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Timestamp: 2019-02-22 10:53:38+00:00

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Recortes de Prensa Sábado 3 Septiembre 2011
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Septiembre 2011
Según parece el único representante en el Congreso de la coalición IU ha impedido que CiU se sume al contubernio PP - PSOE vetando la aprobación de una enmienda. Unos la tachan de "venganza", aunque creo que es una actitud coherente con la postura ultraizquierdista que mantiene este político tan en declive como su partido. Pero lo ocurrido en el Congreso esta mañana da para un análisis de lo que puede ser el camino hacia el partido único aunque con dos cabezas.
En realidad salvo por Zapatero y su alocada línea triunfalista y demagógica, no hay tanto que separe al PSOE del PP, sobre todo en el fondo y en los objetivos. Ya nadie se cree que el PP sea la derechona reaccionaria , ni que el PSOE sea la izquierda populista y sectaria. Son dos caras de la misma falsa moneda. Unas instituciones que se han propuesto repartirse el poder y escenificar grandes diferencias ideológicas, de las que ambos carecen, para provocar según convenga a la situación el favor de los ciudadanos con sus votos y que les lleve al poder.
Si ambos partidos quisieran, hace tiempo que habrían dispuesto los medios y leyes necesarios para que el Estado fuera una democracia más creíble que la "partitocracia" real que padecemos. Porque mucho se habla de los poderes independientes del Estado como garantía de esa democracia, pero ni PSOE , ni PP, han hecho nada por cambiar el estatus de mangoneo en el que los Altos Órganos del Estado y de la Justicia están dominados en un determinado momento dependiendo del resultado electoral obtenido.
Esta aprobación "express" de la reforma de la Constitución es el más claro ejemplo de que los acuerdos son no solo posibles sino deseados para no tensar demasiado la cuerda y que ésta se rompa. Toda esta farsa es demasiado parecida a la que se está llevando a cabo con las negociaciones con ETA. Es altamente difícil creer que el PP no esté informado y sepa "grosso modo" la situación actual y por donde se espera el siguiente movimiento de ETA. Que yo sepa, Trillo Figueroa como responsable de Interior del PP, ni ningún otro dirigente del PP han insistido en exigir explicaciones al Gobierno del acercamiento y liberación de etarras al País Vasco.
Solo faltaba el que el más informado de todos, Rubalcaba, diga en un acto que "dentro de muy poco no recordaremos los crímenes de ETA". Seguro que el no, pero las víctimas del terrorismo y quienes les apoyamos, sí. Y el PP calla y ya se sabe que quien calla, otorga. Es todo una vergüenza que de seguir así va a provocar un revulsivo social. Y no me refiero a la astracanada del 15M. Este bipartidismo no es una democracia y debemos contribuir a que no se consolide. Los cambios son buenos si con ellos se consiguen beneficios para la sociedad. pero por ahora, los cambios solo parecen beneficiar a los partidos políticos hegemónicos PSOE y PP.
Está por ver si el PP cuando gane las elecciones y si consigue la mayoría holgada que pide, va a acometer cambios reales para consolidar la democracia. El tiempo lo dirá, pero tengo poca fe.
Luis del Pino Libertad Digital 3 Septiembre 2011
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 3/9/2011
A las 9 y media de la noche del domingo 13 de octubre de 1957, comenzaban a recibirse en el Gobierno Civil de Valencia las primeras llamadas de alarma por la crecida del río Turia. Aunque en Valencia capital no llovía en aquel momento, en algunos pueblos de la provincia llevaba diluviando dos días, durante los cuales habían caído más de 500 litros por metro cuadrado.
Poco después de la media noche, los troncos arrastrados por la crecida comenzaban a obstruir los puentes sobre el río y el Turia se salía de su cauce en la capital. En poco más de una hora, el nivel del agua subió dos metros y medio.
Las bocas de las alcantarillas se convirtieron en auténticos surtidores que comenzaron a inundar las calles, al mismo tiempo que buena parte de la ciudad se quedaba sin suministro eléctrico. Al amanecer del lunes 14 de octubre, el nivel del agua comenzó a bajar, pero los primeros rayos de sol revelaron un panorama desolador: el suministro de agua potable se había interrumpido, las comunicaciones por carretera y ferrocarril se habían visto seriamente afectadas y los enlaces telefónicos habían dejado de operar, salvo por una única línea de enlace con Castellón, a través de la cual se hicieron llegar a Madrid los primeros avisos de la catástrofe.
El descenso del nivel del agua proporcionó un momentáneo respiro, pero se trataba tan sólo de una ilusión, porque a mediodía del lunes comenzaron a llegar los avisos de que una segunda riada, más devastadora que la anterior, bajaba por el cauce del Turia.
Esa segunda riada llegó a Valencia alrededor de las 2 de la tarde, al mismo tiempo que comenzaba a llover a mares. En menos de una hora cayeron sobre la capital más de 100 litros por metro cuadrado.
Barrios enteros resultaron inundados. En algunas calles, el nivel del agua llegó a alcanzar los cinco metros. Para cuando la segunda riada comenzó a remitir, a primera hora de la noche, media ciudad estaba enterrada bajo una capa de 25 cm de barro. Más de 800 casas se vinieron abajo o quedaron tan seriamente dañadas que hubo que derribarlas. Oficialmente, se contabilizaron 81 muertos, aunque algunas fuentes estiman que perdieron la vida más de 400 personas. En los días y semanas siguientes, se retirarían de las calles de Valencia más de un millón de toneladas de lodo.
La de 1957 no fue la primera riada que sufría Valencia. Ni probablemente fuera tampoco la más destructiva. Desde que los romanos fundaran la ciudad en el año 138 a.C., las crecidas del río habían sido una constante histórica. Sólo entre los siglos XIV y XX, están documentados 22 desbordamientos del Turia a su paso por Valencia.
Pero la de 1957 sí fue, desde luego, la más publicitada de aquella larga lista de inundaciones catastróficas, por la sencilla razón de que los medios de comunicación y los sistemas de comunicaciones comenzaban por aquel entonces a generalizarse en todo el mundo. Y aunque el alcalde de Valencia, Tomás Trénor de Azcárraga, fue forzado a dimitir por Franco, por ocurrírsele criticar la tardanza con la que el gobierno central hizo llegar la ayuda a los damnificados de la ciudad, lo cierto es que aquella catástrofe sirvió para que de una vez por todas se diera una solución definitiva al problema recurrente de las crecidas en la ciudad.
El 22 de julio de 1958, el Consejo de Ministros aprobaba el denominado Plan Sur de Valencia, para el desvío del río Turia por un nuevo cauce de 12 km, que evitara la ciudad. Nueve años después, las obras estaban terminadas. Y desde entonces, la ciudad de Valencia no ha vuelto a sufrir ninguna inundación.
A veces, las fuerzas de la Naturaleza resultan imposibles de anular. Lo que se impone, en esos casos, es encauzarlas de manera que no resulten dañinas, recurriendo a la ingeniería civil. El río Turia sigue y seguirá experimentando crecidas, pero al menos resulta ya imposible que las calles del centro de Valencia vuelvan a quedar sepultadas en barro.
Y eso que se hace con las fuerzas de la Naturaleza se hace también con las fuerzas sociales. De la misma manera que la ingeniería civil pone las fuerzas naturales a nuestro servicio, o evita que esas fuerzas naturales nos causen ningún mal, la ingeniería social trata de aprovechar las fuerzas sociales y de evitar sus posibles consecuencias dañinas.
Y al igual que sucede con los ríos, una de las maneras más comunes de controlar las fuerzas sociales que amenazan con desbordarse es encauzarlas, de forma que su furia resulte inocua.
El episodio de la reforma constitucional es un buen ejemplo de ello. Nuestra clase política ha puesto sobre la mesa, inopinadamente, un proyecto de reforma de uno de los artículos de nuestra Constitución. Ese proyecto se ha presentado como una respuesta a los mercados y a las autoridades europeas, destinada a insuflar confianza en nuestra economía por el procedimiento de introducir una limitación constitucional al déficit.
Pero lo cierto es que esa reforma es un fraude. En primer lugar, la reforma no hace lo que se supone que debería, puesto que no introduce en la Constitución ningún límite de déficit concreto. Los detalles numéricos se dejan para una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, lo que quiere decir que cualquier mayoría parlamentaria podría alterar los límites de endeudamiento a su antojo.
En segundo lugar, la reforma establece que esos futuros y no especificados límites no serían de aplicación en caso de grave crisis económica. Pero eso quiere decir que si esa reforma constitucional hubiera estado en vigor hace tres años, antes de que empezara la crisis, no habría evitado que el gobierno del PSOE nos hubiera endeudado como lo ha hecho.
Y en tercer lugar, es que esa reforma ni siquiera entraría en vigor de manera inmediata, sino que comenzaría a aplicarse en 2020, así que, de la misma manera que los dos partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo para modificar la Constitución a espaldas de la ciudadanía, nada les impide volver a modificar el articulado en los próximos nueve años, de tal manera que ni siquiera existe garantía de que esta reforma vaya a entrar nunca en vigor.
Estamos, entonces, ante un mero paripé, que ni resuelve nuestro problema de déficit, ni va a insuflar ninguna confianza en los mercados, que lo que están esperando son otras reformas. Sin embargo, para lo que sí sirve esta reforma constitucional es como manera de encauzar las tensiones sociales en un sentido no destructivo. No hay más que ver, por ejemplo, cómo el movimiento 15M ha entrado al trapo, haciendo de la protesta contra esta pantomima de reforma el eje de su actuación.
La reforma no sirve, por sí misma, para arreglar ninguno de nuestros problemas, pero proporciona el capote que el toro social debe embestir, mientras el gobierno central y los gobiernos autonómicos aprueban el resto de medidas de recorte que sí que van a tener una influencia directa sobre la economía. Por ejemplo, esa reforma de los contratos temporales que en otras circunstancias hubiera sido imposible de aprobar, debido a la contestación social, y que ahora ha pasado prácticamente desapercibida, debido a que quienes podrían contestarla están ocupados, fijándose en una reforma constitucional que no va a ninguna parte.
Vampiros y garrapatas
Opinión www.gaceta.es 3 Septiembre 2011
No se aprende en Naturales de la ESO sino viendo a PNV y CiU en el Congreso.
La diferencia entre un vampiro y una garrapata consiste en que el primero, murciélago hematófago o conde transilvano, actúa con nocturnidad y violencia, sorbiendo sangre de sus víctimas, a las que deja chupadas y asustadas. La garrapata, menos aparatosa, se entremete en la piel de la presa y succiona sin parar. Con el vampiro te enteras, sobre todo si tiene la pálida faz de Christopher Lee. Con la garrapata es sólo un picorcito, pero te sorbe a modo. Esto no se aprende en Naturales de 2º de la ESO, sino observando detenidamente a PNV y CiU, cuando bajan desde sus guaridas autonómicas al cazadero del Congreso.
Vampiro es el PNV. Sin la violencia terrorista no existiría. Garrapata es, en cambio, CiU, que a la chita callando chupa hasta dejar la ubre del Estado reducida a una pasa arrugada. Desde el pujolismo hasta ese chupóptero disfrazado de hombre de Estado que es Duran i Lleida. Sin chupeteo no hay CiU, del mismo modo que una garrapata se muere si no succiona. El arácnido suelta su presa cuando se hincha. CiU, no. Después de toda la hemoglobina que se ha llevado a la buchaca, quiere aprovechar la reforma constitucional para limitar el compromiso de solidaridad interterritorial. Es decir, para blindarse y no contribuir a ese fondo. Lo hace con la vista puesta en su parroquia para la cita del 20-N.
El eusko-vampiro muerde la yugular (la autodeterminación), la garrapata se conforma con más pela. La sangre sobre la que se cimienta el nacionalismo vasco es roja. La sangre sobre la que se asientan los sablistas de CiU es verde. ¿Y no se puede parar esta sangría? Chungo. Porque el sistema electoral les convierte en bisagras; del mismo modo que la saliva anticoagulante de los vampiros les convierte en voraces chupadores.
Hay semanas en las que la palabra hemiciclo parece más apropiada que nunca para designar al Congreso. Porque recuerda, no sé por qué, a hematíes, hematoma y hemorragia.
*Arturo Moreno www.gaceta.es 3 Septiembre 2011
Esta modificación constitucional propicia un cambio en la cultura política del país
Una vez más, el peso de la realidad ha doblegado a los que han pretendido rehuirla, edulcorarla o postergarla. La reforma constitucional emprendida para modificar el artículo 135 de la Carta Magna tiene como objeto constitucionalizar la estabilidad presupuestaria, fijando los límites del déficit estructural y del volumen de deuda en relación al PIB en el que pueden incurrir las distintas Administraciones del Estado; es un hito político de un enorme valor.
Es de justicia reconocer que se trata de una idea reiteradamente propuesta por Rajoy, ya experimentada con ejemplaridad en las dos legislaturas del PP a través de la emblemática Ley de Estabilidad Presupuestaria, posteriormente eliminada por el Gobierno socialista, al considerarla un estorbo en sus desenfrenadas políticas de expansión del gasto. Básicamente el espíritu de la reforma responde a la llamada regla de oro por la que los Gobiernos no deben gastar más de lo que ingresan. Se estima, con razón, que este ejercicio de responsabilidad política genera por sí solo una estela de confianza en los mercados.
No admite dudas que mientras el PP, por su trayectoria e ideas, está plenamente comprometido con la norma y garantizará en sus responsabilidades su cabal cumplimiento, la izquierda ha accedido a su instauración obligada por las circunstancias; la devastadora crisis les obliga a pagar este tributo al mercado, exigido por nuestros avalistas políticos del eje francoalemán. Aunque muy tarde, las pérdidas de tiempo no son redimibles y, a rastras de los hechos, se ha tomado la mejor decisión para España; si somos rigurosos en su aplicación, podría significar un punto de inflexión en la política nacional. Obviamente, la Ley Orgánica que desarrolle este compromiso constitucional debe establecer un sistema de sanciones justo y razonable pero exigente, además de un acotamiento estricto y mínimo de los supuestos de excepcionalidad.
Es cierto que esta reforma fortalece las garantías de los prestamistas y da prevalencia al cobro de sus créditos sobre otros gastos, reforzando la confianza de inversores y mercados. También otorga la máxima cobertura legal a la disciplina fiscal, pues al fijar un nivel de déficit que no puede superar el conjunto de las Administraciones obliga a una corresponsabilidad fiscal efectiva y a una imprescindible coordinación funcional con las Administraciones periféricas, dada la descentralización del gasto en nuestro Estado. Evidentemente, es una apuesta por la consolidación del proyecto europeo casi construido sobre la única piedra de la unión monetaria, y que ahora tendrá que avanzar hacia la convergencia fiscal. Naturalmente, detiene la espiral de retroalimentación de la deuda que podía llevarnos a dedicar gran parte de los recursos a satisfacer su pago, mejorando las posibilidades de financiación del sector privado.
Hemos vivido una larga etapa política en España protagonizada por un Gobierno más atento a la construcción de la intrascendencia y al otorgamiento de derechos a toda clase de minorías, que a las graves cuestiones de fondo que nos afectan. Por primera vez en muchos años, la realidad política plasmada en este acuerdo nacional bipartidista nos lleva a situar el debate en los deberes de la mayoría, en los deberes de todos. Subyacen en el espíritu de la reforma algunos principios y valores no expresamente desvelados pero sobre los que sería bueno insistir. A mi juicio, esta modificación constitucional propicia un cambio en la cultura política del país, favoreciendo el cambio de mentalidad necesario. Se trata de un elemento nuclear de la construcción de la cultura de la responsabilidad política, mediante la cual el político debe ser un administrador leal, fiable, cuerdo y honrado de los intereses generales. Podría significar una renovación del devaluado contrato de representación política entre representantes y ciudadanía al limitarse los márgenes de discrecionalidad política de los responsables públicos, reduciéndose las posibilidades de fomentar el clientelismo, la arbitrariedad y el populismo. Supone una apuesta por recobrar el sentido de la solidaridad intergeneracional entre los españoles.
Al optar por el camino más difícil del sacrificio y de la austeridad, se han puesto las bases para desempeñar o deshipotecar el futuro de las nuevas generaciones de españoles. Laten también otros valores como una predisposición a dejar de vivir en el engaño y empezar a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Por otro lado, reviste de legitimidad política las medidas reformistas a adoptar por un nuevo Gobierno. Y, por último, hay que celebrar que España vuelva a la senda del consenso fructífero, el que se hace con la finalidad del bien común, el que pretende preservar los intereses generales.
Nada va a ser fácil, vamos a tener que recurrir al churchiliano “sangre, sudor y lágrimas”, surgirán en el camino pérdidas de fe, y aparecerán fisuras que cuestionarán la eficacia de las soluciones y pedirán la vuelta a los estímulos públicos, recreándose nuevamente la empanada nacional. La coherencia en las actuaciones, la firmeza en las convicciones, la perseverancia en continuar en el camino elegido sin concesión a la duda y la esperanza de un futuro mejor deben mantenernos de pie en nuestra larga marcha. Esta decisión beneficia a todos los españoles y nadie debería arrogarse la exclusiva de la representación política en sus comunidades, tergiversando la realidad para alimentar falsos discursos electorales. Tras este frenético agosto, una suave luz de otoño será testigo de una nueva etapa.
Socialismo desnortado (II)
El PSC patea el trasero de su propio electorado, del que depende.
La Cataluña de hoy no es la de los burgueses de la “Renaixença” ni la oligárquica derrotada en 1714. Es o debe ser la de la insurrección popular y guerrillera de 1808 –convenientemente olvidada por su nefando pecado de española–, la de las revoluciones liberales de la última mitad del siglo XIX de ninguna reivindicación nacionalista o incluso la de la frustrada I República, dos de cuyos presidentes fueron catalanes (Pi i Margal y Figueras)… también españoles declarados. El PSC patea el trasero de su propio electorado, del que depende y que simultáneamente produce un contenido rechazo a su cúpula nacionalista por su indiferencia hacia los objetivos de recuperación de “esencias patrias” de los que se siente perfectamente ajeno.
Electorado al que progresivamente se pretende encauzar y domesticar entre imposiciones lingüísticas, obligaciones de rotulación, afirmación del catalán como idioma de integración –el castellano es de “desintegración”… para sorpresa de la importante inmigración iberoamericana–.
Y así es lógico que cuando el electorado socialista es llamado a las elecciones de su tierra, de Cataluña, se encoja de hombros y se quede en casa porque las consideran “cosas de ellos”. De esos mismos que, tras pedirle el voto en castellano, desprecian su lengua castellana en el monolingüe Parlamento de Cataluña. Ese electorado que cuando su Partido le convoca para las elecciones españolas le votan masivamente (esto es, votan al PSOE a través del PSC)… razón por la que la oligarquía nacionalista del PSC amaga pero no pega. Por ello, sus alegatos en favor de una radicalización nacionalista, de un grupo parlamentario propio, de un “despego del PSOE”, no son sino las bravuconadas del gallito de bar que, ante una pelea provocada, grita a sus amigos: “Cogedme, que lo mato”… deseando con toda el alma que lo detengan porque no tiene ninguna voluntad de avanzar un solo paso.
Porque le pueden partir la cara –o que no le vote nadie–.
Carlos Fonseca. El Confidencial 3 Septiembre 2011
El presidente del Gobierno va a abandonar La Moncloa habiendo liquidado el Estado del Bienestar. La política económica que ha desarrollado no tiene nada de socialista (como se denomina su partido) y está muy alejada de la socialdemocracia que tanto alaba. Sus decisiones han sido las de un político de derechas que sitúa eso que llaman mercados por delante de los intereses de los ciudadanos con la excusa de que lo hace por el bien de todos. Zapatero dejará La Moncloa habiéndonos hecho más pobres y arrebatado derechos laborales que llevó años de lucha conseguir.
La reforma de la Constitución aprobada el viernes ha sido la puntilla. Treinta y tres años de sacrosanta e intocable Carta Magna y van el PSOE y el PP y le hacen un roto en cuatro días, con la oposición del resto de la Cámara (salvo UPN) y sin consultar a los ciudadanos en referéndum. La excusa de que es un tema muy complejo es un insulto a los ciudadanos. Como son ustedes tontos, ya decidimos nosotros. Un ejemplo de democracia bipartidista.
Otrosí, la cosa corría prisa porque corremos el riesgo de ser intervenidos y hay que trasladar confianza a eso que llaman mercados, que no se creen que seamos capaces de pagar nuestras deudas y llevan meses cobrándonos un congo en intereses para compensar el riesgo que corren al prestarnos dinero. Para demostrarles que sí, que somos solventes, la reforma incluye en el articulado de la Constitución un límite al déficit del Estado, que será concretado en una ley orgánica que se aprobará el próximo año (el 0,40% del PIB).
La reforma de la Constitución aprobada el viernes ha sido la puntilla. Treinta y tres años de sacrosanta e intocable Carta Magna y van el PSOE y el PP y le hacen un roto en cuatro días, con la oposición del resto de la Cámara
Es como si van ustedes a su banco y le dicen al director que ahora no pueden pagar la hipoteca, pero que no se preocupe, que se comprometen por escrito a hacerlo en 2020. Hagan la prueba y les sacan a patadas de la oficina. Incluir un compromiso en la Constitución no es garantía de que vaya a cumplirse. La Carta Magna también recoge el derecho al trabajo y hay cinco millones de parados.
Semejante objetivo de déficit no lo ha cumplido ningún país de la UE en los últimos veinte años, pero para chulos, nosotros; y como de donde no hay no se puede sacar, pues hay que recortar. ¿De dónde? Pues de dónde va a ser, de donde siempre: salarios de los funcionarios (más que congelarlos los van a crionizar, como a Superman), educación (subirán las tasas universitarias), sanidad (vamos hacia el copago), inversión pública que genera empleo y mejora nuestra vida (carreteras, líneas de alta velocidad…), ley de dependencia, pensiones, privatización de servicios y empresas públicas, las sucesivas reformas laborales… y lo que queda. En definitiva, que van a desmontar el Estado del Bienestar y nos van a hacer la vida más difícil.
Todas estas medidas que aseguran van a “calmar” a los mercados, “transmitir” seguridad, que nos darán “estabilidad presupuestaria, “garantizarán” la recuperación económica y el Estado del Bienestar (qué discurso tan manido) no van a afectar a su promotor. Rodríguez Zapatero tendrá derecho a un sustancioso salario de por vida cuando abandone La Moncloa, y la posibilidad de trabajar en el Consejo de Estado si se aburre en casa o no le ofrecen un cargo de asesor, consejero o cualquier otro puesto de ringorrango en alguna empresa de postín, como les ha ocurrido a sus antecesores Felipe González y José María Aznar. Sonará a demagogía, pero es la puñetera realidad.
Los descontentos, los ciudadanos que exigen una política más participativa, el Movimiento 15M, no se sienten identificados con estos políticos y corean “que no nos representan, que no”; ni con esta forma de hacer política que limita la participación ciudadana a votar cada cuatro años y gritan “lo llaman democracia y no lo es”. Tienen razón.
En este nuevo curso paso del miércoles al fin de semana, de modo que hasta el próximo sábado.
Erc anuncia movilizaciones
El Gobierno minimiza el fallo y respalda a la Generalidad frente al TSJC
El Gobierno se pone del lado de la Generalidad tras el fallo del TSJC que pide educación en castellano en Cataluña. Tras Chacón, Caamaño defiende la inmersión.
LIBERTAD DIGITAL 3 Septiembre 2011
Después de que Carme Chacón, nada más conocerse el fallo, defendiera el modelo lingüístico de la educación catalana, Francisco Caamaño ha minimizado los efectos de la sentencia. Se basa en que el Constitucional ha avalado que el catalán puede ser lengua vehicular. Pero nada ha dicho de que el castellano también debe poder serlo.
En declaraciones recogidas por Efe, ha dicho sobre el auto que la justicia "no da ultimatums, dicta sentencias" que responden a "casos concretos y puntuales que se resuelven".
Por tanto, dijo, "habrá que analizar el fallo y resolver el caso", pero insistió en que lo que dicen las leyes catalanas, "que son constitucionales, es lo que nos vinculan a todos" aunque pueda haber, "en cada caso concreto, excepciones acordadas por un juez en una sentencia".
El ministro opinó que, "a pesar de los titulares", esta es la interpretación que hay que hacer, ya que el Tribunal Constitucional, dijo, "reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia".
Puede haber, dijo, "necesidades de adaptación" a normas, "pero de eso no podemos dar un salto de un caso a la generalidad de todo el sistema de cooficialidad lingüística en la enseñanza que existe en Cataluña, pero también en otras Comunidades como Galicia o incluso Valencia o el País Vasco", dijo.
Preguntado por si este asunto puede suponer algún tipo de sanción, Caamaño dijo desconocer el contenido concreto del fallo, e insistió en que las sentencias tienen que ser cumplidas, pero "son para casos concretos" y no para supuestos generales. "Lo que regula la conducta general de todos se llama ley, no sentencia", concluyó.
La reacción de ERC, mientras, ha sido emplazar a la sociedad catalana a movilizarse contra el fallo. En una resolución el partido alega que "la legislación del Estado español da un trato discriminatorio hacia el catalán, especialmente si lo comparamos con la legislación de otros estados plurilingües".
También apunta que la inmersión se aprobó hace 30 años y que en este periodo ha sido "emulada, elogiada y reconocida en todo el mundo" y que al final de la escolarización obligatoria "todo el alumnado de Cataluña tiene un conocimiento de la lengua castellana igual al que tiene el alumnado de todo el Estado, tal y como afirma el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo".
Además de manifestar el rechazo al auto del TSJC, la resolución lo considera "un ataque directo" a Cataluña, "de consecuencias muy graves para el sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas".
Caamaño defiende la inmersión lingüística obligatoria, en contra del Constitucional y el Supremo
Agencias / Redacción www.vozbcn.com 3 Septiembre 2011
El ministro de Justicia ha salido en defensa de la inmersión lingüística obligatoria que aplica, en contra de la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo, la Generalidad de Cataluña. Así, Francisco Caamaño (PSOE) -al igual que ya hiciera este viernes Carme Chacón (PSC), ministra de Defensa- ha señalado que, “a pesar de los titulares” de prensa, el TC “reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia”.
Sin embargo, nunca el TC ha dictado que el catalán puede ser la única lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Ya desde la sentencia del TC de 1994, citada en infinidad de ocasiones por los nacionalistas -la última vez este viernes por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU)-, el Alto Tribunal lo que hace es rechazar el derecho ‘a recibir la enseñanza en solo una de las dos lenguas cooficiales a elección de los interesados’ y establece la constitucionalidad de un ‘modelo de bilingüismo integral o de conjunción lingüística’, exactamente lo mismo que en 2010 recuerda el Supremo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da un plazo de dos meses a la Generalidad para que lo ponga en marcha.
Además, la sentencia de 1994 insiste en que, aunque ‘corresponde’ a la Generalidad ‘organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua’, esta debe ser ‘en catalán y en castellano’. Por lo tanto, los tribunales han dejado claro que ni los padres ni la Administración autonómica pueden escoger la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, han de ser las dos oficiales. Asunto resuelto, nuevamente, por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía.
Caamaño descone las sentencias, o eso parece
Este sábado, sin embargo, Caamaño ha indicado que lo dictado por el TSJC responde a “casos concretos y puntuales que se resuelven” y que “el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza”, dando por hecho que esta puede ser la única lengua vehicular, opinando, por lo tanto, en contra de lo que la justicia ha sentenciado siempre, lógicamente, en base a las leyes.
“Habrá que analizar el fallo y resolver el caso”, ha indicado el ministro de Justicia, pero ha insistido en que lo que dicen las normas autonómicas -que ha puntualizado: “son constitucionales”- es que se pueden dar casos concretos que deben ser acordados “por un juez en una sentencia”. Algo que no se ajusta a lo que han dictado los tribunales.
Para el ministro, “no podemos dar un salto de un caso a la generalidad de todo el sistema de cooficialidad lingüística en la enseñanza que existe en Cataluña, pero también en otras Comunidades [Autónomas] como Galicia o incluso Valencia [por Comunidad Valenciana] o el País Vasco”. Pese a que los sistemas educativos en estas tres CCAA, en materia lingüística, son distintos.
Juanjo Armas. Minuto Digital 3 Septiembre 2011
COSPEDAL cierra LA DE CASTILLA-LA MANCHA
Las 'mini embajadas' autonómicas en Bruselas: ¿derroche o necesidad?
El gesto de Cospedal de cerrar la "embajada" de Castilla-La Mancha en Bruselas pone sobre la mesa el coste y la utilidad de estas representaciones.
Macarena Lora | Bruselas Libertad Digital 3 Septiembre 2011
Los vientos de austeridad que, por obligación o convicción, soplan en las administraciones públicas han dejado al descubierto la sangría de gastos en que incurren las Comunidades Autónomas en Bruselas. Desde los 80.000 euros mensuales que cuesta sólo el alquiler del despliegue catalán en pleno barrio europeo, a las abultadas plantillas que, en varios casos, supera la veintena, pasando por los jolgorios de vino y croqueta que celebran las distintas oficinas regionales en fechas destacadas. Sin embargo, desde numerosas capitales autonómicas argumentan por qué "estar en Bruselas es una inversión".
Tras la declaración de guerra, tijera en mano, de Cospedal al despilfarro regional y el anuncio de la supresión de la representación de Castilla-La Mancha en Bruselas, las oficinas autonómicas en la capital europea están en el punto de mira. Aunque en los últimos años la crisis ha obligado a recortar presupuestos, algunos datos siguen siendo escandalosos.
El derroche más visible comienza en los locales donde ejercen las labores de representación. A pocos metros del edificio donde se cocinan las decisiones de los Veintisiete, un bajo de 1.000 metros cuadrados y dos pisos de oficinas promocionan la marca Cataluña. Al otro lado del parque, en un lujoso barrio residencial, Castilla y León campa a sus anchas en una casa de varias alturas. Y tampoco están lejos los amplios apartamentos de la Junta de Galicia, o la Comunidad de Madrid, ni la ikurriña con su rótulo en inglés y euskera del País Vasco.
Son, en fin, auténticas "mini embajadas" desde las que las CCAA tienden sus tentáculos a las instituciones europeas, siguen la legislación comunitaria que afecta a su región, o ejercitan su particular márketing regional desde el corazón de la ciudad donde se decide el 70 por ciento de las leyes que afectan a los españoles.
Las plantillas también dan una pista del presupuesto que invierten las CCAA en su "chiringuito" comunitario. Una delegada y 8 funcionarios, con un presupuesto de 1,28 millones de euros para 2011, son los recursos del Gobierno vasco para, por ejemplo, como explican desde la oficina, "promocionar a San Sebastián como capital cultural, defender los intereses de Euskadi, o asesorar a los distintos departamentos del Gobierno".
La casa de la Xunta en Bruselas, bautizada Fundación Galicia-Europa, financiada con dinero público y privado, emplea a 7 trabajadores y maneja un presupuesto de 714.534 euros (422.355 son gastos de personal). Andalucía, para promocionar su comercio en el exterior o, sobre todo, negociar la Política Agraria Común, dispone de casi medio millón de euros al año y una plantilla de 14 personas.
El coste de no estar
Pese a los números, no faltan los críticos con la clausura de oficina anunciada por Cospedal. Y no sólo en Bruselas. Ya cuando José María Barreda, el predecesor de la presidenta manchega, anunció su intención de cerrar la oficina, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le replicó que dejara "a cada uno arreglar su casa".
Los menos partidarios de cerrarle el grifo a estas dependencias aluden al "coste de no estar en Bruselas", porque, como argumenta María Lozano, la delegada de la modesta representación navarra, "aquí está todo el mundo". Tanto desde ésta como desde otras oficinas defienden su existencia como una herramienta para captar financiación europea para proyectos, por ejemplo, de I+D, formar personal o reforzar su presencia en el proceso legislativo.
En realidad, en las 17 representaciones, se pueden encontrar varios modelos. Las hay totalmente alejadas de la sociedad civil y estancadas en el privilegio institucional, y las hay que se financian gracias a la participación de la industria y otros actores interesados en la labor que desempeñan. Desde la sede de una Comunidad Autónoma en la capital europea, una fuente que prefiere no identificarse sostiene que "no se puede medir por el mismo rasero a la oficina que dedica sus recursos a llevarle el maletín al consejero de turno, y cuyo director ni siquiera vive en Bruselas, que a la que dedica sus recursos a hacer buenos papeles y a trabajar en serio".
Desde la veteranía de veinte años dedicados a establecer lazos entre su región y la Unión Europea, este español confiesa a LD que está "horrorizado" con la medida anunciada por Cospedal. Aunque se reconoce afín ideológicamente a la política manchega y comparte los criterios de austeridad en el gasto público, explica con vehemencia que "hay mucho dinero en Bruselas que España no acaba de aprovechar".
"Lo que habría que valorar, en realidad, es qué se recibe a cambio del trabajo bien hecho", asegura. Por ejemplo, la oficina de Valencia, según recoge un informe interno, ha logrado recaudar 93 millones de euros para proyectos en su Comunidad en los últimos 7 años, mientras que su coste es de 500.000 euros anuales, según calcula una fuente de la Generalidad (otras prefieren no dar cifras en plena "fase de redefinición").
En cualquier caso, entre los defensores de la existencia de estas oficinas también los hay que reconocen que se puede hacer lo mismo con menos recursos. Uno de sus directores se une a las críticas contra el despilfarro. "Fíjate que a mí siempre se me ha criticado que no hacemos fiestas", bromea mientras defiende un trabajo serio al mínimo coste posible.
Un dispendio no sólo "made in Spain"
Más de 250 representaciones de todos los países, también extracomunitarias, como la de una región croata o de Estambul, han querido recortar kilómetros con la capital donde se cuece buena parte de la legislación nacional. Baviera, Sicilia, Baden-Würtemberg... Muchos de sus palacetes compiten en esplendor y solapan funciones con las embajadas nacionales, mientras que sus Gobiernos sudan para recortar gastos.
El derroche público y los gestos de mal gusto en las administraciones, en contraposición a la crisis que estrangula a los ciudadanos, han encendido la polémica en los últimos tiempos. Sin embargo, es improbable que todas las Comunidades Autónomas sigan el camino de María Dolores de Cospedal y supriman su antena en Bruselas.
EDITORIAL Libertad Digital 3 Septiembre 2011
Editorial www.gaceta.es 3 Septiembre 2011
Los partidos chantajistas se han retratado en la reforma constitucional.
Toda situación crítica es un termómetro moral. Pasó en la tragedia del Titanic, paradigma de los hundimientos. y pasa, a escala, cada vez que corren tiempos difíciles –catástrofes, guerras, crisis–: unos se comportan con sensatez, generosidad e incluso heroísmo; otros, como unos perfectos rufianes; y algunos aprovechan para sacar tajada, con mezquina deslealtad.
La reforma del artículo 135 de la Carta Magna para garantizar la estabilidad presupuestaria, aprobada ayer con los votos de PP, PSOE y UPN, ha convertido el hemiciclo en un escaparate sumamente ilustrativo, que permite al ciudadano hacerse una idea bastante exacta de la catadura ética de los distintos partidos políticos. Así, tenemos la coherencia del Partido Popular, que hace un año propuso fijar el techo de gasto; el oportunismo y la impostura de un PSOE, urgido por el eje París-Berlín, que hace de la necesidad virtud con un pacto por el que la izquierda le pasará factura en la cita del 20-N con las urnas; y también la mezquindad de una banda de parásitos que aprovechan un momento singularmente dramático para las cuentas de España para lanzar órdagos soberanistas (como el PNV) o sacar enésimas tajadas económicas (CiU).
Si los primeros han querido vender a precios estratosféricos la primogenitura de sus enmiendas, pidiendo el derecho de autodeterminación, los convergentes han hecho, fieles a su añeja estrategia fenicia, otra exhibición de insolidaridad y voracidad económica. Al proponer que sean las comunidades autónomas las que fijen, de forma individual, el límite del déficit público, están blindando su aportación a la caja de solidaridad interterritorial. Tienen en el subsconciente un sistema similar al Concierto vasco, exento de contribuir a la caja común. Y aprovechan el agrio debate que ha suscitado la reforma para hacer el chantaje, con su altisonante e hipócrita retórica (“choque de trenes”, “ruptura del consenso constitucional”). Luego, y por exigencias de su viejo guión, se moderan, optan por ausentarse en la votación y Duran i Lleida vuelve a poner cara de hombre de Estado... pero el mensaje identitario y reivindicativo ya ha calado en su electorado a menos de tres meses de las elecciones. Tiene gracia, por cierto, que sea precisamente CiU la que diga que se siente expulsada de la Constitución, cuando el Tribunal Superior de Justicia catalán ha tenido que dar un ultimátum a la Generalitat para que equipare el castellano con el catalán, cumpliendo de una vez las exigencias de la Carta Magna.
En una ocasión en que se echan de menos gestos responsables y solidarios, con el país al borde del precipicio, chirría el obsceno mercadeo de Llamazares o la tacañería partidista de quienes se dicen nacionalistas moderados. También chirrían flagrantes incongruencias de parásitos como CC OO, preparando las movilizaciones contra la reforma desde lujosos hoteles en el Atlántico, o delirantes ocurrencias como el debate monarquía-república de IU. Pero los primeros nada pintan en el juego democrático, y las frikadas de IU quedan en eso: extravagancias de extraterrestres ideológicos, de inocuas consecuencias.
Lo triste son los chantajes de quienes volverán una y otra vez a ejercerlos, aprovechándose de su privilegiada posición de bisagras. A menos que alguien, algún día, le ponga el cascabel al gato del sistema electoral.
El TSJC dicta que en dos meses se equiparen ambas lenguas en la escuela / El Ejecutivo de Artur Mas se niega a acatar el fallo y anuncia que recurrirá
La Justicia obliga a la Generalitat a igualar el castellano y el catalán en las aulas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un auto que establece un plazo de dos meses para que la Generalitat establezca el castellano como lengua vehicular en la escuela, al mismo nivel que el catalán, idioma en el que se estudia en las aulas de Cataluña. El auto indica que «el español no puede ser sólo una asignatura más».
Barcelona - Joan Planes La Razón 3 Septiembre 2011
Este fallo puede significar el fin de la inmersión lingüística de Cataluña, que desde la ley de política lingüística (1998) fijó el catalán como única lengua vehicular en la escuela. Los sucesivos gobiernos, tanto de CiU como del tripartito, no se han apartado ni un milímetro de este modelo, e incluso han ignorado varias sentencias del Supremo.
En el auto, el TSJC insta a la Generalitat a adaptar el sistema lingüístico en las escuelas a la sentencia del Tribunal Supremo en la que se equiparan español y catalán en las aulas, del pasado diciembre y que se basaba en el fallo del TC sobre el Estatut. Cinco meses después, el Supremo también daba la razón a varias familias que, representadas por Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad que promovió el recurso para equiparar el castellano y el catalán en las aulas, pedían poder escolarizar a sus hijos en castellano.
El TSJC le dio a la Generalitat la oportunidad de explicarse y la consejera de Educación, Irene Rigau, defendió la inmersión lingüística y recordó que un fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut permitía a la Generalitat establecer el número de horas en las aulas para cada lengua. Ahora, el auto introduce dos importantes novedades. Por un lado, fija un plazo para acatar la decisión ( hasta el 2 de noviembre), y por otro, la consejería de Educación podría tener que abonar entre 300 y 2.000 euros por cada día de incumplimiento del fallo, según fuentes de CCC.
En junio, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, junto al presidente de CCC, Francisco Caja, entregaron a Educación 505 solicitudes de padres que pedían una enseñanza bilingüe. Anteriormente, los populares habían recurrido la Ley de Educación del tripartito al TC para conseguir la tercera hora de español.
El PP catalán presentará el lunes una propuesta de resolución en el Parlament con la intención de forzar a la Generalitat a cumplir la sentencia del TSJC. El portavoz popular en la cámara catalana, Enric Millo, advirtió ayer de que «en el caso de incumplimiento se deteriorarían las relaciones entre el PP y el Govern». Por su parte, el abogado de CCC y propulsor del recurso que ha derivado en este auto, Ángel Escolano, celebró el fallo y señaló que «esto supone, en la práctica, la desaparición del modelo de inmersión lingüística , y si la consejera no cumple con el auto, tendrá que responder penal y administrativamente de su incumplimiento».
La Generalitat tiene ahora cinco días para recurrir. El 2 de noviembre el Govern tendrá que informar al TSJC de las medidas emprendidas para equiparar el castellano con el catalán en la escuela. Rigau confirmó ayer que recurrirán el auto e insistió en defender de nuevo su modelo lingüístico. «La inmersión nunca ha generado conflictos y garantiza la cohesión social», dijo, antes de añadir que «ambos idiomas reciben el trato pertinente».
Caamaño se pone de parte de los catalanistas en el conflicto de la lengua
www.gaceta.es 3 Septiembre 2011
Caamaño ha recordado hoy que el Constitucional ha avalado en una sentencia que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza.
El ministro de Justicia insistió en que el último fallo responde a un caso concreto e indicó que las leyes catalanas son constitucionales.
Así se pronunció el ministro en referencia al auto del TSJC que da dos meses al Govern para que adapte su sistema educativo y el castellano sea lengua vehicular.
Caamaño explicó respecto al auto que la justicia "no da ultimátums, dicta sentencias" que responden a "casos concretos y puntuales que se resuelven".
Por tanto, dijo, "habrá que analizar el fallo y resolver el caso", pero insistió en que lo que dicen las leyes catalanas, "que son constitucinales, es lo que nos vinculan a todos" aunque pueda haber, "en cada caso concreto, excepciones acordadas por un juez en una sentencia".
El ministro opinó que, "a pesar de los titulares", esta es la interpreación que hay que hacer, ya que el Tribunal Constitucional "reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia".
Preguntado por si este asunto puede suponer algún tipo de sanción, Caamaño dijo desconocer el contenido concreto del fallo, e insistió en que las sentencias tienen que ser cumplidas, pero "son para casos concretos" y no para supuestos generales.
"Lo que regula la conducta general de todos se llama ley, no sentencia", concluyó.
Multas en caso de no acatar el auto
José Domingo La Razón 3 Septiembre 2011
- ¿ Qué supone esta sentencia del TSJC?
– El auto considera que el actual modelo educativo catalán, sustentado en la consideración del catalán como única lengua vehicular, no da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que obligan a considerar el castellano y el catalán como lenguas vehiculares de enseñanza.
- ¿Peligra ahora el modelo de inmersión lingüistica?
– El modelo de inmersión lingüística obligatorio es inviable por inconstitucional. El TC dejó claro que el Estatuto catalán establece un régimen de cooficialidad lingüística, lo que conlleva que las lenguas de enseñanza deben ser el catalán y el castellano. La pacificación de la escuela en Cataluña pasa por la asunción de ese modelo que, además, es respetuoso con la realidad social de Cataluña. La inmersión lingüística obligatoria es dogmática, adoctrinadora y poco pedagógica.
- ¿Qué beneficios tendrá el castellano?
– Se garantizan los derechos de los alumnos a ser escolarizados en los dos idiomas oficiales de Cataluña.
- ¿Qué pasaría si la Generalitat no hace caso?
– El auto que ha dictado el TSJC da un plazo máximo de dos meses a la Generalitat para adaptar el sistema de enseñanza al modelo constitucional y le advierte de que si no lo hace incurrirá en la responsabilidad del artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa que prevé multas a las autoridades y funcionarios incumplidores y deja abierta la vía penal contra los mismos por posibles delitos de prevaricación y desobediencia.
Ciutadans pide la dimisión de Chacón «por defender la exclusión del bilingüismo»
Albert Rivera considera que las declaraciones de la ministra de Defensa defendiendo el modelo de inmersión lingüística «llaman al desacato»
EFE / BARCELONA ABC 3 Septiembre 2011
La Justicia obliga a la Generalitat a implantar el castellano como lengua vehicular en la escuela
El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha pedido hoy la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por defender la exclusión del bilingüismo y el desacato judicial.
Por lo que respecta al gobierno catalán, Rivera ha asegurado que solo le queda aplicar "el modelo bilingüe que exigen los tribunales o sentarse en la banquillo por desacato judicial". Rivera,en un comunicado, ha valorado hoy el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que da un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que adapte su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán.
Rivera asegura que las declaraciones de Chacón «llaman al desacato»
La futura candidata del PSC en las elecciones generales y actual ministra de Defensa, Carme Chacón, defendió ayer el modelo de inmersión lingüística en Cataluña y recordó que éste ha garantizado la cohesión social y lingüística. El presidente de C's ha destacado de la resolución que el TSJC ha remarcado que si no se cumplen las sentencias se pueden abrir diligencias por la vía penal y por lo tanto trasladar a la fiscalía el delito de desacato judicial. Rivera ha pedido que el Gobierno catalán cumpla "la sentencia y que para que curso escolar que ahora empieza se aplique el sistema bilingüe".
El presidente de Ciutadans ha asegurado que es fácil la aplicación del auto del TSJC : "tan solo estamos hablando de que el sistema se adapte con un tanto por ciento equilibrado de clases en catalán y en castellano. Todos los profesores de Cataluña tienen capacidad para dar clases en las dos lenguas, según dice la Conselleria". La aplicación de la resolución, según Rivera, se puede hacer "sin necesidad de un aumento presupuestario".
Redacción www.vozbcn.com 3 Septiembre 2011
En una rueda de prensa convocada de urgencia, que ha durado poco más de diez minutos, Rigau, con un tono serio y mucho más prudente que en anteriores ocasiones, ha asegurado que la Generalidad defenderá “con toda firmeza” la prohibición del español como lengua vehicular escolar, un modelo que ha calificado de “patrimonio colectivo de nuestro país”, en referencia a Cataluña.
“Un modelo que ha garantizado la cohesión social”
“Un modelo que no ha generado conflictos, un modelo que no ha generado diferencias, un modelo que ha permitido el buen dominio del catalán y el castellano como demuestran todos los indicadores de los modelos de evaluación. Ha sido un modelo que ha garantizado la cohesión social”, ha señalado la consejera.
Durante su intervención, Rigau ha vuelto a mezclar modelos escolares que, hoy por hoy, no se están confrontando. Y ha defendido que “no se debe separar nunca a los niños por razón de lengua”, cuando lo que han dictaminado los tribunales no es la segregación de los alumnos, sino que castellano y catalán sean lenguas vehiculares para todos los niños de forma ‘proporcional y equitativa’.
Rigau no ha querido responder a la pregunta de qué medidas tomará la Consejería si su recurso es rechazado. “Estamos convencidos de que con este recurso tendremos la posibilidad de dar nueva y más información que justifique que no hace falta este cambio [de modelo lingüístico escolar]“, ha declarado, y ha insistido en que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto del año pasado respalda la inmersión lingüística obligatoria, a pesar de que su texto dice exactamente lo contrario.
Como era de esperar, múltiples entidades nacionalistas se han posicionado en contra del auto del TSJC. La presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha asegurado que se trata de “una agresión” y “una persecución” al catalán, y ha anunciado que, a través de la plataforma Som Escola -formada por una treintena de asociaciones subvencionadas por la Generalidad-, darán “todo el apoyo que haga falta a las escuelas para que, si hace falta, desobedezcan la ley”. “En estos momentos, o se desobedece la ley, o se desobedece la legitimidad democrática aprobada por el Parlamento [autonómico] de Cataluña. [La inmersión] es intocable, y esperamos que la Generalidad también la considere de esta forma”, ha advertido.
La portavoz de CCOO de Cataluña, Montse Ros, ha señalado que la inmersión lingüística cuenta con el consenso de la sociedad catalana y se ha puesto al servico de la Generalidad para, a pesar de las sentencias, trabajar “para que no se cambie el modelo”.
“Insumisión” y “desacato”
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), Imma Fuyà, ha pedido a la Generalidad que no dé “ni un paso atrás” en la prohibición del castellano como lengua vehicular, ha asegurado que no dejarán de “trabajar por preservar” el modelo de inmersión obligatoria, y ha apelado a la “insumisión”.
El secretario de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, David Altimir, ha declarado que “los profesores tienen suficiente criterio como para no acatar esta sentencia”, y ha anunciado que defenderán el catalán como única lengua vehicular escolar. “La insumisión es la herramienta”, ha insistido.
LENGUA | Conflicto por la lengua en la educación catalana
C's pide la dimisión de Chacón por defender la inmersión pese a la sentencia en contra
Xiana Siccardi | Barcelona El Mundo 3 Septiembre 2011
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha anunciado hoy que su partido pedirá la dimisión de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por las declaraciones que realizó el viernes sobre la sentencia del TSJC sobre el bilingüismo en las aulas. Chacón dijo que su partido defenderá el actual sistema de inmersión lingüística en catalán en las escuelas, por lo que Ciutadans ha pedido su dimisión ya que "una ministra del Gobierno no puede fomentar el desacato o desobediencia de un fallo judicial", ha dicho Rivera.
El partido, que siempre ha hecho del bilingüismo real en las aulas una bandera, se ha vuelto a congratular esta mañana por el fallo del TSJC. Según ha expresado Rivera, durante estos dos próximos meses -el plazo que la Justicia da a la Generalitat para rectificar el modelo educativo- estarán atentos a todos los cambios que se van produciendo, junto a las asociaciones impulsoras de todo el proceso judicial, como Asociación por la Tolerancia, Convivència Cívica Catalana y las asociaciones de padres y madres.
"Es ahora cuando la Generalitat tiene que proponer un nuevo modelo educativo", ha dicho Rivera, que siempre se ha mostrado partidario de un 40% de clases en catalán, otro 40 en castellano y un 20% en inglés, frente al modelo actual, de 25 horas de catalán, tres de castellano y dos de inglés. "Entendemos que un 20% de asignaturas en inglés es difícil de cumplir, pero el 40% de catalán y castellano, no", ha dicho.
Con el fallo judicial, Rivera resaltó que "por fin ahora se podrá tener un bilingüismo real sin tener que pagar unos 1.000 euros de un colegio privado", algo que hasta ahora "estaba reservado a una minoría, como a los hijos de presidentes y no al resto de los mortales". Por último, también ha considerado "irresponsable" que haya partidos políticos haciendo llamamientos al desacato.
LENGUA | Primera reacción del Gobierno al ultimátum judicial
Caamaño cree que el Constitucional avaló el catalán como lengua vehicular
Considera que el auto conocido esta semana sólo afecta a casos concretos
Efe | Silleda (Pontevedra) El Mundo 3 Septiembre 2011
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha recordado hoy que el Constitucional ha avalado en una sentencia que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza, insistió en que el último fallo responde a un caso concreto e indicó que las leyes catalanas son constitucionales.
El ministro opinó que, "a pesar de los titulares", esta es la interpretación que hay que hacer, ya que el Tribunal Constitucional "reconoció que el catalán puede ser la lengua vehicular de la enseñanza, y lo dijo en una sentencia".
El castellano debe ser lengua vehicular en la escuela catalana
Ultimátum del TSJC a la Generalitat para que el castellano sea lengua vehicular en la escuela. Considera "insuficiente" la justificación de Ensenyament e insta a utilizar en dos meses el castellano en más de una asignatura.
http://juanjulioalfaya.blogspot.com 3 Septiembre 2011
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que adapte su sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán.
El auto del TSJC fija un límite para que la Generalitat cumpla la sentencia de diciembre pasado, en la que el Tribunal Supremo estableció que el castellano debe ser lengua vehicular en las escuelas igual que el catalán.
Cataluña tiene dos meses de plazo para adoptar las medidas necesarias para que sea lengua vehicular en el sistema educativo.
El TSJC cree que el Govern no ha cumplido el fallo. Y de no hacerlo en dos meses, la ley prevé desde la imposición de multas hasta la apertura de diligencias penales a los que impidan la ejecución de una sentencia.
La Generalitat anunció que recurrirá la resolución y que defenderá «con firmeza un modelo que es patrimonio del país», según la consejera de Educación, Irene Rigau.
Chacón (PSOE): 'Los socialistas catalanes defenderemos la inmersión lingüística en Cataluña'
Héctor Salazar www.lavozlibre.com 3 Septiembre 2011
Barcelona.- Carme Chacón, ministra de Defensa, candidata fallida a la presidencia del Gobierno, y número uno en las listas del Partido Socialista de Cataluña (PSC) para las próximas elecciones generales, ha adoptado una posición firme sobre el modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña. “Lo hemos defendido y lo defenderemos”, dijo la catalana.
Chacón se muestra contraria así al ultimátum que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impuesto a la Generalitat. Según el requerimiento judicial, el Govern de Artur Mas debe equiparar el español y el catalán como lenguas vehiculares en la enseñanza en un plazo no superior a dos meses. En el auto, emitido ayer viernes por el Tribunal, se pide a la Consejería de Educación que adapte el sistema lingüístico de Enseñanza a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 en la que “se considera también al español como lengua vehicular en la enseñanza de Cataluña junto al catalán”.
Carme Chacón ha sido clara: "Los socialistas catalanes defendemos y defenderemos el sistema educativo de inmersión lingüística, que es el que ha garantizado la cohesión social y lingüística en nuestro país". "Lo que sí que continuaremos pidiendo es fortalecer nuestro sistema educativo y en particular nuestro sistema educativo público", aseveró la ministra de Defensa.
LA GENERALITAT RECURRIRÁ EL AUTO DEL TSJC
El Gobierno de Cataluña ha decidido, al igual que con la sentencia del Constitucional, hacer oídos sordos y plantear recurso para dilatar el proceso lo máximo posible. Obstrucción a la Justicia, delito inserto en el Código Penal. La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, ha afirmado que acudirá a los Tribunales para defender un modelo que, según ella, “no ha generado conflictos ni provocado diferencias”. “Con este recurso tendremos la posibilidad de dar nueva y más información que justifique que no hace falta este cambio”, aseguró Rigau.
ALEGRÍA EN LOS COLECTIVOS DE DEFENSA DEL CASTELLANO
El auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) viene a confirmar los esfuerzos que, partidos políticos como Ciutadans (C´s), o asociaciones como Impulso Ciudadano o Convivencia Cívica Catalana, llevan realizando durante los últimos años defendiendo la libertad de los padres para elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos, exigiendo la igualdad del español y el catalán.
Albert Rivera, líder de Ciutadans, se congratulaba ayer de la decisión del TSJC en su perfil de Twitter: “Hoy ha sido un día histórico. La Justicia le ha dado dos meses a la Generalitat para cumplir la ley y establecer una educación bilingüe”.
* Enrique de Diego www.gaceta.es 3 Septiembre 2011
Los socialistas pensaron que en los islamistas tendrían unos aliados contra el cristianismo La Generalitat catalana ha vetado la construcción de nuevas mezquitas.
Lo ha hecho modificando una normativa anterior del ‘tripartito’ que obligaba a ceder suelo público a los ayuntamientos para construir lugares de culto. La nueva especifica que se tendrán en cuenta “tradición, historia y cultura”. Se sobreentiende que las mezquitas no forman parte ni de la tradición, ni de la historia (que se define más bien por la oposición al islamismo), ni de la cultura catalanas, insertadas en la civilización occidental judeocristiana.
El Ayuntamiento de Salt ya ha votado contra la construcción de nuevas mezquitas y lo mismo han hecho otros ayuntamientos. Estamos ante un cambio de tendencia. Montilla apostaba por la islamización de Cataluña y el PSC lo ha pagado muy caro en las urnas. La socialista Idoia Mendia, consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno autónomo vasco, sigue la misma estrategia suicida de promoción del islamismo.
Los socialistas consideraron que en los islamistas tenían unos aliados naturales contra el cristianismo y que ellos serían los únicos capaces de administrar una sociedad en conflicto, con comunidades cerradas yuxtapuestas. Porque el hecho es que hay barrios musulmanes en varias ciudades españolas, con manifiesto tono exclusivo y excluyente. A pesar de que durante años esta materia ha sido tabú, han sido los ciudadanos los que han abierto el debate con sus votos, porque lo predica El Corán, en términos de violencia y genocidio, no está amparado por la libertad religiosa.
* Enrique de Diego, es periodista.

References: artículo 135
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 resolución 
 artículo 112
 resolución 
 resolución