Source: http://hijosmardelplata.blogspot.com/2009/03/conmovedora-muestra-de-gustavo-germano.html
Timestamp: 2017-08-16 19:23:02+00:00

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CONMOVEDORA MUESTRA DE GUSTAVO GERMANO EN EL MUSEO DE LA MEMORIA.
Eduardo Raúl Germano tenía 18 años cuando un 17 de diciembre 1976 fue secuestrado en Rosario por personal del Ejército Argentino y la Policía santafesina. Hasta el día de hoy continúa detenido?desaparecido. A fines de los 80, Gustavo, uno de los cuatro hermanos Germano, encontró la manera de retratar esa ausencia constante. "El punto de partida conceptual viene de una cuestión íntima, personal, porque con mi madre siempre hablábamos de la permanente presencia de la ausencia ??explica el fotógrafo??. Un poco es lo que siempre se ha querido transmitir. La idea de poder retratarlo a través de dos fotografías es del 89, por ahí, por una necesidad que como familiar, y creo que como todos los familiares, siempre he querido transmitir. De alguna manera por eso la exposición no es autobiográfica, sólo me pongo en el lugar que le pedí a los demás que se pongan, pero el objetivo es mostrar la magnitud de la tragedia".
En ese sentido, las nuevas generaciones de jóvenes se van distanciando de la trascendencia real del genocidio, asumiendo a los desaparecidos como una cifra (los 30 mil). Para ellos, "Ausencias" es la posibilidad de descubrir algunos de los rostros que no lograron envejecer. "Creo que acá la idea es transmitir lo que significa la desaparición forzada de personas desde un plano de la comprensión de lo emocional, desde lo afectivo ??analiza Germano??. Y que sea decodificable para personas que no estén ligadas al tema, que se pueda transmitir qué es lo que se siente con ésto. Justamente lo más gratificante de la exposición es que llega a mucha gente que por ahí no lograba entender la magnitud del tema, y mucho más hacia los jóvenes, que no están vinculados directamente al tema y que además están desvinculados con el tiempo. Que es en realidad el elemento que permite haber hecho Ausencias, porque el tiempo es un elemento central de la historia. Están los treinta años en los que los familiares han vivido con esta permanente presencia de la ausencia, y por otro lado son los treinta años que las víctimas no han vivido su vida".
Producida por Casa Amèrica Catalunya, el proyecto contó con el apoyo fundamental del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos, epicentro de las historias nucleadas en "Ausencias", que a partir de su llegada a la Argentina comenzó a recorrer diversas ciudades, logrando una fuerte repercusión. Sin embargo, los autores materiales e intelectuales del genocidio han optado por el silencio. "En lo personal no me ha llegado ningún aviso de parte de estos cobardes que ahora no se animan a enfrentar lo que le negaron a los demás, que es la Justicia ?dispara el autor?. Entiendo que a lo que apunta Ausencias es llegar a gente que no tiene una vinculación directa con el tema, porque entiendo que esto es la salvaguarda para un montón de gente que está trabajando para encarcelar a los cobardes genocidas, que buscan todas las artimañas para esquivar los juicios. Es absolutamente cobarde después de haber sido tan poderosos. O por éso: por haber sido tan poderosos son tan cobardes o por ser tan cobardes eran tan poderosos. Es lamentable que ahora le teman a la Justicia, demuestra a las claras qué tipo de gente han sido. Lo que se merecen es la cárcel, se la merecían hace treinta años, pero creo que la mejor condena es que la Argentina realmente sea un ícono. Así como lo ha sido con algo terrible como la desaparición sistemática de personas, que lo sea en cuanto a la condena social y definitiva de este tipo de hechos. Así como tocó a la Argentina ser parte de esta historia tan tremenda, que ahora le toque ser parte de lo positivo que es la reivindicación. En ese sentido me parece que la muestra tiene como destinatarios a los que están en el terreno trabajando con la Justicia".
La llegada de "Ausencias" a Rosario no es un detalle menor para la familia Germano, que a partir de la recuperación democrática pudo reconstruir los hechos que derivaron en la muerte de Eduardo. "El fue secuestrado acá el 17 de diciembre. Por una investigación de mi hermano Guillermo, que es coordinador del Registro Unico de Entre Ríos, dimos con una serie de datos, y que a Eduardo lo mataron en un simulacro de atentado donde supuestamente dos terroristas iban a atentar contra una torre de alta tensión en Fisherton. Así que Rosario siempre ha tenido para mí esa carga, es especial por eso es importante para nosotros que la exposición llegue".-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENO
Lesa humanidad: Casación Penal confirmó condena a Von Wernich
Fallo "Von Wernich,Christian Federico s/recursode casación" 598.99 Kb.
e la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó este viernes la condena a reclusión perpetua del ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el último gobierno de facto.El tribunal rechazó así el recurso de casación presentado por la defensa de Von Wernich contra la sentencia dictada en noviembre de 2007 por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, por homicidios agravados y decenas de casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.
Según la cámara, "al no haberse demostrado la concurrencia de un supuesto de arbitrariedad o apartamiento de las normas sustantivas que rigen la gradación de la pena, no se advierten razones que permitan modificar lo decidido en la instancia anterior".
Fuente: http://www.cij.gov.ar/
http://www.elcomercial.com.ar/secciones/contratapa/notas/n1.aspExclusivo: habrían hallado el quinto centro clandestino de detención En las últimas horas habría sido ubicado el quinto centro clandestino dedetención que funcionó en Formosa durante la última dictadura militar. Estáubicado en la zona conocida como Monteagudo, a unos pocos kilómetros delcasco céntrico, sobre la ruta que va a Mojón de Fierro.Así lo adelantó en exclusiva a El Comercial el abogado Pedro VelázquezIbarra, quien en compañía de otras personas pudo detectar ayer el lugar quefue descripto por el ex detenido Osiris Ayala, en una entrevista que publicóeste diario el domingo 7 de mayo de 1995.Ayala, en esa nota, citó que tras ser detenido fue llevado hasta el centrode detención ubicado en Monteagudo. Y comentó que allí se lo sometía atorturas diversas, entre ellas, una de las predilectas de los captores, eramaniatar a los detenidos y lanzarlos al interior de un aljibe, atados a unacuerda que era sujetada por una rondana.El lugar habría sido reconocido por ex detenidos.El abogado Velázquez Ibarra resaltó la trascendencia del hallazgo porquehasta ahora "sólo fueron ubicado cuatro de los cinco centros clandestinos dedetención que menciona la CONADEP" en su informe "Nunca Más", sobre larepresión en el país. Enumeró que tres estaban dentro del Regimiento deInfantería de Monte 29 (la zona de Guardia, calabozos y el galpón detorturas); el cuarto en el barrio San Antonio, donde funcionaba la PolicíaMontada, conocida como "La Escuelita". "Pero faltaba determinar dónde se ubicada el quinto lugar donde variosdetenidos, entre ellos con mayor claridad lo determina Osiris Ayala",apuntó. Fosa común A criterio del letrado, casi con certeza en Monteagudo estarían enterradoslos desaparecidos que no pasaron ni por el Regimiento ni "La Escuelita".Adelantó que pedirá que en la zona se realicen excavaciones con el fin deencontrar los restos de quienes fueron secuestrados y aún permanecen comodesaparecidos en Formosa. Recordó que era costumbre de los represoresdepositar en fosas comunes a quienes ejecutaban o asesinaban en sesiones detorturas.Destacamento Tras el golpe militar y la posterior represión ilegal, en Monteagudofuncionó un destacamento policial. Está ubicado cerca del casco de laestancia que lleva el nombre del lugar. Según Velázquez Ibarra, en lascercanías también hay un cementerio que data de la época de la guerra de laTriple Alianza. Testimonio En la nota que Osiris Ayala concedió a El Comercial en 1995, expresa queestuvo detenido en Monteagudo y que allí vio a varios detenidos, comoOviedo, Díaz, Borgne y otros que "eran de Junín, Berisso y La Plata". Perotambién habrían estado detenidos en ese lugar ciudadanos chilenos yuruguayos, como también Pancho Bogarín.También contó cómo eran sometidos a torturas diversas, entre ellas la de serarrojados a un aljibe. Hoy en el lugar queda el aljibe, que habría sido lareferencia de quienes pasaron por ese centro clandestino de detención.También quedan vestigios de edificaciones, que según los ex detenidos, eraun destacamento policial."A partir de este hallazgo vamos a solicitar una serie de medidas. Porquetambién es sugestivo que luego de las declaraciones de Osiris Ayala a ElComercial se derribara el edificio del destacamento con topadoras", revelóel abogado Velázquez Ibarra.ColomboEl hallazgo se produce en medio del juicio que se le sigue al ex gobernadorde facto de Formosa, general (r) Juan Carlos Colombo. Cabe señalar que elacusado sigue las alternativas del juicio en su contra desde Buenos Aires,por un monitor que transmite en tiempo real. Igualmente, los testigos y laspartes pueden ver a Colombo por varios monitores que el Tribunal OralFederal que lleva adelante el juicio ordenó colocar en la sala del Colegiode Escribanos, donde se desarrolla el proceso.Luego de un receso de varios días, hoy arrancará nuevamente el juicio contraColombo.Una de las novedades es que no se descarta la posibilidad que Colombo seatraído a Formosa para el juicio. Informes de médicos de la parte querellantesostienen que una vez que el militar retirado esté compensado y garantizadasu atención médica, puede ser trasladado hasta esta capital.Cabe recordar que antes del receso, que termina mañana a las 16.30, declaróante el Tribunal Oral Federal la viuda del abogado paraguayo Fausto Carillo,detenido en Formosa durante la dictadura militar y aún desaparecido,Felicita Gimenez de Carrillo.La mujer brindó uno de los testimonios más cjava-scriptdores del juicio pordelitos de lesa humanidad que se le sigue al ex gobernador de facto de laprovincia, Juan Carlos Colombo.Contó que su marido fue llevado detenido de la vivienda que tenían en estacapital. Dijo que en el momento de la detención de Carrillo, ella junto a supequeña hija se encontraban en Asunción, Paraguay. Allí una comisión demilitares argentinos le comunicó que su marido había sido detenido. Con unavoz que por momentos se quebraba, y con el llanto de la hija que escuchabasu testimonio, la mujer fue describiendo hechos, señalando que lo hacía porprimera vez desde aquella época. Y que ni siquiera le había contado a suhija, según dijo a los miembros del tribunal.La viuda de Carrillo dijo que fue detenida por fuerzas paraguayas, y quepermaneció detenida ilegalmente en un sótano, donde la castigaron conlátigos, mientras ella se acurrucaba protegiendo a su pequeña hija a la quetenía en sus brazos.Confirmó que durante esas sesiones de tortura, militares argentinos eran losque realizaban el interrogatorio, sobre las actividades de su marido.También mencionó que fue trasladada hasta Formosa, sometida a sesiones dehipnosis, para que supuestamente reconociera determinados lugares. En esosmomentos uno de los militares que la mantenían detenida pertenecía a lasfuerzas conjuntas de Chile.Con su testimonio, la mujer ratificó la existencia de un acuerdo entre lasdictaduras de la región, en el marco del denominado Operativo Cóndor.El testimonio de la mujer no fue escuchado por el ex gobernador juzgado,porque se había retirado de la sala donde, a través de monitores, sigue lasinstancias del juicio. En el marco de su testimonio, Felicita Giménez deCarrillo dijo que gracias a su padre fue liberada, junto a su hija. Pero quenunca pudo ver a su marido. La hija, hoy adulta, seguía con lágrimas la declaración de su madre. Ambasresiden en Francia y vinieron a Formosa para este juicio, en busca de laverdad sobre lo que le sucedió a Fausto Carrillo. Hallan cementerio con varias tumbas abiertas en presunto centro clandestino de detención La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),delegación Formosa, y querellantes en el juicio por delitos de lesahumanidad contra el ex gobernador de facto, Juan Carlos Colombo, pedirán ala Justicia que se realicen las investigaciones y pericias para determinarsi en Monteagudo funcionó el quinto centro clandestino de detención de laprovincia. Basándose en testimonios de víctimas de la represión durante ladictadura, se habría encontrado el lugar donde se detenía y sometía atorturas a las personas detenidas, según informó en exclusiva El Comercialdías atrás. Ayer, una comitiva integrada por los abogados querellantes de lacausa contra Colombo, y los ex detenidos Roberto Antenor Gauna e IsmaelRojas, se trasladó hasta el lugar, ubicado sobre la ruta que va a Mojón deFierro, a pocos kilómetros del casco céntrico de esta ciudad. En una zona de monte, a pocos metros del río Paraguay, ubicaronun antiguo cementerio que, según estiman, dataría de la época de la guerrade la Triple Alianza. Al recorrer el lugar encontraron por lo menos trestumbas abiertas que "despedían un fuerte hedor", según informaron losquerellantes. Dijo que gracias a testimonios judiciales y a las declaracionesde Osiris Ayala a El Comercial en 1995, se pudo avanzar en la reconstrucciónde hechos que llevaron a encontrar lo que sería el quinto centro clandestinode detención en Formosa. Trascendente hallazgo Reiteró la trascendencia del hallazgo porque hasta ahora "sólofueron ubicados cuatro de los cinco centros clandestinos de detención quemenciona la CONADEP" en su informe "Nunca Más", sobre la represión en elpaís. Enumeró que tres estaban dentro del Regimiento de Infantería de Monte29 (la zona de Guardia, los calabozos y el galpón de torturas); y el cuartose ubicaba en el barrio San Antonio, donde funcionaba la Policía Montada,conocida como "La Escuelita". "Pero faltaba determinar dónde se ubicada el quinto lugar dondevarios detenidos, entre ellos con mayor claridad lo determina Osiris Ayala",apuntó. "Hemos encontrado parte de un destacamento policial derribado,un viejo cementerio con fosas presumiblemente abiertas hace poco tiempo y unaljibe donde se estima se torturaba a los detenidos con el conocido´submarino húmedo´, al costado de un camino vecinal" relataron. Testimonios Afirmaron que la suma de hechos "hace suponer que lostestimonios, cuando referían al lugar de tortura y detención de Monteagudose referían a este lugar". Cabe recordar que en la edición del 7 de mayo de 1995 de ElComercial, Osiris Ayala, una víctima de la represión ya fallecida, contó que"el 13 de septiembre de 1976" mientras lo trasladaban "desnudos y vendados,hasta un lugar que ubicó como situado en el paraje Monteagudo", que localificó como "centro clandestino de torturas", pudo notar la presencia de"otros compañeros" que integran la lista de desaparecidos, citando entreellos a Mirtha Insfrán, Monchi Díaz, Oviedo, Borgne, entre otrosprovenientes de Junín, Berisso y La Plata, provincia de Buenos Aires. Más testimonios A esto se suma la declaración de la actual concejal OtiliaBritez, ante el juzgado federal, cuando aseguró que su padre, AlbertoBritez –también fallecido-, fue detenido por fuerzas militares y mesesdespués "apareció el 24 de diciembre de 1978, en Mojón de Fierro (eninmediaciones del paraje en cuestión), estaba con un taparrabos, lo encontróun colectivero y lo trajo". A partir de estos hechos se pedirá a la Justicia que se realicenlas actuaciones correspondientes, que se dispongan excavaciones en el lugaren la búsqueda de cadáveres de quienes fueron detenidos ilegalmente enaquella época y hasta hoy permanecen detenidos, y que se determine quiénordenó la destrucción del destacamento policial, que habría estado ubicadoen ese lugar.-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
EL PAIS › ELEVAN A JUICIO ORAL UNA CAUSA CON BUSSI Y MENENDEZ COMO IMPUTADOS
Vuelta al banquillo de acusados
En la primera causa en que la Justicia tucumana centraliza los delitos cometidos en un mismo centro clandestino, fueron imputados ocho militares y policías por desapariciones y torturas durante la dictadura.
El juez federal subrogante de Tucumán, Daniel Bejas, elevó a juicio oral y público dos causas por violaciones a los derechos humanos con media docena de imputados, entre los que sobresalen el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex gobernador tucumano durante la dictadura, Antonio Domingo Bussi. Ambos represores fueron condenados a reclusión perpetua en agosto del año pasado por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, aunque sólo Menéndez pasa sus días en una cárcel: Bussi goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena, en las afueras de San Miguel.
En el primer expediente, el magistrado determinó la existencia de un centro clandestino en la Jefatura de Policía, a diez cuadras de la Plaza Independencia. La importancia de esta causa radica en que es la primera vez que la Justicia tucumana centraliza en una acusación sobre un centro de detención un conjunto de desapariciones forzadas y torturas (alcanza a veinte víctimas en total) y no casos aislados. Además de Bussi y Menéndez, los imputados son el ex jefe de policía teniente coronel Albino Mario Alberto Zimmermann, el ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la policía comisario Roberto “El Tuerto” Albornoz, el ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería general Alberto Luis Cattáneo y tres ex policías: los hermanos Luis y Carlos De Cándido y María Elena Guerra. La ex jefatura funcionó como centro clandestino entre 1975 y 1983 y actualmente es sede del Ministerio de Educación provincial.
La segunda causa es por el fusilamiento de cinco militantes montoneros el 20 de mayo de 1976 en una casa del barrio Esteban Echeverría, a 30 cuadras del centro de la capital tucumana. Según el comunicado difundido por el Ejército y publicado en diarios de la provincia, efectivos militares y policías “abatieron” en un “enfrentamiento” a “una célula” conformada por María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, la mayoría de ellos oriundos de Santa Fe.
La versión oficial quedó desvirtuada por los propios informes de los forenses de la policía: determinaron que las muertes se produjeron por múltiples impactos de bala y explosivos, y que los cuerpos evidenciaban estallido de cráneo por disparos efectuados a corta distancia. Quienes deberán rendir cuentas por violación de domicilio, homicidios calificados y asociación ilícita son, en este caso, Menéndez, Zimmermann, Cattáneo y Albornoz. La elevación a juicio había sido solicitada en mayo pasado por el fiscal federal Emilio Ferrer. Bussi aún no fue procesado en esta causa, conocida como “Niklison”, porque no se presentó a la indagatoria, argumentando problemas de salud. Pero si ese acto procesal se concreta antes de que el Tribunal fije fecha de inicio de las audiencias, el dictador tucumano también deberá rendir cuentas por los cinco crímenes.Fuente: Pagina 12 viernes 27 de marzo-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Un edil reivindicó en plena sesión a los soldados del Operativo Independencia y desató la polémica
El Operativo Independencia contó con el aporte del entonces soldado José Franco.
El concejal peronista José Franco dejó atónitos a todos los presentes en la sesión del viernes al reivindicar a los solados que participaron del nefasto Operativo Independencia. Aseguró haber peleado en el monte tucumano y sentirse orgulloso de haber cumplido su deber. “Fui un soldado que cumplimiento de un mandato constitucional y juré defender a la bandera”, afirmó el ex policía, hoy edil capitalino.El extenso periodo de manifestaciones generales en la sesión del Concejo Deliberante capitalino, realizada el viernes, transcurría en total calma. La mayor parte de los ediles se dedicó a enunciar los problemas que ahora tendrá el municipio tras la sanción de la reciente ley que delega la responsabilidad del manejo de la basura a las intendencias y comunas rurales. Hasta que le tocó el turno de exponer al penúltimo concejal anotado en la lista de oradores para que la polémica vuelva a reinstalarse en el órgano deliberativo de la ciudad.
Luego de que el concejal justicialista Hugo Cabral conmemorara en su alocución un nuevo aniversario del último golpe militar, su par de bancada, José Franco pidió la palabra para dar su opinión de los hechos de aquellos años.
El ex policía sorprendió a todos los presentes en el recinto al asegurar que participó del denominado Operativo Independencia hecho del cual aseguró “sentirse orgulloso”.
Franco aclaró que jamás estuvo a favor de los centros clandestinos de detención -que florecían a las órdenes del genocida Antonio Domingo Bussi-, pero se atrevió a reivindicar a los solados que fueron a luchar a las órdenes del condenado ex represor.
“Yo vi balas en el monte cuando participé del Operativo Independencia. Fui un soldado que cumplimiento de un mandato constitucional y juré defender a la bandera. Yo lo viví, por eso hablo. Muchos otros soldados jamás volvieron de luchar, por eso los reivindico”, afirmó Franco visiblemente emocionado, en plena sesión del Concejo Deliberante. Sólo el bussista, Claudio Viña se acercó segundos después a abrazarlo por sus palabras.
El 9 de febrero de 1975 tropas del Ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Provincial ocuparon militarmente el territorio tucumano al mando del general Andel Vilas primero y del general Antonio Domingo Bussi, después del Decreto Secreto Nº 261 del 5 de febrero de 1975 de la presidente Estela Martínez de Perón. A través de este se ordenaba al ejército “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en Tucumán”. El decreto fue firmado por la Presidente en acuerdo general de ministros.
Los organizadores recordaron que el Operativo Independencia inauguró el proceso genocida en la Argentina con la instauración de prácticas generalizadas de secuestros, desapariciones forzadas de personas, apropiaciones de niños y la creación de campos de concentración donde se torturaron y asesinaron a cientos de personas.
©2004 - Primerafuente.com.ar Asociación de Prensa de TucumánTucumán República Argentina
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Histórico fallo. El juez se pronunció en la megacausa denominada "Plan Cóndor"
Condena a represores por homicidio de 28 personas durante la dictadura
La Justicia condenó ayer a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría a ocho militares con activa participación en la represión dictatorial, por el homicidio de 28 personas. Veinticuatro años después de reinstaurada la democracia se concreta la primera condena.
Nino Gavazzo. Ingresa ayer al juzgado fuertemente custodiado.
Vázquez. Le dijo al juez que "si no me da 25 (años), me enojo". Después diría a la prensa: "Es poco".
El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso ayer la condena de ocho militares y policías vinculados con la represión de la dictadura cívico-militar, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real.
El magistrado condenó a los ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva denominada "Plan Cóndor", en la conocida megacausa "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.
La sentencia emitida ayer por el juez Charles dispone la condena por primera vez en la historia de militares y policías vinculados con el régimen dictatorial uruguayo. El histórico fallo se concreta 24 años después de reinstaurada la democracia en Uruguay, y 35 años después del golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry, en junio de 1973.
En este sentido, Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez a una pena de 25 años de penitenciaría; al tiempo que para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima la pena dispuesta es de 20 años.
La sentencia del magistrado responde al homicidio "en el marco del terrorismo de Estado" de los militantes de izquierda Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Bentancour Garín, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez Rodríguez, Rubén Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernando Arnone, Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Victoria Grisonas, Roger Julien, Maria Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti.
El fallo reconstruye el secuestro en Buenos Aires de las 28 víctimas por las cuales se condena a los militares, en especial por los casos de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, y sus pasajes por distintos centros ilegales de detención en Argentina y Uruguay.
La sentencia del juez Luis Charles recuerda que los hechos denunciados, el secuestro y traslado ilegítimo al Uruguay de 28 personas, se encuadran dentro del "período dictatorial cívico-militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay", en el denominado "Plan Cóndor".
El objetivo central del "Cóndor" era "el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región".
En este sentido, "los encausados configuraron un grupo que operó al margen del control jurisdiccional de cualquier tipo, dentro y fuera del territorio de la República, sin sujetarse a manuales de procedimiento ni regla alguna, en operaciones coordinadas tendientes al mismo fin, ya que en forma organizada y con carácter estable, se concertaron para emprender un accionamiento común de carácter ilícito", expresa el fallo del juez Charles, al cual accedió LA REPUBLICA.
Los represores encausados "actuaron dentro del contexto de coordinación operacional" de los gobiernos de la región. Pese a pertenecer "a diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional", como el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de las Operaciones Antisubversivas (OCOA), "los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces como manos ejecutoras del terrorismo de Estado, vulneraron no sólo manuales de procedimientos, lo que poco importaría, sino fundamentalmente derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes", señala.
La demostración tácita del accionar ilícito del grupo de represores uruguayos en Argentina se desprende de las palabras del propio coronel (r) Gilberto Vázquez ante la propia Sede. La actividad de los uruguayos en el centro clandestino de detención y torturas "Automotores Orletti" "estaba asociada a la de Aníbal Gordon, quien lideraba la conexión argentina, sin ni siquiera integrar los cuadros militares o policiales de dicho país", señala Charles de palabras del represor. "De ahí (Automotores Orletti) no sobrevivía nadie", dijo Vázquez al magistrado.
"En suma, los encausados constituyeron un grupo que actuó en un teatro de operaciones que no reconocía fronteras ni nacionalidades de las víctimas, con plenos poderes, pues no sólo no se sujetaban a reglas del derecho positivo, sino tampoco morales o éticas, por lo que son ahora responsabilizados", refiere la sentencia.
Los ocho represores condenados por la Justicia actuaban "siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico". "Los encausados vestían de particular en las operaciones cumplidas, no lucían ningún signo distintivo de la dependencia militar a la que pertenecían, no se identificaban y utilizaban vehículos no oficiales para los traslados", dice el fallo del magistrado.
La metodología de detención y secuestro respondía al uso de agresividad psico-física, también registrada en los interrogatorios, al encapuchamiento de las víctimas para no ser reconocidos y la no utilización de sus nombres, "sino claves" durante los operativos, agrega el juez.
"Las detenciones se cumplían en centros clandestinos como OT 18 (Automotores Orletti), las personas se hallaban aisladas sin ningún contacto con el exterior, sometidas a las más aberrantes formas de degradación en su condición de personas humanas", expresa.
"Ninguno de los enjuiciados actuó en el marco de sus atribuciones funcionales estrictas" y "tampoco consta en ninguna parte que hayan recibido una orden de sus superiores jerárquicos para privar de libertad, torturar, trasladar y dar muerte a los detenidos", señala el magistrado.
Sin embargo, y pese a que los militares "traspasaron hasta límites inconcebibles el 'riesgo permitido', resultando sus ensayos defensivos de pretender responsabilizar exclusivamente a otros, específicamente los militares argentinos, carente de veracidad conforme los importantes elementos que los incriminan, teniendo en cuenta especialmente que viajaban regularmente a Buenos Aires".
"El propósito de dividir las declaraciones" de distintos testigos en distintas instancias de expedientes sustanciados en Uruguay y Argentina realizado por las respectivas defensas de los encausados, "de atribuirles intenciones de realizar comparaciones e incluso de descalificarlas por corresponder a personas que integraban grupos armados y que habrían tenido mucho tiempo para prepararlas, colide con el muy sólido material probatorio reunido", expresa Charles.
"Los testimonios vertidos en autos, por denunciantes y testigos, han sido contundentes ya que en ningún momento resultaron dubitativos, sino claramente aseverativos; minuciosos en cuanto a los detalles relativos a la forma de comisión de los hechos y armónicos con los demás elementos de convicción existentes", dice la sentencia. La prueba contra los ocho represores es "contundente".
El proceso judicial liderado por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze contó con el testimonio de 107 personas como testigos e indagados, 19 careos entre los hoy condenados y militares partícipes del régimen dictatorial con víctimas de la represión, además de innumerables pruebas documentales, como el informe de la Fuerza Aérea (8 de agosto de 2005), en el cual "se reconoció la existencia de dos vuelos clandestinos con detenidos uruguayos trasladados desde Buenos Aires a nuestro país con fechas 24 de julio y 5 de octubre de 1976".
Hechos agravantes
La responsabilidad de los militares se vio agravada por dos motivos: "haberse cometido los hechos de autos con graves sevicias; y después de haberse cometido otros delitos para asegurar el resultado o para ocultar el delito, para suprimir los indicios o la prueba, para procurarse la impunidad o procurársela a alguno de los delincuentes".
La primera de las agravantes referenciadas, "se configura claramente pues las víctimas fueron detenidas en forma clandestina y sometidas a distintas formas de degradación en su condición de persona humana, así como a diversas torturas", señala Charles.
La segunda agravante es aleatoria de la primera. "Las muertes producidas respondieron, entre otros, a los propósitos de ocultar las privaciones ilegítimas de libertad y los apremios psico-físicos practicados a las víctimas, llegándose al extremo que décadas después de finalizada la dictadura cívico-militar no se han localizado aún los restos de las mismas, salvo dos excepciones", en referencia a los ex militantes del PCU, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa.
Gilberto Vázquez le dijo al juez Charles poco antes de ser notificado "si no me da 25 (años) me enojo", y al ser consultado por la prensa sobre su sentir al recibir una pena de ese calibre respondió: "Es poco".Fuente: http://www.larepublica.com.uy/ sabado-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
La Comision de Derechos Humanos de Metan denuncia a través de la Red de Noticias que sus integrantes han sidos amenazados por personal de civil que se identifica como perteneciente de la Gendarmeria Nacional. Una intimidacion que se hace extensiva a los familiares de las victimas de la represion de la dictadura militar.
En conversaciones que son verdaderos interrogatorios reclaman datos de los organizadores y sugieren no avanzar con los juicios. Es que desde la formacion de la Comision hace dos años, una de las acciones fue reactivar los juicios por crimenes de lesa humanidad, cuyo autores estan en libertad y viven en Metan. Recientemente uno de ellos, producto de las investigaciones judiciales a instancia de la Comisión se dio con un documento oficial, refrendado por la Policia Provincia y la Justicia Federal en que le "reconocer su activa partipacion en la lucha contra la subversion".
No se descarta represalias contra Ramón "El Indio" Paz por el discurso pronunciado en el acto del 24 donde recordó a todas las víctimas y acusó a los represores.
Por intermedio de Red de Noticias se solicita la mayor difusion y se reclame ante quien corresponda que la Gendarmeria cese en sus intimidaciones y que se garantize la seguridad de los integrantes de la Comision y de los testigos y familiares de las víctimas.
A 33 años del golpe militar denuncian que en Metan la impunidad de los represores y de sus cómplices sigue intacta.
En ese contexto responsabilizamos al gobernador de la provincia Juan Urtubey y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernandez, para que cese la Gendarmeria su accionar represivo.
Graciela Borras 03876 15409523, presidente de la Comision de Derechos Humanos
Ramon Paz: 011- 1550088876, ex Preso Politico
La lucha de Abuelas con aval de la ONU
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el proyecto argentino sobre Genética Forense y Derechos Humanos. La iniciativa fue presentada en septiembre ante la Asamblea General de la ONU por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Su objetivo es alentar a los Estados miembros a utilizar la genética para la identificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y para contribuir a la restitución de la identidad de aquellas personas que en ese tipo de contextos fueron separadas de sus familias.
“Esta resolución instala por primera vez la cuestión en el seno del Consejo de Derechos Humanos y coloca a la Argentina a la vanguardia del tema a nivel internacional”, afirmó el canciller Jorge Taiana. “Se destacó en la ONU que nuestro país fue pionero en la aplicación de la genética forense para investigar la suerte de miles de de-saparecidos durante la dictadura, y para procurar restituir su identidad a los cientos de niños que nacieron en cautiverio o fueron sustraídos a sus padres en ese período”, agregó el ministro.
El proyecto contó con el patrocinio de 45 países, tanto de América latina como de otras partes del mundo, incluidos Israel y los Estados Unidos. La ONU tomó en cuenta una ley aprobada en 1987, por iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, por la que se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se archivan y sistematizan los mapas genéticos de todas las familias con niños desaparecidos durante la última dictadura militar.
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Una investigación revela que la dictadura es ignorada en el calendario escolar
En el colegio hablan poco del golpe
Sólo algunos establecimientos públicos y privados se dedican a trabajar y debatir el tema con los alumnos. La mayoría lo pasa por alto o lo cubre de compromiso. Resistencia de padres, docentes y directivos a tratar la historia reciente.
Julia Coria. Es hija de desaparecidos y nació en 1976. Empezó a investigar el tema un 24 de marzo, cuando en el jardín de infantes de sus hijos no tocaron el tema.
Los chicos repiten las tradiciones y se disfrazan de granaderos, damas antiguas o negras mazamorreras que en sus canastas llevan pastelitos. Evocan y dan color a los actos escolares del 9 de Julio o el 25 de Mayo. En la secundaria pasa lo mismo pero sin máscaras: la rectora dice unas palabras frente a la bandera de ceremonias, alguien lee algo alusivo a la fecha. Sin embargo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que evoca el golpe de 1976 y la llegada de la dictadura militar, que forma parte de la historia aún atragantada de distintas generaciones, no tiene la misma suerte que el resto del calendario escolar. Lo descubrió la socióloga Julia Coria cuando sus hijos llegaron al jardín de infantes un 24 de marzo y las maestras pasaron por alto un nuevo aniversario del golpe.“Fue entonces que tomé el cuaderno de mis hijos y dibujé algo sobre la memoria: digamos que apelé a una solución escolar”, recuerda Julia, nacida el mismo año en que arrancó la dictadura: 1976. A sus padres los vieron por última vez en el centro clandestino El Vesubio y están desaparecidos. Fue criada por su abuela y cuando creció estudió sociología. Hizo un doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, donde indagó cómo la escuela media –en sus actos, textos, carpetas– se refiere a la dictadura. “En una gran proporción, los docentes pasan por alto los contenidos que refieren a la dictadura: dicen que les falta tiempo. Esto tiene una parte razonable, porque al darlos de manera cronológica, los más recientes son los que más chances tienen de quedar afuera. Sin embargo, hay quienes le encuentran la vuelta: trabajan el tema el 24 de marzo en el transcurso del año como proyecto especial o van hacia el pasado a partir del presente, pero eso no es lo más frecuente. La mayoría sólo llega a dar el peronismo de los 50 o la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia en los 70”, dice Julia. Coria entrevistó a estudiantes secundarios después del 24 de marzo para conocer de qué manera recordaron las fechas. Se encontró con que las escuelas se diferenciaban según “la energía puesta en esa evocación”. En el primer grupo, estuvieron las escuelas públicas y los colegios privados, pequeños y progresistas y algunos tradicionales que tienen vinculación con los derechos humanos como los judíos, que trabajaron lo que Julia llama “conmemoraciones intensas”: involucraron a los chicos en la organización del acto, los instaron a participar y debatir. “En el otro extremo está el resto de las escuelas públicas que sólo cumplen con el protocolo, con los directores que leen textos monocordes que los chicos no son capaces de recordar al día siguiente, y el resto de los colegios privados. Por eso la mayor parte de las escuelas, finalmente, encuentra la manera de ‘cumplir’ con la reglamentación de evocar, pero lo hace a modo de trámite.”Los ejemplos de padres que se quejan por la evocación son un capítulo aparte: Julia recoge anécdotas como la del papá que, enojado, llegó a la puerta de la escuela pidiendo por la maestra de música a la que quería increpar por la canción “La memoria” de León Gieco. La consideró “subversiva”. Recuerda el caso de la docente que en un mismo curso tuvo de alumnos a los nietos de Héctor Cámpora y Jorge Rafael Videla junto a uno que tiene sus padres desaparecidos y que sugirió que lo de “Cámpora era imperdonable”. O aquella profesora que tomó el micrófono en su escuela una mañana al ver que no se tocaba el tema del 24 de marzo y su directora le inició un sumario por “desacato”.“Dejar que la fecha pase de largo es un mensaje claro y los chicos lo captan”, dice Julia, que no tiene demasiadas esperanzas que esta realidad se revierta. “Creo que hay que dejar de decir que se trata de un tema controvertido y pensar que existen verdades jurídicas donde se probó que ese genocidio existió, porque más allá de las iniciativas de instalar el recuerdo de lo que efectivamente se enseña acerca de la dictadura termina de cocinarse en la misma escuela, pero también en la arena de disputas que supone el Estado, los docentes, los directores, los estudiantes y la familia.Los manuales se referían a la teoría de los dos demoniosLos actos escolares no fueron lo único que le provocaron asombro a Julia Coria en su investigación: también los manuales escolares. Descubrió dos tendencias: antes y después de la década del 90, porque en los libros de las escuelas media fue entonces que se produjo la primera renovación editorial desde la apertura democrática. “Los libros de textos que tratan de la dictadura hablan, hasta los 90, sobre la base de la teoría de los demonios y de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En cambio, después de esa década los libros dejan de ser escritos por profesores para pasar a ser escritos por académicos.” En el libro Historia 5 de AZ que, de manera tardía, fue editado en 1982 y reeditado en el 91, figura, por ejemplo, este tipo de citas: “Con la vuelta al poder de la señora de Perón, se intensificaron las acciones terroristas de ultraizquierda mientras organizaciones de extrema derecha –algunas amparadas desde sectores del gobierno– los enfrentaron apelando a los mismos métodos”.
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Niños de escuelas leen libros censurados
Raúl Legnani
El uruguayo Pacho Barnes volvió, ayer, a recobrar sus colores en las voz de los niños argentinos. Y así fue que volvió del exilio, de la muerte, recogido por la memoria. A pesar de que el Flaco Palleiro, con su propia y recreativa impronta, lo hizo inmortal.
Leyendo noticias argentinas me encontré que en distintas escuelas de Buenos Aires, los niños de la enseñanza pública iban a leer ayer en voz alta libros para niños, que fueron censurados por la dictadura de ese país. Quizás algún día tendrán que leer Los siete tangos prohibidos de Gardel por las dictaduras del Río de la Plata.
Fue así que me enteré que uno dichos libros era El pueblo que no quería ser gris, cuyo texto es de Dournec y las ilustraciones de Ayax Barnes, el Pacho, quien fuera uno de los más grandes ilustradores de nuestro país, creador de una tendencia gráfica seguida por Carlos Palleiro.
El libro fue editado por el sello Rompan Filas poco antes del golpe de Estado en Argentina, siendo prohibido el 3 de setiembre de 1976.
La obra de Dournec-Barnes
"El rey grande del país chiquito, ordenaba, solamente ordenaba; ordenaba esto, aquello y lo de más allá, que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá.
"Tantas órdenes dio, que un día no tuvo más para ordenar.
"Entonces se encerró en su castillo y pensó, y pensó, hasta que decidió:
"­Ordenaré que todos pinten sus casas de gris."
"Eran tantos, tantos, y estaban tan entusiasmados, que al momento el castillo, las murallas, los fosos, los estandartes, las banderas, quedaron de color rojo, azul y blanco.
"Y los guardias también.
"Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más."
El Pacho volvió, ayer, a recobrar sus colores en las voz de los niños argentinos. Y así fue que volvió del exilio, de la muerte, recogido por la memoria. A pesar de que el Flaco Palleiro, con su propia impronta, lo hizo inmortal.
Al Pacho solo lo conocí personalmente durante dos horas en México, donde lo que más recuerdo (cada día recuerdo menos) hablamos de Juceca, de Alfredo Zitarrosa y del Corto Buscaglia.
Ante esta situación hermosa, humana, casi niña, uno se pregunta por qué en nuestro país no se lee el 27 de junio en todas las escuelas Saltoncito, de aquel blanco comunista que fue Paco Espínola y que murió el día que falleció la democracia en nuestro país. Que también fue censurado.
Un represor prófugo fue detenido minutos después de casarse
Los riesgos del matrimonio
Juan Andrés Cabrera, torturador de la Quinta de Funes, estaba prófugo. Fue identificado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en base a una foto publicada en Rosario/12. Un compañero del grupo de tareas lo señaló como especialista en apremios ilegales.
El ex miembro de Inteligencia del Ejército, Juan Andrés Cabrera.
Al mediodía dijeron “sí, acepto” y se convirtieron en marido y mujer. Cuando salieron del Juzgado de Paz de Cosquín, los pagos de la novia, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria observaron al hombre con detenimiento y compararon sus rasgos con la única foto conocida, que Rosario/12 publicó en tapa hace un año. Tenía el pelo más corto, otros anteojos, no llevaba bigote, era más retacón de lo que parecía, pero las canas y los trazos gruesos coincidían. Minutos después se presentaron, ante la mirada de la flamante esposa y un testigo de la boda, y le informaron que quedaba detenido por orden de la Justicia federal por su participación en delitos de lesa humanidad en Rosario. El hombre que en tiempo record dejó de ser soltero y prófugo es Juan Andrés Cabrera, personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino y “especialista en torturas” del centro clandestino Quinta de Funes, según confesó uno de sus ex camaradas.
Cabrera, alias Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso”, declaró ante la Justicia el represor Eduardo “Tucu” Constanzo. “Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas, es el que tortura a (Osvaldo) Cambiasso y (Eduardo) Pereira Rossi dentro del camioncito de bulevard Oroño al fondo. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde está”, agregó el represor, quien describió ante el periodista José Maggi a la patota de militares, policías y civiles que comandaba el ex jefe de policía Agustín Feced.
A partir de la declaración de Constanzo y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de Inteligencia mexicana en los que se acreditaba la participación de Cabrera en el “Operativo México”, ideado por el dictador Leopoldo Galtieri para asesinar a montoneros exiliados en la capital azteca, la regional Rosario de H.I.J.O.S. solicitó la detención e indagatoria del represor, que hace treinta años se hacía llamar “Carlos Alberto Carabetta”.
A mediados del año pasado, cuando recibió el pedido de detención de parte del juez federal rosarino Marcelo Bailaque, el jefe de la Unidad Regional II del Centro de la PSA, Martín Bruna, supo que la tarea demandaría tiempo y esmero. Desde la reapertura de las causas de la dictadura, gracias a la ceguera selectiva de la policía de Santa Fe, Rosario se destacó por tener más represores prófugos que procesados. El también ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca por el hijo policía de Constanzo, que acababa de ser capturado. Pagano no cayó después de la boda sino mientras escuchaba misa en la iglesia de bulevar Oroño y San Luis, a metros de los Tribunales Federales de Rosario. Al ex comisario Carlos Alberto Moore, capturado en abril, tampoco lo detuvieron sus compañeros sino la Policía Federal.
La paciente investigación de la PSA, que encabezó el subinterventor de seguridad aeroportuaria compleja, Alberto Jofre, determinó primero que Cabrera vivía o frecuentaba Cosquín, aunque por seguridad no pisaba la casa de la novia. Un par de veces cambió lugares de citas a último momento y frustró operativos de detención. El dato de que la agraciada contraería enlace renovó las esperanzas de los investigadores, aunque hasta ayer no tenían certeza sobre la identidad del novio, según explicó Bruna a Página/12. “Cuando nos apersonamos al juzgado, lo primero que hicimos fue una identificación positiva para ver si había cambiado la fisonomía. Sacamos sus rasgos de la foto de Rosario/12”, contó. Los agentes no presenciaron la ceremonia. Cuando salió lo siguieron, dejaron que se alejara unas cuadras y, antes de que entrara a la casa del testigo, lo detuvieron. “No opuso resistencia y tenía su documento legítimo”, apuntó Bruna. Según el comunicado que difundió la PSA, Cabrera contaba con “una red de protección de sus allegados” y “se ausentaba de su domicilio por largos períodos sin dejar rastro alguno”.
Esta misma semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario fijó para el 31 de agosto el comienzo del juicio a cinco represores de la Quinta de Funes: el coronel Oscar Pascual Guerrieri, el verborrágico Constanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. La causa tiene ahora tres prófugos: el gendarme Héctor Gertrudis, el policía santafesino Francisco Scilabra y el PCI del Ejército Carlos Isach. No son los únicos policías santafesinos que burlan a la Justicia. También Antonio “Tony” Tuttolomondo (causa Galdame), Carlos Ulpiano Altamirano, César Luis Peralta y el ex PCI del Ejército Eduardo Revechi, los tres en la causa Feced. El ex comisario Peralta, alias “La Pirincha”, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables.
COMIENZA EL PRIMER JUICIO ORAL POR TERRORISMO DE ESTADO
El 31 de agosto comenzará el plenario de la causa de la Quinta de Funes, conocida por el nombre de su principal responsable: Oscar Pascual Guerrieri. Una de las abogadas que patrocina a querellantes cuestionó el reducido lugar donde se hará.
En la Quinta de Funes funcionó un centro clandestino de detención ideado por Leopoldo Galtieri.
El primer juicio oral y público por terrorismo de estado en esta región tiene día y hora de inicio: el 31 de agosto de 2009 a las 10. Así lo decidió ayer el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 Otmar Paulucci, quien fijó el comienzo de la causa que juzgará a los represores responsables de la Quinta de Funes, expediente conocido con el nombre del máximo responsable vivo: Oscar Pascual Guerrieri. Lo acompañará en el banquillo Eduardo "Tucu" Costanzo, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano. Sin embargo, no todas son rosas en este tema: la abogada patrocinante de cinco de los querellantes, Nadia Shujman objetó el lugar físico donde se sustanciará el proceso, que no es otro que el único salón disponible en el señorial edificio de los Tribunales Federales de Oroño al 900.
"Desde ya rechazamos que el tribunal sesione en una sala con una veintena de personas sentadas, y que no garantiza la calidad del proceso que debe ser oral y público. Después de 33 años de espera, mínimamente consideramos que las víctimas tienen ese derecho y en esa sala sólo entran los imputados, las víctimas y sus abogados. No queda lugar para nadie. Menos aún aceptamos que se trate de subsanar la poca capacidad con una pantalla gigante para seguir el juicio. Es vergonzoso, esto no es un juicio oral", apunto Shujman.
La letrada recordó que "el mismo Código establece ese derecho, esa garantía y la pone como requisito, así como vale la pena recordar las mismas recomendaciones que dio la Corte para los juicios, que deben ser públicos. Y en esa sala no va poder entrar ni un solo periodista. Además, allí tienen que estar las Madres y los distintos actores de la sociedad argentina. Los jueces no tienen porqué temer a la publicidad, sino por el contrario deben apoyar las garantías de transparencia del juicio".
Shujman también aprovechó para criticar a aquellos jueces que siguen demorando el inicio de los juicios al aceptar el trámite de medidas que ya han sido tratadas hasta tres veces. "Hay planteos de la defensores que abordan cuestiones meramente formales, que ya han sido resueltas en algunos casos hasta tres veces. Y hay jueces que las admiten y les dan trámite, con lo cual entramos en un circuito que de nunca acabar. Estas actitudes son entendibles en la defensa pero objetables en los magistrados porque tienen la sola intención de demorar el avance de las causas. Esperamos que los jueces, de una vez por todas, tengan una actitud más clara y rechacen estos planteos in límine".
Shujman patrocina en esta causa a Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli, Cecilia Nazábal, Fernando Dussex y Sebastián Alvarez, este último hijo de Raquel Negro. También es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como la madre de María Forestello, una de las 14 víctimas de la quinta ideada por Leopoldo Fortunato Galtieri. A ésta última la patrocina la abogada Gabriela Durruty.
El Concejo municipal aprobó ayer un proyecto de la concejala socialista Mariana Alonso para reemplazar el nombre de la escuela Nº 1240, que actualmente lleva el del dictador "teniente General Juan Carlos Sánchez", acusado de haber secuestrado y torturado, entre 1971 y 1972 a más de 100 estudiantes, obreros y militantes. Además, creó junto con el ex jefe de la Policía rosarina Agustín Feced, el Servicio Antisubversivo de Rosario. El 10 de abril de 1972, el militar fue asesinado, pero antes había organizado la represión ilegal en la zona. La iniciativa de cambiar el nombre partió de la comunidad educativa, que inició un expediente ante el Ministerio de Educación. Allí proponen como nombres alternativos los del poeta José Pedroni, al artista plástico Antonio Berni o a la pedagoga Arcelia Delgado. En 2006, la Cámara de Diputados de la provincia había instado al Ministerio de Educación a modificar la denominación de la Escuela.
EL PAIS › POR PRIMERA VEZ HAY MAS REPRESORES CONDENADOS QUE PROFUGOS
El coronel estaba en un geriátrico
Por primera vez desde la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos, la lista de represores prófugos es menor a la de los condenados: tras el hallazgo del coronel retirado Luis Alberto González, los prófugos son 43.
El 18 de abril de 2007, cuando dos fiscales de Bahía Blanca pidieron su detención, González pasaba sus días en el 3º A de un edificio de militares en la peatonal San Martín 2464 de Santa Fe. Cuando luego de tres reiteraciones el juez federal Alcindo Alvarez Canale decidió ordenar la captura, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 181 que nutría de interrogadores al centro clandestino La Escuelita llevaba casi tres meses internado en un geriátrico, en teoría con Alzheimer, entre otros males. Ante las sospechas sobre su verdadero estado de salud, generadas por un informe de dos peritos médicos que entregaron a la Justicia un diagnóstico aportado por familiares del represor, los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron nuevos exámenes a cargo del Cuerpo Médico Forense.
González tiene 77 años. En 1975, con el grado de mayor, fue segundo jefe del Destacamento bahiense, que tomó en forma gradual la posta de los trabajos sucios hasta entonces realizados por los matones del diputado Rodolfo Ponce. Pasó a ser jefe en 1976, año en que se habilitó la mesa de torturas de La Escuelita, y en 1977 fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601. En el Destacamento bahiense prestaba servicios el fallecido suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino bahiense.
Según consta en la causa, González habría ingresado al geriátrico El Encuentro, en el sur santafesino, el 13 de agosto pasado. El 10 de noviembre, el juez Canale ordenó su detención y el 18 de febrero, el juez federal Reinaldo Rodríguez le informó a su par bahiense que el coronel padecía Alzheimer, brotes psicóticos y descontrol de esfínteres. Dos días después lo visitaron los peritos Mabel Padró y Esteban De Giovanni. Apuntaron que estaba “desorientado y sin noción de identidad”, y que la familia les había alcanzado certificados que respaldaban el diagnóstico de Alzheimer, que certificaban “la imposibilidad de prestar declaración indagatoria”.
Los fiscales cuestionaron los “certificados expedidos por médicos particulares” y solicitaron nuevos exámenes para tener certezas sobre la incapacidad mental del represor. Los peritos no deberán concurrir ahora a El Encuentro, que lo expulsó al conocer su pasado, sino a la residencia geriátrica Recoleta, que lo recibió.
-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GEN
LA ESCUELITA DE LAS AMERICAS
Mañana se inaugura en Corrientes lo que el ingenio popular ya ha dado en llamar “La Escuelita de las Américas”, en alusión a la tenebrosa “Escuela de las Américas” creada por el gobierno norteamericano en Panamá por donde pasaron miles de oficiales y suboficiales de los ejércitos y fuerzas de seguridad de América Latina. También pasaron civiles. Para entrenarlos en el manejo de las peores tortura, vejámenes, secuestros de bebes, desapariciones, para imponer a sangre y fuego un modelo económico basado en la “libertad de mercado”, es decir, sirvientes de los objetivos imperiales.
Esta “Escuelita” de la Sociedad Rural tiene como profesores a Massot de la Nueva Provincia de Bahía Blanca, conocido apologista de la tortura, a Luciano Miguens, defensor de los fondos de inversión sojeros y que cuando era Presidente de la Sociedad Rural Argentina vino a solidarizarse con el Capitán Demarchi, ex Presidente de la SR de Corrientes condenado a 25 años de cárcel por los peores crímenes de lesa humanidad.
A estos “profesores” viene a sumarse el rabino Bergman que anda en campaña electoral y tiene la osadía de cambiar la letra de nuestro Himno Nacional
La democracia es así, por suerte, da para que estos sempiternos golpistas y destituyentes vengan a dar clases a sus huestes futuros dirigentes políticos.
EX DETENIDO - DESAPARECIDO -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
a 33 años del último golpe militar
¿Está todo dicho sobre la dictadura?
Es la pregunta del millón. Las respuestas de ocho ciudadanos de la cultura, de los medios, la política, la justicia y el gremialismo dan cuenta de los déficit que aún sobrelleva la sociedad para exorcizar a la dictadura. Para la mayoría falta aún juzgar la política económica que impuso el golpe del 76.
Falta algo esencial: que se les diga a las familias dónde estánErnestina Pais (conductora de radio y televisión, su padre está desaparecido)“Falta lo esencial: que se le diga a cada familiar de desaparecidos cómo murieron, dónde están, de qué se los acusó, qué fue exactamente lo que sucedió y quiénes son los responsables de lo que ocurrió con ellos, para que enfrenten el juicio que corresponde. Es decir, aún falta todo, o casi todo, porque es cierto que algunas cosas se hicieron. Pero por ahora lo que existe son más bien las grandes declaraciones de principios, lo que no está mal porque demuestra que ya se perdió cierto miedo. Hay mucho camino que recorrer. Se hizo, pero falta mucho.”La historia aún la está escribiendo el puebloEstela Barnes de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo)“No está todo dicho sobre la dictadura militar. La historia se está escribiendo. Se están juntando las piezas con la contribución fundamental y única del pueblo. Contra la voluntad de los genocidas que se han llamado a silencio. Tenemos bastante, pero no todo. Tenemos narraciones, documentación escrita, pruebas. Cada uno tiene que decir lo que sabe, para que podamos encontrar a los 30 mil desaparecidos y a los tantos nietos que aún seguimos buscando. Estamos parados sobre 25 años de gobierno en democracia. Hay una fuerte voluntad de Estado de no olvidar y de dar cada vez más espacio a la memoria. Los responsables –por ahora, sólo los máximos responsables– están siendo enjuiciados. Los organismos estamos conformes con la política de Estado actual. Es muy expresiva en lo que es la memoria, la verdad y la justicia. También hay deudas. La deuda histórica es la reparación para todos. El pueblo argentino fue víctima.” Todavía no fue sancionado el proyecto económico del golpeCarlos Rozansky (juez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata; juzgó a los represores Miguel Etchecolatz y al capellán Christian von Wernich) “El sistema de desaparición, secuestro, tortura y muerte que se instaló el 24 de marzo de 1976 fue motivado por un proyecto económico que aún no fue investigado ni sancionado. La decisión de investigar y esclarecer estos hechos no deja de ser una situación ideológica que dependerá de cada juez y del posicionamiento que cada uno tenga sobre los paradigmas actuales sobre los derechos humanos. Con jueces democráticos estos delitos de lesa humanidad se van a esclarecer; con jueces autoritarios, jamás. El paso del tiempo no hace más que garantizar la impunidad, y evitarlo depende de la voluntad del Estado, en este caso del aparato judicial.” Falta considerar la idea de que hubo un genocidioJuliana García (hija de desaparecidos, hermana de la última nieta que recuperó su identidad)“Aunque se hayan anulado las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, sigue pendiente que se haga justicia. Falta considerar que lo que ocurrió fue un genocidio y que no se trata de delitos comunes. Hasta ahora llegaron al banquillo sólo quienes fueron vistos por algún sobreviviente. Pero tendría que ser al revés: que todos los miembros de fuerzas de seguridad que estaban en actividad en la dictadura demuestren que no tuvieron nada que ver. Para eso debe haber voluntad política. También está pendiente resolver el plan sistemático de robo de bebés. Hay toda una generación que nació entre el 75 y el 80 cuya identidad está en duda. Las herramientas actuales son insuficientes.”
Su opinión el año pasado
jueves 20 de abril de 2008 – seccion País-
Para ellos sigue la dictadura
Por Juliana Garcia Recchia
Por primera vez en tres años no participe del acto en Campo de Mayo. All, bajo el impulso de la Comisión se abrieron las puertas a la gente y se instalaron placas denunciando donde funcionó la mayor maternidad clandestina de la dictadura. Donde mi mamá Beatriz Recchia parió a mi hermnao Ignacio, que aún hoy, como más de 400 jóvenes sigue apropiado sin conocer su origen. Para ellos sigue la dictadura.
Este año el Gobierno se apropió del acto, su organización y contenido. Y, más allá de algunos cambios, no se puede apoyar una política que permite que miles de genocidas sigan impunenmente libres. Que el director de la misma maternidad clandestina de Campo de Mayo, Norberto Bianco, no haya siquiera declarado. Que sigan los indultos.
Preocupante fue el discurso de la presidenta Cristina Kirchner, denunciando que sólo hay 342 personas, de 992 vinculadas al genocidio. ¿ De dónde sacó ese número? ¡Si hubo más de 500 campos de cocentración¡ ¿ estará buscando un nuevo “Punto Final”, juzgando a 600 más y “cosa cerrada”.
Por todo esto no fui el 19, pero voy el 24 a Plaza de Mayo a exigir que termine de una vez la impunidad.
Se ocultó la estrategia de restauración conservadoraAlcira Argumedo (socióloga) “Lo que más se ocultó es que el terrorismo de Estado constituyó la condición indispensable para quebrar cualquier tipo de resistencia política o social a un cambio drástico de la orientación de las políticas económicas. Se ocultó que se puso en marcha una estrategia de restauración conservadora impulsada por Henry Kissinger, que consistió en promover una ola sincrónica de dictaduras en América Latina y África, entre otras cuestiones. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los 70, más de dos tercios de la población del mundo comienza procesos de liberación nacional y revoluciones en América Latina. En el contexto del mundo bipolar, cuestionan la primacía de los países capitalistas centrales y, ante eso, aparece la restauración conservadora.”Falta meter presos a los grandes beneficiarios del saqueoVíctor De Gennaro (secretario de Relaciones Institucionales de la CTA)“La dictadura fue un instrumento de terror impuesto por los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Se trató de un modelo económico de saqueo y entrega que sigue haciendo negocios en la Argentina, tal cual lo mostramos en el juicio por genocidio ante el juez Baltasar Garzón. El mejor ejemplo que dimos fue la presentación de José Alfredo Martínez de Hoz como presidente del directorio de Acindar, en Villa Constitución, que en 1975 abrió en la empresa un centro de detención junto con la Triple A, la Policía y el Ejército. No por nada, Martínez de Hoz después fue en el ministro de Economía de la dictadura. Aún falta meter presos a los grandes beneficiarios de ese genocidioSi estuviese todo dicho no habría curas cómplicesVictoria Donda (diputada nacional por Libres del Sur e hija de desaparecidos) “Respecto del terrorismo de Estado no está todo dicho porque cuando hablamos de la dictadura no sólo estamos hablando de la dimensión vinculada a lo militar, sino que en realidad nos referimos a una dictadura cívico-militar. Una parte de los sectores dominantes fue cómplice y la otra fue parte activa de la represión. Si estuviera todo dicho, no tendríamos curas que apoyaron a la dictadura y al mismo tiempo confesaban a los detenidos en los centros clandestinos de detención. Si estuviera todo dicho, no habría en este momento funcionarios ni políticos que fueron cómplices de la dictadura. De todos modos, es cierto que no se puede juzgar a la sociedad hasta que no juzguemos a quienes estuvieron al frente del gobierno represivo.”
Fuente: www.criticadigital.com.ar edicion 24 de marzo
- Camino a nuestro primer Congreso Nacional-
A un año del alzamiento del “campo”, a 33 años del golpe Genocida.
A partir del 11 de marzo del 2008 con la resolución 125 esta organización ilícita que llamamos la “derecha” encontró un punto desde donde golpear a la democracia y al mismo tiempo defender sus desorbitados privilegios.
El modelo de agricultura industrial ha demostrado en todo el mundo que no es capaz de disminuir el hambre. Todo lo contrario, desde el desarrollo de los modelos de producción basados en monocultivos transgénicos, (que insumen altas cantidades de agro tóxicos y donde la comercialización está altamente concentrada), ha aumentado el hambre, se han agravado los problemas ambientales, han aumentado considerablemente los casos de cáncer y otras enfermedades causadas por agro tóxicos, se han elevado considerablemente los precios de los alimentos, se han desalojado miles de familias campesinas que han debido emigrar a las ciudades y , la lista de terribles consecuencias de este modelo podría seguir en páginas enteras.
Si realmente queremos justicia social, cuidar nuestros bienes naturales y desarrollarnos como nación, debemos construir un modelo agropecuario diferente, basado en la diversidad de cultivos, la agroecológica como técnica, el mercado interno como prioritario y la vida campesina como sustento.
Reflexiones finales para el debate
· Las retenciones no solo distribuyen ingresos, si no que son una barrera al avance de la soja y al modelo extractivo y exportador, de esta manera sostenemos el precio de los alimentos y protegemos nuestra salud y ambiente. Es una herramienta táctica que no podemos dejar de defender hoy. Sin embargo debemos trazar herramientas estratégicas de desarrollo rural, nosotros proponemos la soberanía alimentaria como horizonte estratégico de mediano plazo.
· La crisis financiera termina de demostrar que no es posible el desarrollo sustentable en el marco del capitalismo. Debemos aprovechar el momento para que los trabajadores y trabajadoras adhieran a un proyecto de transformación.
· Es imprescindible fortalecer las organizaciones populares autónomas de partidos y gobiernos, capaces de generar propuestas y acciones transformadoras, de apoyar las medidas populares de los gobiernos y combatir los avances del capital.
· Las multinacionales deben ser declaradas enemigas estratégicas del campo popular y la lucha debe centrase contra ellas.
· Los bienes naturales y la tierra no son mercancías y no pueden estar en manos de unos pocos.
· Soberanía alimentaria como alternativa al modelo agrario: La tierra con función social en manos de campesinos que vivan y trabajen la tierra con métodos agroecológicos. Organizaciones populares de consumidores que coordinen el intercambio de alimentos y bienes. Mercados populares que abastezcan a los barrios, pueblos y ciudades.
Camino a nuestro primer congreso nacional
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Conacto en Mendoza: Union de Trabajadores Rurales Sin Tierra - 0261 155615062-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
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La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba recomendó la pronta elevación a juicio oral de la causa en la que se investigan las muertes ocurridas en la penitenciaría UP1 de esa provincia, ocurridas durante el último gobierno de facto, e insistió en la necesidad de unificar los casos de lesa humanidad en esa circunscripción.
Así lo expresó en una resolución dictada este jueves, donde el tribunal dio a conocer los fundamentos de la confirmación del procesamiento del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y de otros seis ex militares, en el marco de la causa “Alsina”.
Los procesamientos de Videla, Vicente Meli, Mauricio Poncet, Raúl Eduardo Fierro, Jorge González Navarro, Víctor Pino y Emilio Juan Huber fueron confirmados la semana pasada y ahora se dieron a conocer los fundamentos.
El juez Sánchez Torres, autor del primer voto, sostuvo que “a diferencia de otros procesos en los que la represión estatal hubo de ser articulada por "grupos de tareas" y comandos que operaban con total impunidad en centros clandestinos de detención, aquí las violaciones e ilegalidades habrían sido cometidas con la misma impunidad pero en el seno mismo de las instituciones legales puestas bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas a partir del 24 de Marzo de 1976. Ello, desde el momento en que personas legalmente detenidas a disposición del Poder Judicial o, en su defecto, del Poder Ejecutivo Nacional habrían sido, al cabo, igualmente torturadas y asesinadas".
“En efecto, siendo que los hechos que se ventilan en los presentes autos presumen un grado extremo de violación de garantías y derechos asumidos por nuestra sociedad tanto constitucionalmente como por pactos internacionales, la acción de la justicia adquiere extraordinaria significación republicana, desde el momento en que está puesta en juego no solamente la reparación dirigida a las víctimas directas de la dictadura sino también una suerte de reparación histórica y ética de cara a la sociedad en su conjunto, que reclama de sus instituciones la búsqueda de la verdad real (en nuestro caso, en un sentido procesal) y la condena —si procede en justicia— de todas aquellas acciones atentatorias de sus valores fundamentales”, agregó.
“Por otra parte, conforme al criterio apuntado, es pertinente expresar que la cantidad y calidad de testimonios colectados en el caso de marras resultan en un todo verosímiles, contestes y concluyentes al momento de establecer las prácticas habituales hacia los detenidos en ámbitos como la Unidad Penitenciaria N° 1 del Servicio Penitenciario de Córdoba y el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, no obstante las impugnaciones de las partes respecto de las valoraciones de los testimonios sostenidas por la Juez de Instrucción en el auto apelado”, indicó. La participación de Videla “En cuanto a la pirámide jerárquica en la que se hallaban insertos los imputados de autos, debe comenzarse por ubicar al General Jorge Rafael Videla en la cúspide de la fuerza, según su rol de Comandante General del Ejército, y seguidamente al General Luciano Benjamín Menéndez, como Comandante de la Zona de Defensa 3 (que abarcaba a Córdoba y otras diez provincias y, dentro de dicha zona, el Área 311, correspondiente a la ciudad de Córdoba). “
“En atención del estricto régimen de subordinación castrense, puedo aseverar que los delitos que se le enrostran no habrían podido cometerse, de no mediar la planificación estratégica y táctica que emanaba de la cúpula del arma, la misma que debía tanto fijar los “objetivos” a seguir cuanto proveer de la infraestructura necesaria para la consiguiente actuación de toda la cadena de mandos en su consecución. “
"La autoridad de Videla haría insoslayable su responsabilidad en lo actuado por quienes estaban bajo su mando, siendo factible así sostener que, durante la época de los hechos, el acusado habría mantenido el dominio sobre los presuntos delitos investigados, habida cuenta que, desde su posición institucional, controlaba la organización que los habría llevado a cabo.”
Necesidad de elevar a juicio y acumulación de causas Las referidas semejanzas entre los procesos judiciales, aunadas al mandato constitucional antes citado, autorizan a sostener la conveniencia de proceder a la acumulación de causas que reúnan ciertas características Sin duda que la aplicación de la medida quedaría supeditada a que la misma no provocara retardos graves en alguna de las causas, desnaturalizando así la finalidad que se procura alcanzar.
Por otra parte, en concordancia con la reciente convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirigida al Gobierno nacional, al Congreso y al Consejo de la Magistratura, con vistas a la formación de una comisión orientada a la proposición y definición de medidas concretas en pos de la agilización de causas penales de enorme trascendencia como la presente, en las que se halla involucrado el genuino e impostergable reclamo de particulares, instituciones y, en fin, de toda una sociedad que aspira definitivamente a saldar la histórica deuda en materia de derechos humanos, juzgo imprescindible reafirmar plenamente dicho criterio.
En consecuencia con ello, considero imperioso recomendar aquí especialmente a la Sra. Juez de instrucción la pronta elevación a juicio de las presentes actuaciones, atento también al eficaz instrumento de carácter procesal implementado a partir de la modificación del artículo 353 del C.P.P.N. —conforme Ley 26.373 promulgada en mayo del pasado año—, que admite sin cortapisas tal medida, “sin perjuicio de la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal...o la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, según lo expresa taxativamente la mencionada disposición legal".
En tanto, y según su voto, Vélez Funes dijo:
“En relación con el asunto traído a conocimiento de este Tribunal en las presentes actuaciones, adhiero -en términos generales y únicamente con la excepción del punto referido a la calificación legal de la participación de los imputados- al voto emitido por el Vocal preopinante, doctor Abel G. Sánchez Torres, en relación a cada agravio analizado y pruebas ponderadas, entendiendo que la resolución apelada debe ser confirmada”.
“En virtud de lo expuesto, entiendo que los encartados Videla, Meli, Poncet, Fierro, González Navarro, Huber y Pino deben ser procesados por los delitos establecidos en la resolución apelada, pero en carácter de partícipes necesarios, en lugar de coautores –como postula la Magistrada- o de autores –según el voto del Juez de Cámara preopinante”.
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Lesa humanidad: comenzó a funcionar la comisión interpoderes
Es un organismo impulsado por la Corte Suprema e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General. Busca resolver dificultades en la sustanciación de causas por violaciones a derechos humanos
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENO
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DECIDIÓ EL JUICIO POLITICO DEL DR. PEDRO FEDERICO HOOFT POR CRIMENES DE LESA HUMANIDADEl viernes 20 de marzo se reunión en la ciudad de La Plata el Jurado deEnjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios, presidido por el Dr. JuanCarlos Hitters e integrado por los abogados José Luis Núñez, EduardoGustavo Adolfo Lopez Wesselhoefft, Hector Ricardo Martín, Jose Luis Nemiñay Atilio Ricardo Rosello, y los conjueces legisladores Carlos Bonicatto,Fernando Raúl Lopez Villa, Diego Oscar Rodrigo, Alberto Agustín Delgado yAlfredo Sivero.El Jurado de Enjuiciamiento decidió por mayoría rechazar la excepción decosa juzgada interpuesta por el Dr. Pedro Federico Hooft. Los integrantesdel Jurado entendieron que la excepción interpuesta por el juez acusado nopuede tener andamiaje toda vez que la imprescriptibilidad de los crímenesde lesa humanidad determina el desplazamiento de la defensa de la cosajuzgada.En sus fundamentos el Jurado sostuvo " La Corte Suprema de Justicia de laNación ha señalado que a partir de lo resuelto por la Corte Interamericanade Derechos Humanos en el caso Barrios Altos CIDH Serie C 75 del 14 demarzo de 2001, han quedado establecidas fuerte restricciones a lasposibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para obstaculizar lapersecución penal de ciertos crímenes. De tal modo si aparecen nuevoshechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsablesde violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables decrímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones...Porlo tanto, cuando existe la posibilidad de que los acontecimientos quemotivan las acusaciones sean encuadrados dentro de esta categoría - ´gravesviolaciones a los derechos humanos´o ´delitos de lesa humanidad´ no puedeinvocarse la excepción deducida".También señalaron que "Los hechos imputados al Dr. Hooft en los expedientesque se encuentran sometidos al conocimiento de este Jurado deEnjuiciamiento en cuanto a los sucesos denominados "Noche de las Corbatas"y " Caso Candeloro" se vinculan con eventuales "violaciones a los derechoshumanos" y supuestos "delitos de lesa humanidad" pues refieren según losacusadores - entre otros - a homicidios, torturas y desaparición forzada depersonas ( la mayoría de ellos abogados) ejecutados en el año 1977 porfuerzas militares y de seguridad en el marco de un plan destinado a lapersecución de opositores políticos del régimen de facto instalado el 24 demarzo de 1976 y , en lo que aquí concretamente interesa, involucran lacuestión de si el desempeño del magistrado que conoció en las causasjudiciales instruídas con motivo de los mismos importó algún tipo de aportecriminal a su respecto. Los acusadores actuales imputan al magistrado Dr.Hooft, en su carácter de titular del órgano jurisdiccional - Juzgado Penalnro. 3 del dpto. judicial de Mar del Plata ante el cual se sustanciaron lascausas judiciales instruidas con motivo de los hechos aludidos más arriba,la comisión de múltiples delitos - ya sea como autor o como partícipenecesario según los casos - entre los cuales se hallan: privación ilegal dela libertad agravada, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad,violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, denegación dejusticia, torturas seguidas de muerte, etc."Frente a estas circunstancias, el Jurado de Enjuiciamiento concluyó que "ElDr. Hooft intervino prima facie en diversas causas formadas con motivo delos secuestros de las personas damnificadas ( en su mayoria abogados)durante la "Noche de las Corbatas" y en el "Caso Candeloro" y, de acuerdo alo expresado en la información sumaria producida por la Secretaria deControl Judicial de la SCJBA a consecuencia de los dispuesto por esteJurado, en la sustanciación de las mismas, se habrían cometidoirregularidades. En consecuencia se impone dilucidar en la instancia dejuicio público ante el Jurado de Enjuiciamiento, si la actuación del mismoe aquélla ocasión pudo constituir alguna forma de intervención en delitosde lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos".Los hechos por los cuales Hooft será cometido a juicio político son "Nochede las Corbatas", "Caso Candeloro", "Visitas a centros clandestinos dedetención habiendo omitido actuar", "Prandina", " Bourg" e "Ibáñez-Barboza"
“ La Universidad que queremos es parte indispensable del país que anhelamos”
Bases para la Nueva Universidad , FURN, La Plata , 1973.
La Cátedra Libre por el Pensamiento Nacional y Popular “Rodolfo Achem–Carlos Miguel” tiene el agrado de invitar a usted a la charla-debate "Pensamiento Nacional y Modelo Agropecuario",a realizarse el martes 31 de marzo, a las 18,30 hs., en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata , calle 7 e/ 47 y 48, 1° Piso (Edificio Rectorado).
Ing. Agrónomo Alberto Cantero, Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de Agricultura de la H.C .D de la Nación ; ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Médico Veterinario Hugo Bacci, ex Subsecretario de Asuntos Agrarios del Dr. Oscar Bidegain; ex Subdirector de Escuelas Agropecuarias.
Sra. Lucy de Cornelis, fundadora del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.
Médica Veterinaria, Ángela González Gentile
Lic. Armando Valbuena, Dip. Prov. (M.C.)
SELLOS DE MEMORIA FÉRTIL,ADULP, ATULP Y UNLP
27/03 a las 19 hs. Como cierre de la Semana de la Memoria , el teatro Luisa Vehil, La Comisión Permanente de Homenaje a los Actores Desaparecidos por el Terrorismo de Estado, la Asociación Argentina de Actores y ATE Legislatura realizarán un acto en el que se descubrirá una placa en memoria de los actores-trabajadores de la cultura desaparecidos. Será en el Teatro Luisa Vehil, Hipólito Irigoyen 3133, CABA. Será la primer sala teatral de la Ciudad de Buenos Aires en la que se coloque esta placa recordatoria.
El paísViernes, 27 de Marzo de 2009
PROCESARON A UN REPRESOR QUE ACTUO EN LA ESMA
Hortal para la Hormiga
El juez federal Sergio Torres procesó a Orlando González Acuña, “Hormiga”, por cientos de casos de secuestros y torturas. Además, lo embargó por 423 millones de pesos.
El ex marino fue descubierto hace dos semanas, en una pequeña localidad de Chubut.
Orlando González Acuña, alias “Hormiga”, un ex suboficial de la marina que durante la dictadura actuó como secuestrador y torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada, fue procesado con prisión preventiva. El juez federal Sergio Torres lo sindicó como responsable de haber privado de su libertad a 296 personas y torturado a 126 detenidos, 15 de los cuales murieron por los tormentos. El magistrado ordenó que el represor continúe en el penal de Marcos Paz y le trabó un embargo de 423 millones de pesos. González Acuña, que se había mantenido prófugo hasta semanas atrás, se negó a declarar en la causa, pero fue reconocido por los sobrevivientes de la ESMA.
El ex marino fue descubierto el 4 de marzo en la pequeña localidad chubutense de Corcovado, donde vivía desde hacía cuatro años trabajando en un aserradero. Arrestado por efectivos de la División Delitos contra la Seguridad del Estado de la Policía Federal, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El represor tiene 63 años, por lo que no puede pedir el beneficio de la prisión domiciliaria.
Luego de ser detenido, el ex marino hizo uso de su derecho a no declarar, aunque fue reconocido por sobrevivientes de la ESMA como Graciela Daleo, Víctor Basterra, Lisandro Cubas, Enrique Fukman y Víctor Fatala, entre otros.
Los sobrevivientes relataron que Acuña era quien se desempeñaba como fotógrafo para el grupo de tareas y recibía a las víctimas tras ser secuestradas, a muchas de las cuales además torturó.
El represor estaba escondido en Corcovado, un pueblo cordillerano, desde el 2006, aunque siempre siguió utilizando su verdadero nombre. Según el diario El Chubut, el año pasado estuvo contratado por la municipalidad para dar cursos de fotografía en los talleres culturales de la localidad, cursos que dictó durante dos meses. El hecho fue reconocido por el intendente Héctor Diez.
Los vecinos describieron al represor como un hombre “pulcro” al que veían “siempre solo”. Era considerado un buen vecino y solía asistir a las sesiones del Concejo Deliberante para presentar propuestas vinculadas al trabajo con la madera, en su calidad de responsable del aserradero.
El juez Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, señaló que Acuña integró el sector Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. con base operativa en la ESMA. El procesamiento fue dictado en el marco de la megacausa sobre la Escuela de Mecánica de la Armada. El magistrado recordó que el modo en que actuó la represión consistió en “aprehender sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida, someterlos a tormentos con el propósito de obtener información para, por fin, ponerlos a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo Nacional o bien eliminarlos físicamente”.
Montevideo, 25 de marzo de 2009
Había votos. El STF se disponía a analizar los pedidos de extradición que pesan sobre el represor
Sorpresa: Tribunal de Brasil excluyó caso Cordero de su agenda para hoy
El pronunciamiento sobre la extradición del coronel Cordero, pautado para hoy, desapareció "misteriosamente" de la agenda del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Su extradición es reclamada por la Justicia de Uruguay y Argentina y organizaciones de DDHH de todo el mundo.
Una mala señal. Cordero "se pasea" por la frontera con Brasil.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tenía previsto pronunciarse hoy sobre la extradición del coronel (r) Manuel Cordero por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, pero a última hora y de forma "sorpresiva" el tema fue excluido de la agenda del tribunal.
El máximo órgano jurisdiccional brasilero tenía previsto analizar en esta jornada las requisitorias internacionales sustanciadas desde Argentina y Uruguay contra el militar retirado. Sin embargo, de forma "misteriosa" y ante "la incredulidad y el asombro" de la prensa y de las organizaciones de derechos humanos brasileras el tema fue excluido de la agenda "sin explicación y sin fecha fijada para una próxima audiencia", indicaron fuentes del país norteño a LA REPUBLICA.
La votación se encuentra cinco votos a dos a favor de conceder la extradición del coronel uruguayo a la República Argentina, donde es requerido por su participación en la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, denominada "Plan Cóndor", por lo cual hoy podría obtenerse el voto decisivo que pusiera fin al proceso judicial contra Cordero.
El voto favorable de uno solo de los ministros que aún no se han expresado -Eros Grau, Celso de Mello y Ellen Gracie-, habilitaría la extradición del militar a Argentina. En caso de un eventual empate, la resolución final recaería en el presidente del STF, Gilmar Mendes.
Los ministros Ricardo Lewandowski, Cesár Peluso, Carmen Lucia, Joaquim Barbosa y Carlos Ayres Britos ya se pronunciaron por conceder la extradición, al tiempo que los ministros Marcos Aurelio de Melo y Carlos Menezes Direito se expidieron en contrario.
Manuel Cordero fue detenido en Santana do Livramento a principios de 2007, tras fugar de Uruguay en 2004 para evitar un juicio por "desacato" iniciado por el juez José Balcaldi. El magistrado había iniciado un proceso contra el militar por "apología de la tortura". Cordero fue descubierto en Brasil por el activista por los derechos humanos Jair Krischke.
Cordero está implicado en Argentina por casos de secuestro, tortura y desaparición de niños y adultos en Automotores Orletti, por los cuales el juez federal Guillermo Montenegro inició el trámite de extradición Nº 974.
A su vez, el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, solicitó la extradición del militar (trámite Nº 1.079) en la indagatoria por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba y otros veinte uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1976.
La extradición de Cordero fue reclamada durante los últimos meses por millares de cartas y pronunciamientos de personalidades y organizaciones de derechos humanos dirigidos al presidente del STF, Gilmar Méndes. Incluso el reclamo se acentuó en los últimos días con el pedido de Joao Vicente Goulart, hijo del derrocado presidente brasilero Joao Goulart.
La negativa a conceder la extradición Cordero "avergonzará la legitimidad de nuestra patria al no castigar a aquellos que obran cobardemente desde los poros de las dictaduras atentando hasta contra los niños, como es el caso de esta persona", expresa la carta de Goulart, de la cual diera cuenta LA REPUBLICA días atrás.
Fuente: www.larepublica.com.uy jueves
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
El 25 de Marzo las sesiones se iniciaron poco después de las 16:30 hrs.La primera declaración fue la de Horacio Alberto Márquez. Refirió haber sido secuestrado de su casa el 3 de septiembre de 1976; era empleado del Poder Judicial, con larga trayectoria como delegado gremial. Lo llevó un grupo conducido por un teniente o subteniente Cáceres, con soldados que portaban armas de guerra. El auto en que lo llevaron estaba conducido por un Suboficial de la Prefectura, cuyo nombe no sabe, aunque conoce que vivía en Maipú y Patiño. Lo encapucharon y lo trasladaron al RIM 29, adonde vió a otras personas: Silvio Segovia, Velázquez Ibarra, José Concepción Vázquez, un tal Pinto y Rubén Menéndez, quien ha quedado con trastornos psiquiátricos como consecuencia de la tortura.Sufrió un simulacro de fulsilamiento, golpes en la columna; "lo terrorífico era de noche, se escuchaban pasos, llevaban a alguien y lo traían mal, se quejaba..."Los soldados del RIM eran del interior; también estaban fuerzas de la policía provincial, reconoció al Comisario Gómez.Fue liberado porque su madre habló con el Coronel (RE) Ruggiero, quien se desempeñaba como Ministro de Gobierno.En segundo lugar, prestó declaración Rodolfo José Acosta. Fue militante del partido Justicialista desde muy joven y ocupó el cargo de Presidente del Instituto de Asistencia Social de la Provincia. En su testimonio se refirió a la existencia de la Comunidad Informativa de Formosa, espacio donde se intercambiaba información de las actividades de cada fuerza; la integraban los jefes de los servicios de información del Ejército, Prefectura, Policía de la Provincia, etc. A esas reuniones, Colombo mandaba su representante, lo que demuestra que el Gobernador estaba informado absolutamente de todo lo que ocurría en la Provincia.A pocos días del golpe del 24 de Marzo de 1976, fue detenido y llevado a la Alcaldía, desde donde se lo trasladaba todos los días al RIM 29, en vehículos de la Policía de la Provincia. Estuvo 47 días. Es liberado, y vuelve a ser detenido y llevado directamente al RIM 29; junto con él detuvieron a Bogarín, Oviedo, Mazacotte, Monchi Diaz; solamente sobrevivieron él y Menéndez, quien actualmente vive en el Chaco. Fue torturado; reconoció a Spada y Solís, vió también a Antinori. Entre los detenidos, vió al soldado Genés, Ayala, Velázquez Ibarra.Recuerda que su señora fue a hablar con el Cnel (RE) Irala, quien era Secretario Privado de Colombo.Cuando fue liberado bajo libertad vigilada, debía ir los martes y viernes a firmar el "libro negro" en la Policía; eso continuó hasta el año 1980. COLOMBO...lo mirará desde su sillón o vendrá a sentarse en el Cgio. de Escribanos?Así terminó la Audiencia del día 25, luego de las declaraciones de HORACIO MARQUEZ, RODOLFO JOSE ACOSTA, BRIGIDA M. MAYO Y HUMBERTO PARMETLER, con la lectura del Informe de la última evaluación realizada al Gral. (R), el pasado 19 del cte. .Con un dictamen dividido entre los Peritos de Parte (para quienes compensado su cuadro de HTA, estaría en condiciones de ser trasaladado a la Ciudad de Formosa, con las condiciones sanitarias que requiera su estado actual) y los profesionales del CMF de la CSJN, para quienes (asombran por su osadía), no solo "no estaría en condiciones de ser trasladado a ésta, sino que, además, tampoco estaría en condiciones de participar de la audiencia de debate". Esta contradicción suscitó la intervención de las querellas, quienes plantearon que Colombo "está participando de las audiencias" desde el pasado 25 de Febrero, por lo que alertó sobre tal contradición en la opinión de los peritos oficiales, en virtud de lo cual se solicitó defina el TOF que postura asumirá ante la posibilidad del traslado del imputado a ésta ciudad , advirtiendo que, no se resignará desde la querella la posibilidad de que esté presente cuando se dicte sentencia. Tal vez en el día de mañana, luego del cuarto intermedio, a las 8.30 hs del jueves, se resulva el conflicto: "¿aquí o allá?". No importa, "adonde vayan los iremos a buscar".Como corolario del día, un común denominador surcó las testimoniales: la íntima relación existente entre la Policía Provincial, el Poder Ejecutivo y el Ejército, un acuerdo represivo sostenido por el intercambio de fuerzas, recursos y decretos, reflejado con nitidez en la existencia de una comunidad informativa conformada por integrantes de las distintas fuerzas, incluso del Ejecutivo Provincial, así como en la participación de Ruggero, segundo del entonces Cnel. Colombo para interceder por la liberación de Horacio Marquez. Otro punto fuerte, la clara alusión a la participación del ex Ministro de Gobierno (en democracia) Lorenzo E. Borrini, como uno de los pocos formados en la célebre Escuela de las Américas y el conocimiento que se supone tiene sobre el destino de los desaparecidos, y el reiterado pedido de que sea citado a declarar.Las audiencias continúan mañana jueves 26 a partir de las 8.30 hs. con el testimonio de dos testigos, para luego pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes 30 de Marzo.Los esperamos. --Publicado por juicioformosa para JUICIO FORMOSA el 3/25/2009 06:02:00 PM -- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD A LOS GENOCIDAS
El caso Lanuscou, Columna Norte. La otra Historia
El 3 septiembre de 1976 el Comando Zona IV Campo de Mayo conjuntamente con refuerzos del Batallón 601 de Boulogne y Policía de la Provincia de Buenos Aires, atacó la casa de la familia Lanuscou, en la localidad de Acassuso. Como resultado de cinco horas de intenso bombardeo fueron asesinados Roberto Lanuscou y Bárbara Miranda, y sus hijos Robertito y Barbarita de cuatro y seis años. La hija menor del matrimonio, Matildita, aún sigue siendo buscada. El caso fue famoso en su época, volvió a cobrar notoriedad en varias oportunidades a lo largo de treinta y dos años y sigue siendo el crimen paradigmático de la dictadura en todo el distrito de San Isidro.
La historia es extremadamente compleja y uno de sus componentes volvió a instalar el caso judicialmente y a nivel de la prensa ya que hace algunos años Abuelas de Plaza de Mayo y las familias Lanuscou-Miranda y García Gualdero reclamaron judicialmente conocer el orgien de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, la dueña del diario Clarín. En el caso que nos ocupa, existen presunciones de que Marcela Noble sea Matilde Lanuscou.
Por otra parte, la búsqueda de la niña Lanuscou junto al caso de Floreal Avellaneda, reactivaron la Megacausa Riveros -que es Campo de Mayo, el peor pozo de la dictadura- que estuvo paralizada durante treinta años.
Hasta aquí la historia conocida, sin embargo, allí también hubo Otra Historia.
Esta es la historia de un crimen, es la historia de una investigación y es una aproximación a la mlitancia revolucionaria en la zona Norte del Gran Buenos Aires durante los años 70.Publicó Ediciones Nuevos Tiempos y está en las librerías desde esta semana
Con Messenger podés ver si llegaron correos nuevos ¡Conocé todo lo nuevo del Messenger 2009!-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCI
Denunciarían a Camaristas Federales mendocinos ante el Consejo de la MagistraturaEnrique Ponce hizo el anticipo
San Luis (Pelr) 26-03-09. Muchos de los actuales Camaristas Federales de Mendoza, serían denunciados dentro de muy poco tiempo, por haberse hallado “sus firmas, en todas las actuaciones y los acumulados”, que cuando eran jueces “excarcelaron genocidas”, dijo a Periodistas en la red, Enrique Ponce, quien fuera querellante en el juicio desarrollado en San Luis y que continúa participando en las compulsas. Aunque no lo señala, no sería de extrañar que entre estos camaristas, se encuentren los integrantes del tribunal que están juzgando en Mendoza a acusados de crímenes de lesa humanidad, y que están cuestionados fuertemente por las organizaciones de derechos humanos de esa provincia, y que al comienzo del debate se destacaran por no haber permitido a la prensa el libre ejercicio de la profesión.
Lo que más les preocupa a las organizaciones de derechos humanos, es que los camaristas que serían denunciados “siguen participando en estos juicios” y aseguró que está en condiciones de adelantar que “estamos analizando la posible denuncia, por responsabilidades penales, para que sean investigados por la posible comisión de delitos de lesa humanidad”, además de “una posible denuncia ante el Consejo de la Magistratura, cuyas firmas están estampadas en estas voluminosas causas que se investigan”.
Entre estos camaristas, se encuentra quien fuera juez federal en San Luis, Carlos Martín Pereira González, en la época de la dictadura y que quedó seriamente comprometido durante el desarrollo del juicio que se les llevó adelante a Carlos “El Chueco” Plá y Miguel Ángel Fernández Gez, entre otros, quienes fueran condenados a prisión perpetua, en cárcel común.
Otro que, en el juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal de San Luis, quedó muy comprometido, fue Carlos Jesús ‘El Fiscalito’ Rodríguez, “quien hoy goza de libertad, y tendría que estar tras las rejas”, sentenció Ponce y aseguró que “era miembro de un Poder Judicial cómplice de la dictadura”.
Según Ponce, ‘El Fiscalito’ Rodríguez, “venía de parte del Brigadier (Jesús Orlando) Capellini y comandaba una cédula de ultraderecha, que tenía como finalidad llevar adelante atentados y homicidios de personas”.
Todas estas investigaciones, que terminarían en las inminentes denuncias que nos anticipó Ponce, “son la punta del iceberg”, lo que no puede ser tomado “como una caza de brujas, porque hay prueba documentada, fehaciente, desprendida de documentos públicos indubitados, que están siendo, hoy, motivo de investigación en la Justicia Federal”.
Lucio Lucero y la FICES
Se realizaron jornadas de reflexión por la Memoria
San Luis (Pelr) 26-03-09. En el día de ayer, los alumnos del secundario del Centro Educativo Nº 8 “Maestras Lucio Lucero”, llevaron adelante la Jornada de Reflexión, dedicada a la Memoria por los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En Villa Mercedes también hubo actividad conmemorativa en la Fices.
Pablo Melto, poeta y educador, le habla a los chicos de Centro Educativo Nº 8
"Pancho" Ledesma tenía 16 años cuando su hermano desapareció
Los alumnos que participaron de la jornada
La jornada comenzó a las 8 y finalizó a las 12:30, y contó con la presencia de personas que fueron víctimas directas o indirectas de las atrocidades cometidas por los militares, durante el tiempo que duró el régimen de gobierno militar, entre los que se destacaron, el poeta Pablo Melto, quien, en esa época era sacerdote y dejó los hábitos por que entendió que su misión pastoral no podía llevarse adelante con la línea de pensamiento que imponía férreamente el obispo puntano Juan Rodolfo Laise. Él fue un preso político sin que se le formara causa. También expusieron el abogado Enrique Ponce, querellante en el juicio a militares y policías, por crímenes de lesa humanidad, además de Víctor “El Gringo” Fernández, torturado por los militares, Francisco Ledesma, hermano del desaparecido Pedro Valentín Ledesma.
Entre la actividad desarrollada, se destaca la proyección de varias películas, entre ellas “Tatiana”, “Crónicas de una fuga” y “La noche de los lápices”; siendo el debate, el protagonista principal, tras la finalización de cada proyección.
El cierre de la jornada, estuvo a cargo de Melto, quien entregó a los presentes una poesía concordante con el tema desarrollado. Informe: Carlos Rubén Capella
La actividad en Villa Mercedes
En Villa Mercedes, la actividad se desplegó en la Fices de la UNSL. En la Secretaría de Extensión Universitaria se llevó a cabo la charla debate con la APDH, familiares y querellantes, junto al Dr. Enrique Ponce, a propósito de Juicio al que fueran sometidos alguno de los represores de la última dictadura en San Luis, y que terminara con una sentencia histórica.
En el debate participaron alumnos, docentes, el decano de la FICES, miembros del nuevo Departamento de DDHH de la UNSL, y miembros de la comunidad.
La intención de los organizadores, era poner de manifiesto un reconocimiento al accionar de la APDH San Luis, quienes partir de un ejercicio militante, después de mucho tiempo, lograron que este Juicio se lleve a cabo.
La exposición del Dr. Ponce resaltó como este juicio, tiene características que lo vuelven particular, respecto de otros juicios y que, de algún modo viene a inquietar a represores y miembros de la derecha, que esperan ser llevados, por otras causas, a Juicios Orales y Públicos.
Los familiares Cuqui Álvarez, Pancho Ledesma y Reyna Alcaráz, brindaron conmovedores relatos, de cómo se vieron afectadas sus vidas luego de que se llevaran a sus hermanos, y de la lucha que, a partir de entonces, vinieron realizando buscando Verdad y Justicia.
Un párrafo especial merece la exposición de Cuqui Alvarez, quién agradeció a la APDH por haberla contenido, mimado y haberle enseñado a conocer la profundidad de la palabra “compañero”.
Víctor fernandez, como testigo alentó a los presentes a continuar la lucha que ellos iniciaron en los 70, y reclamó por mas solidaridad y participación social.
El debate, sin embargo, se centró en la militancia de la comunidad estudiantil quienes, en Villa Mercedes, carecen de prácticas que los consoliden como dirigentes, y donde la comunidad universitaria, en general, descree de todo tipo de participación, incluso para solucionar problemas de la propia comunidad. Sandra Poncio –periodista de una radio local-, se quejó de la falta de libertad en los medios locales, y puso de manifiesto que hay sectores de la sociedad que esperan cualquier debate público –no importa sobre que tema- para exponer sus propias necesidades.
La experiencia, indudablemente, fue muy enriquecedora, y puso de manifiesto, entre otras cosas, la falta de compromiso y participación de una comunidad como la de Villa Mercedes
Especial para Periodistas en la red: Patricio Torne
Los genocidas también recordaron el 24 de marzo
El 7 de mayo en Santa Fe empiezan los juicios a los genocidas santafesinos. Lamentablemente, como en otros lugares del país y debido a la impunidad de la que han gozado los represores en estos 33 años, aquí también los testigos, querellantes, abogados y militantes sufrimos amenazas e intimidaciones.
Queremos denunciar públicamente que este 24 de marzo de 2009, mientras muchos santafesinos se abocaban, en múltiples actividades, a recordar y repudiar el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar, los perpetradores de esos crímenes también recordaron esta fecha, pero ellos la festejaron y amenazaron con "otro 24 de marzo". Cabe señalar que actuaron como siempre y con los mismos medios; desde el anonimato, en la noche y con total libertad de movimientos; el objetivo de sus acciones es preservar la impunidad sembrando el miedo.
En la madrugada del 24 el local comercial del hijo de uno de los querellantes en los juicios, Daniel García, fue agredido a balazos por personas desconocidas. En las primeras horas de la mañana se encontraron panfletos que reivindicaban el accionar represivo de la última dictadura, junto a otros dirigidos contra dos diputados provinciales
-Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra? reconocidos por su lucha a favor de los Derechos Humanos y en reclamo de justicia. Cabe señalar que los lugares elegidos para arrojar los volantes intimidatorios eran aquellos donde se realizarían actos para conmemorar y repudiar el último golpe militar: el cementerio municipal de Santa Fe y la plaza central de San José del Rincón, y que en el caso del cementerio, también se realizaron pintadas del mismo tenor y con las mismas consignas en las paredes exteriores del mismo. Por último, también aparecieron leyendas intimidatorias en el estudio de la compañera Lucila Puyol, abogada de H.I.J.OS. y litigante en las causas de Terrorismo de Estado.
Estas acciones intimidatorias, que se plantearon como una verdadera "contra?jornada" en el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, no fueron las primeras, ni las únicas acaecidas en nuestra ciudad.
Con anterioridad se habían sucedido una serie de lamentables acontecimientos entre los que podemos destacar: las amenazas a la compañera Amalia Ricotti, querellante en la causa contra el genocida Barcos, quien además fue perseguida en plena vía pública por un amigo del genocida Brusa; la irrupción de desconocidos en reiteradas ocasiones y con supuestos fines de robo en la vivienda de Soledad Chávez, querellante en el juicio contra el genocida Menéndez y que vive en nuestra ciudad; aparición de panfletos intimidatorios arrojados en las casas de las querellantes contra Brusa.
Es evidente que los genocidas santafesinos hoy pueden levantar el teléfono y encargarles a sus cómplices realizar las más cobardes tareas, pueden leer esto desde la comodidad de sus casas de fin de semana e imprimir volante reivindicando los asesinatos cometidos contra nuestros padres, compañeros y amigos.
Frente a tanta impunidad les pedimos a los ciudadanos santafesinos una vez más el apoyo y el respaldo, para seguir adelante con los juicios a los genocidas asesinos de la última dictadura militar. Y le exigimos al poder político y a la justicia, que tome cartas en el asunto y que articulen y pongan a disposición las herramientas para evitar, impedir y terminar con los atentados, amenazas e intimidaciones por parte de los genocidas.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. Regional Santa Fe creemos que las amenazas tienen solución y esta es acelerar los juicios y terminar con los privilegios a los genocidas.
Sabemos que los juicios recién empiezan, y también sabemos que los genocidas acostumbrados a la impunidad y a las mafias, no se van a quedar tranquilos y como no pueden demostrar su inocencia ?ya que no son inocentes? saldrán una vez más a imponernos terror.
Queremos que el Estado desde sus distintos poderes nos garantice la integridad y la vida de todos y cada uno de los querellantes, testigos, abogados, militantes y ciudadanos de Santa Fe.
* Regional Santa Fe-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Ratifican a juez que intervino en un "Juicio por la verdad"
La Cámara Federal de Resistencia confirmó la decisión de no separar a un magistrado de la causa conocida como "Masacre de Margarita Belén". Hace unos meses, Casación Penal hizo lugar a una recusación en un caso similar. Fallo completo
Fallo "Dr. Molina, GonzaloJavier – Def. Púb. Oficial‘Ad Hoc’ s/ InterponeRecurso de Casación enExpte. N° 47.140" 43.42 Kb.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso de casación contra el fallo que desestimó un planteo de recusación del juez federal Carlos Skidelsky, por haber intervenido éste tomando declaraciones testimoniales en uno de los llamados “Juicios por la verdad”.
Skidelsky había sido recusado por “temor de parcialidad”, por haber intervenido como magistrado en la causa “Acuña, Pereyra, Sobko y otros s/ presentación”, uno de los denominados “Juicio por la verdad”. Para ello se invocó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que en diciembre último apartó de una causa a los miembros de la Cámara Federal de Mar del Plata por una situación similar (Leer: “Por intervenir en "juicio por la verdad" separan a jueces”).
En aquel caso, Casación Penal había asegurado que si bien la actividad de los jueces en el “Juicio por la Verdad” no tuvo finalidad punitiva, “lo cierto es que ejercieron actividades y funciones judiciales de dirección y control de la investigación e instrucción”.
El 24 de febrero pasado la Cámara de Resistencia desechó la recusación de Skidelsky. Al respecto, dijo que en el trámite judicial de la causa actual se recibieron declaraciones testimoniales a algunas de las personas que declararon en el “Juicio por la verdad”, testimonios que fueron dispuestos por aquel juez “en cumplimiento de facultades instructorias establecidas por el ordenamiento ritual y que, de haber sido utilizadas como prueba de cargo para el dictado de los respectivos autos de procesamiento como refiere la defensa, lo fueron en forma conjunta con otros numerosos elementos de convicción en es sentido”.
Ahora, el tribunal desestimó un recurso de casación contra aquella decisión judicial, por no ser ésta una sentencia definitiva: “La pretensión del recurrente de generar un examen crítico de los sucesos que constituyen el objeto del proceso… implicaría, en la hipótesis que aquellas pretensiones tuviesen una recepción favorable, convertir a la instancia de casación en otra instancia ordinaria de apelación y soslayar el carácter limitado, extraordinario y excepcional que tiene la impugnación deducida”.
En Rosario exhortan a jueces a apurar juicios de lesa humanidad
Mediante una acordada, la Cámara Federal recomendó a los magistrados de esa jurisdicción que concentren las investigaciones, acumulen expedientes y unifiquen la toma de declaraciones de testigos, entre otras medidas. Texto de la Acordada
Acordada nº 48/09 14.25 Kb.
La Cámara Federal de Rosario resolvió exhortar a los jueces que intervienen en causas por delitos de lesa humanidad a apurar los trámites de esos expedientes. Lo hizo mediante una acordada firmada por los jueces Carlos Carrillo, Liliana Arribillaga, José Guillermo Toledo, Fernando Barbará, Elida Isabel Vidal y Edgardo Bello.
Las recomendaciones del tribunal están dirigidas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara y a los jueces federales de primera instancia dedicados a esas investigaciones en las ciudades de Rosario, Santa Fe y San Nicolás.
Tal como lo vienen sosteniendo otros tribunales de todo el país, la Cámara Federal de Rosario aconseja a los magistrados que concentren las investigaciones y acumulen los expedientes atendiendo al criterio que resulte más conveniente en cada caso, por ejemplo, por centro de detención o por grupos de víctimas con especial vinculación entre sí, "cuidando de no conformar expedientes de volumen o complejidad tal que terminen generando un resultado contrario al buscado".
También sugieren que los jueces intervinientes convoquen a los testigos, tratando de interrogarlos en una misma ocasión por todos los hechos y circunstancias sobre los que puedan tener conocimiento; y que indaguen a todos los involucrados por la realización de un mismo hecho o grupo de hechos "con la mayor sujeción posible al principio de concentración, y posteriormente decidan -también en forma conjunta- la situación procesal de todos ellos".
En otro de los tramos de la acordada, los camaristas además recomiendan evitar elevar a juicio los expedientes en que queden cuestiones o recursos ordinarios pendientes de resolución y advierte a los jueces que "extremen el adecuado cumplimiento de las disposiciones procesales aplicables para no dar motivo a la formación de incidencias, o a la necesidad de volver sobre pasos procesales ya cumplidos".
Fuente: Centro de Informacion Judicial www.cij.gov.ar
Al inicio de la marcha hacia el Monumento, la agrupación H.I.J.O.S estará en Plaza San Martín pintando remeras en apoyo a los juicios contra los genocidas. Quienes quieran participar, sólo tienen que traer una remera lisa clara.
La Estampa tiene un diseño de la artista de HI.J.O.S. Florencia Garat y una leyenda que dice “La Memoria es una arma cargada de futuro”. Juicio Castigo.
Documento final que se leerá en el monumento
Compañeras y compañeros, han pasado ya 33 años del golpe genocida en nuestro país. Muchos de los aquí presentes padecimos persecuciones, torturas, cárceles y exilios; y son muchos más, los que hoy ya no están: treinta mil desaparecidos que no están presentes físicamente, pero si en nuestro recuerdo y homenaje permanente. Treinta mil compañeros que son la bandera de unidad que encabeza nuestra multitudinaria marcha todos los años, a pesar de nuestras diferencias.
La dictadura instaló el terrorismo de estado, como metodología para la “reorganización” de nuestro país, para poner a la nación de rodillas ante las potencias del mundo, para aniquilar las conquistas sociales, y desarticular a las organizaciones gremiales, políticas, campesinas, juveniles. La dictadura fue producto de una estrategia integral y sistemática que contó con la participación necesaria y la complicidad de sectores civiles, políticos, empresariales, económicos, sindicales y de la cúpula de la iglesia.
Hay que recordar que en las décadas del 60 y 70, el país vivió un proceso de participación masiva del pueblo, donde se debatía qué modelo de país se quería para el futuro y para el día a día.
Las venas abiertas de América del Sur eran recorridas por movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos convencidos de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad solidaria y con justicia social. Hombres, mujeres, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, pero con la convicción compartida, de que un futuro de justicia e igualdad se debía construir en un compromiso cotidiano, que cada uno llevaba adelante pensándose unido a otros miles de compañeros en un sueño común y al alcance de la mano.
Luego de la apertura institucional, fue impuesta una mentirosa versión de la historia, queriendo convertir a esas experiencias sociales y políticas, en la absurda teoría de los dos demonios: un cuentito de tiempos violentos con malos de izquierda y malos de derecha. De esa manera se intentó ocultar que el único verdadero demonio fue la violencia oligárquica contra las expresiones políticas de un pueblo que nunca resignó sus conquistas, a pesar de que lo bombardearan, lo fusilaran o lo desaparecieran.
A inicios de los ochenta, como increíble manotazo de ahogados, los militares se toman del histórico reclamo de Malvinas, sometiendo a terribles aberraciones nuestros jóvenes y queridos soldados veteranos y ex combatientes, que defendieron con su vida la soberanía nacional contra el imperialismo inglés –que hoy nuevamente pretende usurpar nuestro territorio marítimo–, a pesar de que a la dictadura nada importaran realmente esas legítimas banderas.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego los indultos, pretendieron clausurar toda posibilidad de juzgar a los culpables de desapariciones, torturas, violaciones, a los responsables de la entrega de la nación y la deuda externa. Junto a esa impunidad crecía la desindustrialización, la desocupación, la desnutrición infantil, la desesperación de miles de hogares, la fragmentación y la violencia social; se destruyó el sistema de salud, la contención social del estado; apareció el "gatillo fácil" y la superpoblación de cárceles. Pero de apoco fuimos recuperando nuestra capacidad de reacción como pueblo, y el repudio al golpe empezó a ser multitudinario, al mismo tiempo que crecía la manifestación de los excluidos, la organización de los desocupados y saqueados que el modelo económico generaba.
La lucha por juicio y castigo, se fue haciendo cada vez más fuerte al tiempo que la lucha por dignidad y trabajo volvía ganar las calles y la historia. No es casualidad que la derogación de las leyes de impunidad ocurriera luego del golpe mortal al neoliberalismo que fue diciembre del 2001.
Y aquí debemos hacer un señalamiento ineludible, porque 2001 no sólo significa la puesta en crisis de un modelo, para nosotros también es el recuerdo de nuestros muertos, el de las nueve víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez. ¡Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini!
Juicio y castigo es una bandera que ha trascendido ampliamente a organizaciones históricas de derechos humanos, e incluso al enorme conjunto de organizaciones gremiales, sociales, políticas y culturales que siempre se hacen presente en este monumento.
Ese compromiso de distintos sectores es lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas, y nos posibilita afirmar que aquella consigna no alude solamente al reclamo de justicia por los crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró. El juzgamiento de los ejecutores del genocidio conlleva una construcción social que reflexione sobre la herencia de fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado.
Ese mismo compromiso es el nos debe impulsar para que el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López no se transforme en una consigna vacía. Su desaparición es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial.
Este año, que será inicio de los juicios orales contra los genocidas, más que nunca debemos aprender a defender y acompañar, en el marco de la más amplia unidad posible, nuestras conquistas y derechos.
Así como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de estado, debemos estar todos junto a los trabajadores que bajo los argumentos empresarios de “la crisis”, resisten a los despidos, suspensiones y baja de salarios.
Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura.
Del mismo modo, debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en las que están inmersos numerosos países de nuestra América del sur y el Caribe.
La lucha por los derechos de la mujer, de los jubilados y de nuestros chicos, son también banderas que nos convocan a la unidad.
Somos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los docentes, las amas de casa, hombres y mujeres del pueblo; los que debemos transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares. Solamente un pueblo que conoce y pelea por sus derechos, es capaz de defenderlos.
Compañeros y compañeras, este año debe ser el año del inicio de las condenas a los genocidas en nuestra ciudad. El hecho de que esta bandera sea levantada por tantos rosarinos y argentinos, es una enseñanza para asumir la fuerza que tenemos para hacer historia cuando existen objetivos comunes que nos unen. Esa fuerza, deberá expresarse en cada audiencia, para mostrar a los jueces, y a los defensores de la impunidad, que el pueblo está movilizado detrás de este reclamo.
Esa fuerza, es la misma que tendremos que demostrar, para exigir que de una buena vez, se depure el aparato judicial de jueces que juraron bajo el estatuto de reorganización nacional de los genocidas.
Este año, más que nunca debemos entender que la realización efectiva del juicio y castigo es indispensable en el camino de reconstruir proyectos colectivos, de participación, de recuperación de sueños y esperanzas de un futuro justo y solidario; con trabajo, salud, educación y vivienda dignos para nuestros pibes, para nuestros viejos y para nuestro pueblo. Sueños, por el que vivieron y lucharon los 30.000 desaparecidos, y por los que luchamos y vivimos nosotros.
¡Juicio y castigo con cárcel común a los genocidas ya!
¡Unificación de las causas para que los Testigos no sufran la tortura psicológica de declarar tantas veces!
¡Por que las audiencias sean verdaderamente públicas y abiertas para la comunidad y la prensa!
¡Por la aceleración de los Juicios y la conformación de los Tribunales Orales!
¡Por la aplicación de planes efectivos de protección a testigos y querellantes en todo el país!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
¡Por las desarticulación de los aparatos de inteligencia y la desclasificación del sus archivos!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Carlos Fuentealba. Y exigimos que esa Justicia que deja impunes a los asesinos de estos compañeros, no persiga y procese a los trabajadores en lucha!
¡Exigimos el juicio político a la Jueza Federal Laura Inés Cosidoy, y repudiamos sus declaraciones!
¡Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados ex combatientes de Malvinas, sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad!
Firmas documento 24 de marzo
Fuente: H.I.J.O.S. Rosario
Un represor de la dictadura, el coronel retirado Luis Alberto González, que estaba prófugo de la justicia federal de Bahía Blanca desde noviembre del año pasado en una causa que investiga crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino "La Escuelita" apareció internado en un geriátrico de Santa Fe, donde se le practicaron exámenes médicos que ahora le permitirían zafar de la cárcel. La detención fue solicitada por el juez federal Nº 1 de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale en un exhorto que remitió a su colega de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, con los últimos domicilios del represor: en La Rioja al 2400 y la peatonal San Martín al 2300, en el microcentro. Pero una investigación periodística detectó que González ?en realidad? estaba internado en un centro geriático en calle San Jerónimo, casi esquina Santiago del Estero, en plena Recoleta santafesina.
DOCUMENTO LEÍDO POR H.I.J.O.S. ALTO VALLE EN EL ACTO DEL 24 DE MARZO DE 2009
Como hijos e hijas estamos acá porque entendemos que todos estos años de lucha no son en vano, y que la traducción más exacta de lo que hacemos es cada compañero y compañera que a pesar de la política del miedo y el silencio eligen estar presentes.
Un estar presente que nos urge. Un estar presente que demanda, que exige, que combate la injusticia.
La misma injusticia que alentó a los jóvenes del 70 a organizarse,
a preocuparse y a ocuparse…
Ocupar asambleas, fábricas, escuelas, universidades, barrios,
espacios colectivos donde el otro- la otra eran todos.
Donde las necesidades y las ideas eran todos.
Donde todos y todas se proyectaban en un andar haciendo, en un hacer luchando.
Porque no eran iguales pero se igualaban en la construcción de otro sistema, un sistema que deviniera en justicia.
Nosotros también buscamos y creemos en la justicia.
Existimos en esa búsqueda.
Pero “justicia” no es lo que pueda decir un juez, con sus garantías de impunidad y penas que no se ajustan a lo que hicieron, ni a lo que siguen siendo, capaces de hacer, los genocidas y sus secuaces; “justicia” no son procesos que niegan la verdad histórica, y retrotraen la teoría de los dos demonios, con jueces y fiscales que niegan el genocidio y avalan penas de 7 años…
Para nosotros, “Justicia” es que haya igualdad y que todos los trabajadores tengan un sueldo digno, “Justicia” es que todos tengamos trabajo y que podamos ir a un Hospital Público que no esté saqueado, “Justicia es la recuperación de la tierra en la organización y las voces de los pueblos originarios, “Justicia” es que no haya más desaparecidos ni perseguidos, ni procesados, ni encarcelados por luchar, “Justicia” es que no haya más mujeres y niñas desaparecidas para alimentar las redes de prostitución, “Justicia” es que todos tengamos Educación pública digna y que no haya pobreza ni hambre, “Justicia” es que todos podamos vivir en Libertad.
Fueron las Madres las que dieron el primer paso cuando dijeron que “justicia será cuando el pueblo sea feliz, cuando todos tengan casa, trabajo, educación y no haya más necesidades”.
Entonces hoy es más necesario que nunca gritar: “Ni un paso atrás”
Los 30.000 somos todos y todas los que hoy nos paramos frente a los gobiernos y a los tribunales para sacudir las consignas que no vamos a traicionar, para recuperar el sentido más profundo del término justicia.
Porque su lucha no fue para que hoy sólo los recordemos, sino para que reivindiquemos sus ideales revolucionarios y sigamos trabajando para construir ese otro sistema que no esté definido por el capital sino por la justicia.
La desaparición de Julio López, la libertad que gozan los miles de genocidas y la impunidad con que los gobiernos y los empresarios siguen saqueando al pueblo nos demanda nuevas resistencias y nuevas luchas, por eso la vigencia de las palabras de Rodolfo Walsh: “..aún si mataran al último guerrillero no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que mueven la resistencia del pueblo no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas”.
H.I.J.O.S. Alto Valle va a vivir 30.000 vidas buscando esa “Justicia”, la fuerza que tenemos es la de las compañeras y compañeros que lucharon por extinguir la injusticia, la desigualdad. Caminamos buscándola, trabajamos para encontrarla, luchamos para conseguirla.
LA FUERZA DE LOS 30.000 renace en todas las luchas y hoy crece junto a las y los docentes de Río Negro que hace un mes están sosteniendo el piquete en Chichinales.
Discurso de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos
A 33 años del Golpe:
Compañeras y compañeros: Nuevamente estamos en la calle, como hace ya mucho tiempo exigiendo MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. A 33 años del golpe cívico - militar seguimos luchando. Y vamos por más.
Compañeras y compañeros: hoy conmemoramos un nuevo aniversario de aquel sangriento y oscuro golpe, impuesto a través del Plan Cóndor, desde los Estados Unidos hacia Latinoamérica.
El Terrorismo de Estado, quiso imponer un plan económico, político, social y cultural para apropiarse y concentrar la riqueza a fuerza de persecuciones, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Mientras, un pueblo silenciado, explotado y oprimido era despojado de los derechos humanos, sociales y políticos.
El objetivo era claro: destruir la resistencia al imperialismo, la organización y la movilización popular. Sin embargo, hoy podemos decir, a 40 años del Cordobazo, que la rebeldía y la lucha no fueron en vano. Siguen más vivas que nunca. Y vamos por más.
Hoy, podemos decir que nuestra lucha dio y sigue dando sus frutos. Por eso reafirmamos que un pueblo unido y organizado obtiene lo que se propone.
Hoy, el ex general del tercer cuerpo de ejército, y sus secuaces, están en Bouwer cumpliendo condena por sus crímenes, tal como lo exigimos siempre: en cárcel común perpetua y efectiva…
Están allá, porque nosotros lo exigimos y jamás, jamás claudicamos.
El año pasado, vivimos un hecho histórico: la JUSTICIA los mandó a la cárcel!! Los sentenció a cadena perpetua, con cumplimiento efectivo en cárcel común. Por fin!!, algunos de los responsables de un plan sistemático de exterminio recibía el castigo merecido.
Ese juicio fue un hecho trascendental para la sociedad cordobesa, más allá de que la Justicia Federal recién comience a lavarse la culpa de su complicidad con el Terrorismo de Estado, al igual que los medios de comunicación que en aquella época, nada decían de lo que ocurría o directamente mentían.
Muchos de esos sectores, obligados por la presión popular, y gracias a la lucha de las distintas organizaciones de derechos humanos, debieron reconocer como verdades todas nuestras denuncias. Hicieron falta muchas rondas, muchos escraches y muchas marchas para conseguirlo.
La sentencia reconoce el accionar clandestino de las fuerzas armadas, la existencia de los centros clandestinos de detención, tortura y extermino y los enterramientos clandestinos de nuestros compañeros y compañeras. En definitiva reconoce el genocidio perpetrado por los sectores de poder contra nuestro pueblo.
Esperamos mucho ese momento!!! 25 años de democracia, 25 años de lucha y jamás bajamos los brazos. Ahora vamos por más.
Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas, y sus cómplices: terratenientes y empresarios, cúpula eclesiástica, burócratas sindicales, medios masivos de comunicación, jueces y fiscales, todos ellos responsables del país que nos dejaron.
Queremos. Exigimos saber de los nuestros. ¿Dónde están los 30000 compañeros desaparecidos? ¿Que sucedió, quien tiene a los 400 niños a los que les quitaron y arrancaron sus identidades?
No pudieron las leyes de la impunidad, no podrán los indultos silenciarnos.
Ahora pretende hacerlo la CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL. Hablamos de la Sala Tercera constituida por Eduardo Righi, Guillermo Tragant y Angela Ledesma.
Esos magistrados, que no son dignos, avalan a los genocidas, que siempre protegieron. Son los mismos que el pasado 11 de marzo, realizaron una interpretación favorable y condescendiente de la ley para con los genocidas. Ya dictaron un fallo que deja con prisión domiciliaria a Hermes Oscar Rodríguez, condenado a 22 años de prisión por REPRESOR Y TORTURADOR.
CASACIÓN SACA A LOS GENOCIDAS DE LAS CÁRCELES Y LOS DEJA EN SU DOMICILIO!!
¿Se olvidaron estos magistrados, de la desaparición en democracia, de un testigo clave como Jorge Julio López?
Exigimos que los delitos de lesa humanidad sean considerados excepcionales en cuanto a los beneficios constitucionales, tal como lo establece el derecho internacional. El lugar para los genocidas es la cárcel. Estando en su casa siguen siendo una amenaza para la sociedad.
Y Casación, los protege!!! La Cámara de Casación, es la Cámara de la impunidad.!!
La lucha continúa, porque vamos por más!!! Estamos listos para seguir con los nuevos juicios que se vienen, esperamos con ansías a Jorge Rafael Videla, para el juicio de los 29 compañeros fusilados en la Penitenciaria de San Martín.
Nos organizamos por una nueva sociedad más justa y más digna.
Este año, queremos romper con algunas consignas, que emplea la derecha para dividirnos. ¿Cuántas veces escuchamos, los Derechos Humanos de ayer, los históricos, los del pasado y los Derechos Humanos del hoy, los del presente?
Queremos terminar con ese falso antagonismo. Porque estamos convencidos que muchas de las causas de los males de este país tienen su origen en el Golpe cívico-militar del 76.
Los treinta mil que nos faltan, porque los ANIQUILARON, luchaban por un país para todas y todos, luchaban por lo que hoy seguimos luchando.
Muchos fueron los cómplices del Terrorismo de Estado y hoy son poderosos actores sociales, por caso, la sociedad rural que supo decir en una solicitada a días del golpe:
¨La sociedad rural argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales.¨
La misma institución sigue apropiándose y concentrando la riqueza, donde unos pocos son dueños de lo que es de todos: nuestra tierra y todos los bienes naturales que en ella se producen.
Hoy, repudiamos a los sectores agropecuarios que siguen sosteniendo el sistema agro exportador que concentra la tierra, sus bienes y sus productos en la manos de algunos.
En el sur de nuestra provincia, un sector agroempresario opulento es beneficiado con impuestos regresivos, mientras en el norte los campesinos son desplazados y criminalizados.
La problemática de la sojización, la toxicidad y contaminación ambiental por agrotóxicos afecta a numerosos pueblos. Continúa la ampliación de la frontera agropecuaria para seguir sembrando soja, y con ella los desalojos violentos a campesinos, las fumigaciones y los desmontes.
Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo?
La crisis alimentaria se agudiza por la pretensión del capitalismo de mantener un irracional patrón de consumo que ha llevado a reconvertir tierras aptas para la producción de alimentos para ser destinadas a la elaboración de agrocombustibles.
La política del gobierno nacional profundiza la entrega a manos de las multinacionales de los bienes de todos. Ésto, es atentar contra los derechos de futuras generaciones que verán afectados el acceso al agua, a la tierra y a un ambiente sustentable.
Pero vamos por más.
Defendamos nuestros bienes naturales: Tierra, agua, suelos, glaciares, bosques. Porque son nuestro patrimonio y el de nuestros hijos.
· No a la entrega y el saqueo de nuestros bienes naturales.
· Basta de explotación minera a cielo abierto que envenena el aire y el agua y afecta la producción y la vida de cientos de pueblos.
Y no nos olvidemos que a poco de producirse el golpe militar del 76, la Conferencia Episcopal Argentina llamó a cooperar positivamente con el nuevo gobierno. Nada dijo cuando le mataron a sus Obispos y sacerdotes; 30 años les llevó reconocer que la muerte de monseñor Enrique Angelelli no fue un accidente. Pero jamás fueron a la justicia a pedir explicaciones, ni se presentaron como querellantes. Tal vez porque el cardenal Primatesta, no tendría como justificar su gran amistad con el reo Menéndez.
Hoy los sectores reaccionarios de la iglesia son los responsables principales de que la lucha por la equidad de género no avance al ritmo que debiera. La violencia familiar, el femicidio y las muertes por abortos clandestinos lejos de atenuarse, aumentan de manera alarmante.
Exigimos la plena vigencia de los derechos de la mujer. A igual trabajo, igual salario.
Exigimos la Legalización del aborto ya.
Exigimos la Libertad inmediata a Romina Tejerina y el desmantelamiento de la red de tratas de personas y la aparición de las más de 500 secuestradas por este negocio.
Por el respeto de la diversidad sexual, no a la discrimanción.
De la mano de Martínez de Hoz, representante de los sectores financieros y empresarios los militares implementaron un modelo económico que estatizó la deuda externa, privatizó las empresas públicas, desmanteló la industria nacional e impulsó la especulación financiera.
Aquel modelo instaurado en toda latinoamerica es la base de la crisis internacional actual trascendiendo con creces lo financiero y lo bancario y afectando a la economía real en todas sus dimensiones.
En nuestro país existen más de 6 millones de niños y niñas que son pobres. De ellos, más de 3 millones directamente pasan hambre y la mitad no posee cobertura sanitaria.
El Hambre es un crimen. ¿Cuántos chicos más deben morir para que los gobiernos tomen la decisión política de alimentar y educar a nuestros niños? La sociedad argentina de Pediatría afirma que en Argentina cada 48 minutos muere un bebe. En el 60 por ciento de los casos, es por causas evitables.
La realidad nos compromete a transformar las palabras en acciones. La distribución equitativa de la riqueza no es sólo una cuestión salarial. Significa apropiarse de la renta que producimos todos.
Exigir a los gobiernos nacional, provincial y municipal que prioricen garantizar la equidad social, el trabajo, el acceso a la vivienda digna, a la salud, a la educación y a la justicia, son claves en el diseño de un país para todas y todos. Ese es el camino que nuestros compañeros desaparecidos eligieron transitar. Recuperemos aquellas banderas de lucha y vayamos por mas!!!.
Por eso estamos a favor de la recuperación del petróleo, el gas, el agua y el suelo. Por la re-estatización de las empresas estratégicas aún privatizadas.
Por una educación pública, popular, gratuita, científica y emancipadora!!
Que LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES!
Trabajo digno para todos.
Salario mínimo igual a la canasta familiar.
Por el respeto a los derechos sindicales.
Por eso estamos favor de la aprobación de una Ley de Radiodifusión antimonopólica que favorezca la pluralidad de voces, a las organizaciones sociales y los medios públicos.
Ayer los grandes medios de comunicación silenciaron los gritos de los torturados, ocultaron la verdad de lo que ocurría y con la complicidad de los dictadores monopolizaron el uso la palabra. El mismo discurso hegemónico que hoy proclama mano dura y pena de muerte, persiguiendo y estigmatizando a los jóvenes, criminalizando la pobreza y judicializando la protesta.
Nosotros vamos por más:
· No a la militarización de los espacios públicos y de los conflictos.
· Desmantelamiento del aparato jurídico-represivo
· Basta de reprimir a los jóvenes de Córdoba, Tolerancia cero igual a justicia cero.
· Inmediata anulación del código de faltas y de la Ley Bloomberg.
· Basta de gatillo fácil y de condiciones de hacinamiento en las cárceles comunes.
· Basta de represión y patotas contra los que luchan.
· Castigo a los asesinos de Lázaro Duarte y Carlos Fuentealba
· Amnistía y desprocesamiento de los luchadores populares.
· Libertad a los Presos políticos
· Exigimos la declaración de inconstitucionalidad y anulación inmediata de la “Ley Antiterrorista”.
· No al Plan Colombia. Retiro inmediato de las bases militares estadounidenses en Latinoamérica.
· Juicio y castigo a los autores del GENOCIDIO ISRAELI CONTRA GAZA!
El miedo nos paraliza. La solidaridad nos moviliza. América Latina está pariendo nuevos procesos inclusivos, populares y solidarios que se suman a los 50 años de la revolución cubana. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Nicaragua y ahora el pueblo Salvadoreño que terminó con 150 años de gobiernos expoliadores y entreguistas.
Abrazamos a nuestros hermanos que avanzan hacia la construcción de sociedades más justas exigiendo el respeto a la cultura de los pueblos originarios y a la libre determinación de nuestros pueblos. Latinoamérica va por más.
Un gran desafío tenemos por delante, a 40 años del Cordobazo esta en nosotros seguir el camino de unidad y rebeldía que nos propusieron Agustín Tosco, Rene Salamanca, Atilio López, Ernesto Che Guevara, y todos los estudiantes, trabajadores que dieron su vida por un país libre, justo y soberano. Ese es nuestro compromiso.
· Juicio y castigo a todos los culpables del Terrorismo de Estado: civiles, militares, a los integrantes de la Triple A, a religiosos y a todos los funcionarios públicos y empresarios implicados.
· Anulación de los indultos.
· A 33 años no olvidamos y exigimos que los juicios se aceleren y que todos los genocidas reciban su merecida condena… no queremos que se mueran en sus casas.
· Restitución de la identidad de todos los niños apropiados, hoy jóvenes.
· Aparición con vida del compañero Jorge Julio López y castigo a los culpables
30000 compañeras y compañeros desaparecidos…
Publicado por hijos_mardelplata@hotmail.com en 9:46

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 353
 resolución 
 resolución 
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