Source: http://www.derechos.org/nizkor/salvador/informes/arzo196.html
Timestamp: 2013-05-23 09:57:49+00:00

Document:
en El Salvador durante
el primer semestre de 1996. Por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.
2. Violaciones perpetradas por la Policía Nacional Civil.
3. Acciones con motivaciones políticas perpetradas por actores desconocidos.
4. Escuadrones de la Muerte y acciones con motivación política.
5. Escuadrones de la muerte, acciones de "limpieza social" y el recurso del miedo. 6. Acciones cometidas por agentes del Estado de la República de Guatemala. 7. Crisis penitenciaria y violaciones a los derechos humanos. 8. Irrespeto a los derechos fundamentales de los y las trabajadoras en las empresas
9. El derecho a la vivienda y los desalojos forzados.
10. Conclusiones. 1. Introducción Desde sus inicios, uno de los principales objetivos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado
de San Salvador ha sido investigar aquellas violaciones a los derechos humanos que se cometen
contra la población salvadoreña, principalmente las que provienen de funcionarios y autoridades del
Estado en el ejercicio de sus funciones. Dicha tarea ha sido realizada asumiéndola como parte
integrante de la evangelización, es decir, como anuncio y Construcción del reino de Dios, el cual,
sin lugar a dudas, tiene fuertes cimientos en el amor, la verdad y la justicia. No contribuiríamos a esa labor si calláramos frente a los distintos hechos que dañan y destruyen a
la creación más preciada de Dios: al hombre. En este sentido, al dar a conocer los resultados de
nuestras investigaciones pretendemos colaborar, modestamente, en esa ardua tarea que implica la
construcción del reino, la cual todavía enfrenta grandes obstáculos.
El presente informe cubre los distintos acontecimientos suscitados contra la población salvadoreña
e indagados por nuestra Oficina durante el primer semestre de 1996, en el cual se continuaron
percibiendo signos preocupantes que indican un grave deterioro del respeto a 1os derechos y
Especial atención tuvieron las infracciones cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC), en donde
se encontraron situaciones que representaron claros abusos en el ejercicio de la fuerza y situaciones
alarmantes que sugirieron que en dicha institución existen estructuras ilegales o que desde dicha
institución se brinda cobertura a los ya conocidos escuadrones de la muerte. Sobre tales agrupaciones --los escuadrones de la muerte-- se comprobaron diversos hechos
motivados políticamente y otros, la mayoría, inducidos por fines de limpieza social, que en su
conjunto han pretendido infundir temor en la población como mecanismo de control social. De igual
forma, destacaron durante el período en cuestión una serie de amenazas contra funcionarios, políticos
y religiosos, dentro de las que resalta la efectuada contra Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Obispo
Auxiliar de San Salvador, y que hicieron pensar en el inicio de una escalada de violencia y represión.
También se dio seguimiento a la crisis penitenciaria que afronta el Estado salvadoreño y a la manera
irresponsable con que ha sido tratada por las diversas instituciones que conforman el denominado
"sector justicia" y que han tenido a su cargo encontrar una salida satisfactoria a la misma. Finalmente, se investigaron varias violaciones a los derechos laborales cometidas por empresas
maquiladoras y flagrantes violaciones al derecho a la vivienda en que se incurrieron mediante la
práctica de desalojos forzados. A continuación el detalle de esas investigaciones que reflejan la
situación de los derechos humanos en El Salvador durante el primer semestre de 1996.
2. Violaciones perpetradas por agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC). Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, en enero de 1992,
definieron que la Policía Nacional Civil sería "un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos
cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina". Así mismo,
posteriormente, en el artículo 1 de su ley orgánica, se estableció que tendría por objeto "proteger y
garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas; prevenir y combatir toda
clase de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el
ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos".
Las sistemáticas y atroces violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado por los
antiguos cuerpos de seguridad y la total impunidad con que eran realizadas, constituyeron los
elementos claves para transformar de raíz a las instancias encargadas de velar por la seguridad de
la población. En el nuevo contexto, que se propiciaría con la implementación de los acuerdo de paz,
desde ningún punto de vista era conveniente que las viejas estructuras tuvieran permanencia; en ese
sentido, la Policía Nacional Civil pasaría a ser un elemento primordial en la humanización y
democratización de la sociedad salvadoreña, las esperanzas estaban puestas en ello, sin embargo,
también éramos conscientes de que habrían fuerzas que caminarían en la dirección contraria. Durante el primer semestre de 1996 una vez más se han podido constatar varias irregularidades y
transgresiones cometidas por tan importante institución. Al respecto, es indispensable que se adopten
mecanismos de control y rectificación adecuados para poner coto a las permanentes violaciones a
los derechos humanos en que están incurriendo efectivos y estructuras de la PNC.
En el mes de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil asesinaron a 0 personas. El primero de los
hechos ocurrió el día 3, en el municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana,
en donde efectivos de dicho cuerpo de seguridad pública ejecutaron arbitrariamente al joven
Fernando Lemus Menjívar, de 19 años. En ese acontecimiento hubo evidencias de que los agentes
de la PNC emprendieron su accionar sin antes haber agotado los recursos mínimos que evitaran
llegar a un desenlace fatal.
En similares circunstancias, agentes de la PNC, destacados en un baile que se realizaba el día 18 de
febrero en la colonia Dolores de San Salvador, asesinaron a un joven integrante de mara, a
Boanerges Bladimir Bernal Deras, de 20 años de edad. En la fecha indicada, los agentes de la PNC
no dejaron entrar al referido baile al joven Bernal Deras, motivo por el cual éste y sus amigos
insultaron a los policías, los efectivos, molestos, salieron corriendo tras los jóvenes, disparándoles
hacia sus cuerpos y asesinando a Boanerges Bladimir Bernal. Sobre este tipo de hechos es conveniente recordar que la Policía Nacional Civil está en la obligación
de utilizar debidamente sus armas. En ese sentido, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Policía
Nacional Civil establece lo siguiente:
"Los miembros de la Policía Nacional Civil deberán portar sus armas reglamentarias en aquellas
circunstancias y servicios en que así se determine". La utilización de las armas se rige por las siguientes normas:
1. En el desempeño de sus funciones, los miembros de la Policía Nacional Civil utilizarán, en la
medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de
fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten
ineficientes o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado legítimo previsto;
2. Los miembros de la Policía Nacional Civil no emplearán armas de fuego contra las personas
salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones
graves, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una
seria amenaza para la vida, con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro
y oponga resistencia y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para
lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales
cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida;
3. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los miembros de la Policía Nacional
Civil: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo
legítimo que se persiga;
c) Procederán de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las
personas heridas o afectadas; d) Procurarán notificar lo sucedido, a la mayor brevedad posible, a los parientes o amigos
íntimos de las personas heridas o afectadas. En ninguno de los dos casos apuntados en los párrafos anteriores los policías se encontraban en
situaciones que demandaran el uso de las armas, no existía peligro inminente de muerte o de
1esiooes ni tampoco estaban frente a personas que debieran ser detenidas porque representaran un
peligro de tal magnitud. Este tipo de acontecimientos se está dando con cierta frecuencia en el
proceder policial, como también se verá más adelante, por lo que se debe estar atento a su
investigación. El día 4 de febrero, a eso de las 11.05 horas, Pedro Ernesto Escobar Carias, de 25 años de edad, fue
asesinado, a golpes, por efectivos de la PNC en la Hacienda la Fincona, ubicada en el Cantón El
Guayabo, jurisdicción de Nahuilingo, departamento de Sonsonate. Varios testigos dieron cuenta que
alrededor de 6 agentes participaron en el hecho, cinco de ellos dando cobertura en su perpetración
y encubrimiento posterior, y uno de ellos agrediendo al joven Pedro Ernesto Escobar. Más tarde, el 17 de febrero, otros Policías asesinaron a Ernesto Antonio Lima Escobar, de 17 años,
en la hacienda Mergepa, cantón Zapotitlán, jurisdicción de Ciudad Arce, departamento de La
Libertad. Al respecto se constató que la víctima, antes de ser ejecutada, fue amarrada de sus dedos
pulgares y vendada de sus ojos, enterrándolo en una fosa. En el caso existieron elementos que
apuntaran a que la PNC obligó a unos lugareños a participar en el hecho, cavando la fosa e incluso
degollando a la víctima.
En el mes de marzo hubo tres sucesos que dejaron como resultado la muerte de ocho personas y
lesiones en una más. El primero de ellos se llevó a cabo el 23 de marzo, en el cantón Las Isletas,
jurisdicción de San Pedro Masahuat, en donde 6 agentes de la Policía Nacional Civil destacados en
los puestos del cantón Los Blancos y San Luis la Herradura, del mismo departamento, ejecutaron
sumariamente al señor José Fausto Díaz Bonilla, de 29 años de edad, y lesionaron al señor Gilberto
de Jesús Rodríguez Marroquín, también de 29 años.
