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Timestamp: 2018-08-20 07:05:35+00:00

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Acuerdo y Sentencia 363/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 363/17
JUICIO: "JEV S.R.L. CONTRA RESOLUCIÓN N° 17, DE FECHA 23/02/16 Y OTRA, DICTADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (SET)".
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Publico Despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "JEV S.R.L. contra Resolución N° 17, de fecha 23/02/16 y otra, dictadas por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (SET)".
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que en fecha 04 de abril de 2016 (fs. 17/30), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abog. Adán Amado Ríos por el poder general que adjunta se presenta en nombre y representación de la Firma JEV S.R.L., a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución Particular N° 141, de fecha 18 de diciembre de 2015 y contra la Resolución Particular N° 17, de fecha 26 de febrero de 2016, ambas dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Funda la demanda en los siguientes términos: "Mi representada fue sometida a un sumario administrativo en dicha dependencia, caratulado " Dpto. de Auditoria FT2 C/ JEV S.R.L.- S/ Acta final (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, referente a la verificación de obligaciones del IVA General periodo fiscal 2009 e IRACIS ejercicio fiscal 2009", sumario éste iniciado por "Resolución J.I. 130/15, de fecha 27 de febrero del año 2015", en el cual fueron dictadas las Resoluciones atacadas por ésta vía, peticionando desde ya, se oficie a la mencionada dependencia a fin de que remita los antecedentes administrativos originales o en su defecto copia autenticada de la misma, para su agregación a estos autos en el carácter de prueba documental. Adjunto a éste escrito, en el carácter de prueba documental el duplicado original y fotocopia de la correspondiente Cédula de Notificación por la que la Subsecretaría de Estado de Tributación ha comunicado a ésta representación la RESOLUCIÓN PARTICULAR N° 17 del 26 de febrero del año 2016, y copias de las Resoluciones contra las que se promueve ésta acción. ANTECEDENTES: La empresa JEV S.RL. fue intimada a presentar documentos mediante la Nota DGFT N° 379 del 16-07-2014 notificada en el domicilio Acá Carayá 624 c/ 25 de Mayo el 21-07-2014, por el ujier Roberto C. Arce (C.I.C. 714688, Funcionario MH- DGFT). En respuesta, el contribuyente ha solicitado prórroga según Expte. 20143019806 del 25-07-2014, la cual fue concedida y luego, mi representada presentó a la administración tributaria documentos conforme al Expte 20143021450 el 12-08-2014: a) Copia simple de los Estados financieros ejercicio fiscal 2013. b) Copia simple de las Declaraciones juradas del IRACIS de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. c) Un CD que contiene el Libro Diario y Libro Mayor. La presentación de los documentos fue confirmada por la administración tributaria según el Informe D.A. FT2 N° 126/2014 del 25-nov-2014 obrantes en los antecedentes administrativos cuyos originales están en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ante otro requerimiento de la SET documentada en Nota de Emplazamiento DGFT 10/2014 se le emplazó por 24 horas a mi representada, para poner a disposición los documentos indicados en la Nota DGFT N° 379 del 16-07-2014. La respuesta del contribuyente según el Expte 20143022853 del 25-08-2014 indicaba expresamente su imposibilidad de entregar mas de lo que efectivamente disponía en su poder en los siguientes términos: "...hemos remitido a esa dependencia la totalidad de las documentaciones solicitadas que disponíamos en nuestro poder". Posteriormente, con base en el Acta Final de fecha 14 de julio de 2014, se ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo y se dispuso que se nos corriera traslado del citado Acta Final del 14/Julio/2014. Al tomar intervención como representante de la firma procesada y constituir domicilio en el expediente, mi parte ha contestado el correspondiente traslado y presentado pruebas y alegatos impugnando la validez, respecto a JEV S.R.L. de las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria en el marco de la investigación que afecta a otra persona, identificada como un ex funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación, actuaciones, que fueron tomadas como pruebas fehacientes por los funcionarios de la SET que produjeron el informe, en flagrante violación del derecho a la defensa de mi representada, sin haber directa ni indirectamente J.E.V. SRL. teniendo intervención en aquellas actuaciones que pretenden y se hicieron valer en su contra como pruebas indubitables, pues la Subsecretaría de Estado de Tributación motivó en el Informe que incorpora dichos documentos de dudosa legalidad, las Resoluciones finales dictadas (141/15 y 17/16) dictadas en el sumario administrativo contra las cuales promovemos esta acción. I.- Sumario Administrativo: Su ilegalidad: Esta representación se permite, en primer lugar señalar la ilegalidad de la Resolución que dispone el Sumario Administrativo que le fue instruido a mi representada, ilegalidad que surge de la lectura íntegra de la Resolución J.I.N° 130/2015 del 27 de febrero del año 2015, pues, en ella, no se indica concretamente el articulo o artículos de la ley, que eventualmente habría transgredido o incumplido mi representada, pues; a) En el "Visto", la resolución hace referencia exclusivamente al Procedimiento de determinación tributaria incoado a mi representada, y; b) En el "Considerando", se establece la determinación de "instruir sumario administrativo a los contribuyentes en supuesta infracción a las normas legales dispuestas en las distintas leves impositivas administradas por la SET..." c) En la parte resolutiva, no se identifica la infracción concreta atribuida a mi representada, de lo cual tenemos que: el sumario instruido resulta ser, como lo expone el "considerando" de la propia resolución, por: "infracción a las normas legales dispuestas en las distintas leves impositivas administradas por la SET.." lo que equivale a que una persona jurídica, mi representada, es llevada a un sumario, sin que el Órgano que lo procesa le comunique a ciencia cierta que norma o normas legales es o son la o las que eventual o concretamente habría incumplido, es decir sin comunicarle sin decirle que normas legales es o son aquellas por cuyas violaciones lo procesaron y posteriormente sancionaron, indeterminación que ab initio, ya ha provocado la indefensión de la persona procesada JEV S.R.L., pues, el acto administrativo de instrucción del Sumario no determina el hecho concreto que le es atribuido como infracción, dado que el motivo podría ser interpretarse como está escrito por "...infracción a las normas legales dispuestas en las distintas leyes impositivas administradas por la SET.." El Sumario Administrativo así instruido, adolece del mas substancial elemento necesario para su legalidad conforme a la constitución y las leyes de la república, cual es la de: identificar concretamente el motivo que lo impulsa en términos concretos y detallados, siendo muy claro y evidente que viola el Art. 17 de la constitución Nacional ( "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:... 7 La comunicación previa y detallada de la imputación, ...") pues, repetimos, es en dicho auto donde se concreta la imputación y se determina la investigación de los hechos imputados, de modo que, si la imputación es, en términos imprecisos, ambiguos y vagos, o peor aún, si es como el caso de autos, en términos extraordinariamente generales y amplios, necesariamente, éste primer acto ya deviene violatorio de Constitución Nacional, del debido proceso y las leyes, pues a la persona investigada en el sumario, desde que no están precisados el o los actos concretos que se le imputa, se lo obliga a comparecer y a defenderse de eventuales transgresiones establecidas "...en las distintas leyes impositivas administradas por la SET...", lo que, a mas de una ilegalidad, es un despropósito y un acto que riñe incluso con el sentido común.. Puntualizamos lo expuesto, señalando que, en ningún caso puede procesarse a una persona por las transgresiones de todas o cualquiera de las leyes impositivas administradas por la SET, pues equivaldría a que en el fuero penal una persona sea imputada o procesada por cometer cualquiera de los delitos establecidos en el Código Penal, amplitud de la imputación que necesariamente provoca indefensión, pues si bien esa persona puede defenderse de varios delitos, por la indeterminación de la imputación, como ocurrió en nuestro caso, habrá alguno de lo que no tendrá acabada noticia y consecuentemente no podrá ejercer una defensa correcta, con lo que demostrado que el Acto Administrativo JI. 130/15, es ilegal por contravenir la constitución Nacional y debe decretarse su nulidad pues tal como fue concebida arremete contra el derecho a la defensa y no se ajusta a las reglas del debido proceso, nulidad que trae aparejada la nulidad de todos los actos posteriores. Independientemente a la ilegalidad y consecuente nulidad al Auto de Instrucción sumarial, el documento que diera origen al proceso, el denominado "Acta Final", es nulo, tal como lo hemos señalado al presentar el correspondiente "DESCARGO" y referirnos a la C"Existencia del Acto Administrativo: Esta representación se ha opuesto firmemente a consentir actos nulos e irregulares, como el que se consignados en el documento identificado como:" Dpto. de Auditoria FT2 C/ JEV S.R.L-S/ Acta final (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, referente a la verificación de obligaciones del IVA General periodo fiscal 2009 e IRACIS ejercicio fiscal 2009". Se ha mencionado expresamente la doctrina que declara la existencia del acto administrativa que para las Entidades de Derecho Público, al decir de Dromil "depende del cumplimiento de ciertos elementos esenciales: competencia, objeto, voluntad y forma, los cuales deben concurrir simultáneamente de acuerdo al modo requerido por el ordenamiento jurídico...". Todos los actos administrativos emanados de los órganos de Derecho Público, deben estar investidos de la formalidad y solemnidad requerida en la Ley, "el acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito y contendrá 1) lugar y fecha de emisión...." conforme a lo indicado por el renombrado autor citado. La doctrina mencionada cobra fuerza en el marco legal de la Ley 125/92, que en el artículo 196 consagra: " Los actos de la Administración Tributaria se reputan legítimos siempre que cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativos a competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente..." y en el 199: "las actuaciones y procedimientos de la Administración deberán practicarse en días y horas hábiles....", ambas de la Ley 125/91. Como resultado del análisis doctrinario y de normas legales vigentes se concluye que todo acto administrativo, DEBE POSEER FECHA CIERTA de su realización, para que produzca efectos legales, bajo pena de nulidad de lo actuado, por no ajustarse al debido proceso. Legitimidad: Requisito indispensable para todo acto de la Administración Tributaria, conforme al Art. 199 de la Ley 125/92, observamos que el "Acta Final" elaborada por Funcionarios del Ministerio de Hacienda, dice cuanto sigue: 1. En el Primer Párrafo del "Acta Final" expresa: "En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las 10.00 horas de fecha 12/01/2015...". Asimismo, en la primera página, luego de identificar los funcionarios sus respectivos nombres números de documentos y Dependencia Administrativa a la que pertenecen expresan "...suscriben el presente acta final". 