Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321278.html
Timestamp: 2019-03-26 02:50:10+00:00

Document:
as201321278
Auto Supremo: 278/2013.
Sucre: 27 de mayo 2013.
Expediente: CB-29-13-S.
Partes: Luís Fernández Argote c/ Francisco Javier Guillermo Cremer Torrico,
Juan Carlos Cremer Torrico, María Teresa García de Cremer, Luisa
Monica Soler de Cremer, Carlos Cremer Nicoli y María Eugenia Torrico de
Proceso: Concurso Necesario.
Distrito: Cochabamba..
VISTOS: Los recursos de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 1097 a 1100 y vlta., 1104 a 1106, interpuestos por Eduardo Enrique y Mario Edgar Salinas Gamarra y por Carlos Cremer Nicoli, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 115, cursante de fs. 1093 a 1094 y vlta., emitido el 22 de mayo de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso sobre concurso necesario de acreedores seguido por Luís Fernández Argote contra Francisco Javier Guillermo Cremer Torrico, Juan Carlos Cremer Torrico, María Teresa García de Cremer, Luisa Monica Soler de Cremer, Carlos Cremer Nicoli y María Eugenia Torrico de Cremer; la respuesta de fs. 1113 a 1115; la concesión de fs. 1119; el Auto de fs. 1124; los antecedentes del proceso; y:
El Juez Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, el 9 de marzo de 2009, pronunció la Sentencia cursante de fs. 749 a 754 y vlta., declarando probada la demanda de concurso necesario de acreedores, como consecuencia de ello dispuso que el producto de la subasta y remate de los bienes de los concursados se pague a los acreedores en el orden de prelación establecida en la parte dispositiva. Sentencia que fue aclarada por Auto de fs. 821 vlta., de 22 de marzo de 2010.
Contra esa Resolución de primera instancia interpusieron recurso de apelación los abogados Mario Edgar y Eduardo Enrique de apellidos Salinas Gamarra, los concursados Francisco Javier Guillermo Cremer Torrico, Carlos Cremer Nicoli, María Eugenia Torrico de Cremer, Juan Carlos Cremer Torrico y Luisa Mónica Soler de Cremer, por Elizabeth Cadima Revollo, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 22 de mayo de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 115, cursante de fs. 1093 a 1094 y vlta., confirmando la Sentencia, con costas.
Contra esa Resolución de Alzada interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo Eduardo Enrique y Mario Edgar Salinas Gamarra, Carlos Cremer Nicoli y Elizabeth Cadima Revollo, éste último declarado su caducidad por Auto de 8 de febrero de 2013, de fs. 1124 y los dos primeros concedidos por Auto de fs. 1119.
Eduardo Enrique y Mario Edgar Salinas Gamarra, interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo. Luego de referir los ocho puntos que motivaron su apelación, señalaron que nada de lo expresado como agravios mereció consideración ni resolución por parte del Tribunal de Alzada, habiéndose infringido de esa forma el derecho a la petición consagrado por el art. 24 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido acusaron que el Auto de Vista se centró a resolver la apelación deducida por la familia Cremer, no habiendo merecido consideración ni resolución los agravios apelados por su parte ni las disposiciones cuya infracción acusaron, por lo que la Resolución de Alzada se encontraría inmersa dentro de la previsión del art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil.
Acusó que el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias en relación a lo resuelto por la Sentencia y su Auto de complementación, respecto al momento y oportunidad en que debiera procederse al cobro y pago de los honorarios profesionales que reclaman.
Por otro lado acusaron que los honorarios profesionales que les adeudan los concursados, tuvieran el privilegio reconocido por el art. 777 de la Ley de la Abogacía, así establecido además por las Sentencias constitucionales que al respecto invoca. En ese mismo sentido refirieron que los honorarios pretendidos deviene de procesos ejecutivos y coactivos acumulados al presente proceso, anteriores a la existencia del mismo, por lo que no existiría la posibilidad cierta de acudir ante los jueces que conocieron esas causas en razón a que los mismos perdieron competencia como emergencia de la acumulación, en cuyo mérito el Juez del concurso es quien debería asegurar el pago de todas las acreencias emergentes de la tramitación de los procesos que dieron lugar al indicado concurso de acreedores, por lo que resultaría incoherente pretender que el cobro de los referidos honorarios proceda en los mismos procesos ejecutivos y coactivos.
