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Timestamp: 2018-06-25 13:20:50+00:00

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Jueves, 04 de Noviembre de 2010 17:49	Redacción
La finalidad de la presente Directiva es establecer normas relativas al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea.
La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados y su alcance depende de ciertos parámetros entre los que se incluyen mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definición de las normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Dicha confianza implica no sólo confiar en la adecuación de las normas de los otros Estados miembros, sino también en la aplicación correcta de las mismas.
A estos efectos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no siempre aporta, por sí solo, el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros, siendo necesaria una aplicación más coherente de los derechos y garantías establecidos en su artículo 6, así como un mayor desarrollo dentro de la Unión de las normas mínimas establecidas por dicho Convenio y la Carta.
Es necesario fijar normas mínimas comunes que impliquen una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez, debe dar lugar a una cooperación judicial más eficaz en un clima de confianza recíproca.
Habiendo adoptado el Consejo el 30 de noviembre de 2009 una resolución sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales, la presente Directiva se refiere a la medida A de dicho plan de trabajo, en la que se establecen normas mínimas comunes que deberán aplicarse en el ámbito de la interpretación y de la traducción en los procesos penales para aumentar la confianza mutua entre los Estados miembros.
Consagrando el citado artículo 6 del CEDH el derecho a traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o entienden la lengua del procedimiento, la presente Directiva facilita la aplicación de tal derecho en la práctica, garantizando el derecho del sospechoso o acusado a una interpretación y traducción gratuita y adecuada en los procesos penales con vistas a garantizar su derecho a la defensa y a un juicio equitativo. Debe facilitarse sin demora al sospechoso o acusado un servicio de interpretación, debiendo ser razonable el periodo de tiempo de demora en facilitarle dicho servicio.
Asimismo, los derechos que se establecen deben aplicarse también, como medidas necesarias de acompañamiento, a la ejecución de una orden de detención europea, debiendo facilitar y sufragar los Estados miembros los costes de interpretación y traducción para la persona reclamada que no entienda o no hable la lengua del procedimiento.
La comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado debe ser objeto de interpretación con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.
Los Estados miembros deben establecer un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si se requiere la asistencia de un intérprete, comprobando la autoridad competente si la persona habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un intérprete. La interpretación y traducción debe facilitarse en la lengua materna del sospechoso o acusado o en cualquier otra lengua que entienda o hable con objeto de permitir el pleno ejercicio del derecho a la defensa y de salvaguardar la equidad del proceso.
También deben garantizar los Estados miembros la posibilidad de ejercer un control con respecto a la idoneidad de la interpretación y traducción ofrecidas cuando se haya informado a las autoridades competentes en un caso particular, pudiendo sustituirse al intérprete designado cuando la calidad de la interpretación se considere insuficiente para garantizar el derecho a un juicio equitativo.
En los supuestos de utilización de videoconferencia para proporcionar interpretación a distancia, las autoridades competentes deben poder aprovechar los instrumentos desarrollados en el marco de la Justicia en red europea.
Debe facilitarse al sospechoso o acusado la traducción de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.
Y por último, deben facilitar los Estados miembros el acceso a las bases de datos nacionales de traductores e intérpretes judiciales, en caso de haberlas.
Contiene la presente Directiva 12 artículos.
Recoge el artículo 1 el objeto y ámbito de aplicación de la presente Directiva.
El artículo 2 regula el derecho a la interpretación, imponiendo a los Estados miembros la obligación de velar por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal.
Se refiere el artículo 3 al derecho a la traducción de documentos esenciales, pudiendo el sospechoso o acusado beneficiarse de la traducción escrita de todos los documentos que sean esenciales para garantizar el ejercicio de su derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso.
Establece el artículo 4 que los Estados miembros sufragarán los costes de traducción e interpretación.
Dispone el artículo 5 que los Estados miembros garanticen la calidad e idoneidad de la traducción y la interpretación, debiendo esforzarse en establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados.
Contempla el artículo 6 la solicitud a los responsables de la formación de jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos penales a que presten una atención particular a las particularidades de la comunicación con la ayuda de un intérprete.
Recoge el artículo 7 la llevanza del registro en el que se deje constancia de las eventualidades que puedan surgir.
El artículo 8 establece la no regresión, mientras que el artículo 9 se ocupa de la incorporación al Derecho interno de la presente Directiva, debiendo poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la misma.
Se dedica el artículo 10 al informe que ha de presentar la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, en el cual se evaluará la adopción por los Estados miembros de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
Y por último, la entrada en vigor se recoge en el artículo 11 y los destinatarios de la Directiva en el artículo 12.
Entrada en vigor el día 15 de noviembre de 2010, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

References: artículo 6
 resolución 
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12