Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/11/registro-oficial-9-de-noviembre-del-2000
Timestamp: 2020-07-13 01:40:00+00:00

Document:
Registro Oficial. 9 de NOVIEMBRE del 2000
Jueves, 09 de noviembre de 2000
Jueves 9 de Noviembre del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 200
\n 943\n Modifícase\n el Decreto Ejecutivo No. 611, publicado en el Registro Oficial\n No. 134 de 3 de agosto del 2000
944 Modifícase el Decreto Ejecutivo\n No. 606 de 26 de julio del 2000
\n MINISTERIOS DE ECONOMIA Y DE AGRICULTURA:
\n 269 Dispónese que en\n la liquidación en aduanas de productos del SAFP, se limitará\n el derecho variable adicional de los compromisos sobre niveles\n arancelarios consolidados ante la OMC
\n 270 Dispónese que en\n las importaciones efectuadas con base a los acuerdos comerciales\n con terceros países, que el Ecuador ha suscrito con anterioridad\n a la publicación de la Decisión 453 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, el método de aplicación\n de las preferencias otorgadas será el establecido en el\n Art. 2 de la Decisión 453
\n MINISTERIOS\n DE AGRICULTURA Y DE COMERCIO EXTERIOR:
\n 285 Declárase vigente\n por el período del último trimestre del año\n 2000, la fijación de precios establecidos en las tablas\n correspondientes que constan en el Acuerdo Interministerial No.\n 087 expedido el 27 de abril del 2000 y publicado en el Registro\n Oficial No. 73 del 9 de mayo del mismo año
\n MINISTERIOS\n DE AGRICULTURA, FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR:
\n 260 Distribúyense los contingentes\n arancelarios para el aho 2000 de: maiz duro, soya, sorgo y malta\n con un arancel máximo del 25% aplicable a este volumen\n
\n 289 Exclúyese al predio\n denominado "Yamburara", ubicado en la parroquia Vilcabamba,\n cantón y provincia de Loja de propiedad de este Ministerio\n de la nómina de bienes inmuebles improductivas, destinados\n a la venta
\n EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS:
\n 00211 Reconócense y cancélanse\n los gastos de representación y residencia para los directores\n de Administración, Abogacía y ex-Director Provincial\n de Correos
\n 00212 Amplíase la Resolución\n No. 00211 de 3 de octubre del 2000
\n CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
036 Apruébase un incremento de hasta\n el 25% en los sueldos básicos vigentes de los servidores\n de las autoridades portuarias de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar,\n a partir del 1 de octubre del 2000
\n 68-99-OR Ministerio Fiscal\n General en contra de Geovanny Javier Quiñónez Castillo\n
\n 77-99-MS Ministerio Fiscal\n General en contra de Antonio Sebastián Echave Vaylet y\n otro
\n 102-99-JOC Santa Margarita\n Espinosa Delgado en contra de Edgar Geovanny Zambrano Rojas y\n otra
\n 251-99-JOC Fanny Angélica\n Lema Urgilés en contra de José María Romero\n Upaya y otros
\n 272-99-MA Leticia Torres Kuon\n Yeng en contra de Marisol del Rocío Zúñiga\n Morales
\n 373-99-OR Ministerio\n Fiscal General en contra de Dauda Amanari y otros
\n 374-99-OR Ministerio Fiscal\n General en contra de Robert Daniel Gentle y otros
\n 387-99-JOC José Antonio\n Tenorio Villarroel en contra de Enrique Atahualpa España\n Espinoza y otro
\n Cantón Bolívar:\n Que reglamenta los procesos de contratación
\n Cantón Suscal: Que regula la integración\n y funcionamiento del Comité de Contrataciones, Comité\n de Concurso Privado de Precios y las contrataciones con cuantías\n inferiores a USD 4.000 dólares de los Estados Unidos de\n América\n \n
Que es necesario reformar el Reglamento de Cooperación\n Técnica y Asistencia Económica Internacional, publicado\n en el Registro Oficial No. 134 de 3 de agosto del 2000; y,
ARTICULO PRIMERO. - Sustitúyase los literales a) y\n b) del Art. 3 del Decreto Ejecutivo No. 611, publicado en el\n Registro Oficial No. 134 de 3 de agosto del 2000, por los siguientes:
"a) Ministro de Relaciones Exteriores, o su delegado,\n quien lo presidirá;
b) El delegado de la Oficina de Planificación de la\n Presidencia de la República.".
ARTICULO SEGUNDO. - En el artículo 3 se suprime el\n siguiente párrafo, constante después del literal\n g):
"En ausencia del Ministro de Relaciones Exteriores, presidirá\n el Consejo el Delegado del Presidente de la República":
En el artículo 6 dirá: 'Créase el Instituto\n Ecuatoriano de Cooperación Internacional como una entidad\n adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de\n coordinar, administrar y supervisar la cooperación externa\n y asistencia económica sobre la base de las políticas\n y estrategias establecidas por el Consejo Asesor de Cooperación\n Internacional.
El Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional\n dependerá de la Secretaría General del Ministerio\n de Relaciones Exteriores y contará con un Director Ejecutivo\n para el cumplimiento de sus funciones técnicas".
En el artículo 12 deberá decir: "Las solicitudes\n de cooperación técnica internacional y de asistencia\n económica podrán ser formuladas por instituciones,\n entidades, dependencias, órganos y organismos públicos,\n semipúblicos o por personas jurídicas del sector\n privado que tengan finalidad social o pública. Las peticiones\n serán presentadas al Instituto Ecuatoriano de Cooperación\n Internacional. La documentación necesaria para tener acceso\n a la cooperación o asistencia se establecerá en\n el Reglamento Orgánico Funcional, que deberá emitir\n el Instituto de Cooperación Internacional".
ARTICULO TERCERO. - El presente decreto entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su publicación en el\n Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de noviembre del
f) Luis Iturralde Mancero, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es fiel copia del original.
f.) Gonzalo Muñoz Sánchez, Secretario General\n de la Administración Pública (E).
Que mediante Decreto Ejecutivo 606 de 26 de julio del año\n 2000, publicado en el Registro Oficial 134 de 3 de agosto del\n mismo año, se creó la Comisión Interinstitucional\n para el análisis, definición y seguimiento de los\n proyectos a ejecutarse dentro del Programa Financiero entre la\n República del Ecuador y el Reino de España; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 3 del\n artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
ARTICULO PRIMERO. - Sustitúyase los literales a) y\n d), del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 606 de 26\n de julio del año 2000, por Los siguientes:
"a) Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado,\n quien lo presidirá;
d) El delegado de la Oficina de Planificación de la\n Presidencia de la República".
ARTICULO SEGUNDO. - De la ejecución del presente decreto\n que entrará en vigencia a partir de publicación\n en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Relaciones\n Exteriores y de Economía y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de noviembre del\n 2000.
f) Gonzalo Muñoz Sánchez, Secretario General\n de la Administración Pública (E).
N0 269
LOS MINISTROS DE ECONOMIA Y FINANZAS\n Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 2485 - A del 27 de enero\n de 1995, se pone en vigencia la Decisión 371 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena sobre el Sistema Andino de Franja de\n Precios, SAFP;
Que la Decisión 430 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, publicada en el Registro Oficial N0 299 del 17\n de abril de 1998, faculta a los Países Miembros a limitar\n la magnitud de los derechos variables a lo necesario para el\n cumplimiento de sus compromisos vigentes sobre niveles arancelarios\n consolidados, asumidos ante la Organización Mundial de\n Comercio OMC;
Que mediante Decisión 453 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, publicada en el Registro Oficial N0 269\n del 3 de septiembre de 1999, se establece el método de\n aplicación de preferencias para los acuerdos comerciales\n que se suscriban con terceros países, en los productos\n del SAFP;
Que ante la necesidad urgente de una reglamentación\n que facilite la aplicación interna de los compromisos\n internacionales asumidos por el Ecuador; y.
Articulo 1. - La liquidación en aduanas de productos\n del SAFP se realizará de la siguiente manera:
1.- Se limitará el Derecho Variable Adicional, a lo\n necesario para el cumplimiento de los compromisos vigentes sobre\n niveles arancelarios consolidados ante la OMC.
2. - Sobre el resultado del numeral anterior, y si es el caso,\n se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente\n sobre el arancel fijo, tal como lo establece la Decisión\n 453.
Artículo 2. - Esta reglamentación se aplicará\n a partir de la fecha de su publicación en el Registro\n Oficial.
Dado en Quito, a 5 de octubre de 2000.
f) Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. - Es fiel copia\n del original. - Lo certifico.
f) Director Administrativo - Financiero.
MAG. Fecha: 6 de octubre del 2000.
Que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 409A, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 103 del 8 de enero de\n 1993, sobre el Mecanismo de Ajustes Arancelarios, dispone que\n las preferencias se otorgarán sobre el derecho ad valorem\n sin afectar a los derechos específicos;
Que mediante artículo 2 de la Decisión 453 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en el\n Registro Oficial N0 269 del 3 de septiembre de 1999, se establece\n el tratamiento para el otorgamiento de preferencias arancelarias\n sobre productos del SAFP para los acuerdos comerciales;
Que mediante artículo 3 de la misma decisión,\n se establece que es necesario adecuar los términos de\n los acuerdos de conformidad con el método de aplicación\n de preferencias de esta decisión;
El establecimiento de procedimientos adecuados para la aplicación\n de los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador, permitirá\n determinar los valores que se recauden como producto de su aplicación;\n y,
Artículo 1. - En las importaciones efectuadas con base\n a los acuerdos comerciales con terceros países, que el\n Ecuador ha suscrito con anterioridad a la publicación\n de la Decisión 453 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena, el método de aplicación de las preferencias\n otorgadas será el establecido en el artículo 2\n de la Decisión 453.
