Source: http://rdarchivo.net/opinion/querella-presentada-caso-dalton/9-enero-de-2011
Timestamp: 2017-02-26 07:40:05+00:00

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Querella presentada Caso Dalton/ 9 enero de 2011 - Opinión - Roque Dalton - Archivo Digital
San Salvador, El Salvador - Febrero 26 / 2017
InicioBiografiasTestimoniosCríticaHomenajesLetras RDMultimediaPrensaEnlacesContáctenosDirectorio Querella presentada Caso Dalton/ 9 enero de 2011 Creado en 11 Enero 2012	Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
Mención especial Premio de los derechos humanos de la República francesa 2002
Premio de los derechos humanos de la República francesa 2004
Causa No. 242-3R-11
SEÑOR JUEZ NOVENO DE PAZ, SAN SALVADOR SILVIA PATRICIA CUELLAR IRAHETA, mayor de edad, abogada, residente en el municipio de Armenia, departamento de Sonsonete, portadora de mi tarjeta de identificación de abogado número siete mil ochocientos cincuenta y siete, sin ninguna de las inhabilidades que para el ejercicio de la procuración establece el artículo 67 del Código de Procesal Civil y Mercantil, a Usted con todo respeto EXPONGO: Que tal como lo comprobamos con el testimonio de la Escritura Pública de Poder Especial que presentamos, otorgado a las diez horas del sábado 7 de enero del 2012 ante los oficios notariales del licenciado Henri Paul Fino Solórzano, soy apoderada especial de JUAN JOSÉ DALTON CAÑAS, salvadoreño de cincuenta y cuatro años de edad, periodista, residente en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, y de JORGE DALTON CAÑAS, salvadoreño de cincuenta y un años de edad, productor de televisión, residente en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, en su calidad de hijos de ROQUE ANTONIO GARCÍA conocido como ROQUE DALTON, quienes son parte en este proceso en su calidad de víctimas. Con expresas instrucciones de nuestros mandantes y con base en los artículos 106 numeral 1, 107 y siguientes del Código Procesal Penal (C. Pr. Pn.), venimos a mostrarnos parte querellante en el presente proceso incoado contra JOAQUÍN VILLALOBOS HUEZO y JORGE ANTONIO MELÉNDEZ o JORGE ANTONIO MELÉNDEZ LOPEZ, por el delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de ROQUE DALTON de conformidad a los considerandos que más adelante se detallarán. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUERELLADAS
JOAQUÍN VILLALOBOS HUEZO, alias “Atilio”, mayor de edad, politólogo, con presunta residencia –según el conocimiento de las victimas– en el Distrito Federal de la República de México.
JORGE ANTONIO MELÉNDEZ, alias “Jonás”, mayor de edad, empleado, quien se desempeña actualmente como Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad, en la Presidencia de la República.
DATOS GENERALES DE LAS VÍCTIMAS
De conformidad a lo establecido en el artículo 105, numeral 1, del C. Pr. Pn., la víctima directa del delito de es ROQUE DALTON, alias “Julio”, quien al momento de su fallecimiento era de treinta y nueve años de edad, salvadoreño, escritor, originario de esta ciudad, hijo de María García Medrano y Winaldo Agustín Dalton. De conformidad con el artículo 105, numeral 2, del C. Pr. Pn., también tienen calidad de víctimas, quienes ahora inician la querella y son hijos de la víctima directa. Ellos son JUAN JOSÉ DALTON CAÑAS, salvadoreño de cincuenta y cuatro años de edad, periodista, residente en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero un millón treinta y seis mil ciento sesenta y tres guión seis, quien habita en Residencial Horizontes II, casa Nº 9, calle 2, colonia Lomas de San Francisco, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; y JORGE DALTON CAÑAS, salvadoreño de cincuenta y un años de edad, productor de televisión, residente en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, portador del Documento Único de Identidad número cero un millón doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro guión uno, quien habita en residencial Bosques de Lourdes, casa Nº 3, polígono B, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. HECHO POR EL CUAL SE QUERELLA
Relación circunstanciada
El 10 de mayo de 1975, el poeta ROQUE DALTON fue asesinado por miembros de la organización guerrillera a la que pertenecía: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue privado de libertad el 13 de abril de 1975 junto con su compañero ARMANDO ARTEAGA, alias “Pancho”, un líder del ERP de origen campesino. ROQUE DALTON fue acusado de instigar a Armando Arteaga para que se rebelara e impulsara un complot contra el Estado Mayor de dicha organización. Carlos Rico Mira, en un relato sobre los hechos, afirma que en una casa de seguridad del ERP ubicada en el Barrio Santa Anita de la ciudad de San Salvador, ROQUE DALTON y ARMANDO ARTEAGA permanecieron detenidos por sus compañeros de organización. Días antes, Vladimir Rogel –alias “el Vaquerito” y uno de los cuatro máximos dirigentes del ERP de la época– en un ataque de furia contra los “intelectuales” había dado de patadas a ROQUE DALTON. Algunas personas comentan, que previo a los asesinatos de ambos, la Comandancia General del ERP –entre cuyos integrantes se encontraban los imputados– realizó un “juicio sumario” en su contra y los “sentenciaron” a la pena de muerte. A la fecha, no está claro si fueron ejecutados en el mismo sitio o en otro lugar; tampoco si fueron fusilados, apuñalados o utilizaron cualquier otra modalidad para tal fin. De igual forma, se desconocen los sitios donde estuvieron en cautiverio y fueron ejecutados, pues nunca lo han querido dar a conocer sus asesinos confesos. Pese a ser uno de los derechos de la familia doliente el conocimiento de la verdad plena, ni lo anterior ni el sitio donde fueron sepultados se le ha notificado; ello, no obstante las constantes peticiones a los responsables de los hechos.
Es sabido públicamente que, durante un tiempo, el ERP mantuvo la versión de que los cadáveres estaban “resguardados”; quizás enterrados en el mismo lugar donde fueron asesinados, en el Barrio Santa Anita. Existe otra versión, incluida en un informe de la Misión de Observadores de las Naciones para El Salvador (ONUSAL), en la cual se afirma que los cuerpos de las víctimas indefensas fueron inhumados en el lugar conocido como El Playón, departamento de La Libertad; según dicho relato, ambos cadáveres quedaron enterrados a poca profundidad y los animales los devoraron; luego, tiraron sus restos óseos en una quebrada cercana por el Juez de Paz de Quezaltepeque y agentes de la extinta Guardia Nacional, quienes fueron llamados por vecinos del lugar.
Los hechos ejecutados en calidad de autores mediatos o intelectuales por los imputados antes relacionados –aunque no se descarta la posibilidad de que hayan participado como autores materiales– configuran una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Dichos hechos se adecuan al delito de ASESINATO, el cual estaba tipificado en el artículo 152 en relación con los artículos 153, ordinal segundo y octavo, y 154, inciso segundo, del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo N° 270 del 13 de febrero de 1973, publicado en el Diario Oficial N° 73, Tomo N° 238 del 30 de marzo del mismo año, derogado pero aplicable en el presente caso en cuanto a la calificación jurídica del hecho.
En primer lugar, sobre la tipicidad de la conducta, el bien jurídico “vida” es un derecho fundamental sin el cual los demás carecen de sentido pues de la garantía de este derecho depende el respeto de la esfera jurídica de todo individuo; en tal sentido, la vida humana se entiende como una realidad biológica tutelada siempre por el sistema jurídico constitucional salvadoreño. La conducta atribuida a los imputados constituye el delito de ASESINATO, llevada a cabo con dolo directo; es decir, que de la acción exteriorizada por ellos al ordenar la muerte de la víctima se intuye que el resultado típico era el objetivo que perseguían y lograron. Es una conducta antijurídica, ya que el comportamiento exteriorizado por los imputados es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico pues no existe ninguna causal de justificación a su favor. Y es imputable, en virtud que no hay ninguna causa exculpante para dichos imputados. Así pues, se observa que los imputados JOAQUÍN VILLALOBOS HUEZO y JORGE ANTONIO MELÉNDEZ LÓPEZ O JORGE MELÉNDEZ, tenían la intención de matar a la víctima; además, se debe considerar la posición de superioridad en que se encontraban y la idoneidad del medio empleado. Fundamentación de la imputación
Según el artículo 7 del Estatuto de Roma –en vigor desde el 1 de julio del 2002, mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional y cuyo antecedente lo constituye la Carta de Londres del 8 de agosto de 1945, que estableció el Tribunal de Núremberg– se estará en ante un delito de lesa humanidad cuando se cometa cualquiera de los actos siguientes: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, entre otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, en violación de normas fundamentales de Derecho internacional, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. De tal concepto puede inferirse que en el presente caso se ha cometido un delito de lesa humanidad con el asesinato ROQUE DALTON, ya que se establecen los elementos que a continuación se desarrollan. Sujeto activo
Desde un inicio, los crímenes de lesa humanidad fueron concebidos como aquellos perpetrados por agentes estatales o, bien, por particulares. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg define dichos delitos en su artículo 6; luego, en el 9 se reitera que deben juzgarse a personas o miembros de algún grupo u organización como posibles autores y responsables de estos ilícitos, en los siguientes términos: “En el juicio de aquella persona o personas miembros de algún grupo u organización, el Tribunal podrá declarar (en relación con cualquier acto por el que dicha persona o personas puedan ser castigados) que el grupo u organización a la que pertenecía la citada persona o personas era una organización criminal […]”.1 Esta doctrina, parte del ius gentium, ha sido retomada para juzgar hechos similares en juicios internacionales y nacionales; eso ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina. La perpetración de crímenes de lesa humanidad no es, entonces, patrimonio estatal; también pueden realizarlos particulares dentro de los cuales se incluyen organizaciones políticas y los llamados “grupos rebeldes”, “organizaciones insurgentes” o “guerrillas”. Se debe entender como tales, aquellas entidades que tienen como expresión institucional la de una ideología o de un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos públicos de interés general; se caracterizan por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política. “Toda organización política es producto de una realidad histórico-social, y se expresa a través de elementos subjetivos o inmateriales y objetivos o materiales, donde los primeros constituyen factores estructurales ya sea humanos o programáticos, mientras que los segundos implican elementos instrumentales, como los asuntos de carácter orgánico y normativo”.2
Estos delitos, entonces, pueden imputarse a los considerados “grupos rebeldes” u “organizaciones guerrilleras” salvadoreñas que tuvieron un papel protagónico en el desarrollo de la violencia política previa a la guerra y durante ésta. Para 1975, el ERP era considerado como tal pues tenía dirección, estructura y capacidad de acción política y militar; por ende, constituía un actor colectivo potencialmente responsable de violar el Derecho Internacional Público y el Derecho Penal interno, así como sus miembros individualmente considerados. Ello se evidencia con su accionar, sus manifiestos de la época y en las memorias de sus antiguos integrantes. Los ahora denunciados JOAQUÍN VILLALOBOS y JORGE MELÉNDEZ, junto con ALEJANDRO RIVAS MIRA, ALBERTO SANDOVAL y VLADIMIR ROGEL –los dos últimos, ya fallecidos– integraban la máxima autoridad del ERP, organización que se dio a conocer públicamente el 2 marzo de 1972 tras una de las varias escisiones ocurridas en el seno del Partido Comunista Salvadoreño, después de una lucha ideológica en su interior a lo largo de la década de 1960. El ERP fue una de las cinco organizaciones de ese tipo que, en octubre de 1980, fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); convertido en partido político después de la guerra, desde el 1 de junio del 2009 ocupa la Presidencia de la República su candidato Mauricio Funes y es éste el jefe directo de JORGE MELÉNDEZ.
Debe tratarse un ataque a la población civil, entendiéndose como tal a las personas que no participan en los combates “independientemente de que sean de la misma nacionalidad del responsable, apátridas o que tengan una nacionalidad diferente”. 3 En los conflictos civiles, se debe diferenciar entre los combatientes y la población civil no combatiente. No obstante la presencia de un número reducido de militares o “no civiles” en medio de un grupo compuesto en su mayoría por población civil, un hecho como los mencionados antes de los incluidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma se considerará como delito contra la humanidad, en la medida en que se den las demás condiciones del crimen.4 De igual forma, es necesario establecer la diferencia entre militantes y combatientes. El primero es “alguien que cree en el programa de su partido y está dispuesto a intentar convencer a otros ciudadanos de que su partido tiene razón. Un combatiente es alguien que cree en el programa de su partido y que está dispuesto a convencer a otros ciudadanos de que su partido tiene razón; y si no se convence, puede realizar hostilidades verbales o físicas en perjuicio de quienes intentó convencer y no pudo hacerlo. La figura del militante es trasversal: la misma figura existe en un partido conservador, nacionalista, socialista o ecologista. La figura del combatiente es específica: sólo existe en los partidos que, si descubren un día que no convencen, deciden pasar de las palabras a los hechos violentos.5 ROQUE DALTON, si bien es cierto ingresó en 1973 al ERP, no fue un combatiente; era solamente un miembro de dicha organización que no realizó actividades militares, tal como lo refiere el mismo grupo en un comunicado publicado en 1977 donde se afirmó lo siguiente respecto de la víctima: “No es un cuadro fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP-, ni se dedicó al trabajo del Ejército Revolucionario del Pueblo, toda su vida. Fue ejecutado en mayo de 1975”. Asimismo, relaciona que él nunca ocupó una jefatura militar. Fue, entonces, militante del ERP pero no combatiente dentro del mismo. Incluso, en su calidad de militante fue duramente cuestionado dentro de dicho comunicado, en los siguientes términos: Al hablar de Dalton no podemos decir que se tratara de un militante de firmes convicciones ideológicas y de una gran solidez y moral revolucionaria. Más bien Dalton era un intelectual aventurero que le interesaba mucho su promoción individual y para esto había comenzado trabajos tendientes a levantar su figura interna y externamente”. Acción típica
No sólo se refiere a ataques en el marco de un conflicto bélico, ya que también pueden producirse en tiempos de paz. El ataque tiene que ser generalizado o sistemático, no generalizado y sistemático. No denota solamente una agresión militar; el ataque puede ser realizado mediante la aplicación de medidas administrativas que deriven en desaparición forzada, tortura, ejecuciones sumarias y otras violaciones graves, así como producto de políticas estatales o de una organización alzada en armas que persigue determinados objetivos políticos, con la participación de cierto número de personas o cuya comisión se extienda sobre una amplia área territorial. En cuanto a la sistematicidad como condición para determinar cuándo se está ante crímenes de lesa humanidad, debe considerarse lo relativo a su planificación y organización. Los actos deben cometerse “con conocimiento del ataque”, el cual debe interpretarse como test objetivo acerca de si el supuesto autor “sabía o debía haber sabido” conforme al estándar de “una persona razonable”? si de hecho hubo un ataque.6 El carácter generalizado significa que sus actos están dirigidos contra una multiplicidad de víctimas,7 por lo que en este caso no se alega eso sino su sistematicidad. Para explicar los términos de “generalizado” y “sistemático”, se debe considerar la Sentencia C-1076 de 2002 emitida por la Corte Constitucional de Colombia cuando determina lo siguiente: “En este orden de ideas, el concepto de ‘crimen de lesa humanidad’ reviste importantes elementos cuantitativos y cualitativos, que permiten distinguirlo de otras categorías de delitos. En efecto, no se debe tratar de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que esté dirigido contra una multitud de personas, y sistemático, lo que significa que el delito se inscriba en un plan cuidadosamente orquestado”.8 En el presente caso, la ejecución del poeta ROQUE DALTON y el ocultamiento deliberado de su cadáver –tras privarlo de libertad y someterlo a torturas de diversas formas– no fue el resultado del azar ni un hecho aislado sino parte de un ataque sistemático del ERP dirigido por los denunciados, entre otras personas; dicha aseveración se hace con base en el comunicado que tal organización publicara en 1977, donde relaciona que en el proceso en el cual se separa la Resistencia Nacional del ERP “se levantaron las penas de muerte a los que las tenían […]”. Ello revela que dentro del ERP era una práctica sistemática el realizar procesos que culminaban con graves condenas como la ejecución sumaria, similar a la que se aplicó en el caso de ROQUE DALTON. En dicho comunicado se establece que no solamente él fue ejecutado en el mimo acto sino también Armando Arteaga, alias “Pancho”. Además, se cuenta con testimonios que dejan ver lo habitual y sistemático que era el asesinar a las personas que consideraban estaban en contra de su pensamiento y desempeño políticos, no solo dentro de sus filas sino también fuera de las mismas. De lo anterior da cuenta la parte del informe de la Comisión de la Verdad denominado “De la locura a la esperanza”, dedicada a la violencia contra opositores por parte del FMLN. En dicho documento fundacional en la posguerra se ofrecen algunos indicios acerca de la ejecución de Herbert Anaya Sanabria, quien al momento del hecho criminal presidía la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador autonombrada “no gubernamental”. La víctima fue acribillada el 26 de octubre de 1987, cuando se dirigía a dejar a sus hijas a la escuela. La Comisión de la Verdad reportó en su informe haber encontrado “indicios de la posible participación del ERP y de Miranda [Jorge Alberto Miranda Arévalo, miembro de una unidad de los comandos urbanos del ERP] en el asesinato, incluso móviles creíbles. Había desacuerdos entre Anaya y el ERP. Hay evidencia de que Anaya ya quería un fin de la violencia, mientras que el ERP estaba desarrollando una iniciativa que requeriría violencia en San Salvador”.9 Sobre el caso, la citada Comisión concluyó que: “1. No contó para este caso con el tiempo necesario que permitiera solucionar esta disyuntiva: la de contar con indicios de la posible autoría de un cuerpo de seguridad estatal o un escuadrón de la muerte, y más indicios sobre la posible autoría del asesinato de Herbert Ernesto Anaya Sanabria por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 2. El trato de la policía y el proceso judicial que tuvo Miranda violaron sus derechos básicos. El Estado falló en su deber estipulado por el derecho internacional de protección de los derechos humanos de investigar debidamente el asesinato de Herbert Anaya, así como de procesar y sancionar a los culpables”.10
Los resultados de las indagaciones realizadas por la Comisión de la Verdad en el ámbito de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas insurgentes, en particular por el ERP, incluyen también los asesinatos de alcaldes que consideraban “enemigos”. Al respecto, en el informe de la misma se concluyó en “lo siguiente: Hay prueba plena de que la comandancia general del FMLN aprobó y adoptó una política de asesinar a los alcaldes que ellos consideraban que hacían una labor de oposición.
Hay plena prueba de que, entre otros, los miembros del "núcleo" del colectivo llevaban a cabo dicha política, que ordenaba a sus comandantes locales que asesinaran a alcaldes que hacían una labor de oposición.
Hay plena prueba de que las siguientes personas, entre otras, integraron el núcleo del ERP en distintos momentos en que fueron asesinados los alcaldes dentro del territorio bajo el control del ERP y participaron en las decisiones de llevar a cabo dichas ejecuciones sumarias y por eso tienen responsabilidad por las mismas: Joaquín Villalobos ("Atilio"), Jorge Meléndez ("Jonás"), Ana Sonia Medina ("Mariana"), Mercedes del Carmen Letona ("Luisa"), Ana Guadalupe Martínez ("María") y Marisol Galindo.
Hay plena prueba de que Joaquín Villalobos, como secretario general del ERP ocupaba el cargo más alto de esa organización y tiene responsabilidad especial por el asesinato de los alcaldes llevado a cabo por el ERP.
Hay plena prueba de que los comandantes locales del ERP, o bajo órdenes del núcleo o con su aprobación y respaldo, asesinaron a los alcaldes indicados en este resumen.
Hay plena prueba de que los asesinatos de los alcaldes José Alberto López, Francisco Israel Díaz Vásquez, Pedro Ventura, María Ovidia Graciela Mónico Vargas, José Domingo Avilés Vargas, Dolores Molina, Edgar Mauricio Valenzuela, Napoleón Villafuerte y Terencio Rodríguez formaron parte de un patrón establecido, basado en una política deliberada del FMLN, que fue el resultado de órdenes y con la aprobación expresa de miembros del colectivo del ERP y de los actos de sus comandantes locales.
Hay plena prueba que el alcalde de Guatajiagua, José Alberto López, fue asesinado en octubre de 1988, estando en el poder del comandante "Amadeo".
Las ejecuciones de alcaldes por parte del FMLN constituyeron violaciones de las normas del derecho internacional humanitario y de las normas del derecho internacional de los derechos humanos”.11
La Comisión de la Verdad afirmó con buen tino que la “violencia fue una llamarada que avanzó por los campos de El Salvador; invadió las aldeas; copó los caminos; destruyó carreteras y puentes; arrasó las fuentes de energía y las redes transmisoras; llegó a las ciudades; penetró en las familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos; golpeó a la justicia y a la administración pública la llenó de víctimas; señaló como enemigo a quienquiera que no aparecía en la lista de amigos”.12 En ese marco, tribunales de justicia estadounidenses –como en el caso del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez,13cuarto arzobispo de San Salvador– y de la justicia universal ejercida por la Audiencia Nacional de España en el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989 y en la cual fueron ejecutados seis sacerdotes jesuitas, han declarado crímenes de lesa humanidad esos hechos en medio del un ataque sistemático contra religiosas y religiosos que no participaban en los combates. ¿Por qué en esos casos sí cabe esa calificación y en el presente no? Autoría y participación en el delito de lesa humanidad
Como formas de autoría en los delitos de lesa humanidad se tienen la individual, la coautoría y la autoría mediata; como formas de participación están las de instigar o inducir a otro a un hecho consumado o intentado y el auxilio a un hecho consumado o intentado con el propósito de facilitar su comisión. Existe la responsabilidad de los jefes o superiores, y las condiciones subjetivas del tipo exigen dolo. En cuanto a la autoría mediata, ésta se caracteriza por la comisión de un delito a través de otra persona; es decir, que se sirve de otro como "instrumento". La autoría mediata solo es explicable bajo los postulados de la teoría del dominio del hecho, porque sin lugar a dudas es quien se encuentra “atrás” el que tiene en sus manos la voluntad del instrumento y las riendas del acontecer causal. Según el jurista alemán Claus Roxin, existe dentro de la autoría mediata la realizada mediante aparatos de poder organizado, en la cual alguien sirve para la ejecución de un plan a una organización jerárquicamente organizada que puede tratarse de “una banda de gangsters, (sic) de una organización política o militar y aun de una conducción delictiva del Estado”.14 En el presente caso, es este tipo de autoría la que se le atribuye a los denunciados: JOAQUÍN VILLALOBOS y JORGE MELÉNDEZ en su calidad de mandos superiores del ERP son autores mediatos, además de confesos, pues planificaron y ordenaron la muerte de ROQUE DALTON; primero lo privaron de libertad ya que estuvo detenido en una casa ubicada en la colonia Santa Anita, de esta ciudad, juntamente con Armando Arteaga, alias “Pancho”, desde el 13 de abril de 1975 hasta el 10 de mayo de ese mismo año cuando fueron asesinados. Además del comunicado publicado por el ERP, existen entrevistas periodísticas rendidas por los mismos imputados en donde aceptan y confiesan que durante el período de 1975 eran dirigentes del ERP y que dicho grupo es responsable de la muerte de nuestro padre. Se ha denunciado a ambos, solamente, en virtud de que del resto se desconoce su paradero o ya fallecieron. Imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad
La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad ha sido reconocida por la jurisprudencia internacional ya que la prescripción, la no investigación, la no persecución y la falta de sanción, así como la amnistía de los autores de los referidos crímenes son incompatibles con lo establecido en el Derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado el carácter tradicional de la regla de imprescriptibilidad; además, ha afirmado que la misma constituye una norma de ius cogens;15 es decir, aquellas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario. En la sentencia sobre el caso “La Cantuta vs. Perú”, la Corte Interamericana señaló lo siguiente: “Los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasiona permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. Es este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, claramente afirmó que tales ilícitos internacionales ‘son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido’. […] Aun cuando (el Estado) no ha(ya) ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens),que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, (el Estado) no puede dejar de cumplir esta norma imperativa”. La Corte Interamericana hace referencia a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 26 de noviembre de 1968, la cual no ha sido ratificada por El Salvador. Sin embargo, de acuerdo a lo anteriormente relacionado, esa deuda del Estado salvadoreño no debe ser utilizada como justificación para aplicar la prescripción de la acción penal; ello, porque se puede conocer delitos de lesa humanidad a pesar de no haber firmado la Convención sobre la imprescriptibilidad. Se debe insistir, pues, en que las normas mediante las cuales se reconocen y regulan estos delitos contra la humanidad así como su imprescriptibilidad, son normas que integran el Derecho internacional consuetudinario, son parte de los principios fundamentales del Derecho internacional y son normas de ius cogens. Estas disposiciones se formalizaron en el Estatuto del Tribunal de Nùremberg. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido ya –desde la sentencia “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”– la obligación estatal de investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a derechos humanos, además de la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas y a sus familiares. En reiterada jurisprudencia, tan alto tribunal de justicia continental ha determinado lo siguiente: “El Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”. Pese a que según la legislación interna el delito ya prescribió para ejercer la acción penal, el Estado –a través de la Fiscalía General de la República– no puede inhibirse de su obligación de realizar todas las diligencias de investigación necesarias. En primer lugar, para determinar la comisión del crimen que denunciamos; en segundo lugar, para establecer las circunstancias de su asesinato, los responsables del mismo y lograr la sanción penal. En ese sentido, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando la inaplicabilidad de figuras como la“prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos”; sobre todo en casos como torturas y ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, así como en desapariciones forzadas. Esos actos se encuentran prohibidos por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho internacional de los derechos humanos.16 En su constante jurisprudencia, la Corte Interamericana ha considerado las disposiciones de prescripción o amnistía como generadoras de impunidad, definiendo ésta última como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.17 Y agrega reiteradamente que “[…] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas o sus familiares”.18 PRUEBAS A OFRECER Y DILIGENCIAS ÚTILES PARA LA AVERIGUACIÓN DE LOS HECHOS
Partida de defunción de ROQUE ANTONIO GARCÍA conocido por ROQUE ANTONIO DALTON y ROQUE DALTON, inscrita bajo el número veintinueve, folio treinta y uno, extendida por el Sub Jefe del Registro del Estado Familiar Interino de la Alcaldía Municipal de San Salvador, Jesús Douglas Henríquez Rodríguez, el día 6 de mayo del 2010.
Disco compacto marcado bajo el número uno, el cual contiene:
Audio de entrevista brindada por JOAQUÍN VILLALOBOS HUEZO al periódico mexicano “Excélsior”.
Audio de entrevista brindada por JORGE MELÉNDEZ al periódico digital “ContraPunto”.
Comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), publicado en 1977.
Copia del panfleto que circuló en la Universidad de El Salvador el 16 de mayo de 1975, en el cual se comunica la ejecución de ROQUE DALTON.
Copia de noticias publicadas en El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y La Crónica, en las que se divulga el asesinato de ROQUE DALTON citando el anterior panfleto.
Informe del jefe de la División de Derechos Humanos de ONUSAL, Diego García Sayán, en el que se mencionan hechos relativos a la búsqueda del cadáver de las dos víctimas ejecutadas por el ERP.
Publicación del resumen del discurso pronunciado por Joaquín Villalobos el 20 de junio de 1993, en La Prensa Gráfica el 24 de junio de 1993.
Comunicado Número 1 del ERP.
Publicación Número 25, marzo y abril 1976, de la Resistencia Nacional relacionando el asesinato de ROQUE DALTON.
Copia de pruebas que fueron entregados a la Fiscalía General de la República, junto con la denuncia presentada el 14 de mayo del 2010.
Diligencias útiles para la averiguación de los hechos:
Entrevistar a Eduardo Sancho, alias “Fermán Cienfuegos”, y cualquier otro testigo que resulte de las investigaciones realizadas.
Solicitar a los juzgados de Paz de Apopa, San Juan Opico y Quezaltepeque informe sobre hallazgos de restos humanos en mayo de 1975, en el lugar conocido como “El Playón”, municipio de Quezaltepeque, departamento de San Salvador.
Requerir al Ministro de la Defensa Nacional y al Estado Mayor de Fuerza Armada de El Salvador (FAES), pongan a disposición de la Fiscalía General de la República los archivos de los puestos de seguridad que existían en 1975 dentro del mencionado municipio de Quezaltepeque y en el de San Juan Opico, departamento de La Libertad, para determinar si realizaron alguna diligencia relacionada con el hallazgo de dos cuerpos abandonados en “El Playón”.
Realizar inspección en la casa ubicada en la 18 calle poniente, número 14, colonia Santa Cristina del Barrio Santa Anita, en esta Ciudad, por ser el presunto lugar donde fue ejecutado ROQUE DALTON según una de las versiones recabadas.
Realizar la exhumación del cadáver de ROQUE DALTON y los análisis genéticos pertinentes para establecer plenamente su identidad, luego de haber establecido la ubicación exacta del lugar en que fue sepultado.
En virtud de lo establecido en los artículos 42 y siguientes del Código Procesal Penal, ejercemos la acción civil por los perjuicios sufridos por nuestros poderdantes a consecuencia del ilícito que se atribuye a los imputados JOAQUÍN VILLALOBOS HUEZO y JORGE ALBERTO MELÉNDEZ o JORGE MELÉNDEZ como autores mediatos del ASESINATO de ROQUE DALTON. La realización de un delito genera, además de la responsabilidad criminal y el castigo de la misma, una responsabilidad civil como consecuencia de los daños y perjuicios que el hecho criminal produjeron a las víctimas los cuales deben ser compensados de tal forma que –quienes cometieron el delito– reparen e indemnicen completamente a sus víctimas. La responsabilidad civil también tiene su fundamento en el artículo 2065 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente: “El que ha cometido un delito, cuasidelito o falta es obligado a la indemnización, sin perjuicios de la pena que le impongan las leyes por el hecho cometido”. El daño derivado del delito constituye, entonces, el fundamento de la responsabilidad civil. De ahí que el contenido sustancial de la acción resarcitoria comprenda básicamente la restitución de los bienes obtenidos mediante la ejecución del delito o el pago del precio de los mismos o de su valor estimativo; y la indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales causados a la víctima o a su familia. Por eso, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución, solicitamos que el tribunal respectivo se pronuncie en su momento sobre los daños ocasionados por el delito denunciado; ello, porque toda persona que sufre las consecuencias de un hecho ilícito penal también sufre perjuicios morales y de otros tipos. El artículo 162 del Código Procesal Penal establece, en su inciso primero, que “los hechos y circunstancias relacionados con el delito, podrán ser probados por cualquier medio legal de prueba”. De dicho enunciado es de advertir que, indudablemente, no existe diferencia para que tales hechos y circunstancias sean relacionados con la acción penal, únicamente. La disposición determina que debe entenderse también para la acción civil, pues la ley no puede exigir prueba sólo para el establecimiento de la responsabilidad penal y abstenerse de exigirlas cuando de la responsabilidad civil se trate; pero establece la libertad probatoria para facilitar a las víctimas la realización del reclamo. Por otro lado, se observa que el artículo 115 del Código Penal cuando se refiere a las consecuencias civiles del delito en el inciso tercero, deja que el Juez o el Tribunal valoren la magnitud del daño causado considerando la afección del agraviado. El Tribunal está obligado a fijar la cuantía, tomando en cuenta la naturaleza del hecho y sus consecuencias así como los demás elementos de juicio que se hubieran podido recabar en las investigaciones. La ley señala que el juzgador ha de estimar indemnización de carácter moral, con parámetros que dimensionen la gravedad moral de ese daño. El artículo 2 constitucional, inciso final, establece que el reconocimiento de la indemnización –conforme a la ley– por daños de carácter moral. El daño proveniente del delito constituye, entonces, el fundamento de la responsabilidad civil. De ahí que el contenido sustancial de la acción resarcitoria conlleva el restituir lo conseguido a través del hecho criminal o su satisfacción mediante el pago su costo; además, deben repararse los daños materiales y morales como consecuencia del delito, así como la indemnización a la familia de la víctima. En el caso en comento, la acción resarcitoria no esta dirigida a reparar el daño ocasionado por los imputados a la familia de la de la víctima ya que es imposible cuantificar económicamente el valor de la perdida a la que se han enfrentado; sin embargo, aunque dicha acción no este dirigida a la reparación del daño moral causado, sí se puede orientar a la compensación del mismo. Quedando establecidas en la presente solicitud las generales del actor civil –es decir, nuestros mandantes– y los demandados civilmente que son los imputados en referencia así como los hechos las diligencias útiles, el ofrecimiento de pruebas y los otros requisitos necesarios, se estima el monto que se reclama en la cantidad de cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO Y LUGAR PARA OÍR NOTIFICACIONES
Se ofrece como el lugar para recibir citas y oír notificaciones, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), el cual se encuentra ubicado dentro de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), final bulevar Los Próceres, San Salvador, o el telefax veintidós cuarenta y tres - veintiuno ochenta y cuatro (2243-2184). ASISTENCIA TÉCNICA
Con base a lo establecido en el artículo 128 del Código Procesal Penal, solicitamos se autorice como consultor técnico a JOSÉ BENJAMÍN CUÉLLAR MARTÍNEZ. Dicha petición responde a que esta solicitud se basa en considerar el hecho atribuido a los imputados, como delito de lesa humanidad. Dicho concepto es parte del Derecho internacional de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, que son materias en las que el señor CUÉLLAR MARTÍNEZ tiene amplia experiencia; además, es director del IDHUCA desde hace veinte años y fue secretario ejecutivo del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O. P.” en México de 1983 a 1992. Por tanto, su asistencia es necesaria para la tutela de los derechos de las víctimas. Comisiono a J AVIER ALBERTO MELGAR MOLINA, quien es salvadoreño, mayor de edad y del domicilio de San Salvador, para presentar y retirar documentos en el presente caso. PETITORIO
Por las razones antes expuestas, a Usted respetuosamente PEDIMOS: Admita el presente escrito.
Tenga como parte querellante a JUAN JOSÉ DALTON CAÑAS y JORGE DALTON CAÑAS.
Nos tenga por parte en la calidad en que comparecemos, como querellantes en representación de nuestros mandantes.
Tenga por incoada la acción civil por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del delito, en contra de los imputados JOAQUÍN VILLALOBOS HUEZO y JORGE ANTONIO MELÉNDEZ o JORGE MELÉNDEZ, por el delito de ASESINATO en perjuicio de la vida de ROQUE DALTON.
Autorice como consultor técnico a JOSÉ BENJAMÍN CUÉLLAR MARTÍNEZ.
San Salvador, a los nueve días de enero del dos mil doce. RDarchivo

References: artículo 67
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 152
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 2065
 artículo 2
 artículo 162
 artículo 115
 artículo 2
 artículo 128