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Timestamp: 2019-07-17 19:11:50+00:00

Document:
STS, 5 de Marzo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 57819653
Número de Recurso: 887/2006
Visto por la el presente recurso de casación número 887/2006, interpuesto por D. Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, Procurador de los Tribunales, en nombre de Dª María Consuelo, contra sentencia de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de diciembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 23/2003, seguido contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 31 de octubre de 2002, referente a liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1991 y 1992.
La Inspección de los Tributos de la Delegación en Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 11 de diciembre de 1996, formalizó a Dª María Consuelo Actas modelo A02, firmadas en disconformidad, con los números NUM000 y NUM001, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios de 1991 y 1992.
De las referidas actas y de la documentación incorporada al expediente se deduce la enajenación por la contribuyente, en 1991, de acciones de "La Cruz del Campo, S.A." por un precio de 11.810 pesetas (10,98 euros) por cada 500 pesetas (3,01 euros) de nominal, del que se detrajeron ciertas cantidades por los conceptos de contingencias auditoras y fiscales.
Por ello, en el acta referida al ejercicio de 1991 el actuario propuso regularizar la situación tributaria de la interesada mediante la correspondiente liquidación por importe total de 368.132.579 ptas., de las que 239.259.956 correspondían a cuota y 128.872.623 ptas. a intereses.
En lo que respecta al acta del ejercicio 1992 se indicó la procedencia de incrementar los rendimientos del capital mobiliario en la cantidad percibida como retribución del depósito por contingencias auditoras, proponiéndose una liquidación con deuda tributaria de 1.106.000 ptas., de las que 778.618 ptas. correspondían a cuota y 327.382 ptas. a intereses.
En todo caso, antes de seguir adelante, y para comprender la problemática planteada, conviene señalar que, como se indica en la Sentencia recurrida, e igualmente ha sido recogido en otras dictadas por esta misma Sala en relación con la enajenación de acciones de la sociedad La Cruz del Campo, S.A, a favor de GUINESS PLC :
En el caso especifico que hemos de resolver y según recoge también la sentencia recurrida, "a continuación, el contribuyente, en unión de otros accionistas, celebraron un contrato, intervenido por Corredor de Comercio, con la entidad financiera Hispamer por el que vende a ésta las acciones de "CRUZ DEL CAMPO, S.A.", obligándose la adquirente a venderlas a su vez a "GUINNESS PLC" (o a la entidad designada por ésta) con sujeción a los términos y condiciones de la oferta formulada. En este contrato se establece como condición el que se lleve a buen fin la oferta en dichos términos, ya que en caso contrario quedaría sin efecto.
En cuanto al precio de compra, es el equivalente al ofrecido por "GUINNESS PLC" si bien -al contrario de lo que ocurría en la oferta de compra, en que el pago es al contado- se pacta su pago aplazado, con devengo de intereses a favor del vendedor por un interés compuesto anual. Según señala el actuario en su informe, los intereses se satisfacen a partir de la fecha en que "GUINNESS PLC" pagó el precio, el 7 de febrero de 1991 y no desde la fecha del contrato con la intermediaria - 24 de enero de 1991- como sería lo lógico en una venta aplazada. Cumplida la condición, se formaliza la póliza de compraventa a favor de la citada entidad financiera y a continuación, la póliza en favor de "GUINNESS PLC".
Volviendo nuevamente a las actuaciones inspectoras, cumplidos los trámites reglamentarios, el Inspector Jefe dictó los correspondientes acuerdos de liquidación en los que se confirmaron las propuestas inspectoras.
Los acuerdos de liquidación fueron objeto de reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Madrid, el cual, en resolución de 26 de septiembre de 2000, acordó estimar en parte aquella anulando el acto impugnado "que deberá ser sustituido por otro en el que se fije como valor a 31 de diciembre de 1978 de las acciones de La Cruz del Campo, S.A., vendidas en 1991, el de 4.969 ptas por acción, confirmando en lo demás las liquidaciones recurridas".
