Source: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/plan.htm
Timestamp: 2019-09-23 17:41:13+00:00

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COMISIÓN DE ESTUDIO DEL PLAN DE REFORMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELABORADO POR LA CERIAJUS
Lima, octubre de 2004
II. La Comisión de Estudio del Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS
III. Objetivos del Plan de Trabajo
IV. Areas Temáticas Proyectadas
VI. Metodología de Trabajo
VII. Tareas de Difusión
VIII. Programa de Actividades
Con fecha 24 de abril del presente año la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS, cumpliendo el encargo encomendado por su Ley de creación , concluyó con el mandato conferido e hizo entrega al Presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo, del Plan Nacional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia.
El Plan es el resultado de un acuerdo político institucional, logrado entre todas las entidades que conforman el sistema de justicia, colegios de abogados, facultades de derecho y representantes de la sociedad civil. Se trata, por ello, de una experiencia inédita en nuestra historia republicana, que asegura una gran cobertura de legitimidad al conjunto de propuestas allí contenidas y que, al mismo tiempo, ha permitido construir una definición orgánica y exhaustiva de reforma judicial, sin precedentes en nuestro país.
El Plan Nacional presenta un diseño sistémico y se organiza a partir de un conjunto de directrices que orientan los cambios propuestos y buscan instituir el punto de referencia para la formulación de futuras reformas . En la base de este esfuerzo se identifican con claridad los principios constitucionales que informan el sentido de lo judicial en una democracia. Se entiende, por ello, el auspicio –desde el Plan Nacional- de un sistema judicial transparente; accesible en términos de igualdad social; dispuesto a responder a las demandas de justicia para brindar decisiones justas, desde un punto de vista individual y también social; institucionalmente idóneo, es decir, con los recursos humanos más calificados y necesarios para satisfacer la demanda de justicia, y; premunido de un sistema penal eficaz para garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Sin embargo, la propuesta presentada por la CERIAJUS constituye la primera fase de un proceso de largo aliento. En efecto, los distintos esfuerzos sectoriales que han permitido la concreción del Plan Nacional deben su origen a la necesidad del cambio, como condición para mejorar el sistema de justicia en su conjunto. Crear las condiciones para que las propuestas de reforma se pongan en marcha, constituye entonces el paso siguiente, pero ello requiere de un esfuerzo mayor que el requerido para la formulación del Plan.
La CERIAJUS llegó a establecer una agenda de cambios que en gran medida ha coincidido con los esfuerzos desarrollados, en forma simultánea, en otras entidades del sistema de justicia. Es el caso del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario elaborado por el Ministerio de Justicia, el proceso de reestructuración anunciado por el Poder Judicial, el Programa de Modernización llevado a cabo en el Ministerio Público. Precisamente, en esta misma línea de trabajo por la reforma del sistema de justicia, se identifican con nitidez, el importante trabajo desarrollado para la promulgación del Código Procesal Constitucional y del Código Procesal Penal, dos instrumentos normativos de enorme relevancia, cuya incidencia será crucial en el proceso de cambio emprendido. Es por esa razón que la CERIAJUS tuvo como parte de su agenda la necesidad de apoyar ambas iniciativas, hecho que, sin duda, contribuyó a impulsar el proceso de su aprobación y promulgación.
En la actualidad, pese a todas las dificultades de tipo institucional que las entidades del sistema de justicia vienen enfrentando, el PLAN NACIONAL DE REFORMA ha comenzado a ejecutarse. Si bien no con la celeridad esperada y la coordinación necesaria para que el esfuerzo resulte óptimo, el proceso ya está en marcha. Prueba de ello, son las distintas iniciativas que tuvieron como fuente de origen la CERIAJUS, algunas de las cuales son ya disposiciones vigentes y otras forman parte de la agenda pendiente de discusión y aprobación en el Congreso de la República.
En el primer caso, puede mencionarse la ampliación de competencias de la jurisdicción anticorrupción, la creación de 90 unidades jurisdiccionales en todo el país (84 juzgados y 6 salas), el nombramiento de jueces para superar el grave problema de provisionalidad y suplencia que aún se mantiene, la creación de nuevas especialidades como la comercial. En el segundo caso, se tienen dieciseis (16) propuestas legislativas de reforma constitucional referidas a la Administración de Justicia, presentadas por diversos Congresistas de la República, que han obtenido dictamen favorable por la Comisión de Constitución y Reglamento .
A su vez el Poder Ejecutivo también ha mostrado voluntad política para llevar adelante las propuestas del PLAN NACIONAL DE REFORMA. En esa línea se ha creado y constituido en el Ministerio de Justicia la “Comisión Especial Encargada de Impulsar la Implementación del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia”, mediante el Decreto Supremo N° 009-2004-JUS . En todo caso, el trabajo de esta Comisión tendrá que coordinar sus líneas de acción con la Comisión de Estudio del Congreso de la República, pues toda propuesta de reforma sólo podrá materializarse a través de su deliberación y aprobación en el Parlamento Nacional.
Todas estas consideraciones apreciadas en conjunto, revelan que la reforma del sistema de justicia está en marcha. Sin embargo, la agenda instaurada por el PLAN NACIONAL es aún más vasta y exige, por ello, un compromiso institucional aún más fuerte. A esta necesidad responde la creación de la Comisión de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS. Éste es el ámbito en el que corresponde definir el sentido de las propuestas legislativas como expresión de un gran acuerdo entre las fuerzas políticas del país que tienen sede en el Congreso de la República. Este acuerdo político deberá expresarse a través del proyecto integral de reforma que la Comisión de Estudio deberá elaborar como, instrumento rector de las políticas públicas en materia de justicia, por vez primera en la historia republicana. En definitiva, la propuesta de reforma integral del sistema de justicia que el Congreso apruebe, deberá responder al reto que las demandas de justicia de la ciudadanía y la democracia exigen en el Perú del siglo XXI.
En sesión de fecha 6 de octubre de 2004, el Pleno del Congreso de la República acordó constituir la Comisión de Estudio del Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS . Esta Comisión está constituida como un órgano en el que confluyen las distintas fuerzas políticas del Parlamento y su encargo fundamental es continuar, desde el papel que toca desempeñar al Parlamento, el trabajo iniciado por la CERIAJUS.
Misión de la Comisión de Estudio del Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS
De acuerdo a lo expresado en el Acuerdo del Pleno, la Comisión de Estudio, es posible asumir que la Comisión de Estudio tiene como misión:
Esta misión involucra un doble esfuerzo: por un lado, coadyuvar al logro de consensos partidarios que desde el parlamento nacional otorgue legitimidad al proceso de reforma del sistema de justicia. De otro lado, se buscará generar los mecanismos más idóneos para consolidar el trabajo de la CERIAJUS, a través de la formación de una verdadera coalición nacional por el cambio, dentro del más absoluto respeto por la autonomía e independencia de las instituciones que conforman el sistema de justicia, a través de un esquema de legitimación social, en pos de constituir un escenario ciudadano, consciente y comprometido con la reforma del sistema de justicia, como correlato indispensable de la misma.
Conformación de la Comisión de Estudio y plazo legal de duración
En razón de lo expuesto, la Comisión de Estudio tiene un carácter multipartidario. Su conformación, como expresión de lo dicho, ha quedado integrada por los señores congresistas: Fausto Alvarado Dodero (Presidente); Eduardo Salhuana Cavides; José Luis Delgado Núñez del Arco; Johnny Lescano Ancieta; Rosa Florián Cedrón; Michell Martínez Gonzales; y Jorge Chávez Sibina.
La Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS, cuenta con un plazo de 180 días útiles, contados a partir de su instalación, para concluir con su encargo.
Funciones de la Comisión de Estudio
Esta Comisión tiene como funciones:
Estudiar y sistematizar las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Reforma de la Administración de Justicia.
Aprobar las líneas metodológicas de la Reforma en materia normativa, así como coordinar y apoyar la implementación del Plan por cada una de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.
Emitir informes y recomendaciones a las Comisiones Ordinarias del Congreso de la República en materia de reforma de la Administración de Justicia.
Mantener una estrecha coordinación con la Comisión Especial encargada de impulsar la implementación del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia creada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo N° 009-2004-JUS y con los demás organismos que se constituyan al efecto.
Revisar la legislación vigente relativa a los aspectos que modifica el Plan Nacional de Reforma de la Administración de Justicia.
Aprobar mecanismos de seguimiento de las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Reforma de la Administración de Justicia.
Evaluar y consolidar las propuestas del Plan Nacional de Reforma de la Administración de Justicia dentro de una visión común del sistema de justicia y una planificación de cambios concertada.
Realizar campañas de difusión así como eventos especializados en las materias que contiene el Plan Nacional de Reforma de la Administración de justicia.
Las demás que se derive de su naturaleza, destinada al cumplimiento de sus fines.
Para arribar a la misión antes señalada, la Comisión de Estudio debe cumplir con el desarrollo de un conjunto complejo de actividades y tareas en el tiempo, que exigen, entonces, la organización y la constitución, para ello, de Plan de Trabajo, cuyos objetivos serían:
Organizar un esquema de trabajo que sirva de apoyo, en forma eficaz y eficiente, a las diferentes líneas de desarrollo impulsadas por la Comisión de Estudio.
Contribuir a dar cumplimiento, en forma óptima, a la misión encargada por el Pleno del Congreso a la Comisión de Estudio, dentro de la más escrupulosa observancia del plazo previsto.
IV. ÁREAS TEMÁTICAS PROYECTADAS
Como se ha indicado, la misión de la Comisión se centra en el proceso legislativo de reforma del Sistema de Justicia. Es en ese sentido que se tiene previsto que las diversas propuestas legislativas sean elaboradas por áreas temáticas, tomando en cuenta un criterio basado en: (i) la prioridad derivada de la Urgencia: y, (ii) la incidencia estructural que tales propuestas tengan en el sistema.
La distribución temática, aún deberá definirse en las siguientes reuniones, pero una primera definición bien podría ser la siguiente:
Predictibilidad de la justicia, estructura y funcionamiento de la Corte Suprema.
Estructura y funcionamiento de las Cortes Superiores.
Reforma del sistema procesal penal y civil.
Carrera Judicial, Selección, Nombramiento y Formación de Jueces.
Retribuciones de Magistrados y Personal de Apoyo.
Estructura y funcionamiento del Ministerio Público.
Defensa judicial del Estado y Justicia Militar.
Acceso a la justicia y Defensa judicial de oficio.
El trabajo de la Comisión de Estudio del Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia elaborado por la CERIAJUS, se cristalizará a través de tres productos básicos:
Consenso político. A través de una Declaración del Parlamento que haga explícito el acuerdo de apoyar la Reforma del Sistema de Justicia como un asunto de prioridad nacional. Este acuerdo firmado entre los distintos grupos políticos representados en el Parlamento partirá de la definición de una agenda legislativa en la que se expongan los temas prioritarios de la reforma.
Formulación y aprobación de las normas legales integradas al PLAN NACIONAL de la CERIAJUS. Estas propuestas son de tres tipos: i) el paquete de medidas legislativas urgentes; ii) las propuestas desarrolladas normativamente, incluyendo las que corresponden a la reforma de la Constitución; iii) las propuestas y recomendaciones sobre distintos tópicos, que no cuentan con un desarrollo normativo en el Plan de la CERIAJUS.
En este preciso aspecto es necesario tener en cuenta que:
Se buscará logra la aprobación de la totalidad (o la mayoría) de propuestas que tengan desarrollo normativo.
En el caso de las propuestas que no hayan arribado a un desarrollo normativo en el PLAN NACIONAL, se buscará lograr la formulación de las más importantes en función de los criterios de prioridad establecidos por la Comisión de Estudio (Se acompaña anexo con listado de propuestas sin desarrollo normativo).
Estrategia de Ejecución de la reforma. Con el propósito de lograr la “sincronía” necesaria en “tiempos y acciones” de la reforma, y en el marco del mayor respeto a las autonomías institucionales, se hace necesaria la creación de estructuras administrativas (diseños orgánicos) que al interior de cada entidad del sistema de justicia, asuman la responsabilidad de la ejecución de la propuesta integral de reforma.
Para arribar a los objetivos señalados, se ha previsto una metodología de trabajo que responde a un enfoque ejecutivo. La fase legislativa del proceso de reforma, demanda la necesidad de establecer un equilibrio preciso entre la deliberación y el establecimiento de acuerdos. Los productos deben ser el resultado de una dinámica que compense ambos extremos: deliberar para esclarecer y legitimar los temas no desarrollados en el CERIAJUS y tomar decisiones para el resto de aspectos involucrados en el PLAN NACIONAL.
Es importante anotar que la metodología propuesta, debe permitir que los resultados esperados, se produzcan en el marco de un proceso de legitimidad social y política que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en la reforma del sistema de justicia. Se trata de crear un escenario de “persuasión” y compromiso respecto del valor e importancia social, política y económica de la reforma del sistema de justicia. Este trabajo deberá desarrollarse en distintos niveles:
Reuniones de portavoces del Parlamento para lograr el Consenso Político: La reforma del sistema de justicia como prioridad nacional Sobre la base de un documento propuesto por la Comisión de Estudio y a pedido de ésta, los partidos políticos representados en el Congreso establecerán una ronda de conversaciones con el fin de aprobar una Declaración del Parlamento que establezca la prioridad de la Reforma del Sistema de Justicia como cuestión de Estado. El documento a ser suscrito deberá contener una agenda en la que se establezca una relación de los temas en función de su prioridad en el tiempo. Se considera que ésta es una de las primeras tareas que debe ser asumida por la Comisión, pues ello otorgará un impulso fundamental al trabajo de la misma.
Para optimizar la estrategia de trabajo y asignación de tareas de los parlamentarios con el fin de lograr el producto normativo
Reunión técnica de inducción entre los miembros de la Comisión de Estudio
Para crear un lenguaje común entre los parlamentarios de la Comisión de Estudio, como condición esencial para asumir como propio el discurso de la reforma y optimizar el proceso de debate y toma de acuerdos, en particular en los aspectos que aún no cuentan con desarrollo normativo, se ha pensado en desarrollar un “Taller” de inducción en el que se obtenga una visión integral y un conocimiento detallado de los componentes e implicancias del proceso de reforma judicial, derivado del Plan de la CERIAJUS.
Mesas de concertación y debate para los miembros de las Comisiones ordinarias y bancadas parlamentarias
En coordinación con las Comisiones Dictaminadoras y con el fin de coadyuvar el trabajo de las mismas, así como para acelerar el tramite de aprobación de los proyectos de reforma se ha pensado el desarrollo de Mesas de concertación y debate, con la participación de expertos en reforma judicial y se comprometa la participación de los parlamentarios de las Comisiones Ordinarias y los miembros representantes de las Bancadas Parlamentarias. Se ha pensado en programar dos Mesas de Debate que deberían estar presididas por uno de los miembros de la Comisión de Estudio.
Reuniones Técnicas con representantes de las entidades de la sociedad vinculadas al problema del sistema de justicia. Se trata de crear espacios de opinión articulados por los representantes de las entidades de la sociedad vinculadas al problema del sistema de justicia, con el fin de enriquecer el debate y contribuir a afinar las propuestas legislativas, en especial para el desarrollo de aquellas que no tienen arribo a nivel de proyectos de ley en el Plan de la CERIAJUS. Este trabajo deberá programarse en coordinación con las Comisiones de Constitución y Justicia.
Se ha pensado en definir un cronograma preciso de cuatro o cinco reuniones a lo largo de todo el proceso, de acuerdo a los tópicos a tratar por la Comisión, agrupándolos en función de criterios temáticos con dos o tres panelistas centrales, uno por cada institución. Las instituciones a ser convocadas son en principio:
En el ámbito de las entidades del Sistema de Justicia: Aprovechando los lazos creados a través de la CERIAJUS, se debe buscar profundizar los vínculos de coordinación y compromiso institucional con la reforma del sistema de justicia, para consolidar la propuesta legislativa final. Las entidades convocadas para este objeto deben ser: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Sistema de Defensa Judicial del Estado, el Sistema de Establecimientos Penales y el Ministerio del Interior.
En el ámbito de las facultades de derecho y los colegios profesionales: Se buscará optimizar el compromiso y el papel fundamental que estas instituciones desempeñan en el desarrollo y formación de los operadores del sistema legal. En lo que respecta a las Facultades de Derecho Se podría priorizar a las Universidades Públicas más antiguas del país (la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Nacional de Trujillo), junto a las Universidades privadas más antiguas ( la PUCP, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Católica Santa María de Arequipa, la Universidad de Lima).
En el ámbito de los organismos no gubernamentales: Se buscará comprometer el esfuerzo y la experiencia de trabajo de los grupos que han dedicado sus actividades a los problemas vinculados al sistema de justicia. En todo caso, la participación de estos grupos será valorada en función de los temas más exhaustivamente desarrollados por cada uno.
En el ámbito de los medios de comunicación: resulta crucial producir un movimiento de opinión informada que desde los medios de comunicación, abra el espacio de deliberación e involucre a la ciudadanía, en pos de crear sensibilidad y compromiso con las propuestas de la reforma del sistema de justicia. En este último caso es preciso desarrollar una estrategia que busque posicionar el problema de la reforma del sistema de justicia en positivo, de modo que se valore el trabajo de la CERIAJUS, tanto como el despliegue desarrollado en la Comisión de Estudio.
