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Comisión Especial de Prevención del Blanqueo de Capitales
ÁMBITO DE APLICACIÓN A QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA1
LA LEY 10/2010 Y EL SECRETO PROFESIONAL
ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO: EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
PRINCIPALES OBLIGACIONES PARA QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA
RECOMENDACIONES GENERALES A QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA
CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO QUE DEBEN SER OBJETO DE ESPECIAL ANÁLISIS (COR)
Quienes ejercen la Abogacía son sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales desde la modificación introducida a la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por la Ley 19/2003 de 4 de julio.
La Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, transpone a la normativa Española la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (denominada Tercera Directiva), desarrollada por la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, de 1 de agosto, e introduce nuevas obligaciones a quienes ejercen la Abogacía que, en determinados supuestos, han de cumplir las rigurosas obligaciones, realizar las numerosas actuaciones y aplicar los procedimientos previstos en esta nueva ley.
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales de este Consejo, en su reunión de fecha 25 de mayo de 2011, redactó una serie de medidas y recomendaciones para su distribución a los Colegios de Abogados con el fin de facilitar a quienes ejercen la Abogacía, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la Ley y poner a su disposición un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales y que, por sus especiales características, han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.
Con motivo de la aprobación por parte del SEPBLAC, el 4 de Abril de 2.013, de unas recomendaciones sobre medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales, dirigidas a todos los sujetos obligados, esta Comisión ha creído oportuno incluir dichas recomendaciones en el presente documento, en la medida en que sean aplicables a quienes ejercen la Abogacía.
Igualmente, se ha preparado una lista de preguntas más frecuentes con sus posibles respuestas para facilitar la solución de las dudas que se puedan plantear a los sujetos obligados. Esta lista puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/LISTADEPREGUNTAS.pdf
Los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española deben orientar y resolver dudas sobre esta materia a quienes ejercen la Abogacía y aquél, a través de esta Comisión, se encarga de la organización de planes de formación en este área, a requerimiento de los Colegios en este área, y de la resolución de aquellas cuestiones que puedan plantearse en ejecución de la Ley, en particular en cuanto pudiera entrar en conflicto con el deber de secreto profesional.
Tanto las recomendaciones como el catálogo de operaciones sospechosas que se contienen en el documento que se ha preparado deberán ser objeto de permanente revisión, especialmente cuando la Ley 10/2010 sea objeto de un desarrollo a través de su Reglamento.
Se acompaña a esas recomendaciones modelos de documentos que en la práctica pueden ayudar al cumplimiento de las obligaciones legales.
Las recomendaciones pretenden tan solo servir como guía que facilite a quienes ejercen la Abogacía el conocimiento y cumplimiento de la norma, desde la perspectiva de su ejercicio práctico.
El incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley trae aparejado la posible imposición de sanciones, calificadas como muy graves, graves y leves pudiendo llegar a imponerse multas de hasta UN MILLON QUINIENTOS MIL EUROS, el cinco por ciento del patrimonio neto del sujeto obligado o el duplo del importe de la operación de que se trate.
Del mismo modo, la falta de diligencia puede constituir base para la imputación de delito de blanqueo de capitales tipificado en el artículo 301 y siguientes del Código penal en su nueva redacción introducida por Ley Orgánica 5/2010 en vigor desde el 22 de diciembre de 2010.
Esta Comisión recibió el encargo de trabajar en relación a la prevención del blanqueo de capitales, y así lo refleja su propia denominación. Por ello, a lo largo de este documento se obvia la referencia a la financiación del terrorismo, no porque consideremos que no debe lucharse contra él, sino simplemente porque las mismas normas y consideraciones, mutatis mutandi, le son aplicables, y la continua referencia a las dos figuras, además de suponer una extralimitación de competencia, recargaría en exceso la lectura.
En materia administrativa, las normas de mayor importancia son las siguientes:
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre.
Ley 19/1993 de 28 de Diciembre en materia de régimen sancionador respecto de los hechos cometidos con anterioridad al 30 de abril de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 10/2010.
Real Decreto 925/1995 de 9 de Junio que desarrolla la Ley 19/93, en tanto no se apruebe el reglamento de la ley 10/2010 y no resulte incompatible con los preceptos de ésta última.
En materia penal, los artículos 301 a 304 del Código Penal, en los términos en que han quedado redactados tras la entrada en vigor de la Ley 5/2010 de reforma del Código Penal.
