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Timestamp: 2018-12-13 04:38:21+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-16657
Documento BOE-A-2018-16657
«BOE» núm. 293, de 5 de diciembre de 2018, páginas 119727 a 119735 (9 págs.)
BOE-A-2018-16657
En el recurso interpuesto por don M. A. M. R., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Caixbank, S.A.», contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Madrid número 19, doña María Belén Andújar Arias, a inscribir un decreto de adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación de cargas dictados en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
En el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid se tramitó el procedimiento de ejecución hipotecaria número 665/2013 a instancias de «Caixbank, S.A.». El día 1 de julio de 2016 se dictó decreto de adjudicación a favor del ejecutante, el cual, ante la falta de postores en la subasta, solicitó con arreglo al artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la adjudicación de la finca ejecutada por el importe de la totalidad de lo adeudado al ejecutante. En atención a lo solicitado, se adjudicó la finca por el importe de 13.098,14 euros, siendo el valor de tasación de la finca, según resulta del Registro, 56.199,64 euros.
Presentado testimonio del citado decreto, junto con el correspondiente mandamiento de cancelación de cargas, en el Registro de la Propiedad de Madrid número 19, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado el precedente documento, el Registrador que suscribe suspende su inscripción, lo que se notifica al presentante y al Juzgado de Primera Instancia n.º 100 de Madrid:
Con fecha 3 de julio de 2018, asientos 458 y 459 del Diario 100.º, han sido presentados en este Registro: a) Testimonio de fecha 11 de abril de 2.018 de los Decretos dictados por el referido Juzgado el día 1 de junio de 2.016 y 15 de noviembre de 2.017, por los que en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido bajo el número 665/2013, contra la sociedad "Perforaciones Moyano S.L.", se aprueba el remate de la finca registral número 42.746, a favor de la parte actora, la sociedad "Caixabank, S.A.". b) Mandamiento librado por el referido Juzgado el día 11 de abril de 2.018, por el que en el propio procedimiento se ordena cancelar la hipoteca origen del procedimiento y las cargas posteriores. Se acompañan escrito, con firma legitimada, relativo a la situación arrendaticia de la finca; la comunicación al Ayuntamiento en relación con el Impuesto del Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y las correspondientes cartas de pago de la Agencia Tributaria.
Resulta del Registro que la finca fue tasada para caso de subasta en la cantidad de 56.199,64 euros.
De la documentación presentada resulta que la finca objeto de la ejecución no constituye la vivienda habitual del deudor, y que la actora solicitó la adjudicación de la misma por la cantidad total de lo adeudado que asciende a 13.098,14 euros, cuya cantidad es muy inferior al cincuenta por ciento del valor de tasación (28.099,82 euros). Este hecho genera defecto subsanable que, además, impide la práctica de la cancelación ordenada, conforme al artículo 133 de la Ley Hipotecaria.
Partiendo del carácter de la finca hipotecada (que no se trata de vivienda habitual), la adjudicación deberla haberse efectuado por el cincuenta por ciento del valor de tasación de las fincas (28.099,82 euros), y no por el valor total de la deuda (13.098,14 euros), pues siguiendo una interpretación ponderada y conjunta de los artículo 671 y 651 de la LEC, no habiendo postores, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por cantidad igual a todo lo adeudado por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al cincuenta por ciento del valor de tasación.
Así la Resolución de la DGRN de 16 de octubre de 2017 estima que en estos casos, la interpretación del artículo 671 de la LEC no puede ser la puramente literal -que el acreedor pueda solicitar la adjudicación por el cincuenta por ciento del valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos-, pues admitir la adjudicación por menos del cincuenta por ciento del valor supone romper el equilibrio entre los intereses del ejecutante -satisfacer su crédito-y del ejecutado -no sufrir un deterioro patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor. En el mismo sentido, entre otras, y últimamente la Resolución de la DGRN de fecha 20 de abril de 2.018. Es de destacar, que en esta última resolución el Centro Directivo expresa que la norma especial del último párrafo del artículo 670.4 de la LEC, prevista por el legislador para circusntancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, parece que debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4 (cfr. artículo 41. del Código Civil).
Madrid, 12 de julio de 2018.–La Registradora (firma ilegible): Firmado. María Belén Andújar Arias».
Contra la anterior nota de calificación, don M. A. M. R., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Caixbank, S.A.», interpuso recurso el día 17 de agosto de 2018 atendiendo a los siguientes argumentos:
La finca registral número 42.746 del Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, finca objeto de la ejecución hipotecaria 665/2013 seguida ante el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, consiste en un local comercial. Queda claro, pues, que dicha finca es un bien inmueble y no constituye la vivienda habitual del deudor.
Atendiendo a las dos circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, mi mandante se adjudicó en el procedimiento de ejecución de referencia la finca que ha quedado identificada por la cantidad de 13.098,14 Euros, suma ésta que si bien no corresponde al 50% del valor de tasación de la finca a efectos de subasta (el cual ascendía a la suma de 28.099,82 Euros), sí es la cantidad que se le adeuda por todos los conceptos, tras su renuncia expresa ante el Juzgado a practicar tasación de costas y liquidación de intereses.
Mi representada, al solicitar la adjudicación de la finca de referencia por el valor antes referido, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:
Artículo 671. Subasta sin ningún postor.
Este precepto de la ley procesal regula sin ambigüedad alguna por qué porcentajes se puede solicitar la adjudicación, en el caso de que la subasta finalice sin ningún postor, como es nuestro caso.
La Registradora de la Propiedad cuya calificación impugnamos suspende la inscripción al interpretar según dice "de forma ponderada y conjunta" (así reza literalmente la calificación) el artículo 671 en relación con el artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Concretamente, el artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala lo siguiente:
Artículo 651. Adjudicación de bienes al ejecutante.
El artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil está contenido en el Capítulo IV de dicho cuerpo legal concerniente al procedimiento de apremio, pero se ubica en su Sección 5?, la cual alude al caso concreto de la subasta de bienes muebles. Este precepto en ningún caso permite al acreedor ejecutante adjudicarse los bienes (muebles) por una cantidad inferior al treinta por ciento del valor de tasación.
La interpretación conjunta de estos dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil -el 671 que se contrae exclusivamente a bienes inmuebles y el 651 que se refiere solo a bienes muebles- resulta de todo punto improcedente por ser preceptos que aluden al apremio de bienes de diversa naturaleza, muebles e inmuebles. La interpretación a la que acude la Registradora de la Propiedad, cuya calificación combatimos, no es en absoluto ajustada a derecho.
La Registradora de la Propiedad justifica su calificación trayendo a colación un artículo previsto para la adjudicación de bienes muebles (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), afirmando que la interpretación del artículo 671 no puede ser literal "pues admitir la adjudicación por menos del cincuenta por ciento del valor supone romper el equilibrio entre los Intereses del ejecutante -satisfacer su crédito- y del ejecutado -no sufrir un deterioro patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor" (cita de la resolución del Centro Directivo de 20 de abril de 2018).
Ahora bien, el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es claro y diáfano y su aplicación está delimitada por magnitudes aritméticas perfectamente definidas que no son susceptibles de la interpretación a la que acude la Registradora de la Propiedad, ayudándose de un precepto (artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que, como hemos ya destacado, está previsto solo para la adjudicación de bienes muebles en el procedimiento ejecutorio.
Si el legislador hubiera querido dotar de otro equilibrio o proporcionalidad, distinto al que refiere la Ley, a la situación existente entre las partes ejecutante y ejecutada hubiera alterado los porcentajes que se contienen en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o directamente se hubiera remitido al artículo 651 de dicha ley procesal. Lo que resulta inadmisible es que la Registradora de la Propiedad se arrogue la función de legislador y arrastre la aplicación de un precepto de la ley, el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, más allá de su propio ámbito sobre la base de lo que ésta entiende como justo e injusto. Insistimos en que es al legislador a quien incumbe promulgar la ley y esta función no puede apropiársela la Registradora de la Propiedad que califica el título, imponiendo una interpretación que excede ampliamente del cauce de sus facultades.
Además de lo anterior, la calificación que analizamos provoca una total inseguridad jurídica que se proyecta sobre mi mandante toda vez que la interpretación que se pretende altera caprichosamente los porcentajes previstos en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a las cantidades por las que se debe pedir la adjudicación para cada caso concreto.
La sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990 de 15 de marzo se refiere al principio de seguridad jurídica afirmando que "la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (...). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no... provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se Introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas".
Lo dicho por el Tribunal Constitucional en la sentencia que referimos en el párrafo anterior es perfectamente aplicable a un operador jurídico cual es la Registradora de la Propiedad autora de la calificación que se impugna, en cuya interpretación de los preceptos de la Ley se observa palmariamente que califica de forma arbitraria y arrogándose una función que no le corresponde en forma de invocar a su albur relaciones entre normas que introducen incertidumbres y quiebra la más elemental previsibilidad en la aplicación de una norma cuyo tenor, por otra parte, es claro, diáfano y no susceptible de interpretaciones.
Igual opinión nos merece la aplicación al supuesto que nos ocupa del apartado 4.º del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuya previsión es la subasta en la que hay postores cuando el supuesto a que se contrae el artículo 671 es una subasta sin postores. Sostenemos que no resulta de aplicación al caso que nos incumbe el apartado 42 del artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ha de estarse a lo preceptuado por el 671 pues en caso contrario asistimos, y se insiste en ello, a una interpretación jurídicamente inadmisible que provoca una reescritura del precepto legal por parte de la Registradora de la Propiedad.
Expuesto lo anterior, esta parte concluye que la adjudicación de la finca por la cantidad de 13.098,14 Euros, suma a que asciende la deuda debida por el ejecutado a mi mandante por todos los conceptos, se ajusta al precepto legal aplicable al caso, artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, razón por la que debe prosperar este recurso».
La registradora de la Propiedad de Madrid número 19, doña María Belén Andújar Arias, emitió informe, en el que mantuvo íntegramente su calificación, y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 18, 129, 130 y 132 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Constitucional números 41/1981, de 18 de diciembre, 217/1993, de 30 de junio, y 113/2011, de 19 de julio; la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2014; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1987, 15 de marzo de 1991, 29 de febrero de 1996, 13 de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, 23 de julio de 2011, 11 y 29 de octubre de 2013, 13 de febrero de 2014, 12 de mayo y 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017 y 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre y 26 de octubre de 2018.
1. El objeto de este expediente es un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en el que la finca objeto de adjudicación había sido tasada a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en la cantidad de 56.199,64 euros. Celebrada la correspondiente subasta, ésta quedó desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de la finca (que no constituye vivienda habitual) por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende a 13.098,14 euros, equivalente al 23,31 por ciento del citado valor de tasación.
La registradora se opone a la inscripción al entender que la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de hacerse de forma conjunta con otros preceptos del mismo cuerpo legal conforme a la doctrina de este Centro Directivo. Ello significa que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca.
El recurrente considera que la adjudicación se ha ajustado estrictamente a lo establecido en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. El caso objeto de este expediente es semejante al que se analizó en la Resolución de 20 de septiembre de 2017, y conforme a lo que en ella se sostuvo, y que ha sido reiterado en otros fallos posteriores (Resoluciones de 16 de febrero, 20 de abril, 6 de septiembre y 26 de octubre de 2018), habrá de resolverse el recurso.
4. Es cierto, como afirma el recurrente, que no puede apreciarse enriquecimiento injusto cuando se aplican normas jurídicas. Así lo confirma la Sentencia 261 de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2015: «El enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado es muy superior al valor de la adjudicación, en concreto, un 50%, porque esto sí que es algo previsto y aceptado expresamente por la Ley. A este respecto, sí que sería de aplicación la citada jurisprudencia, como una exigencia de otro principio general del derecho, el de seguridad jurídica, que siempre ha de ponderarse junto con el de interdicción del enriquecimiento injusto».

References: artículo 671
 artículo 133
 artículo 671
 Resolución 
 artículo 671
 Resolución 
 resolución 
 artículo 670
 artículo 671
 artículo 670
 artículo 41
 artículo 671

Artículo 671
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 artículo 651
 artículo 651

Artículo 651
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 artículo 671
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 artículo 671
 artículo 9
 artículo 670
 artículo 671
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 artículo 671
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 Resolución