Las investigaciones determinaron que, aproximadamente como una hora antes del asesinato, ese
grupo de agentes llegó a una cervecería del cantón Las Isletas en busca de bebidas embriagantes pero
ante la negativa del propietario y del señor Gilberto de Jesús Rodríguez de venderles, los efectivos
procedieron a golpear a éste último, disparando además al aire y hacia los pies de la víctima. Más
tarde, a eso de las 23:00 horas, cuando los señores Gilberto Rodríguez Marroquín, José Fausto Díaz
y Cristóbal Yentura Marroquín retornaban a sus casas, fueron emboscados por agentes de la PNC,
quienes tenia el claro objetivo de eliminarlos, acción en la cual fue asesinado el señor José Fausto
Díaz Bonilla. En ese mismo mes, el día 20, a eso de las 10:30 horas, cuatro jóvenes fueron encontrados muertos
en una finca denominada "Potrero Grande", ubicada en el cantón Potrero Grande Abajo, del
municipio y departamento de Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio
Alexander Pineda Hernández, de 15 años; José Néstor Jonathan Hernández Martínez, de 17 años;
Miguel Ángel Arcía Marroquín, de 17 años; y Alexander Campos Callejas, de 18 años.
Todos los cadáveres estaban alineados, uno a la par del otro, presentaban en el cráneo un disparo de
arma de fuego y tatuaje de pólvora, lo cual indica que el disparo fue efectuado a corta distancia, a
60 o menos centímetros de distancia. Las víctimas eran integrantes de una de las "maras" de Santa Ana y existieron testigos que
presenciaron cuando agentes de la Policía Nacional Civil, abordo de un carro rojo, tipo pick up, de
vidrios polarizados, capturaron a un grupo de jóvenes, dentro de los que más tarde identificaron a
uno de los occisos, y a quienes se llevaron dentro del citado automóvil. La captura ocurrió como
media hora antes de las ejecuciones. De igual manera, los mismos testigos vieron cuando uno de los capturados se les escapó a los
policías. Se supo que fue éste quien dio aviso a los familiares de una de las víctimas de que la PNC
lo tenía en su poder. Las pruebas son conducentes hacia la responsabilidad de la PNC en el hecho, quienes, al parecer,
actuaron contra miembros de la mara 18 en venganza porque éstos, al parecer, habían asesinado, un
mes antes, a un agente de la División Antinarcóticos.
Lo grave de este suceso es que, además de la pérdida irreparable de las víctimas, el modus operandi
utilizado por los efectivos policiales es similar al implementado por los Escuadrones de la Muerte
y por los antiguos cuerpos de seguridad. Tal circunstancia estaría evidenciando que existe una
desnaturalización creciente de la institución policial que puede culminar con transformar a todo el
cuerpo en una instancia que sistemáticamente viole los derechos de las personas. También, el domingo 24 de marzo, agentes de la Policía Nacional Civil asesinaron, nuevamente, a
otras tres personas en el cantón las Isletas, jurisdicción de San Pedro Masahuat. Las víctimas fueron:
Wilfredo Guatemala, de 13 años de edad; Tomás Hernández, de 23 años; y Nemecio Sánchez, de 41
anos. En el hecho no existieron testigos oculares que incriminaran a la PNC directamente pero la
prueba científica realizada a innumerables proyectiles de bala encontrados en la escena del crimen
determinaron que al menos 8 efectivos tuvieron participación de las ejecuciones.
En el mes de abril ocurrieron 2 ejecuciones arbitrarias. La primera el día 3, en donde agentes de la
PNC asesinaron al joven José Roberto Tamayo Hernández, de 23 años de edad. El hecho ocurrió
sobre el Boulevard Constitución, a eso de las 0:15 horas, debiéndose todo a un mal procedimiento
policial que dejó tan trágico resultado.
La segunda ejecución fue la del cobrador de buses Jorge Alberto Mercado, de 25 años, ocurrida en
la ciudad de San Miguel. En dicha ejecución arbitraria fue evidente un mal procedimiento policial
que mostró una conducta antiprofesional y antipolicial. Durante el mes de mayo se registró e investigó un hecho ocurrido en la ciudad de Jucuarán,
departamento de Usulután, el día viernes 10 de mayo y que dejó por resultado la muerte del joven
Melvin Agustín Rivas Gutiérrez, de 18 años de edad. En el suceso participaron 2 agentes de la PNC
que habían llegado ese día a 3ucuarán. Se indagó que en horas de la tarde éstos habían amenazado
a la víctima y que por la noche, bajo los efectos del alcohol, la ejecutaron frente a varios testigos. En el mes de junio, varios agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía
Nacional Civil que estaban destacados en una fiesta que se realizaba en el local de la Feria
Internacional de El Salvador, en San Salvador, asesinaron a tres jóvenes que habían llegado a dicho
lugar. El hecho ocurrió el 8 de junio de 1996, siendo las víctimas Raúl Alberto González Santos, de 15
años; Noé Alfonso Menjívar, de 19 años; y José Antonio Chávez Santos, de 21 años.
Según se pudo establecer, todos ellos fueron sacados del local de la feria y transportados hasta un
lugar ubicado en las afueras de San Salvador, específicamente, al kilómetro 12 y medio de la
carretera que conduce a1 Puerto de La Libertad, en el cantón Las Piletas de Nueva San Salvador. En
ese sitio los ejecutaron, quedando los cuerpos a orillas de la carretera. A dos de ellos les sustrajeron
sus documentos de identidad personal, mientras que el otro, según sus familiares, no solía portarlos.
Aparentemente, el hecho tuvo su origen en rivalidades que los agentes que brindaban "seguridad"
en la Feria Internacional tenían con Noé Alfonso Menjívar, quien era cabo de la UMO.
Siempre en el mes de junio, el día 18, agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía
Nacional Civil fueron las protagonistas de otro ilícito. En esa fecha lesionaron al Licenciado Ricardo
Cornejo Ordóñez, Pastor de la Iglesia Luterana de El Salvador, en una acción de dudosa legalidad. Según se constató, en horas de la noche de la fecha antes mencionada, en las afueras de la casa del
Licenciado Cornejo Ordóñez había un vehículo estacionado en cuyo interior se encontraban dos
hombres armados y fuera de este otros sujetos, vestidos de civil, con actitud muy sospechosa. Uno
de esos tipos fue quien lesionó al señor Cornejo Ordóñez. Posteriormente, después de ocurrida la lesión, los sujetos se fueron del lugar, pero retornaron más
tarde. El Licenciado Cornejo Ordóñez llamó al sistema 121 de la PNC, éstos llegaron pero le dijeron
a la víctima que "no se asustara que quiénes estaban ahí eran miembros de la DIC" y que ellos no
podían hacer nada en cuanto a la lesión.
Dentro de lo acontecido fue evidente la violación cometida pero no quedó clara cuá1 era la actividad
que los miembros de la DIC desarrollaban en el lugar. Se presumió que estaban actuando de manera
ilegal. 3. Acciones con motivación política perpetradas por sujetos
desconocidos. La noche del 25 de abril de 1996 ocurrió uno de los principales hechos del acontecer nacional: la
explosión de un coche bomba en una exclusiva zona residencial cercana a las instalaciones de la
Embajada Americana y a la vivienda del ex presidente de la República, el Licenciado Alfredo Félix
Cristiani. En efecto, sujetos desconocidos colocaron un explosivo en el interior de un automóvil robado el
cual, posteriormente, fue llevado hasta una parte solitaria del boulevard Miramundo, ubicado en la
Urbanización Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, en donde
ocurrió la detonación y que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar. Ninguna agrupación se atribuyó la responsabilidad del atentado pero sin lugar a dudas éste provino
de un grupo que está dispuesto a utilizar métodos violentos para obstaculizar cualquier avance hacia
el respeto de los derechos humanos y la consolidación de la democracia.
El 23 de mayo, cuando todavía estaban frescos los recuerdos del primer atentado explosivo ocurrido
durante 1996 y cuando se cuestionaba la efectividad de la FNC para investigarlos, ocurrió un
segundo hecho de esa naturaleza. En esta oportunidad, un artefacto explosivo de uso privativo de
la Fuerza Armada fue colocado y detonado en horas de la noche en el edificio de la compañía
aseguradora "Seguros e Inversiones S.A" (SISA), ubicada entre el pasaje Senda Florida y la calle
Manuel Enrique Araujo de San Salvador. La acción sólo dejó daños materiales pero además un
profundo sentimiento de preocupación en toda la sociedad salvadoreña. Al igual que en el primer atentado, las especulaciones sobre lo ocurrido no se hicieron esperar, la
tesis más fuerte y generalizada era que provenía de un sector radical del partido ARENA que
pretendía sacar al ex presidente Cristiani de la palestra política y de cualquier posible aspiración a
una nueva postulación para la primera magistratura del Estado. La hipótesis se fundó a raíz de que
la familia del ex mandatario, al parecer, es la mayor accionista de la sociedad "Seguros e Inversiones
S.A." y de que el anterior hecho había ocurrido en una zona próxima a la residencia de aquél.
