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Timestamp: 2016-02-09 15:40:14+00:00

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Sentencia nº 1424/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 20066977
Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2005
Número de Resolución:1424/2005
Número de Recurso:217/2005
EXIMENTES. DETENCIÓN ILEGAL. Para la apreciación de una circunstancia eximente basada en el estado mental del acusado no basta una clasificación clínica, por lo que debe evitarse el incurrir en la hipervaloración del diagnóstico, en cuanto que es menester poner en relación la alteración mental con el acto delictivo de que se trata, ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo.Se distingue el alcoholismo y embriaguez, en cuanto que el primero implica una intoxicación crónica y la segunda una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en la enajenación mental, ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso una afectación de las bases de imputabilidad. Con respecto al delito de detención ilegal, el elemento subjetivo de este delito no requiere que el autor haya obrado con una especial tendencia de desprecio a la víctima diversa de la que ya expresa el dolo, en tanto conocimiento de la privación de la libertad ambulatoria de otra persona. Se condena en Primera Instancia al acusado. No se hace lugar al recurso de casación.
SIRO FRANCISCO GARCIA PEREZANDRES MARTINEZ ARRIETAJUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil cinco.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por David, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, que condenó al acusado, por delitos de hurto, allanamiento de morada, detención ilegal, agresión sexual, amenazas, delito continuado de obstrucción a la justicia, y faltas de lesiones y daños. ; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Carmelo Olmos Gómez.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, instruyó Sumario con el número 2 de 2003, contra David, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Tercera, con fecha 23 de noviembre de 2004, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Probado y así se declara, que David, mayor de edad y ejecutoriamente condenado por un delito contra la seguridad del tráfico en sentencia de fecha 6 de junio de 2002 (firme el 6 de junio de 2002), entre las veintiuna y las veintidós horas del día veintidós de febrero de dos mil tres, valiéndose de las llaves del vehículo de motor matrícula ....- FQS, valorado en cuatro mil ochocientos euros, que previamente había cogido a su hermano Augusto, estando dicho vehículo adscrito al servicio de la empresa de compraventa de vehículos usados denominada Europgautos, sita en el número 81 de la calle de la Rosa de Málaga, procedió a abrirlo, a subirse a su interior y a ponerlo en marcha, lo que hizo en uso de la autorización que le había dado su referido hermano Augusto, propietario en unión de su primo Juan María del vehículo reseñado, aunque administrativamente conste registrado como perteneciente al último de ellos, quienes se habían a su vez autorizado mutuamente para dejar los automóviles de que fueren copropietarios a terceras personas, habiendo renunciado el citado Juan María a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por los hechos de autos, tras lo que se dirigió hacia Cártama (Málaga), donde lo dejó abandonado, procediendo a continuación a sustraer en la zona denominada El Peñoncillo de la indicada localidad, una yegua propiedad de Rodrigo, valorada en mil doscientos euros, que se encontraba atada con su clavo y cordel en una finca que no consta estuviera vallada, habiendo renunciado dicho propietario a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por los hechos de autos, tras lo que cabalgó sobre ella hasta la CALLE000 nº NUM000 de la BARRIADA000 de Cártama (Málaga), lugar de situación del domicilio de Natalia, antigua compañera sentimental suya con la que tenía un hijo en común, llegando a dicho lugar sobre las cinco horas de día indicado, procediendo a continuación a llamar a la puerta y al serle abierta por su moradora, tras propinarle un empujón accedió al interior del inmueble, dirigiéndose a continuación a la puerta de acceso al patio y como no pudiera abrirla la golpeó con el puño rompiéndose los cristales, tras lo que de la cocina tomó un cuchillo de quince centímetros de hoja y se lo colocó en la cintura, diciéndole a la mencionada Natalia que si hacía algo raro la mataba, hecho lo cual la cogió del pelo y golpeó contra la pared, restregándole por la cara la sangre que se había producido por cortes en su mano derivados de la acción previamente descrita y diciéndole que allí se hacía lo que él decía, hecho lo cual procedió el referido David a guardar la yegua sustraída en el garaje de la casa, a colocar un cable y muebles para dificultar la salida de la casa por sus puertas, e igualmente rompió el teléfono fijo y la tarjeta de un teléfono móvil que se encontraban en el lugar para impedir que la citada Natalia pudiera dar aviso de su situación, a la vez que la exigía que abandonase a su nueva pareja sentimental, con la advertencia de que si no lo hacía mataría a ambos, quedándose el expresado David con la llave de la puerta de acceso a la casa, la cual cerró, ante lo que la mencionada Natalia, presa del temor que sentía y con la finalidad de tranquilizar al citado David, le dijo que volvería con él, tras lo que éste se tranquilizó y le dijo que se fuera a la cama, que iba a echarle un par de polvos, a lo que ella se negó, recibiendo como respuesta que se callara y tres tumbarla sobre la cama, la desnudó de cintura para abajo y, pese a la reiteración de su negativa, se colocó sobre su cuerpo y, mientras la citada Natalia permanecía paralizada por el miedo, la penetró vaginalmente, llegando a eyacular sobre las sábanas, y como se despertara el hijo común de ambos, la referida Natalia se levantó y aprovechó para buscar disimuladamente otras llaves de la puerta de la casa y otro teléfono móvil que guardaba, con el que logró comunicar con el núm. 120 del Area de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, posibilitándose de este modo que miembros de la Guardia Civil, sobre las once horas del siguiente día veintitrés del mismo mes y año señalados, se personaran en el lugar, tras lo que la mencionada Natalia tomó al hijo común y aprovechando un descuido de David, abandonó la casa, en cuyo interior y pese a los requerimientos de los Agentes de la Autoridad para que saliese de ella permaneció aproximadamente tres horas más, viéndose éstos obligados a sacarle mediante el uso de fuerza.
Asimismo resulta probado y, por tanto, así se declara, que además de los daños producidos con la rotura de los cristales de la puerta del patio, anteriormente referidos, el citado David, durante el tiempo que se mantuvo contra la voluntad de su moradora en la casa de ésta, causó otros daños en diversos enseres de la vivienda, tales como los cristales de la puerta de la cocina y la batería de la cámara de vídeo, habiéndose valorado la totalidad de dichos daños en 113'05 euros.
Igualmente resulta probado y, en su consecuencia, así se declara, que la mencionada Natalia, a resultas de los malos tratos de obra anteriormente reseñados recibidos de David, padeció lesiones consistentes en traumatismo occipital leve y contusión en el codo derecho, de las que curó, tras una primera asistencia facultativa y sin necesidad de tratamiento médico o quirúrgico posterior, en cinco días, durante los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, quedándole manifestaciones clínicas propias de trastorno de estrés postraumático que habrán de ir cediendo paulatinamente.
También resulta probado y consecuentemente así se declara, que una vez se encontraba ingresado en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre-Málaga, el referido David, los días quince y dieciséis de marzo de dos mil tres, llamó por teléfono a la mencionada Natalia, dejándole en el contestador de su teléfono dos mensajes en los que le pedía que retirara la denuncia o que de lo contrario se arrepentiría, habiéndole asimismo remitido tres cartas, las dos primeras de fechas veinte y veinticinco de abril de dos mil tres y la tercera de fecha no concretada, en las que igualmente le exigía que retirara la denuncia, amenazándola con denunciarla para que perdiera su trabajo y a su hijo, llegando a decirle que en esta vida todo se paga.
Finalmente resulta probado y así se declara, que David, al tiempo de los hechos relatados había consumido bebidas alcohólicas, si bien, no consta clase, cantidad, ni tampoco la influencia que sobre el antes referido hubieran tenido, encontrándose asimismo el citado David incurso un estado hipomaníaco que le provocaba graves limitaciones en la libre determinación de su voluntad que influyeron negativamente en el mismo en orden a la realización de dichos hechos, si bien, las mismas no le impedían comprender la ilicitud de los hechos por su parte cometidos o actuar conforme a esa comprensión, no teniendo, por tanto, anuladas su consciencia y voluntad ni, por ello, su libre albedrío.
FALLO: Que debemos absolver y absolvemos a David del delito de robo de uso de vehículo a motor del artículo 244-1-2 del Código Penal del que viene siendo acusado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, declarándose de oficio las costas que puedan haberse causado con ocasión de dicha infracción penal.
También fallamos, que debemos condenar y condenamos al mencionado David en quien ha concurrido la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal (eximente incompleta de enajenación mental) del artículo 21-1, en relación con el artículo 20-1, ambos del Código Penal, a su vez en relación dichos preceptos con el artículo 70 regla 2ª del mismo texto legal, como autor criminalmente responsable de un delito de hurto del artículo 234 del Código Penal, a la pena de prisión de cuatro meses y quince días, como autor criminalmente responsable de un delito de allanamiento de morada del artículo 202 párrafos primero y segundo del mismo texto legal, a las penas de prisión de nueve meses y multa de cuatro meses y quince días, con una cuota diaria de tres euros, que habrá de satisfacer de una sola vez en el plazo de tres días desde que fuera requerido de pago, como autor criminalmente responsable de un delito de detención ilegal del artículo 163-1-2 también del Código Penal, a la pena de prisión de un año y seis meses, como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual del artículo 179 de dicho cuerpo legal, a la pena de prisión de cuatro años y seis meses, como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas del artículo 169-2 del citado Código Penal, a la pena de prisión de cuatro meses y quince días, como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones del artículo 617-1 también del mismo texto legal, a la pena de multa de un mes y quince días, con una cuota diaria de tres euros, que habrá de satisfacer de una sola vez en el plazo de tres días desde que fuera requerido de pago, como autor criminalmente responsable de una falta de daños del artículo 625-1 del Código Penal, a la pena de multa de diez días, con una cuota diaria de tres euros, que habrá de satisfacer de una sola vez en el plazo de tres días desde que fuera requerido de pago, y como autor criminalmente responsable de un delito continuado de obstrucción a la Justicia del artículo 464-1, en relación con el artículo 74, igualmente del Código Penal, a la pena de prisión de nueve meses y multa de cuatro meses y quince días, con una cuota diaria de tres euros, que habrá de satisfacer de una sola vez en el plazo de tres días desde que fuera requerido de pago, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (Artículo 56 del Código Penal) durante el tiempo de las señaladas penas de prisión, condenándole asimismo al pago de las costas, incluidas las de la Acusación Particular, que puedan haberse causado en el procedimiento con motivo de dichas infracciones penales y a indemnizar por vía de responsabilidad civil a Natalia, en la cantidad de 12.155 euros por daños morales derivados del menoscabo de sus derechos a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad, a la libertad sexual y a la salud, que le fue infligido con los hechos de autos, así como en la cantidad de 115'03 euros por los daños habidos en bienes de su propiedad a resulta de dichos hechos, sumas esta a las que será de aplicación lo prevenido en el artículo 576-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e imponiéndole por último al mencionado David, habida cuenta los bienes jurídicos vulnerados con las infracciones penales anteriormente referidas, la prohibición de aproximarse y comunicarse con Natalia durante el período de tiempo de cinco años.
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por David, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Al amparo del art. 849.1 LECrim. por vulneración de los arts. 24 y 9.3 CE. en relación con el art. 17 y por inaplicación del art. 20.1 y 2 CP.
Al amparo del art. 849.1 LECrim. y del art. 5.4 LOPJ. por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. e infracción del art. 68 CP.
Al amparo del art. 849.1 LECrim. por aplicación indebida del art. 162.1º y 2º CP.
Al amparo del art. 849.1 LECrim. por aplicación indebida del art. 169.2 CP.
Al amparo del art. 849.1 LECrim. por aplicación indebida del art. 202.1 y 2 CP.
Al amparo del art. 852 LECrim. por vulneración del art. 24.2 CE. referido al derecho a la presunción de inocencia.
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día veintitrés de noviembre de dos mil cinco.
El primer motivo de casación por infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo del art. 849.2 LECrim. que queda acreditado por una serie de informes periciales con los que quedó probada la afectación plena de las facultades psíquicas del procesado como consecuencia de que, en horas anteriores a los hechos, había ingerido alcohol conjuntamente con el fármaco antabus que tenía prescrito y estaba tomando por su alcoholismo crónico, y ello unido al cuadro hipomaniaco (psicosis) que presentaba desde tiempo atrás.
El ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim. se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza que si hubiera tenido lugar, o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
Dicho lo anterior, queda por exponer qué es lo que la jurisprudencia considera documento a estos efectos. Para el Tribunal Supremo son documentos "aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico". Se trata de documentos producidos u originados fuera del proceso, pero incorporados al mismo y que vinculan al Juez. De manera que para que prospera un motivo en razón del art. 849.2 LECrim. en base o en documento es preciso:
que se trate de un documento que por naturaleza vincule al Juzgador.
que lo que con él se pretende acreditar no dependa de la inmediación y la oralidad.
Por ello, considera esta Sala que no constituyen documentos a estos efectos la prueba pericial, pues se trata de una prueba personal y no documental, aunque aparezca documentada a efectos de constancia.
Pues bien, el Tribunal de instancia llega a la convicción de que el acusado al tiempo de los hechos relatados se encontraba incurso en un estado hipomaniaco, no siendo plenamente consciente de la posible voluntariedad de su actuación teniendo notablemente afectadas y disminuidas algunas de sus funciones psíquicas (atención, concentración, memoria e insiglit), si bien, dicho estado, pese a ser motivador de graves limitaciones en la libre determinación de su voluntad, no le impedía comprender la ilicitud de los hechos por su parte o actuar conforme a esa comprensión, no teniendo, por tanto, anuladas su consciencia y voluntad ni, por ello, su libre albedrío.
Conclusión a la que llega a la vista del informe del área de Urgencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, extendido el mismo día de la detención del acusado, 23.2.2003, en el que se hace constar que no se aprecia en ésta actividad delirante ni alucinatoria de ningún tipo, presentando un cuadro compatible con agresividad secundaria al consumo de tóxicos (posiblemente cocaína), no habiéndose tampoco hecho constar dicha actividad delirante o alucinatoria en el informe de asistencia que también le fue prestada en la misma fecha indicada, en el Centro de Salud, Estación de Cártama, ni en el parte de asistencia por lesiones en el Centro Penitenciario de Alhaurin de la Torre, Málaga, el 24 del mismo mes y año, ni tampoco con ocasión de la peritación del Medico Forense Sr. Juan, también llevada a cabo en la fecha antes indicada, en la que concretó que el examinado se presentaba consciente y con capacidad de decisión.
Por tanto y si el Tribunal sentenciador también analiza las conclusiones del informe medico pericial del Dr. Daniel de fecha 12.5.2003, en las que alude a la falta de consciencia plena de la posible voluntariedad de la actuación imputada así como al hecho de que era factible o probable que muchas de sus funciones psíquicas (atención, concentración, memoria e insiglit) se encontrar notablemente disminuidas o afectas, y el documento suscrito por el Dr. Sr. Juan en fecha 10.2.20043, en el que se refiere que el acusado presentaba un estado hipomaniaco con gran verborrea, expansividad, euforia, disfonia, precisamente ideofugitivo con gran mezcla de vivencias y muy poca aceptación de opiniones ajenas, y a la vista de todos los informes a que se ha hecho referencia considera que no ha quedado inequívocamente acreditado que David, al tiempo de comisión de los hechos, se encontrara en una situación tal de privación de razón y sentido que le impidiera comprender la ilicitud de dichos hechos o de actuar conforme a dicha comprensión, conclusiones que no quedan obviadas por el texto de la comunicación del Director del Servicio Provincial 961 de Málaga- Empresa Pública de Urgencias Sanitarias, al faltar el examen médico del acusado por haberse ausentado del lugar con anterioridad a la llegada del médico enviado por el Servicio aludido, y sin que tampoco puedan quedar obviadas dichas conclusiones que la pretendida embriaguez del procesado, toda vez que aún teniéndose por probado que el mismo había consumido bebidas alcohólicas, no ha quedado acreditada la clase de las mismas, la cantidad consumida, ni tampoco la influencia que hubieran podido tener sobre el procesado, no puede hablarse de error en la apreciación de la prueba, sino de libre valoración de las distintas pericias lo que es ajeno a este motivo casacional.
El segundo motivo de casación, por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. vulneración de los arts. 24 y 9.3 CE. en relación con el art. 17.1 Ce., y por indebida aplicación de los arts. 21.1, 20.1, 68 y 70.1 y 2 CP, al no aplicar la eximente completa del art. 20.1 y 20.2 CP, y ello por cuanto concurre en el acusado dicha eximente completa al producirse los hechos padeciendo éste un exacerbado episodio maníaco con síntomas psicóticos que le habría sido diagnosticado anteriormente, y al mismo tiempo el procesado, alcohólico crónico, con tratamiento en la Asociación Area, se encontraba con una embriaguez plena por la ingesta de gran cantidad de alcohol que había mezclado con antabus medicamento de incompatibilidad absoluta con el alcohol, por lo que hubiera llevado a igual afectación incluso con pequeñas ingestas del referido liquido.
Debemos recordar que el art. 940.1 LECrim. obliga a respetar los hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados que han de ser los fijados al efecto por el Tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LECrim. o en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
Desestimado el primer motivo e incólume por tanto, el relato fáctico en el ultimo apartado se recoge "que David, al tiempo de los hechos relatados habría consumido bebidas alcohólicas, si bien, no consta clase, cantidad, ni tampoco la influencia que sobre el antes referido hubieran tenido, encontrándose asimismo el citado David, incurso en un estado hipomaniaco que le provocaba graves limitaciones en la libre determinación de su voluntad que influyeron negativamente en el mismo en orden a la realización de dichos hechos, si bien las misma no le impedían comprender la ilicitud de los hechos por su parte cometidos a actuar conforme a es comprensión, no teniendo, por tanto, anuladas su consciencia y voluntad ni, por ello, su libre albedrío".
Siendo así el motivo tiene que ser desestimado. La Sala de instancia ha valorado la situación psíquica del acusado al momento de cometer los hechos y ha estimado concurrente la eximente incompleta de enajenación art. 21.1 en relación con el art. 20.1. La pretensión del recurrente de deducir de esta misma situación psíquica dos eximente diferentes, art. 20.1 y art. 20.2 no resulta atendible.
En efecto para la apreciación de una circunstancia eximente basada en el estado mental del acusado no basta una clasificación clínica, por lo que debe evitarse el incurrir en la hipervaloración del diagnóstico, en cuanto que es menester poner en relación la alteración mental con el acto delictivo de que se trata, ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo, (SSTS. 332/97 de 17.3, 437/2001 de 22.3), declarando que al recurrir cada uno de los términos integrantes de la situación de imputabilidad prueba especifica e independiente la probanza de uno de ellos no lleva el automatismo de tener imperativamente acreditado el otro" (STS. 937/2004 de 19.7).
Pues bien, en relación a ese estado hipomaniaco la capacidad de culpabilidad de estos enfermos está impeditada a la clase e intensidad de los síntomas fundamentales: en los grados extremos es criterio común negar la imputabilidad de manera absoluta, porque aunque pueden comprender fugazmente el valor real de sus actos son incapaces de inhibirlos; en las formas de menor intensidad, sobre todo en los accesos maníacos, puede admitirse una imputabilidad disminuida; finalmente, los casos más leves y en los intervalos o fases intercalares, aunque el enfermo se percate de la trascendencia de sus actos y esté en condiciones de ejercer la acción de voluntad en medida suficiente, no deja de estar afectada en cierto grado la voluntad y ello obliga a su examen cuidadoso de las circunstancias del caso.
En el caso enjuiciado esto es lo que precisamente realiza la sentencia de instancia, concluyendo que no tenia el acusado anuladas totalmente su conciencia y voluntad.
Con respecto al alcoholismo crónico que se dice padece el recurrente, debemos distinguir entre alcoholismo y embriaguez, en cuanto que el primero implica una intoxicación crónica y la segunda una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en la enajenación mental, ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso una afectación de las bases de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la alteración la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad, desde la inoperancia de la responsabilidad hasta la exoneración completa e incompleta de la misma.
Por otra parte el alcoholismo crónico es una toxifrenia que puede determinar una demenciación acreedora a ser recogida como circunstancia eximente de enajenación mental o, al menos, como atenuante eximente incompleta cuando se ha producido un notable deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de su patología de origen alcohólico generalmente determinada por la ingestión reiterada frecuentemente y a lo largo de un tiempo de cierta duración de bebidas alcohólicas.
La jurisprudencia al tratar estas cuestiones, ha declarado que el alcoholismo crónico y la psicosis tóxicas pueden ser acogidas como circunstancias eximentes o como alternativas de exención incompleta "cuando se ha producido un notable deterioro a las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de su patología (STS. 11.4.93) poniendo de relieve también "para apreciar la psicosis de origen alcohólico con efecto de eximente incompleta es preciso no solo la presencia de la enfermedad, sino también la afectación real de las facultades intelectuales y volitivas de quién la sufre, de tal modo que la intensidad de la alteración habrá de ser el criterio determinante para graduar la imputabilidad (STS. 31.10.94). Ello es así porque el alcoholismo crónico puede presentar diversos cuadros de alteraciones extramuros lógicas y neurológicas y desde el punto de vista psíquico puede provocar alteraciones varias ya en el orden evolutivo, ya en el de su permanencia caracterizados por su duración o por su tono episódico.
