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Timestamp: 2020-02-19 20:29:24+00:00

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Fecha: 25-04-1986
Fecha de Publicación: 29-04-1986
Marginal : 69726889
De todos los empeÃ±os que se han esforzado en cumplir los poderes pÃºblicos desde la emergencia misma de la AdministraciÃ³n contemporÃ¡nea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la Sanidad.
Es, en efecto, un dato histÃ³rico fÃ¡cilmente verificable que las respuestas pÃºblicas al reto que en cada momento ha supuesto la atenciÃ³n a los problemas de salud de la colectividad han ido siempre a la zaga de la evoluciÃ³n de las necesidades sin conseguir nunca alcanzarlas, de manera que se ha convertido en una constante entre nosotros la inadaptaciÃ³n de las estructuras sanitarias a las necesidades de cada Ã©poca.
Es conocido que el primer ensayo de poner al dÃ­a las tÃ©cnicas de intervenciÃ³n pÃºblica en los problemas de salud de la colectividad lo constituyÃ³ el proyecto de CÃ³digo Sanitario de 1822, cuya aprobaciÃ³n frustraron en su momento las disputas acerca de la exactitud cientÃ­fica de los medios tÃ©cnicos de actuaciÃ³n en que pretendÃ­a apoyarse. Con este fracaso, la consolidaciÃ³n de un Ã³rgano ejecutivo bien dotado y flexible, acomodado en cuanto a su organizaciÃ³n a las nuevas tÃ©cnicas de administraciÃ³n que tratan de abrirse camino en EspaÃ±a en los primeros aÃ±os de la pasada centuria, tiene que esperar hasta la aprobaciÃ³n de la Ley de 28 de noviembre de 1855, que consagra la DirecciÃ³n General de Sanidad, creada muy pocos aÃ±os antes. Esta Ley extenderÃ¡ su vigencia durante una larguÃ­sima Ã©poca, aunque no en razÃ³n a sus excelencias, sino a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto de Ley sanitaria, cuya formulaciÃ³n se ensaya con reiteraciÃ³n durante los Ãºltimos aÃ±os del siglo pasado y primeros del presente, sin conseguir definitiva aprobaciÃ³n. Ante la imposibilidad de sacar adelante una Ley nueva, la reforma siguiente se establece por Real Decreto, en concreto por el de 12 de enero de 1904, que aprueba la InstrucciÃ³n General de Sanidad, norma que, a pesar de haberse mantenido vigente en parte hasta fechas muy prÃ³ximas, apenas si alterÃ³ el dispositivo de la organizaciÃ³n pÃºblica al servicio de la Sanidad. Es, pues, el esquema organizativo de 1855 (cambiando por Ã©pocas el nombre de la DirecciÃ³n General de Sanidad por el de InspecciÃ³n General de Sanidad) el que trasciende al siglo que lo vio nacer y se asienta en nuestro sistema con una firmeza sorprendente.
La Ley de 1944, aunque innovadora en algunos extremos, asumiÃ³ la planta estructural recibida, que no altera, sino que perpetuarÃ¡. El esquema organizativo es, en efecto, el mismo de 1855, basado en una DirecciÃ³n General de Sanidad, recrecida, como Ã³rgano supremo. La idea de contenido de las responsabilidades pÃºblicas en este sector es tambiÃ©n decimonÃ³nica: A la AdministraciÃ³n PÃºblica le cumple atender aquellos problemas sanitarios que pueden afectar a la colectividad considerada como conjunto, le compete desarrollar una acciÃ³n de prevenciÃ³n, en suma. La funciÃ³n asistencial, el problema de la atenciÃ³n a los problemas de la salud individual, quedan al margen.
El estancamiento de la especÃ­fica organizaciÃ³n pÃºblica al servicio de la Sanidad no significarÃ¡, sin embargo, una desatenciÃ³n de todos los problemas nuevos, sino la ruptura del carÃ¡cter unitario de esa organizaciÃ³n, que se fragmenta en diversos subsistemas que se ordenan separadamente, respondiendo a principios y finalidades propias, al margen de una direcciÃ³n unitaria. En efecto, a las funciones preventivas tradicionales se sumarÃ¡n otras nuevas, relativas al medio ambiente, la alimentaciÃ³n, el saneamiento, los riesgos laborales, etc., que harÃ¡n nacer estructuras pÃºblicas nuevas a su servicio. Las funciones asistenciales crecen y se dispersan igualmente. Las tradicionales sÃ³lo se referÃ­an a la prevenciÃ³n o asistencia de algunas enfermedades de particular trascendencia social (la tuberculosis, enfermedades mentales, etc.). Estas atenciones asistenciales tradicionales se asumen con responsabilidad propia por diferentes Administraciones PÃºblicas (Estado, Diputaciones) que funcionan sin ningÃºn nexo de uniÃ³n en la formulaciÃ³n de las respectivas polÃ­ticas sanitarias. Ninguna de ellas se dirige, sin embargo, a la atenciÃ³n del individuo concreto, si la enfermedad que padece no es alguna de las singularizadas por su trascendencia. El dogma que perdura es el decimonÃ³nico de la autosuficiencia del individuo para atender sus problemas de salud. Cuando ese dogma se quiebra a ojos vista en virtud del crecimiento de un sistema de previsiÃ³n dirigido a los trabajadores, tambiÃ©n ese sistema crea sus propias estructuras sanitarias que se establecen al margen de la organizaciÃ³n general, y funcionan conforme a polÃ­ticas e impulsos elaborados con separaciÃ³n, aunque explicados por las nuevas necesidades y avances tanto en el campo de la salud y enfermedad como en los nuevos criterios que se van imponiendo de cobertura social y asistencia sanitaria.
Puede decirse sin hipÃ©rbole que la necesidad de proceder a una reforma del sistema que supere el estado de cosas descrito se ha visto clara por todos cuantos han tenido responsabilidades en el ramo de la Sanidad, desde el dÃ­a siguiente a la aprobaciÃ³n de la Ley de Bases de 1944. ProbarÃ­a este aserto una indagaciÃ³n sumaria de los archivos de la AdministraciÃ³n; donde pueden encontrarse sucesivos intentos de reforma que, sin embargo, no han visto otra luz que la de los despachos de los Ministerios.
Ante la imposibilidad o la falta de convicciÃ³n en la necesidad de organizar un sistema sanitario que integrase tantas estructuras dispersas, se ha asentado la idea de que, manteniendo separadas las diversas estructuras sanitarias pÃºblicas, la coordinaciÃ³n podrÃ­a ser la respuesta a las necesidades de racionalizaciÃ³n del sistema. El ensayo es ya viejo. Se intenta implantar primero en el Ã¡mbito de las Administraciones locales con la Ley de CoordinaciÃ³n Sanitaria de 11 de junio de 1934. Luego, con carÃ¡cter mÃ¡s general y tambiÃ©n en el Ã¡mbito de los servicios centrales, con la Ley de Hospitales de 21 de julio de 1962, y mediante la creaciÃ³n de un extensÃ­simo nÃºmero de Comisiones Interministeriales, que fluyen como un verdadero aluviÃ³n, planteando al final el problema de coordinar a los Ã³rganos coordinadores.
Paralelamente, en el aÃ±o 1942, mediante Ley de 14 de diciembre, se constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad, bajo el Instituto Nacional de PrevisiÃ³n. Este sistema de cobertura de los riesgos sanitarios, alcanzado a travÃ©s de una cuota vinculada al trabajo, se ha desarrollado enormemente como consecuencia del proceso paulatino de expansiÃ³n econÃ³mica que ha surgido en nuestro paÃ­s desde 1950, pero especialmente en los sesenta y principios de los setenta. El Seguro Obligatorio de Enfermedad, desde su creaciÃ³n y su posterior reestructuraciÃ³n mediante el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo -por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se cristaliza el actual sistema de Seguridad Social- hasta hoy, ha ido asumiendo mayor nÃºmero de patologÃ­as dentro de su cuadro de prestaciones y, al mismo tiempo, ha sido un sistema que ha ido progresivamente incluyendo mayor nÃºmero de personas y colectivos dentro de su esquema de Seguro Sanitario. En la actualidad este sistema sanitario de Seguridad Social estÃ¡ muy evolucionado, siendo gestor autÃ³nomo de una estructura sanitaria extendida por todo el territorio nacional, constituyendo la red sanitaria mÃ¡s importante de nuestro paÃ­s.
Aunque con la creaciÃ³n, ya en tiempos muy recientes, de un Ministerio de Sanidad, se han podido mejorar algunos de los problemas recibidos, no es menos cierto que se ha mantenido una pluralidad de sistemas sanitarios funcionando en paralelo, derrochÃ¡ndose las energÃ­as y las economÃ­as pÃºblicas y sin acertar a establecer estructuras adecuadas a las necesidades de nuestro tiempo. No obstante, ha sido posible mantener un nivel razonablemente eficiente de nuestra Sanidad que, sin duda, podrÃ¡ mejorarse y hacer mÃ¡s rentable y eficaz si se impulsa con firmeza el establecimiento de un nuevo sistema unitario adaptado a las nuevas necesidades.
A las necesidades de reforma a las que se acaba de aludir, nunca cumplimentadas en profundidad, han venido a sumarse, para apoyar definitivamente la formulaciÃ³n de la presente Ley General de Sanidad, dos razones de mÃ¡ximo peso, por provenir de nuestra ConstituciÃ³n, que hacen que la reforma del sistema no pueda ya demorarse. La primera es el reconocimiento en el artÃ­culo 43 y en el artÃ­culo 49 de nuestro texto normativo fundamental del derecho de todos los ciudadanos a la protecciÃ³n de la salud, derecho que, para ser efectivo, requiere de los poderes pÃºblicos la adopciÃ³n de las medidas idÃ³neas para satisfacerlo. La segunda, con mayor incidencia aÃºn en el plano de lo organizativo, es la institucionalizaciÃ³n, a partir de las previsiones del tÃ­tulo VIII de nuestra ConstituciÃ³n, de Comunidades AutÃ³nomas en todo el territorio del Estado, a las cuales han reconocido sus Estatutos amplias competencias en materia de Sanidad.
La Ley da respuesta al primer requerimiento constitucional aludido, reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en EspaÃ±a, si bien, por razones de crisis econÃ³mica que no es preciso subrayar, no generaliza el derecho a obtener gratuitamente dichas prestaciones sino que programa su aplicaciÃ³n paulatina, de manera que sea posible observar prudentemente el proceso evolutivo de los costes, cuyo incremento no va necesariamente ligado a las medidas de reforma de las que, en una primera fase, por la mayor racionalizaciÃ³n que introduce en la AdministraciÃ³n, puede esperarse lo contrario.
La incidencia de la instauraciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas en nuestra organizaciÃ³n sanitaria tiene una trascendencia de primer orden. Si no se acierta a poner a disposiciÃ³n de las mismas, a travÃ©s de los procesos de transferencias de servicios, un dispositivo sanitario suficiente como para atender las necesidades sanitarias de la poblaciÃ³n residente en sus respectivas jurisdicciones. las dificultades organizativas tradicionales pueden incrementarse. en lugar de resolverse. En efecto, si las Comunidades AutÃ³nomas sÃ³lo recibieran algunos servicios sanitarios concretos, y no bloques orgÃ¡nicos completos, las transferencias de servicios pararÃ­an en la incorporaciÃ³n de una nueva AdministraciÃ³n pÃºblica al ya complejo entramado de entes pÃºblicos con responsabilidades sobre el sector.
Este efecto es, sin embargo, ademÃ¡s de un estÃ­mulo para anticipar la reforma, perfectamente evitable. El Estado, en virtud de lo establecido en el artÃ­culo 149.1.16 de la ConstituciÃ³n, en el que la presente Ley se apoya, ha de establecer los principios y criterios substantivos que permitan conferir al nuevo sistema sanitario unas caracterÃ­sticas generales y comunes. que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
La directriz sobre la que descansa toda la reforma que el presente proyecto de Ley propone es la creaciÃ³n de un Sistema Nacional de Salud. Al establecerlo se han tenido bien presentes todas las experiencias organizativas comparadas que han adoptado el mismo modelo, separÃ¡ndose de ellas para establecer las necesarias consecuencias derivadas de las peculiaridades de nuestra tradiciÃ³n administrativa y de nuestra organizaciÃ³n polÃ­tica.
El eje del modelo que la Ley adopta son las Comunidades AutÃ³nomas, Administraciones suficientemente dotadas y con la perspectiva territorial necesaria, para que los beneficios de la autonomÃ­a no queden empeÃ±ados por las necesidades de eficiencia en la gestiÃ³n. El Sistema Nacional de Salud se concibe asÃ­ como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades AutÃ³nomas convenientemente coordinados. El principio de integraciÃ³n para los servicios sanitarios en cada Comunidad AutÃ³noma inspira el artÃ­culo 50 de la Ley: Â«En cada Comunidad AutÃ³noma se constituirÃ¡ un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estarÃ¡ gestionado como se establece en los artÃ­culos siguientes bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad AutÃ³nomaÂ».
