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Timestamp: 2017-10-20 23:35:51+00:00

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Sentencia T.S.J. Andalucía 81/2010 de 8 de febrero. IVA. Gestión tributaria por registradores de la propiedad. Doctrina comunitaria. Sujeción. Procede - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Andalucía 81/2010 de 8 de febrero
IVA: Gestión tributaria efectuada por los registradores de la propiedad. Cesión de impuestos a las CCAA y encomienda de gestión tributaria a las oficinas liquidadoras. Sujeción: Procede en aplicación de una sentencia del TJCE de 2009, que establece que los registradores-liquidadores realizan una actividad económica a estos efectos en cuanto que prestan dichos servicios a cambio de una remuneración, así como no existe subordinación entre los mismos y la CCAA y no realizan una actividad propia de los organismos públicos. Primacía del Derecho comunitario: Modificación de criterio del TSJ.
RECURSO NÚM: 3.794/2002
SENTENCIA NÚM. 81 DE 2.010
En la ciudad de Granada, a ocho de febrero de dos mil diez. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 3.794/2002 seguido a instancia de la Junta de Andalucía, que comparece representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, siendo parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada), en cuya representación y defensa interviene el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 41.102,22 euros.
Primero.-Se interpuso el presente recurso el día 30 de julio de 2002 contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) que se identifica más abajo. Se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada.
Segundo.-En su escrito de demanda, la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso anulando la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho.
Tercero.-En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó que sea dictada sentencia confirmando en sus términos la resolución que se impugna por ser ajustada a Derecho.
Cuarto.-Las partes no solicitaron el recibimiento del recurso a prueba Declarado concluso el período de prueba, y al no estimarse necesario por la Sala la celebración de vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones escritas, sin que el mismo se haya cumplimentado de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley de la Jurisdicción.
Quinto.-Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Ernesto Eseverri Martínez.
Primero.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 25 de abril de 2002, recaída en el expediente número 18/3142/01, que desestima la reclamación dirigida frente a actos de repercusión tributaria del IVA que se practicaron por el liquidador del Distrito Hipotecario de Motril por la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondientes a los meses junio a diciembre de 2001, e importes que se detallan en la resolución recurrida.
Segundo.-La cuestión que se suscita a través de este recurso consiste en determinar si conforme a lo establecido en el artículo 7, apartados 51 y 81, de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre) la actividad desarrollada por los Registradores de la Propiedad en su condición de gestores de las Oficinas Liquidadoras quedan, o no, sujetas al citado tributo en su consideración de prestación de servicios, gestión de liquidación por dichos Impuestos que se otorga a los Registradores de la Propiedad en atención a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 29/1987 y 56 del Real Decreto legislativo 1/1993, rigiéndose, en nuestra comunidad Autónoma por las disposiciones contenidas en el Decreto 106/1999, de 4 de mayo y en el Convenio de 26 de julio de 1999 (BOJA de 11 de noviembre de 2000) que desarrolla las disposiciones de aquella norma reglamentaria.
El citado precepto de la Ley IVA, en su apartado 51, declara no sujetos al Impuesto Alos servicios prestados por personas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales incluidas, en estas últimas las de carácter especial", y el apartado 81del mismo precepto declara, asimismo, no sujetas A(...) las prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria".
La resolución recurrida considera que tales servicios están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido porque, aunque los Registradores de la Propiedad que tienen a su cargo las Oficinas Liquidadoras son profesionales que mantienen una relación de carácter administrativo con la Comunidad Autónoma y están sometidos a normas de control de dicha Comunidad, sin embargo, organizan de forma independiente los recursos humanos y materiales de las mismas soportando, además, el riesgo económico que supone el desarrollo de dicha actividad liquidadora de los referidos tributos, de donde, deduce que la prestación de tales servicios de gestión tributaria no puede quedar amparada en las normas de no sujeción que se acaban de citar.
Tercero.-La cuestión así planteada quedó resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de julio de 2003 (RJ 2003/5455) dictada en recurso de casación en interés de la Ley 42/2002, cuyo argumento esencial queda reproducido a continuación:
A(...) lo decisivo es esclarecer si las Oficinas Liquidadoras de los Distritos Hipotecarios actúan en régimen de dependencia de las Comunidades Autónomas, y en consecuencia, sus actos de liquidación y recaudación estarían no sujetos al IVA, por tratarse de prestaciones de servicios de una Administración Pública o, por el contrario, tal dependencia no existe, y en consecuencia, el impuesto indicado es exigible.
El juego de los preceptos que disciplinan la cesión de los tributos indicados a las Comunidades Autónomas, pone de manifiesto que, utilizando la vía de la delegación, y posteriormente, ya en uso de ésta, la de la encomienda a las Oficinas Liquidadoras, la liquidación, recaudación y revisión de los tributos cedidos, que se realizada por el Estado, ha pasado a otra Administración Pública, las Comunidades Autónomas receptoras de la delegación, y a través de éstas, es llevada a cabo por otro órgano administrativo, esto es, las Oficinas Liquidadoras, cuya índole de tal es indiscutible, como repetidamente subraya la sentencia recurrida.
En definitiva, se cumple lo exigido por el art. 5.61 de la Ley 30/1985 (RCL 1985, 1984, 2463) [trasunto del actual artículo 7.81 de la Ley 37/1992 ], que declaraba exentas *las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas directamente por el Estado, las Entidades en que se organiza territorialmente y sus organismos autónomos, cuando se efectúen sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria+.
Y es que el requisito de la realización *directa+ del servicio por el Estado, o ente territorial una vez cedido el tributo, lo cumple la Comunidad Autónoma, a través de una oficina administrativa conectada a ella, cumpliendo así la exigencia del precepto.
En modo alguno la tesis contraria puede encontrar apoyo en la STJ de la Unión Europea, de 8 de noviembre de 1993, citada por el Abogado del Estado, en la que se declaró sujeta al impuesto la actividad de los Recaudadores Municipales, pues los actos de éstos son puramente contractuales y de índole privada, de suerte que no se traducen en actos administrativos, que sólo pueden serlo los de los respectivos Ayuntamientos que los refrenden".
Siguiendo esta doctrina, la Sala ha venido considerando, que las funciones ejercidas por las Oficinas Liquidadoras de los tributos referidos, se insertan plenamente en la idea de ejercicio de potestades públicas, dan origen a actos administrativos y constituyen elementos integrantes del procedimiento de gestión tributaria. De ello, consideramos que la nota dominante y esencial para integrar el supuesto de hecho de los artículos 4 y 5 de la Ley 37/1992 y, por ende, la sujeción de tales prestaciones de servicios al ámbito del IVA, no había que ponerla tanto en la naturaleza del servicio prestado o en el ejercicio de las facultades para su realización, sino en el ámbito de autonomía e independencia con el que el prestador del servicio -la oficina del Registro- organizaba los medios de producción para dicha prestación y efectivamente lo presta. Añadiendo, en este sentido, que la disposición transitoria primera de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas, ordenó la subrogación de éstas en todos los derechos y obligaciones de la Hacienda Estatal respecto de los impuestos cedidos, de modo que, se argumentó por esta Sala que, con tal habilitación legal, las distintas Comunidades encargaron a las oficinas liquidadoras las funciones propias de liquidación de los impuestos cedidos, manteniendo de esta forma, tales oficinas, la misma naturaleza anterior, si bien, prestando ahora sus servicios a las Comunidades Autónomas.
En base a tal habilitación legal, la disposición adicional primera del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre establecía: *Las comunidades autónomas que se hayan hecho cargo por delegación del Estado de la gestión y liquidación del Impuesto General sobre las Sucesiones podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las oficinas liquidadoras del partido, a cargo del registrador de la propiedad, funciones en la gestión y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones+. Por su parte la disposición transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, dispone: *Las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario, a cargo de registradores de la propiedad, liquidarán en el ámbito de sus competencias los documentos o declaraciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados...+, y la adicional segunda del mismo texto legal establece: *Las comunidades autónomas que se hayan hecho cargo por delegación del Estado de la gestión y liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las oficinas de distrito hipotecario, a cargo del registrador de la propiedad, funciones en la gestión y liquidación de este impuesto+.
De tales preceptos se concluyó que nos encontrábamos ante una encomienda de gestión, por la cual las Administraciones autonómicas encargaban a un tercero ajeno a la propia estructura administrativa, la prestación de un servicio destinado a la realización de funciones tributarias cuyo ejercicio el Estado había cedido a las mismas, supuesto que se sitúa en el supuesto de no sujeción previsto en el artículo 7, apartados 51 y 81 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuarto.-Sin embargo, en fechas más recientes, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 12 de noviembre de 2009, ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1997, Sexta Directiva, al considerar que los servicios prestados a una Comunidad Autónoma por los Registradores de la Propiedad, en su condición de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario, no están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera por lo tanto, que esas operaciones sí están sujetas a IVA porque conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Sexta Directiva, una actividad se califica generalmente de económica cuando presenta un carácter permanente y se efectúa a cambio de una remuneración que percibe el autor de la operación, y añade, que los registradores-liquidadores en cuanto prestan a las Comunidades Autónomas de forma permanente y a cambio de una remuneración, servicios relativos a la gestión, liquidación y recaudación de determinados impuestos, realizan una actividad económica en el sentido de la Sexta Directiva, resultando intranscendente que dichas actividades consistan en el desempeño de funciones conferidas y reguladas mediante ley por motivos de interés público. En este orden de consideraciones, continúa diciendo el Tribunal, que las actividades de liquidación y recaudación realizadas por los registradores-liquidadores a cambio del pago de un porcentaje de las cantidades recaudadas y de una compensación fija practicada por cada liquidación tributaria pone de manifiesto que este beneficio obtenido depende no sólo del importe de los tributos recaudados, sino también de los gastos asociados a la organización de los medios personales y materiales de su actividad, de su eficiencia, y de los medios empleados para conseguir dicha recaudación, conjeturando también el Tribunal Europeo, que resulta difícilmente imaginable que acepten el ejercicio de esas funciones sin la más mínima contrapartida y sin recibir beneficio alguno por el ejercicio de sus funciones como titulares de las oficinas liquidadoras.
En consecuencia, sostiene el Tribunal de Justicia, que las actividades de recaudación y de liquidación realizadas por los registradores-liquidadores a cambio del pago de un porcentaje de la cantidades recaudadas constituyen una prestación de servicios realizada a título oneroso a los efectos del artículo 2, apartado 1, de la Sexta Directiva, y una actividad económica en el sentido del artículo 4, apartado 2, de esta Directiva.
Al mismo tiempo, mantiene el Tribunal que no existe relación de subordinación entre los registradores-liquidadores y la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos que previene el artículo 4, apartado 4, de la Sexta Directiva, toda vez que ellos mismos, se procuran y ordenan los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus actividades de liquidación y recaudación, soportan el riesgo económico del desarrollo de esa actividad, sin que el hecho de que sean responsables de los actos realizados por delegación de la autoridad pública sea rasgo suficiente para considerar la existencia de vínculos de subordinación. Finalmente, el Tribunal de Justicia defiende que la actividad desplegada por los registradores-liquidadores no es la propia que desarrollan los organismos públicos porque no están integrados en la organización de la Administración pública, ya que se trata de actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal, de donde, no es posible aplicar a las mismas la regla de no sujeción prevista en el artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva.
Quinto.-Es jurisprudencia asentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde el asunto Costa c. ENEL C-6/64, la primacía del Derecho Comunitario (Derecho de la Unión Europea, tras el Tratado de Lisboa, en vigor desde 1 de diciembre de 2009) sobre el Derecho interno de los Estados miembros. Como quiera que todos los órganos del Estado, incluyendo los Tribunales de Justicia internos, quedan sometidos al principio de primacía del Derecho comunitario (Declaración 17 relativa a Disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y deben adoptar las medidas oportunas para su cumplimiento, una vez que se haya conocido la interpretación correcta de la normativa comunitaria al caso, corresponde a los Tribunales internos, de ahora en adelante, la aplicación de dicha interpretación.
El principio de primacía obliga a la aplicación del Derecho de la Unión dejando de un lado el Derecho nacional contrario cuando se dé una eventual contradicción entre normas de ambos ordenamientos, obligación que se extiende hacia juez nacional y a la propia Administración (jurisprudencia Simmenthal C-106/77, Fratelli Costanzo C-103/88, y asuntos von Colson C-14/83, Marleasing C-106/98 o Maria Pupino C-105/03, entre otros más).
Por su parte, el Derecho primario de la Unión atribuye de manera indiscutible al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la competencia para la interpretación y aplicación uniforme del Derecho de la Unión (art. 19 TUE),a lo que debe añadirse que en virtud de la jurisprudencia del TJUE (Sentencia del Tribunal de Justicia -Pleno- de 25 de noviembre de 2003, asunto C-278/01, Comisión c. España, apdos. 25-27), el Estado está obligado a poner fin al incumplimiento declarado por el Tribunal de manera inmediata.
En consecuencia, debe esta sede jurisdiccional acatar la jurisprudencia recientemente sentada por el Tribunal en el asunto Comisión c. España (C-154/08) a que se refiere la sentencia ya citada del TJCEE de 12 de noviembre de 2009, en los términos que han quedado señalados en el anterior Fundamento Jurídicos.
Por lo tanto y en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión tal y como éste ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del deber de interpretación del Derecho interno de conformidad con el Derecho de la Unión, debe este Tribunal Superior de Justicia separarse de la jurisprudencia por él asentada y atraída de la pronunciada por el Tribunal Supremo en la sentencia a que se ha hecho referencia en nuestro Fundamento Jurídicos Tercero para, así, dar debida aplicación a la jurisprudencia europea y sujetar a IVA las operaciones efectuadas por los Registradores-liquidadores de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Desestima el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 25 de abril de 2002, recaída en el expediente número 18/3142/01, que se anula por no ser ajustada a Derecho. No se hace ningún pronunciamiento en materia de costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 34
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 resolución