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Timestamp: 2018-02-24 22:08:03+00:00

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Calcerrada Bufete Jurídico. Abogados para empresas y particulares, familia y penal.
Las “cláusulas abusivas” llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La Sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 supuso un hito en los derechos de los consumidores ya que fue la primera vez que el Alto Tribunal anuló, por primera vez, las llamadas cláusulas suelo, un tipo de cláusulas abusivas que las entidades financieras venían imponiendo sistemáticamente prácticamente en casi todas los créditos hipotecarios, creando un grave perjuicio económico a los clientes quienes pese a haber negociado un tipo de interés variable lo cierto es que, por este tipo de cláusulas, se les estaba imponiendo un límite que, en la mayoría de los casos, se fijaba en el 3% o el 4%.
Las consecuencias de la nulidad de este tipo de cláusulas declaradas abusivas conllevan a que se tengan como no puestas y, por lo tanto, a la obligación de las entidades financieras a devolver a los clientes la totalidad de las cantidades pagadas de más, desde la firma del crédito hipotecario. Así lo venían reconociendo la mayoría de los juzgados y Audiencias Provinciales hasta que recientemente, otra Sentencia del Tribunal Supremo limitó la obligación por parte de las entidades financieras de devolver las cantidades pagadas de más una vez declaradas judicialmente como abusivas la cláusula suelo. Esta última sentencia limitaba la obligación de devolver a la fecha de 9 de mayo de 2013 en que dictó la primera de las Sentencias que anulaba por primera vez las cláusulas suelo.
Ahora, la Audiencia Provincial de Álava ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que pregunta si, una vez declarada la nulidad de una cláusula suelo, la entidad financiera debe devolver la totalidad del importe satisfecho en virtud de dicha cláusula suelo o bien si solo está obligada a hacerlo desde el 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo anuló por primera vez una de estas disposiciones contractuales.
En la cuestión elevada al Tribunal de Luxemburgo, la Audiencia alavesa pregunta si esa limitación temporal de la ineficacia de las cláusulas suelo declaradas abusivas que se aplica en España es conforme a los artículos 6.1 de la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados conconsumidores, que establece el principio de no vinculación, según el cual, las cláusula declaradas abusivas “no vinculan en ningún caso al consumidor”.
En el auto, fechado el 22 de septiembre, la Audiencia de Álava explica que plantea esta cuestión para resolver un recurso de apelación que una Caja ha planteado frente a una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz que estimó la demanda sobre una hipoteca con cláusula que limitaba la bajada del tipo de interés variable del préstamo –firmado con Euribor más 0,55%– a un mínimo del 2,75%, tipo de interés que se aplicó desde abril de 2009.
En la sentencia del juzgado recurrida en apelación, se condena a la Caja “a devolver al demandante las cantidades cobradas en cada una de las cuotas mensuales del préstamo hipotecario indicado a partir del 10 de septiembre de 2004, fecha de inicio del interés variable, que excedan de la aplicación del tipo de referencia” (euribor aplicable en cada cuota más el diferencial establecido en la escritura, el 0,55%).
La Audiencia de Álava cuestiona esta interpretación y recuerda el artículo 1303 del Código Civil, según el cual, “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”.
También considera que se podría afectar el principio de “no vinculación” que disponen los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas firmadas en contratos con consumidores, porque “cuando un tribunal nacional conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares, está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva”.
La cuestión prejudicial cita la propia jurisprudencia del TJUE, que dispone que si una cláusula es nula no puede producir ningún efecto, y que “si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva”.
“La mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores”, según afirma el Tribunal Europeo en una resolución.
Ante las dudas que se le plantean, la Audiencia de Álava ha decidido suspender el procedimiento, y remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que solicita también que se siga el “procedimiento acelerado”.
El auto basa su petición de pronta resolución “en atención al elevado número de consumidores afectados” y cifra en 3.300.000 las personas con hipotecas que contienen esta cláusula, que “han generado una oleada de litigiosidad en los tribunales españoles por ser innumerables los casos en que se utilizó esta forma para financiar la adquisición de una vivienda destinada a hogar familiar”
Sentencia del Tribunal Supremo: “Respecto del derecho a la intimidad el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones, no es el de la veracidad, sino el de la relevancia pública del hecho divulgado”
Una reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, del 16 de diciembre de 2013, advierte: “Cuando de libertad de expresión se trata, el elemento de veracidad no es un requisito que deba ser valorado, pues los juicios de valor no pueden ser objeto de demostración de su exactitud, al pertenecer al fuero interno de una persona. Respecto del derecho a la intimidad el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones, no es el de la veracidad, sino el de la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte necesaria en función del interés público del asunto sobre le que se informa“.
Los conflictos existentes, y que prácticamente se dan a diario, entre los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, por un lado, y los derechos al honor, intimidad y propia imagen, por otro, deben ser ponderados en cada caso concreto. Sin embargo, esta reciente Sentencia del Tribunal Supremo marca unas pautas muy claras acerca de la preponderancia del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen sobre el derecho a la libertad de expresión cuando lo difundido no sea de relevancia o interés público.
El Tribunal Supremo parte en su sentencia de la preponderancia del derecho a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad personal y familiar, aunque matiza, a continuación, que dicha preponderancia debe hacerse valer en cada caso concreto, de acuerdo a las circunstancias concurrentes. Es en el análisis de las circunstancias en que se difundieron las informaciones que entran en colisión con el derecho a la intimidad cuanto el Tribunal concluye: “El interés general de la información, en consecuencia, deviene del interés que suscita el conocimiento de la vida de personas con notoriedad pública social. Y, por tanto, el interés suscitado en el presente caso es muy escaso y de naturaleza social por el hecho de que el programa en el que se hicieron las manifestaciones que los recurridos consideran que suponen una intromisión en su derecho a la intimidad y en la de su madre fallecida no tienen por objeto contribuir al debate político en una democracia, sino una finalidad netamente de esparcimiento y el interés suscitado es únicamente, el que pueda existir en el conocimiento de la vida privada de personas que gozan de notoriedad ( SSTS de 3 de noviembre de 2010, RC n.º 1040/2007 , 16 de diciembre de 2010, RC n.º 179/2008 , 21 de marzo de 2011, RC n.º 1485/2008 y 25 de abril de 2011, RC n.º 2244/2008)”.
Pulse aquí para acceder a la Sentencia completa.
Sentencia Tribuna Supremo sobre Condiciones generales abusivas: cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, recurso nº 485/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
En el pleito origen se había solicitado la declaración de nulidad por abusivas de las cláusulas que fijan un tipo mínimo de interés o un tipo mínimo de referencia. El Tribunal admite la validez de tales cláusulas cuando cumplen los requisitos de especial transparencia exigible en los contratos celebrados con los consumidores.
Se declara la nulidad por falta transparencia. A tal efecto, el TS estima que no es suficiente con que las cláusulas de forma aislada sean comprensibles.
Parte dispositiva: “Séptimo: Declaramos la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores descritas en los apartados 2, 3 y 4 del antecedente de hecho primero de esta sentencia por
Octavo: Condenamos a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajas Rurales Unidas, S.C.C y NCG banco S.A.U a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización.
Noveno: Declaramos la subsistencia de los contratos de préstamo hipotecario en vigor suscritos por las expresadas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajas Rurales Unidas, S.C.C y NCG banco S.A.U demandadas, concertados con consumidores en los que se hayan utilizado las cláusulas cuya utilización ordenamos cesar y eliminar.
El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la actual legislación hipotecaria española
La sentencia de la Corte de Luxemburgo ratifica así el dictamen jurídico que presentó en pasado mes de noviembre la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott. Según argumenta el Tribunal, “la normativa española enumera los motivos, muy limitados, por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria” y añade que “entre esos motivos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de un préstamo hipotecario”.
Por ello, la sentencia concluye que “la normativa española, que impide al juez, que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato hipotecario, suspender el procedimiento de desahucio iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión”.
