Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/Chile.429.05sp.htm
Timestamp: 2018-02-22 18:43:25+00:00

Document:
Chile Petición 429-05 Juan Patricio Marileo Saravia y otros
INFORME Nº 32/07
PETICIÓN 429-05
JUAN PATRICIO MARILEO SARAVIA Y OTROS
1. El 13 de abril de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican ("las presuntas víctimas"), en contra del Estado de Chile (en adelante "el Estado" o "el Estado chileno"), en la que se alega la violación de los artículos 8.1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención"), durante el juicio criminal seguido en su contra, que resultó en la condena de los 5 peticionarios como autores del delito de incendio terrorista.
2. Con respecto a la admisibilidad los peticionarios argumentan que se agotaron los recursos de jurisdicción interna, con la sentencia que desechó el recurso de nulidad, dictada 13 de octubre de 2004 por la Corte de Apelaciones de Temuco.
3. El Estado controvierte la admisibilidad porque considera que, de conformidad al artículo 47.b y c de la Convención Americana, la denuncia es infundada pues no contiene hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados en la Convención Americana. Aduce también que la petición fue presentada de manera extemporánea y que lo que los peticionarios pretenden, que la Comisión actué como cuarta instancia. En consecuencia, solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la denuncia.
7. El 9 de diciembre de 2005, el Estado de Chile nuevamente solicitó una ampliación de plazo para presentar sus alegaciones de forma y fondo y el 14 de diciembre de 2005 la Comisión otorgó al Estado una prorroga adicional por un mes.
17. Con respecto al artículo 8.2 letras c y f de la Convención, los peticionarios argumentan que, en el juicio se les privó del derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa. Indican que la vulneración de este derecho se produce desde el momento en que la prueba testimonial presentada por el Ministerio Público en su contra durante la investigación difiere sustancialmente de la prueba presentada en el juicio.
19. Indican los peticionarios que, el Tribunal al referirse a las pruebas testimoniales respecto de las cuales no habían preparado interrogatorio, ni estructurado argumentos de defensa, por ser desconocidos expresó: “Los demás argumentos como la no presentación de toda la prueba o que algunos testigos habrían modificado sus declaraciones iniciales, o que los reconocimientos en las audiencias fueron forzados por la revisión previa de fotografías de los imputados o que muchos testigos estuvieron reunidos en una cabaña de la ciudad de Lautaro, donde eran visitados por funcionarios del Ministerio Público y efectivos policiales, no serán considerados por el Tribunal, toda vez que la decisión a la que debe arribar está motivada por toda la información que los jueces reciben durante el desarrollo de la audiencia, lo que no es si no la más clara expresión del principio de la inmediación”[3].
20. Con respecto al artículo 8.2.f los peticionarios expresan que, en lo formal, no les fue negado el derecho de presentar pruebas, precisando que tuvieron la oportunidad de presentar testigos, peritos y que además, pudieron acompañar al juicio numerosa prueba documental. Sin embargo, consideran los peticionarios que el tribunal, al resolver el fondo, omitió valorar las pruebas de descargo presentadas por la defensa.
21. Con respecto al articulo 8.2.h, los peticionarios señalan que fue vulnerado debido a que la defensa recurrió ante la Corte de Apelaciones de Temuco la sentencia condenatoria. No obstante, el Tribunal Superior, se abstuvo de considerar varias de sus alegaciones, haciendo una revisión sólo parcial del fallo, argumentando que otras alegaciones significaban entrar a considerar cuestiones de hecho, lo que estaba vedado al tribunal de alzada, por lo cual según los peticionarios, se vieron impedidos para recurrir la decisión.
22. Con respecto al artículo 8.1 de la Convención, los peticionarios expresan que, fueron privados del derecho a ser juzgados por un Tribunal imparcial, indicando que este derecho se habría violado debido a que el tribunal copió en la sentencia una sentencia anterior dictada en contra de otros comuneros mapuches de la misma zona territorial, la cual según los peticionarios fue dictada dentro del llamado "conflicto mapuche". En este contexto expresan que, en efecto el fallo dictado, en cuanto se refiere a la calificación de terrorista del incendio materia del juicio, es la copia exacta e integra del fallo dictado por el mismo Tribunal, hace mas de un año en contra de los señores Pascual Pichun, Aniceto Norin Catriman y Patricia Roxana Troncoso Robles. Aducen los peticionarios que esto es muestra de que los jueces tenían una opinión preconcebida sobre el fondo de la cuestión sometida a su conocimiento.
