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Timestamp: 2018-07-22 06:43:36+00:00

Document:
Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco - Gestión De Proyectos
Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco
Memoria-Resumen de la actividad realizada
Por encargo de:
Secretaria General para la Paz
Dirección de Victimas y Derechos Humanos
1. Configuración del grupo de investigación.
2.1. La preocupación por la práctica de la tortura.
2.2. Una investigación necesaria.
3. Definiciones y marco conceptual. 4. Actividades desarrolladas.
4.1. Búsqueda de información de fuentes primarias.
4.2. Búsqueda de información de fuentes secundarias.
4.3. Congreso sobre la investigación llevada a cabo.
5.1. Datos estadísticos.
5.2. Resoluciones de tribunales nacionales y de organismos y tribunales internacionales.
5.3. Elementos de prueba pericial.
6. Análisis estructurado de 202 casos de alegaciones de
tortura mediante el Protocolo de Estambul.
6.1. Introducción y fundamento.
6.2. Material y métodos.
6.3. Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios
clínicos del informe pericial psicológico.
6.4. Resultados del análisis del Protocolo de Estambul.
6.5. Valoraciones finales del Protocolo de Estambul.
7. Conclusiones provisionales.
Programa Congreso (Cursos de Verano UPV/EHU).
El presente documento es una síntesis resumida de
la investigación llevada a cabo cuya finalización se ha
previsto para finales del ejercicio 2016.
1. Configuración del grupo de
• Francisco Etxeberria (Doctor en Medicina. Médico Especialista en Medicina Legal y Forense.
Profesor Titular de Medicina Forense de la Universidad del País Vasco)
• Carlos Martín Beristain (Doctor en Medicina. Médico Especialista en Psicología de la Salud)
• Laura Pego (Licenciada en Derecho. Máster en Criminología. Investigadora
del Instituto Vasco de Criminología)
• Elisabeth Lira (Psicóloga, miembro de la Comisión Valech, Chile)
• Helena Solà (Jurista, Organización Mundial Contra la Tortura, Suiza)
• Nuno Viera (Médico Forense, Presidente del Consejo Europeo de Medicina Legal)
• Eva García (Técnico Administrativo)
Documentación e informatización:
• Rakel Perez (Graduada en Criminología)
• Leire Padilla (Graduada en Criminología)
• Maider Urretabizkaia (Graduada en Criminología)
• Maite Alvarez (Graduada en Criminología)
• Cristina Martín (Sociedad de Ciencias Aranzadi)
• Anais González(Sociedad de Ciencias Aranzadi)
A) Recogida y tratamiento de información general y específica de personas
afectadas para la elaboración del censo
Fuentes primarias, testimonios de víctimas y denuncias:
• Dirección: Francisco Etxeberria (Universidad del País Vasco)
• Eztizen Miranda (Licenciada en Ciencias de la Información)
• Iñaki Rebolledo (Ingeniero)
• Igone Etxeberria (Licenciada en Medicina)
• Javier Buces (Licenciado en Historia)
Fuentes secundarias, recogida, revisión y análisis:
• Dirección: Laura Pego (Licenciada en Derecho, Instituto Vasco de Criminología)
• Asesoramiento: Ignacio Muñagorri (Catedrático de Derecho Penal, Instituto Vasco de
Criminología)
• Asesoramiento: Ana Pérez Machio (Dra. en Derecho Penal, Instituto Vasco de Criminología)
B) Protocolo pericial para la investigación de la fiabilidad de las denuncias
de malos tratos y torturas
• Dirección: Benito Morentin (Doctor en Medicina. Médico Especialista en Medicina Legal y
Forense. Universidad del País Vasco)
Coordinadores de los equipos:
• Benito Morentin (Doctor en Medicina. Médico Especialista en Medicina Legal y Forense.
Universidad del País Vasco)
• Olatz Barrenetxea (Licenciada en Psicología)
• Miguel Angel Navarro Benito (Licenciado en Psicología)
Equipo técnico de psicólogos:
• Iñaki Markez Alonso (Psicólogo)
• Itziar Caballero (Psicólogo)
• Julene Zuazua Alvarez (Psicólogo)
• Sofia Abaitua Zarza (Psicólogo)
• Ainara Zuazo Corral (Psicólogo)
• Haizea De la Llosa de Dios (Psicólogo)
• Myriam Ruiz Gonzalez (Psicólogo)
• Urko Zalbidea Carbajal (Psicólogo)
• Teresa Gómez Higuero (Psicólogo)
• Anik Zubizarreta (Psicólogo)
• Iñigo Ibaizabal (Psicólogo)
• Irune Korres (Psicólogo)
• Jon Ibañez de Opakua (Psicólogo)
• Ixone Legorburu (Psicólogo)
• Maribi Armendariz (Psicólogo)
• Maritxu Jimenez (Psicólogo)
• Nagore López de Luzuriaga (Psicólogo)
• Ainara Iraizoz Lizarra (Psicólogo)
• Ana Gil (Psicólogo)
• Jeannete Ruiz (Psicólogo)
• María Beloki Tere (Psicólogo)
• Marian Mendiola (Psicólogo)
• Yolanda Resano Arredondo (Psicólogo)
• Eider Zuaitz (Psicólogo)
• Maddi López López (Psicólogo)
• Iraitz Ortega Sunsundegui (Psicólogo)
• Mayi Sarasketa Bengoa (Psicólogo)
• Haizea de la Llosa (Psicólogo)
• Iñaki Marzkez (Psicólogo)
• Leire Zelaia Viguera (Psicólogo)
Supervisión Psiquiatra Externo:
• Pau Pérez Sales (Doctor en Psiquiatría)
Elaboración de informe final del Protocolo de Estambul:
C) Estudio cualitativo sobre casos emblemáticos para conocer la experiencia humana de las víctimas, las consecuencias sufridas, las respuestas
sociales e institucionales recibidas y el impacto en la vida de las víctimas
D) Informe final de la investigación
Profesor Titular de la Universidad del País Vasco)
• Laura Pego (Licenciada en Derecho. Máster en Criminología. Investigadora del Instituto Vasco
de Criminología)
En las últimas cinco décadas, la tortura y malos tratos han formado parte del escenario de la situación en el
País Vasco y del debate político. En el periodo de estudio 1960/2013 se han dado numerosas denuncias en
diferentes tipos de casos, especialmente bajo el régimen de incomunicación en legislación antiterrorista,
así como en la última década de personas inmigrantes en dependencias policiales.
Las denuncias sobre casos de tortura y malos tratos se producen a lo largo de todo el periodo estudiado, si
bien con frecuencia desigual, es decir, desde la dictadura franquista, pasando por los distintos periodos de la
transición política, hasta los años más recientes. Sin embargo, la amplitud del fenómeno ha sido diferente,
y la disputa política no ha permitido verlo como un problema de derechos humanos, centrándose más
en el cuestionamiento del Estado o la negación de los hechos, es decir, en una lucha por la legitimidad,
mientras numerosas denuncias se han ido acumulando y las víctimas no han tenido un reconocimiento.
2.1. La preocupación por la práctica de la tortura
Durante la época de la dictadura, la frecuencia de la tortura era sistemática y generalizada en detenciones
de la oposición política o sindical, incluso con varios casos de muertes bajo custodia. No existía ni
tipificación del delito de tortura ni un contexto legal que permitiese su investigación o prevención. Para
algunas de las víctimas entrevistadas en los inicios de este estudio, esas torturas eran parte de lo que
cualquier opositor a la dictadura sabía que iba a suceder en caso de ser detenido.
Dicha situación se prolongó los primeros años de la transición política, hasta el primer desarrollo normativo
de la misma, con la Ley 31/1978, justo antes de la Constitución, aunque las prácticas policiales cambiaron de
forma mucho más lenta que las leyes. Hasta los años 90, las denuncias de numerosas personas detenidas
bajo régimen de incomunicación siguieron siendo frecuentes bajo detenciones con la ley antiterrorista, un
periodo en el que se dieron varias muertes bajo custodia. La tortura estaba ya reconocida en el código
penal, aunque seguía siendo considerada como un delito de lesiones más que como una grave violación
de derechos humanos. Y en términos de investigación judicial, a pesar de la posibilidad de actuación de
médicos forenses y ciertas garantías judiciales a partir de la mitad de los años 80, a duras penas se fueron
abriendo camino las numerosas denuncias de torturas y solo algunas terminaron, incluso años después,
en sentencias judiciales firmes. Sin embargo, muchos casos no fueron suficientemente investigados, o
simplemente quedaron en diligencias preliminares.
Las disposiciones (judiciales) de la ley antiterrorista de 1978, que permitían mantener incomunicados sin
asistencia letrada ni control judicial efectivo hasta diez días a los detenidos hasta 1987 y que posteriormente
se establecería en cinco días, fue en su momento calificada por la Asociación Pro-Derechos Humanos de
España, como “un espacio que con frecuencia se convierte en el espacio de la tortura” (Mohedano, 1986).
Durante varias visitas realizadas en las últimas décadas, los informes1 del Comité de Prevención de la
Tortura (CPT) del Consejo de Europa han señalado la existencia de casos de tortura, la necesidad de
promover cambios en la legislación antiterrorista, así como que se vigilen y revisen los métodos de
la policía en la detención, interrogatorio y traslado de presos y presas. Igualmente los informes de
Amnistía Internacional han recogido las denuncias o el tratamiento de los casos de tortura desde finales
de los años 70 hasta la actualidad, a veces con informes específicos y por otra parte de forma anual,
así como propuestas para mejorar el trato a los detenidos y evitar el riesgo de que algunas denuncias
sean falsas como viene argumentando sistemáticamente el Gobierno. También se han ido conociendo y
denunciando otros casos, especialmente entre la población inmigrante.
Informes de organismos internacionales de control de los derechos humanos; estudios empíricos elaborados
por instituciones y grupos de investigación; y sentencias de los altos Tribunales españoles, del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
han incluido en sus resoluciones distintos problemas que constituyen fuentes de preocupación en esta
materia, que sustentan la necesidad de efectuar esta investigación, y entre los que están:
1 Los informes del CPT tienen un carácter reservado, no pudiendo publicarse sin el consentimiento del gobierno afectado.
• Garantías y salvaguardas de los derechos de las personas detenidas en régimen de
• El grado de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones de los órganos de
monitoreo internacional y local para prevenir la tortura.
• Investigación interna o colaboración en la investigación.
• La investigación sobre las denuncias de torturas por parte de los tribunales.
• La intervención médico forense.
• Las políticas de reconocimiento del fenómeno o la respuesta frente a sentencias e indultos.
En los distintos periodos, las víctimas de tortura no han tenido un reconocimiento social ni jurídico
efectivo, ni se ha llevado a cabo una política de reconocimiento o reparación adecuada. Por otra parte,
las medidas de prevención planteadas por numerosos organismos de derechos humanos como Amnistía
Internacional e instituciones internacionales como el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de
Europa, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o los informes de distintos relatores sobre la tortura
en el Estado español entre otros, han sido en general tildadas de alarmistas o incluso negativas, tratadas
como exageraciones con intereses políticos espurios o simplemente ignoradas. Mientras sucesivos casos
han ido llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se han dado sentencias condenatorias
contra España por la no investigación de esos casos.
2.2. Una investigación necesaria
El encargo a este grupo de trabajo para la investigación sobre el fenómeno de la tortura en las últimas
décadas forma parte de varias iniciativas incluidas en el Plan de Paz y Convivencia 2013-16.
Tal y como se menciona en el Plan “la tortura es una de las vulneraciones de derechos humanos más
deleznables que puedan existir. Es un fenómeno factible porque el trato con los detenidos se produce en
espacios y tiempos que puedan quedar exentos de control. La opacidad crea condiciones de impunidad,
y la impunidad crea condiciones propicias a este tipo de prácticas. La mera sospecha razonable de la
existencia de la tortura debe llevar a cualquier persona o institución comprometida con los valores de la
democracia y los derechos humanos a despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias
para prevenir este fenómeno. Detectar la posibilidad de la tortura y actuar ante ella no debilita ni al sistema
democrático ni a los cuerpos policiales; todo lo contrario, refuerza su legitimidad y el compromiso con
este”. Posteriormente añade que “La administración tiene la obligación ética, política y legal de garantizar
a sus ciudadanos la seguridad de que el trato a los detenidos es respetuoso con los derechos humanos
y que, en todo caso, se adoptan cuantas medidas sean necesarias para prevenir este fenómeno y para
detectarlo y corregirlo caso de que se produzca”.
Esta investigación, basada en criterios científicos, rigurosa e independiente, sobre la incidencia real del
fenómeno de la tortura, está orientada a facilitar un conocimiento de la incidencia real de este fenómeno,
así como orientar las medidas de reconocimiento y prevención que resulten pertinentes.
En el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013) elaborado
por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica, Juan Mª Uriarte en junio de 2013 por encargo
de la Secretaría General de Paz y Convivencia, y que tenía como objetivo ofrecer una clasificación
y cuantificación de las vulneraciones de derechos humanos constatadas desde 1960 en el contexto de
la violencia con intencionalidad política padecida en nuestro país, se incluye la tortura como una de las
realidades que debe ser investigada y se adelantan algunas cifras posibles sobre el número de denuncias
existentes: Ausencia de datos suficientes y contrastados. Las posiciones son dispares, yendo desde su
negación hasta quienes contabilizan 10.000 casos. Existe la constatación de 5.500 denuncias públicas
(sumando las judiciales y extrajudiciales en los dos periodos). Según organismos internacionales de
derechos humanos, su práctica, habitual hasta los años ochenta, es todavía «más que esporádica».
Todo ello manifiesta la necesidad de mayor investigación.
A la vista de ello, el grupo de trabajo recomendó que se realizase un estudio que con base a las evidencias
científicas y el análisis de los casos, pudiese proporcionar una imagen real del problema.
Tomando como base estas propuestas, la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco
encomendó el presente trabajo de investigación “Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi
entre 1960-2010” al Instituto Vasco de Criminología. Este proyecto se va a estructurar mediante cinco
• Informe de análisis documental sobre la posible existencia de elementos que justifiquen la
impunidad de la tortura y de indicios razonables de la persistencia de la tortura.
• Aproximación global a la dimensión del problema mediante la elaboración de un censo.
• Valoración de la credibilidad de las denuncias, mediante un doble abordaje:
• Abordaje estadístico transversal para evaluar la fiabilidad global de las denuncias.
• Abordaje pericial mediante el Protocolo de Estambul para analizar la credibilidad
individual de las denuncias.
• Estudio cualitativo sobre casos emblemáticos para conocer la experiencia humana de las
víctimas, las consecuencias sufridas, las respuestas sociales e institucionales recibidas y el
impacto en la vida de las víctimas.
Redacción del informe final. Conclusiones y recomendaciones basadas en la experiencia comparada internacional en materia de investigación, reconocimiento, reparación y prevención de la tortura y malos tratos.
El objetivo del presente Informe es proporcionar la información básica recogida en los primeros meses de
trabajo del equipo.
3. Definiciones y marco conceptual
El marco conceptual del estudio se basa tanto en el derecho internacional de los derechos humanos específico sobre el caso de la tortura y el trato a las personas detenidas, así como en el derecho interno español.
La primera definición consensuada de tortura recogida en un tratado internacional se presenta en la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10
de diciembre de 19842.
“1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo
acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya
sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido,
o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por
un funcionario público, a instancia suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se
considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o sean inherentes o incidentales a ésta
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o
legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.”.
La prohibición de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, en cuanto a comportamientos
de menor gravedad que la tortura pero también sancionables, se recogen en el artículo
“1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción
otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no
lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos
por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales,
o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.
Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13,
sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.”.
En el ordenamiento jurídico español la penalización de la tortura y los malos tratos viene recogida en los
artículos 174 y 175 del Código Penal, por lo tanto, pese a no coincidir de forma estricta con los requisitos
2 Tiene su antecedente en la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, proclamada por la ONU en 1975. En ella se describe la tortura como una forma “agravada” de los tratos
inhumanos y degradantes.
establecido por la Convención de 1984, no podemos decir que nos enfrentamos a un problema de falta
de regulación.3
El contenido del artículo 174 es el siguiente:
Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin
de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier
hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón
basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que
por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o
mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento
o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable
de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera
grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se
impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.
2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones
penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere,
respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.
Otras conductas, no consideradas tortura por la menor intensidad del sufrimiento que provocan a la víctima,
pero que también someten a las personas a padecimientos físicos o psíquicos ilícitos, infligidos de modo vejatorio y con la intención de vejar y doblegar su voluntad, son sancionadas conforme al contenido del artículo
175 Código Penal:
“La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos
comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona
será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de
prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además
de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos
a cuatro años.”.
Entre 2014 y 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones:
4.1. Búsqueda de información en fuentes primarias
• Recepción de material en bruto proveniente de diversas fuentes; Se realiza un primer análisis
documental con el objeto de seleccionar, clasificar y digitalizar la documentación útil para el
proyecto. De la bibliografía y hemeroteca que se recibe, se procede a realizar extractos digitales
individualizados que se incluyen en los expedientes personales. Conversión a formato PDF de
documentos soportados en otros programas informáticos para su inserción en la Base de datos
llegando a alcanzar un total de más de 16.500 documentos.
• Se inicia un proceso muy minucioso de obtención de datos para lograr la localización de
personas que alegan ser víctimas de malos tratos o torturas. Ello nos permite establecer contacto
con los y las interesadas y obtener la ratificación de los hechos, permisos necesarios para
acceder a su información y detalles que configuren su relato. Estas localizaciones se realizan,
bien a través de terceras personas, bien a través de información obtenida en internet, prensa,
etc. Los contactos se realizan vía telefónica, correo postal o e-mail.
3 La definición recogida en el artículo 174 del Código Penal omite la posibilidad de que esta práctica pueda ser ejercida por otra persona
(no funcionario) en el ejercicio de la función pública. También que la finalidad de la tortura pueda ser intimidar o coaccionar a esa persona
o a otras.
Como resultado de la labor realizada en 2015, se han enviado de manera escalonada 1652 cartas
a personas identificadas por fuentes secundarias.
La documentación obrante en esas cartas tiene como objetivos:
·Informarles sobre el proyecto que desde el IVAC/KREI se está llevando a cabo.
·Hacerles conocedoras de la información que sobre su persona y caso obra en el archivo del
·Recabar su ratificación escrita sobre esos hechos así como su consentimiento informado
para insertar su caso en la base de datos reflejando, entre otras cuestiones su voluntad de
anonimización o no en la misma.
·Conocer su disposición a colaborar de manera más activa con el proyecto accediendo a
participar en el Protocolo de Estambul, en caso de ser seleccionados, o bien ofreciendo su
testimonio en una entrevista grabada.
• Se ha continuado con la recopilación y tratamiento de la información obtenida, alcanzado un
número de 4.009 carpetas//personas. Se estima que el total de casos constatados puede
incrementarse a lo largo del ejercicio 2016.
• Se ha continuado con el volcado de la información en la Base de Datos, programa File Maker,
destinada a la elaboración de un censo de denuncias judiciales o sociales, habiendo registrado
hasta la fecha un total de 3577 casos.
• Hasta el momento se han recuperado 915 testimonios en audio y/o en video que constituyen
un material fundamental en esta investigación ya que en ellos se expresan con total libertad las
víctimas. Estas entrevistas y testimonios representan un acercamiento a los protagonistas reales
y constatamos que son trascendentales para validar el proyecto en su consideración ante las
víctimas. Tras la edición de este material gráfico, se procede a realizar una copia duplicada del
mismo en DVD a fin de remitir uno de los ejemplares a cada persona entrevistada, junto a la
documentación existente en su expediente. Este envío se realiza a través de la Secretaría de Paz
y Convivencia del Gobierno Vasco.
• Se ha ejecutado la primera fase del Protocolo de Estambul, con un total de 200 casos sobre un
• Se ha dado inicio al estudio específico de un grupo de casos representativos, con la selección de
30 casos, considerando épocas, características de la tortura sufrida, género, marco legal, grado de
investigación judicial o sentencia, tipo de detenciones.
4.2. Búsqueda de información de fuentes secundarias
Con este objetivo, se han realizado reuniones con diferentes organismos, entidades y profesionales,
así como la visita a archivos, despachos profesionales, domicilios particulares y otros lugares donde se
encuentra la información. Se destacan las gestiones realizadas con la familia de Eva Forest, la visita al
Archivo Pablo Iglesias (Madrid) o la reunión con la Presidenta del Parlamento Vasco (Gasteiz). De igual
modo se ha recuperado información de numerosos archivos públicos y privados como son:
Las entidades que han colaborado en esta tarea son:
• Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT).
• Amnistía Internacional.
• Torturaren Aurkako Taldea – TAT.
• Euskal Memoria.
• Argituz.
• Behatokia.
• Goldatu.
• Salhaketa.
• OPE.
• SOS Racismo.
• Pastoral Penitenciaria.
• Haritza Kultur Elkartea.
• Euskal Memoria Oñati.
Los archivos consultados han sido:
• Instituto Vasco de Criminología.
• Euskadiko Artxibo Historikoa - Archivo de Euskadi.
• Lazkaoko Beneditarren Fundazioa.
• Archivo Koldo Mitxelena.
• Sociedad de Ciencias Aranzadi.
• Archivo Fundación Pablo Iglesias.
• Archivo Parlamento Vasco.
• Archivo Fundación Sabino Arana.
• Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.
• Archivo EITB.
Por otra parte se ha enviado una carta a todos los Ayuntamientos, Diputaciones y Juntas Generales de la
Comunidad Autónoma Vasca solicitando información sobre resoluciones institucionales que cada organismo
haya podido acordar referentes a la tortura, a lo largo del tiempo estudiado. En total han sido 257 cartas de
las que han contestado 27 entidades.
También se han realizado gestiones en instituciones judiciales, de forma directa o indirecta. Destacamos la
solicitud de información y visita realizada a la Audiencia Nacional (Madrid).
4.3. Congreso sobre la investigación llevada a cabo
Los avances logrados en la investigación han permitido planificar un congreso en el marco de los XXXV
CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU previsto para los días 27, 28 y 29 de junio con el que se pretende
reunir a todos los miembros del equipo de investigación así como los asesores que han colaborado durante
todo este tiempo y con ello debatir distintos aspectos que serán tenidos en consideración de cara a la
memoria final del proyecto (ver programa en el Anexo).
La información generada ha sido tratada en una Base de Datos con arreglo a tres criterios fundamentales:
a) Elementos de prueba testifical.
b) Elementos de prueba documental.
c) Elementos de prueba pericial.
5.1. Estatistika-datuak
Emaitzak behin-behinekoak direla eta datu-basea ez dagoela osatuta errepikatuz, hurrengo gaiaren
inguruan ohartarazi behar dugu:
• Son 4.009 las personas identificadas que denuncian haber sufrido torturas o malos tratos, para cada
una de ellas existe una carpeta con su documentación. Algunas de estas personas denuncian haber
sufrido más de un caso de tortura y/o malos tratos. En la base de datos se registra cada caso, por
lo que una persona puede tener más de un registro. Estimamos que el número total de casos puede
ascender a 4.810.
• Los datos registrados en la base de datos, a fecha de emisión del presente informe, ascienden a 3.577.
• De estos 3.577 casos, los 2.000 primeros han sido analizados con mayor detalle.
Lo anteriormente expuesto se recoge de forma gráfica en la siguiente tabla:
PERSONAS IDENTIFICADAS QUE DENUNCIAN TORTURA
O MALOS TRATOS (con carpeta abierta)
CASOS INSERTADOS EN LA BASE DE DATOS
CON DATOS BÁSICOS
CASOS ANALIZADOS EN PROFUNDIDAD
Con base en los resultados obtenidos del análisis de los datos generales (sobre 3.577 casos) y de los
datos específicos (2.000 casos), podemos establecer algunas consideraciones con respecto a los aspectos
jurídicos y periciales:
Tabla resumen de la información general
Nº personas / Pertsona kopurua:
Nº de documentos que integran los casos
Kasoetan maneiatzen dugun dokumentu kopurua
Documentales / Dokumentalak
Periciales (Protocolo Estambul)
Testimonios audio
Testimonios escritos (en BD) Testigantza idatziak D.
Correspondencia generada
En fase de
119 E. Forest
277 TAT
Nº de cartas enviadas para ratificación
Berrespena sinatzeko bidalitako gutunak
Nº de respuestas recibidas / Jasotako erantzunak
Favorables a grabación testimonio
Bideo grabaziorako prest agertutakoak
Nº Ayuntamientos que han contestado
Udalen erantzun kopurua
Nº de casos ya analizados e insertados en la base de datos / Datu
basean sartutakoak
Nº de personas a las que corresponden esos casos Kasuok zenbat
pertsonari dagozkion
18% del total
son repetido
Nº Sentencias condenatorias Supremo
Supremoak ratifikatutako kondenak
Nº de personas afectadas / Dagokien pertsona kop.
Año hechos
Nº de Personas condenadas / Kondenatu kopurua
5.1.1. Perfil de la persona denunciante (sobre 3577)
Casos por territorios o provincias de detención
5.1.2. Casos por año (sobre 3577)
Las denuncias de torturas y malos tratos registradas en la base de datos se distribuyen por décadas de la
Tomando como línea divisoria la Constitución Española de 1978, el total de los casos registrados
corresponden en mayor medida al periodo constitucional:
5.1.3. Casos por cuerpo policial y otros (sobre 3.577)
Sobre la presunta autoría de los hechos denunciados, las alegaciones de torturas y malos tratos según
cuerpo policial, arrojan datos similares para policía nacional y guardia civil:
Cuerpo Policial y otros
5.1.4. Métodos de tortura denunciados, por cuerpo policial (primeros 2.000 casos)
Los testimonios de las víctimas analizados con mayor detalle proporcionan datos relevantes sobre diferentes
métodos de tortura y cuerpo policial. Destaca la utilización de la bolsa según alegan las y los detenidos
por la guardia civil. El plantón y la extenuación física, se presenta como una técnica alegada por los y las
detenidas de los tres cuerpos policiales analizados en contraposición los electrodos y la bañera, que dicen
haber sufrido un número importante de personas detenidas por la guardia civil y la policía nacional, no
registrándose ningún caso atribuido a la ertzaintza.
Métodos de tortura por cuerpo policial
Ex. Física y
Por cuerpos policiales, las técnicas de torturas más alegadas son las siguientes:
5.1.5. Cuerpo policial denunciado y territorio o provincia de residencia del o de la
Cuerpo policial por territorio o provincia
Cuerpo Policial por territor io o provincia
5.1.6. Cuerpo policial denunciado por décadas
Cuerpo policial por década
Evolución de los casos por cuerpo policial y año
5.2. Resoluciones de tribunales nacionales y de organismos y tribunales
Las sentencias condenatorias firmes de tribunales internos constatadas en esta investigación, en referencia
a los casos registrados en la misma, ascienden a un total de 21. Del análisis de estos textos se pueden
• CUERPO POLICIAL: 9 sentencias corresponden a la Policía Nacional y 12 a la Guardia Civil.
• VICTIMAS: 32 personas (4 mujeres y 28 hombres).
• CONDENADOS: 50 personas (1 mujer y 49 hombres).
• PRIMERA CONDENA: 19 de junio de 1985 sobre unos hechos ocurridos en 1979.
• ÚLTIMA CONDENA: 19 de noviembre de 2003 sobre unos hechos ocurridos en 1980.
Nº VICTIMAS
Nº CONDENAS
(No se han incluido los y las condenados por prevaricación)
Por otra parte, en las últimas décadas, diferentes organismos internacionales han condenado a España por
incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y su prevención.
El primer dictamen condenatorio fue emitido por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en
1998, en el caso BLANCO ABAD, una mujer vasca detenida por la Guardia Civil, en el marco de la lucha
antiterrorista en el año 1992. El Comité, en su conclusión final, estimará que los hechos alegados por la
denunciante revelan una violación de los artículos 12 y 13 de la Convención contra Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por incumplir el Estado su obligación de investigar pronta y
eficazmente las denuncias de torturas y malos tratos realizadas por la Sra. Blanco.
Este mismo Comité condenó nuevamente a España en 2005, caso URRA, por unos hechos ocurridos en
1992, juzgados y condenados por los tribunales internos. En esta ocasión, el Estado fue recriminado como
consecuencia de los indultos concedidos a los tres agentes de la Guardia Civil sancionados por este caso.
Esa forma de proceder será considerada como una violación de los artículos 2, 4 y 14 de la Convención,
instando al Estado a velar porque se impongan penas adecuadas a los autores de las torturas y se repare
de forma completa a la víctima.
En el ámbito del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos en
el Dictamen de 2009, caso ACHABAL PUERTAS contra España, afirma que los hechos denunciados por la
recurrente constituyen una violación del artículo 7 del Pacto, leído solo y conjuntamente con el artículo 2,
párrafo 3 del mismo texto. La base del razonamiento de la condena a España muestra una clara defensa
de los derechos de los detenidos y la exigencia por parte del Comité de la supresión del régimen de
SENT TEDH
Y OTROS 14
(la 1ª)
ARGIMINO
ISASA, MIKEL
UKAR, ARITZ
EGIGUREN,
ATAUN ROJO,
OIHAN UNAI
(detenido en
GARTZIANDIA,
BEORTEGI
Atendiendo a este conjunto de resoluciones, se constata que desde 1998, diferentes organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han venido condenando a España por la falta de investigación
de las denuncias de torturas. Esta forma de proceder ha impedido obtener los elementos de prueba necesarios que permitan condenar a los responsables de estos hechos.
6. Análisis estructurado de 202 casos
de alegaciones de tortura mediante el
En lo que respecta a los aspectos periciales, como hemos dicho, el Protocolo de Estambul se ha aplicado
a 202 casos de la muestra.
6.1. Introducción y fundamento
El Protocolo de Estambul (PE) establece, desde su ratificación por la Asamblea de Naciones Unidas en
2000, los estándares para la adecuada investigación y documentación de los malos tratos y la tortura.
El Grupo de Trabajo del Protocolo de Estambul está constituido por un conjunto de unos 40 profesionales
de la salud, la mayoría pertenecientes al campo de la salud mental, y de expertos en derechos humanos.
Estos profesionales pertenecen a varias asociaciones profesionales y de derechos humanos que tienen su
ámbito de influencia tanto en el País Vasco y como en el conjunto del Estado y cuentan con una dilatada
experiencia y un reconocido prestigio en el campo de la investigación de los derechos humanos.
En el año 2014 las asociaciones vinculadas al proyecto actual– en colaboración con el Departamento de
Psicología Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea –publicaron el trabajo
“Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul”. Esta publicación
contó con una amplia difusión nacional e internacional y fue merecedora del reconocimiento de algunas de
las principales autoridades y organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como el Relator
Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, el
Relator Especial de NN.UU. sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la lucha contra el terrorismo y el IRCT (Consejo Internacional de Rehabilitación de
Víctimas de Tortura).
En la Propuesta “Paz y convivencia 2013-16. Un objetivo de encuentro social” de la Secretaría General
de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco se constató la necesidad de hacer un diagnóstico sobre cada
vulneración de derechos humanos, incluyendo la tortura, con el fin de adoptar las medidas de reconocimiento
y prevención pertinentes. Esta investigación debería incluir de manera prioritaria un estudio sobre la
fiabilidad de las denuncias con base en criterios de tipo psicológico-forense según el denominado Protocolo
de Estambul.
En este contexto, la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco encomendó al Instituto
Vasco de Criminología (IVAC/KREI) el proyecto global de investigación de la tortura en el País Vasco en
el periodo 1960-2013. Como parte del mismo, el IVAC/KREI encargó a las asociaciones profesionales
firmantes de este trabajo la elaboración del estudio sobre el Protocolo de Estambul.
En este Informe Preliminar presentamos un avance del Informe Definitivo (pendiente de elaborar) para
dar cuenta de manera resumida de la metodología seguida y de los principales resultados del mismo, con
especial referencia a los hallazgos sobre la credibilidad en base a criterios periciales psicológicos y de
Estructura del Informe Definitivo
El Informe Definitivo se dividirá en cinco capítulos. El primer capítulo de carácter introductorio servirá para
exponer el fundamento del trabajo y la experiencia del grupo investigador, así como para explicar qué es y
para qué sirve el Protocolo de Estambul. Los objetivos del trabajo también se desarrollan en este capítulo.
El segundo capítulo recogerá de manera detallada la metodología empleada en la elaboración del Proyecto:
se presentará el equipo de trabajo y su organización, el procedimiento de trabajo seguido, los criterios para
la selección de la muestra y los métodos empleados para el análisis estadístico.
El capítulo tercero se dedicará a la presentación de los resultados. Tras una breve descripción de las
características sociodemográficas y criminológicas de la muestra en la primera sección, se presentarán los
hallazgos en otras cinco secciones. En la segunda, el análisis se centrará en los métodos de tortura desde
una doble perspectiva: su codificación en relación al Protocolo de Estambul y su evaluación con respecto
a la escala de entornos de tortura. En la tercera sección se ofrecerán los datos sobre las consecuencia
psicológicas de la tortura: los diagnósticos psiquiátricos de los peritados y los resultados de las escalas
psicométricas. También se describirá las necesidades de asistencia psicológica observadas en estos
sujetos. En la siguiente sección se examinará el impacto de la tortura en la salud física. El análisis de
credibilidad de las peritaciones, elemento clave del presente trabajo, se presentará en la quinta sección. En
la última sección se explorarán algunas cuestiones relacionadas con la percepción social de las víctimas
En estas secciones se examinará también los resultados en función del género del detenido y la posible
influencia del cuerpo policial que practicó la detención, ya que estudios previos sugieren la existencia de
patrones de tortura diferenciales. Por otro lado, también se explorará hasta qué punto las diferentes épocas
sociopolíticas resultan esenciales para conocer la realidad de la tortura.
En el quinto y último capítulo se enumerarán las conclusiones del trabajo y las implicaciones del mismo en
el desarrollo de políticas de reconocimiento.
6.2. Material y métodos
El procedimiento de trabajo de cada pericial psicológica incluyó los siguientes pasos:
• Documento para rellenar los datos sociodemográficos básicos del peritado.
• Protocolo creado para realizar la peritación.
• Entrevista y exploración psicológica, grabada en audio o video.
• Pruebas psicométricas: VIVO; Beck y PCL-C.
• Sesión grupal: grupos de cierre.
• Entrevista para cotejo del informe pericial.
• Informe pericial psicológico.
• Valoración de la necesidad de asistencia psicológica.
El esquema del informe pericial psicológico es el siguiente:
1.1. Datos del perito.
1.2. Datos de la víctima.
1.3. Material y métodos utilizados.
1.4. Antecedentes médicos y psicológicos de interés.
1.5. Informes previos médicos y psicológicos – resumen.
2. Alegaciones de tortura y malos tratos.
2.1. Métodos de tortura detectados según clasificación Protocolo de Estambul.
2.2. Métodos de tortura acorde a la escala de entornos de tortura.
3. Exploración.
3.1. Impactos (síntomas) en la salud psicológica.
3.2. Historia psicosocial.
3.3. Resultado test psicológicos.
3.4. Impactos (síntomas) en la salud física [previa revisión de la evaluación por un médico).
4. Interpretación de los hallazgos y conclusiones.
4.1. Signos psicológicos y físicos de los hallazgos.
4.2. Diagnóstico clínico.
4.3. Conclusiones y recomendaciones.
5. Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos.
Todas las periciales de los psicólogos fueron supervisadas por profesionales expertos en el manejo del
Informe de evaluación médica
Por parte del equipo médico se evaluó la sintomatología clínica recogida en la entrevista del psicólogo y
ocasionalmente se tuvo acceso a pruebas documentales adicionales, como pueden ser los informes médico
forenses elaborados durante la incomunicación u otros informes médicos que se consideraran relevantes.
Se usó un documento normalizado para la evaluación del caso, que incluía los siguientes ítems:
1. Antecedentes médicos y psicológicos de interés.
3. Datos físicos descritos en los documentos.
3.1. Síntomas físicos.
3.1.1.En el momento de la tortura y en el periodo inmediato.
3.1.2.Secuelas a medio y largo plazo.
3.2. Signos externos de violencia.
3.2.1.En el momento de la tortura y en el periodo inmediato.
3.2.2.Secuelas a medio y largo plazo.
4. Datos de las exploraciones complementarias que se hubieran efectuado.
5. Interpretación de los datos físicos descritos en los documentos.
6. Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos.
Análisis de consistencia: Evolución del juicio de credibilidad
El análisis de la evaluación de la consistencia entre los malos tratos o torturas alegadas por la persona y los
impactos en la salud psicológica y física de la personas fue efectuado de manera multidisciplinar entre los
psicólogos peritos, los psicólogos/psiquiatras supervisores y los médicos evaluadores.
clínicos del informe pericial psicológico
Para el análisis de credibilidad se confeccionó una matriz con 11 variables que son indicadores internos y
externos en los que se basan los peritos para su análisis final de credibilidad:
1. Relato de presunta tortura (circunstancias, tipo, metodología,
duración etc.)
Reacciones psicológicas esperables o típicas a un estrés extremo,
dentro del contexto social y cultural del peritado.
Codificado como
1.Consistente
2.Inconsistente
2. No hay elementos destacables
3.Inconsistente
Congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con
que estos son expresados.
Congruencia entre la comunicación verbal y no verbal en el relato
Secuelas a medio / largo término congruentes con los hechos
6. Diagnóstico clínico principal en el momento de la peritación
relacionado con los hechos peritados basado en entrevista clínica
Escribir código CIE-10
Resultados escalas clínicas (TEPT / Depresión)
3.Inconsistente.
Resultados escalas impacto visión mundo (VIVO)
Cambios funcionales (trabajo, estudios, relaciones…) antes y
después de los hechos descritos, atribuibles a estos.
10. Cambios persistentes de personalidad asociados temporalmente
a los hechos descritos
11. Informes médicos o forenses que acrediten secuelas o lesiones
congruentes con los hechos descritos
Del análisis de estos datos se llegó a un juicio de consistencia basado en criterios clínicos psicológicos,
que podía ser:
1. Máxima consistencia.
2. Muy consistente.
3. Consistente.
4. Inconsistente.
Indicadores para el análisis de consistencia basados en criterios clínicos de la
evaluación médica (Protocolo de Estambul)
Tras el análisis de la información clínica / médica contenida en las entrevistas del PE se efectuó un análisis
de acuerdo al siguiente cuadro:
Síntomas físicos en el momento de la tortura y/o
secuelas físicas a medio y largo plazo congruentes
con los hechos alegados.
No hay elementos médicos destacables
La información clínica referencial es inconsistente.
La información clínica referencial es consistente
aunque poco relevante.
La información clínica referencial es consistente y
moderadamente relevante.
altamente relevante.
evaluación médica (documentos aportados)
Tras el análisis de la información clínica / médica contenida en los documentos médicos aportados se
efectuó un análisis de acuerdo al siguiente cuadro:
secuelas físicas a medio y largo plazo congruentes con
La información clínica documental es inconsistente.
La información clínica documental es consistente
La información clínica documental es consistente y
Juicio final de consistencia basado en criterios clínicos del informe pericial psicológico y de la evaluación médica del protocolo de estambul y de los documentos
De la integración de todos estos datos se llegó a un juicio de consistencia basado en criterios clínicos
psicológicos y médicos, que podía ser:
Población y ámbito temporal de estudio. Sujetos de estudio
La población de estudio utilizada fue confeccionada por el IVAC/KREI con base a su sistema de recepción
de casos de personas que habían alegado malos tratos y tortura y que habían dado su consentimiento
informado para su inclusión en el censo del IVAC/KREI. En este censo también está recogido el teléfono o
la dirección de contacto de esa persona.
El censo está compuesta por aquellos ciudadanos que habían relatado al IVAC/KREI haber sido sometidos
a torturas durante su detención (casi siempre detención en régimen de incomunicación) en el contexto de
la violencia de motivación política desde el año 1960 hasta el año 2014.
El sujeto para ser incluido en el censo del IVAC/KREI debía cumplir también uno de los siguientes criterios:
Lugar de nacimiento o residencia: Todos los ciudadanos nacidos o residentes en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) que habían denunciado torturas, con independencia del lugar dónde
Por lugar de ocurrencia: todos los sujetos que denunciaron torturas en la CAPV con independencia de
su lugar de nacimiento o residencia.
Selección de la muestra: criterios de extracción aleatoria
Las personas del censo fueron ordenadas en un fichero y por razones de anonimización a cada uno se le
asignó un número correlativo que identifica de manera unívoca a cada persona. Ese número, asignado a
cada persona, fue el que se usó en el sorteo efectuado. De un listado de 1.300 personas que en mayo de
2015 cumplían los criterios para ser elegidos en el muestreo, se seleccionaron mediante muestreo aleatorio
simple 400 personas, 200 titulares y 200 suplentes.
Para hacer la muestra reproductible se utilizó como valor de semilla la fecha del sorteo (14042015). El muestreo
se realizó con la función simple de la versión 3.1.3 de R (http://www.r-cran.org)
6.4. Resultados del análisis del Protocolo de Estambul
SOCIODEMOGRÁFICAS (n=202)
Detención(años)
Edad en el momento de la Peritación
Menor 21
Tiempo transcurrido entre la Detención
y la Peritación
Menos de 10 año
Entre 21 y30 años
Hace 41 o más
Estudios Medios - FP
Trabajador Manual No cualificado
Trabajador Manual Cualificado
Administrativo-Comercio-Hostelería
CARACTERÍSTICAS SOCIO-POLÍTICAS (n=202)
Cuerpo de Seguridad responsable de la detención
e interrogatorio
Nº de días Incomunicado/a
Periodo de detención
Más de un cuerpo policial
Prisión Preventiva a la espera de juicio
Técnicas de tortura: acorde a la clasificación del Protocolo de Estambul
TÉCNICAS DE TORTURA DESCRITAS EN LOS PROTOCOLOS DE ESTAMBUL 1
Golpes como puñetazos, patadas tortazos, etc.
Posturas forzadas, ejercicios físicosextenuantes.
Quemaduras con cigarrillos, líquidos o sustancias cáusticas
Asfixia seca (capucha) o húmeda (agua)
Lesiones por aplastamiento,
Violación(penetración parcial o completa)
Condiciones detención, celdas anormalmente pequeñas o superpobladas, condiciones
antihigiénicas, falta de instalaciones sanitarias, administración irregular de alimentos y agua o
alimentos y agua contaminados, exposición a temperaturas etc.
Privación de la normal estimulación sensorial, como sonidos, luz, sentido del tiempo, aislamiento,
manipulación de la luz de la celda, restricciones en el sueño, alimentos, agua, instalaciones
sanitarias, baño, actividades motrices,
Falta de acceso a atención médica adecuada
Humillaciones de tipo verbal o forzando a la realización de actos humillantes;
Amenazas de muerte, de daños a la familia, nuevas torturas, prisión,
Ejecuciones simuladas
Técnicas psicológicas para desestructurar al individuo, incluidas traiciones forzadas,
desvalimiento consciente, exposición a situaciones ambiguas o mensajes contradictorios
Inducción forzada a traicionar a otra persona exponiéndola a riesgos;
Inducción forzada a presenciar o escuchar torturas u otras atrocidades que se están cometiendo
con otros o grabaciones de gritos, música, etc.)
Otras técnicas psicológicas desarrolladas durante los interrogatorios
Consecuencias psicológicas y psiquiátricas
Diagnósticos psiquiátricos en el momento de la evaluación
Del total de las 202 personas peritadas un total de 45 tienen más de un diagnóstico del CIE 10. El porcentaje
corresponde al total de diagnósticos asignados (n=248)
DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS DE LAS 202 PERSONAS PERITADAS Diagnóstico CIE-10
Trastorno Depresivo leve
Trastorno depresivo moderado
F32.4
Trastorno depresivo mayor en remisión
Otros trastornos persistentes del estado de ánimo
Insomnio no debido a sustancia ni afección fisiológica conocida
Trasformación Persistente de la personalidad tras hecho catastrófico
Desaparición y muerte de miembro de familia
Z65.3
Problemas relacionados con otras circunstancias legales
Z65.4
Víctima de tortura. No cumple criterios de ningún trastorno CIE-10.
Exploración psicométrica
Sintomatología de estrés postraumático
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRUMATICO
Estrés Pos-traumático (TEPT)
Ausencia de TEPT
Probable TEPT
Sintomatología de Depresión.
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO BECK
Depresión (BECK)
Ausencia de depresión
INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DE CONSISTENCIA BASADOS EN CRITERIOS
Los datos de los peritadores y peritadoras para cada una de las 202 personas evaluadas se recogen en
cada informe individual de esa persona. El siguiente cuadro resume el conjunto de datos de un modo
2. Reacciones psicológicas esperables o típicas a un estrés
extremo, dentro del contexto social y cultural del peritado.
Congruencia entre la descripción de hechos y las emociones
con que estos son expresados.
4. Congruencia entre la comunicación verbal y no verbal en el
relato de hechos.
relacionado con los hechos peritados basado en entrevista Ver tabla de diagnósticos clínicos
Hechos y reacciones contrastados con otros informadores
Cambios persistentes de personalidad asociados temporalmente
10. Pruebas o exámenes médicos
El juicio de credibilidad final de la peritación psicológica fue:
Máxima consistencia
1. Se refiere a casos en los que el relato era consistente con un trato inhumano o degradante o con uso excesivo de la fuerza en el
momento de la detención, pero que a juicio de los peritos no correspondían con tortura.
CLÍNICOS DE LA EVALUACIÓN MÉDICA (PROTOCOLO DE ESTAMBUL)
Alto grado de relevancia
Moderado grado de relevancia
Escaso grado de relevancia
No hay elementos destacables
CLÍNICOS DE LA EVALUACIÓN MÉDICA (DOCUMENTOS APORTADOS)
No se han aportado informes
JUICIO FINAL DE CONSISTENCIA BASADO EN CRITERIOS CLÍNICOS DEL
INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO Y DE LA EVALUACIÓN MÉDICAPROTOCOLO
DE ESTAMBULDOCUMENTOS APORTADOS
6.5. Valoraciones finales del Protocolo de Estambul
Se presentan las conclusiones del Informe Preliminar “ANALISIS ESTRUCTURADO DE 202 CASOS DE
ALEGACIONES DE TORTURA MEDIANTE EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL” que forma parte del proyecto
de investigación del IVAC/KREI sobre la “TORTURA EN EUSKADI ENTRE 1960-2013”.
Esta parte del Proyecto ha sido elaborado por las asociaciones Ekimen, Jaiki-Hadi y OME; y cuenta con la
colaboración de profesionales de las asociaciones ARGITUZ y GAC.
1. En el presente trabajo se ha realizado un análisis de credibilidad y verosimilitud de las alegaciones de
malos tratos o torturas en base a los estándares periciales internacionales en la materia (Protocolo
de Estambul), con una metodología compartimentada, multidisciplinar y con sistemas de monitoreo y
supervisión científica. Este análisis de credibilidad se efectúa en base a criterios periciales psicológicos
y de evaluación médica. Se evalúa la consistencia entre los malos tratos o torturas alegadas por la
persona y los impactos en su salud psicológica y física.
2. El estudio se ha efectuado por un conjunto de más de 40 profesionales de la salud, principalmente de la
salud mental, y expertos en derechos humanos pertenecientes a diversas asociaciones profesionales.
Se trata de un grupo de trabajo con experiencia reconocida a nivel internacional y con una amplia
formación en cuestiones ligadas a la violencia, trauma y derechos humanos.
3. Se analizaron 202 alegaciones de tortura seleccionadas de manera aleatoria del censo del IVAC/KREI.
4. Los resultados presentados, unido a los hallazgos descritos por los organismos internacionales de
supervisión y por estudios nacionales, indican que la tortura es un serio problema en España en
relación a los detenidos incomunicados y que las medidas de prevención de la tortura son deficientes
e ineficaces.
5. Nuestros datos están en consonancia con los antecedentes ofrecidos por los organismos internacionales
en sus visitas a España. Las evidencias sugieren que nos encontramos ante un problema de vulneración
de derechos de una incidencia y extensión considerable.
6. El hallazgo más importante de este estudio y que constituye el objeto principal de investigación es
el referente al grado de credibilidad que fue medido de manera combinada por distintos expertos
psicólogos, psiquiatras, médicos y médicos forenses. La base de la evaluación de credibilidad ha
sido la exploración psicológica / psiquiátrica, no tanto en cuanto a búsqueda de secuelas (exploración
clínica, test psicométricos) sino al examen de consistencia de las diferentes áreas de exploración (tal y
como indica que debe hacerse el Protocolo de Estambul).
7. En la evaluación psicológica el 9% de las peritaciones fueron consideradas de “máxima consistencia”, el
40% de “muy consistentes”, el 49% de “consistentes” y el 2% como “inconsistentes” para tortura aunque
consistentes con tratos inhumanos o degradantes o con el uso de violencia excesiva durante el arresto.
8. La evaluación médica se efectuó en 197 casos. En el 38% se consideró que esta evaluación ofrecía
datos de grado moderado de relevancia, en el 26% de grado leve y en el 14% de alto grado. En el resto
se concluyó que la evaluación médica no aportaba datos de interés.
9. Sólo en 21 casos se consiguieron informes médicos relacionados con la tortura alegada. En 9 se
consideró que esta evaluación ofrecía datos de grado alto de relevancia, en otras nueve de grado
moderado de relevancia y en las otras 3 de grado leve de relevancia
10. La credibilidad global de las evaluaciones tras combinar los factores psicológicos y médicos fue: 11%
máxima consistencia, 46% muy consistentes, 41% consistente y el 2% inconsistente para tortura
(consistente con tratos inhumanos o degradantes o con uso excesivo de la fuerza durante el arresto).
En 5 casos no se hizo el análisis de credibilidad global al no disponer de la evaluación médica.
11. . Nuestro análisis está en consonancia con la observación hecha por el CPT, por el Relator contra la
Tortura de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional de que las denuncias de tortura no pueden
considerarse como meras fabulaciones, sino que son creíbles en vista de las circunstancias personales.
12. El trastorno psiquiátrico más frecuentemente diagnosticado fue el trastorno de Estrés Postraumático
(20%) seguido del trastorno depresivo moderado (10%).
13. Un 17% de las personas entrevistadas podría ser diagnosticado de trastorno por estrés postraumático
(incluyendo el 8% de probable TEPT) usando como criterio las escalas psicométricas aplicadas. Otro
8% conserva síntomas parciales que no acaban de mejorar.
14. Un 16% de las personas peritadas tienen en el momento actual síntomas moderados (13%) o graves
(3%) de tristeza o depresión usando como criterio las escalas psicométricas aplicadas.
15. Resulta claro de los datos de este estudio que entre las medidas de reparación no se debería de
descuidar la atención psicosocial, así como el conjunto de medidas de rehabilitación y apoyo individual,
familiar o comunitario. Será necesario un abordaje amplio, integral y profundo. Estimaciones preliminares
(datos pendientes de cuantificar) indicarían que entre un 5 y un 15% de los peritados podría precisar
16. En suma, a juicio de los expertos forenses y aplicando todas las salvaguardas y medidas que requiere
el protocolo, se considera que 197 de estas 202 personas han hecho un relato cierto y sustancialmente
veraz de lo que constituyó su experiencia de tortura durante la detención incomunicada. Este juicio,
repetimos, se basa en criterios de consistencia entre los malos tratos o torturas alegadas por la persona
y los impactos objetivados en su salud psicológica y física.
La tortura se concibe como forma agravada de los tratos inhumanos. Para proceder a diferenciar entre
ambos tipos de delitos habrá que atender a diferentes circunstancias del caso, tanto internas como externas,
como por ejemplo: la edad, el sexo, el estado de salud, la intensidad del sufrimiento y la duración.
Las experiencias traumáticas relatadas por las personas registradas en la base de datos son de diferente
gravedad. La intensidad del sufrimiento referido por las víctimas no siempre alcanza el grado más álgido y
no podemos obviar la diferencia entre tortura y malos tratos.
Sin embargo, en el momento en que se encuentra esta investigación proporcionar datos cuantitativos que
puedan indicar los porcentajes correspondientes a cada grupo –tortura o malos tratos - se muestra tarea
imposible, por requerir ello de un análisis minucioso caso por caso. No obstante, en referencia a algunos
datos ya señalados, sobre técnicas de tortura (electrodos, bolsa y bañera), así como al análisis cualitativo
que se está realizando con base en los testimonios recogidos en vídeo y en audio, y a los resultados
ofrecidos por la aplicación del Protocolo de Estambul, este equipo puede afirmar que el número de casos
muy graves puede ser muy importante.
La información generada y los primeros análisis efectuados permiten orientar las siguientes conclusiones
con carácter provisional que recordemos alude un universo comprendido temporalmente entre 1960 y 2013
y para ciudadanos nacidos o residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco o cualesquiera otros
afectados por malos tratos o torturas en ella:
• Entre 1960 y 2013 ha existido una preocupación constante en materia de tortura siendo varios miles
los ciudadanos que han denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de malos tratos
y/o torturas por parte de funcionarios públicos policiales. Medidas como la incomunicación de los
detenidos han favorecido de forma clara estos malos tratos y torturas.
• Son numerosas las instituciones y observadores nacionales e internacionales que han llamado la
atención respecto de la realidad de lo anteriormente expuesto con base en las sentencias judiciales
que han existido así como a través del firme convencimiento del fondo de verdad de las denuncias
públicas que se han producido evaluadas con criterios profesionales. Asimismo, la bibliografía
generada al respecto acredita lo anterior.
• En total se han producido 9 sentencias condenatorias que corresponden a la Policía Nacional y 12
a la Guardia Civil, condenando a 50 funcionarios (1 mujer y 49 hombres) por hechos cometidos a
32 personas (4 mujeres y 28 hombres) detenidos entre los años 1979 y 1992, y ninguna contra la
• Particularmente la década de los años 80 destaca por el elevado número de denuncias y por las
primeras condenas ratificadas por los tribunales de justicia ratificadas por el Tribunal Supremo.
Posteriormente se produjeron algunos cambios en los métodos de tortura para tratar de dificultar la
prueba forense que los acreditase.
• Sobre la presunta autoría de los hechos denunciados, las alegaciones de torturas y malos tratos
según cuerpo policial, arrojan datos similares para policía nacional y guardia civil.
• En lo que respecta a los métodos de tortura que han alegado las personas afectadas, existe una
diferencia significativa entre los distintos cuerpos policiales. Destaca la utilización de la bolsa según
alegan los detenidos/as por la Guardia Civil. El plantón y la extenuación física se muestra como una
técnica alegada por los detenidos de los tres cuerpos policiales analizados en contraposición a los
electrodos y la bañera que dicen haber sufrido un número importante de personas detenidas por la
Guardia Civil y la Policía Nacional. A lo anteriormente señalado, se debe añadir la importancia que
tienen en la esfera psíquica los gritos, insultos y amenazas. Con todo, estos no son los únicos ni los
más graves métodos de tortura alegados por los detenidos.
• De lo anteriormente expuesto se desprende que ni cualitativamente ni cuantitativamente, las
denuncias sobre torturas y malos tratos son equiparables entre estos tres cuerpos policiales.
• Por otra parte, en las últimas décadas, diferentes organismos internacionales han condenado a
España por incumplimiento de las obligaciones contraídas en contra de la tortura y su prevención. Así
en sus resoluciones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuatro casos para ciudadanos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco (hechos de 2002, 2003 y 2011), tres casos de la de Navarra
(hechos de 2009 y 2011) y uno de Catalunya (hechos de 1992).
• Asimismo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha realizado dos dictámenes condenatorios
por torturas acontecidas en 1992.
• La incorporación de medidas correctoras para la prevención de la tortura ha sido reclamada
constantemente durante todo este tiempo por organizaciones de Derechos Humanos y entidades
públicas sin que se haya producido una suficiente intervención administrativa que garantice de
manera efectiva, y en este punto, los derechos de las personas detenidas.
• En 1997 y con el “fin de hacer efectivas las recomendaciones hechas por las organizaciones
internacionales, especialmente Naciones Unidas y Consejo de Europa, y lograr que la acción
de los Médicos Forenses en España se adapte a técnicas y procedimientos internacionalmente
reconocidos”, se establece un protocolo para el reconocimiento médico forense a los detenidos
con el objetivo de que la información médica sea más clara y concisa como elemento de prueba
fundamental ante los tribunales.
• Lamentablemente, lo anteriormente señalado no se ha cumplido, salvo excepciones, lo que
ha dificultado el ejercicio de prueba pericial esencial para investigar los casos alegados por los
• En 2003, el Gobierno Vasco establece un “Protocolo para la Coordinación de la Asistencia a Personas
Detenidas en Régimen de Incomunicación” que implica de forma directa a la Administración de
Justicia, Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco e Instituto Vasco de Medicina Legal y
que constituye una buena herramienta de control de la gestión de los detenidos a este respecto,
incorporando en su desarrollo la videograbación.
• Lamentablemente, lo anteriormente expuesto solo se cumple en las detenciones practicadas por
agentes de la Ertzaintza, siendo necesario extender este protocolo a todos los detenidos por otras
fuerzas de seguridad, lo que introduciría algunas garantías hoy día inexistentes.
• Con todo, este protocolo también puede ser mejorado de conformidad a lo que ha sugerido el
Ararteko (Defensor del Pueblo) en su informe del 2011.
• En la investigación llevada a cabo se ha establecido un censo de 4.009 casos de personas (17%
mujeres y 83% hombres) que han denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de
malos tratos y/o torturas por parte de funcionarios públicos policiales. De ellos un 17% lo han sido
en más de una ocasión. Estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados
si tenemos en cuenta que hay más personas que han anunciado su incorporación al censo. Estas
personas desean ser atendidas en la investigación puesta en marcha por la Secretaría General
para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco. La evolución histórica de estas denuncias permite
constatar un descenso paulatino de las mismas a partir del año 2004, no existiendo ningún caso
registrado en el 2015 y 2016.
• A lo largo de la investigación se ha constatado la comprensión y la colaboración de todas las
personas e instituciones consultadas que han señalado la pertinencia de este estudio y la de los
objetivos finales que pretende en aras al reconocimiento de los hechos para poder establecer
medidas correctoras, única forma de poder superarlos y poner fin a los mismos.
• La información generada se ha contemplado en tres ámbitos de interés con el fin de garantizar los
elementos de convicción suficientes para acreditar los hechos, esto es la prueba testifical, la prueba
documental y la prueba pericial con más de 22.000 documentos analizados.
• En tal sentido, los testimonios recogidos en audio y en video son más de 900 y las pruebas periciales,
esto es el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas (2000), se ha aplicado a 202 personas (76%
del periodo democrático, 20% del periodo predemocrático y 4% en ambos), lo que arroja resultados
concluyentes en lo que respecta a la credibilidad de los relatos y por lo tanto de los hechos
denunciados. De hecho, en la evaluación psicológica realizada a través de este protocolo, el 9%
de las peritaciones fueron consideradas de “máxima consistencia”, el 40% de “muy consistentes”,
el 49% de “consistentes” y el 2% como “inconsistentes” para tortura aunque consistentes con tratos
inhumanos o degradantes o con el uso de violencia excesiva durante el arresto.
• Un porcentaje no inferior al 5% de los casos analizados presentan secuelas psicológicas y por ello
recomendamos la necesidad de implementar medidas asistenciales específicas y especializadas
para estas personas evitando en todo momento su revictimización.
Finalmente consideramos totalmente necesario continuar con el trabajo emprendido que no puede ser
considerado como acabado y va a requerir algunas reflexiones en materia de reconocimiento, reparación y
prevención de la tortura y malos tratos.
PROGRAMA CURSO DE VERANO 2016
VERDAD Y RECONOCIMIENTO PARA LAS VÍCTIMAS DE TORTURA,
https://www.uik.eus/es/verdad-y-reconocimiento-para-las-victimas-de-tortura-tratos-inhumanos-ydegradantes
Donostia 27, 28 y 29 de junio de 2016
27 de junio de 2016 (Auditorio Antonio Beristain, Centro Carlos Santamaría)
08:45 - 09:15 Recepción y entrega de la documentación
Presentación: José Luis de la Cuesta
Ponente: Iñaki Goirizelaia
Institución: UPV-EHU, Rector
Ponente: Josu Erkoreka Gervasio
Institución: Gobierno Vasco. Consejero de Administración Pública y Justicia, y Portavoz del Gobierno
Ponente: Maribel Vaquero
Institución: Dirección de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa
10:15 - 11:30 Conferencia
Conferencia inaugural: Análisis y comentarios a la investigación “Proyecto tortura 1960-2013”
Ponente: Juan Ernesto Méndez
Institución: Naciones Unidas. Relator Especial contra la Tortura
Moderador: Francisco Etxeberria
12:00 – 13:00 Conferencia
Presentación de los resultados de la investigación “Proyecto tortura 1960-2013”
Ponente: Francisco Etxeberria
Institución: Instituto Vasco de Criminología
Ponente: Carlos Martín Beristain
Ponente: Laura Pego
Ponente: Benito Morentin
16:00 - 18:30 Mesa redonda: Mecanismos para la investigación y la prevención de la tortura.
Participante: Elisabeth Lira
Institución: Comisión Valech, Chile
Participante: Helena Solà
Institución: Organización Mundial contra la Tortura, Ginebra
Moderador: Jon Landa
28 de junio de 2016 (Auditorio Antonio Beristain, Centro Carlos Santamaría)
09:00 - 09:45 Conferencia
La prueba en los procesos judiciales por denuncias de tortura: dificultad y medidas a adoptar.
Ponente: Iñigo Iruin
Institución: Abogado
9:45 - 10:30 Conferencia
La prescripción en los delitos de tortura
Ponente: Manuel Ollé
Institución: Universidad Complutense de Madrid. Abogado y Profesor de Derecho Penal Internacional
10:30 - 11:00 Conferencia
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de DDHH con relación a la tortura
Ponente: Manuel Lezertua
Institución: Ararteko
Moderadora: Ana Isabel Perez Machío
11:30 - 12:00 Conferencia
Ponente: Jorge Aldekoa
Institución: Departamento de Seguridad, Gobierno Vasco
12:00 - 12:30 Conferencia
El Subcomité de Prevención de la Tortura
Ponente: Víctor Madrigal
Institución: Subcomité de Prevención de la Tortura
12:30 - 13:00 Conferencia
La investigación y documentación de tortura y los malos tratos
Participante: Duarte Nuno Vieira
Institución: Consejo Europeo de Medicina Legal
Moderador: Rafa Sainz de Rozas
16:00 - 18:30 Mesa redonda: Protocolo de Estambul como prueba pericial: análisis médico psiquiátrico de
200 casos de alegaciones de torturas y malos tratos
Participante: Iñaki Markez
Institución: Psiquiatra
Participante: Miguel Ángel Navarro. Psicólogo
Institución Ekimen / Argituz
Participante: Pau Pérez Sales. Psiquiatra
Institución: GAC/SiRa y AEN
Participante Joana Miren Ruiz Goikotxeta. Psicóloga clínica
Institución: OME
Participante Teresa Velasco Plaza. Psicólogo
Institución: Jeiki Hadi
Participante: Olatz Barrenetxea Larrondo. Psicóloga clínica
Moderador: Ignacio Muñagorri
29 de junio de 2016 (Auditorio del Edificio Ignacio María Barriola (aulario))
09:00 - 10:15 Mesa redonda
Denuncia social y activismo en contra de la tortura
Representante de Amnistía Internacional: Virginia Alvarez
Representante de Euskal Memoria: Eugenio Etxebeste
Representante de Argituz: Andrés Krakenberger
Representante de Goldatu: Agurtzane Juanena
Representante de Behatokia: Iratxe Urizar
Moderador: Sabino Ormazabal
10:15 - 11:30 Mesa redonda
Representante de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura: Jorge del Cura
Representante del TAT: Lorea Bilbao
Representante de SOS Racismo: Mikel Mazkiaran
Representante de la Pastoral Penitenciaria:
Representante de Salhaketa: Carlos Ernesto Hernández Hernández
Moderador: Andrés Krakenberger
12:00 - 12:45 Mesa Redonda
Relato Víctima de tortura 1982: Axun Lasa
Relato Víctima de tortura 1992: Enkarni Blanco
Relato Víctima de tortura 2002: Miren Azkarate
Moderador: Carlos Martín Beristain
Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2013-2016, iniciativa nº 6 “Investigación y acción sobre la
tortura”
Ponente: Jonan Fernandez
Institución: Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco
Torturas barbáricas en extremo utilizadas por la "Santa Inquisici n

References: artículo 1
 artículo 174
 artículo
175
 artículo 174
 artículo 7
 artículo 2