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Timestamp: 2018-03-23 18:25:16+00:00

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Resolución de 17 de diciembre de 2009, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se establecen las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas a organizaciones sindicales
Órgano CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
Publicado en BOJA núm. 254 de 31 de Diciembre de 2009
Artículo 4 Gastos subvencionables
Artículo 5 Financiación de las actividades subvencionadas
CAPÍTULO II. Procedimiento de concesión
Artículo 6 Procedimiento de concesión
Artículo 7 Solicitudes, documentación y plazo
Artículo 8 Documentación a aportar sólo a requerimiento del órgano competente
Artículo 9 Subsanación de solicitudes
Artículo 10 Información de carácter general
Artículo 11 Información de carácter particular
Artículo 12 Criterios de distribución
Artículo 13 Criterios de aprobación del plan de formación
Artículo 14 Instrucción del procedimiento
Artículo 15 Resolución del procedimiento
Artículo 16 Homologación del plan de formación subvencionado
Artículo 17 Modificación de la resolución de concesión
Artículo 18 Notificación y publicación
CAPÍTULO III. Obligaciones, pago, justificación, control y reintegro
Artículo 19 Obligaciones de los beneficiarios
Artículo 20 Contratación y subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios
Artículo 21 Forma y secuencia del pago
Artículo 22 Justificación de las subvenciones
Artículo 23 Control y evaluación de actuaciones subvencionadas
Artículo 24 Reintegro de la subvención
Artículo 25 Procedimiento de reintegro
Artículo 26 Publicidad de las subvenciones concedidas
Artículo 27 Responsabilidad y régimen sancionador
R Administración Pública 29 Dic. 2010 CA Andalucía (resuelve dejar sin efecto la R 17 Dic. 2009, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas a organizaciones sindicales)
Res [ANDALUCÍA] 17 diciembre 2009, dejada sin efecto por la Res [ANADLUCÍA] 29 diciembre 2010, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se resuelve dejar sin efecto la Res 17 diciembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas a organizaciones sindicales («B.O.J.A.» 12 enero 2011), el 1 de febrero de 2011.
El artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
En cumplimiento de este principio de buena administración, consagrado en el artículo 5 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, se aprobó por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de fecha 27 de enero de 2009, el Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites, recogiendo una serie de medidas cuyo fin último perseguido es que los asuntos de la ciudadanía sean resueltos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad y mejorando la eficacia en la respuesta de la Administración.
Así, de conformidad con lo estipulado en el citado Plan, con la presente Resolución se concretan las medidas de unificación y simplificación de trámites que afectan a una de las modalidades de subvención regulada hasta ahora en la Orden de 8 de marzo de 2007, que establece las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas y para la financiación de gastos corrientes a Organizaciones Sindicales, recuperación de la memoria histórica y mejora de las infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz. En cumplimiento de lo anterior, la presente Resolución engloba las subvenciones a Organizaciones Sindicales para la organización de acciones formativas, efectuando una reducción hasta en un 50% del plazo máximo para resolver y notificar los referidos procedimientos, que se reduce a tres meses.
Por otro lado, en adaptación a lo dispuesto en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, se suprime la exigencia de aportar la fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad.
Igualmente, por razones de oportunidad, se llevan a cabo una serie de modificaciones particulares en esta modalidad de subvención, con el objetivo de mejorar la eficacia de la misma.
Por último, el procedimiento de concesión, al no tratarse de concurrencia competitiva, y conforme al art. 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, queda justificado por razones de interés social, en virtud de la necesaria acreditación de la representatividad de las Organizaciones sindicales beneficiarias con base en los resultados de las elecciones para Delegados, Juntas de Personal y Comités de Empresa en los ámbitos de personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía y del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía tras las últimas elecciones.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 55 de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 12 del Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública,
1. La presente Resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de Administración Pública a las Organizaciones Sindicales para la organización de acciones formativas.
2. La finalidad de estas subvenciones es promover la realización de acciones formativas a través de las Organizaciones Sindicales.
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Resolución se regirán, además de por lo previsto en la misma, por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; por lo que dispongan las Leyes Anuales del Presupuesto; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, y por el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Resolución las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas y que tengan acreditada representatividad con base en los resultados de las últimas elecciones para Delegados, Juntas de Personal y Comités de Empresa en los ámbitos de personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía y del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.
