Source: http://justiciabol.blogspot.com/2016/08/
Timestamp: 2019-05-23 19:46:02+00:00

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Justicia en Bolivia: August 2016
Fiscalía pide requerimiento a la Policía sobre Panduro
El Ministerio Público solicitó al Comando de la Policía Boliviana los informes de planimetría, de imágenes captadas por un dron y la nómina de los efectivos que intervinieron en los conflictos con los cooperativistas mineros, el 25 de agosto.
El fiscal de Materia de La Paz, Genaro Quenta, que investiga el deceso del minero cooperativista Rubén Arapaya, señaló que el pedido a la entidad del orden tiene el propósito de esclarecer en qué circunstancias perdió la vida el infortunado trabajador minero.
“Hemos dado un plazo de 48 horas, una vez procesada esta información vamos a ver a qué personas vamos a llamar, sean funcionarios policiales o sean cooperativistas”, precisó a los periodistas.
Explicó que se deberá informar sobre el número de policías que participaron de la disuasión del bloqueo de caminos en ese sector, las que deberán estar acompañadas por las imágenes que registró el dron, así como el informe del investigador.
A su vez, el fiscal departamental, Edwin Blanco, señaló que el informe de autopsia develó que el minero Arapaya falleció por shock hipovolémico, laceración pulmonar y hepática, y trauma abdominal penetrante ocasionado por arma de fuego.
“Estamos realizando las investigaciones y el doctor Quenta ya ha realizado varias actividades que seguramente en las siguientes horas de esta semana van a tener resultados”, precisó.
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Fiscal Blanco dice que viceministro Illanes presenta cuatro costillas fracturadas y tuvo derrame cerebral
"A grandes rasgos se ha podido denotar una serie de equimosis múltiple, es decir agresión física múltiple, en la cabeza y en el tórax, hubo un derrame cerebral y cuatro costillas fracturadas", informó el funcionario a Cadena A.
Indicó que los peritos forenses trabajaron toda la noche hasta las 07.00 y en las próximas horas terminarán con el protocolo de ley para dar a conocer un informe completo.
Según la valoración previa, Blanco indicó que contra Illanes no solo se actuó con saña, sino con alevosía y premeditación. Hay "un maltrato increíblemente bruto, han sido muy fuertes las imágenes que hemos visto del viceministro", apuntó.
El Ministerio Público trabaja para colectar todos los elementos necesarios para "descubrir la verdad del hecho", indicó el fiscal departamental.
"Vamos a colectar declaraciones, videos de los drones y esperemos tener resultados hoy", remarcó.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, anunció este martes que el Ministerio Público abrirá una causa penal contra aquella persona o personas que hicieron circular por redes sociales fotos de supuestas órdenes de aprehensión contra dirigentes de los cooperativistas. La identidad del o los sujetos es desconocida y la Fiscalía recién comenzó hoy la investigación.
"Vamos a abrir una causa penal. Vamos a investigar con la seriedad que nos caracteriza. El haber falseado documentación pública tiene sanción de 1 a 6 años, son los delitos de falsedad, entre ellos, determinar si es falsedad material o ideológica, y el uso de instrumento falsificado y veremos en la investigación qué sucede", afirmó Blanco, durante una entrevista con la red ATB, en La Paz.
Una de las órdenes que circuló anoche
Al menos una fotografía de las supuestas órdenes de aprehensión circuló la noche del lunes por redes sociales, entre ellas Facebook. Una de ellas hace mención a Federico Escobar Churqui, por la supuesta participación en el delito de tentativa de homicidio y con el fin de ampliar investigaciones por los enfrentamientos entre policías y cooperativistas que se registraron entre el 10 y 12 de agosto.
Según Blanco, el autor tiene por lo menos un conocimiento mínimo del áreal legal. "Recién vamos a empezar la investigación y esperemos encontrar al autor de este lamentable hecho", argumentó.
El lunes por la noche, la Fiscalía General del Estado desmintió que se hubiesen emitido órdenes de detención contra dirigentes de los cooperativistas mineros. (23/08/2016)
Fiscalía niega la emisión de órdenes de aprehensión
La Fiscalía General del Estado desmintió que se hubiesen emitido órdenes de detención contra dirigentes de los cooperativistas mineros, como informó el abogado de esa entidad, Jaime Zambrana. También indicó que es falso un supuesto mandamiento de aprehensión cuya fotografía circuló en redes sociales.
"La Fiscalía General del Estado informa que no emitió ninguna orden de aprehensión en contra de dirigentes cooperativistas mineros. Asimismo, tampoco existe en los registros del Ministerio Público ningún fiscal de nombre José Luis López Goitia (autor del supuesto mandamiento). El formato utilizado en el supuesto documento no corresponde a la plantilla de redacción de órdenes o instructivos del Ministerio Público", señala el comunicado de la Fiscalía de La Paz.
Zambrana, en declaraciones publicadas por Erbol, fue quien dio inicialmente la noticia de las órdenes de detención. La fotografía de la supuesta orden de aprehensión fue distribuida por las cuentas de redes sociales de varios medios de comunicación, entre ellos ANF.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, también hizo declaraciones a los medios para desmentir la versión.
"Informar a la sociedad boliviana, ante esta alerta y esta falsa información, que lamentamos que exista gente irresponsable que haga circular ese tipo de noticias, que incluso amedrente a las personas", señaló.
Agregó que "en ningún momento el Ministerio Público emitió orden de aprehensión contra los cooperativistas mineros o las cabezas de este sector (…). Nosotros vamos a investigar, necesitamos saber los pormenores (de la circulación de este documento falso)".
Esta jornada surgieron divergencias al interior del movimiento cooperativista. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, dijo que desde el martes se reactivarían las medidas de presión en el país; sin embargo, el dirigente Mario Caiza, de Fedecomin, informó que ello recién está en fase de organización.
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Fiscalía General tramita citación en Cancillería a periodistas de CNN
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tramita mediante la Cancillería la citación a dos periodistas de la cadena de televisión CNN, de Estados Unidos, para que se presenten en La Paz, y “colaboren” en la investigación de una supuesta suplantación del hijo del presidente Evo Morales, por parte de su expareja Gabriela Zapata y sus exabogados.
Guerrero afirmó que las declaraciones del periodista Fernando del Rincón y del camarógrafo, Alex Ardines, son importantes y serán citados vía exhorto suplicatorio tramitado vía Cancillería, para que éstos den a conocer los detalles relacionados a la presentación que les hizo Gabriela Zapata de un menor como hijo que tuvo con el presidente Evo Morales, ante un juez de familia, quien determinó que éste no correspondía a las características del hijo del mandatario.
“Sería importante, porque ellos (tuvieron) contacto con las personas que ahora están detenidas preventivamente. Ellos lo han visto al niño, lo han entrevistado”, señaló el Fiscal General.
Guerrero, sin dar a conocer quiénes sería esas fuentes, “supone” que los dos periodistas tenían conocimiento de que el menor presentado ante la juez y que fue entrevistado por ellos, no era hijo del presidente Morales, “y por algunas fuentes, por otras declaraciones, suponemos que ellos sabían que el niño estaba siendo suplantando. Entonces sería bien que ellos vengan a dar su versión; que cooperen”, añadió.
Sin embargo, Guerrero explicó que la fecha y lugar para que estos presten declaración ante los fiscales bolivianos son inciertos, ya que debido a los roces políticos con Estados Unidos, los trámites de este tipo son los que más demoran con este país, pero no se desecha recurrir a otros mecanismos legales, como el enviar un cuestionario o la entrevista vía video conferencia.
“Hay mecanismos, pueden ir fiscales allá (EEUU), o si ellos tienen voluntad y predisposición, pueden venir a nuestro país para prestar esa colaboración, que la manifestaron a un principio pero ahora extrañamente cambian de opinión”, aseveró.
Rincón y Ardines fueron filmados por una cámara de seguridad de un lujoso hotel de la zona Sur, donde se afirma que entrevistaron a un menor como si fuera el hijo de Morales.
Empero, la presunta entrevista al niño nunca fue difundida por CNN, ante las dudas que tuvieron. Rincón aseguró que no existe “error” ni delito cometido en el marco de su trabajo, cuando no se lo difunde.
A raíz de dicha suplantación, se presentó una nueva denuncia por trata y tráfico de personas y se implicó a varios allegados de Zapata. Entre ellos, sus entonces abogados, William Sánchez, Walter Zuleta, prófugos actualmente en Perú, y el detenido Dr. Eduardo León. También, fueron implicados la tía espiritual de Zapata, Pilar Guzmán, su hija, Ximena Fortún, María del Carmen Arce y los padres del menor de cinco años.
