Source: https://ru.scribd.com/document/370919174/CCE-Caso-Tenencia-de-Ninos-Ninas-y-Adolescentes
Timestamp: 2020-05-24 23:53:20+00:00

Document:
CCE - Caso Tenencia de Niños, Niñas, y Adolescentes | Debido al proceso | Familia | Бесплатная 30-дневная пробная версия | Scribd
сохранитьСохранить «CCE - Caso Tenencia de Niños, Niñas, y Adolescente...» для последующего чтения
t Ucsg Pre Fil Ep 3
CITAS CUESTIONES PREVIAS
Garantizar el debido proceso a través de una defensa adecuada.docx
sentencia infundada la demanda.doc
Deberes y Derechos Del Docente - Proced Administrativo - Escrito Por Daniela Pallares
Apelacion de Improcedencia de Demanda de Amparo.
Escrito de Nulidad Luis Arcadi
amparo tedioso
Quito, D. M., 01 de septiembre del 2011
SENTENCIA N.° 021-11-SEP-CC
Caso N.° 0317-09-EP
LA CORTE CONSTITUCIONAL, para el período de transición
Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Edgar Zarate Zarate
La señora María Fátima Ruiz Carreño, amparada en lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, presenta una acción extraordinaria de
protección en contra de los siguientes fallos: 1. Auto de fecha 23 de enero del 2008 a
las 09hl3, mediante el cual se aceptó y tramitó el juicio de Tenencia N.° 2785-2007 y
se entregó la custodia provisional de la niña María José González Ruiz al padre, señor
José Manuel González Rodríguez, emitido por Alemania Centeno Henk de Adum,
Adolescencia del Guayas; 2. Resolución del 18 de julio del 2008 a las llh35, emitida
por la Ab. Marcia Montero Trujillo, Jueza Suplente del Juzgado Primero de la Niñez y
Adolescencia de Guayaquil, que concedió la tenencia de la niña María José González
Ruiz, al padre José Manuel González Rodríguez; y 3. Auto interlocutorio de fecha 23
de marzo del 2009 a las 16hl5, que dentro del juicio 868-2008 dictaron los Jueces
Provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
ampliación, revocatoria, nulidad, poniendo fin a la instancia y ordenando que por
agotada la tramitación del proceso en ese nivel, se lo devuelva al juzgado de origen, quedando firme la resolución del 18 de julio de 2008.
La accionante manifiesta que de la relación mantenida con el señor José Manuel González Rodríguez, procrearon una niña, María José González Ruiz, nacida el 16 de septiembre del 2004, sin constituir hogar de hecho, puesto que el referido ciudadano
vivía en el Km. 1 vía a Samborondón.
Afirma que en el mes de julio del 2007, al ser víctima de violencia, procedió a desocupar el inmueble ubicado en la Cdla. La Garzota y retornó con su hija al hogar
bien constituido de sus padres en el barrio Valle Hermoso del recinto Ríochico, Cantón
www.corteconstitucional.qob.ee
12 de Octubre N16 -114 y pasaje Nicolás Jime
(frente al parque El Arb
Telfs: (593-2) 2565 -117 / 2563 -
email: comunicacion@cce.go
Portoviejo, Provincia de Manabí. Durante aquel tiempo, señala que el señor González
Rodríguez visitaba a su hija, sin beneficiarse de una pensión de alimentos, siendo la accionante quien mantenía el hogar con lo que producía un taller de costura que implemento, dejando a la menor durante las horas de trabajo en el Centro de
Desarrollo Integral del INNFA Nuevos Amigos, en donde se constataba su normal
La accionante señala que el 14 de diciembre del 2007, el señor José González
Rodríguez trasladó a la menor a la ciudad de Guayaquil, argumentando una supuesta
entrega de presentes navideños, negándose a entregarla una vez llegado a su domicilio
en la referida ciudad, y planteó posteriormente la demanda de tenencia en el Juzgado
Primero de la Niñez de Guayaquil.
Considera que sin tener competencia por razón del territorio, la Jueza de Guayaquil
aceptó la demanda de tenencia N.° 2785-2007, pese a que en la misma demanda consta que el domicilio de la accionante es en la parroquia de Ríochico del Cantón Portoviejo,
provincia de Manabí, acompañado incluso de un croquis del domicilio. En igual
forma, señala que la demanda no cumplió con los requisitos de admisibilidad, dado
que el padre de la niña no justificó el pago de alimentos. A pesar de lo expuesto,
manifiesta que, sin fundamentó, la jueza dispuso el 23 de enero del 2008 a las 9hl3,
que la niña María José González Ruiz continúe bajo los cuidados del padre, regulando
visitas a favor de la accionante los días sábados y domingos desde las 1lhOO hasta las 18h00 en la vivienda del padre. De esta forma, la jueza desacató la orden de
recuperación de la niña ordenada dentro del trámite de recuperación por la Jueza
Primera de la Niñez de Portoviejo, desconociendo el juicio de recuperación y el juicio
de competencia N.° 109 del 2008, entablado en el Juzgado Primero de la Niñez de
En este orden, considera evidente el ocultamiento por parte de la Jueza Primero de la
Niñez de Guayaquil del
de inspección judicial, realizada al domicilio de la
accionante, en Ríochico, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, el día 16 de mayo
del 2008, para favorecer al demandante. Tanto es así que para cumplir con la
diligencia judicial ordenada en el proceso por segunda ocasión, para el 16 de mayo del
llhOO, la Jueza Dra. Alemania Centeno Henk de Adum se trasladó en
avioneta a la ciudad de Portoviejo y en vehículo llegó al domicilio de la accionante,
acompañada del Secretario del Juzgado, Ab.
Carlos Pinela, del actor José Manuel
González y su abogada, y como constató que la niña no vivía en condiciones de
pobreza ni de promiscuidad ni rodeada de gente de mal vivir y que la casa no era de un
A solo ambiente, sino amplia para vivir, optó por no dejar constancia procesal de la inspección que realizó, además de las pruebas practicadas.
pág¡na 3 de 19
A juicio de la accionante, tomando en consideración que la resolución de primera instancia viola el debido proceso, derechos fundamentales, leyes adjetivas y
sustantivas, especiales y orgánicas e instrumentos internacionales, interpuso recurso de
apelación, correspondiendo mediante sorteo a la Primera Sala de lo laboral, Niñez y
Adolescencia, el cual fue aceptado y tras la realización de la audiencia, se dictó auto
interlocutorio el 23 de marzo del 2009, que declaró no interpuesto el recurso, por
incumplir lo dispuesto en el artículo 279 del Código de la Niñez y Adolescencia.
Por lo expuesto, sostiene que se han violado los artículos 44, 45, 75 y numerales 1, 4 y
7, literales k, l y m del artículo 76 de la Constitución de la República, por la falta de
competencia, independencia, imparcialidad, falta de motivación al no explicarse la
pertinencia de las normas y principios jurídicos a los antecedentes de hecho, falsa
valoración de las pruebas e indebida actuación de las mismas, entre otras.
La accionante expresamente solicita que se declare "que se han violado las garantías
del debido proceso y mis derechos fundamentales, declarando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia y ordenen la entrega de mi hija María José González
Ruiz a mi favor, la restitución de la tenencia de mi hija y ordenen la correspondiente
reparación integral de los derechos que como madre tengo sobre mi hija María José
González Ruiz, sin perjuicio de que el padre provea los alimentos necesarios".
Resoluciones impugnadas
pertinente del Auto dictado
Niñez y Adolescencia del Guayas, de fecha 23 de enero del 2008 a las
9hl3, dentro del juicio de tenencia N.° 2785-2007:
"JUZGADO
No. 2785-2007
Guayaquil, 23 de Enero de 2008, las 9hl3.-
autoridad dispone provisionalmente que la
niña María José González Ruiz,
continúe bajo los cuidados y protección del padre, regulándose visitas a favor
e la madre MARÍA FÁTIMA RUÍZ CARREÑO, todos los días sábados y
domingos, desde las 1lhOO hasta las 18h00, visitas que se deberán realizar en el
Av. 12 de Octubre N16 -114 y pasaje Nicolás Jime.
(frente al parque El Árbol
Telfs: (593-2) 2565 -117 / 2563 - email: comunicacion@cce.got
CasoN.°0317-09-EP
Página4del9
domicilio del señor JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ubicado en la Urbanización Villa Nueva, de la Vía a Samborondón Villa No.79,(
Parte pertinente de la Resolución del 18 de julio del 2008 a las llh35,
dictada por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia del
Guayas, dentro del juicio de tenencia No.° 2785-2007:
DEMANDA DE TENENCIA No. 2785-2007
Guayaquil, 18 de julio de 2008.- Las 1lh35.-
)RESUELVE:
CON LUGAR LA PRESENTE
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EN CONTRA DE LA SEÑORA
CONSECUENTEMENTE LA MENOR MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ RUÍZ
ESTARÁ BAJO LA TENENCIA, CUIDADOS Y PROTECCIÓN DE SU
PADRE SEÑOR JOSÉ GONZÁLEZ, Y SE REGULAN LAS VISITAS A
FAVOR DE LA MADRE SEÑORA MARÍA RUÍZ CARREÑO LOS DÍAS
SÁBADOS Y DOMINGOS EN EL HORARIO DE 11H00 A 18H00 EN QUE
SERÁ REINTEGRADA AL HOGAR PATERNO; ASÍ MISMO PASARÁ
CON LA MADRE, EL DÍA DE LAS MADRES, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
ESTABLECIDO.-
amparado en lo que disponen los artículos 11 y 118 del Código de la Niñez y
Adolescencia.- LÉASE Y NOTIFÍQUESE.-"
Parte pertinente del auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del
2009 a las 16hl5, que dentro del juicio 868-2008 dictaron los Jueces
Provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas:
"Guayaquil, 23 de marzo del 2009.- Las 16hl5.-
Tribunal únicamente cumplir con lo imperativamente normado en el segundo
Cuatro.- De lo analizado y expuesto, corresponde a este
inciso del Art. 269 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es, declarar no
interpuesto el recurso de apelación propuesto
Por las consideraciones que
anteceden, la Primera Sala de lo Laboral y la Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, DECLARA NO INTERPUESTO
Página 5de 19
el recurso de apelación planteado por la demandada y ordena la devolución
del proceso al Juzgado de origen (
En atención a lo previsto en los literales a y A del artículo 56 de las Reglas de
Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para
el período de transición, publicadas en el Registro Oficial N.° 466 del 13 de noviembre
del 2008, que establece que la Sala de Sustanciación en el auto inicial avocará
conocimiento del proceso y dispondrá la notificación a la jueza o juez o tribunal que
expidió la decisión judicial impugnada, disponiendo la presentación de un informe
debidamente motivado
demanda, así como la comunicación a la contraparte del accionante para que, de
considerarlo pertinente, se pronuncie en el plazo de quince días, exclusivamente respecto de la presunta vulneración en el proceso de juzgamiento de los derechos
reconocidos en la Constitución, mediante providencia de fecha 27 de enero de 2010 a
las 10h31 se dispone notificar con el contenido de la providencia y de la demanda
respectiva a la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, a fin de que presenten un informe debidamente motivado de
descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda y señalar para el día
miércoles 10 de febrero del 2010 a las llhOO la realización de la audiencia; así como
hacer conocer el contenido de la demanda a la contraparte, señor José Manuel González Rodríguez, para que se pronuncie en el plazo de quince días.
