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Timestamp: 2018-03-19 12:18:07+00:00

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Legislación en materia de comunicación · 29 abril 2014 | Q MEDIOS ITESO
Legislación en materia de comunicación · 29 abril 2014
Documento de análisis estratégico de Mediatelecom Policy & Law que aborda de forma puntual los escenarios y las implicaciones regulatorias de la reforma a las telecomunicaciones. Empresas mencionadas en el documento: Telefónica-Movistar – Nextel – América Móvil – Axtel – Maxcom. Datos de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha móvil y banda ancha fija de México y Chile.
Objetivos de la reforma telecom
Los objetivos de la reforma telecom son conectar a México, detonar la inversión y generar competencia. La generación de dividendos para los accionistas de los consejos de administración de las empresas debe derivarse del cumplimiento de los objetivos.
Crear nuevos usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Combatir la pobreza digital y garantizar el acceso universal a los servicios.
No repartir el mismo mercado de líneas móviles y fijas sino incrementar la base de usuarios.
No aportar resultados populistas a corto plazo sino lograr el desarrollo sustentable del sector a mediano y largo plazos.
El objetivo más importante de la reforma es conectar a los potenciales usuarios que se encuentran en la brecha digital.
Para consultar el documento en formato paginable hacer click sobre la imagen.
#¿ylosmedios públicos?
Al intenso debate sobre la reforma en telecomunicaciones le ha faltado un capítulo importante: la discusión sobre el futuro de los medios públicos. No es cosa menor. No lo es porque se trata de bienes que mantenemos entre todos los contribuyentes y porque constituyen un espacio privilegiado para dialogar como sociedad, pues la lógica que los rige es distinta a la de los medios comerciales. Y en este tema en particular, sé bien de lo que hablo.
Durante casi seis años y medio conduje un noticiero en el Instituto Mexicano de la Radio. En ese tiempo pude comprobar, aplicar y disfrutar, la puesta en marcha de un proyecto que apostaba por ofrecer alternativas a la programación de las empresas privadas. Bajo esa lógica, por ejemplo, es que existe Horizonte, una estación dedicada al jazz, u Opus, una frecuencia especializada en la música clásica, dos propuestas que enriquecen el cuadrante y que difícilmente tendrían cabida si el único criterio para decidir la oferta fuera el rating. Y lo mismo ocurre con los contenidos de voz hablada. ¿Cabrían, por ejemplo, en otras frecuencias —distintas a las de la radio pública— programas de historia como el del Dr. Javier Garcíadiego? Supongo que no.
Por eso es indispensable que en próximas semanas, antes de votar la reforma secundaria en telecomunicaciones, se discuta sobre qué tipo de medios queremos. Es necesario construir un andamiaje institucional que garantice que sean estaciones de radio y televisión con una agenda de medios públicos y no gubernamentales. La diferencia es clara como pueden dar testimonio los lectores de buena parte del país.
Para muchos gobernadores, los servicios de radio y televisión estatales son extensiones de sus áreas de comunicación, meras herramientas de propaganda para hablar bien de los mandatarios y sus gabinetes. Recursos públicos al servicio de la camarilla en el poder.
Gracias a muchas personas que han trabajado por años, en los medios públicos del ámbito federal se han escrito historias distintas en diversos momentos, pero eso no puede depender de la voluntad de quienes estén en el gobierno. Las instituciones no pueden depender de quienes las encabezan, tienen que ser más importantes.
De ahí que se deba debatir el mejor esquema para garantizar su autonomía. Definir qué presupuesto tendrán, qué vinculación con los gobiernos, fortalecer las figuras de autorregulación como los ombudsman o códigos de ética, y establecer canales de participación ciudadanía, entre muchos otros temas.
Sé que el tema es menos sexy que el pleito entre los gigantes de las telecomunicaciones pero no perdamos de vista que pronto se habrá de lanzar una cadena nacional pública que competirá con la oferta actual de televisoras públicas y privadas, y con las otras dos señales que serán licitadas para el sector privado.
No es poca cosa lo que está en juego. En España los noticiarios de los medios públicos tienen un peso determinante en la agenda; el prestigio de la BBC o la Radio Pública de Estados Unidos (NPR), no tienen duda, y hoy que tanto se habla de la importancia de contar con fuentes de información y entretenimiento de calidad, no deberíamos dejar este tema de lado.
En últimas semanas las redes y las calles han visto surgir consignas por la defensa de internet con ingeniosos hashtags —#EPNvsInternet y #DinoAlSilencio—, qué bueno. Ojalá pronto también viéramos manifestaciones virtuales y materiales en demanda de unos #mediospúblicosdecalidad. Aún estamos a tiempo.
#1111Mx, 11 acciones contra la ley de telecomunicaciones
Organizaciones y activistas han llamado a conocer a través del sitio 1111mx.org 11 acciones para manifestarse contra la Ley de Telecomunicaciones.
Estas acciones surgen de 11 “focos rojos” que se han identificados dentro de la ley y están relacionados con la censura, vigilancia y neutralidad en la red, así como el financiamiento y reserva de medios sociales, el control de medios públicos, los “regalos a Televisa”, la producción independiente, los tiempos fiscales y la publicidad engañosa. Cada uno de estos rubros tiene una acción que, de realizarse efectivamente, ayudará que el semáforo pase de rojo a verde.
Las organizaciones piden que se elimine cualquier tipo de censura, se respete la privacidad, se mantenga la neutralidad en las redes, permitir a los medios de uso público y social recibir ingresos y que a éstos se les asigne un porcentaje del espectro en radio y televisión, medidas antimonopólicas efectivas, respetar a la “producción mexicana independiente”, garantizar los derechos de las audiencias, incorporar “los tiempos fiscales a la ley y que no los acapare la presidencia de la República” y empoderar al IFT para que castigue la publicidad engañosa. Además de las acciones, cada foco rojo explica con detalle la manera en la que estas modificaciones afectan a los mexicanos.
Es un juego de monstruos
“Hay un interés genuino de despresurizar la protesta ciudadana”. Así lee Javier Sicilia el hecho de que la discusión de la iniciativa en telecomunicaciones se haya pasado para el periodo extraordinario del Legislativo. Considera que no hay un interés genuino de echar atrás el dictamen promovido por el senador Javier Lozano, por lo que advierte: “hay que estar pendientes, porque no son reformas profundas que abonen a la democracia”.
Coincide con que está a la vista una confrontación entre el magnate Carlos Slim y la poderosa empresa Televisa. Sobre esta pugna cuestiona: “¿y los otros, los medios alternativos, la ciudadanía, los medios comunitarios, esos no están contando?” De hecho, lo que atestiguamos –de acuerdo con el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– “es un juego de los monstruos que sirven al Estado y el Estado que sirve a los capitales para seguir explotando a la ciudadanía”.
El que algunos legisladores operen a favor de los intereses de uno u otro bando solo prueba que el Estado ya no sirve. “Abdicó de su vocación que es armonizar la paz, la democracia y darle justicia a los ciudadanos para servir a intereses criminales ya sean legales o ya sean ilegales”. Todo ello tiene como objetivo el “seguir controlando y explotando a la nación, metiéndola en una psicosis de angustia totalitaria”.
La charla con el activista social ocurre al pie de la Estela de Luz. En ese punto de la avenida Reforma el sábado pasado Sicilia sumó lanzas a la protesta masiva contra la censura a Internet. Dicha intentona prueba que “el Estado no está sirviendo a la nación sino a los intereses obscuros de los capitales legales, con la forma de criminalidad legalizada y como correlato a los capitales ilegales del crimen organizado, los ciudadanos no les interesan”, dice a Reporte Indigo.
Con su característico hablar pausado y dando bocanadas al cigarro que porta en la mano, asegura que lo que se pretende hacer con la ley secundaria de telecomunicación constituye un atentado contra la ciudadanía y tener un mayor control de los medios “para beneficio del gobierno, de los grandes capitales, para seguir fastidiando a la gente y administrando el horror y el dolor que estamos viviendo”. En su opinión, si no consolidamos la democracia en los medios de comunicación, se seguirá abonando a la violencia y “a formas nuevas del autoritarismo, del totalitarismo”. Estas formas totalitarias, según el poeta, están presentes tanto en las reformas estructurales como en la administración de la violencia.
Considera esta violencia que hoy los medios la han focalizado en Michoacán cuando también hay que voltear a estados como Guerrero, Tamaulipas o Morelos, por ejemplo. En este punto recuerdo que la plataforma impulsada por su movimiento trazó una ruta para la paz que no solo contemplaba la ley de víctimas, la atención o la justicia. También incluía la reforma a medios, la reforma política a un nivel profundo que es claro, sostiene, “no se ha llevado a cabo para que los ciudadanos participemos”.
