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Timestamp: 2018-10-23 06:55:06+00:00

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Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia: el error judicial | Honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere
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Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia: el error judicial
Publicado el diciembre 23, AM	por Miguel R. Rebolledo
El reciente Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1º), de 17 de octubre de 2014 (núm. rec. 20593/2014), siendo Ponente Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco, trata un tema sumamente interesante como es el de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Así, por medio de dicho Auto, se inadmite una demanda de error judicial en relación con una prisión provisional acordada en el curso de un Procedimiento Abreviado en el que, finalmente, el acusado fue absuelto del delito imputado. El Auto se pronuncia así:
“La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 121 CE , ha configurado diversos mecanismos dentro del Título V del Libro III dedicado a “la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia” (art. 292 a 297, ambos inclusive), destinados a que se produzca el efectivo resarcimiento patrimonial de los dos supuestos contemplados en su art. 292.1: a) daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, y b) los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, doble vía que tiene un tratamiento procesal distinto.
(…) En relación con el error judicial la jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha venido estableciendo que para que prospere una demanda de error judicial, contemplado en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es necesaria la existencia de los siguientes presupuestos:
Un daño probado, no presunto, efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o de un grupo de personas, tanto físicas como jurídicas o morales.
El agotamiento que en cada caso corresponda de las posibilidades de impugnación para facilitar en la medida de lo posible la corrección del error, si existe, por vías ordinarias, sin necesidad de acudir a este procedimiento especial que, por consiguiente, tiene carácter subsidiario.
Que la actividad jurisdiccional constituya un desajuste objetivo patente e indudable. En tal sentido, se trata de equivocaciones manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos o en la aplicación de la ley, siempre en el ámbito de lo ilógico, de lo irracional o de lo arbitrario.
En este sentido podríamos mencionar, entre otras muchas, las Sentencias de la Sala del 61 LOPJ nº 5/2012, de 8 de marzo; nº 14/2012, de 7 de marzo; nº 16/2011, de 21 de diciembre; nº 7/2011, de 20 de diciembre; nº 11/2011 de 23 de febrero; o nº 7/2009, de 22 de marzo.
En todo caso, la doctrina de esta Sala viene interpretando esta vía procesal con un criterio restrictivo, evitando que el proceso especial de declaración de error judicial se convierta en una tercera instancia o en una casación encubierta. En definitiva, no es el desacierto de una resolución judicial lo que se trata de corregir con la declaración de error de aquélla, sino que, mediante la reclamación que se configura en el artículo 292 y se desarrolla en el siguiente artículo 293, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se trata de obtener el resarcimiento de unos daños ocasionados por una resolución judicial viciada por una evidente desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible, que provocan una resolución absurda que rompe la armonía del orden jurídico. Hay que comprobar el fundamento de la demanda que debe imputar el error al auto de prisión preventiva o a su prolongación. No basta enarbolar la posterior absolución. Los requisitos que se exigen para apreciar el error judicial han de aplicarse íntegramente.
(…) Sin perjuicio de que cabrían algunas matizaciones, la decisión de prisión preventiva ha de ser analizada desde una perspectiva ex ante, y no ex post. Es decir, se tratará de dilucidar si en aquellos momentos iniciales de la instrucción con los elementos de que se disponía y atendidas todas las circunstancias era procedente o no decretar la prisión preventiva. Además, no bastará con concluir que quizás no debiera haberse dictado; habrá que demostrar que se decretó de forma claramente equivocada. Cuestión distinta es que lo que la sentencia recaída argumenta pueda servir en alguna medida para identificar los indicios que existían en aquellos primeros momentos pues a ellos se refieren también.
Cabe una prisión preventiva decretada correctamente que vaya seguida de una sentencia absolutoria también correcta: porque se desvanecen los indicios que existían; porque el testigo se retracta de la inicial declaración; porque desaparecen pruebas; o sencillamente porque las exigencias indiciarias para una prisión preventiva se mueven lógicamente en un escalón inferior y menos riguroso a las requeridas para una sentencia condenatoria y se manejan además otros parámetros (riesgo de fuga, peligro de reiteración delictiva…). Como cabe igualmente que una equivocada decisión de prisión preventiva preceda a una sentencia condenatoria (porque existiendo indicios suficientes de comisión del delito y participación en él del inculpado, sin embargo no concurriese ninguno de los otros factores exigibles para legitimar esa medida). La absolución no atrae automáticamente la etiqueta de “indebida” para la prisión preventiva previa.
La jurisprudencia se ha pronunciado sobre el significado que debe conferirse al concepto “error judicial” . Ha mantenido invariablemente que debe ser interpretado con un criterio restrictivo.
En ninguna forma, como razona también el Fiscal, podría hablarse de error judicial en la decisión de prisión preventiva adoptada en el caso actual, dados los parámetros que han de usarse para llegar a esa evaluación. Sería preciso que la aplicación de la norma al caso enjuiciado fuese disparatada, extravagante o desprovista de todo fundamento legal y doctrinal. El error judicial debe reunir las características que se recogen en la STS (Sala Tercera) de 8 de septiembre de 2011 (recurso de revisión 139/2009 ), recuerda : “(…) (d), «el error judicial es el que deriva de la aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido» y «ha de dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error craso, patente, indubitado e incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden jurídico»; (e), «no existe error judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica», «ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico»; (f), «no toda posible equivocación es susceptible de calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta una desatención del juzgador, por contradecir lo evidente o por incurrir en una aplicación del derecho fundada en normas inexistentes, pues el error judicial ha de ser, en definitiva, patente, indubitado e incontestable e, incluso, flagrante»; y, (g), «no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador»”.
(…) El régimen legal en materia de indemnización por prisión preventiva es el diseñado en los arts. 293 y 294 LOPJ . Se puede considerar más o menos restrictivo; más o menos acertado. Pero es el que debe aplicarse. Una absolución no comporta automáticamente la necesidad de indemnizar por la prisión preventiva padecida en esa causa”.
Esta última conclusión a la que llega el Ponente es, en verdad, bastante interesante. ¿Es esta institución demasiado restrictiva? ¿Es acertada? ¿Se debería indemnizar de forma automática el hecho de ingresar en prisión provisional si finalmente la sentencia es absolutoria? ¿Reviste poca gravedad ingresar en prisión, sin haber sido juzgado, para que finalmente no se enerve tu constitucional presunción de inocencia? Contestar a estas preguntas generaría un bonito debate que excedería de las dimensiones normales de una entrada, así que, las dejaré en el aire por si alguien quiere responderse a sí mismo.
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References: artículo 292
 resolución 
 artículo 292
 artículo 293
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