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Timestamp: 2018-08-17 00:08:54+00:00

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Autor projusticiaPublicado el 15/12/2017 16/12/2017 Categorías administración de justicia, jueces, jueces prevaricadores, musulmanesEtiquetas administración de justicia, jueces, jueces prevaricadoresDeja un comentario en Alaya insinúa que el TSJA absolverá a los exaltos cargos andaluces tras la sentencia que se dicte de los ERE
¿Quién resarcirá a los afectados por la negligencia de este juez?
Los jueces han de ser juzgados por el jurado popular.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el juez Indalecio Conde González, quien fuera titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra (ya jubilado), que solicitaba que se anulara la sanción impuesta contra él de un año de suspensión para el ejercicio profesional, por retrasos injustificados en sus resoluciones.
Así se ha pronunciado el Supremo a raíz del recurso interpuesto por el juez Indalecio Conde González contra la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2014, que le sancionó por una falta considerada “muy grave” del artículo 417.9 de la Ley del Poder Judicial, por retrasos en sus procedimientos.
Indalecio Conde González presentó un recurso al entender que el acuerdo del CGPJ era contrario a derecho y que, a pesar de estar ya jubilado, se debía anular para restablecer su honor e imagen, “gravemente dañados” por la imposición de una sanción que se consideraba “ilegal e injusta”.
Conde González fue denunciado en ejercicios anteriores por varios particulares a raíz de retrasos reiterados en las sentencias y procedimientos del juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra, del que era titular. Por ello, el CGPJ ordenó una suspensión de un año para el magistrado.
Tal y como recoge el Supremo, está acreditado que se produjo un “retraso reiterado en el dictado de sentencias y autos”, algo que motivó, antes de la suspensión, dos expedientes anteriores, uno que concluyó con una multa de 1.000 euros y otro con una sanción de un mes de suspensión, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2013. En esta ocasión, el Supremo también respalda la sanción.
Entre los argumentos del recurrente, que fueron rechazados por la Sala, estaba el hecho de que los sucesivos expedientes sancionadores “le ocasionaban un efecto contrario al pretendido porque, lejos de estimularle para que demostrara una mayor diligencia en el cumplimiento de sus deberes, le provocaron un estado de angustia y ansiedad que desembocó en una auténtica situación de bloqueo intelectual”.
La iniciativa de Acción Disciplinaria partió de la denuncia de varias personas molestas con los retrasos en sus procedimientos judiciales, “que podría ser de años” y en las distintas ocasiones se le sancionó por la “desatención” y el “retraso injustificado” por parte de Indalecio Conde en su labor diaria al frente del citado juzgado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó en su reunión del día 26 de noviembre de 2015, declarar la jubilación forzosa por edad del magistrado Indalecio Conde González, con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra.
https://confilegal.com/20171018-el-supremo-ratifica-la-suspension-del-juez-indalecio-conde-por-retrasos-injustificados/
Autor projusticiaPublicado el 18/10/2017 29/11/2017 Categorías administración de justicia, jueces, jueces prevaricadoresEtiquetas administración de justicia, jueces, jueces prevaricadoresDeja un comentario en El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados
Lejos de reducir la conflictividad la aumentan.
Crean nuevos juzgados y nuevos “empleos“.
Engordando la administración de justicia en vez de adelgazarla.
Bastaría con aplicar la ley y la jurisprudencia del Tribunal supremo y del Tribunal Constitucional para reducir al mínimo los juicios en procesos de familia.
Esto es, aplicar la custodia compartida por defecto y respetar la propiedad privada.
Las secciones de Martínez Campos y Ferraz se mudan la próxima semana a Santiago de Compostela, asegura el presidente de la institución
Una de las salas semivacías del edificio de Ferraz, 41, en plena mudanza – ABC
M. J. ÁLVAREZ – Madrid – 15/09/2017
La Audiencia Provincial de Madrid crea una «mínima ciudad de la Justicia». Así lo asegura el presidente de la institución, Eduardo De Porres. A partir del lunes, las secciones de lo Civil situadas en las calles de General Martínez Campos y Ferraz se mudan a un edificio de Santiago de Compostela, 100, al lado de la sede de lo Penal, situada en el 96.