De acuerdo a entendidos en la materia judicial, Ciro Añez e Iver von Borries la citación a los periodistas de CNN tiene que seguir un curso similar al que tuvo el caso del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y que los correos enviados por las autoridades judiciales no correspondían, ya que Estados Unidos es otra jurisdicción territorial y jurídica.
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Descalifican a la Fiscalía por eximirle de delitos a Zapata
Coincidencia casi inédita y polémica. La oposición y algunas autoridades del oficialismo descalificaron el fallo de la Fiscalía que eximió de culpa en cuatro delitos a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales. Mientras, los contrarios al MAS señalaron que la justicia está sometida al poder político, el partido gobernante rechaza la resolución y habla de apelación. Otros piden que se apliquen principios constitucionales.
El miércoles se conoció que el Ministerio Público eximió de culpa a Gabriela Zapata en cuatro delitos de los que se la acusaba: uso indebido de influencias en grado de complicidad; ejercicio indebido de la profesión, falsedad material y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Esto generó sorpresa y gran polémica en el mundo político. Con distintas posturas, expresó su inconformidad por aquel resultado. Uno de ellos fue el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterios, quien señaló que con ese tipo de acciones, por parte del Ministerio Público, demuestra el sometimiento de la justicia al poder político.
“Para el pueblo boliviano esto es indignante, el hecho de que hay una justicia podrida, una justicia sometida al poder político que hoy se presta simplemente al capricho y a las instrucciones que vienen desde Palacio. Hay que ser bien claros, esto demuestra no solamente cuan podrida esta la justicia en el país, sino que lamentablemente se puede demostrar cuán manipulada esta la justicia en Bolivia”, declaró el parlamentario a los periodistas.
ES PACTADO
Por su parte, la senadora opositora María Elva Pinckert sostuvo que eximir a Zapata de cuatro delitos significaría que se trata de un tema pactado, por lo cual no desestima que se actué de forma similar con la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, quien es investigada por presunto caso de corrupción en el ex Fondo Indígena.
“Nos extraña a todos los bolivianos que la ciudadana Zapata sea liberada de sus culpas; entonces nos preguntamos todos: ¿Esta es la justicia que tiene Bolivia? ¿Para unos se limpian las acusaciones o es ya un tema pactado? Quieren que quede limpio el presidente Morales de toda acusación tráfico de influencias, por lo que se lo involucró en el caso Zapata”, declaró en conferencia de prensa.
En tanto, el diputado de UD Gonzalo Barrientos cree que todo se trata de una estrategia del Gobierno. En su criterio, la justicia debe actuar conforme lo establecen las normas.
“Lo importante es que nos diga la justicia, ¿qué es lo que ha sucedido con los más de 4 mil millones de bolivianos? Se contrató a una empresa China donde la señora Zapata estuvo a cargo. La justicia tiene que asumir el rol que le corresponde y al parecer no lo está haciendo ¿Dónde están los ministros que fueron acusados por esta señora? ahora parece que nadie sabe nada”, declaró Barrientos a EL DIARIO.
La diputada de UD Jimena Costa afirmó que el proceso judicial del caso Zapata es político, porque hay manipulación de la justicia por intereses del Gobierno, además de la impunidad al liberar de delitos a Zapata, aspecto que baja aún más la credulidad del Gobierno.
“El ministro Quintana es incompetente, porque juró públicamente no conocer a Zapata, cuando ella ingresaba y salía de las dependencias de la cartera de Estado, porque si no sabe lo que pasa desde la avenida Arce hasta la plaza Murillo, qué habrá hecho cuando era Director de la Agencia Nacional de Fronteras”, afirmó Costa.
En tanto, su colega Luis Felipe Dorado recordó que el ministro Quintana en declaraciones públicas cuando la Fiscalía realizaba las investigaciones, reconoció la existencia de una “organización criminal” dentro de esa cartera de Estado, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Ministerio Público. Este era motivo suficiente para citar a la autoridad a prestar declaraciones en calidad de investigado.
“La Fiscalía no está investigando el caso de Zapata, en cuanto el tráfico de influencias, hecho que involucra al ministro Quintana y al presidente Morales, lo que incomoda al Gobierno, porque sabe que influyó en la imagen del Primer Mandatario”, dijo Dorado.
El senador del MAS (Movimiento Al Socialismo), René Joaquino, dijo que el Órgano Judicial y el Ministerio Público están aplicando los principios constitucionales del Derecho Penal, para hacer las valoraciones respecto al caso Zapata.
“Tengo esperanza que el Órgano Judicial y el Ministerio Público están aplicando los principios constitucionales del derecho penal para hacer valoraciones en el caso Zapata. En algunos casos corresponde liberar de culpa, en otros casos se cruzarán. Lo correcto es que cuando haya una denuncia se haga la investigación y las autoridades competentes lleven adelante el proceso hasta concluir con un resultado”, indicó Joaquino.
Para la diputada oficialista Sonia Brito debe confiarse en las investigaciones del Ministerio Público, porque es una entidad independiente y son expertos los que establecieron liberar de delitos a Zapata.
“Nosotros somos los más interesados en que se esclarezca esta situación, por eso es que el Gobierno no tiene injerencia en la investigación del caso Zapata”, expresó.
Diputada de Unidad Demócrata (UD)
“Desde el inicio de las investigaciones el objetivo era libelar de toda culpa y responsabilidad el presidente Evo Morales, por eso pienso que el Gobierno somete a la Fiscalía en sus decisiones o intereses, mostrando una buena imagen del Gobierno. Este tema hizo que se pierda la credibilidad en los gobernantes nacionales. Se olvidaron realizar peritaje a todos los celulares del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”.
“Nos ha sorprendido. Nos hemos enterado por la prensa. No estamos de acuerdo con esa decisión. Seguramente los abogados que forman parte del proceso (judicial contra Gabriela Zapata) porque son denunciantes el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Transparencia, estarán estudiando todavía si están en plazo para apelar, pero la decisión nos ha sorprendido”.
Diputado de Unidad Demócrata
“Sospechamos desde un inicio que la Fiscalía iba a hacer lo que sea para limpiar la imagen del presidente Evo Morales, pero no creímos que sea tan rápido, está claro que el caso está quedando impune, porque los fiscales satisfacen intereses personales del Gobierno, cuando hay temas que les afecte, como el presunto tráfico de influencias, porque se consiguió encarcelar a Eduardo León, exabogado de Zapata”.
Amabol: Convocatoria del Consejo de la Magistratura carece de credibilidad
El presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol), David Rosales, dijo ayer que hará un seguimiento cercado del proceso de selección de vocales que convocó el pasado lunes el Consejo de la Magistratura, aunque reveló que las convocatorias que hace esta instancia judicial carece de credibilidad ante los profesionales.
El pasado lunes, el Consejo de la Magistratura aprobó la convocatoria pública para vocales de los nueve tribunales departamentales de justicia, 20 de nueva creación y cuatro acefalías. Esto después que el Tribunal Constitucional Plurinacional determinará como “transitorios” los cargos del Órgano Judicial.
“Se puede comentar una sensación que está generando descrédito en el tema de las convocatorias porque ésta es la cuarta convocatoria que hace el Consejo de la Magistratura y en las tres anteriores, por ejemplo, si uno hace un seguimiento de las personas que se presentaron a la primera ya no se presentan a la segunda, y los que se presentaron a la segunda ya no se presentaron a la tercera convocatoria”, dijo Rosales.
Y según él estima, en esta cuarta convocatoria no se presentarán los que participaron en la tercera, “porque ya no hay credibilidad o sea, hay una pérdida de tiempo, hay un gasto que hace la gente que se postula y al final queda en nada y sin ninguna explicación. No hay una explicación lógica de lo que ha pasado en las anteriores convocatorias”.
A pesar de ello, señaló que la Amabol hará un seguimiento del proceso y revisará el reglamento que rige la convocatoria. “Normalmente es en el reglamento donde se han encontrado algunos defectos que vulneran derechos de algunas personas que van a postular y que al final resultan inhabilitados”, agregó.
En tanto, el presidente del CM, Wilber Choque dijo que urge mayor presupuesto para resolver la mora procesal de al menos 700.000 causas en los nueves distritos judiciales de Bolivia.
Recordó que el Órgano Judicial tiene presencia en más de 200 municipios del país, por tal razón el requerimiento.
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Suspenden a 13 vocales acusados de retardación
En el primer semestre de esta gestión, 13 vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca y otros 150 funcionarios fueron suspendidos del cargo acusados de retardación de justicia.
"Muchos (de los suspendidos) son por retardación que han incurrido los jueces. En las provincias no podemos tener demoras porque no hay carga procesal, pero tenemos algunos que sí han incurrido en esta falta, por eso se les suspendió”, informó la presidenta del Tribunal Disciplinario, Cristina Mamani.
