Source: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleLeyesCompleto.php?nro_ley=8072
Timestamp: 2019-09-17 15:34:18+00:00

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DETALLE DE LA LEY Nº 8072
Decreto Nº 1319/18 - LEY N° 8.072. APRUEBA REGLAMENTACIÓN SISTEMA DE CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA.
Resolución Nº 39/19 - CONTENCIÓN DE GASTOS. DECRETO Nº 233/19. PROGRAMACIÓN DE GASTOS. CUOTA COMPROMISO, PAGOS.
Resolución Nº 216/19 - APRUEBA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS EFECTUADAS EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA ESTABLECIDO POR LEY Nº 8072.
Decreto Nº 946/19 - MODIFICA DECRETO N° 1.319/2018. REGLAMENTACIÓN DE LEY N° 8.072: SISTEMA DE CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA.
Resolución Nº 584D/19 - LEY Nº 8072. SISTEMA DE CONTRATACIONES. SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. UNIDADES OPERATIVAS. ADJUDICACIÓN SIMPLE. ARTÍCULO 14.
Aviso Nº 100074385 - CORTE DE JUSTICIA DE SALTA - Nº 12935 NORMAS OPERATIVAS PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL PODER JUDICIAL.
SISTEMA DE CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA.
El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Auditoria General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y las Municipalidades, quedan habilitados para dictar normas procedimentales internas a los fines de la aplicación de esta Ley en sus respectivos ámbitos, con sujeción a los principios de esta Ley.
Art. 2°.- Contratos Comprendidos.
Art. 3°.- Contratos Excluidos.
a)	La relación de empleo público.
b)	Las compras por caja chica o regímenes equivalentes.
c)	Los que se celebren con Estados Extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley cuando expresamente se lo establezca por acuerdo de partes.
d)	Las operaciones de crédito público y los contratos accesorios a las mismas.
e)	Las operaciones de venta que las entidades comprendidas en el artículo 1o deban realizar en cumplimiento de sus estatutos orgánicos u objeto específico.
f)	Los convenios de cooperación que se celebren con otros entes de derecho público.
g)	Los acuerdos que celebre el Estado Provincial con otros Estados Provinciales, Municipales y el Estado Nacional.
h)	Los convenios de colaboración que celebre la administración con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de actividades privadas de interés público sin fines de lucro.
Art. 4°.- Centralización normativa. Descentralización operativa.
a)	La centralización de las políticas y las normas.
b)	La descentralización de las funciones operativas de contratar bienes, obras y servicios.
Art. 5°.- Organización del Sistema.
a)	La Unidad Central de Contrataciones creada en la jurisdicción del Ministerio de Economía, tendrá por función centralizar todo lo referente a políticas, normas, procedimientos, información, control y evaluación del sistema en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. La Unidad Central de Contrataciones coordinará su acción con los organismos individualizados en el segundo párrafo del artículo 1°.
b)	Unidades operativas que funcionarán en dependencias de las entidades mencionadas en el tercer párrafo del artículo 1o, con arreglo a lo que disponga la reglamentación. Tales unidades operativas serán responsables de la gestión de contratación.
Art. 6°.- Programa de Contrataciones.
Art. 7°.- Funcionarios Responsables.
Art 8°.- Sistema de Información.
Art. 9°.- Principios Generales.
a)	Legalidad.
b)	Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre
c)	Transparencia en los procedimientos.
d)	Publicidad y difusión de las actuaciones.
e)	Igualdad de tratamiento y posibilidades para oferentes.
f)	Flexibilidad y formalismo moderado en los procedimientos.
g)	Razonabilidad del proyecto de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.
h)	Eficiencia y Eficacia.
i)	Sustentabilidad.
Art 11.- Contrataciones en Formato Digital.
Se considerarán válidas las notificaciones en formato digital, mediante procedimientos regulados para cada caso en la reglamentación y en los pliegos o la documentación que haga sus veces.
a)	Licitación Pública.
b)	Adjudicación simple.
c)	Contratación abreviada.
d)	Remate o subasta públicos.
Art 13.- Licitación Pública.