Según lo que establece el artículo 1 de la Ley 10/2010, se considerará blanqueo de capitales las siguientes actividades:
A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos (sic), con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, a estos solos efectos.
La Ley introduce una serie de novedades, entre las que se deben resaltar las siguientes:
A diferencia de la normativa anterior, que exigía que los bienes procedieran de un delito castigado con pena superior a tres años, tras la publicación de la Ley 10/2010, basta con que procedan de una “actividad delictiva”, no siendo necesaria la condena previa y siendo suficiente que los bienes tengan origen ilícito.
Igualmente, la mera posesión o utilización de bienes cuya procedencia sea ilícita pasa a constituir blanqueo de capitales.
Entre los bienes objeto de blanqueo de capitales se encuentra la cuota defraudada, en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública (aunque en este caso podría ser necesaria la existencia de un proceso penal por ese delito).
La inclusión de la figura del “autoblanqueo” como punible.
ÁMBITO DE APLICACIÓN A QUIENES EJERCEN LA ABOGACÍA
La Ley es de aplicación a quienes ejercen la Abogacía en los casos previstos en la letra ñ) del Artículo 2 de la Ley 10/2010 que es del siguiente tenor literal:
“ Los Abogados y otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.”
También serán sujetos obligados – letra o) del mismo artículo- cuando presten los siguientes servicios profesionales:
Hay que destacar que el artículo 22 de la Ley 10/2010 excluye expresa y terminantemente de su aplicación a quienes ejercen la Abogacía “con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.”
Determinar la posición jurídica es asesorar al cliente sobre la posición en que se encuentra dentro del universo jurídico.
Igualmente, los Abogados quedan obligados si actúan asesorando al cliente en materias fiscales y tributarias en razón de lo que dispone la letra m) del artículo 2 que considera como sujetos obligados a
“ Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. ”
Como es bien sabido, el término “asesor fiscal” no designa ninguna profesión concreta sino más bien una actividad que es desarrollada por distintos profesionales, economistas, titulados mercantiles y Abogados. En la medida de que actúen en ese asesoramiento serán sujetos obligados.
Las normas sobre blanqueo de capitales, en cuanto imponen al Abogado el deber de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (más conocido por sus siglas SEPBLAC) determinadas operaciones de sus clientes, supondrían una excepción al deber de secreto profesional establecido en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 32 del Estatuto General de la Abogacía y el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española. El artículo 22 de la Ley 10/2010, tras hacer referencia a los deberes de información y colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, los Abogados guardarán el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente”
La interpretación que, en principio, parece desprenderse del artículo 22 de la Ley 10/2010, es la siguiente:
a.- En aquellos casos en los que la actuación del Abogado se limite a analizar la posición jurídica de su cliente, a defenderlo en procesos judiciales o a asesorarlo sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, prima el deber de mantener el secreto profesional.
b.- Cuando lo que se solicita del Abogado es su participación activa en alguna de las formas previstas en la norma (concepción de transacciones, gestión de fondos, creación de empresas…) no existe el deber de secreto profesional que está previsto para las funciones propias del Abogado que son defensa y asesoramiento siempre en exclusivo beneficio del cliente y, por ministerio de la Ley, el Letrado, si tiene certeza o aprecia indicios de blanqueo de capitales, debe comunicar la operación, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, en los términos que establece la norma.
Existe una zona difusa en relación al asesoramiento –una de las funciones propias del Abogado- que puede resolverse atendiendo al tiempo en que se presta. Si el asesoramiento es posterior a la ejecución de cualquiera de las actividades que lo constituyen en sujeto obligado para determinar sus consecuencias jurídicas, todo lo que conozca está sujeto al secreto profesional. Si, por el contrario, su actuación es previa y al asesoramiento se une la gestión, no puede alegarse.
Siempre es necesario recordar que el secreto profesional no está establecido en beneficio de quienes ejercen la Abogacía sino para proteger el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente.
Pese al criterio legal, es posible que en determinadas ocasiones se planteen dudas al Abogado respecto si una determinada situación está dentro del supuesto de la norma o si, por el contrario, debe quedar amparada por el secreto profesional. En tales casos, es recomendable plantear la cuestión al Decano, en los términos previstos con carácter general en el artículo 5.8 del Código Deontológico de la Abogacía Española.
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References: resolución 
 artículo 301

Real Decreto 
 artículo 1
 Artículo 2
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 542
 artículo 32
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 5