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Timestamp: 2018-02-18 17:52:48+00:00

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diciembre | 2015 | ADOLFO ZAPATA blog
Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El triángulo dorado tiene encajada en el corazón una paradoja hirviente. El Departamento de Estado ubica ahí a los sembradíos de amapola y mariguana más valiosos del planeta (miles de millones de dólares), mientras se despliega la miseria en sus manifestaciones más despiadadas. Desde Badiraguato en Sinaloa; desde Tamazula, Canela y Topia en Durango hasta Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Guazapares y Guachochi en el sur de Chihuahua; esta fractura de mundo es un microcosmos de la desigualdad humana.
MIENTRAS, EN COSALÁ
La huida duró todo el día. “Los perros nos siguieron hasta que dimos vuelta. Ya íbamos en la carretera pá Culiacán cuando se convencieron que nos estábamos yendo. Entendieron que era pá siempre. Y se regresaron. Pero el ganado, el ganado … Ese sí se fue de vago y quién sabe si ahorita estén vivas las vacas que de todos modos andaban diatiro (flacas). Eso es lo que nos mortifica, pues. A esas vacas ya las perdimos. Ni modo, a volver a empezar y a ver qué le sacamos al río”. Don Amancio suelta las palabras mientras jala aire. Ha cumplido cien días fuera de El Verano, la ranchería, su hogar, el sitio donde ha vivido 60 años, en Tamazula, Durango.
“Y de ahí surgió la idea”, dijo Videgaray el pasado 5 de octubre, durante el lanzamiento de los Fibra E. “Surge la idea de crear una categoría especial de inversión que permita canalizar el apetito que existe entre los inversionistas institucionales, el gran público inversionista para participar de la transformación del país, específicamente en el sector de la energía y en el sector de la infraestructura en general”, agregó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Enrique Peña Nieto impulsó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.
“ME DIO UN DISCO CON LA LICITACION”
CUANDO EL DF VIO COLGADOS Y NARCOMANTAS DE LOS CÁRTELES
A los ojos de la opinión pública, el DF dejó de ser “la isla” de seguridad del país que para muchos era un refugio de la violencia que se vive en el resto de los estados de la República. Después de años de negación por parte del Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, los cárteles del narco hicieron sentir su presencia.
El Distrito Federal, en 2015, dejó de ser, al menos en apariencia, la ciudad en la que se refugiaban desde periodistas amenazados de muerte, hasta desplazados de distintos estados en donde vivir con la violencia cotidiana, resultaba difícil. Este año, los cárteles del narcotráfico le hicieron saber al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que no sólo operaban en la ciudad, sino que peleaban por la plaza, mataban, ejecutaban y dejaban mensajes en los cuerpos de los muertos, como ocurre en Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, y cualquiera de esas entidades golpeadas por el crimen organizado.
Fue en octubre cuando el Distrito Federal despertó con un cuerpo colgando de un puente en Iztapalapa y un mensaje claro para Mancera, quien negó la presencia de cárteles del narco desde que era Procurador capitalino.
¿No hay cárteles en el Distrito Federal? Ese mes, tres hechos hicieron evidente lo que Miguel Ángel Mancera negó por años desde que era Procurador capitalino.
Los cadáveres colgados en puentes son una práctica común en estados como Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua, donde el crimen organizado sostiene una guerra con otros cárteles y con el Estado mexicano. Hasta ese día, no había reportes de que estas prácticas se cometieran en la capital.
Al día siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró otro cuerpo sin vida dentro de un tambo y con signos de tortura en las calles de la misma demarcación.
A unas horas de estos hechos, un hombre fue ejecutado en la Unidad Habitacional Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. El grupo criminal “Gente Nueva del Avispa” dejó un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno capitalino, que de manera textual decía:
¡JEFE MANSERA!
“Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an estado amenasando y an matado gente, estan protegidos por el cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban (sic).
“El ordena las ejecuciones con los cabecillas del reclu oriente y otros como el diamante, el Alex y el nieves”.
Un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), dado a conocer en julio pasado, identificó la presencia de ocho cárteles en la capital del país.
“Los Zetas, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Golfo, Juárez, La Familia y Los Caballeros Templarios”, son los grupos que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, tienen presencia en el Distrito Federal.
