Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr45/12.htm
Timestamp: 2017-11-19 06:43:59+00:00

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Un punto de normas de convivencia de una Comunidad de Propietarios
- SILBATOS: Se pidió a todos los propietarios que usen un silbato (se puede comprar en cualquier tienda de deportes) cuando vean personas desconocidas y sospechosas, con el fin tanto de ahuyentarlos como de avisar al resto de propietarios.
El primer teléfono de asistencia para víctimas del acoso inmobiliario entrará en funcionamiento el próximo año
Todas aquellas personas que sufran cortes de suministro injustificados o que vivan en condiciones precarias por falta de reformas básicas en las viviendas, debido a las presiones de especuladores para que abandonen estos inmuebles, contarán a partir del próximo año con el primer teléfono gratuito de asistencia para víctimas del acoso inmobiliario, según anunció la ministra de Vivienda, Carmen Chacón.
EXPROPIACIÓN DE PARTE DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL
En un expediente de expropiación se persigue la de un trozo de terreno
de siete metros cuadrados que es elemento común de un edificio
en régimen de propiedad horizontal. Se plantea si es necesaria
la notificación a todos y cada uno de los miembros de la comunidad
o si basta la notificación al presidente de la comunidad.
Conforme al art. 3 de la LEF las actuaciones del expediente expropiatorio se tendrán con el propietario, considerándose como tal por la Administración a quien con ese carácter figure en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente.
La expropiación habrá de notificarse a todos y cada uno de los titulares registrales de los elementos comunes, que lo son los de los elementos privativos en proporción a sus cuotas. Por otro parte, se requerirá unanimidad en caso de que se opte por el mutuo acuerdo para la determinación del justiprecio.
En ello abundaría el que la expropiación es un acto terminante de privación del dominio por el poder público, por lo que la falta de notificación a los titulares registrales de los elementos privativos puede afectar a la tutela judicial efectiva de los mismos, provocando indefensión.
Finalmente, si no se exigiera la notificación a cada uno de los titulares registrales de la propiedad horizontal el derecho de reversión se atribuiría a todos y cada uno de los titulares registrales sin su consentimiento.
Sin embargo, se entiende que el pago puede realizarse a la Comunidad representada por su Presidente, aunque también será necesario el acuerdo de la junta autorizándolo. El presidente ostenta la representación de la junta pero lo hace dentro de sus competencias.
Ahora bien, otro sector considera que la expropiación produce unos efectos privativos del dominio por virtud de la ley y de la ley deriva igualmente el derecho de reversión que se atribuye a sus beneficiarios como una consecuencia legal de la expropiación y sin perjuicio de la posibilidad de los interesados para renunciar tal derecho.
La transmisión del dominio se produce en caso de expropiación no de modo voluntario sino forzoso, por lo que se habrá de evitar las posibilidades de que se produzca indefensión, propiciando que los propietarios de los elementos privativos puedan participar en la defensa de los comunes. Ello se conseguirá si la notificación de la expropiación se realiza al Presidente, representante de la comunidad, el cual vendrá obligado a dar cuenta de la misma a los condueños para que aleguen lo que estimen pertinente a su derecho.
No se trata de consentir una enajenación sino de tener oportunidades de defensa frente a la privación del dominio de parte de los elementos comunes por la Administración , tal defensa parece lógico que se articule a través del aparato organizativo creado por la ley y no al margen de él, como si los elementos comunes pertenecieran en comunidad ordinaria a los dueños de los elementos privativos.
En ese sentido, el Tribunal Supremo considera que la Ley de Propiedad Horizontal, precisamente para evitar cuestiones de legitimación, arbitró la fórmula de otorgar al Presidente de tales Comunidades, carentes de personalidad jurídica, la representación de ellas en juicio y fuera de él, que lleva implícita la de todos los titulares.
Dicha representación, según la jurisprudencia, no es la ordinaria que se establece entre representante y representado, sino la orgánica, en cuya virtud la voluntad del Presidente vale, frente al exterior, como voluntad de la Comunidad , sin perjuicio, por ello, de las obligaciones del mismo de responder de su gestión, lo que conduce a entender que notificado el Presidente de la expropiación deberá ponerlo en conocimiento de los condueños para que puedan participar, si lo consideran oportuno, en la defensa de los elementos comunes.
¿Las Comunidades de regantes, gozan de exención
subjetiva en el ITPYAJD?
Las Comunidades de regantes, por sentencia del Tribunal Supremo, no gozan de exención subjetiva en el ITPYAJD, a pesar de que tengan el carácter de Corporaciones de Derecho Público, según la Ley de Aguas
NO EXENCIÓN COMUNIDAD DE REGANTES.
INTERCAMBIO DE TRASTEROS. Se plantea una consulta al registrador sobre un caso en el que los propietarios de dos pisos pretenden intercambiarse sus trasteros que son caracterizados en la propiedad horizontal como anejos. Uno de los departamentos está hipotecado, y el apoderado del banco da “su más expreso consentimiento al contenido de la escritura”
El problema surge porque en aplicación de los arts. 123 LH y 46 RH es necesario un consentimiento del acreedor para cancelar y no arrastrar la hipoteca en el trastero anejo A, y además consentimiento del deudor para que la hipoteca se extienda al nuevo trastero anejo B. Por lo tanto, para que el consentimiento del apoderado del banco tenga sentido es preciso que la escritura recoja con la mayor determinación y claridad, ambos aspectos, de un lado, que el trastero que hemos llamado A se trasmita o permuta como libre, para lo que la entidad de crédito ha de consentir la cancelación. Por otro lado, será preciso extender por el deudor la hipoteca al trastero que hemos llamado B a lo que alcanzará el consentimiento del Banco en el sentido de aceptar la extensión dicha.
Dicho eso, es indudable que la operación se puede hacer si hay autorización estatutaria o de la Junta de propietarios, sin que sea necesario para la segregación y agregación el consentimiento del acreedor hipotecario. Dicho consentimiento sólo es necesario, como se ha visto, en orden a determinar la situación de cargas de las porciones permutadas, ya que la falta del mismo dará lugar, respecto del que hemos llamado trastero A, la solidaridad del art. 123 LH que es lo que se quiere evitar.
DIVISIÓN DE DOS LOCALES COMERCIALES.
Dos elementos independientes de una propiedad horizontal, uno de los cuales es una planta baja
y el otro un llamado entrepiso, se hallan comunicados físicamente entre sí por una escalera que
pertenece a la planta baja y que permite el acceso del entrepiso a la planta baja y al exterior.
Ahora se pretende segregar la escalera de la planta baja para su agregación al entrepiso,
a fin de darle otro acceso independiente y enajenarlo.
A la luz de los Estatutos de la propiedad horizontal se plantea
la cuestión de si es necesaria autorización de la Junta de propietarios.
Los estatutos, dicen al respecto, lo siguiente: “[...] b) Los propietarios de los locales comerciales o industriales de las plantas bajas de las descritas casas, no contribuirán a los gastos de uso, conservación y entretenimiento del portal, escalera, ascensores ni portero. c) Los propietarios de los locales comerciales o industriales, de las plantas bajas y entrepisos de las descritas casas, podrán suprimir las paredes medianeras que las separan de las fincas colindantes para unir sus propiedades, sin que para ello precisen el permiso del resto de los propietarios. d) Los propietarios de los locales comerciales o industriales de los entrepisos de las descritas casas, o el propietario si no hubiere más que uno, podrán sacar las puertas que estimen o estime necesarias o simplemente convenientes, a cada una de las cajas de escaleras. Asimismo, el propietario o propietarios de dichos locales podrán dividirlo y subdividirlos, dando a cada uno, el porcentaje en los elementos comunes que estime por conveniente rebajándolo del total que tiene asignado. Sin que para todo ello precisen el permiso del resto de los copropietarios.”
Se trata de interpretar los estatutos, cabiendo al respecto diversas variantes. Así, una estricta que centrándose en un punto de vista restrictivo admitiría la división pero sólo de los entrepisos y, junto a ella, una interpretación más amplia que la admitiría, sin necesidad de autorización de la junta de propietarios, no sólo respecto de los entrepisos, sino también respecto de la planta baja.
En pro de esa segunda interpretación podemos aducir el que los estatutos más que impedir la división en abstracto, trata de que no surjan nuevos elementos independientes, lo que coincide con la operación que se plantea, en la que no aparecen nuevos de los indicados elementos.
Además, los locales forman una unidad, como un solo local que, por su unidad material participa tanto de la naturaleza de planta baja como de entrepiso, por lo que cabría entender que el propietario del mismo, incluso según una interpretación restrictiva de los estatutos, podría beneficiarse de las facultades de división que los mismos atribuyen a los titulares de los entrepisos. Ahora bien, según una interpretación literal es posible, también referir la autorización de división no sólo a los dueños de los entrepisos sino también a los de la planta baja.
Por otra parte, atendiendo a las circunstancias del caso, conforme al tenor de los estatutos, el propietario único de los dos locales independientes unidos materialmente podría plasmar esa situación en el Registro por medio de una agrupación y, posteriormente, podría volver a segregar el local, sin que nada le obligue a que esa segregación deba discurrir por la anterior separación, sino que podría incluso discurrir por una nueva coincidente con la separación que ahora se pretende realizar y beneficiarse de la autorización estatutaria.
Por tanto, llegando a la conclusión de que los estatutos admiten la posible división de los locales comerciales sin autorización de la Junta de propietarios, ello se entiende, siempre que las obras recaigan exclusivamente sobre elementos privativos y sin que las mismas afecten a la estructura del edificio, a los elementos comunes ni a la seguridad del inmueble, como resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 1998, la cual, pese al intenso debate jurisprudencial sobre este punto, no cuestiona la doctrina de la DGRN que admite las cláusulas estatutarias que autorizan a los propietarios la división o agrupación de los distintos locales y el derecho a levantar nuevas plantas, sin que las obras precisen autorización de la Junta de propietarios.
Dada la polémica existente sobre este punto y la jurisprudencia contradictoria, parece conveniente aclarar en la escritura en la que se plasman las obras divisorias la circunstancia de que las mismas no afectan a elementos comunes ni menoscaban la seguridad del edificio.
PARTICIÓN Y DIVISIÓN HORIZONTAL POR ALBACEA –PARTIDOR.
CUBIERTA DEL EDIFICIO. R. 20 de julio de 2007. BOE del 17 de agosto de 2007. Notario de Benidorm don José Antonio Pérez Ramos - Registro n. º 3, de Benidorm. Vinculante en parte.
La «planta de cubierta» no puede configurarse como elemento privativo de la Propiedad Horizontal, al tener el carácter de elemento común por naturaleza y no ser susceptible de aprovechamiento independiente, aun cuando pudieran serlo los trasteros ubicados en ella, no acreditándose tampoco su configuración, a los efectos pretendidos, del Certificado Municipal incorporado.
De la cubierta del edificio, el Centro Directivo de la DGRN recuerda que dentro del conjunto de elementos comunes existentes en un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal, hay unos elementos comunes esenciales que constituyen el soporte de la propiedad individual del piso o local, y otros que cumplen una finalidad comunitaria al estar al servicio de todos los propietarios individuales en su aprovechamiento y utilización, pudiendo estos últimos ser desafectados. En concreto, la cubierta del edificio, aunque sea por definición legal un elemento común de los propietarios del edificio, su uso e incluso su titularidad dominical (piénsese en la posibilidad reconocida por el artículo 16.2 del Reglamento Hipotecario de configurar un derecho de sobreelevación sobre el edificio) puede atribuirse en el título constitutivo a determinados propietarios, al no ser de los de necesaria utilización por todos ellos para el ejercicio de su derecho de propiedad. Lo que no parece admitir -aunque no puede entrar pues considera que no está en la nota- es que el Albacea Contador tenga facultades para constituir este tipo de propiedad horizonta.
Nota: Aunque se haya reconocido la potencial titularidad dominical privativa de la cubierta, en el caso se plantea una vuelta de tuerca adicional, el ser dicha cubierta un elemento independiente de la división horizontal (y no un mero anexo a otro elemento) lo cual es más discutible al no tratarse de “piso o local” que dice el artículo 396 del Código Civil (la R. 21 de noviembre de 2002 no admitió que lo fueran determinados espacios abiertos). Puede generar confusión en la práctica el considerar como finca independiente la cubierta, pues su titular muy posiblemente creerá que hará suyo lo que construya sobre la misma (si no lo ha hecho ya) lo cual no es así si no tiene a la vez el derecho de vuelo correspondiente que es un elemento común si no se dice lo contrario configurándose debidamente. De hecho, se ha utilizado la fórmula fraudulentamente para esconder una edificación que todavía no tiene ganada la prescripción.
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DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. Real Decreto 1401/2007, de 29 de octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.
Finalidad y funciones: Se dedica al estudio y dictamen sobre las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como su integración en los archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos.
En concreto, le corresponde el estudio y dictamen sobre las siguientes cuestiones (entre otras):
b) Las transferencias, una vez cumplidos los plazos de permanencia, entre cada uno de los tipos de archivos. c) La accesibilidad y utilización de los documentos y series documentales.
d) Las propuestas de su eliminación o de conservarlos en otro soporte.
e) La correcta aplicación de los dictámenes emitidos al respecto por la propia Comisión.
Esta Comisión está adscrita al Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Incorpora un representante de cada Ministerio.
JÓVENES: RENTA BÁSICA. Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.
Concepto. Con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes, se crea la renta básica de emancipación, consistente en un conjunto de ayudas directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en este real decreto.
b) Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda donde residan con carácter habitual y permanente.
c) Tener una fuente regular de ingresos brutos anuales inferior a 22.000 euros.
d) Ser ciudadano de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo o, en el caso de los extranjeros no comunitarios, tener residencia legal y permanente en España.
SEGUROS PRIVADOS. Orden EHA/3247/2007, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados, en materia de activos financieros estructurados que tengan como subyacentes o colaterales riesgos derivados de los contratos de seguros.
AGENTES CONSULARES HONORARIOS. Real Decreto 1390/2007, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los Agentes Consulares Honorarios de España en el extranjero.
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REPÚBLICA DOMINICANA. Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Dominicana modificando el Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968, hecho en Santo Domingo el 2 de octubre de 2002.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su estatuto.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Orden ITC/3289/2007, de 5 de noviembre, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
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AYUDAS POR NACIMIENTO. Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.
SISTEMA FINANCIERO. LEY 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.
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ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. LEY 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
Se trata de adaptaciones impuestas por la transposición de dos Directivas comunitarias.
La primera es la Directiva 2002/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. De ella se derivan: Afecta a los artículos 4, 64 y 65 del Estatuto de los Trabajadores.
- La inclusión expresa del derecho de información y consulta de los trabajadores entre los derechos básicos de los mismos y la definición de estos conceptos.
- La consulta sobre la evolución futura del empleo en la empresa o centro de trabajo y las medidas preventivas al respecto.
- La clarificación del contenido o modos de ejercicio de estos derechos para reducir la intensa litigiosidad jurisdiccional existente.
- La remisión a la negociación colectiva para la definición de las modalidades prácticas de la información y la consulta, no tanto en un sentido de excepción, como de desarrollo de la disposición legal y con respeto a la misma.
La segunda es la Directiva 2002/74/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. Supone la modificación del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
- Se amplía el concepto de insolvencia que da lugar a la protección dispensada a los créditos de los trabajadores a los procedimientos previos a la liquidación del patrimonio dirigidos a garantizar el funcionamiento de la empresa en una fase posterior, no existiendo en este aspecto diferencias esenciales que afecten a nuestro sistema legal.
- Se establecen disposiciones dirigidas a dar cobertura a la protección de los créditos de los trabajadores cuando la empresa que se encuentra en situación de insolvencia realiza actividades en el territorio de dos o más Estados miembros.
- Se aprovecha la reforma para adecuar la normativa laboral a la Ley 22/2003, de 29 de julio, Concursal, que reduce la multiplicidad de procedimientos concursales conducentes a la declaración de insolvencia y en consecuencia a la intervención del Fondo de Garantía Salarial como institución de garantía del pago de los créditos laborales no satisfechos por la empresa que se encuentra en dificultades económicas, estableciendo un procedimiento único de concurso suficientemente flexible para permitir su adaptación a las diferentes situaciones posibles.
VALORACIÓN CATASTRAL. Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
Este real decreto tiene por objeto la aprobación de las normas técnicas aplicables para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales definidos por el articulo 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Según dicho precepto, los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.
- Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas al riego.
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REGLAMENTO DEL IVA. Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario.
- Vivienda. La reforma del artículo 91.Dos.1.6.o de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativo a la aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento a las entregas de ciertas viviendas. Este supuesto de tributación reducida está condicionado a circunstancias relativas al uso que de las viviendas haga el comprador. El texto reglamentario se adapta a esta normativa, a la vez que se concreta la aplicación práctica de los requisitos que han de concurrir para la aplicación de la medida. También se adapta el IGIC canario.
- Televisión digital. Se modificó la Ley del IVA, disponiendo la aplicación del tipo reducido del 7 por ciento a la televisión digital. Ahora se aplica a dichos servicios el procedimiento especial de devolución que se desarrolla por el artículo 30 del Reglamento del Impuesto.
- Subvenciones. La Ley del IVA se modificó para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea, eliminando de la normativa legal reguladora del Impuesto cualquier tipo de restricción en el derecho a la deducción como consecuencia de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones. Ahora se adaptan los artículos 28 y 38 del Reglamento.
- Discapacidad. Se clarifica el concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad para la delimitación de los supuestos de tributación reducida que se aplican a ciertas operaciones relativas a coches utilizados por personas con movilidad reducida. Lo mismo se hace en el IGIC canario.
- Grupo de entidades. La reciente Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, ha introducido en la Ley del IVA un régimen especial, el del grupo de entidades, que, conforme señala la propia norma, precisa del desarrollo reglamentario que ahora se hace.
- Facturas. Afecta a los artículos 63 y 64 y pretende propiciar una mayor coherencia entre el contenido de los libros registro de facturas expedidas y recibidas, respectivamente, que son los que regulan dichos preceptos, con el contenido de las facturas, que se establece en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. A tal efecto, se establece la obligatoriedad de consignar por separado en dichos libros las fechas de expedición de las facturas y de realización de las operaciones que en ellas se documentan. Igualmente, se actualiza la regulación de los asientos resumen.
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Sustitución. El Plan que ahora se aprueba, sustituye al aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. En su redacción se ha seguido la técnica empleada en el Plan General Contable de 1990, incidiendo en su componente explicativo, con la finalidad de facilitar su aplicación, dada la incorporación al mismo de transacciones, elementos patrimoniales y criterios contables nuevos.
Obligatorio. Será de aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio de aquellas empresas que puedan aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
Excepciones. No tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la quinta parte del Plan General de Contabilidad y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos que contengan criterios de registro o valoración.
Estructura. El Plan General de Contabilidad mantiene la estructura de su antecesor y se compone de cinco partes, que van precedidas de una Introducción en la que se explican las características fundamentales del Plan General y sus principales diferencias con el Plan de 1990.
- La primera parte, Marco Conceptual de la Contabilidad, recoge los documentos que integran las cuentas anuales así como los requisitos, principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Asimismo, se definen los elementos de las cuentas anuales.
- La segunda parte, normas de registro y valoración, desarrolla los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte. En ella se recogen los criterios de registro y valoración de las distintas transacciones y elementos patrimoniales de la empresa desde una perspectiva general; esto es, considerando las transacciones que usualmente realizan las empresas sin descender a los casos particulares, cuyo adecuado tratamiento contable lo seguirá resolviendo, mediante las resoluciones que vaya aprobando, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
- La tercera parte, cuentas anuales, incluye en primer lugar las normas de elaboración de las cuentas anuales en las que se recogen las reglas relativas a su formulación, así como las definiciones y explicaciones aclaratorias del contenido de los documentos que las integran. A continuación de estas normas de elaboración, se incluyen los modelos, normales y abreviados, de los documentos que integran las cuentas anuales.
- La cuarta parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, debidamente codificados en forma decimal y con un título expresivo de su contenido, sin vocación de intentar agotar todas las situaciones que se producirán en el mundo empresarial. El cuadro de cuentas seguirá sin ser obligatorio en cuanto a la numeración de las cuentas y denominación de las mismas, si bien constituye una guía o referente obligado en relación con las partidas de las cuentas anuales. Con ello se busca que la normalización contable española alcance el necesario grado de flexibilidad.
- La quinta parte, definiciones y relaciones contables, incluye las definiciones de distintas partidas que se incorporarán en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio neto, así como las de cada una de las cuentas que se recogen en dichas partidas, incluyendo los principales motivos de cargo y abono de las cuentas.
Entrada en vigor. La presente norma entrará en vigor el día 1 de enero de 2008 y será de aplicación en los términos previstos en el presente real decreto, para los ejercicios que se inicien a partir de dicha fecha.
- Se contempla la aplicación retroactiva de los criterios contenidos en el Plan General de Contabilidad, con determinadas excepciones, y una serie de particularidades relativas a las combinaciones de negocios. Asimismo se prevén ciertos casos en los que se prohíbe la aplicación retroactiva del Plan.
- Se otorga a los sujetos contables la opción de mantener las valoraciones que resultaban de los criterios aplicados hasta la fecha, lo cual implicará que en muchos casos, sólo sean necesarios pequeños ajustes para afrontar la adaptación.
- En las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando el nuevo Plan, sea voluntaria la presentación de cifras comparativas del ejercicio anterior con los nuevos criterios.
- Con carácter general, se mantiene la vigencia de las adaptaciones sectoriales en vigor a la fecha de publicación del presente real decreto, en todo lo que no se opongan a la legislación contable vigente, haciendo una especial referencia a las adaptaciones a entidades no mercantiles.
- Se mantienen en vigor las resoluciones aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la segunda parte de este Plan General de Contabilidad, sin perjuicio de la necesidad de proceder a su revisión en un breve espacio de tiempo.
PDF (6 págs. - 144 KB.) Suplemento PDF
*CONTABILIDAD PYMES. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
Quiénes: Podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de Pymes todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
Se fijan excepciones.
Duración mínima: La opción que una empresa ejerza, de seguir este Plan o el Plan General de Contabilidad, deberá mantenerse de forma continuada, como mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al transcurso de dicho plazo, la empresa pierda la facultad de aplicar este Plan. Cuando lo aplique, deberá de hacerlo de forma completa.
Microempresas. Hay criterios de menor exigencia para ellas, considerando que lo son si, durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias: a) Que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros.
PDF (7 págs. - 64 KB.) Suplemento PDF Corrección de erratas
MODELOS AYUDAS MATERNIDAD. Orden EHA/3352/2007, de 19 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por maternidad y por nacimiento o adopción, y el modelo 141, de solicitud del pago único por nacimiento o adopción de hijo, se determina el lugar, forma y plazo de presentación de los mismos y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Presentación: podrán enviarse por correo dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, apartado de Correos FD número 30.000, Delegación Provincial, o bien presentarse, mediante entrega directa, en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria. Sin perjuicio de lo anterior, el modelo 141 también podrá ser presentado en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cabe también la presentación telefónica, llamando al 901 200 345, y la telemática en la dirección http://www.agenciatributaria.es.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
Objeto del reglamento. Establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Ámbito de aplicación. Las administraciones públicas… deberán cumplir las condiciones básicas de accesibilidad que se establecen en el presente reglamento.
Firma electrónica. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad.
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TRANSPORTE MARÍTIMO. Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público.
Objeto de este real decreto:
b) Determinar las condiciones en que se han de prestar los servicios de línea regular de cabotaje marítimo insular.
c) Determinar y regular la prestación de las navegaciones que deben considerarse de interés público.
Entre los requisitos generales de prestación de líneas regulares de cabotaje se encuentra su comunicación a la Dirección General de la Marina Mercante con un plazo de antelación mínimo de quince días. A la comunicación se acompañará documentación acreditativa de su condición de empresa naviera… y de que estén inscritos en los Registros en los que tal inscripción sea obligatoria para poder efectuar navegación de cabotaje en su país de bandera.
SENADO: REGLAMENTO.- Reforma del Reglamento del Senado, por la que se modifica el artículo 184.
Se trata de adaptar el Reglamento del Senado a la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional por la que su artículo 16.1 dice que «los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara».
Para ello, se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 184 del Reglamento del Senado, con el siguiente contenido:
“La elección por el Senado de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo nombramiento ha de proponerse al Rey, según lo previsto en el artículo 159 de la Constitución, seguirá el procedimiento previsto en este Capítulo con las siguientes especialidades:
b) La Comisión de Nombramientos elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión. Si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos. “
MODELOS TRIBUTARIOS. Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Valor Añadido.- Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario.
DNI Y PASAPORTE. Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, sobre la implantación de un sistema de cita previa telefónica para la obtención del Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte.
IRPF E IVA. Orden EHA/3462/2007, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2008, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
*CONSUMIDORES Y USUARIOS. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Incorporaciones: Surge este Texto refundido como consecuencia de la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que exige incorporar al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios entre otras:
- La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
- La Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles;
- La regulación sobre contratos a distancia; dentro de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,
- La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo,
- La Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos
- Libro Primero. Se divide en cinco títulos.
- El título primero, relativo a las disposiciones generales, incorpora una delimitación del ámbito de aplicación de la Ley, una lista de conceptos, los derechos de los consumidores y usuarios y la legislación básica sobre ellos.
- El título II contiene la regulación del derecho de representación, consulta y participación e incorpora el régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios.
- En el título III del libro primero se incorpora la regulación en materia de cooperación institucional, dentro del estado de las autonomías.
- El título IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento sancionador, infracciones y sanciones.
- El título V, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, en particular, incorpora la regulación de las acciones de cesación frente a las conductas contrarias a esta regulación contenida y el Sistema Arbitral de Consumo.
- Libro segundo. Regula relaciones jurídicas privadas y se estructura en cinco títulos.
- El título I, contiene las disposiciones generales de los contratos con los consumidores, el régimen común del derecho de desistimiento en aquellos contratos en los que se prevé tal derecho.
- El título II establece el régimen jurídico en materia de cláusulas contractuales no negociadas individualmente y cláusulas abusivas. Se clarifica la equiparación entre las estipulaciones contractuales no negociadas y las prácticas no consentidas expresamente.
- Los títulos III y IV se destinan, respectivamente, a regular los contratos con consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles. La regulación sobre contratos a distancia contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulación de las relaciones empresariales.
- El título V regula el régimen de garantías y servicios posventa.
- Libro cuarto. Se dedica a viajes combinados.
- Las tres disposiciones transitorias garantizan que no se altere el régimen transitorio respecto de la garantía comercial, mantienen el régimen transitorio en los bienes que han de ser considerados como bienes de naturaleza duradera y determinan la inaplicabilidad de la Ley 22/1994, de 6 de julio, a los productos puestos en circulación con anterioridad al 8 de julio de 1994.
- El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Aclara la Exposición de Motivos que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros.
- Se considera empresario, a efectos de lo dispuesto en esta norma, a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada.
Asociaciones de consumidores y usuarios. Arts. 22 al 39.
- Denominación. Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en esta norma o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.
- Objetivo. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura.
- Imprescriptibilidad. Las acciones de cesación son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación en relación con las condiciones generales inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Dice dicho artículo: “No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva.”
- Sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo. Será voluntaria y deberá constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de adhesión al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores.
- Sistemas distintos del arbitraje de consumo. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico. Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo precedente serán nulos.
- Concepto. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un usuario y un empresario.
- Fuentes. Se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por las disposiciones legales que regulan los contratos civiles y mercantiles. Los contratos que incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril.
- Información previa. Se establece que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, será exigible por los consumidores y usuarios, aún cuando no figure expresamente en el contrato.
- Gratuidad. Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por prescripción legal, deban formalizarse en escritura pública, la formalización del contrato será gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse éste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera.
- Interpretación de los contratos. Se integra el contrato conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación e integración del Código Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza así la posición contractual del consumidor y se establece con claridad en la norma la interpretación que del artículo 1258 del Código Civil mantenían la doctrina y jurisprudencia más avanzada.
- Concepto. Es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
- Plazo. El mínimo será de siete días hábiles. Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo será de tres meses.
- Consecuencias. Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.303 y 1.308 del Código Civil. El consumidor no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza, o por el uso del servicio y tendrá derecho al rembolso de los gastos necesarios y útiles que hubiera realizado en el bien. El empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas sin retención de gastos en el plazo máximo de 30 días desde el desistimiento, pasado el cual se podrá reclamar la suma duplicada.
- Financiación. Cuando en el contrato desistido el precio a abonar por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna.
Condiciones generales y cláusulas abusivas. Arts. 80 al 91.
- Cláusulas no negociadas individualmente.
- Concepto. Son todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
Contratos celebrados a distancia. Arts. 92 al 106.
- Ámbito. Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados con los consumidores y usuarios en el marco de una actividad empresarial, sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario.
Contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles. A ellos se dedican los arts. 107 al 113. Según su artículo 108, de su ámbito de aplicación están excluidos: f) los contratos documentados notarialmente.
Entrada en vigor: el 1º de diciembre de 2007.
SISTEMA CARTOGRÁFICO NACIONAL. Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.
Objeto: Este real decreto, en aplicación de la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, regula las actividades de recogida, almacenamiento, tratamiento y difusión de información geográfica sobre el territorio nacional y su mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, realizada por las autoridades públicas a través del Sistema Cartográfico Nacional.
En el Pleno del Consejo Superior Geográfico habrá un vocal representante propuesto por la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Formará parte del Comité Consultivo del Pleno: “el Decano del Colegio Oficial de Registradores”.
SEGURIDAD VIAL. Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.
SEGURIDAD SOCIAL. Orden TAS/3512/2007, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
PDF (2007/20779; 6 págs. - 172 KB.)
SEGURIDAD SOCIAL. Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
PDF (2007/20910; 15 págs. - 457 KB.)
CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES. Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2008, a efectos de cómputo de plazo.
PDF (2007/20913; 3 págs. - 95 K)
ANDALUCÍA LEY 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Procedencia de la información: BOE. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Notariado y registros públicos. Art. 77:“Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva sobre:
Competencias ejecutivas. El art. 42 se refiere así a las mismas: “3.º Competencias ejecutivas, que comprenden la función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado.
Parejas de hecho. Art. 17.2: “Todas las parejas no casadas tienen el derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia. En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma , las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas”.
Testamento vital. Art. 20.1 “Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley.
Agencia Tributaria. Artículo 181.2: “… por ley se creará una Agencia Tributaria a la que se encomendará la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía. En relación con los demás impuestos cedidos gestionados por la Administración Tributaria del Estado en Andalucía, podrá establecerse un régimen de colaboración para su gestión compartida cuando así lo exija la naturaleza del tributo. “
Traspasos de competencias: Dice el apartado 5 de la Disposición transitoria primera: 5. Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles del Estado a la Junta de Andalucía la certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente publicados. Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
Procedencia de la información: BOE. LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
. El Derecho Foral de Aragón tendrá eficacia personal y será de aplicación a todos los que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del lugar de su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia territorial.
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Definición: Artículo. 1
Competencias exclusivas: Artículo 70. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:…
Competencias de desarrollo normativo y de ejecución. Artículo 71.
1. En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:…
Competencias de ejecución. Artículo 76. Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:…
Procedencia de la información: BOE. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Artículo 33. Derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las instituciones estatales. 1. Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las Administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a las instituciones, organizaciones y Administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, y, en general, a las entidades privadas que dependen de las mismas cuando ejercen funciones públicas.
Procedencia de la información: Texto definitivo: BOE. LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Artículo 49. 1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
Artículo 58. 1.
Disposición adicional segunda. (Cláusula Camps)
Procedencia de la información: Texto definitivo BOE. Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
ERRORES MATERIALES, RECTIFICACIÓN SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. R. 4 de octubre de 2007, DGRN. BOE de 3 de noviembre de 2007. Recaudación Ejecutiva de la AEAT-Registro de Madrid 14
V1255-07
NORMATIVA: Ley 37/1992, Arts. 90, 91; RIRPF RD 1775/2004, Art. 54-5; TRLIRPF RD Leg 3/2004, Art. 69-1
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La Comunidad de Propietarios del edificio de viviendas sito en la c/ Duquesa de Parcent, n° 46 de Madrid, de uso residencial, está ubicada en la denominada colonia "Antonio Blasco", dentro del Distrito Municipal de Latina en el suroeste de Madrid. Se encuentra el edificio dentro de la Zona de Rehabilitación Integrada declarada para los edificios sitos en la referida colonia por Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid, con relación el Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se regula la financiación cualificada a actividades protegidas en materia de vivienda y su régimen jurídico para el período 2001-2004.
El referido edificio es una construcción del año 1962, que consta de un único portal de acceso y cinco plantas, con dos viviendas por planta. La superficie construida de la finca es de 780 m2, incluyendo elementos comunes. Dada la antigüedad del edificio, en él residen personas de edad avanzada, y también alguna de ellas con Minusvalía reconocida superior al 65%.
Dicho edificio presentaba un estado de deterioro general, con graves deficiencias para la adecuada habitabilidad, que hizo necesaria la rehabilitación integral del edificio que implicó la realización de obras y trabajos que consisten, a grandes rasgos, en las obras necesarias para la adecuación del edificio a las exigencias actuales de habitabilidad, calidad y confort. Asimismo, dentro de dicha rehabilitación, se detectó la carencia de aparato elevador en la finca, por lo que con el fin acondicionar las instalaciones del inmueble para adaptarlas a un nivel de vida acorde con las necesidades de sus propietarios y adaptarse a la actual Normativa de Supresión de Barreras Arquitectónicas, se planteó la instalación de un ascensor
CUESTIÓN-PLANTEADA: 1ª. Tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
2ª. Tratamiento de las obras de rehabilitación en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 90, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), el citado tributo se exigirá al tipo impositivo del 16 por ciento, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
El artículo 91, apartado uno. 3, número 1º de la citada Ley, determina que se aplicará el tipo impositivo del 7 por ciento a:
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.”
2.- En cuanto al concepto de obras de rehabilitación, el artículo 20, apartado uno, número 22º, de la misma Ley dispone que a los efectos de esta Ley, las obras de rehabilitación de edificaciones son las que tienen por objeto la reconstrucción de las mismas mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores o, en otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificación o parte de la misma antes de su rehabilitación.
- Precio de adquisición de las edificaciones, el realmente concertado en las operaciones en cuya virtud se haya efectuado la referida adquisición.
Asimismo, es criterio de esta Dirección General de Tributos que, por "partes" de una edificación ha de entenderse las partes de una edificación que, cualquiera que sea su destino (vivienda, comercial, etc.) sean susceptibles por sí mismas de actuaciones parciales de rehabilitación, por permitir un uso autónomo respecto del resto de la edificación al tener entidad propia de carácter objetivo, y no considerar como "parte" de una edificación los diferentes elementos constructivos (fachadas, techumbres, estructuras, etc.) objeto de actuaciones de rehabilitación.
2º) Cualitativo: deben consistir en la consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación (estructuras, fachadas, cubiertas, o elementos estructurales análogos). Este Centro Directivo, en resolución de 5 de marzo de 1997 (Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo) ha aclarado en este punto lo siguiente:
"Con independencia del coste de las reparaciones o reconstrucciones y su relación con el valor del edificio, para que dichas operaciones tengan la consideración de "rehabilitación" a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, es necesario que cumplan el requisito señalado por el precepto, a saber, que consistan en la consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la edificación (estructuras, fachadas, cubiertas o elementos estructurales análogos), de manera que las operaciones de reacondicionamiento, mejora o reforma de la vivienda, por elevado que sea el importe de su coste, no tendrán el carácter de "rehabilitación" a efectos del referido impuesto: Tal ocurrirá con las obras consistentes en la redistribución del espacio interior, cambio o modernización de instalaciones de fontanería, calefacción, electricidad, gas, solado, alicatado, carpintería, bajada de techos, etc.
De la descripción contenida en el escrito presentado no se deduce que las obras a realizar se puedan calificar de rehabilitación según los criterios anteriores. En particular, se desconoce el verdadero valor de la edificación que se rehabilita.
Por lo tanto, tales obras tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 16 por ciento, salvo aquéllas que puedan considerarse trabajos de albañilería según lo dispuesto en el apartado 3 de este informe.
Según dispone el artículo 3º del Código Civil, "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".
Esta Dirección General estima que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 91.uno.2.15º de la Ley 37/1992, deben considerarse “materiales aportados” por el empresario o profesional que ejecuta las obras de albañilería realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas todos aquellos bienes corporales que, en ejecución de dichas obras, queden incorporados materialmente al edificio, directamente o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales semejantes a que se refiere la citada definición de albañilería contenida en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Además el coste de dichos materiales no debe exceder del 20 por ciento de la base imponible de la operación. Si supera dicho importe no se aplicará el tipo del 7 por 100.
Por otra parte, en relación con la aplicación del tipo impositivo reducido a las obras de albañilería resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) en la nueva redacción dada a dicho precepto, por el artículo primero, 3 del Real Decreto 3422/2000, de 15 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 16) que dispone que las circunstancias de que el destinatario no actúa como empresario o profesional, utiliza la vivienda para uso particular y que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya concluido al menos dos años antes del inicio de las obras, podrán acreditarse mediante una declaración escrita firmada por el destinatario de las obras dirigida al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su responsabilidad, las circunstancias indicadas anteriormente.
En relación con lo anterior, el artículo 79, apartado dos de la Ley 37/1992 dispone que “cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados.”
El apartado 5 de dicho artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio (BOE de 4 de agosto), establece lo siguiente:
“A los efectos previstos en el artículo 69.1.1º.a) de la Ley del Impuesto se considerará rehabilitación de vivienda las obras en la misma que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos:a) Que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.
b) Que tengan por objeto la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiese efectuado ésta durante los dos años anteriores a la rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de la rehabilitación.”
El artículo 29 del Real Decreto 1/2002 regula las operaciones protegidas en materia de rehabilitación, de la forma siguiente:
“1. A los efectos de este Real Decreto se entenderán como áreas de rehabilitación las áreas de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, sean así declaradas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado.
4. Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo en todo caso quedar asegurada la diversidad social y de usos y, en particular, el realojamiento de la población residente en los términos establecidos en la legislación vigente.”
Dado que las obras a que se refiere el consultante parecen ajustarse a lo dispuesto en el citado artículo 29, pueden ser consideradas como rehabilitación, conforme dispone el artículo 54.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, por lo que el coste para cada propietario incrementará el valor de adquisición de la respectiva vivienda. Además, aquellos propietarios que residan en ellas de forma habitual podrán practicar deducción por adquisición de vivienda habitual, en los términos previstos en el artículo 69.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE de 10 de marzo).
Resumen: Propiedad Horizontal. Legitimación activa. Nulidad de acuerdo adoptado en la Junta de una
Comunidad de Propiedad Horizontal sobre modificación del Título constitutivo sin el acuerdo unánime
de los comuneros. Cuestiones nuevas.
La Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación interpuesto por la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ",
representada por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, contra la sentencia dictada en grado de apelación -rollo nº 401-B/1999- por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, en fecha 13 de mayo de 2000, dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos con el número 513/1994 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente de Raspeig. Ha sido parte recurrida doña Estela ,representada por la Procuradora doña Isabel Torres Coello.
PRIMERO.- 1º.- El Procurador don José Manuel Gutiérrez Martín, en nombre y representación de doña Estela , promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía, turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente de Raspeig, sobre impugnación de acuerdos, contra don Lorenzo , como Presidente de la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho, suplicó a la Sala: " (...) En su día dicte sentencia por la que dando lugar a la demanda, declare: 1º.- La nulidad de pleno derecho del acuerdo recogido bajo el nº 4 del acta de fecha de 23 de agosto, por aplicación de los artículos 6 y 7 del Código Civil , declarando con efectos "ex tunc" dicha nulidad, por tratarse de acuerdos viciados de nulidad de pleno derecho y por ello, jurídicamente inexistentes desde su adopción, al haber extralimitado la Junta las competencias que conforme a la Ley le corresponden. 2º.- La nulidad del acta de 23 de agosto de 1994 , por cuanto los restantes acuerdos adoptados y reflejados lo han sido con vulneración de diversas normas estatutarias y legales dispositivas, entre otros, los 1, 3, 5, 9-6º, 11, 13, 14 y 16 de la Ley de Propiedad Horizontal . 3º .- La condena en costas de la Comunidad, por cuanto la temeridad y mala fe evidenciada y correlativa necesidad de mi representada de
promover la presente impugnación debe ser valorada en sus justos términos y contexto por el Juzgado".
2º.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, la Procuradora doña Concepción , en su representación, se opuso a la misma, y, suplicó al Juzgado: " (...) Teniendo por formuladas las excepciones dilatorias planteadas de falta de personalidad y en virtud de las mismas, estimándolas se dicte sentencia por la que sin entrar en el fondo del asunto, se desestime la demanda planteada, y en caso de entrar a conocer del fondo del asunto, en virtud de las excepciones de carácter perentorio también alegadas se desestimen íntegramente las pretensiones contenidas en la demanda, y en todo caso se dicte sentencia por la que absolviendo de la misma libremente a mi mandante, se declare la plena validez del acuerdo que se impugna, así como el acta de fecha 23 de agosto de 1994, todo ello con expresa imposición de costas a la demandante dada su manifiesta temeridad y mala fe".
3º.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente Raspeig dictó sentencia, en fecha 15 de diciembre de 1998 , cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Gutiérrez Martín en nombre y representación de doña Estela contra la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 , sito en C/ DIRECCION000 nº NUM000 de El Campello, debo absolver y absuelvo a la demandada de la pretensión de la actora en cuanto a la nulidad del acta de la Junta de
Propietarios de fecha 23 de agosto de 1994. Asimismo en cuanto a la pretensión de declaración de nulidad del acuerdo adoptado bajo el nº 4 de dicha junta o acta, con estimación de la excepción de inadecuación del procedimiento debo absolver y absuelvo en la instancia al demandado de dicha pretensión. Todo ello con imposición de las costas a la parte actora".
4º.- Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante dictó sentencia, en fecha 13 de mayo de 2000 , cuyo fallo se transcribe textualmente: "Con estimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Vicente del Raspeig de fecha 15 de diciembre de 1998 en las
actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución y estimando la demanda interpuesta por doña Estela frente a la Comunidad de Propietarios EDIFICIO000 de Campello debemos declarar y declaramos la nulidad del acuerdo tomado en el punto 4º de la Junta de Propietarios
celebrada el 23 de agosto de 1994 referido a los semisótanos, sin que proceda efectuar distinta declaración sobre la redacción del acta en que se refleja confirmando en este particular dicha sentencia de instancia. Se
desestiman las excepciones antes indicadas. No se hace especial declaración sobre pago de costas devengadas en ambas instancias".
SEGUNDO.- El Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ", interpuso, en fecha 18 de julio de 2000, recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, por los siguientes motivos, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1º) Por infracción del artículo 542 en relación con el 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; 2º) por vulneración de los artículos 394 y 396 del Código Civil, 208 de la Ley Hipotecaria y artículos 5 y 13.5 de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 ; 3º) por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones del debate, contenida, entre otras, en SSTS de 16 de
junio de 1998, 26 de mayo de 1994, 6 de mayo de 1991, 1 de febrero de 1995 y 15 de marzo de 1985; 4º) por infracción de la doctrina de los actos propios, SSTS de 20 de diciembre de 1996, 4 de marzo, 24 de
octubre y 12 de diciembre de 1985, y, terminó suplicando a la Sala : dictar sentencia dando lugar al recurso y casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho".
TERCERO.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, la Procuradora doña Isabel Torres Coello, lo impugnó mediante escrito de fecha 16 de julio de 2003, suplicando a la Sala, dicte
sentencia desestimando íntegramente el recurso interpuesto, y confirmando la nulidad del acuerdo recogido bajo el número 4 del Acta de fecha 23 de agosto por la Junta de Propietarios de la Comunidad EDIFICIO000 , con expresa imposición de costas al recurrente".
CUARTO.- La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 12 de septiembre de 2007 en que tuvo lugar.
PRIMERO.- Doña Estela demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ", e interesó las peticiones que se detallan en el
La cuestión litigiosa se centra principalmente en la determinación de si procede declarar o no la anulación del acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios de la Comunidad demandada de fecha 23 de agosto de 1994, en que, por mayoría, se aprobó destinar los semisótanos del edificio para el uso y esparcimiento de todos los copropietarios, con la particularidad de que esas dependencias del inmueble no figuraban en el título constitutivo.
EL Juzgado rechazó la demanda y su sentencia fue revocada en grado de apelación por la de la Audiencia en el sentido de declarar la nulidad del acuerdo relativo al punto 4º de la Junta de Propietarios celebrada el 23 de agosto de 1994 referido a los semisótanos, sin que proceda efectuar distinta declaración sobre la nulidad del acta en que se refleja, con la confirmación en este particular de la resolución apelada.
"LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 " ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia por los motivos que se examinan a continuación.
SEGUNDO.- El motivo primero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 542 , en relación con el artículo 533 , ambos de este ordenamiento, por
cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada no ha apreciado la excepción de falta de legitimación "ad causam" de la demandante, reiterada aquí en atención a que, en definitiva, el argumento esencial de la demanda fue la negativa de la naturaleza de elementos comunes a los semisótanos, con la afirmación de que ostentan la calidad de privativos y, además, de su propiedad, sustentada en el hecho de que su padre,
don Carlos Miguel , dueño del terreno donde se levantó el " EDIFICIO000 ", promovió, construyó y, tras efectuar la división horizontal, vendió los componentes independientes; así como por un descuido de los técnicos de la obra, respecto a la especial inclinación del terreno, pues, terminada la edificación, aparecieron los semisótanos, los cuales, por error, no se incluyeron en el título constitutivo, de modo que, al corresponder a aquél la propiedad del suelo, tenía también la de esas dependencias, y, tras su fallecimiento, los propietarios son ahora sus herederos, entre ellos la actora; sin embargo la pretensión
formulada en esos términos requiere una aptitud específica por parte de doña Estela , cual es la aportación del título determinante de que tales elementos son privativos e, igualmente, de su propiedad, en base al
cual se ampararía su derecho a hacer un uso exclusivo de los mismos- se desestima porque en este proceso no se dilucida la propiedad de los semisótanos, pues la acción ejercitada se refiere a la nulidad del
acuerdo numero 4º de los adoptados en la Junta celebrada por la Comunidad de Propietarios en fecha de 23 de agosto de 1994, que fue designado en el Orden del Día como "Asuntos jardín, pinada y cosas
comunes y privativas de la Comunidad y su Propiedad Horizontal", por haberse extralimitado la Junta en suscompetencias, y la nulidad del acta de la misma, dado que los restantes acuerdos reflejados vulneran
diversas normas estatutarias y de la Ley de Propiedad Horizontal , y para justificar la legitimación excepcionada, bastaba la acreditación por doña Estela de su titularidad de dos pisos en el edificio de la
Comunidad demandada, como consta en el acta de la Junta, que le permitió asistir a la misma, sin objeción alguna por el resto de los comuneros, y, en su calidad de propietaria disidente, es obvio que está legitimada para el ejercicio de las pretensiones planteadas en el juicio.
TERCERO.- El motivo segundo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión de los artículos 394 y 396 del Código Civil, 208 de la Ley Hipotecaria, 5 y 13.5 de la
Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 , puesto que, según denuncia, la sentencia de instanciaha interpretado erróneamente que el acuerdo adoptado en la Junta celebrada el 23 de agosto de 1994 y recogido en el punto 4º del acta levantada al efecto supone una modificación del Título constitutivo y, por tanto, ha de ser sometido al régimen de unanimidad para su validez, ya que los semisótanos no son más que el resultado del cerramiento efectuado entre los pilares o columnas sobre las que se sustenta el edificio, por efecto del cual el suelo, que según el proyecto del arquitecto, estaba concebido como espacio abierto,
quedó delimitado por las paredes, y dió lugar a los mismos, pero no ha perdido su carácter de elemento común por la circunstancia de que, con posterioridad a su construcción y al otorgamiento de la escritura de obra nueva y división horizontal, su superficie fuera cerrada- se desestima porque, a partir de apreciaciones fácticas subjetivas, se integra en el motivo la cuestión de la propiedad de los semisótanos, que no es objeto de este juicio.
Los locales o dependencias de que se trata no figuran en el Título constitutivo y para cualquier modificación del mismo, como realiza la decisión comunitaria impugnada, se precisa el requisito de la unanimidad de todos los propietarios, mediante acuerdo en Junta, según exige el artículo 16.1 de la
Ley de Propiedad Horizontal de 1960 y determina la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en las sentencias de esta Sala de 25 de julio de 1991, 22 de diciembre de 1994, 16 de julio de 1996, 19 de julio de 2000 y 30 de abril de 2002 , lo que no ha sido observado.
CUARTO.- El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 16 de junio de 1998, 26 de
mayo de 1994, 6 de mayo de 1991, 1 de febrero de 1995 y 15 de marzo de 1985 , puesto que, según censura, la sentencia de la Audiencia no ha llegado a la conclusión del carácter de elemento común de los
semisótanos, según exponen dichas resoluciones, y, por tanto, de la validez del acuerdo impugnado, que versa sobre el uso de uno de ellos- se desestima porque se limita a expresar el texto de una amalgama de sentencias diversas, sobre supuestos diferentes del caso litigioso, sin añadir concepto alguno o elementos de conocimiento, en virtud de los cuales, quepa determinar, según el sentir de la parte recurrente, como y en qué concepto se ha infringido tal jurisprudencia por la resolución recurrida, lo que contraviene la exigencia de claridad y precisión dispuesta en el artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
QUINTO.- El motivo cuarto del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación de la doctrina jurisprudencial de los actos propios, debido a que, según censura, la
sentencia de apelación no ha valorado que, en el acta que documenta la primera Junta de la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 ", se describen sus componentes (10 por cada bloque), y se expresan sus coeficientes de participación, que sumados arrojan un resultado del 100 por 100, sin la inclusión, como privativos, de ninguno de los dos semisótanos, extremo aceptado por la totalidad de los propietarios, y, asimismo, por la demandante, que lo reconoció expresamente cuando absolvió la posición
tercera del pliego de confesión, al aceptar como suya una de las firmas obrantes en el documento, y, en ese momento, estaba conforme, junto con los demás copropietarios, en el hecho de que los semisótanos tenían el carácter de elementos comunes, por lo que no es válido que posteriormente les niegue dicha naturalezase
desestima porque se han introducido cuestiones nuevas, que, según reiterada doctrina jurisprudencial, no son susceptibles de conocimiento en casación (por todas, STS de 27 de noviembre de 2000 ).
Se consideran como tales las no aducidas por las partes en sus escritos alegatorios, y las surgidas "ex novo" en casación.
Las cuestiones nuevas alteran el objeto de la controversia, atentan a los principios de preclusión e igualdad de partes (entre otras, SSTS de 11 de abril y 4 de junio 1994 ) y producen indefensión para el otro litigante (aparte de otras, SSTS de 22 de julio y 20 de septiembre de 1994 ).
SEXTO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo
1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO000 " contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante en fecha de trece de mayo de dos mil . Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas. Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con
devolución de los autos y rollo en su día remitidos.
ART. 75.6 RITP ANULADO. Sentencia de 18 de enero de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que, se declara la ilegalidad del art. 75.6 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, anulándolo por su oposición a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y a lo dispuesto en la Directiva Comunitaria Europea 69/335/CEE, de 17 de septiembre de 1969, arts. 10 y 4, en cuanto prohíbe los impuestos, cualquiera que sea su forma, sobre las modificaciones de la escritura constitutiva de la Sociedad o de sus Estatutos.
Dice el apartado que se anula:
Este artículo ya había sido derogado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
STC 231/2007, de 5 de noviembre de 2007
En efecto, una simple consulta al Registro de la Propiedad hubiera dado como resultado los siguientes domicilios de notificación: 1) vivienda unifamiliar en Cerros del Lago, Istán, Málaga, inscrita a nombre de la demandante de amparo desde el 12 de marzo de 2001; 2) nave en el polígono industrial La Ermita, c/ Uranio, núm. 35, bajo, Marbella, adquirida el 18 de diciembre de 2000; 3) su domicilio en Inglaterra, 2 The Circle, Queen Elizabeth S 1, Londres, que figuraba en la escritura de compraventa de la vivienda ejecutada. Sin embargo, pese a lo dispuesto en los arts. 156.2 y 4 LEC, la demandante de amparo fue declarada en rebeldía.
Dada en Madrid, a cinco de noviembre de dos mil siete
Dice el artículo 9:
«3. Los Agentes Forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales.»
PDF (2007/20719; 1 págs. - 29 KB.)
¿SABIAS QUE PARA INSCRIBIR EL USO EXCLUSIVO SOBRE UNA PORCIÓN DE SUPERFICIE DEL LOCAL GARAJE, ES NECESARIA LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOBRE EL QUE RECAE DICHO USO,
PERO LA FALTA DE ESA DESCRIPCIÓN NO IMPIDE INSCRIBIR
LA TRANSMISIÓN DE LA CUOTA INDIVISA, SINO TAN SOLO EL USO?
GARAJES: INSCRIPCIÓN DEL USO EXCLUSIVO. R. 6 de mayo de 2002, DGRN. Caso planteado: Si es o no necesaria, para la inscripción de la cuota indivisa de un local destinado a garajes, que da derecho al uso de una plaza determinada, la descripción pormenorizada de dicha plaza, en los términos exigidos por el art.53 del RD 1093/1997, de 4 de julio; Se discute si el citado art. resultó afectado por la STS de 31 de enero de 2.001, cuando anuló el art. 68 del Reglamento Hipotecario, en la redacción dada por el RD de 4 de Septiembre de 1.998.
La Dirección General entiende que el art. 53 del RD 1093/1997 sigue en vigor, y ello porque solo fueron declarados nulos los párrafos segundo y tercero del art. 68 del Reglamento Hipotecario y la causa de dicha nulidad fue la falta de habilitación legal para incorporar al Registro las bases gráficas, que en los mismos se imponía como obligatorio, tema que no ha abordado el debatido art. 53, por lo que no puede verse afectado por la Sentencia del Tribunal Supremo; por ello, resuelve que para inscribir el uso exclusivo sobre una porción de superficie del local garaje, es necesaria la descripción del objeto sobre el que recae dicho uso, pero que, la falta de esa descripción nunca podría impedir la inscripción de la transmisión de la cuota indivisa, sino solo del uso. (MN)
Nota: La DG deja en el aire –no entra al no estar discutido-, si la determinación del espacio de uso exclusivo necesitaría o no autorización de Junta de la Comunidad, lo cual es de una gran importancia práctica para todas aquellas comunidades sobre garajes en las que no se ha realizado la determinación pormenorizada ‘ab initio' de las unidades de aparcamiento susceptibles de uso independiente como exige el repetido artículo 53 y que son la mayoría.
http://www.boe.es/boe/dias/2002-06-26/pdfs/A23301-23302.pdf
Existen Comunidades de Propietarios que celebran la Navidad, algunas durante la reunión de la Junta anual, acuerdan nombrar una comisión de propietarios dedicados a preparar las Fiestas Navideñas.
Esa comisión pone en el tablón de anuncios las siguientes actividades que se van a realizar: Del 1 al 30 de noviembre entre los niños y niñas del edificio se hace un concurso para hacer el Christma de Navidad. Con el Christma ganador el Presidente de la Comunidad felicitará a todos los vecinos y estos a su vez felicitarán a sus amigos, cada vecino encarga el número de Christmas que necesita al administrador, cobrándose 1 euro más de lo que cueste la imprenta por Christma, con ese dinero, se le hace un regalo al niño ganador y se compran los adornos de Navidad para el Portal.
En otras comunidades se hace concurso de Belenes y los vecinos invitan a sus convecinos a visitar sus casas, los participantes en el concurso de Belenes ponen su piso en el tablón de anuncios y las horas en que se puede visitar el Belen, y se premia el Belen mas bonito del edificio, mediante votación secreta, el voto se deposita en el buzón del Presidente, ; el ganador, el año siguiente, es el encargado de hacer el Belen que se instala en la Comunidad. Los gastos del Belen se aprueban en la Junta anual, el vecino tiene que hacer un presupuesto detallado de lo que va a comprar, siempre aprovechando el material y las figuritas, que pueda, de los años anterior. El gasto se incluye en el presupuesto de la Comunidad para ser aprobado por los propietarios en la Junta anual.
Pero existen en los edificios, y, cada vez más, personas de distintas culturas y religiones; para que no existan choques interculturales, se acuerda que cada propietario ponga su granito de arena en la celebración de las Fiestas Navideñas, pidiendo que adornen los descansillos del edificio, entre los que viven en ese rellano, como consecuencia de ello, nos encontramos con adornos distintos, desde un papanoel, un belen, unas flores y hasta unas frutas, pero todo realizado en buena armonía y vecindad.
En otras se acuerda un gasto extraordinario para regalarle una cesta al conserje y personal contratado del edificio.
Ahora bien existen algunas iniciativas por parte de algunos administradores de fincas, que plantean en las comunidades de propietarios que administran y que tienen una economía saneada, por que todos los propietarios pagan su cuota de comunidad y no existen morosos, que dediquen una cantidad a hacer mas llevaderas las navidades a familias mas oprimidas de su diócesis, se realiza la recaudación de dinero añadiendo unos céntimos en el recibo mensual de la comunidad, esto se aprueba por mayoría, con los gastos anuales. El vecino que no quiere participar, al dar su voto negativo, el administrador no le pasa el recibo, ¡ahora bien son escasos los propietarios que se niegan a ello!, en la Junta anual, el presidente da las explicaciones pertinentes sobre el dinero recaudado y en que se ha empleado, esto se hace de acuerdo con el párroco o con el personal de Caritas de la Diócesis.
También existen administradores de fincas y presidentes que plantean el añadir unos céntimos en el recibo de la comunidad, cuyo importe es ridículo, y se aprovecha la infraestructura social y económica de las comunidad para que una serie de pequeños puedan desarrollarse, recibir una educación y tener unas condiciones sanitarias optimas, este dinero una vez al año se le entrega a la parroquia, para que en un país de Ibero- América o de Asia, o de África, se construya una escuela o un ambulatorio.
La pena es que esta idea no la llevan a cabo en muchas comunidades de propietarios, pues estaríamos creando desarrollo y riqueza al otro lado del mundo con un mínimo esfuerzo.
Unas comunidades tienen costumbre de comprar un billete de la Loteria de Navidad y venderlo entre los vecinos, esto normalmente lo hace una comisión de vecinos o los vocales de la comunidad
Las comunidades de propietarios que tiene página web, añaden en ella una felicitación de Navidad para todos sus vecinos, como por ejemplo las que pongo a continuación:
La Junta de Gobierno de la Comunidad de Propietarios desea que todos los vecinos y sus seres queridos disfruten de una Felices Fiestas, con la esperanza de que el año 2007 resulte pródigo para todos.
Asimismo también queremos trasladar a los vecinos que la Junta continúa funcionando con normalidad y responsabilidad, asumiendo la resolución de los problemas e incidencias que van surgiendo. Informaremos a la vuelta de las fiestas navideñas
¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2008 A TODOS LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD!!
(en especial a todos los que nos preocupamos por todo lo que nos ocurre
e intentamos hacer algo para solucionarlo)
Uno de los temas más tratados en una comunidad de vecinos son las obras en las propiedades como consecuencia de las ampliaciones de facto de la vivienda mediante acristalamientos, cerramientos u otro tipo de reformados
Acristalar / cerrar terrazas externas. Se supone que esta obra representa una alteración o modificación del aspecto externo o configuración del edificio en cuestión.
Como norma general, no están permitida las obras que alteren el estado exterior del edificio. Si un propietario lleva a cabo alguna obra que afecte a la estética del edificio sin consentimiento de su Comunidad de Propietarios podrá ser obligado a suprimirlas Para realizar dichas obras se debe contar con la aprobación unánime de los propietarios y con el permiso Municipal correspondiente.
Solicite mediante carta al presidente que se trata en la próxima Junta de Propietarios como un punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acristalamiento de las terrazas exteriores a petición del Propietario de la Vivienda del 4 A.
"La mayoría de los males les vienen a los hombres por no quedarse en casa"

References: artículo 16
 artículo 396
 Real Decreto 
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 artículo 33
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 real decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 91
 artículo 30
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 184
 artículo 16
 artículo 184
 artículo 159
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 1258
 resolución 
 artículo 108
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Artículo 181
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 76

Artículo 33

Artículo 49

Artículo 58
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 20
 resolución 
 artículo 3
 artículo 91
 artículo 26
 Real Decreto 
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 artículo 79
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 69
 Real Decreto 
 artículo 29
 Real Decreto 
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 artículo 29
 artículo 54
 artículo 69
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 1692
 artículo 542
 resolución 
 resolución 
 artículo 1692
 artículo 542
 artículo 533
 artículo 1692
 artículo 16
 artículo 1692
 resolución 
 artículo 1710
 artículo 1692
 artículo
1715
 artículo 31
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 artículo 9
 artículo 53
 resolución