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Timestamp: 2018-01-20 08:39:14+00:00

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Recopilación de noticias de nuestros Tribunales de Justicia:
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SELECCIÓN DE NOTICIAS DE TRIBUNALES DESDE NOVIEMBRE DE 2.001 HASTA LA FECHA:
El Defensor del Pueblo pone a Alicante de ejemplo del mal funcionamiento de la justicia (Información 17.10.04)
Un fallo informático bloquea los juzgados del Palacio de Justicia. (Información 06.10.04)
Uno de cada cuatro funcionarios de Justicia carece de un puesto fijo. Información 24.09.04
Los jueces reclaman más juzgados de Mercantil al crear el Tribunal de Marcas. Información 02.09.04
El Tribunal de Marcas arrancará el 1 de octubre.- Información 27.12.03
Justicia propone crear sólo un juzgado de lo Mercantil y el Tribunal de Marcas. Información 18.05.04
El BOE publica la creación del Tribunal de Marcas y el juzgado de lo Mercantil. Información 14.07.04
El Ministerio creará en Elche un juzgado de lo Mercantil para 2005. Información 07.08.04
Una avería en el ordenador impide al fiscal especializado registrar 250 asuntos (Información 11.09.04)
Justicia crea un juzgado «virtual» para los casos civiles de Sant Joan y El Campello (Información 27.12.03)
CC OO alerta del colapso de los juzgados civiles con la reforma de San Vicente ( INFORMACIÓN 10-12-03)
Los Jueces de Alicante asumirán 15.000 asuntos mas al año desde Enero ( INFORMACIÓN 9-12-03)
Los jueces amenazan con una huelga de celo si no se crean más juzgados (INFORMACIÓN 22-11-03)
Una juez ordena cerrar un juzgado por una plaga de cucarachas ( Información 26.03.03)
Justicia rechaza la enmienda de Cataluña que reclamaba más tribunales de Marcas (Información 26.03.03)
La falta de intérpretes provoca retrasos de meses en las traducciones judiciales (Información 8.03.03)
El TSJ detecta un incremento del 42% en los asuntos judiciales sin resolver (Información 08.03.03)
La Justicia podría producir un 25% más con los recursos que tiene (Efe 06.03.03)
Prescriben 350 casos en los juzgados de Menores por la falta de medios ( Información 18.1.03)
Justicia inaugura el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante. ( El Periódico 30.12.02)
La precaria realidad de los juzgados ( Información 16.12.02)
Justicia cobrará tres euros a la hora por cuidar niños de profesionales y usuarios (Información 7.12.02)
Las grandes empresas pagarán hasta 600 euros por usar la Justicia (Información 28.11.02)
Se crean cuatro nuevos Juzgados en la Provincia de Alicante (Información 28.09.02)
Una avería en el juzgado de guardia obliga a tomar las declaraciones a mano( Información 07.09.02)
Los abogados reclaman a los jueces que acaben con las esperas en los juzgados (1-8-02)
Los jueces responden a los abogados que las esperas son causadas por sus largos informes ( 2-8-02)
Implantación de videoconferencias en los procesos judiciales. Entrevista Eloy Velasco ( 8-7-02)
Una juez propone el cese de una interina por falta de rendimiento ( 29 Mayo 2002)
Cierran la mitad de un juzgado de Instrucción por falta de personal ( 29 Mayo 2002)
Los juicios con videoconferencia proliferarán tras el éxito del primero ( 23 Mayo 2002)
El TSJ pide que agentes en segunda actividad vigilen los juzgados ( 11 Mayo 2002)
La fiscalía rectifica y ve viables ahora los juicios por videoconferencia. (1 de Marzo 2.002)
Fiscales españoles se oponen a los juicios por videoconferencia. ( 26 Febrero 2.002)
Oposición del Ministerio Fiscal a los video- juicios ( 19 Febrero 2.002)
El Pte. de la Audiencia Provincial entiende desfasada la orden del Fiscal General (21 Febr.2002)
El Fiscal de accidentes laborales propone crear Juzgados especiales ( La Verdad 21 Febrero 2.002)
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes ( 30 Nov. 2001)
La Generalitat desea implantar horario de tarde en los juzgados con más trabajo pendiente. (Oct. 2001)
El TSJ dice que la celebración de juicios por las tardes es competencia del juez. (Oct. 2001)
La UGT duda que sea eficaz abrir los juzgados por las tardes. (Nov. 2001)
El Tribunal Superior pide al CGPJ frene la oferta de abrir los juzgados por las tardes.(Nov.2001)
Abogados y Procuradores rechazan que los Juzgados celebren juicios por las tardes. (Nov.2001)
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes (Nov.2001)
Generalitat Valenciana pagará 35.000 ptas más a funcionarios que trabajen por la tarde (11.12.01)
La nueva ley de Enjuiciamiento Civil reduce un 32% los pleitos. (Nov.2001)
El Colegio de Procuradores se hará cargo del servicio común de notificaciones. ( Nov.2001)
El Defensor del Pueblo pone a Alicante de ejemplo del mal funcionamiento de la justicia
Un padre presentó una queja porque un juzgado de San Vicente perdió la documentación por una presunta negligencia médica a su hijo ( RAMÓN FERRANDO Información 17.10.04 )
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pone a Alicante como ejemplo del mal funcionamiento de la justicia en España en su informe anual. Múgica considera que el servicio público que presta la Administración de Justicia debe mejorar para que los ciudadanos «sean tratados de forma correcta, sin que tengan que padecer esperas desmedidas, citaciones defectuosas que les obligan a ir varias veces al juzgado o la pérdida de expedientes» como le ocurrió a un padre alicantino.
El Defensor del Pueblo explica en su último informe que ha tramitado la queja de un alicantino que exponía que en 1994 su hijo ingresó en el Hospital de San Juan, siendo el desenlace trágico pues cuando el menor de cuatro meses fue dado de alta adolecía de parálisis cerebral. El padre presentó una denuncia por una presunta negligencia médica en un juzgado de San Vicente del Raspeig, que abrió diligencias previas. «El interesado relató en su queja que la denuncia fue archivada por lo que el denunciante solicitó una copia de las actuaciones para poder ejercer acciones civiles, pero en el juzgado le comunicaron que su expediente se había extraviado», según recoge el informe.
El Defensor del Pueblo investigó el caso y descubrió que las diligencias no habían sido localizadas ni halladas en el archivo, aunque sí constaba en el libro de registro que fueron definitivamente archivadas el 22 de septiembre de 1997. Múgica lamenta que «sólo se pudo comunicar al denunciante la forma que podía presentar una queja por el mal funcionamiento de la Administración de justicia».
Enrique Múgica advierte de que este tipo de situaciones ponen de manifiesto cómo el servicio público debe mejorar adoptando más medidas organizativas, incorporando efectivamente tecnologías informáticas y estableciendo incentivos para las personas que trabajan en la justicia. El Defensor del Pueblo considera que es imprescindible contratar gestores e implantar técnicas de gestión en juzgados y tribunales. El informe incide en que el establecimiento de turnos vespertinos, que se viene pidiendo desde hace años, es una experiencia adoptada con éxito en varios países.
Múgica entiende que la «informatización de los procesos debe acometerse con mayor seriedad, con apoyo permanente y directo a las oficinas judiciales», como han venido reclamando los jueces de Alicante. Además, recuerda que el uso del correo electrónico debería estar generalizado hace tiempo ya que las comunicaciones siguen siendo por fax.
El Defensor del Pueblo cree que los cambios que propone pueden conducir a una justicia accesible al ciudadano, eficaz, de calidad, transparente, equitativa y previsible. «Porque, en cualquier caso, no se pueden apaciguar los ánimos de las personas que acuden a la Administración de justicia ofreciéndoles sólo la posibilidad de presentar una reclamación» como al ciudadano alicantino, concluye el informe.
Un fallo informático bloquea los juzgados del Palacio de Justicia. Información 06.10.04
Los funcionarios no pudieron trabajar durante la jornada de ayer al estar todos los procesos informatizados y el juez de guardia tuvo que usar máquinas de escribir
Un fallo informático bloqueó durante todo el día de ayer una treintena de juzgados del Palacio de Justicia de Benalúa. Los funcionarios permanecieron la mayoría del tiempo parados porque todo el sistema de trabajo está informatizado. La situación de caos llegó a tal extremo que el juez de guardia tuvo que recurrir a antiguas máquinas de escribir. Jueces, fiscales, abogados y funcionarios lamentaron que la situación se repite cíclicamente por el mal estado de la red informática.
La caída del sistema se produjo a primera hora de la mañana y afectó sobre todo a los juzgados de guardia, Instrucción, Penal, Primera Instancia y Vigilancia Penitenciaria, a la Fiscalía de Menores, y a los servicios de Notificaciones, Instituto de Medicina Legal, Oficina de Ayuda a la Víctima y al Decanato. Unos trescientos funcionarios no pudieron trabajar porque se acabó la jornada laboral sin haberse reparado la avería. La consecuencia fue la suspensión de declaraciones tras largas esperas y la imposibilidad de atender a los abogados que querían consultar sus asuntos. Lo único que se pudo celebrar con normalidad fueron los juicios, aunque en la jurisdicción de Civil los magistrados no pudieron firmar las actas al no funcionar las impresoras.
El juzgado de guardia sufrió el mayor perjuicio al ser todas las tramitaciones urgentes. El fiscal tuvo que redactar los escritos de acusación para los juicios rápidos a mano, el juez tomó declaración a los ocho detenidos con una máquina eléctrica y las personas que querían poner una denuncia fueron enviadas a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Benalúa.
Durante toda la mañana un técnico intentó sin éxito poner en marcha el sistema. La Conselleria de Justicia envió por la tarde a otros dos informáticos para tratar de solucionar el problema al juzgado de guardia, que era el único que permanecía abierto.
El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, aseguró que el problema se originó por una caída del suministro de luz de Iberdrola que «ha afectado al cableado». Sin embargo, un portavoz de la compañía eléctrica apuntó que en la zona no tenían registrada ninguna avería y recordó que el mantenimiento de la instalación de los juzgados «depende del cliente». La Conselleria de Justicia confía en que todo esté resuelto hoy.
Los jueces advierten de que la alta tasa de interinidad repercute en los juzgados porque los trabajadores están más desmotivados y se limitan a hacer una labor puntual
R. F./J. A. M.
Uno de cada cuatro funcionarios de Justicia en la provincia carece de un puesto fijo. Jueces, fiscales y sindicatos coinciden en que la alta tasa de interinidad de los juzgados alicantinos es el talón de aquiles de la Justicia ya que tiene como consecuencia directa el retraso en la tramitación de asuntos. La juez decana de Alicante, Monserrat Navarro, advirtió ayer de que «el problema es que los funcionarios que saben que en tres meses los van a cesar se limitan a hacer una labor muy puntual. Los trabajadores que no tienen estabilidad pierden motivación».
En la provincia trabajan 1.300 funcionarios en los juzgados de los que 360 son interinos. El porcentaje es de un 27% frente al 10% de la media nacional o el 7% de la provincia de Valencia.
Alfredo Eiroa, delegado del sindicato CSI-CSIF, explicó que «hemos llegado a esta situación porque la Comunidad Valenciana lleva seis años sin que haya salido ni una sola plaza. La consecuencia es que algunos juzgados de la provincia carecen de plantillas fijas con experiencia porque los interinos van rotando continuamente». El juzgado de Menores número dos es uno de los más castigados por la inestabilidad laboral de sus trabajadores hasta el punto de que la magistrada ha tenido en ocasiones que realizar labores administrativas para evitar que el juzgado se colapse.
La falta de personal tiene otra incidencia directa en los retrasos judiciales. Las investigaciones se están viendo perjudicadas por la carencia de fiscales. Fuentes de la Fiscalía recordaron que en la provincia hay un fiscal por cada tres jueces. «Cada vez se nos exige más cosas, pero no refuerzan la plantilla. Los fiscales intervienen en los asuntos penales y cada vez más en los civiles como los internamientos o en los de familia como los divorcios en los que hay hijos menores. Además, hay fiscales de guardia que tienen que cubrir a la vez tres poblaciones como Ibi, Alcoy y Villena», señalaron.
El estado de los equipos y redes informáticas también suponen un lastre. La juez decana lamentó que «la red de ordenadores de los juzgados de la provincia continúa siendo obsoleta provocando retrasos innecesarios». La Generalitat ha comenzado a renovar los equipos, pero de momento los nuevos ordenadores sólo han llegado a los juzgados de Instrucción.
Al margen de problemas puntuales con la informática, como el que sufrió el fiscal de malos tratos que tuvo dos meses el ordenador bloqueado, los jueces y fiscales siguen sin explotar al máximo las posibilidades que ofrece Internet. Uno de los ejemplos más claros, según fuentes judiciales, es que las consultas al registro central de maltratadores se siguen haciendo vía fax. «Al final los que pagan las consecuencias de las carencias de medios y personal son los ciudadanos», lamentaron fuentes del Palacio de Justicia.
La nueva sala de la Audiencia será la única de España en resolver asuntos de marcas, modelos y dibujos comunitarios
Los magistrados aprovecharon ayer la constitución del Tribunal de Marcas en Alicante para revindicar mayor número de juzgados de lo Mercantil en la provincia. La Audiencia de Alicante acogía ayer la toma posesión de los magistrados de la nueva Sección Octava, que fallará en segunda instancia sobre los litigios mercantiles de Alicante, y tendrá jurisdicción en toda España en conflictos de marcas, dibujos y modelos comunitarios. Ayer entraba en vigor la Ley Concursal, por la que también se ponía en marcha el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante.
Los dos magistrados que estarán al frente del tribunal tomaron posesión de su cargo en un acto sencillo pero solemne en el que estuvieron presentes todos los magistrados de la Audiencia de Alicante, representantes del colegio de Abogados, la Fiscalía y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, subrayó que el nuevo juzgado de Mercantil y el Tribunal de Marcas abordarán asuntos de carácter nacional, por lo que consideró insuficiente el hecho de que sólo se hubiera previsto un juzgado de Mercantil para la provincia de Alicante. «Estaremos muy atentos a la carga de trabajo de este juzgado para reivindicar cuantos sean necesarios», dijo. De la Rúa expresó la satisfacción que suponía el reto de la especialización que suponían los juzgados de Mercantil, y subrayó que con la nueva Ley Concursal el papel del juez será mucho más activo. El tope que se ha marcado es el 650 asuntos. Una vez que se sobrepase este volumen de trabajo, se reclamará al Ministerio la creación de más juzgados. La Comunidad Valenciana reivindicó tres de estos juzgados para la provincia de Alicante, dos para repartirse los asuntos mercantiles de las zonas norte y sur de la provincia, y un tercero para ocuparse de los asuntos de marca comunitaria de toda España.
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, señaló que «es un día histórico para la provincia de Alicante», en referencia a la puesta en marcha del Tribunal de Marcas. El conseller de Justicia, Miguel Peralta, que asistía ayer en Alicante a su primer acto oficial en el cargo, señaló que ha destinado 798.000 euros de presupuesto para el gasto de personal de los nuevos juzgados mercantiles de la Comunidad.
El Tribunal de Marcas no sólo tendrá la competencia en los litigios sobre marcas comunitarias que se produzcan en toda España, sino también será el órgano judicial de referencia cuando el conflicto se plantee entre dos empresas extracomunitarias. De todos modos, y pese a este carácter internacional el idioma oficial será el castellano.
El presidente del Tribunal, el magistrado Enrique García-Chamón, manifestó que es una incógnita el número de litigios de marcas comunitaria que generará la provincia, porque no hay datos objetivos sobre la materia. «Antes se registraba de estado en estado, y ahora se registran en la OAMI», explicó. De todas maneras señaló que las crisis industriales que se produzcan en la provincia elevarán seguro la necesidad de crear más de estos juzgados.