2. El ante-último párrafo del mismo Acta Final respecto al que tratamos, contiene las siguientes expresiones. "Atendiendo a que la nota de Comparecencia de control interno N° 145/2014, fue notificada en fecha 22/12/2014, y teniendo en cuenta que el contribuyente no ha comparecido ante la Administración para tomar conocimiento del presente acta. En este sentido firman como testigos de la no comparecencia, las Señoras Mercedes Concepción Sosa ... y María Ávila Villar..." De modo pues, muy evidente, observamos que el documento denominado "Acta Final", carece de un requisito fundamental para su legitimidad, cual es la de poseer: "fecha cierta", pues, evidentemente es imposible que un Acto Administrativo, el "Acta Final", elaborada y suscripta el día 12 de enero del año 2015, haya podido ser notificada el día 22 de Diciembre del año 2014, concretamente veinte y un (21) días antes de su elaboración y suscripción. Un razonamiento basado en la lógica y el sentido coman nos conduce a interpretar que se le notifica al contribuyente para que comparezca a tomar conocimiento de los argumentos científicos, legales y documentados que sustentan las afirmaciones y actuaciones de los funcionarios públicos encargados de la verificación, quienes tienen la carga de la prueba. Antes de dictar el Órgano Administrativo su fallo, se ha ofrecido como prueba documental el mismo "Acta Final", en el que consta que el mismo carece de legitimidad, por no reunir la forma legal requerida, que la torna legalmente inválida, a tenor del Art. 199 de la Ley 125/92, de cuya consecuencia devienen nulos todos los actos administrativos y procesales posteriores. Ahora bien, dado que el esfuerzo del Órgano Administrador en validar en la Res. 141/15, diciendo que "...aconteció un error de interpretación por parte de la firma..." (sic) y que debido a la incomparecencia del contribuyente el acta final fue suscripta por DOS TESTIGOS el "12/01/2015" sin embargo dicha Acta Final, conforme al acta labrada fue elaborada y suscripta "siendo las 10.00 horas de fecha 12/01/2015..." por los siguientes funcionarios: "RUBÉN ALBERTO BARBOZA CASCO, AURELIA RUMILDA GALEANO SILVA Y LUCAS MEZA PIRIS" tal como textualmente está asentado en el documento, por tanto ES FALSA la fundamentación expuesta en la RES. N° 141/15, en la parte que expresa que el día 12/01/2015. solamente los testigos fueron a suscribirla, intentando vanamente la Administración, con esas manifestaciones convencer, que el Acta fue elaborada en una fecha anterior al 12 de enero de 2015. Aun con ello, la validez del Acta final, y la fecha cierta de ésta "Acta Final", está sujeta a la firma de los testigos, por lo que, aun en ese supuesto y por nosotros negado caso de que "solo" los testigos pasaron a firmar el Acta el día 12 de enero de 2015, es claro que la fecha real de redacción y suscripción del citado Acta, por reconocimiento de ellos MISMOS es una fecha, INCIERTA, pues cuando menos, no resulta clara la fecha de su conclusión. Peor aún, las irregularidades y nulidades son tantas y numerosas, que, el sumario Administrativo, de acuerdo al texto de la Res. JI 130/2015, NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, fue instruido; 1. NO CON BASE en el Acta final del 12 de enero de 2015, y 2. TAMPOCO CON BASE en el "Acta Final de fecha 22 de diciembre de 2014", y 3. MENOS AÚN con base en el "Acta Final del 26 de diciembre de 2014", porque 4. FUE INSTRUDDO, de acuerdo al TEXTO DEL AUTO DE INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO (J.I 130/15) con base en informe del "DPTO. DE AUDITORIA FT2 C/ JEV SRL.: S/ACTA FINAL (DGFT) del 16 de Julio de 2014 (¿?). Concretamente y avalando la nulidad del Auto de Instrucción sumarial, afirmamos con esas pruebas documentales que, el citado "ACTA FINAL (DGFT) del 16 de Julio de 2014", por el cual se ha instruido ESTE SUMARIO es un ACTA FINAL INEXISTENTE, o si existiere, UN ACTA FINAL ELABORADA sin la participación NI EL CONOCEVUENTO de mi representada, lo que avala la grave trasgresión del derecho a la defensa y del debido proceso. Para verificar que el Auto de Instrucción Sumarial y en su consecuencia éste Sumario es nulo, basta verificar en los antecedentes administrativos que NO EXISTE ALGÚN ACTA FINAL DEL 16 de julio de 2014, conforme a cuyas conclusiones se ha instruido el Sumario según la Resolución J.I N° 130/2015, Resolución Administrativa de la que en su parte RESOLUTIVA, Art. 3°. Pero, es mas, AVALANDO LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN SEDE ADMINISTRATIVA se observa que a ésta representación se le corrió traslado del "...ACTA FINAL D.A. FT2 (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, para que formule descargos y ofrezca pruebas...." Respecto de ésa Resolución (Ver Resolución J.I. N° 130/2015 Auto de Instrucción Sumarial - Art. 3°), Acta final que a la sazón NO EXISTE - pues como se corroborará en los antecedentes administrativos una vez traídos a la vista, en autos no se tiene constancia documental de su existencia, por ello, cobra mayor vigencia lo que expusimos al formular descargo en el sentido que DESCONOCEMOS Y NEGAMOS VALOR a cualquier documento o instrumento elaborado por terceras personas sin la participación de JEV S.R.L.. Por ende, en tanto y en cuanto el sumario se instruyó con base en un documento inexistente, documento inexistente del cual además se corrió traslado a mi representada para que formule descargo y ofrezca pruebas, es mas que evidente una persona, física o jurídica, no puede ejercer su defensa contra un documento que no existe, y menos aún puede ser sancionado. Se puede decir cualquier cosa, pero no se puede negar lo que se escribió y firmó El ""...ACTA FINAL D.A. FT2 (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014" del cual se corrió traslado a mi representada "...para que formule descargos y ofrezca pruebas...." NO EXISTE y corresponde se decrete la nulidad de este sumario por transgredir y violar elementales disposiciones del debido proceso y la defensa en juicio. Pido a V.V.E.E. que, en consideración a las constancias documentales citadas decrete la nulidad del Auto de Instrucción sumarial y de todas las actuaciones posteriores que son su consecuencia. No es legalmente posible instruir sumario a una persona por un determinado hecho y, luego condenarla por otro hecho por el cual no fue procesado. Actos de esa naturaleza, son nulos de nulidad es Absoluta. Pero, es mas, por si fuera poco, poco, avalando la anomalía procesal en este curioso sumario, la Juez deInstrucción, no es la que dirige el proceso, sino otra persona que, oficialmente no fue nombrada para ejercer funciones en el Sumario, como Juez, ni como Actuario, sin embargo, inmiscuyéndose en funciones que no le corresponden en el Sumario produce actuaciones. En estos casos están comprendidos el Abog, Daniel Jiménez (quien dispuso la notificaciones de la primera y la segunda Resolución conforme la Cédula obrante en el sumario) y, luego, el 17 de julio de 2015, dictó la providencia N° 433 en el expediente disponiendo "EL" NO LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN la remisión de los autos al "Departamento de Fiscalidad Internacional". Pero, la cosa no termina ahí, en el sumario también interviene otra persona, que TAMPOCO ES JUEZ ni SECRETARIO del sumario, quien sin notificación ni comunicación a nadie, DICTA UNA PROVIDENCIA el 31 de julio de 2015: el Abog. Eduardo Caballero. Ambos profesionales, invocan la Resolución INTERNA N° 78/15, que nunca se hizo saber ni conocer al procesado, que TAMPOCO ESTÁ AGREGADO AL SUMARIO ADMINISTRATIVO, sencillamente se procedió "manu militan", y sin intervención ni participación de la Juez Instructora, se pasaron los autos a "Fiscalidad Internacional". Luego "el jefe interino" de este departamento de "Fiscalidad Internacional", nombra a otra persona como Sumariante y a otra como Actuaría, y después, con las dos nombradas procede a intervenir y dictar la Res. J.I. N° 21/2015, resolución en la que sin motivación alguna, cambia la carátula del Expediente: que de llamarse: "Dpto. de Auditoria FT2 O JEV S.RL.-S/ Acta final (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, referente a la verificación de obligaciones del IVA General periodo fiscal 2009 e IRACIS ejercicio fiscal 2009", de acuerdo a su texto, el Sumario se basa en el documento denominado :" Informe de Auditoria FT" N° 126 del 25/11/2014 de la Dirección General de Fiscalización Tributaria ( DGFT) en relación a las obligaciones IVA General del Periodo de Diciembre de 2009 y el IRACIS general del ejercicio fiscal 2009", o sea otro documento del que defenderse.!! Notamos como progresivamente se van multiplicando nulidades de este proceso, en el que, a partir de la intervención del Abog. Eduardo Caballero, no es factible distinguir si el sumario es dirigido por la JUEZ SUMARIANTE, pues, si bien la Abog. Zulma Soledad González oficia de "Sumariante" y la Abog. Liz Ortiz de Actuaria, a partir de la intervención del nombrado Abog. Eduardo Caballero, todas las resoluciones incluidas las de meros tramites, son suscriptas por la Sumariante, la Actuaría y el citado Abogado, como si el Sumario tuviera mas de un director o responsable lo cual varía substancialmente el proceso ordinario acostumbrado en un Sumario administrativo, en el que, de haber existido ab initio un solo Juez Sumariante, pasó a un Colegiado, en el que, no es posible distinguir quien es el Director del proceso, lo que agrega mas incertidumbre a la tramitación y legalidad del Sumario, pues, es evidente que quien manejó el trámite del proceso y resolvió los tramites y el incidente en éste Sumario fue el nombrado "Jefe Interino de Fiscalidad internacional" quien a desde su intervención firmó todas las providencias y resoluciones del Sumario, siendo la Juez Sumariante es funcionaría adscripta o dependiente de dicha Dirección. Evidentemente, que el trámite administrativo del Sumario, careció de jueces competentes, independientes e imparciales, y, en cambio tuvo "Directores de Departamentos", directamente interesados en la sanción a mi representada, que sin adecuar sus actos a las normas del derecho administrativo, actuaron en el proceso en forma absolutamente irregular. Este proceso, Excelencias es también ilegal por que su tramitación contraviene el Art. 17 Núm. 10 de la constitución nacional "El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley," habiendo en su tramitación hasta la fecha en que se dictó Resolución, excedido el tiempo legal establecido, pues, requiriendo su en la norma administrativa, por lo que deviene nulo y así pido se lo declare. No se tratan Excelencias de errores involuntarios del Ente Administrativo y menos aún de negligencias involuntarias o culposas, se tratan de actuaciones tendientes a producir indefensión, a confundir, a ampliar aún mas la vaguedad de los hechos atribuidos en el Sumario, de atemorizar y sancionar, pues, habiendo nosotros tomado intervención en el sumario administrativo como representantes legales de la firma demandada y constituido domicilio en la casa de la CALLE TACUARY 1.290 de la Capital, el expediente, la Sumariante o el Director del Departamento de Fiscalidad Internacional, u otra dependencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación han procedido a IGNORARNOS EN TLA CARÁCTER y a OBVIAR la obligación legal que tienen de NOTIFICARNOS A NOSOTROS LA RES. 141/15, procediendo, ex profeso a notificarla en otro domicilio, el domicilio. Fiscal, en abierta contravención al "ART. 200°- NOTIFICACIONES PERSONALES." De la Ley 125/92, por el que se tramita el proceso, que establece; "Las resoluciones que determinen tributos, impongan sanciones, decidan recursos, decreten la apertura a prueba, y, en general, todas aquellas que causen gravamen irreparable, SERÁN NOTIFICADAS PERSONALMENTE AL INTERESADO EN LA OFICINA O EN EL DOMICILIO CONSTITUIDO EN EL EXPEDIENTE, y A FALTA DE ESTE, en el domicilio fiscal." La claridad conceptual con la que fue redactado el citado Artículo, nos exime de mayores comentarios, siendo evidente que, el único caso en el cual, una Notificación Personal puede ser practicada en el domicilio fiscal, es cuando el interesado no constituyó domicilio "EN EL EXPEDIENTE". De modo que, señalamos al Órgano Administrador que la notificación de fecha 29 de diciembre de 2015, realizada al domicilio Fiscal, obviando nuestra representación en los autos, es ilegal y nula por haber sido practicada en domicilio distinto al constituido en el expediente, lugar en el que la Ley obliga a realizar las notificaciones Personales, solicitando expresamente se subsane el vicio sirva dejar sin efecto, la notificación de fecha 29 de diciembre de 2015, y disponer el nuevo plazo procesal para el correcto ejercicio de la defensa, entre ellos el de interponer el recurso de reconsideración, disponiendo un nuevo plazo para interponer recursos contra la Resolución Particular N° 141, en vez de expedirse en el incidente, la Vice Ministra de Tributación dicta la Res. N° 17 por la cual se rechaza el "recurso de reconsideración interpuesto contra la Res. 141/2015. Dicha resolución es nula de nulidad absoluta, pues, a) lo que interpusimos no fue un recurso de reconsideración, sino un incidente de nulidad de notificación - por haber sido notificada en el domicilio incorrecto la Res. 141/15, Resolución que causa gravamen irreparable y debe ser notificada personalmente en el domicilio CONSTITUIDO EN EL EXPEDENTE, de acuerdo al texto expreso de la Ley 125/92 Art. 200. Al solicitar el saneamiento del vicio procesal pedimos también la renovación del plazo procesal, justamente para interponer el recurso de reconsideración, derecho legal que posee mi representada del cual no puede ser privada, pero, una vez mas, demostrando la poca sujeción a la ley del Órgano Administrador, no hizo lugar a la solicitud de saneamiento de vicios, que correspondía que la Administración efectúe conforme al Art. 196 de la Ley 125/92. La citada Resolución N° 17/2016 es nula por que convalida una diligencia: "Cédula de Notificación" realizada en violación del citado Art. 200 Ley 125/92, que obliga al órgano administrador una vez constituido domicilio en el expediente a notificar en dicho lugar las resoluciones autorizando SOLAMENTE A FALTA DE DICHO DOMICILIO CONSTITUIDO EN EL EXPEDDENTE, las notificaciones personales en el DOMICILIO FISCAL. Argumenta la Vice Ministra que no hemos justificado el perjuicio a nuestros intereses causado por esa Cédula de Notificación NULA DE NULIDAD ABSOLUTA, cuando claramente puntualizamos que la notificación era nula, y que de los términos de la Resolución N° 141, efectivamente luimos notificados recién el día 12 de enero del año 2016, indicando expresamente que el incidente se promovía "...para el correcto ejercicio de la defensa, en cuanto a plazos procesales establecidos en el Art. 17 de la Constitución Nacional y normas concordantes.", de manera que MIENTE la Vice Ministra cuando afirma que no justificarnos el agravio producido por la citada Cédula de Notificación en nuestro pedido, agravio que debiera ser de comprensión automática para cualquier administrador imparcial y objetivo, pues, LOS PLAZOS LEGALES son CONSTITUCIONALES y no pueden ser arbitrariamente derogados, disminuidos o desatendidos, en perjuicio de un procesado. La Sra. Vice Ministra para fundar su resolución N° 17. cita, el Art. 151 de la Ley 125/92 que no obstante transcribir, es evidente que no la entiende, pues casi en