Source: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2008/abril/06/noticias/nacionales/252303.shtml
Timestamp: 2013-12-20 01:54:38+00:00

Document:
La Policía Nacional reforzó con más de 100 agentes la ciudad de Bilwi, para controlar los brotes de violencia. Ayer las principales instituciones estaban resguardadas. (La prensa/G. Miranda)
CSE violó Constitución
Magistrados se atribuyeron facultades que no les otorga la ley al suspender elecciones en municipios de la RAAN
Expertos y políticos: “Cabe la renuncia o la destitución”
Versión sandinista
La esposa del presidente Daniel Ortega y coordinadora de los paraestatales Consejos del Poder Ciudadano (CPC), Rosario Murillo, fustigó ayer a través de medios oficiales la visita de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Víctor Duarte, José Pallais y Enrique Quiñónez, al Atlántico Norte.
Murillo respaldó la acusación que el diputado Yatama, aliado al Frente Sandinista, Brooklyn Rivera, interpuso el viernes en el Ministerio Público contra Quiñónez por “asociación para delinquir y crímenes en contra de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)”.
Según Rivera, los diputados de la oposición visitaron el Atlántico Norte “porque ellos querían violencia, sangre y muerte” y afirmó desde el viernes que así lo consiguieron, aunque sólo se habían confirmado heridos de gravedad.
La embajada de los Estados Unidos en Nicaragua manifestó su preocupación por los sucesos de Bilwi y rechazó “rotundamente cualquier sugerencia de que el Gobierno de los EE.UU. estuvo involucrado” en los hechos. Asimismo instó al “Gobierno de Nicaragua, los partidos políticos y la sociedad civil a examinar la decisión del CSE, de una manera pacífica, con el fin de restaurar el derecho de votar a un segmento importante del pueblo nicaragüense”.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) violó el artículo 183 de la Constitución Política de Nicaragua al arrogarse más facultades que aquellas que le otorga la Carta Magna, al resolver la noche del viernes posponer hasta abril del 2009 las elecciones en tres de los ocho municipios del Atlántico Norte, pretender una nueva convocatoria y hasta definir el mecanismo para nombrar ahí autoridades interinas, por lo que los partidos de la oposición alistan varias acciones para impedir que se aplique esa resolución.
Según el abogado y experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, la resolución del CSE “no tiene ningún fundamento jurídico”, porque en principio pretendió más competencia de las que le permite la ley, por lo que según el experto existen varios mecanismos legales que caben contra esa resolución del CSE.
Álvarez mencionó los Recursos de Amparo y de Inconstitucionalidad, la publicación de una interpretación auténtica de la Ley Electoral de parte de la Asamblea Nacional, bajo el aprovechamiento de las nuevas disposiciones de la reforma a la Ley de Amparo, para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva en plazo de treinta días cualquier recurso por conflicto entre poderes del Estado.
La Constitución Política establece en su artículo 187 que el Recurso de Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano “contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución”. Mientras, la Ley de Amparo permite la defensa ante resoluciones administrativas.
Álvarez reconoció, no obstante, que cualquiera de estos mecanismos deberán enfrentarse al sistema judicial que controla el gobernante Frente Sandinista, a quien según la oposición beneficia la prórroga electoral.
Sin embargo, el experto confió en que el uso de cada uno permitirá un impacto jurídico-político que motivaría una solicitud de renuncia a los magistrados del Consejo o su destitución, y agregó que se podría incluso convocar a un plebiscito sobre la acción y capacidad de los magistrados.
El director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, también estimó que el CSE “usurpó” facultades de la Asamblea Nacional, pues su competencia lo limitaba a expresar que no podría hacer las elecciones antes de abril.
Según Courtney el CSE no podía definir para entonces la convocatoria ni estimar un sistema para nombrar autoridades interinas, porque éstas son facultades de la Asamblea.
Courtney admitió que la resolución del Consejo activó de hecho un conflicto entre poderes del Estado y señaló que “inevitablemente” hay condiciones para un Recurso de Amparo en contra de esa resolución administrativa del CSE.
El magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas, justificó el viernes en la resolución de ese poder que la organización de las elecciones es materia “exclusiva” de ese poder.
Pero en ese sentido, Álvarez advirtió que la Constitución y la Ley Electoral dan al CSE la facultad para organizar elecciones, pero sobre el fundamento de garantizar el proceso electoral, no de posponerlo o suspenderlo.
Además, la Constitución indica que el Presidente de la República no podrá suspender diversos derechos y garantías establecidos en diferentes artículos. Entre ellos el artículo 51, sobre el derecho a elegir y ser electo.
Álvarez expresó la preocupación de que el CSE pretenda junto al Consejo Regional, los partidos políticos y el Instituto de Fomento Municipal (Inifom) decidir las autoridades interinas en Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka, “porque con ellos cuatro prevalecería la voluntad del Ejecutivo y está claro que no se escuchará a los partidos de la oposición”, dijo.
Oposición se alista contra CSE
El presidente del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE) y candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), Eduardo Montealegre, confirmó a LA PRENSA que el martes la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN, antes ALN) y del PLC se reunirán para “revisar una serie de acciones entre las cuales se incluyen Recursos de Amparo”.
Además, dijo que la junta directiva podría reunirse con los magistrados del CSE, mientras varios abogados con experiencia constitucional analizan otras alternativas.