Este hecho responde a la petición que le hizo De Porres a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Se enmarca en el Plan de la Comunidad de Madrid para unificar sedes y mejora de medios humanos y materiales. En total, se trasladan 13 secciones de las 15 existentes en la jurisdicción civil, salvo las dos de familia, situadas en Francisco Gervás, 2. El cambio de emplazamiento no afectará a la actividad de la Audiencia. Así lo ha asegurado De Porres.
De este modo estarán unidas la 15 secciones de lo Penal con las 13 de lo Civil que comenzarán a trabajar de inmediato, a medida que se instalen. «La idea es que en quince días funcione en su totalidad», ha precisado De Porres. «La cercanía de los dos edificios permitirá, además de que cada magistrado tenga un despacho, mejorar la gestión del trabajo judicial, al contar con una estructura coherente que permitirá reducir dependencias duplicadas y compartir otras, entre ellas, la sala de vistas».
En cuanto a la sede de lo Penal se van a acometer «importantes obras para renovar en el inmueble y se ganará una planta para despachos. De este modo, a principios de 2018 contaremos con una Audiencia Provincial unida y renovada, lo que mejorará sustancialmente la situación actual», ha aseverado el responsable del órgano judicial.
Esta unificación es una vieja reivindicación de la presidencia de la Audiencia Provincial, dadas las deficiencias de los edificios de Ferraz y Martínez Campos que denunciaban cada año en la presentación de la Memoria Anual. Hoy, De Porres ha dado cuenta de la correspondiente a 2016 y ha solicitado 30 magistrados más, uno más por tribunal para corregir las defiencias estructurales de personal, aliviar la carga de trabajo de los jueces y para dar una respuesta de calidad, al dedicar a cada asunto el tiempo que merece.
Refuerzo urgente en Familia y Mercantil
En cuanto a la jurisdicción civil, los litigios han crecido un 12,46%, al pasar de 15.323 en 2015 a 18.304 en 2016. Los asuntos pendientes de resolver han bajado ligeramente, al pasar de los 8.222 del ejercicio de 2015 a 8.147 del pasado. «La carga de trabajo ha aumentado por el caso Bankia y el tsunami de las claúsulas suelo» ha aseverado De Porres. Tras indicar que la situación de las secciones generales está bien, con una pendencia de 3,48 meses, ha recalcado que le preocupan las secciones de familia y mercantil. La primera tiene un tiempo medio de respuesta de 10,2 meses, que tacha de «excesivos», dado que son asuntos que precisan de rapidez. A los asuntos de la segunda se les da salida en 17,73 meses, con «los perjuicios económicos que acarrea esta demora». Por ello reclama un refuerzo urgente mínimo de 2 y 3 magistrados, respectivamente.
En materia penal, a pesar de que tiene el doble de asuntos, la litigiosidad ha descendio un 1,16%. «El tiempo medio de respuesta, de 1,7 meses, es óptimo, debido al esfuerzo de los magistrados», ha destacado el presidente de la Audiencia. En cuanto a los juicios, destaca que los que duran más de un día han pasado de los 100 de 2015 a los 167 de 2016, mientras que los rápidos han descendido, al pasar de los 1.767 a los 1.558.
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-audiencia-provincial-crea-mini-ciudad-justicia-unificar-sedes-penal-y-civil-201709151353_noticia.html
Autor projusticiaPublicado el 15/09/2017 18/09/2017 Categorías administración de justicia, custodia compartida, divorcio, hijos de padres separados, padres separados, vividores de la industria del maltratoEtiquetas administración de justicia, custodia compartida, divorcio, hijos de padres separados, padres separados, vividores de la industria del maltratoDeja un comentario en La Audiencia Provincial crea una «mini ciudad de la Justicia» al unificar las sedes de lo Penal y Civil
La inícua ley de violencia de género no ha servido para el fin por el que que nos la publicitaron. No se ha terminado ni reducido la supuesta “lacra” de los asesinatos a mujeres.
Entre otras cosas porque la ley está basada en burdas mentiras de las feministas.
Por el contrario sí se ha terminado con derechos básicos legislando aberraciones jurídicas que han conculcado el principio de igualdad ante la ley o el principio de presunción de inocencia. Los mismos que esgrimió Saulo de Tarso cuando le detuvieron pues estos principios los habíamos heredado del antiguo Derecho romano.
