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Timestamp: 2020-06-02 15:33:25+00:00

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 264, de 02/08/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 264 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ Sesión núm. 32 (extraordinaria) celebrada el martes, 2 de agosto de 1994
ORDEN DEL DIA: Comparecencia, a petición del Gobierno, del señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe) para informar sobre la política general de concesión del tercer grado de tratamiento, en aplicación de la Ley Orgánica Penitenciaria y Reglamento del mismo cuerpo legal, así como sobre las resoluciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por las que se aprueba dicho tercer grado para los internos José Amedo Fouce y Míchel Domínguez Martínez. (Número de expediente 214/000063.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tenemos con nosotros al señor Ministro de Justicia e Interior, don Juan Alberto Belloch, que comparece a petición propia, como pueden ustedes ver en el texto del orden del día, para informar sobre la política general de concesión del tercer grado de tratamiento en aplicación de la Ley Orgánica Penitenciaria y el Reglamento del mismo cuerpo legal, así como sobre las resoluciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por las que se aprueba dicho
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tercer grado para los internos José Amedo Fouce y Míchel Domínguez Martínez.
El señor Ministro de Justicia e Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Antes de empezar el acto formal de la comparecencia, me parece que es una obligación política, pero también una obligación moral, tener presente el atentado terrorista que tuvo lugar el viernes; no recordar, porque no lo podremos olvidar nunca, pero sí tenerlo presente.
Es evidente que el dolor y la rabia que todos los ciudadanos decentes tienen frente a estos atentados es vivido, como SS. SS. saben perfectamente, con especial intensidad dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y dentro del conjunto del Ministerio de Justicia e Interior.
También les he de decir que nada hay más doloroso que siendo responsable de seguridad, comprobar que ETA sigue teniendo capacidad para matar y que pese al esfuerzo ingente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cierto es que todavía no hemos podido acabar con esa secta de criminales.
Asimismo, debo afirmar que el Gobierno ha luchado, lucha y va a luchar siempre de manera inexorable, implacable, contra los terroristas para lograr poner a todos y cada uno de ellos a disposición de los tribunales.
Es mi obligación, pero también mi convicción, finalmente por lo que respecta a esta introducción, decir a los ciudadanos que deben y pueden confiar en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que la batalla ha sido, es y seguirá siendo una batalla dura, difícil, pero que, en todo caso, esa batalla la van a ganar los ciudadanos decentes, el Estado democrático.
Ciertamente estas circunstancias no estaban presentes en el momento en que se solicitó la comparecencia, pero supongo que SS. SS. comprenderán perfectamente la introducción.
El motivo de la comparecencia pretendía atender a diversas consideraciones. Por un lado, el interés manifestado por algún grupo parlamentario de que se diera información de la resolución administrativa por la que se concede el tercer grado a los señores Amedo y Domínguez; por otro lado, el interés de otros grupos parlamentarios en que hubiera información sobre las medidas de reinserción con relación a determinados delincuentes y, desde luego, el interés del Gobierno en clarificar algunos conceptos, algunas informaciones desafortunadas, algunos errores producidos en los últimos días, en el último mes en términos generales.
Si analizamos la evolución sufrida por el fenómeno terrorista veremos con toda claridad que la progresión positiva en la lucha contra el terrorismo se inicia, fundamentalmente, en el año 1984, aunque sin duda el mayor éxito de toda la estrategia antiterrorista ha sido, es y debe seguir siendo el mantenimiento de la unidad, del consenso de las fuerzas democráticas en la lucha contra el problema terrorista. Esta es una observación de carácter general que me gustaría tener presente a lo largo de mi intervención y que también SS. SS. partieran de ese análisis.
Sin embargo, antes de continuar el planteamiento general me parece preferible, por razón de método, aludir a la resolución concreta, uno de los puntos, en definitiva, de la comparecencia. Me refiero a la resolución por la que se concedió el tercer grado a Amedo y Domínguez.
El 16 de febrero del año 1994 uno y otro interno solicitan del equipo de tratamiento que se proceda a la revisión de su clasificación. El 14 de abril el equipo de tratamiento acuerda, por unanimidad de todos sus componentes, elevar una propuesta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, solicitando, concretamente, la progresión de grado; en definitiva, la concesión del tercer grado a los internos Amedo y Domínguez.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias recibida que fue la solicitud del equipo de tratamiento, decidió acogerse a la posibilidad prevista, concretamente en el artículo 243.4 del Reglamento Penitenciario, consistente en tomarse un período de tres meses para mayor observación, para comprobación de si la evolución positiva que se había producido, y que constataban los informes del equipo de tratamiento, se confirmaba. Precisamente en ese período de tres meses, Amedo y Domínguez dirigen sendos escritos al equipo de tratamiento en que manifiestan de manera expresa su arrepentimiento por los hechos que han cometido y, al poco tiempo, manifiestan su voluntad de renunciar a toda forma de violencia para la consecución de fines y su voluntad decidida de reintegrarse en la vida social. Por otro lado, los informes del equipo de tratamiento constatan buena conducta penitenciaria de uno y otro, sin más salvedad que una falta leve --hacía cinco años-- que fue, en su caso, sancionada y prescrita dentro del curso del propio año.
Se constata asimismo en los expedientes correspondientes de uno y otro la existencia de relaciones familiares correctas (uno de ellos contrae matrimonio y el otro se responsabiliza de sus obligaciones familiares) y se constata también en el expediente que los permisos carcelarios concedidos no han tenido incidencia negativa de clase alguna en el desarrollo del tratamiento, tanto los permisos concedidos por la autoridad judicial como los concedidos por la autoridad penitenciaria. Se acredita asimismo en el expediente la existencia de ofertas firmes de trabajo y existen informes favorables sobre el pronóstico de no reincidencia. Junto a eso --como saben SS. SS.--, llevan más de seis años ininterrumpidamente en prisión, lo que, computado a los beneficios penitenciarios, equivale, en la fecha de concesión, aproximadamente a 12 años de cumplimiento efectivo: 11 años y 11 meses y medio, concretamente.
Es verdad que el factor de la duración del cumplimiento no es un factor decisivo a la hora de la concesión del tercer grado. La legislación penitenciaria es precisa al respecto, el elemento de la duración debe ser contemplado en su relación con el resto de elementos a los que he hecho referencia. En esas condiciones era obvio que sólo cabía una resolución administrativa, que es la que dictó la Dirección General de Instituciones Penitenciarias: la concesión del tercer grado.
Debo decir ante esta Cámara que en la concesión de este tercer grado, en consecuencia, por parte de la Administración penitenciaria no ha existido privilegio de clase
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alguna, ni privilegio positivo ni privilegio negativo; ha sido sometido a los mismos criterios a los que se someten miles de reclusos todos los años. No ha habido otra cosa en definitiva que estricto cumplimiento de la legalidad penitenciaria vigente. Es cierto --antes de pasar al planteamiento general-- que el equipo, yo mismo, muchas de sus señorías podremos, podrán albergar sentimientos de mayor o menor repulsión frente a determinados hechos delictivos o frente a determinados delincuentes.
Otro tanto pasa sin duda alguna cuando se trata de terceros grados de terroristas. Naturalmente que los sentimientos de repulsión frente a esos delitos y frente a los delincuentes autores de los mismos son notorios y responden estrictamente a la lógica humana de valoración de esas conductas; pero me parece igualmente evidente y no debe tener nadie duda en esta Cámara que en ningún caso los sentimientos personales, las pasiones, me han impedido ni me impedirán en el futuro cumplir estrictamente el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley y el principio de la expectativa legítima de todos los internos a progresar de grado. Esa es exactamente la grandeza del Estado de Derecho: que las resoluciones no se pueden basar en instintos ni en emociones sino en la ley, aun cuando el resultado producido pueda ser doloroso.
En cuanto al planteamiento general de esta comparecencia, una de las razones fundamentales de la petición por parte del Gobierno era intentar hacer un esfuerzo de clarificación frente a la confusión, la desinformación producida en estos días. Por ejemplo, una primera aclaración que convendría tener presente, supongo que no para SS. SS.
pero sí para el conjunto de la ciudadanía, es que no tiene nada que ver la excarcelación o libertad condicional, por un lado; la progresión de grado, a tercer grado o semilibertad, en segundo lugar, y el indulto, en tercer lugar, por decir las tres categorías que con notoria imprecisión se han venido utilizando, intencionadamente o no, para generar confusión en el conjunto de los ciudadanos. La libertad condicional o excarcelación supone, efectivamente, el abandono de la prisión, no durante el día para trabajar sino el abandono definitivo de la prisión, por eso es la excarcelación; pues bien, la libertad condicional siempre se verifica en virtud de un auto judicial. En segundo lugar, la progresión de grado o régimen de semilibertad, el tercer grado. En el tercer grado, por el contrario, la regla general es que la competencia corresponde exclusivamente a la Administración penitenciaria, presupone una medida en que se pernocta en la prisión, pero durante el día se puede salir a trabajar fuera como una medida de reintegración social. Pues bien, estas medidas de tercer grado, de progresión de grado, de modalidad del cumplimiento sí que son competencia de la Administración penitenciaria, sin perjuicio de que tales resoluciones son susceptibles de control jurisdiccional por una doble vía, ya sea el recurso del Ministerio Fiscal, ya sea el recurso del interesado que se considere perjudicado como consecuencia de la decisión adoptada por la Administración penitenciaria, o como consecuencia de la pasividad de la Administración penitenciaria, es decir, hay ocasiones en que interviene la autoridad judicial simplemente como consecuencia de que la Administración no ha cumplido con la obligación de revisar automáticamente la situación de grado de los internos, concretamente cada seis meses.
Finalmente, el indulto, que no tiene nada que ver con las dos figuras anteriores, constituye una decisión política, adoptada ahora por el Consejo de Ministros, que supone, en definitiva, apreciar por razones de equidad o por razones de justicia, pero sin control jurisdiccional de clase alguna, el perdón, la condonación de una determinada pena.
Me parece evidente que los que tenemos responsabilidad debemos también tener obligación de utilizar con precisión las expresiones y las categorías jurídicas cuando además responden a instituciones distintas.
Por tanto, espero y deseo que en adelante no se mezcle la excarcelación con la progresión de grado y con el indulto.
En todo caso, una segunda aclaración de carácter general sería la de que no parece razonable analizar las medidas de reinserción al margen de la estrategia global antiterrorista. No se pueden separar, aislar, las medidas de reinserción del conjunto de una política antiterrorista.
La base fundamental de esa política antiterrorista ya la he indicado, es la necesidad del consenso político de las fuerzas democráticas frente a los terroristas y frente a quienes apoyan la violencia, pero, además, es necesaria la coordinación y el rigor del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también, hay que decirlo expresamente, de la Ertzantza, en definitiva, de los responsables de Interior del Gobierno Vasco, los acuerdos internacionales y el trabajo realizado en la línea de modificar el marco jurídico de las extradiciones, así como también indirectamente, aunque con menor repercusión, el marco de los asilos. En cuarto término, las políticas de cooperación policial internacional, especialmente relevantes, como es sabido, en los casos de Francia o de Italia. También las medidas de reinserción, sin duda, dentro de esa estrategia global antiterrorista, como desde luego las llamadas políticas de dispersión, tendentes, en definitiva, a quebrar la unidad, el sectarismo de los militantes de ETA en prisión.
Es evidente, y sobre eso existía y debe seguir existiendo un consenso, que hay que lograr que la cárcel no sirva a los intereses del crimen organizado. No hace muchos años, recordarán SS. SS., el entorno de ETA lograba someter a los internos a un grado de presión de tal naturaleza que, por vía de la coacción pura y dura, lograban mantener una falsa unidad. Se trataba de evitar lo que ellos llamaban en su lenguaje deserciones, abandonos, entre los militantes de la causa vasca. En realidad, en terminología razonable, se trataba simplemente de privar a esos internos no solamente de la libertad deambulatoria que ya hace el Estado a través de las medidas de prisión o limitativas de la libertad, sino que suponían también intento de privar a los internos de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, de la libertad de actuación, generando el entorno de ETA en torno a los internos un clima de doble prisión, mucho más severa que la impuesta por el Estado.
Afortunadamente, gracias a políticas de dispersión, que llevan ya muchos años de continuidad, gracias a medidas de reinserción, gracias a tener en cuenta que la institución penitenciaria no puede ser ajena al planteamiento global de
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la lucha antiterrorista, ese clima, esa situación, se han modificado. Ese es un hecho absolutamente positivo para la eficaz represión del fenómeno terrorista y, de manera singular, para que disminuya la cohesión, el grado de apoyo social en torno a los presos.
En definitiva, la política penitenciaria, en lo esencial, no ha experimentado modificaciones desde hace muchos años, ha mantenido una línea de continuidad que está logrando éxitos notables en el entorno de ETA. Lo sabe perfectamente ETA, que tiene profundo miedo a este tipo de políticas y que constantemente trata de impugnarlas y descalificarlas. No se puede olvidar --hay muchos datos de este tipo, aquí he anotado uno de ellos-- la postura, por ejemplo, de las gestoras Pro Amnistía frente a la posibilidad de que los terroristas etarras se acogieran a los beneficios penitenciarios o a las reglas generales del marco penitenciario, posibilidad que era considerada por gestoras Pro Amnistía (de cuya filiación no hay ninguna duda, por parte de SS. SS. sobre en qué causa está y al servicio de qué causa está) como caso de alta traición a aquellos que desoyen las indicaciones de la banda terrorista y solicitan progresiones de grado que la ley permite.
Parece evidente que para enfrentarnos con éxito a la dialéctica del terror es imprescindible seguir manteniendo la política antiterrorista que hasta este momento hemos mantenido con plena continuidad y que tanto daño hace, efectivamente, al terrorismo.
Es preciso, igualmente, llevar a aquella parte de la sociedad vasca en la que se apoyan los violentos al convencimiento gradual de que existen otros medios, de que la democracia articula medios razonables para la defensa de sus pretensiones. Es preciso llevar a la sociedad de Euskadi en general el ánimo y la fortaleza moral para enfrentarse y rechazar en la vida cotidiana la presencia de la violencia.
Todo ello se ha ido realizando y consolidando desde los Acuerdos de Ajuria Enea, posteriormente ratificados en los Acuerdos de Madrid; acuerdos que han producido una regresión del apoyo al terrorismo y un lento pero inexorable ostracismo del terrorismo en el seno de la sociedad vasca.
Los Acuerdos de Ajuria Enea, los Acuerdos de Madrid, tuvieron una triple finalidad: el posicionamiento frente al terrorismo de todos los ciudadanos demócratas, de todos los partidos que asumen los valores democráticos; la exclusión de la violencia como elemento de rentabilización política; y la normalización de la convivencia pacífica.
En este planteamiento, por otro lado, se resuelve la aparente contradicción entre el carácter esencialmente individualizado de las medidas de reinserción y el porqué, sin embargo, de hablar con razón y con sentido de las medidas de reinserción como formando parte de la estrategia global antiterrorista. Es evidente que la reinserción, desde esa óptica, no significa otra cosa que no excluir a los terroristas de la aplicación del marco jurídico general representado por la legislación penitenciaria. Y si hemos considerado que los acuerdos son --y ojalá en el futuro ninguna duda pueda crear al respecto-- imprescindibles para una lucha eficaz contra el terrorismo, parece evidente que hay que respetarlos en sus propios términos y, en particular también, en lo relativo a las medidas de reinserción a que alude el artículo 9.º de ese Pacto.
El Gobierno, los partidos democráticos, venimos manteniendo con continuidad esa política. El Gobierno espera y desea que las penosas excepciones producidas en los últimos tiempos no se consoliden y podamos, por el contrario, robustecer la estrategia de unidad y de consenso frente a los terroristas.
No es posible desconocer que el terrorismo de ETA es hoy, por encima de cualquier otra cosa, propaganda armada y que, en consecuencia, generar cualquier clase de polémica en torno a sus atentados es objetivamente una forma de amplificar sus resultados.
Los Acuerdos de Ajuria Enea, los Acuerdos de Madrid, en cuanto reflejan precisamente esa unidad y consenso de las fuerzas políticas democráticas, constituyeron la más severa derrota que se ha infligido a los terroristas y por ello mismo el más evidente éxito que hemos tenido los demócratas frente al terrorismo.
Preservar aquel consenso --y no me cansaré de repetirlo a lo largo de toda mi intervención-- constituye la prioridad máxima de cualquier estrategia antiterrorista que pueda merecer tal nombre. Desde esa perspectiva es una obligación del Gobierno realizar todos los esfuerzos necesarios para que ese consenso no se quiebre. En este sentido, desde luego, me parece razonable la petición que creo formuló Izquierda Unida --por lo menos así lo he leído en los medios de comunicación--, para que nos reunamos en septiembre, para que se convoque el Pacto de Madrid.
Además de haberlo solicitado Izquierda Unida, efectivamente se produce el lapso de tiempo razonable, seis meses, puesto que fue en marzo la anterior reunión del Pacto. Me parece absolutamente razonable y desde este momento ya anuncio que se debe reunir en los primeros días de septiembre el Pacto de Madrid, la Mesa Antiterrorista o como la queramos designar.
Pero es más, si se considera por las fuerzas firmantes del Pacto que esa periodicidad aproximada de cada seis meses, que ha determinado unas siete reuniones en los últimos años, es insuficiente, si cualquiera de las fuerzas firmantes considera que las circunstancias aconsejan introducir una mayor periodicidad, desde este momento he de decir que el Ministro de Justicia e Interior está dispuesto a convocar y a reunir la Mesa cuantas veces lo consideren preciso las fuerzas y los grupos parlamentarios democrá-ticos.
Les decía que estos días se han producido muchas confusiones, muchas desinformaciones. Es obligación del Gobierno y de este ministro tratar de aclararlas. En primer lugar, tengo que decir que es falso, rotundamente falso que exista plan de ninguna clase para aplicar medidas de reinserción a 50 supuestos terroristas internos a los que, supuestamente, sólo se les exigiría haber cumplido la pena de cinco años. Eso es rotundamente falso. Me parece que es una precisión imprescindible dado que ese dato, esa información ha aparecido en diversos medios de comunicación. Es rotundamente falso y, además, contradictorio con la propia esencia, con la propia naturaleza de la medida de progresión al tercer grado. Jamás debe hablarse de planes
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globales sobre la materia, puesto que, por definición, las medidas de tercer grado son medidas individualizadas que se proyectan directamente sobre la persona que lo solicita, sometida a las medidas de control de la legalidad de la Administración penitenciaria y, a su vez, a la eventual posibilidad del control jurisdiccional.
En segundo lugar, es rotundamente falso que hayan existido cambios cualitativos de alguna clase en la política en esta materia; rotundamente falso. En este sentido, les he de decir, aunque sea un dato más entre otros (en definitiva, es algo que podrán percibir SS. SS. a lo largo del conjunto, y que el tiempo simplemente evidenciará hasta qué punto lo que dice el ministro se ajusta exactamente a la realidad), que incluso el número total de medidas de tercer grado dadas en lo que va de año es notablemente inferior al de otros muchos años --por ejemplo, en 1990 ó 1991--, y sensiblemente igual al de los años anteriores. No existe, en ningún caso, modificación cualitativa en el planteamiento de las medidas de reinserción; entre otras cosas, porque no puede existir. Solamente cuando, afortunadamente, algún etarra sale de la disciplina etarra, que es muy dura, mucho más, sin duda --como antes decía--, que la que impone la Administración penitenciaria, sólo cuando efectivamente está en condiciones reales de incorporarse a la sociedad y eso no se puede prever con antelación, supone el producto de un trabajo penitenciario muy intenso, muy complejo, que evidentemente no es éste el momento de desarrollar, aunque, desde luego, con mucho gusto, lo haría en el marco del pacto de la Mesa Antiterrorista; sólo cuando se produce esa circunstancia, es posible adoptar la medida del tercer grado. Es, en consecuencia, rotundamente falso que exista modificación cuantitativa o cualitativa de las medidas de reinserción. Esos son los hechos, y no hay otros hechos. En el año actual se han concedido concretamente 14 progresiones de grado.
Es asimismo rotundamente falso que se haya producido un mayor incremento de protagonismo de la Administración penitenciaria en detrimento de la coparticipación de los jueces de vigilancia penitenciaria. Eso que se ha dicho es también rotundamente falso. La realidad es más bien exactamente la contraria. Hasta el año 1991 todas las medidas de progresión de grado se adoptaron exclusivamente por la Administración penitenciaria. En el año 1992 la mayoría de ellas se adoptaron por la Administración penitenciaria y sólo en dos casos tuvo que intervenir, por la vía del recurso, la autoridad judicial. En el año 1993 los supuestos de intervención vía recurso de la autoridad judicial subieron a cinco; y en lo que llevamos de año 1994 del total de 14, nueve han sido controladas por la autoridad judicial vía interposición de los correspondientes recursos por parte de los internos.
Que no se vea aquí, en modo alguno, desplazamiento de responsabilidad a nadie. Eso sería vulnerar en sí mismo el marco de los propios Acuerdos de Ajuria Enea, que el artículo 9.º dice claramente cuál es su sentido.
Todos debemos respetar las decisiones que adopten las instituciones competentes del Estado en materia de progresión de grado; y a mí como ministro me merecen exactamente igual respeto aquellas que son adoptadas por la autoridad judicial, que aquellas que son revisadas, vía recursos, por la autoridad judicial. Unas y otras entran estrictamente dentro del campo del Pacto de Ajuria Enea, de los Acuerdos de Madrid, merecen y, en mi opinión, deben merecer el respeto de todas las fuerzas democráticas que firmamos aquellos pactos.
Es rotundamente falso que haya habido, haya o pueda haber en el futuro políticas de excarcelación masiva vía progresión a tercer grado. Es absolutamente falso. No tiene ninguna base real; constituye una pura elucubración basada, imagino, en análisis puramente internos que no responden a ningún dato real. Bienintencionados o no, me es indiferente; mi obligación es decir que es rotundamente falso, no lo ha sido nunca, no lo es ahora, no lo va a ser en el futuro. Algún dato puede ilustrar el tema.
Tampoco es verdad que hayan tenido un trato discriminatoriamente favorable en relación con el conjunto de la población reclusa; es más bien exactamente lo contrario. En los últimos años, el porcentaje de presos que efectivamente no están internos por razón de terrorismo y que ahora han accedido al tercer grado es del 9,4 por ciento del total de los internos, mientras que ese porcentaje, aplicado a aquellos que han sido condenados por terrorismo desde el año 1989 hasta aquí, es del 4,6 por ciento. En definitiva, si hay algún tratamiento es el contrario; lo que ocurre es que, como se trata de delitos más graves, tanto la autoridad penitenciaria como la autoridad judicial tienen especial cuidado a la hora de conceder esas progresiones de grado.
Que se haya producido un incremento en el año 1994 vuelve a ser rotundamente falso, porque si el porcentaje desde 1989 hasta aquí es el 4,6, el porcentaje de este año es el 2,39.
Es rotundamente falso, y en este caso me permitirán que diga que hasta difamatorio, que se trate de conectar, como se ha tratado durante estos días, la concesión de los terceros grados o progresiones de grado con la concesión de la progresión del grado a los señores Amedo y Domínguez; es rotundamente falso y, sinceramente, hasta calumnioso. Solamente desde la mentalidad de la sospecha más inconcebible se puede plantear ese tema, porque, para que tuviera el más mínimo viso de verosimilitud, resultaría que habría que sostener en coherencia que se está preparando la cobertura del tercer grado a Amedo y Domínguez desde el año 1989, porque no ha habido absolutamente ningún cambio ni en la cantidad, ni en la calidad ni en la progresión de grados. Hace falta, sinceramente, no sólo desinformación para sostener semejante infamia.
Hechas estas aclaraciones, que se refieren fundamentalmente a datos de hecho, me parece también mi obligación hacer alguna valoración de carácter político. En parte las he insinuado. Señorías, ustedes saben que la reinserción no significa, en modo alguno, quebrantamiento del principio de legalidad y menos aún instrumentalización de la ley al servicio de una determinada estrategia política. Eso saben sus señorías que es absolutamente falso. Significa, por el contrario, no excluir la aplicación de la legalidad vigente, tal como previene el artículo 9 del Pacto de Ajuria Enea, a aquellas personas --dice literalmente-- que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de
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defender sus ideas por cauces democráticos. Las medidas de reinserción no suponen otra cosa que eso: no excluir a estas personas de la legislación, del marco legislativo general, que nuestra Constitución, que los pactos, que nuestra legislación penitenciaria han establecido. Manipular ese dato me parece muy preocupante.
La responsabilidad del Gobierno, y en concreto del Ministro que les está hablando, es, sin duda, garantizar que no haya errores en las medidas de progresión a tercer grado de los delincuentes en general, sin duda con mayor intensidad en la medida en que el riesgo o el peligro potencial del delincuente es mayor; es garantizar que o bien la Administración penitenciaria o bien la Administración judicial, según los casos, cuente con los medios adecuados para que el riesgo de error sea el mínimo posible, para que, en definitiva, los diagnósticos se verifiquen sobre el mayor número de datos objetivos, para que no se produzcan equivocaciones que realmente serían muy graves.
Pero sus señorías saben, y los ciudadanos tienen que saber, que ha sido tal el cuidado mantenido por la Administración penitenciaria y por los jueces de vigilancia penitenciaria en este campo que no ha habido un solo supuesto, ni uno, de vuelta a filas terroristas de las personas a las que se ha concedido el tercer grado; ni uno solo. Ha habido solamente dos regresiones de grado y las dos, lamentablemente sin duda, fueron por un delito relacionado con la libertad sexual y por un delito contra la propiedad. Todos los demás supuestos --a quien no lo sepa le puede servir el dato para tranquilizar su conciencia--, sin ninguna excepción y perfectamente controlados, todos y cada uno de ellos, han salido bien, conforme al pronóstico que dio en su día la Administración penitenciaria o judicial; es decir que nunca más iban a reintegrarse en la organización militar y que se iban a reintegrar a la vida social y normal. Esa sí que es la responsabilidad política del Ministro de Justicia e Interior que tiene el honor de hablar a sus señorías.
Ya he indicado a SS. SS. en qué consisten, así de sencillo, las medidas de reinserción a que aludía el artículo 9 del Pacto de Ajuria Enea y de los Acuerdos de Madrid. ¿Cómo se instrumentaliza ese acuerdo político? Lo dice con toda claridad el propio artículo 9: Lo que hay que hacer es respetar, como antes he insinuado, en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes a este respecto. Ese es el compromiso político a que se llega por todos los que firman el Pacto.
Ya hemos explicado que esas instituciones son, según el tipo de medida, la Administración penitenciaria, los jueces de vigilancia penitenciaria o bien la Administración penitenciaria con posibilidad de control judicial en toda la gama. Pues bien, lo esencial del compromiso del Pacto de Ajuria Enea es respetar escrupulosamente todas las decisiones que adopten las instituciones competentes del Estado en esta materia. Y no se puede seriamente sostener que la forma de respetarlas es abriendo polémicas o descalificaciones.
Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Pacto de Ajuria Enea --me gusta insistir en ello-- es sustancialmente irrelevante que la decisión esté adoptada en el ámbito de la Administración penitenciaria o en el ámbito de los jueces de vigilancia penitenciaria, porque de manera expresa el Pacto nos dice que no debemos distinguir, que es el conjunto de las instituciones del Estado las que se comprometen en ese apoyo en esa medida. Es evidente que puede haber discrepancias en la gestión, en la ejecución concreta de esa política. Sinceramente, creo que las discrepancias, las diferencias que puedan surgir pueden intentar solventarse en otro marco, no a través de la polémica pública.
Ciertamente, cualquier fuerza política puede, si lo desea, romper el compromiso político al que llegó en el Pacto de Ajuria Enea y quien lo haga deberá asumir su responsabilidad. Como es evidente que lo que desea el terrorismo es que eso ocurra, el Gobierno no puede desear sino lo contrario; y algo más que desear: vamos a poner todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para que eso no pueda ocurrir.
También se puede aspirar legítimamente a modificar el marco jurídico normativo en cuyo seno se insertaron las medidas de reinserción. Se pueden postular, sin duda, modificaciones en el ámbito del Código Penal, en el ámbito de la legislación penitenciaria, tendentes a cambiar el marco jurídico en el que se insertan las medidas del Pacto de Ajuria Enea. Sin embargo, en mi opinión, se debe ser consciente de que esas modificaciones nunca se podrán plantear de manera unilateral, sino que deberán plantearse en el propio marco del Pacto de Madrid para seguir manteniendo el consenso, puesto que ese marco jurídico forma parte esencial política del contenido de los Pactos de Ajuria Enea. Esa me parece que es la línea correcta para trabajar en una estrategia real y eficaz frente a los terroristas.
Me da la impresión --y lamentaría mucho que se entendiera en otros términos mi intervención-- que no se trata de un tiempo de reproches. Yo he tratado de omitir ese ámbito. Yo pienso que se trata de un momento en el que nuestra obligación es simplemente introducir las rectificaciones que debamos introducir, pero sin perder de vista que el objetivo esencial de ETA es generar la polémica, la falta de unidad de las fuerzas democráticas. Debemos mantenernos unidos a toda costa frente a esa pandilla de criminales.
Ya para terminar, me gustaría indicarles, señorías, que cualquiera que sea su postura, coincidan o no con los planteamientos que he expuesto, sepan que en modo alguno tras ellos existe ningún afán ni de diluir responsabilidades ni de un intento de ahorrar todas las críticas que ustedes tienen el derecho y hasta la obligación de formular. Se trata, simplemente, de que les propongo seriamente que partan de la reflexión central de a quién beneficia la polémica y, a partir de ella, se den cuenta que ello es quizá mejor hacerlo en otro marco y en otro momento.
En todo caso, quiero dejar también perfectamente claro que la responsabilidad por la gestión y ejecución de los Pactos de Ajuria Enea es mi responsabilidad política. A mí me corresponde la ejecución y gestión de esa política. Junto con el Acuerdo de Madrid, respecto al Pacto de Ajuria Enea, es evidente que el Lendakari tiene responsabilidades y el correspondiente Consejero del Interior en su propio ámbito. La responsabilidad del Gobierno en su conjunto es
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mantener y respetar la palabra dada dentro del marco constitucional, dentro de la legislación penitenciaria. Pienso, sinceramente, que es responsabilidad de todas las fuerzas democráticas mantener sin fisuras la unidad de acción y el consenso en materia antiterrorista. Estoy convencido de que por encima o por debajo de las opiniones, por encima o por debajo de las pasiones eso es realmente lo que de nosotros esperan los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Hay aquí dos temas, señor Ministro, que no pueden tratarse separadamente en una abstracción uno de otro. Es el caso que ha ocupado la intervención del señor Ministro y el de la libertad a medias concedida recientemente a Amedo y Domínguez.
Los últimos acontecimientos acreditan que la decisión de aplicar el tercer grado, en términos generales, es eminentemente política, aunque se pretenda revestir de formalismos administrativos y apariencia reglada.
Decisión política la que se ha tomado que tiene que remontarse a un gobierno socialista que disponía de los fondos reservados que utilizaban Amedo y Domínguez, obstruyéndose posteriormente de una manera clara la acción de la justicia, apelando al carácter secreto de los fondos reservados y hurtando al juez instructor, a la sazón el señor Garzón, a la Audiencia Nacional y, en definitiva, al Tribunal Supremo obtener pruebas que demandaba obtener la ciudadanía a propósito de si existían vinculaciones en los delitos cometidos por ambos personajes y por la superioridad.
Vaya usted a convencer a los ciudadanos, señor Ministro, de que el Gobierno al que usted pertenece pretende con la última decisión, otorgando la semilibertad a Amedo y Domínguez y a quienes se otorga de la forma en que actualmente se concede, que con ello se cierre la posibilidad de que con cualquier declaración de estos dos personajes, repito, se reabra el sumario y, por tanto, se puedan depurar presuntas responsabilidades penales y políticas de quienes fueron con los mismos los responsables de lo ocurrido. Porque, señor Ministro, ni Coalición Canaria cree, ni nadie puede creer en este momento que hubiesen actuado sin el conocimiento ni la colaboración de sus mandos. El propio Amedo lo ha insinuado recientemente en declaraciones efectuadas para presionar a favor de ese indulto que no se le concedió. Por lo tanto, la ciudadanía tiene perfecto derecho y bastante razón en entender que era importante conseguir el silencio de ambos.
Se ha dicho que Amedo y Domínguez tenían al Gobierno como rehén y que han presionado reiteradamente para conseguir su libertad. ¿Por qué se ha dado pie para que tal se crea? Porque la mejor prueba presuntiva para muchos es la excepcionalidad del tratamiento dado. Y sabe el señor Ministro, que es un excelente jurista --y esto lo sabe cualquier jurista, aunque no sea excelente--, que las presunciones son medios de prueba que en nuestro ordenamiento figuran como tales y al lado de lo que otros califican incluso de «probatio profuntissima».
Tuvo lugar aquella entrevista con Eligio Hernández, a la sazón Fiscal General del Estado, acompañado por Julián Sancristóbal. La excepcionalidad, el sigilo, esa especie de nocturnidad política, en definitiva, del proceso de excarcelación, diseñado en el Ministerio que usted titulariza, en cualquier caso tiene que producir, aunque se haya tratado de aminorar, un escándalo importante e indiscutible en la ciudadanía.
El Gobierno ha pretendido dar imagen de firmeza, negando el indulto, primero, que contaba con la oposición del Fiscal, con la oposición del Tribunal Supremo, e incluso con las declaraciones precedentes del propio señor Ministro, pero, simultáneamente con la posibilidad que deparaba la normativa reglamentaria correspondiente, precisamente no elaborada en esta Cámara en su globalidad, gracias a ello se prepara, se puede conseguir el tercer grado en todas sus hipótesis, en todos sus supuestos.
Con todo lo anteriormente expuesto, resulta difícil hablar con propiedad en este caso --en el caso de Amedo-- de un indulto encubierto, porque ha sido una decisión política mucho más inteligente desde el punto de vista del Gobierno; ha conseguido dotarla de una imagen de menor discrecionalidad, con una especie de automatismo en virtud del cual se consigue el acceso inmediato al tercer grado. Sobre todo se ha conseguido, en términos dialécticos, intercambiar la relación de fuerzas con Amedo y Domínguez. Si se hubiera aplicado el indulto, el Gobierno seguiría rehén de la posibilidad de filtraciones o declaraciones perjudiciales --y desde luego inconvenientes-- de éstos sobre las vinculaciones sobre las que tantos tanto hemos pensado. Pero ahora, gracias a la aplicación a los mismos del tercer grado, son ellos los rehenes del Gobierno, de suerte que cualquier indiscreción puede suponerles la retirada del beneficio penitenciario que se les ha otorgado y la vuelta a la prisión, no a pernoctar de vez en cuando, sino a estar en ella permanentemente.
Se aduce a favor del tercer grado el mandato constitucional de que la pena debe estar encaminada a la rehabilitación y la reinserción. Firmaron dos escritos de arrepentimiento. Pese a ello, se les negó el indulto por la grave trascendencia social y por la especial gravedad de los hechos realizados, pero inmediatamente después se les concede el tercer grado.
Señor Ministro, es preciso reconocer que todo este debate político arroja una sombra importante de duda sobre nuestra democracia, en la medida que mantiene la incertidumbre sobre si se han cometido los mal llamados crímenes de Estado, bien o mal llamados. Y esto se habría evitado si el Gobierno hubiese asumido con urgencia, con prontitud, sabiendo reaccionar, dando respuesta cabal a reivindicaciones que desde distintos sectores --y no estrictamente políticos-- se formulaban, esclareciendo, por ejemplo, lo omitido con los fondos reservados, tanto en este caso como en otros supuestos, criterio que siempre fue el de la fuerza política que represento. Reformar la regulación y control de los mismos, a lo que se han plegado otras presiones parlamentarias --no han podido, desde luego,
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sustraerse-- y se han plegado, por lo tanto, a que prosperase tal demanda, pese a las presiones parlamentarias diversas, entre ellas las nuestras. Reformar el proceso de otorgamiento de los beneficios penitenciarios, transfiriendo la responsabilidad en el caso del tercer grado al juez de vigilancia penitenciaria, y estoy seguro que el juez, señor Belloch, no está de acuerdo con lo que tiene que decir necesariamente el Ministro señor Belloch.
Hay que exigir el dictamen del órgano juzgador, inevitablemente y con carácter previo a la decisión administrativa. Existe un clamor en el mundo de la justicia a favor de esta reforma. Es seguro que si hoy el tercer grado para todos aquellos a quienes tiene que otorgársele se les hubiese otorgado en virtud de una decisión última en sentido positivo o negativo de un juez, no se habría desatado polémica alguna. El juez, por otra parte, ¿lo habría otorgado en el presente caso? No se puede pretender incluir este asunto en la política antiterrorista del Gobierno en relación a ETA, y nosotros coincidimos con unas apreciaciones que ha hecho el señor Ministro a propósito de acusaciones que no sé si calificó de canallescas, pero que, en cualquier caso, desde luego merecen tal calificativo. Pero hay que reconocer que la política de reinserción de presos de ETA puede ser tolerada y comprendida por gran parte de la sociedad española, con el respaldo de las fuerzas parlamentarias, a pesar, incluso, de brutales atentados como el último ocurrido en la pasada semana, en la medida en la que se comprenda que se persigue un interés general: acabar con los asesinatos de ETA. La excarcelación de Amedo y Domínguez, de quien tan poco y tan parcamente se ha hablado en el día de hoy, no es respaldada de igual forma por las fuerzas parlamentarias en la medida en que se interpreta que persigue un interés particular del Gobierno y que con ello se entierran definitivamente --ése es un hecho que objetivamente hay que reconocer, al margen de que por distintas fuerzas políticas se puedan hacer juicios de intención-- posibles responsabilidades penales y políticas de la famosa cadena del mando, que ligaba a Amedo y a Domínguez con la llamada superioridad y con los integrantes de la misma.
La Constitución española, señor Ministro, otorgó en su día al Poder Judicial lo que luego, por la utilización de vías normativas de rango inferior a ella, se le ha limitado, se le ha restringido, se le está incluso imposibilitando; se le otorgó no sólo la función de juzgar, sino la de hacer ejecutar lo juzgado. Constitucionalmente se reconoce esa función a los jueces en exclusiva, quienes tienen el monopolio en la cuestión, según determina el artículo 117 de nuestra ley de leyes, y he aquí que, gracias al régimen abierto en la forma en que actualmente está configurado, es posible que distintos penados por crímenes abyectos y absolutamente intolerables, penados y delincuentes situados a una y otra orilla, pese a la índole extraordinariamente grave de los delitos cometidos y a las penas de años y más años de privación de libertad que les han sido impuestas, puedan unos y otros, empezar a disfrutar de esa libertad que a otros se les niega y empiecen a disfrutarla sin que el órgano sentenciador, ningún órgano jurisdiccional, y, por lo tanto, el Poder Judicial, pueda decir esta boca es mía.
Por tanto, a nuestro juicio, a juicio de Coalición Canaria, tiene razón la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional al expresar su disconformidad con la situación actual en que el Ejecutivo, el Gobierno que preside don Felipe González, por la vía de la progresión del tercer grado, adoptando una serie de decisiones, ha interferido, interfiere y viene interfiriendo en la fase de ejecución de la pena y, por tanto, en relación a lo que debía incumbir en última instancia al Poder Judicial.
Actualmente hay ausencia de control judicial, habida cuenta de que la decisión judicial al respecto sólo puede tener lugar si el condenado interpone recurso porque se le deniegue la progresión o si el recurrente es el fiscal, en los supuestos de disconformidad con la concesión otorgada.
¿Qué habría ocurrido si en este caso, en el supuesto que nos ocupa y que nos ocupa fundamentalmente por el silencio que la intervención ministerial ha tenido al respecto, la decisión de no interponer recurso hubiese sido adoptada por mi paisano Eligio Hernández? ¿Qué comentarios no habría suscitado y qué comentarios habría suscitado incluso en el día de hoy? Nosotros lamentamos profundamente que la actual Fiscalía General del Estado haya imposibilitado con su decisión de no recurrir que la voluntad del Gobierno en favor de Amedo y Domínguez haya progresado sin que el juez de vigilancia penitenciaria haya podido decir una sola palabra al respecto en materia que afecta a la ejecución de lo juzgado y que, en definitiva, hace, si no tabla rasa, cuasi tabla rasa de unas penas centenarias, de más de cien años de privación de libertad.
Las reacciones de los últimos días --y con esto termino, señor Presidente-- en todo el ámbito respetabilísimo de la Administración de Justicia han sido variopintas y, miren por donde, estos supuestos han conseguido poner de acuerdo a todas las asociaciones, acaso por primera vez en nuestra historia reciente: la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, con la Unión Progresista de Fiscales, las Asociaciones de Jueces, tanto Jueces para la Democracia como la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, más moderadas unas, menos moderadas otras. En definitiva, cuánta verdad ha desplegado con su expresión el señor Conde Pumpido, Presidente de una de ellas, cuando dice que si los jueces ponen las penas, pero duran éstas lo que quiere el Gobierno, nos habremos cargado el sistema. Esto es importante, esto es realmente lo grave, esto es lo que afecta a la progresión en su globalidad. Por eso nosotros, desde la perspectiva de Coalición Canaria, no podemos permanecer indiferentes ante este dislate y creemos que es preciso «de lege ferenda» establecer las normas correctoras de la normativa actualmente aplicable y con tanto agrado aplicada. Por otra parte, es preciso estudiar --y así lo haremos nosotros en la primera oportunidad-- la cuestión con más profundidad todavía si cabe para traer a esta Cámara la iniciativa correspondiente que ponga las cosas en su sitio, al Poder Judicial en el lugar que le corresponde y a la Constitución en el que siempre debió tener de manera inamovible, y nunca habiéndose corregido por la aplicación práctica en virtud de la indicación de una norma de rango muy inferior a nuestra Ley de leyes.
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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: ¿Por qué razones se pidió la comparecencia del Gobierno y se convocó a esta Comisión? ¿Qué razones han motivado la presente reunión? Una, como ya se ha dicho, la aplicación del tercer grado penitenciario a los señores José Amedo y Míchel Domínguez, y otra, a caballo de la anterior, debido a las circunstancias luctuosas de la última semana como consecuencia del atentado en Madrid y las declaraciones posteriores descalificando la política antiterrorista que aplica el Gobierno que se han mezclado y han dado el contexto de la sesión informativa que hoy nos ocupa.
En primer lugar, nuestro Grupo se quiere sumar al pesar que el señor Ministro ha hecho referencia en cuanto a las víctimas del terrorismo por el último atentado de ETA perpetrado en Madrid la semana pasada. Sin embargo, nuestra posición, como Grupo Parlamentario, va a intentar no quedar sometida a juicios de intención que podrían desvirtuar la contemplación de los hechos en un sentido estricto, ni tampoco especular o argumentar nuestro punto de vista sobre futuras legislaciones que podían darse, pero que no existen; existe la que existe, y por ello la valoración de las medidas tomadas se ha de hacer en función de la legislación aplicable en este momento.
Respecto a la primera cuestión (la aplicación del tercer grado penitenciario a los antes citados), nos hemos hecho varias preguntas. Una de ellas sería: ¿qué finalidad tienen las penas y la privación de libertad como concepto general? Podemos ver que nuestra Constitución contempla en el funcionamiento de estos mecanismos una línea hacia la reinserción y la rehabilitación social. ¿Existe o no existe normativa para amparar tal decisión de clasificar en el tercer grado penitenciario a los señores Amedo y Domínguez? Efectivamente existe. Existe una normativa que ampara esta decisión y se contempla como un mecanismo más que permite la reinserción, eso sí, sin que comporte ni el perdón ni la desaparición de la pena. ¿Ha de aplicarse o no la norma de forma universal? Esta sería otra de las preguntas. Nuestro Grupo cree que sí, que la norma se ha de aplicar de forma universal, puesto que si la normativa es susceptible de ser aplicada ¿por qué no va a serlo, y ello de forma general, a todo tipo de reclusos? Si alguien propone una discriminación negativa, nosotros creemos que eso sería antijurídico. Por consiguiente, si la normativa lo permite, nada que decir en cuanto a su aplicación en favor de los derechos del penado. Nuestro Grupo respeta la aplicación estricta que se ha hecho de la legislación vigente; el resultado final puede gustar o no, pero la legislación actual lo permite.
Sin embargo, ello no impide que nos preguntemos si dicha normativa es mejorable y si lo va a ser en el futuro, y quizá sí hemos de reflexionar sobre esta normativa, sobre posibles intervenciones de la Judicatura o, en todo caso, buscar que el equilibrio entre la pena impuesta y la cumplida se mantenga, y ello sin caer en la confusión de que estamos hablando de la aplicación de un tercer grado y no de la exoneración de la pena. Pero el capítulo, que actualmente no se aplica, de que forzosamente haya transcurrido un período de efectivo cumplimiento de la pena antes de poder aplicarse el tercer grado sí que es un capítulo a estudiar, porque, si no, se producen efectos de difícil comprensión para la ciudadanía.
Por ello, nuestro Grupo ha mantenido siempre el criterio, que es bueno recordar, de que los beneficios penitenciarios estén más en referencia a la pena impuesta por las sentencias que no a la pena máxima que prevé el Código Penal. Esta es una línea de trabajo que quizá en la revisión del Código Penal que está en curso pueda ser tomada en cuenta o, por lo menos, analizada.
En cuanto a todo el capítulo de la política antiterrorista a que el señor Ministro ha hecho referencia, creo que han sido importantes una serie de desmentidos que eran necesarios y que son ilustrativos de esta política de confusión que en los últimos días se ha vivido, confusión que nuestro Grupo entiende que muchas veces es interesada, en una política de erosión, lo que no deja de preocuparnos en gran medida, porque siempre hemos pensado que la unidad --como decía el señor Ministro-- es básica en la lucha antiterrorista. Con respecto a la Comisión de hoy, que tiene su función informativa y su valor político, quizá sería mucho más efectiva una reunión del Pacto de Madrid. Esta Comisión nos lleva a decir que estamos con el Gobierno en la política antiterrorista porque los acuerdos del Pacto de Madrid, mientras sean vigentes, implican una posición unitaria de conjunto y, por consiguiente, las manifestaciones públicas que se puedan hacer hoy aquí, para nuestro Grupo, han de estar en la línea de dar soporte al Gobierno en la política antiterrorista. Si tuviéramos discrepancias, si considerásemos que debieran hacerse revisiones, es en el contexto de la mesa del Pacto de Madrid donde creemos que se podían dar con la debida efectividad.
Por consiguiente, el planteamiento de nuestro Grupo en relación con lo que ha dicho el señor Ministro es favorable, y también aceptamos de buen grado el anuncio que ha hecho de que próximamente sea convocada esta Mesa para debatir en ella todos los extremos que hacen referencia a la lucha antiterrorista. Siempre hemos planteado que en la lucha antiterrorista hay dos bandos, el bando de los terroristas y el de todos los demás.
Nosotros estamos en el de todos los demás, y este bando ha de ser un bando sin fisuras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Ministro, ha dedicado usted poco espacio de su tiempo en su intervención inicial para explicar el pase al tercer grado de Amedo y de Domínguez y ha dedicado usted más tiempo para hablar de la estrategia y de la lucha contra el terrorismo.
Esta Comisión de Justicia y de Interior es el marco adecuado, como Parlamento de España en Comisión, para debatir estos asuntos, como también lo son los Acuerdos de Ajuria Enea y de Madrid. Usted mismo ha solicitado la comparecencia en esta Comisión y nosotros también, como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
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En primer lugar, decir que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende, nuestro Grupo Parlamentario defiende, nuestras formaciones políticas defienden la unidad de las fuerzas democráticas expresadas en los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid; en segundo lugar, la unidad es el mensaje permanente que hay que enviar a ETA y a su entorno; en tercer lugar, los pactos antiterroristas están dando su fruto en una lucha larga y difícil contra la violencia terrorista. Y hemos de valorar como muy positivos los siguientes datos: la pérdida del Eurodiputado de HB y de 40.000 votos en las últimas elecciones Europeas, como una pérdida de respaldo electoral y ciudadano a la violencia terrorista. El surgimiento de grupos pacifistas y el aumento del rechazo a la violencia terrorista en Euskadi, grupos como Gesto por la Paz; con sus matices, Elkarri y todos los otros grupos, así como la movilización ciudadana en torno al secuestro de Julio Iglesias y en torno a otros actos que hemos vivido últimamente en Euskadi. En tercer lugar, se está quebrando, mediante la reinserción, el colectivo de presos que hasta ahora era monolítico; por tanto, se han logrado avances muy importantes que es necesario que se valoren en estos momentos.
El Gobierno debe propiciar información fluida y permanente a las fuerzas políticas que integramos el Pacto Antiterrorista. El Gobierno debería, en aras a una mayor eficacia --aunque hemos criticado este aspecto desde otros ángulos--, separar Interior de Justicia. Los ministerios pueden ser bicéfalos, sus titulares no. Usted, yo, y todo el mundo, sólo tenemos una cabeza, cada uno con sus ideas propias y algunos con dificultad para expresarlas. Supongo que se tratará de su caso porque estará pasando un mal rato cuando explica en esta Comisión el tercer grado de Amedo y de Domínguez.
Nosotros, en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos congratulamos de que se vaya a reunir el Pacto en septiembre para analizar esta nueva situación. Los últimos y dolorosos atentados de ETA demuestran que tiene infraestructura en Madrid, informativa y operativa, y que no estamos ante un comando que entra y sale de la capital para perpetrar los atentados.
Se equivocan si creen que con más muertos cierran el debate abierto en la sociedad vasca y en amplios sectores, que cada día ven más claro que la violencia terrorista no conduce a ningún sitio.
Izquierda Unida, señor Ministro, reitera en el día de hoy su apoyo y su concurso a fin de cuidar como a las niñas de nuestros ojos la unidad, que es el gran capital para garantizar la paz y el éxito de la convivencia pacífica. Mi compañero parlamentario, Diego López Garrido, dijo que la gran victoria de ETA sería la desunión de las fuerzas democráticas; por eso no podemos dar bandazos, no podemos dejar que nos zarandeen por cada atentado. Ese es el propósito y el objetivo de los terroristas. Hemos de encajar el dolor con serenidad para mantener una línea correcta. Si la reinserción de presos de ETA no se puede desligar --y entramos en el caso de Amedo-- de una estrategia antiterrorista --y , por tanto, política, señor Ministro--, así como de la dispersión de la que usted hablaba, cae en una flagrante contradicción en el caso de Amedo y Domínguez, al explicar que se trata de una aplicación técnica, automática, que no obedece a ninguna política, que no obedece a ningún precio político ¿y las otras excarcelaciones, sí? ¿Cómo explica usted este hecho? Porque para Izquierda Unida, tanto en un caso como en otro, hay actitudes políticas. Es muy importante que se sitúe en ese terreno la alarma que crean en la sociedad civil española estos hechos. Los delitos son especialmente graves y en España, en esta España nuestra, parece que estuviera escrito que salgan por la misma puerta este tipo de delincuentes que un joven de Almería que roba cuatro perdices.
Que sea usted, señor Ministro, precisamente usted, señor Belloch, el que venga a comprar el silencio de José Amedo y Míchel Domínguez, no deja de ser una ironía de la historia. Es un ejemplo de lo poderosa que es la ambición política o, utilizando sus propias palabras, las que usted dirigió a Baltasar Garzón: «éste es mi tiempo político y lo administro yo». Sepa usted, señor Belloch, que la sencillez y la coherencia con los principios, con los valores, con las trayectorias es lo que da grandeza a las personas en la vida pública y en la vida en general. Le recomendaría, aunque creo que ya es demasiado tarde, que se baje de la parra, porque como dice el refrán: «la vela es corta y la procesión es muy larga».
El GAL pasará a la historia como una página negra y sucia de la democracia española, quizá la página más negra y sucia. La Constitución de 1978 se violó, fue pisoteado uno de sus principios, garantías y derechos fundamentales por unas personas que vieron el atajo de la guerra sucia como un camino para que el terrorismo de Estado se midiera con el terrorismo de una banda de desalmados y asesinos en su terreno. Los especialistas del tiro en la nuca, de la bomba en los lugares públicos, los que asesinan a servidores de la democracia, a niños, a gente del pueblo en definitiva, no pueden ser cambatidos por sus mismos método. En ningún caso pueden ser combatidos con sus mismos métodos. No hay ese camino en la democracia. La Constitución y el Estado de Derecho son el camino, el único camino, el camino que se acordó en el pacto de Ajuria Enea y en el pacto de Madrid, que hemos de defender y mantener en todo momento y circunstancias.
Cuando servidores del Estado, cuando funcionarios de policía organizan una banda con utilización de fondos reservados, provenientes de la aportación ciudadana a la Hacienda pública y a los presupuestos del Estado, cuando se usan infraestructuras de una institución pública, cuando se entra en contacto con mafias de otros países, cuando desde las aspas de la equis se da el visto bueno, intelectual y político, a la operación se ponen las primeras piedras de la degeneración y de la deslegitimación del poder.
La justicia se encontró con obstáculos insalvables en la investigación de estos hechos y de los entresijos de la banda GAL. No se asumieron responsabilidades políticas por esta circunstancia. Era una época de mayorías absolutas, de felipismo triunfante. Y hay muchas ramificaciones vedadas y cerradas a cal y canto, y no sólo en los fondos reservados.
Hubo declaraciones por escrito que no profundizaban en las respuestas que exigían los tribunales de justicia en nuestro país. Todas estas circunstancias hicieron que por el coraje de algunos periodistas, de abogados y de
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jueces se lograra dictar una sentencia de 108 años de cárcel. Pero está claro que esa sentencia no estaba en sus planes, como tampoco el que se desvelara totalmente el organigrama del GAL.
Yo les voy a hacer referencia a una publicación del País Vasco, la revista «Euskadi», en sus números 121 y 124, órgano del Partido Nacionalista Vasco, hoy ausente de esta sesión del Congreso. Los números correspondientes al 20 de enero y al 18 de febrero de 1984 ofrecieron un organigrama del GAL que apuntaba directamente al Estado como su organizador, y no se llevó a los tribunales ni a la revista ni al organigrama, que aquí se reproduce, ni hubo tipo alguno de exigencia para que se aclarara un organigrama que dice así: Política: Felipe González, José Barrionuevo y Rafael Vera. Consejo Superior para la información policial: Casinello, Ostos y Ballesteros. Asesoramiento: Mossad, Departamento de información y operaciones especiales de la Dirección General de Seguridad del Estado. Financiación: Plan ZEN; medidas especiales; Olarra; CGEV, Grupo CTC, Sociedad Anónima. Probablemente, reclutamiento individualizado de miembros del Grupo de Operaciones Especiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; suboficiales de compañías de operaciones del Ejército; servicios secretos franquistas; ex-OAS; mafia italiana y francesa; organizaciones fascistas paramilitares españolas.
Este organigrama se publicó en su día en una revista de difusión legal en el País Vasco y se conoció. Pero, a partir de ahí, nunca se supo, no se aclaró, no se llegó al fondo de lo que supusieron los GAL en nuestro país como guerra sucia que se organizó y se puso en marcha contra la banda asesina de ETA.
Se prometió a Amedo y a Domínguez que la sentencia sería baja. Se les prometió después que, aunque por la presión de la opinión pública había sido alta, en la casación por el Tribunal Supremo sería más baja. Se les prometió después el indulto. Y cuando nada de eso se pudo hacer, pese a las peticiones de la cúpula de Interior, se optó por pasar al tercer grado. Amedo y Domínguez han tenido trato de privilegio en la cárcel, han visitado al Fiscal General, han disfrutado de permisos y cuando su paciencia amenazaba con quebrarse, enviaban mensajes a través de los medios de comunicación y mensajes al Gobierno, a través de cartas y telegramas amenazantes, diciendo que iban a romper su silencio, que estaban dolorosamente hartos, con esa frase tan española de ¿qué hay de lo mío? No se discute, por tanto, señor Ministro, en la evolución de estos hechos, la legalidad en el cumplimiento de los requisitos, sino, a partir de ahí, la oportunidad dada, la competencia dada, la sensibilidad hacia el Estado de Derecho de su Ministerio, de Instituciones Penitenciarias.
Está claro que los fiscales han pedido que se revise la norma para seguir desde instancias judiciales el cumplimiento de las condenas, y que lo han pedido todas las asociaciones judiciales. Es necesario que ese tema lo tenga usted en cuenta, porque su compañero de gabinete, el Ministro de Defensa, se equivocó al atribuir a los jueces las excarcelaciones y no a los mecanismos de que dispone legalmente el Estado, como Instituciones Penitenciarias, a la hora de otorgarlas. Otra cosa es que se pronuncien sobre un recurso ante una denegación porque el que lo consigue no recurre, por razones obvias. Y es necesario que se vea qué ha sucedido el 29 de septiembre de 1922: Asunción, por aquel entonces encargado de Instituciones Penitenciarias en España, visita la cárcel de Guadalajara y se entrevista con Amedo y Domínguez y les promete que antes de marzo de 1993 el Gobierno les indultaría. ¿Qué comunicaciones, y qué contactos ha tenido usted, señor Ministro, o sus antecesores, con Amedo o con Domínguez? Está claro que se iban incumpliendo una tras otra las promesas, que en conversaciones con Amedo y con su mujer, y en reuniones donde participa el señor Corcuera, Vera, Juan de Justo y un abogado, se les traslada que no recurran al Tribunal Constitucional si quieren conseguir el indulto, y ese recurso no se plantea por el abogado defensor entonces de los ex-policías Amedo y Domínguez. Es necesario que se conozca este hecho, porque el abogado defensor solicita por escrito y recibe un telegrama diciéndole que no autorizan el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí se cambia de abogado defensor. El indulto se retrasa, se acercan las elecciones generales, el señor Eligio Hernández recibe a Amedo acompañado de Julián Sancristóbal, que fue Secretario de Estado para la Seguridad, y dice que no, que tiene preparado el informe en torno al indulto, esperando recibir instrucciones para ponerlo en marcha. Más tarde lo resuelve el actual Fiscal General del Estado, el señor Granados, oponiéndose a su informe, con buen criterio, a la concesión del indulto y alegando que el fin no justifica los medios. Michel Domínguez habla con Garzón y le plantea que hay otros datos para poder seguir hablando de este asunto y otras ramificaciones para investigar. En el último Consejo de Ministros antes de las elecciones tampoco se da el indulto, y el tercer grado no resuelve el problema, no lo resuelve, ellos quieren el indulto. Ha habido cuatro ocasiones en las que se les ha prometido el indulto y no se ha cumplido.
Por eso el ex-Director General de la Guardia Civil, señor Roldán, en una entrevista dice --y no lo dice cualquiera, lo dice quien ha sido Director General de la Guardia Civil durante siete años-- que a él no le engañan como a Amedo, y lo dice públicamente en un periódico de difusión nacional.
¿Cómo se va a arrepentir Amedo cuando le coacciona a usted como Ministro con cartas, amenazándole? ¿Ha unido usted a su expediente carcelario estas cartas dirigidas a usted como Ministro de Justicia, y al señor Asunción, con estas coacciones, diciéndoles que hay pactos, que está dolorosamente harto, que se considera un preso político, que se iba a dirigir al Rey informándole de aspectos que le disgustarían, que se habían incumplido reiteradas promesas? En concreto, hay un telegrama, de 31 de agosto de 1993, que termina diciendo no sólo que se considera un preso político, sino que hay otras personas con más responsabilidad política que él en el asunto y que «están haciendo carrera política a mi costa». Y muestra su disgusto por la reapertura del sumario de Segundo Marey y califica a Garzón como superpayaso. El proceso Amedo califica a un alto cargo en aquel entonces como Garzón, Presidente delegado del Plan Nacional contra la Droga, con rango de Secretario de Estado. Decía que se estaba jugando con su
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familia. ¿Qué arrepentimiento hay ahí? Es necesario que estos datos se pongan sobre la mesa, porque Amedo terminaba diciendo en su telegrama --y no sé cómo interpretaría usted esta frase--: Yo, como Nelson Mandela, digo que desde la cárcel no se puede negociar. ¿Ha remitido usted a las autoridades penitenciarias estas cartas y este telegrama? Se publicó el 28 de febrero en la portada de un diario nacional; lo firmaba Melchor Miralles. ¿Miente Melchor Miralles? ¿Está usted en condiciones de afirmar que eso es mentira? No se ha desmentido esta noticia, Hubo un accidente en una carretera vasca y la Ertzantza se hizo cargo de alguna carpeta y de alguna documentación; se especuló con que de ahí proviene el organigrama del GAL. Entre otras cosas, se publicó que no se dio toda la información a las autoridades judiciales cuando se exigió a las autoridades del País Vasco. Por tanto, este tema está sin aclarar, es una asignatura pendiente de la democracia española, que no se va a resolver con este indulto encubierto que significa el pase a tercer grado de Amedo y de Domínguez.
Cuando usted estaba de Magistrado en la Audiencia de Bilbao, cuando era Presidente de Sala y llegó a Presidente de la Audiencia, cuando nos encontrábamos en plena polémica del GAL, usted dijo: El Ministro Barrionuevo está obligado a declarar cuanto sepa sobre el GAL. ¿Recuerda estas palabras? Son suyas, señor Belloch, debería recordarlas en esta mañana madrileña de su comparecencia en esta Comisión, son sus palabras.
Ahora que es usted Ministro, para no caer en una contradicción brutal, ¿está dispuesto a contar a esta Comisión todo lo que sabe? Primero, cuántas cartas o telegramas ha recibido de los presos Amedo y Domínguez, qué tono han empleado en ellas. ¿Ha observado en estas cartas un tono amenazante que no muestra arrepentimiento? ¿Las ha unido al expediente que ha remitido a Instituciones Penitenciarias? ¿Es verdad o no que el primero de febrero de este año 1994 recibió una carta y el señor Asunción otra, cuando él era titular de Interior y usted lo era de Justicia? ¿Es cierto que hablaba en estas cartas de pacto, que hablaba de negociar fuera de la cárcel, de dirigirse al Rey, etcétera? Todo esto se ha publicado y se ha firmado. En concreto, llevaba la firma del periodista Melchor Miralles. ¿Es cierto o no todo esto? Sería muy bueno que no se cayese en contradicciones, que se informara con veracidad de estos hechos, entre otras cosas porque así se fortalecen la democracia y el Estado de Derecho. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estará ahí, en el acuerdo y en la estrategia de la lucha contra los terroristas y contra los violentos, para que España, con su Constitución, conviva en paz.
Ese es nuestro compromiso firme. Por eso, discrepamos profundamente de las declaraciones del Partido Popular y de sus máximos dirigentes en estos días. Creemos que no se hace un favor a la lucha antiterrorista con declaraciones de este tipo, que exacerban a sectores muy importantes de la sociedad española, de algunas instituciones básicas del Estado, y que dificultan la serenidad para luchar contra el terrorismo, lucha que va dando sus frutos, que va dando sus resultados, y no pueden llevarnos a la desesperación a los que tenemos responsabilidades públicas para garantizar que se termine con esa lacra del terrorismo en nuestro país.
Por lo tanto, cuente, siempre, usted y su Gobierno con el apoyo leal de Izquierda Unida, pero la lealtad está también en la información, en la fluidez de la comunicación, en las reuniones que sean necesarias, usted lo ha dicho aquí esta mañana. Ahí, nosotros vamos a estar al lado del Gobierno y compartimos la estrategia antiterrorista seguida en este último período. Si no compartimos el tercer grado concedido a Amedo y a Domínguez es porque nos sobran razones, porque creemos que una situación como la del GAL no puede terminar con un tercer grado dado por su Ministerio, sin que opinen los jueces sobre el cumplimiento de una sentencia de más de cien años, porque se hace desde las entrañas del Estado y un Estado de Derecho no puede tener en sus entrañas tramas negras, señor Ministro, no puede tenerlas. Es muy importante que usted se percate de la gravedad que tienen estos hechos y de la necesidad de extirpar estos fenómenos si queremos garantizar la convivencia pacífica y permitir que todas las ideas sean defendidas en la democracia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Permítanme señorías, señor Ministro, empezar mi intervención sumándome a la condena absolutamente unánime y a la repulsa más absoluta al último atentado cometido por ETA en Madrid y al penúltimo cometido en el País Vasco, que ha segado vidas humanas, causado lesiones graves, si no gravísimas, a muchos ciudadanos y daños de inconmesurable valoración. Es éste, lo ha sido siempre, un punto de coincidencia, señor Ministro. También es hoy especialmente subrayable el que usted reconozca que esta comparecencia había sido solicitada por mi Grupo y por el Grupo de Izquierda Unida con anterioridad a ese hecho y que, en efecto, usted mismo se sumara a esa iniciativa, porque la polémica --ésa a la que usted teme-- venía suscitada con anterioridad a ese atentado. Y no somos nosotros, señor Ministro, quienes podemos tener responsabilidades en el inicio y en el desarrollo de una política que supone, en efecto, una deslealtad con los pactos antiterroristas.
Pero ocurre, señor Ministro, que usted, una vez más, hoy tiende a confundirlo todo; a confundir a la opinión pública, a negarle información a la oposición parlamentaria, a no remitir los expedientes que nos habrían permitido clarificar su política de los últimos meses, a confundir incluso a los miembros de su gabinete, si es que se trata de un error disculpable el cometido por el señor García Vargas, que mi Grupo y yo entendemos que no porque, en cualquier caso, si es ignorancia es una ignorancia inexcusable en quien ostenta tan alta representación en el Gobierno del Estado.
Señor Ministro, déjeme decirle que lo malo no es a quién benefician las polémicas como la que hoy vamos a tener aquí; lo malo es a quién benefician las malas políticas como la que usted, al frente del Departamento de Interior y de Justicia y antes de Justicia, está desarrollando en
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la represión del terrorismo. Eso es lo preocupante y eso es lo que no nos hace permanecer callados, señor Ministro, señorías comisionadas de la Comisión de Justicia e Interior.
Esta confusión usted hoy la mantiene en torno a estos tres puntos sobre los que gira esta polémica: en torno a las excarcelaciones, en torno a la lealtad o no a los pactos antiterroristas, en torno al tercer grado de los condenados por el GAL. Obviamente, la excarcelación por excelencia, que es el indulto, depende del Gobierno. No negará el señor Ministro que también es excarcelación el tercer grado, en el sentido más amplio o en el sentido más estricto, que depende del Gobierno y se impulsa por el Gobierno y por la Administración penitenciaria. Y, si lo quiere, incluso ocurre lo mismo con la libertad condicional, porque hay un procedimiento especial en el Reglamento penitenciario, con arreglo al artículo 256, en el que la Administración penitenciaria puede acelerar notoriamente la concesión de esa libertad condicional, adelantando hasta cuatro meses cada año de cumplimiento de los condenados.
Por tanto, responsabilidad del Gobierno y, desde luego, parece que plena viabilidad legal a su nueva política de excarcelación de terroristas y miembros de bandas organizadas y armadas, porque de eso se trata. Se trata de una política desarrollada por usted personalmente y compartida sin duda por el Presidente del Gobierno, señor González. Porque del Ejecutivo depende la concesión de las excarcelaciones, los acuerdos de las excarcelaciones e --insisto-- el impulso de esas excarcelaciones. Es más, señor Ministro, usted sabe muy bien que por si no le bastaba con ese reglamento, que pone en cuestión la capacidad de los jueces no sólo de juzgar sino de hacer ejecutar lo juzgado, usted modificó unilateralmente --y por cierto con una circular anterior con carácter ilegal-- el Reglamento penitenciario, el pasado mes de octubre, por Real Decreto 1767/93, de forma que el artículo 251 ya ni siquiera exija dos meses de cumplimiento en el centro penitenciario. Así lo dice con toda claridad su reforma cuando era sólo titular del Ministerio de Justicia, donde quizá ya diseñaba su política, y dice literalmente que en el caso de que se proponga para tercer grado a un interno que no tenga cumplida la cuarta parte de la totalidad de su condena será suficiente el tiempo de estudio en el centro que haga la propuesta, por medio del adecuado conocimiento del interno. No hay no ya cumplimiento íntegro, no hay ni siquiera cumplimiento efectivo, y en los casos de aplicación de ese artículo 251, no hay ni siquiera cumplimiento. Puede haber casos --y me temo que los haya-- que ni siquiera aparecen por prisión. Usted me dirá --como ha reiterado hoy, y en los días precedentes miembros de su Departamento-- que en la concesión de las excarcelaciones el Gobierno, guste más o menos, tiene que aplicar y tiene que cumplir esta legislación, y usted estará de nuevo --lo digo en términos dialécticos y con todo respeto, señor Ministro-- faltando a la verdad; usted, los miembros de su Departamento y quienes se han sumado a este tipo de manifestaciones, porque usted sabe, señor Ministro, que esta legislación en modo alguno obliga al Gobierno a conceder el tercer grado y que no se conculca ningún principio si no se concede, ni el de igualdad ni el de legalidad. Antes al contrario, esta legislación le permite al Gobierno, en efecto, conceder el tercer grado, las excarcelaciones, si el Gobierno lo desea y lo impulsa a través de la Administración penitenciaria, pero en modo alguno le impone al Gobierno el deber de conceder el tercer grado o las excarcelaciones. Eso no es así. No se ampare en la legalidad para decir lo que la legalidad no dice. Usted y su Gobierno pueden concederlo o no concederlo, y usted lo sabe tan bien como yo. Y es una prueba palmaria de que puede actuar así el que precisamente si no los concediera tendrían conocimiento de los mismos con carácter definitivo los jueces de vigilancia penitenciaria por vía de recurso.
No alegue el principio de igualdad, señor Ministro, porque este Reglamento --y luego lo veremos para el caso que conocemos con algún detalle, el que ha podido conocerse a través de los medios de comunicación, que no el de su información-- distingue muy bien entre los distintos casos, precisamente porque se basa en el principio de individualización científica de la ejecución de la condena y, en consecuencia, no le es aplicable el principio de igualdad, señor Ministro; porque el principio de igualdad se quiebra cuando se trata de un estudio individualizado del cumplimiento de esa condena en atención a circunstancias como la totalidad de la pena impuesta, la pertenencia o no a banda armada, que pueden hacer recomendable a la Administración penitenciaria el mantenimiento, hasta que se considere conveniente, del primer o del segundo grado.
Pero usted parece no compartir, en su nuevo diseño de política antiterrorista, lo que por lo demás han sido manifestaciones muy contundentes de compañeros suyos de gabinete. ¿Dónde está esa declaración del señor García Vargas en el año 1992, tras un atentando terrorista, en la que manifestó que lo único que se logra es que los presos se pudran en la cárcel? ¿Dónde aquélla otra del Presidente del Gobierno que afirmaba que no iba a haber nunca negociación con ETA y que los terroristas de ETA iban a ver la cárcel hasta el siglo venidero y, concretamente, hasta el 2005? Conocerán la cárcel cuando acabe este siglo y en el siglo próximo, dijo el señor González. ¿Dónde está la coherencia con ese principio, siempre postulado por el Partido Popular, del cumplimiento efectivo y, en el caso del terrorismo, cumplimiento íntegro de las penas, que parece que también se había incorporado al programa del Partido Socialista en las últimas elecciones, si bien no han querido nunca atender nuestra petición cuantas veces --que han sido cinco-- la hemos planteado en el Congreso y en el Senado? No sé cuál es esa coherencia, pero me temo, señor Belloch, que usted en esa política ni siquiera es coherente consigo mismo, porque ha dicho que en el nuevo proyecto de Código Penal asumía al menos el principio del cumplimiento efectivo de las penas, no el del cumplimiento íntegro. A mí me gustaría que se pronunciara hoy también sobre ese punto, porque ahora vamos a hablar de los pactos antiterroristas, y conviene en los pactos saber a qué atenerse. Déjeme recordarle --y usted lo sabe-- que un pacto implica lealtad recíproca, que un pacto supone concesiones recíprocas, que un pacto supone que cuando ha habido unos límites no se transgredan, que se interprete en su letra
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y en su espíritu, y que no se utilice de forma unilateral o bilateral con alguna de las fuerzas que también han suscrito ese pacto.
Señor Belloch, en los pactos antiterroristas de Ajuria Enea de Pamplona y de Madrid se habla, en primer lugar, de ese espíritu de acuerdo, de ese clima de consenso que ha de orientar la acción. Ese clima de consenso se basa en la información recíproca, en la renuncia a posiciones, por legítimas que se entienda que pueden resultar. Nosotros considerábamos, consideramos y consideraremos necesario el cumplimiento íntegro de las penas por los terroristas; usted no, y parece que tampoco el cumplimiento efectivo. De momento, nosotros hemos asumido y asumimos este pacto. Pero no se puede interpretar este pacto retorcidamente. No se puede desconocer que este pacto tiene un texto y un contexto, tiene un orden determinado y tiene, por tanto, una interpretación determinada y sistemática, y que su punto 1, no ya el punto 9 al que usted se ha referido como punto prioritario, dice que el Estado democrático expresa su rechazo a negociar como problemas políticos los problemas terroristas. En el punto 4, mucho antes del punto 9, comparten los suscribientes la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a erradicar el terrorismo. Y en el punto 5 se habla precisamente de evitar la impunidad de quienes han cometido acciones terroristas. ¿Usted cree que es evitar la impunidad producir excarcelaciones, como ha quedado claro, por la sola voluntad de su Gobierno, porque es suyo el impulso y suya la decisión, y sin comunicar nada a los restantes miembros del pacto? Quiero afirmar solemnemente que el Partido Popular no ha tenido nunca información alguna de ninguna excarcelación de miembros de la banda terrorista ETA. Nunca, ni con usted, que desde luego no se ha molestado en reunir al pacto antiterrorista, ni con ninguno de sus antecesores. Por tanto, pruebas de lealtad al pacto, todas las que usted quiera, señor Ministro, todas las que usted quiera; falta de información, casi plena.
No confunda usted tampoco la reinserción con la redistribución de los reclusos, es otro tema. Sobre la redistribución sí nos han dado información y siempre, nos guste o no, la hemos aceptado, respetado y silenciado. No se puede ignorar, a su vez, que el punto 7, que antecede en uno más al de las reinserciones, hace un llamamiento a la renuncia a la violencia como presupuesto para hablar de las reinserciones.
Reinserciones, para el Partido Popular, significan --y lo hemos dicho muchas veces--, aparte de que no nos gusten, que se decidan por las instituciones del Estado, pero que haya control judicial. ¿Cómo se puede afirmar en un Estado de derecho que se puede excarcelar sin cumplir siquiera la mínima parte de la condena, sin control judicial, y no digamos ya sin ulterior control parlamentario? Eso significan las reinserciones. No puede pedirnos respeto a lo que usted haga de forma unilateral y sin conocimiento, señor Belloch, no puede pedírnoslo.
Deslealtad al pacto. Deslealtad a un pacto en el que desde que usted es Ministro no ha reunido a sus órganos de seguimiento ni una sola vez. Es usted, señor Belloch, el que ha roto unilateralmente ese pacto. No somos nosotros los que hemos mantenido fuera de ese pacto negociaciones con Herri Batasuna hace tan sólo dos años; o quienes en plena publicidad sobre unas presuntas intervenciones de Israel en un nuevo proceso negociador con ETA, han viajado a Israel; no, no somos nosotros. Ni quienes hemos dicho recientemente que el interlocutor es ETA. No, no hemos sido nosotros.
Usted, señor Ministro, puede tener su política, pero tiene el deber, entonces, de explicitarla y no tratar de imputar a los demás lo que son sus propias deficiencias de lealtad al Pacto Antiterrorista. Lealtad significa no utilización política de las excarcelaciones, ni utilización de las excarcelaciones como instrumento de permuta o de canje entre los etarras, el GAL, o lo que sea. Usted no puede pedirle eso al pacto cuando ha sido el primero en incumplirlo y cuando no da información. Usted de nuevo quiere realizar lo que parece que es su práctica: hacer continuadas apelaciones al consenso para luego no dar información y ponernos ante los hechos consumados, como trató de hacerse, por cierto, con el señor Mayor Oreja, al que usted avisó de que le visitaría el Director General de Instituciones Penitenciarias y llegó al País Vasco a verle al día siguiente de haber publicado la excarcelación de un etarra con delitos de sangre, y naturalmente el señor Mayor Oreja no quiso sumarse a la complacencia por ese hecho.
Usted viene a decir como Juan Palomo, el Pacto Antiterrorista es el que usted decida y alguno a lo mejor de sus coaligados de Gobierno. Usted se lo guisa y usted se lo come. Y si no se está con usted, sin información alguna, con un cheque en blanco y a ciegas, entonces tiene usted la osadía de decir --permítame la expresión-- que quienes no están con usted, están poco menos que siendo cómplices del terrorismo o favoreciendo a los terroristas. Pero ¿usted se da cuenta de la gravedad de esas afirmaciones o de las que nos han calificado de bajeza, de electoralismo? Usted precisamente y su Gobierno, que son los que han roto unilateralmente el pacto al que me he referido y los que le han interpretado de forma tan sesgada, señor Belloch. Para que lo tenga claro, para nosotros el Pacto Antiterrorista, en lo tocante a excarcelaciones, mientras ETA siga matando significa que los etarras vayan a la cárcel, no que salgan de ella. Y para eso apoyamos al Gobierno, para que utilice la fuerza que le da el Pacto Antiterrorista para que vayan a la cárcel los que matan, no para sacarlos, sin explicación alguna, sin dar cuentas a nadie y sin información ninguna.
Déjeme detenerme ahora en los condenados del GAL. De nuevo falta a la verdad, señor Belloch. No les corresponde legalmente. Se les puede dar o no. Ustedes no sólo han decidido darles a los miembros condenados del GAL el tercer grado, sino que han impulsado la concesión de ese tercer grado.
Además de esa visita, nunca desmentida y publicada en plena campaña electoral de 1993, al anterior Fiscal General del Estado --que tenía retenido el expediente de la concesión de indulto de uno de los condenados acompañado por un alto jefe de la lucha contra el terrorismo, aparte de esa visita, si sus datos son ciertos, si los datos que nos ha dado-- no lo que nos ha suministrado con el expediente son ciertos, hay que deducir que el impulso de la concesión
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del tercer grado es de don Felipe González y suyo, porque es precisamente el martes 15 de febrero cuando don Felipe González (en una de esas declaraciones que hace de una forma un tanto intempestiva, porque era con motivo de la visita de un Jefe de Estado extranjero a la salida del Palacio del Pardo) afirma que no hay inconveniente en que Amedo y Domínguez accedan al tercer grado. Es más --añade--, lo consideraría ajustado a la realidad (no se sabe qué realidad) y a lo que es la aplicación del Estado de Derecho. La aplicación del Estado de Derecho.
Declaraciones que usted suscribe el mismo día o al día siguiente.
Usted ha afirmado hoy aquí que el 16 de febrero solicitan la revisión.
Otro medio de comunicación añade que Instituciones Penitenciarias rehusó en enero conceder la progresión de grado a Amedo y Domínguez. Me da igual que fuera en enero o en febrero, pero quiero decirle, señor Ministro, que alguien falta a la verdad de forma probada. A mí se me contesta, como Diputado que pregunto por el expediente penitenciario de progresión de grado y de concesión del tercer grado, que no se ha tramitado hasta la fecha expediente de concesión del tercer grado de tratamiento penitenciario a los reclusos Amedo y Domínguez. Fecha: 4 de abril de 1994, cuando ya habían hablado usted y el Presidente del Gobierno, cuando afirma usted que ya existía desde el 16 de febrero una solicitud de revisión. ¿A quién he de creer? ¿Al Gobierno que me contesta por escrito? ¿Al Gobierno que hace declaraciones públicas o al Gobierno que hoy dice que es desde el 16 de febrero? En ese contexto comprenderá, señor Ministro, que pongamos también en duda la sinceridad del arrepentimiento que aparece casualmente el 7 de junio, no antes, manifestado por escrito, cuando ya se ha producido el relevo en la Fiscalía General del Estado, cuando ya no es posible conceder el indulto, y por medio de una carta en la que se dicen cosas muy distintas a las que se han dicho, no sólo en el proceso en donde nunca se admitió por estos condenados su culpabilidad, sino con posterioridad, como se ha recordado por el señor Romero.
El 1 de febrero, según un medio de comunicación que no ha sido documentalmente desmentido, Amedo amenazó a las más altas instancias del Estado por presuntas promesas incumplidas del Gobierno. En febrero, el hoy arrepentido manifiesta: «Teniendo en cuenta que nunca debiera haber ingresado en prisión por eso, pienso que lo que he desarrollado en mi vida profesional como policía ha sido positivo. Mi principal error ha sido cumplir casi cinco años de cárcel. Si los de ETA dejan de existir realmente se salvan muchas vidas.» El mismo que el propio mes de junio dice que sus ex superiores son bastante cobardes, manifiesta un día después su arrepentimiento que para el Gobierno es sincero.
Un Gobierno que pone en marcha el mecanismo, que no informa a la oposición, que parece que abre un doble frente con la liberación de etarras y la puesta en marcha de ese tercer grado, antes el indulto, y el tercer grado definitivo cuando no se concede el indulto. No me vuelva a decir que no tenían otra solución. El tercer grado se concede --permítame la cita, señor Presidente-- con arreglo a la Ley y al Reglamento Penitenciario en su artículo 43, estudiando la peculiar trayectoria delictiva de los reclusos y las condiciones diversas del penado.
Especialmente se aconseja el régimen cerrado para aquellos que pertenezcan a organizaciones delictivas, teniendo en cuenta el número y cuantía de condenas y penas graves en el período inicial de cumplimiento.
El número y cuantía de condenas por penas graves totalizan 108 años de cárcel, de los cuales sólo se han cumplido seis.
En resumen, señor Presidente, señorías, estimamos, señor Ministro --y usted desgraciadamente no nos ha sacado hoy de esta apreciación--, que desde que se hizo cargo de los dos Ministerios de una manera más intensa, y probablemente con anterioridad como Ministro de Justicia, usted ha intentado desarrollar una política antiterrorista unilateralmente o al menos fuera de los pactos antiterroristas. Usted lo ha hecho sin reunir a los órganos de los pactos antiterroristas. Usted lo ha hecho sustrayendo información, cuando no ha sido a esos órganos de gobierno, a este Parlamento. Usted lo ha hecho utilizando políticamente las penas como instrumento de permuta y ajeno a cualquier control judicial. Y su Gobierno encima comete la desfachatez --por ahora no sabemos con qué consecuencias de responsabilidad-- de afirmar solemnemente por el Ministro de Defensa que es responsabilidad de los jueces.
Señor Ministro, asuman sus responsabilidades siquiera sea para rectificar lo que hasta hoy han hecho. Sepan que con esa rectificación a nosotros no nos van a mover de la lealtad al Pacto Antiterrorista, pero comience reconociendo su error, personal y de Gobierno, y su desfachatez al tratar de imputar a los demás sus propios errores. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: En este acto de la convocatoria quería sumarme, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, a la condena y a la condolencia a las víctimas y al conjunto de la sociedad por el último bárbaro atentado de la organización ETA, que en cierta medida ha estado presente en el contexto del debate.
Dicho eso, quería iniciar mi intervención trayendo a colación la opinión expresada por algunas personas, incluso por algunos Diputados, sobre la virtualidad del debate que estamos celebrando y sobre la comparecencia que, a tenor de lo que ha manifestado el Ministro, ha tenido un marcado carácter aclaratorio, más que el intento de promover un nuevo acto de debate político que, desde nuestra perspectiva, desafortunadamente se ha producido en los últimos días. Sería deseable que las conclusiones de todos los grupos políticos llevaran a subrayar aquellos elementos de acuerdo, aquellas posturas comunes que han venido manteniéndose en la política antiterrorista y que deben seguir manteniéndose en nuestra opinión.
No obstante, el Grupo Socialista quiere en este trámite reiterar su firme voluntad de que sea la razón, la racionalidad, lo que guíe nuestros planteamientos y que, una vez más, ello no sea desplazado por la pasión o por la
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indignación que todos sentimos cuando se producen las actuaciones terroristas.
Esta comparecencia y lo manifestado por el señor Ministro creo que puede contribuir a la reconstrucción de un clima absolutamente necesario para profundizar en esa política de unidad y en ese espíritu de los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid. Sería, no obstante, conveniente matizar que en estos últimos días hemos escuchado demasiadas cosas. Alguno --especialmente un portavoz destacado del Partido Popular-- se ha dedicado --y lo ha reiterado hoy en su intervención-- a hablar más que a reflexionar. He tenido esa impresión porque del conjunto de apreciaciones que se han producido, tanto en uno como en otro problema: en el de fondo, el relativo a la reinserción de personas condenadas por actos de terrorismo, como en el concerniente a la aplicación del tercer grado a Amedo y Domínguez, ha habido notables errores de interpretación jurídica y valoraciones que no responden a la verdad de los hechos. La más destacada ha sido la interpretación que aquí --bien es verdad que con debilidad argumental y con escasa fuerza dialéctica-- se ha producido en torno al espíritu del Pacto de Ajuria Enea.
Es verdad que todo pacto tiene su interpretación, pero en este caso la elocuencia, la dicción literal y lo que se ha venido produciendo en estos años debería trasladar esa reflexión autocrítica que todo el mundo tiene que asumir, en primer lugar, al Grupo Popular, que ha hecho algunas manifestaciones en estos días nada constructivas, intentando plantear un problema de esta naturaleza, apuntando hacia responsabilidades políticas.
Desde esa perspectiva, como decía anteriormente, sería bueno retomar la serenidad, el buen juicio, la racionalidad y afirmar, una vez más --como lo hemos hecho muchas veces en esta Cámara hablando del terrorismo--, que la superioridad ética del Estado de derecho tiene que quedar permanentemente afirmada. Huyamos, pues --algunos especialmente--, de sembrar pasiones y de decir a los ciudadanos lo que es más fácil, lo que conecta de manera inmediata con nuestras sensibilidades como seres humanos y con una legítima aspiración de restituir con toda su fuerza la ley y el orden.
Señorías, nuestra obligación, desde la perspectiva del Grupo Socialista, en relación con este tema que afecta a las entrañas de la convivencia democrática, es pensar no sólo en las víctimas, en sus familiares especialmente, sino también en las que hay que evitar para que no se produzcan en el futuro y en la convivencia social en Euskadi. En esa respuesta que en los últimos tiempos ha ido incrementándose de la paz frente al terror fundamentalmente, como decía, en el País Vasco. Esa actitud, señorías, debe distinguir a esta Cámara, como institución representativa del Estado, de una mera asamblea o mesa nacional de todos contra todos.
Desde esa perspectiva, el Grupo Socialista reitera su compromiso con la lealtad constitucional y el artículo 25.2 de la Constitución establece como finalidad primordial de la pena privativa de libertad --de las penas en general-- la reinserción y la reeducación social, principios que han de orientar la legislación del Código Penal, de la Ley Penitenciaria, del ordenamiento en su conjunto. Reiterar hoy ese valor es quizás un acto de coherencia desde nuestro punto de vista innecesario, pero reiterarlo en circunstancias difíciles, después de un atentado, es un acto, al menos, de valentía política, porque, señorías, cuando aprobamos la Constitución todos los españoles, cuando posteriormente esta Cámara aprobó por unanimidad, aclamándola, la Ley General Penitenciaria, estábamos abriendo la puerta a un sistema penitenciario radicalmente distinto, orientado en la perspectiva de ordenamientos modernos, avanzados, que sí responden a un Estado social de Derecho.
Es fácil --como ya hemos vivido en otros momentos-- cuando se produce un fallo de esa bondadosa orientación en muchos aspectos de nuestro ordenamiento penitenciario, como no hace mucho tiempo en el tema de los permisos, sumarse a los que dicen que el ordenamiento falla en su conjunto o que hay que reformar no se sabe muy bien el qué, porque he de recordar que no ha habido iniciativas de los grupos parlamentarios, que ahora se han sumado con esa facilidad a la crítica de nuestro ordenamiento penitenciario, sobre la perspectiva del tratamiento, sobre la regulación del tratamiento, sobre el contenido del tercer grado y sobre la primacía que en la propia Ley General Penitenciaria tiene el régimen abierto frente al régimen cerrado, como así expresa su exposición de motivos y diversos preceptos.
Hay que seguir teniendo en cuenta los valores que representaba aquella ley que aclamábamos en tiempo seguramente de una fuerza democrática, de un espíritu democrático, más allá de los incidentes que se producirán en toda situación política de dificultad. Esa lealtad constitucional y a un ordenamiento penitenciario debe estar subrayada todavía más por la lealtad al Pacto de Ajuria Enea y al Pacto de Madrid, un pacto cuyo objetivo común era y es --porque desde nuestra perspectiva hay que considerarlo, a pesar de esas dificultades, plenamente vigente-- erradicar la violencia; un pacto cuyo objetivo era aislar socialmente la violencia; un pacto cuyo objetivo era fomentar la cultura de la paz en Euskadi; un pacto que, señorías, obligaba moralmente a las fuerzas políticas a excluir la obtención de cualquier rentabilidad política que pueda derivarse del terror; un pacto que expresamente reconoce la reinserción sin distinciones, la reinserción que, más allá de consideraciones emocionales, es ante todo un instrumento de lucha contra la violencia que pretende instalarse en la sociedad. Un régimen de ejecución de penas que fuera radicalmente distinto al general, que se aplica a los terroristas quedaría totalmente al margen de los conceptos de tratamiento y facilitaría la instalación de estas personas y de su entorno en el rol de presos políticos, cuando no de presos de guerra, redundando con eficacia en la imagen social más apetecible para ETA.
Además, algunos, irresponsablemente, han podido crear una imagen falsa, un debate falso en estos momentos entre los ciudadanos. El Ministro de Justicia e Interior ha aclarado que el número de presos condenados por terrorismo este año, el anterior, y el anterior, que han pasado al tercer grado ha sido ciertamente reducido y similar al de años anteriores, al menos al que se producía desde 1988,
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en que se firmaron los pactos antiterroristas. Conviene recordar --ya lo ha expresado el Ministro-- que esa afirmación de que el paso al tercer grado es una decisión política y una competencia en exclusiva de la Administración penitenciaria es una interpretación torticera de nuestro ordenamiento penitenciario, o bien una interpretación que desconoce la realidad. Lo ha reiterado el ministro. Ha habido varios casos, tendencialmente más casos en los últimos años, de aplicaciones de tercer grado por los jueces de vigilancia penitenciaria en los supuestos de presos condenado por terrorismo. Concretamente, en el año actual, hay más que han sido fruto de un recurso establecido o presentado por los propios reclusos.
Señorías, en los supuestos de aplicación del tercer grado, no estamos ante actos discrecionales de la Administración, ni mucho menos ante actos políticos que estén motivados o fundados en criterios de oportunidad política; como bien conocen SS. SS., nos encontramos ante actos reglados y regulados detalladamente en la Ley y en el Reglamento Penitenciario, ante actos que, a veces, bien de oficio o bien por interés de los propios reclusos, la Administración tiene que dar una respuesta conforme a los elementos precisos que están detallados en el ordenamiento y que, como no podía ser de otra manera, están sometidos al control jurisdiccional.
Es planteable, cómo no, el debate que apunta la nota de la Junta de Fiscales sobre la necesidad o no de incrementar o reforzar la posición de la jurisdicción y de la Fiscalía en lo que es todo el entramado de nuestro ordenamiento penitenciario, pero hemos de recordar que, en el contexto de los ordenamientos extranjeros, es precisamente el ordenamiento penitenciario español uno de los que cuenta con una intervención más activa de los jueces de vigilancia penitenciaria. Así ha sido reconocido y conviene recordarlo porque, en esa facilidad de dar bandazos a nuestro ordenamiento, después de que lo aclamamos en su momento, sería conveniente no perder la perspectiva. Sin embargo, desde esa óptica, desde la óptica de la claridad de que no hay un cambio --como ha manifestado el ministro-- en la política de reinserción, hay mensajes extraordinariamente negativos.
Señorías, a nuestro juicio, es miope, es de escasa valentía política, mirar a un lado y a otro (y esto va para el conjunto de las voces que se pronuncian habitualmente) buscando una diana política fácil para presentar a los ciudadanos en el problema del terrorismo. Este es un problema ante el cual la respuesta (lo hemos manifestado siempre y así se ha hecho desde la perspectiva del Grupo Socialista) deber ser una respuesta constitucional, donde cada poder y cada órgano estatal ha de ser plenamente solidario con los valores que están inmersos en esa lucha titánica contra el terrorismo. Deseamos, por tanto, desde esa perspectiva, que este debate sirva para que cada uno pueda asumir la parte alícuota de responsabilidad que tiene en esta materia. Desde luego, el Grupo Socialista está dispuesto a ello, como así lo ha manifestado también el ministro, pero nos gustaría que se tuviera la grandeza política, la valentía política de estar en el concurso de las responsabilidades ante este problema, y no buscar las dianas, construyendo una especie de tiro fácil con argumentos que, desde nuestra perspectiva, han tenido escaso fundamento.
El Grupo Socialista también quiere manifestar que algo parecido se ha producido en el debate en torno a la aplicación del tercer grado a los reclusos o a los condenados Amedo y Domínguez en la trama de los GAL.
Algún interviniente parece que ha tenido la intención de que esta Comisión, con informaciones, con suposiciones, con rumores o con noticias, se convirtiera en una especie de nuevo órgano de revisión de lo que fue la sentencia que condenó a los señores Amedo y Domínguez. No es ésa nuestra función; nuestra función como legisladores, nuestra función como representantes de los ciudadanos, sin duda alguna, es valorar si una decisión del Gobierno --ése es el acto máximo de control-- respeta la legalidad. Desde luego, desde el punto de vista jurisdiccional, ya se ha manifestado la Junta de Fiscales, supongo que tranquilizando al conjunto de la opinión pública y de estos grupos; pero en el debate que aquí se ha producido, que inevitablemente discurre en algunas partes por elementos de técnica jurídica, debe quedar claro que a juicio del Grupo Socialista se ha respetado la legalidad y, por tanto, se ha respetado el Estado de Derecho. Insisto, como antes manifesté, cuando se aplica un tercer grado, no estamos ante actos políticos ni discrecionales sino actos reglados sometidos al contraste de legalidad por los órganos jurisdiccionales, en definitiva por la jurisdicción. Por ello, no podemos asumir, no podemos aceptar por respeto a este Estado de Derecho que se construyan teorías basadas en suposiciones, en intuiciones, en rumores e incluso, a veces, en insidias. En un Estado de Derecho --precisamente eso es lo que le distingue-- en ningún caso habría crímenes de Estado, sino que los crímenes son siempre responsabilidad de las personas consideradas individualmente, y en la trama de los GAL, lo que fue conocido como trama de los GAL, los hecho probados, la sentencia, los resultandos, están ahí como cosa juzgada y, por consiguiente, a ellos debemos de atenernos.
Creemos por tanto que, una vez más, invocando el Estado de Derecho, hay que adoptar una postura que entienda que el mismo se construye sobre el respeto a la Ley, a las resoluciones judiciales y al conjunto del ordenamiento. El juicio analítico en este acto, el juicio de contraste, de control al Gobierno, como decía anteriormente, ha de ser si se ha respetado el ordenamiento vigente y, desde luego, si a algunos no les gusta, proponer su reforma. Otra postura, otra posición, lo que hace es sembrar más dudas, sembrar la permanente posibilidad de que cada vez que se produce una decisión judicial o una decisión administrativa que tiene unas reglas marcadas y desde luego se discrepa de ella, o se supone que detrás de ella hay otras posiciones, estamos poniendo en solfa en cierta medida toda la arquitectura jurídico-institucional de nuestro Estado, y eso nada tiene que ver, señorías, con el juicio político y moral que merece lo que fue la sentencia, los hechos que dieron lugar a aquella famosa sentencia que hoy estamos aquí reiterando. Yo creo que no es necesario que el Grupo Socialista diga públicamente cuál es el juicio político y moral que le merecen aquellos hechos porque ya que fue en su día manifestado: la misma repulsa que ante los hechos que tantas
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veces nos preocupan y que también han sido objeto de debate en esta Cámara.
La responsabilidad política, por tanto, se contrae cuando una administración, y el Gobierno que la dirige, actúa conforme a la legalidad y respeta lo que en su conjunto tiene como actuación reglada.
Desde esa perspectiva, por tanto, el Grupo Socialista quiere terminar entendiendo que la polémica, que seguramente, como a muchos nos pasa, es difícil de explicar a los ciudadanos, tiene que ser en esta Cámara una polémica constructiva; de explicar lo que es nuestro sistema penitenciario, lo que es el ordenamiento penitenciario, y cuáles son las auténticas finalidades de las penas para todos los ciudadanos.
Seguramente algunos han olvidado que ese principio básico de aplicación universal ha de estar vigente incluso en las situaciones más difíciles de soportar para la conciencia cívica.
Por último, como decía anteriormente, quiero reiterar que el Grupo Socialista considera fundamental, insta al Gobierno y al ministro aquí presente a que así lo lleve a efecto tal y como ha anunciado, que a la mayor brevedad posible se convoque el pacto antiterrorista, lo que es la Mesa de Madrid, para que evidentemente este incidente de los últimos días, que algún jirón ha dejado ya en esa lucha antiterrorista, pueda ser reconstruido con las unidad, la tranquilidad que desde aquí debemos mandar a los ciudadanos de que todo el Estado, todos los grupos políticos y todas las instituciones estamos inequívocamente juntos e inequívocamente unidos para erradicar la lacra mayor que tiene la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a todas las intervenciones, por último, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Me permitirán que conteste globalmente y de manera breve al planteamiento que han realizado los diversos grupos parlamentarios, separando los dos temas sustanciales a que se ha hecho referencia: por un lado, la progresión de grado de los señores Amedo y Domínguez y, de otro lado, el conjunto de la política antiterrorista y, en particular, una de sus patas que es la concesión de medidas de reinserción.
Respecto del primer tema, desde luego, no voy a contribuir en modo alguno a una cultura de la sospecha que venimos practicando, que se viene practicando, desde hace más de seis años. Una cultura de la sospecha que consistía en que cuando se inició la investigación se decía que intereses de Estado impedirían que se descubrieran los hechos. Cuando los hechos se pusieron en marcha, esa misma cultura de la sospecha afirmó que sería imposible que se les llegara a procesar puesto que, en definitiva, intereses de Estado lo impedirían. Esa misma cultura, poco tiempo después, afirmaba que sería imposible que fueran condenados puesto que, en definitiva, no se lo podía permitir el sistema ya que eran intereses de Estado. Esa misma cultura continuó diciendo que iban a ser condenados a escasas penas, puesto que no se podía permitir; si no, evidentemente, hablarían y, por tanto, el Estado no se lo podía permitir.
Posteriormente, esa misma cultura sostuvo que era inexorable el indulto en diversas fases y formas porque, si no, evidentemente se mantendría el mismo criterio de ruptura del silencio y, consiguientemente, los intereses de Estado no lo podían permitir. Ahora, seis años y pico después, se vuelve a mantener esa tesis exactamente por los mismos que la vienen patrocinando.
Afortunadamente, se investigó, afortunadamente se condenó, afortunadamente las penas tuvieron la entidad que merecían los hechos. No se ha concedido indulto y simplemente se ha cumplido el principio de legalidad penitenciaria a través de la concesión del tercer grado.
Eso es lo que ha ocurrido y todo lo que he expresado personalmente respecto de la repugnancia frente al fenómeno GAL se mantiene en sus propios términos; una repugnancia sólo equiparable a la que produce el fenómeno terrorista como manifestación inadmisible en cualquier sociedad democrática avanzada. Lo que es evidente, al propio tiempo, es que precisamente quienes desde siempre consideramos fundamental para el Estado de Derecho que se investigara, que se juzgara, que se condenara, los mismos, en este momento consideramos que es otro triunfo del Estado de derecho el que se aplique la legislación penitenciaria. Ese es exactamente el enfoque, aunque la resolución no nos pueda gustar --insisto-- como no puede gustar a nadie el tercer grado de un terrorista o de otro delincuente especialmente repulsivo en cuanto a su acción; realmente lo hacemos sólo por respeto al principio de legalidad y sabiendo con anticipación cuáles van a ser los costes de mantener y defender a rajatabla ese principio de legalidad. Pero es mi trabajo y lo voy a seguir manteniendo cualquiera que sean las críticas --razonables, por otro lado--, que se formulen por cualquier grupo parlamentario o por la opinión pública.
Por tanto, nada más voy a decir en ese tema. No creo que se deba contribuir a esa cultura de la sospecha.
Por otro lado se ha hablado, en torno a este tema, de indulto encubierto.
No ha habido manera. He tratado de explicar en la primera fase cuáles son las diferencias entre un indulto, una excarcelación y un pase a tercer grado. Me temo que no he logrado que se evite, de nuevo, mezclar todas esas categorías.
Me parece evidente, sin embargo, que hay un hecho que se entenderá: frente a la petición de indulto el mismo órgano, la Junta de Fiscales de Sala, por unanimidad, consideró que no procedía; el mismo órgano, sin embargo, ha considerado --y ahí está la resolución-- que se ajusta estrictamente al principio de legalidad y que no existe motivo alguno de recursos la concesión del tercer grado. Aunque sólo fuera por ese elemento, quizá deberían tratar de convencerse de que no tiene nada que ver un indulto con el cumplimiento de la legislación penitenciaria.
El portavoz del Grupo Socialista ha recordado una evidencia que yo también quería reflejar: se trata de la Ley General Penitenciaria, la primera norma de nuestra democracia aprobada por unanimidad de todos los grupos. En esa Ley (su reglamento no es más que un desarrollo de esa Ley, que obviamente no puede contradecirla) se opta por un modelo concreto de intervención mixta
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administrativo-judicial; es el modelo del que nos dotamos la totalidad de grupos parlamentarios con ocasión de la primera ley aprobada unánimemente por las Cámaras. Ese es nuestro modelo. A partir de ese modelo se puede pretender introducir modificaciones. Desde luego, me parece muy peligroso que se hagan fuera del marco lógico en que deben hacerse. Desde mi óptica, no podría hacerse --lo he dicho en mi intervención principal-- fuera del propio marco de Ajuria Enea, porque, en definitiva, el pacto de Ajuria Enea, como contenido político, se inserta en un espacio normativo jurídico cuya modificación presupondría modificación de los propios acuerdos políticos llevados en Ajuria Enea. En ese marco que es conveniente propiciar, cualquier discusión tendría sentido.
Cualquier reforma del sistema global de nuestra legislación penitenciaria, de este control mixto administrativo-judicial, creo que no debería hacerse por iniciativa singular o particularizada de ningún grupo sino como consecuencia, en su caso, de una reflexión global del conjunto de grupos parlamentarios que aprobaron los pactos de Ajuria Enea. Creo que ése es el modelo y el margen correspondiente.
El que los jueces han hablado es evidente. Los jueces han optado por la judicialización, eso es evidente. Lo que ocurre es que la decisión les corresponde a ustedes, a los parlamentarios, no a los jueces. Ustedes tienen que reflexionar si aceptan o no el planteamiento de los jueces que opta por sustituir un modelo mixto por uno estrictamente de control judicial. Pero, afortunadamente, quien está legitimado para decidir es el Parlamento, no los jueces.
Al margen de esa aclaración se ha dicho también y se ha insistido, en una tercera y última vía: que es una decisión política. Sin embargo, eso no es lo que dice la Ley General Penitenciaria que, de manera expresa, reconoce el derecho subjetivo de todos los internos a ser progresados de grado cuando concurren las circunstancias previstas en la Ley y en su desarrollo reglamentario. Es un derecho cuya vulneración, lógicamente, está sometida a control jurisdiccional, por la vía exclusivamente --y eso es cierto-- del fiscal o del interesado. Creo que la única decisión política que ha existido en este caso es la de respetar el funcionamiento normal de las instituciones, el funcionamiento normal de la legalidad penitenciaria, y no interferir en ese funcionamiento por consideraciones puramente partidistas o por consideraciones de oportunidad.
De acuerdo con esa legislación penitenciaria, el equipo de tratamiento ha informado de un modo determinado, la dirección ha adoptado una decisión, y el único nivel político en la decisión es que el ministro no ha querido interferir --ni lo va a hacer-- en la aplicación rigurosa de la legalidad penitenciaria. Y nada más voy a decir sobre el tema del tercer grado a Amedo y Domínguez.
Respecto del segundo tema, mi impresión de esta comparecencia --y me gustaría transmitirla a SS. SS.-- es francamente positiva, desde muy diversas perspectivas. Por un lado, porque en la práctica totalidad de grupos parlamentarios se ha confirmado la necesidad, la bondad, la conveniencia, de mantenernos unidos, sin fisuras de ninguna clase, frente al fenómeno terrorista y, en definitiva, se ha mantenido la necesidad de vitalizar y mantener los pactos de Ajuria Enea y de Madrid.
Desde ese punto de vista, ya asumía en la parte inicial de mi intervención, pero ahora con mayor motivo insisto en ello, que no sólo se convocará en septiembre la reunión del pacto, de acuerdo con el ritmo semestral que hasta ahora se ha venido manteniendo, sino que, además, estoy dispuesto a convocar tantas cuantas veces sea necesario y con el contenido que específicamente pretendan los grupos parlamentarios que firmaron el acuerdo y que se integran en esa mesa. Es un compromiso firme que asumo, sin duda tanto por iniciativa propia como a petición de un buen número de grupos parlamentarios que así lo han formulado.
Junto a eso, ha habido una intervención del Grupo Parlamentario Popular, que será, únicamente, la que trataré de singularizar. Señor Trillo, incluso su intervención me ha parecido que en el fondo es positiva. Se lo digo con claridad. Usted se ha sentido en la obligación de decir alguna cosa como eso de la desfachatez y tal, que supongo serán recursos retóricos de la vida parlamentaria que, lógicamente, usted no puede compartir, de hecho, aunque lo exprese verbalmente. Sin embargo, me ha parecido percibir la voluntad de no ahondar la fisura abierta. Esa es sinceramente mi interpretación; es mi interpretación y mi obligación.
Le aseguro que en cualquier otro tema de la vida parlamentaria en modo alguno mi actitud sería tratar de recomponer ese consenso; en ningún otro tema. Estoy dispuesto --y lo sabe usted-- a la confrontación política en casi todos los temas y mis intervenciones parlamentarias han ido siempre en la línea de sostener hasta el final mis posturas y debatirlas con cualquier otro grupo que tiene las contrarias, respetándolas, pero yendo a la confrontación. En este tema no. En este tema mi trabajo, como Ministro de Justicia e Interior, es recomponer cualquier fisura, que se haya abierto estos días, en la necesidad de un frente común en la lucha contra los terroristas. Desde esa óptica me voy a abstener de entrar a abrir una fisura que creo sinceramente S. S. no quería ampliar.
Simplemente voy a hacer alguna precisión de hecho. Ciertamente, respecto a la modificación del reglamento penitenciario a la que ha aludido, referencia que también hizo en los medios de comunicación, S. S. sabe que nada tiene que ver con el tema del que estamos hablando, puesto que, efectivamente, tanto en el caso de Amedo y Domínguez como en el caso de la totalidad de las medidas de tercer grado adoptadas en relación con terroristas etarras se refieren a personas que ya han cumplido la cuarta parte de la condena, y esos preceptos no han sido modificados ninca ni desde la ley ni desde su reglamento. Por tanto, esa remisión, en ocasiones con el lujo retórico de que hecha la ley para preparar la trampa y alguna cosa de este tipo a la que no le quiero dar mayor importancia, simplemente no se ajusta a la verdad. En la parte que sirve de sostén a las medidas tanto de tercer grado de Amedo y Domínguez como de la totalidad de los terroristas a que se ha aplicado, la base legal y reglamentaria aplicada es exactamente la misma, no ha sufrido variación o modificación de clase alguna. Es una simple corrección de hecho sobre todo para
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que no tengamos necesariamente que volver a este tipo de planteamientos.
Por otro lado, creo, señoría, creo, ya, señorías, les digo a todos los grupos parlamentarios que, efectivamente, el horror, la tragedia que supone un atentado terrorista hace perder en más de una ocasión la calma a quien no debe perderla, pero, sinceramente, me parece que debemos retomar el camino que hemos venido siguiendo desde hace muchos años y esperar que lo mejor es olvidar este tipo de incidentes, trabajar juntos, unidos, sin crear nunca más fisuras frente a los terroristas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Justicia e Interior.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 243
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 117
de lege ferenda
 artículo 256
 Real Decreto 
 artículo 251
 artículo 251
 artículo 43
 artículo 25
 resolución