su última parte establece, "...dicho domicilio se considera subsistente en tanto no fuere comunicado su cambio...", cambio que precisamente SE PRODUCE cuando INTERVIENE OTRO REPRESENTANTE LEGAL y EN EL EXPEDIENTE, CONSTITUYE DOMICILIO en otro lugar y, lugar en el que, de acuerdo a la Ley. una vez tramitado un sumario, es el ÚNICO en el corresponde realizar NOTIFICACIONES PERSONALES (Art. 230 cit ), solamente, y solamente cuando no se ha constituido domicilio en el expediente, de acuerdo a! testo expreso de la norma, corresponde notificar en el domicilio Fiscal, por lo que la notificación realizada al domicilio fiscal por la Administración es nula. Es curioso, pero, en numerosos casos, la Administración Tributaria, sostuvo ésta tesis de que una vez que se constituya domicilio en el expediente, es ese domicilio constituido Y NO EN OTRO, el lugar en el que deben DILIGENCIARSE las notificaciones personales, para que sean consideradas VALIDAS, postura que fue asentado en la jurisprudencia por el Acuerdo y Sentencia N° 100/2012 de la Corte Suprema de justicia, que expresa: "Conforme a las intervenciones desarrolladas en sede administrativa, representante mediante, en ausencia de cualquier revocación a la representación otorgada, y HABIENDO SIDO DENUNCIADO DOMICILIO ESPECIAL EN EL SUMARIO, FUE AHÍ DONDE DEBIO CUMPLIRSE LAS NOTIFICACIONES PERTINENTES, COMO de manera certera lo hiciera la dependencia del Ministerio de Hacienda, Y NO EN EL DOMICILIO REAL..." Sentencia Judicial de la máxima instancia que desnuda y deja sin sustento la mentira sostenida para rechazar el incidente y privar al justiciable de los plazos legales para el ejercicio correcto de su defensa, en violación al Art. 17 de la Constitución Nacional. Pero, por si esto fuera poco, al rechazar el incidente, y privar a nuestra parte del derecho a disponer del plazo correcto para ejercitar el derecho a interponer recurso de reconsideración, que debe ser fundado, por ende estudiado, analizado y discernido con suficiente tiempo, sin haber nosotras interpuesto dicho recurso, la Vice Ministra, dicta la Res. 17/2016, por la que RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, recurso de cuyo ejercicio precisamente nos privó, pues confiados en la objetividad que esperamos de nuestros gobernantes, esperábamos que se saneara el vicio procesal, se dejara sin efecto la cédula de notificación mal diligenciada en domicilio distinto al que la ley ordena y, como consecuencia de ello, el otorgamiento del plazo legal completo para interponer el recurso de reposición y reconsideración, por lo que la Res. N° 17/2016 produjo indefensión en el sentido expresado y tanto ella como la Res. 141/2015, son nulas por haber sido dictadas en violación al debido proceso y así solicito que este Tribunal lo declare.- En el hipotético caso de que no consideren la nulidad, y, atendiendo a que no existe Acta final (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, referente a la verificación de obligaciones del IVA General periodo fiscal 2009 e IRACIS ejercicio fiscal 2009", por el que fuera instruido el Sumario y del cual se nos corriera traslado, como el único documento que teníamos y seguimos teniendo a la vista es el Acta Final supuestamente suscripta el 12/01/20125, o según el Órgano Administrador presumiblemente el 22/12/2016, o el 26/12/2016, señalando que, de acuerdo a lo que se expone en al mencionado "Acta Final", en los numerales "I"; "II"; " III", "IV; "V" y "VI", la misma fue realizada por los funcionarios citados de la dependencia administrativa, con base en documentaciones desconocidas para nuestra parte, quien no tuvo acceso a los documentos que sirvieron de base a lo expuesto en el Acta Final en los Numerales I, II, III, IV y VI, desconociendo muy especialmente por no ser parte Y NO PODER INTERVENIR EN MODO ALGUNO en lo expuesto en el punto "III ANTECEDENTES DEL CONTROL INTERNO” del Acta Final, al Punto IV DETALLE DE LAS ACTUACIONES, así como en lo que se expone en el punto "V CONTROLES EFECTUADOS", basados en actuaciones de procesos en los que el Contribuyente no es parte, reiterando por su trascendencia que en el caso de autos, el Organo Administrativo se limitó a solicitar, por nota documentaciones al Contribuyente, que fueron proveídas de acuerdo a sus posibilidades por el mismo. Esta representación, por tanto, objeta la validez legal de los antecedentes que, contraviniendo expresas disposiciones legales fueron tomadas como pruebas en la auditoria de control interno, primeramente por lo dicho consisten en actuaciones realizadas en total y absoluto desconocimiento y sin la participación de nuestros mandantes, que no tienen, tuvieron o pueden ejercer respecto a ellas ninguna posibilidad de control, siendo que todos los procesos de los cuales puedan delirar pena o sanción, al afectado tiene el derecho no solo a ofrecer, sino también a practicar, y, principalmente a controlar las pruebas ( Art. 17 núm. 8 de la Constitución Nacional), siendo, de acuerdo a la misma disposición de la Carta Magna fulminadas de nulidad las pruebas obtenidas o las actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas (Art. 17 núm., 9 C.N). En lo referente a las actuaciones y documentos tomados como pruebas citadas en el punto "III ANTECEDENTES DEL CONTROL INTERNO", reiterando que, lo que se expone en el primer párrafo, consiste en manifestaciones generales, referidas a terceras personas, y que por tanto, no afectan a mi representada. Similar afirmación realizamos respecto a lo expuesto en el segundo y tercer parágrafo del punto señalado. Por lo expuesto, manifestamos que, por no poder haber ejercido el control legal y constitucional sobre las presuntas y por nosotros negadas pruebas que dieron sustento al informe tomado en el Acta Final como prueba irrefutable, al tiempo de reiterar que negamos valor legal a las documentaciones incorporadas al sumario con dicho informe, ya que no reúnen los requisitos legales para ser opuestas a nuestra representada. Se ha ofrecido como prueba la realización de un Dictamen Pericial Contable, para lo cual fue admitida la intervención del Lie. Víctor Manuel González Fleitas, profesional independiente con título habilitante y matriculado ante la Corte Suprema de justicia. El mencionado Perito indicó en su Informe y Dictamen Pericial, en el cuadro el detalle de las facturas objeto de investigación por parte de la Administración tributaria, que fueron expresamente indicados en los puntos de pericia ofrecidos por esta representación: Cuadro N° 1 - Detalle de las Facturas emitidas por CYPRESS PALMS INVESTMENT S.A.: (ver cuadro fs. 26 de autos). El Lic. González Fleitas en su informe Pericial indica claramente que no puede vincular por método científico alguno las facturas indicadas en el Cuadro emitidas por CYPRESS PALMS INVESTMENTS SA con la empresa que se encuentra sometida a Sumario Administrativo por la Administración Tributaria. Es decir, no pudo vincular por un método que pueda ser verificable en forma objetiva, en cualquier circunstancia por otras personas, que son las características fundamentales del método científico. Esta demás afirmar que no existe otra forma en que pueda ser aceptada jurídicamente la participación de un profesional en sus intervenciones en sede administrativa, como en sede judicial en el carácter de perito contador. En efecto, en el asiento contable que se expone mas abajo, en lo pertinente, en el cuadro N° 2 revela los elementos que contienen: (ver cuadro fs. 26 de autos). El Perito, como observación técnico contable indicó que es un asiento confeccionado en forma global, de una manera legalmente permitida por el marco legal que rige los comerciantes (Ley 1034/83, Art. 76). En Resumen, luego de análisis contable de los registros obrantes en poder del contribuyente y de la Administración Tributaria el perito concluyó que las Facturas N° 730 y 725 del 15 y 11 de diciembre del 2009 emitidas por la empresa CYPRESS PALMS INVESTMENT SA, no puede afirmarse en forma certera si forman o no parte del asiento global del Libro Diario del 31-12-2009. Al respecto, y de acuerdo al principio de legalidad, solo tendrán valor jurídico los hechos que efectivamente sean probados, lo cual queda demostrado que la defensa técnica ha desvirtuado las afirmaciones que las facturan mencionadas tienen alguna relación con la empresa JEV S.R.L. en efecto, en el punto pericial N° 2 indica que "no existe manera de vincular en forma objetiva el importe del las facturas con el importe del Costo de Servicios. No se le nombra a la empresa emisora de las Facturas en el Asiento contable como puede observarse que se indica a algunos emisores de comprobantes, en algunos meses anteriores al mes de Diciembre del mismo Libro Diario, en forma expresa no se indica el número de las facturas en el asiento contable del mes de diciembre. ... no se tienen los elementos fundamentales para identificar las Facturas N° 001-001- 0000730 y 001-001-0000725 emitidas por CYPRESS PALMS INVESTMENT S.A. como componentes del Asiento del mes de Diciembre/2009 en la cuenta denominada Costos de Servicios, debido a que no existe identidad de número, de nombre de empresa, ni de importe para realizar la verificación con el asiento contable por el importe de G. 375.663.588. "El resaltado es de esta representación, para fortalecer y ratificar la falta de vinculación objetiva de las facturas cuestionadas con los registros contables, en la cuenta de Costos de Servicios en el mes de Diciembre/2009. En el punto pericial N° 3 del informe pericial se informó a ese Juzgado de Instrucción Sumarial que existe una diferencia muy importante entre los guarismos de las facturas cuestionadas por la administración tributaria y los guarismos registrados en la contabilidad del contribuyente JEV S.R.L. Trascribo en forma parcial la parte mas relevante de la conclusión "... objetivamente existe una diferencia de G. 63.612.948 entre el importe registrado como Costo de Servicios en el Libro Diario (folio 009) G. 375.663.588 y la suma de las facturas atribuidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación como registradas en el Libro del Contribuyente JEV S.R.L. G. 312.050.640..." El Perito presento un cuadro en el que se puede apreciar en forma directa la diferencia numérica, que aleja toda duda sobre la coincidencia, o similitud de un registro contable con las facturas que fueron objeto de investigación. Cuadro N° 3 - Comparativo del importe del Asiento Contable del mes de Diciembre/2009 con el total de las Facturas Emitidas por la empresa CYPRESS PALMS INVESTMENT S.A.: (ver cuadro fs. 27 de autos). Se ha agregado el Informe N° 17/15-C-l del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Comandancia Nacional de fecha 08-04-2015, en el que se reporta que dos habitaciones en el domicilio Fiscal de la Firma, fueron afectadas por el incendio, resultando con daños los muebles que por su constitución físico química, contribuyeron a la propagación de las llamas, fueron papeles y madera. Así se lee en el referido informé que una de las habitaciones fue totalmente consumida por el fuego, y una de ellas funcionaba como oficina administrativa. El Perito como experto, se haya obligado a analizar las documentaciones del expediente y producir el Informe que se le requiere, y, en tal sentido el mismo afirma que luego de la revisión de todas las pruebas arrimadas en autos que: "...no existe manera de afirmar que las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de JEV S.RL...' Ante la contundencia demostrativa de ésta prueba pericial, que señala la inexistencia de elementos en la que sustentar una sanción, por el principio de objetividad que deben regir los actos administrativos, la SET debió mínimamente considerar no probado el hecho atribuido a mi representada, ya que las afirmaciones en sentido contrario, no se fundamentan en pruebas validas, sino en meras afirmaciones carentes de sustento probatorio documental, en cambio careciendo de motivación en la que fundamentar el rechazo a las contundentes manifestaciones del Perito, el Órgano Administrador formula la escueta afirmación citada en la res. 141/2015 que por su trascendencia la transcribimos textualmente: "La FIRMA NO DESVIRTUÓ LA DENUNCIA REALIZADA por los auditores de la SET..."; fundamentación incorrecta, inapropiada e ilegal, pues en virtud de nuestra constitución y leyes, la responsabilidad o culpabilidad de una persona, debe ser el resultado de un proceso, en el cual, las pruebas a favor y en contra del mismo deben ser objetivamente valoradas, por lo que, favoreciendo al procesado la Prueba Pericial, llevada a cabo sin objeciones de ninguna laya, no correspondía ni corresponde la desestimación de dicha prueba con el argumento inconstitucional de que el procesado es quien debe probar su inocencia. ¿Dónde estamos? ¿En algún oscuro país cuyos administradores siguen en la INQUISICIÓN pues consideran que la Ley OBLIGA A UN PROCESADO A PROBAR SU INOCENCIA, o, estamos en un País con Estado de Derecho, en el que el Ente Administrador debe llevar adecuadamente y conforme a la ley los procesos legales, en el que el Órgano Administrativo se somete a la ley en un mismo pie de igualdad que los particulares?. Igualmente, invocamos a favor de nuestra representada la PRESCRIPCIÓN: Cabe resaltar que, la primera labor exigida para el análisis jurídico de un acto administrativo del cual puede emerger obligaciones pecuniarias, consiste en verificar si el presunto derecho del Fisco, está vigente o si respecto al mismo ha operado la prescripción, primer aspecto a estudiar en este procedimiento del sumario para el reclamo de la administración