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Timestamp: 2019-03-19 05:59:11+00:00

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Entrevista Dr. Andrés A. Mezgravis
Andrés A. Mezgravis.
Nuestro invitado del mes, el Dr. Andrés A. Mezgravis, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (Ven.), especialista en derecho procesal de la Universidad Central de Venezuela, profesor de medios alternativos de resolución de conflictos en pregrado y postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (Ven.) y es socio fundador de la firma Mezgravis & Asociados en Caracas (Ven.).
Es miembro de la lista de árbitros internacionales del Instituto Peruano de Arbitraje y de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción de México (CAIC). También, es miembro de la Junta Directiva del Capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje; del Comité Consultivo del CEDCA y de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Actualmente, es integrante de la lista de árbitros y conciliadores del Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA) de la Cámara de Comercio de Caracas (Ven.) y es árbitro internacional del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito (Ec.).
Igualmente, se ha desempeñado como profesor invitado en el programa de Alta Especialización en arbitraje internacional que organiza anualmente el Instituto Peruano de Arbitraje y fue coordinador de la Comisión Redactora del Reglamento del CEDCA y presidente fundador del Comité de Arbitraje de VenAmCham (1998-2000).
En esta entrevista, el Dr. Mezgravis precisa sobre la inconveniencia de crear un mecanismo de apelación para ayudar a unificar criterios de interpretación de los tribunales arbitrales. Así mismo, comparte su opinión acerca de las denuncias que algunos países latinoamericanos han realizado al sistema CIADI y la eventual creación de un Centro de resolución de controversias por parte de UNASUR; siendo este último, un tema que fue tratado el pasado 24 de abril de 2013 en el VII Congreso Latinoamericano de Arbitraje que hizo un homenaje a los señores árbitros Yves Derains y Bernardo Cremades.
Editora de www.arbitrajecomercial.com: Las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, publicó el pasado 10 de abril de 2013, el informe titulado Recent Developments in Investor–State Dispute Settlement dentro del cual, precisa que uno de los problemas que enfrenta el arbitraje de inversión es la divergencia que existe entre los propios tribunales arbitrales; especialmente, en temas como el de la cláusula paraguas y la cláusula de la nación más favorecida en razón a las diversas interpretaciones que se han dado a estas. Al respecto, ¿considera que establecer un mecanismo de apelación ayudaría a unificar los criterios de interpretación de dichas cláusulas?
Dr. Andrés A. Mezgravis: Ciertamente en los arbitrajes de inversión los temas referentes a la cláusula paraguas y la cláusula de la nación más favorecida contenidas en Tratados Bilaterales de Inversión (“TBIs”) son los que hasta ahora han generado mayores divergencias entre los tribunales arbitrales. No obstante, ello, en mi opinión, no debe ser motivo de alarma.
En todo sistema jurídico hay temas que son más polémicos que otros. Es natural que mientras transcurre la evolución de la jurisprudencia, perduren, por cierto tiempo, algunas diferencias de criterios. Ese proceso evolutivo en modo alguno lo considero negativo. Menos aún en un sistema en el que confluyen más de un centenar de Estados, árbitros de distintas nacionalidades y abogados de parte con diversas culturas jurídicas. En cambio, introducir un mecanismo de apelación para que sea el criterio de los jueces de turno el que impere de manera coercitiva sobre el resto de los árbitros, no sólo lo considero inadecuado, sino también podría generar otros problemas. Cabe recordar que a finales del año 2004, el secretariado del CIADI circuló un ensayo con propuestas de reformas al sistema en donde se discutía la posibilidad de establecer, entre otros, un mecanismo de apelación. Dicho ensayo recibió diversos comentarios y no fue acogido por la mayoría de los miembros del consejo administrativo del CIADI por considerarla “prematura”. Quienes apoyaban esta propuesta, acogida incluso en algunos TBIs de E.E.U.U., reiteraban la necesidad de asegurar la coherencia y consistencia de los laudos arbitrales, y sostenían que la apelación permitiría dotar al sistema de una mayor legitimidad.