23. Según los peticionarios, el Estado de Chile violó el artículo 8.2 de la Convención Americana. Expresan los denunciantes que, la Sentencia dictada incurre constantemente en infracción a este derecho, al hacerlos responsables por hechos ejecutados por personas distintas. Señalan los peticionarios que el Estado razona acerca de su participación en el delito de incendio y su carácter de terrorista en los siguientes términos:
Es de público conocimiento que durante el año 2001 algunas personas vinculadas o pertenecientes a la etnia Mapuche privilegiando el uso de métodos violentos para obtener sus demandas y reivindicaciones territoriales, atentaron contra personas, propiedades instalaciones vehículos y maquinarias de particulares y empresas instaladas en diversos sectores geográficos de la provincia de Malleco, con consecuencias negativas para la seguridad y la tranquilidad publica, para la integridad física de los ciudadanos y para el progreso y el desarrollo de la zona. El incendio del fundo Poluco Podenco se inserta dentro de esta dinámica de conflicto.[4]
24. Según los peticionarios, el considerando décimo noveno de la Sentencia dictada[5] señala que, "el ilícito establecido en la reflexión está inserto en un proceso de recuperación de tierras del pueblo Mapuche, el que se ha llevado a efectos por vía de hecho…" "Estas acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desmedidas hechas bajo presión por grupos violentistas".[6] Los peticionarios argumentan, que como consecuencia práctica de la aplicación de estos razonamientos, se les ha impuesto una pena superior en 5 años, sobre lo que les correspondería, si se les hubiera condenado aplicándoles la legislación penal común y no la legislación sobre conductas terroristas. Aducen los peticionarios que este atentado al principio de culpabilidad es recurrente en las causas seguidas en contra de Indígenas Mapuches.
25. Con respecto a los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los peticionarios señalan que ha sido vulnerado el principio de igualdad y no discriminación que también está consagrado en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Chile y en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución de la República de Chile.
26. En este sentido argumenta los peticionarios que, el articulo 1.1 y 24 de la Convención se viola, debido a que, en el juicio se utilizaron testigos remunerados por la sola circunstancia de que los imputados eran indígenas Mapuches, haciendo un mal uso de la ley antiterrorista (Ley 18.314) y de diversas medidas de protección a favor de los testigos, que en los hechos no son otra cosa que la forma espuria de obtener declaraciones en su contra. Los peticionarios Sostienen que lo anterior, constituye un atentado al principio de igualdad, debido a que, “todos tenemos derecho a un trato igualitario por parte del Estado y si se trataba de enfrentar una acusación en materia criminal teníamos derecho a que el juicio se realizara en condiciones de normalidad y que no se alteraran esta condiciones atendiendo a nuestro origen racial. “
36. Otra de las causales de inadmisibilidad, aducida por el Estado, se refiere a que la petición es evidentemente infundada e improcedente. Según el Estado esta causal implica desechar denuncias sin sustento, que solo aparentan supuestas violaciones a los derechos humanos. Señala el Estado que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por los denunciantes, las supuestas infracciones a la Convención habrían tenido lugar durante el desarrollo del juicio oral y su consiguiente sentencia que los condenó a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias y costas, como autores del delito de incendio terrorista acaecidos el 19 de diciembre de 2001 y que afectó el predio denominado Polanco–Podenco, resultando afectada una superficie de 108 hectáreas de pino y eucaliptos, equivalente a 600.000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica.
37. Con respecto a la fórmula de la cuarta instancia, aducida como otra de las causales de inadmisibilidad, el Estado señala que, los peticionarios han recurrido ante la Comisión Interamericana como si ésta fuera una fuente de cuarta instancia, con competencia para conocer de los hechos y del derecho aplicado al caso especifico, sin que existan antecedentes razonables que permitan fundar la existencia de una violación de algún derecho garantizado en la Convención Americana. Según el Estado, tanto la naturaleza complementaria de la Convención, como la exigencia del previo agotamiento de los recursos internos, otorgan el carácter esencialmente subsidiario a los órganos de protección de derechos fundamentales dentro del Sistema Interamericano.
42. El artículo 46.1.a de la Convención establece que uno de los requisitos de admisión de una petición es "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos".
45. La Comisión Interamericana verifica que se han agotado los recursos previstos por la legislación chilena para estos casos y en consecuencia determina que la petición analizada cumple el requisito exigido en el artículo 46.1.a de la Convención.
46. El artículo 46.1.b de la Convención Americana establece que uno de los requisitos de admisión de una petición es que deberá ser "presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva".
47. Al respecto el Estado argumenta que la petición es inadmisible porque fue presentada en septiembre de 2005, es decir, fuera del plazo establecido en los artículos 46.1.b y 47.a de la Convención y 32.1 del Reglamento de la Comisión.
48. Es un hecho no controvertido por lar partes que el 13 de octubre de 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco se pronunció sobre el último recurso interpuesto durante el juicio seguido contra los señores Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. De acuerdo a lo establecido en el artículo 46.1.b de la Convención, el plazo para presentar una denuncia ante la CIDH vencía el 13 de abril de 2005. En el presente caso, la petición o comunicación de los peticionarios fue recibida en la CIDH el 13 de abril de 2005.
