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Timestamp: 2018-09-26 00:29:26+00:00

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Derecho UCV - Sentencia COPEI
Sentencia COPEI
El 19 de septiembre de 1995, los abogados Miguel Ángel Hernández Ocanto, Roger Contreras y Rangel Quintero Castañeda, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 4.434, 803 y 2.455, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Partido Político Social Cristiano COPEI, ejercieron acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra las normas previstas en los artículos 2 y 6 de la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.897 Extraordinario, del 17 de mayo de 1995. El 3 de octubre de 1995 se dio cuenta en la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno de la acción antes referida y sus anexos.
Por auto del 18 de octubre de 1995, el Juzgado de Sustanciación admitió cuanto ha lugar en derecho la acción de nulidad interpuesta, ordenó practicar las notificaciones de los ciudadanos Presidente del entonces Congreso de la República y Fiscal General de la República y emplazar a los interesados mediante la publicación del cartel en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
En esa misma oportunidad se libró el cartel de emplazamiento a que se refiere el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, por diligencia suscrita del 21 de febrero de 1995, el abogado Miguel Angel Hernández Ocanto consignó un ejemplar del Diario “El Nacional” del día 8 de febrero de 1995, donde fue publicado dicho cartel.
Por auto del 19 de marzo de 1996, el Juzgado de Sustanciación, vista la solicitud formulada por el prenombrado abogado, acordó pasar el expediente a la entonces Corte en Pleno, a los fines de la continuación del procedimiento por tratarse de un asunto de mero derecho.
El 16 de abril de 1996, se dio cuenta en la entonces Corte en Pleno del recibo del presente expediente, se designó ponente al Magistrado César Bustamante Pulido, y se fijó el quinto (5º) día de despacho siguiente para dar comienzo a la relación de la causa.
El 15 de mayo de 1996, siendo la oportunidad para que se realizara el acto de informes, se dejó constancia que los abogados Jorge Szeplaki y Trina Guillén Gaundens, actuando en su carácter de sustitutos del Procurador General de la República, consignaron el escrito correspondiente.
El 21 de marzo de 2000 y mediante oficio Nº TPI-00-038, emanado de la Secretaría del Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, se ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional, en virtud de las previsiones sobre competencias contenidas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Alegatos de la Parte Accionante Señalaron los apoderados accionantes en su escrito recursivo, que las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 6 de la Ley sobre Régimen Cambiario, violan el principio de legalidad y de reserva legal en materia sancionatoria, previstos en los artículos 60 ordinal 2º y 136 ordinal 24 de la Constitución de 1961, toda vez que no determinan con precisión en qué consisten las conductas ilícitas constitutivas de delitos cambiarios, pues encomienda “(...) a un decreto reglamentario vale decir, a un acto de rango sublegal la ‘definición’ de una parte del supuesto de hecho que acarrea penas privativas de libertad (...)”; y que “(...) sólo prevé tipos legales genéricos e indeterminados (...)”; por lo que señalan que, resulta inadmisible que el legislador pretenda disponer de la reserva legal a través de la técnica de la “deslegalización”, es decir, que mediante una ley formal -a su decir sin contenido sustantivo- le encomiende al reglamento la creación total o parcial de los ilícitos penales.
Expresaron también, que las normas “(...) sub-legales mediante las cuales se ha implementado el actual ‘control de cambios’ son objeto de permanente y constante modificación y revisión, lo cual (...) conspira contra el principio de seguridad jurídica (entendido como principio de ‘Estabilidad’ de las normas penales), del cual se deriva (...) el principio de legalidad en materia sancionatoria (...)”. En tal sentido adujeron, que se corren enormes riesgos al permitirle al Ejecutivo Nacional suplir al legislador y determinar “(...) mediante actos administrativos, cuáles son las conductas constitutivas de delitos (...)”, e imponer, por órgano del Ministerio de Hacienda, las sanciones de multa que la propia Ley consagra.
Informe de la Parte Recurrida Expresaron los sustitutos del Procurador en el escrito de informes, que la parte recurrente “(...) ha apreciado de forma errática las normas que califica como inconstitucionales (...)”, pues consideran, que las mismas contienen “(...) una precisa regulación material, desde la cual el supuesto de hecho, su nexo de causalidad y consecuencia jurídica son determinables y evidentes a la simple lectura (...)” y, que los artículos 2° y 6° de la Ley sobre Régimen Cambiario contienen una “(...) adecuada formulación del tipo penal (artículo 6°) y una remisión legítima al limitado desarrollo reglamentario (artículo 2°)(...)”.
Señalaron además, que con el contenido del artículo 2° de dicha Ley, no se produce “deslegalización” alguna, sino que el mismo plantea una forma de colaboración reglamentaria, pues entienden “(...) que el Legislador en este caso, ha trabajado bajo circunstancias de urgencia económica que lo han dispuesto para elaborar una norma marco de la cual, el día a día permitirá al Poder Ejecutivo, en plena colaboración con el Legislador, producirá normas reglamentarias que regulen y controlen la emergencia (...)” (sic).
De la Competencia El objeto de la presente acción de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad, lo constituyen las disposiciones previstas en los artículos 2 y 6 de la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.897 Extraordinario, del 17 de mayo de 1995; acción que fue interpuesta por ante la entonces Corte en Pleno durante la vigencia de la Constitución de 1961.
En tal sentido debe esta Sala señalar, que en el marco de lo dispuesto en los artículos 215 ordinal 3º y 216 del referido Texto Constitucional, en concordancia con lo previsto en los artículos 42 ordinal 1º, 43 y 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para declarar la nulidad total o parcial de las leyes y demás actos generales de los cuerpos legislativos nacionales que colidieran con la Constitución, correspondía al Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, con la vigencia de la Constitución de 1999, tal competencia se encuentra actualmente asignada a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 336 de la Carta Magna, el cual dispone que, es atribución de la Sala Constitucional, “[d]eclarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”.
Por ello, en el caso de autos, al plantearse una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones contenidas en la Ley sobre Régimen Cambiario, esto es, una ley nacional aprobada por el entonces Congreso de la República, esta Sala Constitucional resulta el Tribunal competente para conocer del caso de autos. Así se decide.
La presente acción de nulidad, tal como se señaló supra, se ejerció en contra de las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 6 de la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.897 Extraordinario, del 17 de mayo de 1995, por considerar los accionantes, que dichas normas vulneran el principio de la legalidad y de la reserva legal en materia sancionatoria, contenidas en las normas previstas en los artículos 60 ordinal 2º y 136 numeral 24 de la Constitución de 1961.
En este mismo sentido observa esta Sala, que el principio de la legalidad en materia sancionatoria -invocado por la parte accionante como lesionado-, está estrechamente vinculado a otro principio reconocido como el de la tipicidad de los delitos, conforme al cual, no existe delito sin ley previa que lo consagre, es decir, que toda conducta que constituya un delito, así como las sanciones correspondientes deben estar previamente estipuladas en una disposición normativa, general y abstracta (desde el punto de vista formal) que los defina, pues se entiende que tales sanciones afectan o inciden de manera directa e individual sobre la esfera jurídica de los ciudadanos, por lo que en este caso, no le estaría dado al legislador hacer remisiones “genéricas” para que, mediante un reglamento se establezcan delitos o sanciones relacionados con la Ley de que se trate.
Ahora bien, alegaron los accionantes que las normas previstas en la Ley sobre Régimen Cambiario impugnados, vulneran los principios de la reserva legal, la separación de los Poderes Públicos, la legalidad y la tipicidad en materia sancionatoria. Asimismo señalaron, que resulta inadmisible que el legislador pretenda disponer de la reserva legal, a través de la técnica de la deslegalización, es decir, que mediante una ley formal -a su decir sin contenido sustantivo- le encomiende al reglamento que dicte el Ejecutivo Nacional, la creación total o parcial de los ilícitos penales relativos al régimen cambiario.
De este modo, estima la Sala, que la Ley sobre Régimen Cambiario aprobada por el entonces Congreso de la República, en ejercicio de la potestad legislativa que en materia monetaria y régimen cambiario le atribuía la Constitución de 1961, conforme al marco doctrinario antes referido, resultaba susceptible de ser reglamentada por el Ejecutivo Nacional a tenor de lo previsto en el artículo 190 ordinal 10º de dicho Texto Constitucional (artículo 236 numeral 10 de la Constitución vigente), aunque dicha materia es de reserva legal, pues esa facultad reglamentaria dimana de la propia Constitución; sin embargo, esa facultad del Ejecutivo no podía ni puede referirse a la posibilidad que prevé el artículo 2 de la Ley sobre Régimen Cambiario, de que sea el Ejecutivo Nacional quien establezca “(...) restricciones o controles a la libre convertibilidad de la moneda, cuando su necesidad y urgencia surja de la realidad económica y financiera del país (...)”; pues tal competencia sólo podía ser ejercida previa autorización del Poder Legislativo Nacional mediante ley habilitante, conforme a lo previsto en el artículo 190, ordinal 8° de la Constitución de 1961 (hoy artículo 236 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); y tal restricción al régimen cambiario por parte del Ejecutivo, a juicio de esta Sala, tampoco podía ni puede abarcar la tipificación de los delitos e infracciones cambiarios, en virtud del principio de la legalidad y tipicidad que rige en el ordenamiento jurídico venezolano en materia sancionatoria. Ahora bien, del contenido de las disposiciones previstas en la Ley sobre Régimen Cambiario, se evidencia que en dicho instrumento normativo el legislador estableció de manera precisa los delitos cambiarios que pudieren eventualmente cometerse durante un régimen de “(...) restricciones o controles a la libre convertibilidad de la moneda (...)” y sus respectivas sanciones. No obstante, observa esta Sala Constitucional, que al disponer en sus artículos 2 y 6, la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional establezca restricciones al régimen cambiario con fundamento única y exclusivamente en dicho instrumento normativo violentaba el principio de la reserva legal y separación de poderes contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución derogada (136 y 137 del Texto Constitucional vigente), pues tal y como se indicó anteriormente, la legislación en materia de régimen cambiario constituye una competencia asignada al Poder Legislativo Nacional, que éste no puede delegar en el Ejecutivo Nacional, salvo en los casos previstos en el artículo 190, ordinal 8° de la Constitución de 1961 y que hoy consagra el artículo 236 numeral 8 del Texto Constitucional vigente. A mayor abundamiento, esta Sala quiere indicar que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley sobre Régimen Cambiario objeto de la presente causa, el Ejecutivo Nacional dictó en Consejo de Ministros y en ejercicio de las atribuciones que le confería la norma prevista en el artículo 2 de la Ley Sobre Régimen Cambiario, el Decreto N° 714 del 14 de junio de 1995, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.921 del 16 de junio de ese mismo año, contentivo de las Normas sobre el Régimen Cambiario, es decir, que con fundamento en el referido artículo 2 de la Ley sobre Régimen Cambiario, el Ejecutivo Nacional reguló una materia para la cual no estaba habilitado previamente conforme lo establecía la Constitución de 1961, por ello, a juicio de esta Sala Constitucional, las disposiciones que contienen los artículos 2 y 6 de la Ley objeto del presente estudio, configuran un caso típico de reglamento “delegado”; figura que como se indicó antes, carece de regulación normativa en nuestro ordenamiento jurídico y que por tanto resulta inconstitucional al ser violatoria de los principios constitucionales de reserva legal y separación de los poderes públicos. En este mismo sentido aprecia la Sala, que en el texto del artículo 6 de la Ley sobre Régimen Cambiario, se prevén varios tipos de delitos que consiste en la exportación de moneda metálica o cualquier otro medio de pago o instrumentos de giro o crédito cifrados en moneda extranjera, el negocio, comercio, venta y compra de divisas “en contravención a las normas del sistema de régimen cambiario”, pero no obstante, la incursión en tales delitos está supeditada al establecimiento de un control o restricción posterior por parte del Ejecutivo, a las normas del Sistema de Régimen Cambiario, de conformidad con lo previsto en el artículo 2° de esa Ley, con lo cual se configura la violación de los principios constitucionales referidos en el párrafo anterior.
1.- Con Lugar la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados Miguel Ángel Hernández Ocanto, Roger Contreras y Rangel Quintero Castañeda, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 4.434, 803 y 2.455, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Partido Político Social Cristiano COPEI. En consecuencia, quedan Anuladas las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 6° de la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.897 Extraordinario, del 17 de mayo de 1995.
2.- Se Anulan las normas previstas en los artículos 26 y 27 de la Ley sobre Régimen Cambiario.
3.- Se fijan los efectos de este fallo con carácter ex nunc, desde la publicación de este fallo por la Secretaría de esta Sala Constitucional.
4.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordena publicar de inmediato el presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con precisión en el sumario, del siguiente título “Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional que Anula los artículos 2, 6, 26 y 27 de la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 4.897 extraordinario, del 17 de mayo de 1995”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los NOVIEMBRE días del mes de NOVIEMBRE del año 2001. Años: 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

References: artículo 116
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 336
 artículo 190
 artículo 2
 artículo 190
 artículo 236
 artículo 190
 artículo 236
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 2