Precisaron que no son abogados de Luís Fernández, por lo que resultaría indebida la determinación de Alzada en sentido de que debieran esperar que el mencionado haga efectivo el cobro de su acreencia, en desconocimiento al derecho privilegiado que les asistiría en virtud a lo previsto por los arts. 11, 71, 77 y siguientes de la Ley de la Abogacía.
Finalmente acusan error en la valoración de la prueba, en virtud a que el Tribunal de Alzada no consideró que ellos no son abogados de Luís Fernández Argote ni tomó en cuenta el privilegio de su acrecencia.
Por las razones expuestas solicitaron se anule el Auto de Vista recurrido, en su defecto se case la resolución recurrida y se disponga la inclusión de sus acreencias en la Sentencia de grados y preferidos.
Carlos Cremer Nicoli, señaló que el Auto de Vista no cumplió lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se circunscribió a los puntos que fueron objeto de la apelación, no se pronunció ni consideró la falta de designación de oficio, no se tomó en cuenta el agravio referido a la infracción de los arts. 1344, 1345 del Código Civil, ni de los arts. 77 de la Ley de la Abogacía en relación al art. 1337 del Sustantivo Civil.
En ese mismo sentido acusó que no se habría considerado lo relativo a la imposibilidad de muchos de los acreedores a probar sus respectivas acreencias, ni respecto a la deficiencia en la valoración de la prueba, que las acreencias referidas a beneficios sociales no fueron siquiera considerados, tampoco se consideró las retenciones efectuadas a Javier Cremer Torrico, ni se tomó en cuenta los intereses del Estado.
Acusó que no se consideró el privilegio establecido por el art. 77 de la Ley de la Abogacía, respecto a los honorarios profesionales de los abogados que le patrocinaron en distintas causas.
Acusó la infracción de los arts. 199 y 51 del Código de Procedimiento Civil, respecto al alcance de los gastos judiciales y de los honorarios calificados.
En mérito a los argumentos expuestos solicitó se anule el auto de vista recurrido en su defecto se case el mismo.
Estando interpuestos recursos de casación en el fondo y en la forma corresponde en principio atender los agravios de forma, en ese sentido se tiene que:
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los administradores de justicia, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico y los que se derivan del caso.
Se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato de la debida motivación, amparándose en consideraciones, citas o explicaciones que no tienen ningún sustento fáctico o jurídico coherente con lo que se decide.
El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia). El dejar incontestadas las pretensiones o desviar la decisión del marco del debate judicial, generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y del derecho a la debida motivación de la Sentencia, pues, resulta un imperativo que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente respecto a las pretensiones o agravios que deducen.
En el caso de autos, Mario Edgar y Eduardo Enrique Salinas Gamarra impugnaron la Sentencia argumentando como agravios la contravención de los arts. 11, 71 y siguientes de la Ley de la Abogacía, que reconocen el deber que tiene el patrocinado de pagar a su abogado los honorarios correspondientes según lo convenido en iguala o por el Arancel vigente del Colegio respectivo.
Por otro lado acusaron que la determinación de que el pago de los indicados honorarios correspondería a los procesos en los que se prestó el servicio, resultaría discriminatorio respecto a sus acreencias, lo que supondría la vulneración de los arts. 563 del Código de Procedimiento Civil y 77 de la Ley de la Abogacía.
Igualmente argumentaron que en el proceso concursal prestaron juramento de no cobro de honorarios profesionales, se procedió a la regulación de los mismos, se ratificó la misma, sin embargo de ello la resolución ejecutoriada fue desconocida a tiempo de establecer la relación de privilegios, concluyendo que se habría infringido lo previsto por los arts. 563 del Adjetivo Civil, 1345 del Código Civil y 77 de la Ley de la Abogacía.
