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Timestamp: 2018-11-20 22:27:00+00:00

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Publicado en BOE de 22 de Octubre de 1981
Vigencia desde 22 de Octubre de 1981
Téngase en cuenta la letra c) de la disposición final primera de la Ley [BALEARES] 2/2014, 25 marzo, de ordenación y uso del suelo («B.O.I.B.» 29 marzo), que establece que el presente Real Decreto Ley deja de ser aplicable en las Illes Balears, salvo las determinaciones que tengan carácter de normativa básica u otra categoría normativa reservada a la competencia del Estado.
L 8/1985 de 4 Dic. CA Madrid (queda sin aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid la figura de los proyectos de delimitación de suelo urbano, regulada en el RDL 16/1981)
Téngase en cuenta la Ley 8/1985, de 4 de diciembre, por la que se queda sin aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid la figura de los proyectos de delimitación de suelo urbano, regulada en el R.D.-Ley 16/1981, de 16 de octubre («B.O.C.M.» 18 diciembre), regulados en los números 2 y 3 del artículo 2.
Téngase en cuenta la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 8/1985, 4 diciembre, por la que se queda sin aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid la figura de los proyectos de delimitación de suelo urbano, regulada en el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre («B.O.C.M.» 18 diciembre).
Téngase en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, 20 marzo («B.O.E.» 25 abril) declara inconstitucional el número 1 de la disposición derogatoria única del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D. Leg. 1/1992, 26 junio, en el inciso: "las siguientes normas de rango legal: (...) el Real Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana (...) y", viniendo, por tanto, a decir: "Queda derogada la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo", en los términos precisados en el fundamento jurídico 12 d). Téngase en cuenta la letra c) de la disposición final primera de la Ley [BALEARES] 2/2014, 25 marzo, de ordenación y uso del suelo («B.O.I.B.» 29 marzo), que establece que el presente Real Decreto Ley deja de ser aplicable en las Illes Balears, salvo las determinaciones que tengan carácter de normativa básica u otra categoría normativa reservada a la competencia del Estado.
La disposición transitoria primera de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, impuso a las Entidades Locales la obligación de remitir a los órganos competentes, para su aprobación, los Planes generales adaptados a la nueva Ley, en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma, de 2 de mayo de 1975.
Transcurridos los cuatro años y las dos prórrogas de un año, concedidas por los Reales Decretos 544/1979, de 20 de febrero, y 990/1980, de 3 de mayo, sin que se haya dado total cumplimiento a la citada disposición transitoria pese al esfuerzo realizado por las Corporaciones Locales y a las subvenciones otorgadas a éstas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, resulta necesario completar el régimen transitorio del planeamiento hasta el momento en que, en cada caso, se aprueben los nuevos Planes de ordenación.
Este estado provisional del planeamiento no debe cuestionar, ni obstaculizar, la aplicación del régimen urbanístico del suelo, vigente desde la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, por lo que, a fin de garantizar su aplicación, así como la seguridad jurídica que debe presidir la actuación de la Administración y de los particulares, por el presente Real Decreto-ley se fijan con carácter general los criterios que, con arreglo a los estrictos principios de la Ley del Suelo, han de tenerse en cuenta en la determinación del régimen que corresponde a cada tipo de suelo.
La fijación de estos criterios no constituye, obviamente, una adaptación ex-lege de los Planes generales vigentes, por lo que las Entidades Locales, que retienen su competencia a todos los efectos para formular los nuevos Planes, conservan todas las posibilidades que la Ley les otorga para adaptar y revisar los planeamientos generales de sus respectivos territorios. No obstante, ante la posible urgencia de determinados supuestos, se reconoce en favor de los órganos competentes para otorgar la aprobación definitiva de los Planes y normas, la facultad de establecer plazos concretos y subrogarse en caso de incumplimiento. También queda definitivamente reconocida la posibilidad de que la adaptación se efectúe, indistintamente, tanto a través de la redacción de un Plan general como de una norma subsidiaria de planeamiento municipal, de acuerdo con el principio esencial, sentado en el Artículo 3.2 del Reglamento de Planeamiento, que exige que en cada caso se elija la figura de planeamiento adecuada.
La presente disposición aclara y complementa el RD-Ley 3/1980, de 14 de marzo, refuerza las competencias de los Ayuntamientos y simplifica la tramitación en relación con los proyectos de urbanización y los de reparcelación o compensación. Asimismo, se unifica el proceso de suspensión de licencias y se amplía el plazo para la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística en el supuesto de obras realizadas sin licencia.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de octubre de 1981, y en uso de la autorización contenida en el Artículo 86 de la Constitución, dispongo:
1. Finalizados los plazos establecidos en la disposición transitoria primera de la Ley del Suelo, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, para la adaptación de los Planes generales, y en tanto no se aprueben definitivamente las mencionadas adaptaciones, dichos Planes generales conservan su vigencia, siéndoles de aplicación el régimen urbanístico definido en el título II de la referida Ley, con arreglo a los criterios que, con carácter transitorio y hasta la aprobación definitiva de la adaptación del planeamiento general, se fijan en el presente Real Decreto-Ley.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, los Ayuntamientos deberán adaptar su planeamiento general a lo establecido en la vigente Ley del Suelo. La clasificación del suelo que se establezca al llevar a cabo la adaptación del planeamiento general no quedará vinculada por la clasificación resultante de la aplicación de los criterios señalados en el presente Real Decreto-Ley, conservando, en consecuencia, los Ayuntamientos su competencia a todos los efectos, para adaptar y revisar su planeamiento general.
3. La adaptación, que podrá modificar o revisar el planeamiento anterior, se realizará mediante la formulación de un Plan general o de una norma subsidiaria de planeamiento, cuyo contenido, clasificación del suelo, determinaciones y documentación deberán ajustarse a lo establecido al respecto en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. Aunque la adaptación no proponga modificaciones del planeamiento general, o su revisión, incluirá necesariamente aquellas alteraciones que resulten impuestas por las exigencias del nuevo planeamiento. La elección de una u otra figura del planeamiento general se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3.2 del Reglamento de Planeamiento, cualquiera que sea el instrumento de ordenación existente.
4. El órgano que tenga atribuida la competencia para la aprobación definitiva del Plan general o norma subsidiaria del planeamiento municipal, podrá señalar un plazo, no inferior a un año, para la adaptación de los instrumentos de planeamiento general, pudiendo, en caso de incumplimiento, subrogarse, sin más trámites en las competencias municipales para formular y tramitar la adaptación.
1. Los terrenos clasificados como suelo urbano o reserva urbana en Planes generales o normas subsidiarias de planeamiento aún no adaptados se consideran suelo urbano siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos:
a) Terrenos que estén dotados de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía electrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
2. Sin perjuicio de la directa aplicación de lo dispuesto en el número anterior, los Ayuntamientos podrán aprobar la delimitación de la totalidad del suelo urbano de sus términos municipales, o por partes, antes de la adaptación de sus respectivos Planes generales. El correspondiente proyecto de delimitación que tendrá en cuenta los criterios señalados, se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 152 de Reglamento de Planeamiento con la particularidad de que el acuerdo municipal de aprobación tendrá, en este caso, el carácter de aprobación definitiva, sin que, por tanto, resulte preciso el informe de la Diputación Provincial ni la elevación del expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo. No obstante, el acuerdo aprobatorio se comunicará a dicha Comisión en el plazo de quince días, acompañándose un ejemplar del proyecto.
3. Si las características de la urbanización y de la edificación ofrecieran dificultades que impidieran la directa aplicación de lo dispuesto en el número 1 de este artículo y no se hubiera aprobado la delimitación del suelo urbano, conforme a lo dispuesto en el número 2, las Comisiones Provinciales de Urbanismo podrán, de oficio o a instancia de parte, fijar un plazo inferior a seis meses, para que los Ayuntamientos procedan a la formulación y aprobación inicial del correspondiente proyecto de delimitación. En el caso de que los Ayuntamientos no cumplieran dicho plazo, las Comisiones Provinciales de Urbanismo quedarán subrogadas en las competencias municipales para la tramitación y aprobación del proyecto formulado por la Corporación local o, en su defecto, para su formulación, tramitación y aprobación.
4. El régimen urbanístico de este tipo de suelo, aun en los supuestos en que fuera preciso el desarrollo de las determinaciones del Plan general o normas subsidiarias no adaptados mediante alguna figura de planeamiento subordinado, será el establecido en el Artículo 83 de la Ley del suelo.
El suelo urbanizable estará sometido al régimen establecido en el Artículo 84 de la Ley del Suelo.
Los Planes parciales que se formulen en este tipo de suelo no podrán sobrepasar el límite de densidad previsto en el Artículo 75 de la Ley del Suelo, cualesquiera que sean las determinaciones que sobre estos extremos establezcan el Plan general o normas subsidiarias de planeamiento que desarrollen, y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 13 de la citada Ley y disposiciones reglamentarias concordantes.
Se considera como suelo no urbanizable el suelo clasificado como rústico por los Planes generales y normas subsidiarias de planeamiento municipal, aún no adaptados. Su régimen urbanístico será el establecido en el Artículo 86 de la Ley del Suelo.
