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Timestamp: 2020-04-01 16:30:22+00:00

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Publicado el 27/11/2015 por surdh
Caracas, 24 de noviembre de 2015.
Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la República Argentina, las y los firmantes, integrantes de la Red Alternativa de Derechos Humanos de Venezuela, nos pronunciamos en los siguientes términos:
La reciente elección presidencial en la República Argentina, ha marcado un giro drástico en la tendencia política que gobernará aquél país sudamericano durante los próximos cuatro años. La opción que ha resultado favorecida en una ajustada victoria electoral, se ha caracterizado durante su campaña por un manifiesto discurso anti derechos humanos, descalificando las luchas que múltiples agrupaciones de víctimas del terrorismo de Estado han desarrollado durante las últimas décadas, en busca de verdad, justicia y reparación; así como desmeritando los avances que en materia de políticas sociales y de inclusión han desarrollado las tres gestiones gubernamentales que le precedieron (políticas sociales que la agrupación partidista hoy electa nunca apoyó ni acompañó en el espacio legislativo donde se aprobaron).
En esa línea, se ha inscrito el deplorable editorial publicado por el diario argentino La Nación (diario que apoyó contundentemente la campaña del candidato ganador), la cual el día 23 de noviembre (es decir, a horas de ocurrido el proceso electoral) se ha despachado con un texto titulado “No más venganza”, en el cual se reivindican las prácticas de vulneración masiva de derechos humanos cometidas por la última dictadura militar, la doctrina de seguridad nacional, la tesis fallida y manipuladora de “los dos demonios” y una apología de la impunidad que supera todos los límites imaginables. Consideramos desde SurDH que estas expresiones mediáticas y el enfoque que ha manifestado el candidato electo en materia de derechos humanos, constituyen una ofensa incalificable contra la memoria del pueblo argentino, contra las víctimas directas y sus familiares, y contra todos aquellos que luchan por evitar que se vuelvan a repetir en la historia dichas prácticas de terrorismo de Estado y de exclusión de las grandes mayorías populares.
Tuvieron que transcurrir prácticamente 30 años para lograr que los procesos de verdad y Justicia pudieran avanzar, luego de las múltiples estrategias aplicadas por gobiernos anteriores a la etapa del kirchnerismo, que buscaron generar máxima impunidad, a través de las Leyes de Obediencia Debida y Punto final.
Hasta ahora ha habido 522 condenados y 57 absueltos, además de 250 sobreseídos o con falta de mérito en la instrucción de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Esta proporción indica claramente que no se trata de tribunales populares que ejercen “la venganza”, como ligeramente califica el diario La Nación, sino de procesos judiciales regulares, con garantías de respeto al debido proceso y el derecho de defensa.
Desde SurDH, hacemos propias las recientes palabras del luchador social y Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al decir: El Nunca Más, significa que nunca más vuelva la impunidad, ni quienes quieren retroceder en los avances de Verdad y Justicia de nuestro pueblo. Y le decimos que no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. (…) los que siempre luchamos por los derechos humanos vamos a seguir defendiéndolos siempre junto al pueblo y frente a cualquier gobierno”.
Desde SurDH nos solidarizamos con el Pueblo argentino en esta hora trágica y difícil de su historia, que es en definitiva la historia de todo un continente. Sumamos nuestras voces con las de quienes continúan las luchas por construir una Argentina y una América Latina que no excluya a nadie; y ratificamos el compromiso con la Patria Grande y la integración por la que han dado la vida miles de compatriotas argentinos y latinoamericanos.
Suscriben por SURDH o adhieren:
Pablo Fernández Blanco
María Lucrecia Hernández
Alejandra Guédez Orbegozo
Antonio González Plessmann
María Paula Herrero
Cristóbal Cornieles
Soraya El Achkar Gousoub
Zharah Rengifo
Martha Lía Grajales Pineda
Gregorio Pérez Almeida
Iván González
Luis Díaz
Publicado el 20/04/2015 por surdh
Caracas, 20 de abril de 2015
Comunicado SurDH
Los Consejos Comunitarios de Agua, son expresiones del autogobierno popular, surgidas en el marco de la Revolución Bolivariana e incorporadas en el Objetivo 3.4.1.4 del Plan de la Patria. Estos consejos, defienden la visión del agua como un derecho humano, en correspondencia con lo señalado en la Observación General Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y el legado del comandante Chávez, quien señaló que: “…El agua es un derecho humano que no puede ser privado; eso es propiedad social, de todos y en Venezuela el Estado se pone al frente y le responde al pueblo” (“Aló, Presidente” Nº 325).
Equipo Promotor SurDH
Publicado el 13/03/2015 por surdh
Nosotras y nosotros, activistas de SurDH, Red Alternativa de Derechos Humanos, expresamos nuestra enérgica condena a las sanciones del Gobierno de los EEUU contra nuestro país, que implican una declaratoria de la situación Venezolana como “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”. Esta medida, a todas luces constituye una acción sin fundamento y una clara violación al derecho a la autodeterminación de los pueblos contemplado en la DUDH y en los diferentes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.
Para SurDH, tal como señalamos el 16.06.14, resulta evidente que, más que un legítimo interés por los derechos humanos (cientos de ejemplos pueden demostrar su insolvencia en la materia), la política exterior de EEUU apunta a sobrevisibilizar violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Venezuela para criminalizar al Gobierno Bolivariano y legitimar una intervención directa o radicalizar su intervención indirecta (promoviendo insurrecciones, conspiraciones e inestabilidad).
Es también muy evidente que esto ocurre porque el camino, nacional, popular y socialista, por el que ha optado la mayoría de la población venezolana es contrario a los intereses modélicos de las corporaciones y las élites de EEUU, lo que se agrava por contar Venezuela con las reservas de petróleo más importantes del mundo.
Los EEUU carecen de moral para cuestionar la situación de los DDHH en Venezuela o cualquier otro lugar del mundo. Ese país es el primero en irrespetar los DDHH tanto de sus nacionales como de los nacionales de otros países del mundo; no ha suscrito los principales instrumentos internacionales de protección de los DDHH, pero en nombre de ellos ha mantenido una política belicista e injerencista contra todos aquellos países que deciden luchar contra las políticas imperiales que ahogan a sus pueblos.
En consecuencia, las personas y colectivos articulados en “SurDH”:
1. Exigimos a los poderes públicos de los EEUU que se abstengan de seguir vulnerando el derecho humano a la autodeterminación del pueblo venezolano y los llamamos a aceptar la propuesta de un diálogo bilateral franco y directo, para resolver las diferencias entre ambos Estados.
2. Repudiamos, en particular, la injerencia de EEUU en el sistema de justicia de nuestro país, al sancionar a una fiscal del Ministerio Público que investiga casos de asesinatos contra ciudadanos venezolanos, cuya impunidad propiciaría un aumento de la violencia en nuestro país.
3. Solicitamos a las organizaciones sociales, intelectuales y activistas que hacen vida en EEUU que intervengan ante sus poderes públicos para exigirles respeten el derecho internacional de los derechos humanos y la voluntad mayoritaria expresada, en repetidas ocasiones, por el pueblo venezolano, de construir un modelo de sociedad democrática alternativa al capitalismo.
4. Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos de Venezuela y del mundo que se pronuncien en contra de esta declaración del Gobierno de Estados Unidos, claramente violatoria a los derechos humanos.
5. Alertamos a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo sobre las nefastas consecuencias que medidas como éstas han tenido para la paz y la estabilidad en otros países y regiones del mundo y pedimos su solidaridad para detener esta agresión de forma inmediata y decidida.
6. Agradecemos la solidaridad de los Estados y los pueblos articulados en la Celac y la Unasur, que se han pronunciado para acompañar al pueblo venezolano en el reclamo y reivindicación de su derecho humano a la autodeterminación.
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SurDH ante la muerte de Kluibert Roa
Publicado el 01/03/2015 por surdh
Venezuela. Ante la muerte de Kluibert Roa
Urge garantizar el uso progresivo y diferenciado de la fuerza
Nosotras y nosotros, activistas de SurDH, Red alternativa de Derechos Humanos, expresamos nuestra más enérgica condena ante la muerte de Kluibert Roa (14 años), estudiante del liceo “Agustín Codazzi”, del estado Táchira.
Según las primeras informaciones, el estudiante se encontraba en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), donde hoy se produjeron manifestaciones que se tornaron violentas. De acuerdo con la información oficial, Roa falleció a causa de un disparo efectuado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Durante la tarde se informó sobre la detención del presunto responsable, el funcionario Javier Mora Ortiz, quien sería imputado en las próximas horas.
La responsabilidad de un funcionario policial en esta muerte es inaceptable y contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por nuestro Estado. Más aún, acciones como ésta entran en abierta contradicción con la ética de la función policial que promueve la Revolución Bolivariana desde el modelo de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, consolidado como mecanismo de garantía de los derechos humanos en la misma Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (art. 12, 15, 34, 65, 68, 69, 70 y 71). [1]
Desde SurDH nos solidarizamos con los familiares de Kluibert Roa, al tiempo que hacemos un llamado a la población a respetar el dolor de los deudos y no utilizar este lamentable hecho con fines proselitistas o para justificar nuevos hechos de violencia.
Igualmente, instamos una vez más a las autoridades policiales a garantizar la aplicación del modelo de uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de todas y todos sus funcionarios en labores de control de orden público, lo que equivale a cumplir con su misión de proteger la vida y los derechos humanos de la población, tal como lo establece nuestra Carta Magna.
Ante esta muerte que hoy enluta el corazón de todas y todos, sólo cabe exigir la más expedita justicia. En tal sentido, valoramos positivamente el rechazo de este hecho por parte de las autoridades gubernamentales, la celeridad en la identificación y detención del presunto responsable, así como en el inicio del proceso penal correspondiente. Esperamos que las autoridades públicas continúen informando sobre la marcha del proceso iniciado el mismo día de hoy, en aras de castigar a los responsables y evitar la impunidad.
Ana Graciela Barrios Antonio González Plessmann Cristóbal Cornieles
María Paula Herrero Alejandra Guedez
1 También en la Resolución del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz sobre Normas y Principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los Funcionarios y Funcionarias de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Político Territoriales; y la Resolución sobre Normas sobre la Actuación de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Político Territoriales para Garantizar el Orden Público, la Paz Social y la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Sobre la Resolución No 8610 y el control de orden público en manifestaciones
Publicado el 02/02/2015 por surdh
1. Saludamos como positivo que sea pruebe en el marco de las normas que rigen la actuación del componente militar, una serie de principios que regulen su actuación en materia de orden público desde la perspectiva establecida en los acuerdos internacionales de derechos humanos y con una visión democrática para el control del orden interno. El articulado de la norma in comento cumple con los extremos definidos en la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo referido al ejercicio del derecho a la manifestación y del papel que debe jugar el Estado en el control de manifestaciones que no cumplan con su característica fundamental para entenderse como ejercicio de derecho: ser pacíficas y sin armas. En ese sentido es importante recordar que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al definir el derecho a manifestar en su artículo 68, deja igualmente clara que la condición de toda manifestación o reunión para ser considerada como ejercicio de un derecho democrático es que sea pacífica y sin armas.
2. La Resolución en sus artículos 14 y 17 deja taxativamente definido que la intervención de los componentes militares en materia de orden público solo procederá cuando se vea rebasada la actuación de los órganos de seguridad ciudadana de carácter civil y en plena coordinación con el órgano rector de la seguridad ciudadana. En este sentido, la resolución reafirma la competencia preponderante de los organismos civiles de control de orden público y diferencia funciones, entendiéndose que la actuación militar será requerida cuando esas situaciones de control de orden público desbordadas pongan en riesgo el mantenimiento del orden interno de la Nación.
3. Destacamos positivamente que el modelo de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, nacido desde la reforma policial y consolidado como mecanismo de garantía de los derechos humanos en la actuación policial, haya sido asumido expresamente desde el ámbito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generando una necesaria sincronía en el proceder de sus funcionarios y funcionarias, apegados a principios y criterios universalmente reconocidos en materia de derechos humanos. Así mismo, deseamos destacar que su publicación en la Gaceta Oficial constituye un importante avance democrático, que contribuye a la transparencia de la actuación militar y favorece el ejercicio de la contraloría social.
4. Respecto al empleo de armas de fuego establecido en la Resolución (tema que ha generado una extensa polémica), es de destacar la prohibición expresa de portarlas en el control de reuniones públicas y manifestaciones, tal como lo expresa el numeral 9 del artículo 15, en consonancia con el artículo 68 de la CRBV. No obstante, dicho enunciado hace la legítima salvedad que en aplicación a los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza (previstos en la propia resolución en su capítulo IV) se requiera de las mismas para repeler acciones de violencia mortal. En este sentido, es necesario recordar los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Dichos principios, que nos permitimos citar aquí, establecen lo siguiente:
“Disposiciones especiales
9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida (…)
14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9. (1)
5. Observamos que el ámbito de aplicación de la Resolución abarca a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estableciendo pautas generales de actuación en el matenimiento del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Se trata de una norma jurídica que regulas las funciones que el artículo 328 de nuestra Constitución atribuye a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en materia de coorperación en el mantenimiento del orden internoy que su artículo 329 prevé como una función básica de la Guardía Nacional Bolivariana. Sin embargo, la Resolución no prevé con precisión cómo y cuándo deben actuar cada uno de los componentes. Por ello, estimamos necesario que esta materia sea objeto de una regulación posterior que establezca normas claras sobre la misma.
6. Exhortamos a las FANB a acatar plenamente la Resolución y sus disposiciones transitorias, asegurando la formación de sus funcionarios y funcionarias en relación con los principios y normas contenidos en esta resolución de manera de asegurar su adecuada comprensión y aplicación, contribuyendo con ello a consolidar una política nacional de seguridad ciudadana, basada en el pleno respeto a los derechos humanos, tal como la que fue iniciada con la Reforma Policial desde 2006 a la fecha.
7. Dado que se trata de un instrumento garantista, favorable a los derechos humanos, ajustado a los mejores estándares internacionales en la materia y que bebe del proceso democrático de reforma policial venezolana, a SurDH le sorprende la conmoción que ocasionó la Resolución en la oposición política, en medios privados (nacionales e internacionales) y en algunas ONG alineadas con la oposición, que la denunciaron de manera virulenta como un instrumento de represión, contrario a derechos. En particular, resulta escandaloso que organizaciones de DDHH que se presentan a sí mismas como de un alto perfil técnico, se sumen a una estrategia burda, carente de todo fundamento. Uno de los directivos de lo que antaño fue una importante ONG de DDHH señaló: “Estamos analizando el texto de la resolución. Lo que podemos adelantar por ahora es que el Ejecutivo está creando las condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos humanos en el país. Con este instrumento, todos los efectivos tienen órdenes de para actuar de una determinada manera para violar los derechos humanos”. Es decir, antes de analizar el instrumento, ya sentaba posición, denunciándolo como parte de una política de “violación masiva y sistemática de los DDHH“.
8. SurDH llama al debate ponderado sobre el contenido de la resolución, abandonando la virulencia y la instrumentalización del discurso de los derechos humanos, con el fin de dotar al país de instrumentos garantistas en beneficio de toda la población.
Antonio González Plessman
Lucrecia Hernández
1 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
Comunicado de SurDH sobre la detención de David Díaz
Publicado el 12/12/2014 por surdh
SurDH se suma a la demanda por la libertad plena del dirigente popular David Díaz
Caracas, 12 de diciembre de 2014
SurDH – Red Alternativa de Derechos Humanos de Venezuela
SurDH se suma a diversas organizaciones populares que han denunciado la injusta privación de libertad del ciudadano David Díaz, dirigente de la comunidad popular “Guerreros de Ana Soto” y coordinador estadal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS), quien fue detenido sorpresivamente en días pasados y enfrenta la acusación extemporánea y descontextualizada de ser responsable del delito de invasión previsto en el Código Penal vigente.
De acuerdo a la información disponible, la detención se realizó el 03.12.14, cuando David Díaz se dirigía a Caracas para participar en un evento presidencial, convocado por el MPPCMS como representante de su comunidad y como miembro de la delegación del estado Lara. El 04.12.14 el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal de Control nro. 6 de Barquisimeto la medida de privación de libertad contra Díaz, y el 09.12.14 el tribunal ordenó su arresto domiciliario.
En lucha legítima por la vivienda, la tierra, la producción y la vida
Desde hace más de 4 años, la comunidad popular “Guerreros de Ana Soto” ocupa unos terrenos ubicados en el centro de Barquisimeto que habían permanecido ociosos por 16 años y que fueron rescatados para ponerlos al servicio de más de 300 familias sin vivienda. Esta acción se hizo en reivindicación de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo régimen es contrario al uso especulativo de la propiedad privada, y bajo el amparo del Decreto Presidencial N° 1666, del 04.02.02, de regularización de tierras urbanas.
En los últimos años, las acciones reivindicativas de esta comunidad contaron con el apoyo del Poder Ejecutivo, con quien se coordinó el desarrollo de políticas sociales en los terrenos rescatados – en concreto, la construcción de una Base de Misiones y una Cancha por la Paz. Esta colaboración expresa con claridad el reconocimiento al más alto nivel gubernamental de la acción de la comunidad “Guerreros de Ana Soto”, y es expresión administrativa de su legítima presencia en terrenos urbanos ociosos.
Contra la criminalización de una acción reivindicativa de derechos humanos
Ahora, con la participación de un fiscal del Ministerio Público, se pretende imputar a David Díaz por delito de invasión, recurriendo al artículo 471-A del Código Penal. Este artículo ha sido denunciado en múltiples oportunidades por el Movimiento de Pobladores y por el movimiento campesino a nivel nacional, dado que se orienta a proteger un bien sujeto a su interés social como es la propiedad privada de la tierra y el suelo urbano; mientras que su aplicación injusta facilita la criminalización de las personas y movimientos que luchan legítimamente por los derechos humanos al hábitat, vivienda digna y tierra, y que se enfrentan con sus acciones reivindicativas a la especulación inmobiliaria y el latifundio urbano y rural.
En 2011, y luego de años de movilizaciones de movimientos campesinos en contra del uso del derecho penal para criminalizar el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales y legales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó la desaplicación “por control difuso de la constitucionalidad” del artículo 471-A en el ámbito agrario. Esta histórica decisión se adoptó como resultado de la solicitud de avocamiento presentada por la Defensa Pública a favor de dos campesinos, que habían sido condenados en primera instancia a una pena de más de diez años de prisión por la comisión del “delito de invasión”, entre otros.
La ocupación con fines sociales de territorio urbano ocioso es una acción “justa”
En su sentencia, el TSJ decretó la nulidad absoluta de todas las actuaciones de la causa impugnada por la Defensa Pública y ordenó la “inmediata libertad” de los campesinos afectados. Entre otras cosas, la Sala Constitucional señala que la Garantía de Permanencia emitida mediante acto administrativo por el Instituto Nacional de Tierras a favor de los dos condenados, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es “un instrumento legal y justo, que otorga derechos sobre la tierra a quien la produce, con lo que se descartan los elementos del tipo penal establecido en el artículo 471-a, contentivo del delito de invasión, referidos a la ajenidad y al ánimo de obtener un “provecho injusto” sobre el inmueble invadido“.
Esta medida de protección, cónsona con el espíritu del Estado Social de Derecho y de Justicia que vertebra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce las acciones legítimas del movimiento campesino en lucha por un acceso justo y uso racional del suelo bajo el régimen agrario, y ratifica el carácter “legal y justo” del acto administrativo que legalizó la ocupación. Por ello, se trata de un antecedente significativo para interpretar el caso de David Díaz y la Comunidad “Guerreros Ana Soto”.
A juicio de SurDH, ese criterio de protección debería ser extensivo a quienes protagonizan la lucha por la democratización del territorio urbano, y que invierten su esfuerzo colectivo en reivindicar y materializar los derechos humanos de las comunidades sin acceso a vivienda o territorio, frente a un uso especulativo y ocioso del latifundio urbano, el cual es contrario al espíritu de la Constitución. Si bien en este caso no cabe aplicar el régimen agrario, sí cabe reivindicar el carácter justo del rescate colectivo y pacífico de tierras urbanas ociosas para beneficio de la comunidad, así como el reconocimiento administrativo de la legitimidad de la acción que deriva de la concertación de acciones de desarrollo social entre la comunidad afectada y el Poder Ejecutivo Nacional. De no ser así, pudiera interpretarse que el Gobierno nacional habría sido “cómplice” del delito que ahora se pretende imputar a David Díaz, y que el sometimiento del suelo urbano al ejercicio antisocial de los derechos patrimoniales -como pueden ser la especulación y el ocio sin fin social- serían bienes a proteger, lo cual está enteramente fuera de todo sentido jurídico bajo el ordenamiento constitucional venezolano.
La necesidad de una acción garantista concertada entre los Poderes Públicos
Por todo ello, es de rigor que las distintas instituciones del Poder Público adopten las medidas apropiadas, desde sus respectivas competencias, para asegurar una interpretación garantista en materia de derechos humanos de la situación que afecta a David Díaz, y por extensión a toda la comunidad afectada.
SurDH reconoce los avances en justicia social derivados de las políticas públicas en materia de vivienda, y la inmensa deuda social que se viene liquidando en la materia. No obstante, la detención extemporánea de David Díaz señala la extensión de los desafíos pendientes para hacer efectivo el derecho a la vivienda para toda la población.
Con ocasión de la desaplicación por parte del TSJ del artículo 471-A, la Defensa Pública reivindicó el proceso de mesas de trabajo interinstitucionales con entes del Estado vinculados con la materia, el cual permitió “perfeccionar los procesos en la distribución equitativa y justa de las tierras para [que] éstas sean utilizadas por los campesinos en la producción agrícola”. Ésta podría ser una oportunidad idónea para impulsar una dinámica análoga, que involucre a todos los entes de los Poderes Públicos con competencias en materia de vivienda y lucha contra la especulación de tierras urbanas, en aras de avanzar en los objetivos de despenalización de las luchas sociales en derechos humanos y el logro de la justicia material.
En caso de que David Díaz fuese finalmente enjuiciado bajo el artículo 471-A del Código Penal, se estaría sentando un nuevo precedente contrario a los avances alcanzados en estos últimos años por los movimientos de campesinos y pobladores. Estas luchas, que complementan las políticas públicas implementadas por el Gobierno Bolivariano orientadas a materializar el derecho a la vivienda de las comunidades populares, han permitido que miles de familias excluidas puedan acceder a territorios – tanto en el campo como en la ciudad – que estaban acaparados por el latifundio o colocados al servicio de la especulación inmobiliaria.
Por estos motivos, y en sintonía con lo establecido en la Constitución, la Red SurdDH se une al llamado lanzado por organizaciones populares de pobladores, consejos comunales, medios alternativos y comunitarios y de mujeres, entre otros, a fin de realizar las siguientes recomendaciones y exhortos:
_A todos los entes de los Poderes Públicos con competencias en materia de vivienda y lucha contra la especulación en materia de tierras urbanas, evaluar la oportunidad de establecer mesas de trabajo interinstitucionales para avanzar hacia la despenalización de las luchas sociales en derechos humanos protagonizadas por los sectores populares, entre otras cosas por por medio de la desaplicación del artículo 471- A del Código Penal.
_Al Ministerio Público, que asegure el fin de las acciones orientadas a enjuiciar a David Díaz y que asegure una acción institucional que permita poner fin a las acciones contra campesinas, campesinos, pobladoras y pobladores que pudieran penalizar sus luchas legítimas y pacíficas por el derecho a la tierra y a la vivienda, para la vida y la producción.
_Al Tribunal de Control nro. 6 de Barquisimeto con competencia municipal, que ordene la libertad plena de David Díaz y el cierre de las actuaciones vinculadas con una acusación infundada y extemporánea.
_Al TSJ, que haga extensivo, por control difuso de la constitucionalidad, el criterio de desaplicación del artículo 471- A del Código Penal en la materia agraria, a la lucha en contra del latifundio urbano y la especulación inmobiliaria.
_A la Asamblea Nacional, adoptar una iniciativa de revisión del Código Penal orientada a la derogación del artículo 471-A, con el fin de asegurar la despenalización de la ocupación legítima de propiedades ociosas. Así mismo, estudiar la creación de una comisión de investigación con el fin de evaluar la presunta actuación de fiscales del MP que en desvío de sus funciones, estarían actuando a título individual en defensa de intereses particulares, privilegios inconstitucionales y en detrimento de derechos humanos de sectores en demanda de derechos.
_A todos los organismos competentes, en especial al Ministerio del Poder Plas dennopular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, la adopción de las medidas administrativas pertinentes para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos legítimos de las familias de la Comunidad “Guerreros de Ana Soto” y otras comunidades populares en situación similar, con el fin de eliminar la amenaza de criminalización y desalojo que pende sobre ellas.
_A la Defensoría del Pueblo, que active los mecanismos de protección existentes para velar por la efectiva protección de la seguridad jurídica de la comunidad “Guerreros Ana Soto”, y en general, que asegure la defensa de los derechos humanos de las comunidades que avanzan acciones pacíficas y legítimas análogas, en ejercicio y reivindicación de sus derechos sociales, frente a los sectores que someten sus propiedades a la especulación y el ocio sin fin social.
_Al sistema de Administración de Justicia en su conjunto, a compatibilizar su actuación con la jurisprudencia más progresista y garantista de los derechos humanos.
SurDH. Red Alternativa de Derechos Humanos de Venezuela / Equipo Promotor
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Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Expediente Nº 11-0829. TSJ. Caracas, 8 de diciembre de 2011
“TSJ desaplicó artículos 471-a y 472 del Código Penal en casos donde hay un conflicto entre particulares devenido de la actividad agraria”. Caracas, 12 de diciembre de 2011. Prensa TSJ
“Es desaplicado el artículo 471-A del Código Penal a solicitud de la Defensa Pública.” Prensa DP. Caracas, 13 de diciembre de 2011
“El Movimiento de Pobladoras y Pobladores ante la detención de David Díaz“. Aporrea, 7 de diciembre, 2014
“Día de los Derechos Humanos”: La lucha sigue (comunicado de organizaciones venezolanas)
Publicado el 11/12/2014 por surdh
SurDH – En el marco de un nuevo aniversario de la proclamación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es celebrado globalmente como el “Día de los Derechos Humanos”, SurDH reproduce un comunicado divulgado ayer 10 de diciembre por diversas organizaciones de derechos humanos, indígenas y populares de Venezuela. Compartimos como red el espíritu del comunicado, así como suscribimos las demandas concretas que recoge. Con ocasión del aniversario, también divulgamos un ensayo crítico acerca de la presunta universalidad del documento fundacional del derecho internacional de derechos humanos, escrito por Gregorio J. Pérez Almeyda, miembro de SurDH.
El 10 de diciembre de 1948 la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La humanidad se comprometió a erradicar las torturas, asesinatos, ejecuciones sumarias y discriminaciones. Afirmamos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todas las personas deben gozar y hacer realidad integralmente todos los derechos humanos. Defender y promover estos derechos, la igualdad, la justicia y la libertad es tarea de todos y todas.
10 de diciembre de 1984. Hace 30 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y proclama la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Ninguna persona debe ser torturada o maltratada. La dignidad del ser humano debe prevalecer sobre cualquier consideración.
15 de diciembre de 1999. El pueblo venezolano aprueba por mayoría absoluta una nueva Constitución para la República que establece la preminencia de los Derechos Humanos y refunda la Nación como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Todos estos logros han sido frutos del esfuerzo, del trabajo y sufrimiento de millones de personas. Hombres y mujeres que han dado su vida para promover la vida, dignidad, derechos, paz y justicia para todos y todas.
Pero la Lucha sigue: actualmente se está realizando el juicio contra los 17 funcionarios policiales del Municipio Puerto Cabello que asesinaron vilmente a Willy Chirinos González hace 4 años. También se está realizando en Maracaibo el juicio contra los 11 funcionarios de la Policía Regional del Estado Zulia que durante varios días sometieron a terribles e infames torturas a José Francisco Matheus. Y en Caracas está sometido a juicio, Ángel Romero Bracho alias “Manguera”, el sicario que asesinó el 3 de marzo de 2013 al Cacique Yukpa de la dignidad Sabino Romero; mientras que los policías municipales de Machiques, cómplices y encubridores, admitieron los hechos y fueron sentenciados a sólo 7 años de prisión.
Seguimos acompañando a organizaciones herederas de luchas y saberes ancestrales como la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y otras organizaciones indígenas en su titánico esfuerzo por defender la Madre Tierra y la humanidad toda de la depredación de la minería ilegal y por el reconocimiento de las tierras colectivas y territorios indígenas aún no oficialmente reconocidos y demarcados a pesar del mandato constitucional de hace más de 14 años. Así como la lucha por la dignidad de los pueblos Wayuu y Añu del Comité de Derechos Humanos de la Guajira que alienta el sentimiento colectivo y nutre la lucha de los pueblos originarios que durante más de cinco siglos de historia y resistencia continúan en la batalla por la supervivencia de la especie humana, de la cual somos orgullosamente sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, por lo que no nos sentimos avergonzados de ser indios y descendientes de indígenas, pese a la campaña difamatoria contra nuestra gente que obedece a valores que subyacen en el imaginario de grupos de poder herederos del coloniaje.
Denunciamos la injusticia que se ha venido agravando con el pasar de los días luego de que las tierras ancestrales y sagradas de los Wayuu y Añu fueran militarizadas en el año 2010 y temblamos de indignación cuando oficiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), particularmente del ejército venezolano y la Guardia nacional Bolivariana, prevalidos de poder, tapándose con el honroso uniforme militar, violentan el Estado de Derecho y arremeten contra los descendientes de los pueblos ancestrales que son criminalizados y estigmatizados como bandoleros, bachaqueros, contrabandistas, guerrilleros, paramilitares o colaboradores de grupos generadores de violencia que operan en la frontera, al desplazarse por su hábitat natural.
En menos de cuatros años que tiene operando el Distrito Militar 1 en la Guajira venezolana, los defensores de los derechos humanos hemos registrado, procesado y sustanciado en un informe consignado en las distintas instancias del Poder Público Nacional: quince (15) muertos, treinta y tres (33) heridos, quince (15) torturados, un (01) secuestrado, un (01) desaparecido y veintisiete (27) personas privadas ilegítimamente de la libertad – la mayoría de ellas – sometidas a operaciones psicológicas y de terrorismo judicial con aplicación de métodos prohibidos por la Constitución Nacional, con el deliberado propósito que confiesen bajo coacción y admitan su responsabilidad penal, aun siendo inocentes, para poder recuperar su libertad, relegando la jurisdicción especial indígena consagrada en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Y aún falta mucho camino: no han sido enjuiciados los sicarios y policías que asesinaron a Robert Serra, ni los Guardias Nacionales que detuvieron y desaparecieron a Simón León García en El Tigre en el 2004, ni los funcionarios del CICPC responsables de la Desaparición Forzada de los esposos Franco Suárez en el Táchira, ni los ganaderos y autores intelectuales que contrataron a los sicarios que asesinaron a Sabino Romero y desaparecieron a Simón León García y a cientos de campesinos y campesinas, luchadoras y luchadores sociales. Continúan las detenciones arbitrarias, maltratos y robos de funcionarios policiales y militares a los indígenas en el Zulia y Amazonas. Basta de maltrato e impunidad.
Es urgente la implementación de la revolución judicial y policial como lo consagra el Plan de la Patria que establece como prioridad “Impulsar una profunda, definitiva e impostergable revolución en el sistema de administración de Justicia”, “Culminar el proceso de refundación y depuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)”; así como la atención integral, rehabilitación, protección, reparación e indemnización a todas las víctimas; estableciendo de forma permanente el “Sistema Nacional de Atención a las Víctimas”.
Nosotras y nosotros, herederas y herederos de las luchas y sueños de Guaicaipuro, José Leonardo Chirinos, Josefa Camejo , Argimiro Gabaldón, Dilia Antonia Rojas, Freddy Dugarte, Zobeyda Jiménez “la muñequera”, Sabino Romero, Engel y Douglas Pérez Heredia, entre otros muchos, declaramos que no descansaremos en nuestras tareas y esfuerzos por construir un mundo más justo, humano y fraterno. Un mundo donde prevalezca la preeminencia de los derechos humanos y la dignidad de toda la humanidad, en armonía con nuestra Madre Tierra y nuestro Padre Universo. Hacemos un llamado fraterno a todos y todas a sumarse a esta hermosa y heroica lucha por la justicia y la dignidad.
En Venezuela a los diez (10) días del mes de diciembre de 2014.
¡La lucha sigue! ¡Sin Justicia no hay revolución! ¡Sin Justicia No Hay Paz!
· Asociación de Defensores de Derechos Humanos Dilia Antonia Rojas.
· Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del Estado Guárico.
· Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
· Comité de Derechos Humanos de Valera, Estado Trujillo.
· Consejo Comunal Renacer de Bolívar, La Vega, Distrito Capital.
· Consejo Comunal Tiempo de Dios de San José, La Vega, Distrito Capital.
· Frente Clasista Argimiro Gabaldón.
· Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA).
· Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
· Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela.
Acrecentar las luces y vencer las sombras en la actual política de desarme
Publicado el 19/10/2014 por surdh
SurDH – Red Alternativa de Derechos Humanos
Caracas, 20 de octubre 2014
La política de control de armas que viene gestando y ejecutando el Gobierno Bolivariano de Venezuela desde el año 2011, bajo la dirección estratégica del Presidente Chávez y retomada luego por el Presidente Nicolás Maduro, ha reportado avances positivos que nos orientan por buen camino en esta materia. Valga a modo de ejemplo el trabajo que realizó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (CODESARME) tanto en el campo de las investigaciones científicas que fundamentan la política como en el aporte al desarrollo posterior de la Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones (LDCAM); las medidas inmediatas implementadas por la Comisión Presidencial durante su mandato; la consulta nacional y la campaña de sensibilización que realizó CODESARME en 2011-2012; el número de armas incautadas y destruidas en los últimos tres años (que superan las 180 mil), los controles al mercado de armas y municiones para particulares o los incipientes resultados en la generación de condiciones para ir a procesos de desarme voluntario de bandas armadas juveniles (tema que era impensable hace muy pocos años atrás). Recientemente, se informa al país sobre el inicio de un plan de desarme voluntario, que viene a cumplir con lo estipulado en la Ley de Desarme, control de Armas y Municiones aprobada en 2013, pero sobre el cual es necesario y responsable realizar algunas apreciaciones.
A pesar de estos esfuerzos que desde SurDH reconocemos, la agenda pendiente para lograr el control total de las armas y municiones sigue siendo titánica y el trabajo requerido para concretarla muy exigente de la gestión gubernamental. Vale recordar que transitar el camino hacia el desarme de la población implica enfrentar intereses y contradicciones de toda naturaleza, que abarcan lo económico, lo político, lo ideológico y cultural. Sin embargo, ese es uno de los grandes desafíos a atender si verdaderamente se quiere avanzar en una agenda de paz y convivencia que neutralice las causas y efectos de la violencia que afecta a nuestra sociedad y en la cual las armas de fuego juegan un papel instrumental de primer orden y gravedad.
Entre los aspectos a destacar que es necesario atender con celeridad mencionamos los siguientes:
Sobre el plan de desarme voluntario anunciado:
1. Garantizar en el marco del Plan de Desarme Voluntario la confidencialidad de la identidad de las personas que hacen entrega de las armas. La propuesta formulada por el titular del MPPRIJP en cuanto a cuatro modalidades de entrega de armas (dos de las cuales son sin anonimato) va a contra pelo de lo establecido en los artículos 84 y 88 de la LDCAM y pone en riesgo la viabilidad y efectividad del mencionado plan.
2. Revisar el criterio elegido en cuanto a que la entrega voluntaria de las armas de fuego se realice en dependencias militares o policiales. El restringir la entrega solo a estos espacios pudiera ser otro elemento que atente contra la posibilidad de lograr un desarme efectivo, especialmente en lo que se refiere a generar confianza y disposición a la entrega en personas portadoras de armas en condición irregular. Debe considerarse ampliar los espacios para la entrega de las armas (plazas, canchas, escuelas, etc.), tal como se ha realizado en otras experiencias de desarme a nivel internacional, tomando siempre en cuenta los respectivos protocolos de seguridad que estos espacios deben tener.
3. Debe garantizarse y hacer transparente el proceso de inutilización de las armas de fuego entregadas voluntariamente. Así lo manda el artículo 86 de la LDCAM, que establece taxativamente la “inutilización inmediata” de las armas entregadas de manera voluntaria. Obviar este paso es sumar elementos a la desconfianza y descrédito de la población en el plan de desarme y en la intención real de sacar de circulación esas armas.
4. El desarrollo del plan debe ir acompañado de una consistente campaña en los medios de comunicación, tal como lo plantea la LDCAM en su artículo 76. De igual modo, sumando en la promoción del desarme al poder ejecutivo de los estados, municipios y al poder popular, como lo refiere el artículo 79 de la mencionada ley.
5. No se ha hecho mención hasta el momento sobre la declaratoria de una amnistía a los portadores de armas en condición de ilegalidad que proceden a entregarlas. El artículo 88 de la LDCAM define claramente este tema. En todos los casos, tal como lo planteó la CODESARME en su momento, la amnistía no se entiende como impunidad sobre delitos cometidos con las armas recuperadas, sino que la amnistía debe ser aplicada única y exclusivamente en relación al delito de porte ilícito para la persona o personas que realizan la entrega voluntaria.
6. Es importante que el protocolo a seguir con las armas entregadas sea difundido; esto no solo garantiza la transparencia del proceso, sino que además genera confianza en el mismo.
Sobre la política de control de armas y municiones en general:
1. Agilizar la discusión de una reforma a la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones para avanzar hacia la eliminación de las figuras de portes de armas para la población civil, suscribiendo el criterio que asume a los cuerpos de seguridad del Estado y la FANB como los únicos que deberían estar autorizados para portar armas. Cualquier política de reducción de violencia con armas que no incluya la eliminación de los portes está inevitablemente condenada al fracaso.
2. Es vital lograr la aplicación de criterios firmes para evitar que la información sobre las armas existentes o comercializables sea manejada unilateralmente cual “caja negra” o donde los portes de armas otorgados no sean auditables; por ello es fundamental generar mecanismos que permitan la debida articulación entre el órgano rector de las armas (la FANB) y el rector de la seguridad ciudadana (MPPRIJP), en correcta interpretación de la Constitución de la República.
3. Fortalecer y acelerar los procesos de inutilización de todas las armas incautadas, dando cumplimiento al marco legal y sub legal que así lo estipula. Esto contribuye decididamente a cortar los circuitos de corrupción que se fundan en el reciclaje de armas y que repercuten fuertemente en el agravamiento del problema según todos los estudios realizados en la materia.
4. Informar al país qué ha sucedido con la adquisición e instalación, a través de la empresa CAVIM (y con fondos otorgados por la Gran Misión a Toda Vida Venezuela), de la maquinaria con tecnología para marcaje láser de municiones, la cual debió estar operativa desde el año 2013. La serialización de las municiones contribuirá de manera vital a generar mayores y mejores controles así como a reducir el desvío de este material imprescindible para el uso de las armas por parte de quienes delinquen.
5. El artículo 114 del reglamento de la LDCAM elimina lo que establece la Ley de Desarme en su artículo 42, en cuanto a que la autorización de dotación policial se realizará previa certificación del ministerio del poder popular con competencia en materia de seguridad ciudadana. Dicha certificación, producto de constatación y auditoría de los parques de armas policiales, fue un mecanismo impulsado y aplicado desde las propuestas de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (2011-2012) a través del VISIPOL, en aras de generar un control más estricto y real sobre las dotaciones indebidas, exageradas o no acordes con los estándares policiales vigentes, para evitar o minimizar el desvío hacia los circuitos ilegales relacionados con armas y municiones. Eliminar este control es un grave error que recomendamos corregir en el texto del reglamento y en los procedimientos aplicables en la materia.
6. De igual modo, el artículo 121 del reglamento de la LDCAM sobre dotaciones especiales policiales abre la posibilidad de justificar la entrega de armamento no permitido a los organismos de seguridad, bajo criterios
que pueden resultar altamente discrecionales y a contra pelo de los estándares definidos en torno a la dotación de los organismos de seguridad ciudadana, que es materia de otro órgano rector diferente al de armas.
Hay sectores importantes dentro de la esfera política y social venezolana que no creen en el desarme y en la implementación de controles a las armas y municiones. Algunos se basan en supuestas convicciones ideológicas y otros sencillamente porque el desarme toca intereses nada transparentes que van en desmedro del bien colectivo. En cualquier caso, es necesario alertar esto por responsabilidad y ética, instando a que desde la contraloría social no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme y el control efectivo de las armas y municiones en el país.
En esto es preciso acompañar con mucha fortaleza y claridad al presidente Maduro y su propuesta de Plan de Paz y Convivencia, recordando que el Presidente Hugo Chávez nos invitaba como sociedad a transitar por el desarme como una vía hacia la paz verdadera.
Keymer Ávila, C.I. 14.128.739. Abogado, Investigador y Profesor Universitario. Línea de investigación: Sistemas Penales y DDHH.
Álvaro Cabrera Gutiérrez, C.I. 13.240.915, Coordinador de Publicaciones y Equipo Coordinador, Provea (1995-1998). Miembro de la Asamblea, Provea (1999-2012).
Ana Barrios, C.I. 5.451.122, Miembra del equipo coordinador de (Provea 1990-1995).
Integrante de Amnistía Internacional Venezuela (2004-2009). Miembra asociada de la Red
de Apoyo por la Justicia y la Paz (2000-actual).
Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016. Comunicadora. Coordinadora del área de
Comunicación e Información, Miembro del Equipo Coordinador, Provea (1990, 1995).
Productora de campañas de prevención y concientización sobre embarazo adolescente y
violencia doméstica (2010 – 2012).
Isamar Escalona, C.I. 7.981.055. Responsable de Grupos y Redes. Área de Educación Provea (2000-2006).
Pablo Fernández Blanco, C.I. 23.527.749, Integrante y Coordinador del Programa de
Educación en DDHH (1996-2005) y Coordinador General (2006-2012) de la Red de Apoyo
Manuel Gándara. Educador en DDHH.
Iván González Alvarado, C.I: 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo de Provea (1994 – 2013).
Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332, Director de la Línea de investigación sobre derechos humanos, convivencia y seguridad ciudadana de GIS XXI.
Martha Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914. Coordinadora Programa Educación en
DDHH – Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2008 -2009); integrante de la Asamblea de
la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Maryluz Guillén Rodríguez, C.I. 11.557.841. Internacionalista, miembra de la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-actualmente). Investigadora y docente de la Escuela
de DD.HH “Juan Vives Suria” de la Defensoría del Pueblo.
María Lucrecia Hernández, C.I. 26.783.758, abogada y activista de derechos humanos.
Lilian Montero, C.I 6.427.029 Miembro del Equipo Paz Presente (1987-1990), Miembro del Equipo Coordinador de CECODAP (1991-1998/2001-2007), Miembro de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2006)
Vicmar Morillo Gil, CI 7.958.276, Ejecutora del área de Información e Investigación, Provea (1993-2004).
Gioconda Mota Gutiérrez, C.I. 11.917.394, Educadora. Integrante de la Red de Colectivos “La Araña Feminista”. Militante por los derechos humanos de las mujeres.
Amaylin Riveros, C.I. 10.349.643 Integrante del Comité Contra el Olvido y por la Vida (1988 – 1992).
María Elena Rodríguez, CI 6913399, Miembra del Equipo de Provea (1995-2007), Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2009-actual).
María Paula Herrero, C.I. 14.444.733, ejecutora del área de Comunicación e Información,
Provea (1989, 1996).
Maureen Riveros, C.I. 6.280.434. Comunicadora. Comité contra el Olvido y por la Vida. PROVEA (1999-2006)
José Ángel Rodríguez Reyes CI. 6.295.334. Ex trabajador de Provea. Año 1997-1998. Miembro de Amnistía Internacional de 1984 hasta 1999.
Elba Martínez Vargas, C.I. 6.914.739. Internacionalista. Gerente del Proyecto de
Educación en Derechos Humanos de la Sección Venezolana de Amnistía Internacional
(1992-1993). Miembra del equipo de Provea (1994-1996).
Belkis Urdaneta, C.I. 9.740.076. Miembro asociada de la Red de apoyo por la justicia y la paz (1995-2014).

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 68
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 68
 resolución 
 Resolución 
 artículo 328
 artículo 329
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 471
 artículo 471
 artículo 17
 artículo 471
 artículo 471
 artículo 471
e contrario
 artículo 471
 artículo 471
 artículo 471
 artículo 471
 artículo 260