2. En aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiarias las Organizaciones Sindicales en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que la Organización Sindical haya sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
d) Estar incursa la persona que ostente la representación legal de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y de Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias, concretamente, la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, y la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no ser deudores en periodo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta Resolución las Organizaciones Sindicales incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las Organizaciones Sindicales respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
1. Únicamente podrán ser objeto de subvención los gastos generados por la ejecución del plan de formación de perfeccionamiento integrado por acciones formativas dirigidas a personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía y personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.
2. Las ayudas previstas en esta Resolución se destinarán a financiar los gastos que estén directamente relacionados con el desarrollo de las actuaciones para las que se hayan concedido y deberán responder a los tipos descritos a continuación:
a) Retribución del profesorado.
b) Adquisición de material didáctico y de apoyo a la formación, que en ningún caso tendrá carácter de gastos de inversión.
c) Contratación de la prestación de servicios por agentes externos, directamente imputables a la organización de las acciones formativas subvencionadas.
d) Comunicación y difusión de las actividades.
e) Arrendamientos de aulas y locales en que se desarrollen las concretas actividades subvencionadas, y únicamente por la cantidad imputable a éstas.
f) Gastos derivados de la manutención y el traslado de profesorado y, en su caso, alumnado, de las acciones formativas subvencionadas.
1. Las subvenciones se concederán con cargo al concepto presupuestario 482.00, correspondiente al programa 1.2.B.
2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
1. Las subvenciones se otorgarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre a solicitud de los interesados y se tramitará en atención a la mera concurrencia de la determinada situación del perceptor, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.
3. La concesión de las subvenciones estará limitada a las disponibilidades presupuestarias existentes, debiendo someterse los expedientes de gasto a la correspondiente toma de razón por la Intervención Delegada del organismo.
4. El procedimiento de concesión de la subvención se sustanciará conforme a las normas generales de los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de los interesados, ajustándose a lo establecido en las presentes bases en cuanto a la tramitación, concesión, abono y justificación, salvo en lo dispuesto en los apartados siguientes:
a) El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.
b) La tramitación y resolución de los expedientes se realizará para cada una de las solicitudes de forma individual, concediéndose la subvención solicitada sin comparación con otras solicitudes, siempre que se cumplan los requisitos determinados en la presente Resolución y exista consignación presupuestaria para ello.
c) La práctica de las notificaciones se realizará de forma individual de acuerdo con las normas generales de aplicación.
5. La presente Resolución tiene eficacia indefinida. Así pues, no será necesaria una previa resolución anual que efectúe la convocatoria de las subvenciones.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 15 de enero y el 15 de marzo de cada año. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en los Anexos a la presente Resolución, siendo suscritas por aquella persona que tenga capacidad para representar a la Organización Sindical e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública.
3. Las solicitudes podrán presentarse:
a) Preferentemente por medios telemáticos a través de Internet, en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal del ciudadano «andaluciajunta.es» y mediante el acceso a la dirección web http: www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, en los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos electrónicos (Internet). Dicha presentación podrá efectuarse todos los días del año durante las veinticuatro horas, originándose la consignación electrónica de hora y fecha, que respecto a esta última producirá los mismos efectos que el procedimiento administrativo establece para el cómputo de términos y plazos. A estos efectos, las personas jurídicas interesadas deberán disponer del correspondiente certificado electrónico de persona jurídica, regulado en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Cuando la entidad carezca de firma electrónica de persona jurídica, la persona solicitante con capacidad para representar a la Organización deberá disponer de la correspondiente firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica o del sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 11/2007, de 22 de octubre. Se podrán emplear todos los certificados reconocidos por la Junta de Andalucía mediante convenio con las entidades proveedoras de servicios de certificación electrónica. Las entidades reconocidas actualmente por la Junta de Andalucía en este sentido podrán consultarse mediante el acceso a la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica. Las solicitudes que incluyan la firma electrónica reconocida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, de 24 de junio, producirán, respecto a los datos y documentos consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e incluirán la petición de autorización al interesado para realizar las comunicaciones relativas al procedimiento por medios electrónicos, a través de la suscripción automática al sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía.
b) En el Registro administrativo del Instituto Andaluz de Administración Pública, sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
4. Las Organizaciones Sindicales solicitantes podrán, una vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema, practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo caso, en el momento de la aportación de documentos o datos en los Registros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo se ha efectuado en forma electrónica o telemática.
5. Las entidades solicitantes podrán obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, de los derechos reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación de su contenido, así como la fecha en que fueron dictados, accediendo a su sede electrónica y consultando el estado del expediente, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente Resolución.
6. En la solicitud de la subvención constará:
a) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 3 de la presente Resolución.
b) Declaración expresa respecto de otras subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con la indicación, en su caso, de la entidad concedente e importe.
c) Autorización expresa de la posibilidad de que la Administración pueda recabar cualquier documentación o información de otras Administraciones Públicas o entidades, salvo para el supuesto a que se refiere el apartado 8 del presente artículo.
d) Declaración responsable sobre el compromiso de aportar la documentación acreditativa referida en el artículo 8 de la presente Resolución.
7. Junto a la documentación declarativa referida en el apartado anterior, la solicitud irá acompañada de la siguiente documentación relativa a los proyectos subvencionables:
a) Una memoria descriptiva de la actividad con indicación de los objetivos, actuaciones o acciones a desarrollar y método de trabajo, así como el calendario, programa y fecha de realización de las actividades para las que se solicita subvención. En ella se contendrá aquella documentación que acredite el cumplimiento de los distintos criterios establecidos en el artículo 13 de la presente Resolución.
b) Presupuesto detallado y desglosado en el que conste la relación de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad o proyecto objeto de la subvención, así como las cantidades otorgadas por otras entidades para su financiación y las de aportación propias.
8. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.
No obstante lo anterior, para la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, y hasta tanto sea posible la cesión de información autorizada a través de medios telemáticos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, dicha acreditación se realizará mediante la aportación del correspondiente certificado por parte del beneficiario.
1. Una vez examinadas las solicitudes y sólo en el caso de resultar posibles beneficiarias de la subvención, el órgano competente requerirá a las entidades solicitantes para que aporten la siguiente documentación acreditativa:
a) Poder acreditativo de la representación que ostenta en nombre de la correspondiente Organización Sindical. La representación podrá acreditarse, según establece el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
No será precisa la acreditación de la representación cuando el representante de la entidad solicitante por vía telemática haya utilizado para ello un certificado electrónico de persona jurídica, regulado en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
b) Certificado de la correspondiente entidad bancaria acreditativo de la cuenta en la que deba efectuarse, en su caso, el ingreso de la subvención. La titularidad de dicha cuenta bancaria debe corresponder a la Organización sindical beneficiaria, debiendo quedar acreditado en el expediente.
2. La documentación referida en los apartados anteriores deberá presentarse en original o fotocopia debidamente compulsada, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, de Medidas Organizativas para los Servicios de Atención Directa a los Ciudadanos. Igualmente, conforme a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y a la Ley 7/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las personas solicitantes tienen la posibilidad de presentar el documento original electrónico o la copia autenticada electrónicamente, conforme a la Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se establece la utilización de medios electrónicos para la expedición de copias autenticadas. Por último, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de octubre, podrán aportarse también copias digitalizadas de la referida documentación, cuya fidelidad con el original se garantizará por los interesados mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este último caso, la Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.
3. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 84.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, no será necesario aportar la documentación referida en los apartados anteriores en caso de que obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y el procedimiento en que los presentó. Igualmente, no será necesaria la aportación de datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
1. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano competente para su tramitación requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles improrrogables, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Este requerimiento de subsanación podrá realizarse mediante notificación telemática, siempre que el interesado hubiera expresado en la solicitud su consentimiento para ello, conforme al artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
1. La información que el Instituto Andaluz de Administración Pública pondrá a disposición del ciudadano en Internet, en su página web http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, a la que se podrá acceder desde el portal de la Junta de Andalucía, relativa a los procedimientos de subvenciones, deberá contener para cada procedimiento, al menos:
a) Denominación del procedimiento.
b) Objeto y finalidad del procedimiento.
c) Órgano que tramita, Órgano que resuelve y Órgano titular de la competencia.
d) Normativa aplicable.
e) Requisitos previos que debe cumplir el interesado.
f) Documentación que debe presentar el interesado.
g) Modelos de formularios que sean de aplicación.
h) Plazo máximo de notificación de la resolución.
i) Sentido del silencio.
2. La difusión de información o documentación a través de redes abiertas de telecomunicación no eximirá del deber de publicar en los diarios oficiales correspondientes los actos jurídicos y disposiciones normativas cuando así esté legalmente establecido.
1. Las entidades solicitantes de la subvención que otorgue el Instituto Andaluz de Administración Pública podrán consultar en todo momento la información específica de la tramitación de su solicitud a través de medios telemáticos en su página web, en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, a la que se podrá acceder desde el portal de la Junta de Andalucía.
2. Para poder acceder a esta información la persona solicitante de la subvención deberá disponer de un certificado reconocido de usuario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
La cuantía de la subvención concedida a cada organización sindical se determinará en función del número de representantes con que cuente, a 31 de diciembre del año anterior, con arreglo a los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales celebradas en el ámbito de los empleados públicos al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía y del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. La concreta asignación de los fondos se efectuará mediante la distribución, de manera directamente proporcional al referido número de representantes, del total de los créditos disponibles en las aplicaciones presupuestarias correspondientes.
1. Para la aprobación de las acciones formativas incluidas en el plan de formación presentado para su financiación se tendrán en cuenta las siguientes directrices y criterios:
a) La relación entre las necesidades de formación detectadas en estudios de detección de necesidades formativas, tanto realizados por la propia organización sindical como por la Administración, y las actividades formativas propuestas, en términos de adquisición y mejora de las competencias profesionales de las personas destinatarias.
b) La adecuación del perfil de las personas destinatarias a los objetivos y contenidos de las acciones formativas, valorándose especialmente la conformación de grupos formativos homogéneos y la aplicación de criterios de igualdad por razón de género.
c) La coordinación de las acciones formativas propuestas con las que desarrolla el Instituto Andaluz de Administración Pública en el marco del Plan Anual de Formación con objeto de aunar esfuerzos y rentabilizar los recursos disponibles destinados a la formación.
d) La utilización de metodologías pedagógicas innovadoras y de las TIC para la impartición de las actividades. En este sentido las actividades formativas propuestas para ser impartidas con metodología a distancia convencional deberán justificarse suficientemente en función del perfil de las personas destinatarias y ajustarse a los parámetros establecidos por el Instituto.
e) La adaptación de las actividades formativas propuestas en metodología presencial y de teleformación a lo dispuesto en los apartados Cuarto, letras b), c) y e) de la Resolución del Instituto Andaluz de Administración Pública de 25 de septiembre de 2008, por la que se regula el procedimiento para la homologación de acciones formativas organizadas por promotores externos a la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 199, de 6 de octubre).
f) La inclusión de previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo, así como la aplicación de técnicas para la evaluación de los resultados y, en su caso, del impacto de la formación.
g) La capacidad acreditada de la organización sindical solicitante para desarrollar el plan de formación y los medios a disposición de la ejecución del mismo, valorándose a estos efectos el estar en posesión de certificaciones de calidad.
2. Importes y módulos económicos aplicables:
Con objeto de homogeneizar los costes de las acciones propuestas, se utilizarán los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) indicados a continuación, para la determinación de la financiación de cada acción formativa en función de la modalidad y nivel de la formación que se imparta.
Asimismo, con el objetivo de asegurar la calidad de la formación impartida, los citados módulos económicos se considerarán a los efectos de estimación de costes mínimos de las acciones formativas propuestas, que en ningún caso deberán ser inferiores al 50% de los mismos:
3. Plazo de ejecución del Plan de Formación.
Éste deberá referirse al año natural correspondiente a la convocatoria.
1. La Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública examinará a través de sus órganos administrativos las solicitudes, y una vez comprobada y completada la documentación preceptiva, formulará las correspondientes propuestas de resolución provisional motivadas de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en la presente Resolución. La propuesta de resolución provisional corresponderá a la persona titular de la Secretaría General del Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Las propuestas de resolución provisional no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
3. La resolución provisional se notificará a los interesados, que tendrán un plazo de 10 días para:
a) Presentar alegaciones, así como la documentación a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 de la presente Resolución, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la petición de las organizaciones sindicales beneficiarias provisionales, éstas podrán reformular su petición para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases reguladoras.
c) Las organizaciones sindicales beneficiarias provisionales podrán comunicar su aceptación de la subvención propuesta. La propuesta se tendrá por aceptada:
- Transcurrido el plazo para reformular sin que las organizaciones sindicales beneficiarias provisionales comuniquen el desistimiento.
- Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las organizaciones sindicales beneficiarias provisionales.
1. Una vez efectuada la toma de razón de la propuesta de resolución definitiva, se elevará con todo lo actuado al órgano competente para resolver, la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. La resolución de concesión se motivará en función del mejor cumplimiento de los criterios establecidos.
3. La resolución de concesión de cada subvención deberá especificar los siguientes extremos:
a) Identificación de la organización sindical beneficiaria.
b) Cuantía de la subvención concedida al beneficiario y aplicación presupuestaria del gasto.
c) Actuaciones o Proyectos que se subvencionan.
d) Plazo de ejecución del proyecto o actividad subvencionada con expresión del inicio del cómputo del mismo.
h) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención.
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses a partir del día siguiente en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. El transcurso de dicho plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
5. Las resoluciones de concesión de subvenciones pondrán fin a la vía administrativa, por lo que podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las hubiese dictado o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La concesión de las subvenciones implicará la homologación por el Instituto Andaluz de Administración Pública de las acciones formativas integrantes del plan de formación subvencionado, con las condiciones y en los términos establecidos en la Resolución de concesión y conforme a los criterios y con los efectos establecidos con carácter general por la normativa reguladora de dicho procedimiento.
1. Conforme establecen los artículos 19.4 de la Ley General de Subvenciones y 110 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los siguientes casos:
a) La obtención concurrente de otras aportaciones para la misma actividad, cuando su importe supere el coste de la actividad subvencionada.
2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:
b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75% de los objetivos previstos.
c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
3. Sin perjuicio de la obligación contenida en la letra d) del artículo 19 de la presente Resolución, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente la modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la motiven, y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y, en su caso, de justificación inicialmente concedido.
4. En el caso de existir modificaciones que supongan una disminución del importe total otorgado en la resolución de concesión, como consecuencia de la presentación por parte del beneficiario de la documentación justificativa que acredite la actividad subvencionada, y valoración y aceptación por el órgano competente, siempre y cuando no se altere el objeto del proyecto subvencionado, el importe de la subvención se minorará de oficio, si procede, en la parte proporcional a la justificación no presentada o no aceptada.
5. La minoración podrá conllevar el reintegro por la parte no justificada o no aceptada su justificación y abonada.
La resolución por la que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según proceda, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.
1. Se podrán practicar notificaciones administrativas mediante medios o soportes informáticos o electrónicos. Para ello, será necesario que el interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación de la dirección electrónica al efecto.
2. Según lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las subvenciones públicas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiarios, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, no será necesaria la publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las subvenciones de cuantía inferior a 3.000 euros.
De acuerdo con los artículos 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, son obligaciones de las entidades beneficiarias:
A este respecto, la Organización Sindical beneficiaria deberá garantizar, en todo caso, la gratuidad de las acciones formativas para los participantes en el Plan de Formación subvencionado así como el principio de no discriminación en el acceso a las acciones formativas integrantes del mismo. La acreditación del cumplimiento de esta obligación se realizará mediante declaración responsable de la Organización Sindical solicitante.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones concedidas, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La acreditación de hallarse al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se realizará en la forma que se determine por la Consejería de Economía y Hacienda.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados contables y registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando que la ha concedido el Instituto Andaluz de Administración Pública, ajustando su diseño y presentación al manual de identidad corporativa de la Junta de Andalucía.
i) Comunicar al órgano concedente de la subvención todos aquellos cambios de domicilio, a efectos de notificaciones, que se produzcan durante el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 24 de la presente Resolución.
1. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias podrán subcontratar hasta la totalidad de la actividad subvencionada.
3. Las subcontrataciones se llevarán a cabo en la forma y con sujeción a los límites establecidos en el artículo 29 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que, aumentando el coste de la actividad, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
4. Cuando la actividad concertada con tercero exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse mediante documento escrito y ser autorizado previamente.
Para la obtención de dicha autorización, las entidades beneficiarias deberán solicitarla junto a la solicitud de la subvención, mediante escrito dirigido al órgano competente para resolver la concesión, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.1 de la presente Resolución, quien resolverá una vez analizada la documentación en la resolución de concesión de la subvención.
5. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.
1. El abono de las subvenciones previstas en la presente Resolución podrá realizarse en un único pago por importe total de las mismas, cuando su importe no supere los 6.050 euros.
2. Como regla general, si el importe de la subvención fuera superior a 6.050 euros, se abonará al beneficiario un primer pago anticipado de hasta el 75% del importe total de la subvención concedida, tras la firma de la resolución de concesión, abonándose el 25% restante una vez justificado el primer pago. No obstante, para el abono de este 25% restante y siempre que haya sido justificado el primer pago anticipado, será necesario haber finalizado la actividad subvencionada.
4. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la Resolución de concesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.
5. No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración Autonómica y sus Agencias Administrativas.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del artículo 15.1 de la presente Resolución, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar las limitaciones contenidas en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.
6. En los supuestos en que las entidades beneficiarias sean deudoras de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía por deudas vencidas, líquidas y exigibles, por los órganos competentes de la Consejería de Economía y Hacienda podrá acordarse la compensación con arreglo a lo previsto en el artículo 37.4 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
7. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud.
1. El beneficiario deberá presentar los justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y del gasto total efectivamente pagado de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea inferior, conforme al artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de que la subvención se abone en un pago único, el plazo de justificación es de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución de la actividad subvencionada. En caso de pagos parciales se justificará del mismo modo el último de ellos y el primer pago se justificará en todo caso antes del día 15 de diciembre del ejercicio correspondiente.
2. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la entidad beneficiaria, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.
3. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. A estos efectos, la entidad beneficiaria deberá presentar ante el Instituto Andaluz de la Administración Pública, certificación justificativa en la que conste:
- Declaración de las acciones formativas realizadas con cargo a la subvención, así como su coste desglosado según los conceptos subvencionados.
- Certificado de la Organización Sindical en el que conste la recepción e inscripción en contabilidad de la subvención concedida con expresión del número de asiento practicado.
4. Será requisito incluir en la certificación justificativa referida en el apartado anterior, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gastos o cualquier otro documento con validez jurídica que acrediten el cumplimiento del objeto de la subvención, así como una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto con el desglose de cada uno de los gastos acumulados.
5. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9 del presente artículo. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
En los casos en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan valor probatorio deberán cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación contenidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.
6. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla con el sello del Instituto Andaluz para la Administración Pública, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, debiéndose indicar en este último caso, además, la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. Dichos justificantes originales, una vez estampillados y, en su caso, autenticada la copia, serán devueltos al beneficiario para su custodia.
7. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
8. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida, aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
9. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. En dicha memoria debe incluirse un listado de participantes.
1.º Una relación clasificada de los gastos del Plan de Formación subvencionado, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
10. Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad sindical beneficiaria, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con el artículo 37 de la citada Ley, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión a las que se refiere el artículo 19.h) de la presente Resolución.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Organizaciones Sindicales beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Organizaciones Sindicales beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. Cuando el cumplimiento por las Organizaciones Sindicales beneficiarias se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios de graduación:
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública. De conformidad con lo establecido en el artículo 33.a) de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.
1. El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:
b) Será competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro el órgano competente para el otorgamiento de la subvención.
c) De conformidad con lo establecido en el artículo 33.c) de la citada Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento.
d) Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la denominación del órgano o entidad concedente, o la competencia para la concesión de las subvenciones o ayudas de la línea o programa se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar la resolución y el reintegro corresponderá al órgano o entidad que sea titular del programa o línea de subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro.
e) La resolución de reintegro será notificada a la entidad interesada, indicando lugar, forma y plazo para realizar el ingreso; advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación.
2. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano concedente de la subvención dará traslado del expediente a la Consejería de Economía y Hacienda para que inicie el procedimiento de apremio.
1. Las subvenciones concedidas por el Instituto Andaluz de Administración Pública se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
2. No será necesaria la publicidad de las subvenciones concedidas en los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable a las subvenciones reguladas en la presente Resolución será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera, uno, de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras las solicitudes presentadas y tramitadas al amparo de anteriores Órdenes se resolverán de acuerdo con lo establecido en las mismas.
La presente Resolución tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2010.

References: Artículo 4

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Artículo 8

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Artículo 10

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Artículo 24

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Artículo 27
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 artículo 12
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 artículo 31
 artículo 32
 artículo 7
 artículo 35
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