Reuniones de la Comisión de Estudio con técnicos y expertos
Con el fin de enriquecer el contenido de las propuestas legislativas a ser desarrolladas y perfilar mejor las propuestas ya definidas. Estas reuniones serán convocadas por la Comisión de Estudio, cada vez que sea necesario y con los expertos que esta Comisión acuerde invitar.
En el sentido más amplio, el trabajo de la Comisión de Estudio debe promover un movimiento de opinión pública a favor de la reforma del sistema de justicia. Son varias las posibilidades de desarrollo para lograr este propósito:
Creación de un sitio en internet en la página principal del Congreso. A través de ésta se deberá dar cuenta de los distintos acuerdos y propuestas que se vayan produciendo en el ámbito de la Comisión. Asimismo, se deberá publicar el cronograma de actividades.
Establecer una estrategia precisa de difusión en la prensa. Para este efecto, será fundamental contar con un vocero que articule un discurso con llegada a los distintos medios de comunicación.
El programa de actividades para cumplir con la misión propuesta y los objetivos señalados adquiere un carácter diferenciado, dependiendo de la periodicidad de las mismas:
Seguimiento de las reuniones de la Comisión de Estudio.
El carácter semanal de estas reuniones obligará a mantener un proceso sostenido de sistematización de la información necesaria para contribuir a lograr los acuerdos de cada sesión.
Actualización permanente de la información contenida en el sitio de Internet
Se deberá buscar, además, establecer vínculos (links) con páginas web de universidades y otras entidades vinculadas al tema de la reforma del sistema de justicia.
Tareas de difusión en medios de prensa
Actividades a término
Reuniones de portavoces del Parlamento para lograr el Consenso Político. Se trata de formular el Documento que servirá la toma del Acuerdo político e impulsar la reunión (o reuniones) para que éste se produzca.
Reunión Técnica de inducción entre los miembros de la Comisión de Estudio. Un reunión al principio del proceso.
Mesas de Concertación y debate para los miembros del Congreso (Comisiones Ordinarias y Bancadas Parlamentarias). Dos mesas, una al principio y otra a la mitad del proceso.
Reuniones Técnicas con representantes de la sociedad vinculadas al problema del sistema de justicia. Entre cuatro y cinco reuniones.
Reuniones de la Comisión de Estudio con técnicos y expertos. En función de los requerimientos de la Comisión de Estudio.
Pueden apreciarse las actividades previstas en el siguiente cuadro:
Act. sitio de internet
Difusión medios de prensa
Reuniones para consenso político
Reunión técnica de inducción
Mesas de concertación. y debate
Reunión técnicas con representantes de sociedad.
Reuniones con técnicos y expertos.(*)
(*) En función de los requerimientos de la Comisión de Estudio
Propuestas de la CERIAJUS que no cuentan con desarrollo normativo
PROYECTO 6: MODIFICACION URGENTE AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL: Propuesta de incorporación del artículo 156 al código procesal civil sobre notificación por nota y modificación del artículo 157 del código procesal civil sobre notificación por cédula.
PROYECTO 7: MODIFICACIONES URGENTES AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL: Propuesta que sustituye el capítulo II, sobre cuestionamiento de la competencia, del título i: competencia, del libro primero: justicia civil, del código procesal civil ( artículos 35º al 46º) y la adición del inciso 6 al artículo 451º del código procesal civil.
PROYECTO 8: MODIFICACION URGENTE AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL:
Propuesta que modifica el artículo 625 del código procesal civil: extinción de medidas cautelares.
PROYECTO 9: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE:
Propuesta de modificación del artículo 58 de la Ley General de Arbitraje referido al recurso de reposición.
PROYECTO 25: REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEFENSA DE OFICIO.
PROYECTO 26: ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.
PROYECTO 27: SINCERAMIENTO DE COSTOS DE LAS TASAS JUDICIALES Y APLICACIÓN PARA LOS SERVICIOS.
PROYECTO 28: CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE LA JUSTICIA PENAL (CONAJUPE) COMO ENTE QUE GARANTICE UN TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA JUSTICIA PENAL EN EL PAÍS.
PROYECTO 29: REFORMA DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO.
PROYECTO 30: RÉGIMEN LABORAL DEL EMPLEO PÚBLICO: AUXILIARES DE JUSTICIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.
PROYECTO 31: PLAN DE REDEFINICIÓN DEL SECIGRA-DERECHO.
PROYECTO 32:CARÁCTER PÚBLICO DE EXÁMENES DE INGRESO A LA CARRERA JUDICIAL DE LOS MAGISTRADOS CON POSIBILIDADES DE OPOSICIÓN.
PROYECTO 33: INHABILITACIÓN DE MAGISTRADOS POR DESTITUCIÓN O CORRUPCIÓN.
PROYECTO 34: PROYECTO DE LEY PARA DESJUDICIALIZAR LAS SIGUIENTES MATERIAS:
o AFP’s Obligaciones dinerarias.
o Rectificación de partidas ( letras o números) RENIEC.
PROYECTO 35: PROYECTO DE LEY QUE PROPONGA MODIFICAR EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL A FIN DE: Reducir el plazo para declarar el abandono del proceso. Declaración de la conclusión del proceso cuando el demandante no se presente a la audiencia de conciliación, estando válidamente notificado
PROYECTO 36: PROYECTOS DE LEY QUE ESTABLEZCAN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA POR EL USO DEL SISTEMA JUDICIAL (MP-PJ) EN MATERIA PENAL A LOS QUE INDUBITABLEMENTE DENUNCIEN O DEMANDEN DE MANERA MALICIOSA. LOS RECURSOS RECAUDADOS SE DESTINARÁN AL PJ Y AL MP.
PROYECTO 37: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL O INCORPORACIÓN DE UN ARTÍCULO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL QUE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CASILLAS JUDICIALES EN TODAS LAS CORTES DEL PAÍS PARA REDUCIR COSTOS Y TIEMPOS EN EL SERVICIO DE NOTIFICACIONES.
PROYECTO 38: PROYECTO DE LEY DE UNIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE PERSONAS.
PROYECTO 39: MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA AUTORIZAR LA CREACIÓN POR EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL DE ESPECIALIDADES EN LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA.
PROYECTO 40: MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y SALAS SUPERIORES DE LA ESPECIALIDAD DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
PROYECTO 41: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLEZCA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL MP SOBRE LA BASE DE UN PRESUPUESTO ANALÍTICO Y NO HISTÓRICO.
PROYECTO 42: PROYECTO DE LEY QUE DECLARE AL MINISTERIO PÚBLICO INAFECTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD ECONÓMICA QUE SE DICTEN.
PROYECTO 43: PROYECTO DE LEY QUE DECLARE EN EMERGENCIA LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y QUE OTORGUE FACULTADES A LA JUNTA DE FISCALES PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL MEF, TOME DECISIONES ADMINISTRATIVAS URGENTES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA.
PROYECTO 44: RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA COMO LA ENTIDAD OFICIAL PARA BRINDAR ORGANICIDAD Y CANALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA.
PROYECTO 45: ELIMINACIÓN DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES DE LA CARRERA JUDICIAL.
PROYECTO 46: ELIMINACIÓN DE LA CARRERA AUXILIAR JURISDICCIONAL.
PROYECTO 47: DELIMITACIÓN DE ESPECIALIDADES EN JUZGADOS DE PAZ Y CREACIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES.
PROYECTO 48: MEJORAMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS FISCALES PROVINCIALES PENALES, FISCALÍAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POOL DE FISCALES.
PROYECTO 49: CREACIÓN DE COMISIONES DE ESTUDIO PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LAS LEYES ORGÁNICAS.
Propuestas de Reforma de la Justicia Militar
El pasado 28 de octubre, el Tribunal Constitucional ha publicado en su página web la sentencia recaída en el Expediente No. 0023-2003-AI/TC, por el cual declara FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Defensor del Pueblo contra diversos artículos del Decreto Ley No. 23201 –Ley Orgánica de Justicia Militar- y del Decreto Ley No. 23214 –Código de Justicia Militar-. Asimismo, en su parte resolutiva, exhorta al Congreso de la República para que en un plazo no mayor de doce (12) meses, dicte las leyes que correspondan, de acuerdo a lo expresado en la referida sentencia, lo cual significa que deberá formularse un nuevo Código de Justicia Militar.

References: artículo 156
 artículo 157
 artículo 451
 artículo 625
 ARTÍCULO 58
 artículo 58