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Timestamp: 2020-08-11 07:22:23+00:00

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﻿ SENTENCIA 2018-00608 DE ABRIL 19 DE 2018
SENTENCIA 2018-00608 DE 19 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:EFECTOS DE UNA ORDEN JUDICIAL QUE AMPARE UN DERECHO FUNDAMENTAL EN COLOMBIA. EL ALTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EXPLICÓ QUE DETRÁS DE UNA ORDEN JUDICIAL QUE AMPARA UN DERECHO FUNDAMENTAL, RADICAN UNA SERIE DE PODERES SANCIONADORES PROPIOS DE LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL JUEZ DE TUTELA, QUE POTENCIALIZAN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL FALLO. DE ESTA FORMA, SE INDICA QUE LA DECLARATORIA DE DESACATO SE CONVIERTE EN UNA CENSURA A QUIEN ESTANDO LLAMADO A CUMPLIR, NO LO HIZO, O DIO CUMPLIMIENTO EN FORMA DESATENDIDA A LA ORDEN, ESTO ES, QUE NO SÓLO OMITIÓ EL ALCANCE DEL DERECHO DE QUIEN REQUIRIÓ DE SU ACTUACIÓN, SINO ADEMÁS DE ELLO, DE LA ORDEN JUDICIAL QUE DISPUSO EL AMPARO, DESCONOCIENDO EL VALOR JURÍDICO QUE ENTRAÑA LA DECISIÓN JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUEZ, DERECHO LABORAL, SENTENCIA JUDICIAL, OBLIGACIÓN LEGAL, PODER SANCIONATORIO
Sentencia 2018-00608 de abril 19 de 2018
Rad.: 11001-03-15-000-2018-00608-00(AC)
Actor: María Isabel Acosta Ariza
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
De conformidad con los supuestos fácticos descritos, le corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al expedir los autos de 19 y 30 de enero de 2018, respectivamente, vulneraron los derechos fundamentales de la accionante al sancionarla por desacato respecto de la orden impartida mediante sentencia de tutela de 6 de noviembre de 2015.
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente(1)aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación(2), es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, mientras que los especiales deben cumplirse para que la protección del derecho fundamental prospere.
En efecto, son requisitos para que proceda el estudio de una acción de tutela contra una providencia judicial, (i) el deber de precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción, (ii) cumplir con el requisito de subsidiariedad de la acción, al no contar o haber agotado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales en sede del juez natural, (iii) cumplir con el requisito de inmediatez de la acción, y, finalmente, (iv) acreditar que el asunto es de evidente relevancia constitucional.
De otra parte, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
2.1.3. Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso “razonable y proporcionado”, contado desde la fecha de expedición de la decisión cuestionada (30 de enero de 2018) hasta la radicación de la acción de tutela en la secretaría general de esta Corporación (28 de febrero de 2018).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a establecer una presunta violación ius fundamental como consecuencia del defecto fáctico, procedimental y el desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
2.2. De la prosperidad excepcional de la acción de tutela contra providencias que resuelven un incidente de desacato.
Además de cumplir con los requisitos referidos en el acápite anterior, para que proceda la acción de tutela contra una providencia que resuelve un incidente de desacato, la Corte Constitucional en la Sentencia T-343 de 2011 estableció las siguientes reglas:
Entonces, la prosperidad de una acción de tutela contra una decisión adoptada en el incidente de desacato requiere que el trámite incidental haya finalizado. En relación con el demandante se ha precisado que (i) los argumentos expuestos en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela contra éste deben ser coherentes y no deben contradecirse; (ii) no le es dado presentar asuntos nuevos pues el momento procesal para argumentarlos es en el mismo incidente de desacato; y (iii) no puede pedir o presentar pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente. Por su parte el juez constitucional que conoce de una tutela contra la providencia de desacato debe limitarse a estudiar (i) si el juez que decidió el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo proferida cuyo incumplimiento define; (ii) si respetó el debido proceso y (iii) si la sanción impuesta —si fuere el caso— no es arbitraria, sin que por otra parte pueda reabrir el debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela donde se produjo el incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido de aquella”.
Por tal motivo, el análisis que se hará en el caso concreto se circunscribirá a estudiar los tres elementos referidos anteriormente, a efectos de que no se reabra el debate jurídico sobre el asunto de fondo que resolvió el juez de la acción de tutela en la que figuró como accionante la señora Carmen Gloria López Parada y preservar el principio del juez natural.
En el presente asunto, la señora María Isabel Acosta Ariza, en su calidad de gerente regional de la EPS Saludvida, censura los autos de 19 y 30 de enero de 2018, proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respectivamente, a través de los cuales se le sancionó por desacato a la orden contenida en la sentencia de tutela de 6 de noviembre de 2015, acción constitucional instaurada por la señora Carmen Gloria López Parada.
Por lo anterior, procede la Sala, en primer lugar, a analizar la actuación judicial adelantada en el trámite incidental de desacato propuesto por el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada, a efectos de determinar si las autoridades judiciales acusadas incurrieron en una vía de hecho.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se tiene que la señora Carmen Gloria López Parada instauró acción de tutela contra la EPS Saludvida por la vulneración a sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo vital, la cual fue resuelta mediante sentencia de 6 de noviembre de 2015, por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta que decidió conceder el amparo y adicionalmente, dispuso:
“2. En consecuencia, se ordena a la EPS Saludvida, para que a través del funcionario competente y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a:
a) Autorizar y suministrar a la señora Carmen Gloria López Parada identificada con la C.C. 60.411.281, el procedimiento “relleno de bomba de infusión de morfina”, así como los medicamentos, insumos y demás que se requieren para realizar dicho relleno, en los términos prescritos por su médico tratante de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta y el cual debió haber sido realizado el día 5 de noviembre de 2015.
b) Autorizar y suministrar a la señora Carmen Gloria López Parada, identificada con la C.C. 60.411.281, el medicamento “duloxetina x 60 g x 180” y el “ensure x 900 gr x 3 potes”, en los términos prescritos por su médico tratante de la IPS Fundación Médico Preventiva, desde el día 13 de junio de 2015.
c) Garantizar a la paciente, la prestación sin dilación alguna de los servicios de salud que la misma requiera y que sean prescritos por sus médicos tratantes, tales como exámenes, medicamentos, procedimientos, valoraciones, citas médicas, etc., que se deriven de la patología que actualmente padece y que le fuese diagnosticada como “tumor maligno de los huesos de la pelvis, sacro y coccix”” (fls 6 y 7, cdno. 1).
El 19 de octubre de 2017, el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada presentó escrito en el que solicitó dar apertura a un nuevo trámite incidental por cuanto la entidad accionada no había dado cabal cumplimiento a la sentencia de 6 de noviembre de 2015, toda vez que no había autorizado ni llevado a cabo el procedimiento de “relleno de bomba de infusión de morfina” (fl. 186, cdno. 2).
A través de auto de 25 de octubre de 2017 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta advirtió que mediante providencia de 23 de octubre del mismo año, había dado apertura al incidente de desacato propuesto por el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada vinculando a la señora Fanny Trinidad Villamil Carrero, en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida, sin tener en cuenta que dicha funcionaria ya no se desempeñaba en dicho cargo por lo que resolvió:
“1. Vincular al presente trámite incidental a la dra. Maria Isabel Acosta Ariza, en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida. Para tal efecto, se le deberá notificar el presente auto y el escrito del incidente, a fin de que ejerza el derecho de defensa si lo considera pertinente. Adjúntesele copia del fallo proferido por este despacho el día 6 de noviembre de 2015. Para tal efecto, concédase un término de un (1) día, contado a partir de la notificación del presente proveído.
2. Córrase traslado del escrito del incidente a la dra. Maria Isabel Acosta Ariza, en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida por el término de un (1) día, conforme lo dispuesto por el artículo 129 del Código General del Proceso.
3. De manera oficiosa, requiérase a la dra. Maria Isabel Acosta Ariza, en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida en Norte de Santander para que alleguen prueba documental suficiente donde conste lo siguiente:
— Informar si ya se le suministró a la señora Carmen Gloria López Parada, el procedimiento “relleno de bomba de infusión de morfina”, así como los medicamentos, insumos y demás que se requieren para realizar dicho relleno, tal como lo ordenó su médico tratante de la IPS Coneuro desde el día 15 de mayo de 2017.
— Indique la razón por la cual no se están haciendo las recargas conforme a disposición médica y explique al despacho el motivo por el cual no se están programando las citas mensuales para control de verificación de recargas. Lo anterior, en cumplimiento del fallo de tutela de fecha 6 de noviembre de 2015.
Para el cumplimiento de lo anterior, se concede un término improrrogable de un (1) día, contados a partir de la notificación de la presente providencia.
4. De igual manera, según lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591, requiérase al dr. Juan Carlos López Aguilar en su condición de presidente de la EPS Salud Vida, que inicie u ordene en quien recaiga la competencia, la apertura del correspondiente proceso disciplinario o la investigación a que haya lugar en contra de la dra. Maria Isabel Acosta Ariza, en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida en Norte de Santander; y así mismo le requiera para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, de cumplimiento al fallo de tutela referido” (fl. 203, cdno. 2).
La señora María Isabel Acosta Ariza mediante escrito, dio contestación al requerimiento realizado por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta en el que acreditó el cumplimiento respecto de la autorización y pago del procedimiento denominado relleno de bomba de infusión de morfina (fls. 209 y ss., cdno. 2).
En razón a lo anterior el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta mediante auto de 30 de octubre de 2017 resolvió dar por terminado el incidente de desacato absteniéndose de imponer sanción alguna (fl. 212, cdno. 2).
Mediante escrito de 19 de diciembre de 2017, el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada, presentó escrito en el que solicitó nuevamente apertura de incidente de desacato por cuanto no se le realizó el procedimiento de recarga de bomba de infusión de morfina (fls. 217 y ss., cdno. 2).
Por lo anterior, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta mediante auto de 19 de diciembre de 2017 resolvió abrir el incidente de desacato respecto a la orden contenida en el fallo de tutela de 6 de noviembre de 2015, proferido por ese despacho. De igual manera, ordenó notificar a la señora María Isabel Acosta Ariza en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida y la requirió a efectos de que acreditara el cumplimiento de la orden judicial o los motivos por los cuales no lo había hecho (fl. 226, cdno. 2).
La señora María Isabel Acosta Ariza fue notificada de la anterior providencia, a través de correo electrónico, en las direcciones gerencianortesantader@saludvidaeps.com, notificacionesleales@saludvidaeps.com, el 19 de diciembre de 2017 (fl. 228, cdno. 2). No obstante, no dio respuesta al requerimiento realizado por el Juzgado.
El 19 de enero de 2018 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta resolvió el incidente de desacato propuesto por el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada, en el que señaló:
“En el expediente se encuentra acreditado que la entidad demandada no le ha garantizado a la señora Carmen Gloria López Parada, la prestación de servicios médicos que ha requerido, de manera oportuna, ni le ha dado continuidad al tratamiento ordenado por sus médicos tratantes de la IPS Coneuro, pues desde el 26 de octubre de 2017 le prescribieron como fecha para el próximo relleno de bomba de infusión de morfina el día 15 de diciembre de 2017 y hasta el día de hoy, 19 de enero de 2018, no ha sido posible que le practiquen dicho procedimiento, lo cual conlleva a que la hospitalicen dado que los dolores que padece son intratables derivados de la patología que padece, tal como lo manifiesta el señor Julio Hernández Velandia.
Es evidente que la falta de prestación de servicios médicos a la señora Carmen Gloria López Parada, son problemas de tipo administrativo que no deben ser trasladados al paciente. Además, la entidad accionada está desconociendo no sólo la orden emitida por este despacho judicial, sino lo dispuesto en la ley Sandra Ceballos y en la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional respecto al derecho a la vida y a la salud de las personas que padecen de “cáncer”. Sumado a lo anterior, se tiene que la EPS Salud Vida guardó silencio ante el requerimiento realizado por este despacho.
Cabe precisar que, en este Despacho ya se han tramitado cuatro (4) solicitudes de incidente de desacato, ante la reiterada omisión de la EPS Salud Vida, en dar cabal cumplimiento al fallo de tutela del 6 de noviembre de 2015; lo cual ha conllevado a que se deteriore cada día más el estado de salud de la señora Carmen Gloria López Parada y de contera, se ponga en peligro su vida.
1. Declarar que los doctores Juan Carlos López Aguilar en su condición de presidente de la EPS Salud Vida y (sic) Isabel Acosta Ariza en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida en Norte de Santander, incurrieron en desacato al fallo de tutela proferido por este despacho el día seis (6) de noviembre de 2015, en los términos allí establecidos.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena a los doctores Juan Carlos López Aguilar en su condición de Presidente de la EPS Salud Vida y (sic) Isabel Acosta Ariza en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida en Norte de Santander, que procedan a dar cumplimiento inmediato a la orden proferida en la sentencia de tutela en comento, so pena de ser sancionados nuevamente.
3. Como consecuencia de lo anterior, sanciónese a cada uno de los doctores Juan Carlos López Aguilar en su condición de presidente de la EPS Salud Vida y (sic) Isabel Acosta Ariza en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida en Norte de Santander, con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes suma que deberán consignar de sus propios recursos dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Agrario de Colombia, cuenta 3-082-00-00640-8 concepto —multas y rendimientos— a favor de la Rama Judicial. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá a su cobro coactivo.
4. Como consecuencia de lo anterior, sanciónese a los doctores Juan Carlos López Aguilar en su condición de presidente de la EPS Salud Vida y (sic) Isabel Acosta Ariza en su condición de gerente regional de la EPS Salud Vida en Norte de Santander, con dos (2) días de arresto. Para tal efecto, por secretaría se deberá oficiar a los señores comandantes de Policía Metropolitana de Bogotá y Cúcuta para que hagan efectiva dicha medida dentro de sus competencias y recluyan en un lugar adecuado a los citados funcionarios, una vez quede en firme esta decisión” (fls. 235 y ss., cdno. 2).
Visible a folios 249 a 251 se encuentra la solicitud de nulidad de todo lo actuado en el incidente de desacato presentada por la señora María Isabel Acosta, quien adujo que (i) no se notificó personalmente la decisión que dio apertura al incidente de desacato ni la decisión que impuso la sanción y (ii) no se hizo una debida individualización del sujeto responsable de cumplir la orden de tutela.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto de 30 de enero de 2018, resolvió el grado jurisdiccional de consulta respecto de la providencia proferida el 19 de enero de 2018 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, en el sentido de modificar la decisión en cuanto (i) adicionó la sanción de arresto a tres (3) días para la señora María Isabel Acosta Ariza en su calidad de gerente regional de la EPS Salud Vida, y (ii) excluyó de las sanciones impuestas al señor Juan Carlos López Aguilar, en razón a que ya no ejerce el cargo de Presidente de dicha entidad. Lo anterior, porque consideró:
“Así las cosas, y luego de revisarse el trámite dado al incidente de la referencia considera la Sala que en el presente caso deberá modificarse la providencia de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), en el sentido de (i) excluir de la sanción impuesta al doctor Juan Carlos López Aguilar (ii) aumentar la sanción de arresto a tres (3) días, y confirmar todo lo demás.
La decisión de excluir de las sanciones impuestas al dr. Juan Carlos López Aguilar, obedece a que dentro del expediente se encuentra acreditado que el mismo no ostenta la calidad de presidente de la EPS Salud Vida desde el día 31 de octubre de 2016, tal como se puede advertir a folio 248 con la constancia suscrita por la gerente nacional de talento humano de Salud Vida EPS y por tanto no es el funcionario encargado del cumplimiento del fallo de tutela.
Ahora bien, en relación con la solicitud de nulidad de lo actuado dentro del trámite incidental que impuso sanción a la dra. María Isabel Acosta Ariza en calidad de gerente regional Norte de Santander de Salud Vida EPS, por violación al debido proceso y derecho de defensa, considera la Sala que la misma no tiene vocación de prosperar.
En la solicitud de nulidad, la dra. María Isabel Acosta Ariza en calidad de gerente regional Norte de Santander de Salud Vida EPS indicó que a lo largo de las actuaciones se omitió efectuar la debida notificación, dado que la apertura formal del incidente de desacato no fue (sic) no se envió a la dirección de notificación judicial legalmente reconocida para recibirlas, esto es, la que se encuentra registrada en la Cámara de Comercio, que textualmente señala notificacioneslegales@saludvidaeps.com.
Sumado a lo anterior, señala que se advierte una indebida individualización del sujeto responsable y sancionado, por cuanto la funcionaria encargada del cumplimiento del fallo es ella, en su condición de gerente regional Norte de Santander de Salud Vida EPS.
Igualmente, debe la Sala precisar que el día 29 de enero de 2018 en aras de verificar si la dra. María Isabel Acosta Ariza, quien ostenta la calidad de gerente regional Norte de Santander de Salud Vida EPS, tiene correo personal o cuál es el correo dispuesto para notificaciones, el despacho del magistrado ponente se comunicó vía telefónica con jurídica de dicha entidad, donde se le informó que dicha funcionaria recibía notificaciones a los correo electrónicos notificacioneslegales@saludvidaeps.com, gerencianortesantander@saludvidaeps.com (fl. 253).
Al respecto, y luego de revisado el trámite dado al incidente se puede advertir por parte de la Sala que el auto de fecha 19 de diciembre de 2017, efectivamente si se notificó a los correos electrónicos designados para tal fin de la dra. María Isabel Acosta Ariza, como lo son notificacioneslegales@saludvidaeps.com, gerencianortesantander@saludvidaeps.com, tal como se puede observar a folio 227 del expediente y por tanto sí se le brindaron todas las garantías al debido proceso y derecho de defensa.
De otra parte, importa señalar por parte de la Sala que el Despacho del magistrado ponente también se comunicó con la accionante con el fin de verificar si la entidad ya había dado cumplimiento al fallo de tutela de fecha 6 de noviembre de 2015, a lo cual la señora Carmen López manifestó que a la fecha la entidad accionada aún no le ha realizado el procedimiento de “relleno de bomba de infusión de morfina”, señalando además que le están aplicando morfina directamente, que se encuentra inflamada, con morados y que le indicaron que se la van a aplicar en la aorta (fl. 252).
Lo anterior por cuanto en el presente caso el incumplimiento de la sancionada constituye una violación grave del derecho fundamental a la vida de la señora Carmen Gloria López Parada, y a su dignidad ya que la omisión de Salud Vida EPS de realizar el pago anticipado del valor correspondiente al procedimiento de “relleno de bomba de infusión de morfina”, ordenado desde el 6 de noviembre de 2015 mediante fallo de tutela, prescrito por su médico tratante desde el día 26 de octubre de 2017, para que este fuera realizado el 15 de diciembre de 2017, empeora el estado de salud de la señora López Parada afectado por la enfermedad de cáncer.
Dicha conducta omisiva se encuentra materializada al no existir prueba alguna por parte de dicha entidad que conduzca a demostrar la gestión administrativa realizada por la dra. María Isabel Acosta Ariza en calidad de gerente regional de la EPS Salud Vida tendientes a que se pueda realizar el procedimiento de “relleno de bomba de infusión de morfina” a la actora, tal y como fuere dispuesto por el juzgado en providencia de fecha 6 de noviembre de 2015” (fls. 254 a 259, cdno. 2) (resalta la Sala).
De conformidad con el escrito de tutela presentado por la señora María Isabel Acosta Ariza se tiene que la accionante pretende que se dejen sin efectos las providencias judiciales que la sancionaron por desacato, argumentando, en síntesis, que el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta incurrió en defecto procedimental por cuanto no hizo el requerimiento de que trata el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
Al respecto, advierte esta Sala de Subsección que dicho argumento no es de recibo en razón a que si bien el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 27 consagra que “el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél” lo cierto es que esta es una de las tantas posibilidades que tiene el juez a su alcance para hacer cumplir la orden de tutela que se encuentra desacatando el incidentado, por lo que en el evento que este observe que dicho requerimiento no llevará al cumplimiento de la sentencia, se encuentra habilitado para tomar las determinaciones que considere necesarias para que efectivamente se garantice la orden contenida en la sentencia de tutela.
Así lo consideró la Corte Constitucional en Sentencia T-226 de 2016 cuando sostuvo lo siguiente:
“35. Para comprender las facultades que ostentan los jueces de tutela al asumir la verificación del cumplimiento de sus sentencias y al tramitar un incidente de desacato hace falta remitirse, primero, al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que reconoce la competencia de los operadores judiciales para actuar con posterioridad a la adopción del fallo estimatorio, hasta lograr el restablecimiento del derecho protegido o la eliminación de las circunstancias que lo amenazaban. Tal propósito puede alcanzarse a través de distintas vías. El artículo 27 alude, específicamente, a la posibilidad de que el juez requiera a la autoridad o al particular responsable de acatar las órdenes de protección impartidas para que actúe de conformidad.
Puede ocurrir, sin embargo, que el requerimiento no conduzca a que se acate la sentencia. En ese evento, el juez queda habilitado para adoptar “todas las medidas” que conduzcan al cumplimiento. Si, incluso entonces, el incumplimiento persiste, el juez podrá imponer sanciones por desacato, lo cual no lo sustrae de su obligación de adoptar las medidas que corresponda para perseguir el cumplimiento efectivo del fallo”.
De manera que, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta no incurrió en defecto procedimental al proferir el auto de 19 de diciembre de 2017, a través del cual dio apertura al incidente de desacato propuesto por el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada, ordenó la notificación de la señora María Isabel Acosta Ariza, le corrió traslado del escrito del incidente de desacato y a su vez la requirió para que informara respecto del cumplimiento de la sentencia de tutela de 6 de noviembre de 2015. Así como también requirió a su superior para que diera apertura al correspondiente proceso disciplinario o a la investigación a que haya lugar. En ese sentido, lo que hizo con esta decisión fue adoptar las medidas que consideró necesarias para obtener el cumplimiento de la orden judicial dada la urgencia por tratarse de una paciente con cáncer de huesos que requiere de manera inmediata que se le practiquen sus tratamientos, decisión que tampoco desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
Asimismo, la accionante afirmó en la tutela que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en defecto procedimental cuando no valoró las pruebas que evidenciaban la nulidad de la sanción por error en la individualización. Al respecto, advierte esta Sala de Subsección que el Tribunal sí tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la accionante y que en razón a ello excluyó de las sanciones impuestas al señor Juan Carlos López Aguilar por encontrarse acreditado que no labora para la entidad desde el 31 de octubre de 2016 y que por lo tanto no era el funcionario encargado del cumplimiento del fallo de tutela (fl. 257).
Adicionalmente, la señora María Isabel Acosta Ariza señaló que el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta había incurrido en defecto fáctico cuando mediante auto de 21 de febrero de 2018, resolvió mantener la sanción de multa y arresto, desconociendo las pruebas respecto del cumplimiento y el escrito de desistimiento presentado por el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada.
De lo anterior, observa la Sala que no le asiste razón a la accionante en lo que afirma toda vez que, mediante auto de 21 de febrero de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta, consideró lo siguiente:
“Es pertinente aclarar conforme se indicó al iniciar el recuento de antecedentes que preceden, que son dos decisiones las que se deben adoptar por medio del presente auto, la primera inherente a determinar si se ordena archivar el incidente de desacato que se encuentra en trámite y cuya apertura se efectuó mediante auto de fecha 7 de febrero de 2018, y la segunda, tendiente a decidir si se debe levantar la sanción impuesta por esta despacho judicial mediante auto de fecha 19 de enero de 2018, y que una vez surtido el grado de consulta de la providencia de primera instancia, fue modificada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia de fecha 30 de enero de 2018, allegado ante este despacho judicial el día 7 de febrero de 2018, encontrándose en trámite ya la nueva solicitud de apertura de incidente por desacato dentro del mismo radicado de tutela.
Solicita la dra. María Isabel Acosta Ariza, en su condición de gerente regional Saludvida EPS, se in-aplique la sanción impuesta por haberse probado el cumplimiento, lo anterior en aras de proteger los derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso y la dignidad humana, pues al arrestar a la representante legal se le está privando de la libertad, lesionándole gravemente su derecho fundamental y al no apegarse a la norma, a las disposiciones de la Corte y lo dispuesto por el Código General del Proceso en los tramites incidentales, se está vulnerando el debido proceso.
Para el despacho, no es procedente levantar la sanción impuesta a la dra. María Isabel Acosta Ariza, en su condición de gerente regional de Saludvida EPS, mediante auto de fecha 19 de enero de 2018, modificada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia de fecha 30 de enero de 2018, por las siguientes razones:
Es importante destacar, que no es este el primer incidente de desacato que se tramita ante este despacho judicial a causa de incumplimiento de Salud Vida EPS a lo ordenado mediante fallo de tutela del 6 de noviembre de 2015, a favor de la señora Carmen Gloria López Parada, quien es una persona de especial protección constitucional que cuenta con 47 años de edad con antecedente de Condrosarcoma de cadera izquierda en estado terminal con diagnóstico de melanoma maligno de miembro inferior incluida la cadera, quien requiere manejo de dolor crónico, y a quien mediante fallo de tutela se ampararon sus derechos fundamentales.
Desde la fecha en que se profirió el fallo en cuestión, han sido múltiples los incidentes que se han tramitado debido al incumplimiento de Salud Vida EPS, por intermedio de sus representantes legales, en la adopción de medidas oportunas que le garanticen a la paciente su derecho a la vida digna, en el sentido de contar con un paliativo mínimo que coadyuve en el manejo crónico de sus dolores.
Del anterior recuento cronológico, es fácil inferir, que la entidad que a la fecha solicita se levante la sanción de multa y arresto impuesta por este despacho judicial mediante auto de fecha 19 de enero de 2018 y modificada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con auto del 30 de enero de 2018, ha puesto en actividad a éste despacho judicial en uso de sus competencias como juez constitucional a lo largo de más de dos años, en siete ocasiones por el mismo asunto, lo que conlleva a un desgaste judicial al tramitar los respectivos incidentes de desacato, con el respeto de las garantías de cada una de las partes que conlleva dicho trámite, para que inobservando lo ordenado en el fallo de tutela, sólo al momento de encontrarse presto a recibir la sanción por su incumplimiento, proceda a acatar la orden del juez constitucional buscando inmediatamente se levante la sanción impuesta.
Ahora bien, atendiendo que dentro del trámite del incidente aperturado con auto de fecha 19 de diciembre de 2017 y decidido con auto de fecha enero 19 de 2018, consultado a su vez ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, quien mediante auto de fecha 30 de enero de 2018 decidió modificar la sanción impuesta en primera instancia, no se demostró el cumplimiento, se repite, dentro del trámite del incidente del cumplimiento a lo pretendido en el fallo de tutela proferido por este despacho judicial, el mismo se mantiene en la decisión ya proferida por el superior jerárquico Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por encontrar en este caso específico, que se ha venido desconociendo un sinnúmero de veces la orden emitida por este despacho judicial, con el desgaste que conlleva el diligenciamiento repetitivo del mismo procedimiento, lo que conlleva a una inminente congestión judicial.
Que no se evidencian circunstancias de fuerza mayor que impidieran dar cumplimiento a la orden emitida por el despacho, todo lo contrario, decidió la entidad accionada encontrándose debidamente notificada, y por ende con todas las garantías inherentes a su debido proceso, esperar todo el término de vacancia judicial que precedió entre la apertura del trámite incidental (19 de diciembre de 2017) hasta la fecha de decisión del mismo (19 de enero de 2018), y ocho días posteriores a su decisión por el superior (30 de enero de 2018), para autorizar el procedimiento requerido por la paciente.
En este orden de ideas, dándole prelación a los derechos fundamentales de la accionante señora Carmen Gloria Lopez Parada, persona que padece de un cáncer terminal de huesos, que requiere del procedimiento del relleno de la bomba de morfina para llevar una mejor calidad de vida en cada uno de los días que debe soportar su enfermedad, aunado a las valoraciones respectivas de los médicos (sic) tratantes y que es un sujeto de especial protección constitucional, este despacho se abstiene de levantar la sanción impuesta mediante auto de fecha 19 de enero de 2018 y modificada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con proveído del 30 de enero de 2018” (fls. 330 a 334, cdno. ppal.) (resalta la Sala).
En este contexto, pone de presente la Sala de Subsección que detrás de una orden judicial que ampara un derecho fundamental, radican una serie de poderes sancionadores propios de la facultad disciplinaria del juez de tutela, que potencializan la obligación de cumplir el fallo. En este sentido, la declaratoria de desacato se convierte en una censura a quien estando llamado a cumplir, no lo hizo, o dio cumplimiento en forma desatendida a la orden, esto es, que no sólo omitió el alcance del derecho de quien requirió de su actuación, sino además de ello, de la orden judicial que dispuso el amparo, desconociendo el valor jurídico que entraña la decisión judicial.
En ese sentido, se puede observar que las providencias acusadas mediante las cuales se sancionó a la señora María Isabel Acosta Ariza por desacato a la sentencia de tutela de 6 de noviembre de 2015, no incurrieron en los defectos alegados, comoquiera que durante el trámite incidental adelantado en esa oportunidad la accionante no contestó al requerimiento realizado mediante auto de 19 de diciembre de 2017 y por ende inclusive al momento de surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no se había acreditado el cumplimiento de la orden judicial.
En suma, tal como lo consideró el juzgado se hizo evidente que la entidad a lo largo de más de dos años ha sido negligente en cumplir con las cargas impuestas, en razón a que no ha incumplido de manera integral la sentencia de tutela y por eso el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada ha tenido que acudir en reiteradas oportunidades a la jurisdicción para que se haga efectivo el tratamiento médico que requiere la paciente de cáncer de huesos de la pelvis, sacro y cóccix.
En ese sentido, cabe recordar una vez más que las disposiciones de los jueces son para cumplirlas en los términos que ellos dictan, sin que se tenga que acudir a un trámite judicial adicional para lograr su efectividad, máxime cuando se trata del derecho a la vida y a la salud de una persona que padece cáncer de huesos.
En este orden de ideas, la Sala concluye que las decisiones tanto del Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta como del Tribunal Administrativo de Norte de Santander se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico, comoquiera que al momento de su expedición no se había acreditado el cumplimiento de la sentencia de 6 de noviembre de 2015, consistente en la autorización del procedimiento “relleno de bomba de infusión de morfina”. Adicionalmente, como se advirtió de las pruebas relacionadas se respetó el derecho al debido proceso de la accionante sin imponer una sanción arbitraria.
No obstante lo anterior, la Sala no puede desconocer la condición de mujer en estado de embarazo de la señora María Isabel Acosta Ariza, situación que implica que se trata de un sujeto constitucional de especial protección cuyos derechos fundamentales junto de los del que está por nacer deben ser garantizados. En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional mediante Sentencia T-222 de 2017, en la que consideró lo siguiente:
“Si bien antes de la Constituyente de 1991 los derechos de las mujeres tenían cierta protección[17], a partir de este momento tuvieron un importante avance, al establecerse como obligación del Estado la de garantizarles la efectividad de sus derechos y libertades. En efecto, el artículo 43 de la Carta dispuso que “la mujer no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado (…) El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. Así, mismo el artículo 53 instituyó como garantías la “protección especial a la mujer”, a “la maternidad” y a la “estabilidad en el empleo”. De otro lado, el artículo 13 impuso al Estado la obligación de proteger a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. La Corte, entonces, ha considerado a la mujer embarazada como sujeto de especial protección:
La protección que esta Corporación ha brindado a la mujer en estado de gravidez, a través de los diversos fallos de tutela, está relacionada con su condición de sujeto especial y con los derechos del que está por nacer o recién nacido.
“los múltiples fundamentos constitucionales que concurren a proveer justificación a la especial protección que la sociedad y le Estado deben prodigar a la mujer en período de gestación y de lactancia tiene una consecuencia jurídica importante: “el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo. Se trata de un deber de protección que vincula a todas las autoridades públicas, debe abarcar todos los ámbitos de la vida social, y aunque adquiere una particular relevancia en el ámbito laboral (fuero de maternidad) comoquiera que, debido a la maternidad, la mujer ha sido y sigue siendo objeto de graves discriminaciones en las relaciones de trabajo, involucra también otros ámbitos como la preservación del valor de la vida, la protección de la familia, la asistencia y la seguridad social y el interés superior del menor”” (resalta la Sala).
Por lo anterior, y en atención a la condición de mujer en estado de embarazo de la señora María Isabel Acosta Ariza, quien funge como gerente regional de la EPS Salud Vida, y a los memoriales presentados por el agente oficioso de la señora Carmen Gloria López Parada que acreditan el tardío pero efectivo cumplimiento a la orden de tutela de 6 de noviembre de 2015, le corresponde a esta Sala de Subsección amparar los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la accionante y del que está por nacer, y en consecuencia, dejar sin efectos la sanción consistente en arresto de tres (3) días de la accionante por considerarse excesiva teniendo en cuenta su calidad de madre gestante. Adicionalmente, se mantendrá la validez de todas las demás decisiones, inclusive la sanción de multa, contenida en el auto de 30 de enero de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
1. SE AMPARAN los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la señora María Isabel Acosta Ariza y de su hijo que está por nacer, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. SE DEJA SIN EFECTOS la sanción de arresto de tres (3) días dictada contra la señora María Isabel Acosta Ariza y se mantienen las demás decisiones adoptadas en el auto de 30 de enero de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, inclusive la sanción de multa, impartida dentro del incidente de desacato propuesto por el señor Julio Hernández Velandia, agente oficioso, de la señora Carmen Gloria López Parada, tramitado bajo el radicado 54001-33-33-006-2015-00572-03.
3. SE ORDENA al Tribunal Administrativo de Norte de Santander abstenerse de aplicar la sanción de arresto de tres (3) días impartida en contra de la señora María Isabel Acosta Ariza, contenida en el auto de 30 de enero de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del incidente de desacato propuesto por el señor Julio Hernández Velandia, agente oficioso, de la señora Carmen Gloria López Parada, tramitado bajo el radicado 54001-33-33-006-2015-00572-03.
5. De no ser impugnada, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-590-05.
(2) Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012), rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), Actor: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González.

References: artículo 129
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
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 artículo 27
 artículo 43
 artículo 53
 artículo 13