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Timestamp: 2018-11-16 19:53:01+00:00

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PUBLICACIÓN ACCION. : agosto 2010
PÚBLICACIÓN ACCIÓN Nº 3
1) ACTUALIDAD: Sentencia de la Sala de lo Constitucional produce impacto en las cúpulas de los Partidos Políticos Pág. 2
2) CÁTEDRA: Claridad y firmeza en el pensamiento ideológico. Pág. 5
3) DE NUESTROS LECTORES: El reclamo ciudadano al funcionario público Pág.8
4) DEMOCRACIA: La reinserción penitenciaria ha fracasado. Pág.10
El número de lectores de esta publicación, no obstante de ser apenas el tercer número, ha aumentado, de manera bastante satisfactoria, y lo hacemos notar, con el propósito de probar que sí es posible en nuestra república, el ejercicio del derecho de expresar nuestra opinión libremente, sin censura, siempre que se esté dentro de los requisitos que la ley establece.
Ahora bien, el derecho de la libertad de expresión sólo es una parte de nuestros derechos políticos. La necesidad de expresar nuestro pensamiento sobre las cuestiones del quehacer nacional va más allá del mero comentario en una tertulia. El comentario en medios de difusión, cualesquiera que sean: prensa escrita, radial, televisada o por medios electrónicos, refleja en gran medida, cada uno de ellos, el pensar de audiencia mas o menos numerosa, y pretender, bajo cualquier concepto, penalizar directa o indirectamente el comentario, es un atentado contra los derechos políticos, tanto del que hace la critica, como del que la escucha, pues el objetivo es la información y el conocimiento derivado de la misma. Es responsabilidad del comunicador, difundir el conocimiento, en todos sus ámbitos, desde el hecho social, hasta el científico, pasando por el político, y sobre todo, dando su opinión, la cual puede ser favorable o desfavorable; y el único que puede determinar el valor de la misma es su audiencia, quien premia la buena crítica y castiga la mala. Si el Estado, de alguna manera coarta este ejercicio, está sembrando las bases para la intolerancia, la cual es fundamento de la tiranía.
La exposición de la verdad puede no gustar a quienes no les es favorable, y una difusión de pensamiento fundamentada en alabanzas, es inútil, pues la crítica es la que evita los desvíos de aquellos que tienen actuaciones de trascendencia pública, y les ayuda a conocer el pensamiento de quienes sienten los efectos de sus acciones públicas, ya sea por medio de leyes, sentencias o actos administrativos de cualquiera índole.
Es de esperar que el criterio de la Sala de lo Constitucional, vaya en el camino de la libertad de expresión, no para favorecer a los medios de comunicación y a aquellos que laboran en ellos, sino al que se nutre de dicho trabajo, el ciudadano común. Esta visión proviene del principio fundamental de la democracia: el interés público priva sobre el interés privado.
Sentencia de la Sala de lo Constitucional produce impacto en las cúpulas de los Partidos Políticos
La última resolución de la Sala de lo Constitucional, priva a los Partidos Políticos de un poder y control que no quieren perder ni compartir con quienes no pertenezcan a sus trincheras partidarias: La Sala de lo Constitucional declara, en el documento pertinente, que es inconstitucional la lista cerrada de las candidaturas a diputados, lo cual abre las puertas a las candidaturas independientes, es decir que, para alcanzar una diputación o consejería municipal ya no será forzoso pertenecer a un partido político. El acuerdo de los honorables miembros de la Sala de lo Constitucional afecta de tal manera nuestra vida política que creemos conveniente aclarar cuáles son sus posibles implicaciones, y no comentaremos los argumentos de la Sala, pues su fallo es definitivo y no admite recursos.
Necesario es a esta explicación citar el Art. 85 Cn., el cual dice así:
“El Gobierno es republicano, democrático y representativo.
Ahora bien, para comprender claramente la razón de este artículo debemos recordar cual era la situación política del país y cual el problema que se buscaba resolver: un conflicto armado que haría posible la conquista del poder político. Por este artículo, se negoció la paz mediante la deposición de las armas del FMLN el 16 de enero de 1992 en Chapultepec. Por esta paz y en cumplimiento del Art. 85 Cn., la guerrilla se constituyó en el partido FMLN, y este mismo artículo, obligó a Joaquín Villalobos, al separarse del FMLN en 1995, a fundar con sus antiguas bases del ERP (Ejercito Revolucionario del Pueblo) el Partido Demócrata, el cual al no alcanzar los votos necesarios, desapareció en 1999.
