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Timestamp: 2018-01-23 14:02:22+00:00

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Borrador de la sesión de la comisión de justicia celebrada el lunes, DÍA 7 de julio de 2014
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El señor letrado procederá a comprobar las asistencias. (Pausa).
¿Entiendo que puede aprobarse por asentimiento el acta de la sesión anterior? (Asentimiento). Gracias.
Pasamos al único punto del orden del día, que es el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
A este proyecto de ley se han presentado 4 propuestas de veto y 34 enmiendas. En relación con las enmiendas, he de comunicar a sus señorías que la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite las enmiendas número 7, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, y número 20, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por considerar que dichas enmiendas carecen de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto del proyecto de ley que se tramita.
Así pues, vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto. En primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señor presidente.
Para la defensa de la propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
Intervendré de forma muy sintética, como me he comprometido en las conversaciones previas al inicio de la comisión, para defender el veto que hemos presentado el senador Mariscal y yo mismo, en primer lugar por cuestiones formales. Baste la referencia pública realizada por el presidente del Congreso y de las Cortes Generales, el señor Posada, en el sentido de calificar como auténtica chapuza el procedimiento que se ha seguido para el aforamiento de los miembros de la Casa Real, mediante su introducción como enmienda en el Congreso en este proyecto de ley.
En segundo lugar, me basaré precisamente en esa resolución a la que acaba de hacer referencia el señor presidente de la comisión, que efectivamente he recogido hace unos minutos en mi despacho y que yo entiendo responde al probado sentido del humor y fina ironía del señor presidente de la Cámara: que se considere que la enmienda no puede ser admitida a trámite por no guardar relación directa con los contenidos del proyecto, teniendo en cuenta que la enmienda pretende exclusivamente incrementar a 6 los días de uso particular por parte de los funcionarios, después de que en la tramitación en el Congreso como todas sus señorías saben se haya aprovechado un proyecto de ley que nada tenía que ver con la situación procesal de los miembros de la Casa Real para introducir el aforamiento, ha de ser tomado, efectivamente, como una broma. Me extenderé más en el Pleno, pero la falta de congruencia no está en esta humilde enmienda; y, de haberla, sería superada con mucho por los contenidos que se introdujeron en el proyecto de ley en su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Pasando a las cuestiones de fondo, la última cifra de aforados que barajan los medios de comunicación no es ya la de aquellos 10 000 que provocaba perplejidad en la sociedad española; sino que, incorporando a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estaríamos ya cerca de los 200 000 aforados en España. Bien, si todo el mundo está de acuerdo en que hay que reducir el número de aforados, por qué, a qué lógica responde, ampliar el número de aforados, en vez de seguir lo que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo con una sentencia reciente o el propio presidente del Gobierno apuntaban de introducir modificaciones que supongan una reducción del número de aforados.
En relación en concreto con estos contenidos introducidos en el Congreso para establecer un sistema de aforamiento de los miembros de la Casa Real, insisto en algo que ya tuve oportunidad de decir ante el Pleno y que, por lo tanto, sintetizaré al máximo en esta comisión. El aforamiento no es un privilegio, sino que es una garantía vinculada al ejercicio de una responsabilidad de trascendencia institucional e incluso constitucional. El reconocimiento, por tanto, de tal condición a quien carece de esa responsabilidad institucional supone quebrar la base y el fundamento del propio concepto de aforamiento; en el caso del anterior jefe del Estado porque abdicó y cesó en el ejercicio de las funciones que le son propias; en el caso de la consorte o el consorte del rey porque ninguna competencia ni función le reconoce la Constitución. Finalmente, plantear la extensión del aforamiento al ámbito civil carece de cualquier precedente y de base en el propio concepto.
Por lo tanto, o estamos hablando de un aforamiento especial o estamos hablando de otra cosa. Si el aforamiento no es un privilegio, está adjudicación entre comillas de un juez natural poco natural se acaba convirtiendo, por no tener como fundamento las motivaciones y razones que dan lugar al aforamiento, en otra cosa: y esto sí es un privilegio.
Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Señor Guillot Miravet, tiene la palabra.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.
Yo también quiero empezar diciendo que, como no es cuestión de esta comisión sino de la Mesa del Senado, pediré una resolución motivada: cómo puede ser que una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público no se acepte y, en cambio, estemos discutiendo aquí el aforamiento de miembros de la Casa Real. A mí no me hace gracia porque, además, esto se ha venido repitiendo en esta legislatura: hay un Gobierno y unos grupos parlamentarios que son capaces de introducir cualquier tipo de concepto, criterio o cambio legislativo en cualquier tipo de proyecto de ley; y ahora la Mesa nos sale con eso.
El veto que presentamos el senador Saura y yo tiene tres grandes argumentos. El primero es formal: creemos que en medio del debate público que han suscitado la abdicación del rey, la tramitación exprés a nivel parlamentario y la proclamación del nuevo rey, no es razonable tramitar por el procedimiento de urgencia este aforamiento, que más suena a privilegio que a la salvaguarda de la dignidad del rey Juan Carlos y de los miembros de la Casa Real. He de insistir en el aspecto formal y en que se presentan enmiendas a un proyecto de ley que no guardan ninguna coherencia ni conexión con su contenido.