Dª María Consuelo interpuso recurso de alzada contra la anterior resolución ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, el cual dictó resolución desestimatoria, de fecha 31 de octubre de 2002.
La representación procesal de Dª María Consuelo, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución referida en el anterior Antecedente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sección Segunda de dicho Organo Jurisdiccional, que lo tramitó con el número 23/2003, dictando sentencia, de fecha 14 de diciembre de 2005, con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad El Rey, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:
DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª María Consuelo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 31 de octubre de 2.002, a que las presentes actuaciones se contraen, y CONFIRMAR la resolución impugnada por su conformidad a Derecho. ".
No conforme con la referida sentencia, la representación procesal de Dª María Consuelo, preparó contra la misma recurso de casación y luego de su admisión, lo interpuso por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal en 13 de marzo de 2006, en el que solicita se case la sentencia y se estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
El Abogado del Estado, por medio de escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo en 20 de febrero de 2007, se opone al recurso de casación, solicitando su desestimación.
Frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirma la argumentación y resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, la parte recurrente opone en su recurso de casación tres motivos, todos ellos formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional :
) Infracción del artículo 31. 3 y 4 del Reglamento General de Inspección de los Tributos en la redacción vigente en el año 1996, en los que se establece que la paralización de las actuaciones inspectoras por más de seis meses determina la no interrupción de la prescripción.
) Infracción por inaplicación del artículo 1.255 del Código Civil.
) Infracción por inaplicación del artículo 45 de la Ley 18/1991, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativo a la antigüedad de las acciones liberadas.
En el primer motivo, alega la existencia de prescripción del derecho a liquidar por parte de la Hacienda Publica, para lo cual, partiendo de la interrupción de las actuaciones inspectoras por más de seis meses, pone de relieve que la liquidación fue notificada a la interesada en 5 de mayo de 1997.
Se reprocha a la sentencia que se refiera meramente a la caducidad y no a lo que se había solicitado, esto es, la prescripción del derecho a liquidar.
En el segundo motivo, frente a la tesis sostenida en la sentencia, se afirma que la recurrente vendió las acciones de La Cruz del Campo, S.A. con precio aplazado, con vencimiento en todo caso posterior a 1991, lo que determina la aplicación del criterio del cobro, previsto en el artículo 26.4 de la Ley 44/1978.
Por último en el tercer motivo se plantea el problema derivado de la antigüedad de las acciones liberadas, reclamándose la aplicación del criterio contenido en el art. 45.4 de la Ley 18/1991, con arreglo al cual en el caso de acciones del expresado carácter, debe tomarse como antigüedad la de aquéllas de las que proceden y no la fecha de su emisión.
A estos efectos, y tratándose en el asunto que nos ocupa de actos de naturaleza tributaria, hay que atender exclusivamente al débito principal (cuota) para cada ejercicio económico y no a cualquier otro tipo de responsabilidad, como recargos, intereses de demora o sanciones, según dispone el artículo 42.1.a) de la LJCA, salvo que cualquiera de éstos conceptos, eventualmente, superase a aquélla. Y ello, además, con relación a cada uno de los distintos impuestos y para cada uno de los ejercicios fiscales a los que la liquidación se refiere.
Sobre la premisa anterior, y teniendo en cuenta que la liquidación correspondiente al ejercicio de 1992 determina una deuda tributaria de 1.106.000 ptas., procede declarar la inadmisibilidad del recurso respecto a ella, en cuanto que claramente no supera el límite de 25.0000.000 ptas. previsto en el artículo 86.2. b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dentro del ámbito en el que el recurso resulta admisible, es decir, el de la liquidación por IRPF correspondiente al ejercicio de 1991, nos referimos al primero de los alegados por la parte recurrente, que supone reprochar a la sentencia no haber apreciado la alegación de prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración.
Pues bien, debemos rechazar el motivo por diferentes razones.
En primer lugar, en el escrito de demanda no se alegó prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración, sino solo paralización de las actuaciones inspectoras por más de seis meses y producción del efecto de la caducidad con "la obligación de reiniciarlas que tenía la Administración en su momento y, en definitiva, la vulneración de procedimiento en las conductas seguidas".
En segundo lugar, la sentencia da por probado, en forma no combatida ahora, la inexistencia de interrrupción de las actuaciones, toda vez que en el Fundamento de Derecho Tercero se declara de forma tajante:
" Asimismo, tampoco aprecia la Sala la existencia de interrupción injustificada por más de seis meses de las actuaciones inspectoras, habida cuenta de que iniciadas las mismas el 22 de mayo de 1995, constan en el expediente Diligencias de 25 de mayo, 21 de junio, 24 de noviembre y 4 de diciembre de 1995, 19 de enero, 26 de marzo, 9 de mayo, 2 de septiembre y 1 de octubre de 1996, todas ellas con la virtualidad de interrumpir la prescripción. De otro lado, las actas fueron suscritas el 11 de diciembre de 1996 y la liquidación notificada a la recurrente el 5 de mayo de 1997, por lo que tampoco entre estas fechas ha transcurrido un periodo superior a seis meses."
Por último, no es sólo que no exista prescripción por no haberse interrumpido las actuaciones inspectoras. Es que, aun cuando hubiera existido interrupción por el referido plazo, no se produciría el efecto alegado de la prescripción, pues olvida la parte recurrente que el artículo 64 de la Ley General Tributaria, en la redacción "ratione temporis" vigente, establece el plazo de prescripción de cinco años y el articulo 65 de la misma Ley señala que el plazo del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación, comienza a contarse desde el día en que finalice el de formulación de la correspondiente declaración, que en el caso del ejercicio 1991 es el 22 de junio de 1992.
Por ello, teniendo en cuenta que la notificación de la liquidación tuvo lugar el 5 de mayo de 1997, según reconoce la Sentencia, resulta evidente que el "dies ad quem" queda en cualquier caso dentro y no fuera del plazo de prescripción.
En lo que respecta al segundo motivo, ante todo debemos señalar que el artículo 25 de la Ley General Tributaria, en la redacción "ratione temporis" aplicable, establece que:
El precepto invocado recibió grandes críticas por lo que se llamó su "inconsistencia científica", pues el hecho imponible, una vez acogido en el seno de una ley, tiene naturaleza jurídica, tanto si es un acto o negocio jurídico, como una relación o situación económica. De aquí, que la Ley 25/1995, de 20 de julio, dispusiera la suspensión de la interpretación económica y la emigración de la referencia a la interpretación de carácter jurídico al artículo 28 de la Ley General Tributaria, cuyo apartado 2 ha venido señalando hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de 17 de diciembre de 2003 : " El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez".
Conviene señalar que dentro del complejo negocial iniciado con la oferta de compra de las acciones de La Cruz del Campo, S.A., la Inspección, en el acuerdo liquidatorio, entiende que el contrato de venta de acciones celebrado en 28 de enero de 1991, entre el recurrente e Hispamer no responde en su causa a la forma externa utilizada y para ello estudia las distintas cláusulas del mismo.
En efecto, en primer lugar, se analiza la estipulación Segunda del contrato, en la que establece que su eficacia queda subordinada a la condición suspensiva de que se lleve a buen fin la oferta en las términos y plazos que se indican. Como según la estipulación Séptima la entidad compradora se obliga a aceptar la oferta y a transmitir las acciones a la oferente, es claro que se produce dicha aceptación sin saber si se va o no a cumplir la condición suspensiva. Por otra parte, en el mismo momento en que se produce el cumplimiento de la condición suspensiva, que permite que la adquisición de Hispamer sea eficaz, ésta última conoce que tiene la obligación de vender las acciones a GUINESS PLC.
Pero es que además, a lo anterior ha de añadirse que la estipulación Tercera revela la inexistencia de ningún componente de riesgo en la operación, ni para la contribuyente, ni para Hispamer, puesto que se fija como precio el mismo que ésta última va a recibir de GUINESS PLC. Ello ocurre porque su objetivo (se entiende que el de Hispamer) "no es adquirir acciones, sino conseguir un depósito financiero, loo que constituye su objeto social".
De otro lado, se pone de relieve que según la estipulación sexta del contrato, que es de 28 de enero de 1991, el pago de intereses se efectúa desde el 5 de febrero siguiente, que es la fecha de la liquidación por GUINNESS PLC, "que sería la lógica en una venta aplazada".
En esta materia, se subraya también que se pactan dichos intereses no sólo por el "nominal de la operación" sino por los intereses que se generan por el capital inicial de la operación, y que se acumulan al principal originando a su vez más intereses (operación de capitalización compuesta).
Por su parte, el TEAC, siempre a partir de que para la calificación del contrato hay que estar a la verdadera intención de los contratantes y para ello, a los actos coetáneos y posteriores de las mismas (artículo 1282 del Código Civil ), entiende que la venta del accionista a la sociedad intermediaria debe contextualizarse dentro de la Oferta de compra de acciones de La Cruz del Campo, S.A. que GUINESS PLC hizo a sus socios y que fue aceptada por los mismos. Por ello, la venta de la recurrente a la intermediaria es un instrumento de transmisión formal de la propiedad de las acciones a favor de la última, para que pueda enajenar dichas acciones a la adquirente; se trata de un contrato de mandato o fiducia que no se opone a la compraventa, directamente acordada, entre la recurrente (y los demás accionistas que se hallan en su misma situación) y "GUINNESS PLC", sino que, por el contrario, ese contrato está ordenado o sirve a la ejecución o cumplimiento de la compraventa: la obligación de entregar las acciones vendidas se lleva a cabo por medio de la intermediaria, a quien se habilita como titular formal de las acciones; y la otra parte, esto es "GUINNESS PLC" cumple su obligación de pagar el precio cierto (artículo 1445 del Código Civil ) también a través de dicha mandataria o fiduciaria.
En fin, dicho lo anterior, en este punto debe tener aplicación una vez más la reiterada jurisprudencia de la Sala 1ª de lo Civil de este Tribunal Supremo, según la cual la interpretación dada por la Sala sentenciadora de instancia debe prevalecer sobre la particular e interesada del recurrente, a menos que se acredite ser ilógica, contradictoria o vulneradora de algún precepto legal, pues constituye facultad privativa de la misma, tal como tienen declarado, entre otras muchas, las Sentencias de 17 de febrero de 2003, 6 de octubre de 2005, 7 de junio de 2006, 29 de marzo y 5 de mayo de 2007, 14 y 27 de febrero y 26 de junio de 2008. También esta misma Sección, en las Sentencias de 8 de febrero y 12 de julio de 2006, tiene declarado que " la cuestión de interpretación de los contratos es de apreciación de los Tribunales de instancia, según reiterada jurisprudencia" y la de la Sección Tercera de 8 de febrero de 2006, ha afirmado que: " Hemos dicho reiteradamente que la interpretación del alcance de un contrato singular suscrito entre las partes, y de los negocios jurídicos en general que unas y otras acuerden, corresponde a los tribunales de instancia y no a los de casación. Debe prevalecer en esta sede la apreciación que aquéllos hagan, pues son los órganos jurisdiccionales a quienes compete la función propia de interpretar los contratos «salvo en los supuestos excepcionales de que dicha interpretación contravenga manifiestamente la legalidad o resulte errónea, disparatada, arbitraria, contraria al buen sentido, pugne abiertamente con realidades suficientemente probadas o contenga conclusiones erróneas decisivas, sean irracionales o incluso adolezcan de una desproporcionalidad no encajable en un normal raciocinio», según recordamos en las recientes sentencias de 10 de mayo de 2004 y 18 de enero de 2005 ."
En efecto, la Sentencia impugnada, con acierto, considera que el problema a resolver es estrictamente jurídico y consiste en resolver la naturaleza del contrato celebrado entre el accionista y la entidad intermediaria, pero no solo en sí mismo considerando " sino examinando en su conjunto el complejo negocial y la finalidad perseguida con los distintos negocios concluidos, valorados conjuntamente. Más especialmente, se trata de dilucidar si la compraventa a Corporación Financiera Hispamer S.A. de las acciones, con compromiso de esta entidad de venderlas a un tercero, en el plazo, con el precio y bajo las condiciones preestablecidas entre el recurrente y GUINNESS PLC es un verdadera y propia compraventa, con efecto traslativo del dominio y, en lo que aquí interesa, con la particularidad sustancial de que, habiéndose pactado el pago aplazado, se impute el incremento patrimonial a los diferentes ejercicios sucesivos en que el precio fuera percibido; o si, por el contrario, estamos ante un negocio fiduciario que no habría producido efectos traslativos de la propiedad a Corporación Financiera Hispamer, sino una encomienda de venta a GUINNESS PLC de las acciones sobre las que había un concierto previo, en cuyo caso habría de considerarse que estamos, como señala el TEAC, ante una única transmisión de acciones, la concertada entre el recurrente y la mercantil finalmente adquirente, en cuyo caso la liquidación procedente sería la que imputase al ejercicio 1991 la totalidad del incremento patrimonial experimentado, tal como se hizo en la liquidación impugnada por el recurrente en la vía económico- administrativa."
) Señala que la enajenación de las acciones del socio a la intermediaria queda enmarcada en una operación de carácter general cuyas condiciones son negociadas en común con "GUINESS PLC", preguntándose "que sentido tiene para el accionista vender unas acciones a la entidad intermediaria cuando tiene ya acordada las condiciones de venta a "GUINESS PLC" si las fechas y los precios son coincidentes, como ocurre en efecto", Y la respuesta se da por la sentencia señalando que si aplicamos el principio antes transcrito, "resulta claro que la verdadera intención no era sino poner en manos de ésta la titularidad formal de los títulos -ya vendidos a "GUINNESS PLC" desde el momento en que concurrió el consentimiento del accionista con el de la empresa emisora de la oferta de adquisición ( artículo 1450 del Código Civil )- para que pudiera cumplimentar el trámite de venderlos a "GUINNESS PLC". Los actos coetáneos y posteriores del contrato (artículo 1282 del Código Civil ) muestran que con la intervención de la entidad financiera se procuraba exclusivamente realizar una gestión de venta de acciones a "GUINNESS PLC", cobrar el precio y constituir un depósito no retribuido para reintegrarlo periódicamente a los socios y, a la vez, accionistas de la intermediaria, todo ello revestido con la formalidad de una compraventa."
) Abundando en el criterio de que la venta entre el accionista y la intermediaria es un negocio que responde a la causa del medio empleado sino al de crear una titularidad formal a favor de la segunda que facilite la transmisión de los títulos ya vendidos a GUINESS PLC, razona que " la relación jurídica entre el accionista y la intermediaria no puede calificarse como compraventa, sino como un mandato o bien como una relación de fiducia. Pero si se trata de un mandato a la entidad financiera para que venda las acciones, no estamos ante un título con eficacia traslativa del dominio, ni siquiera aunque la intermediaria obrase en nombre propio, porque se trataría de un mandato referente a «cosas propias del mandante» que, como señala el artículo 1717 del Código Civil y cita el Director recurrente, no queda sometido a la norma de dicho precepto sobre el mandatario que obra en su propio nombre.".
El núcleo del razonamiento es el siguiente: si se opta por catalogar a la relación mantenida con la intermediaria financiera como una «fiducia cum amico» tampoco se encuentra apoyo suficiente para defender la dualidad de transmisiones con el alcance pretendido, tesis que sustenta mediante una exposición de la evolución jurisprudencial sobre esta figura negocial. A este respecto, la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la sentencia de 25 de abril de 1944 , introdujo la «teoría del doble efecto», por la que cabe distinguir en la fiducia, por un lado la transmisión de la propiedad al fiduciario y, por otro la obligación de éste de transmitir lo adquirido a quien designe el fiduciante. El doble efecto responde, por tanto, a la dualidad del efecto jurídico real (transmisión de la propiedad) y el efecto jurídico obligacional (obligación para el fiduciario de retransmitir lo adquirido).
Pero esta teoría -se indica- ha sido abandonada por el Alto Tribunal en sentencias más recientes, como se reconoce en la de 8 de marzo de 1988 cuando se afirma que "la teoría científica reciente se aparta del «doble objeto» y prescinde de la sustantividad de la «causa fiduciae» como comprendida en el artículo 1274 (del Código Civil ), no obstante lo cual la titularidad formal habrá de desplegar su eficacia conforme a lo convenido y el fiduciante respetar la situación anómala creada (artículos 1255 y 1286 del Código Civil ) y la validez de lo acordado entre las partes, asistiéndole al fiduciario, en tanto no se produzca el cumplimiento, un «ius o titulus retinendi» que no permite se le imponga la restitución al no haber un simple préstamo, sino un contrato que entraña mayores efectos, pues ocasiona una transmisión basada en la buena fe, con efectos vinculantes para fiduciante y fiduciario".
En esta línea doctrinal se encuentra también la sentencia de 19 de mayo de 1982 , en que, al analizar un pacto de «fiducia cum creditore», señala el Tribunal Supremo que se trata de un acto mixto, integrado por dos independientes pero de finalidad unitaria, en que la causa no consiste en la enajenación propiamente dicha, sino en la garantía del débito, siendo en la causa del contrato fiduciario donde hay que alojar la limitada eficacia real de la venta en garantía que, no pudiendo oponerse al fiduciante por no haberse operado una verdadera transmisión del dominio 'ínter partes" se revela de cara o frente a terceros, de todo lo cual concluye que la actora, propietaria formal, no puede obtener más que la devolución de lo garantizado, pero sin que acceda a su patrimonio de modo definitivo el derecho de propiedad, al no ser ésa la finalidad perseguida, que sólo quiso la garantía, sin voluntad de comprar o vender."
) Expone el caso similar resuelto por la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1998, referido a la venta de acciones por varios accionistas a favor de otra persona, también socio de la entidad, que las adquirió con el encargo de gestionar la venta de la totalidad de aquéllas a un tercero. En dicha sentencia se enuncia el principio, que ya ha quedado expuesto, acerca de la verdadera intención de las partes como determinante de la correcta calificación de un contrato, para terminar afirmando que en el caso debatido la intención de los actores era vender en bloque sus acciones a dicho tercero, para lo cual idearon celebrar el contrato litigioso por el que decían vender sus respectivas acciones al otro accionista para que luego éste, apareciendo formalmente ya como propietario único de todas, pudiera, con mayor facilidad, proceder a su venta a la persona indicada y luego revertir el precio respectivo a cada accionista. La falta de un acuerdo para llevar a cabo la venta de las acciones a dicho adquirente final hizo innecesaria la elevación a público del contrato de venta de las acciones al accionista «intermediario» y la sentencia declara no haber lugar al recurso, en el que se pretendía el reconocimiento de efectos a esa compraventa fiduciaria, mediante la obtención por parte de los transmitentes del precio de la compraventa y la elevación a escritura pública del contrato celebrado, eficacia que el Tribunal Supremo niega, por descartar que en este negocio primero, no seguido de la ulterior venta proyectada, se haya verificado una traslación del dominio.
En definitiva, -concluye la Sentencia-, " de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha reseñado, de los aspectos negociales de que se ha dejado constancia y de determinadas circunstancias relevantes, cabe concluir, compartiendo con ello el criterio sentado en la resolución aquí recurrida, que estamos en presencia de tres negocios jurídicos, cuyo resumen efectuó con claridad el Inspector Jefe en el acuerdo liquidatorio: a) un negocio obligacional entre Corporación Financiera Hisnamer y GUINESS PLC, por el que la primera hace entrega a la segunda, por cuenta del accionista, de unas acciones cuya venta ya había sido previamente acordada, percibiendo el precio y constituyendo con su importe un depósito financiero; b) un depósito financiero retribuido, por el que Corporación Financiera Hispamer percibe de GUINESS PLC el importe de la compraventa y, en lugar de entegarlo al vendedor, toma posesión de él en concepto distinto del de dueño, es decir como depositario, con las condiciones de plazo e interés pactadas con el accionista vaendedor; c) finalmente, una compraventa al contado, generadora de un incremento patrimonial experimentado íntegramente en 1991, entre el hoy recurrente y GUINESS PLC"
Finalmente, la sentencia, en forma correcta rechaza la tesis de la demanda afirmando:
A tenor de lo que reza la cláusula sexta , el comprador Corporación Financiera Hispamer se comprometía a vender las acciones adquiridas a "GUINNESS PLC" con sujeción a los términos y condiciones de la oferta a que nos hemos referido, lo que con más fuerza aún desactiva lo alegado en la demanda, puesto que la financiera no vende a "GUINNESS PLC" en virtud de una decisión propia, sino en cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa celebrado con el vendedor y hoy recurrente, sin margen alguno para complementar lo ya decidido o incorporar estipulaciones nuevas.
Por lo demás, de la estipulación señalada con la letra (i), relativa al precio ofrecido por "GUINNESS, PLC", en la versión incorporada al contrato de compraventa que fue aportada a este proceso, en el periodo probatorio, mediante oficio remitido por el Colegio Notarial de Sevilla, se deduce que el precio podría ser abonado de forma aplazada. Sin embargo, la regla principal es que se ofrecía al contado, y precisamente dentro de los plazos referidos en las estipulaciones (g) y (h) de la propia oferta, al señalar que "como precio de la compraventa objeto de esta Oferta se establece la cantidad de 11.810 pesetas por acción vendida de las series A y B, de quinientas pesetas nominales cada una, y de 118.100 pesetas por acción vendida de la serie C de cinco mil pesetas nominales cada una, y la cantidad de 5.905 pesetas por acción vendida de la serie D de doscientas cincuenta pesetas nominales cada una, de la Compañía", a lo que se añade, significativamente, que "el precio será hecho efectivo al contado en la fecha de liquidación de la compraventa de conformidad con lo que se establece en los apartados (g) o (h) anteriores, según proceda...", sin perjuicio de que existiera la posibilidad de materializar aplazadamente el pago, estipulación de la que no se hizo uso en las relaciones entre la financiera y GUINNESS, PLC, que abonó de una sola vez la totalidad del precio ofrecido "
El tercero y último de los motivos, plantea el problema de la antigüedad de las acciones liberadas, reclamándose la aplicación del criterio contenido en el art. 45.4 de la Ley 18/1991, (si bien debe aclararse que el referido apartado cuarto fue añadido por la Disposición Final Quinta de la Ley 43/ 19965, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades ), con arreglo al cual en el caso de acciones totalmente liberadas debe tomarse como antigüedad la de aquéllas de las que proceden y no la fecha de su emisión.
Se trata de una cuestión nueva no incorporada al debate en la instancia y sobre la cual no pudo pronunciarse la sentencia. Así lo denuncia también el Abogado del Estado, razón por la que el motivo es inadmisible y, como tal, debe ser rechazado.
Al rechazarse los motivos procede la desestimación del recurso de casación, si bien que haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional, procede fijar como cantidad máxima a reclamar por honorarios del Abogado del Estado la cifra de 600 euros.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso de casación número 887/2006, interpuesto por D. Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre de Dª. María Consuelo, contra sentencia de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de diciembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 23/2003, seguido contra resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central, de 31 de octubre de 2002, respecto de la liquidación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1992.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación número 4561/2005, interpuesto por D. Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre de Dª. María Consuelo, contra sentencia de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 27 de mayo de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 23/2003, seguido contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 31 de octubre de 2002, respecto de la liquidación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1991.
Que debemos imponer e imponemos las costas a la parte recurrente, si bien que con la limitación señalada en el Ultimo de los Fundamentos de Derecho.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 45
 artículo 26
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 64
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 1450
 artículo 1717
 artículo 1274
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 resolución