Sólo se ha creado una ingente industria del maltrato de la que viven miles de estómagos agradecidos gracias al dinero que nos roban vía impuestos.
Tal y como predijeron el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, las Asociaciones de fiscales o los expertos que comparecieron en la Comisión de justicia del Congreso de los diputados.
Es la ley que ha tenido más cuestiones de inconstitucionalidad y que ha sido más criticada por los jueces.
Pero lejos de reconocer el “error” nuestros políticos pretenden endurecer la ley. Saben que no van a solucionar el supuesto “problema” pero se aseguran seguir manteniendo el lucrativo negocio de la industria del maltrato.
De paso se cambia la sociedad aislando al individuo de su núcleo familiar donde se siente más protegido del abuso del poderoso.
En esta ocasión se han cuidado muy mucho de no convocar a la subcomisión a nadie que les pueda dejar en evidencia. Sólo han llamado a afines en la ideología de género y a quienes viven de su vertedero.
La Subcomisión del Congreso finaliza su trabajo con la elaboración de un documento, sobre el que ya puede haber consenso en diez medidas
PALOMA CERVILLA – Madrid – 05/06/2017
La Subcomisión del Congreso de los Diputados, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, tiene previsto finalizar esta semana sus trabajos, con la elaboración de un documento consensuado que recoja las propuestas de los grupos parlamentarios. Unas propuestas que debe asumir el Gobierno, ya que el presidente Mariano Rajoy se comprometió a ello en su discurso de investidura. Su promesa fue alcazar un «gran pacto» que «nos involucre a todos», y a ello han dedicado los esfuerzos todos los partidos, desde que el 15 de febrero comenzaron las comparecencias en esta Subcomisión.
El germen de este pacto fue la proposición no de ley, apoyada por todo el Congreso, que se aprobó el 15 de noviembre de 2016. En este texto se comprometían a reformar la Ley de Violencia de Género, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2014, así como llevar a cabo los cambios legislativos que fueran necesarios.
Durante estos casi cuatro meses de trabajo, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, han encontrado el consenso en al menos diez medidas que, si son aprobadas, se llevarán a la práctica con casi total seguridad. Una de ellas es la eliminación del denominado «derecho de dispensa» para los casos de malos tratos, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo es que las mujeres no puedan retractarse de su declaración inicial contra el maltratador. También hay unanimidad en ampliar el concepto de violencia de género o extender la orden de alejamiento a los menores, según han señalado a ABC las portavoces del PP y PSOE, Marta González y Ángeles Álvarez, respectivamente.
Todas estas medidas forman parte de un documento de 600 propuestas, al que ha tenido acceso ABC, y que se debatirá este jueves y viernes. Los partidos se han marcado como objetivo tener a final de semana este texto para remitir al Gobierno.
Estas son las diez medidas sobre las que puede haber consenso:
Ampliar el concepto de violencia de género. Tanto PP como PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en tratar como violencia de género los matrimonios forzosos o el acoso en las redes, aunque no tienen claro la fórmula. Bien se puede hacer modificando la ley actual o redactando una norma de trata de personas con fines de explotación sexual, como apunta el PSOE. Ciudadanos apuesta más por cambiar la ley.
Eliminar el derecho de dispensa. Una gran parte de las acusaciones contra los maltratadores se retiran cuando llega el juicio y terminan sin condena, porque la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar y cambia su declaración. PP y PSOE quieren eliminar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la víctima no pueda acogerse. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, señala que «hay que ver cómo se hace para que no colisione con principios fundamentales».
Suprimir el atenuante de confesión. Un maltratador sabe que si confiesa rápidamente su crimen se le aplica el atenuante de confesión, que figura en el Código Penal. Los grupos mayoritarios quieren eliminar este atenuante del Código Penal y así impedir que la Justicia le beneficie.
Orden de alejamiento para menores. El Partido Popular apunta que también podría haber un alto nivel de acuerdo en la decisión de extender a los menores la orden de alojamiento que el juez dicte contra el padre. Se dan casos de que el juez dicta una orden solo para la madre, y cuando el padre se queda con los niños, los mata, como así sucedió en Córdoba con José Bretón, y en otros muchos casos.
