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Timestamp: 2018-06-22 18:04:46+00:00

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Ponencia magistral dictada por el Dr. Luis Oporto, titulada "El rol de los Archivos Administrativos en el acceso a la informacion publica en Bolivia", dentro de la Exposición y Conferencias Internaconal de Archivos Excol'07. Bogotá - Colombia - Mayo 2007.
EL ROL DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS EN EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN BOLIVIA Luis Oporto Ordóñez1
El acceso a la información, imperativo básico y esencial para garantizar el goce pleno de los derechos ciudadanos, y fortalecer a un Estado moderno, es una obra en construcción en Bolivia. Está, además, íntimamente ligada con la lucha contra la corrupción y por ende con los esfuerzos para imponer la transparencia en la función pública, que forma parte de la política de Estado del gobierno del presidente Evo Morales Ayma. El efecto de las políticas gubernamentales del pasado inmediato, todas de carácter neoliberal que incurrieron en abuso del poder económico, generó actos de corrupción y malos manejos de los recursos e intereses públicos, como es el caso de los contratos para la explotación de los recursos gasíferos, o los llamados ‘gastos reservados’, avalados por leyes y disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz. Sobre estos temas el ciudadano común ha encontrado infinidad de impedimentos y obstáculos para la obtención de información pública, tanto de aquella que le concierne o afecta directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal. En Bolivia se han realizado varias iniciativas en ese sentido desde 1990, siendo los más importantes las llamadas “leyes transparencia” 1178 (1990: Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamentales) y 2341 (2001: Ley de Procedimiento Administrativo), que buscan garantizan el acceso a la información pública para fines de control interno y el derecho de acceso a la información en base al precepto del interés institucional para controlar la administración del gasto institucional y por otra parte el derecho legítimo del administrado. Al ser Bolivia signataria de varios tratados y convenios internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Interamericana
Director General de la Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional de la República de Bolivia 1
sobre Derechos Humanos en San José (Costa Rica), se ha avanzado en una tendencia hacia el derecho de acceso irrestricto de la información pública.
Constitución de los archivos
Los archivos se han desarrollado sin ninguna ley que regule su funcionamiento. Ante la falta de un cuerpo legístico específico, los archiveros han basado su accionar en el régimen cultural que señala la Constitución Política del Estado, el corpus jurídico de la Nación (v.g. Códigos Civil, Comercial, Penal) y las leyes transparencia. Sólo a partir de los años 60 del siglo XX, se han empezado a dictar normas específicas aisladas de menor rango, por la vía de decretos supremos, fundamentalmente. Es así que la praxis archivística se sustenta en dos vertientes fundamentales: a) La vertiente administrativa y b) La vertiente técnica o archivística. En el primer caso introdujo reglas sobre procedimiento administrativo, adaptadas desde los códigos nacionales para normar la gestión documental, la administración archivística y los servicios aplicando en estas funciones específicas, el concepto de Administración por responsabilidad, con el apoyo efectivo de un régimen sancionador (Sistema de Administración de Personal, Ley del Estatuto del Funcionario Público y el Código Penal). En el segundo caso, Gabriel René Moreno sienta las bases para la creación del Archivo Nacional de Bolivia (siglo XIX) y Gunnar Mendoza (siglo XX) tomó a su cargo la redacción de normas archivísticas fundamentales, referidas a temas como la definición de clases documentales, tipos de archivo, documentaciones públicas, operaciones archivísticas (clasificación, ordenación y descripción), la construcción del Repositorio Intermedio y las transferencias intra-archivísticas. En los hechos se trata de una normativa legal con base en la ciencia archivística aplicada a la realidad boliviana. La implantación de ese conjunto de normas en la administración documentaria y la organización archivística del Estado, permitió desarrollar una amplia infraestructura edilicia y una infoestructura que se despliega a lo largo y ancho del territorio nacional, facilitando las tareas de recuperar, resguardar, sistematizar, accesibilizar y conservar la memoria social de la Nación, para garantizar el acceso a la información pública, entendido como derecho ciudadano irrenunciable, plasmado por los servicios fedatarios que consagran aquel derecho.
Cuando se habla de acceso a los archivos, nos referimos fundamentalmente al derecho constitucional ciudadano de acceso y uso a la información pública, es decir a los registros y documentos públicos. Esta ecuación se completa con el derecho de difusión y el derecho a la intimidad, que involucra elementos típicos de la cadena documental, como generación de nuevo conocimiento y el acceso a los archivos personales, respectivamente. En el pasado imperaba la política de exclusión como expresión de un Estado discriminador en varios sentidos. Es importante señalar, por ejemplo, que la exclusión sexual se rompió como resultado de las conquistas sociales impuestas por la Revolución Nacionalista de 1952, pero aparece expresada de manera explícita recién a partir de la CPE de 1967, que reconoce la personalidad y capacidad jurídica de todo ser humano, que:
“Goza de los derechos, libertades y garantías...sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen condición económica o social, u otra cualquiera”2.
En el largo tránsito de romper la exclusión étnica, la Constitución de 1967 incorporó por primera vez a las “manifestaciones del arte e industrias populares”, a las que consideró como “factores de la cultura nacional”, señalando que “gozan de especial protección del Estado, con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión”3. En 1988, el cuarto gobierno de Víctor Paz Estensoro, incluyó en el régimen garantista de la Constitución a las expresiones de los pueblos indígenas, incorporando por primera vez el concepto de patrimonio etnológico, conceptualizando como tal a las obras creadas por los pueblos indígenas antes de 1950, incluyendo entre los llamados “recursos etnológicos” a los documentos producidos por ellos4. Es un hecho significativo que debe comprenderse en el contexto del reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos originarios y/o indígenas, luego de un
Artículo 6 de la CPE de 1967. Art. 192 de la CPE de 1967. 4 Decreto Supremo N° 21951 de 26 de abril de 1988.
largo y dramático decurso republicano, en el que fueron ignorados y explotados (1825), emergen con fuerza durante la postguerra del Chaco (1932-1935), son liberados del pongueaje (1945), adquieren conciencia social de su fortaleza y protagonizan el cambio social (1952) y son incorporados paulatinamente como sujetos del desarrollo nacional (1994) y protagonizan el cambio político como actor social plenamente reconocido (2006). Estos alcances, se sacralizan con la modificación del artículo primero de la Constitución en 1994 que declara a Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural5, complementado por el artículo 171 que reconoce, respeta y protege los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. En el texto de las reformas a la Constitución, del 2002, se introducen aspectos de relación directa e indirecta con el uso, acceso y difusión de la información pública, en el inciso l): “Al nombre, a la intimidad y privacidad personal y familiar, así como a su imagen, honra y reputación”, pero sobre todo en el inciso n) “Acceso a la información pública”6. Sin embargo, se observa un notable retroceso en las reformas constitucionales de 12 de febrero de 2004, que deja sin efecto estos avances volviendo en esto al viejo texto de 19947. En ese contexto, esta trilogía de garantías ciudadanas, reconocida como derechos fundamentales de hombres y mujeres, son resquicios que otorga el Estado para abrir sus registros y archivos públicos al uso de la ciudadanía. Las leyes transparencia
El análisis de la legislación archivística en general y el estudio exhaustivo de la ley de procedimiento administrativo en particular, demuestra que ambas vertientes (archivística y administrativa) son interdependientes y por ello esenciales para garantizar el acceso a la información pública, y la transparencia en los actos administrativos, aspectos que reclama a viva voz la sociedad en su conjunto. La Ley 1178 tiene 8 subsistemas de administración y control gubernamentales, sobre los que se levanta la estructura administrativa del actual modelo de administración
Art. 1 de la CPE de 1994. Ley 2410, Ley de Necesidad de Reformas de la Constitución Política del Estado. GOB, 42 (2417). La Paz, 2 de agosto de 2002. la Constitución Política del estado. GOB, 44 (2571). La Paz, 20 de febrero de 2004. 7 Ley 2631, de reforma a la Constitución Política del estado. GOB, 44 (2571). La Paz, 20 de febrero de 2004.
del Estado. Tal su importancia que la Administración debe ajustarse a dicho sistema para su accionar. Actualmente parte formal del sistema está en cuestión, sobre todo por los morosos procesos de contratación de bienes y servicios, que ha motivado a los gobiernos municipales del país a solicitar su modificación, para dinamizar la administración, al ver la escasa ejecución presupuestaria que se traduce en un número poco significativo de obras ejecutadas. En otras palabras, se pretende hacerla más flexible. No obstante, la Ley 1178 está plenamente vigente, y su espíritu se ha incorporado al actual DS 28631, Reglamentario a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, que señala como principios fundamentales de cumplimiento obligatorio, para la Administración del Estado: a) Dignidad y soberanía, b) Participación social, c) Planificación, d) Honestidad, e) Transparencia, f) Eficiencia, g) Austeridad, h) Jerarquía, i) Coordinación. Los principios de planificación, transparencia y eficiencia están íntimamente ligados a la gestión documental y la organización de los archivos administrativos, sin los cuales estos postulados no podrían cumplirse de manera efectiva y positiva, pues la visión de país y la planificación del desarrollo integral, así como la eficiencia, se basan esencialmente en el uso oportuno e inmediato de información oficial confiable. Esa información oficial en gran medida se encuentra en los archivos institucionales. En la lucha frontal contra la corrupción, el actual Gobierno señala que el Estado democrático debe caracterizarse por la transparencia de sus actos en el uso de los recursos económicos del Estado por parte de los servidores públicos. Para ello promueve el acceso a la información, como base fundamental del control social que hoy impera. Mas, la toma de decisiones se basa dramáticamente en el acceso oportuno a la información oficial, sin el cual, la transparencia no tendría sentido, sobre todo si consideramos la voluntad oficial de terminar con el secretismo del Estado. Es incuestionable, entonces, garantizar el acceso a la información pública tanto por parte de los Administradores como de los administrados. Este extremo está contemplado en las Leyes 1178 (Control y Administración Gubernamentales) y 2341 (Procedimiento Administrativo), que establecen el acceso a la información sobre la base del precepto constitucional del interés legítimo. En otras palabras: se puede señalar que la Ley de Procedimiento Administrativo es una especie de ley reglamentaria del
Artículo 7, inciso h) de la Constitución Política del Estado, es decir del antiguo derecho de petición. Lamentablemente la Ley 1178, pese a que basa toda su estrategia de éxito en el acceso a la información oficial, ha ignorado la importancia de los archivos institucionales. De igual manera, la ley 23241 se ha ocupado solamente de normar el procedimiento administrativo y no menciona ninguna directriz sobre la obligación de organizar los archivos de oficina. Nada tenemos, entonces, para garantizar el cumplimiento de aquellos principios que mencionamos, y mas aún, el acceso real a la información no podrá concretizarse porque simple y llanamente, tanto la gestión documental como la organización de los archivos administrativos, han quedado al margen de estas disposiciones, salvo normas inconexas que si bien refieren a la 1178, no forman parte de sus decretos reglamentarios. Un ejemplo es el DS 23934 que implantó en 1994 el Reglamento Común de Procedimientos, estableciendo la obligación de instalar bibliotecas y archivos en los ministerios del poder ejecutivo, que al no tener una base legal sólida sus resultados se han ido diluyendo merced al voluntarismo de la Administración. Otro importante decreto, al carecer de base legal, el 25046 que crea el Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo, se tornó errático e insuficiente para garantizar tres aspectos fundamentales que se proponía: a) El acceso oportuno e inmediato a la información oficial; b) La garantía de conservar las documentaciones administrativas para fines de control posterior; y, c) La garantía para conservar las documentaciones inactivas, consideradas primero como memoria institucional y en segundo lugar como patrimonio documental de la Nación. ¿Cuál la consecuencia inmediata y directa de estas tremendas omisiones o vacíos jurídicos? a) El caos en la gestión documental; b) La discrecionalidad en la clasificación y el orden natural de las series documentales; y, c) La informalidad en la organización de los archivos de la Administración. Las consecuencias ulteriores son gravísimas pues afectan a la organización de los archivos centrales y otros resultantes del ciclo vital de las documentaciones (vg. archivos intermedios y archivos históricos) y tienen como lamentable corolario la destrucción de documentación inactiva, signo de desprecio de la alta burocracia estatal a la memoria social y por ende de la memoria de la humanidad, a pesar que la
destrucción de documentos públicos se sanciona penalmente, con reclusión de hasta 8 años, en casos agravados. Ergo, la falta de archivos organizados impedirá la toma de decisiones sobre una base documental fiable, y por lo mismo, mediatizará el acceso de la ciudadanía a los registros y archivos públicos, favorecerá la corrupción, la exclusión social, la discriminación étnica, y se constituirá en el mecanismo del secretismo que impera aún en el Estado. Paradójicamente pese al desdén institucionalizado, los archivos apoyan o coadyuvan cotidianamente a la toma de decisiones de la Administración del Estado, y, por otra parte garantizan el acceso a la información pública, en cualquier fase del ciclo vital de las documentaciones. La conclusión es que, en la hora presente, la modificación de la Ley 1178, no sólo debe ser formal, sino estructural. Hemos planteado para ello, incorporar en las reformas la creación de un noveno sistema: el de Administración Documentaria, que tiene el objeto de normar la gestión documental, regular la organización de los archivos administrativos, garantizar el procedimiento de acceso y uso de esta información. De esa manera se garantizará lo que el Estado desea ansiosamente, es decir, sacralizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública. La respuesta de los Administradores sigue siendo la misma: indiferencia, subestimación de la importancia de los archivos administrativos, y un histórico desdén hacia la documentación inactiva. Sin embargo, la dinámica social ha ido incorporando nuevos elementos en el análisis. Han sido los llamados “movimientos sociales” los que han propugnado el acceso a la información, pues esta necesidad no ha surgido desde los niveles altos de la Administración, que ha hecho más bien todo lo contrario: ajustar más el candado del secretismo oficial. Los movimientos sociales han exigido al gobierno el cambio de las políticas económicas y el manejo de los recursos naturales. Por otro lado, también han puesto en la agenda de la discusión nacional, el derecho de conocer la información oficial del Estado, como formas propias del control social en los negocios del Estado y combatir la corrupción. El eje transversal de esas exigencias pasa necesariamente por el acceso a la
información pública, dicho de otro modo, por la organización de los archivos y el reconocimiento al rol fundamental de los archiveros.
Derecho de acceso a la información por decreto
El 17 de Mayo de 2005, el gobierno de Carlos Mesa aprobó el Decreto Supremo 28168 de “Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Poder Ejecutivo”. Con esta norma pretendía “garantizar el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia de gestión del Poder Ejecutivo” (Art. 1), basándose para ese fin en los principios de publicidad, obligatoriedad y de gratuidad (Art 3). El derecho de acceso a la información se reconocía, por ese decreto, a todas las personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia (Art. 4). De esa manera, “en ejercicio de los derechos de información y petición, toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente, está legitimada para solicitar y recibir información completa, adecuada, oportuna y veraz del Poder Ejecutivo” (Art. 5). Sin embargo, el decreto no tuvo repercusión alguna, pues carecía de base legal. Veamos: El DS 28168, se sustenta en la Resolución 1932, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de 10 de junio de 2003, que establece que “el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública y que en un sistema democrático, representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales con participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información”. Como podemos ver, deja al margen el Art. 7, inciso h) de la Constitución y la propia Ley 2341, que establece además el régimen de la reserva. El Decreto fue duramente combatido por los periodistas, que en ese momento no percibieron el alcance y potencial que contenía para avanzar en el acceso a la información.
Visión de los periodistas sobre este tema
Los comunicadores sociales se mueven bajo el concepto abstracto de información pública, y no les interesa mayormente hacer referencia a las documentaciones existentes en los archivos de la Administrativos Pública. Por ello plantean en su proyecto propio remitido a la Asamblea Constituyente, los siguientes aspectos: a) La libre emisión de ideas y opiniones por cualquier medio de difusión es un derecho constitucional de las personas, ejercitable individual o colectivamente, que no podrá ser restringido por ninguna ley o disposición gubernamental. b) El derecho a la información comprendería la siguientes libertades: I. Libertad de información que implica tres derechos esenciales: a) El libre acceso a las fuentes de información que no podrá ser coartado por ninguna autoridad; b) La libertad de publicación que comprende el derecho de toda persona o grupo a emitir y recibir información por cualquier medio de difusión, así como el derecho a réplica y rectificación, cuando se vean afectados directamente por información inexacta o agraviante; c) La libertad a crear individual o colectivamente medios de información con fines de servicio público. II. La libertad de opinión, que no acepta el anonimato.
Ante el régimen de excepciones (reserva de la información), se reconoce la cláusula de conciencia y se garantiza el secreto profesional en el ejercicio de esas libertades y se oponen a cualesquier forma de trámite en el acceso a la información. Señalan que el ejercicio periodístico y los medios masivos de información deben estar, fundamentalmente, al servicio de la sociedad. Los medios de información del Estado serán regulados por ley en su organización y funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos, en igualdad de oportunidades.
El Anteproyecto de Ley del Acceso a la Información Pública
La agenda impuesta por los movimientos sociales fue recogida por el Gobierno del Presidente Evo Morales, quien repuso inmediatamente el Ministerio de Justicia (que había sido eliminado por el anterior gobierno), encomendando al Viceministerio de Justicia la redacción de un anteproyecto de Ley que recoge las experiencias del pasado para mejorar la propuesta inicial del DS 28168. En ese sentido, el Gobierno reconoce que la transparencia en la actuación del Estado debe ser contundente y este debe constituirse en una constante y referente de él. Como resultado principal trata de romper la política que ha caracterizado a nuestro sistema político y administrativo, donde el secreto se convirtió en regla y la publicidad en excepción. Por otro lado, el Proyecto de Ley permite dar cumplimiento a compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos:
1. Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción. Ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3068 de 1 de junio de 2005, señala que los Estados deben, en materia de prevención de la corrupción, formular, aplicar o mantener en vigor políticas que promuevan entre otras cosas, la transparencia en la gestión pública (Art. 5, Capitulo II: Medidas preventivas). Sin duda el espíritu del Artículo 10 de la Convención ha sido incorporado en el anteproyecto:
“Artículo 10.- Información pública.- Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:
La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la
intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.
Lo que llama poderosamente la atención es que los redactores del Anteproyecto no hubiesen tomado como base fundamental a la Ley 1178, que concretiza el inciso c) de la Convención desde 1990, y la Ley 2341, que plasma ya desde el 2002, el inciso a) y b) de la Convención.
2. Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (CICC) de la OEA. Ratificada por Bolivia mediante Ley No. 1743 de 17 de enero de 1997. Esta convención señala que los Estados deben adoptar medidas preventivas contra la corrupción, destinadas a crear, mantener y fortalecer “normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas” (Art. 3). De esa manera, tenemos que el proyecto de La Ley se sustenta en los siguientes valores:
a. Transparencia, en el sentido de proporcionar información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable, a toda persona que lo solicite, en el marco de la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de la información, en especial aquella referida a la asignación y uso de los recursos, los principales resultados obtenidos y los factores que influyeron en sus resultados. b. Integridad pública, entendida como la coherencia que debe existir entre las políticas públicas y los resultados obtenidos en la gestión pública. c. Ética Pública, la conducta que el servidor público deberá demostrar en el ejercicio de sus funciones. d. Participación ciudadana, la ciudadanía tiene el deber de coadyuvar en la
conservación, custodia y preservación de la información pública (Artículo 6.Valores).
Igualmente, se rige por los siguientes principios:
a. Dominio público, en razón a que toda información que se encuentre en las entidades mencionadas es de de interés de la colectividad. b. Oportunidad, la información solicitada por personas naturales o jurídicas, debe ser proporcionada con celeridad. c. Accesibilidad, por el cual la información a ser requerida debe ser otorgada sin ninguna restricción, salvo casos específicos de reserva. d. Publicidad, la información generada y conservada en las entidades en el marco de la presente Ley, es de carácter público consecuentemente será puesta en conocimiento de la colectividad por cualquier medio de información y comunicación. e. Economía, la información solicitada por personas naturales o jurídicas, será proporcionada en gratuidad, con excepción de los costos que demanden su reproducción o legalización. f. Buena fe, por el que se presume que la solicitud o petición de información de las personas naturales o jurídicas, se efectúa con fines lícitos (Artículo 7.Principios).
El objeto de la Ley es la reglamentación del ejercicio del derecho a la información o el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, como un derecho fundamental aún no reconocido expresamente en la Constitución. En este sentido, el Proyecto de Ley establece los requisitos, condiciones, plazos y procedimientos para que cualquier persona interesada pueda acceder y obtener información pública que genera y produce el Estado en todas sus entidades e instituciones, así como las personas de derecho privado que hagan negocios con el Estado. ¿A que tipo de información hace referencia esta ley? Ciertamente el concepto es más bien abstracto y no infiere necesaria o exclusivamente al documento de
archivo, que resulta de la atención de un trámite, como resultado de la responsabilidad por la función pública. Dice:
“La información pública es la producida o procesada por las entidades y públicas y personas de derecho privado comprendidas en la presente ley, en sus fases de inicio, procesamiento o conclusión, resguardada o conservada en los archivos de la repartición responsable de su atención o de la entidad correspondiente, sea en su forma impresa, gráfica, fotográfica, grabada en cinta de video, soporte magnético, digital u otro de mayor avance tecnológico” (Articulo 9.- Alcance y forma).
En otras disposiciones importantes, establece las exclusiones al ejercicio de este derecho verbigracia el régimen de reserva (información clasificada: privilegiada, reservada, secreta, etc.); la obligación del Estado de conservar y mantener los
documentos e información pública; la obligación de designar a un responsable de atender las solicitudes de información en todas las entidades públicas; y la posibilidad de impugnar el rechazo o denegatoria a la atención de las solicitudes de información pública. Ciertamente, la ley en esta aspecto es más liberal, pues se aparta de las convenciones que establecen restricciones en cuanto al secreto profesional, industrial y otros. En resumen, el espíritu que anima a este Proyecto de Ley es la búsqueda de una mayor y mejor transparencia en los actos administrativos y negocios del Estado.
El rol de los archivos
Veamos el aspecto anecdótico: El anteproyecto de ley menciona una sola vez la palabra archivos en su texto y lo hace de manera tangencial y ninguna mención hace al archivero. Veamos ahora lo que es nuestro interés. Dos elementos fundamentales nos llevan a reflexionar sobre el rol de los archivos y los archiveros. A pesar que las llamadas leyes transparencia, el decreto 28168 y el actual proyecto de ley de acceso a la información, muestran el interés real del Estado para garantizar este derecho ciudadano, ignoran en el contenido y alcance de los textos
legales y procedimentales a los archivos institucionales y a los archiveros, siendo que estos repositorios y sus servidores tienen la obligación legal de recoger la memoria institucional producida por las instituciones del Estado, para sistematizarlas y accesibilizarlas. ¿Quién es el responsable del acceso a la información? Este es una aspecto excluyente a la función del archivero, pues la ley señala que se creará el cargo del Oficial de Información, en la estructura orgánica de las entidades públicas, funcionario que tendrá bajo su responsabilidad el proceso administrativo de acceso a la información, en la recepción de solicitudes, gestión y entrega de la información. En las entidades que por razones presupuestarias este cargo no pueda ser creado, se designará a un funcionario responsable de estas tareas (Artículo 8.- (Oficial de Información). En otras palabras, aun se subvalora la importancia de los archivos y obviamente el trabajo de los archiveros. Ante esta situación, es fundamental sensibilizar a propios y extraños y, fundamentalmente, al cuerpo de archiveros del Estado, sobre la importancia singular de los archivos en el derecho de acceso a la información pública, para impulsar una cultura de transparencia en la función pública y eliminar en lo posible la corrupción que ha manchado con su estigma al país al extremo que en el pasado ostentaba el vicecampeonato de la corrupción a nivel mundial. Desde nuestro punto de vista, cualquier proyecto de ley de acceso a la información pública y/o de transparencia de la función pública, debe pasar por incluir en su contexto (v.g. la norma positiva y adjetiva), a los archivos, puesto que constituyen la base infraestructural de la memoria institucional, y a los archiveros, quienes son los sujetos naturales que custodia y accesibiliza. Vemos una colisión jurídico-legal en el Anteproyecto de Ley que crea el cargo de oficial de la información en un servidor ajeno a los archivos, pues de acuerdo al ordenamiento jurídico mayor en vigencia, el servicio fedatario señala responsabilidades indelegables a los custodios de la documentación, que son los archiveros por antonomasia, estatus que es ignorado por los redactores del Anteproyecto de Ley, y de la misma manera, no se establece la obligatoriedad de instalar archivos en las instituciones de los tres poderes del Estado, con lo que se debilita notablemente su alcance.
Me parece que la omisión de estos dos elementos esenciales para el éxito en el acceso a la información, se producen por la falta de conocimiento preciso de las funciones del archivero y el rol de los archivos. Creemos que sin incorporar de manera efectiva a los archivos y archiveros, los intentos de acceso a la información tropezarán con serias dificultades.
A la luz de nuestra legislación, dos bases filosóficas han guiado el accionar del Estado para regular el acceso a la información pública y por lo mismo el uso de los registros y recursos documentales. En primer lugar, el derecho a la información como derecho constitucional aparece de manera ambigua en la Carta Magna. Está asociado con otros derechos fundamentales como el derecho a la expresión de ideas, a la intimidad, a la inviolabilidad de los archivos personal y al habeas data. Está reglada por tres leyes fundamentales, la Ley del Notariado (1858), la 1178 (1990) y la 2341 (2001). En estas subyace de manera explícita el derecho legítimo de acceso a la información, que es un elemento mediatizador del acceso y uso efectivo e irrestricto de la información pública. En segundo lugar, el reconocimiento del concepto de bienes del dominio público que se ocupa, además de la riqueza cultural. Es decir que lo patrimonial, al ser de dominio público, convierte a los ciudadanos de un país, en los titulares de la documentación pública. Estos dos conceptos, contrapuestos entre sí, pero al mismo tiempo complementarios, permiten definir las directrices del concepto de derecho de acceso a la información pública con dos alcances igualmente contrapuestos y complementarios.
procedimentales y de administración y control, garantizan el acceso pleno a la información pública por parte de la Administración, pero de manera restrictiva por parte de los ciudadanos (hombres y mujeres), quienes para ese fin deben demostrar el llamado interés legítimo. Su efecto en el desarrollo archivístico es dramático, pero curioso y paradójico, ninguna de estas normas menciona al archivo, que es
resguarda los testimonios de las actuaciones de los organismos. Los archivos son al mismo tiempo la fortaleza y la debilidad de las normas del procedimiento administrativo, de la administración y el control gubernamentales, así como de la ansiada transparencia de la función pública.
En este derecho de acceso a la información pública administrativa, si bien limitado por las leyes procedimentales, que se refieren al interés legítimo, el ciudadano involucrado en el trámite tiene el derecho de conocer de forma total los obrados de la actuación propia que cursan en la Administración.
b) Derecho irrestricto de acceso a la información pública histórica: El concepto patrimonial es una vía que garantiza el derecho irrestricto de acceso a la información pública histórica, verbigracia aquella que ha superado los 35 años de edad y se encuentra en los archivos históricos. Al ser titulares de la riqueza documental de la Nación, tenemos el derecho de acceso y uso. Por tanto, no se requiere de ninguna ley específica para el goce pleno de esa información, pues como toda norma constitucional, no requiere, necesariamente, de reglamentación.
En consecuencia, el acceso a los registros y archivos públicos, está supeditado a la fase del ciclo vital de las documentaciones, es decir, aquellos que mantienen sus valores primarios (v.g. el valor legal) y aquellos en los que han prescrito. Se puede afirmar, entonces, que las documentaciones con valor legal, existentes en los archivos de la Administración Pública, están limitadas en su accesibilidad y uso por las leyes procedimentales y sobre todo por el interés legítimo de los ciudadanos sobre la información oficial. En tanto, las documentaciones que han perdido el valor legal, existentes en los archivos intermedios e históricos, son libremente accesibles por mandato constitucional, a cualquier ciudadano sin importar su condición social, credo religioso, género o militancia política.
El rol de los archivos y los archiveros
Siendo la información pública una abstracción que nos lleva irremediablemente a los archivos, es ineludible reivindicar el papel del archivero en el acceso a la información pública y en la propia función natural de los archivos para garantizar el acceso a la información pública, toda vez que la totalidad de los testimonios del acto administrativo se transfieren de forma sistemática a estos repositorios, creados precisamente para garantizar la custodia, sistematizar su organización y facilitar los servicios fedatarios. La liberalidad del acceso a la información no puede construirse al margen de los archiveros, pues ello daría lugar a la discrecionalidad, como se percibe ya en el anteproyecto de ley, que señala a la letra:
“La presente Ley se aplicará a los servidores públicos que prestan servicios en el Estado, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los que desempeñan funciones en entidades, instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y en toda otra entidad donde el Estado tenga presencia y/o participación” (Artículo 2.- Ámbito de aplicación y alcance).
Como podemos ver, el papel de los archiveros se difumina notablemente, pues, los responsables de la información serían esos servidores públicos en el sentido lato:
“Toda información generada o conservada en cualquier institución del sector público, adquiere la calidad de pública con alcance a las entidades a las que hace referencia el artículo 2; consecuentemente, los responsables de la información, tienen la obligación de informar a las personas peticionarias, conforme las disposiciones de esta Ley” (Artículo 3.- Obligación de informar).
Los archivos también han sido ignorados en el anteproyecto de ley, es más la conservación de la información, estaría a cargo de servidores y no de los repositorios o archivos administrativos, como se puede colegir en el texto del proyecto de Ley:
Para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, quedan obligadas a la conservación de la información generada o recibida, en el marco de las normas legales en vigencia relativas a su preservación. Su omisión hará pasible al responsable, de las sanciones establecidas en el Código Penal.
Los servidores públicos que incumplan las disposiciones de la presente Ley, serán pasibles al establecimiento de las
responsabilidades administrativa, ejecutiva, civil o penal, según corresponda (Artículo 5.- Conservación de la información).
Por tanto, es preciso incorporar tanto a archiveros como a los propios archivos al ámbito de cualquier iniciativa que tenga como resultado el acceso a la información pública. Sin embargo esta tendencia de exclusión y desdén no hacia los archivos y archiveros no es privativa de Bolivia, sino que se ha ido perfilando en otras normas similares de otros países como podemos observar en el estudio de la legislación comparada.
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References: Artículo 6
 artículo 171

Artículo 7
 Resolución 
 Artículo 10
 artículo 2