Source: http://en.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw8&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP200704190249.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-08 11:02:41+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 249, de 19/04/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 249
Sesión plenaria núm. 231
celebrada el jueves, 19 de abril de 2007
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las interferencias del Gobierno en el sector energético y los efectos que hayan podido generar en los consumidores. (Número de expediente 173/000184.)...
(Página 12501)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio. (Número de expediente 173/000185.)... (Página 12507)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 65-1, de 16 de diciembre de 2005. (Número de expediente 121/000065.)... (Página 12512)
(Página 12517)
Página 12500
(Página 12518)
Votación de conjunto... (Página 12518)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.... (Página 12501)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las interferencias del Gobierno en el sector energético y los efectos que hayan podido generar en los consumidores.... (Página 12501)
Defiende la interpelación urgente el señor Castelló Boronat, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Velasco García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Castelló Boronat.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio.... (Página 12507)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene la señora Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Benzal Román, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.... (Página 12512)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de las leyes orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.... (Página 12512)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Defensa (Alonso Suárez), en nombre del Gobierno. Manifiesta que, como recuerda el preámbulo de este proyecto de ley, la finalidad de los ejércitos es incompatible con la puesta en riesgo de la población o de la seguridad en el curso de sus actividades, y lo que se pretende es un reforzamiento de las penas y sanciones para las conductas contrarias a este principio. Esta ley orgánica en modo alguno pone en duda la excelente práctica profesional de nuestros pilotos, sino que supone adelantar las barreras de protección penal para evitar la consumación de conductas lesivas.
Finaliza señalando el alto grado de consenso, suficiente, a su entender, para que los grupos parlamentarios puedan aprobarlo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario
Página 12501
Catalán (Convergència i Unió); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las interferencias del Gobierno en el sector energético y los efectos que hayan podido generar en los consumidores, se rechaza por 114 votos a favor, 157 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio, se aprueba por 169 votos a favor y 114 en contra.
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de modificación de las leyes orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 18/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, así como el texto del dictamen.
Votación de conjunto.... (Página 12518)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 270 votos a favor y 14 abstenciones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS INTERFERENCIAS DEL GOBIERNO EN EL SECTOR ENERGÉTICO Y LOS EFECTOS QUE HAYAN PODIDO GENERAR EN LOS CONSUMIDORES. (Número de expediente 173/000184.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Se reanuda la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 del Reglamento, comunico a la Cámara que la votación relativa al carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, no tendrá lugar antes de las once de la mañana.
Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las interferencias del Gobierno en el sector energético y los efectos que hayan podido generar en los consumidores. Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Señor presidente, intervengo para defender la moción que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado como consecuencia de la interpelación que se sustanció el pasado 9 de abril al ministro de Industria en este mismo hemiciclo y que por nuestra parte llevó Vicente Martínez-Pujalte.
En ese debate ya se dijo que la interpelación se planteó porque el ministro llevaba, lleva aún, mucho tiempo sin venir a la Comisión, sin sustanciar muchas de las iniciativas y sin dar las explicaciones que desde la oposición se le están pidiendo sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo en el sector eléctrico en general, particularmente sobre algunas cuestiones importantes. En el debate de esa interpelación, el señor Martínez-Pujalte decía al ministro: ¿Usted cree que alguien en España piensa que el Gobierno no ha interferido en absoluto en la opa? Creo que a estas alturas, y después de las cosas que han ocurrido, incluso después de esa interpelación, no es que sean muy pocos. El Gobierno, y evidentemente quienes defienden el discurso del Gobierno, son los únicos que en estos momentos, no solamente en España sino fuera de España, piensan, o cuanto menos dicen -incluso muchos pueden pensar otra cosa- que el Gobierno no ha tenido nada que ver con todo este proceso que se inició en septiembre del año 2005, y parece que estemos en los momentos finales
Página 12502
de esa famosa opa, primero de Gas Natural a Endesa, después de E.ON a Endesa y ahora con el final feliz -según el presidente del Gobierno- del pacto entre Acciona, Enel y E.ON que todos conocemos. Más aún cuando en estas últimas fechas hemos visto qué está ocurriendo, qué ha ocurrido y veremos qué es lo que dice el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha anunciado su dimisión y ha dicho que quiere venir a explicar esas circunstancias, porque las tesis del Gobierno chocan con lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe hacer o debe resolver. Ahí también hay una interpretación legítima -nosotros hacemos unas consideraciones- de la presión que ha habido sobre la Comisión para que, como se ha venido haciendo en estos últimos dieciocho meses, las cosas se fueran facilitando para los intereses del Gobierno en todo el proceso.
Todos saben que el Grupo Parlamentario Popular ha pedido, ha exigido -lo hizo ayer el propio Mariano Rajoy, presidente del partido y del grupo parlamentario- una comisión de investigación sobre todo este asunto. Creo sinceramente que la mejor manera de aclarar muchas de estas circunstancias es hacerlo en sede parlamentaria, y que precisamente a quien más le conviene que se pueda habilitar esa comisión de investigación es al propio Partido Socialista y al Gobierno. Si no hay nada que esconder, si no hay nada que ocultar, si es verdad lo que dice el Gobierno de que no ha tenido nada que ver, que no ha interferido en todo el proceso y que ha sido una cuestión de las empresas, en sede parlamentaria se puede facilitar esa labor, porque si no mucho me temo que al final tendrán que ser los tribunales los que intervengan en todo este proceso. Evidentemente aquí hay muchas cosas que aclarar y se debería hacer en sede parlamentaria, como ha pedido el Grupo Popular, aunque parece que el Grupo Socialista no está dispuesto a que eso sea así.
En todo caso, nos gustaría equivocarnos en todos los argumentos que hemos venido manifestando a la luz de los hechos y de lo que ha venido ocurriendo; nos gustaría equivocarnos, pero la verdad es que el margen para nuestra posible equivocación es muy pequeño, dados todos los hechos que se han producido y, además, con la manifiesta voluntad política del Grupo Socialista de no aceptar que se puedan investigar en sede parlamentaria todos estos acontecimientos y quién puede tener, si es que la tiene, alguna responsabilidad política en todo este proceso. Digo que no deja mucho margen porque, si hacemos un breve repaso de esas circunstancias, ese apoyo a una opa hostil a un precio muy bajo, que prácticamente se ha visto duplicado en estos momentos por el acuerdo al que se ha llegado en los últimos tiempos, todo lo que se ha ido cambiando de la normativa regulatoria para poder facilitar unos determinados planteamientos e impedir otros, el enfrentamiento con Bruselas, los dos procedimientos abiertos por vulneración de derecho comunitario al Gobierno de España, lo que ocurrió en Ibiza entre el señor Zapatero y el señor Prodi previo a que haya sido Enel la que entre en este proceso -y parece ser que al final será Enel, una empresa pública, controlada por el Gobierno italiano, una empresa extranjera, aunque sea de la Unión Europea, pero no española, la que se hará con el control de la principal empresa española-, todas estas circunstancias que todo el mundo conoce hacen que el margen de ese posible error -aunque a nosotros nos gustaría que así fuera- sea prácticamente nulo.
Hemos presentado esta moción, como muchas iniciativas en el marco del sector eléctrico, para intentar llegar a grandes acuerdos que posibiliten el desarrollo del sector eléctrico, pero puntualmente para que la acción del Gobierno sea sobre compromisos claros que ayuden a despejar muchas de las algo más que razonables dudas, para que muchas de las cuestiones que hemos venido planteando a raíz de lo ocurrido en estos últimos tiempos no se puedan producir. Lo que planteamos en esta moción -y con esto acabo- es evitar que el Gobierno, de manera real y con un compromiso claro, interfiera en los mercados y expresamente en las operaciones empresariales, que se siga profundizando en ese proceso de liberalización del sector eléctrico que se inició en los años 1997 y 1998 con los dos pilares del modelo que se implementó hace ya diez años, que se acelere ese proceso de creación de algo que es absolutamente necesario, como es el mercado europeo de la energía -España está perdiendo una gran oportunidad de abanderar en Europa esa necesidad que a nosotros nos conviene incluso mucho más que a otros países por nuestras circunstancias particulares, porque somos una isla energética y por las connotaciones que eso conlleva-, que se garantice el principio de reciprocidad y que se cumpla la voluntad del legislador que se contempla en la adicional vigésimo séptima de la Ley de Acompañamiento de 2000 y que, como todos ustedes saben, impide el ejercicio de los derechos políticos al 3 por ciento cuando entidades o personas de naturaleza pública -en este caso Enel lo es- tomen el control o participaciones significativas en sociedades energéticas. Asimismo proponemos en la moción que se investiguen por parte del Gobierno las consecuencias de las diferentes maniobras, lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos tiempos con las empresas que han actuado...
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Señor Castelló, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Acabo enseguida, señor presidente.
Que investiguen lo que ha ocurrido con las empresas que han actuado en la opa y que pudiera haber causado perjuicios a los accionistas de la empresa opada, y que desarrolle la reforma que se aprobó recientemente de la Ley del Mercado de Valores en el sentido de determinar las condiciones que impidan que durante un proceso reglado de opa otros agentes puedan distorsionarse y
Página 12503
lanzar una opa competidora. Acabo pidiendo el voto favorable para la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Castelló.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
Señor Castelló, nosotros entendemos -lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, conoce nuestro discurso- que en materia de opas estamos donde estamos por el modelo energético que tenemos, y se lo digo así de claro porque -hay un titular relativamente reciente que dice que beneficio de eléctricas, ganancias de constructoras- los beneficios récord que hoy tienen las eléctricas, Endesa entre otras, se deben al modelo de oferta competitiva impulsado por la Ley Piqué, un modelo mantenido con las reformas posteriores y un modelo en el que un bien escaso, como es el energético, se entiende como una mercancía y no como un bien a proteger, habiendo renunciado a las políticas públicas en la materia. Lo digo porque lamentablemente el debate energético durante esta legislatura ha sido el de la opa y entre opa y opa lo que nosotros hemos intentado es hablar sobre el modelo energético. Nos hemos centrado y discutido en esta legislatura por activa y por pasiva qué pasaba con la opa pero hemos discutido poquísimo -nosotros lo hemos intentado y seguramente por nuestro tamaño aún no lo hemos conseguido- sobre otros elementos que hablen sobre el modelo energético. Por eso le entregamos una enmienda -seguramente usted no la va a aceptar- con nuestros planteamientos.
