Source: http://composi.info/repblica-de-colombia-v6.html?page=14
Timestamp: 2020-01-25 11:21:47+00:00

Document:
contrato interadministrativo - República de colombia
Artículo 11. Derechos de los Estudiantes
contrato interadministrativo “CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN- Son causales para la terminación del presente contrato: (...)” Folio 52, cuaderno de segunda instancia, expediente T-1319218.
34 Ver folios 91 a 100 del cuaderno de primera instancia, expediente T-1319218.
35 (...) "La actitud asumida por el padre Rector fue demasiado benevolente y prudente ya que quiso que a través del diálogo y la concertación se reconociera la falta por parte de los jóvenes involucrados para que asumieran su responsabilidad y la reparación inmediata de la misma, actitud que no fue acogida por los padres de familia de estos jóvenes quienes, según nuestra apreciación no adoptaron una posición formativa para sus hijos y convirtieron el procedimiento pedagógico formativo en un proceso jurídico” Folios 169 a 171 del cuaderno de primea instancia, expediente T-1319218.
36 Ver folios 82 y 83 cuaderno de primera instancia, expediente T-1319218: “En atención al referido oficio (...) le explico que el derecho de petición que presentaron a esta institución los padres del menor Esteban, fue radicado acá el día 15 de diciembre y el personal docente y directivo, del cual hago parte como rector, se encontraba en vacaciones legales, cuyo calendario iba del 12 de diciembre al 16 de enero, fecha en que nos presentamos a laborar. De este calendario informé a todos los padres de familia en las sesiones de clausura realizadas el 9 de diciembre.
Por la anterior razón el término para responder ese derecho lo empecé a contar desde el lunes 16 de enero de 2006. El día miércoles 25 de enero se presentaron en el colegio las personas antes mencionadas y después de una conversación acordamos que ellos vendrían a las 2:00 PM. a recibir la respuesta y explicación a su petición. No concurrieron a esa hora y el texto de la carta se la hemos hecho llegar hoy a su residencia.”
37 Ver folios 82 y 83 cuaderno de primera instancia, expediente T-1319218. “1. En la respuesta de la Secretaría de Educación (...) no encuentro en ninguno de los cuatro artículos de la parte resolutoria una decisión de obligar al Colegio a realizar la matrícula de su hijo (...) para el año escolar 2006.
6. La observación escrita en el Informe del cuarto período académico y final, es la comunicación escrita en la fecha y ocasión propia a efectos de conocer el motivo y la decisión de no renovar contrato de matrícula, a fin de que los padres de familia puedan buscar oportunamente otro establecimiento educativo»
38 Ver folios 22, 23 y 42 del cuaderno de 2ª instancia, expediente T-1319218.
39 Ver folios 67 a 86, cuaderno de segunda instancia, expediente T-1319218.
40 Ver folio 3, cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747. Se dice que Guillermo era “responsable de la salida, y por tanto del comportamiento del grupo de alumnos, quien en lugar de utilizar una estrategia adecuada para el manejo del caso de indisciplina, entró en ira, amenazando y amedrentando, utilizando términos soeces, a los jóvenes implicados en el suceso, “con hacerlos expulsar del Colegio, le diera el agua donde le diera”, y luego, por intermedio de una persona ajena al Colegio, sobrino del profesor, Mauricio, los amenazó, con hacerlos demandar por el niño Santiago para que fueran a parar a “La Casa del Menor”, afectando psicológicamente en grado sumo a nuestros hijos, quienes no pudieron conciliar el sueño y lloraron hasta altas horas de la noche, al punto de que en la madrugada el profesor Guillermo ingresó a uno de los cuartos volviéndolos a amenazar, a amedrentar, diciéndoles que si no se calmaban, o sea, dejaban de llorar mandaba traer una PATRULLA DE LA POLICIA, para que se los llevaran»