Hasta final de año, no empezarán a entrar asuntos mercantiles y de marcas al nuevo Tribunal, por lo que provisionalmente resolverá asuntos civiles para descargar de trabajo a las otras secciones.
El Tribunal de Marcas, que será la Sección Octava de la Audiencia Provincial, comenzará a funcionar el 1 de octubre de 2004, informó ayer el presidente de la Audiencia, Vicente Magro. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se concreta la concesión a Alicante de este Tribunal de Marcas, que se pone en marcha un mes más tarde de lo previsto. Esta sala estará en manos de dos magistrados de la Audiencia Provincial, cuyas plazas serán amortizadas en las otras secciones cuando ocupen sus plazas.
Del mismo modo, esta reforma regula también la creación de los nuevos juzgados de lo Mercantil, que también comenzarán a funcionar en la misma fecha tanto en Alicante como en el resto del país. Los magistrados alicantinos han solicitado dos nuevos juzgados de lo Mercantil para Alicante, que tratarían asuntos de toda la provincia. Sin embargo, el Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre cuántos juzgados acabará creando.
Magro destacó que la creación del Tribunal de Marcas hará de la Audiencia Provincial de Alicante la única del país con competencia nacional e internacional al conocer de los procedimientos en materia de marca, modelos y dibujos comunitarios. La sala estará ubicada en la última planta de la Audiencia Provincial y para su habilitación se tendrá que hacer una reforma mínima.
La ley también aprueba la aplicación del sistema de juicios rápidos civiles para materias tales como desahucios, reclamaciones de deudas inferiores a 3.000 euros y procesos de familia. Según Magro, la previsión es que para el mes de mayo se creen en Alicante y Elche unas oficinas para que las demandas que se presenten por estos asuntos se señalen directamente para juicio en un plazo máximo de entre 20 y 30 días. Para ello, se crearán unos juzgados de guardia civiles, tal como se ha hecho con los juicios rápidos.
Justicia propone crear sólo un juzgado de lo Mercantil y el Tribunal de Marcas.- 18.05.04
Los jueces alicantinos han advertido de que hacen falta tres juzgados como mínimo para hacer frente al número de asuntos y que uno se dedique en exclusiva a las marcas comunitarias
R. FERRANDO Información 18.05.04
El Ministerio de Justicia comunicó ayer al Consell la propuesta para crear un solo juzgado de lo Mercantil en Alicante para toda la provincia y la Sección Octava de la Audiencia Provincial que se convertirá a partir del 1 de septiembre en el Tribunal de Marcas. El juzgado de lo Mercantil de Alicante también tendrá que resolver los litigios de marcas en primera instancia. Los jueces alicantinos advirtieron en un informe de que en Alicante eran necesarios tres juzgados mercantiles como mínimo y que uno de ellos se debía dedicar en exclusiva a resolver los asuntos de marca comunitaria.
Los juzgados de Mercantil son de nueva ceración y asumirán competencias que actualmente tramitan los de Primera Instancia y los de lo Social. El caso de Alicante es además singular ya que, según establece la propia ley, uno de los juzgados de lo Mercantil radicado en la capital ostentará la competencia sobre todas las materias relacionadas con la marca, modelo y dibujo comunitario. Según el informe de los magistrados, el juzgado de Marcas alicantino «tendrá una jurisdicción mundial por lo que no sería conveniente atribuirle otros competencias dada la gran complejidad jurídica y técnica que los asuntos de este materia requieren». El Ministerio ha obviado esta reclamación cargando al único juzgado previsto con los asuntos de lo Mercantil.
Los jueces consideraban imprescindible la puesta en marcha de un juzgado de lo Mercantil en Alicante -que tendría que resolver también los asuntos de Alcoy, Ibi, Elda, Villajoyosa, Benidorm y San Vicente- y otro en Elche.
El Ministerio de Justicia también ha propuesto a la Conselleria la puesta en marcha de dos juzgados Mercantiles en Valencia y deja sin ninguno a Castellón.
El conseller de Justicia se reunió ayer con los presidentes del TSJ y los de las Audiencias de Valencia y Castellón para analizar la situación. El presidente del TSJ, según informó EFE, apuntó que el proyecto ministerial provocaría «un colapso de los juzgados desde el principio» ya que la ley requiere «un mayor seguimiento de cada caso». Por su parte, el conseller de Justicia, Víctor Campos, anunció que solicitará una reunión con el Ministerio para exponerle «las necesidades reales de incrementar ese número de juzgados».
El BOE publica la creación del Tribunal de Marcas y el juzgado de lo Mercantil 14-07.04
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto por el que se dispone la creación de una plaza de magistrado de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante para el Tribunal de la Marca Comunitaria, así como la habilitación y constitución de un juzgado de lo Mercantil, tal y como fue aprobado el viernes. Según fuentes judiciales, el Ministerio de Justicia confirma de este modo que la fecha de entrada en funcionamiento de los nuevos órganos no sufrirá ningún retraso con respecto a lo previsto en la nueva Ley Concursal. El Tribunal de Marcas y el juzgado de lo Mercantil comenzarán a funcionar en septiembre.
El Ministerio creará en Elche un juzgado de lo Mercantil para 2005. Informacion 07.08.04
Justicia reconoce las condiciones «especiales y exclusivas» de la provincia por el Tribunal de Marcas y anuncia otro órgano para el próximo año
El Ministerio de Justicia atenderá el año próximo las reivindicaciones de magistrados, colegios profesionales y Generalitat Valenciana para crear en la ciudad de Elche un juzgado de Mercantil, petición que no ha entrado en la primera fase del plan de creaciones previstos en la programación del 2004. En un informe, el Ministerio de Justicia reconoce que en la provincia de Alicante se dan «competencias especiales y exclusivas, como juzgado de Marca Comunitaria, por lo que de requerirlo la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional se procederá a la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil en la provincia de Alicante». El secretario de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de Rosa, quien negoció en Madrid la creación de un segundo juzgado para la provincia -concretamente para Elche- atendiendo a la importante carga de trabajo, se mostró satisfecho por este cambio de opinión del Ministerio de Justicia. Dicha petición estuvo apoyada el pasado mes de junio por todos los colegios profesionales de Elche.
La creación de un juzgado de lo Mercantil se hace prácticamente imprescindible para los profesionales de Elche después de la reforma de la Ley Concurso, de fecha 22/2003, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, y que obliga a partir de ese día a presentar en Alicante (pues el juzgado tiene carácter uniprovincial) todos los procedimientos sobre suspensiones de pagos y quiebras de todas las empresas de la provincia.
El Ministerio reconoce en el mismo documento oficial que ha sido imposible conceder todos los órganos jurisdiccionales necesarios para la buena aplicación de la normativa, pero asegura que la implantación va a realizarse, «de una forma escalonada», a lo que añade que «dentro de las previsiones iniciales que estudia el Gobierno para la programación del próximo 2005, está la de completar la implantación de los juzgados de lo Mercantil, creando nuevos juzgados en todas aquellas provincias en que, en virtud de las cargas de trabajo que vaya resultando, así se justifique».
El informe señala por último que, entre todos los casos y peticiones que se van a atender para nuevas creaciones, «este Departamento tendrá especialmente en cuenta la evolución estadística del juzgado de lo Mercantil de Alicante, habida cuenta de las competencias especiales asignadas a dicho órgano para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de la previstos en los reglamentos del Consejo de la Unión Europea sobre la marca comunitaria y del Consejo de la Unión Europea sobre los dibujos y modelos comunitarios, a cuyo fin y en el ejercicio de estas competencia, extenderá su jurisdicción a todo el territorio nacional como juzgado de Marca Comunitaria».
Una avería en el ordenador impide al fiscal especializado registrar 250 asuntos y advertir a sus compañeros de los casos graves de reincidencia .
RAMÓN FERRANDO Diario Información 11.09.04
La Fiscalía no controla a los maltratadores desde hace dos meses por un fallo informático.
La Fiscalía de malos tratos lleva dos meses sin poder controlar a los agresores de la provincia por un fallo informático. El fiscal especializado, Ángel Alcázar, tiene sobre la mesa 250 asuntos sin registrar y no puede advertir a sus compañeros de los casos graves de reincidencia para que pidan más pena. El problema, según fuentes del Palacio de Justicia, es que una de las placas del ordenador que contiene el archivo provincial de maltratadores no funciona. La Fiscalía no ha conseguido que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento la cambie a pesar de que es una operación sencilla, según las mismas fuentes.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el archivo central del Poder Judicial sí que está funcionado, pero el fiscal especializado «no tiene acceso a esos ficheros» por lo que no puede advertir a sus compañeros de que tomen medidas que garanticen la protección de las víctimas de forma más eficaz en los casos más graves.
El archivo de la Fiscalía que está bloqueado contiene el registro estadístico de delitos de malos tratos de toda la provincia, órdenes de protección concedidas, peticiones de condena y sentencias. Los fiscales acuden ahora a juicio a ciegas ya que no reciben toda la información sobre el historial de los agresores, siempre según fuentes del Palacio de Justicia.
La función principal del fiscal de malos tratos es unificar criterios, pero actualmente no se puede volcar en la lucha contra la violencia doméstica porque también tiene a su cargo un juzgado de Instrucción de Alicante. Otro handicap es que la Fiscalía continúa sin recibir las denuncias de malos tratos de Elche, Alcoy y Elda.
Por otra parte, el fiscal de malos tratos advirtió de que desde que se pusieron en marcha los juicios rápidos «no se está castigando la habitualidad como antes». Ángel Alcázar señaló que los fiscales están pidiendo condenas por el artículo 153 del Código Penal en vez de por el 173 que agrava la pena por la habitualidad «porque desconocen las denuncias anteriores». Alcázar apuntó que «la solución es que un fiscal se dedique en exclusiva a los asuntos de violencia doméstica. Yo soy partidario de los juzgados de malos tratos porque es la única manera de tener realmente controlados a todos los maltratadores».
Justicia crea un juzgado «virtual» para los casos civiles de Sant Joan y El Campello
Primera Instancia tres bis arrancará el 16 de enero con el 70% de la plantilla de un órgano judicial normal
RAMÓN FERRANDO información 27.12.03
Justicia ha decidido crear un juzgado «virtual» para que asuma los casos civiles de Sant Joan d´Alacant y El Campello a partir del 16 de enero, que es cuando se va a producir la división del partido judicial de San Vicente del Raspeig, según confirmaron ayer fuentes de la magistratura. El juzgado arrancará con el 70% de la plantilla de funcionarios y con una juez que acaba de salir de la escuela judicial. La junta de jueces de Benalúa ha decidido que este juzgado, que se va a llamar Primera Instancia número tres bis, se encargue en exclusiva de los casos de Sant Joan y El Campello hasta que el Gobierno habilite uno normal. El principal problema que tiene este juzgado «virtual» es que en cualquier momento puede ser eliminado.
La Conselleria de Justicia ha improvisado la propuesta ante el anuncio de los jueces de Alicante de que iniciarán una huelga de celo en enero como no se creen más juzgados civiles para poder tramitar sin colapsarse los asuntos de Sant Joan y El Campello. Los estudios que se han hecho de las cargas competenciales revelan que el 65% de los casos que actualmente se tramitan en San Vicente del Raspeig son de Sant Joan y El Campello. El Gobierno sí que proyectó con tiempo un juzgado de Instrucción para hacer frente al incremento de los casos penales.
El secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosas, propuso hace unos días a los jueces civiles de Alicante la creación de un órgano judicial «virtual» porque legalmente ya no hay tiempo para constituir uno normal. La fórmula que se ha elegido es poner en marcha un juzgado de apoyo adscrito a uno de los ocho de civil que actualmente están funcionado en Alicante, aunque es ficticio ya que en realidad va a operar con independencia, según explicaron ayer fuentes judiciales. Los magistrados eligieron por sorteo a que juzgado se iba a adscribir y salió el número tres de Primera Instancia.
Fuentes de la magistratura reconocieron que el principal problema que tiene este tipo de juzgado respecto a uno normal es que «lo pueden eliminar sin previo aviso y nace con menos plantilla».
La constitución del juzgado de Primera Instancia número tres bis todavía está pendiente de la aprobación de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que se da por hecho.
Los jueces confían en la palabra de Fernando de Rosa que les ha insistido en que van a trabajar desde la Generalitat para que el año que viene vea la luz el juzgado de Primera Instancia número once. En ese momento todos los juzgados civiles de Alicante comenzarán a repartirse los casos de Sant Joan y El Campello.
El Boletín Oficial del Estado público ayer la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye la modificación del partido de San Vicente del Raspeig, según informó el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro. La reforma conlleva que San Vicente pierde en favor de Alicante las competencias sobre Sant Joan y El Campello y mantiene las del propio San Vicente, Xixona, Aigües, Busot y Mutxamel.
Magro explicó que «a partir del 16 de enero todas las demandas y denuncias de Sant Joan y El Campello tendrán que presentarse en el Palacio de Justicia de Benalúa en lugar de en San Vicente del Raspeig».
CC OO alerta del colapso de los juzgados civiles con la reforma de San Vicente
El sindicato dice que «se va a cambiar el tapón de sitio» y pide que se tomen medidas para paliar la avalancha
J. A. M. 10-DICIEMBRE 2003
El sindicato Comisiones Obreras aseguró ayer que el incremento de causas que tendrán los juzgados de Alicante por el cambio del partido judicial de San Vicente abocará al colapso a los juzgados de lo Civil. A juicio de CC OO, lo único que se está haciendo es quitar el tapón de un sitio para ponerlo en otro, por lo que reclamaron medidas para tratar de paliar esa situación, según el delegado de este sindicato en los juzgados de Benalúa. Diego Beltrán.
Como ya publicó este diario, los juzgados alicantinos tendrán que asumir en torno a los 15.000 nuevos casos al año al integrarse San Juan y El Campello en su partido judicial. De estos asuntos, 12.000 corresponderían a causas penales, y entre 2.500 y 3.000 civiles. Según Beltrán, uno de los aspectos que más preocupan es la repercusión en los procedimientos civiles, ya que estos juzgados tienen un un volumen de trabajo que supera en un 15 por ciento los parámetros establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. A esto añadió que la situación de los juzgados de Alicante es buena en comparación con los del resto de la provincia, pero, sin embargo, la Administración quiere equipararlos al resto en lo peor, aunque destacó que la medida será muy positiva para San Vicente.
La marcha de Beltrán
Por otro lado, el fiscal jefe de Alicante tomó ayer posesión de su cargo, tras haber sido propuesto para la reelección. El fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, se trasladó ayer a la Audiencia Provincial de Alicante para despedirse de sus compañeros ante su próximo cese en el cargo a partir de enero. Como el Boletín Oficial del Estado ha publicado la reelección de José Antonio Romero como fiscal jefe de Alicante, se aprovechó la visita para celebrar la toma de posesión de éste.
El PSOE pregunta si habrá refuerzos en los juzgados
La diputada socialista Juan Serna ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno aclare qué medidas adoptará para que cuando los juzgados de Alicante asuman 15.000 nuevos casos al año éstos no superen los parámetros establecidos por el Poder Judicial.
Los jueces de Alicante asumirán 15.000 asuntos más al año desde enero
La reforma del partido judicial de San Vicente derivará nuevas causas a los juzgados a pesar de sobrepasar el máximo fijado por el CGPJ
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ( INFORMACION 9-12-03)
Los juzgados de Alicante asumirán a partir de enero una media de 15.000 asuntos más al año con el cambio del partido judicial de San Vicente, según las previsiones de la Conselleria de Justicia. De esta manera, los magistrados de la demarcación de Alicante tramitarán los asuntos de El Campello y San Juan. De estas nuevas causas, 12.000 corresponderán a procedimientos penales, y entre 2.500 y 3.000 a asuntos civiles, y suponen el 65 por ciento del trabajo de los juzgados de San Vicente. El Congreso de los Diputados ratificará esta semana esta reforma que tiene por objeto sacar del colapso en el que se encuentran los juzgados de este partido judicial. Sin embargo, el Gobierno sólo contempla la creación de un juzgado de Instrucción nuevo en Alicante con motivo de esta reforma, a pesar de que en estos juzgados la carga de trabajo supera con creces el volumen fijado por el Consejo General del Poder Judicial.
La previsión apunta a que después de las próximas navidades entrará en vigor la reforma del partido judicial de San Vicente, por la que los asuntos de localidades como El Campello y San Juan pasarán a tramitarse en los juzgados de Alicante. De todos modos, esta modificación no va a suponer la amortización de los juzgados que ya están funcionando en San Vicente. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, señaló que los juzgados tres y cuatro seguirán funcionando hasta que se estabilice la situación en este partido judicial. «Dejar ahora a San Vicente con sólo dos juzgados, supondría condenar a esta zona a no salir del colapso en el que encuentra», señaló.
Por el momento, ya se está notificando a las Fuerzas de Seguridad de los municipios afectados que a partir de enero deberán coordinarse con los magistrados de Alicante para la tramitación de denuncias, y la puesta a disposición judicial de detenidos, entre otras cuestiones. La reforma del partido judicial de San Vicente se aprobará este próximo jueves en el Congreso de los Diputados, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado el próximo 18 de diciembre, para entrar en vigor 20 días después.
La reforma del partido judicial viene marcada sin embargo con ciertos recelos por parte de los magistrados Alicante, que temen que el aumento de trabajo no vaya acompañado de un refuerzo de medios, en unos juzgados que manejan un volumen de asuntos superior al de su capacidad.
Según un informe de CC OO, en los tres años anteriores el número de asuntos investigados por los juzgados de Alicante creció un diez por ciento al haber aumentado la delincuencia. A finales del año pasado, se creó el octavo juzgado de Instrucción en Alicante, y éste se ha aprobado la creación del noveno. La Dirección General de Justicia está negociando con el Ministerio la creación de un décimo juzgado de Instrucción para poder asumir los nuevos casos que generará la reforma del partido judicial.
Los jueces amenazan con una huelga de celo si no se crean más juzgados
Los magistrados advierten de que limitarán el número de señalamientos semanales «para que puedan atenderse en las debidas condiciones de eficacia»
RAMÓN FERRANDO 22-NOVIEMBRE 2003
Los cuarenta magistrados alicantinos han acordado en una junta de jueces comenzar una huelga de celo en enero si el Gobierno no crea más juzgados. Los jueces se oponen a asumir los casos de San Juan y El Campello, que ahora se tramitan en San Vicente del Raspeig pero que con la modificación del partido judicial pasarán a Alicante antes de fin de año, si no se ponen en marcha al menos seis juzgados. El acta de la reunión, que va a ser remitida al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia, advierte de que la modificación del partido judicial de San Vicente del Raspeig sin la correlativa creación de juzgados provocará el colapso de los de Alicante y expresa el malestar judicial «por la falta de información institucional, así como por la nula consideración que se presta a los jueces». Los magistrados reconocen que la huelga de celo conllevará una demora en la tramitación de asuntos.
El malestar de los jueces con el Gobierno se ha acentuado desde la transformación de un juzgado de lo Contencioso Administrativo en uno de Instrucción por el incremento de casos que supone asumir las poblaciones de San Juan y El Campello. Los jueces se oponen radicalmente a la reconversión de juzgados ya que consideran que es necesario crear nuevos. Según el acta de la junta, inicialmente se prometió que «iban a trasladar a Alicante dos juzgados de San Vicente del Raspeig, pero ahora van a continuar allí durante un periodo transitorio cuya duración no está exactamente determinada».
Los jueces insisten en que es imprescindible crear más juzgados para evitar el colapso de los de Alicante «teniendo en cuenta que el 60% de la litigiosidad de San Vicente del Raspeig proviene de San Juan y El Campello. Solamente se pueden asumir las nuevas competencias con cuatro juzgados nuevos de Civil -de los que uno se dedicaría a Familia- y dos de Instrucción. De todos ellos sólo han previsto poner en marcha uno de Instrucción a costa de la reconversión del Contencioso Administrativo número cuatro».
Los jueces temen que la política de reconversión que ha impulsado el Gobierno para ahorrar costes continúe con la transformación del juzgado de lo Penal número siete de Alicante en el décimo de Instrucción. La junta recuerda que a pesar de las perspectivas del Gobierno de que con los juicios rápidos se iban a producir muchas conformidades en los juzgados de Instrucción evitando que los casos llegaran a los Penales, la carga competencial de estos últimos «está aumentando por la ejecución de las sentencias».
El acta de la junta también recoge que «ante determinadas noticias que interesadamente han venido apareciendo en los medios de comunicación, los magistrados de los juzgado de lo Social queremos poner de relieve que la carga de trabajo que soportamos supera con creces los mínimos exigidos por el Consejo General del Poder Judicial». Los jueces, que lanzan la advertencia para evitar la pérdida de uno de los juzgados de lo Social, apuntan que este año superarán los módulos del Consejo en más de un 30%. En este sentido insisten en que «entendemos que es improcedente cualquier medida tendente a suprimir juzgados pues con ello se acarrearía irremediablemente una sobrecarga de trabajo difícil de asumir que redundaría en el servicio».
El documento concluye resaltando que para el caso de que antes de comienzo de 2004 no se dé «una solución a los problemas que existen actualmente en la demarcación de Alicante y además se agraven con la modificación del partido judicial sin la creación de más juzgados, se reunirán las juntas sectoriales para adoptar los correspondientes acuerdos de limitación del número de señalamientos semanales». Los jueces justifican la huelga de celo en que es necesario el recorte de juicios para que los asuntos «se puedan atender con las debidas condiciones de calidad y eficacia». Los jueces anuncian que darán traslado de esta decisión a «los ciudadanos, procuradores y abogados para que conozcan cumplidamente las razones por las que a partir de ese momento se producirá la inevitable demora en la tramitación y resolución de los procedimientos».
Los magistrados piden además al Consejo General del Poder Judicial que los jueces adjuntos que acaban de salir de la escuela judicial y están realizando prácticas en Alicante queden adscritos a los juzgados de la capital «para su refuerzo hasta que consigan plazas en titularidad».
Una juez ordena cerrar un juzgado por una plaga de cucarachas
Todos los señalamientos se suspendieron y las oficinas se sellaron doce horas tras enviar Justicia una empresa para fumigar
Maria Jesus Sanchez ( Informacion 26.03.03 )
La titular del Juzgado número cuatro de San Vicente ordenó ayer el cierre de las dependencias tras detectar una
plaga de cucarachas que impedía a la plantilla trabajar con normalidad. La decisión judicial se comunicó a la Conselleria de Justicia, que unas horas después envió a una empresa especializada para fumigar el juzgado y
desinfectarlo. Todos los señalamientos de este juzgado se suspendieron «hasta nuevo aviso» y la situación se comunicó a los asuarios con varios carteles colocados en la puerta y los accesos. Fuentes de los juzgados
explicaron que tras optar la juez por cerrar el juzgado, algunos empleados decidieron regresar a su casa y el resto se trasladó a otras oficinas para poder trabajar, como el Decanato. Según explicó el representante sindical
de CSI-CSIF Alfredo Eiroa el juzgado está ubicado en un local sobre el que hay un edificio de viviendas y la plaga procede de los pisos, aunque se ha extendido a la oficina judicial a través de un agujero por el que se comunican los bloques. Eiroa explicó que aunque se habían encontrado cucarachas con anterioridad, la situación se consideró «límite», al aparecer los insectos entre los expedientes, mesas y archivos. La Conselleria de Justicia reaccionó enviando a una empresa para fumigar el juzgado a la una de la tarde, el cual debía permanecer sellado unas doce
horas, por lo que la plantilla esperaba incorporarse hoy con normalidad.
Para el delegado de CSI-CSIF «todos los juzgados de San Vicente se encuentran en una situación lamentable, sobre todo los más antiguos que son los números uno y dos, pero lo que exigimos es que se construya un
palacio de justicia lo antes posible y que el proyecto no se demore más».
Según Alfredo Eiroa, el nuevo edificio es necesario «en aras de mejorar la imagen de la Justicia, porque hace ya varios años que las obras se tenían que haberse iniciado y los juzgados deberían estar ya funcionando en su sede». Otra cuestión que destacó Eiroa es que «la experiencia nos demuestra que los locales que alquila la administración generan estos problemas y es necesario disponer de infraestructura propia». Para el representante de CSI-CSIF, el traslado de los empleados del juzgado afectado a otras oficinas no es una buena solución «para juzgados que ya
están colapsados de personal».Por su parte, el responsable provincial de Justicia en CC OO, Carmelo Hernández, recordó que la situación que se registró ayer en San Vicente «la hemos denunciado de forma global repetidas veces junto a otros problemas de este tipo, ya que sospechamos que los roedores y las cucarachas vivían en perfecta armonía en la instalación del aire acondicionado». Carmelo Hernández aseguró que como delegado de Prevención de su sindicato iba a denunciar los hechos ante
Sanidad y la Inspección de Trabajo «porque la problemática ha llegado al máximo de lo sostenible». Hernández también reclamó «soluciones inmediatas a Justicia», ya que «si no se pone remedio nos plantaremos nosotros para que la gente no se vea obligada a trabajar en estas condiciones». El representante de CC OO expresó «mi más enérgica repulsa a la total dejadez, abandono y falta de interés que ha mostrado Justicia en todo este tiempo, ya que las instalaciones hace mucho que se consideran insostenibles». Carmelo Hernández critica que Justicia «lleve años
parcheando en estos locales, porque cada cierto tiempo aparece un problema similar y la imagen que está dando ante los usuarios es tercermundista».
Justicia rechaza la enmienda de Cataluña que reclamaba más tribunales de Marcas
M. J. S. ( Informacion 26.03.03)
La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados rechazó ayer la enmienda de Convergéncia i Unió (CiU) que presentó a la reforma de la Ley Concursal, en la que reclamaba que el Tribunal de Marcas se extendiera a más comunidades autónomas y no se limitara a Alicante. Tras el rechazo de la comisión, el nuevo texto legal no se alterará y se ratificará la próxima semana en el Congreso de los Diputados, que posteriormente lo trasladará al
Senado. La enmienda se presentó en noviembre, después de que el ministro de Justicia, José María Michavila, anunciara que la sede definitiva estaría en Alicante, donde la Generalitat ya ha previsto su sala en el edificio judicial
de Pardo Gimeno. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, recordó que la decisión política implicará que la provincia cuente con juzgados especializados de lo Mercantil y tribunal de apelación, lo que abre
nuevas perspectivas a los profesionales de la Justicia. El magistrado valoró positivamente el rechazo de la enmienda después de que se anunciara de forma oficial que la sede se concedía a Alicante. Para CiU, la decisión política de que el Tribunal de Marcas esté en Alicante por ser el lugar donde está la OAMI no se justificaba, al entender que sus resoluciones «son conocidas en vía jurisdiccional, no por los tribunales nacionales de los Estados miembros». También rechazó que el Tribunal de Marcas tenga carácter «excepcional» y alega que debería configurarse como un «modelo normal de demarcación en aquellas comunidades en que existan concentraciones importantes de tráfico industrial o mercantil». Otro alegato es el grave perjuicio que estima que la decisión causa «a todos los particulares y empresas de todo el territorio del Estado, que se verán obligados a salir del ámbito territorial de su comunidad para litigar».
La falta de intérpretes provoca retrasos de meses en las traducciones judiciales
Información 08.03.03
El Tribunal Superior de Justicia advierte en el informe de que la falta de intérpretes está provocando retrasos de meses en las traducciones judiciales. El documento refleja que «para conseguir traducciones al español desde el francés o el inglés se ha limitado excesivamente el personal lo que está provocando un retraso excesivo que no se corresponde con la agilidad que se está propugnado para la Justicia».
Los jueces denuncian en el análisis la deficiente informatización de los juzgados. En algunos partidos judiciales «el material está totalmente obsoleto. Ni siquiera se pueden leer los discos de legislación y jurisprudencia», sostiene el informe. Los juzgados tampoco están interconectados a través de Internet.
El TSJ critica en el documento al director general de Justicia, Eloy Velasco, por su «política de hechos consumados que en múltiples ocasiones ha adoptado desde una idea patrimonialista de los edificios y medios judiciales». El documento recuerda las injerencias de Velasco en competencias de los jueces al subrayar que su actitud «colisiona con las facultades que legalmente corresponden a los órganos de gobierno interno de los juzgados y tribunales». Los jueces matizan que con el conseller de Justicia los contactos «son más fluidos».
El TSJ detecta un incremento del 42% en los asuntos judiciales sin resolver
Los juzgados de Instrucción achacan el aumento de las demoras al crecimiento constante de la delincuencia
El Tribunal Superior de Justicia alerta en su memoria anual de un incremento del 42% de asuntos judiciales sin resolver en los juzgados de Instrucción. Los jueces de Instrucción de la provincia tenían 6.225 asuntos pendientes cuando se inició el año y cuando se cerró el 31 de diciembre los casos sin resolver ascendían a 8.885. El presidente del TSJ destacó ayer en Valencia que los juzgados alicantinos son los únicos de la Comunidad donde están entrando más casos de los que se están cerrando. Los magistrados de Instrucción se acogieron el año pasado a un plan de choque que debía acabar con los atrasos. Fuentes judiciales achacaron el aumento en los retrasos al crecimiento de la delincuencia en el último año.
El informe refleja que la situación en el resto de las jurisdicciones no es mucho mejor. Los casos sin resolver en los juzgados de lo Penal han aumentado un 10%. Los juzgados de Primera Instancia, que tramitan los asuntos civiles, también sufren un retraso importante debido, según el TSJ, a la elevada carga de trabajo que soportan.
El Tribunal Superior de Justicia destaca en el informe que la realidad es todavía más preocupante en los dos juzgados de Menores debido a que el número de asuntos resueltos es «sustancialmente inferior al de los casos nuevos». El TSJ apunta que los juzgados se encuentran «totalmente desbordados» a causa de la falta de plantilla en los equipos técnicos que deben analizar cada caso. El 31 de diciembre habían 643 juicios bloqueados porque faltaba un informe del equipo técnico. Los redactores del análisis reconocen que de «mantenerse el ritmo actual podría llegarse a una situación de todo punto inadmisible». Los jueces alicantinos ya han advertido de que el próximo mes los juzgados de Menores pueden llegar al colapso total.
El Tribunal Superior de Justicia propone medidas contundentes para intentar paliar este panorama. Los jueces piden la creación inmediata de un juzgado de lo Social en Elche al apreciar que los asuntos sin resolver empiezan a ser «alarmantes». Además solicitan la puesta en marcha de otro juzgado de lo Social en la ciudad de Alcoy con competencias para los partidos judiciales de Alcoy e Ibi debido a que es una zona industrial que origina un gran número de asuntos.
El TSJ considera prioritario la creación de la Sección Octava de la Audiencia Provincial en Elche y los juzgados de Instrucción número nueve de Alicante y el once de Primera Instancia para afrontar la reforma del partido judicial de San Vicente. Los autores del informen apuntan que es necesario adscribir un cuarto magistrado de apoyo a la Sección Sexta de la Audiencia y dos a la Sala de Elche. El TSJ insiste en el documento en que es urgente reforzar con jueces de apoyo los juzgados de Novelda, San Vicente, Alcoy y Torrevieja.
La Justicia podría producir un 25% más con los recursos que tiene
Efe, Madrid ( 6 Marzo 20003 )
La Justicia podría producir un 25% más de lo que actualmente hace con los recursos y medios de los que dispone, según un estudio presentado hoy en del Foro sobre la reforma y gestión de la Justicia.
En este foro se han elaborado tres estudios sobre la imagen y los costes de la Justicia. Uno de estos estudios, que aborda la dilación, eficiencia y costes, pone de manifiesto, según explicó ayer su autor, el catedrático Santos Pastor, que la Justicia española «no produce cuanto puede con los recursos con que cuenta, y lo que produce no lo hace al menor coste posible». Por ello, considera que los problemas de la Justicia no son una cuestión que pueda solventarse principalmente con más medios.
Prescriben 350 casos en los juzgados de Menores por la falta de medios
Los magistrados no pueden juzgar otros 1.100 asuntos que ya están instruidos por los fiscales porque carecen de un informe legal
Diario INFORMACIÓN 18.01.03 RAMÓN FERRANDO
Más de 350 casos del año 2001 que afectan a menores han prescrito porque no ha dado tiempo a juzgarlos, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El número de asuntos que ya ha empezado a prescribir por la falta de medios es sólo la punta del iceberg ya que centenares de denuncias ni siquiera se van a poder instruir. La situación se agrava cada día. La falta de plantilla en el equipo técnico del juzgado impide juzgar otros 1.100 asuntos que legalmente requieren un exhaustivo informe sobre la situación del menor. El equipo técnico sólo es capaz de tramitar 75 casos al mes. En la jurisdicción de Menores los asuntos menos graves como los robos con fuerza y de uso, los hurtos y las faltas por amenazas y lesiones prescriben al año. La finalidad de la ley es que los jóvenes sean juzgados en el menor tiempo posible para evitar que vuelvan a delinquir y para propiciar su reinserción. Este tipo de delitos que están
prescribiendo son los que estadísticamente más cometen los adolescentes.
El colapso en el juzgado está provocando que muchos asuntos ni siquiera se investiguen porque «materialmente es imposible», según fuentes judiciales.
Los fiscales y los jueces creen que los jóvenes de la provincia se están concienciando de que los delitos que cometen quedan impunes cuando comprueban que no son citados ni para declarar. Los fiscales consideran que «esta sensación de impunidad que se está generando entre los más jóvenes es alarmante ya que estadísticamente cometen el 48 por ciento de los robos».Fuentes de la Fiscalía de Menores advirtieron de que ya hay víctimas que han acudido al juzgado a protestar cuando han recibido la notificación de que su caso ha prescrito. Los fiscales, jueces y funcionarios sostienen que el juzgado se ha colapsado porque Justicia ha tardado dos años en reforzar la plantilla de la Fiscalía lo que ha provocado que muchos asuntos se hayan ido acumulando hasta que la situación se ha vuelto «insostenible». Los jueces están convencidos de que se llegará al colapso total antes del mes de abril como el Gobierno no cree de inmediato el tercer juzgado de Alicante. A estas penurias se une que uno de los dos
magistrados, que tiene seis años de experiencia, ha sido trasladado al TSJ de Madrid.
Justicia inaugura el Juzgado de Instrucción número 8 DEPENDENCIAS DE BENALUA EN ALICANTE
El PERIÓDICO DE ALICANTE 30.12.02
El director general de Justicia, Eloy Velasco, inaugura hoy a la 13.00 horas en el Edificio de los Juzgados de Benalúa de Alicante las instalaciones del nuevo Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad, una demanda largamente extendida dentro de la judicatura alicantina por su necesidad, a la espera de la futura Ciudad de la Justicia, que unificará en un mismo espacio todos los juzgados de Alicante.
Recientemente se anunció que la urbanización de los 27.854 metros cuadrados de los terrenos del antiguo cuartel de San Fernando, así como de los edificios de la Audiencia Provincial y los nuevos juzgados y los de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, se iniciarán a finales de 2003, según dijo el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.
El primer edil adelantó que los técnicos de Urbanismo están redactando la modificación del PGOU para aprobarlo por pleno en enero o febrero.
La precaria realidad de los juzgados
Falta de personal y de ordenadores, archivos en los sótanos y goteras son sólo algunas de las carencias de los tribunales de la provincia.
(INFORMACIÓN 16 Diciembre de 2.002)
La realidad vuelve a desmentir a la oficialidad. Mientras la gran mayoría de la planta judicial de la provincia adolece de una ostensible y endémica falta de medios materiales, el director general de Justicia, Eloy Velasco, mantiene que las carencias denunciadas por los jueces no son reales. Preguntado por el uso por parte de un juzgado de Alicante de un fax procedente de un robo, Velasco respondió el miércoles pasado que los tribunales alicantinos «están mejor dotados de medios que los de otras comunidades». Ésta es la versión oficial; a continuación se refleja, comarca por comarca, la situación real de los juzgados de la provincia.
Los magistrados de Alicante llevan meses advirtiendo de que no pueden seguir trabajando con la actual carencia de medios. El principal problema en estos momentos es la falta de intérpretes. Hace unos días una juez dejó en libertad a un detenido porque no se presentó el traductor de lituano. Los titulares de los juzgados de Instrucción exigen que la Conselleria de Justicia les proporcione al menos un intérprete de árabe y otro de rumano de forma permanente para cubrir las guardias. De momento han de compartir los traductores con el resto de juzgados y en algunas guardias se han colapsado. Los siete juzgados de Instrucción también carecen del fax que necesitan para notificar sus resoluciones. Esto ha obligado a un juez a utilizar un fax procedente de una intervención policial para poder trabajar. El parque de ordenadores se ha quedado obsoleto. Los juzgados de Alicante debían estar registrando desde hace un año los casos con el programa Cicerone, pero fallan los equipos. Los problemas con el sistema informático, debido a que no hay un equipo de técnicos de guardia, han obligado en algunas ocasiones a tomar las declaraciones de los detenidos a mano. La carencia de medios obligó a los jueces de Instrucción a suspender en julio los juicios rápidos, que aplicaban con éxito desde enero. Esta falta de infraestructura también acabó con los juzgados de Malos Tratos. Los juzgados de lo Civil carecen de medios básicos como las impresoras en las salas de vistas. Asímismo, la falta de personal en los juzgados de Menores ha provocado la desmoralización de los fiscales, que ven cómo día a día se van acumulando casos a los que no pueden hacer frente. La Generalitat implantó hace tres años un complejo sistema de seguridad con video vigilancia para el Palacio de Justicia, pero nunca se ha usado porque no contrató a una persona para que controlara los monitores. (Informa Ramón Ferrando ).En Elche , los juzgados están anclados desde hace seis años por la falta de espacio. Un problema que se ha agudizado por el incremento de nuevos órganos judiciales (una sección de la Audiencia y tres juzgados especializados en laboral, penal y contencioso), y al que no se dará una respuesta en un plazo mínimo de dos o tres años, pues aún no se conoce cuándo saldrá a concurso el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En la actualidad, los juzgados de Elche están divididos en tres sedes, y en el edificio de la plaza de los Reyes Católicos se ubican en la planta semisótano, sin condiciones, algunos de los órgans judiciales donde trabajan una veintena de personas y por los que pasan cientos de ciudadanos cada año.
En esta planta se encuentra la sección de la Audiencia, las oficinas de Fiscalía, los despachos forenses y parte de los archivos. Precisamente, el exceso de asuntos antiguos y la falta de espacio del almacén ha provocado que los huecos de una escalera interior del edificio se usen como improvisados archivadores. La creación de órganos judiciales ha obligado a utilizar unas antiguas dependencias del Ayuntamiento de Elche para dos juzgados que incumplen la normativa en materia de barreras arquitéctonicas al carecer de un ascensor para acceder a ellos. En estas dependencias no existe seguridad alguna, como tampoco en los juzgados de lo Social, donde los funcionarios han reiterado la falta de seguridad y los robos. (Informa Manuel Alarcón ).
Los juzgados de Torrevieja y Orihuela padecen los mismos problemas de falta de medios e inseguridad con el agravante de estar situados en zonas con un crecimiento demográfico espectacular que magnifica esos problemas. Las viejas dependencias judiciales de Orihuela están empapeladas con las reivindicaciones de los funcionarios, mientras que el Palacio de Justicia de Torrevieja, inaugurado en 1999, se quedó pequeño nada más comenzar su andadura y ya se prevé su ampliación. La Conselleria admite que el crecimiento en el número de casos y la acumulación de asuntos que pasan por esos juzgados de la comarca es el más grande de España. De hecho, en los últimos tres años la Administración autonómica y el Consejo General del Poder Judicial no han tenido más alternativa que instar a la creación de seis nuevos juzgados. Durante el ejercicio de 2001 en Torrevieja entraron 27.500 denuncias y asuntos penales y se resolvieron 31.000, frente a los 35.000 registrados en Orihuela por 37.000 resueltos, según los datos de Justicia. Sindicatos y usuarios critican los largos retrasos que provoca la ausencia de un juzgado de lo penal en Torrevieja. (Informa David Pamies )
El nuevo Palacio de Justicia de Dénia se inauguró al principio de la presente legislatura y, tras las palabras de las autorridades locales y de Eloy Velasco, un grupo de trabajadores se manifestó denunciando las carencias del centro. Poco más de dos años después, la falta de espacio y la nula vigilancia se han revelado como principales carencias de un centro que «hace agua». Ante la falta de medios y espacio, los expedientes judiciales se encuentran por encima de mesas y sillas y en el suelo. Además, al encontrarse los archivos completamente repletos, muchos de los expedientes se están almacenando en el sotano y cuando llueve con cierta intensidad -algo que ocurre en Dénia
todos los años-, las bombas son incapaces de extraer el agua y acaba inundándose. Así ocurrió en el temporal de Pascua de este año y eso que no era la primera vez que pasaba. Otro problema grave que padece el Palacio y que ha sido denunciado reiteradamente por los funcionarios es la nula seguridad que existe en el edificio. Ninguna persona vigila las instalaciones y aunque hay cámaras instaladas, no hay nadie pendiente de ellas. (Informa César Monzonís ).
Las obras del Palacio de Justicia de Benidorm están agravando el abandono de las sedes judiciales de este municipio, donde, según denuncian los sindicatos, todo está en precario hasta que abran las nuevas instalaciones. Como ejemplo extremo, en los pasillos de los juzgados de lo penal, ubicados en la calle del Marqués de Comillas, cajas de cartón se han utilizado como mesitas en pasillos de atención al público en alguna ocasión.De todos modos, la sede judicial de Marqués de Comillas ha sido la más criticada por los sindicatos, que denuncian que los locales no cumplen con los mínimos de seguridad laboral: carecen de salidas de emergencia y la sala de vistas no tiene ventilación, según CC OO. El coordinador provincial del sector de Justicia de este sindicato, Carmelo Hernández, aseguró que de no ser por la presión sindical, en Benidorm algún juzgado habría acabado
habilitado en un sótano. Es el caso de las dependencias del servicio común de notificaciones y embargos, que se han habilitado en una sala de muy reducidas dimensiones para atender al público, y en un sótano para las labores de clasificación y reparto, una sala sin ventilación que en un primer momento compartieron con el Colegio de Procuradores. Éstos se desplazaron a los juzgados de la calle de Finlandia ante su negativa a tener que trabajar en ese sótano. (Informa José A. Martínez ).
La situación de los juzgados de Alcoy ha sido motivo de constantes denuncias a causa de la falta de espacio y de condiciones del edificio del Palacio de Justicia. Aunque en diversas ocasiones se ha planteado la necesidad de construir un inmueble nuevo, los sucesivos gobiernos nunca han abordado el proyecto. La primera deficiencia que presenta este edificio es la falta de espacio, que hace que
se acumulen los expedientes en unos archivos totalmente saturados y que se compliquen los trámites judiciales. Todos estos problemas se hacen especialmente patentes en el juzgado número 2, ubicado en un semisótano, y sobre el que existe un informe negativo del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, el Palacio de Justicia de Alcoy se encuentra en un descampado, relativamente lejos de zonas habitadas, lo que hace que presente problemas de seguridad. En cuanto al juzgado de Ibi , las condiciones son aún peores. Estas dependencias, ubicadas en los bajos de un edificio, presentan goteras y falta de espacio. El Ayuntamiento negocia con la Generalitat la construcción de una nueva sede que permita abordar con mayor dignidad las tareas judiciales. (Informa Javier Llopis )
Los juzgados de San Vicente son, según Pablo Cuéllar, dirigente del sindicato CC OO, «el paradigma de lo que no debe ser un juzgado, simplemente porque no tienen edificio, son cuatro plantas bajas de unos edificios con un patio interior». Los trabajadores de estas instalaciones critican la falta de seguridad de los mismos, «con cuatro puertas distintas y sin agentes ni aparatos de escáner cualquiera puede entrar libremente y cualquiera puede robar como ha ocurrido en Benidorm y en Elda». Los locales se encuentran además en una situación muy precaria con falta de higiene y suciedad, debido entre otras cosas a la falta de espacio. «Existen humedades, cucarachas y hasta ratas». Tanto es así que muchos funcionarios evitan ir al aseo y prefieren ir a otros aseos de los bares próximos, indica Cuéllar. (Informa Vicente López ).
De los juzgados del Alto y Medio Vinalopó, el de Novelda es el que presenta la situación más precaria por la histórica falta de personal y material que viene soportando desde hace años. El elevado volumen de trabajo diario al que se enfrentan sus trabajadores se refleja en uno de los índices de retraso en la tramitación de casos más alto de España. En los juzgados de Elda y Villena la principal deficiencia reside, sin embargo, en la falta de seguridad integral, una carencia que se quiere paliar a partir de 2003 con agentes de la Guardia Civil en la reserva. El Palacio de Justicia de Elda ha sufrido en los últimos años más de tres robos en el interior de sus instalaciones. En Villena el edificio judicial también necesita un mayor grado de seguridad y una renovación de sus vetustas dependencias. (Informa Pérez Gil ).
Justicia cobrará tres euros a la hora por cuidar niños de profesionales y usuarios
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Diario Información 7.12.02 )
CC OO critica que el alto precio de la guardería impedirá usarla a los funcionarios y personas con
La Conselleria de Justicia tiene previsto abrir en los próximos meses una guardería para cuidar a los hijos de los profesionales y de los usuarios que la requieran al precio de tres euros la hora, según ha
informado el sindicato CC OO. El proyecto se puso sobre la mesa en una reunión reciente entre sindicatos y representantes de la Administración, donde se detalló que bajo el nombre de «ludoteca» la instalación se ubicará en la cuarta planta del edificio judicial de Pardo Gimeno, la cual ya está en
fase de obras con la intención de abrir al público el año que viene. La idea inicial es que no funcione como guardería de uso diario, sino prestar el servicio para padres que se vean en apuros por tener que acudir a los juzgados por trabajo u obligación sin que puedan dejar a los niños pequeños al cuidado de terceros. Para el coordinador provincial de CC OO, Carmelo Hernández, el proyecto es discriminatorio «porque deja fuera a los hijos de los funcionarios que no pueden pagar ese precio y a los de muchos usuarios de escasos recursos económicos». El proyecto se está llevando a cabo con la colaboración del Colegio de Abogados, entidad que asumirá el coste del personal, mientras que la Dirección General de Justicia se limitará a ceder las dependencias. Para Carmelo Hernández, «crear una guardería o ludoteca
es una buena idea, pero no se puede plantear bajo un punto de vista discriminatorio en un espacio de la Administración, por lo que si el objetivo es ponerla en funcionamiento para hijos de jueces, abogados y
procuradores, debería plantearse en otro espacio». El sindicato considera que el concepto del proyecto debería modificarse para que todos los colectivos puedan beneficiarse del servicio, el cual ya se ha puesto en marcha en Valencia. Jueces, fiscales, secretarios y otros profesionales consultados por este diario consideran también que el precio estipulado es caro si se necesita utilizar con frecuencia.
Las grandes empresas pagarán hasta 600 euros por usar la Justicia
El sistema afectará al orden Civil y Contencioso-administrativo de la provincia, donde el 60 por ciento de pleitos lo plantean mercantiles, financieras, aseguradoras y bancos
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Información 28.11.02)
Las grandes empresas pagarán hasta 600 euros de tasas por usar la Justicia, según consta en una enmienda ayer presentó el PP en el Senado a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos y que entrará en vigor a principios del próximo año. La medida afectará de forma importante en la provincia, donde un 60 por ciento de pleitos los plantean mercantiles relevantes, financieras, entidades bancarias y compañías aseguradoras, según consta en un estudio elaborado por el secretario judicial Juan Luis Bañón.
Estas tasas afectarán al orden Civil y al Contencioso-administrativo, ámbitos donde las grandes empresas plantean la inmensa mayoría de sus litigios sin que apenas les suponga un coste económico. Según explica Juan Luis Bañón, en la actualidad «quienes más acuden a los juzgados para reclamar el pago de sus créditos, que además tienen acreditada solvencia, gozan en la práctica de "justicia gratuita", o lo que es lo mismo, no pagan a su abogado y procurador porque tienen contratos laborales con sus profesionales cuya remuneración suele ser independiente del número de pleitos en los que intervienen, o pactos con ellos en virtud de los cuales renuncian a cobrarles cualquier clase de honorarios por su intervención en un juicio concreto y el profesional sólo cobrará cuando haya condena en costas y pague el obligado su pago».
A partir del año próximo, aunque las empresas y profesionales mantengan este tipo de acuerdos, se verán obligadas a abonar una tasa, la cual no repercutirá en la parte perjudicada en el pleito.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, explicó ayer que las tasas afectarán en el orden Civil a los casos en los que se interponga una demanda, cuando un demandado plantee a su vez una demanda a su demandante, por interponer un recurso de apelación o uno extraordinario por infracción procesal, además de los recursos de casación al Supremo.
Dentro del orden Contencioso-administrativo el pago de la tasa se establecerá por la presentación del pleito y los recursos de apelación y de casación.
El magistrado, también portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que este sistema supondrá «un ingreso de mucho dinero al cabo del año que servirá para financiar la Justicia». Además, indicó que «entendemos que el sistema está bien regulado, ya que no va a repercutir sobre la parte más débil ni sobre los perjudicados en los pleitos. Es el pago por acceder a la Justicia, como si fuera la entrada al cine».
Magro expuso que estarán exentos del pago de las tasas las entidades sin fines lucrativos, las de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La lista incluye a las entidades exentas total o parcialmente del impuesto sobre sociedades, las personas físicas y los sujetos pasivos «que tengan consideración de entidades de reducida dimensión, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del impuesto sobre sobre sociedades». En este último punto se encontrarían los pequeños empresarios.
El sistema de tasas fue ayer motivo de polémica política al mostrar su desacuerdo el PSOE. El secretario de Libertades Públicas socialista, Juan Fernando López Aguilar, considera que el Gobierno está incumpliendo el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y acusó al Ejecutivo de actuar «con alevosía», al considerar que «se trasladará a los consumidores vía precios y abre la puerta a que ene un futuro se extiendan al conjunto de los procesos judiciales».
Se crean cuatro nuevos Juzgados en la Provincia de Alicante
REDACCIÓN INFORMACION 28 SEPTIEMBRE 2002
El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de cuatro juzgados más para la provincia de Alicante al figurar como una de las más inseguras y al ser incluida en las medidas del Plan contra la Delincuencia. Los órganos judiciales que se pondrán en marcha próximamente son el 8 de Instrucción de Alicante, el 3 de Novelda, el 6 de Dénia y el 3 de lo Penal de Elche. Además, se aprobó la creación de dos plazas más de fiscales para la Audiencia Provincial de Alicante.
Los nuevos órganos judiciales para Alicante forman parte de los 45 en total que se aprobaron para otras provincias como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Cádiz, A Coruña, Lleida, Ciudad Real, Toledo o Girona, así como los cinturones urbanos de las grandes ciudades y 70 plazas para fiscales.
El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que la puesta en marcha será inmediata y servirá para la implantación del sistema de juicios rápidos, que permitirá juzgar los delitos en un máximo de 15 días y las faltas en 72 horas.
El Gobierno acordó remitir al CGPJ y al Consejo Fiscal el nuevo estatuto de del Ministerio Fiscal, que otorga a esta institución la función de proteger con más eficacia a las víctimas y crea la figura del fiscal delegado.
El conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, destacó la creación de un registro nacional de casos judiciales sobre violencia doméstica del plan de choque autonómico contra los malos tratos para ampliar el servicio VIDA que la Generalitat puso en marcha el año pasado en la Comunidad, aunque sigue sin utilizarse.
González Cepeda recalcó que, con la llegada de más juzgados, más jueces y más fiscales, «se cubren muchas de las demandas que la Generalitat y el Tribunal Superior habían solicitado al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para la futura generalización de los juicios rápidos».
Una avería en el juzgado de guardia obliga a tomar las declaraciones a mano
Información 9 de Septiembre de 2.002
Una avería en el sistema informático obligó ayer al juzgado de guardia a tomar a mano la última declaración, según confirmaron fuentes próximas al caso. Los funcionarios tuvieron que tomar la declaración a mano porque el juzgado carece de máquina de escribir. El fallo, que no es la primera vez que se produce, ocurrió a las dos de la tarde. El juzgado no pudo encontrar a ningún técnico de la Conselleria para que solucionara la avería. El Palacio de Justicia de Alicante carece de un equipo de informáticos de guardia. Todos los ordenadores funcionan conectados a la red y cuando falla el sistema se bloquean los juzgados.
Los abogados reclaman a los jueces que acaben con las esperas en los juzgados
El colectivo se queja de mala organización y pide al Tribunal Superior que adopte medidas para que los juicios
se celebren con puntualidad
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Diario Información 1 de Agosto 2.002)
El Colegio de Abogados de Alicante reclama a los jueces que adopten medidas para que los juicios se celebren con puntualidad y se ponga fin a las largas esperas que todos los días se repiten en los juzgados, según informó el decano de este colectivo, Mariano Caballero. Con este objetivo, en los próximos días el colegio profesional remitirá un escrito a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, en el que instan a sus responsables a que den instrucciones a los jueces para que acaben con esta problemática. Como argumento, los letrados alegan que se está vulnerando la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, donde se expresa el deber de asistir a los usuarios y a que se celebren los juicios con la máxima puntualidad. Para el decano de los abogados, «se trata de una norma de respeto elemental, aunque sabemos que los retrasos son a veces inevitables». Además, los profesionales de la abogacía alegan que el hecho de que se dicten normas o recomendaciones para paliar los retrasos en los pasillos «no afecta a la independencia
judicial». Mariano Caballero aboga porque se ponga fin a prácticas usuales en los juzgados a la hora de señalar juicios, como que varias vistas se fijen a la misma hora y se comience por la que esté primero completa, en función de la llegada de las personas que estén citadas. Otra costumbre es señalar los juicios con tan sólo diez o quince minutos de diferencia, «tiempo en el que es imposible que se celebre un juicio, ya que a veces sólo con tomar los datos de la filiación ha transcurrido el plazo previsto entre uno y otro».Para Caballero, estas esperas que pueden prolongarse dos y tres horas provocan situaciones «incómodas» en los pasillos, además de incrementar el nivel de tensión de los que las sufren. Una consecuencia directa es que al prolongarse el retraso y aumentar el número de personas que esperan, un funcionario tenga que abandonar la sala para «reñir» a las personas por hablar en voz alta
y pedirles que se callen, «no siempre con buenos modos, cuando tampoco nos correspondía seguramente estar ahí». Caballero estima que «aunque se produzcan tiempos muertos si hay suspensiones, es más lógico que los sufran los jueces, secretarios y el resto de la plantilla, que están en su puesto de trabajo y pueden seguir dedicándose a él, en vez de hacernos perder a los demás todo el día». Un tema más que preocupa al colectivo es que tras la reforma de la Ley Procesal Civil, «ahora nuestra presencia es física es imprescindible en las vistas, ya no podemos solucionarlo presentando un escrito y nuestro tiempo lo tenemos que aprovechar al máximo, sin tener que dejar pasar uno Civil por uno de faltas, que te lleva toda la mañana».Los abogados esperan que «los jueces hagan un esfuerzo en este sentido, ya que también hay muchos ejemplos de jueces que intentan ser puntuales». Sin embargo, hace meses el Colegio ya remitió sin éxito varios escritos dirigidos a los jueces decanos de los juzgados.
Los jueces responden a los abogados que sus largos informes orales causan las esperas
M. J. S. ( Diario Información 2-Agosto-02)
Jueces consultados ayer por este diario han respondido al Colegio de Abogados de Alicante que las esperas que se producen en los pasillos de los juzgados las causan los letrados en muchas ocasiones por los largos informes orales que exponen en los juicios, a pesar de que el asunto que se esté juzgando «sea una simpleza». La respuesta se produce un día después de que el decano del colegio profesional, Mariano Caballero, anunciara su intención de remitir un escrito al Tribunal Superior de Justicia y al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, instándoles a adoptar medidas para evitar las largas esperas que sufren junto a sus clientes en los juzgados. El colegio critica hábitos como que se señalen varios juicios a la misma hora o con tan sólo unos minutos de diferencia,
entre otras cuestiones. Magistrados del Palacio de Justicia de Benalúa estiman que la acción de Caballero se debe «a una pura estrategia electoral», ya que en octubre está previsto que el Colegio convoque elecciones para renovar los cargos de su junta de gobierno. Los jueces entienden que los letrados no deben interferir en su organización interna.El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, respondió con un comunicado donde expone que el exceso de juicios que se señalan es por la necesidad de evitar el colapso de los juzgados. Apunta que «sería absurdo pensar que existe otro interés, ya que el mayor número de señalamientos lo que produce es una mayor carga de trabajo para todos». Magro afirma que «el grado de compromiso de los jueces es total con los problemas que sufre el ciudadano». CC.OO.La queja de los abogados indignó también al sindicato CC.OO., que defendió la labor que realizan los agentes en los juzgados al intentar mantener el orden, tanto en los pasillos como en la sala. Para el sindicato, los abogados «quieren llevar también más asuntos de los que pueden y al igual que la Justicia, deben ampliar plantilla». Por otra parte, el secretario de Administraciones Públicas del PSPV-PSOE, Toni Such, instó al conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, a cumplir su compromiso de reordenar los juzgados en materia Civil y Penal, además de recordar que su partido reclama un estudio sobre esta cuestión.
La implantación de la videoconferencia en los procesos judiciales proporciona ventajas sociales
8/7/02 Alex Monjas Entrevista a D .Eloy Velasco (Director Gnal. Justicia Cdad.Valenciana)
La utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales es un fenómeno que ha eclosionado este año en la
Administración de Justicia española. Eloy Velasco, director general de Justicia de la Generalitat Valenciana comenta en esta entrevista a vLex cómo está resultando la implantación de esta nueva tecnología.
Velasco participó en un acto organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña sobre la introducción de la videoconferencia en el proceso judicial. Todos los ponentes coincidieron en que se trata, sin lugar a dudas, de un importante avance dentro de la modernización de la Administración de Justicia, ya que contribuye a reforzar las garantías del ciudadano, propicia una justicia más ágil y, por tanto, más efectiva, y reduce los costes de desplazamiento y de seguridad.
Sin embargo, la introducción de la videoconferencia también ha suscitado un interesante debate centrado en el ámbito de la seguridad y garantías jurídicas. En este sentido, y tal como quedó reflejado en la jornada organizada por la Administración catalana, el principal problema que ha de superar esta nueva tecnología es la fe judicial.
-La utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales plantea, según los expertos, un problema a la
hora de poder dar fe judicial. ¿Qué posibles soluciones se podrían aplicar?
-La solución más sencilla consiste en que, como hay que dar fe judicial de lo que está ocurriendo tanto en el sitio receptor como emisor, situar un fedatario público en ambos extremos. El problema que puede comportar esta medida es cuando uno de los dos puntos se halle situado en el extranjero. Entonces habría que pensar en utilizar las fórmulas de garantía que tenga el país en donde se está realizando el acto receptor o bien poner un fedatario público nacional (que podría ser un cónsul o un embajador de España) en el sitio donde se está llevando a cabo esa
diligencia en el extranjero y que nos garantice que el acto procesal se ha realizado de una manera limpia.
-¿Las nuevas tecnologías, caso de la firma digital, podrían aportar algo en este sentido?
-Además de la videoconferencia en sí, en cuanto a telecomunicación virtual de imagen y sonido entre dos puntos muy lejanos entre sí, los propios aparatos tienen otras aplicaciones tecnológicas que pueden tener mucha utilidad, como son, en primer lugar, el lector de documentos, que permite leer textos que se están generando o que se han generado en sitios muy distantes. En segundo lugar, podríamos aprovechar la figura de la firma electrónica, que ya está empezando a implantarse a través de las telecomunicaciones informáticas y ofimáticas, y que podría ayudar al
secretario judicial o fedatario público a la hora de garantizar el proceso. Por último, como la videoconferencia ofrece la posibilidad de almacenamiento de la transmisión, se puede utilizar para poder recurrir en segunda o tercera instancia.
-Se venían realizando pruebas piloto de utilización de la videoconferencia desde hace cuatro años, pero no ha sido
hasta principios de 2002 que se ha comenzado a aplicar de una manera más generalizada. ¿Existe algún tipo de reticencia a la hora de su utilización?
-Estas tecnologías surgen primero en otros campos. Los primeros que las aplican son las grandes empresas y multinacionales, ya que les permiten poder mantener encuentros sin necesidad de tenerse que desplazar.
También en países donde las distancias son considerables, como Estados Unidos, han tenido mucho éxito, porque evitan esos desplazamientos. En el caso de la Administración de Justicia española, ha sido a raíz de la introducción de algunas novedades, como la grabación de juicios que trajo la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha decidido por dar el salto. Se ha producido un poco tarde, es cierto, pero yo creo que ya es imparable.
Además, yo subrayaría que la aportación fundamental que comporta la utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la Justicia son las ventajas sociales, ya que va a posibilitar que los ciudadanos no tengan que pasar miedo a la hora de realizar una rueda de reconocimiento, que el policía no tenga que perder tiempo en desplazar presos a sedes judiciales para que intervengan en procesos, porque se va a poder realizar a distancia, o que un enfermo o un turista no tenga que desplazarse para venir a declarar en un juicio. Esto va a obligar a los políticos a que estas tecnologías tengan una aplicación mucho más cotidiana.
-Entonces, según usted, ¿las principales ventajas de la utilización de la videoconferencia en el campo de la Administración de Justicia serían de tipo social?
-Efectivamente, la razón principal por la que deberíamos aplicar estas tecnologías es para que el ciudadano vea ventajas sociales, como colaborar más con la Administración de Justicia. A veces, les pedimos a los ciudadanos que sean héroes y que nos cuenten una cosa peligrosa en la cara de la persona que se lo ha hecho, con todo lo que eso puede llegar a comportar. Esto provoca que haya gente que no quiera ir a los juicios. Así, yo creo que las nuevas tecnologías pueden simplificar y agilizar procesos, pero lo que es más importante, nos van a proporcionar tranquilidad.
-A nivel europeo, países como Italia o Francia, tienen muy desarrollada la utilización de la videoconferencia. España, ¿en qué situación se encuentra respecto a Europa?
-Italia es el país de la Unión Europea que más desarrollada tiene la utilización de la videoconferencia. España se podría situar en el segundo lugar, por el empuje de muchas Comunidades Autónomas que tenemos ahora transferidas las competencias en materia de Justicia y que estamos invirtiendo cantidades importantes de dinero. La Comunidad Valenciana ha empezado a aplicar la videoconferencia desde este año.
Me consta que la comunidad catalana va a dotar a 17 sedes judiciales con este sistema antes de finales de año. Asimismo, desde Valencia hemos hecho exhortos con Murcia, Zaragoza y Madrid. El año 2002 pasará, entre otras cuestiones, a la historia por ser el momento en que las distintas Administraciones autonómicas coincidieron en decidir que era el momento de aplicar esta tecnología. La estamos aplicando en las grandes ciudades, también es verdad, por lo que su aplicación en los pequeños partidos judiciales todavía se va a demorar unos cuantos años.
-¿Qué valoración hace de su aplicación en la Comunidad Valenciana?
-Desde febrero, que es cuando comenzamos a aplicarla, hasta la fecha se han realizado 62 diligencias, de las cuales, 49 de ellas fueron el reconocimiento en rueda. Esto ha supuesto un gran avance en las investigaciones, ya que no se han tenido que realizar excarcelaciones y ha repercutido en una alta contribución ciudadana. En segundo lugar, se situarían las diligencias de declaración en juicio, principalmente con las Islas Baleares y con localidades más alejadas.
Ahora, los dos principales retos que tenemos en la Comunidad Valenciana con la aplicación de la videoconferencia en procesos judiciales son, en primer lugar, una conexión que vamos a realizar con la isla de Cerdeña en Italia para que tres testigos italianos declaren desde allí en un juicio por homicidio en Valencia. Es la primera experiencia en que se va a internacionalizar el uso de este instrumento.
En segundo lugar, queremos utilizar la videoconferencia en el juicio del motín de Fontcalent, en el que unos 20 reclusos se sublevaron y que acabó con la muerte de otro interno. Son reclusos muy peligrosos, están diseminados por varias cárceles de toda España y el juicio podría comportar ciertos riesgos si durante su duración se tuvieran que excarcelar al principio del día y devolver a prisión al final de la jornada a tantos reclusos.
-¿El éxito de la implantación de la videoconferencia en la Comunidad Valenciana depende del resultado de estos dos retos que usted ha comentado?
-No, yo creo que el éxito depende de su utilización. Para mí, 62 diligencias en tres meses y medio de aplicación de la videoconferencia es todo un éxito. Lo que pasa es que la repercusión social va a ser mucho mayor, por ejemplo, en el caso de Fontcalent, por el número de personas implicadas. Pero yo creo que para cada afectado, su juicio es el más importante y si podemos evitarle situaciones violentas, desplazamientos y le ofrecemos tranquilidad, ganamos en rentabilidad social.
-Para concluir, hay algunos expertos en Derecho que son reticentes a que la aplicación de la videoconferencia derive en lo que ellos denominan juicios virtuales. Esto es, que las partes y hasta el juez puedan encontrarse en sitios diferentes. ¿Esto no sería desaprovechar las posibilidades que ofrece el medio?
-No es bueno ser radical ni a favor ni en contra de su utilización. Yo pongo el ejemplo de la eliminación de España en el mundial de fútbol. Todos vimos cómo perdió, en un partido disputado a miles de kilómetros y jugado con una importante diferencia horaria y no había ningún fedatario público en Corea para certificar lo que ocurrió. Yo no sé qué día podrá ser verdad que a través de Internet, o con las tecnologías que ya empieza a haber en materia de telecomunicaciones, podremos evitar perder el tiempo en desplazamientos y colaborar con la Administración de Justicia.
Hace siete años nadie se imaginaba el grado de implantación en la sociedad que iba a tener la telefonía móvil o las retransmisiones televisivas vía satélite, y hoy están a la orden del día. Decir que no vamos a utilizar una tecnología de aquí a un tiempo porque parece una situación extraída de una novela de George Orwell es ser un poco aventurado.
Quizás sí que llegue el día en que podamos hacer los juicios desde casa y no será malo.
Una juez propone el cese de una interina por falta de rendimiento
CC OO considera que la decisión es un atropello porque «se convierte en empresaria» cuando la funcionaria ha superado todas las cribas
R. FERRANDO INORMACION 29 Mayo 2.002(SAN VICENTE DEL RASPEIG )
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Vicente del Raspeig ha propuesto el cese de una funcionaria por falta de rendimiento, según informó el delegado sindical de CC OO Pablo Cuéllar. La juez justifica la petición en «la manifiesta incapacidad de la interina para desempeñar su trabajo debido al desconocimiento absoluto de la actividad judicial e incluso de las nociones mecanográficas o informáticas imprescindibles». CC OO considera que la decisión es un atropello porque la magistrada se convierte «en empresaria» y se extralimita en sus funciones cuando la funcionaria ya ha superado todas las cribas de la Conselleria de Justicia para acceder a la bolsa de trabajo. Legalmente la juez puede proponer el cese de un funcionario por bajo rendimiento.
La titular del juzgado incide en su propuesta de cese en que la interina se limita a «citar testigos para juicios y poco más. Respecto a los asuntos civiles antiguos no provee escritos porque desconoce la tramitación» ... «transcurrida la jornada nos preguntamos qué ha hecho la funcionaria durante toda la mañana, en la que ciertamente permanece sentada en su mesa».
Pablo Cuéllar tildó de lamentable la decisión de la juez, que el sindicato ya ha recurrido, porque «proponen cesarla por unas funciones que no tiene asignadas. En el juzgado no le han impartido ningún tipo de curso. No se puede exigir a una persona haber nacido enseñada». Cuéllar insistió en que la funcionaria «proviene de la bolsa de trabajo. Para acceder ha acreditado los méritos del trabajo para la que fue propuesta. No entendemos el interés de la juez de examinar la capacidad de la interina para ser auxiliar de Justicia».
La titular del juzgado asegura que no cuestiona «el cumplimiento del horario laboral y el empeño subjetivo para superar sus dificultades, pero desde luego el rendimiento y la eficacia del trabajo que realiza es nulo».
El delegado sindical de CC OO manifestó que la funcionaria «aceptó trabajar como auxiliar de un juzgado. Nadie le dijo que tenía que desempeñar funciones de juez». Pablo Cuéllar criticó la normativa de la Conselleria que permite que un juez proponga el cese de un funcionario por bajo rendimiento. «Esta situación revela el interés de la Dirección General de Justicia en precarizar el empleo de los funcionarios interinos sometiéndoles a una amenaza de cese indiscriminado para fomentar actitudes clientelistas», indicó Cuéllar.
Cierran la mitad de un juzgado de Instrucción por falta de personal
Dos tercios de la plantilla están de baja por vacaciones forzosas o enfermedad y Justicia todavía no ha cubierto estas plazas
R. F. ( Informacion 29 de Mayo de 2.002)
El magistrado y el secretario del juzgado de Instrucción número cuatro de Alicante decidieron ayer cerrarlo parcialmente «por falta de personal». El juzgado sólo cuenta con un tercio de la plantilla y no da abasto. De los nueve funcionarios que trabajan en Instrucción cuatro, dos disfrutan de quince días libres, uno acaba de volver de vacaciones y está poniéndose al día y tres están de baja por enfermedad. El juzgado sólo cuenta con tres funcionarios para sacar el trabajo del día. La situación se verá agravada hoy porque el secretario tiene que acudir a un congreso en Valencia y permanecerá varios días fuera.
El juzgado ha cerrado la sección de juicios de faltas y ejecutorias y mantiene abierta la de delitos ante la imposibilidad de atender a los abogados que diariamente solicitan información sobre el estado de sus asuntos. Los letrados que ayer intentaban conseguir información aseguraron que la situación «era caótica» a pesar del esfuerzo de los funcionarios que atendieron todas las urgencias.
Fuentes del Palacio de Justicia próximas al juzgado precisaron que el problema se ha producido por la imprevisión de la Conselleria al no cubrir una de las bajas por una intervención quirúrgica de un funcionario el 9 de mayo que llevaba semanas anunciada. Estas fuentes incidieron en que además se ha sumado el desbarajuste que ha supuesto que los interinos estén obligados a coger este mes las vacaciones porque en junio van a sustituirlos funcionarios fijos tras el macroconcurso de traslado que se acaba de aprobar. Los interinos que renuncien a las vacaciones las pierden definitivamente.
La Conselleria de Justicia ha informado al juzgado que no tiene previsto cubrir las bajas por enfermedad hasta dentro de dos semanas. Al margen de la actuación de Justicia, el juzgado recibirá hoy un funcionario de apoyo del Decanato para poder celebrar los juicios de faltas que tiene señalados. Los funcionarios no saben todavía cómo van a afrontar el turno de guardia que asumen la semana que viene.
Los magistrados de Instrucción de Alicante llevan más de un año denunciando que están sobrecargados de trabajo y que necesitan más medios. Los jueces tramitaron el año pasado más de 8.000 diligencias previas cuando el Consejo General del Poder Judicial considera que un juzgado está desbordado a partir de las 6.000 diligencias previas.
Los juicios con videoconferencia proliferarán tras el éxito del primero
Juan Miguel Carreras, presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, aseguró ayer que habrá nuevas conexiones en los próximos meses hasta que este sistema sea «habitual»
[PATRICIA CORRAL - DIARIO DE BURGOS DIGITAL- ].
La Audiencia Provincial de Burgos estrenó ayer con éxito el sistema de videoconferencia, que se convertirá en un «mecanismo habitual» para próximos juicios. Juan Miguel Carreras aseguró que ya ha firmado resoluciones en las que se contempla su empleo para vistas fijadas en los meses de junio, julio y septiembre.
A las 12 en punto, el presidente de la Audiencia de Madrid deseaba mucha suerte a su colega de Burgos a través de una pantalla instalada en la sala de juntas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Junto a él se encontraba la perito María del Mar Leiva, dispuesta para emitir su informe pericial junto a un secretario judicial que certificó su identidad.
En pocos minutos se dio por zanjada una prueba que con los métodos tradicionales hubiera supuesto el pago en tiempo y dinero del desplazamiento de Madrid a Burgos la noche antes y la estancia en Burgos de esa persona.
Carreras quiso destacar también la «total colaboración de las partes», la fiscal y el abogado defensor de José A.S., en la puesta en marcha de este método por primera vez en Castilla y León.
En poco más de dos horas, el juicio por tráfico de drogas quedó visto para sentencia. La fiscal solicitó cinco años de presión y una multa de 12.530 euros.
Por su parte, el letrado de la defensa pidió la absolución al mantener su cliente que los 196 gramos de heroína con los que viajaba hacia Aranda eran para consumo propio y que no se probó su destino para el tráfico, al no hallarle tampoco útiles habituales para la venta (balanzas, instrumentos de corte).
El TSJ pide que agentes en segunda actividad vigilen los juzgados
El Tribunal Superior alega que la inseguridad es uno de los problemas más graves y pide al Poder Judicial que inste la reforma
INFORMACION 11 MAYO 2002
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha planteado al Ministerio de Interior que los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que pasen a segunda actividad puedan ser destinados a custodiar y vigilar los edificios judiciales. La propuesta figura en la última memoria anual del TSJ, donde consta que se ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sea este órgano el que inste a la reforma. La segunda actividad está establecida para los agentes después de años de servicios como patrullar las calles y se les permite desempeñar tareas que no requieran un alto nivel de esfuerzo físico. En el documento se expone que el problema de la seguridad en los edificios judiciales es uno de los más graves que existen en la actualidad, ya que se registran con frecuencia incidentes violentos y con riesgo para el plantilla.
El TSJ señala que «se hace patente una exigencia de solución global desde las altas instituciones del Estado» y recuerda que la sala de gobierno de este tribunal lo reclamó en su día «a través de la oportuna petición al Consejo General del Poder Judicial».
Como posible solución plantea que una «redefinición» del concepto de segunda actividad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, la cual pudiera permitir un destino en los juzgados. También se deja constancia que «a lo largo de todo el año pasado» se demandó a la Conselleria de Justicia que arbitrara un plan integral de mejora de la seguridad de las sedes judiciales, «comprensivo de los medios materiales y recursos necesarios, de todo tipo, para su efectividad». Sin embargo, afirma que aunque parece que dicho plan ya ha sido elaborado, «hasta el momento no se ha llevado a la práctica, ignorándose las razones que lo obstaculizan». Además, se recuerda que la inseguridad en los edificios judiciales se abordó en el marco de la comisión mixta donde está integrada la Generalitat. Excepto en los centros judiciales de las ciudades más importantes donde hay vigilancia privada, «con una clara limitación de los medios de control», y de la existencia de algún partido judicial con presencia de Policía Local cedida por ayuntamientos, lo habitual es «la carencia más absoluta de medidas de seguridad».
La Fiscalía rectifica y ve viables ahora los juicios porvideoconferencia, según el Consell
LA VERDAD, 1 Marzo 2.002
El director general de Justicia de la Generalitat, Eloy Velasco, reveló ayer que la Fiscalía General del Estado elabora una nueva instrucción sobre el uso de la videoconferencia en los juzgados que resulta «muy proclive» a ampliar la utilización de este nuevo sistema tecnológico.
Velasco comentó que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le comunicó hace unos días en una entrevista personal que actualmente elabora una instrucción que amplía los casos de uso de la videoconferencia a algunos procesos judiciales.
Al término de una reunión con el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, Velasco opinó que existen diligencias procesales, como ruedas de reconocimiento, tomas de declaración o cooperaciones judiciales con juzgados internacionales, que pueden ser susceptibles de contemplar este instrumento.
Velasco agregó que las reticencias mostradas en días anteriores por la Fiscalía General respondían, según él, a una consulta muy concreta que procedía de Palma de Mallorca.
Al amparo de estas manifestaciones, el presidente de la Audiencia Provincial insistió en que el juicio por el motín de Fontcalent, con 22 acusados, reúne todas las condiciones para celebrarse por videoconferencia. Recalcó que se adoptarán todas las medidas necesarias para respetar las garantías de los procesados. Un secretario judicial daré fe de todo el procedimiento, según señaló.
El conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, ya defendió hace una semana la instalación de sistemas de videoconferencia en órganos judiciales y aseguró que aunque sólo sea para celebrar ruedas de reconocimiento «la iniciativa del Gobierno valenciano está más que justificada».
Fiscales españoles se oponen a los juicios por videoconferencia.
La Fiscalía General del Estado ha remitido una instrucción en la que insta a todos los miembros de la carrera
fiscal a oponerse a la celebracion de juicios penales a través de videoconferencia, por estimar que no cumplen
con las exigencias de un proceso con todas las garantías que proclama el artículo 24.2 de la Constitución
IBLNEWS ( Martes 26 Febrero 2.002) Lunes, 18 febrero 2002
Justifica esta orden en el conocimiento de que en algún Tribunal Superior de Justicia, en concreto en el de Baleares, ya se están celebrando juicios orales en materia penal a través de este nuevo sistema tecnológico, que permite que elacusado no se encuentre físicamente ante el tribunal.
Esta instrucción fue aprobada por la Junta de Fiscales de Sala al recibir una consulta de la Fiscalía de Baleares. Según la Fiscalía General, los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicicón se ven "sin duda" afectados por la celebración del juicio mediante videocoferencia.
Juicios inéditos en la Unión Europea
Añade que con la actual normativa tampoco se cumplen las exigencias de "calidad de ley" que exige el Tribunal Europeo de Derechos humanos, a lo que hay que sumar que la posibilidad de celebrar estos juicios no se encuentra
prevista en ningún país de la UE. "En ningún caso una mera decisión judicial pude suplir la exigencia de cobertura
legal prevista en nuestro texto constitucional", indica.
En concreto, la Fiscalía General entiende que en una videoconferencia la inmediación sólo puede entenderse cumplida si se acepta la equivalencia entre presencia "virtual" y física, y la contradicción de los testimonios y pruebas "tendrá más contenido cuanto más perfeccionado se encuentre el sistema de transmisión de imágenes: no es lo mismo una sólo cámara fija que varias desde ángulos diversos".
En el escrito remitido el lunes 18, la Fiscalía General deja aparte dos supuestos excepcionales en los que sí puede
darse con garantías el uso de videoconferencia, como es en el caso de juicios con menores de edad, en los que este
medio evita confrontaciones innecesarias, y la audición de testigos y peritos entre países de la UE.
Aunque el uso de medios informáticos y telemáticos está previsto en en el artículo 230.1 de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Fiscalía considera que esta disposicion es insuficiente para dotar de cobertura legal a estos supuestos, si bien "de ello no debe derivarse la necesida de que se trate de una ley orgánica la que otorque cobertura legal a supuestos como el que nos ocupa.
Finalmente, destaca que todo lo dicho no significa que en el futuro ya a a resultar imposible la celebracion de juicios
orales por medios cibernéticos, "pero ello supondrá en todo caso la existencia de una norma legal que otorgue la
necesaria cobertura al sistema y que prevea las garantías mínimas exigibles".
Cardenal ordena a los fiscales que no asistan a los juicios por videoconferencia
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( INFORMACION) 19 Febrero 2002
La Audiencia discrepa del criterio del Ministerio Público y alega que las nuevas tecnologías son compatibles con la Justicia
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó ayer a los fiscales que se opongan a la celebración de juicios por videoconferencia, además de que no asistan a las vistas en caso de que lleguen a señalarse por decisión de los tribunales. La orden de Cardenal se produce dos semanas después de que el conseller de Justicia, Carlos González Cepeda presentara la aplicación de esta tecnología en los juzgados de Instrucción de Alicante, con el objetivo de agilizar procesos pendientes.
Las directrices de Cardenal desbaratan los planes de la Audiencia Provincial, que había previsto celebrar el juicio por el motín de Fontcalent usando este medio audiovisual como solución a la problemática de inseguridad que se plantea, por la peligrosidad de la veintena de procesados. El sistema está funcionando en los juzgados de Alicante en periodo de prueba, aunque la primera declaración virtual se tomó el viernes y se invalidó al no poder firmar el acusado el acta judicial.
El fiscal general expone que el uso de la videoconferencia vulnera principios procesales básicos como «la inmediación, oralidad, publicidad y contradicción». Según fuentes jurídicas, el principio de inmediación significa que todas las partes deben estar presentes en el juicio y la oralidad que no puede realizarse la vista por escrito. Por su parte, la publicidad implica que el público pueda estar presente y apreciar el desarrollo de la prueba, mientras que la contracción se basa en que el procesado disponga de los mismos instrumentos de defensa que le plantee la acusación.
El fiscal jefe considera que será necesario reformar la legislación para que se puedan aplicar nuevas tecnologías en los juicios, mientras que por ahora se limitarán a acatar las órdenes de Cardenal.
Otro problema que se plantea es que si los fiscales no asisten a los juicios virtuales, los procesados deberán ser absueltos si no hay acusación particular en el caso. Este hecho ha motivado que los profesionales cuestionen la orden del fiscal general y esperan que rectifique este extremo, «ya que aunque nos opongamos a la videoconferencia, lo normal es que mantengamos la acusación en el juicio», apuntó el fiscal jefe. El colectivo no descarta recibir nuevas directrices sobre esta cuestión.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, discrepa con el criterio del fiscal general y alega que la Ley Orgánica del Poder Judicial admite el uso de medios informáticos y otras tecnologías. Según Magro, «no se vulneran los principios si se recurre a la presencia de secretarios judiciales que den fe de la validez de la prueba a cada lado de la pantalla». Para el magistrado, el hecho de que la vista sea virtual no vulnera otros principios como el de la publicidad, ya que el público puede seguir el desarrollo del juicio a través de las pantallas. Otro punto, como la contradicción, se presentaría si el acusado, por ejemplo, no escuchara a su abogado, aunque en ese caso el juicio no seguiría adelante. Por último, la oralidad «es imposible que se vulnere porque el juicio es hablado».
La instrucción de Cardenal recuerda que aparte de supuestos excepcionales, como el uso de videoconferencia para la audición de testigos o peritos entre países miembros de la UE o la posibilidad de usar cualquier medio técnico para evitar confrontaciones visuales a menores, existen al menos otros dos casos que deben tomarse en consideración. Uno de estos casos es «los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones con las limitaciones» que la Ley vigente establece. El otro está recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y prevé enviar documentación por medios telemáticos.
LA VERDAD DIGITAL ( 19 Febrero 2.002)
El fiscal general del Estado ordena a la Fiscalía que no se tome declaración por videoconferencia
El Ministerio Público considera que el sistema no está previsto en la ley ni garantiza principios procesales fundamentales
Cuando todavía no se ha celebrado en la provincia el primer juicio por videoconferencia, sistema instaurado el pasado 6 de febrero en el partido judicial de Alicante, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha dado instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante para que no celebre ningún juicio en el que se utilice este sistema de declaraciones. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, confirmó que los fiscales se opondrán a los juicios por videoconferencias y argumentó la decisión de sus superiores en que, por un lado, esta modalidad no está prevista en la legislación española y, por otro lado, las videoconferencias no garantizan principios fundamentales para la celebración de un juicio, entre los que citó los de la oralidad, inmediatez, contradicción y publicidad.
La instauración de la posibilidad de celebrar juicios, declaraciones y ruedas de reconocimiento por videoconferencias había sido acogida con satisfacción por jueces, secretarios judiciales y funcionarios de la provincia por suponer ventajas a la hora de celebrar muchos juicios y declaraciones, entre ellas la de no tener que trasladar al declarantes desde la cárcel. Sin embargo, el primer intento de aplicar en la provincia la videoconferencia falló la semana pasada, cuando el Juzgado de Instrucción Número Tres de Alicante suspendió la declaración a un preso de Fontcalent, perjudicado en el accidente de tráfico que se enjuiciaba, porque se desconocía cómo debía firmar la declaración prestada.
Más allá de los problemas técnicos, los fiscales se van a oponer a la celebración de los juicios por videoconferencia, tal y como anunció ayer el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Romero. «Dada la actual legislación española, la opinión de la Fiscalía es que no se pueden celebrar juicios por videoconferencia porque no está permitido por la legislación», dijo ayer el fiscal jefe, que añadió que este sistema de comunicación no garantiza los principios fundamentales de oralidad, inmediatez, contradicción y publicidad que exige todo proceso judicial.
Uno de los principales valedores de la aplicación de las videoconferencias, el magistrado y presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, sostiene que «en modo alguno existe vulneración de los principios procesales si se introduce la videoconferencia para la declaración de los testigos, peritos o de los propios acusados desde el establecimiento penitenciario», tal y como cita Magro en un artículo publicado el pasado 7 de febrero en Actualidad Jurídica Aranzadi. Según este texto, con las videoconferencias «existirán mayores garantías en la celebración del juicio, más seguridad en casos delicados y peligrosos con riesgos de fugas y menor dedicación al traslado de presos en los que invierten muchas horas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
Magro entiende, al contrario que la Fiscalía, que la videoconferencia no vulnera ningún principio, al haber un secretario judicial que da fe del acto en la sala de juicio y otro en el lugar donde por videoconferencia declara el interesado, lo que, según él, garantiza la oralidad e inmediatez del acto, al ser el juicio en tiempo real, y no vulnera la contradicción, al poder ser interrogado como si estuviera presente, ni la publicidad del acto.
La Audiencia desoye a Cardenal y señala el videojuicio por el motín de Fontcalent
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ ( Informacion 21 Febrero 2.002)
El magistrado Vicente Magro estima que la orden del fiscal general está desfasada y que la legislación respalda la aplicación de nuevas tecnologías
La Audiencia Provincial de Alicante anunció ayer su decisión de señalar para el próximo mes de julio el juicio por el motín que se registró en la prisión de Fontcalent en el año 90 mediante videoconferencia, sin tener en cuenta las órdenes trasmitidas por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de requerir a los fiscales que se opongan a la celebración de estas vistas virtuales y excusen su asistencia. El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que las instrucciones de la Fiscalía General «no son vinculantes con las decisiones de los tribunales» y alegó que se ha contado con el asesoramiento de expertos jurídicos «para avalar la legalidad de la celebración del juicio». Magro apuntó que «nuestra intención no es enfrentarnos con la Fiscalía General, pero no podemos esperar a que se produzca una reforma de la legislación para señalar el juicio, porque el retraso será de varios años».La decisión de la Audiencia se produce dos días después de que la Fiscalía recibiera una instrucción del fiscal general en la que se indica que el ministerio público no debe asistir a los juicios que se celebren por videoconferencia, al estimar que no reunen las garantías procesales que se requieren. La orden, sin embargo, ha sido cuestionada por los fiscales, que han solicitado nuevas instrucciones para saber qué criterio aplicar en el caso del motín de Fontcalent, al entender que se trata de un juicio «excepcional».Precisamente, la aplicación del sistema de videoconferencia se planteó como solución para que se pueda celebrar el juicio, por la problemática de inseguridad que provoca el hecho de reunir en una misma sala y en la misma prisión a la veintena de procesados, los cuales están calificados como muy peligrosos. El uso de este método cuenta con el respaldo político del conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, quien presentó hace dos semanas su puesta en marcha, el cual se está usando en periodo de prueba en los juzgados de Instrucción. El magistrado señaló que el uso de la videoconferencia está avalado por el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual contempla la aplicación de nuevas tecnologías. También citó el artículo cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la grabación en vídeo de los juicios, mientras que esta legislación se entiende como «supletoria» de la legislación Penal. Además, se ha requerido el respaldo del Tribunal Supremo, que ayer remitió una sentencia que considera que la aplicación de nuevas tecnologías «no constituye irregularidad alguna». Esta resolución detalla un recurso que se amparó en otra instrucción del fiscal general, la cual consideraba que el uso de un fax en una investigación pudo vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. El Supremo entiende que «ha de recordarse que estas circulares, pese al respeto que merecen por su elevada calidad técnica, no tienen la consideración de norma de obligado cumplimiento para los tribunales». Magro calificó la instrucción de «desfasada», ya que en la actualidad otros tribunales, como en Baleares, han recurrido a la videoconferencia. También se ha señalado por este medio el referente a la tragedia del lago Banyoles en Gerona, donde la mayoría de perjudicados viven en el extranjero.
El fiscal de accidentes laborales propone aplicar los juicios rápidos y crear juzgados especiales.
Solicita a la Fiscalía General dos profesionales más dedicados al sector en exclusiva.
F.N.C. La Verdad 21 Febrero 2.002
El fiscal especial de siniestralidad laboral y teniente de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, Miguel Gutiérrez Carbonell, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la aplicación de juicios rápidos para los casos de accidentes laborales, la creación de juzgados especiales para delitos contra los derechos de los trabajadores, la dedicación en exclusiva de dos fiscales más para esta sección y la creación del «fiscal del caso», para que el profesional que conoce la instrucción de un accidente laboral siga su tramitación judicial hasta el juicio oral. Con ello, según la memoria del 2001 presentada por Gutiérrez, se pretende agilizar unos procesos que se alargan entre tres y cinco años.
Miguel Gutiérrez ha aprovechado la memoria del 2001 de actuaciones fiscales en materia de siniestralidad laboral en la provincia para realizar varias propuestas de calado al fiscal general del Estado. Destaca entre ellas la petición de aplicación de los juicios rápidos para los casos de accidentes laborales.
Tras elogiar la aplicación de los juicios rápidos a la delincuencia menor porque «afecta a la seguridad ciudadana», Gutiérrez pregunta «por qué tal rapidez no se aplica también a los accidentes laborales, pues hay en juego otra seguridad tan valiosa: la vida, la integridad y la salud de los trabajadores».
Gutiérrez calcula que «la media de duración de un juicio por accidente laboral viene a ser de tres a cinco años; en muchos casos lo rebasa». Aunque no desconoce que «la complejidad y las numerosas partes intervinientes son factores que propician su larga duración», considera «excesiva e injusta» la media actual, por lo que propone arbitrar «remedios correctores para conseguir la agilización».
Entre esos remedios, Gutiérrez propone también que se estudie la conveniencia de crear «juzgados especiales para delitos contra los derechos de los trabajadores», competencia que corresponde al Consejo General del Poder Judicial; la especialización y formación de jueces y fiscales en este ámbito; la creación del fiscal del caso, que llevaría el mismo asunto desde el principio hasta el final; la creación de dos fiscales y un tercero que los coordine trabajando estos temas en exclusividad; y la confección de un protocolo de actuación de los fiscales para siniestros laborales.
El fiscal de siniestralidad laboral también propone la creación de una sección en los cuerpos de seguridad del Estado especializada en siniestros laborales que puedan atender de forma inmediata los accidentes y aportar un primer atestado antes de que se oculten las posibles deficiencias que lo causaron, una inmediatez que no siempre pueden aportar los inspectores de Trabajo.
Además, Gutiérrez propone que se realice un estudio pormenorizado sobre si los arquitectos superiores y técnicos (aparejadores) pueden ser sujetos activos de los delitos de siniestralidad laboral en los casos en que no faciliten los medios para la seguridad del trabajador.
Los juzgados de lo civil con retrasos abrirán por las tardes
CARMEN REMIREZ DE GANUZA EL MUNDO 30. NOV. 2001
Desde el uno de diciembre y durante los siete próximos meses, buena parte de los juzgados de lo civil abrirán al público por las tardes. Esta será una de la consecuencias prácticas del plan de emergencia emprendido por el Consejo General
del Poder Judicial, en cooperación con el Ministerio de Justicia y las consejerías de las comunicdades autónomas, para desatascar los juzgados y suprimir las bolsas de asuntos pendientes.
Se trata sólo de la primera fase de planes sucesivos que tratarán, igualmente, de paliar los retrasos en otras jurisdicciones.
El plan incluye retribuciones especiales para los jueces que voluntariamente se han ofrecido a acogerse a él, lo que ha causuado reticencias por parte de los magistrados que llevan al día sus respectivos juzgados.
«Las susceptibilidades dicen los vocales de la mayoría del Consejo son atendibles, pero en menor grado que el interés de los ciudadanos».
La Generalitat desea implantar el horario de tarde en los juzgados de la provincia con más trabajo pendiente.
J. L. MORALES ( LA VERDAD DIGITAL Octubre 2001)
La Generalitat, a través de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, quiere implantar a partir de enero el turno de tarde en los juzgados con mayor volumen de competencias y trabajo. Así lo ha propuesto el director general de Justicia, Eloy Velasco, en el transcurso de una reunión mantenida ayer con el ministerio correspondiente. La apertura por la tarde no afectará a todos los
juzgados, sino a aquellos con circunstancias especiales. La previsión de Justicia es la de abrir juzgados de las tres capitales de provincia, así como los de Dénia, Benidorm, Torrevieja y previsiblemente Calpe y Altea.
