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Timestamp: 2017-06-24 17:28:53+00:00

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El Justo Reclamo: 10/30/08
Se entregará el próximo martes a los diputados federales el Programa de Defensa de la Economía Popular, anuncia AMLOMéxico, Distrito Federal Jueves 30 de octubre de 2008* En donde presentó el plan para la defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional, en el Hemiciclo a JuárezIntroducción :A partir del agravamiento de la crisis económica, nuestro movimiento comenzó a vincular la lucha en defensa del petróleo con planteamientos y propuestas para proteger al pueblo ante el derrumbe de la política económica neoliberal.Asimismo, una vez descubierta la trampa contenida en las reformas legales en materia de petróleo, aprobadas por el Congreso de la Unión, sobre todo la pretensión de ceder áreas del territorio nacional a compañías petroleras extranjeras, para llevar a cabo, en exclusiva, la exploración y la producción de nuestro petróleo, se hace necesaria la firme defensa de nuestra soberanía.Es decir, en esta nueva etapa, nuestro movimiento tendrá, al mismo tiempo, como misión principal la defensa de la economía del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional.1. Objetivos generales y específicos.a) Evitar que se viole la Constitución y se entregue el territorio nacional a empresas extranjeras para la exploración y producción de nuestro petróleo.b) Defender la economía del pueblo ante la crisis y lograr mediante la presentación de propuestas y la movilización ciudadana, que se utilicen todos los instrumentos del Estado (presupuesto, subsidios, programas, decretos, medidas de control y regulación, entre otros) para apoyar al pueblo y no permitir que el gobierno usurpador siga sólo atendiendo y rescatando a los potentados de siempre.c) Ser solidario con las causas justas de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y ciudadanas en todo el país. Objetivos específicos:a) Darle seguimiento a la aplicación de las leyes aprobadas en materia de petróleo.b) Cuidar, de manera especial, lo relacionado con la pretensión de violar la Constitución para el otorgamiento de contratos de servicios con duración indefinida, con compensaciones especiales y concediendo a compañías extranjeras, en exclusiva, lotes o bloques del territorio nacional para la exploración y producción de petróleo.c) Elaborar y poner en práctica un programa integral para la defensa de la economía popular, bajo los siguientes criterios:-- Orientar el presupuesto del año próximo para atender las necesidades del pueblo.-- Aplicar una política de austeridad republicana que reduzca el costo del gobierno a la sociedad. En especial, que se eliminen o disminuyan las partidas del presupuesto destinadas a mantener los privilegios de la alta burocracia.-- Otorgar créditos con bajas tasas de interés a pequeñas y medianas empresas y comercios, condicionados a no despedir trabajadores.-- Frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la población en general, mediante el congelamiento de precios en alimentos, impuestos y servicios, y con la reducción de los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica.-- Impulsar la construcción de infraestructura, vivienda y obras públicas para reactivar la economía y crear empleos.-- Apoyar a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria.-- Establecer el Estado de Bienestar con la puesta en práctica de programas de apoyo directo a discapacitados, madres solteras y adultos mayores.-- Proteger los ahorros y los fondos de pensiones de los trabajadores y de la clase media.-- Dar atención prioritaria a los jóvenes.-- Fortalecer la educación pública.-- Garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.d) Hacer recomendaciones concretas a la población para enfrentar la crisis con humanismo y buscando soluciones colectivas. Acciones.De corto plazo. Del viernes 31 de octubre al 23 de noviembre.- Hacer acto de presencia frente a Palacio Nacional, el día que el presidente usurpador promulgue las leyes en materia de petróleo.- Acto de entrega de una carta a Televisa para solicitar tiempo en sus transmisiones, con el propósito de dar a conocer al pueblo de México, nuestras razones acerca de la reforma en materia de petróleo.- Presentar nuestro programa para la defensa de la economía popular, en la Cámara de Diputados, antes de que se apruebe el presupuesto del año próximo.Acciones de mediano y largo plazo. A partir del 23 de noviembre.- Informar al pueblo de México con volantes, historietas y video sobre las acciones de defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional.- Crear oficinas para orientar y defender a la gente ante despidos injustificados de trabajadores, cobros indebidos de luz, agua, predial, teléfono, tarjetas de crédito y otros.- Organizar la creación de comedores populares en las zonas más pobres del campo y la ciudad.- Recoger experiencias e informar en países productores de hidrocarburos tratando de hermanar nuestra lucha con quienes en otras partes del mundo defienden el petróleo y sus recursos naturales.- Notificar a las empresas petroleras extranjeras sobre nuestra decisión de no permitir cualquier tipo de contrato que viole la Constitución, particularmente los de servicios por tiempo indefinido, con compensaciones y que cedan bloques o lotes del territorio nacional para la exploración y la explotación de nuestro petróleo.- Estar pendientes, para actuar en consecuencia, de la integración del Consejo de Administración de Pemex, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de su Reglamento interior.- Elaborar y recurrir a todos los instrumentos legales para la defensa del petróleo.- Vigilar todo el proceso de contratación en Pemex.- Denunciar actos de corrupción.- Darle seguimiento a todas las decisiones del Consejo de Administración de Pemex.- Llevar a cabo asambleas públicas de información y evaluación sobre el avance del plan para la Defensa del Pueblo, el Petróleo y la Soberanía Nacional. La primera se celebrará después de la marcha del 23 de noviembre.- Actualizar nuestro Proyecto Alternativo de Nación y presentarlo como una opción posible ante el derrumbe del modelo económico neoliberal.Tareas1. Convertir a la actual Comisión Coordinadora de Defensa del Petróleo, en Coordinadora Nacional de Defensa del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional. Ampliar el número de sus miembros y considerarla como el principal órgano de dirección del movimiento.2. Integrar las siguientes Comisiones de Trabajo: Comisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad.Comisión de Asuntos Internacionales.Comisión de Combate a la Corrupción en Pemex.Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración de Pemex.Comisión para la Defensa de la Economía Popular.Comisión de Seguimiento y Acciones Inmediatas.Comisión de Difusión.Comisión de Estudios y Actualización del Proyecto Alternativo de Nación.Comisión para la Ayuda Mutua en apoyo a la economía popular.3. Mantener la organización de las brigadas como la base principal de nuestro movimiento para informar, orientar, concientizar y movilizar a la población, y llevar a cabo las acciones de resistencia civil pacífica.4. Con este propósito se constituye la Coordinación Nacional de Brigadas y se mantienen las actuales coordinadoras y coordinadores de brigadas.Calendario.-Mitin relámpago frente a Palacio Nacional, cuando se sepa de la promulgación de las reformas.- Entrega del Programa de Defensa de la Economía Popular a diputados federales del Frente Amplio Progresista, el martes 4 de noviembre.- Invitación a todos los ciudadanos para entregar la carta a Televisa, martes 11 de noviembre, a las cinco de la tarde, en Avenida Chapultepec.- Marcha y Asamblea nacional informativa y de evaluación, del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, domingo 23 de noviembre a las 11 de la mañana. Allí se presentarán los avances, los programas de trabajo de las comisiones y se darán a conocer las tareas hacia adelante.Amigas y amigos:Estamos inaugurando una nueva etapa de lucha para responder a las nuevas circunstancias sin abandonar los objetivos generales que nos propusimos desde la Convención Nacional Democrática. Es decir, vamos a seguir defendiendo al pueblo, al patrimonio nacional y construyendo, desde abajo y con la participación ciudadana, la nueva República.Es claro que la lucha continúa, que nos seguiremos organizando y movilizando de acuerdo a este plan general. Definiendo nosotros mismos el ritmo y la profundidad de nuestras acciones y la conveniencia de llevar a cabo acciones de resistencia civil pacífica.En pocas palabras, vamos a seguir gobernando desde la sociedad. Haciendo valer el poder que nos da la autoridad moral, la organización del pueblo y la fuerza de nuestro movimiento. Todo ello, acompañado de la participación de especialistas, de intelectuales independientes, de artistas, profesionistas y ciudadanos en general, con el único propósito de sacar a México del atraso en que se encuentra y construir una sociedad más libre, más democrática, más justa y más igualitaria.¿Están de acuerdo con este Plan en defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional? Ahora les propondré a los nuevos integrantes de la Coordinación Nacional. Les doy a conocer los nombres.Y también les informo de las nuevas comisiones que estamos conformando y de los nombres de sus integrantes.• • • • •Coordinación Nacional de Defensa del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional• Berta Maldonado• Jesusa Rodríguez• Layda Sansores• Claudia Sheinbaum• Rosalinda López• Ifigenia Martínez• Alfredo Jalife• Alejandro Encinas• Armando Bartra• Luis Javier Garrido• Rosario Ibarra• Yeidckol Polevnsky• Jorge Arvizu• Ricardo Cantú• Pedro Jiménez León• Antonio Almazán• Manuel OteroComisión para la Defensa de la Constitución y la Legalidad• Ricardo Monreal• Arnaldo Córdova• Jaime Cárdenas• Silvano Garay• Jesús González Schmall• Loretta Ortiz Alfh• Julio Scherer IbarraComisión para la Defensa de la Economía Popular• Mario Di Costanzo• Asa Cristina Laurell• Víctor Suárez• Alberto Anaya• Juan Abad de Jesús• Raymundo Cárdenas• Humberto Zazueta• Dante DelgadoComisión para la Ayuda Mutua en Apoyo a la Economía Popular• Elena Poniatowska• Laura Esquivel• Eduardo Cervantes• Laura Itzel Castillo• Cristina Barros• Carlos Pellicer LópezComisión de Vigilancia del Consejo de Administración de PEMEX• Bertha Luján• Roselia Barajas• José Eduardo Beltrán• John Ackerman• Francisco Garaicochea• Carlos Payán Velver• Antonio GershensonComisión de Combate a la Corrupción en PEMEX• Octavio Romero Oropeza• Rocío Nahle• Eréndira Sandoval• Cuauhtémoc Velasco• Agustín Díaz LastraComisión de Asuntos Internacionales• Jorge Eduardo Navarrete• Héctor Vasconcelos• Víctor Flores Olea• Javier Wimer• Susana de Iruegas• José Jacques y Medina• Cuauhtémoc Sandoval• Alejandro ChanonaComisión de Estudios y Actualización del Proyecto Alternativo de Nación• Ignacio Marván• Luciano Concheiro• Rogelio Ramírez de la O• Héctor Díaz Polanco• José Ma. Pérez Gay• Víctor Manuel Toledo• Bolívar EcheverríaComisión de Difusión• Rafael Barajas• Luis Mandoki• Herón Escobar• Pedro Miguel• Carlos SalcesComisión de Seguimiento y Acciones Inmediatas• Claudia Lilia Cruz• Blanca Salces• Karen Anguiano Quiroga• Valentina Batres• Alfonso Suárez Del Real• Aleida Alavés• Mercedes Maciel• Pedro Landeros• Antonio VillegasCoordinación General de Brigadas• Ricardo Ruiz• Alejandra Barrales• David Cervantes• Martha Pérez Bejarano• Salomón Jara• Fabiola Alanís
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cuentos de terrorMonosapiens Para ampliar la imagen AQUI.
sondeo¿Quién ganó con la reforma energética?a) El país5.38 % 21 votosb) Felipe Calderón16.15 % 63 votosc) Andrés Manuel López Obrador78.46 % 306 votos Para participar en el sondeo AQUI.
Los infiltrados Emilio Goicochea josé gil olmos MÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- La infiltración del narcotráfico en la policía mexicana no es nada nuevo, como se trató de manejar con los recientes casos de Fernando Rivera Hernández, director de inteligencia de la SIEDO, y del coordinador general técnico de la misma, Miguel Colorado González, quienes trabajaban para los hermanos Beltrán Leyva.Lo preocupante es que, ante la persistencia de este problema, las autoridades no han hecho nada, lo cual habla de la enorme corrupción que hay no sólo en la estructura policíaca, sino de todo el gobierno desde hace mucho tiempo.Según datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al menos 35 agentes han sido cesados desde julio pasado por proporcionar información de inteligencia a cárteles de droga a cambio de pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales. Pero detrás de este dato oficial, la percepción que hay en la opinión pública es que este fenómeno es más amplio y profundo, lo cual mina las labores de persecución y de justicia.Lo grave de este problema es la negación constante de las autoridades civiles y militares que desde hace años se han visto involucradas. Habría que recordar los casos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, excomisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), detenido en 1997 por vínculos con Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.También, el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien de 1993 a 1996 participó, junto con Alcides Ramón Magaña, El Metro, en la célula del sureste del cártel de Juárez.El gobierno panista de Vicente Fox nunca quiso atacar el involucramiento de altos funcionarios con representantes del narcotráfico, como tampoco lo ha hecho Felipe Calderón. Habría que recordar el mutis que hizo el gobierno calderonista cuando el reportero de la revista Proceso, Alejandro Gutiérrez publicó un reportaje con fotos donde se demostraba que Emilio Goicochea, actual embajador de México en Canadá, se relacionó, en 1992, con Genaro Caro Quintero, hermano menor de Rafael Caro, cuando hacía campaña para la gubernatura de Sinaloa.Frente a las versiones actuales de que el Ejército también puede estar infiltrado, el subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, señaló que si bien no hay ningún caso registrado hasta ahora, el instituto armado no está exento de que pudiera presentarse una situación de ese tipo.Esta declaración nos deja ver que actualmente ninguna autoridad del gobierno está a salvo de la compra de sus funcionarios que se pasan al servicio del narcotráfico; y que hace falta una limpia hasta los más altos niveles de las instituciones policiales y militares, pero también entre gobernadores, legisladores, ediles, candidatos, etcétera, a los cuales la tentación del dinero les ha llenado los bolsillos.Felipe Calderón ya dijo que hará esta limpia, pero hasta que no se vea detrás de las rejas a funcionarios de alto nivel o a gobernantes que desde hace tiempo son investigados, la incredulidad social se mantendrá.
El TEPJF desnuda al IFE Leonardo Valdés álvaro delgado MEXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- Con su fallo sobre la ilegal intervención del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en las elecciones de 2006 para afectar a Andrés Manuel López Obrador y beneficiar a Felipe Calderón, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhibió al Instituto Federal Electoral (IFE) presidido por Luis Carlos Ugalde, pero también al que actualmente encabeza Leonardo Valdés. Ugalde y Valdés, ante circunstancias distintas, evitaron sancionar al organismo cúpula del empresariado del país por su campaña contra López Obrador, pero ahora, por órdenes del TEPJF, deberán aplicar sanciones a quienes resultaron beneficiados con los spots: Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).Desde el proceso electoral del 2006, sobre todo en el mes de junio, Ugalde se dijo impedido legalmente para evitar la intensa campaña de spots de radio y televisión del CCE contra López Obrador, pese a que había una prohibición expresa en la ley electoral, y lo ratifica en su libro Así lo viví. Testimonio de la elección presidencial de 2006, que circula apenas hace una semana.Según explica Ugalde en su libro, a diferencia de los spots del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) --que encabezan empresarios con militancia panista que hasta hoy permanecen en la impunidad--, los del CCE presidido entonces por José Luis Barraza no llamaban a votar ni hacían referencia a las campañas presidenciales, por lo que no violaban el artículo 48 de la ley electoral.Este artículo establecía: "Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto mediante durante las campañas electorales".Ugalde expone en su libro: "El IFE enfrentaba un dilema. Por un lado, si pedíamos a RTC el retiro de esos spots, como se hizo en el caso del Celiderh, el riesgo era que el CCE tramitara un amparo bajo el argumento de que el IFE se extralimitaba y violaba su derecho a la libre expresión, ya que en ningún lugar de la ley electoral se prohibían anuncios como el aludido. Si los empresarios obtenían una suspensión provisional, eso daría más publicidad a los spots y el efecto negativo se multiplicaría."Por otro lado, si al amparo de una lectura literal del artículo 48 el IFE no hacía nada, podríamos contribuir a deteriorar, por omisión, el ambiente de la elección, a pocos días de la jornada electoral. Además, había un problema adicional. La ley electoral no establecía sanción alguna en caso de que alguien violara el artículo 48".Ugalde, quien afirma que "nunca se sabrá cuál fue el impacto sobre las preferencia del electorado" de esa campaña en radio y televisión, reconoce que "el IFE debió haber sido más firme en su exigencia de que se retiraran de inmediato los spots del CCE" Pero la impunidad con la que actuaron los empresarios agrupados en su organismo cúpula también la garantizó el IFE presidido por Valdés, cuyo Consejo General resolvió por mayoría, apenas el 29 de septiembre, declarar infundada la queja presentada por el Partido de la revolución Democrática (PRD) para sancionar al PAN, PRI y PVEM, beneficiados con la campaña de spots del CCE.Red de complicidadesTal como lo informó el semanario Proceso, en su edición que comenzó a circular el domingo 5 de octubre, a pesar de acreditarse la ilegalidad de las conductas del CCE, el Consejo General del IFE resolvió desechar la queja perredista, sólo con el voto en contra del consejero Alfredo Figueroa. El organismo que agrupa a los patrones del país contó con una red de complicidades para burlar cualquier sanción por los cientos de spots de televisión y radio transmitidos en la parte final de la campaña del 2006: El gobierno de Felipe Calderón, Televisa, Televisión Azteca e inclusive funcionarios y consejeros del IFE. Conforme a la información que los directamente involucrados ofrecieron oficialmente al IFE, que los interrogó por escrito y de cuyos documentos el semanario tiene copia, los spots transmitidos por el CCE simplemente no existieron. Televisa ni siquiera respondió a los oficios que, desde mayo del 2007, le fueron enviados por el secretario ejecutivo del IFE, Manuel López Bernal --todavía con Ugalde como presidente del Consejo General--, al vicepresidente jurídico de la empresa, Joaquín Balcárcel, para detallar la transmisión de los spots. Televisión Azteca, a través de su apoderado legal, Félix Vidal Mena Tamayo, de plano aseguró que nada sabía de tales spots: "Tengo conocimiento por afirmaciones de las personas del área de ventas que en los archivos con los que se cuenta en TV Azteca de las transmisiones de junio de 2006 no aparece registro de que mi representada haya transmitido los anuncios referidos por la autoridad en el oficio que se contesta." Y el gobierno de Felipe Calderón actuó, también, con completa opacidad en los spots difundidos por el organismo cúpula del sector privado durante junio del 2006 que, según un monitoreo y las tarifas vigentes en esa fecha, tuvieron un costo superior a los 130 millones de pesos.La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Irma Pía González Luna Corvera --hermana de la exconsejera del IFE María Teresa González Luna-- aceptó que se transmitieron spots, pero sólo dos veces, ambos el mismo día, 27 de junio, y sólo en el canal 9: Uno a las 20:09 horas y el otro a las 21:19.En otro oficio, enviado el agosto --un mes después del primero--, el IFE fue más explícito y le solicitó la información aludiendo inclusive a nombre de las cadenas radiofónicas y televisivas, "y cualquier otro de los medios, con impacto a nivel local y/o nacional", donde pudieran haberse transmitido los spots del CCE, pero la respuesta fue la misma, incluyendo los dos casetes de formato VHS que le adjuntó.Todavía en julio de este año, la misma RTC, ahora a cargo de Norberto Tapia Latisnere --y ya con González Luna Corvera como subsecretaria de Normatividad de Medios--, la respuesta fue también negativa: "...debido a la antigüedad de las fechas de los materiales de su interés, ya no se encuentran disponibles en nuestros archivos electrónicos materiales de los periodos requeridos".Y a pesar de haber contratado su propio sistema de monitoreo, ni en el propio IFE hubo vestigios de los spots del CCE, "en virtud de que la información relativa a los promocionales de las empresas o personas ajenas a los partidos o coaliciones políticas no fueron sujetos al monitoreo", según el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agiss.Esta lógica del ocultamiento la impuso el propio CCE desde que, en agosto del año pasado, su representante legal, Luis Miguel Pando Leyva, se escabulló de las preguntas que le formuló la autoridad electoral como parte de la investigación de la queja presentada por el PRD contra el PAN y la Alianza por México, integrada por el PRI y el PVEM.El PRD presentó la queja después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció en el dictamen sobre la validez de la elección que los spots del CCE no sólo violaron la ley, sino que beneficiaron al PAN y al PRI, en perjuicio del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador."Los spots a que se refiere en el presente cuestionamiento no son ni han sido promocionales", declaró textualmente Pando Leyva en un oficio recibido por el secretario ejecutivo del IFE y, a la pregunta de cuál fue "el motivo finalidad de la emisión de dichos promocionales", el directivo adujo que "la única finalidad fue difundir algunos temas que el CCE considera primordiales para el crecimiento y desarrollo de nuestro país". López Bernal le preguntó sobre el nombre de la persona o las personas que ordenaron y/o contrataron la difusión de los promocionales del organismo presidido entonces por José Luis Barraza, y Pando Leyva respondió: "No se tiene noticia de contratación de 'promocional' alguno".Pregunta: Si los promocionales en cita forman parte de alguna estrategia de difusión o promoción de actividades relacionadas con la materia electoral, particularmente con la difusión del voto.Respuesta: No, y no son promocionales.Pregunta: De ser afirmativa la respuesta precedente, los términos en que se difundió o difunde la estrategia mencionada, precisando el tiempo que abarcó o ha abarcado la misma, los medios en los que se difundió o difunde, el costo que ha implicado, así como la forma y nombres de las personas que han intervenido en el subsidio de dicho costo.Respuesta: La respuesta anterior es negativa.Pregunta: Si la asociación civil que usted representa o alguno de sus miembros pertenecientes a los órganos de dirección de la misma pertenecen a algún partido político, agrupación política u organización adherente a cualquiera de ellos.Respuesta: No.Agravio de Calderón al IFEEstas conductas evasivas de los involucrados en la difusión de los spots, que el TEPJF estableció que violaron la ley y perjudicaron a López Obrador, fueron subrayadas por los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade, la madrugada del martes 30, en un caso que fue opacado por las millonarias multas a los tres principales partidos políticos. Figueroa fue el único de los nueve consejeros que votó en contra del proyecto de resolución de la queja por sus "deficiencias procesales", entre ellas las de no haber profundizado, por ejemplo, el interrogatorio al CCE, cuyo expresidente, José Luis Barraza, encabeza el consejo de administración de Aeromexico, empresa privatizada por Calderón. "El partido demandante pidió que se le repreguntara al Consejo Coordinador (Empresarial), pero el área jurídica de esta institución decidió no preguntar para no molestar", dijo Figueroa, quien reprochó la conducta de las televisoras y de la Secretaría de Gobernación. "La dirección de RTC nos dijo que esos spots aparecieron dos veces en la televisión mexicana; se le preguntó a Televisa sobre la difusión de esos spots y la respuesta nunca llegó; se le preguntó a TV Azteca sobre la televisión de esos spots y la respuesta no tiene tampoco desperdicio." Andrade, quien sí votó a favor de declarar infundada la queja, afirmó que el CCE sí violó la ley al difundir los spots -"decir lo contrario es el equivalente a caer en un asunto de simulación"--, y también condenó la actitud del gobierno de Calderón en el esclarecimiento del caso, particularmente la Secretaría de Gobernación. "No podemos pasar por alto la respuesta de la Secretaría de Gobernación, porque no sólo agravia en términos de percepción de todos los mexicanos, está agraviando al sentido común, desde luego, y agravia al Instituto Federal Electoral," expuso Andrade. Y añadió: "Esto es lo no puede pasar en un sistema como el nuestro. El gobierno federal ignoró siquiera las intervenciones del Instituto Federal Electoral en el caso y es importante señalarlo para que también quede constancia del agravio."Por su parte, Figueroa reprochó que la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE haya determinado declarar infundada la queja simplemente porque los representantes del PAN y del PRI se deslindaron de los spots del CCE -algo que el presidente de la ese órgano, Marco Antonio Gómez, consideró suficiente--, pese a que el TEPJF estableció que sí se beneficiaron y así se establece en el propio proyecto de resolución. En efecto, ese proyecto, si bien proponía al Consejo General declarar infundada la queja --como ocurrió--, sustentó que los directivos del organismo empresarial sí violaron la ley, en perjuicio de López Obrador:"No pasa inadvertido para éste órgano colegiado, aun cuando no forma parte de la litis, el hecho de que el Consejo Coordinador Empresarial A.C. difundió en radio y televisión propaganda con la finalidad de disminuir las preferencias político-electorales de una fuerza política, por lo que es posible afirmar que dicho ente privado conculcó lo dispuesto en el artículo 48, párrafos 1 y 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".Tales disposiciones del Cofipe establecían, antes de la reforma, el derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y, en ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros.Y textualmente, indica: "Así las cosas, este órgano resolutor estima que la conducta desplegada por el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. constituye un posicionamiento político, a través del cual se perjudicó a la otrora Coalición "Por el Bien de Todos", lo que dio lugar a la transgresión de las condiciones de equidad que deben prevalecer en toda contienda electoral, toda vez que sólo a los partidos políticos se les permite la contratación de propaganda político electoral y no a los terceros ajenos al sistema de partidos políticos."En virtud de lo expuesto anteriormente, se concluye que el Consejo Coordinador Empresarial A.C. efectuó hechos violatorios de la ley, por lo que se reitera que, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 6 del Código Civil Federal, relativas a que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, dicho ente jurídico tiene la obligación de ceñirse en todo tiempo a las disposiciones legales, con independencia de la existencia o no de procedimientos o sanciones específicas, ya que es condición suficiente la existencia de una norma, como la que fue transgredida en el presente asunto (de orden público y de observancia general), para que una persona moral se ciña a ella y procure su debido cumplimiento."Los consejeros del CCEEstas consideraciones en el documento irritaron a los consejeros Benito Nacif y Arturo Sánchez Gutiérrez, identificados con el PAN, y propusieron eliminarlas de la resolución para no sentar un "precedente peligroso", sobre todo en materia de libertad de expresión. Nacif reconoció que el TEPJF se pronunció en ese sentido en su dictamen de la elección presidencial. "Sin embargo, debemos tomar en cuenta que este asunto no se puede considerar cosas juzgada, pues en realidad no hubo juicio alguno. El dictamen del Tribunal fue un acto administrativo estrictamente y la parte, una de las partes acusadas, en este caso la parte implicada, no tuvo oportunidad de presentar alegatos en su defensa, dado que no era propiamente un juicio." Y advirtió del riesgo de declarar ilegales los spots del CCE: "Si lo hace está sentando un peligroso precedente que introduce, por vía administrativa, una restricción injustificada al derecho a la libertad de expresión y al derecho concominante a la información sobre asuntos de interés público que tienen los ciudadanos. Esto ahora está afectando a un consejo de empresarios, pero de igual manera afectaría a sindicatos, asociaciones civiles que persiguen causas justas" En el mismo sentido se pronunció Sánchez Gutiérrez, quien elogió la actitud del CCE, porque "no me queda claro que estuviera obligado a contestar", y se pronunció, con un tono persuasivo, por eliminar los señalamientos de que ese organismo violó la ley: "¿Por qué creo que es factible y no afecta el desarrollo de la queja eliminar estos considerandos? Porque no es necesario. La queja finalmente afirma y no plantea como litis si el Consejo Coordinador Empresarial violó o no violó la ley. Esa no es la litis de la queja. La queja era si los partidos se habían beneficiado o no de los spots, y lo declara infundado." El representante del PRD, Rafael Hernández, reprochó a ambos consejeros su actitud ante el dictamen del TEPJF --"por cierto, consejero Nacif, ese dictamen para algunas cosas sí vale y para otras no vale, ¿verdad"-- y sobre los spots: "Tal parece que aquí la consigna de varios consejeros, espero que no de la mayoría, es (que) al Consejo Coordinador Empresarial (no se puede tocar) ni con el pétalo de una rosa."Al final, aunque Nacif y Sánchez Gutiérrez no desaparecieron de la resolución que el CCE violó la ley por la difusión de los spots contra López Obrador, sí sumaron sus votos al resto de los consejeros --salvo Figueroa-- para evitar cualquier sanción por esa conducta, de la que se ufanó en el 2006 su presidente, José Luis Barraza.Inclusive cuando, el 5 de septiembre, el TEPJF emitió su dictamen que acreditó la violación a la ley, Barraza ni se inmutó.--¿Se arrepiente? -le preguntó el entrevistador Carlos Loret de Mola.--¡Claro que no!
Tamaulipas: la masacre del narcopenalarturo rodríguez garcía REYNOSA, Tamps., 29 de octubre (apro).- El pasado 20 de octubre, el Centro de Ejecución de Sentencias (Cedes) de Reynosa, Tamaulipas, fue escenario de una de las más cruentas riñas entre los propios internos, después de la que ocurrió, un par de semanas antes, dentro del penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California.Y es que el enfrentamiento entre dos grupos antagónicos dejó un saldo de 21 internos muertos, 16 de los cuales fueron calcinados; de estos últimos, al menos 10 estaban vivos cuando les prendieron fuego.Lo sucedido dentro del penal, que, por cierto, no estaba considerado de "alto riesgo" ni por el gobierno federal ni por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es sino reflejo de la creciente violencia que priva en esta ciudad.Con los muertos del Cedes, en lo que va del año se han cometido 57 crímenes vinculados al narcotráfico, la misma cifra registrada durante todo el 2007, según el reporte de asesinatos elaborado por el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac).Desde los primeros meses de este año, los municipios de la frontera tamaulipeca, asiento del cártel del Golfo y de Los Zetas, también han registrado un incremento en sus estadísticas de "narcohomicidios", ya que con los hechos violentos del pasado 20 de octubre, el número de ejecuciones llegó a 71 en lo que va de 2008, contra 67 registrados durante todo 2007 en toda la zona.En medio del hermetismo gubernamental, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Ives Soberón Tijerina, sólo informó que el enfrentamiento ocurrido dentro de la prisión tuvo su origen en la disputa por el control interno del penal.Además, no descartó que el enfrentamiento tuviera alguna relación con la fuga de 17 internos el pasado 9 de octubre, entre los que se encontraban cinco presuntos integrantes del grupo de Los Zetas.Por esos hechos, se abrió una investigación contra el director del penal, Carlos Hernández Vega, y 50 custodios que presumiblemente facilitaron la fuga.Luego de ese incidente, policías federales y estatales realizaron una exhaustiva revisión en el interior del penal en búsqueda de armas, pero, inusitadamente, no encontraron nada.Sin embargo, 11 días después los internos utilizaron al menos dos armas de fuego durante el enfrentamiento, de acuerdo con datos recabados entre personal de servicios periciales: un arma calibre .45 y otra, 9 milímetros.El jueves 23, el gobernador Eugenio Hernández Flores informó que se estaba investigando lo ocurrido en el Cedes, y reiteró que Hernández Vega había sido cesado. Además, el mandatario exigió al gobierno federal recursos para construir un penal de alta seguridad.Ronaldo Rivas Jaramillo sustituyó en el cargo a Hernández Vega."La Suburban"La fuga del pasado 9 de octubre, permitió saber que el Cedes de Reynosa estaba fuera de control y que custodios penitenciarios y la administración, estaban bajo las órdenes de internos, ya que sin ejercer violencia y con llaves de cerrojos y candados, los 17 presos -la mayoría por homicidio-, salieron sin contratiempos del penal.Con todo y la supuesta investigación, el día 20 de octubre, un tiroteo y la toma de control del penal por un grupo de reos, terminó en el trágico desenlace que costó la vida a 21 personas.De acuerdo con la versión oficial, la trifulca duró poco más de 12 horas. Inició a las 2:00 de la madrugada y fue hasta las 2:30 de la tarde, cuando los federales y soldados retomaron el control de la penitenciaría.Según versiones recogidas entre familiares de internos, el control del penal se había hecho efectivo a través de un grupo de reos vinculados al cártel del Golfo, quienes integraron un cuerpo de golpeadores conocido adentro como "La Suburban".La función del grupo, integrado por cerca de 20 personas, era someter a los internos que no accedían a pagar cuotas o se insubordinaban con el mando de los reos. Cuando iban en busca de alguna de sus víctimas, lo golpeadores acudían en formación de varias hileras, llevando al frente a su líder, de manera semejante a como se ubican los asientos del vehículo de ese nombre.Sin embargo, luego de la fuga de reos, inició la rispidez entre el grupo que tradicionalmente había mantenido el control del penal y uno nuevo, formado aproximadamente hace dos meses, cuando fue ingresado a ese centro penitenciario Raúl Salinas Fuentes, alias El Quesillo, a quien la Procuraduría General de la República (PGR), consignó en 2007 al Juzgado 1 de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de México.Según la PGR, Salinas Fuentes fue detenido el 8 de febrero de 2007 por elementos del Ejército destacados en Matamoros, en posesión de 18 armas largas, 17 armas cortas, 259 cargadores, 19 granadas calibre 40 milímetros y ocho mil 376 cartuchos útiles de diferentes calibres.Un día después, el 9 de febrero, quedó a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde se inició la averiguación previa, PGR/SIEDO/UEITA/013/2007, de la que se desprendió la causa penal 56/2007, por la que en mayo pasado, se le dictó auto de formal prisión, y fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.Sin embargo, hace unos meses fue trasladado al penal de Reynosa, donde asumió el liderazgo de los internos vinculados al grupo de Los Zetas.Aparentemente, las desavenencias entre los dos grupos desataron una refriega en las canchas de los módulos Norte y Sur, conocidos como "Sinaí" y "Valle Hermoso", respectivamente. Ahí, salieron a relucir armas de fuego y se inició un tiroteo que terminó con el sometimiento de un grupo que fue encerrado en uno de los talleres (presuntamente, de carpintería), donde se les roció gasolina y otros solventes, y luego se les prendió fuego.Las versiones se reproducían durante la mañana del lunes 20 y el martes 21, en el exterior del penal, donde miles de personas hacían guardia esperando ver a sus familiares internos.--¿Cómo sabe usted eso señora? -se le preguntó a una de las mujeres que refiere la historia del enfrentamiento con "La Suburban" en el "Sinaí".--Porque hablé con mi esposo por teléfono celular. Dice que hasta los custodios les andaban echando gasolina -respondió.En una entrevista publicada por el servicio en línea Metronoticias, el mismo día 20, el secretario Ives Soberón, no aceptó ni negó la participación de la delincuencia organizada: "Sería difícil afirmarlo, pero son hechos objetivos que se están dando y que tendremos que analizarlo desde varias perspectivas", dijo.No sólo había teléfonos celulares adentro del penal. De acuerdo con personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia --que trabajaba a marchas forzadas para ayudar al forense a despachar las 21 autopsias e identificar mediante estudios de ADN a los calcinados que ya eran reclamados por sus familias--, al menos 10 de los muertos fueron quemados vivos.--¿Los otros seis fueron heridos de bala? -se les inquirió.--Van revueltos, unos tienen herida de bala y también fueron incendiados.Los cinco muertos que no fueron calcinados, presentaban heridas de bala y armas punzocortantes. En uno de los cuerpos había 60 puñaladas.Mientras policías y soldados intentaban retomar el control del penal la mañana del lunes, los cadáveres se fueron apilando en la explanada de la penitenciaría. Al mediodía, varios vehículos tipo Van, sacaron los cuerpos en bolsas, mientras decenas de personas corrían detrás, desesperadas por saber las identidades.La lista de los muertos que dieron a conocer las autoridades tamaulipecas, cotejada por personal de la Agencia del Ministerio Público que conoció el caso e integró la averiguación previa 918/2008, identificó a Cesáreo Martínez Segundo, Juan Ignacio Rodríguez Ramos, Mario Arturo Moctezuma Aguilar, Sergio Aguirre Hernández, Raúl Rojas Cantú, Francisco Pedraza Rodríguez, José Luis Hernández Terrazas, José Remigio de la Cruz, Francisco Javier Lugo Valdez, Fernando Silva Yagún y José Alejandro Mireles Cabrera.También a: Israel Díaz Sahagún, Alberto Mireles Hernández, Román Leocadio Mendoza, Francisco Javier Hernández Martínez, José Ángel Balderas Castellán, José Gutiérrez Oviedo, Francisco Ríos Reyna y José Colegio de la Cruz, además de otros dos que no habían sido identificados.Los heridos fueron identificados como: Osvaldo Aguilar Betancourt, Miguel Sequeda Corpus, Noé Cantú Alvarado, Francisco Reyes Robles, Francisco Fernández Robles, Apolinar Cano Martínez y, Erick Salinas, Juan Hoskings, Justino Guzmán, Arturo Pérez, Carlos Saldívar y Juan Manuel Alonso.La desigualdadEn el Cedes de Reynosa, los privilegios son notables: Hay celdas en las que se hacinan hasta 25 reos, mientras en otras tres o cuatro internos ocupan cómodamente sus literas, visten con ropa de marca y usan perfumes finos.Además, los presos enfermos están segregados en un área que antes era de castigo, hoy llamada de "Reflexión"; no reciben el tratamiento médico que necesitan, no tienen ventanas ni patios, no tienen luz, no tienen contacto físico ni siquiera con los médicos, se les echa de comer en platos de plástico, a la distancia y, por la falta de ventilación, se respiran olores fétidos.Un reporte del Cefprodhac detectó también un problema de sobrepoblación. Rebeca Rodríguez, presidenta del organismo, asegura que el Cedes tiene una capacidad para poco más de 800 personas, pero actualmente, tiene más de 2 mil internos, aunque según la Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública federal, tiene capacidad para mil 400 internos, pero alberga a 2 mil 70, es decir, tiene un sobrecupo de 47%."El problema principal es la desigualdad. La sobrepoblación de 300% y los beneficios --que afectan a los reos más pobres--, generan una gran violencia, autogobierno y autocontrol. No hay orden dentro del penal, lo que hay es demasiada corrupción e impunidad y esta tragedia es la prueba. Creemos que se pudo evitar."Lo que ocurrió no asombra. Es el resultado de un vaso de agua que fueron llenando, y aunque existen otros intereses por los que están peleando (los internos), todo es consecuencia de la sobrepoblación", agrega.La sobrepoblación ha sido minimizada por el gobierno tamaulipeco. El secretario Ives Soberón, inclusive, llegó a mencionar que las condiciones del penal eran buenas:"Aquí nosotros habíamos, hemos tenido problemas, pero no de estas dimensiones... pues donde tenemos sobrepoblación es ahí, en otros no hay; las condiciones eran buenas, estamos trabajando con derechos humanos", dijo.Inclusive, llegó a mencionar, sin entrar en detalles, el diagnóstico elaborado por el órgano administrativo desconcentrado de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que no consideraba la penitenciaría como un penal de alto riesgo.Tampoco la CNDH, ha calificado mal al Cedes de Reynosa: le otorga 6.95 de calificación, que lo ubica por encima de la media nacional, que es de 6.22.Desde las primeras horas del enfrentamiento y durante todo el lunes y martes, cientos de personas aguardaban, a veces a punto de registrar otro motín pero afuera del Cedes, la información sobre la situación de los internos. La desesperación también era producto de la confusión, pues en las listas de muertos, heridos y vivos, no aparecían algunos nombres.La mañana del lunes, las familias rompieron el cerco y llegaron hasta la aduana, donde fueron contenidas y replegadas a medio kilómetro de la puerta principal. Cuando por fin pudieron ingresar a la visita, el martes, cesaron los señalamientos por desapariciones, pero varios de ellos comentaron la posibilidad de otro enfrentamiento, pues aseguraban que aún había internos armados y temían por sus vidas. La noche del martes, el número de emergencia 060, recibió una alerta sobre otro motín en el penal, por lo que los federales y soldados estrecharon la vigilancia.