En respuesta a este informe, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera rechazó la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. En conferencia de prensa en septiembre pasado dijo:
“Aquí nosotros podemos estar seguros de cómo se está trabajando, es decir, de todo el esfuerzo que se está haciendo. Y yo te diría que aquí se han dado capturas de no de cuatro carteles, yo creo que de más. Es decir, las capturas, los seguimientos, que no quiere decir que estén establecidos, eso es siempre lo que discutimos, porque lo que ustedes me preguntan es: ¿Están establecidos? Yo siempre les voy a decir lo mismo, no dicho por mí, pues ustedes revisen las declaraciones que han hecho los capos cuando los capturan, y una de las preguntas recurrentes que les hacen es: ¿Estaban establecidos en la Ciudad de México?, y ellos mismos dicen que operativamente no les resulta compatible”.
Una semana antes de que apareciera el hombre colgando del puente vehicular, comerciantes y empresarios denunciaron la presencia de al menos siete grupos del crimen organizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, quien estuvo acompañado de Jesús González Schmall, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), dijo que estas agrupaciones criminales se dedican a extorsionar, robar y matar.
Tal fue la resistencia de Mancera a reconocer el problema de la inseguridad en el Distrito Federal que en los recientes cambios que hizo a su gabinete dejó intactas a las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Los primeros síntomas de que el Distrito Federal no era una ciudad tan segura, como se creía, ocurrieron cuando desaparecieron 12 jóvenes de en el bar Heaven, en la Zona Rosa, en 2013, una de las más vigiladas de la ciudad, parecía estar “blindado” ante los enfrentamientos, asesinatos y secuestros del crimen organizado en el resto de las entidades.
Antes de los ejecutados y colgados en el puente de Iztapalapa, en julio, un escándalo sacudió a Mancera luego de que el periódico Reforma publicara, a raíz de la ejecución de Marco Antonio Cardona Utrilla, dueño del bar Life, ubicado en la colonia Condesa, que los restauranteros de la zona eran extorsionados.
El rotativo publicó que existía una red de extorsión en donde les cobran entre cinco y 10 mil pesos a los dueños de los establecimientos, a cambio de no hacerles daños a ellos y a sus familiares.
Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ), afirmó que Seguridad Pública y todos los niveles de la impartición de justicia en la ciudad, estaban reprobados.
“Lo que sucede en la Condesa es escandaloso y negar que estas prácticas de la delincuencia organizada, como el cobro de derecho de piso existen, más. Hay una crisis en seguridad pública y se debe aceptar. Hay una cifra negra de ciudadanos que no denuncia, entonces se deben renovar las estructuras y al personal que toma decisiones en seguridad”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Bravo Peralta recordó que Mancera no colocó entre sus estrategias de gobierno desde el inicio de su gestión, el combate a la delincuencia organizada en la ciudad.
“En seguridad están reprobada no sólo la Procuraduría: Mancera está reprobado, por ello nos gustarían ver acciones contundentes, porque si la situación no mejora, lo mejor que puede hacer Mancera es pedir una disculpa y la renuncia”, argumentó.
CONDESA Y LA FACTURA DE LA EXTORSIÓN
Luego de las denuncias de extorsión en la Condesa, el titular de la Procuraduría capitalina, Rodolfo Fernando Ríos Garza, calificó como falsos los rumores de extorsión e intimidación.
A principios de julio, el Procurador realizó rondines en restaurantes y comercios del corredor Roma-Condesa, luego que empresarios del ramo restaurantero informaron que criminales les pedían cuota por el derecho de piso. Días después, Hugo Luna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados apoyó la versión de Ríos Garza, y dijo que, efectivamente, no había denuncias de extorsión.
El funcionario pasó por alto que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), para 2013 en el Distrito Federal se denunció el 10.1 por ciento de los delitos. Eso significa que prácticamente nueve de cada 10 delitos cometidos en la ciudad no se denuncian.
Las extorsiones a dueños de restaurantes y bares en la colonia Condesa, en la Delegación Cuauhtémoc, no son nuevas ni recientes, como tampoco lo son los asaltos, robos a transeúntes, a casas habitación o de vehículos, que han sido denunciados formalmente y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha hecho gran cosa, denunciaron representantes vecinales del polígono Roma-Condesa. De hecho, señalaron los líderes de estas organizaciones, la misma situación de inseguridad ya se extendió en la vecina zona de la Roma, formada por las colonias Roma Norte y Roma Sur.
Insistieron en que no son nuevas ni recientes las demandas a las autoridades de justicia para que atiendan el problema de la inseguridad y la delincuencia en la zona.
Mayela Delgadillo Bárcena, integrante del Comité Ciudadano de la Roma Norte 3, situó el inicio del problema hace unos cuatro años, cuando comenzaron los robos a casa habitación en la colonia Hipódromo, una de las cinco colonias que integran el polígono.