Es bÃ¡sica la generalizaciÃ³n de este modelo organizativo y el Estado goza, para implantarlo, de las facultades que le concede el artÃ­culo 149.1.16 de la ConstituciÃ³n. La integraciÃ³n efectiva de los servicios sanitarios es bÃ¡sica, no sÃ³lo porque sea un principio de reforma en cuya aplicaciÃ³n estÃ¡ en juego la efectividad del derecho a la salud que la ConstituciÃ³n reconoce a los ciudadanos, sino tambiÃ©n porque es deseable asegurar una igualaciÃ³n de las condiciones de vida, imponer la coordinaciÃ³n de las actuaciones pÃºblicas, mantener el funcionamiento de los servicios pÃºblicos sobre mÃ­nimos uniformes y, en fin, lograr una efectiva planificaciÃ³n sanitaria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones.
Los servicios sanitarios se concentran, pues, bajo la responsabilidad de las Comunidades AutÃ³nomas y bajo los poderes de direcciÃ³n, en lo bÃ¡sico, y la coordinaciÃ³n del Estado. La creaciÃ³n de los respectivos Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas es, sin embargo, paulatina. Se evitan en la Ley saltos en el vacÃ­o, se procura la adopciÃ³n progresiva de las estructuras y se acomoda, en fin, el ritmo de aplicaciÃ³n de sus previsiones a la marcha de los procesos de transferencias de servicios a las Comunidades AutÃ³nomas.
La concentraciÃ³n de servicios y su integraciÃ³n en el nivel polÃ­tico y administrativo de las Comunidades AutÃ³nomas, que sustituyen a las Corporaciones Locales en algunas de sus responsabilidades tradicionales, precisamente en aquellas que la experiencia ha probado que el nivel municipal, en general, no es el mÃ¡s adecuado para su gestiÃ³n, esto no significa, sin embargo, la correlativa aceptaciÃ³n de una fuerte centralizaciÃ³n de servicios en ese nivel. Para evitarlo se articulan dos tipos de previsiones: La primera se refiere a la estructura de los servicios sanitarios; la segunda, a los organismos encargados de su gestiÃ³n.
En cuanto a lo primero, la Ley establece que serÃ¡n las Ãreas de Salud las piezas bÃ¡sicas de los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas; Ãreas organizadas conforme a la indicada concepciÃ³n integral de la Sanidad, de manera que sea posible ofrecer desde ellas todas las prestaciones propias del sistema sanitario. Las Ãreas se distribuyen, de forma desconcentrada, en demarcaciones territoriales delimitadas, teniendo en cuenta factores de diversa Ã­ndole, pero sobre todo, respondiendo a la idea de proximidad de los servicios a los usuarios y de gestiÃ³n descentralizada y participativa.
En segundo lugar, sin perjuicio de que el Proyecto disponga la organizaciÃ³n de los Servicios de Salud bajo la exclusiva responsabilidad de las Comunidades AutÃ³nomas, ordenando incluso la integraciÃ³n en aquellos centros y establecimientos que antes venÃ­an siendo gestionados separadamente por las Corporaciones Locales, el leve efecto centralizador que pudiera resultar de esta medida se compensa otorgando a las Corporaciones Locales un efectivo derecho a participar en el control y en la gestiÃ³n de las Ãreas de Salud, que se concreta en la incorporaciÃ³n de representantes de las mismas en los principales Ã³rganos colegiados del Ãrea.
Debe aÃ±adirse, en fin, que la integraciÃ³n de servicios que la Ley postula, al consumarse precisamente y de modo principal en el nivel constituido por las Comunidades AutÃ³nomas, puede producirse sin ninguna estridencia y superando dificultades que, sin duda, se opondrÃ­an al mismo esfuerzo si el efecto integrador se intentara cumplir en el seno de la AdministraciÃ³n estatal. En efecto, muchos servicios con responsabilidades sanitarias que operan de forma no integrada en la actualidad en el seno de la AdministraciÃ³n estatal han sido ya transferidos, o habrÃ¡n de serlo en el futuro, a las Comunidades AutÃ³nomas. Se produce asÃ­ una ocasiÃ³n histÃ³rica inmejorable para superar las anteriores deficiencias organizativas, integrando todos los servicios en una organizaciÃ³n Ãºnica. La Ley toma buena nota de esa oportunidad e impone los criterios organizativos bÃ¡sicos de que se ha hecho menciÃ³n, evitando que las Comunidades AutÃ³nomas reproduzcan un modelo que ya se ha probado inconveniente, o que aÃºn introduzca una mayor complejidad, por la vÃ­a de la especialidad, en el sistema recibido.
La aplicaciÃ³n de la reforma que la Ley establece tiene, por fuerza, que ser paulatina, armonizarse con la sucesiva asunciÃ³n de responsabilidades por las Comunidades AutÃ³nomas, y adecuarse a las disponibilidades presupuestarias en lo que concierne al otorgamiento de las prestaciones del sistema a todos los ciudadanos. Ello explica la extensiÃ³n y el pormenor con que se han concebido las disposiciones transitorias.
Esa extensiÃ³n no es menor en el caso de las disposiciones finales, aunque por una razÃ³n diferente. En efecto, en esas disposiciones se contienen diversos mandatos al Gobierno para que desarrolle las previsiones de la Ley General de Sanidad y autorizaciones al mismo para que refunda buena parte de la muy dispersa y abundante legislaciÃ³n sanitaria vigente. De esta manera, el nuevo sistema sanitario comenzarÃ¡ su andadura con una legislaciÃ³n renovada y puesta al dÃ­a, donde deberÃ¡n aparecer debidamente especificados los contenidos mÃ¡s relevantes de la regulaciÃ³n del sector salud.
Del derecho a la protecciÃ³n de la salud
ArtÃ­culo uno.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulaciÃ³n general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protecciÃ³n de la salud reconocido en el artÃ­culo 43 y concordantes de la ConstituciÃ³n.
2. Son titulares del derecho a la protecciÃ³n de la salud y a la atenciÃ³n sanitaria todos los espaÃ±oles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
3. Los extranjeros no residentes en EspaÃ±a, asÃ­ como los espaÃ±oles fuera del territorio nacional, tendrÃ¡n garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan.
4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece estÃ¡n legitimadas, tanto en la vÃ­a administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 2 de este artÃ­culo.
ArtÃ­culo dos.
1. Esta Ley tendrÃ¡ la condiciÃ³n de norma bÃ¡sica en el sentido previsto en el artÃ­culo 149.1.16 de la ConstituciÃ³n y serÃ¡ de aplicaciÃ³n a todo el territorio del Estado, excepto los artÃ­culos 31, apartado 1, letras b) y c), y 57 a 69, que constituirÃ¡n derecho supletorio en aquellas Comunidades AutÃ³nomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de AutonomÃ­a.
ArtÃ­culo tres.
1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarÃ¡n orientados prioritariamente a la promociÃ³n de la salud y a la prevenciÃ³n de las enfermedades.
2. La asistencia sanitaria pÃºblica se extenderÃ¡ a toda la poblaciÃ³n espaÃ±ola. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarÃ¡n en condiciones de igualdad efectiva.
3. La polÃ­tica de salud estarÃ¡ orientada a la superaciÃ³n de los desequilibrios territoriales y sociales.
ArtÃ­culo cuatro.
1. Tanto el Estado como las Comunidades AutÃ³nomas y las demÃ¡s Administraciones pÃºblicas competentes, organizarÃ¡n y desarrollarÃ¡n todas las acciones sanitarias a que se refiere este tÃ­tulo dentro de una concepciÃ³n integral del sistema sanitario.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas crearÃ¡n sus Servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus respectivos Estatutos de AutonomÃ­a.
ArtÃ­culo cinco.
1. Los Servicios PÃºblicos de Salud se organizarÃ¡n de manera que sea posible articular la participaciÃ³n comunitaria a travÃ©s de las Corporaciones territoriales correspondientes en la formulaciÃ³n de la polÃ­tica sanitaria y en el control de su ejecuciÃ³n.
2. A los efectos de dicha participaciÃ³n se entenderÃ¡n comprendidas las organizaciones empresariales y sindicales. La representaciÃ³n de cada una de estas organizaciones se fijarÃ¡ atendiendo a criterios de proporcionalidad, segÃºn lo dispuesto en el tÃ­tulo III de la Ley OrgÃ¡nica de Libertad Sindical.
ArtÃ­culo seis.
Las actuaciones de las Administraciones PÃºblicas Sanitarias estarÃ¡n orientadas:
1. A la promociÃ³n de la salud.
2. A promover el interÃ©s individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educaciÃ³n sanitaria de la poblaciÃ³n.
3. A garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estÃ©n dirigidas a la prevenciÃ³n de las enfermedades y no sÃ³lo a la curaciÃ³n de las mismas.
4. A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pÃ©rdida de la salud.
5. A promover las acciones necesarias para la rehabilitaciÃ³n funcional y reinserciÃ³n social del paciente.
ArtÃ­culo siete.
Los servicios sanitarios, asÃ­ como los administrativos, econÃ³micos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarÃ¡n su organizaciÃ³n y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economÃ­a y flexibilidad.
ArtÃ­culo ocho.
1. Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realizaciÃ³n de los estudios epidemiolÃ³gicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevenciÃ³n de los riesgos para la salud, asÃ­ como la planificaciÃ³n y evaluaciÃ³n sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de informaciÃ³n sanitaria, vigilancia y acciÃ³n epidemiolÃ³gica.
2. Asimismo, se considera actividad bÃ¡sica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el Ã¡mbito propio de la Veterinaria de Salud PÃºblica en relaciÃ³n con el control de higiene, la tecnologÃ­a y la investigaciÃ³n alimentarias, asÃ­ como la prevenciÃ³n y lucha contra la zoonosis y las tÃ©cnicas necesarias para la evitaciÃ³n de riesgos en el hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades.
ArtÃ­culo nueve.
Los poderes pÃºblicos deberÃ¡n informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario pÃºblico, o vinculados a Ã©l, de sus derechos y deberes.
Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones pÃºblicas sanitarias:
1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, econÃ³mico, ideolÃ³gico, polÃ­tico o sindical.
2. A la informaciÃ³n sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
3. A la confidencialidad de toda la informaciÃ³n relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias pÃºblicas y privadas que colaboren con el sistema pÃºblico.
4. A ser advertido de si los procedimientos de pronÃ³stico, diagnÃ³stico y terapÃ©uticos que se le apliquen pueden ser utilizados en funciÃ³n de un proyecto docente o de investigaciÃ³n, que, en ningÃºn caso, podrÃ¡ comportar peligro adicional para su salud. En todo caso serÃ¡ imprescindible la previa autorizaciÃ³n y por escrito del paciente y la aceptaciÃ³n por parte del mÃ©dico y de la DirecciÃ³n del correspondiente Centro Sanitario.
5. A que se le dÃ© en tÃ©rminos comprensibles, a Ã©l y a sus familiares o allegados, informaciÃ³n completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnÃ³stico, pronÃ³stico y alternativas de tratamiento.
6. A la libre elecciÃ³n entre las opciones que le presente el responsable mÃ©dico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realizaciÃ³n de cualquier intervenciÃ³n, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando la no intervenciÃ³n suponga un riesgo para la salud pÃºblica.
b) Cuando no estÃ© capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderÃ¡ a sus familiares o personas a Ã©l allegadas.
7. A que se le asigne un mÃ©dico, cuyo nombre se le darÃ¡ a conocer, que serÃ¡ su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirÃ¡ tal responsabilidad.
8. A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposiciÃ³n legal o reglamentaria.
9. A negarse al tratamiento, excepto en los casos seÃ±alados en el apartado 6; debiendo, para ello, solicitar el alta voluntaria, en los tÃ©rminos que seÃ±ala el apartado 4 del artÃ­culo siguiente.
10. A participar, a travÃ©s de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los tÃ©rminos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.
11. A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la estancia del usuario en una InstituciÃ³n hospitalaria, el paciente, familiar o persona a Ã©l allegada recibirÃ¡ su Informe de Alta.
12. A utilizar las vÃ­as de reclamaciÃ³n y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos. En uno u otro caso deberÃ¡ recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.
13. A elegir el mÃ©dico y los demÃ¡s sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas, en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud.
14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan por la AdministraciÃ³n del Estado.
15. Respetando el peculiar rÃ©gimen econÃ³mico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artÃ­culo serÃ¡n ejercidos tambiÃ©n con respecto a los servicios sanitarios privados.
SerÃ¡n obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario:
1. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda la poblaciÃ³n, asÃ­ como las especÃ­ficas determinadas por los Servicios Sanitarios.
3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilizaciÃ³n de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapÃ©uticas y sociales.
4. Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptaciÃ³n del tratamiento. De negarse a ello, la DirecciÃ³n del correspondiente Centro Sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrÃ¡ dar el alta.