Mamani agregó que otros 150 servidores judiciales de apoyo jurisdiccional, entre secretarios, auxiliares, notificadores y equipo interdisciplinario de los juzgados fueron alejados de sus cargos sin goce de haberes por las mismas irregularidades.
La presidenta del Tribunal Disciplinario también reconoció que la sanción provocará demoras en los procesos judiciales porque "ese juzgado queda sin juez”, pero "tampoco podemos dejar de sancionar”. Para solucionar este problema afirmó que el Tribunal Departamental "tiene la obligación de proveer un juez suplente”.
Según Mamani, los jueces argumentaron que les resulta difícil cumplir con los plazos procesales porque tienen entre 1.500 y 2.000 causas que ingresan.
"Los jueces dicen ‘yo no puedo, imposible de desarrollar mi trabajo (o) que pueda cumplir los plazos porque tengo 1.500 y 2.000 causas. Haciendo un análisis no están en movimiento los 2.000 procesos que se encuentran en sus despachos. Pongamos (por ejemplo que) está en movimiento 50 memoriales que entra al día”, explicó.
Página Siete publicó ayer erróneamente el nombre del exfiscal aprehendido por el caso consorcio, al llamarlo Fernando Velásquez, cuando debía decir Roger Velásquez. Pedimos disculpas a Fernando Velásquez, que es el director jurídico de la Alcaldía de La Paz.
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10% de jueces del país enfrenta procesos penales o disciplinarios
El Consejo de la Magistratura (CM) estimó que el 10% de los 1008 jueces y vocales que hay en el país tienen procesos penales o disciplinarios. Este es un indicador, según el presidente de esa institución, Wilber Choque, de que la mayoría de los magistrados trabajan de forma honesta y transparente.
"En el país sin lugar a dudas hay cuestionamientos a los jueces, pero no son todos. Yo hice un análisis a nivel nacional y los jueces observados son el 10% del total. Hablamos de 100 funcionarios que tienen denuncias penales, disciplinarias”, informó.
La autoridad lanzó este dato durante un seminario denominado "Desafíos para la Independencia Judicial en las Reformas al Sistema de Justicia” realizado por distintas organizaciones. En éste se habló sobre la independencia, transparencia, participación ciudadana y reformas.
Choque considera que ese 10% de autoridades cuestionadas genera desconfianza en la población; pero más allá de buscar soluciones técnicas contra la corrupción, como es la instalación de cámaras de vigilancia que alguna vez se propuso, se debe apostar por reforzar la ética de los servidores públicos y generar un cambio de mentalidad.
Anteriormente, la autoridad indicó que desde enero de 2015 hasta abril de 2016, 42 funcionarios fueron destituidos por la comisión de faltas graves y gravísimas en sus funciones: 28 jueces, dos vocales y 12 auxiliares.
La independencia es esencial para alcanzar una transformación y eliminar prácticas que dañan a la administración. Alcanzarla es un tema pendiente no sólo en Bolivia, explicó la directora ejecutiva de la Fundación Construir, Susana Saavedra.
"En Bolivia, al igual que en varios países, aún es un desafío consagrar una justicia independiente e imparcial. Aún no existen garantías contra las presiones externas e internas”, dijo.
Según una encuesta del Ministerio de Transparencia, realizada en el Sistema de Justicia de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca a 145 jueces y vocales, en agosto de 2015 se descubrió que el 76% opinó que hay injerencia externa en los procesos que se llevan, sostuvo el experto en Prevención del Delito y Justicia Penal de la UNODC, Damien Wolff.
Convocan a nuevos vocales
El Consejo de la Magistratura lanzó ayer la convocatoria para nuevos cargos de vocales y acefalías en los nueve tribunales departamentales de justicia. Se trata de 20 puestos creados y cinco más que están acéfalos.
"Se emitió la convocatoria para cargos acéfalos y de nueva creación para vocales con miras a la institucionalización. Los postulantes para los 25 puestos tienen hasta el 5 de septiembre para presentar sus documentos”, informó la consejera Wilma Mamani. Los requisitos están en la página web de la Magistratura.
Explicó que la Sentencia Constitucional 0499/2016, emitida por el TCP el 13 de mayo de este año, determinó que todos los cargos en el Órgano Judicial son transitorios. Por ello los cargos de jueces y vocales están sujetos a las convocatorias del CM.
La Asociación de Magistrados de Bolivia se opuso a través de una acción de amparo a las convocatorias que sacó el CM para renovar jueces, pero se les negó la tutela con la mencionada sentencia.
Labels: Consejo de la Magistratura, Corrupcion
Independencia judicial aún es un desafío en Bolivia
Lograr la independencia judicial en Bolivia, al igual que en otros países de la región, “aún es un desafío”, según la directora ejecutiva de la Fundación Construir, Susana Saavedra, quien destacó el tema en el marco del seminario regional: “Desafíos para la independencia judicial en las reformas al sistema de Justicia”.
De acuerdo a la explicación de Saavedra, la legislación boliviana es bastante avanzada y le otorga a la “independencia judicial una triple connotación”, pues está reconocida como un principio fundamental, como una garantía y un derecho ciudadano.
“Sin embargo, en Bolivia al igual que en varios países de la región aún es un desafío consagrar una justicia independiente e imparcial, porque no existen todavía las garantías contra presiones externa internas, existen reformas que son contradictorias a lo que dicen las normas y estándares internacionales”, detalló.
Saavedra y la Fundación estuvo a cargo de la realización del evento que contó con el aporte de expertos internacionales, cuyas conclusiones serán plasmadas en un documento y tienen relación con la actual coyuntura que vive el país.
Respecto de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, Saavedra aseveró que estas le han dado bastantes tareas que cumplir al Estado, los administradores de justicia, pero también al ciudadano, y estos temas fueron parte del debate que se dio en este seminario, que contó con la presencia de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y Naciones Unidas, entre otros.
Jueces podrán permanecer en el cargo cuatro años
Desde esta gestión, los jueces solo podrán permanecer en el cargo cuatro años, luego, los que deseen continuar deberán volver a postular y ser sometidos a evaluación, según lo establece la Ley 025, informó Wilma Mamani, representante del Consejo de la Magistratura (CM).
Con la emisión de la resolución de la Sentencia Constitucional (SC) Nº 499, que resolvió a favor del CM, y dejó sin efecto un amparo constitucional que obstaculizó la elección de nuevos magistrados, el lunes se lanzó la convocatoria para completar 25 cargos.
PARA 25 VOCALES
“El Consejo de la Magistratura ha emitido la convocatoria para los cargos acéfalos y de nueva creación, para designar (25) vocales, con miras a la institucionalización, porque la sentencia 499 ha indicado que todos los funcionarios judiciales, como vocales y jueces, son transitorios. Por tanto, si desean ser parte del Órgano Judicial tendrán que someterse a todos los procesos de convocatoria”, afirmó a EL DIARIO Mamani, quien es miembro de la Sala de Control y Fiscalización del CM.
La autoridad explicó que este fallo otorga “certidumbre” y legalidad a la gestión del CM, no solo para emitir nuevas convocatorias y realizar los nombramientos de autoridades judiciales, sino también para continuar con la implementación de un reglamento de la carrera judicial, “porque es la única forma de garantizar la independencia judicial y la autonomía presupuestaria”, afirmó Mamani.
La convocatoria lanzada el lunes contempla la elección de cinco nuevos vocales para la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba, cuatro para La Paz y dos para Potosí, Chuquisaca y Oruro.
El resto de los candidatos elegidos serán designados para completar los cargos donde se dieron renuncias, como en el caso de La Paz, donde además de renuncias, se procedió a la destitución de vocales comprometidos en casos de corrupción.
CONVOCATORIA “DISTRITALIZADA”
Mamani destacó que la nueva convocatoria se hizo de manera “distritalizada”, para que cada corte departamental de justicia se hizo cargo de la evaluación y no, como antes, que todo el proceso de elección se centralizaba en Sucre. Los postulantes tienen tiempo de acreditar sus documentos hasta el 5 de septiembre.
En 2015, la Asociación de Magistrados de Bolivia interpuso un amparo constitucional para frenar la elección de nuevos jueces, pidiendo que antes de realizar una convocatoria el CM debía evaluar, ratificar o destituir a los jueces que estaban en ejercicio. Empero, con la SC 499 se dejó de lado este medida y se prosigue completando los cargos en las diferentes cortes de justicia, para luego reemplazarlos o ratificarlos cada cuatro años.
Magistratura pide que Fiscalía agilice extradición de exvocal Ariel Rocha capturado en Bogotá
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, pidió el miércoles a la Fiscalía que "agilice la extradición" del exvocal Ariel Rocha, quien fue capturado en Bogotá, Colombia, acusado de extorsión.
Choque manifestó que se tiene conocimiento de que el Ministerio Público tomó las previsiones para extraditar al exvocal, quien fue destituido del cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por falta disciplinaria grave ya que se ausentó de su fuente laboral por más de una semana.