“Es algo que antes no se veía”, aseguró a SinEmbargo. Luego vinieron los asaltos a transeúntes, los robos de vehículos, e incluso las balaceras y los homicidios.
Édgar Avilés, vocero de la Asociación en Defensa de la Roma-Condesa-Hipódromo, afirmó que el asunto de las extorsiones a negocios ya lo conocían las autoridades al menos desde noviembre del año pasado, cuando vecinos de la zona tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
De acuerdo con el informe Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2014, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el Distrito Federal se ubica entre las entidades con mayores tasas de incidencia para los delitos de extorsión, robo con violencia y robo de vehículo.
Asimismo, datos de la PGJDF dan cuenta de que Cuauhtémoc es la delegación con la mayor tasa de delitos de alto impacto en el Distrito Federal, con una tasa de 113.6.
Lo que ocurre en esa parte de la ciudad no es ajeno a lo que pasa en el resto de la capital, que para el mes de mayo registraba 14 mil 250 delitos cometidos, siendo así la entidad con la segunda mayor incidencia delictiva del país, sólo por debajo del Estado de México.
Espriú Guerra apoya esa lógica y añade que si el fenómeno delincuencial se ha hecho más notorio en esa parte de la ciudad es por la incidencia de los actores afectados. En el caso reciente de las denuncias de dueños sobre supuestas extorsiones, ejemplifica, los afectados pertenecían al sector empresarial.
EL FIN DEL SANTUARIO PARA PERIODISTAS
El pasado 31 de julio fueron asesinadas cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, además de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete. Los tres primeros fueron torturados.
Rubén Espinosa Becerril estaba amenazado en Veracruz y no quería que hubiera un periodista número 13 asesinado en la entidad. Por eso abandonó ese estado el 9 de junio y huyó al Distrito Federal: salió huyendo del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien señaló de ser el autor de los acosos y amenazas que estaba recibiendo, lo dijo en su última entrevista realizada por SinEmbargo.
Pero no le sirvió de nada. Fue asesinado en la colonia Narvarte junto a otras cuatro personas.
En un auto exilio de Veracruz, obligado por el acoso y las amenazas de las que fue víctima llegó al DF. El joven colaborador de Proceso, Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC huyó luego de protagonizar varios episodios de acoso.
El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya habían sido ejecutados.
“No sabes lo difícil que es esto. Dejé a mi perro, quisiera regresar por él”, indicó Rubén con los ojos humedecidos. Quería volver a la entidad que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa, pero tenía claro que volver allá, era jugarse la vida. Por eso mejor, se quedó en el DF.
El día que se conoció la noticia de su asesinato, Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, estaba consternado. Había hablando una semana antes con Rubén y el joven fotoperiodista estaba más tranquilo y seguía en contacto con sus colegas de Veracruz. Preocupado por seguir difundiendo lo que sucedía en esa entidad, le dijo.
Artículo 19 le ayudó con el desplazamiento de Veracruz al Distrito Federal.
“Es un dolor profundo, es un momento de frustración y cólera, por la indolencia de las autoridades del Distrito Federal y del gobierno federal. Esta muerte está en los hombros de funcionarios públicos del estado de Veracruz y del gobierno federal”, dijo Darío a SinEmbargo.
Ramírez indicó que Artículo 19 le dio aviso al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación y, además, emitió una alerta por las amenazas que recibió Rubén en Veracruz.
“Dimos a conocer la alerta y la necesidad de que el gobierno reaccionara. Hay un nuevo fondo y me refiero a que la violencia está mucho más cercana al DF. Ya no es ese santuario a donde podían venir y sentirse tranquilos los periodistas. No podemos presumir que el DF es un santuario, sino que la violencia está en las calles. Seguimos hablando de un alto grado de esquizofrenia, de locura, porque las autoridades hablan de una protección inexistente, un mecanismo inútil”, dijo.
Rubén se convirtió en el periodista de Veracruz asesinado número 13 y el 16 del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Un mes antes de morir, Espinosa Becerril aseguró que no confiaba en los mecanismos de protección del gobierno y que prefería acercarse a los organizaciones de defensa de periodistas: “He hablado con Artículo19, con CPJ, con los medios con los que colaboro, con Proceso y Cuarto Obscuro, con AVC, ellos están conscientes. Estoy buscando a Periodistas de a Pie, porqué en Veracruz no hay esa garantía. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no sirve de nada. El día de la golpiza del 14 de septiembre a un compañero le dieron con toletes eléctricos en el corazón y la misma Comisión le dijo: ‘Mejor recibe dinero, no hagas escándalo, ya te pasó, ya te robaron’”.