País de leyes que no se cumplen
México es una nación repleta de leyes que no se cumplen. Para muestra ahí está la Ley de Víctimas que se sigue atorando en varios estados. Le están poniendo “muchas trabas y Gobernación no tiene el interés que merece esta ley, que merecen los ciudadanos y que merece la tragedia humanitaria”, asegura el activista.
“Ellos creen que porque decretan cosas las cosas suceden. No, terminan por ocultarlas. Este es un país de leyes que no se cumplen y eso está pasando con la ley de víctimas, no se está cumpliendo y volvemos otra vez a que las víctimas de este país no tienen derechos humanos, no tienen derechos civiles”. Sicilia hace un llamado a la ciudadanía “a que no nos dejemos, estamos convalidando la violencia dejando que estos tipos que sirven a otro tipo de intereses hagan lo que hagan porque les dimos la representación”.
El legislador sostiene que “la iniciativa busca proteger a Televisa de ser declarado preponderante en el mercado de la TV de paga, donde tiene el 61 % de los suscriptores, y puede tener más, pues adicionalmente le están regalando un artículo a su medida, el 276, que he denominado la cláusula cablecom”, apunta. Aquí, el documento íntegro elaborado por Corral:
Lozano y PRI, cambios a modo de Televisa y censores en Internet (Primera Parte)
Ni la censura ni la orden de bloquear señales en internet, ni el desequilibrio a favor de Televisa en la declaratoria de agente económico preponderante en radiodifusión ni la intervención de la Secretaría de Gobernación en la vigilancia de contenidos en medios de comunicación y con nuevos “candados” que favorecen al duopolio televisivo, el “documento” presentado por el senador panista Javier Lozano como predictamen de la ley de telecomunicaciones fue adoptado, casi en su totalidad, por los negociadores del PRI y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, presumió que su “predictamen” incorporó 192 cambios en 15 temas a la iniciativa presidencial enviada por el Ejecutivo federal al Senado el 24 de marzo. Sin embargo, la comparación de ambos documentos, cuya copia obtuvo Proceso, revela que sólo matizó algunos aspectos considerados por distintos expertos como violaciones más evidentes a la reforma constitucional en telecomunicaciones.
El panista, criticado por su bancada y reforzado por los negociadores del PRI, afirmó que la censura o las posibles violaciones a la libertad de expresión en internet “desaparece por completo” en su documento, pero el comparativo revela que no es así. En el caso del artículo 145, referido a la neutralidad de la red, en el tema sobre “libre elección”, el documento de Lozano agrega un párrafo que según distintos especialistas prácticamente autoriza el bloqueo de señales de manera discrecional:
Los usuarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, a petición expresa del usuario, o cuando medie orden de autoridad competente”. Lozano afirmó en rueda de prensa que el bloqueo se permitiría “cuando medie orden judicial”, pero en la redacción de su texto indica “autoridad competente”. Según la abogada Irene Levy, presidenta de Observatel, una autoridad competente también puede ser una autoridad administrativa, no un juez.
Estas mismas leyes, modificadas por el Congreso durante este gobierno, han sido criticadas por especialistas y defensores de derechos humanos por “criminalizar la protesta social”. La orden de geolocalización será una función nueva del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el artículo 190 del proyecto de Lozano este organismo realizará los lineamientos para “la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas”.
El escándalo internacional por censura en Internet pospone #LeyPeñaTelevisa (Segunda Parte)
Entre lunes 21 y martes 22 también se pronosticó en mensajes en Twitter y otras redes sociales una dura sesión de los senadores responsables de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo federal. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, advirtió que su bancada no reconocería el “documento” que presentaría el senador Javier Lozano y éste calificó de “ridícula” la posición perredista.
La intemperancia de Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, lo llevó no sólo a perder los estribos en una larga sesión de dos horas y media la tarde del martes 22 sino a perder el primer round: su documento fue rechazado como predictamen. Legisladores del PRD y Javier Corral y Marela Torres Peimbert, ambos del PAN, lo acusaron de violar el reglamento parlamentario.
“Documento ridículo”, “ponencia”, “dictamen espurio”, “imposición” y otros adjetivos le fueron endilgados a Lozano. El sólo se abanicaba con unas tarjetas. Sus homólogas Alejandra Barrales, del PRD, y Graciela Ortiz, del PRI, presidentas de las comisiones de Radio y Televisión y de Estudios Legislativos intentaron acelerar la votación fast track, a pesar de las críticas. El más apurado era el senador Juan Gerardo Flores, del Partido Verde, ex directivo de Televisa, y secretario técnico de la comisión de Comunicaciones.
El senador Javier Corral, en una larga exposición, le reprochó al panista que la sesión de comisiones unidas representaba dos hechos: “una violación al reglamento del Senado”, específicamente al artículo 183, numerales 1 y 2, porque su documento no fue consensado con nadie; y ante “un grave hecho político” porque el presidente Enrique Peña Nieto “nos quiere llevar a pasear la Constitución” y se está “forzando una imposición”.
La también panista Marcela Torres Peimbert le reprochó a Lozano que no se incorporaron las otras iniciativas y predictámenes que habían sido apoyados por 18 senadores del PAN y del PRD, como la iniciativa presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
Airado, casi al final de la sesión, Lozano “retó” a la senadora Padierna que le leyera “un solo tweet” en donde él presumiera que participó en la redacción de la iniciativa conocida como Ley Peña Televisa. Padierna le leyó 4 tweets, redactados en diciembre de 2013 y a principios de enero de 2014, donde el senador presumía que iba a redactar la ley reglamentaria de telecomunicaciones. A gritos, Lozano le decía que no era la iniciativa presidencial.
Lozano también se enfrascó en un debate con el senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, quien presentó un día antes en la Junta de Coordinación Política una serie de información para argumentar que el ex secretario del Trabajo calderonista debía excusarse por el “enorme daño” que causó su papel como subsecretario de Comunicaciones y presidente de Cofetel, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, secundó al senador Javier Corral subrayando que había una clara violación al reglamento del Senado y que era necesario “reponer el procedimiento” para dictaminar la ley reglamentaria de telecomunicaciones y radiodifusión. “Que no se haga mayoritero y luego nos cite en 48 horas. Esto no es dilatorio, no es ridículo, es un esfuerzo parlamentario. ¡Por favor!”, reviró Barbosa en tono duro a Lozano, en respuesta a las descalificaciones que expresó el panista a la posición del PRD.
A pesar de las intervenciones mayoritarias de los senadores, en especial Zoé Robledo, quien argumentó a favor de la propuesta alterna del PRD, de Armando Ríos Pitter, de Iris Vianey Mendoza, de Fidel Demédicis, y otros que reprocharon no haber sido nunca llamados a sesión de comisiones, los tres presidentes de las comisiones quisieron mayoritear.
Al filo de las 14 horas –tras dos horas de discusión- comenzaron a llegar al pequeño y abarrotado salón integrantes de la bancada del PRI que brillaron por su ausencia y defensa a Lozano. Sólo el priista Omar Fayad intentó una fallida argumentación para aplacar los ánimos perredistas y de varios panistas. “Yo lo veo exactamente al revés a ustedes. ¡Qué bueno que ya existe un predictamen!”, les dijo Fayad.
Los senadores resolvieron que a las 17 horas se reunirían las mesas directivas de las comisiones de Comunicación, Radio y Televisión y Estudios Legislativos. La reunión, a puerta cerrada, ya no prosperó. El supuesto “dictamen” de Lozano murió en el intento. Las negociaciones comenzaron a ser directamente con los enviados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Adentro de las bancadas del PAN y del PRD, los presidentes de las comisiones Javier Lozano y Alejandra Barrales recibieron fuertes recriminaciones por haber pretendido acelerar una dictaminación sin consultar con sus bancadas. A Lozano prácticamente lo desconocieron sus propios compañeros de bancada. De los 18 votos que había comprometido de los panistas para aprobar junto con el PRI y el Verde la iniciativa presidencial “modificada” ya no quedaba ni la mitad.
En reunión privada de la bancada por más de cuatro horas, el jueves 24 de abril, Lozano pidió “disculpas” por presentar un documento que no fue consensado entre los propios panistas. Sólo el PRI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes salieron en defensa del “predictamen” de Lozano en un último intento por aprobarlo antes del 30 de abril.
“La Traición Sigue Latente”: Corral
La noche del 24 de abril, en reunión de los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de las cámaras de diputados y de senadores se acordó que no habían condiciones para aprobar antes del 30 de abril la ley de telecomunicaciones. El PAN puso como condición que primero debían discutir y aprobar los puntos conflictivos de la reforma político-electoral.
Se acordó abrir un periodo extraordinario el próximo 6 de mayo para discutir y aprobar la reforma política, al menos 2 de las 5 leyes secundarias indispensables para que se puedan realizar los comicios federales y estatales del 2015 con las nuevas reglas adoptadas en la reforma constitucional.
En telecomunicaciones se quedó la posibilidad de dictaminar y aprobar en el pleno de ambas cámaras hasta otro periodo extraordinario en junio de este año, en pleno Mundial de Futbol. Al ser consultado sobre estas decisiones, el senador Javier Corral advirtió que “no hay que echar las campanas al vuelo ni mucho menos bajar la guardia”. “La voracidad de Televisa es insaciable y la oposición ha sido dividida y algunos cooptados. De eso se aprovechan. La traición está latente”, sentenció el legislador panista.
Consideró que fueron “la prisa por imponer la traición a la reforma constitucional en telecomunicaciones, un proceso legislativo atropellado e ilegal, el estilo cínico y prepotente de los defensores de la contrarreforma, un desdén por la protesta social de los jóvenes defensores de internet libre, han provocado que la segunda intentona de Televisa por darse una ley a modo ha sido, por lo pronto, aplazada”.
El Ejecutivo propuso leyes sobre telecomunicaciones violatorias de derechos: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advirtió que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo Federal sobre telecomunicaciones, aun con los cambios anunciados por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se dará paso a la violación de los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, entre otros.
El Relator de Libertad de Expresión de la CDHDF, Vladimir Chorny, señaló que para ese órgano autónomo, el proyecto del Ejecutivo Federal y también la propuesta de pre-dictamen del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, son una “contrarreforma”. Puntualizó que entre los aspectos más preocupantes del ordenamiento, están la “censura previa”, el bloqueo de señales de internet para evitar el acceso en determinadas áreas o zonas y la geolocalización en tiempo real, por tratarse de medidas “típicas” de gobiernos autoritarios.
Durante el foro temático organizado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez, el relator de la CDHDF indicó que el planteamiento del Ejecutivo Federal y el documento del senador Lozano Alarcón, implican un retroceso en materia de derechos humanos.
De aprobarse, advirtió, situaría a México como una de las naciones que han dado pasos autoritarios frente a la libertad de expresión. Quitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de revisar contenidos, para trasladarla a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), alertó, va contra las disposiciones constitucionales en la materia, al igual que las dificultades y excesivos requisitos para los medios públicos y sociales, que en términos llanos están siendo discriminados.
Enfatizó que con el elemento de la “censura previa”, se agrava el carácter violatorio del proyecto, porque “amarra” a los medios públicos a seguir la línea del Ejecutivo, a fin de no ser hechos a un lado del financiamiento. Al considerar que en general, la iniciativa lesiona la libertad de expresión, los derechos digitales y configura un “ataque frontal” contra el internet y la libertad en las redes sociales, consideró que ello se debe a que al Gobierno Federal no le gustan las críticas, a las que busca limitar a través de disposiciones como el bloqueo de señales.
Chorny Elizalde calificó como preocupante el intento de censura previa, porque vulnera dos principios fundamentales: la neutralidad de la red y la no responsabilidad de intermediarios.
Indicó que el pre-dictamen presentado por el senador panista es muy similar al del Ejecutivo y ninguno cumple el ofrecimiento de eliminar la parte de bloqueo de contenidos de internet, pues se establece que si un juez o la autoridad competente, en este caso Gobernación, solicitan bloqueos a los concesionarios, éstos prácticamente se convertirán en “policías de la red”, vigilantes de los datos que intercambian sus usuarios. Otro elemento violatorio y discriminatorio, será cuando los prestadores del servicio aceleren o disminuyan la velocidad y capacidad para descargar datos, en beneficio de determinados actores en particular, dijo.
Enfatizó que el artículo 190, referente a las razones de amenaza a la seguridad nacional y la seguridad pública, para ordenar el bloqueo de señales de internet, derivarán en daños a la libertad de expresión. Como ejemplo hipotético, citó el caso de una manifestación social y la imposibilidad de los asistentes para comunicar lo ocurrido, al igual que de los periodistas para divulgar la información.
Es en ese sentido donde las autoridades incurrirían en medidas autoritarias como las que han aplicado los gobiernos de Egipto, Venezuela, Ucrania y Turquía, en el marco de las protestas sociales registradas en esos respectivos territorios. En el caso de la geolocalización en tiempo real, el Relator de la CDHDF añadió que se abre la puerta a la violación de la privacidad de las personas, pues al saber exactamente qué sitios visita un usuario, con qué frecuencia, por cuánto tiempo y en qué momentos, la autoridad podría revelar las preferencias políticas, religiosas e incluso el estado de salud del usuario de telecomunicaciones.
Asimismo, la retención hasta por 12 meses, de los datos consultados, enviados, mensajes, correos y contenido de las conversaciones privadas de los usuarios, es inconstitucional, apuntó. De modo que, de aprobarse en los términos planteados, las leyes en telecomunicaciones configurarían un ataque contra las libertades, ante el que organismos como la CDHDF deben estar atentos. Lo anterior, porque el discurso del Gobierno Federal de que no habrá violaciones a la libertad en internet es falaz, pues no se han eliminado los elementos regresivos incluidos en los proyectos en estudio.
También durante el foro realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Adriana Solórzano Fuentes, académica y Figura de Mediación en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), enfatizó que las iniciativas oficiales discriminan a los medios comunitarios, a los que se imponen tal cantidad de requisitos, que en los hechos, se agrede el derecho a comunicar y generar contenidos. Al referir a los derechos de las audiencias, la especialista lamentó que el Ejecutivo Federal solo los haya tomado en cuenta en la parte enunciativa, porque en las disposiciones por aplicar, no se cumplirán.
Si no se promueve una verdadera competencia, si no se permite a los medios comunitarios y públicos acceder al financiamiento que les signifique la sobrevivencia y si los agentes preponderantes siguen manteniendo el control en sus respectivas áreas, no habrá programación ni contenidos plurales, recalcó.
Los documentos oficiales tampoco protegen ni incluyen los derechos de las comunidades indígenas, no garantizan el debido respeto del derecho de réplica y no refiere a los necesarios mecanismos de transparencia para conocer el origen del financiamiento a los grandes medios privados, criticó.
En su oportunidad, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal (INFODF), Mucio Hernández, recalcó que lo propuesto por el Presidente de la República y el senador Javier Lozano, van contra la perspectiva de derechos humanos. Los usuarios de las telecomunicaciones no tendrán derechos digitales, enfrentarán el bloqueo de señales según lo indique la autoridad, serán geolocalizados en tiempo real, con lo que se invadirá su privacidad y se violentarán las disposiciones de protección a los datos personales, sentenció.
Finalmente, la diputada Alavez Ruiz, expresó sus reservas ante la decisión de posponer el debate en el Senado, hasta el mes de junio. Advirtió que ello podría obedecer a la estrategia de compaginar la toma de decisiones fundamentales en el Congreso, con otros eventos que acaparan la atención de la población, en este caso, el desarrollo del Mundial de Futbol, en Brasil.
Vallas para todos
Yo apoyo los happenings de hacer una valla humana para protestar por el retraso y el manoseo de la nueva Ley de Telecomunicaciones, y la urgencia de algunos dominantes por descarrilarla de su destino original.
Qué bueno que miles de mexicanos nos tomemos de la mano para exigir servicios de televisión de calidad, bajo el mantra de más educación, menos telenovelas. Pero…. ¿por qué los promotores de esos rallys son tan selectivos y no exigen lo mismo a quienes dan pobrísimos servicios de telecomunicaciones en el sector de la telefonía y el acceso a internet?
El mundo entero está combatiendo ya la mala televisión abierta –dondequiera que esté– creando como alternativa los servicios on line – on demand –como Netflix– en los que uno elige lo que quiere ver y paga una cuota fija mensual por ello. Pero para que eso suceda, es requisito imprescindible que exista un eficiente y accesible servicio de internet, con la adecuada banda ancha para que el streaming video no congele las imágenes y aquello se vuelva imposible.
¿Cuántos de los mexicanos que tenemos hoy internet en casa podríamos recibir sin problemas un servicio como Netflix o los similares que están por salir? Si de cada 100 mexicanos solo 30 tienen acceso en México a la red, ¿qué porcentaje de ese porcentaje tienen posibilidad de recibir sin problemas los servicios de streaming video?
Y esos muy pocos que lo tienen ¿cuánto tienen que desembolsar mensualmente para disfrutar de lo que en el resto del mundo es casi un commodity y aquí en México todavía es un lujo? Pero estamos demasiado “futuristas” para los estándares de los dominantes, que quieren conservar el statu quo de las telecomunicaciones para cobrar los servicios a su antojo. Vamos a cosas más simples y mundanas.
Intente conectarse a la red de Infinitum Móvil en los principales aeropuertos de México. Verá que si tiene la fortuna de lograrlo –¡suertudo!– el servicio es un desastre. Haga lo mismo en los aeropuertos de Estados Unidos y verá la diferencia. Múltiples servicios que se ofrecen a cualquiera, disputando a su clientela por capacidad de ancho de banda y precio.
Por eso si vamos a hacer vallas, no limitemos la protesta a las televisoras. Las telecomunicaciones de hoy, y las que serán necesarias en el futuro inmediato, van más allá de lo que vemos en una pantalla de plasma. A menos que la protesta enfrente de origen el conflicto de interés, porque se pueda protestar contra las televisoras, pero no contra las telefónicas… y menos contra la del señor Slim.
Congreso cierra con agenda de rezagos
Francisco Nieto, Horacio Jiménez y Alberto Morales
El Congreso de la Unión perfila a cerrar su periodo ordinario de sesiones mañana, con una amplia agenda de pendientes planteados por las bancadas desde el 1 de febrero, lo que se convirtió en un “embudo legislativo”, coinciden especialistas.
A pesar de la carga de trabajo, diputados y senadores no dejaron pasar periodos de vacaciones, como la Semana Santa, con lo que suman más de 100 iniciativas y reformas planteadas al inicio del periodo, que quedan pendientes y que deben resolverse en las próximas horas, entre ellas, las más importantes: las leyes secundarias de las reformas político-electoral, telecomunicaciones y energética.
El especialista en temas legislativos y ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, aseguró que el Congreso se convirtió en un “embudo” producto de los acuerdos alcanzados en el Pacto por México, lo que generó una sobrecarga de obligaciones en las tareas legislativas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Recordó que en 2013 se aprobaron reformas constitucionales de gran importancia que implican modificaciones o creación de leyes secundarias con plazos establecidos, que al final no se cumplieron debido a la complejidad de cada tema.
Reconoció que no se trata sólo de un problema de conflictos internos de los partidos, pues realmente no hay un parlamento en el mundo “capaz de poder procesar tantas iniciativas de ley… es una sobrecarga imposible de procesar”. El politólogo de la UNAM, Ulises Corona, coincidió en que este periodo se caracterizó por generar grandes expectativas con pocos resultados y, por ello, las leyes quedaron en el “embudo legislativo”.
Responsabilizó a los operadores políticos del gobierno, como los secretarios de Gobernación, Hacienda, Energía y Comunicaciones y Transportes, de enviar con retraso las leyes y con ello dejaron en el enunciado las “grandes propuestas constitucionales” que aún no se concretan, es decir, faltó un gobierno que llevara las propuestas y se concretaran en el Congreso.
*La carga en San Lázaro*
En la Cámara de Diputados, sólo de las reformas secundarias en telecomunicaciones, energética y político-electoral, anunciadas desde finales de enero, implicaban la modificación o creación de 50 nuevos ordenamientos legales, mismos que quedaron relegados tentativamente para dos periodos extraordinarios que se celebrarían en mayo y junio próximos. La reforma secundaria en materia energética contempla 27 modificaciones a leyes ya existentes y la creación de siete ordenamientos más, pero hasta ayer no había llegado a San Lázaro, aunque tenía como fecha límite el 19 de abril.
En esas reformas, los diputados dejaron de legislar en este periodo ordinario por lo menos 50 ordenamientos legales que deberían estar listos mañana. Los diputados tampoco desahogaron sus propias agendas parlamentarias pactadas en sus reuniones plenarias realizadas a principio de año, mismas que acumulaban por lo menos 60 iniciativas.
La Junta de Coordinación Política ya pactó realizar dos periodos extraordinarios para el 7 de mayo y a mediados de junio, a fin de desahogar al menos tres pendientes. En el primero, para la segunda semana de mayo, discutirían las leyes secundarias de telecomunicaciones y de la político-electoral.
El segundo extraordinario acordado, para mediados de junio, sería para las leyes de telecomunicaciones y energética. La Jucopo reprochó al Senado su poca productividad y lamentó que ante el inminente cierre del periodo, ni siquiera haya discutido las 50 minutas enviadas desde San Lázaro, como la de deuda de estados y municipios; la figura del arraigo, las limitantes de fuero, la pensión universal y el seguro de desempleo, y la nueva reglamentación del sistema ferroviario, entre otras.
*Y hasta con errores*
Las escasas reformas que se han aprobado, como la que expide la normatividad reglamentaria de la Ley Federal de Competencia Económica, contiene errores. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la minuta, sin embargo, detectó que al documento enviado por el Senado le falta el artículo 129, mientras que el 94 hace referencia al 123, cuando deber ser al 131, y éste último hace referencia al 100, cuando lo correcto debe ser el 101.
La Cámara Alta trató de corregir los errores mediante dos oficios enviados a San Lázaro por las senadoras Ana Lilia Herrera y Lilia Merodio, pero hubo inconformidad en la Cámara de Diputados, pues solicitaron que los errores fueran subsanados a través de una fe de erratas aprobada por el pleno del Senado, lo que no procedió, por lo que ahora la responsabilidad de corrección la tienen los diputados.
*Las cuentas del Senado*
En la Cámara Alta se discuten ya las leyes secundarias para la reforma en materia político-electoral, cuya mesa se reactivó ayer. De no avalarse, se pondrían en riesgo la organización de los comicios para mediados de 2015. En cuanto a las leyes de telecomunicaciones, llevan un atraso en los tiempos, pues debieron haber sido aprobadas en diciembre de 2013, pero la falta de acuerdos entre el PRI, PAN y PRD, y el eventual debilitamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), han llevado este tema a un extraordinario en junio.
Las agendas de las bancadas del PRI, PAN y PRD, proyectadas en febrero, se quedaron también en una lista de buenas intenciones, pues de casi 60 temas y 50 ordenamientos de reformas estructurales aprobadas en 2013, la mayoría se quedaron atoradas. Además de las leyes complementarias, también se quedaron en este “embudo legislativo” la Ley de Seguro de Desempleo, Seguro Universal y la Ley Ferroviaria, así como la ley que regula la deuda en estados y municipios; también se quedó en el papel la reforma política del Distrito Federal, que le daría un nuevo estatus jurídico a la capital del país. También están pendientes la designación de dos consejeros de la Judicatura y hasta ayer no había acuerdo entre las comisiones dictaminadoras para sacar adelante los nombramientos de los nuevos siete comisionados del IFAI.
En febrero, el PRI orientó su actividad legislativa a promover una agenda propia de 20 temas, mientras que los panistas, al inicio del periodo, se comprometieron con 13 temas; el PRD definió más de 40 puntos como su agenda, pero la mayoría se quedaron en el tintero. Otra prioridad en el “embudo legislativo” es la reforma política para el Distrito Federal, para que se reconozca su soberanía
En telecomunicaciones, el PRD dejó en temas como los medios comunitarios e indígenas, en los cuales pretende hacer ley, que mínimo 20% nacional y regional de las bandas del espectro radioeléctrico que se destinan a la radiodifusión, sea para estaciones de carácter comunitario e indígena o la creación de un fondo para promover capacitación técnica.
PRI pide que elecciones en el PAN no secuestren leyes secundarias
El PRI solicitó que la discusión de las leyes secundarias de las reformas no sea secuestrada por el proceso interno que atraviesa el PAN. En un comunicado de prensa, el partido que encabeza César Camacho, aseguró que confía en el patriotismo de quienes integran todas las fuerzas políticas, sin embargó solicitó que la situación en el PAN no sea un lastre para las discusiones en el Congreso de la Unión.
“El PRI espera que las diferencias y los procesos internos que hoy viven otras fuerzas políticas, se encaucen y no lastren, ni secuestren el proceso legislativo”. “Porque todos los partidos aprobamos unas y otras reformas constitucionales, todos tenemos clara la urgencia de la legislación secundaria”, detalla.
Asimismo, el tricolor se define como el único partido que ha logrado el consenso interno, y que cuenta con la mayor fuerza legislativa y los mejores argumentos, aunque señaló que está dispuesto a revisar sus posturas y las de los demás.
Finalmente, detalló que los diputados y senadores del PRI antepondrán el interés superior de la Nación. “Liberar el potencial de México y desatar el desarrollo nacional nos invita a poner a la política por encima de los políticos y, por encima de todo, el interés superior de los mexicanos”, finaliza el texto.
En espera, varias reformas
Es muy probable que haya por lo menos dos periodos extraordinarios de sesiones en el Congreso, para aprobar las reformas a la legislación secundaria de la reforma política, energética y de telecomunicaciones. Esta última fue la que más prúrito ciudadano ha causado, no por el impacto que podría representar la mejoría en el servicio que recibe el ciudadano, sino en una deficiente redacción que da a entender la autorización de la censura, argumentando razones de seguridad nacional.
Cuando la propuesta de dictamen defendida solitariamente por el senador Javier Lozano tuvo una respuesta de rechazo contundente en redes sociales, fue cuando apareció el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruíz y el senador Emilio Gamboa, para afirmar que no cabía la censura en las reformas citadas. Los señalamientos que aseguran que la redacción del dictamen pretende censurar Internet por razones de seguridad nacional, carecen de sustento, toda vez que no hay riesgos, ni amenazas, ni está en peligro la soberanía e independencia nacionales, según el texto de la ley de seguridad nacional.
La redacción del dictamen afirma que los usuarios “podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, a petición expresa del usuario, o cuando medie orden de autoridad competente”. En los hechos, cuando alguna autoridad competente, – que también se trata de una autoridad administrativa y no solo de un juez -, lo ordene, esta disposición podría violar los objetivos nacionales contenidos en la Carta Magna, toda vez que se trata del derecho a la información consagrado en el artículo 6º. de la Constitución.
Esta misma redacción, faculta a que las televisoras bloqueen aplicaciones o servicios, es decir, las tecnologías y con ellas, el contenido que se ofrece a las audiencias, probablemente con miras a la desaparición del aparato de televisión en unas decenas de años y el impulso y permanencia del Internet. Por eso les era importante adueñarse del triple play (cable, teléfono e internet). No hay una regulación del servicio sino que se facilita el retroceso en vez del avance.
Llama CCE a no aplazar leyes secundarias
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió al Congreso de la Unión que entre más se extienda la aprobación de las leyes secundarias de las reformas aumentará la incertidumbre y el retraso de las inversiones, justo en cuando se pasa por un entorno de debilidad económica interna.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo privado, convocó a evitar que se presenten recaídas al inmovilismo político, el cual se prolongó por tantos años en el contexto de la transición democrática, “hoy se necesita una democracia que movilice a la nación, y no que la frene”.
Desde la perspectiva del sector empresarial, el periodo extraordinario que se llevaría a cabo en los próximos dos o tres meses es suficiente para aprobar las reformas de telecomunicaciones y energética, así como la anticorrupción y otras; pero “no más tiempo”, si es que se quiere asegurar la viabilidad de las reformas en tiempo y forma.
“Hay que tomar en cuenta que a medida que pasa el tiempo sin concretar, aumenta la incertidumbre y se retrasan los trabajos y los frutos de las reformas, que urgen más aún en un entorno de debilidad económica como el que vivimos”, comentó.
El periodo ordinario de sesiones que concluye este 30 de abril en el Congreso de la Unión dejará un cúmulo de pendientes de enorme relevancia y urgente resolución para nuestro país, tanto por su número como por la trascendencia y urgencia de los mismos, lamentó Gutiérrez Candiani.
Abundó en su mensaje semanal: desde un inicio estaba claro que sería difícil sacar adelante una agenda tan abultada y compleja, debido a las muchas leyes secundarias a modificar de acuerdo con las reformas constitucionales logradas el año pasado.
Sin embargo, preocupa que de un renovado dinamismo en la construcción de acuerdos políticos relevantes, con la productividad legislativa que atestiguamos desde mediados del 2012, ahora se acumulen los retrasos y signos que antes propiciaron la postergación reiterada de los pendientes o el estancamiento.
“El 2014 es un año clave para que México efectivamente pase de ser un país que está en proceso de reformarse a una nación reformada y con un panorama de progreso renovado y en marcha. No podemos permitir que el impulso se detenga en este momento crítico para aterrizar los grandes cambios e implementarlos”, consideró el presidente del CCE.
Urge CCE aprobar reformas
Mientras más tiempo pasa sin concretar las reformas a telecomunicaciones, energía y la política electoral, aumenta la incertidumbre y se retrasan sus resultados en un entorno de debilidad económica como el que vive el País, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su comentario semanal, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, afirmó que hay tiempo para hacer bien las cosas en los periodos extraordinarios que se llevarían a cabo en los próximos dos o tres meses, pero no se debe tomar más tiempo si se quiere asegurar la viabilidad de las reformas.
“Después vienen los preparativos para las elecciones federales y estatales del 2015 y otros imperativos que pueden complicar su desarrollo. Los atrasos cuestan y dejan consecuencias; entre ellas, desanimó entre los ciudadanos sobre la capacidad de la política y la democracia para generar grandes acuerdos sociales y progreso para todos. No permitamos que esto ocurra”, afirmó.
El líder empresarial subrayó que el reto de este año no sólo es evitar que el severo congestionamiento de los pendientes legislativos quite fuerza y rumbo a las reformas, sino también que la política en México recobre la capacidad y valoración como factor de conciliación y construcción de equilibrios.
“En este desafío hay que evitar que se presenten recaídas al inmovilismo político que se prolongó por tantos años en el contexto de la transición democrática. Se necesita una democracia que movilice a la nación, y no que la frene”, subrayó.
Denise Dresser y Sergio Aguayo celebraron lacadena humana realizada el sábado en la Ciudad de México -contra la iniciativa de leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que el Ejecutivo envió al Congreso- y coincidieron en que la protesta ciudadana funciona, tanto que la discusión se aplazó hasta junio pese a que buscaban aprobarlas este mes; no obstante, la politóloga mencionó que en junio se desarrolla el Mundial del futbol, por lo que “se espera que la atención ciudadana no esté centrada en este proceso legislativo”.
En la Mesa Política de Noticias MVS, Dresser lamentó que en la protesta del sábado no los dejaron transitar por las calles cercanas a Los Pinos, pese a que era una manifestación pacífica; y, al contrario, “hubo un momento en que encapsularon a participantes”, lo que “manda un mensaje muy poderoso”. “La cadena (fue) contestataria, alegre, manda un mensaje de insatisfacción por el contenido de la ley y la forma en que se buscó aprobar… parecía que venía un fast track, aprobación a modo… tras anunciarse la movilización, las protestas, se anunció que postergaban hasta junio la ley en telecomunicaciones”, expuso.
Mencionó que algunos de los participantes del sábado ya habían salido a las calles contra la Ley Televisa, pues rechazan legislaciones con las que la televisora pueda obtener ventajas, Dresser mencionó a los ciudadanos participantes de la cadena que si quieren una mejor televisión deben salir a la calle para conseguirla; actualmente, apuntó, hay un rechazo al modelo televisivo que tenemos. Sobre las leyes que propuso el Ejecutivo, indicó que la legislación regula de manera adecuada a Carlos Slim, pero no a Emilio Azcárraga. Además de que le quita facultades al Ifetel y se las da a la Secretaría de Gobernación.
Por ello, consideró que las leyes contravienen “lo que habíamos aplaudido hace meses”, en referencia a la reforma constitucional en esta materia. Llamó a hacer un “marcaje personal” a senadores que discutirán el tema pues, dijo, deben representar a los ciudadanos no sólo a los concesionarios. Sergio Aguayo celebró que a la cadena humana hayan asistido políticos como Javier Corral, Cuauhtémoc Cárdenas y personajes como el poeta Javier Sicilia, pues es “uno de esos asuntos que convocan a la diversidad para impulsar una acción en beneficio de las mayorías”.
Expuso que las leyes que propuso el Ejecutivo benefician a los de siempre y perjudican a los de siempre, por lo que es una reforma limitada, insuficiente, que irrita y sorprende la distancia que hay con la reforma constitucional. El académico aseguró que el presidente está “atrapado en contradicciones, se pandea, se ladea” a favor de los monopolios; “llama la atención que una y otra vez los señores de Los Pinos muestran cual limitado es su poder y cual limitada es su voluntad”.
Por ello concluyo que “la propuesta reformista de Peña Nieto cada vez se está pareciendo más a la que Fox hizo en el año 2000″, pues lo que promete se desfigura al día siguiente. Pero aplaudió que la protesta ciudadana y plural funcione y limite el actuar de la clase política.
Espera benéfica si se llega a acuerdos en telecomunicaciones
El retraso en la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión es mejor si con ello se logran acuerdos entre todos los involucrados y se traduce en beneficios para los usuarios, comentó el presidente de la Amiti.
En su presentación ante los medios de comunicación como presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, Luiz Ferezin afirmó que lo importante en la emisión de la ley secundaria es que realmente se mejore el sector y que el ciudadano obtenga beneficios en servicios y precios.
“El tema más importante es que no queramos que el gobierno resuelva los problemas que ahora se enfrentan en productividad, penetración de tecnología y banda ancha, sino darnos cuenta que todos debemos involucrarnos, la industria, la academia y el gobierno”, sostuvo Ferezin.
Agregó que la velocidad con la que se implementan las medidas para mejorar la productividad es un elemento clave, pues la diferencia entre México y los países similares que tienen un mayor crecimiento es la velocidad con la que hacen las cosas y esto lo están logrando con acciones conjuntas.
“Pero este no es solo un tema de telecomunicaciones, el de tecnología pasa por muchos otros sectores, es mucho más amplio, creo que ya esperamos y si la calidad de discusión mejora, creo que junio no hace tanta diferencia si vamos a tener una solución mejor analizada y comprada por los distintos participantes de la discusión, tomar una decisión apresurada no es la mejor y ya lo vimos la semana pasada”, dijo.