El Gobierno de México, omiso ante el caso Ye GonJorge Carrasco AraizagaEn el caso del empresario Zhenli Ye Gon, que se encuentra preso en Estados Unidos bajo la acusación de introducir metanfetaminas a ese país, una serie de dilaciones por parte de las autoridades estadunidenses, así como la pobre cooperación del gobierno de México, mantienen empantanadas las investigaciones y retrasado el juicio contra el chino naturalizado mexicano. Realizado con el apoyo del Programa de Becas para Periodistas de América Latina, emprendido este año por el diario The Washington Post y el Woodrow Wilson International Center, el presente trabajo revela los obstáculos y las contradicciones del caso.WASHINGTON.- Cumplido un año de la detención de Zhenli Ye Gon, los gobiernos de México y de Estados Unidos no han aportado pruebas fehacientes de que el empresario farmacéutico preso en esta ciudad fuera proveedor del mercado estadunidense de metanfetaminas.Sin embargo, el ciudadano chino naturalizado mexicano tampoco ha desvirtuado una de las principales acusaciones en su contra: que no fueron 205 millones de dólares en efectivo, sino 350 millones los que llegó a poseer en México, Estados Unidos, China y Hong Kong como producto de la venta de efedrina y seudoefedrina a laboratorios clandestinos.El probable consentimiento oficial que Ye Gon tuvo en México en su actividad inicial como importador de toda clase de bienes, y luego como un empresario farmacéutico, se ha convertido en un obstáculo para que fluya la información desde México a Estados Unidos.En varias ocasiones, el Departamento de Justicia, del que depende la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, ha dicho ante la Corte que no ha podido acreditar y precisar todos los cargos contra el empresario de origen chino porque el gobierno de México le envía la información en partes.Es más: el abogado de Ye Gon en México, Rogelio de la Garza, asegura que la administración de Felipe Calderón le ha escamoteado información al Departamento de Justicia. "La Procuraduría General de la República ha mandado a Washington pruebas diferentes a las que sirvieron para la causa penal que le sigue tanto a él como a su esposa y sus empleados", asegura el también defensor de éstos.Proceso consiguió tener acceso al expediente del caso (1:07-CR-00181-EGS), el cual se compone de más de mil páginas y se encuentra radicado en la Corte Federal para el Distrito de Columbia.De la revisión de ese documento y de los pormenores del caso puede establecerse que el gobierno estadunidense tiene su propia estrategia: alargar tanto como pueda el período de alegatos antes de que se abra el juicio en contra de Ye Gon, quien se halla confinado en una cárcel de alta seguridad en Washington.El propósito: lograr que alguno de los detenidos en México lo incrimine o que el empresario se convierta en testigo protegido, algo que sus abogados aseguran que no ocurrirá. La amenaza es una sentencia mínima de entre 10 y 30 años de prisión. La máxima puede ser cadena perpetua.Desde su arresto, efectuado en las afueras de la capital estadunidense, el empresario ha intentado que el juez Emmet Sullivan, titular de la Corte Federal para el Distrito de Columbia, deseche la acusación por considerar que los cargos en su contra no tienen sustento.Ye Gon ha hecho esta petición en cuatro ocasiones porque, después de un año de prisión preventiva, el Departamento de Justicia no ha presentado evidencias que demuestren que el empresario surtía al mercado ilegal estadunidense de drogas sintéticas ni que lavaba dinero en Las Vegas. De hecho, de los 126 millones de dólares que Ye Gon asegura haber apostado entre 2004 y 2007 en los casinos de Nevada, 80 están registrados como pérdidas.Involucrada desde 2006 en la investigación de la PGR contra Ye Gon, la DEA alertó a la justicia estadunidense al estimar en 724 millones de dólares los recursos que Ye Gon pudo haber obtenido en el mercado ilegal de metanfetaminas por la venta de 86.885 toneladas de seudoefedrina que según la agencia antidrogas el empresario importó a México en un solo año.La DEA asegura que esa cantidad se integró con 20 y 29.4 toneladas de N-metil-acetilamino importadas el 12 de diciembre de 2005 y el 6 de enero de 2006, respectivamente, y con 37.485 toneladas de hidroxi-benzil-N-methil-acetetamina, importadas del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2006.La DEA le explicó al juez Sullivan que, de acuerdo con sus análisis, la primera sustancia tiene un nombre químico parcial que no está identificada para la producción de analgésicos. Mientras que el segundo nombre, observa, no corresponde a ningún químico conocido; de acuerdo con las investigaciones del Laboratorio Central de la Administración Central de Aduanas de México, se trataba de seudoefedrina.Lo que la agencia antidrogas no le dijo al juez es que esas casi 90 toneladas entraron a México con la autorización de la propia Administración de Aduanas -que depende de la Secretaría de Hacienda-, a pesar de que desde el primer embarque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le advirtió al entonces director de Aduanas, José Guzmán Montalvo, sobre la falsificación de permisos por parte de Unimed, empresa propiedad de Ye Gon.Tampoco reveló que el Laboratorio Central demoró varios meses en informar de sus hallazgos ni que la PGR no hizo nada para detener esas importaciones, que según la DEA tuvieron como destino final el mercado estadunidense en forma de drogas sintéticas. Hasta ahora, sin embargo, el Departamento de Justicia no ha demostrado cómo, cuándo ni quiénes introdujeron las metanfetaminas a Estados Unidos.InconsistenciasYe Gon ya fue indiciado por un gran jurado del Distrito de Columbia, no obstante que los cargos formulados por la DEA han sido vagos e imprecisos. Primero lo acusó de ser proveedor de los laboratorios clandestinos de metanfetaminas destinadas a Estados Unidos, y después de que él mismo era productor del estimulante.Antes de que, en 2005, se estableciera en México la prohibición para importar seudoefedrina, entre 2002 y 2004 Ye Gon importó 81 toneladas de este químico, según constató la Secretaría de la Función Pública en la auditoría 50/07 practicada a la Cofepris. Sin embargo, de acuerdo con la misma auditoría, sólo 34 toneladas fueron registradas por el organismo. Las 47 restantes no se anotaron como importaciones autorizadas y se desconoce cuál fue su destino.La acusación contra Ye Gon en Estados Unidos se apoya en esas 81 toneladas y en el intento de Unimed de introducir a México otras 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina, una sustancia que lo mismo puede convertirse en metanfetaminas que en medicamentos.Para desacreditar la acusación, la defensa de Ye Gon presentó ante la Corte la factura de esas importaciones. Según se lee en el documento, escrito tanto en chino como en inglés, el propio empresario viajó a Mongolia interior, casi en la frontera china con Rusia, para realizar la compra.La operación la hizo el 18 de octubre de 2006. Compró 19.797 toneladas de hidroxi-benzil-N-metil-acetetamina a la empresa Chifeng Arker Pharmaceutical Technology, una subsidiaria de Shangai Industrial United Holdings, compañía que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong. El precio fue de 692 mil 895 dólares. De acuerdo con la factura, la mercancía salió del puerto de Tianjin, y aunque no lo precisa, llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en diciembre de 2006.La defensa de Ye Gon sostiene que esa era la única empresa a la que le compraba ese tipo de sustancias. Establecida desde 1949, en 2000 Chifeng Arker empezó a producir series de seudoefedrina para uso médico.En 2003, la Food and Drug Administration de Estados Unidos hizo una inspección a la compañía. Más aún, cuando en marzo de 2007 se desató el escándalo de los 205 millones de dólares, agentes de la DEA se trasladaron a la compañía. Un año después, el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas contra Unimed por su relación con Chifeng Arker.Un hecho extraño es que, si bien el juicio contra Ye Gon no se ha iniciado en Estados Unidos, el procurador mexicano, Eduardo Medina Mora, ordenó la destrucción de la sustancia. Otro hecho raro es que el gobierno de Calderón repartió entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial los 205 millones de dólares incautados sin que mediara para ello una resolución judicial.La incautación de las casi 20 toneladas de seudoefedrina derivó en el cateo a las propiedades de Ye Gon en México, donde además de esa millonaria cantidad la PGR aseguró 111 mil dólares y documentación de cuentas bancarias en Estados Unidos, China y Hong Kong, así como de transferencias de casas de cambio de México a Estados Unidos y Europa.Todas esas cuentas están congeladas, además de que Estados Unidos le aseguró al empresario un Rolls Royce Phantom 2007.No obstante, la imputación de la DEA es muy vaga. Dice que el acusado, "consciente e intencionalmente... conspiró... con otros coconspiradores conocidos y desconocidos para el gobierno".El único supuesto cómplice identificado es Michelle Wong, una exempleada del Mirage Hotel Casino en Las Vegas con la que Ye Gon se involucró sentimentalmente y a la que la DEA acusa de lavado de dinero. En una declaración presentada por esta agencia, pero que no está firmada por la testigo, se asegura que Ye Gon le contó que estaba lavando dinero para narcotraficantes mexicanos. Sin embargo, el abogado de Wong, George Allan Dale, niega que su clienta haya hecho esta imputación a Ye Gon.El fiscal del Departamento de Justicia encargado del caso, Paul Laymon, ha intentado aplazar el comienzo del juicio, pues pretende que Ye Gon se declare culpable o que su esposa u otro de los detenidos en México lo incriminen. Uno de los argumentos que Laymon usa para retrasar el juicio es que el gobierno de China no ha entregado toda la información que se le ha solicitado en virtud de que se encuentra ocupado con motivo de los Juegos Olímpicos.En su empeño por incriminarlo, Laymon se trasladó a México para interrogar a la esposa del acusado y a dos de sus exempleados, lo que constituye una violación al procedimiento penal mexicano. Con la anuencia de la PGR y sin la presencia del abogado De la Garza, Laymon y otros funcionarios del Departamento de Justicia y de la embajada de Estados Unidos en México se trasladaron el 25 de abril de 2007 al penal de Santiaguito, en el Estado de México, para pedir a esas personas su colaboración para incriminar a Ye Gon.Por lo pronto, Laymon logró que el juez Sullivan alargue el período previo al inicio del juicio, pese a que el juzgador encontró "débiles" las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia. El Código Federal estadunidense establece que un detenido debe ser procesado 70 días después de su arresto.El conteo se ha interrumpido debido a una serie de acciones impulsadas por el Departamento de Justicia. De acuerdo con las estimaciones del propio gobierno estadunidense, el plazo para el comienzo del juicio se vencería a fin de año si es que no hay más acciones dilatorias. David Zapp, uno de los abogados de Ye Gon, calcula que podría pasar por lo menos otro año antes del juicio.AntecedentesAl empantanamiento de la causa penal contra Ye Gon contribuyó la estrategia inicial de la defensa, que intentó presentar a su cliente como víctima de una persecución política.Tanto en sus respuestas a las imputaciones de la DEA como en su petición de asilo político, Ye Gon involucró a representantes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) de haberlo obligado a esconder en su casa los 205 millones de dólares que, afirmó entonces, fueron el sobrante de los recursos utilizados para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón.En particular, señaló a Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo y jefe de la campaña de Calderón, de haberlo amenazado de muerte si no cooperaba. Lozano rechazó la acusación y anunció que demandaría a Ye Gon en Estados Unidos por difamación. En medio del escándalo, Lozano incluso viajó a ese país. Pero en los registros judiciales estadunidenses no aparece ninguna acción legal del funcionario mexicano contra el empresario.El escándalo político no le funcionó a Ye Gon, aunque uno de sus primeros defensores, Martin Mac Mahon, cuyo despacho litiga disputas comerciales internacionales, insiste en relacionar el caso con hechos de corrupción en México.Sin embargo, Mac Mahon dejó de participar en la defensa de Ye Gon a petición de éste.El segundo abogado del empresario, Ning Ye, quien ejerce entre Washington y Nueva York, asegura que se trata de un caso "frívolo" porque "de todos los documentos mostrados por el gobierno, no hay nada que incrimine" a su cliente.El nuevo abogado contratado por Ye Gon es David Zapp, cuyo despacho en Nueva York se especializa en casos de lavado de dinero. Él asegura que lo más difícil para el gobierno estadunidense será probar el vínculo de las importaciones de Unimed con Estados Unidos. Pero advierte que el Departamento de Justicia insistirá para que alguien termine por incriminar a Ye Gon.La detención del empresario puso en evidencia al gobierno de Vicente Fox, que le dio todas las facilidades para operar en México como importador a gran escala de mercancías desde China, en especial de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos, incluida la efedrina y la seudoefedrina, precursores de las metanfetaminas.De acuerdo con los registros de Unimed presentados en la Corte federal del Distrito de Columbia, durante cinco años Ye Gon logró introducir a México por lo menos 8 mil toneladas de sustancias químicas, para revenderlas a distintos laboratorios.A partir de 1997, la Secretaría de Hacienda estuvo al tanto de sus operaciones comerciales, pues fue cuando dio de alta su empresa. A finales de ese año, el Instituto Nacional de Migración le otorgó permiso para que residiera en México como técnico farmacéutico de laboratorios Silanes.Esta última compañía es propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, amigo de Vicente Fox desde la universidad y contribuyente de la campaña del guanajuatense por medio de Amigos de Fox. Cinco años después, el entonces presidente le entregó a Ye Gon su carta de naturalización como mexicano.Todas las facilidadesEl empresario oriental operaba en México con autorización de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud. En 2005, el gobierno de Fox decidió controlar la importación de efedrina y seudoefedrina. Antes de ese año, todas las puertas estaban abiertas en México para que estas sustancias se desviaran hacia el mercado ilegal de las metanfetaminas.La febril actividad importadora de Ye Gon durante el gobierno pasado no sólo contó con la autorización de la Cofepris, sino que tuvo permisos de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República, que ahora lo acusa.En octubre de 2006 obtuvo dos cartas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que le permitieron importar sulfato de gentamicina, materia prima para la elaboración de antibióticos.La acusación formal contra Ye Gon, mediante una declaración jurada, la hizo Eduardo A. Chávez, agente especial de la DEA destacado en la Ciudad de México.
Un misterio más del PRI Martha LamasEl pasado martes 21 la mayoría del Pleno del Congreso del estado de Sonora votó a favor de lo que ha sido la línea del Vaticano: consagrar la vida desde su inicio hasta la muerte natural. El Congreso de Sonora se integra por 33 diputados, y la iniciativa fue suscrita por 27 legisladores, 14 que corresponden a la totalidad de los representantes del PRI y 13 a todos los del PAN. Los únicos que no lo hicieron fueron los tres legisladores del PRD, los dos de Nueva Alianza y el del Partido del Trabajo. No obstante, la diputada Petra Santos Ortiz (PRD) dio lectura a un comunicado firmado por varias organizaciones ciudadanas, en el cual se pronunciaban por abrir el debate a la sociedad, y fundamentalmente a las mujeres. No hubo caso: el autoritarismo prevaleció, y priistas y panistas votaron sin aceptar consulta ciudadana de ningún tipo.Esta reforma PRI-PAN expresa la estrecha relación entre empresarios conservadores y jerarquía católica, que encarna Eduardo Bours. El gobernador logró conducir a los priistas al terreno del PAN al aprobar una reforma que, casi idéntica, han propuesto (aunque todavía no han votado) los panistas en Baja California, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco. La presidenta del PRI, Beatriz Paredes, señaló hace tiempo que los integrantes de su partido estaban en libertad de pensar como quisieran en este asunto. No hay que olvidar que, en el DF, fue precisamente un diputado del PRI el que hizo la propuesta de despenalización, que retomó y modificó Alternativa y posteriormente el PRD. También en 2003, la propuesta de despenalización en el DF vino de una diputada priista. Sorprende, pues, la unanimidad de los priistas sonorenses. ¿Qué quiere decir esa total coincidencia? ¿Una sumisión absoluta a Bours o un giro a la derecha?Lo escandaloso de lo ocurrido es que el Congreso de Sonora optó por hacer caso omiso de la ponderación entre los derechos de las mujeres y la protección de la vida en gestación que acaba de realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Ignorancia, regionalismo o simplemente que, como católicos, creen que ellos tienen la Verdad revelada? Los diputados priistas y panistas sonorenses no se interesaron por el largo debate, con audiencias públicas, expertos y amicus curiae, que los ministros de la SCJN propiciaron para responder al complejo dilema de qué priorizar: ¿la vida del embrión o el derecho de la mujer? La SCJN definió un marco constitucional muy cuidadoso, donde se establece el derecho de la mujer dentro de ciertos límites que protegen al producto: no es lo mismo un embrión de 12 semanas que un feto de veintitantas. Pero los priistas y panistas sonorenses, en lugar de hacer un esfuerzo por comprender el sentido de la votación mayoritaria en la SCJN y sus implicaciones constitucionales, volvieron sobre los trillados argumentos de los grupos mal llamados "Pro-vida". Algunos, incluso, espetaron: "¡Nos vale lo que digan allá en la capital!". Sólo que olvidaron que la resolución de la SCJN es válida no sólo para los chilangos, sino que establece ciertos parámetros para toda la República. Claro que la reforma de Bours, que contraviene flagrantemente dichos lineamientos, no va a afectar a las sonorenses ricas que desde hace años se cruzan a Estados Unidos a interrumpir sus embarazos. En cambio, probablemente al DF llegará una oleada de turismo abortivo de sonorenses de escasos recursos, y seguramente también de otras entidades que van por ese mismo camino.Sí, porque tal parece ser la estrategia panista. Antes de enviar este artículo, el jueves 23, en Baja California se iba a votar la misma iniciativa de reforma constitucional. Estrategia absurda, si vemos que todas las democracias europeas establecen en sus constituciones la protección a la vida al mismo tiempo que tienen despenalizado el aborto. O tal vez es una acción simbólica, para complacer al Vaticano, ya que en el DF todos los esfuerzos de la jerarquía católica para obstaculizar el avance de la despenalización han fracasado rotundamente (la Ley Robles de 2000, las reformas de 2003 y la despenalización de 2007). Por eso los obispos han tenido que recurrir a estados donde el panismo gobierna o, como ocurrió ahora, con un gobernador priista profundamente empanizado. Y mientras los gobiernos panistas reforman sus constituciones locales y los gobiernos perredistas intentan despenalizar en los suyos, ¿qué harán los priistas? Misterio.El aborto es un problema que no se debe legislar desde posturas religiosas y desconociendo el complejo debate bioético que implica, sino sabiendo que los dolores e injusticias provocados por la penalización del aborto seguirán presentes hasta que se homologue una misma ley despenalizadora en todos los estados. Sin embargo, la utilización política del aborto sigue a la orden del día. Ya conocemos la postura del PAN en contra, y del PRD a favor de la despenalización. Pero ante el misterio de las actitudes individuales en el PRI, en el 2009 la ciudadanía interesada en la despenalización deberá exigir a sus candidatos a legisladores que hagan explícita su actitud sobre el tema. Más vale prevenir que lamentar. l
Se desploman las remesas; pierden 6.5 % Carlos Acosta CordovaMÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- Las remesas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos siguen desplomándose: en el tercer trimestre del año -julio-septiembre-- cayeron 6.5%, cuando en los anteriores las bajas fueron de 1.1% en el primero, y 3.4% en el segundo, informó el Banco de México.Así, en los primeros nueve meses del año las remesas cayeron de manera acumulada 3.7%, equivalentes a una disminución de 673 millones de dólares en relación con el mismo periodo del 2007. El año pasado ingresaron al país 18 mil 198 millones de dólares, mientras que en igual lapso de este, llegaron 17 mil 525 millones.En el informe trimestral de inflación, que este miércoles dio a conocer el gobernador del banco de México, Guillermo Ortiz, se detallan los factores que ocasionan la baja en las remesas:--La prolongada desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, misma que ha impactado negativamente en las oportunidades de empleo en ese país--La baja en la actividad productiva ha sido más aguda en los sectores económicos donde hay una mayor presencia relativa de los migrantes mexicanos, como son la industria de la construcción y el sector manufacturero; a ello se suma la creciente dificultad de los migrantes para encontrar trabajo en virtud de los controles antiinmigrantes, más estrictos, del gobierno norteamericano--Los mayores problemas que enfrentan los trabajadores mexicanos para emigrar a Estados Unidos, ante una mayor vigilancia fronteriza en ese país.Sin embargo, en la presentación del informe, Guillermo Ortiz destacó la sorpresiva, aunque ligera recuperación de las remesas en septiembre, pues si en agosto pasado cayeron 12% --la peor caída mensual en toda la historia, desde que se llevan los registros--, al mes siguiente aumentaron 0.2%.Es decir, si en agosto los mexicanos que trabajan en Estados Unidos enviaron 1,937 millones de dólares, en septiembre los envíos sumaron 1,975 millones 740 mil dólares, apenas 38.74 millones más.Al intentar una explicación de ese aumento súbito, aunque marginal, Ortiz Martínez dijo que la depreciación del peso frente al dólar pudo haber animado "a los paisanos, a mandar más dinero; pues hacen sus operaciones mentales (del tipo de cambio) y están aprovechando eso (que les dan más pesos por sus dólares) para mandar más. Pero también puede ser que estén pensando en regresarse y están adelantando algunos de sus envíos".Pero son sólo hipótesis, agregó. Aunque, en efecto, dijo que se espera un ligero crecimiento de las remesas en el próximo trimestre, de tal suerte que al final del año la caída sea de sólo 2.5% anual (contra el 3.7% de los primeros nueve meses). Y eso quiere decir que si en 2007 se recibieron 24 mil millones de dólares en remeses, en este año se recibirían unos 600 millones de dólares menos.
Ilegal la campaña empresarial del 2006 contra AMLO: TEPJF Jorge Carrasco AraizagaMÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Con el aval de PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) violó en 2006 la ley electoral, al emprender una campaña en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en beneficio del ahora titular del Ejecutivo, Felipe Calderón.Por unanimidad de votos, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) así lo establecieron en una resolución que representó un revés al Instituto Federal Electoral (IFE), que apenas el 29 de septiembre pasado había exonerado al Partido Acción Nacional de la actuación del organismo empresarial.Esa resolución fue impugnada por el PRD. El Tribunal Electoral no sólo le dio la razón, sino que le ordenó al IFE multar al PAN y a la entonces Alianza por México -formada por el Revolucionario Institucional y el PVEM-, pues ambos se beneficiaron de la campaña negativa de la cúpula empresarial en contra de quien fuera candidato de la coalición Por el Bien de Todos.Se trata del segundo fallo judicial en contra de la actuación del CCE, pues hace un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a darle entrada a varios amparos interpuestos por integrantes de ese organismo empresarial en contra de la reforma electoral aprobada el año pasado.La reforma se originó, precisamente, por la intensa campaña electoral paralela emprendida por el Consejo Coordinador Empresarial en el 2006 en contra de López Obrador y a favor de Calderón.El argumento del CCE, avalado también mediante amparos por algunos intelectuales, es que la reforma electoral viola su libertad de expresión. Ese tema aún no ha sido resuelto por la Corte.Por lo pronto, la resolución del TEPJF, propuesta por Pedro Esteban Penagos y avalada por el resto de los magistrados, precisó que el PAN y la Alianza por México tuvieron una "conducta pasiva y tolerante" ante la violación del CCE a los principios constitucionales de legalidad, igualdad y equidad de las contiendas electorales.Los integrantes de la Sala Superior del TEPJF le reprocharon al IFE que "dogmáticamente" haya desestimado la vinculación de los actos del Consejo Coordinador Empresarial con los partidos denunciados.De acuerdo con los magistrados, los partidos políticos "son garantes de la conducta de sus miembros y demás personas, incluso terceros, cuando despliegan conductas relacionadas con sus actividades que puedan generarles un beneficio o perjuicio en el cumplimiento de sus funciones y/o en la consecución de sus fines".Para establecer la multa a PAN y PRI, los magistrados le dijeron al IFE que deberá tomar en cuenta "las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción" cometida por el CCE al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que protege también esos principios.Los magistrados precisaron que, para fijar la multa, los consejeros electorales tienen que considerar "las ocasiones y horarios en que se transmitieron los spots" en contra de López Obrador, "los medios de comunicación en que ello ocurrió y la cantidad de veces que se difundieron".En septiembre de 2006, cuando los anteriores integrantes de la Sala Superior calificaron la elección presidencial y declararon ganador a Calderón, el TEPJF determinó que a pesar de reconocer la violación cometida por el CCE no se podía establecer qué tanto influyó en la percepción contraria a López Obrador.Ahora, los integrantes del Tribunal -que asumieron en noviembre de ese año- establecieron que el CCE "difundió un mensaje tendente a cuestionar la política económica de una de las opciones políticas participantes... lo cual constituyó un ilícito al contravenir" el artículo 48, párrafos I y XIII del Cofipe.En esa calificación, el Tribunal estableció también que el entonces presidente Vicente Fox "puso en grave peligro" la elección presidencial al intervenir también en contra de López Obrador y a favor de Calderón.Rafael Hernández Estrada, representante del PRD ante el IFE, aseguró que con la sentencia del TEPJF queda en evidencia no sólo el CCE, "que se dedicó a denostar y calumniar al candidato de la izquierda", sino el propio Calderón, que fue el beneficiario de esa campaña ilegal.Pero también queda en evidencia el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, al que calificó de "indolente" por permitir esa campaña paralela, así como a las televisoras y la Dirección de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, al ocultar información sobre la multimillonaria campaña de los empresarios contra López Obrador, añadió.
IFAI: chicanadas de la PGR para proteger al padre de Mouriño Alonso Lujambio La redaccionMÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de "chicanear" la Ley Federal de Transparencia mediante la promoción de un amparo "aberrante", para impedir a los comisionados el acceso a un expediente sobre el padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.El IFAI solicitó a la PGR el acceso a un expediente que le entregó el Reino de España sobre una supuesta investigación por lavado de dinero en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanes, el cual sería analizado en la sesión de este miércoles.Al respecto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, descalificó la supuesta investigación en contra de su padre. En declaraciones a la prensa hechas en Guanajuato, aseguró el caso "está sustentado en algunas notas periodísticas de años atrás que no tienen ningún fundamento ni sustento", y se negó a abundar sobre el tema.En respuesta a la petición del IFAI, la Procuraduría promovió un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal para impedir que los comisionados tuvieran acceso al expediente.Los comisionados solicitaron tener acceso a los documentos para revisarlos y determinar si era procedente su reserva o su difusión, en atención a la solicitud hecha por un ciudadano, como los faculta la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.La ley en cuestión obliga a todas las instituciones del gobierno federal a proporcionar al IFAI toda la información que soliciten los comisionados con el fin de que cuenten con elementos para determinar si es factible su difusión pública.Al conocer la decisión de la jueza María Guadalupe Rivera González, titular del Jugado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el presidente del IFAI calificó de "aberrante" la maniobra de la PGR para no entregar el expediente."Es aberrante, porque se aleja subrayadamente del margen de la ley. La ley es clarísima cuando dice que los comisionados del IFAI pueden tener acceso a la documentación para tener elementos para emitir un juicio."Decir que si le enseño al comisionado el documento, acto seguido se estará perdiendo el carácter de reservado, es una tontería del tamaño de una catedral", expresó Lujambio.El comisionado ponente Juan Pablo Guerrero aclaró que esta es la primera vez que la PGR presenta un amparo contra el sólo hecho de exhibir documentos al IFAI, lo cual no implica que esa información deba ser pública.Guerrero afirmó: "Esta es la primera vez que ocurre ¿en qué caso ocurre? nada más y nada menos que en el de una supuesta investigación por blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes", padre del secretario de Gobernación, uno de los hombres de más confianza del presidente Felipe Calderón.Así mismo, manifestó su molestia porque la actitud de la PGR expresa "una profunda desconfianza" hacia el IFAI, cuando nunca un comisionado ha filtrado información confidencial o reservada.Guerrero originalmente planteó en su ponencia ordenarle a la PGR hacer pública la información sobre el padre de Juan Camilo Mouriño; pero debido a que el IFAI no pudo conocer la documentación y, por tanto, tampoco tuvo elementos de juicio para resolver la publicidad o reserva de la información, decidió aplazar la votación de este asunto.El caso surgió a partir de que un ciudadano requirió a la PGR los documentos que le entregó el Reino de España a Carlos Miguel López Torres, de la Agregaduría de la PGR en Madrid, sobre una supuesta investigación a Manuel Carlos Mouriño Atanes por "blanqueo de capitales".
Marcha hacia la Cámara de Diputados
El 28 de Octubre de 2008 partiendo del Zócalo capitalino, fuimos a acompañar y apoyar a nuestro Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. He aquí un video de la marcha. Posted by
ÍNDICE POLÍTICO FRANCISCO RODRÍGUEZ BRIBIESCA, A VOLAR; FOX, ENOJADO YA SE ENC…RESPÓ, y en serio, Vicente Fox. Embrujado o no por su cónyuge actual, el ex Presidente suelta izquierdazos en contra de su perenne obsesión, Andrés Manuel López Obrador –"hay que partirle el queso"--, pero sus derechazos son aún más corajudos, virulentos y ¡certeros!A López Obrador lo carga. Pero es a Felipe Calderón a quien se enfrenta.De su cacareada reforma energética, que terminó en mera adecuación administrativa de Pemex, Fox se ríe."Pírrica", como aquella danza militar con la que en la antigua Grecia se imitaba un combate de guerra, ha dicho de tal adecuación de Pemex el ex gobernador de Guanajuato."Pequeña", también.Menos mal que, a diferencia de lo que otros hemos hecho, no la llamó "chaparrita".¿Por qué está enojado Fox?Pues porque la Administración del señor Calderón, a través de la SCT, ha enviado a pique y en barrena a la aerolínea familiar. Desde la tarde de este martes 28, en efecto A Volar ha sido impedida de prestar servicios de transporte de pasajeros, carga y correo. Se estrelló.Y por tal es que Fox está enojado. Lanzando derechazos con calificativos que, si bien son certeros, deben haber dejado las orejas de su sucesor cual inmensa coliflor.Fue mi colega y gran amigo Alberto Barranco Chavarría quien el lunes 27, un día antes del crash de la aerolínea, dio a conocer en su columna "Empresa" los pormenores de la sociedad en la que aparecen los nombres de los familiares de Fox, a quienes esta decisión administrativa de la SCT ha afectado:"Negada una y otra vez la participación de la familia Bribiesca Sahagún en la composición accionaria de la línea aérea A Volar, hete aquí que en el origen de ésta aparecen los nombres no sólo del hijo mayor de la esposa del ex presidente Vicente Fox, Jorge Alberto Bribiesca, sino un hermano de ella de nombre Guillermo Sahagún Jiménez."El sobrino y el tío obtuvieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una concesión para operar una firma de razón social A Volar Líneas Aéreas."El hijo de Martha Sahagún Jiménez tenía 15 mil acciones al momento de protocolizar el acta constitutiva de la firma ante el notario público 17 del Distrito Federal, Fernando Cataño Mora Sandoval. El tío tenía idéntico porcentaje, en tanto un tercer socio, Juan Hernández, tenía 20 mil títulos…"Hay en todo esto un fraudulento asunto de simulación. Porque con el permiso de los Bribiesca obtenido en 2004, apareció en 2007 la aerolínea A Volar Líneas Aéreas, encabezada por un prestanombres, Jorge Nehme. Protocolizó las actas constitutivas el mismo notario público, de acuerdo a la información dada a conocer por Barranco Chavarría.Y la simulación, lo mismo que la aerolínea, se estrelló hace dos días, provocando el enojo de Vicente Fox en contra de Felipe Calderón.Se subió al ring y soltó un muy natural izquierdazo en contra de AMLO.Sorpresivo, ese sí, el corajudo mandarriazo que con la derecha le soltó Fox a su sucesor. www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.http://www.yunqueland.com/http://resisteacapulco.blogspot.com Posted by
Ricardo RochaDetrás de la Noticia30 de octubre de 2008 ¿Chiquita, tramposa o histórica?Para unos fue una reforma petrolera melindrosa. En cambio, para otros se trata de una reforma amañadaPues un poco de todo. Una reforma muy pequeñita para quienes querían Pemex en venta de garaje; esos que están dispuestos a vender su propia cuna y por supuesto que el ropero de la abuela; los que querían todo y ya afilaban sus colmillos y se frotaban las manos porque algo les habría de caer de una irrupción masiva de capitales foráneos en la todavía muy productiva industria petrolera.Ni modo, no se les hizo. Ellos que querían hincarle el diente a todo: exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización. Quienes ya compraban pemexitos arrojando los dados como si fuera aquel juego del turista: ¡lo compro, lo compro! Por supuesto que para ellos fue una reforma petrolera melindrosa porque no se atrevió a dar el paso a una “modernidad” privatizadora que generara ganancias gigantescas… para las grandes transnacionales, claro.En cambio, para otros se trata de una reforma amañada que ocultó hasta las últimas instancias la ventana por la cual se colarán los ladrones de la privatización. Para evitarlo, ahí estaba el sellamiento de las celebérrimas 12 palabras (o 17, pues) de Andrés Manuel López Obrador: “No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”. Pero esa fue siempre una batalla perdida. Ninguno de sus adversarios podría estar dispuesto a ello: porque como lo han reconocido algunos panistas y priístas abiertamente, “si no, cómo se van a animar a invertir aquí”; finalmente ninguno de los que mandan en el PRI o en el PAN estaba dispuesto a darle a López Obrador una victoria política estruendosa.También están los que piensan que se trata de una reforma verdaderamente histórica. “La más importante desde la expropiación en el 38”, Calderón dixit. Aquí también hay convicciones y conveniencias. En el primer caso, están en su derecho quienes de verdad creen que se trata de una reforma a profundidad y que cambiará el destino de Pemex y los mexicanos. Por partes. Primero hay que aclarar que de la propuesta calderonista original quedó muy poco. Que la reforma aprobada se construyó en las numerosas consultas en el Senado donde los argumentos contra la sospechosa urgencia por la privatización aplastaron a los tímidos y poco convencidos balbuceos de quienes fueron enviados a hacer el ridículo tratando de convencernos de que el capital privado era la panacea.Si bien todos coincidíamos en que a Pemex le hacen falta cambios sustanciales, la diferencia estuvo siempre en que los recursos necesarios podrían salir del propio Pemex y no de la entrega al capital privado como posibilidad única. Por eso la totalidad de las encuestas mostraron el rechazo de la mayoría a una privatización anunciada.Pero, sin duda alguna, el elemento más rescatable de estos 100 días decisorios es la movilización ciudadana. La misma que junto con la toma del Senado —que tanto escandalizó a las buenas conciencias— evitó un fast track legislativo que hubiera sido una puñalada trapera para el país. Ésta tan denostada y estigmatizada a pesar de no haber roto un solo vidrio. La que es condenada un día sí y otro también por los ignorantes de la historia y del 68 y de las marchas de médicos, maestros y ferrocarrileros. A ver, que nos enseñen sus libritos donde digan que los grandes cambios se producen en reunioncitas buena onda y entre pura gente decente. La misma que con pluma fuente en mano firma fraudes y como testigo de bodas del jet-set. Eso y la infiltración del narco en nuestros cuerpos policiacos sí les debería escandalizar.Pero pa’ mí que perdieron.APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.http://www.yunqueland.com/http://resisteacapulco.blogspot.com
....obvio compadre!
■ Acosta Naranjo ataja críticas y dice que no son traidores quienes disienten de AMLODarán el PRD a Ortega como pago a NI por su apoyo a la reforma energética: Saucedo■ El tribunal electoral alista un fallo favorable a los chuchos, denuncia el líder de los cívicosAlma E. Muñoz Mario Saucedo, durante la conferencia de prensa de ayerEl voto que los legisladores de Nueva Izquierda (NI) dieron para la aprobación de la reforma energética propició ayer que integrantes de Izquierda Unida advirtieran que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se apresta a “pagarles la colaboración” con un fallo favorable a Jesús Ortega Martínez para que asuma la presidencia nacional del PRD.La acusación hecha por Mario Saucedo y David Cervantes, en conferencia de prensa en la sede nacional del partido, fue rebatida por el presidente nacional interino, Guadalupe Acosta Naranjo, quien aseguró que esos dichos carecen de fundamento. Se mostró dispuesto a debatir con sus compañeros de partido para demostrarles que los de su corriente no son traidores y que los legisladores cumplieron con el compromiso de impedir cualquier intento de privatización del petróleo.Saucedo, dirigente del Movimiento Cívico, afirmó que conocen por “algunos” perredistas, “incluidos de Nueva Izquierda”, que el TEPJF está por resolver lo relativo a los controvertidos comicios del pasado 16 de marzo obviando el fallo por la anulación que dio la Comisión Nacional de Garantías.“Nuestro temor es que el tribunal tenga una intromisión directa en la vida interna del partido declarando presidente a Jesús Ortega, tras un proceso muy cuestionado”, pues sabemos –indicó–que sus integrantes “recibieron presiones” de parte de NI y de “algunos de sus aliados”, hecho que para nosotros representa, insistió, “el pago a los favores que ahora han hecho (los de esa corriente) en este proceso de la reforma energética”.De antemano, advirtió que no aceptarán esa imposición, como tampoco abandonarán el partido. Entendemos, añadió, que lo ocurrido en la votación profundiza la crisis de legalidad perredista, porque ésta aún “no toca fondo”, pero también que “está en riesgo el proyecto ideológico en manos de Nueva Izquierda, “porque parece que más bien que es nueva derecha”.Saucedo los acusó de recurrir a la vía del fraude electoral y la corrupción para allegarse puestos en el partido, como en Oaxaca, “donde se aliaron con un asesino que se llama Ulises Ruiz (el gobernador)”. Además de que, dijo, cuentan con “diputados vendidos, maiceados en muchos estados. Por ejemplo, cuando aprueban la cuenta pública.“El grupo de Nueva Izquierda –remató– está dando muestras claras de ser colaboracionista de la derecha en el poder”. Y añadió: “Acosta Naranjo está gestionando la alianza con el PAN para enfrentar al PRI en el estado de México, dicho de su propia voz, por cierto”. La preocupación aumenta, planteó David Cervantes, de Izquierda Social, por el voto favorable que dieron los legisladores de NI a la reforma energética.Más tarde, Acosta Naranjo emitió su postura, arropado por senadores y diputados federales de NI y de Alternativa Democrática Nacional, con quienes sostuvo un encuentro previo para asumir cuatro acuerdos. Entre ellos, que la dirección nacional del PRD reitere su reconocimiento a los legisladores que “cumplieron con su papel” en cuanto a la reforma energética, y que éstos emprendan una campaña nacional de difusión en universidades, congresos locales y medios de comunicación sobre el contenido y alcances de lo aprobado.Manifestó que no se sienten avergonzados por el voto que otorgaron. Más bien, “orgullosos de haber parado la privatización”. Resaltó que es fiel a sus principios y no a una persona, en alusión a López Obrador.Calificó de mentiras las acusaciones de Izquierda Unida. Lo de la eventual resolución del tribunal, afirmó, es una incongruencia. “Ellos dicen que no van a reconocer si le da el triunfo a Ortega. Si anula, entonces es bueno. Y si le da el triunfo a Encinas u ordena un nuevo cómputo, ¿no lo van a reconocer tampoco?”
Un misterio más del PRI Martha Lamas
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La cerrazón del 28 de octubre Ricardo Andrade Jar...
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■ ... y Calderón r...
Trife retardado
■ Que siempre sí el CCE violó la l...
■ Dos oportunos botones de muestra: Aeroméxico y p...
Columna Asimetrias.Entrega y Traición

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