Source: https://studylib.es/doc/354415/persecuci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-en-sede-judicial
Timestamp: 2018-10-16 18:36:26+00:00

Document:
Persecución política en sede judicial
Los ‘Crímenes de lesa humanidad’:
Una Persecución política en sede judicial.
Desde hace cinco años se encarcela y juzga a militares, miembros de las fuerzas de
seguridad, y aún a un capellán (el padre Von Wernich), y en la reciente actualidad también se ha ordenado detener y se pretende juzgar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, todos bajo la gravísima imputación de haber cometido, ordenado y/ó
participado, en la comisión de hechos que judicial y políticamente se han calificado como "crímenes de lesa humanidad".
La aplicación de tal categoría a los hechos de la guerra contrarrevolucionaria de los
’70 constituye la mayor falsedad histórica y la más fabulosa mixtificación jurídica implementada por un gobierno, el actual, con el designio de deslegitimar primero, y aniquilar
luego, a las fuerzas armadas de la Nación, para reemplazarlas por milicias populares
‘chavistas’ y llevar a la Argentina a un régimen castro-chavista de cuño marxista.
La pretensión exhibe sin embargo un punto crítico de insuperable vulnerabilidad en
diversas circunstancias históricas y jurídicas (que la opinión pública desconoce, la publicada no refleja --y muchas veces oculta-- y la dirigencia política y social, claudicantemente calla), conforme exponemos en el presente.
Por influjo, designio y amparo de Cuba, de algunas dirigencias socialistas de países
europeos, de muy diversos grupos nacionales é internacionales y más recientemente
por impulso de la Venezuela de Chávez (que ha impuesto la consigna obligatoria de
“Patria, socialismo ó muerte”), hoy se continúa intentando implantar el socialismo marxista-leninista en Latinoamérica. Diversos países de Sudamérica se encuentran en proceso de consecución de tal designio, algunos por la vía armada (Colombia, con las
FARC y el ELN; Perú, con resabios de Sendero Luminoso), y otros por una vía no armada. Argentina en particular, se encuentra hoy –y desde el segundo semestre del año
2.003- entre éstos últimos, mediante la puesta en marcha de un proceso faccioso de
ataque a las FFA y FFSS. de reavivación constante, progresiva, y de intensidad
creciente, continuación de la guerra revolucionaria emprendida en los 70 por argentinos que tomaron las armas contra la Nación, con ese fin. El instrumento utilizado en ese
proceso no es estrictamente militar, la batalla no es la tradicional de las armas, sino la
moderna (y no advertida por la generalidad del pueblo y la opinión pública) batalla jurídica y judicial: se crean y aplican -tanto en sede nacional como internacional- normas
y decisiones jurisprudenciales con las que se implementa la persecución, a través de
múltiples causas penales (1004) en todo el país. En el plano político, es la continuación
de la guerra por otros medios. La capacidad jurídica y judicial de destrucción –que se
ejerce desde el poder institucional, y se apoya desde el poder fáctico no institucional
(organismos de pseudo- derechos humanos, medios de comunicación, aún estatales,
grupos de choque, funcionarios, etc.), ha sustituido plenamente a la capacidad militar de
fuego, con un resultado absolutamente superior.
Aunque en la superficie se invocan como justificación razones de verdad, justicia y no
consagración de impunidad –que constituirían una ‘política de derechos humanos’-, el
verdadero fin aparece cuando se analiza en perspectiva nacional y regional, y en lo profundo, la situación: el objetivo es perseguir exclusivamente a los militares para hacer
desaparecer las FFAA tradicionales, soportes del sistema capitalista y último impedimento para la instalación final del socialismo marxista-leninista. (Chávez, por eso,
renovó sus FFAA y les impuso la consigna reseñada).
El objetivo es el viejo desideratum de Lenin 1, y el más moderno del ERP 2. El mismo
proceso se desenvuelve, concertadamente con el argentino, en Uruguay y Chile.
