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Timestamp: 2019-02-22 22:08:36+00:00

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ENMIENDA NÚM. 83 - Enmienda núM. 1 Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas (gpsn)
Se modicia el artículo 10
Sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras autoridades públicas, las Administraciones sanitarias informarán sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población. Esta información incluirá una valoración de su impacto en la salud de la población, diferenciando a los grupos potenciales por criterio de edad; con especial atención para menores, embarazadas, discapacitados y personas mayores; así como las medidas que adopten las Administraciones sanitarias al respecto.
En caso de discrepancia en el seno de la comunidad científica en cuanto a dicha valoración, ésta se hará constar atendiendo al principio de precaución.
Se añade: "de la población, diferenciando a los grupos potenciales por criterio de edad; con especial atención para menores, embarazadas, discapacitados y personas mayores".
La información y las medidas que deben tomar tienen que seguir un criterio lógico. Se debe tener en cuenta que ante los mismos riesgos, éstos no afectan a la población por igual; depende de su estado y desarrollo personal.
El último párrafo añadido propone preservar el derecho de los ciudadanos a estar informados no sólo de los riesgos aceptados por la comunidad científica, sino también de los riesgos potenciales que están actualmente en estudio, aunque los mecanismos de dichos riesgos no sean del todo conocidos.
Se modifica el artículo 11
Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación. Asimismo, contrastarán la información recibida con organizaciones independientes.
A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, los motivos de abstención, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.
Se añade: "Contrastarán la información recibida, con organizaciones independientes". Los grupos de presión que tiene la industria son fuertes. La Administración debe oír a todas las partes. Debe actuar con equidad e imparcialidad, en aras de la salud pública.
Además de las medidas que se prevén en el segundo párrafo, se deberían añadir los motivos de abstención que se prevén en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para todos los expertos que puedan asesorar en estas materias a las administraciones sanitarias.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 13. 3.
Se añade el siguiente texto en el artículo 13.3:
3. Con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia se articulará la Red de Vigilancia en Salud Pública, cuya configuración y funcionamiento serán determinados reglamentariamente sobre la base de la actual Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
En este artículo no se hace referencia a la situación actual de la vigilancia epidemiológica en España, regulada a partir del Real Decreto 2210/1995, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dicho Real Decreto responde al objetivo de armonización de las legislaciones nacionales en el marco del Tratado de la Unión Europea, al tiempo que plantea un programa nacional de vigilancia de las enfermedades transmisibles en una estructura descentralizada y autonómica como la de nuestro país, al tiempo que da prioridad a una vigilancia basada en la coordinación e intercambio de información entre las diferentes Comunidades Autónomas de España y entre los diferentes países miembros de la Comunidad Europea.
En este sentido, el artículo 13, sobre articulación de la vigilancia en salud pública, debería aludir a la incorporación de sistemas nuevos de vigilancia, como los relacionados con los determinantes sociales de la salud y las desigualdades, a los sistemas consolidados, como el de vigilancia de enfermedades transmisibles, y así reconocerlo explícitamente. La razón fundamental es que de la lectura del artículo 13 no se deduce la existencia de un sistema de vigilancia epidemiológico precedente, ni se reconocen los logros que ha proporcionado su buen funcionamiento.
3. Con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia se articulará la Red de Vigilancia en Salud Pública, cuya configuración y funcionamiento serán determinados reglamentariamente, donde serán incluidos representantes de organizaciones sociales representativos de los intereses de los afectados.
Las plataformas ciudadanas de afectados se crean cuando ya han surgido problemas sanitarios no resueltos por el sistema nacional de salud. Estas plataformas disponen de información de primera mano, pues se trata de los propios afectados, que se pondría a disposición de la Red de Vigilancia en Salud Pública para poder tomar medidas preventivas.
Se añade un nuevo apartado al artículo 13
Con el fin de garantizar el funcionamiento de los dispositivos necesarios para el establecimiento de los sistemas de alerta precoz, respuesta rápida y continua, su financiación se realizará a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, gestionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La organización del sistema de vigilancia en salud pública que establece el Proyecto requiere una financiación suficiente a través de los Presupuestos Generales del Estado, con carácter finalista y gestionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Es difícilmente gestionable un sistema tan amplio y sensible como el que se requiere sin un presupuesto ad hoc, ni un dispositivo técnico y administrativo que lo haga posible, por lo que deberá añadirse un punto 4, sobre su financiación específica.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 14.
Se añade un nuevo artículo después del artículo 14
Recursos para la salud pública.
Las Administraciones Sanitarias Públicas favorecerán la existencia de infraestructuras adecuadas para las actividades de salud pública, que comprenden los laboratorios y demás instalaciones y recursos físicos (empleados públicos) y virtuales de los servicios de salud pública, que cubran las necesidades específicas en materia de salud pública y asegure la calidad de los servicios.
Asimismo, las Administraciones Sanitarias Públicas desarrollarán reglamentariamente el régimen específico de incentivos y ayudas públicas en el ámbito de la salud pública que fomente la capacitación y cooperación de las personas físicas y jurídicas con la materia, basado en principios de publicidad, eficacia, transparencia y control, de acuerdo con los objetivos de la presente Ley.
Garantizar la suficiencia de recursos de todo tipo (humanos, materiales, infraestructuras, presupuestarios) que permitan un adecuado desarrollo de los objetivos previstos en la Ley.
Se añade el siguiente texto en el artículo 15.3:
3. Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como hospitales o residencias, medios de transporte, alojamientos turísticos o centros de ocio y viviendas.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 1.
Se añade el siguiente texto al artículo 17.1.
Artículo 17. Comunicación en salud pública.
1. Las administraciones sanitarias fomentarán y respetarán escrupulosamente la libertad de difusión y publicación en materia de salud en todos los medios de comunicación para que cada persona pueda elegir libremente y decidir entre todas las opciones existentes tanto en el campo de la prevención como en los tratamientos. Las Administraciones sanitarias serán cuidadosas en su propio trabajo de difusión y deberán vigilar para que su información sobre salud dirigida al público sea veraz, completa y contrastada con diferentes organizaciones independientes y cumpla con las previsiones de esta ley, especialmente cuando sea difundida a través de los medios de comunicación social.
Se suprime la palabra "ciertas" del artículo 18.1
Se añade el siguiente texto al artículo 18.1
1. La prevención tiene por objetivo reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población y atenuar o eliminar, en la medida de lo posible, sus consecuencias negativas mediante políticas de carácter sanitario, ambiental, económico, laboral, alimentario o de promoción de la actividad física, entre otras.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. 2. a.
Se añade el siguiente texto al artículo 18.2.a)
a) Dirigirán las acciones preventivas sobre los determinantes de la salud, entendiendo por tales los factores sociales, económicos, laborables, culturales, biológicos y ambientales que puedan influir en la salud de las personas.
Mejora técnica en base al principio de precaución.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22. 1. g.
Se añade el siguiente texto al artículo 22.1.g)
g) Aportar a los servicios asistenciales información científica actualizada para la mejor eficiencia de las actuaciones de prevención y promoción. Así como la realización de estudios epidemiológicos de las áreas adscritas a dichos centros. Esta información será de carácter público, respetando la protección de datos particulares.
Mejora técnica basada en el principio de transparencia de la información.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 22. 1.
Se añade el siguiente texto al artículo 22.1
1. Las Administraciones sanitarias, estatales, autonómicas y locales, adoptarán las medidas sanitarias necesarias para que los servicios asistenciales y los de salud pública desarrollen las siguientes acciones:
Se añade el siguiente texto al artículo 23.2
2. Las administraciones promoverán la habilitación a estos servicios para realizar las siguientes acciones.
La ley tiene que buscar el compromiso firme de que la Administración hará todo lo que sea posible por garantizar el bienestar de los ciudadanos. Esta ley no debe quedarse en una declaración de intereses.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25. 2.
Se añade el siguiente texto al artículo 25.2
2. La gestión sanitaria deberá guiarse por los resultados de salud que serán con una periodicidad mínima de 1 año y presentados en el consejo de salud del área."
En el anterior texto se indicaba mínimo 5 años, es un tiempo muy amplio. Vivimos en una sociedad muy cambiante, en la que cada día aparecen nuevas tecnologías y que en muchos casos, hay serias sospechas de que influyen en nuestra salud, como es el caso de la contaminación electromagnética. Si queremos anticiparnos a estos cambios y evitar sus consecuencias, la información debe ser fluida y ágil, y de esta información extraer consecuencias.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27. 2.
Se añade el siguiente texto al artículo 27.2
2. Serán sometidos a análisis los riesgos derivados de la exposición de las personas al entorno en el que viven y a los agentes presentes en el medio que puedan afectar a su bienestar físico, mental o social. Dichos análisis podrán ser consultados por los particulares o grupos interesados, con la lógica protección de los datos de carácter personal.
Tiene que existir suficiente información para que los particulares o grupos dispongan en todo momento de los riesgos que nos rodean.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado al artículo 27:
Cuando exista sospecha de la posible incidencia de alguna actividad en la salud, se realizarán estudios epidemiológicos dirigidos a determinar la posible relación de causalidad entre las actividades examinadas y los efectos sobre la salud.
Se deben realizar estudios epidemiológicos sobre la población con una metodología libre de los intereses de la industria productora de los agentes causantes.
Se añade un nuevo punto al artículo 27:
Los citados estudios epidemiológicos deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Ser planificados de tal forma que en su ejecución se eliminen o reduzcan en la mayor medida posible las variables contaminantes que puedan interferir en la búsqueda de conclusiones concretas dirigidas a los agentes sospechosos.
• Ser efectuados por un mínimo de cuatro investigadores totalmente independientes de las entidades que hayan intervenido en la producción de las actividades cuya incidencia en la salud sea objeto de estudio. Será requisito imprescindible en este sentido que la mitad, al menos, de los expertos intervinientes sean designados a propuesta de las organizaciones que representen los intereses de las personas afectadas por las actividades sometidas a estudio.
• Ser realizados siguiendo estrictamente la metodología científica y, dentro de ésta, basándose en la más adecuada para el caso concreto examinado."
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 28. 2.
Se modifica el artículo 28.2
2. Las Administraciones sanitarias podrán establecer establecerán la obligación de comunicación previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones, establecimientos, servicios e industrias que desarrollen actividades que puedan afectar a la salud, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación y teniendo presente lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En el artículo 28.2 del proyecto se debería establecer la obligatoriedad de la comunicación previa del inicio de la actividad en los supuestos allí previstos, por lo que debería sustituirse la expresión "Las administraciones sanitarias podrán establecer la obligación de comunicación previa..." por "Las administraciones sanitarias establecerán la obligación de comunicación previa...".
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 32. 1.
Se añade el siguiente redactado al final del texto al artículo 32.1
i) La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral respetará la perspectiva de género.
j) Creación de UBS (Unidades Básicas de Salud), en las que, tomando en consideración las distintas especialidades sanitarias, se pueda optimizar el diagnóstico de la EEPP y facilitar su tratamiento (modelo de referencia, Navarra). Las pautas y los protocolos médicos de las UBS han de establecer medidas que incluyan los factores organizacionales y psicosociales y que tengan en cuenta el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
k) Tratamiento como EEPP de las patologías relacionadas con el trabajo, al menos en su perspectiva sanitaria, recuperadora, y en cuanto al estudio epidemiológico de las mismas.
l) Creación de unidades especializadas para la asistencia a trabajadores que contrajeron patologías derivadas del trabajo, que actúen coordinadamente en la agilización de las pruebas diagnósticas precisas para el seguimiento de la evolución de las mismas.
m) Participación de los trabajadores, a través de sus organizaciones más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la salud laboral, en los distintos niveles territoriales
n) Desarrollar los programas de vigilancia de la salud post-ocupacional (una vez terminada la vida laboral del afectado por patologías de origen laboral), de acuerdo con la legislación de riesgos laborales.
o) Desarrollar un sistema de vigilancia de enfermedades y problemas de la salud relacionados con el trabajo.
p) Establecer una red de centros de referencia territoriales para el diagnóstico de patologías profesionales.
Las Consejerías de Sanidad y los Institutos Regionales deben coordinar los equipos de Atención Primaria y las Unidades de Salud Pública del área para realizar las siguientes funciones referidas a la Salud Laboral:
1. Que la historia clínica del EAP contenga el apartado de historia laboral, con antecedentes laborales, y condiciones y organización de su trabajo. Controlar que las Mutuas de AT y EP de la SS faciliten al trabajador de los informes que precise sobre su patología, citas con fecha, etc. La historia clínica pertenece de pleno derecho al paciente según la LGS.
2. Control sanitario de la atención directa al trabajador por parte de las Mutuas.
3. Coordinación de equipos de vigilancia de la salud, con los Servicios de Prevención y Equipos de Atención primaria y el estudio de las implicaciones para la Salud Pública.
Mejora de la prevención y salud laboral.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 34. 1.
Se modifica el artículo 34.1
1. Las Administraciones públicas podrán someter someterán a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en esta ley.
En el artículo 34.1 del proyecto de ley, se debería sustituir la expresión "Las Administraciones públicas podrán someter a evaluación..." por "Las Administraciones públicas someterán a evaluación...", y suprimir la palabra "significativo" (concepto indeterminado), todo ello con el fin de que cualquier plan, proyecto, programa o norma con impacto en la salud sea evaluado necesariamente.
Se añade un nuevo apartado al artículo 43
Durante la tramitación de la Estrategia de Salud Pública será informada preceptivamente por el Consejo Asesor de Salud Pública. Se someterá a un trámite de información pública para que pueda presentar alegaciones cualquier interesado en la misma.
Se incluye el punto 3 anterior al mismo número actual, para prever que durante la tramitación de la Estrategia de Salud Pública sea ésta informada preceptivamente por el Consejo Asesor de Salud Pública, así como que se prevea necesariamente un trámite de información pública para que pueda presentar alegaciones cualquier interesado en la misma.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 46. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado al final del artículo 46
La Estrategia de Salud Pública determinará los ámbitos relativos a salud pública y sus condicionantes sociales en los que, por la especial incidencia en el conjunto de la población, sea de particular interés la promoción de la investigación. Se dará prioridad a la realización de investigaciones en salud pública en aquellos campos en los que se esté aplicando de forma oficial el principio de precaución.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 48.
Se modifica el artículo 48
1. Con independencia de las obligaciones de difusión de los resultados de la investigación, previstas en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Administraciones públicas competentes en materia de investigación relacionada con la salud establecerán los mecanismos adecuados para que los resultados de los proyectos financiados con fondos públicos que puedan tener aplicación inmediata en la toma de decisiones de política sanitaria, especialmente en el tratamiento de enfermedades de alto impacto en la población, sean comunicados inmediatamente a las Administraciones sanitarias, así como a organizaciones de consumidores y usuarios. En todo caso se garantizará la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial que correspondan.
2. Las Administraciones sanitarias evaluarán anualmente y de manera conjunta el impacto en la salud de la población de los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Los resultados extraídos de dichas evaluaciones tendrán carácter público.
3. En el establecimiento de acuerdos con grupos de investigación, las Autoridades competentes darán preferencia a aquellos grupos cuyos resultados hayan dado lugar a aplicaciones y usos efectivos por parte de las Administraciones sanitarias.
Mejora técnica en base a una mayor transparencia.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 56. 2. a.
Se añade el siguiente texto al artículo 56.2.a)
Las actuaciones muy graves realizadas por sujetos o entidades en las que concurra o haya sospecha de que concurra alguna relación entre el sujeto o entidad actual imputable y sujetos o entidades que anteriormente hubieran sido imputadas en alguna infracción.
Se amplía el plazo, puesto que los 12 meses que figuran es un plazo pequeño, para hechos que serán considerados graves.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 56. 2. b. 6º.
Se modifica el artículo 56.2.b.6º
La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos 3 años.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 57. 1. a.
Se modifica el artículo 57.1.a
En el caso de infracción muy grave: Multa de 300.001 hasta 1.000.000 de euros, pudiendo rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir. La Administración tendrá la obligación de comunicar los hechos ocurridos a la jurisdicción ordinaria.
La ley tiene que imponer sanciones coercitivas, para que surta efecto lo que la ley propiamente busca, la preservación de la salud de la población. De esta forma tiene que quedar claro que quien incumpla la norma debe responder ante los Tribunales y la Administración.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 57. 1. b.
Se modifica el l apartado 1.b) del artículo 57
En el caso de infracción grave: Multa de 60.001 hasta 300.000 euros. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir. La Administración tendrá la obligación de comunicar los hechos ocurridos a la jurisdicción ordinaria.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 57. 1. c.
Se modifica el apartado 1.c) del artículo 57
En el supuesto de infracciones leves: Multa desde 3.000 hasta 60.000 euros.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 58. 1.
Se modifica el apartado 1, párrafo 4 del artículo 58
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de 3 meses, por causa no imputable al presunto responsable.
Se modifican los plazos para la prescripción del procedimiento sancionador por infracciones. La ley tiene que imponer sanciones coercitivas, para que surta efecto lo que la ley propiamente busca, la preservación de la salud de la población. De esta forma tiene que quedar claro que quien incumpla la norma debe responder ante los Tribunales y la Administración.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 58. 2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 58
"Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán a los dos años, las impuestas por faltas graves a los cinco años y las impuestas por faltas muy graves a los 10 años."
Se modifican los plazos para la prescripción de las sanciones impuestas por infracciones. La ley tiene que imponer sanciones coercitivas, para que surta efecto lo que la ley propiamente busca, la preservación de la salud de la población. De esta forma tiene que quedar claro que quien incumpla la norma debe responder ante los Tribunales y la Administración.
Se modifica el apartado 2, párrafo 3 del artículo 58
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de 3 meses, por causa no imputable del infractor.
Se modifican los plazos para la prescripción del procedimiento de ejecución de la sanción por infracciones. La ley tiene que imponer sanciones coercitivas, para que surta efecto lo que la ley propiamente busca, la preservación de la salud de la población. De esta forma tiene que quedar claro que quien incumpla la norma debe responder ante los Tribunales y la Administración.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 60. 3.
Se añade el siguiente texto en el apartado 3 del artículo 60
Las autoridades competentes podrán publicar, una vez firmes, las sanciones impuestas por las infracciones cometidas, los hechos constitutivos de tales infracciones, así como la identidad del infractor. Se establecerá un registro a tal efecto, que tendrá carácter público.
Principio de publicidad y transparencia, la población puede saber qué agentes, entidades, personas, atentan contra la salud pública.
Las organizaciones sociales podrán participar con carácter voluntario en el desarrollo de actividades de promoción, prevención y protección de la salud. Las Administraciones públicas competentes promoverán la participación efectiva en las actuaciones de promoción de la salud de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen.
Se fundamenta y promueve el derecho a la participación.
Las políticas de promoción, prevención y protección de la salud contarán con una financiación específica procedente del Fondo de Cohesión Sanitaria, gestionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Son fundamentales para la cohesión y la equidad.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.
Se añade una nueva disposición transitoria
En el plazo máximo de 6 meses, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de reducción y prevención de la contaminación electromagnética.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera.
Adicicón a la Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por razones sanitarias a las empresas, productos o instalaciones, serán establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente ley...
La necesidad de someter a registro sanitario las antenas de telefonía móvil, instalaciones wifi, líneas de alta tensión y transformadores eléctricos.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3. d.
Se modifica el apartado d) del artículo 3
d) Principio de precaución. La existencia de indicios de una posible afectación de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.
Debe suprimirse la palabra "grave" (palabra que además supone un concepto indeterminado) para calificar los supuestos en los que se debe aplicar el principio, ya que debe bastar con que haya indicios de que una actividad afecta a la salud de la población para que se pueda aplicar dicho principio, con independencia de que los efectos sean más o menos graves.
Se suprime la expresión “fundados”. Una expresión ambigua, puesto que a continuación se indica “aun cuando hubiera incertidumbre científica”. Se impone el principio de precaución, se tiene que aplicar en su más amplio sentido, no estar restringido, ni condicionado.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. 3.
Se modifica el punto 3 del artículo 12
3. Asimismo, la vigilancia en salud pública requiere contar con unos sistemas de alerta precoz y respuesta rápida para la detección y evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones que pueden suponer una amenaza para la salud de la población. Se realizarán estudios epidemiológicos de la población para anticiparnos a las modificaciones medioambientales que puedan alterar la salud de la población. Dichos estudios epidemiológicos, exigirán la coordinación de las áreas de salud, desde los centros de atención primaria hasta los hospitales, compartiendo fluidamente esta información entre ambos.
Si la intención de la Ley es la preservación de la salud pública, la información disponible en la red sanitaria estatal, no puede quedar en compartimentos estancos. De esta forma la actuación de la Administración sanitaria, será mucho más coordinada y logrará ser mucho más efectiva. Todo ello siempre con el límite legal de la protección de datos.
Se modifica el primer párrafo del número 1 del artículo 32
1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral se desarrollará de manera integral, integrada y participativa en el contexto del área sanitaria de salud, de forma coordinada con los empresarios y los representantes de los trabajadores y comprenderá los siguientes aspectos:
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 1.
Disposición Adicional Sexta.1 apartado tercero
Se propone el siguiente texto alternativo:
"La extensión prevista en este número será efectiva a partir del 1 de Enero de 2012"".
Justificación de la enmienda.
Se pretende con la aprobación de la enmienda que la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública logre su plena virtualidad en una misma fecha, 1 de Enero de 2012. para todos los españoles a los que en la actualidad no se les reconoce tal derecho. El texto del proyecto introduce una circunstancia discriminatoria en razón del desempleo, que no resulta acorde con el derecho a la igualdad que proclama el artículo 6 del proyecto de Ley. lo que se corrige plenamente con la enmienda propuesta.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 3.
Disposición Adicional Sexta.3
Se propone el siguiente texto alternativo al apartado tres de la disposición adicional sexta:
'"3.- El derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública se extiende también, en los mismos términos del apartado uno. a todos los profesionales que realicen una actividad por cuenta propia de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995. de 8 de Noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados y hayan optado, de acuerdo con 'dicho precepto legal a las prestaciones propias de las Mutualidades de Previsión Social correspondientes a las profesiones respectivas."
Pretende el texto de la enmienda hacer efectivo y pleno el principio de universalidad que inspira y justifica, de manera esencial, el Proyecto de Ley para conseguir que los profesionales que ejercen por cuenta propia tengan también reconocido el derecho a la asistencia sanitaria publica, poniendo fin así a una evidente discriminación sin justificación objetiva ni razonable.
Modificación del tercer apartado de la Disposición Adicional Sexta.
"3. En el caso de quienes ejerzan una actividad por cuenta propia en los términos expresados en la disposición adicional 15a de la Ley 30/1995, de 30 de noviembre, de ordenación y supervisión de los Seguros Privados y hayan optado, de acuerdo con las previsiones contenidas en el citado precepto, a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional, la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública se efectuará igualmente antes de final de 2012, en los términos, condiciones y con las aportaciones que reglamentariamente se determinen. Aun cuando no se procediera a la aprobación en ese plazo del mencionado reglamento, la extensión de este derecho al mencionado colectivo será efectiva, sin perjuicio de los ajustes que se efectúen con posterioridad en materia de aportaciones."
La propuesta realizada se basa en el hecho de que en nuestro sistema sanitario se produce una discriminación de los abogados (y de otros colectivos), al no permitirles el acceso directo a dicho servicio.
Esta discriminación, en el caso de la Abogacía, tiene su origen en la situación existente antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación Social del Seguro Privado, pues no se permitía a nuestro colectivo integrarse en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la cobertura de previsión social de los Abogados colegiados estaba únicamente instrumentada a través de la Mutualidad General de la Abogacía. Dicha situación fue modificada por la citada Ley, en la que se estableció que todos los profesionales que ejercen por cuenta propia, deben tener obligatoriamente una cobertura de previsión social, y concede la opción individual para que esta cobertura pueda ser instrumentada a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o por Cuenta Propia, o través de la mutualidad profesional, si dichos profesionales cuentan con ella.
Por lo tanto, los Abogados que se colegiaron antes de la entrada en vigor de esta Ley, y los que lo hicieron posteriormente y eligieron como cobertura de previsión social a la Mutualidad General de la Abogacía, en la actualidad carecen de asistencia sanitaria.
Por otro lado, y como segundo motivo de la discriminación referida, debe señalarse la vinculación del derecho a la asistencia sanitaria con la situación laboral o de dependencia familiar, es decir, la seguridad social, únicamente da cobertura sanitaria a quienes se encuentran incluidos en sus distintos regímenes. Esta vinculación tiene su origen en el hecho de que hasta el año 1997 la Sanidad Pública se financiaba a través de la Seguridad Social, a través de las cotizaciones de los trabajadores, y por lo tanto, quienes no cotizaban, no tenían derecho a beneficiarse del sistema público de sanidad.
Sin embargo, la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, reformó este sistema, pues su artículo 1 dio una nueva redacción al párrafo 2 del artículo 86 de la Ley General de la Segundad Social, y en consecuencia, la asistencia sanitaria comenzó a ser considerada prestación de naturaleza no contributiva y universal, y por lo tanto, a ser financiada con los impuestos, y no con las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores.
Esta exclusión del servicio público sanitario no afecta únicamente a los Abogados, sino que también la sufren otros colectivos, entre los que se encuentran, los desempleados que han dejado de percibir el subsidio y que disponen de algún tipo de renta; los españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos
económicos; personas que no han trabajado nunca y que también tienen alguna renta; y los profesionales liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos, en cuyo colectivo nos encontramos los Abogados.
En consecuencia, la asistencia sanitaria en España no es universal, no dándose cumplimiento a lo establecido en la Constitución Española, en concreto, en su artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos.
Finalmente, debe destacarse que la Ley 21/2010, de 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud, ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a los colectivos a los que las normas vigentes aún no habían hecho efectiva la extensión de la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud, en caso de que acrediten que residen en Cataluña y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo de otra entidad distinta al Servicio Catalán de la Salud.
Por lo tanto, la propuesta realizada se basa en la universalidad de la sanidad, que si bien está reconocida constitucionalmente, no es una realidad en nuestro actual sistema sanitario, y responde además a la existencia de una inquietud social que ha llevado a la presentación de distintas iniciativas parlamentarias y a diferentes reclamaciones realizadas desde diferentes instituciones, como las efectuadas por este Consejo General de la Abogacía Española.
Y por otro lado, el reconocimiento solicitado responde a los criterios de igualdad, equidad y coordinación de las políticas intersectoriales, a los que se alude en el proyecto que se está informando, pues en caso contrario seguiría habiendo importantes colectivos que no tendría acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública, y ello a pesar de financiar ésta con el pago de sus impuestos, y además esta discriminación dependería de la Comunidad Autónoma donde se residiera.
Además de los motivos indicados, se considera que no hay razón justificada para dilatar la extensión de este derecho a los profesionales incluidos en la DA 15a de la Ley 30/1995, acompañada de la falta de establecimiento de un límite temporal para el ejercicio por el Gobierno de su potestad reglamentaria. En este sentido, es preciso introducir en la DA 6a del PLGSP el último inciso propuesto para evitar más demoras en la inclusión de este colectivo en el ámbito de aplicación de ese derecho.
Nueva Disposición Adicional. Consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario de nivel licenciado/graduado.
Tendrá la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario de nivel licenciado/graduado, en los términos previstos en los artículos 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, los licenciados/graduados en Psicología cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario ostenten el título oficial de Master en Psicología General Sanitaria cuyo planes de estudio se ajustarán, cualquiera que sea la universidad que los imparta, a las condiciones generales que establezca el Gobierno al amparo de lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, el Gobierno, en el plazo de seis meses, establecerá las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios para la obtención del título oficial de Master en Psicología General Sanitaria, habilitando al Ministerio de Educación para concretar, con sujeción a lo previsto en dicho Real Decreto, los requisitos del citado Master y la planificación de sus enseñanzas en el ámbito de todo el Estado, con sujeción a los siguientes criterios.
Los planes de estudios correspondientes al título oficial de Master en Psicología General Sanitaria, garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para desempeñar las actividades de la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario que se especifican en el apartado 1. A tal efecto el título habilitante para la profesión de Psicólogo General Sanitario deberá acreditar la superación de al menos 180 créditos ECTS de contenido específicamente sanitario en el conjunto de enseñanzas de Grado y Master, de acuerdo con la concreción que reglamentariamente se determine.
Las universidades que impartan los estudios de Master en Psicología General Sanitaria, regularán el procedimiento que permita reconocer a los licenciados/graduados en Psicología que hayan concluido dichos estudios con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, los créditos europeos de dicho Master que en cada caso correspondan, tras evaluar el grado de equivalencia acreditado a través de la experiencia profesional y formación adquiridos por el interesado en Psicología de la Salud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, el Gobierno, en el plazo de un año, regulará las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios del título de grado en Psicología correspondiendo al Ministerio de Educación regular en el citado plazo y con sujeción a lo previsto en dicho Real Decreto, los requisitos del título y planificación de las enseñanzas a las que habrán de ajustarse los planes de estudios de grado en el ámbito de todo el Estado con sujeción a los siguientes criterios:
El título de grado en Psicología que no habilitará, por sí mismo, para el ejercicio de la psicología en el sector sanitario, constituirá un requisito necesario para el acceso al Master de Psicología General Sanitaria.
Las universidades que formen a psicólogos que pretendan acceder al Master de Psicología General Sanitaria, diseñarán el título de grado en Psicología previendo, al menos, un recorrido específico vinculado a la psicología de la salud. Dicho recorrido determinará una mención expresa al mismo en el correspondiente título de grado en Psicología.
Los Psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las competencias de otros especialistas sanitarios y en su caso, del carácter multiprofesional de los correspondientes equipos de trabajo en el ámbito de la salud mental.
Las administraciones sanitarias de las distintas comunidades autónomas para inscribir en el correspondiente Registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios, las unidades asistenciales/consultas de psicología, requerirán que el interesado haya obtenido el título de Master en Psicología General Sanitaria o el de Psicólogo especialista en Psicología Clínica.
La Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja instó por unanimidad a que se aceleraran los trabajos de creación de esta formación sanitaria específica para psicólogos mediante una Proposición No de Ley aprobada el 20 de noviembre de 2008.
Mediante Disposición Adicional Sexta en la Ley de Economía Social se estableció un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley para remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley que regule la actividad de la «Psicología sanitaria» como profesión sanitaria titulada y regulada, definiendo las condiciones de acceso a dicha profesión y las funciones que se le reservan.
Dado el actual calendario de legislatura, con esta enmienda se da cumplimiento a lo previsto en la citada disposición adicional sexta, en lo relativo a regular por ley la profesión de psicología sanitaria.
“a) La universalización de la atención sanitaria a toda la población.”
“f) La gratuidad de la asistencia sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para todas las personas con nacionalidad española y para las personas extranjeras con residencia en España.
quienes voluntariamente hayan optado por sistemas mutuales sustitutorios o alternativos a la Seguridad Social que cubran la asistencia sanitaria
quienes, estando incluidos en alguna mutualidad administrativa, no hayan optado por recibir las prestaciones sanitarias a través de la red pública.”
“Artículo 16. Criterios de acceso a los servicios sanitarios por usuarios sin derecho a la asistencia gratuita.
Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la gratuidad en la asistencia de los Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80 , podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios:”
“b) Transferencias del Estado, que abarcarán:
La compensación por la integración, en su caso, de los hospitales de las Corporaciones Locales en el Sistema Nacional de Salud.”
“Artículo 80. Sistema de cobertura de la asistencia sanitaria.
El Gobierno regulará el sistema de financiación de la asistencia sanitaria prestada a las personas con derecho a la misma según lo dispuesto en el artículo 1.2 de esta Ley que no tengan la cobertura de esta prestación en virtud de la normativa reguladora de la Seguridad Social o en virtud de un sistema mutual alternativo a la Seguridad Social.”

References: artículo 10
 artículo 11
 artículo 28
 artículo 107
 Artículo 13
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 107
 Artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 107
 Artículo 17
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 107
 Artículo 18
 artículo 18
 artículo 107
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 107
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 107
 Artículo 25
 artículo 25
 artículo 107
 Artículo 27
 artículo 27
 artículo 107
 Artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 107
 Artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 107
 Artículo 32
 artículo 32
 artículo 107
 Artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 43
 artículo 107
 Artículo 46
 artículo 46
 artículo 107
 Artículo 48
 artículo 48
 artículo 107
 Artículo 56
 artículo 56
 artículo 107
 Artículo 56
 artículo 56
 artículo 107
 Artículo 57
 artículo 57
 artículo 107
 Artículo 57
 artículo 57
 artículo 107
 Artículo 57
 artículo 57
 artículo 107
 Artículo 58
 artículo 58
 artículo 107
 Artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 107
 Artículo 60
 artículo 60
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 12
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 107
 artículo 6
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 43
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 80
 artículo 1