Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-051-16.htm
Timestamp: 2020-05-30 17:56:34+00:00

Document:
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Principios de subsidiariedad e inmediatez como requisitos de procedibilidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Concepto y alcance
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Derechos que comprende
La Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso comprende: “a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.”
DEBIDO PROCESO-Se extiende a toda clase de actuaciones administrativas
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Definición
La Corte señaló que el debido proceso administrativo ha sido definido jurisprudencialmente como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Garantías mínimas
Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.”
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-En materia de tránsito es aplicado desde su óptica correctiva, para que los particulares se abstengan de incurrir en conductas que les están proscritas
DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación de principios del derecho penal
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-Contenido/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE ACTUACION ADMINISTRATIVA-Contenido
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-Finalidad
NOTIFICACION POR CORREO-Precisiones en torno a su alcance y efectividad
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DEBE ADELANTARSE ANTE COMISION DE INFRACCIONES DE TRANSITO CAPTADAS A TRAVES DE MEDIOS TECNOLOGICOS-Marco legal y jurisprudencial
FOTOMULTA-Deberán ser notificadas dentro de los tres días hábiles siguientes por medio de correo, en el cual se enviará la infracción y sus soportes al propietario
FOTOMULTA-Si la notificación no puede surtirse a través de correo, se deberán agotar todas las opciones de notificación reguladas en el ordenamiento jurídico
INFRACCION DE TRANSITO-Actuación en caso de imposición de comparendo
INFRACCION DE TRANSITO-Cuando perjudicado no esté conforme con la sanción impuesta, el mecanismo judicial procedente será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
INFRACCION DE TRANSITO-Resultaría posible solicitar la revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual se impone la sanción
ACCION DE TUTELA POR IMPOSICION DE FOTOMULTA-Improcedencia por no cumplir requisito de inmediatez
ACCION DE TUTELA POR IMPOSICION DE FOTOMULTA-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA POR IMPOSICION DE FOTOMULTA-Caso en que no se comprobó notificación
ACCION DE TUTELA POR IMPOSICION DE FOTOMULTA-Orden de responder derecho de petición presentado por accionante en el cual solicitó comprobante de notificación de inicio de proceso contravencional adelantado en su contra
Demandantes: María Eugenia Gaviria Quintero, Marizuly Naranjo Parra y Luz Alma Osorio Martínez
Demandados: Secretaría de Movilidad de Medellín y Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar)
En la revisión de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, dentro del expediente T-5.149.274, y de los fallos de tutela dictados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), dentro de los expedientes T-5.151.135 y T-5.151.136.
Los mencionados expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección Número 9, por medio de Auto del 28 de septiembre de 2015 y, por presentar unidad en la materia, se acumularon para ser decididos en una misma sentencia.
I. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-5.149.274
La demandante, María Eugenia Gaviria Quintero, presentó acción de tutela contra de la Secretaría de Movilidad de Medellín para que le fuera protegido su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera fue vulnerado por la mencionada entidad, al notificarle, de manera indebida, un comparendo en su contra e imponerle la sanción correspondiente.
2.2. Resalta que el respectivo comparendo no le fue notificado dentro del término estipulado en la ley y que solo tuvo conocimiento de él “tiempo después” al ingresar al Sistema Integrado de información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, Simit. Cuando la Secretaría de Movilidad intentó realizar la notificación, lo que ocurrió en dos ocasiones según expone en su demanda la accionante, se reportó la novedad de que la dirección a la que se envió “se encontraba cerrada”, por lo que la entidad demandada procedió a realizar la notificación por “edicto” el 29 de noviembre de 2013.
La actora solicita que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso y, como consecuencia de ello, se ordene a la entidad accionada que declare la nulidad del procedimiento administrativo adelantado y que concluyó con el comparendo mencionado y se elimine la sanción que le fue impuesta, así como su correspondiente registro de las bases de datos, en especial, del Simit.
Menciona además que la señora María Eugenia Gaviria Quintero estaba en la obligación de actualizar los datos que se reportan en el Simit y enfatiza que, en los procesos surtidos con ocasión de “fotodetecciones”, se vincula a la persona registrada como propietaria del vehículo cuando se cometió la infracción. Así mismo, destaca que existe una práctica uniforme para esquivar las notificaciones por comparendos.
III. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-5.151.135
La demandante, Marizuly Naranjo Parra, presentó acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar) para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Estos fueron presuntamente vulnerados por dicha entidad en razón de que le impuso dos multas sin la previa notificación de los comparendos correspondientes.
2.1. El 19 de febrero de 2015, la accionante recibió dos oficios enviados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar) en los que le informaron que sobre su vehículo, identificado con placas MVR 739, se registraron dos multas por valor de $308.000 cada una, radicadas en el sistema con los números ARF2014006345 y ARF2014006347, correspondientes a los comparendos ARJ0006879, del 26 de junio de 2014, y ARJ0006922, del 27 de junio del mismo año, respectivamente.
2.4. Por lo anterior, alega que no fue notificada dentro de los tres días siguientes a la fecha en que presuntamente se cometió la infracción, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por este motivo, el 21 de mayo de 2015, presentó acción de tutela pretendiendo la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de petición y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar).
La accionante solicita que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición y a la igualdad y, como consecuencia de ello, se elimine y exonere del pago de las multas registradas con los números ARF2014006345 y ARF2014006347, producto de las infracciones que originaron los comparendos ARJ0006879 y ARJ0006922 y, a su vez, se elimine el correspondiente registro del Simit.
4. Pruebas relevantes
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Marizuly Naranjo Parra (folios 6).
- Copia del escrito de petición presentado el 20 de febrero de 2015, dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar) y la constancia de envío de Servientrega, del 21 de febrero de 2015 (folios 7, 8 y 9).
- Copia del escrito de petición del 15 de abril de 2015 dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar) y la constancia de envío, a través de la empresa Envía, del 16 de febrero de 2015 (folios 10, 11 y 12).
- Copia de dos oficios del 28 de enero de 2015, enviados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar), informando a la actora que tiene dos obligaciones pecuniarias pendientes por las multas registradas bajo los números de radicado ARF2014006345 y ARF2014006347. (folios 13 y 14).
- Copia de dos oficios remitidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar) a la señora Marizuly Naranjo Parra, en los cuales se le cita para que se notifique personalmente del mandamiento de pago librado con ocasión de las mencionadas multas (folios 15 y 16).
- Copia de la respuesta a la petición presentada por la accionante, emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona del 10 de marzo de 2015 y copia de la constancia de envío sin fecha específica (folio 26, 27, 28 y 29 del cuaderno 2).
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar), por medio de escrito presentado el 17 de junio de 2015, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, debido a que, se realizó la correspondiente notificación de los comparendos a la parte actora, por lo que esta tuvo la oportunidad para ejercer su derecho de defensa.
Mediante sentencia del 18 de junio de 2015, el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar) tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la señora Marizuly Naranjo Parra.
En consecuencia, ordenó anular los actos administrativos expedidos contra la accionante e iniciar nuevamente el respectivo procedimiento administrativo para brindarle plenas garantías procesales. En esa misma línea, ordenó eliminar del Simit las “órdenes de comparendo hasta que no se realice el proceso administrativo sancionatorio”.
V. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-5.151.136
La demandante, Luz Alma Osorio Martínez, presentó acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona, Bolívar, con el propósito de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por dicha entidad, en razón de que no le fue notificado un comparendo, por medio del cual se inició una actuación administrativa, que desencadenó en una sanción pecuniaria.
La actora solicita que le sean protegidos sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, presuntamente transgredidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona, al haberle impuesto una sanción, fruto de un procedimiento contravencional, cuyo comparendo no le fue notificado. En consecuencia, solicita que se declare la nulidad de la infracción registrada, se reporte en el Simit y se eliminen las sanciones correspondientes.
- Copia de la respuesta a la petición, emitida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Arjona (Bolívar) del 11 de mayo de 2015 (folios 7, 8, 9 y 10).
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Bolívar) solicitó declarar improcedente la acción de tutela bajo los siguientes argumentos:
Mediante sentencia del 3 de junio de 2015, el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar) tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz Alma Osorio Martínez. En consecuencia, ordenó anular la resolución y el proceso contravencional adelantado en su contra e iniciarlo nuevamente, con el fin de proteger sus garantías procesales. Igualmente, ordenó eliminar del sistema Simit “las órdenes de comparendo hasta que no se realice el proceso administrativo sancionatorio” a que haya lugar.
A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para examinar las sentencias proferidas dentro de los procesos referenciados, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los Artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
En los casos bajo estudio, las señoras María Eugenia Gaviria Quintero, Marizuly Naranjo Parra y Luz Alma Osorio Martínez presentaron la acción de amparo en nombre propio con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado, razón por la cual se estiman legitimadas para actuar en el presente proceso.
Según lo establecido en los Artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública. La Secretaría de Movilidad de Medellín y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona, son entidades de carácter público a las cuales se les atribuye la violación de los derechos fundamentales de las accionantes, de modo que, están legitimadas para actuar como parte pasiva.
De acuerdo con la situación fáctica expuesta y las decisiones de instancia proferidas dentro de los procesos de la referencia, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de la Corporación determinar si la Secretaría de Movilidad de Medellín (Expediente T-5.149.274) y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Expedientes T-5.151.135 y T-5.151.136) vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de las accionantes, al imponerles una sanción, como consecuencia de un proceso contravencional del cual presuntamente no fueron notificadas.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos. Verificación de requisitos de subsidiaridad e inmediatez
5. Debido proceso administrativo
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.”[21]
6. Derecho de defensa y contradicción en el proceso administrativo
Doctrinariamente, se ha establecido que el derecho de defensa:
7. Principio de publicidad en el procedimiento administrativo
8. Marco legal y jurisprudencial del procedimiento administrativo que debe adelantarse ante la comisión de infracciones de tránsito captadas a través de medios tecnológicos
1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).
2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).
3. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 2010).
4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Artículo 135, inciso 5 y Ley 1437 de 2011, Artículo 72).
5. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:
a. Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).
b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).
c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).
6. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).
7. En audiencia se realizarán descargos y se decretaran las pruebas solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 4).
8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142).
A través del presente pronunciamiento, la Sala analizará los casos de tres personas que alegan la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia de la indebida notificación del inicio de una actuación administrativa adelantada en su contra por la autoridad de tránsito, que culminó con la imposición de una multa.
Recopilando lo expuesto anteriormente, en el expediente T-5.149.274, a la señora María Eugenia Gaviria Quintero, el 16 de agosto de 2013, se le registró sobre su vehículo, por medios tecnológicos, una infracción por exceder el límite de velocidad permitido, lo que conllevó la imposición de un comparendo, del cual tuvo conocimiento “tiempo después”. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad el valor de la multa por esa infracción es de $294.800.
Así se concluye que, en el presente caso, la acción de tutela no resultaba viable, por tanto, esta Sala procederá a revocar la sentencia proferida, el 2 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en el trámite del proceso de tutela T-5.149.274 y, en su lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Gaviria Quintero, por las razones expuestas en esta providencia.
En relación con el expediente T-5.151.135, se tiene que a la señora Marizuly Naranjo Parra, los días 26 y 27 de junio de 2014, le impusieron dos comparendos por infracciones captadas a través de medios tecnológicos, al haber excedido el límite de velocidad de conducción permitido, cada infracción fue sancionada con una multa por valor de $308.000.
En todo caso, a pesar de que no existe prueba de la notificación del comparendo, lo cual impedía continuar con los demás procedimientos, lo cierto es que hay un aspecto que llama la atención de esta Sala en la respuesta que brinda la accionada, dado que en esta se asevera con firmeza que la accionante no solicitó la audiencia de que trata el Artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, cuando, según tal disposición es claro que la audiencia no se hace a solicitud del interesado, sino de oficio. En efecto, en términos de la mencionada norma:
Así las cosas, frente al conjunto de procedimientos surtidos en el transcurso de la actuación administrativa en cuestión, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona no cumplió a cabalidad con el debido proceso en los términos de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, debido a que no se comprobó la notificación realizada ni por correo ni por aviso, lo cual implica el desconocimiento del principio de publicidad y la posibilidad de que el accionante pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por lo tanto, el resto del procedimiento se encuentra viciado de nulidad. Adicionalmente, se observa falta de claridad, por parte de la Secretaría de Tránsito, frente al deber de realizar audiencia pública, lo que implica un obrar negligente de parte de esa entidad. A pesar de todo ello, se impusieron las correspondientes multas.
Por lo anteriormente expuesto, se revocará la sentencia proferida el 18 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.135 y, en su lugar, se negará el amparo de los derechos fundamentales de la señora Marizuly Naranjo Parra. Sin embargo, se tutelará el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordenará responder la petición presentada por la accionante el 16 de abril de 2015, a través de la cual solicitó a la entidad accionada un comprobante de la notificación del inicio del proceso contravencional adelantado en su contra.
Finalmente, en el expediente T-5.151.136, cuya accionante es la señora Luz Alma Osorio Martínez, se señala que el día 29 de junio de 2014, se le impuso un comparendo, debido a una infracción de tránsito captada a través de medios tecnológicos por exceder el límite de velocidad de conducción permitido, cuya multa corresponde a la suma de $308.000.
La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Arjona respondió el 11 de mayo siguiente por medio de oficio en el que informó a la tutelante el procedimiento surtido en su contra y le manifestó que el 15 de septiembre de 2014, se llevó a cabo audiencia pública, la cual interrumpió el término de caducidad, por lo que no era posible acceder a su pretensión.
A diferencia del anterior caso, en el que no existió prueba sumaria que demostrara la notificación del comparendo, en el presente asunto, a folio 20, obra una constancia entregada el 10 de julio de 2014 por la empresa Contruseñales Arjona, en la que se puede ver el número de guía y de orden de servicio, así como el nombre del destinatario, esto es, de la señora Luz Alma Osorio, su dirección, la indicación: “comparendo digital ARJ 0008034”, la fecha, el municipio, el departamento, la zona, así como en su parte inferior se puede evidenciar la firma de recibido. Se destaca que no se alegó ninguna irregularidad relacionada con la dirección de la demandante.
“La actuación se adelantará en la forma prevista en el Artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.” Negrilla fuera del texto.
No obstante lo anterior, a pesar de que se observa que la entidad accionada incurrió en la vulneración de una garantía fundamental, al igual que en el anterior caso, existe otro medio ordinario de defensa judicial idóneo para su protección, consistente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se encuentra activo a pesar de que no se agotaron los recursos en sede administrativa, debido a que ello ocurrió por la falta de notificación en que incurrió la accionada. Así las cosas y, al no evidenciarse la existencia de un perjuicio irremediable, se hace improcedente acceder al amparo por vía de tutela. Bajo esa línea, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida, el 3 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.136 y, en su lugar, se negará el amparo del derecho fundamental de la señora Luz Alma Osorio Martínez.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida, el 2 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en el trámite del proceso de tutela T-5.149.274 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Gaviria Quintero, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida, el 18 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.135 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora Marizuly Naranjo Parra.
TERCERO. TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora Marizuly Naranjo Parra y, en consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Arjona (Bolívar) responder el derecho de petición presentado por esta el 16 de abril de 2015, a través de la cual solicitó un comprobante de la notificación del inicio del proceso contravencional adelantado en su contra.
CUARTO. REVOCAR la sentencia proferida, el 3 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.136 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora Luz Alma Osorio Martínez.
A LA SENTENCIA T-051/16
ACCION DE TUTELA POR IMPOSICION DE FOTOMULTA-Falta de congruencia en los argumentos que sustentan la providencia, puesto que tras haber realizado un esfuerzo demostrativo sobre el asunto de fondo, se resolvió que la acción de tutela era improcedente (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA POR IMPOSICION DE FOTOMULTA-No debió concederse amparo del derecho fundamental de petición, puesto que no era objeto de debate, no constituyó el problema jurídico de la decisión, no se analizó procedencia de acción de tutela y no tuvo en cuenta reglas contenidas en Ley 1755 de 2015 (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expedientes T-5149274, T-5151135 y T-5151136
Acción de tutela incoada por María Eugenia Gaviria Quintero, Marizuly Naranjo Parra y Luz Alma Osorio Martínez contra Secretaría de Movilidad de Medellín y Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona.
Asunto: desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones que me conducen a disentir de la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Revisión de tutelas, en sesión del 10 de febrero de 2016, que por votación mayoritaria profirió la sentencia T-051 de 2016 de la misma fecha.
La providencia de la que me aparto resolvió : i) revocar la sentencia proferida el 2 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en el trámite del proceso de tutela T-5.149.274 y, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Gaviria Quintero; ii) revocar la sentencia proferida el 18 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.135 y, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de la señora Marizuly Naranjo Parra; iii) tutelar el derecho fundamental de petición de la señora Marizuly Naranjo Parra y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Arjona (Bolívar) responder la petición presentada por ella el 16 de abril de 2015, a través de la cual solicitó un comprobante de la notificación del inicio del proceso contravencional adelantado en su contra; y iv) revocar la sentencia proferida, el 3 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.136 y, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de la señora Luz Alma Osorio Martínez.
El problema jurídico formulado por la sentencia fue determinar si: “(…) la Secretaría de Movilidad de Medellín (Expedientes T-5.149.274) y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Arjona (Expedientes T-5.151.135 y T-5151.136) vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, al imponerles una sanción, como consecuencia de un proceso contravencional del cual presuntamente no fueron notificadas.”[43]
Las líneas argumentativas que sustentaron la sentencia de la referencia y que buscaron dar respuesta al problema jurídico formulado, gravitaron en torno a: i) la procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos. Verificación de requisitos de subsidiariedad e inmediatez; ii) debido proceso administrativo; iii) principio de publicidad; iv) características básicas del proceso administrativo contravencional de acuerdo con el marco legal y jurisprudencial vigente. Resolución de casos concretos.
Este salvamento parcial de voto me aparto de: i) los fundamentos que sustentan las tutelas negadas por incongruentes; y, ii) la orden de amparar el derecho fundamental de petición en el expediente de tutela T-5.151.135. En tal virtud, fundan mi disenso las siguientes razones:
Expediente T-5.149.274
1. En este caso, la Sala de Revisión en la sentencia de la cual me separo parcialmente, consideró que la acción de tutela era improcedente por no cumplir con el requisito de inmediatez, puesto que los hechos que fundamentan la solicitud de amparo acaecieron en el año 2013 y la acción de tutela fue presentada el 18 de junio de 2015.
Adicionalmente, encontró la Sala que la accionante no acreditó ninguna situación particular de vulnerabilidad que justifique una especial protección constitucional, al igual que tampoco advirtió la existencia de un perjuicio irremediable como consecuencia de la actuación administrativa o de la sanción impuesta.
2. No obstante lo anterior, la Sala “En gracia de discusión” decidió pronunciarse sobre el fondo del asunto, en el que afirmó que no existió vulneración a la violación del debido proceso, puesto que la entidad accionada realizó todas las actuaciones tendientes a la notificación del comparendo a la accionante.
Estas consideraciones rompieron la ilación lógica argumentativa basada en la improcedencia de la acción de tutela en el presente asunto, lo que no solo no era necesario, sino que genera el desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, pues se considera improcedente la tutela pero se entra a estudiar de fondo el asunto planteado por el demandante.
Expediente T-5.151.135
3. La sentencia T-051 de 2016, después de analizar todo el material probatorio allegado al expediente, consideró que en este asunto existió una violación del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, por lo que “(…) en principio la tutela es procedente”. A tal conclusión llegó luego de acreditar que:
“(…) no se comprobó la notificación realizada ni por correo ni por aviso, lo cual implica el desconocimiento del principio de publicidad y la posibilidad de que el accionante pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por lo tanto, el resto del procedimiento se encuentra viciado de nulidad. Adicionalmente, se observa la falta de claridad, por parte de la Secretaría de Tránsito, frente al deber de realizar la audiencia pública, lo que implica un obrar negligente de parte de esa entidad.”[44] (lo énfasis agregado)
4. Sin embargo, la posición mayoritaria de la Sala de Revisión concluyó que la actora tiene la posibilidad de acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que se discute un acto administrativo de carácter particular, por lo que se negó el amparo a los derechos fundamentales invocados por la accionante.
No obstante lo anterior, en la sentencia se resolvió tutelar el derecho fundamental de petición de la accionante, puesto que se encontró acreditado su desconocimiento por parte de la entidad accionada al no haberle resuelto su solicitud de entrega del comprobante de notificación del inicio de la actuación administrativa adelantada en su contra.
5. En este caso nuevamente se presenta una contradicción en los argumentos de la sentencia, ya que realizó un estudio de fondo en el que encontró acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados y el consecuente vicio de nulidad de la actuación administrativa, sin embargo, la decisión fue la de negar el amparo de los derechos fundamentales por falta del requisito de subsidiariedad, es decir, por improcedencia de la acción de tutela.
Como puede observarse, la falta de congruencia en los argumentos que sustentan la decisión proferida por la mayoría, generó una extralimitación de las competencias de la Corte, en el sentido de que se realizó un estudio probatorio y jurídico propio del juez contencioso administrativo al concluir que la actuación contravencional esta viciada de nulidad.
Esta consideración, que nada tenía que ver con la ilación lógica del argumento final, terminó por afectar la actuación jurisdiccional del operador jurídico competente, que se verá atado a la cosa juzgada derivada de la sentencia T-051 de 2016, situación que afecta de manera grave su autonomía e independencia.
6. No comparto la orden de conceder el amparo constitucional al derecho fundamental de petición de la accionante Marizuly Naranjo Parra por las siguientes razones: i) no era objeto de la controversia; ii) no fue formulado como problema jurídico a resolver por la Sala; iii) no se realizó un estudio de procedibilidad de la acción de tutela; y iv) no tuvo en cuenta las especiales reglas contenidas en la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Esta situación desconoce el principio de congruencia que orienta las decisiones de la Corte.
Expediente T-5.151.136
7. Consideró la posición mayoritaria de la Sala que en este expediente “No existe prueba de que al comparendo se haya anexado la prueba de la infracción, ello implica per se que no se cumplió con ese requisito, pues el legislador estableció de manera específica que ello constituye un requisito para la notificación. Debe tenerse en cuenta que de esa situación se desprende la falta de conocimiento, por parte de la actora, de la infracción en la que presuntamente incurrió, así como de los recursos procedentes y del trámite administrativo subsiguientes, por ende, se afecta de manera grave la garantía al derecho de defensa y contradicción.”[45] (lo énfasis agregado)
8. No obstante haberse constatado en la sentencia una presunta vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante, consideró la sentencia que: “(…) existe otro medio ordinario de defensa judicial idóneo para su protección, consistente en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual se encuentra activo a pesar de que no se agotaron los recursos en sede administrativa, debido a que ello ocurrió por la falta de notificación en que incurrió la accionada.”[46]
9. Nuevamente se evidencia una manifiesta contradicción en los argumentos que sustentan la providencia de la cual me aparto parcialmente, puesto que tras haber realizado un esfuerzo demostrativo de la presunta vulneración de los derechos invocados, es decir, sobre el fondo del asunto, resolvió que la acción de tutela era improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad.
Esta situación de incongruencia deviene en la extralimitación de las competencias del juez de tutela, al existir un pronunciamiento sobre aspectos que son del conocimiento del juez contencioso administrativo, que se verá avocado a conocer un asunto sobre el cual existe una valoración probatoria y jurídica previa, realizado por otra autoridad judicial a través de una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, lo que afecta gravemente su autonomía e independencia.
10. Conforme a lo expuesto, la Sala debió guardar congruencia lógica argumentativa en las razones que sustentaron su decisión de negar el amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad, y además, no debió conceder el amparo al derecho fundamental de petición, puesto que no era objeto de debate, no constituyó el problema jurídico de la decisión, no se analizó la procedencia de la acción de tutela y no tuvo en cuenta las reglas contenidas en la Ley 1755 de 2015.
Las contradicciones anotadas además de atar a los jueces ordinarios encargados de resolver los conflictos administrativos, pues no solo se enfrentan a la fuerza de la interpretación realizada por la Sala de Revisión en relación con actuaciones contravenciones que no se conocían en su integridad, sino también se puede generar confusión en los destinatarios de la decisión y en la comunidad jurídica en general.
[12] Sentencia T-194 de 2014. “Conviene destacar que de permitirse que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión conculcatoria de derechos, se podrían ver involucrados intereses legítimos de terceros (Cfr. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.) y “los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.” (Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.) Así mismo, se busca evitar “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia” en la agencia de los derechos. (En el mismo sentido, sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-594 de 2008. T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.)”.
[24] La facultad sancionadora de la administración, de acuerdo a la Sentencia C-530 de 2003, “es una disciplina compleja pues recubre, como género, al menos cinco especies: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional y el derecho de punición por indignidad política o "impeachment". Corte Suprema de Justicia, sentencia 51 de 14 de abril de 1983. MP Manuel Gaona Cruz, reiterado por la Corte Constitucional. Sentencia C-214 de 1994.
[30] Bernal Pulido, Carlos. EL DERECHO DE LOS DERECHOS. Escrito sobre la aplicación de los derechos fundamentales. Universidad Externado de Colombia, primera edición 2005. (págs. 333-377). Cita extraída de la Sentencia T-544 de 2015.
[39] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia, Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015). “De entrada, advierte la Sala que la naturaleza de las providencias que imponen sanciones por infracciones de tránsito corresponde a la de un acto administrativo…el legislador calificó directamente de administrativo a dicho proceso sancionatorio, sin que sea viable extenderle categoría jurisdiccional, a pesar de que sus etapas y providencias puedan sugerir tal connotación”.
[43] Páginas 10 y 11 de la sentencia.
[44] Página 31 de la sentencia.
[45] Página 33 de la sentencia.

References: resolución 
 Artículo 72
 Artículo 137
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 136
 Resolución 
 resolución