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Timestamp: 2017-01-17 20:55:07+00:00

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Diario El Siglo - Suplemento Juridicas (2013-04-30) by Luis Palacio - issuu
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA I
Manifiesta que la DGR ha gravado con impuestos de sellos formularios emitidos por la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación correspondientes a Compra/venta Liquidación (C. 1116 “B”).
San Miguel de Tucumán - MARTES 30 DE ABRIL DE 2013 - www.elsigloweb.com
JUICIO: LDC ARGENTINA S.A.
C/ PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R.- S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EXPTE. Nº: 602/10.
vinculados con boletos de compraventa instrumentados ante la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que respectivamente pagaron el impuesto de sellos en
Y VISTO: Para resolver la causa de
la referencia, y reunidos los Sres. Vocales de la Sala I° de la Excma. Cámara
en lo Contencioso Administrativo,
Dres. Salvador Norberto Ruiz Y Horacio Ricardo Castellanos, para su consideración y decisión, previo sorteo, se
estableció el siguiente orden de votación:
Indica que los Boletos de compraventa registrados bajo los N°
001B23022229 del 31/01/2003 y N°
001B23020942 del 11/11/2002- registrados en la Bolsa de Cereales de Bs.
As. en fecha 22/05/2003 - tienen el im-
A fs. 30/47 la razón social LDC Argentina S.A. por intermedio de letrado
apoderado, inicia demanda en contra
de la Provincia de Tucumán – Dirección General de Rentas, a fin de que se
revoque en todos sus términos la Resolución N° D 78-09 que fuera confirmada por la Resolución R-88-10, en virtud de la cual se determinó de oficio el
cobro del impuesto de Sellos presuntamente a su cargo por los periodos fiscales 5/2003, 6/2003 y 2/2004, por la
suma de $ 15.073, mas $ 23.292,83 en
concepto de intereses, sumado a ello la
imposición de una multa equivalente al
100% del impuesto presuntamente omitido
Manifiesta que la Dirección General de Rentas (en adelante DGR) ha
gravado con impuestos de sellos formularios emitidos por la Secretaria de
Agrega que en el caso particular estos
formularios se refieren a venta de granos realizadas por el Sr. Antoine Jean
Marie Dechamps (Dechamps”) a SACEIF Louis Dreyfus y CIA Ltda.
(“Dreyfus”) que posteriormente cambio su razón social a LDC Argentina
Señala que la DGR no ha considerado que estos formularios se encuentran
“...La razón social LDC
Argentina S.A. por intermedio de letrado apoderado, inicia demanda en
contra de la Provincia de
Tucumán – Dirección General de Rentas, a fin de
que se revoque en todos
sus términos la Resolución N° D 78-09 que fuera
confirmada por la Resolución R-88-10, en virtud
de la cual se determinó de
oficio el cobro del impuesto de Sellos presuntamente a su cargo...”
puesto de sellos debidamente pagado
conforme sello de la DGR de Tucumán
del 29/05/2003 por un importe de $
942,30 y 942,36 respectivamente.
Refiere que ambos contratos son iguales, señalando que en cada uno de
ellos Dechamps se obliga a vender a
Dreyfus 1000.00 Kg de Soja a ciento
cincuenta dólares estadounidense (US$
150) cada Kilogramo, indicando así
que el monto de cada contrato era de
U$ 150.000, obteniendo un monto total
por ambos contratos de US$ 300.000.
Agrega que este precio es el que se paga por 2000.000 Kg de soja.
Detalla cómo funciona el comercio
de granos; señalando que en primer lugar se firma un boleto de compra de
granos, después se entrega la mercadería, y dentro de las 48 hs. de la entre-
ga se emite la liquidación parcial (Formulario C 1116 “B”), indicando que una vez verificada la mercadería (calidad y cantidad) se hace la liquidación
final (en general varios meses después).
Manifiesta que los formularios C
1116 “B” fueron establecidos por la
Resolución conjunta DGR-SAGP y A
23-857/1996 y tiene como única función documentar la compraventa de
granos ante el fisco Nacional (Cfr. Art.
1 de dicha Resolución conjunta). Agrega que en los mentados formularios se
indica en el extremo superior izquierdo
el número de contrato al que corresponde la liquidación, como así también
se especifica si se trata de una liquidación parcial.
Advierte que los formularios respectivos corresponden a dos contratos
diferentes, analizando seguidamente
por separado cada uno de ello. Así refiere que en el contrato N°
001B2302229 se hicieron liquidaciones parciales a través de los formularios N° 04-00134182, 04-00134306 y
04-00134421, en tanto que mediante el
formulario 04-00221991 se realizó la
liquidación final que toma en cuenta
las liquidaciones parciales efectuadas
anteriormente, quedando de esta forma
probada la interrelación entre los mismos.
A tenor de lo manifestado, refiere
que la operación a la que se refiere todos los formularios mencionados, no es
otra que la instrumentada por el contrato N° 001B23022229, debidamente registrado ante la Bolsa de Cereales de
Bs. As, y que pagó el correspondiente
impuesto de sellos a la Provincia de
En lo que respecta al Contrato N°
001B23020942, igualmente manifiesta
la realización de liquidaciones parciales, tal como se desprendería del formulario 04-00221992 a través del cual
se hizo el pago final, por lo que igualmente debe considerarse que se ha pagado impuesto de sellos sobre este contrato.
Directora Jurídica: Dra. Valeria Lorena Jimenez
“...Aduce que la Resolución R-88-10 emitida por la DGR incurre en un error conceptual, en tanto
los formularios sobre los que se practicó la determinación de oficio no constituyen instrumentos idóneos a tal fin, puesto que no reúnen los requisitos necesarios para serlo. Cita en apoyo de su postura
el art. 9 inc b) de la ley 23548 de Coparticipación Federal, y el art. 124 del CTP...”
ga que se dio cabal cumplimiento con
los requisitos exigidos por el art. 229
del Código Tributario de la Provincia
(en adelante CTP), relativo a las operaciones de productos agropecuarios, forestales y mineros realizados por intermedio de bolsas y mercados de valores.
Aduce que la Resolución R-88-10
emitida por la DGR incurre en un error
conceptual, en tanto los formularios
sobre los que se practicó la determinación de oficio no constituyen instrumentos idóneos a tal fin, puesto que no
reúnen los requisitos necesarios para
serlo. Cita en apoyo de su postura los
art. 9 inc. b) de la ley 23548 de Coparticipación Federal, y el art. 124 del
Expresa que los formularios en
cuestión no contienen obligación alguna, solamente exteriorizan el cumplimiento de una obligación de entrega (la
entrega de la mercadería y el pago del
precio), siendo en definitiva el “Boleto
de Compraventa” el instrumento idóneo que obliga a entregar la mercadería
y a pagar el precio.
Arguye que la DGR igualmente incurre en error al afirmar que por el solo hecho de tener una leyenda Compra/Venta y las firmas insertas al pie de
los formularios manifestados conciertan una operación, señalando asimismo
que dichos formularios solo exteriorizan la entrega de la mercadería, por
cuanto la operatoria en sí fue concertada por el boleto de compraventa, que sí
tributo el mencionado impuesto. Añade
que las obligaciones mencionadas por
la DGR son inhallables en los formularios, no existiendo obligación alguna
en ellos a los que se encuentre obligada.
Afirma que si bien el art. 9 de la Resolución General DGI 1415 menciona
que los formularios C 1116 son equivalentes a los comprobantes de las operaciones realizadas y/o de traslado y entrega de los bienes (por remisión al art.
8 de la misma Resolución General DGI
1415), es decir a la factura o remito, estos tampoco constituyen instrumentos
en el sentido que lo permita la ley
23548. Cita Doctrina y jurisprudencia.
Alega la grosera e ilegal pretensión
de la DGR de avasallar la legislación
federal y provincial al extender el concepto de instrumento a papeles que no
cuadran en él, pretendiendo de esta forma gravar dos veces la misma operación.
Señala que de acuerdo al art. 257 apartado 6) del CTP se encuentran exentos de impuestos los recibos o cualquier constancia que exteriorice la recepción de sumas de dinero. Demostrando que conforme la operatoria descripta los formularios mencionados operan como recibos parciales o definitivos de sumas de dinero por la mercadería objeto del contrato.
En razón de lo manifestado, señala
que los recibos por sumas de dinero
que se le pretende gravar, que ni siquiera son instrumentos para la ley de
Coparticipación Federal, como para el
CTP, están exentos del impuesto por
disposición expresa del propio CTP.
Alega que la presunta solidaridad al
pago del impuesto en cuestión, previsto en el art. 223 del CTP, manifestada
por la DGR, no tiene cabida en el presente caso, en virtud de la excepción
contenida en el propio art. 223 in fine,
el cual reza: “Exceptuase de esta responsabilidad el caso de la parte que tuviere sellado su ejemplar, conforme a
las prescripciones de esta ley”.
Aduce la improcedencia de la multa
impuesta por la DGR por la presunta
infracción al art. 265 inc. a) del Código
Tributario Provincial, en atención de
no verificarse en forma concurrente los
elementos objetivo y subjetivo que dan
nacimiento a la conducta punible; indicando que en ningún momento se tuvo
intención de causar perjuicio al fisco,
perjuicio que nunca existió, quedando
demostrado en todo momento la conducta adoptada, por lo que mal se le
podría imputar una intención maliciosa
para con el organismo fiscal.
Finalmente señala que ha pagado el
monto del impuesto reclamado con los
intereses correspondientes, cumpliendo con el requisito para la procedencia
de esta acción, previsto en los arts. 126
y 144 del CTP. Asimismo solicita la citación como tercero del Sr. Antoine Jean Marie Dechamps como obligado solidario al pago del impuesto de sellos
reclamado. Efectúa reserva del caso fe-
Ordenado y corrido el traslado de
demanda y la solicitud de citación de
tercero a la accionada (ver decreto de
fs. 84 y cédula de fs. 85), a fs. 316/321,
por intermedio de letrado apoderado se
presenta la Provincia de Tucumán y efectúa negativas generales, en especial
niega que los formularios emitidos por
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación correspondientes a compra venta liquidación ( C:
1116 "B"), confeccionados en los meses 5/2003, 6/2003 y 2/2004 se vinculen con boletos de compraventa, instrumentados ante la bolsa de cereales de
Bs. As.; que la Resolución N° R 88-10
incurra en un error conceptual al considerar a los formularios como instrumentos sujetos al impuesto, y que los
formularios considerados operen como
recibos y por lo tanto se encuentren exentos del pago de impuesto de sellos.
Manifiesta que la determinación de
deuda efectuada mediante acta de deuda N° A 785-2008, ha sido practicada
teniendo en consideración la instrumentación de los formularios C1116 "
B", detallados en la planilla obrante a
fs. 70 del Expte N° 31580/376/D/2008
y que son expuestos en forma mensual
en dicha acta de deuda, por lo que también corresponde oblar el impuesto referido, con independencia de los boletos de compraventa celebrados, que
constituyen instrumentos distintos e independiente a los fines del gravamen
Refiere que el impuesto de sellos
recae sobre los documentos públicos y
privados que acrediten actos, contratos
u operaciones, por cuya virtualidad se
constituyan, reconozcan, modifiquen o
extingan derechos y obligaciones de
“B” constituyen instrumentos que evidencian la concertación de una operación comercial, según su propio nombre lo indica (compra/venta liquidación), por lo que no puede el contribuyente pretender lo contrario y mucho
menos invocar su exención al amparo
de lo normado por el art. 278 inc. 6 del
Aduce que dichos formularios no
prueban en sentido estricto la efectiva
recepción o pago recibido en concepto
de contraprestación, indicando que solo podrían ser considerados como equivalentes a una factura, según lo establecido por el art. 9 de la RG N° 1415
de AFIP, no constituyendo por ello un
recibo como para quedar amparados
por la exención en análisis, como pretende el actor.
Manifiesta que conforme se deduce
de la firma inserta al pie de los instrumentos en cuestión, las partes se han obligado al cumplimiento de obligaciones perfectamente delimitadas, esto es
la una a entregar la mercadería y la otra a pagar el precio pactado en un
tiempo determinado, siendo dichas obligaciones exigibles por cualquiera de
ellas. Cita doctrina.
Señala que resulta evidente el
carácter que revisten los formularios
involucrados, como así también la gravabilidad de los mismos habiendo quedado perfectamente acreditada la configuración del hecho imponible y la
falta de pago del gravamen resultante.
Finalmente destaca en consideración a la sanción de la multa impuesta
al contribuyente, que se encuentra debidamente acreditado el extremo objetivo contemplado en la norma del art.
286 inc. 1 del Código Tributario Provincial, constituyendo este la única
condición aplicable.
Señala que en el ámbito de nuestra
ley fiscal la configuración del hecho
imponible del impuesto en cuestión resulta evidente de la lectura del art. 236
del Digesto Tributario de aplicación.
Agrega que el impuesto de sellos es un
típico tributo de formalización que incide sobre documentos y es exigible
desde su otorgamiento con exclusión
de las derivaciones posteriores.
Mediante Resolución nº 635 del 04
de Agosto de 2011 (Fs. 325) no se hace
lugar al pedido de la parte actora a fin
de que se cite como tercero al Sr. Antoine Jean Marie Dechamps. Dicho acto jurisdiccional se encuentra debidamente notificado (ver cedulas de fs.
326/327)
Destaca que los formularios C1116
Dispuesta la apertura de la causa a
p r u e b a (continua en pagina nº 3)
“...Art. 9 inc. d) de la Resolución General de la AFIP N° 1415 el cual reza: “Sera considerado como documento equivalente el instrumento que, de acuerdo a los usos y costumbres haga la veces o sustituya el empleo de la factura o remito siempre que individualice correctamente la operación, cumpla con los requisitos
establecidos, para cada caso, en este título y se utilice habitualmente en la actividad del sujeto emisor...”
por providencia de fs. 329, se produjeron las que da cuenta el informe actuarial de fs. 363.
Puestos los autos para alegar (ver
providencia de fs. 365, cedulas de
fs.366 y 367), estos son presentados
por la parte actora a fs. 370/377 y la demandada hace lo propio a fs. 379/380.
Cumplido que fuera el pago de la
planilla fiscal practicada en autos (ver
comprobante de fs. 385), mediante providencia de fs. 387 se llaman los autos
para sentencia, acto jurisdiccional que
notificado y firme (cfr. cédulas de fs.
