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Timestamp: 2018-12-14 10:25:59+00:00

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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS – LEY 19.574 REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO Decreto Nro. 379/018 – Brum Costa – Abogados
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS – LEY 19.574
REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO
Decreto Nro. 379/018
Dr. Juan Diana Romero
Dra. Victoria Notari Ehlers
La Ley N°19.574, de fecha 20 de diciembre de 2017, “Ley Integral Contra el Lavado de Activos” (en adelante la “Ley”), vigente a partir de enero de 2018, actualizó las disposiciones que hasta ese entonces se encontraban vigentes en materia de prevención y control del lavado de activos, introduciendo importantes cambios en el marco jurídico de referencia.
Nuestros comentarios de la Ley se encuentran disponibles en el siguiente link: http://brumcosta.com/wp-content/uploads/2017/12/Comentarios-LEY-INTEGRAL-CONTRA-EL-LAVADO-DE-ACTIVOS-2.pdf
El pasado 12 de noviembre el Poder Ejecutivo expidió el Decreto N°379/018, (en adelante el “Decreto”), a fin de reglamentar los controles que deben aplicar los sujetos obligados del sector no financiero mencionados en el art. 13 de la Ley (inmobiliarias, casinos, escribanos, rematadores, ONGs, etc., en adelante “Sujetos Obligados”), a los efectos de dar cumplimiento con la obligación de efectuar reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos de sus clientes (“ROS”), tal lo dispuesto en el art. 12 de la citada Ley.
Seguidamente analizaremos los aspectos más importantes del Decreto.
GENERALIDADES (Capítulos I y II)
El Decreto divide la reglamentación en la parte general, disponiendo normas aplicables a todos los Sujetos Obligados -con independencia del sector de actividad al cual pertenecen- y en la parte específica, regulando a los Sujetos Obligados por sector de actividad (a cuyos efectos dedica un capítulo específico por sector).
A continuación analizaremos las principales cuestiones incluidas en la parte general del Decreto, para luego realizar un análisis concreto de cada sector de actividad que se reglamenta.
El Decreto en primer término establece algunas definiciones relevantes desde el punto de vista práctico, siendo la más importante de ellas la definición de “Cliente”. En este sentido, el Decreto dispone que se entenderá por tal a la persona (física o jurídica) que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, un producto o servicio puesto a disposición por uno de los Sujetos Obligados.
Asimismo la definición aclara que, en el marco de operaciones en las cuales los Sujetos Obligados deban aplicar controles, será cliente únicamente quien se vincule con dicho Sujeto Obligado.
Si bien esto representa un avance frente a la reglamentación anterior (Decreto N°355/010, del 02 de diciembre de 2010), cabe destacar que la definición bajo análisis no clarifica del todo en qué momento un Sujeto Obligado pasa a tener un verdadero “cliente”, problema que se agudiza sobre todo en aquellos sectores de actividad donde existe un contacto progresivo con el potencial cliente (intermediarios en inmuebles, servicios societarios, entre otros).
La importancia práctica del tema que se analiza, radica en la determinación del momento a partir del cual un Sujeto Obligado debe aplicar la “Debida Diligencia del Cliente” (en adelante “DDC”), esto es, a partir de cuándo dicho Sujeto es responsable por la implementación de los controles de prevención de lavado, por estar justamente frente a un cliente y no, por ejemplo, ante un simple contacto o potencial cliente (en cuyo caso no es aplicable la DDC).
Tal y como se mencionará más adelante, y sin perjuicio de lo anterior, el Decreto previó una definición más acotada de cliente dentro del capítulo dedicado al “Sector Inmobiliario”, la que si bien podría aplicarse a todos los Sujetos Obligados por su generalidad, se prefirió limitar exclusivamente a las inmobiliarias.
Los artículos 4, 5 y 10 del Decreto reglamentan un principio general en la materia, proveniente de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional “GAFI” (Nros. 1, 10, 22 entre otras) y recogido en la propia Ley, esto es, que los controles deben aplicarse en forma adecuada y proporcionalmente al nivel de riesgo de lavado de activos que reviste cada tipo de cliente u operación.
En síntesis, el Decreto dispone que el Sujeto Obligado deberá, en primera instancia, evaluar el riesgo de sus clientes teniendo en cuenta los factores “cliente”, “geográfico” y “operacional”. Una vez efectuada la ponderación de dichos factores, se le deberá asignar una categoría de riesgo al cliente/operación de la que se trate, la que podrá ser “riesgo bajo” (en cuyo caso será de aplicación la DDC simplificada -art. 12-), “riesgo medio” (en cuyo caso se aplicará la DDC normal -art. 11-) o “riesgo alto” (aplicándose en este caso la DDC intensificada -art.13-). Las principales diferencias entre los distintos niveles de DDC aplicables en función del riesgo asignado, se mencionarán en el apartado siguiente.