Entendemos que el quid de la cuestión está en cambiar el modelo y conseguir, en definitiva, modificar un marco legal para que el sector eléctrico se oriente desde un enfoque de la gestión de la demanda con el objeto de satisfacer los servicios eléctricos básicos; que tiene que haber una tramificación de la tarifa que haga que los consumos suntuarios se paguen mucho más y los consumos básicos mucho menos; que se ha de acometer de forma inmediata la reforma fiscal ecológica. Se trata de introducir esas políticas de gestión de la demanda de ahorro y eficiencia que hagan que no se pueda pagar una acción a más de 40 euros porque de lo que estamos hablando es de un bien escaso, que es el energético; un bien que tiene repercusiones sobre el medio ambiente, un bien que hace que hoy España continúe siendo el país que incumple más el Protocolo de Kioto.
Para nosotros ese es el elemento fundamental. Por eso nosotros entendemos que lo que ha pasado en materia de opas y si hoy las constructoras se han refugiado en las inversiones eléctricas es porque ha habido récord de beneficios. Lo lamentable es que ante un bien escaso y ante un país que es absolutamente dependiente desde el punto de vista energético del exterior una empresa eléctrica pueda tener un beneficio del 54 por ciento, Endesa, y, por tanto, se pueda permitir que una acción se pague a 41 euros.
Dicho esto, entendemos que su propuesta peca algo de oportunista; sí, se lo digo, señor Castelló. A nosotros no nos ha gustado la opción del Gobierno, pero, ¿por qué hoy Endesa tiene la posibilidad de ser troceada? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque hubo una opción que fue que en un sector estratégico como es el eléctrico determinadas empresas se privatizasen. Sí, pero, ¿de quién fue la opción? Señor Castelló, fue de ustedes, compartida por el Partido Socialista, sí, pero liderada por ustedes. La privatización es la clave de que hoy se pueda trocear y cambiar de manos, aunque el problema no es que hoy se trocee y se cambie de manos; el pecado original es que en un sector tan determinante hayamos permitido que ese proceso se pudiera producir. A nosotros hay cosas que no nos han gustado pero quizás la solución sea la que consiga que haya más posibilidades -que no ninguna garantía- de asegurar puestos de trabajo y estabilidad. No tengo la certeza ni garantía alguna.
Ustedes insisten mucho en que lo de la opa es la historia de una conspiración. Yo de lo que estoy seguro es de que es la historia de un culebrón, de eso no tengo ninguna duda, pero dudo -no lo sé porque no estoy muy abonado a las teorías conspirativas porque al final las cosas son más sencillas de lo que parecen- que sea la historia de una conspiración. Ustedes insisten mucho en la investigación parlamentaria pero son un poco contradictorios porque primero hablan de la investigación parlamentaria y después dicen que lo llevarán a los juzgados. El papel del Parlamento es muy diferente al de los juicios y esto me recuerda el 11-M donde ustedes han confundido lo que se tenía que determinar en el Congreso con lo que se tenía que determinar ante los juzgados. Creo que esa confusión no les va bien y por eso no les vamos a apoyar sobre todo por una razón: porque nosotros entendemos que el quid de la cuestión no está en si la opa se ha hecho bien, mal o regular. El quid de la cuestión está en un modelo que es un desastre y lo es por una razón muy sencilla. En materia de agua hemos acordado que el agua es un bien escaso, hemos caminado hacia una cultura del agua, mientras que en materia energética ustedes -no solo ustedes pero también- optan por que la energía continúe en el terreno del negocio. Y, ¿sabe lo que pasa? Que en 2007, con un bien tan escaso, la energía se tendría que situar en el terreno de lo público.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Herrera.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Velasco.
Página 12504
La señora VELASCO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señor Castelló, quiero agradecerle el tono de su intervención, que dista bastante de la de su compañero en la interpelación al ministro. No obstante nuestro grupo ha presentado una enmienda por entender que la moción que presentan refleja las contradicciones en las que se mueve el Partido Popular en el ámbito de su actividad política. Insisten en aferrarse a un discurso muy poco riguroso y no les importa diseñar la realidad formulando a priori escenarios y contenidos que saben falsos con tal de justificar sus actuaciones. Esta semana sigue estando de moda la opa. La vemos en comisiones, en Economía, en la sesión de control... Una y otra vez hacen las mismas preguntas. Yo creo que todos estamos ya un poco aburridos de escuchar las mismas preguntas y también incluso de escuchar las mismas respuestas. Da la impresión de que lo único que les importa o lo único que les preocupa de la política energética o de la política económica del Gobierno es la opa y ahora también lo relacionado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues bien, si es la única crítica que tienen que hacer al Gobierno en este secto, es que piensan que el Gobierno lo está haciendo bien. Por otra parte, puede ser también que se aferren como a un clavo ardiendo a hablar de estos temas para ocultar y se deje de hablar de otros que en los últimos días han preocupado mucho a la ciudadanía española. Es verdad, tengo que decirle que es mejor hablar de esto que no de esos temas por una serie de cuestiones que SS.SS. sin duda pueden comprender.
Respecto al análisis de la moción y por lo que nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución, voy a intentar explicarme. Cuando en el punto 1 se refieren a la reducción de las tarifas eléctricas saben perfectamente que por la aplicación de la normativa vigente no se puede condicionar la evolución de los precios regulados determinando de antemano, tal y como proponen ustedes en la moción, que su revisión deba ser a la baja. Ustedes conocen perfectamente que la normativa establece que los precios regulados de la electricidad deben responder a la evolución de los costes de inversión, a los costes de operación y mantenimiento así como a otros costes necesarios para desarrollar la actividad, por tanto no podemos asumir lo que plantean en la moción. En cuanto a acelerar el proceso de liberalización del sector eléctrico en España, el señor Castelló sabe usted perfectamente que hemos trabajado mucho en el ámbito de la Comisión de Industria -ustedes también- para modificar la Ley del Sector Eléctrico y adaptarla a la directiva europea; la hemos votado recientemente en dicha Comisión y con la aprobación de la modificación de esta ley se adoptan medidas cuya tendencia es profundizar en la liberalización del sector eléctrico. Es uno de los aspectos que incluimos en la enmienda de sustitución que planteamos. No le voy a resumir el calendario, que usted ya conoce, de supresión de tarifas, de creación de figuras de suministrador de último recurso, porque SS.SS.
conocen perfectamente igual que yo cuáles son las medidas que ya está llevando a cabo el Gobierno para profundizar en esa liberalización.
Hablan luego de eliminar las barreras a nivel nacional para evitar que impidan un verdadero mercado europeo de la energía. Seguro que va a convenir conmigo en que si de algo se puede acusar al Gobierno es justamente de lo contrario, de plantear insistentemente la necesidad de que exista un mercado europeo de la energía, y prueba de ello son las actuaciones y las resoluciones del 8 y del 9 de marzo del Consejo celebrado en Bruselas. Prueba de los esfuerzos realizados -usted los conoce- es que el Gobierno ha impulsado la creación de un verdadero mercado, provocando que la interconexión de Francia con España sea un foco de máximo interés y que la propia Comisión vaya a nombrar un coordinador europeo para acelerar su realización. Cuando hablan de renunciar a intervenir en las decisiones empresariales, le tengo que decir que este Gobierno respeta escrupulosamente las decisiones empresariales. Hay una normativa que establece cómo son todos los sistemas y todos los procesos y este Gobierno la está respetando y la está cumpliendo. No hablen ustedes de comisiones de investigación, porque perfectamente saben que el señor Conthe va a comparecer el próximo martes en la Comisión de Economía, ustedes le van a poder preguntar todo lo que quieran y realmente tienen más que suficiente información para que se pueda hacer un análisis de la situación y para que ustedes y todos los demás parlamentarios conozcan perfectamente cómo se ha dado todo el proceso. Sí es cierto que es legítimo que ustedes discrepen o planteen su punto de vista respecto a las actuaciones del Gobierno, pero lo que no es normal y no parece legítimo, aunque es muy digno, desde la posición que tenemos en este Parlamento representando a los ciudadanos, es generar constantemente ruidos en la comunicación y en la información a la ciudadanía que lo único que hacen es distorsionar la realidad política de este Parlamento y las decisiones políticas que se toman en el ámbito de este Parlamento. Por tanto, nuestro grupo no va a apoyar su moción y sí les pedimos que reflexionen porque, a lo mejor, si la leen bien, ustedes sí que podrían apoyar nuestra enmienda de sustitución.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Velasco.
Pasamos finalmente al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Beloki.
Señorías, mi grupo se va a abstener en esta moción y voy a intentar explicar brevemente por qué. Le adelanto que es imposible estar en pleno desacuerdo con los ocho puntos de su moción -eso es totalmente imposible si uno lee los puntos uno a uno-, pero también es imposible
Página 12505
estar en pleno acuerdo, a mi juicio, tanto que tengo la impresión de que ni la propia moción está de acuerdo consigo misma en todos los puntos.
Por ejemplo, entre los puntos 1 y 2, me da la impresión de que existe una ligera contradicción cuando en uno de ellos obliga usted al Gobierno a realizar determinadas cosas y después declara usted que el proceso de liberalización es el que tiene que lanzarse y dejar que las cosas ocurran. De forma que no hay una buena sintonía -diría yo, al menos- y sí una abierta contradicción entre determinados puntos de la propia moción.
En cualquier caso, por parte de mi grupo, también está claro que no están todos los puntos que debieran estar, ni son todos los que están. Por ejemplo, el punto 1, en el que se propone una intervención -interferencia en algún sentido- del Gobierno en una determinada dirección, no parece casar muy bien con la preocupación básica de la moción -que a mi entender es en sentido contrario- en cuanto a las interferencias del Gobierno en el sector energético. Voy a extenderme más en la segunda parte, en la de que no están todos los que son. Por ejemplo, nada dicen ustedes de los llamados organismos reguladores, de la CNE y de la CNMV, y hoy una moción sobre el sector energético en la que no se diga nada de estos es que algo no está bien o algo falta; organismos que como usted sabe están siendo cuestionados hasta el máximo en esta especie de, no sé si es tragedia, si es drama, si es comedia, si es lío o si es culebrón, como quieran ustedes denominarlo, y que, sin embargo, siendo uno de los puntos centrales de esto -quieran ustedes calificarlo como quieran-, no figura para nada en la moción. A nuestro juicio no estamos ante una forma idónea de abordar la problemática que sí existe en el sector energético en nuestros días.
