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Timestamp: 2018-06-22 05:17:50+00:00

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Sinopsis artículo 102 - Constitución Española
Sinopsis artículo 102
Concordancias: Artículos 9, 23.2, 28.1, 62.i, 71.3, 98, 106.1, 117, 125, 127.1, 148.1.1ª, 149.1.18ª.
El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución establece una prerrogativa de aforamiento a favor del Presidente y de los demás miembros del Gobierno. Señala en este sentido que la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esta prerrogativa constitucional, similar a la prevista en el artículo 71 de la Constitución para los Diputados y Senadores, tiene como finalidad proteger de forma cualificada la libertad, autonomía e independencia de los órganos constitucionales. El aforamiento actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno, evitando las presiones de las que en otro caso podrían ser objeto sus miembros.
Este apartado 1 del artículo 102 de la Constitución no pretende establecer un régimen sustantivo distinto, sino que se circunscribe a predeterminar el órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno. La prerrogativa de aforamiento pretende dar respuesta a situaciones subjetivas peculiares, no ordinarias. El Tribunal Constitucional señaló, entre otras, en su Sentencia 22/1997, de 11 de febrero, que la prerrogativa de aforamiento de Diputados y Senadores ex artículo 71 de la Constitución (afirmaciones trasladables a la prerrogativa de aforamiento de los miembros del Gobierno) no se confunde con el privilegio, ni tampoco puede considerarse como expresión de un pretendido "ius singulare", pues en ella no concurren las notas de la desigualdad y la excepcionalidad. Antes al contrario, ofrece un tratamiento jurídico diferenciado a situaciones subjetivas cualitativa y funcionalmente diferenciadas por la propia Constitución, y resulta de obligada aplicación siempre que concurra el presupuesto de hecho por ella contemplado. Se pretende de esta manera proteger a los miembros del Gobierno frente a actuaciones que menoscaben las funciones que constitucionalmente se le encomiendan, a través de la utilización abusiva de querellas, confundiendo en muchas ocasiones dos planos distintos aunque ciertamente no siempre fáciles de deslindar, como son los de la responsabilidad política y la penal.
Por lo demás, la circunstancia de que las causas criminales que pueden iniciarse frente a los miembros del Gobierno se instruyan y enjuicien por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 57.1.2º LOPJ), no choca con la interpretación realizada por el propio Tribunal Constitucional sobre el alcance del artículo 24.1 de la Constitución en el ámbito penal, en particular el derecho a acudir ante un "Tribunal Superior". En efecto, el Tribunal Constitucional tiene establecido que en materia penal el legislador debe prever un sistema de recursos aplicable en todo caso, dado, de una parte, que el artículo 24.1 de la Constitución ha de interpretarse de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 10.2, el cual establece que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y de los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España", y, de otra, que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo previsto por la Ley". De ahí que deba entenderse que entre las garantías del proceso penal se encuentra la del recurso ante un Tribunal Superior.
La prerrogativa de aforamiento se conecta, además, con uno de los derechos fundamentales previstos en el artículo 24.2 de la Constitución. En este precepto se reconoce, entre otros, el derecho "al Juez ordinario predeterminado por la Ley". Y precisamente lo que hace el artículo 102.1 de la Constitución es predeterminar directamente el Juez competente para enjuiciar causas criminales dirigidas contra los miembros del Gobierno. Ello permitiría -de manera similar a como acontece en el caso de los Diputados y Senadores en virtud del artículo 71.3 de la Norma Fundamental- esgrimir como derecho fundamental vulnerado la pretendida instrucción y enjuiciamiento criminal de los miembros del Gobierno por un órgano jurisdiccional distinto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Ahora bien, lo que no garantiza el artículo 102.1 es la continuidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el conocimiento de una causa criminal dirigida contra un miembro del Gobierno cuando éste hubiera dejado de serlo. Es clarificadora en este aspecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1997, en la que si bien se aborda el alcance del artículo 71.3 de la Constitución (aforamiento de los Diputados y Senadores), sin embargo sus afirmaciones son también trasladables para valorar el alcance del artículo 102.1 de la Constitución. En este sentido, señaló el Alto Tribunal que cuando el artículo 71.3 de la Constitución (léase ahora el artículo 102.1) establece que en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, está estableciendo un contenido absolutamente indisponible de esta prerrogativa, de tal manera que, cualquiera que sea la causa, ésta pasará al Tribunal Supremo desde el momento en que la misma afecte a un Diputado o Senador, y mientras no pierda la condición de miembro de las Cortes Generales. Más allá de este contenido indisponible, corresponde a las leyes procesales (y, en su caso, al Tribunal Supremo en trance de interpretar normas preconstitucionales) dar respuesta a dicha cuestión, pudiendo resolverse de distinta manera acerca de la "perpetuatio iurisdictionis", sin que, en principio, quepa considerar por ello afectado, por lo que ahora interesa, el derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución.
Respecto a la eventual intervención del Tribunal del Jurado en este ámbito, conviene también traer a colación lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en cuyo artículo 2.1 segundo párrafo se dispone que "si, por razón del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente". No obstante, es interesante recordar la Circular 3/1995, de 27 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, relativa a los criterios de actuación del Ministerio Fiscal en el proceso ante el Tribunal del Jurado. Entre otros aspectos, se destaca en dicha Circular la peculiaridad de aquellos casos en los que el aforamiento viene establecido directamente por la Constitución (artículos 102.1 y 71.3). Señala la Circular que estas normas, dado su rango constitucional, no pueden verse modificadas por los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y, en consecuencia, dado que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es diferente a un Tribunal compuesto por nueve jurados y un Magistrado del Tribunal Supremo que lo presidirá, debe concluirse -en una interpretación favorable a la constitucionalidad de los artículos 1.3 y 2.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado- que cuando el aforado sea el Presidente o un miembro del Gobierno, un Diputado o un Senador, no podrá ser enjuiciada su conducta a través del Tribunal del Jurado en ningún supuesto. El juicio deberá tramitarse por procedimiento sumario o abreviado atribuyendo el enjuiciamiento a las Sala Segunda del Tribunal Supremo sin intervención del Tribunal del Jurado.
Respecto al ámbito subjetivo del aforamiento establecido en el artículo 102.1 de la Constitución, únicamente comprende al Presidente y a los demás miembros del Gobierno central. Debe observarse que la prerrogativa de aforamiento no incluye exclusivamente a los miembros del Consejo de Ministros, debiendo destacarse que la Constitución permite la posibilidad de distinguir entre Gobierno y Consejo de Ministros. El artículo 98.1 de la Constitución señala que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros "y de los demás miembros que establezca la ley". Esta remisión a la ley permite que puedan formar parte del Gobierno personas que carezcan de la condición de Ministros, Vicepresidentes o Presidente. La realidad es, sin embargo, que no se ha hecho uso de esta posibilidad, a cuyo efecto el artículo 1.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que el Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros, todo ello sin perjuicio de que los miembros del Gobierno se reúnan en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
Por otra parte, el artículo 27 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, establece que "La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros de la Diputación Foral será exigible, en su caso, ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo".
-En primer lugar, el presupuesto habilitante para que opere esta previsión constitucional consiste en que el hecho que se imputa al miembro del Gobierno lo sea por cualquier delito contra la seguridad del Estado, debiendo atender para determinar la eventual existencia de un delito de tal naturaleza al aspecto material, y no simplemente a su denominación como tal en la legislación penal, máxime si se tiene en cuenta que en el vigente Código Penal no existe específicamente un Título referido nominalmente a los "delitos contra la seguridad del Estado". Además, se exige que la eventual comisión del hecho delictivo por el miembro del Gobierno lo haya sido en el ejercicio de sus funciones como tal, requisito éste que, no obstante, en la práctica será difícil que no concurra teniendo en cuenta la tipificación de este tipo de delitos y la conexión que de una manera u otra podrá establecerse con la condición de miembro de Gobierno del presunto autor del hecho delictivo.
En efecto, debe observarse que el artículo 102.3 afirma que no se aplicará la prerrogativa real de gracia "a ninguno de los supuestos del presente artículo", lo que podría plantear la duda de si se está refiriendo a cualquier supuesto de responsabilidad criminal o si ha pretendido conectarse dicha prohibición con la condena por los delitos que se citan en el artículo 102.2 (traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones). El problema se complica si se atiende al hecho de que el miembro del Gobierno condenado lo ha podido ser por hechos anteriores a su condición de tal, así como también ha podido ser condenado cuando ya es ex miembro del Gobierno. Parece acertado sostener que en ningún caso podría hacerse uso de la prerrogativa de gracia a favor de un miembro del Gobierno en tanto en cuanto mantenga su condición de tal. Pero no cabe duda que de alguna manera se estaría quebrantando el espíritu que subyace al artículo 102.3 si, tras el cese, pudiera beneficiarse de la prerrogativa de gracia, cuando menos en los supuestos a los que se alude en el art. 102.2 de la Constitución. De igual manera que no tendría sentido adoptar una posición extrema que impidiera la utilización de la prerrogativa de gracia por el mero hecho de haber sido en alguna ocasión miembro del Gobierno, tampoco lo tiene que, al menos cuando se trata de delitos de traición o contra la seguridad del Estado, pueda salvarse la prohibición contenida en el artículo 102.3 de la Constitución simplemente con dimitir del cargo. De ahí que los autores normalmente se inclinen por sostener que la pérdida de la condición de miembro del Gobierno no excluye la operatividad de la prohibición contenida en el artículo 102.3 cuando se hubiera producido una condena por los delitos aludidos en el artículo 102.2 de la Constitución.
Entre la bibliografía sobre las materias contenidas en este artículo cabe citar los trabajos de Díez Picazo, García Mahamut, Obregón, Rpdríguez Mourullo o Santaolalla
Ernesto Garcia Trevijano. Profesor Titular. Universidad Complutense. Diciembre 2003.

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 artículo 24
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