De esta manera se busca que el Sujeto Obligado centre sus esfuerzos principalmente en aquellos clientes u operaciones más propensas al lavado de activos, logrando así una asignación más eficiente de sus recursos materiales y humanos (los que por definición son limitados).
Debida diligencia de clientes
El Decreto reitera los preceptos generales en materia de DDC contenidos en la Recomendaciones GAFI, la Ley y asimismo en la reglamentación anterior (Decreto 355/010), disponiendo en primer término que los Sujetos Obligados deberán conocer adecuadamente a sus clientes (incluyendo la estructura de propiedad y control y el beneficiario final de las operaciones), el motivo de la relación comercial u operación de la que se trate, y el origen de los fondos aplicados a la operación en la cual interviene el Sujeto Obligado.
Así, la debida diligencia normal es la aplicable a todos los clientes del Sujeto Obligado en forma residual, en los casos en que éstos no posean un riesgo bajo ni tampoco alto (esto es, que impliquen riesgo medio o normal), debiendo en tales casos procederse a la identificación del cliente y su beneficiario final, el motivo de la relación comercial u operación y el origen lícito de los fondos, no pudiendo el Sujeto Obligado reducir los controles pero -en contrapartida- sin tener la obligación de incrementarlos.
Para el caso específico que del análisis de riesgo surja una categorización de “riego bajo” al cliente u operación, se podrá aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada, en la cual el Sujeto Obligado podrá reducir los controles, lo que implica una disminución en la frecuencia de actualización de la información, en el seguimiento del cliente y en la rigurosidad en el examen de las operaciones.
Por último, cuando los clientes u operaciones que se pretendan realizar sean categorizadas en “riesgo alto”, se deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia intensificada, debiendo por tanto el Sujeto Obligado incrementar los controles, a cuyos efectos deberá conocer y respaldar documentalmente aspectos tales como:
– estado civil de todas las personas físicas identificadas (si la persona es casada o unida en concubinato – datos identificatorios del cónyuge / concubino);
– declaración jurada de regularidad fiscal (manifestación del cliente de que se encuentra en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad esta exonerada de tributos);
– constancia de declaración de beneficiario final al BCU (Ley Nro. 19.484.)
Asimismo, en aplicación de la debida diligencia intensificada, se deberá aumentar la frecuencia de la actualización de la información, la cantidad y duración de los controles aplicados, debiendo asimismo el Sujeto Obligado realizar un mayor seguimiento de la relación comercial.
Cualquiera sea el nivel de DDC aplicable, el Sujeto Obligado deberá en todos los casos proceder a la realización de la búsqueda de antecedentes del cliente (lista ONU, fuentes públicas y privadas, PEP), conservando la documentación respaldante.
No obstante todo lo anterior, el Decreto incluye algunas novedades en materia de DDC que merecen destaque, dado el impacto práctico que éstas generan en la operativa diaria de los Sujetos Obligados.
En primer lugar cabe mencionar la posibilidad de que, en aquellos casos en donde los riesgos de lavado de activos “se puedan manejar con efectividad” por parte del Sujeto Obligado, y asimismo cuando “resulte esencial para no interrumpir el normal desarrollo de la actividad”, éstos podrán completar la realización de la DDC en forma posterior al inicio de la relación comercial, dentro de un plazo “razonable”.
Dicha posibilidad es otro de los avances importantes que incluye esta nueva reglamentación, aunque debido a la indeterminación de las expresiones utilizadas por el Decreto, la misma no está exenta de ambigüedades a la hora de determinar el alcance de la excepción prevista en la norma.
Por otra parte, el Decreto aclara que en los casos en donde le resulte imposible al Sujeto Obligado aplicar una adecuada DDC en el curso de una relación de negocios, este deberá poner fin a al vínculo comercial con el cliente. Asimismo, en dicho caso se deberá considerar la posibilidad de efectuar un ROS, analizando si existió intención del cliente de evadir los controles aplicados en base a criterios de razonabilidad.
De proceder dicho ROS, y tomando en cuenta que el mecanismo de reporte y posterior espera de 72 hs a una eventual respuesta de la UIAF se mantiene vigente, cabe preguntarse si la aclaración del Decreto que se viene de mencionar no termina siendo contraproducente para el Sujeto Obligado. En este sentido, no parece quedar del todo claro si cuando exista imposibilidad de aplicar DDC en el curso de una relación de negocios, primero se debe reportar y esperar respuesta de la UIAF (y ante ausencia de esta la continuidad del vínculo comercial quedará a criterio del Sujeto Obligado), o por el contrario se debe finalizar el vínculo primero y luego efectuar ROS, estando igualmente a una eventual indicación de la UIAF dentro de las 72 hs tal lo dispuesto por la Ley.
No obstante ello, y ante una potencial maniobra de lavado por parte del cliente, entendemos que la postura que -en teoría- pondría mayormente a resguardo al Sujeto Obligado sería la última de las mencionadas, esto es, primero proceder a la finalización del vínculo comercial y luego efectuar ROS, a la espera de un eventual pronunciamiento por parte de la UIAF.
En cuanto a la inclusión de la defraudación tributaria como delito antecedente del lavado que oportunamente realizara la Ley, el Decreto consagra básicamente un sistema de declaraciones juradas del cliente (complementadas en ciertos casos con certificados contables y/o declaraciones de impuestos ante la Administración tributaria correspondiente), mediante las cuales el mismo declara al Sujeto Obligado estar al día con sus obligaciones tributarias, o bien que se encuentra exonerado de tributos -según corresponda-.
Este aspecto implica un gran avance frente a la reglamentación anterior, simplificando considerablemente la tarea de los Sujetos Obligados. Dicho sistema es replicado luego en los capítulos específicos dedicados a regular cada sector de actividad.
Respecto de la obligación de identificar al beneficiario final de las operaciones, el Decreto prevé excepciones para aquellos casos de entidades cuyos títulos de participación coticen en bolsa o se comercialicen a través de otros mecanismos públicos de reconocido prestigio (o que sus propietarios sean tales entidades), o bien cuando se trate de un fideicomiso o fondo de inversión supervisado por el BCU. A estos efectos la norma remite a los literales a, b, c y h del artículo 7 del Decreto N°166/017, de fecha 26 de junio de 2017, reglamentario de las obligaciones en materia de identificación de beneficiarios finales de entidades residentes y no residentes, impuestas por la Ley N°19.484, del 05 de enero de 2017 (“Ley de Transparencia Fiscal”).
Otro aspecto a destacar es la obligatoriedad de nombrar un Oficial de Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados, quien será el encargado de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención, y asimismo oficiará de nexo con las autoridades competentes en la materia (SENACLAFT, UIAF, Fiscalía, Poder Judicial, etc.).
Este funcionario deberá contar con el nivel jerárquico, autonomía y conocimiento técnico adecuados a su función, pudiendo dicho cargo estar en cabeza del propio Sujeto Obligado (caso de Sujetos Obligados personas físicas que se encuentran en el ejercicio liberal de su profesión).
Delegación de la DDC
Como último aspecto importante en cuanto a las disposiciones aplicables a todos los Sujetos Obligados (incluidas en el capítulo denominado “Generalidades”), se encuentra la delegación en otros Sujetos Obligados de la realización de la DDC.
El artículo 19 del Decreto dispone que los Sujetos Obligados “podrán delegar en terceros que también sean sujetos obligados por el artículo 13 de la ley que se reglamenta, la realización de los procedimientos de debida diligencia de clientes que correspondieran por el sector de actividad al que pertenecen”, siempre que se produzca la inmediata entrega de la información obtenida al sujeto delegante por parte del sujeto delegado, y en todos los casos bajo la exclusiva responsabilidad del sujeto delegante.
No obstante la amplitud que a priori parecería tener la posibilidad bajo análisis, es de vital importancia realizar una adecuada interpretación de la norma, atendiendo a su finalidad y razón de ser. En este sentido, la existencia del art. 19 se funda en motivos de practicidad, en aquellos casos donde en una misma operación intervienen dos o más sujetos obligados del sector no financiero (tal el caso de una compraventa de un inmueble, donde interviene una inmobiliaria y un escribano).
En consecuencia, a nuestro juicio la norma que se analiza no implica en ningún caso la posibilidad de tercerizar – “sin más”- la DDC en otro Sujeto Obligado (ni aun siendo este del mismo sector de actividad), sino que dicha norma se traduce en la posibilidad de simplificar la aplicación de múltiples controles que recaen sobre una misma operación concreta, en la cual intervienen varios sujetos obligados del sector no financiero (entre ellos el sujeto delegante y el sujeto delegado).
SECTOR CASINOS (Capítulo III)
Dentro de los capítulos específicos que regulan cada sector de actividad, nos encontramos en primer lugar con el sector casinos.
Como particularidades del sector, en primer término cabe mencionar el umbral mínimo a partir del cual los casinos deben aplicar la DDC. En este sentido el artículo 22 del Decreto dispone que dichos Sujetos Obligados deberán aplicar controles en operaciones tales como compra o canje de fichas y/o tickets, apertura de cuentas, transferencia de fondos y cambio de moneda, cuando el monto involucrado sea superiora a U$S 3.000 o su equivalente en otras monedas. Dicho umbral no será aplicable cuando existan sospechas de lavado de activos en relación al cliente u operación de la que se trate.
Por su parte, las operaciones múltiples realizadas por o en beneficio de una misma persona física o jurídica, que en su conjunto superen el monto referido, serán consideradas como una única operación, siendo por tanto de aplicación la DDC.
Otra particularidad replicada por el Decreto en todos los sectores de actividad (aunque no incluida dentro del capítulo general por razones que se desconocen), es la obligación del Sujeto Obligado de no establecer la relación de negocios ni realizar la operación de la que se trate, en caso de negativa u omisión del cliente a proporcionar la información solicitada en la DDC. No obstante esto, el Sujeto Obligado podrá completar una operación cuando ello sea necesario por “razones jurídicamente justificadas” (ejemplo existencia de penalidades), debiendo luego evaluar la posibilidad de efectuar un ROS conforme a criterios de razonabilidad.
Finalmente el artículo 28 dispone una serie de medidas especiales de DDC: en primer lugar, cuando el casino reciba dinero de clientes ya sea a través del sistema financiero o en efectivo para ser utilizado en el juego, y este solicite el reintegro de lo no perdido, dicho dinero deberá ser reintegrado al cliente únicamente por la misma vía; seguidamente el Decreto habilita a los casinos a ordenar una transferencia bancaria o emitir un cheque a favor de un cliente, para el pago del monto que deriva de una ganancia neta de juego registrada al final de una visita, o bien de premios resultantes de torneos de juego específicos organizados por el propio casino, medida que mitiga considerablemente los riesgos de lavado.
SECTOR INMOBILIARIO (Capítulo IV)
Dentro del capítulo dedicado al sector inmobiliario (el cual agrupa a todos aquellos intermediarios en inmuebles, tal el caso de las constructoras, desarrolladores, inmobiliarias y promotores) se encuentran algunas particularidades importantes que merecen destaque.
Tal y como adelantáramos anteriormente, y en forma complementaria a la definición general de cliente dada por el Decreto, se dispone que se entenderá que una persona utiliza el servicio puesto a disposición por una inmobiliaria (siendo por tanto cliente de esta), “únicamente a partir del momento en que dicha persona toma contacto directo con la inmobiliaria y le manifiesta de forma real e inequívoca su intención de utilizar el servicio específico ofrecido por esta, pudiendo ello verse reflejado o no, en un documento o acuerdo escrito”.
En el mismo sentido, el art. 36 del Decreto dispone que en aquellas operaciones en las que intervenga una inmobiliaria por la parte compradora y otra por la vendedora, cada una deberá hacer la debida diligencia únicamente respecto de su cliente.
Estos complementos brindan un marco de seguridad mayor a las inmobiliarias frente a otros Sujetos Obligados ya que, por un lado, dan la pauta de que las mismas estarán frente a un cliente incluso en forma previa a la firma del boleto de reserva (siéndoles aplicable la DDC antes de dicha instancia, aunque de forma progresiva); y, por el otro, aclaran que no deberán realizar la DDC de la contraparte cuando en su nombre intervenga otra inmobiliaria.
También como se dijo anteriormente, y por las mismas razones ya esgrimidas, estos agregados debieron preverse con carácter general, o como mínimo para todo el sector inmobiliario. Quedará a criterio de los operadores jurídicos y de los organismos de contralor, la procedencia o no de una integración por analogía, extendiendo en su caso estas previsiones a otros Sujetos Obligados.
En lo referido al sector construcción, el Decreto establece una importante exoneración en la realización de la DDC, cuando el Sujeto Obligado se encuentre desarrollando una operación que implique una “obra pública”, de conformidad con la definición establecida en el artículo 1° del Decreto N°192/985, del 20 de mayo de 1985, y el literal A) del glosario del Decreto N°257/015, del 23 de setiembre de 2015. En tales casos, el Sujeto Obligado cumplirá con sus obligaciones en materia de prevención de lavado, únicamente acreditando tales extremos (esto es, que se trata de obra pública), no siendo necesario la obtención de información adicional.
Finalmente el Decreto establece la obligatoriedad de aplicar DDC intensificada en operaciones mayores a U$S 300.000 o su equivalente en otras monedas (hecho que supone una mejora frente a la reglamentación anterior, la que preveía U$S 200.000), y replica tanto las obligaciones de finalizar la relación comercial ante negativa u omisión del cliente en la información solicitada en la realización de la DDC, como la posibilidad de completar una operación por razones jurídicamente justificadas (evaluando en ambos casos la posibilidad de efectuar ROS), lo cual se prevé para todos los sectores de actividad dentro de sus respectivos capítulos.
SECTOR SERVICIOS PROFESIONALES (Capítulo V)
Como particularidades de este sector (el cual comprende a los abogados, contadores, escribanos y otras personas físicas o jurídicas que actúen por cuenta y orden de clientes en las operaciones enumeradas por el art. 13 de la Ley), cabe mencionarse primeramente la referencia hecha por el Decreto a los estudios, asociaciones o firmas de profesionales actuando en calidad de Sujetos Obligados.
En este sentido se establece que las referencias hechas en singular a cada profesional como Sujeto Obligado, deberán entenderse hechas a quien actúa en calidad de independiente, no sujeto a exclusividad, o bien a los socios o propietarios de una firma de servicios profesionales, sin perjuicio de la responsabilidad que le quepa al dependiente de tales firmas por el incumplimiento de las políticas internas de su empresa.
Por su parte, el Decreto reduce la DDC de los escribanos al momento de realizar escrituras de compraventas de inmuebles o establecimientos comerciales, que se efectúen en cumplimiento de una promesa anteriormente otorgada por el mismo escribano: en este caso dicho profesional deberá únicamente actualizar las búsquedas en listas del cliente, evitando de esta manera la duplicación de la información previamente obtenida.
Respecto de los contadores, el Decreto acota su actuación como Sujeto Obligado únicamente a dos casos: (i) confección de informes de revisión limitada de estados contables, siempre y cuando el ente sujeto a revisión tenga una facturación anual (ventas netas de devoluciones y/o bonificaciones, excluido el IVA) superior a U.I. 75.000.000 en el ejercicio anual; o bien cuando su endeudamiento total con entidades controladas por el BCU, en cualquier momento del ejercicio, sea mayor o igual a U.I. 19.500.000; y (ii) confección de informes de auditoría de estados contables. En ambos casos, el Decreto dispone que la responsabilidad recaerá siempre en el contador firmante, aun cuando este actúe como miembro de un estudio, firma o empresa de servicios profesionales.
Al igual que en los demás sectores de actividad, en este capítulo se prevé la obligación de finalizar la relación comercial ante negativa u omisión del cliente en la información solicitada, así como la posibilidad de completar una operación por razones jurídicamente justificadas (evaluando en ambos casos la posibilidad de efectuar ROS).
En síntesis, resulta claro que los abogados, escribanos y contadores no son Sujetos Obligados por su sola calidad de tales, sino en tanto realicen por cuenta y orden de sus clientes, algunas de las actividades enumeradas en el artículo 13 de la Ley (administración de activos financieros, operación de cuentas bancarias, compraventa de inmuebles o establecimientos comerciales, administración de sociedades, entre otras).
SECTOR REMATADORES (Capítulo VI)
La reglamentación de los rematadores también reviste algunas particularidades que merece puntualizar. En cuanto al remate de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, el art. 52 del Decreto dispone un umbral mínimo de U$S 15.000 -o su equivalente en otras monedas- a partir del cual los rematadores deben aplicar controles, salvo que haya sospechas de lavado de activos por parte del Sujeto Obligado (en cuyo caso no regirá umbral mínimo).
No obstante lo anterior, las operaciones múltiples realizadas por o en beneficio de una misma persona física o jurídica (bienes adquiridos en múltiples remates por dicha persona), que en su conjunto superen el monto referido en el período de un año calendario, serán consideradas como una única operación, siendo por tanto de aplicación la DDC.
Respecto de los remates ganaderos, y con las mismas salvedades antes referidas, la DDC de las operaciones que supongan un monto inferior a U$S 150.000 se limitará a la obtención de la boleta de pista y de la proforma emitidas al momento del remate, y al cruce en listas de los clientes.
Por su parte el art. 59 del Decreto permite a los rematadores completar la DDC en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la realización del remate, cuando se cumplan las condiciones requeridas por el art. 8, inciso segundo del Decreto (ya analizadas en el apartado “generalidades”), esto es, posibilidad de manejo efectivo del riesgo de lavado y necesidad en pos de no interrumpir el normal desarrollo de la actividad.
SECTOR COMERCIANTES DE ANTIGUEDADES, OBRAS DE ARTE, Y METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS (Capítulo VII)
El presente sector de actividad no reviste mayores particularidades en su reglamentación específica, salvo en cuanto al umbral mínimo a partir del cual los mismos deberán aplicar la DDC.
Al igual que en el sector anteriormente analizado, en este caso se fija un monto mínimo de U$S 15.000 o su equivalente en otras monedas, realizando el Decreto idénticas salvedades a las ya mencionadas, en los casos en que existan sospechas de lavado de activos, así como en relación a la multiplicidad de operaciones por o en favor de una misma persona física o jurídica.
SECTOR ZONAS FRANCAS (Capítulo VIII)
El Capítulo VIII del Decreto deben aplicar explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con excepción de:
Sujetos regulados por el Banco Central del Uruguay.
Sujetos obligados que realicen actividades de los sectores “Casinos”; “Inmobiliario, Abogados, Escribanos, Contadores”; “Rematadores”; “Comerciantes de Antigüedades, Obras de Arte y Metales y Piedras Preciosas” y “Proveedores de Servicios”, quienes deben aplicar únicamente lo dispuesto en los capítulos del Decreto correspondiente para cada Sector y solo respecto a las actividades previstas para el Sector.
La segunda excepción referida es importante, en tanto, hasta el momento todos los usuarios de zonas francas, aplicaban los procedimientos de debida diligencia a todos sus clientes, no encontrando en la Ley Nro.19.574 en qué casos específicos y sobre que clientes se debían aplicar.
Con respecto al art. 70 del Dec. Nro.379/0178, cabe destacar que, delimita en qué casos cada usuario deberá aplicar los procedimientos de debida diligencia, remitiendo a lo reglamentado por Sector de Actividad, y a su vez, iguala las condiciones del sujeto obligado, dentro y fuera de territorio franco.
El decreto establece que los exploradores y usuarios, deberán realizar un análisis de riesgo de lavado de activos, categorizando al cliente en función del riesgo asignado (bajo, medio y alto). Dependiendo del factor de riesgo asignado, el sujeto obligado, establecerá el alcance de los procedimientos de debida diligencia a aplicar, distinguiendo entre procedimientos de debida diligencia “normal”, “simplificada” e “intensificada”.
La debida diligencia normal, es la aplicable a todos los clientes del sujeto obligado, debiendo procederse a la identificación de cliente, beneficiario final y origen licito de los fondos.
Para el caso específico que del análisis de riesgo surja una categorización de “riego bajo” al cliente y operación – transacción, se podrá aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada, en la cual el sujeto obligado podrá reducir la frecuencia de actualización y seguimiento, así como el examen de operaciones.
Por último, a los clientes u operaciones que se pretendan realizar, sean categorizadas en “riesgo alto” de LA/FT/PADM, se aplican los procedimientos de debida diligencia intensificada, por lo cual incrementa el deber del sujeto obligando, debiendo conocer y contar con documentación adicional, tal como:
– declaración jurada de regularidad fiscal[1] (manifestación del cliente de que se encuentra en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad esta exonerada de tributos),
– constancia de declaración de beneficiario final al BCU correspondiente a la Ley Nro. 19.484.
Asimismo, en aplicación de la debida diligencia intensificada, se aumenta la frecuencia de la actualización y seguimiento de la relación comercial, incrementando la cantidad y duración de los controles.
El Decreto incorpora los artículos 75 y 76, los cuales son el resultado de los intercambios mantenidos entre la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUy) y la SENACLAFT, que simplifican la tarea administrativa de la aplicación de los procedimientos, permitiendo que tanto el explotador y el usuario (directo e indirecto), utilicen información y documentación, que ya obra en su poder, a los efectos de documentar el conocimiento de cliente y beneficiario final.
En este sentido, el artículo 75 del Decreto, prevé que para clientes usuarios de zonas francas, los explotadores y usuarios podrán acreditar la aplicación de la debida diligencia en relación al conocimiento de cliente (no así el origen licito de los fondos), a través de la información y documentación del cliente (persona física o jurídica) más el Plan de Negocios presentado ante el Área de Zonas Francas, presentada en oportunidad de solicitar la aprobación de contrato de usuario.
Dicho extremo no exonera al sujeto obligado de la realización de la búsqueda de antecedentes del cliente (lista ONU, fuentes públicas y privadas, PEP) conservando la documentación respaldante.
El artículo 76 del Decreto, habilita en clientes que no operen en el régimen de zonas francas, y respecto de los cuales el usuario se relación mediante la venta de bienes o la prestación de servicio, que la debida diligencia aplicable sea documentada por medio de Informe Circunstanciado realizado por el usuario, en el cual se indique específicamente:
Razonabilidad económica de la transacción.
Si se trata de un cliente habitual[2] y ocasional.
Riesgo de LA FT PADM.
En caso de clientes habituales, el sujeto obligado deberá realizar las búsquedas de antecedentes del cliente (lista ONU, fuentes públicas y privadas, PEP) conservando la documentación respaldante.
SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIETARIOS (Capítulo IX)
El Capitulo IX del Decreto reglamenta los procedimientos de debida diligencia que deberán aplicar los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general, cualquier persona física o jurídica cuando en forma habitual realicen:
Integración del Directorio o ejercer funciones de dirección de una sociedad, socio directivo de una asociación o funciones similares.
Facilitar un domicilio social o sede a una sociedad o cualquier persona jurídica.
Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
Accionista nominal por cuenta de otra persona[3].
Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.
Se establece que se entenderá por habitualidad a la reiteración de por lo menos tres veces en el periodo de un año calendario de la realización de algunas de las actividades señaladas.
El Decreto incorpora en el segundo inciso del literal B y C del art.77el remedio al dilema que se sucedía, una vez que el proveedor de servicios societarios perdía contacto con el cliente, pero permanecía relacionado a la sociedad, en virtud de los servicios prestados (director de una sociedad, domicilio constituido en sus oficinas, entre otros), no existiendo una relación comercial vigente, pero en los hechos permanecía una relación formal con el cliente, la cual el proveedor no tiene medios para ponerle fin.
A los efectos de que el sujeto obligado no asuma una responsabilidad que no puede cumplir, se prevé que en el caso de que el sujeto obligado integre el directorio de una sociedad o facilite un domicilio social y pierda el contacto con socios de la sociedad, deberá abstenerse de realizar actos en nombre de la sociedad (salvo los que el incumplimiento apareje responsabilidad personal) y comunicar la desvinculación con el cliente a la SENACLAFT.
Otro aspecto relevante a destacar, es que el Decreto clarifica la distribución de responsabilidad personal o institucional, en el caso que los servicios referidos sean prestados por estudios profesionales, en los cuales el servicio es prestado por una institución y, por ejemplo, el cargo de director es ocupado por una persona física relacionada.
A los efectos de establecer claramente el alcance de las responsabilidades, el inciso final del lit. F del art. 77 establece que la referencia “proveedores de servicios” se debe entender hecha a:
Quien actúa en calidad de independiente, no sujeto a exclusividad.
Socios o propietarios de una firma de servicios profesionales.
Se especifica que no comprende a las personas físicas que brinden los servicios referidos bajo una relación de dependencia laboral, o bien fuera de la misma, pero prestando sus servicios a una firma de servicios profesionales, sin perjuicio de la responsabilidad que sea imputable en caso de no cumplir con las políticas de prevención establecidas por la firma (la que no exime al sujeto obligado de la eventual responsabilidad que le pueda corresponder).
Por último, para el caso de accionistas o directores nominales, se prevé que al momento de que el sujeto obligado se inscriba el Registro de Sujetos Obligados llevado por la SENACLAFT, deberá relevar la identidad de su nominador e informar las sociedades a las cuales se les presta el servicio.
SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (Capitulo X)
Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica, que tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a UI 4.000.000 (a la fecha aproximadamente USD 480.000[4]) o activos por un valor[5] superior a UI 2.500.000 (a la fecha aproximadamente USD 300.000[6]), se rigen por el Capitulo X del Decreto.
Se impone la obligación de que cuenten con un Oficial de Cumplimiento y contar con políticas y procedimientos de prevención de LA FT PADM.
Se establece la coordinación y cooperación entre la SENACLAFT y el Ministerio de Educación y Cultura (en adelante MEC), para la supervisión de las organizaciones sin fines de lucro en materia de prevención, previendo la posibilidad que el MEC podra requerir un informe a la SENACLAFT, previo a la autorización de nuevas entidades que: recibirán aportes de dinero del exterior o prevean enviar fondos al exterior, cuando tengan integrantes extranjeros o cuando las características de la actividad a desarrollar lo ameriten.
En relación a la supervisión de las entidades deportivas, el art. 87 establece la coordinación y cooperación entre la SENACLAFT y la Secretaria Nacional del Deporte, habilitando el acceso permanente y directo por medio informáticos a toda la información que disponga sobre la actividad de las entidades deportivas registradas.
A su vez, se prevé que cuando el MEC y la Secretaria Nacional del Deporte, tomen conocimiento de actos u hechos que puedan estar vinculados a delitos de LA o FT, lo informe a la SENACLAFT y en caso de corresponder a la UIAF del BCU.
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (Capítulo XI)
En relación a la realización de los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF del BCU se reiteran los conceptos establecidos en el art. 12 de la Ley 19.574.
La realización del ROS debe comunicarse en forma inmediata a ser calificada como operación sospechosa, y aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas.
El art. 90 establece la forma que se debe realizar el reporte, el cual se realizará ante el BCU – UIAF y deberá incluir como mínimo:
Identificación de las personas físicas o jurídicas involucradas.
Descripción de las transacciones, indicando su fueron realizadas o no, fechas, montos, tipo de operación y en general, todo dato que se considere relevante.
Detalle de las circunstancias o los indicios que indujeron a la realización del reporte.
Por último, en el art. 91 se reitera la obligación de reserva establecida en el art. 22 de la Ley 19.574, por la cual ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, pueden poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros los reportes realizados.
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS (Capitulo XII)
A partir de la entrada en vigencia del Decreto, los Sujetos Obligados no financieros cuentan con un plazo de 90 días para registrarse ante la SENACLAFT.
La forma, condiciones y excepciones se establecerán en un instructivo que en los próximos días será publicado por la SENACALFT en su sitio web.
Al finalizarse la inscripción, se entregará una constancia que acredite que se cumplió con la obligación de registro.
Se prevé la actualización de los datos proporcionados por el sujeto obligado, debiendo informar las modificaciones dentro de los 30 días de producidas.
El art. 95 prevé que en aquellas situaciones en la que los datos de los sujetos obligados estén disponibles en instituciones públicas o privadas, la SENACLAFT podrá acordar con las mismas un primer envió de información, así como la actualización.
Los arts. 96, 97 y 98, prevén la colaboración de la Caja Notarial, Área de Zonas Francas, Comisión Administradora del registro Nacional de Rematadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la SENACLAFT, en la forma acordada entre los organismos.
En el mismo sentido, el art. 99, prevé que el MEC proporcionara a la SENACLAFT un acceso permanente y directo por medios informáticos a todos los datos contenidos en el Registro de Personas Jurídicas – Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones, de manera que estas entidades no requerirán inscribirse directamente en la SENACLAFT, sin perjuicio de que la SENACLAFT les podrá requerir directamente toda otra información que entienda necesaria.
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE VALORES (Capítulo XIII)
Se reitera lo establecido en el art. 29 de la Ley 19.574, en cuanto la obligación de las personas físicas o jurídicas sujetas al control del BCU que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a USD 10.000 deben declararlo ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
En caso de equipaje acompañado, debe ser declarado en Formulario de Declaración de Equipaje Acompañado que establecerá la DNA. El que arribe en condición de carga, debe ser declarado en las guías o documentación de carga que correspondiere.
Se establece que el incumplimiento de la obligación referida, determinará la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo (previo informe de la UIAF), cuyo máximo podrá ascender al monto de la cuantía no declarada, previendo la detención de los fondos o valores por parte de la DNA.
Los sujetos regulados por el BCU que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de frontera, deben acreditar ante la DNA el cumplimiento de dicha obligación.
COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES (Capítulo XIV)
Por último, el Decreto establece el deber de colaboración del sector público, previendo que todos los organismos públicos deben contribuir a la prevención y combate del LA y el FT, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan en cada caso.
Toda autoridad o funcionario público que, en el cumplimiento de sus funciones, tome conocimiento de actos o hechos que puedan estar vinculados a los delitos de LA y FT, lo informará a la SENACLAFT, la que en caso de corresponder podrá informar a la UIAF.
A partir de la vigencia del presente Decreto Nro. 379/2018, se derogan los Decretos Nro. 355/010, Nro. 43/017 y todas las normas que se opongan al mismo.
[1] En su defecto se podrá solicitar declaración jurada ante la administración tributaria, constancia emitida por la administración tributaria o carta emitida por profesionales que asesoren al cliente.
[2] Se consideran clientes habituales cuando adquieran en forma periódica bienes y servicios de los usuarios de zonas francas.
[3] Con excepción de las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme a derecho, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, con excepción de la función de apoderado para una o mas asambleas de accionistas o su equivalente.
[4] 15 de noviembre de 2018 valor U.I. $4,0088 (BHU), valor dólar compra $ 33.42 (BROU).
[5] Los activos se valuarán de acuerdo a las normas de IRAE.
[6] 15 de noviembre de 2018 valor U.I. $4,0088 (BHU), valor dólar compra $ 33.42 (BROU).
Comentarios al Decreto 379-2018 (reglamentación PLAFT sector no financiero)

References: artículo 7
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 75
 artículo 76
IN FINE
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