Los poderes pÃºblicos orientarÃ¡n sus polÃ­ticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios PÃºblicos en todo el territorio espaÃ±ol segÃºn lo dispuesto en los artÃ­culos 9.2 y 158.1 de la ConstituciÃ³n.
El Gobierno aprobarÃ¡ las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la mala prÃ¡ctica.
Los poderes pÃºblicos procederÃ¡n, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicaciÃ³n de la facultad de elecciÃ³n de mÃ©dico en la atenciÃ³n primaria del Ãrea de Salud. En los nÃºcleos de poblaciÃ³n de mÃ¡s de 250.000 habitantes se podrÃ¡ elegir en el conjunto de la ciudad.
1. Una vez superadas las posibilidades de diagnÃ³stico y tratamiento de la atenciÃ³n primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su Ãrea de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditarÃ¡ servicios de referencia, a los que podrÃ¡n acceder todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud una vez superadas las posibilidades de diagnÃ³stico y tratamiento de los servicios especializados de la Comunidad AutÃ³noma donde residan.
Las normas de utilizaciÃ³n de los servicios sanitarios serÃ¡n iguales para todos, independientemente de la condiciÃ³n en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud, asÃ­ como los previstos en el artÃ­culo 80, podrÃ¡n acceder a los servicios sanitarios con la consideraciÃ³n de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Por lo que se refiere a la atenciÃ³n primaria, se les aplicarÃ¡n las mismas normas sobre asignaciÃ³n de equipos y libre elecciÃ³n que al resto de los usuarios.
2. El ingreso en centros hospitalarios se efectuarÃ¡ a travÃ©s de la unidad de admisiÃ³n del hospital, por medio de una lista de espera Ãºnica, por lo que no existirÃ¡ un sistema de acceso y hospitalizaciÃ³n diferenciado segÃºn la condiciÃ³n del paciente.
3. La facturaciÃ³n por la atenciÃ³n de estos pacientes serÃ¡ efectuada por las respectivas, administraciones de los Centros, tomando como base los costes efectivos. Estos ingresos tendrÃ¡n la condiciÃ³n de propios de los Servicios de Salud. En ningÃºn caso estos ingresos podrÃ¡n revertir directamente en aquellos que intervienen en la atenciÃ³n de estos pacientes.
Las Administraciones PÃºblicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarÃ¡n a Ã©stos los gastos que puedan ocasionarse por la utilizaciÃ³n de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades AutÃ³nomas en el ejercicio de sus competencias.
Las Administraciones PÃºblicas, a travÃ©s de sus Servicios de Salud y de los Ã“rganos competentes en cada caso, desarrollarÃ¡n las siguientes actuaciones:
1. AdopciÃ³n sistemÃ¡tica de acciones para la educaciÃ³n sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria.
2. La atenciÃ³n primaria integral de la salud, incluyendo, ademÃ¡s de las acciones curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la promociÃ³n de la salud y a la prevenciÃ³n de la enfermedad del individuo y de la comunidad.
3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalizaciÃ³n y la rehabilitaciÃ³n.
4. La prestaciÃ³n de los productos terapÃ©uticos precisos.
5. Los programas de atenciÃ³n a grupos de poblaciÃ³n de mayor riesgo y programas especÃ­ficos de protecciÃ³n frente a factores de riesgo, asÃ­ como los programas de prevenciÃ³n de las deficiencias, tanto congÃ©nitas como adquiridas.
6. La promociÃ³n y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminaciÃ³n y tratamiento de residuos lÃ­quidos y sÃ³lidos; la promociÃ³n y mejora de los sistemas de saneamiento y control del aire, con especial atenciÃ³n a la contaminaciÃ³n atmosfÃ©rica; la vigilancia sanitaria y adecuaciÃ³n a la salud del medio ambiente en todos los Ã¡mbitos de la vida, incluyendo la vivienda.
7. Los programas de orientaciÃ³n en el campo de la planificaciÃ³n familiar y la prestaciÃ³n de los servicios correspondientes.
8. La promociÃ³n y mejora de la salud mental.
9. La protecciÃ³n, promociÃ³n y mejora de la salud laboral.
10. El control sanitario y la prevenciÃ³n de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas.
11. El control sanitario de los productos farmacÃ©uticos, otros productos y elementos de utilizaciÃ³n terapÃ©utica, diagnÃ³stica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al organismo humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.
12. PromociÃ³n y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud PÃºblica, sobre todo en las Ã¡reas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la armonizaciÃ³n funcional que exige la prevenciÃ³n y lucha contra la zoonosis.
13. La difusiÃ³n de la informaciÃ³n epidemiolÃ³gica general y especÃ­fica para fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud.
14. La mejora y adecuaciÃ³n de las necesidades de la formaciÃ³n del personal al servicio de la organizaciÃ³n sanitaria.
15. El fomento de la investigaciÃ³n cientÃ­fica en el campo especifico de los problemas de salud.
1. Los poderes pÃºblicos prestarÃ¡n especial atenciÃ³n a la sanidad ambiental, que deberÃ¡ tener la correspondiente consideraciÃ³n en los programas de salud.
2. Las autoridades sanitarias propondrÃ¡n o participarÃ¡n con otros Departamentos en la elaboraciÃ³n y ejecuciÃ³n de la legislaciÃ³n sobre:
d)	Residuos orgÃ¡nicos sÃ³lidos y lÃ­quidos.
f)	Las distintas formas de energÃ­a.
h)	Sustancias tÃ³xicas y peligrosas.
l)	Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento pÃºblico.
Sobre la base de la plena integraciÃ³n de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparaciÃ³n del enfermo mental a las demÃ¡s personas que recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalizaciÃ³n parcial y atenciÃ³n a domicilio, que reduzcan al mÃ¡ximo posible la necesidad de hospitalizaciÃ³n.
1. La atenciÃ³n a los problemas de salud mental de la poblaciÃ³n se realizarÃ¡ en el Ã¡mbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalizaciÃ³n parcial y atenciÃ³n a domicilio, que reduzcan al mÃ¡ximo posible la necesidad de hospitalizaciÃ³n.
Se considerarÃ¡n de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatrÃ­a infantil y psicogeriatrÃ­a.
2. La hospitalizaciÃ³n de los pacientes por procesos que asÃ­ lo requieran se realizarÃ¡ en las unidades psiquiÃ¡tricas de los hospitales generales.
3. Se desarrollarÃ¡n los servicios de rehabilitaciÃ³n y reinserciÃ³n social necesarios para una adecuada atenciÃ³n integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinaciÃ³n con los servicios sociales.
4. Los servicios de salud mental y de atenciÃ³n psiquiÃ¡trica del sistema sanitario general cubrirÃ¡n, asimismo, en coordinaciÃ³n con los servicios sociales, los aspectos de prevenciÃ³n primaria y la atenciÃ³n a los problemas psicosociales que acompaÃ±an a la pÃ©rdida de salud en general.
1. La actuaciÃ³n sanitaria en el Ã¡mbito de la salud laboral comprenderÃ¡ los siguientes aspectos:
a) Promover con carÃ¡cter general la salud integral del trabajador.
b) Actuar en los aspectos sanitarios de la prevenciÃ³n de los riesgos profesionales.
c) Asimismo se vigilarÃ¡n las condiciones de trabajo y ambientales que puedan resultar nocivas o insalubres durante los perÃ­odos de embarazo y lactancia de la mujer trabajadora, acomodando su actividad laboral, si fuese necesario, a un trabajo compatible durante los periodos referidos.
f) Elaborar junta con las autoridades laborales competentes un mapa de riesgos laborales para la salud de los trabajadores. A estos efectos, las Empresas tienen obligaciÃ³n de comunicar a las autoridades sanitarias pertinentes las sustancias utilizadas en el ciclo productivo. Asimismo, se establece un sistema de informaciÃ³n sanitaria que permita el control epidemiolÃ³gico y el registro de morbilidad y mortalidad por patologÃ­a profesional.
g) Promover la informaciÃ³n, formaciÃ³n y participaciÃ³n de los trabajadores y empresarios en cuanto a los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral.
2. Las acciones enumeradas en el apartado anterior se desarrollarÃ¡n desde las Ãreas de Salud a que alude el capÃ­tulo III del tÃ­tulo III de la presente Ley.
3. El ejercicio de las competencias enumeradas en este artÃ­culo se llevarÃ¡ a cabo bajo la direcciÃ³n de las autoridades sanitarias, que actuarÃ¡n en estrecha coordinaciÃ³n con las autoridades laborales y con los Ã³rganos de participaciÃ³n, inspecciÃ³n y control de las condiciones de trabajo y seguridad e higiene en las Empresas.
Los empresarios y trabajadores a travÃ©s de sus organizaciones representativas participarÃ¡n en la planificaciÃ³n, programaciÃ³n, organizaciÃ³n y control de la gestiÃ³n relacionada con la salud laboral, en los distintos niveles territoriales.
De la intervenciÃ³n pÃºblica en relaciÃ³n con la salud individual colectiva
Para la consecuciÃ³n de los objetivos que se desarrollan en el presente capÃ­tulo, las Administraciones Sanitarias, de acuerdo con sus competencias, crearÃ¡n los Registros y elaborarÃ¡n los anÃ¡lisis de informaciÃ³n necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervenciÃ³n de la autoridad sanitaria.
Las actividades pÃºblicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, serÃ¡n sometidas por los Ã³rganos competentes a limitaciones preventivas de carÃ¡cter administrativo, de acuerdo con la normativa bÃ¡sica del Estado.
1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, asÃ­ como la obligaciÃ³n de someter a registro por razones sanitarias a las Empresas o productos, serÃ¡n establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente Ley.
2. DeberÃ¡n establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos mÃ­nimos para el uso y trÃ¡fico de los bienes, cuando supongan un riesgo o daÃ±o para la salud.
3. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusiÃ³n excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, las Administraciones PÃºblicas, a travÃ©s de sus Ã³rganos competentes podrÃ¡n decretar la intervenciÃ³n administrativa pertinente, con el objeto de eliminar aquÃ©lla. La intervenciÃ³n sanitaria no tendrÃ¡ mÃ¡s objetivo que la eliminaciÃ³n de los riesgos para la salud colectiva y cesarÃ¡ tan pronto como aquÃ©llos queden excluidos.
1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarÃ¡n las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautaciÃ³n o inmovilizaciÃ³n de productos, suspensiÃ³n del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, intervenciÃ³n de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
2. La duraciÃ³n de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarÃ¡n para cada caso, sin perjuicio de las prÃ³rrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no excederÃ¡ de lo que exija la situaciÃ³n de riesgo inminente y extraordinario que las justificÃ³.
Las Administraciones PÃºblicas, en el Ã¡mbito de sus competencias, realizarÃ¡n un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que ataÃ±e a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma.
Todas las medidas preventivas contenidas en el presente capÃ­tulo deben atender a los siguientes principios:
a) Preferencia de la colaboraciÃ³n voluntaria con las autoridades sanitarias.
b) No se podrÃ¡n ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida.
c) Las limitaciones sanitarias deberÃ¡n ser proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan.
d) Se deberÃ¡n utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulaciÃ³n de las personas y de los bienes, la libertad de Empresa y cualesquiera otros derechos afectados.
1. Los centros y establecimientos sanitarios, cualesquiera que sea su nivel y categorÃ­a o titular, precisarÃ¡n autorizaciÃ³n administrativa previa para su instalaciÃ³n y funcionamiento, asÃ­ como para las modificaciones que respecto de su estructura y rÃ©gimen inicial puedan establecerse.
2. La previa autorizaciÃ³n administrativa se referirÃ¡ tambiÃ©n a las operaciones de calificaciÃ³n, acreditaciÃ³n y registro del establecimiento. Las bases generales sobre calificaciÃ³n, registro y autorizaciÃ³n serÃ¡n establecidas por Real Decreto.
3. Cuando la defensa de la salud de la poblaciÃ³n lo requiera, las Administraciones Sanitarias competentes podrÃ¡n establecer regÃ­menes temporales y excepcionales de funcionamiento de los establecimientos sanitarios.
1. Todos los Centros y establecimientos sanitarios, asÃ­ como las actividades de promociÃ³n y publicidad, estarÃ¡n sometidos a la inspecciÃ³n y control por las Administraciones Sanitarias competentes.
2. Los centros a que se refiere el artÃ­culo 66 de la presente Ley estarÃ¡n, ademÃ¡s, sometidos a la evaluaciÃ³n de sus actividades y funcionamiento, sin perjuicio de lo establecido en los artÃ­culos 67, 88 y 89. En todo caso las condiciones que se establezcan serÃ¡n anÃ¡logas a las fijadas para los Centros pÃºblicos.
1. El personal al servicio de las Administraciones PÃºblicas que desarrolle las funciones de inspecciÃ³n, cuando ejerza tales funciones y acreditando si es preciso su identidad, estarÃ¡ autorizado para:
a) entrar libremente y sin previa notificaciÃ³n, en cualquier momento, en todo Centro o establecimiento sujeto a esta Ley,
b) proceder a las pruebas, investigaciones o exÃ¡menes necesarios para comprobar el cumplimiento de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo,
c) tomar o sacar muestras, en orden a la comprobaciÃ³n del cumplimiento de lo previsto en esta Ley y en las disposiciones para su desarrollo, y
d) realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de inspecciÃ³n que desarrollen.
2. Como consecuencia de las actuaciones de inspecciÃ³n y control, las autoridades sanitarias competentes podrÃ¡n ordenar la suspensiÃ³n provisional, prohibiciÃ³n de las actividades y clausura definitiva de los Centros y establecimientos, por requerirlo la salud colectiva o por incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalaciÃ³n y funcionamiento.
1. Las infracciones en materia de sanidad serÃ¡n objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucciÃ³n del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la AdministraciÃ³n pasarÃ¡ el tanto de culpa a la jurisdicciÃ³n competente y se abstendrÃ¡ de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
De no haberse estimado la existencia de delito, la AdministraciÃ³n continuarÃ¡ el expediente sancionador tomando como base los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrÃ¡n en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.
En ningÃºn caso se impondrÃ¡ una doble sanciÃ³n por los mismos hechos y en funciÃ³n de los mismos intereses pÃºblicos protegidos, si bien deberÃ¡n exigirse las demÃ¡s responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantÃ­a del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteraciÃ³n sanitaria y social producida, generalizaciÃ³n de la infracciÃ³n y reincidencia.
1.Âª Las simples irregularidades en la observaciÃ³n de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la salud pÃºblica.
2.Âª Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteraciÃ³n o riesgo sanitarios producidos fueren de escasa entidad.
3.Âª Las que, en razÃ³n de los criterios contemplados en este artÃ­culo, merezcan la calificaciÃ³n de leves o no proceda su calificaciÃ³n como faltas graves o muy graves.
1.Âª Las que reciban expresamente dicha calificaciÃ³n en la normativa especial aplicable en cada caso.
2.Âª Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalaciÃ³n de que se trate.
3.Âª Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.
4.Âª El incumplimiento de los requerimientos especÃ­ficos que formulen las autoridades sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez.
5.Âª La resistencia a suministrar datos, facilitar informaciÃ³n o prestar colaboraciÃ³n a las autoridades sanitarias o a sus agentes.
6.Âª Las que, en razÃ³n de los elementos contemplados en este artÃ­culo, merezcan la calificaciÃ³n de graves o no proceda su calificaciÃ³n como faltas leves o muy graves.
7.Âª La reincidencia en la comisiÃ³n de infracciones leves en los Ãºltimos tres meses.
2.Âª Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daÃ±o grave.
3.Âª Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisiÃ³n.
4.Âª El incumplimiento reiterado de los requerimientos especÃ­ficos que formulen las autoridades sanitarias.
5.Âª La negativa absoluta a facilitar informaciÃ³n o prestar colaboraciÃ³n a los servicios de control e inspecciÃ³n.
6.Âª La resistencia, coacciÃ³n, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presiÃ³n ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes.
7.Âª Las que, en razÃ³n de los elementos contemplados en este artÃ­culo y de su grado de concurrencia, merezcan la calificaciÃ³n de muy graves o no proceda su calificaciÃ³n como faltas leves o graves.
8.Âª La reincidencia en la comisiÃ³n de faltas graves en los Ãºltimos cinco aÃ±os.
1. Las infracciones en materia de sanidad serÃ¡n sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduaciÃ³n:
b) Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quÃ­ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracciÃ³n.
c) Infracciones muy graves, desde 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quÃ­ntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracciÃ³n.
2. AdemÃ¡s, en los supuestos de infracciones muy graves, podrÃ¡ acordarse, por el Consejo de Ministros o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades AutÃ³nomas que tuvieren competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalaciÃ³n o servicio por un plazo mÃ¡ximo de cinco aÃ±os. En tal caso, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo previsto en el artÃ­culo 57.4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.
3. Las cuantÃ­as seÃ±aladas anteriormente deberÃ¡n ser revisadas y actualizadas periÃ³dicamente por el Gobierno, por Real Decreto, teniendo en cuenta la variaciÃ³n de los Ã­ndices de precios para el consumo.
No tendrÃ¡n carÃ¡cter de sanciÃ³n la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensiÃ³n de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.
De las competencias de las Administraciones PÃºblicas
2. Son actividades de sanidad exterior todas aquellas que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importaciÃ³n, exportaciÃ³n o trÃ¡nsito de mercancÃ­as y del trÃ¡fico internacional de viajeros.
3. El Ministerio de Sanidad y Consumo colaborarÃ¡ con otros Departamentos para facilitar el que las actividades de inspecciÃ³n o control de sanidad exterior sean coordinadas con aquellas otras que pudieran estar relacionadas, al objeto de simplificar y agilizar el trÃ¡fico, y siempre de acuerdo con los convenios internacionales.
4. Las actividades y funciones de sanidad exterior se regularÃ¡n por Real Decreto, a propuesta de los Departamentos competentes.
Mediante las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, EspaÃ±a colaborarÃ¡ con otros paÃ­ses y Organismos internacionales: En el control epidemiolÃ³gico; en la lucha contra las enfermedades transmisibles; en la conservaciÃ³n de un medio ambiente saludable; en la elaboraciÃ³n, perfeccionamiento y puesta en prÃ¡ctica de normativas internacionales; en la investigaciÃ³n biomÃ©dica y en todas aquellas acciones que se acuerden por estimarse beneficiosas para las partes en el campo de la salud. PrestarÃ¡ especial atenciÃ³n a la cooperaciÃ³n con las naciones con las que tiene mayores lazos por razones histÃ³ricas, culturales, geogrÃ¡ficas y de relaciones en otras Ã¡reas, asÃ­ como a las acciones de cooperaciÃ³n sanitaria que tengan como finalidad el desarrollo de los pueblos. En el ejercicio de estas funciones, las autoridades sanitarias actuarÃ¡n en colaboraciÃ³n con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La AdministraciÃ³n del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades AutÃ³nomas, desarrollarÃ¡ las siguientes actuaciones:
1. La determinaciÃ³n, con carÃ¡cter general, de los mÃ©todos de anÃ¡lisis y mediciÃ³n y de los requisitos tÃ©cnicos y condiciones mÃ­nimas, en materia de control sanitario del medio ambiente.
2. La determinaciÃ³n de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones tÃ©cnico-sanitarias de los alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos.
3. El registro general sanitario de alimentos y de las industrias, establecimientos o instalaciones que los producen, elaboran o importan, que recogerÃ¡ las autorizaciones y comunicaciones de las Comunidades AutÃ³nomas de acuerdo con sus competencias.
4. La autorizaciÃ³n mediante reglamentaciones y listas positivas de aditivos, desnaturalizadores, material macromolecular para la fabricaciÃ³n de envases y embalajes, componentes alimentarios para regÃ­menes especiales, detergentes y desinfectantes empleados en la industria alimentaria.
5. La reglamentaciÃ³n, autorizaciÃ³n y registro u homologaciÃ³n, segÃºn proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los demÃ¡s productos y artÃ­culos sanitarios y de aquellos que, al afectar al ser humano, pueden suponer un riesgo para la salud de las personas. Cuando se trate de medicamentos, productos o artÃ­culos destinados al comercio exterior o cuya utilizaciÃ³n o consumo pudiera afectar a la seguridad pÃºblica, la AdministraciÃ³n del Estado ejercerÃ¡ las competencias de inspecciÃ³n y control de calidad.
6. La reglamentaciÃ³n y autorizaciÃ³n de las actividades de las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas dedicadas a la preparaciÃ³n, elaboraciÃ³n y fabricaciÃ³n de los productos mencionados en el nÃºmero anterior, asÃ­ como la determinaciÃ³n de los requisitos mÃ­nimos a observar por las personas y los almacenes dedicados a su distribuciÃ³n mayorista y la autorizaciÃ³n de los que ejerzan sus actividades en mÃ¡s de una Comunidad AutÃ³noma. Cundo las actividades enunciadas en este apartado hagan referencia a los medicamentos, productos o artÃ­culos mencionados en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado anterior, la AdministraciÃ³n del Estado ejercerÃ¡ las competencias de inspecciÃ³n y control de calidad.
7. La determinaciÃ³n con carÃ¡cter general de las condiciones y requisitos tÃ©cnicos mÃ­nimos para la aprobaciÃ³n y homologaciÃ³n de las instalaciones y equipos de los centros y servicios.
8. La reglamentaciÃ³n sobre acreditaciÃ³n, homologaciÃ³n, autorizaciÃ³n y registro de centros o servicios, de acuerdo con lo establecido en la legislaciÃ³n sobre extracciÃ³n y trasplante de Ã³rganos.
9. El CatÃ¡logo y Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios que recogerÃ¡n las decisiones, comunicaciones y autorizaciones de las Comunidades AutÃ³nomas, de acuerdo con sus competencias.
10. La homologaciÃ³n de programas de formaciÃ³n postgraduada, perfeccionamiento y especializaciÃ³n del personal sanitario, a efectos de regulaciÃ³n de las condiciones de obtenciÃ³n de tÃ­tulos acadÃ©micos.
11. La homologaciÃ³n general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la libre circulaciÃ³n de los profesionales y trabajadores sanitarios.
12. Los servicios de vigilancia y anÃ¡lisis epidemiolÃ³gicos y de las zoonosis, asÃ­ como la coordinaciÃ³n de los servicios competentes de las distintas Administraciones PÃºblicas Sanitarias, en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interÃ©s nacional o internacional.
13. El establecimiento de sistemas de informaciÃ³n sanitaria y la realizaciÃ³n de estadÃ­sticas, de interÃ©s general supracomunitario.
14. La coordinaciÃ³n de las actuaciones dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupciÃ³n o desviaciÃ³n de las prestaciones o servicios sanitarios con cargo al sector pÃºblico cuando razones de interÃ©s general asÃ­ lo aconsejen.
15. La elaboraciÃ³n de informes generales sobre la salud pÃºblica y la asistencia sanitaria.
16. El establecimiento de medios y de sistemas de relaciÃ³n que garanticen la informaciÃ³n y comunicaciÃ³n recÃ­procas entre la AdministraciÃ³n Sanitaria del Estado y la de las Comunidades AutÃ³nomas en las materias objeto de la presente Ley.
De las competencias de las Comunidades AutÃ³nomas
1. Las Comunidades AutÃ³nomas ejercerÃ¡n las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado les transfiera o, en su caso, les delegue.
2. Las decisiones y actuaciones pÃºblicas previstas en esta Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entenderÃ¡n atribuidas a las Comunidades AutÃ³nomas.
1. Las normas de las Comunidades AutÃ³nomas, al disponer sobre la organizaciÃ³n de sus respectivos servicios de salud, deberÃ¡n tener en cuenta las responsabilidades y competencias de las provincias, municipios y demÃ¡s Administraciones Territoriales intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de AutonomÃ­a, la Ley de RÃ©gimen Local y la presente Ley.
2. Las Corporaciones Locales participarÃ¡n en los Ã³rganos de direcciÃ³n de las Ãreas de Salud.
3. No obstante, los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demÃ¡s Administraciones PÃºblicas, tendrÃ¡n las siguientes responsabilidades mÃ­nimas en relaciÃ³n al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios:
a) Control sanitario del medio ambiente: ContaminaciÃ³n atmosfÃ©rica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales.
c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentaciÃ³n, peluquerÃ­as, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turÃ­sticos y Ã¡reas de actividad fÃ­sico deportivas y de recreo.
d) Control sanitario de la distribuciÃ³n y suministro de alimentos, bebidas y demÃ¡s productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, asÃ­ como los medios de su transporte.
e) Control sanitario de los cementerios y policÃ­a sanitaria mortuoria.
4. Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado anterior, los Ayuntamientos deberÃ¡n recabar el apoyo tÃ©cnico del personal y medios de las Ãreas de Salud en cuya demarcaciÃ³n estÃ©n comprendidos.
5. El personal sanitario de los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas que preste apoyo a los Ayuntamientos en los asuntos relacionados en el apartado 3 tendrÃ¡ la consideraciÃ³n, a estos solos efectos, de personal al servicio de los mismos, con sus obligadas consecuencias en cuanto a rÃ©gimen de recursos y responsabilidad personales y patrimoniales.
De la Alta InspecciÃ³n
1. El Estado ejercerÃ¡ la Alta InspecciÃ³n como funciÃ³n de garantÃ­a y verificaciÃ³n del cumplimiento de las competencias estatales y de las Comunidades AutÃ³nomas en materia de sanidad, de acuerdo con lo establecido en la ConstituciÃ³n y en las leyes.
