Source: http://bazica.org/resolucin-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-v12.html
Timestamp: 2019-05-20 22:58:06+00:00

Document:
Resolución de la corte interamericana de derechos humanos
DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012
1. La Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 24 de noviembre de 2009.
2. La Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de 6 de julio de 2011, en la que la Corte declaró, inter alia, que:
[…M]antendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes en el presente caso, a saber:
Investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas en la Sentencia, con el propósito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables (punto resolutivo octavo de la Sentencia);
j) Pagar las cantidades por concepto de indemnización por daño inmaterial a favor de las 34 personas que a la fecha no lo la han recibido por las razones señaladas en los considerandos 57 y 58 de la presente Resolución, y el reintegro de costas y gastos a favor de CEJIL (punto resolutivo décimo octavo de la Sentencia).
3. Los informes de la República de Guatemala (en adelante “Guatemala” o “el Estado”) relativos a los avances en el cumplimiento de la Sentencia presentados los días 18 de agosto y 22 de septiembre de 2011, y 28 de febrero y 4 de mayo de 2012.
4. La información presentada por los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”) el 10 de agosto y sus observaciones a los informes estatales de cumplimiento presentadas los días 2 de septiembre de 2011, 3 de abril de 2012 y 12 de junio de 2012.
5. Las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) a los informes estatales de cumplimiento presentadas los días 18 de noviembre de 2011, y 30 de abril y 3 de julio de 2012.
1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la supervisión de cumplimiento de sus decisiones.
2. Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 9 de marzo de 1987.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones1.
4. La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los Estados no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado2.
5. Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos3.
6. Los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto4.
Deber de investigar los hechos que originaron las violaciones declaradas en la Sentencia, y el deber de iniciar las acciones disciplinarias, administrativas o penales que sean pertinentes, de acuerdo con su legislación interna (puntos resolutivos octavo y noveno de la Sentencia)
7. El Estado en su informe de 4 de mayo de 2012 señaló que,
[e]l 2 de agosto de 2011 el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente concluyó que los sindicados Reyes Colin Gualip, Manuel Pop Sun, Daniel Martínez Méndez y Carlos Antonio Carías López: a) fueron responsables como autores del delito de asesinato cometido en contra de la vida e integridad de los pobladores de las Dos Erres; por lo que se les impuso la pena de […] 6,030 años de prisión inconmutables; b) que son responsables como autores de los delitos contra los deberes de humanidad, cometidos en contra de la seguridad del Estado; por lo que se les impuso la pena de 30 años de prisión inconmutables; c) que Carlos Antonio Carías López es responsable como autor del delito de [h]urto [a]gravado, cometido en contra del patrimonio de los pobladores del parcelamiento de las Dos Erres; por lo que se le impuso una pena de [seis] años de prisión inconmutables; y d) se le ordenó al Ministerio Público continuar con la investigación correspondiente en contra de las demás personas que pudieren haber participado en los hechos.
También informó que los recursos de apelación presentados contra la decisión de 2 de agosto de 2011 fueron declarados improcedentes.
8. Por otra parte, el Estado refirió que “el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo […] resolvió” condenar al señor Pedro Pimentel Ríos a “un total de 6,060 años” de prisión por el delito de “asesinato cometido en contra de la vida de 201 personas que habitaban el Parcelamiento Dos Erres” y por “[e]l delito contra los deberes de humanidad” cometido en agravio de las mismas personas. Además, se ordenó al Ministerio Público, inter alia, “seguir con la investigación de la cadena de mando y demás personas del Ejército de Guatemala que puedan resultar vinculadas”. Asimismo, el Estado señaló que “[e]l 10 de septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala ordenó la extradición activa a Estados Unidos de los sindicados[,] quienes aún se encuentran pendientes de aprehensión. Asimismo, se solicitó la extradición activa en Canadá de Jorge Vinicio Sosa Orantes, quien fue arrestado el 14 de enero de 2011 en Calgary, Canadá”.
9. Los representantes, por su parte, “valora[ron] la enorme importancia de estas condenas”, pero advirtieron que sigue pendiente para el Estado la obligación de realizar acciones para avanzar en las investigaciones “respecto de todos los autores” y destacaron que, según versiones periodísticas, el señor Efraín Ríos Montt, “exjefe de Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en la época de los hechos de la masacre”, fue ligado al proceso, aunque por delitos diversos a los que sustentaron las condenas antes referidas. Aunado a ello, señalaron que “existen órdenes de captura aun pendientes de ejecución”, y que el Estado “no se refi[rió…] a las acciones disciplinarias, administrativas o penales que ha contemplado o adelantado contra las autoridades […] que puedan haber […] obstaculizado la investigación de los hechos”. Afirmaron, finalmente, que lo relativo a recursos humanos y materiales de los órganos del sistema de justicia “sigue […] siendo [un] obstáculo[…] para el avance de las investigaciones respecto de graves violaciones a derechos humanos”.
10. La Comisión Interamericana valoró los avances en la investigación de los hechos y manifestó que queda a la espera de información actualizada sobre el desarrollo del proceso. Señaló también que “[d]e conformidad con información pública, a finales de junio de 2012 la Sala Cuarta de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia habría otorgado al señor Ríos Montt un amparo provisional, el cual dejaría en suspenso el proceso penal en su contra”. Consideró necesario que el Estado “presente la decisión de otorgamiento del amparo y que aclare el efecto jurídico –tanto procesal como de fondo- de que [el señor] Ríos Montt esté siendo procesado bajo una figura distinta a [la aplicada a] los kaibiles ya condenados”.
11. La Corte valora las actuaciones implementadas por el Estado para avanzar en la investigación de los hechos del presente caso, entre las que destacan las decisiones judiciales condenatorias obtenidas. Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima que el Estado debe continuar efectuando las diligencias pertinentes para completar la investigación con el propósito de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de los hechos que originaron las violaciones declaradas en la Sentencia. Así, esta Corte continúa considerando indispensable que el Estado presente información actualizada, detallada y completa sobre la implementación de la investigación, las diligencias adelantadas y sus resultados, en cumplimiento de la Sentencia.
Deber de realizar los actos públicos (punto resolutivo decimocuarto de la Sentencia)
12. El Estado, en su informe de 4 de mayo de 2012 señaló que
[…] se realizó el 15 de diciembre de 201[1]5 en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, el Acto de Reconocimiento Internacional el cual fue presid[ido] por el Presidente Álvaro Colom Caballeros (2008 - 2012), para lo cual se coordinó con los representantes de los familiares, el traslado de quienes residen en distintos puntos del país a la ciudad; asimismo, se les proveyó alimentación y hospedaje [y que e]n dicho evento de reconocimiento estuvieron presentes algunos funcionarios del Estado.
13. También informó, respecto del deber de proyectar en la ceremonia un video documental sobre los hechos ocurridos en la Masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres, y de hacerlo también “en un acto público en la cabecera departamental de Petén y en un departamento de la zona occidental en el que se hayan producido graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno”6. Indicó que “coordinó con los representantes de los familiares la presentación del video el 7 de diciembre de 2011, aniversario de los hechos”, y que esto se llevó a cabo en Santa Elena, Petén, donde se realizó un acto con autoridades locales. Agregó que, “[r]especto al segundo acto, se acordó con los representantes de las víctimas realizarlo en la cabecera de Alta Verapaz [y que] aún se tiene pendiente la programación de la fecha”.
14. Los representantes confirmaron que se realizaron los actos públicos en la Ciudad de Guatemala y en Santa Elena en diciembre de 2011 y que los mismos se realizaron con “la participación de las víctimas y en coordinación con sus representantes de FAMDEGUA”. Expresaron que “[s]egún las propias víctimas [dichos] actos constituyeron una importante medida de satisfacción”. Manifestaron que están en espera de ser contactados en relación con “[el] acto público que aun sigue pendiente” y que no tienen conocimiento sobre la distribución de copias del video a universidades y bibliotecas públicas.
15. La Comisión Interamericana observó que “las partes están de acuerdo en el acto público de reconocimiento realizado”, además “not[ó] que se tendría pendiente la programación del segundo acto de proyección del video documental” y consideró que el Estado debe presentar “información detallada sobre la entrega del documental a varias universidades”.
16. La Corte toma nota de los dos actos públicos realizados, en las localidades de Ciudad de Guatemala y de Santa Elena, y de la presentación del video documental en el acto celebrado en Santa Elena. Al respecto, teniendo en consideración lo manifestado por los representantes y la Comisión (supra Considerandos decimocuarto y decimoquinto), siendo que los primeros expresamente manifestaron su conformidad con el modo en que fueron efectuadas las ceremonias públicas, esta Corte considera que el Estado ha cumplido con lo ordenado en el punto resolutivo decimocuarto de la Sentencia, en lo que se refiere a la celebración de los dos actos públicos y la transmisión del video documental sobre los hechos ocurridos en la Masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres en uno de los actos.
17. Asimismo, el Tribunal nota que está pendiente que se proyecte el video antes referido “en un departamento de la zona occidental en el que se hayan producido graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno”7. Por otra parte, el Estado no ha presentado información sobre el cumplimiento de su deber, de conformidad con el párrafo 263 de la Sentencia, de distribuir el video lo más ampliamente posible. Estas medidas debían realizarse dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia. Debido a lo anterior, el Tribunal estima que el Estado debe realizar con prontitud, y en coordinación con las víctimas y sus representantes, todas las diligencias necesarias y conducentes para llevar a cabo, a la brevedad, las medidas pendientes de acatamiento anteriormente mencionadas.
De los pagos por concepto de daño inmaterial y costas y gastos (punto resolutivo decimoctavo de la Sentencia)
18. En el informe recibido por la Corte el 28 de febrero de 2012, el Estado manifestó que en los meses de noviembre y diciembre de 2011 hizo efectivo los pagos correspondientes a las indemnizaciones por daño inmaterial atinentes a 15 personas declaradas víctimas en la Sentencia8. Explicó que, según el caso, realizó algunos de los pagos directamente a las víctimas o a sus mandatarios, y en otros, a sus herederos. Luego, en su informe de 4 de mayo de 2012, el Estado indicó que efectuó los pagos correspondientes a las indemnizaciones dispuestas a favor de otras tres víctimas9.
19. Además de acuerdo con la información remitida los días 28 de febrero y 4 de mayo de 2012, el Estado señaló que no había sido posible contactar a siete víctimas10, que en relación con otra persona se está esperando que se realicen ciertos trámites11, y que respecto a las 13 víctimas que fallecieron “sus familiares deben realizar un [p]roceso [s]ucesorio [i]ntestado”12.
20. Por otra parte, en relación con las 13 víctimas fallecidas antes referidas, y sobre aquellas que el Estado indica que no fue posible contactarlas, los representantes manifestaron que “ha habido dificultadas en localizar a algunos de los herederos […] y a algunas otras personas beneficiarias”, y que dado que los representantes “cuenta[n] con recursos muy limitados para realizar largos viajes hacia el interior del país con el fin de localizar a estas personas, […] solicita[n] al Estado que preste su colaboración para que a través de sus dependencias y registros, se pueda recabar la información faltante”. Agregaron que algunos de los familiares de las víctimas fallecidas enfrentan diversas dificultades para realizar las gestiones pertinentes, entre ellas, que “no han podido conseguir las certificaciones de nacimiento del Registro Nacional de las Personas (RENAP) debido a que los libros han sido destruidos o se encuentran en mal estado”, que algunas personas no pueden subsanar la carencia de tales certificaciones porque carecen de los “documentos y testimonios requeridos” para que la Procuraduría General de la Nación (PGN) ordene “la inscripción de asiento extemporáneo”, y que “está pendiente desde hace varios meses que la [Procuraduría General de la Nación] emita su dictamen en el marco de varios procesos sucesorios iniciados”.
21. La Comisión Interamericana manifestó que “en virtud de las dificultades presentadas en relación a la obtención de documentos oficiales de identidad, el Estado debe brindar apoyo activo desde sus instituciones”.
22. De acuerdo a lo expuesto, los representantes y la Comisión Interamericana no controvirtieron la información presentada por el Estado sobre los nuevos pagos de las indemnizaciones realizados. No obstante, de dicha información esta Corte hace notar que los pagos correspondientes a las indemnizaciones dispuestas a favor de cinco víctimas, indicados por el Estado en su informe de 28 de febrero de 2012, ya habían sido referidos en comunicaciones estatales anteriores, por lo que fueron considerados por la Corte al momento de emitir su Resolución de 6 de julio de 201113.
23. Este Tribunal valora los esfuerzos realizados por el Estado para pagar las indemnizaciones por daño inmaterial dispuestas a favor de 13 víctimas14 más y da por cumplidos dichos pago. Asimismo, la Corte nota que del total de 155 víctimas respecto de quienes ordenó el pago de indemnizaciones, a la fecha, el Estado ha cumplido con el pago a favor de 134 de ellas.
24. Por otra parte, de la información aportada por las partes y la Comisión (supra Considerandos decimoctavo a vigésimo primero), esta Corte nota que aún el Estado no ha hecho el pago correspondiente a las indemnizaciones fijadas a favor de 21 víctimas, a saber: Luciana Cabrera Galeano, María Menegilda Marroquín Miranda15, María Vicenta Moral Solís, Enriqueta González G. de Martínez16, Eugenia Jiménez Pineda, Felicita Lima Ayala, Sara Pérez López, Telma Guadalupe Aldana Canan, Tomasa Galicia González y Nicolasa Pérez Méndez, Ever Ismael Antonio Coto, Héctor Coto, Santos Osorio Ligue, Jorge Granados Cardona, Rafael Barrientos Mazariegos, Ángel Cermeño Pineda, Augusto Mayen Ramírez17, Marcelino Deras Tejada, Olegario Rodríguez Tepec, Teodoro Jiménez Pernillo, y Edwin Saúl Romero García18. Al respecto, el Tribunal resalta la conveniencia que tanto el Estado como los representantes coordinen las acciones necesarias para ubicar a las personas que aún no han recibido el pago y, en el caso de las víctimas fallecidas, coadyuvar a fin de facilitar que sus familiares puedan llevar adelante las diligencias o procesos judiciales pertinentes para posibilitar la recepción de las indemnizaciones correspondientes.
25. Por último, en lo que se refiere al pago del reintegro de costas y gastos a favor del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), el Estado informó que “hizo efectivo a [CEJIL] por costas y gastos [la suma de US$]27,500.00 [(veintisiete mil quinientos] dólares de los Estados Unidos de América[)]”. Los representantes confirmaron que “el Estado […] efectivamente entregó la suma ordenada por la Corte Interamericana a CEJIL”. En consecuencia, la Corte da por cumplido totalmente el pago de las costas y gastos dispuesto en la Sentencia.
Otras medidas de reparación pendientes de cumplimiento
26. La Corte nota que el Estado no ha presentado información sustantiva y detallada sobre avances en el cumplimiento de las demás medidas de reparación ordenadas pendientes de cumplimiento19.
27. A la luz de lo anterior, la Corte considera necesario reiterar al Estado el requerimiento efectuado en la Resolución de 6 de julio de 2011. En ese sentido, solicita al Estado que adopte a la brevedad todas las medidas que fueran necesarias para dar pronto y efectivo acatamiento a las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas de 24 de noviembre de 2009 que se encuentran pendientes de cumplimiento. Asimismo, solicita al Estado que presente información actualizada, completa y pormenorizada sobre tales acciones.
1. De conformidad con lo señalado en los Considerandos decimosexto, vigésimo tercero y vigésimo quinto, respectivamente, de la presente Resolución, el Estado ha cumplido con:
2. Al supervisar el cumplimiento integral de la Sentencia emitida en el presente caso, y después de analizada la información suministrada por las partes y la Comisión, la Corte mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes en el presente caso, a saber:
1. Requerir al Estado de Guatemala que continúe adoptando todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de enero de 2013, un informe completo y pormenorizado en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por este Tribunal que se encuentran pendientes de cumplimiento y, en su caso, explique las razones por las cuales no haya podido dar cumplimiento en esa fecha a las medidas que continúen pendientes.
3. Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.
4. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas de 24 de noviembre de 2009.
5. Que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a la República de Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las víctimas o sus representantes.
 La Jueza Margarette May Macaulay informó al Tribunal que por razones de fuerza mayor, no podía estar presente en la deliberación y firma de la presente Resolución.
1 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60, y Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 28 de junio de 2012, Considerando tercero.
 Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35, y Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 28 de junio de 2012, Considerando quinto.
3 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, considerando cuarto.
 Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 22 de septiembre de 2005, Considerando séptimo, y Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Considerando séptimo.
5 El Estado indicó, textualmente, que el acto se llevó a cabo “el 15 de diciembre de 2012”. No obstante, la Corte entiende que se trató de un error material, y que la referencia correcta es al día 15 de diciembre de 2011.
6 Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 263.
7 Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 263.
8 Dichas personas son: Juan de Dios Cabrera Ruano, Oscar Adelso Antonio Jiménez, Rodrigo Mayen Ramírez, Dionicio Campos Rodríguez (en la Sentencia su nombre fue consignado como “Dionisio”), José Ramiro Gómez Hernández, Israel Portillo Pérez, Ladislao Jiménez Pernillo, Mirna Elizabeth Aldana Canan, Felipa de Jesús Medrano Pérez, Valeria Garcia, Luz Castillo Flores (en la Sentencia su nombre fue consignado como “Luz Flores”), Leonarda Falla Sazo (en la Sentencia su apellido se consignó como “Saso Hernández”), María Luisa Corado, Inés Otilio Jiménez Pernillo, y Abelina Flores.
9 Tales víctimas son: Toribia Ruano Castillo, María Dolores Romero Ramírez, y Andrés Rivas.
10 A saber: Ever Ismael Antonio Coto, Héctor Coto, Santos Osorio Lique, Jorge Granados Cardona, María Vicenta Moral Solís, Luciana Cabrera Galeano, y María Menegilda Marroquín Miranda (señalada en el informe estatal de 28 de febrero de 2012 como “María Meregilda Marroquin Miranda”).
11 Se trata de Edvin Saul Romero García (así fue indicado el nombre en el informe estatal de 28 de febrero de 2012, en la Sentencia quedó consignado como “Edwin Saúl Romero García”). El Estado mencionó que está a la espera de que sus abogados “presenten el mandato con sus pases de ley”.
12 Dichas víctimas, de conformidad a la información presentada por el Estado, son las siguientes: Rafael Barrientos Mazariegos, Ángel Cermeño Pineda, Agusto Mayen Ramírez (así fue indicado el nombre en el informe estatal, en la Sentencia quedó consignado como Augusto Mayen Ramírez), Marcelino Deras Tejada, Olegario Rodríguez Tepec, Teodoro Jiménez Pernillo, Enriqueta González Gómez (así fue indicado el nombre en el informe estatal, en la Sentencia quedó consignado como Enriqueta González G. de Martínez), Eugenia Jiménez Pineda, Felicita Lima Ayala, Sara Pérez López, Telma Guadalupe Aldana Canan, Tomasa Galicia González, y Nicolasa Pérez Méndez.
13 La Corte ha constatado que, según las actas respectivas, presentadas por Guatemala como documentación anexa a su comunicación de 4 de julio de 2011, la señora Valeria García recibió el pago respectivo el 27 de diciembre de 2010, al igual que los señores Juan de Dios Cabrera Ruano, Rodrigo Mayen Ramírez y Oscar Adelso Antonio Jiménez, y que la señora Luz Castillo Flores, por su parte, lo hizo el 7 de abril de 2011. Por lo que en la Resolución de la Corte de 6 de julio de 2011 concluyó que el Estado ha cumplido con el pago de las indemnizaciones de dichas personas (Cfr. Caso De la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 6 de julio de 2011, punto Considerando quincuagésimo y punto declarativo segundo).
14 A saber: Dionicio Campos Rodríguez (en la Sentencia su nombre fue consignado como “Dionisio”), José Ramiro Gómez Hernández, Israel Portillo Pérez, Ladislao Jiménez Pernillo, Mira Elizabeth Aldana Canan, Felipa de Jesús Medrano Pérez, Leonarda Falla Sazo (en la Sentencia su apellido se designó como “Saso Hernández”), María Luisa Corado, Inés Otilio Jiménez Pernillo, Abelina Flores, Toribia Ruano Castillo, María Dolores Romero Ramírez, y Andrés Rivas.
15 Quien fuera llamada por el Estado “María Meregilda Marroquin Miranda”, supra nota 11.
16 Cuyo nombre fue indicado por el Estado como “Enriqueta González Gómez”, supra nota 13.
17 El Estado se refirió a él como “Agusto Mayen Ramírez” , supra nota 13.
18 Esta persona fue nombrada por el Estado como “Edvin Saul Romero García”, supra nota 12.
19 De ellas, sólo se ha referido, en su informe de 4 de mayo de 2012, a la adopción de las medidas pertinentes para reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, señalando que existen dos iniciativas legislativas (registradas con los números “3319” y “2942”) que han obtenido dictámenes favorables pero que se encuentran pendientes de tratamiento desde el 29 de noviembre de 2007 y el 28 de abril de 2010, respectivamente. Al respecto, el Estado había presentado información sobre tales iniciativas con anterioridad a la Resolución de la Corte de 6 de julio de 2011 y a la Sentencia (cfr. Caso De la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 14, Considerandos decimoquinto a decimooctavo). En su informe de 20 de diciembre de 2010 el Estado se refirió a la iniciativa “3942”, y en su informe de 4 de mayo de 2012 a la iniciativa “2942”. No obstante, de la información presentada no se desprende que el Estado haya hecho referencia a una iniciativa legislativa distinta. Sobre el particular, los representantes “nota[ron] con preocupación que el Estado no se refi[rió] a nuevas iniciativas, acciones o medidas específicas para avanzar en el cumplimiento de la medida de reparación en cuestión [y que] tampoco se refi[rió] a medidas que se hayan adoptado para garantizar el uso efectivo del recurso de amparo en tanto se realiza la reforma ordenada”. Por su parte, la Comisión, “observ[ó] con preocupación los nulos avances en relación con la orden de la Corte”.

References: Resolución 
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 27
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 68
 Resolución 
 Resolución 
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