Source: https://tc.vlex.es/vid/2003-2000-iva-1990-254863
Timestamp: 2019-07-24 05:07:44+00:00

Document:
STC 115/2005, 9 de Mayo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 254863
STC 115/2005, 9 de Mayo de 2005
Número de Recurso: 492-2003
Recurso de amparo 492-2003. Promovido por don Alejandro Ch.A. respecto a las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictadas en ejecución de una Sentencia de 2000 sobre liquidación tributaria por el IVA de 1990. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): providencia que impide la ejecución de una sentencia a causa de un error en su fundamentación jurídica sobre distintos impuestos.
Sentencia citada en: 222 sentencias, 10 artículos doctrinales, un formulario
En el recurso de amparo núm. 492-2003, promovido por don Alejandro Ch.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Gabriel de Diego Quevedo y asistido por el Letrado don Fernando Justel Eusebio, contra la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 23 de julio de 2002, confirmada en súplica por Auto de 10 de diciembre de 2002, por la que se aclara la Sentencia de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1347/2000, de 25 de octubre, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1127/96 sobre liquidación tributaria por IVA correspondiente al ejercicio de 1990. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de enero de 2003 don Gabriel de Diego Quevedo, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Alejandro Ch.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
La Inspección de Tributos de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Madrid llevó a cabo actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria del ahora demandante de amparo, lo que dio lugar a la incoación de actas de disconformidad por los conceptos de IRPF e IVA correspondientes a los ejercicios de 1986 a 1990.
El demandante de amparo interpuso contra dicha liquidación reclamación económico-administrativa (núm. 28/25482/94) ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.
Transcurrido el plazo de un año desde la interposición de la reclamación sin que se resolviera, el demandante de amparo la consideró desestimada (art. 108 del Reglamento del procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas) e interpuso el recurso contencioso-administrativo procedente. Posteriormente, al serle notificada la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid en fecha 6 de febrero de 1997, por la que se resolvió expresamente la reclamación en su día interpuesta, estimándola en parte al reducir la sanción impuesta al 60 por 100 (Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación de la Ley general tributaria), procedió a ampliar el objeto del recurso contencioso-administrativo a dicha reclamación.
En el escrito de demanda del recurso contencioso-administrativo el solicitante de amparo expuso las consideraciones fácticas y jurídicas que estimó oportunas en relación, entre otras cuestiones, con la falta de motivación de los incrementos de las bases imponibles, la incorrecta graduación de la sanción y la prescripción de la acción de la Administración. En el suplico del escrito de demanda interesó, en consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo, con la consiguiente declaración de nulidad de la liquidación recurrida, "por todos o por alguno de los motivos que se exponen en los Fundamentos de Derecho de este escrito, a saber: incorrecta imputación de bases imponibles, falta de motivación, incorrecta graduación de la sanción y prescripción de la acción para imponer sanciones respecto de los tres primeros trimestres del ejercicio 1990".
La Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Sentencia en fecha 25 de octubre de 2000, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
"Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Alejandro Ch.A., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, por la que se desestimaba la reclamación económico-administrativa núm. 28/25482/94 interpuesta contra Acuerdo de la Oficina Técnica de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, recaído en el Acta A02, incoada en concepto de impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al año 1900 [Sic], en lo que respecta al incremento de la base imponible, desestimando el resto de las pretensiones, y sin que proceda hacer pronunciamiento alguno en materia de costas".
De los anteriores fundamentos se desprende que el presente recurso debe ser estimado sólo en parte, en lo referente a la falta de motivación del incremento patrimonial atribuido en el rendimiento del capital mobiliario. Todo ello sin que proceda hacer especial pronunciamiento en materia de costas, de conformidad con el art. 131 LJCA vigente en el momento procesal que nos ocupa".
El demandante de amparo al considerar que la anterior Sentencia incurría, de un lado, en error, como consecuencia de la indebida trasposición de los argumentos jurídicos de la Sentencia recaída en el recurso correspondiente a la liquidación por IRPF del ejercicio de 1989 a la del IVA de 1990, como lo acreditaba el hecho de que se hablase de rendimiento de capital inmobiliario en el IVA, así como, de otro, en incongruencia por omisión, al no resolver algunas de las pretensiones formuladas en la demanda, presentó escrito planteando incidente de nulidad de actuaciones con el objeto de que pudiera corregirse el desajuste producido entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora había formulado sus pretensiones.
El demandante de amparo interpuso recurso de amparo (núm. 2949-2001) contra la Sentencia de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2000, que fue inadmitido a trámite por providencia de 18 de junio de 2001 por extemporaneidad, como consecuencia de la interposición de un recurso manifiestamente improcedente.
En fecha 30 de julio de 2002 se le notificó a la representación procesal del demandante de amparo la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de julio de 2003, que resulta del siguiente tenor:
El demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra la anterior providencia, que fue desestimado por Auto de 10 de diciembre de 2002, "al no apreciar la Sala que concurra en esa resolución causa de nulidad. En esa resolución únicamente se referencia lo que de forma indudable se desprende del contenido de la sentencia dictada en este recurso contencioso-administrativo".
En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) frente a la providencia de 23 de julio de 2002 y el Auto de 10 de diciembre de 2002 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En primer lugar, en su doble vertiente de derecho a la intangibilidad e inmodificabilidad de las Sentencias firmes y de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos. Se argumenta al respecto que el título ejecutivo por excelencia en el proceso contencioso-administrativo es la Sentencia, que las partes están obligadas a cumplir en la forma y términos que en ella se consignen (art. 103.2 LJCA), por lo que la forma y términos de ejecución serán precisamente los que se determinen en el fallo, sin que pueda suspenderse su cumplimiento ni declararse su inejecución total o parcial, como prevé el art. 105.1 LJCA. Únicamente en el supuesto de que concurriesen causas de utilidad pública o de interés social podrían expropiarse los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una Sentencia firme (art. 105.3 LJCA). Si concurren causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la Sentencia el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial en el plazo de dos meses a partir de la comunicación de la Sentencia (art. 105.2 LJCA).
En este caso la Sentencia de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2000 no es más que una repetición prácticamente idéntica, con muy pequeñas diferencias, de la Sentencia de 26 de abril de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1129/96, promovido también por el demandante de amparo contra la liquidación tributaría por IRPF correspondiente al ejercicio de 1989. Como consecuencia de haber seguido para su elaboración una Sentencia-tipo se refieren ambas al IRPF, de ahí la improcedencia de la mención a los rendimientos de capital inmobiliario en aquella Sentencia, pues tales rendimientos son ajenos al IVA. Ello sentado, la cuestión que se suscita no es otra que la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordene la ejecución de dicha Sentencia en un determinado sentido, cuando ese mismo sentido ya había sido desestimado anteriormente en el incidente de nulidad de actuaciones que contra la mencionada Sentencia había promovido el ahora recurrente en amparo, es decir, si puede el Tribunal Superior de Justicia de Madrid manifestar ahora que la Sentencia debe ejecutarse, prescindiendo del error padecido, al afirmar que el incremento de patrimonio era debido a rendimientos de capital inmobiliario (imposible en IVA), cuando ese mismo Tribunal había dicho con anterioridad que en la Sentencia no existía ese ni ningún otro error, a pesar de que el solicitante de amparo había advertido sobre su existencia.
El demandante de amparo considera también que la providencia de 23 de julio de 2002 ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, causándole indefensión, al haberse dictado prescindiendo del trámite de audiencia dispuesto en el art. 109 LJ, pues no se le dio traslado del escrito presentado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria solicitando del órgano judicial que aclarase la forma de ejecutar la Sentencia de 25 de octubre de 2000.
Por último denuncia que el Tribunal Superior de Justicia eludió pronunciarse en su Auto de 10 de diciembre de 2002 sobre la posible aplicación retroactiva del plazo de prescripción de cuatro años, al no haberse ejecutado aún la Sentencia recaída en el proceso y estar incluido en una disposición sancionadora favorable a sus intereses.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 23 de septiembre de 2004, acordó admitir a trámite la demanda y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir sendas comunicaciones al Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid y a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la reclamación núm. 28/25482/94 y al recurso núm. 1127/96, debiendo el órgano judicial emplazar previamente a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que, si lo deseasen, pudieran comparecer en el plazo de diez días en este proceso.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 2 de diciembre de 2004, se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Abogado del Estado y se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 13 de diciembre de 2004, en el que dio por reproducidas las efectuadas en la demanda.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 13 de diciembre de 2004, que a continuación se resume:
Considera que debe desecharse la anulación formal de cualquiera de las resoluciones anteriores a la presentación del recurso de amparo núm. 2949-2001, que fue inadmitido por unanimidad por haber sido interpuesto fuera del plazo legal, pues tal resolución es firme, sin que de modo directo o indirecto se puedan hacer revivir ahora las quejas que entonces se formularon. Este es además el planteamiento del recurrente en amparo, que no combate las decisiones anteriores a la providencia y al Auto de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid formalmente recurridos. Las referencias procesales anteriores las hace a efectos meramente explicativos y como antecedente fáctico necesario para el discurso, al existir una radical incompatibilidad entre la Sentencia y los pronunciamientos ejecutorios objeto de este recurso de amparo.
Efectivamente, la Sentencia que culminó el proceso entiende que el recurso contencioso-administrativo debe ser estimado en "lo que respecta al incremento de la Base imponible". Tal estimación se corresponde con la pretensión del recurrente que entendía que no estaba motivada la citada liquidación. Tampoco lo entendió la Sala, que en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia alude a la citada falta de motivación cuando dice que "en ninguna parte se hace referencia a datos fácticos o elementos de hecho comprobables por la Sala en que se refleje el imputado incremento patrimonial". Finalmente el fallo estima tal pretensión.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 30 de enero de 2004, que en lo sustancial a continuación se resume:
La Sentencia de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2000 incurrió en una clara incongruencia por error, puesto que estimó parcialmente la pretensión anulatoria relativa al IVA de 1990 "en lo referente a la falta de motivación del incremento patrimonial atribuido en el rendimiento al capital inmobiliario", cuando, como es sabido, "incremento patrimonial" y "rendimientos de capital inmobiliario" son conceptos distintos entre sí, que se corresponden al impuesto sobre el IRPF, pero que no guardaban ninguna relación con la liquidación impugnada correspondiente al IVA. La razón de tal incongruencia por error ha de buscarse verosímilmente, como supone el demandante, en un nuevo infortunio informático, ya que la Sección redactó la Sentencia sobre el texto de una precedente de la Sección Quinta, de fecha 27 (sic) de abril de 2000, relativa al mismo actor en el recurso núm. 1129/96, pero cuyo objeto era el IRPF de 1989. La modificación de este texto para adaptarlo a un recurso relativo al IVA fue tan desafortunada en lo principal ?fundar la estimación parcial en "la falta de motivación del incremento patrimonial atribuido en el rendimiento del capital inmobiliario"- como en lo accesorio, pues el "tampoco" que inicia el último párrafo del fundamento tercero de la desdichada Sentencia no guarda ilación con el párrafo precedente, aunque sí con lo que decían algunas líneas de la Sentencia-modelo que fueron suprimidas en la adaptación.
En la providencia recurrida en amparo la Sala reconoce implícitamente su error, pero ofrece una solución para dar cumplimiento a la Sentencia, al considerar que, al anularse la liquidación únicamente por un concepto que nada tiene que ver con el IVA, es válida la liquidación impugnada en el recurso contencioso. Frente a esta providencia y el posterior Auto que la confirma se alza el demandante de amparo, cuya queja principal debe encuadrarse adecuadamente, a juicio del Abogado del Estado, en el derecho a la ejecución, más que en el derecho a la intangibilidad de la resoluciones judiciales firmes, puesto que las resoluciones judiciales impugnadas se dictaron para determinar cómo debería llevarse a efecto lo fallado.
En cuanto al tema de fondo suscitado el Abogado del Estado señala que nos ocupa un asunto nada sencillo, porque, aun declarando nulas las resoluciones judiciales recurridas, no se remediaría con ello la causa que dificulta la ejecución de la Sentencia de 25 de octubre de 2000, esto es, la fundamentación de la estimación parcial del recurso relativo al IVA de 1990 en la "falta de motivación del incremento patrimonial atribuido en el rendimiento del capital inmobiliario". Es obvio que la Sentencia constitucional de amparo no puede tocar una coma de la Sentencia a ejecutar, y desde luego no puede cambiar su fundamentación y fallo por otro, similar al que el mismo recurrente ha obtenido cuando impugnó la liquidación del IVA del ejercicio de 1989. Las incongruencias que aquejan a la Sentencia de 25 de octubre de 2000 -tanto la omisiva como la incongruencia por error- no pueden ya corregirse por esta vía de protección constitucional por razones sólo imputables al demandante de amparo (extemporaneidad del recurso de amparo núm. 2949-2001). Por lo tanto la presente demanda de amparo deberá servir para orientar cómo podría llevarse a puro y debido efecto una Sentencia incongruente por error, y hacerlo en términos suficientemente razonables como para satisfacer el derecho a la ejecución.
En este sentido el Abogado del Estado propone como primera solución la seguida en la providencia y Auto recurridos. Dado que la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo se basó en un imposible jurídico (el "incremento patrimonial atribuido en el rendimiento del capital inmobiliario"), la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia razona en la providencia impugnada que hay que prescindir de él y dejar la Sentencia con su único contenido jurídicamente posible, esto es, el desestimatorio. Esta interpretación del título ejecutivo exhibe el manifiesto inconveniente de vaciar o eliminar el pronunciamiento parcialmente estimatario. En opinión del Abogado del Estado semejante consecuencia no supone por sí sola arbitrariedad o irrazonabilidad, aunque admite que difícilmente puede decirse que haya congruencia o coherencia entre el fallo a ejecutar y la resolución que fija el modo de hacerlo.
Por providencia de 5 de mayo de 2005, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 de mayo siguiente.
La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2002, confirmada en súplica por Auto de 10 de diciembre de 2002, por la que se aclaran los términos en que debe ejecutarse la Sentencia de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1347/2000, de 25 de octubre, que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ahora solicitante de amparo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, desestimatoria de la reclamación promovida contra la liquidación tributaria que le había girado la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Madrid por el impuesto sobre el valor añadido correspondiente al ejercicio de 1990.
Hemos de comenzar nuestro enjuiciamiento con el examen de los señalados óbices procesales que el Abogado del Estado opone a un pronunciamiento de fondo respecto a dos de los motivos en los que el recurrente funda su pretensión de amparo.
Así pues, circunscritas las cuestiones suscitadas en la presente demanda de amparo a las vulneraciones de derechos fundamentales imputables en su origen a la providencia de 23 de julio de 2002, hemos de comenzar por examinar la situación de indefensión que el demandante de amparo estima haber padecido, por haberse dictado dicha providencia prescindiendo del trámite de audiencia previsto en el art. 109 LJCA, al no habérsele dado traslado del escrito presentado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria solicitando del órgano judicial que aclarase los términos de ejecución de la Sentencia núm. 1347/2000, de 25 de octubre.
La queja central de la demanda de amparo radica en la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su doble vertiente de derecho a la inmutabilidad e intangibilidad de las Sentencias firmes y de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos (art. 24.1 CE), al haber modificado y alterado improcedentemente la providencia de 23 de julio de 2002 el fallo de la Sentencia núm. 1347/2000, de 25 de octubre, que había estimado en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ahora demandante de amparo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid que desestimó la reclamación económico-administrativa que promovió contra la liquidación tributaria que le había girado la Administración tributaria por el impuesto sobre el valor añadido correspondiente al ejercicio de 1990.
En este caso es evidente, aspecto sobre el que se muestran conformes todos los que han comparecido en este proceso de amparo, la discordancia e incompatibilidad que existe entre la parte dispositiva de la Sentencia núm. 1347/2000, de 25 de octubre, de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ahora demandante de amparo contra la liquidación de la deuda tributaria que se le reclamaba, y la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de julio de 2002, dictada en ejecución de aquella Sentencia y en virtud de la cual deviene totalmente inútil para el ahora solicitante de amparo la estimación parcial de dicho recurso contencioso-administrativo.
En la apreciación de la vulneración del citado derecho fundamental ha de detenerse nuestro enjuiciamiento, pues, frente a lo que al respecto sostiene el Abogado del Estado, a este Tribunal no le corresponde orientar cómo podría llevarse a efecto la Sentencia de la Sección de apoyo núm. 2 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 1347/2002, de 25 de octubre, como consecuencia del error en ella deslizado, imputable exclusivamente al órgano judicial, que incluso llegó a rechazar el intento de subsanación promovido por el ahora recurrente en amparo, ya que, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, la interpretación y la determinación de las consecuencias del fallo, así como la adopción de las medidas oportunas para asegurarlo, son cuestiones de mera legalidad ordinaria que compete resolver a los órganos judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional que les encomienda con carácter exclusivo el art. 117.3 CE, y para las que no está habilitado el cauce del recurso de amparo (SSTC 140/2003, de 14 de julio, FJ 6; 223/2004, de 29 de noviembre, FJ 4).
Estimar la demanda de amparo presentada por don Alejandro Ch.A. y, en su virtud:
Declarar vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia de 23 de julio de 2002 y del Auto de 10 de diciembre de 2002 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaídos en el recurso contencioso-administrativo núm. 1127/96, retrotrayendo las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al de dictarse la mencionada providencia para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
SAP A Coruña 209/2007, 3 de Mayo de 2007
SAP Málaga 372/2009, 13 de Julio de 2009
SAP Madrid 39/2003, 17 de Julio de 2003
ATC 689/1984, 14 de Noviembre de 1984
STSJ La Rioja , 29 de Noviembre de 2001
SAP Las Palmas 248/2007, 15 de Junio de 2007

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