La conmoción nacional e internacional que generó el atentado hizo que el ejecutivo pidiera la
asistencia del gobierno de los Estados Unidos a través de la intervención del Buró Federal de
Investigaciones (FBI). La presión sobre los organismos de seguridad del Estado fue grande, en cierta
medida se vieron obligados a dar respuesta sobre lo acontecido ya que la eficacia de su función
estaba duda.
Al poco tiempo, a finales del mes de junio, la Policía Nacional Civil empezó a anunciar que tenían
indicios sobre los responsables materiales del atentado y que muy pronto la incertidumbre se
resolvería. Y en efecto, días después se anunció la captura de cuatro jóvenes estudiantes de la
Universidad de El Salvador, a quienes se les atribuyó la comisión de las explosiones. Todos ellos
desde un inicio han negado fehacientemente su participación.
Sobre la culpabilidad o inocencia de éstos todavía no es posible emitir un juicio certero ya que el
juzgado que tramita el expediente ha decretado el caso en reserva, por lo que las pruebas
incriminatorias no han sido del total conocimiento público. Sin embargo, no sería extraño ni la
primera vez que organismos de inteligencia del Estado fabriquen incriminaciones contra personas
4. Escuadrones de la Muerte y acciones con motivación
El 26 de abril, el secretario general del partido Pueblo Unido Nuevo Trato (PUNTO), el Licenciado
Francisco Ayala de Paz, fue víctima de un atentado mientras caminaba por una calle de San Salvador
próxima a su casa de habitación. Según se pudo establecer, un sujeto desconocido persiguió por varias cuadras al Licenciado Ayala
de Paz, al estar cerca de éste desenfundó un arma y le apuntó; no obstante, la concurrencia de ciertas
personas en la zona posiblemente hizo desistir al atacante de consumar sus objetivos. En este hecho todo indicó que la intensión del atacante era eliminar al político o atemorizarlo para
evitar que se inmiscuyera en temas de trascendencia nacional, en vista de que, semanas antes, la
víctima había hecho pública su oposición al proceso de privatización de la Administración Nacional
de Telecomunicaciones (ANTEL). Dentro del partido PUNTO también existían antecedentes de
otros actos violatorios tales como llamadas telefónicas intimidatorias a varios de sus miembros. En el mes de mayo, el día l, un "escuadrón de la muerte" atentó contra dirigentes de la Asociación
Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS) en el cantón San Ramón, jurisdicción de San Antonio
del Monte, departamento de Sonsonante. Efectivamente, de 2 a 4 sujetos fuertemente armados y
portando artefactos explosivos penetraron hasta la parcela en donde se encuentra la vivienda del
señor Margarito Esquino, hijo del cacique indígena y representante de ANIS, Adrián Esquino Lisco.
Al estar en el lugar los desconocidos lanzaron una granada fragmentaria contra la vivienda, la cual
destruyó el área de cocina de la misma, por fortuna en esos momentos no había nadie en su interior. Más tarde, el 6 de mayo, los "escuadrones de la muerte" perpetraron el primer hecho de sangre con
evidente motivación política. Este ocurrió en la ciudad de San Francisco Gotera, departamento de
Morazán, en donde una integrante del Partido Demócrata (PD), antiguo Ejército Revolucionario del
Pueblo y ex integrante del FMLN, fue asesinada, en horas de la noche, en el local de dicho instituto
político. El cuerpo de la joven fue hallado pendiendo de una cuerda, estaba con ropas intimas y
camisón, por lo que se supone que se encontraba descansando cuando fue sorprendida por sujetos
con experiencia y adiestramiento en este tipo de acciones ya que tuvieron el cuidado de no dejar
huellas ni vestigios que arrojaran indicio alguno sobre los responsables y porque además
pretendieron hacer creer que se trataba de un suicidio. Resultó preocupante que a unos 20 metros de
dicho local se encuentra la delegación de la Policía Nacional Civil de esa municipalidad. El 31 de mayo, apareció en el periódico vespertino Diario El Mundo la noticia del surgimiento de
un nuevo grupo clandestino autodenominado "Organización Guerrillera del Pueblo" (OGP), quien
se definía como un "brazo armado del pueblo" para la defensa de los "intereses irrenunciables de
nuestro proletariado". Agregaban que eran un movimiento con "estricto sentido nacionalista, anti-imperialista y revolucionario" que pretende "mantener en alto nuestra bandera... exigiendo que haya
una verdadera paz en nuestro país: independencia económica, libertad política y justicia social".
El OGP, a juzgar por el contenido revelado en la noticia, se podría calificar como proveniente de
algún grupo de izquierda radical, no obstante, después de ese mensaje no hubo ningún otro en esa
línea que pudiera dar más indicio sobre su procedencia y actividades.
Por el contrario, al mes siguiente, en junio, se inició lo que algunos denominaron una guerra de
comunicados entre "escuadrones de la muerte". Al respecto, el día 26 de junio, miembros de la
agencia de noticias de Gran Bretaña, REUTERS, recibieron entre su correspondencia un comunicado
que anunciaba el surgimiento de la autodenominada "Fuerza Nacionalista Mayor Roberto
D'abuisson" (FURODA). En el libelo se pronunciaban contra lo que ellos consideraban la "falsa
derecha y redentores del pueblo", a quienes acusaban de "desestabilizar la República y hacer quedar
mal al supremo gobierno, legítima y constitucionalmente electo". En ese nefasto anónimo, además,
amenazaron directamente a 15 personalidades de la vida política, civil y eclesial de nuestro país, las
siguientes: Jorge Zedán, Mauricio Funes, Kirio Waldo Salgado, Roberto Castañeda, Facundo
Guardado, Gerson Martínez, Francisco Elías Valencia, Ricardo Navarro, Victoria de Avilés,
Francisco Roberto Lima, Monseñor Gregorio Rosa Chávez (Obispo Auxiliar de San Salvador),
Rodolfo Cardenal, Edgar Palacios, Medardo Gómez y Carlos Avilés. Desde toda perspectiva, esas amenazas demostraron que el país no ha podido superar de raíz la lacra
del terrorismo y la intolerancia propia de épocas que considerábamos superadas en nuestra historia
reciente. A ta1 estado de cosas, inequívocamente, ha contribuido la impunidad de los grupos
terroristas que desde el pasado, con nuevos o viejos ropajes, vienen operando, ahora bien, en su
conjunto, las amenazas reflejaron la intención de cerrar los espacios democráticos que se han abierto,
poniendo en peligro la paz y la tranquilidad del país. Unos cuantos días después surgió otro grupo de extrema derecha, el autodenominado "Frente
Nacional para la Sanidad Mental" (FSM), quien se presentó como opositor al FURODA y efectuó
amenazas contra sus supuestos integrantes, los señores Kirio Waldo Salgado Mina, Lucero Mayén
y Jorge Castillo, a quienes señalaron como "torpes plagiadores del buen nombre" del líder de
ARENA, mayor Roberto D'abuisson, "cuya legendaria trayectoria patriótica" manchaban "al usar
como un estandarte de un movimiento fantasma que se ha curado en la mente febril y apastillada de
oportunistas trasnochados".
Luego, el 2 de julio de l996, el FURODA emitió un nuevo comunicado en donde hizo un llamado
a todas las fuerzas nacionalistas para que formaran una verdadera alianza, tal como la diseñó su líder,
Roberto D'abuisson, y así "quitar del camino a los gusanos que estorban los planes de ver un El
Salvador en paz, progreso y libertad". Reiteraron las amenazas efectuadas en el primer comunicado
y agregaron que advertían muy especialmente a "CNN, a Diario Latino, al nefasto canal 12 de
desinformación, a radio Sonora y al miembro de las FPL infiltrado en YSKL y conductor de una
crónica que solo pestes habla del supremo gobierno". Además le dijeron al Doctor Francisco Roberto
Lima, "frustrado Chico Lima", "que mejor se abstenga de preparar el paquete de infamias contra el
Licenciado Juan José Domenech" porque si pretendía "desestabilizar" no llegaría a tiempo.
Al día siguiente, 3 de julio, el "Frente de Sanidad Mental" dio a conocer otro comunicado en donde
además de amenazar a las tres personas indicadas en su comunicado número uno incluía al señor
Jorge Flores Allende, "tenebroso e indeseable personaje escuadronero argentino, que se ha incrustado
como jefe de redacción en un periódico, a todos ellos les advertían que desistieran de emitir "sus
comunicados demenciales porque el verdadero pueblo salvadoreño saben quienes son y de continuar
con sus locuras" serían "debidamente castigados".
5. Escuadrones de la muerte, acciones de "limpieza
social" y el recurso del miedo. Durante el primer semestre de 1996 una buena parte del accionar de los "escuadrones de la muerte"
estuvo orientada a desarrollar actividades de limpieza social; en algunos casos, principalmente, de
miembros de maras o de reconocidos delincuentes y en otros de víctimas desconocidas abandonadas
en sitios desolados. Una variante respecto al año anterior fue que en el periodo en comento ninguna
agrupación se atribuyó directamente la responsabilidad de las ejecuciones como lo hiciera en su
momento el autodenominado grupo "Sombra Negra". No obstante, los sucesivos hechos muestran
características inequívocas del trabajo efectuado por tales estructuras clandestinas.