De acuerdo con los datos presentados, la industria de tecnologías de información y comunicación en México debe crecer entre 13 y 14 por ciento este año, sin considerar grandes cambios en la economía. Del total de los ingresos, el gobierno representa aproximadamente 27 por ciento del total del gasto en TIC, y 73 por ciento es de la iniciativa privada.
“Estamos en el momento en el que la iniciativa privada va a ser dueña de su futuro y a acelerar el crecimiento del país y su productividad, por lo que la Amiti y sus representados queremos ser habilitadores de ese crecimiento”, aseguró. El directivo indicó que el gran tema de México es que pareciera que hay dos países, uno muy desarrollado y otro totalmente rezagado, por lo que la iniciativa privada debe ayudar a eliminar ese rezago.
Positivo aprobar en junio ley de telecom: AMITI
El retraso en la emisión de la Ley Secundaria en Telecomunicaciones y Radiodifusión es mejor, si con ello se logran acuerdos entre todos los involucrados y esto se traduce en beneficios para los usuarios.
El Congreso de la Unión decidió aplazar hasta junio la posible aprobación de la legislación secundaria de la reforma de telecomunicaciones debido a la falta de acuerdos y el poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones. El 30 de abril finaliza el periodo legislativo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Luiz Ferezin presidente de la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información (AMITI), afirmó que lo importante de la emisión de la ley secundaria es que realmente mejore el sector y que el ciudadano tenga servicios y precios de calidad.
“Pero el tema más importante es que no queramos que el gobierno resuelva los problemas que ahora se enfrentan en materia de productividad, penetración de tecnología y banda ancha sino darnos cuenta que todos debemos involucrarnos, la industria, la academia y el gobierno”, dijo Ferezin.
Sugiere AMITI extender plazo para leyes secundarias de telecom
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), Luiz Ferezin, consideró que se debe extender el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. En conferencia de prensa destacó que se requiere encontrar un balance que permita que México sea más competitivo y que los usuarios tengan acceso y calidad en el servicio.
Por ello, dijo, extender el plazo permitirá tener una solución mejor discutida y no una decisión apresurada sobre el tema y opinó que la Estrategia Digital implementada por el gobierno federal es una acción que está alineada con lo que se está realizando en otros países. “Lo que tenemos que ver ahora son acciones que permitan que esta estrategia se ponga en marcha y eso es lo más difícil, empezar a alinear y generar resultados es lo más complicado”.
Luiz Ferezin, recién nombrado presidente de la AMITI y director de Accenture México, dijo que se buscará impulsar la productividad del país, ya que consideró que en esta materia hay un rezago por lo que se tiene que garantizar que tanto la iniciativa privada y el gobierno apalanquen las tecnologías que permitan elevarla. Además, se buscará acelerar el crecimiento de la industria tecnológica y así convertir al sector en el principal habilitador de la eficiencia y agilidad que el mercado local y global necesitan.
Y es que, comentó que la inversión en la materia que se hace en Latinoamérica, particularmente en Brasil, Chile, Colombia y Argentina es mayor a la que en el país se realiza, por lo que se requiere acelerar la inyección de capital. “En AMITI lo que queremos es empujar y ser un habilitador de la productividad del país, para el sector privado y público a través de tener mejor disponibilidad de tecnología y con un reto fundamental, mejorar la velocidad”, concluyó.
Radiodifusores buscan echar atrás las multas propuestas en iniciativa
El sector privado de la radiodifusión en México quiere modificar, en la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones, el capítulo relacionado con las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para imponer multas. Raúl Sandoval, representante de Núcleo Radio Mil (NRM) Comunicaciones, consideró que el planteamiento del proyecto de ley del Ejecutivo podría llevar a la quiebra a varios concesionarios.
Existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de la radiodifusión, incluyendo los económicos, respecto del resto de las telecomunicaciones, agregó. No obstante el hecho de que la radiodifusión será regulada a partir de la aprobación de la legislación secundaria bajo el mismo cuerpo normativo que el resto de las telecomunicaciones, tiene elementos distintivos que son inobjetables, expuso Ruiz Vega.
Para los radiodifusores la iniciativa de ley debe establecer con claridad los criterios que se tomarán en cuenta para el pago de la contraprestación por el refrendo de concesiones comerciales, a fin de evitar actos discrecionales. Sandoval ha señalado la necesidad de fijar una fórmula que permita a los operadores hacer las proyecciones económicas necesarias para el pago del refrendo.
Primero armó una bancada legislativa. Los llamados Telcel-nadores y Dish-putadas. Luego empleó esquemas de jugosa inversión publicitaria y sociedad empresarial para dominar medios de comunicación y convertir a periodistas en sus voceras y voceros. Los Slim-media. Más adelante, cooptó intelectuales y artistas a quienes usa como misiles contra sus competidores. Y ahora Carlos Slim toma las calles con manifestaciones.
Su bancada, sus medios, sus periodistas, sus intelectuales y sus marchas están alineados hacia un mismo objetivo: defender a toda costa los intereses de quien ha llegado a ser el hombre más rico del mundo. El sábado era la cita para realizar una cadena humana desde Los Pinos hasta Televisa Chapultepec para protestar contra la ley secundaria de telecomunicaciones que promueven PRI y PAN.
Acudieron personajes afines al ingeniero Slim. Se les sumaron algunos que odian al duopolio de la televisión (pero no les importa aliarse con el monopolio de las telecomunicaciones). Y llegaron otros más que se dejan seducir por éstos, quizá sin darse cuenta de a quién terminan haciéndole el juego. La invitación decía a las 11 de la mañana. Necesitaban seis kilómetros de personas. Era mediodía y la cadena no se formaba porque los asistentes no alcanzaban más que para cinco cuadras desagregadas: una por Los Pinos, dos por el Ángel, dos por Televisa.
Justo a esa hora, llegó el contingente del sindicato de Telmex, que está bajo total control del ingeniero Carlos Slim a través de la figura de Francisco Hernández Juárez, quien lleva cuarenta años como dirigente. Aunque no se juntó suficiente gente para entrelazarse en cadena en toda la ruta programada, los trabajadores del ingeniero Slim —identificados con playeras y gorras— nutrieron la manifestación con pancartas donde exigían todo lo que el multimillonario mundial quiere en la ley secundaria de telecomunicaciones.
Eran mantas y cartulinas impresas profesionalmente con textos tan sorprendentemente especializados como: “No se debe castigar a Telmex y sus trabajadores por cumplir con el título de concesión y declararlo preponderante”. Y al ladito: “Peña títere de Televisa”. Que el hombre más rico desafíe así al presidente de su país, rete al Estado, plante cara ante las instituciones y financie una manifestación me parece una noticia de talla internacional.
Hay una nueva Pandilla Telmex. La original está conformada por las simpáticas caricaturas de tres niños y un perrito que acercan la multimillonaria compañía al público infantil. La nueva “Pandilla Telmex” incluye poderosas personalidades que no son de mentiritas. Ambas son exitosas estrategias publicitarias del mismo consorcio.
ALERTAS.- Fueron los gobernadores del PRI -hay que decirlo tal cual es- los que presionaron al presidente del CEN del PRI para que se rompieran las negociaciones de la reforma político-electoral. Una fuente senatorial, cuyo nombre pidió estar en reserva por razones más que obvias, reveló a Murmullos que los mandatarios “exigieron” que no se les impida “meter las manos en los institutos electorales”, lo que de comprobarse sería una aberración y mostraría que quienes demandaron tal medida no han entendido el espíritu reformador y democrático del presidente Peña Nieto. Seguiremos informando.
SONIDOS.- Al hablar de la modernización de carreteras y aeropuertos, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza perfiló el nuevo rostro de México. En la presentación del Plan Nacional de Infraestructura anunció diversos proyectos que realizará la SCT para generar riqueza y empleos en beneficio de la sociedad. Una mejor conectividad interna resulta imprescindible para alcanzar un desarrollo regional equilibrado, ya que acerca a las comunidades más alejadas y con ello facilita el acceso a la educación, a los servicios públicos básicos, a la generación de empleos y a una mejor calidad de vida, aseguró el funcionario.
SUSURROS.- Oído en el desayunadero político de Reforma: “Como mera pregunta”, decía uno de los comensales a otro: “¿qué no tienen suficiente espacio y salones privados los senadores y los diputados para hacer sus reuniones?”.
El que escuchaba respondió: “¡por supuesto!, pero si las comidas las hacen en sus salones ¿cómo cobran los gastos?”. No lo dice Murmullos, lo comentan los nacidos en grillolandia.
RUIDOS.- El pasado miércoles 23 de abril, el juez 21 Penal de Delitos no Graves del TSJDF, licenciado Nemesio Guevara Rodríguez, absolvió a Diana Cristina Cedeño Dávalos del delito de abuso de confianza equiparado, sin mediar fundamento legal alguno, pues todas las pruebas aportadas por la contraparte acreditaban plenamente la comisión de dicho delito. Sin embargo, haciendo honor a su apodo, nuevamente hizo de las suyas y aplicando el sistema de a “ojo de buen cubero” como el dice, la acusada Cedeño Dávalos, no “parecía que había cometido” el ilícito y por eso la absolvió.
En el Tribunal Superior de Justicia del DF se afirma que no es la primera vez que el juez Guevara Rodríguez se conduce de esa manera, por lo que ya obran varias quejas en el Consejo de la Judicatura del TSJDF, pero al parecer tiene un padrino en la cúpula de que lo protege y mantiene en su cargo, pese al cúmulo de inconformidades en contra del quehacer del señor juez. El problema es que si se comprueban las quejas, don Elías Azar tendrá que tomar cartas en el asunto, porque lo ha declarado en repetidas ocasiones: la justicia tiene que ser apegada a derecho. Oséase, sin “ojo de buen cubero” del juzgador.
BISBISEOS.- Amenazaron y de nuevo no cumplieron. Varios de los “grandes”, abanderados de la sociedad civil desvalida, habían hablado. Escudos de la justicia social. Luchadores descomunales de “Las Lomas” por la libertad. Monstruos de la oposición. Rabanitos Presupuestívoros y cafiaspirinoicos, como los llamaba “Palillo”. Adalides de la justicia y movilizadores de la conciencia nacional, Cuauhtemoc Cárdenas, Javier Sicilia y Javier Corral, entre otros, y “líderes” de la izquierda (lo que signifique en este engañado México), más los que todavía piensan que a una sola voz suya, el país se incendia o se apacigua, pensaron hacer temblar a la ciudadanía cuando juraron que a su llamado iban a paralizar la ciudad el sábado pasado y formar una recia cadena humana con sus paniaguados de siempre -carne humana de sus nóminas infladas- desde el Auditorio a Televisa, para echar abajo la reforma de telecomunicaciones, que es contraria a los intereses de …¿quién cree usted? Si, ese, el que nos quita con su engañifa de “tiempos aire” y supuestos servicios telefónicos de WiFi e Internet de “quinto talón”, la poca liquidez que tenemos los urbanitas.
Pero eso sí, con muchos “izquierdistas del tapanco” a sueldo y compinches de viaje que le sirvieron para estafar y hacer grandes negocios en el Centro Histórico cuando mandaron en el gobierno del DF. (Y no crea usted, todavía le sirven, con la regenta sibilina, Alejandra Moreno Toscano, autoridad a modo, impuesta por la dupla Camacho-Marcelo al frente del changarro para atender todos los caprichos del libanés, trátese de lo que sea: terrenos, negocios, derechos, productos, inmuebles y aprovechamientos….en lo calladito, para seguir engordando la cartera de quien tanto invirtió en la ultima campaña y, por lo que se ve, en las que vengan de color amarillo o rosa, con el candidato que sea). ¿Qué creía la presunta simuladora?… ¿Qué nunca se iba a saber? Lo cierto es que la cadena anunciada apenas si llegó a esclavita de recién nacido.
RUMORES.- Con razón afirma Osmar León Aquino, secretario de organización del PRD en el estado de México, que hay necesidad de darle seguimiento al comportamiento de los 4 mil policías estatales que serán dados de baja por no haber pasado los exámenes de confianza. “No sabemos a dónde irán y si existen registros de su trayectoria. Si quedan sueltos y no hay empleos cuando menos de guardias de seguridad privada, podrían ser cooptados por el crimen organizado”, advierte.
Y ni modo de decirle que no, porque está comprobado que un elevado número de secuestros es cometido por ex policías -en algunos casos por mandos en activo- que se suman a las bandas existentes o bien crean las propias. Y del tema sabe mucho Isabel Miranda de Wallace y lo ha denunciad públicamente. No se sabe si don Daniel Canales, el tercer secretario de Seguridad Ciudadana en la vecina entidad tenga la lista y la información de los que serán dados de baja.
BALBUCEOS.- Correo de don Luis Manuel Oropeza: “¿Cuándo habrá un reglamento para los ciclistas?”. Abunda: “Se lo digo porque circulan en sentido contrario, sobre las banquetas y no se detienen en los cruces y los peatones ahora tienen que voltear a ambos lados del sentido de una calle, porque pueden ser atropellados por los ‘ambientalistas’ que circulan en dos ruedas”. Lo único que le podemos informar es que hay “dos borradores” para el Reglamento respectivo en la Asamblea Legislativa pero no se conocen sus avances. Investigaremos y le responderemos con precisión. Gracias por leernos.
“Bajo protesta” publica Telcel las tarifas para sus competidores
América Móvil dio a conocer la oferta pública de interconexión a la que le obliga la declaratoria de preponderancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), con la advertencia de que no está de acuerdo, no ha consentido las tarifas de interconexión fijadas por el órgano regulador y de que el primero de abril pasado interpuso un recurso de amparo contra la medida que no está sujeta a suspensión.
Publica Telcel tarifas impuestas por IFT
Cd. de México, México (29 abril 2014).- Con reservas, Telcel hizo públicas las tarifas de interconexión impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que cobrarán hasta el 31 de diciembre de este año.
A través de su portal, el operador informó que por servicios de terminación en usuarios móviles de la red bajo las modalidades “El Que Llama Paga” o “El Que Llama Paga Nacional”, el precio a cubrir por los otros operadores será de 20.45 centavos. Mientras, por terminación de mensajes cortos (SMS) sera de 0.391 centavos.
“Las tarifas mencionadas serán aplicadas bajo protesto (sic) a todos los concesionarios a los que Telcel preste, durante el periodo comprendido entre el 6 de abril y el 31 de diciembre de 2014, cualquiera de los servicios antes mencionados”, señala en su portal. Los precios fueron impuestos por el IFT el 28 de marzo como resultado de las medidas que habrán de cumplir Telmex, Telcel, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Carso como agente económico preponderante en telecomunicaciones.
“Ninguna de las manifestaciones vertidas en este documento implica o puede interpretarse como consentimiento o reconocimiento, expreso o tácito, sobre la constitucionalidad, validez, legalidad o procedencia de la Resolución ni de la Determinación de Tarifas 2014”, expuso la empresa. La empresa ha externado que no ha consentido en modo alguno la determinación de tarifas, por lo que se ha reservado el derecho a impugnar dicha resolución.
Pese a “levantón’’, el PRIanuncia reforma política
Pese a que el PRI se levantó el fin de semana de la mesa de negociación de las leyes secundarias a la reforma constitucional en materia política-electoral, es muy probable que finalmente éstas se aprueben antes del 30 de abril.
Luego del anunció que hicieron, entre otros, Enrique Burgos y David Penchyna, sobre la inconformidad del PRI luego de que el PAN y el PRD “no respetaron el documento base que se trabajó desde marzo pasado’’, los coordinadores parlamentarios de los tres partidos conversaron nuevamente sobre la urgencia de aprobar estas leyes.
La razón es que el flamante Instituto Nacional de Elecciones (INE) necesita urgentemente de las nuevas leyes para darle forma, por ejemplo, a los nuevos órganos estatales electorales que sustituirán a los Consejos e Institutos locales, que generalmente responden a los intereses de los gobernadores en turno, de quienes dependen presupuestalmente.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, confió en que las leyes secundarias en materia política se aprobarán. “Los senadores del PRI estamos abiertos al diálogo en todo momento y haremos lo que nos corresponde para cumplir con el mandato constitucional de complementar la ley en materia político-electoral porque es nuestra obligación constitucional’’, dijo. A ver.
Teléfonos de México, de Carlos Slim, y su sindicato llegaron a un acuerdo en su revisión del contrato colectivo de trabajo, que será sometido hoy y mañana a la consideración de los telefonistas.
El sindicato que encabeza Francisco Hernández Juárez reconoció en la circular en la que informa a los trabajadores del acuerdo, que la negociación fue difícil considerando el entorno en el que se encuentra la empresa.
La organización sindical afirmó que la declaración de preponderancia de Telmex “nos ha colocado en una situación complicada que va a requerir de todo nuestro esfuerzo y compromiso para que en conjunto con la administración sumemos nuestras fuerzas y experiencias y consolidemos a la empresa como una de las mejores opciones para los mexicanos’’.
La empresa propuso, entre otras cosas, un nuevo esquema de jubilación para los trabajadores, pero no se avanzó en el tema porque se dio prioridad a la revisión contractual. El tema, sin embargo, será retomado en una mesa de negociación en los próximos días.
El sindicato aceptó poner a consideración de sus representados un incremento salarial del 4 por ciento, la indexación de la inflación más un peso en el rubro de ayuda para renta; la indexación más 1.50 pesos para el rubro de ayuda para transporte.
La indexación de la inflación para el rubro de ayuda de despensa; 8 por ciento de incremento en las becas para hijos de trabajadores activos y jubilados y un día más de aguinaldo, que pasa de 61 a 62 días.
El acuerdo, que sería firmado el miércoles en la Secretaría de Trabajo,contempla un compromiso de reunión entre empresa y sindicato sesenta días después de que se aprueben las leyes secundarias de telecomunicaciones, para evaluar su impacto financiero, operativo y de calidad así como las nuevas obligaciones que previsiblemente se impondrán a Telmex.
Oficialmente aún no comienza la carrera por las candidaturas a puestos de elección popular en el DF, de cara a las elecciones de 2015, pero en Coyoacán ya se están dando hasta con la cubeta.
La diputada del PRD, Ariadna Montiel, una de las precandidatas a la jefatura delegacional, denunció que un módulo cultural que se construía en un camellón de la colonia Ajusco fue derribado la madrugada del sábado por personal de la misma delegación Coyoacán, aunque forma parte de un programa de la Secretaría de Desarrollo Social. Hubo vecinos zarandeados por policías locales. No, si en el PRD se llevan pesado.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, puso en marcha el programa “Bienestar, de corazón a corazón” en las regiones Istmo Costa, Sierra y Soconusco, con lo que se suman más de 20 mil mujeres a los beneficios ofrecidos.
Con este programa se apoya a jefas de familia y madres solteras de Chiapas con estímulos económicos mensuales de 500 pesos, becas para sus hijos, microcréditos, apoyos para proyectos productivos, capacitación laboral y con la incorporación al Seguro Popular. El programa se inicia con una bolsa de 200 millones de pesos y se suma a los apoyos federales.
-Modificación al artículo 29 constitucional
Activistas piden a senadores no aprobar cambios al Artículo 29 que, a discreción, criminaliza la protesta social
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– Ante la posibilidad de que se apruebe un dictamen que le daría al Presidente Enrique Peña Nieto el poder para suspender derechos y garantías de forma discrecional, organismos de la sociedad civil pidieron a los senadores que no consientan la iniciativa aprobada ayer en comisiones de la Cámara Alta. Organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la redacción ambigua de la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional, que fue aprobada a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación. De acuerdo con activista, la iniciativa abre la puerta a que por una simple interpretación, el Presidente de la República pueda solicitar la suspensión de derechos, con el pretexto de mantener la seguridad nacional ante amenazas “que perturben la paz pública”. Lo que significa: la criminalización de la protesta social y la libertad de expresión. “Cuando se establece esta cláusula, que para nosotros tiene un margen muy amplio de discrecionalidad a favor del Ejecutivo, pensamos que esta figura puede desnaturalizarse, si no hay un catálogo cerrado sobre cuáles son las causas por la que pudiera proceder una suspensión de garantías, puede tener una connotación política”, afirmó Simón Hernández, abogado de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, en entrevista para SinEmbargo. El director ejecutivo de Amnistía Internacional, capítulo México, Perseo Quiroz, expresó su preocupación de que esta legislación secundaria pretenda superar al mandato constitucional, en cuanto a la limitación de derechos humanos en el país. “Nos preocupa mucho que los temas alcanzados o los altos estándares alcanzados en el Artículo 29 constitucional puedan verse afectados por esta legislación, es decir, como tú sabes la norma constitucional está por encima de las leyes reglamentarias. Lo que sucede muchas veces en el país, y puede ser el caso con esta legislación, es que la legislaciones secundarias vienen a limitar derechos que ya estaban ganados en el texto constitucional, entonces sí tenemos una preocupación al respecto”, destacó. En octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado un paquete de iniciativas en derechos humanos. Una de ellas pretendía reglamentar el artículo 29 constitucional, con el propósito de “regular el ejercicio de las facultades de las autoridades”. Se propuso la suspensión de derechos y garantías en caso de registrarse cuatro acciones: La invasión, la entrada de fuerzas armadas extranjeras sin la autorización correspondiente. La perturbación grave de la paz pública, “fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura social, política o económica. Grave peligro o conflicto, circunstancia excepcional de tal gravedad que ponga en peligro los intereses vitales de la población, como catástrofes naturales, epidemias o desabasto de alimentos. Y restricción o suspensión del ejercicio de sus derechos y garantías, en términos del artículo 29 constitucional, el cual concede autorización al Ejecutivo para hacer frente a amenazas excepcionales o situaciones de emergencia en un lugar determinado. Se establece que no podrán suspenderse en ningún caso los derechos a la no discriminación; al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la vida; a la integridad personal; a la protección a la familia; al nombre; a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; y tampoco las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. El texto señala que el Presidente deberá fundamentar a la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente la restricción o suspensión de garantías. Se propone otorgar un plazo de 72 horas para que el Legislativo resuelva si otorga su aval o lo rechaza. Una vez que sea aprobado, el Presidente deberá publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación los motivos de la restricción o suspensión de derechos, e informar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). PREOCUPACIÓN DE OSC No obstante que esta ley reglamentaria contiene candados que pretenden evitar el uso discrecional de esta norma, así como medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como Articulo 19 y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, así como Amnistía Internacional capítulo México, expresaron su preocupación de que la medida pudiera poner en riesgo. “Para nosotros tiene una importancia muy sustantiva porque de esta reglamentación puede depender la suspensión de las garantías en el país, y digamos la afectación al orden jurídico y constitucional, lo cual no es menor y para nosotros requiere un debate participativo, informado, de cara a la sociedad sobre los alcances de una eventual suspensión de garantías”, afirmó Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Otras de las dos preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que defienden la agenda de libertad de expresión y derecho a la protesta social giran en torno a la discusión de este punto en las comisiones legislativas del Senado. “Tiene que ver con la forma de la discusión en el Senado, porque se hace de una forma fast track, no hubo una consulta con las organizaciones o un debate informado con la sociedad, sobre los alcances que tiene esta legislación reglamentaria del artículo 29 constitucional”, detalló el abogado. En el mismo sentido, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, externó su preocupación por una discusión “superficial” en el Senado de la República. “Evidentemente nos preocupa que una legislación como ésta, que regula el artículo 29 constitucional, que habla sobre la limitación de garantías, se haya discutido de manera desde nuestro punto de vista superficial, que no haya habido una discusión en serio de los temas de derechos humanos y que se estén haciendo más bien por cumplir un requisito”, detalló. Otro aspecto que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil es la serie de propuestas legislativas que se han presentado en los últimos meses, que pretenden restringir las manifestaciones, poner requisitos a la marcha, legalizar la censura previa, es decir, todo un contexto de restricción de libertades democráticas en el país. “Nosotros vemos que en los últimos meses, particularmente a partir de 2013 se comenzaron a presentar una serie de iniciativas, tanto a nivel local como federal, que tienen como objeto directo la afectación del derecho a la libertad de expresión a ocupar el especio público y en términos generales a manifestarse”, explicó el abogado Simón Hernández. PIDEN QUE NO SE APRUEBE Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazamos la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria, por considerarla regresiva y ambigua. Entre estas OSC se encuentran: Artículo 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”. Demandaron al Senado no subir este dictamen al Pleno, sino que el texto sea analizado nuevamente con rigor al interior de las comisiones, que se le agregue un catálogo cerrado de situaciones con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción. Asimismo, pidieron que en la discusión participen las organizaciones civiles, así como representantes de la sociedad en general. “No solo las organizaciones tienen que ser consultadas o llamadas a estos trabajos, sino que estos debates tiene que pasar por un principio de publicidad, de que la sociedad estuviera informadas sobre sus alcances”, explicó el abogado Simón Hernández.
Un “fenómeno social violento” será motivo para suspender tus derechos
Comisión de Economía aprueba ley de competencia
La comisión avaló el documento con 18 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. El documento reglamenta la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en vigor desde junio pasado, y tiene como objeto regular los mercados, sancionar prácticas monopólicas y hacer que productos y servicios sean más baratos.
Comisión aprueba minuta de competencia económica
La minuta del Senado llegó el viernes a San Lázaro y se turnó a la Comisión de Economía para dictamen y a la de Competitividad para su opinión La Comisión de Economía de la *Cámara de Diputados* aprobó la minuta sobre la ley reglamentaria en materia de competencia económica, que regresó el *Senado* a *San Lázaro* con cambios, y turnó el documento a la *Mesa Directiva *para su discusión el martes en el pleno.
El presidente de la Comisión de Economía, *Mario Sánchez Ruiz*, señaló que existe un acuerdo de las bancadas para que las reservas que se hayan presentado en esta reunión sean trasladadas al pleno. El vicecoordinador jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez de la Garza, aseguró que los cambios que hizo el Senado no modifican el fondo del documento, ya que son de forma, y propuso que la minuta se turne de inmediato a la Mesa Directiva para que se le dé lectura este lunes y se discuta en la sesión del martes.

References: artículo 145
 artículo 190
 artículo 183
 artículo 190
 artículo 129
 artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 Artículo 19