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Timestamp: 2019-02-17 04:54:54+00:00

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Análisis legal del caso S3 PNP Elvis Miranda Rojas, por Jesús Poma Zamudio y Enson Tribeño Rojas | Legis.pe
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Escriben: Jesús Poma Zamudio
Enson Tribeño Rojas*
Gran indignación e impotencia ha causado en nuestro país, y de manera especial, en la familia policial, la detención del Suboficial de Tercera PNP Elvis Joel Miranda Rojas, perteneciente a la Comisaría de Tacalá, quien participó en una intervención policial en el departamento de Piura, que dio como resultado el fallecimiento de un presunto delincuente.
Indignación e impotencia porque dentro del paradigma común, es el delincuente quien debe ingresar a la cárcel y el policía quien debe capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. No obstante ello, en el presente caso la figura se ha invertido y hoy tenemos a un joven policía de 24 años de edad y con tan solo un año de servicio, compartiendo celdas con ranqueados malhechores en el Penal de Varones de Piura.
En ese contexto, habiendo tomado conocimiento de los argumentos utilizados por el Ministerio Público, así como por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, procederemos al análisis legal de la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva y dispone el internamiento del referido servidor policial durante el plazo de siete meses.
Asimismo, es necesario acotar que de acuerdo con el artículo 268° del Código Procesal Penal, el juez podrá dictar mandato de prisión preventiva, cuando se cumplan copulativamente estos tres requisitos: 1) Fundados y graves elementos de convicción, 2) Pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad y, 3) Peligro de fuga y/o obstaculización de la investigación.
2. Primer presupuesto: fundados y graves elementos de convicción
Que, de los hechos suscitados se pone en evidencia que la persecución del S3 PNP Elvis Miranda Rojas en contra del occiso Juan Carlos Ramírez Chocan fue realizado dentro del parámetro legítimo del procedimiento policial y cuando realizó los cuatro disparos disuasivos al aire, lo hizo con la finalidad de que el perseguido se detenga, desista de su ilegítimo proceder y se ponga a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, vemos que el fallecido era una persona avezada y con pleno conocimiento de lo que hacía y que no podría caer sobre él, el poder punitivo si lograba consumar su huida.
De igual modo, resulta necesario exponer que tanto el Ministerio Público como la defensa reconocen que solamente un disparo fue capaz de herir a muerte al perseguido; mas la controversia existe en torno a si fue con dolo o culpa. En ese punto debemos aclarar que el efectivo disparó con dirección al pie del perseguido a efecto de reducirlo, debido a que también es misión del efectivo policial velar por la integridad del presunto delincuente, pero, la adversidad del terreno recorrido hizo que lamentablemente el disparo impactara sobre la región vertebral del fallecido.
Así las cosas, no es cierto lo dicho por la fiscal cuando refiere: “El efectivo policial tenía pleno conocimiento que al disparar iba a causar la muerte del agraviado”. Evidentemente, dichas afirmaciones no guardan relación con la realidad y la verdad, debido a que el S3 PNP Elvis Miranda Rojas cuenta con la preparación necesaria para actuar con la debida diligencia ante estas situaciones y honrar su labor, de ello damos fe y por ende exponemos un extracto del Acta de Intervención Policial, con orden 13015225, de fecha 22 de noviembre de 2018, en donde acudió al llamado de una denuncia sobre violencia familiar, en la cual producto de la intervención al agresor, fue amenazado con un arma de blanca (cuchillo), logrando reducirlo y conducirlo a la dependencia policial del sector.
Ciertamente, debemos de estar agradecidos que este joven servidor policial no forma parte de la lamentable cifra de policías muertos a manos de la delincuencia; de ello, es necesario resaltar que solamente en el año 2018 hemos sentido el grave pesar de las veintiún muertes de nuestros valerosos policías. Entonces, queda demostrado que la delincuencia urbana y organizada no tiene el mayor respeto por la integridad de los civiles y agentes del orden al momento de delinquir, ya que se amparan en el gran espacio de impunidad que otorgan los miembros encargados de la administración de justicia en Perú, en razón a que éstos no valoran de manera debida los hechos que se ponen a su conocimiento, generando gran perjuicio a la sociedad.
Adicionalmente, es necesario exponer que el Departamento de Piura adolece de un alto índice delictivo, siendo menester nombrar el artículo 8 del Decreto Supremo 012-2018-IN, cuyo tenor define el concepto de “Riesgo Latente” como la “amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva permanente o eventual y que determina el nivel de respuesta policial”.
3. Segundo presupuesto: pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad
La representante del Ministerio Público intenta encuadrar de manera tendenciosa los hechos antes descritos como si fuera de homicidio simple conforme a lo dispuesto en el artículo 106° del Código Penal, cuando en realidad se subsume al delito de homicidio culposo previsto en el artículo 111° del mismo cuerpo de leyes, el cual establece lo siguiente:
Artículo 111°.- Homicidio Culposo. El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas (…).
Por los párrafos expuestos, se llega a concluir que el segundo presupuesto para la dación de la prisión preventiva tampoco se cumple.
4. Tercer presupuesto: peligro de fuga y obstaculización de la investigación
“Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).”
No tiene antecedentes que permitan colegir irresponsabilidad en cuanto al manejo de armas de fuego, lo cual está corroborado con la Ocurrencia Policial N° 13015225 del 22NOV2018, la cual describe el temperamento y la preparación del imputado para accionar frente a situaciones que representan peligro latente para su vida.
Cabe indicar que dicha ocurrencia narra una intervención policial en la que el intervenido Alex MACO ROA amenazaba al personal policial con un arma punzo cortante, siendo reducido, engrilletado y puesto a disposición de la Comisaría de Tacalá por delito de resistencia a la autoridad.
a) Peligro de obstaculización
5. Necesidad y proporcionalidad de la medida
En este punto es necesario destacar que la regla general es la libertad y su privación, una excepción; significando que, para el caso en particular, no se justifica la imposición de la medida preventiva, puesto que son necesarias una serie de diligencias que requieren la presencia del imputado, quien en ningún momento se ha negado a colaborar con ellas.
El magistrado David SOSA ZAPATA – Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, al suscribir la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva y disponer el internamiento del imputado en un centro penitenciario, no solo ha cometido una infracción administrativa que la OCMA deberá investigar y sancionar, sino también existen indicios suficientes del Delito de Prevaricato contemplado en el artículo 418[1] del Código Penal, ilícito que deberá ser denunciado oportunamente.
[*] El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
Delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, por Ramiro Salinas...
Ivet Lescano Calvo - agosto 23, 2017

References: resolución 
 artículo 268
 artículo 8
 artículo 106
 artículo 111

Artículo 111
 resolución 
 artículo 418
 resolución 
e contrario