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Timestamp: 2017-09-22 15:27:37+00:00

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OPCIONES PARA UN PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS PENALES. Coordinación: Marcelo Esteban Mónaco, Gustavo Javier Russo. - PDF
OPCIONES PARA UN PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS PENALES. Coordinación: Marcelo Esteban Mónaco, Gustavo Javier Russo.
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Luis Miguel San Martín Montoya
1 1 OPCIONES PARA UN PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS PENALES. Investigación y autoría: Gustavo Russo, Bibiana Birriel; Martín Fernández Oteiza, Laura Lema. Marcelo E. Mónaco, Pablo C. Farsa, Valeria Thus, Coordinación: Marcelo Esteban Mónaco, Gustavo Javier Russo. PRÓLOGO DE LOS AUTORES. En las líneas que siguen no se encontrarà ninguna novedad doctrinaria y seguramente las referencias a las lineas del pensamiento penal que nos guían permitiràn ejercer el respectivo análisis de fidelidad a las mismas y hasta la identificación de contradicciones con aquellas. En todo caso, esa concesión a la coherencia intelectual es una consecuencia que asumimos de buen grado quienes nos avocamos a esta tarea porque todos y cada uno hemos renunciado hace tiempo por no decir desde el comienzo- a la búsqueda de reconocimientos académicos. Nos guía el afàn de plasmar en una obra -que quizás pueda calificarse como meramente introductoria- el resultado y la síntesis propositiva de todo aquello que hemos estudiado, analizado, debatido, escrito y desarrollado desde distintos ámbitos del quehacer pràctico relacionado con los conflictos tradicionalmente penales, tanto en los ámbitos judiciales, profesionales, acadèmicos e incluso en el social. Nos impulsa la realidad de càrceles superpobladas por una generación de jóvenes que antes de ejercer cualquiera de los derechos que otorga la ciudadanía y sin haber accedido jamás a los mínimos beneficios que les corresponden por la simple circunstancia de haber nacido en nuestro país (salud, alimentación y educación) reciben en cambio, como principal seña de identidad social, ser objetos de un sistema punitivo que hace rato dejó de lado cualquier afàn de racionalidad, porque simplemente se postula encerrar más y más gente por mero afan de seguridad haciendo de cuenta que ello no tendrá ninguna relación con la espiral de violencia creciente que luego nos devolverá el producto de las infranormas del sistema penitenciario. 1
2 2 Nos interpelan interrogantes bàsicos. Los estudiosos y los pràcticos del derecho penal, de la criminología y del derecho procesal penal: qué podemos proponer frente a ese estado de cosas? debemos conformarnos con manifestar nuestra crítica y nuestro disgusto cada vez que se crea un nuevo monstruo legislativo?. En definitiva: qué hacer?. Por otro lado creemos que merecen un párrafo especial la gènesis intelectual de este trabajo y el grupo de sus autores. Cada capítulo fue originariamente redactado individualmente o en parejas de autores. Luego, esos redactores originales sometieron su labor a una dilatada investigación comparativa con trabajos similares editados o inéditos- e incluso, se trató de cotejar cada concepto con alguna fuente doctrinaria de la mayor ilustración en el campo penal. Pero la principal tarea, la que insumió más de tres años de manera necesariamente discontinua, consistió en la apropiación (nunca mejor empleada la palabra) de la labor desarrollada por el conjunto de los autores. Para los tiempos que corren, la mera circunstancia de lograr reunir a un grupo de jòvenes profesionales en los escasísimos momentos libres que todos ellos disponían, supuso un acontecimiento gratificante en sí, pero mucho más lo fue en la medida que cada uno sometía con la mayor humildad las conclusiones a que había arribado al escrutinio del colectivo y a veces, de un incesante trabajo de investigación bibliográfica solo quedaban algunos pocos párrafos y ello, para priorizar que la construcción fuese realmente colectiva por convencimiento intelectual y no el mero juntar capítulos distintos escritos por personas distintas que piensan parecido. Aún cuando la presente obra pueda parecer un compendio de conceptos archiconocidos, el reconocimiento a la experiencia personal descripta torna, al menos para nosotros, imperiosa esta publicación. Gustavo J. Russo Marcelo E. Mónaco Buenos Aires, febrero de
3 3 INTRODUCCIÓN. Estamos habituados a la recurrente opción legislativa, que implica a su vez una clase o estilo de política criminal, consistente en considerar a la privación de libertad en sentido llano (es decir, al margen del sistema jurídico del derecho penal y a su consecuencia es decir, a la pena) e incluso a la mera amenaza punitiva como las únicas elecciones para un número cada vez mayor de conflictos individuales y sociales, lo cual de modo alguno trae aparejada una solución para esos conflictos. La opción se realiza prescindiendo de casi todo el marco de derechos y garantías que debe regirla: el derecho internacional humanitario, la Constitución Nacional, los objetivos de la propia legislación penitenciaria (nacional y provincial) en lo atinente a la ejecución de la pena, los institutos consagrados en los códigos procesales, entre otras omisiones. Demás está decir que si el legislador considera posible prescindir de ese marco no tendrán la menor chance las posturas doctrinarias, científicas, dogmáticas -o como quiera llamárselas- que pretendan limitar tecnocràticamente el poder punitivo porque aquella opción política es el producto de una cultura de la