Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520855.html
Timestamp: 2019-03-23 08:40:05+00:00

Document:
as201520855
Auto Supremo: 855/2015 - L
Expediente: T – 17 – 11 - A (Liquidador).
Partes: María Pompeya Ramos Calvo y Otro c/ Pablo Enrique Ugarte Urquidi
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 242 a 247 y vta., interpuesto por María Pompeya Ramos Calvo y José Antonio Zapata Monasterio contra el Auto de Vista Nº 67, de 01 de Julio de 2011, cursante de fs. 237 a 238 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija (Ahora Tribunal Departamental), dentro el proceso de Resolución de contrato seguido por María Pompeya Ramos Calvo y otro contra Pablo Enrique Ugarte Urquidi, la contestación de fs. 250 a 253 y vta., la concesión de fs. 254, los antecedentes procesales; y,
La Jueza de Partido Quinto en lo Civil de la capital de Tarija, emitió Auto de 05 de marzo de 2010 de fs. 115, que declara SIN COMPETENCIA en razón de materia, para conocer la presente causa, ANULA obrados hasta fs. 30 vta., inclusive y se dispone que la parte accione ante la autoridad competente.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por María Pompeya Ramos Calvo y José Antonio Zapata Monasterio de fs. 119 a 120, que mereció el Auto de Vista Nº 67, de 01 de Julio de 2011, cursante de fs. 237 a 238 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija (Ahora Tribunal Departamental), que CONFIRMA el Auto apelado, fallo que a su vez es recurrida de casación por María Pompeya Ramos Calvo y José Antonio Zapata Monasterio, el mismo que merece el presente análisis.
Refiere que el Auto de Vista recurrido ha sido dictado con la concurrencia de una vocal impedida legalmente, de acuerdo al memorial de fs. 212 y vta., donde se habría planteado recusación en de la Dra. María Cristina Díaz Sosa, toda vez que esta autoridad judicial cuando fungía el cargo de Jueza de Partido Segundo en lo Civil, se ha escusado de conocer varias causas de procesos donde intervenía nuestro abogado patrocinante, así se ha demostrado con la prueba documental inserta a fs. 207 a 2011, argumentando la juzgadora tener una manifiesta enemistad y resentimiento con el abogado patrocinante, de esta manera se ha desconocido lo que determina el art. 3 inc. 5) de la Ley N° 1760, toda vez que llegada a apelación la presente causa la ahora vocal Dra. María Cristina Díaz Sosa ya no quiere apartarse del proceso por escusa y tampoco se allana a la recusación lo que llama mucho la atención, de esta manera también se ha transgredido los arts. 10 y 11 de la precitada Ley.
De la misma manera existe un recurso de reposición con alternativa de apelación que no fue tramitado tampoco absuelto, el mismo que cursa a fs. 100 a 101 un recurso de reposición con alternativa de apelación interpuesto por los ahora recurrentes que no fue absuelto conforme determina el art. 217 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo que termina peticionando al Tribunal de casación ANULE obrados hasta el vicio mas antiguo.
Refieren los recurrentes que existe violación del art. 33 de la anterior Constitución Política del Estado en relación al art. 123 de la actual C.P.E., es decir al haber confirmado Auto de Vista la Resolución apelada de fs. 115, con el argumento de que el art. 23 de la Ley 3545 que sustituye los numerales 7 y 8 del art. 39 de la Ley N° 1715 (Ley INRA), el mismo que amplía la competencia a los juzgados agrarios para conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias, por lo que el Tribunal Ad quem, pronunciándose sobre el fondo confirma que es competente para conocer la demanda de Resolución de Contrato a la Jurisdicción agraria y no así la jurisdicción ordinaria, por lo que al haber asumido tal determinación han confundido la naturaleza de la Ley sustantiva civil con la Ley agraria.
De la misma forma refiere, que a fs. 19 a 22 cursa la Escritura Privada protocolizada y registrada en Derechos Reales bajo la matricula computarizada N° 6051060000331, bajo el Asiento A-1 de fecha 27-12-2007, que se acredita el derecho propietario de los hoy recurrentes, que fue adquirido mediante documento de compraventa, de naturaleza civil, ahora si se revisa a fs. 23 a 24 vta., cursa la Escritura Publica N° 779/2005 cuya minuta ha sido suscrita en fecha 1° de julio de 2005 y protocolizada en fecha 05 de julio de 2005, mismo documento se advierte el incumplimiento de la obligación de la parte demandada.
Sin embargo señala, que el Auto de Vista, se sustenta en virtud del art. 23 de la Ley 3545 que sustituye el numeral 7 y 8 del art. 39 de la Ley 1715, la misma que amplía la competencia de los jueces agrarios.
Por todo lo expuesto, termina peticionando al Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido.
