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Caen la popularidad del Gobierno y Leonel
diciembre 11, 2010 octubre 25, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
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Otro proyecto para regular los partidos
diciembre 4, 2010 octubre 26, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
El licenciado Eddy Olivares Ortega, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), presentó esta semana un Proyecto de Reglamento para la Organización, Fiscalización y Supervisión de las Primarias, Asambleas y Convenciones de los Partidos Políticos, amparado en la Constitución y la Ley Electoral.
Es el cuarto intento por regular las elecciones internas de los partidos en los últimos seis años, y luce que también será fallido por el escaso interés de sus dirigentes en someterse a regulaciones, más aún cuando ya están en marcha las precampañas de las agrupaciones mayoritarias para sus candidaturas del 2012.
La democracia interna. El objetivo fundamental del proyecto propuesto es establecer la participación del órgano electoral en la organización de las primarias, convenciones y asambleas de los partidos políticos, en las que se eligen los candidatos a los cargos de elección popular y su rol de fiscalizador y supervisor de las mismas, con el propósito de garantizar la democracia interna y la transparencia de los Partidos y Agrupaciones Políticas reconocidas.
La propuesta de 17 artículos limitaría a 45 días las precampañas de los partidos y su radio de acción a su ámbito interno para evitar que se constituyan en campañas de carácter público que puedan afectar la paz y tranquilidad de la ciudadanía, y prohibiría terminantemente el uso y abuso de los recursos de los organismos estatales en las actividades partidistas.
Así mismo el proyecto faculta a la JCE a monitorizar los anuncios de las instituciones estatales, centrales, autónomas y municipales, para evitar que promuevan candidaturas directa o indirectamente. Los medios de comunicación sólo podrán publicar publicidad de precandidatos durante los 45 días que dure la campaña de cada partido. El monto a invertir por cada precandidato deberá ser consignado en un presupuesto que será presentado a la JCE al inicio de la campaña.
La organización de las votaciones, desde el suministro del padrón electoral, la asignación de los centros de votación y el personal operativo de éstos hasta el escrutinio y tramitación de los resultados, quedaría a cargo de la JCE, de aprobarse la propuesta del licenciado Olivares, dirigida el 30 de noviembre al presidente y demás integrantes del organismo rector.
El proyecto establece que la inscripción de los precandidatos será gratuita quedando terminantemente prohibido el cobro de cuotas por este concepto, garantizando el derecho de militantes y simpatizantes de los partidos cuando cumplan con los requisitos estatutarios.
Evidentes inconsistencias. Aunque bien fundamentado en los artículos 21 y 22 de la Constitución de la República y en la Ley Electoral, el proyecto tendría que ser perfeccionado, empezando porque no establece un régimen de sanciones, limitándose a simples admoniciones y advertencias a los precandidatos y sus seguidores sobre la obligación de corregir las irregularidades y violaciones a la ley, los estatutos y los reglamentos que sean comprobadas.
La ausencia o debilidad del régimen de sanciones es una de las fallas más consistentemente señaladas a la legislación electoral dominicana, dejando al organismo arbitral en el papel de simple admonitor.
La pieza carga a la JCE todo el proceso organizativo de las elecciones primarias pero al no señalar quién cubrirá los costos, los traspasa implícitamente al organismo, lo que implica un financiamiento adicional a los partidos, aparte del que establece la Ley Electoral de 0.50% de los ingresos nacionales en los años de elecciones y 0.25% en los demás. Al no establecer una fecha única para las elecciones primarias de todos los partidos, el proyecto complicaría desproporcionadamente el trabajo y los costos operativos y de materiales por parte de la JCE.
El título mismo del proyecto rebasa con mucho su contenido, pues aunque abarca las asambleas y convenciones de los partidos, el articulado sólo se refiere a las elecciones primarias. Tampoco contiene previsiones para evitar que los dirigentes de los partidos abusen de sus posiciones para imponerse a los demás aspirantes a cargos electivos, que es uno de los problemas de la democracia interna de los partidos.
¿Otro intento fallido? El proyecto del licenciado Olivares, a quien se vincula con el Partido Revolucionario Dominicano, está llamado a convertirse en el cuarto intento fallido por regular las actividades de los partidos políticos y las precampañas y campañas electorales presentados en los últimos seis años.
El primero fue el que llegó más lejos cuando en agosto del 2004 el Congreso, entonces de mayoría perredeísta, aprobó la Ley 286-04 que instituía las elecciones primarias de todos los partidos en una misma fecha y bajo la jurisdicción de la JCE, la que en marzo del 2005 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Luego, en el 2007, la JCE consumió varios meses discutiendo un proyecto de reglamento para la campaña electoral y las votaciones primarias, el cual quedó archivado cuando los partidos mayoritarios lo objetaron aduciendo, entre otros argumentos, que eso era propio de una Ley General de Partidos Políticos y que ya no había tiempo para implementarlo en los comicios presidenciales del 2008.
Antecediendo a las elecciones congresuales y municipales del 2010, el debate se centró en la aprobación de un proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas consensuado durante 13 años entre dirigentes políticos y de organizaciones sociales. La pieza fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto del 2009 pero quedó sin efecto al concluir la legislatura sin llegar siquiera al Senado.
El proyecto de Ley de Partidos fue objeto de las negociaciones abiertas entre los dos partidos mayoritarios tras el pacto que viabilizó la aprobación de la Constitución del presidente Leonel Fernández, firmado por este y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en mayo del 2007 y ratificado posteriormente por los órganos directivos de sus organizaciones.
Los perredeístas llegaron a condicionar su respaldo al proyecto de Constitución, a que previamente se aprobara la Ley de Partidos, pero ambas partes anunciaron después que la conocerían después que terminan con la Carta Magna. Aunque esto ocurrió en octubre del año pasado, 14 meses después no se ha cumplido el compromiso.
Es evidente que el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Leonel Fernández le dieron largas a la aprobación del proyecto de Ley de Partidos, mientras el Revolucionario Dominicano insistía en el mismo tratando de que ayudara a contener el abuso de recursos estatales en la campaña electoral, pero transcurrido el proceso parece también haberse olvidado del asunto.
Ni voluntad ni tiempo
Ninguno de los partidos que dominan el escenario político y el Congreso parece estar empeñado en estos momentos en regular la precampaña. En las cúpulas partidarias no se advierte voluntad política para establecer regulaciones que en muchos casos mermarían su amplio margen de maniobras.
Aunque bien visto el proyecto de Olivares, sin sanciones coercitivas, podrían aceptarlo atraídos por el financiamiento adicional que implica y porque le quitaría de encima los problemas organizativos y logísticos de las elecciones primarias.
Sin embargo, dado que el proyecto tendría que ser considerado por el pleno de la JCE está remitido por lo menos para un par de meses, incluyendo consultas a los partidos políticos, y luego faltaría que lo aprobaran las cámaras legislativas. Las perspectivas apuntan a que de nuevo se argumente que no hay tiempo, ya que los dos partidos mayoritarios están inmersos ya en su campaña interna, especialmente el de oposición, que programa su elección de candidato para marzo.
De cualquier forma el muro mayor que encontrará el proyecto es la decadencia de la democracia interna en los partidos, convertidos en corporaciones al servicio de las cúpulas dirigenciales, como ha quedado de manifiesto en las últimas escogencias de candidatos y en la reciente auto prórroga por cinco años de los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno y mayoritario en el Congreso Nacional.
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Se advierte un eclipse de las ilusiones
noviembre 20, 2010 octubre 26, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Importantes sectores de la sociedad dominicana, en especial de las clases medias, atraviesan por lo que se podría diagnosticar como grave desilusión de la política causada por las decepciones que provoca la gestión gubernamental de un partido y un presidente que se proyectaban como negación de las degeneraciones tradicionales.
En las tertulias se advierte un crecimiento de la insatisfacción pero también la convicción de que los demás partidos y líderes no representan una real alternativa sin que se advierta el liderazgo renovador que se esperaba con la desaparición de los tres que dominaron las últimas cuatro décadas del siglo pasado.
Percepción de corrupción. En la medida en que corre el segundo período gubernamental consecutivo del presidente Leonel Fernández crece la percepción de que la corrupción se ha generalizado, ya a través de la apropiación individual de los bienes públicos, por la malversación, o mediante la distribución del patrimonio nacional en aras del afianzamiento y hasta desbordamiento del clientelismo.
Es difícil que transcurra una semana sin que no salte a la luz pública algún uso escandaloso de los fondos públicos, y aunque el Gobierno lo considera como falsa percepción, las encuestas vienen registrando hasta un 80 por ciento de la población que da por cierta una mayor corrupción.
Llama la atención que ya las denuncias de irregularidades, aprovechamiento del poder o repartición de lo estatal no perdonan ni a figuras que antes eran señaladas como paradigmas de los planteamientos boschistas de nítido y transparente manejo del Estado. Son los casos recientes del ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez y del superintendente de Seguros Euclides Gutiérrez Félix. Con el agravante de que ahora guardan silencio y se niegan a responder cuestionamientos, convencidos de que ninguna sanción ni reprobación les alcanzará.
En ese sentido muchos de los funcionarios cuestionados en los últimos tiempos siguen el patrón de comportamiento impuesto por el propio presidente Fernández, quien evade sistemáticamente responder preguntas de los periodistas o referirse a los reclamos de la sociedad, como ha ocurrido, por ejemplo, con el que reivindica el mandato legal, ahora con rango constitucional, en virtud del inciso 10 del artículo 63 de la nueva carta magna, que dispone privilegiar la inversión en educación.
El creciente involucramiento de los órganos de seguridad del Estado en escándalos del narcotráfico, el sicariato y otras graves expresiones de la criminalidad han contribuido a la percepción generalizada de corrupción y degeneración.
Vuelve y vuelve. En los círculos más críticos de las clases medias, incluyendo a profesionales y empresarios, la decepción abarca al propio presidente Fernández, por haber escogido el viejo camino del caudillismo continuista en aras del cual ha adoptado como prioridad la política trujillo-balaguerista de la siembra de varilla y cemento.
A pesar de que el Presupuesto Nacional ha pasado de 120 mil millones de pesos a casi 400 mil millones en los seis años de consecutiva gestión leonelista, con crecimiento económico promedio del 7 por ciento, la inversión en educación se mantiene a la mitad del mandato de la ley.
La decepción es mayor por cuanto el presidente sostiene un discurso modernista que proclama la era del conocimiento y la educación como fundamento del desarrollo, cuando él mismo podría ser un ejemplo de las potencialidades que desata la alta formación de los recursos humanos.
Tras diez años de gobierno de Fernández, con un período de interregno, tampoco obtiene mejores notas en la solución de problemas como la energía eléctrica, el combate a la corrupción y el narcotráfico, la seguridad ciudadana, la inmigración haitiana incontrolada y los niveles de pobreza que se mantienen sobre el 48 por ciento, como acaba de certificar el último informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para la generalidad de los analistas políticos nacionales Leonel Fernández llegó al poder con todas las credenciales personales para superar el legado histórico caudillista clientelista e imponer un estilo de gobierno más acorde con la modernidad, pero sobre todo en los últimos seis años se ha dedicado en cuerpo y alma a cultivar los valores balagueristas como modelo de perpetuación política, cifrado especialmente en un asistencialismo que beneficia a casi millón y medio de personas. Para estabilizar, no para reducir la pobreza.
Sin alternativa a la vista. Sin haber podido traducir al bienestar colectivo la estabilidad y el crecimiento económico que son sus mayores logros, el gobierno parece sufrir el desgaste del tiempo, sobreviviendo en base a un desproporcionado endeudamiento mientras los sectores productivos siguen perdiendo terreno en la competitividad, lo que incuba inconformidad.
Pero las insatisfacciones no parecen traducirse en el fortalecimiento de una opción alternativa porque muchos de los críticos no la encuentran en los otros dos partidos que han dominado el escenario del casi medio siglo que ya dista de la liquidación de la tiranía trujillista, el Partido Reformista Social Cristiano fraccionado en seis o siete grupos que pugnan por los favores del Gobierno, y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) atrapado en su irrefrenable lucha grupal que consume gran parte de sus energías y lo distancia de los sectores más críticos de las clases medias y alta.
La esperada emergencia de una nueva y real alternativa política sigue sin hacerse visible, a pesar de que en los últimos años emergieron grupos políticos en torno a personalidades como Hatuey de Camps, Eduardo Estrella y Guillermo Moreno, tras negar prácticas políticas de los partidos tradicionales.
Contrario a lo que ha ocurrido en América del Sur, donde han emergido o se afianzaron opciones de izquierda para acceder al gobierno, en la última década, aquí la evolución parece ser a posiciones más conservadoras, dejando atrás grupos contestatarios que casi desaparecen en alianzas primero con el PRD y ahora con el PLD.
El PRD sigue apareciendo como la más probable alternativa para los comicios presidenciales dentro de 18 meses, pero hay quienes creen que la enconada y aparentemente apretada lucha por la candidatura presidencial lo conducirlo sino a una división, por lo menos a enfrentamientos desgarradores generadores de rechazos y desconfianza.
Los perredeístas no han podido siquiera insistir en la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos, pactado con el presidente Fernández para aprobarle su proyecto de Constitución, que reduciría el abuso de los recursos estatales en la próxima elección presidencial, los que ya viciaron los dos últimos comicios nacionales.
Más bien los grupos se disputan el favor gubernamental para alcanzar migajas en la repartición de los cargos que para nada cambiarán el dominio peledeísta en organismos como la Junta Central Electoral o la Cámara de Cuentas.
Siembra de frustraciones
Los problemas nacionales insolubles, el pragmatismo político de los partidos dominantes, con rangos de retroceso en el proceso democrático, las luchas políticas sin diferencias programáticas, las sistemáticas burlas de los consensos, la corrupción de la política y los políticos, y las debilidades institucionales conforman una carga que empuja a la indiferencia y la frustración de la ciudadanía.
La queja es profunda pero cargada de amargura en muchos ámbitos sociales, incluyendo las tertulias de grupos organizados de profesionales y empresarios, que no traducen su inconformidad a acciones concretas, porque no logran incubar ilusiones de alternativas. Los opositores se diferencian poco de los gobernantes.
En la sociedad dominicana parecen agotadas las energías renovadoras que impulsaron cambios institucionales y mejoramiento del proceso democrático en la década de los noventa. Algunos analistas lo explican en que durante gran parte del último medio siglo siempre hubo opciones alternativas que despertaban ilusiones en los segmentos sociales más críticos, ya fuera Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez.
En la medida en que esos líderes se fueron agotando o desaparecían se creía que emergería un nuevo liderazgo renovador. Pero en vez de ello el pragmatismo y la corrupción parecen barrer con los valores de la política hasta provocar que ahora muchos añoren el viejo liderazgo pro positivo y motivador.
Y no faltan quienes consideran que el nuevo liderazgo político nacional es responsable de cierta reivindicación del caudillo Joaquín Balaguer, a quien declararon Padre de la democracia, y lo han convertido en una especie de carmelita descalzo por los niveles del boato, la malversación y la corrupción que se exhibe impunemente.
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noviembre 13, 2010 octubre 26, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
La bestia embiste duro. La bestia del continuismo en el poder, que ha carcomido la institucionalidad democrática a lo largo de la historia de la República Dominicana, ha comenzado a mostrar todas sus garras a favor del doctor Leonel Fernández, contrariando la prohibición de la repostulación presidencial de su propia y flamante Constitución.
El acontecimiento político de la semana fue el comunicado suscrito por 24 de los 32 senadores, en el cual se postran en disposición incondicional frente a la decisión que el doctor Fernández adopte en relación a las elecciones presidenciales del 2012, entregado a un satisfecho mandatario, en ceremonia en el Palacio Nacional, el martes 9.
El ambiente es tan tenso en los círculos gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, que los senadores peledeístas por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tuvieron que explicar por qué no firmaron el comunicado. Los cuestionamientos al primero, Reinaldo Pared, son más fuertes por tratarse a la vez del presidente del Senado y secretario general del partido gobernante.
Otros dos senadores que no suscriben el documento, el de Monte Plata, Charlie Mariotti, y el de Peravia, Wilton Guerrero, lucen los más resueltos disidentes del proyecto continuista, particularmente el primero, quien llegó a considerarlo un hecho lamentable y un golpe a la Constitución y a la institucionalidad, que debilita al Senado. Los senadores de Azua, Rafael Calderón, y el de Santiago Rodríguez, Antonio Cruz, tampoco firmaron, lo mismo que el de Sánchez Ramírez, Félix Vásquez, quien dijo que su candidato presidencial sería el ingeniero Carlos Morales Troncoso, presidente de su Partido Reformista Social Cristiano, aunque también canciller del gobierno. Amable Aristy aún no se había juramentado como senador por La Altagracia.
Se ha adelantado que se recolectan firmas entre los diputados para ampliar la adhesión incondicional suscrita por los senadores. Incluso se afirma que cuentan con unos 74 diputados que serían también las tres cuartas partes de la bancada peledeísta en la cámara baja. Y luego vendrán los síndicos, gobernadores y secretarios de Estado para reeditar la práctica horacista, trujillista y balaguerista del siglo pasado.
Fuerte impacto emocional. Llamó la atención de los observadores la satisfacción con que el Presidente recibió la incondicionalidad del apoyo de los senadores que, aunque algunos quisieron disfrazar, no deja duda de sus alcances. Articulistas y comentaristas equipararon sus términos a las peticiones que se formularon a Horacio Vásquez, Rafael Trujillo y a Joaquín Balaguer en el siglo pasado.
Como aquellos, Leonel Fernández emerge como imprescindible para que bajo su égida la nación enfrente las urgencias de largo plazo, tareas que requieren de un liderazgo firme, experimentado y con la visión necesaria para continuar recorriendo el camino del progreso, ante incertidumbres internacionales que impactarán sobre el país, por lo menos durante las próximas dos décadas.
Los 24 senadores se manifiestan testigos del debate que se suscita en los medios en torno a la reelección y los fieros ataques que se dirigen contra el gobierno, por lo que le expresan apoyo y defensa y sobre todo para seguir tras sus pasos, en cualquier circunstancia que la vida le depare.
Más expresivos todavía, le dicen que él merece tener la oportunidad de decidir el rumbo a seguir, y se manifiestan prestos a acompañarle en la senda del progreso, ya que su figura es la que expresa la mayor posibilidad de armonizar un movimiento que sintetice las aspiraciones mayoritarias. Para añadir que En la histórica y trascendente coyuntura que estaremos atravesando en mayo del 2012 su decisión final pesará mucho, y en ese tránsito ahí estaremos para acompañarle, listos para correr la suerte que usted corra en el porvenir.
Ese discurso dista mucho de un partido democrático de la modernidad y choca con la Constitución que muchos de los firmantes aprobaron hace un año, proclamada en enero pasado por el propio presidente Fernández, la que, en su artículo 124, prohíbe la reelección presidencial consecutiva, lo que en ese aspecto fue fruto de un pacto del líder peledeísta con el ahora presidente del principal partido opositor, Miguel Vargas Maldonado.
La paciencia de Danilo. Danilo Medina se ha venido consolidando como la primera opción del PLD para suceder al presidente Fernández, manteniendo la lealtad de gran parte de los que le acompañaron en la lucha por la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando compitió en desventaja con el mandatario. Tras año y medio de bajo perfil, el que fuera segundo hombre en los dos primeros gobiernos de Fernández se ha movido con sagacidad, recabando respaldo en diversos sectores sociales, incluidos importantes empresarios. Su equipo afirma que han conformado 290 movimientos o grupos de apoyo.
Pero el domingo 7, Medina tuvo que dar un paso atrás buscando reducir las intrigas que lo responsabilizaban del limitado éxito del acto político de San Francisco de Macorís encabezado una semana antes por el presidente Fernández, el primero de una serie programada hasta enero para juramentar nuevos peledeístas. No sólo Medina estuvo ausente, sino también el secretario general Reinaldo Pared y la mayoría de los 25 miembros del Comité Político convocante, muchos de ellos adscritos al danilismo.
Al hablar en un acto público, Danilo Medina proclamó que no caerá en las intrigas del pasado y que evadirá la confrontación que algunos quieren, por lo que suspenderá sus actividades cuando el Presidente encabece algún acto, para que todos los suyos puedan participar. Enfatizó que quiere ser presidente de la República, pero por todo el PLD y sus partidos aliados y por los movimientos externos que lo apoyan. Describió la coyuntura diciendo que estamos pasando en este momento por una especie de turbulencia, pero en cuanto pasen los nubarrones el avión se va a estabilizar, y cuando se estabilice estará claro que Danilo Medina será el candidato del PLD.
Desoyendo a seguidores y a críticos externos que plantean que ha debido ser más agresivo, Medina se ha manejado con paciencia y prudencia, pero amarrando dentro y fuera de su partido. La agresividad le hubiese conllevado mayores dificultades a sus seguidores frente al poder presidencialista y el caudillismo tradicional. Uno de sus asesores dijo que están tranquilos, conscientes de que hay lealtades muy fuertes ante el Presidente, pero seguros de que las resistencias se irán desvaneciendo.
No hay dudas de que el presidente Fernández está dejando correr la pelota del continuismo con la esperanza de que se convierta en una avalancha partidaria y luego nacional, pero las circunstancias lucen tan desfavorables como las que enfrentó el presidente Hipólito Mejía, quien fracasó en el intento de reelegirse en el 2004.
Aunque muchos de los promotores del continuismo aducen que Fernández puede repostularse porque la Constitución no tiene efecto retroactivo, el mandatario posee luces suficientes para saber que sería un acto de ilegitimidad que sacudiría la institucionalidad democrática. Es por ello que ya adelantan su oposición sectores tan influyentes como los obispos católicos, que lo han expresado más contundentemente que nunca, y discretamente amplios sectores empresariales, temerosos de los costos no sólo institucionales sino también en estabilidad económica. Un empresario recordó que el presidente Obama le advirtió a principios de año al colombiano Álvaro Uribe, cuando le visitaba en Washington, que un tercer período de gobierno no era beneficioso para la democracia. Leonel buscaría un cuarto.
El único camino que daría alguna legitimidad a la continuidad de Fernández es una nueva reforma constitucional, pero de difícil ejecución, pues conllevaría rupturas internas y externas, ya que tendría que comprar no sólo a todos los reformistas y a decenas de danilistas, sino también a por lo menos tres perredeístas, para alcanzar los dos tercios de votos de la asamblea nacional, necesarios para validarla. 32 senadores y 183 diputados suman 215. Dos tercios son 143. Y entre peledeístas y reformistas suman 140, y los perredeístas son 75.
Aún si lograra conquistar los dos tercios, los riesgos de rechazo serían altos, comenzando por la unidad del propio partido de gobierno, donde cada vez hay más tensiones, mientras el asombro y la incertidumbre ganan terreno en la sociedad dominicana. El continuismo ha comenzado a cobrar su costo.
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noviembre 6, 2010 octubre 26, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
Importantes reformas democráticas han sido aniquiladas. Primero se puso fin a la separación de las elecciones, lo que augura el fortalecimiento del clientelismo y el arrastre. Luego sobrevino la repentina e inconsulta resolución de la JCE que elimina el voto preferencial y reduce el poder de los votantes.
La repentina e inconsulta resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que elimina el voto preferencial en la elección de los diputados se inscribe en un proceso de revocación de las reformas democráticas que se dio la sociedad dominicana en las últimas dos décadas.
La decisión contradice el artículo 79 de la Ley Electoral, que en 1997 instituyó las circunscripciones electorales fruto de consensos entre el sistema partidista y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el sistema de representación al otorgar al ciudadano la facultad de escoger a sus representantes.
Golpe sorpresivo. A diferencia de cuando fue instituido el voto preferencial con una resolución del 2001, esta vez la JCE no realizó ninguna consulta ni vista pública previa. Fue la primera decisión adoptada por los cinco recién designados integrantes del organismo rector del sistema electoral que por efecto de la nueva Constitución de la República ya no tiene funciones contenciosas.
Es obvio que los funcionarios electorales contaban con el beneplácito de las cúpulas dirigenciales de los partidos, pero parecieron asumir que la revocación no contaría con las simpatías de las instituciones sociales que defienden los derechos de la ciudadanía, en este caso a elegir sus representantes en el Congreso Nacional. No dieron oportunidad ni tiempo a que se formularan objeciones.
Hace varios años que diversos dirigentes políticos venían reclamando la eliminación del voto preferencial aduciendo que el mismo lesionaba la unidad de los partidos porque sus candidatos competían entre sí por obtener el voto ciudadano. Adoptada la decisión, los dos partidos mayoritarios expresaron su satisfacción a través de sus delegados políticos ante la JCE.
Los integrantes de la JCE anunciaron su resolución poco después de adoptarla en una reunión efectuada el viernes 29 de octubre, aduciendo que el voto preferencial afecta la democracia interna y pone en riesgo el sistema de partidos políticos, sin la menor consideración por el derecho ciudadano a elegir. Dijeron que si algún sector político o legisladores estaban interesados en mantener el sistema podían introducir un proyecto de ley. A la ciudadanía no le reservaron ningún recurso para reivindicar un derecho que estuvo vigente en las tres últimas elecciones legislativas.
Logro democrático. El voto preferencial por los diputados quedó establecido en el 2001, aunque fue una consecuencia de la reforma a la Ley Electoral de 1997, que instituyó las circunscripciones buscando acercar los electores a sus representantes. Pero como la JCE adujo que no había tiempo para implementarlo en los comicios de 1998, se dispuso que entraría en vigor a partir de 2002.
Fue parte de una oleada democrática que se inició en 1993 con la concertación de la Fundación Siglo 21, auspiciada por el Proyecto Iniciativas Democráticas con participación de todos los partidos reconocidos y consultas a la sociedad civil, y que un año después culminó en un consenso para reformas políticas e institucionales.
Como consecuencia de la crisis política en que devinieron las elecciones de 1994 se produjo una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, separó las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales e instituyó la mayoría absoluta en la elección presidencial, la doble nacionalidad, el voto de los residentes en el exterior y el Consejo Nacional de la Magistratura.
En los escenarios de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, luego rebautizada como Consejo Nacional para la Reforma del Estado, incluyendo el diálogo nacional celebrado en 1997-98, se insistió en ampliar el derecho ciudadano a elegir a sus representantes al Congreso Nacional.
La reforma de 1997 estableció en el artículo 79 de la Ley Electoral que Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen.
Aunque en principio se dijo que también habría voto preferencial para la elección de los regidores, la JCE nunca lo implementó. Los partidos que lo aceptaron con renuencia en el caso de los diputados primero sostuvieron que el pueblo no sabría utilizar la preferencia. Después comenzaron a descubrir que la competencia interna por las postulaciones creaba tensiones.
El poder a las cúpulas
Al protestar la eliminación del voto preferencial esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, que fue de sus promotores, adujo que esa decisión violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral y reduce la participación democrática de la ciudadanía. Durante años esa organización y otros sectores de la sociedad civil han reclamado que el derecho al voto se amplíe para permitir que los electores no solo tuvieran opción a elegir su diputado preferido, sino también para eliminar el arrastre del senador, separándolo de los diputados.
La eliminación del voto preferencial por los diputados devuelve a las cúpulas dirigenciales de los partidos el poder de determinar quiénes pueden salir diputados en sus respectivas boletas, por el orden en que son inscritos, lo que es una fuente de privilegios y fomento del clientelismo que hasta el 2002 generaba conflictos.
De esa forma los que encabezan las listas en las circunscripciones pueden darse por electos desde que son inscritos en la JCE mientras los relegados a los últimos puestos quedan de adorno.
La reapertura de esa fuente de poder de las cúpulas dirigenciales atenta contra el derecho de la ciudadanía a elegir, y de los candidatos a recibir un trato igualitario, pues su suerte queda en manos de quienes establecen el orden de las propuestas de candidaturas.
No hay dudas de que la competencia se desbordó entre candidatos a diputados de los mismos partidos y que los que disponen de mayores recursos tendían a imponerse. Pero eso se controla en las democracias avanzadas limitando la inversión de cada candidato y la extensión de las campañas. Hay países donde sólo se les permite la promoción directa entre sus electores, vetando la propaganda a través de los medios de comunicación masiva, como prensa, radio y televisión, para impedir la imposición del dinero, bien o mal habido.
Una cadena de retrocesos
La eliminación del voto preferencial por los diputados se inscribe en un proceso de revocación de los avances democráticos que se habían registrado en el país en las últimas dos décadas, que ha incluido la reunificación en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales dispuesta en la nueva Constitución a partir del 2016.
Ambas regresiones están llamadas a reflejarse en fortalecimiento del clientelismo y del arrastre por parte de los candidatos presidenciales y, por consiguiente, en reducción de la pluralidad del Congreso, en subordinación de los legisladores ante el Poder Ejecutivo y en incremento del presidencialismo.
En el proceso de reducción de la democracia se inscribe el hecho de que la mayoría de los candidatos al Congreso y los municipios en las elecciones de mayo pasado fueron señalados por las cúpulas partidarias, en detrimento del derecho de los militantes a elegir y ser elegidos, ya fuere por convenciones locales, o mediante la votación primaria que había ganado terreno en los últimos torneos electorales.
Si a ello se une la reciente decisión del Comité Central del partido de Gobierno de auto prorrogarse, ¡y por 5 años!, el mandato que recibieron de sus militantes, parece haber razones para sostener que está en marcha una regresión democrática.
Por lo pronto la última resolución de la JCE reduce la competitividad democrática y el derecho a disentir de las cúpulas partidarias que inscriben las candidaturas. Tras el registro de las candidaturas para los comicios de mayo pasado hubo decenas de denuncias de alteraciones de derechos obtenidos en los casos en que hubo convenciones o votación de las bases. Y la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que disponer numerosas enmiendas para hacer respetar la democracia interna de los partidos, lo que terminó de colmar la paciencia de las cúpulas dirigenciales y selló la suerte que acaba de correr el voto preferencial. Muerto el perro se acabó la rabia.
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Solo si juega limpio el PRD se salvará
octubre 24, 2010 octubre 26, 2015 by Juan Diaz	| Leave a comment
La fuerte competencia entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado por la candidatura presidencial del Jacho pondrá a prueba la unidad de esa organización política en los próximos meses.
La fuerte competencia entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pondrá a prueba la unidad de esa organización política en los próximos meses.
En lo inmediato los siete precandidatos han tenido el acierto de coincidir en encargar la organización de la convención eleccionaria a tres de los perredeístas más aptos para ejercer el papel de árbitros: Enmanuel Esquea Guerrero, quien la presidirá; Milagros Ortiz Bosch y Hugo Tolentino Dipp como vicepresidentes.
Prevén bipolarización. En diversos sectores perredeístas hay consciencia de que sólo un proceso electoral interno limpio y diáfano permitiría mantener la unidad partidista si el margen de diferencia entre los dos principales competidores es estrecho como se viene perfilando en las últimas semanas.
Aunque faltan cinco meses para la elección del candidato presidencial del PRD para los comicios presidenciales del 2012, desde ya se advierte una tendencia a la bipolarización entre el ex presidente de la República Hipólito Mejía y el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado.
Otros cinco perredeístas se han manifestado precandidatos: Luis Abinader, Eligio Jáquez, Guido Gómez Mazara, Aníbal García Duvergé y Jesús Colón, aunque los dos últimos ni siquiera han sido asimilados por la opinión pública.
Sin embargo, a cualquier perredeísta u observador que se le pregunte dará la misma respuesta: la candidatura se decidirá entre Vargas y Mejía. E incluso se cree que varios de los otros cinco precandidatos terminarán apoyando a uno de los reales competidores, probablemente al ex presidente del que casi todos fueron colaboradores, y porque adversan a Vargas Maldonado, a quien acusan desde ya de intentar manipular las estructuras y los recursos del partido para imponerse como candidato.
La irrupción de Hipólito. Hasta mediados de año, Vargas Maldonado parecía correr cómodamente tras la candidatura del partido blanco, pero en junio el expresidente Mejía se lanzó con fuerte impulso al grito paternalista de llegó papá. Y en la encuesta Gallup para HOY publicada en julio ya aparecieron en empate técnico en las preferencias generales.
Pero llamó la atención que entre quienes dijeron simpatizar por el PRD Mejía lo superó por 8 puntos.
Ambos proclaman que de acuerdo a sus propias encuestas, ganarán abrumadoramente la candidatura. Pero en dos investigaciones auspiciadas por peledeístas y en la de un grupo empresarial, Mejía registró amplias ventajas, aunque recientemente otra marcó una tendencia a reducirse.
Lo que parece indiscutible es que Vargas controla la Comisión Política y cuenta con el apoyo de gran parte de los legisladores, alcaldes y regidores.
En un reciente Taller Nacional de Dirigentes organizado por su grupo se llegó a afirmar que estaban presentes 58 de los 75 diputados, 52 de los 57 alcaldes, 68 de los 87 directores de distritos municipales y 412 de los 520 regidores.
Es posible que esas proporciones estén exageradas, pero pueden estar cerca de la realidad, ya que al presidente del PRD se le acusa de haber utilizado el cargo para postular a sus seguidores en los comicios de mayo pasado. El control de la maquinaria proporciona ventajas, sobre todo al contarse los votos, pero puede ser un bumerán donde los relegados tenían un liderazgo local.
Dentro y fuera del partido blanco no se subestima a Hipólito Mejía, a quien le sobra el carisma y la capacidad que le falta a Vargas Maldonado para vincularse a las masas, y además espera rentabilidad de los favores y distinciones que repartió en los cuatro años que presidió la nación.
Frente contra Vargas. Por de pronto Vargas Maldonado podría tener que responder a todo un frente de competidores, particularmente integrado por Hipólito, Abinader, Gómez y Linares, quienes le impugnaron la semana pasada la sustitución de varios dirigentes de consejos regionales del municipio Santo Domingo Este, dispuesta de forma administrativa por el secretario general del partido, Orlando Jorge Mera.
Cuando las sustituciones estaban a punto de constituirse en una confrontación, el Pleno del Comité Municipal decidió dejarlas sin efecto al considerarlas violatorias de los Estatutos del partido, que atribuyen esa facultad a la Comisión Política, y de una resolución del reciente Congreso del PRD.
La objeción podría llegar a la próxima reunión de la Comisión Política fijada para el día 21, pero aplazada para el 28, por viaje de Vargas Maldonado.
Esa sesión tiene la misión de concluir la integración de la Comisión Organizadora de la convención eleccionaria y fijar su fecha en marzo próximo, la que estará encabezada por Enmanuel Esquea, Milagros Ortiz Bosch y Hugo Tolentino. Entre estos decidieron que la presidirá el primero.
El difícil proceso recayó en buenas manos, pues esos tres dirigentes históricos del perredeísmo son considerados incorruptibles e indoblegables y han sido señalados de consenso por todos los precandidatos.
Pero habrá que esperar a ver si el espíritu de consenso se extiende al resto de los comisionados, algunos clave como los del Centro de cómputos.
El papel de esos comisionados será fundamental para salvar al PRD de una división o de nuevos sacudimientos internos que le resten crédito para constituirse en opción de Gobierno.
La precaria institucionalidad democrática del partidismo político dominicano estará a prueba nuevamente.
Resumen de las Resoluciones de la Mesa de Unidad y Concertación Del Congreso José Francisco Peña Gómez
1.- La XXIX Convención Extraordinaria llevará el nombre de Angel Miolán.
2.- Todos los perredeístas se comprometen a ofrecer apoyo irrestricto al que resulte ganador.
3.- Los organismos que requieran ser reestructurados o completados deberán serlo acorde a los Estatutos y con equilibrio de todas las corrientes.
4.- La Comisión Política será convocada para el 21 de octubre para seleccionar y ratificar la Comisión Organizadora y fijar fecha de inicio de la campaña interna.
5.- Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Hugo Tolentino serán presidente y vicepresidentes. Ellos mismos decidirán el orden.
6.- La Comisión Política reunirá el CEN para que convoque la Convención en marzo del 2011.
7.- El director del Centro de Cómputos de los resultados será seleccionado por la Comisión Organizadora. Todos los precandidatos tendrán un representante allí.
8.- El padrón será semi-abierto, es decir el de la JCE excluyendo a los militantes de los demás partidos.
9.- Todos se comprometen a una campaña electoral respetuosa y a participar en la elaboración de un Proyecto de Nación que orientaría el ejercicio gubernamental.
10.- El candidato presidencial será también presidente del partido con carácter transitorio. La Comisión Organizadora de la Convención determinará la proporción que corresponderá a los precandidatos participantes en los organismos de dirección del partido.
Posted in: 2010, Análisis, Política	| Tagged: Aníbal García Duvergé, CEN, Comisión Política, Convención, Eligio Jáquez, encuesta, Encuesta Gallup-Hoy, Enmanuel Esquea Guerrero, Gallup, Guido Gómez Mazara, Hipólito Mejía, Hugo Tolentino Dipp, Jesús Colón, Luis Abinader, Miguel Vargas Maldonado, Milagros Ortiz Bosch, PRD

References: artículo 63
 artículo 124
 resolución 
 resolución 
 artículo 79
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