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Timestamp: 2019-08-22 12:05:16+00:00

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Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE ARONA. PERSONAL DIRECTIVO
Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE ARONA. PERSONAL DIRECTIVO de Tenerife
C. Colectivo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE ARONA. PERSONAL DIRECTIVO de Tenerife
Artículo 2. Definición de personal directivo y puestos a desempeñar.
Artículo 3. Funciones del personal directivo.
Artículo 4. Denominación de los puestos de personal directivo.
Artículo 5. Nombramiento de los titulares de los órganos directivos.
Artículo 6. Derechos y deberes de los directivos.
Artículo 7. Designación para puestos directivos.
Artículo 9. Régimen retributivo.
Artículo 10. Cese en puestos directivos.
Artículo 11. Personal Directivo de las Entidades de Derecho Público.
C. Colectivo Aprobacion definitiva del Reglamento sobre el Regimen Juridico del personal directivo del Ayuntamiento de Arona 15/01/2010 Boletín Oficial de Tenerife 01/01/2010 Vigente Documento oficial en PDF
Aprobacion definitiva del Reglamento sobre el Regimen Juridico del personal directivo del Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de Tenerife núm. 10 de 15/01/2010)
Reglamento sobre Régimen Jurídico del Personal Directivo Municipal.
El artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recoge como novedad la regulación básica del personal directivo. Se trata de una figura clásica en las iniciativas de modernización de las Administraciones Públicas de los países avanzados (Senior Executive Service en Gran Bretaña y Australia, Dirigenza en Italia) que se contempla, ahora, en nuestro ordenamiento del empleo público.
Para el legislador, "(…) el personal directivo está llamado a constituir en el futuro un factor decisivo de modernización administrativa, puesto que su gestión profesional se somete a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de los objetivos" (Exposición de Motivos EBEP).
La necesidad que esta figura fuera reconocida de modo explícito fue una de las aportaciones más relevantes del Informe de la Comisión de Expertos, creada por Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, (69-74). En el informe se apostaba claramente por una "clase de personal" diferenciada, indicando que una administración moderna necesita disponer de directivos cualificados, puesto que en casi todos los países desarrollados se ha institucionalizado un ámbito diferenciado para la gerencia o dirección pública.
Por directivo público profesional, a juicio de la Comisión, cabe entender a la persona que posee capacidad de liderazgo, la formación específica y las habilidades necesarias para hacer funcionar, bajo las instrucciones políticas del Gobierno, la maquinaria administrativa.
En España la institucionalización de la función directiva se ha regulado en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Con ello, se ha abierto un cierto espacio reservado a los órganos directivos, estableciendo que sus titulares deberán disponer de "competencia profesional y experiencia".
El art. 13 del EBEP prevé la posibilidad de establecer, en desarrollo de esta norma legal, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición, siempre de acuerdo con una serie de principios:
a. Se define al personal directivo como "el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas". Será cada administración pública la que, en sus normas específicas, establezca qué puestos tienen naturaleza directiva.
b. Su "designación" atenderá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, llevándose a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Ello implica que se debe establecer un sistema de designación que permita el concurso de diferentes candidatos o personas que dispongan del perfil de competencias requerido para el desempeño del puesto directivo.
c. El personal directivo será evaluado con arreglo a variables de eficacia y eficiencia y control de resultados.
d. Las condiciones de empleo del personal directivo no serán objeto de negociación colectiva, como también se prevé en el artículo 37.2.c) del EBEP, que excluye esa materia de las que son objeto de la negociación colectiva.
e. El personal directivo tenga la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral especial de alta dirección. Como complemento de lo anterior, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, incorporó un nueva Disposición Adicional Decimoquinta a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local por la cual se dispone el sometimiento de los "directivos locales" y otro personal al servicio de las Entidades Locales al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y la aplicación de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
A estos efectos, la Ley recoge una definición del personal directivo, considerando como tales a "los titulares de órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales."
A la vista de lo anterior, la regulación normativa que se lleve a cabo debe tener en cuenta que los directivos públicos son profesionales de la dirección (por dedicación, conocimientos, habilidades y competencias) que tienen definido un marco de responsabilidad que contenga herramientas o indicadores para evaluar los resultados alcanzados y el desempeño efectivo de su gestión.
El Ayuntamiento de Arona, en el ejercicio de sus potestades reglamentaria y de autoorganización que les confiere el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las cuales constituyen la esencia del principio de autonomía que los artículos 137 y 140 de la Constitución Española le reconoce, establece el régimen jurídico del personal directivo, atendiendo a los principios señalados en el Estatuto Básico del Empleado Público, con el propósito de introducir el enfoque gerencial en el marco de la gestión pública local y contar con profesionales cualificados que se responsabilicen de la planificación y la consecución de unos resultados satisfactorios en la gestión y ejecución de las políticas municipales.
Este Reglamento será de aplicación al personal directivo profesional del Ayuntamiento de Arona, Organismos Autónomos y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes del mismo, en los términos establecidos en el art. 2.1 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
1. El Pleno, de conformidad con la determinación de los niveles esenciales de la organización municipal y sus áreas de gobierno, podrá crear puestos directivos profesionales en el ámbito de la Administración del Ayuntamiento de Arona.
2. El personal directivo profesional es el empleado público que ocupa un puesto reservado como tal en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento o en el instrumento técnico similar, que determine la naturaleza y características de este personal.
3. Los titulares de los órganos directivos serán nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.
4. La Relación de Puestos de Trabajo o documento equivalente, detallarán los perfiles profesionales, requisitos y competencias personales (aptitudes y actitudes) necesarias para ocupar cada puesto directivo.
1. Al personal directivo profesional le corresponde desarrollar y ejecutar los planes de actuación y decisiones adoptadas por los órganos de dirección política competentes, así como la planificación y coordinación de actividades, evaluación y propuesta de innovación y mejora en relación con los servicios y actividades de su ámbito de gestión.
2. De conformidad con el perfil exigido, en el Acuerdo por cual se designa al personal directivo se podrán concretar los cometidos y/o responsabilidades específicas que se le encomienden, además de los objetivos y resultados a conseguir en el período de tiempo que se acuerde al efecto.
3. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.
1. Los puestos de naturaleza directiva podrán ser Coordinadores Generales y/o Directores Generales. A criterio de la Administración podrá existir uno u otro tipo de personal directivo o ambos conjuntamente, según las necesidades corporativas que se detecten.
2. Los Coordinadores Generales dependen directamente del titular del Área de Gobierno, y les corresponden las funciones de.
a) Coordinación técnica y administrativa de las Direcciones Generales, en su caso, y de los Servicios, Departamentos y Unidades Administrativas de su área de gestión.
b) Elaboración, seguimiento y evaluación de Plan de Actuación o documento similar que contemple los objetivos, recursos y resultados a conseguir en su área de gestión, para cada ejercicio económico.
c) Asesoramiento y asistencia que precise el titular del Área de Gobierno, sin perjuicio de las funciones reservadas a los puestos de trabajo con habilitación de carácter estatal.
d) Desarrollo de las actuaciones necesarias para la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tenga asignados el Área de Gobierno respectivo.
e) Potenciación de las herramientas de gestión por proyectos, metodologías de racionalización y/o simplificación de procedimientos, sistemas de calidad y utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
f) Las demás funciones que les encomienden la Junta de Gobierno Local, el Alcalde-Presidente o el Titular del órgano de gobierno de su área de gestión.
3. Los Directores Generales son los titulares de los órganos directivos a los que corresponde, bajo la dependencia directa de un Concejal Delegado o Coordinador general, la dirección y gestión de uno o varios ámbitos de competencias funcionalmente homogéneos.
Con carácter general, corresponden a los Directores Generales en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, las siguientes funciones:
a) La dirección y coordinación de las unidades administrativas adscritas a su ámbito de responsabilidad.
b) La elaboración de planes, proyectos, acuerdos y/o convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones.
d) El seguimiento y control del presupuesto anual que se les asigne.
e) La evaluación de los servicios de su competencia.
f) Las demás que les encomienden los órganos municipales competentes.
4. En el supuesto que en cada Área de Gobierno se designe un solo puesto de personal directivo profesional y sin perjuicio de su denominación, éste asumirá las funciones asignadas al Coordinador General en este Reglamento. Así mismo en el supuesto que un área de gobierno tenga varios directores se podrá nombrar a uno de ellos para que acumule las funciones de Coordinador de Área.
1. Los Coordinadores Generales y los Directores Generales, serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno, a propuesta del Alcalde-Presidente.
2. Su nombramiento podrá efectuarse, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, encuadrados en el Grupo A de la clasificación profesional, Subgrupos A1 y A2 establecida en el art. 76 del EBEP. Así mismo podrá recaer el nombramiento en personal laboral fijo del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales encuadrados en los grupos I y II en la condición de laboral fijo, así como por selección libre externa.
En este último caso, la designación habrá de efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia especializada en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada de, al menos, tres años en puestos directivos con un perfil similar o experiencia especializada acreditada por el desempeño de puestos relacionados con el contenido funcional de los puestos directivos.
1. Los directivos profesionales, en su condición de empleados públicos, tendrán los derechos individuales y colectivos regulados en los artículos 14 y 15 del EBEP, en lo que les sea de aplicación, teniendo en cuenta las peculiaridades derivadas de su condición señaladas en el art. 13 de la citada norma.