Recordó que en 2012 Rocha huyó a Colombia y se activaron los mecanismos a través de la Interpol para su búsqueda, para que sea repatriado a Bolivia porque tiene que rendir cuentas ante la justicia.
Dijo que el exvocal fue denunciado por el estadounidense Jacob Ostreicher, quien fue víctima de una red de extorsión y la pérdida económica de 30 millones de dólares.
Según los antecedentes del caso, después de la denuncia se desarticuló la red y se investigó al menos a 39 personas, de las cuales 13 fueron detenidas.
Sin embargo, recuperaron su libertad bajo procedimiento abreviado Gustavo Céspedes, Miguel Gutiérrez, Cori Balcázar, Denis Rodas, Moisés Aguilera, Isabelino Gómez, Roberto Achá, Ramiro Ordóñez y Edwin Mollinedo. (17/08/2016)
Jueza suspende 11 veces una audiencia
La jueza a cargo del Tribunal Segundo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Iris Justiniano, postergó en once ocasiones la instalación de la audiencia de medidas cautelares en el caso de una denuncia por violación y abuso deshonesto a una menor de edad.
Hace seis meses, Diana, una adolescente de 16 años, denunció a su expadrastro, Carlos O.O., por abuso deshonesto, y en el proceso de investigación del caso se conoció que el mismo sujeto la habría violado cuando tenía cuatro años.
La adolescente ha asistido a todas las audiencias fijadas por las autoridades judiciales, pero, una y otra vez, las mismas han sido suspendidas aun cuando la norma establece que ante una denuncia de violación y abuso deshonesto, el implicado debe ser cautelado en un plazo de 24 horas. "Esto es inaudito", aseguró el abogado Germán Richter de la Fundación Ni una Más
Órgano Judicial paceño se queda sin dinero para papel e insumos
El Órgano Judicial del distrito de La Paz se quedó sin dinero para comprar papel, material de escritorio, renovar equipos de computación y mobiliario, entre otras cosas. Hasta junio se ejecutó prácticamente todo el presupuesto que se había asignado a estos fines para todo el año.
"En lo que es material de escritorio, papel, bolígrafos, a la fecha no tenemos ya dinero. Para compra de equipos, computadoras, ya no tenemos. Lo que hicimos es quitar recursos de las partidas restantes y calculamos que un trimestre más podremos alcanzar con eso, pero luego ya no. Los últimos tres meses estamos a la deriva”, informó ayer la jefa de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) en La Paz, Chela Salas.
En comparación al año 2015, el presupuesto para este año se redujo de 121,4 millones de bolivianos a 120,3 millones. Pero en ciertos grupos como los ya mencionados la diferencia fue significativa, es así que en los primeros seis meses ya se ejecutó más del 90% del dinero destinado a éstos (ver infografía).
En cuanto a las partidas de materiales, suministros y activos reales la DAF en La Paz consideró "insuficiente” el presupuesto asignado. Lo que ocurre es que hubo un decrecimiento en la entrega de recursos, pero un incremento en las funciones del Órgano Judicial, como es la implementación de los conciliadores desde febrero de esta gestión.
Salas ya pidió un "refuerzo” a la DAF nacional, en Sucre, pero hasta ahora no hubo una respuesta. Ella calcula que se necesita al menos un 25% más de recursos económicos para terminar el año. "Recibimos comunicados que nos dicen que tenemos que tener austeridad”, indicó.
En términos generales el panorama es diferente. De los 120,3 millones de bolivianos hasta junio se ejecutó 44,9 millones, el 37%. En cuanto a sueldos y cargas laborales se ejecutó el 36% de lo asignado; en pago de servicios básicos, mantenimiento de inmuebles, viáticos y pasajes se ejecutó también sólo un 36%. Es decir que aún hay dinero para esas partidas.
Los recursos propios que genera el Órgano Judicial en La Paz también subieron en 11%, de 35,6 millones el primer semestre de 2015 a 39,4 millones hasta junio de este año.
No obstante, ante las dificultades económicas en ciertos aspectos, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, consideró que el Órgano Judicial a nivel nacional debe recibir el 3% del Presupuesto General del Estado y no el 0,59%, como ocurre en la actualidad.
Presidenta del TDJ pide el doble de jueces para aliviar la carga procesal
La sobrecarga procesal y la retardación de justicia no desaparecerán si es que no se duplica la cantidad de jueces en La Paz, se incrementa el presupuesto, se mejora la infraesctructura, el mobiliario y la tecnología, según la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Carmen del Río Quisbert.
"Para encarar con efectividad esta pesada carga procesal requerimos al menos duplicar la cantidad de jueces del distrito, de 230 a 460. Esto implica mayor presupuesto, más y mejor infraestructura, tecnología, mobiliario y personal de apoyo. No hay otro camino”, afirmó la autoridad.
Y es que en La Paz está casi el 40% de todos los litigios que hay en el país, más que seis departamentos juntos (Oruro, Potosí, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija).
Hasta junio de este año se tramitaron 130.146 causas. De éstas, 62.044 quedaban del año pasado y mientras los jueces se encargaban de éstas ingresaron 68.102 nuevas tan sólo en seis meses.
En total se resolvieron 68.215 procesos (52%) y quedaron 61.931 pendientes.
Del Río señaló que en la sociedad paceña prevalece una cultura del conflicto antes que una cultura de paz y que hay una ascendente judicialización de gran parte de las controversias individuales, familiares e institucionales. "Una de las razones para que hayamos llegado a esta situación es la desproporcionalidad entre el número ínfimo de jueces y el número exorbitante de demandas judiciales”.
Para describir la situación por la que atraviesan los funcionarios judiciales la autoridad dijo que cada juez tiene 1.200 causas en sus manos para resolver. "Con la reducida cantidad de jueces que tenemos ni siquiera trabajando las 24 horas del día y siete días a la semana podremos saldar esta carga procesal heredada”.
6 funcionarios judiciales fueron destituidos en seis meses
El Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz destituyó a tres jueces y otros tres funcionarios de apoyo hasta junio de este año por la comisión de faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones. Además hubo 39 suspensiones temporales.
La encargada distrital del CM, Lilian Sandi, informó ayer que en el primer semestre los tres jueces disciplinarios que hay en el departamento atendieron 489 causas de las cuales se resolvieron 183.
De esas causas resueltas 46 fueron sentencias probadas, 64 sentencias improbadas, 51 fueron rechazadas y 22 desestimadas.
En cuanto a las sentencias probadas se aplicó cuatro amonestaciones escritas. De las 39 suspensiones temporales 15 fueron para jueces y 24 para personal de apoyo. Y, como ya se dijo, se determinó seis destituciones.
Con el propósito de luchar contra la corrupción y generar transparencia en el Órgano Judicial además de los procesos disciplinarios se hicieron inspecciones a 88 juzgados, 26 oficinas de conciliadores, 20 salas y a oficinas de Derechos Reales en La Paz, El Alto y provincias.
De esas inspecciones se evidenciaron faltas que después se derivaron a los jueces disciplinarios para su tratamiento.
Asimismo, Sandi explicó que se cuenta con 120,3 millones de bolivianos como presupuesto vigente para esta gestión. En los seis primeros meses se ejecutó el 37% de esto. "Se puede determinar que la ejecución presupuestaria fue baja. Una de las razones fundamentales es que los procesos de contratación están en proceso de adjudicación y/o se declararon desiertos”.
A Derechos Reales ingresaron 43 millones de bolivianos desde enero hasta junio.
Fiscalía no da respuesta sobre título falso del Vicepresidente
Pasaron 100 días de la denuncia que puso la alianza Unidad Demócrata (UD) ante la Fiscalía General del Estado sobre el presunto título falso del vicepresidente Álvaro García, sin embargo, hasta la fecha no se tiene ninguna respuesta a la demanda, cuestionó ayer el senador opositor, Yerko Níñez.
El legislador afirmó que le impresiona la lentitud con la que actúa la Fiscalía en Sucre, porque ni siquiera hay el número de caso abierto, como tampoco informes a la Asamblea Legislativa para establecer o no un juicio de responsabilidades en contra de la segunda autoridad de Estado, mediante una licencia.
“En caso de que el título en matemáticas falso perteneciera un opositor, con seguridad se activaban las investigaciones, buscando que sea encarcelado”, afirmó Núñez.
Recordó que presentó pruebas de falsedad a la Fiscalía General, que tiene que ver con la cédula de identidad, la libreta de servicio militar, datos del portal web de la Vicepresidencia y la partida matrimonial. En todos estos, el Vicepresidente figura como “Licenciado en Matemáticas”.
El senador aseguró que presentó cuatro memoriales a la Fiscalía y ninguno tiene respuesta hasta el momento, por lo que considera que no hay celeridad en las investigaciones del presunto título falso del vicepresidente García.
Magistratura lanza convocatoria para contratar vocales de tribunales departamentales de Justicia
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, anunció el lunes el lanzamiento de la convocatoria nacional, mañana martes, para contratar vocales de los tribunales departamentales de Justicia.
"El Consejo de la Magistratura aprobó el reglamento de convocatoria para vocales y mañana será emitida a nivel nacional, porque todavía se deberá cumplir algunos aspectos administrativos", dijo a los periodistas.
La autoridad precisó que hay 26 cargos para vocales de los nueve tribunales departamentales Justicia del país.
El 3 de agosto de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó un recurso de la Asociación de Magistrados de Bolivia que pretendía paralizar ese proceso.
El presupuesto destinado a la justicia no pasa de 0,3%
El presupuesto destinado al Poder Judicial no alcanza ni al 1% promedio en los últimos tres años, aspecto que es considerado por los expertos en el tema como una de las debilidades en la administración y eficiencia en el servicio judicial del país. El Presupuesto General del Estado (PGE) 2016 ha previsto solo un 0,36%.
"Una de las razones más socorridas para explicar los problemas de la justicia es el bajo presupuesto asignado a la judicatura, aunque poco o nada se dice de la calidad y la eficiencia del gasto judicial", sintetiza, en su análisis en la tribuna "Debate Democrático", Mario Galindo, economista y exgerente general del Consejo de la Judicatura (1997-2000).
Willman Durán, quien fuera magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, al respecto señaló que no deja de ser preocupante los pocos recursos que se destinan a la justicia, por lo que siempre lo ideal es tener un Poder Judicial con asignación presupuestaria bajo parámetros y promedios fijos. "En mis tiempos lo que se intentó y se veía como prioritario era la forma cómo el Poder Judicial podía tener independencia económica y a partir de ella, en todo sentido. En otros países hay un porcentaje establecido de asignación presupuestaria, lo cual no ocurre en el país", precisó.
Algunas cifras. El 2015, según datos del presupuesto vigente al mes de noviembre, se destinó apenas 948 millones de bolivianos, lo que representó solo el 0,29%. En cambio, para esta gestión se ha incrementado un 3%, con un monto de Bs 825.336.000, lo que representa solo un 0,36%.
Según el análisis de Galindo, con la primera Reforma Judicial de 1997, alrededor del 50% del presupuesto judicial se pudo financiar con los recursos de Derechos Reales, que dependía del Poder Judicial. Los timbres y otros valores judiciales no representaban más que entre el 1 y el 3% del ingreso judicial, debiendo el TGN financiar el resto del presupuesto.
Globalmente, la tasa de crecimiento del presupuesto judicial nunca excedió el 10%, entre 1997 y 2010. Después de las elecciones judiciales, del 16 de octubre de 2011, que dan inicio a la llamada “revolución de la justicia”, se han dado incrementos en el presupuesto judicial.
El análisis de "Debate Democrático", refiere que en la estructura de gastos, el crecimiento de las remuneraciones viene a ser el más relevante, representando entre el 80 y el 87% del total del gasto corriente. El número de juzgados, más los otros órganos del Órgano Judicial, conllevan una carga laboral de más de 3.000 funcionarios. Si se consideran los eventuales, ese número puede llegar hasta los 5.000 funcionarios (con consultores de línea, asesores, etc.). "Se trata, sin duda, de una cantidad considerablemente alta de funcionarios judiciales, que así y todo no parecen darse abasto para atender el ritmo en que crece la carga judicial en el país", sostiene Galindo.
En el análisis. William Herrera, abogado constitucionalista, señala que el bajo presupuesto es solo uno de los varios problemas que acarrea la justicia boliviana. Si bien, incide directamente en la carretera judicial, sueldos, tecnología, pero los grandes males a plantearse siguen siendo el problema de la corrupción, la retardación de justicia, el colapso de una justicia independiente. "Hay problemas profundos que hacen hoy Poder Judicial manipulado desde el Gobierno", finalizó.
Exgerente del Consejo de la Judicatura
"Es indudable que falta capacidad de planificación'
“Son muchos los indicios de que el manejo del presupuesto judicial es sumamente deficiente, lo cual, desde luego, tiene defectos contraproducentes en la funcionalidad y la capacidad operativa de los servicios judiciales, al punto que la administración de justicia se muestra colapsada.
Es indudable que falta capacidad de planificación estratégica, con objetivos claros y prioridades que correspondan a las necesidades de un mejor sistema judicial y buscando desconcentrar y racionalizar los servicios judiciales, que se los acerque a la gente. Se requiere, también, extender la instalación de sistemas informáticos modernos, para agilizar los procesos judiciales y administrativos. Combatir la corrupción con sistemas de seguimiento de los procesos y procedimientos judiciales, mecanismos para transparentar la gestión judicial y facilitar el acceso a la información judicial, la instalación de cámaras en los juzgados, el control al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Y por cierto, incrementar el presupuesto judicial a un promedio de 2.5 a 3% sobre el total del PGE.
Pero de poco serviría este incremento si es que no se puede hacer uso eficiente y eficaz de los recursos. Ni el Consejo de la Magistratura (burocratizado y politizado) es el órgano administrativo idóneo ni la Dirección de Administración Financiera (creada para restarle poder al Consejo de la Magistratura), tienen la autoridad y la capacidad técnica necesarias para reorientar el gasto judicial, y menos aún para hacer política financiera judicial”.
La Paz ya no tendrá acefalías Magistratura posesiona a nueve jueces y otros 11 postulantes rinden examen
El Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz posesionó a nueve jueces, los que además de lograr las más altas calificaciones aprobaron el examen psicológico que esta instancia instituyó para acceder al cargo y cumplir con una labor idónea.
Lilian Sandy, responsable departamental de CM, también informó que ayer se tomaba examen a la otra cantidad de postulantes de los cuales serían elegidos otros magistrados, para ocupar las 11 acefalias que en este momento tiene el Tribunal Departamental (TDJ) de La Paz.
“La nueva entrega de memorándums y títulos se va a hacer en este momento a un total de nueve jueces que van a cubrir las diferentes acefalias”, indicó la presidenta del TDJ de La Paz, Carmen del Río.
Sandy manifestó que dentro de las previsiones que el CM tomó para que no se repitan los casos de corrupción, se realizó una preselección basada en la meritocracia, “luego se ha hecho un examen de evaluación, y las personas que han alcanzado las mayores notas han sido elegidas y se les ha tomado un examen psicológico para ver el perfil del postulante”.
Del Río indicó que en el futuro se requerirá duplicar las autoridades judiciales de La Paz de 239 a 478, para que los litigantes sean atendidos con mayor celeridad en los procesos.
“A la fecha tenemos 239 jueces en el distrito judicial de La Paz, lo que comprende La Paz capital, El Alto y las 20 provincias, que generan una carga procesal de 300.000 causas judiciales al año”, manifestó.
Los nueve jueces son: Wilmer Centellas, Tribunal de Sentencia Primero; Malena Calaza, Tribunal de Sentencia Tercero de El Alto; Alan Zarate, Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer; Rubén Cruz, Juzgado Público y Comercial; Norman Espinoza, Juzgado Público y Comercial Décimo, María Nelly Chávez, Juzgado Civil y Comercial Primero de Viacha; Roxana Aruquipa, Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Chulumani; José Luis Quiroga, Tribunal de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero; y Paola Rodríguez, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia.
Juez Pinto envía a San Pedro a exfiscal en caso Consorcio
El juez primero anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, dispuso la detención preventiva del exfiscal Roger Velásquez, en el penal de San Pedro, sindicado de haber favorecido en un proceso a la Cooperativa de Teléfonos (Cotel) de La Paz e implicado en el caso identificado como “Consorcio Ganam – Mendoza”.
“El Ministerio Público ha formulado los riesgos procesales, indicando que en el caso del imputado existe el riesgo de fuga y obstaculización. No ha tomado como parámetro el aspecto de familia, trabajo, domicilio, puesto que en su criterio, los ha asimilado como existentes”, informó ayer a EL DIARIO el juez Pinto, al concluir la audiencia cautelar.
Velásquez es sindicado por la presunta comisión de los delitos de consorcio de jueces, fiscales y abogados e incumplimiento de deberes, al favorecer con resoluciones de rechazo a Cotel, que era representada por el abogado y coimputado Milton Mendoza.
El Caso de Consorcio se dio a conocer a raíz de la aprehensión del exvocal de la Sala Penal Segunda Fernando Ganam, el 29 de marzo, en la oficina de Mendoza, quien también era su abogado particular.
Según la Fiscalía, Ganam y Mendoza “tranzaban” resultado favorable en un amparo constitucional interpuesto también contra Cotel, por el abogado Jhonny Castelú, quien por sorteo llegó a la Sala presidida por Ganam, pero cuando este se hallaba de vacaciones.
Pese a esto, según la fundamentación del fiscal Ángelo Saravia, Ganam fue aprehendido cuando portaba una copia del amparo que había extraído de su propio despacho, horas antes de ser denunciado por Castelú y aprehendido en esa oficina.
Ante ese hecho, Ganam y Mendoza fueron imputados por los mismos delitos y a la fecha se encuentran aún recluidos en San Pedro, a la espera de una audiencia de apelación a una disposición del juez Pinto, quien ordenó el traslado de Mendoza a Patacamaya; el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fernando Guillen a San Pedro de Oruro y Ganam a Palamasola, en Santa Cruz.
Según Saravia, los cuatro implicados tenían en sus celdas, celulares, tablets y documentación que se pretendía utilizar en contra del mismo fiscal y los investigadores, quienes fueron reemplazados en este caso.
En el marco de la investigación, se allanó la oficina de Mendoza, donde se encontró tres cuadernos de control jurisdiccional; y entre los documentos almacenados en los equipos de computación, se halló el proyecto de una resolución de rechazo que Velásquez firmó y presentó favoreciendo a Cotel, ante la Juez Jhaquelyn Tintaya, también imputada en el caso, “lo que evidencia una relación directa entre imputados”, afirma el fiscal.
Respecto al presunto incumplimiento de deberes, el Ministerio Público sostuvo que Velásquez no apeló el incidente de actividad procesal defectuosa, presentado por Mendoza y declarado procedente por Tintaya.
La investigación del caso del consorcio de jueces, fiscales y abogados derivó en la detención de Ganam, Mendoza, del exfiscal Carlos Hugo Rivero y de Guillén.
Además, de la reclusión de la exjuez segundo cautelar Lía Cardozo en la cárcel de San Sebastián, de Cochabamba; y del abogado Vladimir Flores, en el penal de Patacamaya.
Presentan plan para normar el seguimiento a la Cumbre de Justicia
En los próximos días, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciará con la consideración de la “creación de la Comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia”, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al indicar que el miércoles su despacho entregó a esa instancia y el Ministerio de la Presidencia el proyecto de ley respectivo.
“Estamos avanzando con la implementación que será a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que realizar una ley donde podamos trabajar coordinadamente con el Órgano Judicial, Ejecutivo. Legislativo, Ministerio Público, colegio de abogados, universidades”, dijo. De esta manera explicó que se da el primer paso con miras a la reestructuración integral de la justicia, que de un tiempo a esta parte se pretendió atacar el sistema sólo con algunas normas y que no es así porque para conseguir un cambio total se requiere tocar a los actores.
“Una vez aprobada (la ley), nosotros ya corremos con todas las implementaciones de las conclusiones, como ser los 120 días que tenemos para hacer una evaluación a los fiscales, a los jueces, en toda Bolivia, eso va a ser un tema tan importante”, manifestó.
A su vez, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que el Legislativo prevé iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Justicia la semana que viene.
“Es un proyecto que contempla la creación de esta comisión que será la encargada de hacer el seguimiento de las conclusiones y las recomendaciones que han surgido de la Cumbre de Justicia”, manifestó.
Acotó que en el documento se establece las instituciones que integrarán la comisión.
“Son los sectores que tiene que ver con el ámbito de la justicia, de parte del Ejecutivo están el Ministerio de Justicia y el de Economía y Finanzas, son ellos quienes manejan los recursos del Estado”, finalizó.
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Violencia sexual infantil, crimen que se estanca en la justicia
Dos organizaciones (Sepamos y Fundación Arco Iris) que luchan contra la violencia sexual hacia niños y adolescentes atendieron entre 2015 y lo que va de este año, 159 casos de este tipo. Pero de éstos, un 90% no llegó a un proceso judicial y así las agresiones quedaron en la impunidad.
"Dos instituciones atendimos 159 casos de violencia sexual entre 2015 y 2016. Lamentablemente por lo menos un 90% no tiene un proceso legal. Hay denuncia ante la Defensoría, porque tenemos esa obligación, pero muchas veces ahí se queda y esto es por la retardación de justicia”, explicó la representante de Sepamos, Rosario Mamani.
Ayer, producto de la Ley 3773 promulgada en 2007, se recordó el "Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes”. Por esto, una red departamental de instituciones que trabajan la temática organizaron un concurso de dibujos para que los menores de edad expresen su visión sobre este crimen.
Mamani, que pertenece a la Red, dijo que su organización recibió entre 2009 y 2016 unos 400 casos. Sólo dos tienen sentencia que aún están en apelación.
Patricia Claros pertenece a la Fundación Arco Iris, es coordinadora de un hogar que recibe a madres adolescentes víctimas de violencia sexual. Ella informó que en 10 años de atención ayudaron a 200 adolescentes; de todos estos casos sólo hubo también dos sentencias.
"Muchos de nuestros casos han quedado en la nada porque no se mueve el tema legal. Es como jugar sabiendo que vas a perder. Vas a denunciar y te proponen la conciliación, se pierden documentos..., realmente es muy duro”, sostuvo Claros.
Pero la directora de la Defensoría Municipal de La Paz, Consuelo Tórrez, difiere en cierto sentido. Ella afirmó que todos los casos que llegan a su despacho y que pasan a un proceso penal "tienen que llegar” a una sentencia. Aunque reconoce que hay una demora "abismal” para que esto ocurra, lo que ocasiona el desgaste y la revictimización de los afectados.
La violencia sexual deja su huella, y no sólo en la víctima. Claros dijo que los traumas se manifiestan de distinta manera y en el caso de las mujeres, éstas pueden proyectar en el ser nacido de ese abuso el recuerdo de un tormento o -dependiendo- la liberación, ya que muchas adolescentes salieron del nicho de la agresión por su hijo.
Continuar con el proceso penal -en opinión de las entrevistadas- evita que las heridas cierren, más aún con lo extensos que son los litigios.
Tórrez dijo que esto se debe a que algunos operadores de justicia carecen del cuidado al momento de abordar a las víctimas. Sin embargo, lo importante para ella no es tanto el resultado del proceso, sino la recuperación de la persona afectada.
"Es un proceso de revictimización bien fuerte; pero consideramos que es importante que sigan los juicios porque ahí se visibiliza más la problemática, el agresor cae y paga su pena por el hecho que ha cometido”, añadió Mamani.
Ella sostuvo que la violencia sexual a menores de edad es un crimen casi invisible para la sociedad. El agresor se escuda en el silencio y la influencia que ejerce sobre su víctima. Y lo peor es que a veces esta acción se toma como algo normal en ciertos ámbitos.
La información y la concientización sobre este problema son los objetivos del concurso de dibujos organizado por la Red. Más de 200 de éstos serán exhibidos en la feria dominical de El Prado este fin de semana.
Más abusos en el círculo más próximo a la víctima
La violencia sexual ocurre principalmente en el círculo más próximo a las víctimas. Padres, hermanos, primos, amigos o profesores suelen ser los principales agresores, según los datos de las organizaciones que atienden estos casos.
De los 159 casos que Sepamos y la Fundación Arco Iris recibieron entre 2015 y 2016, el 73% tenían como agresores a familiares o allegados a los menores de edad.
Además, cuando los abusos se dan en este ámbito por lo general se repiten. La violación no es sólo una vez, sino varias veces, hasta que en el caso de las mujeres éstas alcanzan la adolescencia y pueden quedar embarazadas.
"Pensar que el primer sistema de protección (la familia) no funciona es alarmante, porque algo está fallando. Hay una desvalorización de los roles, de los valores. Nuestros casos más complejos fueron las violaciones realizadas por los padres”, completó la directora de la Defensoría de La Paz, Consuelo Torrez.
Aunque según los datos de su despacho de los aproximadamente 150 casos de abusos sexuales contra menores, los que se dieron en el círculo cercano a la víctima no pasan del 30%.
Según Sepamos y la Fundación Arco Iris el 21% de las víctimas son varones y el 79% mujeres. Las edades más críticas son a partir de los 13 hasta los 18 años.
Las entrevistadas coinciden en que la información, la verdadera comunicación y confianza entre padres e hijos es fundamental para evitar que ocurran estas desgracias. Que los hijos sean capaces de contar todo lo que les ocurre a sus padres, y que éstos también sean capaces de hablar sobre educación sexual con ellos.
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Juez dice que no hay dinero para trasladar a Achacollo a Palmasola
El juez Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Guillermo Morales, informó el miércoles que no hay dinero para cumplir con el traslado de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, a la cárcel de Palmasola para que cumpla su detención preventiva.
