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Timestamp: 2018-11-13 16:34:23+00:00

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Expte. DI-2483/ SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ Plaza de España ALCAÑIZ (TERUEL) - PDF
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1 Expte. DI-2483/ SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ Plaza de España ALCAÑIZ (TERUEL) ASUNTO: Sugerencia relativa a la obligación de facilitar información a los concejales y Recordatorio de deberes legales I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- El día 26/12/14 tuvo entrada en esta Institución una queja donde se expone la supuesta desatención que el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcañiz estaba sufriendo en su propósito de obtener datos relativos a la gestión municipal Según indica, en siete Comisiones informativas de Hacienda (celebradas los días 19/09/14, 26/09/14, 17/10/14, 24/10/14, 17/11/14, 01/12/14 y 22/12/14) solicitó un listado completo de los contratos de obras y servicios celebrados por el Departamento de Obras del Ayuntamiento, por importe menor de 6.000, desde junio de 2011, información que a dicha fecha no había recibido alegándosele diversas excusas (falta de tiempo, insuficiencia de medios, dificultades para conseguirla, etc.), lo que le impide realizar una correcta fiscalización de la acción del gobierno municipal. SEGUNDO.- Tras ser admitida a supervisión y asignado el expediente para su instrucción, se envió con fecha 12/01/15 un escrito al Ayuntamiento de Alcañiz recabando información sobre la cuestión planteada en la queja y la atención dispensada a las mencionadas solicitudes de información del Grupo Municipal de Izquierda Unida. TERCERO.- La solicitud de información se reiteró en fechas 23 de 1
2 marzo y 4 de mayo, sin que haya sido atendida. Ello ha supuesto que desde esta Institución no se haya podido instruir el expediente que resulta habitual tras la recepción de quejas, habiéndose visto imposibilitada de cumplir el cometido que le asigna el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, y el ciudadano desasistido la protección y defensa de sus derechos que le confiere la misma. II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Sobre la necesidad de facilitar el acceso a la información de los Concejales. El artículo 107 de la Ley de Administración Local de Aragón y el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, desarrollado éste último en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, son plasmación de un concreto aspecto de los derechos reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución, que establece: 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representante, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Cuando un cargo representativo ejerce sus funciones, estos derechos aparecen íntimamente unidos, y, en consecuencia, no debe encontrar cortapisas, pues de otro modo se vulnera el derecho que tiene todo cargo público al ejercicio de sus misiones de representación política, y de forma indirecta, se elevan obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático. Acerca de la información a obtener de forma general sobre toda la 2
3 documentación municipal obrante en los distintos servicios y archivos municipales el artículo de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón establece lo siguiente: 1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente, o de la Comisión de Gobierno, todos los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la Corporación y sean necesarios para el desempeño de su cargo. 2. Los servicios de la Corporación facilitarán directamente información a sus miembros en los siguientes casos: a) cuando ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos propios de su responsabilidad; b) cuando se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados de los que sean miembros; c) información contenida en los libros registros o en su soporte informático, así como en los libros de actas y de resoluciones de la Alcaldía; y d) aquella que sea de libre acceso por los ciudadanos. 3. En los demás casos, la solicitud de información se entenderá aceptada si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cuatro días desde la presentación de la solicitud. La denegación deberá ser motivada y fundarse en el respeto a los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, por tratarse de materias afectadas por secreto oficial o sumarial. 4. En todo caso, los miembros de las Corporaciones locales deberán tener acceso a la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados a que pertenezcan desde el mismo momento de la convocatoria. Cuando se trate de un asunto 3
4 incluido por declaración de urgencia, deberá facilitarse la documentación indispensable para poder tener conocimiento de los aspectos esenciales de la cuestión sometida a debate. 5. Los miembros de la Corporación deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan acceso en virtud del cargo sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros. Estas obligaciones de facilitar información, tradicionales en la Administración Local, se ven extraordinariamente reforzadas con las nuevas leyes que regulan la transparencia en la labor administrativa. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, expresa claramente este designio en las primeras frases de su preámbulo cuando, con una intención claramente pedagógica, enseña: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el 4
5 crecimiento económico. En el mismo sentido se manifiesta la reciente Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana en Aragón, que, aunque no haya entrado todavía en vigor, marca una nueva actitud de las Administraciones para con sus ciudadanos presidida por los principios que enumera su artículo 2º: transparencia pública, participación ciudadana, calidad y mejora continua, orientación a los ciudadanos, modernización, responsabilidad y rendición de cuentas, accesibilidad, etc. De acuerdo con los datos obrantes en el expediente, que no han sido cuestionados por el Ayuntamiento de Alcañiz, no se han cumplido los preceptos legales que regulan el derecho a la información de los concejales, dificultándose la labor que, en el presente caso los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tienen encomendada en representación de los vecinos de esa localidad. Segunda.- Sobre el deber legal de colaborar con el Justicia de Aragón El artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, encomienda al Justicia de Aragón la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto y dispone, en su artículo 59.2, que en el ejercicio de su función podrá supervisar: b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los términos que establezca la ley del Justicia. Por su parte, la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón establece la obligación de colaborar con esta Institución en los siguientes términos: Artículo 19º-1. Todos los poderes públicos y entidades afectadas por esta Ley están obligados a auxiliar al Justicia en sus investigaciones. 5
6 2. Las autoridades, funcionarios y todo el personal dependiente de la Administración deberán facilitar al Justicia o a aquel en quien delegue, las informaciones, asistencia y entrada a todas las dependencias, centros y organismos. Igualmente deberán poner a su disposición los datos, expedientes o cualquier clase de documentos que permitan llevar a cabo adecuadamente la actuación investigadora. III.- RESOLUCIÓN Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto: Primero.- Formular Sugerencia al Ayuntamiento de Alcañiz para que, en cumplimiento de la vigente normativa, facilite a los concejales la información obrante en las dependencias municipales que precisen para el ejercicio de su función democrática y representativa. Segundo.- Efectuar a dicha entidad un Recordatorio de Deberes Legales, relativo a obligación de auxiliar a esta Institución en sus investigaciones, conforme a lo establecido en artículo 19 de la referida Ley 4/1985. Espero que en un plazo no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa. Zaragoza, a 3 de julio de
7 EL JUSTICIA DE ARAGÓN FERNANDO GARCÍA VICENTE 7
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References: artículo 107
 artículo 77
 artículo 23
 resolución 
 artículo 2
 artículo 59
 artículo 59
 Artículo 19
 RESOLUCIÓN 
 artículo 22
 artículo 19