En principio cabe enfatizar que los argumentos traídos a casación se centran en la Resolución dispuesta por la Jueza de primera instancia, donde la misma asume la determinación de declararse incompetente por razón de materia, en ese marco es necesario enfocarnos en dicha determinación, por lo que corresponde precisar y analizar los institutos de jurisdicción y competencia.
Acudiendo a la doctrina podemos citar al tratadista Giuseppe Chiovenda para quien la jurisdicción es: “la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la substitución de la actividad individual por la de los órganos públicos, sea para afirmar la existencia de una actividad legal, sea para ejecutarla ulteriormente”. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual, Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1996, 24ª, tomo V, página 48). De igual manera Hugo Alsina con gran autoridad sobre el tema refiere que la competencia es “la aptitud del juez para ejercer jurisdicción en un caso". (Alsina, Hugo, Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires Argentina: Ediar, 1957, tomo II, página 512).
A ese efecto, en consonancia con lo expresado, conviene señalar que el art. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establece que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial.
Situación que indudablemente implica que dentro de los operadores de justicia se encuentran los jueces de la justicia ordinaria. Por otra lado, el art. 12 del citado cuerpo legal, conceptualiza la competencia como: "la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una jueza o juez o autoridad indígena para ejercer jurisdicción en un determinado asunto.”, y conforme ha establecido la doctrina actualmente la competencia de un Juez se delimita bajo los siguientes parámetros: por razón del territorio, materia así como de la calidad de las personas que litigan.
Consiguientemente, la jurisdicción se considera como el poder genérico de administrar justicia dentro de los Órganos y atribuciones de la soberanía del Estado Plurinacional; en tanto que la competencia es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico. La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie. Todos los jueces tienen jurisdicción pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia sólo para determinados asuntos, toda vez que es el Principio de Legalidad, determinante de la competencia tal cual ha establecido la jurisprudencia y la doctrina.
La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de Tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad.
Y de igual manera la Constitución Política del Estado en su art. 122 sanciona como nulos los actos de personas que usurpen funciones que no les compete y que no emanen de la ley.
Sobre el particular podemos citar el Auto Supremo: 168, de fecha 12 de abril 2013, el cual condiciendo con lo expresado refiere: “Con la finalidad de contextualizar el tema que nos ocupa, desarrollaremos algunas conceptualizaciones respecto de la jurisdicción y la competencia. Así tenemos que la jurisdicción, se concibe como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho, esa potestad, está encargada a un órgano estatal, el Judicial, y es a través de esta potestad, que el Estado administra justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, Código de Procedimiento Civil art. 6, modificado por los artículos 11 al 14 de la Ley del órgano Judicial de 24 de junio de 2010. En ese marco y si bien la jurisdicción es un poder-deber que tiene el Juez para administrar justicia, no pudiendo el Juez negarse a resolver un asunto puesto en su conocimiento, la jurisdicción que le confiere el Estado, resulta insuficiente para lograr su cometido principal que sería la Resolución de un conflicto particular, sin embargo, la jurisdicción no marcha por sí sola, sino que necesariamente va acompañada de la competencia que conforme la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, "Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", al respecto Calamandrei señala:" La jurisdicción cumple una actividad funcional de garantía que el demandante busca en el Juez. Espera que este tercero imparcial vaya aplicar la ley correctamente. Es decir garantiza los derechos que puedan alegar cada uno de estos ciudadanos". Como se tiene de lo referido, la competencia es el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza, imponiéndose por tanto una competencia por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así, todos los jueces tienen jurisdicción pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos”…
Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. De lo relacionado precedentemente se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e indelegable y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.”
En ese entendido diremos que la jurisdicción conforme al art. 4 de la Ley N° 025, se tiene que la función jurisdicción se la ejerce de la siguiente manera: “(EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL). I. La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de: 1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; 3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según sus normas y procedimientos propios…”, bajo esa identificación se dirá que la jurisdicción es la potestad que emanada del pueblo boliviano para administrar justicia, mediante sus órganos judiciales; en cambio la competencia es la facultad que tiene una autoridad judicial, para administrar justicia en un determinado asunto.
La norma descrita precedentemente tiene vinculación directa con el art. 179 de la Constitución Política del Estado que señala lo siguiente: “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”, también corresponde citar el art. 30 de la Ley N° 1715, modificado por el art. 17 de la Ley N° 3545 de Reconducción Agraria, que señala: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas y, otros que le señala la ley”, al efecto se dirá al momento de haberse formulado las pretensiones de ambas partes, se lo hizo en vigencia de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificado por la ley Nº 3545 de Reconducción Agraria, norma que ingreso modificaciones en las atribuciones de la judicatura agraria (jurisdicción agraria), siendo así que dicho ente de administración de justicia se encuentra conformado por el Tribunal Agrario Nacional y por los Juzgados Agrarios, estos últimos operadores judiciales tienen competencia para el conocimiento y resolución de distintos supuestos que consigna el art. 39 de la mencionada ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, que señala:“(Competencia). Los jueces agrarios tienen competencia para… 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias…”
Ahora como el numeral 8) del art. 39 de la mencionada Ley hizo alusión distintos tipos de acciones que derivan de la propiedad agraria, para ello se dirá que las acciones personales, son los que autorizan a exigir de persona determinada el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, o en su defecto cuestionar si la prestación efectuada ha sido cumplida en la medida que ha sido señalada por los contratantes bajo los principios que rigen los contratos, en cambio las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales de la propiedad, u otro derecho real.
Consiguientemente se dirá que tanto la jurisdicción agraria (hoy agroambiental) así como la jurisdicción ordinaria, tienen la facultad de administrar justicia, cuya delimitación o deferencia en la atribución de sus competencias se encuentre señalada por ley, en ese sentido la anterior Ley de organización judicial, al describir la competencia para los jueces ordinarios en materia civil, facultaba conocer las acciones reales, personales y mixtas emergentes de las relaciones del derecho privado y sobre la propiedad privada; atribución que es diferente de la que tiene la judicatura agraria por medio de sus juzgados agrarios la que tiene competencia para el conocimiento de acciones reales, personales, y mixtas emergentes de la propiedad o actividad agraria, que difiere de la jurisdicción ordinaria, que atiende litigios relativos a la propiedad privada…”
Establecida la jurisdicción agraria y la jurisdicción ordinaria, corresponde analizar los antecedentes que originan la presente causa:
En el sub lite, a fs. 115 cursa el Auto de fecha 05 de marzo de 2010, por el cual el A quo, en virtud de lo dispuesto por el art. 39 num. 8) de la Ley del Servicio de Reforma Agraria, se declara sin competencia en razón de materia, respecto de la propiedad agraria que se encuentra ubicado en el Cantón Erquis, Rincón La Victoria, Provincia Méndez, con el fundamento de que corresponde dirimir este conflicto en la Jurisdicción agraria, disponiendo que la parte demandante accione ante la autoridad competente, vale decir al Juez Agrario. Contra de esta Resolución los ahora recurrentes interponen recurso de apelación de fs. 119 a 120 de obrados, con el argumento de que ”…la acción de Resolución de contrato, es una acción personal de naturaleza civil”, pero sin embargo el Tribunal de alzada al tomar conocimiento del presente caso de Autos y sin un previo análisis de la problemática del litigio, y en apego del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, asume la determinación de confirmar el Auto apelado en el entendido de que: “…el inmueble sobre el cual recae el objeto de la litis, se encuentra emplazado en área rural…”, así se tiene del informe expedido por el Gobierno Municipal de San Lorenzo de fs. 113, el cual CERTIFICA que: “…el inmueble ubicado en el Cantón Erquis, Rincón la Victoria, Provincia Méndez, cuyas colindancias son al Norte con Florentino Velásquez, al Sud con terrenos de la comuna, al Este con Pastor Camacho y al Oeste con Felipe Mejía, se encuentra ubicado fuera del Área Urbana de nuestra jurisdicción según Ordenanza Municipal 25/2002”…así también es corroborado claramente por los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles que el predio evidentemente se encuentra en Área Rural. (Ver fs. 15 a 18).
De lo anterior señalado, se advierte que la pretensión ahora invocada por los demandantes es derivativa o emergente de predios rurales, por cuanto la jurisdicción ordinaria carecía de competencia para el conocimiento de la presente causa, conforme manda el art. 39 de la mencionada ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, ya que, la Resolución de contrato de compra-venta, es una acción personal y la entrega de bien inmueble es una acción real, y como se tiene anotado, todas emergen como consecuencia de predios del área rural, así se dirá que la jurisdicción agraria, en función de la administración de justicia, tiene principios especiales diferentes a los de la administración de justicia ordinaria, como es la “función económico social”, principio que resulta ser ajeno a la administración de justicia ordinaria, consiguientemente se concluye que los jueces de instancia, han actuado dentro el marco legal no incurriendo en error sustancial tampoco procedimental, de donde concluiremos señalando que el presente proceso de Resolución de contrato derivado de predios rurales debió ser tramitada por la vía agraria, consecuentemente sus reclamos devienen en infundados.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 242 a 247 y vta., interpuesto por María Pompeya Ramos Calvo y José Antonio Zapata Monasterio contra el Auto de Vista Nº 67, de 01 de Julio de 2011, cursante de fs. 237 a 238 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija (Ahora Tribunal Departamental). Con costas.
Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución