Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520452.html
Timestamp: 2019-03-19 10:07:38+00:00

Document:
as201520452
Auto Supremo: 452/2015 Sucre: 19 de junio 2015 Expediente: CB – 48 – 15 – S Partes: Willy Cachaca Huallpa y Olga Bustamante Hurtado. c/ Héctor Leónidas
Calizaya y Max Castellón Fernández.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 546 a 552 y vta., interpuesto por Olga Bustamante Hurtado por sí y como mandataria de Willy Cachaca Huallpa, contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.100/05.09.2014, cursante de fs. 539 a 542 vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Usucapión Decenal o Extraordinaria, seguido por Willy Cachaca Huallpa y Olga Bustamante Hurtado contra Héctor Leónidas Calizaya y Max Castellón Fernández; el Auto de concesión de fs. 568; los antecedentes del proceso, y:
Interpuesta la demanda de fs. 1 a 2 y ampliación de fs. 51, así como la contestación de fs. 58 y vta., por Auto de 15 de marzo de 2001 cursante en fs. 341 se anula todo lo obrado, disponiéndose se plantee una nueva demanda, resolución que fue apelada y mereció el Auto de Vista de 08 de enero de 2002 (Fs. 362 y vta.) que anula la resolución apelada y dispone se pronuncie Sentencia.
Que pronunciada la Sentencia de 26 de septiembre de 2007 (fs. 408 a 413), la misma es apelada, mereciendo el Auto de Vista de 31 de diciembre de 2010 (fs. 438 a 440) que anula obrados hasta fs. 403 (decreto de autos de 21 de agosto 2007), que luego de conocerse del fallecimiento del demandado, la hija María Elena Calizaya Oporto mediante memorial de fs. 452 se apersona en su representación.
Luego fue Sustanciado nuevamente el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 50/2013 de 31 de octubre de 2013 cursante de fs. 494 a 500 vta., declaró improbada la demanda principal interpuesta por Willy Cachaca Huallpa y Olga Bustamante Hurtado.
Probadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho opuesta por Héctor Leónidas Calizaya, Max Castellón Fernández y por la abogada defensora de oficio de presuntos interesados, así como las de falsedad, ilegalidad e improcedencia opuestas por la defensora de oficio de presuntos interesados contra la demanda principal.
Probada la acción reconvencional, en consecuencia se declara el mejor derecho propietario de Héctor Leónidas Calizaya sobre el inmueble de 350 m2, signado como Nº 33, manzano 78 de la urbanización Bartos, zona de Valle Hermoso y se dispone la RESTITUCIÓN del referido inmueble por parte de Willy Cachaca y Olga Bustamante a favor de María Elena Calizaya Oporto, quién actúa bajo sucesión procesal a la muerte de Héctor Leónidas Calizaya y se halla dentro de los alcances del art. 194 del Código de Procedimiento Civil y sea en el plazo de 10 días de la ejecutoria de la presente resolución, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento.
Probada la acción reconvencional de Pago de daños y perjuicios a favor de Héctor Leónidas Calizaya, averiguables en ejecución de sentencia.
Improbadas las excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho, ilegalidad e improcedencia opuestas por Willy Cachaca Huallpa y Olga Bustamante Hurtado contra la acción reconvencional.
Sin costas procesales. Por tratarse de proceso doble.
Contra esa resolución de primera instancia, la parte demandante de fs. 503 a 508 y vta., interpone recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de fecha 05 de septiembre de 2014, cursante de fs. 539 a 542 vta., Confirma la Sentencia apelada, con costas; resolución recurrida en casación en la forma y en el fondo por la parte demandante cursante de fs. 546 a 552 y vta., mismo que se pasa a considerar y resolver.
Acusa que el Auto de Vista recurrido “confirma lacónicamente la Sentencia” sin siquiera citar los folios del fallo que confirma, que al existir dos Sentencias tendría que ser más claro y no otorgar ninguna duda, debió de mencionar folios y fecha de la Sentencia, por lo tanto el Auto de Vista habría afectado una forma esencial del proceso correspondiendo su anulación hasta el estado de que se establezca una parte Resolutiva conforme a Ley.
A su criterio el Auto de Vista habría evitado pronunciarse respecto al espacio temporal imprescindible de la prescripción adquisitiva, ya que una vez operada habría sido recién interrumpida y que esa falta de pronunciamiento es considerada una ofensa a la parte actora así como una infracción a su debido proceso, puesto que se habría efectuado una decisión de hecho más no de derecho.
Refiere que el Auto de Vista no cumplió con el deber de pronunciarse respecto a todos los agravios expuestos en la apelación, tampoco habría fundamentado, motivado y valorado en forma coherente ni completa, resignándose a la sanción impuesta por el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.
Bajo esos argumentos precedentemente expuestos solicita Casar en la forma el Auto de Vista anulándolo y disponiendo se proceda a un nuevo pronunciamiento.
Acusa errónea apreciación de la prueba de fs. 4 a 15 y 41 y 42 así como de la prueba de descargo que correspondería a 14 años posteriores al inicio de la posesión, que si bien se las nombra empero se omitiría considerar su condición en espacio temporal imprescindible para una prescripción adquisitiva.
Indica no haberse valorado correctamente la confesión judicial provocada de fs. 161, en la que el demandado reconoce no haber efectuado construcción alguna, asimismo la inspección judicial de fs. 191, donde se demostraría que las construcciones les corresponderían a los recurrentes.
Que ni la Sentencia menos el Auto de Vista habrían valorado las pruebas testificales cursantes de fs. 264 a 270 (correspondientes a este proceso) que tienen la fuerza probatoria del art. 1330 del Código Civil y que constituyen ser imprescindibles en materia de usucapiones.
Finalmente, solicita casar el Auto de Vista declarando probada la demanda de usucapión e improbadas las excepciones perentorias opuestas contra la demanda. Declarándose la consolidación del Derecho propietario del inmueble a su favor por usucapión decenal extraordinaria, consecuentemente la nulidad de las Resoluciones de los interdictos a nombre de Héctor Leónidas Calizaya, por haberse intentado luego de haberse producido la prescripción adquisitiva de dominio.
De manera introductoria debemos referir que la parte recurrente anuncia que plantea recurso de casación en el fondo y en la forma, por lo que en ambos casos, inexcusablemente debe darse cumplimiento al mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, tomando en cuenta que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen finalidades diferentes, empero en el presente caso algunos agravios expuestos en la forma corresponden al fondo y persiguen anular la resolución, por lo que su contenido y petición, carecen de precisión jurídica recursiva, no obstante ese desorden, se extractan los agravios pertinentes, en previsión del principio de accesibilidad y de impugnación, regulados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, y soslayando aquellos defectos se procede a dar respuesta:
Acusa que el Auto de Vista recurrido habría emitido una resolución incompleta puesto que al existir dos Sentencias tendría que ser más claro y no generar duda, debió de mencionar folios y fecha de la Sentencia, por lo tanto habría afectado una forma esencial del proceso; Al respecto cabe aclarar que el Auto de Vista REG/S.CII/ ASEN.100/05.09.2014 en fs. 539 establece en el exordio “VISTOS. En apelación la SENTENCIA de 31 de octubre de 2013…” (las negrillas son nuestras), de lo que claramente se establece que no hay duda al respecto, deviniendo el agravio en infundado.
Refiere que el Auto de Vista no cumplió con el deber de pronunciarse respecto a todos los agravios expuestos en la apelación, a su criterio el Auto de Vista habría evitado pronunciarse respecto al espacio temporal imprescindible de la prescripción adquisitiva, ya que una vez operada habría sido recién interrumpida y que esa falta de pronunciamiento es considerada una ofensa a la parte actora así como una infracción a su debido proceso, puesto que se habría efectuado una decisión de hecho más no de derecho, que al no valorar una prescripción ya operada tampoco habría fundamentado, motivado y valorado en forma coherente ni completa, resignándose a la sanción impuesta por el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto El Auto de Vista de 05 de septiembre de 2014 cursante en fs. 539 a 542 vta., en el Considerando II realizó un análisis y fundamentación en cumplimiento del art. 236 ,donde determinó 15 puntos en base a un entendimiento jurídico, cuyos puntos 6 y 10, desvirtúan todo reclamo anterior, cuyo análisis corresponde realizarlo en el fondo, por lo que en la forma devienen los mismos en infundados.
Acusa la errónea apreciación de la prueba aportada documental y principalmente la prueba de fs. 4 a 15, 41 y 42 de obrados, las que probarían que su persona estaría poseyendo el inmueble más de 14 años en forma permanente, que si bien se las nombra empero se omitiría considerar su condición en espacio temporal imprescindible para una prescripción adquisitiva, asi mismo acusa que el A quo no habría considerado esa posesión pública pacífica y continuada por más de 14 años, violándose de esta forma lo establecido en los arts. 87, 88, 93 y 138 del Código Civil.
Ingresando este Tribunal a establecer el derecho invocado por el recurrente, se tiene que los antecedentes de la propiedad del inmueble consistente en un lote de terreno con una superficie de 350 m2, signado como lote Nº 33 de la urbanización “Bartos Valle Hermoso” manzana 67, distrito 8 de la ciudad de Cochabamba, que de acuerdo al contenido de la demanda cursante de fs. 1 a 2 y 57 de obrados, provienen de una “compra” realizada en fecha 15 de diciembre de 1982, lote que les habrían “vendido” los señores Fidel Mamani Medrano y Marina Flores de Mamani en su calidad de “supuestos propietarios” que los mismos para la inscripción de su derecho adquirido a título de venta, “habían entregado los documentos a un tramitador cuyo nombre no recuerdan con detalle pero que se llamaría Edwin quien sin entregarles sus títulos, aunque cobró por los trámite y los valores, desapareció, motivos por los cuales, esas personas nos suscribieron un documento sin consignar el registro de derechos reales a su nombre y con el compromiso de nuestra parte de realizar los correspondientes trámites de regularización del lote a nivel municipal sin que se hubiese podido concluir ese trámite por razones obvias sobre esos documentos; empero desde esa fecha hemos estado en posesión ininterrumpida del referido lote de terreno habiendo llegado a construir nuestra vivienda y vivir allí hasta el presente”.
De la revisión y análisis de la prueba documental referida: en fs. 4 y vta., cursa escritura privada de compra venta con reconocimiento voluntario de firmas y rúbricas ante Juez de Mínima Cuantía (15 de diciembre de 1982), la misma describe características del terreno mencionado supra y la venta efectuada entre los vendedores: Fidel Mamani Medrano y Marina Flores de Mamani (que habrían adquirido el terreno de Héctor Leónidas Calizaya en el mes de julio de 1982) y los compradores: Willy Cachaca y Olga Bustamante, por el precio libremente convenido de pesos bolivianos setenta y cinco mil ( $b. 75.000), dineros que habrían sido pagados en su integridad. Asimismo cursa en obrados de fs. 5 a 6 planos de regularización de parte que no están firmados por autoridad competente. (Por lo que su validez es sólo referencial y no puede ser considerado). En fs. 7 a 8 vta., cursa fotocopia de sentencia de interdicto de adquirir la posesión interpuesto por Héctor Leónidas Calizaya y la consiguiente oposición de Willy Cachaca Huallpa, Sentencia favorable al demandante de fecha 05 de abril 1997. En fs. 13 a 14, cursa Testimonio del Registro de Derechos Reales que consta que Héctor Leónidas Calizaya habría adquirido el lote en cuestión de los esposos Guillermo Ureña Gutiérrez y Laura Calizaya de Ureña, en fecha 05 de abril de 1977, derecho que fue registrado en fs. 296 partida Nº 1157 del libro Primero “B” de propiedad del cercado, a horas 9:32 del día 14 de septiembre de 1977.
Con esos antecedentes el recurrente acusa que desde su “posesión” en el año 1982 en que habría comprado el terreno, hasta el año 1997 en que Héctor Leónidas Calizaya habría interpuesto el interdicto de adquirir la posesión, habría trascurrido 14 años sin que se hubiera interrumpido la misma en el tiempo de los 10 años que establece la Ley. Agravio que ya fue respondido En fs. 542 cursa punto 10 Auto de vista, que refirió: “En definitiva, tal cual acertadamente también señala la a-quo se tiene evidenciado que si bien los demandantes han ejercido posesión sobre el inmueble motivo del proceso dicha posesión conforme a la prueba testifical fue esporádica y no ha sido pacífica, continuada ni ininterrumpida por más de diez años, toda vez que la Sra. Olga Bustamante en su confesión provocada prestada en el proceso, señaló que como vendedora de mercadería viaja a muchos lugares, por lo que deja la casa al cuidado de una viejita de nombre Inés Aguirre Gómez; así mismo del acta de inspección al inmueble motivo de autos, se evidenció que sólo el cuarto de la izquierda es ocupado por el demandante y el otro cuarto por la señalada viejita Inés Aguirre, que efectivamente es una persona ajena al juicio; hecho que evidencia que la referida posesión de inmueble No fue personal ni directa sino por intermedio de una persona ajena que no demanda usucapión, lo que desvirtúa el requisito de posesión ininterrumpida por cesión de posesión del inmueble a Dña. Inés Aguirre que según señalan los testigos, se dedica al expendio de Chicha en forma pública”.(sic) (las negrillas son nuestras)
Asimismo revisada la contestación, el demandado niega la demanda en todas sus partes, refiriendo que dada su edad avanzada y estado de discapacidad los demandantes estarían pretendiendo usurparle el lote mediante artificios judiciales y documentos fraudulentos, que el bien en cuestión constituye su único patrimonio familiar sobre el cual siempre hubiera ejercido derecho propietario, sirviéndole el mismo como garantía hipotecaria, asimismo consta certificación de Folio Real de DD.RR. (fs. 443) que acredita tener vigente su derecho propietario.
De igual manera se procede a verificar documental de descargo, en la que el demandado en su calidad de propietario del bien inmueble por documental de fs. 102 a 106, evidencia haber obtenido dos préstamos hipotecarios con la garantía del bien en cuestión, el primero por $us. 383, refrendado por Testimonio Nº 122/91 de fecha 20 de marzo de 1991 y el segundo por Testimonio Nº 261/94 de 05 de abril de 1994 por la suma de $us. 450, ambos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Antonio Ltda”, al respecto el Ad Quem en el punto 6.- del considerando II cursante en fs. 541 y vta., expresa: “6.- Valorada la prueba de cargo y descargo en su conjunto, tal cual la a-quo efectuó en la especie, en estricta aplicación de lo dispuesto por los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, relativos a la valoración de la prueba conforme la valoración que a ellas les otorga la Ley, sana crítica y prudente criterio, se tiene que efectivamente, al margen de que el demandado fue y es propietario del inmueble motivo de autos, ha existido entre los actores y el demandado varios procesos judiciales de tipo penal y civiles; asimismo se evidencia que el demandado ejerció sobre el inmueble actos de dominio de carácter civil, como el adquirir préstamos de instituciones financieras cooperativas, como la Cooperativa San Antonio Ltda., otorgando en garantía hipotecaria el inmueble motivo de usucapión, fianza ante el Ministerio Público, en fin, cumpliendo con sus obligaciones tributarias cancelando los impuestos anuales a la propiedad inmueble por los años 1992 a 1999, bajo el Código catastral Nº 2000048000008”. (Sic) (Las negrillas son nuestras).
En éste punto nos referiremos a la denuncia de errónea valoración por parte del Tribunal de Alzada de las pruebas documentales, confesión provocada, testificales, inspección de visu, confesión provocada, y el informe pericial. Al respecto, cursante en fs. 446 vta. y 447, del considerando II de la Sentencia, la A quo refiere “Habiendo la suscrita Autoridad, efectuado una rigurosa consideración, revisión y análisis de datos del proceso y fundamentalmente de las pruebas esenciales aplicando el sistema legal, así como del sistema de la sana crítica en la adecuada apreciación y valoración de la prueba propuesta y producida por las partes intervinientes de conformidad con lo previsto por el art. 397 del Código de procedimiento Civil concordante con el Art. 1286 del Código Civil, tomando en cuenta lo previsto por el Art. 381 del citado procedimiento, se han establecido los siguientes hechos probados y no probados: ….” Igualmente en la Resolución de Alzada, en fs. 540, se evidencia que el Ad quem ha efectuado el análisis fundamentado de la resolución de primera instancia, por lo mismo en el considerando II especifica: “En estricta aplicación de lo dispuesto por el art. 236 del Procedimiento Civil, corresponde efectuar el siguiente análisis y fundamentación correspondientes:….….”
Siendo así que los de instancia han concluido en que no procedería la usucapión, porque durante el tiempo que alegan haber poseído los demandantes, a) El propietario hubiera efectuado actos de disposición sobre el inmueble, también concluyeron que: b) Los demandantes cedieron su posesión a una tercera persona (Inés Aguirre Gómez), que nunca fue parte del proceso y que: c) Los testigos indicaron que su posesión fue esporádica (viajaban continuamente); bajo esas conclusiones la sentencia fue confirmada por el Auto de Vista sin modificar las conclusiones arribadas por el Juez, esas conclusiones fueron decisivas y determinantes para declarar improbada la usucapión, sobre las cuales los recurrentes acusan errónea valoración de la prueba, no señala de qué manera esas conclusiones hubieran sido erradas o equivocadas sólo se limitan a señalar u observar lo siguiente: 1.- “No se ha valorado correctamente la confesión judicial provocada de fs. 161………” 2.-“Correlativamente tampoco se han valorado correctamente la inspección de fs. 191 de obrados que demuestra los elementos del corpus y animus de la posesión…” 3.- “No se han valorado correctamente sino con error de hecho y de derecho las testificales de otro proceso cursantes a ………sin embargo ni la sentencia y mucho menos el auto de vista hacen siquiera mención y valoración de las pruebas testificales”. (Sic)
Argumentación recurrida en Casación, que tiene otro enfoque y sin fundamento para poder desvirtuar esos tres elementos utilizados por los de instancia (a, b y c) para negar la usucapión, de lo que se tiene que el Auto de Vista ha dado respuesta en lo que correspondía a los agravios denunciados referidos a la apreciación de la prueba en el recurso de apelación, en tal circunstancia dichos reclamos no se dirigieron a desvirtuar con argumentación fehaciente respaldada con prueba aportada dentro del proceso que hubiera dado lugar a atacar y desvirtuar el fallo recurrido, por lo que los de instancia no vulneraron en lo absoluto lo acusado, y aún se disienta del razonamiento legal allanado en el mismo, los agravios fueron absueltos, puesto que la prueba es compulsada por el juzgador de manera conjunta, ponderando las esenciales y decisivas por encima de las otras, conforme la eficacia probatoria que la ley les asigna.
El razonamiento de los de instancia basado en toda la prueba aportada, concluyó que la posesión habría sido cedida a una persona ajena a la demanda (Inés), por lo que la misma ha sido catalogada como esporádica, basada fundamentalmente en la confesión judicial de la actora y la ratificación de la prueba testifical, en esa medida estos extremos no han sido rebatidos por los demandantes, que mal pueden traerlos como agravios en etapa casacional, ya que los ahora recurrentes tuvieron todos los medios que la Ley les asigna para desvirtuar esos razonamientos y demostrar su posesión continuada.
Esa decisión asumida por los Tribunales en base a todos los medios probatorios aportados en el proceso, conllevó a la determinación de declarar improbada la demanda; pese a ello los recurrentes no cuestionaron esas conclusiones ni señalaron si los medios probatorios con los que arribaron a las mismas, hubieran incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba correspondiente, por lo que al no ser rebatida ni desvirtuada la misma, esas conclusiones se mantendrían vigentes para efectos de mantener la decisión asumida, pues la prueba descrita por los recurrentes en el Recurso de Casación no refuta las conclusiones relativas a: a) que el propietario hubiera efectuado actos de disposición del inmueble, b) Los demandantes cedieron su posesión a una tercera persona y c) Los testigos indicaron que su posesión fue esporádica, lo que conlleva a declarar el recurso en infundado.
De lo anterior se colige que no concurrieron los elementos que harían viable la procedencia de la demanda conforme razonó el A quo, respecto a que la parte demandante no ha demostrado la concurrencia del elemento “animus” de la posesión, ni la concurrencia de los requisitos que hacen a la procedencia de la prescripción adquisitiva de derecho, lo que inviabiliza su pretensión. Consecuentemente también el Tribunal Ad quem en el mismo sentido apreció correctamente los antecedentes del proceso y las pruebas que se adjuntaron a la misma, demostrándose objetivamente que en el caso de autos, la parte actora no poseyó el inmueble demandado en usucapión de acuerdo al art. 138 del Código Civil, consecuentemente no es aplicable lo establecido en el art. 110 de la referida norma sustantiva, donde en ambas etapas judiciales llegaron a la conclusión de que no se demostró a plenitud los elementos constitutivos de la posesión, es decir de que la misma sea continuada, pacífica y libre de vicios, consecuentemente no existe fundamento alguno que sostenga los supuestos agravios acusado por la parte recurrente, menos existe violación de los arts. 87, 88, 89, 93 1330, 1503 y 138 de la Ley Sustantiva Civil, en relación a los arts. 253 incisos 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.
De donde se concluye que la determinación asumida por los tribunales de grado ha sido correcta por lo que corresponde emitir resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil:
POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. ) de la Ley 025 del 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el Recurso de Casación en la forma como en el fondo interpuesto por Olga Bustamante Hurtado por sí y como mandataria de Willy Cachaca Huallpa contra el Auto de Vista REG/ S.CII/ ASEN.100/05.09.2014, cursante de fs. 539 a 542 vta., dictado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba. Con costas.

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