"Evidentemente mi autoridad en audiencia cautelar dispuso la detención preventiva de la ciudadana Achacollo a cumplir en el centro penitenciario de Palmasola, en el marco del proceso del ex Fondo Indígena, pero es imposible de cumplir por falta de seguridad y recursos", apuntó el juez.
Anunció que junto con el presidente del Tribunal de Justicia en las próximas horas se encontrará una salida, y no descartó que se modifique la resolución del 5 de agosto que dispone la detención preventiva de Achacollo en Palmasola, sector mujeres.
Velasco verificó el trato a adultos mayores en entidades financieras
En el marco del mes del adulto mayor, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, inspeccionó ayer dos entidades financieras para constatar si se cumple o no el trato preferencial establecido en el artículo 7 de la Ley 369; el resultado fue positivo.
Sorpresivamente, entre las 10.00 y 10.30, la titular de la cartera de Justicia se presentó en instalaciones del Banco Mercantil, en la avenida Camacho de la ciudad de La Paz, junto a representantes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), donde verificó la existencia de una infraestructura adecuada para las personas mayores de edad.
Asimismo, se indagó si la asistente que entrega fichas para la atención a los clientes sabía o no algún idioma originario; y por casi dos minutos la funcionaria le explicó en aymara a la Ministra el procedimiento que debía seguir, aunque la cajera a la que se apersonó no sabía ningún idioma originario.
Luego se dirigió hasta instalaciones del Banco Unión, donde realizó la misma rutina, con la salvedad de que tanto la asistente de atención al cliente y el cajero sabían hablar perfectamente el idioma aymara.
La Ministra verificó el uso eficiente de los tiempos de atención, capacidad de respuesta institucional, capacitación y sensibilización del personal; atención personalizada y especializada, trato con calidad y calidez, erradicación de toda forma de maltrato, uso del idioma materno y la habilitación de ventanillas especiales.
Alistan renovación de vocales y jueces
El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilber Choque, indicó ayer que este jueves podría aprobarse la convocatoria para cubrir las acefalías de vocalías en los tribunales departamentales de justicia que llegan a 22 en todo el país. Al mismo tiempo, anunció su renovación total al igual que en los juzgados.
Hizo este anuncio después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró “transitorios” los cargos de vocales, jueces y funcionarios judiciales y despejó el camino para que el Consejo de la Magistratura proceda a la reestructuración mediante nuevas convocatorias.
El TCP denegó una Acción de Cumplimiento planteada, en julio de 2015, por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) que paralizó el proceso de reestructuración que el CM llevaba adelante en el Órgano Judicial.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, calificó de “desatinada” la decisión del TCP porque coloca “en un estado de incertidumbre al juez. Normalmente perjudica en la idea de que cualquier juez para no ser destituido de su cargo lo que hace es obedecer o ser sumiso a determinadas órdenes de los órganos de poder”, dijo.
Estos cargos “normalmente, en el mundo entero, son cargos que se convierten en vitalicios precisamente porque hay que darle la garantía necesaria para generar independencia e imparcialidad en la administración de justicia”, agregó.
Sin embargo, Choque dijo que el CM emitirá “nuevas convocatorias, este jueves probablemente salga una para los cargos acéfalos que hay en todo el país y la próxima vamos a ver de hacer una programación, esperamos hasta fin de año para una posible renovación de todas las vocalías a nivel nacional y también a los juzgados”, señaló Choque.
Dijo que esta reestructuración dependerá también de los trabajos que se realizan en el marco de los resultados de la Cumbre de Justicia y las nuevas leyes que se aprueben en la Asamblea Legislativa. “La transformación no sólo tiene que ser de personas, sino tiene que ir acompañada con las normas (…). Uno de esos temas es la modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial”.
Choque explicó que la Ley 025 establece un periodo de cuatro años para los vocales y —según la información que tiene— la mayoría ya habría cumplido con este tiempo. En cambio, dijo que para los jueces no hay un periodo estimado, pero todo dependerá del diseño de evaluación que se vaya a aprobar y esto permitirá “alejar a los malos jueces que ahora tienen un montón de denuncias, críticas por parte de la ciudadanía y rescatar a los jueces que sí tienen la actitud, el profesionalismo”.
En 2015, la consejera Cristina Mamani observó la anterior convocatoria porque entre los postulantes a vocales se presentaron la esposa del decano, Roger Triveño y el hermano de Freddy Sanabria.
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Sin Ley de Implementación Evo Morales compromete aplicar conclusiones de Cumbre de Justicia
Las conclusiones y recomendaciones emanadas de la Cumbre de Justicia, realizada hace dos meses, “serán implementadas este año”, es el compromiso que ofreció del presidente Evo Morales en el mes aniversario de Bolivia. Sin embargo, según la información del Ministerio de Justicia, no se tiene una fecha definida para el inicio de la elaboración de la Ley de Implementación.
Sin dar más detalles sobre cuál es el avance que se tiene en la conformación de comisiones para tratar la elaboración de la Ley de Implementación, el presidente aseguró que las recomendaciones emitidas por las organizaciones sociales en la cuestionda Cumbre serán puestas en práctica este año.
FALTA UNA LEY
Según la explicación de la ministra de Justicia, Virginia Velasco, para poner en práctica las recomendaciones y conclusiones de la Cumbre de Justicia la Asamblea Legislativa, debe sancionar una “Ley de Implementación” para normar temas como la evaluación al trabajo de los administradores de justicia, que debe realizarse en 120 días a partir de la existencia de la ley.
La pasada semana, Velasco afirmó que aún no se ha conformado la comisión interinstitucional que debe elaborar esta ley, misma que luego debe ser sancionada por la Asamblea Legislativa.
Velasco aseguró, entonces, que en su discurso de este 6 de Agosto, sería el presidente Morales quien daría a conocer los adelantos de esta conformación, pero el mandatario solo hizo un escueto comentario sobre la aplicación de las recomendaciones que dieron los sectores sociales en temas técnicos, como la aplicación de normas judiciales, el 10 y 11 de junio pasado en las jornadas de la Cumbre realizada en Sucre.
Entre las conclusiones más importantes de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio pasado está la implantación en el país de la cadena perpetua, como máxima sanción a delitos de violación y asesinatos de menores de edad. Con esta justificación se prevé la apertura de la Constitución Política del Estado (CPE), confirmaron los organizadores del evento.
De la misma forma, se ratificó el respeto a la elección de magistrados del Órgano Judicial, mediante el voto popular. Empero, se estableció también que puede procederse a la cesación de autoridades judiciales por incumpliendo del mandato popular y hechos de corrupción.
Al respecto, se estableció que en un plazo de 120 días el Consejo de la Magistratura realizará una evaluación a los jueces y fiscales y quienes no aprueben esta prueba serán alejados de sus cargos.
MODIFICAR CPE
Sobre la instauración de la cadena perpetua, el fiscal general, Ramiro Guerrero; el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Wilbert Choque; y el viceministro de Justicia y derechos fundamentales, Diego Jiménez, reconocieron que para aplicar esta medida se necesita la modificación de la CPE.
“Es una posibilidad a futuro, porque no está prevista la cadena perpetua en la Constitución; como máxima sanción se tiene los 30 años de cárcel, si se quiere ir con cadena perpetua, por lógica la Constitución tendrá que ser analizada y discutida. Para esto hay dos vías, el referéndum y el tratamiento en las Asamblea Constituyente”, afirmó Choque.
El viceministro Jiménez señaló que ante la necesidad de una modificación de la CPE solo se debatirá este punto y el de la implementación de una inspectoría judicial.
El parágrafo II, del artículo 118 de la CPE, determina que en el país “la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”.
Aprehenden al fiscal y pasante por cobro de 1.000 bolivianos
El fiscal Vladimir M. y la pasante María Elena L. C., ambos funcionarios de la recién inaugurada “Fiscalía Corporativa”, fueron aprehendidos ayer en acción directa, luego de comprobarse el cobro ilegal de 1.000 bolivianos, que la funcionaria hizo a una persona que pedía el desecuestro de su vehículo, según informó el director de la Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos Financieros de la Felcc, mayor Eric Peralta.
Cerca de las 11 de la mañana, de ayer, Peralta junto a un equipo de investigadores, se hicieron presentes en el piso 3 de la Fiscalía Departamental de La Paz, para verificar que la pasante María Elena L. C. recibía los 1.000 bolivianos de manos de la víctima y denunciante.
Peralta informó que previo a esta acción directa, la víctima, de la cual se pide reserva de la identidad, entregó un audio en el que se escucha a la pasante afirmar que la extorsión fue hecha siguiendo órdenes del fiscal Vladimir M.
“Nosotros acudimos a la Fiscalía, aprehendemos en flagrancia a la pasante, recibiendo la suma de 1.000 bolivianos, y tomando en cuenta que había una grabación, en la que se menciona también al fiscal, a él también lo arrestamos, para verificar si tenía conocimiento de esta acto de extorsión”, detalló Peralta.
