Source: https://www.scribd.com/document/6587825/Regulaciones-y-Marcos-Institucionales-Para-Los-Proyectos-de-Acuicultura-en-El-Norte-Argentino
Timestamp: 2018-05-28 01:58:28+00:00

Document:
PONENCIA: Regulaciones y marcos institucionales para los proyectos de acuicultura en el Norte argentino 1
Documento elaborado exclusivamente para el “I Seminario Internacional de Acuicultura Continental – Especies de aguas templado cálidas”. Formosa, Argentina, 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2005. Pablo Filippo – Especialista en Derecho de los Recursos Naturales 2
Síntesis: Se explica (1) el objeto de la consultoría desarrollada por el Consejo Federal de Inversiones en materia de acuicultura, (2) la ubicación de la acuicultura en el ordenamiento legal de la Argentina y las competencias para el dictado de normas en la materia, (3) la legislación vinculada directa o indirectamente con la acuicultura en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Se establecen conclusiones surgidas de lo anterior en función del estado actual del análisis de la consultoría.
Diversos aspectos asociados con la explotación de los recursos naturales y la producción han tenido recepción en la legislación argentina. No obstante, desde un punto de vista comparativo, el régimen legal asociado con la acuicultura no ha recibido la atención legislativa de similar envergadura.
La acuicultura está siendo considerada como una actividad que puede facilitar la producción de alimentos, el desarrollo productivo provincial y la creación de mano de obra; a nivel internacional, existen estadísticas de importancia que verifican el incremento de la producción en los últimos años. Así, integrar los esfuerzos de su desarrollo requiere examinar el régimen legal
La elaboración de esta ponencia será reformulada en el documento final aprobado por el CFI, resultado de la consultoría “MARCO LEGAL REGULATORIO DE LA PESCA MARITIMA Y LA ACUICULTURA ARGENTINA”, pudiendo incorporarse normativa adicional a la aqui relevada. 2 El autor agradece especialmente a los funcionarios provinciales de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe que brindaron la información normativa a la que se refiere en esta ponencia. Las opiniones e interpretaciones de referencias normativas asociados con esta ponencia corren bajo exclusiva y excluyente responsabilidad del autor.
que regula directa o indirectamente esta actividad en la República Argentina, a fin de fortalecer el ordenamiento 3 de la acuicultura.
Por ello, desde el Consejo Federal de Inversiones, se ha encomendado examinar el régimen legal provincial y federal asociado con la acuicultura, en el marco de un estudio más extenso que incluye a las regulaciones sobre pesquerías marítimas.
Un resultado esperado de este estudio, en el que en esta ponencia se exhiben algunas conclusiones preliminares, es la asistencia que podría proveer para (1) identificar los aspectos legales que deben ser encarados para acompañar el desarrollo de la acuicultura y, (2) facilitar la identificación de posibles obstáculos para el desarrollo de la actividad 4 .
En el estudio en curso encomendado por el CFI, se ha focalizado particularmente en los aspectos legales centrales que podrían incidir en esta actividad, entre otros –y de manera no excluyente-: la ubicación de la acuicultura en el sistema de la organización administrativa gubernamental, las regulaciones del agua, los suelos, los asuntos ambientales, las áreas protegidas, los lineamientos respecto de la introducción de especies, los asuntos sanitarios. En términos generales, no ha sido posible establecer un claro vínculo entre la naturaleza del régimen legal y la importancia de la actividad de la acuicultura en cada provincia analizada. Es posible que una provincia pueda tener un determinado desarrollo de la acuicultura, pero que su legislación esté en un limitado estadio de desarrollo; en todos los casos, debe recurrirse a la legislación vigente –aunque incompleta- para entender cómo desarrollar proyectos de acuicultura.
3 Adaptando el concepto utilizado por el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en el que el desarrollo responsable de la acuicultura es una de las materias abordadas (art. 9°), la palabra “ordenamiento” alude al “proceso integrado de recogida de información, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos y formulación y ejecución, así como imposición cuando sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades de acuicultura para asegurar la productividad de los emprendimientos y la consecución de otros objetivos.” 4 A título de ejemplo, la ausencia de regulaciones asociadas directamente con la acuicultura, por oposición a la existencia de regulaciones sobre el uso de suelos o aprovechamiento de aguas, podrían no incentivar su desarrollo al imponer múltiples o conflictivas obligaciones; la falta de una clara determinación de los alcances de los permisos y concesiones puede promover conflictos entre los distintos emprendedores; evitar el uso de los tributos sectoriales para promover mayores estudios podría obstaculizar el desarrollo tecnológico necesario, etc.
Asimismo, en el estudio auspiciado por el CFI mencionado anteriormente, se aborda cómo otras normas de naturaleza federal incidirían en una futura regulación específica. Esto se debe a que en materia de acuicultura no solamente deben atenderse las regulaciones provinciales, sino que deben integrarse las normas que en la escala constitucional tendrían incidencia, tales como la de convenciones adoptadas por el país y normas federales que correspondieren.
A los efectos de este Seminario, las provincias que se consideran en esta presentación son las de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. El análisis de la normativa de las restantes provincias podrán ser consultadas en el informe final del estudio que se eleve al CFI, a más tardar dentro del primer trimestre del año 2006.
II. LA UBICACIÓN DE LA ACUICULTURA EN EL ORDENAMIENTO LEGAL DE LA ARGENTINA, EN FUNCIÓN DE SU ESQUEMA FEDERAL
II.1. La competencia para la regulación de la acuicultura a nivel federal En la República Argentina, las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal, en función de lo establecido por el artículo 121° de la Constitución Nacional. Por ello, las facultades del Gobierno Nacional en materia de acuicultura, delegados. están limitadas a tales poderes no
¿Cuáles los poderes delegados por las provincias al Gobierno Federal?