cumplimiento a la providencia emitida por la
Segunda Sala de la Corte
Constitucional, de fecha 27 de enero de 2010 a las 10h31, los doctores Efraín Duque
Ruiz, Luis Riofrío Terán y Francisco Morales Garcés, jueces de la Primera Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante
escrito presentado el 5 de febrero del 2010, manifiestan lo siguiente:
En virtud del sorteo realizado el 16 de noviembre del 2008, correspondió a la ahora ex Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil el conocimiento de la resolución en segunda instancia del proceso de tenencia propuesto por José Manuel González Rodríguez, juicio proveniente del
Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia, en el que la Juez suplente, Ab. Marcia
Montero, el 18 de julio del 2008, dictó la resolución materia de la presente acción,
declarando con lugar la demanda, disponiendo que la niña María José González esté
bajo la tenencia, cuidado y protección de su padre y establece el régimen de visitas
Telfs: (593-2) 2565 -117 / 2563 - emall: comunicacion@cce.got
Observan que de las actuaciones procesales habidas en la causa, la interposición del
recurso de apelación no cumple con lo dispuesto en el artículo 279 del Código de la Niñez y Adolescencia, puesto que no fue fundamentado, y la accionante María Ruiz
así lo reconoce cuando en el numeral 2 de su escrito manifiesta "Ante el superior sabré
justificar mis justos y legítimos derechos" y en el numeral 5 expresa "en mérito de lo
el superior jerárquico,
fundamentaré la barbarie cometida en mi contra", sin que se precise los puntos a los
que se contrae el recurso.
Consideran así que la exigencia antes señalada se encuentra vigente al haber sido ratificada en el segundo inciso del artículo innumerado 40 de la Ley Reformatoria al
Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia dictada por la Asamblea
Constituyente el 14 de julio del 2009.
Por las consideraciones anotadas, esto es, al no haberse cumplido lo previsto en el
artículo 279 del Código de la materia, al no haberse precisado los puntos a los que se
contrae el recurso de apelación, el 23 de marzo del 2009 los accionados declaran no
interpuesto el recurso de apelación planteado.
Respecto a la no declaratoria de nulidad por falta de competencia, se deja constancia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255 del Código de la Niñez y
Adolescencia, se estableció la administración de justicia especializada de la niñez y
adolescencia integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los
asuntos relacionados con la protección y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
Por ello, en su criterio, la Jueza Primero de la Niñez y Adolescencia era competente
para el conocimiento y resolución del proceso materia de estudio, ya que en el cantón
Samborondón no existe Juez de la Niñez y Adolescencia, sino Juez de lo Civil.
Una vez fenecido el plazo se deja constancia de que no se ha presentado ningún
por parte del señor José Manuel
legalmente notificado.
González Rodríguez,
II. CONSD3ERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las
Pág¡na 7 de 19
resoluciones con fuerza de sentencia, en atención a lo previsto en los artículos 94 y
437 de la Constitución de la República; en el presente caso, sobre el auto de fecha 23
expedido por la Jueza Primero de la Niñez y
del 2008 a las 09hl3,
Adolescencia del Guayas, dentro del juicio de tenencia N.° 2785-2007; la resolución
del 18 de julio del 2008 a las 1lh35, emitida por la Juez Suplente del Juzgado Primero
de la Niñez y Adolescencia del Guayas, en el juicio de tenencia N.° 2785-2007 y el
auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del 2009, a las 16hl5, expedido por la
Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del juicio de tenencia N.° 868-2008.
Mediante auto de
octubre del 2009 a las
15h47, la Sala de Admisión
considera que la acción extraordinaria de protección cumple con los requisitos de
procedibilidad establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 52 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la
Corte Constitucional, y por tanto, admite a trámite la presente acción extraordinaria de
impugnadas,
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, violaron los derechos a la
tutela efectiva, imparcial y expedita y al debido proceso de la accionante, señora María Fátima Ruiz Carreño, en el juicio de tenencia instaurado por el señor José Manuel
Como se señaló, la presunta vulneración de derechos constitucionales devino de la
actuación de los jueces en el juicio de tenencia instaurado por el padre de la menor, niña María José González Ruiz, en contra de la señora María Fátima Ruiz Carreño; por ello, previo a resolver el problema jurídico de fondo, es necesario señalar algunas líneas respecto a la naturaleza de la tenencia en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos de los padres.
Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
Niño "establece un
mínimo estándar de protección de los derechos de la infancia, aplicables a todas las
personas menores de 18 años, reconociendo además con igual énfasis la importancia
PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN www.corteconstitucional.gob.ee
Av. 12 de Octubre N16 -114 y pasaje Nicolás Jime
(frente al parque ElArbo
email: comunicacion@cce.got
Caso N.°0317-09-EP
páSina 8 de 19
del disfrute tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales
y culturales"1.