49. Por lo expuesto, la CIDH desestima el argumento del Estado de Chile respecto de que la petición es inadmisible por haber sido presentada en forma extemporánea. Lo anterior, en atención a que el plazo de seis meses establecido en el artículo 46.1.b de la Convención, se cuenta desde la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos fue notificado de la decisión definitiva hasta que es presentada ante la CIDH y no hasta que la petición es trasmitida al Estado respectivo.
50. Por lo anterior, la CIDH concluye que la petición cumple con el requisito establecido en el artículo 46.1.b de la Convención Americana.
51. El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que la denuncia presentada esté pendiente de otro procedimiento internacional. Tampoco hay elementos para considerar que se reproduce una petición anteriormente examinada por la CIDH, por lo que este órgano concluye que se han satisfecho los requisitos de los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención Americana.
52. En el presente caso, el Estado alegó que los hechos descritos en ella no caracterizan violaciones a derechos protegidos por la Convención, por lo que solicitó a la CIDH que desechara la denuncia en aplicación del artículo 47.b y c de la Convención Americana.
53. Al respecto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones a los derechos a las garantías judiciales y al principio de legalidad de las presuntas víctimas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47.b de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso c del mismo artículo.
55. La jurisprudencia de la Comisión Interamericana establece claramente que no es competente para revisar sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales. La CIDH no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia. No obstante, dentro de los límites de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención, la Comisión Interamericana sí es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiera a una sentencia judicial nacional que haya sido dictada al margen del debido proceso, o si se describe una violación de cualquier otro derecho garantizado por la Convención Americana.[12]
56. En particular, respecto del proceso seguido contra los señores Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, la Comisión toma nota que en el presente caso los denunciantes alegan que se ha violado el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la de la Convención Americana. Los peticionarios también denuncian que en el presente caso se ha vulnerado el artículo 8.2 de la Convención Americana, sobre garantías judiciales, en la medida en que no contaron con los medios adecuados para la preparación de la defensa, según lo establece el artículo citado, en sus letras c y f.
57. En virtud de los argumentos y la documentación aportada por las partes, así como la jurisprudencia interamericana, la Comisión considera que no se evidencia la falta de fundamento o improcedencia en el reclamo presentado. Si bien algunas de las alegaciones manifestadas por los peticionarios no tienden a caracterizar violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la que refiere a que el tribunal al dictar sentencia habría copiado párrafos de otra sentencia, la CIDH en el pronunciamiento sobre el fondo analizará tales alegaciones, en el contexto del argumento relativo al régimen penal especial aplicado a las presuntas víctimas y la definición de la conducta antijurídica o tipo penal utilizado, que podrían llegar a caracterizar prima facie una violación de los derechos garantizados en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Asimismo, en virtud de los alegatos de los peticionarios relativos a la aplicación a las presuntas víctimas de un régimen penal especial más severo que el régimen común, en virtud de su origen étnico, la CIDH considera que los hechos denunciados podrían caracterizar una violación al artículo 24 de la Convención Americana, en concordancia también con el artículo 1.1 del mismo instrumento[13].
1. Declarar admisible el presente caso respecto de las presuntas violaciones de los artículos 8, 9 y 24, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los 23 días del mes de abril de 2007. (Firmado): Florentín Meléndez, Presidente; Paolo Carozza, Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich, Segundo Vicepresidente, Evelio Fernández Arévalos, Clare K. Roberts y Freddy Gutiérrez Trejo, Comisionados.
[1] Consta en el expediente que la comunicación fue recibida en la Secretaria de la Comisión por correo electrónico el 13 de abril de 2005 y sellada el 14 de abril del mismo año.
[2] Considerando Nº 2 de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad, en la página oficial del Poder Judicial de Chile. http://www.poderjudicial.cl
[3] Párrafo final del considerando décimo octavo de la Sentencia Pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral de Angol. Citado por los peticionarios en comunicación de fecha 13 de abril de 2005.
[7] Según el Estado las siguientes son las causales de inadmisibilidad: (i) verificación de los requisitos formales (ii) agotamiento de los requisitos internos (iii) plazo para la presentación de las peticiones (iv)duplicación de procedimientos(v) Verificación de si se exponen o no hechos que caractericen una violación de los derechos protegidos (vi) Análisis de si las peticiones son o no manifiestamente infundadas o improcedentes, según resulte de la exposición del propio o del Estado y (vii) Si existe o no información o prueba sobreviniente que hagan la petición inadmisible o improcedente”
[8] Articulo 46.b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Citado por el Estado en nota de de fecha 16 de enero de 2006.
[9] En escrito del Estado de fecha 30 de diciembre de 2005, recibido en la CIDH el 5 de enero de 2006.
[10] Ver CIDH, Informe Nº 128/01, Caso Nº 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párrafo 50. Ver, CIDH, Informe N° 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párrafo 43.

References: artículo 47
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 46
 artículo 46
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 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 24
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