Ambos funcionarios fueron llevados a dependencias de la Felcc para que presten declaración informativa, y en la misma el fiscal Vladimir M. negó conocer del hecho de corrupción.
De acuerdo con los antecedentes, tomando en cuenta que la pasante no es funcionaria, la misma sería imputada por el delito de “extorsión de particulares”.
Hasta el cierre de edición, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, no se pronunció respecto de este hecho de corrupción.
El pasado jueves, el fiscal general, Ramiro Guerrero, inauguró el Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa en La Paz, con la finalidad de mejorar el ejercicio de la acción penal pública en la tramitación y procesamiento de los casos, con calidad, efectividad y oportunidad.
En esa ocasión, Blanco afirmó: “Con la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal, desarrollaremos nuestras actividades en un ambiente de transparencia (por la puesta de vidrio que tiene esta instalación) materializando así el principio institucional de Fiscalía de puertas abiertas”, enfatizó.
El Nuevo Modelo de Gestión Fiscal busca la solución de conflictos, a través de una dirección funcional de la investigación estratégica e inteligente, que permita que el acceso a la justicia penal sea más oportuno, eficiente y efectivo, y que el debido proceso sirva para hacer justicia no para generar impunidad.
FELCC aprehende a fiscal y asistente por extorsión de $us 1.000
(ABI).- El jefe de la División Económica Financiera de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Erick Peralta, informó el jueves que se "aprehendió" al fiscal Vladimir Monje y a su asistente, por la presunta extorsión de 1.000 dólares.
"A raíz de la denuncia de la víctima de extorsión por funcionarios de la División Propiedades de la Fiscalía Departamental acudimos a las oficinas de manera inmediata y sorprendimos en flagrancia a la asistente recibiendo la suma de 1.000 como adelanto y aprehendimos a ambos", dijo el feje policial.
Indicó que por tratarse de un delito público se detuvo al Fiscal como también a su asistente y a otras personas, para establecer la participación directa e indirecta en el presunto delito.
Por su parte, el fiscal Monje dijo que desconoce lo sucedido, pero adelantó que se someterá a la investigación.
Peralta explicó que según la investigación preliminar, el 15 de junio la Policía secuestró "injustamente" un vehículo, situación que fue denunciada por la dueña y el Fiscal, ahora detenido, le pidió 1.000 dólares.
Constitucionalista Ciro Añez: Notificación por correos electrónicos solamente se aplica a nivel nacional
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que en el transcurso de esta semana serán notificados, por segunda vez, a través de correos electrónicos a los periodistas Fernando del Rincón y Alex Ardines, de la cadena de noticias CNN, en el marco de la investigación de la trata de un niño al que entrevistaron como el supuesto hijo del presidente Evo Morales. (Sin embargo, no se difundió en CNN, por las dudas que les suscitó el caso, en consecuencia no se les se puede atribuirseles alguna violación legal, menos de atentar contra la libertad de expresión e información).
De acuerdo con el experto jurídico constitucionalista, Ciro Añez, la notificación por correo electrónico está permitida a nivel nacional, pero en el ámbito internacional la situación es distinta, ya que requiere de otro tipo de trámites, como el exhorto suplicatorio.
Explicó que hay dos formas de notificar a personas en el exterior, una vía es un acuerdo entre países, y la otra similar al proceso que se hizo con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando el juez notificó al exmandatario con el juicio, a pedido de las autoridades judiciales de Bolivia.
El fiscal dijo que en esta semana se citará a los periodistas a través de sus correos electrónicos, que es algo que está previsto en la Ley del Ministerio Público, la acción lo realizan en vista de que ellos no se han hecho presentes en una primera oportunidad.
Hace un par de semanas, los periodistas debían declarar en juzgados de La Paz, respecto al tema del supuesto hijo del presidente; las autoridades judiciales realizaron las investigaciones de trata y tráfico de personas, debido a que se utilizó a un menor de edad.
“Lamentablemente esa predisposición que mostraron en un momento, hoy se ha mostrado en una reticencia de no querer aportar, de no querer cooperar. Lamentamos mucho esa actitud que tienen estos periodistas y esa cadena de televisión”, agregó Guerrero.
Ambos periodistas fueron convocados a declarar en calidad de testigos el 21 y 22 de julio, pero no se presentaron al Ministerio Público. La Fiscalía espera que los citados informen sobre el contacto que sostuvieron con un menor que fue utilizado para suplantar al supuesto hijo del presidente Evo Morales y de su exnovia Gabriela Zapata.
Según la información del cuaderno de investigación, hay imágenes de video y fotografías que muestran a los periodistas de CNN recibiendo en un hotel de La Paz al supuesto hijo del mandatario boliviano junto a otras personas, señala ABI.
Por ese caso, cinco personas fueron aprehendidas por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, obstrucción a la justicia y otros, la principal responsable se encuentra detenida, en el Penal de Miraflores, la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata.
El 28 de febrero, Zapata fue enviada a la cárcel, detenida preventivamente, semanas después, el fiscal Edwin Blanco reveló documentos que probaban que el certificado de nacido vivo de supuesto hijo del Presidente había sido hecho de manera irregular, cuya información provocó alivio en filas del MAS.
Las acusaciones contra la principal responsable serían delitos de falsedad material y asociación delictuosa, en la que también estarían implicados la exdirectora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, el responsable de almacenes Jimmy Morales y uno de los tres abogados de Zapata, el abogado prófugo Walter Zuleta.
Ven una justicia politizada y débil Estado de derecho
A cinco días de los 191 años de la fundación de la patria, dos analistas observan que los puntos débiles son la justicia y los atentados a los derechos humanos.
Sin embargo, los especialistas también resaltan la estabilidad económica y la unidad de los bolivianos a pesar de las diferencias.
Justicia politizada. El politólogo, Carlos Cordero, dijo que a pocos días de las fiestas patrias, uno de los grandes problemas del país es la crisis judicial, que todavía se encuentra subordinada a intereses políticos partidarios.
“Esta situación está causando dolor en los bolivianos, ya que hay muchos exiliados y presos políticos y bolivianos que fallecen por la inseguridad ciudadana que golpea al territorio nacional”, afirmó. Cordero aclaró que a nivel económico hay estabilidad y bienestar colectivo, sin embargo, también esta sensación ciudadana está en los últimos tiempos con algunas señales de crisis, producto de la disminución de los ingresos.
Débil Estado de derecho. Por su parte, el cientista político, Diego Ayo, indicó que casi dos siglos de vida independiente, hay débil Estado de derecho.
Dijo que la nación creció en forma de espiral, es decir, subir bajando. Actualmente, comentó Ayo, el país está en descenso con un Estado de derecho al servicio de una pequeña casta política, polarización y una economía que empieza a desquebrajarse.
Mientras que a nivel integral a pesar de las divergencias sociales, observa a Bolivia como una nación sólida y unida.
En Tarija se registraron 15 denuncias contra juzgados
En el marco de las tareas de control y fiscalización que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura para ver el desempeño de jueces vocales y funcionarios de apoyo judicial, en el último semestre se realizaron 250 inspecciones de juzgados en todo el país, entre los cuales se encontraron en Tarija 15 denuncias en el área jurisdiccional y 10 en la parte administrativa.
En el caso de Derechos Reales, fueron alrededor de 10 denuncias que fueron derivadas al juzgado sumariante para que establezca la sanción que corresponda.
Según la miembro del Consejo de la Magistratura, Wilma Mamani Cruz, la falta más común y grave que cometen los jueces es el incumplimiento de los plazos procesales y la mayoría de las denuncias de la población son por la suspensión de audiencias.
En estos casos, cuando se recibe una queja, el Consejo del Magistratura remite la denuncia ante los jueces disciplinarios para que otorguen la sanción correspondiente, mientras que en los casos de delitos cometidos por autoridades judiciales o administrativas, estos son puestos en consideración del Ministerio Público, que es la instancia que se encarga de la investigación.
Mamani subrayó que la principal tarea de la Sala de Control y Fiscalización es prevenir y evitar posibles hechos de corrupción. De acuerdo a las faltas cometidas, unas denuncias son remitidas al área disciplinaria, otras, como el prevaricato, son enviadas al Ministerio Público porque ya se constituye en un delito.
También apuntó que otra falencia encontrada son las conminatorias, explicó que los jueces no las realizan para que el Ministerio Público establezca la acusación en un determinado caso o aplique el sobreseimiento, por lo que recomendó a estas dos instancias coordinar mejor en este sentido.
“La Sala de Control y Fiscalización no tiene el objetivo de hacer una persecución a los jueces –sostuvo-, esta existe para coadyuvar en la aplicación de la justicia, acompañada con políticas de prevención y capacitación”.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 118