388/389), deja la causa en estado de resolver.
Preliminarmente es necesario hacer
algunas aclaraciones, y despejar algunas dificultades para poder afrontar la
resolución de esta causa.
I.- Cabe señalar que la actora posee
interés jurídico propio y legitimación
procesal suficiente, por haber participado en las operaciones cuya imposición legal se discute en autos, por haber actuado como parte única en el
procedimiento administrativo previo,
cuyo acto final de determinación aquí
impugna de nulidad.
Es preciso advertir que la demanda
articula la pretensión de que la sentencia en cuestión proceda a revocar o dejar sin efecto en todas sus partes a la
Resolución N° D 78-09 y su confirmatoria R 88-10 emitida por la DGR relativas a la imposición del impuesto de
sellos. Asimismo cabe advertir que no
se impugna la constitucionalidad de
ninguna norma - ni siquiera de forma
En la demanda únicamente se impugna la legalidad de los actos de determinación impositiva, y se pretende
su anulación, sea por carecer de sustento legal, sea por haber transgredido el
Código tributario provincial.
II.- La parte actora alega que la
DGR ha gravado con impuesto de sellos formularios [C1116 " B"] emitidos
por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, vinculados a los boletos de compraventa instrumentados ante la Bolsa de Comercio
de Bs. As, instrumentos estos últimos
que si han pagado el impuesto de sellos
correspondiente. Aclara que estos formularios carecen de la virtualidad propia de un instrumento en el sentido otorgado por la propia ley Tributaria, operando solo a modo de recibos, encontrándose exentos del impuesto en
Por su parte la demandada refuta lo
sostenido por la parte actora en el sentido que los formularios cuestionados
[C 1116 " B"] reúnen en sí mismo las
características propias de instrumentos
que evidencian la concertación de una
operación comercial con independencia de los boletos de compraventa referidos por el demandante.
El principio objetivo en materia tributaria es el que establece la sujeción
del acto al impuesto de sellos cuando
se verifica objetivamente su existencia,
es decir, cuando se aprecia que concurren los elementos objetivos en presencia de los cuales podemos afirmar que
el acto existe como tal.
Consta que mediante acta de deuda
N° 785/08 la DGR procedió a la determinación de oficio de impuesto de sellos relativos a las operaciones que fueron concertadas en los periodos
05/2003, 06/2003 y 02/2004 a través de
los instrumentos C 1116 B- compraventa-liquidación de cereales, en razón
de que los mismos no se encuentran
con la intervención de la oficina de sellos de la DGR de Tucumán (fs.
168/172), en contra de esa pretensión
la parte actora interpuso el respectivo
descargo, el cual fue rechazado por la
DGR mediante Resolución n° D78-09
(fs.253/259), interponiendo en su consecuencia recurso de reconsideración
(fs. 262/271), sobre el cual el organismo fiscal se pronunció mediante Resolución n° R 88-10 por la cual desestima
el recurso así incoado y confirma la
Resolución n°78-09 (286/293)
III.- Corresponde en primer término
determinar a qué tipo de operatoria refieren los mencionados formularios a
los efectos de poder precisar con clari-
dad su hecho imponible y si tales extremos se configuran dentro de la normativa legal vigente.
El art. 214 (actual 235) de la ley
5121 y sus modificatorias cuando regula el impuesto a los sellos describe al
hecho imponible como todo acto, contrato y operaciones de carácter oneroso
o susceptibles de apreciación económica instrumentados que se realizare en
la Provincia o fuera de ella cuando de
su texto surja que debe ser ejecutado en
El principio instrumental en que se
basa este impuesto surge de la misma
ley ya que se tributará por su mera instrumentación o existencia material con
abstracción de su validez o eficacia
jurídica o verificación de sus efectos
(art. 215) y en el supuesto de pluralidad
de actos generados en un mismo instrumento son independientes entre sí (art.
Jarach en su obra “El hecho imponible” manifiesta que si bien para todos
los impuestos la relación económica
privada es el presupuesto de hecho de
la obligación, a veces el derecho impositivo, atribuyendo al hecho económico
la calidad de presupuesto de la obligación impositiva, lo vincula a características formales cuya existencia depende
La base imponible de este impuesto
no es más que aquella que resulta de
cuantificar la prestación pecuniaria
contenida en el acto, contrato u operación (Vicente Oscar Díaz, “Impuesto
de Sellos”, Ed. Cangallo, 1976, pág.
De la documentación arribada a este tribunal se desprende que los mencionados formularios C 1116 "B" emitidos por la secretaria de Agricultura,
Ganadería y Pesca, confeccionados en
el caso particular de autos en los meses
5/2003, 6/2003 y 2/2004 hacen alusión
a la venta de granos realizadas por el
Sr. Antonine Jean Marie Dechanps, en
su carácter de vendedor, a S.A.C.E.I.F
Louis Dreyfus y Cía. Ltda. (Posteriormente cambiaría su nombre a LCD), operatoria que se desprende de los boletos de compra venta N° 001B23022229
del 03/01/2003 y N° 001B23020942
del 11/11/2002 (igualmente arribados a
este tribunal mediante copias certificadas). De ambos contrato se advierte
que el Sr. Antonine Jean Marie Dechanps vende a S.A.C.E.I.F Louis
Dreyfus y Cía. Ltda. la cantidad de
1.000.000 Kg de soja al precio de u$s
150.000 los 1000 Kilos a granel más IVA.
Continuando con el análisis de los
formularios en cuestión se avizora en
su extremo superior izquierdo el número de contrato al que corresponde la liquidación, individualizando en su caso
si se trata de una liquidación parcial.
Así de los formularios C 1116 "B" identificados bajo los N° 04-00134182,
04-00134306 y 04-00134421, que en
este acto tengo a la vista, se deja constancia de que se trata de liquidaciones
parciales pertenecientes al contrato N°
001B23022229, en tanto que el formulario N° 04-00221991 relativo al mismo contrato, se constata la liquidación
final, indicando como monto final cobrado a cuenta la suma de $
356.720,14.
En la especie, la operación a la que
se refieren todos estos formularios no
es otra que la instrumentada por el contrato
001B23022229. En lo que respecta al
contrato N° 001B2302094, que igualmente tengo a la vista, solo se acompañó el formulario consignado bajo el
N° 04-00221992, que en principio respondería a la misma mecánica operatoria.
En orden a lo expuesto y dadas las
particularidades del presente caso, estamos frente a un contrato oneroso por
el que se pacta un capital y la consiguiente obligación de entrega, con indicación expresa de su monto, en su
consecuencia la base imponible resultaría de cuantificar la prestación pecuniaria contenida en el respectivo “contrato de compraventa” con independencia de los mencionados formularios
que hacen al perfeccionamiento de la
operatoria mencionada. A su razón es
sobre este instrumento sobre el cual tributa el impuesto en cuestión.
En este orden de ideas, y conforme
se desgaja de las copias certificadas, ar r i m a - (Continua en pagina nº 4)
VIENE DE PAGINA 3
“...La aplicación errada por parte del órgano recaudador se traduce en una clara afectación directa a la
garantía de razonabilidad, que debe velar por el contribuyente frente a los posibles desbordes de la autoridad pública, garantía que a su vez goza de jerarquía constitucional, constituyendo en su consecuencia obligación de los Magistrados el mantener al ejercicio del poder tributario dentro de sus límites...”
das a este Tribunal por la parte actora, relativa a los
Boletos de compraventa n° 001B23022229 y
001B23020942 respectivamente, se desprende que
los mencionados instrumentos tributaron el impuesto
de sello ante la Dirección General de Rentas de la
Provincia, conforme se constata de los sellos de fecha
29/05/2003 inserto en los mismos; hecho corroborado igualmente a través de las copias remitidas por la
Bolsa de Cereales de Bs. As. (fs. 353/354 - cuaderno
de prueba informativa del actor).
IV.- A esta altura y conforme a lo expuesto, claro
está que el escollo que se avizora en el análisis en
cuestión, consiste en determinar si el formulario C
1116 “B” es un instrumento con virtualidad propia a
los fines del gravamen cuestionado en autos.
En consonancia al interrogante así planteado, nos
remitimos al art. 9 inc. d) de la Resolución General
de la AFIP N° 1415 el cual reza: “Sera considerado
como documento equivalente el instrumento que, de
acuerdo a los usos y costumbres haga la veces o sustituya el empleo de la factura o remito siempre que
individualice correctamente la operación, cumpla con
los requisitos establecidos, para cada caso, en este título y se utilice habitualmente en la actividad del sujeto emisor. Se encuentran incluidos en este artículo,
entre otros los siguientes:… d) Formularios C 1116
“A” (nuevo modelo), C 1116”B” (nuevo modelo) y
1116 “C” (nuevo modelo) utilizados en las operaciones de granos (cereales, oleaginosas y entrega de bienes)”
De los terminos del artículo citado y a la luz del
principio que consagra la interpretación literal o gramatical de las normas, una respuesta negativa se impone al interrogante formulado, toda vez que la norma en cuestión emplea el terminó “equivalente” lo
que nos coloca frente al supuesto que los citados formularios ( C 1116 “A”; C 1116 “B”; C 116 “C”) solo
tendrán la virtualidad propia de un instrumento susceptible de tributar sello ante el hecho de que la operación realizada carezca de instrumentación propia.
Ello es así por cuanto, entendemos que en la órbita
del derecho comercial, en el cual generalmente imperan los usos y costumbres, se celebran diariamente
contratos sin firma ológrafa e incluso sin soporte en
papel, resultando ante esta circunstancia aptos los citados formularios a los fines de ser tenidos como instrumentos equivalentes a los efectos tributarios. Caso
contrario implicaría caer inexorablemente frente al
supuesto de una doble imposición.
Tales documentos equivalentes (en la especie formulario C 116 “B”) no son otra cosa que el respaldo
documental de las operaciones ya realizadas, que en
la presente litis lo constituyeron los boletos de compraventa por el que ya se tributó el mencionado impuesto de sello.
constituir jamás un despojo".
A partir de ello, no puedo sino concluir que en la
especie se configura una situación que claramente encuadraría en los supuestos de una doble imposición.
En consecuencia la pretensión de la DGR en concepto de impuesto de sellos por instrumentación de los
formularios C 1116 “B” realizada en autos, comporta
un serio menoscabo a la seguridad jurídica en desfavor del contribuyente, al pretender gravar dos veces
la misma operación, hecho que se coteja en los considerandos de la Resolución N° D 78 del 21/09/2009
emitida por el Sr. Director de Rentas de la Provincia
en la cual manifiesta que “ en el caso de autos la determinación de deuda ha sido practicada teniendo en
consideración la instrumentación de los formularios
C 1116 “B” y que son expuestos en forma mensual en
el Acta de Deuda N° A 785-2008, (en el párrafo anterior de la mencionada resolución, ya se había dejado
sentado que también correspondía el pago del impuesto relativo a los contrato de compraventa), lo que
constituyen instrumentos distintos e independiente a
los fines del gravamen en análisis” ( ver considerando de la Resolución N° D 78-09 obrante a fs. 11/18,
en especial la señalado en el segundo y tercer párrafo)
Asimismo resulta necesario exteriorizar que en la
hipotética situación que sea dable la procedencia de
la mentada imposición acaecida en la especie, con independencia del contrato de compraventa celebrado,
igualmente se tornaría írrita a través de la existencia
de una presión fiscal indebida sobre una misma fuente de riqueza que se traduciría, en definitiva, en la existencia de una imposición de índole confiscatoria
que arremetería en contra de su patrimonio y en su efecto la imposibilidad de ejercer lucrativamente su
Velásquez Calderón, Juan M. y Wilfredo Vargas
Cancino (Derecho Tributario Moderno. Introducción
al Sistema Tributario. Editora Grijley Primera edición. 1997. P.18) en un intento de sistematizar los
principios de equidad que deben regir dentro de la órbita del derecho Tributario, apuntan que “es necesario tener presente lo que llamamos el mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una línea horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo esta misma línea horizontal. Lo que tenemos
que aprender a diferenciar es cuanto lo tributario llega al límite, de tal manera que no cruce la línea a lo
confiscatorio."
"Sobre que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha recogido el concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad de los
gravámenes. Así, se sostiene que para que un tributo
sea constitucional y funcione como manifestación de
soberanía, debe reunir distintos requisitos, entre los
cuales se ubica en lugar preferente la razonabilidad
del tributo, lo cual quiere decir que el tributo no debe
"En razón de ello la confiscación debe evaluarse
desde un punto de vista cualitativo y otro cuantitativo: 1) Cualitativo: cuando se produce un sustracción
ilegitima de la propiedad o el patrimonio por vulneración de otros principios tributarios (legalidad por ejemplo) sin que interese el monto de lo sustraído, 2)
Cuantitativo: cuando el tributo es tan oneroso para el
contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial
de su patrimonio o renta, o porque excede totalmente
sus posibilidades económicas".
De esta manera la aplicación errada por parte del
órgano recaudador se traduce en una clara afectación
directa a la garantía de razonabilidad, que debe velar
por el contribuyente frente a los posibles desbordes
de la autoridad pública, garantía que a su vez goza de
jerarquía constitucional, constituyendo en su consecuencia obligación de los Magistrados el mantener al
ejercicio del poder tributario dentro de sus límites.
En merito a ello corresponde hacer lugar a la demanda y declarar la consiguiente nulidad de las Resoluciones N° D 78-09 y R 88-10 y de todos los actos administrativos que sean su consecuencia
COSTAS: Atento al resultado al que se arriba las
costas se imponen íntegramente a la demandada, ello
conforme al principio objetivo de la derrota (art. 105
del CPC y C)
EL SEÑOR VOCAL DR. HORACIO RICARDO
CASTELLANOS, dijo:
Que estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, vota en idéntico
Por ello, esta Sala Iº de la Excma. Cámara en lo
I.- HACER LUGAR a la demanda deducida por la
firma LDC Argentina S.A. en contra de la Provincia
de Tucumán- DGR. En consecuencia se declara la nulidad de las Resoluciones D 78-09 y R 88-10 emitidas por la Dirección General de Rentas, por omisión
en el pago del Impuesto de Sellos con respecto a la
instrumentación de los formularios C 1116 "B" relativos a los periodos 05/2003, 06/2003 y 02/2004 y de
todos los actos administrativos que sean su consecuencia, conforme lo considerado.II.- COSTAS como se considera.III.- RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.-
CÁMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES SALA I
CHEQUE: NULIDAD POR NOTIFICACIÓN EN DOMICILIO
REGISTRADO EN EL BANCO CUANDO ESTÁ ABANDONADO.
VALIDEZ DEL DOMICILIO ESPECIAL REGISTRADO EN BANCO
Autos: "ZELARAYAN CARLOS RICARDO
C/ CORDOBA FABIAN ALBERTO S/ X* COBRO EJECUTIVO" - Expte. Nº 6999/09 - SALA I
Para resolver el recurso de apelación concedido en
autos al actor Carlos Ricardo Zelarayan a fs. 157,
contra la Sentencia de fecha 29 / 05 / 2012 obrante a
fs. 150 / 151, que hace lugar al incidente de nulidad
interpuesto por el demandado a fs. 89 / 94 respecto de
la intimación de pago de fecha 23 / 09 / 10 (fs. 65) y
de todo lo que sea su consecuencia (incluso sentencia
de trance de fecha 24 / 05 / 11 - fs. 77 y 80), y ;
Que a fs. 161 / 165 el actor expresa agravios contra la sentencia en crisis, fundando los mismos en que
el A-quo consagra el principio de defensa y bilateralidad en el proceso a favor del demandado, partiendo
de una premisa equívoca que confunde los efectos del
domicilio real con el cartular.
Critica, que se haya considerado que las notificaciones realizadas en el domicilio especial contractual
no fueron válidas, debido a que el demandado ya no
se domiciliaba allí; pues el domicilio mencionado era el asiento de las operaciones comerciales denunciado voluntariamente en el Banco por el demandado
para operar en la plaza comercial, y no su residencia.
El actor sostiene, que del informe brindado por el
Banco Macro (fs. 126) surge que el domicilio especial constituido por la parte demandada es el de calle
Don Bosco nº 2556 de esta ciudad, donde fueron cursadas las notificaciones. Como también, que el domicilio real denunciado es el de calle Castelli nº 989 de
esta ciudad, donde se tenía conocimiento que no habitaba el demandado en virtud del juicio de desalojo
que cita: "Boggo c/ Córdoba s/ desalojo". Expte. nº
6550/09, que tramita en el Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VIº nominación.
Critica además, que el A-quo invierta la carga procesal al imponerle a su parte a averiguar, investigar,
rastrear el paradero del demandado; sin considerar
que la ley impone al deudor la carga de notificar fehacientemente el domicilio constituido so pena de tenerse por válidas las notificaciones allí cursadas, teniendo en cuenta que el domicilio registrado en el
Banco es considerado como especial a todos los efectos legales de la emisión de los cheques de pago
diferido librados por el demandado. Agregando, que
de la inspección ocular se desprende que el demandado vivía en calle Esquiú nº 1802 desde fines del
año 2008 aproximadamente, y tal cambio de domicilio no fue denunciado por el demandado, lo cual tampoco consta en ningún registro de público acceso y
Finalmente reprocha, que la sentencia se haya
fundado en jurisprudencia sin relación sustancial con
Por todo ello, solicita se deje sin efecto la sentencia de fecha 29 / 05 / 2012 (fs. 150 / 151) en todas sus
Corrido el traslado de ley, a fs. 168 / 169 contestó
agravios la parte demandada, solicitando el rechazo
con costas por las razones que allí desarrolla.
A fs. 177 / 178 obra dictamen de la Sra. Fiscal de
Cámara en lo Civil sobre el recurso de nulidad incoado.
Entrando en el análisis de la cuestión traída a decisión, se desprende de las constancias en autos que
el presente juicio se trata de un cobro ejecutivo en
donde se ejecutan cinco cheques librados por el demandado. De los títulos adjuntados a fs. 2 y 19 surge
que el domicilio consignado en ellos es "Don Bosco
2556 - San Miguel de Tucumán, en donde se practicaron las intimaciones obrantes a fs. 65 y 68.
El demandado a fs. 89 / 92 plantea nulidad de la
intimación de pago obrante a fs. 65, manifestando
que tal intimación se practicó en un inmueble abandonado, lo que no le permitió tomar conocimiento del
juicio iniciado en su contra y ejercer su legítimo derecho de defensa. Acredita tal circunstancia con las
actas de fs. 65 vta. y 68 vta., boleta de servicio (fs.
87), e inspección ocular obrante a fs. 123 en donde la
Sra. Eliana Torres Toledo manifiesta que vive con su
esposo Fabián Alberto Córdoba -demandado en autos- y sus cuatro hijos menores de edad hace aproximadamente tres años.
De la compulsa de los actuados surge que tanto la
intimación de pago obrante a fs. 65, como la efectuada a fs. 68 mediante notificación por cédula, fueron
diligenciadas en el domicilio de Don Bosco 2556 de
esta ciudad, que coincide con el inserto en los cheques ejecutados en autos (fs. 2 y 19) y con el denunciado por el demandado en oportunidad de abrir su
cuenta corriente, conforme informe del Banco Macro
glosado a fs. 126.
Al respecto han establecido nuestros Tribunales
que con relación a la cuenta corriente bancaria, conforme al art. 1 del Dcto. Ley 4776/63, el domicilio
del titular de la cuenta corriente registrado en el Banco puede ser considerado domicilio especial, a todos
los efectos legales de la emisión del cheque. La norma mencionada autoriza a asignar la calidad de domicilio constituido, al domicilio denunciado por el
cuentacorrentista. Por otra parte tal domicilio subsistirá, con todos los efectos que la ley le confiere mientras el cliente no cumpla con la obligación que sobre
él pesa, de comunicar al Banco el cambio de domicilio, conforme exigencia reglada por el Banco Central
de la República Argentina. (Cf.: "Nuevo Banco de
Santiago del Estero S.A. (Hoy sus cesionarios: Faca
S.A. y Minaclar S.A.) Vs. Jorge Manuel Azaretzky S/
Cobro Ejecutivo", C.C. Doc. y Loc., Sala Ia., Sent. nº
280 del 03/10/94).
En igual sentido se expidió nuestro Cimero Tribunal: "Tratándose de una demanda por cobro ejecutivo
de una suma de dinero, en base a un cheque (...), el
domicilio constituido por el demandado en el contrato de cuenta corriente bancaria es el que rige a todos
los efectos judiciales; de modo que su reclamo de notificación en el domicilio real carece de sustento normativo. Según dispone el art. 1° del decreto ley
4.776/63 vigente a la fecha de la intimación de pago,
el domicilio que el titular de una cuenta tenga registrado en el Banco, podrá ser considerado domicilio
real especial a todos los efectos legales derivados de
la emisión del cheque, debiéndoselo considerar subsistente en tanto no hubiera sido debidamente comunicada cualquier mutación; lo que no fue alegado en
autos" (Corte Suprema de Justicia, Sent.: 352, fecha:
21/05/1999, "Avila Hugo Ricardo vs. Guillermo Luis
Isas s/cobro ejecutivo de pesos)
Por lo tanto, el domicilio que el demandado cuentacorrentista constituyó al solicitar el servicio de cheques, puede considerarse como domicilio especial a
todos los efectos legales derivados de la emisión del
cheque; teniendo los mismos alcances y efectos que
asigna el art. 101 del Código Civil. De allí la importancia de ese domicilio especial, ya que rige no solamente las relaciones con el Banco sino también a los
derechos de los terceros o particulares beneficiarios
del cheque emitido; pues no es otro el sentido de la
ley cuando expresa "a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque" y ello en función de
la naturaleza y finalidad del cheque y para facilitar al
tenedor su cobro, evitando dilaciones.
Sabido es que el domicilio especial es el constituido por las partes en un contrato para la producción
de ciertos efectos jurídicos. Tiene carácter ficticio, en
el sentido que puede o no coincidir con el asiento
principal de la familia o de los negocios de quién lo
constituye, y debe considerarse subsistente mientras
no se haya elegido otro, y comunicado fehaciente-
“...El art. 1° del decreto ley 4.776/63 vigente a la fecha de la intimación de pago, el domicilio que el titular de una cuenta tenga registrado en el Banco, podrá ser considerado domicilio
real especial a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque, debiéndoselo considerar subsistente en tanto no hubiera sido debidamente comunicada cualquier mutación...”
mente a los demás contratantes, aunque allí no habite el interesado. Es creado por la voluntad de las partes y tiene por objeto, entre otros, constituir un centro
de recepción de la notificación de los efectos procesales y de actos o manifestaciones de voluntad relativos al negocio o acto jurídico para el cual se denunció el domicilio (CNCom, Sala C, 29/4/85, autos
"Caporales, Néstor vs. Compagnie Generale de Radiologie y otra" LL ,1986-b, 602). La importancia
práctica del domicilio de elección, consiste precisamente en que asegura a las partes la posibilidad de
hacer efectiva las acciones judiciales del caso, sin necesidad de hacer indagaciones ulteriores sobre el domicilio real de la contraparte. Se lo elige para todos
los efectos del contrato y la ejecución de las obligaciones, por ello, los efectos del domicilio convencional (art.101, C.C.) subsisten aunque el elegido no sea
el domicilio real de quien lo constituye, si no tomó la
precaución de cambiarlo y notificar el cambio al contratante (CNCiv. Sala G., 6/6/84, autos "Trapero
Martín c/Vázquez de Fanjul, Elsa M.", ED del
25/9/84, pág.4).
Ello así, la determinación del domicilio especial
se presume efectuada en beneficio de ambas partes
contratantes, siendo para el acreedor el de evitar que
deba investigar o indagar a cerca del domicilio del
deudor. De ahí, que las pretensiones del demandado
en el sentido que el actor debió -ante la incertidumbre
del domicilio real de éste o ante la certidumbre que el
domicilio a notificar se encontraba abandonadopracticar las notificaciones mediante publicación de
edictos resultan inaceptables, por contrariar la finalidad perseguida por las partes contratantes y por el art.
1 del Dcto. Ley 4776/63.
En mérito a lo expuesto, la intimación de pago
cumplida en el domicilio consignado en los cheques
tienen plena validez, toda vez que fue el constituido
por el demandado en oportunidad de abrir su cuenta
corriente; lo que se encuentra fehacientemente acreditado en autos con el informe del Banco Macro glosado a fs. 126, pues al librarse oficio de fecha 16 / 12
/ 2011 a fin de que informe sobre el domicilio denunciado por el Sr. Córdoba Fabián Alberto DNI
24.982.445 en oportunidad de abrir su cuenta corriente, el banco informó como domicilio comercial
el de calle Don Bosco n° 2556 de San Miguel de Tucumán, resultando ser el mismo que el inserto en los
cheques ejecutados.
La circunstancia de la existencia en el caso de un
domicilio convencional, lo cual no fue negado por el
nulisdicente ni impugnado de falso, torna estéril a los
fines de dilucidar la cuestión sub análisis la prueba ofrecida y producida por el incidentista para acreditar
dónde residía efectivamente al tiempo de las notificaciones cursadas en autos. La boleta de servicio y la
inspección ocular presentada en prueba del incidente
(fs. 87 y 123) refieren al domicilio real del demandado, mas no al cambio de domicilio convencional.
Además, la sola manifestación que el inmueble se
encontraba abandonado no es suficiente para variar el
domicilio especial registrado en el banco al abrir la
cuenta corriente con servicio de cheques, el cual perdura mientras quien lo constituyó no dé aviso al Banco de sus modificaciones; conforme reglamentación
que dicta el BCRA, que dispone la actualización de
tal domicilio cada vez que surja alguna mutación. De
allí, que mientras no se efectúe esa comunicación al
Banco girado -supuesto no acontecido en autos-, ese
domicilio subsiste hasta tanto se extingan las obligaciones resultantes del cheque (CN Com. "L.L. 1981A, 342; ídem ED, 93,310), de lo contrario se dejarían
sin efecto las importantes consecuencias de la fijación de un domicilio especial, cuyo objeto es, precisamente, ser tenido como tal para responder a esos efectos (CN Com., ED, 22,60).
Disentimos con la Sra. Fiscal de Cámara Dra.
Sangenis quien considera que la constitución de domicilio especial por parte del demandado no fue acreditada fehacientemente en el caso, al no haberse
adjuntado la solicitud de cuenta corriente donde
conste la constitución de domicilio especial. Consideramos que el informe del Banco girado , fs. 126, en
el que se consigna los domicilios denunciados a)
"Domicilio Comercial: calle Don Bosco N° 2556 San Miguel de Tucumán - CP 4000 b) "Domicilio
Particular: calle Castelli N° 989 - San Miguel de Tucumán - CP 4000 es suficiente. Ello es así en virtud
de la identidad entre el 1° -domicilio comercial- y el
inserto en los cheques que se ejecutan. Domicilio en
el que a su vez, se practicaron las notificaciones de fs.
65 y 68 donde consta que se trata de un local comercial.
En autos, el incidentista -quien cargaba con el onus probandi- no ha demostrado que el domicilio
donde se practicaron las intimaciones de pago no era
el domicilio especial constituido en oportunidad de abrir su cuenta corriente, o que el mismo fue mutado;
por lo que deberá acarrear con las consecuencias, esto es la validez de las notificaciones practicadas en
El principio general en materia de carga de la
prueba está establecido en el art. 302 de nuestro código de procedimientos, que sienta la regla que la carga probatoria pesa sobre quien afirma la existencia de
un hecho controvertido, independientemente de su
calidad de actor o demandado en el pleito. De allí,
que quién omite probar, simplemente corre el riesgo
de no formar convicción al juez sobre la existencia de
los hechos afirmados.
De resultas y conforme lo normado por los arts. 1
del Dcto. Ley 4776/63, 101 y 1197 del Código Civil,
la intimación de pago practicada al accionado a fs. 65
y 68, resulta plenamente válida a los efectos del presente juicio, por lo que corresponde rechazar el recurso de nulidad planteado a fs. 89 / 93, con costas en
ambas instancia al demandado por resultar vencido
(arts. 105, 106 y 107 Cód. Procesal),
I) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el actor CARLOS RICARDO ZELARAYAN contra la sentencia de fecha 29 de mayo de
2012 (fs. 150 / 151). En sustitución se resuelve: "I.NO HACER LUGAR al incidente de nulidad interpuesto por el demandado Fabián Alberto Córdoba a
fs. 89 / 92.
II) COSTAS a cargo del incidentista vencido.
III) RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.".
