Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89055
Timestamp: 2019-06-27 04:32:24+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-78/89055
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, CONFORME A LAS FACULTADES QUE EL EJECUTIVO TIENE EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, AUTORICE EROGACIONES ADICIONALES A LAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA NO VEA AFECTADA SU OPERACIÓN EFECTIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO.
Los suscritos, senadores ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ Y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República; sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) anunció los ajustes a varios proyectos de información, entre ellos diversas encuestas de suma importancia para el país.
El INEGI solicitó para este año un presupuesto de 17 mil millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le asignó 12 mil millones, monto menor al que proyectaron para su operación en 2019. Lo aprobado por la Cámara de Diputados significa un ajuste de 5 mil millones de pesos, lo que le obligará a cancelar o suspender una decena de proyectos.
Del presupuesto aprobado por 12 mil 129 millones de pesos del INEGI para este año, su Junta de Gobierno asignó 5 mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (2 mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (2 mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento de otros estudios de suma relevancia como el Censo Agropecuario. Para el programa regular del organismo quedaron 6 mil 651 millones de pesos, lo que obligó a cancelar o suspender más de una decena de proyectos y programas.
Es importante recalcar que, si bien el monto total asignado en este 2019 para el INEGI es de 12 mil 129 millones, esto representa un monto superior en 56 por ciento a lo que recibieron el año pasado cuando presupuestaron 7 mil 778 millones, sin embargo, el organismo público autónomo tiene este año a su cargo los censos, por lo que su solicitud de presupuesto fue de 17 mil millones de pesos para cumplir con esas funciones que implican más recursos.
Los 14 proyectos con financiamiento externo que resultaron afectados y/o cancelados con el recorte presupuestal son:
Es importante señalar que en la fracción I, del artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se señala que dentro de las facultades exclusivas del INEGI se encuentra la de realizar los Censos Nacionales.
ARTÍCULO 59.- El Instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas:
Realizar los censos nacionales;
II y III…
De la misma manera, se establece en la fracción II del artículo 82 de la misma Ley, que el patrimonio del INEGI se integra con los recursos que anualmente apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
ARTÍCULO 82.- El patrimonio del Instituto se integra con:
Además, en la fracción V, del artículo 83 de la Ley, señala que el INEGI determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de una disminución de ingresos. En el penúltimo párrafo del mismo artículo se menciona que el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse los censos nacionales se deberán contemplar los recursos suficientes para que el Instituto los lleve a cabo.
ARTÍCULO 83.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el Instituto se sujetará a lo siguiente:
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la reducción al presupuesto al INEGI amenaza la operación efectiva para el cumplimiento de su mandato y vulnera la autonomía del Instituto. No podemos ser omisos de la importancia de algunas de las encuestas que se dejarán de realizar por la falta de presupuesto.
En medio de discusiones de las reformas en materia de prisión preventiva y la Guardia Nacional no se debe de omitir la importancia de las encuestas que se dejarán de medir, tal es el caso de la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), así como la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), esta última se levantó por primera vez en 2016. Esta encuesta resulta particularmente relevante dada la crisis de inseguridad que atraviesa el país y los cambios a la estrategia de seguridad propuestos por el nuevo gobierno.
Los datos, las cifras, las estadísticas y la percepción ciudadana ayudan a la creación de mejores políticas públicas. Todo parece que el actual gobierno sigue queriendo impulsar los programas paternalistas y asistencialistas, mientras que los recursos necesarios para estudiar y conocer el estado de la industria agropecuaria, las microempresas, el uso de drogas y el trabajo infantil desaparecen.
Contar con datos públicos, fiables y oportunos, debe de ser un eje toral de la acción del gobierno. Estos sirven como fundamento para conocer las necesidades de la ciudadanía, y brindan el contexto necesario para poder diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas adecuadas y eficientes. Además, estos datos son importantes para evaluar a la administración pública. Es preocupante que algunos de los proyectos de información cancelados permitían monitorear la situación de poblaciones discriminadas, como los campesinos, personas en situación de pobreza, personas privadas de la libertad, usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, entre otros.
Nuestro Grupo Parlamentario no discrepa con las medidas de austeridad promovidas por la actual administración, sin embargo, creemos que debe haber una valoración de costo beneficio para la asignación de los presupuestos, para darle prioridad a los programas que tienen más beneficio social.

References: artículo 59

ARTÍCULO 59
 artículo 82

ARTÍCULO 82
 artículo 83

ARTÍCULO 83
 artículo 5