En segundo lugar, existen razones de oportunidad política. Me sorprende que, habiendo instado y proclamado su voluntad el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de abrir un debate en España sobre la cuestión de los aforamientos, se amplíe este de la manera que se propone.
Y, en tercer lugar, hay razones de contenido. Rechazamos el aforamiento de los exmonarcas, porque la figura no tiene ningún sentido: la aplicación retroactiva que recoge el proyecto de ley y la propuesta de un aforamiento mucho más amplio del que gozan los actuales aforados.
Estas son, en definitiva, las tres grandes razones que justifican el veto del senador Saura y mío. Evidentemente, quiero manifestar nuestra disponibilidad para discutir sobre el hecho del aforamiento en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillot Miravet.
Para defender la propuesta de veto número 4 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Voy a intervenir de una manera breve por dos motivos: primero, porque así me lo han pedido varios miembros de la comisión para poder compatibilizar esta con otras comisiones que se están celebrando simultáneamente; y segundo, porque es un sinsentido del Reglamento que tengamos que discutir este tema hoy en comisión y esta misma semana en Pleno, lo hemos comentado ya muchas veces.
Dicho esto, estamos enfocando lo que parece el final de un proceso que comenzó hace muy poco tiempo, el 2 de junio. Se nos dijo que fue una decisión planificada de una manera muy metódica, con todos los elementos cerrados; pero estamos viendo que ni estaba tan pensada ni era tan metódica ni era una reflexión tan profunda, sino que ha sido consecuencia, evidentemente, de los avatares políticos ocurridos en mayo, una vez que se celebraron las elecciones europeas.
En toda la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de abdicación nuestro posicionamiento ha sido crítico. No obstante, me van a aceptar que diga que algo debe de estar pasando dentro del grupo mayoritario, si un consenso tan amplio como el que dicen que se consiguió con el Proyecto de Ley de abdicación, se resquebraja a la mínima, como está sucediendo con el aforamiento.
Tal como se ha comentado hasta ahora, somos muy críticos tanto con el fondo como con la forma. Como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, el propio presidente del Congreso ha calificado el trámite de este proyecto de ley de chapuza, lo que, si a nosotros nos puede sorprender, más o menos, para los representados, para la ciudadanía en general, ha sido una gran sorpresa, lo compartirán conmigo. Este es un indicador de que quizá las cosas no se han hecho del todo bien, porque la reflexión es muy sencilla: superado el debate de monarquía o república, que una persona que ha sido jefe de Estado tenga que ser aforado sin fuero y, por otra parte, tenga que ser aforado por la puerta de atrás, no parece lógico.
Se está tensionando demasiado. Y no solo con esto, sino también con la no aceptación de las enmiendas 7 y 20 de la Entesa y del Grupo Parlamentario Mixto, por no ser acordes con el contenido y objetivos del proyecto de ley que estamos tramitando en estos momentos. Resulta cínico que estemos tramitando los proyectos de ley tensionando tanto los reglamentos en un momento de desafección ciudadana profunda hacia las instituciones, y más hacia esta Cámara, el Senado. Con ello, más que ayudarlas, estamos hundiendo las instituciones, separándolas mucho más de la ciudadanía. Por eso nuestra postura hoy es crítica, y profundizaremos en los argumentos en el Pleno que va a tener lugar esta semana, en el que debatiremos el proyecto de ley que tenemos encima de la mesa.
Para turno en contra, la señora Franco, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. También muy brevemente y de forma sintética voy a responder a los ponentes que han defendido los vetos a este proyecto de ley.
El objetivo que persigue este proyecto de ley, en lo que afecta a los motivos fundamentalmente alegados en los vetos, es precisamente el aforamiento del rey que ha abdicado, aunque se afora a otros miembros de la familia real, como el consorte del rey o el consorte de la reina, en su caso, el príncipe heredero, la princesa heredera y su consorte, y, por supuesto, al rey que ha abdicado y a su esposa, la reina consorte, el motivo fundamental que han alegado los ponentes para oponerse a este proyecto de ley.
Este proyecto de ley pretende suplir un vacío legal. Por una parte, ya desde hace años se venía demandando, sobre todo en sectores académicos, la necesidad de regular el estatuto legal del príncipe heredero, a lo que ahora se une la necesidad de regular el estatuto legal del rey que ha abdicado. Este es el objetivo de una de las enmiendas introducidas en el Congreso de los Diputados a este proyecto de ley que hoy debatimos.
Se ha criticado el procedimiento, señalando que es de urgencia. Es cierto que es un procedimiento de urgencia, porque se trata de rellenar una laguna legal con la mayor rapidez y diligencia, pero no ha sido la intención del Grupo Parlamentario Popular ni en el Congreso ni en el Senado tensionar los reglamentos o llevar a cabo un procedimiento atropellado. Se han respetado en todo caso los reglamentos de ambas Cámaras, y se ha mantenido el oportuno debate sobre las modificaciones que se introducen.
También se ha señalado la posibilidad de que exista una incoherencia con las enmiendas aprobadas en el Congreso. A este respecto, quiero ser sobre todo escrupulosa con la autonomía que tiene la Mesa del Congreso para valorar esa conexión mínima de la enmienda con el texto enmendado, que es algo que la Mesa del Congreso ha hecho, respetando por supuesto el derecho de enmienda de los diputados; un derecho que, además, se deduce directamente del derecho de participación que recoge nuestra Constitución. Consideramos que esa coherencia mínima, que es lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sí que concurre en este caso. Respetamos, por tanto, la decisión de la Mesa del Congreso al aceptar estas enmiendas al texto del proyecto de ley.
