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Timestamp: 2019-01-24 13:46:22+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1054 DE OCTUBRE 4 DE 2001
SENTENCIA C-1054 DE 04 DE OCTUBRE DE 2001
CONTENIDO:CÓDIGO PENAL MILITAR. LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR SON FUNCIONARIOS DE INSTRUCCIÓN Y TIENEN COMPETENCIA EN TODO EL TERRITORIO PARA INVESTIGAR LOS DELITOS QUE SON DE CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR. LA CORTE DECLARA EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 263 NUMERAL 3 Y 264 DE LA LEY 522 DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUSTICIA PENAL MILITAR, CÓDIGO PENAL MILITAR, JUEZ PENAL MILITAR, COMPETENCIA DEL JUEZ PENAL MILITAR
Sentencia C-1054 de octubre 4 de 2001
SENTENCIA NÚMERO C-1054 DE 2001
Ref.: Expediente D-3475
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 263 numeral 3º y 264 de la Ley 522 de 1999, “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”
Actores: Doris Castellanos Rojas y Jaime Fernando Forero Sánchez
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.665 del 13 de agosto de 1999, y se resalta la parte acusada del artículo 263 demandado parcialmente:
“ART. 263.—Quiénes son funcionarios de instrucción. Son funcionarios de instrucción penal militar:
1. Los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2. Los magistrados del Tribunal Superior Militar.
3. Los jueces de instrucción penal militar.
4. Los auditores de guerra que en casos especiales sean designados por el respectivo juez de instancia”.
Por su parte, el artículo 264, demandado en su totalidad, preceptúa:
“ART. 264.—Competencia de los funcionarios de instrucción penal militar. Los jueces de instrucción penal militar tienen competencia para investigar todos los delitos de conocimiento de la justicia penal militar cualquiera que sea el lugar donde se cometa el hecho”.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los artículos 263 numeral 3º y 264 de la Ley 522 de 1999, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de una ley de la República.
2. El actor considera que las normas acusadas desconocen la competencia constitucional propia de la fiscalía por cuanto la Carta atribuye a esa entidad la instrucción de todos los delitos, por lo cual no puede la ley establecer que ciertos delitos de los miembros de la fuerza pública sean investigados por los jueces de instrucción penal militar.
Por el contrario, algunos intervinientes y la vista fiscal consideran que las normas demandadas son exequibles, en la medida en que la propia Constitución establece el fuero militar, y por ello excluye del conocimiento de la fiscalía los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio. Según su parecer, bien puede entonces la ley atribuir la investigación de esos hechos punibles a los jueces de instrucción penal militar. Por su parte, otro de los intervinientes argumenta que las disposiciones impugnadas son constitucionales, pero siempre y cuando se entienda que la competencia de los jueces de instrucción penal militar es excepcional y debe respetar los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el alcance limitado del fuero militar.
Como vemos, el problema que plantea la presente demanda es si la ley puede atribuir competencias investigativas a los jueces de instrucción penal militar, sin desconocer la competencia constitucional de la Fiscalía General de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes (C.P., art. 250). Para resolver ese interrogante, la Corte comenzará por recordar muy brevemente la relación que existe entre las funciones de la Fiscalía General y el fuero militar, para luego examinar concretamente los cargos del actor.
Fiscalía general, fuero militar y la investigación e instrucción de los delitos
3. La Carta señala que en principio corresponde a la Fiscalía General la investigación e instrucción de los delitos, pero, como bien lo destacan los intervinientes y la procuraduría, la Constitución establece también el fuero militar, en virtud del cual, los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio son conocidos por la justicia penal militar (C.P., art. 221). Una armonización de esos dos mandatos implica, como esta Corte lo ha señalado en numerosas oportunidades, que el fuero militar es una excepción a la regla general, según la cual corresponde a la justicia penal ordinaria la investigación y sanción de los delitos (1) . Precisamente por tal razón, el propio artículo 250 de la Carta, al establecer que corresponde a la Fiscalía General la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores, exceptúa de tal competencia los hechos punibles amparados por fuero militar, esto es, los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio (2) .
(1) Ver, entre otras, las sentencias C-358 de 1997 y C-870 de 2000.
(2) Debe advertirse que en relación con los generales de la República opera el fuero integral, de manera que su juzgamiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Este punto fue analizado en la sentencia C-361 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Conforme a lo anterior, la propia Carta establece que no corresponde a la Fiscalía General sino a la justicia militar investigar y acusar a los miembros de la fuerza pública en servicio activo que hayan cometido delitos en relación con el servicio. Ese análisis es suficiente para concluir que el cargo del demandante carece de sustento, pues si no corresponde constitucionalmente a la fiscalía la investigación de los delitos amparados por fuero militar, bien puede la ley atribuir la instrucción de los mismos a los jueces de instrucción penal militar. Nada pues en la Carta se opone a que el Código Penal Militar establezca que los jueces de instrucción penal militar son funcionarios de instrucción en la justicia penal militar y que tienen a su cargo la investigación de los delitos amparados por el fuero castrense. El cargo del actor será entonces desestimado.
4. Entra entonces la Corte a estudiar la solicitud de uno de los intervinientes, según la cual, esta corporación debería condicionar la exequibilidad de las disposiciones acusadas, en el sentido de que debe entenderse que la competencia de los jueces de instrucción penal militar es excepcional, y debe respetar los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el alcance limitado del fuero militar.
La Corte considera que el ciudadano tiene razón en sus consideraciones teóricas, pero se equivoca en la conclusión que intenta extraer. Así, es indudable que los jueces de instrucción penal militar tienen una competencia excepcional, pues sólo pueden investigar los hechos punibles amparados por fuero militar. Por ello, para que estos jueces de instrucción penal militar tengan competencia es necesario no sólo que el presunto delincuente sea miembro activo de la fuerza pública (elemento subjetivo) sino que además el delito cometido tenga una relación directa con el servicio (elemento funcional). Igualmente, es obvio que esos funcionarios deben respetar la doctrina constitucional desarrollada por esta Corte, en numerosas sentencias, sobre el alcance del fuero militar. Precisamente por tal razón, la sentencia C-878 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, condicionó el alcance del artículo 2º de la Ley 522 de 1999, que define los delitos relacionados con el servicio, pues la Corte consideró que esa disposición era exequible, sólo si se la interpreta “con un carácter restrictivo, en el sentido de entender que los delitos relacionados con el servicio, son aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando los mismos se deriven directamente del ejercicio de la función militar o policial que la Constitución les ha asignado (arts. 217 y 218)”. Igualmente, esa sentencia también condicionó el alcance del artículo 3º de la Ley 522 de 1999, que señalaba cuáles delitos no se encontraban relacionados con el servicio. La Corte consideró “que los delitos en él enunciados, no son los únicos hechos punibles que han de considerarse excluidos del conocimiento de la jurisdicción penal militar, pues todas aquellas conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio, han de entenderse excluidas del campo de competencia de esta jurisdicción especial”.
El interviniente acierta entonces en señalar que los jueces de instrucción penal militar tienen que respetar esa órbita limitada del fuero militar, pues carecen de competencia para investigar casos en donde no se presenten tanto el elemento subjetivo (miembro activo de la fuerza pública) como el funcional (delito directamente relacionado con las funciones propias de la fuerza pública). Estos jueces de instrucción se extralimitarían en sus funciones si investigan personas que no sean miembros activos de la fuerza pública, o delitos que no tengan un vínculo directo con las funciones de la fuerza pública. Sin embargo, no por ello es necesario condicionar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas en la presente demanda, pues éstas simplemente señalan que los jueces de instrucción penal militar son funcionarios de instrucción penal militar y tienen competencia para investigar “todos los delitos de conocimiento de la justicia penal militar” (negrillas no originales). Nótese pues que la propia norma señala que su competencia cubre únicamente los delitos que son de conocimiento de la justicia militar, por lo cual es claro que los jueces de instrucción militar sólo pueden investigar e instruir los delitos amparados por el fuero militar, en los términos señalados por la doctrina constitucional.
5. Conforme al examen precedente, los cargos del actor y la solicitud de constitucionalidad condicionada de uno de los intervinientes carecen de sustento. Además, la Corte no constata que las disposiciones acusadas vulneren ninguna cláusula constitucional, pues bien puede la ley establecer que los jueces de instrucción penal militar son funcionarios de instrucción y tienen competencia en todo el territorio para investigar los delitos que son de conocimiento de la justicia penal militar. Esas normas serán entonces declaradas exequibles.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 263 numeral 3º y 264 de la Ley 522 de 1999.

References: artículo 263
 artículo 264
 artículo 241
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 3