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Timestamp: 2020-02-29 09:18:59+00:00

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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SE DIO PRIMERA LECTURA.
SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA:
INTERVINO EL SEN. JESÚS MURILLO KARAM, POR LAS COMISIONES, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
HICIERON USO DE LA TRIBUNA, PARA PRESENTAR VOTO PARTICULAR, LOS SENADORES:
JOSÉ LUIS LOBATO CAMPOS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA.
RICARDO MONREAL ÁVILA, A NOMBRE PROPIO.
PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, PRI.
RENÉ ARCE ISLAS, PRD, EN CONTRA.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, EN CONTRA.
EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LA RESERVA A LOS ARTÍCULOS: 16; PÁRRAFOS SIETE, DIEZ, DOCE, TRECE Y CATORCE DEL ARTÍCULO 16; 17; 18; PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 18; 19; PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 19; 20; APARTADO B FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20; FRACCIÓN V ÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN VIII, FRACCIÓN IX SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20; APARTADO C FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 20; 22; 73 FRACCIÓN XXI; 115 FRACCIÓN VII; 123 FRACCIÓN XIII; Y SEGUNDO TRANSITORIO, PRIMER PÁRRAFO.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 80 VOTOS; 27 EN CONTRA; 4 ABSTENCIONES.
PARA LA DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR, INTERVINIERON LOS SENADORES:
DANTE DELGADO, CONV., QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 16, LA CUAL NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN.
RICARDO MONREAL ÁVILA, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 16, LA CUAL NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, PRD, QUIEN SE REFIRIÓ AL PÁRRAFO SIETE DEL ARTÍCULO 16. EL SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ ALCOCER HIZO USO DE LA TRIBUNA PARA ALUSIONES PERSONALES.
JESÚS MURILLO KARAM, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA PARA SUPRIMIR EL PÁRRAFO DIEZ DEL ARTÍCULO 16, LA CUAL FUE ADMITIDA Y APROBADA.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA PARA SUPRIMIR EL PÁRRAFO OCHO DEL ARTÍCULO 16, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO DOCE DEL ARTÍCULO 16. EL SEN. JESÚS MURILLO KARAM HIZO USO DE LA TRIBUNA PARA ALUSIONES PERSONALES. EL SEN. ULISES RAMÍREZ INTERVINO PARA HECHOS. LA SEN. IRMA MARTÍNEZ MANRÍQUEZ PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL MISMO PÁRRAFO DOCE DEL ARTÍCULO 16, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN. EL SEN. RENÉ ARCE ISLAS, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA PARA SUPRIMIR EL PÁRRAFO DOCE DEL ARTÍCULO 16.
TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, SE REFIRIÓ AL PÁRRAFO TRECE DEL ARTÍCULO 16.
EL PÁRRAFO SIETE DEL ARTÍCULO 16 FUE APROBADO EN SUS TÉRMINOS POR 74 VOTOS EN PRO; 29 EN CONTRA.
EL PÁRRAFO DOCE DEL ARTÍCULO 16 FUE APROBADO POR 75 VOTOS EN PRO; 28 EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 16 FUE APROBADO POR 73 VOTOS EN PRO; 29 EN CONTRA.
EL SEN. GABINO CUÉ MONTEAGUDO, CONV., PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 17, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL ARTÍCULO 17 FUE APROBADO POR 82 VOTOS EN PRO; 19 VOTOS EN CONTRA.
EL SEN. JOSÉ LUIS LOBATO CAMPOS, CONV., PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 18, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL SEN. MIGUEL BAUTISTA LÓPEZ, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 18, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL SEN. PABLO GÓMEZ SE REFIRIÓ AL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 18.
EL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 18 FUE APROBADO POR 76 VOTOS EN PRO; 27 VOTOS EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 18 FUE APROBADO POR 75 VOTOS EN PRO; 25 VOTOS EN CONTRA.
EL SEN. LUIS WALTON ABURTO, CONV., PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 19, LAS CUALES NO FUERON ADMITIDAS A DISCUSIÓN.
EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 19. LOS SENADORES PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ Y RICARDO MONREAL ÁVILA, PRD, SE REFIRIERON AL MISMO PÁRRAFO. LA PROPUESTA PRESENTADA NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 FUE APROBADO POR 74 VOTOS EN PRO; 25 VOTOS EN CONTRA.
EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 19 FUE APROBADO POR 73 VOTOS EN PRO; 27 VOTOS EN CONTRA.
EL ARTÍCULO 19 FUE APROBADO POR 73 VOTOS EN PRO; 23 VOTOS EN CONTRA.
EL SEN. JOSÉ LUIS LOBATO CAMPOS, CONV., PRESENTÓ PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 20, LAS CUALES NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.
EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, PRESENTÓ PROPUESTAS AL ARTÍCULO 20, LAS CUALES NO FUERON ADMITIDAS A DISCUSIÓN.
EL ARTÍCULO 20 FUE APROBADO POR 79 VOTOS EN PRO; 19 VOTOS EN CONTRA.
EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA AL ARTÍCULO 22, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL ARTÍCULO 22 FUE APROBADO POR 80 VOTOS EN PRO; 18 VOTOS EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL SEN. TOMÁS TORRES MERCADO, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI FUE APROBADO POR 75 VOTOS EN PRO; 24 VOTOS EN CONTRA.
LA RESERVA AL ARTÍCULO 115, EN SU FRACCIÓN VII FUE RETIRADA. FUE APROBADO POR 86 VOTOS EN PRO; 5 VOTOS EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA AL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN XIII FUE APROBADO POR 72 VOTOS EN PRO; 21 VOTOS EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
EL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA, PRD, PRESENTÓ PROPUESTA AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, EN SU PRIMER PÁRRAFO, LA CUAL NO FUE ADMITIDA A DISCUSIÓN.
EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, EN SU PRIMER PÁRRAFO, FUE APROBADO POR 71 VOTOS EN PRO; 19 VOTOS EN CONTRA.
SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, y con opinión de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, se turnó para su estudio, análisis y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:
1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 12 de diciembre de 2007, se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal y seguridad pública; turnándose al Senado de la República.
2. El día 13 de diciembre de 2007 la Mesa Directiva del Senado de la República acordó dispensar el trámite convencional, para turnar directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Segunda; para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Minuta con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, en materia de justicia penal y seguridad pública, estima que el sistema de justicia actual es preponderantemente inquisitivo, ya que el indiciado es considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario, por lo que se considera que el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad.
1) Propone un Sistema Acusatorio, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, estableciendo de manera explícita el principio de presunción de inocencia para éste.
Este nuevo sistema acusatorio se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la característica de la oralidad, la cual ayudará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos.
2) Prevé la inclusión de jueces de control que resolverán de manera inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, respetando las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, y siempre deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones que haya entre jueces y Ministerio Público. El juez de la causa, se hará cargo del asunto una vez vinculado a proceso el indiciado, hasta la emisión de la sentencia correspondiente, y un juez ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena.
3) Sustituye el auto de formal prisión y el de sujeción a proceso por un auto de vinculación a proceso, con el objetivo de tener congruencia con el nuevo sistema acusatorio.
4) Asimismo, se establece una nueva regulación respecto de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, de tal forma que ésta sólo excepcionalmente podrá ser aplicada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos.
5) Estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los casos que la legislación secundaria juzgue conveniente. Al respecto el dictamen de la Colegisladora estima que esta medida generará economía procesal, además de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando el daño causado.
6) Prevé un sistema integral de garantías, tanto de la víctima como del imputado, así como una serie de principios generales que deberán regir todo proceso penal
7) Propone un régimen especial que regirá los proceso penales en tratándose de delincuencia organizada. Esto incluye la facultad para que el Congreso de la Unión legisle sobre esta materia.
8) Eleva a rango constitucional el arraigo, previéndose en forma expresa las modalidades y garantías que deberán observarse para su aplicación. Asimismo, se regulan los casos de urgencia y flagrancia.
9) Establece las bases sobre las cuales deberá construirse y operar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, enfatizándose que deberá privilegiarse la coordinación del Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno, a fin de lograr la integración de los esfuerzos en materia de seguridad pública, pero siempre en el marco de respeto al federalismo.
10) Presenta un régimen de transitoriedad para la implementación del sistema acusatorio.
En este tenor, se estima oportuno y conveniente aprovechar este momento para dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante esta cámara, por el Ejecutivo Federal en sesión ordinaria del martes 13 de marzo de 2007, y turnada a estas comisiones dictaminadoras, y con opinión de la Comisión de la Defensa Nacional, en razón de que ésta solicitó ampliación de turno. Lo anterior en virtud de que coincide en forma esencial con el espíritu de la minuta en estudio, ya que dicha iniciativa responde a la necesidad de llevar a cabo una reforma sustantiva en materia de justicia penal en México, al considerar que las leyes han sido rebasadas por el fenómeno delictivo y que deben ser adecuadas a la realidad para que el Estado mexicano cuente con las herramientas suficientes para tener éxito en el combate a la delincuencia.
Estas comisiones unidas coinciden primordialmente con la evaluación y análisis de la problemática en materia de seguridad pública y justicia penal que anima la propuesta del Ejecutivo Federal, así como con los objetivos y fines que se persiguen con ella.
En efecto, estas comisiones comparten la idea de que para hacer prevalecer el Estado democrático de derecho en nuestro país, deben por un lado adecuarse las estructuras constitucionales y legales existentes, a fin de dar respuesta con mayor efectividad al grave fenómeno delictivo que nuestro país padece, sin conculcar los derechos fundamentales de las personas tutelados en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El proponente de la iniciativa en comento, señala que en nuestro país, los niveles de impunidad y de inseguridad pública se han incrementado en los últimos años, lo que dificulta el desarrollo político, económico y social de México, además de que siembra incertidumbre, temor generalizado en la sociedad y provoca desconfianza en las instituciones del Estado además de que obstaculiza el pleno desarrollo individual de los miembros de la sociedad.
Agrega que el actual sistema de justicia fue concebido en una época distinta a la que vivimos hoy. La globalización y las nuevas tecnologías han modificado no sólo las necesidades y los intereses de los distintos grupos que conforman la sociedad, sino sus actividades y valores así como los medios e instrumentos a través de los cuales los miembros de la sociedad interactúan y se comunican. Es por ello, que se requiere una revisión profunda a nuestras instituciones y a nuestra legislación, a fin de hacer frente a las formas que la delincuencia ha adoptado.
Por otro lado, se comparte la idea de la necesidad de revertir los índices de inseguridad pública y de que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; además de que es de vital importancia contar con un sistema de justicia penal en el que se establezca como principio, que la sanción sea proporcional a la conducta y que la víctima tenga a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado.
Para ello, la propuesta del Ejecutivo Federal considera de especial importancia sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en todo el país, que por un lado facilite y garantice el acceso a la justicia por parte de los gobernados a partir de contar con juicios breves y expeditos, y por otro lado, se genere confianza en las instituciones y confianza y certeza en sus resoluciones y determinaciones. Punto que coincide con la minuta en estudio.
La iniciativa propone establecer la facultad de la policía de ingresar a domicilios particulares en caso de flagrancia, así como en los casos que se pretenda proteger la integridad de las personas, siendo congruentes con el reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, tomando en consideración la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, se propone regular desde la propia Constitución la figura del arraigo, toda vez que se trata de un acto restrictivo de la libertad personal, y por ende debe estar previsto en forma expresa en el texto constitucional.
Además, se propone la promoción de mecanismos alternos de solución de controversias que, en muchas ocasiones, resultan más apropiados para los fines de la justicia que la imposición de una pena de prisión, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitución y no de la represión. Con ello, se pretende que el Estado mexicano centre sus capacidades institucionales en la investigación y persecución de los delitos que dañan la estructura social, el orden y la paz públicos, lo cual se considera una forma de despresurizar el sistema judicial y lograr justicia pronta, completa e imparcial en tiempos breves, lo que generará satisfacción a la sociedad y a las víctimas.
Se establece como derecho de las víctimas que puedan solicitar medidas cautelares para la protección y restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar el final del juicio. Asimismo, propone la posibilidad de que puedan ejercer acción penal en los casos que señale la ley secundaria.
Respecto de la necesaria reestructuración al sistema de justicia penal, esta iniciativa propone analizar y tomar como punto de referencia la experiencia internacional y la de Oaxaca, Chihuahua, Estado de México y Nuevo León, que han abordado la problemática con gran responsabilidad y han concretado en reformas legislativas para agilizar los procedimientos penales y facilitar la restitución de los derechos a las víctimas u ofendidos.
Uno de los problemas fundamentales que se analiza en esta iniciativa y en el que se hace especial énfasis se refiere al problema de la delincuencia organizada. Entre los ajustes y modificaciones que se proponen realizar, se encuentra el establecimiento de mecanismos a través de los cuales el Ministerio Público pueda actuar con mayor eficiencia y expeditez en sus tareas de investigación, principalmente aquellos que se refieren al establecimiento de medidas cautelares tales como cateos, arraigos, intervenciones telefónicas, entre otras.
Por otro lado, plantea la posibilidad de que el Estado pueda aplicar a su favor, bienes respecto de los cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada.
Considerando que actualmente los sentenciados del orden común pueden compurgar sus penas en centros federales, pero no a la inversa, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea la celebración de convenios para que los sentenciados compurguen sus penas en centros penitenciarios de otro fuero, con excepción de los casos de delincuencia organizada.
Asimismo, la iniciativa propone elevar la capacidad de investigación de las policías, así como fortalecer sus tareas en materia de prevención del delito, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que regulará el ingreso, selección, permanencia, profesionalización, promoción, remoción, separación, sanción y reconocimiento a sus miembros. Ya que considera que es imperativo para el Estado mexicano proteger a sus policías de la corrupción y conceder a sus integrantes un proyecto de vida, y dignificar así su papel ante la sociedad.
En síntesis, la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo Federal tiene como principal objetivo establecer el marco constitucional y legal que genere las condiciones para reestructurar el sistema de impartición de justicia en materia penal, y para poner en marcha una política efectiva del combate a la delincuencia organizada con el fin de que ello se traduzca en mayor tranquilidad y seguridad jurídica para los mexicanos, objetivo que coincide con la minuta.
La Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal constituye una aportación importante en el proceso necesariamente más amplio de discusión sobre el diseño del nuevo sistema de impartición de justicia penal y de seguridad pública. En efecto, el debate se ha construido con la aportación de los legisladores, del gobierno federal y de las entidades federativas, de los poderes judiciales federal y locales, especialmente reconocidos en el Libro Blanco de la Reforma Judicial, así como de amplios sectores de la sociedad tales como organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones académicas, entre otros.
A propósito de lo anterior, a continuación se da cuenta de la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional, de conformidad con lo siguiente:
1.- Refiere que en los términos en que se encontraban originalmente formuladas, las propuestas presentadas por el Ejecutivo de la Unión:
a) Modificaban radicalmente los fundamentos esenciales de la doctrina constitucional y la práctica procesal del derecho mexicano, particularmente en lo referente a la preservación y defensa de las garantías individuales contenidas en la Constitución, relacionadas esencialmente con el debido proceso;
b) Afectaban el funcionamiento y los objetivos del juicio de amparo como instrumento de defensa ante los actos de autoridad, particularmente en lo referente a la reparación del daño, puesto que este era planteado a posteriori, sin posibilidades de que una suspensión provisional pudiera tener efecto (en los casos de las reformas propuestas para realizar arrestos, cateos y arraigos sujetos a revisión posterior);
c) Proponían una nueva cultura represiva en la ley que eliminaba la noción de inocencia hasta demostración en contrario, por la inversa de culpabilidad hasta demostración en contrario, al facultar a la autoridad para actuar contra el sujeto y tratar de reparar después un eventual daño a su persona;
d) Simplificaban de tal modo la instrumentación de procesos penales de manera que se deja al ciudadano totalmente expuesto a potenciales actos arbitrarios de autoridad que pueden conllevar la imposición de penas trascendentes como la prisión perpetua y la pérdida de bienes sin que existieran prácticamente posibilidades de defensa o aún de reparación del daño a través del juicio de amparo;
e) Ignoraban la práctica del derecho que ha derivado de ordenamientos legales como el Código Federal de Procedimientos Penales, al referirse a "delitos graves" y la Ley de Seguridad Nacional, al plantear la intervención de comunicaciones privadas, y
f) Podían generar problemas de interpretación jurídica internacional en el marco de la aplicación de los Tratados de Extradición que nuestro país hubiera suscrito, pues al presentarse el caso de que un ciudadano mexicano fuera reclamado por otra nación, su defensa podría argumentar falta de garantías de debido proceso en nuestro país, lo que sería suficiente razón para que se negara la solicitud de extradición.
2.- Con base en ello, la Comisión de Defensa sugiere la no aprobación en los términos propuestos de las reformas propuestas por el Ejecutivo de la Unión al:
2.1.- Artículo 16 (íntegro), rechazando la imposición de medidas cautelares que no aseguren reparación de daño; que los delitos contra la paz pública fueran considerados como graves, los cateos sin orden judicial, las órdenes de aprehensión a criterio del Ministerio Público y el arraigo decidido sólo y únicamente por un juez;
2.2.- Artículo 18, tercer párrafo, rechazando que los reos sentenciados pudieran compurgar sus sentencias en penales de otro fuero sin aclarar que tipo de penales y tipo de reos serían considerados en medidas de este tipo;
2.3.- Artículo 20, apartado A, fracción III, párrafos primero y segundo y apartado B fracción II, rechazando la acusación anónima, la reducción de los tiempos procesales para permitir que una sentencia fuera dictada por un juez tras la confesión del reo y a criterio propio y la eliminación de la referencia al Ministerio Público como autoridad para la coadyuvancia en una investigación;
2.4.- Artículo 21, segundo y tercer párrafos, rechazando la equiparación jerárquica y operativa de la policía y Ministerio Público, así como la posibilidad de ejercer la acción penal por el "ofendido".
2.5.- Artículo 22, cuarto párrafo nuevo propuesto, rechazando el decomiso de bienes sin juicio previo y a criterio discrecional de la autoridad.
2.6.- Finalmente y en lo referente al Artículo 17, quinto párrafo, que propone la incorporación al texto constitucional de los mecanismos alternos de solución de controversias en el sistema judicial, la Comisión señala que para ello sería necesario avanzar en la implementación integral de un sistema penal de tipo acusatorio, adversarial y oral que sustituyera plenamente al de tipo inquisitivo actualmente previsto en nuestra ley fundamental.
Sobre esto, cabe decir que la Minuta enviada por la colegisladora contempla en lo general la mayor parte de las objeciones formuladas por la mencionada Comisión, lo que se ha reflejado en la redacción propuesta al nuevo texto constitucional.
El Dictamen elaborado por la Cámara de Diputados modifica radicalmente la propuesta que en materia de reforma al sistema de justicia penal había propuesto por el Presidente Felipe Calderón, a partir de tres elementos:
Redefine el sentido del proceso judicial mexicano pasando de un tipo inquisitivo, previsto actualmente en nuestra Constitución, por uno de tipo acusatorio, adversarial y oral, lo que da un nuevo contexto, totalmente nuevo, a las materias que pretendía regular el Ejecutivo de la Unión con su propuesta original.
Mantiene las materias esenciales de las propuestas del Presidente Calderón para el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal, las cuales, sin embargo, se redefinen notablemente a partir de lo anterior, pues estas se ejercerán en un nuevo sistema judicial cuyas características son establecidas en el artículo 20 constitucional, con un plazo específico para su entrada plena en vigor que se define en el segundo artículo transitorio del Decreto, que señala que este nuevo sistema penal: "...entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto."
En consecuencia, se crean importantes condiciones limitativas para la práctica de algunas de las medidas planteadas para la investigación de delitos, tales como los arraigos, las detenciones, las intervenciones de comunicaciones y el decomiso de bienes.
Sin embargo, la citada comisión insistió en objetar la posibilidad de permitir el ingreso de las policías al domicilio sin orden judicial.
Una vez referida la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional procederemos al análisis y estudio de los instrumentos legislativos señalados (minuta e iniciativa).
Este dictamen es producto de un intenso debate y retoma aportaciones de todos los que participaron en él, convencidos de que era urgente y necesaria una reforma integral al sistema de procuración e impartición de justicia penal que permita a todos los actores de dicho sistema cumplir con mayor eficacia su labor, que genere los incentivos necesarios para que cada uno de ellos rinda cuentas y garantice que todos los ciudadanos -víctimas e imputados- accedan a un sistema de justicia más eficaz y equitativo. Esta reforma permitirá al Estado mexicano dar una respuesta adecuada a la grave crisis que atraviesa la justicia penal y que todos los actores sociales reconocen.
El consenso sobre la existencia de estos tres grandes problemas permitió definir con claridad los objetivos de la reforma. Estos son los siguientes:
1. Una reforma que permita un tránsito ordenado, gradual y viable al sistema acusatorio.
2. Un sistema eficaz para combatir a la delincuencia, en especial aquella que tiene el carácter de organizada.
3. Un sistema penal que garantice el debido proceso, la presunción de inocencia, asegure los derechos de las víctimas y proteja a los ciudadanos de los abusos de la autoridad.
A partir de estos objetivos, y antes de entrar en el análisis detallado del contenido de la reforma, es posible exponer los grandes ejes que articulan la reforma constitucional
Un primer asunto es el establecimiento de un sistema penal acusatorio basado en los principios de contradicción, concentración, inmediación, continuidad y presunción de inocencia y que asegure un equilibrio procesal entre las partes, defensa, acusación y ofendidos. La implementación de este sistema supone un cambio de envergadura para todos los actores que participan en la operación del sistema. Por ello, se estimó conveniente establecer un periodo amplio de transición, que permitiera que cada entidad federativa genera un programa de reforma de acuerdo con sus necesidades y características propias. Es decir, se busca asegurar un tránsito ordena y responsable que asegure la viabilidad del cambio y el establecimiento de las condiciones materiales y humanas para que opere adecuadamente. Lo anterior implica necesariamente que durante este periodo de transición coexistirán en el país el sistema vigente y el sistema reformado. Al término del proceso de transición, que tiene una duración de ocho años, el nuevo sistema deberá estar en funcionamiento en todo el país.
El tercer eje incluye diversas disposiciones que contribuyen a dar mayor claridad a la política criminal del Estado mexicano y a asegurar el debido proceso. En particular destacan cuestiones como la introducción del principio de proporcionalidad, el fortalecimiento de la posición de víctimas y ofendidos en el proceso penal y el establecimiento de un sistema efectivo de defensoría pública.
Las consideraciones antes mencionadas también se reflejan en el contenido de la minuta enviada por la Colegisladora y que constituye la materia del presente dictamen.
Estas comisiones unidas hacen suyos los argumentos expresados con anterioridad y expresan las siguientes razones que sustentan las particularidades de la reforma que se discute:

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 ARTÍCULO 18
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 ARTÍCULO 73
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 ARTÍCULO 123
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