En segundo lugar, además de estos aspectos formales o procedimentales, sus señorías han hecho referencia a una serie de aspectos materiales por los que se oponen al proyecto de ley. Varios senadores han hablado de la propia naturaleza de un aforamiento especial, que es cierto que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional reconocen no como un privilegio personal, sino como una garantía para garantizar el buen funcionamiento, la libertad y la independencia de los órganos constitucionales. Así se previó en la Constitución el aforamiento de los diputados y senadores. Esta norma pretende conceder este aforamiento a los miembros de la familia real a los que he hecho referencia, no como privilegio personal, jamás como privilegio personal, sino como garantía de independencia, de libertad, de la primera magistratura del Estado, que es la jefatura del Estado.
También se ha criticado la amplitud de este aforamiento, que es cierto que abarca las materias civiles y penales, y llama la atención, sobre todo, el aforamiento del rey; porque es un rey abdicado, pero sigue siendo rey y su figura está indisolublemente unida a la jefatura del Estado de este país y lo estará hasta el momento de su fallecimiento. Les quiero recordar que una regulación muy similar se introduce en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que está actualmente en tramitación. Hace pocos días conocimos el informe completo del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que valora positivamente la introducción de estos aforamientos; ya se conocía con anterioridad el criterio de la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial.
No existe ningún tipo de incoherencia política en que se regulen en este proyecto de ley estos aforamientos especiales, al margen de este debate general de totalidad que, como ha señalado nuestro presidente del Gobierno, debe encararse: el debate sobre la institución del aforamiento en general. No hay incoherencia en que se incluyan estos aforamientos en este proyecto de ley y se aborde con posterioridad ese debate general que todos creemos que es necesario en este país, porque es cierto que preocupa a la ciudadanía y que determinados supuestos se censuran, se critican y no se comprenden. Es un debate que debemos emprender, porque quizás el número de aforados sea excesivo y haya que ver también la amplitud y extensión de los aforamientos y otra serie de materias; pero este debate llegará a la Cámara, y llegará, por supuesto, en ese nuevo proyecto de ley orgánica que está actualmente en tramitación. Cuando este proyecto llegue a esta Cámara, afrontaremos ese debate general.
Por las razones que he expuesto, nos vamos a oponer a los vetos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré brevemente, para sumar una consideración más a las argumentaciones que hemos desarrollado. Hasta tal punto es anómala la incorporación a este proyecto de ley del aforamiento del anterior jefe del Estado que, en la justificación que se realiza en el preámbulo, no se hace referencia a ninguna función constitucional o institucional que lo justifique, sino que se habla de la dignidad de quien fue jefe del Estado o rey de España. Cuando se pretende legislar a partir de cuestiones que forman parte más de la moral, de la consideración social o de la ética, que de conceptos jurídicos, el ordenamiento jurídico empieza a patinar y empieza a deslizarse hacia caminos difíciles de acotar, en principio.
Creo que la dignidad puede ser de dos clases: la primera, la de las personas, la que tenemos todos y que es igual en cada uno, y, la segunda, la de las instituciones; en este caso se pretende aforar a alguien, no porque represente una institución sino porque la representó. Entiendo que esa decisión y ese fundamento basado en la dignidad de quien fue como argumento para aforarlo de cara al futuro ni tiene precedentes en el sistema jurídico ni refuerza nuestro sistema institucional. Además, estoy convencido de que tampoco ayuda a la Corona ni a ese compromiso o apuesta por la modernización de la monarquía.
En fin, lo cierto es que muchas veces, alguien que pretende ayudar genera sin querer tremendos perjuicios, y sospecho que estamos ante una de esas situaciones.
El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias.
Quiero subrayar, y quiero que lo entienda el grupo mayoritario, que, tal como señalaba la senadora Franco, existía desde hacía años una demanda de que se estableciera el estatuto legal del príncipe, al igual que el estatuto legal del monarca abdicado. Pero realizar en quince días, con estas prisas, de manera urgente y no habitual, algo que ha dormido el sueño de los justos resulta, cuando menos, anómalo.
Mi grupo parlamentario entiende que es bueno que se realice una profunda reflexión sobre los aforamientos. Tenemos que intentar ser coherentes con los razonamientos que hacemos en defensa de nuestras posiciones, para ver hasta dónde tiene que llegar o no ese aforamiento, sin complejos, actuando como creemos que hay que actuar; y me refiero al derecho comparado o a ser diferentes o no.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que estamos viviendo una situación del todo anómala: por qué se aplica al que fue rey, y no al que fue presidente del Gobierno y ha dejado de serlo. ¿Dónde empieza y dónde termina el aforamiento? ¿Hasta dónde podemos llegar o no?
La senadora Franco hacía referencia a que sigue siendo rey, y es así; pero también existirá alguna diferencia, porque el anterior rey era inviolable, según la Constitución, y ahora no lo es. Todo ello exige una reflexión para que seamos coherentes con el planteamiento, y las prisas nunca son buenas consejeras.
Legislar de manera improvisada para solucionar problemas puntuales de una persona no nos lleva a ningún sitio y, a nuestro entender, produce una gran falta de confianza en la justicia y en los operadores jurídicos que la gestionan.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.