La jurisprudencia al tratar estas cuestiones ha declarado (STS. 18.9.2003), que el alcoholismo y las psicosis tóxicas puede ser acogidas como circunstancias eximentes o como atenuantes de exención incompleta, "cuando se ha producido un notable deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de su patología"; poniendo de relieve también que: "para apreciar la psicosis de origen alcohólico con efecto de eximente incompleta es preciso no sólo la enfermedad, sino también la afectación real de las facultades intelectivas y volitivas de quien la sufre, de tal modo que la intensidad de la alteración habrá de ser el criterio determinante para graduar la imputabilidad", ya que: "el simple alcoholismo crónico, y controlado, no causa alteración alguna en la capacidad de obrar y discernir" (SSTS. 27.4.2000, 28.9.95).
Para considerar el alcoholismo crónico como sustrato de una circunstancia que exima o aminore la imputabilidad del sujeto, es preciso no sólo la presencia de la enfermedad, sino también la constatación de la afectación real de las facultades intelectivas y volitivas de quien la sufre, de tal modo que la intensidad de la alteración habrá de ser el criterio determinante para graduar la imputabilidad, ya que, fuera de las acreditadas situaciones graves que pueden llegar a la "locura alcohólica" que origina la irresponsabilidad del sujeto, o las situaciones menos graves en las que no se anula la personalidad pero sí se disminuyen las facultades de inteligencia y voluntad, fuera de esas situaciones, -se reitera- el simple alcoholismo crónico y controlado, no causa alteración alguna en la capacidad de obrar y discernir ( STS de 2.5.2001).
Lo verdaderamente importante, a los efectos de valorar su capacidad de imputabilidad o culpabilidad, es el estado mental y sus padecimientos patológicos que es lo que nos permite establecer los grados de conocimiento y su nivel, para considerar que el acusado estaba con su capacidad de culpabilidad, notoriamente disminuida, hasta el punto de considerar que se puede calificar como una eximente incompleta de enajenación mental (STS. 5.3.2003).
En el caso analizado, ninguna referencia se recoge en los hechos probados del alcoholismo del acusado, ni menos aun a la objetivación de la presencia de sintomatologia psicótica alucinatoria o delirante, en consecuencia es de aplicación la doctrina sentada en la STS. 908/2002 de 25.5 en el sentido de que "el alcoholismo por si mismo o la alcoholización del autor no opera automáticamente como eximente o en su caso, como atenuante.
Con relación a la embriaguez conlleva situaciones diferentes en el ámbito penal que es necesario distinguir y analizar:
Así la STS. 19.6.2000, con cita de la de 7.10.98, recuerda:
cuando la embriaguez es plena y fortuita se está ante una eximente completa por trastorno mental transitorio (art. 20.1 CP). Eximente ampliamente abordada por la jurisprudencia que la considera como reacción anormal tan enérgica y avasalladora para la mente del sujeto que le priva de toca capacidad de raciocinio eliminando y anulando su capacidad compresiva y volitiva, en expresión de la S. 15.4.98 " fulminación de conciencia tan intensa y profunda que impide al agente conocer el alcance antijurídico de su conducta despojándole del libre arbitrio que debe presidir cualquier proceder humano responsable".
cuando la embriaguez es fortuita pero no plena se puede llegar a la eximente incompleta si las facultades intelectivas y volitivas se encuentra seriamente disminuidas cuando la ejecución de los hechos (art. 21.1 CP).
no siendo habitual ni provocada con el propósito de delinquir, que determine o influya en la realización del hecho delictivo, se estará ante una atenuante del art. 21.2 CP, incluso como muy cualificada si sus efectos han sido especialmente intensos; y
cuando la diminución de la voluntad y de la capacidad de entender ha sido leve, cualesquiera que sean las circunstancias alcohólicas que las motivan, únicamente puede ser apreciada la atenuante analógica, art. 21.6 CP (STS. 20/2002 de 28.1).
La STS. 21.9.2000, interpretando el actual art. 20 CP, matiza estas categorías indicando que en supuestos de adicción acreditada del sujeto a las bebidas alcohólicas, dicha dependencia por sí sola será relevante si además concurren alguna de las siguientes condiciones: o bien la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas que tengan su causa en dicha adicción, lo que podrá constituir también base para estimar la eximente completa o incompleta según el grado de afectación del entendimiento o la voluntad; o, en segundo lugar, por la vía de la atenuante del artículo 21.2 C.P., atendida su relevancia motivacional, supuesta la gravedad de la adicción, debiendo constatarse una relación causal o motivacional entre dependencia y perpetración del delito.
Ahora bien, no basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto, pues en cualquier caso, en el actual sistema del Código Penal se trata de circunstancias que afectan a las capacidades del sujeto, no es suficiente con determinar la causa que las origina, sino que es preciso además especificar los efectos producidos en el caso concreto. En particular, cuando se trata de la ingesta de bebidas alcohólicas, es necesario determinar de alguna forma los líquidos ingeridos o al menos la existencia del consumo junto con datos que permitan su valoración, y además precisar suficientemente los efectos que ha causado en la capacidad del sujeto para entender la ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión, debiendo tenerse presente que , como tiene reiterado esta Sala Segunda del Tribunal Supremo -por todas S. 9.10.99- la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el onus de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado, y la participación en él del acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi incumbit qui decit non qui negat" y "afirmati non neganti incumbit probatio, negativa non sinut probanda", STS. 18.11.87, 29.2.88, en las que se afirma que la presunción de inocencia no puede recaer sobre algo en principio anormal, cual es una circunstancia de imputabilidad, siendo igualmente doctrina jurisprudencial la de que las circunstancias modificativas han de surgir de la declaración de hechos probados y han de tener tan notoria claridad y evidencia como el hecho mismo, sin que puedan fundarse en conjeturas y presunciones (SSTS. 12.4.95, 23.10.96).
Sin embargo en el presente caso ninguna prueba existe de los efectos del pretendido estado de intoxicación etílica del acusado, la mera afirmación de la víctima de que el agresor olía a alcohol, no es suficiente para aplicar la atenuante pretendida pues no basta para ello haber ingerido bebidas alcohólicas, sino que tal ingesta haya determinado una merma notable en el acusado de su capacidad de entender la significación antijurídica de su comportamiento o de obrar conforme a ese entendimiento y la mera ingesta de una indeterminada cantidad de alcohol no implica por si misma que las facultades mentales de aquél se encuentren alteradas.
No siendo ocioso recordar que el antabus que tenia prescrito el acusado para su alcoholismo crónico no incrementa los efectos del alcohol en orden a la alteración de las facultades intelectivas y volitivas sino que produce efectos secundarios sintomáticos desde rubefacción, taquicardias, alteraciones gastrointestinales, pero no alteraciones en el comportamiento, esto es produce un malestar general pero no incide en su capacidad de voluntad y comprensión.
El motivo tercero, por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim. y del art. 5.4 LOPJ. por vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. e infracción del art. 68 CP. por falta de motivación o motivación inadecuada o insuficiente respecto de la individualización de las penas impuestas, con vulneración de lo dispuesto en el art. 68 CP. por entenderse que, en caso de estimarse como aplicable la eximente incompleta, debió rebajarse la pena prevista en la Ley en dos grados y no en uno como lo hizo la Sala de instancia, o en su caso rebajada en un grado receptivamente, pero aplicando el mínimo del grado inferior.
Esta Sala, por acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 22.3.98, entendió que en estos casos la reducción en al menos un grado era preceptiva, siendo preceptiva, siendo lo discrecional la rebaja en dos. Y en este sentido el arbitrio judicial es una facultad discrecional del órgano jurisdiccional y según ello, el uso que de él se haga, subiendo o bajando las penas o recorriendo la extensión de cada grado, es algo que solo al Tribunal de instancia compete. Ciertamente el uso del arbitrio ha de ser prudente y racional, siendo preciso que nazca del ponderado examen de las circunstancias referidas a los hechos y a los culpables de los mismos, fijadas en cada caso, lo cual, además deberá quedar constatado en la sentencia. Otra cosa convierte el arbitrio en arbitrariedad, pues el uso de tal preciada facultad, al no hacer de la mesura y razón, se convierte en irracional, desmesurado o desproporcionado, lo que es sinónimo de injusto, adjetivo que debe estar siempre ausente de las actuaciones judiciales.
En esta dirección las SSTS. 22.12.87, 5.10.88 y 5.7.91 ya establecían que "en la terminología corriente se suele decir que la determinación de la pena depende del arbitrio del Tribunal. Tales expresiones, sin embargo, no se pueden tomar en sentido estricto, dado que en nuestro Estado de Derecho rige la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Por lo tanto el arbitrio de los Tribunales estará en su esencia jurídicamente vinculado, lo que significa que debe ser ejercido con arreglo a los principios jurídicos".
En el caso que nos ocupa la Audiencia opta por rebajar las penas un grado, "habida cuenta las circunstancias personales del procesado al tiempo de su comisión, en relación con el hecho de que la limitación de funciones psíquicas aludida, aunque fuera notable, no cabe considerarla de entidad tal como para estar rayana con la privación de toda voluntariedad en los actos por su parte cometidos habiendo discernido perfectamente en la elección de la víctima de sus acciones, buscando con su actuación la imposición unilateral y arbitraria de las pretensiones, pese a ser conocedor del menoscabo que con su actuación se estaba produciendo en los derechos a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad, a la libertad sexual y a la salud de Natalia, debiendo significarse, finalmente, que dentro de la extensión de las penas rebajadas en un grado, procede determinar la duración de la condena en la mitad de la extensión de la pena a imponer con la rebaja en un grado referida y ello atendiendo a las indicadas circunstancias personales del encausado y a la gravedad de los hechos...".
Esta motivación no es que sea un modelo de individualización de la pena, pero contiene los elementos mínimos suficientes para verificar en este trance casacional, que los jueces de instancia no han obrado caprichosamente al establecer la respuesta punitiva o la acción delictiva (STS. 21.4.2004).
El motivo cuarto por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim. e infracción e indebida aplicación del art. 163.1 y 2 CP. al condenar a David como autor de un delito de detención ilegal, toda vez que en el relato fáctico de la sentencia no concurren todos los requisitos del mencionado tipo penal, y en todo caso, dicho delito no constituiría un plus a apreciar independientemente sino que debería haberse subsumido en su caso como integrante o medio para la agresión sexual.
Sabida es la grave dificultad que hay, en general, para distinguir entre concurso de leyes o normas y concurso de delitos, particularmente cuando se trata de examinar si se produjo absorción de un delito más simple en otro de mayor complejidad (art. 8.3.1 CP). En estos casos, hemos dicho y repetido en esta Sala (SSTS. 875/2004 de 19.6, 1706/2002 de 9.10), de acuerdo con la doctrina, solo cabe un criterio de valoración jurídica sumamente impreciso: si la aplicación de una norma cubre la totalidad de la significación antijurídica del hecho, nos encontramos ante un concurso de normas; si para abarcar toda esa significación antijurídica es preciso acudir al castigo conforme a las dos leyes en juego, estamos ante un concurso de delitos, real o ideal, según las características de cada hecho.
Pues bien, el relato fáctico de la sentencia de instancia, cuyo escrupuloso respeto exige la vía casacional elegida, hace constar que el acusado, llegó al domicilio de su antigua compañera sentimental, procediendo a continuación a llamar a la puerta y al serle abierta por su moradora, tras propinarle un empujón accedió al interior del inmueble, que seguidamente tras ejecutar actos intimidatorios y proferir amenazas contra Natalia, colocó un cable y muebles para dificultar la salida de la casa por unas puertas e igualmente rompió el teléfono fijo y la tarjeta de un teléfono móvil que se encontraba en el lugar para impedir que la citada Natalia pudiera dar aviso de su situación, a la vez que le exigía que abandonase a su nueva pareja sentimental, con la advertencia de que si no lo hacia mataría a ambos, quedándose el expresado David con la llave de la puerta de acceso a la casa, la cual cerró, ante lo cual Natalia presa del tenor que sentía y con la finalidad de tranquilizar al acusado, le dijo que volviera con él, tras lo que ésta se tranquilizó y le dijo que se fuera de la cama, que iba a echarle un par de polvos, a lo que ella se negó, recibiendo como respuesta que se callara y tras tumbarla sobre la cama, la desnudó de cintura para abajo y pese a la reiteración de su negativa, se colocó sobre su cuerpo y mientras la citada Natalia permanecía paralizada por el miedo, la penetró vaginalmente, llegando a eyacular sobre las sabanas, y como se despertara el hijo común de ambos, Natalia se levantó y aprovechó para buscar disimuladamente otras llaves de la puerta de la casa y otro teléfono móvil que guardaba, con el que logró comunicar con el numero 0120 del Area de atención a la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, posibilitándose de este modo que miembros de la Guardia Civil, sobre las 11 horas, se personasen en el lugar, tras lo que la mencionada Natalia tomó al hijo común y aprovechando un descuido de David, abandonó la casa.
De la anterior narración fáctica la ilegalidad de la detención no puede cuestionarse ante la inexistencia de supuestos que la justificaran y la conducta descrita integra del delito del art. 163.1 y 2 CP., cuyo forma comisiva está representada por los dos verbos nucleares de "encerrar" o "detener",, fieles exponentes de un acto eminentemente coactivo realizado contra la voluntad o sin la voluntad de una persona; afecta a un derecho fundamental cual es la facultad deambulatoria consagrada en los arts. 17.1 CE y 489 LECrim. que consiste en la libertad de movimientos, de trasladarse de un lugar a otro, según la voluntad del sujeto (art. 19 CE). Esta libertad, a la que se refiere exclusivamente el art. 17.1 CE. se cercena bien obligando a la persona a permanecer en un determinado sitio cerrado "encerrar", o bien impidiéndole moverse en un espacio abierto "detención". (SSTS. 18.1.99, 12.5.99, 5.3.2000, 1.3.2002), cual aconteció en el supuesto que se analiza, en el que hubo una privación de libertad deambulatoria, en su modalidad de encierro, al impedir a la víctima salir de su domicilio, colocando un cable y muebles en la puerta, cerrando con llave la misma y rompiendo el teléfono fijo y la tarjeta del móvil.
Hubo pues, plena consumación del delito de detención ilegal que no olvidemos, se trata de una infracción instantánea que se consuma desde el momento en que la detención o encierro tiene lugar, de ahí que en un principio, el mayor o menor lapso de tiempo durante el cual se proyecta el delito es indiferente, pues lo esencial es la privación de libertad, aunque sea por breve espacio y el animo del autor orientado a causarla (SSTS. 307/2000 de 27.2, 574/2000 de 31.3, 14/2001 de 16.1, 164/2001 de 5.3, 496/2003 de 1.4, 1400/2003 de 28.10, 1424/2004 de 1.12).
Y en cuanto al dolo especifico, el elemento subjetivo de este delito no requiere que el autor haya obrado con una especial tendencia de desprecio a la víctima diversa de la que ya expresa el dolo, en tanto conocimiento de la privación de la libertad ambulatoria de otra persona (STS. 5.6.2003), consecuentemente, comprobada la existencia del dolo, ningún propósito especifico se requiere para completar el tipo subjetivo, y por lo tanto, la privación de libertad, reúne todos los elementos del tipo, siendo irrelevantes los móviles, pues el tipo no hace referencia a propósitos ni a finalidades comisivas (SSTS. 1075/2001 de 1.6, 1627/2002 de 8.10).
En el caso que se examina, en lo que excede de la violencia o intimidación necesarias para la agresión sexual, ésta puede concurrir con la detención ilegal (SSTS. 513/97 de 19.4, 33/2001 de 17/1, 1108/2002 de 11.6). La autonomía del delito de detención ilegal supone que la privación del derecho fundamental a la libertad tenga una existencia sustantiva y propia, con independencia de la propia retención derivada de la agresión sexual. Por ello, cuando, como es el supuesto enjuiciado, el tiempo y circunstancia de la detención exceden con mucho del que era preciso para la comisión de la violación y aún hubiera transcurrido más tiempo de no haber logrado la víctima avisar a la Guardia Civil la detención adquiere una entidad propia e independiente de los delitos anteriores y ha de ser penada por separado, máxime cuando es preciso reconocer que la detención tuvo por objeto otros fines distintos del de atentar contra la libertad sexual que parecen ser, según se desprende los hechos que se declaran probados, la intención del procesado de reanudar sus relaciones con la víctima y que ésta cesase las que mantenía con otra tercera persona. Existieron pues dos acciones independientes realizadas sucesivamente, no puede considerarse que la detención estuviera orientada exclusivamente al ataque sexual posterior pues el acceso carnal puedo existir de accederse voluntariamente a la solicitud del acusado.
En el caso de ahora queda clara la detención por privación del derecho a deambular libremente, de un lado, y la agresión sexual por sometimiento de la mujer a los actos sexuales después de utilizar sobre ella la intimidación necesaria para provocar en la misma una situación de temor y paralización por el miedo que sentía, de otro, plus de agravio y una falta de necesidad grave cometer la agresión sexual que rompe la unidad de acción y determine la existencia de dos delitos diferentes (SS. 1084/2000 de 9.6 y 1607/2003 de 1.12).
El motivo quinto por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. e infracción e indebida aplicación del art. 169.2 CP. al condenar al acusado como autor de un delito de amenazas, toda vez que en dicho relato fáctico no concurren todos los requisitos del mencionado tipo penal y en todo caso dicho delito no constituiría un plus o apreciar independientemente sino que debería haberse subsumido en su caso como integrante o medio para la agresión sexual.
El motivo que coincide en su planteamiento y desarrollo con el anterior debe ser desestimado.
De una parte el delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto y determinado y posible con el único propósito de crear una intranquilidad de animo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo (STS. 593/2003 del 16.4).
Los caracteres esenciales de dicho delito son:
) el bien jurídico protegido es la libertad de la persona y el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida; 2º) es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo; 3º) el contenido o núcleo esencial del tipo es el anuncio en hechos o expresiones, de causar a otro un mal que constituya delito de los enumerados; anuncio de mal que de ser serio, real y perseverante, de tal forma que ocasione una repulsa social indudable; 4º) el mal anunciado ha de ser futuro, injusto, determinado y posible que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo y produce la natural intimidación en el amenazado; 5º) este delito es eminentemente circunstancial, debiendo valorarse la ocasión en que se profiera, personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza; 6º) el dolo específico consiste en ejercer presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego, dolo indubitado, en cuanto encierra un plan premeditado de actuar con tal fin o "animo intimidatorio evidente contra la víctima (ATS. 1880/2003 de 14.11).
A los que habría que añadir que esas mismas circunstancias subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social que fundamente razonablemente el juicio de antijuricidad de la acción y su calificación como delictiva.
Y de la otra parte, es cierto que la agresión sexual se define como el atentado contra la libertad de una persona con violencia o intimidación. Por violencia se ha entendido el empleo de fuerza física, y así como recuerda la STS. 1546/2002 de 23.9, se ha dicho que equivale a acometimiento, coacción o imposición material e implica una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes, empujones, desgarros ropa, es decir; fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la víctima (STS. 1145/98 de 7.10; 413/2004 de 31.3). Mientras que la intimidación y de naturaleza psíquica y requiere el empleo de cualquier forma de coacción, amenaza o amedrantamiento con un mal racional y fundado, uso de vis compulsiva o vis psíquica que compete a ceder a los propósitos del agente (SSTS. 1583/2002 de 3.10, 2131/2002 de 11.12).
Por ello habrá casos en que esa actitud violenta y amenazante constituye la violencia o intimidación propia de la agresión sexual y esas amenazas de un mal de entidad suficiente para doblegar la voluntad de la persona constituirán el elemento definitivo de la violación, lo que impediría su castigo independiente.
Ahora bien, en el caso analizado aunque los hechos se producen sin solución de continuidad, con ello no se quiere decir que se trate de un supuesto de unidad de acción delictiva, es decir, no existe una sola acción base o soporte de una pluralidad de resultados delictivos, sino de dos acciones independientes cuya ejecución se apoya en hechos también distintos. No existe una única manifestación de voluntad externa por parte del acusado, sino una primera dirigida a vulnerar la libertad sexual de forma especifica, valores jurídicos distintos e independientes. No hay superposición o solapamiento y por ello no estamos en presencia de un concurso de normas sino un concurso real o material de delitos. Es cierto que la intimidación perdura desde el inicio de la situación que concluye con la agresión sexual, pero siendo dos acciones diferentes, aunque masivas, dos manifestaciones de voluntad diferenciadas, el elemento intimidatorio y coactivo tiene eficacia escindible tanto en el delito de amenazas como en el de agresión sexual. En el primero, las amenazas se inician en el mismo momento de entrar el acusado en la casa con la colocación del cuchillo de 15 cms. de hoja en la cintura de la víctima y diciendo a ésta que si hacia algo raro la mataba, continuando con la exigencia de que abandonase a su nueva pareja sentimental, con la advertencia de que si no lo hacia mataría a ambos. En el segundo, al decirla que se fuera a la cama y que le iba a echar un par de polvos, y al negarse ésta, responderle que se callara y tras tumbarla sobre la cama y desnudarla de cintura para abajo y, pese a su negativa reiterada, penetrarla vaginalmente, mientras Natalia permanecía paralizada por el miedo.
Por esta razón, existencia de un concurso real de delitos, debe desestimarse la pretendida infracción del principio "non bis in idem", que impide que un mismo hecho pueda ser tenido en consideración con plurales efectos agravatorios y fundamentadores de una responsabilidad criminal, de tal forma que no puede sancionarse de modo plural un mismo hecho, si el injusto que comprende a los tipos es unitario (SSTS. 18.2.2000 que cita la STC. 204/96). Los tipos penales aplicados constituyen parcelas distintas de protección penal de bienes jurídicos diversos y en base a ello falta el elemento relativo a la existencia de un injusto unitario.
El sexto motivo de casación por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim. e infracción e indebida aplicación del art. 202.1 y 2 CP. al condenar a David como autor de un delito de allanamiento de morada, dado que el acusado no pudo cometer el delito de agresión sexual si previamente no entraba en la vivienda de su ex compañera, constituyendo medio para llevar a efecto la fuerza o intimidación que forma el complejo delictivo descrito en el art. 178 CP, junto con el acceso carnal, de tal manera que no procede su incriminación independiente, por cuento ello supondría penar dos veces la misma conducta, en la medida de que se trate de un delito compuesto y no de un concurso de agresión sexual con allanamiento de morada, detención ilegal o amenazas, pues tal antijuricidad ya viene recogida en el tipo penal de la agresión.
La inviolabilidad del domicilio "constituye un auténtico derecho fundamental de la persona establecido para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública", exención o inmunidad que tienen su causa y razón de ser en que el domicilio es, como se dice en la citada STC 22/84, "un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima". El valor constitucional de la intimidad personal y familiar que, como decimos, explica el mayor rigor punitivo con que se protege en el CP vigente la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas, sugiere que debe ser el derecho de éstas a la intimidad la clave con que debe ser interpretado el art. 202 CP, de suerte que el elemento objetivo del tipo descrito en esta norma debe entenderse "puesto" siempre que la privacidad resulte lesionada o gravemente amenazada, lo que inevitablemente ocurrirá cuando alguien entre en la vivienda de una persona, cualquiera que sea el móvil que a ello le induzca, sin su consentimiento expreso o tácito. No exige el tipo diseñado por el legislador un elemento subjetivo especifico: es suficiente con que se "ponga" el tipo objetivo con conciencia de que entra en un domicilio ajeno sin consentimiento de quienes pueden otorgarlo y sin motivo justificante que pueda subsanar la falta de autorización , pues dicha conciencia necesariamente comporta la de que se invada el espacio en que otras personas viven sin sujeción a los usos y convenciones sociales y ejerciendo su más intima libertad (STS. 14.6.2000). La conducta positiva entrar o permanecer en morada ajena -ha de realizarse contra la voluntad del morador o del que tiene derecho a excluir, voluntad que puede ser expresa, tácita y hasta presunta; no es necesario que sea expresa y directa, bastando que lógica y racionalmente pueda deducirse de las circunstancias del hecho de otros antecedentes (STS. 17.11.2000), solo se exigirá el dolo genérico de entrar o mantenerse en morada ajena contra la voluntad del morador, sin requerirse la presencia de ningún otro especial elemento subjetivo del injusto (STS. 17.11.2000) bastando con la conciencia de la ajeneidad de la morada y de la ilicitud de la acción.
En el caso que se enjuicia en el relato fáctico se describe una conducta del acusado propinando un empujón a la moradora y accediendo así al interior de la vivienda, diciendo a aquella que si hacia algo raro la mataba, colocando un cuchillo de 15 cm. de hoja en la cintura y permaneciendo en la vivienda, incluso cuando Natalia había conseguido salir de la misma, hasta que fue sacada por la fuerza por la Guardia Civil, que integra el tipo penal descrito en el art. 202.1 y 2 CP.
Respecto a la alegada consunción en el delito de agresión sexual, retomando lo ya razonado en los motivos cuarto y quinto, debemos recordar -como señala la STC. 221/97 de 4.12, que el principio "non bis in idem" si bien no aparece expresamente reconocido en el texto constitucional, ha de estimarse comprendido en su art. 25.1 en cuanto integrado en el derecho fundamental a la legalidad penal con el que guarda intima relación (SSTC. 2/81, 154/90 y 204/96 entre otras). Tal principio, evidentemente intocable en el supuesto de una duplicidad de acciones penales, es decir, cuando un mismo delito fuera objeto de sentencias condenatorias distintas (STC. 66/81), supone, en definitiva, la prohibición de un ejercicio reiterado del "ius puniendi" del Estado, que impide castigar doblemente tanto en el ámbito de las sanciones penales como en el de las administrativas.
Pues bien, en modo alguno puede entenderse por la teoría de la consunción que el delito de allanamiento de morada por el que fue condenado el acusado fue absorbido por el delito de agresión sexual, cuando son totalmente distintos, como distinto es el bien jurídico de una y otra infracción, siendo perfectamente autónomos e independientes sin que entre ellos exista la relación que haga posible un supuesto de progresión o se dé el caso de que uno de los preceptos en los que el hecho es subsumible en su injusto el todo, de modo que el supuesto fáctico previsto por una de las normas constituya parte integrante del previsto por otra, y si se admitiera la aplicación del principio de consunción no se produciría la integra desvalorización del hecho, si se penara solo la agresión sexual y no el allanamiento de morada, quedaría impune una parte injusta del hecho.
La jurisprudencia ha extendido el supuesto concursal a la agresión sexual y allanamiento de morada en sentencias 18.5.90 y 7.2.87, precisando esta última que "cuando un solo comportamiento, es susceptible de incardinación o subsunción en distintos preceptos penales que se excluyen entre sí caso de ser compatibles su aplicación, se produciría una hipótesis de concurso ideal de delitos, en su modalidad pluriofensiva-, se produce un concurso de leyes o conflicto aparente de las mismas, el cual se resuelve o dirime, bien por el criterio de la especialidad -"lex especialis derogat legi generali"-, bien por el de la gravedad o subsidiariedad -"lex primaria derogat lex subsidiaria"-, del cual hay manifestaciones múltiples a lo largo del Código Penal y una plasmación general en el artículo 68 de dicho cuerpo legal, (actual art.8 bien por el de
la absorción o consunción -"lex consumens derogat legi compsuntae"-, bien finalmente, por el de la alternatividad; pero si se trata de dos conductas distintas y no de una sola, puede ocurrir que, las mismas, no se hallen interrelacionadas sino que hayan nacido autónomamente o con independencia, en cuyo caso, se aplicarán las normas reguladoras del concurso real de delitos contenidas en los artículos 69 y 70 del Código Penal, (actuales arts. 73 y 75), o que exista una relación de medio a fin, entre una y otra, en cuyo supuesto habrá un concurso ideal de delitos en su modalidad medial, instrumental o teleológica, prevista en el artículo 71 del referido Código Penal (actual art. 77), la cual determinará la punición de la infracción de mayor gravedad en su grado máximo y hasta el límite que el dicho precepto establece, y si, ello, perjudica al reo o reos, se punirán, las infracciones, con independencia".
Pues bien, en el caso analizado se perpetraron un delito de allanamiento de morada y otros, entre ellos, una agresión sexual, de los cuales el primero, tal como el propio recurrente señala, era necesario para cometer la agresión sexual, constituyendo medio para llevar a efecto la fuerza o intimidación que forman el complejo delictivo descrito en el art. 178 CP. junto con el acceso carnal, ello implicaría, en el mejor de los casos para el recurrente, el no entender concurrente ninguna hipótesis de concurso de leyes y si de una modalidad de concurso ideal de delitos -en su versión medial- penando separadamente los hechos punibles referidos, por cuanto seria la solución más favorable para el reo, tal como ha hecho la sentencia de instancia, si bien por las normas del concurso real.
El motivo séptimo por la vía del art. 852 LECrim. y art. 5.4 LOPJ., vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE. toda vez que aunque la sola declaración de la víctima puede constituir suficiente actividad probatoria de cargo capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, en el presente caso por las contradicciones en que incurrió la víctima en las diversas declaraciones prestadas, debe dudarse de su veracidad, además del hecho de que existen relaciones previas entre acusado y víctima, no concurriendo los requisitos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación.
También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparte de las reglas de la lógica y no es, por tanto, irracional o arbitraria. Las posibilidades de realizar es revisión no suponen una autorización para invadir el campo de la valoración de la prueba, extremo que corresponde al Tribunal de instancia, ante el cual se practica y que puede por ello realizar un análisis conjunto y completo de toda la practicada. Hemos dicho en STS. 20/2001 de 28.3 que "el derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales SS.TS 7.4.92 y 21.12.99)". Cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en casación, salvo en casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquel Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraria. Tiene dicho esta Sala en S. 146/99 que el juicio sobre la prueba producida en juicio oral es solo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta en la observación por parte del Tribunal de los hechos, en las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y en conocimientos científicos. Por el contrario son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que dependen substancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia. En este sentido se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos en principio queda fuera de la posibilidad de revisión en el marco de la casación (STS. 22.9.92, 30.3.93, 7.10.2002).
- Ahora bien, si bien es la parte acusadora quien tiene la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado, su verdadero espacio abarca dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, entendiendo el término "culpabilidad" como sinónimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprobabilidad jurídico-penal. Por ello mismo son ajenos a esta presunción los temas de tipificación STC 195/93 y las en ella citadas).
Pues bien la Sala de instancia valora las pruebas practicadas en las sesiones del juicio oral, cuyo resultado sintetiza en el Fundamento de Derecho primero, paginas de 9 a 14 de la sentencia, compara dichas pruebas con el resultado que respecto a ellas ya consta documentado en autos, durante la instrucción del proceso, paginas 14 a 15 de la sentencia, y la documental que enumera en la pagina 16, para llegar a la plena convicción moral de que los hechos llevados a cabo por el acusado son constitutivos de las infracciones cuya comisión cuestiona el recurrente.
En el caso examinado la sentencia de instancia destaca en relación al delito de agresión sexual como las manifestaciones de la víctima han sido tajantes y certeras sin que conste mínimamente acreditado su consentimiento con el acto realizado, que está acreditado por los restos de semen hallados en las sabanas que coincide con el perfil genético del acusado, sin que el dato de que en el informe de asistencia en el Area de Urgencia de Maternidad del Hospital Universitario de Málaga no aparecieran hematomas ni erosiones en sus órganos sexuales sea especialmente relevante, dado que la agresión sexual no se materializó mediante el empleo de la fuerza física sino que la acción medial fue intimidatoria, cesando la oposición de la víctima, presa del temor que le causó la actitud violenta anterior del acusado. Por ello en el factum se describe que ella se negó a tener relaciones sexuales, recibiendo como respuesta que se callara y tras tumbarla en la cama, la desnudó de cintura para abajo y pese a la reiteración de su negativa, se colocó sobre su cuerpo y mientras la citada Natalia permanecía paralizada por el miedo, la penetró vaginalmente, llegando a eyacular sobre las sabanas. Por ello la penetración sufrida se produjo contra su voluntad, dada la conminación sufrida y se está describiendo una acción de violación, pues se ha excluido la actuación de toda oposición, paralizándola en su inicio, mediante las amenazas anteriores.
Respecto a las amenazas y a la detención ilegal, el testimonio de la víctima en el juicio oral apreciado por la Sala con la consiguiente inmediación, estando corroborado por las declaraciones testificlaes de los Guardias Civiles con tarjeta de identidad NUM001 y NUM002, en el sentido de que en una puerta tenia colocado un cable que podía producir una descarga si se intentaba entrar, teniendo además muebles obstruyendo las puertas de entrada y salida.
Y con respecto al allanamiento de morada, la misma testifical de los agente indicados corrobora la versión de Natalia, al destacar la existencia de destrozos de la casa y el comportamiento violento y agresivo del acusado que persistió una vez abandonó aquella la vivienda, permaneciendo en ella durante tres horas mas hasta que fue sacado por la fuerza por los Agentes de la autoridad.
En definitiva ha existido prueba de cargo licita, practicada en el juicio oral y suficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio. La valoración que de la misma lleva a cabo el Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, no debe esta Sala sustituirla por otra valoración alternativa de los elementos de prueba disponibles.
Desestimándose el recurso procede la condena en constas a la parte recurrente, art. 901 LECrim.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, por quebrantamiento de forma e infracción de Ley interpuesto por David, contra sentencia de 23 de noviembre de 2004, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, que le condenó como autor de un delito de robo, allanamiento de morada, hurto y amenazas; y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su respectivo recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Siro Francisco García Pérez Andrés Martínez Arrieta Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre
STS 667/2008
STS 1027/2010 (Abuso sexual, Hurto, Agresión sexual)
Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 19 de Febrero de 2014
Sentencia de TSJ Comunidad de Madrid (Madrid), Sala de lo Contencioso, 7 de Febrero de 2001
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 5 de Octubre de 2005
Auto nº 453/2003 de AP Madrid, Sección 15ª, 4 de Noviembre de 2003
Sentencia nº 371/2006 de TSJ Murcia (Murcia), Sala de lo Contencioso, 19 de Mayo de 2006

References: artículo 244
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 70
 artículo 234
 artículo 202
 artículo 163
 artículo 179
 artículo 169
 artículo 617
 artículo 625
 artículo 464
 artículo 74
 artículo 576
 artículo 21
 artículo 68
 artículo 71