Más formación para jueces, médicos, psicólogos… La necesidad de reforzar la formación de todos los actores implicados en los casos de violencia de género también ha sido puesta de manifiesto en las diversas comparecencias que se han llevado a cabo ante la Subcomisión. Los partidos mayoritarios la asumen como un elemento fundamental del pacto. Incluso no descartan que se pueda impartir alguna asignatura sobre esta materia en los centros escolares.
Eliminar el agravante de género. En la Ley Orgánica de Violencia de Género existe el agravante de género para condenar al maltratador. «Se ha dado el caso en que algunos pronunciamientos judiciales aseguran que no hubo intención de someter a la mujer y consideran la agresión como violencia doméstica y no de género», señala la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marta González. Esta formación política señala que hay que eliminar este agravante porque en algunos casos son «apreciaciones subjetivas del juez sobre si existe, o no, violencia de género». Otros grupos también comparten esta consideración.
Eliminar el derecho de información. Los hijos de mujeres maltratadas, en algunos casos, tienen que recibir asistencia psicológica. Este tratamiento tiene que ser autorizado por el padre maltratador, según el artículo 156 del Código Civil. Con este pacto se pretende que se elimine esta autorización. La portavoz socialista señala cómo «se han producido denuncias de los padres contra psicólogos porque entienden que sus hijos reciben el tratamiento sin permiso».
Tipificar el delito de suplantación en la red. Los populares tienen la intención de plantear que se tipifique en el Código Penal el delito de suplantación en la red. Ello es así por que se ha detectado que los maltratadores, al conocer las claves de sus parejas en las redes sociales, envían mensajes que en muchos casos se consideran ofensivos, suplantando su personalidad. Incluso contestan su correo electrónico. A día de hoy este delito no existe en la legislación. Los populares creen que la mayoría de grupos parlamentarios podría aceptar incorporar esta medida al documento final, que está previsto cerrar el próximo viernes y enviarlo al Gobierno para su aplicación.
Equipos especializados en la Policía . Cuando se interpone una denuncia por violencia de género, la Policía Nacional somete a la víctima a un cuestionario tomando como base el programa Viogen, y hacen una valoración del riesgo. En función de ello, deciden las medidas de protección a adoptar. Pero los policías se quejan se que ellos no son sicólogos y de que el juez debería tener otros informes. Por ello, los expertos consideran que en los Juzgados de Violencia de Género debe haber un equipo específico para hacer esos informes desde un punto de vista más profesional. En el pacto que se firme se podría recoger esta petición, sobre la que puede haber, de entrada, un consenso.
Endurecer el proxenetismo. El artículo 187 del Código Penal castiga el delito de proxenetismo. Sin embargo, el Partido Popular considera que lo hace de una manera muy laxa y que es «necesario castigarlo con mayor dureza». La mayoría respaldaría esta propuesta.
http://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-quiere-denuncias-maltrato-no-puedan-retirarse-201706052145_noticia.html
Autor projusticiaPublicado el 06/06/2017 07/06/2017 Categorías así nos informan, custodia compartida, denuncias falsas, divorcio, educación, feminazis, hijos de padres separados, industria del maltrato, informes falsos, ley violencia género, mentiras de las feministas, padres separados, persecución del disidente/opositor, privilegios de las feministas, subvenciones, vividores de la industria del maltratoEtiquetas administración de justicia, así nos informan, custodia compartida, denuncias falsas, divorcio, educación, feminazis, hijos de padres separados, informes falsos, ley violencia género, mentiras de las feministas, padres separados, persecución del disidente/opositor, privilegios de las feministas, subvenciones, vividores de la industria del maltratoDeja un comentario en El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse
“Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.”
Por supuesto, la seguridad jurídica es inversamente proporcional al número de leyes.
La burocracia pesa mucho en España | Pixabay/CC/Geisteskerker
M. Llamas. – 25-05-2017
Y algo similar sucede con las comunidades autónomas, ya que aprobaron 245 normas (-19,4%) y publicaron 723.915 páginas en sus respectivos boletines oficiales, una caída del 7,8% con respecto a 2015. Cataluña, con casi 91.000 folios de normativa, fue la región más prolija en esta materia.
“Esta situación tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, puesto que las empresas no pueden dedicar sus recursos y esfuerzos plenamente a lo que saben hacer, que es crear riqueza y generar empleo”, advierte la patronal. “Hemos de tener presente que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada, hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas”, concluye.