El caso que originó esta cuestión se remonta a 2007 a raíz de la denuncia de un ciudadano marroquí
El Tribunal de Justicia europeo ha llegado a esta conclusión trasanalizar la cuestión presentada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona sobre la conformidad del derecho español con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas. El caso que originó esta cuestión se remonta a 2007, cuando un ciudadano de origen marroquí que trabajaba en España firmó con CatalunyaCaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. Desde junio de 2008 dejó de pagar sus cuotas mensuales y el banco inició un procedimiento de ejecución hipotecaria, celebrando una subasta pública a la que no se presentó ninguna oferta.
La entidad, de acuerdo con la legislación española, se adjudicó la vivienda por el 50% de su valor. El 20 de enero de 2011 el cliente fue expulsado de la vivienda, si bien poco antes había presentado una demanda solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario -la relativa a los intereses de demora, que fijaba un tipo del 18,75%– por ser abusiva y, en consecuencia, reclamaba que se anulara el procedimiento de desahucio.
Sin embargo, la legislación española que regula esta materia impide que pueda interrumpirse el proceso judicial de ejecución si no se presentan motivos contemplados expresamente en la ley, entre los que no aparece la existencia de una cláusula abusiva en el contrato hipotecario. Es decir, obliga a que termine el proceso, y por tanto el consumidor se quede sin vivienda, antes de que éste pueda demandar a la entidad por cláusulas abusivas en la hipoteca.
La sentencia señala que “el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva europea sobre cláusulas abusivas”. Y añade que, dado que el juez que conozca del proceso declarativo no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución, esa declaración de nulidad sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria.
Según argumenta la Corte con sede en Luxemburgo, “esa indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas”.
“Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva confiere a estos últimos”, señala.
Ya en vigor las nuevas medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
En el BOE del sábado 24 de febrero se inaugura una “segunda generación de reformas estructurales” con la publicación del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en vigor el 24 de febrero.
A continuación se resumen las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 4/2013 concernientes a las medidas socio-laborales tomadas por el Gobierno de Rajoy.
¿Cuándo hay que pagar tasas judiciales en procesos de familia?
Criterios Interpretativos del devengo de la tasa judicial en procesos de familia
El pasado día 21 de diciembre de 2.012 se celebró una reunión a la que fueron convocados todos los Magistrados de las Secciones 22ª y 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid y los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Familia de Madrid , en la que se llegaron a los siguientes Acuerdos:
1º.- En los procesos matrimoniales contenciosos (separación, divorcio, nulidad y modificación de medidas) sustanciados por los trámites del juicio verbal especial regulado en los artículos 753 y 770 de la LEC, se devengará tasa, excepto en los supuestos en que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos menores, incapacitados o ausentes. Si en dichos procesos se solicitare la adopción de otras medidas que el juez no pueda acordar de oficio, se devengará la tasa correspondiente. Se devengará tasa en los procesos matrimoniales aunque no existan hijos comunes y no se solicite la adopción de medidas definitivas complementarias.
5º.- Los procesos contenciosos a que se refiere el artículo 748.4º dela LEC, que versen exclusivamente sobre relaciones paterno filiales, están excluidos del devengo de la tasa.
Si en los mismos se ejercitasen, por el actor o el demandado, pretensiones de carácter dispositivo, será de aplicación lo establecido en el criterio 2º.
a) La solicitud de formación de inventario a que se refiere el artículo 808.1 de la LEC dará lugar al devengo de la tasa. Cuando proceda la tramitación del juicio verbal previsto en el artículo 809.2 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado si el mismo, en la comparecencia ante el Secretario Judicial, además de oponerse a la inclusión en el activo o pasivo de todas o alguna de las partidas cuya inclusión pretenda el actor, pretendiese, con la oposición de éste, incluir en el activo o pasivo nuevas partidas.

References: artículo 1303
 artículo 7
 resolución 
 artículo 748
 artículo 808
 artículo 809