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Timestamp: 2020-08-15 10:44:54+00:00

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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 209282599
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2009. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO LEGISLATIVO 373, DE 11 DE JUNIO DE 2009, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECHAZÓ LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL AL DECRETO NÚMERO 52, RELATIVO A LA REFORMA AL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN VII, DE LA LEY QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO PARQUE FUNDIDORA, Y LO CONMINÓ PARA QUE A LA BREVEDAD ÉSTE SEA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, VIOLA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL.LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2009. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinticuatro de junio de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, J.N.G.P., en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Nuevo León por los actos que a continuación se indican:
1. Oficio número 820-LXXI-2009 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual se comunicó a la actora el contenido del acuerdo legislativo 373;
2. Acuerdo legislativo 373 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rechazó las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad y le ordenó publicar el decreto materia de tales observaciones;
3. El Decreto 74 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, mediante el cual se creó la Comisión Especial del Congreso del Estado de Nuevo León denominada: "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", aprobada en la sesión correspondiente al veintiséis de noviembre de dos mil siete.
4. El informe de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", en el cual se determinó que la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León era falsa; informe que fue presentado y aprobado por el Congreso de dicha entidad federativa en su sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil nueve.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales señalados como violados. Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes. La parte actora narró lo siguiente:
"Segundo. En fecha 21 de diciembre del año 2006, fue aprobado por el Congreso demandado el Decreto Número 52, en dicho decreto se plantea la reforma de diversos artículos de la Ley que Crea el Organismo Público Parque Fundidora.
"En la fecha referida se comunicó al Ejecutivo dicho decreto por lo que en fecha 28 de diciembre del año 2006 se presentó ante dicho Congreso el escrito de observaciones (veto) hechas por el suscrito al referido decreto.
"En efecto, se creó la ‘Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León’, la cual se creó sin fundamento legal alguno y en franca violación a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
"Cuarto. La ‘Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León’, llegó a la conclusión de que la rúbrica del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, R.E.M.D., contenida en el escrito de observaciones es falsa.
"Con base a la anterior determinación de la comisión de dictamen legislativo a la que se turnó para el procedimiento constitucional, el oficio de observaciones del titular del Poder Ejecutivo, hizo suya la conclusión de la comisión especial y concluyó que no existe el refrendo necesario en el citado escrito de observaciones, por consiguiente desestimó el mismo, ya que carece de valor por ser falsa la rúbrica del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, y al carecer de valor el escrito de observaciones al Decreto Número 52, subsiste el decreto referido y, por tanto, es procedente solicitar al Ejecutivo su inmediata publicación para que entre en vigor en los términos planteados en el decreto observado.
"Quinto. Asimismo, advirtió que como se estaba ante la presunta comisión de un delito al falsificarse la rúbrica del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, R.E.M.D., la comisión de dictamen legislativo estimó que no debía dejarse impune la comisión de dicho delito, por lo que conminó a J.N.G.P., Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, para que a la brevedad ordene a la Procuraduría General de Justicia del Estado inicie la averiguación previa respectiva y realice la investigación ministerial correspondiente por la comisión del delito de falsificación de documentos, establecido en el artículo 245, fracción I, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, por la falsificación de la rúbrica de R.E.M.D., secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y lo que resulte del contenido del escrito de observaciones al Decreto Número 52 expedido por esta legislatura.
"Sexto. Es el caso que en fecha 12 de junio del año en curso se notificó al gobernador del Estado el oficio número 820-LXXI-2009, que contiene el Acuerdo 373, ambos de fecha 11 de junio del año en curso, por lo que al tratarse de un oficio que resultó emitido en un procedimiento apartado completamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, es por lo cual acudo ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación."
CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, en los que esencialmente adujo:
1. El demandado no establece en el acto cuya invalidez se reclama, el fundamento legal ni expresa el porqué no era necesario que se obtuviera la votación de las dos terceras partes de los Diputados presentes para emitir el acuerdo legislativo 373 que se impugna, pues el mismo se tomó solamente con el voto de la mayoría de los diputados presentes y ordenaron publicarlo al órgano actor.
Se emitió el acuerdo sin considerar que se estaba analizando un escrito de observaciones (veto) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil seis, las cuales se hicieron al Decreto 52, el cual además estaba firmado por el secretario general de gobierno y el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, de tal manera que debían sujetarse al procedimiento constitucional previsto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, pues el mismo fue emitido dentro del proceso legislativo consagrado en los artículos 70, 71, 73, 75 y 85 del referido ordenamiento estatal.
El acuerdo mediante el cual el Congreso demandado, pretende ordenar al Ejecutivo publique el Decreto 52, por ser falsas las firmas del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, y que además solicita se le dé vista al procurador, debió ser aprobado por dos tercios de los diputados presentes.
Si se llega a dictaminar de esta manera, deberá ser aprobado por dos tercios de los diputados presentes en la sesión en que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de la comisión, lo anterior se insiste, porque se trata del procedimiento legislativo que prevé la Constitución Política Local.
2. Que el órgano demandado al emitir el acuerdo legislativo 373 que se impugna, hizo en franca violación a lo dispuesto por los artículos 70 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 118 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ya que este último dispositivo establece que cuando el Ejecutivo del Estado haga uso del derecho de veto, el documento que contenga observaciones será turnado a la comisión que conoció de la iniciativa.
3. Al emitirse el acuerdo legislativo 373 impugnado, se hizo en franca violación a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, dado que la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", no se integró pluralmente, tomando en consideración la proporcionalidad que cada grupo legislativo tiene en el Congreso del Estado y como lo ordena dicho dispositivo.
4. El acuerdo legislativo 373 se emitió violando lo dispuesto por los artículos 122 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, pues el Congreso Estatal, le dio la denominación de "acuerdo", debiéndose entender por éste como la resolución sobre cualquier asunto concreto y específico que sea sometido a su consideración y que no sea decreto o ley, denominación que le da el segundo de los dispositivos mencionados.
El proceso legislativo debe culminar con un decreto o ley y nunca con un acuerdo como lo hizo en la especie el órgano demandado, ya que de lo contrario el Ejecutivo no hubiera podido hacer uso del veto, lo cual se encuentra exclusivamente previsto en el procedimiento legislativo.
QUINTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de presidencia de veinticinco de junio de dos mil nueve, se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 56/2009 y por conexidad, se designó a la señora M.M.B.L.R. para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso auto del mismo día, tuvo por presentado al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, como representante de la parte actora y admitió a trámite la controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicha entidad, a quien ordenó emplazar para que contestara la demanda.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. El presidente de la Diputación Permanente de la Septuagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León (fojas 39 a 48 del expediente) manifestó en esencia lo siguiente:
I. En lo relativo a la falta de cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación; se encuentra absolutamente desvirtuado dada la advertencia que con los dictámenes de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", se ha encontrado que las firmas atribuidas al señor R.E.M.D., en su calidad de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, son falsas, por ello, con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que determina que ninguna orden del gobernador se tendrá como tal, si no va firmada por el secretario general de gobierno y por el secretario de despacho que corresponda, al no haber sido firmadas las observaciones que fueron presentadas por el tesorero general del Estado a este Congreso, carecerían de validez jurídica, lo cual provocaría la nulidad de estos documentos, y el Ejecutivo estaría obligado a publicar las reformas que fueron aprobadas por este órgano legislativo.
Las firmas supuestamente realizadas por el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado son falsas, de conformidad con el dictamen pericial grafoscópico realizado por el licenciado M.A.R.M. del Campo, perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, el cual concluye que las firmas proceden de diferentes manos, puños y letra (fojas 106 a 156 del cuaderno de pruebas).
II. El órgano legislativo demandado para la integración de dicha comisión especial tomó en cuenta a tres de los cinco grupos legislativos que existen en la legislatura, quienes se interesaron en participar, por lo que la citada comisión quedó integrada de la siguiente manera:
Si bien es cierto que la comisión especial no fue la que inicialmente conoció de la iniciativa, sino la Comisión de Hacienda del Estado, también esta última fue la que concluyó dicha iniciativa, con fundamento en lo considerado por la comisión especial.
La negativa del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional aparticipar en la integración de la comisión especial, se desprende del Diario de los Debates Número 328-LXXI-S. Ext. (fojas 158 a 179 del cuaderno de pruebas).
III. La parte actora aduce que la comisión especial sólo puede tener atribuciones relacionadas con la función legislativa, y de ninguna manera de orden jurisdiccional; esto resulta falso, dado la existencia de los artículos 27 y 30 de la Constitución Local, que en síntesis refieren que el ejercicio de la autoridad, debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes, lo cual no fue así, ya que la misma actora se duele del proceso legislativo aun cuando en la esfera del Poder Ejecutivo Estatal no es el encargado de señalar cómo debe llevarse el mismo.
IV. El último concepto de invalidez de la actora, se hace consistir en que la legislatura, al emitir el acuerdo legislativo 373, violó los artículos 122 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, al darle denominación de "acuerdo" al acto impugnado; al respecto, no existe tal ilegalidad, pues independientemente de lo anterior, el Poder Legislativo, no puede caer en el error de la complicidad y pasar por alto una ilegalidad cuando es tan palpable su comisión, si advierte como apócrifa la firma del tesorero del Estado, requisito sine qua non, para que surta efectos jurídicos la firma del Ejecutivo del Estado en términos del artículo 88 de la Constitución Local por lo que resulta inevitable que actúe en consecuencia, después de contar con el peritaje que confirma la sospecha inicial de manera contundente, por lo que no pueden tenerse por presentadas en tiempo y forma las observaciones del gobernador, y lo legal es que se tengan como no presentadas dentro del plazo de diez días que marca el artículo 71 de la Constitución Estatal y, consecuentemente, se haga efectiva la diversa determinación del Congreso de mandar publicar el decreto primario y así concluir con el proceso legislativo.
SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República (fojas 71 a 128 del expediente), solicitó lo siguiente:
De conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, si el gobernador de la entidad ejerce dicha facultad y, pese a ello, el Congreso Estatal insiste en su posición, aquél debe promulgar la ley de que se trate y ordenar su publicación, pero ello por la fuerza de las normas constitucionales y legales, no por la decisión u orden unilateral proveniente de la Legislatura Local.
Lo anterior, encuentra sustento en la facultad constitucional del Ejecutivo Estatal de verificar que lo que se asienta en la ley sea acorde al texto de la Ley Fundamental de la entidad, de manera que impedirle realizar la verificación aludida, significaría dejar sin efectos una forma de control constitucional no jurisdiccional, y ello permitiría que entraran en vigor normas que no cumplen los requisitos constitucionales correspondientes.
En la especie se actualiza la violación al principio de división de poderes, y procede se declare en lo general la invalidez constitucional de los actos que se tildan de inconstitucionales por el gobernador de Nuevo León.
OCTAVO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional el primero de octubre de dos mil nueve se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del país, por tratarse de un conflicto suscitado entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León con motivo de un acuerdo emitido por este último, el cual no reúne las características de generalidad, abstracción e impersonalidad propias de una norma general.
SEGUNDO. Certeza de los actos cuya invalidez se demanda. En autos quedó demostrada la existencia de los siguientes cuatro actos reclamados:
1. Oficio número 820-LXXI-2009 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual se comunicó a la actora el Acuerdo Legislativo 373;
2. Acuerdo legislativo 373 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rechazó las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad y le ordenó publicar el decreto materia de las mismas;
4. El informe de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", en el cual se determinó que la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León era falsa; informe que fue presentado y aprobado por el Congreso de dicha entidad federativa el cuatro de junio de dos mil nueve.
Para acreditar lo anterior, a continuación se transcribe, en el orden indicado, el texto esencial de los actos citados.
1. Oficio número 820-LXXI-2009 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual se comunicó a la actora el Acuerdo Legislativo 373 (foja 65 del cuaderno de pruebas):
"Asunto: Se remite Acuerdo No. 373
"Oficio Núm. 820-LXXI-2009
"A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma atenta y respetuosa solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del Estado, el Acuerdo Núm. 373 expedido por el Congreso del Estado en esta fecha, cuyo documento se acompaña.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’"
"Monterrey, N.L. a 11 de junio de 2009
"Diputado secretario
"R.M.V."
2. Acuerdo legislativo 373 de once de junio de dos mil nueve, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León rechazó las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad y le ordenó publicar el decreto materia de las mismas (se acompañó como anexo de la demanda);
"Artículo primero. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, conmina a J.N.G.P., Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, para que a la brevedad, sea publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 52 expedido por esta legislatura, referente a la reforma al artículo 9, fracción VII, de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Parque Fundidora.
"Artículo segundo. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, conmina a J.N.G.P., Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, para que a la brevedad ordene a la Procuraduría General de Justicia del Estado inicie la averiguación previa respectiva y realice la investigación ministerial correspondiente por la comisión del delito de falsificación de documentos establecido en el artículo 245, fracción I, del Código Penal para el Estado de Nuevo León por la falsificación de la rúbrica de R.E.M.D., secretario de Finanzas y tesorero general del Estado y, lo que resulte del contenido del escrito de observaciones al Decreto Número 52 expedido por esta legislatura.
"Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
"Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los once días del mes de junio de 2009."
"Artículo primero. La LXXI Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, acordó la integración de una Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, impresas en los documentos en los cuales consta las observaciones formuladas por el Ejecutivo a decretos emitidos por esta LXXI Legislatura.
4. El informe de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", en el cual se determinó que la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León era falsa; informe que fue presentado y aprobado por el Congreso de dicha entidad federativa el cuatro de junio de dos mil nueve (fojas 244 a 282 del expediente principal):
"‘Ante tales circunstancias hacemos del conocimiento del Pleno que los trabajos de esta comisión especial al día de hoy arrojan las siguientes conclusiones:
"‘1. Del contenido del dictamen pericial grafoscópico practicado a las firmas señaladas por los integrantes de esta comisión como dubitables, se encontró que de acuerdo al leal saber y entender del perito propuesto, este resuelve en sus conclusiones la falsedad de las firmas atribuidas como suyas a R.E.M.D., en su calidad de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León mismas que se aprecian en los documentos que contienen las observaciones del Ejecutivo a los Decretos Números 33, 26, 52, 51 y 48, originados por la aprobación a los expedientes 4368, 4367, 4371, 4372 y 4373, respectivamente, emitidos por esta LXXI Legislatura y, ante tal circunstancia, para los integrantes de esta comisión tales rúbricas son falsas.
"‘2. A fin de continuar con los trabajos de esta comisión especial, sus integrantes acordamos que a la brevedad se solicitará al Ejecutivo del Estado su colaboración a fin de obtener de su persona una firma autógrafa con carácter de indubitable a fin de que sea sometida al análisis de un perito grafólogo comparándola con las firmas atribuidas como dubitables del gobernador J.N.G.P.. Monterrey, Nuevo León a 04-cuatro de junio de 2009.
"Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León. Es cuanto diputado presidente, en lo que respecta al acta de la comisión especial.’
"‘Señor presidente, en relación al informe que acaba de rendir el diputado Ó.C. en su calidad de presidente de la comisión que presenta el expediente, yo quisiera hacer la siguiente propuesta: Que el presidente de esta asamblea someta a la consideración de los diputados presentes el hacer del conocimiento de la Comisión de Hacienda del Estado el contenido de las conclusiones a las que ha arribado la Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, que aparecen en los documentos en los cuales constan las observaciones formuladas por el titular del Ejecutivo del Estado a los Decretos Números 33, 26, 52, 51 y 48 emitidos por esta LXXI Legislatura, y se turne dicho documento para que sea anexado a los dictámenes elaborados con motivo de los expedientes números 4368, 4367, 4371, 4372 y 4373, respectivamente.’
TERCERO. Oportunidad. El plazo legal de treinta días hábiles para impugnar el primero de los actos reclamados consistente en el oficio 820-LXXI-2009 de fecha once de junio de dos mil nueve, recibido por la parte actora el doce siguiente, se debe computar desde el día siguiente al en que fue notificado a la parte actora dicho oficio, es decir, a partir del quince de junio de dos mil nueve, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, fracción I,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, por lo que dicho periodo concluyó el once de agosto siguiente, conforme al siguiente calendario en el cual aparecen sombreados los días inhábiles:
Por tanto, si la demanda se presentó el veinticuatro de junio de dos mil nueve, ante la Oficina de Certificación Judicial de este Alto Tribunal, según se aprecia del sello estampado al reverso de la última hoja de la demanda, es evidente que la misma se promovió oportunamente respecto del oficio número820-LXXI-2009.
El mismo cómputo opera respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en el acuerdo legislativo 373, de fecha once de junio de dos mil nueve, ya que éste se acompañó como anexo del oficio número 820-LXXI-2009 antes mencionado.
Respecto del tercer acto controvertido, relativo al Decreto 74 mediante el cual se creó de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", si bien data del veintiocho de noviembre de dos mil siete en que fue publicado, debe estimarse presentada oportunamente la demanda conforme al mismo cómputo previamente elaborado, ya que los trabajos de dicha comisión sirvieron de base para la emisión del acuerdo legislativo 373 antes mencionado y, por tanto, su integración forma parte de los actos que concurrieron en el proceso legislativo para la formación y aprobación de este último acuerdo legislativo.
Finalmente, por las mismas razones, la demanda también se presentó en tiempo y forma legales con relación al cuarto acto reclamado consistente en el informe de la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", en el cual se determinó que la firma del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León era falsa; informe que fue presentado y aprobado por el Congreso de dicha entidad federativa el cuatro de junio de dos mil nueve; ya que las conclusiones de la referida comisión especial adquirieron definitividad una vez que fue aprobado el acuerdo legislativo 373, de cuyo proceso legislativo puede afirmarse que forman parte.
CUARTO. Legitimación activa. Por la parte actora comparece J.N.G.P., Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, quien acreditó su cargo con copia certificada del Decreto Número 7, expedido por el Congreso del Estado de Nuevo León, del cuatro de octubre de dos mil tres (foja 23 del expediente), en el cual se hace constar la toma de protesta que rindió, en los siguientes términos:
"Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil tres."
QUINTO. Legitimación pasiva. En su carácter de autoridad demandada del Congreso del Estado de Nuevo León, compareció el presidente de la Diputación Permanente de la Septuagésima Primera Legislatura, diputado Ángel Valle de la O., carácter que acreditó con la copia certificada del Periódico Oficial Local del día veinticuatro de abril de dos mil nueve, en el que aparece publicado el Decreto Número 378 (fojas 50 y 51 del expediente), que señala:
SEXTO. Antecedentes de los actos impugnados.
I. Con fecha 11 de diciembre de dos mil seis, se presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una iniciativa de reforma a los artículos 9, fracción VII y 20, fracción VII, de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora (fojas 69 a 76 del cuaderno de pruebas).
II. Con el anterior documento se formó el expediente 4340, el cual fue turnado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quienes formularon el dictamen respectivo (fojas 77 a 86 del cuaderno de pruebas).
III. El anterior dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, en la sesión correspondiente al veintiuno de diciembre de dos mil seis, dando origen al Decreto Número 52.
En la citada fecha el decreto fue enviado al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación, a través del oficio número 89-LXXI-2006 (fojas 87 a 89 del cuaderno de pruebas).
IV. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León realizó diversas observaciones (veto) al citado Decreto 52 mediante oficio de veintidós de diciembre de dos mil seis, presentado el día veintiséis siguiente ante la Legislatura de ese Estado, oficio que fue también suscrito por el secretario general de Gobierno y por el secretario de Finanzas y tesorero general, ambos del Estado de Nuevo León (fojas 91 a 104 del cuaderno de pruebas).
V.T. observaciones fueron turnadas con fecha veintiocho de diciembre de dos mil seis, para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León dentro del expediente 4371 (fojas 56 a 63 del cuaderno de pruebas).
VI. El veintiséis de noviembre de dos mil siete el Congreso del Estado de Nuevo León acordó crear la "Comisión especial para investigar la autenticidad de las rúbricas del gobernador del Estado y del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León", lo cual quedó plasmado en el Decreto 74 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de veintiocho de noviembre de dos mil siete.
VII. La Comisión de Hacienda presentó el respectivo dictamen que antecedió al acuerdo legislativo 373, en la sesión del Congreso del Estado de Nuevo León correspondiente al once de junio de dos mil nueve, el cual fue aprobado por veintiún votos a favor y catorce en contra, así como una abstención (fojas 146 y 147 del expediente principal).
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Por ser de estudio preferente se procede al estudio de las violaciones al procedimiento legislativo que formula la parte actora, ya que aunque el acto reclamado consistente en el acuerdo legislativo 373 no constituye una norma general, para su emisión existen reglas que deben observarse por la autoridad demandada, las cuales en caso de haber resultado infringidas podrían ser trascendentes e invalidar dicho acto, haciendo innecesario el estudio de los demás conceptos de invalidez, conforme se explica en el siguiente criterio, aplicable por identidad de razones:
Por tanto, no es obstáculo para lo anterior la circunstancia de que los conceptos de invalidez que se analizarán se vinculen con violaciones a leyes secundarias, ya que tales infracciones por referirse al proceso legislativo que antecedió al Acuerdo Legislativo 373 reclamado se encuentran estrechamente vinculadas con el contenido de tal acto, tal como se explica en el siguiente criterio del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Resulta esencialmente fundado el primero de los conceptos de invalidez en el que se aduce que el acuerdo legislativo 373 no fue aprobado por las dos terceras partes de los diputados presentes, tal como lo exige el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, el cual dispone lo siguiente:
La facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León se reitera en el artículo 85, fracción XI, de la Constitución Política de esa entidad federativa, en los siguientes términos:
"XI. Hacer observaciones a cualesquiera ley o disposición del Congreso dentro de los diez primeros días contados desde su recibo."
"Artículo 118. Cuando el Ejecutivo del Estado haga uso de la facultad que le concede el artículo 85 fracción XI de la Constitución Política Local y haga observaciones a las resoluciones del Congreso, el documento que las contenga será turnado a la comisión que conoció de la iniciativa; y, en caso de que se tratare de un acuerdo que no hubiere sido conocido previamente por comisión alguna, el presidente turnará el conocimiento de esas observaciones a la que estime competente."
"Artículo 119. Formulado el dictamen en el caso del artículo anterior y conocido y resuelto por la asamblea de conformidad con las disposiciones de este capítulo, se comunicará al Ejecutivo la resolución que se dicte, para que se proceda en el sentido de la misma."
Ahora, en autos obra la copia certificada del acta 332-LXXI-2009 (foja 143 del expediente principal), de la sesión extraordinaria de la Septuagésima Primera Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, celebrada el día once de junio de dos mil nueve, la cual suscribieron el presidente y dos secretarios de la mesa directiva, la cual hace prueba plena al constituir un documento público en términos de lo que establecen los numerales 129 y 130 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de la materia conforme a lo dispuesto por su artículo 1o.
De dicha acta se advierte que el dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Nuevo León, que antecedió a la emisión del acuerdo legislativo 373, fue aprobado por una mayoría de veintiún votos de los treinta y seis legisladores que se encontraban presentes en dicha sesión plenaria,(2) toda vez que también hubo catorce votos en contra y una abstención.
Lo anterior implica que el voto aprobatorio de los diputados presentes fue insuficiente para constituir las dos terceras partes de los legisladores presentes, ya que para alcanzar esta proporción se requería de tres votos más, en tanto que para que veintiún votos que aprobaron el acuerdo legislativo 373 fueran equivalentes a los dos tercios de los diputados actuantes, tendrían que haber conformado el Pleno tan sólo treinta y un integrantes, y es el caso que en la especie había treinta y seis de ellos; lo anterior de forma numérica queda representado de la manera siguiente:
Esta infracción a las reglas esenciales del procedimiento legislativo es de las que se han considerado trascendente por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al siguiente criterio:
Consecuentemente, al no haberse alcanzado la mayoría calificada que exige el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León para rechazar legalmente las observaciones del Poder Ejecutivo Local, es incuestionable que el acuerdo legislativo 373 viola lo dispuesto en este precepto y conduce a declarar su invalidez, ya que la promulgación de una ley o decreto sólo debe hacerse si se han cumplido los requisitos formales para superar las observaciones del Ejecutivo, y si el Congreso Local se rehusó a aceptarlas sin la mayoría calificada requerida, ello impide que la correspondiente iniciativa pueda considerarse como una ley o decreto que deba promulgarse y publicarse.
A este respecto el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 84/2003, promovida por el Poder Legislativo del Estado de A., fallada en su sesión correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil cuatro estableció lo siguiente:
"En consecuencia, no se trata de que el Legislativo ordene la publicación a pesar de las objeciones del Ejecutivo Local, sino que esa orden sólo podrá darse cuando sesupere con las dos terceras partes de los integrantes el veto del Ejecutivo.
"Es más, del texto del artículo 32 de la Constitución de A., se desprende que no es necesaria una facultad expresa para que el Ejecutivo pueda negarse a publicar la ley, ya que si no se alcanzan las dos terceras partes, la iniciativa no llega a ser ley o decreto, y no siéndolo no tiene por qué publicarse. En consecuencia, no es que el Ejecutivo tenga facultad para no publicar, sino más bien no está obligado a publicar algo que no es ley.
"Los argumentos anteriores resultan infundados, en atención a que la negativa por parte del Ejecutivo a publicar el decreto de referencia, de modo alguno invadió la esfera de atribuciones del Poder Legislativo dado que la facultad de publicar las leyes o decretos, de conformidad con el citado artículo 32 de la Constitución Local vigente en la época en que se emitió el acto impugnado, correspondía al Ejecutivo, de ahí que sean inexactas las afirmaciones de la actora pero, además, no debe perderse de vista que la negativa del Ejecutivo a realizar la publicación de mérito deriva del incumplimiento por parte del Congreso de aprobar la resolución en la que se analizaron las observaciones realizadas en uso de su derecho de veto, con la votación de las dos terceras partes del total de los diputados."
"LEYES O DECRETOS. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO ESTÁ OBLIGADO A PUBLICARLOS SI FORMULÓ OBSERVACIONES A SUS INICIATIVAS EN USO DE SU DERECHO DE VETO Y EL CONGRESO NO LAS APROBÓ CON EL VOTO CALIFICADO EXIGIDO POR LA CONSTITUCIÓN LOCAL.-El artículo 32 de la Constitución Política del Estado de A. prevé que vetada una iniciativa de ley o decreto por el titular del Ejecutivo, será devuelta con sus observaciones al Congreso del Estado, el cual deberá discutirla de nuevo, y si fuere confirmada por el voto de las dos terceras partes del número total de diputados, aquélla será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su publicación dentro de los diez días hábiles siguientes al de su recepción, caso en que de no hacerlo el Congreso la ordenará. En ese sentido, se concluye que es innecesaria una facultad expresa para que el titular del Poder Ejecutivo se niegue a publicar una ley o decreto cuya iniciativa fue vetada y que no alcanzó el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de los integrantes del Congreso, toda vez que al no llegar a ser ley o decreto, no está obligado a su publicación. Lo anterior encuentra sustento en la facultad del Ejecutivo de promulgar las normas, que consiste en la constatación que hace de que el decreto que le envía el Congreso es la ley aprobada y que en el caso de superación de veto dicha aprobación fue realizada por las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, pues al participar el Ejecutivo en la creación de la norma está constitucionalmente obligado a verificar que lo que va a asentar sea acorde al texto constitucional, de manera que impedirle realizar la verificación aludida significaría dejar sin efectos una forma de control constitucional no jurisdiccional, y entrarían en vigor normas sin cumplir los requisitos constitucionales correspondientes." (Novena Época. No. Registro: 179555. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, materia(s): Constitucional, tesis P. I/2005, página 1193).
Por otra parte, no es obstáculo para la conclusión alcanzada la circunstancia de que en el acuerdo legislativo 373 se aduzca como motivo para el rechazo de las observaciones la presunta falta de autenticidad de la firma de quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, ya que el artículo 71 de la Constitución Política de esa entidad no hace salvedad alguna, sino que es categórico al señalar que, para rehusarse a atender las observaciones del Poder Ejecutivo, es imprescindible el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, lo cual hace indispensable que en cualquier caso se dé cumplimiento a este requisito formal para que el Poder Legislativo pueda ordenarle al Ejecutivo Estatal la publicación de la ley o decreto de que se trate.
En estas condiciones, se declara la invalidez del Acuerdo Legislativo 373 para el efecto de que se deje insubsistente el mismo y nuevamente se someta a la consideración del Pleno del Congreso el dictamen relativo observándose lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, sin que sea el caso de ocuparse de los restantes conceptos de invalidez, ya que al haberse detectado una violación al procedimiento legislativo que antecedió a la emisión de dicho acuerdo, todo su contenido resulta igualmente inválido, sin que sea el caso de analizar las razones materiales que lo fundamentan, ya que las mismas fueron resultado de una votación irregular, de conformidad con el criterio jurisprudencial siguiente:
SEGUNDO.-Se declara la invalidez del acuerdo legislativo 373 para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros M.B.L.R., J.F.F.G.S., L.M.A.M. y presidente S.S.A.A., votó en contra el señor M.S.A.V.H..
1. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: I.T. de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
2. El artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León señala que el Congreso Estatal se encuentra conformado por un total de 42 diputados, conforme a lo siguiente:

References: ARTÍCULO 9
 ARTÍCULO 71
 artículo 74
 artículo 245
 artículo 71
 artículo 74
 resolución 
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 29
 Artículo 105
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 245
 artículo 21
 Artículo 105
 artículo 71
 artículo 85
 artículo 85
 resolución 
 artículo 1
 artículo 71
 artículo 32
 artículo 32
 resolución 
 artículo 32
 artículo 71
 artículo 71
 resolución 
 artículo 46