El coordinador político de la Alianza Movimiento Renovador Sandinista (Alianza MRS), Edmundo Jarquín, también dijo a LA PRENSA que los tres diputados de esta bancada propondrán en la Asamblea un recurso de inconstitucionalidad en contra de la resolución del CSE y la creación de una comisión especial del parlamento que investigue la situación real de los municipios afectados.
Jarquín calificó la resolución del CSE como un autogolpe “mortal” a la credibilidad del mismo y expresó que así “cabe que los magistrados del CSE renuncien o sean destituidos por romper la credibilidad en las elecciones y no evitar el escalamiento de la violencia”.
Montealegre y Jarquín coincidieron en que la población debe pronunciarse sobre lo que ambos llamaron un atropello al derecho fundamental al voto.
“Está llegando la hora en que debemos los ciudadanos comenzar a elevar nuestra preocupación por los ataques a la incipiente democracia directamente a la calle. Tenemos que decirle al CSE que no es aceptable que pisoteen esta democracia que tanto ha costado”, exhortó Montealegre.
También el diputado del PLC y presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea, Enrique Quiñónez, indicó que “no se debe permitir que se atropelle la Constitución ni que la ilegalidad prospere”.
Quiñónez criticó que los magistrados de tendencia liberal, René Herrera, José Marenco y Luis Benavides, se hayan prestado con su presencia para el quórum a satisfacer “los caprichos” del presidente Daniel Ortega y estimó que eso revela que aún negocian con el gobernante Frente Sandinista.
Además, expresó que le llama la atención que el CSE se pronuncie sobre el tema el viernes por la noche, que según él responde al interés de que la población olvide el tema durante el fin de semana.
Otro aspecto que también anotó el diputado es que cuando el CSE publicó el Calendario Electoral se reconoció que es potestad de la Asamblea cambiar la fecha de las elecciones, porque la convocatoria para el domingo 2 de noviembre coincide con el Día de los Difuntos, “pero ahora deciden ellos por voluntad arbitraria fijar para el último domingo de abril del 2009 la nueva fecha para las elecciones en la RAAN, cuando todo esto es sólo competencia de la Asamblea Nacional”, reclamó.
Quiñónez lamentó que la interposición de un Recurso de Amparo en contra de la Asamblea Nacional se “pierda en el Poder Judicial” y reconoció que no cuentan con 56 votos de la oposición para destituir a los magistrados del CSE. Sin embargo, se pronunció a favor de una interpretación auténtica de la Ley Electoral, que vote la resolución del otro poder.
Continuarán demanda para elecciones
El candidato a la Alcaldía de Puerto Cabezas por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), Osorno Coleman, aseguró a LA PRENSA que continuarán la presión y protestas para exigir las elecciones, a pesar de la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) para posponer el proceso hasta abril del 2009 en Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka.
Coleman rechazó que el CSE tenga la facultad para suspender o posponer los comicios y estimó que con ésta, ese poder “sólo actuó de mala fe, avaló el enfrentamiento entre costeños y celebró la sangre”.
Además, dudó que el Consejo posponga las elecciones en esos municipios para reconstruir la cartografía electoral, debido a la posible desmovilización que pudo provocar el desastre del huracán Félix en septiembre del 2007.
Incluso, Coleman señaló que el Presidente de la República, Daniel Ortega, podría declarar el año siguiente que no hay presupuesto para las elecciones y no realizarlas en la fecha supuesta por el CSE.
Coleman dijo que continuarán la demanda de las elecciones por la vía legal con la interposición de un Recurso de Amparo, aunque advirtió el control que posee el gobernante Frente Sandinista sobre el sistema judicial en el país.
“No nos vamos a dejar. Vamos a seguir luchando y si la Policía llega con sus armas con sus mismas armas nosotros les respondemos, porque ellos (el Gobierno) tienen miedo a perder las elecciones, pero nosotros defendemos ahí nuestro derecho al voto. Se nos está violentando y si no hay se va a complicar más la situación”, sentenció Coleman.
El viernes, el diputado Yatama aliado al gobernante Frente Sandinista, Brooklyn Rivera, acusó a los diputados de la oposición de financiar armas y proveer licor y droga a sus simpatizantes partidarios para provocar los enfrentamientos violentos de ese día.
Pero Coleman respondió que las declaraciones de Rivera fueron una “ofensa para el pueblo costeño”.
En cambio, Coleman también dijo que Rivera “es quien tiene delincuentes entre su gente” y que la actual Alcalde de Puerto Cabezas, Nancy Elizabeth Enríquez, entregó armas a los simpatizantes de Yatama, y que se pagó hasta quinientos córdobas a varios habitantes “para que se enfrentaran a su propio pueblo”.
Según Coleman, fue el secretario sandinista del Consejo Regional, Centuriano Knigth, quien disparó al simpatizante liberal Federico Simons, que ayer fue internado en estado de coma en el Hospital Lenín Fonseca, de Managua.
Coleman también expresó su temor de que la suspensión de los comicios en Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka sea un “mal precedente para que luego el Consejo decida la suspensión de las elecciones nacionales y que (el presidente Daniel) Ortega pueda perpetuarse en el poder”.
Coleman aseguró que sus simpatizantes reinstalarán tranques en las carreteras y caminos a esas comunidades y reanudarán las tomas en los aeropuertos locales.

References: artículo 183
 resolución 
 resolución 
 artículo 187
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución