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Timestamp: 2020-02-28 17:22:09+00:00

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febrero 2016 – Ernesto Cedeño Alvarado
Archive en febrero 2016
En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.
El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.
“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.
En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.
“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.
En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.
Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”
Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.
Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.
Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete como si fueran “ministros”, por lo antes expuesto.
El principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).
Nuestra Carta Magna dice en su artículo 22, que las personas acusadas de haber cometido un delito, tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público, que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.
Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).
El hecho de que en Panamá, un 60 por ciento de los privados de libertad, no cuentan con sentencias condenatorias en firme, refuerza la tesis de que en mi país, se encuentra debilitado el principio de presunción de inocencia.
Debe quedar claro, que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile)
Los cambios que ha hecho el órgano judicial sobre algunas medidas cautelares establecidas por el Ministerio Público, podría significar que está mitigando los excesos cometidos por éste, sin embargo, debe quedar claro que los beneficios de la fianza de excarcelación, por ejemplo, los reciben los que tienen medios económicos a su haber, no así los hijos del pueblo que han cometido supuestos delitos, que también sufren las consecuencia de una detención preventiva decretada, pero no tienen los dineros para hacer viable la fianza en mención.
El proyecto de reforma electoral.
El proyecto No. 292 que presentó el presidente del Tribunal Electoral, que pretende reformar el código electoral, tiene diversos puntos relevantes.
A continuación, algunos de ellos.
La única forma de financiar la propaganda electoral será con el financiamiento público.
Las tarifas de la propaganda electoral serán negociadas por el Tribunal Electoral con los respectivos proveedores, tomando como referencia las tarifas publicadas por cada medio de comunicación en su página de internet y comunicadas formalmente al Tribunal Electoral hasta el 31 de diciembre del año anterior
Los medios de comunicación no podrán donar tiempo ni espacio a ningún partido o candidato.
Es prohibido que los medios de comunicación acepten pautas para propaganda electoral en violación de lo dispuesto en el código electoral.
Si se realizan actos de campañas, violando la ley electoral y sus reglamentaciones, se sancionará al medio con multa diaria de 10 veces el valor comercial de la respectiva propaganda.
Sin perjuicio del derecho de informar, reportar y/o comunicar, los medios de comunicación, no podrán difundir propaganda electoral a favor o en contra de ningún candidato o candidata o partido, durante el periodo de veda propagandística.
Se pone un tope al gasto privado en que puede incurrir cada candidato según el tipo de cargo al que aspira, a razón de cincuenta centavos por elector en la jurisdicción en la que participa.
Se permite el voto adelantado, para que algunas personas, puedan ejercer el sufragio con anticipación al resto de los ciudadanos, tal como lo han venido haciendo los panameños residentes en el exterior.
Se implanta la equidad de género, de forma tal que la misma se aplicará ya no sólo a nivel de primarias, sino en las elecciones generales.
Se reduce a la mitad el porcentaje para la formación y subsistencia de los partidos políticos, al bajarse de 4% al 2%.
Los contratistas del Estado tampoco podrán hacer divulgación de las obras que están a su cargo en el mismo período.
Revive el voto en “plancha”.
La información correspondiente al origen de las contribuciones privadas, será de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral.
Se promueve la presentación y divulgación de hojas de vida y planes de trabajo de los distintos candidatos a cargos de elección popular a fin de promover el voto informado.
Habrán 2 debates presidenciales, bajo el auspicio del Tribunal Electoral.
Se propone que al declararse la nulidad de una elección por falta de garantías legales y constitucionales, no se proceda con una nueva elección sino que se proclame a los candidatos que siguieron en votación a los impugnados.
Con la reforma, una persona solamente se podrá postular a un cargo de elección popular.
Los candidatos presidenciales de libre postulación, pueden postular candidatos a diputado centroamericano.
Hizo que permaneciera la fórmula para escoger a los diputados centroamericanos, (en el orden en que fueron postulados por los partidos) en donde el elector no podrá escoger directamente a sus candidatos.
De la contribución del Estado para el financiamiento previo de las elecciones, del 60% del total de este financiamiento, sólo a los de libre postulación le corresponderá el 2%, lo demás a los partidos.
Los beneficiarios con el acuerdo con el conglomerado italiano
De la lectura del comunicado emitido sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la República de Panamá y Finmeccanica S.p.A., se desprenden los siguientes beneficiarios en el consecutivo orden:
