Source: https://www.lexcons.com/category/laboral/
Timestamp: 2020-08-14 23:33:27+00:00

Document:
Laboral – Lex & Consulting
Oscar Pujalteabril 15, 2020 Laboral, Subvenciones0 comentarios
Ayuda trabajadores autonomos navarra
Tendrán una ayuda de 2.200 euros los autónomos (también societarios) a los que se les haya reconocido la prestación extraordinaria por cese de actividad que cumplan lo siguiente;
Residencia habitual en Navarra
Alta IAE en Navarra
NO haber solicitado ayudas por promoción de empleo autónomo en 2020.
No tributar por el Impuesto sobre Patrimonio en 2018
Que los ingresos de la unidad familiar no supere durante el estado de alarma 2.151,36 euros mensuales,(estas cantidad puede incrementarse en caso de tener hijos, ascendientes, minusvalías…)
Permanecer de alta como autónomo y en el IAE durante los 12 meses siguientes desde la finalización de esta ayuda (si no se reintegrará la parte proporcional por el tiempo incumplido)
Los autónomos que no hubiesen accedido a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, podrán tener una ayuda de 700 euros (800 euros si los ingresos de la unidad familiar son inferiores a 1.613,52 euro) , y deberán cumplir los requisitos anteriores y
deberán permanecer de alta en todo momento como autónomo y en el IAE en Navarra.
No haber cesado en su actividad, y acreditar que la facturación en el mes anterior sea un 30% menos al promedio del semestre anterior.
Estas ayudas se podrán solicitar hasta el último día del des siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Se resolverán en el plazo de 3 meses desde la solicitud.
Oscar Pujalteabril 1, 2020 General, Laboral0 comentarios
Medidas apoyo a los autónomos covid 19 RDL 11/2020
A continuación mostramos un resumen de las medidas para autónomos incluidas en el RD Ley 11/2020
MORATORIAS PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
La Tesorería General de la Seguridad Social concederá moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social atendiendo a excepcionales circunstancias, en los casos y condiciones que se determinen mediante Orden Ministerial (artículo 34).
El periodo de devengo en el caso de empresas sería el comprendido entre abril y junio de 2020, mientras que en el caso de los autónomos sería el comprendido entre mayo y julio de 2020.
Se permite que las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social, que deban ingresar entre los meses de abril y junio de 2020, con una rebaja sustancial del tipo de interés exigido que se fija en el 0,5%, mediante el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor.
FLEXIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SUMINISTROS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Para los autónomos y PYMES, se ha establecido un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado. Asimismo, para que los comercializadores no asuman cargas de tesorería indebidas, se les exime de afrontar el pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos consumos durante el periodo de suspensión del pago.
DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES EN CASO DE DESEMPLEO O CESE DE ACTIVIDAD DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
Durante el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
SUBSIDIO PARA EMPLEADAS DEL HOGAR AFECTADAS POR EL CESE O REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD Y PARA TRABAJADORES TEMPORALES CUYO CONTRATO FINALICE Y QUE NO TUVIESEN DERECHO A PRESTACIÓN.
Se crea un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar: Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.
La cuantía del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción al empleador.
Se crea un subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.El subsidio será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas (art. 275 LGSS).
BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU ACTIVIDAD O HAYAN VISTO REDUCIDA SU FACTURACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19.
Por último, se crea un derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19.
Deben tener la consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
Para ello, la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior:
a) a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
b) a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
c) a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud del Anexo IV del RDL acompañado de documentación acreditativa.
Además, el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tendrán derecho a la prestación por cese total de actividad profesional cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social sea reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Oscar Pujaltemarzo 30, 2020 Laboral0 comentarios
Nuevas medidas en el ámbito laboral covid19
En fecha de 28/3/2020 de publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el cual se adoptan medidas complementarias con respecto a las reguladas por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo:
Sobre la tramitación y regulación que afecta a los ERTE. Se incluye un régimen sancionador para solicitudes fraudulentas.
La suspensión de los contratos temporales.
La prohibición de despidos relacionados con la crisis sanitaria.
1.- Sobre la tramitación y regulación que afecta a los ERTE y su régimen sancionador:
Regulación de las prestaciones por desempleo que correspondan a las personas trabajadoras afectadas por un ERTE:
Se señala que tras el ERTE por fuerza mayor, son las empresas las que deberán realizar los trámites ante el SEPE para que los trabajadores afectados perciban la prestación por desempleo que les corresponda.
En relación a las cooperativas se establece una especialidad para los casos en los que la Asamblea General de cooperativas no pueda celebrarse a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar las suspensiones totales o parciales de trabajo de sus socios.
Se enviará a la Administración por medios electrónicos en el plazo de cinco días a contar desde la solicitud de ERTE por fuerza mayor o desde la fecha en que se notifique a la autoridad laboral la decisión del ERTE en caso de causas ETOP. Si se ha enviado la solicitud antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley los cinco días comienzan a contar desde el 28 marzo.
No remitir esta solicitud podrá ser constitutiva de infracción grave.
Régimen sancionador previsto para la solicitud de ERTE fraudulentos
Según la Disposición Adicional Segunda se sancionarán:
Las solicitudes de empresas presentadas con falsedades o incorrecciones de datos
Las solicitudes de empresas de medidas que no resulten necesarias o no tengan conexión suficiente con la causa, siempre que supongan percepción de prestaciones indebidas.
La Disposición Adicional Cuarta indica que si el SEPE aprecia indicios de fraude lo comunicará a la ITSS. La ITSS junto con la AEAT comprobarán la existencia de las causas alegadas en estos ERTEs asociados al COVID-19.
Limitación de duración de los ERTEs por fuerza mayor:
En la Disposición Adicional Primera se declara que la duración máxima de estos expedientes será la del estado de alarma y sus posibles prórrogas, tanto si ya tienen resolución expresa como si han sido resueltos por silencio administrativo, con independencia de la solicitud empresarial concreta.
Fecha de efectos de la situación legal de desempleo:
Conforme a la Disposición Adicional Tercera, la fecha de efectos debe figurar en los certificados de empresa, será: a) en los ERTEs de fuerza mayor, la del hecho causante b) en los ERTEs por causas ETOP (art. 23 RDL 8/2020): la de comunicación de la decisión adoptada por la empresa a la autoridad laboral o posterior.
Extensión de las medidas excepcionales de cotización y desempleo:
La Disposición Final Primera modifica a su vez la Disposición Transitoria Primera del RDL 8/2020: las medidas excepcionales de cotización y desempleo se aplicarán a los ERTEs autorizados o iniciados antes de su entrada en vigor siempre que deriven directamente del COVID-19.
2.- La suspensión de los contratos temporales:
Se establece la interrupción del cómputo de la duración de los contratos garantizando que todos los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, que podrán alcanzar su duración máxima efectiva, desplegando plenos efectos, durante el tiempo inicialmente previsto. La paralización de la actividad económica como consecuencia del estado de alarma se considera un factor excepcional.
3.- La prohibición de despidos relacionados con la crisis sanitaria:
Las causas de fuerza mayor y las ETOP para presentación de ERTEs, NO justificarán extinción de contratos de trabajo ni despidos.
Oscar Pujaltemarzo 19, 2020 Fiscal, General, Juridico, Laboral, Mercantil0 comentarios
Medidas economicas y laborales rd ley 8/2020
Desde LEX CONSULTING, resumimos las principales medidas urgentes y extraordinarias del RD 8/2020 de 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O REDUCCIÓN DE JORNADA POR FUERZA MAYOR (ERTE POR FUERZA MAYOR)
Se podrán suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada por FUERZA MAYOR como consecuencia del Covid-19 en los siguientes supuestos:
Cierre temporal de locales de afluencia pública.
Falta de suministros que impidan gravemente el desarrollo normal de la actividad.
Restricciones en el transporte.
Situaciones extraordinarias y urgentes de contagio de la plantilla o aislamiento de la misma.
Sólo con el ERTE por FUERZA MAYOR, la empresa, previa comunicación a la Seguridad Social, quedará exonerada de las cotizaciones a la seguridad social mientras perdure la medida suspensiva; (en empresas con más de 50 trabajadores, la exoneración será del 75% )
Los trabajadores afectados por el ERTE tendrán derecho al percibo de la prestación por desempleo, aunque no cumplan los requisitos exigidos de cotización y además los períodos no se considerarán consumidos.
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS PRODUCTIVAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y ECONÓMICAS POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL COVID-19.
En el resto de supuesto, nos encontramos con una causa productiva generada por la situación de crisis sanitaria pero que no se encuentra incluida dentro de los supuestos que se han considerado fuerza mayor (cierres, suspensión de actividad, falta de suministros, etc…). Para este procedimiento se reducen los plazos de tramitación pero debe seguirse con el procedimiento de apertura de periodo de consultas y negociación regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. En los ERTE bajo esta modalidad, la empresa deberá seguir pagando la cotización empresarial
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad durante 1 mes desde la entrada en vigor del Estado de Alarma o hasta el último día del mes en que finalice este estado de alarma si se prolonga más de 1 mes, siendo el importe de la prestación de un 70% de la base reguladora. Si no se tiene periodo mínimo de cotización, la cuantía de la prestación será el 70% de la base mínima de cotización.
Carácter preferente del TRABAJO A DISTANCIA.
Se establece esta modalidad como medida estrella para flexibilizar la prestación de la actividad laboral, todo ello, con el objeto de garantizar el mantenimiento del empleo. Por tanto, siempre que por la naturaleza de la actividad sea posible, la empresa deberá establecer un sistema de organización alternativo, por medio del trabajo a distancia y tendrá que poner los medios técnicos necesarios para poder hacerlo. Estas medidas deben ser prioritarias frente a la cesación o reducción temporal de la actividad.
Derecho de ADAPTACIÓN DE HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA.
Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidad de cónyuge o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, tendrán derecho a adaptar su jornada (cambio de turnos, horario flexible, jornada partida o continuada…) cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19. Tales son:
Cuando necesites cuidado personal y directo, por razones de edad, enfermedad o discapacidad.
Cierre de centros educativos.
Cuando la persona trabajadora tenga que asumir tareas de cuidados, que hasta ahora eran realizados por otra persona que por cuestiones relacionadas con el Covid-19 no puede seguir haciendo.
El derecho de reducción de jornada deberá ser comunicado con un plazo de antelación de 24 horas, puede alcanzar hasta el 100% de la jornada, conllevará una reducción proporcional del salario. Dicho derecho de reducción deberá ser justificado, razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.
MEDIDAS DE APOYO INDIVIDUALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Moratoria en el pago de deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda habitual para desempleados o empresarios o profesionales que sufran una pérdida sustancial de ingresos o caída de ventas superior al 40% o deudores hipotecarios cuya unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, no alcance determinado nivel de ingresos, en función de sus integrantes, la cuota hipotecaria represente más del 35% de sus ingresos y la emergencia sanitaria haya alterado sus circunstancias económicas. La moratoria debe ser solicitada por el deudor al acreedor, aportando determinada documentación regulada. Se puede solicitar hasta 15 días después del plazo de vigencia del real decreto-ley y el acreedor dispone de un plazo máximo de 15 días para tramitar la solicitud. Concedida la moratoria, deben notificar su existencia y duración al Banco de España a efectos contables y de no imputación en el cómputo de previsión de riesgos.
Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua durante el mes siguiente a la entrada en vigor del real decreto-ley a los colectivos calificados como consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.
Prórroga hasta el 15 de septiembre de 2020, de la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad el plazo de 2 años.
Se concede el beneficio de excusión, aun habiendo sido contractualmente renunciado, a los avalistas o fiadores hipotecantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha a todos los usuarios actuales, así como la prestación de los elementos que integran el servicio universal de telecomunicaciones, para lo que el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas designado para la prestación del servicio universal de telecomunicaciones deberá garantizar la continuidad y calidad del servicio a todos los beneficiarios actuales. Adicionalmente, queda suspendida temporalmente la posibilidad de realizar campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración y se suspenden todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
Se suspenden los plazos de devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien online, reanudándose el mismo al término de la vigencia del real decreto-ley o de sus prórrogas. Durante la vigencia del estado de alarma
Ampliación de plazos en procedimientos administrativos
Se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos, cuando se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto-ley y no hubieran concluido a la fecha de dicha entrada en vigor:
Los plazos de pago de deudas tributarias previstos en el artículo 62, apartados 2 y 5 de la Ley General Tributaria (pago en período voluntario de deudas tributarias resultantes de liquidaciones administrativas y plazos de pago una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio) . No se amplían ni se ven afectados en modo alguno los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones, regulados en el apartado 1 del referido artículo 62.
Los vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento ya concedidos.
Los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación. realización de pujas electrónicas una vez abiertas las subastas; el 104 bis, a la adjudicación de bienes o lotes cuando haya finalizado la fase de presentación de ofertas.
Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, así como los plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia en los siguientes procedimientos:
Procedimientos de aplicación de los tributos.
Procedimientos de declaración de nulidad.
Procedimientos de devolución de ingresos indebidos.
Procedimientos de rectificación de errores materiales y revocación.
Los plazos de ejecución de garantías sobre inmuebles en el ámbito de procedimientos administrativos de apremio.
Los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información de la Dirección General de Catastro.
Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que los plazos otorgados por la norma sean mayores, en cuyo caso serán aplicables estos plazos) los vencimientos de los plazos que se comuniquen desde la entrada en vigor del real decreto-ley que se indican a continuación:
Como en el caso anterior, los relativos a los pagos en período voluntario y ejecutivo de deudas tributarias liquidadas (artículo 62, apartados 2 y 5 de la Ley General Tributaria); los vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento ya concedidos; y los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación.
Los plazos correspondientes a requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia; incluyendo los comunicados por la Dirección General de Catastro.
Todo ello se entiende sin perjuicio de las especialidades de la normativa aduanera en materia de plazos para alegaciones y la atención de requerimientos. En este ámbito, no se amplían plazos ni se modifican procedimientos. En todo caso, el obligado tributario puede atender a las referidas obligaciones en el plazo inicialmente concedido, sin que ello impida entender evacuados los trámites.
– Cómputo de los plazos de duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos y de la prescripción tributaria
Se establece que el período comprendido entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT; ni de los procedimientos iniciados de oficio por la Dirección General de Catastro.
Sin embargo, se habilita a la Administración a continuar con la tramitación ordinaria de los procedimientos tributarios, al reconocerle la facultad de impulsar, ordenar y realizar los trámites que considere imprescindibles y a realizar comunicaciones, requerimientos, solicitudes de información o a conceder trámites de audiencia. No obstante, se debe tener en cuenta que, como se ha indicado en el apartado anterior, los plazos de atención de estos trámites por el contribuyente se han ampliado hasta el 30 de abril o el 20 de mayo, según el caso.
En la misma línea, se establece que el período comprendido entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de los plazos de prescripción tributaria (artículo 66 de la Ley General Tributaria) ni de los de caducidad.
A los solos efectos del cómputo de los referidos plazos de prescripción y del de los relativos a los recursos de reposición y procedimientos económico-administrativos, las resoluciones que les pongan fin se entenderán notificadas cuando se acredite un solo intento de notificación entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios y para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en procedimientos económico-administrativos no se iniciará hasta concluido dicho período o hasta que se haya producido la notificación, en caso de que esta notificación fuera posterior a ese momento.
En relación con los trámites aduaneros, con el objeto de agilizar los trámites aduaneros de importación en el sector industrial, para evitar que se vea afectada la cadena de suministros de mercancías procedentes de terceros países o la paralización de las exportaciones, se establece que el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración y el despacho aduanero sean realizados por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) para operaciones hipotecarias
En la Disposición Final primera del real decreto-ley se introduce un nuevo apartado 23 en el artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para establecer que estarán exentos de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del ITPyAJD las escrituras que formalicen novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios realizados al amparo del real decreto-ley.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará hasta cien mil millones de euros en AVALES a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito y entidades de dinero electrónico y de pagos, a empresas y autónomos que lo precisen para atender sus necesidades derivadas de la gestión de facturas, necesidad de circulante, obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
Se amplía en diez mil millones de euros el límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.
Se autoriza una línea de cobertura aseguradora de hasta dos mil millones de euros para los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización, para determinadas pequeñas y medianas empresas que tengan problemas de liquidez (pero que no se hallen en situación concursal o pre-concursal) por impacto de la crisis generada por el COVID-19. Estas coberturas serán otorgadas por CESCE.
Se conceden medidas financieras dirigidas a titulares de explotaciones agrarias que hubieran suscrito préstamos de créditos financieros como consecuencia de la situación de sequía de 2017, que podrán acordar prolongar con las entidades financieras su periodo de amortización hasta en un año.
Se prevé que la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I se destine a dar cobertura a los riesgos en que pueda incurrir el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial al financiar, mediante préstamos, proyectos de I+D+I de pequeñas y medianas empresas, así como de empresas de mediana capitalización
Durante el periodo del estado de alarma, se permite a todo tipo de sociedades, asociaciones o fundaciones la celebración de sesiones de sus órganos de gobierno por videoconferencia con imagen y sonido, con determinados requisitos, aunque sus estatutos no prevean dicha forma de reunión.
Durante el periodo del estado de alarma, se permite a todo tipo de sociedades, asociaciones o fundaciones la adopción de acuerdos de sus órganos de gobierno por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente o lo soliciten dos de sus miembros, aunque sus estatutos no prevean dicha forma de reunión.
Se suspende el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio social para formulación de cuentas anuales de las personas jurídicas que estén obligadas a ello durante el estado de alarma, reanudándose por otros tres meses desde que finalice dicho estado.
En caso de cuentas anuales ya formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma, se extiende el plazo para su verificación por auditores, cuando esta sea obligatoria, hasta los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma.
Las juntas generales ordinarias de aprobación de cuentas deberán reunirse en los tres meses siguientes a la fecha en la que finaliza el plazo para formular las cuentas.
En caso de juntas generales convocadas antes de la publicación del estado de alarma y cuya fecha de celebración sea posterior a la publicación del mismo, se podrá modificar el lugar y la hora o revocar la convocatoria mediante anuncio en la página web de la sociedad o, si no tiene, en el BOE, con 48 horas de antelación. Si se revoca la convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a la nueva convocatoria en el mes siguiente a la finalización del estado de alarma.
Queda suspendido el ejercicio de los derechos de separación de socios, aunque exista causa, hasta que finalice el estado de alarma.
Se prorroga, hasta seis meses después de la finalización del estado de alarma, el reintegro a socios cooperativos que causen baja de la cooperativa durante dicho estado.
Si el plazo estatutario de duración de la sociedad terminara durante la vigencia del estado de alarma, se difiere la disolución de pleno derecho hasta el transcurso de dos meses después de la finalización de dicho estado.
Aunque antes o durante el estado de alarma, concurra causa legal o estatutaria de disolución, el plazo para convocar la junta que deba resolver sobre dicha disolución por el órgano de administración se suspende hasta que termine dicho estado.
Si la causa legal o estatutaria de disolución acaece durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
En el caso de sociedades cotizadas:
Se extiende a seis meses desde el cierre del ejercicio social la obligación de publicar y remitir el informe financiero anual y el informe de auditoría de cuentas anuales a la CNMV. Dicho plazo se extiende a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y del informe financiero semestral.
La junta general ordinaria podrá celebrarse dentro de los diez meses a contar desde el fin del ejercicio social.
El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la junta.
En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria y no pudiese hacerse uso de la facultad prevista en el punto anterior: (i) si la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes; y (ii) si la junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión. En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: asistencia telemática; representación conferida al presidente de la junta por medios de comunicación a distancia; y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.
Se admite la validez de las reuniones del consejo de administración celebradas por videoconferencia o conferencia telefónica, aunque no esté previsto en estatutos.
Se suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales, los cuales se reanudarán a la finalización del estado de alarma.
Mientras esté vigente el estado de alarma, ni el deudor que se encuentre en estado de insolvencia ni el que hubiera comunicado al juzgado la negociación prevista en el artículo 5 Bis de la Ley Concursal, aunque haya vencido el plazo, tendrán el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá este a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.
También se han tomado medidas de control de inversiones extranjeras
Oscar Pujaltemarzo 13, 2020 Fiscal, Laboral0 comentarios
Desde LEX CONSULTING ASESORES queremos informarles de las principales cuestiones y novedades para afrontar esta excepcional situación, sobre todo en relación a posibles medidas laborales que hay que adoptar su empresa, para lo que estamos a su disposición para abordar una estrategia acorde con sus necesidades específicas.
En relación a las medidas que pueden adoptar las empresas vamos a enumerar los principales aspectos a tener en cuenta;
El Gobierno a editado una Guía con unas medidas preventivas frente a esta epidemia para establecer pautas de actuación y de aplicación de la normativa laboral.
Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas temporales que eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar la actividad. También deberán paralizar la actividad laboral en supuestos de riesgo de contagio en el centro de trabajo tales como medidas de suspensión temporal de la actividad, aplicando despidos, Suspensiones de contratos y reducciones de jornada.
Los trabajadores por cuenta ajena/ propia, en periodos de aislamiento o periodos de contagio, se considerará accidente de trabajo, por lo que las prestaciones de las bajas médicas serán a cargo de la Seguridad social desde el primer día. Es imprescindible parte medico de baja por contagio o por aislamiento.
Principales medidas de choque contra el coronavirus publicadas el 13 de marzo de 2020
Moratoria de 6 meses para el pago de impuestos a pymes y autónomos con facturación inferior a 6.010.121,04 euros, generados entre el 13 de marzo y el 30 de mayo. Con esta medida se flexibilizará los aplazamientos del pago de impuestos sin intereses durante los 3 primeros meses.
Advertencia previa. Para Navarra y País Vasco habrá que esperar a que las Haciendas Forales se pronuncien. En condiciones normales debieran ser idénticas, pero conviene esperar a la norma fiscal propia.
Expresamente se permite el aplazamiento de: Retenciones e ingresos a cuenta, Tributos repercutidos y Pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
El aplazamiento hay que solicitarlo en plazo y con las formas de la Ley General Tributaria, esto es, posiblemente no será aplicable a deudas superiores a 30.000 euros (En Navarra puede que esa cuantía sea 6000€, hay que esperar la norma)
Bonificaciones del 50% de las cuotas empresariales en la Seguridad Social a los contratos fijos discontinuos entre febrero y junio de 2020 en sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividades encuadradas en los sectores del turismo.
También se han anunciado medidas tales como Líneas de crédito del ICO de 400 millones a empresas y autónomos del sector turístico y a sectores afectados por esta situación.
Además de otras medidas como la creación de fondos para gastos extraordinarios que generen intervenciones sanitarias prioritarias y para paliar la pobreza infantil. También se habilita al Gobierno para regular precios en productos necesarios de protección de la salud.
Aconsejamos también la revisión de sus evaluaciones de riesgos laborales con su servicio de prevención ajeno y que apliquen las oportunas medidas de protección.
Quedamos a sus disposición y les mantendremos informados de las novedades que vayan produciéndose.
Oscar Pujaltemarzo 1, 2020 Laboral0 comentarios
¿se pueden acumular los descansos?
La ley permite acumular el descanso mínimo semanal en períodos de hasta 14 días. Esta medida otorga flexibilidad a las empresas que abren los fines de semana.
Según la ley. Según el Estatuto de los Trabajadores, los empleados tienen derecho a los siguientes descansos:
Diario. Entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente deben transcurrir como mínimo 12 horas [ET, art. 34.3] .
Semanal. Además, tienen derecho a descansar un día y medio ininterrumpido entre cada semana (o dos días si son menores de 18 años). A estos efectos, ese día y medio de descanso semanal puede acumularse en períodos de hasta 14 días (la acumulación no es posible para los menores de 18 años) [ET, art. 37.1] .
En la práctica. La acumulación del descanso semanal permite que los empleados trabajen 11 días seguidos. Luego, deben descansar las 12 horas que les corresponden entre jornadas, más los tres días de descanso semanal acumulado. Por ejemplo:
Así sí. Es válido que los empleados trabajen desde un lunes hasta el jueves de la semana siguiente (11 días seguidos), y que si acaban dicho jueves a las 20 horas se incorporen el lunes a las 10. En este caso, el descanso tras las 20 horas del jueves se alarga hasta las 8 de la mañana del viernes (pasan 12 horas) y de ahí hasta el lunes a las 10 pasan tres días enteros.
Así no. Ahora bien, si dejan de trabajar a las 12 de la noche del jueves y se incorporan el lunes a las 10, les habrán faltado dos horas de descanso. Esto no es válido, ya que los descansos diario y semanal se deben disfrutar de manera diferenciada [TS 23-10-2013] .
En algunos sectores, como el comercio o la hostelería, la normativa sobre la distribución del tiempo de trabajo todavía es más flexible [RD 1561/1995] :
Contrato. Para que esta acumulación sea efectiva y conseguir que un empleado pueda trabajar 11 días seguidos, debe reflejarse en el contrato que su jornada es de lunes a domingo y que se respetan los descansos fijados en la ley. De esta forma, si un empleado se niega, se le podrá sancionar.
Si el trabajador ya está contratado y su contrato indica que trabaja de lunes a viernes, la empresa sólo podrá obligarle a trabajar los sábados y domingos mediante una modificación sustancial de las condiciones [ET, art. 41] .
La acumulación del descanso semanal permite que los empleados trabajen 11 días seguidos y que luego descansen tres.
Fuente Lefebvre
Oscar Pujaltefebrero 29, 2020 Laboral0 comentarios
Prestacion por desempleo e hijo de empresario
¿Puede cobrar la prestación por desempleo el hijo menor de 30 años del empresario que no conviva con él?
Sí, tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo al término del contrato de trabajo.
Familiares. No se consideran trabajadores por cuenta ajena el cónyuge, descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario hasta el segundo grado, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo (salvo si acreditan que son asalariados) [ET, art. 1.3.e; LGSS, art. 12.1] . Por tanto, los familiares no tienen derecho al paro.
Menor de 30 años. Asimismo, si bien se permite a un autónomo contratar como trabajador por cuenta ajena a su hijo menor de 30 años aunque conviva con él, la ley indica que en este caso se le excluye de la protección por desempleo. Pues bien, según el Supremo esta norma se interpreta del siguiente modo [TS 12-11-2019] :
Sólo se excluye del desempleo a los menores de 30 que convivan con el autónomo. Por tanto, el hijo menor de esa edad que no conviva sí puede cobrar el paro.
Si se excluyera del paro a todos los menores de 30 años, supondría tratar de forma desigual a los hijos menores de 30 años y a los mayores de dicha edad, sin haber una razón objetiva. En cambio, la diferencia de trato sí que está justificada entre los hijos que convivan con el empresario y los que no, ya que la convivencia supone un indicio de dependencia económica.
Como se ha indicado, los familiares que convivan con el empresario no tienen la consideración de trabajadores. Por tanto, un hijo no conviviente contratado por su padre sí que es trabajador, cotiza en el Régimen General y queda protegido por el desempleo.
Oscar Pujaltediciembre 11, 2019 General, Laboral0 comentarios
Domingos y festivos habiles 2020 navarra
A continuación mostramos los domingos y festivos hábiles para el año 2020, para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra :
–5 de enero.
–19 de marzo.
–9 de abril.
–10 de abril.
–5 de julio.
–15 de agosto.
–12 de octubre.
–3 de diciembre.
–7 de diciembre.
–El día de la fiesta local conforme a lo que determine al efecto la Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.
Oscar Pujaltenoviembre 14, 2019 Laboral0 comentarios
¿es constitucional un despido objetivo por bajas de corta duracion?
Aunque la legislación permite rescindir un contrato por acumulación de bajas de corta duración, existe controversia que ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional.
La regulación que permite a la empresa extinguir de forma objetiva una relación laboral por absentismo derivado de enfermedades intermitentes de corta duración del trabajador, no vulnera ni el derecho a la integridad física ni el derecho a la salud ni el derecho al trabajo.
TCo 16-10-19, EDJ 712940
Una trabajadora es despedida por causas objetivas, en concreto, por la comisión de faltas de asistencia, aun justificadas, al trabajo. Durante 2 meses consecutivos, que suponen 40 días de trabajo y por causa de IT, la trabajadora se había ausentado del trabajo durante 9 días, superando el 20% de las ausencias. Y en los 12 meses anteriores, las ausencias superaban el 5% de las jornadas hábiles.
La trabajadora presenta demanda contra el despido solicitando que se declare su nulidad por vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de lo social considera acreditadas las causas, pero entiende que una regulación que permite a una empresa extinguir una relación laboral por absentismo derivado de enfermedades intermitentes de corta duración del trabajador, hayan dado lugar o no a la expedición de partes oficiales de baja médica, puede ser contraria a los derechos a la integridad física, al trabajo y a la protección a la salud (Const art.15, 35.1 y 43.1). Por esta razón plantea una cuestión del inconstitucionalidad ante el TCo.
El Juzgado de los social considera que esta causa de despido puede condicionar el comportamiento de los trabajadores en perjuicio de sus derechos; pues ante el temor de perder su empleo, el trabajador puede sentirse obligado a acudir a trabajar pese a encontrarse enfermo, asumiendo así un sacrificio en absoluto exigible, que incluso podría complicar la evolución de su enfermedad.
Para resolver la cuestión, el TCo recuerda que la finalidad de la norma es proteger la productividad de la empresa y la eficiencia en el trabajo (Const art.38), para lo cual exime al empresario de la obligación de mantener una relación laboral que se ha vuelto gravosa para la empresa, por las repetidas faltas de asistencia del trabajador a su puesto (ET art.52 d). Además, añade que el TJUE ha interpretado la normativa europea en el sentido de que combatir el absentismo laboral constituye una finalidad legítima al efecto, al tratarse de una medida de política de empleo.
Respecto de la vulneración de derechos fundamentales, señala lo siguiente:
1. Derecho a la integridad física (Const art.15). Este derecho protege a todas las personas, incluidos los trabajadores, frente a las actuaciones materiales contra el cuerpo humano que supongan un peligro grave y cierto para la salud, o producidas sin el consentimiento del afectado y sin el deber jurídico de soportarlo. Considera el TCo difícil encontrar una conexión entre este derecho y la causa de despido, que no es el la enfermedad del el trabajador, sino el absentismo laboral. Además, las de bajas médicas prolongadas y las derivadas de enfermedad grave están excluidas del cómputo, sin duda atendiendo a que en estos casos puede existir un riesgo grave y cierto para la salud de los trabajadores afectados.
2. Derecho a la protección de la salud (ET art.43.1). Este derecho requiere que el legislador regule las condiciones y términos en los que acceden los ciudadanos a las prestaciones y servicios sanitarios. En el supuesto enjuiciado, aunque esta norma en algún caso puede condicionar la actuación del trabajador, no desprotege la salud de los trabajadores. Sólo regula la posibilidad de extinguir el contrato por absentismo, pero en ningún modo incide en el régimen de acceso y en el contenido de la asistencia sanitaria para los trabajadores.
3. Derecho al trabajo (ET art.35.1). En su vertiente individual el contenido de este derecho se concreta en la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido sin justa causa. Sin embargo, en este caso la norma no solo contiene el elemento de causalidad, sino que, además, dota a esta causa de objetividad y certidumbre. Además, este derecho está limitado por el derecho a la libertad de empresa y por el mandato a los poderes públicos de garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad. La regulación del ET responde al objetivo legítimo de paliar el gravamen económico que las ausencias al trabajo suponen para las empresas.
Por todo ello, el TCo considera que la norma controvertida no vulnera ninguno de los derechos fundamentales y desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada.
Fuente Lefebvre-El Derecho
Ante una solicitud de reincorporación ¿quien tiene que acreditar la inexistencia de vacantes?
Es a la empresa a quien corresponde acreditar la inexistencia de vacantes para negar el derecho a la reincorporación.
TSJ Madrid 8-3-19, EDJ 548471
Una empresa concedió una excedencia voluntaria a una trabajadora por un periodo inicial de 6 meses, situación que, tras varias prórrogas, se prolonga otros 3 años más. Cuando la trabajadora, en plazo, solicita su reincorporación, le es denegada por la empresa por inexistencia de vacante. La trabajadora reitera su petición de reincorporación durante los siguientes 5 años, siéndole denegada en todas las ocasiones en base al mismo motivo, por lo que acude a la vía judicial.
La carga procesal de demostrar que no existen vacantes de igual o similar categoría cuando la trabajadora insta una vez más el reingreso a causa de la terminación de la vigencia temporal de la excedencia voluntaria concedida, ni que se hubiera producido alguna de ellas tras su petición y antes de promover demanda judicial, corresponde con carácter general a la empresa que afirma tal hecho impeditivo.
En el caso enjuiciado consta la celebración por la empresa con posterioridad a la última petición de reingreso, de un número ingente de contratos de trabajo temporales acogidos a la modalidad eventual por circunstancias de la producción para el desempeño de tareas de la categoría profesional de la trabajadora, lo que revela la realidad de la vacante que aquélla continúa negando. Así las cosas, la actuación empresarial entraña un patente fraude de ley, habida cuenta que su propósito no es otro que impedir o, al menos, obstaculizar en la medida de lo posible la materialización del derecho expectante de la trabajadora a reingresar en una vacante de igual o similar categoría a la suya.
En conclusión, tanto en primera instancia como en suplicación se declara el derecho de la trabajadora a reingresar en la empresa en una plaza de su categoría, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración y a abonarle una cantidad dinero diaria desde la fecha de la conciliación administrativa previa hasta la de su efectiva reincorporación.
Fuente Lefebvre-El Derecho,
Calle Luis Morondo Urra, 8
Email: info@lexcons.com
Teléfono: (+34) 948 19 96 73

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 5