Un aspecto particularmente inquietante que, al igual que el año pasado, continuó generando
preocupaciones fue la perpetración de ejecuciones que revelaron la vinculación de la joven Policía
Nacional Civil (PNC) con los "escuadrones de la muerte" o mejor dicho que indicaron la existencia
de "escuadrones de la muerte" al interior de dicho cuerpo policial.
Al respecto, la muerte del señor Mario Arnulfo Morales Eguizabal, ocurrida el 25 de enero del
presente año, constituyó el primero de los indicios en tal sentido. La víctima era jefe de la División de Prevención Delincuencial y jefe de la División de Juntas de
Vecinos del Ministerio de Seguridad Pública, en el departamento de Ahuachapán. Esta última
división era una de las estructuras de reciente creación, muy cuestionada por algunos sectores
sociales, que tenía por objetivo organizar a la población en sus domicilios, para el combate de la
Las investigaciones revelaron la realización de un operativo típico de los "escuadrones de la muerte":
la participación de sujetos fuertemente armados, en este caso cinco; desplazamiento abordo de un
vehículo polarizado; según testigos, color negro, tipo Toyota Célica, placas extranjeras; quienes
introdujeron en forma violenta, a dicho automóvil, al señor Morales Eguizabal. Todo ello llevado
a cabo mediante un trabajo previo de inteligencia y seguimiento hacia la víctima y con la
intervención de asesinos profesionales.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en la playa los Cóbanos, ubicada en el cantón Punta
Remedias, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate. Legalmente se estableció que la causa
de la muerte fue asfixia por sumersión; sin embargo, ello no descarta la participación material de los
sujetos antes descritos, quienes han pretendido hacer creer que la víctima falleció de manera
A través de las investigaciones se logró indagar que semanas antes del asesinato, el señor Morales
Eguizabal, había tenido problemas con ciertos miembros de la Policía Nacional Civil. Según
constatamos, la víctima había denunciado a la PNC el robo de un vehículo asignado a la División
de juntas de Vecinos; sin embargo, más tarde, el señor Morales Eguizabal descubrió que el referido
automotor había sido sustraído por la PNC de Santa Ana. Al poner en descubierto tal situación, el
jefe de la delegación policial se apresuró a convocar a los medios de comunicación y en una
conferencia de prensa hizo el anuncio de que habían descubierto el autorobo de un vehículo
efectuado por el jefe de las juntas de Vecinos. Este suceso, al parecer, fue una de varias
irregularidades descubiertas por la víctima y que sin lugar a dudas están entre las razones que
motivaron su ejecución. De igual manera, el asesinato da fuertes indicios de la participación de
estructuras ilegales al interior de la PNC.
En cuanto a las actividades de limpieza social cometidas por los "escuadrones de la muerte" y
apuntadas al inicio de éste apartado, el día 2 de enero de 1996 se efectuó el hallazgo de una persona
muerta en el interior de unos cañaverales de la Hacienda Copapayo, cantón Tres Ceibas, municipio
de Armenia, departamento de Sonsonante, y quien posteriormente fuera identificado como Ángel
de Jesús Escobar Martínez, un joven jornalero de 19 años. La víctima, al parecer, era integrante de una de las maras existentes en nuestro país. En el sitio del
suceso no se encontraron señales de violencia así como ningún tipo de restos que indicaran que en
el lugar se produjo el asesinato, por lo que se deduce que el joven Escobar Martínez fue ejecutado
en una zona distinta y' tirado en la Hacienda Copapayo. Todos los elementos recabados indicaron
que se trató de un hecho de limpieza social con el fin último de infundir temor en la población. Cinco días después, el 7 de enero, fueron encontrados en una barranca de la Finca Niño de Praga,
ubicada en el caserío Los Recinos, cantón Conacaste, jurisdicción de Coatepeque, departamento de
Santa Ana, dos jóvenes: Helpi Omar Cortez Carranza y Mario Edgardo Ramírez Cortés, de 18 y 20
Ambos cadáveres estaban vendados, con las manos hacia atrás y amarrados de sus dedos pulgares
con un cordel. Uno de ellos tenia un disparo en la cabeza mientras que el otro en el pecho. En el
lugar no se encontraron evidencias del hecho, lo que también hizo suponer que fueron asesinados
en otro sitio y tirados en la barranca de la finca antes mencionada. Las víctimas no tenían participación política alguna ni, aparentemente, participación delincuencial.
Sin embargo, el método utilizado por los victimarios en este asesinato evidenció la participación de
criminales profesionales semejante al ocupado por los escuadrones de la muerte. Este
acontecimiento, al igual que el anterior, pretendieron atemorizar a la población.
En el mes de febrero ocurrió un nuevo hecho de limpieza social perpetrado por dichas estructuras
clandestinas, accionar que cobró la vida de dos víctimas: Juan Carlos Palacios Brizuela, de 19 años;
y Cristian Rosemberg García Andrade, de 18 anos. Ambos fueron hallados en los cañales de la finca
Santa Coralia, ubicada en el kilómetro 27 de la autopista hacia Santa Ana, en el cantón Las Delicias,
jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Los dos eran miembros de la mara
salvatrucha (MS). Sus cuerpos estaban sobre un camino de tierra, con las manos hacia atrás y
amarrados de sus dedos pulgares con una cinta de zapato. Tenían varios impactos de bala en la
espalda, algunos de los cuales dejaron tatuaje de pólvora, lo cual indicó que se les disparó a corta
distancia, al parecer, con la intención de asegurar que estuvieran muertos.
Según se pudo indagar, las víctimas fueron capturadas cerca del lugar donde vivían por un grupo de
sujetos entre los que se encontraban algunos vestidos con uniformes similares a los que utiliza la
En el mes de marzo, 6 fueron las víctimas producto del accionar de los "escuadrones de la muerte".
El primer hecho ocurrió el 1 de marzo, en el cantón San Lorenzo, jurisdicción de Sensuntepeque,
departamento de Cabañas, sitio en donde ocurrió el asesinato de 3 personas, reconocidos
delincuentes de la zona: Fredy Gilberto Amaya Gallegos, de 20 años de edad, jornalero; José Santos
Ayala, de 25 años de edad, soldado; y 3osé Antonio Méndez, de 24 años, quien al igual que el
primero, era jornalero.
Los tres murieron a consecuencia de la explosión de una granada fragmentaria y de lesiones
producidas por armas corto punzantes, ocurridas en el lugar donde, aparentemente, éstos tenían su
guarida, ubicado en un sitio desolado del cantón San Lorenzo. De igual manera, vecinos cercanos
al lugar de la explosión afirmaron que antes y después de ésta escucharon que por la zona se
desp1azaba un vehículo. Tal circunstancia hizo ver que los autores contaban con recursos idóneos
para poder penetrar hasta donde estaban las víctimas y dio fuertes presunciones de que éstos se
hallaban organizados. La forma como se desarrollaron los acontecimientos indicó que fue perpetrado
por sujetos preparados para ese tipo de actos y agrupada en los "escuadrones de la muerte". Posteriormente, el día 9, fueron encontrados los cadáveres de 2 individuos en el caserío Las
Victorias, cantón Amayón, jurisdicción de Panchimalco, departamento de San Salvador. Al momento
de las investigaciones sólo uno de ellos pudo ser identificado, Héctor Jacobo Benítez González, de
17 anos. Ambos murieron a consecuencia de múltiples heridas producidas por armas corto-punzantes. Según se supo Héctor Jacobo había sido miembro de una mara. En ese mes, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador hizo público el testimonio
de la señora Vilma Mabel Quintanilla, ex-sargento de la PNC destacada en la sub-delegación de la
colonia Milagro de la Paz de San Miguel y elemento clave dentro de las investigaciones del grupo
clandestino autodenominado "Sombra Negra". Dicho grupo, ampliamente conocido por sus ejecuciones y amenazas públicas, inició sus operaciones
en el departamento de San Miguel durante el mes de diciembre de 1990, teniendo como base la
colonia Milagro de la Paz, en donde, a su vez, algunos miembros de la PNC colaboraban
abiertamente, brindándoles cobertura y apoyo 1ogístico, para la perpetración de las ejecuciones de
presuntos o reales delincuentes. Tal testimonio reveló y comprobó la organización y funcionamiento de dicha estructura y demostró
el involucramiento de la PNC en los hechos así como de otros funcionarios de importancia en San
Miguel y otros departamentos del país.
En el mes de abril ocurrió uno de los hechos que durante el primer semestre de 1996 conmovió
profundamente a la sociedad salvadoreña y que, sin lugar a dudas, cumplió su cometido de intimidar
a la población. En efecto, durante la noche del 16 de abril, tres jóvenes fueron brutalmente asesinados en el caserío
Agua Caliente, cantón El Platanillo, jurisdicción de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
Las víctimas fueron Jairo Jonathan Hernández Cornejo, de 15 anos; Carlos Wilfredo Hernández
Cornejo, de 18; y José Fidel Córdova, de 16 años. El cadáver de José Fidel Córdova presentaba lesiones en la cabeza producidas, al parecer, por un
hacha. Estaba con las manos hacia atrás y amarrado de sus dedos pulgares con una cinta de zapato.
Los cuerpos de 3airo Jonathan y Carlos Wilfredo Hernández Cornejo, por su parte, pendían de un
árbol, con una soga al cuello, habiendo muerto ambos de asfixia por ahorcamiento. Previo a tan atroces ejecuciones, los hechores llegaron hasta las casas de, al menos, 3 familias; en
donde las registraron minuciosamente e intimidaron a sus ocupantes. Todo el operativo desplegado
fue típico de estructuras como los escuadrones de la muerte e hizo presumir que éstos pretendieron
consumar "ejecuciones ejemplarizantes" que infundieran un profundo temor y sirvieran como
método de control social. Los victimarios eran criminales profesionales, con instrucción militar, quienes demostraron destreza
en sus movimientos y manejo de armas, las que solo fueron utilizadas para conminar a las víctimas
y sus familiares. Durante el mes de mayo, los escuadrones perpetraron 2 hechos que dejaron un total de 4 víctimas. El día 3, Carlos Humberto Cienfuegos, de 18 años; y Wilfredo Colíndres Interiano, de 17,
reconocidos delincuentes, fueron encontrados muertos en una barranca de un basurero municipal
ubicado en el kilómetro 73 de la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán, a la altura del
caserío El Progreso, cantón Cutumay Camones, en el municipio y departamento de Santa Ana.
Según se pudo establecer, ambas víctimas fueron bajados de un bus por 2 sujetos desconocidos.
Además, se constató que al menos Carlos Humberto Granados fue torturado ya que a éste le habían
arrancado el pelo de la cabeza, tenía levantada la piel de las piernas y presentaba quemaduras en el
Más tarde, a finales del mes de mayo, el día 31, fueron encontradas asesinadas 2 personas
desconocidas, del sexo masculino, en el caserío Dos Portones, Cantón Boya de Cercén, Municipio
de Izalco, departamento de Sonsonante.
Los dos estaban adentro de un cafetal, a unos cuantos metros de la carretera que de Sonsonante viene
hacia San Salvador. En e1 lugar no se encontró indicio alguno sobre las ejecuciones, indicando que
tal ilícito fue perpetrado en un sitio diferente y luego transportados hasta el lugar del hallazgo. Las
víctimas presentaban varias lesiones producidas por armas corto-contundente.
Posteriormente, en el mes de junio, fue ejecutado el señor Salvador Portillo López, de 41 años de
edad, en la Finca San Isidro, cantón El Puente, municipio de Quezaltepeque, departamento de La
Libertad. Se pudo establecer que el martes 4 de junio, un grupo de cuatro a cinco sujetos desconocidos, con
sus rostros cubiertos y armados con fusiles, llegaron a la finca San Isidro, sitio en el que se
encontraba la víctima en compañía de un amigo, cuando, repentinamente, éstos irrumpieron
violentamente y sin mediar palabra le dispararon a la víctima, quien murió en el instante. A
continuación, dichos sujetos se llevaron al amigo del ejecutado hacia el interior de unos sembrados
cercanos en donde lo pusieron boca abajo, con las manos hacia atrás y amarrado de sus dedos
pulgares; sin embargo, inexplicable pero afortunadamente no lo ejecutaron. Del conjunto de casos registrados e investigados durante el período en cuestión, en lo que respecta
fundamentalmente a los hechos motivados por fines de limpieza social resaltan algunos aspectos que
deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, la mayor parte de los sucesos han tenido por escenario
el área rural de nuestro país, tal característica denota un interés particular de los "escuadrones de la
muerte" por crear un estado de zozobra, de inseguridad y temor, principalmente, entre la población
campesina de El Salvador, sensación que posteriormente es trasladada al resto de la sociedad
salvadoreña a través del manejo que de las mismas efectúan los medios de comunicación. En principio, estos hechos están generando el desplazamiento de los pobladores desde sus lugares
de origen hasta otros en los que ellos consideran que pueden obtener un poco más de tranquilidad.
Con frecuencia, cuando realizamos nuestras investigaciones, nos encontramos con que los familiares
de las víctimas e incluso algunos de los vecinos o amigos más próximos han optado por abandonar
sus hogares y la región en donde por años se han establecido, por temor a posibles y futuras
represalias en su contra y porque no han hallado en las instituciones estatales una respuesta efectiva
de investigación y castigo a los responsables de los atropellos que con frecuencia padecen.
Sin lugar a dudas, el miedo infundido a través de las ejecuciones conlleva un objetivo de tipo
político: inhibir a la población de cualquier tipo de participación. La participación ciudadana es uno
de los elementos claves e indispensables de una verdadera democracia. De igual forma, no se puede
hablar de goce pleno de los derechos humanos si uno o algunos de sus derechos son coartados; en
este sentido, las acciones y la impunidad de los "escuadrones de la muerte" constituyen uno de los
obstáculos principales para cualquier avance que se pretenda dar en esas líneas. Son varios ya los años desde los que se ha venido exhortando a los gobiernos respectivos para que
adopten acciones oportunas y eficaces que pongan freno a los abusos cometidos por los "grupos
armados ilegales", denominación que las Naciones Unidas le acuñaron a los "escuadrones de la
muerte", no obstante, la voluntad no ha sido férrea y el mal aún no se ha extirpado. Las todavía
permanentes e intactas estructuras de los "escuadrones de la muerte" indican que los esfuerzos
realizados por la Comisión Ad hoc, la Comisión de la Verdad y el Grupo Conjunto para la
Investigación de los Grupos Armados Ilegales, fueron limitados e insuficientes en vista de que sus
resultados no estuvieron acompañados de la voluntad política que hiciera atacarlos frontalmente para
su erradicación. El desaprovechamiento de esos espacios y el continuismo de los atropellos hacen
que estemos ante la posibilidad de un retorno a viejas y detestables prácticas que ponen en riesgo el
efectivo goce de los derechos fundamentales de los y las salvadoreñas, consolidándose cada vez más
La impunidad de los "escuadrones de la muerte" es un mal aún intocable y al cual se le debe atacar
6. Acciones cometidas por agentes del Estado de la
República de Guatemala. Un hecho que obtuvo especial relevancia durante este período fue el asesinato, a manos de efectivos
de la Policía guatemalteca, del señor Jaime Ernesto Centeno --director ejecutivo de la Organización
Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Hombre (CREDHO) e hijo del
diputado suplente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la
Asamblea Legislativa de El Salvador, el señor Humberto Centeno-- ocurrido el día jueves 25 de abril
de 1996 cuando se dirigía, junto con otra persona, a una reunión de 1a Asociación Latinoamericana
de Organismos de Producción (ALOP) que se desarrollaría en la capital de la República de
Guatemala. La tragedia ocurrió cuando ambas personas iban a la altura del kilómetro 35, Villa Canal,
de Guatemala, ubicada sobre la carretera Panamericana que une a Guatemala con nuestro país.
Ambas personas iban a bordo de un pick up Toyota, doble cabina, x 4, Hilux, color rojo vino, año
96, manejado por el señor 3aime Ernesto Centeno, cuando, a eso de las 19:30 horas, después de
haber pasado la ciudad de Barberena, a la altura del 1ugar conocido como "El Chilero", se les acercó
un vehículo tipo pick up Toyota, color gris, vidrios polarizados, placas particulares, con una defensa
cromada en la parte trasera, que llevaba en la cama a dos hombres vestidos de negro y en la cabina,
además del conductor, a otro sujeto que llevaba el vidrio semi abierto. Estos se les pusieron a la par,
los sujetos de la parte trasera les apuntaron con unas pistolas y les gritaron "párense ahí hijos de
puta" pero inmediatamente comenzaron a dispararles. Uno de esos disparos lesionó mortalmente a
Jaime Centeno.
El acompañante de la víctima logró detener el vehículo e inmediatamente se acercaron a él los
atacantes, lo sacaron de la cabina y lo tiraron a la cama del pick up, conduciéndolo a un lugar
desconocido y desolado de donde afortunadamente logró escapar con vida.
Posteriormente, durante la mañana del siguiente día, el amigo de Jaime Centeno pudo acudir a
denunciar lo acontecido a la Policía de Villa Canal, sin embargo, con ello se dio inicio a una serie
de anomalías en las investigaciones; irregularidades tales como la remoción de evidencias en el lugar
del hecho, el desmantelamiento del vehículo en que se conducían las víctimas, el ánimo de obtener
dinero por parte de las autoridades policiales y del Ministerio Público, mediante subterfugios o
engaños, etc., los cuales, en su conjunto, pretendían obstaculizar el conocimiento de la verdad y
mantener impune a sus autores. En dicho caso, se pudo detectar y determinar que los autores eran miembros de la Policía de
Guatemala, circunstancia que agravó su responsabilidad ya que son éstos quienes tienen como
función brindar seguridad a las personas que se encuentren dentro del territorio guatemalteco. En ese
sentido, el Estado de Guatemala tiene responsabilidad en el mismo y está en la obligación de
investigar a profundidad el hecho y sancionar a los infractores.
