Source: https://www.iurisprudente.com/2017/
Timestamp: 2020-04-05 21:48:55+00:00

Document:
Iuris Prudente: 2017
Con base en el carácter legal del cese de los administradores en caso de disolución, la Resolución DGRN de 7 de marzo de 2019 rechaza que pueda acordarse, al tiempo de la disolución, que el cese de los administradores se difiera un tiempo a contar desde esa disolución y nombrar un liquidador con efectos a partir de la fecha de eficacia del cese de los administradores.
La Resolución DGRN de 2 de diciembre de 2019, aunque decide sobre la constitución de una hipoteca por persona física en fase de liquidación en concurso de acreedores, se refiere a las operaciones que no puede realizar una sociedad en fase de liquidación societaria, declarando: "la adquisición de nuevos bienes o la constitución de derechos reales sobre los mismos a favor de terceras personas, como ocurre con el caso de la hipoteca, carecería de toda virtualidad en la medida en que, disuelta la sociedad, se abre con ello la fase de liquidación de la misma, destinada en última instancia a la extinción de la sociedad y en la que los actos que pueden llevar a cabo los liquidadores (sustituidos por la administración concursal) están circunscritos a los previstos por los artículos 383 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, entre los que no se encuentra ni la adquisición de bienes ni la constitución de hipotecas o cualesquiera otros gravámenes sobre los mismos, en tanto en cuanto no responden a una finalidad liquidatoria".
La Resolución DGRN de 3 de marzo de 2012, en un caso de liquidación de sociedad limitada mediante acuerdo en junta no universal, rechaza que exista obligación de notificar a los socios no asistentes a la junta el acuerdo adoptado de aprobación del balance final, negando la aplicación analógica de las normas sobre separación o exclusión de socios por falta de identidad de razón, debiendo únicamente recogerse la manifestación de los administradores de haber transcurrido los plazos para la impugnación del balance (dos meses desde su adopción), sin haber sido impugnado.
La Resolución DGRN de 10 de julio de 2019 reitera la simplicidad formal exigible al balance de liquidación, sin que sean aplicables al mismo las reglas generales de formación de balances previstas por las normas contables. En el caso, la controversia surgía por figurar en el balance una cuenta de "Aportaciones de los socios", con valor negativo, lo que se rechazaba por la calificación registral por considerar que " dicha cuenta, por su propia naturaleza, nada más puede ser positiva o con importe «0» no es factible que conste en negativo ya que entonces tendría la consideración de deudas de los socios frente a la sociedad, además, tal como ha manifestado el liquidador, se trata de una aportación a fondo perdido realizada por el socio único para compensar las pérdidas de la sociedad, por lo que su importe no puede ser negativo por cuanto, una vez compensadas las pérdidas, su resultado final sería cero. Si una vez compensadas las mismas, quedara saldo, este sería positivo, por importe del exceso, y si no se hubieran compensado la totalidad de las pérdidas con la aportación (118) quedada la cuenta de pérdidas y ganancias con saldo negativo". La DGRN comienza señalando, en cuanto al balance de liquidación, que "Por su función, como verdadera cuenta de cierre, el referido balance puede ser confeccionado de forma bien simple, siempre que sirva para fijar el patrimonio social repartible, si lo hubiera, y determinar con exactitud la parte que a cada socio corresponda en el mismo, sin que, por tanto, deba ajustarse necesariamente a las normas legales sobre la formación de las cuentas anuales". En cuanto a la concreta cuestión planteada en la calificación registral, después de señalar que el balance de liquidación podía haberse elaborado de forma más precisa, considera la cuestión sin trascendencia a efectos de la liquidación de la sociedad, argumentando que " la información sobre las aportaciones del socio único resulta superflua a los efectos de la concreta liquidación societaria que se documenta en la escritura calificada, toda vez que es determinante que en dicha escritura el liquidador manifiesta «que tal y como consta en el balance incorporado no hay activo ni pasivo exigible habiendo superado las pérdidas el importe correspondiente al capital social y habiendo sido necesario realizar por el socio único aportaciones a fondo perdido. Por lo que dado que no existe haber partible, su cuota de liquidación asciende a 0 euros». Como también ha puesto de relieve esta Dirección General (vid., por todas, las Resoluciones de 6 de noviembre de 2017 y 19 de diciembre de 2018), a efectos de la cancelación de los asientos registrales debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la inexistencia de acreedores realice el liquidador bajo su responsabilidad -confirmada con el contenido del balance aprobado-, como acontece en otros muchos supuestos contemplados en la legislación societaria".
La Resolución DGRN de 14 de febrero de 2019 confirma la calificación del registrador mercantil contraria a la inscripción de una liquidación de sociedad con adjudicación in natura de los bienes, por no haberse aprobado por unanimidad dicha adjudicación. El caso presentaba la peculiaridad de que existía un primer acuerdo de la junta general, este sí unánime, en que en términos generales se acordaba «adjudicar en base a los valores establecidos por Sociedad de Tasación, los bienes inmuebles de la sociedad consistentes en parkings a los socios en forma proporcional a sus porcentajes de participación en la sociedad», contestando el presidente a la pregunta de uno de los socios sobre la forma en que se haría el reparto «que aún no se ha determinado pero en todo caso se hará con presencia de Notario y con la mejor forma posible de reparto». En un posterior acuerdo de la junta general, que no fue unánime, se determinó un proceso de sorteo ante notario para el reparto de los bienes entre los socios, y con base en el mismo se realiza el sorteo, documentado por acta notarial, y se otorga la correspondiente escritura de adjudicación. La DGRN, con base en el artículo 390 del TRLSC y en la aplicación supletoria de las normas de partición de las herencias, entiende que el acuerdo de división in natura debe ser aprobado por unanimidad, declarando que "... no es suficiente un acuerdo genérico de adjudicaciones «in natura» como el inicialmente aprobado en el presente caso -por unanimidad- en junta general de 26 de junio de 2015, que ni siquiera determina la forma en que dichas adjudicaciones han de realizarse, de modo que es la posterior junta general, de 29 de enero de 2018, la que aprobó -no por unanimidad sino con oposición de determinados socios- tanto el balance final de liquidación como -ahora sí- la propuesta de reparto del haber social realizada por el liquidador".
En el caso de esta resolución la cuestión se planteaba desde la perspectiva de la inscripción en el registro mercantil de la liquidación de la sociedad. Si la inscripción se pretendiese en el registro de la propiedad, es dudoso que bastase la ejecución del acuerdo, aun unánime, de aprobación del balance y proyecto de división, siendo defendible la exigencia de prestación del consentimiento por todos los socios en escritura pública, como se ha dicho.
Publicado por Francisco Mariño Pardo en 14:42:00 No hay comentarios:

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 artículo 390
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