2. Son actividades propias de la Alta InspecciÃ³n:
a) Supervisar la adecuaciÃ³n entre los planes y programas sanitarios de las Comunidades AutÃ³nomas y los objetivos de carÃ¡cter general establecidos por el Estado.
b) Evaluar el cumplimiento de fines y objetivos comunes y determinar las dificultades o deficiencias genÃ©ricas o estructurales que impidan alcanzar o distorsionen el funcionamiento de un sistema sanitario coherente, armÃ³nico y solidario.
c) Supervisar el destino y utilizaciÃ³n de los fondos y subvenciones propios del Estado asignados a las Comunidades AutÃ³nomas que tengan un destino o finalidad determinada.
d) Comprobar que los fondos correspondientes a los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas son utilizados de acuerdo con los principios generales de la presente Ley.
e) Supervisar la adscripciÃ³n a fines sanitarios de centros, servicios o establecimientos del Estado transferidos con dicha finalidad, sin perjuicio de las reordenaciones que puedan acordar las correspondientes Comunidades AutÃ³nomas y, en su caso, las demÃ¡s Administraciones PÃºblicas.
f) Verificar la inexistencia de cualquier tipo de discriminaciÃ³n en los sistemas de administraciÃ³n y regÃ­menes de prestaciÃ³n de los servicios sanitarios, asÃ­ como en los sistemas o procedimientos de selecciÃ³n y provisiÃ³n de sus puestos de trabajo.
g) Supervisar que el ejercicio de las competencias en materia de sanidad se ajusta a criterios de participaciÃ³n democrÃ¡tica de todos los interesados. A tal efecto se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­culo 5.2 de la presente Ley.
3. Las funciones de Alta InspecciÃ³n se ejercerÃ¡n por los Ã³rganos del Estado competentes en materia de sanidad. Los funcionarios de la AdministraciÃ³n del Estado que ejerzan la Alta InspecciÃ³n gozarÃ¡n de la consideraciÃ³n de autoridad pÃºblica a todos los efectos, y en sus actuaciones podrÃ¡n recabar de las autoridades del Estado y de los Ã³rganos de la Comunidad AutÃ³noma y demÃ¡s Administraciones PÃºblicas la colaboraciÃ³n necesaria para el cumplimiento de las funciones que les estÃ©n legalmente encomendadas.
4. Cuando como consecuencia del ejercicio de las funciones de Alta InspecciÃ³n se comprueben incumplimientos por parte de la Comunidad AutÃ³noma, las autoridades sanitarias del Estado advertirÃ¡n de esta circunstancia a la misma a travÃ©s del Delegado del Gobierno.
5. Si una vez efectuada dicha advertencia se comprobase que persiste la situaciÃ³n de incumplimiento, el Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la ConstituciÃ³n, requerirÃ¡ formalmente al Ã³rgano competente de la Comunidad AutÃ³noma para que adopte las medidas precisas.
6. Las decisiones que adopte la AdministraciÃ³n del Estado en ejercicio de sus competencias de Alta InspecciÃ³n, se comunicarÃ¡n siempre al mÃ¡ximo Ã³rgano responsable del Servicio de Salud de cada Comunidad AutÃ³noma.
De la estructura del sistema sanitario pÃºblico
De la organizaciÃ³n general del sistema sanitario pÃºblico
1. Todas las estructuras y servicios pÃºblicos al servicio de la salud integrarÃ¡n el Sistema Nacional de Salud.
2. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud de la AdministraciÃ³n del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas en los tÃ©rminos establecidos en la presente Ley.
El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes pÃºblicos para el debido cumplimiento del derecho a la protecciÃ³n de la salud.
Son caracterÃ­sticas fundamentales del Sistema Nacional de Salud:
a) La extensiÃ³n de sus servicios a toda la poblaciÃ³n.
b) La organizaciÃ³n adecuada para prestar una atenciÃ³n integral a la salud, comprensiva tanto de la promociÃ³n de la salud y prevenciÃ³n de la enfermedad como de la curaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n.
c) La coordinaciÃ³n y, en su caso, la integraciÃ³n de todos los recursos sanitarios pÃºblicos en un dispositivo Ãºnico.
d) La financiaciÃ³n de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizarÃ¡ mediante recursos de las Administraciones PÃºblicas, cotizaciones y tasas por la prestaciÃ³n de determinados servicios.
e) La prestaciÃ³n de una atenciÃ³n integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
1. Se crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que estarÃ¡ integrado por un representante de cada una de las Comunidades AutÃ³nomas y por igual nÃºmero de miembros de la AdministraciÃ³n del Estado.
2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud serÃ¡ el Ã³rgano permanente de comunicaciÃ³n e informaciÃ³n de los distintos Servicios de Salud, entre ellos y con la AdministraciÃ³n estatal, y coordinarÃ¡, entre otros aspectos, las lÃ­neas bÃ¡sicas de la polÃ­tica de adquisiciones, contrataciones de productos farmacÃ©uticos, sanitarios y de otros bienes y servicios, asÃ­ como los principios bÃ¡sicos de la polÃ­tica de personal.
3. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ejercerÃ¡ tambiÃ©n las funciones en materia de planificaciÃ³n que esta Ley le atribuye.
Asimismo ejercerÃ¡ las funciones que le puedan ser confiadas para la debida coordinaciÃ³n de los servicios sanitarios.
4. SerÃ¡ Presidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el Ministro de Sanidad y Consumo.
5. A los efectos previstos en el artÃ­culo 5.2 de esta Ley, se crea un ComitÃ© Consultivo vinculado con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al que se refieren los apartados anteriores, integrado paritariamente por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales mÃ¡s representativas.
El Estado y las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n constituir comisiones y comitÃ©s tÃ©cnicos, celebrar convenios y elaborar los programas en comÃºn que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios.
De los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas
Las Comunidades AutÃ³nomas deberÃ¡n organizar sus Servicios de Salud de acuerdo con los principios bÃ¡sicos de la presente Ley.
1. En cada Comunidad AutÃ³noma se constituirÃ¡ un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estarÃ¡ gestionado, como se establece en los artÃ­culos siguientes, bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad AutÃ³noma.
2. No obstante el carÃ¡cter integrado del Servicio, cada AdministraciÃ³n Territorial podrÃ¡ mantener la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la misma, a la entrada en vigor de la presente Ley, aunque, en todo caso, con adscripciÃ³n funcional al Servicio de Salud de cada Comunidad AutÃ³noma.
1. Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades AutÃ³nomas se planificarÃ¡n con criterios de racionalizaciÃ³n de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. La base de la planificaciÃ³n serÃ¡ la divisiÃ³n de todo el territorio en demarcaciones geogrÃ¡ficas, al objeto de poner en prÃ¡ctica los principios generales y las atenciones bÃ¡sicas a la salud que se enuncian en esta Ley.
2. La ordenaciÃ³n territorial de los Servicios serÃ¡ competencia de las Comunidades AutÃ³nomas y se basarÃ¡ en la aplicaciÃ³n de un concepto integrado de atenciÃ³n a la salud.
3. Las Administraciones territoriales intracomunitarias no podrÃ¡n crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad AutÃ³noma y previa autorizaciÃ³n de la misma.
Las Comunidades AutÃ³nomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, dispondrÃ¡n acerca de los Ã³rganos de gestiÃ³n y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que en esta Ley se establece.
1. Las Comunidades AutÃ³nomas ajustarÃ¡n el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participaciÃ³n democrÃ¡tica de todos los interesados, asÃ­ como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales.
2. Con el fin de articular la participaciÃ³n en el Ã¡mbito de las Comunidades AutÃ³nomas, se crearÃ¡ el Consejo de Salud de la Comunidad AutÃ³noma. En cada Ãrea, la Comunidad AutÃ³noma deberÃ¡ constituir, asimismo, Ã³rganos de participaciÃ³n en los servicios sanitarios.
3. En Ã¡mbitos territoriales diferentes de los referidos en el apartado anterior, la Comunidad AutÃ³noma deberÃ¡ garantizar una efectiva participaciÃ³n.
Cada Comunidad AutÃ³noma elaborarÃ¡ un Plan de Salud que comprenderÃ¡ todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud.
El Plan de Salud de cada Comunidad AutÃ³noma, que se ajustarÃ¡ a los criterios generales de coordinaciÃ³n aprobados por el Gobierno, deberÃ¡ englobar el conjunto de planes de las diferentes Ãreas de Salud.
1. Dentro de su Ã¡mbito de competencias, las correspondientes Comunidades AutÃ³nomas regularÃ¡n la organizaciÃ³n, funciones, asignaciÃ³n de medios personales y materiales de cada uno de los Servicios de Salud, en el marco de lo establecido en el capÃ­tulo VI de este tÃ­tulo.
2. Las Corporaciones Locales que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran desarrollando servicios hospitalarios, participarÃ¡n en la gestiÃ³n de los mismos, elevando propuesta de definiciÃ³n de objetivos y fines, asÃ­ como de presupuestos anuales. Asimismo elevarÃ¡n a la Comunidad AutÃ³noma propuesta en tema para el nombramiento del Director del Centro Hospitalario.
De las Ãreas de Salud
1. Las Comunidades AutÃ³nomas delimitarÃ¡n y constituirÃ¡n en su territorio demarcaciones denominadas Ãreas de Salud, debiendo tener en cuenta a tal efecto los principios bÃ¡sicos que en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado e integral.
2. Las Ãreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestiÃ³n unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad AutÃ³noma en su demarcaciÃ³n territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos.
En todo caso, las Ãreas de Salud deberÃ¡n desarrollar las siguientes actividades:
a) En el Ã¡mbito de la atenciÃ³n primaria de salud, mediante fÃ³rmulas de trabajo en equipo, se atenderÃ¡ al individuo, la familia y la comunidad; desarrollÃ¡ndose, mediante programas, funciones de promociÃ³n de la salud, prevenciÃ³n, curaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n, a travÃ©s tanto de sus medios bÃ¡sicos como de los equipos de apoyo a la atenciÃ³n primaria.
b) En el nivel de atenciÃ³n especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aquÃ©llos, se prestarÃ¡ la atenciÃ³n de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarÃ¡n las demÃ¡s funciones propias de los hospitales.
3. Las Ãreas de Salud serÃ¡n dirigidas por un Ã³rgano propio, donde deberÃ¡n participar las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representaciÃ³n no inferior al 40 por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la Comunidad AutÃ³noma.
4. Las Ãreas de Salud se delimitarÃ¡n teniendo en cuenta factores geogrÃ¡ficos, socioeconÃ³micos, demogrÃ¡ficos, laborales, epidemiolÃ³gicos, culturales, climatolÃ³gicos y de dotaciÃ³n de vÃ­as y medios de comunicaciÃ³n, asÃ­ como las instalaciones sanitarias del Ãrea. Aunque puedan variar la extensiÃ³n territorial y el contingente de poblaciÃ³n comprendida en las mismas, deberÃ¡n quedar delimitadas de manera que puedan cumplirse desde ellas los objetivos que en esta Ley se seÃ±alan.
5. Como regla general, y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar, atendidos los factores expresados en el apartado anterior, el Ãrea de Salud extenderÃ¡ su acciÃ³n a una poblaciÃ³n no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000. Se exceptÃºan de la regla anterior las Comunidades AutÃ³nomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que podrÃ¡n acomodarse a sus especÃ­ficas peculiaridades. En todo caso, cada provincia tendrÃ¡, como mÃ­nimo, un Ãrea.
Las Ãreas de Salud contarÃ¡n, como mÃ­nimo, con los siguientes Ã³rganos:
1.Â° De participaciÃ³n: El Consejo de Salud de Ãrea.
2.Â° De direcciÃ³n: El Consejo de DirecciÃ³n de Ãrea.
3.Â° De gestiÃ³n: El Gerente de Ãrea.
1. Los Consejos de Salud de Ãrea son Ã³rganos colegiados de participaciÃ³n comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestiÃ³n, de acuerdo con lo enunciado en el artÃ­culo 5.2 de la presente Ley.
2. Los Consejos de Salud de Ãrea estarÃ¡n constituidos por:
a) La representaciÃ³n de los ciudadanos a travÃ©s de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcaciÃ³n, que supondrÃ¡ el 50 por 100 de sus miembros.
b) Las organizaciones sindicales mÃ¡s representativas, en una proporciÃ³n no inferior al 25 por 100, a travÃ©s de los profesionales sanitarios titulados.
c) La AdministraciÃ³n Sanitaria del Ãrea de Salud.
3. SerÃ¡n funciones del Consejo de Salud:
a) Verificar la adecuaciÃ³n de las actuaciones en el Ãrea de Salud a las normas y directrices de la polÃ­tica sanitaria y econÃ³mica.
b) Orientar las directrices sanitarias del Ãrea, a cuyo efecto podrÃ¡n elevar mociones e informes a los Ã³rganos de direcciÃ³n.
c) Proponer medidas a desarrollar en el Ãrea de Salud para estudiar los problemas sanitarios especÃ­ficos de la misma, asÃ­ como sus prioridades.
d) Promover la participaciÃ³n comunitaria en el seno del Arca de Salud.
e) Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud del Ãrea y de sus adaptaciones anuales.
f) Conocer e informar la Memoria anual del Ãrea de Salud.
4. Para dar cumplimiento a lo previsto en los apartados anteriores, los Consejos de Salud del Ãrea podrÃ¡n crear Ã³rganos de participaciÃ³n de carÃ¡cter sectorial.