7. Crisis penitenciaria y violaciones a los derechos
humanos. La crisis penitenciaria es uno de los elementos de la problemática general de la administración de
justicia en El Salvador. Los centros de internamiento son, de alguna manera, la conclusión del
sistema de persecución del delito y del delincuente, es a éstos a donde ilegan las personas a quienes
se les imputa la comisión de un hecho punible tras las acciones llevadas a cabo por la Policía
Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y los
diversos Tribunales diseminados en el país, principalmente. Estas instancias, junto al Ministerio de
Justicia, conforman lo que han denominado "Sector Justicia" y que tienen por responsabilidad la
creación y ejecución de una política criminal de Estado.
En ese sentido, dichas instituciones tienen diversos grados de responsabilidad en las violaciones a
los derechos de la población reclusa que se han venido cometiendo de manera sistemática desde hace
ya varios años, sin que hasta el momento haya existido una respuesta eficaz y oportuna al respecto. Los trágicos sucesos ocurridos el 18 de noviembre de 1993 en el Centro Penal de San Francisco
Qotera, departamento de Morazán, que culminó con la muerte de aproximadamente 28 reclusos,
constituyeron una de las más fuertes llamadas de atención que han habido; no obstante, la situación,
hasta la fecha, permanece casi invariable.
El 21 de enero de 1996, Edwin Valentín Valdez Marconi, de 22 anos, recluso del Centro Penal la
Esperanza, en San Salvador, fue asesinado por otros reos, desconociéndose cuáles fueron los móviles
de su ejecución y la forma como se llevó a cabo. El 25 de enero de 1996, los reclusos del Centro
Penal de Santa Ana iniciaron acciones de protesta con el fin de obtener soluciones a sus problemas.
El hacinamiento, la falta de programas de trabajo al interior del penal, la mala alimentación, la
carencia de educación y asistencia médica y la retardación en la aplicación de justicia, fueron algunas
de las demandas. Para presionar a las autoridades competentes los reos realizaron acciones tales
como: no introducirse a sus celdas en horas de la noche y no permitir el ingreso de nuevos reos,
actividades que fueron calificadas como una "rebelión" por funcionarios del gobierno. En el mes de febrero tuvieron lugar dos amotinamientos. El día 2, alrededor de 200 presos del Centro
Penal de Sensuntepeque, en el departamento de Cabanas, iniciaron una protesta con el fin de
demandar una mejor calidad e higiene en la alimentación y para exigir que no fueran remitidos más
reos a ese lugar debido a la sobrepoblación que padecían. Ese reclusorio fue creado para albergar a
200 internos, sin embargo, a la época de la protesta tenía un poco más de 300. Durante los incidentes
resultó lesionado uno de los reos. El 11 de febrero, los reclusos de Santa Ana, que desde el 25 de enero protestaban, dieron un nuevo
paso en sus actividades iniciando una huelga de hambre en la que originalmente participaron 150
reos y que fue suspendida, luego de 20 días, tras negociaciones entre éstos y algunas instancias
En ese mismo mes, el día 28, otro acto similar tuvo lugar en el Penal de Usulután, en el oriente del
país. El hecho fue provocado por una pelea entre los reclusos que dejó por resultado la destrucción
de varios muebles y lesiones en un reo. Esta cárcel, como la mayoría en nuestro país, tiene en su
interior a un número superior de presos, está capacitada para 100 reos pero en esa fecha contaba con
En el mes de abril, el día 20, otros dos reclusos fueron asesinados en el Centro Penal la Esperanza,
José Alfredo Castellanos Panameño, de 36 años y Raúl de Jesús Corpeño Murcia, de 23 años de
edad. Los responsables fueron otros internos, pero como ocurre en la mayor parte de casos, ningún
reo, por temor a que sus vidas se pongan en riesgo, quiso aportar elementos que condujeran al
esclarecimiento del asesinato. Estos constituyeron los primeros hechos y llamados de alerta que la población reclusa envió durante
el primer semestres de l996; sin embargo, no fueron vistos ni atendidos con la seriedad y prontitud
que ameritaban y en los meses posteriores sucedieron otros incidentes que hacían ver que podía
ocurrir una explosión generalizada en la mayoría de los centros de internamiento. En el mes de junio, el día martes 4, reclusos del Centro Penal de Santa Ana anunciaron, por medio
de una grabación hecha llegar a los estudios del "Noticiero Al Día", en el canal 12, una serie de
medidas que adoptarían en caso de que las autoridades judiciales, legislativas y administrativas no
resolvieran satisfactoriamente las demandas que venían promoviendo, entre esas medidas incluían
huelgas de hambre y 1a denominada "ruleta rusa" o "lotería de la muerte", que, según dijeron,
consistiría en un sorteo a través del cual decidirían la muerte de varios reclusos, quienes tendrían que
irse ahorcando a partir del 18 de junio de este ano. El anuncio estremeció profundamente a la
sociedad salvadoreña y para algunos sectores fue una forma de evidenciar el desprecio por la vida
a que impulsa nuestro sistema carcelario y es que sin lugar a dudas las deplorables condiciones a que
se someten las personas que en ellas se encuentran hacen que éstos vivan situaciones desesperantes
y enfrenten una especie de "muerte en vida", ya que ni material ni espiritualmente tienen asideros
que los impulsen a sobrevivir. Medidas tan radicales como las anunciadas por los reclusos de Santa Ana buscaban principalmente
la solución de los siguientes asuntos: 1. Que se les redujeran las penas a la mitad.
2. Que les agilizaran sus respectivos procesos en vista de que existe un excesivo retraso en la
3. Que se implantara el arresto domiciliario para los reos de la tercera edad.
4. Que se investigara a defensores públicos, fiscales y jueces ya que, según los reclusos, éstos
abandonaban los procesos sin importar la suerte que corrieran los imputados.
De igual manera, para los reos, las autoridades a quienes competía atender la situación habían venido
dejando pasar el tiempo, diluyendo éste en reuniones infructíferas, por lo que les parecía que éstos
no tenían un interés real en solucionar la problemática. Es por eso que las medidas constituían un
nuevo intento por presionar a las instancias competentes a que resolvieran sus planteamientos.
El tiempo transcurrió y la historia se repitió: no hubo respuesta. Dieron marcha a la huelga de
hambre y el día 26 de junio 25 reclusos tuvieron que ser trasladados hacia el Hospital San Juan de
Dios en un estado crítico de deshidratación. Al día siguiente, el 27, 8 más fueron remitidos en
similares circunstancias. Al respecto de la "lotería de la muerte", en días anteriores los reos habían
sorteado entre todos los reclusos a cuatro personas que serían ejecutadas, éstos fueron confesados
el día martes 25 de junio, pero luego, en vista de negociaciones, la ejecución fue atrasada por 15 días.
En este mismo mes, junio, dos reos fueron asesinados y dos más resultaron lesionados en el Centro
Penal La Esperanza. El primer hecho tuvo lugar el 4 de junio, en ese día, a eso de las 17:45 horas,
fue asesinado, por otros reclusos, el reo Edward Antonio Elías Menéndez, de 28 años de edad. Cinco
días más tarde, el 9 de junio, otro reo fue asesinado, José Noé Hernández Moz, de 29 años, y dos más
lesionados, Manuel de 3esús Cardona Reyes, de 26 años, y David Rigoberto Argueta Osorio, luego
de una riña protagonizada en un lugar cercano a los talleres del centro penal. En este último
acontecimiento las autoridades penitenciarias lograron identificar a varios de los que participaron
Toda esa cadena de hechos puso al descubierto una clara negligencia de parte del Estado salvadoreño
quien ha venido infringiendo flagrantemente la disposición constitucional que le ordena velar por
la organización de los centros penitenciarios a efecto de corregir a los delincuentes, educarlos y
formales hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.
Cómo es posible readaptar a los delincuentes cuando no existe separación entre reos procesados y
condenados? cómo es posible hacerlo si no existen en los penales programas de trabajo y de
educación adecuados? cómo es posible cuando no se cumplen los términos establecidos por la ley
y cientos de reos tienen que pasar a veces mucho más tiempo procesados que lo que les
correspondería cumplir por el delito que cometieron? cómo es posible corregirlos cuando no hay
condiciones higiénicas, alimenticias y de salud que promueva un estado físico y mental propicio para
un cambio actitudinal? cómo es posible cuando existe un alto grado de hacinamiento?
Sin lugar a equívocos todos esos elementos constituyen atentados contra la dignidad de las personas
y evidentes violaciones a 1os derechos fundamentales de los reclusos. Los aplicadores de la justicia
y los responsables del mantenimiento y atención de los centros penales han perdido de vista que
quienes se encuentran en sus celdas y recintos son seres humanos, han perdido totalmente la visión
del hombre y sus necesidades, convirtiendo a los mismos en un burdo sistema de tratos crueles,
La crisis penitenciaria es, al mismo tiempo, una muestra del incumplimiento estatal de sus
obligaciones jurídicas internacionales. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece, en su artículo 10, que toda persona privada de libertad debe ser tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; agrega que tanto los
reos procesados y condenados como los menores y adultos deben estar con tratamientos adecuados
a su condición; y, finalmente, consigna que el régimen penitenciario debe buscar reformar y
readaptar a los delincuentes.