tributaria a mi representada. La Ley tributaria y la jurisprudencia de nuestros Tribunales, incluida la Corte Suprema de Justicia, otorga al Acta Final el carácter de fe pública, de ahí la importancia de la observancia estricta de las formas establecidas para la actuación de la Administración Tributaria, que señalamos al inicio de nuestra intervención. Al respecto, la Ley 125//92, estableció en su Artículo 164°: Prescripción: La acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal. En tal sentido se tienen que las facturas que son objeto de reclamo a mi representada datan del mes de diciembre/2009, y conforme al texto trascripto de la ley, la acción para el cobro de los tributos feneció el 01-01-2015 y el Acta Final de Fiscalización, que la ley privilegia con el carácter de fe pública se halla suscrita y concluida de acuerdo a lo expuesto en la primera página por los funcionarios actuantes en fecha doce de enero del año dos mil quince (12-01- 2015). Es conocido que el Acta Final de inspección interrumpe en plazo de la prescripción de conformidad al Art. 165, numeral 1. Este instituto jurídico halla jurisprudencia constante en nuestros Tribunales que inequívocamente establecen: "El acta final de inspección ... interrumpe el plazo de la prescripción. Consecuentemente, si dicha acta fue suscrita el 11 de septiembre del año 2.000.,., desde esa fecha comienza a correr de nuevo el plazo de cinco años, fijado en el Art. 164 de la citada legislación tributaria, para que opere la prescripción de la acción" Ahora bien, en el caso que nos ocupa, al día 12 de enero del año 2015, fecha en la que el documento dice que se suscribió el acta final, la eventual obligación ya estaba prescripta, conforme se expone y explica seguidamente. En el cuadro demostrativo que sigue, en el que se puede apreciar claramente que el plazo para reclamar ha fenecido el 31-12-2014, contados a partir de la fecha de emisión de las facturas objeto de reclamo en el mes de diciembre de 2009 y los años transcurridos hasta el 31-12-2014 en que se cumplen los 5 (cinco) años desde su emisión y la configuración del hecho imponible en forma general, (ver cuadro fs. 29 de autos). En el escenario de cálculo a partir del primer día hábil del mes siguiente para el pago del impuesto, igualmente ha transcurrido el tiempo establecido en la norma, considerando la eventualidad de la obligatoriedad del pago del IVA en el mes de enero 2010 y se cuenta 5 (cinco) años, se produce la prescripción el 01-enero- 2015, y la fecha cierta del acta final suscrita por los funcionarios intervinientes es del 12-enero-2015.: (ver cuadro fs. 29 de autos). Con los elementos expuestos precedentemente, se observa objetivamente que se ha cumplido el presupuesto a los efectos del cómputo para el plazo de la prescripción de cualquier obligación referente al IVA del mes de diciembre del año 2009 en beneficio de mi representada, por haber transcurrido el plazo legal para que la administración tuviese la legitimación activa para compeler al administrado a cumplir obligaciones, derecho que le pudiera corresponder, lógicamente, luego de probar que mi representada sea el responsable de esas obligaciones mediante el acto de determinación tributaria conforme al marco legal normativo. Expresamos también que, las manifestaciones vertidas por el Órgano Administrativo en la Res. 141/15, para indicar que no se produjo la prescripción, carecen de suficiente entidad legal para desvirtuar la prescripción ya producida, y no se fundamenta en las constancias documentales lealmente introducidas al Sumario instruido a mi representada. De las constancias del Sumario Administrativo, se colige, que el Órgano Administrador, en la tramitación del Sumario incurrió en las ilegalidades, nulidades, afectación de las reglas del debido proceso, actos inconstitucionales que de por si son nulos de nulidad absolutas, y actos que riñen con las leyes, conforme los cargos expuestos en el escrito descargo administrativo, de alegatos, y en la presente acción".
Que en fecha 18 de noviembre de 2016 (fs. 236/251), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abog. Fiscal CÉSAR R. MONGELÓS VALENZUELA, en nombre y representación del Ministerio de Hacienda, bajo patrocinio del Abogado del Tesoro, Abog. ÁNGEL FERNANDO BENAVENTE FERREIRA, conforme al testimonio del Decreto que adjunta, solicitando intervención en estos autos y contestando la presente demanda. Fundan la contestación en los siguientes términos: "Que, en tiempo y forma oportuna vengo a contestar el traslado corrido a ésta representación ministerial por medio del proveído de fecha 10 de agosto de 2016, notificado en fecha 2 de noviembre de 2016, en relación a la demanda contencioso administrativa promovida por la firma JEV S.R.L. y, de conformidad con lo establecido en el art. 235 inc. a) del Código Procesal Civil, NIEGO CATEGÓRICAMENTE PUNTO POR PUNTO, TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS Y ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA DEMANDANTE en su escrito inicial, salvo aquellos que expresamente se admitan como ciertos a través de la presente contestación. En dicho contexto, ES CIERTO que por medio de la Resolución Particular N° 141 del 18 de diciembre de 2015, la Subsecretaría de Estado de Tributación resolvió: "...Art 1°.- DETERMINAR las obligaciones tributarias de la contribuyente JEV S.R.L. con RUC N° 80007405-0, en concepto de IRACIS del Ejercicio Fiscal 2009 y del I.V.A. del periodo fiscal diciembre/2009. Art. 2°- CALIFICAR la conducta de la firma contribuyente como DEFRAUDACIÓN, de conformidad a lo establecido en el art. 172 de la Ley N° 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% sobre el tributo dejado de ingresar. Art. 3°.- ORDENAR la percepción de la suma de Gs. 247.080.262 (Guaraníes doscientos cuarenta y siete millones ochenta mil doscientos sesenta y dos), en concepto de IVA e IRACIS, más la mora y los intereses los cuales deberán ser calculados a la fecha efectiva del pago sobre el tributo determinado conforme al artículo 171 de la Ley N° 125/91, y las multas por defraudación y por contravención, de acuerdo al siguiente detalle: (ver cuadro fs. 236 de autos). También ES CIERTO que por medio de la Resolución RP N° 17 del 26 de febrero de 2016, la Subsecretaría de Estado de Tributación resolvió: "...Art. 1°.- RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma JEV S.R.L. y CONFIRMAR la Resolución Particular DPTT N° 141/2015 en todos sus términos, conforme al siguiente detalle: (ver cuadro fs. 237 de autos). Pero NO ES CIERTO que la Administración Tributaria vulneró derechos constitucionales ni que retaceo derechos de la firma accionante, en la forma como lo expresa su representante convencional en el escrito respectivo, por lo que desde ya, solicito el rechazo de la demanda promovida, por las razones que seguidamente paso a exponer: a) Antecedentes Administrativos: Antes de entrar a refutar punto por punto los hechos cuestionados por el representante convencional de la firma JEV S.R.L., no puede soslayarse el curso del procedimiento administrativo desarrollado en el ámbito de la Subsecretaría de Estado de Tributación, razón por la cual, esta representación ministerial resalta al Excmo. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, cuanto sigue: -De acuerdo a los antecedentes administrativos, por medio de la Nota DGFT N° 379 del 16 de julio de 2014, la Dirección General de Fiscalización Tributaria comunicó a la firma JEV S.R.L., que en el marco de los controles internos relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales, presente las documentaciones requeridas para el efecto. La señora ANA VIDAL DE VALLET, representante de la firma JEV S.R.L. presentó su escrito de prórroga, lo cual fue proveído favorablemente, según consta en la notificación de fecha 28 de julio de 2014 (fojas 4, SET N° 20143019806). -En fecha 12 de agosto de 2014, la señora ANA VIDAL DE VALLET presentó a la Administración Tributaria una parte de las documentaciones requeridas, lo que dio lugar al expediente SET N° 20143021450.- Por NOTA DE EMPLAZAMIENTO DGFT N° 10 del 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria REITERÓ al contribuyente la presentación total de las documentaciones requeridas, lo cual fue contestado por la Sra. ANA VIDAL DE VALLET en fecha 25 de agosto de 2014 (SET N° 20143022853). -Según Informe SET/DAGRT N° 18/2014, luego de la verificación de las documentaciones del contribuyente, el Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos Tributarios de la SET, solicitó a la Administración Tributaria una Fiscalización Puntual, con alcance a las facturas emitidas por las empresas investigadas por parte de la Dirección General de Fiscalización Tributaria, a la firma JEV S.R.L., con RUC N° 80007405-0, abarcando: (ver cuadro fs. 238 de autos). -En la Nota D.A. FT2 N° 126 del 25 de noviembre de 2014, los Auditores designados por la Dirección General de Fiscalización Tributaria elevaron el resultado del trabajo de Control Interno, puntualizando el origen del Control, Alcance, Antecedentes, Detalle, Controles Efectuados, Conclusión e Infracciones. -El contribuyente fue notificado para comparecer a verificar el resultado del Control Interno, excusándose en los términos de la Nota fechada el 29 de diciembre de 2014. -El Acta Final labrado en la Administración Tributaria está fechado el 12 de enero de 2015 y ante la iricomparecencia del contribuyente auditado, firmaron dos testigos, según se puede observar al pie del referido instrumento. -Por Providencia DSR N° 151 del 23 de febrero de 2015, se designó juez instructor a la Abogada Claudia Candía y como coadyuvante al Abogado Guido Chaparro, funcionarios de la Administración Tributaria. -El sumario administrativo se inició con la Resolución J.I. N° 130 del 27 de febrero de 2015, habiéndose notificado a la firma JEV S.R.L. el 3 de marzo de 2015. -En fecha 9 de marzo, se presentó el Abogado de la parte sumariada, solicitó intervención, constituyó domicilio y pidió copias del expediente. En fecha 8 de abril de 2015, CONTESTÓ TRASLADO y OFRECIÓ PRUEBAS, lo cual fue proveído favorablemente por medio de la Resolución J.I. N° 224 del 22 de abril de 2015.- -En fecha 16 de junio de 2015, el representante convencional de S.R.L. presentó su Informe Pericial, que fue debidamente glosada al administrativo. -En fecha 31 de julio de 2015, la Administración Tributaria designó a la Abogada Zulma Soledad González, en carácter de sumariante, para seguir el curso del procedimiento. -En fecha 16 de septiembre de 2015, el Juzgado declaró cerrado el periodo probatorio y llamó AUTOS para resolver, que fue debidamente notificado por cédula al representante convencional de la firma sumariada, quien hizo lo propio a través del escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2015. -El Juzgado de Instrucción emitió su DICTAMEN DE CONCLUSIÓN DFI N° 33 en fecha 11 de diciembre de 2015, recayendo posteriormente la Resolución Particular N° 141 del 18 de diciembre de 2015 que fue recurrida por JEV S.R.L., recayendo finalmente la Resolución RP N° 17 del 26 de febrero de 2016, objeto de revisión en ésta jurisdicción. El orden cronológico enunciado, indica que el sumario administrativo se llevó a cabo con todas las garantías de la ley. JEV S.R.L. intervino en todo el proceso, antes y durante el sumario administrativo, por sí o por medio de su representante convencional. Intervino en todas las etapas del procedimiento, tuvo acceso a copias del expediente e interpuso el recurso que dio origen a la resolución cuestionada. Por lo que no tiene sentido la supuesta indefensión y nulidad alegada de una manera totalmente desordenada, b) Sobre el sumario administrativo cuestionado por la parte actora: El representante convencional de la firma JEV S.R.L., cuestiona el auto de instrucción del sumario administrativo iniciado a través de la Resolución J.I. N° 130 del 27 de febrero de 2015, señalando que: -No se identifica la infracción concreta atribuida a mi representada. -No se identifica concretamente el motivo que lo impulsa en los términos concretos y detallados, lo cual nulidifica el procedimiento. Sin embargo, la Resolución J.I. N° 130 del 27 de febrero de 2015 dictado por el Juez Instructor del sumario, expresamente determina: "Art. 3° CORRER traslado al contribuyente sumariado del Acta Final D.A. FT2 (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, para que formule descargo y ofrezca pruebas conforme lo establecen los artículos 212 y 225 de la Ley N° 125/91, numeral 3 respectivamente de la Ley N° 125/91... ". Además, en la cédula de notificación practicada al contribuyente, consta que se adjuntaron SEIS (6) FOJAS útiles para traslado, recibido por el Señor José F. Vallet, lo cual indica que además del inicio del sumario, el contribuyente fue notificado de copias del Acta Final D.A. FT2 (DGFT) de fecha 16 de julio de 2014, que fue cabeza del proceso. Cabe referir que el Acta Final transcribe la Nota D.A. FT2 N° 126 del 25 de noviembre de 2014, en donde los Auditores designados por la Dirección General de Fiscalización Tributaria elevaron el resultado del trabajo de Control Interno realizado a la sumariada JEV S.R.L., puntualizando el ORIGEN DEL CONTROL, ALCANCE, ANTECEDENTES, DETALLES, CONTROLES EFECTUADOS, CONCLUSIÓN e INFRACCIONES imputadas, por lo que no tiene asidero legal sostener como lo hace la actora que no se identifica la infracción ni los términos concretos y detallados de la imputación. Véase además que en el sumario de referencia, en fecha 9 de marzo de 2015 se presentó el Abogado de la parte sumariada, solicitó intervención, constituyó domicilio y pidió copias del expediente. En fecha 8 de abril de 2015, CONTESTÓ TRASLADO y OFRECIÓ PRUEBAS, que fue proveída favorablemente por medio de la Resolución J.I. N° 224 del 22 de abril de 2015, lo cual desbarata cualquier argumentación como la esgrimida en ésta parte de su escrito sobre el supuesto desconocimiento de la infracción y la imputación. Por lo demás, la impugnación del auto de instrucción del, sumario, administrativo es improcedente, habida cuenta que dicho instrumento es meramente una etapa del procedimiento en sí, son actos intermedios y no constituye un acto administrativo que debe reunir las formalidades previstas en las disposiciones legales de cada caso, c) Sobre el Acta Final: En otra parte de su escrito de presentación, el representante convencional de JEV S.R.L. al cuestionar el Acta Final labrada en sede administrativa, dice: -Que carece de un requisito fundamental para su legitimidad, porque fue elaborada y suscrita el día 12 de enero del año 2015 y notificada el día 22 cíe diciembre del año 2014. -Que, siendo así, carece de legitimidad, por no reunir la forma legal requerida, que lo torna invalida a tenor del art. 199 de la Ley N° 125/91 y por lo tanto es nulo. Nuevamente cae en una tremenda confusión la parte actora, al considerar al Acta Final como un acto administrativo, siendo que dicho instrumento es parte del proceso de fiscalización. En ese sentido, lo sostenido por la parte actora de que el Acta Final es nulo y que carece de legitimidad o que no reúne requisito legal, ello es producto del desconocimiento de la reglamentación vigente en la Administración Tributaria. Efectivamente, la Resolución General N° 4 del 30 de Octubre de 2008 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS TAREAS DE FISCALIZACIÓN, REVERIFICACIÓN Y DE CONTROL PREVISTAS EN LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN LA LEY N° 2421/2004 Y EN CONSECUENCIA SE DEROGA LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 18/07", prescribe: Art. 20.- DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Una vez concluida la fiscalización, los funcionarios actuantes citarán a los contribuyentes o sus representantes legales, para informarle sobre el resultado de los trabajos realizados, dejándose constancia de la actuación por Acta Final, el cual deberá ser suscrito por los funcionarios actuantes y por el contribuyente o su representante legal. En dicha acta se debe mencionar, entre otros, los siguientes datos: a) Los periodos o ejercicios fiscalizados; b) Los impuestos, documentos, operaciones y cuentas contables controladas; c) Los documentos que son reintegrados al contribuyente en ese momento; d) En caso que se haya comprobado la existencia de deudas tributarias o reunidos los elementos que permitan presumir su existencia o la comisión de infracciones tributarias, se deberá proceder, conforme se establece en el numeral 1 y 2 de los artículos 212 y 225 de la Ley N° 125/91; y Asimismo, la Resolución General N° 25 de fecha 30 de abril de 2014 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2008 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS TAREAS DE FISCALIZACIÓN, REVERIFICACIÓN Y DE CONTROL PREVISTAS EN LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN LA LEY N° 2421/2004 Y EN CONSECUENCIA SE DEROGA LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 18/07", dice: Art. 20.- DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Concluida la fiscalización, los fiscalizadores podrán citar al contribuyente o sus representantes legales o constituirse en su domicilio para informarle sobre el resultado de los trabajos realizados, debiendo dejar constancia, entre otros, de la individualización del contribuyente, los tributos adeudados y las normas infringidas... Conforme se podrá aprecian, la actuación administrativa está adaptada a las normativas reglamentarias señaladas, ni más ni menos. Así como tampoco la norma contenida en los artículos 212 y 225 de la Ley N° 125/91, revisten de formalidades al Acta Final como para sancionar con nulidad cualquier inobservancia relacionada a su confección. En cuanto al cuestionamiento formulado por la parte actora sobre la fecha del Acta Final, luce en el referido instrumento la fecha de su elaboración. Basta con remitirnos al contenido para verificar donde expresa: "En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, siendo las 10:00 horas de fecha 12/01/2015, los funcionarios Auditores...". El mismo Acta Final, en su último párrafo agrega que: "...Atendiendo a que la Nota de Comparecencia de Control Interno N° 145/2014, fue notificada en fecha 22/12/2014 y teniendo en cuenta que el contribuyente no ha comparecido...". Es evidente que la actora ni siquiera distingue el Acta Final de la Nota de Comparecencia de Control Interno. Son dos instrumentos totalmente diferentes. La Nota de Comparecencia de Control Interno fue elaborada en fecha 22 de diciembre de 2014 y notificado al contribuyente JEV S.R.L. para conocer él resultado del Control Interno dispuesto por la SET a través de la Nota D.G.F.T. N° 379 del 16 de julio de 2014. El contribuyente no compareció y seguidamente fue redactada el Acta Final en fecha 12 de enero de 2015, lo que evidencia una terrible confusión de los instrumentos aludidos por parte del accionante. En cuanto a la cuestionada firma del Acta Final, la solución está dada en la Ley N° 125/91 que expresa: "Artículo 212.-...1) Comprobada la existencia de adeudos tributarios o reunidos los antecedentes que permitan presumir su existencia, se redactará un informe pormenorizado y debidamente fundado por funcionario competente, en el cual se consignará la individualización del presunto deudor, los tributos adeudados y las normas infringidas... ". Por lo tanto, se pude considerar que dicho acto es al solo efecto de acreditar la presencia o participación o no, durante las actuaciones de los funcionarios competentes que el acta recoge. La "fe pública" atribuida por la Ley al acta final, hace exclusiva referencia al trabajo material de los funcionarios públicos y el contenido material del mismo adquiere principio de prueba por escrito a los efectos procesales de ley. Si se cuestionaran las firmas en la forma como lo hace la demandante, también se cuestionaría la falta de firma del representante de JEV S.R.L. que no aparece estampada en el Acta Final, lo que obviamente tampoco puede acarrear la nulidad de actuaciones.
Véase que en el Acta Final está consignado que el contribuyente NO HA COMPARECIDO a pesar de que fue debidamente notificado por Nota de Comparecencia de Control Interno N° 145/2014 en fecha 22/12/2014. Como el Excmo. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, lo podrá verificar, tanto Nota de Comparecencia de Control Interno N° 145/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, así como el Acta Final labrada en fecha 12 de enero de 2015, son instrumentos diferentes, por lo que no tiene explicación lógica los cuestionamientos formulados por la parte actora en los términos señalados referentemente, d) Del Juez Instructor del sumario y de las notificaciones: El representante convencional de JEV S.R.L. se refiere a la sustitución del juez instructor, resaltando que ello acarrea la nulidad del proceso. Sin embargo, cualquier juez instructor en un procedimiento administrativo, puede ser sustituido en cualquier momento, sin necesidad de que la Administración señale o indique los motivos al sumariado. En el caso en estudio, en fecha 31 de julio de 2015, la Administración Tributaria designó a la Abogada Zulma Soledad González, en carácter de sumariante, para seguir el curso del procedimiento. En fecha 16 de septiembre de 2015, el Juzgado declaró cerrado el periodo probatorio y llamó AUTOS para resolver, que fue debidamente notificado por cédula al representante convencional de la firma sumariada en fecha 18 de septiembre de 2015. En el curso del procedimiento no se evidencia ningún perjuicio a los intereses de la sumariada como consecuencia de la sustitución señalada. Es más, la Administración Tributaria, como un ente dinámico, está sujeto a la movilidad de sus funcionarios en todo momento, situación de la que no escapa aquellos designados para llevar adelante el procedimiento administrativo. importante es que el personal ajuste sus actuaciones la marco legal y reglamentario vigente, hecho que se evidencia claramente en el sumario instruido a la firma JEV S.R.L. En cuanto a la notificación practicada por la Administración durante la sustanciación del sumario, la parte actor dice que las mismas apuntaron a "...producir indefensión, confundir, ampliar aún más la vaguedad de los hechos atribuidos en el sumario, de atemorizar y sancionar... ", porque supuestamente fueron practicadas en otras direcciones y no en el domicilio procesal. Pero basta con verificar las actuaciones cumplidas en el expediente administrativo que contiene el sumario instruido a JEV S.R.L. para determinar que no existe indefensión como falsamente argumenta el representante convencional de la parte actora. En el procedimiento administrativo, todas las notificaciones fueron practicadas en el domicilio denunciado en el sumario administrativo por el representante convencional de la firma JEV S.R.L. Así también, todas las notificaciones cumplieron con la formalidad y la finalidad que corresponde al acto notificado. Véase que el sumariado, a través de su representante convencional, tuvo acceso al expediente, intervino en todo el proceso, realizó su descargo, ofreció pruebas, presentó alegatos, solicitó y se le dio copias del expediente, interpuso los recursos que hacen al derecho de la defensa y por lo tanto, es falsa la afirmación de indefensión o confusión mencionada. Por lo demás, la NULIDAD en la forma expresada por el accionante recurrido NO ESTA REGLADA en ninguna disposición legal, e) Cuestión He fondo: Con referencia al fondo de la cuestión debatida, la parte actora sostiene que: "...por no poder haber ejercido control legal y constitucional sobre las presuntas y por nosotros negadas pruebas que dieron sustento al informe tomado en el Acta Final como prueba irrefutable, al tiempo de reiterar que negamos valor legal a las documentaciones incorporadas al sumario con dicho informe, ya que no reúnen los requisitos los requisitos legales para ser opuestas a nuestra representada...". Pero no debe soslayarse que la Administración Tributaria, a través del cruce de informaciones realizadas, detectó elementos que permitieron conocer la existencia de personas físicas y jurídicas inscriptas como contribuyentes en el RUC, al solo efecto de proveer comprobantes de ventas timbrados para su comercialización, simulando operaciones económicas, sin infraestructura, que fijaban domicilio fiscal una única dirección y tenían como representante a una misma persona y/o familiares de ésta, lo que dio lugar a la denuncia ante el Ministerio Público para la averiguación del caso. Con base a lo señalado, la Administración Tributaria recurrió a su base de datos, distinguiendo a los contribuyentes informantes vinculados con las empresas creadas para estos fines y paralelamente se solicitó al Ministerio Público el inventario de los comprobantes de ventas incautados en los hechos denunciados. Así, por medio de la Nota DGFT N° 379 del 16 de julio de 2014, se inició el proceso de control interno al contribuyente JEV S.R.L., a quien se le solicitó la presentación de documentaciones que serían analizadas y cotejadas por la administración. En lo referente al Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, IRACIS, en su oportunidad, el equipo Auditor de la SET comparó los comprobantes de compras que tenían en su poder, con los registros de los Libros Mayor y Diario presentado por la firma contribuyente y la declaración jurada del IRACIS, Form. 101, y comprobó que fueron incluidos los montos de las facturas en las cuales se consignaron operaciones inexistentes como costos de servicios en los registros impositivos, en contra de la disposición contenida en el art. 8° de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2.421/04, ya que éstos costos no representan una erogación real, por lo que desafecto de las liquidación de las DD.JJ. del IRACIS del ejercicio fiscal verificado el monto de los mismos y se reliquidó el impuesto. Por lo tanto, se concluye que los costos documentados con los comprobantes identificados en el proceso de fiscalización son inexistentes, porque se constató que la empresa Cypress Palms Investment S.A. quien supuestamente actuó como proveedor, no posee infraestructura para prestar los servicios a las que hacen referencia los comprobantes auditados (ejecución de obras civiles), hecho constatado por funcionarios de la SET y confirmado por el representante legal Lic. Miguel Enrique Centurión Carmona según Acta de Inventario de Mercaderías y Activo Fijo labrada el 12 de junio de 2014 (fojas 11/12 SET N° 20143034610), por lo que surge la imposibilidad material de haber ejecutado los servicios mencionados. Sobre el punto, la firma contribuyente JEV S.R.L. no presentó los documentos que desvirtúen la no utilización de los montos consignados en las facturas cuestionadas de las supuestas operaciones, tampoco los documentos que respalden los montos consignados tanto en sus declaraciones juradas como en sus estados contables, ni realizó actos tendientes a reconstituir su contabilidad tal como lo exige el art. 9° de la RG N° 86/2012 lo cual indica que el contribuyente deberá reconstituir su contabilidad en los casos de deterioro o pérdida de los mismos. Por lo tanto, la Administración consideró que corresponde la impugnación de los montos consignados en sus DD.JJ. y contabilidad, en consecuencia, corresponde la impugnación de los montos consignados y la reliquidación del tributo, ya que las referidas facturas solamente sirvieron para aumentar indebidamente los montos deducibles (costos) declarados por el contribuyente durante el ejercicio fiscal 2009, surgiendo el monto total a favor del fisco de Gs. 29.325.206, beneficiándose el contribuyente en la misma proporción, haciendo valer formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados, en infracción al art. 8o de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2.421/2004. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, I.V.A., el equipo Auditor de la SET constató el registro de las supuestas operaciones de servicios amparados con las facturas que respaldan operaciones inexistentes en las DD.JJ. Formulario N 120 del Periodo Fiscal 12/2009, por lo que se impugnó el crédito fiscal derivado de dichas operaciones, por no cumplir con lo establecido en el art. 86 de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2.421/2004. En base a ello, se reliquidó el impuesto y surgió el saldo a favor del fisco. Con relación a la supuesta prestación de servicios (ejecución de obras civiles), el Departamento de Fiscalización Interna concluyó que la sumariada JEV S.R.L. registró indebidamente en sus DD.JJ. del periodo objeto de control, comprobantes que respaldan operaciones inexistentes, aumentando indebidamente los créditos fiscales en infracción al art. 86 de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2.421/2004, razón por la cual fueron impugnados los créditos y su posterior reliquidación, surgiendo a favor del fisco el monto total de Gs. 29.354.672. f) La legalidad de las infracciones tributarias del contribuyente JEV S.R.L.: A la luz de las consideraciones señaladas, surge que se hallan reunidos todos los presupuestos para considerar la conducta de la firma JEV S.R.L. como DEFRAUDACIÓN, de acuerdo a la prescripción contenida en el art. 172 de la Ley N° 125, porque se verificó que registró en su declaración jurada montos consignados en los comprobantes que respaldaron operaciones inexistentes, a tenor de la disposición contenida en el art. 173 numeral 3) e hizo valer ante la Administración formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados (art. 174, numeral 12). Como circunstancia agravante se cita las características de la infracción, porque se evidenció la inclusión de comprobantes que respaldan operaciones inexistentes como respaldo de sus costos y créditos fiscales con el fin de disminuir el pago del impuesto (art. 175, numeral 6), el grado de cultura y la posibilidad de asesoramiento a su alcance, se constató que la firma JEV S.R.L. contaba con asesoramiento de profesionales (art. 175, numeral 5) y la conducta que el infractor asumió en el esclarecimiento de los hechos (art. 175, numeral 7), porque JEV S.R.L NO PRESENTÓ LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, PRINCIPALMENTE LIBROS DE COMPRAS IVA, tampoco reconstituyó su contabilidad como lo dispone el art. 9° de la RG N° 86/2012, por lo que la Administración Tributaria resolvió la aplicación de la MULTA DE TRES VECES SOBRE EL MONTO DE LOS TRIBUTOS incluidos en los comprobantes de la firma Cypress Palms Investment S.A. para el I.V.A. y para el IRACIS. En cuanto a la multa por contravención aplicada, está justificada porque el contribuyente JEV S.R.L. no presentó los documentos que le fueron solicitados, ni reconstituyó sus libros de compras I.V.A., por lo que la sanción está fundada en el art. 176 y 192 de la Ley N° 125/91, en concordancia con el art. 1° inciso b) de la RG N° 07/2013. Resulta por lo tanto que lo punible pues, es el dolo, que existe no solo cuando se ha querido un resultado, sino también cuando se ha tenido conciencia de la criminalidad de la acción, como lo es el caso sometido al debate. El dolo, para la configuración del delito es, el DOLO FISCAL, que si bien sustancialmente análogo al dolo penal y al dolo civil, difiere de ello en cuanto a sus consecuencias y hace necesario apreciar la conducta del agente según la naturaleza jurídica de la norma infringida. El delito de defraudación fiscal se caracteriza por la existencia de un elemento intencional dirigido a evadir el impuesto, incluyendo la tentativa de fraude, o sea, el acto doloso tendiente a eludir el tributo debido aunque no tuviera resultado. Esta infracción sanciona dos procederes: a) la declaración engañosa de bienes documentos o cualquier dato que afecta la deuda fiscal; b) que como consecuencia de esa desfiguración a la realidad de los hechos, se traduzca en un daño patrimonial al erario público. La doctrina sostiene que "...resulta que como declaraciones engañosas pueden ser calificadas: a) las que se efectúan con manifiesta disconformidad con las normas legales y no existan motivos para apartarse de ellas, dada su claridad; b) las que contienen datos falsos cuando se omite denunciar la mayor parte de las rentas; c) las que no siendo fiel reflejo de la verdad, además se configura la falta de registraciones contables y exhibición de comprobantes de acreditaciones suficiente; d) las declaraciones que utilizan formas extrañas para disminuir la carga fiscal utilizando al efecto procedimientos insólitos, no siendo las figuras utilizadas las que corresponden a las reales " (Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social. Carlos M. Giuliani Fonrouge. Susana Camila Navarrine. Editorial Depalma. Página 328). El mismo autor destacado referentemente, al referirse a las presunciones de defraudación, señala que: "...es el imputado quien debe probar su inocencia, pero siempre, claro está, cuando medien indicios serios de la comisión del delito; ya que no bastaría un imputación antojadiza sino que deben mediar razonables elementos que permitan una situación de duda. La Corte Suprema ha dicho reiteradas veces que la infracción comprobada lleva implícita la intención de defraudar, debiendo el contribuyente probar su inocencia y el Tribunal Fiscal ha expuesto criterio similar al resolver que la presentación de declaraciones juradas contradictorias con las anotaciones del contribuyente crea la presunción de fraude, que tiene que ser destruida por pruebas en contrario..." (Obra citada, página 332). Por lo tanto, ésta representación ministerial ratifica que JEV S.R.L. incurrió en la falta detallada en la resolución cuestionada, cuyo detalle es como sigue: (ver cuadro fs. 247 de autos). La calificación aplicada responde a la actitud asumida por el contribuyente auditado, quien dejó de ingresar al fisco el IRACIS y el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A. en los periodos fiscales señalados, con la indicación de la base imponible, monto a ingresar, monto del tributo, multa sobre el monto del tributo incluido en los comprobantes cuestionados, que NUNCA fue desvirtuado por la parte actora a lo largo del procedimiento administrativo, por lo que ésta representación ministerial solicita al Excmo. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el rechazo de la acción y la confirmación en todos sus términos de los actos administrativos impugnados. En cuanto a un hipotético error excusable para la aplicación de la multa por parte de la Administración, se ha dicho que no hay dispensa de sanción, si existen normas claras respecto a la materia en cuestión que no permitan abrigar dudas sobre la forma de liquidar correctamente el impuesto; y con tanto mayor razón si pudo aclararse el caso mediante una comunicación o consulta a la autoridad administrativa y ello no se hizo. Y es precisamente lo que se evidencia en las actuaciones cumplidas, por lo que el contribuyente auditado debe responder por su actuación así consumada g) Dictamen pericial contable articulado en defensa de JEV S.R.L.: En parte de su escrito de demanda, la actora se apoya en el informe pericial presentado por el Lie. Víctor Manuel González Fleitas para intentar desvirtuar las graves imputaciones derivadas de la conducta fiscal atribuida a JEV S.R.L. Sin embargo, las manifestaciones brindadas por el profesional, no desbarató la denuncia realizada por los Auditores de la SET, porque solamente se limitó a indicar que no pudo cotejar que las facturas cuestionadas por la Administración fueron utilizadas por JEV S.R.L., debido a que no contaba con los elementos necesarios para el efecto (comprobantes de compras, libros I.V.A. compras), confirmándose de ésta manera que los montos de los comprobantes que respaldan operaciones inexistentes fueron utilizados en los libros diario y mayor entregados por JEV S.R.L. Por otra parte, JEV S.R.L. estaba obligado a reconstituir su contabilidad en virtud a lo establecido en el art. 9 de la RG N° 86/2012 porque la fuerza mayor alegada por la firma de ningún modo es causal de exoneración de su responsabilidad con relación a la reconstitución. Además, en el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay presentado en sede administrativa, se puede verificar que el siniestro aconteció en fecha 13/08/2011, tres años antes del inicio del Control Interno por parte de la SET, mientras que el contribuyente presentó dicho informe con posterioridad a la notificación de la Nota DGFT N° 379 del 16 de julio de 2014 originada en la Dirección General de Fiscalización Tributaria, evidenciando de ésta manera desinterés en el cumplimiento de su obligación, razón suficiente para sostener que no corresponde la exoneración de responsabilidad del obligado, en este caso JEV S.R.L. h) Sobre la prescripción: El representante convencional de JEV S.R.L., manifiesta además en su escrito de demanda, que: "...se tienen que las facturas que son objeto de reclamo a mi representada datan del mes de diciembre 2009 y conforme al texto transcripto de la Ley, la acción para el cobro de los tributos feneció el 01-01-2015 y el Acta Final de Fiscalización...se halla suscrita en fecha 12-01-2015...". Así, la parte actora invoca la prescripción para liberarse de los impuestos adeudados al fisco. Pero la barrera infranqueable para que el deudor moroso sea beneficiado con el instituto de la prescripción, está dado en la Resolución N° 141 del 18 de diciembre de 2015, que textualmente expresa al respecto: "...verificado el Sistema de Gestión Tributaria Marangatú, se constató que la declaración jurada de la obligación I.V.A. del periodo fiscal Diciembre /2009 fue rectificada el 17/02/2010, por tanto es oportuno traer a colación lo prescripto por la Ley N° 125/91 en el art. 165 al señalar que: "El curso de la prescripción se interrumpe por la declaración jurada efectuada por el contribuyente, tomándose como fecha desde la cual opera la interrupción la de presentación de la declaración respectiva". En el caso analizado se da la situación descriptiva por el art. 165 numeral 2) mencionado, porque la presentación de la declaración jurada rectificativa del Impuesto al Valor Agregado, I.V.A., el 17/02/2010 interrumpió el plazo de la prescripción, iniciándose en consecuencia nuevo cómputo para el mismo, por lo que se puede sostener que la obligación del periodo fiscal 12/2009 no se halla prescripta. Por otra parte, la prescripción propiamente dicha, es una figura procedimental que consiste en la pérdida o extinción de las facultades de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, por el transcurso del tiempo, al no haberlas ejercido dentro del lapso prefijado y que a su vez está sujeta a causales de interrupción o suspensión. La prescripción liberatoria se configura cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado por el período de tiempo legalmente establecido, siempre y cuando no existan causales que interrumpan o suspendan el cómputo del plazo. En el caso en estudio, la presentación de las declaraciones juradas rectificativas por parte del contribuyente en fecha 17 de febrero de 2010, interrumpió el curso de la prescripción, que vuelve a computarse a partir de dicha fecha. Además, tampoco es aplicable la prescripción alegada si se tiene presente que el tributo reclamado corresponde obligaciones tributarias al ejercicio que inició el 1° de enero de 2009 y culminó el 31 de diciembre de dicho año.- Las obligaciones relacionadas a dicho año fiscal prescriben el 1° de enero del año 2016, por aplicación del art. 164 de la Ley N° 125/91. Y las actuaciones del fisco, datan una fecha anterior al límite señalado, considerando que el Acta Final firmado por dos testigos, que es un instrumento que interrumpe la prescripción a tenor de lo expresado por el art. 165 numeral de la Ley N° 125/91, está fechado el 12 de enero de 2015. La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal dejó estampado su criterio al expresar que: "...En tal situación y considerando que las obligaciones tributarias corresponden al ejercicio que inició el 1° de enero de 1998 y culminó el 31 de diciembre de dicho año, las obligaciones relacionadas a dicho año fiscal a mi juicio prescribieron el 1° de enero del año 2005...” (Acuerdo y Sentencia N° 734 del 9 de junio de 2016). Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la defensa esgrimida por la parte actora en ningún momento apunta desvirtuar las responsabilidades fiscales que le dieron atribuidas por la Administración Tributaria.- Por lo demás la calificación aplicada responde a la actitud asumida por el contribuyente auditado, quien dejó de ingresar al fisco el Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, e I.V.A., respectivamente durante los Ejercicios Fiscales 2009, tal como fue denunciado por los funcionarios auditores y constatado durante el procedimiento sumarial administrativo”.