Puedo entender que para el Partido Popular esté bien todo lo que acaba según su voluntad, deseos y objetivos; pero, señora Franco, este tipo de tramitaciones, colgar en el Congreso de los Diputados enmiendas que nada tienen que ver con el proyecto de ley presentado, que la Mesa del Senado tenga que ver algo y decida que no...; usted dirá lo quiera, pero no es la primera vez que ocurre en esta legislatura; ya hemos acumulado muchas experiencias de este tipo, y creo que esto es un mal servicio al rigor y al buen trabajo parlamentario. Además, como decía el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, violenta a las minorías; este hacer y deshacer nos violenta.
Por otro lado, estamos debatiendo sobre un privilegio, no se engañen; y la opinión pública está viviendo toda esta tramitación, el concepto de aforamiento, su ampliación y su extensión a miembros de la familia real y al exjefe de Estado, al rey Juan Carlos, como un privilegio, y es un privilegio que ustedes defienden a capa y espada. El jefe de Estado está protegido por la Constitución española; y el exjefe de Estado, desde que abdicó hasta su muerte, señora Franco, es exjefe de Estado, y punto; eso es lo que es, desde que abdicó y hasta su muerte. Y como es exjefe de Estado, no hay que garantizar sus funciones a partir de la libertad y la independencia, como usted afirma, que es lo que representan los aforamientos. ¿Qué libertad y qué independencia hay que garantizar a don Juan Carlos de Borbón y Borbón o a doña Sofía? ¿Qué funciones tienen? Ninguna.
Así como el jefe de Estado está protegido por la Constitución española, todos, en nuestra vida personal, nos protegemos nosotros mismos, con nuestra coherencia, o con nuestro buen o mal hacer; y ni el BOE ni las votaciones por mayorías van a impedir que nadie en este mundo abdique de sus responsabilidades. Y si hay hijos fuera del matrimonio u otros problemas o circunstancias, es una realidad que no vamos a impedir aquí, ni siquiera votando. Por mucho que votemos, no lo vamos a paralizar. Al final, todo el mundo tiene que afrontar lo que ha hecho en la vida y sus responsabilidades.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió no va a hacer uso de la palabra.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Para explicar el voto del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión, nos remitimos al Pleno que se celebrará el próximo jueves, donde daremos una explicación pormenorizada y detallada acerca de nuestras razones y argumentos.
Compartimos algunas razones formales y objetivas que se han expuesto aquí en la defensa de los vetos; sin embargo, no compartimos algunos otros razonamientos políticos, sustantivos o de contenido, lo que nos llevará a abstenernos en la votación, tal y como ha mantenido mi grupo parlamentario en el Pleno del Congreso de los Diputados, como mantiene en esta comisión y como mantendrá el próximo jueves, en el Pleno del Senado, en relación con este último punto del orden del día.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente. Gracias.
Se han dicho muchas cosas, pero para este portavoz no todas las que se deberían haber dicho. El proyecto de ley trata 2 cuestiones básicas: una, la concesión de competencias respecto a las comunidades autónomas o el Ministerio de Justicia en todo aquello que tiene competencia en el ámbito del territorio nacional, y una segunda cuestión importante respecto al aforamiento de la Casa Real y de su majestad el rey abdicado y su consorte. Los vetos hacen referencia solamente a este segundo punto, el de los aforamientos. Y a ellos muy sintéticamente me voy a referir.
Yo creo que hay que partir de una idea clara. Confundimos conceptos. Se confunde el concepto de aforamiento con el de irresponsabilidad, con el de inmunidad, con el de inviolabilidad. El único que es irresponsable jurídicamente hoy día es su majestad don Felipe VI, con una irresponsabilidad jurídica. De hecho, si su majestad cometiera delito, él no podría ser juzgado, porque es el único irresponsable jurídicamente. Serían responsables quienes refrendan las leyes: el presidente del Gobierno o el ministro firmante. El rey sanciona y por eso es irresponsable jurídicamente. Esa misma ley viene refrendada por el presidente del Gobierno o el ministro. Esos serían los responsables. Su majestad don Juan Carlos I, del que estamos tratando su aforamiento, sería responsable; responsable ante un determinado órgano jurisdiccional, que es de lo que se trata. Pero ahora mismo ni sería inmune ni sería inviolable, sería absolutamente responsable de cualquiera de las cuestiones que se han planteado por el resto de portavoces. Con lo cual, el aforamiento no pretende blindar de cualquier irresponsabilidad a su majestad don Juan Carlos o a su consorte. Para nada. Precisamente pretende concederle un órgano jurisdiccional aprobado legislativamente y que viene recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El veto número 1, de la senadora Capella i Farré, habla de la protección y de los privilegios, critica el procedimiento que se ha llevado para la tramitación del mismo y se refiere a la supuesta vulneración del principio de igualdad y del principio de tutela judicial efectiva. Y, señorías −esto lo digo también para el resto de portavoces−, se está modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya hace mucho tiempo, el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Supremo censuraron de manera muy tajante que aprovechando las leyes de Presupuestos Generales del Estado se modificaran otras leyes sustantivas. Eso hoy día legislativamente ya no lo hacemos porque se tildó de técnica legislativa defectuosa. Se está modificando la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cómo? A través de una Ley Orgánica del Poder Judicial que ya se estaba sustanciando en las Cámaras. ¿No se podía haber regulado algo respecto a los secretarios judiciales? Exactamente igual. ¿No se podía haber tocado algo en esta Ley Orgánica del Poder Judicial respecto al ministerio fiscal, respecto a los abogados, respecto a los procuradores, que también hay cierta regulación que les afecta a ellos en la Ley Orgánica del Poder Judicial? Por supuesto que sí. Con lo cual, ¿por qué nos llevamos a engaño si estamos recogiendo algo que afecta a la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo? Simplemente nos estamos limitando a recoger, a poner, a añadir una competencia más ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo.
El veto número 2, del Grupo Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal, critica el procedimiento y vienen a decir lo mismo que dijeron en el Congreso de los Diputados. Aquello lo tenemos que dar por supuesto, porque ya nos viene una ley heredada del Congreso de los Diputados, que es la que tenemos que tratar aquí. ¿Quieren de verdad un tercer proyecto de ley orgánica de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regule el aforamiento? Si ya tenemos este instrumento, señorías, si ya tenemos esta ley orgánica que estamos supervisando y estamos tocando un tema que afecta a la competencia, que viene recogido en esa Ley Orgánica del Poder Judicial. Es, pues, cauce idóneo para solucionar la cuestión del aforamiento, que afecta a un privilegio procesal, no de derecho constitucional, no de derecho sustantivo, no de derecho penal, sino que es una cuestión procesal que viene precisamente regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dice que se vulnera el principio del juez natural. Para nada. Como sus señorías saben, ya desde las sentencias del Tribunal Constitucional 55/1990, 68 y 69/2001, y muchas otras del Tribunal Supremo, se entiende que el juez predeterminado por la ley, juez legal o juez natural, se da siempre que el órgano jurisdiccional está creado por norma legal, con jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador que da lugar al proceso judicial. Y esto se da en este caso. Aquí no se está asignando ningún juez ad hoc, ningún tribunal, ninguna sala ad hoc para un determinado caso. Simplemente, se está determinando, ampliando un supuesto más de criterio de competencia objetiva.
El veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, critica la reforma por motivos formales, por motivos de oportunidad política y por motivos de contenido. Por motivos formales, yo entiendo, señorías, que ha pasado el trámite en el Congreso –determinación de la ponencia y debate en la ponencia, Comisión de Justicia y Pleno− y aquí estamos también en la Comisión de Justicia y tendremos oportunidad de debatirlo en el Pleno, con lo cual, para nada se está hurtando el debate respecto al planteamiento de los vetos.
Motivos de oportunidad política. Dicen que en este momento en que se está hablando de que hay demasiados aforados, ¿qué hacemos aforando todavía a alguien más? Yo creo que hay que distinguir. Estamos intentando aforar a alguien que ha sido jefe de Estado durante casi cuarenta años y el presidente del Gobierno ha dicho que es un tema que se tiene que tratar. Ustedes han manifestado que hay, presuntamente, 10 000 aforados, pero, efectivamente, se ha hablado de los 200 000 de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los 126 000 militares, que van a una jurisdicción especial. A lo mejor tenemos que hacer una consideración global del aforamiento o de las jurisdicciones especiales que hay al respecto. El presidente del Gobierno ha puesto de manifiesto que es un tema a tratar y que tanto sus señorías como yo, Dios mediante, tendremos oportunidad de hacerlo.
En los motivos de contenido que plantean hacen una intromisión a la aplicación retroactiva. ¿No les parece bien que el Tribunal Supremo sea el órgano que juzgue, en todo caso, a su majestad el rey Juan Carlos I, a su consorte y a la Casa Real? No solamente porque sus señorías –así lo dice la Constitución− estemos aforados, sino, fíjense, porque en la VIII Legislatura, la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, que modificó la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en su artículo 8 introdujo que serán consejeros natos –ni electivos ni permanentes, sino natos, o sea, para siempre,−: “Quienes hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno adquirirán la condición de consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él”. Eso es lo que hizo el señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, que en el año 2004, en su primera legislatura, modificó el Consejo de Estado para, entre otras cosas, que él, como expresidente del Consejo de Estado, pudiera estar. Nadie se planteó si lo que estábamos cuestionando aquí era si el señor Rodríguez Zapatero pretendía aforarse, porque como perteneciente al Consejo de Estado está aforado ante el Tribunal Supremo. Nadie lo cuestionó en el año 2004. Y ahora, ¿nos planteamos si debe estar o no aforado quien ha sido jefe de Estado con todos los expresidentes de Gobierno, cuando los presidentes de Gobierno lo han estado? Creo, señorías, que la contestación está clara. El aforamiento, al menos el mismo aforamiento que tuvieron los expresidentes del Gobierno, lo tiene que tener quien ha sido casi durante cuarenta años jefe del Estado.
Y, por último, el veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco, dice que se evita un debate necesario y profundo sobre la monarquía. El debate sobre la monarquía no existe y, si existe en la calle, no se ha presentado ninguna iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Vasco para intentar modificar el artículo 1.3 de la Constitución, que es el que recoge la forma política del Estado español como monarquía parlamentaria. Al no haberse planteado una iniciativa, nos sorprende que ahora diga que con este debate se está hurtando el de la monarquía.
El procedimiento a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial creo que ya está dicho, por lo menos en este trámite de comisión, y, en su caso, ya lo ampliaremos en el Pleno.
Respecto al aforamiento vitalicio, me remito a lo dicho para los expresidentes de Gobierno, que de alguna manera se solucionó para que también pudieran tener ese aforamiento.
Por todo lo manifestado, y como ha dicho antes la senadora Franco, rechazaremos los 4 vetos, señor presidente.
Finalizadas estas intervenciones, procedemos a votar las propuestas de veto.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 6.
Votamos la propuesta de veto número 2, presentada por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la propuesta de veto número 3, presentada por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Por último, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.
Señorías, finalizada esta votación, pasamos a la defensa de las enmiendas.
Empezamos con las enmiendas 1 a 6 y 8 a 10, presentadas por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Iglesias, tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré muy rápidamente, señor presidente.
La enmienda número 7 no ha sido admitida, por lo que solicitaré a la Mesa que reconsidere esa decisión.
Las enmiendas que guardan relación con el contenido del proyecto inicialmente presentado en el Congreso son las que hacen referencia a la retribución de los magistrados del Tribunal Supremo que sean miembros del Consejo General del Poder Judicial sin dedicación exclusiva; a la homologación de los permisos en la Administración de Justicia con los de la Administración General del Estado; a la posibilidad de que se constituyan tribunales autonómicos de oposición; y a la cobertura de vacantes con jueces sustitutos y magistrados suplentes.
El segundo bloque de enmiendas hace referencia a las incorporaciones realizadas a través de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular durante el trámite parlamentario en el Congreso relativas al aforamiento. Nosotros queremos revertir el contenido de esas enmiendas y por ello enmendamos la consideración que se realiza en el preámbulo, además de la introducción de ese artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la disposición transitoria. Por el contrario, planteamos que se introduzca otra disposición transitoria que dé un plazo al Gobierno de seis meses para presentar las reformas normativas necesarias para la reducción del número de aforados y se introduzca la posibilidad del reconocimiento del carácter voluntario del aforamiento en el momento de tomar posesión de la responsabilidad que da lugar a dicho aforamiento, no a posteriori.
Para la defensa de las enmiendas 22 a 25 presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.
En este caso distinguimos 2 bloques. En el primero de ellos, con el ánimo de ser coherentes con el veto presentado, proponemos la supresión de determinados planteamientos realizados en ciertas modificaciones planteadas en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, hemos presentado una enmienda relacionada únicamente con el objeto inicial de este proyecto de ley relativa a la rehabilitación procedente de la jubilación, donde pedíamos que esta se pudiese establecer a través de las comunidades autónomas que tuviesen asumidas competencias en la materia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jokin Bildarratz.
Para la defensa de las enmiendas 11 a 19 y 21 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Guillot.
Para la defensa de las enmiendas 26 a 34 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Arcadio Díaz Tejera.
Nosotros hemos presentado 2 bloques de enmiendas. En las que tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial, por coherencia con la línea de pensamiento y propuesta política que hemos expresado durante esta legislatura, mostramos nuestro desacuerdo con su vaciamiento competencial, con su desplazamiento de atribuciones, con su estructura y con el cambio de las mayorías cualificadas establecidas. Por estos motivos planteamos retomar la situación anterior a la última reforma.
En otro bloque de enmiendas pretendemos retrotraer la situación de los funcionarios antes del recorte de sus derechos y prestaciones. Son propuestas que tienden a restituir el estado de cosas anterior a los últimos recortes en materia de función pública.
Todos estos son los razonamientos relativos a los 2 bloques de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 26 a la 34.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Franco.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, señor presidente.
Responderé con brevedad a los ponentes respecto de las enmiendas que han presentado. Si me lo permiten, trataré todas ellas en conjunto, ya que muchas son coincidentes.
En primer lugar, un grupo de enmiendas se refiere al aforamiento, cuestión que hemos debatido con bastante amplitud anteriormente. Simplemente quiero señalar que se rechazan por los argumentos que tanto el senador Altava como yo misma hemos puesto de manifiesto durante la presentación de los vetos, pues estas enmiendas pretendían suprimir la parte del preámbulo que justifica la introducción de esta reforma legal, el artículo 55 bis y la disposición transitoria única.
En segundo lugar, otro conjunto de enmiendas también enmienda –por decirlo de alguna manera− ese bloque que se introdujo en el Congreso que no afecta al aforamiento, en particular, las relativas al artículo 355 bis y a la parte del preámbulo que lo justifica, sobre la cobertura de destinos que los titulares se encuentran en situación de servicios especiales. Las enmiendas que piden la supresión de este artículo también han sido rechazadas. Se trata en este caso de recuperar un artículo derogado con la anterior modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 118, cuya derogación es verdad que ha generado ciertos desajustes o disfunciones. Por tanto, es necesario reintroducirlo precisamente para articular de una manera más adecuada la cobertura de destinos de jueces y magistrados que se encuentran en situación de servicios especiales.
Un tercer bloque de enmiendas afecta al artículo 584 bis y al punto tercero del preámbulo que lo justifica. Este artículo hace referencia precisamente a las retribuciones de los vocales del consejo sin dedicación exclusiva. Lo que se hace es recolocar un precepto que ya existe en la actual ley orgánica eliminando el apartado tercero, que establecía una discriminación en función de que estos vocales ejerciesen una actividad pública o privada. Por tanto, se suprime esa distinción.
En cuarto lugar, sus señorías han presentado al texto un conjunto de enmiendas que hace referencia al contenido original del proyecto de ley relativo a la constitución de tribunales delegados por las comunidades autónomas, artículo 478.1. Rechazamos estas enmiendas pues esta es una cuestión que se establece de acuerdo con criterios de ahorro y eficiencia, ya que en ocasiones no es necesaria la creación de estos tribunales aunque la oferta pública sea muy amplia. También se han presentado enmiendas al artículo 494.2 en relación con la rehabilitación procedente de la jubilación por incapacidad permanente para dar cabida a la posibilidad de que intervengan las comunidades autónomas. Rechazamos estas enmiendas porque hablamos en todo caso de cuerpos nacionales.
Por otra parte, todos los grupos han presentado enmiendas al artículo 373.4, relativo a los permisos, bien para su ampliación o para volver a la normativa existente con anterioridad. Aquí sumo ese otro conjunto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con diferentes aspectos −no solo permisos sino otras materias como licencias por enfermedad, etcétera− en los que trata de recuperar la normativa que existía con anterioridad al decreto ley y la ley que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que vino a introducir una serie de medidas propuestas inicialmente por la CORA. Estas enmiendas no se van a admitir precisamente porque tampoco se ha superado del todo esa situación. Como saben, determinadas decisiones han sido reversibles a medida que lo ha permitido la mejora de la situación económica del país y de las cuentas públicas, aunque en otros casos no ha podido ser así. En este caso no se puede revertir porque todavía no se han superado completamente las dificultades económicas de este país.
Señorías, rechazamos varias enmiendas que hacen referencia a la introducción de una nueva disposición adicional relativa a jueces sustitutos y magistrados suplentes puesto que el mecanismo de sustitución está ampliamente regulado; se prevé un cuarto turno y no es necesario introducir mayores medidas al respecto. Por último, en cuanto a la enmienda relativa a la introducción de una nueva disposición transitoria, quiero señalar que también se deniega.
Finalizo con una breve referencia a esta enmienda. Ha sido una decisión de la Mesa del Congreso desestimar por incoherencia las enmiendas 7 y 22, que pretendían a través de esta ley orgánica modificar el Estatuto Básico del Empleado Público. Aunque es el criterio de la Mesa, por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con esta desestimación porque realmente desde nuestro punto de vista lo que sí resulta incoherente es tratar de modificar una norma distinta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como es el Estatuto Básico del Empleado Público, a través de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En turno de portavoces, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervengo exclusivamente, señor presidente, para decir que me abstendré en la votación respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, salvo la de la Entesa que conozco, por no haber tenido tiempo esta mañana de leer con detenimiento el Boletín Oficial de las Cortes Generales en que se publicaron.
¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, señor Bildarratz? (Denegaciones).
¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? Tiene la palabra el senador Guillot.
Votaré a favor de todas las enmiendas que se han presentado de los diferentes grupos. Y quiero hacer una consulta, ¿una petición de resolución motivada es un acto personal, constará en la ponencia o cómo?
El señor PRESIDENTE: Depende, yo creo que podría ser unipersonal o colectivo representado en su grupo.
El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera
Yo hago mías las consideraciones que se han hecho sobre la coherencia o la incoherencia de los acuerdos de la Mesa en torno a las enmiendas. Y quisiera formular una petición expresa al Grupo Popular por si me la pudiesen explicar, toda vez que no alcanzo a tan profundo razonamiento. Hasta ahora todas las plazas de los jueces, magistradas y magistrados del Tribunal Supremo que pasaban a servicios especiales se cubrían con arreglo a concurso según el escalafón, o sea, el más antiguo tiene preferencia sobre el más nuevo. Eso hasta ahora. A partir de ahora no va a ser así, sino que discrecionalmente el consejo nombrará a quien estime. ¿Eso qué tiene que ver con la crisis económica, con la racionalidad y con la reducción del gasto público? Nada. Pero como no alcanzo a tan profundo razonamiento, quisiera preguntar por si tienen a bien explicarlo en este momento. Puedo entender que lo remitan también a Pleno.
Suscribo entusiásticamente todo lo manifestado por la senadora Silvia Franco. Y después quiero decir 4 cosas muy puntuales en relación con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.
Respecto a las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, sí entiendo el rechazo por la Presidencia de la Mesa y la no admisión de su enmienda, habida cuenta de que estaban ustedes criticando una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Grupo Parlamentario Popular está realizando con una modificación de la competencia objetiva del Tribunal Supremo y, sin embargo, porque pasaban por ahí, ustedes intentaban cambiar el Estatuto Básico del Empleado Público, que no tiene nada que ver. Exactamente igual que la enmienda planteada por el senador Guillot que ha dado por defendida, reiterando lo que es la jurisprudencia consolidada, muy consolidada, del Tribunal Constitucional de que no se puede utilizar una norma para legislar sobre otras normas.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, simplemente quiero decir que es verdad, señor Bildarratz, que no aparece la elaboración y la dicción de las competencias autonómicas, pero es que la Ley Orgánica del Poder Judicial es un todo y aquí estamos corrigiendo o regulando algunas normas en concreto. Entonces hay que entenderlo como ese compendio legislativo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual aunque en estas normas no se hable de las competencias autonómicas que tienen los tribunales, ya sabemos que existen esos tribunales de oposición autonómicos, con lo cual queda claro que se da por sentado que hay tribunales estatales y también tribunales autonómicos, aunque no aparezca en la dicción de esta reforma.
Por último, respecto al senador Díaz Tejera, por una parte el Grupo Parlamentario Socialista plantea en un grupo de enmiendas una vuelta atrás, no solamente un déjà vu, sino que pretenden que volvamos a estudiar y a cuestionar la existencia del Consejo General del Poder Judicial tal y como fue aprobado recientemente en esta legislatura. Creemos que este es un debate que ya tuvimos, es un debate superado, lo que hay es ya de lege data, no es de lege ferenda sobre lo podamos hablar. Es lege data, lo tenemos ya aprobado en el Boletín Oficial del Estado, perfectamente aplicable, con lo cual no es este el momento de reabrir el debate en el que cada grupo ya tuvo la oportunidad de manifestar lo que quiso.
En segundo lugar, respecto a los magistrados del Tribunal Supremo y su afirmación de que siempre correspondía la plaza a la que se aspiraba al magistrado antiguo sobre el más moderno, debo decirle que no es verdad. Sabe perfectamente que es el Consejo General del Poder Judicial el que designa esas plazas, de manera discrecional, no arbitraria porque tiene que ser razonada, pero el Consejo General del Poder Judicial designa a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, designa a los presidentes de las audiencias provinciales y designa también a los magistrados del Tribunal Supremo, así como a los presidentes de la secciones y de las salas. Por tanto, es obvio que no va a cambiar para nada porque el Consejo General del Poder Judicial va a designar a los magistrados del Tribunal Supremo, entendiendo incluso lo que en muchas ocasiones se ha hecho, eligiendo en la carrera judicial a magistrados más modernos o más jóvenes. Y estoy seguro que alcanza a entender esto que, además, es bastante profundo.
El señor DÍAZ TEJERA: No me refería a eso, me refería a los servicios especiales del artículo 118.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted tomar la palabra, señor Díaz Tejera?
El señor DÍAZ TEJERA: Sí me lo permite, señor presidente.
El señor DÍAZ TEJERA: Es como si yo ahora hablase en chino y me respondiese en arameo, son dos idiomas distintos. La pregunta formulada expresamente es respecto al artículo 118, los servicios especiales; es decir, cuando un magistrado es designado letrado del Consejo General del Poder Judicial, letrado del Tribunal Constitucional o alcalde, como es el caso de Juan Alberto. Esa plaza que deja libre hasta ahora se cubría de acuerdo al escalafón; se sacaba a concurso y se presentan todos los magistrados de España que quieran, y el más antiguo en el escalafón la cubre. Es una regla predeterminada, objetiva y preestablecida. A partir de ahora eso lo quitan y cómo hacen, el Consejo nombra a quien quiere para cubrir esa plaza de quien está en servicios especiales. Entonces la pregunta es ¿qué tiene que ver con la crisis económica que esa plaza antes se cubriese de acuerdo al escalafón y ahora se vaya a cubrir de acuerdo con el criterio del Consejo? No tiene nada que ver. Esa es la pregunta, no tiene nada que ver con que los presidentes del Tribunal Superior los nombre el consejo según su libre entender, mi querido don Manuel.
Gracias, presidente, por su espíritu deportivo al dirigir este debate.
Señor Altava, tiene la palabra.
El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero aclararle al senador Díaz Tejera que le había entendido perfectamente. El artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge los servicios especiales, y es verdad que hasta ahora se hacía y se va a seguir haciendo con el criterio de la antigüedad respecto a la carrera judicial en el juzgado de instrucción número 28 de Plaza de Castilla de Madrid para aquel que se quiera ir por servicios especiales para ser alcalde de una determinada localidad, pero para los magistrados del Tribunal Supremo que usted planteaba no es así. Siempre se ha hecho por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y desde luego esto no tiene nada que ver con la crisis económica, que en muchas otras cosas sí ha tenido que ver y que el Partido Popular está intentando solucionar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
No habiendo informe de la ponencia, vamos a proceder a votar las enmiendas por el orden anterior que habíamos reflejado. Hay agrupación de votaciones de la siguiente manera: en primer lugar, votamos las enmiendas de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, números 1, 4, 5, 6 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.
Votamos las enmiendas números 2, 3, 9 y 10, también de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número 24.
También del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas números 22, 23 y 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 7.
Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, votamos las enmiendas 11 a 19 y 21.
Por último, del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 26 a 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.
Seguidamente, señorías, vamos a proceder a votar el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 3; abstenciones, 6.
Por lo tanto, señorías, finalizada esta votación, proclamamos que ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia este proyecto de ley orgánica.
Solo falta que por esta comisión se designe a la persona que presentará el dictamen ante el Pleno del Senado.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, usted mismo, que lo hace muy bien.
El señor ALTAVA LAVALL: En el Grupo Parlamentario Popular nos sumamos a tan acertada idea del senador Díaz Tejera.
Eran las dieciocho y cinco minutos.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 355
 artículo 118
 artículo 584
 artículo 478
 artículo 494
 artículo 373
 resolución 
de lege ferenda
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118