Es el artículo 75°, inciso 1) es el que determina que el Congreso Nacional legisla en materia aduanera y establece los derechos de importación y
exportación; asimismo, por el inciso 13) del mismo artículo, le corresponde a la Nación reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí (comercio inter-jurisdiccional). Asimismo, en función del artículo 41° de la Constitución Nacional, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 3
Son tales poderes los que puede ejercer el Gobierno Federal en materia de regulación de acuicultura. De esta manera, independientemente de las regulaciones que las Provincias puedan sancionar en función del artículo 121° de la Constitución, las resoluciones emanadas por la Nación serán aplicables para todos los emprendimientos industriales de acuicultura que pretendan desarrollar el comercio inter-jurisdiccional, la exportación de sus productos o la importación de especies a introducir al país para el desarrollo de la acuicultura. Por último, es el Poder Ejecutivo Nacional, en razón del artículo 99°, inciso 2°) quien expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación; en función de ello, las regulaciones de acuicultura de competencia federal emanan de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. Esto se debe a que el reparto ministerial de la actual Administración, asignó en su ley de Ministerios N° 22.520 (t.o 438/92) al Ministerio de Economía y Producción, por intermedio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Dirección de Acuicultura), esta materia. II.2. Requisitos para la presentación de proyectos de acuicultura en la legislación nacional – Ciclo del proyecto para su aprobación II.2.1. Entre las normas relevantes para el desarrollo de la acuicultura a nivel federal, se encuentran los lineamientos para la presentación de proyectos de acuicultura establecida en la Resolución de la Secretaría de Agricultura, Dadas las
Ganadería, Pesca y Alimentos –SAGPyA- N° 1314/2004.
competencias provinciales para la regulación de la acuicultura en función del artículo 121° de la Constitución Nacional, es conveniente que todo proyecto que los particulares deseen desarrollar sea aprobado previamente por la respectiva autoridad provincial en materia de acuicultura (difiere en cada Provincia), y se integre en la presentación de los proyectos todos los requisitos requeridos por la Nación para evitar mayores demoras en los trámites; por ello, las resoluciones para la presentación de proyectos de acuicultura en algunas jurisdicciones (por ejemplo, de las Provincias de Río Negro, Santa Cruz y Neuquén), integran los requisitos nacionales a los que la misma jurisdicción solicita. 4
III. LA COMPETENCIA DE OTROS ORGANISMOS FEDERALES DE CARÁCTER INTER-JURISDICCIONAL Con la creación del Consejo Federal del Medioambiente –COFEMA- y la adhesión de diversas Provincias a dicho organismo conforme los términos
del Acta Constitutiva suscripta el 31 de agosto de 1990 en la Provincia de La Rioja, surge una nueva figura que tiene incidencia en materia de regulación ambiental sobre todas las actividades antrópicas.
Es importante observar la evolución de las decisiones que este organismo adopte en el marco de su competencia, puesto que las Provincias se obligan a adoptar -a través de los poderes que correspondan- las reglamentaciones o normas generales que resuelva el COFEMA cuando se expida en forma de Resolución, con carácter de preceptos básicos e ineludibles, pudiendo inclusive exigir mayores medidas de prevención y corrección tendientes a asegurar la calidad del medio ambiente.
Dependiendo de la ubicación del emprendimiento de acuicultura -como por ejemplo si se realiza en jaulas en cursos de aguas navegables- debería requerirse la autorización a la Prefectura Naval Argentina. Este organismo es el competente en materia de resguardo de la seguridad de la navegación, y en consecuencia es quien dicta las normas al respecto, ejerciendo el respectivo control en la materia.
Esta incidencia de distintos organismos sobre las actividades de acuicultura, requerirá la formulación y actualización constante de los planes y estrategias para el desarrollo de la acuicultura por parte de las autoridades de aplicación provinciales, para asegurar que el desarrollo de la acuicultura sea ecológicamente sostenible y permitir el uso racional de los recursos compartidos por ésta y otras actividades.
En ese sentido, los organismos ambientales y los que promueven la acuicultura a nivel gubernamental, requieren seguir trabajando para
compatibilizar el desarrollo del sector con la conservación la diversidad
genética y mantener la integridad de las comunidades y ecosistemas acuáticos mediante una ordenación adecuada. IV. LA COMPETENCIA DE LAS PROVINCIAS EN MATERIA DE REGULACION DE ACUICULTURA En función del artículo 121° de la Constitución Nacional, en las provincias recae la competencia originaria para la regulación de la acuicultura, con las excepciones señaladas en los apartados anteriores en lo que respecta a la competencia federal. En consecuencia, el desarrollo de la acuicultura a nivel provincial se integra de las normas provinciales y federales conjuntamente. En la actualidad, en la gran mayoría de las Provincias se realizan
actividades de acuicultura sobre la base de prácticas no regladas o escasamente regladas normativamente. Son pocas las jurisdicciones que han desarrollado normas específicas, con jerarquía de ley, para el desarrollo de la acuicultura. Esto torna más complejo la promoción, el desarrollo y la ordenación responsable de la acuicultura, en los términos referidos por el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, que independientemente de referirse a la pesca, también alude a la acuicultura en su artículo 9°. A continuación, se evalúa el marco normativo con incidencia directa o indirecta de las provincias del NEA. IV.1. Provincia de Corrientes La Provincia de Corrientes no dispone de una normativa específica asociada con la acuicultura. Se referencian a continuación las normas más relevantes identificadas que tendrían incidencia en el ciclo de los proyectos de acuicultura, indicándose que en función de la organización ministerial vigente, los proyectos de acuicultura pueden ser ingresados ante la Dirección de
Recursos Naturales, dependiente de la Subdirección de Fauna y Flora en función de la Ley N° 3907.
IV.1.1.Normas indirectas más relevantes asociadas con los emprendimientos de acuicultura: • Ley 3907 : regula la actividad de los criaderos a la vez que: La Autoridad de Aplicación es la Dirección de Flora y Fauna y se crea una Comisión Asesora Honoraria; Declara de interés provincial ”la producción con fines económicos, mediante la crianza en cautiverio en forma intensiva y/o exótica, que sean consideradas por la autoridad de aplicación aptas para tales fines”; La presentación de un proyecto deberá ser suscriptos por un profesional idóneo y cumplir con normas que establezca la Autoridad de Aplicación (utilizando áreas improductivas, equilibrio ecológico, etc.); Fija plazo para la evaluación de los proyectos y rechazo o aprobación de los mismos; Fija distintas medidas que el Poder Ejecutivo promoción de la actividad; Se fijan multas por un cumplimiento; Su Decreto Reglamentario es el Disposiciones reglamentarias-: o Define la cría intensiva y extensiva y establece la obligatoriedad de contar con un médico veterinario en cada criadero; o Deja a criterio de la Dirección de Flora y Fauna el listado de las especies “incluidas las ícticas“ objeto de explotación (art. 2° del Anexo); o Fija en que casos se pueden acceder a los beneficios de la ley con respecto a la exención y deducción de impuestos y/o gravámenes, haciendo especial énfasis con respecto al uso de la tierra; 7 Nº 5.926/87, el que –junto a realizará para la
o La Disposición Nº 42/90 (19/03/1990) aprueba las normas técnicas para el funcionamiento de los criadero: fija cuáles son los requisitos para la presentación de los proyectos; permite la aprehensión de especies silvestres para la conformación del plantel de reproductores y la introducción de especies exóticas previa autorización de la Autoridad de Aplicación; o La Disposición Nº 227/91 (04/09/1991), reglamenta el artículo 2° del Anexo al Decreto 5926/1987 estableciendo las listas y
cupos de especies ícticas y fauna silvestre y fijando un número de diecisiete especies ícticas (que incluye ornamentales y para consumo y especies exóticas) como caimanes e iguana. • El Decreto Ley Nº 212/01, crea al Instituto Correntino del Agua; los proyectos de acuicultura deberán disponer de las autorizaciones de este organismo, dado que es la Autoridad de Aplicación del Nuevo Código de Aguas (Decreto Ley N° 191/2001); entre los aspectos más relevantes
asociados con la acuicultura, se indican los siguientes: o Dispone de una Sección IV dentro del Capítulo V, denominada “De la pesca y la acuicultura”. Señala que Autoridad de Aplicación podrá otorgar concesiones y permisos para
establecer y explotar criaderos y viveros de peces, moluscos y crustáceos, sea en lagos naturales o artificiales, sea en estanques, tramos de ríos o estanques. La concesión podrá otorgar con exclusividad la explotación piscícola en los tramos que la Resolución determine (art. 153°). o Los proyectos deben ser presentados con la respectiva solicitud y contar con la aprobación de la Autoridad competente para las actividades pesqueras (art. 153°). o Su artículo 106° establece prioridades para las concesiones y el uso piscícola se fija en el quinto lugar. o El permiso de uso, es revocable, precario y no podrá ser cedido. o No se han implementado al tiempo de elaboración de esta ponencia (noviembre de 2005) cánones por los uso de agua para acuicultura, ni tampoco se han identificado disposiciones 8
asociadas con los parámetros de calidad de aguas ni emisión de efluentes; o En términos generales, establece que cualquier
aprovechamiento de agua pública o privada y/ u obras de defensas contra los efectos nocivos de las aguas, deberá encuadrarse en las previsiones de la Ley Nº 5067 de Impacto Ambiental. IV.1.2. Otras normas con incidencia en los emprendimientos de acuicultura: • Ley N° 5067, de Evaluación de Impacto Ambiental: su Autoridad de Aplicación es el Instituto Correntino del Agua. Si bien la norma no incluye en el anexo a los proyectos de acuicultura, el artículo 2° (modificado por Ley N° 5517) indica que toda actividad no incluida en el Anexo y que fundadamente permita suponer que pueda afectar el medio ambiente, deberá someterse a la evaluación de impacto ambiental a solicitud de la autoridad de aplicación. En consecuencia, podría resultar conveniente consultar ante la autoridad de aplicación el alcance exigido a esta norma, en función de la envergadura de los proyectos de acuicultura que se presenten. • Ley N° 4736, de Areas Naturales Protegidas: se estima recomendable analizar las restricciones al dominio que pudieran estar establecidas en los planes de manejo de las áreas protegidas o en función de las categorías de manejo que se establezcan. Para ello, resulta recomendable consultar en esta jurisdicción, si el emplazamiento de acuicultura se encuentra en áreas protegidas y si ello implica restricciones adicionales de alguna naturaleza. IV.2. Provincia del Chaco Esta jurisdicción carece de normativa específica asociada con la acuicultura. En consecuencia, se referencian a continuación las normas más relevantes identificadas que tendrían incidencia en el ciclo de los proyectos de acuicultura, indicándose que en función de la organización ministerial vigente, los proyectos de acuicultura pueden ser ingresados ante el Ministerio de Producción, siendo un órgano técnico de referencia la Dirección de Fauna, Parques y Ecología (art. 1°, Dec. 226/75). 9
IV.2.1 Normas indirectas más relevantes asociadas con los emprendimientos de acuicultura: Ley N° 635, de fauna: su artículo 1°, apartado b) señala que quedan sometidas a las prescripciones de la Ley el aprovechamiento de las aguas de uso público para cría, reproducción o difusión de de peces moluscos y organismos de fauna y flora acuática; asimismo, el artículo 22° del Decreto Reglamentario N° 226/75, señala que es materia de pesca la cría o cultivos intensivos o propagación de las mismas en aguas riberas, siéndole aplicable a los emprendimientos de acuicultura el capítulo VII de este decreto, vinculado con la comercialización y el transporte; En función del Decreto 39/1979, reglamentario de la Ley N° 635, es obligación de todas las personas, sociedades, empresas o