Entre otras medidas, la CEOE solicita que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, que el Gobierno cree la “carpeta del empresario” para facilitar la tramitación del conjunto de procedimientos con las Administraciones Públicas, así como ampliar la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red, tramitar de forma electrónica las solicitudes de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, simplificar el Impuesto de Sociedades, sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico o simplificar la solicitud y renovación de certificados electrónicos.
http://www.libremercado.com/2017-05-25/la-losa-de-la-burocracia-espana-publica-900-leyes-y-960000-paginas-de-regulacion-al-ano-1276599688/
Autor projusticiaPublicado el 25/05/2017 28/05/2017 Categorías administración de justicia, legislación, políticosEtiquetas administración de justicia, legislación, políticosDeja un comentario en La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año
Hay quien califica al corporativismo judicial como mafia dado como se protegen entre ellos y los numerosos vínculos familiares entre los miembros de la judicatura.
No es de extrañar que el juez Velasco se niegue a investigar qué juez dio el chivatazo a González. Esto es, quién delinquió.
FERNANDO LÁZARO – 8 may. 2017
En el curso de la investigación que dio lugar a laoperación Lezo, los agentes de laUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectaron que Ignacio González podía estar recibiendo información «privilegiada» sobre el caso. Los operativos situaron a principios de año el momento en que el ex presidente de la Comunidad de Madrid pudo empezar a recibir datos de que estaba bajo vigilancia.
Su preocupación está centrada en esa «magistrada amiga», que está en laAudiencia Nacional. Los agentes de la UCO sospechan que es esa juez la que pudo proporcionar la información sobre las pesquisas secretas. Es más, sobre la mesa tienen nombres. Por ese motivo, aún insisten más a Velasco para que aclare el papel de esa magistrada.
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/590f4900e2704ed3078b4576.html
Autor projusticiaPublicado el 08/05/2017 10/05/2017 Categorías administración de justicia, juecesEtiquetas administración de justicia, juecesDeja un comentario en El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González
Es evidente que los políticos tienen un interés especial en que la Justicia no funcione.
Tener entretenidos a los ciudadanos con problemas menores y hacer que éstos desistan de acudir a la justicia son algunos de los objetivos.
Lorenzo del Río y Emilio de Llera presiden una comisión mixta entre el TSJA y la Consejería de Justicia. M. RODRÍGUEZ
RAMÓN RAMOS – Granada – 7 may. 2017
La Junta anunció una nueva oficina judicial en 2004 que funcionaría al año siguiente, pero todavía no existe
Granada reivindica la “capitalidad judicial” que proclama el Estatuto
Iba a ser un cambio “revolucionario” en organización y métodos de trabajo en la administración de Justicia o, al menos, así se anunció aquel lejano 22 de julio de 2004 en que la entonces consejera María José López reunió en una jornada de trabajo a representaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior, encabezadas por sus titulares de la época, Augusto Méndez de Lugo y Jesús García Calderón: es la fecha inaugural de la Oficina Judicial y Fiscal, que ese día echaba a andar en lo que se anunciaba como una realidad tangible en abril siguiente, es decir en 2005, bajo la premisa mágica que en la jerga autonómica suele acompañar todo plan o proyecto diseñado por la Junta: ‘pionero’.
Pero pasó 2005 y 2006 y… hasta llegar a este 2017 en que con desencanto el actual presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al presentar la Memoria del TSJA rescataba lo que se ha convertido en un clásico del anual resumen judicial en Andalucía: los avances experimentados son “anecdóticos”, ningún adelanto “significativo” respecto a la Oficina, “donde todo apunta a una voluntad de implantación más testimonial que efectiva”. Una visita a las sucesivas Memorias de la Fiscalía Superior arrojaría un lamento similar año tras año.
El último hito en esta historia que va camino de los trece años se registró el pasado 22 de noviembre, cuando la Consejería de Justicia remitió al Ministerio la Orden que regula la relación de puestos de trabajo (RPT) en la reorganización de recursos humanos y materiales que conllevará la efectiva implantación de la Oficina. La pelota, pues, está en el tejado del Gobierno central, que debe dar la aprobación definitiva a lo que ya de forma provisional ha hecho la Junta, según comentaron a EL MUNDO portavoces de la Consejería. Una vez recibido el ‘visto bueno’ se pondrán en marcha como ‘experiencia piloto’ en los municipios de El Ejido, Vélez Málaga y Dos Hermanas, ya designados, aunque aquel julio de 2004 en que se habló de abril de 2005 como ‘minuto uno’ se anunció una Oficina por cada provincia de Andalucía.
En noviembre, por tanto, se puso fin a una larga negociación con la representación sindical de los funcionarios y el tiempo anterior se fue en el trabajo para el diseño de la Oficina y las modificaciones legislativas inherentes a la entrada en servicio de la Oficina. En el tiempo transcurrido desde la jornada iniciática quedaron atrás las comisiones de coordinación y la comisión general constituidas en 2004 para el estudio pormenorizado en cada orden jurisdiccional. A los actores de aquella jornada la historia reciente los ha dejado atrás: a Méndez de Lugo le sucedió Del Río en la presidencia del TSJA, por la Consejería pasaron -después de López-Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menachoantes del actual Emilio de Llera y el último ‘superviviente’, García Calderón, acaba de ser reemplazado en la Fiscalía por Ana Tárrago.
Trece años después no hay Oficina Judicial y Fiscal pero sí existe el director general de la Oficina Judicial y Fiscal: Juan Rueda, a quien en su oficina de la Consejería no le falta el trabajo pues sus funciones abarcan a la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia, tarea que ocupa su jornada ante la carencia de facto de funciones respecto a la Oficina Judicial y Fiscal.
Una Oficina que hunde sus orígenes en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que suscribieron en 2001 los principales partidos políticos de nuestro país el 28 de mayo de 2001, que contemplaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, abordar “por primera vez una regulación de los aspectos organizativos de la denominada Oficina Judicial”. En desarrollo del Pacto, el proyecto de la Junta trataba de superar el “obsoleto” sistema organizativo de la Justicia “cuando pueden existir una serie de servicios comunes procesales” que contribuyan “a la agilización y descarga” de la saturación que se acumula en los Juzgados, según expresó a la prensa Méndez de Lugo, mientras Calderónresaltaba la “racionalización de esfuerzos” que conllevaría una Oficina entonces ‘acariciada’ para 2005. Pero la Junta encargada de su desarrollo esperó a enero de 2014 para que se publicase el decreto por el que se regula organización y estructura de la Oficina, definida en la web de la Consejería como “organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, y que va a traer indudables ventajas tanto para la ciudadanía como para el propio personal al servicio de la Administración de Justicia”. Un decreto mirado con desconfianza por los funcionarios que “rompe con la configuración clásica de juzgado, superando el modelo atomizado e incorporando criterios de buenas prácticas”.
A día de hoy, en el apartado correspondiente la web consagra la Oficina como “una necesidad legal y de gestión”, compelida además por “el actual panorama presupuestario que obliga mucho más a optimizar los recursos disponibles en aras de la mejora continua de los servicios públicos”. Una urgencia para la que la Junta se ha tomado su tiempo: ya en fecha temprana, en 2006, la Memoria del TSJA apunta “la frustración ante la actual situación, puesto que el año 2006 puede considerarse un año en blanco, un año perdido en la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Nada nuevo puede reseñarse en el proceso de implantación y el estado actual es de desánimo y estancamiento”. Y así, hasta 2017.
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/07/590e0be9e5fdea5b758b45be.html
Autor projusticiaPublicado el 07/05/2017 07/05/2017 Categorías administración de justicia, políticosEtiquetas administración de justicia, políticosDeja un comentario en La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados
¿Qué no habrá en la Fiscalía?
Mientras los fiscales dependan del Gobierno de turno no podremos fiarnos de sus actuaciones.
El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del Ministerio Público. JAVIER BARBANCHO
MANUEL MARRACO – Madrid – 29 abr. 2017
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha ordenado investigar a tres fiscales de su unidad a raíz de la denuncia de uno de los imputados en la investigación sobre las cuentas de los Pujol en Andorra. Los fiscales afectados sonJosé Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, que han investigado los fondos de la familia de ex presidente de la Generalitat. A los dos primeros Moix les había apartado recientemente del llamado caso 3%, que investiga las comisiones ilegales a Convergència.
La actuación de Moix ha causado malestar entre los fiscales de Anticorrupción, un destino en el que son frecuentes las denuncias de los afectados por las investigaciones. Según fuentes de la Fiscalía, los afectados sólo tuvieron noticia de la denuncia cuando Moix les informó de que había dictado ya un decreto en el que respaldaba abrir una investigación por posibles delitos de coacciones y contra la administración de Justicia. Lo había hecho tras recibir al abogado del denunciante y tomar posteriormente declaración al propio denunciante sin que los tres fiscales conocieran la existencia del escrito en su contra.
En la denuncia, el imputado Rafael Pallardó sostiene que los fiscales le coaccionaron para declarar falsedades contra los Pujol. Los denunciados rebaten que, en realidad, en el encuentro el imputado les pidió dinero para declarar contra los Pujol, para quienes habría llevado fondos a Andorra. La respuesta fue que se podían ofrecer rebajas de pena por colaborar, pero no dinero.
Dos de los fiscales afectados habían sido ya apartados del ‘caso 3%’
El decreto de Moix indica que, puesto que los hechos se habrían cometido en Barcelona y que los fiscales están aforados, el órgano competente para investigar es la Fiscalía Superior de Cataluña. Ese departamento ya ha abierto unas diligencias de investigación a los fiscales tras el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Lo previsible a partir de ahora es que la Fiscalía Superior de Cataluña acuerde tomar declaración a los tres fiscales en presencia de sus abogados. Los afectados podrían, a su vez, solicitar diligencias como el interrogatorio a los testigos. Por ejemplo, a los entonces jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, y fiscal general,Eduardo Torres Dulce. Según fuentes del Ministerio Público, el encuentro con el imputado tuvo la autorización expresa de ambos.
Además de tratar el asunto directamente con el propio Maza y con el jefe de la inspección, los tres fiscales han pedido el amparo ante el Consejo Fiscal -órgano de representación de la carrera- frente a las denuncias presentadas en su contra, que a su juicio sólo pretenden minar su capacidad de actuación. El escrito enviado a la Fiscalía General va acompañado de las firmas de apoyo de todos sus compañeros de Anticorrupción. Varios de los firmantes señalan que el respaldo también puede interpretarse como una crítica al pábulo que Moix le ha dado a la denuncia.
En el caso de Grinda, existe una segunda denuncia presentada en Anticorrupción, esta vez por parte un imputado en el caso Petrov, que investiga la mafia rusa. Los fiscales afectados relacionan ambas denuncias con maniobras de los hermanosRamon e Higini Cierco, responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) -utilizada por los Pujol- hasta que el escándalo del blanqueo forzó su salida.
El episodio es un nuevo encontronazo de Moix en sus primeros meses al frente de Anticorrupción, tras la disputa mantenida con los dos fiscales encargados de la operación Lezo.
La petición de amparo es el segundo punto del orden del día que tiene marcado para los próximos días 3 y 4 de mayo el Consejo Fiscal. El primero será el intento de Moix de apartar a Grinda y Rosa del caso 3%. Ambos se han opuesto a la medida, por lo que la última palabra la tendrá Maza tras escuchar el parecer -no vinculante- del Consejo Fiscal. El jefe de Anticorrupción justificó el cambio en que era razonable que un caso de Cataluña lo lleven los delegados de Anticorrupción en esa comunidad. Entre los argumentos de los dos afectados está que Bermejo era fiscal en Cataluña cuando comenzó con el caso y que han pedido al juez de Tarragona que la investigación pase a manos de la Audiencia Nacional.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/29/5903afbf268e3ec05b8b45cd.html
Autor projusticiaPublicado el 29/04/2017 29/04/2017 Categorías administración de justicia, fiscalíaEtiquetas administración de justicia, fiscalíaDeja un comentario en Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones
Mercedes Alaya. Foto: KIKE TABERNER
VALÈNCIA. Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada porForo de Opinión Cívico de la Cominidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos.
Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER
Autor projusticiaPublicado el 27/04/2017 Categorías administración de justicia, fiscalía, juecesEtiquetas administración de justicia, fiscalía, juecesDeja un comentario en La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

References: resolución 
 artículo 417
 artículo 416
 artículo 416
 artículo 156
 artículo 187