Por A.I. N° 1240, de fecha 02 de diciembre de 2016 (fs. 252), este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, declaró su competencia para entender en el presente juicio, y existiendo hechos que probar se recibió la causa a pruebas por todo el término de ley.
Que por providencia de fecha 22 de junio de 2017 (fs. 262), y atento al informe del Actuario, se declaró cerrado el periodo probatorio y, en consecuencia, se llamó AUTOS PARA SENTENCIA.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que en fecha 04 de abril de 2016 (fs. 17/30), se presentaron ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abog. Adán Amado Ríos por el poder general que adjunta se presentan en nombre y representación de la Firma JEV S.R.L., a promover demanda contencioso administrativa contra los siguientes actos administrativos:
La Resolución Particular N° 141 de fecha 18 de diciembre de 2015 por la cual se resuelve "Art. 1°. DETERMINAR las obligaciones tributarias de la contribuyente JEV SRL con RUC 80007405-0, en concepto de IRACIS del ejercicio fiscal 2009 y del IVA del periodo fiscal diciembre/2009. Art. 2° CALIFICAR la conducta de la firma contribuyente como DEFRAUDACIÓN, de conformidad a lo establecido en el artículo 172 de la Ley N° 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% sobre el tributo dejado de ingresar. Art. 3°. ORDENAR la percepción de la suma de G. 247.080.262 (Guaraníes doscientos cuarenta y siete millones ochenta mil doscientos sesenta y dos), en concepto de IVA e IRACIS, más la mora y los intereses los cuales deberán ser calculados a la fecha efectiva del pago sobre el tributo determinado conforme al artículo 171 de la Ley 125/91, y las multas por defraudación y por contravención, de acuerdo al siguiente detalle...".
Y contra la Resolución Particular N° 17 de fecha 26 de febrero de 2016, por la cual se resolvió "Art. 1° RECHAZAR el Recurso de reconsideración interpuesto por la firma JEV SRL y CONFIRMAR la Resolución DPTT N° 141/2015 en todos sus términos, conforme al siguiente detalle...", amabas resoluciones dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.
Antes de pasar al análisis del fondo de la cuestión, cabe referirnos a los hechos que antecedieron al caso de autos, y que derivaron en las recurridas resoluciones administrativas. Así tenemos que la cuestión se origina con las investigaciones y cruce de informaciones realizadas por la SET en la que se detectaron las existencias de personas físicas y jurídicas inscriptas corno contribuyentes en el RUC al solo efectos de proveer comprobantes de ventas, timbrados para su comercialización, simulando de ese modo operaciones comerciales, sin que posean infraestructura ni realicen actividades alguna, conforme se desprende de la Nota DGFT N° 379/2.014 de fecha 16 de julio del 2.014 (fs. 116 Ant. Adm).
Consecuentemente la firma contribuyente JEV S.R.L. fue investigada y la administración tributaria ordenó la fiscalización puntual del IVA periodo fiscal diciembre 2.009 e IRACIS 2.009. A raíz del resultado final elevado por la Dirección General de Fiscalización Tributaria se ordena la instrucción de un sumario administrativo mediante Resolución J.I. N° 130 del 27 de febrero del 2 015.
En el Marco de estas actuaciones, en relación al IRACIS, la administración realizó la comparación de los comprobantes de compras con los registros de los Libros Mayor y Diario y la DDJJ del IRACIS detectando que fueron incluidos los montos de las facturas en las cuales se consignaron operaciones inexistentes como costos de servicios en los registros impositivos, en contravención del Art. 8° de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2.421/04 el cual establece lo siguiente “Renta Neta. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario...".
Respecto al IVA, de las investigaciones realizadas, se pudo constatar el registro de las supuestas operaciones de servicios indicadas con las facturas que respaldan operaciones inexistentes en las DD.JJ., por lo que se impugnó el crédito fiscal derivado de dichas operaciones, por no cumplir con lo establecido en el Art. 86° de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley N° 2.421/04. En consecuencia, la administración realizó la reliquidación del impuesto y dando como resultado un saldo a favor del fisco.
De todo lo expuesto en las actuaciones del sumario administrativo, la administración tributaria concluye que ha quedado evidenciado el hecho de la creación de empresas ficticias al solo efecto de emitir facturas simulando operaciones gravadas para la generación de créditos fiscales y su posterior comercialización para utilizarlas con el objetivo de reducir la base imponible del IVA e IRACIS, y ante la consecuente configuración de una defraudación en los términos del Art. 172° de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO".
Conforme los términos del Dictamen de Conclusión Departamento de Fiscalía Internacional N° 33/2015 de fecha 11 de diciembre del 2.015 (fs. 199/204 Ant.Adm.) se determinó que la actora registró en su DD.JJ. los montos consignados en los comprobantes que respaldaron operaciones inexistentes e hizo valer ante la administración tributaria formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados. De manera que se tuvo en cuenta como circunstancias agravantes las características de la infracción, por cuanto se evidenció la inclusión de comprobantes que respaldan operaciones inexistentes como respaldo de sus costos y créditos fiscales con el fin de disminuir el pago del impuesto.
Dicho todo esto, cabe referirnos a la norma dispuesta por el Art. 186 de la Ley N° 125/91, que otorga a la Administración Tributaria, la facultad de fiscalizar los tributos bajo su administración; y en ese sentido la fiscalización constituye una facultad genérica que se materializa a través de actuaciones concretas, tales como: la verificación, el control, la investigación, la inspección, etc., las cuales se constituyen en trámites y procedimientos administrativos que ejecuta la administración tributaria a los efectos de cotejar y comparar las informaciones que el contribuyente provee a la Administración, o para conocer situaciones que no fueron revelados por los contribuyentes. Así, el ejercicio de la facultad fiscalizadora de conformidad con el Art. 31° de la Ley 2.421/04, puede ejecutarse por medio de las fiscalizaciones integrales o las puntuales.
Del estudio de autos, tenemos que ni en las actuaciones realizadas durante el sumario administrativo ni en las actuaciones ante esta instancia judicial, la actora no ha rebatido en ningún momento los hechos denunciados por la SET, ésta solamente se limitó a cuestionar el proceso administrativo llevado a cabo ante la SET, y finalmente indicando que la obligación ya se encontraba prescripta.
En efecto, los costos documentados con los comprobantes identificados en el proceso de fiscalización son inexistentes, debido a que se ha constatado suficientemente que la firma CYPRESS PALMS INVESTMENT S.A., quien actuaba como proveedor, no posee infraestructura para prestar servicios a los que hace referencias los comprobantes auditados. Al respecto, a fs. 133/145 de los antecedentes administrativos, la firma contribuyente en cuestión había manifestado haber sufrido un siniestro en el cual se perdieron parte de los documentos en fecha 13 de agosto del 2.011, sin embargo, no ha cumplido con la correspondiente reconstrucción de su contabilidad tal como lo exige en estos casos el Art. 9° de la Resolución General N° 86/2.012.
Respecto a la prescripción alegada, cabe citar lo dispuesto por el Art. 165° de la Ley N° 125/91: “Interrupción del plazo de prescripción. El curso de la prescripción se interrumpe:...2) Por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria, seguida luego de la notificación, o por la declaración jurada efectuada por el contribuyente, tomándose como fecha desde la cual opera la interrupción, la de la notificación del acto de determinación o, en su caso, la de presentación de la declaración respectiva...”. Y Conforme al Sistema de Gestión Tributaria Marangatú se constató que la DD.JJ. de la obligación IVA del periodo fiscal diciembre 2009 fue rectificada el 17 de febrero del 2.010, tal como se expresó en la resolución impugnada.
Todo esto concluyo con la Resolución Particular DPTT N° 141 de fecha 18 de diciembre del año 2.015, por medio de la cual la SET resolvió calificar la infracción tributaria en la previsión del tipo legal del Art. 172° de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" con una multa del 300% sobre el tributo que ha dejado de ingresar. Dicho tributo a percibir por parte de la SET quedó establecido en la suma de Gs. 247.080.262 que deberá abonar la firma contribuyente JEV S.R.L.
Respecto a la fiscalización realizada en los antecedentes, no cabe dudas que fueron realizadas conforme al procedimiento establecido por la norma exigida como principio del actuar administrativo, pues la fiscalización se ha desarrollado dentro del plazo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2.421/04.
Cabe citar lo dispuesto por el Art. 172 establece “Defraudación. Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relación jurídica tributaria que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, realizaren cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco”.
De lo expuesto es indiscutible que para que exista defraudación es necesaria la intención dolosa del contribuyente. Entendiéndose por dolo toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee para conseguir la ejecución de un acto, aplicables también a las omisiones dolosas y para que el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño (Arts. 290°, 291° C.C.).
Circunstancia ésta que a mi parecer fue probada en autos por parte de la Administración Tributaria. Al respecto, el profesor Dr. Sindulfo Blanco, en su obra Manual Impositivo, Tomo II Pág. 70, referente a la Defraudación menciona lo dispuesto por la Reforma Tributaria para América Latina III, Modelo de Código Tributario, el cual dispone que: "Comete defraudación el que, mediante simulación,ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño. Induce en error al Fisco, del que resultare para sí o un tercero un enriquecimiento indebido a expensas del derecho de aquel a la percepción de los tributos".
Al respecto, cabe señalar que del estudio de las actuaciones de autos, se desprende que la parte actora no ha realizado ningún intento de desvirtuar de las pruebas, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, los argumentos sostenidos por la SET que demuestran la existencia de una defraudación conforme a lo probado en el antecedentes administrativo.
Sobre este punto, es importante hacer referencia al principio del contradictorio que rige en materia probatoria, que respeta el derecho de defensa de las partes. Por este principio es que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las partes. Según la práctica de los Tribunales, al inicio de cada etapa procesal las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito conforme lo exige el código procesal. Y tal como surge de autos, la actora tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, no ha presentado todas las documentaciones requeridas que demuestren que no ha cometido la defraudación denunciada y sancionada por tributación.
De todo lo expuesto, podemos concluir que los recurridos actos administrativos fueron dictados conforme las disposiciones legales claramente establecidas en el artículo 196 de la Ley N° 125/91, y conforme al análisis de todas las instrumentales obrantes en los antecedentes administrativos de estos autos, cabe resolver que la Resolución Particular DPTT N° 141 de fecha 18 de diciembre del año 2.015, dictada por la Sub Secretaría de Estado de Tributación cumplió a cabalidad los requisitos de regularidad y validez exigidos (competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente).
Resoluciones como la recurrida constituye propia del ejercicio del poder de la administración recaudadora, y dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano altamente especializado cuyos actos han de ser controlados por el órgano jurisdiccional en orden a su razonabilidad, ante el cual, sólo puede justificarse con la demostración de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente, hecho que no fue demostrado por la firma actora en el caso de autos, conforme a las constancias del expediente judicial
Por lo tanto, conforme a las consideraciones y fundamentaciones expuestas precedentemente, mi voto des para la confirmación de los actos administrativos impugnados, Resolución Particular DPTT N° 141, de fecha 18 de diciembre del año 2.015 y Resolución Particular DPTT N2 17, de fecha 26 de febrero del año 2.016, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, no haciendo lugar a la presente demanda, e imponiendo las costas a parte actora, la Firma "JEV S.R.L.” con RUC N° 80007405-0, por así corresponder en derecho.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, prosiguió diciendo: Disiento con el voto de mi colega preopinante por los siguientes fundamentos: Que, el representante convencional de la firma contribuyente "JEV S.R.L.” con RUC N° 80007405-0, se presenta ante este Tribunal de Cuentas, y a fs. 17/30 de autos, fundamenta la demanda contencioso administrativa que instaura contra la Resolución Particular DPTT N° 141 de fecha 18 de diciembre del año 2.015y contra la Resolución Particular DPTT N° 17 de fecha 26 de febrero del año 2.016 dictadas por la Subsecretaria de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda.
