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Timestamp: 2019-03-26 09:02:21+00:00

Document:
María Nieves Rodríguez Pereyra
1 CONTRACTUALES Recurso 255/2014 Resolución 146/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad SEGUR IBÉRICA, S.A. Y CONSORCIO DE SERVICIOS, S.A. contra la Resolución de adjudicación de la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, de 14 de julio de 2014, respecto al contrato denominado Servicio de vigilancia y seguridad, medios materiales y técnicos. Conexión a central receptora de alarmas y servicio de respuesta ante situaciones de alarma (Expte. 2014/129083), promovido por el Patronato de la Alhambra y Generalife (en adelante el Patronato), adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, este Tribunal, en el día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. El 24 de abril de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm 78 y el 25 de abril de 2014 en en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, anuncio de licitación 1
2 mediante procedimiento abierto, del contrato citado en el encabezamiento, cuyo valor estimado asciende a ,32 euros. Asimismo, entre las empresas que presentaron oferta en el procedimiento figuraba la recurrente. SEGUNDO. La licitación se llevó a cabo de conformidad con la tramitación prevista en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Igualmente, es de aplicación el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. TERCERO. El 21 de mayo de 2014, tuvo entrada en el Registro de este Tribunal escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad SEGUR IBÉRICA, S.A. Y CONSORCIO DE SERVICIOS, S.A. (en adelante SEGUR IBÉRICA) contra la valoración emitida por la comisión técnica, relativa a la baremación de las ofertas con arreglo a criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor, en el procedimiento de adjudicación del contrato anteriormente mencionado. CUARTO. Este Tribunal emitió resolución, con fecha 4 de julio de 2014, declarando la inadmisión del recuso, al entender que la actuación impugnada no era susceptible de recurso especial en materia de contratación. QUINTO. El 8 de agosto de 2014, tuvo entrada en el Registro de este Tribunal escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por SEGUR IBÉRICA, contra la Resolución de la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, de 14 de julio de 2014, por la que se adjudica el contrato mencionado en el encabezamiento de esta resolución. 2
3 SEXTO. Mediante oficio de la Secretaría del Tribunal de 27 de agosto de 2014, se dio traslado del recurso al órgano de contratación y se solicitó al mismo el expediente de contratación, el informe sobre el recurso, así como el listado de licitadores, teniendo entrada la citada documentación en el Registro de este Tribunal el 26 de septiembre. SÉPTIMO. El 1 de octubre de 2014, la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a los licitadores a efectos de alegaciones por un plazo de cinco días hábiles, resultando que se han recibido alegaciones, en el plazo concedido para efectuarlas, por parte de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. (en adelante SECURITAS). OCTAVO. En la tramitación del presente recurso se han cumplido todos los plazos legales, salvo el plazo para resolver previsto en el artículo 47.1 del TRLCSP, dada la acumulación de asuntos existente en este Tribunal. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 41.3 del TRLCSP, en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal. SEGUNDO. Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso, dada su condición de licitador en el procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP. 3
4 TERCERO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso ha sido interpuesto contra alguno de los actos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP, resultan susceptibles de recurso en esta vía. El recurso especial se ha interpuesto contra la Resolución de adjudicación dictada en el procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada pero susceptible de recurso por su valor estimado, convocado por un ente del sector público con la condición de Administración Pública, ya que el Patronato de la Alhambra y el Generalife es una agencia administrativa de la Administración de la Junta de Andalucía al amparo del Decreto 216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos organismos autónomos a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo por tanto procedente el recurso especial de conformidad con lo establecido en el artículo 40 apartados 1.b) y 2.c) del TRLCSP. CUARTO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 44.2 b) del TRLCSP establece que el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo En el supuesto examinado, la resolución de adjudicación recurrida se remitió a la recurrente el 6 de agosto de 2014, por lo que habiendo tenido entrada el recurso en el registro de este Tribunal, el 8 de agosto de 2014, el mismo se interpuso dentro del plazo legal establecido. QUINTO. Procede, pues, analizar la cuestión de fondo suscitada. La recurrente, en base a los alegatos contenidos en su recurso, pretende que se anulen los criterios dependientes de un juicio de valor y se adjudique el contrato teniendo 4
5 en cuenta solo los criterios automáticos, no susceptibles de interpretación. El objeto de la controversia resulta de la documentación que el órgano de contratación, como documentación adicional y de forma voluntaria, facilitó a los licitadores, ya que la recurrente considera que la misma fue insuficiente para que los licitadores pudieran licitar en situación de igualdad en comparación con la información que obró en poder de la anterior adjudicataria, a la hora de confeccionar su oferta, al ser la anterior prestataria del servicio. La recurrente alega que este hecho, el haber realizado la adjudicataria su oferta, no sobre los datos que facilitó el Patronato, sino con los datos reales a los que tuvo acceso por haber prestado el servicio, es lo que ha conllevado a la postre que obtuviera la máxima puntuación, habiéndose obtenido la misma, de forma injusta para el resto de licitadores. Expone la recurrente que el Patronato facilitó datos incompletos o erróneos en la documentación que puso a disposición el día 30 de abril de la documentación adicional anteriormente mencionada-, ya que no facilitó los sistemas de intrusión de ningún edificio, y porque en la documentación aportada hay menos elementos de videovigilancia de los que realmente están instalados. Añade, que además una de las empresas licitadoras -la adjudicataria en la anterior licitación- ha sido la encargada de dirigir las visitas e informar técnicamente al resto de empresas, lo que en opinión de la recurrente vulnera el principio de no discriminación e igualdad entre los licitadores. El órgano de contratación por su parte informa que las visitas de inspección, a las que se refiere la recurrente, se programaron tal y como se indicó en la Plataforma de Contratación, para los días 28, 29 o 30 de abril de 2014, y fueron dirigidas por un funcionario adscrito al Servicio de Oficina de Control de centro 5
6 el cual fue acompañado por un miembro del Servicio de seguridad quien, según alega, en ningún momento dirigió las mismas ni sustituyó al funcionario encargado de dicha dirección. Por otro lado argumenta que, además de la documentación que figuraba en la plataforma de contratación, el órgano de contratación, a petición de los licitadores, decidió, previa declaración de una cláusula de confidencialidad y protección de datos, facilitar documentación relativa al número de extintores y localización, a los tipos de centrales de alarmas y localización y asimismo, a un listado de elementos y ubicaciones de equipos de seguridad. Con respecto al resto de información que cada empresa considerase necesaria para elaborar su oferta técnica, se indicó el día 29 de abril de 2014 que cada representante debía tomarla del trabajo de campo que realizaran durante los días en que se desarrollaron las visitas de inspección. Además expone el órgano de contratación, con relación a la valoración de las ofertas, que dicha valoración se ha realizado tomando como referencia exclusivamente, en lo que al objeto del recurso se refiere, los criterios de adjudicación y baremos de valoración, mediante juicio de valor, recogidos en los Anexos IV y VII del PCAP, y que, asimismo, dicha valoración se ha realizado sin tener ninguna idea preconcebida y proporcionando igual consideración a las ofertas presentadas, que han sido sometidas a contraste con idénticos criterios. Finalmente, la entidad SECURITAS presenta alegaciones donde reitera parte de los argumentos expuestos por el órgano de contratación, exponiendo que si las afirmaciones de la recurrente fueran correctas, el resto de licitadores habrían obtenido una puntuación muy baja fruto de la información poco detallada que les habría proporcionado el órgano de contratación, cosa que sin embargo no ocurrió. 6
7 Expone además que, en cualquier caso, aunque la recurrente hubiera obtenido la máxima puntuación en su oferta en aquellos apartados en los que la recurrente alega falta de información, no habría superado a la adjudicataria, por lo que carecería de interés legítimo en la interposición del recurso. SEXTO. Vistas las alegaciones de las partes, procede entrar a analizar el objeto del recurso. La recurrente pretende, en síntesis, que a la vista de que no se le enseñaron todas las instalaciones ni se le facilitó la ubicación de las cámaras en la visita técnica, -ya que dicha visita fue dirigida por personal de la empresa prestadora del servicio-, y que además, el comité de expertos no valoró las ofertas basándose en la documentación que previamente facilitó el Patronato, sino en la oferta que presentó la anterior adjudicataria basándose en los datos reales a los que solo ella había tenido acceso por motivo de la adjudicación, se anulen los criterios dependientes de juicio de valor, adjudicándose el contrato exclusivamente en base a los criterios de adjudicación de aplicación automática. Procede entrar en el estudio de cada una de las pretensiones de la recurrente. Así, en primer lugar, sobre la alegación de la recurrente relativa a la falta de información facilitada por el órgano de contratación, se debe tener en cuenta que la documentación necesaria para la elaboración de las ofertas ha de ser aquella incluida en los Pliegos, es decir, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Así, la documentación adicional que el órgano de contratación pusiera a disposición de los licitadores para facilitarle ciertas cuestiones relativas a la prestación del servicio objeto del contrato, entiende este Tribunal que no se ha de considerar que forme parte de los pliegos aprobados ya en un momento anterior, más bien, se trata de una documentación informativa que facilita el órgano de contratación a petición de los licitadores y que por tanto queda fuera del ámbito objetivo del recurso especial, y es que, si efectivamente la documentación que conformaban los pliegos era insuficiente para la elaboración de la oferta, ello 7
8 debió ponerse de manifiesto en su momento por medio de la interposición del recurso especial contra los mismos, y si la ahora recurrente no tuvo a bien recurrir en su momento el contenido de los pliegos, no puede ya ahora impugnarlos. Así, es necesario poner de manifiesto que conforme a reiteradísima jurisprudencia y como ya hemos manifestado en distintas resoluciones, entre las más recientes la 39/2015, de 10 de febrero y la 77/2015, de 24 de febrero, los pliegos son la ley del contrato entre las partes, y la presentación de proposiciones implica su aceptación incondicionada por los licitadores, por lo que, en virtud del principio de pacta sunt servanda, y teniendo en cuenta que la recurrente no impugnó los pliegos en su día, necesariamente ha de estarse ahora al contenido de los mismos, que son ley entre las partes. En consecuencia, teniendo en cuenta que los pliegos no han sido impugnados, ha de estarse ahora al contenido de los mismos, y por tanto si en su momento la recurrente no tuvo a bien poner de manifiesto la ausencia de documentación necesaria para elaborar su oferta, no puede hacerlo después y en base a una documentación informativa que facilita el órgano de contratación. En relación a la segunda de las cuestiones, esto es, que la entidad que venía prestando el servicio ha contado con determinada información que solo era conocida por ella por el mismo hecho de estar prestando el servicio, y que la comisión técnica ha valorado las demás ofertas en relación con la documentación presentada por SECURITAS, y no con respecto a la documentación facilitada por el Patronato a las empresas licitadoras, procedemos ahora a su examen. Resulta necesario mencionar que la recurrente, al hacer estas alegaciones, no acompaña medio probatorio alguno sobre las afirmaciones efectuadas, 8
9 simplemente realiza el alegato sin acompañarlo de algún documento que apoye sus afirmaciones. Por su parte, el órgano de contratación expone, en relación con el informe de la comisión técnica de 9 de septiembre de emitido con motivo de la interposición del recurso-, que las valoraciones de todas las ofertas se han realizado tomando como referencia los criterios recogidos en los Anexos IV y VII, y que en ningún caso, dicha comisión técnica ha recibido otra documentación que la correspondiente a las ofertas técnicas. Por otro lado, se ha de tener en cuenta, como la interesada SECURITAS alega, que enlazando esta cuestión con la anterior, es decir, los elementos en los que la recurrente considera que no ha tenido información suficiente con la puntuación que ha obtenido en dichos criterios, y en relación con la puntuación que ha obtenido la adjudicataria en los mismos, aunque la recurrente hubiera obtenido en ellos la máxima puntuación prevista, aun así, no habría llegado a superar la puntuación de la adjudicataria. En este sentido, la recurrente centra su recurso en la falta de información recibida en relación a los medios activos especificados en el Anexo VII. Criterios de adjudicación y baremos de valoración, y que se encuentran valorados con un máximo de 20 puntos. De esta forma, incluso aunque la recurrente hubiera obtenido la máxima puntuación en este apartado, no habría resultado adjudicataria como se puede observar en la siguiente tabla: CRITERIOS/PUNTUACIONES SECURITAS SEGUR IBÉRICA 1. Estudio condiciones seguridad de los monumentos y edificios objeto de contratación Medios Activos (20 puntos) 1.2. Medios Pasivos (18 puntos) TOTAL 1 : 38 PUNTOS ,5 33,5 2. Recursos de apoyo al servicio objeto de contrato 8 PUNTOS 8 8 9
10 3. Plan de calidad sobre la prestación del servicio 4 PUNTOS 4. Oferta económica 40 PUNTOS 5. Mejoras 10 PUNTOS 3,8 2,5 39, TOTAL 99,51 94 De esta forma puede observarse, que aunque se le hubiera otorgado la máxima puntuación en el apartado correspondiente a los medios activos, objeto de la controversia, la recurrente habría obtenido 3 puntos adicionales -20 puntos en el apartado 1.1-, por lo que todavía no habría obtenido puntuación suficiente para rebasar a SECURITAS y por lo tanto en ningún caso habría sido adjudicataria. Con relación al tercero de los motivos del recurso, esto es, que un empleado de la empresa que estaba prestando el servicio fue el encargado de dirigir la visita técnica resolviendo las dudas que los licitadores planteaban sobre las instalaciones y sistemas del Patronato, este Tribunal advierte que dichas manifestaciones no se sustentan en elemento probatorio alguno que pudiera corroborar lo que de otra forma son simples opiniones vertidas por la recurrente. Por otro lado, el órgano de contratación informa que los días 28, 29 y 30 de abril de 2014 se realizaron unas visitas dirigidas por un funcionario adscrito al servicio de oficina de control de centro, que fue acompañado por un miembro del servicio de seguridad que, según expone, en ningún momento dirigió las mismas ni sustituyó al funcionario del órgano de contratación, cuestión que también alega la interesada en el procedimiento. A mayor abundamiento, y ante la ausencia de cualquier elemento probatorio 10
11 que apoye las alegaciones de la recurrente, resulta de interés poner de manifiesto que al procedimiento de licitación acudieron nueve licitadores que presentaron su oferta correspondiente -siete, excluidos el adjudicatario y la recurrente-, y que salvo el recurso objeto de la presente Resolución, ninguno de ellos ha impugnado la presente licitación, ni este Tribunal ha recibido más alegaciones que las aquí recogidas. Así en conclusión, si bien resulta lógico que el adjudicatario a la hora de elaborar su oferta cuente con un plus de conocimiento o experiencia, ya que ha estado prestando el servicio objeto del contrato durante cierto tiempo, y por tanto puede llegar a conocer en mayor profundidad elementos que le puedan llevar a elaborar una mejor oferta, en el presente caso, la recurrente no aporta elementos de probatorios sobre las alegaciones que efectúa en su recurso, ni fundamentos jurídicos suficientes que pudieran amparar las pretensiones que defiende, todo ello necesario para que este Tribunal hubiera podido apreciar una actuación arbitraria por parte del órgano de contratación, que habría podido conllevar la anulación que pretende la recurrente. Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal ACUERDA PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa entidad SEGUR IBÉRICA, S.A. Y CONSORCIO DE SERVICIOS, S.A. contra la Resolución de adjudicación de la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, de 14 de julio de 2014, respecto al contrato denominado Servicio de vigilancia y seguridad, medios materiales y técnicos. Conexión a central receptora de alarmas y servicio de respuesta ante situaciones de alarma (Expte. 2014/129083), promovido por el Patronato de la Alhambra y Generalife. 11
12 SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.4 del TRLCSP, el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento de adjudicación. TERCERO. Notificar la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento. Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra K) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 12

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 40
 artículo 44
 resolución 
 Resolución 
 artículo 47
 resolución 
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