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21 de junio de 2019 | Noticias
Vigencia desde 31 de Diciembre de 2006. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2008 hasta 17 de Mayo de 2008
Artículo 1 Organización territorial
Artículo 2 Otras entidades locales
Artículo 3 Principios de organización
Artículo 4 Representación objetiva de los intereses locales
Artículo 5 Fuentes del régimen local
TÍTULO I. LOS CONSEJOS
Artículo 6 Consejos
Artículo 7 Composición y competencia
Artículo 8 Remisión a la ley específica
TÍTULO II. LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I. Los elementos del municipio. Identificación
Artículo 9 Elementos del municipio
Artículo 10 Identificación
CAPÍTULO II. La alteración de términos municipales
Artículo 11 Supuestos
Artículo 12 Requisitos
Artículo 13 Creación de un nuevo municipio
Artículo 14 Procedimiento
Artículo 15 Contenido de la resolución
Artículo 16 Deslinde de términos municipales
CAPÍTULO III. La población municipal
Artículo 18 Interdicción de la discriminación
Artículo 19 Registro de la población estacional
CAPÍTULO IV. La organización municipal
Artículo 20 Organización municipal
Artículo 21 Competencias orgánicas
Artículo 22 Órganos municipales de carácter obligatorio
Artículo 23 La junta de gobierno local
Artículo 24 Órganos de consulta, estudio y control
Artículo 25 Estructura orgánica de la administración municipal
Artículo 26 La gerencia municipal especializada
CAPÍTULO V. Regímenes especiales
Artículo 27 Régimen especial del municipio de Palma de Mallorca
Artículo 28 Municipios de régimen especial
CAPÍTULO VI. Competencias
Artículo 29 Competencias
TÍTULO III. OTRAS ENTIDADES LOCALES
CAPÍTULO I. Mancomunidades
Artículo 30 Derecho de asociación de los municipios
Artículo 31 Convenios intermunicipales
Artículo 32 Competencias de las mancomunidades
Artículo 33 Procedimiento para crear una mancomunidad
Artículo 34 Composición de la comisión gestora
Artículo 35 Estatutos de las mancomunidades
Artículo 36 Procedimiento para aprobar los estatutos
Artículo 37 Modificación de los estatutos
Artículo 38 Adhesión de otros municipios
Artículo 39 Separación de municipios
Artículo 40 Disolución de la mancomunidad
Artículo 41 Medidas de fomento
Artículo 42 Competencia específica
CAPÍTULO II. Consorcios locales
Artículo 43 Derecho de asociación mediante consorcios
Artículo 44 Formalización de convenios
Artículo 45 Competencias
Artículo 46 Régimen jurídico
Artículo 47 Forma de constitución
Artículo 48 Hacienda
Artículo 49 Patrimonio
Artículo 50 Personal
CAPÍTULO III. Entidades locales menores, entes autónomos locales, distritos y delegaciones territoriales de la alcaldía
Artículo 51 Creación de entidades locales menores
Artículo 52 Procedimiento de creación, modificación y supresión de entidades locales menores
Artículo 53 Naturaleza de las entidades locales menores
Artículo 54 Competencias de las entidades locales menores
Artículo 55 Órganos de gobierno de la entidad local menor
Artículo 56 Áreas metropolitanas
Artículo 57 Entes autónomos locales, distritos y delegaciones territoriales
TÍTULO IV. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I. Transferencia, delegación y encomienda de gestión de competencias en las entidades locales
CAPÍTULO II. Supervisión o control de actos de los entes locales en ejercicio de la competencia propia
CAPÍTULO III. Técnicas de cooperación
CAPÍTULO I. Estatuto de los miembros de las corporaciones locales
SECCIÓN 1. Derechos y deberes
Artículo 69 Régimen jurídico
Artículo 70 Asistencia a las sesiones e incumplimiento de deberes
Artículo 71 Intervención en debates y votaciones
Artículo 72 Acceso a la información
Artículo 74 Retribuciones e indemnizaciones
Artículo 75 Registro de intereses
SECCIÓN 2. Grupos políticos
Artículo 76 Creación y composición
Artículo 77 Funcionamiento y medios
Artículo 78 Junta de portavoces
CAPÍTULO II. Régimen de funcionamiento
SECCIÓN 1. Régimen de sesiones
Artículo 79 Sesiones
Artículo 80 Sesiones ordinarias y extraordinarias
Artículo 81 Convocatoria
Artículo 82 Orden del día
Artículo 83 Publicidad de las sesiones
Artículo 84 Quórum de asistencia
Artículo 85 Informes previos de adecuación a la legalidad
Artículo 86 Enmiendas y votos particulares
Artículo 87 Propuestas
Artículo 88 Régimen de sesiones de la junta de gobierno local
Artículo 89 Periodicidad de sesiones de los órganos complementarios
Artículo 90 Funcionamiento de la Comisión especial de cuentas
SECCIÓN 2. Debate y votaciones
Artículo 91 Debate y votaciones plenarios
Artículo 92 Forma de expresión del voto
Artículo 93 Clases de votaciones
Artículo 94 Quórum de adopción de acuerdos
Artículo 95 Ruegos y preguntas
Artículo 96 Régimen de funcionamiento de los demás órganos colegiados
SECCIÓN 3. Actas
Artículo 97 Actas
Artículo 98 Libro de actas
Artículo 99 Libro de decretos y resoluciones
CAPÍTULO III. Reglamentos, ordenanzas y bandos
Artículo 100 Potestad normativa reglamentaria
Artículo 101 Reglamentos y ordenanzas
Artículo 102 Procedimiento de elaboración de reglamentos y ordenanzas La aprobación de ordenanzas y de reglamentos locales se ajustará al siguiente procedimiento
Artículo 103 Entrada en vigor
Artículo 104 Bandos
CAPÍTULO IV. Régimen jurídico de los actos, acuerdos y recursos
Artículo 105 Procedimiento y régimen jurídico de los actos y acuerdos
Artículo 106 Revisión de actos y acuerdos
Artículo 107 Recursos
Artículo 108 Órganos especiales para reclamaciones y recursos
CAPÍTULO V. Conflictos de atribuciones y de competencias
Artículo 109 Conflictos de atribuciones
Artículo 110 Conflictos de competencia
CAPÍTULO VI. Impugnación de actos y de acuerdos locales y ejercicio de acciones
Artículo 111 Obligación de remisión de información
Artículo 112 Medidas ante infracciones del ordenamiento jurídico
Artículo 113 Requerimiento de anulación
Artículo 114 Impugnación de actos y de acuerdos locales
Artículo 115 Impugnación por las entidades locales de actos de otras administraciones
CAPÍTULO VII. Información y participación ciudadanas
Artículo 116 Principios generales
Artículo 117 Cartas de servicios
Artículo 118 Derechos fundamentales de la ciudadanía
Artículo 119 Derecho de información en relación con la Administración local
Artículo 120 Asistencia a las sesiones
Artículo 121 Medios de participación ciudadana
Artículo 122 Asociaciones vecinales
Artículo 123 Consultas populares
TÍTULO VI. BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES
Artículo 124 Bienes de las entidades locales
Artículo 126 Bienes patrimoniales
Artículo 127 Régimen jurídico
Artículo 128 Prerrogativas
Artículo 129 Alteración de la calificación jurídica
Artículo 130 Mutación demanial
Artículo 131 Desafectación
Artículo 132 Inventario
Artículo 133 Inscripción en el Registro de la Propiedad
CAPÍTULO II. Adquisición y enajenación
Artículo 134 Capacidad de las entidades locales en relación con sus bienes
Artículo 135 Adquisición de bienes
Artículo 136 Enajenación o gravamen de bienes patrimoniales
Artículo 137 Enajenación de parcelas sobrantes
Artículo 138 Aplazamiento
Artículo 139 Permuta
Artículo 140 Derecho de superficie
Artículo 141 Cesiones gratuitas
Artículo 142 Adscripción y aportación de bienes
CAPÍTULO III. Aprovechamiento y tutela
Artículo 143 Aprovechamiento de los bienes de uso y servicio público
Artículo 144 Aprovechamiento de los bienes comunales
Artículo 145 Utilización de los bienes patrimoniales
Artículo 146 Defensa de los bienes
Artículo 147 Extinción de derechos
TÍTULO VII. OBRAS, SERVICIOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS ENTIDADES LOCALES
Artículo 148 Obras públicas locales
Artículo 149 Requisitos para ejecutar las obras públicas locales
Artículo 150 Declaración de utilidad pública
Artículo 151 Servicios públicos locales
Artículo 152 Creación de servicios públicos
Artículo 153 Servicios en régimen de monopolio
Artículo 154 Dirección y control del servicio
Artículo 155 Acceso a los servicios públicos
Artículo 156 Continuidad de la prestación
Artículo 157 Recepción obligatoria
CAPÍTULO II. Formas de gestión de los servicios públicos locales
Artículo 158 Gestión directa e indirecta
Artículo 159 Modalidades
Artículo 160 Gestión por la misma entidad
Artículo 161 Organismos autónomos locales
Artículo 162 Entidades públicas empresariales locales
Artículo 163 Gestión directa mediante sociedad mercantil
Artículo 164 Gestión indirecta
Artículo 165 Gestión interesada
Artículo 166 Concesión
Artículo 167 Concierto
Artículo 168 Sociedades mercantiles de economía mixta
Artículo 169 Participación en el capital social de la sociedad de economía mixta
Artículo 170 Arrendamiento
Artículo 171 Cooperativas
Artículo 172 Fundaciones
CAPÍTULO III. Actividades económicas
Artículo 173 Actividades económicas
Artículo 174 Requisitos para el ejercicio de actividades económicas
TÍTULO VIII. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
CAPÍTULO I. Acción de fomento
Artículo 175 Principios generales
Artículo 176 Subvenciones
Artículo 177 Acción concertada
CAPÍTULO II. Modalidades de intervención
Artículo 178 Modalidades de intervención
Artículo 179 Sujeción a autorizaciones y licencias
Artículo 180 Clases de autorizaciones y licencias
Artículo 181 Efectos
Artículo 182 Revocación y anulación de licencias
Artículo 183 Compañías suministradoras de servicios públicos
Artículo 184 Gravamen municipal sobre las tarifas eléctricas
Artículo 185 Condiciones mínimas de los edificios y solares
Artículo 186 Infracciones y sanciones
TÍTULO IX. CONTRATACIÓN
Artículo 187 Contratos locales y normativa reguladora
Artículo 188 Normas generales
TÍTULO X. RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS ILLES BALEARS
Artículo 189 Personal al servicio de las entidades locales
Artículo 190 Régimen jurídico del personal al servicio de las entidades locales
Artículo 191 Escalas, subescalas y clases de personal funcionario
Artículo 192 Creación de escalas, subescalas y clases de personal funcionario
Artículo 193 Oferta de ocupación pública
Artículo 194 Competencias de la Escuela Balear de Administración Pública en relación con el personal al servicio de las entidades locales
Artículo 195 Equivalencias con la función pública autonómica
Artículo 196 Provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Artículo 197 Participación en el Consejo Balear de la Función Pública
Artículo 198 Comisión de coordinación de función pública local
Artículo 199 Colaboración de la Inspección de Calidad, Organización y Servicios
Artículo 200 Instrucción de los procedimientos disciplinarios
Artículo 201 Cooperación en materia de función pública local
TÍTULO XI. HACIENDAS LOCALES
Artículo 202 Suficiencia financiera y autonomía
Artículo 203 Tutela financiera
Artículo 204 Compensación de deudas
Artículo 205 Fondos de colaboración económica con las entidades locales
Artículo 206 Financiación de infraestructuras y servicios
Artículo 207 Programas sectoriales
Artículo 208 Participación local
L 12/2019, de 12 Mar. CA Illes Balears (consultas populares y procesos participativos)
Artículo 123 derogado por la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 12/2019, 12 marzo, de consultas populares y procesos participativos («B.O.I.B.» 19 marzo).
L 14/2018, 28 de Dic. CA Illes Balears (de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019)
Regla 7.ª de la letra b) del número 3 del artículo 205 introducida por la disposición final decimoprimera de la Ley [BALEARES] 14/2018, 28 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
Para el año 2019, se suspende la aplicación de la norma que contiene la regla 4.ª del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006, conforme establece el número 2 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 14/2018, 28 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
L 6/2018, de 22 Jun. CA Illes Balears (modificación de varias normas en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local)
Número 3 del artículo 188 derogado por el artículo 9 de la Ley [BALEARES] 6/2018, 22 junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jurídico de las Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos («B.O.I.B.» 26 junio).
L 13/2017, de 29 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018)
Regla 5ª de la letra b) del número 3 del artículo 205 redactada por la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 13/2017, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
L 3/2017, de 7 Jul. CA Illes Balears (modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación)
Número 2 del artículo 72 redactado por el artículo 1 de la Ley [BALEARES] 3/2017, 7 julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación («B.O.I.B.» 13 julio).
Artículo 119 bis introducido por el artículo 2 de la Ley [BALEARES] 3/2017, 7 julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación («B.O.I.B.» 13 julio).
Número 4 del artículo 120 introducido por el artículo 3 de la Ley [BALEARES] 3/2017, 7 julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación («B.O.I.B.» 13 julio).
Número 5 del artículo 120 introducido por el artículo 4 de la Ley [BALEARES] 3/2017, 7 julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación («B.O.I.B.» 13 julio).
Artículo 122 bis introducido por el artículo 5 de la Ley [BALEARES] 3/2017, 7 julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación («B.O.I.B.» 13 julio).
Artículo 122 ter introducido por el artículo 6 de la Ley [BALEARES] 3/2017, 7 julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y participación («B.O.I.B.» 13 julio).
DL 1/2017 de 13 Ene. CA Illes Balears (modificación de la L 20/2006 de 15 Dic., Municipal y de Régimen Local y de la L 3/2007 de 27 Mar. Función Pública y de medidas en materia de coordinación de las policías locales)
Artículo 190 redactado por el artículo primero del D. Ley [BALEARES] 1/2017, 13 enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears («B.O.I.B.» 14 enero).
L 2/2014, de 25 Mar. CA Illes Balears (ordenación y uso del suelo)
Número 1 del artículo 185 derogado por la letra k) del apartado 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 2/2014, 25 marzo, de ordenación y uso del suelo («B.O.I.B.» 29 marzo), el 29 de mayo de 2014.
L 4/2013 de 17 Jul. CA Illes Balears (de coordinación de las policías locales de las Illes Balears)
Artículo 201 bis introducido por la disposición final tercera de la Ley [BALEARES] 4/2013, 17 julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears («B.O.I.B.» 30 julio). Téngase en cuenta la disposición final cuarta de la Ley [BALEARES] 4/2013, 17 julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears («B.O.I.B.» 30 julio), que establece que: "El fondo de seguridad pública se distribuirá de acuerdo con la normativa específica que resulte de aplicación y sin perjuicio, en su caso, del carácter plurianual de la imputación presupuestaria en función del ejercicio en el que deba llevarse a cabo la justificación de los gastos por parte de los ayuntamientos."
L 15/2012 de 27 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013)
Téngase en cuenta el apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre), que establece que, para el año 2013, el porcentaje mínimo a que se refiere este apartado es del 0,3%. Téngase en cuenta el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre), que establece que: "para el año 2013, se suspende la aplicación de la norma que se contiene en el punto cuarto del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006". Apartado 3 del artículo 205 introducido por la disposición final decimocuarta de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
Número 1 del artículo 178 redactado por el número 1 del artículo tercero de la L [BALEARES] 12/2010, 12 noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.I.B.» 25 noviembre). Artículo 179 redactado por el número 2 del artículo tercero de la L [BALEARES] 12/2010, 12 noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.I.B.» 25 noviembre).
L 4/2008 de 14 May. CA Illes Balears (medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible)
Número 2 del artículo 185 derogado por el número 6 de la disposición derogatoria de Ley [BALEARES] 4/2008, 14 mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears («B.O.I.B.» 17 mayo).
Téngase en cuenta el número 1 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 13/2017, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018 («B.O.I.B.» 29 diciembre), que establece que, para el año 2018, el porcentaje mínimo a que se refiere este apartado es del 0,45%.
Para el año 2018, se suspende la aplicación de la norma que contiene la regla 4.ª del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006, conforme establece el número 2 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 13/2017, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2018 («B.O.I.B.» 29 diciembre).
L 18/2016 de 29 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017)
Téngase en cuenta el número 1 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017 («B.O.I.B.» 31 diciembre) que establece que, para el año 2017, el porcentaje mínimo a que se refiere este apartado es del 0,4%.
Para el año 2017, se suspende la aplicación de la norma que contiene la regla 4.ª del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006, conforme establece el número 2 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017 («B.O.I.B.» 31 diciembre)
Téngase en cuenta el número 1 del artículo 34 de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre), que establece que, para el año 2016, el porcentaje mínimo a que se refiere este apartado es del 0,3%. Para el año 2016, se suspende la aplicación de la norma que contiene la regla 4.ª del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006, conforme establece el número 2 del artículo 34 de la Ley [BALEARES] 12/2015, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
L 13/2014, de 29 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015)
Téngase en cuenta el número 1 del artículo 29 de la Ley [BALEARES] 13/2014, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015 («B.O.I.B.» 30 diciembre) que establece para el año 2015 que el porcentaje mínimo a que se refiere el artículo 205.2 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, será del 0,3% Para el año 2015, se suspende la aplicación de la norma que se contiene en el punto cuarto del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006, conforme establece el número 2 del artículo 29 de la Ley [BALEARES] 13/2014, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015 («B.O.I.B.» 30 diciembre).
L 8/2013, de 23 Dic. CA Illes Balears (Presupuestos generales para el año 2014)
Téngase en cuenta el número 1 del artículo 18 de la Ley [BALEARES] 8/2013, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2014 («B.O.I.B.» 31 diciembre), que establece el porcentaje mínimo a que se refiere este apartado en el 0,3%. Para el año 2014, se suspende la aplicación de la norma que se contiene en el punto cuarto del artículo 205.3.b) de la Ley 20/2006, conforme establece el número 2 del artículo 18 de la Ley [BALEARES] 8/2013, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2014 («B.O.I.B.» 31 diciembre).
L 9/2011, de 23 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012)
Téngase en cuenta el número 1 de la disposición adicional novena de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre) que establece que, para el año 2012, el porcentaje mínimo a que se refiere este apartado es del 0,5%. Téngase en cuenta el número 2 de la disposición adicional novena de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre) que suspende, para el año 2012, la aplicación de la norma que se contiene en el punto cuarto del artículo 205.3.b).
Número 1 del artículo 102 renumerado por el número 1 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre), su contenido literal se corresponde con el contenido anterior del artículo. Número 2 del artículo 102 introducido por el número 1 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Número 1 del artículo 74 redactado por el número 2 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Artículo 205 redactado por el número 3 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Disposición transitoria segunda redactada por el número 4 del artículo 32 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre).
La entrada en vigor de la Ley de bases del régimen local de 1985, al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución de 1978, supuso una nueva concepción de la Administración local.
Veinte años más tarde surge la necesidad de profundizar dentro de esta nueva concepción, que permite hacer realidad institucional el principio de la autonomía local, consagrado en los artículos 137 y 140 a 142 de la Constitución y en la Carta europea de la autonomía local, y en el que se fundamenta el régimen local español. No es suficiente garantizar un mero concepto formal de autonomía local, sino que es preciso alcanzar una auténtica autonomía material, mediante la garantía del ejercicio efectivo de las competencias legalmente atribuidas a los ayuntamientos.
Diversas comunidades autónomas acometieron muy tempranamente el despliegue de la llamada legislación básica de régimen local, sobre el texto de la Ley de bases de 1985 y del texto refundido de 1986. Después de los primeros años de iniciativas legislativas, el Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears ha querido elaborar un proyecto de ley municipal y de régimen local, dentro de este contexto, pero en una perspectiva temporal más reposada, susceptible de recoger las últimas novedades tanto en el orden de las ideas como en el aspecto legislativo y jurisprudencial.
Surge así un nuevo texto normativo para la comunidad autónoma de las Illes Balears, fruto de la reflexión y de la experiencia propias, encaminado a dar respuesta a las necesidades actuales de nuestras islas, cuya singularidad geográfica y humana es innegable.
El municipio constituye el nivel local básico y esencial de la organización territorial en las Illes Balears que permite hacer más efectiva la participación de la ciudadanía en la adopción de las decisiones públicas que la afectan más directamente, así como gestionar con menor coste y mayor efectividad las competencias locales.
La filosofía de esta nueva ley balear se asienta en diferentes pilares. En primer lugar, en la búsqueda del fortalecimiento de la institución municipal, tanto en su actuación gestora, como en su participación pública en beneficio de la calidad de vida de la comunidad que representa. En segundo lugar, en la necesidad de regular los aspectos participativos de la vecindad y de sus representantes a través de los cauces organizativos más modernos. Un tercero objetivo es, por otro lado, el de prevenir el minifundismo municipal y la consiguiente disminución de la capacidad de gestión en este primer nivel de la Administración pública, así como la merma injustificada de los recursos de los ayuntamientos para hacer frente a sus competencias municipales. Finalmente, un reto importante es la voluntad de simplificar la función pública, mediante la asimilación progresiva del funcionariado local al funcionariado autonómico, abriéndole de esta manera nuevas perspectivas de carrera y posibilitándole una mayor eficacia práctica en sus funciones.
Con la Sentencia núm. 214/1989, del Tribunal Constitucional, por la que fue anulado el precepto que preestablecía la jerarquía de fuentes en materia local, surge una de las novedades más sugestivas, que es la consolidación definitiva del concepto de «básico» y, en consecuencia, ya sólo pueden considerarse como normas básicas las normas estatales de régimen local que hayan sido calificadas como tales.
En virtud de esta nueva doctrina jurisprudencial se libera un amplio espacio normativo en las comunidades autónomas, que pueden legislar libremente sobre diferentes materias contenidas en los textos estatales, puesto que éstos adquieren un carácter de mera supletoriedad.
El Estado, a partir de esta sentencia, ha asumido esta situación puesto que, con posterioridad a la misma, se ha limitado a establecer el carácter básico de algunos contados preceptos de la nueva normativa que afecte de alguna manera al régimen local. Y aunque la competencia estatal en muchas materias sigue siendo exclusiva, en otras ha quedado constitucionalmente limitada a la fijación de las bases, de forma que a las comunidades autónomas les corresponda el desarrollo legislativo.
Ello determina la aplicación de diferentes criterios en cada una de las materias locales: régimen organizativo, actividades, servicios, función pública, contratos, hacienda local, etc., en función de las respectivas competencias.
La normativa estatal básica que tiene que tenerse en cuenta es, fundamentalmente, la recogida en la Ley de bases de régimen local de 1985, el texto refundido de 1986 y la Ley de haciendas locales de 5 de marzo de 2004, así como sus modificaciones. Ha sido objeto, asimismo, de especial atención la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, no sólo porque introduce modificaciones en la Ley de bases, sino también en cuanto establece un régimen especial para las grandes ciudades, entre las cuales está incluida Palma de Mallorca, cuya voluntad de tener una ley de capitalidad propia es bien conocida.
Respecto de la competencia autonómica, los artículos 10 a 17 del Estatuto de Autonomía delimitan las materias en que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva, así como aquellas otras materias en las que le corresponde el desarrollo legislativo y la función ejecutiva. De acuerdo con el artículo 148.1.2 de la Constitución, el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía determina que, en el marco de la legislación básica del Estado, corresponde a la comunidad autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución de la materia de régimen local.
La competencia de nuestra comunidad autónoma es, por lo tanto, doble: legislativa, en materia de organización y de régimen jurídico de los entes locales, y ejecutiva, mediante funciones de coordinación de la actividad de los mismos.
El título de «Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears» se estima apropiado para una futura ley autonómica de las Illes Balears teniendo en cuenta su ámbito de aplicación, fruto de la peculiar organización territorial de nuestras islas: por una parte, están los municipios y sus ayuntamientos y, por otra, el resto de entidades locales, entre las cuales se encuentran los consejos.
El carácter dual de los consejos ha determinado que se rijan por una regulación paralela: una ley especial en atención a sus aspectos político-organizativos, que no es aconsejable reproducir en esta ley. Pero también la ley propia municipal, para regular el régimen jurídico de su funcionamiento y de su actividad, que ha de ser el mismo que el de los municipios. De ahí, es lógico que la futura ley sea doblemente municipal y de régimen local, por el dispar abanico de destinatarios que comprende.
En el título preliminar se incluyen los principios informadores del régimen local. Interesa destacar el carácter representativo de la colectividad local, consecuencia de la legitimidad democrática directa de los municipios. Estamos ante una representatividad objetiva, por cuanto el municipio representa en forma necesaria a toda la vecindad, independientemente de su voluntad o del sentido de su voto. Las consecuencias de esta representatividad objetiva se proyectan de manera natural a través de las competencias atribuidas a los ayuntamientos, no sólo en el ejercicio del autogobierno, sino también de cara al exterior, canalizando el derecho de participación de esta colectividad en las decisiones que le afecten.
El título I hace lógica mención a los consejos, de los que ya se ha indicado el doble carácter de entidad local y a la vez con personalidad autonómica. Como consecuencia de ello están sometidos, por un lado, a una ley especial que regula sus aspectos político-organizativos y, por otro lado, regidos por esta ley municipal en cuanto a su actividad y funcionamiento.
Los municipios, por su parte, recogidos en el título II, resultan enormemente fortalecidos como entidad política y administrativa, en la medida que se potencia su capacidad de gestión y, con ello, su capacidad de incidir en el entorno económico y social para promover el bienestar de su vecindad.
Se regulan los elementos identificativos del municipio, los supuestos de alteración de términos municipales y la creación de nuevos municipios; al tiempo que se establece la obligación de prestar servicios básicos en todos los núcleos tradicionales determinados por los municipios. Todo ello, como se ha dicho, con la finalidad de garantizar el ejercicio de las competencias obligatorias con la suficiencia de recursos financieros y evitar el empobrecimiento de la capacidad de gestión de la Administración local. De ahí la voluntad novedosa del Gobierno de las Illes Balears de contribuir en el sostenimiento económico de los municipios históricamente más pequeños, sufragando la dedicación exclusiva de los alcaldes y de las alcaldesas cuando sea necesario.
Finalmente, debe hacerse una referencia a la posibilidad de establecer regímenes especiales en determinados municipios, y una mención especial al municipio de la capital, Palma de Mallorca, que ya fue objeto de una propuesta de Carta municipal aprobada unánimemente por su ayuntamiento en julio de 2000.
El título III está dedicado a los demás entes locales. Así, se refiere a las mancomunidades de municipios, incorporando los principios informadores y las normas esenciales de su regulación; a los consorcios, como forma frecuente del asociacionismo municipal con otras administraciones públicas; a las entidades locales menores y a las áreas metropolitanas. Además, también se favorecen los mecanismos de descentralización y desconcentración, con figuras como las juntas de vecindad, los distritos y las delegaciones territoriales, así como los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública.
El título IV, que se ocupa de las relaciones interadministrativas, trata de incorporar cualquier tipo de relaciones entre las distintas administraciones públicas implicadas en la vida municipal, tanto las que afectan a la titularidad y el ejercicio de las competencias, como las de las diferentes modalidades de control que todavía subsisten, si bien con un matiz muy diferente que el de la antigua tutela administrativa.
El título V recoge disposiciones comunes a todas las entidades locales con cierta minuciosidad: el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, el régimen de funcionamiento de sus órganos colegiados, la regulación de sus actos y acuerdos, así como la información y participación ciudadana en la vida local. Se reproduce así la normativa básica, pero se respeta la autonomía municipal y la potestad de autoorganización de cada corporación, plasmada generalmente en el propio reglamento orgánico, donde se establecen las peculiaridades organizativas y de funcionamiento que cada entidad local estime necesarias.
Aunque el título VI, dedicado a los bienes municipales, está sujeto estrechamente al marco de la legislación estatal, se incluye la normativa básica estatal complementada en aquellas materias que requieren un tratamiento con rango legal. Se regula así lo relativo a la clasificación de los bienes y derechos, la alteración de su calificación jurídica, la adquisición, la enajenación y el gravamen de los bienes, la permuta de bienes patrimoniales, la cesión gratuita y las aportaciones directas. Finalmente hay un capítulo especial dedicado al aprovechamiento de los bienes y a su tutela.
La regulación de las obras, los servicios y las actividades económicas de las entidades locales aparece en el título VII. Se precisan el concepto y las clases de obra pública, se regula la dualidad de las actividades y de los servicios públicos municipales y se fijan unas normas generales sobre el establecimiento de los servicios públicos y las diferentes modalidades de gestión directa e indirecta. Entre las primeras se menciona a la entidad pública empresarial incorporada por la Ley de modernización y, entre las segundas, se alude a las figuras del arrendamiento y de las fundaciones.
En lo que concierne a la iniciativa pública local en materia económica, se recogen los requisitos para su ejercicio.
Otro título, el VIII, se dedica a la intervención administrativa en la actividad privada, con referencia en primer término a la acción de fomento, tanto en lo referido a las subvenciones como a la acción concertada, y se establecen después las modalidades de intervención, las clases de autorizaciones y licencias, los distintos tipos de infracciones y las sanciones por incumplimiento en defecto de normativa sectorial específica.
Reducido es el margen de movimiento que permite la Ley estatal de contratos de las administraciones públicas al legislador autonómico, a cuya materia se dedica el título IX; pero este margen es suficiente como para que se puedan introducir algunas singularidades aconsejadas por la práctica de los servicios municipales.
En el título X, dedicado al personal de los entes locales, la primera característica de la regulación que se propone es la unificación esencial del régimen jurídico de la función pública autonómica y local, en un ejercicio de simplificación y de aproximación de cuerpos y escalas. Ello comporta la aplicación al funcionariado local de la Ley balear de la función pública en bloque, con las especialidades indispensables, como respuesta a la voluntad de acercamiento de las dos funciones públicas de la comunidad balear, que implica la apertura de nuevas perspectivas de carrera a partir de la asimilación progresiva del funcionariado local y autonómico. Con una intención de austeridad, se incorporan sólo las previsiones legales que requieren una imposición normativa con rango de ley y se formulan los preceptos en forma de principios generales, de forma que el texto pueda resistir mejor el tiempo y los cambios de contexto en los cuales la norma debe aplicarse. Se ha estimado que la regulación con rango de ley debe limitarse a las materias que estrictamente requieren tal rango. La restante normativa puede desplegarse reglamentariamente y por medio de convenios o de acuerdos sindicales.
El título XI atiende las haciendas locales. Aunque esta materia corresponde a la competencia exclusiva del Estado, en materia tributaria, actuación presupuestaria, contable y de fiscalización, la ley autonómica puede incidir en la garantía de los principios de suficiencia financiera, en la autonomía local y en el principio de participación municipal en la toma de decisiones en esta materia.
Tenemos que añadir otro aspecto en este campo normativo, que es el que se refiere a la tutela financiera de los entes locales, tutela que por mandato del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears corresponde también a la comunidad autónoma.
Consecuencia de lo expuesto es haber centrado la regulación autonómica de las haciendas locales en la regulación de la participación local en los ingresos de la comunidad autónoma, participación constitucionalmente garantizada y ejercida mediante los fondos autonómicos de cooperación. Debe destacarse el Fondo de cooperación local, anual e incondicionado, junto con otros fondos finalistas destinados a la financiación estable de infraestructuras y servicios singulares, con carácter a menudo plurienal (sic), para permitir a los municipios programar su propia actividad y asumir las cargas financieras de las obras y de los servicios de su competencia.

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