MYRIAM GISELA FÁTIMA FAJRE
CARLOS E. COURTADE
EN EJECUCIÓN DE HONORARIOS:
Autos: PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R.
C/ ROMANO JOSE LUIS S/ X* EJECUCION
FISCAL. Expte. Nº: A12697/06- ORIGEN: JUZG.
COBROS Y APREMIOS DE LA I° NOM - SALA
S. M. de Tucumán, 12 de Marzo de 2013
El recurso de apelación concedido al demandado
JOSÉ LUIS ROMANO contra la sentencia de fecha
24 / 08 / 2012 (fs. 124), que rechazó el Incidente de
Caducidad de Instancia por su parte deducido, y
Que a fs. 130 el recurrente expresa agravios contra la sentencia señalada por considerar que aplicó
erróneamente el derecho al soslayar o ignorar la excepción contenida en el art. 211 inc. 4° del CPCC.
Señala que la ejecución de honorarios promovida por
la letrada Salazar Ibarra constituye una cuestión incidental que no guarda relación estricta con la ejecución forzada propiamente dicha. Afirma que en nuestro sistema, el juez está sujeto al principio de legalidad debiendo aplicar la norma jurídica que corresponda con independencia de la invocada por las partes.
Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso y solicita se haga lugar a la caducidad deducida,
A fs. 133 / 134 contestó agravios la letrada María
Marcela Salazar Ibarra por derecho propio, solicitando el rechazo de los agravios vertidos y la confirmación de la sentencia recurrida con expresa imposición
de costas por las razones de hecho y derecho que allí
esgrime. Hace reserva del Caso Federal.
A fs. 143 / 144, obra dictamen de la Sra. Fiscal de
Cámara quien, reseñando las actuaciones de la causa
e invocando jurisprudencia, concluye que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza
el incidente de perención de instancia deducido por el
De la compulsa de autos surge que en 05 / 03 /
2008 ( fs. 35) se dicta sentencia de regulación de honorarios a la letrada María Marcela Salazar Ibarra
quien cumpliera su labor como apoderada de la parte
Efectuada la pertinente notificación de ley ( fs.
36), la sentencia quedó firme y ejecutoriada. En consecuencia, resulta aplicable el art. 211 inc. 2 y 4 del
C.P.C.C que preceptúa la improcedencia de la caducidad de instancia cuando la sentencia haya sido dictada y en la ejecución de sentencia respectivamente:
"La caducidad de instancia no se producirá:...2-Cuando la sentencia haya sido dictada...4- En la ejecución
de la sentencia,salvo si se tratara de incidentes que no
guardaran relación estricta con la ejecución forzada
propiamente dicha".
En este sentido Hugo Alsina señala en su obra,"
Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil
y Comercial", t. IV, 2da. ed. diar, Bs. As. 1961, p.
473, citado en los autos BANCO EMPRESARIO DE
TUCUMAN COOP.LTDO. Vs. SESEIN S.A. Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO INC. DE MEDIDA
CAUTELAR, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Civil y Penal Sent. n°: 568 de 17/08/2011: "cualquier sentencia ejecutoriada susceptible de ejecución
no sufre los efectos de la caducidad"
La sentencia de fs. 35 se constituyó en título ejecutorio. Así lo reconoce el art. 24 de la Ley de Honorarios 5480 cuando establece "....La acción para el
cobro de los honorarios ya la de repetición a que alude este artículo, se tramitarán por la vía de ejecución
de sentencia, o en incidente separado a opción del actor."
Algunos doctrinarios distinguen el carácter de título ejecutorio y de título ejecutivo de la sentencia de
honorarios, según se accione contra el condenado en
costas o contra el beneficiario del trabajo. En nuestro
entender, no corresponde tal distinción. La sentencia,
como afirmamos ut supra, define el monto de los honorarios y cierra su debate, tanto para el condenado
en costas como para el beneficiario del trabajo. En
consecuencia deviene título ejecutorio respecto de
ambos. La circunstancia de que primero debe accionarse contra el condenado en costas y en defecto de
pago, luego contra el beneficiario del trabajo, surge
de la disposición expresa de la ley, el art. 23 , Ley
5480. Esta disposición no empece el carácter de título ejecutorio de la sentencia de regulación de honorarios respecto de ambos.
Por otro lado la opción de dos vías procesales que concede la normativa citada, la ejecución de
sentencia y el incidente, tampoco empece el carácter
de título ejecutorio considerado, y por ende la improcedencia de la caducidad de instancia. Idéntico criterio se sustenta en los autos citados: "...Dicho de otro
modo, la forma o el carril procedimental escogido por
el letrado para lograr la realización de su derecho al
cobro de sus honorarios y la adopción, en consecuencia, de las medidas de agresión patrimonial orienta-
das a tal fin, no alteran el hecho de que ello se lleva a
cabo en el marco de una ejecución de sentencia que,
como tal, queda encuadrada en el supuesto del inc. 4
del art. 211 procesal. Es que, evidentemente, el legislador ha querido, por el modo de redacción del art. 24
de la ley 5480, que, firme que se encuentre la regulación de honorarios y cumplido el procedimiento previsto en el art. 23 de la ley citada, pueda ejecutarse la
sentencia de honorarios contra el condenado en costas o contra el beneficiario no condenado, sin diferenciación de efectos jurídicos, cualquiera sea el carril procedimental escogido a tales fines. "BANCO
EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP.LTDO. Vs.
SESEIN S.A. Y OTROS S/COBRO EJECUTIVO
INC. DE MEDIDA CAUTELAR, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Civil y Penal Sentencia: 568
Fecha de la Sentencia: 17/08/2011.
La sentencia de regulación de honorarios firme y
ejecutoriada, fs. 35, cerró el debate respecto de los
honorarios que corresponde a la letrada Salazar Ibarra. De esta manera ya no hay instancia abierta al solucionarse el thema decidendum -monto de los honorarios- por sentencia firme y ejecutoriada. Resuelta la
indefinición del monto de los honorarios, se cierra la
instancia. Existiendo sentencia que regula honorarios, no estamos ya ante un plazo de Autos: PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ROMANO JOSE LUIS S/ X* EJECUCION FISCAL. Expte. Nº:
A12697/06- ORIGEN: JUZG. COBROS Y APREMIOS DE LA I° NOM - SALA I .-caducidad, pues la
instancia se cerró, sino ante un plazo de prescripción
Cumplida ya la función moderadora de la Justicia,
al dictar sentencia definiendo los honorarios, a la parte litigante interesada sólo le incumbe hacer efectivos
sus derechos, dentro del plazo de prescripción de la
sentencia que define dichos derechos.
En igual sentido Lino Palacio señala que la prohibición de que periman los trámites de ejecución de
sentencia tiene fundamento, no en el hecho de que la
instancia se extinga a raíz de adquirir carácter firme
la sentencia definitiva, sino en la consideración de
que ésta soluciona el conflicto que motivó la pretensión procesal y hace desaparecer, fundamentalmente,
la inseguridad y la discordia provocadas por la indefensión de aquél. (Roberto G. Loutayf Ranea, Julio C.
Ovejero López - Caducidad de la instancia - Ed. Astrea Bs.As.l 1991, pág. 297).
En razón de lo considerado, el recurso debe rechazarse, imponiendose las costas al vencido.