Esto puede servir para el debate político, pero muy poco para resolver los problemas del sector energético. El señor Martínez-Pujalte decía -usted mismo lo ha recordado hoy- que era un tema a abordar en Comisión y que por la no comparecencia del ministro se trata en Pleno. Creo que no es sustancial que sea en Comisión o en Pleno. En cualquiera de los dos ámbitos debiera abordarse desde una perspectiva más amplia. Como le decía, no sé si se trata de una comedia, de un drama, de un lío, de un culebrón o como quiera usted calificarlo. Como aportación de este grupo, por si le sirve, porque es a lo que nos ha sonado, lo que está ocurriendo en estos momentos en España en el sector energético es el lío del camarote de los hermanos Marx. Se trata de un camarote lleno de gente, abarrotado de gente, donde cada cuál dice lo que le parece a quien encuentra delante y el otro no le escucha porque está en su conversación.
Esto es un auténtico lío, pero el lío del camarote de los hermanos Marx.
Todo el mundo habla, todo el mundo dice sus cosas, nadie se escucha y van ocurriendo las cosas como ocurren. Coincido con el Grupo de Izquierda Unida en que sería mucho mejor abordar los temas desde otra perspectiva más a fondo: desde el modelo energético, el modelo regulatorio, abordando todas esas cosas. Ahí sí creo que hay cosas que se pueden y se deben hacer, y cuanto antes mejor. Aquel libro blanco del que prácticamente todos nos hemos olvidado -espero- y con el que inauguramos esta legislatura apuntaba parte de ellas. Tampoco se trata de que solo lo que ocurra en el Estado español debe ser objeto de consideración, de reflexión y de toma de decisiones en este momento en el sector energético. Acaba de recordarse que en fechas recientes dentro de Europa ha habido un debate serio sobre el modelo energético donde se han tomado determinadas decisiones y otras han quedado pendientes para ser tomadas.
El modelo energético sobre el que tenemos que reflexionar no es el modelo energético del Estado español y punto, sino el modelo energético que pueda haber en el seno de Europa.
La razón de mi grupo para abstenerse es el riesgo de que esta moción sea una conversación más en ese camarote de los hermanos Marx, abarrotado de gente más o menos aturdida por tantas conversaciones particulares, lo que al final de la historia no nos lleva a ninguna parte, sino a que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Por todo lo cual mi grupo se va a abstener -insisto- ante esta moción del Grupo Parlamentario Popular, señalando con claridad que ojalá entremos en algunas reflexiones que están pendientes y que cada día son más urgentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Beloki.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hemos leído detenidamente esta moción y para comprenderla tenemos que encuadrarla en el marco de confrontación al que nos tiene acostumbrados esta última legislatura el Partido Popular y también en esa teoría de acoso y derribo que comentaba antes la señora Velasco. Esta semana toca opa y vamos a tener -disculpen la rima- opa hasta en la sopa, porque cuando el Partido Popular toma un tema en Comisión, en sesión de control, en mociones, nos intenta laminar en ese discurso que tienen tan difícil. Aunque la situemos en este marco de confrontación, esta moción es bastante poco rigurosa, y me gustaría hacer unas cuantas reflexiones sobre por qué es poco rigurosa la iniciativa que nos presenta hoy el Partido Popular. En primer lugar, entiendo que idealiza lo que ustedes vienen a llamar un mercado libre. Sería bueno que algún día el Partido Popular nos definiera qué es para ellos el mercado libre, que nos definiera un concepto tan abstracto como este. Si cogemos cualquier libro de economía elemental, observaremos que para que un mercado pueda funcionar de una forma eficiente deben darse varios requisitos: que los derechos de propiedad estén bien definidos, que haya suficientes competidores y que estos estén suficientemente informados o que, por ejemplo, no haya costes
Página 12506
externos. Para garantizar cada una de estas condiciones hace falta, a nuestro entender, la intervención de la Administración pública. Por tanto, puede ser cierto que el Gobierno no haya tenido suficiente habilidad en este tema, pero equiparar mercado libre a mercado sin intervención pública, tal y como sugiere esta moción, es generar confusión sin ningún tipo de fundamento económico. Tales mercados no existen ni pueden existir, y menos aún en el caso energético, al tratarse de un mercado con ciertas características de monopolio natural.
Otra propuesta que contiene esta iniciativa y que, a mi entender, raya en la demagogia es la petición de que se proceda a la reducción de la tarifa eléctrica. Como el grupo proponente sabe o debería saber, en el Estado español existe un alarmante déficit tarifario. Solo en el año 2005, el déficit supuso cerca de 3.600 millones de euros. Hay que tener presente además que en las tarifas eléctricas no se recogen los ingentes costes ambientales que genera nuestro sistema energético, un sistema que es totalmente dependiente de los recursos no renovables y, en particular, de los combustibles fósiles. Una cuestión que nuestro grupo estaría encantado de discutir con el grupo proponente de esta moción es si la tarifa debería contener discriminaciones por razones sociales, por ejemplo, en las rentas básicas -en esto podríamos estar de acuerdo-, o por razones ambientales, en función del origen de la electricidad consumida en todo momento. Pero esto no es en absoluto lo que persigue el Grupo Popular en la moción que presenta hoy en este Pleno.
Otro de los aspectos que la moción propone es acelerar la liberalización del sector eléctrico en España. La verdad es que nos sorprende este punto, puesto que no hace ni un mes que en esta misma Cámara hemos estado discutiendo y aprobando, con el voto favorable del Grupo Popular, dos proyectos de ley que son la trasposición de dos directivas que precisamente persiguen la liberalización de los mercados interiores europeos de electricidad y gas natural; dos directivas que, como SS.SS.
saben, en ningún caso niegan que pueda haber una autoridad pública en la regularización de estos mercados. En consecuencia, señores del Grupo Popular, señor Castelló, Esquerra Republicana no puede dar su voto favorable a esta moción. La encontramos poco rigurosa y por eso votaremos en contra de ella.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Ramón.
Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, después de analizar detenidamente la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, anuncia en este turno de fijación de posición que se va a abstener en el momento de la votación.
Tal como ha comentado el portavoz del Grupo Vasco, señor Beloki, podríamos estar de acuerdo en algunos puntos de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero pensamos sinceramente que lo necesario aquí es hacer un análisis global de la situación energética en España en estos momentos, y en esta moción ustedes han mezclado otros aspectos -yo pienso que son los más relevantes-, como es la posibilidad de crear una Comisión de investigación. Como saben, nuestro grupo siempre ha estado de acuerdo en la creación de comisiones de investigación. Por tanto, partiendo de que hace pocas semanas en este Congreso de los Diputados nosotros presentamos una proposición no de ley referente a cuál tendría que ser la configuración del sector energético español en los próximos veinte años, que se aprobó por unanimidad, quizás lo que tendría que hacer el Gobierno sería cumplir con todos aquellos aspectos a nuestro entender relevantes que configuraban la propuesta de Convergència i Unió.
A pesar de que -repito- podríamos estar de acuerdo en alguno de los aspectos, entendemos que globalmente no podemos estarlo por la situación, la cronología de esta moción y por cómo, por qué y de qué manera se ha producido la opa sobre Endesa, en la que han incidido diferentes compañías. Empezó por una compañía que a ustedes les produjo una gran urticaria al ser una empresa catalana, que fue la que intentó en un momento determinado plantear la opa a la compañía Endesa. Posteriormente, fue una compañía alemana la que tenía más números para poder adquirir dicha compañía. Finalmente, va a ser probablemente una empresa -la más relevante para fijar la gestión de la compañía- que pertenece al Estado italiano, y lo ha dicho también el señor Castelló en su intervención. A nosotros no nos produce ninguna alegría que la cronología de estos hechos desemboque en que Endesa, que era una compañía española y con una musculatura suficiente para que un sector estratégico no se tuviera que deslocalizar, finalmente se vaya a deslocalizar y descuartizar, y una parte importante de ella vaya a ir a parar a los alemanes, otra parte importante vaya a ir a parar a los italianos -una empresa que, por cierto, es de las más ineficaces y menos competitivas de la Unión Europea- y otra parte importante de energías renovables probablemente se la vaya a quedar una compañía española.
Finalmente, cabría definir este proceso como desastroso y catastrófico por lo que puede llegar a suponer para la economía española que un sector estratégico se deslocalice. También aquí hay una gran responsabilidad, no de la oposición en este caso sino del Gobierno. Nosotros hemos dicho ya sin ningún tipo de ambage, con una gran motivación y solvencia, que esta ha sido una mala gestión del ministro Montilla, que era quien tenía la responsabilidad cuando se produjo la opa de Gas Natural sobre Endesa. Fue una mala gestión, una gestión desgraciada, torpe e ineficiente del señor Montilla. Posteriormente,
Página 12507
también hubo responsabilidades por parte del Gobierno y los últimos espectáculos que estamos viendo en las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores han dinamitado la credibilidad de los organismos reguladores en España y de la economía española. Nos hemos encontrado con un culebrón que está a punto de acabar, resultando que una empresa patrimonio del Estado italiano va a ser la propietaria de la compañía que genera el 50 por ciento de los recursos energéticos de España. Por tanto, estamos ante una triste historia con un final calamitoso. Esperemos que en un futuro podamos resolver este asunto con los objetivos de la moción que presentó Convergència i Unió y que fue aprobada por unanimidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Castelló, exclusivamente para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
Evidentemente, no vamos a aceptar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida. En el caso del Grupo de Izquierda Unida porque es radicalmente contraria a nuestro planteamiento y en el caso del Grupo Socialista porque, aun estando de acuerdo con alguna de las cuestiones que plantea, sería sustituir la nuestra por la suya y en la nuestra hay algunas cuestiones muy importantes del proceso de liberalización. Solamente quiero hacer una puntualización, cuando hablamos de profundizar en el proceso de liberalización...
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Su turno era exclusivamente para la aceptación o rechazo de las enmiendas, como usted sabe.
