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Timestamp: 2019-07-20 14:52:37+00:00

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Profesiones jurídicas - Luxemburgo
Aquí encontrará un resumen de las diferentes profesiones jurídicas.
Esta sección contiene información sobre las profesiones jurídicas (descripción, condiciones de acceso, etc.).
Resumen del sistema judicial
En Luxemburgo, los órganos jurisdiccionales se organizan en dos órdenes, es decir, el poder judicial y el orden administrativo. El criterio que sigue esta organización es la naturaleza del litigio.
El poder judicial se compone de 3 Juzgados de paz, de 2 Tribunales de distrito, de 1 Tribunal de apelación y de 1 Tribunal de casación. Estos órganos jurisdiccionales son básicamente competentes para conocer de los litigios en el ámbito del Derecho civil, mercantil, penal y laboral. Tanto los jueces (magistrados) como los auxiliares o procuradores (fiscales) forman parte de este orden.
El orden administrativo se compone de 1 Juzgado de lo Administrativo y de 1 Tribunal Administrativo. Estos órganos jurisdiccionales resuelven los litigios de naturaleza administrativa fiscal (impuestos directos).
El Tribunal Constitucional se compone de magistrados que forman parte del poder judicial y del orden administrativo. Este Tribunal controla la conformidad de la ley con respecto a la Constitución, que es la norma jurídica suprema del país.
Hay dos vías de acceso a la Magistratura:
Selección mediante concurso-oposición
Los futuros magistrados, es decir, los jueces de menor antigüedad, son seleccionados mediante concurso-oposición. Para ser admitido a la oposición, es preciso cumplir las siguientes condiciones:
tener nacionalidad luxemburguesa;
disfrutar de plenos derechos civiles y políticos y presentar las garantías de honorabilidad requeridas;
ser titular de un diploma luxemburgués de fin de estudios universitarios en Derecho que corresponda al grado de máster reconocido o de un título extranjero de fin de estudios universitarios en Derecho que corresponda al grado de máster reconocido y homologado por el Ministerio de Enseñanza Superior con arreglo a la Ley modificada de 18 de junio de 1969 sobre la educación superior y la homologación de títulos y cualificaciones extranjeros de educación superior;
tener un conocimiento adecuado de las lenguas luxemburguesa, francesa y alemana;
haber completado el período de prácticas judicial o notarial durante al menos 12 meses;
cumplir las condiciones de aptitud física y mental requeridas, que se determinan mediante un reconocimiento médico y un examen psicológico.
La Comisión de Selección y Formación de Jueces de Menor Antigüedad, compuesta exclusivamente por magistrados (en lo sucesivo denominada «la Comisión»), organiza el concurso-oposición para la selección para la magistratura. Dicho concurso-oposición consta de tres ejercicios escritos relativos a Derecho civil y procedimiento civil, Derecho penal y procedimiento penal, y Derecho administrativo y contencioso-administrativo. Las pruebas consisten esencialmente en la redacción de un proyecto de resolución o sentencia. Para aprobar el concurso-oposición, los candidatos deben obtener al menos las tres quintas partes de todos los puntos de todas las pruebas y al menos la mitad del máximo de puntos en cada una de ellas. La Comisión clasifica a los candidatos con arreglo al orden de las notas finales. Se contrata a los candidatos por orden de clasificación.
Selección mediante expediente
Se trata de una vía de selección subsidiaria a la que únicamente se recurre en caso de que el número de jueces fijado anualmente por el Ministerio de Justicia no se alcance mediante concurso-oposición.
cumplir determinadas condiciones exigidas para la admisión al concurso-oposición, más concretamente las mencionadas en los puntos 1 a 4 y 6;
estar en posesión del título de finalización del período de prácticas judicial;
haber ejercido la profesión de abogado durante 5 años como mínimo.
La Comisión convoca a los candidatos a una entrevista personal. Un psicológico participa en dicha entrevista y emite un dictamen motivado sobre cada candidato. Los criterios de selección de los candidatos son los resultados de los exámenes que acreditan los cursos complementarios de Derecho luxemburgués y el examen final del período de prácticas judicial, la experiencia profesional, las eventuales cualificaciones complementarias, así como las publicaciones. La Comisión selecciona a los candidatos.
La Constitución garantiza la independencia de los miembros de la magistratura con respecto al poder político. Por ello, son inamovibles. Solo pueden ser privados de su plaza o suspendidos por una sentencia. Su traslado sólo puede llevarse a cabo por nuevo nombramiento y con su consentimiento. No obstante, en caso de enfermedad o de conducta desordenada, podrán ser suspendidos, revocados o trasladados con arreglo a las condiciones establecidas por la ley.
La función de magistrado es incompatible con la calidad de miembro del Gobierno, con los cargos de diputado, alcalde, concejal, con cualquier función asalariada pública o privada, con las funciones de notario, oficial de justicia, con la carrera militar y la carrera eclesiástica, y con la profesión de abogado. Los magistrados son imparciales y deben guardar el secreto profesional. Su retribución está establecida por ley.
Para más información, véase la página sobre la profesión de magistrado en el sitio web del Ministerio de Justicia.
La profesión de abogado está regulada por la ley modificada, de 10 de agosto de 1991, relativa a la profesión de abogado.
La profesión de abogado es una profesión liberal e independiente. Puede ejercerse a título individual. Los abogados pueden asociarse en forma de persona jurídica. Los abogados son los únicos capaces de asistir o de representar a las partes, postular y defenderlas ante los órganos jurisdiccionales de la naturaleza que fuere, recibir sus documentos y títulos para presentarlos antes los jueces, redactar y firmar los documentos necesarios para la regularidad del proceso, y hacer que el litigio esté listo para sentencia.
Sólo los abogados pueden ofrecer, con carácter habitual y a cambio de una retribución, consultas jurídicas, o redactar para terceros documentos privados. Los abogados representan o asisten también a sus clientes ante los órganos jurisdiccionales internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los abogados deben guardar el secreto profesional, que es de orden público, y cuya violación está sancionada penalmente.
Para ejercer la profesión de abogado en Luxemburgo, es obligatorio estar inscrito en un Colegio de Abogados establecido en el Gran Ducado de Luxemburgo. Esta condición se aplica también a los abogados europeos que deseen ejercer en Luxemburgo con su título profesional de origen.
El Colegio de Abogados incluye seis listas:
Lista 1: abogados ante los tribunales
Lista 2: abogados
Lista 3: abogados honorarios
Lista 4: abogados de la Unión Europea que ejercen en virtud de su título de origen
Lista 5: abogados habilitados para actuar ante los tribunales
Lista 6: otras sociedades de abogados
Para inscribirse en un Colegio de Abogados de Luxemburgo hay que reunir las siguientes condiciones:
presentar la garantía suficiente de honorabilidad;
justificar el cumplimiento de los requisitos de admisión al período de prácticas o haber superado la prueba de aptitud prevista para los abogados de otro Estado miembro de la Unión Europea por la ley modificada de 10 de agosto de 1991, en virtud de la cual se determina, para la profesión de abogado, el sistema general de reconocimiento de títulos de formación superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de 3 años; o justificar las condiciones para estar inscrito como abogado que ejerce en el Gran Ducado de Luxemburgo con su título profesional de origen, en aplicación de la ley modificada, de 13 de noviembre de 2002, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico luxemburgués la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, y dominar el idioma de la legislación y los idiomas administrativos y judiciales con arreglo a la ley de 24 de febrero de 1984, sobre el régimen lingüístico;
ser de nacionalidad luxemburguesa o ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea;
dominar la lengua de la legislación y las lenguas administrativas y judiciales con arreglo a la ley, de 24 de febrero de 1984, sobre el régimen lingüístico, sin perjuicio del artículo 31, apartado 1, de la ley modificada de 10 de agosto de 1991. El nivel de competencia exigido en las lenguas luxemburguesa y alemana es el nivel B2 del marco europeo común de referencia para la comprensión oral, y el nivel B1 para la expresión oral y para el alemán, el nivel B 2. Para la lengua francesa, se exige el nivel B2 de dicho marco tanto en comprensión como en expresión oral y escrita.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los abogados europeos mencionados en el artículo 10 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, en el momento de su admisión en la lista 1 del Colegio de Abogados deben dominar la lengua de la legislación con arreglo a la ley, de 24 de febrero de 1984, sobre el régimen lingüístico, en la medida en que limiten sus actividades profesionales a aquellas que no requieran el dominio de otras lenguas con arreglo a la ley de 24 de febrero de 1984. El nivel de conocimientos lingüísticos exigido es el mencionado en el párrafo anterior.
Algunas precisiones sobre los requisitos lingüísticos
Los abogados registrados a título individual deben dominar la lengua de la legislación con arreglo a la ley de 24 de febrero de 1984 sobre el régimen lingüístico, así como cualquier otra lengua necesaria para el ejercicio de sus actividades profesionales, sin perjuicio de lo anterior.
Los abogados registrados en la lista 2 también deben dominar las lenguas administrativas y judiciales del Gran Ducado de Luxemburgo que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las prácticas judiciales.
El abogado que acepte encargarse de un asunto determinado deberá poseer las cualificaciones profesionales y lingüísticas necesarias, so pena de sanción disciplinaria.
La Junta del Colegio de abogados podrá dispensar de la condición de nacionalidad al candidato de un país no miembro de la Unión Europea, previo dictamen del Ministro de Justicia y siempre que se demuestre la reciprocidad al respecto en dicho país. Lo mismo se aplicará a los candidatos que tengan la condición de refugiados políticos y que dispongan de derecho de asilo en el Gran Ducado de Luxemburgo.
Los abogados inscritos en la lista 1 de abogados son los únicos autorizados a utilizar el título de abogado del Tribunal. Para ello, deberán:
haber realizado, como abogados inscritos en la lista 2 de abogados, un período de prácticas judiciales de 2 años y superado el examen final de prácticas judiciales,
o haber superado la prueba de aptitud prevista para los abogados de otro Estado miembro de la Unión Europea por la ley modificada, de 10 de agosto de 1991, en virtud de la cual se determina, para la profesión de abogado, el sistema general de reconocimiento de títulos de formación superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de 3 años,
o, como abogado europeo autorizado a ejercer con su título profesional de origen, justificar una actividad efectiva y regular de una duración de al menos 3 años en Luxemburgo y respecto del Derecho luxemburgués, incluido el Derecho de la Unión Europea, o acogerse a las disposiciones del artículo 9, apartado 2, de la ley modificada, de 13 de noviembre de 2002, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico luxemburgués la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título.
Los abogados del Tribunal son los únicos habilitados para llevar a cabo las acciones respecto de las cuales las leyes y reglamentos prescriben la intervención de un procurador, es decir, para representar a las partes ante el Tribunal Constitucional, los órganos jurisdiccionales del orden administrativo, el Tribunal Supremo de Justicia y ante los Tribunales de distrito que conocen de lo civil, para concluir por ellas, recibir sus documentos y títulos para presentarlos ante el juez, y hacer que se firmen los documentos necesarios para la regularidad del proceso y para hacer que el litigio esté listo para sentencia.
Los abogados inscritos en la lista II de abogados, así como los abogados europeos autorizados a ejercer con su título profesional de origen que estén inscritos en la lista IV de abogados sólo podrán llevar a cabo estas mismas acciones si están asistidos por un abogado del Tribunal inscrito en la lista I de abogados. Dado que la representación de las partes es libre ante todos los órganos jurisdiccionales que no exijan la intervención de un procurador, los abogados inscritos en la lista 2 o en la lista 4 de abogados podrán representar ante dichos órganos a las partes sin la asistencia de un abogado del Tribunal.
El acceso a la formación de abogado, regulado por el Reglamento granducal, de 10 de junio de 2009, relativo a la organización de las prácticas judiciales y que regula el acceso al notariado, pasa por una formación profesional compuesta por un período de clases complementarias de Derecho luxemburgués y por un período de prácticas.
Tras la obtención del diploma de formación complementaria en Derecho luxemburgués, los estudiantes en prácticas quedan registrados en la lista 2 de uno de los Colegios de Abogados de Luxemburgo.
El objetivo de las prácticas judiciales es el aprendizaje del ejercicio de la profesión de abogado. Los estudios universitarios le permiten al estudiante en prácticas adquirir unos conocimientos sólidos del Derecho, y con el Curso Complementario en Derecho Luxemburgués (CCDL) completa estos conocimientos aprendiendo las particularidades del Derecho luxemburgués. Durante las prácticas judiciales, se hace básicamente hincapié en el aprendizaje del ejercicio de la profesión de abogado, tanto bajo la dirección de un jefe de prácticas, como asistiendo a clases cuyo objetivo es precisamente el aprendizaje de la profesión.
Las prácticas, cuya duración es de al menos 2 años, finalizan con un examen final de prácticas. Una vez superado este examen, el candidato se convierte en abogado del Tribunal y se inscribe en la lista I.
El Comité de dirección podrá autorizar al estudiante en prácticas, mediante solicitud motivada y justificada, a realizar un mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses de sus prácticas judiciales en un bufete de abogados situado en un Estado miembro de la Unión Europea. Este período de prácticas debidamente autorizado se contabilizará en el tiempo de prácticas judiciales.
Los abogados se agrupan en un Colegio que es una corporación independiente de los poderes públicos y de la magistratura. Existe un Colegio de Abogados de Luxemburgo y un Colegio de Abogados de Diekirch. Cada Colegio tiene personalidad civil. El Colegio de Abogados se compone de los siguientes órganos: la Asamblea, el Consejo del Colegio, el Decano, y, para toda la profesión, el Consejo Disciplinario y Administrativo.
Para obtener más información, véase la página sobre la profesión de abogado en la página web del Ministerio de Justicia.
El número de notarios se establece por Reglamento granducal, en virtud del artículo 13 de la ley modificada, de 9 de diciembre de 1976, relativa a la organización del notariado. Actualmente el número de notarios asciende a 36 para todo el país.
Los notarios son los funcionarios públicos designados para protocolizar todos los documentos y contratos a los que las partes deben o quieren conferir el carácter de autenticidad vinculado a los actos de la autoridad pública, y para asegurar su fecha, conservar su depósito y expedir primeras copias y copias auténticas.
Los notarios no pueden por sí mismos ni a través de un intermediario, de manera directa o indirecta: ejercer el comercio; ser gerentes, comanditarios, administradores delegados o liquidadores de una sociedad comercial o de un establecimiento industrial o comercial; inmiscuirse en la administración y el control de sociedades, empresas o agencias cuyo objeto sea la compra, la venta, la urbanización o la construcción de inmuebles, o que tengan cualquier interés en él; tener con las citadas sociedades, empresas o agencias relaciones permanentes que obstaculicen la libre elección del notario por las partes; dedicarse habitualmente a operaciones de banca, de descuento y de corretaje o a especulaciones de bolsa, salvo operaciones de descuento realizadas con motivo de los actos de su actividad; recibir depósitos de fondos, salvo depósitos que se realicen para o con motivo de actos de su actividad o de liquidación de sucesiones; prestar su servicio en ningún asunto en el que tengan algún tipo de interés; servirse de testaferros para las acciones que no puedan realizar directamente; tener a su servicio, con el carácter que fuere, a agentes comerciales o inmobiliarios.
Los documentos notariales son auténticos conforme a las disposiciones del Código Civil; son ejecutorios si tienen fuerza ejecutoria. Los notarios están obligados a utilizar el francés o el alemán, a elección de las partes, para redactar documentos.
Los notarios ejercen sus funciones en todo el territorio nacional. En virtud de sus funciones, participan en el ejercicio del poder público.
La Cámara de Notarios se compone de siete miembros elegidos entre los notarios del país por la asamblea general de notarios.
Además de los poderes que las leyes y reglamentos confieren a la Cámara de Notarios, ésta cuenta en particular con las siguientes atribuciones:
mantener la disciplina entre los notarios y ejercer el poder disciplinario a través de su consejo disciplinario; prevenir o conciliar cualquier desacuerdo entre notarios y, en caso de no conciliación, emitir su opinión a través de un dictamen;
conciliar cualquier desacuerdo entre notarios y terceras personas;
dar su opinión sobre las dificultades relativas a los honorarios, emolumentos, salarios, dietas, gastos y desembolsos contabilizados por los notarios, así como sobre cualquier desacuerdo sometido a este respecto al Tribunal Civil;
recibir en depósito la relación de las minutas; controlar la contabilidad de los notarios;
representar a los notarios del Gran Ducado para defender los derechos e intereses de la profesión.