41 Ver folios 98 y 99 del cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
42 Ver folio 124 cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
43 Ver folio 125 del cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
44 Ver folios 168 a 172 del cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
45 Ver página 30 de esta decisión.
46 “(...) encontramos la resolución número 006 del 29 de junio del año 2005, emanada de la Rectoría del establecimiento y mediante la cual se reestructura el consejo Directivo. Aunque tiene poca monta esta observación si es del caso y en honor al derecho a la defensa y en especial al debido proceso, dejar en claro que así las cosas y siendo este último quien concedió la sanción, no haya facultad legal para ello, pues se impuso sanción por quien no es competente al no estar debidamente conformado, lo que se ha debido hacer para la modificación era citar al Consejo Directo existente y entre ellos proceder a la reestructuración propuesta por el Rector, lo que hace ver que desde aquí se están haciendo mal las cosas.” Ver folio 288 cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
47 Folio 288, C,1. T-1322747. “quiere decir entonces que de conformidad con el precedente constitucional estudiado este despacho dejará sin efecto la sanción impuesta cual fue la de no renovar la cancelación de matricula y ordenará al Colegio, que si está dentro de los términos de ley inicie de nuevo el proceso disciplinario contra Jorge y en el curso del mimos de estricto cumplimiento al Manual de Convivencia y al Código del Menor, artículo 319, a fin de no vulnerar el derecho al debido proceso solicitado por los accionantes.”
48 Ver folios 5 a 10 del cuaderno de segunda instancia, expediente T-1322747.
49 Ver folio 57 cuaderno de primera instancia, expediente T-1322747.
50 Ver folios 56 a 80 del cuaderno de segunda instancia, expediente T-1322747.
51 “Cuando en la ley 115 de 1994 se contemplaba este tipo de contratos, se prevenía acerca del respeto a la autonomía del régimen interno de las entidades privadas que recibían personal oficial, estableciendo en su artículo 188 lo siguiente: “PLAZAS DOCENTES EN COMISION: El subsidio a las instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro que cubren matrículas y pensiones de acuerdo con las tarifas establecidas para las instituciones educativas estatales, podrá ser también en plazas en comisión, mediante contrato. El subsidio no implica pérdida de autonomía de la institución de carácter privado para la administración de los recursos humanos, físicos, y financieros de la respectiva institución.”
52 Ver cuaderno principal, folio 154, expediente T-1323408.
53 Ver folios 2 a 11 del cuaderno principal, expediente T-1323408.
54 Folios 78-79, C.1. T-1319218.
55 Folios 78-79, C.1. T-1319218.
56 Folios 78-79, C.1. T-1319218.
57 Ver fotocopias de las valoraciones fechadas el 13 de marzo de 2006, visibles a folios 39 a 42 del cuaderno correspondiente a la revisión de la Corte Constitucional, expediente T-1319218.
58 T1319218. Folio 24. El menor Esteban manifestó: “El día 6 de junio de 2005, a las 9:30 yo me encontraba en el pasillo del hogar de paso en el cual nos hospedábamos en la ciudad de Neiva, jugando sentados en el piso y contra la pared junto a Daniel, cuando de repente llegó Santiago e intentó despojar a Daniel de su pantalón, comenzando por su correa, Santiago realizó un mal movimiento, y se enredó con las piernas de Daniel cayendo de espaldas al piso, en ese momento Daniel empezó a gritar cojan a Santiago, cojan a Santiago, en ese instante Andrés y Jorge lo agarraron por las piernas y yo comencé a hacerle cosquillas, Santiago se encontraba con los boxer escurridos y los compañeros que estaban detrás terminaron de bajárselos, él de inmediato se volteó, luego Daniel le arrojó una uva sobre la cola y otras personas que estaban allí intentaron aplastarla.”
Los padres de José en el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución que ordenó la cancelación inmediata de su matricula manifestaron su deseo de que el Colegio sirviera de mediador para elevar una disculpa al menor afectado y a su señora madre, por cuanto su hijo “incurrió en un acto de indisciplina bochornoso e involuntario…”
T-1330627. Folio 16. Daniel en su declaración manifiesta: “Todo ocurrió entre las 9:30 y 10:00 pm, cuando a mi Daniel me intentaron desvestir y pasó Santiago y se cayó, allí empezó Esteban a desvestirlo mientras Jorge y Andrés le sostuvieron las piernas y José filmaba esto. En lo único que participe: botando una cáscara de uvas y sin culpa le cayó a Santiago. Todo culminó cuando dijeron el profesor. Acepto que tengo culpa, pero Santiago desde que llegamos participó en las grabaciones de los baños (…) y al principio de que lo empezaron a desvestir el se rió.” El menor Daniel en el recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución que ordenó la cancelación inmediata de su matricula expresó una disculpa por lo sucedido, hecho que motivó en su ingenuidad, irresponsabilidad e inexperiencia.
T-1322747. Folios 31-32, C. 1. Jorge manifestó en su declaración “El día 6 de junio en las horas de la noche, cuando nos encontrábamos en la casa hogar de paso de Neiva, sitio de hospedaje, ocurrió un hecho inapropiado por parte de algunos compañeros, en el cual me ví involucrado. (…) Posteriormente me dirigí a la habitación con el ánimo de dormir y cuando me disponía a hacerlo vi un tumulto de compañeros en el pasillo y me dio curiosidad de ir a mirar que era lo que estaba pasando, por lo cual salí del recinto y me encontré con Esteban y Daniel que estaban sentados en el suelo, y Santiago estaba intentando desvestir a Daniel, pero en una mala maniobra Santiago cayó al suelo, y en ese momento Daniel dijo “cojan al chulo” y yo que acababa de llegar le cogí el tobillo de la pierna izquierda y Andrés lo tomó de la pierna derecha; Esteban le hacía cosquillas mientras varias manos de compañeros que no pude identificar intentaban bajarle los pantalones. (…) Cabe aclarar que todo fue un simple juego o broma en el cual Santiago era uno de los protagonistas y gestores del mismo, nunca se hizo con malas, ni perversas intenciones, ni mucho menos con intenciones morbosas.”
59 Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 12.
60 Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 14.
61 Dicha petición fue respondida de manera negativa en el sentido de no renovar la matrícula del menor.
62 Folio 77 C.1.
63 Respuesta de la Secretaría de Educación al auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis 2006.
64 Durante el proceso el juzgado mediante oficio notifico al rector del colegio que, como medida provisional, se había decidido que el colegio debía permitir al menor asistir a clases. Sin embargo, no se encuentra en el proceso el auto que dicta la medida provisional y el Rector del colegio respondió en declaración ante el juzgado que no podía permitir que una persona asistiera a clase sin encontrarse matriculado ya que la ley no se lo permitía. El juzgado realizó una inspección judicial en el Colegio.
65 Respuesta de la Secretaría de Educación al auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis 2006.
66 Expediente T-1323408. Sentencia del Juzgado 2 Civil Municipal. “Se puede sancionar sin que el acusado tenga derecho a una defensa? La respuesta siempre será negativa; en todo caso eso fue lo que el Colegio ha hecho, sancionar sin permitir que el investigado tuviera la posibilidad de defenderse en lo extenso de la acepción, es decir, controvertir las pruebas y solicitar las que estime conveniente para su defensa. En el proceso disciplinario no se observó ni lo uno ni lo otro, aún más nunca se escuchó al estudiante involucrado y menos se citó y escuchó a los padres o acudientes del mismo.”
67 Respuesta de la Secretaría de Educación al auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis 2006.
68 Ver folios 2 a 11 del cuaderno principal, expediente T-1323408.
69 Respuesta de la Secretaría de Educación del Municipio al auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis 2006.
70 Ver la sentencia T-881 de 2002 MP: Eduardo Montealegre Lynett en la cual se hace un exhaustivo recuento de los alcances funcionales y normativos del concepto dignidad humana.
71 Sentencia C-355 de 2006 MP: Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. AC: Jaime Araujo Rentería; Manuel José Cepeda Espinosa. SV: Marco Gerardo Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis.
72 Sentencia T-881 de 2002 MP: Eduardo Montealegre Lynett. En la sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett también se dijo: “17. El derecho fundamental a la dignidad humana está determinado en su dinámica funcional, por un contenido específico en tres ámbitos de protección: el ámbito de la autonomía, el del bienestar material y el de la integridad física y moral. Su cualificación como fundamental parte de una interpretación de varias disposiciones constitucionales que determinan su dimensión normativa en el ámbito interno (arts. 1, 42 y 53 y 70 CN). De otro lado, su condición de derecho público subjetivo está determinada por la concurrencia de tres elementos definitorios. Un titular universal: la persona natural; un objeto debido: la interdicción de las conductas que interfieran el ámbito de su protección (autonomía, bienestar e integridad); y un destinatario universal de la prestación: toda persona pública o privada.”
73 Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
74 Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
75 Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett. “20. Tanto el contenido como la protección de los derechos fundamentales de los menores, responde a consideraciones especiales en el orden interno. Esta realidad jurídica se enmarca en la disposición constitucional que prescribe la protección especial de los menores y la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás (art. 44 CN), así como el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes (art. 45 CN).
Estas disposiciones normativas sumadas a la funcionalidad de los derechos, implican que los contenidos y la forma de protección de los derechos de los niños esté sujeta a ciertas variaciones. Así por ejemplo, la fuerza de irradiación normativa de los derechos o de los principios constitucionales que jueguen en contra de los intereses de los niños, deberá ceder prima facie ante la presencia de un derecho o de un principio que ampara los intereses del menor. Este juicio de intensidad es el que implica que el ámbito de protección de los derechos fundamentales del menor se ensanche y gane en extensión frente al de los otros.”
76 Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
77 Sobre este ámbito de protección del derecho a la intimidad y algunas de las particularidades del mismo, ver la Sentencia SU-1723 de 2000. En esta oportunidad un reconocido cantante pretendía que se suspendiera la emisión de un programa de televisión en el que se relataban algunos apartes de su vida entre los que se encontraban hechos delictivos. En este caso la Corte acepta que el ámbito de protección de la intimidad (no difusión de información personal) se ve restringido cuando el personaje es público, la información es difundida en un medio de comunicación, la misma es veraz, imparcial y respetuosa, y la difusión tiene una especial relación con el interés general. Así mismo, puede consultarse la Sentencia T-213 de 2004, en la cual una servidora pública (fiscal) pretendía la suspensión de la distribución y comercialización de un libro de periodismo informativo en el que se asociaba su nombre con un escándalo de corrupción. En este caso la Corte acepta que el ámbito de protección de la intimidad (no difusión de información personal) se ve restringido cuando la persona es servidora pública, la información está sustentada en documentos y las opiniones desfavorables se prediquen no meramente sobre (y por) la persona, sino sobre ella en calidad de funcionaria. De otro lado, sobre reserva de información personalísima puede consultarse la Sentencia T-1390 de 2000, caso en el cual se discutía el tema de la indefinición sexual de un menor, los derechos fundamentales y el consentimiento informado. Por la especial naturaleza del tema y buscando proteger la intimidad personal y familiar, la Corte omitió publicar los nombres y circunstancias que permitieran identificar a las personas relacionadas con el caso.
78 Sobre este ámbito de protección del derecho a la intimidad, la Corte ha considerado que, por ejemplo, con la generación de malos olores o de ruido que ingresa al lugar de habitación se desconoce el derecho a la intimidad, véase las Sentencias T-454 de 1995, T-622 de 1995 y T-863 A de 1999, entre otras.
79 Sobre este ámbito de protección del derecho a la intimidad, ver la Sentencia T-293 de 1998, caso en el cual la Corte consideró que someter a un menor de edad a la desnudez (exposición del cuerpo) en un salón de clases, constituía una vulneración de su derecho a la intimidad. En un sentido similar, ver la Sentencia T-412 de 1999, caso en el cual se consideró que, al obligar a una menor de edad a exhibir su cuerpo ante sus padres y ante las directivas del colegio, con el propósito de establecer un presunto estado de embarazo, se vulneró el derecho a la intimidad.
80 Sobre la calificación de un derecho fundamental a partir de su relación conceptual con el principio de dignidad humana, ver la Sentencia T-227 de 2003.
81 Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
82 Sentencia T-220 de 2004 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
83 Ver fotocopias de las valoraciones fechadas el 13 de marzo de 2006, visibles a folios 39 a 42 del cuaderno correspondiente a la revisión de la Corte Constitucional, expediente T-1319218. En las pruebas recibidas en esta Corporación se encuentra una valoración sicológica de los menores Esteban y Jorge en la que se dice:
“En Esteban se evidencia la inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como consecuencia del gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él, especialmente después de la expulsión del colegio, que para su comunidad es la confirmación de que todo lo que se habla de él es cierto. Agrava el panorama de Esteban, el hecho de que la trascendencia del chisme (Por el mal manejo que se le hizo al caso, las personas hablan demás: que violó, que es borracho, drogadicto, les dicen “los violadores del Colegio”), ha llevado a que haya sido rechazado de dos instituciones a las cuales quiso ingresar y que la sanción social sea ejercida de manera injusta y aplastante (...)
En Jorge se evidencia la inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como consecuencia del gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él, especialmente después de la expulsión del colegio, que para su comunidad es la confirmación de que todo lo que se habla de él es cierto. Agrava el panorama de Jorge, el hecho de que la trascendencia del chisme (...)”