Muchas gracias, señor Castelló.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EL REAL DECRETO REGULADOR DE LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. (Número de expediente 173/000185.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado el debate de este punto, pasamos al punto siguiente del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio.
Para la defensa del texto de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Esquerra Republicana y desde las JERC, las juventudes de Esquerra, estamos defendiendo el derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas, el derecho de muchos estudiantes que por el simple hecho de vivir en un territorio con un coste de vida más elevado se ven privados de recibir una ayuda económica por parte del Estado que les asegure la posibilidad de estudiar. El actual sistema de becas y ayudas, que no tiene en cuenta las distintas realidades territoriales del Estado, no asegura las mismas oportunidades a los estudiantes a la hora de obtener una beca, sino todo lo contrario, en vez de asegurar la igualdad lo que hace es crear más desigualdades. Las convocatorias de becas deben ir dirigidas a las personas individuales, pero no podemos obviar que cada persona está en un contexto y que si vive en una comunidad autónoma donde los precios de la vivienda, del transporte, de la comida o de la ropa son más elevados que la media, por mucho que tu renta sea también más elevada, las dificultades económicas para llegar a fin de mes y para costearte una carrera son las mismas que en otras comunidades donde la renta es más baja pero los costes de vida también lo son. Es necesario que, como señala la sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional, se dé un trato distinto a situaciones que también lo son. Por este motivo, es imprescindible que los gobiernos autonómicos tengan más capacidad normativa respecto a las becas porque podrán adaptar mejor las ayudas a su realidad y, por lo tanto, conseguir que el sistema de ayudas al estudio sea un elemento eficaz que asegure realmente que las personas con dificultades económicas puedan estudiar. Deseamos asegurarles la igualdad real de oportunidades, tengan la edad que tengan y vivan donde vivan.
Estamos defendiendo el principio de igualdad que figura en el artículo 14 de la Constitución española. Esta cuestión tiene que quedar muy clara, sobre todo a los señores del PP que, como en muchos otros temas, se están dedicando a hacer demagogia de un problema muy serio; un problema que, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, no afecta tan solo a los y las estudiantes de Cataluña, sino que también a las personas que viven en Aragón, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Madrid. Les he repetido muchas veces las cifras de Cataluña, donde solo un 10 por ciento de los estudiantes universitarios recibe algún tipo de ayuda económica, cuando la media estatal se eleva a un 15 por ciento de alumnos becados. En otras palabras, somos el 15 por ciento del alumnado de todo el Estado y solo recibimos el 9 por ciento de las becas. Pero también en esas otras comunidades hay cifras que denuncian la situación de discriminación que sufren los estudiantes. En La Rioja y en Navarra solo un 9 por ciento de los estudiantes reciben ayuda económica para sus estudios y en la Comunidad de Madrid la cifra se sitúa también en un 10 por ciento.
Así pues, esta moción pretende poner fin a la situación de discriminación que sufren muchos estudiantes del Estado a causa de la actual normativa de becas elaborada en 1983 y que se demuestra completamente obsoleta. En
Página 12508
la moción se plantean los mecanismos para que el próximo real decreto que regule el sistema de becas asegure realmente la igualdad de oportunidades de acceso al estudio, permitiendo que las comunidades autónomas puedan adaptar las becas a las necesidades de sus estudiantes. Estos mecanismos son básicamente: primero, dar cumplimiento a la sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional; segundo, traspasar la efectividad de las funciones de desarrollo normativo, ejecución, gestión, resolución, control y pago de las becas y ayudas al estudio a las comunidades autónomas; tercero, dotar a las comunidades autónomas de los medios económicos necesarios asociados a este traspaso, cuestión imprescindible para poder asegurar el desarrollo adecuado; y por último, establecer los oportunos mecanismos de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para asegurar que los resultados de la aplicación del sistema general de becas y ayudas al estudio atiendan a cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean precisos para asegurar el principio de igualdad, como señala el artículo 45 de la LOU. Además, si los señores del Grupo Popular permiten la transacción de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se fijará por escrito el plazo para llevar a cabo todas estas actuaciones, que se ejecutarán durante este año para garantizar que se hagan efectivas a partir de la convocatoria para el curso 2008-2009.
Desde Esquerra y desde las JERC nos alegramos y nos sentimos orgullosos de que hoy se ponga fin a un problema que ha afectado desde hace demasiados años a los estudiantes catalanes y de otras comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora Cañigueral.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas presentadas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, señorías, que una representante de un partido que se proclama de izquierdas se atreva con el mayor desparpajo a sostener que los estudiantes catalanes y los que viven en otras comunidades con rentas superiores a la media nacional, como Madrid, Baleares o Aragón, están discriminados en materia de becas con la sola argumentación de que un 10 por ciento de ellos recibe algún tipo de ayuda económica para realizar sus estudios mientras que, como dicen ellos, la media estatal se sitúa en el 15 por ciento y que ello vulnera el principio de igualdad que establece la Constitución sería simplemente una broma por la insolvencia intelectual del razonamiento, si no fuera algo muy grave que pretende enterrar el sistema nacional de becas como instrumento para promover la igualdad de oportunidades en el estudio, basado en el principio de solidaridad entre todos los españoles.
Con tan burdo razonamiento lo que postula llanamente esta moción es establecer que los requisitos económicos para la percepción de las becas sean más favorables en las comunidades más ricas, obviamente en detrimento de quienes, con rentas más bajas, viven en comunidades más pobres, porque la tarta, señoría, no es elástica: si se da más a unos es porque se quita a otros. Asimismo pretende que las cuantías de las becas sean superiores en algunas comunidades, al menos en Cataluña, porque el petitum de la moción se refiere exclusivamente a esa comunidad autónoma.
Izquierda Unida, por boca de su portavoz, ya se expresó a favor de este planteamiento en el debate de la LOU, abrazando un concepto de igualdad más propio de la Rebelión en la granja de Orwell: siempre hay algunos más iguales que otros, en este caso, en función de la ciudad o del sitio en el que viven. ¿Y el Partido Socialista? Parece incómodo en este debate, pero se debe a sus socios; está hipotecado con ellos y ha presentado, así, una enmienda concesiva que no garantiza con claridad y de modo inequívoco lo que a nuestro juicio resulta esencial: la igualdad en todo el territorio nacional de los requisitos económicos y académicos para el acceso a las becas, así como la igualdad en su cuantía. Desde luego no la podemos suscribir. ¿Por qué no defiende el Partido Socialista con convicción y gallardía lo mismo que defendía hace tan solo unos pocos años? La evolución del Partido Socialista muestra una vez más los efectos devastadores que se producen cuando el socialismo queda contaminado por los nacionalismos, entre otros la pérdida de su identidad. La historia del pasado siglo nos proporciona lecciones a este respecto que no podemos olvidar.
Señorías, por lo dicho, nuestra posición es radicalmente contraria al contenido y al espíritu de la moción. Si prosperan sus planteamientos, sencillamente habremos firmado el acta de defunción del sistema nacional de becas y ayudas al estudio que, vuelvo a repetirlo, lo consideramos un instrumento clave para hacer vivo el principio de solidaridad entre los españoles que la Constitución consagra. La moción tergiversa claramente tanto la sentencia del Tribunal Constitucional 188/2001, como la 212/2005. Basta leer los párrafos cuarto y siguientes del fundamento jurídico décimo de la primera, como el fundamento jurídico noveno de la segunda, que no puedo leer por falta de tiempo. Nuestra enmienda pretende dejar claro que resulta imprescindible, en conformidad con la sentencias mencionadas, garantizar que la obtención de las becas de todos los españoles se haga en condiciones plenas de igualdad sea cual sea el lugar en el que se reside, tanto en lo que se refiere a los requisitos económicos y académicos como a su cuantía. Asimismo, defiende la promoción de una política de igualdad de oportunidades que favorezca de modo especial a las familias numerosas, estableciendo el criterio de la renta per cápita familiar para la fijación de los umbrales de renta, que es el más justo y el que más se adapta en estos
Página 12509
momentos en nuestra sociedad a las economías familiares, así como conceder matrícula gratuita en los estudios universitarios a todos los miembros de familias numerosas, por tanto, a aquellas que tienen tres o más hijos. Es en este tipo de cuestiones y en otras semejantes, señorías, en las que deberíamos centrar nuestro debate en materia de becas con la finalidad de mejorar nuestro sistema nacional de becas y acoger nuevas demandas sociales. En lugar de ello, lamentablemente, la iniciativa no tiene otra pretensión que fragmentar nuestro espacio social de una manera bochornosamente insolidaria en un ámbito tan importante como es el educativo. Porque, señorías, no debemos permitir que haya españoles de primera, de segunda y de tercera en materia de becas en función del lugar en que residan. Este es un escenario que impediría de raíz una política educativa homogénea, impulsora de la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación de todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Nasarre.
Señora Cañigueral, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le agradaron los razonamientos esgrimidos por S.S. en la interpelación que antecedió a la moción que hoy estamos viendo, porque compartimos que la educación es el instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades entre todas las personas y porque, en consecuencia, el sistema de becas es un pilar capital para asegurar que la igualdad de oportunidades sea real, de manera que el derecho a la educación pueda llegar a todos de una manera efectiva. Compartimos también la apreciación de que el actual sistema de becas, regulado por un Real Decreto del año 1983, no tiene en cuenta las distintas realidades socioeconómicas territoriales del Estado y ello hace que no asegure las mismas oportunidades a los estudiantes vivan donde vivan, sino que pueden resultar penalizados según la comunidad en donde estudian. Por ello, es necesario, es imperativo proceder sin más demora a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia 188/2001 del Tribunal Constitucional, que aquí se ha citado, una sentencia que recogiendo la reiterada doctrina constitucional de que el principio de igualdad, previsto en el artículo 14 de la Constitución, permite dar un trato distinto a situaciones que también lo son, afirma que en este caso, en el caso de las becas, garantizar la igualdad de trato supone tener en cuenta los distintos condicionantes socioeconómicos de los beneficiarios, como puede ser el coste de la vida y, por ello, considera que la normativa reguladora de las becas no debe impedir la atención a las peculiaridades territoriales y que las becas deben atribuirse a los solicitantes con mejor derecho de cada comunidad autónoma. Sentencia, señorías, del año 2001; seis años lleva ya dictada y seis años incumpliéndose: tres años por el Gobierno del Partido Popular y tres años por el Gobierno del Partido Socialista. Desde Convergència i Unió y Esquerra Republicana hemos reclamado su cumplimiento en múltiples ocasiones, cada vez que hemos tenido oportunidad de hacerlo, y siempre se nos ha dicho que el cumplimiento de la sentencia requería la modificación de una serie de artículos del real decreto que he citado del año 1983, un decreto por otra parte obsoleto por el tiempo transcurrido desde su aprobación, por lo que lo que procedía era la aprobación de un nuevo real decreto. Así, por ejemplo, contestaba la ministra Sansegundo con motivo de una pregunta en Pleno a su antecesor como portavoz de Esquerra en Educación, el señor Canet, en septiembre del año 2004, y le decía también que la previsión era que este nuevo real decreto estuviera aprobado para que el nuevo sistema alcanzara las convocatorias de las becas para el curso 2005-2006. Pues bien, estamos mediando el 2007 y con el decreto por acabar, y precisamente a ello obedece la enmienda que ha presentado Convergència i Unió adicionando un nuevo punto al texto de la moción que insta al Gobierno a aprobar un nuevo real decreto regulador del sistema de becas que acoja los criterios de la sentencia del Tribunal Constitucional y, lo que es muy importante, para que pueda aplicarse al curso 2007-2008; es decir, que se concrete un plazo de ejecución. Es evidente que este decreto, que debe regular aspectos básicos, debe poder complementarse por la Generalitat con las transferencias por parte del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 del Estatut de Catalunya, de las funciones de desarrollo legislativo, reglamentario y de ejecución, del control del sistema de becas, créditos y otras ayudas tanto en los niveles universitarios como no universitarios, así como de las correspondientes partidas presupuestarias para poder realizarlo. Por eso estamos de acuerdo con el texto de la moción presentada por Esquerra, un texto que se respeta en la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que parece que Esquerra va a aceptar.
Como digo, nos parece bien, pero queremos dejar constancia de que ello no significa que Convergència i Unió renuncie a la territorialización de los Presupuestos Generales del Estado en esta materia y traspaso de los mismos a la Generalitat. En dicha enmienda de sustitución, el primer punto hace referencia justamente al contenido de la enmienda presentada por Convergència i Unió, pero, señorías, falta un detalle importante y es que no se fija fecha de ejecución. Si esto queda así, estaremos igual que estábamos. Hace años que se nos está diciendo que se está elaborando, pero la elaboración de este decreto nunca tiene fin. Ahora nos ofrecen una transaccional a nuestra enmienda en la que se explicita el compromiso de tener aprobado el decreto en el año 2007 para que la nueva política de becas se aplique a partir del curso 2008-2009. No se corresponde exactamente
Página 12510
con la literalidad de nuestra propuesta pero recoge lo principal, la necesidad de un compromiso firme y con plazo. Ahora la aceptación de que esta enmienda pueda votarse está en manos del Grupo Popular, y a ellos me dirijo para que no impidan que se vote esta transacción, pues de su aprobación depende la efectividad del cumplimiento nada más y nada menos que de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Finalizo, señorías, anunciando nuestro voto afirmativo y, en el caso de que se no se pueda votar esta enmienda transaccional, anuncio la presentación de una iniciativa con el contenido concreto de la misma.
Por último, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, la sociedad del conocimiento ofrece oportunidades de crecimiento y la educación es el puente imprescindible para conseguir ese desarrollo a través del progreso social y de algo muy querido y muy significativo para los socialistas: la promoción personal. Para que ese elemento fundamental de formación consiga remover obstáculos que impidan la igualdad en el acceso a la educación está la política de becas y ayudas, y en ese contexto social se inscribe también un contexto institucional en el que la sensibilidad del Gobierno socialista se ha puesto de manifiesto porque en los últimos años presupuestarios se han incrementado en un 50 por ciento los créditos destinados a las becas, consiguiendo un 20 por ciento de aumento en el número de becarios y un aumento muy considerable en la cuantía de las mismas. Se han abierto nuevas modalidades, por ejemplo, para estudiar inglés en el extranjero y para acceder a los másteres a través de precios públicos o de ayudas o los préstamos que se abren también como novedosos. Además, se han eliminado obstáculos artificiales -y nosotros creemos que insolidarios- que el Partido Popular impuso a las becas de tipo compensatorio. Hay también un contexto individual, porque el Gobierno socialista ha transformado lo que hasta ahora era solidaridad para algunos en un derecho para todos, consiguiendo que la competición entre ciudadanos a la hora de obtener una beca se consolide como un derecho, considerando y por supuesto respetando la igualdad en la obtención de las becas y las condiciones socioeconómicas adecuadas para obtenerlas.
Rechazamos las consideraciones que ha hecho el representante del Grupo Popular sobre la concesión, refiriéndose a la enmienda que hemos presentado y que parece que va a ser asumida por otros grupos, porque las únicas concesiones que el Gobierno socialista y este grupo hacen son a la Constitución, a los estatutos, a las normas, a las sentencias del Tribunal Constitucional y a las convocatorias. Y les recuerdo algo que es contradictorio con una parte de la enmienda que presenta el Grupo Popular, y es que no existe igualdad absoluta en la concesión de las becas porque ya las convocatorias actuales, desde hace varios años, incluyen una consideración en función del sitio de residencia de los alumnos, y sobre esa base se establece una diferencia legítima y solidaria, a nuestro modo de ver, por ejemplo, en municipios de más de 100.000 ó de 500.000 habitantes. Por tanto, esa condición socioeconómica se mantiene. (Rumores.) Cosa distinta es que -y eso no se hace en la enmienda-...
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdóneme, señor Benzal.
Señorías, creo que ya el rumor ambiental es muy alto y perjudica al orador en su exposición, con lo cual ruego cierto comedimiento. Muchas gracias.
Continúe, señor Benzal.
Decía que cosa distinta es que no se incluya -y no se hace en la enmienda que presenta el Grupo Socialista- en las características básicas de concesión de becas diferencia alguna; por supuesto que son las que competen al Gobierno central. Hay que sumar un contexto legal al individual, al institucional y al social porque los estatutos de autonomía y la Constitución nos indican una vía que preside el Estado de derecho y las sentencias de Tribunal Constitucional promovidas -quiero recordar al señor Nasarre- por la Generalitat de Catalunya; y referencia a la Generalitat hay que hacer en la enmienda puesto que presenta la moción un grupo refiriéndose no solo, puesto que también habla de otras comunidades autónomas y de la igualdad, pero sí especialmente a Cataluña.
Hay que atender a las sentencias del Tribunal Constitucional porque éste analiza los criterios, porque separa competencias y porque la enmienda lo que hace es distribuir funciones, como se ha indicado anteriormente, entre los distintos ámbitos competenciales; funciones que se traspasan como las de desarrollo, ejecución, gestión, resolución, pago y control, que están explícitamente indicadas en las sentencias del Tribunal Constitucional, asumiendo coherentemente esas sentencias y coordinándolas con el resto de medidas. Además, se dice en la enmienda que en cualquier caso se van a establecer mecanismos de coordinación a través de la Conferencia general de política universitaria que se crea con la LOU, puesto que la propia LOU también incide sobre la normativa básica y el resto de condiciones socioeconómicas que se pueden aplicar a las becas, en este caso, en el ámbito universitario. Tenemos, por tanto, un contexto político en el que con la enmienda se pretende regular la normativa básica, acordar en la Comisión bilateral Estado-Generalitat y en la Conferencia general de política universitaria con todas las comunidades autónomas traspasar funciones y servicios y agilizar
Página 12511
soluciones. De ahí que nosotros aceptemos también la transacción que se nos indica con respecto a los compromisos temporales para que realmente se vea que se tiene intención de llevar a cabo las indicaciones que se expresan en la enmienda.
Concluyo diciendo que creemos que es una enmienda que refuerza la legalidad, que refuerza la autonomía, que garantiza la igualdad y que ese principio fundamental se atiende en función de las necesidades de los ciudadanos. Las becas y ayudas son un elemento fundamental del Gobierno socialista que ha sido reivindicado y ha sido puesto en práctica aumentando los créditos, y así se ha expresado por la ministra en varias ocasiones en este Parlamento y, por supuesto, por el presidente del Gobierno que empezó elevando las cuantías en el año 2004, política que se ha seguido en los presupuestos de los gobiernos socialistas y en las comparecencias de las distintas autoridades.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Benzal.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
En la defensa de la enmienda del señor Nasarre se ha confundido igualdad con igualitarismo. Lo digo porque esta moción lo que persigue precisamente es la igualdad, y la igualdad no es real si las becas son las mismas en condiciones de vida diferentes. Ese es un elemento a reivindicar; yo lo reivindico claramente desde la izquierda, lo reivindicamos desde Iniciativa per Catalunya Verds y también desde el conjunto del grupo parlamentario. Lo cierto es que hoy no existen condiciones de igualdad si se ofrece la misma beca a ciudadanos que están en condiciones diferentes. Lo que usted defiende es igualitarismo pero no igualdad, señor Nasarre. En cualquier caso esta es mi opinión.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar, por supuesto, la moción de Esquerra porque pone de manifiesto dos aspectos y la enmienda transaccional a la que ha llegado nuestro grupo parlamentario con Convergència i Unió, Esquerra y el Grupo Socialista lo que hace es concretarlos, como decía la señora Pigem. Lo que hace, en primer lugar, es empezar a caminar con el desarrollo del artículo 172 del Estatut de Catalunya, que establece la posibilidad de regulación y gestión de los fondos estatales. Es cierto que no se consigue, pero también es cierto que hoy existe una negociación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno del Estado, concretamente entre la Conselleria de Universitat y Educació y el Ministerio de Educación y, por tanto, esta moción coincide en el tiempo con esa negociación. En segundo lugar, se avanza en la necesidad de adaptar el sistema de becas a la realidad socioeconómica del lugar de residencia y, como decía antes, esto lo que hace es garantizar una real y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, y no solo en Cataluña. Ese es un elemento fundamental, importantisimo. Es cierto que el porcentaje no es el elemento determinante que acredita esa desigualdad; lo que acredita precisamente la desigualdad es que se está aportando lo mismo a los ciudadanos que están en comunidades autónomas con un nivel de vida más caro que en otras con un nivel de vida menos caro. Podemos poner el ejemplo de Baleares, La Rioja, Madrid o Aragón; no solo se trata de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Reitero, como ha dicho quien me ha precedido, que va en la línea de la sentencia 188/2001, cuyo argumentario jurídico no voy a leer pero es suficientemente claro y demuestra que no se ha cumplido. Esta moción, que es importante, va en la misma línea de algo sobre lo que ya insistió mi compañera la diputada Carme García en la tramitación de la LOU. En el Pleno de la LOU se pactó la aprobación de una enmienda transaccional al artículo 45 que mejoraba de forma sustancial las condiciones y el resultado de las becas. Introducía la garantía de que el nuevo decreto de becas y ayudas al estudio cumpla con la inclusión de criterios socioeconómicos y que para conseguir la igualdad y la solidaridad diferenciaba el coste de vida entre distintas comunidades autónomas. Ese mismo artículo recoge en su apartado número 2, para facilitar la gestión descentralizada y atender las peculiaridades territoriales, el desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas, que corresponde a las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia. Por tanto, ya tenemos un elemento de garantía de cumplimiento del artículo 172 del Estatut de Catalunya. También en esta línea se aprobó una transaccional de nuestro grupo a la disposición adicional vigésimosegunda de la LOU para la creación de un observatorio del sistema de becas y ayudas al estudio, con la finalidad de ver cuál es el desarrollo de estos criterios y el impacto que generan en los territorios. Por tanto, ese observatorio debe ser el instrumento que garantice cuáles son los criterios, incluso los movibles, porque en definitiva la situación de hoy no tiene por qué ser la de 2015 ni la de 2020 y puede atender a otros criterios.