1. Al Consejo de DirecciÃ³n del Ãrea de Salud corresponde formular las directrices en polÃ­tica de salud y controlar la gestiÃ³n del Ãrea, dentro de las normas y programas generales establecidos por la AdministraciÃ³n autonÃ³mica.
2. El Consejo de DirecciÃ³n estarÃ¡ formado por la representaciÃ³n de la Comunidad AutÃ³noma, que supondrÃ¡ el 60 por 100 de los miembros de aquÃ©l, y los representantes de las Corporaciones Locales, elegidos por quienes ostenten tal condiciÃ³n en el Consejo de Salud.
3. SerÃ¡n funciones del Consejo de DirecciÃ³n:
a) La propuesta de nombramiento y cese del gerente del Ãrea de Salud.
b) La aprobaciÃ³n del proyecto del Plan de Salud del Ãrea, dentro de las normas, directrices y programas generales establecidos por la Comunidad AutÃ³noma.
c) La aprobaciÃ³n de la Memoria anual del Ãrea de salud.
d) El establecimiento de los criterios generales de coordinaciÃ³n en el Ãrea de Salud.
e) La aprobaciÃ³n de las prioridades especificas del Ãrea de Salud.
f) La aprobaciÃ³n del anteproyecto y de los ajustes anuales del Plan de Salud del Ãrea.
g) La elaboraciÃ³n del Reglamento del Consejo de DirecciÃ³n y del Consejo de Salud del Ãrea, dentro de las directrices generales que establezca la Comunidad AutÃ³noma.
1. El Gerente del Ãrea de salud serÃ¡ nombrado y cesado por la DirecciÃ³n del Servicio de Salud de la Comunidad AutÃ³noma, a propuesta del Consejo de DirecciÃ³n del Ãrea.
2. El Gerente del Ãrea de Salud es el Ã³rgano de gestiÃ³n de la misma. PodrÃ¡, previa convocatoria, asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de DirecciÃ³n.
3. El Gerente del Ãrea de Salud serÃ¡ el encargado de la ejecuciÃ³n de las directrices establecidas por el Consejo de DirecciÃ³n, de las propias del Plan de Salud del Ãrea y de las normas correspondientes a la AdministraciÃ³n autonÃ³mica y del Estado. Asimismo presentarÃ¡ los anteproyectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de Memoria Anual del Ãrea de Salud.
En cada Ãrea de Salud debe procurarse la mÃ¡xima integraciÃ³n de la informaciÃ³n relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia clÃ­nico-sanitaria Ãºnica por cada uno deberÃ¡ mantenerse, al menos, dentro de los lÃ­mites de cada instituciÃ³n asistencial. EstarÃ¡ a disposiciÃ³n de los enfermos y de los facultativos que directamente estÃ©n implicados en el diagnÃ³stico y el tratamiento del enfermo, asÃ­ como a efectos de inspecciÃ³n mÃ©dica o para fines cientÃ­ficos, debiendo quedar plenamente garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de guardar el secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga acceso a la historia clÃ­nica. Los poderes pÃºblicos adoptarÃ¡n las medidas precisas pan garantizar dichos derechos y deberes.
1. Para conseguir la mÃ¡xima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios a nivel primario, las Ãreas de Salud se dividirÃ¡n en zonas bÃ¡sicas de salud.
2. En la delimitaciÃ³n de las zonas bÃ¡sicas deberÃ¡n tenerse en cuenta:
a) Las distancias mÃ¡ximas de las agrupaciones de poblaciÃ³n mÃ¡s alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.
b) El grado de concentraciÃ³n o dispersiÃ³n de la poblaciÃ³n.
c) Las caracterÃ­sticas epidemiolÃ³gicas de la zona.
La zona bÃ¡sica de salud es el marco territorial de la atenciÃ³n primaria de salud donde desarrollan las actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atenciÃ³n primaria.
Los Centros de Salud desarrollarÃ¡n de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas las actividades encaminadas a la promociÃ³n, prevenciÃ³n, curaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n de la salud, tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona bÃ¡sica, a cuyo efecto, serÃ¡n dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el cumplimiento de dicha funciÃ³n.
Como medio de apoyo tÃ©cnico para desarrollar la actividad preventiva, existirÃ¡ un Laboratorio de Salud encargado de realizar las determinaciones de los anÃ¡lisis higiÃ©nico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis.
El Centro de Salud tendrÃ¡ las siguientes funciones:
a) Albergar la estructura fÃ­sica de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la poblaciÃ³n en que se ubica.
b) Albergar los recursos materiales precisos para la realizaciÃ³n de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona.
c) Servir como centro de reuniÃ³n entre la comunidad y los profesionales sanitarios.
e) Mejorar la organizaciÃ³n administrativa de la atenciÃ³n de salud en su zona de influencia.
1. Cada Ãrea de Salud estarÃ¡ vinculada o dispondrÃ¡, al menos, de un hospital general, con los servicios que aconseje la poblaciÃ³n a asistir, la estructura de Ã©sta y los problemas de salud.
2. El hospital es el establecimiento encargado tanto del internamiento clÃ­nico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
3. En todo caso, se establecerÃ¡n medidas adecuadas para garantizar la interrelaciÃ³n entre los diferentes niveles asistenciales.
1. FormarÃ¡ parte de la polÃ­tica sanitaria de todas las Administraciones PÃºblicas la creaciÃ³n de una red integrada de hospitales del sector pÃºblico.
Los hospitales generales piel sector privado que lo soliciten serÃ¡n vinculados al Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con un protocolo definido, siempre que por sus caracterÃ­sticas tÃ©cnicas sean homologables, cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades econÃ³micas del sector pÃºblico lo permiten.
2. Los protocolos serÃ¡n objeto de revisiÃ³n periÃ³dica.
3. El sector privado vinculado mantendrÃ¡ la titularidad de centros y establecimientos dependientes del mismo, asÃ­ como la titularidad de las relaciones laborales del personal que en ellos preste sus servicios.
1. La vinculaciÃ³n a la red pÃºblica de los hospitales a que se refiere el artÃ­culo anterior se realizarÃ¡ mediante convenios singulares.
2. El Convenio establecerÃ¡ los derechos y obligaciones recÃ­procas en cuanto a duraciÃ³n, prÃ³rroga, suspensiÃ³n temporal, extinciÃ³n definitiva del mismo, rÃ©gimen econÃ³mico, nÃºmero de camas hospitalarias y demÃ¡s condiciones de prestaciÃ³n de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El rÃ©gimen de jornada de los hospitales a que se refiere este apanado serÃ¡ el mismo que el de los hospitales pÃºblicos de anÃ¡loga naturaleza en el correspondiente Ã¡mbito territorial.
3. En cada Convenio que se establezca de acuerdo con los apanados anteriores, quedarÃ¡ asegurado que la atenciÃ³n sanitaria prestada por hospitales privados a los usuarios del Sistema Sanitario se imparte en condiciones de gratuidad, por lo que las actividades sanitarias de dicho hospital no podrÃ¡n tener carÃ¡cter lucrativo.
El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de Ã©stas, podrÃ¡ ser establecido si previamente son autorizados por la AdministraciÃ³n Sanitaria correspondiente el concepto y la cuantÃ­a que por Ã©l se pretende cobrar.
4. SerÃ¡n causas de denuncia del Convenio por parle de la AdministraciÃ³n Sanitaria competente las siguientes:
a) Prestar atenciÃ³n sanitaria objeto de Convenio contraviniendo el principio de gratuidad.
b) Establecer sin autorizaciÃ³n servicios complementarios no sanitarios o percibir por ellos cantidades no autorizadas.
d) Infringir con carÃ¡cter grave la legislaciÃ³n laboral de la Seguridad Social o fiscal.
e) Lesionar los derechos establecidos en los artÃ­culos 16, 18, 20 y 22 de la ConstituciÃ³n cuando asÃ­ se determine por Sentencia.
5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de la Salud estarÃ¡n sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y econÃ³micos que los hospitales pÃºblicos, aplicando criterios homogÃ©neos. y previamente reglados.
Los centros hospitalarios desarrollarÃ¡n, ademÃ¡s de las tareas estrictamente asistenciales, funciones de promociÃ³n de salud, prevenciÃ³n de las enfermedades e investigaciÃ³n y docencia, de acuerdo con los programas de cada Ãrea de Salud, con objeto de complementar sus actividades con las desarrolladas por la red de atenciÃ³n primaria.
1. En los Servicios sanitarios pÃºblicos se tenderÃ¡ hacia la autonomÃ­a y control democrÃ¡tico de su gestiÃ³n, implantando una direcciÃ³n participativa por objetivos.
2. La evaluaciÃ³n de la calidad de la asistencia prestada deberÃ¡ ser un proceso continuado que informarÃ¡ todas las actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
La AdministraciÃ³n sanitaria establecerÃ¡ sistemas de evaluaciÃ³n de calidad asistencial oÃ­das las Sociedades cientÃ­ficas sanitarias.
Los MÃ©dicos y demÃ¡s profesionales titulados del centro deberÃ¡n participar en los Ã³rganos encargados de la evaluaciÃ³n de la calidad asistencial del mismo.
3. Todos los Hospitales deberÃ¡n posibilitar o facilitar a las unidades de control de calidad externo el cumplimiento de sus cometidos. Asimismo, establecerÃ¡n los mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidad asistencial.
De la coordinaciÃ³n general sanitaria
1. El Estado y las Comunidades AutÃ³nomas aprobarÃ¡n planes de salud en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias, en los que se preverÃ¡n las inversiones y acciones sanitarias a desarrollar, anual o plurianualmente.
2. La CoordinaciÃ³n General Sanitaria incluirÃ¡:
a) El establecimiento con carÃ¡cter general de Ã­ndices o criterios mÃ­nimos bÃ¡sicos y comunes para evaluar las necesidades de personal, centros o servicios sanitarios, el inventario definitivo de recursos institucionales y de personal sanitario y los mapas sanitarios nacionales.
b) La determinaciÃ³n de fines u objetivos mÃ­nimos comunes en materia de prevenciÃ³n, protecciÃ³n, promociÃ³n y asistencia sanitaria.
c) El marco de actuaciones y prioridades para alcanzar un sistema sanitario coherente, armÃ³nico y solidario.
d) El establecimiento con carÃ¡cter general de criterios mÃ­nimos bÃ¡sicos y comunes de evaluaciÃ³n de la eficacia y rendimiento de los programas, centros o servicios sanitarios.
3. El Gobierno elaborarÃ¡ los criterios generales de coordinaciÃ³n sanitaria de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades AutÃ³nomas y el asesoramiento y colaboraciÃ³n de los sindicatos y organizaciones empresariales.
4. Los criterios generales de coordinaciÃ³n aprobados por el Estado se remitirÃ¡n a las Comunidades AutÃ³nomas para que sean tenidos en cuenta por Ã©stas en la formulaciÃ³n de sus planes de salud y de sus presupuestos anuales. El Estado comunicarÃ¡. asimismo a las Comunidades AutÃ³nomas los avances y previsiones de su nuevo presupuesto que puedan utilizarse para la financiaciÃ³n de los planes de salud de aquÃ©llas.
1. El Estado y las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n establecer planes de salud conjuntos. Cuando estos planes conjuntos impliquen a todas las Comunidades AutÃ³nomas, se formularÃ¡n en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2. Los planes conjuntos, una vez formulados, se tramitarÃ¡n por el Departamento de Sanidad de la AdministraciÃ³n del Estado y por el Ã³rgano competente de las Comunidades AutÃ³nomas, a los efectos de obtener su aprobaciÃ³n por los Ã³rganos legislativos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 18 de la Ley orgÃ¡nica para la FinanciaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas.
Las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n establecer planes en materia de su competencia en los que se proponga una contribuciÃ³n financiera del Estado para su ejecuciÃ³n, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 158.1 de la ConstituciÃ³n.
1. La coordinaciÃ³n general sanitaria se ejercerÃ¡ por el Estado, fijando medios y sistemas de relaciÃ³n para facilitar la informaciÃ³n recÃ­proca, la homogeneidad tÃ©cnica en determinados aspectos y la acciÃ³n conjunta de las Administraciones PÃºblicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integraciÃ³n de actos parciales en la globalidad del Sistema Nacional de Salud.
2. Como desarrollo de lo establecido en los planes o en el ejercicio de sus competencias ordinarias, el Estado y las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n elaborar programas sanitarios y proyectar acciones sobre los diferentes sectores o problemas de interÃ©s para la salud.
1. El Plan Integrado de Salud, que deberÃ¡ tener en cuenta los criterios de coordinaciÃ³n general sanitaria elaborados por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 70, recogerÃ¡ en un documento Ãºnico los planes estatales, los planes de las Comunidades AutÃ³nomas y los planes conjuntos. Asimismo relacionarÃ¡ las asignaciones a realizar por las diferentes Administraciones PÃºblicas y las fuentes de su financiaciÃ³n.
2. El Plan Integrado de Salud tendrÃ¡ el plazo de vigencia que en el mismo se determine.
1. A efectos de la confecciÃ³n del Plan Integrado de Salud, las Comunidades AutÃ³nomas remitirÃ¡n los proyectos de planes aprobados por los Organismos competentes de las mismas, de acuerdo con lo establecido en los artÃ­culos anteriores.
2. Una vez comprobada la adecuaciÃ³n de los Planes de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas a los criterios generales de coordinaciÃ³n, el Departamento de Sanidad de la AdministraciÃ³n del Estado confeccionarÃ¡ el Plan Integrado de Salud, que contendrÃ¡ las especificaciones establecidas en el artÃ­culo 74 de la presente Ley.
1. El Plan Integrado de Salud se entenderÃ¡ definitivamente formulado una vez que tenga conocimiento del mismo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que podrÃ¡ hacer las observaciones y recomendaciones que estime pertinentes. CorresponderÃ¡ al Gobierno la aprobaciÃ³n definitiva de dicho Plan.
2. La incorporaciÃ³n de los diferentes planes de salud estatales y autonÃ³micos al Plan Integrado de Salud implica la obligaciÃ³n correlativa de incluir en los presupuestos de los aÃ±os sucesivos las previsiones necesarias para su financiaciÃ³n, sin perjuicio de las adaptaciones que requiera la coyuntura presupuestaria.
1. El Estado y las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n hacer los ajustes y adaptaciones que vengan exigidos por la valoraciÃ³n de circunstancias o por las disfunciones observadas en la ejecuciÃ³n de sus respectivos planes.
2. Las modificaciones referidas serÃ¡n notificadas al Departamento de Sanidad de la AdministraciÃ³n del Estado para su remisiÃ³n al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3. Anualmente, las Comunidades AutÃ³nomas informarÃ¡n al Departamento de Sanidad de la AdministraciÃ³n del Estado del grado de ejecuciÃ³n de sus respectivos planes. Dicho Departamento remitirÃ¡ la citada informaciÃ³n, junto con la referente al grado de ejecuciÃ³n de los planes estatales, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Los Presupuestos del Estado, Comunidades AutÃ³nomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social consignarÃ¡n las partidas precisas para atender las necesidades sanitarias de todos los Organismos e Instituciones dependientes de las Administraciones PÃºblicas y para el desarrollo de sus competencias.
1. La financiaciÃ³n de la asistencia prestada se realizarÃ¡ con cargo a:
b) Transferencias del Estado, que abarcarÃ¡n:
La participaciÃ³n en la contribuciÃ³n de aquÃ©l al sostenimiento de la Seguridad Social.
La compensaciÃ³n por la extensiÃ³n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a aquellas personas sin recursos econÃ³micos.
La compensaciÃ³n por la integraciÃ³n, en su caso, de los hospitales de las Corporaciones Locales en el Sistema Nacional de Salud.
c) Tasas por la prestaciÃ³n de determinados servicios.
d) Por aportaciones de las Comunidades AutÃ³nomas y de las Corporaciones Locales.
2. La participaciÃ³n en la financiaciÃ³n de los servicios de las Corporaciones Locales que deban ser asumidos por las Comunidades AutÃ³nomas se llevarÃ¡ a efecto, por un lado, por las propias Corporaciones Locales y, por otro, con cargo al Fondo Nacional de CooperaciÃ³n con las Corporaciones Locales.
Las Corporaciones Locales deberÃ¡n establecer, ademÃ¡s, en sus presupuestos las consignaciones precisas para atender a las responsabilidades sanitarias que la Ley les atribuye.
El Gobierno regularÃ¡ el sistema de financiaciÃ³n de la cobertura de la asistencia sanitaria del sistema de la Seguridad Social para las personas no incluidas en la misma que, de tratarse de personas sin recursos econÃ³micos, serÃ¡ en todo caso con cargo a transferencias estatales.
La generalizaciÃ³n del derecho a la protecciÃ³n de la salud y a la atenciÃ³n sanitaria que implica la homologaciÃ³n de las atenciones y prestaciones del sistema sanitario pÃºblico se efectuarÃ¡ mediante una asignaciÃ³n de recursos financieros que tengan en cuenta tanto la poblaciÃ³n a atender en cada Comunidad AutÃ³noma como las inversiones sanitarias a realizar para corregir las desigualdades territoriales sanitarias, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 12.
La financiaciÃ³n de los servicios transferidos a las Comunidades AutÃ³nomas se efectuarÃ¡ a travÃ©s de los Presupuestos Generales del Estado o de la Seguridad Social, segÃºn corresponda.
En el caso de aquellas Comunidades AutÃ³nomas que tuvieran competencias para asumir las funciones de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, la financiaciÃ³n de estos servicios transferidos se realizarÃ¡ siguiendo el criterio de poblaciÃ³n protegida. No obstante, antes de efectuar el reparto se determinarÃ¡n, en primer lugar, los gastos presupuestarios necesarios para la atenciÃ³n de los servicios comunes estatales y los relativos a centros especiales que, por su carÃ¡cter, sea preciso gestionar de forma centralizada.
La desviaciÃ³n, positiva o negativa, entre el porcentaje del gasto sanitario en el momento inicial y el porcentaje de la poblaciÃ³n protegida serÃ¡ anulada en el transcurso de diez aÃ±os al ritmo de un 10 por 100 anual.
Las Comunidades AutÃ³nomas elaborarÃ¡n anualmente el anteproyecto del presupuesto general de gastos de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social de los servicios transferidos.
Este anteproyecto se remitirÃ¡ a los Ã³rganos competentes de la AdministraciÃ³n del Estado para su integraciÃ³n y adaptaciÃ³n a los recursos disponibles del Sistema de la Seguridad Social, presentÃ¡ndolo despuÃ©s a las Cortes Generales para su aprobaciÃ³n.
Los crÃ©ditos iniciales serÃ¡n globalmente integrados en el presupuesto de cada ejercicio que se autoricen a favor de la Comunidad AutÃ³noma y tendrÃ¡n carÃ¡cter limitativo. No obstante, el presupuesto liquidado a final de los servicios transferidos se afectarÃ¡ en la proporciÃ³n adecuada, a partir del criterio de poblaciÃ³n protegida, a la desviaciÃ³n presupuestaria, positiva o negativa, habida en los servicios no transferidos, deducidos los gastos correspondientes a los servicios comunes estatales y los relativos proporcionalmente a centros especiales. Los compromisos de gastos que se adquieran por cuantÃ­a superior de su impone deberÃ¡n ser financiados con recursos aportados por la propia Comunidad AutÃ³noma, salvo que provengan de disposiciones vinculantes dictadas con carÃ¡cter general para todo el territorio del Estado, cuyo cumplimiento lleve implÃ­cito un incremento efectivo del gasto.
La compensaciÃ³n entre Comunidades AutÃ³nomas por prestaciones de servicios se realizarÃ¡ en base al pago por proceso y, en su defecto, por las tarifas establecidas con otros criterios.
Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria en los supuestos de seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago, tendrÃ¡n la condiciÃ³n de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente. Los gastos inherentes a la prestaciÃ³n de tales servicios no se financiarÃ¡n con los ingresos de la Seguridad Social. En ningÃºn caso estos ingresos podrÃ¡n revertir en aquellos que intervinieron en la atenciÃ³n a estos pacientes.
A estos efectos, las Administraciones PÃºblicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos tendrÃ¡n derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados.
1. El personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto JurÃ­dico de Personal MÃ©dico de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal Sanitario Titulado y Auxiliar de ClÃ­nica de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal no Sanitario al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, el personal de las Entidades Gestoras que asuman los servicios no transferibles y los que desempeÃ±en su trabajo en los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas, se regirÃ¡n por lo establecido en el Estatuto-Marco que aprobarÃ¡ el Gobierno en desarrollo de esta Ley, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artÃ­culo 87 de esta Ley.
2. Este Estatuto-Marco contendrÃ¡ la normativa bÃ¡sica aplicable en materia de clasificaciÃ³n, selecciÃ³n, provisiÃ³n de puestos de trabajo y situaciones, derechos, deberes, rÃ©gimen disciplinario, incompatibilidades y sistema retributivo, garantizando la estabilidad en el empleo y su categorÃ­a profesional. En desarrollo de dicha normativa bÃ¡sica, la concreciÃ³n de las funciones de cada estamento de los seÃ±alados en el apartado anterior se establecerÃ¡ en sus respectivos Estatutos, que se mantendrÃ¡n como tales.
3. Las normas de las Comunidades AutÃ³nomas en materia de personal se ajustarÃ¡n a lo previsto en dicho Estatuto-Marco. La selecciÃ³n de personal y su gestiÃ³n y administraciÃ³n se harÃ¡ por las Administraciones responsables de los servicios a que estÃ©n adscritos los diferentes efectivos.
4. En las Comunidades AutÃ³nomas con lengua oficial propia, en el proceso de selecciÃ³n de personal y de provisiÃ³n de puestos de trabajo de la AdministraciÃ³n Sanitaria PÃºblica, se tendrÃ¡ en cuenta el conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte del citado personal, en los tÃ©rminos del artÃ­culo 19 de la Ley 30/1984.
1. Los funcionarios al servicio de las distintas Administraciones PÃºblicas, a efectos del ejercicio de sus competencias sanitarias, se regirÃ¡n por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el resto de la legislaciÃ³n vigente en materia de funcionarios.
2. Igualmente, las Comunidades AutÃ³nomas, en el ejercicio de sus competencias, podrÃ¡n dictar normas de desarrollo de la legislaciÃ³n bÃ¡sica del rÃ©gimen estatutario de estos funcionarios.
El ejercicio de la labor del personal sanitario deberÃ¡ organizarse de forma que se estimule en los mismos la valoraciÃ³n del estado de salud de la poblaciÃ³n y se disminuyan las necesidades de atenciones reparadoras de la enfermedad.
Los recursos humanos pertenecientes a los Servicios del Ãrea se considerarÃ¡n adscritos a dicha unidad de gestiÃ³n, garantizando la formaciÃ³n y perfeccionamiento continuados del personal sanitario adscrito al Ãrea.
El personal podrÃ¡ ser cambiado de puesto por necesidades imperativas de la organizaciÃ³n sanitaria, con respeto de todas las condiciones laborales y econÃ³micas dentro del Ãrea de Salud.
Se reconoce el derecho al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en los artÃ­culos 35 y 36 de la ConstituciÃ³n.
Se reconoce la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al artÃ­culo 38 de la ConstituciÃ³n.
1. Las Administraciones PÃºblicas Sanitarias, en el Ã¡mbito de sus respectivas competencias, podrÃ¡n establecer conciertos para la prestaciÃ³n de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas.
A tales efectos, las distintas Administraciones PÃºblicas tendrÃ¡n en cuenta, con carÃ¡cter previo, la utilizaciÃ³n Ã³ptima de sus recursos sanitarios propios.
2. A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones PÃºblicas darÃ¡n prioridad, cuando existan anÃ¡logas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carÃ¡cter no lucrativo.
3. Las Administraciones PÃºblicas Sanitarias no podrÃ¡n concertar con terceros la prestaciÃ³n de atenciones sanitarias, cuando ello pueda contradecir los objetivos sanitarios, sociales y econÃ³micos establecidos en los correspondientes planes de salud.
4. Las Administraciones PÃºblicas dentro del Ã¡mbito de sus competencias fijarÃ¡n los requisitos y las condiciones mÃ­nimas, bÃ¡sicas y comunes, aplicables a los conciertos a que se refieren los apartados anteriores. Las condiciones econÃ³micas se establecerÃ¡n en base a mÃ³dulos de costes efectivos, previamente establecidos y revisables por la AdministraciÃ³n.
5. Los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las Administraciones PÃºblicas Sanitarias deberÃ¡n ser previamente homologados por aquÃ©llas, de acuerdo con un protocolo definido por la AdministraciÃ³n competente, que podrÃ¡ ser revisado periÃ³dicamente.
6. En cada concierto que se establezca, ademÃ¡s de los derechos y obligaciones recÃ­procas de las partes, quedarÃ¡ asegurado que la atenciÃ³n sanitaria y de todo tipo que se preste a los usuarios afectados por el concierto serÃ¡ la misma para todos sin otras diferencias que las sanitarias inherentes a la naturaleza propia de los distintos procesos sanitarios, y que no se establecerÃ¡n servicios complementarios respecto de los que existan en los centros sanitarios pÃºblicos dependientes de la AdministraciÃ³n PÃºblica concertante.
1. Los centros y establecimientos sanitarios, sean o no propiedad de las distintas Administraciones PÃºblicas, podrÃ¡n percibir, con carÃ¡cter no periÃ³dico, subvenciones econÃ³micas u otros beneficios o ayudas con cargo a fondos pÃºblicos, para la realizaciÃ³n de actividades sanitarias calificadas de alto interÃ©s social.
2. En ningÃºn caso los fondos a que se refiere el apartado anterior podrÃ¡n ser aplicados a la financiaciÃ³n de las actividades ordinarias de funcionamiento del centro o establecimiento al que se le hayan concedido.