Asimismo argumentaron que no podría desconocerse la existencia de honorarios profesionales ya regulados en los procesos ejecutivos y coactivos acumulados, los cuales, según sostuvieron, constituirían acreencias privilegiadas, conforme el art. 77 de la citada Ley de la Abogacía.
Por otro lado indicaron que la prueba aparejada al memorial de fs. 543 y el juramento de fs. 585, de obrados, demostraban la existencia de la acreencia de $us. 40.000 a favor de Mario Salinas Gamarra, por el patrocinio prestado en la sustanciación del proceso ordinario seguido por Cremer en contra del Banco Central de Bolivia; al respecto manifestaron que la consideración del Juez A quo en sentido de que el cobro de esa acreencia correspondería efectuarse ante la autoridad que tramitó el referido proceso, conllevaría el quebrantamiento de los arts. 563 del Código de Procedimiento Civil, 1345 del sustantivo de la materia, 77 y 88 de la Ley de la Abogacía, 1386, 1289, 1311 del Código Civil.
Indicaron también que los procesos ejecutivos y coactivos en los que patrocinaron, se determinó en Sentencia, la condena en costas, regulada por los arts. 198 al 200 del Adjetivo Civil, quedando incluidas dentro de estas los honorarios profesionales, lo que implica la obligación de ser pagados conforme prevén los arts. 51, 199, 201 del Adjetivo Civil, normas que habrían sido infringidas.
Arguyeron igualmente que los honorarios profesionales del abogado patrocinante constituyen una obligación para quien se beneficia de ellos, quien queda obligado a cubrirlos, aspecto que necesariamente debería darse dentro el proceso concursal, en atención a la universalidad del mismo conforme determina el art. 563 del Procedimiento Civil, toda vez que el producto del remate de los únicos bienes que poseen los concursados debe cubrir también esa acreencia, situación contraría supondría dejar sin retribución el trabajo profesional realizado.
Finalmente consideraron que dentro de las costas procesales debe estar comprendido el honorario de los abogados que patrocinan una causa, tanto de los abogados de la parte demandante como de la demandada.
En mérito a los agravios desarrollados en 8 puntos en el memorial de apelación de fs. 769 a 770 y vlta., solicitaron que el Tribunal de Alzada revoque la Sentencia y determine el pago privilegiado de sus acreencias.
Al respecto el Tribunal de Alzada mediante Auto de Vista de 22 de mayo de 2012, de fs. 1093 a 1094, luego de realizar una explicación general del proceso concursal, sin ninguna fundamentación ni consideración legal vinculada a los agravios expuestos en apelación, concluyó que los abogados Mario Edgar y Eduardo Salinas Gamarra, así como la abogada Elizabeth Cadima Revollo, no eran parte en el proceso y que no tendrían acreencia privilegiada de la que se hubiera tomado razón, consecuentemente el supuesto derecho para cobrar sus honorarios profesionales como abogados en el proceso que inició Luís Fernando Argote, debería reclamarse y cobrarse a tiempo de que dicho acreedor tenga lugar a cobrar dineros en tal calidad en la presente causa, de ninguna manera sobrepasando el grado y privilegio de los acreedores concursales.
Lo expuesto precedentemente demuestra que es evidente el reclamo efectuado por los recurrentes, en sentido de que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación, toda vez que resulta incuestionable la ausencia total de un razonamiento lógico jurídico que guarde congruencia con los aspectos impugnados en apelación y las normas cuya violación se acusaron, que explique y justifique la conclusión a la que arribó el Tribunal de instancia en sentido de considerar que los honorarios de los abogados no se encuentran comprendidos dentro de ningún privilegio que pudiera sobreponerse a la de los acreedores concursales. En efecto, de la revisión del Auto de Vista impugnado se advierte la ausencia total de las razones por las que concluye en la forma como lo hizo; por otro lado se advierte además incongruencia en las conclusiones a las que arriba el Tribunal Ad quem, como se explica a continuación:
1) Consideró que los abogados Mario Edgar y Eduardo Enrique Salinas Gamarra, así como la abogada Elizabeth Cadima Revollo, no serían parte en el proceso ni tendrían acreencia de la que se hubiera tomado razón, consideración que desconoce los antecedentes del proceso, como son: el decreto de fs. 174 que da por apersonada a Elizabeth Cadima Revollo, la providencia de fs. 543 vlta., por la que se tiene por apersonado al proceso a Mario Salinas Gamarra, providencia de fs. 581 vlta. a través de la cual se da lugar al juramento de no cobro de honorarios de los profesionales Mario Edgar y Eduardo Enrique Salinas Gamarra, auto de fs. 602 vlta., rectificado por Auto de fs. 694 a 695, relativo a la regulación de honorarios profesionales respecto a varios de los procesos ejecutivos y coactivos acumulados al presente proceso, actuados que no fueron siquiera mencionados en la resolución de alzada.
2) consideró que el supuesto derecho a cobrar los honorarios profesionales en el proceso que inició el acreedor Luís Fernández Argote, debería reclamarse y efectuarse a tiempo de que dicho acreedor tenga lugar a cobrar dineros en tal calidad, sin que ese aspecto hubiese sido así definido en la Sentencia, lo que supondría la modificación del fallo de primera instancia, aspecto que no se encuentra justificado ni guardaría relación con la parte dispositiva del Auto de Vista que se limitó a confirmar la Sentencia de primera instancia, misma que respecto a la posibilidad de que opere el cobro de los honorarios en el momento en que alrededor Luís Fernández Argote proceda al cobro de su acreencia, no contiene disposición alguna en ese sentido.
3) Consideró que el derecho a cobrar lo honorarios profesionales como abogados del proceso que inició Luís Fernández Argote, debería reclamarse en el momento en que éste proceda al cobro de su acreencia, sin tener en cuenta que los honorarios que los recurrente reclaman sean incluidos en la Sentencia de grados y preferidos, no se originó en el proceso al que alude el Tribunal Ad quem, sino en otros procesos de conocimiento, ejecutivos y coactivos.
Las deficiencias anotadas contenidas en el único párrafo del Auto de Vista que alude a las conclusiones arribadas por el Tribunal de Alzada respecto a la apelación deducida por los recurrentes, determinan que la Resolución de Alzada ciertamente sea carente de motivación, ajena a los antecedentes del proceso y además resulte contradictoria e incongruente. Desconoce que la motivación de una resolución judicial debe enmarcarse en razones suficientes que permitan desprender las conclusiones a las que arriba el juzgador, y lo contrario, es decir cuando una resolución solo contiene las conclusiones a las que se llega, resulta ser una resolución más próxima al arbitrio que a la justicia.
Respecto al recurso de casación deducido por Carlos Cremer Nicoli, corresponde precisar que si bien el Auto de Vista respecto a la resolución de la apelación que dedujo conjuntamente otros concursados resulta igualmente falta de fundamentación y motivación, no obstante corresponde puntualizar que los agravios referidos a la falta de pronunciamiento respecto a la no designación de abogado defensor de oficio, o la no consideración del privilegio que tendría la acreencia de los abogados que les patrocinaron en distintos procesos, no es un aspecto que afecte directamente a sus intereses, razón por la que la falta de precisión en la Resolución de Alzada no tiene incidencia en el recurrente, sin embargo al anularse el Auto de Vista en virtud a los agravios expuestos por los abogados Salinas Gamarra, se entiende que los defectos acusados podrán ser oportunamente corregidos por el Tribunal a tiempo de emitir nueva Resolución.
Los defectos advertidos en el Auto de Vista, al haber sido expresamente acusados por la parte recurrente dan lugar a la nulidad del fallo impugnado, conforme dispone el art. 254-4), del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271 -3) y 275 del citado Código.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 115 de 22 de mayo de 2012, cursante de fs. 1093 a 1094 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y dispone que ese Tribunal emita nueva Resolución guardando la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, con la debida motivación y fundamentación.
No siendo excusable el error se impone a los Vocales suscriptores del mismo multa que se gradúa en un día de su haber mensual.
En atención al art. 17-4 de la Ley Nro. 025, comuníquese al Consejo de la Magistratura a los efectos de Ley.
Igualmente, notifíquese con la presente resolución a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial a los efectos que corresponden.
Relator: Magistrado Dra. Rita Susana Nava Duran.

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