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Timestamp: 2018-08-16 00:54:58+00:00

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﻿ Sentencia 25632 de enero 27 de 2010
SENTENCIA 25632 DE 27 DE ENERO DE 2010
CONTENIDO:PRISIÓN DOMICILIARIA PARA LOS PADRES Y MADRES CABEZAS DE FAMILIA. PROCEDE NO SOLO AL DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA SOBRE EL MENOR, TAMBIÉN EL INTERESADO DEBE ACREDITAR QUE SU COMPORTAMIENTO PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL Y SOCIAL NO REPRESENTA PELIGRO PARA LA COMUNIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PENAL, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, RECLUSIÓN DOMICILIARIA, PADRE CABEZA DE FAMILIA, MADRE CABEZA DE FAMILIA, OBLIGACIONES DE LOS PADRES
Sentencia 25632 de enero 27 de 2010
Proceso 25632
Aprobado Acta 16
En este sentido, los temas que propuso el recurrente aluden a la violación directa por falta de aplicación (i) del artículo 351 de la ley 906 de 2004 (CPP del nuevo sistema acusatorio), que establece la rebaja de hasta la mitad de la pena imponible cuando el procesado acepta los cargos imputados; y (ii) del artículo 1º de la Ley 750 de 2002, que consagra la prisión domiciliaria para los padres y madres cabezas de familia cuando prevalezca la protección de los intereses superiores del menor de edad.
2. De la aplicación retroactiva del artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
2.1. A raíz de la entrada en vigencia gradual y sucesiva del nuevo sistema de procedimiento penal derivado del Acto Legislativo 3 de 2002 (que modificó la C.N., arts. 250 y 251), esta corporación siempre ha sostenido el criterio de que el principio de la ley penal más favorable no solo se predica frente al tránsito de legislaciones en el tiempo, sino además ante la existencia paralela de ordenamientos procesales ordinarios dentro del mismo territorio nacional.
“[...] en virtud a la entrada en vigencia del nuevo Estatuto Procesal Penal y a su coexistencia con la Ley 600 de 2000, la Sala viene insistiendo en aseverar que no obstante que el Acto Legislativo 3 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal de 2004 solo son aplicables en los distritos judiciales en los cuales ha sido acuñado el sistema acusatorio desde el 1º de enero de 2005 respecto a delitos cometidos a partir de esa fecha, ello no obsta para que en los demás, en donde aún rige la Ley 600 de 2000, puedan aplicarse ciertas disposiciones de la Ley 906 de 2004 de acuerdo con el principio de favorabilidad que opera en materia penal y procesal penal con efectos sustanciales por mandato del artículo 29 de la Carta Política y 6º de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, fundada en que no solo opera en casos de sucesión de leyes sino además en la coexistencia de normas, en tanto que los preceptos llamados a regular el asunto jurídico prevean el mismo supuesto de hecho y no hagan parte de la esencia o de la naturaleza jurídica del sistema procesal penal acusatorio recientemente implementado y el seleccionado le ofrezca ventajas al procesado o condenado”(1).
En lo que de ninguna manera ha sido pacífica la jurisprudencia es en lo relativo al específico tema de la aplicación retroactiva del inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 (según el cual la “aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible”) para efectos del trámite de la sentencia anticipada prevista en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 (que consagra, a “partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación” —inc. 1º—, una “disminución de la tercera parte de [la pena] por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad” —inc. 4º—”).
Sin embargo, a partir del fallo de 8 de abril de 2008(2), ha dominado la postura en virtud de la cual la figura de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 es asimilable a la del allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004 y, por lo tanto, la primera es respecto de la segunda susceptible de aplicar el principio de la ley penal más favorable:
“Reconoce esta decisión que, en esta modalidad de Estado, pueden coexistir interpretaciones diversas sobre un mismo punto de derecho, en cuyo caso para garantizar el principio de igualdad y la efectividad misma del principio de favorabilidad, debe primar la opción que más identifique los postulados del sistema jurídico vigente, que en nuestro caso, y según los artículos 1º, 6º, 7º, 93 de la Constitución Política, es el reconocimiento de la dignidad humana, a partir de la libertad y la igualdad.
“[...] El punto de desencuentro se centra en que para la Sala la filosofía de los preacuerdos y negociaciones que subyace a la terminación anticipada del proceso en la Ley 906 de 2004 es la nota diferenciadora que impide la equivalencia de la institución con la de la sentencia anticipada.
“Sin embargo, el presupuesto de la tesis tiene un esguince, toda vez que, en el mismo estatuto procesal, las figuras del allanamiento a cargos y de los preacuerdos se encuentran previstas en capítulos independientes, la primera en el capítulo de la formulación de la imputación, específicamente en el artículo 288.3; ahora, cuando la institución es nuevamente mencionada en el capítulo de los preacuerdos y negociaciones, se hace para trazar sus efectos, es decir, que el imputado que se allana a los cargos accede a una rebaja de pena de hasta la mitad y este marco de movilidad le corresponde al juez autónomamente, más allá de los criterios que aporten las partes e intervinientes en la audiencia de individualización de pena y sentencia — L. 906/2004, art. 447—.
“Lo anterior para indicar que es con la figura del allanamiento a cargos que la sentencia anticipada guarda similitud, en donde entre el imputado y la fiscalía no ha mediado consenso y las consecuencias de ese acto unilateral, libre y voluntario no dependen sino del juez dentro del marco de movilidad que la ley confiere —hasta la mitad—.
“Desde esta observación, sí parece que la invocación al principio de favorabilidad es correcta, porque el supuesto de hecho es idéntico: se trata de un ciudadano que admite su culpabilidad en unos hechos y releva al Estado del esfuerzo de la demostración probatoria en juicio; en las dos situaciones la pena no se acuerda, literalmente hablando, porque aquella se dosifica por el juez, conforme a los criterios para su fijación y dentro del marco de movilidad que le confiere el artículo 351 ejusdem; en ninguno de los dos eventos se pactan situaciones procesales sobre la libertad, como subrogados penales; es decir, el fiscal no acuerda con el imputado la alegación de culpabilidad de aquel, previo conocimiento de los cargos formulados por la fiscalía; lo pone en directa relación con el juez, no con el fiscal, con quien no se estima ni pena ni subrogados; esto es lo que ocurre también con la sentencia anticipada.
“Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté condicionado a la reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo que se ha destacado como nota diferenciadora para imposibilidad de la aplicación del principio de favorabilidad. Lo que ocurre es que esta situación condiciona la relación jurídica entre fiscal e imputado para acordar, pero cuando el ciudadano se allana a los cargos sin mediar acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el que decide, por ejemplo, que no es acreedor a una rebaja de la mitad de la pena, sino de una significativamente menor, según se satisfagan los presupuestos axiológicos que se persiguen con la terminación anticipada del proceso.
“Entonces, las notas diferenciadoras que se han edificado para desestimar la aplicación del principio de favorabilidad a un sentenciado anticipadamente que pretende acceder al beneficio punitivo del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, aún ofrecen discusiones profundas que han marcado la disparidad de los criterios jurisprudenciales y que deben resolverse con una interpretación que desarrolle el principio de igualdad que se afecta cuando el azar marca la suerte del ciudadano, según decida un operador judicial u otro, o cuando el ciudadano acude a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera diferente.
“Como se observa razonable interpretar que si bien los acuerdos y negociaciones son notas singulares del nuevo sistema procesal pero el allanamiento a cargos tiene unos matices respecto de los cuales no es totalmente asertivo decir que se corresponda con la misma filosofía de los primeros, la Sala no casará el fallo impugnado, porque una nueva observación indica que esta institución no es específica del nuevo procedimiento, a la misma no subyace una relación consensuada entre fiscal e imputado y por tanto puede ser observada como homologable con la sentencia anticipada”(3).
En relación con la pena privativa de la libertad, adoptó como ámbito de movilidad el denominado cuarto mínimo, que oscila de ocho a once años de prisión (o, lo que es lo mismo, de noventa y seis a ciento treinta y dos meses), de manera que con base en los parámetros del inciso 3º del artículo 61 ibídem la fijó en ciento veinte meses de prisión(4).
En cuanto a la sanción pecuniaria, tuvo en cuenta los criterios establecidos en el numeral 3º del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 y la individualizó en mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa(5).
Lo anterior, por cuanto negó la aplicación de la Ley 906 de 2004 en el trámite de la sentencia anticipada con el argumento de que entre esta y la figura de los preacuerdos existen “diferencias sustanciales [que] impiden equipararlas para reconocer favorables efectos retroactivos”(6).
