después de 50 años de ocupación.
Señor Presidente, pido que también se oficie a la Federación Palestina de Chile para remitirle copia de esta intervención.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si el Senador Tuma me lo permite, deseo adherir a su oficio.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Navarro.

References: artículo 53
 artículo 77
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 175
 artículo 306
 artículo 8
 artículo 38
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 175
 artículo 306
 artículo 137
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 173
 artículo 92
 artículo 129
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38
 resolución 
 artículo 38
 artículo 137
 artículo 172
 artículo 299
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 38
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 172
 artículo 1
 artículo 38
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
e contrario
 Resolución