Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-stp8038-2016-86330-de-junio-14-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_9b6b7821fc204872b9baabd68fa0b462&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 13:57:57+00:00

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SENTENCIA STP8038-2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:PRECISIONES SOBRE EL DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL. SE EXPLICA QUE ES AQUÉL QUE FACULTA A LAS PERSONAS PARA RECIBIR PROTECCIÓN ADECUADA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, CUANDO QUIERA QUE ESTÉN EXPUESTAS A “AMENAZAS” QUE NO TIENEN EL DEBER JURÍDICO DE TOLERAR, POR REBASAR ÉSTOS LOS NIVELES SOPORTABLES DE PELIGRO IMPLÍCITOS EN LA VIDA EN SOCIEDADEN ESA MEDIDA EL DERECHO A LA SEGURIDAD CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PÚBLICAS, MATERIALIZA LAS FINALIDADES MÁS BÁSICAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DEL CONSTITUYENTE, GARANTIZA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MÁS VULNERABLES, DISCRIMINADOS Y PERSEGUIDOS, Y MANIFIESTA LA PRIMACÍA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD. ASÍ MISMO, SE RESALTA QUE DE ACUERDO A LA SENTENCIA T-339 DE 2010, SE TENÍAN COMO TIPOS DE RIESGO LOS SIGUIENTES: (I) MÍNIMO, (II) ORDINARIO, (III) EXTRAORDINARIO, (IV) EXTREMO Y (V) CONSUMADO. SIN EMBARGO, A PARTIR DE ALLÍ, LA CORTE CONSIDERÓ NECESARIO PRECISAR LA DIFERENCIA ENTRE RIESGO Y AMENAZA, CON EL FIN DE DETERMINAR EN QUÉ ÁMBITO SE HACE NECESARIO QUE EL ESTADO DISPENSE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES, SEÑALANDO LO SIGUIENTE: EL RIESGO ES SIEMPRE ABSTRACTO Y NO PRODUCE CONSECUENCIAS CONCRETAS, MIENTRAS QUE LA AMENAZA SUPONE LA EXISTENCIA DE SEÑALES O MANIFESTACIONES QUE HAGAN SUPONER QUE ALGO MALO VA A SUCEDER. EN OTRAS PALABRAS, LA AMENAZA SUPONE LA EXISTENCIA DE “SIGNOS OBJETIVOS QUE MUESTRAN LA INMINENCIA DE LA AGRAVACIÓN DEL DAÑO”. POR ESTE MOTIVO, “CUALQUIER AMENAZA CONSTITUYE UN RIESGO, PERO NO CUALQUIER RIESGO ES UNA AMENAZA”.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SEGURIDAD, AMENAZA, PROTECCIÓN A PERSONA, PROTECCIÓN A PERSONA PROTEGIDA, PROTECCIÓN BAJO AMENAZA
Sentencia STP8038-2016/86330 de junio 14 de 2016
STP8038-2016
Rad.: 86330
Bogotá D.C., catorce de junio de dos mil dieciséis.
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por Mauricio Humberto Roa Bernal contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, la fiscalía primera delegada ante esa corporación, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección General de la Policía Nacional y la Presidencia de la República, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, vida, igualdad, integridad personal, familia, libertad, debido proceso y trabajo, entre otros.
A la actuación fueron vinculados el juzgado promiscuo municipal de Garagoa (Boyacá), la procuraduría provincial de Tunja, el consejo seccional de la judicatura de Boyacá, la dirección seccional de fiscalías y a la fiscalía tercera especializada, ambos de Tunja, al director del distrito de Policía de Garagoa y al comandante de la estación de policía de Guateque, así como como a los sujetos procesales que actuaron en el proceso penal radicado 2015-0316 que por el delito de injuria se adelantó contra el actor.
Mauricio Humberto Roa Bernal presenta varios reclamos contra las autoridades accionadas, de la siguiente manera:
Relata el actor que fungió como concejal del municipio de Guateque durante el periodo electoral de 2012 a 2015, además de ser el presidente de la veeduría social y fiscal del Valle de Tenza, en cuyo ejercicio denunció a varias organizaciones narcotraficantes, grupos armados al margen de la ley y corrupción de servidores públicos, lo cual le ha acarreado graves problemas a su seguridad personal y la de su familia.
Por ello, solicitó escolta, esquema de seguridad y servicio de carro blindado a la Unidad Nacional de Protección —UNP— para realizar la campaña electoral a la que aspiraba para el periodo 2016-2019, resultándole desfavorable su petición, lo cual le frustró su aspiración al concejo municipal, ya que no pudo desplazarse al sector rural, ante el alto riesgo de sufrir atentados contra su vida.
Señala que luego de un estudio de seguridad, el 25 de enero de 2016 la UNP le reconoció el nivel de riesgo extraordinario y le concedió el plan padrino, sin que se hayan cumplido las medidas ordenadas por parte de la Policía Nacional, arriesgando su vida al necesitar de protección durante sus traslados a las diligencias judiciales a las que es convocado en otras localidades, sin que el acompañamiento que le han prestado hasta el momento haya sido suficiente.
Relató que varios familiares han sido víctimas de violencia por parte de grupos armados al margen de la ley, afectando la unión familiar ante la zozobra de sufrir un nuevo atentado.
Aduce que es denunciante en el proceso penal 152996103118201280165 adelantado por la fiscalía tercera de Tunja y testigo en los radicados 1500131070012015043 y 153226000115201500225 por los que ve en riesgo su integridad personal ante la peligrosidad de los procesados, implicados en graves delitos que incluyen homicidio en persona protegida, narcotráfico, concierto para delinquir desaparición forzada, entre otros.
De otro lado, relaciona una serie de actuaciones disciplinarias que promovió contra varios jueces de Guateque ante la procuraduría provincial de igual ciudad, las cuales fueron remitidas al consejo seccional de la judicatura de Boyacá, para indicar una supuesta animadversión que esos servidores tienen en su contra, quienes lo denunciaron por el delito de injuria.
A partir de ahí se inició en su contra el proceso penal 2015-0316 dentro del cual el juzgado primero promiscuo municipal de Garagoa (Boyacá) lo absolvió mediante Sentencia de 10 de abril de 2015, cuyo proveído fue apelado por la fiscalía y el representante de víctimas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, que mediante fallo de 1º de marzo de 2016 lo revocó, para en su lugar, condenar a Mauricio Humberto Roa Bernal como autor responsable del delito atribuido, a la pena de 22 meses y 15 días de prisión, concediéndole el subrogado de la ejecución de la pena.
Determinación contra la cual fue entablado el extraordinario recurso de casación.
Se duele el libelista de las valoraciones probatorias efectuadas por el ad quem, tildando la sentencia de condena de ser una vía de hecho en su contra, lesiva de sus derechos fundamentales, al incurrir en supuestos defectos fácticos y procedimentales, desconocedores del material probatorio del que —insiste— se infiere su ausencia de responsabilidad, por lo que impera su revocatoria.
En consecuencia, solicita: (i) revocar el fallo de 1º de marzo de 2016 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y, en su lugar, absolverlo del cargo imputado; y (ii) ordenar a la Unidad Nacional de Protección brindarle el esquema de seguridad y protección, que incluya carro, peajes, combustible, guardaespaldas armados, radio de comunicaciones y de ser necesario, enviar a su familia al extranjero por el tiempo que dure la amenaza.
Solicitó como medida provisional dentro de esta actuación, autorizar “servicio de escolta permanente de la Dipro (…) servicio de transporte urgente de la UNP (…) todas las medidas provisionales del caso (…) como la asignación de carro blindado (…)”.
La demanda de tutela inicialmente fue radicada ante el juzgado penal del circuito de Guateque bajo el radicado 2016-0017, despacho que mediante Auto de 24 de mayo de 2016 ordenó remitir por competencia la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja al involucrar autoridades del orden nacional.
El 26 de mayo del año en curso, un magistrado del citado Tribunal Superior advirtió el compromiso por pasiva de esa corporación dentro de las diligencias, por lo que remitió el asunto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por competencia.
Arribadas las diligencias a esta corporación, el 7 de junio de 2016 el magistrado ponente avocó conocimiento de la actuación, ordenando correr traslado de la demanda a los accionados e involucrados para el ejercicio del derecho de contradicción que les asiste.
Así mismo, negó la medida provisional solicitada al descartarse la presencia de la consumación de un perjuicio inminente, urgente, grave e impostergable, que suponga un detrimento altamente significativo de los derechos del accionante, “pues incluso del informe de 25 de enero de 2016, emitido por el comité especial de nivel de riesgo extraordinario de la Unidad Nacional de Protección, visible a folio 118 del cuaderno Corte, se tiene que las medidas de protección que requiere Mauricio Humberto Roa Bernal consisten en “un (1) medio de comunicación, y un (1) chaleco blindado, (…) plan padrino”, sin que se identifiquen con las pretendidas”.
En respuesta a la acción de tutela acudieron los siguientes:
1. La juez primero promiscuo municipal de Garagoa, Ana Lorena Cubides Morales indicó que se posesionó en el cargo el 20 de abril de 2015, sin que le conste el desarrollo de la actuación penal censurada, desconociendo lo ocurrido en las siguientes instancias.
2. El doctor Jonathan Carvajal Sierra como abogado comisionado de la Procuraduría General de la Nación indicó que frente a las quejas presentadas por el actor que vinculan a servidores públicos, las mismas fueron remitidas por competencia a los despachos competentes, sin que se advierta algún reclamo en su contra ni la afectación de los derechos fundamentales reclamados.
3. La fiscal primera delegada ante el Tribunal Superior de Tunja expuso que solo le consta el proceso penal promovido por el actor contra al procurador provincial de Guateque, Diego Fabián Hernández, archivado el 12 de mayo del presente año, por los delitos de injuria y calumnia, ante la atipicidad objetiva del comportamiento indagado.
4. Por su parte la jefe de la oficina jurídica de la Unidad Nacional de Protección destacó que las amenazas que el actor ha puesto en conocimiento de esa unidad han sido tenidos en cuenta en los estudios de nivel de riesgo que se han efectuado, siendo beneficiario de las medidas de protección que se le otorgaron a través de la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015 las cuales son “Ratificar un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado. Ponal: Ratificar plan padrino”.
Manifiesta que no es cierto que el 25 de enero de 2016 se le haya realizado un estudio de nivel de riesgo, sino que fue emitida una nueva orden de trabajo OT 173906 asignada el 14 de marzo de ese año con el objetivo de realizar un nuevo estudio de nivel de riesgo, donde el accionante deberá acreditar que pertenece a una de las poblaciones objeto del programa de protección al que pertenece, ya que cesó su calidad de concejal.
Señaló que el actor ha sido calificado en varias oportunidades con matices de 51.11% y luego de 63.88%, esta última el 14 de julio de 2015 por el grupo de valoración preliminar de esa unidad con posterior recomendación por el comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas en Resolución de 21 de diciembre de 2015 con las citadas medidas de seguridad.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que Mauricio Humberto Roa Bernal manifiesta ser testigo dentro de un proceso penal, por el que se siente afectado, cual no es competencia de esa unidad, además de no haber lesionado ningún derecho fundamental al mismo.
5. A su vez, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja indicó que el proceso penal que se relaciona en la demanda contra el actor se ajusta a derecho, siendo producto de una análisis serio alejado de arbitrariedades, el cual está en curso del extraordinario recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, sin que pueda realizarse algún pronunciamiento sobre la legalidad de la sentencia condenatoria ante la subsidiariedad de la acción.
6. Finalmente, el comandante del Departamento de Policía de Boyacá refirió que las medidas adoptadas a favor del accionante fueron provistas mientras surtía el trámite de nivel de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección, en razón de una orden de tutela anterior.
Señaló que mediante comunicado oficial S-2016-0633/DEBOY-ESTPO-GUATEQUE -38.10, de 10 de junio de 2016 el comandante de la estación de policía de Guateque “indica que a la fecha por parte de esa unidad policial no se le ha otorgado plan padrino al accionante, precisando que no existe ningún tipo de antecedente en el cual se ordene a esta Unidad aplicar dicha medida de protección (…) el accionante fue cobijado con la medida de plan padrino para el periodo constitucional 2012-2015, cuando fungía como concejal del municipio de Guateque (Boyacá), tiempo durante el cual se le brindaron todas las medidas de seguridad correspondientes”.
Agregó que como el actor ya no ostenta la calidad de concejal no puede ser beneficiario del plan padrino diseñado para concejales y diputados. Además, de que el actor se ha negado en varias oportunidades a recibir el acompañamiento de la Policía Nacional para su traslado.
Insistió en que no ha lesionado los derechos fundamentales del demandante, siempre que ha propendido por su seguridad personal en la medida de sus competencias, sin se haya demostrado la vulneración esgrimida.
7. Dentro del término otorgado los demás involucrados guardaron silencio.
8. El 14 de marzo de 2016, fue allegada constancia secretarial, suscrita por una profesional especializada de esta Sala, a través de la cual aportó copia del registro web de “Consulta de procesos” que figura a nombre de Mauricio Humberto Roa Bernal, dentro del radicado 115299600024620080111201, publicado en la página oficial de la rama judicial www.ramajudicial.gov.co/procesos.ramajudicial.gov.co, en el que se verifica que el 6 de mayo de 2016 la actuación ingresó por reparto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 48.073, en trámite del extraordinario recurso de casación, cuya última actuación data del 9 de junio anterior, fijando fecha de audiencia de sustentación.
1. La petición de amparo constitucional fue presentada en vigencia del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen reglas para el conocimiento de la acción de tutela y como involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, la competencia para definirla está atribuida a esta corporación, por disposición del artículo 1º ibídem.
2. En primer lugar, el accionante considera lesionados sus derechos fundamentales al no haberse cumplido las medidas de protección que le fueron reconocidas en su favor por la Unidad Nacional de Protección, ante el nivel de riesgo extraordinario que presenta, las cuales estima insuficientes para su protección.
Así, le corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas atendieron diligente, oportuna y adecuadamente la solicitud de seguridad personal formulada por el actor, en respeto de los derechos fundamentales a una vida digna, a la seguridad personal, a la familia y al debido proceso, teniendo en cuenta el supuesto fáctico acreditado.
En segundo lugar, el libelista pretende por esta vía que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia, emitida en su contra por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, por medio de la cual revocó el fallo absolutorio de 10 de abril de 2015, emitido por el juzgado primero promiscuo municipal de Garagoa (Boyacá), para en su lugar, condenar a Mauricio Humberto Roa Bernal como autor responsable del delito de injuria, a la pena de 22 meses y 15 días de prisión, al considerar que la misma es constitutiva de una vía de hecho.
3. Previo a resolver la primera censura constitucional es necesario precisar el alcance otorgado por el máximo órgano constitucional a la seguridad personal como derecho fundamental. Para el efecto, en la Sentencia CC. T-078/13 señaló que “se constituye en una garantía que debe ser preservada por el Estado, no circunscribiéndose su ámbito de protección a las personas privadas de la libertad, sino que también se extiende a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado requieren la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal”.
Así mismo, en la Sentencia CC. T-719/03, estableció que como derecho individual “es aquél que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a [amenazas] que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades del Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”.
En ese contexto el derecho a la seguridad personal compromete todas aquellas garantías que eventualmente puedan verse afectadas, predicables de protección estatal, en específico la vida y la integridad personal como derechos eminentemente ligados con la existencia misma de las personas.
Ahora, resulta propio destacar que la jurisprudencia constitucional ha establecido un campo de aplicación del derecho a la seguridad personal, es decir, que ha fijado una escala de riesgos y amenazas a ponderar por parte del Estado para brindar una efectiva protección especial.
Antes de la Sentencia CC. T-339 de 2010, se tenían como tipos de riesgo los siguientes: (i) mínimo, (ii) ordinario, (iii) extraordinario, (iv) extremo y (v) consumado. Sin embargo, a partir de allí, la Corte consideró necesario precisar la diferencia entre riesgo y amenaza, con el fin de determinar en qué ámbito se hace necesario que el Estado dispense medidas de protección especiales, señalando lo siguiente:
(…) el riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de ‘signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño’. Por este motivo, ‘cualquier amenaza constituye un riesgo, pero no cualquier riesgo es una amenaza’.
En ese orden de ideas, indicó que cuando la jurisprudencia constitucional alude a los tipos de riesgo extraordinario y extremo, “se refiere con más exactitud al concepto de amenaza pues no es suficiente con que exista una contingencia de un posible daño sino que debe haber alguna manifestación, alguna señal, que haga suponer que la integridad de la persona corre peligro”. Por tal razón, estimó necesario establecer además de una escala de riesgos, una escala de amenazas. (…) (negrillas fuera de texto).
Igualmente, determinó que existen dos niveles de riesgo: (i) mínimo, en el cual la persona se ve amenazada por muerte o causas naturales y, (ii) ordinario, proveniente de factores derivados de la convivencia en sociedad. En esos casos, al ser inherentes a la existencia humana, no habilitan a la persona a exigir protección especial al Estado.
Ahora, dependiendo de su intensidad, las amenazas pueden ser: (i) ordinarias, para lo cual debe valorarse la existencia de un peligro específico, individualizable y cierto, también analizarse la importancia del bien jurídico para el sujeto, debe ser un riesgo excepcional y desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. Ante la concurrencia de dichas características, el sujeto queda habilitado para invocar su derecho a la seguridad personal y así obtener protección por parte del Estado; y (ii) extremas, cuando la persona “cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal” (CC. T-339 de 2010).
Finalmente, (iii) la amenaza del daño consumado se da con afectación definitiva del derecho a la vida o a la integridad personal.
4. Así las cosas, en el caso concreto encuentra la Sala que, en efecto, a Mauricio Humberto Roa Bernal mediante comunicación GER-GSTC-00839-16 de 25 de enero de 2016, emitida por el comité especial de nivel de riesgo extraordinario de la Unidad Nacional de Protección, visible a folio 118 del cuaderno Corte, se le informó que:
La Unidad Nacional de Protección actuando dentro del marco normativo previsto en el Decreto 1066 de 26 de mayo de 2015 se permite comunicarle que el resultado de su estudio de nivel de riesgo fue determinado por el grupo de valoración preliminar como extraordinario, teniendo en cuenta las indagaciones, verificaciones y labor de campo hechas por personal calificado que hace parte de la UNP, insumo con el cual se hizo el diligenciamiento del instrumento estándar de valoración de riesgo, matiz creada por el Ministerio del Interior y de Justicia con base en la cual el citado grupo de valoración preliminar analizó su situación de riesgo y la remitió al comité especial de servidores y ex servidores públicos, el cual contando con quorum deliberatorio y decisorio definió las medidas correspondientes
(…) Comité que en sesión del día 21 de diciembre de 2015 (…) determinó que en virtud del resultado del estudio de nivel de riesgo el cual fue ponderado como extraordinario, debe ser beneficiario de medidas del Programa de Protección liderado por la Unidad Nacional de Protección (…) consisten en:
Medida Temporalidad
UNP: Ratificar un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado.
PONAL: Ratificar plan padrino. Por doce (12) meses, a partir de la fecha en la quede en firme el presente acto administrativo.
Aclarando que dichas medidas solo podrán ser modificadas cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo (Cf. art. 2.4.1.2.40, par. 3º).
(…) La Unidad Nacional de Protección le comunica que con fundamento en la validación de su estudio de nivel de riesgo las medidas a implementar son las previamente descritas, las cuales fueron adoptadas por el director nacional de protección mediante la Resolución S-0347 de 31 de diciembre de 2015, atendiendo a las deliberaciones hechas por el comité especial de servidores y ex servidores públicos
De ahí, que razón le asiste al accionante al advertir que goza de medidas de protección especiales por parte de la Unidad Nacional de Protección, las cuales le fueron ratificadas a partir del 31 de diciembre de 2015, hasta por doce (12) meses, tal como quedó evidenciado en la comunicación que al respecto le fue allegada al interesado, específicamente, por parte de esa unidad la entrega de un medio de comunicación y un chaleco blindado y por la Policía Nacional la ratificación del plan padrino, siendo esta última disposición sobre la cual el actor alega incumplimiento.
Esas órdenes de conformidad con el Decreto 1066 de 2015 artículo 2.4.1.2.2., numeral 15 sobre la prevención y protección de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad de personas grupos y comunidades, “tienen el carácter temporal y se mantendrán mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo, o en tanto la persona permanezca en el cargo, según el caso”. De ahí, que hasta tanto no varíe la situación de riesgo calificada, las medidas de protección se mantienen en garantía de los derechos relacionados.
Para este asunto, las determinaciones de protección durarán por los 12 meses indicados en el acto administrativo que las reconoció, o hasta que se culmine un nuevo estudio del nivel de riesgo, como en este caso, en el que al parecer está en trámite, dado que la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional de Protección, informó sobre la realización de un nuevo estudio para el caso de Mauricio Humberto Roa Bernal, al indicar a folio 301 ibídem:
No es cierto que el 25 de enero de 2016 se le realizó un estudio de nivel de riesgo, lo que es cierto es que la Unidad Nacional de Protección le asignó una nueva orden de trabajo OT 173906 a la cual fue asignada en fecha 14 de marzo de 2016 con el objetivo de realizar un nuevo estudio de nivel de riesgo donde el accionante deberá acreditar la nueva población objeto del programa de protección que lidera esta entidad.
Por consiguiente, es deber de las autoridades prestar el servicio ordenado como medidas de protección a Mauricio Humberto Roa Bernal, eso sí, conforme fue dispuesto por la Unidad Nacional de Protección en la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015, la cual estimó suficiente para la protección del actor, según su nivel de riesgo extraordinario, la entrega de un medio de comunicación, un chaleco blindado y el plan padrino por parte de la Policía Nacional.
En este punto, vale la pena indicarle al censor que no puede avalarse una extensión de las disposiciones decretadas por la Unidad Nacional de Protección, siendo impróspero su anhelo de lograr un esquema de seguridad, escolta y carro blindado, entre otros, dado que ello en momento alguno fue dispuesto por la autoridad competente, es decir, que luego de analizado el nivel de riesgo del actor las determinaciones de seguridad reconocidas en la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015, no incluyen los elementos pretendidos, sin que pueda el juez constitucional entrometerse a autorizar medidas que no fueron consideradas por la autoridad legalmente reconocida en materia de seguridad, so pena de desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela.
Ahora, el accionante se duele del incumplimiento de las medidas ordenadas a la Policía Nacional —plan padrino—, considerando que arriesgan su vida al necesitar de protección durante sus traslados a las diligencias judiciales a las que es convocado en otras localidades, sin que le presten la colaboración necesaria.
En ese sentido, se tiene que la orden a la Policía Nacional, según la citada Resolución 0347 de diciembre de 2015 de la UNP a favor de Mauricio Humberto Roa Bernal de continuar con el plan padrino aún no se ha materializado, tal como lo dejó expuesto el comunicado oficial S-2016-0633/DEBOY-ESTPO-GUATEQUE -38.10, de 10 de junio de 2016, suscrito por el comandante de la estación de policía de Guateque, obrante a folio 376 cuaderno Corte, al precisar que a la fecha, esa unidad policial no le ha otorgado ese beneficio al actor, reconociendo que:
En los archivos de la unidad no se encuentra ningún tipo de antecedente en el cual se ordene a esta unidad aplicar plan padrino al ciudadano, ya que él contaba con este beneficio mientras se encontraba ejerciendo como concejal del municipio, lo cual fue terminado cuando culminó su periodo como edil, ya que de manera inmediata se realizó la nueva distribución y asignación de plan padrino a los nuevos concejales.
Entonces, es claro que al actor le fue suspendido por la Policía Nacional el plan padrino una vez feneció su calidad de concejal, sin que haya sido enterada del contenido de la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015, por medio de la cual la Unidad Nacional de Protección ratificó la adopción de ese programa de seguridad a favor de ex servidor público en virtud del nivel de riesgo extraordinario, por el periodo de 12 meses o hasta tanto varíe su condición de riesgo, dejando entrever que en momento alguno le ha sido allegada la orden de aplicar tales medidas.
En otras palabras, la razón por la cual la Policía Nacional advierte no haber dado cumplimiento al plan padrino a favor de Roa Bernal, es porque desconoce de una orden en tal sentido que habilite su ejecución, esto es, que no ha sido comunicado sobre las disposiciones de la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015, adoptadas por el director de la Unidad Nacional de Protección, luego de las deliberaciones hechas por el comité para servidores y ex servidores públicos.
Así las cosas, encuentra la Sala que para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida, seguridad personal, integridad física y debido proceso de Mauricio Humberto Roa Bernal, se hace necesario ordenar al director de la Unidad Nacional de Protección, para que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, a la notificación del presente proveído, comunique al Director General de la Policía Nacional, al comandante del Departamento de Policía de Boyacá y al comandante de la estación de policía de Guateque, sobre las medidas de protección dispuestas en la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015 a favor del actor.
Igualmente, se requerirá al Director General de la Policía Nacional, al comandante del Departamento de Policía de Boyacá y al comandante de la estación de policía de Guateque, para que, luego de lo anterior, adopten de manera inmediata la ejecución de las medidas de protección dispuestas a favor de Roa Bernal.
5. De otro lado, no sobra indicarle al actor, quien pone de presente que es víctima o testigo en varias indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por las que también considera que está en riesgo su integridad personal, que bien puede acudir a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de esa institución, como la autoridad competente para decidir sobre la incorporación de cualquier candidato a lograr medidas de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso penal, de conformidad con las previsiones de la Resolución 1006 de 27 de marzo de 2016 expedida por el ente acusador, sin que sea esta la vía para el logro de una tal pretensión, de cara al carácter subsidiario de la acción de tutela.
6. Ahora, frente al reclamo constitucional que presenta el libelista sobre la incursión de presuntas vías de hecho por errores de fácticos y de derecho, en la Sentencia de 1º de marzo de 2016, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, por medio de la cual revocó el fallo impugnado, para en su lugar, condenar a Mauricio Humberto Roa Bernal como autor responsable del delito de injuria, a la pena de 22 meses y 15 días de prisión, esta Sala advierte que el mismo está destinado a fracasar por improcedente.
Ello es así, porque de la información arrimada al expediente se tiene que el recurso extraordinario de casación se encuentra en trámite en la Sala de Casación Penal de esta corporación, para realizar audiencia de sustentación del recurso, tal como consta en el reporte web obtenido.
En otras palabras, está pendiente por definirse el asunto puesto a consideración ya que la decisión judicial que censura el demandante por esta senda, aún no han cobrado ejecutoria, en tanto no se han resuelto los recursos que contra ella proceden.
Y es que hasta tanto el juez natural no resuelva de fondo el asunto, no puede el juez constitucional adelantarse a emitir valoraciones o disertaciones sobre la legalidad de las sentencias emitidas dentro del proceso censurado, como si se tratase de una instancia paralela al trámite previsto por el legislador para la resolución de los asuntos, menos cuando resulta evidente que el proceso aún está en curso, sin que haya cobrado ejecutoria la sentencia condenatoria.
En consecuencia, al faltar la demandante al presupuesto de subsidiariedad, el reclamo que en tal sentido presenta deviene en improcedente.
7. Finalmente, se ordenará por Secretaría de la Sala remitir copia del presente proveído al expediente 11529960002462008011120, radicado interno 48.073, para que obre dentro del proceso penal objeto de la presente acción constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, seguridad personal, integridad física y debido proceso de Mauricio Humberto Roa Bernal.
2. ORDENAR al director de la Unidad Nacional de Protección, para que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, a la notificación del presente proveído, comunique al Director General de la Policía Nacional, al comandante del Departamento de Policía de Boyacá y al comandante de la estación de policía de Guateque, sobre las medidas de protección dispuestas en la Resolución 0347 de 31 de diciembre de 2015 a favor de Mauricio Humberto Roa Bernal.
3. REQUERIR al Director General de la Policía Nacional, al comandante del Departamento de Policía de Boyacá y al comandante de la estación de policía de Guateque, para que, luego de lo cumplido lo dispuesto en el numeral anterior, adopten de manera inmediata la ejecución de las medidas de protección dispuestas a favor de Mauricio Humberto Roa Bernal, las que deben perdurar, mientras no sean modificadas como consecuencia del estudio de riesgo que actualmente se le adelanta.
4. NEGAR por improcedentes las demás pretensiones de la demanda de tutela promovida por el actor, por las razones expuestas en precedencia.
5. REMITIR copia de esta providencia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que obre dentro del proceso penal 11529960002462008011120, radicado interno 48.073, objeto de censura.
6. NOTIFICAR este fallo de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
7. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 30