Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654197
Timestamp: 2019-07-21 07:50:59+00:00

Document:
NORMAS SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES HORVATH, PÁEZ, STANGE Y ZALDÍVAR (DON ADOLFO) CON EL QUE PROPONEN DIVERSAS MEDIDAS PARA FAVORECER A COLONOS Y POBLADORES DE AISÉN Y DE LAS PROVINCIAS DE CHILOÉ, PALENA Y LLANQUIHUE QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN QUE SE INDICA (S 557-12)
Sesión 46ª, en miércoles 16 de mayo de 2001
(De 12:19 a 13:19)
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre normas para combatir la evasión tributaria (2572-05) (se aprueba en particular)........................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda y Secretario General de Gobierno , la señora Subsecretaria de Hacienda y los señores Tesorero General de la República y Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.
--Se abrió la sesión a las 12:19, en presencia de 24 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 42ª, ordinaria, en su parte pública, en 8 de mayo; 43ª, especial, y 44ª, ordinaria, en su parte pública, ambas en 9 de mayo del año en curso, que no han sido observadas.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a las medidas adoptadas para impedir el ingreso de la fiebre aftosa a nuestro país.
De la señora Superintendenta de Seguridad Social, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las personas afectadas por el virus hanta.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la aprobación del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Reconocimiento Recíproco de Licencias de Conducir, suscrito en Arica, el 3 de septiembre de 1999. (Boletín Nº 2612-10).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sobre la constitucionalidad de los artículos 19, 20 y 25 del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para combatir la evasión tributaria, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2572-05).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.518, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo. (Boletín Nº 2627-13).
De los Senadores señores Horvath, Páez, Stange y Zaldívar (don Adolfo), con el que proponen diversas medidas para favorecer a los colonos y pobladores de Aisén y de las provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue que se encuentren en la situación que se indica. (Boletín Nº S 557-12).
Moción de los Senadores señores Cordero, Lavandero, Núñez, Parra y Silva, con la que inician un proyecto de ley que reemplaza el artículo 1º de la ley Nº 16.624, relativo a las empresas productoras de cobre de la Gran Minería.
--Se declara inadmisible por referirse a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , de acuerdo a lo establecido en el Nº 1º del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política.
Esta sesión fue convocada para continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre normas para combatir la evasión tributaria, con urgencia calificada de "suma" e informado por la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2572-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 25ª, en 23 de marzo de 2001.
Hacienda, sesión 32ª, en 3 de abril de 2001.
Hacienda (segundo), sesión 42ª, en 8 de mayo de 2001.
Constitución, sesión 46ª, en 16 de mayo de 2001.
Sesiones 34ª, en 4 de abril de 2001 (se aprueba en general);.44ª y 45ª, en 9 y 15 de mayo de 2001, respectivamente (queda pendiente su discusión particular).
En esta oportunidad, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por encargo de la Sala, entregará un informe sobre los artículos 19, 20 y 25, cuya discusión ayer quedó pendiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez, Presidente de la Comisión.
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó el artículo 19 del proyecto, norma que faculta al Presidente de la República para que, mediante decretos con fuerza de ley, fije nuevas plantas y dotaciones de personal del Servicio de Tesorerías, adecuándolas al régimen de las instituciones fiscalizadoras.
Los incisos segundo y tercero del mencionado precepto han merecido dudas en la Sala respecto de su constitucionalidad. El primero de ellos expresa: "En el ejercicio de esta facultad," -de dictar decretos con fuerza de ley- "el Presidente de la República podrá determinar los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción en dichas plantas y cargos; establecer los grados y número de cargos de las distintas plantas; fijar la dotación de personal, y establecer las normas a que se sujetará el Tesorero General de la República para encasillar al personal en las nuevas plantas. El encasillamiento se entenderá sin solución de continuidad. Podrá encasillarse, total o parcialmente, al personal a contrata que se encuentre prestando servicios a la fecha del encasillamiento.". Aquí es donde se originan las dudas constitucionales.
El inciso tercero del mencionado artículo 19 agrega: "El personal a contrata a la fecha del encasillamento, que no sea encasillado, será recontratado en los grados correspondientes de la nueva planta.".
Sobre el particular, el artículo 61 de la Carta Fundamental, que permite la delegación de las facultades al Presidente de la República , establece que éstas no se podrán delegar cuando se trate de las materias comprendidas en las garantías constitucionales. Y respecto de tales garantías, debemos revisar las siguientes disposiciones de la Carta Fundamental.
Primero, el Nº 3º del artículo 19, relativo a "La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos". Uno de estos derechos se encuentra previsto en el Nº 17º del mismo artículo, que garantiza "La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes".
En seguida, el artículo 38 de la Carta dispone otro derecho al establecer que una ley orgánica constitucional garantizará la carrera funcionaria y la igualdad de oportunidades de ingreso a ella.
Al dar cumplimiento al mandato constitucional de asegurar la igualdad de oportunidades de ingreso a la carrera funcionaria, el artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone lo siguiente:
"El ingreso en calidad de titular se hará por concurso público y la selección de los postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de sus aptitudes y méritos.".
En seguida, al mismo personal que está en la carrera le garantiza un sistema de carrera funcionaria que proteja la dignidad de la función pública. Aquí es donde la delegación de facultades se contrapone con la Constitución. ¿Por qué? Porque para ingresar a la carrera funcionaria, según lo dispone la Ley Orgánica mencionada, en cumplimiento de disposiciones expresas y reiteradas de la Constitución, se necesita concurso público. Por lo tanto, las personas que se desempeñan a contrata en un empleo, por la propia naturaleza de éste, que es de carácter transitorio y está consultado en la dotación, no tienen derechos especiales y se encuentran en igualdad de condiciones con quienes optan a la Administración Pública. Las personas sometidas a contratación no han entrado por concurso alguno y no están dentro de la planta de la Administración Pública.
En consecuencia, las normas a que se sujetará el Tesorero General de la República para encasillar las plantas son inconstitucionales en cuanto la ley lo faculta para encasillar; es decir, para incorporar a la Administración Pública personas que no han cumplido con el trámite del concurso público que indica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y, por ende, se toca con la garantía constitucional de igualdad de oportunidades.