En octubre, al cumplirse tres meses del multihomicidio, la Artículo 19 denunció que no había ningún móvil del asesinato y que por el contrario la Procuraduría del DF pretendía, a través de la filtración ilegal de datos, construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotráficantes con la víctima de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín.
Dijo que a través de mecanismos no oficiales “e ilegales, como son las filtraciones”, se pretende construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotraficantes con la víctima Mile Virginia, circunstancia que tampoco se encuentra acreditada.
Criticó que el agotamiento de la línea de investigación que apunta a los antecedentes de amenazas contra Nadia Vera y Rubén Espinosa se debe en gran parte a la presión social y al propio impulso de los abogados que representan a las víctimas. “Sólo de esta manera se han integrado datos, notas y testimonios que acreditan estos hechos, y no por una diligente y oficiosa recopilación de tales pruebas”, agregó.
Artículo 19 sostuvo que “aunque se diga lo contrario– las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF sean las declaraciones de dos de las personas detenidas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino. De las anteriores se observan fuertes contradicciones, mientras que la tercera persona detenida, César Omar Martínez Zendejas, negó los hechos”.
Criticó además, que de los cateos realizados en los domicilios de los probables responsables, no se encontraron datos que confirmaran sus dichos. Recordó además que una vez que se realizó la aplicación del Protocolo de Estambul, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la titular del organismo señaló públicamente que no se demostró la comisión de tortura en agravio del primer detenido.
Hasta hoy, el multihomicidio no ha sido resuelto.
Los hallazgos de fosas clandestinas en México no cesaron durante 2015, sino todo lo contrario: más restos y muchos entierros clandestinos se sumaron al recuento que data desde 2006.
En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, este año aparecieron sin cesar cientos de fosas clandestinas con restos humanos. De Norte a Sur, cientos de fragmentos humanos salieron de las entrañas de la tierra.
Para el cierre del año pasado, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo a SinEmbargo que el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, significó el culmen de un fenómeno que se ha estado registrando por años en el país pero que, en este caso, habría causado mayor indignación porque las víctimas son estudiantes y, sobre todo, porque los perpetradores son policías, hecho que dejó al desnudo la participación del Estado en la violencia que se ha querido atribuir exclusivamente a los cárteles del narcotráfico.
Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), pidió a las autoridades ir a fondo en la investigación de cómo se generó el contexto que hizo posible la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de más de 104 personas encontradas en fosas de Iguala, en Guerrero.
En mayo de este año, expertos en seguridad advirtieron que hasta que no hubiera un esfuerzo para investigar y castigar a los culpables de las desapariciones en Guerrero, no se puede decir que hay mejoría.
“No sabemos a dónde va la estrategia de [Enrique] Peña Nieto con el nuevo Congreso. Quizás el Gobierno está recalibrando su estrategia, pero todavía no hemos visto resultados. Ahora es difícil saber, porque es época electoral y todo está en pausa. Es una lástima, porque la situación es grave, vamos a ver después”, dijo entonces Mary Speck, directora para México y América Central del International Crisis Group, una Organización No Gubernamental (ONG) y sin fines de lucro que busca ayudar en la prevención y solución de conflictos en más de 50 países.
Speck recordó que a raíz de la desaparición de los normalistas, se realizó el hallazgo de varias fosas clandestinas con decenas de cuerpos. De esos cadáveres, sólo un puñado ha sido identificado.
“Según los familiares han descubierto más de 60 restos de seres humanos y solo han identificado un puñado. Sólo tres. ¿Quiénes son esas personas? De los restos que se encontraron en Iguala, no sabemos si son hombres , mujeres, niños, adultos, cosas que se deben conocerse rápido. Es urgente tener respuesta no sólo al crimen de los normalistas, sino a los otros desparecidos en Iguala”, indicó.
García Rodríguez aseguró que ya no se trataba de una búsqueda de los normalistas, sino de búsqueda de evidencia de los crímenes que se han cometido en contra de la población.
El pasado 31 de marzo, en una reunión con personal de la Procuraduría General de la República, la dependencia les informó que hasta ese día se habían exhumado 71 cuerpos de tumbas clandestinas encontradas en el municipio, así como 39 cadáveres de una fosa común que estaban sin identificar.
“Total 216 probabilidades del que sea el que buscamos (sic)”, quedó escrito en la página de Facebook del Comité, al terminar de dar cuenta de las más recientes cifras proporcionadas por las autoridades.

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