El Consejo Disciplinario se compone del Presidente del Tribunal de distrito de Luxemburgo o del juez que lo sustituya como Presidente, y de cuatro miembros de la Cámara de Notarios designados según su antigüedad en la profesión.
El Consejo Disciplinario ejerce el poder de disciplina sobre todos los notarios por: violación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al ejercicio de la profesión; faltas y negligencias profesionales; hechos contrarios a la delicadeza y a la dignidad profesional, así como al honor y a la probidad; todo ello, sin perjuicio de la acción judicial que pueda surgir de los mismos hechos. Las decisiones del Consejo Disciplinario podrán ser recurridas por vía de apelación, tanto por el notario condenado como por el procurador general del Estado. La apelación se presentará ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo de Justicia, que resuelve por resolución definitiva.
Para acceder a las funciones de notario, hay que:
tener la nacionalidad luxemburguesa o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea,
gozar de los derechos civiles y del ejercicio de los derechos políticos,
tener 25 años cumplidos y haber obtenido el diploma de candidato a notario con arreglo a la legislación luxemburguesa (régimen vigente), o el certificado de fin de prácticas exigido para poder acceder a la función de notario (régimen anterior),
dominar la lengua de la legislación y las lenguas administrativas y judiciales con arreglo a la ley, de 24 de febrero de 1982, sobre el régimen lingüístico.
Para obtener más información, véase la página sobre la profesión de notario en el sitio web del Ministerio de Justicia.
El oficial de justicia es un funcionario judicial que sólo tiene competencia para:
notificar los actos y las diligencias y realizar las notificaciones previstas por las leyes y reglamentos cuando el modo de notificación no esté regulado por ley;
proceder a la ejecución de las resoluciones judiciales, así como de los actos o títulos ejecutivos.
El oficial de justicia puede proceder:
al cobro amistoso o judicial de cualquier crédito. Esta competencia incluye el derecho a firmar en nombre de los requirentes solicitudes para obtener una orden de pago o un embargo de retención de prestaciones periódicas.
a la tasación y venta pública de muebles, efectos mobiliarios y cosechas, adaptándose a las leyes y reglamentos relativos a éstos.
Designado judicialmente, puede realizar:
constataciones puramente materiales, exclusivas de cualquier dictamen sobre las consecuencias de hecho o de derecho que puedan resultar;
constataciones de la misma naturaleza a instancia de particulares; en cualquiera de los dos casos, estas constataciones son auténticas hasta que se demuestre lo contrario.
Las tarifas de los oficiales de justicia están fijadas por reglamento granducal.
El Colegio profesional de oficiales de justicia representa a la profesión a nivel nacional. Está dirigido por un Consejo de tres miembros, entre los cuales figuran el presidente, el secretario y el tesorero. El presidente representa al Colegio de oficiales de justicia en los ámbitos judicial y extrajudicial.
Para obtener más información, véase la página sobre la profesión de oficial de justicia en el sitio web del Ministerio de Justicia.
El Secretario judicial en jefe ejerce las funciones de jefe de la Secretaría y del personal. Las tareas administrativas del Secretario en jefe incluyen la expedición de copias a abogados y particulares (por ejemplo, certificados de divorcio para su transcripción en el extranjero), la expedición de documentos procesales, los depósitos de testamentos ológrafos, las declaraciones en el marco de una sucesión, el juramento de los secretarios, la preparación de las asambleas generales, las estadísticas, así como la tenencia de los archivos. Por último, recibe las actas de recusación de los magistrados.
La función de los secretarios judiciales es asistir al juez en todos los actos y actas de los que son responsables, es decir, durante las audiencias, la comparecencia de las partes, las investigaciones, las inspecciones, las autopsias, los inventarios de quiebra, la redacción de las sentencias y las audiencias de personas bajo tutela o curatela. El juez no puede actuar sin la intervención de su secretario judicial.
Las funciones de los secretarios judiciales son fijadas por el artículo 78 y siguientes de la Ley modificada sobre la organización judicial.
Recopilación de leyes especiales pp. 7-40.
El acceso a la profesión se rige por la Ley modificada de 16 de abril de 1979 por la que se establece el Estatuto general de los funcionarios del Estado.

References: resolución 
 artículo 31
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 13
 resolución 
 artículo 78