2. La Persecución Judicial es de Naturaleza Política
El devenir del proceso revela que la actual persecución judicial a los militares es claramente política: procura su aniquilamiento, y lo que menos busca es justicia. En efecto,
por un lado, en Argentina es notorio que desde mayo de 2.003 sólo se persigue a las
FFAA y FFSS: remoción de cúpulas en 2.003, limitación de presupuestos, haberes de
retiro congelados, reapertura de causas fenecidas, algunas con fallos de la Corte Suprema (por ej., causa ESMA, C. 450), y apertura de nuevas causas, todas (viejas y nuevas) con las acciones penales manifiestamente prescriptas antes de las aperturas y
reaperturas; declaración de nulidad é inconstitucionalidad de las leyes de amnistía dictadas por un Congreso ‘de jure’, y declaración de nulidad de indultos, aún a civiles; atribución de responsabilidad a hombres que en la década del 70 eran jóvenes oficiales de
la más baja graduación, de poco más de veinte años; amenazas de hecho y derecho
contra jueces de la Cámara de Casación, que obran así con su independencia é imparcialidad irreparablemente afectadas; supresión de la jurisdicción militar. Por otro lado, a
los que tomaron las armas contra la Nación y utilizaron la acción violenta y el terrorismo
como vía de acceso al poder para implantar el socialismo revolucionario marxistaleninista en los 70, no sólo no se los persigue –con lo que han obtenido una amnistía
de hecho, sin intervención del Congreso, y a espaldas del pueblo-, sino que además se los ha indultado (MTP por el caso La Tablada, y otros) sin que tales indultos se
pongan en tela de juicio. Además se ha declarado la prescripción en delitos de terroristas (caso de la bomba en el Comedor de Seguridad Federal, sobreseído el 28/12/2006
por la juez Servini de Cubría, y confirmado por la Cámara Federal porteña). La política
que así se aplica es la de la parcialidad de facción. La experiencia histórica demuestra, empero, que si el fiel de la balanza pretende mantenerse inclinado hacia un solo
lado, el desequilibrio nunca puede mantenerse indefinidamente.
3. La Persecución Judicial Falsea la Constitución y la Historia
La persecución judicial en las causas contra militares también se caracteriza por el
falseamiento de la Constitución y de la Historia. Por un lado, la flagrante violación de
todas las garantías constitucionales vigentes y expresas en nuestra Carta Magna
(irretroactividad de la ley penal más gravosa; aplicación de figuras no establecidas por
el código penal argentino en violación al principio de legalidad; preterición –y aún modificación- de la constitución argentina invocando la simple jurisprudencia de un organismo supranacional integrado por 7 jueces extranjeros -la Corte IDH- decidiendo casos
contra otro país (Barrios Altos), aceptando nuestros tribunales federales y la Corte Suprema jurisprudencia internacional abrogatoria de las garantías constitucionales y de las
facultades de amnistía é indulto que la Constitución estableció en 1853 y mantuvo desde entonces, aún con la reforma de 1994; desconocimiento de la cosa juzgada, del non
bis in idem, y de la prescripción; reapertura de causas por iniciativa de los jueces, en
violación al art. 120 de la constitución; privación del derecho a permanecer en libertad
durante el proceso; entre las más graves. La política que así se aplica es la de destrucción del estado de derecho. Con la cortedad de miras de todo sectarismo, no se
repara en el daño extraordinario que se está causando a las instituciones de la República.
“En todas partes y en todos los países el ejército regular sirve no tanto contra el enemigo exterior, sino contra el enemigo interno…Arranquemos el mal de raíz. Suprimamos por completo el
ejército regular. Que el Ejército se funda con el pueblo armado, que los soldados lleven al pueblo
sus conocimiento militares, que desaparezcan los cuarteles reemplazados por una escuela militar
libre” (Lenin, ‘Las FFAA y la Revolución’, 1905, en “La cuestión militar y el trabajo político en las
FFAA”, Ed.Anteo, Bs.As.1973, p’ 31).