Art. 14.-Adjudicación Simple.
a)	Entre las entidades del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales y con entes públicos no estatales, cuando las mencionadas entidades contraten dentro de su objeto; como así también los contratos que se celebren con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado.
b)	Cuando la licitación pública no hubiese logrado su finalidad, deberá efectuarse un nuevo llamado, modificándose los pliegos en lo que resulte conveniente y pertinente para obtener la finalidad propuesta, con invitación a los oferentes originales y a los que estime necesarios la entidad. Si este nuevo procedimiento no hubiese logrado su finalidad, podrá efectuarse una contratación abreviada con bases y especificaciones semejantes a las del segundo procedimiento fracasado. La publicidad del acto en este último supuesto, se ajustará a lo que determine la reglamentación.
c)	Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes.
d)	Locaciones de inmuebles destinados a la instalación de establecimientos, organismos o reparticiones públicas, en el marco de lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la presente. Las características físicas, edilicias, de accesibilidad, de ubicación, deben satisfacer las necesidades mínimas para las que se destinará el inmueble.
e)	Para adquirir o ejecutar obras de arte, científicas, intelectuales, técnicas o históricas y para restaurar obras de arte y otras, cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia.
f)	La adquisición de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convengan efectuarse por intermedio de organismos internacionales a los que esté vinculada la Nación.
g)	Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores, cuyo desarme, traslado o examen previo resultare oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento.
h)	Los contratos que deban celebrarse y ejecutarse necesariamente fuera de la Provincia.
i)	Cuando existan probadas razones de urgencia o de emergencia que respondan a circunstancias objetivas, lo que deberá ser acreditado en las respectivas actuaciones.
j)	La compra de semovientes, cuando se trate de ejemplares de características especiales.
k)	La compra de productos perecederos siempre que se efectúen directamente a las cooperativas de productores o asociaciones; y con control de precio máximo a pagar por parte de la Unidad Central de Contrataciones.
l)	La adquisición de material bibliográfico del país o del exterior, cuando se efectúe a editoriales o a personas humanas o jurídicas especializadas en la materia.
m)	Cuando exista notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, circunstancia que deberá ser probada en cada caso por las oficinas técnicas competentes.
n)	La adquisición de bienes o servicios a empresas sociales que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Empresas Sociales, previa acreditación que a tal efecto determine la reglamentación.
a)	Subasta para la venta: En forma previa a efectuar un procedimiento para la venta de bienes de propiedad del Estado se deberá contar con las autorizaciones especiales y seguirse los procedimientos que correspondan de acuerdo a las normas sobre gestión y disposición de Bienes del Estado.
b)	Subasta para la compra o subasta inversa: La subasta para la compra o subasta inversa podrá ser aplicada para la adquisición de bienes, en la forma que establezca la reglamentación.
a)	Iniciativa privada.
b)	Llave en mano.
c)	Orden de compra abierta.
d)	Contrataciones Consolidadas.
e)	Acuerdo marco.
f)	Concurso de Proyectos Integrales.
a)	Efectuar la selección del contratista o proveedor en función tanto de la conveniencia técnica de la propuesta como de su precio.
b)	Consignar los factores que habrán de considerarse para la evolución de las propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asignará a cada factor y la manera de aplicarlos.
a)	Plazo de vigencia del contrato.
b)	Descripción del objeto, calidad exigida, los criterios de sustentabilidad que deberán cumplir en su caso y las tolerancias aceptables.
c)	Especificaciones técnicas.
d)	Factores que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas.
e)	Tipo de moneda en que deberá cotizarse el precio y procedimiento de conversión en un único signo monetario para comparar ofertas.
f)	Clase y monto de garantías.
g)	Cronograma de entregas o plan de trabajos.
h)	Condiciones económico-financieras de la contratación.
Cualquiera sea el procedimiento adoptado deberá efectuarse con carácter previo y debida antelación las publicaciones e invitaciones que garanticen el cumplimiento de los principios generales enunciados en el artículo 9°, incluyendo la comunicación a las cámaras empresarias vinculadas al objeto de la contratación.
Sin perjuicio de las restantes exigencias, serán consideradas las propuestas presentadas por oferentes que acrediten su inscripción en el Registro General de Contratistas de la Provincia, que razonablemente se ajusten al objeto requerido, aún cuando el oferente no hubiese sido invitado.
a)	Los suspendidos o inhabilitados en el Registro General de Contratistas y sus cónyuges mientras dure la sanción.
b)	Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
c)	Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Art. 36.-Apertura.
Las entidades mencionadas en el artículo 1o podrán dejar sin efecto los procedimientos indicados precedentemente hasta la instancia previa a la adjudicación, sin que ello otorgue derecho a la devolución de los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de las ofertas, lucro cesante, ni derecho alguno a los interesados.
Art 38.- Dictamen de preadjudicación.
El funcionario responsable deberá en todos los casos recomendar la decisión a adoptar, aún cuando se trate de una sola propuesta válida.
Art 42.- Interpretación del contrato.
Art 46.- Ampliación de plazos de ejecución contractual.
·	Hasta un treinta por ciento (30%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones siempre que en forma total o acumulativa tales modificaciones no superen el porcentaje previsto.
a)	El apercibimiento es un llamado de atención y se aplicará cuando el co-contratante:
1)	Incurriera en las faltas que no lleguen a constituir hechos dolosos.
2)	Desista injustificadamente de ofertas y adjudicaciones.
3)	No presentare o ampliare las garantías de adjudicación, cuando esta fuera requerida.
4)	Incumpliera en la entrega o reposición de efectos.
5)	Incumpliera con sus obligaciones contractuales o cediera el contrato sin autorización.
b)	La suspensión implica la prohibición de contratar con el Estado, durante el período de vigencia de la sanción impuesta y se aplicará al co-contratante en los siguientes casos y plazos:
1)	Hasta un (1) año, cuando sea apercibido por segunda vez dentro del año calendario, contado desde un apercibimiento anterior.
2)	Hasta tres (3) años, cuando cumplida la sanción del punto 1) anterior, sea pasible dentro del año calendario subsiguiente de un nuevo apercibimiento.
c)	La inhabilitación se aplicará al co-contratante en los siguientes casos:
1)	Hasta cinco (5) años, cuando cumplida la sanción prevista en el punto 2) de la suspensión, reincidiera en una nueva falta, dentro del año calendario subsiguiente.
2)	Hasta diez (10) años, cuando cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales, todos aquellos en los que resulte manifiesta intención del oferente o adjudicatario de conseguir la ejecución de un acto o de sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones, sea por aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación.
3)	Será sancionado con la baja definitiva del Registro General de Contratistas de la Provincia, el co-contratante rehabilitado que incurriera en una nueva falta.
a)	Incumplimiento imputable al contratista.
b)	Incumplimiento imputable a la entidad contratante.
c)	Acuerdo de partes.
d)	Caso fortuito o de fuerza mayor.
e)	Quiebra o pérdida de personalidad jurídica del contratista. Será facultad de la entidad contratante rescindir el contrato si el contratista solicita su concurso preventivo.
f)	Revocación por la entidad contratante fundada en razones de oportunidad, mérito o conveniencia.
g)	Fenecimiento del plazo.
h)	Muerte o incapacidad sobreviniente del contratista.
Art 56.- Registro General de Contratistas de la Provincia.
a)	Tener capacidad para obligarse.
b)	Dar cumplimiento a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y las restantes normas de aplicación.
c)	Tener casa de comercio, fábrica o empresa establecida en el país, con licencia de funcionamiento o patente que habilite para comerciar en los rubros que opera o ser productor, importador o representante con poder suficiente de firmas establecidas en el extranjero.
a)	Los particulares, productores de bienes o prestadores de servicios.
b)	Los comerciantes que comúnmente no cumplan dicho requisito por las características de su comercio. La apreciación del caso quedará a cargo de la Unidad Central de Contrataciones.
c)	Los artistas, artesanos y obreros.
a)	Las personas humanas o jurídicas que estén sancionadas registralmente con suspensión, inhabilitación o baja.
b)	Las sociedades en las cuales los alcanzados por el inciso a) posean participación por cualquier título, siempre que éste les permita determinar la voluntad social.
c)	Las personas humanas o jurídicas que posean participación por cualquier título para determinar la voluntad social de una sociedad sancionada, en los términos del inciso a).
d)	Los cónyuges de las personas sancionadas y las sociedades en las que aquéllos posean la participación prevista en los incisos anteriores.
e)	Los sucesores de personas jurídicas que estén sancionadas cuando existan indicios suficientes que por su gravedad, precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras.
f)	Los agentes del Estado, salvo para el ejercicio de la docencia.
g)	Las personas humanas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación.
h)	Las personas humanas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación.
i)	Los procesados o condenados en causas criminales. Sin embargo, la autoridad competente del Registro General de Contratistas de la provincia podrá considerar la inscripción o mantenimiento de ellas cuando no se tratare de delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública y si en virtud de la naturaleza de los hechos, las circunstancias del caso o el tiempo transcurrido, juzgare que la condena no es incompatible con la condición de contratista del Estado.
j)	Los deudores morosos del Estado Provincial.
Las adquisiciones de bienes que ejecuten las entidades mencionadas en el artículo 1°, estarán alcanzadas por este régimen, cualquiera sea su naturaleza y siempre que no estén incluidas dentro del régimen del contrato de obra pública.
La recepción de los efectos, en los lugares establecidos por el contrato tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmaren serán de condición a "revisar", sujetos a verificación posterior.
Art 70.- Concesión de obra pública.
El régimen que se establece se aplicará a los contratos en que las entidades enumeradas en el artículo 1°, encomienden a personas humanas o jurídicas la gestión de proyectar, construir, conservar, mantener u operar una obra pública nueva o preexistente o realizar un trabajo público, autorizándolos a percibir de los usuarios o beneficiarios la contraprestación que les permita amortizar la inversión, cubrir los gastos de la operación y obtener una adecuada rentabilidad durante el plazo del contrato.
a)	Las bases tarifarias y su procedimiento de revisión.
b)	El plan de inversiones y su inserción en la ecuación económico-financiera del contrato.
c)	La eventual utilización de recursos del crédito para financiar la concesión.
d)	Los aportes y garantías del Estado.
e)	El canon a cargo del concesionario.
f)	Las obligaciones recíprocas al término de la concesión.
g)	Las causas y efectos de la resolución contractual: alcances del resarcimiento y bases técnicas de evaluación y régimen de penalidades.
h)	Régimen de reversión.
i)	El capítulo que regulará el derecho de los usuarios, en particular los vinculados a calidad, oportunidad y costo de presentaciones.
a)	Ejecutar la obra en las condiciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces y serán de aplicación las normas previstas en la Ley y su reglamentación.
b)	Conservar la obra y sus instalaciones complementarias asegurando adecuadas condiciones de utilización.
c)	Facilitar a los usuarios en condiciones normales la utilización de la obra objeto de la concesión.
d)	Aplicar las normas y reglamentos sobre utilización y conservación de cada obra sujeta a concesión.
e)	Ajustarse a las normas de la presente Ley y su reglamentación, en la ejecución de las obras realizadas en cumplimiento del contrato de concesión.
f)	Actualizar permanentemente la tecnología usada en la operación a fin de asegurar realizaciones compatibles con el desarrollo tecnológico.
g)	Contratar preferentemente, como mano de obra, a las personas que acrediten residencia en la zona donde se ejecuta la misma.
Los contratos conforme los cuales las entidades enumeradas en el artículo 1°, encomienden a personas humanas o jurídicas la gestión de prestar servicios públicos, autorizándolos a percibir de los usuarios o beneficiarios la contraprestación que les permita amortizar la inversión, cubrir los gastos de operación y obtener una adecuada rentabilidad durante el período que es objeto del contrato, se regirán por las normas específicas que se dicten en forma particularizada para cada sector o servicio público individual sujeto a concesión.
a)	Cláusulas que resguarden los caracteres jurídicos de la actividad objeto del contrato de concesión, a saber: continuidad, igualdad, regularidad, generalidad, uniformidad y obligatoriedad del servicio.
b)	Deberá especificarse objeto, modalidades de prestación, inversiones mínimas, régimen tarifario o precio.
c)	Régimen de rescate, caducidad o revocación por incumplimiento contractual, extinción del objeto, transcurso del plazo u otras modalidades pactadas o establecidas, de conformidad a la naturaleza objeto de la concesión.
d)	Régimen de contralor del concesionario.
e)	Normas o cláusulas que regulen la relación jurídica del concesionario con terceros, especialmente los derechos que amparan a los usuarios, siendo la aplicación subsidiaria y en lo que fuere pertinente, la Ley Nacional 24.240 o la norma que la modifique, reglamente o sustituya.
a)	Prestar el servicio o contratar total o parcialmente su prestación, en las condiciones que prevea la reglamentación.
b)	Conservar los bienes que le sean confiados asegurando adecuadas condiciones de utilización.
c)	Aplicar las normas y procedimientos sobre utilización y conservación de los bienes sujetos a la concesión de servicio público.
d)	Ajustarse a las normas de la presente Ley y su reglamentación en la ejecución de las obras afectadas al cumplimiento o propias del contrato de concesión.
e)	Actualizar permanentemente la tecnología usada en la operación a fin de asegurar prestaciones compatibles con el desarrollo tecnológico.
f)	Al término del contrato, el concesionario deberá entregar a la entidad contratante la obra o infraestructura que sirvió para operar los servicios en adecuado estado de funcionamiento.
Se realizarán contratos de consultoría cuando las entidades mencionadas en el artículo 1° convengan con personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, la prestación de asesoramiento profesional, técnico, científico o artístico, bajo la forma de locación de obra o de servicios intelectuales.
Art. 85.- Subcontratación
Las obras públicas que ejecuten las entidades mencionadas en el artículo 1°, estarán alcanzadas por este régimen legal, como así también los contratos accesorios a las mismas, como la contratación de personas o de bienes destinados a utilizarse, consumirse o incorporarse a las obras, hasta su recepción definitiva, conforme el procedimiento que determine la reglamentación.
a)	Ajuste alzado.
b)	Unidad de medida.
c)	Coste y costas.
d)	Combinación de estos sistemas entre sí.
e)	Pago total o parcial, diferido a períodos posteriores a su ejecución.
f)	Otros sistemas que podrán adoptarse por habilitación emanada del Gobernador.
a)	Que en forma acumulativa no superen el veinte por ciento (20%) en más o en menos del monto total del contrato actualizado a la fecha de cada modificación.
b)	Cuando para su ejecución deba emplear el equipo que hubiera ofrecido en la licitación e implique el desarrollo de una actividad para la que se hubiera inscripto en el Registro General de Contratistas de la Provincia.
Las obras podrán ser recibidas total o parcialmente. Esta última alternativa podrá darse aún cuando no hubiese sido pactada contractualmente, siempre que la entidad contratante lo estime conveniente. En este caso el contratista tendrá derecho a que se reciba provisoriamente la parte habilitada.
Créase el Tribunal de Contrataciones del Estado en el ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia, con competencia para conocer y resolver las controversias que se susciten con motivo de los procedimientos de contratación y ejecución de los contratos celebrados por el sector público provincial y municipal, las que deberán someterse obligatoriamente a su consideración. Hasta tanto se dicte la Ley de creación de Tribunales de Segunda Instancia en el fuero Contencioso Administrativo, sus resoluciones serán recurribles ante los Juzgados Contenciosos Administrativos de la Provincia, de acuerdo al régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia referido a los recursos de apelación concedidos libremente y en ambos efectos.
El Presidente y un vocal serán designados a propuesta del Ministro de Economía, y el restante vocal a propuesta de las personas humanas y jurídicas inscriptas en el Registro General de Contratistas de la Provincia. El Presidente deberá poseer título de abogado.
a)	Mal desempeño de sus funciones.
b)	Negligencia reiterada en la substanciación de los procesos.
c)	Inconducta notoria.
d)	Violación de las normas de incompatibilidad.
a)	Los recursos que le asigne la Ley de Presupuesto.
b)	La contribución o tasa que deberán abonar los que inicien acciones ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. La reglamentación fijará un monto, el que debería ser un porcentaje del valor en litigio y la forma de pago.
Art. 106.-Reglamento.
Art 111.- Derogaciones
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Salta, 10 de enero de 2.018
Expediente N° 91-36.564/2016 Preexistente.
ARTÍCULO 1°. Téngase por Ley de la Provincia N° 8.072, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

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Resolución 

Resolución 
 ARTÍCULO 14
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