Source: http://prdjalisco.mx/blog/2016/10/
Timestamp: 2017-09-21 17:39:26+00:00

Document:
octubre 2016 - PRDPRD
Curso en línea: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO
La Igualdad de género y la participación y representación política de las mujeres son objeto de discusión actual a nivel mundial en las agendas política y legislativa. Esto ha venido erigiéndose en necesidad porque cada vez ha resultado socialmente más patente la amplia subrepresentación de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisiones públicas.
En el estado de Jalisco no es distinto. Las elecciones de 2015, por lo menos en el ámbito municipal que fue exceptuado de incorporar el principio de paridad en la definición de candidaturas, dejaron resultados exiguos para las mujeres. Asimismo, esa ha sido a lo largo de su historia la manera de integrar los diversos órganos de gobierno en instituciones públicas del estado.
Jalisco está a unos meses de comenzar formalmente su proceso electoral. Sin embargo, ya se dan pasos en este sentido en diversos ámbitos. Ahora mismo se encuentra en discusión en el Congreso local una iniciativa sobre paridad emanada del espíritu de lo aprobado en las más recientes reformas electorales y que probablemente operará en las elecciones de 2018; por otro lado, derivada también de ahí, está la normativa de reelección a la cual podrán acogerse quienes en la actualidad gobiernan los municipios y ostentan diputaciones.
Al interior de algunos partidos ya hay discusiones informales acerca de las formas en que interseccionarán dos principios, el de paridad y el de reelección, así como de la construcción de los criterios de competitividad que permitan dilucidar acerca de la distribución de candidaturas en relación con los resultados obtenidos o las expectativas de los resultados por alcanzar.
Ese panorama y la proximidad del inicio del proceso electoral 2017-2018 vuelven una necesidad la formación de las (y los) militantes de los partidos en torno a la representación política de las mujeres en el ámbito municipal, el principio de paridad, los criterios de competitividad y el principio de reelección, la violencia política y los liderazgos políticos, entre otros temas.
En ese sentido se propone la realización de un curso de formación que estimule y oriente la participación política de las mujeres en el ámbito municipal. Dadas las complejidades logísticas y las ventajas que el formato a distancia ofrece (mayor alcance, permanencia de los productos para su réplica, riqueza de presentación, presencia), se presenta lo relativo al desarrollo de un curso en línea que involucraría lo siguiente:
Fortalecer los conocimientos, las competencias y habilidades de las participantes en torno a la participación política de las mujeres, el desarrollo de sus liderazgos, su gestión intra partidaria, los obstáculos que enfrenta y cómo atenderlos, así como el desempeño eficiente de sus funciones en las posiciones que ocupan dentro del partido político en que militan.
Al concluir el Curso las participantes estarán en capacidad de:
Expresar su conocimiento en torno a la participación política de las mujeres en México y Jalisco.
Ejercer con mejores herramientas un liderazgo emergente en el ámbito en que desarrollan su militancia.
Manejar herramientas prácticas para el ejercicio eficiente de las funciones políticas de organización y liderazgo.
Manejar instrumentos analíticos y conceptuales en torno al género desde una perspectiva de respeto a los derechos y la inclusión, que les permitan promover en sus organizaciones el respeto de los derechos políticos de las mujeres y faciliten su acceso a posiciones de responsabilidad.
Identificar la violencia política y contar con conocimientos acerca de cómo prevenirla o enfrentarla.
Paquetes temáticos de materiales correspondientes a los siguientes temas:
Historia de la participación política de las mujeres en México y Jalisco.
La participación política de las mujeres en los municipios.
Normatividad electoral vigente
El género en los partidos políticos.
Liderazgos de mujeres.
Violencia política (violencia de género en el ámbito de la política)
Elecciones y paridad horizontal y vertical. Escenarios futuros: reelección, paridad y competitividad (2018 y más).
Materiales (cada uno de estos paquetes temáticos está compuesto de los siguientes rubros):
Paquete de lecturas (archivos en PDF).
Guión de lectura (documento breve de no más de 2 páginas que sitúa los materiales histórica y teóricamente para facilitar la aproximación a éstos por parte de quienes participan en el curso).
Ficha para control de lectura.
Presentación en diapositivas (formato electrónico en power point) del guión expositivo adecuado a la diversidad de participantes en el curso.
Presentación en video.
Tareas de cada responsable a entregar una semana antes de la fecha de programación de su tema (excepto el punto 6):
Preparar una exposición de una hora (será videograbada).
Desarrollar una presentación en diapositivas sobre el tema que acompañe la exposición (en power point).
Entregar un paquete de lecturas o bibliografía básica que consiste en un folder con archivos en PDF.
Desarrollar un guión breve de lectura.
Elaborar un formato examen.
Atender dudas sobre el tema en un foro en línea durante una hora y (opcional) por correo electrónico.
Los materiales se ponen a disposición de las y los participantes.
Clase en línea. Las y los participantes acceden a la plataforma y ven el video.
Jueves (tarde). Foro en línea.
De martes a viernes (opcional). Comunicación vía electrónica para atención a dudas.
Una persona experta en cada tema realiza la presentación de los materiales de los paquetes, atiende dudas y modera el foro de discusión correspondiente.
Temas Subtemas Fecha Expone
1. Historia de la participación política de las mujeres en México y Jalisco. 1. Las luchas por el voto y los movimientos y liderazgos en torno a ellas.
2. Formas de participación política de las mujeres en México y Jalisco.
3. Casos destacados y sus rasgos. Graba: 4 de noviembre
Entrega de video: 8 de noviembre
2. La participación política de las mujeres en los municipios. 1. El municipio. El espacio próximo.
2. Las mujeres en los municipios. Formas de participación.
3. La representación de las mujeres en los municipios de México a partir de las elecciones recientes.
4. La representación de las mujeres en los municipios de Jalisco a partir de las elecciones recientes Graba y ppt: 12 de nov.
Entrega de video: 15 de nov.
Clase: 16 de nov.
Foro: 17 de nov.
3. Normatividad electoral vigente. 1. Consenso de Quito.
2. Reforma electoral de 2014.
3. Paridad electoral en los ámbitos legislativo y municipal (vertical y horizontal).
4. 3% de prerrogativas de los partidos políticos al rubro de participación.
Graba y ppt: 19 de nov.
Entrega de video: 22 de nov.
Clase: 23 de nov.
Foro: 24 de nov.
4. Liderazgos de mujeres. 1. Los liderazgos de las mujeres en institutos políticos.
2. La gestión de las mujeres en el ámbito municipal.
4. Empoderamiento de las mujeres. Graba y ppt: 24 de nov.
5. El género en los partidos políticos.
1. La incorporación de las mujeres a los partidos políticos en México.
2. Política y género.
3. Mecanismos formales e informales de inclusión y exclusión en organismos políticos. Graba y ppt: 28 de nov.
Entrega de video: 30 de nov.
Clase: 1 de dic.
Foro: 2 de dic
Mariana Espeleta (por confirmar)
6. Violencia política (violencia de género en el ámbito de la política). 1. Violencia de género.
2. Violencia política de género y violencia política de género contra las mujeres.
3. Casos de violencia política de género contra las mujeres.
4. ¿Qué hacer frente a un caso de violencia política de género contra alguna(s) mujer(es)? Graba y ppt: 3 de dic.
Entrega de video: 6 de dic.
Clase: 7 de dic.
Foro: 8 de dic Norma Berenice Martínez
7. Elecciones y paridad horizontal y vertical. Escenarios futuros: reelección, paridad y competitividad (2017-2018 y más).
1. Experiencias de paridad en el mundo.
2. Experiencias de paridad horizontal y vertical en elecciones 2013, 2015 y 2016 en estados de México.
3. Escenarios futuros posibles en Jalisco. Graba y ppt: 11 de dic.
Entrega de video: 13 de dic.
Clase: 14 de dic.
Foro: 15 de dic
Encuentro Regional de Mujeres de Izquierda
El COMITÉ ESTATAL DEL PRD JALISCO
A militantes, simpatizantes y mujeres líderes de los comités municipales, a participar en
Encuentro Regional de Mujeres de Izquierda:
Las políticas públicas municipales con perspectiva de Géneros
Hacia la consolidación de la red de mujeres de izquierda
A realizarse el próximo 30 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas en Guadalajara, Jalisco, en la sede del Centro cultural Independencia, ubicado en
El encuentro está dirigido a mujeres líderes de izquierda que participan en la militancia de los comités municipales del PRD y para líderes de movimientos sociales interesadas en el empoderamiento de las mujeres, así como para mujeres regidoras que son militantes y simpatizantes del partido.
Objetivo: Fortalecer el liderazgo de las mujeres que se encuentran en el ejercicio de la gobernanza municipal. Analizar las políticas públicas con perspectivas de género para identificar El municipio como instancia estratégica para promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
Tiene por interés fortalecer el liderazgo de las mujeres que aspiran a participar en el ejercicio de la gobernanza municipal.
Para mayor información e inscripciones en el correo: secreriadeigualdaddegenero@gmail.com y al teléfono: 33315818 Y al Cel. 3310962201.
Guadalajara, Jalisco; a 22 de octubre de 2016
Taller de Indicadores con perspectiva de género
El COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD JALISCO
A militantes, simpatizantes y mujeres líderes de Izquierda a participar en el Taller de Indicadores con perspectiva de género
Para el Fortalecimiento del Liderazgo político de las mujeres y la construcción de la igualdad de géneros
A realizarse el próximo 29 de octubre, de las 10:00 a las 14:00, horas, con sede en la sede de la Asociación civil, mujeres líderes en Progreso, esquina Zapopan, Jalisco.
El Taller está dirigido a mujeres líderes de izquierda, a mujeres militantes que el PRD, para activistas, líderes de movimientos sociales interesadas en los derechos humanos de las mujeres.
Objetivo: Fortalecer el liderazgo de las mujeres, así como brindar herramientas para la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos humanos en el contexto actual de alerta de violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco.
Para mayor información e inscripciones en el correo: secreriadeigualdaddegenero@gmail.com y al teléfono: 33315818 Y al Cel. 3310962201
Guadalajara, Jalisco; a 24 de octubre de 2016
Participación política de las mujeres en el siglo XXI
El Comité Estatal del PRD Jalisco y la Secretaría de Igualdad de Géneros Les extiende una cordial invitación a participar en la Conferencia: “La Participación Política de las Mujeres en el Siglo XXI”, la cual se llevará a cabo el 17 de octubre de 2016, a las 18:00 horas, en la Sede del Centro Cultural Independencia del PRD, ubicado en Independencia 744 esquina con Mezquitán. En el marco de la Conmemoración del 63 aniversario del sufragio de las Mujeres en México.
Tiene el objetivo de visibilizar la participación política de las mujeres así como los avances de los derechos sobre paridad democrática.
Compartimos información sobre nuestra invitada y querida compañera de la Organización Nacional de Mujeres de Izquierda:
María Beatriz Cosio Nava nació en la ciudad de México en 1956 y radica en el D.F., militante del Partido Comunista Mexicano, el PMS, PSUM y fundadora del PRD. Estudió Técnico en Trabajo Social, feminista, activista por la paridad, madre y abuela.
Se ha desempeñado como Secretaria Técnica de la Representación del PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, y del Consejo Nacional del PRD, Secretaria Particular del Presidente del PRD en el DF, Coordinadora de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del CEN del PRD, Asistente de la Presidenta Nacional del PRD, Subsecretaria de Relaciones Internacionales y de Relaciones Políticas y Alianzas del CEN del PRD.
Fue Secretaria de Políticas de Gobierno y Bienestar Social del Secretariado Nacional del PRD.
Ha sido Delegada Política de la dirección nacional del PRD en las campañas electorales de los estados de Morelos, Campeche, Coahuila, Zacatecas y B.C.S, así como Responsable de Promoción del Voto en la campaña de Alejandro Encinas, Candidato del PRD a Gobernador en el Estado de México.
Coordinadora del Plebiscito Ciudadano por la reforma política, del 21 de marzo de 1993 en el Distrito XVI, en la Delegación Benito Juárez.
Representante del PSUM en el Encuentro de Mujeres de Partidos de América Latina con Mujeres de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscú.
Responsable del Trabajo con Mujeres del Comité del PSUM en el Distrito Federal e Integrante del Comité Delegacional del PMS en Tlalpan.
En su experiencia laboral se ha desempeñado como Coordinadora de Asesores en la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Subdirectora de Consejos y Comités de la Dirección General del G.D.F, Subdelegada de Desarrollo Social, Coordinadora de Asesores y Secretaria Particular de la C. Delegada en la Delegación Tláhuac.
Se desempeñó como asesora de la 1ª Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil II Asamblea de Representantes del DF, Dirigente sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la STPS. Como Inspectora Federal del Trabajo en la STPS recibió el Premio, Estímulo y Recompensa por Destacado Desempeño en Labores, otorgado por la Comisión Evaluadora del Sector Trabajo y Previsión Social.
Fue asesora en Programas Culturales para Sindicatos en el Consejo Nacional para la Cultura y Recreación de los Trabajadores. CONACURT, Trabajadora Social en la Dirección General de Trabajo Social de los Pinos.
Es Integrante de la Comisión Nacional Organizadora Provisional de la Organización Nacional de Mujeres del PRD; de la Red Mujeres en Plural y miembro de Amnistía Internacional México.
Actora en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 832/2013, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió a favor de la integración paritaria de género de la Comisión Política y del Secretariado Nacional, ordenando al PRD la sustitución de 5 hombres por mujeres en el Secretariado Nacional y 4 hombres por mujeres en la Comisión Política, en cumplimiento de la normativa partidaria.
En espera de contar con la valiosa participación de ustedes quedamos a sus apreciables consideraciones.
secreriadeigualdaddegenero@gmail.com, agradecemos si pudiera confirmar la participación de usted en el evento, al teléfono: al Cel. 331081 95 96
Guadalajara, Jalisco; a 16 de octubre 2016
Por una Cultura de defensa de los Derechos Humanos y la dignidad de los Adultos Mayores
El 15 de junio de 2015, la Organización de Estados Americanos propuso la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (1), para que se garanticen sus derechos humanos, debido al creciente índice demográfico en este sector. De acuerdo al índice global de envejecimiento, existen más de 868 millones de personas que tienen más de 60 años de edad, esta cifra equivale al 12% de la población global (2).
A nivel estatal existe la tendencia del aumento de adultos mayores. De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en el 2015 el 6.9% corresponden a este sector, equivalente a 548 mil 195 personas, calculando que para el 2020 representarán el 7.8% de la población. La mayor problemática de este sector es su composición socioeconómica, ya que el 75.08% de este sector no realiza ninguna actividad económica, y es el 45.2% de los adultos mayores dependientes de algún apoyo gubernamental. En términos educativos sus oportunidades disminuyen aún más, ya que sólo el 55.1% ha terminado la primaria.
A su vez los Hospitales Civiles de Guadalajara han señalado desde hace tiempo que requiere incrementar el número de especialistas en geriatría a 300 y poder atender las necesidades de este creciente sector demográfico; actualmente se hay sólo 46 médicos de esta especialidad. También son necesarios más espacios de cuidados prolongados para atender en la mejor medida sus necesidades (3).
Es por ello, que en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemoró el pasado 1º de octubre, se propone reformar la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor con el objeto de que se garanticen, el derecho humano a la movilidad, y el de contar con infraestructura y servicios gerontológicos y geriátricos, facultando para esto al Poder Ejecutivo y que realice los convenios necesarios y demás medidas para lograr este objetivo, ante todo priorizando a aquellos adultos mayores que se encuentren en situación de pobreza y marginación.
Para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos, se propone que todas las políticas públicas en la materia se diseñen, elaboren, implementen y evalúen de manera integral, apoyándose en los diversos sectores de la población para fomentar un gobierno abierto que ayude a construir una cultura de defensa de los Derechos Humanos y la dignidad de los Adultos Mayores. Con acciones como está busquemos generar una cultura de paz para el desarrollo.
(1) Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. (junio 2015) disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp
(2) HelpAge International. Los mayores cuentan. Lanzamos el índice global de envejecimiento. (octubre 2014) disponible en: http://www.helpage.es/noticias/lanzamos-el-ndice-global-del-envejecimiento/
(3) Informador.mx. Jalisco requiere mayor número de geriatras. (junio 2016) disponible en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/668440/6/jalisco-requiere-mayor-numero-de-geriatras.htm
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, así como adicionar las fracciones VIII y IX y un párrafo al artículo 6, y reformar el artículo 37 todos de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco con la finalidad de garantizar de manera plena sus derechos humanos.
Con fundamento en la facultad que me otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I, 150 y 153 párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; la que suscribe, la Diputada Mónica Almeida López, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, así como adicionar las fracciones VIII y IX y un párrafo al artículo 6, y reformar el artículo 37 todos de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco con la finalidad de garantizar de manera plena sus derechos humanos al tenor de la siguiente:
En el marco del cuadragésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos, el 15 de junio de 2015, dicho organismo internacional gubernamental propuso ante sus países miembros, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (1). Este pacto representa a nivel internacional un importante hito en la historia del derecho internacional, al proponer por primera vez a nivel regional, un tratado que contaría con el respaldo de la Comunidad Internacional, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de hacerlo obligatorio.
De acuerdo al índice global de envejecimiento HelpAge Internacional, una organización internacional no gubernamental que busca se garanticen los derechos humanos de los adultos mayores, actualmente existen más de 868 millones de personas que tienen más de 60 años de edad, y que equivale al 12% de la población global. Para 2050, se estima que el número de adultos mayores ascienda aproximadamente a dos mil millones, es decir 21% de la población (2).
Este fenómeno global hace necesario que este tipo de actos jurídicos internacionales se logren aplicar de manera homogénea en la región, logrando con ello hacer frente de manera integral a procurar el pleno goce de sus libertades básicas antes que esto represente un reto ante la imposibilidad jurídica o política. Hasta la fecha, sólo seis países han firmado este convenio, sin que ninguno lo ratifique, siendo México uno de los países que no ha mostrado su compromiso internacional por garantizar los derechos humanos de los adultos mayores.
Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales gubernamentales como la Unión Europea han emitido resoluciones en la materia (3) como el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea (4), el cual es el primer acto jurídico de su clase que permitiría que los Estados en el continente americano integren acciones afirmativas para poder hacer frente al crecimiento demográfico de los adultos mayores para que puedan tener una mejor calidad de vida.
Atendiendo a los retos que implica para la población global hacer frente a los estereotipos y la discriminación que sufre este sector social, la Organización de las Naciones Unidas estableció desde el 1º de octubre de 2014, como el Día Internacional de las Personas de Edad con la finalidad de que todos los países tomen medidas para que éstas puedan desarrollar su proyecto de vida (5). Es por ello que debe buscarse que a nivel nacional se lleve a cabo integrar este tratado internacional, o seguir vía legislativa nacional incorporando derechos dentro del ámbito de competencia tanto a nivel federal como estatal.
A nivel nacional se mantiene la tendencia internacional. De acuerdo a las últimas encuestas del INEGI del 2015, el número de adultos mayores se incrementó del 6.2% en el 2010, al 7.2% en la medición en cuestión, disminuyéndose a su vez la proporción entre adultos y menores, ya que ésta última ha ido a la baja, lo que implica que la razón de dependencia entre adultos mayores será de 10 personas por cada 100 en edad laborable (6).
Estos datos son relevantes ya que corroboran la necesidad de buscar un mayor balance social a favor de los adultos mayores, actualizando la infraestructura social y atendiendo a sus necesidades. Si bien las generaciones futuras tienen un importante rol a desempeñar, se requerirá tomar medidas desde ahora para que la sociedad cuente con el diseño accesible a los adultos mayores.
De acuerdo al Pew Research Center, esto afectará a países como México, además de buscar una infraestructura que garantice el derecho humano a la seguridad social, también se requieren las medidas para que la tecnología y los servicios se acoplen a las nuevas generaciones de adultos mayores, lo cual se tendrá que ver reflejado entre otras cosas en los servicios de la salud, instalaciones deportivas, viviendas, transformando inclusive el mercado a favor de este sector (7).
Anque México no ha ratificado la convención internacional en cuestión, su legislación ya incorpora en gran medida los derechos humanos que se encuentran contemplados en la “Ley de los Derechos de los Adultos Mayores”, desde el 25 de junio de 2002 (8), a efecto de hacer frente de manera adecuada a los retos que han sido planteados.
Desde entonces ha funcionado como órgano operativo de este marco jurídico el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como organismo descentralizado de la administración pública federal, con facultades para imponer sanciones y aplicar los reglamentos y demás disposiciones que para tal efecto se desprendan del ordenamiento jurídico en cuestión.
Sobre todo, este organismo es el facultado para proponer las políticas públicas en la materia, a efecto que se lograr una cultura que fomente el trato digno de conformidad con el artículo 28 en su fracción V de la normatividad de referencia (9), así como poder realizar investigaciones que puedan mejorar la situación de los adultos mayores. Tal es el caso de su publicación intitulada como “Modelos de atención gerontológica (10)” así como “Por una cultura de envejecimiento (11)” que se han venido realizando desde la administración pasada, a efecto de lograr consolidar métodos de innovación social para este sector.
Si bien el Instituto es el ente rector para las políticas públicas en materia de adultos mayores, cabe destacar que la legislación vigente distribuye también a otros entes varias facultades tal es el caso de la Secretaría de Salud a nivel federal, la cual tiene la función de otorgar la atención médica que éstos requieran, a efecto de distribuir entre diversos entes las competencias por áreas, atendiendo a la experiencia que se tiene en la materia en la administración pública federal.
ANTECEDENTES ESTATALES
Al igual que a nivel nacional, la tendencia de aumento demográfico de adultos mayores también se corrobora en el Estado de Jalisco. De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en el 2015 el 6.9% corresponden a este sector equivalente a 548 mil 195 personas, incrementándose en el 2020 para lograr representar el 7.8% de la población; y, en el 2030 muy probablemente su número aumentará para integrar hasta 911 mil habitantes.
Para hacer frente a las demandas que representa el alza en la población correspondiente adultos mayores, al igual que a nivel federal, Jalisco cuenta desde el 16 de septiembre de 2011 una legislación en la materia denominada “Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor.”(12) Al igual que a nivel federal este ordenamiento jurídico contempla una lista de derechos que en su mayor parte se pueden encontrar en el tratado internacional señalado al inicio de esta iniciativa de ley, contemplando como ente rector de aplicar esta legislación al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, y delegando diversas facultades a otras secretarías y dependencias para mejorar la operatividad de la normatividad vigente.
A diferencia de su homóloga federal, en Jalisco el Instituto es un organismo público descentralizado que se encuentra bajo el control de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, por lo que depende del Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento, atendiendo a las políticas y directrices que ésta contemple, además de aquellas que en su momento contemple su Junta de Gobierno.
A su vez, si bien a nivel federal es el Instituto quien lleva a cabo acciones de defensa y de imposición de sanciones, a nivel estatal esto no ocurre, ya que ésta función corresponde a la Procuraduría Social. Por otro lado, hasta la fecha este organismo público descentralizado no ha producido investigación y publicación que coadyuve a generar conocimiento de innovación social, por lo que este es uno de las situaciones que serán analizadas a mayor detalle a continuación correspondiente a la problemática que enfrenta los adultos mayores en el Estado.
Cabe destacar que a nivel nacional se cuenta con un panorama de aumento poblacional en el sector de los adultos mayores, donde se propone incrementar la infraestructura, el Instituto de Información Estadística y Geográfica en Jalisco contempla que la mayor problemática de la población corresponde a su composición socioeconómica, ya que el 75.08% de este sector no realiza ninguna actividad económica, siendo el 45.2% de los adultos mayores son dependientes de algún apoyo gubernamental. En términos educativos sus oportunidades disminuyen ya que sólo el 55.1% ha terminado la primaria, por lo que se debe buscar diseñar, elaborar e implementar así como evaluar políticas públicas que atiendan este sector que se debería considerar prioritario, a efecto que puedan lograr desarrollar sus proyectos de vida desde una visión de desarrollo y no asistencialista.
A su vez, en materia médica, cabe destacar que ante medios de comunicación la OPD Hospitales Civiles de Guadalajara ha señalado con anterioridad que se requiere incrementar el número de especialistas en geriatría a 300 a efecto de atender las necesidades de este creciente sector. Actualmente se cuenta aproximadamente con 46 médicos de esta especialidad, por no mencionar que además se requerirían gerontólogos. En este mismo aspecto, se ha señalado la necesidad de contar con espacios de cuidados prolongados para atender mejor sus necesidades (13).
A continuación se realiza un diagnóstico de la infraestructura jurídica así como de los programas presupuestarios y sociales que corresponden a este sector para dimensionar adecuadamente la problemática dentro el contexto actual, pudiendo así diseñar una solución que pueda transformar su entorno para mejorar su calidad de vida y coadyuvar a garantizar así sus derechos humanos.
DIAGNÓSTICO JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Analizando los diversos ordenamientos vigentes se desprenden dos inconsistencias que limitan el adecuado desarrollo de los derechos humanos de los adultos mayores:
La dependencia jurídica que existe entre el Instituto y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; y
La reducción del derecho humano a la movilidad que se refiere un apoyo económico a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
La primera cuestión señalada representa una problemática para el adecuado desarrollo de los derechos humanos de los adultos mayores ya que impide que el Instituto tenga la libertad necesaria para poder desarrollar sus funciones. La dependencia jurídica de este organismo hacia una Secretaría, sobre todo cuando en la propia legislación ésta ya cuenta con una serie de atribuciones en la materia, por lo que no se justifica este tipo de subordinación.
Se requiere que se pueda desligar al Instituto de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social a efecto que pueda llevar de manera autónoma sus actividades, permitiéndole enfocarse a sus competencias sin por impedir el diálogo colaborativo. De lo contrario existe el riesgo de confundir las facultades de ambos entes así como sus programas sociales, confundiendo la naturaleza de un organismo público descentralizado con el de un desconcentrado, que es la figura adecuada cuando se requiere el nivel de dependencia al cual está sujeto actualmente el Instituto.
Por otro lado, cabe destacar que si bien el artículo 6 de la legislación en cuestión contempla que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratándose del derecho a la movilidad del adulto mayor, éste se reduce a manera de apoyo económico en la Ley de Desarrollo Social en su artículo 7º fracción VIII. Esto resulta un contrasentido jurídico ya que el objetivo de los derechos humanos es garantizar su máxima expansión, más allá de cualquier condicionante.
Esta cuestión no se puede justificar invocando el principio de progresividad consistente en que los Estados garantizarán los derechos humanos usando el máximo de sus recursos, pero atendiendo a sus posibilidades, ya que esto implicaría conceder que toda expectativa jurídica de este tipo pueda ser condicionada a políticas públicas fraccionadas y de tipo asistencialista, dejando a un lado que determine de manera integral la mejora en la calidad de vida de las personas. Por lo tanto se requiere ir más allá de limitar el derecho a la movilidad a un apoyo económico, para que se transforme en una realidad palpable, a efecto que los adultos mayores puedan ejercer de manera plena su proyecto de vida.
De no modificar la configuración actual del derecho, se puede estar en el riesgo de violar el derecho humano en cuestión por más que aún no se haya ratificado la Convención en cuestión, ya que éste implica un derecho fundamental para toda la población contemplado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de su artículo 11º (14). Si bien este último hace referencia a la libertad de tránsito, ésta implica que no se cuenten con obstáculos que permitan a las personas una efectiva movilidad para poder desarrollarse de plenamente.
Por lo tanto es imperativo modificar la configuración jurídica actual del artículo 7º de la Ley de Desarrollo Social, para que no se incurra en tratar de garantizar de manera inadecuada el derecho humano a la movilidad, limitándolo a un apoyo económico que queda a discrecionalidad de la administración pública en turno, logrando de esta manera homologar la legislación actual con los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los tratados internacionales de los que México es parte, o llegue a suscribir en un futuro cercano.
DIAGNÓSTICO PROGRAMAS SOCIALES Y PRESUPUESTALES EN MATERIA DE ADULTOS MAYORES
Analizando el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco para el año fiscal 2016, se desprenden las siguientes inconsistencias que limitan el adecuado goce de los derechos humanos de los adultos mayores:
La ausencia de un marco lógico que justifique que la asignación de recursos que se destinan al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor sean suficientes para llevar a cabo sus funciones;
La innecesaria dependencia presupuestal que existe entre el recurso público que se asigna a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y el Instituto;
La confusión que existe entre el gasto administrativo y operativo que se asigna del Instituto;
La conformación de indicadores y fórmulas en los programas presupuestales a cargo del Instituto impiden evaluar de manera pertinente su efectividad;
La reducción de los programas sociales en materia de movilidad del adulto mayor a políticas asistencialistas que no garantizan el principio de progresividad de los derechos humanos.
Indagando en el presupuesto de egresos para el año 2016, se desprende que si bien éste se realizó atendiendo a una perspectiva de gestión de resultados, tomando como marco de referencia el Plan Estatal de Desarrollo vigente, en ninguna parte del trabajo presupuestal se muestra la justificación que se utilizó para poder asignar la cantidad total de $8 millones 957 mil 452 pesos en Moneda Nacional.
No cabe inferir que este método está implícito, ya que atendiendo a las funciones que desempeña en razón de una creciente población de adultos mayores, no se tiene certeza sobre sobre la pertinencia de los recursos que se asignan. De allí que se desprende que de haber incluido un marco lógico se tendría certeza sobre el enlace que existe entre la decisión de haber asignado esta cantidad de recursos y los resultados que se esperan obtener de erogar los recursos públicos que se asignaron.
En esta misma línea de pensamiento, al analizar la forma en la que se configura los recursos que se asignan para el Instituto del Adulto Mayor se desprende una innecesaria dependencia presupuestal de éste en relación a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, lo cual hace necesario que en caso que la primera diseñe nuevas políticas públicas que se traduzcan a programas sociales y/o presupuestales, tenga que obtener el visto bueno de la segunda.
A efecto que pueda realizar de manera pertinente su cometido, es importante que pueda diseñar su propio presupuesto, desligándose de la Secretaría de Estado en cuestión, logrando de esta manera que en plena autonomía, como corresponde a la mayor parte de los organismos públicos descentralizados, pueda diseñar inclusive las políticas públicas, programas sociales y su propio presupuesto, logrando los objetivos y finalidades para la cual fue diseñada.
Por otro lado, al analizar los programas presupuestarios que se asignan a esta dependencia, cabe resaltar que existe una confusión entre el gasto operativo y el administrativo, ya que el mismo presupuesto que se otorga a ésta para realizar sus finalidades se clasifica como un programa presupuestario denominado “Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores.” (15) Se podría argumentar que este no es el caso analizando los diversos objetivos, indicadores y fórmulas que integran este programa; sin embargo, debido que en el presupuesto no se hace diferenciación entre este recurso asignado y su desglose, no hay manera de determinar cuál es la cantidad que se requiere.
A manera de ejemplo, a criterio del Gobierno del Estado se requieren ocho millones de pesos dentro de este programa presupuestal para poder consolidar el objetivos cuyo resumen narrativo es: “Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado así como para el emprendimiento de proyectos en beneficio de los Adultos Mayores en los tres órdenes de gobierno realizados”, al igual que éste existe otro que tiene por objeto procurar un “Entorno urbano integrador y accesible que fomente un envejecimiento activo en las ciudades del Estado de Jalisco a través de su incorporación a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas Mayores Logrado” (16).
Si bien la intención pudo haber sido que estos objetivos se integraran para que la población interpretara que el presupuesto se ejerce de manera diferenciada, esto no se desprende de los diversos volúmenes que integran el Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2016. Por otro lado, tampoco se tiene mayor claridad en cuanto a estos programas presupuestarios al tratar de ingresar la página web del Instituto ya que ésta no está accesible al público para indagar a fondo esta información (17). Además, de la información que se proporciona no se tiene certeza sobre el grado de responsabilidad que corresponde al Instituto en su aplicación debido a que no se determinan las demás dependencias que intervienen, así como actores que intervinieron. Por lo tanto, se requiere emplear una adecuada determinación jurídica de los programas presupuestarios que permita determinar los entes que intervienen así como el desglose de los recursos invertidos.
Analizando más a fondo el programa presupuestario a cargo del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, así como aquellos a cargo de otras dependencias para determinar
Denominación del Objetivo Indicador Fórmula Medio de verificación Descripción
de la Inconsistencia
Diagnósticos, estudios e investigaciones de la situación actual de los Adultos Mayores en el Estado así como para el emprendimiento de proyectos en beneficio de los Adultos Mayores en los tres órdenes de gobierno realizados Porcentaje de estudios presentados Número de estudios realizados / número de estudios presentados como propuesta de política pública o modificación de ley)*100 Publicaciones, reformas de ley o propuestas Este objetivo representa la inconsistencia por la cual no se puede evaluar la calidad de las publicaciones, propuestas de ley, reglamentos o análogas en políticas públicas. Cabe destacar que se es omiso en determinar en que consistieron estas acciones, sin que se pueda verificar su grado de eficacia.
Entorno urbano integrador y accesible que fomente un envejecimiento activo en las ciudades del Estado de Jalisco a través de su incorporación a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas Mayores Logrado Porcentaje de Municipios que se integran a la red (Número de municipios que se integran a los convenios / número de municipios de la zona metropolitana)*100 Convenios confirmados La inconsistencia de este objetivo consiste en que no necesariamente de la firma de convenios se desprende la efectividad de los recursos que se usan para esta actividad. En todo caso cabría analizar el impacto que se tuvo de éstos en el entorno urbano, analizando caso por caso de los alcances de cada acto jurídico.
Protocolo de atención de Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad implementado Porcentaje de participación de instancias que atienden al Adulto Mayor (Número de autoridades que firman convenio / número de autoridades que marca la ley para el desarrollo integral del adulto mayor)*100 Convenios firmados La inconsistencia que representa este objetivo consiste en que se vuelve a incurrir en el considerar que el número de convenios implica una mejora necesaria en la población a quien sería parte del protocolo, cuando esto lo determina el contenido de éste, y la manera en la que se llevará a cabo.
Campañas en medios de comunicación masivos e impresos para la dignificación y difusión de los derechos de los adultos mayores implementadas. Porcentaje de la población con información en relación a la cultura del envejecimiento (Alcance de la Población a la que llega la campaña / población del Estado de Jalisco)*100 Publicaciones La inconsistencia de este objetivos consiste en que no se sigue que la difusión que se dé una campaña en materia de derechos de los Adultos Mayores, implique una mejora en el conocimiento de los derechos. Esto va a depender de la calidad de las campañas en medios atendiendo a criterios cualitativos, y no cuantitativos.
Capacitaciones y conferencias a Sociedad y Gobierno para la sensibilización en el tema de los Adultos Mayores Realizadas Porcentaje de aumento de personas capacitadas y sensibilizadas en el tema de envejecimiento (Total de personas capacitadas y sensibilizadas en el año 2015/Total de personas capacitadas en el año 2016)*100 Lista de asistencia pública La inconsistencia de este objetivo consiste en que se mide el beneficio de las acciones a partir de las personas que reciben una capacitación, sin medir su efectividad o contar con medios para darle seguimiento. No se puede asumir que la capacitación es adecuada si no se determina la metodología que se utilizó para diseñarla, y los métodos para evaluar su impacto.
Contribuir a la promoción de una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad a través de campañas de comunicación, investigaciones y capacitación a la sociedad y gobierno. Porcentaje de aumento de personas capacitadas y sensibilizadas en el tema (Total de personas capacitadas en el año 2015/Total de personas capacitadas en el año 2016)*100 Lista de asistencia pública Este objetivo tiene la inconsistencia consistente en que se emplea una perspectiva cuantitativa cuando lo importante es emplear también parámetros cualitativos a efecto de determinar el alcance real de la capacitación así como su impacto en las personas que se realizan. A su vez este objetivo determina que se emplean publicaciones, sin que este hecho se tome en consideración en el indicador y/o en la fórmula.
Organismos de la sociedad civil, población en general, servidores públicos y adultos mayores de 60 años Porcentaje de estancias o asilos para Adultos Mayores acondicionados con infraestructura o equipamiento apoyados (Asilos para Adultos Mayores acondicionados con infraestructura o equipamiento apoyados / Asilos integrados al Padrón Único del Estado)*100 Convocatorias presentadas, asilos apoyados Este objetivo tiene la inconsistencia en que no se integran parámetros cualitativos que determinen el beneficio real que se recibió, o que permita determinar la metodología con la cual se determinó la necesidad en la infraestructura para implementarlo.
La pertinencia en relación a los recursos que se le asignan se verifica en que estos son inadecuados para los fines que se plantean. Tratándose del programa ya mencionado, cabe destacar que esta situación se corrobora a través de los siete objetivos que lo integran, debido a la forma para integrar sus indicadores y fórmulas.
A continuación se describen las inconsistencias que se encontraron en el Programa Presupuestario denominado “Cultura de Envejecimiento y Respeto a los Adultos Mayores”:
De los diversos objetivos analizados se desprende que la mayor inconsistencia de los indicadores y fórmulas en los que dependen reside en que dejan a un lado parámetros que permitan evaluar cualitativamente el alcance de éstos.
Además se omite contemplar la metodología o criterios usados para emplear los indicadores y fórmulas, lo cual representa una limitación al desarrollo del pleno goce de los derechos humanos de los adultos mayores en Jalisco ya que éstos no representan una perspectiva que atienda a sus derechos, o a las funciones del Instituto. Por lo tanto se requiere también determinar jurídicamente los lineamientos con los cuales se establecerán estas matrices y políticas públicas a efecto que respondan atender sus necesidades reales y solucionar los diversos problemas que como sector tengan que solucionar.
En razón de los programas sociales actuales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en la materia el que más trasciende es el denominado “Bienevales Adulto Mayor y Personas con Discapacidad”. El costo del Programa para el año fiscal 2016 ascendió a la cantidad de: $118,040,250 00/100 M.N (Ciento Dieciocho millones, cuarenta mil, doscientos cincuenta pesos en Moneda Nacional) (18). De acuerdo a la propia Secretaría, se cuentan con los siguientes lineamientos:
El programa sólo otorga dentro de una determinada área geográfica hasta 2 viajes para personas con discapacidad o de la tercera edad.
Cuenta con un tope de hasta 365 bienevales.
Se requiere inscripción previa en el programa respectivo cuyo periodo de inscripción actualmente se encuentra cerrado, y el refrendo sólo se puede hacer con un plazo muy corto que abarcó del 18 de febrero al 18 de marzo del 2016.
El problema que representa este programa consiste en que implica un costo de traslado para las personas de las tercera edad por la ubicación de los módulos, teniendo que modificar su horario de trabajo para poder inscribirse, cuando el derecho a la movilidad no debe estar condicionado a este tipo de medidas, cuando existen otras, como es el caso de integrar una partida presupuestal a través de un programa presupuestario específico que permita de manera progresiva atender a todos los sectores, con un enfoque prioritario que distinga con base a niveles de pobreza y de marginación.
Además, este programa presenta el inconveniente de que cuenta con cupo limitado, lo que impide que el derecho a la movilidad se pueda configurar de manera universal, impidiendo que desarrolle a cabalidad. En este tenor, el programa en cuestión implica una medida asistencialista que no empodera a la población adulta mayor, ya que no se traduce en una política pública por la cual puedan vivir de manera más independiente. Esto se debe a que el momento en el que dejen recibir este insumo, regresan a su condición inicial, cuando lo ideal sería que se genere la infraestructura para que ésta sea de mayor accesibilidad para los adultos mayores, y permitan movilizarse sin estar condicionados a inscribirse en este programa social.
Por último, tras analizar los diversos programas sociales y presupuestales contemplados en las diversas dependencias, ninguno está enfocado a la especialización de futuros geriatras y gerontólogos a pesar del déficit existente. Siendo estas dos ramas de conocimiento indispensables para poder estar en posibilidades de garantizar el pleno goce de sus derechos, se requiere que se tomen las medidas pertinentes para que se garantice una partida presupuestal en la materia y lograr de manera sostenible, que en el futuro toda la población pueda contar con los servicios de estas
Por lo tanto, los programas sociales así como los programas presupuestales requieren de lineamientos jurídicos que permitan tener la metodología adecuada para este sector y las políticas públicas que se diseñen, elaboren, implementen y evalúen se traduzcan en acciones afirmativas que logren atender a sus necesidades y garantizar de manera eficaz y eficiente sus derechos humanos. De lo contrario, se corre el riesgo ante el crecimiento demográfico de este sector, que no se esté en posibilidades de atender sus expectativas jurídicas y con ello, dañar su dignidad humana.
Atendiendo al diagnóstico jurídico, social y presupuestal que se desarrolló de los adultos mayores, se propone reformar el artículo 7 en su fracción VIII de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco a efecto de que el derecho a la movilidad sea un derecho a favor tanto de personas con discapacidad y de adultos mayores. Esta primer propuesta se debe al hecho consistente en que no se puede reformar dicha fracción para sólo atender a un sector. Si bien el proyecto en cuestión busca empoderar a los adultos mayores para que puedan ejercer de manera plena sus derechos humanos, descuidar a los jóvenes, implicaría violar el principio de no regresividad de los derecho humanos, el cual consiste en que una vez que se han adquirido ciertas prerrogativas, éstas no pueden desaparecer o ser menos que antes.
Esta propuesta permitirá que el Poder Ejecutivo y las entidades del Gobierno del Estado tomen medidas adecuadas para garantizar este derecho, atendiendo a una visión universal y acorde a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ya forman parte del control de regularidad constitucional vigente a raíz de las reformas de 2011 (19).
Para encuadrar este derecho de manera adecuada en la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado de Jalisco se propone adicionar una fracción VIII, IX y un párrafo al artículo 6 a efecto de fortalecer la seguridad jurídica de sus derecho, y que contemple:
Explicitar el derecho a la movilidad y a contar con una infraestructura por la que puedan gozar de atención geriátrica y gerontológica, contando con una partida presupuestal que les permita gozar de este derecho;
Establecer que los derechos se garantizarán a través de un adecuado diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas por las que se busque beneficiar a este sector atendiendo a criterios objetivos de prioridad y se dé prioridad a los sectores de mayor marginación, pobreza y estado de vulnerabilidad. Además, se incluye el principio de transversalidad de las políticas públicas, para que se tome en consideración al sector público, privado, académico y a la sociedad civil atendiendo a un marco lógico en armonía con el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Municipales según sea el caso.
Además se propone reformar el artículo 37 para dotar de la autonomía presupuestaria y jurídica al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, logrando de esta manera que pueda estar en posibilidades de realizar sus funciones de manera óptima atendiendo a las funciones que la legislación le otorga. Esto también le permitirá ejercer su presupuesto atendiendo a una perspectiva de planeación acorde a las necesidades de los Adultos Mayores, y teniendo como eje, sus derechos humanos.
REPERCUSIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y/O SOCIALES DE LA INICIATIVA DE LEY
De aprobarse esta propuesta tendrá la pertinencia jurídica consistente en fortalecer la seguridad jurídica en un sentido sustantivo, donde los principios constitucionales de dignidad humana y de mínimo vital logran hacerse patente a través del diseño de las políticas públicas, y por ende presupuestales a favor de los adultos mayores, logrando la viabilidad de los derechos que ahora se integran en la legislación vigente.
Además, esta propuesta tiene la pertinencia de estar en armonía con el nuevo paradigma garantista en materia de derechos humanos, para que Jalisco esté en perspectiva de atender los lineamientos en materia de movilidad, y cuidados gerontológicos y geriátricos de los adultos mayores, sobre todo tomando como referencia la ya señalada Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto permitirá que, en razón del pacto federal, y al principio de progresividad y máxima expansión de los derechos humanos, éstos se puedan garantizar a cabalidad desde las diversas dependencias que tienen a su cargo este sector demográfico.
En lo económico, esta propuesta tiene la pertinencia consistente en que se contará con las herramientas que permitan diseñar un presupuesto austero pero sobre todo funcional con una perspectiva con base en la dignidad de los adultos mayores. Además, se prevé que esta propuesta permitirá lograr eliminar tanto en el corto, mediano y largo plazo, los gastos que se consideren innecesarios en este rubro, a través de los lineamientos presupuestales que se prevén incorporar en la legislación vigente, logrando una evaluación crítica de éstos, buscando el diálogo cooperativo entre las diversas dependencias que sean competentes para minimizar cualquier anomalía en los programas presupuestarios desde su diseño.
En lo social, esta propuesta tiene la pertinencia de fortalecer la cohesión social y la legitimidad de las instituciones públicas, al dotarlas de herramienta que permita operar en mayor medida con base a resultados que sean palpables al traducirse en mejoras en la calidad de vida de los adultos mayores. Esto además, implicará una mayor participación de los diversos actores sociales, en armonía con las nuevas disposiciones constitucionales locales en materia de gobierno abierto, para lograr una mayor gobernanza en las políticas públicas de este sector que conduzcan a un círculo virtuoso de rendición de cuentas para el desarrollo en aras de coadyuvar a construir una cultura de paz en el Estado de Jalisco.
INICIATIVA DE LEY que tiene por objeto reformar la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, así como adicionar las fracciones VIII y IX y un párrafo al artículo 6, y reformar el artículo 37 todos de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco de la siguiente manera:
De los Derechos para el Desarrollo Social
Artículo 7. Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales, en el Estado de Jalisco se reconocen y consideran como derechos para el desarrollo social los siguientes:
I a la VII…
VIII. El derecho a la movilidad para estudiantes de los niveles de educación secundaria, media superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad;
IX a la XII…
LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL ADULTO MAYOR DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 6º.- La presente Ley reconoce como derechos de los adultos mayores, independientemente de los señalados en otros ordenamientos legales, los siguientes:
VIII.-A la movilidad:
A tener acceso a todos los tipos de movilidad en el Estado de Jalisco a través de las partidas presupuestarias que se contemplen en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, facultándose a las dependencias correspondientes a celebrar los convenios y tomar las acciones y demás medidas respectivas para garantizar este derecho.
IX.-A la infraestructura adecuada y servicios gerontológicos y geriátricos:
A tener acceso a la infraestructura que permita garantizarles atención a sus necesidades físicas y psicológicas, sobre todo tratándose de la creación de estancias de cuidados prolongados;
A recibir servicios gerontológicos y geriátricos suficientes atendiendo a las necesidades que se desprendan de su crecimiento demográfico.
Los derechos contemplados en este artículo se garantizarán atendiendo al diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas que sea acorde a sus necesidades, tomando como prioridad a los adultos mayores que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad, pobreza y/o marginación. Toda política pública se realizará de manera transversal utilizando como metodología el marco lógico, la opinión de la sociedad civil, la iniciativa privada, el sector académico y de los demás sectores que sean relevantes.
DEL INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
Artículo 37.- Para el debido cumplimiento de esta ley se crea el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, el cual está constituido como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.
PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”
SEGUNDO.-El Poder Ejecutivo tendrá un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor de este decreto para realizar las acciones pertinentes para su adecuada aplicación.
GUADALAJARA, JALISCO A 6 DE OCTUBRE DE 2016
(3) Naciones Unidas. CEPAL. Los Derechos de las personas mayores en el ámbito internacional. Sandra Huenchuan. (noviembre 2013) disponible en: http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/8/51618/Derechos_PMayores_M2.pdf
(4) Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (diciembre: 2000) disponible en: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
(5) Naciones Unidas. Día Internacional de las de Personas de Edad. 1º de octubre. (octubre 2016) disponible en: http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
(6) Instituto Nacional de Estadística y Geográfica. Encuesta Intercensal 2015. (vi agosto 2016) disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725
(7) PewResearchCenter. Older Adults and Technology Use. Aaron Smith. (abril 2014) disponible en: http://www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/
(8) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes.
(10) INAPAM. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Modelos de Atención Gerontológica. (vi octubre 2016) disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_Gerontologica_(web).pdf
(11) IBID. (vi octubre 2016) disponible en: http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
(12) Biblioteca Virtual. Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor. (septiembre 2011) Disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx
(13) Informador.mx. Jalisco requiere mayor número de geriatras. (junio 2016) disponible en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/668440/6/jalisco-requiere-mayor-numero-de-geriatras.htm
(14) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (febrero 1917) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
(15) Jalisco. Gobierno del Estado. Información Fiscal. Presupuesto de Egresos. Volumen II. Pág. 117. (vi octubre 2016) disponible en: http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/12-19-15-lx-vol_ii.pdf
(16) IBID. Presupuesto de Egresos. Volumen III. Pp. 350-351. (vi octubre 2016) disponible en: http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/12-19-15-lx-vol_ii.pdf
(17) Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. (vi octubre 2016) disponible en: http://www.ijam.org.mx
(18) Secretaría de Desarrollo e Innovación Social. Gobierno del Estado de Jalisco. Programa Bienevales Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. (vi octubre 2016) disponible en: http://sedis.jalisco.gob.mx/content/programa-bienevales-adulto-mayor-y-personas-con-discapacidad
(19) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en orden Cronológico. (junio 2011) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
POR UNA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PODER LEGISLATIVO
Con su venia presidente
Amartya Sen se ha convertido en un referente de la Cultura del Desarrollo, al mostrar una perspectiva novedosa del trabajo de los filósofos más distinguidos sobre al análisis de la teoría de la justicia y la política, entre estos se encuentran John Rawls (1), y lograr así nuevas innovaciones sociales a través de las cuales se configuran las acciones que permiten a la población ampliar libertades básicas y garantizar su ejercicio pleno, atendiendo a las oportunidades y capacidades reales, en lugar de plantear criterios de corrección, es decir, planos demasiado abstractos para que se lleven a cabo.
En consonancia con estas ideas, las Reformas Constitucionales y Legales que se implementan en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (2) y de Disciplina Financiera (3) implican un nuevo paradigma en materia de políticas públicas, al establecer parámetros para permitir desarrollar una gestión pública de calidad y por primera vez, se contempla la interdependencia jurídica que debe de existir entre el gasto del recurso público y la planeación para el desarrollo.
Lo anterior nos exhorta a generar innovaciones sociales, por ello, en la Fracción del PRD proponemos reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para tener un presupuesto de egresos de conformidad con la Planeación para el Desarrollo. Esto permitirá que se pueda llevar de manera transparente un gasto público que se ajuste a los objetivos que trasciendan de una perspectiva meramente administrativista y se consiga el enfoque necesario para ser capaz de responder a las necesidades sociales. De esta manera todo recurso que use este poder, permitirá fortalecerlo y dignificarlo, en armonía con el Plan Estatal de Desarrollo.
Además, con esta propuesta se homologarían las fechas en las que se debe elaborar y presentar el anteproyecto del presupuesto, y así se construya de manera homogénea con las dependencias del Poder Ejecutivo.
Con esta medida podremos consolidar un presupuesto acorde a una visión de planeación integral. Cabe destacar que por primera vez, se establecerían herramientas para integrar al sector académico, la iniciativa privada y la sociedad civil, atendiendo a lineamientos en materia de gobierno abierto, donde se use un marco lógico que permita maximizar nuestros resultados.
Con esta propuesta, lograremos dignificar aún más la labor del Poder Legislativo, transformando nuestra representación en una permanente rendición de cuentas para el desarrollo y la gobernanza en aras de mejorar la calidad de vida de todos los jaliscienses.
(1) Amartya Sen. (2000). Development as Freedom. Estados Unidos de Norte América: Anchor Books.
(2) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en Orden Cronológico. (mayo 2015) disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
(3) IBID. (mayo 2015) disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_222_26may15.pdf
Iniciativa de Ley que tiene por objeto reformar el capítulo 5 del Título Segundo a efecto de que se denomine “De la Planeación Institucional y Programación Presupuestal del Poder Legislativo”, así como el artículo 75, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y también reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y su Municipios con la finalidad de establecer los lineamientos del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
Con fundamento en la facultad que nos otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I, 150 y 153 párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; la que suscribe, la Diputada Mónica Almeida López Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa de ley que tiene por objeto reformar el capítulo 5 del Título Segundo a efecto de que se denomine “De la Planeación Institucional y Programación Presupuestal del Poder Legislativo”, así como el artículo 75, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y también reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y su Municipios con la finalidad de establecer los lineamientos del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco al tenor de la siguiente:
Amartya Sen es un parteaguas en la cultura del Desarrollo, al denotar una perspectiva novedosa que permitió tomar aspectos elementales del trabajo de trascendentales filósofos de la teoría de la justicia y política como John Rawls (1), y lograr nuevas innovaciones sociales a través de las cuales se configuran las acciones que permiten a la población ampliar libertades básicas y garantizar su ejercicio pleno, atendiendo a las oportunidades y capacidades reales, en lugar de plantear criterios de corrección, es decir, planos demasiado abstractos para que se lleven a cabo.
Estas ideas impactaron las políticas de desarrollo, las cuales han ganado cada vez más fuerza como tendencia en el encuadramiento de la nueva era de gestión pública (2) en donde lo importante es atender a la calidad de vida real de la persona, evitando de esta manera que se puedan dilapidar recursos innecesarios en una época en donde cada quien es un importante elemento para la construcción de un futuro sostenible.
En este aspecto, cabe destacar que en estas nuevas tendencias, se ve la necesidad de reconocer a la administración pública de calidad como un derecho que pueda ser exigible, tal como estableció el Centro Iberoamericano de Administración para el Desarrollo cuando en octubre de 2008 emitió la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (3). Sin ésta la democracia constitucional como régimen de gobierno con dificultad se configura y a su vez, los derechos humanos y por ende la dignidad humana, quedándose relegados como una carta de buenas intenciones.
Es por ello que las reformas constitucionales y legales que implementan el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (4) y de Disciplina Financiera (5) implican un nuevo paradigma en las políticas públicas para el Estado Mexicano al establecer los parámetros para que se pueda efectuar una gestión pública de calidad que tenga como finalidad garantizar los derechos humanos.
Esto se de debe a que por primera vez se contempla la interdependencia jurídica que debe existir entre el gasto del recurso público y la planeación para el desarrollo. Esto a su vez permite que se fortalezca el Estado de Derecho atendiendo a una de sus finalidades más importantes: consolidar una democracia constitucional con base en la dignidad humana, tal como se contempla en la teleología del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (6).
Por lo tanto, los nuevos modelos de las leyes de ingresos y de egresos deben promover un modelo de gestión de resultados, con objetivos claros, lo que a su vez disminuye la corrupción al acotar de manera sustancial los márgenes de discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto público. Esto además conlleva una nueva manera de dimensionar la legitimidad de las instituciones públicas, donde lo que importa es que se puedan ampliar las libertades básicas de las personas, empleando los mecanismos adecuados para garantizarlas.
Este modelo está en consonancia con los compromisos que ha asumido México con la comunidad internacional, sobre todo con las Naciones Unidas de promover modelos de desarrollo sostenible, donde lo importante es originar las condiciones para que la población pueda mejorar de manera constante su desarrollo económico, social y cultural, con miras sobre todo, para las futuras generaciones (7).
Este nuevo enfoque del gasto público incluye a todas las entidades federativas, así como a sus poderes, tal como lo señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios en su artículo 5º, al ser un orden jurídico de impacto nacional en donde los poderes de los Estados se encuentran sujetos a las disposiciones jurídicas en cuestión (8).
Ante este hecho se podría argumentar que estas bases se hacen en atención a los presupuestos en su generalidad, sin hacer hincapié en los demás poderes; sin embargo, al ser ésta legislación de aplicación obligatoria a todo ente público sin importar su nivel de gobierno, se extiende este nuevo sistema a la totalidad de la esfera pública sin excepción alguna. Por lo tanto, esto también incluye al Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
Analizando la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, identificamos que ésta aún necesita armonizarse atendiendo al nuevo paradigma presupuestal contemplado en materia de planeación establecido en las disposiciones de disciplina financiera. A su vez, la dispersión de artículos en la materia a través de otras disposiciones jurídicas como la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás reglamentos, hace necesario que se tomen medidas para mejorar una aplicación que sea pertinente, favorezca la claridad y se fortalezca la seguridad jurídica en la materia. Para corroborar este hecho, a continuación se hace un diagnóstico jurídico a manera de análisis sobre la legislación en cuestión.
DIAGNÓSTICO JURÍDICO EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
La Ley Orgánica del Poder Legislativo ya contempla un articulado referente a la Planeación en el capítulo V, el cual fue resultado de una reforma de la pasada legislatura y que la actual vio su entrada en vigor. Los aspectos más trascendentales de esta reforma consisten en contemplar un Plan General del Poder Legislativo, el cual debe establecer las directrices y lineamientos que permitan a éste organismo realizar sus funciones en beneficio de la población y establecer matrices de indicadores que permitan medir los objetivos y demás acciones que éste llevará a cabo.
Sin embargo, aún no existe la regulación que pueda otorgar la seguridad jurídica suficiente para establecer una relación entre la planeación del poder legislativo y su presupuesto de egresos. Recientemente se ha podido hacer un intento semejante al contemplar el primer presupuesto con base a proyectos presupuestales.
Sin embargo, cabe resaltar que éstos aún no se encuentran en relación jurídica con el Plan General del Poder Legislativo y las matrices, las cuales fueron aprobadas el 25 de mayo del año en curso así como el 21 de abril respectivamente. Es necesario que se contemple esta relación si el Poder Legislativo ha de lograr un presupuesto que además de austero, sea funcional y pueda atender en mejor medida a las necesidades de la población.
Además, cabe resaltar que actualmente existen fechas discordantes tratándose de la aprobación del anteproyecto del presupuesto de este organismo así como la modificación o elaboración de las matrices de indicadores. Esto representa una situación que resulta incompatible, pues ambos deberían estar coordinados a efecto de poderse retroalimentar. En tanto que el primero se aprueba durante la segunda quincena de octubre, el segundo es sometido a su elaboración y aprobación en la segunda quincena de febrero de cada año, esto de conformidad con la fracción V del artículo 75, así como de la fracción III del artículo 19-M de la Ley Orgánica del poder Legislativo.
Esto representa un obstáculo para la adecuada planeación del Poder Legislativo ya que las matrices de indicadores deberían elaborarse antes de que se realice el anteproyecto del presupuesto, no una vez ejercido, explicitándose la necesaria conexión que existe entre ambas herramientas. De lo contrario existe una línea discontinua entre ambos instrumentos que impide que el gasto público se pueda medir de manera adecuada, donde deberían elaborarse de manera continua, teniendo como eje una retroalimentación de los resultados que se emplearon en los ejercicios presupuestales anteriores. Por lo tanto, se requiere subsanar esta situación, a no ser que se deje a libre criterio de futuras legislaciones el que la elaboración e implementación de matrices de indicadores y el presupuesto represente actividades aisladas, o en su caso, se logren conectar a discrecionalidad de quienes asuman la representación popular.
Otro problema que tiene que solventarse a través de una adecuada legislación son las disposiciones referentes a la elaboración del presupuesto del Poder Legislativo y su aplicación, ya que éstas son insuficientes para su adecuada elaboración y aplicación. Esto representa un detrimento de la seguridad jurídica ya que se deja al libre criterio del legislador colmar estas lagunas sin mayores parámetros que aquellos que considere pertinentes.
Esto se muestra si se analiza que sólo existen referencias en cuanto a los plazos para los anteproyectos del presupuesto en general, pero no así para el poder aprobar el proyecto final, pudiendo ocurrir que el legislador en turno pueda darle su visto bueno hasta el año fiscal siguiente. En este aspecto resulta relevante que tampoco existe concordancia entre los plazos legales para poder estudiar el proyecto presupuestal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y el de este organismo. Esto se debe a que en tanto que el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios contempla que la Comisión de Administración del Poder Legislativo recibirá el proyecto de la Auditoría el 15 de septiembre para su análisis e inclusión en la partida presupuestal correspondiente del poder Legislativo, el artículo que sigue establece que será la Comisión de Hacienda quien reciba la propuesta de proyecto presupuestal del auditor el primero de noviembre.
Cabe destacar que si bien la Comisión de Hacienda analiza en su integridad el proyecto presupuestal que proviene del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, incluyendo el del Poder Legislativo, se requiere precisar plazos concordantes entre ambos proyectos a efecto de que exista armonización con la planeación entre la Auditoría y éste poder dada la necesaria interdependencia que guardan, sin por ello desconocer la autonomía que existen entre ambos. Por otro lado, debido a que no existen plazos para señalar cuándo se aprobará el anteproyecto para convertirse en el proyecto presupuestal, tampoco existe certeza cuándo ambas proyecciones deben aprobarse por la Asamblea para que el Poder Ejecutivo las integre de manera adecuada.
Esto representa un detrimento en la seguridad jurídica del Poder Legislativo porque existe poca certeza o una secuencia anacrónica considerando la teoría y la lógica de la planeación, en cuanto a los plazos y términos a seguir para su adecuado diseño, elaboración, aprobación y en su caso ejecución, lo cual es más que necesario ante el nuevo paradigma de planeación antes mencionado. Por lo tanto, es importante que se tomen las medidas necesarias para que se precisen los tiempos a que deberá ajustarse la aprobación de los respectivos anteproyectos y presupuestos, y que se puedan discutir en un tiempo adecuado tomando como referencia el contexto de planeación para el desarrollo.
Además de la necesidad de ajustar tiempos y procedimientos que maximicen los resultados de una discusión organizada del presupuesto, cabe asumir que es necesario considerar la participación de las Comisiones Legislativas y de los órganos internos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco para plantear e implicarse en el diseño presupuestal en todas sus fases, dado que en estos entes recaen las funciones sustantivas del Congreso. Lo anterior reconociendo que el presupuesto de este poder hoy se realiza de manera aislada, sin tomar en consideración el visto bueno de otras comisiones o un trabajo de planeación y programación transversal.
De conformidad con los artículos 106 y 117 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde al Secretario General dar el visto bueno del anteproyecto del presupuesto a efecto de que se presente a la Comisión de Administración, previa integración que se da de la Dirección de Control Presupuestal y Financiero. Sin embargo, esto se realiza de manera atomizada, sin integrar de manera concurrente y lógica las funciones sustantivas (agenda legislativa) y aquellas adjetivas de apoyo administrativo para las primeras. Aún que está planteado de manera implícita que el Comité de Planeación impulsa y debe dar el visto bueno, no clarifica los momentos y las formas a pesar de que es un eslabón necesario para poder realizar un ejercicio del gasto público que sea responsable y orientado al beneficio de la población en atención a la competencia y ocupaciones que realiza el Poder Legislativo.
Por lo tanto se requiere un proceso que maximice el consenso, donde estén representados los actores centrales a quienes corresponde la planeación de este poder con la finalidad que la discusión del presupuesto se realice de manera acorde a los propósitos que fueron contemplados en su Plan General y en sus matrices indicadores, si bien contando con la presencia de la Secretaría General y de la Dirección en cuestión para dotarle a éste de mayor solidez. La pertinencia de incluir al Comité de Planeación se debe a que cuenta con una estructura plural donde participan los integrantes de la Comisión de Planeación, la Comisión de Hacienda, Justicia, Puntos Constitucionales, así como integrantes de órganos internos de mayor representatividad como es el caso del Presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, logrando que se pueda maximizar una toma de decisiones que sea prudente y cuente con mayor votación al someterse en su momento el anteproyecto y presupuesto de egresos ante la Asamblea del poder Legislativo.
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y sus Municipios, el presupuesto de este poder debe contemplar la plantilla de personal así como las remuneraciones que por concepto de salarios y prestaciones que les correspondan. Atendiendo al artículo 5º de la Ley General del Sistema Anticorrupción (9), uno de los principios que se contempla para poder fortalecer el Estado de Derecho consiste en que el servicio público se guié por el profesionalismo, a efecto de garantizar una gestión pública de calidad.
Es por ello que en los presupuestos se contemple una plantilla de personal que responda al perfil para el cual fue contratado. De nada sirve contar con una planeación adecuada con matrices de indicadores que permita evaluar ésta, si no se cuenta con las herramientas de rendición de cuentas que de manera transparente se pueda mostrar los perfiles de quienes laboran en el Poder Legislativo; sin embargo, en los ejercicios presupuestales no se explicita esta cuestión, y en caso de que no existan los criterios para poder contemplar la plantilla, se puedan crear.
Hasta la fecha no existen lineamientos que contemplen de manera objetiva y describan el perfil de las personas que ingresan o se mantienen en el Poder Legislativo, ni se cuenta con un catálogo de puestos. Es por ello importante que cada año, como parte del análisis presupuestal desde su anteproyecto, se contemple el estudio de los puestos y perfiles que integran este poder, para que este organismo pueda lograr ser un eslabón importante en la cultura de la planeación para el desarrollo basado en la especialización de su personal compatible con el principio de profesionalización del nuevo sistema nacional anticorrupción, garantizando derechos laborales adquiridos.
A través del diagnóstico que se llevó a cabo de la legislación en materia presupuestal del Poder Legislativo del Estado de Jalisco se mostró que se requiere llevar a cabo una reestructura en la materia, a efecto de fortalecer la seguridad jurídica, sobre todo atendiendo a los plazos en los que éstos se gestionan para poder llevar a cabo una adecuada discusión organizada que conlleve a un ejercicio responsable del gasto público. En este mismo sentido se mostró que es necesario contemplar el enlace entre el diseño presupuestal y la planeación que lleva a cabo cada año el Poder Legislativo, con la finalidad de que éste esté en mayores posibilidades de lograr su finalidad en beneficio de la población.
Para dar solución a esta problemática se propone adicionar un Capítulo VIII dentro del Título Octavo correspondiente al procedimiento legislativo ordinario denominado “De la Planeación, del Presupuesto de Egresos del Poder legislativo”, a efecto de lograr fortalecer la seguridad jurídica y previsibilidad en este tema solventando así la problemática ya señalada.
Para poder solucionar la falta de integración de un nexo entre la planeación para el desarrollo y el diseño presupuestal, se propone contemplar en este capítulo la necesaria relación que deben guardar ambas materias y procesos, así como explicitar la condición de tal interdependencia para ejercer los recursos sin dejar de la lado la necesaria expresión del resultado a través de programas y proyectos presupuestales específicos anuales o multianuales, con sus respectivos matrices de indicadores de resultados para poder evaluar en la medida que éste se ejerza.
Esto permitirá que se pueda llevar a cabo de manera transparente un gasto público atendiendo a objetivos que se puedan plantear atendiendo a las necesidades reales del Poder Legislativo, trascendiendo de una perspectiva meramente administrativista para que ésta sea enfocada a su teleología de diseño y aprobación y que responda a las necesidades de la población. De esta manera todo recurso que use este organismo permitirán fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas de manera armonizada con el Plan General del Poder Legislativo, así como el Plan Estatal de Desarrollo.
En razón al vacío jurídico que existe respecto a los plazos, ésta iniciativa propone solventar y clarificar las fechas en las se debe elaborar el anteproyecto, los programas, proyectos y las matrices de indicadores de resultados de manera lógica. Estableciendo que a más tardar el quince de agosto de manera coordinada entre el secretario General, la Dirección de Control Presupuestal y Financiero y del Comité de Planeación se desarrolle e integre el proyecto presupuestal y éste se apruebe antes del quince de agosto.
Esta modificación permitirá que el presupuesto se elabore de manera paralela y homogénea con el resto de las dependencias del Poder Ejecutivo, lográndolo enviar con el tiempo correcto para la adecuada integración metodológica coordinada por el Ejecutivo para que a partir del primero de noviembre el Congreso construya la Ley de Egresos del Presupuesto del Estado de Jalisco.
La pertinencia de esta medida consiste en que otorgará suficiente tiempo para que el Poder Legislativo pueda consolidar un presupuesto acorde a una visión de planeación integral y a la vez se garantizará que el presupuesto se ejerza en tiempo y forma, a partir del 1 de enero del siguiente año fiscal de manera concordante con el Presupuesto de Egresos para todo el Estado.
La razón por la cual se propone facultar al Comité de Planeación para el Desarrollo, el realizar el anteproyecto del presupuesto de egresos para el Poder Legislativo, consiste en el alto nivel de consenso que se requiere para este proceso, y éste se puede lograr a través del Comité debido a las características de sus miembros ya que lo integran el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso y el de la Junta de Coordinación Política, así como de las comisiones con la experiencia en la materia: las comisiones de Hacienda y de Administración, entre otras, además de órganos internos. Por otra lado si bien se contempla que sus funciones son diseñar el Plan General, la agenda legislativa y las matrices de indicadores de resultados, de acuerdo en lo establecido en el art. 19 M, es necesario explicitar el proceso incorporando la integración del anteproyecto de presupuesto del Congreso y perfeccionar las fechas ahí establecidas de manera lógica entre las 4 acciones clave de la planeación y programación presupuestal.
También se planea modificar la atribución que se otorga actualmente a la Secretaría General así como a la Dirección de Control Presupuestal y Financiero en la materia, a efecto de que sirvan de auxiliares, dejando esta facultad explícita a favor del Comité de Planeación, otorgándole además la competencia para poder llamar a expertos en la materia para fortalecer el diseño presupuestal y mejorar la respuesta a los objetivos y resultados que se contemplen.
Esta propuesta va en sintonía con las nuevas disposiciones constitucionales en materia de participación social de gobierno abierto, por la cual la población y sus diversos sectores podrán participar en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. En este aspecto, los proyectos presupuestales representan la manera en la que el Poder Legislativo diseña sus propias políticas que acaban afectando a la población, por lo que es importante que se cuente con el aval de expertos para que éste logre consolidarse con el mayor grado de legitimación posible.
Además, para lograr mayor claridad en el ejercicio presupuestal, se propone que se explicite que el presupuesto de egresos del poder legislativo se ejercerá a partir del primero de enero finalizando éste el treinta y uno de diciembre para lograr disminuir las posibles interpretaciones que se pudieran realizar en cuanto al momento en el cuál éste se debe aprobar y ejercer atendiendo a un calendario fiscal que sea acorde a los demás entes estatales y la normatividad correlacionada aplicable.
Toda vez que el artículo 41 bis en su tercer párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco otorga autonomía al Poder Legislativo del Estado de Jalisco para que a través de la Comisión de Administración se elabore su clasificador por objeto de gasto, se propone explicitar que éste se conforme por proyectos presupuestales alineados de conformidad con las matrices de indicadores. Esto permitirá que la Comisión de Administración, como parte del Comité de Planeación mantenga su facultad desde una perspectiva que sea acorde al paradigma ya planteado, insistimos de manera integral y acorde a las funciones sustantivas.
Reiterando la importancia de analizar que el Poder Legislativo cuente con los mejores perfiles profesionales para cumplir con los objetivos que se puedan contemplar en su Plan General y matrices de indicadores, dentro de los plazos de construcción del anteproyecto, se propone incluir al personal con el que el Congreso cuente, que demuestre las mejores aptitudes para el diseño desde una base técnica sólida. Siendo el mejor escenario tener un órgano técnico que apoye los trabajos de planeación y evaluación del ejercicio en auxilio de los entes involucrados (Comité de Planeación y Comisión de administración, entre otras). Se pretende que este órgano técnico coadyuve a lograr los objetivos, con oportunidad de apoyar durante todo el proceso de planeación, del ejercicio y evaluación derivado de emitir los lineamientos atendiendo a una metodología objetiva que busque generar resultados.
De aprobarse esta propuesta tendrá la pertinencia de fortalecer la seguridad jurídica del Estado, legitimando la actividad del Poder Legislativo, logrando llenar los vacíos legales que existen en materia presupuestal, permitiendo de esta manera que la población cuente con el mayor grado de previsibilidad jurídica en la materia para que pueda medir el grado de eficacia y eficiencia con la cual se ejerce el gasto público de este organismo.
Además, con esta propuesta se logrará fortalecer el Estado de Derecho en Jalisco, al lograr sostener un presupuesto que tenga una perspectiva funcional en donde se cuente cada año con los mejores perfiles profesionales que maximicen los resultados que en su momento se contemplen en el Plan General del Poder Legislativo así como en las matrices de indicadores que se diseñen e implementen.
En lo económico, esta propuesta no representa mayor costo, ya que desde el año en cuestión se han aprobado los diversos instrumentos de planeación que permitirán que esta reforma se aplique sin que repercuta de manera negativa o gravosa en el presupuesto del poder legislativo. Además, implica un cambio positivo que permitirá al Poder Legislativo gastar de manera funcional, en atención a una nueva perspectiva que atenga a resultados, trascendiendo una visión meramente administrativa, para lograr disminuir el gasto de partidas que, tras un análisis minucioso, se consideren inadecuadas para conducir de manera óptima el desarrollo de sus actividades.
Además, se logrará armonizar los tiempos presupuestales entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, logrando una mayor coordinación en materia de política económica, donde a través de una adecuada rendición de cuentas horizontal entre ambos poderes, permitirá que, atendiendo a las directrices contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, se permita incidir cada vez más de manera benéfica en la calidad de vida de la población.
En lo social, esta propuesta tendrá la pertinencia consistente en fortalecer la cohesión social de la población, al permitir que ésta sea un actor importante en la construcción de las políticas públicas atendiendo a los lineamientos en materia de gobierno abierto, donde la participación social provenga de expertos en la materia, logrando así mayores resultados a través del proceso de construcción del presupuesto de egresos del poder legislativo.
INICIATIVA DE LEY que tiene por objeto reformar el capítulo 5 del Título Segundo a efecto de que se denomine “De la Planeación Institucional y Programación Presupuestal del Poder Legislativo”, así como el artículo 75, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y también reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y su Municipios para quedar como sigue:
De la Planeación Institucional y Programación Presupuestal del Poder Legislativo
De la Planeación para el Desarrollo del Poder Legislativo
Artículo 19-A.
En materia de planeación institucional del Poder Legislativo, le corresponde al Congreso del Estado:
II.-Aprobar las matrices de indicadores de resultados para la conducción de las funciones sustantivas del Congreso y de aquellas adjetivas derivadas de las acciones administrativas necesarias para el desarrollo del plan general, la agenda legislativa y los proyectos presupuestarios en los términos de la legislación en la materia;
III a la V…
Artículo 19-M.
En el proceso de planeación, el Congreso del Estado se sujetará a los siguientes términos:
III. Las matrices de indicadores de resultados delimitarán los objetivos y demás lineamientos que se requieran para la adecuada evaluación y consecución de los objetivos y finalidades del Poder Legislativo, expresados en el Plan General, la Agenda Legislativa Anual, los programas de trabajo de las comisiones y las direcciones atendiendo a los plazos que para tal efecto señale esta ley.
De la Programación Presupuestal del Poder Legislativo
Artículo 19-N.- El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo se planeará, diseñará, elaborará e implementará atendiendo al Plan Estatal de Desarrollo, el Plan General del Poder Legislativo, la agenda legislativa anual y planes de trabajo de las comisiones y comités, así como a las matrices de indicadores y proyectos presupuestales que para tal efecto se realicen, conformando su clasificador de objeto de gasto por programas presupuestales, garantizando en todo momento una gestión pública de calidad a favor de la población.
Artículo 19-O.-Corresponderá al Comité de Planeación del Poder Legislativo la facultad de diseñar el anteproyecto del presupuesto de egresos del Congreso del Estado de Jalisco, coordinando a los demás órganos internos, contando con la Secretaría General del Congreso así como la Dirección de Control Presupuestal y Financiero como órganos auxiliares, las cuáles atenderán en todo momento a las instrucciones y lineamientos que para tal efecto emita la mayoría de los integrantes del Comité y apegado al Plan General del Poder Legislativo.
Artículo 19-P.-Para la planeación del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo el Comité de Planeación se sujetará a los siguientes términos:
1.-El anteproyecto del presupuesto para el siguiente año fiscal así como las actualizaciones y modificaciones al Plan General del Poder Legislativo y/o a la agenda legislativa anual y las matrices de indicadores para resultados correspondientes, deberán aprobarse, vía dictamen emitido por el Comité de Planeación, a más tardar el quince de agosto del año previo al que se ejercerá. El Comité de Planeación podrá auxiliarse de expertos de la sociedad civil, la iniciativa privada y del sector académico que cuenten con acreditación al respecto.
El anteproyecto de presupuesto deberá contener:
La plantilla de personal y sus respectivos tabuladores;
El plan y programas de mantenimiento correctivo y preventivo del Patrimonio del Congreso del Estado;
El plan de desarrollo, actualización y mantenimiento en infraestructura tecnológica;
El plan de comunicación social; y
El plan de vinculación.
2.-Deberán ser analizados en el anteproyecto la plantilla y los perfiles, atendiendo a las matrices de indicadores que se desarrollen para la evaluación del personal, con objeto de garantizar la profesionalización de todos los servidores públicos del poder legislativo en cada puesto requerido para las funciones sustantivas así como para el logro de indicadores atendiendo a criterios objetivos que garanticen que se cumplan con los objetivos respetando derechos laborales adquiridos y fortaleciendo programas de capacitación.
3.-El dictamen de anteproyecto será sometido a aprobación por la Asamblea del Poder Legislativo y una vez aprobado será enviado al Poder Ejecutivo para que realice los comentarios que estime convenientes en materia de planeación para el desarrollo, integrando éstos a mas tardar el treinta de septiembre del año anterior al que se vaya ejercer el presupuesto.
4.-Una vez que el Poder Ejecutivo remita sus comentarios al Poder Legislativo, se turnarán al Comité de Planeación para la elaboración del dictamen de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo, justificando su inclusión o desecho a efecto de que el Pleno esté en capacidad de aprobarlo antes del quince de octubre del año anterior al cual será ejercido.
Se remitirá el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que sea integrado al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco.
5.-Para el caso del Proyecto de la Auditoría Superior del Estado, la misma deberá enviar su propio proyecto de presupuesto el 7 de agosto, con sus matrices de indicadores de resultados, y sea acorde al Plan Estatal de Desarrollo.
Artículo 19 Q.-El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo se deberá transparentar en su totalidad, haciendo uso de las tecnologías de la información a efecto de contar con un sistema de evaluación que permita a la población acreditar el avance de los objetivos de conformidad con las matrices de indicadores para resultados que se especifiquen.
COMISIONES LEGISLATIVAS Y COMITÉS
Corresponde a la Comisión de Administración el conocimiento de los asuntos relacionados con:
a la IV…
Determinar y aprobar el clasificador por objeto de gasto el cual será acorde al Plan General del Poder Legislativo, las matrices de indicadores de resultados y este se integrará por proyectos presupuestarios;y
ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco.”
Guadalajara, Jalisco, a 6 de octubre de 2016
Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de Jalisco.
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria
(1) Amartya Sen. (2000). Development as Freedom. Estados Unidos de América: Anchor Books.
(2) International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Gestión Pública. Material de Trabajo. Programa de Formación: Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Pilar Tello Rozas (mayo 2009) disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8453BD9D9F57489405257C0C0014A7FC/$FILE/Gestión_Pública.pdf
(3) Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Carta Iberoamericana en la Gestión Pública. (octubre 2008) disponible en:
http://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-calidad-en-la-gestion-publica/view
(4) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en Orden Cronológico. (mayo 2015) disponible en:
(5) IBID. (mayo 2015) disponible en:
(6) IBID: IBID (junio 2013) disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_207_05jun13.pdf
(7) ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. (octubre 2016) disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
(8) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. (abril 2016) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_270416.pdf
(9) Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.(julio 2016) Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
Simpatiza mayoría con Quirino
Alberto Uribe y Gerardo Quirino son los aspirantes más populares
El partido Movimiento Ciudadano va a la cabeza en intención de voto en Tlajomulco, pero su principal exponente, el Alcalde Alberto Uribe, no lidera por ahora.
A un año y ocho meses de la próxima elección donde se debe renovar o reelegir al Presidente Municipal de Tlajomulco, los ciudadanos tienen claro que hoy en día prefieren al actual regidor Gerardo Quirino Velázquez, aunque a mayoría seguiría votando por el partido Movimiento Ciudadano.
Una encuesta realizada por MURAL en vivienda preguntó a los ciudadanos “De los siguientes políticos, ¿quién le gustaría que fuera el Presidente Municipal de Tlajomulco en el próximo periodo? y los resultados revelan que el más mencionado es el ex candidato de la alianza PRD-PAN, seguido de Uribe, el actual munícipe.
El diputado federal por el Distrito 7, Salvador Zamora, alcanza la tercera posición con 10 puntos.
La directora de la Preparatoria de la UdeG en Tlajomulco, Celia Fausto, ocupa la cuarta posición con siete puntos quedando en quinto lugar el ex¬ candidato priista y regidor Luis Gómez.
Uribe y Quirino Velázquez fueron los principales candidatos para la Alcaldía tlajomulquense en 2015.
El desastre de la Seguridad y la Justicia en Jalisco
En: Milenio Diario Jalisco
Cuando se habla de Seguridad Pública y Justicia, Jalisco está reprobado, no importa el nivel u origen partidario del gobierno cuya responsabilidad se revise, todos los niveles gubernamentales provenientes del partido político que sea, se encuentran reprobados por igual en estas asignaturas.
De acuerdo con datos provenientes de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE 2016), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 61% de las personas en Jalisco opinan que la inseguridad es el principal problema.
Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio de 2016 (ENSU 2016), también realizada por el INEGI, el 65.4% de las personas en Guadalajara se sienten inseguras en la ciudad.
Ni el gobierno estatal en manos del PRI, ni los gobiernos municipales en manos de Movimiento Ciudadano, comenzando por el de Guadalajara, pasan la prueba de la opinión pública en el tema de la erradicación de la delincuencia. En Guadalajara el 62.8% de las personas opinan que la situación seguirá igual de mal o empeorará; en tanto que a nivel estatal el 69.5% de las personas sienten que pueden ser víctimas de robo en la calle o en el transporte público y el 52.1% piensa que puede ser víctima de lesiones debido a una agresión. Y razones no le falta a la ciudadanía para tener esta sensación de inseguridad; información proveniente de la Fiscalía General y del sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE), señala que los delitos del fuero común se han incrementado un 18%, y preocupa la alza de 52% en el número de casos de homicidios que alcanza 665 muertes en la Zona Metropolitana. Los robos de vehículo han llegado a 23 diarios y los robos a cuentahabientes de bancos registran al menos un caso por día.
La mayoría de la ciudadanía en la entidad perciben como poco o nada efectivas las acciones realizadas contra la inseguridad por parte del gobierno del estado (73.2%) y estiman que el trabajo de la Policía Municipal Preventiva, la de mayor proximidad, es igualmente poco o nada efectivo (59%). La prevención como competencia primordialmente municipal ha fallado, la vigilancia y los patrullajes son insuficientes y ni qué decir del rescate de espacios públicos; las consecuencias están a la vista.
Pero no sólo en el rubro de prevención del delito y seguridad las cosas van mal y pintan para peor; de acuerdo con la organización no gubernamental México Evalúa, que el pasado mes de junio presentó su informe Justicia a la medida, en el cual da cuenta de siete indicadores que califican el sistema de procuración e impartición de justicia en todo el país, Jalisco es una de las tres entidades que tienen un desempeño mediocre y a la baja en esta materia durante los últimos cinco años.
Los datos sobre Jalisco son alarmantes en temas como homicidios, denuncia de ilícitos y trato satisfactorio a víctimas de delitos; rubros que empeoraron entre 2013 y 2015. En cuanto a homicidios la tasa más baja por cada 100 mil habitantes se presentó en 2006 con apenas 6 casos, llegó a su nivel máximo a finales del sexenio pasado (2012) con 20.4 casos y actualmente se ubica en una tasa de 15.5 casos.
En cuanto a la denuncia de los ilícitos, la creciente desconfianza en la efectividad del trabajo gubernamental ha llevado a que cada vez con mayor frecuencia la ciudadanía no realice las denuncias correspondientes cuando se sufre algún tipo de incidente delictivo. En Jalisco se estima que apenas 1 de cada 5 delitos ocurridos son denunciados ante las autoridades.
Y lejos de perseguir y castigar a los delincuentes, las autoridades tratan mal y con frecuencia criminalizan a las víctimas del delito; en nuestro estado 1 de cada 2 víctimas de la delincuencia son tratadas de forma insatisfactoria en las agencias del Ministerio Público (55.4% en términos puntuales).
Lo más lamentable de todo esto es que la inseguridad y la injusticia no son sólo una colección de porcentajes y cifras que describen algo abstracto y lejano, los estragos de la delincuencia y la falta de presencia del Estado para garantizar la seguridad de las personas tienen rostro y nombre.
Hace unos días se registró un suceso por demás trágico e indignante. Blas Alí Saras, talentoso joven de 17 años fue asesinado luego de intentar defender a su madre y hermana de unos sinvergüenzas que pistola en mano pretendían arrebatarles el vehículo en el que se desplazaban por la colonia Miguel de la Madrid. Luego de que los delincuentes encañonaran a su mamá y la amenazaran para que les entregara el vehículo, Blas Alí, quiso intervenir para evitar que la lastimaran y recibió un balazo en el abdomen que le costó la vida. Otro caso igualmente trágico se registró el pasado fin de semana cuando un hombre de 65 años recibió un balazo en el abdomen al resistirse a ser asaltado en la colonia Belisario Domínguez y perdió la vida.
Ante la incapacidad de los gobiernos priistas y emecistas en Jalisco por cumplir con la más elemental de sus responsabilidades: brindar seguridad a las personas para la preservación de su integridad física y sobre la posesión de sus bienes, tal parece que lo único que nos queda es llegar al absurdo de pedir a los delincuentes que busquen en el fondo de su ser algún rasgo de humanidad y actúen de forma menos insensata y que cuando, como decíamos en el barrio, ‘las personas ya estén dadas’, desarmadas y a merced de sus estropicios, no sean ‘hijos de la chingada’ y corten la vida de alguien cuyo infortunio más grande fue tratar de defenderse o defender a sus seres queridos de una amenaza que todos los días nos acecha a cualquiera de nosotros.
Estoy cierto de que nada puede reconfortar la enorme pérdida de las familias de quienes han muerto a manos de la delincuencia, pero lo menos que podemos hacer es exigir que esta ola de asesinatos se detenga y no queden impunes; y que el gobierno del estado y los gobiernos municipales se bajen de una vez por todas de la hamaca y cumplan con sus responsabilidades y si no es así, como diría Alejandro Martí hace algunos años: “quien no pueda con el cargo, que se vaya”.

References: artículo 7
 artículo 6
 artículo 37
 artículo 28
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 37
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 37
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 37

Artículo 7

Artículo 6

Artículo 37
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 75
 artículo 16
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 75
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 75
 artículo 16

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 19