Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531858.html
Timestamp: 2019-03-25 18:10:35+00:00

Document:
as201531858
Auto Supremo Nº 858
Expediente : 307/2015-A
Demandante : Pablo Cortez Cardozo
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs.136 a 139 vta., interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 41 de 6 de julio de 2015, cursante de fs. 129 a 131 vta., pronunciado por la Sala en Materia del Trabajo y Seguridad Social Administrativa y Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso de Reclamación de Pensiones seguido por Pablo Cortez Cardozo contra la entidad recurrente; la respuesta al recurso de casación (fs. 143 y vta.); el Auto Nº 83/2015 de 24 de agosto, cursante a fs. 146, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
La Resolución Nº 0000228 de 14 de enero de 2014, de fs. 58 a 60, a través de la cual, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, resolvió: Primero.- La suspensión definitiva de la Renta Básica de Vejez con reducción de edad, otorgada a favor de Pablo Cortez Cardozo; Segundo.- Que, “Revisión de Rentas” deba determinar el monto de lo indebidamente cobrado; y Tercero.- Por la Unidad de Asesoría Legal proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por el Sr. Pablo Cortez Cardozo.
Pablo Cortez Cardozo, mediante memorial cursante a fs. 75, interpuso recurso de reclamación, que previo Informe Técnico Nº 235/14 de 22 de mayo, fue resuelto a través de la Resolución Nº 392/14 de 18 de junio (fs. 84 a 88) pronunciada por la Comisión de Reclamación que Confirmó la Resolución Nº 0000228 de 14 de enero de 2014, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR.
Notificado el beneficiario con la Resolución de la Comisión de Reclamación, éste mediante memorial cursante a fs. 96, ratificado por memorial de fs. 117 a 118, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto a través del Auto de Vista N° 41 de 6 de julio de 2015, cursante de fs. 129 a 131 vta., por el cual el Ad quem revocó la Re solución de la Comisión de Reclamación Nº 392/14 de 18 de junio, disponiendo: SE CALIFIQUE LAS GESTIONES NO CONSIDERADAS PARA LA RENTA COMPLEMENTARIA DE VEJEZ a través de la Oficina Técnica Especializada del SENASIR, y se mantenga el pago de Renta de Vejez, conforme a las certificaciones y antecedentes que cursan en el expediente y acompañan el Recurso de apelación.
Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 136 a 139 vta., interpuesto por el representante legal del SENASIR, invocando los arts. 250.1, 253, 255 y 257 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicables a la materia en previsión de los arts. 14 y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA); alega que, el Auto de Vista impugnado constituye una resolución contraria a los intereses económicos del Estado.
Refiere Violación, errónea interpretación e indebida aplicación de normas legales, expresando que el fallo recurrido no considera los alcances normativos de los arts. 23.1) y 27 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, toda vez que los mismos constituyen requisitos sine qua non, para la otorgación de rentas en el Sistema de Reparto, desconociéndose asimismo la facultad revisora del SENASIR, pretendiendo omitir el Informe Técnico N° 235/2014, como también la Certificaciones del Área de Certificación C.C. y Archivo Central, que determina que el asegurado sólo cotizó para el Régimen Básico 119 aportes, y que los períodos 04/63 12/67 no son certificados, debido a que no se cuenta con documentación de respaldo y que revisado el Archivo de los AVCs, el interesado no tiene filiación a la Caja Nacional de Salud, documentos que hacen plena prueba de acuerdo a los arts. 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del Código Civil (CC), por lo que no corresponde la restitución de la Renta Básica de Vejez, al no cumplir con el requisito de aportes para acceder a ella.
Alega que, el Tribunal de Alzada de manera equívoca afirma en su Tercer Considerando del Auto de Vista que “al no contar con elementos procesales especiales de orden jurídico referente al tema, deben sujetarse estos, prioritariamente a criterios jurídicos”. Añade también que los de Alzada al manifestar que en caso de inexistencia de planillas el SENASIR certificara los aportes con la documentación que cursa en el expediente; sobre dichos aspectos la presunción establecida en el Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2014, no es aplicable al caso por constituir las documentales aludidas prueba en contrario que salva la presunción juris tantum a que se refiere el art. 14 del indicado Decreto Supremo, aplicado e interpretado erróneamente por el Tribunal Ad quem.
Refiere que, el Tribunal de Alzada no considera el alcance del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS), que sustenta la potestad de revisión de rentas como parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR, además la recuperación de cobros indebidos dispuesto en el art. 4.c) del DS N° 26189. Manifiesta también que el Tribunal Ad quem, no considera que el SENASIR, como ente liquidador tiene la obligaciones de recuperar los montos de prestaciones otorgadas conforme dispone la RA N° 044/2001, que ésta su vez encuentra su razón de ser en el DS N° 27066 y que indebida y erróneamente el Tribunal de Alzada dispone la calificación de las gestiones no consideradas para la renta complementaria, pese a que por Informe Técnico se establece que no cuentan con documentación respaldatoria, aspectos que no son considerados en previsión del art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), y que la suspensión de la renta indebidamente percibida no podría ser catalogada como justificada.
Expresa que el art. 5.d) del DS N° 27066 y art. 9 del DS N° 27991, son vulnerados por el Tribunal de Alzada, y erradamente restringidos en su consideración al limitar su fundamentación en la equívoca y errónea aplicación del art. 24 y sgts. de la Nueva Ley de Pensiones, sin observar el contenido del art. 123 de la CPE, que en ese marco el SENASIR tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico al Estado, debiendo realizar las correcciones debidas.
Continúa refiriendo que, los de Alzada consideran de forma nominal y superficial los arts. 45 67.II de la CPE, concretamente referido al principio de especialidad expresada en diferentes normas aplicadas según el caso particular, es decir que no pueden aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la Ley particular.
Por otro lado indica que, el Tribunal de Alzada incurrió en interpretación y aplicación errónea del DS N° 27543 art. 24 y sgts. de la Ley 065, DS N° 822 y DS N° 26069 al disponer se califique las gestiones no consideradas para la Renta Complementaria de Vejez, sin verificar que dichas disposiciones legales rigen el trámite de Calificación de Compensación de cotizaciones y no así trámites de Renta de Vejez, más aun si la Renta Básica de Vejez otorgada fue calificada en la gestión 2003.
Finalmente concluye detallando las normas legales violadas, erróneamente interpretadas e indebidamente aplicadas.
Pide a este Tribunal Supremo casar el Auto de Vista impugnado, y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 392/14 de fecha 18 de junio.
II.1.1 Principios de la Seguridad Social
El art. 45 de la CPE, instituye que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; asimismo señala que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando en el entendido que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
Aquellos principios componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino también constituyen la guía para su materialización y operativización en la lógica de que la Seguridad Social obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado como tal persigue. En tal sentido, y dada la importancia con la que el Legislador Constituyente ha dispuesto tanto la inclusión como el diseño de la Seguridad Social dentro del Texto Constitucional (Primera Parte, concerniente a las Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías), es natural que los principios generales que lo informan son primordialmente útiles como criterios de interpretación de las normas que conforman a la Seguridad Social (acceso, principios, dirección, administración, alcance de la cobertura de su régimen: jubilación, maternidad, vejez, etc.), como criterios de orientación, tendientes a evitar que el sistema descuide o desatienda sus fines fundamentales.
Esa posición hace que los principios que ordenan y orientan al Sistema de Seguridad Social no deban ser tenidos en cuenta de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, sino más bien deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que “los regímenes de seguridad de los medios de vida puedan aliviar el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia”. (Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida)
De la lectura del Auto de Vista impugnado, se comprende que las razones por las que declaró la revocatoria de las Resoluciones emitidas en sede administrativa, no son concernientes en exclusiva a la documentación observada referida a que supuestamente Pablo Cortez Cardozo no figura en las planillas de las Empresas Hecker y hermano (SEILER & CIA). Y Laminadora – Goma “SAM”, como afirma el SENASIR en su recurso de casación, sino a la contradicción en la Resolución N° 392/14 de 18 de junio, y la relativa aplicabilidad de la presunción iuiris tantum a la valoración de la documentación presentada por el asegurado en el curso del trámite activado ante el SENASIR, puesto que el entendimiento asumido por el Tribunal de apelación, que concluyó que la referida documentación no fue compulsada adecuadamente en su integridad y totalidad, y que el ente gestor debió dar preferencia a la aplicación de derechos y garantías de orden Constitucional, recae en una conclusión correcta el Auto de Vista recurrido; más cuando el propio DS Nº 27543, surgió para viabilizar mecanismos ante las dificultades logísticas e información incompleta por las que el SENASIR atravesó para la calificación de las prestaciones de los asegurados al Sistema de Reparto.
Por este motivo el ente recurrente denuncia que, el Tribunal de Alzada violó lo dispuesto por los arts. 5.d) del DS Nº 27066, 9 del DS Nº 27991 y la RM Nº 1361, porque el interesado: no figura en planillas
La RM Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997 dispone que “Los asegurados que hubieran cumplido con un mínimo de 180 cotizaciones y cuenten con al menos 45 años las mujeres y 50 los varones al 1 de mayo de 1997, podrán acogerse a la renta con reducción de edad de un 8% por cada año de disminución de la edad, hasta llegar a las edades mínimas absolutas de 50 años para las mujeres y 55 años para los varones”; de este precepto se concluye que podían acogerse a la renta con reducción de edad, los asegurados que tenían un mínimo de 180 cotizaciones y contaban con al menos 45 años de edad en el caso de las mujeres al 1 de mayo de 1997.
El art. 5.d) del DS Nº 27066, estableció que el SENASIR tiene como atribución “Suspender provisional o definitivamente la renta, dentro de la potestad de revisión establecida en disposiciones que rigen para el Sistema de Reparto”; norma estrechamente vinculada con el art. 9 del DS Nº 27991 que otorga al SENASIR la facultad de revisión de las rentas en curso de pago, precisando que “cumplirá con la revisión de oficio o por denuncia debidamente justificada de las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, iniciando la revisión con el listado de casos registrados en la base de datos que entregará la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en el marco de lo establecido en el presente Decreto Supremo. A este efecto, el SENASIR deberá aplicar lo dispuesto por el Art. 198 del Código de Seguridad Social - Ley de 14 de diciembre de 1957 y, por los Artículos 423 y 477 del Decreto Supremo Nº 05315 de 30 de septiembre de 1959 - Reglamento del Código de Seguridad Social”.
Al respecto el art. 198 del Código de Seguridad Social (CSS), dispone que “Para efectos del reconocimiento de los derechos de los asegurados y beneficiarios, constituirán plena prueba los registros y documentos emanados de la Caja o los que ésta tenga en su poder”; norma que guarda coherencia con lo dispuesto por el art. 423 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS), que precisa: “Todos los documentos originales entregados por el asegurado y sus beneficiarios quedarán archivados en el Registro Central de la Caja, constituyendo plena y única prueba para el reconocimiento del derecho a cualquiera de las prestaciones del Código…”, y finalmente el art. 477 de esta última norma, señala que "Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.
En Autos, Pablo Cortez Cardozo, mediante Nota de 17 de abril de 2001 (fs. 1) solicitó renta de vejez con reducción de edad, petición que fue procesada en la Dirección General de Pensiones, entidad que luego del análisis y consideración de la prueba presentada por el asegurado (fs. 2 a 34), a ello el Informe Legal, precisó que ”de documentación adjunta se evidencia que, CORTEZ CARDOZO PABLO, del sector fabril, acreditó 234 cotizaciones a la básica y la edad de 51 años. Consiguientemente, de conformidad con el numeral 2.2 del Instructivo para la Calificación de Rentas en Curso de Pago, aprobado por la RA 001/98 Párrafo 4° del art. 1° de la RM 1361 de 04/12/97 y Ley 2197 de 09/05/01, corresponde otorgar en su favor renta básica de vejez con reducción del 8% por cada año de edad faltante…”(sic), conclusión que valió de fundamento para emitir la Resolución Nº 03568 de 13 de mayo de 2003, por el que se otorgó al beneficiario renta básica de vejez con reducción de edad equivalente al 38% de su promedio salarial. Del antecedente descrito se colige que el ente gestor, antes de emitir la Resolución por la que otorgó renta de vejez, analizó y valoró la prueba documental presentada por el asegurado a la que le dio el valor legal correspondiente aplicando lo dispuesto por los arts. 198 del CSS y 423 del R-CSS; ahora bien, en forma posterior concretamente en el año 2013, el SENASIR haciendo uso de la potestad otorgada por los arts. 477 del R-CSS, 5.d) del DS Nº 27066 y 9 del DS Nº 27991, de oficio revisó la calificación de la renta y advirtiendo la “inconsistencia en el total de cotizaciones del régimen básico de 234 a 119, al no figurar en planillas por los periodos 04/63 a 12/67 SEILER & CIA., 01/70 a 09/74 “S.A.M” , mediante Resolución Nº 0000228 de 14 de enero de 2014, suspendió definitivamente la renta de vejez, decisión confirmada por la Comisión de Reclamación mediante la Resolución Nº 392/14 de 18 de junio. Como se puede advertir el fundamento para la decisión de suspender definitivamente la renta, es la presunta inconsistencia en la densidad de cotizaciones porque el beneficiario no figuraría en planillas por los periodos referidos y no alcanzaría a las 180 cotizaciones, conclusión que en esencia significa desconocer el valor legal de los documentos de fs. 1 a 29 y 67 a 70 que según dispone el art. 14 del DS Nº 27543 gozan de la presunción legal iuris tantum que implica que los citados documentos resultan válidos mientras no se pruebe su invalidez; el SENASIR limitó su potestad de revisión, sólo a las planillas que cursan en dicha institución, omitiendo probar que los documentos que sirvieron de sustento para establecer la densidad de cotizaciones en un número de 234, son nulos o ineficaces, conforme advirtió el Tribunal de Alzada, ante esta falencia no podía el SENASIR disponer la suspensión de la renta que se encuentra protegida por el art. 67.II de la CPE; por lo que, no es evidente la presunta violación de las normas legales citadas por la entidad recurrente, en esa virtud este motivo deviene en infundado.
Bajo estos parámetros se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 136 a 139 vta., ajustándose el Auto de Vista impugnado a la normativa que regula la materia, no observándose violación de norma legal alguna, corresponde resolverlo en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en el art. 633 del R-CSS.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros (fs. 136 a 139 vta.) en representación del SENASIR. Sin costas.

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