Por todo ello, de forma coherente con lo que hemos hecho, con lo que aprobamos en la LOU y con lo que ha liderado Carme García, que como saben hoy no puede intervenir aquí porque está defendiendo su candidatura en una ciudad tan importante como Sabadell, vamos a votar favorablemente a lo que hicimos en la tramitación de la LOU y a la transacción a que se ha llegado.
Tiene la palabra la señora Cañigueral, exclusivamente a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
Página 12512
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Aceptamos la enmienda del Partido Socialista; no aceptamos la enmienda del Partido Popular y tenemos una transacción a la enmienda de CiU que esperemos que el Partido Popular deje votar.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR Y 8/1998, DE 2 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000065.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Finalizado este punto del orden del día, pasamos al siguiente: Dictamen de Comisión del proyecto de Ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, y 8/1998, de 12 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Para su presentación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Defensa.
Señoras y señores diputados, tomo la palabra para, con brevedad, presentar al Pleno de la Cámara las propuestas de modificación relativas a dos leyes orgánicas, concretamente la del Código Penal Militar y la del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Mediante esta ley orgánica de modificación queremos dar una respuesta proporcionada en todo caso a conductas que pueden ocasionar daño a los ciudadanos, al prestigio y a los bienes de las Fuerzas Armadas, sin olvidar, entre ellos, uno tan preciado como es la vida de quienes las integran.
Sus señorías saben, como ya recuerda el preámbulo de este proyecto de ley, que la finalidad de los ejércitos es incompatible con la puesta en riesgo de la población o de la seguridad en el curso de sus actividades.
Señaladamente, por lo que se refiere a los vuelos militares, lo que ahora pretendemos es un reforzamiento de las penas y sanciones para las conductas contrarias a este principio. Las Fuerzas Armadas son conscientes como nadie de que en cumplimiento de su deber y en las misiones de entrenamiento existen factores de riesgo técnicos, humanos, meteorológicos o de cualquier otra índole que nuestros militares superan gracias al empleo de procedimientos adecuados y a unas altas dosis de profesionalidad acreditada. Por esta razón, porque ya hay inevitables factores de riesgo, introducir otros adicionales a los ya inherentes en la propia actividad de los ejércitos resulta inaceptable y desacredita su trabajo. El vuelo sobre zonas o en alturas no permitidas constituye un comportamiento muy improcedente que debe ser detectado, perseguido y sancionado; más aún, en determinados casos puede alcanzar la categoría de delito y los mandos de las unidades aéreas deben mantener una vigilancia especial para que tales hechos, en caso de producirse, puedan ser rápidamente corregidos. Por ello, si SS.SS. lo aprueban, mediante esta ley creamos un nuevo tipo delictivo, más específico en el caso de aquellos que en su incumplimiento pongan en peligro la vida, la seguridad de las personas o incluso la propia aeronave. En este punto, junto a la pena de prisión se impondrá necesariamente, no potestativamente como ocurría hasta ahora, la inhabilitación definitiva para el mando de aeronave militar. Por otra parte, en el caso de actuaciones que merezcan la consideración de falta muy grave, porque no lleguen a ser calificadas de delito, aumentamos los supuestos para incoar un expediente gubernativo, en concreto cuando tal incumplimiento produce alarma social o perturbaciones a la población civil. En este segundo supuesto se añade la posibilidad de sancionar con pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica. Como SS.SS. indudablemente deducirán, la normativa que ahora se debate trata de incorporar elementos legales nuevos y más adecuados para rectificar actuaciones poco frecuentes pero que pueden tener gravísimas consecuencias.
Esta ley orgánica en modo alguno pone en duda la excelente práctica profesional de nuestros pilotos, pero como ocurre por lo demás en todos los delitos de riesgo o peligro, supone adelantar las barreras de protección penal para evitar la consumación de conductas lesivas. Si SS.SS. la aprueban, ganaremos en precisión a la hora de definir legalmente las conductas a las que nos referimos y ganaremos en exigencia a la hora de abordarlas. Es propósito del Gobierno, de un modo y de otro, ganar en eficacia a la hora de proceder a la protección de la seguridad de los bienes y las personas, así como al prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.
Complementariamente quiero explicar la presencia en el proyecto de una disposición adicional única, no sin antes agradecer a la Comisión que dicha adicional se mantenga tal y como pretendía el Gobierno al remitir el texto a este Parlamento. El contenido de esta disposición adicional no está relacionado de forma directa con las leyes orgánicas mencionadas, puesto que afecta al Real Decreto-ley, de 5 de noviembre de 2004, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. Tampoco la finalidad se relaciona con los propósitos de prevenir y corregir conductas peligrosas para la población, para los pilotos y para los bienes de las Fuerzas Armadas, que es el objeto directo de este proyecto de ley. No obstante, su pronta tramitación parlamentaria es necesaria para que el sistema de indemnizaciones aprobado en su día por esta Cámara pueda ser aplicado cuanto antes en términos de igualdad. Tratamos de modificar el real decreto que les citaba en
Página 12513
virtud de cuya letra actual se derivan consecuencias distintas para nuestros militares según tengan o no la nacionalidad española. ¿De dónde procede tal desigualdad? No del espíritu de la norma ni de las cantidades indemnizatorias establecidas, que son las mismas obviamente, pero sí de su posterior tratamiento fiscal. Las modificaciones que propone esta disposición contenida en el proyecto que hoy presentamos lo solucionan.
En cuanto a su inclusión, que podría haberse realizado también en otros proyectos, lo que pretendemos al incluirlo ahora es su más rápida tramitación. Es un acto de estricta justicia, de corrección de una discriminación que no era justificable.
En resumen, estas son las modificaciones que hemos propuesto a la Cámara.
Por cierto, hay varias enmiendas de algunos grupos que el Gobierno en principio no rechaza en términos de contradicción, sino que no entramos a considerar porque exceden del objeto del proyecto que presentamos. No faltarán ocasiones para debatir más detenidamente sobre sus contenidos, tanto en el curso parlamentario de algunos otros proyectos que ya están en marcha como en la reflexión en torno a otros que en el futuro podamos presentar.
Acabo diciendo, señor presidente, que este proyecto de ley orgánica de modificación llega al Pleno con un alto grado de consenso, suficiente como para que los grupos parlamentarios puedan aprobarlo. Yo personalmente confío en su aprobación, espero que contribuya significativamente a cumplir unos propósitos en los que creo que todos estamos claramente de acuerdo y, en todo caso, les agradezco su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.
Vamos a iniciar el turno de defensa de las enmiendas presentadas. En nombre del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Maldonado. (Pausa.)
Tómese el tiempo que necesite, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias, señor presidente. Dada la rapidez en el trámite parlamentario, porque somos el primer grupo que intervenimos cuando no debería ser así, quiero intervenir en tiempo y forma y con corrección lingüística y por eso preparo mis papeles, pero le agradezco su amabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Mientras tanto y con toda tranquilidad -usted siga, señor Maldonado-, le explico. Ha habido, efectivamente, una alteración del turno tratando la Presidencia de proteger los derechos de todos los grupos. Dada la rapidez con la que se están sucediendo los acontecimientos le he dado a usted, que estaba presente en la sala, prioridad para defender sus enmiendas y poder dar tiempo a que lleguen los representantes de los otros dos grupos enmendantes, y así entre la Presidencia y S.S. conjugamos un principio de solidaridad con ellos. Por tanto, tómese el tiempo que necesite para preparar sus papeles y después en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana intervendrá el señor Ramón, que ya está presente.
Como digo, tómese el tiempo que necesite para ordenar sus papeles y le agradezco que haya contribuido a que podamos gestar este extraño turno de solidaridad y protección de los derechos de todos. Gracias, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Muchas gracias. De todas maneras, en aras de la convivencia política y del espíritu de fair play que hay en el deporte -del que usted sabe que soy un apasionado-, si el portavoz de Esquerra Republicana que le toca intervenir antes que a mí lo quiere hacer con mucho gusto le cedo la vez; en caso contrario iniciaría mi intervención.
(Pausa.) Parece ser que no.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Iníciela cuando usted quiera, señor Maldonado, y otra vez muchas gracias.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro el detalle parlamentario que ha tenido de explicar su ausencia porque muchas veces los portavoces comparecemos por proyectos de ley o interpelaciones al Gobierno y los ministros no están y uno no sabe el porqué. En este caso, el ministro de Defensa ha tenido la amabilidad de acercarse a los portavoces -al menos al que aquí está presente interviniendo- para explicar el motivo justificado de su ausencia y, por tanto, agradezco este detalle parlamentario que no siempre ocurre y que de alguna forma dignifica la intervención de los portavoces porque a veces hablar a un ministro ausente puede incluso parecer una irreverencia. No este el caso y quiero que quede constancia el agradecimiento de Convergència i Unió por el detalle parlamentario del señor ministro de explicar el porqué de su ausencia en este momento.