Asimismo, tendrán derecho al efectivo desempeño de las competencias definidas para su puesto, y a que les sean fijados objetivos y resultados a conseguir que permitan la evaluación de su desempeño.
2. Además de las retribuciones fijas periódicas que tengan asignadas los puestos de esta naturaleza y que se fijan por niveles de Directivos en el apartado correspondiente a retribuciones, el personal directivo percibirá una parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante el complemento correspondiente que valore la productividad, de acuerdo con los criterios y porcentajes que se establezcan por la Junta de Gobierno Local, a propuesta del AlcaldePresidente.
3. La actuación de los directivos públicos se regirá por los principios éticos y el código de conducta regulados en los artículos 52 a 54 del EBEP.
1. La designación del personal directivo se realizará conforme a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
2. Cuando el Ayuntamiento pretenda seleccionar a un directivo público profesional, y a la vista de lo dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo o instrumento similar que regule la naturaleza y características de estos puestos, publicará la correspondiente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en la pagina web de la institución municipal, donde se reflejará el perfil de competencias aprobado para dicho puesto y se especificará si el procedimiento de selección incluye, junto a la evaluación del currículum de los candidatos, una entrevista o la elaboración de una memoria y el contenido de la misma.
3. El proceso de selección se realizará, preferentemente, mediante la constitución de un órgano asesor compuesto por profesionales cualificados y especializados, que formularán propuesta motivada incluyendo, si ello es posible, tres candidatos por cada puesto a cubrir.
1.- El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos individualizados que les hayan sido fijados en el correspondiente Plan de Actuación o en los programas que se contemplen en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.
2.- El Plan de Actuación identificará los objetivos anuales, resultados esperados e indicadores correspondientes, en base a los cuales se llevará a cabo su evaluación. Además de los indicadores tradicionales de nivel de ejecución presupuestaria y de gestión, la evaluación se basará en los resultados previstos y conseguidos.
3.- Conjuntamente con la evaluación de las actitudes personales y "el grado de interés, iniciativa o esfuerzo aplicado al desempeño del puesto" por el directivo, deberá realizarse una evaluación del rendimiento o resultados obtenidos que, al menos, detalle si se han conseguido en grado superior, igual o inferior al previsto.
4.- El resultado de la evaluación se comunicará a la Junta de Gobierno Local, especificando los objetivos alcanzados en relación con el Plan de Actuación aprobado y la valoración de la conducta profesional del directivo en el desempeño de sus funciones.
Los puestos de trabajos reservados para los directivos municipales se determinarán por el Pleno y su retribución se incluirá en el presupuesto anual del Ayuntamiento.
Los directivos municipales tendrán derecho a ser resarcidos de cuantos gastos se vean obligados a realizar por razón del servicio, previa justificación de los mismos.
Asimismo, podrán establecerse incentivos, a percibir en atención de la consecución de objetivos o resultados en la gestión. Los criterios para la concesión se establecerán por la Junta de Gobierno Local.
El cese del personal directivo profesional se podrá producir por.
* El vencimiento del plazo de su nombramiento.
* Por causas disciplinarias.
* Por renuncia.
* Por el insuficiente cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Actuación regulado en el artículo anterior.
* Por dificultades de integración en el equipo directivo.
El personal de los Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público dependientes del Ayuntamiento, ajustará su régimen jurídico a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local y a este Reglamento, sin perjuicio de mantener en vigor la regulación establecida en sus respectivos Estatutos, en todo aquello que no contradiga las normas señaladas.
Mientras se desarrollan los procedimientos para la cobertura de los puestos de trabajo de naturaleza directiva, se podrán nombrar con carácter provisional, a los empleados públicos que no ostenten tal condición pero estuvieren desempeñando estas funciones a la entrada en vigor del presente Reglamento, teniendo en cuenta los perfiles exigidos y lo dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo o instrumento similar que contemple las características de los mismos.
Teniendo en cuenta que el proceso de selección del personal directivo se ajusta a los principios de mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, de manera similar a la provisión de puestos de trabajo bajo el procedimiento de libre designación, el personal directivo puede formar parte de los órganos de selección, en los términos previstos por el art. 60 del EBEP.
Asimismo, para la selección del personal directivo y en lo no dispuesto en este Reglamento, se seguirán las previsiones establecidas en la normativa vigente sobre provisión de puestos de trabajo, mediante el procedimiento de libre designación.
Quedan derogados cuantos Acuerdos, Decretos o Resoluciones se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de este Reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de este Reglamento se producirá de la siguiente forma.
a. El acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento se comunicará a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b. Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
c. El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 13
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 85