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Timestamp: 2018-03-25 00:43:09+00:00

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Novedades normativas en materia laboral y de seguridad social - Lexology
Novedades normativas en materia laboral y de seguridad social
Spain February 5 2014
I. REAL DECRETO 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
La norma tiene por objeto establecer unas reglas especiales para la concesión directa de las subvenciones denominadas Ayudas Extraordinarias a los trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, cuyo fin es facilitar una cobertura económica a estos trabajadores. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trabajadores despedidos de acuerdo con los artículos 51 y 52.c) Estatuto de los Trabajadores (despidos objetivos individuales o colectivos); así como los
trabajadores cuyo contrato de trabajo se extinga conforme a la Ley Concursal. Ahora bien, los
trabajadores han de cumplir los siguientes requisitos:
1. Que tengan una antigüedad mínima en la empresa o grupo de empresas de dos años. En el
caso de trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos la antigüedad se
computará de fecha a fecha desde la fecha de ingreso en la empresa, hasta la fecha del despido.
2. Que se encuentren en situación legal de desempleo en el momento de la concesión de la
No obstante lo anterior, a aquellos trabajadores que se encuentren incluidos en un plan de rentas, que
será explicado más adelante, y que estén desempeñando una actividad remunerada en el momento de la
concesión de la ayuda, se les podrá reconocer el derecho a la misma, pero su cobro quedará suspendido
hasta que el trabajador se encuentre en situación legal de desempleo, iniciándose el cobro de la ayuda
en ese momento pero solo por el periodo que le restase por percibir.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con cargo a los correspondientes programas
presupuestarios, podrá conceder en cada ejercicio presupuestario subvenciones en las modalidades,
supuestos y condiciones siguientes:
1. En aquellos casos en los que en el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas del
procedimiento de despido colectivo se incluya la constitución de un plan de rentas, que se
formalizará través de contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos de rentas,
con una entidad aseguradora autorizada para operar en España, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, podrá realizar una aportación al mismo. El plan de rentas podrá consistir en el
pago de un subsidio o de una cantidad destinada al pago por el trabajador del convenio especial
con la Seguridad Social, de forma conjunta o para una única de las modalidades. Solo podrán ser
financiados aquellos planes que cumplan ciertas características descritas en la norma. Se podrán
presentar solicitudes en el plazo de tres meses desde que se produzca la extinción de los
contratos de los trabajadores afectados por el despido colectivo, siempre que ésta se haya
producido dentro de los dos años siguientes a la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo
alcanzado en el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo
2. En el supuesto de que se haya extinguido la relación laboral de los trabajadores conforme a lo
previsto en la Ley Concursal o se haya decretado la insolvencia total o parcial de la empresa y se
acredite que la empresa no ha pagado las indemnizaciones legales por despido, se podrán
conceder directamente a los trabajadores despedidos las siguientes ayudas de forma conjunta o
para una única de las siguientes modalidades, que son compatibles con las prestaciones a que
tengan derecho los beneficiarios, del Fondo de Garantía Salarial, como consecuencia de la
insolvencia de su empresa:
a) Una subvención a tanto alzado que no podrá superar una anualidad del salario del
trabajador ni el importe anual de la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social.
b) Ayudas condicionadas a la suscripción por parte del trabajador del convenio especial
con la Seguridad Social y destinadas a su pago, durante el periodo que se establezca, con
un máximo de cuatro años, que podrán ser seis en determinadas circunstancias.
Se podrán presentar las solicitudes en el plazo de dos meses desde el momento en que se produzca la
extinción de los contratos de trabajo para las empresas en concurso de acreedores, o en su caso desde
3. Podrán concederse, directamente a los trabajadores, en régimen de pago único, ayudas
extraordinarias por una cuantía equivalente a la reposición de las prestaciones contributivas por
desempleo, consumidas durante los periodos de suspensión de los contratos o de reducción de
jornada, siempre que no se tenga derecho a las mismas en virtud de cualquier otra norma. Las
solicitudes podrán presentarse durante el mes en el que se agote la prestación contributiva por
desempleo, o en los dos meses siguientes al mismo.
En las solicitudes deberá se deberá incluir una memoria en la que se harán constar los motivos por los
que se solicitan las ayudas, el número de trabajadores beneficiarios, la cobertura solicitada y el coste
económico individualizado de la misma, adjuntándose la documentación que proceda.
II. ORDEN ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del
contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen
las bases de la formación profesional dual.
La orden ministerial tiene por objeto la regulación de los aspectos formativos del contrato para la
formación y el aprendizaje en desarrollo del Real Decreto 1629/2012, de 8 de noviembre, por el que se
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación
El contrato para la formación y el aprendizaje, así como su anexo relativo al acuerdo para la actividad
formativa que deberá suscribir la empresa con el centro de formación u órgano designado por la
Administración educativa o laboral que imparta la formación y la persona trabajadora, o sólo con ésta
cuando la formación se imparta en la propia empresa, se formalizarán en los modelos oficiales.
Los costes financiables de la formación en el contrato para la formación y el aprendizaje se calcularán de
acuerdo con los siguientes módulos económicos, que podrán ser actualizados: a) Modalidad presencial: Los costes hora/participante serán de 8 euros.
La cuantía máxima de las bonificaciones que podrá aplicarse la empresa para la financiación de los
costes de formación señalados, será la que resulte de multiplicar el correspondiente módulo económico
por un número de horas equivalente al 25% de la jornada durante el primer año del contrato, y el 15% de
la jornada el segundo y tercer año.
Cuando la formación sea impartida por un centro de formación acreditado o autorizado, de titularidad
privada, la empresa abonará mensualmente al centro el coste de la formación y se podrá aplicar por ello
las correspondientes bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Como es habitual, el pago
al centro deberá realizarse durante el mes siguiente a la finalización del plazo reglamentario de ingreso
de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a cada mes hasta que finalice el contrato inicial o
las prórrogas. Asimismo, el centro emitirá a la empresa mensualmente factura en la que conste datos del
participante, nombre del centro, formación realizada, número de horas de formación correspondientes al
mes liquidado, fecha de la factura y representante legal del centro. Es importante tener en cuenta, al
igual que ocurre con otra documentación laboral, que las facturas o recibos de pago estarán en la
empresa a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal y demás organismos facultados para su
control durante el plazo de cinco años, a contar desde la finalización de los contratos para la formación y
el aprendizaje que hayan sido realizados. Los citados costes de formación objeto de bonificación
deberán quedar expresamente identificados en la contabilidad de la empresa.
Hasta el límite de la cuantía máxima anteriormente señalada, la empresa podrá financiarse el coste de la
formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje mediante bonificaciones aplicadas en
las cuotas de la Seguridad Social, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Suscripción del acuerdo para la actividad formativa e información del mismo a la
c) Asignación a la persona trabajadora de un puesto de trabajo relacionado con la actividad
formativa y compatible con el tiempo dedicado a dicha actividad. Los Servicios Públicos de
Empleo competentes revisarán tal relación antes de la autorización de inicio de la actividad
d) Designación de una persona con la cualificación y experiencia profesional adecuada
para ejercer la tutoría en el ámbito de la empresa.
La empresa se aplicará las bonificaciones en los boletines mensuales de cotización manteniendo la
proporción de un número máximo de horas financiables, por la formación efectivamente realizada,
equivalente al 25% de la jornada aplicada en cada mes durante el primer año del contrato, y el 15% de la
jornada el segundo y tercer año. Igualmente, en el supuesto de que el desarrollo de la actividad formativa
se concentre en un determinado período durante la vigencia del contrato, la aplicación de las
bonificaciones se realizará mensualmente, y en la proporción señalada, hasta que la empresa totalice la
cuantía máxima de financiación a que tiene derecho. III. REAL DECRETO 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para
la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Se trata de una norma muy relacionada con el RD 908/2013 ya comentado y que tiene por objeto
establecer las reglas especiales para la concesión directa de las subvenciones denominadas ayudas
previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por
procesos de reestructuración de empresas, cuyo fin es facilitar una cobertura económica a estos
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previas a la jubilación ordinaria los trabajadores despedidos de
acuerdo con los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores (despido objetivos individuales o
colectivos), que cumplan los siguientes requisitos generales:
1. Tener cumplida una edad, real o teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad,
que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación. A efectos
de determinar dicha edad legal de jubilación se considerará como tal la que le hubiera
correspondido al trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al
periodo de percepción de la ayuda.
2. Tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva en el régimen de la Seguridad Social de
encuadramiento al alcanzar la edad legal para el acceso a la misma que en cada caso
3. Acreditar una antigüedad mínima en la empresa o grupo de empresas de al menos dos
años en el momento de la solicitud del reconocimiento. En el caso de trabajadores con
contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos la antigüedad se computará de fecha a fecha
desde la fecha de ingreso en la empresa, hasta la fecha del despido.
4. En el caso de trabajadores afectados por despido colectivo, no podrán transcurrir más de
cuatro años entre la fecha de comunicación del acuerdo alcanzado en el periodo de
consultas a la autoridad laboral competente, y la fecha de acceso de los trabajadores al
sistema de ayudas previas.
5. Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo en el
momento de la concesión de la ayuda, haber agotado la prestación contributiva por
desempleo, en el caso de que tuvieran derecho a la misma y no haber sido objeto de
sanción durante el periodo de cobro misma, como consecuencia de alguna infracción que
implique la pérdida del derecho a la prestación por desempleo. Si la sanción implica la
suspensión temporal del cobro de la misma, el inicio de la percepción de la ayuda se
retrasará por el mismo periodo de tiempo en que haya quedado suspendida la prestación
La ayuda previa a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social consistirá en una ayuda
económica que percibirá mensualmente el trabajador y en la cotización a la Seguridad Social durante el
periodo de percepción. La cuantía inicial de la ayuda que percibirá el beneficiario será el 75% del
resultado de dividir entre siete la suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, excluidas las horas extraordinarias, correspondientes a los seis meses
anteriores a la fecha del despido, sin que en ningún caso pueda superar la pensión máxima establecida
en el sistema de la Seguridad Social para el año en que tenga lugar dicha efectividad. En el caso de los
trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos, el cálculo consistirá en dividir entre catorce las bases de cotización de los doce meses anteriores al despido. La ayuda sólo podrá percibirse,
con participación de las Administraciones Públicas, hasta un máximo de cuatro años y, en todo caso,
hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
Durante el primer año de percepción, la cuantía de la ayuda será la que resulte de aplicar lo comentado
anteriormente. Para el segundo y sucesivos años, se incrementará acumulativamente de acuerdo con el
promedio del índice de revalorización de las pensiones contributivas de la Seguridad Social establecido
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en que se comience a devengar la ayuda,
más los índices de revalorización establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de
los tres años anteriores.
Durante el período de percepción de la ayuda, el trabajador beneficiario será considerado en situación
asimilada al alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con obligación de cotizar. No obstante lo
anterior, los beneficiarios de las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad
Social, están excluidos a efectos de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, además de
todas las prestaciones derivadas de contingencias profesionales (lógico si se tiene en cuenta que el
trabajador no está trabajando), de las prestaciones derivadas de contingencias comunes que no tengan
la naturaleza de pensiones (por ejemplo sería el caso de la incapacidad temporal).
En el caso de trabajadores afectados por despido colectivo, la empresa y la representación legal de los
trabajadores conjuntamente, podrán presentar en los quince días siguientes a la comunicación a la
autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas, la solicitud de ayudas previas a la
jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social para aquellos trabajadores incursos en el
procedimiento de despido colectivo. En el caso de los trabajadores despedidos en virtud del artículo 52.c)
del Estatuto de los Trabajadores (despido objetivo individual), la solicitud se presentará por la empresa y
la representación legal de los trabajadores conjuntamente, o por la primera únicamente en caso de
inexistencia de representación legal de los trabajadores, durante el plazo de preaviso de quince días
desde la entrega de la comunicación hasta la fecha de extinción del contrato de trabajo; o en los quince
días siguientes al despido en caso de que no se conceda el mismo (lo que suele ser lo más frecuente).
En la solicitud se deberá incluir una memoria en la que se harán constar los motivos por los que se
solicitan las ayudas, el número de trabajadores beneficiarios y una previsión de su coste económico
individualizado, adjuntándose la documentación correspondiente.
La financiación de las ayudas previas a la jubilación ordinaria, que incluye la cotización a la Seguridad
Social, corresponderá en un 60% a las empresas solicitantes y el 40% restante irá con cargo al programa
correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, o de la Comunidad Autónoma cuando haya
recibido el traspaso de servicios en esta materia. La participación de la empresa podrá superar dicho
porcentaje, si existe previa conformidad de la misma.
IV. RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la
que se autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos
conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad
Como ya se informó en una Alerta anterior y se han hecho eco todos los medios de comunicación, el
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores, a través de una mera Disposición Adicional y sin
consultarse con organizaciones patronales ni sindicales, reformó la Ley General de la Seguridad Social
de forma que pasaron a computarse en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social
una serie de conceptos retributivos hasta entonces excluidos de la misma, y, por otra parte, han pasaron
a computarse en su integridad otros conceptos que con anterioridad tenían establecida alguna limitación
a tal efecto. Dicha modificación legal entró en vigor el 22 de diciembre de 2013, afectando a la liquidación
de las cuotas del Régimen General devengadas a partir de ese mismo mes. Es decir, a pesar de la fuerte trascendencia económica para empresas y trabajadores, se acordó que la controvertida medida entrara
en vigor de forma inmediata y sorpresiva, cuando las empresas ya habían cerrado los presupuestos para
Así no es de extrañar, que la norma ahora comentada autorice la ampliación del plazo de liquidación e
ingreso de los nuevos conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la
Seguridad Social y del importe en que se hayan incrementado otros conceptos a incluir en dicha base,
como consecuencia de la modificación anteriormente referida, correspondientes a los períodos de
liquidación de diciembre de 2013 a marzo de 2014. De este modo, los referidos conceptos podrán ser
objeto de liquidación complementaria e ingreso, sin aplicación de recargo o interés alguno, hasta el 31 de
V. REAL DECRETO-LEY 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y
transporte, y otras medidas económicas
A pesar de la literalidad de la denominación de la norma, su entrada en vigor lleva anudadas
modificaciones en materia de Seguridad Social.
Con efectos de 1 de febrero de 2014 la norma modifica (al poco tiempo de haber entrado en vigor), la
Ley de Presupuestos Generales del Estado en un sentido beneficioso para los trabajadores autónomos.
Así, para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2013 y de manera simultánea
hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez
(anteriormente cincuenta trabajadores), la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual a la
prevista como base mínima para los trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen
Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 2014 se modifica la cotización en los supuestos de
contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30% (anteriormente el 9,30%), del que
el 6,70% será a cargo del empresario y el 1,60% a cargo del trabajador.

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 
 artículo 52
 RESOLUCIÓN