El Sr. Vocal Carlos E. Courtade si bien coincide
con la conclusión a la que arriba la Sra. Vocal preopinante en orden al rechazo del recurso y la imposición de costas, funda
(Continua en pagina nº 8)
VIENE DE PAGINA 7
“...Art. 211 inc. 2 y 4 del C.P.C.C"La caducidad de instancia no se producirá:...2-Cuando
la sentencia haya sido dictada...4- En la ejecución de la sentencia,salvo si se tratara de incidentes que no guardaran relación estricta con la ejecución forzada propiamente dicha...”
estas conclusiones en las siguientes
consideraciones: recuerda que según
las constancias de autos (fs. 35), en fecha 05 / 03 / 08 se dictó sentencia regulando honorarios a la profesional interviniente.
A fs. 71 la letrada Salazar Ibarra ejecutó los honorarios optando por tramitar la ejecución en el expediente
principal según lo normado en el art.
25 de la Ley 5480 (actual art. 24).
A fs. 72 la A-quo proveyó lo solicitado y dispuso el trámite del art. 501
CPCC (actual 484) correspondiente al
A fs. 89 se apersonó el ejecutado
Jose Luis Romano e interpuso excepción de inhabilidad de título fundada
en que la deuda instrumentada en la
sentencia ejecutada no le es exigible en
tanto jamás se le notificó dicha resolución en su domicilio real. El excepcionante no cuestionó la vía procesal acordada a la ejecución. Y tampoco lo
hizo la parte ejecutante.
Con fecha 04 / 08 / 11 el demandado planteó la caducidad de la instancia
(escrito de fs. 99), basando su pretensión en el transcurso de más de 3 meses
de inactividad "... previsto para los incidentes (art. 203, inc. 2, CPCC)...".
Tenemos entonces una ejecución
seguida por la letrada Salazar Ibarra
que nace de la sentencia regulatoria de
sus honorarios que no ha sido cumplida por el condenado en costas, por lo
que la letrada ejerció el derecho que le
confiere el art. 24 de la Ley 5480. Y si
bien la A-quo enmarcó la contienda en
el art. 501 (actual 484), es claro que se
trata de una cuestión accesoria del juicio principal que por ende constituye
un incidente (art. 182 CPCC) y que como tal, es susceptible de perimir en el
plazo de 3 meses previsto específicamente para este tipo de procedimiento
(art. 203 inc. 2°) del CPCC).
Como dijimos en casos análogos, la
ejecución de honorarios constituye un
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a: Maipú 70, 6º Piso, o bien
a la casilla de correo:
valjimenezpalma@gmail.com
incidente "strictu sensu" pues debe ser
entendido como una cuestión accesoria
surgida en la tramitación del juicio
principal, en tanto que guarda alguna
relación con los elementos que lo integran (sujetos, objeto y lugar, tiempo o
Es necesario recordar que "Instancia" es el conjunto de actos procesales
que se realizan desde una petición inicial que abre un grado de jurisdicción
hasta la notificación del pronunciamiento que acoja o deniegue esa petición. Se ha dicho también que es el
conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda (originaria o reconvencional),
la promoción de un incidente o la resolución mediante la cual se concede un
recurso (ordinario o extraordinario)
hasta la notificación del pronunciamiento final hacia el que dichos actos
se encaminan (cfme. Palacio, "Derecho
procesal civil", t. IV, p. 219).
Conforme el tratadista Parry, para
que exista instancia "es indispensable
que se trate de procedimientos encaminados a lograr, mediante sentencia, el
fin de una contienda suscitada entre las
partes" (en "Perención de Instancia", p.
109, también citado por Loutayf Ranea
- Ovejero López, "Caducidad de la instancia", p. 17/18).
De ello se deduce que la pretensión
que abre la "instancia" puede ser tanto
la originaria como la incidental o la recursiva y que en el caso, la ejecución
de honorarios abrió una instancia incidental que como tal es susceptible de
perimir en el término trimestral fijado
para este tipo de procedimiento.
Así lo venimos sosteniendo en casos análogos, por ejemplo en "BANCO
EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. C/ SESEIN S. A. Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO S/ INCIDENTE (INC. DE MEDIDA CAUTELAR PROM. DR. M. R. GOANE h-)" - Expte. Nº 58/03-I1" mediante
sentencia n° 355 del 12 de agosto de
2010; en "BANCO EMPRESARIO DE
TUCUMAN COOP. LTDO. C/ CANNATA SALVADOR JOSE S/ Z- COBRO EJECUTIVO DE DÓLARES" Expte. Nº 11633/99 - SALA I", Sentencia Nro. 444 del 22 de septiembre de
2011 y en "CARAM de LAJUD TERESA C. vs. CASTILLO L. A. S/
COB. EJ." - EXPTE. N° 420 / 04 - Sala Ia. mediante sentencia n° 462 del 27
/ 09 /11.
Hechas estas aclaraciones, pasemos
ahora a considerar si en el incidente de
ejecución de honorarios seguido por la
letrada Salazar Ibarra se ha producido
la perención por abandono de la instancia o no.
Al analizar lo actuado en la incidencia se advierte que a fs. 95 obra providencia de fecha 20 / 12 / 10 que reza :
"... Por contestado el traslado corrido.Téngase presente. Declárase la
cuestión de puro derecho. Personal ...".
A continuación obran adjuntas las
cédulas de notificación a ambas partes
de la mencionada providencia (fs. 96 /
97), las que fueron depositadas en los
respectivos Casilleros de notificación
el día 03 / 02 / 11.
Y si bien desde esta fecha hasta el
04 / 08 / 11 (fecha del planteo perencional de fs. 99), no se cumplieron en
el incidente actos impulsivos ni de las
partes ni del juzgado actuante; ello no
significa que se haya producido la caducidad de la instancia como pretende
Romano puesto que según lo normado
Por el art. 211 inc. 1°) la caducidad de
la instancia no se produce cuando los
autos están pendientes de sentencia.
Y en el caso ocurrió precisamente eso, pues declarada la causa como "de
puro derecho" y tratándose de la ejecución de los honorarios profesionales de
una abogada que litiga por derecho
propio, no hay otro trámite más que
cumplir que el dictado de la sentencia;
dado que conforme el art. 27 de la Ley
5480 la letrada está exenta del pago de
todo gravamen fiscal. Por ende, no
quedaba nada más por hacer sino dictar
sentencia puesto que así lo norma el
art. 186 del CPCC : "... no habiendo
pruebas que producir ... el juez dictará
sentencia en el plazo de cinco (5)
días...".
Dado que la conclusión de ambos
Vocales es coincidente, en razón de todo lo considerado se rechaza el recurso
de apelación interpuesto por el demando y se confirma la sentencia que rechazó la caducidad articulada.
COSTAS: las de esta Instancia se
imponen al recurrente
(art.105,107 C.P.C.y C.).
I ) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el accionado
ROMANO JOSE LUIS, contra la sentencia de fecha 24 de Agosto de 2012
(fs. 124), la que se confirma.
II ) COSTAS: las de esta instancia
se imponen al demandado apelante, atento al resultado del recurso.
III ) RESERVAR honorarios para su
MYRIAM GISELA FÁTIMA FAJ
Diario El Siglo - Suplemento Juridicas (2013-04-30)

References: Resolución 
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in fine
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