“Esta corporación, al aplicar las leyes 890 y 906 de 2004, estableció que para ese mismo delito el cuarto mínimo estaba entre 128 y 186 meses, en el cual debemos ubicarnos siguiendo los lineamientos de la primera instancia, incrementando también el mínimo en un 25%, lo que nos arroja un resultado parcial de 160 meses, al cual le quitaremos la mitad por haberse acogido a sentencia anticipada dentro de la indagatoria, obteniendo una pena definitiva de 80 meses”(7) (negrillas de la Sala).
En este orden de ideas, no es posible afirmar que el ad quem violó de manera directa la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 351 del nuevo ordenamiento adjetivo, pues independiente a los otros criterios adoptados para que la pena arrojara igual resultado al proferido por la primera instancia (como el relativo a la procedencia L. 890/2004, art. 14), lo cierto es que no solo reconoció la norma jurídica reclamada por el demandante, sino que además lo hizo en el monto más alto en beneficio del procesado (esto es, la disminución del cincuenta por ciento de la pena).
Situación distinta ocurre con que en dicha dosificación el tribunal haya decidido incrementar los extremos punitivos de la pena, pues como bien lo señaló la representante del Ministerio Público en el concepto, ello obedece a un problema jurídico diferente del planteado por el defensor, que será abordado más adelante (cfr. infra 4).
En cuanto a lo primero, la Sala debe precisar que establecer los límites punitivos en el cuarto de movilidad más beneficioso para el procesado no implica que la sanción tenga que individualizarse siempre y en todos los casos en el mínimo, pues lo uno obedece a la concurrencia de circunstancias genéricas de agravación que se hayan imputado en la resolución de acusación o su equivalente (L. 599/2000, art. 61, inc. 2º(8)); y lo otro, a criterios como la gravedad del asunto, el daño potencial o real creado, la intensidad del dolo y la función que ha de desempeñar la pena en el caso concreto (inc. 3º ibídem).
Respecto de lo segundo, es de destacar que la falta de antecedentes penales es tan solo una de las circunstancias de menor punibilidad (C.P., art. 55, num. 1º) que también habrá de tenerse en cuenta a la hora de concretar los referidos ámbitos, pero que no incide en la determinación del monto de la pena por parte del funcionario judicial.
3. De la Ley 750 de 2002.
“[...] para que un procesado, sin distingo de género, acceda a la detención domiciliaria en los términos de la Ley 750 de 2002 deben converger los siguientes requisitos:
“1. Que el delito endilgado no esté excluido expresamente; vale decir, que no se trate de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada.
“2. Que [el procesado] no registre antecedentes penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos.
“3. Que sea una mujer o un hombre cabeza de familia. Para este efecto, se acude a la definición contenida en el artículo 2º de la Ley 2ª de 1982, interpretada a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
“ART. 2º—Para efectos de la presente ley, entiéndase por “Mujer cabeza de familia” quien siendo soltera o casada tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
“[...] 4. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del procesado permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente.
“Los cuatro requisitos señalados en el punto anterior deben verificarse al mismo tiempo, de modo que si deja de cumplirse uno de ellos, la detención domiciliaria por ser cabeza de familia no tendrá lugar.
“En otras palabras, si una de tales exigencias deja de cumplirse, ya no sería necesario analizar la pertinencia de las restantes, porque, sencillamente, ausente una, la detención domiciliaria ya no procede”(9).
“[...] tenemos que el censor solicita a favor de su pupilo el sustituto domiciliario en atención a la Ley 750 de 2002, alegando que por ostentar la responsabilidad económica de su menor hijo merece ser regresado a su hogar.
“No obstante, olvida que también debe acreditar el desempeño personal, familiar, laboral y social, el cual debe reflejar seria, fundada y motivadamente que el implicado no evadirá el cumplimiento de la pena y que no es un peligro para la sociedad, circunstancia que frente al asunto en concreto no se vislumbra, pues la normativa exige una comprobación idónea que permita evidenciar el buen comportamiento en estos aspectos del procesado, lo que sin duda no se advierte en el plenario con elementos de prueba que de forma efectiva así lo indiquen”(10).
Tampoco podía desvirtuar el demandante la doble presunción de acierto y legalidad que ostenta la sentencia impugnada con tan solo asegurar que los documentos que obran a favor de las cualidades personales y familiares del procesado debían analizarse con criterios de buena fe, o que el funcionario tenía que indagar por la condición de cabeza de familia de manera oficiosa, ya que la presunción del artículo 83 de la Constitución Política no es incompatible con las cargas probatorias en las actuaciones judiciales(11), ni el funcionario tiene la obligación ineludible de suplir, ignorar o subsanar las deficiencias que en la sustentación de sus solicitudes ostenten los defensores.
3.3.En consecuencia, como ninguno de los argumentos presentados por el apoderado de Luis Octavio Castrillón Tamayo está llamado a prosperar, la Corte no casará en razón de los mismos el fallo objeto del extraordinario recurso.
4. De la solicitud de casación oficiosa.
4.1.La Sala ha sido enfática al afirmar que los incrementos del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a los tipos básicos del Código Penal solo pueden aplicarse en aquellas actuaciones regidas al amparo de la Ley 906 del mismo año:
“[...] Como viene de verse, es evidente que por voluntad del legislador el incremento general de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 se encuentra atado exclusivamente a la implementación del sistema acusatorio (L. 906/2004), de donde puede concluirse que, en aquellos distritos judiciales en los cuales aún no se ha implementado el referido sistema procesal, no tiene aplicación el aumento de penas y, por tanto, rigen los extremos punitivos establecidos en la Ley 599 de 2000 [...].
“En oportunidad posterior, agregó:
“[...] la aplicación de esa ley [L. 890/2004] está ligada al nuevo sistema procesal implementado por la Ley 906 del 2004, esto es, debe operar en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar del ‘sistema acusatorio oral’”.
“Sobre este tema igualmente se ha pronunciado la Corte, por ejemplo en el fallo de tutela del 7 de febrero del 2006 (rad. 24.020), en el cual explicó:
“En el asunto que hoy ocupa la atención de la Sala, el criterio judicial cuestionado en la demanda prohíja una profunda desigualdad en la aplicación de la ley penal, pues como quedó arriba reseñado, aunque se trata de un caso que no se rige por el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004, donde el procesado se acogió al trámite de la sentencia anticipada, de un lado, se le aplicó el aumento general de penas que estableció la Ley 890 de 2004 y, de otro, se le negó la posibilidad de que le considerara la mayor rebaja de pena que establece la Ley 906 de 2004 para los casos de allanamiento a la imputación en ese sistema procesal.
“La desigualdad se evidencia con claridad, pues un procesado condenado por idénticas razones a las que lo fue el aquí accionante, pero cuya conducta hubiese ocurrido en un lugar donde se aplique el sistema acusatorio, tendría la posibilidad de acceder a una mayor rebaja de pena en caso de un allanamiento a la imputación, en los términos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
“Pero la Sala no duda en señalar que la desigualdad evidenciada solo se deriva de una errónea aplicación del aumento general de penas que se adoptó en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a un evento que no se rige por el sistema acusatorio, pues de acuerdo con los antecedentes históricos de la aludida ley, su propósito no fue otro que permitir la puesta en marcha de un sistema procesal basado en una significativa negociación de penas, que exigía por tanto el aumento general de las mismas para mantener una proporcionalidad sancionatoria razonable que respondiese a las múltiples formas de negociación y rebajas previstas [...].
”Por lo tanto, se ve obligada la Sala a aceptar que, al igual que la ley 906 de 2004, la norma de aumento general de penas, vigente desde el 1º de enero de 2005, debe aplicarse gradualmente en aquellos distritos judiciales donde se vaya implantando el sistema acusatorio y con exclusividad a los casos que se rigen por el mismo [...].
“En las condiciones reseñadas, que hoy se reiteran, se tiene que la aplicabilidad de la Ley 890 del 2004 se supedita al mismo proceso de gradualidad de la Ley 906 del mismo año, obviamente con las excepciones que aquella misma determinó en su artículo 15, esto es, que los artículos 230 A, 442, 444, 444 A, 453 y 454 A del Código Penal, introducidos o modificados en aquel estatuto, comenzaron a regir en ‘forma inmediata’. Lo último también sucedió con el inciso 2º del artículo 454, pero fue declarado inexequible”(12).
“[...] fue equivocado el principal argumento por el cual el tribunal negó la aplicación retroactiva del inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, pues el hecho de que la providencia impugnada haya sido proferida cuando en el Distrito Judicial de Antioquia aún no había comenzado a regir la Ley 906 de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 530 ibídem, no era una razón jurídicamente válida para concluir que dicha disposición todavía no podía reconocerse a favor de los procesados y, por el contrario, ignoraba la igualdad que debía predicarse respecto de aquellos que sólo por el hecho de estar en otra región del país sí podían verse sustancialmente beneficiados.
“Así mismo, tampoco resulta afortunada la comparación que hizo el ad quem en sustento de su postura, en el sentido de que ello es así en la misma medida en que el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 solo es aplicable para los asuntos sometidos al imperio de la Ley 906 de 2004, ya que es diferente limitar el alcance de una norma que incrementa punitivamente los tipos básicos de la Ley 599 de 2000 a darle cabida al principio de la ley penal más favorable, que como tal debe reconocerse sin excepción alguna y de manera preferente a la norma restrictiva u odiosa.
“En efecto, cuando la Sala ha precisado en anteriores providencias que los incrementos de la ley 890 de 2004 únicamente deben aplicarse en los distritos judiciales donde rige el sistema acusatorio, lo ha hecho con fundamento en que los mismos fueron consagrados por el legislador para justificar el tratamiento punitivo dentro de un sistema que, como el contemplado en la Ley 906 de 2004, pretende, en teoría, hacer prevalecer la justicia criminal consensuada por encima de la definición ‘ordinaria’ de los conflictos mediante juicio y, por consiguiente, tal postura jurídica obedece a una interpretación tan restrictiva como teleológica de la norma, de manera que la extensión punitiva a asuntos propios de la Ley 600 de 2000 no solo carecería de cualquier sustento atendible, sino que además sería desconocedor del principio universal del favor rei, criterio llamado a regir toda intervención potestativa, interpretativa y valorativa por parte del funcionario judicial.
“De ahí que es un contrasentido proponer como argumento la aplicación condicionada del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 para excluir de todo reconocimiento a aquellos que están sometidos a la Ley 600 de 2000, pues en últimas se trataría de invocar una postura jurídica que en todo momento debería propugnar por la protección de la persona con el inusitado fin de hacer precisamente lo contrario, es decir, de negar el descuento más favorable a aquellos que han aceptado cargos dentro del trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 40 ibídem”(13).
Así mismo, la Sala ha establecido que cuando el principio de igualdad entra en conflicto con el de la ley penal más favorable, debe dársele preferencia a este por encima de aquel:
“La tensión que pudiese existir entre el principio constitucional de igualdad y el de favorabilidad, en la aplicación de las dos normas vigentes, necesariamente debía ser resuelta a favor de esta última garantía ya que, lo ha dicho la Sala, ‘la aplicación de la ley penal favorable materializa el principio de igualdad en la aplicación de la ley, en la medida en que es posible que a situaciones fácticas similares se les dé tratamientos normativos diferentes en el transcurso del tiempo por fuerza de la cambiante política criminal del Estado, los cuales pueden resultar más o menos gravosos para sus destinatarios, quienes estarían en ciernes de invocar a su favor aquellos preceptos creados en otros contextos para regular de manera benévola situaciones semejantes, a fin de ser receptores de igual merced’”(14).
Habiendo establecido como ámbito de movilidad el cuarto mínimo (es decir, una pena que se mueve de ciento veintiocho a ciento ochenta y seis meses), la individualizó en ciento sesenta meses, guarismo al cual le restó el cincuenta por ciento debido a la aplicación retroactiva del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, para un total de ochenta meses de prisión(15).
Según el ad quem, si bien la nueva norma del nuevo Código de Procedimiento Penal procedía por el principio de la ley penal más favorable, la disposición que incrementó los tipos básicos del ordenamiento sustantivo también lo era en razón de otros dos principios: (i) el de legalidad y (ii)el de igualdad.
“[...] no sería justo que a una persona que haya cometido el mismo delito en la misma fecha pero en Bogotá se le incremente la pena conforme a la Ley 890 y se le rebaje la mitad por haber aceptado cargos en la audiencia de formulación de imputación, mientras que aquí en Cali no se le agrave la pena pero se le disminuya en la mitad”(16).
Por otro lado, la situación de desigualdad aludida por el ad quem no tiene razón de ser, ya que lo jurídicamente relevante en materia de aplicación de la ley penal es la interpretación más beneficiosa para los intereses del procesado, de manera que (como también se indicó supra 4.1) cualquier conflicto que se presente entre el principio de la ley penal favorable y el de igualdad tiene que resolverse a favor de aquel, sin que tengan cabida criterios que conduzcan a eliminar las consecuencias mucho más ventajosas para quienes cometieron los delitos bajo el imperio de la Ley 600 de 2000.
4.3. En este orden de ideas, le asiste la razón a la representante del Ministerio Público cuando sostuvo que el tribunal violó de manera directa la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, motivo por el cual la Corte casará oficiosa y parcialmente el fallo impugnado, en el sentido de redosificar la pena sin el aumento de la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo en la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientesprevista en el inciso 1º del artículo 376 del Código Penal.
Por consiguiente, si el ad quem partió de una pena de ciento sesenta meses de prisión después de haber señalado como ámbito de movilidad un cuarto mínimo que iba de ciento veintiocho a ciento ochenta y seis meses de prisión(17), la sanción debería ser fijada en ciento cuarenta y siete meses y veinticinco días de prisión.
Pero como ese monto es mucho más grave que el de ciento veinte meses impuesto por el a quo en el fallo de primer grado(18), la Corte reconocerá sobre este último guarismo la rebaja del cincuenta por ciento de la pena que aplicó el tribunal por la sentencia anticipada(19), para un resultado de sesenta meses de pena privativa de la libertad.
En lo que a la sanción de multa atañe, el tribunal no hizo pronunciamiento alguno, por lo que deberá entenderse que mantuvo la de la primera instancia, inicialmente individualizada en mil doscientos salarios mínimos(20), pero en lugar de la rebaja de la tercera parte, la Sala seguirá el criterio del ad quem y la disminuirá en la mitad, para un total de seiscientos salarios mínimos.
1. NO CASARel fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en razón del cargo planteado por el demandante.
2. CASARoficiosa y parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de redosificar la pena impuesta en contra de Luis Octavio Castrillón Tamayo en sesenta (60) meses de prisión y seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.
3. ACLARARque el término de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es idéntico al de la sanción privativa de la libertad aquí redosificada.
4. PRECISARque la sentencia recurrida se mantiene incólume en todo lo demás que no fue objeto de modificación.
(1) Auto de 16 de junio de 2006, radicación 19215.
(2) Radicación 25306.
(3) Sentencia de 8 de abril de 2008, radicación 25306.
(4) Folio 123 de la actuación principal.
(6) Folio 121 ibídem.
(7) Folio 155 ibídem.
(8) Cfr., así mismo, la sentencia de 23 de septiembre de 2003, radicación 16320.
(9) Auto de 16 de julio de 2003, radicación 17089.
(10) Folio 156 de la actuación principal.
(11) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 1998.
(12) Sentencia de 21 de marzo de 2005, radicación 26065.
(13) Sentencia de 11 de noviembre de 2008, radicación 24663.
(14) Sentencia de 11 de marzo de 2009, radicación 24213, citando a la sentencia de 19 de julio de 2005, radicación 23910.
(15) Folio 115 de la actuación principal.
(16) Folio 155 ibídem.
(17) Folios 153-154 ibídem.
(18) Folio 121 ibídem.
(19) Folio 154 ibídem.
(20) Folio 123 ibídem.
El motivo de mi respetuoso disenso en torno a la decisión mayoritaria descansa en el hecho de haber considerado y decidido en la respectiva providencia que la Ley 890 de 2004 y específicamente el artículo 14 —en cuanto incrementa los límites punitivos para todos los delitos— no es aplicable en todo el territorio nacional sino progresivamente en aquellos distritos judiciales en los cuales se va implementando gradualmente el nuevo modelo de enjuiciamiento criminal adoptado por el Acto Legislativo 3 de 2002 y la Ley 906 de 2004. En síntesis, que la vigencia y aplicación de la 890 va de la mano con el nuevo sistema.
Para el suscrito la Ley 890 rige en todo el territorio colombiano, no empecé reconocer explícitamente que los debates en el Congreso hacia un norte determinado apuntaron, aunque al final una fuera la concepción y otra el fruto materializado en la ley.
No obstanteque la cuestionada ley“por la cual se modifica y adiciona el Código Penal” fue expedida por el Congreso de la República dentro de los plazos previstos por el acto legislativo y que en los debates que antecedieron a su aprobación se afirmó que “la modificación y adición de los cuerpos normativos correspondientes, incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el estatuto orgánico de la Fiscalía, tienen el propósito exclusivo de adoptar el remozado sistema de procedimiento penal y, por tanto, las disposiciones que pueden ser objeto de valoración en esta oportunidad deben guardar relación directa con aquellos asuntos que en el Código Penal aluden a aspectos que permiten el cabal desarrollo del sistema acusatorio (optándose por ello excluir algunas disposiciones del proyecto original).
Y siendo cierto, igualmente, que en relación con el tema del aumento punitivo se haya dicho que “la razón que sustenta tales incrementos está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas (materia regulada en el CPP) que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”, no lo es menos que examinadas otras circunstancias —que van más allá del simple criterio histórico que permite desentrañar el verdadero sentido y alcance de la ley— y que analizados los principios superiores fundantes del vigente Estado social de derecho, tal ley debe entenderse de aplicación general en el territorio patrio.
En primer lugar el artículo 15 de ella al hablar sobre su vigencia dispuso que “la presente ley rige a partir del 1º de enero de 2005, con excepción de los artículos 7º a 13, los que entrarán en vigencia en forma inmediata”, significando con eso —a diferencia de lo expresamente señalado en el A.L. 3/2002 y en la L. 906/2004— que no fue establecida limitación espacial alguna y que por ende (como es lo general en toda ley de la República) su aplicación lo era para toda la Nación, con independencia de que en uno u otro distrito entrare o no a regir el sistema acusatorio, por manera que si el querer del legislador hubiera sido ciertamente el de limitarla espacialmente y condicionarla a la gradualidad, de esa forma lo habría expresado, tal como lo hizo en los dos citados preceptos normativos, esto es, habría hecho que la ley se condicionara a sí misma o que su aplicación quedara sometida a la implementación gradual del nuevo sistema. Y para ello bastaba que en un renglón así lo hubiera señalado.
Asimismo —y para apuntalar el que la Ley 890 no era indispensable al nuevo sistema— qué tiene que ver con su iniciación o adopción, a términos del Acto Legislativo 3 de 2002, la consagración en el artículo 7º del delito de “ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad”? Ningún vínculo con aquel asoma razonablemente, como que ni el argumento de descongestión tiene cabida pues sin duda las Unidades de Fiscalía dedicadas a la investigación de ese comportamiento (que al parecer recoge una de las modalidades del secuestro simple) tendrán que seguir realizando igual labor, con el mismo número de expedientes, solo que ahora bajo una denominación jurídica distinta y con un tratamiento punitivo menos severo. De aparejar una consecuencia como la anotada, los mismos argumentos podrían predicarse de muchas otras delincuencias que mantienen por igual de congestionadas a las diversas unidades de fiscalía.
Ahora, una inquietud que no encuentra respuesta satisfactoria en los defensores de la tesis contraria apunta a lo siguiente: si alguien cometió un falso testimonio en el mes de agosto de 2004 (prisión —ya incrementada— de 6 a 12 años) hubiera podido alegar que no se le tuviera en cuenta esa pena si el código de procedimiento hubiera sido declarado inexequible y se tuviera que haber tramitado otro en el congreso? La respuesta parece indiscutible: una petición así carecería de prosperidad, pues la aplicación de la Ley 890 operaba sin sujeción a la aplicación del nuevo sistema. Desde el 7 de julio la Ley 890 (arts. 7º a 13) no abrigaba dudas respecto de su aplicación inmediata, per se, autónoma, como sí las generaba la aplicación misma de la Ley 906 mientras estaba pendiente el fallo de constitucionalidad.
Un último argumento que se puede ofrecer en aras de reafirmar la conclusión que se ha adelantado apunta a precisar que si bien es cierto que los aumentos de penas encuentran en buena parte su razón de ser en mostrar correspondencia con los más altos descuentos por terminación abreviada del proceso reglados por la Ley 906, también lo es que la desigualdad que en principio pareciera derivarse de la aplicación de un incremento de pena con la rebaja de solo una tercera parte por sentencia anticipada no es más que aparente, en la medida en que si una persona acepta los cargos por vía del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 respecto de un delito cometido en 2005 en un distrito judicial distinto a los cuatro pioneros del sistema, el incremento de la sanción previsto en la Ley 890 encuentra su correspondiente y equivalente paliativo (y en igualdad de condiciones aritméticas) con la rebaja de hasta la mitad de la pena frente al allanamiento a los cargos, previsto en la 906, tal como se verá folios más adelante, con lo cual ningún rezago de impunidad quedaría pues la sanción a imponer para una sentencia anticipada con el incremento de la Ley 890 con rebaja de hasta la mitad de la pena de la 906 es matemáticamente igual a lo estipulado para los casos cometidos en alguno de los cuatro referidos distritos con aumento de pena, respecto de los cuales se conjugan el incremento y la mayor reducción.
De otro lado, ya en pretérita oportunidad la Sala Penal había advertido de alguna manera el anterior aserto al afirmar —respecto al aumento de penas dispuesto en la L. 890 dentro de un proceso por hechos sucedidos en Riohacha antes de ene. 1º/2005— que “a partir de esa fecha el delito de prevaricato se sanciona con prisión de 4 a 12 años, razón por la cual los ilícitos de esta especie, en todo caso y con cualquier sistema que les sea aplicable, están sujetos a medida de aseguramiento de detención preventiva” (segunda instancia Nº 23465 de ago. 3/2005, M.P. Édgar Lombana T.), es decir que el aumento punitivo no se condicionaba a un sistema específico, pues sin importar éste la pena era la prevista en la norma respectiva del Código Penal, aumentada en las proporciones indicadas por la Ley 890 de 2004.
Pero —además— también lo dijo la Sala en un asunto en el que no se cuestionó la aplicación general de la Ley 890 toda vez que se trataba de proceso que versaba sobre hechos ocurridos en marzo de 1998 en el distrito de Cartagena: “la administración de justicia, y en general todo el funcionamiento de los órganos estatales está determinado por el tipo de Estado al que pertenecen. El artículo 1º de la Constitución establece que nuestro país es un ‘Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria’.
“Ese modelo de Estado solo puede ser cambiado o modificado por el constituyente primario, mas no así por el constituyente derivado. “Se sigue de allí que aunque el Acto Legislativo 3 de 2002 estableció la gradualidad en su aplicación, debe recalcarse que esa restricción no implica que los principios y valores en que se funda la organización estatal queden suspendidos mientras se alcanza la implementación plena del sistema adoptado por tal enmienda.
“Así, habida cuenta que el constituyente de 1991 adoptó la forma de República unitaria para el Estado colombiano, la gradualidad establecida en el Acto Legislativo 3 de 2002 debe entenderse limitada a aquellos aspectos propios de la progresiva implementación del sistema, pero no puede desconocer la vigencia en todo el país de las normas expedidas por el legislador ordinario con base en dicho acto reformatorio de la Carta, que por interesar el núcleo esencial del ámbito de libertad de las personas, resulten con aptitud de ser aplicadas por favorabilidad y/o igualdad en ámbitos territoriales distintos a aquellos en los que empezó a tener efecto la gradualidad, así como para los hechos no sucedidos bajo su vigencia.
“Al hilar lo que se viene de ver con lo que ya se dijo en relación con la organización del Estado como república unitaria, resultaría un contrasentido pensar que la política criminal del mismo Estado está parcelada, al estilo de uno federado, porque, en primer lugar, en nuestro modelo de organización política el Congreso de la República promulga leyes que rigen para todo el territorio nacional (principio de unidad legislativa), y, en segundo término, porque los derechos y garantías fundamentales irradian todo el sistema y por ende toda la jurisdicción.
“Como quiera que la Ley 890 de 2004 incrementó de modo general las penas consagradas en la parte especial del Código Penal, en un tercio en sus mínimos y en la mitad en sus máximos, conforme aparece en el artículo 14, el cual adquirió vigencia a partir del 1º de enero de 2005 (art. 15 ídem.), el delito de prevaricato por acción quedó con una pena de prisión de 4 a 12 años. Esto significa que para las delincuencias de esta especie cometidas a partir de tal fecha, también es procedente la detención preventiva” (segunda instancia Nº 23910. 19-07-05. M.P. Sigifredo Espinosa P.).
Y si se quiere una variante en el ejemplo, piénsese en la misma persona que cometió en Cali dos homicidios: uno a las once de la noche del 31 de diciembre de 2005 y el otro en la madrugada del 1º de enero de 2006, cuando ya el nuevo sistema se aplicaba en esa ciudad. Con la tesis de mayoría, si bien es cierto —y en ello no hay duda— que debían adelantarse actuaciones por distintos procedimientos, también lo es que las penas a imponer diferirían en sus mínimos en 4 años y 4 meses, cuando por virtud del tipo de Estado en que está organizada Colombia ello no podría ocurrir.

References: artículo 351
 artículo 1
 artículo 351
 artículo 29
 artículo 351
 artículo 40
 resolución 
 artículo 288
 artículo 351
 artículo 351
 artículo 61
 artículo 39
 artículo 351
 resolución 
 artículo 2
 artículo 83
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 351
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 454
 artículo 351
 artículo 530
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 40
 artículo 351
 artículo 14
 artículo 376
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 14