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Timestamp: 2018-07-21 13:36:10+00:00

Document:
INICIATIVA DE REGLAMENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES NO ASALARIADOS DE COLIMA, COL. | Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A.C.
INICIATIVA DE REGLAMENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES NO ASALARIADOS DE COLIMA, COL.
posted by Jaime Montejo on Vie, 07/28/2017 - 14:25
https://es.calameo.com/read/000137394c165bb3c6ffa
Las reformas al artículo 1º, 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos y la expedición de la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la obligación del cabildo municipal de Colima, Colima, para adecuar su sistema normativo a los principio rectores de la Ley Suprema, a fin de mantener el Estado de derecho, el correcto funcionamiento de sus instituciones para la consecución del bien público y la defensa de los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos de la ciudad de Colima.
Como se desprende del anterior texto constitucional, los órganos de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este contexto, el mantenimiento y salvaguarda constitucional del sistema jurídico, debe ser un requisito de los Estados democráticos de derecho. Por lo anterior, todo actuar gubernamental en defensa del orden constitucional es un mecanismo de seguridad jurídica de los ciudadanos, que reditúa en el cumplimiento del interés público. Asimismo, al ser el cabildo municipal de Colima, Colima, el órgano encargado de crear y modificar leyes para la regulación y solución de problemáticas de quienes habitan la ciudad de Colima, debe velar por que dichas normas estén acorde con el orden constitucional e internacional. Así el órgano parlamentario deberá superar o reparar estas anomias constitucionales en un proceso de adecuación y actualización constitucional, para que los ordenamientos jurídicos expedidos por éste no pierdan su vigencia y sus objetivos planteados, puedan ser llevados a cabo de una forma eficiente y con el soporte de los principios rectores de la Ley Suprema de la Federación. En efecto, la Constitución establece como paso previo a la declaración general de inconstitucionalidad, una facultad de los órganos emisores de las normas generales, en el caso concreto del cabildo municipal de Colima, Colima, para superar el problema de constitucionalidad.
Confinadas históricamente a estar incomunicadas entre sí y sin una posibilidad de organizarse en la defensa de sus derechos, en la segunda mitad del siglo XX inicia el movimiento por los derechos de los trabajadores sexuales. La primera gran batalla inicia en 1973 con la luchadora social Margo St. James quien pone en la mesa del debate político de aquella época el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales. La lucha por lograr el reconocimiento del carácter laboral del trabajo sexual e independiente y no asalariado ha sido incesante en diversos países para pasar de un estado jurídico prohibicionista, que tiene como política el tomar acciones policiacas ante cualquier oferta sexual pública o privada que implique una retribución económica, ya que para el Estado, bajo el esquema prohibicionista, la persona que practica genera un trabajo sexual es una infractora o delincuente y debe responder ante la justicia por su conducta. Los bienes jurídicos tutelados son la moral pública y las buenas costumbres, argumento que deja de lado, el libre acuerdo de personas que no afecten a terceros, persiguiendo incluso los servicios que se otorgan en lugares.
Una lucha muy importante en México, fue la que se dio en el Puerto de Veracruz en 1922, donde las trabajadoras sexuales conformaron el núcleo inicial y vanguardia de dicha lucha, al suspendee el pago de la renta de sus cuartos y colocar banderas rojinegras con el letrero “Estoy en huelga” y con ellas, inicia un movimiento inquilinario nacional muy importante, promovido por el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, donde este grupo de mujeres tuvieron un papel muy importante en esta lucha social. Dicho movimiento desembocó en una matanza el 5 y 6 de julio de ese año.
El año 1978, es el momento en el que se escuchan por primera vez las demandas de sindicalización de las prostitutas en México, como un eco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1975, y es Irene Vergara, una trabajadora sexual quién en ese momento se convierte en la voz pública de sus compañeras, lo que a la postre le costaría algo más que su libertad: “Como los agentes del Ministerio Público no nos hacen caso cuando acudimos a denunciar a las delegaciones la explotación de que somos objeto por policías de diferentes corporaciones, más de 60 mil mujeres formaremos el Sindicato Nacional de Prostitutas. Cada una de nosotras por diversas circunstancias, pero con un origen común en la falta de educación, nos dedicamos a ejercer la prostitución. Queremos formar un sindicato para construir una caja de ahorro y una clínica médica para nosotras y nuestras familias. (…) Queremos unificar a nuestro gremio para solicitar una legislación que impida que los policías nos extorsionen, vejen, amenacen y encarcelen. Para dejarnos salir de la cárcel tenemos que pagar 5 mil pesos, y como nosotras no tenemos otros ingresos, tenemos que recurrir a extorsionadores o agiotistas, que al prestarnos nos cobran exagerados intereses, hundiéndonos más en la miseria en que vivimos…” (Citado por Francisco Gómezjara en su libro “Sociología de la prostitución en México”; editorial Fontamara).
Y es hasta el año 2013, cuando un grupo de trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero, inicia un juicio de amparo con las detenciones de más de 96 mujeres en un operativo policiaco contra la trata de personas en la zona de la Merced, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, acompañadas por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., que culmina con el reconocimiento del trabajo sexual independiente como un trabajo no asalariado, a través de un juicio de amparo, parteaguas en la historia de México y América Latina y el Caribe.
La sentencia no sólo se limita a declarar la inconstitucionalidad del artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal (similar a las disposiciones de muchos Bandos de Policía y Buen Gobierno como el de Colima que señala como falta administrativa en el artículo 47, numeral III: “Promover, ejercer u ofrecer o demandar servicios de carácter sexual en la vía pública o lugares no autorizados para ese efecto”); sino que emite una resolución para efectos, señalando acciones específicas a cargo de los órganos de gobierno del Distrito Federal para garantizar la restitución y pleno ejercicio de los derechos de libertad de todas las personas para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan, en el caso concreto al trabajo sexual. Las acciones decretadas en la sentencia al Subdirector de Trabajo no Asalariado de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo del Gobierno del Distrito Federal son: i. Expedir, fundada y motivadamente, credenciales de trabajador asalariado a los quejosos; ii. Dar a conocer a los quejosos cuáles son sus derechos; iii. Explicar a los quejosos qué autoridades iban a vigilar que la policía y el Ministerio Público no los hostigara, intimidara y extorsionara; y iv. Ofrecer cursos y talleres para aquéllos que decidieran dedicarse a otro oficio. Como se observa la Juez genera un sistema de garantías y ampliación de derechos a fin de hacer válidos y eficaces los derechos humanos de las personas obedeciendo los principios de progresividad y pro hominem de las personas. En virtud de los argumentos expuestos con antelación, es que se propone a este Pleno del Cabildo Municipal de Colima, Colima, la adecuación de nuestro marco normativo a fin de garantizar el respeto al derecho y reconocimiento del carácter laboral, independiente y no asalariado de las trabajadoras sexuales y abolir los resquicios del sistema de persecución y castigo de estas trabajadoras por uno que respete y reconozca el derecho a la libre ocupación y así consolidar nuestro bloque de constitucionalidad armonizando nuestro marco normativo a los principios de progresividad y pro hominem de los derechos de los habitantes de esta capital.
Por ello, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., propone como un acto de buena fe, la suspensión de dicho régimen y en cambio la firma de un convenio de colaboración entre el Seguro Popular, la Jurisdicción Sanitaria respectiva que depende de la secretaría de salud del estado de Colima, el Capasits y la dirección de limpia y sanidad del ayuntamiento de Colima, para garantizar el acceso a la salud de las trabajadoras y trabajadores sexuales.
Mientras tanto, así como el ayuntamiento tiene facultades para reducir o condonar multas, que se deje de cobrar los costo del control sanitario y todos los cobros que ello trae consigo y que también se deje de remitir a las trabajadoras sexuales a laboratorios particulares; y que esto, se garantice a través de un acuerdo de cabildo como ha ocurrido en otros lugares como Guadalajara, Jalisco, Orizaba, Veracruz, Huixtla, Chiapas y Ciudad de México, entre otros lugares de la república mexicana.
El Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal (RTNA) y su posterior implementación a partir de 1978, siendo secretario del trabajo el abogado Porfirio Muñoz Ledo; ha garantizado la gratuidad de cualquier trámite emprendido por trabajadoras o trabajadores no asalariados, debido a la precariedad en la que se encuentran los gremios urbanos que laboran en la vía pública, ya que cobrarles derechos por el uso de la vía pública u otros conceptos, rayaría en el abuso y la explotación sexual institucionalizada, como ocurre en la actualidad en el municipio de Colima.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS DIFERENTES DISPOSICIONES SOBRE CONTROL SANITARIO DEL SEXOSERVICIO Y AQUÉLLAS QUE DISPONEN QUE EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN ES UNA FALTA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA; Y ASÍ MISMO SE DISPONE LO SIGUIENTE:
Artículo 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto proteger las actividades de las trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados que ejerzan sus labores en el municipio de Colima.
Las dudas que surjan en la aplicación de este ordenamiento serán aclaradas por el Presidente Municipal, por conducto de la Dirección de Desarrollo Social de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Colima.
Son trabajadores fijos aquellos a quienes se asigna un lugar determinado para realizar sus actividades, como la zona de tolerancia y otros lugares autorizados para este fin.
Tampoco podrán ejercer su oficio las trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados en los prados, camellones, en el interior de los mercados; en autobuses, tranvías y trenes, en accesos a los espectáculos públicos, entradas a los estacionamientos de automóviles, enfrente de hospitales, clínicas, escuelas y otros lugares similares que determine la Dirección de Desarrollo Social.
Artículo 6o.- La Dirección de Desarrollo Social, previo acuerdo con el Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima, determinara la distribución de las propias y propios trabajadores sexuales no asalariados, previa opinión de las uniones sindicales registradas, conforme a la clasificación regulada en los artículos 4o. y 5o. anteriores.
IV.- Tener domicilio. Los cambios de domicilio deberán ser comunicados a la Dirección de Desarrollo Social, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que el traslado se hubiese efectuado.
Artículo 12.- Las trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados, deberán resellar sus licencias anualmente, ante la Dirección de Desarrollo Social.
Artículo 14.- Cuando exista desequilibrio entre el número de trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados y la demanda de sus servicios por parte del público, la Dirección de Desarrollo Social, escuchando la opinión de las diferentes uniones sindicales, podrá suspender temporalmente la expedición de licencias.
Artículo 18.- Las uniones sindicales de trabajadoras o trabajadores sexuales no asalariados, se registrarán en la Dirección de Desarrollo Social. Para constituirse y ser reconocidas, deberán tener un mínimo de tres miembros con licencia.
Artículo 19.- Al solicitar su registro ante la Dirección de Desarrollo Social, exhibieran por cuadruplicado los documentos siguientes:
Artículo 21.- Las uniones sindicales están obligadas a informar a la Dirección de Desarrollo Social, en un plazo máximo de diez días, acerca de los cambios de directiva, la modificación de los estatutos; la admisión o la expulsión de algún miembro debiendo remitir copia autorizada de los documentos respectivos.
Artículo 24.- La Dirección de Desarrollo Social, solamente substanciará los asuntos de las Uniones Sindicales de Trabajadores no Asalariados registradas, que se gestionen a través de sus representantes legales, considerados en los términos del artículo anterior.
Artículo 26.- Las Uniones Sindicales de trabajadoras o trabajadores sexuales no asalariados, con el asesoramiento de la Dirección de Desarrollo Social, fijarán la remuneración que debe cubrir la persona a la que se le preste el servicio, según horarios, tiempo de duración, tipo de relación sexual y otras características del contrato sexual verbal, que establecen ambas partes.
Otra vez aprobadas las tarifas por mayoría legal, por las mencionadas Uniones Sindicales, la Dirección de Desarrollo Social, de común acuerdo con las mismas, determinará la forma en que estén a la vista del público, de manera permanente
Artículo 27.- La Dirección de Desarrollo Social, podrá cancelar el registro de las Uniones Sindicales mediante resolución que dicte, por los motivos siguientes.
V.- Otros motivos graves, a juicio de la Dirección de Desarrollo Social.
Artículo 30.- La Dirección de Desarrollo Social, determinará los lugares en que las trabajadoras o trabajadores sexuales no asalariados, puedan ejercer su trabajo. Queda estrictamente prohibido a quienes tengan asignado un lugar fijo o semifijo, deambular ofreciendo servicios fuera del sitio o perímetro que específicamente se les haya señalado, sin la previa autorización de dicha dependencia.
Artículo 32.- Las trabajadoras o trabajadores sexuales no asalariados a que se refiere este reglamento, autorizados para ejercer sus actividades en lugares fijos interiores, no podrán trabajar en la vía pública, pero tendrán derecho a laborar en la zona de tolerancia y hoteles de paso y en general dentro de lugares cerrados, de acuerdo con la licencia que se les expida, la que especificara el lugar preciso en que pueden laborar. Cuando alguna trabajadora o trabajador invada el perímetro señalado exclusivamente a otro, la persona afectada podrá recurrir en queja ante la Dirección de Desarrollo Social, para que sean respetados sus derechos.
Artículo 34.- Las trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados, deberán estar siempre aseados y usarán el tipo de atuendos que la Dirección de Desarrollo Social, apruebe.
Artículo 50.- Las trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados, debidamente acreditados en los términos de este Reglamento y los familiares que dependan económicamente de ellas y ellos, tendrán derecho a recibir servicio médico gratuito, a conocer cuáles son los padecimientos más comunes de su oficio, a obtener insumos para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, e infecciones de transmisión sexual, ITS, de forma gratuita, en los servicios médicos municipales, en los servicios médicos de la zona de tolerancia y a inscribirse en el Seguro Popular.
Artículo 51.- El ayuntamiento de Colima, en coordinación con las autoridades correspondientes, organizaciones de la sociedad civil, OSC, y las uniones sindicales respectivas, promoverá el establecimiento de un Centro de Capacitación para trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados que tenga por objeto iniciar procesos de enseñanza – aprendizaje, en materia de igualdad de género, derechos humanos, salud sexual y salud reproductiva, así como elevar su nivel de cultura y propiciar su mejoramiento integral, si esa es la voluntad de cada quién, que se instalará en la zona de tolerancia y se financiará con los recursos que genere el estacionamiento de dicho lugar, previa conformación de una cooperativa de trabajadores y trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero que laboren en el municipio. Así mismo, ofrecerá cursos y talleres a trabajadores sexuales para que quienes lo deseen puedan contar con otras opciones laborales diferentes al comercio sexual, entre otras actividades de promoción del desarrollo humano.
Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento o violación de este Reglamento serán aplicadas por la Dirección de Desarrollo Social, apruebe.
Las Uniones Sindicales de trabajadoras o trabajadores sexuales no asalariados, serán auxiliares de las autoridades del Ayuntamiento de Colima, en la vigilancia del cumplimiento de dichas disposiciones, y están obligadas a comunicarles las violaciones de que tengan noticia, a fin de que se practiquen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se impongan las sanciones que procedan.
Para tales efectos, la Dirección de Dirección de Desarrollo Social, apruebe, expedirá el nombramiento de inspectores honorarios a propuesta de las Uniones Sindicales, y cuyo número quedará a criterio de esa dependencia.
Artículo 53.- Las violaciones a este Reglamento serán sancionadas con multa según las disposiciones del artículo 21 Constitucional, suspensión temporal o cancelación definitiva de la licencia, por la Dirección de Desarrollo Social municipal.
Artículo 54.- Los inspectores de la Dirección de Desarrollo Social, apruebe y los Agentes de Policía en ningún caso podrán recoger los utensilios o instrumentos de trabajo, a las trabajadoras o trabajadores sexuales no asalariados. Cuando dichas trabajadoras o trabajadores, cometan alguna violación al presente Reglamento, los inspectores o agentes se concretarán a conducirlos ante la Dirección antes citada.
Artículo 55.- Cuando la infracción sea cometida por una persona mayor de 12 años y se deba exclusivamente a su ignorancia, a su notoria inexperiencia o a su extrema pobreza, la Dirección de Desarrollo Social, está facultada para conmutar la sanción correspondiente, investigar el hecho, dar fe al ministerio público para descartar trata de personas o explotación sexual y ofrecerle al adolescente, hombre o mujer, albergue, alimentos y la posibilidad de continuar o iniciar sus estudios en el nivel escolar que corresponda.
Dado en el Salón de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Colima; celebrada en Sesión Ordinaria, Acta número (…), punto (…) del orden del día, a los (…) días del mes de (…) de 2017.
De conformidad con el inciso a) del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y para su observancia, promulgo, el presente “REGLAMENTO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES NO ASALARIADOS”, en la residencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col.

References: artículo 1
 artículo 24
 artículo 47
 resolución 

Artículo 1

Artículo 6

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27
 resolución 

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 21

Artículo 54

Artículo 55
 artículo 45