Source: http://elgranotro.com/la-resolucion-del-veneno/
Timestamp: 2019-09-16 12:12:12+00:00

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«La resolución del veneno» | El Gran Otro
Habilitan el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires
Así llaman las organizaciones ambientalistas y de soberanía alimentaria a la nueva resolución para el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, que entró en vigencia a partir del primero de enero.
La medida, dictada por Ministerio de Agroindustria provincial, busca reabrir el debate en torno al uso de agroquímicos para la fumigación de cultivos y plantear la modificación de normas municipales para hacerlas más permisivas. Hoy la resolución N° 246-MAGP-18 está en vigencia y las organizaciones en lucha para concientizar sobre la regresiva práctica agropecuaria.
«La resolución autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, zonas residenciales que se encuentran en el campo y en poblaciones dispersas, sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población», denuncian más de cincuenta organizaciones en un documento público enviado a la cartera de agroindustria.
Los agroquímicos son productos químicos o biológicos que se aplican a las plantas para conservar o mejorar su estado sanitario e impedir que sean atacadas por organismos perjudiciales para ellas. En el proceso de aplicación son considerados residuos peligrosos los envases contaminados con estos agroquímicos una vez agotado su contenido. Es decir que luego de utilizarse el producto contenido en el bidón (envase), lo que pasa a considerarse (desde el punto de vista legal) residuo peligroso es justamente el envase que lo contuvo, hasta que no sea descontaminado a través de algún procedimiento adecuado.
Una de las consideraciones más cuestionable que presentó el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires para justificar la medida señala que «la definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial, sino que depende de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)», lo cual ya es inviable porque no establece distancias mínimas para la aplicación de la norma.
El uso indiscriminado de agroquímicos, como el glifosato, endosulfan, los fitosanitarios, entre otros, provocan daños irreversibles al medio ambiente y, en consecuencia, a la calidad de vida y salud de las personas. Las fumigaciones aéreas son las que más daño provocan, ya que su deriva es en promedio de 5000 metros, dependiendo de la velocidad del viento predominante.
En este sentido, las organizaciones señalaron que la resolución «también autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse». Y remarcaron que «el único límite a la aplicación de agroquímicos de acuerdo a la resolución es el horario escolar». En este sentido, plantearon: «Si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 AM, la resolución autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 AM».
Diversos estudios desarrollados por un grupo de investigadores del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto demostró que el herbicida más utilizado en el país, 2,4-D, es capaz de atravesar la cáscara de huevos fértiles de gallina y afectar a los pollos nacidos de estos huevos y que en condiciones de laboratorio afecta a microorganismos del suelo que favorecen el crecimiento de los cultivos. Científicamente, se determinó que el herbicida, cuando es agregado al medio donde se desarrollan las bacterias, produce inhibición del crecimiento y altera la fluidez de su membrana celular y, como consecuencia, la incorporación de compuestos importantes para la nutrición. Asimismo, se comprobó que el herbicida atraviesa la envoltura celular bacteriana y se encuentra presente en el interior celular. A lo largo de los 20 años en que se desarrolló la investigación, seis docentes de la universidad hicieron sus tesis doctorales y se publicaron cerca de 20 trabajos en revistas científicas internacionales especializadas.
La resolución N° 246-MAGP-18 cita como antecedentes a la Constitución Nacional, Provincial, y a las leyes ambientales en su formulación. Sin embargo, su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo tiene consecuencias devastadoras para el ambiente, teniendo en cuenta que los agrotóxicos contaminan la tierra, el aire y el suelo, progresivamente.
«A fin de proteger el derecho a la salud y al medio ambiente, varios municipios en la provincia de Buenos Aires han prohibido el uso de agrotóxicos, fomentando la agroecología como modelo de cultivo. Otros han regulado limitaciones a su aplicación de químicos en lugares residenciales, fijando distancias mínimas, como es el caso de General Pueyrredón. En este contexto, la resolución 246-MAGP-18 se presenta como una norma manifiestamente regresiva que busca reabrir el debate en torno a las limitaciones a los agrotóxicos, habilitando la modificación de normas municipales para hacerlas más permisivas», explican los organizaciones en el documento presentado.
Además, platearon que la nueva resolución «debilita el ya débil control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agroquímicos, la decisión de con qué y cómo fumigar, sin mencionar la necesidad de contar con una receta agronómica a través de la cual, el Estado ejerce actualmente un control de la fumigación. En efecto, la norma pone en duda el poder de policía que tienen los municipios para controlar las aplicaciones de agroquímicos, exigiendo la firma de convenios con el Ministerio Provincial de Agroindustria, a fin de llevar a cabo dichos controles».
Todo indica que un nuevo debate ambiental inicia en la provincia y la polémica gira en torno a dos ejes: Primero, al ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, ex gerente de la división Semillas de Monsanto, cargo que ejerció durante casi 3 años; y segundo, promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no sólo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria.
Las siguientes instituciones firmaron el documento citado:
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Universidad Nacional de La Plata (CLSA – UNLP)
Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía alimentaria, Univ. Nacional de Santiago del Estero (CLAySA – UNSE)
Cátedra Libre, Medio Ambiente, Sociedad y Soberanía Alimentaria, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Quilmes (CALISA – UNQ)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires (CALISA – 9 de Julio)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Facultad de Agronomía de la UBA (CALISA – FAUBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Universidad Nacional de Río Cuarto (CALISA – UNRC)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Universidad Nacional de Villa María (CALISA – UNVM)
Grupo CoSensores (Sensores Comunitarios) – UBA/UNSAM
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