Desde mi perspectiva, el sistema del CIADI está muy bien concebido. Y si funciona por qué corregirlo en aspectos sobre los cuales no hay consenso. Considero que el establecimiento del mecanismo de apelación lejos de mejorar el sistema, agravaría el problema. Aumentaría no sólo el tiempo en la resolución de las controversias, que ya de por sí es exagerado, sino también los costos. El asunto del incremento de los costos no solo atañe a los inversionistas, sino muy especialmente a los Estados en vías de desarrollo.
En fin, se estaría atentando contra uno de los rasgos característicos y naturales del arbitraje como lo es ser un proceso de única instancia. Además, ¿qué garantías hay de que un comité de apelaciones siempre será consistente, coherente y nunca cambie de criterio?, ¿es eso además conveniente?, ¿es realmente conveniente que una Corte no pueda corregir sus criterios? Desde mi punto de vista no lo es.
Además, respecto del CIADI introducir el mecanismo de apelación requeriría la enmienda del Convenio, puesto que su artículo 53 prohíbe expresamente dicho recurso. Esa aspiración resulta poco viable y es casi una ilusión si se considera que las enmiendas del Convenio requieren de la aceptación o ratificación de todos los Estados contratantes (actualmente, 148 Estados).
E.A.C: Algunos países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, han denunciado el Convenio CIADI. Con relación a dicha decisión y de acuerdo con su experiencia profesional en el arbitraje de inversiones, ¿Cuál considera es la causa que motiva tal decisión y cree que esta puede llegar a tener algún impacto en otros países latinoamericanos?
A.A.M.: En febrero de este año, medios de prensa argentinos indicaban que al parecer el gobierno de la Presidente Cristina Fernández estaba considerando denunciar el Convenio CIADI y los TBIs ratificados por dicho país. No pareciera ser una extraña casualidad que los Estados con mayor número de demandas ante el CIADI, como lo son Argentina, Venezuela y Ecuador, que entre los tres suman más de un centenar de casos, sean los principales interesados en impulsar un centro alternativo al CIADI. Según declaraciones de uno de los asesores del gobierno argentino: “se cuentan con los dedos de una mano los laudos favorables a los estados y más del 90% son ganados por empresas privadas que -en general- promueven el litigio”.
En el mes de abril de este año se realizó en Guayaquil un conversatorio titulado, "Primera Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Trasnacionales" convocada por los países del AIBA. Allí se habló de crear una Comisión para coordinar la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional interpuestos por trasnacionales contra países latinoamericanos. Según reportan distintos medios de noticias, en dicha cita, a la que también acudieron delegados de Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Uruguay, también se dio apoyo a la creación del centro de arbitraje de UNASUR, idea que viene circulando desde hace un par de años. Ahora se dice que el centro de arbitraje de UNASUR podría constituirse este mismo año, si es aprobado en la reunión de cancilleres que se celebrará en julio próximo.
Es justo decir que las críticas de estos Estados, no parecieran ajustarse a la realidad. En efecto, estadísticas de las Naciones Unidas reflejan que para un total de 244 arbitrajes de inversión concluidos para el año 2012, aproximadamente el 42% se pronunció a favor de los Estados y aproximadamente el 31% a favor de los inversionistas. Aproximadamente el 27% de los casos se resolvieron a través de un acuerdo negociado.
Es importante destacar que estas estadísticas no incluyen “las victorias” de algunos inversionistas, cuyas condenas apenas alcanzan para cubrir las costas del arbitraje. A pesar de ello, pareciera que tales estadísticas no satisfacen a algunos Estados; tal vez por ello, la firme decisión de crear el Centro de Resolución de Controversias de UNASUR.
E.A.C: Ecuador ha instado por la creación de un sistema de resolución de controversias regional, que dirima tales controversias en materia de inversiones como mecanismo alterno al sistema CIADI. Con relación a dicho sistema, ¿Cuál cree podrían ser sus ventajas o desventajas?
A.A.M.: Ecuador, en su rol de líder de la comisión encargada de la creación del Sistema de Resolución de Controversias, sometió a la consideración de la misma, una serie de reglas además de un código de conducta para los árbitros y mediadores. Entre los aspectos más importantes de las normas propuestas por Ecuador, destacan:
En el lado positivo, la posibilidad de presentación de amicus curiae, la realización de audiencias públicas y la publicación de los laudos. Sobre estos aspectos hay un amplio consenso respecto a que una mayor transparencia es beneficiosa para el arbitraje de inversiones.