Resolución del V Congreso del PRT, 1970 (http://www.prt-argentina.org.ar/)
A.-La falsificación histórica
Que la más simple consideración de hechos históricos, precedentes é inmodificables
demuestra la falsificación histórica que comporta la falsamente afirmada preexistencia
de la categoría de crímenes de lesa humanidad como vinculante para nuestro derecho
y, en lo específico, rigiendo en las causas contra militares:
Si la de "crímenes de lesa humanidad" fuera una categoría preexistente a la década
del '70, y --como se afirma-- de derecho internacional consuetudinario jus cogens
(esto es: derecho imperativo, de aplicación obligatoria por los Estados), entonces
no se ve por qué no la imputó el presidente Raúl Alfonsín en los Dtos. 158/1983 de
enjuiciamiento a los integrantes de las juntas militares, y 280/1984 de enjuiciamiento al General Ramón Camps;
Por análogas razones, tampoco se vé porqué el Congreso de la Nación no la incluyó en la L.23.049 3 de reforma al Código de Justicia Militar, ley cuyo artículo 10 sometía a juzgamiento del CSFFAA –con revisión de las Cámaras Federales, ó avocación en caso de demora- los hechos que “resulten imputables al personal militar
de las Fuerzas Armadas, y al personal de las Fuerzas de Seguridad, policial y penitenciario bajo control operacional de las Fuerzas Armadas y que actuó desde el
24 de marzo de 1976 hasta el 26 de septiembre de 1983 en las operaciones
emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo”;
Inclusión que tampoco instó el Presidente Alfonsín ni al enviar el Proyecto al Congreso, ni al promulgar la ley 23.049 el 13/2/1984;
Por las mismas razones, tampoco se ve por qué no la imputaron los Fiscales Strassera y Moreno Ocampo, ni en la C.13/84, ni en la C.761 “ESMA Hechos denunciados como ocurridos en..”, ni en la C. 450 “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros
s/ homicidio, privación de la libertad, etc.", ni en ninguna otra, siendo que dichas
causas sirvieron para la deslegitimación de las FFAA y un apóstrofe de tal naturaleza políticamente nunca se hubiera obviado;
Por las mismas razones, tampoco se ve por qué no la aplicaron 4 ni la Cámara Federal porteña ni la Corte Suprema, en el juicio y condena a los comandantes
(C.13/84, Fallos 309:5) ni en ninguna otra causa (“Causa originariamente instruida
por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto
158/83 del Poder Ejecutivo nacional”, Fallos 309:5; C.450 “Suárez Mason, Carlos
Guillermo y otros s/ homicidio, privación de la libertad, etc." Fallos, 311:1042; C.
761 “ESMA Hechos denunciados como ocurridos en...”, Fallos 311:401; C. "Causa
incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional –Camps, R. y
otros-, Fallos 310:1162; etc.).
La verdad es que no fue necesario inventar tal doctrina en aquel momento dado que,
en general, las prescripciones de los hechos acriminados no se habían cumplido.
Pero cuando se cumplieron, la propia cámara federal porteña, de buena fe, la declaró
(Causa 13/84 caso del Brigadier Agosti (absolviendo por los delitos de privación ilegal
de la libertad que consideró prescriptos, vid. La Sentencia, T. II pág.824/826)), y la corte
suprema no sólo confirmó, sino que amplió la declaración de prescripción a delitos de
robo agravado (Fallos, 309:5 y ss. Considerandos 30 y 31)
Si la imprescriptibilidad es característica esencial de tal categoría (y ello permite
aún reabrir causas fenecidas y/ó con acciones penales prescriptas, como hoy se
hace), y la categoría hubiese estado vigente por ser derecho consuetudinario preexistente, entonces tampoco se ve por qué, tanto la Cámara Federal porteña como
L.23.049 (BO 15-2-1984). Fue proyecto del PEN.
Repárese que se dice ahora, ex post facto, que son derecho imperativo (‘jus cogens). Por lo que,
si la categoría efectivamente hubiese sido derecho vinculante para la Argentina, no resulta admisible la omisión de su aplicación en los precedentes históricos citados.
la Corte Suprema, en el citado juicio a los comandantes, declararon la prescripción
de delitos imputados al Brigadier Agosti (CSN, Fallos 309:5 y ss., Considerandos 30
y 31);
y más aún, como va dicho, la CSN revocó parcialmente el fallo y declaró también
prescriptos otros delitos imputados a Agosti (CSN, Fallos 309:5 y ss., Considerandos 33 a 37);
Asimismo, tampoco se ve por qué, la Sala II de Cámara Federal porteña declaró la
prescripción en el caso de Los Palotinos (Expediente 7997/77, Iniciado el 4 de julio
de 1976, en el Juzgado Federal Nº 3, CCCFED Sala II, 27 y 29 de abril de 1987 -fs
693- con firma de los magistrados Jaime A. Valerga Araoz, Andrés D’ Alessio, y Horacio Catanni, que resolvieron declarar extinguida la acción penal por prescripción).
Ni tampoco se ve porqué los legisladores del Congreso de 1986 y 1987, ningún
obstáculo encontraron en la doctrina de los CLH al sancionar las Leyes 23.492 y
23.521 (tanto los que votaron a favor, como los que se abstuvieron y no concurrieron a las sesiones);
Ni tampoco lo encontró el Presidente Alfonsín al promulgar las mismas;
Ni al derogarlas mediante la L.24.952 (BO 17-4-1998), hace exactamente 10 años:
Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz 5, Cristina Kirchner era diputada 6, y
nunca dijeron nada sobre inamnistiabilidad, inindultabilidad, imprescriptibilidad, ni
Pues bien: como no puede seriamente sostenerse que aquellos magistrados de antes
habrían incumplido las leyes que juraron observar y que sólo los jueces de ahora sabrían cumplir, ó que los legisladores ó el Presidente de entonces fueran encubridores
de CLH, es manifiestamente perceptible que la doctrina de los "crímenes de lesa humanidad" es una torpe excusa sofística y pseudo jurídica, UNA MIXTIFICACIÓN JURÍDICA, para abrogar las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional, desatando
irresponsables persecuciones políticas que constituyen la aplicación de un derecho
penal de enemigos, y sólo generan discordia y desunión entre argentinos.
Lo mismo vale para la pseudocategoría de "terrorismo de Estado", inexistente en el
derecho positivo argentino, pero políticamente útil para estigmatizar, primer paso de
deslegitimación política, para luego aniquilar judicialmente.
Y al par que se sostiene que tales "categorías" serían inamnistiables de derecho, al
no perseguirse a los terroristas que tomaron las armas contra la Nación (artículo 103,
hoy 119 CN) en la década del '70, hoy se los privilegia con una amnistía de hecho.
B. La mixtificación jurídica
Desde el punto de vista jurídico, la categoría de “crímenes de lesa humanidad” tiene
un origen histórico perfectamente establecido, y en modo alguno deriva de la costumbre
(como pretenden hoy en Argentina la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales
federales inferiores dóciles a los designios del ejecutivo nacional), sino que fue el resultado de un tratado celebrado el 8 de agosto de 1945 por las cuatro potencias vencedoras en la II Guerra Mundial (ó la II Guerra Civil europea, como prefiere denominarla el
Gral. Dr. Heriberto J. Auel).
Muchos años después, la categoría se internacionaliza con el Tratado de Roma que
crea la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1º de julio de 2.002. La Argentina adhirió por L. 25.390 (BO 23-1-2001).
Ninguno de ambos estatutos resulta aplicable a la guerra contrarrevolucionaria de los
Vid http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=84534&high=Kirchner
Vid http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=87210&high=Kirchner
La utilización de la categoría en nuestro país, sin embargo, es la mascarada con la
que el gobierno, y un claudicante poder judicial de la Nación, abrogan el valladar de la
prescripción largamente operada ya con relación a los hechos de los ’70.
Mascarada que se completa, como va dicho, con la amnistía de hechos a los delitos
múltiples perpetrados por los terroristas en dicha época.
a) La categoría en el Acuerdo de Londres
El 6 de agosto de 1945, y desoído por Japón el ultimátum para su rendición incondicional dado en Potsdam por los aliados el 26 de julio de ese año, el bombardero Enola
Gay de los EEUU arrojó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Japón no se rindió,
y tres días después el presidente Truman ordenó la segunda bomba sobre Nagasaki.
Entre ambas fechas, el 8 de agosto, EEUU, Gran Bretaña, la URSS y el Gobierno Provisional de Francia suscribieron el Acuerdo de Londres, creando el Tribunal Militar Internacional (TMI: Militar, no civil; Internacional, no nacional; que sesionaría luego en
Nüremberg) “para el pronto y justo juicio y castigo de los mayores criminales de guerra
del EJE EUROPEO”, por delitos –que se especificaron en la Carta (Estatuto) adjunta al
Acuerdo- que no tuvieran localización geográfica determinada (los que sí la tenían, se
juzgarían en los respectivos países: Acuerdo de Moscú de octubre de 1943. capítulo
‘Declaración sobre Atrocidades’).
En dicha Carta por primera vez en la historia se crearon los crímenes contra la paz
(guerra de agresión ó en violación de tratados internacionales), y los crímenes contra la
humanidad (art.6) Además, en el mismo artículo se consideró crimen de guerra a la
“devastación no justificada por necesidad militar”. De esto último resultó que los bombardeos atómicos, justificados por Truman como imprescindibles para finalizar la guerra
en el Pacífico, nunca fueron juzgados. La misma norma daba competencia al TMI para
“juzgar y castigar a las personas que, actuando en los intereses de los países del EJE
EUROPEO, individualmente ó como miembros de organizaciones” hubieren cometido
los referidos crímenes.
Claro surge de los términos del tratado, y de la historia: 1) que la categoría de crímenes contra la humanidad tuvo un origen convencional (un tratado entre las cuatro potencias aliadas), no consuetudinario; 2) que se creó para juzgar, por las cuatro potencias vencedoras, exclusivamente a los criminales de guerra del EJE EUROPEO durante la II Guerra Mundial (no a los militares argentinos por la guerra contrarrevolucionaria
de los ‘70); 3) que Argentina ni integró el Eje Europeo, ni suscribió el Acuerdo de Londres, ni la Carta del Tribunal Militar Internacional que sesionó en Nüremberg7; 4) que
por su origen (tratado entre cuatro potencias) la categoría es, para Argentina, derecho
penal de fuente extranjera, y como tal, inaplicable en el país pues el art. 18 de la constitución nacional dispone que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”, ley que sólo puede ser del
Congreso de la Nación (art.67:11, hoy 75:12; 108, hoy 126 CN).
En consecuencia de todo ello, la categoría creada en Londres (TMI de Nüremberg)
es absolutamente inaplicable a las causas que, fenecidas por prescripción, fueron
reabiertas por el gobierno actual en 2.003: su ámbitos de validez temporal (hechos de la
II GM), personal (criminales de guerra del Eje Europeo), y territorial (el de los teatros de
operaciones de la contienda europea)
El desafortunado, y claudicante, fallo de la Corte Suprema en el caso “Simón” (2005)
es el broche final de la mixtificación jurídica que sólo se sostiene políticamente por designios del gobierno, más una intensa acción persecutoria y propaganda de la izquierda
radicalizada (participante ó favorecedora de la guerra revolucionaria de los ’70) que el
gobierno alberga en su seno, particularmente en el Ministerio de Defensa y en la Secre7
Obsérvese que el Tribunal Internacional era Militar.
taría de Derechos Humanos. A lo que cabe agregar la desinformación del periodismo de
buena fe, la complicidad del de mala fe, la claudicación del poder judicial, una gran ignorancia y una gran apatía del pueblo argentino, que acepta el proverbial comulgar con
b) La categoría en el Estatuto de Roma
La otra fuente de la categoría de “crímenes contra la humanidad” es el tratado internacional conocido como Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) que es ley para
Argentina (L.25.390 de 2.001), y que recién entró en vigencia el 1º de julio de 2.002 con
la última ratificación requerida al efecto.
Pero, por un lado, el tratado establece que sólo se aplica para el futuro, proscribiendo
expresamente su aplicación retroactiva (arts.11:1, 22 y 24:1) 8; y por otro, la reciente
L.26.200 (9-1-07) de implementación de dicho Estatuto en el país, establece que “Ninguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley puede ser
aplicado en violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En tal caso, el juzgamiento de esos hechos debe efectuarse de
acuerdo con las normas previstas en nuestro derecho vigente.” (art.13).
Por lo tanto, y conforme a esta última norma, la categoría emergente del Tratado de
Roma (Estatuto L.25.390, y 26.200), por ser derecho posterior (art.18 CN) es también
inaplicable a los militares que hicieron la guerra contrarrevolucionaria en los ’70. El art.
13 de la L.26.200 fue, indudablemente, incorporado para que no quepan dudas de que
el Estatuto es inaplicable a los hechos de los terroristas que tomaron las armas contra
la Nación para hacer la guerra revolucionaria.
Pero a la recíproca, y por tal irretroactividad expresa, resulta también inaplicable a las
FFAA y FFSS que, por mandato constitucional (Dtos.2770, 2771, 2772 del año 75, Directiva 1/75 del Consejo de Defensa), se empeñaron en la guerra contrarrevolucionaria
contra el agresor marxista.
3.-Una persecución política en sede judicial
Por tanto, ninguna duda cabe que la acción emprendida por el gobierno de Kirchner
contra los integrantes de las FFAA Y FFSS, y ahora contra el viejo peronismo, es una
persecución política en sede judicial, contraria a la Constitución, y disfrazada de juridicidad. Y que constituye un gravísimo atentado contra el estado de derecho en la Argentina.
Sin embargo, el engaño sale a luz, y debe difundirse la verdad histórica y jurídica, especialmente en los juicios y por los defensores, pues como señalara Abraham Lincoln,
"se puede engañar a todo el mundo parte del tiempo, se puede engañar a parte del
mundo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo".
TEL: (54-11) 4812-5935 - FAX: (54-11) 4816-2598 - CEL: 154-4471-9301
e-mail: alfresol @ fibertel.com.ar
“ARTÍCULO 11: COMPETENCIA TEMPORAL 1.-La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
ARTÍCULO 22: NULLUM CRIMEN SINE LEGE 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento
en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
ARTÍCULO 24: IRRETROACTIVIDAD RATIONE PERSONAE 1. Nadie será penalmente responsable
de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. 2. De
modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o
la condena.”
Los `Crímenes de lesa humanidad`: Una Persecución política en
Preguntas módulo conflicto
Preguntas módulo conflicto_comentadoNC
Estatutos de Autonomía • Estados federales • Derecho Público Autonómico • Proceso electoral
Pagina 12, NULIDAD DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD
Un llamamiento a los principales representantes de las
Novela negra • Argumento • Narrativa • Literatura hispanoamericana contemporánea • Escitores mexicanos • Siglo XX
Nazismo • Tribunal Internacional Militar • Segunda Guerra Mundial • Siglo XX • Holocausto • Historia Universal contemporánea
NEGOCIO de la Guerra armas NO MÁS Presupuesto para el...
MÓDULO PROFESIONAL N1 7 : CALIDAD
Pensamiento hitleriano
GUION CELEBRACIÓN VIERNES SANTO. Preparación previa de la
Competencias • Comunidad Autónoma • Política • Instituciones
la aprobación de los tratados y sus efectos en el cómputo del plazo
FIN DEL DEBIDO PROCESO: Declaración de Guerra
proyecto de acto legislativo de 2014 cámara
Discurso del Vicefiscal CPI

References: Resolución 
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 18

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 24