asociaciones que se dediquen a la comercialización, crianza o multiplicación de animales acuáticos, el consignar ante el Registro de Pesca de la Provincia (dependiente de la Dirección de Fauna) el origen, especies, volumen y destino de producción, sistema de explotación, montos de operación y todo otro dato que sea de interés para la fiscalización, estadísticas y planificación de la mencionada actividad. Ley N° 3964, vinculada con la preservación, recuperación,
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente: o Esta norma no dispone de un decreto reglamentario. o Su artículo 3°, apartado b) establece una serie de definiciones, haciendo mención a la acuicultura como un elemento del
ambiente agropecuario; en cuanto tal, el ambiente agropecuario es un bien protegido por la ley. En consecuencia, lineamientos o regulaciones estatales sobre la actividad podrían surgir en función de esta norma; o Requiere una evaluación de impacto ambiental por su artículo 6° para la proyección de obras, acciones o actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio chaqueño; resulta conveniente evaluar ante la autoridad de
aplicación el alcance exigido a esta norma, en función de la envergadura de los proyectos de acuicultura que se presenten. A los efectos del uso del agua, se encuentra vigente el Código de Aguas, Ley N° 3230 (Modificado por Ley 4255 y reglamentado por Decreto 173/1990). Si bien está previsto en la ley la imposición de cánones por uso de aguas, en la actualidad no se encuentra reglamentada esta norma y los cánones no se cobran. Sí existen cánones asociados con la descarga de efluentes. La Sección V, se relaciona con la Pesca y la Acuicultura, en particular los artículos 156 y subsiguientes. La Administración Provincial de Aguas sería la Autoridad de Aplicación sobre la materia, en conjunto con otros órganos del Estado Provincial; IV.2.2. Otras normas con incidencia en los emprendimientos de acuicultura: En caso que un emprendimiento de acuicultura pretendiera utilizar áreas boscosas para el desarrollo de su infraestructura, sería de
aplicación la Ley N° 2386 de bosques (modificada por la Ley 5285), complementada por el Decreto 668/2004 en materia de desmontes. Así, resulta conveniente consultar ante la autoridad de aplicación el alcance exigido a esta norma, en función de la envergadura de los proyectos de acuicultura que se presenten. La Ley N° 4358 crea un Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas; en consecuencia, los emprendimientos que se desarrollen en dichas áreas estarán sujetos a las restricciones adicionales que podrían surgir por parte de la Dirección de Fauna, Parques y Ecología. IV.3. Provincia de Entre Ríos Esta jurisdicción carece de normativa específica asociada con la acuicultura. En consecuencia, se referencian a continuación las normas más relevantes identificadas que tendrían incidencia en el ciclo de los proyectos de acuicultura, indicándose que en función de la organización ministerial vigente, los proyectos de acuicultura pueden ser ingresados ante la Dirección de Recursos Naturales, Forestación y Economías
Alternativas, del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 11
IV.3.1.Normas •
emprendimientos de acuicultura: Ley 4192 de Pesca: esta ley no se encuentra reglamentada. Si bien está relacionada fundamentalmente con la pesca, son relevantes los artículos 23 5 y 24 6 pues obligan a quienes desarrollen la actividad de acuicultura a inscribirse en el “Registro de Pesca de la Provincia de Entre Ríos”.
IV.3.2. Otras normas con incidencia en los emprendimientos de acuicultura: • Ley 8967, Sistema Provincial de Areas Protegidas: se estima recomendable analizar las restricciones al dominio que pudieran estar establecidas en los planes de manejo de las áreas protegidas o en función de las categorías de manejo que se establezcan. Para ello, resulta recomendable consultar en esta jurisdicción, si el
emplazamiento de acuicultura se encuentra en áreas protegidas y si ello implica restricciones adicionales de alguna naturaleza.
IV.3.3. Consideraciones adicionales respecto de cuestiones normativas asociadas con la acuicultura • No se han identificado normas asociadas con la exigencia de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de acuicultura ni tampoco con la introducción de especies exóticas; no obstante lo anterior, en función de la práctica de la administración, es factible que sea requerido un informe en ese sentido, para lo cual deberá consultarse en esta jurisdicción los protocolos correspondieren. o lineamientos que
Art.23º- La Dirección de Recursos Naturales organizará y mantendrá actualizado permanentemente el "Registro de Pesca de la Provincia de Entre Ríos", en que se inscribirán todas las personas, sociedades y empresas, o asociación que se dediquen a la pesca, comercialización, crianza o multiplicación de animales acuáticos; consignándose el origen, especies, volumen y destino de la producción, embarcaciones, elementos y artes de pesca; sistema de explotación, monto de las operaciones y todo otro dato que sea de interés para la fiscalización, estadística y planificación de la mencionada actividad.
6 Art.24º- A los efectos del artículo anterior declarase obligatorio el suministro de los datos necesarios por parte de las personas y entidades que se dediquen a la pesca o actividades derivadas.
No se han identificado normas asociadas con el pago de tributos por usos de agua en emprendimientos de acuicultura. El organismo competente en esta materia es el CORUFA (Consejo Regulador de Usos de Fuentes de Aguas), donde podrán consultarse puntualmente los requisitos vigentes al tiempo de elaboración de los proyectos. IV.4. Provincia de Formosa
Esta jurisdicción carece de normativa específica asociada con la acuicultura. En consecuencia, se referencian a continuación las normas más relevantes identificadas que tendrían incidencia en el ciclo de los proyectos de acuicultura, indicándose que en función de la organización ministerial vigente, los proyectos de acuicultura pueden ser ingresados ante la Subsecretaría de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Producción.
IV.4.1.Normas
emprendimientos de acuicultura: Ley 1314. Código Rural: tiene relevancia para la acuicultura, pues, o El artículo 313° declara de interés público –entre otros
asuntos tales como la pesca- el aprovechamiento racional que comprenda a toda la fauna y flora que vive permanentemente en todo cuerpo de agua así como la cría o cultivo intensivo o propagación de las mismas en aguas públicas y/o privadas que sean aptas para el desarrollo de tales especies; o El artículo 316° declara aplicable las disposiciones del capítulo IV al aprovechamiento de lechos, fondos, aguas, playas, riberas, costas y puertos, para la cría, reproducción y difusión de las especies de la flora y fauna acuática; o Sujeta el aprovechamiento de las aguas privadas a que se realice de manera tal que no produzca daño sobre la fauna acuática o ambiente acuático que pueda extenderse directa o indirectamente a aguas públicas (art. 321°).
o Se requiere para el desarrollo de la actividad un permiso (art. 323°, entre otras normas del mismo capítulo). Ley N° 1060 de Medioambiente: su autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología el Ministerio de Producción (art. 20°). Asimismo: o Resulta aplicable a las políticas de manejo sobre agua, suelos, fauna, flora, áreas protegidas y recursos paisajísticos; o Sólo reglamentada en materia de audiencias públicas (Título VI), por el Decreto 557/1998. o Indican que el uso y la transformación de los recursos naturales se deben realizar mediante el cumplimiento de las normas existentes y demás disposiciones legales que se dictaren destinadas a la protección del ambiente (art. 14°); o La Ley no cita a la acuicultura como una actividad que requiera estudios de factibilidad ambiental previos para tales
emprendimientos;
no obstante, puede potencialmente ser
incluida en función de la reglamentación (art. 28°); o Existen lineamientos referidos a los usos de aguas de potencial aplicación a la acuicultura (Capítulo III); o En materia de fauna, se prohíbe la introducción de especies y variedades exóticas sin previa autorización (art. 97°); o El Capítulo VI versa sobre las áreas protegidas y recursos paisajísticos; se estima recomendable analizar las restricciones al dominio que pudieran estar establecidas en los planes de manejo de las áreas protegidas o en función de las categorías de manejo que se establezcan. Para ello, resultaría conveniente consultar ante la Autoridad de Aplicación de la norma, si el emplazamiento de acuicultura se encuentra en áreas protegidas y si ello implica restricciones adicionales de alguna naturaleza. IV.4.2. Otras normas con incidencia en los emprendimientos de acuicultura:
A los efectos del uso del agua, se encuentra vigente la Ley 1246 (Código de Aguas), y al tiempo de esta ponencia (noviembre 2005) las concesiones son gratuitas; la interpretación de esta ley deberían complementarse con las disposiciones sobre aguas de la Ley N° 1060. Asimismo, la provincia cuenta con la Ley 1335 que crea un los
Sistema Provincial de Reserva de Biósferas, en consecuencia,
emprendimientos que se desarrollen en dichas áreas estarán sujetos a las restricciones adicionales que podrían surgir por parte de la Autoridad de Aplicación de dicha ley. La Ley N° 51/1998 establece exigencias para la presentación de proyectos de desmontes y/o cambio de uso del suelo; en ese sentido, de generarse granjas acuícolas que impliquen un desmonte, sería aplicable esta norma. Según el lugar del emprendimiento acuícola, deberá tenerse presente la Ley Integral del Aborigen N° 426, y sus exigencias específicas; En todos los casos reseñados anteriormente, resulta conveniente consultar ante la respectiva Autoridad de Aplicación cómo se integra la normativa de manera más conducente para la presentación de los proyectos, a fin de estimar adecuadamente el alcance y plena operatividad de las normas reseñadas. IV.5. Provincia de Misiones La Ley N° 3952 de la Provincia de Misiones es una norma específica, destinada a establecer lineamientos de fiscalización y ordenamiento de la actividad acuícola, especialmente la relacionada con el cultivo de organismos acuáticos (art. 1°). La Autoridad de Aplicación en la materia es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (art. 7°) y el Ministerio de Asuntos Agrarios está facultado para realizar actividades de promoción de la investigación y fomento de la producción acuícola como alternativa de la política agraria (art. 13°). En tal sentido la Ley N° 3952: o Define los contenidos que tendrá el régimen de fiscalización y ordenamiento de la actividad acuícola (art. 4°) y las facultades
de contralor de seguridad del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (art. 12°); o Incluye a todas las actividades relacionadas con la producción y comercialización de organismos acuáticos, tanto animales como vegetales, que desarrollen su ciclo de vida parcial o totalmente en un medio acuático (art. 2°), indicando las especies cuyo cultivo, experimentación o investigación están prohibidas (art. 6°); o Respecto de las especies exóticas: Señala como prohibidas genéricamente a todas aquellas que puedan en el futuro comprometer el patrimonio genético de las especies nativas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación (art. 6°, inc. f]); Su introducción para experimentación y/o
investigación requiere autorización, la que será provisoria, debiéndose entregar al finalizar el estudio programado los resultados; los ejemplares así introducidos no podrán ser vendidos ni diseminados en el ambiente sin previa
autorización (art. 9°); Para definirlas por oposición, reputa especie nativa a las de origen y desarrollo natural en las aguas pertenecientes a la Cuenca del Plata (art. 3°); Las admitidas deben cultivarse en sistema de régimen de cautividad en tierra, conforme los resguardos de la reglamentación (art. 10°); o Requiere una autorización para la instalación de
emprendimientos de acuicultura (art. 8°); o La ley es aplicable a todas las actividades de acuicultura existentes (art. 11°).
