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Timestamp: 2018-12-16 13:18:25+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 0060/2017 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 5ª SALA Nº 60/17
JUICIO: “FÉLIX OCTAVIO CORONEL COLMAN C/ FRANCISCO QUINTANA Y OTROS S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR DAÑO MORAL”.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diez y siete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excmo. Tribunal de Apelación en Comercial, QUINTA SALA, los señores Miembros Magistrados LINEO YNSFRAN SALDIVAR, CARMELO A. CASTIGUONI, Y ALEJANDRINO CUEVAS CACERES, bajo la presidencia del primero de los nombrados y, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo para acuerdo el expediente intitulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno, de esta Capital. -
¿SE DICTO ESTA CONFORME A DERECHO?
Practicado el sorteo de Ley resultó el siguiente orden de votación: CARMELO A. CASTIGUONI, ALEJANDRINO CUEVAS CACERES y UNNEO YNSFRAN SALDIVAR.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. CARMELO A. CASTIGUONI, EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD, DUO: Este recurso fue concedido sin haber sido interpuesto por el recurrente y no existiendo vicio alguno que amerite la nulidad de oficio, debe declararse mal concedido el recurso de nulidad deducido contra la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2015. Es mi voto.
A sus turnos los Magistrados Alejandrino Cuevas Cáceres y Linneo Ynsfran Saldívar, manifestaron adherirse a la opinión del preopinante, por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. CARMELO A. CASTIGUONI, EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION, PROSIGUIO DICIENDO: Este recurso fue contra la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2015, por la cual se rechaza la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor Félix Octavio Coronel Colman contra Francisco Javier Quintana, Gregorio Gómez Benítez y el Estado Paraguayo.-
Antecedentes del caso en estudio: La demanda en cuestión hace referencia a una demanda promovida por el señor Félix Octavio Coronel contra el señor Francisco Javier Quintana (en su condición de ex fiscal que realizó la imputación al ahora demandante), el señor Gregorio Gómez Benítez (Fiscal que sustituyó a Francisco Javier Quintana durante el proceso penal) y, el Estado Paraguayo, demandado subsidiariamente y quien fuera demandado por hecho de terceros, y, en este caso, los fiscales, y de conformidad al artículo 106 de la Constitución Nacional y 1945 del Código Civil.
Que, la demanda se funda en que el actual demandante Félix Octavio Coronel fue absuelto de culpa y de pena, en la causa penal por homicidio doloso y coacción sexual, por S.D. N° 355 del año 2006, ocasionado por la muerte de quien fuera la víctima, Basilia Angélica Castillo Paredes.
El fundamento de la demanda, contra el ex fiscal que realizara la acusación y contra el que estuviera en la audiencia del juicio oral, es lo que el demandante expresa a página 24 del expediente en su escrito inicial, en la cual dice que: “LA ABSOLUCION A MI FAVOR ES LA PRUEBA PATENTE DE QUE LA ACUSACION FISCAL FUE UN HECHO ILÍCITO”.
En tanto que el fundamento contra el otro demandado, dice que fue porque: “EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR MANTUVO LA ACUSACIÓN (...) A PESAR DE NO TENER SIQUIERA ELEMENTO DE CONVICCIÓN”.
Y, contra el Estado Paraguayo el fundamento expresado se sostiene en que: “EL ESTADO PARAGUAYO ES RESPONSBLE, EN FORMA SUBSIDIARIA DEL QUEBRANTAMIENTO DE MIS DERECHOS, DADO QUE LAS PERSONAS DEMANDADAS, AL TIEMPO DE INVESTIGARSE EL CRIMEN ERAN AGENTES FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 106 Y DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y 1945 DEL CODIGO CIVIL”. Desde luego que la responsabilidad del Estado es refleja o sea, solo si el funcionario, como dependiente del Estado o de un organismo estatal, es responsable, por tanto, corresponde estudiar si aquellos que fueron funcionarios públicos en el hecho que se analiza son no responsable de haber procesado a quien después resultara absuelto.
El problema central es determinar si el hecho de imputar o acusar y después ser absuelto es suficiente para responsabilizar civilmente al fiscal y subsidiariamente al Estado Paraguayo.-
Presentado así el caso, corresponde en primer lugar determinar, si los fiscales deben responder por el solo hecho de haber procesado al que ahora es demandante y, éste saliera absuelto enjuicio penal. La teoría del demandante se sustenta en que: “LA ACUSACION FISCAL FUE UN HECHO ILICITO”, por el solo hecho de ser absuelto en el juicio oral. La idea central es que el solo hecho de haber sido procesado y salir absuelto de culpa y pena es suficiente para constituir el acto ilícito, para generar responsabilidad civil en el magistrado. El problema está resuelto en la propia Constitución Nacional en el artículo 11, donde se establece que: “NADIE SERA (.....)PROCESADO SINO MEDIANDO LAS CAUSAS Y EN LAS CONDICIONES FIJADAS POR ESTA CONSTITUCION Y LAS LEYES. Precisamente, la Constitución Nacional, en su artículo 268, establece como uno de los deberes del fiscal “EJERCER LA ACCION PENAL EN LOS CASOS EN QUE, PARA INICIARLA O PROSEGUIRLA, NO FUESE NECESARIA LA INSTANCIA DE PARTE”. Ejercer la acción penal es incitar el procesamiento y el artículo 11 de la Carta Magna establece que este procesamiento debe ajustarse a la ley y, eso significa que la imputación penal debe estar basada en indicios suficientes. A fojas 20 se lee en el diario POPULAR que el testigo ocular, el señor Mario Alvarez Fernández dijo al relatar lo que vio, y dijo “YO ESTABA MARISCANDO EN EL ÑADANDY CUANDO ESCUCHÉ RUIDOS QUE VENIAN DEL LUGAR. ME AGACHÉ Y MIRÉ, VI QUE ESTABA UNA BICICLETA Y PENSE QUE ERA UNA PAREJA Y POR ESO ME RETIRÉ NOMAS” .Y, en el diario se relata que LUEGO DE CASI UNA HORA VOLVIO TRAS SUS PASOS Y VIO EL HUMO QUE ESTABA SALIENDO DEL LUGAR y dijo el testigo presencial que: ESCUCHE AVEI QUE OPIRIRI LA TATATI (QUE SE PRENDIA FUEGO), ME ACERQUE A MIRAR Y ENCONTRÉEL CADAVER, RÁPIDAMENTE FUI A AVISAR A DOS SEÑORAS QUE ESTABAN CERCA. El diario cuenta que el testigo no pudo ver el rostro de nadie y, que solamente vio ropas y la bicicleta de color negro en el lugar. En la sentencia N° 355 del 10 de octubre de 2006, en la causa “DOMINGO GIMÉNEZ Y OTROS SOBRE HOMICIDIO DOLOSO Y OTRO”, se lee en la declaración del señor Mauro Ojeda, Comisario interviniente, por el que se sabe de la referencia que hizo el testigo presencial de la bicicleta, y en el procedimiento que se hiciera, el Comisario Ojeda Agüero, quien relata que: “CUANDO NOS RETIRÁBAMOS DEL LUGAR CUANDO EN ESO UN OFICIAL ME DICE QUE LA BICICLETA TANIA MANCHAS DE SANGRE Y LE DIJE AL OFICIAL PARA APREHENDERLE Y LUEGO LE PUSIMOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO. Así como en esta también en otras declaraciones aparece el mencionado Mario Álvarez relatando como fue el hecho y que había una bicicleta y fue esta bicicleta que condujo al procesamiento del ahora demandante. Con estos elementos, el Ministerio Publico, a través del entonces fiscal, tenía el DEBER de procesar, porque esos elementos eran indicios suficientes para crear la convicción del Ministerio Público, para esclarecer el hecho punible. Con estos elementos se dan “LAS CONDICIONES FIJADAS POR ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. O sea no era una vinculación arbitraria sino había elementos indiciarios que justificaba que el fiscal involucre en el proceso penal al ahora demandante. Tenía razón para procesar, entonces, no es un acto ilícito, el hecho que después salga absuelto, pues la prueba de ADN lo pidió el mismo fiscal, lo cual demuestra que tuvo objetividad y, por cuya razón no se dan los presupuestos de responsabilidad en ninguno de los dos fiscales, dado que el proceso basado en indicios, que después fueron desvirtuados con el ADN, pero, en su momento fueron razonables para procesar.
Por otro lado, el fiscal es un magistrado según la ley y, si es un magistrado es que está incurso en la previsión del artículo 253 de la C.N., por cuya virtud; “LOS MAGISTRADOS JUDICIALES SOLO PODRÁN SER ENJUICIADOS Y REMOVIDOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS, O MAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEFINIDOS EN LA LEY, POR DECISION DE UN JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS”. Esto significa, que el mal desempeño de funciones en el caso de un magistrado en funciones, debeestar establecido previamente por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados cual cabe para el otro codemandado Gregorio Gómez Benítez, en su condición de fiscal. En el caso de un magistrado en funciones, se debe demostrar previamente el mal desempeño, y no se hizo así y la justicia ordinaria no puede invadir la competencia de un órgano constitucional, para establecer 1 mal desempeño del magistrado. Este no es el caso del fiscal Quintana que renuncia antes de terminar el proceso penal. En cualquier caso no hay responsabilidad subjetiva por hechos propios ni en Quintana ni en Gómez.
Desde luego que, el Estado no debe responder por conductas ajenas, aun siendo fiscal, si no se demuestra la responsabilidad subjetiva por hechos propios de los fiscales demandados. El Estado Paraguayo no fue demando por hecho propio sino por hecho ajeno, y desde luego, si los fiscales no deben responder, porque no tienen culpa, porque no hay ilícito en sus conductas, el Estado también esta liberado y, entones, debe confirmarse la resolución recurrida.
Por tanto, debe confirmarse la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2015. Con costas, en el orden causado en razón de que la parte apelante ha creído tener razón para demandar y, por la naturaleza de la demanda.
EN CUANTO A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL MAGISTRADO ALEJANDRINO CUEVAS CÁCERES DUO: El Abg. José Jara Saccarello, en nombre y representación del Sr. Félix Octavio Coronel, expresa agravios en los términos del escrito obrante a fs. 271/283 de autos. Manifiesta que la resolución es injusta porque el a quo ignoró que las pruebas rendidas en autos acreditan cada uno de los presupuestos requeridos para la procedencia de la indemnización por daño moral. Expresa que quedó probada la antijuridicidad de la conducta desplegada por los demandados. Señala que el Estado debe responder subsidiariamente por la conducta omisiva de los agentes fiscales. También manifiesta que es erróneo el razonamiento judicial del a quo en cuanto resolvió que es el Ministerio Público es el que debe ser demandado, no así el Estado. Continua haciendo alegaciones acerca de los demás requisitos para la procedencia de la responsabilidad civil que -según manifiesta- se encuentran cumplidos en la presente demanda. Finalmente, solicita que la resolución sea revocada en todas sus partes.
Corrido el traslado, el Abg. Francisco Javier Quintana, en causa propia, contesta los agravios en los términos del escrito obrante a fs. 287/289 de autos. Aduce que no ha incurrido en ninguna conducta omisiva ya que en virtud de los principios del Código Procesal Penal solicitó actuaciones tanto de cargo como de descargo en relación al entonces imputado Félix Octavio Coronel. Realiza otras alegaciones para finalmente concluir que la sentencia apelada se halla ajustada a derecho y debe ser confirmada.
El Procurador General de la República, Abg. Roberto Moreno Rodríguez, en nombre y representación del Estado Paraguayo, contesta los agravios en los términos del escrito obrante a fs. 295/319. Alega la falta de legitimación pasiva del Estado y desarrolla un extenso argumento al respecto. Indica que la antijuridicidad de la conducta no se probó teniendo en cuenta que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no ha decretado tal cosa y, además las costas procesales no fueron impuestas a los fiscales por el Tribunal de Sentencia en lo Penal. Continúa haciendo alegaciones y transcribiendo doctrina y jurisprudencia argentina acerca de la procedencia o no de una indemnización cuando una persona en un proceso penal sufre prisión preventiva y luego es absuelta. Alega que para la procedencia de daño moral se requiere la acreditación del daño y que no basta con la mera alegación del daño, y que debe ser probado.
En autos se discute la procedencia -o no-de una indemnización por daño moral del Sr. Félix Coronel contra el Sr. Francisco Quintana, Gregorio Gómez y subsidiariamente contra el Estado Paraguayo, ya que el mismo fue absuelto de reproche y pena conforme a lo resuelto por S.D. N° 355 de fecha 10 de octubre de 2006 dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces Penales Dr. Andrés Casati Caballero, Abg. Mara Ladan Samcevich y Abg. Letizia de Gásperi, en atención a que el Ministerio Público expresamente manifestó en sus alegatos iniciales que ésa representación no encontró elementos para acusar a Félix Octavio Coronel ni como autor o partícipe sobre el hecho ocurrido en fecha 27 de agosto de 2004 del cual resultó víctima la niña B. A. C. P., habiéndose encontrado elementos para acusar al Sr. Mario Ramón Ruiz Díaz, como autor y responsable directo de los hechos punibles.-
Corresponde entonces primeramente delinear la situación jurídica en la que se encuentran los demandados señores Francisco Quintana, Gregorio Gómez y por último el Estado Paraguayo.-
La a quo en su decisorio argumentó lo siguiente: "...no corresponde condenar al pago de una indemnización alguna a los agentes fiscales intervinientes en razón de las argumentaciones expresadas, ya que no fue probada en autos el acto de ilicitud o mal desempeño de funciones de los Fiscales intervinientes, pues no hubo declaración de temeridad o negligencia en la actuación fiscal, y considerando que para que una investigación resulte antijurídica, es necesario que en la misma se haya actuado de manera dolosa, negligente u maliciosa, y se haya decretado la temeridad del mismo, situación que no fue probada en autos haber acontecido. Indica igualmente, que las costas en el proceso penal fueron impuestas en el orden causado lo que demuestra que no ha habido mal desempeño de los funcionarios demandados en el ejercicio de la persecución penal contra la parte actora el señor Félix Coronel.-
Para entender bien la cuestión haremos una breve síntesis de las responsabilidades en las que podría incurrir el funcionario público y la responsabilidad -en su caso- del Estado. Se han distinguido claramente los siguientes tipos de responsabilidades: penal, civil, administrativa, política (para los que deban ser removidos por el procedimiento del juicio político), y una quinta especie que sería la procesal (condena en costas al fiscal), todas son independientes a excepción de la penal -que en algunos casos y bajo ciertos supuestos- es vinculante para las demás responsabilidades.
Para la procedencia de una demanda por responsabilidad civil contra un fiscal no es un requisito previo que se lo haya condenado en costas en sede penal, pues la responsabilidad originada por las costas es una especie de responsabilidad procesal que proviene del art 262 del C.P.P. y que -además- no es vinculante a los efectos de otro tipo de responsabilidad.
Otro argumento vertido en la expresión de agravios, es la remoción del magistrado o -en este caso- del fiscal, como un requisito previo para la procedencia de la responsabilidad civil, cuestión que no compartimos. La doctrina argentina se ha referido a ello y expreso que: "Hay supuestos que justifican la responsabilidad civil pero no la remoción: en los que, al decir de Mosset Iturraspe, existe una desproporción entre el yerro y el juicio político (...)
Por eso, considero correcta la solución dada por el artículo 2° del Código Procesal Civil de Mendoza, que expresamente dispone que "los perjudicados pueden exigir el resarcimiento sin necesidad de suspensión o remoción previa del inculpado".
Es también la solución del artículo 1581 del proyecto del 1992 que expresamente dispone: “Los daños causados con culpa, dolo o malicia por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, están comprendidos en las disposiciones de este título, sin que sea necesario su previo desafuero ni la determinación de su responsabilidad administrativa”. (Aída Kemelmajer de Carlucci. El deber de los jueces de reparar el daño causado).
Trigo Represas citando la opinión de otros doctrinarios ha indicado: "... Así Aguiar afirma que el requisito del previo desafuero viola la igualdad de las partes, por lo que resulta injusto e inconstitucional. Kemelmajer de Carlucci ha dicho que tal requisito lleva a que los juicios se tramiten sólo contra el Estado, sin oír al juez a quien se le imputa el error, al que le será inoponible la sentencia que pueda recaer en un ulterior juicio de repetición, agregando que además hay supuestos que justifican la responsabilidad civil pero no la remoción del magistrado. También Mosset Iturraspe ha sostenido lo mismo, haciendo notar que difícilmente se hará lugar a un desafuero, faltando la ilicitud y la culpabilidad a título de dolo o de malicia, o sea que el desafuero, al tornarse una exigencia límite, obsta o impide las acciones de indemnización por daños. Siendo ésta asimismo la postura de José F. Márquez y lo que igualmente hemos sostenido nosotros con anterioridad.” (Trigo Represas, Félix. A. Responsabilidad de los jueces y del Estado-juzgador por daños derivados de errónea actividad judicial. La Ley Paraguaya. Citaonline: AR/DOC/2106/2008).
Como se ve, se pretende aquí incorporar una cuestión "prejudicial" para la procedencia de la responsabilidad civil del fiscal. Es importante referimos a este tema ya que consideramos que se encuentra íntimamente ligado a lo que aquí se discute y -además- para que no queden dudas acerca de la falta de sustento jurídico del argumento que indica que es necesaria la remoción del fiscal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para considerar luego -por los jueces civiles- si se debe o no indemnización por daños y perjuicios a alguien.
La prejudicialidad la definiremos como aquella decisión que debe ser tomada por un órgano distinto para que pueda tramitarse o resolverse sobre la procedencia de una responsabilidad en el ámbito penal, civil o laboral. Aquel órgano distinto puede tratarse de otro judicial pero de otra competencia (penal, civil, laboral, etc), incluso de uno de la misma competencia, o de uno administrativo (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Poder Ejecutivo, etc.). A la decisión que depende de una voluntad administrativa se la suele llamar cuasiprejudicialidad.
Al respecto, es necesario mencionar que ni en nuestra Constitución Nacional ni en las leyes de inferior jerarquía se establece la vinculación o dependencia de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para la procedencia de las demás responsabilidades, adoptando el criterio de vinculación.
La cuestión prejudicial la tenemos mencionada en el Código Procesal Penal y en el Código Civil. En el art. 327 del C.P.P. se expresa: "La cuestión prejudicial procederá cuando sea necesario determinar por un procedimiento extrapenal la existencia de uno de los elementos constitutivos del hecho punible...”. Como se ve, el C.P.P. se refiere a una cuestión "extrapenal" que puede provenir de una decisión en sede judicial de otra competencia o sede administrativa. En el sistema penal no debe confundirse la cuestión prejudicial con la cuestión previa que se encuentra en el art. 328 del C.P.P., bajo el título de desafuero, que trata lo atinente al obstáculo de seguir el procedimiento por privilegios o inmunidades otorgados a ciertos funcionarios, que en determinados casos debe su desafuero para iniciar una persecución penal.
En el Código Civil el tema de la cuestión prejudicial se encuentra en el art 1870, el citado artículo establece: "Si la acción penal dependiere de cuestiones prejudiciales cuya decisión corresponda exclusivamente al juicio civil, no se sustanciará el juicio criminal antes de que la sentencia civil estuviese ejecutoriada. Serán cuestiones prejudiciales las que versen sobre la validez o nulidad del matrimonio y las que se declaren tales por la ley. Esto se relaciona - en realidad- con la acción penal cuando ésta dependa de una cuestión que debe ser resuelta únicamente en un juicio civil. Se establece como única cuestión prejudicial la validez o nulidad del matrimonio y las expresamente establecidas en la ley. En todo el texto del Código Civil la única cuestión prejudicial prevista para que pueda dictarse sentencia válida en el juicio civil es la establecida en el art. 1865 del C.C.P. que indica que si se ha iniciado la acción penal antes de la civil o aquella se encuentra pendiente no se podrá dictar sentencia en sede civil hasta tanto sea dictada resolución en juicio penal, salvo dos excepciones: fallecimiento del encausado o proceso suspendido por ausencia o enfermedad mental del encausado. Cabe mencionar que esta cuestión ni siquiera se refiere a que no pueda iniciarse la acción civil o proseguirse, sólo que no podrá dictarse resolución definitiva hasta tanto se resuelva el caso penal.-
Esta magistratura considera que las cuestiones prejudiciales deben estar expresamente establecidas en la ley, en cuanto a la promoción de la acción civil o el dictamiento de sentencia definitiva se refiere.-
Alsina se ha referido a ello y ha indicado: "En segundo término se deduce también que no hay más cuestiones prejudiciales que las establecidas en la ley y ésta es la orientación de la jurisprudencia (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Segunda Edición. Tomo III. Buenos Aires: 1961. Ediar S.A. Editores. Pág. 164).-
Sostenida ya la falta de vinculación de responsabilidad civil con la administrativa y procesal, se toma imposible considerar como vinculante tanto la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como la no condena en costas al fiscal.-
En este orden de ideas, es pertinente referimos a lo argumentado por la a quo, quien rechazó la demanda considerando que es el Ministerio Público quien debe responder por los daños causados a la parte actora.
El art 1845 del C.C.P. indica: "Las autoridades superiores, los funcionarios y empleados públicos del Estado de las Municipalidades, y los entes de Derecho Público serán responsables, en forma directa y personal, por los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los autores y copartícipes responderán solidariamente. El Estado, las Municipalidades y los entes de Derecho Público responderán subsidiariamente por en ellos en caso de insolvencia de éstos". En atención a esa disposición es que el Estado sostiene la falta de legitimación pasiva, pues el artículo transcripto indica que el Estado y los entes del Derecho Público responderán subsidiariamente por ellos en caso de insolvencia.
En cuanto al Ministerio Púbbco, sin embargo, se deben hacer las siguientes consideraciones:
-Es cierto que el art. 91 del C.C.P. indica: "Son personas jurídicas: a) El Estado; (...) d) Los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público, que, conforme con la respectiva legislación sean capaces de adquirir bienes y obligarse..). Distingue claramente entre el ESTADO y los entes autárquicos, autónomos y demás entes. Consideramos acertado y entendemos que el Ministerio Público es capaz de adquirir bienes y obligarse conforme a la legislación que lo rige. Sin embargo, por una cuestión de política legislativa el art. 101 de la Ley Orgánica del Ministerio Público contiene una disposición que sin lugar a dudas no puede ser dejada de lado por este tribunal y expresa: "Las costas e indemnizaciones que resulten de la actuación del Ministerio Público serán pagadas por el Estado, conforme lo previsto en la Constitución, en la ley y en los decretos reglamentarios”. La interpretación que corresponde de este artículo es que cuando deba pagarse una indemnización ya sea de forma subsidiaria -por tratarse de un ilícito del funcionario- o directa -por actos lícitos- deberá pagarlo el ESTADO, no se refiere al Ministerio Público como ente autónomo.
Por otra parte, los arts. 273 al 278 del Código Procesal Penal establecen y reconocen la responsabilidad directa del Estado en caso de que una persona en un proceso haya sufrido injustamente la imposición de medidas cautelares, es decir, considera legitimado pasivo al Estado, no al Ministerio Público.-
Esta magistratura es de la opinión de que como bien lo establecen los articulados del C.P.P. citados, la responsabilidad por privación de libertad de una persona en el marco de una persecución penal con el obrar lícito de los funcionarios es del Estado. Si bien el peticionante solicitó la condena subsidiaria al Estado en el pensamiento de que el fiscal actuó ilícitamente, concluido que su obrar se encuadró dentro de la legalidad y teniendo en cuenta que la ley otorga un derecho indiscutible al accionante a obtener reparación por haber sufrido prisión preventiva, corresponde condenar al Estado directamente.
Cabe traer a colación el art. 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece: "El Fiscal General de Estado, los funcionarios del Ministerio Público, los empleados y auxiliares administrativos serán responsables conforme a la ley, por los hechos punibles, faltas y omisiones que realicen durante el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas. También tendrán responsabilidad personal cuando por negligencia demoren el trámite de los procesos o de cualquier otra función del Ministerio Público. Esta responsabilidad se refiere a la directa de los funcionarios públicos por hechos ilícitos culposos o dolosos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la disposición aplicable en este caso particular -como ya se señaló- es el art. 100 del mismo cuerpo legal citado que establece: "Las costas o indemnizaciones que resulten de la actuación del Ministerio Público serán pagadas por el Estado, conforme lo previsto en la Constitución, en la ley y en los decretos reglamentarios”.
Respecto a la responsabilidad civil extracontractual del Estado es necesario señalar que existen dos vertientes: la responsabilidad civil directa por actos lícitos del funcionario y la indirecta o subsidiaria por los actos ilícitos de los mismos.
En cuanto a la primera vertiente -responsabilidad civil directa-, el art. 39 de la Constitución de la República del Paraguay expresa: "Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho. Desde el momento en que se comprueba que un determinado acto ocasionó un daño a persona específica, procediendo el funcionario de manera lícita -en el marco de sus funciones- corresponde directamente al Estado responder por aquellos daños.
En el debate por la Comisión Redactora del artículo en cuestión Oscar Paciello ha indicado: "...hay una esfera dentro de los actos administrativos que hace relación a cierta discrecionalidad en el manejo de la administración y si una competencia atribuye a un determinado funcionario, cierta discrecionalidad es obvio que su accionar estará dentro del enmarcado en el plano de la legalidad pero evidentemente esto puede generar daño y si nosotros decimos que solamente en caso de una acción manifiesta legítima e ilegítima estamos excluyendo toda una franja peligrosa de actos discrecionales cumplidos por la administración pública que tomaría realmente ilusoria esta posibilidad de resarcir justa y adecuadamente al particular que se ha visto afectado por un hecho dañoso. (Oscar Paciello, Diario de Sesiones de la Comisión Redactora N° 14, 19 de marzo de 1992, págs. 47 al 48). La Comisión Redactora justamente decidió no calificar el tipo de responsabilidad del Estado ya que entendió que podría también responder por los actos lícitos que ocasionan daños.
La opinión vertida por María Mercedes Buongermini en cuanto a la responsabilidad del Estado merece ser mencionada también: "...es claro, pues, que la responsabilidad extracontractual puede surgir no solo por actos civilmente ilícitos del Estado -es decir de aquellos que llamamos antijurídicos, o contrarios al ordenamiento normativo en general- sino también por actos lícitos del Estado que lesionan la esfera jurídica de una persona particular. Es decir, actos que no violan ningún precepto legal, que se realizan dentro de los límites de las atribuciones estatales y aún en su ejercicio, pero pese a ello generan un perjuicio que se evidencia en la esfera jurídica del titular de un bien o derecho determinado..." (Opinión de María Mercedes Buongermini en Responsabilidad Civil de daños y perjuicios, pág. 142. Editora Intercontinental. Año 2008).
En cuanto a la segunda vertiente -responsabilidad civil indirecta o subsidiaria se origina por el actuar ilícito del funcionario, quien tiene primeramente el deber de responder y subsidiariamente -en caso deinsolvencia de éste- el Estado. Así lo establece la Constitución Nacional en su artículo 106 el cual dispone: "Ningún funcionario empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto". Siguiendo la misma línea el art. 1845 del C.C.P. que indica: "Las autoridades superiores, los funcionarios y empleados públicos del Estado, de las Municipalidades, y los entes de Derecho Público serán responsables, en forma directa y personal, por los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los autores y copartícipes responderán solidariamente. El Estado, las Municipalidades y los entes de Derecho Público responderán subsidiariamente por en ellos en caso de insolvencia de éstos". Como se puede observar, no puede existir -bajo pretexto de "inmunidad"- una absoluta irresponsabilidad del funcionario público, cuando que, como bien lo señala la Constitución ningún funcionario público se encuentra exento de responsabilidad por su obrar ilícito. Es más, en el caso de los jueces el art. 16 del C.P.C. ratifica la regla general de la responsabilidad civil del funcionario y expresa: "El incumplimiento de los deberes en el ejercicio irregular de las facultades que las leyes imponen u otorgan a los jueces, los hará incurrir en responsabilidad civil...".-
Específicamente, sostenemos que para la procedencia de responsabilidad civil del fiscal no existe otro requisito distinto que para los actos ilícitos en general. En este contexto traemos la opinión manifestada por el Dr. Roberto Moreno en un interesante artículo: "los requisitos para que surja la responsabilidad civil del Agente Fiscal, en consecuencia, son los generales que rigen para la existencia de un acto ilícito cualquiera..." (Roberto Moreno, Sobre la Responsabilidad Civil del Agente Fiscal, pág. 9).-
Corresponde entonces analizar la conducta de los agentes fiscales, respecto de si la misma se encuadra -o no- dentro de un actuar ilícito, realizado por culpa o dolo. La culpa entendida como la omisión de las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (art. 421 C.C.P.).-
El solo hecho de haberse declarado la absolución del acusado en juicio oral y público no implica que los fiscales hayan actuado ilícitamente como bien lo refiere el magistrado preopinante. En lo que respecta a la evaluación sobre el actuar de los fiscales comparto la opinión esgrimida por el preopinante en cuanto que considero que los fiscales obraron lícitamente.
Por otra parte, discrepo en lo que se refiere a la opinión de que el Estado no debe responder al no haber culpa o dolo de los agentes. Como ya se explicó párrafos arriba la responsabilidad del Estado puede ser directa por los actos lícitos de sus dependientes -responsabilidad objetiva por el hecho del dependiente- en el que se prescinde de evaluar si la conducta del funcionario fue culposa o dolosa.
En este caso en particular esta responsabilidad viene dada por los arts. 273 al 276 del Código Procesal Penal en los que se indica que el Estado deberá indemnizar en caso de absolución del acusado y cuando éste haya sufrido privación de libertad durante la tramitación del proceso penal. De los articulados surge que esta responsabilidad es directa del Estado y se prescinde de la conducta desplegada por los funcionarios.
A todas luces de los textos normativos citados se puede inferir que el Estado posee legitimación pasiva para ser demandando. En esta inteligencia, se concluye que no es procedente el rechazo de la demanda contra el Estado por los argumentos que la jueza esgrimió en su resolución.
Debemos traer a colación igualmente el Principio de Congruencia que podemos definirla en palabras de Peyrano como: "...la exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima. (Peyrano. Pág. 64). El vicio de incongruencia puede presentarse de dos maneras: la incongruencia externa da resolución no está acorde con la forma en que la litis fue trabada); incongruencia interna (la contradicción entre las premisas de la misma resolución). A su vez, la incongruencia externa puede ser subjetiva u objetiva. La primera de ellas se refiere al hecho de que no existe coincidencia entre los sujetos que fueron partes del proceso y la resolución que se dicte, es decir, se condena a alguien que no fue parte, por ejemplo. La objetiva tiene que ver con las pretensiones deducidas por las partes y la coincidencia que debe haber con la resolución del juez, se puede incurrir en vicio de incongruencia cuantitativo o ultra petita cuando se otorga más de lo que se pidió; cualitativo o extra pettita cuando se otorga lo que no se pretendió, es decir, se agrega un rubro no reclamado en el juicio; y citrapettita, el juez omite pronunciarse sobre lo que fue pretendido.
La pretensión procesal está basada o por lo menos posee tres elementos: sujetos, objeto y causa y -justamente- la congruencia de una resolución tiene que ver con ello. En el presente juicio se demanda a los funcionarios públicos y al Estado; el objeto de la pretensión es una suma de dinero por daño moral; y la causa que lo motiva es la prisión preventiva sufrida por el recurrente en el marco de una investigación penal. Lo que aquí pretende el recurrente es ser indemnizado por quien corresponda por el daño moral sufrido, y acreditado que estuvo en prisión preventiva por 715 días; probado que el fiscal obró en el marco de sus funciones; y teniendo una ley que expresamente reconozca el derecho a ser indemnizado directamente por parte del Estado, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta contra el Estado. No existe violación al principio de congruencia por el hecho de que la persona demandó también al Estado por la misma causa y por el mismo objeto, siendo el tipo de responsabilidad directa en virtud de lo establecido en el art. 39 de la C.N. y en el C.P.P.
El reclamante se creía con derecho a obtener una indemnización subsidiaria por parte del Estado porque entendió que el obrar de los funcionarios fue ilícito, probada en juicio la licitud de las actuaciones, es el Estada el que debe responder aunque el actor no haya invocado la responsabilidad directa del Estado. Aquí la cuestión es clara, la ley misma reconoce expresamente el derecho de toda persona a ser indemnizada directamente por el Estado en caso de haber sido privado de libertad.-
Por otra parte, ya entrando a estudiar el daño moral alegado por elactor, debemos hacer -antes-algunas precisiones en torno al daño moral. Partiremos de la definición del mismo: "...por daño moral debe entenderse cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasiona perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se ha perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado...” (Bustamante AIsina, Jorge. Teoría de la responsabilidad civil, pág. 234. 8va edición. 1993).-
“...Félix Alberto Trigo Represas y Rubén S. Súglitz, en un trabajo publicado en La Ley, 1985 B - p. 139, sostienen que daño moral es el que se infiere al violarse alguno de los derechos personalísimos o de la personalidad, que protegen como bien jurídico a los presupuestos o atributos de la personalidad del hombre como tal de una parte, La Paz, La Privacidad De La Vida íntima , la libertad individual y sobre todo la salud y la integridad psico- física de los seres humanos o de otra, el honor, la honra y pudor sexual, los sagrados afectos, etc., es decir, todo lo que se conoce como afecciones legítimas". (Tellechea Solís, Antonio. Responsabilidad civil por daño moral. Publicado en: LLP 1988, 527-Sup.Esp. LLP 2003 (noviembre), Pág. 373).-
E1 daño moral debe además, ser prolongado o permanente, de manera que no cualquier molestia sea causal para reclamar indemnización. Las afectaciones que uno recibe por el hecho de vivir en sociedad y que no marquen profundamente el espíritu del afectado o afectada no son suficientes para merecer una indemnización por daño moral.
Corresponde pues, analizar si los hechos alegados por la parte actora son realmente daños que pudieron causar una afección profunda en el espíritu de la reclamante y por lo tanto indemnizable. Así tenemos que Félix Octavio Coronel sufrió privación de libertad por dos años y dos meses. Fue recluido en la Penitenciaría de Tacumbú del 4 de septiembre del 2004 al 10 de octubre del 2006, según informe del Director de la Penitenciaría Nacional obrante a fs. 165. La libertad es un derecho humano de reconocida a toda persona, privar de ese derecho tan inherente al ser humano y en un lugar en condiciones infrahumanas -sin lugar a dudas- podría dar lugar a la existencia de daño moral. Pero en cuanto a la duda -o no- de la existencia efectiva del daño moral y la prueba lo hablaremos en párrafos seguidos.
En cuanto a la prueba, tratándose de daño moral no es posible, en la inmensa mayoría de casos, aportar prueba directa, ya que se trata de afectaciones al espíritu. Al respecto, Claudio Kiper, citando a Bustamante Alsina y Ramón Pizarro señala:
"...No creemos que el daño moral debe ser objeto de prueba directa pues ello resulta imposible, dada la índole del mismo que reside en lo más íntimo de la personalidad, aunque se manifiesta a veces por signos exteriores que pueden no ser auténtica expresión. Nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia e intensidad del dolor, la verdad de un padecimiento, la realidad de la angustia o la decepción." (Kiper. C. Proceso de Daños. Tomo II. La Ley. Año 2007. Pág. 8).
Bustamante Alsina, también ha dicho: “la esencia del daño moral extrapatrimonial se demuestra a través de la estimación objetiva que hará el juez de las presuntas modificaciones o alteraciones espirituales que afecten el equilibrio emocional de la víctima. La entidad o magnitud del daño moral resultará de la extensión e intensidad con que aquéllas se manifiesten en los sentimientos de esta última”. (Bustamante Alsina, Jorge. Teoría general de la responsabilidad civil. Novena edición ampliada y actualizada. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Pág. 246.).-
La carga de la prueba siempre es a cargo del actor y debe probar la existencia del daño, sin embargo, como no siempre es posible la producción de la prueba e incluso por la magnitud de los efectos del hecho dañoso, se puede presumir la existencia del daño moral. Existen hechos que en Ciertas circunstancias hacen evidente la existencia del daño moral y que carece exigir alguna prueba. Por ejemplo, la muerte de los padres, de los o algún familiar cercano, la desfiguración del rostro, la pérdida de una parte del cuerpo, etc. Estos hechos hacen evidente y hacen presumir la existencia de un sufrimiento moral, pero obviamente hay hechos que no nos llevan a dicha presunción. No siempre es dable presumir la existencia del daño moral por lo que el juez con los elementos que obren en juicio determinará basado en presunciones e indicios -muchas veces- la existencia de daño moral. La jurisprudencia nacional se ha pronunciado al respecto: "...en el caso, el resarcimiento de daño moral sufrido por la pérdida del esposo y padre de familia resulta indiscutible e irrefutable. En efecto, la muerte horrenda y repentina llevan a la convicción plena que se ha ocasionado, en consecuencia, desgarramiento moral para la esposa e hijos y debe ser atendido... "(CSJ, Sala Civil, Ac. y Sent. N° 647 del 02/09/11).-
“...el sólo hecho de que una persona figure injusta e indebidamente en los registros de personas moros en INFORCONF constituye un hecho dañoso que justifica ampliamente resarcimiento en concepto de daño moral... ” (Voto del Magistrado Marco Riera Hunter. Trib. Apel. Civ. y Com. Ira Sala. Ac. ySent. N° 59 del 02/09/11).-
Ac. y Sent. N° 115 del 05/11/2013 (Juan Planas c/ SUDAMERIS BANK SAECA s/ Indemnización de daños y perjuicios): “...con relación al daño moral, se puede afirmar que tal rubro indemnizatorio no necesita de prueba directa, sino que se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa, en correlación directa con las circunstancias particulares de la víctima” (Voto en mayoría del Magistrado Nery Villalba, pág. 124); “...todo daño debe ser sometido a prueba. Lo que no debemos olvidar son las reglas probatorias, pues algunos hechos se exoneran de prueba por su carácter de notorios, a tenor del art. 249 del CPC. Así, en el ámbito de daños morales puede considerarse como notorio vgr., la existencia de un dolor espiritual por la pérdida de un familiar cercano, como hijo. En este caso sería ocioso requerir prueba del daño porque surge ostensible, susceptible de ser percibido y entendido por todos. En otras circunstancias esta notoriedad no será tan extrema, y el daño podrá ser inducido de los hechos conocidos, aplicando las presunctiohominen, que son hechos que surgen derivados de otros hechos conocidos, según el normal y natural acontecer de las cosas” (Voto en minoría del Magistrado Arnaldo Martínez).
“...basta con probar la existencia del hecho para tenerse por probado el consiguiente daño moral...” (Voto del magistrado Raúl Gómez Frutos. Trib. Apel. Civil y Com, 4ta Sala. Ac. y Sent. N° 136 del 03/12/2013).En el presente proceso se ofrecieron testigos, así a fs. 175 consta la declaración de Antonio Ruiz Díaz en el que expresa que después de recuperar su libertad el Sr. Félix Coronel quedó golpeado moralmente y que tiene problemas familiares; a fs. 176 consta la declaración de Antonia Guerrero Cardozo que indicó que a partir del proceso penal el actor quedo muy apesadumbrado, que la gente no lo quiere tener como trabajador y que hasta perdió a su esposa y a toda su familia; también consta la declaración de Elodia Báez que señaló que Félix Coronel que de ser una persona alegre después de salir de la cárcel se convirtió en una persona amargada.-
Entonces al haber sido el demandante, acusado, privado de su libertad por dos años y dos meses siendo una persona sin antecedentes y posteriormente absuelto en el juicio oral desistiéndose de toda acción contra el mismo, conjuntamente con las declaraciones testificales, podemos concluir que el Sr. Félix Coronel Coimán sufrió un daño moral importante en su persona y conforme ya hemos explicado el Estado es el que debe responder directamente en este caso en particular.-
En cuanto a la cuantificación, resulta dificultoso, ya que se trata de un daño a las afecciones internas de la persona. El monto que se otorgaría en tal concepto -en nuestra opinión- cumpliría una función satisfactoria ya que será para que la víctima procure una mejoría en su vida a través de la indemnización.-
Tenemos las siguientes opiniones en cuanto a ello: "...por su carácter personal el daño moral es uno de los perjuicios más difíciles de estimar, ya que no está sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente valoración del juez sobre la lesión a las afecciones legítimas de los damnificados y a los padecimientos que experimentan, aunque existen factores que coadyuvan a valorar el perjuicio sufrido. (Conf. Carlos Parellada en Responsabilidad Civil, El daño moral. La evolución del pensamiento en el derecho Argentino, Director: Aida Kemelmajer de Carlucci, edit. Rubinzal-Culzoni, pág. 373); "Los daños patrimoniales se liquidan, en tanto que los daños morales se estiman, el accionante podrá expresar una pretensión al respecto pero en definitiva es el Juez quien terminará estimado ese valor, de conformidad con las circunstancias particulares del caso". (Trib. Apel. Civil y Com. Asunción, sala 3, 1998. La Ley Paraguaya, Tomo 21, 1998, Pág. 199).-
En nuestra legislación no existen reglas o parámetros a tener en cuenta para la determinación del daño moral. Por lo que consideramos que se lo deberá hacer teniendo en cuenta las circunstancias personales de la víctima y los goces o distracciones que podría obtener la persona. Analizando el caso en cuestión, creemos que el monto a ser otorgado por daño moral debe ser de Guaraníes doscientos millones (Gs. 200.000.000) a ser pagado con intereses del 1,5% desde el 04 de septiembre del 2004 hasta la fecha del efectivo pago.-
Por tanto, corresponde:
CONFIRMAR la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Tumo, en cuanto al rechazo de la demanda contra los señores Francisco Javier Quintana y Gregorio Gómez Benítez.-
REVOCAR la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Tumo en cuanto al rechazo de la demanda contra el Estado Paraguayo y en consecuencia, HACER LUGAR a la presente demanda de indemnización de daños y perjuicios por daño moral que promueve el Sr. Félix Octavio Coronel Coimán contra el Estado Paraguayo por la suma de de Guaraníes doscientos millones (Gs. 200.000.000) con intereses del 1,5% a ser computados desde el 04 de septiembre del 2004 hasta la fecha del efectivo pago.
IMPONER las costas del proceso en cuanto a Francisco Javier Quintana y Gregorio Gómez Benítez, a la parte actora en ambas instancias; en cuanto al Estado Paraguayo imponerlas a éste. Es mi voto. EN CUANTO A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL MAGISTRADO LINNEO YNSFRAN SALDIVAR DIJO: Me adhiero al voto del Magistrado Alejandrino Cuevas Cáceres por los mismos fundamentos expuesto;
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Señores Miembros de conformidad, todo por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue de inmediatamente.
VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, QUINTA SALA;
1.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de nulidad.
2.- CONFIRMAR la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno, en cuanto al rechazo de la demanda contra los señores Francisco Javier Quintana y Gregorio Gómez Benítez.-
3.- REVOCAR la S.D. N° 499 de fecha 26 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno en cuanto al rechazo de la demanda contra el Estado Paraguayo y en consecuencia, HACER LUGAR a la presente demanda de indemnización de daños y perjuicios por daño moral que promueve el Sr. Félix Octavio Coronel Coimán contra el Estado Paraguayo por la suma de de Guaraníes doscientos millones (Gs. 200.000.000) con intereses del 1,5% a ser computados desde el 04 de septiembre del 2004 hasta la fecha del efectivo pago.
4.- IMPONER las costas del proceso en cuanto a Francisco Javier Quintana y Gregorio Gómez Benítez a la parte actora en ambas instancias; en cuanto al Estallo Paraguayo imponerlas a éste.
5.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Abg. Alejandrino Cuevas C. Miembro
Dr. Linneo Ynsfrán S. Miembro
Abog. Federico Miller T. Actuario

References: artículo 106
 artículo 11
 artículo 268
 artículo 11
 artículo 253
 resolución 
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 resolución 
 artículo 2
 artículo 1581
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 artículo 106
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