Considerando ese aspecto, la Comisión de Constitución sugiere al Senado aprobar el artículo, con la sola salvedad de eliminar los incisos segundo y tercero del mismo, de modo que el Tesorero General podrá encasillar a todos los funcionarios que figuran en la planta de ese servicio, y llamar a concurso para llenar los demás cargos que autorizamos en la ley. Y no cabe duda de que en el llamamiento a concurso se presentarán los funcionarios a contrata, pero este concurso será resuelto por el propio Tesorero, y la ley, en virtud de la igualdad de condiciones, no podrá impedir a quienes no están a contrata optar a esos puestos públicos.
Los funcionarios a contrata que no sean encasillados continuarán en la misma calidad que tienen actualmente, sujetos a la transitoriedad del cargo, a la duración de sus contratos y a la decisión del Jefe del Servicio.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega, para formularle una consulta?
Con el mayor gusto, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , quiero hacer la siguiente consulta al Honorable señor Díez , ya que domina tan bien el tema en discusión.
Cuando se llama a concurso para proveer cargos públicos, tienen acceso a él, por supuesto, en igualdad de condiciones, quienes se están desempeñando a contrata. Pero la verdad es que se ha comprobado que en diferentes servicios que han llamado a concurso para llenar, por ejemplo, 300 cargos, para los cuales se han presentado cinco mil personas, con todos los antecedentes del caso -los jefe de servicios han reconocido que se hace simplemente para cumplir con la ley-, se ha nombrado prácticamente en forma automática a quienes están a contrata. Este procedimiento tiene el inconveniente de crear ilusiones en gran cantidad de gente, como también pérdida de tiempo y de horario de los funcionarios. Y temo mucho que ahora vaya a ocurrir exactamente lo mismo; es decir, que los funcionarios que están a contrata -como debe ser, por lo demás- accedan a la titularidad del cargo, pero, para cumplir con la ley, se llama a concurso público, lo que, al final, resulta simplemente una pérdida para el Estado y para los servicios.
¿No hay alguna fórmula que permita evitar esta utopia que se plantea? En la práctica todos sabemos que en las diferentes reparticiones públicas, los que están a contrata quedan en la titularidad del cargo y el llamado a concurso se hace sólo para cumplir con la ley.
Tal es mi consulta, Honorable colega.
Antes de que continúe con el uso de la palabra el Senador señor Díez , solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición del señor Ministro de Hacienda en el sentido de autorizar el ingreso a la Sala de la señora Subsecretaria de esa Cartera, el Director de Impuestos Internos y el Tesorero General de la República .
Señor Presidente , la resolución sobre los concursos depende, evidentemente, del criterio de la persona que resuelve al respecto. Así ha sido siempre y no podemos hacerlo de otra manera, porque alguien tiene que decidir sobre el particular. De lo que debemos asegurarnos es de que el llamado a concurso cumpla con las normas objetivas de la Constitución, y éstas exigen igual oportunidad de acceso a la Administración Pública. Además, la Constitución garantiza a los interesados igual protección en el ejercicio de sus derechos. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública fija por mandato constitucional el concurso como la forma de entrar a dicha Administración. De manera que estas disposiciones no se pueden obviar, ni se puede delegar en el Presidente de la República , porque son materias comprendidas en las garantías contenidas en la Capítulo III de la Carta Fundamental.
En consecuencia, la Comisión propone al Senado mantener el texto del artículo 19, con la supresión de sus incisos segundo y tercero, relacionados con la obligación de incorporar a la planta a los funcionarios a contrata, lo cual no es posible de acuerdo con el sistema legal vigente.
Consulto a la Mesa si prefiere que nos pronunciemos sobre este punto y pasemos, en seguida, al otro artículo.
Creo que las tres consultas inciden en el mismo punto, aunque podríamos tratarlas separadamente.
¿Habría acuerdo en aprobar el texto propuesto por la Comisión de Constitución?
En consecuencia, analizaremos esta materia punto por punto.
Para referirse al artículo 19, tiene la palabra el Honorable señor Larraín
Señor Presidente , ayer hice objeción constitucional por cuanto el inciso segundo del artículo 19 entrega al Presidente de la República facultad para determinar los requisitos generales y específicos que permitan el ingreso y promoción en las plantas y cargos que allí se consignan; para establecer los grados y cargos de las distintas plantas, y para fijar la dotación de personal y establecer las normas a que se sujetará el Tesorero General de la República al encasillar al personal de las nuevas plantas.
El artículo 61 de la Constitución, referente a la autorización que el Parlamento puede otorgar al Ejecutivo para dictar disposiciones con fuerza de ley, prohíbe expresamente delegar facultades que afecten las garantías constitucionales. En esa oportunidad, hice presente que, de acuerdo con el Nº 17 del artículo 19, dentro de esas facultades estaba la garantía tocante a la forma cómo se determina el ingreso a la Administración Pública. Tal número dice que la Carta Fundamental asegura "La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes". Vale decir, la determinación de los requisitos para ingresar a la Administración Pública sólo puede ser establecida por una ley. Esto es lo que estatuye específicamente la garantía constitucional, y al delegar el artículo 19 esos requisitos en un decreto ley, está delegando una autorización que el constituyente sólo entregó a las leyes, regulada a través de una garantía constitucional.
En consecuencia, no es correcta la proposición que hace la Comisión en cuanto a eliminar únicamente la última frase del inciso segundo, que dice: "Podrá encasillarse, total o parcialmente, al personal a contrata que se encuentre prestando servicios a la fecha del encasillamiento". A mi juicio, dicha sugerencia debe abarcar todo el inciso segundo, por establecerse en él requisitos para la admisión a funciones y empleos públicos. Por lo tanto, considero que debe ser objetado en su totalidad, por inconstitucional.
Señor Presidente , no concuerdo con lo que ha dicho el Honorable señor Larraín , porque la verdad es que no se trata, en la referencia al número 17º del artículo 19 de la Carta, de una ley orgánica constitucional o de quórum calificado. Simplemente, ese precepto habla de los requisitos que impongan el Texto Fundamental y las leyes. O sea, la ley que impone los requisitos es de carácter común. Y, en ese caso, no hay razón alguna para que no se pueda delegar la atribución en comento.
Señor Presidente , lo que no se puede delegar es la regulación comprendida en las garantías constitucionales. Ésa es la objeción que estoy planteando. Y lo que señalo es que la garantía del artículo 19, número 17º, es la que dispone cómo se regla la admisión a las funciones y empleos públicos.
Eso es lo que, a través de esta disposición, se delega al Primer Mandatario , para que opere la Tesorería General de la República.
Ya se han planteado las dos posiciones. Por tanto, pido al Senado pronunciarse sobre lo que propone en la materia la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente , quiero hacer expresa reserva por inconstitucionalidad...
Dejaremos la constancia.
...de esta disposición, para los efectos que correspondan ante el Tribunal Constitucional.
Así quedará consignado, señor Senador.
Señor Presidente , a propósito de lo que acabamos de resolver, debo señalar que la Comisión tenía que analizar, quizás, un problema de fondo y otro de forma. Prefirió el de fondo, porque esta materia toca la garantía constitucional sobre igualdad de oportunidades para el ingreso a la Administración Pública, y por ello propuso las supresiones de que da cuenta el informe. De manera que no veo sobre qué se plantea la reserva de constitucionalidad.
Corresponde ocuparse en la sugerencia de la Comisión de Constitución respecto del artículo 20 del proyecto.
Señor Presidente , el artículo 20 de la iniciativa faculta al Presidente de la República para que, mediante decretos con fuerzas de ley, conceda al personal del Servicio de Tesorerías una asignación de estímulo.
En la Sala se manifestaron dudas sobre el inciso segundo de ese precepto, que reza como sigue: "En el ejercicio de esta facultad" -la facultad delegada- "el Presidente de la República fijará las características del beneficio y las condiciones para acceder al mismo, en especial, la definición de sus beneficiarios, la forma de determinar sus montos, las exigencias para su concesión y la periodicidad de su pago.".
Los temas anteriores se inscriben dentro de las materias que corresponden al dominio de la ley, pues son tales las de "fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados", como lo dispone el artículo 62, inciso cuarto, Nº 4º, de la Constitución Política. De manera que, siendo materias de ley común, son susceptibles de delegación al Presidente de la República y, por tanto, el artículo 20 es constitucional.
La Comisión de Constitución deja constancia de que en el ejercicio de la facultad que se le delega, el Primer Mandatario deberá dar aplicación al artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en virtud del cual "los regímenes legales de remuneraciones podrán establecer sistemas o modalidades que estimulen el ejercicio de determinadas funciones por parte de los empleados o premien la idoneidad de su desempeño, sin perjuicio de la aplicación de las escalas generales de sueldos y del principio de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos.".
Con esa prevención, la norma que se comenta no suscita reparos de constitucionalidad.
En discusión la sugerencia de la Comisión.
Señor Presidente, me asalta una duda acerca de la constitucionalidad de esta norma, en el siguiente sentido.
El artículo 61, inciso primero, de la Carta dispone: "El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.".
Ciertamente, aquel lapso ha de contarse desde el día en que se promulga la ley y no desde una fecha futura, porque de esta última manera se burla el espíritu de aquélla.
El artículo 20 de la iniciativa, en su inciso primero, expresa: "Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde el 1 de enero de 2002"... Es decir, no se cuenta el año desde el día de promulgación de la ley en proyecto, sino a partir de la fecha futura que se fija.
La verdad es que ésa es una forma de burlar el sentido de la Constitución, que establece que dentro del año de la ley delegatoria el Presidente de la República podrá dictar disposiciones con fuerza de ley. A mi juicio, se omite la clara intención del legislador al fijarse un plazo distinto. De lo contrario, sería factible establecer, por ejemplo, que en cinco años más el Presidente podrá dictar disposiciones con fuerza de ley sobre la materia.
No me parece que ésa sea la manera de cumplir el sentido de la Constitución, que es dar atribuciones al Presidente de la República para que legisle sobre determinado asunto dentro del plazo de un año.
Tiene la palabra el Senador señor Díez .
Señor Presidente , la verdad es que la Comisión sólo analizó el fondo de la norma.
Ahora bien, concuerdo con el Senador señor Larraín en que la Constitución Política es clara en cuanto al plazo de la delegación de facultades. Y así lo ha señalado la Comisión, en otras oportunidades, por unanimidad.
Por lo tanto, sugiero que el señor Presidente proponga al Senado que el plazo de un año se cuente desde fecha de la publicación de la ley y que así se redacte el artículo.
¿Habría acuerdo de la Sala para que el plazo se empiece a contar desde la fecha de promulgación de la ley, facultando a la Secretaría a los efectos de que dé al artículo 20 la redacción correspondiente?
Agradezco al Honorable señor Larraín por completar el informe.
Corresponde ocuparse en la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaída en el artículo 25 del proyecto.
Señor Presidente , el artículo 25 dispone: "Cualquier norma legal referida a materias aduaneras, no citada anteriormente, en que aparezcan los términos "Fraude", "fraude aduanero", "fraude y contrabando, "fraude aduanero y contrabando", "fraude o contrabando", "fraude aduanero o contrabando", deberán entenderse referidos al "delito de contrabando" definido en el artículo 10 de la presente ley.".
Es útil recordar que el artículo 10 de la ley en proyecto introduce modificaciones en la Ordenanza de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1997, del Ministerio de Hacienda. La letra f) de aquel precepto modifica el artículo 168 de la referida Ordenanza.
Al respecto, el informe señala: "Dicha enmienda, así como otras de carácter penal, fueron informadas por esta Comisión a la Honorable Comisión de Hacienda el 3 de abril pasado, y su redacción, que corresponde a la que propusimos en aquella oportunidad, apunta en lo esencial a mejorar técnicamente esos tipos penales, describiendo con mayor precisión las distintas conductas punibles", etcétera.
Con respecto al artículo 25, la Comisión de Constitución no duda de que es constitucional, pero, para salvar las dudas a que pudiere dar lugar su redacción, propone la siguiente:
"Artículo 25.- Las referencias que las leyes hacen a los delitos de fraude y contrabando descritos en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas se entenderán hechas al delito de contrabando que contemplará ese cuerpo legal en virtud de las modificaciones previstas en el artículo 10, letra f), de esta ley.".
¿Habría acuerdo para aprobar el texto propuesto por la Comisión de Constitución?
Señores Senadores, la Sala ya se pronunció sobre las proposiciones que formuló la Comisión de Constitución acerca de los artículos 19, 20 y 25 del proyecto.
La Senadora señora Matthei me solicitó la palabra para plantear una reapertura de debate y puso a disposición de la Mesa el texto pertinente.
Señor Presidente , ayer la Sala aprobó una indicación nuestra vinculada con la forma como el Servicio de Tesorerías efectúa las notificaciones.
Pensamos que el texto que ahora hicimos llegar a la Mesa refleja en mejor forma un procedimiento ágil y que al mismo tiempo dé garantías al afectado para oponer excepciones en caso de que no se entere de los primeros avisos.
Por supuesto, si el señor Presidente solicita la unanimidad requerida para la reapertura del debate, nosotros la vamos a dar.
¿Habría acuerdo para reabrir el debate y pronunciarnos sobre el asunto que planteó la Honorable señora Matthei?
¿Acerca de este asunto?
No tengo problema al respecto. Pero, a la vez, quiero pedir que se vote un artículo sobre el cual no nos pronunciamos ayer.
Eso lo veremos después. Vamos por parte.
En cuanto a la norma sobre notificaciones del Servicio de Tesorerías, que ya se votó, se solicitó reapertura del debate. Y, al efecto, llegó a la Mesa una indicación para mantener el texto aprobado por la Sala como artículo 1, letra r), con el siguiente agregado, a continuación del segundo punto seguido: "En estos dos últimos casos el plazo para oponer excepciones de que habla el artículo 177, se contará desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo.".
Están de acuerdo con eso, según se me informó, los señores Ministro de Hacienda y Tesorero General de la República .
¿Habría acuerdo unánime para reabrir el debate?
Si les parece a Sus Señorías, quedará a firme lo resuelto por la Sala, con el agregado a que se dio lectura.
Señor Presidente , quiero que se vote la letra l) del artículo 1º, relacionada con la facultad que se da al Servicio de Impuestos Internos para requerir a los bancos diversas informaciones.
El secreto bancario -esto es, la reserva que la ley o la costumbre impone a los bancos- tiene por objeto resguardar la privacidad del cliente. La necesidad de protección de ese secreto constituye un bien jurídico que no puede reclamar de nosotros la absoluta reserva. Y por eso la ley autoriza expresamente para vulnerarlo en situaciones excepcionales, como el tráfico de drogas o estupefacientes o los delitos tributarios.
En todo caso, la necesidad de mantener el secreto bancario debe ser la regla general y sólo ha de autorizarse su vulneración en situaciones de reconocida y acreditada gravedad.
Ése es el sistema que hoy día informa la legislación tributaria en el país.
En efecto, el artículo 62 del Código Tributario prescribe:
"La Justicia Ordinaria podrá ordenar el examen de las cuentas corrientes en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias.
"Asimismo, el Director podrá disponer dicho examen, por resolución fundada, cuando el Servicio se encuentre investigando infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal.".
El Servicio de Impuestos Internos dispone de amplias facultades. ¿Para qué quiere más? Revisar los estados de situación. O cuando un contribuyente obtiene un crédito hipotecario y quiere cerciorarse de por qué se lo dieron y con qué garantía.
Creo que la norma en comento constituye un exceso. Y, como quiero tener mi conciencia tranquila, pido que se vote, al menos para pronunciarme en contra de ella.
Advierto a Su Señoría que la disposición ya se votó.
No se votó, señor Presidente.
Se votó. Me lo está confirmando la Secretaría. Se votó ayer. Incluso, lo tengo marcado.
Es un artículo que la Comisión aprobó por cuatro votos y una abstención.
En consecuencia, señor Senador, sólo procedería la reapertura del debate.
Es lo que estoy pidiendo.
Se me dice que no hay unanimidad para reabrirlo.
No recuerdo haber votado eso.
¡Cómo se me iba a pasar, si estaba tan atento!
Se votó, y hay constancia de ello en Secretaría.
¿Y cómo voté yo, señor Presidente?
El señor Secretario es Ministro de Fe y no puedo dejar de escucharlo.
Yo apoyo al Senador señor Sabag.
Puede ser apoyo moral.
En lo personal, yo aceptaría la reapertura del debate, pero...
En todo caso, señor Presidente, quiero dejar una constancia.
Para tranquilidad de mi conciencia, hago constar que estoy en absoluto desacuerdo con la norma, pues provocará un grave problema a los contribuyentes del país. De modo que deseo que sepan que por lo menos un Senador levantó la voz en defensa de esa libertad que cercenará fuertemente el Servicio de Impuestos Internos.
Nos sumamos a esa opinión.
Se dejará la constancia a que se refirió el Honorable señor Sabag, con las adhesiones del caso.
¡Ustedes no levantaron la voz en su momento! ¡Se subieron a última hora! ¡El Honorable señor Sabag fue el único que lo hizo!
También adhiero.
Que la Secretaría tome nota de los nombres de los señores Senadores que deseen sumarse a la posición del Honorable señor Sabag.
Reabramos el debate, señor Presidente.
¿Por qué no se reabre el debate?
Porque no se ha dado la unanimidad requerida.
¿Quién se opone a la reapertura?
Un Comité, señor Senador.
¿Y se requiere unanimidad para reabrir del debate?
Sí, señor Senador. Porque ya se votó el artículo correspondiente.
¿Y quién se opone?
¿Quién se opuso, señor Presidente?
El Comité Socialista planteó que no está de acuerdo en reabrir la discusión.
No es así, señor Presidente: estamos de acuerdo.
Me habían dicho que no.
Hay voluntad para reabrir el debate, señor Presidente .
Existe acuerdo.
Están divididos. Bueno.
¿Por qué se oponen a una discusión?
Yo sólo puedo reabrir el debate si existe unanimidad en la Sala.
¿Por qué no se vota, señor Presidente?
Ruego a Sus Señorías dirigirse en orden a la Mesa.
Repita la votación, señor Presidente .
Estoy pidiendo la unanimidad de la Sala...
...para reabrir el debate sobre el tema.
No hay unanimidad, pues el Comité Socialista está dividido y el Senador señor Bitar se opone.
¡ Senador Bitar ...!
¡No tienen cuenta corriente...!
¡Está claro qué sector se opone!
Sobre el tema, se deja la constancia solicitada por el Honorable señor Sabag, con las adhesiones que se hagan presentes.
Personalmente, creo que en la materia hay aspectos que pueden ser muy delicados.
Sin embargo, no puedo someterlos a revisión.
En todo caso, señor Presidente , quiero llamar la atención de los señores Ministro de Hacienda y Director del Servicio de Impuestos Internos en el sentido de que en la Sala del Senado hay amplia mayoría para oponerse a la disposición en comento, para que al menos lo tengan claramente en cuenta cuando deba hacerse uso de ella.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez .
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el Senador señor Sabag y lo apoyo plenamente.
Tiene la palabra el señor Ministro , quien debe recoger el planteamiento formulado aquí, que es bastante amplio.
Señor Presidente , no tengo potestad para dar o no la unanimidad, pues no voto. Empero, debo decir que el artículo en cuestión fue objeto de una larga, meditada y balanceada negociación y conversación con todas las bancadas, tras lo cual llegamos a un consenso que satisfizo a todos.
El artículo recibió cuatro votos a favor y una abstención en la Comisión, y ayer fue votado favorablemente por la Sala.
Todo se puede reabrir siempre. Pero insisto en que hicimos un trabajo muy profesional y amplio, justamente para lograr una ecuación entre las necesidades de información del Servicio y la garantía de privacidad de las personas. Y, según expresé, el resultado fue de común acuerdo y dejó satisfechos a todos.
El Senador señor Sabag, por supuesto, puede estar en desacuerdo. Empero, ello no refleja la opinión de todos los que participaron en las conversaciones.
Pero la Sala tiene ahora una opinión muy distinta. Y, de realizarse la votación, el resultado habría sido otro.
Efectivamente, la reapertura del debate requiere unanimidad. Pero en este caso no se trata de la reapertura del debate cuando, en los términos del artículo 185 del Reglamento, ha sido "Aprobado o desechado en su totalidad un proyecto de ley"... Aquí estamos hablando de una disposición.
"o un acuerdo", agrega dicha norma reglamentaria.
Pero no se está planteando la adopción de un acuerdo, señor Presidente , sino revisar una disposición.
Es la norma que se ha aplicado siempre en el Senado.
Los acuerdos se refieren a una materia distinta, señor Presidente .
Ésa ha sido norma la permanente de esta Corporación. Si no, estaríamos en permanentes reaperturas de debates. Por simple mayoría relativa en determinado momento, la Sala podría autorizar para reabrir la discusión respecto de normas ya votadas, lo cual llevaría a la más absoluta inseguridad en cuanto a las decisiones tomadas por otros Senadores.
Reitero: ésa ha sido siempre la norma.
En todo caso, hago notar al Honorable señor Sabag que puede estudiarse la factibilidad de presentar un proyecto sobre la materia expuesta y otras que también generen inquietud. Habría que ver si los Parlamentarios tenemos facultades para ello. Pero me resulta imposible hacer más que eso.
Desde luego, señor Presidente , anuncio que presentaré un proyecto, no sólo sobre esta materia, sino también acerca de varias otras que, en mi concepto, no son adecuadas para los contribuyentes de nuestro país.
Ya estamos terminando el estudio del proyecto destinado a combatir la evasión tributaria. Y siempre que nos hallamos al final del tratamiento de iniciativas sobre la materia, planteamos que es necesario modernizar, flexibilizar, aclarar las leyes tributarias, por su complejidad y porque muchas veces las infracciones se cometen porque la gente no entiende su contenido. Sin embargo, concluida la discusión, no se habla más del asunto.
Podría constituirse una comisión -y a ello desafío a los Honorables colegas- para revisar el Código Tributario y las leyes sobre Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta, con el objeto de aclararlas, de manera que todo el mundo las comprenda. Y ojalá que dicho organismo opere en forma permanente, para que analice proyectos como el que nos ocupa, que revisten tanta trascendencia para el país.
Señor Presidente , sería bueno tener conciencia de que una votación debe efectuarse sobre la base de la debida confrontación de posiciones, adecuadamente maduradas, y en la que cada señor Senador haya expresado la suya.
Debe tenerse en cuenta que en materias tributarias está de por medio un concepto de justicia o de obligación de los ciudadanos, pero también de garantía.
A mi juicio, hoy día estamos sentando un precedente negativo. Las disposiciones tienen que nacer del apoyo a una definición. Pero ello no se está dando. Y, en este caso, podría haberse hecho algo mucho mejor. Si ayer sobre la referida norma se realizó una discusión que no fue debidamente seguida ya sea por razones de tiempo o de confusión, creo que habría sido lógico reabrirla y haber tratado de llegar -con el mismo espíritu señalado por el señor Ministro , que, creo, refleja su pensamiento de manera fidedigna- a una definición.
Lamentablemente, eso no ocurrió, y pienso que resultará dañino para la futura ley de evasión tributaria.
Debo hacer presente al señor Senador que ayer la discusión se efectuó con tranquilidad, ordenadamente, con todos los elementos necesarios para resolver, y que la referida disposición se votó en forma separada. En este momento tengo la constancia de Secretaría y de las anotaciones en el texto comparado que se hacen en la Mesa.
Sin embargo, a pesar de que me hubiese gustado apoyar la proposición del Senador señor Sabag , no puedo dejar testimonio en la Versión Taquigráfica de que la norma se aprobó sin haberse puesto en debate.
¿Cuál fue el resultado de la votación respecto de esta disposición, señor Presidente?
Unánime. No hubo observaciones.
No puede ser, señor Presidente . Por lo menos, el voto del Honorable señor Sabag habría sido en contra, a no ser que se haya encontrado fuera de la Sala cuando se votó.
Entonces, el señor Senador no hizo las observaciones del caso en su momento. Pero ello ya no es responsabilidad del Senado.
Por lo tanto, quiero dejar aclarado, para evitar problemas respecto de la seriedad con que actúa el Senado, que la norma respectiva se puso en discusión, aunque algunos no estuvieran de acuerdo con su contenido. El proyecto fue conocido por cada uno de los señores Senadores y se dispuso de tiempo suficiente para formular o renovar indicaciones. Sobre la disposición en comento no se renovó ninguna indicación, tampoco se hizo una petición específica, ni siquiera hubo debate muy extenso, y se aprobó en votación separada -eso está claro-, no por aplicación de algún precepto reglamentario. En Secretaría existe constancia de ello.
Señor Presidente , su explicación respecto del procedimiento utilizado es razonable y ningún señor Senador está cuestionando su gestión o la de la Secretaría. Por lo tanto, el asunto debería estar despejado.
Quiero aclarar que la disposición citada se aprobó, en votación económica, por 27 votos a favor, 2 en contra, una abstención y un pareo.
Continúa con la palabra el Honorable señor Moreno.
Respecto de lo que acaba de señalar Su Señoría, debo hacer presente que nadie ha dudado de su idoneidad o capacidad para conducir el debate, así como tampoco de la seriedad con que actúa Secretaría. Eso no está en discusión ahora.
Por lo tanto, dentro de la dinámica y el espíritu con que se trabajó ayer y se hace hoy, siempre primó la idea de despachar con rapidez el proyecto de manera de permitir recaudar los recursos demandados por el Gobierno para impulsar los programas que son necesarios.
Sin embargo, este punto -que no es central dentro de la iniciativa- tiene que ver con un elemento de tremenda sensibilidad en la opinión pública y en lo que nosotros representamos, cual es, la privacidad con que legítimamente las personas actúan.
Aquí, en el Senado, no es banal que ocurra ese tipo de situaciones, producto probablemente de una omisión que todos cometimos. Y entiendo que el propósito del Gobierno no es forzar algo artificial al respecto. Pero, dado que la materia se hizo presente, lo razonable, en función de la transparencia con que actuamos, es debatirla y resolverla. Si ayer por omisión no se hizo, ahora pedimos que se dé oportunidad para rectificar. Si ello no es posible, debe quedar constancia de que existe un número muy importante de Senadores en la Sala -entre los cuales me incluyo- que, bien informados, deseaban debatir el asunto y solucionarlo.
Insisto en que no se trata de un problema de la Mesa, sino de Reglamento.
No puedo dar lugar a la reapertura de la discusión sin la unanimidad de los señores Senadores, la cual he requerido en dos oportunidades y se ha negado. Por lo tanto, sólo puedo responder lo que ya señalé.
Señor Presidente , no fui partidario de dar la unanimidad para reabrir el debate, porque éste no es un problema de fondo. Si se tratara simplemente de hacer un gesto de buena voluntad para reponer una discusión de fondo, para intercambiar argumentos y deliberar inteligentemente, no habría ningún inconveniente. Pero la dificultad es otra.
Nosotros, en aras de lograr un acuerdo y de crear condiciones que permitieran el despacho de este proyecto en buenas condiciones, estuvimos disponibles para que el Ministerio de Hacienda fuera restringiendo de manera muy significativa el ámbito y las facultades inicialmente propuestas para que la iniciativa funcionara correctamente. No olvidemos que al comenzar se planteó -todavía estimo que el país lo requiere- otorgar a Impuestos Internos facultades que son propias de organismos similares en todos los países del mundo. Aquí no se trata de un problema de secreto bancario, sino de atribuciones que debe tener el Servicio de Impuestos Internos para realizar bien su trabajo. Entonces, en aras de lograr acuerdo, se dijo: "Limitemos esas facultades y concentrémoslas exclusivamente en las que se otorgan a dicho Servicio en cuanto a obtener información sobre deudas y garantías de determinados deudores que van a ser objeto de una investigación tributaria". Tal información es absolutamente elemental.
Ese fue el mínimo al cual se llegó para que este proyecto tuviera sustento. Eso fue lo que se resolvió en la discusión.
Por lo tanto, el problema no es reglamentario ni de mala voluntad. Se trata, simplemente, de defender algo que nos parece esencial para que el proyecto pueda rendir los recursos que el Gobierno procura.
Señor Presidente, tal como manifestó recién el Senador señor Ominami , esta materia se discutió largamente. Al comienzo, el proyecto contenía una norma mucho más dura en este aspecto, pues -como consta a varios señores Senadores- planteaba la posibilidad de eliminar prácticamente el secreto bancario, no sólo para las empresas sino también para las personas. La norma propuesta se ha restringido sólo a cerrar una rendija por la cual las empresas -no las personas- pueden evitar el pago de impuestos por la vía de esconder como créditos inversiones que se realizan.
En consecuencia, lo que aquí se sugiere está muy acotado: abarca sólo al conocimiento de información relativa al endeudamiento y al acceso a las tarjetas de créditos únicamente para gastos de las empresas, no de las personas. Y, en su momento, dimos el acuerdo correspondiente.
Señor Presidente , la argumentación dada tanto por el Honorable señor Ominami como por el Senador señor Foxley es muy fuerte y representa un planteamiento respecto del punto. Seguramente, lo respaldaría. La cuestión suscitada casualmente es que acá no se dio la discusión. Y ello, por las razones que hayan concurrido. Da lo mismo. No se formula un cargo ni a la Secretaría ni a la forma como se condujo la sesión. La tramitación del proyecto es compleja y no tuvo lugar el intercambio de opiniones pertinente.
Si lo anterior se hubiera logrado, todos nos encontraríamos tranquilos, habría surgido la definición y estaríamos realmente entregando, en un aspecto de tanta importancia, un texto que mañana, como muy bien ha dicho el señor Ministro , se aplicaría con justicia y, sobre todo, frente a situaciones debidamente balanceadas. Pero ése es el debate que no se realizó. Y, de hecho, se efectúa ahora.
En consecuencia, pongo nuevamente en evidencia ese aspecto, porque creo que no es algo bueno entre nosotros para resolver asuntos como el que nos ocupa.
Señor Presidente , seré muy breve. Sólo deseo consignar que adhiero absolutamente, en lo sustantivo, a lo expresado por los Senadores señores Ominami y Foxley . Porque la verdad es que me da la impresión de que, con la flexibilización introducida por la iniciativa del Ministerio de Hacienda, la exigencia se ha reducido a lo que me parece el mínimo esencial de información requerido para que Impuestos Internos pueda actuar con razonable eficacia en la fiscalización.
Y, como el problema de la tarjeta de crédito, que parece que obviamente es uno de los más sensibles, queda limitado al caso de las empresas y no al uso personal, juzgo que el artículo no exhibe nada amenazante en su actual estructura. Y, más allá de la dificultad de procedimiento que se pudo haber originado ayer, francamente estimo que la norma merece todo el respaldo.
Señor Presidente , encontrándose presente la Senadora señora Matthei, quien concurrió al acuerdo, creo que las explicaciones que proyectaba dar puede proporcionarlas ella.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei, en la interrupción dada por el Senador señor Díez.
Señor Presidente , la norma fue modificada conforme a un acuerdo al que se llegó en la Comisión de Hacienda.
Se discute -es lo que entiendo, porque he debido asistir a la exposición del informe del Banco Central, de modo que no he podido permanecer constantemente en la Sala- si se ha votado o no, ya que no se contó con unanimidad de la Comisión. Me da la impresión de que efectivamente se debiera votar.
Sin embargo, quisiera decir...
Resulta claro que se votó, señora Senadora . Incluso se dio el resultado.
Entonces, señor Presidente , no doy la unanimidad para reabrir el debate, porque se trata de un tema que se estudió y respecto del cual se llegó a un acuerdo en la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente , las cosas se hallan absolutamente determinadas después de la intervención de la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, pero queda claro que después de ser escuchada una gran cantidad de intervenciones pasó algo ayer en el análisis en la Sala: no se dio cuenta de lo debido o ello no se entendió. No sé. Porque de otra manera no puedo entender que si se votara en este minuto la gran mayoría de los pronunciamientos serían contrarios, de lo que no me cabe duda alguna. Y deseo puntualizarlo.
Se trata de un aspecto sumamente delicado. Y, por tal razón, si bien ya no puedo emitir mi voto, por lo menos dejo constancia de que reconozco mi falta de dedicación en ese instante y de que dejé pasar algo con lo que no estoy de acuerdo.
Señor Presidente , lamentablemente, ayer no se realizó la discusión suscitada hoy, pero ello no es responsabilidad de la Mesa, ni de la Secretaría, sino nuestra, pues quienes se interesaban en el asunto debieron advertir oportunamente lo que ocurría. La forma como se ha despachado el proyecto ha sido absolutamente reglamentaria y no hay ninguna observación que formular.
Ahora bien, el Senador señor Sabag hizo la propuesta concreta de formar una comisión de estudio. De acuerdo con la Carta, la iniciativa exclusiva respecto de tributos es del Presidente de la República , de modo que no nos corresponde constituir una entidad de esa índole para ejercer una atribución ajena. Lo que perfectamente bien puede hacer cualquier señor Senador es plantear una reglamentación del secreto bancario, lo que sí es de incumbencia de los Parlamentarios y da la oportunidad para discutir extensa y profundamente el tema.
En cuanto a aprobar la disposición, se debería considerar si puede ser objeto de una moción el texto de lo que se establece como una facultad del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar.
Quisiera hacer presente al señor Ministro -para ver si acaso es posible aminorar un poco el asunto- que si se eliminaran dos palabras se acotarían más los términos. Porque creo que resulta demasiado amplio expresar que bancos e instituciones financieras "deberán proporcionar todos los datos y antecedentes". Entonces, quizás habría unanimidad para suprimir las palabras "y antecedentes", porque éstos pueden decir relación a cualquier cosa.
Basta hacer referencia a "los datos".
El señor Director de Impuestos Internos se encuentra presente. Se trata nada más que de precisar la norma. Porque el vocablo "antecedentes" -repito- se refiere a cualquier cosa. Los "datos" son todos los de la operación de crédito de dinero, pero los "antecedentes" pueden dar lugar a que se pida el estado de situación de no sé cuál de los parientes colaterales de quien la realiza...
Si se coincidiera en ello, se podría eliminar incluso lo que ha constituido una discusión un poco dura sobre la norma.
Tiene la palabra el señor Director de Impuestos Internos, quien puede informar al respecto.
El señor ETCHEBERRY ( Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos ).-
Concuerdo con el señor Presidente . El que expresó es el sentido contemplado por el Gobierno al introducir la disposición. Queremos saber cuáles son las deudas y las garantías, pero ello no se extiende a todos los antecedentes que los contribuyentes entregan al banco.
Si es así, se pueden suprimir por unanimidad las palabras "y antecedentes". Porque lo que realmente queda es lo expuesto por el señor Director de Impuestos Internos: el Servicio desea conocer los datos concretos de una operación.
Señor Presidente , cabe tener en cuenta un complemento, porque el artículo 2º transitorio dispone que lo determinado en la letra l) rige a partir del 1º de enero de 2002. Sin embargo, a continuación agrega que, "No obstante, sólo se podrá solicitar información de los créditos otorgados y garantías constituidas con anterioridad a esta fecha si se encuentran vigentes.", con lo cual se da un efecto retroactivo.
Sugiero aprobar esa norma transitoria, pero sin la segunda frase, la cual me parece que permitiría provocar dicho efecto, que no se quiere.
Pero antes quisiera despejar...
Habiendo sido reabierto el debate, entonces, se eliminarán en la letra l), si le parece a la Sala, las palabras "y antecedentes".
¡Peguemos ahora otra repasadita...!
A mi juicio, no se debe negar la posibilidad de una revisión si es para mejorar un precepto y en tanto se puede efectuar, porque si se ha cometido un error es bueno rectificarlo.
Señor Presidente , solamente deseo insistir en que el espíritu del artículo 2º transitorio es que la letra l) no tenga efecto retroactivo. Sin embargo, la excepción que abre en seguida permite lo contrario. Y, por ello, pido que el texto llegue sólo hasta el año "2002." y se elimine la frase siguiente.
Señor Presidente , es inexacta la precisión del Senador señor Larraín . El espíritu de la norma y del acuerdo fue establecer un período de transición hasta el 1 de enero del 2002, durante el cual los contribuyentes tendrán la posibilidad de cancelar o estructurar su menú de deudas conforme a las nuevas condiciones. Pero eso no implica que las deudas vigentes a esa fecha y que hayan sido contraídas con anterioridad a la misma no puedan ser conocidas por el Servicio de Impuestos Internos.
Como no hay unanimidad para abrir debate sobre el asunto, lo dejaríamos hasta aquí sobre la base de la aclaración hecha por el señor Ministro .
Seguramente, en la Comisión se debatió ampliamente el tema y los señores Senadores llegaron a un acuerdo, lo que es muy respetable. Sin embargo, no cabe duda de que la Sala es la que manda. Y tal discusión no se ha efectuado aquí, aunque de alguna manera la estamos sosteniendo en este momento.
¿Cuáles son nuestras aprensiones? El problema radica en que mientras en Chile no exista un tribunal tributario independiente, nos merecen muchas dudas todos esos aspectos. Sabemos que el Director del Servicio de Impuestos Internos tiene su propio tribunal, que es subalterno de él y que falla en primera instancia de acuerdo con las normas contenidas en el Título III del Código Tributario y conforme a las instrucciones impartidas por dicha autoridad.
En la primera instancia, muchas veces hay delitos que deben ser conocidos por la justicia ordinaria. Sin embargo, al Director le asiste la facultad de someterlos a ese procedimiento porque el peso de la prueba recae en el contribuyente. En cambio, si se trata de una causa penal vinculada a la justicia ordinaria, la responsabilidad de la prueba corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Ésta es una argucia que se utiliza en desmedro de la legítima defensa de los contribuyentes.
Por eso nos preocupan mucho estas disposiciones, pues en nuestro país todavía no existe una justicia independiente en el aspecto tributario.
El Senador señor Ominami hizo ciertas comparaciones con legislaciones de países desarrollados. No me cabe duda de la efectividad de éstas, porque tienen una justicia eficiente e independiente. Además, la contraprestación de servicios del Estado hacia los ciudadanos es inmensamente más grande; las enfermedades catastróficas son absorbidas por aquél, como también la educación y la seguridad. Aún estamos lejos de experimentar el avance logrado por esas naciones en materia tributaria.
Por eso, es necesario mantener un equilibrio sobre el particular. Y los llamados a hacerlo somos los Parlamentarios. En este sentido, debemos evitar que se produzca un desequilibrio al entregar amplio poder a la parte impositiva. Aun cuando interesa que nos represente a todos, debemos preocuparnos también de quienes pagan tributos y permiten mantener ese equilibrio en el país.
Con respecto al reclamo formulado por el Senador señor Sabag , es de esperar que en el próximo tiempo podamos discutir aquí el proyecto sobre tribunales tributarios, que, a mi juicio, es una aspiración de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con él precisamente se evitarán las suspicacias o desconfianzas que puedan generarse respecto de la Administración.
Considero que las críticas a la justicia tributaria son perfectamente justificadas. Ahora bien, reforzando lo que acaba de manifestar el señor Presidente -precisamente para eso solicité la palabra-, deseo expresar que ya se encuentra funcionando la comisión especial establecida por el Gobierno para ocuparse en la creación de tribunales tributarios, a cuyo respecto el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso.
A mi juicio, eso está bien encaminado. Y espero que dentro de determinado plazo se pueda cumplir, porque evidentemente es una necesidad, y también un compromiso del Gobierno.
Señores Senadores, ha quedado terminado el estudio de la iniciativa.
A continuación, el señor Secretario dará lectura a una comunicación que ha llegado a la Mesa.
Se trata de un informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre supresión de las cotizaciones previsionales dispuestas por el artículo 2º de la ley Nº 18.754, efectuadas por los pensionados de las entidades previsionales que indica. (Boletín Nº 2684-13)
¿Me permite, señor Presidente ? Solicito que la iniciativa de la que se acaba de dar cuenta sea tratada en tabla de Fácil Despacho, a fin de agilizar su tramitación.
Eso se acordó en la sesión ayer, señor Senador .
--Se levantó a las 13:19.
1º Que en la Región de Aysén aún hay una parte relevante de pobladores,muchos pioneros, que no reciben su título de tierras debido a su condición de aislamiento.
2º Que algunas de estas personas han tenido que optar por arrendar o comprometerse a comprar, no teniendo los medios para ello.
3" Que la Región de Aysén tiene pocos habitantes, apenas 95.000, y que estos arriendos o ventas no tienen mayor relevancia para el ingreso fiscal.
4º Que está por ingresar un proyecto de ley al Congreso por parte de los Ministerios de Bienes Nacionales y Hacienda que permite entregar títulos gratuitos y resolver inscripciones de tierras pendientes, y
5º Dada la situación crítica, económica y social y en especial que viven los habitantes del sector rural es que venimos a proponer el siguiente:
Mientras no se cuente con la nueva ley que entregue títulos gratuitos y en condiciones justas a los colonos y pobladores de Aysén, de las Provincias de Chiloé, Palena y Llanquihue que tengan estas situaciones pendientes, no se les cobre arriendo, se congele a los que actualmente los están pagando, y no se realice ningún apremio de desalojo.
(Fdo.): Antonio Horvath Kiss.- Sergio Páez Verdugo.- Rodolfo Stange Oelckers.- Adolfo Zaldlvar Larraín

References: artículo 1
 artículo 62
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 61
 artículo 19
 artículo 38
 artículo 46
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19
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 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
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 artículo 52
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 artículo 25
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 168
 artículo 25
 artículo 168
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 177
 artículo 1
 artículo 62
 resolución 
 artículo 185
 artículo 2
 artículo 2
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