1. Los Ayuntamientos de capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes serán competentes para la aprobación definitiva de Planes parciales y de Planes especiales que desarrollen y se ajusten a las determinaciones del Plan general.
2. Los Ayuntamientos serán competentes, en todo caso, para aprobar los instrumentos de reparcelación y compensación, aunque existan bienes municipales.
3. La aprobación definitiva de los proyectos de urbanización corresponderá a la Administración Urbanística actuante que hubiese otorgado la aprobación inicial.
4. Las bases de los concursos para la redacción de Programas de actuación urbanística serán aprobadas definitivamente por los Organismos o Corporaciones competentes para su redacción o tramitación.
1. El plazo para acordar sobre la aprobación inicial, en los casos de iniciativa particular, será de tres meses desde la presentación de la documentación completa a la Administración actuante.
Transcurridos estos plazos sin que recaiga el acuerdo pertinente, se aplicarán las reglas establecidas en el número 4 de este artículo.
2. La aprobación definitiva de Planes parciales y especiales se producirá por el transcurso de tres meses desde la entrada del expediente completo en el registro del Organo competente para otorgarla, sin que se hubiera comunicado la resolución.
3. El plazo de aprobación definitiva de proyectos de urbanización y de delimitación de polígonos o unidades de actuación y estudios de detalle será de tres meses desde su aprobación inicial. Transcurrido este plazo sin comunicar la pertinente resolución, se entenderá otorgada la aprobación definitiva por silencio administrativo, siempre que dentro de este plazo se haya incluido el trámite de información pública.
4. En el supuesto de incumplimiento de los plazos previstos en los números 1 y 3 de este artículo, la Comisión Provincial de Urbanismo actuará por subrogación cuando así se solicite por los interesados, mediante petición presentada ante la misma, aplicándose las siguientes reglas:
1.ª El plazo de aprobación inicial será el mismo que el señalado para la Administración titular, contado desde la presentación de la solicitud ante la Comisión Provincial.
2.ª Los Planes parciales y Planes especiales no estarán sujetos a aprobación provisional, sino que se entenderán aprobados definitivamente si no se comunicase resolución expresa en el plazo de un año contado desde la aprobación inicial, cuando ésta haya sido otorgada por subrogación por la Comisión Provincial de Urbanismo o seis meses desde la presentación en el registro de la solicitud correspondiente cuando el Plan hubiese sido aprobado inicialmente por la Administración titular, siempre que, en uno y otro caso, se hubiera cumplimentado el trámite de información pública.
3.ª Los proyectos de urbanización, estudios de detalle y proyectos de delimitación de polígonos o unidades de actuación se entenderán aprobados definitivamente si trancurriesen tres meses desde su aprobación inicial por subrogación por la Comisión Provincial de Urbanismo, sin que se haya comunicado resolución expresa sobre la aprobación definitiva, o desde la presentación en el registro de la solicitud de subrogación cuando el proyecto hubiese sido aprobado inicialmente por la Administración titular, supuesto, en todo caso, el cumplimiento del trámite de información pública.
5. Los Planes especiales que no desarrollen el planeamiento general seguirán sometidos a las disposiciones establecidas en la Ley del Suelo y en el Reglamento de Planeamiento.
1. Los órganos competentes para la aprobación inicial y provisional de los Planes generales municipales, normas subsidiarias de planeamiento municipal, Planes parciales, especiales o estudios de detalle, podrán acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en áreas determinadas, con el fin de estudiar su formación o reforma.
3. La suspensión a que se refiere el apartado primero, se extinguirá en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido dentro de este plazo el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el Plan o su reforma. Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá también la duración máxima de un año.
5. Los acuerdos de suspensión se adoptarán con las formalidades previstas en el Reglamento de Planeamiento.
Lo establecido en el artículo 6.º, apartado 1, del presente Real Decreto-Ley respecto del plazo para la aprobación inicial de los Planes parciales y especiales y estudios de detalle, se aplicarán en los municipios que tuvieran su planeamiento aprobado con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo, texto refundido de 9 de abril de 1976, a la entrada en vigor el presente Real Decreto-Ley, o si no lo tuvieran, a partir de la aprobación de dicho planeamiento y, en cualquier caso, desde el 1 de enero de 1983.
Lo dispuesto en los arts. 8.º y 9.º del presente Real Decreto-Ley será de aplicación, respectivamente, a los acuerdos de suspensión de licencias adoptados y a las obras terminadas con posterioridad a su entrada en vigor.

References: Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 3
 Artículo 86
 Real Decreto 
 Artículo 3
 Artículo 152
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo 75
 Artículo 13
 Artículo 86
 resolución 
 resolución 
 artículo 6