Con la medida, según el responsable de Justicia, «se pretende dar un paso más en la creación un modelo judicial valenciano, y mejorar el servicio a los ciudadanos con un horario de trabajo más amplio y abierto a todas las posibilidades».
Para materializar la apertura por las tardes de determinados juzgados, que serán los primeros de España en realizar servicios vespertinos, desde la administración autonómica se van a poner en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para consensuar el horario y las condiciones del nuevo servicio. Los jueces que presten este servicio vespertino recibirán un complemento especial.
Intercambio de expedientes
Por otra parte, la Generalitat actuó ayer de mediadora entre la Justicia británica y la Audiencia Provincial de Alicante para facilitar el cumplimiento de las comisiones rogatorias pendientes en la provincia y que permitirán el traslado de expedientes judiciales.
El TSJ dice que la celebración de juicios por las tardes es competencia del juez.
Levante de Castelló, Castelló (Octubre 2.001)
La Sala de Gobierno matiza la propuesta de la Generalitat de ampliar la jornada laboral. La solución al retraso judicial pasa por la creación de órganos para absorber la demanda.
El Tribunal Superior de Justicia dejó ayer claro que la competencia para realizar juicios por las tardes depende de cada juez y que la solución a los retrasos judiciales pasa por la creación de nuevos órganos.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) remitió ayer un comunicado de prensa en el que puntualizó la propuesta de la Generalitat Valenciana de impulsar un plan para que algunos juzgados habiliten una tarde a la semana para la celebración de juicios. El objetivo, según informó el conseller de Justicia, Carlos González Cepeda, «es agilizar la aplicación de la Justicia en nuestra comunidad».
El TSJ comparte esa misma inquietud «en orden al perfeccionamiento de la Administración de Justicia», según señala el comunicado, pero matiza que la competencia para habilitar una tarde a la semana para celebrar juicios, «de acuerdo con las leyes procesales corresponde exclusivamente a cada juez y, en ningún caso a la conselleria de Justicia, siendo deber de este departamento del Gobierno Valenciano prestar la asistencia de medios personales y materiales».
El comunicado añade que «es notorio que la distribución de actividad judicial conlleva necesariamente el estudio de los asuntos y la redacción de las resoluciones judiciales, fundamentalmente por la tarde e, incluso, en horas nocturnas y días festivos».
Además, «la Sala de Gobierno, consciente del esfuerzo que se está realizando por jueces y magistrados de la Comunidad Valenciana en aras de lograr la mayor eficacia de la Administración de Justicia, considera que, cumplidos los estándares judiciales fijados por el Consejo General del Poder Judicial, la sobrecarga extraordinaria que se propone sólo podría ser atendida en detrimento del estudio razonado que exige la actividad judicial, con la negativa repercusión para los justiciables». Añade el comunicado que «la solución de los retrasos de la Administración de Justicia pasa necesariamente por la creación de órganos judiciales suficientes para absorber la demanda que la sociedad plantea».
Por su parte, el conseller manifestó ayer que con su propuesta de facilitar la celebración de juicios por las tardes «se demuestra la prioridad que el gobierno valenciano da a la aplicación de un modelo judicial valenciano que acerque la Justicia a los ciudadanos».
Cabe apuntar que hasta el decanato de los juzgados de Castelló no ha llegado ninguna propuesta, ni del ministerio, ni de la conselleria, de ampliación del horario laboral.
La UGT duda que sea eficaz abrir los juzgados por las tardes.
LAS PROVINCIAS.- REDACCIÓN (VALENCIA) Noviembre 2001
La UGT, a través de la secretaría de Administración Central y Justicia de la FSP, ha emitido un comunicado en el que se analiza el anuncio del conseller de Justicia, González Cepeda, de abrir los Juzgados por las tardes.
"Ésta expresión -comenta UGT- más parece que hablara de un hipermercado e induce al error de
pensar que cuando más amplio sea el horario para acceder a los Juzgados, más eficaz será la
Justicia. Una idea que demuestra la demagogia del conseller Cepeda, pensando quizás que le van
a aplaudir, pero que está totalmente alejada de la realidad''.
Continua diciendo el sindicato ugetista que "si lo que de verdad le preocupa es la eficacia del servicio, ha de preocuparse de las vicitudes que tiene que pasar el ciudadano para poner un pie en los juzgados. Mucho nos temenos que van a atender igual de mal por la mañana que por la tarde''.
La UGT entiende que la clave está en el número idóneo de Juzgados y Salas para poder asumir el volumen de asuntos que existen, "pero para ello se necesitan unos medios que el conseller Cepeda no está dispuesto a poner. Por eso, mientras tanto, para entretener que es lo que viene haciendo habitualmente nos obsequia con estas simplezas a las que no cabe sino contestar. "Póngase a trabajar señor conseller, por la mañana o por la tarde, pero póngase a trabajar y deje de marear'', explican.
Finalmente, la UGT critica duramente las declaraciones de Cepeda recalcando que "el conseller no dice estas cosas donde las tiene que decir, sino sólo ante la prensa. Por ello la FSP de UGT le ha exigido la convocatoria de la Mesa Sectorial de Justicia para que nos diga si era un comentario a los periodistas o es que de verdad está dispuesto a poner los medios para mejorar la Administración de Justicia''.
El Tribunal Superior pide al CGPJ que frene la oferta de abrir los juzgados por las tardes.
EFE ( 22 Nov.2001)
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha pedido al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) que paralice «la oferta de prolongación de jornada realizada a algunos jueces de Alicante, Castellón y Valencia», ya que la iniciativa «ha generado inquietud entre la judicatura valenciana».
En un escrito dirigido al máximo órgano de los jueces, los miembros de Sala de Gobierno del TSJ indican, además de recordar que la oferta sin hizo sin conocimiento del alto tribunal valenciano, que no conocen «los criterios de tal decisión» y quieren «hacer patente a ese Consejo la preocupación que ha originado dicho sistema».
Destacan además que ese sistema «viene a reiterar el abono por incentivos ya aplicado con anterioridad a determinados órganos colegiados». La Sala de Gobierno «insta del CGPJ la paralización de la propuesta realizada, y la eliminación de cualquier incentivo por sobrecarga de trabajo».
La Sala «se muestra convencida de que la solución a los retrasos pasa necesariamente por la creación de los órganos judiciales suficientes para absorber la demanda que la sociedad plantea». El TSJ destaca el «esfuerzo que se está realizando por los jueces y magistrados en aras a lograr la mayor eficacia de la Administración de Justicia». Considera que, cumplidos los estándares judiciales fijados por el CGPJ, «toda sobrecarga extraordinaria que se instaure sólo puede ser solventada en detrimento del estudio razonado que exige la actividad judicial, con la negativa repercusión para los justiciables».
Los abogados y procuradores rechazan que los juzgados celebren juicios de tarde
La Provincia -Diario de las Palmas- 27 Nov. 2001
Los colegios profesionales de abogados y procuradores de Las Palmas expresaron ayer su rechazo al plan de una Justicia ágil para Canarias que pretende impulsar la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, a instancias del Consejo General del Poder Judicial. Los decanos de ambos colectivos incidieron en que la apertura de los juzgados por la tarde, la medida más llamativa del plan y la que ha suscitado una mayor polémica, no solucionará los retrasos de la Justicia. Abogados y procuradores piden más juzgados o, en su defecto, más jueces, para poder agilizar el funcionamiento de la administración, y se preguntan como podrá el juez emitir más sentencias si por las tardes se encuentra celebrando los juicios.
El decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa Boissier, se manifestó totalmente en contra de la apertura en horario vespertino de hasta 27 órganos de la Jurisdicción Civil. Los de otros tantos jueces propuestos por el Consejo General del Poder Judicial para cobrar más por el aumento de sentencias emitidas. No estamos en contra, expresó el decano, de que los juzgados trabajen por la tarde para adelantar trabajo, que es otra cosa bien distinta [el Gobierno sostiene que sólo los jueces podrán decidir si celebran o no vistas, pero que, en cualquier caso, la administración autonómica aportarán a los funcionarios que acepten la medida], pero si los jueces están en juicio por la mañana y por la tarde no tendrán tiempo para dictar sentencias.
Tiempo para los clientes. Espinosa señaló que igualmente los abogados tampoco tendrán tiempo para atender a sus clientes si tienen que estar mañana y tarde en el juzgado. Creo que esto no arregla nada, y que son justo más juzgados lo que hacen falta. Una cosa es que se celebren juicios de tarde de forma excepcional, y otra, que esto sea habitual. ¿Cuando trabajamos entonces»
En una línea similar se manifestó desde el Colegio de Procuradores su responsable, Manuel Texeira, quien, además de expresar sus dudas sobre la efectiva puesta en funcionamiento de la medida y resaltar que ésta no cuenta con el apoyo de ninguno de los estamentos jurídicos, se mostró más partidario de dotar debidamente a cada juzgado. Si en cada uno de ellos figuraran dos o tres jueces para dictar más sentencias se agilizaría la administración.
Texeira confesó que dudo mucho de la eficacia de esta acción, y manifestó que a los procuradores, como a los demás profesionales relacionados con la administración de Justicia, la apertura de los juzgados por la tarde nos supondría una rémora. Es algo con lo que no se obtendrá una mayor eficacia.
Los colegios de abogados y procuradores, en definitiva, se sumaron a lo ya expresado días atrás desde las tres asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia), la Asociación de Fiscales y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra la acción del Gobierno regional. Por lo pronto, los primeros pasos del Ejecutivo se han orientado hacia un acuerdo con los funcionarios que están bajo su responsabilidad, esto es, el personal auxiliar de Justicia. Gobierno y trabajadores abordarán esta semana un encuentro en el que se dilucidará su predisposición a trabajar por las tardes.
CARMEN REMIREZ DE GANUZA ( EL MUNDO) 30.11.01
MADRID. Desde el uno de diciembre y durante los siete próximos meses, buena parte de los juzgados de lo civil abrirán al público por las tardes. Esta será una de la consecuencias prácticas del plan de emergencia emprendido por el Consejo General
La Generalitat Valenciana pagará 35.000 pesetas más a los funcionarios que trabajen por las tardes
Diario de Noticias 10/12/01
Valencia. La Generalitat Valenciana pagará 35.000 pesetas mensuales más a aquellos funcionarios que se acojan durante el primer semestre del 2002 al Plan de Productividad que la Dirección General de Justicia va a poner en marcha para "facilitar" el trabajo de los jueces que se han acogido al complemento de productividad diseñado por el CGPJ y el Ministerio de Justicia para agilizar el trabajo de los juzgados de primera instancia, según informaron fuentes del Consell.
El director general de Justicia, Eloy Velasco, indicó el pasado 5 de diciembre que la oferta de complemento de productividad consiste en trabajar tres horas adicionales durante cuatro tardes a la semana, con un mínimo de tres funcionarios de cada uno de los 44 juzgados de los Civil que se han acogido al plan, informó E.P.
Además, Velasco anunció que este mes saldrán a concurso "las 401 plazas vacantes de los juzgados de la Comunidad, con lo la Generalitat Valenciana será la primera en toda España en terminar con la temporalidad en la Administración de la Justicia". Además, añadió que "esta iniciativa, que forma parte del acuerdo global suscrito con los sindicatos el pasado mes de julio, y contribuirá, sin duda, a conseguir la estabilidad de empleo en los juzgados valencianos que requiere la prestación de este servicio".
Por otro lado, los juzgados y la fiscalía de Menores de las tres provincias de la Comunidad Valenciana contarán a partir de este mes con 15 funcionarios más lo que, para Velasco, "supone una garantía más de la correcta aplicación de la Ley del Menor en la comunidad ya que esta medida contribuirá a una agilización del trabajo en estos centros". De este modo, los tres juzgados de Menores de Valencia y los dos de Alicante se verán reforzados con un funcionario más cada uno, mientras que la Fiscalía de Menores contará a partir de diciembre con cinco personas más en Valencia, cuatro en Alicante y una en Castellón.
La nueva ley de Enjuiciamiento Civil reduce un 32% los pleitos.
La Vanguardia Digital 09.11.01
En los seis primeros meses del año han entrado en la Audiencia 6.028 pleitos, cuando en el mismo periodo del 2000 fueron casi 9.000 .La justicia toma aire.
En lo que va de año se ha reducido en una tercera parte el número de asuntos que llegan a las salas civiles de la Audiencia de Barcelona. Si en los seis primeros meses del año 2000 llegaron a ellas 8.871 asuntos, en el mismo plazo de este año han sido 6.028, es decir, un 32% menos, según datos ofrecidos ayer por el presidente de la Audiencia, José Luis Barrera.
El "milagro" lo ha conseguido la nueva ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) -en vigor desde el pasado enero-, aunque no se sabe con certeza si por sus virtudes o por su novedad. Barrera explicó que a fines del año anterior, muchos abogados se apresuraron a poner sus pleitos con la vieja ley, ante la incertidumbre que todo cambio legislativo conlleva. Por otro lado, la obligatoriedad de ingresar fianzas en determinados momentos del proceso judicial puede haber disuadido a algunos ciudadanos, en opinión de Barrera, de iniciar según qué pleitos.
Otro factor que puede haber incidido en el descenso es, en su opinión, la especialización de las salas -matrimonial, arrendamientos...-, cuyos criterios son conocidos por los abogados especializados, que saben qué vale la pena comenzar y qué no. Por otro lado, ante la novedad de la ley, algunos despachos pueden haber optado "por esperar y tantear por dónde anda la nue-va ley", según el magistrado barcelonés.
Un abogado civilista de Barcelona -que pidió el anonimato- explicó ayer: "Como no sabemos cómo nos va a ir con esta nueva ley, muchos profesionales llegamos a pactos previos. Además muchos abogados apenas se han estudiado la nueva ley y por eso han retrasado la interposición de pleitos".
En cualquier caso, Barrera confía en que este respiro que ha permitido la nueva LEC sirva para despejar el gigantesco atasco que sufre la justicia. "Hay que aprovechar el momento para reducir la pendencia", dijo ayer Barrera. Los casos pendientes en las salas civiles de la Audiencia de Barcelona eran 13.325 a fines del 2000, apenas cincuenta menos que a final de 1999, pero casi mil menos que a fines de 1998.
Los asuntos penales -a los que no afecta esa nueva ley- seguían en las cifras de años anteriores: hasta el 31 de julio de este año entraron 6.739 asuntos, treinta menos que en el mismo periodo del 2000.
El Colegio de Procuradores se hará cargo del servicio común de notificaciones
G. MARTÍN ( La Verdad Digital 21.11.01)
A pesar de estipular la ley que el servicio común de recepción de notificaciones de los juzgados es competencia del Colegio de Procuradores, el Decanato ilicitano lleva desempeñando esta labor desde siempre. Sin embargo, en breve, los procuradores se encargarán de su funcionamiento al haberlo solicitado su junta directiva.
El acuerdo se tomará la próxima semana en el trascurso de una junta de jueces donde, además, se aprobará el protocolo a firmar entre el Decanato y el Colegio de Procuradores. En el mismo se estipulará con claridad los términos de funcionamiento del servicio, en particular los referidos a los horarios y días de apertura. La ley marca que el servicio se deberá prestar obligatoriamente los días hábiles.
Esta clarificación no se hace en vano. Hace unas fechas, desde el Colegio de Procuradores se había tomado la costumbre de no notificar los viernes, lo que provocó algunos problemas y quejas.
Al hacerse cargo del servicio los procuradores, éste abandonará el Decanato y se trasladara al local que tiene este colectivo en el Palacio de Justicia. Asimismo, los procuradores tendrán que contratar a dos auxiliares administrativos para asumir el trabajo.

References: Real Decreto 
 artículo 153
 resolución 
in fine
in fine
 artículo 24
 artículo 230
 artículo 230
 resolución