Comparezco en nombre de Convergència i Unió para posicionarnos ante este proyecto de Ley orgánica de la modificación de las leyes orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Es verdad que el Gobierno actual, en su vertiente del Ministerio de Defensa, está legislando intensamente. Es cierto que desde Defensa se está llevando a cabo un proceso jurídico, un proceso parlamentario, un proceso de actualización, de modernización de leyes que creo que hacían falta, porque es verdad que el Estado español ha hecho una evolución en democracia hacia la cultura de la paz, para que el ejército tenga una vertiente de intervención en misiones de paz, de consolidación de la democracia, etcétera, y esto requería un proceso de actualización de las leyes. También es cierto que muchas de las leyes existentes desde el punto de vista de defensa eran obsoletas, antiguas o desfasadas y debían ser actualizadas en cuanto a tropa y marinería. La Ley Orgánica
Página 12514
de la Defensa, la Ley de la Carrera Militar, etcétera, de alguna forma, daban paso a una situación de justicia en la profesión de los militares.
Aquí hemos vivido debates intensos sobre tropa y marinería, sobre militares temporales, sobre reincorporaciones, etcétera. Hoy debatimos el Código Penal Militar y curiosamente nuestro partido, Convergència i Unió, que ha estado intensamente presente en el debate militar, sobre todo desde dos vertientes, la de la cultura de la paz, intentando que desapareciera el servicio militar obligatorio, y aportando conceptos democráticos en el funcionamiento interno de la vida militar, como el Observatorio del Soldado, etcétera, hoy presenta una sola enmienda. No es usual que en un proyecto de ley Convergència i Unió aporte una sola enmienda, pero tampoco lo es que otros partidos presenten tan pocas. Si no estoy equivocado, el proyecto de ley ha llegado al Congreso con cinco enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana y Convergència i Unió. ¿Y por qué aportamos una sola enmienda? Por un aspecto muy puntual y fácil de entender, porque creemos que no ha lugar a un Código Penal Militar. No ha lugar en tiempos de paz, en tiempos en que el Ejército ha dejado de ser un instrumento básicamente de guerra, de autodefensa y de intervención militar en según qué casos para pasar a ser un instrumento de consolidación de la democracia y de presencia en sitios donde había que ir para consolidar la paz, la democracia, las libertades, la defensa de la dignidad de las personas, de los hombres y de las mujeres. Por tanto, desde Convergència i Unió, creemos que no tiene ningún sentido que se hable de un Código Penal Militar en tiempo de paz. Estábamos de acuerdo en que existiera un Código Penal Militar, pero aplicado solo en los delitos tipificados en tiempos de guerra. Nos daba la impresión de que con esto era suficiente.
La enmienda que traemos al Pleno propone la incorporación de un artículo primero bis nuevo, en el que se añadiría una nueva disposición adicional que quedaría redactada en los siguientes términos: Esta Ley Orgánica será de aplicación solo para los delitos tipificados en tiempo de guerra.
Porque uno se pregunta: ¿por qué un soldado debe tener un Código Penal Militar para cualquier actuación suya y un ciudadano o una ciudadana de a pie, un ciudadano o una ciudadana que forman parte de la sociedad española deben tener otro Código Penal? ¿Por qué? En tiempos de guerra, en tiempos extremos se podría entender, pero un hombre o una mujer soldado acusados de falta grave o leve deben tener el mismo Código Penal que cualquier ciudadano español, sin que el mismo hecho que pueda llevar a cabo un ciudadano en una oficina o en una empresa, o una señora en cualquier actividad social, empresarial, laboral, etcétera, tenga un Código Penal y los militares otro distinto con diferentes sanciones, actuaciones, penas y, por tanto, con diferentes raseros. En la modernización del ejército también se debería llegar a un Código Penal Militar, entre comillas, que no fuera de aplicación nada más que en tiempos de crisis, en tiempos de guerra.
Nos parece bien lo que ha dicho el señor ministro; que esta ley era buena para definir actuaciones. Nos parece extraordinario aprovechar el resquicio legal que da esta ley para introducir el concepto de indemnizaciones a participantes en misiones de paz. Nos parece bueno, es un resquicio legal y, si se avanza en el tiempo para aquellas personas que aportan su trabajo en misiones internacionales en el extranjero, me parece bien este dribling jurídico-legislativo. También yo hago un dribling para recordar el compromiso público del Gobierno, del ministro y del Partido Socialista Obrero Español con los voluntarios del Sidi Ifni y Sáhara, con la gente del grupo de transmisiones de don Josep Riatos. Veo a mi buen amigo don José Cuadrado que exhibe una sonrisa de beneplácito porque debe pensar que este portavoz siempre introduce este concepto, pero es que llevamos muchos años intentando que esta gente salga del olvido y se pase a su reconocimiento. He de decir que las negociaciones con el ministerio van por buen camino. Hay sensibilidad y hay propuestas, no solo económicas -que también-, desde ayuda puntual a todas las acciones con entidades que están asociadas, e incluso de presencia en algún evento militar para hacerles algún reconocimiento. Todo esto es bueno, pero hace falta ponerle el cascabel al gato. Como el ministro ha hablado de indemnizaciones para los participantes en misiones de paz y hay que tener en cuenta que esta gente, que fue básicamente obligada, no fue voluntaria, lleva tantos años pidiendo ese reconocimiento, aprovecho la ocasión para recordar que esto está a punto de acabar pero que falta el último punto y la última coma, a pesar de que vamos bien. Nos gustaría que esto se hubiera introducido en la nueva iniciativa, que lleva mucho retraso pero que parece que se va a debatir, sobre los derechos y obligaciones de los militares. Podía haber sido un buen momento para hablar de códigos penales militares, de situaciones jurídicas y de actuaciones de los soldados y de los militares, de los hombres y mujeres que están en el ejército. Se ha considerado oportuno hacerlo en esta modificación de la ley orgánica, en este proyecto de ley. Nos hubiera gustado poder participar más, pero es que no estamos de acuerdo en que no se aproveche la oportunidad de que en esta legislatura el ejército está siendo, desde el punto de vista legislativo, muy modernizado. Se están elaborando muchas leyes que tienen en cuenta escalafones -la Ley de la Carrera Militar, etcétera- y nos hubiera gustado que hubiese sido también la legislatura en la que se pasara a un Código Penal Militar inexistente, solo para casos excepcionales. También -y con ello acabo, señor presidente- hubiera sido un buen momento aprovechar esta legislatura, que ya acaba, para dar un nuevo formato jurídico, con una nueva ley que permitiera el asociacionismo a los militares. Sabemos que hay asociaciones de militares, pero también sabemos que no están reconocidas y, sin entrar en sindicalismos y en aspectos que quizá puedan levantar ampollas en según qué estratos
Página 12515
del más alto nivel militar y que podría no ser aceptado, creemos que habría que dar un paso previo al asociacionismo militar, lo que sería el final de una legislatura política, pero también jurídico-parlamentaria muy positiva para el ejército, que yo creo que así ha sido. Empezó con una muy buena dinámica del ministro Bono -a él se debe este empuje jurídico, esta voluntad de cambio legislativo- y el ministro Alonso ha mantenido este ímpetu legislativo que los militares agradecerán.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Maldonado, especialmente por su amabilidad. Puesto que S.S. ha hecho referencia a ello, quiero dejar constancia en el "Diario de Sesiones" que el señor ministro de Defensa se ha dirigido igualmente a esta Presidencia para expresarle las causas, absolutamente justificadas, por las que, en contra de su voluntad, tenía que estar ausente del debate. La Presidencia quiere dejar constancia también de su agradecimiento por esa explicación del señor ministro de Defensa.
Continuamos con el turno de defensa de las enmiendas presentadas. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
Muy brevemente, porque mi grupo parlamentario va a retirar su enmienda en este acto, toda vez que tiene que ver con el Código Penal Militar aplicado a la Guardia Civil y hoy mismo ha entrado en esta Cámara el proyecto de ley de asociacionismo de la Guardia Civil y el proyecto de ley que tiene que ver con el régimen disciplinario de la misma institución. Por tanto, retiramos nuestra enmienda.
Es verdad que a nosotros no nos gustan las leyes penales de caso único -siempre hemos planteado nuestras reservas-, y esta ley es de caso único.
Como ustedes recordarán, se produce como consecuencia de un grave accidente aéreo que ocasiona una cierta preocupación, una cierta alarma social con consecuencias negativas. En todo caso, vamos a respaldar esta iniciativa porque creemos que es necesario cubrir ese vacío y, al mismo tiempo, porque se ha incorporado a la ley un aspecto que nos parece importante, el relativo a los derechos de los extranjeros en nuestro ejército, que no estaba contemplado y que ahora sí lo está en el proyecto de ley. Por tanto, a pesar de nuestras reservas, vamos a respaldar este proyecto de ley, si bien consideramos que esta ley, que tiene que ver con el Código Penal Militar, debería inscribirse en un sistema que, en nuestra opinión, todavía no ha sido perfeccionado en términos democráticos. El sistema sería el que está formado, por una parte, por la ley de derechos y deberes de los militares; en segundo lugar, por lo que podríamos llamar las reales ordenanzas actualizadas, democratizadas, y, en tercer lugar, por el Código Penal Militar. Ese sistema no ha experimentado los cambios necesarios y por eso tenemos también reservas con respecto a una reforma puntual. Tenemos reservas con respecto a una reforma puntual en materia penal -no nos gusta la legislación penal en caliente ni la legislación penal puntual- y, en segundo lugar, tenemos reservas con respecto al sistema en su conjunto de derechos y deberes de los militares Pero, a pesar de ello, como estamos ante un caso que ha provocado alarma social y que requiere cubrir un vacío del Código Penal Militar, vamos a respaldarlo con la esperanza de que esta iniciativa puntual no sea la única y de ver más temprano que tarde la reforma de la Ley de derechos y deberes de los militares, que es el núcleo fundamental de la modernización democrática de nuestro ejército, que ya se ha modernizado y está en fase de modernización en otras materias, como por ejemplo en la actual Ley de la Carrera Militar. Ese es el sentido de nuestro voto y en este acto damos por retirada nuestra enmienda a este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas presentadas en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.
Brevemente, porque el portavoz de Esquerra en la Comisión de Defensa ya ha defendido nuestra posición respecto a las enmiendas presentadas. Solo quisiera decir que doy por defendidas las enmiendas que mantenemos vivas para su votación en Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Ramón. (El señor Maldonado i Gili pide la palabra.)
Señor Maldonado.
No quiero reiniciar el debate, pero debido a ese timbre que nos hace darnos cuenta de que se nos acaba el tiempo, no he anunciado el sentido de nuestro voto. Por tanto, a efectos de que conste en el "Diario de Sesiones", si el señor presidente lo autoriza, quiero anunciar la abstención de Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Maldonado.
Vamos a iniciar el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del grupo parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Mardones.
Página 12516
Mi grupo, después de oír la petición que acaba de hacer el señor ministro, que ha excusado su asistencia en esta fase una vez hecha la presentación del proyecto de ley, va a atender esa petición en un sentido de responsabilidad hacia las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta la figura profesional del señor ministro de Defensa, que es juez y magistrado, queremos hacer una reflexión. Pedimos al Ministerio de Defensa que vele por la estética y la calidad de la legislación que se trae. Digo esto porque vamos a votar una ley que era orgánica en su totalidad cuando el proyecto entró y ahora solo es orgánica en su primera parte, porque la disposición adicional que se le ha añadido modificando un real decreto-ley no es orgánica. Esta sería la primera observación. No es la primera vez que han llegado aquí leyes que los servicios de la Cámara han tenido que discriminar, presentando un informe sobre qué parte de la ley era verdaderamente orgánica y cuáles de sus componentes no lo eran y por tanto tenían un tratamiento jurídico y una votación distinta.
En segundo lugar, en relación con la calidad de las leyes, queremos pedir al Ministerio de Defensa que los títulos de las mismas coincidan con el contenido. No sé si podremos ponernos de acuerdo en el Senado para que el nuevo título de la ley no recoja solamente la primera parte, lo que era el documento originario, que viene a modificar fundamentalmente el Código Penal Militar -que es ley orgánica- y el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que dice el título. Quien quiera encontrar en el ordenador, por vía de Internet, la segunda parte de la ley de acuerdo con el título no la va a encontrar, porque se refiere a la dotación de unas indemnizaciones a personal de las Fuerzas Armadas, ya sea de nacionalidad española o no, es decir, aquellos que por la legislación de nuestro Estado tienen derecho a formar parte de las mismas sin perder su nacionalidad de origen, pues proceden de países que tienen relaciones culturales e históricas con España y son unos efectivos a los cuales tenemos que estar muy reconocidos. Mi grupo, cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos hizo esta petición, respondió positivamente a la misma. Hubiera sido peor la solución que proponía, con documentos fehacientes, el Ministerio de Defensa, que quería colgar esta adaptación en las indemnizaciones del proyecto de Ley de la Carrera Militar. En atención a este tema, acordamos que la segunda parte del proyecto de ley, la disposición adicional única, sirviera como percha para resolver el problema de las indemnizaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, con nacionalidad española o sin ella, que sufrieran cualquier percance en acto de servicio en operaciones militares en el exterior que se están llevando a cabo respondiendo a los compromisos de España con los organismos internacionales de Naciones Unidas o de la OTAN. Estamos en esa línea de solidaridad. Lo que pedimos es calidad legislativa para que esto esté armonizado. Yo sería partidario de adicionar al título de la ley la segunda parte en el trámite del Senado, aunque no sea ley orgánica, para que al buscar en el ordenador los textos legales no estemos navegando en la oscuridad, porque estamos buscando la base jurídica y legal de las indemnizaciones y encontramos una ley cuyo título está haciendo referencia a otra cosa que no tiene nada que ver. Esto sería, poniendo como ejemplo la uniformidad militar, una especie de híbrido en el que un militar llevara una guerrera del ejército al que está vinculado, por ejemplo, del Ejército del Aire, y el resto del uniforme perteneciera a la Marina o al Ejército de Tierra. Esto no lo entenderíamos ni tan siquiera estéticamente.
En segundo lugar, participo mucho de lo que se ha dicho -y esto debería hacer reflexionar a los legisladores iniciales del Ministerio de Defensa-, sobre que no son convenientes las leyes puntuales ni las leyes en caliente. Somos muchos los miembros de la Comisión de Defensa de este Congreso que sabemos el origen de este proyecto gestado en la época del señor Bono. Como bien ha dicho el señor Llamazares, no se debe legislar en caliente. Mi grupo y este diputado siempre habíamos entendido que con lo que aquí se trata de modificar, el actual reglamento que recoge el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y el Código Penal Militar actual, es suficiente. ¿O es que vamos a pensar que después de tantos años, en el Ejército del Aire, hemos tenido que esperar a que un piloto imprudente hiciera una maniobra, como se ha hecho otras veces lamentablemente? Por vía de la aplicación estricta de los reglamentos y disciplina militar los superiores de un piloto de las Fuerzas Armadas tenían instrumentos disciplinarios suficientes al alcance de su mano para no venir aquí a añadir un nuevo tipo penal. Si esto se puede entender de esa manera, se entenderá también que de la misma manera que un piloto coge un avión y hace una pasada a baja altura, vamos a ver qué pasaría si un señor de una división acorazada coge un carro de combate y sale a dar un paseo por los alrededores del cuartel. ¿Le vamos a aplicar lo mismo o no le vamos a aplicar lo mismo? Esta es la reflexión que quiere hacer mi grupo parlamentario para corregir y dar una calidad legislativa al respecto y por entender que con las medidas actuales del Código Penal Militar y el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas era suficiente, como se dice en el lenguaje militar, para que los superiores hubieran podido meterle un paquete o un puro al que haya infringido directamente la normativa disciplinaria al respecto.
En una línea de solidaridad, señor presidente, como he dicho al principio, mi grupo votará favorablemente y no se opondrá, atendiendo gustoso la petición del señor ministro y entendiendo que no queremos entorpecer ninguna línea al respecto. Como el ministro es magistrado de carrera, supongo que él sabrá atemperar dentro del ministerio la aplicación al Ejército del Aire de una norma disciplinaria, que estaba ya perfectamente asumida en la conducta ejemplar de la inmensa mayoría de nuestros pilotos de combate, de nuestros servidores de
Página 12517
las Fuerzas Aéreas. Ellos se merecen, por lo que vienen realizando en tantos escenarios en que las Fuerzas Armadas españolas están operando en el exterior en misiones internacionales de paz, bélicas o como se les quiera llamar, un reconocimiento público y no una puesta en la picota porque un miembro de las mismas, un día en que tenía alterado el pulso o el colesterol, hizo alguna maniobra que se podía haber castigado. Valga esto como reconocimiento a la labor de nuestros pilotos de las Fuerzas Aéreas españolas.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Nuestro grupo ya apoyó con su voto afirmativo el dictamen de la Comisión de Defensa y vamos a volver a hacerlo en Pleno. Reconociendo las causas últimas que motivan este proyecto de ley orgánica y estando de acuerdo con su contenido, sin embargo, hay que hacer una durísima crítica en el sentido de que no se pueden traer dos modificaciones a dos leyes distintas, una con carácter orgánico y otra no, para aprovechar e introducir dos modificaciones absolutamente necesarias, con las que estamos de acuerdo, pero que desde el punto de vista de la técnica legislativa son verdaderamente impresentables. Yo rogaría al señor ministro de Defensa que, aun sabiendo que estas cosas son necesarias y que la buena voluntad guía las actuaciones sobre este proyecto de ley, en el futuro, no utilice estas técnicas legislativas para solventar casos que son necesarios.
Nuestro grupo va apoyar claramente y sin ninguna reserva este proyecto de ley, pero la crítica a la técnica legislativa no por ello va a dejar de ser dura en el fondo. También hemos de decir que votaremos en contra de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de Convergencia i Unió y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds porque no estamos de acuerdo con su contenido en ninguno de los dos casos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor López-Amor.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
Esta modificación del Código Penal Militar y de un real decreto de indemnizaciones fue aprobado por unanimidad en la Comisión informativa.
Lo digo porque si alguien asiste al debate y separa la votación o la posición de fondo de apoyo a esta modificación, podría pensar que los parlamentarios somos unos ciudadanos que, aunque no tengamos diferencias en una cuestión, podemos estar mucho tiempo discutiendo sobre el asunto.
Estamos todos de acuerdo y, por tanto, esa es la primera cuestión que conviene poner de relieve. Decía Karl Popper con mucha frecuencia que a él no le gustaba filosofar si no hay un problema. Pues, señorías, no hay un problema, por tanto, podemos dejar de filosofar. Hay una propuesta de modificación del Código Penal que es proporcionada. Todos estamos de acuerdo en que se incluya ese comportamiento como un comportamiento penado y esa unanimidad se refleja en la propuesta y en la votación. Por otra parte, todos estamos de acuerdo en que militares que no son de nacionalidad española, pero que aportan su esfuerzo y a veces su sacrificio personal hasta las últimas consecuencias en las Fuerzas Armadas españolas, merecen la misma indemnización, el mismo trato que un militar de nacionalidad española y, como estamos todos de acuerdo, vamos a votar por unanimidad como lo hicimos en la Comisión. Por tanto, no hay problema, no hay cuestión. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señorías, habiendo finalizado el orden del día, vamos a proceder a llamar a votación, en el bien entendido de que, como habíamos señalado, no se producirá antes de las once. Faltan cuatro minutos para ello y creo que vamos a ser todos fieles a nuestras previsiones. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, procedemos a la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las interferencias del Gobierno en el sector energético y los efectos que hayan podido generar en ñlos consumidores. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 114; en contra, 157; abstenciones, 12.
Página 12518
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EL REAL DECRETO REGULADOR DE LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. (Número de expediente 173/000185.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el Real Decreto regulador de las becas y ayudas al estudio. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, votamos la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 169; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 19; en contra, 260; abstenciones, cinco.
Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 20; en contra, 260; abstenciones, tres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 270; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Por tratarse de una ley orgánica, procedemos a la votación de conjunto.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 131
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 14
 real decreto 
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 14
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 45
 artículo 172
 real decreto 
 real decreto 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto