Source: https://boliviapetrolera.blogspot.com/2008/11/
Timestamp: 2019-07-15 19:57:37+00:00

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La Paz / ANF.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) exportó 6,38 millones de metros cúbicos de gas natural a Argentina, de acuerdo con el registro del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Mientras más gas se envíe a la Argentina, mayor será la facturación, tomando en cuenta que el precio para este último trimestre está en 10,3 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica). Entretanto, Brasil deja de recibir entre 4 y 5 millones de metros cúbicos por día (MCD), Argentina se beneficiará con el volumen adicional disponible.
Etiquetas: EXPORTACION DE GAS, GAS NATURAL, YPFB
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) analiza dejar desierta la licitación de compra de cisternas para adjudicar a una firma extranjera todo el lote, en desmedro de las empresas importadoras automotrices del país, según advirtieron fuentes del sector.
La falta de carburantes en algunas regiones del país, sumado al bloqueo que se originó en cuatro departamentos en septiembre, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, obligó a las autoridades del sector energético a anunciar la compra de cisternas para cubrir todo el territorio nacional.
En esas fechas también se informó que el número de cisternas que había en el país no abastecía a la demanda ni a los planes de la estatal petrolera, y otras no cumplían las normas internacionales para el trabajo, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.
La licitación para la adquisición de los motorizados fue presentada la semana pasada y varias empresas automotrices mostraron interés en la convocatoria y presentaron ofertas, la misma estaría siendo analizada por YPFB.
Sin embargo, fuentes cercanas al sector indicaron que la petrolera estatal estaría viendo la posibilidad de dejar desierta la licitación y comprar los vehículos de una firma extranjera, y de esta manera favorecería a un país.
La revelación fue consultada a la dirección de comunicación de YPFB, que amablemente accedió a dar una respuesta sobre este hecho luego de las consultas que realizaría a la parte ejecutiva, y que lo haría dentro de una media hora.
Pasado ese tiempo se le volvió a llamar y la operadora dijo que ingresó a una reunión y que no podía atender, y señaló que dejáramos nuestros datos.
Después se le llamó al director de comunicación a su celular, pero lo tenía apagado, y las dudas sobre ese tema no fueron despejadas.
Una de los planes que tiene la empresa petrolera del gobierno es ser el distribuidor principal, y no utilizar mucho a los sectores intermedios, para abastecer al mercado interno y llegar a todas las regiones del país.
En esas fechas, luego del conflicto político y social, el desabastecimiento de combustibles continuó en los departamentos que bloquearon, pero el problema también llegó a otras regiones del país.
Las autoridades indicaron, en ese entonces, que la falta de cisternas no permitía llegar a todas las regiones para abastecer de hidrocarburos, por lo que se anunció la compra de estos vehículos.
Como se recordará la nacionalización, en mayo de 2006, tiene como objetivo que YPFB vuelva a ser cumplir un rol importante en la cadena hidrocarburífera.
Para cumplir ese objetivo se nacionalizó tres empresas del sector, Transredes, Andina, Chaco y la Compañía de logística Boliviana de Hidrocarburos (CLBH), las que fueron capitalizadas en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Hasta antes de fin de año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmará contratos con empresas importadoras para la adquisición de 79 nuevos vehículos que le permitirán cumplir a cabalidad sus funciones en la distribución de combustibles y llevar adelante sus tareas operativas de apoyo logístico, coordinación, control y seguimiento.
En este propósito, la semana pasada se realizaron las licitaciones correspondientes, y las propuestas aún están siendo evaluadas en la empresa, antes de definirse la adjudicación o la declaratoria desierta, informó una fuente de la estatal petrolera.
YPFB, en su nuevo rol de control de toda la cadena de hidrocarburos en el país, se equipará y comprará hasta el próximo año 15 tractocamiones, 5 tanques cisterna para gas licuado de petróleo (GLP), 10 tanques cisterna para hidrocarburos líquidos, seis camiones para reparto de garrafas de GLP y 58 camionetas de doble cabina y doble tracción.
Con la adquisición de todos estos vehículos, la empresa petrolera busca garantizar la entrega de combustibles y evitar el problema que tuvo en los últimos meses en la distribución y comercialización de GLP, gasolina y diesel oil, explicó la fuente.
Según el Acta de Reunión de Aclaración del Documento Base de Contratación de YPFB al que accedió este medio, las empresas interesadas en la venta de tractocamiones a la estatal son Toyota Bolivia, Gobletruk, Nibol, Autocorp y Volvo Cabsa.
En cuanto a los tanques cisterna para gas licuado y líquidos, las compañías interesadas son Intamp. Autocorp, Sica y Chávez Hidro Trans. Mientras que las interesadas en la provisión de los camiones medianos (a estaca) para el transporte de garrafas son Ovando, Nibol y Volvo Cabsa.
Las compañías importadoras interesadas en proveer las camionetas doble cabina son Ovando - Mitsubishi, Toyota Bolivia, Russland - Lada Motors y Taiyo Motors - Nissan. Entre estos vehículos, YPFB requiere que algunos funcionen también a Gas Natural Vehicular (GNV).
La entrega de los tractocamiones, camiones y los tanques cisternas está establecida en 120 días después de firmarse el contrato, y en el caso de las camionetas, 10 días hábiles tras la suscripción del documento.
La fuente explicó que, luego de la presentación de los sobres, se vio que algunas de las empresas importadoras presentaron propuestas de venta incluso a precios por debajo de los de referencia que puso la estatal petrolera nacional en los pliegos.
Los resultados y los nombres de las empresas que se adjudiquen la venta se conocerán como máximo hasta la próxima semana, aseguró el informante.
Se presume que el financiamiento para la compra de los vehículos provendrá de los $us 1.400 millones que tendrá disponibles la estatal petrolera para invertir el 2009. El monto total fue anunciado el fin de semana por el vicepresidente Álvaro García.
El Gobierno espera llegar a disponer de ese monto a través de un crédito de $us 1.000 millones para YPFB, que será otorgado —previa aprobación del Congreso— por el Banco Central de Bolivia (BCB) y que está inscrito en el Presupuesto General 2009.
Colores • Los vehículos que se importen para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos deberán ser de color rojo, azul y blanco, que son los que caracterizan a la empresa petrolera.
Modelo • El modelo de estos vehículos debe ser de los años 2008 ó 2009, y los motores corresponder, como mínimo, al año 2007, de acuerdo a las especificaciones de compra.
“Con este monto vamos a intervenir y recuperar pozos que ya han sido perforados, pero que no se los explotaba porque no ofrecían la rentabilidad que querían las empresas privadas. Nosotros compramos (el barril) de petróleo a 27 dólares, lo que no le conviene a las empresas; pero a nosotros sí... El 2009, YPFB producirá sólo petróleo y gas”, indicó.
Pero anuncian que iniciaron encuentros con las petroleras para acordar la entrega de hidrocarburos para el mercado interno y externo.
La Superintendencia de Hidrocarburos identificó 193 áreas de riesgo susceptibles al desvío y tráfico ilícito de combustibles en siete departamentos, en las que se intensificará el control para evitar el contrabando de los productos hidrocarburíferos.
Mediante la resolución administrativa 1175/2008, el superintendente del sector, Guillermo Aruquipa, determinó “las Áreas de Riesgo para el control y sanción a la ilícita distribución, transporte y comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo) en garrafas, diesel oil y gasolinas”.
En total, son 193 zonas de riesgo que fueron identificadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) a solicitud de la Súper de Hidrocarburos.
Entre las 59 áreas identificadas en La Paz están Desaguadero, Puerto Pérez, Isla Suriqui, Kazani, Collana, Charaña, Viacha, Lahuachaca y Copacabana. En Oruro fueron señaladas 14 zonas: Tambo Quemado, Todos Santos, Pisiga, Hito XX, Sabaya, Lagunas y Caracollo, entre otras.
Se incluyó en la lista 18 poblaciones de Tarija, entre las que están La Merced, Yacuiba, Ibibobo, Esmeralda, Limal, Caraparí, Villamontes y D’Orbigny. En Potosí se identificó a 22 localidades; en Santa Cruz son 34 áreas; hay otras 22 en Beni y 24 en Pando.
Estas áreas pertenecen a zonas fronterizas o a localidades intermedias, donde se podría generar el contrabando de carburantes. También se encuentran vías que conducen a los puntos limítrofes. Ni Cochabamba ni Chuquisaca figuran en la lista.
Según el Ejecutivo, el principal problema que ocasiona el desabastecimiento de carburantes es el contrabando. Por ello, desde hace una semana se aplica el plan “Puño de Hierro”, en el marco del cual se castigará con la Ley 1008 a quienes vendan ilícitamente los carburantes.
El miércoles, el Ejecutivo aprobó un decreto que flexibiliza la disposición y permite que los productores agrícolas y cooperativistas mineros compren y transporten hasta 120 litros de diesel y gasolina sin requerir una autorización y de 121 a 400 litros con una licencia de la Dirección de Sustancias Controladas.
Pese a ello, un sector que aún tiene problemas es el del autotransporte. Franklin Durán, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, informó que en una reunión realizada ayer con el Superintendente, se determinó que hasta el martes 25 ese sector analizará la nómina de áreas que fueron consideradas de riesgo y se plantearán modificaciones en el caso de que en alguna de ellas no existan surtidores para recargar los tanques de sus camiones.
“Veremos en cuál de esas áreas no existe la posibilidad de cargar gasolina en medio camino y para las cuales sea necesario transportar por lo menos un tanque de reserva”. El dirigente dijo que en la reunión se llegó a un buen término con el Ejecutivo y se permitió que el sector participe en las modificaciones a la norma.
Según la gubernamental ABI, ayer seis camiones cisternas fueron detenidos por transportar de manera irregular 133.000 litros de gasolina en la zona de Urujara, en el camino a los Yungas paceños. Los choferes fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Según ABI, el fiscal adscrito a la Aduana, Fernando Ganam, sugirió que haya una ley complementaria a la 1008, que incluya al diesel, gasolina y GLP como sustancias controladas.
San Julián levanta el bloqueo
A las 11.20 de ayer, los pobladores de la localidad cruceña de San Julián levantaron el bloqueo de vías que mantenían en demanda de la provisión de diesel a esa zona, la construcción de la carretera a Pailón y una política estatal para la comercialización de girasol.
El periodista Tiburcio Paco informó que el Ejecutivo envió una carta a los dirigentes, en la que se informó sobre la disposición que permite la compra y transporte de diesel desde 121 hasta 400 litros, con lo que se decidió suspender la medida.
Si bien el problema se solucionó en San Julián, la dificultad del desabastecimiento persiste. El senador podemista Jorge Aguilera denunció que debido a la escasez de diesel en Santa Cruz, se han generado millonarias pérdidas en las cosechas de soya y de caña de azúcar debido a que no se ha podido transportar oportunamente estos productos hasta los lugares de venta. “La escasez de carburantes está causando perjuicios incalculables en la cosecha de soya y de caña de azúcar, que son dos de los principales productos de exportación”.
El Gobierno boliviano pidió a Argentina el depósito de una garantía de pago por $us 5 mil millones con el objetivo de que las petroleras aceleren sus inversiones en el territorio nacional y se incremente la producción en el país hasta alcanzar los 27,7 millones de metros cúbicos día de gas (Mm3/d) comprometidos en el contrato. Sin embargo, el Gobierno del país vecino decidió reducir la medida del diámetro del caño del gasoducto noreste argentino (GNEA) y analiza una provisión temporal del energético desde los campos gasíferos que tiene en Salta.
“El problema con Argentina es la falta de la garantía de pago, pero estamos en fase de negociación. Las inversiones se van a hacer en la medida que se tengan garantías. A Argentina en su momento se ha enviado hasta 4 Mm3/d de gas este año. Sin embargo, cuando el mercado interno está en 6,5 entonces mandamos 1,2, ó 1,5”. indicó el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos.
El ministro llegó de Argentina tras asistir a una reunión con el ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio de Vido, con quien abordó temas energéticos.
La estatal petrolera YPFB dijo que la garantía de pago es fundamental ya que así lo exigen los operadores Petrobras, British Gas, Total, Pan American y Repsol. También piden una garantía de transporte, es decir, la construcción del gasoducto.
Las petroleras esperan que el cronograma de las obras avance para invertir.
Por su lado, el Gobierno argentino afirmó que mantiene su interés de compra en los volúmenes acordados, y que en breve tiempo se firmará un decreto por el cual se iniciarán las obras del GNEA, señaló el secretario de Energía, Daniel Cameron. Admitió que el proyecto fue modificado y que la provincia Santa Fe no será tomada en cuenta. Este gasoducto de casi 2.000 km supone una inversión de $us 1.800 millones y se proyecta que entrará en operaciones dentro de 3 años para transportar los 27,7 Mm3/d.
Si el GNEA está listo en 2011 pasará un largo periodo sin cumplir su función, ya que Bolivia no podrá llenar ese ducto hasta 2013, señalaron funcionarios de ambos países.
Crédito del BCB a YPFB no vulnera ley
El crédito del Banco Central de Bolivia a YPFB para que el próximo año invierta $us 1.000 millones en potenciar sus actividades de exploración y producción, tiene todo el respaldo legal, no se financiará con las Reservas Internacionales Netas ni tampoco utilizará los recursos que están acumulados en el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (RAL) por lo que los depósitos del público en el sistema financiero están garantizados, aclaró el ministro de Hacienda, Luis Arce.
El proyecto del PGN 2009 establece que el BCB hará viable un crédito de liquidez a YPFB para que pueda cumplir importantes inversiones que le permitirá cumplir sus tareas de exploración, producción y distribución de hidrocarburos.
Por otro lado, la petrolera brasileña Petrobras revisa sus proyectos de producción de crudo y gas, dentro y fuera de Brasil, para ajustarse al escenario de bajos precios del crudo, reafirmó ayer un alto ejecutivo de la empresa.
• Los vecinos están adelantados en el descubrimiento de gas y petróleo, y apuntan a la autosuficiencia y exportación.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene previsto iniciar el primer semestre de 2009 la perforación del pozo X-3 en el campo Iguasurenda, después de 11 años de haberse paralizado las tareas de exploración en este sector, con el objetivo de buscar la formación de Huamampampa, de donde se extrae la mayor cantidad de hidrocarburos en el país.
El campo Iguasurenda está ubicado al norte de Boyuibe cerca de la población de San Antonio, entre el Río Parapetí y la línea férrea Yacuiba – Santa Cruz de la Sierra, en este último departamento.
Según el gerente Nacional de Exploración y Explotación de YPFB, Edmundo Pérez, el objetivo es buscar la formación arenisca de Huamampampa, que de dar positivo podría convertir al Iguasurenda en un excelente reservorio.
Según Pérez, los dos pozos perforados en Iguasurenda tienen profundidades cercanas a los 5 mil metros y la información geológica obtenida de los registros sísmicos tipo 2D son auspiciosos.
“Si a esas profundidades se encontraron importantes cantidades de gas y agua, es posible que muy cerca esté el contacto agua – petróleo, y si eso es así, estaríamos descubriendo un megacampo”, aseguró el ejecutivo de la estatal petrolera a tiempo de ratificar el inicio de las actividades de perforación máximo hasta junio de 2009.
De la misma manera, dio por sentado que en el pozo exploratorio X-3 se invertirá 15 millones de dólares para alcanzar una profundidad programada entre 5 mil y 6 mil metros de perforación en ocho meses y generará 120 fuentes de empleo en forma directa.
“Es un zona fácil de perforar, esperamos en 8 meses llegar a la profundidad programada, realizar un estudio sísmico del tipo 3D para luego programar un nuevo pozo que podría superar los 6 mil metros de profundidad”, explicó.
El Gerente Nacional de Exploración y Explotación de YPFB anunció que luego de la perforación del pozo X-3 se perforarán otros dos pozos más de avanzada, para luego comenzar a desarrollar el campo.
“Si todo va bien, luego estaríamos pensando en programar la instalación de una planta en la zona y todo un complejo industrial petrolero que convertiría a Camiri nuevamente en una zona petrolera muy importante”, manifestó Pérez.
La falta de inversión en el desarrollo de nuevos pozos pone en peligro el abastecimiento del mercado nacional de carburantes, y ya se anunció la importación de petróleo y Gas Licuado de Petróleo (GLP) de países vecinos.
Se informó que la demanda está cerca de superar a la producción, por la falta de inversión en el sector petrolero, cuya situación se debe a la incertidumbre política que vive el país desde el 2000.
Desde ese año bajaron las inversiones, a cantidades mínimas; mientras en los países vecinos el monto se incrementó considerablemente, un ejemplo es Perú que está a punto de superar sus reservas de gas debido al capital extranjero que atrajo.
Brasil tampoco se queda lejos, y está en camino de la autosuficiencia energética por las inversiones millonarias que realizó Petrobras, y que va más allá, al anunciar que sería un exportador de petróleo y gas.
En Argentina también el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner toma sus previsiones para garantizar el abastecimiento del mercado interno, al anunciar un plan de incentivos para las inversiones en el sector petrolero.
- El alcalde de San Juan de Yapacaní, Katsumi Bani, denunció que hay corrupción y tráfico de influencias en los funcionarios de YPFB al puntualizar que piden dinero a cambio de conseguir mayores cupos de diésel. La autoridad municipal hizo notar que la escasez del combustible golpea con más fuerza a los pequeños y medianos agricultores.
- Los pobladores de San José de Chiquitos denunciaron que su localidad se ve afectada por la escasez de diésel, al observar que el carburante es desviado para su comercialización en Brasil y Paraguay porque allá su costo es mayor que en el mercado nacional.
- La colonia menonita Nuevo México, en San José de Chiquitos, está afectada por no poder acceder a los 200 litros de combustibles que de forma diaria necesita cada familia en las temporadas de cosecha y siembra. En la zona producen unas 60.000 ha.
- El pequeño productor de Cuatro Cañadas, Genaro Carreño, denunció que en las instalaciones de la Federación de Productores Agropecuarios venden diésel sólo a los agricultores que son afines al Gobierno, por lo que tienen un tanque de combustible al lado de la federación.
- Los productores de San Pedro indicaron que no han podido comprar 600 litros de diésel para sus labores de campo, pese al anuncio que hizo el alcalde de la población, Juan Cala.
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Señaló que la intención del plan no es perjudicar a la gente ni a su actividad económica. Sugirió a quienes requieran poca cantidad de combustible que se registren en la Súper o llamen al 76205462 para pedir apoyo. “Vamos a flexibilizar en casos circunstanciales... Si hay una persona con una botellita de un litro o para su automóvil, es el otro extremo, y habrá flexibilidad. Si hay problema, vamos a resolver esto”.
"Debido a la especulación en el sector de los carburantes y al contrabando que es aprovechado por gente que se dedica al lucro, la militarización permite un control efectivo para lograr de alguna manera la normalización en el abastecimiento de carburantes, por lo cual esta determinación fue estudiada", recalcó.
Sin embargo, el parlamentario agregó que "es bueno exhortar a la sociedad a que no dependa mucho de medidas extremas y que empiece a realizar una especie de control interno, a fin de evitar que otras personas sigan con el enriquecimiento ilícito, que a la larga afectará al ciudadano ". /ABI
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició su lucha contra el contrabando de combustible con el pie izquierdo. A escasas horas de regir el Decreto Supremo 29788 -que refuerza el control de la venta de diésel, gasolina, GLP y querosén- la estatal petrolera y la Aduana decomisaron dos cisternas que transportaban diésel importado por YPFB y lo presentaron a los medios de comunicación como si fuera contrabando.
En una conferencia de prensa realizada ayer en instalaciones de la refinería Guillermo Elder de Santa Cruz, el presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, mostró cuatro cisternas y tres vehículos detenidos, supuestamente, con combustible de internación ilegal, a tiempo de presentar un plan de lucha contra el contrabando.
El Gobierno decidió ayer que los combustibles que sean transportados o almacenados sin documentación sean declarados sustancias controladas. “La Policía tiene la facultad de secuestrar el producto para beneficio del consumidor. Aquí tenemos los primeros resultados”, dijo Ramírez mostrando los motorizados detenidos.
Sin embargo, por la tarde el gerente de Planificación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Jaime Hernández, sostuvo que dos de las cisternas incautadas tenían diésel de YPFB, destinado a los agricultores cruceños. “Hubo un error. YPFB ya lo admitió y esperamos que la Fiscalía libere a los choferes porque el producto fue importado por el Gobierno. Venía desde Yacuiba a la planta de CLHB. Es diésel que estaba de ingreso a la ciudad, no de salida. Cuando las cosas se hacen a las apuradas se cometen errores”.
Hernández señaló que los propietarios son Bernardo Céspedes, que tiene un cisterna Scania crema placa 729-INL y Roberto Velarde con un Volvo blanco 1904-TCX. “La documentación es clara, hay una hoja de ruta que tramita YPFB, y especifica el tránsito de Yacuiba a CLHB. Uno fue detenido en Pedro Lorenzo y el otro saliendo de CLHB”.
Wálter Muñoz, fiscal adscrito a la Aduana, dijo que los choferes que transportaban el diésel de YPFB serán liberados. “Al parecer hubo una mala información y por ello los detuvieron, pero serán liberados porque la hoja de ruta es correcta”, explicó. Se analiza la situación de los otros detenidos.
Amílkar Soto, gerente regional de YPFB, dijo que el tema lo estaba tratando el comando conjunto.
Por su parte, la Brigada Parlamentaria Cruceña denunció ante la Fiscalía a Santos Ramírez, presidente de YPFB, y a Guillermo Aruquipa, superintendente de hidrocarburos, por la escasez de carburantes.
➠ El Decreto Supremo 29788 prohíbe el tránsito y almacenamiento de GLP, diésel, gasolina y querosén sin documentación de respaldo.
➠ Quienes no tengan autorización para transportar o almacenar combustible tendrán la privación de libertad de 5 a 25 años, como establece el artículo 48 de la Ley 1008.
➠ Las Fuerzas Armadas confirmaron que desde ayer 1.000 agentes custodiarán en el país 417 gasolineras y 31 plantas de distribución de carburantes en todo el país.
➠ El GLP fue incluido en la lista de sustancias controladas por resolución del Ministerio de Salud fechada el 12 de noviembre del 2008, en tanto que la gasolina, el diésel y el querosén ya están bajo ese listado desde marzo de 1992.
Penalizarán contrabando con norma antidrogas
El Gobierno puso ayer en vigor un decreto para que los contrabandistas de combustibles sean castigados con penas de entre 5 y 25 años de cárcel bajo la ley antidroga, como si fueran narcotraficantes.
El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, explicó que el decreto pretende frenar el contrabando de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo, cuyos precios están subvencionados en el mercado interno.
Según el funcionario, la ley antidroga, que prohíbe el tráfico de sustancias susceptibles de ser usadas en el narcotráfico, ahora tiene alcances sobre los combustibles.
La medida pretende frenar la grave escasez de carburantes que se vive en varias regiones del país, en particular en Santa Cruz donde los productores agrícolas demandan diésel.
Cifras al primer día de operativos
Fueron retenidos en coordinación con la Superintendencia de Hidrocarburos, Policía, YPFB y Aduana, durante la jornada de ayer en Santa Cruz
Fueron incautados ayer en los 22 vehículos retenidos por transportar supuestamente combustible de contrabando
es el promedio que distribuye YPFB a las estaciones de servicio, según el titular de la estatal petrolera, Santos Ramírez
La Superintendencia de Hidrocarburos suspendió la exportación de petróleo reconstituido (recon) y naftas, puesto que de éstos se puede extraer mayores volúmenes de gasolina, por lo que también instruyó a las refinerías maximizar la producción de este combustible.
Con las medidas adoptadas por la entidad reguladora, el país es autosuficiente en gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina.
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El decreto supremo 29788 incorpora el GLP en la lista de sustancias controladas en el país. Desde ayer y en forma permanente, las FFAA resguardan las estaciones de servicio.
Los contrabandistas de gas licuado de petróleo (GLP), gasolina y diésel descubiertos en posesión de esos carburantes serán juzgados bajo la Ley 1008 y, de ser hallados culpables, encarcelados 25 años.
Así lo establece el Decreto Supremo 29788, aprobado el miércoles por el gabinete del presidente Evo Morales y que apunta a garantizar la normal provisión de hidrocarburos en el país y combatir el tráfico ilícito de sustancias controladas.
De esta manera, el Gobierno apuesta por el endurecimiento de los controles para evitar la escasez de carburantes observada en los meses recientes en las principales ciudades del país.
Ayer, las 417 estaciones de servicio del país amanecieron con resguardo militar en cumplimiento del Decreto 29788.
En La Paz, tres de las 60 estaciones autorizadas fueron intervenidas por no tener sus papeles en orden. Se trata de las gasolineras Zofri y Candelaria, en la ciudad de El Alto, y Kantutani.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la militarización será permanente para evitar desvíos del combustible que reciben los surtidores cada día.
El artículo 1 del Decreto 29788 tiene el objetivo de incorporar en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Confiscados procedimientos complementarios relativos a gasolinas, querosén, diésel oil y gas licuado de petróleo (GLP) en su calidad de sustancias controladas.
El artículo 5 (posesión ilícita) precisa que “las personas que se encontraren en posesión ilícita de las sustancias señaladas en el artículo 1 (carburantes) serán procesadas conforme prevé el artículo 48 de la Ley 1008, el Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de uso industrial aprobado mediante decreto supremo 25846 y normas vigentes”. Ese artículo fija una pena de diez a 25 años de cárcel y 10.000 a 20.000 días de multa para quienes trafiquen con sustancias controladas en el país.
Además, la “comercialización inmediata” de GLP, diésel, gasolina y querosén confiscados deberá ser autorizada por los fiscales de sustancias controladas.
El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, aseguró que la norma endurece los decretos anteriores para frenar el contrabando e incorpora el gas licuado en la categoría de sustancias controladas de la Ley 1008.
El decreto recién promulgado da un plazo de 15 días para que la Dirección de Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno y la Superintendencia de Hidrocarburos reglamenten el procedimiento para el manejo del GLP.
El comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales, Israel Vega, informó que el GLP no figuraba en la lista de sustancias controladas de la Ley 1008.
Aruquipa adelantó que ahora se podrá confiscar la mercadería sin devolverla. La Fiscalía, hasta ayer, facilitaba esa situación al no encontrar pruebas.
La autoridad advirtió que ahora las cárceles se llenarán de contrabandistas de carburantes.
El Decreto 29788 dispone además que los administradores de las estaciones de servicio y otros distribuidores autorizados serán detenidos si están implicados en la facilitación o el suministro de estos combustibles.
Los camiones cisternas o carros distribuidores que transporten los energéticos sin previa autorización serán secuestrados o incautados y transferidos gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La norma “faculta” a las Fuerzas Armadas, Policía, Control Operativo Aduanero (COA) y las fuerzas especiales de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen, además de la Superintendencia de Hidrocarburos, a secuestrar las sustancias controladas y depositarlas en plantas de almacenaje de YPFB.
El ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda dijo a la red ATB que el decreto es autoritario y que la escasez no será solucionada con “fusiles y bayonetas” y militares en gasolineras, sino con mayor producción.
La Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) señaló que la norma perjudicará a pequeños productores, a quienes los surtidores ya no se les venderán diésel en turriles como hasta ahora.
Súper fijará cupos en fronteras
Ciento ochenta y una poblaciones fronterizas del país recibirán cupos de gas licuado de petróleo (GLP), diésel, gasolina y querosén de acuerdo con los requerimientos que formulen los alcaldes y comunarios de sus regiones, previa presentación de listas de número de habitantes.
El anuncio fue hecho por el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, quien explicó que para definir el tipo de entrega de carburantes tuvieron audiencia con los gobiernos municipales, jilacatas, mallkus y federaciones provinciales.
Según el Superintendente, se consultó con los pobladores la cantidad de GLP que requieren y qué empresa debe transportarlo. En el caso de la gasolina, diésel y querosén, precisaron en qué estación de servicio serán depositados los carburantes.
Tras la coordinación se suscribieron 40 acuerdos entre la Superintendencia, YPFB, empresas distribuidoras y estaciones de servicio.
Señaló que anteriormente algunos surtidores en zonas fronterizas y ribereñas del lago Titicaca incumplieron con la repartición de carburantes, por lo que se los clausuró, es el caso de Petrolago, en Desaguadero; Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi, y Tata Santiago, en Guaqui, estaciones de servicio que se dedicaban al contrabando.
La Superintendencia de Hidrocarburos, para dar cumplimiento al Decreto 29788 en el departamento de La Paz, intervino tres estaciones de servicio: Zofri y Candelaria, en la ciudad de El Alto, y Kantutani, en la ciudad de La Paz.
Las poblaciones identificadas por la Superintendencia fueron evaluadas como zonas de riesgo para la salida ilegal de carburantes.
Estrenan Plan Puño de Hierro
Como una medida operativa para dar cumplimiento al Decreto 29788, ayer en la planta de Palmasola, de Santa Cruz de la Sierra, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el Plan Puño de Hierro, que en su inicio decomisó 15 camiones cisterna que transportaban 525.000 litros de diésel argentino entre Yacuiba y Santa Cruz para, se presume, ser vendido de contrabando.
El plan fue presentado en presencia del gerente comercial de la estatal petrolera, Rodrigo Carrasco; autoridades de la Aduana Nacional; jefes militares y policiales y ejecutivos, informó ANF.
Con el plan, los camiones cisternas que salgan de las plantas distribuidoras de carburantes serán escoltados por militares hasta que el carburante llegue a su destino final, que es la ciudadanía.
En la ocasión, el presidente interino de YPFB, Santos Ramírez, denunció que se encontraron cisternas con capacidad de 20.000 litros de diésel pero que sólo depositaban 5.000 litros en los surtidores.
Todos los combustibles serán considerados “sustancias controladas” y de haber anomalías, como almacenaje o contrabando, se aplicará lo que dispone la Ley 1008, afirmó Santos Ramírez, con plena convicción de que la lucha contra el contrabando será la solución al desabastecimiento de combustibles.
Por su parte, el ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que el esfuerzo para evitar el desvío de carburantes a países vecinos es importante pero insuficiente. “El desabastecimiento pasa por temas de logística, falta de inversiones en el sector petrolero, y éstas no se darán mientras el país no ofrezca seguridad jurídica”.
La Ley de Aduanas y el Decreto 29788
La Ley de Aduanas y el Código Tributario establecen las siguientes penas contra el delito de contrabando: privación de libertad de tres a seis años cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a 10.000 UFV.
II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a 100 por ciento del valor de las mercancías objeto de contrabando.
III. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a 10.000 UFV, se aplicará la multa del 50 por ciento del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte.
El Decreto Supremo 29788, aprobado el miércoles, establece en su artículo 5 (posesión ilícita): “Las personas que se encontraren en posesión ilícita de las sustancias señaladas en el artículo 1 (carburantes) serán procesadas conforme prevé el artículo 48 de la Ley 1008, el Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de uso industrial aprobado mediante Decreto Supremo 25846 y normas vigentes”. Ese artículo fija una pena de diez a 25 años de cárcel y 10.000 a 20.000 días de multa para quienes trafiquen con sustancias controladas en el país.
Las FFAA vigilarán con dos efectivos cada uno de los surtidores del país.
La medida apunta a vigilar y evitar el comercio ilícito y el desvío de carburantes .
La decisión es cuestionada por analistas porque primero debería aumentar la producción.
Una ex autoridad dice que la solución estructural pasa por eliminar la subvención a los carburantes.
Alrededor de un tercio de la oferta nacional de gas licuado de petróleo (GLP), equivalente a unas 27.000 garrafas, es consumido por el transporte público de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que contribuye a la escasez del carburante observada en los meses recientes.
De acuerdo con datos estimados del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la producción de GLP en octubre alcanzó las 708 toneladas, equivalentes a 70.800 garrafas.
La Superintendencia de Hidrocarburos informó que se están produciendo 1.000 toneladas, iguales a 100.000 garrafas.
El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de La Paz, René Vargas, informó que unos 3.000 vehículos del gremio usan GLP. La organización sindical tiene 40.000 asociados. Se calcula que en Cochabamba y Santa Cruz existe un número similar de motorizados que funcionan con ese mismo combustible.
Los micros consumen en promedio tres garrafas diarias, lo cual genera una demanda próxima a las 27.000 en el eje del país (un tercio de las 70.800 garrafas que se distribuyen).
El consumo sube más si se añaden los taxis, que usan dos balones por día.
Dos conductores de minibús señalaron que los choferes que tienen vehículos de GLP pagan incluso 30 bolivianos por garrafa, lo cual hace que mucha gente haga colas para venderlas a este sector.
Vargas admitió que su consumo es peligroso y por eso pidieron a sus asociados limitar la adquisición de garrafas, que fue prohibida en 2005.
Sin embargo, señaló que varios de sus afiliados, por el elevado costo, no pueden convertir sus vehículos para que funcionen con gas natural vehicular (GNV).
Explicó que el gasto asciende a 8.000 bolivianos, mientras que adaptarlo a GLP sólo representa una erogación de 5.000.
El gremio aún espera la conversión gratuita a GNV a la que se comprometió el Gobierno.
El secretario de Prensa del Sindicato Litoral, Antonio Aguilar, reconoció que el 10 por ciento de los 2.000 vehículos que prestan el servicio en la zona Sur continúa con el uso de GLP.
“Sufrimos un riguroso control por parte de Tránsito de la zona Sur, son muy pocos los que se arriesgan a que les decomisen el equipo. Ante la escasez de GLP, optaron por hacer la conversión a GNV (gas natural vehicular)”.
Sin embargo, reiteró que el costo de transformación es elevado y no existe la suficiente oferta porque sólo existen dos surtidores que distribuyen el combustible: uno en la calle Sucre y otro en Achachicala.
Aguilar recordó que desde la gestión del ex presidente Carlos Mesa se les ha prometido que la transformación sería gratuita, por lo que el sector ya perdió credibilidad.
En el sindicato Avaroa, que brinda el servicio con microbuses de las líneas 2, Ch y 27 hacia Sopocachi y Tembladerani, informaron que tienen 1.700 vehículos funcionando, de los cuales el 60 por ciento esta adaptado al GNV.
El ex director de Comercialización de la reguladora Jorge Téllez opinó que la venta de GLP a los transportistas debería quedar prohibida y ser controlada por la Dirección de Tránsito.
Agregó que en El Alto la mayoría de los micros y minibuses funcionan con GLP. “Es una actividad ilícita, no se puede usar en transporte público porque su consumo está destinado a uso doméstico”.
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres comentó que éste es un elemento más que genera desabastecimiento porque el problema estructural es falta de producción por ausencia de inversiones en el ramo y por el contrabando.
Debido a su bajo costo y por la subvención, el GLP es usado no sólo por el transporte público, sino por fábricas de ladrillos y tejados y por piscinas. Para la ex autoridad, la solución pasa por levantar la subvención y que la garrafa de diez kilos se venda en 100 bolivianos, porque en la frontera con Perú cuesta hasta 140 bolivianos.
El uso no tiene prohibición
El Decreto Supremo 29158, aprobado por el actual Gobierno, deja sin efecto la prohibición establecida en 2005 de que los vehículos del transporte público usen gas licuado de petróleo (GLP).
El 5 de octubre de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el el Decreto 28380, cuyo artículo 9 señalaba explícitamente esa prohibición, de modo que el carburante fuera destinado al consumo doméstico.
La norma tenía cuatro artículos referidos a la utilización de GLP como combustible, así como a su comercio indebido en garrafas, que vendría a ser el primer artículo.
El segundo mencionaba que quedaba prohibida la instalación, habilitación y operación de talleres de conversión de vehículos automotores a GLP, así como la actividad de conversión de vehículos automotores a GLP en talleres mecánicos de mantenimiento y reparación automotriz.
El artículo 7 advertía que las municipalidades debían cancelar la licencia de funcionamiento de los establecimientos que, en contra de las actividades para las cuales hubieran sido habilitados, adaptaran vehículos automotores a GLP. También podían actuar en forma similar contra las tiendas de abasto o pulperías que, en contra de las actividades para las cuales hubieran obtenido licencia de funcionamiento, comercializaran GLP.
El articulo 9 prohibía “la circulación de vehículos que utilicen GLP como combustible, debiendo la Policía Nacional, a través de sus organismos operativos correspondientes, proceder a detener los mencionados vehículos a objeto de efectuar el posterior decomiso y destrucción pública del equipo (kit), en presencia de representantes de la Superintendencia de Hidrocarburos que sea utilizado al efecto; al margen de las medidas que correspondan respecto a las unidades, conforme a ley y sin perjuicio de seguirse las acciones pertinentes ante el Ministerio Público”.
La escasez de carburantes alcanza no sólo al GLP, sino al diésel y la gasolina.
En la planta engarrafadora Senkata, cada día se observan largas filas de amas de casa.
El Gobierno no descarta importar en los próximos meses GLP para abastecer el mercado.
La medida, anticipan los analistas, será costosa porque se deberá pagar el precio internacional.
El subsidio al GLP cada año le cuesta al TGN alrededor de 25 millones de dólares.
Se calcula que el precio real de la garrafa debe estar encima de 100 bolivianos, no en 22,50.
El transporte público exige que se ponga en marcha la conversión gratuita a GNV.
Los sindicatos de choferes minimizan el peligro en el uso de GLP en sus automóviles.
La Superintendencia no dice nada respecto del elevado uso de garrafas en los vehículos.
Con la realización de una auditoría técnica en las diferentes reparticiones se pretende descubrir la corrupción existente en el interior de YPFB, extremo que fue denunciado por el presidente Evo Morales el viernes pasado.
El gerente nacional de comercialización, Rodrigo Carrasco, reconoció que existe corrupción adentro de la petrolera estatal y que para detectarla se instruyó la realización de auditorías técnicas.
El ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, manifestó que no solamente se investigará a Yacimientos, sino también a las instituciones que tienen a su cargo la entrega de permisos para el transporte de combustible, entre ellas las direcciones de sustancias controladas y las direcciones de comercialización de YPFB.
No se pudo obtener el criterio del presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, porque se encontraba en Potosí y tampoco del superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, que también está de viaje.
Con relación al contrabando, Ávalos manifestó que los militares están a cargo del control en las fronteras. “Ya definieron que en el día ‘D’ y en la hora ‘H’ darán a conocer el plan de lucha”, anotó.
Por su parte, el jefe del Comando Operativo Conjunto (COA), Ramiro Mendoza, destacó que desde hace tiempo vienen trabajando en el control del contrabando. Indicó que lograron resultados positivos y que realizaron variados decomisos. No dio cifras, argumentó que en no las tenía.
Lo que no cambia en Santa Cruz son las colas en los surtidores por diésel y gasolina. En la mayoría no había combustible y en el de Yacimientos la fila era inmensa.
Sobre el particular, el gerente distrital de comercialización, Amilkar Soto, dijo que esta situación era normal los lunes. “El problema es que los surtidores no recogen temprano el combustible y por eso es que no hay”.
Sin embargo, en Asosur informaron de que ayer le tocaba a las provincias y no a la ciudad.
Privados piden al Gobierno pruebas y no acusaciones
El presidente de la Asociación de Surtidores de Bolivia, Moisés Hidalgo, rechazó la acusación del Gobierno de que son los privados que sabotean la distribución de diésel. Pidió a los miembros del Ejecutivo no generalizar este tema.
“Si conocen el nombre de algún surtidor que oculte combustible que lo sancionen”, apuntó.
Hidalgo indicó que el Gobierno no debería generalizar con sus acusaciones y que por el contrario que presenten las pruebas y procesen a quienes oculten el combustible.”Está la reglamentación y depende del Gobierno aplicarla”, dijo.
Más adelante afirmó que la Superintendencia de Hidrocarburos tenía a su cargo el control y supervisión de los surtidores y que inclusive estaban haciendo campañas para observar que no oculten combustible.
En la Súper informaron que están realizando este trabajo y que procesarán al surtidor que no cumpla con su labor.
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que si los mecanismos gubernamentales de control de lucha contra el contrabando fallan, el Ejecutivo se verá en la necesidad de importar Gas Licuado de Petróleo (GLP) para cubrir la demanda en lo que resta del año y probablemente hasta febrero del 2009.
“Si fallan los mecanismos de lucha contra el contrabando y algunas personas siguen exportando indebidamente el GLP, estamos obligados a comprar”.
Aseguró que se están tomando las previsiones para garantizar el abastecimiento del mercado interno desde marzo del próximo año e incluso más adelante exportar gas licuado.
“Consideramos que en el 2009 vamos a garantizar el abastecimiento, pero hay unos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero a más tardar, donde pudiera haber un desbalance”, reconoció.
Según el Vicepresidente, el Gobierno hará todo lo necesario para no importar GLP, pero si es necesario “lo haremos temporalmente, por meses o semanas”.
Entre las previsiones para que no falte el carburante en el mercado interno, García informó que el Gobierno “si no me equivoco invertirá 90 millones de dólares en la construcción de una planta separadora de líquidos y la compra, a través de Andina de una planta antigua”. “La planta antigua nos permitirá garantizar el GLP para el invierno del 2009 y con la nueva planta —que ojalá entre en funcionamiento hasta fin de año— podremos incluso exportar”, el combustible, señaló.
El Vicepresidente dijo que la falta de diesel se debe a que en los últimos meses se incrementó la actividad del contrabando.
En el Perú, una garrafa de gas cuesta más de Bs 100. “En las próximas horas o días se aprobarán medidas muy fuertes contra el contrabando. Si funcionan no será necesario importar, si falla nos veremos obligados”, anunció.

References: resolución 
 artículo 48
 resolución 
 artículo 1
 artículo 5
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 artículo 48
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 artículo 48
 artículo 9
 artículo 7