decisión que se respalda sobre la base del pensamiento mágico de que en las pantallas de televisión aparezcan los operadores legislativos haciendo lugar al clamor del pueblo vehiculizado por los medios masivos de comunicación. De tal modo, no se prevén consecuencias de mediano y largo plazo, se omite analizar los resultados de decisiones similares tomadas en años anteriores (a veces en meses recientes) y como resultado de ello, nos encontramos abatidos por un sinnúmero de disposiciones legales que emiten varios mensajes simultáneos, complementarios y autoritarios: no interesa en absoluto indagar sobre las raíces del mal ; se confía ciegamente en la capacidad operativa de los diversos brazos armados de los distintos ejecutivos (nacional y provinciales) y se pretende remover obstáculos jurídicos porque constituyen simples molestias. Ese decisionismo montado sobre la supuesta unanimidad del clamor popular, nos remite a una escena -fundadora en buena parte de nuestra cultura- ocurrida hace más de dos mil años atrás en lo que hoy conocemos etnocéntricamente como medio oriente, cuando un delegado del imperio dominante dejó en manos de la multitud 3
4 4 elegir entre dos hombres acusados de diversos delitos, cuál de ellos debía terminar en la cruz (la pena de entonces). En su obra Federalista, Madison advertía:...el juicioso pueblo de América está cansado de la política fluctuante que ha dirigido los consejos públicos. Con pesar e indignación ha visto que cambios repentinos e intervenciones legislativas, en casos que afectan los derechos personales, vinieran a ser engañifas, o cucañas, en manos de especuladores influentes y trampas armadas a la más industriosa y menos instruída porción de la comunidad. Ha visto también que una ingerencia legislativa en estas materias, no es sino el primer eslabón de una cadena de repetición, siendo cada subsiguiente ingerencia provocada por los defectos de la precedente... (citado por Florentino González en Lecciones de Derecho Constitucional, quinta edición, librería de la Vda. de Ch. Bouret, París/México, 1909) En nuestro país (al igual que en el resto del territorio continental con nombre de navegante italiano en donde se encuentra) las cosas siempre fueron más simples, menos necesitadas de justificación. Los que siempre pudieron decidir sobre la vida, la propiedad, la libertad y los derechos de la mayoría jamás le rindieron culto a explicaciones más o menos elaboradas para llevar a cabo sus proyectos. La única salvedad fue respecto de las ideas de un médico sumamente capaz que a fines del siglo XIX, produjo una serie de explicaciones por entonces consideradas científicas, que encajaban a la perfección con el proyecto de vaciamiento de las razas originarias del país y la implantación de razas civilizadas provenientes del país de los ancestros (de los que dominaban). En la actualidad, y salvo los atisbos de la genética en materia criminal que por ahora no pasan de las expresiones aisladas de un (otro) médico mediático devenido legislador, ningún operador legislativo (o sea, aquellos que según la Constitución son los que representan al pueblo) se preocupa mucho por los marcos teóricos. Entonces, debemos preguntarnos: tanta explicación científica, tanto prurito jurídico, tanto cálculo y detalles sobre disponibilidades económicas, de recursos humanos, de estructura jerarquizada en todos lo niveles del sistema penal, son un obstàculo para elaborar una propuesta que reduzca la pena de prisión que hoy se ha vuelto tan infamante como el destierro o más cruel que la pena de muerte? 4
5 5 Como las preguntas retóricas no necesitan ser respondidas nos dedicaremos de lleno a señalar los ejes orientadores de la contra-reacción al decisionismo asistemático, elaborada en torno de las metas descriptas en los capítulos que siguen Capítulo 1.Para que el conflicto no ingrese al sistema penal: el abordaje y la resolución comunitaria. En los últimos tiempos, la seguridad o su contra cara la inseguridad, se convirtió en una de las cuestiones a resolver de mayor trascendencia en la sociedad argentina. Esta temática, fue rápidamente captada por los medios de comunicación - determinantes a la hora de amplificar el fenómeno-, e instalada en el centro de la escena nacional. Tal es así, que la sensación de inseguridad que experimenta el tejido social de nuestro país, posee una dinámica propia, que fluctúa en forma independiente de la realidad. Esto implica, que más allá que los índices delictivos no experimenten cambios o incluso desciendan, la sensación de seguridad aumenta o al menos, la cuestión no abandona su papel central en la vida de los argentinos. Los motivos de este espíritu libertario de las sensaciones respecto de lo real, excede el propósito de este trabajo. Sin embargo podemos inferir, que su génesis puede encontrarse, en el peor de los casos, en la voluntad de determinados gerentes del poder, de afianzar el estado de policía frente al estado de derecho. Estos dos grandes contendientes, que al decir de Zaffaroni, mantienen una suerte de contienda épica a lo largo de la historia, como puede verificarse empíricamente, no se cansan de enfrentar. La presión ejercida por un importante sector de la sociedad, alimentada sin descanso, por los medios de comunicación -amplificadores con o sin conocimiento de los intereses de ciertos grupos de poder-, logró el efecto deseado sobre las políticas publicas, que solo encuentran como soluciones al problema más ficto que real-, de 5
6 6 la creciente ola de inseguridad, el aumento indiscriminado de las penas de prisión para todos aquellos delitos que hoy pueden considerarse como los mas violentos, la voluntad de disminuir la edad de imputabilidad penal y el otorgamiento de mayores facultades a las agencias policiales y de seguridad pública. Esta lógica de pensamiento debe ser puesta rápidamente en crisis desde el ámbito académico, que ha perdido su oportunidad de obrar en forma pro-activa en relación a la supuesta crisis de seguridad y solo puede ahora, transitar el camino de la reacción. La necesidad de esta reacción, se debe a que es imperioso reinstalar un discurso jurídico distinto, que cuestione las soluciones clásicas como tales. Es decir, un discurso que fundamente por qué las respuestas a las que hechó mano el Estado Nacional frente al delito supuestamente a favor de la seguridad ciudadana, no son soluciones y que existen caminos a corto, mediano y largo plazo para reducir los índices de violencia -que se encuentran generalmente relacionados con conflictos interpersonales los que muchas veces se reconvierten en delitos- De la ineficacia de las respuestas que se proponen desde el Estado, nos habla la experiencia internacional en la materia. Los EE.UU. de Norteamérica, viven a diario la esterilidad de éstas políticas aplicadas al delito, de modo que en aquellos Estados en los cuales, por ejemplo, se encuentra vigente la pena de muerte a la que fácilmente puede asimilarse una pena de 50 años de prisión-, no se han reducido los índices de los delitos más violentos. Por ello, creemos que el abordaje de la problemática debe realizarse necesariamente desde aristas diversas, que permitan disminuir los índices de violencia en la comunidad, desagotar el sistema penal con el propósito de lograr su mayor eficacia, reducir drásticamente la aplicación de penas privativas de la libertad y establecer como respuestas, sanciones que hasta hoy se siguen considerando alternativas o accesorias. 6
7 7 Un marco referencial. El abordaje al problema de la criminalidad, necesariamente debe partir de un análisis que permita identificar las circunstancias que coadyuvaron al aumento de los índices delictuales, y por consiguiente, cual fue la respuesta que ante ello ensayó el Estado en los últimos años. En Argentina, se produjo un marcado desplazamiento de una economía manufacturera a una economía de servicios asociada con la privatización de los servicios públicos y la decadencia del estado benefactor. Este corrimiento disparó una escalada en los niveles de desempleo y pobreza. A lo largo de la década del noventa, por ejemplo, el desempleo subió de índices de un solo dígito a un récord de desempleo e índices de sub empleo del 23% y 22% de la fuerza laboral activa, respectivamente. A ello se sumó, un nuevo récord en la creciente concentración de la riqueza. Del Boletín Estadístico Pobreza e indigencia. Desempleo estructural. Distribución regresiva de los ingresos y ganancias empresariales extraordinarias y del informe Argentina, una Comunidad en Riesgo. Infancia Adolescencia y Juventud ambos realizados para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en los años 2004 y 2002 respectivamente, surgen cifras alarmantes, respecto de los niveles de pobreza, indigencia y en particular como ello afecta a los niños y jóvenes de nuestro país: Al segundo semestre de 2004 el porcentaje de población pobre asciende 44,7%. Es decir que en el país existen de personas en esta situación. Por su parte el 17% de la población nacional al segundo semestre de 2004 son indigentes. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40,6% del total de pobres y el 38,3% del total de indigentes. Le sigue en importancia la provincia de Córdoba con el 8,8% de pobres y el 8,4% de indigentes y Santa Fe el 8,1% de pobres y 8,4% de indigentes. 7
8 8 Tanto la pobreza como la indigencia afecta en forma similar a hombres y mujeres. Sin embargo la mitad de los pobres e indigentes son menores de 22 años. La tasa de pobreza para menores de 13 años es de 63,4% y la indigencia es del 30,1%. La tasa de desocupación al segundo trimestre de 2004 alcanzaba el 19,1%. Por su parte los desocupados y subocupados representan el 30% de la fuerza laboral. Entre 1998 y mayo del 2002 se profundiza la recesión en la Argentina. En este período, los salarios reales cayeron un 23.7%, la pobreza creció más de un 60% y la indigencia aumentó un 180%. Prácticamente el 20% de la población entre 15 y 24 años ( ) no trabaja, no busca empleo, no estudia ni realiza tareas domésticas. El 65% de esta realidad se concentra en la región centro donde la provincia de Buenos Aires reúne el 58.2% de los jóvenes en esta situación. Continúa el informe, diciendo que Argentina finalizó el régimen convertible con el siguiente cuadro de situación: Población por debajo la línea de pobreza: Total de jefes de hogar pobres con menores a cargo: Total de jefes de hogar en situación de indigencia con menores a cargo: Total de menores de 18 años en situación de pobreza: Total de menores de 18 años en situación de indigencia: Total de jóvenes entre 19 y 24 años en situación de pobreza: Total de jóvenes entre 19 y 24 años en situación de indigencia: Finalmente, conforme la última información disponible diciembre de 2003-, el 10% más rico de la población se apropia del 36,4% del total de ingresos generados, mientras que el 10% más pobre, apenas el 1,3 %. Conforme estos datos, el 10% más rico tiene ingresos 28 veces superiores al 10% más pobre. 8
9 9 La importancia de estos datos, radican fundamentalmente en la vinculación existente entre pobreza y delito. Remarcamos vinculación, para diferenciarlo del término identificación. En efecto, la pobreza, la indigencia, el desempleo y en definitiva la desesperación, pueden conducir a muchas de las personas que las padecen a cometer delitos mayoritariamente contra la propiedad- que en algunos casos por la insignificancia material de la afectación al bien jurídico, ni siquiera deberían poner en marcha el aparato penal del estado, conforme lo preveé por ejemplo el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires. Pero sobre todo contribuyen a acentuar este vínculo, las agencias policiales, que desde hace tiempo han identificado el estereotipo del delincuente, con la forma de vestir, de andar, de relacionarse, de hablar, etc. de los jóvenes de las clases bajas. Es a partir de esta selección, que los adolescentes y jóvenes más pobres, son identificados como los únicos delincuentes -en paralelo a lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de América con los afro-americanos y latinos-, y sus actos, como los únicos delitos que se cometen en nuestro país, o al menos, como los únicos delitos que deben ser prevenidos, perseguidos y reprimidos por el Estado. Pero además, la mayoría de estos jóvenes y adolescentes, viven en barrios de emergencia, es decir, en viviendas precarias, sin servicios públicos y cruzados por una realidad en la que impera la violencia. Si observamos las transformaciones sociales que las villas de emergencia experimentaron en Argentina desde 1990 hasta la fecha podremos verificar, tal y como sostiene Enrique A. Font en su trabajo Transformaciones en el Gobierno de la Seguridad, cuatro tipos de violencia que sufren los residentes particulares en las villas de emergencia como así también, en aquellos sectores de la ciudad donde habitan en viviendas aparentemente formales, hoteles contratados por el GCBA, etc.-, un sinnúmero de pobres e indigentes: 1. La violencia interpersonal diaria. 2. La violencia de las intervenciones militaristas de la acción policial. 3. La violencia estructural de los índices dedesempleo y subempleo superiores al promedio. 4. La violencia del aumento en la criminalización de las formas incipientes de activismo y protesta política. (Ibid., CELS 2001, 2002a). 9
10 10 Esta violencia, que como veremos, proviene en gran medida, del propio Estado hacia los mas indefensos -en términos de ejercicio de derechos, acceso a la justicia, etc- acrecienta sin duda la cantidad de conflictos entre aquellos que la padecen, los que a su vez progresan geométricamente. Como consecuencia de todo ello, la seguridad pasó a ser un tema de alta prioridad para la ciudadanía que requiere una respuesta estatal. Según Font, ante este cuadro situacional, el Estado tomó una serie de medidas fracturadas, populistas y de neto corte represivo. La mayoría, de estas acciones encierran una postura punitoria que se centra y a la vez refuerza la capacidad coercitiva del estado, en especial de la policía pública. Ello arroja como resultado, la existencia de una política criminal y de seguridad urbana errática, coyuntural, sin fundamentos empíricos, ineficaz, extremadamente costosa, dilapidadora de recursos, violenta y en consecuencia, vulneradora de los principios del estado de Derecho. Por otra parte, las agencias policiales y de seguridad pública, carecen del entrenamiento adecuado para desarticular conflictos y evitar su criminalización. Ello es así, por cuanto la subcultura de la que participan, aún hoy concibe a los ciudadanos marginalizados como un potencial enemigo, tal y como enseña la doctrina de la Seguridad Nacional, vigente desde la década de 1960 y sobre todo, los usos y costumbres que de generación en generación, se transmiten entre los miembros de las fuerzas. Al respecto, ilustra la tristemente célebre ley de residencia. Sin embargo, y más allá de este complejo panorama, la emergencia del problema también puede constituir el punto de partida de transformaciones innovadoras, equitativas y que promuevan los derechos humanos en forma amplia. Resolución alternativa de conflictos Ya adelantamos al comienzo del capítulo, que este trabajo esta destinado a difundir y proveer datos acerca de experiencias sociales que permitan reducir drásticamente la intervención del poder coercitivo del Estado en los distintos planos que atraviesan los conflictos desde su surgimiento hasta que se arriba en algunos casos, a la instancia de la sanción penal. El primero de los postulados planteados, tiene por objeto diseñar estrategias que permitan definir los modos a partir de los cuales, pueden evitarse que un 10
11 11 importante número de conflictos -tal vez los más habituales- ingresen al ámbito del sistema judicial en general y al penal en particular. La evitación del ingreso de los conflictos al sistema penal, implica que deberán ser abordados fuera del àmbito judicial y solucionados en lo posible en el mismo. Que se trate de una esfera no judicial, no necesariamente significa que la solución deba provenir del ámbito privado, aunque conforme el esquema que proponemos la misma deberá hallarse en un marco en el que intervengan tanto actores públicos como privados. Debe destacarse, que existen un sinnúmero de conflictos que en un principio no guardan relación con el derecho penal, pues no se trata de actividades que puedan definirse como delictuales. Sin embargo, en la medida que no son abordados en el momento oportuno, adquieren inevitablemente ese carácter. En definitiva, el planteo aquí radica en establecer justamente cuáles pueden ser los caminos que nos permitirían abordar los problemas en una etapa incipiente, antes que la violencia que se genera en torno a los mismos -siempre en escala ascendentelos vuelva pasibles de ser captados por el sistema penal. La desarticulación de este tipo de conflictos, debería poder intentarse a través de distintas vías, entre las que se encuentra por ejemplo, la mediación comunitaria. Las ventajas de los modelos alternativos de resolución radican principalmente, en la reducción que traen aparejadas estas metodologías de los niveles de violencia, sumado a la instauración de lógicas destinadas a fomentar y reforzar fundamentalmente los vínculos de solidaridad entre los integrantes de la comunidad. De este modo es posible generar en las sociedades donde se aplican, una verdadera transformación cultural en relación a la solución de los conflictos. Estos esquemas proponen una transformación en el modelo de gestión de los conflictos ya que su resolución no estará en manos del aparato jurisdiccional del estado, sino a cargo o bien de terceros imparciales destinados a mediar en el conflicto o mejor aún, en la propia comunidad. Actualmente, se están llevando a la práctica numerosas iniciativas de transformación en distintas provincias y ciudades de nuestro país en el campo de la seguridad urbana reformas a las leyes orgánicas de las policías, hincapié en la seguridad comunitaria a través del desarrollo de foros barriales, defensores de la seguridad, proyectos de leyes para regular el funcionamiento de las agencias de 11
12 12 seguridad privada y de vigilancia, etc.- sin embargo, se avizoran varias cuestiones que podrían devenir en obstáculos insalvables para su viabilidad. Tal vez, como sostiene Enrique Font en Transformaciones en el Gobierno de la Seguridad, uno de los escollos más evidentes y a la vez complicado de sortear, radica en que estas iniciativas son desarrolladas habitual o exclusivamente desde el estado y se limitan a promover transformaciones primordialmente en sus propias agencias policiales y penitenciarias, excluyendo de los procesos de transformación a grupos y comunidades que poseen saberes y recursos que podrían utilizarse en la producción de seguridad con un amplísimo margen de éxito. Es por ello que resulta necesario, además de las transformaciones institucionales que actualmente se pregonan, establecer asociaciones sólidas entre la sociedad civil y los tres niveles del estado nacional, provincial y municipal- o al menos, en principio, con alguno de ellos a los efectos de generar nuevos modelos de gestión de la solución de los conflictos. En los sistemas de resolución de conflictos a diferencia de lo que ocurre en los casos en que interviene la justicia penal, la víctima es parte de la solución o al menos participa de algún modo en ella y es particularmente tenida en cuenta en la decisión que en definitiva se adopte. Esta circunstancia se encuentra absolutamente ausente en el aparato jurisdiccional penal del estado donde la víctima es excluida del conflicto del que se apropia el estado. En efecto, en un proceso penal la víctima no sólo no es parte en el sentido procesal del término, sino que sus reclamos y necesidades, no son siquiera considerados al momento de dictarse sentencia. Al respecto ha señalado el sociologo Clifford Shearing En el sistema penal, cuando una persona ocasionó un sufrimiento, se hace justicia ocasionando otro sufrimiento. En la lógica del sistema penal sólo hay una resolución justa: cuando hay alguien castigado. Los sistemas de resolución alternativa de conflictos, además brindan soluciones a personas a las que por un motivo u otro, no les resulta posible el acceso a la justicia en realidad, dicho acceso es complejo de por sí-. El caso más evidente de ello son aquellos inmigrantes que por distintos motivos no han regularizado su situación de residencia y que por miles pueblan los barrios más pobres de las áreas metropolitanas 12
13 13 de nuestro país. Estos se relacionan e interactúan diariamente dentro y fuera de su medio con una multiplicidad de personas por lo tanto, pueden convertirse en protagonistas de innumerables conflictos muchos de los cuales -siguiendo los carriles formales-, los conducen en carácter de damnificados hacia las agencias de seguridad o judiciales, a las que no pueden acceder por su irregular condición migratoria e incluso por diferencias idiomáticas. También el acceso a la justicia es casi impensable para alguien que se encuentra dentro de los cánones de pobreza o indigencia ya que el gasto que representa afrontar los viajes hacia y desde los tribunales resulta verdaderamente prohibitivo. Este problema, como se desprende de los datos económicos y sociales volcados precedentemente involucra a varios millones de personas. Además, las personas que integran estos grupos difícilmente acudan al aparato jurisdiccional o a la agencia policial en busca de una solución a sus problemas debido a una multiplicidad de factores que pueden comprobarse empíricamente: A.Deben relacionarse en un ámbito el jurisdiccional- que le es ajeno y muchas veces hostil. B. Desconocen las lógicas propias de la actividad judicial. C. Embarcarse en un proceso y particularmente penal implica la necesidad de solicitar los servicios de abogados y como consecuencia de ello, la erogación de dinero. D. Carecen de la información necesaria para acudir a asesorías legales gratuitas o las capacidades de estas en muchos casos- se encuentran colmadas, lo que ocasiona que no les prestan la debida atención ni les brindan la contención necesaria colocándolos en un verdadero estado de indefensión. Estas circunstancias ocasionan que los conflictos se resuelvan a través de vías informales que generalmente solo encuentran a la violencia como solución. Mas allá de ello, un amplio espectro de esas situaciones que terminan siendo criminalizadas también encuentran como consecuencia a la violencia no porque aquel sea el objeto del aparato jurisdiccional, sino que resulta el producto no programado de su accionar. Para el caso, bien vale un ejemplo para nada inventado. 13
14 14 Supongamos el siguiente escenario: Una fría madrugada de invierno. Es viernes por la noche y Juan, un inmigrante boliviano que vive en una villa de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, sale de su casa con su bicicleta para ir a trabajar. De entre las sombras aparece un sujeto que lo intercepta en su camino y con un arma blanca en mano le sustrae la bicicleta. Juan llega a reconocerlo. Se trata de Santiago, un vecino del barrio. Esta es la situación. Las soluciones son diversas y también lo son, los efectos de estas sobre los actores del conflicto e incluso sobre la comunidad que comparten. Supongamos ahora que Santiago, esa noche estaba algo alcoholizado y a la mañana siguiente decide devolver la bicicleta a su dueño e incluso se encuentra dispuesto a realizarle los arreglos que hagan falta, como modo de reparar el daño causado. Si Juan ya efectuó la denuncia ante las autoridades policiales, identificando incluso a Santiago como al autor del hecho, el conflicto quedará en manos del Estado. El aparato punitivo del Estado, una vez que se pone en marcha ante la presunción de la comisión de un delito de acción pública ya no se detiene. Santiago a pesar de su arrepentimiento y de su voluntad de reparar el daño será captado por el sistema penal y la persecución judicial solo llegará a su fin, luego de mucho tiempo y los más importante: sin solucionar el conflicto original. Así, la víctima del robo Juan-, se quedará seguramente sin su bicicleta y el generador del conflicto Santiago-, posiblemente arrastre una condena judicial y seguramente las consecuencias negativas de haber transitado el proceso penal. De este modo, la violencia se habrá incrementado tanto para uno como para el otro. Estas son las consecuencias inmediatas, pero de ningún modo las únicas. En efecto, los conflictos irresolutos o mal resueltos no solo provocan incremento de la violencia, sino que ésta se irradia hacia el medio en el que aquél se desarrolla, afectando de ese modo a terceras personas que en un principio, eran ajenas a la cuestión. En cambio, si la situación conflictiva es abordada desde un ámbito distinto al judicial esto es, mediante una forma hoy considerada alternativa de resolución del conflicto (durante la cual se les explique a las partes la necesidad de asumir como propio el problema y se escuche las necesidades de ambas) seguramente podrá llegarse a una solución que implique en nuestro ejemplo, que Juan recupere su 14
15 15 bicicleta y que Santiago repare su acción efectuando, por ejemplo, los arreglos que la bicicleta necesite. Ahora bien, deberíamos analizar de que modo el conflicto incide en la vida social del barrio de Juan y Santiago. Si el camino elegido es judicializar penalmente el problema, posiblemente como dijimos Juan ya no recupere su bicicleta y Santiago tal vez sea condenado o al menos sufra el estigma del proceso. Esto traerá como consecuencia un incremento de la violencia que incidirá en la vida del barrio, ya que implicará la enemistad de Juan y Santiago, de las familias que ellos integran, de los demás familiares y amigos de uno y otro que conviven en esa comunidad. La enemistad entre Juan y Santiago, en sí, no es tan relevante, sino lo que ella podría ocasionar en una comunidad compartida por las partes. Nos referimos a la proliferación de conflictos, tan o más violentos de aquél que le dio origen, que involucren a un número ahora no determinado de personas de esa comunidad. Si el problema en cambio es abordado extrajudicialmente, a partir de un modo alternativo de gestión y solución del conflicto en el que se escuche a las partes y se propongan soluciones que contribuyan a desarticular la violencia del conflicto en principio, se habrá logrado un acuerdo entre Juan y Santiago que resultará en el peor de los casos, inocuo para la comunidad de la que forman parte. También puede ocurrir que este caso puntual se convierta en un elemento dinamizador de la comunidad. Es decir, que la resolución del conflicto le permita demostrar a sus protagonistas que existen metodologías que aplicadas convenientemente pueden resolver definitivamente problemas interpersonales los que de otro modo, no podrían solucionarse pacíficamente ni aún con la intervención del aparato jurisdiccional. Como expusimos antes, existen distintos métodos alternativos de resolución de conflictos muchos de ellos de probada eficacia. 1 El Sociólogo Clifford Shearing creó un sistema de resolución de conflictos basado principalmente en el aprovechamiento de los saberes de las personas que habitan en las comunidades donde los mismos ocurren. Dicho de otro modo, en el 1 Similar enfoque desarrolla Nils Christie al desarrollar el concepto que denomina justicia horizontal (en particular las que denomina como primera y segunda característica de la misma) en su trabajo Una sensata cantidad de delito editores Del Puerto, Buenos Aires, 2004, Capítulo 6, págs.113/114 15
16 16 aprovechamiento de los saberes locales. Ello implica que nadie conoce mejor como resolver un problema que los propios integrantes de la comunidad en la que acontecen. Tal vez, ello no aparezca en forma muy evidente sin embargo, la estimulación en ese sentido de los poseedores de esos saberes puede arrojar resultados sorprendentes. La experiencia de esta metodología diseñada por Shearing se desarrollo principalmente en Sudáfrica, donde actualmente existen cerca de cien foros que resuelven miles de conflictos cada año y su modo de funcionamiento es fácilmente adaptable a las necesidades de nuestro país. Este modelo, funciona con los integrantes de la comunidad que asumen el rol de facilitadores del conflicto es decir, no tienen a su cargo la resolución ni la mediación de un caso sino que su tarea consiste en entrevistar a las partes y organizar la reunión de resolución a la que asistirán los involucrados en el conflicto y aquellas personas invitados por ellos que puedan resultar útiles a criterio de las partes y del facilitador para identificar la causa del problema y diseñar soluciones a futuro. Uno de los objetivos primarios de esta sistemática, es que la solución alcanzada en el marco del foro no se agote es esa instancia sino que deberán sostenerse en el futuro. Por ejemplo si los integrantes de la reunión de resolución en el que se trata un conflicto determinado resuelven que una de las partes pagará a la otra la suma de treinta pesos mensuales por el término de seis meses no importa aquí cual fue el motivo de esa decisión- uno de los facilitadores tendrá a su cargo la obligación de verificar que todos los meses el Juan le pague a Nicolás treinta pesos conforme lo acordado. Nada obsta que la supervisión del pago acordado -si así se decidió en la reunión de resolución- este a cargo de alguno de los invitados a ese encuentro. En estos casos solo tendrá que comunicar el cumpliemiento del acuerdo a los facilitadores que intervinieron el la reunión. Es esta flexibilidad del sistema uno de los argumentos màs contundentes para evitar la burocratización del conflicto tal y como ocurriría en el ámbito jurisdiccional- y lograr un abordaje a la problemática que permita arribar solución rápidas con miras a su desactivación. 16
17 17 Los conflictos así resueltos -en los que las partes tienen un amplio protagonismo y buscan junto a los invitados a la reunión de resolución y a los facilitadores, las soluciones a futuro para un problema que los aqueja- contribuyen a reducir los índices de violencia en la sociedad de la que forman parte, refuerzan los lazos de solidaridad y estimulan el trabajo en equipo. Además en la medida que estos foros de resolución de conflictos son utilizados por la comunidad con resultados favorables, se produce un efecto multiplicador acerca de un nuevo modelode gestión del conflicto eficiente y pacífico, que redunda además, en la legitimación de este ámbito en la comunidad. De modo que antes mayor cantidad de conflictos resueltos, mayor legitimación del espacio que los foros ofrecen. Una de los interrogantes que habitualmente se presenta, es acerca del grado de coerción de este tipo de resoluciones. Es decir, que ocurre si no se cumple con lo decidido en el foro de resolución. De mas esta decir, que al igual que si la cuestión es tratada dentro del sistema judicial e incluso en el seno del ámbito penal, ello no asegurará un resultado exitoso. Ya hemos adelantado que la judicialización de los conflictos, generalmente no implica su solución. Por un lado, debido a que a nuestro criterio se ha demostrado como un sistema ineficaz para la administración y solución de la mayoría de los conflictos interpersonales e incluso para muchos de los considerados penales. Mas aún, tampoco dentro del aparato jurisdiccional el dictado de una sentencia condenatoria ya sea penal o de cualquier otro ámbito del poder judicial, garantiza su cumplimiento. Volviendo al modelo analizado. Es posible garantizar el cumplimiento de lo resulto a partir de una vía alternativa? Es claro que en principio estos foros de resolución de conflictos carecen de poder coercitivo. Sin embargo, existen otros factores que contribuyen a que las decisiones que surgen de las reuniones de resolución del modelo analizado, terminen siendo cumplidas por las partes del conflicto: 1. No se obtiene una resolución coercitiva sino que se trata de un plan de acciòn que las mismas partes contribuyeron a diseñar, por lo que no parece coherente incumplir un acuerdo al que se arribó en base a las propias ideas y esfuerzo de los involucrados y gracias al cual, se solucionó un conflicto del que se fue parte. 17
18 18 2. El compromiso asumido por los actores del conflicto es ante los integrantes de la comunidad que ellos mismos conforman, incluso ante las personas que ellos mismos invitaron a la reunión de resolución. 3. El no acatamiento del plan de acción implicará también haber violado el compromiso moral y aun de relaciones sociales- frente al foro de resolución de conflictos del barrio y sus integrantes, que no son otros que los mismos miembros del vecindario. 4. La inexistencia de un poder coercitivo, justamente resulta beneficioso al momento de cumplir con el plan de acción, por cuanto no se trata de un acuerdo impuesto por un tercero ajeno al conflicto. Los foros de resolución no requieren para su funcionamiento, que las personas que oficiarán como facilitadores sean abogados o sociólogos ni siquiera que se trate de estudiantes o personas instruidas sino que el único requisito excluyente- es que se trate de personas del barrio en el que funciona el foro sin importar su sexo o su edad. El entrenamiento de los facilitadores es por demás sencillo y solo requiere el cumplimiento de determinadas normas que regirán la reunión de resolución y de una serie de pautas de trabajo que permitan que todo el procedimiento se cumpla siguiendo un orden preestablecido. Como enunciamos, se trata de reglas muy sencillas que deben ser entendidas por todos los participes de las reuniones de resolución facilitadores, partes e invitados- sin que se requiera para ello contar con conocimientos especiales, debido a que uno de los objetivos fundamentales de este modelo es generar una nueva cultura en torno a la gestión y solución de los conflictos que excluya firmemente cualquier vía violenta entendiendo por tal, además de la acepción corriente, cualquier tipo de actividad coercitiva. Además, el carácter genérico de las pautas que rigen las resoluciones de conflictos enriquecen ilimitadamente los conocimientos empíricos debido a que la lógica de resolución es totalmente distinta a la habitual. No se trata de una solución tarifada del conflicto como nos tiene acostumbrado el derecho en general y el penal en particular, de modo que ante un hecho con determinadas características pensemos en el ejemplo del robo de la bicicleta- la respuesta es por ejemplo tres años de prisión y/o 18
19 19 la correspondiente indemnización por los daños causados. Muy por el contrario, la riqueza de estos sistemas radica justamente en la diversidad de soluciones que pueden diseñarse frente a un conflicto que pueden ser efectivas para un caso y totalmen inapropiadas ante un caso idéntico lo que nos pone de cara al desafío de dar en la tecla con la solución para cada situaciòn lo que implicara poner toda la energía de los miembros de la reunión de resolución, para la búsqueda de la solución adecuada. Estas experiencias son invaluables y demuestran una vez más lo estériles, rígidas y anticuadas que se evidencian las soluciones tradicionales frente a la flexibilidad de las respuestas hasta hoy, llamadas alternativas. Muchos pueden acordar con esta forma de saldar cuentas o de arreglar los problemas del vecindario. Sin embargo, lo cierto es que quienes actúan como facilitadores no pueden invertir todo su tiempo en ayudar a buscar soluciones a los conflictos del barrio. Tienen sus propias obligaciones, como madres, padres, hijos, deben trabajar, atender las cuestiones del hogar, ir a la escuela, etc. A menos, que la función de facilitador sea entendida no ya como un trabajo voluntario al que se le dedica el tiempo que se puede, sino como corresponde, otorgándole su verdadera dimensión como trabajo formal y por consiguiente remunerado. Esto implica que los vecinos que ofician de facilitadores de los conflictos que llegan al foro, pueden encontrar en esta actividad un modo de vida. Para ello, será necesario remunerar su actividad por ejemplo, a partir de cada conflicto resuelto y que se encuentre debidamente documentado. De esta forma ingresarán fondos ya no solo para los facilitadores del foro, sino también para la sociedad de la que ellos forman parte ya que como comúnmente ocurre ese dinero será gastado en esa misma comunidad y se transformará así en alimentos adquiridos en el mercado o almacén del barrio, en medicamentos de la farmacia de la otra calle o en indumentaria de la tienda de la avenida, dinamizando asì las economías locales. Ahora, Quièn debe hacerse cargo del pago a los facilitadores por su trabajo? todo indica que si la tarea de los vecinos es colaborar con la búsqueda de soluciones a conflictos lo que implica una reducción de los índices de violencia en los barrios, un refuerzo de los vínculos solidarios y comunitarios, una nueva cultura en cuanto a la administración del conflicto, una solución a la sobreactuación policial, una disminución 19
20 20 del ingreso de personas al sistema penal y penitenciario y entre otras cosas- una solución a la catastrófica situación de sobrecarga de tareas de los tribunales, el estado debe asumir el pago de las retribuciones. Esto quiere decir, que los facilitadores serían empleados del Estado?. No precisamente. Lo que resultaría más adecuado para esta situación, sería que distintas ONG S tengan a su cargo el entrenamiento de los facilitadores y el pago de las remuneraciones, con fondos provenientes del estado, cumpliéndose rigurosamente con los procedimientos de rendición de cuentas y de auditoría tanto interna como externa, que para el caso se diseñe. Pero qué tipo problemas podrían resolver los foros?. En principio cualquier tipo de conflicto puede ser abordado por los foros de resolución. Sin embargo, debe distinguirse convenientemente aquellas acciones u omisiones que ingresan dentro de la categoría conflicto de aquellas que aparentan participar de aquella y que sin embargo son ajenas. Para avanzar en este sentido, es fundamental contar con elementos que nos permitan identificar cuando nos hallamos frente a un conflicto y cuando frente a una situación distinta. Lo primero a tener en cuenta, es que un conflicto es una situación en la que participan al menos dos actores con intereses opuestos o divergentes. Por otra parte, no debemos perder de vista que un conflicto siempre puede ser solucionable. Las situaciones que no tiene solución, no son un conflicto. Un caso tal vez paradigmático es el homicidio. Cuando nos encontramos ante un hecho de esas características, solo nos queda entender que hemos llegado tarde al conflicto que lo originò, el cual seguramente tuvo un inicio, un desarrollo y un final, materializado en la muerte de una persona. Por lo tanto, la muerte de uno de los actores del conflicto a manos o por encargo del otro, no puede ser entendida como un conflicto en esa instancia. Es imposible su abordaje, al menos respecto de las partes que lo protagonizaron en un principio, por la simple razón que una de ellas no existe. Sí en cambio, es probable el abordaje y tratamiento de las situaciones conflictivas que seguramente esta muerte vá a generar entre los amigos y/o familiares 20

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