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Timestamp: 2018-02-22 12:37:14+00:00

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cima, Autor en CIMA Arbitraje
Publicado por cima el 22/02/2018 con 0 Comentarios
El procedimiento de anulación del laudo ni es una reclamación ulterior ni tiene el mismo objeto que el procedimiento arbitral, por lo que no concurren los presupuestos de aplicación del art. 32.2º CMR
Publicado por cima el 19/02/2018 con 0 Comentarios
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 17 noviembre 2017 estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación de Gefco España. S.A. contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid que había desestimado una excepción de prescripción al entender que el plazo de un año establecido en el art. 32 del Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, de 19 de mayo de 1956 (CMR) había resultado interrumpido por la presentación de la demanda planteada ante la Junta Arbitral de Transporte de Girona. En el presente caso el procedimiento arbitral se admitió a trámite y concluyó por laudo, como también fue admitido el subsiguiente procedimiento de anulación del laudo. El objeto del arbitraje era idéntico al que ahora ocupa a la Audiencia, no obstante lo cual, este procedimiento se ha planteado porque en el anterior, el árbitro no entró a conocer del fondo del asunto por apreciar falta de competencia. Según la Audiencia “no podemos apreciar que el titular del crédito haya dado muestras de abandono de su derecho, antes al contrario, ha intentado hacerlo efectivo, aunque con el resultado a que hemos hecho referencia. El demandado también trata de salir al paso del efecto interruptivo de la prescripción, computando exclusivamente a tales efectos el procedimiento planteado ante la Junta Arbitral, pero no el posterior de anulación ante la Audiencia Provincial de Girona. El apelante invoca el art. 32.2 CMR, con arreglo al cual “las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no interrumpen la prescripción”. Con arreglo a este razonamiento, el procedimiento de anulación del laudo seguido ante la Audiencia Provincial no tendría efectos interruptivos de la prescripción. No compartimos el razonamiento. El procedimiento de anulación del laudo ni es una reclamación ulterior ni tiene el mismo objeto que el procedimiento arbitral, por lo que no concurren los presupuestos de aplicación del art. 32.2 CMR. Aunque se trata de un procedimiento subsiguiente, deriva de la misma reclamación y no de otra distinta; y por otro lado, el objeto del procedimiento de anulación del laudo no es el mismo que el objeto del procedimiento arbitral, pues la función revisora de la Audiencia Provincial no se extiende con carácter general al fondo del asunto, sino a los motivos de anulación contemplados en el art. 41.1º.a) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Ningún sentido tiene atribuir efectos interruptivos de la prescripción al procedimiento arbitral, pero no atribuírselos al subsiguiente de anulación del laudo, pues la vigencia y exigibilidad de lo que se acuerde en el primero de dichos procedimientos depende de lo que se resuelva en el segundo”.
Para que sea estimada la acción de nulidad de un laudo ha de cumplir con los requisitos que imperativamente prevé el art. 41.1º de la Ley 60/2003, de Arbitraje
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de diciembre de 2017 desestima un laudo arbitral emanado de la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears. De acuerdo con la Sala, “el esfuerzo impugnatorio del accionante no puede prosperar, por cuanto la acción de nulidad de un laudo, para que sea estimada, ha de cumplir con los requisitos que imperativamente prevé el art. 41.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje al determinar que el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicite la anulación alegue y pruebe alguno de los seis motivos que allí se consignan. Se trata, por tanto, de un sistema causal de numerus clausus, de conformidad con lo que se contiene en el apartado VIII de la Exposición de Motivos de la citada Ley, al afirmar, en referencia a la acción de nulidad del laudo, que ‘se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros’”.
E l TSJ de Madrid anula un laudo arbitral al acreditarse que los demandantes no pudieron hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral
Publicado por cima el 13/02/2018 con 0 Comentarios
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 28 de noviembre de 2017 (Ponente: Susana Polo García) estima una acción de anulación de un laudo arbitral emanado del Tribunal de Arbitraje Institucional. Considera la sala que “ha quedado acreditado que los aquí demandantes no pudieron hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, pues lo trascendente no es si la misma alegó o no, sino la total falta de constancia por parte del árbitro de si había sido o no exitosa la notificación a la misma, sin esperar a dictar el Laudo, dentro de un plazo prudencial, no solo para conocer el citado extremo, sino para que fuera viable la posibilidad de presentar alegaciones y proponer prueba por la demanda el último día del plazo concedido para ello, imposibilitando con ello su derecho de defensa, por lo que deben prosperar los motivos de anulación alegados”.
Procedimiento para citar a ciudadanos británicos requeridos para acto de conciliación por la vía legal pertinente previa a la interposición de querella criminal por injurias y calumnias
El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 13 de julio de 2017, revoca la resolución de instancia y acuerda en su lugar que procede la admisión de la solicitud y la citación de los requeridos para el acto de conciliación por la vía legal pertinente previa a la interposición de querella criminal por injurias y calumnias (art. 278 LECrim ) cometidas a través de internet, contra los ciudadanos británicos Rodolfo, Jose Ángel y Victor Manuel, que habían sido clientes de su hotel “Ibiza Sun Apartaments” desde el día 1 hasta el 10 de junio de 2016. Según la Audiencia “considera que el recurso interpuesto debe tener favorable acogida pues, partiendo de la base de que los Tribunales españoles, y concretamente los de Ibiza son los jurisdiccionalmente competentes para conocer de la querella que la apelante piensa interponer, con más razón serán éstos competentes para conocer del acto de conciliación previo a su interposición, por lo que consideramos que el conflicto planteado no deviene de la falta de competencia internacional del órgano judicial ante el que se presentó la solicitud, sino del procedimiento para citar a los requeridos de conciliación, habida cuenta de que los mismos tienen su domicilio en un país, todavía, de la Unión y esa cuestión (en base a lo establecido en el art. 10 de la LJV que establece que los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria respecto de los cuales resulten competentes, la Ley determinada por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado) se ciñe a admitir la solicitud de conciliación y a citar a los requeridos -previa aportación por el solicitante de la traducción pertinente- por la vía establecida en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 noviembre 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, para la celebración del acto de conciliación previo a la interposición de la querella”.
Publicado por cima el 09/02/2018 con 0 Comentarios
Falta de acción para interesar la anulación de una resolución distinta al propio laudo arbitral, como es la denegación de su corrección
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 22 de noviembre de 2017 declara no haber lugar a una acción de anulación considerando que “el actor no pide la anulación del laudo, sino de la resolución que le deniega la corrección del laudo, postura que le lleva a impugnarla desde la perspectiva de justificar la fuerza mayor que le impidió presentar su contestación dentro de plazo, pero también invocando que la misma -la negativa a corregir el laudo, no el laudo mismo- es lesiva para sus intereses, no transparente y no ajustada a derecho , porque rechaza sus alegaciones sin entrar en el fondo, limitándose a verificar que se formularon extemporáneamente. Esta peculiar construcción de la actual demanda tropieza con algunos obstáculos, el primero de los cuales es la falta de acción para interesar de esta Sala la anulación de una resolución distinta al propio laudo, como es la denegación de su corrección, pero que evidentemente cabe entender como un ejercicio subsidiario de la acción de nulidad del laudo mismo, no corregido a su satisfacción, perspectiva que nos sitúa ante un segundo obstáculo, porque los argumentos del actor no encajan en ninguno de los motivos de anulación tasados en el art. 41.1º de la Ley de Arbitraje”.
Con fuerte división el Tribunal Constitucional declara que el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, que concede el derecho del asegurado a acudir al arbitraje, es inconstitucional y nulo
La Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 de enero declara que el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, es inconstitucional y nulo. La decisión cuenta con los votos particulares de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos y Antonio Narváez Rodríguez (al que se adhiere el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho). Con ello estima la cuestión de inconstitucionalidad suscitada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea. Según el precepto cuestionado: “El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada”. De acuerdo con la presente decisión “el derecho reconocido al asegurado por el artículo 76 e) LCS y la correlativa obligación del asegurador de someterse a dicho arbitraje debe cohonestarse con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…). Solo en caso de no ser ello posible, la norma cuestionada no sería compatible con los preceptos constitucionales que se invocan por el órgano judicial como vulnerados. La posible vulneración del art. 24 CE no vendría dada tanto por el hecho de que el contrato de defensa jurídica haya de someterse inicialmente a un procedimiento arbitral, sino, más precisamente, por impedir su posterior acceso a la jurisdicción, ya que la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales (arts. 40 y ss de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje), con la consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo. En este sentido, no cabe duda de que una mera revisión formal sólo puede ser compatible con las exigencias del art. 24 CE cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio arbitral, entendido éste como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse a él y en consecuencia al laudo que se obtenga (…). No puede decirse, ciertamente, que la sumisión a arbitraje de las eventuales diferencias entre asegurado y asegurador en los términos del artículo 76 e) LCS, imponga un obstáculo arbitrario o caprichoso para acceder a la tutela judicial efectiva. Responde tanto a la plausible finalidad de fomentar el arbitraje como medio idóneo para la solución de conflictos, descargando a los órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa, así como, preferentemente, a la de otorgar una especial protección al asegurado en su condición de consumidor, en tanto que el objeto del seguro es la prestación a favor de este, de los servicios de defensa jurídica frente a terceros. Sin embargo, el servicio a un fin constitucionalmente lícito no justifica en este caso la consecuencia jurídica cuestionada, la restricción al derecho fundamental que el arbitraje obligatorio supone. Dicha restricción deriva de que el sometimiento de la cuestión a arbitraje se impone por la sola voluntad de una de las partes del contrato, de modo que establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial de la otra que es contrario al derecho de todas las personas ‘a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’ (en similares términos, STC 174/1995, FJ 3). Dos son los efectos que se derivan del precepto: el primero, la obligación de una de las partes, por voluntad de la otra, de someter la cuestión a arbitraje y, por tanto, a estar y pasar por lo decidido en el laudo, y el segundo, el efecto de impedir a los jueces y tribunales conocer del litigio sometido a arbitraje, pues el control judicial del laudo arbitral no comprende el fondo del asunto. Por tanto, la imposición de un arbitraje como el previsto en el art. 76 e) LCS vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 CE, pues impide el acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE). El precepto ha eliminado para una de las partes del contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, en cuanto fija una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha depende únicamente de la voluntad de una de las partes (…). Por ello, resulta contrario a la Constitución que la Ley de contrato de seguro suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje, denegándole la posibilidad en algún momento de solicitar la tutela jurisdiccional”.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 76
 artículo 76