Por su parte, la Constitución de la República, en su artículo 44, consagra: "El Estado,
la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las
demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar,
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el
apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales".
En efecto, en atención al mandato constitucional, en el artículo 45 ibídem se establece
que: "las niñas,
niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano,
además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a
la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la
a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su
idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a
recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera
perjudicial para su bienestar. El Estado
garantizará su libertad de expresión y
asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas".
Concretamente, el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé en su artículo 15 que:
" Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales,
gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de
aquellos específicos de su edad
De esta forma, en otros derechos se reconoce el
derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, en los siguientes términos:
"Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado,
deben adoptar prioritariamente medidas
1Marcela Huaita Alegre, "Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos humanos de la mujer e interés
superior del niño o niña", en Género y Derecho, Santiago de Chile, Colección Contraseña, Estudios de Género,
Serie Casandra, LOM Ediciones, 1999, p. 543.
CasoR°0317-09-EP
permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea
imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe
proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus
derechos y su desarrollo integral
De igual forma, se reconoce el derecho a una vida digna, que comprende: "Art. 26.-
Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida
digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su
aseguren una
recreación y juego,
a educación de calidad, vestuario adecuado,
vivienda segura,
higiénica y dotada de los servicios básicos
En atención a tales postulados constitucionales y legales se desprende que los niños, niñas y adolescentes gozan de un cúmulo de derechos fundamentales, que aseguran su desarrollo integral, que tienen prevalencia frente a los derechos de las demás personas y, en consecuencia, en el ordenamiento jurídico interno se prevé una serie de mecanismos para proteger los referidos derechos; uno de ellos es el juicio de tenencia,
a más de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que
aplicarán los principios de la doctrina de protección integral2. Es por ello que "hoy por
hoy, a pesar de algunas reticencias teóricas, es evidente que el menor tiene derechos que le protegen de ciertos abusos o situaciones que pudieran enfrentarse a sus intereses de gozar de un desarrollo personal, social y moral pleno que garantice al máximo sus
necesidades afectivas y de bienestar social"3.
En tal virtud, y por su importancia, el principio de interés superior del niño y su
especial protección, se encuentra consagrado en la Convención sobre los Derechos del
Niño en los siguientes términos: "Art. 3.- 1. En todas las medidas concernientes a los
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas
Ver artículo 175 de la Constitución de la República.
Conforme se lee, no se trata de
3 Manuel Calvo García, "La Protección del Menor y sus Derechos", en Derechos v Libertades, Madrid, Revista
del Instituto Bartolomé de Las Casas, BOE, 1994, p. 186 y 187.
(frente al parque El Arbo
Páeina 10de 19
una definición clara respecto a este principio; sin embargo, la doctrina considera que
"el mismo incluye el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del /la niño
/a"4; otros consideran que el artículo mencionado constituye "una provisión paragua
en el sentido que provee de protección o sirve de referencia en situaciones o
condiciones no especificadas" .
Al respecto, el Código de la materia, en su artículo 11 establece: "Art. 11.- El interés
superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está orientado a
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su
Para apreciar el interés superior se considerará
mantener un justo
equilibrio entre los derechos y
adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y
garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie
podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño,
niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla".
De esta forma, respecto a la protección del niño o niña "el reconocimiento de los
derechos implica que éste va a tener, en primer lugar, derechos que le protegen de las
actuaciones de los poderes y las instituciones públicas; en segundo lugar, derechos que
le protegen de las actuaciones de los miembros y entidades de la sociedad en la que vive y, en tercer lugar, derechos que le protegen de las actuaciones de sus padres y
tutores"6.
Respecto de la tenencia, prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia
El artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia establece la procedencia de la
conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y
crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad,
encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. También podrá confiar la
tenencia con atribución de uno o más de los derechos y obligaciones comprendidos en
4Marcela Huaita Alegre, "Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos humanos de la mujer e interés superior del niño o niña", en Género y Derecho, Santiago de Chile, Colección Contraseña, Estudios de Género,
Serie Casandra, LOM Ediciones, 1999, p. 545.
5Ibídem, p. 545.
6 Manuel Calvo García, "La Protección del Menor y sus Derechos", en Derechos y Libertades, Madrid, Revista
del Instituto Bartolomé de Las Casas, BOE, 1994, p. 186.
la patria potestad, teniendo siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso
La necesaria remisión que realiza el Código de la materia al artículo 106 del referido
cuerpo legal nos lleva a seguir las reglas previstas para confiar el ejercicio de la patria
potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil. Es decir, los jueces competentes, al resolver sobre el juicio de tenencia, deberán observar las reglas
dispuestas en el artículo 106 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, así
como, en forma preminente, cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República,
para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La tenencia está encaminada "a la protección del hijo menor y a su educación, y tiende
al logro de un desarrollo físico y psicológico de forma tal que puedan desenvolverse en
su vida adulta" . En este caso, el juez de la niñez y adolescencia es el encargado de
decidir en forma justa y conveniente a quien otorga la tenencia sea provisional o definitiva de las niñas, niños o adolescentes, en atención a las características especiales
de cada caso. Por ello, "el principio general y básico que domina la materia es el
siguiente: debe tenerse en cuenta, primordialmente, el interés de los hijos, su conveniencia y su bienestar, y, aun sin descuidar los legítimos derechos de los padres sobre sus hijos, resolverse en función de ese interés, sin que el marido o la esposa
puedan alegar preferente derecho, salvo, por supuesto, la preferencia que a favor de la
madre otorga la ley respecto de los hijos menores de cinco años ."8.
A continuación se detallan algunos criterios que las juezas y jueces de la niñez y
adolescencia deben tomar en consideración a la hora de decir a cuál de los padres
encargan la tenencia:
• "La doctrina de los años tiernos: El/la niño/a durante sus primeros años (años
tiernos)
necesitaría a
preparada para nutrir y cuidar al niño.
• El interés superior del niño o niña: El principio del interés superior del niño o
niña en materia de custodia estaría referido a los lazos emocionales de éste/a
con los padres, así como la capacidad de estos de proveerle de cuidado y guía.
• La doctrina de la co-custodia: Esta doctrina supone una relación de cooperación entre los padres después del divorcio y también implica que ambos padres sean
7Angelina Ferreyra DeDe la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen
Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-CULZON, 2002, p. 123.
8Angelina Ferreyra DeDe la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen de Visitas", en Revista de
de Visitas", en Revista de
Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-CULZON, 2002, p. 126.
Av. 12 de Octubre N16 -114 y pasaje Nicolás Jimer
(frente al parque El Árbol Telfs: (593-2) 2565 -117 / 2563 -
emall: comunicacion@cce.gol
pág'na 12de 19
consultados para la toma de la mayoría y más importantes decisiones respecto
del /la niño/a.
• La presunción de "el/la dador/a de cuidados básicos": Según esta doctrina,
los/las niños/as necesitan cuidado día a día y el padre/madre quien ha venido
realizando estas tareas. Es decir el padre/madre que ha asumido el rol de
"dador/a de cuidados", durante el matrimonio debería retener la custodia de los
/las niños/as" .
En esta línea se han desarrollado otros factores a ser tomados en cuenta por los jueces,
a saber: "- Los deseos del/la niño/a para su custodia, cuando es practicable. - Los
deseos del padre/madre o de ambos en relación con la custodia del /la niño/a. - La
interacción e interrelación del /la niño/a con su padre o madre o con ambos, sus
psicológicamente el interés superior del niño o niña. - El ajuste del/la niño /a su hogar,
escuela o comunidad. - La salud física y mental de todas las personas involucradas. -
La capacidad de los padres para comunicarse y lograr compartir las decisiones que
afecten la vida del niño o niña. - La buena voluntad de los padres de compartir la
custodia. - El envolvimiento previo de cada padre en la vida del /la niño/a. - La
disrupción potencial de la vida escolar y social del /la niño /a. -
geográfica de las casas parentales en relación con la consideración práctica del horario
de residencia del/la niño/a o niños/as. - La exigencia del empleo parental. - La edad y
número de niños/as. -
La sinceridad de la solicitud de cada uno de los padres. - La
capacidad de los padres de sostener financieramente el acuerdo de custodia. - El
impacto del SIDA para las familias con niños/as dependientes y asistencia médica. -
El beneficio de los padres. - Pruebas de maltrato intrafamiliar"10.
consideramos que al tomar una decisión en el juicio de tenencia, a más de los
parámetros señalados, es imperativo que exista un justo equilibrio entre los principios
y derechos en pugna, es decir, entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los
derechos de los padres, y el principio de igualdad y no discriminación por razones de
género. En otras palabras, la jueza o juez no podría ciegamente dar preferencia a la
madre por el hecho de serlo y por considerar que es quien tradicionalmente provee de cuidado y atención a los hijos, sino atendiendo el principio de interés superior del niño,
y siempre y cuando los padres se encuentren en igualdad de condiciones, salvo las
9 Marcela HuaitaAlegre, "Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos humanos de la mujer e interés -superior del niño o niña", en Género y Derecho, Santiago de Chile, Colección Contraseña, Estudiosde Género,
Serie Casandra, LOM Ediciones, 1999, p.549.
'° Ibídem, p. 554.
CasoN.°0317-09-EPCaso N • 0317-Ü9-KP
excepciones anotadas (doctrina de años tiernos) procurar la aplicación de neutralidad
de género11.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que la presente acción extraordinaria de
protección se interpone con la finalidad de buscar protección al derecho al debido proceso que le asiste a la accionante, al considerar vulnerado el mismo con la
actuación de los jueces en el juicio de tenencia que concedió la misma al padre de la
menor, fijando un régimen de visitas a favor de la madre.
Al respecto, es importante tener en cuenta que la madre, señora María Fátima Ruiz
Carreño, y su hija, convivieron en el núcleo familiar desde el nacimiento de la menor
hasta su violenta separación; núcleo familiar que estuvo siempre conformado por su
madre y la menor, puesto que el padre las visitaba con frecuencia, ya que tenía su
Samborondón, conforme consta en el expediente. Por tanto, la menor permaneció bajo el cuidado diario, educación y atención de su madre durante sus primeros años de vida, esto es, hasta los 3 años de edad, bajo ciertos parámetros formativos de su medio
familiar, provenientes de su madre y de su familia materna.
Este entorno en el cual se desarrolló la menor (a su corta edad), fue abruptamente
modificado cuando el padre decide trasladarla a la ciudad de Guayaquil, aduciendo
que su hija vive en un ambiente nocivo a su desarrollo, cambiando su residencia, pues
a esa fecha se encontraba viviendo con su madre y sus abuelos en el recinto Ríochico,
cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Con ello, la menor se vio obligada a afrontar
la repentina separación de su madre y de su familia materna, con quien había creado
lazos afectivos, y además el cambio de residencia, donde por cierto primaban otros parámetros de formación.
Consta en el expediente, según versión del padre, que la niña vivía en una casa de
precarias condiciones, carente de servicios básicos y donde existía promiscuidad, puesto que la casa era de un solo ambiente, donde duermen y conviven varias personas, que aparentemente son alcohólicas, que les gusta el escándalo y los problemas. Sin embargo, dentro de las pruebas que se presentan no consta ninguna que
sustente los hechos relatados respecto al medio familiar en el que se desenvolvía la
menor. Ni la jueza encargada del proceso hace referencia a ello en su fallo,
seguramente por falta de pruebas que lo demuestren; por el contrario, se evidencia que
Ibídem, p. 551.
Telfs: (593-2) 2565 -11712563 - email: comunicacion@cce.gol
CasoN.o0317-09-EP
Página 14 de19
la residencia donde vivía la menor no es precaria, y cuenta con las comodidades
necesarias para su desarrollo integral (según memoria gráfica que obra de autos).
Otro argumento recurrente expuesto por el padre es el presunto mal estado de salud de
la menor cuando se encontraba a cargo de su madre, en el campo, presentando al
efecto un certificado medico de carácter privado. Frente a ello, constan también
certificados y recetas médicas que demuestran que la madre en igual forma se
preocupaba por la salud integral y nutrición de su hija, sin observarse diagnósticos
graves que hicieran presumir un deterioro en la salud de la menor.
Por otra parte, cabe mencionar que las visitas autorizadas a la madre de la menor no se
han realizado en forma normal, por disposición unilateral del padre, teniendo la
accionante que someterse a sus disposiciones con la única finalidad de visitar a su hija,
aún más considerando la distancia, puesto que la progenitura tiene su residencia en el
cantón Portoviejo.
La preocupación del padre se centra en considerar que la niña, al no estar rodeada de
comodidades, no pueda desarrollarse en debida forma, señalando que mientras se
encontraba bajo su cuidado todas sus necesidades estaban satisfechas. Sin embargo, la estabilidad psicológica de la menor no está únicamente en satisfacer sus necesidades
de recreación, de educación, de deporte, entre otras, que como padre responsable
principalmente en la expresión de afecto y compañía que demanda una niña de su
edad, que promueva su desarrollo integral; lazos emocionales que resultan estrechos
con su madre, al ser la única familia estable en el núcleo familiar, conforme se
mencionó, y por ende con su familia en línea materna.
Por otra parte, se le priva a la menor de su derecho a tener una familia, no solamente
con la separación de su madre, sino también al desconocer la Jueza Primera de la
Niñez y Adolescencia en su fallo, que la menor estuvo viviendo con su hermano
uterino, que si bien no tiene ningún parentesco ni relación afectiva con el demandante,
no se puede desconocer que existe un lazo de filiación que no puede ser negado por el
padre de la menor, aduciendo a su juicio que es un "chico trastornado y agresivo que por inseguridades tiene problemas serios para hablar y comunicarse", hecho que
tampoco es probado dentro del proceso.
Ello nos hace ver que si bien el padre ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones económicas, que devienen en la satisfacción de las necesidades de la niña, brindándole
educación, salud, alimentación, recreación, deporte, etc., en óptimas condiciones, con
el único objetivo de protegerla de todo peligro, cumpliendo con su deber como
progenitor, no
es aceptable que
pretenda suplantar injustificadamente la
materna, es decir, separar a la niña de su medio familiar que ha estado presente desde
su nacimiento y que ha contribuido a su desarrollo tanto físico como emocional y, en consecuencia, romper los lazos afectivos que unen a la niña con su familia.
Por lo expuesto, la Corte, atendiendo al interés superior de la menor, deberá
determinar su bienestar por sobre las diferencias existentes entre sus padres, los cuales,
conforme se mencionó, tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos
y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado
para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e
intelectuales, en la forma que establece el Código de la materia; en consecuencia, los
progenitores deben: "1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus
requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y
medio; 3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al
desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus
derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 5.
Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 6. Asegurar su participación
en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado evolutivo; 7. Promover la
práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su salud física y psicológica; 8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño,
niña y adolescente; y, 9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este
Código y más leyes1 .
En este orden, la separación de su madre debió ser justificada, es decir, debió probarse
que la menor se encontraba en situación de vulnerabilidad, y no únicamente alegarse
tal hecho, conforme consta en la demanda: "en la actualidad la madre de mi hija ha
incurrido en las siguientes causales mientras ha mantenido bajo su custodia a mi antedicha hija: 1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 5.
Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales
indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis meses; 6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; y, 7.
Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija". Hecho que no ocurrió, puesto que la
Jueza de Instancia en su fallo se remite a establecer la diferencia del entorno y lugar en
el que se encontraba viviendo la menor en la ciudad de Guayaquil y el lugar donde vivía en la provincia de Manabí, hecho que fue determinante, a su entender, para
otorgar la tenencia al demandante.
12 Ver artículo 102 del Código de la Niñez y Adolescencia.
pá8ina 16de 19
Al respecto, cabe señalar que a más de lo manifestado, no es justificable que la Jueza
de Instancia conciba como sinónimo, de bienestar la situación suntuaria en la que vive
el padre, y a la que fue conducida la menor, pues recordemos que antes de su traslado
a Portoviejo, la niñaMaríaJosévivía con su madre en la Cdla. Garzota en la ciudad de Guayaquil, en condiciones normales, sin contar tampoco con las comodidades que se
aprecian en el hogar del demandante, conforme consta en la propia sentencia. Cabe
recordar lo dispuesto en el artículo 114 del Código de la Niñez y Adolescencia, que
establece: "Art. 114.- Improcedencia de limitar, suspender o privar la patria potestad
económicos no es causal para limitar, suspender o privar al padre o a la madre de la
patria potestad. Tampoco se lo hará cuando por causa de migración motivada por
necesidades económicas, el padre, la madre o ambos deban dejar temporalmente al
hijo o hija bajo el cuidado de un pariente consanguíneo en toda la línea recta o hasta el
cuarto grado de la línea colateral. En este caso sólo podrá suspenderse la patria
potestad para efectos de confiar la tutela al pariente que recibió el encargo". En este
orden, se sustenta la improcedencia de concederle la tenencia al padre y privarle a la
madre de su cuidado basados en la carencia de recursos económicos de la demandada,
quien demuestra laborar en su taller de costura y contar con medios económicos para
Igualmente, la jueza de instancia en su fallo desconoce lo previsto en el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuando se determina que en caso de falta de
acuerdo de los progenitores para confiar la patria potestad, el cuidado de los hijos que
no han cumplido doce años se confiará a la madre13, salvo que se pruebe que con ello
se perjudica los derechos del hijo o la hija14. Además, de no considerar que en el caso
de que ambos progenitores demuestren iguales condiciones se preferirá a la madre,
siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija15. En el caso concreto, no
ocurrió, conforme se señaló en líneas anteriores, puesto que si la jueza, a su entender,
estimó que encargar la tenencia a la madre ocasionaba un perjuicio a los derechos de la
niña, debió demostrar o sustentar su afirmación en hechos relevantes (conducta de los
padres, edad de la niña, medio familiar, lazos afectivos) y no únicamente basarse en
que el entorno del padre ofrece mejores condiciones. En este sentido, "es habitual que
ante la separación de los padres, los hijos menores permanezcan conviviendo con la
madre (
Ello encuentra fundamento en que la mujer es quien, tradicionalmente, ha
13 Este postulado tiene relación con la doctrina de los años tiernos, la cual "fue sostenida por la presunción de
que toda madre por el hecho de serlo goza de suficientes habilidades para brindar cuidado, amor y disciplina a
sus hijos/as. En consecuencia, la custodia de un niño/a de tierna edad es entregada a la madre, a menos que ella
sea declarada incapaz". Ver: 552.
14 Ver numeral 1 del artículo 106del Código de la Niñezy Adolescencia. 15 Ver numeral 4 del artículo 106del Código de la Niñezy Adolescencia
Pagina 17de 19
permanecido más tiempo en el hogar, se ha encargado de las tareas domésticas y de las
correspondientes a la educación, cuidado y salud de los hijos"16.
De acuerdo con esta posición, el padre deberá continuar cumpliendo sus deberes de
progenitor, contribuyendo económica y afectivamente con el desarrollo integral de la niña, por demostrar que tiene los medios suficientes para hacerlo y con la única
finalidad de proteger sus derechos y procurar que continúe atendiendo sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, más aún tomando en
cuenta que es su obligación el cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo
integral y protección de los derechos de su hija, particularmente cuando los padres se
encuentran separados por cualquier motivo, conforme lo previsto en el numeral 1 del
artículo 69 de la Constitución de la República. Por tanto, se deja claro que el
otorgamiento de la tenencia a favor de uno de los padres "no implica el cese para el
otro del derecho - deber de supervisar la educación y demás condiciones de vida
referidas a sus hijos menores. Por el contrario, tal situación supone el deber de vigilancia de las relaciones personales de los hijos y también el de comunicar al otro las situaciones que pueden resultar perjudiciales para ellos" .
Con las argumentaciones emitidas, se colige que la decisión motivo de la presente
acción se torna en una actuación judicial arbitraria, sin fundamento y violatoria de derechos. Al respecto, al considerar las circunstancias que rodean al caso y poniendo
especial atención a la edad de la menor se evidencia vulneración de sus derechos
fundamentales, a más del derecho al debido proceso de la accionante, por existir falta
de motivación y contradicción de la normativa constitucional y legal.
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el
periodo de transición, expide la siguiente:
1. Declarar violados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al
debido proceso en contra de la señora María Fátima Cruz Carreño, y el derecho a
tener una familia, a favor de la niña María José González Ruiz y, en consecuencia,
16 Angelina Ferreyra De De la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen de Visitas", en Revista
e Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-CULZON, 2002, p. 125.
17 Angelina Ferreyra De De la Rúa, "Aspectos Procesales de la Tenencia y del Régimen de Visitas", en Revista
de Derecho Procesal, II, Buenos Aires, Editores RUBINZAL-CULZON, 2002, p. 126.
email: comunicacion@cce.gob
pág'na18de 19
aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por la accionante, dejando
sin efecto legal las siguientes resoluciones:
1. Auto expedido por el Juzgado
Primero de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, de fecha 23 de enero del 2008, dictado a las 09hl3, en el juicio de tenencia N.° 2785-2007, mediante el cual se
entregó la custodia provisional de la niñaMaríaJosé González Ruiz al padre, señor
José Manuel González Rodríguez; 2. Resolución del 18 de julio del 2008 a las
1lh35, expedida por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil,
mediante el cual concedió la tenencia de la niña María José González Ruiz al
padre, José Manuel González Rodríguez; y, 3. Auto interlocutorio de fecha 23 de
marzo del 2009 a las 16hl5, dentro del juicio 868-2008, dictado por los Jueces
Provincial de Justicia del Guayas.
Atendiendo el interés superior de la niña María José González Ruiz, se otorga la
tenencia a su madre, señora María Fátima Ruiz Carreño, disponiendo la inmediata
entrega de la niña a su favor y, en consecuencia, su retorno al núcleo familiar
materno, hecho para el cual la jueza de instancia deberá utilizar los mecanismos
que le franquea la Constitución y la ley.
2. El régimen de visitas a favor del padre y la pensión alimenticia que debe
proporcionar a la niña serán determinados por la jueza de instancia, en
concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia.
3. Remítase copia de esta sentencia al Consejo de la Judicatura,
investigue la actuación de la funcionaría.
4. Notifiquese, publíquese y cúmplase
náRamos Benalcázar
OTARIA GENERAL
Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional, para el período de transición, con siete votos de los doctores:
Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza,
Nina Pacari Vega, Edgar Zarate Zarate, Patricio Pazmiño Freiré, siendo concurrente el
voto del doctor Alfonso Luz Yunes, sin contar con la presencia de los doctores Ruth
Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, en sesión extraordinaria del día jueves uno de
septiembre del dos mil once. Lo certifico.
DráTMárcíaRamos'Befialcázar
MRB/ccp/msb
Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás J¡m<
(frente al parque El Arb(
EXPEDIENTEN0
0317-09-EP
Acciónextraordinaria deprotección seguida por
María Fátima Ruiz Cedeño contra la
JuezaPrimerade la Niñezy Adolescenciadel Guayas
JUEZ CONSTITUCIONAL DR. MSC. ALFONSO LUZ YUNES
No estoy de acuerdo con lo resuelto en numeral 3 de la sentencia pronunciada por el
Pleno de la Corte Constitucional, dentro de la acción de protección N° 0317-09-EP, por cuanto estimo que la actuación de la Jueza Primera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas, no amerita investigación alguna, ya que la sentencia
dictada por ella, fue apelada por la recurrente, cuyo conocimiento recayó en la Primera Sala de lo Laboral, Niñe>Z yAdolescencia.dela'Corte Provincial del Guayas
7/1//]
•••••••;-,
U^Jsi^ ,,,.
7. Dr. MSc. AlforisoXuz Yünes
JUEZ CONSTITUCIONAL PONENTE
CASON° 0317-09-EP
Av. 12 de Octubre NÍ6 - 114 y pasaje Nicolás Jime
email: comunicacion@cce.gol
Ecuí
CAUSA N.° 0317-09-EP
Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor
Patricio Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes diez
de octubre del dos mil once, a las diez horas cincuenta y un minutos.- Lo
Dra. Máfcjá'Ramos Benalcázar
MRB/msb
(frente al parque El Arbo Telfs: (593-2) 2565 -117 / 2563 - email: comunicacion@cce.gol
Документы, похожие на «CCE - Caso Tenencia de Niños, Niñas, y Adolescentes»
Gerhard Habrmont
Principios_constitucionales_procesal
Manual de Procedimiento en Caso de Allanamiento Por Parte de La Policía a Autocultivos
Juan Pescador Cano
LAUDO REYNALDO BUSTAMANTE
Capital Cultural Familia
Jazmín Abad
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA TUTELA JURISDICCIONAL EN UNA PERSPECTIVA ACTUAL
DEMANDA DE AMPARO VS LEYES Y NEGATIVA TRASLADO-ABRIL 2016 (1)
CARTAS 52 PREGUNTAS ANTES DE UN BEBE
T.1. La atención socioeducativa a la infancia. Legislación
crissilla
Другое от пользователя: Jerson Luis Guaman Ch
Usos y Costumbres de La Comunidad Rural
Utilización Del Ensilaje Artesanal de Yuca Como Fuente de Energía en Dietas Para Cerdos de Engorde
Популярные на тему «Constitutional Right»
2016-12-02 Derecho Procesal Constitucional
COMPILACION DE CASOS LABORALES.docx
Lucy Mariel Guerrero Alarcón
Periodo de Prueba Laboral - Naturaleza Juridica
Facultad Sancionadora de La Administracion Tributaria
PRINCIPIOS GENERALES Y PROCESALES EN EL NSJP
Modelo Tutela salutotal cirugia prioritaria
FASE-INTERMEDIA.docx
SDFS_U2_A2_JCAS
Cayuso, Susana El federalismo y el poder de policía
Integridad fisica Venezuela2
Boletin Relatoria 31 de Julio de 2019
Vicente Vargas Tordecilla
TUTELA BIOIMAGEN
Dânîêlâ Rômêrô Pêrâltâ

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 279
 artículo 76
 Resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 279

artículo 279
 artículo 255
 resolución 
 resolución 
 resolución

 artículo 52
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 15
 artículo 175
 artículo 11
 artículo 118
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 325
 artículo 106
 artículo 102
 artículo 114
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106

artículo 69
 Resolución