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Timestamp: 2019-08-23 20:08:35+00:00

Document:
Expediente 1780-D-2014
Sumario: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: REGIMEN.
Artículo 1º - Objeto. La presente ley fija los principios, las bases y las reglas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana en las cuestiones públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Artículo 2º - Definición. Todos los actos y actividades del gobierno, así como la información referida a su funcionamiento, estarán sometidos al principio republicano de la publicidad
Artículo 3º - Alcance. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, acceder, solicitar, recibir, analizar, copiar, reutilizar y redistribuir información que esté en poder, custodia, o bajo control de cualquier autoridad pública o de organizaciones privadas alcanzadas por la presente ley, sin necesidad de invocar un derecho subjetivo o interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado. Los sujetos obligados, deben, a su vez, proporcionar la información en forma completa, veraz, adecuada, oportuna y en los términos de esta ley.
Artículo 4º - Principios. La presente ley se funda en los siguientes principios:
Artículo 5º - Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública según los términos de esta ley:
Artículo 6º - Creación. En el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en el Ministerio Público Fiscal deberá crearse una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) con autonomía funcional, autarquía financiera y no recibirá instrucciones sobre su competencia específica de ninguna otra autoridad de la Nación.
Artículo 7º - Objeto de las OAIP y de las UE. Las oficinas de acceso a la información pública y las unidades de enlace, como autoridad de aplicación de la presente ley, deberán velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos aquí establecidos, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública como así también de la correcta gestión de la información y promover medidas de transparencia.
Artículo 8º - Integración. Duración del mandato. Cada Oficina de Acceso a la Información Pública estará integrada por un miembro que durará cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser re elegido por una única vez.
Artículo 10º - Rango y Remuneración. Los jefes de las oficinas de acceso a la Información Pública tendrán rango y remuneración equivalente a Secretario de Estado.
Artículo 11º - Requisitos e incompatibilidades. Para ser designado Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano/a argentino/a mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario y no haber ejercido cargos electivos o equivalentes a Secretario de Estado en los dos (2) años anteriores a su postulación. Deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio de la función, vocación por la defensa del derecho de acceso a la información y promoción de la transparencia. No podrá ser jefe de las oficinas de acceso a la información ninguna persona que haya sido condenada por delito doloso en los últimos cinco (5) años, salvo que hubiere sido objeto de indulto o amnistía.
Artículo 12º - Competencias y funciones. Son competencias y funciones de las OAIP:
Artículo 13º - Personal de las oficinas de acceso a la información pública. Cada autoridad de aplicación de la presente ley contará con el personal administrativo y técnico que establezca la Ley de Presupuesto anual.
Artículo 14º - Presupuesto. El presupuesto anual de cada Oficina de Acceso a la Información se compondrá de:
Artículo 15º - Cese y remoción de los jefes de las oficinas de acceso a la información pública. Cada Jefe de las OAIP cesará en sus funciones o será removido del cargo de mediar alguna o algunas de las siguientes circunstancias:
Artículo 16º - Responsables de Acceso a la Información Pública. Cada uno de los organismos centralizados que conforman el Poder Ejecutivo Nacional como cada una de las cámaras del Congreso de la Nación deberá nombrar a un Responsable de Acceso a la Información quien tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de la presente ley dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 17º - Autoridad responsable. El funcionario que tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información pública deberá contar con las siguientes facultades y características del puesto:
Artículo 18º - Serán funciones de los Responsables de Acceso a la Información pública:
Artículo 19º - Sistema de Transparencia y Acceso a la Información. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública deberán instrumentar los medios necesarios para contar con un sistema informático de transparencia y acceso a la información que permita a los solicitantes buscar, formular y recibir información y a los sujetos obligados gestionar todo el proceso de formulación y respuestas de las solicitudes recibidas a través de Internet. Este sistema deberá facilitar el descubrimiento, búsqueda, acceso, análisis y reutilización de la información que los sujetos obligados publiquen en cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia activa.
Artículo 20º - Solicitud. La solicitud de información será presentada ante el sujeto obligado que posea o se presuma que posee la información. Se podrá realizar la presentación de manera escrita, por correo electrónico, correo postal, verbalmente o por cualquier otro medio análogo, sin estar sujeto a ninguna formalidad. No será necesario manifestar las razones que motivan la solicitud ni la identificación del requirente, salvo los datos de contacto para eventual consulta o envío de la información solicitada. En cualquier caso, debe brindársele al solicitante el número de expediente o cualquier otra constancia correspondiente a su pedido.
Artículo 21º - Plazos. El sujeto obligado deberá responder las solicitudes de información en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles. Este plazo podrá ser prorrogado de manera excepcional y por única vez por otros diez (10) días hábiles si existiera alguna circunstancia que justificara la imposibilidad de entregar la información en los términos establecidos. En este caso, el sujeto requerido deberá informar el uso de la prórroga al requirente de la información y fundar las razones que motivaron la decisión.
Artículo 22º - Respuesta. La información solicitada será entregada en el formato y por el medio en que el requirente lo hubiese solicitado. Sólo podrá cobrársele al usuario de esta ley el costo de la reproducción de la información requerida, que no podrá ser mayor al valor de la reproducción del material y al costo de envío si así hubiese sido solicitado. En todo caso debe velarse el respeto por el principio de gratuidad establecido en el artículo 4º de la presente ley.
Artículo 23º - Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe -y el Estado no estuviera obligado a producirla- o que está incluida dentro de alguna de las excepciones taxativamente previstas en la presente ley.
Artículo 24º - Responsabilidad de los funcionarios. Los funcionarios que incumplieran los deberes establecidos en esta ley serán pasibles de las sanciones disciplinarias previstas en la presente norma, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le correspondan.
Artículo 25º - Excepciones. Las autoridades públicas pueden rechazar el acceso a la información únicamente bajo las circunstancias establecidas en la ley y cuando sean legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática y responda a un interés público:
Artículo 26º - Información parcialmente reservada. Cuando existiera un documento que contuviera parte de información de carácter reservado según las excepciones establecidas en la presente ley podrá permitirse el acceso y reproducción a la parte del documento que no revirtiera el carácter de reserva. En cualquier caso deberá indicarse qué parte del documento ha sido mantenida bajo reserva, así como la extensión y ubicación de la información omitida, salvo que ese dato atentare contra el interés protegido por la excepción.
Artículo 27º - Restricciones al acceso a la información. Requisitos.
Artículo 28º - Duración de la restricción. La información que tuviera el carácter de reservada durará hasta la fecha o evento que se indique en la norma que dispuso la reserva, no pudiendo ser este plazo mayor a diez (10) años desde la fecha en que se restringió el acceso público. Cumplido este período la información será puesta a disposición en los términos de la presente ley, independientemente de que no hubiese ocurrido el evento o fecha que la decisión de la reserva estableció. Si la norma que dispusiera dicha reserva no estableciera fecha o evento que le pusiera fin, la información será de libre acceso a los tres (3) años desde el momento en que fue establecida como reservada. En caso de que cesaran las circunstancias que fundaron la restricción o hubiese razones de interés público superiores a las causas que dieron lugar a la reserva, la información se considerará pública, a pesar de que no se hubiera cumplido el plazo u ocurrido el evento establecido en la norma.
Artículo 29º - Apertura al público de la información clasificada como reservada. Durante los doce (12) meses de entrada en vigencia la presente ley toda información que hubiese sido establecida como reservada y hubiese cumplido el plazo de los diez (10) años, será de acceso libre para el público, salvo aquella en que se decida volver a restringir el acceso. Cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su reserva o cuando concurriere un interés público superior a dicha restricción, la información será de acceso público aunque no se hubiese cumplido el plazo establecido previamente.
CAPÍTULO III. VÍAS DE RECLAMO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
ACCIÓN JUDICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Artículo 30º - Recurso administrativo. En caso de denegación de una solicitud de información o de cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley el requirente podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, presentar un recurso por incumplimiento ante la autoridad de aplicación correspondiente. Cuando se trate de un incumplimiento de las medidas de transparencia activa, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Artículo 31º - Requisitos formales. El recurso por incumplimiento será presentado por escrito y debe identificar el o los sujeto/s obligado/s al o a los cual/es se les hubiese presentado la solicitud de información y la fecha de la presentación. Deberá consignarse también nombre completo del solicitante y domicilio procesal y será necesario acompañar el recurso con la solicitud de información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese otorgado el sujeto obligado.
Artículo 32º - Audiencias entre partes. Las oficinas de acceso a la información pública, como autoridades de aplicación de la presente ley, podrán mediar entre el solicitante y el sujeto obligado con el objeto permitir el acceso a la información, sin necesidad de que se hubiese agotado la instancia administrativa. En cualquier caso, el requirente podrá negarse a participar de la mediación o finalizarla en cualquier momento del proceso.
Artículo 33º - Resolución del recurso interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del recurso, la autoridad de aplicación deberá decidir:
Artículo 34º - Acción judicial de acceso a la información. El solicitante de la información pública, sea una persona física o jurídica, pública o privada, cuyo derecho de acceso a la información pública hubiese sido lesionado, restringido, alterado o amenazado, por incumplimientos de la presente ley, podrá interponer la acción de acceso a la información.
Artículo 35º - Trámite. La acción judicial se presentará ante los tribunales de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal cuando el obligado sea un ente u órgano estatal y los tribunales civiles y comerciales federales, cuando el obligado sea un ente público no estatal o ente privado. La acción de acceso a la información tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley. No será necesario agotar la instancia de apelación administrativa establecida por la presente ley. En caso de que una acción de acceso a la información se interponga estando pendiente la resolución del recurso administrativo, se tendrá por desistido dicho recurso. La acción de acceso a la información deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a cuarenta (40) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:
Artículo 36º - Carga de la prueba. La carga de la prueba de la existencia de una de las excepciones previstas en esta ley, deberá recaer en la autoridad pública. En particular, la autoridad deberá establecer:
Artículo 37º - Los sujetos obligados establecidos en el artículo 5º deberán prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información para asegurar un acceso fácil y amplio. Para ello deberán implementarse los medios electrónicos necesarios que permitan cumplir con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 38º - Los sujetos obligados deberán tener, en sus respectivos sitios de Internet, herramientas para la búsqueda de contenido que permita el acceso a la información de forma objetiva, transparente, clara y en lenguaje de simple comprensión. Asimismo, deberán instrumentar los medios necesarios para que la búsqueda y utilización de información a través de medios electrónicos permita:
Artículo 39º - Además de lo dispuesto en el artículo precedente, los sujetos obligados deberán publicar en forma obligatoria en sus respectivas páginas web, de manera accesible, gratuita, actualizada procesable por otros medios, la siguiente información:
Artículo 40º - Presentación de informes anuales. Antes del 1º de marzo de cada año, los sujetos obligados de los poderes y organismos contemplados en el artículo 5º incisos a), b), c) d) y e) deberán presentar a la correspondiente autoridad de aplicación un informe correspondiente al año calendario anterior. Este informe deberá contener:
Artículo 41º - Las oficinas de acceso a la información junto con los responsables de acceso a la información de cada sujeto obligado deberán instrumentar los medios necesarios para que, en un plazo de dos años de promulgada la presente ley, toda aquella información que en virtud de esta norma fuera de acceso público, se encuentre disponible para su búsqueda, descubrimiento y descarga a través de Internet.
Artículo 42º - La autoridad de aplicación deberá realizar campañas de difusión y capacitación dirigidas a la ciudadanía para promover la reutilización, el descubrimiento y acceso y de los datos de gobierno.
Artículo 44º - El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.
Artículo 45º - La presente ley entrará en vigencia a partir de los 120 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 46º - El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional establecido en el Decreto 1.172/03 continuará vigente hasta tanto la autoridad de aplicación quede conformada.
Artículo 47° - En todos los pliegos y contrataciones realizadas por el Estado debe agregarse una leyenda que explicite las condiciones de acceso a la información pública.
Artículo 48º - Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 49º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
La presente iniciativa es una representación del proyecto expte. 6088-d-2012, presentando junto al Diputado Manuel Garrido.
El derecho de acceso a la información pública no sólo permite controlar los actos de gobierno sino que es un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales. Funciona, también, como la contracara de la libertad de expresión. Así lo explica Roberto Saba "Sin libertad de expresión no hay información y sin información no hay democracia, entendida como sistema de autogobierno ciudadano."1
Asimismo, este Congreso sancionó, también, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, una medida muy defendida por el oficialismo. Esta norma establece en el inciso g del artículo 3 que uno de los objetivos principales de la norma es garantizar "el ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información pública".
Por otra parte, y en sintonía con los avances que otros países de la región están realizando en materia de promoción y difusión de la información, la norma propuesta prevé la obligación de que los sujetos abarcados establezcan mecanismos de transparencia activa, de tal manera de que cierta información sea publicada permanentemente y sin necesidad de que haya sido solicitada por un particular. Asimismo, deja sentadas las bases para avanzar en el establecimiento de lo que se denomina "gobierno abierto", aumentando la disponibilidad de la información y el uso de tecnologías para compartirla on line, con el uso de datos abiertos y software adecuados. Muchos de los países de América Latina se suman a Estados Unidos, Canadá y países europeos en la implementación de este nuevo concepto. La Argentina está atrasada en la medida que aún no garantiza la posibilidad de acceder libremente a la información que está en manos del Estado. Es vital sancionar una ley de acceso a la información y garantizar su efectivo cumplimiento para así ir hacia formas más democráticas de comunicación entre la sociedad civil y el Estado.
Las organizaciones no gubernamentales han tenido un rol fundamental en la promoción de este derecho en nuestro país y en el ámbito internacional. La experiencia en la realización de solicitudes como así también en el estudio comparado y el trabajo en red, hace que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en un actor fundamental al momento de diseñar y debatir los proyectos normativos. Por esta razón y entendiendo que la deliberación enriquece las propuestas convocamos a las organizaciones de la campaña "Saber es un derecho, que ahora sea ley" a debatir este proyecto de ley. Participaron representantes de la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Directorio Legislativo, de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y de Mujeres en Igualdad. Esta suerte de elaboración participada de normas que hemos implementado sirvió para mejorar la propuesta inicial y permitió incorporar artículos o modificaciones que no habían sido contemplados en su redacción inicial.
1. Saba, Roberto: "El Derecho de la Persona a Acceder a la Información en Poder del Gobierno", Derecho Comparado de la Información, Número 3, Enero-Junio, 2004, UNAM, México, pp. 145-185.
30/04/2014 INICIACIÓN DE ESTUDIO

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Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 resolución 

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Artículo 21

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Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 Resolución 

Artículo 34

Artículo 35
 resolución 

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Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40
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Artículo 42

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 3