Source: https://www.scribd.com/document/106349094/Codigo-Penal-Enmendado
Timestamp: 2018-12-14 03:59:22+00:00

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TITULO 33 L.P.R.A.
: CODIGO PENAL DE 2004 CODIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DE 2004 Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según enmendada Tiene las enmiendas y anotaciones integradas. Ordene Aquí el Libro con CD ROM que incluye las anotaciones con enlace a la Jurisprudencia incluidas. Para adoptar el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y derogar el vigente que fue aprobado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; derogar los Artículos 64 a 76, 291 a 298, 299 a 304, 305 a 317, 329 a 332, 334 y 335, 337 y 338, 345, 351 y 357, 478, 485 a 499, 500 a 505, 553 a 556, todos inclusive, del Código Penal de 1902, según enmendado, que quedaron provisionalmente vigentes conformes al Artículo 278 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974; disponer para la aplicación y vigencia de sus disposiciones y para la creación de un ente revisor que proponga recomendaciones a la Asamblea Legislativa para atemperar el ordenamiento legal a lo provisto en este Código. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 se aprobó un nuevo Código Penal para Puerto Rico y se derogó el que rigió en nuestra Isla desde 1902. Aquel Código era prácticamente la traducción al español del Código Penal de California, edición de 1873 actualizado al 1901. La oposición fundamental a la aprobación del Código Penal de 1902 se debió a que constituyó una transculturación jurídica mediante la incorporación festinada de disposiciones ajenas a nuestros valores, costumbres y realidad social. La Reforma Penal de 1974 fue el resultado de más de una década de estudios que reunió en Puerto Rico a los penalistas Helen Silving, José Miró Cardona, Francisco Pagán Rodríguez y Manuel López Rey. El Departamento de Justicia y el Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico trabajaron estrechamente con la Asamblea Legislativa para la aprobación del Código Penal de 1974. La literatura jurídica que se produjo como resultado de los estudios previos a su aprobación, las disposiciones del Código Penal de 1974 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo constituyen una valiosa aportación al desarrollo del Derecho Penal Puertorriqueño. No obstante su incalculable valor, desde su aprobación hasta el presente se ha señalado que el Código Penal de 1974 no logró establecer una base criminológica precisa y articulada, dejó de incorporar tendencias penológicas de la época y mantuvo disposiciones que se habían insertado en nuestro ordenamiento legal provenientes del extranjero en conflicto con nuestra tradición y cultura jurídica. El Código Penal de 1974 adoptó el modelo de sentencia indeterminada mediante el cual el juez fijaba una pena que fluctuaba entre un mínimo y un máximo de duración y cuando la persona cumplía un mínimo podía ser considerada para libertad bajo palabra. En 1980 se sustituyó dicho sistema por un modelo de sentencia determinada en que el juez impone una pena con un término fijo y el sentenciado cualifica para libertad bajo palabra al cumplir la mitad del término de reclusión. Con el transcurso de los años, por la ausencia de ponderación en el proceso de reforma coexisten penas determinadas e indeterminadas tanto en el Código como en las disposiciones que establecen delitos en leyes especiales. Además, durante sus veintiocho (28) años de vigencia, se han aprobado más de doscientas (200) enmiendas al Código Penal que se caracterizan por un marcado aumento en el catálogo de los delitos y de las penas. Muchas de estas enmiendas se han aprobado en forma apresurada por lo cual no se articularon con las restantes disposiciones del propio Código ni con la abundante legislación complementaria. Estas enmiendas a los delitos y a las penas tampoco han sido cónsonas con la realidad criminal o penitenciaria. En términos más específicos, se ha planteado que el Código Penal de Puerto Rico debe revisarse en su totalidad por adolecer de las siguientes deficiencias: (a) Es un cuerpo legal rezagado en cuanto a las condiciones y necesidades de este siglo. (b) La creación de tipos delictivos en forma apresurada ha generado duplicidad de delitos, disparidad de penas en el propio Código y en leyes especiales y ausencia de proporción estructural entre las penas correspondientes a los distintos delitos. (c) Las penas de contenido monetario no corresponden a los valores económicos del presente y propician el trato desigual y la impunidad de los que delinquen a través de entidades corporativas. (d) Las sanciones penales conllevan trato desigual a las víctimas de delito.
De todos estos planteamientos, sobresale que las penas que están en vigor, tanto en el Código Penal como en las leyes especiales, no son reales. Además de que las penas legisladas no guardan proporción con la severidad relativa de los delitos, la puerta giratoria del sistema carcelario para reducir el hacinamiento ha abierto una diferencia abismal entre la pena impuesta al convicto y la pena que realmente se cumple. Ello se debe a que la legislación que concede bonificaciones automáticas reduce en un cuarenta y tres (43) por ciento las sentencias de más de quince años y reduce en un cuarenta (40) por ciento las sentencias de menos de quince (15) años. Al cumplir la mitad de la sentencia bonificada, los reclusos cualifican para ser considerados para libertad bajo palabra y se conceden bonificaciones adicionales por estudio y trabajo que fluctúan entre cinco (5) y siete (7) días por mes. Además, existen programas de desvío para las personas que entran a cumplir su sentencia de reclusión y, en algunos casos, la persona puede cualificar para el desvío carcelario cuando faltan hasta treinta y seis (36) meses para cualificar para libertad bajo palabra. Por las razones mencionadas, existe consenso en cuanto a la necesidad de que se revise el Código Penal de Puerto Rico y, en el futuro inmediato, la legislación complementaria. Para lograr esta revisión, antes de presentar la legislación, se llevó a cabo un proceso de consulta a través de vistas públicas, reuniones de trabajo y asesoramiento de expertos y tratadistas del país y del extranjero. El equipo asesor produjo varios informes técnicos que sirvieron de marco de consulta y referencia para la toma de decisiones. Estos estudios evaluaron las leyes que han enmendado nuestro Código Penal en los últimos veintiocho años, las bases para un modelo de penas y el modelo de penas del Código Penal de Puerto Rico. Así mismo se realizaron estudios comparados de Códigos Penales de más de dieciocho (18) jurisdicciones con la Parte General y Especial de nuestro Código. El trabajo de revisión del Código Penal que se inició en el cuatrienio de 1989 a 1992 también se consideró en la elaboración de este nuevo Código pero se actualizaron los hallazgos, se atemperó la propuesta a la experiencia acumulada y se amplió su alcance. Este nuevo Código Penal articula las normas cuya violación constituye delito y las normas de adjudicación de responsabilidad penal, utiliza un lenguaje y una redacción precisa y consistente, y suprime lagunas existentes que crean dudas y conflictos de interpretación. Se ha conferido atención a la estructura del Código y su división lógica para facilitar y guiar el acceso a su contenido tanto del ciudadano común como del perito que interviene en su interpretación y aplicación. La claridad y cuidado en la técnica que debe utilizarse en las leyes penales es particularmente crucial ya que ha de atender y respetar los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad en las penas. Se aspira que esta claridad propenda al mayor respeto en el cumplimiento de estas normas legales por el más amplio sector de nuestra comunidad como parte del esfuerzo que se realiza por prevenir la criminalidad. Para restituir la confianza pública en su sistema penal, mediante esta Reforma Penal se establece que el sentenciado cumplirá la pena impuesta por el tribunal. No obstante, en cumplimiento del deber constitucional de promover la rehabilitación del convicto, se amplían los tipos de penas que podrá imponer el tribunal y se introduce un procedimiento nuevo que permite al Departamento de Corrección y Rehabilitación certificar que el recluso está rehabilitado y es elegible para reincorporarse a la comunidad sin riesgo para la sociedad. Por las razones antes mencionadas, entendemos que la aprobación de esta legislación dotará a Puerto Rico de un Código Penal para el Siglo XXI que identifica los valores comunitarios y establece un sistema justo y racional de sentencias. Frente al problema de la criminalidad y la delincuencia, se adopta un nuevo Código Penal para Puerto Rico que aspira a prevenir individualmente la comisión de delitos mediante la reinserción social del confinado cuando alcance su rehabilitación y que sirva de instrumento de prevención general mediante la afirmación de nuestros valores.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL TÍTULO I - DE LA LEY PENAL CAPÍTULO I - DE LOS PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL Ordene Aquí el Libro con CD ROM que incluye las anotaciones con enlace a la Jurisprudencia incluidas. SECCIÓN PRIMERA - Denominación y garantías Artículo 1. Denominación de la ley. (33 L.P.R.A. Sec. 3001) Esta ley se denomina Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 2. Principio de legalidad. No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. ANOTACIONES 1. En general. “La responsabilidad criminal de una persona se configura cuando concurren la realización de la actividad delictiva ("actus reus") y aquel elemento mental ("mens rea"), ingrediente fundamental este último del principio de culpabilidad. La intervención del Estado con un individuo está limitada en la aprobación y aplicación de la ley penal por los principios inseparables de legalidad y de culpabilidad.” 2003 DTS 123, Pueblo V. Díaz Urbina, 2003 T.S.P.R. 123, (2003) Opinión Disidente, Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. “El principio de legalidad es un conjunto de reglas, cuyo común denominador es la justificación para que la intervención del Estado en los asuntos de los individuos, en una sociedad libre y democrática como la nuestra, esté basada en la ley y no en el poder absoluto o en la fuerza bruta. El principio de legalidad es un ideal adoptado por nuestra sociedad como parte de nuestros valores democráticos, relacionado directamente con el derecho a un debido proceso de ley consagrado por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Constituye un límite al Poder Legislativo en la formulación de política pública al aprobar estatutos penales. Requiere que en ese ejercicio el legislador tiene que especificar cuál es el ámbito de lo que constituye conducta delictiva.” 2003 DTS 123, Pueblo V. Díaz Urbina, 2003 T.S.P.R. 123, (2003) Opinión Disidente, Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. “La premisa básica del principio de legalidad puede resumirse en que la ley escrita es la única fuente del Derecho Penal. La jurisprudencia no es fuente directa de creación de derecho penal en Puerto Rico. La función de los tribunales es aplicar e interpretar la ley penal. En algunos casos la jurisprudencia puede dar lugar a normas jurídicas, pero no crea ni cambia la ley penal sustantiva, sólo interpreta la voluntad de la ley. En nuestra jurisdicción existe la doctrina del precedente. Este se refiere a que la norma interpretativa de la ley emana de las decisiones del tribunal de mayor jerarquía en casos y controversias decididos.” 2003 DTS 123, Pueblo V. Díaz Urbina, 2003 T.S.P.R. 123, (2003) Opinión Disidente, Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. “Los principios generales del Derecho, si no se concretan en preceptos de derecho penal escritos, tampoco son fuente del derecho penal por razón del principio de legalidad. Así, por ejemplo, si el hecho no está tipificado como delito, aún cuando esté en oposición a los principios generales de justicia, no generará responsabilidad penal. En el derecho civil los principios generales del Derecho son fuente jurídica supletoria. No así en el derecho penal.” 2003 DTS 123, Pueblo V. Díaz Urbina, 2003 T.S.P.R. 123, (2003) Opinión Disidente, Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. “El principio de legalidad está íntimamente relacionado con el hecho de que en el derecho penal solamente la ley escrita es fuente del derecho. La fuente de producción del derecho penal es únicamente el Estado, ya que es éste el que puede ejercer la voluntad para dictar normas jurídicas.” 2003 DTS 123 Pueblo V. Díaz Urbina, 2003 T.S.P.R. 123, (2003) Opinión Disidente, Tribunal deniega la petición de certiorari presentada.
“El principio de "nullum crimen sine lege praevia" impide que alguna persona sea sancionada penalmente, a menos que preceda a su conducta la descripción clara de la misma como delito en un estatuto. La prohibición de las leyes vagas surge del principio de legalidad y responde al requisito de que las leyes deben dar aviso adecuado de las consecuencias penales de determinada conducta. Es parte, además, de las limitaciones del poder del Estado frente al derecho constitucional de los individuos a un debido proceso de ley. De ahí, que la claridad y precisión de una ley de naturaleza penal es condición de su validez. Existen tres fundamentos para declarar nula una ley por razón de vaguedad. Son ellos, (1) que la ley no de a una persona prudente y razonable una advertencia adecuada sobre cuál es la conducta prescrita o prohibida; (2) que la ley propicie su aplicación arbitraria y discriminada; y (3) que la ley intervenga con derechos constitucionales fundamentales.” 2003 DTS 123 Pueblo V. Díaz Urbina, 2003 T.S.P.R. 123, (2003) Opinión Disidente, Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. La claridad y precisión son requisitos ineludibles en el ámbito de la legislación penal. Esto, por imperativo del debido proceso de ley. … En virtud del principio de legalidad, la ley penal debe ser interpretada de forma restrictiva en cuanto a lo que desfavorece al acusado y, liberalmente en lo que le favorece. Artículo 8, Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031; Pueblo v. Rodríguez Jiménez, 128 D.P.R. 114 (1991). Pueblo V. Barreto Rehena, 1999 T.S.P.R. 169. Desde tiempo inmemorial, hemos reiterado que, salvo que un estatuto lo autorice, los tribunales estamos impedidos de tipificar como delito aquella conducta que el legislador no ha definido como ilegal. Esto es, no podemos crear delitos por analogía. Pueblo V. Barreto Rehena, 1999 T.S.P.R. 169. El principio de legalidad, exigente de estatutos claros y precisos, que un hombre de inteligencia promedio comprenda la conducta que se pretende castigar, impide que se juzgue a una persona por la tentativa de un delito que se configura con negligencia. Pueblo v. Carmona Rosado, CR-93-144 (10/28/97). El principio de legalidad le garantiza a la ciudadanía que no serán penalmente castigados por hechos que no estén expresamente definidos por la ley como delitos, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido. Pueblo v. Figueroa Garriga, CE-94-917 (03/08/96). Los tribunales no tienen autoridad para considerar como constitutivos de delito hechos distintos a los consignados en la ley, ni imponer sanciones no previstas en la misma. Pueblo v. Figueroa Garriga, CE-94-917 (03/08/96). Es axioma elemental, concorde al principio de legalidad, que la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional exclusiva de tipificar delitos y también la de calificarlos en graves o menos graves. Tal facultad se extiende a clasificar un delito como menos grave, aun cuando la pena impuesta corresponda a un delito grave. Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986). 2. Interpretación. La disposición penal que sólo prohíbe la posesión de drogas en áreas recreativas de las facilidades escolares no es congruente con la intención original y la exposición de motivos de 33 L.P.R.A. 3031, pero ello se desprende de un análisis contextual de la ley y de su historial, y no surge de la mera lectura de la parte pertinente de 24 L.P.R.A. 2411a, el cual de por sí es meridianamente claro; si existe una incongruencia, es a la Legislatura a quien compete corregirla. Pueblo v. Martínez Yanzanis, AC-96-20 (04/08/97). Si bien es cierto que la particular cláusula penal contenida en esta sección no corresponde cabalmente a los meritorios propósitos originales de la ley que la creó, más cierto aun es que el texto de esa cláusula es claro y sencillo, y no permite interpretación alguna que no sea la de su sentido literal, no estando el tribunal ante una disposición que requiera interpretación para superar una vaguedad, laguna, o redacción obscura o ambigua. Pueblo v. Martínez Yanzanis, AC-96-20 (04/08/97). Artículo 3. Prohibición de la analogía. No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad. Artículo 4. Principios de la sanción penal. La pena o la medida de seguridad que se imponga será: proporcional a la gravedad del hecho delictivo, necesaria y adecuada para lograr los propósitos consignados en este Código y no podrá atentar contra la dignidad humana.
Aplicación temporal. La ley penal aplica a hechos realizados durante su vigencia. tienen aplicación para delitos realizados extraterritorialmente. ANOTACIONES 1. Castro García. impide que el nuevo Código pueda ser aplicado retroactivamente como ley penal más favorable. (1988). La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado dentro de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La pena o la medida de seguridad se impondrá mediante sentencia judicial exclusivamente. sin embargo. Castro García. Otra Característica de tal estatuto es que niega el derecho a un juicio en que las personas afectadas puedan obtener una adjudicación de sus derechos. mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. fuera del territorio nacional. la cual constituye una limitación al principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código de 1974. “El estatuto de proscripción es una forma que utilizaba el poder soberano para castigar a una persona designada por su nombre o a miembros determinables de un grupo de personas. (1988). También se considera territorio el mar que baña las playas y las costas sobre las cuales se extenderá su soberanía. “La interpretación lógica y razonable de todas las disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los efectos de que la cláusula de reserva contenida en el Artículo 308 del Código de 2004. por lo general.” Relación al Artículo 106. Los demás principios.R. 740. Artículo 7.Artículo 5. Se trata del territorio que abarca la tierra firme. 328 U. lagos. ANOTACIONES Las leyes de proscripción están prohibidas bajo el principio de judicialidad. Pueblo v. así como las islas. p. 303 (1946). el delito puede ser procesado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. la exigencia de que el asesinato se cometiese como . Interpretación. p.R. canales y puertos.S. La ley penal de Puerto Rico se aplica al delito consumado o intentado fuera de la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) Cuando una parte de la conducta delictiva se lleva a cabo en la extensión territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se entiende por territorio de un estado el espacio comprendido dentro de sus fronteras. Lovett. ANOTACIONES Interpretación. Interpretación de los Artículos 8. (d) Cuando según los tratados o convenios ratificados por los Estados Unidos de América. (b) Cuando la conducta constituya una violación de las funciones o deberes inherentes al cargo o encomienda de un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier persona que se desempeñe a su servicio. 750.P. SECCIÓN SEGUNDA -Del ámbito de aplicación Artículo 6. Artículo 8. tiene jurisdicción para aplicar sus leyes penales a todas las personas que cometan delito dentro de su extensión territorial. Principio de judicialidad. United States v. La ley penal del cuerpo político aplica a todos los delitos cometidos dentro de su territorio. en el ejercicio de su autonomía. p.” Pueblo v. incluyendo el espacio marítimo y aéreo. El Estado Libre Asociado. 9 (1968). 120 D. doctrina de la ley más benigna o favorable y cláusula de reserva. Se entiende por extensión territorial el espacio de tierra.R. se mantiene la figura del asesinato estatutario. 6. Figueroa Pérez. incorporándose. ríos. o sea. (c) Cuando se cometan delitos de genocidio o crimen de lesa humanidad según se definen en este Código. 740. Pueblo v. 755. 96 D. El principio de territorialidad constituye la regla y se refiere a que la ley penal del Estado se aplicará a toda persona que cometa delito en su territorio.P. 120 D.P. Aplicación extraterritorial. 9 y 308. Aplicación territorial.
en cuyo caso procedería considerar el carácter prospectivo de tal decisión. En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho. Pueblo v. pues su razón de ser es que carece de sentido dictar o mantener la ejecución de penas por hechos que ya no se consideran delitos o cuando la gravedad de las penas aparece desproporcionada. Las leyes penales tienen efecto prospectivo. Aplicación de la ley más favorable. Se trata de no imponer una pena en un momento que la ley penal considera que la conducta imputada al acusado no debe ser objeto de sanción en la esfera penal. de estar recluida o en restricción de libertad. o el Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho. se aplicará retroactivamente.” Pueblo v. 2005TSPR134 “Si la nueva ley favorece al acusado "en cuanto a la pena o al modo de ejecución". Pueblo v. durante la condena. para aclarar o delimitar su alcance. esto significa que el principio de favorabilidad opera sin pedirlo nadie. la pena quedará extinguida y la persona liberada. Villafañe Fabián y Contreras Martínez. Esto tiene mucho sentido. habría que distinguir entre: (1) Elementos de responsabilidad criminal -esto incluye los elementos del delito. Caballero Rodríguez. El tercer párrafo de esta sección-autorizando en ciertos casos la reducción de una sentencia impuesta bajo las disposiciones del Código Penal de 1937-no le es de aplicación a un convicto cumpliendo condena cuando la sentencia apelada se dictó antes de la fecha de vigencia del Código Penal de 1974. De conformidad con el segundo párrafo del Artículo 4 de nuestro Código Penal [de 1974]. 97 JTS 39. Villafañe Fabián y Contreras Martínez. 46 de 1994. (2) Elementos sobre la pena -esto incluye su magnitud o duración. 1997 DTS 44. 2005 DTS 134 Pueblo v. si la ley vigente al momento de cometerse un delito fuere distinta de la que rige al momento de dictarse la sentencia.“consecuencia natural” de los delitos base que se mencionan.P. 905.R. Villafañe Fabián y Contreras Martínez. Sec. Gonzalez Ramos. (1997) CR-93-108. Pueblo v. La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito.R. etc.” Pueblo v. siendo distinto del caso en que se revocaran precedentes anteriores en los cuales se brindaba una interpretación distinta. En cuanto al último párrafo del Artículo 4 que declara que "los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho". El principio de la favorabilidad de la ley penal cobija a las leyes y no alude a las resoluciones conjuntas. (b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas. se aplicará siempre la ley más benigna. 126. se aplica el tercer párrafo del Artículo 4 [del Código Penal de 1974] y la ley más favorable beneficia al acusado aunque hubiera entrado en vigor después del pronunciamiento de la sentencia. (c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito. 97 JTS 39. y factores tales como abusos de reclusión. de conformidad con los párrafos segundo y tercero del Artículo 4 del Código Penal [de 1974]. Op. salvo que el legislador le dé efecto retroactivo expresamente en las mismas y sujeto a la prohibición contra leyes ex post facto. No procede considerar el carácter prospectivo de una opinión que interpreta una ley penal por primera vez. 1997 DTS 44. En consecuencia. 1997 TSPR 044. a tenor con esta sección. por lo que puede y debe ser aplicado por el tribunal aunque el acusado no lo solicite. libertad bajo palabra. Artículo 9. probatoria. siempre que la misma no sea inesperada o impredecible. ANOTADCIONES General . En esta jurisdicción. etc. (1997) CR-93-108. inimputabilidad. Pueblo v. 105 D. 1979. se aplicará la más benigna. CR-93-108 (04/04/97). causas de justificación o inculpabilidad. y. 1977. se aplican las siguientes normas: (a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la sentencia. CR-93-108 (04/04/97).P. 109 D. el convicto recibe el beneficio de la pena más benigna aunque la nueva ley entre en vigor luego del pronunciamiento de la sentencia. toda vez que el tribunal aplica dicha interpretación a las partes ante sí. Just. Villafañe Fabián y Contreras Martínez. en cuanto a lo primero (responsabilidad criminal del acusado) la nueva ley más favorable al acusado sólo se le aplicará a éste si estaba vigente al momento del pronunciamiento de la sentencia. Así pues. Rosso Vázquez. Núm. “En lo relativo a disposiciones más favorables al acusado en cuanto a la pena.
” Relación al Artículo 106. sin embargo. impide que el nuevo Código pueda ser aplicado retroactivamente como ley penal más favorable. Interpretación de palabras y frases. el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular. 2005TSPR134 “Para que opere el principio de favorabilidad es necesario que el legislador promulgue una ley ulterior a la luz de un nuevo juicio valorativo sobre una conducta. Cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones penales: (a) La disposición especial prevalece sobre la general. 380 (1986). como regla general. Artículo 11. la cual constituye una limitación al principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código de 1974. Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente. 113 D. para que luego. El conflicto se resuelve. en el que figuran además otras condiciones calificativas en virtud de las cuales la ley especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. López Pérez. Pérez Casillas. mediante este principio que establece que debe aplicarse la disposición especial. en ausencia de determinación legislativa expresa de otra índole. o ésta se infiere. al momento de imponer la sentencia. salvo que por ley se determine otra cosa. Las voces usadas en este Código en el tiempo presente incluyen también el futuro. 117 D.P. Id. (c) La subsidiaria aplicará sólo en defecto de la principal. Rige en Puerto Rico la doctrina de que si la misma materia está prevista como delito tanto por una ley especial como por una ley de carácter general. 117 D. Pueblo v. Pueblo v. se aplique la que sea más benigna. (2003) Artículo 10. . ANOTACIONES Principio de la especialidad. el estatuto o disposición especial es el aplicable. Concurso de disposiciones penales.S. en ausencia de determinación legislativa expresa de otra índole. 106 D. (b) La disposición de mayor alcance de protección al bien jurídico absorberá la de menor amplitud. Mena Peraza. doctrina de la ley más benigna o favorable y cláusula de reserva. 2005 DTS 134 Pueblo v. se mantiene la figura del asesinato estatutario.R. 039. Los principios contenidos en el Libro Primero de la Parte General de este Código aplican a la conducta regulada por otras leyes penales. 584. El principio de la especialidad aplicable en casos en que dos leyes regulan. en aparente conflicto.Interpretación de los Artículos 8. la misma materia.P.R. salvo los casos en que tal interpretación resulte absurda. Masón Engeering. SECCIÓN TERCERA -De la interpretación Artículo 12. es un interesante aspecto de la teoría del concurso de delitos. Pérez Casillas.P. A pesar de que debe aplicarse. 1977.” 2003 DTS 039 Pueblo V. 275 (1982).P. en virtud del principio de favorabilidad. Pueblo v.R. Aplicación de la ley de vigencia temporera. establece que en tales casos. y se aplicará la primera. 9 y 308. la exigencia de que el asesinato se cometiese como “consecuencia natural” de los delitos base que se mencionan. cuando los requisitos del tipo general están todos contenidos en el especial. la ley vigente bajo la cual ocurrieron los hechos. 2003 T. si se declara expresamente dicha subsidiaridad. aunque la ley haya perdido su vigencia con posterioridad. Pueblo v. Artículo 13. que entiende que dicha conducta merece una pena menor. El principio de la especialidad establecido por esta sección. 380 (1986). se aplicará aquella ley posterior a la comisión de los hechos cuando la misma es reflejo de un nuevo juicio valorativo del legislador. “La interpretación lógica y razonable de todas las disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los efectos de que la cláusula de reserva contenida en el Artículo 308 del Código de 2004. Gonzalez Ramos. se aplicará la ley especial.R. El principio de especialidad es aplicable cuando dos leyes o disposiciones penales se hallan en relación de general y especial. La ley penal de vigencia temporera se aplicará a hechos cometidos durante su vigencia.P.R. las usadas en el género masculino incluyen el femenino y el neutro. Para que sea de aplicación el principio de especialidad se requiere que existan dos leyes que regulen en aparente conflicto la misma materia. Aplicación del Código a otras leyes. salvo que éstas dispongan lo contrario. incorporándose.
impreso. sino que denota cualquier forma de ventaja. sin importar su forma o características físicas. Sierra Rodríguez. siempre que no sea bisiesto. vehículos de motor o cualquier otro objeto de locomoción. o se conserve en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este tipo de interpretación puede ser. aparatos. crezca o se adhiera permanentemente. o cualquier otro material informativo o informático. microforma. libro. debe ser interpretado para adelantar los propósitos de este Código y del artículo particular objeto de interpretación. o cualquier material leído por máquina o producido de forma electrónica aunque nunca sea impreso en papel. Sierra Rodríguez. cinta magnetofónica. fotografía. CE-94-400 (02/8/95). o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa que no le pertenece. La extensiva ocurre cuando la letra de la ley no expresa claramente la voluntad del legislador. de acuerdo con la ley. (c) "Aparato de grabación audiovisual" significa cualquier equipo con la capacidad de grabar o transmitir una película cinematográfica o parte de ésta por los medios tecnológicos actuales o que puedan desarrollarse en el futuro. Esta disposición contiene los dos criterios que serán aplicados en la interpretación judicial de los estatutos penales: la interpretación gramatical y la interpretación declarativa. agua u otro fluido. utilidad. gas. La costumbre es fuente de interpretación del derecho penal. éstos se deben interpretar dentro del contexto en que aparecen en la ley. señales de comunicación móviles o electrónicas y números de identificación en soporte papel o electrónico. papel. restrictiva o extensiva. Pueblo v. Salvo que otra cosa resulte del contexto. no requiere el conocimiento de la ilegalidad del acto u omisión. (2003) Opinión Disidente. ANOTACIONES En general. La interpretación declarativa se hace cuando el juez aplica la ley estableciendo una correspondencia exacta entre las palabras y el espíritu de la ley. Sierra Rodríguez. dibujo. ejercer control ilegal. por su utilidad administrativa o valor legal. (f) “Bienes inmuebles” incluye terrenos y todo lo que allí se construya. apoderarse. . sustraer. La interpretación analógica por razón del principio de la legalidad no es permitida cuando se trata de estatutos penales. documentos. (g) “Bienes muebles” incluye dinero. servicios. en cuyo caso es de trescientos sesenta y seis (366) días. Los estatutos penales deben ser interpretados restrictivamente en cuanto a lo que desfavorezca al acusado y liberalmente en cuanto a lo que le favorezca. concluye la interpretación. se les dará el significado que les concede el uso corriente. plano. La interpretación gramatical se refiere a que el juez examine el significado gramatical de las palabras y la sintaxis de las oraciones en la ley. CE-94-400 (02/8/95). a modo de excepción en aquellos casos que la ley utilice expresiones amplias y genéricas. cosas cuya posesión pueda pedirse en juicio. 123. ventaja. CE-94-400 (02/8/95). folleto. comprobantes de crédito. en forma temporal o permanente. lucro. cuyo significado tendrá que determinarlo el juzgador usando el lenguaje común y corriente. o cualquier escrito que se origine en el sector privado en el curso ordinario de transacciones con dependencias gubernamentales y que se conserven permanente o temporeramente en cualquier dependencia del Estado. Definiciones. fiscal o cultural. equipos. o cualquier otro objeto susceptible de apropiación. 2003 T. cinta. Cuando se trata de términos técnicos. que se origine. sistemas de información y comunicación. Artículo 14.Si el lenguaje empleado es susceptible de dos o más interpretaciones. semovientes. Pueblo v. (b) “Año” y “Año natural” es de trescientos sesenta y cinco (365) días.P. Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. 2003 DTS 123 Pueblo V. (h) “Documento público” incluye cualquier escrito. fotocopia. se reciba manual o electrónicamente. Si de este análisis surge una interpretación clara y aceptable. archivo electrónico. mapa. o ganancia. las siguientes palabras y frases contenidas en este Código tendrán el significado que se señala a continuación: (a) “A sabiendas” implica conocimiento personal. Díaz Urbina. no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria o material. a su vez. La restrictiva consiste en limitarse a entender las palabras como la única expresión de la voluntad del legislador. si se trata de vocablos extrajurídicos que pertenecen al lenguaje común. (d) “Apropiar” incluye el malversar.R. Pueblo v. usar.S. energía eléctrica. (e) “Beneficio” es cualquier provecho. defraudar. o que se designe por ley como documento público. ondas. mercancías. película.
(j) “Edificio ocupado” comprende cualquier casa. para llevar a cabo negocios en el mismo. (q) “Fondos públicos” es el dinero. ordenanza. (aa) “Persona” incluye las personas naturales y las personas jurídicas. simulación. el término incluye no sólo el documento que evidencie la obligación sino también el dinero. los municipios y las subdivisiones políticas. instrumentalidades y sus subsidiarias. escritura o firma de una persona en soporte papel o en soporte digital. estructura. para enseñanza de cualquier nivel. treta o mediante cualquier forma de engaño. el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. fichas. impuestos. corporaciones públicas. para el cuidado de niños o personas. compra. o del dinero que se adeude al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de cualquier otra obligación o cualquier otra gestión. (l) “Escrito” incluye cualquier impreso. para la Rama Legislativa. duplicando el original. o para fines públicos. (w) “Mes” es el período de treinta (30) días a no expresarse otra cosa. contrato o designación. agencias. Toda forma de declaración oral bajo juramento o afirmación está comprendida en la voz testificar y toda declaración por escrito. valores. carta. derecho. y las ramas de gobierno. agencias. valores y comprobantes de deuda. y en donde los sonidos e imágenes están grabadas o puedan ser grabadas o almacenadas. papel moneda. además. Comprende. Comprende. además. corporación pública. (u) “Juramento” incluye afirmación o declaración así como toda forma de confirmar la verdad de lo que se declara. vagón. . juntas y demás dependencias. (r) “Fraudulentamente” o “Defraudar” es el acto cometido mediante ardid. obligaciones. sus anexos. departamentos. comprobantes de deudas y propiedad perteneciente al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando se trate de bonos. (y) "Nombre y dirección legal" significa el nombre y la dirección verdaderos del fabricante que haya autorizado dicha duplicación de esa obra audiovisual. (o) "Fabricante" significa la entidad que autoriza la duplicación de la obra audiovisual. (x) “Noche” es el período transcurrido entre la puesta y la salida del sol. sus territorios y posesiones. vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para. películas o cualquier otro medio en existencia o a ser desarrollado en el futuro. contribuciones. así como aquéllos que sean depositarios de la fe pública notarial. en virtud de cualquier tipo de nombramiento. pero no incluye el fabricante del estuche o de la envoltura en donde se habrá de guardar la obra audiovisual. además. (n) “Estados Unidos de América” son los Estados de la Unión Norteamericana. u orden promulgada por una autoridad competente del Estado en el ejercicio de sus funciones. en la palabra deponer. o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales o para negocio. financiamiento. vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de personas. sus anexos. servicios. privilegio u obligación. (p) “Firma” o “Suscripción” es el nombre escrito de puño y letra o en forma digital. refinanciamiento o por cualquier otra transacción con aquéllas. (m) “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” o “Estado” comprende los departamentos. cuando dicha persona no pueda escribir su nombre. documento notarial. los municipios y las divisiones políticas. sellos. corporaciones públicas y sus subsidiarias. reglamento. derechos. discos de video digitales. trama. tarjeta de crédito o cualquier otro símbolo o evidencia representativa de algún valor. hoja. (z) "Obra audiovisual" significa un medio tangible en el cual los sonidos e imágenes son grabadas o almacenadas. moneda. o el nombre o la marca o señal hecha a ruego de una persona. También incluye el dinero recaudado por personas o entidades privadas que mediante acuerdo o por autoridad de ley realizan gestiones o cobro de patentes. siempre que esté en uso aunque al momento del hecho no haya personas presentes. reglamento. comprobantes de rentas internas. los bonos u obligaciones. dependencias y el solar donde esté enclavado.(i) “Edificio” comprende cualquier casa. Incluye aquellas personas que representan el interés público y que sean designadas para ocupar un cargo en una junta. orden u ordenanza aprobados por autoridad competente. incluyendo cintas de video originales. ejecución. norma. Ejecutiva o Judicial o del gobierno municipal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. o imagen. (s) “Funcionario” o “Empleado público” es la persona que ejerce un cargo o desempeña una función o encomienda con o sin remuneración. instrumentalidad y sus subsidiarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El término funcionario público incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el gobierno del Estado Libre Asociado que están investidos de parte de la soberanía del Estado. dependencias y el solar donde esté enclavado. sello. escribiéndose su nombre junto a tal marca o señal por otra persona que también firmará como testigo. juntas y demás dependencias. barco. permanente o temporeramente. por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública. escritura pública. estructura. o para el cobro de sellos o derechos para instrumentos públicos notariales. bonos. norma. (v) “Ley” incluye. o una copia o reproducción total o parcial. (t) “Ilegalmente” es todo acto en contravención de alguna ley. valores u obligaciones que se obtengan como producto de la emisión.
119 D. Méndez Ramos. alguna pena o medida de seguridad. El término "ilegal" en el delito de apropiación ilegal se refiere a todo acto en contravención de alguna ley. servicios o cualquier otra cosa de valor en el establecimiento del emisor de la tarjeta de crédito o débito o en cualquier otro establecimiento. Los términos "malicia" y "maliciosamente" en el inciso (19) de esta sección hay que leerlos y entenderlos bajo el criterio de formas de culpabilidad que expresa la sec. bienes.) Notas importantes ENMIENDA -2006. o se incurra en una omisión. Pueblo v. 482 (1987).R.P. o sobre cualquier sustancia adherida al papel. Julio 19.R. La intención criminal es una condición subjetiva y.P. Núm. Art. aparece en el inciso (5) de esta sección. 188 (1986). La malicia puede deducirse de la conducta del acusado y las circunstancias que rodean la comisión del delito. art. Definición. sólo puede descubrirse su existencia por las circunstancias que concurren en el hecho delictivo. 2004. (cc) “Propiedad” o “Patrimonio” incluye los bienes muebles y los inmuebles. cuarto de proyección o cualquier otro lugar que se esté utilizando principalmente para la exhibición de una película cinematográfica. 188 (1986). a los fines del delito de apropiación ilegal. intencionalmente. Ilegal. (z) y (ff) y se reenumeran los actuales y siguientes incisos para que queden organizados en orden alfabético. (y). 117 D. 2006. (z) y (ff) y se reenumeran los actuales y siguientes incisos para que queden organizados en orden alfabético. 3. 117 D. Castañón Pérez. implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto o de incurrir en la omisión a que se refieren. El significado de la palabra "apropiar". capaz de recibir una impresión visible o de legitimidad. 3061 de este título: intención y negligencia.R. añade los nuevos incisos (c).(bb) “Premeditación” es la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna consideración por un período de tiempo. De Jesús Colón. 121. ANOTACIONES 1. Pueblo v. 1978. Miranda Ortiz. . ley 121 – Esta ley añade los nuevos incisos (c). Bajo las disposiciones de este Subtítulo.P. 532 (1983). 108 D.P. Miranda Ortiz. 1. 59.R. reglamento u orden. (i). 188 (1986). Miranda Ortiz.P. 2. Pueblo v. que apareja. 14. Delito es un acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena. 117 D. Pueblo v. las palabras "malicia" o "maliciosamente" denotan la comisión de un acto dañoso. 114 D. Pueblo v. placa. (y). Malicia o maliciosamente. al ser probado. (o). Apropiar. TÍTULO II -DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA CONDUCTA DELICTIVA CAPÍTULO I -DEL DELITO Definición y clasificación Artículo 15. libro de cupones o por cualquier otro nombre.R. (i). para el uso del tenedor en la obtención o adquisición a crédito o débito de dinero. como tal. (ff) "Teatro de películas cinematográficas" significa teatro de película. (o). (dd) “Sello” comprende la impresión de un sello sobre un escrito en soporte papel o digital. expedido con o sin el pago de un cargo por quien la recibe. Pueblo v. (Código Penal.P. (gg) “Voluntario” aplica a la intención con que se ejecute un acto. (ee) “Tarjeta de crédito o débito” incluye cualquier instrumento u objeto conocido como tarjeta de crédito o débito.R. sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo.
el secuestro agravado. cuya pena es de reclusión por noventa y nueve (99) años.000) dólares.P. en todas las clasificaciones que se especifican más adelante. enmendado en septiembre 16. hubiesen podido ser juzgados como un delito distinto. el secuestro de menores y el robo agravado cuando se inflige daño a la víctima u ocurre en el edificio residencial donde esté la víctima serán delitos graves de segundo grado severo. ley 149.ANOTACIONES 1. En general. art. Es decir. Los delitos menos graves que se tipifican en leyes especiales mantienen la clasificación de menos grave y la pena correspondiente si conllevan una pena que no exceda de seis (6) meses o multa que no exceda de cinco mil (5. la agresión sexual. Se trata de un solo delito cuando la serie de actos alegadamente realizados violentaron una misma disposición penal y estuvieron dirigidos a alcanzar un mismo fin o designio criminal.S. 1) Artículo 17. C. Carballosa y Balzac. 16. 1999 T. . sec. Delito sin pena estatuida. (c) Grave de tercer grado.000) dólares o reclusión hasta noventa (90) días. Delito grave. Los delitos se clasifican en menos graves y graves. 92-74 (1992). Si algún acto u omisión es declarado delito y no se establece la pena correspondiente. o ambas penas. (Código Penal de 2004. El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión. Es delito menos grave todo aquél que conlleva multa individualizada de hasta cinco mil (5. cuya pena de reclusión fluctúa entre tres (3) años un (1) día y ocho (9) años. ANOTACIONES Interpretación. cuya pena de reclusión fluctúa entre ocho (8) años un (1) día y quince (15) años. 3045. Los delitos de asesinato en segundo grado.A. No obstante. en los delitos graves y en los delitos menos graves podrá imponerse otros tipos de penas. Para determinar la equivalencia de la omisión a la acción se tendrá en cuenta la existencia de un deber específico de evitar el resultado y si una acción anterior del omitente hace posible imputarle la situación de riesgo en que se encontraba el bien jurídico lesionado. corresponde imponer la correspondiente a un delito menos grave --de seis meses-.A.000) dólares. Pueblo v. El hecho de que el legislador no contemplara la pena para aquellos individuos que se evaden estando recluidos en virtud de un desacato civil no es óbice para que se les imponga la pena general que establece el Artículo 13 del Código Penal. de haberse realizado aisladamente y de forma independiente. Artículo 16. Formas de comisión. se clasifica en cuatro grados.R. tal acto u omisión se penalizará como delito menos grave. Los delitos que tipifican la producción de un resultado sólo podrán cometerse por omisión cuando la no evitación del mismo equivalga a su producción activa. Si algún acto u omisión es declarado delito grave y no se establece la pena correspondiente. que toda vez que no se estableció pena para este tipo de situación.P. comprende todos los demás delitos. cuya pena de reclusión fluctúa entre seis (6) meses un día y tres (3) años. con pena de reclusión entre quince (15) años y un día y veinticinco (25) años. se le impondrá la pena de delito grave de cuarto grado. aun cuando cada uno de estos actos.contemplada en el citado Artículo 13 del Código Penal. Es delito grave aquél que conlleva una pena de reclusión mayor de seis (6) meses y que según la pena correspondiente. salvo que por ley se disponga otra cosa. Comisión por omisión. 169. CAPÍTULO II -DE LA CONDUCTA DELICTIVA SECCIÓN PRIMERA -De la parte objetiva Artículo 18. (d) Grave de cuarto grado. 33 L. art. como sigue: (a) Grave de primer grado. además de la reclusión. 2004. Clasificación de los Delitos. Los delitos graves que se tipifican en leyes especiales mantienen la clasificación de grave y la pena correspondiente si conllevan una pena de reclusión mayor de seis (6) meses o multa mayor de cinco mil (5. ley 338. Barreto Rehena.R. Pueblo V. Artículo 19. (b) Grave de segundo grado.
S. Entre ellos. explosivos.A.R.R.R. ingrediente fundamental este último del principio de culpabilidad. Tribunal deniega la petición de certiorari presentada. 867 (1989). Artículo 14. 123. La intención es un elemento mental y. sustancias controladas. en aquellos casos en que parte de la acción u omisión se ha realizado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.P.P. Los delitos de responsabilidad absoluta o responsabilidad penal objetiva son aquellos que no requieren el elemento mental o culpabilidad para configurarse. “El Código Penal de Puerto Rico vigente sustenta el principio de que no existe más responsabilidad criminal que aquella que surge de la culpabilidad y divide los delitos en intencionales y negligentes. Pueblo v. o (b) en el momento en que se ha producido el resultado delictivo. por lo tanto.P. Al respecto. 33 L. 365 (1990). La intervención del Estado con un individuo está limitada en la aprobación y aplicación de la ley penal por los principios inseparables de legalidad y de culpabilidad. en ausencia de manifestaciones del imputado que reflejen su estado anímico.A. 2003 T.R. “No sólo ha de establecerse los elementos del delito y la conexión del imputado con el mismo. C. No obstante. alimentos adulterados. de ciertos y determinados delitos allí tipificados. 3061. Hernández Maldonado. establece específicamente que “nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal. En los delitos de responsabilidad absoluta se trata de actos altamente peligrosos para el bienestar general y la seguridad de la comunidad (por ejemplo.S. supra.” 2003 DTS 123 Pueblo V. Principio de responsabilidad subjetiva. Hernández Maldonado. Díaz Urbina. el Artículo 14 del Código Penal. 2003 T. Flores Betancourt. Tribunal deniega la petición de certiorari presentada.P. Cruz Arroyo.A. sino debe establecerse que tales actos los realizó con intención criminal. algunas violaciones a la ley de armas. contaminación ambiental. 125 D. Artículo 21. El consentimiento de la víctima no excluye la responsabilidad penal. 91-85 (1991). . Lugar del Delito. ANOTACIONES En general. la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona. La intención o la negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas con el hecho. el Ministerio Público sólo puede establecerla con prueba de todas las circunstancias relacionadas con la comisión del delito y de la conducta del imputado. (2003) Opinión Disidente. salvo cuando la falta de consentimiento constituye un elemento esencial del delito. Momento del Delito. El delito se considera cometido: (a) donde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida. (2003) Opinión Disidente. 91-85 (1991). o (b) en el lugar de Puerto Rico donde se ha producido o debía producirse el resultado delictivo.P. tránsito y vehículos de motor) así como también algunos delitos que serían muy difícil probar si se requiriera establecer un elemento mental.” 2004 DTS 011 Pueblo V.” 2003 DTS 123.R.R.Artículo 20. Ruiz Ramos. Nadie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado con intención o negligencia.P.S. Pueblo v. Pueblo V. es impreciso en cuanto a la aplicación de la intención o negligencia como el estado mental necesario. 123. (2004) “La responsabilidad criminal de una persona se configura cuando concurren la realización de la actividad delictiva ("actus reus") y aquel elemento mental ("mens rea"). 2004 T. Pueblo v. Díaz Urbina. El delito se considera cometido: (a) en el momento en que se ha ejecutado la acción o debía ejecutarse la acción omitida. SECCIÓN SEGUNDA -De la parte subjetiva Artículo 22. 011. el delito de motín tipificado en el Artículo 261 del Código Penal. Pueblo v. C. Los hechos sancionados en este Código requieren intención. 124 D. No surgen guías para su aplicación ni de su letra ni del historial legislativo. supra. salvo que expresamente se indique que baste la negligencia.
Pueblo v. (3) el incumplimiento por parte de dicha persona con los términos y condiciones pactados para ejecutar la obra. .S.R. 2003 T.R. Flores Betancourt. La ausencia de malicia constituye la nota esencial que caracteriza el delito culposo. 105 D. 489 (1987) La intención criminal es una condición subjetiva. También debe incluirse instrucciones sobre la forma de culpabilidad exigida para ese delito. 188 (1986). 867 (1989).P. o (c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho delictivo realizado. Intención. Pueblo v. 560 (1993) “El concepto de intención general del ordenamiento puertorriqueño no requiere prueba específica respecto a la intención. No hay indicio alguno en la prueba que acuse intención criminal. Castañón Pérez.P. De Jesús Colón. sólo puede descubrirse su existencia por las circunstancias que concurren en el hecho delictivo. 114 D. Pueblo v.P. (b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor. y como tal.R. p. 119 D.” Citado por el Tribunal Supremo de la doctora Nevares-Muñiz en su obra de Derecho Penal Puertorriqueño. 408.Esta sección tiene su excepción en los llamados delitos de responsabilidad absoluta u objetiva donde el interés público predomina sobre la intención o negligencia que pueda tener la persona afectada. El delito se considera cometido con intención: (a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo. Miranda Ortiz.R. sino que el comportamiento sea tal que demuestre una intención general de cometer el acto tipificado como delito. elemento esencial de todo delito. (1981) “La intención del maestro al recurrir a este método de disciplina [dio tres golpes con una vara (pointer) por las piernas a su discípulo de nuevo años por desobediencia repetitiva en el salón de clase] no era otra que la de corregir o reprender. 111 D. haciendo hincapié en que el ministerio fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los elementos del mismo más allá de duda razonable. El delito intencional se trata de aquella situación en que la persona tiene un deseo expreso de efectuar el acto y quiere la producción del resultado. Rosario Orangel. es decir. 215 (1976) Artículo 23. 132 D.P. Pueblo v.” Pueblo v. ANOTACIONES 1. Esto en nada excluye la responsabilidad penal del agente a quien ha de alcanzar tanto la derivada del acto realizado como las consecuencias dimanadas del mismo. El criterio de previsión a utilizar será el del hombre/mujer prudente y razonable. sobre la intención o negligencia criminal requerida.P. p.” 2003 DTS 158 Pueblo V. Todo el que ejecute un hecho criminal es responsable de todo el mal que por consecuencia del mismo se produce. 124 D. Pueblo v. Sierra Rodríguez.P. aunque no lo haya querido.P. 532 (1983). Tal intención se determinará de las circunstancias generales que rodean la conducta. 482. Robles González. 532 (1983). 114 D. siempre que aquél sea previsible. y (4) la intención o propósito específico de la persona de defraudar a aquéllas con las que se obligó. 158. La persona responsabiliza por el resultado de su conducta.R. sin importar lo que la persona particular previó. (2003) “Para que se configure el delito tipificado en esta sección tienen que estar presentes los siguientes elementos: (1) una definición de cuál era la obra y los términos y condiciones pactados para su ejecución.P. CE-94-400 (02/8/95). Ortiz González. Pueblo v.R. El criterio determinante es si el resultado delictivo fue una consecuencia natural o probable de los actos del acusado. (2) la persona contratada debe haber recibido dinero como pago total o parcial para ejecutar la obra. 117 D.” Pueblo v. Esta sección introduce la clasificación del delito como intencional o doloso. Ponce Avila. Pueblo v.R. En general. Castañón Pérez. 213.R. Ni la súbita pendencia ni el arrebato de cólera son causas de exclusión de responsabilidad penal. como en los casos de intención específica. y el negligente o culposo equivalente a la imprudencia temeraria.R.P. “Las instrucciones deben incluir los elementos del delito imputado. y al mismo tiempo proteger el orden en el salón de clases sin el cual no puede haber enseñanza.
Díaz Urbina. establece que existe culpa "cuando obrando sin intención y sin la debida diligencia se causa un resultado dañoso. [cita omitida]” Pueblo v. (1997) “El no cumplir con el uso de cinturones de seguridad.R. op. Toro Aponte V.P.P. Díaz Urbina. cit. Exposición de Motivos. 213. Madrid. 123. pág. constituye negligencia bajo la modalidad de inobservancia de la ley. o torpeza con la cual actúa el sujeto en el discurrir de sus actividades normales. sin justa causa o excusa. (2003) “En Puerto Rico existen tanto la negligencia civil como la criminal.P." Nevares-Muñiz.R. madura y responsable de sus actos". Pueblo v.” Pueblo v. 2003 DTS 123. 2003 T. "Cada una requiere un tipo de conducta que representa una desviación crasa del estándar de cuidado de un hombre prudente y razonable. 2003 T. es decir. [Ley de Tránsito]. 3022 de este título. Véase Opinión Disidente.” Pueblo v. Castañón Pérez.L. cit. 2003 DTS 123. la negligencia supone un no hacer.P.S. “En contraste. Véase Opinión Disidente.R. presente en el actor consciencia de su naturaleza. 141. En estos casos utilizamos un estándar subjetivo. 2003 T. Es malicioso un acto dañoso. Es la omisión sin la atención requerida en casos similares. al no observar el cuidado debido que hubiera tenido una persona normalmente prudente en la situación del autor para evitar el resultado. equivale a descuido. "La imprudencia supone una actividad positiva. además de existir un mayor riesgo de causar daño. sobre la intención o negligencia criminal requerida. 2003 T. 332 del 30 de diciembre de 1998. 850. intencional.P.La conjugación de intención y consecuencia en el inciso (b) de esta sección restringe la connotación de "malicia". pág. Véase Opinión Disidente. recae sobre él una presunción de pericia. También debe incluirse instrucciones sobre la forma de culpabilidad exigida para ese delito.R. Artículo 24.R. Sin embargo. E.S.. Negligencia. 532 (1983). 282. descuido. previsible y penado por ley". 466." J. “Las instrucciones deben incluir los elementos del delito imputado. [Cita omitida] Pueblo v. "El derecho le sanciona la ligereza.S. LaFave y Scott.P. Al condenar a una persona bajo la modalidad de omisión negligente se le castiga "por un tolerar o un no actuar en ocasiones en que está obligado por la ley a actuar si quiere ser considerado por el ordenamiento como una persona razonable. 114 D. se refiere al obrar irreflexiblemente sin precaución ni cautela. El delito se considera cometido por negligencia cuando se realiza sin intención. el actor conocía el resultado de su acción o "sabía que no conocía si la acción era o no riesgosa y de hecho lo era". ANOTACIONES En general. y si resulta imperito. 2003 T. Díaz Urbina.S. Pueblo v. “La imprudencia se reserva para aquellos casos donde. Véase Opinión Disidente. 123. la negligencia requerida para responsabilizar penalmente a una persona es mayor que aquella que se requiere en una acción en daños y perjuicios. 123. Rosario Orangel.. 158." Perkins y Boyce. y no ha realizado el acto encomendado correctamente. Usualmente se exige un mayor riesgo de causar daño o que se conozca o se pudiese prever el riesgo causado.” Ley Num. La diferencia entre una y otra más bien gira en torno a una cuestión de gradación en la conducta desplegada. 2003 DTS 123. conforme lo establece la Ley Núm.. la imprudencia y la negligencia tienen algo en común.R. 123. Los Médicos y la Responsabilidad Civil. que no va más allá de la definición del término que hace el inciso (19) de la sec. Montecorvo. [Cita omitida].S. haciendo hincapié en que el ministerio fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los elementos del mismo más allá de duda razonable. pereza. pág. 2003 T. “En el common law. op. op. op. cit. cit. 1997 DTS 018. Díaz Urbina.. 123. el actor tenía la obligación de haberlo previsto.A.S. 1985 pág. por lo que su responsabilidad civil se basaría ese incumplimiento. Cuello Calón. Cuando un profesional se compromete a realizar determinado acto de su especialidad. La negligencia se ha definido como una desviación crasa del estándar de cuidado que un hombre prudente y razonable ejercería si se encontrara en la situación del acusado. pero por imprudencia.” 2003 DTS 158 Pueblo V. según lo establece el Artículo 16 del Código Penal de Puerto Rico [de 1974].P. Ataz López. Díaz Urbina.R. 2003 DTS 123. . 2003 DTS 123. “Se ha definido la imprudencia como la realización de un acto que no corresponde a la conducta que exhibiría el hombre prudente y razonable. Véase Opinión Disidente. 146. Pueblo v. pág. ha defraudado la confianza puesta en él. "[l]a impericia es siempre un incumplimiento.
Policía de Puerto Rico. 1997 DTS 058 (1997). Ortiz Moralez.R. AT-96-9 (05/13/97).R.P. falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa... 107 D. Pagán Hernández v. y que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. supra.Ruiz Ramos. Mundo v.R. 1997 DTS 58 (1997). “Claramente se reconoce como una excepción a la comisión de esta falta grave [Falta Núm. AT-96-9. por imprudencia. 365 (1990). o la persona. Mundo v. 296. impericia. Esta “consiste en producir un resultado delictuoso sin quererlo.” Reyes Salcedo v. 306 (1973). 86 D. La negligencia criminal es mayor en grado que la negligencia civil.P. bienes o derechos de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente. es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor.P. que una persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias. 16 del Código penal de 1974] implica la falta de esa atención a la naturaleza o probables consecuencias del acto u omisión.R.P. 456. A.R.” Reyes Salcedo v. Pagán Hernández v. “La palabra negligencia.F.P. descuido. 358 (1962). El no anticipar y prever las consecuencias racionales de la omisión de un acto debe estar basado en las probabilidades y no en las posibilidades. 365. Garrido Morales. Ramos v. Los requisitos de esta defensa penal serán aplicables a la esfera administrativa en situaciones análogas a la presente.P.P. 662-663 (1941). 85 D. 304-305. 112 D. La negligencia civil de omisión se define como la falta del debido cuidado. 2 del Reglamento] que el policía haya actuado en legítima defensa propia. p. En los delitos por negligencia la defensa de error de hecho no está disponible si precisamente la esencia de la negligencia consiste en no percatarse del error o de la falta de previsión. o inobservancia de la ley.” Reyes Salcedo v. Policía de Puerto Rico. Legítima Defensa. Artículo 26. Tribunal Superior. sus bienes o derechos.R. U. que por lo ordinario presta una persona al obrar en asuntos que privadamente le conciernen. No incurre en responsabilidad quien defiende su persona. 720. 353. Para justificar la defensa de la morada. 749 (1978). “Para justificar el dar muerte a un ser humano. Tribunal Superior.” Reyes Salcedo v.R. AT-96-9 (05/13/97). 125 D. en el contexto de procedimientos disciplinarios contra miembros del Cuerpo de la Policía por infracciones a la referida falta. Carlo. Riesgo permitido. 58 D. consistente en no anticipar y prever las consecuencias racionales de la omisión de un acto.F. Así las cosas. supra. Pacheco v. las circunstancias indicarán una penetración ilegal o con el fin de cometer algún delito..R. 559 del Código Penal. 653. No incurre en responsabilidad la persona que ha causado un resultado tipificado como delito si dicho resultado no constituye la realización de un riesgo suficiente y no permitido originado por su conducta. 101 D. las circunstancias indicarán un ataque a los mismos que constituya delito o los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. 125 D. Policía de Puerto Rico. Para justificar la defensa de bienes o derechos. 302. También se debe recordar que el procedimiento criminal y el procedimiento disciplinario administrativo son independientes uno del otro. falta de circunspección. su morada. es necesario tener motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor se hallaba el agredido . Cruz v.P. 1997 DTS 58 (1997). debe entenderse que la utilización de esta defensa penal en la esfera administrativa no altera el grado de prueba (quantum) operante en procedimientos administrativos. siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño. 301 (1982).” Pueblo v. morada. págs. Policía de Puerto Rico. según el Art. U. AT-96-9. [Art. el agredido o la persona defendida se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. Sin embargo. a base del criterio de la persona prudente y razonable. Ruiz Ramos. 1997 DTS 058 (1997). la absolución en un procedimiento criminal no confiere inmunidad en relación a un procedimiento disciplinario administrativo por los mismos hechos. Cuando se alegue legítima defensa para justificar el dar muerte a un ser humano.R. cuando se alegue legítima defensa. Pueblo v. 465 (1962) SECCIÓN TERCERA -De las causas de exclusión de responsabilidad penal Artículo 25. 387 (1990). ANOTACIONES En general.P.P. “La conducta de un miembro de la Policía a quien se le imputa la comisión de faltas bajo el Reglamento de Personal no tiene que ser probada más allá de toda duda razonable.R. es decir.
AT-96-9 (05/13/97).A. no provocado por ella y de otra manera inevitable. deben tomarse en consideración la gravedad del ataque. Esta creencia en cuanto a sufrir un daño inminente es menester interpretarla conjuntamente con el último requisito enumerado. No incurre en responsabilidad quien obra en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho. la naturaleza o importancia del bien que se tutela y las condiciones personales de las partes. (2) que haya necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler el daño. No incurre en responsabilidad la persona que para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente. Policía de Puerto Rico. 92-16 (1992). ANOTACIONES En general. Para que una acusada pueda alegar con éxito la teoría de defensa propia deberá demostrar que tenía motivos fundados para creer que estaba en inminente peligro de perder la vida o de recibir grave daño corporal y que no infligió más daño que el necesario para la defensa de su vida. AT-96-9 (05/13/97).” Reyes Salcedo v. (Enfasis suplido. 1997 DTS 058 (1997). Artículo 28.”” [citas omitidas] Reyes Salcedo v. Esta causa de justificación no beneficia a quien por razón de su cargo. cit. Policía de Puerto Rico. (3) que no haya provocación de quien invoca la defensa. Policía de Puerto Rico. autoridad o cargo.. 113 D. AT-96-9 (05/13/97). Policía de Puerto Rico. o causa un daño en los bienes jurídicos de otro. Policía de Puerto Rico. op.o la persona defendida en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal.. Artículo 27. Reyes Salcedo v.P." Reyes Salcedo v. “Quien invoca esta defensa ha de creer. cit. infringe un deber. (2) que la fuga era la única alternativa posible. Morales Roque. Ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber.) Reyes Salcedo v. Al evaluar la necesidad racional del medio utilizado para impedir o repeler el daño en un caso de legítima defensa. . y (5) que la persona tenga motivos fundados para creer que al dar muerte al agresor se hallaba en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño corporal. “En esencia. La cuestión de la proporcionalidad a lo que está relacionada es a la gravedad del daño que se ocasiona por el que invoca la legítima defensa: daño en proporción a la inminencia del daño original que se intenta repeler. AT-96-9 (05/13/97). 1997 DTS 058 (1997). Nevárez Muñiz. al igual que una persona prudente y razonable. y (3) la continuación de su estado de fuga. págs. Reyes Salcedo v. Pueblo v. Esta defensa puede invocarse en los casos de fuga si el evadido puede probar: (1) la inminencia de una amenaza. 1997 DTS 058 (1997). Pueblo v. oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias. AT-96-9 (05/13/97). D. (4) que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. AT-96-9 (05/13/97). sino ‘si las circunstancias eran tales que inducían a una persona prudente a creer que su persona estaba expuesta a tal peligro y racionalmente podía así creerlo y tenía suficiente causa para estimarlo’. 1997 DTS 058 (1997). que se sufrirá un daño en el futuro inmediato o que el mismo se está llevando a cabo. 1997 DTS 058 (1997). El aspecto de la proporcionalidad manifiesta la imposibilidad de utilizar juicios de precisión al juzgar la conducta de una persona que se defiende. 876 (1983). C.R. 1997 DTS 058 (1997). 227-228." D. de ahí que el medio utilizado sea imprescindible de acuerdo a la naturaleza y a la importancia del bien jurídico tutelado.. loc. Reyes Salcedo v. si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una persona.” … "[L]o importante no es si el que invoca la defensa estaba en verdadero peligro de perder su vida o de sufrir grave daño. Necesariamente ha de existir una creencia razonable de que se está ante un inminente peligro de muerte o de grave daño corporal para justificar el dar muerte al agresor. González Román. Policía de Puerto Rico.. AT-96-9 (05/13/97). 1997 DTS 058 (1997). “las circunstancias que concurran para justificar la defensa propia deben ser suficientes para excitar el temor de una persona razonable. Policía de Puerto Rico. “La concurrencia de los siguientes requisitos es indispensable para que progrese la legítima defensa de la persona en los casos en que se ha producido la muerte del agresor: (1) que la persona tenga una creencia razonable de que se ha de sufrir un daño inminente. Estado de Necesidad. Nevárez Muñiz.
p. CR-93-144 1997 JTS 126. si la persona hubiera podido evitar el resultado.R. En cambio.P. 213. D.P. Pueblo v. Pueblo v. No incurre en responsabilidad la persona cuyo hecho responde a un error esencial que excluye la intención y la negligencia.” 1997 DTS 129. 2. "[E]s esencial cuando puede clasificarse como error sobre el tipo o error de prohibición. -lo que denota falta de intención-.R. Obediencia jerárquica. Sánchez V. Confiada al maestro la instrucción del hijo debe entenderse implícita la autorización del padre para que en caso necesario se restrinja la conducta del alumno por medios físicos. Carmona Rosado. Cardona Rosado. siempre que la orden se halle dentro de la autoridad del superior. “No es necesario que un demandante haya sido arrestado como requisito previo para cuestionar la validez de un estatuto criminal cuando el mismo puede disuadir el ejercicio de un derecho constitucional. Ruiz Ramos. Si el error se debe a imprudencia. Bajo los hechos específicos del caso los agentes de Policía acusados dispararon contra un auto bajo la impresión errónea de que el automóvil que perseguían había utilizado fuerza .ANOTACIONES En general.” Pueblo v. de haber ejercido la debida diligencia. Artículos vigentes]. 2000 T. por otro lado. Error.P. 394 (1990) En los delitos por negligencia la defensa de error de hecho no está disponible si precisamente la esencia de la negligencia consiste en no percatarse del error o de la falta de previsión. Cardona Rosado.R. 365 (1990). Secretario de Justicia.S. que ese comporta como una persona prudente y razonable. Ruiz Ramos. Si el error recae sobre una circunstancia agravante o que dé lugar a una modalidad más grave del delito. Ponce Avila. esto dista del delito de tentativa de asesinato. respecto de su subordinado. no podemos penalizarlos criminalmente por el delito de tentativa de asesinato.” 2000 DTS 175. el error sería vencible. no revista apariencia de ilicitud y el subordinado esté obligado a cumplirla. invencibilidad se refiere a la imposibilidad de evitarse a pesar del empleo de las debidas diligencias por parte del actor de acuerdo al estándar del hombre prudente y razonable. ANOTACIONES 1-Error fortuito. si se ejercía la debida diligencia. sec. … Establecido que la tentativa sólo procede cuando el imputado haya obrado con el estado mental requerido para configurar el delito que se pretendió cometer la actuación de los policías pretendió cometer y que [A y B] fue el resultado de un error de hecho.R. CR-93-144 1997 JTS 126. Error de Prohibición.P. (1997) El error es invencible cuando no hubiera podido evitarse a pesar de las diligencias empleadas por el actor.” Pueblo v. estamos ante una hipótesis delictiva de negligencia. Artículo 30. 125. 175 (2000) “El castigo corporal moderado del discípulo por el maestro en caso de persistente indisciplina es un método de represión dirigido a mantener el orden en el salón de clases y a sostener los principios de decencia y de respeto al derecho ajeno que queremos preservar. hay que demostrar que el error es esencial e invencible.R. p. (33 L. 365. cuya configuración requiere el elemento de intención criminal. CR-93-144 (10/28/97). (1997) El error de prohibición se refiere a una creencia equivocada de que se está actuando conforme con la ley o a una causa de justificación que en realidad no existía. Este caso pudo haberse mantenido y resuelto en el ámbito administrativo escolar. El error sobre el tipo es aquel que recae sobre los elementos constitutivos del delito. [Código Penal de 1937. Notamos sin embargo. No incurre en responsabilidad penal quien obra en virtud de obediencia jerárquica en la función pública. 822(1). “Para invocar con éxito esta exclusión de responsabilidad penal. “Al concluir que el error era vencible. que dicho método está proscrito por el Reglamento de Instrucción Pública. 125 D. y no exento de responsabilidad penal el delito que se cometa. 215 (1976) Artículo 29. impedirá la imposición de la pena más grave. Pueblo V.” 97 DTS 129 Pueblo V.P. 105 D.A. se responderá por negligencia si ésta se sanciona expresamente por la ley.
El error sobre el tipo es aquel que recae sobre los elementos constitutivos del delito. (1997) 3. o sustancias similares. (1997) “Aún cuando la empresa hubiera sido creada por el Estado.” 97 DTS 129 Pueblo V. “Para invocar con éxito esta exclusión de responsabilidad penal. Esta causa de exclusión de responsabilidad no beneficia al coautor que está ajeno a la inducción engañosa del agente del orden público o de la persona que con éste colabore.” 97 DTS 129 Pueblo V. -lo que denota falta de intención-. obra compelido por intimidación o violencia.2d 256 (1992). CR-93-144 1997 JTS 126. 1997 JTS 110. "[E]s esencial cuando puede clasificarse como error sobre el tipo o error de prohibición.mortífera contra ellos. persuasión o fraude de un agente del orden público.S. No incurre en responsabilidad quien realiza el hecho delictivo inducida la intención criminal en su mente por ardid. Morales Roque.” 97 DTS 110 Pueblo V. esto dista del delito de tentativa de asesinato. 876 (1983). Error de tipo. sustancias narcóticas. ANOTACIONES En general. y (3) la continuación de su estado de fuga. Conducta insignificante.” 97 DTS 110 Pueblo V. Pueblo v. . la Ley Contra el Crimen Organizado no penaliza la pertenencia a una empresa. la persona imputada cometió dos o más actos de los que constituyen un patrón de crimen organizado como parte de su vinculación a dicha empresa. Panet-Collazo. si en efecto. Meliá León. (1997) La defensa de entrampamiento tiene dos elementos: (1) que el gobierno indujo el acto criminal que se imputa al acusado y (2) la carencia de intención criminal en la mente de dicho acusado. se incurre en la conducta que la Ley pretende castigar en el artículo 3(c). no podemos penalizarlos criminalmente por el delito de tentativa de asesinato. como antes afirmamos. … Establecido que la tentativa sólo procede cuando el imputado haya obrado con el estado mental requerido para configurar el delito que se pretendió cometer la actuación de los policías pretendió cometer y que [A y B] fue el resultado de un error de hecho. Cardona Rosado. Artículo 32.R. Intimidación o violencia. hay que demostrar que el error es esencial e invencible. Carmona Rosado. Entrampamiento. estamos ante una hipótesis delictiva de negligencia. “No negamos que aún bajo las disposiciones de la Ley Contra el Crimen Organizado pueda plantearse la defensa de entrampamiento. 960 F. No incurre en responsabilidad. 113 D. cuya configuración requiere el elemento de intención criminal. Cardona Rosado. El concepto de violencia en este artículo comprende también el empleo de medios hipnóticos.P. quien al momento de realizar la conducta constitutiva de delito. Esta defensa puede invocarse en los casos de fuga si el evadido puede probar: (1) la inminencia de una amenaza. Meliá León. Pueblo v. sino la participación en ésta mediante un patrón de crimen organizado. ANOTACIONES En general. “Al concluir que el error era vencible. (1997) Artículo 31. o de una persona privada actuando en colaboración con el agente. (a) Por la amenaza de un peligro grave e inminente siempre que exista racional proporcionalidad entre el daño causado y el amenazado. 1997 JTS 110. deprimentes o estimulantes. (2) que la fuga era la única alternativa posible. si se ejercía la debida diligencia. u otros medios. U. v. CR-93-144 (10/28/97). No incurre en responsabilidad la persona cuya conducta es tan insignificante que no amerita el procesamiento ni la pena de una convicción. Artículo 33. por lo que no cabe imputarles intención criminal y por lo que no se configura el delito de tentativa de asesinato. CR-93-144 1997 JTS 126. Sin embargo. o (b) Por una fuerza física irresistible: o (c) Por coacción o temor insuperable.
R. CR-93-144 (10/28/97). U. 992 F. La intención y objetivo del actor y la naturaleza de la acción y omisión coinciden en ambos: el asesinato y en su tentativa. 116 D.S. es inescapable la conclusión de que la tentativa de cometer un delito que conlleva depravación moral constituye a su vez un delito que implica depravación moral. Carmona Rosado. ANOTACIONES En general. inter alia. Definición de tentativa. Pena de la tentativa. el cual no se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. considerando las circunstancias particulares de la persona que invoca la defensa. CE-89-332 (04/29/94). Sánchez.Artículo 34. 38 D. la intención de matar es un elemento esencial del delito de tentativa de asesinato. 1998 T.S.) ANOTACIONES “Por no haber desfilado … prueba de agravantes ni atenuantes. Policía de P.P. Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado. intimidación o violencia. Es válida la defensa de doble exposición levantada por el acusado en la corte federal del estado de Florida en un caso de asesinato a contrata cuando el imputado había enjuiciado en Puerto Rico. García Santiago. 168. p. 149. 1. 614. En vista de que la intención y objetivo del actor--así como la naturaleza o esencia de la acción u omisión--son las mismas tanto en el caso en que se intenta la comisión de un delito como en el caso en que se consuma totalmente ese delito. efectivo 1 de mayo de 2005. por tanto. 153 (1998) Bajo los hechos específicos del caso.” 1998 DTS 153. La misma se seleccionará reduciendo en la mitad el intervalo de la pena señalada por ley para el delito consumado. La mera manifestación de abandonar la comisión de un delito ya comenzado no equivale a un desistimiento para un delito de tentativa. Si el sujeto actuó con negligencia. CR-93-144 (10/28/97). Pueblo v. SECCIÓN CUARTA -De la tentativa Artículo 35. Diciembre 16. 230 (1928) Artículo 36. se responderá por delito a título de negligencia si ésta se sanciona expresamente por la ley. no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa. González Olivencia. por lo que no cabe imputarles intención criminal y por lo que no se configura el delito de tentativa de asesinato. Lamboy. Carmona Rosado. se señala que el concepto de la "inequivocalidad" contenido en nuestra actual definición de tentativa comprende "aquellos actos que sin lugar a dudas apuntan o denotan la comisión de un delito que no llegó hasta su estado de consumación final por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo. 2009.R. v. 27. 36. art.R. será responsable del hecho delictivo el que ha inducido. art. (Junio 18. 2004. el tribunal tomará en consideración el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado. Pueblo v.P. debiéndose la diferencia entre ambos a circunstancias ajenas a la voluntad del actor. Disposiciones aplicables a esta Sección.. los agentes de Policía acusados dispararon contra un auto bajo la impresión errónea de que el automóvil que perseguían había utilizado fuerza mortífera contra ellos. Núm. Pueblo V. Las causas que excluyen responsabilidad penal se examinarán desde el criterio subjetivo. Supte. 618 (1985) . Núm. tentativa de asesinato originada de la misma conducta.P. o no es de aplicación el segundo párrafo del Art. entrampamiento. compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa. En la determinación de la pena a aplicar.2d 1143 (1992). El Tribunal no podía considerar como prueba en contra de los acusados la información del oficial probatorio. el cual involuntariamente se frustra". Asimismo. “Se ha definido la tentativa como "realizar acciones u omisiones inequívocamente dirigidas a la comisión de un delito.R. enmienda para que la pena no exceda de 10 años.” Pueblo v. Rivera Pagán v. Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la ejecución de un delito. Pueblo v. En las causas de obediencia jerárquica.
Si la persona desiste voluntariamente de la consumación del delito o. 38 del Código Penal de 2004] dispone que la minoridad es una de las causas de inimputabilidad. Pueblo v.R. (2) Historial legal previo del menor. (34 L.A. ANOTACIONES En general. 2006 DTS 083 Pueblo V. 925 (1971).P. Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986. .Artículo 37. si alguno. Cuando un delito ha entrado en la fase de su ejecución.P.R.R.R. secs.) y las Reglas de Procedimientos de Menores. [1] Es indispensable la existencia de un intervalo de tiempo razonable entre el abandono de la actividad criminal y el acto delictivo por el cual se imputa responsabilidad. Tribunal Superior. 103 D. 2001 et.R. 29 del Código Penal.P. I-A) De acuerdo a la Ley de Menores de 1986. Pueblo v. y (5) el bienestar del menor y la comunidad. Suárez Fernández. ANOTACIONES En general.A. 125 D. Minoridad. 3151. 758 (1975) “Para que el abandono de una acción criminal concertada pueda levantarse como defensa por los hechos ocurridos con posterioridad al retiro.P. Lamboy. no estará sujeta a pena excepto por la conducta previamente ejecutada que constituya delito por sí misma. 33 L.G. (3) Historial social del menor. secs. La prohibición del Código Penal es absoluta pues prohíbe tanto el procesamiento como la convicción.P. con ciertas excepciones.” Pueblo v. (34 L. p.A. según enmendada.P. retirándose de la escena del crimen.A. que cometen conductas delictivas que corresponden a delitos. 230 (1928) CAPÍTULO III -EL SUJETO DE LA SANCIÓN SECCIÓN PRIMERA -Causas de Inimputabilidad Artículo 38. cometen faltas y son procesados por el Tribunal de Primera Instancia. 755. evita sus resultados. “El interventor no puede escapar su responsabilidad por le delito de asesinato. 755. según el procedimiento de la Ley de Menores de Puerto Rico. Suarez Alers 2006TSPR083 (2006) Los menores de 18 años. Desistimiento. 116 D. Ap. a quien se le impute la comisión de cualquier falta Clase II y III. no basta para exonerar a uno de los coautores que éste desista voluntariamente sino que debe realizar actos dirigidos a evitar el resultado delictivo. el Tribunal Superior de Asuntos de Menores podrá renunciar a la jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años. 758. M. estando la víctima ya inconsciente a consecuencia de los golpes que le habían propinado en la cabeza.R. Seq. 527 (1990). 90 JTS 74. tienen que concurrir ciertas circunstancias. [ahora Art. Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho realizado cuando dicha persona no haya cumplido dieciocho (18) años de edad. Un menor de trece (13) años no puede ser procesado por el sistema de justicia criminal toda vez que el Art. 38 D. sec.. 33 de 19 de junio de 1987 .” Pueblo v. 15 Renuncia de Jurisdicción. 759 (1975) La mera manifestación de abandonar la comisión de un delito ya comenzado no equivale a un desistimiento para un delito de tentativa. terminando así su participación activa en los actos delictivos.P.” [4] hacer “todo lo posible para impedir la consumación del acto delictivo.P.R. [2] El lapso de tiempo tiene que ser suficiente para que los otros participantes tengan la oportunidad de seguir el ejemplo del que se retiró y refrenar su actuación criminal concertada.R. adoptadas por el Tribunal Supremo y aprobadas por la Ley Núm. luego de haber consumado conjuntamente con otro dos una serie de actos criminales. 99 D.R.”. 2215) Véase los casos de Pueblo ex rel. [3] La comisión del tiempo debe ser imputable a una causa independiente. (34 L. 842 (1986). luego de haber comenzado la ejecución del mismo. (1990).R.P. Sala de Asuntos de Menores. Tribunal Superior. p.P. (4) Si el socioemocional y sus actitudes hacia la autoridad hacen necesario establecer controles respecto a su comportamiento que no se le puedan ofrecer en los centros de custodia o en las instituciones de tratamiento social a disposición del Tribunal. Pueblo v.G. Hernández Mercado. El Tribunal celebrará una vista y “examinará los siguientes factores: (1) Naturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstancias que la rodearon. art. 103 D. salvo los casos provistos en la legislación especial para menores.
(1995)..A. jurisdicción al Tribunal de Menores para atender las faltas imputadas al menor. como este caso.0. su conducta equivale a una renuncia a que la Sala de Asuntos de Menores determinase si retenía o no jurisdicción sobre su caso. p. Art.R. En tales circunstancias.A sec. 740. Art. sec.P. 95 JTS 35.” Pueblo en interés del Menor A.“El Tribunal podrá renunciar la jurisdicción en ausencia de un menor siempre que se cumplan los requisitos enumerados en esta Ley [de menores de 1986]. 740. Sala de Menores.” (34 L. continúa siendo un adulto para efectos de dicho sistema y la determinación de su condición de adulto..0. Pueblo v.0.P.A. pues. p. 107. bajo la filosofía que rige al Tribunal de Menores ningún fin se cumplía con seguir considerando al apelante como un niño a los fines de la acusación menos grave. 138 D.” Pueblo v. 95 JTS 35. dejando que el apelante fuera tratado como un adulto. la dilación se debió a que el menor se fugó y se ausentó de Puerto Rico varias veces.R. por sí solo la. “[U]na vez que [el Tribunal de Menores] renunció su autoridad en cuanto a las acusaciones graves. La jurisdicción de dicho Tribunal claramente está limitada a aquellos casos en que el menor imputado no se encuentre ya sujeto a la autoridad de los tribunales ordinarios. Pueblo en interés del Menor A. a menos que mediante orden al efecto dé por terminada la misma.P. p. Figueroa González.” Pueblo en interés del Menor A. cuando concurran las siguientes circunstancias: (1) Que a la fecha de comisión de los hechos haya cumplido catorce (14) años de edad. 2005) El Tribunal Supremo decidió. 57 (1982) La Ley de Menores de 1986. el menor será procesado como un adulto.PR. 138 D. conservará jurisdicción cuando el Tribunal Superior. sea procesado y convicto como adulto. Una vez sea convicto como adulto cesará la autoridad de la Administración de Instituciones Juveniles sobre dicho menor y el mismo será puesto inmediatamente bajo la autoridad del Tribunal General de Justicia..R. sec. 160. “La fecha de la falta imputada es.P. el menor no presta la fianza que le fuere impuesta. Igualmente. 5 Duración de la Autoridad del Tribunal.PR. 160.R.A. (3) Que se hayan efectuado diligencias suficientes en la jurisdicción para localizarlo y éstas hayan sido infructuosas. Agosto Vázquez.R. establece lo siguiente: “El Tribunal conservará su autoridad sobre todo menor sujeto a las disposiciones de esta Ley hasta que cumpla la edad de veintiún (21) años.A.. 2216) Un Menor que al momento de matar a otra persona sólo tenía dieciséis años de edad y que a la fecha de celebrarse el juicio ya es mayo de edad. El Tribunal tomará las providencias necesarias para asegurarse de que el convicto quede bajo custodia de la Administración. (b) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad hechos constitutivos de delito que surjan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación. 112 D. (1995). En todos los casos en que un menor.” (34 L. No le confiere. 2204) La Ley de Menores de 1986. (c) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad hechos constitutivos de delito cuando se le hubiese adjudicado previamente un asesinato como adulto. el Tribunal (Sala Asuntos de Menores) perderá automáticamente su autoridad sobre dicho menor. 98 (1967). establece que “no tendrá autoridad para conocer de: (a) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación. el menor esté evadido de la jurisdicción y las diligencias para localizarlo hayan sido infructuosas.” (34 L. es irreversible. hubiere renunciado a la jurisdicción del menor y en el procedimiento ordinario como adulto al menor se le archivaran los cargos o se le encontrara no culpable. Jurisdicción del Tribunal de Asuntos de Menores. 138 D. (1995). no puede invocar que el Tribunal Superior no tiene jurisdicción para enjuiciarlo por no haber renunciado antes a su jurisdicción la Sala de Asuntos de Menores cuando. si al momento de ser acusado como adulto. nota al calce Núm.A. 4. 95 D. Cuando se tratare de una renuncia de jurisdicción mandatoria. “no sólo al texto de las disposiciones aplicables..P. 160. el Tribunal podrá renunciar en ausencia cuando concurran las circunstancias expresadas anteriormente. 95 JTS 35. previa celebración de vista en la cual el menor estará representado por abogado. éste deberá permanecer internado en una institución de la Administración de Instituciones Juveniles hasta tanto sea convicto como adulto. sea ésta estatutaria o discrecional. La Sala de lo Criminal del Tribunal General de Justicia conservará jurisdicción sobre el menor aun cuando haga alegación de culpabilidad o medie convicción por un delito distinto al asesinato. 741 .PR. p. 21. estando aún bajo la autoridad del Tribunal. En estos casos. esencial para determinar si el imputado era o no menor para efectos de sus responsabilidad por actos delictivos. En todos los casos contemplados en los incisos anteriores. (2) Que esté evadido de la jurisdicción. sino al sentir que permea el sistema de justicia juvenil de que cuanto un menor ha sido procesado como adulto.
116 D. 92 D. Incapacidad mental. ANOTACIONES 1. 107 D.R. 551. Marcano Pérez. 2001 TSPR 083.P.R. pero la primera es la más fundamental porque.P. no siendo suficiente probar tan solo la mera existencia de . p. A tenor con esta sección.P. “que de transcurrir un tiempo razonable sin hallar procesable a un imputado. va a ser sometido al proceso penal. “Es conveniente precisar que. 109 D. Marcano Pérez. 160. tanto a nivel cognoscitivo como volitivo. esto es. Artículo 39. p. Tribunal Superior.R. En general. El estado eximente de locura excluye el arrebato de la pasión.P. La incapacidad mental de un acusado es tipificada por la ley en por lo menos dos situaciones distintas: (a) la primera envuelve la incapacidad del acusado al momento de realizar.R. 116 D.“El criterio más racional y seguro para la determinación o cómputo de la edad es la llamada “regla savigniana”. 107 D. (1978) 2. 520 nota al calce núm. No es imputable quien al momento del hecho. Santiago Torres. y (2) al momento y durante el proceso penal. 917 (1986).P. para una determinación de inimputabilidad la carencia en la capacidad del imputado no tiene que ser total. de llevar a cabo. 107 D. el tribunal. La incapacidad mental al momento de cometer el delito es la utilizada como causa de inimputabilidad. Sólo es necesario demostrar que la persona no cuenta con capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus actos o de conformar éstos al mandato de la ley.R.como consecuencia de su condición mental.R. Castillo Torres. el tribunal creyese que el acusado está mentalmente incapacitado suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar es estado mental del acusado a esa fecha.R. la cual es distinta a la incapacidad mental al momento de ser procesado. De ahí hace su intención criminal y de ahí surge su responsabilidad penal. 2001 DTS 083. la incapacidad mental de un imputado es importante en dos (2) etapas. Pueblo v. 85 de este título y esta sección-y (b) la segunda se da cuando el acusado.P. de hacer real. sea cual fuere el desorden intelectual que produzca. Pueblo v. Pueblo v. tras considerar el grado de peligrosidad del individuo –tanto para sí como para la sociedad. Santiago Torres. en el ámbito penal. Pueblo v. Marcano Pérez. Locura. Pueblo v.” Pueblo V. En “ambas situaciones son importantes. (1979) Para establecer el estado de locura-que es fundamento de inimputabilidad en nuestro ordenamiento penal-es necesario probar la completa enajenación del acusado en el momento de la ejecución del hecho delictivo. deberá señalarse una vista para determinar si éste es no procesable permanentemente. 554 (1978). “cuando va a ser procesado. Castillo Torres. La determinación de inimputabilidad por razón de incapacidad mental puede ser el resultado de defectos en la capacidad de la persona.” “De no procesabilidad permanente. 116 D. 555 (1978) El Tribunal Supremo resolvió. 917 (1986).R. lo pondrá en libertad o dispondrá que se inicien los procedimientos conforme a la Ley de Salud Mental.P. 2001 TSPR 083. La determinación de un tribunal de instancia de que el acusado es imputable bajo esta sección constituye error de derecho que acarrea la revocación de una convicción cuando no representa el balance más racional y justiciero de la cuestión. López Rivera. 551. carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. a causa de enfermedad o defecto mental. archivará los cargos en su contra y. 551.” Suárez Sánchez v.P. 507. que consiste en incluir completo el día del nacimiento sea cual fuera la hora de éste y contar hasta las doce de la noche de la víspera del día en que nació. a saber: (1) al momento de la comisión de los hechos alegados. Los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifestada sólo por reiterada conducta criminal o antisocial. 917 (1986).” En la segunda. en definitiva la responsabilidad criminal y civil del acusado dependerá de si al cometer los hechos estaba o no es uso de razón. los hechos y de donde nace su intención criminal y surge su responsabilidad penal-la anterior sec. 2001 DTS 083. Pueblo v.” Pueblo V. pues no cabe confundir la situación del que tiene anuladas sus facultades mentales por causas extrañas a su voluntad con la situación del que se deja influir por estímulos que en su origen le es dado vencer y que la razón puede y debe refrenar. Castillo Torres. y cometidos los hechos y ya presentada la acusación o denuncia.” Pueblo v. 5.
Como se sabe. Id. Tal dictamen no está inmune a error y está sujeto a ser revisado por el Tribunal Supremo. La naturaleza y cantidad de la prueba que ha de presentar el Pueblo para contradecir la traída por la defensa para establecer la inimputabilidad dependerá de la contundencia y robustez de esta última. Id. 3. cuando proceda. Ríos Maldonado. recae sobre el Ministerio Fiscal el peso de presentar prueba que demuestre más allá de duda razonable la capacidad mental del imputado al momento de los hechos. Pueblo v. Pueblo v. naturalmente. que no labore para el Gobierno de Puerto Rico. Una vez rebatida la presunción de cordura del acusado. 025.R. Ríos Maldonado. Pueblo v. el aparente conflicto de intereses no lo hace conveniente. 1999 T. para que examine al imputado y asesore y ayude a éste en la presentación de la prueba sobre insanidad mental y. testifique durante el proceso a ser celebrado.R. Pueblo v. Pueblo v. Una vez rebatida la presunción de cordura de un acusado. que demuestre más allá de duda razonable la cordura del acusado. la determinación final sobre la capacidad mental del acusado es una cuestión de hecho a ser dilucidada por el juzgador de éstos. Encarnación Santos. tanto el Ministerio Público como la defensa pueden hacer uso de testigos legos. Pueblo v.. CR-89-85 (12/09/92).R. Marcano Pérez.P. Por ello el Fiscal no tiene que presentar prueba sobre su capacidad mental para delinquir.cualquier anomalía o alteración de las facultades mentales o de excentricidades y conducta rara. 2000 JTS 53 “El Art. bien sea juez o jurado. Id. sea o no pericial. … Sin embargo. de presentarse prueba suficiente que establezca duda razonable sobre la cordura del acusado al momento de los hechos. II. 11 de nuestra Constitución establece que "[n]adie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio. (1999) Cuando se plantea la defensa de locura. Para ayudar al juzgador a determinar la condición mental del acusado. 116 D.R.” Pueblo v. … [No es] adecuado que sea un perito del Estado el que deba ser designado en esta clase de situaciones. especialista en psiquiatría. El testimonio de éstos puede ser descriptivo de los hechos percibidos o en forma de opiniones o inferencias siempre que cumpla . La prueba requerida a estos fines es aquella que establezca en la conciencia del juzgador la certeza moral y firme convicción sobre su imputabilidad. que en esta clase de situaciones el acusado no tiene derecho a que se designe un perito de su personal selección a ser pagado por el Estado.". CR-89-85 (12/09/92). la carga de la prueba del Ministerio Fiscal para probar la imputabilidad del acusado consiste en la presentación de aquella prueba. 2002 DTS 037. Sec. Planteada la defensa de locura. No obstante. en múltiples ocasiones hemos sostenido la constitucionalidad de los requisitos de la notificación de la defensa de incapacidad mental o coartada de la Regla 74. El mero hecho de que la defensa presente prueba pericial para rebatir la presunción de sanidad mental del acusado no le impone de manera absoluta al Ministerio Fiscal la obligación de también ofrecer prueba pericial para refutar la de la defensa. suministre el nombre e información personal de los testigos y documentos que la apoyan. El veredicto o fallo judicial donde se promueva la defensa de locura no ha de estar aprisionado en la rígida alternativa de cordura o enajenación sino que en la más amplia valoración de la situación del acusado-y dentro de la norma de duda razonable-podrá el veredicto reflejar la imputabilidad aminorada o eximente incompleta que resulta en atenuante y.P. CR-89-85 (12/09/92). También le requiere informar los hospitales y fechas en que recibió tratamiento y/o los médicos que lo atendieron. ésta exige que en determinado término la notifique al Tribunal y Ministerio Fiscal y. Pueblo v. Presunción de cordura.P. 917 (1986). 116 D. Ríos Maldonado. Pérez Velázquez.. 917 (1986). En el pasado.” 99 DTS 025 Pueblo V. La prueba para rebatir la presunción de cordura del acusado puede ser presentada por éste o surgir de la ofrecida por el Pueblo para establecer su caso. 4. la capacidad mental del acusado es condición cuya determinación final corresponde al juzgador de hechos. 2004 TSPR 037 (2000). Evidencia.P. en reducción de la calificación original del delito. “El tribunal debe designar un profesional de la salud. la mencionada presunción queda rebatida. 917 (1986).S. CR-89-85 (12/09/92). Marcano Pérez. 116 D. Ríos Maldonado. La ley presume la cordura del acusado. Marcano Pérez. o una combinación de ambas.
demuestra que éste podía actuar de otra manera o si incurrió en el delito en virtud de no comprender los alcances antijurídicos de su obra. será ante un evaluador designado por el tribunal -tiene que ser un psiquiatra licenciado o certificado. 116 D. se ordene al acusado someterse a evaluación. 917 (1986). 025 (03/19/99). (18 U. 917 (1986). Pérez. La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas.R. y ningún otro fruto de la declaración puede ser admitido en evidencia contra el acusado en algún procedimiento criminal con excepción al asunto respectivo a la condición mental que el acusado ha presentado su testimonio. ANOTACIONES 1.R. No es imputable quien al momento del hecho se halle en estado de trastorno mental transitorio. Marcano Pérez. “En el ámbito federal. Pérez. 41 del Código Penal derogado. a moción del Fiscal.R. Ríos Maldonado. pero siempre que la existencia real de algún fin.2(c) provee que. 87 de este título.S. ANOTACIONES Evidencia El Ministerio Fiscal no tiene derecho a requerirle a un acusado que sea evaluado por su perito. o un sicólogo clínico-.S. Pérez. Marcano Pérez. 025 (03/19/99). motivo o intención con que cometió el delito. o sustancias similares no es fundamento de inimputabilidad.P. Pueblo v. la regla 12. Artículo 40. “Además.A.P. Pueblo v.2(c). A parte de unos cambios de estilo. CR-89-85 (12/09/92). secs. 1978. . Pueblo v. La orden del tribunal de instancia de que el acusado se sometiera a una evaluación psiquiátrica con el perito del Ministerio Fiscal viola el derecho del acusado a no autoincriminarse ya que significó obligarlo a declarar ante un agente del Ministerio Fiscal. 1999 T. 1999 T. Cuando se trata de retardación moderada o media habrá que recurrir a los hechos para determinar si la conducta adaptativa del acusado. y que las inferencias u opiniones incluidas estén racionalmente basadas en la percepción del testigo y que sean de ayuda para el mejor entendimiento de su declaración o para la determinación de un hecho en controversia.C. 1999 T. que le impida tener capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. 025 (03/19/99). 1999 T. 116 D. la Regla 12.con la Regla 51 de Evidencia. quien oportunamente le rendirá un informe con ciertas especificaciones y copias a las partes. Trastorno mental transitorio. por más de uno. anterior sec.P. IV del Título 32. El Ministerio Fiscal debe utilizar adecuadamente los recursos de peritaje que tiene disponibles el Estado para ayudar a los tribunales en la determinación sobre la capacidad mental del acusado. o si el tribunal lo cree necesario.S.R.S. en protección del los derechos del acusado. 108 D. Pueblo v. Esa evaluación psicológica o psiquiátrica sobre determinación de existencia de locura al momento del delito.” Pueblo v. 116 D.P. al determinar el fin. Ap.P." (Traducción del tribunal). Pérez. Pueblo v. ningún testimonio por el perito basado en dichas declaraciones.R. Marcano Pérez. estimulantes o deprimentes. 4247).” Pueblo v.P. En general. el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado.R. Méndez Ramos. Artículo 41. siendo esta evaluación con o sin consentimiento del acusado. La presentación de prueba pericial convincente y robusta por la defensa para rebatir la presunción de cordura del acusado puede tener el efecto de obligar al Fiscal a presentar prueba pericial para establecer más allá de duda razonable la imputabilidad del acusado. Intoxicación voluntaria.R.P. motivo o intención determinados sea elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial. únicamente en que el vigente ha ampliado sus disposiciones para aplicarlas a los casos de intoxicación por drogas.P. sustancias narcóticas. Pueblo v. antes y durante los hechos. 4244. 025 (03/19/99). 5. preceptúa que "[n]inguna declaración hecha por el acusado en el curso de la evaluación.R. 917 (1986). la redacción de esta sección difiere del Art. Enfermedad o defecto mental. El trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad cuando ha sido provocado por el sujeto con el propósito de realizar el hecho.S. 59. excepción. provista por esta regla. Pueblo v.
siempre que haya una ley que tipifique el delito y realicen la conducta delictiva.A. Id. La mera prueba de embriaguez no es suficiente ni para exonerar ni para rebajar la clasificación del delito imputado a un acusado. En general. la voluntaria embriaguez o intoxicación por drogas. 82 (1977). En ausencia de un acto afirmativo. Examinados los hechos del presente caso. La embriaguez voluntaria de un acusado como defensa para un delito o grado del mismo. sin ofrecer información conducente a desviar la atención de la policía o confundir la investigación.R. revelan la existencia de una conspiración o de un designio común. aunque los elementos especiales que fundamentan el delito no concurran en él pero sí en el representado o en la persona jurídica.R. la misma es demostrativa de un interés personal en mantenerse al margen y no verse involucrada en un proceso criminal. El acusado “se limitó a decir que no sabía ni había escuchado nada. 126. estimulantes o deprimentes. por sí sola.. (b) Los que fuerzan. 92-51 (1992). Se consideran autores: (a) Los que toman parte directa en la comisión del delito.R.” No se extiende hasta cubrir Homicidio. a tenor con esta sección la prueba de defensa sobre la intoxicación del acusado por razón de haberse fumado un cigarrillo de marihuana no justifica la reducción del delito de asesinato de primero a segundo grado como tampoco justifica intervenir con la apreciación que de tal defensa hizo el jurado luego de haber sido instruido debidamente. Más bien. 108 D.S. En los casos de coautoría la responsabilidad criminal debe ser establecida por actos anteriores y posteriores que. p. motivo o intención. C. agente o propietario de una persona jurídica. A tenor con lo dispuesto en esta sección. a los fines de determinar fin. SECCIÓN SEGUNDA -De la Participación Artículo 42. Pueblo v. (c) Los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito.2. sustancias narcóticas. pero este hecho puede considerarse conjuntamente con otras circunstancias que rodean el hecho delictivo a los fines de fijar la responsabilidad criminal. 109 D. ANOTACIONES 1. esta sección preceptúa que el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba ebrio o intoxicado al cometer el delito. director. para sostener una convicción en contra de ella por tal delito. León Cortijo.P. Pueblo v. 711. 59. (f) Los que actúen en representación de otro o como miembro. 710.R.P. sin cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho delictivo. instigan o inducen a otra persona a cometer el delito. Evidencia. 1998 T. Pueblo v. Guzmán Toro. 107 D. . considerados en conjunto. Méndez Ramos. simultáneos o posteriores a la comisión del delito. 700. 1979. La determinación de ese hecho es esencialmente una para el jurado o la corte juzgadora. no presupone una intención específica de ayudar a los autores del delito a eludir la acción de la justicia.P.R.P. Pueblo en interés del menor F. o sustancias similares no exime de responsabilidad criminal a una persona que comete un delito aun cuando. Id.A. 106 D. 1978. provocan. no podemos concluir que su conducta responde al propósito de asistir a los autores del delito a evadir la justicia. Caballero Rodríguez.” 98 DTS 094 Pueblo V. sean personas naturales o jurídicas. C. (1998) La mera presencia de una persona durante la comisión de un delito no es suficiente. El Tribunal Supremo resolvió “que la incapacidad mental que puede producir el uso de drogas y bebidas alcohólicas para cambiar un designio criminal sólo tiene el efecto de reducir el grado del delito de Asesinato en Primer Grado a Segundo. (e) Los que se valen de una persona jurídica para cometer el delito. Esta conducta pasiva. 94. Son responsables de delito los autores y los cooperadores. Autores.P.S. 91-75 (1991). Belmonte Colón. Pueblo v.C. (d) Los que cooperan con actos anteriores. por sí sola. Artículo 43. tiene que ser de tal grado o carácter que inhiba en el acusado su facultad mental para formar la intención específica requerida por este Subtítulo. Pueblo v. Personas responsables. Pagán Ortiz.
139 (1985). Cómplices. en la comisión del delito. (b) el lapso de tiempo tiene que ser lo suficiente como para que los otros coautores del delito original tengan la oportunidad de comprender que el otro copartícipe ya no les está prestando apoyo y protección aunque no necesariamente tienen que saber que ha sido arrestado. tal presencia junto a otras circunstancias que rodean el hecho delictivo puede ser tomada en cuenta a los fines de imponer responsabilidad penal bajo el principio de coautoría. Cuando la posesión y portación ilegal de un arma de fuego esté motivada por la actuación de dos o más personas en concierto y de común acuerdo. Son coautores de un delito. 2. como cualquier otro hecho en controversia. 113 (1984).P. Id. Pueblo v. Entendemos. 1975. entre otros. 139 (1985). Son autores de un delito.R.P. Lucret Quiñones. de modo que implique participación intencional en la empresa delictiva. aquel que se opone desde el principio a la comisión de un delito.Para establecer responsabilidad penal de coautor. y sumamente dañino. o como resultado de una conspiración o de un designio común. con el motor funcionando para poder huir inmediatamente del lugar cuando otras personas terminen de cometer el delito. Calderón Laureano. Pueblo v. 139 (1985). Id. 116 D. 574 (1982). Lebrón Morales. Ortiz Martínez. no actúe para proteger a los otros coautores para que éstos no sean interrumpidos en la comisión del delito principal. los que planifican o cooperan de cualquier modo en su comisión. 116 D. Coautores “El testimonio de un coautor puede ser impactante. Pueblo v. que haya una relación de causa y efecto-causalidad-entre el acto y el daño. 139 (1985). 115 D. es decir. extremo éste que debe ser probado más allá de la duda razonable. los que toman parte directa en la comisión del delito así como los que cooperan de cualquier otro modo en la comisión del mismo. 111 D. 113 D. en un proceso criminal. Ortiz Martínez.P.R.P. aunque uno solo de los imputados sea el que posea o porte ilegalmente el arma. Todo aquel que inicie un acto criminal debe responder de todas las consecuencias que este acto ocasione. 716. entre otros. Para que el arresto de un copartícipe de un delito pueda levantarse como defensa ante una acusación por asesinato. (c) el período de tiempo que transcurra desde el arresto del coautor no puede ser de tal índole que el asesinato sea un acto inminente e inevitable. Es norma generalmente reconocida que para que un daño o resultado delictivo pueda imputarse a una persona es necesario que el mismo haya ocurrido como consecuencia de su acción u omisión.R.R.R. según esta sección. siempre que su responsabilidad como coautor pueda establecerse por actos anteriores. sin embargo.R. 3. incitó o participó. Es autor del delito de robo una persona que. todas responden criminalmente como autores y principales. Aunque la mera presencia de una persona en la escena del delito no es suficiente por sí sola para sostener una convicción. Pueblo v.P. 111 D.P. Ortiz Martínez. éste de ninguna manera incite o estimule a sus otros coautores en la comisión del asesinato. como en el presente caso. y quien no aconsejó. 716. Pueblo v. Pueblo v. Ortiz Martínez. directa o indirectamente. Pueblo v. que los derechos de un acusado quedan razonablemente protegidos con la entrega de la declaración jurada que el coautor haya prestado luego de que . 104 D. No era cómplice bajo las disposiciones del anterior Código Penal [de 1937].P. 116 D. 1981. 116 D. ocurrido con posterioridad a dicho arresto por los otros copartícipes del delito original-en este caso un robo-tienen que concurrir las siguientes circunstancias: (a) es indispensable que transcurra un intervalo razonable entre el arresto del coautor del delito principal y el momento en que los otros coautores cometen el asesinato.R. y (e) que el coautor del delito principal que fue arrestado. habiendo sido conducido al lugar de los hechos bajo coacción. y basta con su presencia pasiva. 115. 1981.P.R. Para imponer responsabilidad criminal no es indispensable que el acusado ejecute personalmente el acto delictivo. Santos Ortiz.P. (d) que después de haber sido arrestado el coautor del delito principal. Pueblo v. Lucret Quiñones. en la premisa de que se actuó en concierto y de común acuerdo--designio común--es suficiente establecer el acuerdo mediante prueba indirecta o circunstancial.R. Pueblo v. al efectuarse un robo permanece en el auto.
cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito. el hecho de que los responsables del delito principal se beneficien del silencio de una persona. Son penalmente responsables las personas jurídicas organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizadas para actuar en su jurisdicción y toda sociedad o asociación no incorporada cuando las personas autorizadas. (1998) Opinión de Conformidad de una Sentencia del Tribunal Supremo. León Cortijo. “Como delito contra la función judicial.P. No podemos perder de vista que para que una persona responda por el delito de encubrimiento debe haber conocido la comisión del delito con posterioridad a su ocurrencia.054 (2004) . 94. Es decir.P. La responsabilidad aquí establecida no excluye la responsabilidad individual en que puedan incurrir los miembros. 94. ANOTACIONES 1. “Ante la ausencia de prueba sobre uno de los elementos del delito de encubrimiento -la intención específica de asistir al autor del delito a eludir la acción de la justicia.S. o su tentativa. su responsabilidad criminal no sería en calidad de encubridor. “Aunque el Comisionado [de Seguro] adquirió todas las acciones corporativas de San Miguel. 120 D. “Para que se configure el delito de encubrimiento es necesario que el sujeto (1) tenga conocimiento de la comisión de un delito con posterioridad a su ocurrencia. alteración u ocultación de la evidencia. De lo contrario.S. ANOTACIONES En general.éste haya testificado y antes de que el representante legal del acusado lo contrainterrogue. no convierte a esta última en encubridora. hasta un máximo de diez (10) años.” 2003 DTS 157 Pueblo V. 94. 404. Busca castigar a quienes tratan de entorpecer la acción investigativa de la justicia sobre actos que aparecen 'con las formas exteriores de un delito'. sino uno de conducta. o procure la desaparición. Cada autor y cada cooperador será responsable en la medida en que participó en el hecho delictivo según las circunstancias personales que caractericen su participación. “El delito de encubrimiento no es un delito de resultado. Artículo 46. El acto antijurídico se puede concretizar en cualquiera de sus dos modalidades.” 98 DTS 094 Pueblo V. Se consideran cooperadores los que sin ser autores. 1998 T.R.R. sino de coautor.P. Dora Neváres Muñiz. León Cortijo. (2) oculte al autor del delito. “El delito de encubrimiento busca evitar que las personas ayuden a otras a evadir la justicia. León Cortijo.S. 413 (1988).” 98 DTS 094 Pueblo V.R. Responsabilidad de los participantes.procede que confirmemos la resolución del tribunal de instancia por medio de la cual se absolvió perentoriamente” al acusado. 1998 T. Al cooperador de un delito consumado o intentado se le impondrá una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito. Personas jurídicas. (3) con el propósito de ayudar al autor del delito a eludir la acción de la justicia. no todo testimonio falso constituye conducta encubridora.R. 1998 T. 94. 157 (2003) Artículo 44.” 98 DTS 094 Pueblo V.R. 1998 T. Vargas.S. Cooperador. aunque un testimonio falso puede servir para configurar el delito de encubrimiento. el delito de encubrimiento persigue sancionar la conducta intencional específica de todo sujeto que ayuda a una persona que ha delinquido a eludir la acción de la justicia. Derecho Penal Puertorriqueño.P. 1998 T. ésta todavía cuenta con su plena capacidad jurídica para demandar y ser demandada como persona jurídica. alteración u ocultación de la prueba. dirigentes. 2004 T. 1998 T. (1998) Opinión de Conformidad de una Sentencia del Tribunal Supremo. Arzuaga Rivera. según corresponda.P. o representantes de las personas jurídicas o de las sociedades y asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictivo. 94. con conocimiento. León Cortijo.S. Pueblo v. Artículo 45.R.R. ya sea al ocultar al responsable del delito o al procurar la desaparición.S. Parte General 300 (1983). 98 DTS 094 Pueblo V. Se guros San Miguel. agentes o representantes cometan hechos delictivos al ejecutar sus acuerdos o al realizar actuaciones que le sean atribuibles.P. Encubridores.” 98 DTS 094 Pueblo V.S.P. León Cortijo.R. León Cortijo. 94. (1998) Opinión de Conformidad de una Sentencia del Tribunal Supremo. (1998) Opinión de Conformidad de una Sentencia del Tribunal Supremo. Tampoco podemos perder de perspectiva que.S.R.P. (1998) Opinión de Conformidad de una Sentencia del Tribunal Supremo. si hubiese acordado previamente su participación. agentes. 2003 T. (1998) Opinión de Conformidad de una Sentencia del Tribunal Supremo.P.” 2004 DTS 054 American Internacional V. 98 DTS 094 Pueblo V.
(g) Restitución. (e) Multa individualizada a base de días.” 1998 DTS 160. la condición de salud del sentenciado. Penas para personas naturales. 628 (1984). Artículo 51. 2000 T. (c) Restricción domiciliaria. la vaguedad en el castigo a imponerse debe interpretarse a favor del acusado. Conocía – debió conocer-.R. permiso o autorización. Las sentencias de reclusión impuestas a menores de veintiún (21) años deben cumplirse en instituciones habilitadas para este grupo de sentenciados. y por ende su personalidad jurídica. CAPÍTULO II -DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS NATURALES SECCIÓN PRIMERA -De las clases de penas Artículo 49. no se puede limitar el análisis a considerar la misma al amparo de la doctrina de corporación de facto pues ésta figura ha sido eliminada de nuestra jurisdicción. (i) Pena especial para el Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delitos.P. Al analizar un estatuto. no llegara a manos de sus legítimos dueños.” 2000 DTS 140 Asociación V. Reclusión. (d) La justicia a las víctimas de delito. . La pena de reclusión se cumplirá de manera que propicie el tratamiento adecuado para la rehabilitación social del convicto y debe ser lo menos restrictiva de libertad posible para lograr los propósitos consignados en este Código.03(F) de la Ley General de Corporaciones de 1995. En tal examen. 115 D. Propósitos de la imposición de la pena. alegando incorrectamente que era el representante. los siguientes factores: la disposición a someterse a tratamiento. propiciando que el dinero en efectivo. 160 (1998) TÍTULO III -DE LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO CAPÍTULO I -DE LOS FINES DE LA PENA Artículo 47.R.las incidencias y desarrollo del caso.multa. Artículo 50. Al imponer esta pena se considerarán. (h) Suspensión o revocación de licencia. ANOTACIONES En general. la posibilidad de rehabilitación y el riesgo y beneficio para la comunidad.“La existencia de una corporación.P. producto de la segunda emisión de cheques. Se establecen las siguientes penas para las personas naturales: (a) Reclusión. el tratamiento rehabilitador y la supervisión necesaria para su cumplimiento. Faltó así. sin embargo. (f) Servicios comunitarios.P. Los propósitos generales que determinan la imposición de la pena son los siguientes: (a) La prevención de delitos y la protección de la sociedad. (b) Restricción terapéutica. (b) El castigo justo al autor en proporción a la gravedad del delito y a su responsabilidad. que la sucesión no es persona jurídica separada de sus componentes. Artículo 48. ha de considerarse lo dispuesto en el Artículo 1. su deber de informar a todos sus clientes –miembros de la sucesión. 140 (2000) “Constituyó una crasa inobservancia de las normas éticas y legales el que descansara en uno de los miembros de la sucesión. Luciano. (d) Libertad a prueba. la necesidad de tratamiento y de supervisión. García v. Future Developers. Restricción terapéutica. Responsabilidad civil.S.R. entre otros. (c) La rehabilitación moral y social del convicto. Las penas que se establecen en este Código en nada afectan o alteran la responsabilidad civil de las personas convictas de delito.S. La pena de restricción terapéutica consiste en la restricción de la libertad por el término de tiempo y en el lugar que se fije en la sentencia para que el convicto se someta a un régimen de restricción y tratamiento. IN RE: Pereira Esteves 1998 T. de manera que pueda obtener la intervención terapéutica. La pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia.
En el caso en que el sentenciado incumpla la pena de restricción terapéutica cumplirá la totalidad de la sentencia de reclusión. supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia. salvo que en la vista de revocación. propendan al beneficio de la comunidad y al reconocimiento por parte de la persona convicta de las consecuencias de su conducta. La pena de restricción domiciliaria consiste en la restricción de libertad por el término de la sentencia. cumplirá la sentencia de reclusión por el término de días no cumplidos que resten de la sentencia impuesta. la estabilidad del grupo familiar. al término de su sentencia. la ocupación. al momento de fijar el término y las condiciones del servicio. En el caso de que el sentenciado incumpla las condiciones. alcohol o al juego podrá decretar el sobreseimiento del caso y la exoneración del sentenciado. conforme al delito por el que resultó convicta la persona. Artículo 53. . La pena de servicios comunitarios consiste en la prestación de servicios en la comunidad por el tiempo y en el lugar que determine el tribunal. el Juez a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido. debe asegurarse de que el término y las condiciones del servicio no atenten contra la dignidad del convicto. la condición de salud. ni para personas convictas anteriormente por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. Servicios comunitarios. sujeto a la reglamentación que adopte el primero. para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra residencia determinada por el tribunal. Al imponer esta pena se considerarán. entre otros. la posibilidad de rehabilitación. El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe establecer convenios con aquellas instituciones donde se pueda prestar el servicio y establecer los procedimientos para notificar al Departamento de Corrección o al tribunal del incumplimiento de esta pena. a su vez. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. la edad. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la institución a la cual se asigne el sentenciado para prestar servicios. El tribunal. el estado de salud. salvo que en la vista de revocación. bajo las condiciones que propicien la rehabilitación social del convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la comunidad. según enmendada. los siguientes factores: si la persona convicta está empleada o estudia. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. La libertad a prueba consiste en la suspensión de los efectos de la sentencia de reclusión para que el convicto se someta al régimen de supervisión que se dispone en la Ley de Sentencias Suspendidas. El sentenciado a esta pena no podrá cambiar su lugar de residencia durante el término de la sentencia sin previa autorización del Departamento de Corrección y Rehabilitación que. el compromiso de que no volverá a delinquir. podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido. profesión u oficio del convicto. Las condiciones del servicio y el término de duración deben ser aceptados por el convicto previo al acto de sentencia. a su discreción. notificará al tribunal. Quien incumpla las condiciones de su restricción domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la sentencia. Cada día que imponga el tribunal equivale a ocho (8) horas de servicios. el riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad de recursos familiares o de otras personas para colaborar con la consecución de los objetivos de esta pena y con el cumplimiento de las condiciones impuestas.La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que. Si el convicto cumple satisfactoriamente con el tratamiento y el plan de rehabilitación y. Artículo 52. Artículo 54. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que. así como las circunstancias particulares del caso. el juez. tomará en consideración: la naturaleza del delito. Libertad a prueba. Restricción domiciliaria. sujeto a la reglamentación que adopte. sujeto a la reglamentación que adopte. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. entre otras. supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia e impondrá las condiciones que correspondan. institución o agencia pública. El tribunal puede disponer que se presten los servicios en alguno de los siguientes lugares: una corporación o asociación con fines no pecuniarios. en el uso de su discreción. El tribunal. el tribunal concluye que efectivamente se ha rehabilitado de su condición de adicción a sustancias controladas.
472 (1984). así como las circunstancias particulares del caso. abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido. Amortización de multa o multa individualizada mediante prestación de servicios comunitarios. La cuota diaria será desde un (1) dólar por cada día. la facultad de dejar sin efecto dicha orden o de exigir el pago total del balance insoluto de la multa o del importe de la multa individualizada. La pena de multa establecida en las leyes penales especiales consiste en la obligación que el tribunal impone al convicto de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero que fija la sentencia. la profesión u ocupación del sentenciado. El tribunal conservará jurisdicción sobre el sentenciado para propósitos del cumplimiento de la orden de amortización así dictada. No obstante. el importe de la multa será determinado por el tribunal tomando en consideración la situación económica.multa. La pena mínima será de un día-multa y la máxima de noventa (90) días. Conversión de multa individualizada. el grado de codicia o ganancia mostrado en la comisión del hecho delictivo. el trabajo ha de ser en sustitución de una multa. incluyendo.P. Si la pena de multa individualizada o los días de servicio comunitario impuestos en su defecto no fueren satisfechos. 115 D. en los casos apropiados. Multa en leyes especiales. podrán pagarse totalmente o en plazos dentro de un término razonable a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia. El tribunal puede mantener el beneficio del pago a plazos si concluye que el incumplimiento por parte del sentenciado se debió a causa justificada. pero bajo condiciones que son de estricto cumplimiento.R. entre otras. 115 D.multa por cada ocho (8) horas de servicio comunitario. se abonará un día. las responsabilidades de familia.multa que debe satisfacer el convicto. Cuando se trate de la pena de multa individualizada. Cuando se trate de amortizar la pena de multa. con un letrero que lee "estoy recogiendo papeles que tiré en la calle".Artículo 55. Artículo 59. Entre éstas. En adición. ANOTACIONES En general. y después de dictada la sentencia que impone el pago de multa. El trabajo como sanción disciplinaria está aceptado expresamente en el Código Penal.multa. la cuota diaria de multa será determinada por el tribunal a base de su ingreso diario. cuya jornada no excederá de ocho (8) horas diarias. a solicitud del multado. Artículo 58. evidenciada su incapacidad de pagar. Modo de pagar la multa o multa individualizada. En cualquier tiempo. In re Hernández Enríquez. de los criterios establecidos en las leyes especiales. La conversión de la pena de días. 472 (1984).multa hasta cuarenta y cuatro (44) dólares por cada día. a solicitud del convicto y a discreción del tribunal. el convicto puede recobrar su libertad mediante el pago de la multa. El tribunal. su edad y salud.R. In re Hernández Enríquez. en el ejercicio de su discreción o a solicitud del sentenciado. Artículo 57. se abonarán cincuenta (50) dólares por día de servicios comunitarios.multa no satisfecho o por cada ocho (8) horas de servicio comunitario no satisfecho. Requerir de un acusado como sanción penal recoger basura en la vía pública bajo supervisión de un policía. Una vez fijada la unidad de días. podrá autorizar el pago o amortización de la parte insoluta de la multa o multa individualizada mediante la prestación de servicios comunitarios. . como alternativa a multa o cárcel. Multa individualizada a base de días-multa. El escarnio público hace tiempo que fue erradicado como castigo y es extraño a nuestra civilización.P. podría estar en conflicto con la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusitados y vulnerar el principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano. La multa o el importe de la multa individualizada serán satisfechos inmediatamente. es una pena no autorizada por el ordenamiento penal. Artículo 56. La pena de multa individualizada consiste en una pena pecuniaria que el tribunal impondrá en unidades de días. Además. la prisión subsidiaria será adicional a la pena de reclusión.multa tomando en consideración la mayor o menor gravedad del delito. Si la pena de multa individualizada ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusión. se convertirán en pena de reclusión abonando un día de reclusión por cada día.multa no puede exceder de noventa (90) días de reclusión.
S. la prisión subsidiaria será adicional a la pena de reclusión.P. En virtud del lenguaje y espíritu inequívoco de la ley aplicable. 020. Falcón Negrón. Así pues. Si la pena de multa impuesta es menor de cincuenta (50) dólares y no puede ser satisfecha por el convicto. 126 D. la participación prorrateada del convicto si fueron varios los partícipes en el hecho delictivo.R.R.S. Cuando se impone pena de multa en estos casos. La pena de restitución no incluye sufrimientos y angustias mentales. el importe será determinado por el tribunal tomando en consideración: el total de los daños que habrán de restituirse. Asociación de Auditores 1999 T. Véase nota al calce Núm. Cordero Santiago y Rivera. En nuestro ordenamiento jurídico las penas se extinguen con la muerte del penado. 1027] no debe ser confundida con la de esta sección. como consecuencia del delito. (1999) A modo de ejemplo. No obstante. como ya vimos se da una diferencia fundamental procesal cuando se castiga criminalmente la desobediencia a un auto de injunction por el procedimiento de desacato especial dispuesto para esos fines. ANOTACIONES En general. “En Pueblo v. o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de que no estén disponibles. V. Restitución. . estas sanciones civiles sólo se pueden imponer cuando se ha materializado algún beneficio económico. La pena de restitución consiste en la obligación que el tribunal impone de compensar a la víctima los daños y pérdidas que le haya ocasionado a su persona o a su propiedad. la capacidad del convicto para pagar y todo otro elemento que permita una fijación adecuada a las circunstancias del caso y a la condición del convicto. interpretamos que la pena de restitución no podrá ser aplicada a una sentencia por desacato bajo el Código Penal.L. Artículo 61. En cualquier tiempo el convicto podrá recobrar su libertad mediante el pago de la multa. no procede imponer sanciones civiles. abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido. Caraballo.L. y su cuantía está atada estrictamente a dicho beneficio. la pena de restitución queda extinta con la muerte del penado. E.Artículo 60.P. El tribunal puede disponer que la pena de restitución sea satisfecha en dinero. 272 (1983). Merece especial énfasis el hecho de que el Artículo 81 [ahora Art. E. 114 D. aún cuando al triplicarse la cuantía también sirvan como medida punitiva. como condición para la probatoria. En el caso de una convicción por una ley especial en que se impone pena de multa o prestación de servicios en la comunidad. 2001 T. 2005 DTS 013 ELA V.” 1999 DTS 020. se le impondrá un solo día de reclusión. Vázquez v. su conversión no puede exceder de noventa (90) días de reclusión. 118 (2001) Véase Opinión de Conformidad. 75 (1990). aunque en este caso aplicable a ambos procedimientos criminales. (1999). A diferencia de las sanciones administrativas. de no ser satisfechos. pues.A. la respuesta a la interrogante ante nos es forzosa: la restitución es una pena.A. 7. El principio de legalidad exige que no se impongan penas o medidas de seguridad que la ley no hubiese previamente establecido. mediante la prestación de servicios. Rodríguez Santana y Otros 2005TSPR013 (2005) En los casos por la Ley de Etica “si no hubo beneficio. 1999 DTS 020. sirven como un cierto tipo de pena de restitución.R. V. toda vez que el desacato no se encuentra dentro de los delitos específicos que el legislador dispuso tuvieran la pena de restitución. Conversión de la multa en leyes especiales.P. se convertirán en pena de reclusión abonando a razón de cincuenta (50) dólares por cada día de reclusión.P. 020. En el caso en que la pena de restitución sea satisfecha en dinero.R. 97 del Código Penal de 204] no hace distinción alguna sobre los tipos de pena que se extinguen de esa forma.” 2001 DTS 118.R. Si la multa ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusión. Oficina de Etica V. ergo. La pena de restitución debe satisfacerse inmediatamente. a solicitud del sentenciado y a discreción del tribunal. La pena de restitución prevista en la Ley de Sentencias Suspendidas [34 LPRA sec. “se faculta al tribunal para que. Asociación de Auditores 1999 T.P. exija el resarcimiento por parte del probando de los daños ocasionados a la víctima del delito”. tomando en cuenta la situación económica del convicto. donde es posible aplicar la pena de restitución. podrá pagarse totalmente o en cuotas dentro de un término razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia. todas las penas se extinguen con la muerte del penado. pero ésta no podrá ser utilizada cuando se castiga la desobediencia a una orden o decreto del tribunal bajo el desacato criminal tipificado por el artículo 235 del Código Penal.S.
Penas por delito..” Vazquez v. permiso o autorización. o que los bienes hayan sido usados como instrumento de delito o representen sus productos y no se conozca su dueño. como sigue: (a) “Delito grave de primer grado” conlleva una pena de reclusión en años naturales de noventa y nueve (99) años. podrá revocar la licencia para conducir vehículos de motor por un término no menor de un (1) año. Artículo 66.R. En tal caso. En tal caso. la persona podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el sesenta (60) por ciento del término de reclusión impuesto. si se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. Cuando en la comisión del delito se violen los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia. Al revocarse la licencia se observarán las siguientes normas: (a) Se abonará al período de revocación el término que el convicto extinga bajo reclusión. (c) El tribunal deberá remitir al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico copia certificada de la resolución revocando la licencia. (c) “Delito de segundo grado severo” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de quince (15) años un (1) día ni mayor de veinticinco (25) años. … Por esta razón se encuentra sujeta a varias limitaciones. En tal caso. Revocación de licencia para conducir. además de la pena que se le imponga al convicto por el delito cometido. además de la imposición de la pena correspondiente al delito. (e) “Delito grave de cuarto grado” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres (3) años. Caraballo. [la pena de restitución] tiene como fin el procurar la indemnización como medida de trato justo a la víctima. 114 D. el tribunal. SECCIÓN SEGUNDA -De las penas aplicables Artículo 65. (b) Para poseer nuevamente su licencia el convicto debe radicar una nueva solicitud y cumplir con los demás requisitos de la ley. (f) “Delito menos grave” conlleva una pena de multa individualizada según la situación económica del convicto no mayor de noventa (90) días. o reclusión o restricción domiciliaria en días . la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) por ciento del término de reclusión impuesto. 272.La pena de “restitución es también una de las penas disponibles para castigar un delito. tanto en su cuantía como en la forma de pago. permiso o autorización. En tal caso. o diez (10) años naturales. o cuando el hecho delictivo justifique la suspensión del privilegio de ejercer una profesión. p. 277 (1983) Artículo 62.P.multa. salvo los casos en que dicha pena estuviere expresamente impuesta por ley. según se ajuste conforme los atenuantes o agravantes dispuestos en este Código. Artículo 63. El tribunal tendrá discreción para ordenar la revocación permanente de dicha licencia. ocupación o actividad reglamentada. Penas aplicables. o una pena diaria de servicios comunitarios no mayor de noventa (90) días. En tal caso. la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir veinticinco (25) años naturales de su sentencia. Suspensión o revocación de licencia. permiso o autorización. (b) “Delito grave de segundo grado” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de ocho (8) años un (1) día ni mayor de quince (15) años. (d) “Delito grave de tercer grado” conlleva una pena de reclusión por un término fijo en años naturales que no puede ser menor de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) años. Las penas que establece este Código para las personas naturales se determinan según corresponda a la clasificación de gravedad del delito por el que la persona resultó convicta. permiso o autorización por un término fijo que señale la sentencia. Ninguna convicción por delito apareja la pérdida o comiso de bienes. En su modalidad punitiva. Prohibición de comiso de bienes. la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el ochenta (80) por ciento del término de reclusión impuesto. la persona puede ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el ochenta (80) por ciento del término de reclusión dispuesto. 5 Artículo 64. la cual puede ser impuesta por sí misma o en adicción a alguna otra de las penas establecidas. La pena de un delito es la correspondiente a la clasificación que se indique en el tipo delictivo. el tribunal podrá disponer la suspensión de la licencia. más bien que lograr la rehabilitación del criminal. transcurrido al menos un (1) año de la renovación. Cuando la persona resulte convicta por un delito de homicidio negligente mientras conducía un vehículo de motor.
Artículo 66. Torres Estrada. Bou Nevárez.) Artículo 67. II del Título 34.” Pueblo v. ANOTACIONES En general. 307 (1982).P. Torres Estrada. 179. no es fundamento suficiente para reclamar que todos los individuos sentenciados en Puerto Rico durante esos intervalos sean resentenciados. art. Dentro de los límites establecidos por este Código para el delito. Núm. SECCIÓN TERCERA -Del modo de fijar las penas Artículo 69. Artículo 70. Además de la pena que se impone por la comisión de un delito. la rehabilitación del convicto y la seguridad de la comunidad. La imposición de una pena alterna a la reclusión se determinará por el tribunal tomando en consideración las recomendaciones del informe pre-sentencia. Penas alternativas a la reclusión. p. 1981. y en las tentativas de delitos graves de segundo grado. 96.P. Cuando el tribunal imponga pena de reclusión o pena que conlleve algún tipo de restricción de libertad.R. Pena especial. los requisitos de cada pena.” Pueblo v. No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de la información concerniente al historial completo. 1.1 de Procedimiento Criminal. Julio 31. permiso o autorización. 2007. González Olivencia. serán aplicables las penas alternativas al cooperador según definido en el artículo 44. adiciona un nuevo inciso (c) y renumera los siguientes. Conforme a la Regla 162. el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a cien (100) dólares. En el caso en que combine una o más de estas penas deberá asegurarse de que el total de años de duración de las penas que combinó no sea mayor del límite máximo del intervalo de reclusión dispuesto para el delito correspondiente. 112 D. o no es de aplicación el segundo párrafo del Art. por cada delito menos grave y trescientos (300) dólares por cada delito grave. En los delitos grave de tercer y de cuarto grado. Ap. Informe pre-sentencia.R. 614. y a discreción del tribunal en los delitos menos graves. cuya preparación será mandatoria en los delitos graves de segundo a cuarto grado. La imposición de la pena requiere de un informe pre-sentencia. la gravedad del delito y sus consecuencias. 112 D.P. o una combinación de estas penas cuya suma total de días no sobrepase los noventa (90) días. Pueblo v. a sus abogados y al ministerio fiscal. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los correspondientes sellos de rentas internas. Imposición de la sentencia. Artículo 68. o la suspensión de licencia.naturales hasta noventa (90) días.P. las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho delictivo tomando en consideración las circunstancias agravantes o atenuantes. Estos informes estarán a disposición de las partes. el tribunal puede imponer una o cualquier combinación de las siguientes penas como alternativa a la pena de reclusión: restricción terapéutica. Pueblo v. (Código Penal de 2004. 310 (1982) Pospuesta en diversas ocasiones la vigencia de esta sección y de la Regla 162. 27 [de este código].R. “Por no haber desfilado … prueba de agravantes ni atenuantes. Igualmente. 618 (1985) No existe contradicción entre esta sección y la Regla 162. El Tribunal no podía considerar como prueba en contra de los acusados la información del oficial probatorio. 116 D. a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba. p. . II del Título 34-que requieren la preparación de un informe pre-sentencia en determinados casos-el hecho de que en un particular momento no se hubiese pospuesto la vigencia de una u otra disposición de ley. carácter y conducta de la persona convicta que el tribunal pueda considerar a los efectos de imponer sentencia. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito.1 de Procedimiento Criminal.R. 111 D. 307. Ap. “el Tribunal dará acceso a los informes pre-sentencia a los acusados o peticionarios. la sentencia que dicte tendrá un término específico de duración que se seleccionará dentro del intervalo de años de reclusión establecido por ley para el delito.1 de Procedimiento Criminal. sus tentativas. restricción domiciliaria. libertad a prueba o servicios comunitarios.
o por ser una mujer embarazada. nacimiento. objeto. restricción domiciliaria o libertad provisional bajo fianza o condicionada. género. (q) El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza. sexo. edad. (i) El convicto trató de evitar el daño a la persona o a la propiedad. Circunstancias atenuantes. . (g) El convicto cooperó voluntariamente al esclarecimiento del delito cometido por él y por otros. libertad bajo palabra. (o) El delito cometido fue de violencia y su comisión revela crueldad y desprecio contra la víctima. (e) El convicto se aprovechó indebidamente de la autoridad del cargo o empleo que desempeñaba o del servicio o encomienda que tenía bajo su responsabilidad. (p) El delito se cometió dentro de un edificio perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito: (a) El convicto tiene historial delictivo que no se consideró para imputar reincidencia. (m) El convicto abusó de la superioridad física respecto a la condición de la víctima y le produjo deliberadamente un sufrimiento mayor. medio o método peligroso o dañino para la vida. o en un programa de desvío. (n) La víctima del delito era particularmente vulnerable ya sea por ser menor de edad. (e) La condición mental y física del convicto. tanto por vínculo biológico como por adopción. (g) El convicto utilizó un menor o impedido para la comisión del delito. (b) El convicto no tiene antecedentes penales. de edad avanzada. status civil. creencias religiosas o políticas. (f) El convicto aceptó su responsabilidad en alguna las etapas del proceso criminal. (r) La víctima del delito es pariente. (d) La temprana o avanzada edad del convicto. origen étnico. incapacitado mentalmente o físico. (m) La participación del convicto no fue por sí sola determinante para ocasionar el daño o peligro que provocó el hecho. (c) El convicto observó buena conducta con anterioridad al hecho y goza de reputación satisfactoria en la comunidad. (n) El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo. dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad del convicto. municipal o federal o como empleado de una agencia gubernamental o de entidad privada. impedimento físico o mental. obcecación u otro estado emocional similar.Artículo 71. (j) La víctima provocó el hecho o éste se produjo por su descuido. (l) El convicto causó grave daño corporal a la víctima o empleó amenaza de causárselo. origen. los indujo a cometer perjuicio u obstaculizó de otro modo el proceso judicial. (l) El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan poderosos que le indujeron arrebato. identidad de género. (b) El convicto cometió el delito mientras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida. religión. (j) El convicto realizó el hecho delictivo a cambio de dinero o cualquier otro medio de compensación o promesa en ese sentido. dependencia pública o sus anexos u ocasionó la pérdida de propiedad o fondos públicos. (i) El convicto planificó el hecho delictivo. (h) El convicto indujo o influyó o dirigió a los demás partícipes en el hecho delictivo. Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este inciso. (k) El convicto fue inducido por otros a participar en el incidente. Artículo 72. Se consideran circunstancias atenuantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito: (a) Las causas de exclusión de responsabilidad penal cuando no concurran todos sus requisitos para eximir. color. (f) El convicto cometió el delito mediante la utilización de un uniforme que lo identificaba como agente del orden público estatal. restricción terapéutica. orientación sexual. Circunstancias agravantes. ni probar que el convicto meramente pertenece a alguna organización particular. (h) El convicto restituyó a la víctima por el daño causado o disminuyó los efectos del daño ocasionado. no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular. (c) El convicto mintió en el juicio que se llevó en su contra estando bajo juramento y no se le procesó por perjurio. integridad corporal o salud de la víctima. condición social. (k) El convicto utilizó un arma de fuego en la comisión del delito o empleó algún instrumento. (d) El convicto amenazó a los testigos. en cualquier etapa del período del proceso de gestación.
En la fijación de la pena se observarán. Abonos de detención o de términos de reclusión. respectivamente. art. II del Título 34. Fijación de la Pena. Artículo 76. las siguientes reglas: (a) Cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes. (d) Si la sentencia impone pena de multa individualizada o de servicios comunitarios. el tiempo que permaneció privado de libertad se le abonará a razón de cincuenta (50) dólares de multa por cada día de privación de libertad que haya cumplido. efectiva 30 días después de su aprobación. ANOTACIONES En general. Diferimiento de la ejecución de la sentencia. 2009. 197 (1985). 2009.P. Diciembre 22. Ap. al igual que las que son inherentes al mismo. art. tomando en consideración las circunstancias personales del convicto. se abonará a base de una unidad de día-multa y una unidad de ocho (8) horas de servicios comunitarios.(Junio 18. Mitigación de la pena. El tribunal puede diferir la ejecución de una pena: (a) Cuando el convicto que deba cumplirla se halle gravemente enfermo. A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiere cumplido. sirven para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquél en quien concurran. Si la pena de multa impuesta fuere menor de cincuenta (50) dólares. Pueblo v. cada día en restricción de libertad bajo los incisos (a) y (c). Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en la ejecución material del delito o en los medios empleados para realizarlo. Pérez Zayas. sirven únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar o cooperar en el delito. Artículo 74. se seleccionará la pena mediana del intervalo de pena señalado en este Código para el delito. cualquiera que sea ésta. (c) Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes o una sola. quedará satisfecha con un (1) solo día de reclusión o de detención del convicto. Aplicabilidad de las circunstancias atenuantes o agravantes. 149. 188. añade el inciso (r). (b) Si la sentencia se impone bajo una ley penal especial o bajo el régimen de sentencia determinada y consiste exclusivamente de pena de multa. 72. Si al imponerse sentencia resulta que el sentenciado ha pagado alguna multa o estado recluido por el acto de que fuera convicto en virtud de una orden en que dicho acto se juzgó como desacato. (b) Cuando concurran una o varias circunstancias agravantes se seleccionará la pena de la mitad superior del intervalo de pena establecido por este Código para el delito. en la forma siguiente: (a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme. .) Artículo 73. según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes. art. son complementarias a las de esta sección con relación a las circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Núm. Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito. no serán consideradas en la fijación de la pena. 72. las necesidades de prevención y la mayor o menor gravedad del hecho. certificada su condición por prueba médica a satisfacción del tribunal. el tribunal podrá mitigar la pena impuesta. o cuando concurran unas y otras.R. 116 D. enmienda el inciso (n). 2000. 1. en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada se descontará totalmente del término de reclusión o restricción de libertad que deba cumplir en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la sentencia anulada o revocada. Artículo 75. pero que el juez estime de peso. se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena. se seleccionará la pena de la mitad inferior del intervalo de pena establecido por este Código para el delito. La sentencia quedará sin efecto transcurridos diez (10) años naturales. Num. Artículo 77. (b) Cuando se trata de una mujer en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento. en restricción domiciliaria o en restricción terapéutica. Las disposiciones de la Regla 171 de Procedimiento Criminal. Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en otra causa personal. Num. Agosto 13. 1. (c) El tiempo que cualquier persona haya permanecido privada de su libertad.
2003 T. 2008 DTS 063 Pueblo V. cuando todavía no había culminado el proceso anterior por el delito menor y. el proceso criminal por dicho delito no está vedado. Santiago Pérez. se le sentenciará a una pena agregada. ante. a los efectos de que si al momento en que el tribunal acepta la alegación de culpabilidad por el delito menor ya están pendientes o “pending” los cargos por el mayor. Sólo basta con que se configuren los requisitos para la acumulación de delitos en un solo proceso. Esto es. 88 D. Rivera Ramos. II. en caso de que el ciudadano sólo sea acusado al amparo de una o algunas de ellas y salga absuelto o convicto de éstas. seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena. Por tanto. (c) En los demás casos. cada uno de los cuales conlleva su propia pena.S. más importante aún. Cuando el tribunal aceptó la alegación de culpabilidad del acusado por la infracción de tránsito ya se habían presentado y estaban “pending” los cargos al amparo del Artículo 87.R. que se determinará como sigue: (a) Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión de noventa y nueve (99) años. o cuando uno de éstos es medio necesario para realizar el otro. ante. resulta aplicable la excepción establecida en el caso de Ohio v. (3) juicio simultáneo según las Reglas de Procedimiento Criminal. (2) la comisión por ese sujeto de varios delitos independientes entre sí. 161 (2003) Esta sección no es de aplicación cuando el acusado persigue varios objetivos criminales independientes entre sí y no meramente incidentales.R. 2003 T.R. Por estas mismas razones. aunque los delitos dependan de actos comunes o sean parte del curso de conducta de otra forma indivisible. pero sólo se impondrá la pena del delito más grave. y (4) que una disposición especial no prohíba la formación de la pena agregada. intentan evitar. Como consecuencia. no pudiendo exceder la pena agregada del veinte (20) por ciento del límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave.S. pudiendo ser castigado por los delitos independientes cometidos en la persecución de cada objetivo. El Tribunal Supremo para aplicar el tratamiento del Art. SECCIÓN CUARTA -Del concurso Artículo 78. se impondrá además una pena agregada de veinte (20) por ciento por cada víctima. Santiago Pérez.(c) Cuando otras circunstancias lo justifiquen por un plazo no mayor de diez (10) días. Concurso real de delitos.” Pueblo v.P. Cuando alguien haya realizado varios delitos que sean juzgados simultáneamente.P. según lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal. para cumplir con el elemento de “juzgamiento simultáneo”. 79 del Código Penal se requiere: (1) identidad de sujeto activo. ésta absorberá las demás. Johnson.” 2003 DTS 161 Pueblo V. Alvarez Vargas. Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales. 2008 TSPR 63 “Si aplica la defensa de concurso de delitos hay que atender a la unicidad del acto. en virtud de la doctrina del concurso de delitos. Pueblo v. ante. el acusado nunca estuvo sujeto al riesgo que tanto la garantía constitucional contra la doble exposición como el segundo párrafo del Artículo 63.P. 2003 T. (b) Cuando más de uno de los delitos conlleve reclusión por noventa y nueve (99) años.R. Artículo 79. 612 (1963). el Estado estaba impedido de proseguir con el encauzamiento por el delito de homicidio voluntario. se condenará por todos los delitos concurrentes. cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho. Como consecuencia. cuando todavía no había recaído una sentencia de convicción. no opera la defensa contra la doble exposición.S. se aclara que. Santiago Pérez. . 2003 DTS 161 Pueblo V. Echevarría Rodríguez.P. cuando una misma actuación infrinja simultáneamente varias disposiciones legales aplicará la protección de concurso de delitos. 128 D.P. se impondrá una pena para cada delito y se sumarán. Además. el Estado estará vedado de iniciar un proceso posterior contra el acusado por otros delitos que hayan surgido a raíz de la misma actuación u omisión. no es necesario que los delitos acumulados surjan de un núcleo común de hechos punibles. 161 (2003) “En vista de que la muerte de la víctima ocurrió antes de que se dictara la sentencia de convicción por agresión y de que no hubo fraude por parte del acusado al hacer su alegación de culpabilidad por el delito menor resolvimos que. esto es.R. 752 (1991). Concurso ideal y medial de delitos. 161 (2003) “Los cargos por el delito mayor se presentaron a tiempo.” 2003 DTS 161 Pueblo V. ANOTACIONES En general.
Pueblo v. 113 D. el tribunal sólo puede imponer una pena por el delito de distribuir marihuana.R.P. una vez que desfile la prueba. Bajo la doctrina del concurso de delitos-esta sección-el delito de posesión de una sustancia controlada-en los casos usuales de violación de la Ley de Sustancias Controladas-está incluido en el de transportación y ambos en el delito de venta de dicha sustancia. si todos los delitos cometidos sirven un solo propósito.R. 842 (1986). 118 D. 371 (1982).R. pudiendo ser castigados por delitos independientes cometidos en la persecución de cada objetivo. su curso de acción genera varias lesiones y cada una constituye un delito punible separadamente de las demás. al considerar la aplicación de esta sección en un caso específico. se puede castigar al autor por cualquiera de ellos.P. Feliciano Hernández. mientras que el primero es menos grave que sólo requiere negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del cargo o empleo al violar alguna disposición legal relativa a las obligaciones del empleado o las del cargo o empleo. En esta situación. 106 D. No es de aplicación esta sección cuando el acusado persigue varios objetivos criminales independientes entre sí y no meramente incidentales. Id. 110 D. aunque bajo una disposición penal distinta. Millán Meléndez. aunque no las convicciones.R.P.Lo que prohíbe el segundo párrafo de esta sección es someter a una persona a un nuevo procedimiento a base de unos hechos por los cuales se le haya juzgado previamente. 171. Pueblo v. “El concurso de delitos depende de la intención y el objetivo del autor. Un tribunal. La absolución de un querellado en una causa penal no impide que por los mismos hechos se juzgue su conducta a los fines de determinar si incurrió en alguna falta ética. Pueblo v. Aunque esta sección proscribe la imposición de varios castigos por la comisión de un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales. debe determinar el objetivo y la intención del acusado. Oliver Frías. Id. no opera cuando el acto genera más de una lesión. Un delito menor por su naturaleza puede estar comprendido dentro de otro mayor cuando la única diferencia que existe entre uno y otro son los agravantes determinados por ley. Pueblo v. Meléndez Cartagena. 2. 128 D. aunque los delitos dependan de actos comunes o sean parte del curso de conducta de otra forma indivisible. el segundo es delito grave que requiere intención de defraudar. (1997) Es de aplicación la doctrina del concurso de delitos fundamentada en esta sección. 752 (1991). Pueblo v.R. Interpretación. También establecimos que el concepto "acto u omisión" a que se refiere el Art. II. Suárez Fernández. la misma no prohíbe la acusación. Pueblo v. o sea el primer delito resulta ser un ingrediente del otro que se supone comprendido. 285 (1987). procesamiento y convicción en un mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto u omisión.P. 842 (1986). 118 D.P. 378. El delito de negligencia en el cumplimiento del deber no es delito menor incluido en el de falsificación de documentos pues se trata de delitos completamente distintos. cuando un ciudadano es acusado y sentenciado por poseer con intención de distribuir. cuando una pluralidad de acciones converge en un mismo acontecimiento antijurídico. (1977) No opera la doctrina del concurso de delitos cuando el acto delictivo genera más de una lesión. Oliver Frías. Opera la doctrina del concurso de delitos fundamentada en esta sección. 106 D. Echevarría Rodríguez. 116 D.R. Cuando una persona efectúa un robo y en la ejecución del mismo secuestra y mata a la víctima. transportar u ocultar y distribuir marihuana-un mismo acto de orden continuado-teniendo la aplicación de dicha doctrina el efecto de anular las penas impuestas. 124 D. 411 (1989). 338. por los delitos de poseer con intención de distribuir u ocultar marihuana. 116 D. Id.P.P. (1980). Esta sección no prohíbe la acusación y condena en un mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto u omisión. Pueblo v. In re Jaime Calzada Llanos. Id. pero no por más de uno. Pueblo v.P. De la Cruz. Suárez Fernández.R. Pueblo v.P. La premisa de que el acto a que alude esta sección comprende no sólo un acto físico único sino que en determinadas circunstancias puede comprender un curso de acción. . 285 (1987). no toda secuencia de actos cercanos en tiempo da margen a la aplicación de dicho precepto estatutario.R.R.P.R. Esto es.
La pena a aplicar deberá aumentarse hasta un veinte por ciento (20%) del límite máximo del intérvalo de pena para el delito. art.S. SECCIÓN QUINTA -De la reincidencia Artículo 81. Normas para la determinación de reincidencia. 411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. no se tomará en cuenta. enmienda para sustituir la palabra “podrá” por “deberá” en la segunda oración del inciso (b).) Artículo 82. el término acto comprende no sólo un acto físico. efectivo 1 de mayo de 2005. en determinadas circunstancias. 5. Sentencia del Tribunal Supremo A los fines de esta sección. cometa posteriormente un delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado o cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico. Ley Núm. violación a los Artículos 401. 93. Procede la aplicación por un tribunal de la doctrina del concurso de delitos fundamentada en esta sección.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico. No impide la aplicación de la doctrina del concurso de delitos.P. 1. (c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido convicto y sentenciado por dos o más delitos graves. 4 de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2. Esta reincidencia se considera una circunstancia agravante a la pena. Penas concurrentes. art. 2004. Núm.” 98 DTS 093 Pueblo V. salvo los casos excluidos de la jurisdicción del Tribunal Superior. Sala de Menores. un curso de acción. Id. 149. Para determinar la reincidencia se aplicarán las siguientes normas: (a) No se tomará en consideración un delito anterior si entre éste y el siguiente han mediado cinco (5) años desde que la persona terminó de cumplir sentencia por dicho delito. Pena para el delito continuado. 106 D. cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros. 81. anteriormente por dos o más delitos graves. . el hecho de que un tribunal imponga a un acusado penas concurrentes por diferentes delitos productos de un mismo acto que constituyen infracciones de naturaleza progresiva. no necesariamente es el acto que denota una actuación específica.14. Pueblo v. (c) Se tomará en consideración cualquier convicción en jurisdicción ajena al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un hecho que constituya delito grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 134 de 28 de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado. (1998) Opinión de Conformidad. cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros. 189. Grados y pena de reincidencia. (d) No se tomarán en consideración los hechos cometidos antes de que la persona cumpliese dieciocho (18) años. cuando se consuman en etapas sucesivas diversos delitos.R. supra. Ley Núm. 1998 T. Diciembre 22. 338 (1977). conforme establece la ley y aquellos en que dicho tribunal haya renunciado a su jurisdicción. según enmendadas. sino que puede ser un curso de conducta con un objetivo y propósito determinado. Se establecen los siguientes grados de reincidencia en las circunstancias que se indican a continuación. (Junio 18.R. (b) Se tomará en consideración cualquier convicción bajo el Código Penal derogado o bajo ley especial que lleve clasificación de delito grave. Núm. incurre nuevamente en otro delito grave. 33 de 13 de junio de 1978. 2009. De tener clasificación de menos grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ley Núm. se impondrá la pena seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena. Amparo Concepción.R. 106 D. Meléndez Cartagena. Meléndez Cartagena. se producen los elementos de un mismo delito. 3. 405. y se provee la pena aplicable: (a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. La pena a aplicar será de noventa y nueve (99) años. Pueblo v. con tal estrecho ligamen causal entre cada estadio que el rango mayor absorbe las sanciones correspondientes a los otros. pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo. (b) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha sido convicto y sentenciado.P. Cuando con unidad de propósito delictivo. sino también.03 y 5.P. 338 (1977). Artículo 80.63 del Código Penal.
supra. 057. durante el tiempo que determine el tribunal. La pena de suspensión de actividades conlleva también la pena de multa que corresponda al delito. Artículo 85. Artículo 86. en la fijación de la multa. (b) “Delito Grave de Segundo Grado” una multa equivalente al ocho (8) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito.P. sin que se requiera. Rodríguez Cabrera. que no podrá ser mayor de seis (6) meses. como sigue: (a) “Delito Grave de Primer Grado” una multa equivalente al diez (10) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. el tribunal tomará en consideración la situación económica de la persona jurídica al momento de imponer sentencia y las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran. Esta pena está disponible únicamente para convicciones en reincidencia según se dispone en el Artículo 90 de este Código.R.” 2002 DTS 057 Pueblo V. (e) “Delito Menos Grave” una multa equivalente al dos (2) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. (2002) CAPÍTULO III -DE LAS PENAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Artículo 83. Suspensión de actividades. 057. Para propósitos de la reincidencia habitual el criterio rector es que los delitos bases se hayan cometido en tiempos diversos e independientes unos de otros. Las penas que este Código establece para las personas jurídicas. incluyendo un estado financiero auditado por un Contador Público Autorizado.R. dicha figura presupone unos delitos bases. que las sentencias hayan sido dictadas en fechas diferentes. La pena de probatoria consiste en la supervisión de las actividades de la persona jurídica bajo los términos que el tribunal determine y a cargo de la persona o entidad nombrada por el tribunal para esos fines. Por ello.S. lo determinante para propósitos de la reincidencia habitual es que dichos delitos bases sean producto de episodios criminales distintos y separados. Rodríguez Cabrera. por un término no mayor de un (1) año. 2002 T. permiso o autorización (f) restitución (g) probatoria Artículo 84. Probatoria. Multa. No obstante. 2002 T. El tribunal podrá requerir la información necesaria para determinar el ingreso bruto.ANOTACIONES En general. El tribunal impondrá una multa a ser seleccionada según corresponda a la clasificación del delito por el que la persona jurídica resultó convicta. 2002 DTS 057 Pueblo V. la reincidencia habitual se configura cuando se comete cualquiera de los delitos mencionados en el precepto tras antes haber sido convicto y sentenciado por dos (2) o más delitos graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros. Las penas para personas jurídicas. los cuales han de haber sido cometidos “en tiempos diversos e independientes unos de otros”. (d) “Delito Grave de Cuarto Grado” una multa equivalente al cuatro (4) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito. según se dispone en el párrafo siguiente de acuerdo a la clasificación del delito. sin que sea imprescindible que los mismos sean producto de sentencias emitidas en fechas distintas.S. según definidas en este Código. son las siguientes: (a) multa (b) suspensión de actividades (c) cancelación del certificado de incorporación (d) disolución de la entidad (e) suspensión o revocación de licencia. La pena de multa consiste en la obligación impuesta por el tribunal a la persona jurídica convicta de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero señalada en la sentencia. Así. salvo las estrictas de conservación. (2002) “El Artículo 61. La pena de suspensión de actividades consiste en la paralización de toda actividad de la personalidad jurídica. . además. La multa a imponer se determinará a base del ingreso bruto anual de la persona jurídica durante el año que cometió el delito.P. (c) “Delito Grave de Tercer Grado” una multa equivalente al seis (6) por ciento del ingreso anual de la persona jurídica al momento de cometer el delito.
La pena de restitución consiste en la obligación impuesta por el tribunal a la persona jurídica de pagar a la parte perjudicada daños y pérdidas que le haya ocasionado. el tribunal podrá imponer la cancelación del certificado o el cese de las actividades de la persona jurídica si se demuestra una tendencia persistente a delinquir. la misma se prolongará por el tiempo necesario requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada. a su persona y a su propiedad. Principio de proporcionalidad. la persona jurídica viola por primera vez los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia. CAPÍTULO IV -DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SECCIÓN PRIMERA . Si se trata de un delito grave de tercer grado se podrá imponer probatoria hasta un (1) año. En caso de ordenarse la internación. En todo caso de reincidencia será necesario imponer como pena.De los fines de las medidas de seguridad Artículo 91. Artículo 93. Para fines de computar la reincidencia se aplicarán los términos prescriptivos del Artículo 82 de este Código. Artículo 90. La pena de restitución será fijada teniendo en cuenta el capital social de la persona jurídica. Artículo 92. se dispondrá la suspensión de los mismos por un término que no podrá exceder de un (1) año. Si la persona jurídica viola en más de una ocasión los requisitos exigidos por ley para otorgar una licencia. Suspensión o revocación de licencia.Esta pena está disponible únicamente por convicciones en reincidencia según se dispone en el Artículo 90 de este Código. si en el ejercicio de su discreción determina conforme a la evidencia presentada que dicha persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento. La medida de seguridad no puede resultar ni más severa ni de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido. como consecuencia de su acto delictivo. el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación en una institución adecuada para su tratamiento. Cuando una persona jurídica resulta convicta de un delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado. Artículo 88. la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier otra circunstancia pertinente. Cancelación del certificado de incorporación o disolución. Cuando en la comisión del delito. La pena de probatoria conlleva también la pena de multa que corresponda al delito. el estado de negocios. Cuando el imputado resulte no culpable por razón de incapacidad mental o trastorno mental transitorio. se le impondrá la multa prevista para el delito. además de la suspensión de actividades por un término no mayor de seis (6) meses. la multa correspondiente al delito de convicción. Reincidencia. Esta pena será adicional a la pena de multa dispuesta para el delito. permiso o autorización. La pena de cancelación del certificado de incorporación o disolución de una de las entidades mencionadas en este Código. en adición a la multa. ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Artículo 87. luego de una convicción anterior por un delito de gravedad similar. Restitución. Aplicación de la medida. Artículo 89. En todo caso será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso. permiso o autorización. La medida de seguridad podrá imponerse únicamente por sentencia judicial y la misma excluye la pena. luego de tener dos o más convicciones previas por delitos de la misma naturaleza cometidos en tiempos diversos. el tribunal podrá revocar permanentemente los mismos. Cuando la persona jurídica resulta convicta por un tercer o subsiguiente delito grave. SECCIÓN SEGUNDA De la aplicación de las medidas de seguridad . o se declare su inimputabilidad en tal sentido. permiso o autorización. estará disponible únicamente según se dispone en el Artículo 90 de este Código. además de cualquier pena de multa que se le imponga según se provea en el delito. sujeto a lo dispuesto en el Artículo 92. Si se trata de delitos menos graves se le impondrá probatoria de hasta un (1) año. Exclusión de la pena.
Martínez Rivera. Esta defensa de prescripción puede ser levantada en cualquier momento. c) Los delitos de encubrimiento y conspiración prescribirán a los diez (10) años cuando se cometan en relación al delito de asesinato en todas sus modalidades. salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y todo delito menos grave cometido por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones. 430 . 2 de 1 de enero de 1998. Extinción de la acción penal. Revisión periódica. Ley Núm. y en los graves según clasificados en ley especial o en el Código Penal derogado. el tribunal puede razonablemente deducir que la curación y readaptación del sentenciado puede llevarse a cabo en libertad con supervisión ya que el sentenciado dejó de ser peligroso.R.R. deberá cesar la internación sujeto a lo dispuesto en las leyes especiales sobre la materia. Pueblo v. le serán notificados a las partes. en los delitos graves de cuarto grado y en los delitos menos graves. Artículo 95. Candelario Ayala 2005TSPR165 Sentencia “La prescripción en el ámbito penal consiste en la extinción de la responsabilidad penal mediante el transcurso de un período de tiempo sin que el delito sea perseguido o sin que la pena sea ejecutada. Vistas. la modificación o la cesación de la medida de seguridad impuesta. Si de la evolución favorable del tratamiento. Anualmente el tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento. No podrá imponerse medida de seguridad sin previo examen e informe siquiátrico o sicológico de la persona. sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia se halle el internado. Antes era 18 años. Las partes podrán controvertir estos informes en una vista a la que deberán ser llamados a declarar los autores de dichos informes a solicitud de parte. Los delitos en cuestión no estaban prescritos al momento de presentarse las denuncias. 32 de 24 de mayo de 1988. el tribunal podrá con el consentimiento del perjudicado y del fiscal decretar el archivo y sobreseimiento de la acción penal. 631. 133 D. 2005 DTS 165 Pueblo V. 2005 DTS 165 Pueblo V. Vallone. o lo haya indemnizado total o sustancialmente.P. El término prescriptivo de 5 años comienza a partir de la mayoría de edad de la víctima que ahora es 21 años de edad. La acción penal se extingue por: (a) muerte (b) indulto (c) prescripción (d) reparación de los daños Artículo 98. (b) Al año en los delitos menos graves. Reparación de los daños. Artículo 99. 144 D. 2 del 1 de enero de 1998 al caso de autos no es contraria a la prohibición de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra las leyes ex post facto. Candelario Ayala 2005TSPR165 Sentencia y Opinión de Conformidad La aplicación de la Ley Núm. 640 (1997). Dichos informes. Artículo 96. ANOTACIONES En general. Pueblo v.–Informe pre-medida de seguridad.Artículo 94. en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones o renuncias personales. cuando el autor se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo.P. realizado por un siquiatra o sicólogo clínico designado por el tribunal y un informe social realizado por un oficial probatorio. que prescribirán a los cinco (5) años. 427. (d) Lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de este Artículo no aplica a las leyes especiales cuyos delitos tengan un período prescriptivo mayor al aquí propuesto. En los delitos graves de tercer grado. con exclusión de sus fuentes informativas que se declaran confidenciales. CAPÍTULO V -DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS SECCIÓN PRIMERA 1-De la extinción de la acción penal Artículo 97. La acción penal prescribirá: (a) A los cinco (5) años en los delitos graves de segundo a cuarto grado. Ley Núm. Prescripción.
Pueblo ex rel. Véase. No obstante. secuestro y secuestro de menores. El término de prescripción de tres años para la acción penal no se aplica a las acusaciones por violación de la ley federal proscribiendo los viajes interestatales en contubernio pandillero.S..” Pueblo v. United States v. Pueblo v.V. falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública. La primera se denomina prescripción del delito o de la acción penal. 685 F. Masón Engineering. y la segunda. 92-59 (1992). Pueblo v. 285 (1987). 252 (1987) El término de prescripción de un delito se computa desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expida el mandamiento de arresto o de citación. “La defunción borra del mapa jurídico a un ser que es objeto de derechos y obligaciones modi plen. 459 U.C. . p.R. Masón Engineering. Martínez Rivera. Sentencia del Tribunal. 144 D. 249. Cómputo del término de prescripción.R.R. 249. 251 (1987) La muerte del imputado o penado extingue la acción penal.P. Guardiola Dávila. 1980. En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: delito grave de primer grado.P. Delitos que no prescriben.P. crimen de lesa humanidad. 110 D. 118 D. 120 D. certiorari denegado por Mothon v. asesinato. dichos términos no son parte de dicho derecho. 27 (1961). Morales Díaz. 120 D. Pueblo v. la prescripción consiste en la extinción de la responsabilidad penal mediante el transcurso de un período de tiempo.” Pueblo V. malversación de fondos públicos. salvo circunstancias extraordinarias demostradas por el Ministerio Fiscal. sino que pone fin a todos los procedimientos relativos desde su origen. Pueblo v. el término de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla sus dieciocho (18) años. Ello con el fin de evitar un menoscabo en su oportunidad de defenderse antes de que la evidencia disponible para establecer su inocencia desaparezca por el transcurso del tiempo. prescripción de la pena.R. se cancela o extingue el efecto interruptor o suspensivo de la prescripción de la acción penal y procede el archivo de la causa. 285 (1987). Aunque la fijación de términos prescriptivos es compatible con el derecho a juicio rápido. 251 (1987) “El fallecimiento del imputado o convicto anula no sólo el trámite apelativo.R.A. Oliver Frías. 120 D. Morales Díaz.R. luego de vencido el término de prescripción para dicho segundo delito. 118 D. 039 (2003).P. sin que el delito sea perseguido o sin ser la pena ejecutada. Pueblo v. Artículo 100. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada la celebración de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o citación interrumpirá el término prescriptivo. 114. 2003 T. 24. p. en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos delitos en que la víctima no ha cumplido dieciocho (18) años.S.i” Pueblo v.P. p. Artículo 101.S. Steele. de la intención de procesarle y de la naturaleza del delito que le puede ser imputado.” 2003 DTS 039 Pueblo V. en determinadas condiciones. L. las penas y la interación de principios constitucionales cardinales. 631 (1997). Expirado el período establecido por el Estado para la prescripción de una acción penal.P. Id. 84 D.P. Morales Díaz. con suficiente antelación. 2003 T. Tribunal Superior.P. 908 (1982). Pueblo v. En el ámbito penal. C. United States.P.(1993). Oliver Frías. genocidio.R.R. Sentencia del Tribunal “La prescripción penal se ha descrito como el término de tiempo que tiene el Estado para iniciar la acción penal. El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o citación. pasado el cual estará impedido de iniciarla. El propósito fundamental que se persigue es informar al acusado. 249.R.2d 793 (1982). Un arresto o acusación por un delito mayor al que finalmente quiere procesarse.R.P. interrumpe el término prescriptivo de dicho delito cuando éste es uno menor comprendido. 039 (2003).
” Pueblo v. que el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación cuente con una evaluación y recomendación sicológica a los efectos de que el sentenciado está capacitado para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condición de rehabilitado del sentenciado.com Revisado: 15 de enero de 2010 LexJuris@LexJuris. levantará una certificación y radicará a nombre del sentenciado y en consulta con el Secretario de Justicia una solicitud ante el tribunal para que se dé por cumplida el resto de la pena privativa de libertad. Copyright © 1996-2009 LexJuris de Puerto Rico. y las objeciones que el Secretario de Justicia pueda plantear. L. 1980. De resolver favorablemente la certificación de rehabilitación. en los delitos graves de primer grado el sentenciado deberá haber cumplido por lo menos doce (12) años de reclusión y por lo menos ocho (8) años cuando se trate de un menor juzgado como adulto. Artículo 102. La primera se denomina prescripción del delito o de la acción penal.com para sus cometarios y sugerencias. Será requisito para la expedición de dicha certificación. 1997 DTS 150 (1997) La comisión del delito en cuestión determina el comienzo del término de prescripción de la acción penal. la segunda prescripción de la pena. sin que el delito sea perseguido o sin ser la pena ejecutada. www. a base de las evaluaciones realizadas. Las penas se extinguen por: (a) muerte del sentenciado (b) indulto u otra acción de clemencia ejecutiva (c) cumplimiento de la sentencia impuesta (d) rehabilitación del sentenciado Artículo 104. si lo hubiere. “La prescripción en el ámbito penal consiste en la extinción de la responsabilidad penal mediante el transcurso de un período de tiempo. El tribunal celebrará vista y tendrá plena facultad para decidir la solicitud tomando en consideración la prueba que se le presente.ANOTACIONES En general. SECCIÓN SEGUNDA -De la extinción de las penas Artículo 103.LexJuris.V.R. 114. Extinción de las penas. Participación. el sentenciado deberá haber cumplido en reclusión por lo menos el cincuenta (50) por ciento de la sentencia impuesta por el tribunal. en determinadas condiciones. Martínez Rivera. El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Secretario de Justicia conjuntamente adoptarán la reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del confinado. De concluir el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.P.C. pero mantenga la misma en el historial del convicto únicamente para fines de reincidencia. Pueblo ex rel. la opinión de la víctima o sus familiares. Presione Aquí para el Segundo Libro (Parte Especial los Delitos) Derechos Reservados. y para expedir y tramitar la certificación de rehabilitación. 110 D. El término prescriptivo se computará separadamente para cada uno de los partícipes. Para ser elegible a este procedimiento. En los delitos graves de segundo grado. el tribunal ordenará al Superintendente de la Policía que no incluya la convicción en el Certificado de Antecedentes Penales. especialmente si ya no existe ningún peligro de que se manifieste la peligrosidad representada por el acto por el cual cumple sentencia. pero no determina el comienzo del proceso acusatorio.. Dicha prueba contendrá necesariamente la certificación del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación debidamente justificada mediante una evaluación del ajuste integral y del comportamiento social durante la reclusión y el cumplimiento del plan de rehabilitación. que el sentenciado recluido en una institución penal se ha rehabilitado. . Rehabilitación del sentenciado.
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 Artículo 2
 Artículo 8
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 308
 Artículo 106
 Artículo 7
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 106
 Artículo 11
 Artículo 4
 Artículo 10
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 Artículo 13
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 Artículo 14
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 Artículo 15
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 Artículo 18
 Artículo 19
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 Artículo 14
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 Artículo 22
 Artículo 261
 Artículo 23
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 Artículo 30
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 Artículo 42
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 Artículo 99
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 Artículo 97
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 104
 Artículo 103