Hasta hoy nuestras elecciones de funcionarios han sido de conformidad con el Art. 85 Cn., pero las circunstancias de la vida política han evolucionado y, es forzoso admitir que la actuación de los honorables diputados, no siempre ha sido satisfactoria para el electorado que siente que sus representantes no gobiernan de conformidad con sus aspiraciones y al reflexionar en sus causas, concluyen que eligieron a ciegas, que dieron su voto por el partido político, ignorando nombre, cualidades y saber de sus representantes quienes, en teoría, actuarían de conformidad con las aspiraciones de sus electores. Cuando la ciudadanía observa la actuación inconstante de los señores diputados que se cambian de partido o llegan al honorable cargo valiéndose de astutos subterfugios, es natural que en su conciencia lo desaprueben y deseen un cambio. La Honorable Sala de lo Constitucional ha interpretado, con mucho acierto, este sentir y, ha decretado lo que podría ser una solución que vigorice el sistema representativo. Primero declarar inconstitucionales algunos artículos del Código Electoral, haciendo posible, en virtud de esta resolución, las candidaturas independientes (civicas), es decir, que sea posible elegir a candidatos que no militan en partido político. El nombre de candidatura cívica se debe a su no afiliación a partido político y al ejercicio de su derecho ciudadano de ser electo.
Ahora bien, ¿cómo afectará tal resolución a la vida política de la nación? Creemos que es necesario que la ciudadanía, conozca como funciona, sus posibilidades y sus posibles consecuencias.
Una rápida referencia a la historia y la legalidad en otros países, tal vez permita comprenderlo mejor, pues nuestro sistema político no es original, lo hemos tomado de otras culturas más antiguas y de mayor experiencia.
Es natural, que cuando traemos a cuento el gobierno democrático, aparezca como primera imagen la democracia griega, la cual, para compararla con la nuestra, sólo podemos señalar que en Atenas, los gobernantes eran magistrados electos cada año por la asamblea de los eupatridas (ciudadanos). Y sólo eso podemos considerar: la elección, pues los eupatridas eran los nobles y ricos. Los otros, obreros, comerciantes y esclavos no tenían derecho alguno. Juzgaron que su democracia era un sistema político avanzado de gobierno pero para llegar a este sistema, tuvieron que sufrir antes a los reyes y tiranos. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Que no hay sistema de gobierno perfecto y en consecuencia debemos evolucionar. La búsqueda de nuevas formas que corrijan las situaciones cuando éstas se vuelven inoperantes para la libertad y el progreso material, son necesarios.
Hemos señalado que la resolución de la Sala de lo Constitucional carece de la anuencia de los partidos políticos, vale decir, de sus mas altos dirigentes, porque pierden su derecho exclusivo que era propicio a sus malabarismos políticos: astucia para lograr los escaños legislativos; cambio de partido sin consecuencia, leyes ad hoc para bien de su partido y no de la ciudadanía a la que demagógicamente arguyen representar. Pues bien, esta conducta no debe escandalizarnos: si evocamos la historia de las civilizaciones occidentales, comenzando por Roma, vemos actuar a las dos clases sociales una contra la otra, procurando cada una su bienestar. La plebe logró todos los derechos de los patricios pero finalmente, todos fueron sometidos a los gobiernos despóticos de los emperadores hasta desaparecer.
En los tiempos modernos, encontramos que en Inglaterra, la transformación del régimen electoral se logró sin revoluciones, sino por mejoras progresivas y metódicas: el sufragio universal se instituyó después de la primera guerra mundial en 1918; de un sistema aristocrático se pasó, sin violencia, a uno democrático. Los conservadores ingleses no se mostraron intransigentes a los cambios y con gran sentido político, evitaron los males de las revoluciones.
Como después de la Revolución Francesa, los pueblos occidentales han organizado su vida nacional con la forma republicana, democrática y representativa, es conveniente saber que en algunos países como en el Canadá, Estados Unidos, Australia, Chile y Argentina y en nuestra hermana Costarrica existen las candidaturas independientes con las limitaciones normales, principalmente la falta de recursos. E incluso, en nuestra vecina Honduras, Ricardo Álvarez como miembro del Partido Nacional declaró ante un rotativo hondureño: “Como presidente del Comité Central estaré remitiendo a la próxima convención reformas a los estatutos en el sentido de que si en las elecciones internas y primarias del Partido Nacional hay cuatro corrientes, pero existe un buen nacionalista que no tiene espacio en ninguno de los movimientos, entonces que se permitan las candidaturas independientes dentro del nacionalismo para que se inscriba sin “padrino”. Esta forma de pensar revela la evolución política del sistema, en Centroamérica. Habiéndose dado poco más de un año un conflicto político que aún no se ha resuelto internacionalmente del todo, es natural que Honduras busque mecanismos políticos que garanticen una mayor representatividad en las formas de pensamiento, para prevenir conflictos.
El sistema partidario, el cual nace en Inglaterra en 1679, con el aparecimiento de los torys y de los whigs, cuyos nombres literalmente significan: bandoleros irlandeses y salteadores escoceses, ha sido el medio práctico para la promoción en occidente de un candidato, sin embargo por la indebida utilización del sistema se ha creado una “clase política”, creando un valladar para el ejercicio de uno de los dos derechos políticos fundamentales: el ser electo. La resolución de la sala restaura ese derecho, sin violentar el derecho de asociación, el cual es una garantía fundamental.
En la práctica, el candidato solamente puede serlo con la venia de los dirigentes del partido y si está muy seguro del voto popular en su favor, puede cambiarse de partido y ganar la elección sin que importe la ideología partidaria. Así hemos podido observar a funcionarios municipales que llevan varios periodos en su cargo, pero sin importar el partido en el cual militen. Fenómeno que se da también en las diputaciones.
Se ha observado también que los partidos minoritarios suelen aceptar a candidatos que han sido rechazados por las cúpulas de sus partidos, y al proponerlos y ganar con ellos, aseguran no soló la supervivencia de su partido sino también dar sofisticadamente una apariencia de que el electorado acepta su ideología.
Para superar esta situación, se ha propuesto el voto residencial debido al marcado abstencionismo, ante la desilusión del votante. Y la necesidad de hacer manifiesto el disgusto del votante contra sus representantes, que se ve obligado hasta presentar una demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental por el procedimiento irregular de ellos. Son éstos los dos únicos recursos posibles para superar la falta de ética de los funcionarios electos.
La resolución de la Sala de lo Constitucional ha seguido la lógica de la Democracia Representativa, plasmada en el Art. 85 Cn. Y no, la tendencia de izquierda de Democracia Participativa.
Las candidaturas independientes dan un espacio más a las ideas políticas. El Partido, en principio, es una agrupación de individuos con un pensamiento político común, pero su alcance tiene que ser nacional. Las candidaturas independientes o cívicas tienen por lo general un alcance más limitado: los municipios o los departamentos. Esto es lo que nos ha enseñado la práctica en otros Estados. La única candidatura independiente relevante en la vida política reciente, ha sido la de Ross Perott en Estados Unidos, quien alcanzó el 19% de los votos, lo cual demuestra que no es fácil para los independientes el sostener una candidatura.
El Art 85 Cn. pertenece al número de disposiciones constitucionales que no pueden cambiarse, por lo cual se les califica de pétreos, de piedra. Sin embargo, a pesar de esta condición sí es posible su interpretación, si ésta se hace dentro del texto total de la constitución, pues es la única manera que lo permite la estructura integral de la misma. Por este método se le da a la constitución mayor vigencia en el tiempo, es decir, que se la considera conveniente para gobernar durante muchos años; si no fuese así, sería necesario en esta circunstancia, esperar muchos años, o reformar la constitución, dándole estructura diferente, con los consiguientes problemas sociales que acarrearía. En cuanto a la interpretación de una ley secundaria con respecto a la constitución, es un proceso muy lento y la resolución puede llevar varios años. Desde 2003 había ya sido planteada la inconstitucionalidad que hoy se ha resuelto. Ha sido tiempo suficiente para que la ciudadanía acepte dicho cambio en el proceso de elección y lo hace, consciente de su necesidad. Prueba de ello es que la única reacción adversa ha asido de las cúpulas partidarias y no de las bases de los mismos partidos y mucho menos de la población ciudadana.
Para probar lo correcto y conveniente de la resolución de la Sala de lo Constitucional, basta observar la recomposición partidaria de aquellos que en el último año se han escindido de su partido para fundar uno nuevo o declararse independiente; ahora plantean nuevas alianzas y sin nombrarlo, tienen como fundamento, la capacidad de ser candidatos independientes a diputados y alcaldes, fundamentados en un genuino apoyo popular, dejando fuera del juego político a aquel que tiene como único sustento de su cargo, la credencial que le entregó el Tribunal Supremo Electoral.
Esta nueva correlación de fuerzas políticas, entre el ciudadano con aceptación frente al partido político, fortalece nuestro sistema democrático representativo, porque permite una verdadera expresión representativa.
Claridad y firmeza en el pensamiento ideológico
¿Liberalismo, derecha o centro? La pregunta carece de sentido: Derecha, al referirse a un partido político, es como si lo nombrásemos con un “apodo alias o mote” que se le da por la circunstancia de que sus seguidores, se sentaban a la derecha del presidente de la Asamblea Nacional, durante la Revolución Francesa. Esto es preciso aclararlo para evitar confusión o ambigüedades al afirmarnos como militantes de “la derecha”. El liberalismo fue definido con toda precisión en los artículos de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por los diputados de la Revolución Francesa. En conclusión liberalismo y derecha es la misma doctrina.
En virtud de los principios del liberalismo las colonias españolas de América, proclamaron su independencia y declararon que su gobierno era republicano (de res: cosa; y publici: de todos), democrático (de demos: pueblo y cratos: poder) y representativo, es decir que su poder se ejerce por medio de representantes de su elección. Esta es la forma de gobierno de El Salvador. El liberalismo garantiza todas las libertades del hombre, no de manera absoluta, sino dentro de un marco legal, y hasta el presente, y a pesar de otras varias doctrinas políticas que han surgido desde entonces no han podido probar sus seguidores, que garantizan mejor la libertad individual y el bienestar de los individuos, como lo pretenden el socialismo y el comunismo.
Ahora bien, como las actividades humanas son múltiples, los principios de libertad han recibido distintos calificativos y así se dice liberalismo político, liberalismo económico, religioso etc.
Es natural, que si cada individuo hiciese en todo, lo que le viene en gana o como lo desee habría un desbarajuste, es decir, desorden, una confusión; pues para evitarlo, se crea el cuerpo jurídico: la ley pone limites a nuestra libertad.
Pues, a pesar de la bondad de la doctrina, hay ocasiones en que las personas por sí o en grupo no pueden subvenir a sus necesidades: por incapacidad natural como los menores, personas de la tercera edad, victimas de maltrato familiar o por efectos de la naturaleza. Entonces, el Estado acude a sus necesidades con el subsidio que es ayuda material y económica; es la aplicación del principio de subsidiariedad.
Ahora bien, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, y han transcurrido mas de dos siglos las naciones no han encontrado otra organización política que garantice la subsidiaridad sin menoscabo de la libertad individual, de la justicia y de la eficacia a lograr sus fines.
Como todo lo humano, el sistema no se vive en toda su pureza porque lo aplican los funcionarios públicos que como hombres actúan frecuentemente con la incapacidad de su ignorancia y falta de probidad por sus ambiciones de poder o de riqueza. Cuando un candidato asevera una determinada posición política y afirma que su partido es de derecha, es de esperar que actúe conforme a los principios expuestos del liberalismo.
Si se afirma con miras a una candidatura futura que hay que moverse al centro, es un renegar de sus convicciones o no conocerlas. En el espectro político y doctrinario, en la medida que se afirme ser de centro o centro derecha, está indicándose el grado de ingerencia que debe de tener el Estado en el quehacer diario. De tal manera que, al moverse hacia el centro está de hecho, dando mayor potestad al Estado para decidir sobre la vida del individuo. Afirmar que en la medida que se haga una ideología hacia el centro, se velara por los intereses del pueblo, es un error, pues es el socialismo en sentido amplio, el que ve a la sociedad dividida entre ricos y pobres, y los pobres son el pueblo. La doctrina de derecha divide a la sociedad entre gobernados y gobernantes, estableciendo una igualdad y el pueblo es la totalidad de los habitantes sin distinciones de riqueza o de otro tipo.
Afirmar que se ha ganado un cargo de elección popular por actuar como “de centro derecha” después de su campaña electoral de la “derecha”, marca una fuerte diferencia ideológica entre su partido y su principal opositor que era de izquierda y crea desconfianza sobre la firmeza de sus convicciones políticas.
Casi siempre en las acciones de los gobiernos municipales se ve muy poco el trasfondo ideológico, porque el gobierno local tiene funciones administrativas claras, las cuales están plasmadas en el Código Municipal y no pueden exceder el ámbito territorial del municipio. Eso se demuestra observando el funcionamiento municipal, y sobre todo en su quehacer colectivo, por medio del ISDEMU. Quizá la única acción política claramente definida ha sido la conformación de ALBAPETROLEOS, y aún ésta, si la hubiésemos desligado de la política venezolana, podría haber pasado inadvertida.
Las posturas ideológicas si son claramente percibidas por la ciudadanía en el quehacer del diputado y del Presidente de la República.
Todos debemos tener claridad en nuestras posturas políticas. Para que nos podamos situar en determinada ideología y así emitir conscientemente nuestro voto; tenemos que saber precisar cuál debe ser el papel que esperamos del Estado: Si queremos una intromisión mínima y una subsidiaridad justa y conveniente, seremos de derecha, si queremos una interferencia del Estado en todos los ámbitos de la vida, y que los medios de producción sean propiedad del Estado, entonces seremos socialistas. Si queremos algunas libertades, las cuales no irán más allá de nuestra esfera íntima, pero le entregamos al Estado los medios de producción, entonces seremos centro.
En términos prácticos: La democracia cristiana es una ideología de centro, pero ellos se definen como centro derecha, recordemos que ha sido la única ideología, fuera de la derecha, que ha gobernado luego del Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, y propició la reforma agraria en sus dos faces, además, de la reforma bancaria. Y poco faltó para que fuese llevada a cabo la reforma urbana, y no ha vuelto nunca más a recuperar el poder; y en varias ocasiones, ha estado a punto de desaparecer como partido político por no alcanzar los votos suficientes en las contiendas electorales. Viendo este parámetro, al afirmar que se es de centro derecha, se está afirmando una ideología similar a la democracia cristiana. Y en consecuencia, proponer que un instituto político, claramente de derecha, adopte oficialmente, esa posición, y pretender que sus seguidores adopten dicha postura política, es un error.
Al afirmar que se está con el pueblo en la medida en que un partido se hace más social es falso, pero ¿por qué es falso? No existe postura política que no busque el bienestar de la sociedad. Lo que cambia es la visión del procedimiento, es decir, cómo debe lograrse este bienestar: Es jerga común de la izquierda utilizar la expresión “interés social” para significar llevar colectivamente el bienestar a la sociedad y que luego de satisfacer el interés colectivo, se llegue al interés individual. La visión de la derecha, por el contrario, busca el bienestar individual de la colectividad y que como natural consecuencia, satisfará el interés colectivo. En conclusión, la izquierda determina cual es el interés colectivo, y la derecha deja que el individuo decida cuales deben ser sus intereses a satisfacer y coadyuvar a su realización. Estos dos puntos de vista son diametralmente opuestos.
Gracias a los Acuerdos de Paz de 1992, podemos decir sin temor, cual es nuestra ideología. Ya sea que seamos de derecha, de izquierda o de centro. Y sentirnos satisfechos y firmes de nuestras convicciones.
EL RECLAMO CIUDADANO AL FUNCIONARIO PÚBLICO
Una muy amable lectora formula esta pregunta ¿Cómo y en dónde puedo protestar cuando considero que el gobierno o un funcionario no está haciendo lo correcto?
Pues, aunque ya en forma explícita le envié la respuesta, me parece que tal pregunta amerita una más amplia explicación y es la que sigue:
En primer lugar, debe considerarse que nuestra forma de gobierno: “republicano, democrático y representativo” se sustenta en dos posiciones o “ficciones”, como se dice en derecho: La primera, que el Gobierno es la expresión directa y real de la voluntad de la ciudadanía (de toda la ciudadanía, en la práctica se cumple este requisito considerando la mitad mas uno de los votantes), la segunda ficción es que los actos de gobierno son legítimos en tanto cuanto los ciudadanos, los cumplen.
Estos supuestos tienen dos fundamentos: Primero, que la vida de la nación exige que haya un orden jurídico y segundo, que haya un procedimiento para juzgar si los actos del gobierno son conformes a ese ordenamiento. La función de ese procedimiento es lo que se llama “contraloría del poder”.
Ahora bien, esta contraloría la ejercen funcionarios electos o nombrados, según la ley pero ¿Qué puede hacer una persona particular que no está de acuerdo con la actuación de los gobernantes?
Nuestras leyes le indican los procedimientos: A) Exponer públicamente su desacuerdo u opinión, con unas limitaciones que es preciso conocer. B) Demandar al funcionario o funcionarios ante el Tribunal de Ética Gubernamental. C) Ejercer un voto de castigo, votando por su opositor o simplemente absteniéndose. Estas formas de reclamo son políticas, pues si existe un daño directo, tendremos otros recursos como son el reclamo en las instancias pertinentes, hasta llegar a lo Contencioso Administrativo o a lo Constitucional.
Expresarnos en los medios de comunicación: prensa escrita, radio, y televisión tienen el inconveniente de que todo campo solicitado al medio es pagado. Sin embargo debemos de recordar que ha habido hechos de tal gravedad para la vida de la nación que los medios de comunicación han acogido gratuitamente la expresión del sentir ciudadano, por medio de la noticia. También la radio y la televisión en sus programas de entrevistas permiten gratuitamente la libertad de expresión, pero en cuanto a los invitados son de su selección y en muchos casos, las preguntas del público son filtradas.
Ahora bien, es probable que éstos medios no sean adecuados ni suficientes para algunos descontentos y se sientan defraudados por el gobierno, por los políticos y hasta por las leyes.
Pues para evitar que el disgusto nos abata y para consuelo y esperanza, evoquemos algunos de los más sobresalientes sucesos por los cuales, los pueblos de todas las épocas y todos los continentes han resuelto su insatisfacción contra las leyes vigentes o los procederes de sus gobernantes. Recordarlo es lección prudente lo han afirmado así hombres sabios, por ejemplo: Neo Nevio (poeta latino del 272-202 a. d. C.) cuando en sus versos dijo:
“La Historia es para los Estados sextante y compás.
Si la ignoran azotados por los vientos y arrastrados por las corrientes, sin poder fijar su posición se perderán en terrible confusión”.
Pues bien, evoquémosla a muy grandes rasgos y lo primero que viene a nuestra memoria es Dracón, legislador de Atenas (siglo IX a. d. C) quien dio la pena de muerte hasta por el menor delito, lo cual disgustó tanto que lo destituyeron. Ahora bien, Grecia tuvo gobierno democrático pero éste, era solo para una parte privilegiada de la población: la gran mayoría comerciantes, obreros y esclavos, no tenían ningún derecho.
El pueblo romano, también en la antigüedad histórica, lucho durante siglos para que se les concedieran todos los derechos, incluso el de poder casarse con los patricios y ser augur (sacerdote interprete de los presagios).
Parecería que estos relatos ya son obsoletos, pero explican claramente los hechos modernos. América Latina ha vivido convulsionada por más de sesenta años, y la razón es la insatisfacción con sus gobernantes y el detonante para la insurrección armada es la falta de espacio político, la cual comienza con la intolerancia a la expresión pública del descontento.
El poder expresar un descontento hacia determinadas disposiciones gubernamentales tiene un doble propósito: permitir el desahogo social y poder medir la satisfacción popular de los actos de gobierno. Las encuestas aunque pretenden conocer la opinión pública y ser lo mas imparcial posible, jamás podrán tener el efecto que causa un ciudadano descontento dando a conocer públicamente su opinión, la cual de ser común a la mayoría de la población, puede provocar un cambio, ya sea en la forma de gobernar o en quienes conforman el gobierno.
La reinserción penitenciaria ha fracasado ¿Qué se puede hacer?
“En el 15º aniversario de la creación de los Juzgados de Ejecución de Medidas para Menores, jueces y funcionarios judiciales admiten que a los menores delincuentes no se les reeduca y que la reinserción, a veces se da sólo para volver a la pandilla”. Así reza el encabezado de un artículo de un prestigioso rotativo matutino.
Tal noticia expresa una gravísima realidad de nuestro país: las pandillas, que llamamos “maras”, se extienden por todo el territorio, son cada vez más numerosas y sus miembros de todas las edades.
Los funcionarios públicos explican el fracaso con las siguientes razones: a) falta de presupuesto, b) legislación inapropiada, c) excesivo celo institucional y deseo de protagonismo público de algunos funcionarios. Razones que, en conjunto nos parecen válidas; sin embargo, el análisis de algunas de ellas nos produce angustia: por ejemplo, el de las finanzas públicas $ 14,500,000.00 de dólares anuales para la custodia, mantenimiento y reeducación de 1,500.00 menores, es decir que, cada uno de estos delincuentes cuesta al Estado $ 855.55 dólares mensuales y al recibir el refuerzo presupuestario solicitado este costo llegaría a $ 1,121.20 por individuo mensual.
Pues no obstante estos cálculos, es muy difícil precisar lo que cada pandillero cuesta al erario público, pues hay que añadir el costo de su arresto, proceso judicial y la ejecución de las medidas penitenciarias, juntamente con los daños ocasionados al particular y a la sociedad.
Tómese también en cuenta que se refieren únicamente a los pandilleros menores, pero las cifras, no han de ser muy diferentes cuando se calcula lo que cuestan los de mayor edad.
Es imposible no afligirse si comparamos estos costos con el salario de un ciudadano común, que apenas llega a la cuarta parte de lo que el Estado invierte en estas personas delincuentes. Por estas consideraciones, concluimos que el problema es grave, gravísimo y sin solución favorable si para resolverlo, aplicamos la legislación vigente, porque las leyes son para juzgar a delincuentes que tienen conciencia de su pertenencia a la sociedad contra la cual han delinquido. Es por eso que planean su delito, lo ejecutan con la máxima discreción y se ocultan; pero el marero actúa de otra manera: hace pública ostentación (apología) de su delito, con el cual gana “status”, tanto mas alto, cuanto más cruel y feroz se muestra.
Aunque el marero, por conveniencia conserve lazos familiares, éstos no le atan: él pertenece a la mara: su cultura, leyes, dogmas, gobierno, religión y entelequia (fin general de la asociación) es la única fe de su existencia, de la existencia de la mara. Y decir esto no es porque sus crímenes nos hayan producido un trauma, sino porque ya otros han expresado el mismo juicio. En publicaciones extranjeras, leemos que los mareros han justificado su actuación diciendo: “formamos una nación fuerte que se hace respetar” “ayudamos a nuestros hermanos latinos contra la opresión”. Sus macabros asesinatos como el del 20 de junio y muchos otros cuya memoria quisiéramos borrar, son para las maras hechos heroicos en defensa de su territorio. No es posible pues resolver este problema con las leyes vigentes por que a los mareros no los mueven los valores: el bien, la verdad y la belleza. Ellos han creado una sociedad cuyos valores son el mal, la mentira y la fealdad. Nuestra Constitución en su exposición de motivos señala claramente nuestros valores humanistas, y los de la mara son completamente su antítesis (antivalores), lo que es indicativo de una separación total de la visión que posee nuestro Estado sobre la persona humana.
En una cinta confiscada por la policía madrileña se oye lo siguiente: “La nación Latin Brothers se creó en las Rosas (Madrid) por la discriminación y el abruso de la raza blanca y el abuso policial hacia la raza latina. Por ello lucharemos, por nuestra gente y contra la discriminación que sufrimos los latinos”. Según las mismas fuentes policiales, “los Vatos Locos o Mara Salvatrucha están consiguiendo captar cada día mas adeptos que cualquier otro grupo pandillero”. Todo esto en Madrid y ya se esta replicando en otras ciudades. Otras publicaciones españolas describen a los mareros como “entes” muy particulares, incapaces de integrarse a la sociedad española, y poseen una identidad propia que la ostentan, con trajes flojos, prendas colgantes y tatuajes alusivos a su pandilla, y su comunicación es por medio de signos realizados con sus manos y su mayor distintivo es un signo en forma de corona.
En la página web de la Mara Salvatrucha, se explica cómo la sociedad les ha marginado y son perseguidos en Estados Unidos, México y España.
El problema finalmente, está planteado: con la legislación vigente, no resolveremos el gravísimo problema de las maras, porque ellas son un peligro para el Estado, cuyo territorio aspiran a conquistar para que la población de éste, honesta y trabajadora, sea la productora de su subsistencia, como si dijéramos “su ganado”.
En los últimos días, en los medios de comunicación, han externado opinión altos funcionarios públicos refiriéndose a la posible nueva legislación a aplicarse a los pandilleros, y hay un acuerdo de que son las mismas disposiciones ya vigentes en varios cuerpos legales, las que se estarían agrupando en una ley especial. Por lo cual crear esta nueva legislación es inútil. Es completamente inoperante solicitar a los Jueces que tomen una posición distinta a la que la ley les manda. Igualmente podemos decir de los otros funcionarios al hacer su trabajo. La mara usa nuestra legislación en su favor, y no sólo es un endurecimiento de la ley lo que va a detener su actuación, tiene que vérseles como entes fuera y enemigos del Estado. El Estado por dogma jurídico no puede declarar la proscripción de un grupo de personas, pero sí reconocer el acto de voluntad de proscribirse y de actuar contra los principios que el Estado pretende defender y para lo cual que ha sido creado, según los Artículos 1 y 2 de la Constitución.
El Art. 4. Cn. dice “Toda persona es libre en la República.
No será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad”
La mara limita la libertad del ciudadano en su movilidad, en su patrimonio, en su derecho a la vida en su integridad física.
El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental define al esclavo por extensión “el que trabaja a perpetuidad para otro a quien sirve sin derecho a abandonarle”.
El cobro de la renta convierte al que la paga en un siervo de la mara, y ella se disputa el territorio o más bien dicho, a quienes habitan en el territorio a usufructuar.
Una de las características de la esclavitud es que la persona es tomada como un objeto (cosa o res), despojada de sus atributos humanos. Esta perversión sólo lo hemos visto en el siglo XX en el Holocausto Armenio ( 1915), el Holodomor (Exterminio por hambre en Ucrania 1932-33), el Holocausto Judío (1940-45) y el Genocidio Camboyano (1975-79) El asesinato colectivo del 20 de junio, así como otras muertes de empleados del servicio colectivo de transporte, no están motivados por acciones de las personas asesinadas, sino, que son por el simple propósito de enviar mensajes de terror. Esta deshumanización en las muertes, revela la forma de pensar del marero: todo aquel que no forma parte de su pandilla es una cosa. Y solo respeta a sus iguales, otros pandilleros, con los que puede llegar a tener tratos y pactar alianzas.
Es imposible que nuestro sistema jurídico pueda competir con el de la mara, pues nosotros pensamos en reeducar, proteger y detener al individuo en su actuar delincuencial, lo que obligaría al marero a renunciar a su organización y delatar a su estructura, pero la mara lo sancionaría con la muerte. Y nosotros, sólo ponemos poner como máxima pena, la prisión, que jamás podrá ser perpetua.
El máximo aislamiento que puede ejercer nuestro sistema penitenciario es el que impone el Penal de Zacatecoluca, y es allí donde según un prestigioso rotativo se ha descubierto que los altos jefes de la organización criminal Los Perrones, están siendo extorsionados por la mara. Lo cual, en términos de justicia, no desagrada leer, pero sí causa pánico el poder de la mara, y más aún, el saber que parte de su pago tiene que ser en especie: trafico sexual, demostrando así, así quién es el mas fuerte.
El Art. 4 Cn. Tiene que verse como un punto de referencia o de partida para el tratamiento del problema de la mara. Pues bien, la supresión de los derechos de ciudadano únicamente afecta los derechos políticos, y no la protección que el Estado le debe, así como la sujeción que le debemos al mismo. Todas estas consideraciones nos obligan a ver de manera diferente y novedosa el problema. El Art 4 Cn. expone el principio sagrado y dogmatico del respeto hacia los demás seres humanos. Parece, que en pleno siglo XXI, este artículo es innecesario, pero por el contrario, nos ilustra sobre los principios sagrados en los que descansa nuestra sociedad y cómo debe de defenderse ella, para cumplir sus fines en beneficio nuestro.
Publicado por PUBLICACIÓN ACCIÓN en 11:38 p. m.
Etiquetas: Crisis en las cupulas políticas

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