Así mismo, los padres del menor Jorge remitieron un escrito, a través de la Secretaría de Educación, cuando se respondió al auto de pruebas decretado por la Corte el 24 de julio de 2006. Dicen: “(...) y que de un momento a otro, todo cambió en consecuencia a las acusaciones que un profesor, mal intencionado, le hizo a él y a otros compañeros, llegando a generar graves perjuicios para su desarrollo personal, pues se encuentra en la adolescencia, edad susceptible a cambios e inestabilidades emocionales.
nuestro hijo sufre de un estado de depresión grave, como lo informó el psicólogo tratante, ordenado por la misma Secretaría de Educación, porque jamás imaginó, que con la primera dificultad o mal entendido que él tenía en su Colegio durante 10 años, y su excelente conducta y rendimiento académico, durante toda su vida estudiantil, para el señor Rector, la mejor y más fácil solución, ante esta dificultad, fue cancelarle y no renovarle la matrícula para los siguientes años, en otras palabras “expulsarlo del colegio” sin darle la oportunidad de defensa y sin tener en cuenta el daño que podría causar esta decisión para nuestro hijo y los demás menores involucrados junto con sus familias, (...)”
84 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Informe del Secretario General sobre Justicia restaurativa. Adición. Informe de la reunión del Grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa. 7 de enero de 2002. E7CN.15/2002/add.I.
85 Sobre el contenido y alcance del derecho sancionador a la luz de los derechos constitucionales, pueden consultarse la Sentencia C-827 de 2001 MP: Álvaro Tafur Galvis.
Sentencia T-561 de 2005 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. “Entre las garantías que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, forman parte del ámbito de protección del derecho al debido proceso disciplinario, se encuentran las siguientes, que la Corte ha enumerado a título meramente enunciativo:
(a) en términos generales, el respeto por los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad;
(b) “la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones”;
(c) “los principios de la presunción de inocencia, el de in dubio pro reo que emana del anterior, los derechos de contradicción y de controversia de las pruebas, el principio de imparcialidad, el principio nulla poena sine lege, la prohibición contenida en la fórmula non bis in ídem y el principio de la cosa juzgada”; y
(d) el principio de no reformatio in pejus.”
86 Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. “La Corte ha explicado que si bien los diversos regímenes sancionadores tienen características en común, sus especificidades exigen un tratamiento diferencial que modula necesariamente el alcance y la forma de aplicación de las garantías constitucionales propias del debido proceso.” Así, en la sentencia C-597 de 1996 (MP: Alejandro Martínez Caballero) la Corte explicó que “entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial-como los servidores públicos-o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal.” Este análisis se complementó en la sentencia C-948 de 2002 (MP: Álvaro Tafur Galvis), en la que se señaló: “Así mismo dentro del ámbito sancionador administrativo cabe destacar la aceptación de la interdicción de las sanciones privativas de la libertad, la instauración de la multa como sanción prototípica y la necesaria observancia de un procedimiento legalmente establecido”.
87Así, la Corte ha expuesto que: “La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías-quedando a salvo su núcleo esencial-en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido.”. (Sentencia C-181 de 2002. MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).
88 Sentencia C-095 de 2003, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver en este mismo sentido, entre otras, las sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-244 de 1996 y C-280 de 1996.
89 Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
90 Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
91 Sentencia C-948 de 2002 MP: Álvaro Tafur Galvis.
92 Sentencia T-146 de 1993.
93 Sentencia C-948 de 2002. MP: Álvaro Tafur Galvis.
94 Sentencia C-708 de 1999 MP: Álvaro Tafur Galvis.
95 Sentencia C-948 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis.
96 Sentencia C-341 de 1996.
97 Ver Sentencia C-373/02 MP: Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.
98 Ver Sentencia C-181 de 2002 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra S.P.V.I. de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis.
99 Sentencia C-948 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis.
100 Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
101 En relación con el criterio de flexibilidad razonable que se admite en la legalidad exigible en el derecho administrativo sancionador, la Corte señaló en la sentencia C-564 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra, que: “el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”. Al respecto, ver igualmente la Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
102 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-599 de 1992, MP: Fabio Morón Díaz. En relación con la no total aplicación de las garantías del derecho penal en el derecho administrativo sancionador, la Corte indicó lo siguiente en la sentencia T-145 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz: “La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías-quedando a salvo su núcleo esencial-en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido”.
103 Sentencia C-099 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño.
104 Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
105 Sentencia T-954 de 2005 MP: Alfredo Beltrán Sierra.
106 Sentencia C-653 de 2001. MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
107 Sentencia C-404 de 2001 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
108 En relación con el criterio de flexibilidad razonable que se admite en la legalidad exigible en el derecho administrativo sancionador, la Corte señaló en la sentencia C-564 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra, que: “el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”. Al respecto, Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
109 Sentencia C-099 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño.
110 Sentencia C-948 de 2002, MP: Álvaro Tafur Galvis.
111 Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
112 Sentencia C-404 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
113 En anteriores pronunciamientos de esta Corte-ver la sentencia C-404 de 2001-se ha señalado esta razón práctica citando a los doctrinantes del Derecho Administrativo, por ejemplo el español Alejandro Nieto, que se ha pronunciado en los siguientes términos sobre el particular: “Las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores administrativos, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, es decir una reproducción de textos en doble tipografía”. NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Madrid, 1994. P. 298. Citado por Daniel Ossa Arbeláez en DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Ed. Legis Bogotá 2000.
114 Sentencia C-427 de 1994 MP: Fabio Morón Díaz.
115 Sentencia C-427 de 1994 MP: Fabio Morón Díaz.
116 Sentencia C-155 de 2002 MP. Clara Inés Vargas Hernández.
117 Sentencia C-124 de 2003 MP. Jaime Araujo Rentería.
118 Sentencia T-1093 de 2004 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
119 Ley 115 de 1994. Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.
120 La sentencia T-500 de 1992 (José Gregorio Hernández Galindo) revisó el caso de un estudiante de un colegio al que le fue negada la matrícula para su último año de bachillerato por porte de armas en la institución educativa aun cuando había aprobado el año anterior. La Corte determinó que el estudiante sí había incurrido en una falta disciplinaria al portar un arma en la institución educativa. Sin embargo, se encontró una vulneración al debido proceso del estudiante por lo que la Corte decidió conceder la tutela. La Corte dijo que “no aparece en el expediente prueba alguna que demuestre el cumplimiento de estos requisitos, de lo cual se desprende que en realidad el proceso no culminó como estaba previsto en las normas aplicables y que la exclusión de los afectados se produjo irregularmente, razón por la cual habrá de revocarse el fallo de segunda instancia que a su vez revocó el que acertadamente confería el amparo solicitado.” Sobre el debido proceso en instituciones educativas en materia disciplinaria dijo: “Con miras a desarrollar esa garantía debe partirse del principio general de la legalidad de la falta y de la sanción a ella correspondiente, esto es, de la previa y precisa determinación que todo establecimiento educativo debe hacer en su reglamento interno de los hechos u omisiones que contravienen el orden o el régimen disciplinario y de las sanciones que, de acuerdo con la gravedad de las informaciones, puedan imponerse.
El mismo reglamento debe contemplar los pasos que habrán de seguirse con antelación a cualquier decisión sancionatoria. Si bien no tan rigurosos y formales como en los procesos judiciales, los trámites que anteceden a la imposición del castigo deben hallarse consagrados en dicho régimen y en ellos asegurarse que el estudiante goce de una oportunidad adecuada y razonable de defensa.”
121 En cuanto a la tipicidad en materia disciplinaria en las instituciones educativas se tiene que las reglas que regulen las conductas que estipulen sanciones disciplinarias deben consagrar expresamente las actuaciones y omisiones que constituyan una falta disciplinaria. Si bien, como ya se ha expuesto, el derecho disciplinario permite la prescripción de tipos abiertos que se encuentran complementados con los deberes que las mismas reglas disciplinarias establecen, la determinación de las faltas disciplinarias debe contener un grado de especificidad tal que permita identificar de manera clara la conducta prohibida. Sin olvidar que la rigurosidad que se requiere en el derecho disciplinario no es plenamente exigible en el contexto de las instituciones educativas.
122 En la sentencia T-459 de 1997 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz) la Corte conoció del caso de un estudiante a quien no se le renovó la matrícula por un comportamiento reiterado de fallas (faltas injustificadas, retrasos, posible hurto). El estudiante interpuso acción de tutela pues consideraba que se le había vulnerado su derecho al debido proceso. La Corte determinó que la institución académica había vulnerado el derecho al debido proceso al no cumplir con las instancias que se encontraban previstas en su manual de convivencia y decidió tutelar el derecho. Sobre el debido proceso en los colegios se dijo: “Las faltas y procedimientos disciplinarios constituyen uno de los temas fundamentales cuya regulación corresponde a los manuales de convivencia. Si bien el ejercicio de las potestades sancionatorias de los colegios está amparado por la autonomía antes mencionada, la cual les permite aplicar un grado considerable de discrecionalidad a la hora de juzgar las faltas cometidas por los estudiantes e imponer las sanciones que correspondan, éste se encuentra sometida a las garantías que comporta el derecho fundamental al debido proceso (C.P., artículo 29). La jurisprudencia constitucional sobre esta materia ha señalado que los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas deben garantizar el derecho de defensa de la persona a quien se impute la comisión de una determinada falta, razón por la cual los reglamentos deben contener como mínimo (1) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas y, (2) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción.
En un pronunciamiento que hacía referencia a los procesos disciplinarios llevados a cabo por las universidades y que esta Sala juzga aplicable al caso de los colegios, la Corte señaló el contenido mínimo del procedimiento que deben observar las instituciones educativas en orden a la efectividad del derecho de defensa:
"En resumen, la efectividad del derecho al debido proceso dentro de los procedimientos sancionadores aplicados por las instituciones universitarias, sólo queda garantizada si el mencionado procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes actuaciones: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y(7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes".
123 En la sentencia T-437 de 2005 (Clara Inés Vargas Hernández) la Corte revisó el caso de un menor que fue expulsado del colegio faltando un mes para terminar el año escolar por comportamiento agresivo ya que se encontró involucrado en un acto violento contra otro compañero. El tutelante consideraba que se le había vulnerado su derecho al debido proceso con la expulsión intempestiva. La Corte, además de reiterar lo afirmado anteriormente por su jurisprudencia también estableció que en los procesos disciplinarios para respetar el debido proceso las sanciones debían ser razonables, proporcionales y necesarias y los trámites sancionatorios deben tener en cuenta factores como el contexto en el que sucedió la falta: “No sobra advertir que hace también parte del debido proceso el hecho de que las sanciones sean razonables, proporcionales y necesarias, es decir, persigan un fin constitucionalmente legítimo, acorde a la conducta que se reprime teniendo en cuenta los bienes jurídico constitucionales que están de por medio, e imperiosa frente a las faltas que se cometen, esto es, que la conducta del estudiante sea tal que impida la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la sanción impuesta. Sólo de cumplirse estas condiciones, el derecho a la educación no se vería afectado.
Se hace necesario aclarar que para casos concretos en donde están implicados los niños, los principios del artículo 29 deben ser armonizados con el artículo 44 de la misma Constitución, y las normas del bloque de constitucionalidad relacionadas, pues como lo ha destacado recientemente ésta Sala en la Sentencia T-251 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández:
“el derecho al debido proceso de que son titulares los niños y adolescentes que se encuentran matriculados en un plantel educativo público, no puede ser entendido simplemente en términos de la existencia de unas conductas prohibidas y unos pasos e instancias que es preciso agotar para la imposición de unas sanciones que, según el caso, pueden ir desde simples llamados de atención hasta la expulsión del colegio. En efecto, el sometimiento de un menor de edad a un trámite sancionatorio académico no puede ser ajeno a factores tales como ( i ) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; ( ii ) el contexto que rodeo la comisión de la falta; ( iii ) las condiciones personales y familiares del alumno; ( iv ) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; ( v ) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y ( vi ) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. En otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen sancionatorio, no pueden actuar de manera mecánica, sin preguntarse al menos ¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se trata de un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave problema estructural que aqueja a la institución educativa que se dirige?; dado el contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición de la sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus estudios?, en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye realmente la mejor respuesta que un sistema educativo puede dar frente a unos determinados hechos que afectan de manera grave la convivencia escolar?”.
124 Manual de Convivencia del Colegio. Artículo 11. Derechos de los Estudiantes

References: Artículo 11
 resolución 
 artículo 319
 artículo 188
 resolución 
 resolución 
 Artículo 12
 Artículo 14
in dubio
 Artículo 87
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 44
 Artículo 11