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Timestamp: 2019-11-12 12:28:03+00:00

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Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común
El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación de la administración para la realización de un fin. Se regula por la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y por lo dispuesto en el art. 125 CE.
El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación de la administración para la realización de un fin. Se regula por la ley 49/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y por lo dispuesto en el art. 115 CE.
El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación de la administración para la realización de un fin. Se regula por la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y por lo dispuesto en el art. 105 CE.
El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación de la administración para la realización de un fin. Se regula por la ley 30/19922015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y por lo dispuesto en el art. 115 CE.
Decidir las cuestiones derivadas del mismo en los términos que garantizar la superioridad administrativa d ela Administración Pública.
Decidir las cuestiones derivadas del mismo y establecer los marcos de recursos administrativos y contenciosos que le son propios a los interesados.
Decidir las cuestiones derivadas del mismo siempre que hayan sido planteadas por los interesados en el procedimiento.
Decidir todas las cuestiones derivadas del mismo y no sólo las que hayan planteado los interesados.
Una cualificación específica, que se concreta en la titularidad de un interés imperativo, personal y legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se dicte.
Una cualificación específica, que se concreta en la titularidad de un interés directo, personal y legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se dicte.
Una cualificación específica, que se concreta en la titularidad de un interés ejecutivo, personal y legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se dicte.
Una cualificación específica, que se concreta en la titularidad de un interés legítimamente, personal y legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se dicte.
Formular solicitudes; Presentar declaraciones responsables o participaciones; Interponer recursos; Desistir de acciones y renunciar a derechos.
Formular solicitudes; Presentar declaraciones responsables o participaciones; Interponer demandas; Desistir de acciones y renunciar a derechos.
Formular solicitudes; Presentar declaraciones responsables o participaciones; Interponer exclusivamente recursos de alzada; Desistir de acciones y renunciar a derechos.
Formular solicitudes; Presentar declaraciones responsables o participaciones; Interponer demandas ante la vía contencioso administrativa; Desistir de acciones y renunciar a derechos.
El órgano competente está obligado a abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
El órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas por periodo no inferior a diez días con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
El órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
El órgano competente está obligado a abrir un período de información o actuaciones previas por periodo no inferior a diez días con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Podrán ser recurridas durante la tramitación del procedimiento a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
Podrán ser suspendidas durante la tramitación del procedimiento de oficio, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
Podrán ser recusadas durante la tramitación del procedimiento a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
La actuación derivada del conocimiento directo indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objetos del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
La actuación derivada del conocimiento por escrito comunicado a la Administración Pública de las circunstancias, conductas o hechos objetos del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
La actuación derivada de la notificación recibida por una persona física o jurídica de las circunstancias, conductas o hechos objetos del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
La actuación derivada de la resolución en un procedimiento en base a las circunstancias, conductas o hechos objetos del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de desarrollo.
9. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por:
Otros procedimientos de querella, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas.
Otros procedimientos de impugnación, reclamación, concertación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas.
Otros procedimientos de impugnación, denuncia, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas.
Otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas.
10. En relación a los recursos contencioso administrativos, Junto al procedimiento general llamado de primera instancia o instancia única, la ley regula:
El procedimiento abreviado, para los asuntos de menor cuantía o más urgencia, y los procedimientos especiales.
11. La capacidad procesal de la parte demandante viene establecida en el:
Artículo 28 de la ley 29/1998, tendrán capacidad procesal quienes la ostentan conforme al capítulo I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 18 de la ley 29/1998, tendrán capacidad procesal quienes la ostentan conforme al capítulo I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 38 de la ley 29/1998, teniendo capacidad procesal quienes la ostentan conforme al capítulo I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 48 de la ley 29/1998, tendrán capacidad procesal quienes la ostentan conforme al capítulo I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
12. La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional:
Previa su declaración de indisponibilidad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
Previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
Previa su declaración de parte interesada para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
Previa su declaración de parte de especial protección para el interés público en los términos establecidos por la Ley.
13. Los funcionarios públicos que comparezcan en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles:
No tendrán que comparecer en el proceso.
Podrán comparecer por sí mismos, sin necesidad de asistencia letrada.
Podrán comparecer sólo en calidad de testigos, sin asistencia letrada.
14. El demandante podrá acumular en su demanda:
Todas aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. Serán también acumulables las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
Todas aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo principio legal, disposición o actuación. Serán también acumulables las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
Todas aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con unas mismas medidas provisionales, disposición o actuación. Serán también acumulables las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
Todas aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo tipo penal, disposición o actuación. Serán también acumulables las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros o exista entre ellos cualquier otra conexión directa.
15. Como norma general, el recurso se interpone frente a actos de la Administración que:
Pongan fin a la vía administrativa, dando de esta forma una última opción al órgano administrativo de revisar sus propios actos antes de ser impugnados ante el poder judicial.
Pongan fin a la vía sancionadora, dando de esta forma una última opción al órgano administrativo de revisar sus propios actos antes de ser impugnados ante el poder judicial.
Pongan fin a la vía civil, dando de esta forma una última opción al órgano administrativo de revisar sus propios actos antes de ser impugnados ante el poder judicial.
Pongan fin a la vía ejecutiva, dando de esta forma una última opción al órgano administrativo de revisar sus propios actos antes de ser impugnados ante el poder judicial.
16. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será:
De un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
De dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
De tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
De seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
17. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho:
El plazo para interponer el recurso será de diez días desde que se inició la vía de hecho y de 10 días a partir del requerimiento para que cese la vía de hecho.
El plazo para interponer el recurso será de quince días desde que se inició la vía de hecho o de 10 días a partir del requerimiento para que cese la vía de hecho.
El plazo para interponer el recurso será de veinte días desde que se inició la vía de hecho o de 10 días a partir del requerimiento para que cese la vía de hecho.
El plazo para interponer el recurso será de treinta días desde que se inició la vía de hecho o de 10 días a partir del requerimiento para que cese la vía de hecho.
19. Tras la admisión a trámite en caso de producirse se procederá a:
La publicación en el Boletín Oficial correspondiente si lo ha solicitado el recurrente o si el Juez o Tribunal lo estima conveniente y a la reclamación del expediente a la Administración demandada ordenándole que emplace a los demás demandados.
La publicación en el Tablón Electrónico oficial del Juzgado correspondiente si lo ha solicitado el recurrente o si el Juez o Tribunal lo estima conveniente y a la reclamación del expediente a la Administración demandada ordenándole que emplace a los demás demandados.
La publicación mediante libramiento de diligencia si lo ha solicitado el recurrente o si el Juez o Tribunal lo estima conveniente y a la reclamación del expediente a la Administración demandada ordenándole que emplace a los demás demandados.
La publicación en un medio de comunicación de difusión social si lo ha solicitado el recurrente o si el Juez o Tribunal lo estima conveniente y a la reclamación del expediente a la Administración demandada ordenándole que emplace a los demás demandados.
20. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Secretario judicial se acordará:
Que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de diez días.
Que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de quince días.
Que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días.
Que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de cinco días.
Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo común y sus fases. Medios de impugnación de la actuación administrativa. La revisión de oficio. Los recursos administrativos. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Vídeo 1: leyes de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Vídeo 2: el procedimiento administrativo común y sus fases.
Vídeo 3: conceptos e hitos del proceso administrativo en su apartado de finalización y elementos complementarios.
Vídeo 4: medios de impugnación de la actuación administrativa y la revisión de oficio.
Vídeo 5: los recursos administrativos, cuales son sus elementos y estructura interna.
Vídeo 6: el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 28

Artículo 18

Artículo 38

Artículo 48