Dado en Quito, 5 de octubre del 2000.
f.) Luis G. Iturralde. M., Ministro de Economía y Finanzas.
N0 285
LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERIA\n Y DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA
Que es necesario aplicar la Ley N0 9948, reformatoria a la\n Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización\n del Banano, que en su Art. 1 faculta a los ministros de Agricultura\n y Ganadería y de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, el fijar en forma periódica y en dólares\n de los Estados Unidos de Norteamérica el precio mínimo\n de sustentación que de modo obligatorio deberá\n recibir el productor bananero (al pie de barco) por parte de\n toda persona natural o jurídica que comercialice, por\n cualquier acto o contrato de comercio permitido por la ley, los\n distintos tipos autorizados dé cajas conteniendo banano\n de exportación; y así mismo, fijar los precios\n mínimos referenciales (FOB) a declarar por parte del exportador;
Que para el efecto, el último Acuerdo Interministerial\n mediante el cual se ha cumplido la mentada disposición\n legal se expidió el 27 de abril del año 2000, con\n el No. 087, que está publicado en el Registro Oficial\n No. 73 expedido el 9 de mayo del mismo año;
Que desde entonces, han venido rigiendo los precios de la\n caja de banano sin que el Consejo Consultivo del Banano hubiera\n recomendado su modificación; e inclusive, en la sesión\n última de dicho organismo, realizada el 27 de septiembre\n anterior, tampoco se llegó a un acuerdo en el sentido\n anotado;
Que por lo expresado, corresponde a los ministros pronunciarse\n sobre la fijación de los precios del banano en lo que\n resta del último trimestre del presente año; y,
ARTICULO UNICO. - Declarar vigente en todas sus partes y por\n el período del último trimestre del año\n 2000, la fijación de precios establecidos en las tablas\n correspondientes, que constan en el Acuerdo Interministerial\n N0 087, expedido el 27 de abril del 2000 y que está publicado\n en el Registro Oficial N0 73 del 9 de mayo del propio año.
Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a\n 12 de octubre del 2000.
MAG. Fecha: 18 de octubre del 2000.
LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERIA;\n FINANZAS Y CREDITO PUBLICO; Y COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION\n Y PESCA
Que mediante Acuerdo Interministerial N0 100, suscrito el\n 26 de abril del 2000, se expidieron las nuevas normas para la\n distribución y manejo de contingentes arancelarios para\n productos agropecuarios y se creó el Comité de\n Contingentes Arancelarios, como organismo encargado de definir\n los criterios de distribución más equitativos y\n eficaces, en base de los grandes objetivos nacionales;
Que es necesario cumplir con los compromisos adquiridos por\n el Ecuador ante la OMC, a la vez que atender las necesidades\n de la Agroindustria de Alimentos Balanceados y la Cervecería\n Nacional, cuidando de no perjudicar a la producción nacional\n de materias primas agropecuarias;
Que el Comité de Contingentes Arancelarios ha presentado\n sus recomendaciones, respecto de los criterios de distribución\n de los contingentes de maíz duro, torta de soya, sorgo\n y malta sin tostar, mediante la Resolución No. 002 de\n 15 de septiembre del 2000; y,
Articulo 1. - Distribuir los contingentes arancelarios para\n el año 2000 de: maíz duro correspondiente a 19,065\n TM con un arancel máximo de 25% aplicable a este volumen,\n torta de soya correspondiente a 17,000 TM con un arancel máximo\n de 25% aplicable a este volumen, sorgo correspondiente a 11,533\n TM con un arancel máximo de 25% aplicable a este volumen\n y malta sin tostar correspondiente a 15,500 TM, con un arancel\n máximo de 25% aplicable a este volumen, según lo\n establecido en el anexo 1 del Acuerdo Interministerial N0 100\n del 26 de abril del 2000.
Tabla de distribución del contingente de maíz\n con arancel máximo de 25% para el año 2000 (19,065\n TM)
Empresas Volumen TM Porcentaje
AFABA 7245 38.0%
\n PRONACA 8007 42.0%
\n CONAVE 877 4.6%
\n CHAMPION 1258 6.6%
\n UNICOL 724 3.8%
\n OTROS 953 5.0%
\n TOTAL 19065 100.0%
Tabla de distribución del contingente de sorgo con\n arancel máximo de 25<'l. para el año\n 2000 (11,917 TM)
AFABA 4528 38.0%
\n PRONACA 5005 42.0%
\n CONAVE 548 4.6%
\n CHAMPION 787 6.6%
\n UNICOL 453 3.8%
\n OTROS 596 5.0%
\n TOTAL 11917 100.0%
Tabla de distribución del contingente de torta de soya\n con arancel máximo de 25<'/o para el año 2000\n (17,000 TM)
AFABA 6460 38.0%
\n PRONACA 7140 42.0%
\n CONAVE 782 4.6%
\n CHAMPION 1122 6.6%
\n UNICOL 646 3.8%
\n OTROS 850 5.0%
\n TOTAL 17000 100.0%
Tabla de distribución del contingente de malta sin\n tostar con arancel máximo de 25% para el año 2000\n (15,500 TM)
\n SURAMERICANA 12400 80.0%
\n CERVECERIA REGIONAL 1550 10.0%
\n NUEVOS IMPORTADORES 1550 10.0%
\n TOTAL 15500 100.0%
Artículo 2. - En el caso del contingente para torta\n de soya, se establece como período contingencial, el mes\n de septiembre dentro del cual se deberá efectivizar las\n importaciones de este producto.
Articulo 3. - Para los contingentes de maíz duro y\n sorgo, se establece como período contingencial, los meses\n de septiembre y octubre, dentro de los cuales se deberán\n realizar las importaciones bajo este régimen.
Articulo 4. - Ninguna importación en curso de estos\n productos, anterior a la promulgación del presente acuerdo\n interministerial que establece los criterios de repartición\n de los contingentes de maíz duro, sorgo, torta de soya\n o malta sin tostar, podrá beneficiarse de este régimen.
Artículo 5. - Con el fin de controlar el cumplimiento\n de estos contingentes arancelarios para el año 2000, se\n delega a la Subsecretaría de Política, Comercio\n e Información Sectorial del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería para que haga el respectivo seguimiento, control\n y coordinación interinstitucional para efecto de efectivizar\n estos volúmenes de importación.
Artículo 6. - El presente acuerdo entrará en\n vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial. - Quito, 28 de septiembre\n del 2000.
MAG. Fecha: 4 de octubre del 2000.
N0 289
Que, mediante Resolución Ministerial N0 207 del 14\n de agosto del 2000, se dispone la enajenación de varios\n bienes inmuebles de propiedad de este Portafolio, entre otros,\n el predio denominado "Yamburara", ubicado en la parroquia\n Vilcabamba, cantón y provincia de Loja;
Que, el Ministerio de Bienestar Social mediante oficio N0\n 416 del 21 de julio del 2000, solícita la donación\n de dos hectáreas de terreno del predio mencionado en el\n considerando precedente para destinarlo a la construcción\n del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas\n (INIGER), previsto dentro de las políticas sociales a\n cargo de dicha Cartera de Estado;
Que, mediante sumilla inserta en Hoja de Control N° 1402\n del 15 de septiembre del 2000, se dispone a la Dirección\n Jurídica, la exclusión del predio "Yamburara",\n constante en la Resolución N0 207 del 14 de agosto del\n presente año; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 3\n del Reglamento para la Enajenación de Activos Improductivos,
Art. 1. - Excluir al predio denominado "Yamburara",\n ubicado en la parroquia Vilcabamba cantón y provincia\n de Loja de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n de la nómina de bienes inmuebles improductivos, destinados\n a la venta, descritos en la Resolución N0 207 del 14 de\n agosto del 2000.
Art. 2. - Por delegación del titular de este Portafolio,\n constante en Acuerdo Ministerial N0 230 del 5 de septiembre del\n 2000, suscribe la presente resolución el señor\n Subsecretario Técnico Administrativo de este Ministerio.
Art. 3. - Copia de la presente resolución remítase\n al Ministerio de Economía y Finanzas, y al Consejo Nacional\n de Modernización "CONAM".
Dado en Quito, 13 de octubre del 2000.
f.) Ing. Diego Gándara Pérez, Subsecretario\n Técnico Administrativo.
N0 211
EL REPRESENTANTE LEGAL (E) DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS
Que la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado, CONAM;
Que mediante escritura pública, celebrada ante el señor\n Notario Décimo Séptimo del cantón Quito\n el señor Representante Legal de la Empresa Nacional de\n Correos otorga poder especial amplio y suficiente, cual en derecho\n se requiere a favor del señor doctor Ignacio Ochoa Morales\n Asesor Jurídico de la empresa, para que a su nombre y\n representación realice todo acto y contrato necesario\n para el normal desenvolvimiento de la empresa;
Que mediante oficio N° 2000 - 012 - C:Q:3 de 12 de enero\n del año en curso, se solicitó al señor Subsecretario\n de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público el dictamen favorable para proceder a cancelar\n los gastos de Representación y Residencia a los señores\n Arq. Alvaro Iturralde Sevilla, Dr. Diego Terán Dávila,\n directivos de la Empresa y señor Lcdo. Luis Aníbal\n Villacís ex - Director Provincial de Correos del Tungurahua,\n adjuntándose los respectivos dictámenes favorables\n emitidos por la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa\n Nacional de Correos;
Que hasta la presente fecha no ha sido posible cancelar los\n gastos de Representación y Residencia a los mencionados\n directivos y ex - Directivo por cuanto no se encontraba aprobado\n el Presupuesto de la empresa;
Que mediante Resolución N0 00115 de 14 de agosto del\n 2000, el señor Representante Legal de la Empresa Nacional\n de Correos dispuso la entrada en vigencia del Presupuesto de\n la Empresa para el año 2000;
Que mediante memorando No. 2000 - 095 - C.Q.P7 de 27 de septiembre\n del 2000, la señora Fanny Hayo, Jefe de Presupuesto del\n Departamento Financiero de la Empresa Nacional de Correos certifica\n que existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los\n gastos de Representación y Residencia para los funcionarios\n amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;\n y,
Que en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
Art. 1. - Reconocer y cancelar los gastos de Representación\n y Residencia para los señores Arq. Alvaro Iturralde Sevilla,\n Director Administrativo, Dr. Diego Terán Dávila,\n Director de Abogacía de la Empresa Nacional de Correos;\n y, Lcdo. Luis Aníbal Villacís, ex - Director Provincial\n de Correos, el mismo que deberá hacérselo también\n en forma retroactiva desde el mes enero del año 2000.
Art. 2. - Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los tres días\n del mes de octubre del año dos mil.
f) Dr. Ignacio Ochoa Morales, representante legal (E) de la\n Empresa Nacional de Correos.
Que la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N° 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado, CONAM;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo N° 1494, la Empresa Nacional de Correos\n deberá continuar operando y ejerciendo la representación\n postal oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;
Que mediante Resolución N0 00211 de 3 de octubre de\n 2000, se dispuso se cancelen a los señores Arq. Alvaro\n Iturralde, Dr. Diego Terán y Lcdo. Luis Aníbal\n Villacís los gastos de Representación y Residencia\n en forma retroactiva desde el mes de enero del presente año\n 2000;
Que dicha resolución tiene su fundamento en lo dispuesto\n por la Resolución No. 00115 de 14 de agosto del 2000,\n la misma que se ampara en lo determinado por el Art. 28 de la\n Ley de Modernización del Estado; y,
Art. 1. - Ampliar dicha resolución y establecer que\n la misma tiene su fundamento en lo dispuesto por el Art. 28 de\n la Ley de Modernización del Estado, el que habla del silencio\n administrativo, al no determinarse por parte del Ministerio de\n Economía y Finanzas el derecho que les asiste a dichos\n funcionarios al no encontrarse aprobado el Presupuesto para el\n año 2000 al momento de realizar la respectiva consulta\n a dicho organismo.
Art. 2. - Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los cuatro días\n del mes de octubre del año dos mil.
Que, las autoridades portuarias son organismos eminentemente\n técnicos al servicio del comercio exterior del país\n y que en los últimos años han aplicado proceso\n de modernización, elevando los niveles de eficiencia eficacia,\n por lo que amerita la racionalización de las remuneraciones\n de sus servidores;
Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público determinar\n y fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado; y,
Art. 1. - Aprobar un incremento de hasta el 25% en los sueldos\n básicos vigentes de los servidores de las autoridades\n portuarias de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar, a partir\n del 1 de octubre del 2000, así como la reducción\n de la actual Escala de Sueldos Básicos a 10 grados.
Art. 2. - Encárguese a la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional, OSCIDI, la estructuración\n de la nueva escala y la ubicación de los servidores de\n las autoridades portuarias de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar.
Art. 3. - La aplicación presupuestaria de la presente\n resolución, la efectuarán las citadas entidades\n con recursos propios y de carácter permanentes, presentes\n y futuros.
Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los seis días del mes de octubre del dos mil.
f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.
No. 68\n - 99 - OR
Quito, 18 de julio del 2000; las 10h00.
VISTOS: Geovanny Javier Quiñónez Castillo, propone\n recurso de revisión de la sentencia condenatoria de 12\n años de reclusión mayor extraordinaria y multa\n de cinco millones cuatrocientos mil sucres, impuesta en su contra\n por el Tribunal Primero de lo Penal de El Oro, como autor de\n la infracción que tipifica y sanciona el artículo\n 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.\n Apoya su recurso en los numerales 4, 6 y 7 del artículo\n 385 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que "la\n sentencia en su contra fue dictada en virtud de documentos o\n testigos falsos o de informes periciales manifiestamente maliciosos\n o errados"; haber sido sentenciado a reclusión cuando\n según la ley, la sentencia debía ser solamente\n de prisión; y finalmente, "cuando en forma manifiesta\n se demostrare con nuevos hechos que el sentenciado no es responsable\n del delito...", ámbito en el cual el recurrente debe\n hacer prosperar su impugnación y para ello, Quiñónez\n Castillo debió aportar la prueba justificante de sus asertos.\n El trámite del recurso correspondió a esta Sala\n competente para decidir el recurso según ordenan la Constitución\n Política de la República, la Ley Orgánica\n de la Función Judicial y el Código de Procedimiento\n Penal. Agotado el trámite el estado de la causa es para\n dictar sentencia, bajo las consideraciones siguientes: PRIMERA.\n - Que es válido lo actuado en este nivel de revisión\n y así se lo declara por cumplidas las exigencias de la\n Ley, sin omisión de solemnidad alguna. SEGUNDA. - Al expediente\n de revisión el recurrente Quiñónez Castillo\n aportadas declaraciones notarizadas de ser consumidor de estupefacientes;\n un informe psicosomático con igual finalidad; copia certificada\n de una sentencia reformada dictada por la Segunda Sala de la\n Corte Superior de Machala, que al absolver la consulta de un\n fallo del inferior, tipifica su conducta en el articulo 65 de\n la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n documentos que en forma alguna guardan relación con las\n causales invocadas para la revisión de la sentencia sin\n que además hubiere fundamentado el recurso, demostrando\n en forma eficaz, lógica y congruente, que haya méritos\n legales para modificar el fallo condenatorio, puesto que la ley\n exige que la fundamentación debe demostrar tanto en los\n hechos como en el derecho, los motivos jurídicos para\n derogar el principio de irrevocabilidad de la cosa juzgada, demostración\n inexistente en esta especie, por lo que ninguno de los casos\n en que se apoya el recurso tiene asidero en los documentos presentados\n durante la sustanciación del recurso. Debe quedar claro,\n que no puede considerarse como "nuevos hechos" los\n documentos aportados para la improcedente revisión, porque\n en materia penal, los jueces deben intervenir personal y directamente\n en la práctica de los actos procesales de prueba, cuidando\n que se realicen con observancia de las normas legales, según\n mandato del artículo 62 del Código de Procedimiento\n Penal, aspecto armónico con la disposición de los\n artículos 120 y 121 del Código de Procedimiento\n Civil, según los cuales, las pruebas deben concretarse\n al asunto que se litiga y a los hechos sometidos a juicio; y,\n sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que\n se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley,\n hace fe en juicio. TERCERA. - Los documentos con los cuales el\n recurrente apoya su pretensión, además de ineficaces\n para revisión de la sentencia, contravienen las disposiciones\n legales antes mencionadas. CUARTA. - El señor Ministro\n Fiscal General, subrogante debidamente autorizado para actuar\n en esta causa, al contestar el escrito impropiamente llamado\n de fundamentación - folio 13 - expresa que el impugnante\n no ha demostrado las causales que alega a su favor y que la fundamentación\n incumple los preceptos de la ley y estima que el recurso carece\n de sustente legal. Por las consideraciones que anteceden, sin\n existir fundamentación legal, ni demostración de\n las causales que sirven de sustento para incoar el recurso impugnando\n el fallo condenatorio, no existiendo error judicial que deba\n ser revisado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, con aplicación del artículo\n 390 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente\n el recurso de revisión propuesto por Geovanny Quiñónez\n Castillo de la sentencia condenatoria expedida por el Primer\n Tribunal de El Oro, confirmado en todas sus partes por la Segunda\n Sala de la Corte de este distrito; y, en consecuencia, dispone\n devolver el proceso al Tribunal de origen para los efectos de\n ley. Notifíquese.
Certifico. - f) Secretario Relator.
Corte Suprema de Justicia, la. Sala de lo Penal.
Quito, 2 de octubre del 2000.
No. 77\n - 99 - MS
Quito, 23 de junio del 2000; las 17h50.
VISTOS: Antonio Sebastián Echave Vaylet y Edison Arturo\n Paucar Arboleda, interponen recursos de casación de la\n sentencia condenatoria dictada por el Cuarto Tribunal Penal de\n Pichincha, expedida el 14 de diciembre de 1998, que impuso a\n los procesados la pena de nueve años de reclusión\n menor ordinaria, reputándolos autores responsables del\n delito de robo, tipificado en el artículo 550 del Código\n Penal, y ejecutado con las circunstancias del numeral 2 del artículo\n 552 ibídem, en perjuicio del Banco Popular del Ecuador\n S.A. y de varios arrendatarios de casilleros de seguridad existentes\n en la agencia de dicho banco, de la avenida Colón y 9\n de Octubre de la ciudad de Quito. - Habiendo concluido el trámite\n propio del recurso de casación, para resolverlo se considera:\n PRIMERO. - Este Tribunal Supremo de Casación tiene jurisdicción\n y competencia para decidir, la impugnación, de conformidad\n con las normas de la Constitución Política de la\n República y del Código de Procedimiento Penal,\n cuyas disposiciones se han aplicado en la sustanciación\n del recurso, sin que exista causa alguna de nulidad que declarar.\n SEGUNDO. - Ambos recurrentes sostienen que en ninguna parte del\n proceso aparece prueba que demuestre que son autores, cómplices\n o encubridores del delito imputado; que el juzgador se apartó\n de las reglas de la sana crítica al valorar el parte policial\n informativo y las pruebas incorporadas a los autos; que no se\n ha tomado en cuenta sus testimonios indagatorios, en los cuales\n no aceptaron responsabilidad en el cometimiento del delito; que\n se les ha condenado sin prueba de su responsabilidad; todo lo\n cual, dicen, constituye violación de los artículos\n 64, 67 y 326 del Código de Procedimiento Penal, y 42 del\n Código Penal; y que al no haber intervenido en la perpetración\n de la infracción se han violado los artículos 550\n y 552 de dicho código, pues no han hecho uso de violencias\n o amenazas contra las personas o fuerza en las cosas para apropiarse\n de lo ajeno y porque ni siquiera según los hechos relatados\n en la sentencia se ha causado heridas a persona alguna. Adicionalmente\n Edison Arturo Paucar Arboleda alega violación de los numerales\n 6 y 7 del artículo 29 del Código Penal, porque\n dice no haber cometido el delito que se le imputa. TERCERO. -\n Los recurrentes incumplen los requisitos del artículo\n 377 del Código de Procedimiento Penal vigente al tiempo\n de la interposición del recurso, pues no hacen la exposición\n precisa de los hechos, que según la sentencia son constitutivos\n del delito, omisión que bastaría para que este\n Tribunal Supremo de Casación declare improcedente los\n recursos. Mas, acatando lo dispuesto en el numeral 17 del artículo\n 24 de la Constitución Política que reconoce el\n derecho de toda persona a obtener de los órganos judiciales\n la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses\n y porque los recurrentes alegan que el Cuarto Tribunal Penal\n de Pichincha violó la ley al valorar la prueba apartándose\n de las reglas de la sana crítica esta Sala ha examinado\n detenidamente la sentencia y el proceso, encontrando sin asidero\n alguno las afirmaciones de Antonio Sebastián Echave Vailet\n y Edison Arturo Paucar Arboleda. - En efecto, el Tribunal Cuarto\n de lo Penal de Pichincha les condena a 9 años de reclusión\n por haber llegado al convencimiento, en base de la prueba actuada\n y valorada conforme a derecho demostratoria tanto de la existencia\n del delito de robo agravado tipificado en los artículos\n 550 y 552, numeral 2 del Código Penal, cuanto la responsabilidad\n penal de los procesados recurrentes por su participación\n en el ilícito en calidad de autores. CUARTO.- -La sentencia\n relata los hechos constitutivos del delito cometido el día\n domingo 22 de diciembre de ¡996, aproximadamente a la 01h30,\n cuando más de tres personas ingresaron con armas de fuego\n a la agencia del Banco Popular del Ecuador S.A. situada en la\n intersección de la avenida Cristóbal Colón\n con la calle 9 de Octubre, habiéndole amordazado al guardia\n José Clavijo y encerrado en un cuarto de baño,\n y más tarde al empleado de servicio de limpieza Julio\n Cueva, a quien uno de los asaltantes le ha encañonado\n con su arma de fuego y ayudado por otro asaltante le han amordazado\n y encerrado en otro cuarto de baño, y finalmente, alrededor\n de las siete horas al guardián Milton Andino, quien había\n concurrido a relevar en el servicio a su compañero José\n Clavijo, habiéndole también encañonado con\n un arma de fuego a Milton Andino, obligándole a ingresar\n al cuarto de baño donde ha quedado amordazado y atado.\n Durante el tiempo en que los asaltantes han permanecido en el\n banco, relata la sentencia que han violentado 21 casilleros de\n seguridad arrendados por el Banco Popular a diferentes clientes,\n habiéndose los ladrones sustraído los bienes existentes\n en tales casilleros, que han sido determinados por sus propietarios.\n Que se ha violentado también la puerta principal de la\n bóveda y las cajas de seguridad en las que existía\n dinero en efectivo producto de la atención diaria al público,\n habiendo sido perjudicado el banco en la cantidad de 208'421.000,oo\n sucres y 7616 dólares, siendo imposible de cuantificar\n el valor de los bienes sustraídos de los casilleros de\n seguridad, siendo entre ellos joyas pertenecientes a varios arrendatarios,\n que se han encontrado en poder de los procesados Antonio Sebastián\n Echave Vailet y de Edison Arturo Paucar Arboleda, así\n como la cantidad de 7.370 dólares en efectivo encontrados\n en poder del primero de los nombrados. QUINTO. - La sentencia\n se sustenta para declarar comprobada la existencia del delito\n en: A) El informe de investigación policial, que ha sido\n valorado de conformidad con lo dispuesto por el artículo\n 67 del Código de Procedimiento Penal; B) En la declaración\n preprocesal rendida ante un agente del Ministerio Público\n y ante un abogado defensor de los sindicados, que por lo tanto\n tiene pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en la Constitución\n Política de la República; C) En las declaraciones\n testimoniales de Silvia, Macarena Fernández de Córdova\n Ponce, José Karim Abedrabo, César Guillermo López\n Borja, Angel Alcides Velasco Velasco, Juan Francisco Velasco\n Crespo, Margoth Garzozi Buchdid, Luis Aníbal Riofrío\n Mora, Fernando Mancheno Alvarez; todos éstos arrendatarios\n de los casilleros de seguridad violentados en el asalto al banco;\n D) En el inventario detallado de las joyas sustraídas\n y de las encontradas en poder de Edison Arturo Paucar Arboleda,\n en poder de Silvia Cárdenas Bustos (conviviente de Antonio\n Sebastián Echave Vailet), y en el domicilio de éste;\n E) Informe pericial de la contabilidad del Banco Popular que\n determina el perjuicio económico de 236'032.625,oo sucres;\n F) Reconocimiento judicial de las joyas sustraídas; G)\n Reconocimiento del lugar de los hechos; H) En el testimonio propio\n rendido en el proceso por los oficiales de Policía Gustavo\n Tobar Jaramillo y Pablo Fernando León Navarro; e, I) En\n el testimonio del guardián Edison Andino Paredes, una\n de las víctimas de la violencia empleada en la sustracción\n de los dineros del banco y de los bienes de los arrendatarios\n de los casilleros de seguridad. SEXTO. - La sentencia impugnada\n se sustenta para declarar demostrada la responsabilidad de los\n procesados recurrentes en calidad de autores del delito de robo\n agravado: 1) En el hecho de haberse recuperado las joyas sustraídas\n de los casilleros de seguridad que se hallaban en poder de Paucar\n Arboleda, en el domicilio de Echave Vailet y en poder de la conviviente\n de éste. 2) En las declaraciones preprocesales, que tienen\n valor probatorio como ya se dijo por haber sido rendidas por\n Antonio Echave y Edison Paucar, en presencia del abogado designado\n para su defensa. 3) En los testimonios propios de los testigos\n presentados por Edison Paucar, que por absurdas más bien\n demuestran no ser verosímiles las afirmaciones de este\n procesado sobre que la cadena de oro que tenía puesta\n en su cuello cuando le aprehendió la Policía le\n había sido regalada el 28 de diciembre de 1996 por una\n muchacha colombiana en el bar "Papillón" de\n la ciudad de Quito, y sobre que el día de los hechos se\n encontraba en Esmeraldas, testimonios contradictorios con la\n propia declaración preprocesal de éste, en la que\n reconoció la participación en el ilícito\n cometido en la ciudad de Quito, y en la que afirmó que\n recibió dinero y la cadena de oro por su intervención\n en el robo. 4) En la declaración de Silvia Saruca Cárdenas\n Bustos, que desvirtúan lo sostenido por Sebastián\n Echave en su testimonio indagatorio sobre que era un comerciante\n que adquirió las joyas en forma lícita, pues esta\n declarante afirma que no conocía que su conviviente tuviera\n ninguna ocupación lícita, que nunca le ha visto\n hacer ningún tipo de negocios ni tener ningún tipo\n de mercadería ni oficina ni bodegas ni nada que justifique\n la existencia de un supuesto negocio de venta de arroz y pollos.\n SEPTIMO. - Habiéndose actuado y valorado conforme a derecho\n la prueba aportada, pues el análisis del juzgador se apega\n a la lógica y es coherente en todas sus partes, esta Sala\n no encuentra violación en la sentencia de los artículos\n 64 y 67 del Código de Procedimiento Penal, ni violación\n del artículo 127 ibídem por el simple hecho de\n no aceptarse por el juzgador los inverosímiles testimonios\n indagatorios de los procesados, cuando abundante prueba evidencia,\n como ha quedado dicho, la existencia del delito y la responsabilidad\n de los recurrentes; por lo que tampoco encuentra esta Sala violación\n del artículo 326 ibídem, ya que el Tribunal Cuarto\n de lo Penal de Pichincha llegó a la certeza de que los\n recurrentes eran autores del delito de robo tipificado en el\n artículo 550 del Código Penal, a la agencia del\n Banco Popular de la Avenida Colón y 9 de Octubre de la\n ciudad de Quito, agravado por las circunstancias del numeral\n 2 del artículo 552 ibídem, por haberse ejecutado\n el robo desde aproximadamente 01h30 del 22 de diciembre de 1996,\n esto es en la noche; y con anuas de fuego, por lo que esta Sala\n encuentra que el Tribunal Penal aplicó debidamente dichas\n disposiciones legales, que infundadamente los recurrentes consideran\n violadas; y que así mismo se aplicó correctamente\n el articulo 42 del Código Penal que define a quienes debe\n reputarse autores de una infracción, norma que los recurrentes\n también equivocadamente consideran violada, pues de autos\n consta que los recurrentes participaron en el cometimiento de\n la infracción según lo preceptuado en tal norma,\n tanto más que esta Sala conoció

References: artículo 3
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 171
 artículo 2

Artículo 2
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 3

Artículo 1
 artículo 2
 Resolución 

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Artículo 5

Artículo 6
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 artículo 62
 artículo 550
 artículo 29
 artículo 127
 artículo 326
 artículo 550
 artículo 552