• Asimismo, la Resolución del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables N° 789/1998, establece: o La creación de un Registro Provincial de Establecimientos de Acuicultura; o Los requisitos para la introducción de especies acuáticas exóticas; o Los requisitos para la aprobación de los proyectos; o Las obligaciones de denuncia de enfermedades; o La obligatoriedad de facilitar la inspección; o Cumplir con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 3426 de Bosques protectores; o Todos los requisitos anteriores deberán ser compatibilizados con la Ley N° 3952. IV.5.2. Otras normas con incidencia en los emprendimientos de acuicultura: • Ley N° 2932 y Decreto Reglamentario 944/1994: vinculada con las áreas naturales protegidas. Su autoridad de aplicación es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (art. 48° de la Ley); se estima recomendable analizar las restricciones al dominio que pudieran estar
establecidas en los planes de manejo de las áreas protegidas o en función de las categorías de manejo que se establezcan. Para ello, resultaría conveniente consultar ante la Autoridad de Aplicación de la norma, si el emplazamiento de acuicultura se encuentra en áreas protegidas y si ello implica restricciones de alguna naturaleza. • Ley N° 3079 de Medioambiente (modificada por Ley N° 4183): su artículo 3° no señala a la acuicultura entre las actividades que producen impacto ambiental y que quedan sujetas a la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de un estudio de impacto ambiental y su correspondiente informe de conclusiones (art. 4°). No obstante lo anterior, el mismo artículo 3°, inciso h] exige la evaluación de impacto ambiental al emplazamiento de las industrias; en consecuencia –y en función de la envergadura y características del proyecto de acuicultura- resulta conveniente consultar ante la Autoridad de Aplicación previamente la interpretación de esta norma, a fin de estimar adecuadamente el alcance y plena operatividad de la misma. 17
• Ley N° 3337: vinculada con el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica; entre otros objetivos, el artículo 1° de la ley señala que sus lineamientos (en particular los asociados con el art. 4° y 5°) están destinados a servir de instrumento marco de las demás normas vigentes y/o de futura aplicación sobre conservación y uso de los recursos: flora, fauna, suelo, agua, aire y otros. IV.6. Provincia de Santa Fe La Provincia de Santa Fe ha promulgado una normativa específica asociada con la acuicultura, reflejada en la Ley de Pesca N° 12.212. Esta norma es reglamentada por el Decreto N° 2410 del 25 de noviembre de 2004.
IV.6.1. Estipulaciones acuicultura:
generales de la Ley 12.212 asociadas con la
Esta norma desarrolla cuestiones de ordenamiento de pesca continental y de acuicultura conjuntamente. La Autoridad de Aplicación de la ley es la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (artículo 3°). Al tiempo de elaboración del presente relevamiento, dicha Dirección no estaba constituida; se recomienda, en consecuencia, que los proyectos de acuicultura sean ser presentados ante la mesa de entradas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que sea girada a la repartición que evaluará el proyecto. El artículo 6° de la ley prevé que la Secretaría puede establecer cánones, tributos, multas por infracciones, tasas y aranceles; al momento de elaboración del presente relevamiento, no se han identificado normas asociadas con lo anteriormente descrito. El artículo 21° 7 de la ley prevé que las licencias o permisos para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la ley deben renovarse anualmente, siendo indispensable la presentación de un
7 Este artículo, de su parte, es reglamentado por el artículo 21° del Decreto 2410/2004, que la validez de las licencias es desde el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.
libre deuda, que sea otorgado por el Órgano de Aplicación. Dado que la ley regula aspectos de pesca y acuicultura conjuntamente, esta norma sería aplicable también a la última actividad; generando potenciales
limitaciones para atraer inversiones de acuicultura de mediana o gran escala; ello se debe a que estando las licencias o permisos sujetos a una renovación anual, estarían a merced de la política vigente, generando un riesgo quizás excesivo para los productores. El artículo 39° de la Ley prevé la creación de un "Registro Provincial de Estadística Pesquera", en el que deben inscribirse todas las personas, sociedades, empresas, crianza asociaciones o que de se dediquen a la
consignándose el origen, especie, volumen y destino de la producción, y todo otro dato que sea de interés para la fiscalización, estadística, planificación, transparencia y manejo sustentable de la actividad. Asimismo establece que este registro debe ser publicado en Internet. El capítulo específico de la acuicultura es el VI, titulado “DE LA ACUICULTURA, PECES ORNAMENTALES Y CARNADAS conteniendo los artículos 47 al 53. VIVAS”,
IV.6.2. Estipulaciones acuicultura
específicas de la Ley 12.212 asociadas con la
El capítulo específico de la acuicultura es el VI, titulado “DE LA ACUICULTURA, PECES ORNAMENTALES Y CARNADAS conteniendo los artículos 47 al 53. El artículo 47° señala que la Autoridad de Aplicación puede conceder permisos para radicación de criaderos o estaciones de cría y demás instalaciones complementarias para la conservación y comercialización de peces vivos. Define a criaderos o estaciones de cría como establecimientos dedicados al cultivo y/o mantenimiento de especies de peces, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos, autóctonos o exóticos, tanto de agua dulce como agua salada, en cautividad o semicautividad, para su reproducción, cría o recría y posterior comercialización o cualquier otro destino de los productos y VIVAS”,
subproductos. En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que 19
desarrollan esta actividad deben inscribirse en un Registro que llevará el órgano de aplicación (artículo 48°). La reglamentación del artículo 47° en el Decreto 2410/2004 estipula que: • toda persona física o jurídica que quiera realizar la actividad debe solicitar la correspondiente licencia ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con los requisitos exigibles para obtenerla; en ese sentido, no se ha identificado normativa asociada con tales requisitos al momento de elaboración del presente relevamiento; • la autoridad de aplicación puede proponer al Poder Ejecutivo la inclusión de especies cuya cría, mantenimiento y reproducción se prohíbe. Taxativamente prohíbe dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe a determinadas especies. • El requerimiento de una evaluación de impacto ambiental es facultativo de la Autoridad de Aplicación (artículo 49°). No obstante, la reglamentación del artículo ha limitado esta previsión, exigiendo que el ingreso de ejemplares vivos, la cría, el mantenimiento y la reproducción de cualquier otra especie exótica para la cuenca en que se la pretende introducir, requiere de la presentación previa de un estudio de impacto ambiental; luego de avalar el mismo, la Autoridad de Aplicación resuelve sobre la autorización para la ejecución del proyecto. El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) está definido en el artículo 2° del Anexo I del Decreto 101/2003 (reglamenta parcialmente a la ley 11.717), de la siguiente manera: “documentación presentada por el responsable del proyecto ó emprendimiento ante la Autoridad de Aplicación, cuyo principal objetivo es identificar, predecir y valorar el impacto ambiental que las acciones a desarrollar puedan causar y proponer medidas adecuadas de atenuación o mitigación pertinentes.” El artículo 50° 8 señala que en la evaluación de los proyectos por parte de la Autoridad de Aplicación, éstos pueden ser sometidos a consideración de especialistas de diferentes instituciones técnicas y científicas, si la Autoridad de Aplicación así lo considerare.
La reglamentación del artículo por el Decreto 2410/2004 estipula que: “La solicitud de inscripción de establecimientos que fija el artículo 48° de la Ley N° 12.212, estará siempre sujeta a la evaluación de la Autoridad de Aplicación, la que podrá autorizar o no el emprendimiento, independientemente de lo establecido en su artículo 50.”
La Autoridad de Aplicación, en todos los casos, se encuentra facultada a ingresar a las instalaciones cuando lo estime necesario para efectuar los controles pertinentes (artículo 51°). El titular del criadero es el responsable por el escape de ejemplares vivos, prohibiéndose la suelta de animales al ambiente natural, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplicación (artículo 52°). Si cesare la actividad, se debe comunicar el cierre a la Autoridad de Aplicación en un plazo no menor a noventa días de la fecha prevista, asumiendo los costos del procedimiento el responsable del establecimiento (artículo 53°).
IV.6.3. Otras normas con incidencia en los emprendimientos de acuicultura:
Se referencian a continuación las normas más relevantes que tienen incidencia en el ciclo de los proyectos de acuicultura: • Ley 11.717: los artículos 18° al 21° (insertos en el Capítulo VIII relativo al impacto ambiental) son relevantes para los emprendimientos de acuicultura, esta ley es reglamentada por el Decreto 101/1993, que aprueba la reglamentación de los artículos 12, 18, 19, 20, 21 y 26 de aquella norma. • Ley 12.175 - Sistema Provincial de Areas Protegidas: se estima recomendable analizar las restricciones al dominio que pudieran estar establecidas en los planes de manejo de las áreas protegidas o en función de las categorías de manejo que se establezcan. Para ello, resulta recomendable consultar en esta jurisdicción, si el
emplazamiento de acuicultura se encuentra en áreas protegidas y si ello implica restricciones adicionales de alguna naturaleza. • En materia de descarga de efluentes, se encuentra vigente la Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Ecología N° 1089. Esta norma, constituye un reglamento que es de aplicación a todos los inmuebles ubicados en el territorio de la Provincia de Santa Fe, destinados total o parcialmente a usos industriales (fábricas, talleres, etc.), a usos comerciales (hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, etc.), o a usos especiales (hospitales, escuelas, clubes, etc.) 21
cuyos líquidos residuales no satisfagan condiciones de vuelco exigidas para su descarga al cuerpo receptor.
IV.6.4. Consideraciones adicionales respecto de cuestiones normativas asociadas con la acuicultura •
La Provincia de Santa Fe carece de una norma que instaure un Código de Aguas o una norma afín. En consecuencia, no se han identificado normas asociadas con el pago de tributos por usos de agua en emprendimientos de acuicultura que pudieran derivar de tal legislación.
V. CONCLUSIONES PRELIMINARES ASOCIADAS CON EL ESTUDIO EN CURSO APLICABLES A LA PRESENTE PONENCIA En términos generales, se observa una falta de normas específicas asociadas con el ordenamiento integral de la acuicultura como actividad. Puede argumentarse que existe una gran cantidad de normas indirectas vinculadas con la acuicultura en la Argentina, y que no son necesarias más para dar fundamento al ejercicio de la actividad. No obstante, si se coteja la experiencia y la legislación comparada contrastándolos con nuestra legislación, se identifica una gran cantidad de prescripciones faltantes para dotar de una base legal integral “responsable 9 ” –en los términos de
responsabilidad entendidos por el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO- a la acuicultura en la Argentina. El grado de responsabilidad asociado con las políticas públicas en aspectos productivos dentro de la Argentina no es meramente el resultado de cómo los gobiernos implementan o sancionan las normas que pueden afectar al sector, sino también cómo observan y aplican esas normas. Por ello, no resulta de la identificación de normas que se puede inferir el nivel de desarrollo de la acuicultura en Argentina, sino que es menester recurrir a otros aspectos asociados con las normas en general para integrar ese análisis; entre ellos, es menester profundizar las observaciones acerca de la implementación, la observancia y la efectividad de las normas existentes.
9 A todos los efectos en esta ponencia, la alusión a “responsabilidad” se asocia exclusiva y excluyentemente al concepto y terminología denotado por la FAO en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable (en particular el artículo 9°, asociado con el “Desarrollo de la Acuicultura”).
Del cotejo de la legislación provincial y federal con incidencia en la acuicultura, puede concluirse ésta no ha sido actualizada o revisada para acompañar dicho desarrollo. La escasa o casi nula regulación constituye un obstáculo para este sector, pues deja en los claroscuros legales al sector. Así, desde el punto de vista institucional, será necesario: Evaluar si las normas habilitan que los organismos a cargo de la acuicultura pueden desarrollar un rol coordinador asociado con la operación y el manejo de la actividad; Reformular las normas para identificar claramente la actividad (en sus aspectos de la práctica, la infraestructura y los productos) y la participación de los interesados en la misma; de esa manera se evita la dispersión legislativa sobre la materia; Integrar aspectos ambientales y sociales dentro del proceso de planificación para los distintos componentes de la acuicultura, tales como el agua y otros recursos naturales asociados; Definir claramente los derechos de los usuarios y sus
responsabilidades para los propósitos específicos de la acuicultura; Revisar, identificar y cuando fuera apropiado, reconciliar las distintas previsiones dispersas en las leyes y las regulaciones no concordantes con las necesidades de una acuicultura responsable o que evitan el desarrollo del manejo y desarrollo sustentable de la actividad. Por ello, luego del análisis de la legislación identificada, es factible concluir una irregular presencia en legislación argentina de los principios de la
acuicultura responsable, que tornan errática e imprecisa la evaluación del estado actual de (1) la implementación, (2) el cumplimiento, (3) la efectividad de las políticas sobre acuicultura, para finalmente identificar las posibles
alternativas y soluciones -y los responsables de promoverlas- a cada uno de estos aspectos. Resulta menester detenerse en cada uno de estos tres
componentes necesarios para hacer apreciaciones acerca de los niveles de responsabilidad en el desarrollo de la acuicultura en argentina, y el porqué de la necesidad de fomentar la sistematización de la regulación.
a) LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS VINCULADAS CON LA ACUICULTURA: ACUICULTURA? 23 ¿HAN SIDO SANCIONADAS NORMAS PARA LA
La implementación de normas sobre acuicultura está asociada con la existencia de medidas con las que las jurisdicciones argentinas tornan
efectivas dichos lineamientos. Si bien no siempre es necesaria la sanción de normas para el desarrollo de emprendimientos (pues podría, por ejemplo, haber compromisos del propio sector de emprendedores de acuicultura basados en la auto-regulación o según prácticas consuetudinarias), la
mayoría de los lineamientos e intereses del Estado requieren
plasmados en una norma federal o provincial para que puedan ser exigidas a los interesados legítimos y evaluarse en el tiempo su efectividad. Ante la escasez de información, en recurrentes oportunidades las normas que incidirían en la acuicultura son redactadas con limitada consulta hacia los interesados legítimos, y careciendo del adecuado análisis de factores ambientales y económicos que las deberían conllevar. Paralelamente, existen complicaciones –con distinta graduaciónen los
servicios legales que asisten en la redacción de normas de interés para la el desarrollo de la acuicultura; esto puede tener su servicios legales explicación en que los
-mayormente a nivel provincial-
deben enfrentar una
variedad de asuntos que impiden una concentración del conocimiento en el área de la acuicultura, magros salarios y una estructura burocrática poco estimulante. Estas dificultades, que se integran de la falta de suficientes y a la politicización recurrente de las de lineamientos
recursos administrativos, científicos
políticas públicas argentinas, afectan la implementación para la acuicultura en normas.
B) EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ASOCIADAS CON LA ACUICULTURA: ¿UNA VEZ SANCIONADAS, SE CUMPLEN? Las regulaciones de acuicultura son asimismo importantes para poder constatar el cumplimiento en la ejecución de las políticas gubernamentales en términos de responsabilidad, conforme son auspiciados por la FAO. Si bien el cumplimiento en la ejecución va más allá de la implementación de los principios de la acuicultura responsable mediante normas, éste presenta una estrecha vinculación con la existencia de las mismas, dado que está
asociado a cómo las jurisdicciones adhieren al desarrollo de una acuicultura responsable, conjuntamente con las medidas de implementación que han adoptado. Una adecuada “medición” de la ejecución de las normas es más 24
difícil evaluar, y esta evaluación no es completa si meramente se tiene en cuenta que estén sancionadas formalmente, porque el cumplimiento de las normas probablemente nunca sea perfecto. En definitiva, la evaluación de cómo se ejecutan las políticas para el desarrollo de la acuicultura es un asunto altamente subjetivo, y por ello la existencia de normas –al ser parámetros obligatorios a partir de los cuales actuar- ayuda a dotar a este análisis de más objetividad para tomar referencias de éxitos o fracasos en materia de gestión del sector.
C) LA EFECTIVIDAD DE LAS NORMAS DE ACUICULTURA: ¿UNA VEZ SANCIONADAS Y CUMPLIDAS, SON A SU VEZ EFECTIVAS? La irregular presencia de normas asociadas con la acuicultura, también conspira con un análisis apropiado acerca de la efectividad de las políticas públicas provinciales para promover el sector. Si bien las normas asociadas con la acuicultura pueden ser efectivas para definir sus objetivos en los papeles, pueden no llegar a serlo para encarar los problemas que buscaban solucionar en la práctica. No es ajeno a la percepción general que existe una falta de confianza en la efectividad de las normas, probablemente atribuible a las dificultades operativas que tiene el Estado en orientar una gestión sustentable, o, visto de otro ángulo, de sustentar una gestión. Dicho de una manera más lineal: la efectividad de las normas depende de que sean gestionadas mediante estructuras institucionales de apoyo que funcionen
adecuadamente (por ejemplo, puede sancionarse una norma específica de acuicultura, pero poco futuro tendrá si no dispone de una administración burocrática que pueda asumir las responsabilidades asociadas). Esto de por sí no significa que las normas vinculadas con la acuicultura no sean efectivas en todas las circunstancias; significa, fundamentalmente, que no se pueden ofrecer fórmulas válidas con carácter general si no han sido analizadas cuidadosamente en su proceso de elaboración, incluyendo (1) la aceptación previa de al menos gran parte de sus destinatarios y (2) la
presencia de una estructura burocrática administrativa eficaz.
Finalmente, es de esperar que un mayor conocimiento y difusión de las experiencias del desarrollo de otros países en materia de acuicultura -y en particular por los interesados legítimos25 permita promover un desarrollo
responsable. En definitiva, se trata de fomentar mecanismos que colaboren con la mejor aceptación de las medidas de ordenamiento de la acuicultura y el desarrollo del sector, con visión en el largo plazo y que complemente los esfuerzos para el desarrollo rural e industrial encarados en nuestras economías regionales.
Documents Similar To Regulaciones y Marcos Institucionales Para Los Proyectos de Acuicultura en El Norte Argentino
Cepas9
Dei Vecchi -Acerca de la justificación de la prisión preventiva- 2013.pdf
1.2.2 Ley federa de energia
Pueblos indigenas-Informe Nacional de la República ArgentinaDesarrollo ComunitarioPrograma de ViviendaPariticipación en Consejo Indigena
Pueblos indigenas-Informe Nacional de la República ArgentinaDesarrollo ComunitarioPrograma de Vivienda

References: artículo 121
 artículo 75
 artículo 41
 artículo 121
 artículo 99
 Resolución 
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 9
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 106
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 313
 artículo 316
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 39
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 50
 Resolución 
 artículo 9