En ese mismo sentido, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en el ano de 1957,
establecen, con mayor precisión, un conjunto de principios y reglas que los Estados deben aplicar
para obtener una buena organización penitenciaria y mejorar el tratamiento hacia la población que
en ellos se alberga. Dicho instrumento, en sus observaciones preliminares, reconoce que en todo el
mundo existe una gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas que
impiden que las reglas puedan aplicarse de manera homogénea; sin embargo, demanda a los
gobiernos que realicen esfuerzos constantes para vencer las dificultades prácticas que se oponen a
su aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las
Hasta el momento, no se han observado mayores esfuerzos para resolver las necesidades más
apremiantes de la población reclusa. Han existido avances importantes pero inconclusos en otros
órdenes, ya que si bien es cierto están elaborados los proyectos de Códigos Penal y Procesal Penal
y de Ley Penitenciaria, éstos aún no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, quien, por el
contrario, en el mes de junio propuso reformar la Constitución en un sentido opuesto al de los
proyectos de ley mencionados ya que tal reforma incluye la modificación del artículo 12 en el sentido
de dar validez como prueba a la declaración o confesión extrajudicial. Tal reforma para que entre
en vigencia deberá ser aprobada por la siguiente legislatura en 1997.
Uno de los principales argumentos de la mayor parte de legisladores es que el país todavía no está
preparado para implementar los sistemas penales, procedimentales y penitenciarios propuestos y que,
además, existe el peligro de dejar en 1ibertad a un sin número de delincuentes. No obstante, es
conveniente recordar que el actual sistema ha sido incapaz de frenar la delincuencia y ha sido el
responsable de sobre poblar las cárceles, situación que ha permitido repetidas transgresiones; en ese
sentido, cuál es el temor para no aprobar las reformas. La indiferencia de los funcionarios parecería
indicar que a éstos no les importa que las cárceles se abarroten y se violen permanentemente los
derechos de quienes ingresan a ellas. Cuánto tiempo más se tendrá que esperar para que se adopten
alternativas? hasta cuándo es que vamos a estar preparados para transformar los viejos e inhumanos
8. Irrespeto a los derechos fundamentales de los y las
trabajadoras en las empresas maquiladoras.
Hoy en día, en El Salvador, las empresas maquiladoras son una de las principales fuentes
generadoras de empleo. No cabe duda que el aporte que en ese rubro dan es importantísimo ya que
utilizan a una buena parte del mercado laboral cesante, colaborando, con ello, a la reducción del
desempleo y llevando ingresos a muchas economías familiares. Sin embargo, el beneficio descrito
es relativo y se ha visto opacado grandemente porque en la práctica se ha comprobado que las
empresas maquiladoras violan flagrante y sistemáticamente los derechos humanos de los y las
En toda esta problemática resulta paradójico que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, se ha convertido en el principal defensor y cómplice de los intereses y
arbitrariedades patronales, olvidándose de los fines que le han sido encomendados. Al respecto, la
ley orgánica del Ministerio de Trabajo, en su artículo l, señala que compete a dicha Institución, entre
otras cosas, vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo y previsión social. Tal parece que esa
función ha sido incumplida de forma deliberada. No tenemos conocimiento, por lo menos en el caso
de las maquilas, de que los inspectores de dicho Ministerio se aboquen periódicamente a los diversos
centros a constatar el cumplimiento de las condiciones trabajo y de los derechos laborales, para
obligar así, a los responsables, a que enmienden las desviaciones en que han incurrido. Si no hay
vigilancia oportuna y permanente existe un terreno fértil para las injusticias. Y es que la instalación de las maquilas en los países se inserta en un problema mucho más complejo
que está acarreando una multiplicidad de efectos. El proceso de globalización obliga a que los
Estados rompan las barreras legales con el fin de atraer las inversiones extranjeras; las compañías
internacionales se desplazan por ese mundo globalizado buscando a aquéllos Estados que les
representan las mejores condiciones: mano de obra barata y lugares cercanos a la obtención de
materias primas, con lo que consigue reducir sus costos de producción. Esto ha hecho,
lamentablemente, que entre los Estados subdesarrollados exista una suerte de competencia de cuál
de ellos es el que posee la mano de obra más barata. Entonces, el beneficio generado por las
maquilas se convierte en un beneficio relativo porque a qué costo se produce. Se da empleo a cambio
de salarios miserables que no le permiten a los y las obreras cubrir sus necesidades básicas ni las de
sus grupos familiares.
A los bajos salarios se le suma otra cadena de irregulares: deficientes condiciones de trabajo y malos
tratos; que en su conjunto generan protestas y demandas, justas, por parte de los trabajadores. Sin embargo, la 1ibre movilización de la producción y dei capital, piezas claves de la globalización,
permiten que dichas empresas, al verse presionados a invertir en su "capital" humano, prefieran
emigrar hacia Estados con menos niveles de protesta y conflictividad, dejando, en no pocos casos,
a sus empleados, sin el pago de salarios y de las correspondientes indemnizaciones.
Los problemas de las maquilas y en general de las inversiones extranjeras plantea nuevos desafíos
para los Estados. Se requiere de éstos una actitud inclaudicable frente a las acciones que representen
una violación a los derechos de sus nacionales, actitud que no se ha visto reflejada en el actual
En el presente período, 4 fueron los casos que se investigaron y en todos ellos se logró establecer
diversas violaciones a los derechos y condiciones laborales.
En el mes de febrero, el día 10, la empresa maquiladora "Samour Bahaia S.A. de C.V.", instalada
en la colonia Santa Lucía, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, despidió en forma
injustificada a 25 de sus trabajadoras, entre ellas a todas las miembras de la junta directiva del
sindicato de la empresa. Según la patronal, ésta despidió a las trabajadoras por no tener la materia
prima necesaria para realizar con normalidad sus operaciones; sin embargo, se constató que el
objetivo de la medida era desarticular el movimiento sindical de las trabajadoras en vista de que
éstas, una semana antes, habían denunciado públicamente, el despido. Desde hacia aproximadamente
un año, de 60 trabajadoras, sin que a la fecha de la protesta les hubieren otorgado su correspondiente
indemnización. De igual forma, dieron a conocer que pese a que les era descontada su cuota del
seguro social no tenían acceso a los servicios médico hospitalarios de dicha institución en vista de
que la patronal no efectuaba el aporte monetario que le correspondía. También se conoció del
incumplimiento en el pago de horas extras; de la violación al derecho a la incapacidad pre y post
natal; de la inexistencia del derecho a vacaciones de acuerdo a la ley y de la falta de condiciones
adecuadas. En el mes de marzo, el día 7, la empresa "Regal Brand Manufacturing Corporation S.A. de C.V.",
instalada en la zona franca El Pedregal en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz,
despidió a cerca de 150 trabajadoras, incluyendo a 10 miembros de la directiva del Sindicato de la
Industria Textil de El Salvador (SITES) de dicha compañía, aduciendo falta de materia prima. Sin
lugar a dudas, al igual que en el caso anterior, tras los despidos existió una clara intención de impedir
la vida del sindicado, vulnerando de esa manera el derecho a la libertad de asociación y
sindicalización. Tras los despidos, las trabajadoras iniciaron, de hecho, una huelga, en donde además
del reinstalo pidieron la solución a diversos problemas que cotidianamente vivían en la fábrica,
principalmente, relacionados con aspectos de higiene y salubridad.
Estos dos hechos comenzaron a hacer ver que los empresarios están utilizando la estrategia de cerrar
las fábricas o despedir empleados por incosteabilidad o por quiebra como medio para poner freno
a la constitución y organización de sindicatos. Con tal actitud se está violentando el derecho que todo
trabajador tiene de formar sindicatos y asociarse a ellos libremente. Esta situación debe ser objeto
de un detenido estudio por parte del Ministerio de Trabajo quien debe convertirse en un verdadero
fiscalizador y no únicamente en una obsoleta oficina pública en donde se protege a las empresas que
violan los derechos laborales. Posteriormente, en el mes de abril, trabajadoras de las empresas "Koel S.A." y "Knir's S.A.",
ubicadas en San Salvador, fueron denunciadas por diversas anomalías, tales como el incumplimiento
en el pago de horas extras, vacaciones y aguinaldo; por dificultades para recibir atención médica en
vista de que no se les entregaba su certificado del Seguro Social y por la suspensión de al menos 100
de sus trabajadoras. 9. El derecho a la vivienda y los desalojos forzados.
El derecho a una vivienda digna es, como lo reconocen varios instrumentos de derechos humanos,
un elemento primordial para el desarrollo integral de la persona humana. Este derecho humano
fundamental debe ir acompañado de un conjunto de condiciones que le permitan al hombre gozar
de una existencia digna. En este sentido, no es suficiente sólo contar con un techo donde vivir sino
también que ese lugar posea agua, luz, ventilación, condiciones sanitarias adecuadas, etc. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ECOSOC), en
su artículo 11, establece la vinculación estrecha que existe entre el derecho a la vivienda y otros
derechos fundamentales, al señalar que toda persona debe poder acceder "a un nivel de vida
continua de las condiciones de existencia". Ese reconocimiento obliga a los Estados a que pongan
los medios y adopten las medidas pertinentes para asegurarle a su población el disfrute de ese
En El Salvador, la pobreza generalizada de la inmensa mayoría de la población hace que éstos vean
insatisfechas casi todas sus necesidades elementales, incluyendo el acceso a una vivienda digna, en
donde concurren dos problemas: en primer lugar, que un sin número de familias se han visto en la
obligación de asentarse y levantar sus viviendas en terrenos y propiedades ajenos y, en segundo
término, que las viviendas de éste tipo de personas e incluso las de aquéllos que viven en terrenos
propios no reúnen las características mínimas para considerarlas dignas o al menos adeudadas. La
aflicción de sus ocupantes, en el primero de los casos, es doble, ya que además del temor inminente
a ser desalojados, viven las consecuencias que las condiciones impropias de las viviendas van
dejando en los miembros del grupo familiar. Existe una confrontación latente entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, el cual
ha sido concebido y promovido como un derecho absoluto que en la práctica sirve para justificar y
autorizar la práctica de los desalojos forzados. La histórica concentración de la tierra y de los medios
de producción en pocas manos ha ido dejando, año tras año, sus huellas y aún permanece abierta la
brecha hasta ahora insoslayable de los pocos que tienen mucho y de los muchos que tienen nada o
casi nada. En ese sentido es necesario que el ejercicio de la propiedad privada no continúe facilitando
esa injusta condición. Al respecto, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre
el derecho a una vivienda adecuada ha dicho que es inadmisible una utilización sin restricciones de
Durante el período analizado se investigaron 3 desalojos forzados y 2 intentos más, ocurridos en
El día 28 de marzo de 1996 se llevó a cabo el primero de los desalojos, ocurrido en el municipio de
Juayúa, departamento de Sonsonate. En dicho lugar, miembros de la Sociedad Cooperativa de
Cafetaleros de San José La Majada de Responsabilidad Limitada, amparados en una resolución
emitida a su favor por un tribunal competente, llegaron hasta el terreno de su propiedad y ocupado
desde hacia 60 anos por la familia Teban, miembra de la Asociación Nacional de Indígenas
Salvadoreños (ANIS), y demolieron una de las casas que éstos habían construido ahí. Dicha situación
ha sido preocupante, ya que los miembros de la Asociación Cooperativa de Cafetaleros actuaron
arbitrariamente, sin la presencia del Juez y sin mostrar orden alguna de desalojo, cometiendo graves
danos en la casa de habitación y a los objetos propiedad de la familia Teban. Fue hasta horas después
que se presentaron al lugar las autoridades judiciales con el objeto de proceder al desalojo. El segundo de los desalojos fue el realizado contra la comunidad Nuevo Amanecer, ubicada en San
Bartolo, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, el día miércoles 10 de abril de 1996.
En este desalojo, además del desamparo en que quedaron alrededor de 156 familias, fue patética la
forma como efectivos de la Policía Nacional Civil procedieron, violentamente, a retirar a sus
En el día antes indicado, unos 250 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía
Nacional Civil acordonaron la comunidad Nuevo Amanecer. Antes de proceder al desalojo, tanto
la policía como el Juez que lo ordenó, les pidieron, por última vez, a los miembros de la comunidad
que desalojaran el terreno usurpado; sin embargo, ninguno de los residentes aceptó tal petición. En
vista de la negativa, agentes de la PNC lanzaron gases lacrimógenos y propinaron patadas y
garrotazos a los ocupantes para obligarlos a salir del lugar. En todo el operativo se pudo constatar
un uso desproporcionado de la fuerza y quedó evidenciado que los habitantes fueron sacados sin que
las autoridades tuvieran una propuesta de reubicación.
Las 156 familias afectadas sumaban un total de 780 personas, entre ancianos, adultos y niños,
quienes luego del desalojo quedaron en el más absoluto de los desamparos. La mayor parte de ellos
improvisaron algunas charnpas con plásticos y cartones en una zona verde ubicada en una colonia
cercana. Sin embargo, el cuadro que estos mostraban era verdaderamente inhumano. En este sentido,
con certeza se puede asegurar que la practica de los desalojos forzosos constituye uno de los
principales obstáculos para el disfrute del derecho a la vivienda y hace que los afectados se sumerjan
cada vez más en condiciones de vida inadecuadas generando en ellos un mayor empobrecimiento
individual y social. En el mes de junio, el día 0, autoridades judiciales, acompañados de agentes de la PNC, hicieron
efectivo el desalojo de otra persona, una señora, que habitaba en un pequeño terreno de la
Cooperativa Cafetalera San José la Majada. En ese mismo mes, se conoció la intención de la Alcaldía Municipal de Nueva San Salvador, en el
departamento de La Libertad, de desalojar a 307 familias de la comunidad Dueñas, quienes ocupaban
un terreno municipal que había sido donado en 1961 para la construcción de un mercado municipal
y también se investigó otro caso en donde el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
(ISTA) realizaba diversas acciones para desalojar a miembros de la comunidades Monseñor Arturo
Rivera Damas, conocida como El Playón y Milagro de la Roca, en el cantón Chinmico, jurisdicción
de San Juan Opico, departamento de la Libertad. Los casos antes expuestos forman parte de la crisis y problema habitacional que afronta El Salvador.
Hasta el momento ningún gobierno ha tomado acciones permanentes y globales para darle solución,
evidenciando que el Estado en su conjunto se ha ido alejando de los fines para los cuales ha sido
creado: la consecución del bien común.
Como ya se dijo, el derecho a la vivienda es un derecho humano y, por lo tanto, los Estados están
en la obligación de poner freno inmediato a cualquier práctica que implique su violación, entre ellas,
la del desalojo forzado. La utilización de desalojos forzados no ofrece ninguna alternativa a los
desalojados, hace que éstos o vuelvan al lugar del cual fueron retirados o propicia que usurpen un
nuevo terreno, generándose así un ciclo inacabable. La implementación de esa medida empobrece
más a los afectados y las lleva a peores condiciones de vida. Por todo lo anterior, es imperativo que
los gobiernos adopten medidas oportunas para solventar dicha realidad social.
10. Conclusiones. El presente año, 1996, es un año preelectoral. Durante los primeros meses de 1997 se celebrarán
los comicios para elegir a los miembros de la Honorable Asamblea Legislativa y para determinar
a las distintas personas que estarán al frente de todas las alcaldías de nuestro país. La proximidad de este evento electoral explica parte de las numerosas violaciones a los derechos
humanos cometidas contra la población salvadoreña, pero la razón de tales infracciones no se agota
sólo en la cercanía de tan importante acontecimiento, las variadas formas de violación registradas
apuntan a que éstas tienen un objetivo mucho más amplio, inhibir la participación de la población
en los diversos órdenes de la vida social. El temor promovido con el accionar de los escuadrones de la muerte es una llamada constante para
no organizarse, para no defenderse contra las violaciones que se cometen, para guardar silencio;
los escuadrones de la muerte son un vivo y constante ejemplo de que el pasado sigue presente, de
que no ha sido posible superarlo en su totalidad, principalmente porque permanece viva una de sus
más importantes fuentes: la impunidad. La falta de investigación y castigo de los violadores de los derechos humanos, del pasado y del
presente, ha permitido que grupos de personas en desacuerdo con la democratización del país y con
la construcción de un Estado basado y regido por la ley sigan atentando contra los esfuerzos que
se hacen en esa línea y permiten que éstas sigan minando las aspiraciones por edificar instituciones
capaces de combatir a quienes infringen la ley, tal como está ocurriendo con la Policía Nacional
Civil, en donde se advierte un creciente y peligroso proceso de desnaturalización que se ve
agravado con los constantes abusos de fuerza que cometen sus miembros.
A lo anterior se suman los otros acontecimientos igualmente importantes: la crisis penitenciaria,
los desalojos forzados, las violaciones a los derechos laborales; las cuales, en su conjunto, siguen
demostrando que el Estado salvadoreño ha sido incapaz de enfrentar los graves problemas sociales
que éstos suponen.
En síntesis, aún hace falta mucho por hacer, el Estado salvadoreño tiene el enorme reto de
comenzar a adoptar medidas firmes, en los diversos ámbitos, que le den la posibilidad a la
población de tener una vida más digna y segura. Editado electrónicamente en Madrid, el 2 de febrero de 1997, por el Equipo Nizkor, habiendo
corrido a cargo de la Asociación
Paz con Dignidad (Madrid), la digitalización del documento y a la Asociación sobre el Tercer Mundo (Las Palmas de Gran
Canaria - Islas Canarias) el haber contactado con los organismos Salvadoreños que enviaron los documentos.

References: artículo 1
 artículo 27
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 11
 resolución