Finmeccanica S.p.A.,ya que logró seguir con los contratos de los Helicópteros y el Mapa Digital, como si nada hubiera pasado. Adicional, logra que conste por escrito que no cometió irregularidad en la calidad de los radares. Le permite seguir haciendo negocios con el Estado.
Los que pudieran ser o son investigados por los contratos con el conglomerado, ya que esta transacción, debe incidir en lo penal, de igual manera como los contratos originales sirvieron para iniciar una investigación penal.
El Gobierno de la República de Panamá, por los ahorros que dice que existirán en base a esta transacción.
Los italianos tuvieron mayor fortuna en este acuerdo, a mi criterio.
El perjudicado pudiera ser la justicia, ya que nunca sabremos a cabalidad que fue lo que realmente pasó, en este caso, y por otro lado, no se digiere seguir con negocios jurídicos con un conglomerado que el mismo gobierno cuestionó otrora, en su integridad
Los negativos de las reformas, a la ley de contratación pública
El Proyecto de Ley No. 305 de 18 de febrero de 2016, contiene un cúmulo de reformas a la ley de contratación pública en Panamá, que pretende discutirse en los próximos días en la Asamblea Nacional.
Los Negativos de la reforma
Puede crear un caos en la salud pública, ya que todos los actos públicos de medicamentos, podrían ser impugnados y suspendidos a la libre, por la sola interposición de un recurso de impugnación.
Podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que por la interposición de un recurso, se suspendería todo, hasta contar con el fallo final del caso.
Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa, pero no se contemplan los recursos que correspondan contra la decisión.
Incapacita para contratar, el haber sido condenado por delitos en Panamá, por sentencia judicial definitiva, no así en el extranjero.
Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
Afecta la libre empresa dedicada a la capacitación, debido a que sólo la Dirección General de Contrataciones Públicas, será la única habilitada para certificar las horas de capacitación al año, de los funcionarios de compras.
Incapacita para contratar con los nacionales condenados por delitos en Panamá, más allá del tiempo de la inhabilitación que da un juzgado penal.
Aumenta el monto de la contratación menor hasta los 50,000.00, en donde los requisitos de exigencias, son mínimos.
Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10%, para los bienes y servicios, haciendo viable la proliferación de recursos en el Tribunal.
Aumenta los días hábiles para notificar un acto en el sistema virtual, de un día a dos días ahora con la reforma.
Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10%, para los bienes y servicios, haciendo viable, la proliferación de recursos en el Tribunal.
Según la doctrina nacional, el peculado de uso surge “como una medida severa por parte del Estado, para evitar el abuso y los excesos en que puedan incurrir los servidores públicos al darle a los dineros y valores bajo su cuidado y responsabilidad un uso indebido propiciando una imagen negativa del sector público y de las instituciones estatales” (GUERRA DE VILLALÁZ, Aura E. Derecho Penal (Parte Especial); Primera Edición, Editorial Mizrachi & Pujol, S. A., Panamá, 2002, pág.310).
Un funcionario debe administrar los recursos del Estado, como un buen padre de familia.
Artículo 341. El servidor público que, para fines ajenos al servicio, use en beneficio propio o ajeno, o permita que otro use dinero, valores o bienes que estén bajo su cargo por razón de sus funciones o que se hallen bajo su guarda será sancionado con prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
La misma pena se aplicará al servidor público que utilice trabajos o servicios oficiales en su beneficio o permita que otro lo haga.
Así por ejemplo, a mi juicio, comete peculado de uso, el funcionario que utiliza el auto oficial para irse a una playa a vacacionar, como el que les exige a sus escoltas, que atiendan a una mascota.
Así por ejemplo, a mi juicio, comete peculado de uso, el funcionario que utiliza el auto oficial para irse a una playa a vacacionar, como el que le exige a sus escoltas, que atienda a una mascota.
Balance sobre las reformas a la ley de contratación pública
Elimina la discrecionalidad para la contratación de las consultorías, ya no serán más de a dedo.
Incluye dentro de la ley general, la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana.
Regula con mejor acierto la división de materia.
El precio contará con una mejor ponderación en la licitación con mejor valor.
Se plantea que por ninguna circunstancia la sumatoria de todas las modificaciones al contrato, podrá sobrepasar el 40% del monto total originalmente convenido.
Precisa que la responsabilidad primaria por mantener la vigencia de las fianzas, corresponde a la entidad contratante.
Se ordenará la ejecución de la fianza, cuando corresponda, por medio de la jurisdicción coactiva de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Se afirma que la entidad contratante deberá acatar lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, en un plazo no mayor de quince días hábiles.
En ningún caso, la entidad estatal contratante podría realizar pagos anticipados que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total contratado.
Sobre el acto constitucional, de reformas constitucionales.

References: artículo 183
 artículo 159
 artículo 194
 artículo 195
 artículo 22

Artículo 341