En contrapartida, el representante convencional de la Abogacía del Tesoro, a fs. 236/251, procede a contestar la presente demanda, trabándose la litis en los términos de los escritos presentados por las partes intervinientes.
Mediante la Resolución Particular DPTT N° 141 de fecha 18 de diciembre del año 2.015, de fojas 10/15 la administración tributaria resolvió lo siguiente: "ART. 1°: DETERMINAR las obligaciones tributarias de la contribuyente JEV SRL con RUC 80007405-5, en concepto del IRACIS del ejercicio fiscal 2009 y del IVA del periodo fiscal diciembre/2009; ART. 2°: CALIFICAR la conducta de la firma contribuyente como DEFRAUDACIÓN de conformidad a lo establecido en el Art. 172 de la Ley N° 125/91 y SANCIONAR a la misma con la aplicación de una multa equivalente al 300% sobre el tributo dejado de ingresar; ART 3°: ORDENAR la percepción de la suma de G 247.080.262 (Guaraníes doscientos cuarenta y siete millones ochenta mil doscientos sesenta y dos), en concepto de IVA e IRACIS, mas la mora y los intereses los cuales deberán ser calculados a la fecha efectiva del pago sobre el tributo determinado conforme al Art. 171 de la Ley N° 125/91, y las multas por defraudación y por contravención, de acuerdo al siguiente detalle: (Ver cuadro); ART. 4° NOTIFICAR al contribuyente conforme al artículo 200 de la Ley N° 125/91, a los efectos de que en el perentorio plazo de 10 (diez) días hábiles y bajo apercibimiento de Ley, la contribuyente ingrese el monto que corresponda a la multa determinada; ART. 5°. COMUNICAR a quienes corresponda y luego archivar”.
Por su parte, la Resolución Particular DPTT N° 17 de fecha 26 de febrero del año 2.016 rechaza el Recurso de Reconsideración deducido por la firma contribuyente contra la citada Resolución Particular DPTT N° 141.
Ahora bien, la cuestión contenciosa se origina con las investigaciones y cruces de informaciones realizadas por la SET en la que se detectaron las existencias de personas físicas y jurídicas inscriptas como contribuyentes en el RUC al solo efectos de proveer comprobantes de ventas, timbrados para su comercialización, simulando de ese modo operaciones comerciales, sin que posean infraestructura ni realicen actividades alguna, conforme se desprende de la Nota DGFT N° 379/2.014 de fecha 16 de julio del 2.014 obrante a fojas 116 del antecedente administrativo.
Como consecuencia de ello, la firma contribuyente JEV S.R.L. fue investigada y la administración tributaria ordenó la fiscalización puntual del IVA periodo fiscal diciembre 2.009 e IRACIS 2.009. A raíz del resultado final elevado por la Dirección General de Fiscalización Tributaria se ordena la instrucción de un sumario administrativo mediante Resolución J.I. N° 130 del 27 de febrero del 2.015.
En ese sentido, surge de autos que la administración tributaria reclama a la firma contribuyente tributos correspondientes al IVA periodo fiscal diciembre del año 2.009 e IRACIS periodo fiscal 2.009. Al respecto, el representante convencional de la firma contribuyente en cuestión había manifestado la prescripción de los tributos reclamados por la SET.
Sobre éste punto, la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO” en su Art. 164 dispone lo siguiente: "Prescripción. La acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que la obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal. La acción para el cobro de las sanciones pecuniarias e intereses o recargo tendrá el mismo término de prescripción que en cada caso corresponda al tributo respectivo. Estos términos se computarán para las sanciones por defraudación y por contravención a partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en el cual se cometieron las infracciones; para los recargos e intereses, desde el 1° de enero del año siguiente a aquél en el cual se generaron".
Por su parte, en relación al IRACIS el Art. 6° del mismo cuerpo legal establece lo siguiente: "Nacimiento de la obligación tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil...". Por otro lado, sobre el IVA el Art. 80 del mismo cuerpo legal refiere lo siguiente: "Nacimiento de la obligación tributaria. La configuración del hecho imponible se produce con la entrega del bien, emisión de la factura, o acto equivalente, el que fuera anterior. Para el caso de Servicios Públicos, la configuración del nacimiento de la obligación tributaria será cuando se produzca el vencimiento del plazo para el pago del precio fijado. La afectación al uso o consumo personal, se perfecciona en el momento del retiro de los bienes. En los servicios el nacimiento de la obligación se concreta con cualquiera de los siguientes actos: a) Emisión de la factura correspondiente; b) Percepción del importe total o de un pago parcial del servicio a prestar; c) Al vencimiento del plazo previsto para el pago; y d) Con la finalización del servicio prestado. En los casos de importaciones, el nacimiento de la obligación tributaria se produce en el memento de la apertura del registro de entrada de los bienes en la Aduana".
En el caso en estudio, la administración tributaria sostuvo que la presentación de la declaración rectificativa del IVA diciembre/2.009 presentada por la firma contribuyente en fecha 17 de febrero del 2.010 interrumpe la prescripción en base al Art. 165 numeral 2 de la Ley N° 125/91.
El mencionado artículo dispone lo siguiente: "Interrupción del plazo de prescripción. El curso de la prescripción se interrumpe: ...2) Por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria, seguida luego de la notificación, o por la declaración jurada efectuada por el contribuyente, tomándose como fecha desde la cual opera la interrupción, la de la notificación del acto de determinación o, en su caso, la de presentación de la declaración respectiva...”.
Sin embargo, esta Magistratura sostiene lo contrario a lo expuesto por la SET ya que por un lado la administración tributaria sancionó a la firma contribuyente por supuesta irregularidad detectada en el IRACIS 2.009 cuya acción para el cobro del tributo ya se encontraba prescripta teniendo en cuenta el plazo establecido en el Art. 164 de la Ley N° 125 citado anteriormente; y por otro lado, la declaración jurada rectificativa presentada en el IVA diciembre/2.009 constituye simplemente una rectificación de la DDJJ ya presentada anteriormente, es decir, no tiene el efecto de volver a reiniciar el plazo para la prescripción tal como lo interpreta la administración tributaria en las resoluciones impugnadas.
En autos se observa que el Acta Final fue elaborado en fecha 12 de enero del 2.015 luego de haberse configurado la prescripción del derecho con que cuenta la administración tributaria para el cobro de los tributos reclamados, y por lo tanto, las resoluciones recaídas en el expediente administrativo ya fueron de forma extemporánea.
POR TANTO, en base a las consideraciones y fundamentaciones expuestas precedentemente, mi voto es por la revocación de los actos administrativos impugnados, Resolución Particular DPTT N° 141 de fecha 18 de diciembre del año 2.015 y Resolución Particular DPTT N° 17 de fecha 26 de febrero del año 2.016 dictadas por la Subsecretaria de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, haciendo lugar a la presente demanda, con costas, en virtud de la teoría del riesgo objetivo asumido en el evento, y de conformidad al Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
A su turno, la Magistrada MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, dijo: Adherirse al voto del magistrado Arsenio Coronel Benítez, y acotar lo siguiente.
La parte actora expresa agravios contra la Resolución DPTT N° 141 de fecha 18 de Diciembre de 2015, que calificó la conducta de la firma JEV S.R.L. como defraudación de conformidad a lo establecido en el art. 172 de la Ley 125/91 "Que establece el Nuevo Régimen Tributario", sancionó con el pago de una multa equivalente al 300% sobre el tributo dejado de ingresar en concepto de IVA e IRACIS el cual asciende a la suma de Gs. 247.080.262 (Guaraníes doscientos cuarenta y siete millones ochenta mil doscientos sesenta y dos).
El Art. 186° de la Ley 125/91, otorga a la Administración Tributaria, la facultad de fiscalizar tributos bajo su administración, y en ese sentido la fiscalización constituye una facultad genérica que se materializa a través de actuaciones concretas, tales como; la verificación, el control, la investigación, la inspección, etc.; que constituyen trámites y procedimientos administrativos que ejecuta la Administración Tributaria a los efectos de cotejar y comparar las informaciones que el contribuyente provee a la Administración; o para conocer situaciones que no fueron reveladas por los contribuyentes. Así, el ejercicio de la facultad fiscalizadora de conformidad con el Art. 31° de la Ley 2421/04, puede ejecutarse por medio de fiscalizaciones integrales o puntuales. Por Nota DGFT N° 379, notificada el 21 de julio de 2014, se dio apertura a un control interno al contribuyente JEV S.R.L. en el cual se solicitó la presentación de los documentos respectivos.
La legalidad, tutelada y exigida en el fuero administrativo, impone como requisito de insoslayable observancia, que en todo el trámite destinado a comprobar la existencia de una falta administrativa, el poder administrador debe respetar el derecho del ciudadano y las normas que rigen la materia a fin de obtener una decisión fundada y legal. Asimismo, la observancia de dicho postulado por el poder administrador, configura un presupuesto de legalidad de las resoluciones administrativas, coadyuva a la eficacia y garantiza la colaboración de los ciudadanos con la Administración en el logro del interés general.
La Ley N° 125/91, establece en su artículo 164° cuanto sigue: "Prescripción: la acción para el cobro de tributos prescribirá a los cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la obligación debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal".
Las facturas que fueron objeto de reclamo por parte de la Administración datan del mes de Diciembre del año 2009 y conforme al texto transcripto de la Ley, la acción para el cobro de tributos feneció el 1 de Enero de 2015 y el Acta de Fiscalización al cual la ley y la jurisprudencia dan el carácter de fe pública se halla suscrita y concluida por los funcionarios intervinientes en fecha 12 de Enero del año 2015. En consecuencia la Administración Tributaria no ha ejercido su potestad punitiva en el tiempo establecido en la ley.
Lo acontecido en el caso de marras es un claro caso de lo que en doctrina se conoce como prescripción administrativa, institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de ciertas facultades de parte de la Administración Pública, como el ejercicio de su facultad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares.
Asimismo, el plazo perentorio obliga a la Administración a actuar de manera ágil, a fin de evitar que el mismo transcurra sin haber ejercicio su facultad punitiva. El procedimiento establecido se inició con posterioridad al plazo determinado por la norma, por razones no atribuibles a la parte actora, se configuró la caducidad administrativa por lo cual la Resolución dictada a posteriori debe ser revocada por este órgano colegiado.
El Maestro Salvador Villagra Maffiodo en su obra principios de Derecho Administrativo expresa: "Contrariamente a lo que hemos dicho del acto regular, el acto administrativo es irregular cuando viola la Constitución, la Ley o el reglamento. Para no decir que es inconstitucional, ilegal, antirreglamentario, decimos simplemente que es irregular".
Continua diciendo en su misma obra: "En rigor lógico, cualquier falta, por pequeña que fuese de los requisitos del acto, tendría por consecuencia la invalidez del mismo, como en el orden físico en que cualquier deficiencia de la causa basta para que desaparezca el efecto".
Finalmente, por el fundamento expuesto considera que corresponde hacer lugar a la presente demanda y, en consecuencia, revocar in totum la Resolución Particular N° 141 de fecha 18 de Diciembre de 2015 y la Resolución Particular N° 17 de fecha 26 de Febrero de 2016, dictadas por la SUB-SECRETARÍA de ESTADO de TRIBUTACIÓN, dejando sin efecto la pretensión fiscal de calificación de la conducta como defraudación y la aplicación de la multa correspondiente a la firma contribuyente JEV S.R.L., por no ajustarse a derecho.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa conforme la teoría del "riesgo asumido" la cual establece que el litigante que asume una posición controversial, es quien debe cargar con las consecuencias ante el rechazo de su pretensión jurídica, esta aserción es la que prima en el Art. 192 del C.P.C. ES SU VOTO.
Asunción, 07 de noviembre del 2.017.
1.-) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por la firma Contribuyente "JEV S.R.L." con RUC N° 80007405-0, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2.-) REVOCAR la Resolución Particular DPTT N° 141 de fecha 18 de diciembre del año 2.015 y Resolución Particular DPTT N° 17 de fecha 26 de febrero del año 2.016, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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 artículo 196
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 Artículo 164
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 artículo 171
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 RESOLUCIÓN 
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 RESOLUCIÓN 
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 Resolución 
 artículo 172
 artículo 171
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 artículo 196
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 200
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 164
 Resolución 
 Resolución 
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