Del lado no tan positivo cabe mencionar:
Primero, la restricción de la arbitrabilidad objetiva. Las áreas de salud, educación, energía, medio ambiente, entre otras, no podrán someterse a arbitraje salvo que se hubiere dispuesto expresamente lo contrario en el respectivo tratado o contrato.
Segundo, contrario al principio reconocido por la generalidad de los Tribunales CIADI, de que un Estado no puede hacer uso de su propio derecho interno para burlar compromisos internacionales, se prevé que en ningún caso los tribunales arbitrales del Centro de UNASUR serán competentes para resolver sobre la legitimidad y efectos económicos de una regulación interna de los Estados miembros.
Tercero, además del recurso de nulidad, también se establece el recurso de apelación. Aunque algunos podrían ubicar del lado positivo esta norma, sin embargo, a mi juicio, y por las razones antes mencionadas, la considero inconveniente. Por último, si no se cuenta con un sistema de elección de los árbitros que garantice la independencia e imparcialidad del Tribunal, difícilmente dicho Centro podrá tener éxito.
E.A.C.: En el arbitraje de inversión bajo las reglas del CIADI, ¿cuáles son las bondades y aspectos de mejora del actual sistema?
A.A.M.: El principal aspecto positivo con el que cuenta el CIADI es que se ha convertido en un sistema universal de solución de controversias entre Estados e inversores. A pesar de que Bolivia, Ecuador y Venezuela se retiraron del sistema, nuevos Estados siguen adhiriéndose. El pasado mes de abril se incorporó el Estado de Montenegro. Cuando Venezuela, que fue el último de los tres Estados en denunciar el Convenio CIADI, lo hizo en el 2012, habían 146 Estados miembros. Hoy hay 148.
Un aspecto que definitivamente puede mejorarse en el arbitraje de inversión es la transparencia. La realización de audiencias públicas y la publicación de los laudos son un clamor de todos. Otro aspecto es la duración de los procesos. Tres años y medio como promedio no es un tiempo que satisface a nadie. El tiempo que demora en constituirse el Tribunal en un arbitraje de inversión es excesivo (6 meses), como también lo es el tiempo que los Tribunales, en general, demoran en comunicar el laudo a las partes (en promedio casi un año contado a partir de la audiencia de mérito). Si bien hay una marcada tendencia a reducir la duración de los procesos arbitrales y muchas veces los abogados litigantes son un factor clave en ello, observo, con cierta preocupación, que los laudos se asemejan cada vez más a extensas obras jurídicas, y no a decisiones claras y concisas. En algunas ocasiones la extensión de los laudos luce justificada, pero en otros casos dicha extensión pareciera atentar contra la celeridad y economía procesal. Las partes no desean obras académicas por parte de los árbitros, sino decisiones que resuelvan sus controversias en el menor tiempo posible.
E.A.C.: El pasado 24 de abril de 2013 se llevó a cabo el VII Congreso Latinoamericano de Arbitraje en la ciudad de Lima (Perú) que realizó un homenaje a los señores árbitros Yves Derains y Bernardo Cremades. De acuerdo con su participación en el mismo como panelista, ¿Cuál considera que fue la conclusión más importante sobre la eventual creación de un Centro de resolución de controversias por parte de UNASUR?
A.A.M.: Tengo la impresión, que las denuncias del Convenio CIADI, la inminente creación del Centro de Resolución de Controversias de UNASUR, y todas las críticas recalcitrantes que en los últimos tiempos vienen formulando algunos Estados Latinoamericanos, están peligrosamente generando en las instituciones arbitrales y hasta en los propios árbitros, una suerte de "temor reverencial", al punto de que ese temor pudiera estar teniendo cierto impacto en algunos laudos.
Estoy convencido, que no es con laudos tímidos, ni con reformas complacientes, que se fortalece el sistema. Los Estados que hoy se apartan del CIADI volverán cuando sus gobiernos comprendan que el desarrollo de sus naciones se logra, con el respeto al Estado de Derecho y el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales.
La anterior entrevista, fue realizada en el mes de mayo de 2013.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
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