3. La concesiÃ³n de estas ayudas y su aceptaciÃ³n por la entidad titular del centro o establecimiento sanitario estarÃ¡ sometida a las inspecciones y controles necesarios para comprobar que los fondos pÃºblicos han sido aplicados a la realizaciÃ³n de la actividad para la que fueron concedidos y que su aplicaciÃ³n ha sido gestionada tÃ©cnica y econÃ³micamente de forma correcta.
4. El Gobierno dictarÃ¡ un Real Decreto para determinar las condiciones mÃ­nimas y requisitos mÃ­nimos, bÃ¡sicos y comunes, exigibles para que una actividad sanitaria pueda ser calificada de alto interÃ©s social, y ser apoyada econÃ³micamente con fondos pÃºblicos.
1. La AdministraciÃ³n Sanitaria facilitarÃ¡ la libre actividad de las Asociaciones de usuarios de la Sanidad, de las Entidades sin Ã¡nimo de lucro y Cooperativas de tipo sanitario, de acuerdo con la legislaciÃ³n aplicable, propiciando su actuaciÃ³n coordinada con el sistema sanitario pÃºblico.
2. No podrÃ¡n acogerse a los beneficios a que diere lugar tal reconocimiento las Asociaciones o Entidades en las que concurra alguna de estas circunstancias:
a) Incluir como asociados a personas jurÃ­dicas con Ã¡nimo de lucro.
No podrÃ¡n ser vinculados los hospitales y establecimientos del sector privado en el Sistema Nacional de Salud, ni se podrÃ¡n establecer conciertos con centros sanitarios privados, cuando en alguno de sus propietarios o en alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades del sector pÃºblico y el privado establezca la legislaciÃ³n sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones PÃºblicas.
1. Los hospitales privados vinculados en la oferta pÃºblica estarÃ¡n sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y econÃ³micos que los hospitales pÃºblicos.
2. La AdministraciÃ³n PÃºblica correspondiente ejercerÃ¡ funciones de inspecciÃ³n sobre aspectos sanitarios, administrativos y econÃ³micos relativos a cada enfermo atendido por cuenta de la AdministraciÃ³n PÃºblica en los centros privados concertados.
De los productos farmacÃ©uticos
1. Corresponde a la AdministraciÃ³n Sanitaria del Estado valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y demÃ¡s productos y artÃ­culos sanitarios, tanto para autorizar su circulaciÃ³n y uso como para controlar su calidad.
2. Para la circulaciÃ³n y uso de los medicamentos y productos sanitarios que se les asimilen, se exigirÃ¡ autorizaciÃ³n previa. Para los demÃ¡s productos y artÃ­culos sanitarios se podrÃ¡ exigir autorizaciÃ³n previa individualizada o el cumplimiento de condiciones de homologaciÃ³n.
No podrÃ¡n prescribirse y se reputarÃ¡ clandestina la circulaciÃ³n de medicamentos o productos sanitarios no autorizados u homologados, con las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar.
3. SÃ³lo se autorizarÃ¡n medicamentos seguros y eficaces con la debida calidad y pureza y elaborados por persona fÃ­sica o jurÃ­dica con capacidad suficiente.
4. El procedimiento de autorizaciÃ³n asegurarÃ¡ que se satisfacen las garantÃ­as de eficacia, tolerancia, pureza, estabilidad e informaciÃ³n que marquen la legislaciÃ³n sobre medicamentos y demÃ¡s disposiciones que sean de aplicaciÃ³n. En especial se exigirÃ¡ la realizaciÃ³n de ensayos clÃ­nicos controlados.
5. Todas las personas calificadas que presten sus servicios en los Servicios sanitarios y de investigaciÃ³n y de desarrollo tecnolÃ³gico pÃºblicos tienen el derecho de participar y el deber de colaborar en la evaluaciÃ³n y control de medicamentos y productos sanitarios.
1. La autorizaciÃ³n de los medicamentos y demÃ¡s productos sanitarios serÃ¡ temporal y, agotada su vigencia, deberÃ¡ revalidarse. El titular deberÃ¡ notificar anualmente su intenciÃ³n de mantenerlos en el mercado para que no se extinga la autorizaciÃ³n.
2. La autoridad sanitaria podrÃ¡ suspenderla o revocada por causa grave de salud pÃºblica.
La AdministraciÃ³n Sanitaria del Estado, de acuerdo con los tratados internacionales de los que EspaÃ±a sea parte, otorgarÃ¡ a los medicamentos una denominaciÃ³n oficial espaÃ±ola adaptada a las denominaciones comunes internacionales de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud, que serÃ¡ de dominio pÃºblico y lo identificarÃ¡ apropiadamente en la informaciÃ³n a ellos referida y en sus embalajes, envases y etiquetas.
Las marcas comerciales no podrÃ¡n confundirse ni con las denominaciones oficiales espaÃ±olas ni con las comunes internacionales.
1. El Gobierno codificarÃ¡ las normas de calidad de los medicamentos obligatorias en EspaÃ±a.
2. El Formulario Nacional contendrÃ¡ las directrices segÃºn las cuales se prepararÃ¡n, siempre con sustancias de acciÃ³n e indicaciÃ³n reconocidas, las fÃ³rmulas magistrales por los farmacÃ©uticos en sus oficinas de farmacia.
Los importadores, fabricantes y profesionales sanitarios tienen la obligaciÃ³n de comunicar los efectos adversos causados por medicamentos y otros productos sanitarios, cuando de ellos pueda derivarse un peligro para la vida o salud de los pacientes.
ArtÃ­culo ciento.
1. La AdministraciÃ³n del Estado exigirÃ¡ la licencia previa a las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que se dediquen a la importaciÃ³n, elaboraciÃ³n, fabricaciÃ³n, distribuciÃ³n o exportaciÃ³n de medicamentos y otros productos sanitarios y a sus laboratorios y establecimientos. Esta licencia habrÃ¡ de revalidarse periÃ³dicamente.
2. La AdministraciÃ³n del Estado establecerÃ¡ normas de elaboraciÃ³n, fabricaciÃ³n, transporte y almacenamiento.
3. Los laboratorios fabricantes y los mayoristas contarÃ¡n con un Director TÃ©cnico, FarmacÃ©utico o Titulado Superior suficientemente cualificado, de acuerdo con las directivas farmacÃ©uticas de la Comunidad EconÃ³mica Europea.
1. La licencia de los medicamentos y demÃ¡s productos sanitarios y de las entidades a que se refiere el artÃ­culo 96, a su otorgamiento y anualmente, devengarÃ¡n las tasas necesarias para cubrir los costes de su evaluaciÃ³n y control. Para evitar solicitudes especulativas de licencias, modificaciones y revalidaciones periÃ³dicas, la AdministraciÃ³n podrÃ¡ exigir fianza antes de su admisiÃ³n a trÃ¡mite.
2. En la determinaciÃ³n del importe de las tasas y fianzas se tendrÃ¡n en cuenta reglas objetivas tendentes a estimular la comercializaciÃ³n de medicamentos y productos sanitarios peculiares, para dar acceso al mercado a las Empresas medianas y pequeÃ±as, por razones de polÃ­tica industrial, o para fomentar el empleo.
1. La publicidad de medicamentos y otros productos sanitarios dirigida a los profesionales se ajustarÃ¡ a las condiciones de su licencia y podrÃ¡ ser sometida a un rÃ©gimen de autorizaciÃ³n previa â€¢por la AdministraciÃ³n.
2. La publicidad de medicamentos y productos sanitarios â€¢dirigida al pÃºblico requerirÃ¡ su calificaciÃ³n especial y autorizaciÃ³n previa de los mensajes por la autoridad sanitaria.
1. La custodia, conservaciÃ³n y dispensaciÃ³n de medicamentos corresponderÃ¡:
b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los Centros de Salud y de las estructuras de AtenciÃ³n Primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicaciÃ³n dentro de dichas instituciones o para los que exijan una particular vigilancia, supervisiÃ³n y control del equipo multidisciplinario de atenciÃ³n a la salud.
2. Las oficinas de farmacia abiertas al pÃºblico se consideran establecimientos sanitarios a los efectos previstos en el tÃ­tulo IV de esta Ley.
3. Las oficinas de farmacia estarÃ¡n sujetas a la planificaciÃ³n sanitaria en los tÃ©rminos que establezca la legislaciÃ³n especial de medicamentos y farmacias.
4. SÃ³lo los farmacÃ©uticos podrÃ¡n ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al pÃºblico.
De la docencia y la investigaciÃ³n
1. Toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en disposiciÃ³n de ser utilizada para la docencia pregraduada. postgraduada y continuada de los profesionales.
2. Para conseguir una mayor adecuaciÃ³n en la formaciÃ³n de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario se establecerÃ¡ la colaboraciÃ³n permanente entre el Departamento de Sanidad y los Departamentos que correspondan, en particular el de EducaciÃ³n y Ciencia, con objeto de velar porque toda la formaciÃ³n que reciban los profesionales de la salud pueda estar integrada en las estructuras de servicios del sistema sanitario.
3. Las Administraciones PÃºblicas competentes en educaciÃ³n y sanidad establecerÃ¡n el rÃ©gimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias en las que se debe impartir enseÃ±anza universitaria, a efectos de garantizar la docencia prÃ¡ctica de la Medicina y EnfermerÃ­a y otras enseÃ±anzas que asÃ­ lo exigieran.
Las bases generales del RÃ©gimen de Concierto preverÃ¡n, lo preceptuado en el artÃ­culo 149.1.30 de la ConstituciÃ³n.
4. Las Universidades deberÃ¡n contar, al, menos, con un Hospital y tres Centros de AtenciÃ³n Primaria universitarios o con funciÃ³n universitaria para el ejercicio de la docencia y la investigaciÃ³n, concertados segÃºn se establezca por desarrollo del apartado anterior.
5. Dichos centros universitarios o con funciones universitarias deberÃ¡n ser programados, en lo que afecta a la docencia y a la investigaciÃ³n, de manera coordinada por las autoridades universitarias y sanitarias, en el marco de sus competencias. A estos efectos, deberÃ¡ preverse la participaciÃ³n de las Universidades en sus Ã³rganos de gobierno.
6. Las Administraciones PÃºblicas competentes en educaciÃ³n y sanidad promoverÃ¡n la revisiÃ³n permanente de las enseÃ±anzas en el campo sanitario para la mejor adecuaciÃ³n de los conocimientos profesionales a las necesidades de la sociedad espaÃ±ola. Asimismo, dichos Departamentos favorecerÃ¡n la formaciÃ³n interdisciplinar en Ciencias de la Salud y la actualizaciÃ³n permanente de conocimientos.
Del fomento de la investigaciÃ³n
1. En el marco de la planificaciÃ³n asistencial y docente de las Administraciones PÃºblicas, el rÃ©gimen de concierto entre las Universidades y las Instituciones sanitarias podrÃ¡ establecer la vinculaciÃ³n de determinadas plazas asistenciales de la InstituciÃ³n sanitaria con plazas docentes de los Cuerpos de Profesores de Universidad. Las plazas asÃ­ vinculadas se proveerÃ¡n a travÃ©s de un concurso, en el que podrÃ¡n participar los candidatos que reÃºnan los requisitos seÃ±alados en la Ley OrgÃ¡nica 11/1983, de Reforma Universitaria, que acrediten, ademÃ¡s, la posesiÃ³n del tÃ­tulo de Especialista que proceda y las exigencias que, en cuanto a su cualificaciÃ³n asistencial, se determinen reglamentariamente. Los concursos serÃ¡n resueltos, segÃºn corresponda, en la forma que hace referencia el tÃ­tulo V de la Ley de Reforma Universitaria y sus disposiciones de desarrollo, con las siguientes particularidades:
a) El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de EducaciÃ³n y Ciencia y de Sanidad y Consumo, regularÃ¡ las Comisiones encargadas de resolver los concursos, que en todo caso habrÃ¡n de contar con cinco miembros, de los que el Presidente y un Vocal serÃ¡n nombrados por la Universidad entre Profesores pertenecientes a los Cuerpos docentes universitarios del Ã¡rea de conocimiento a que corresponda la plaza. Los tres Vocales restantes serÃ¡n nombrados por la Universidad, uno designado por el Consejo de Universidades, mediante sorteo de entre Profesores pertenecientes a Cuerpos docentes universitarios del Ã¡rea de conocimiento respectiva, que ocupen plaza asistencial en cualquier InstituciÃ³n sanitaria: los dos restantes, previa designaciÃ³n de la InstituciÃ³n sanitaria correspondiente.
b) En la primera prueba de los concursos, las Comisiones deberÃ¡n valorar los mÃ©ritos e historial acadÃ©mico e investigador y los propios de la labor asistencial de los candidatos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) El Gobierno podrÃ¡ establecer, para determinadas plazas, la realizaciÃ³n de pruebas prÃ¡cticas.
2. Los conciertos podrÃ¡n establecer asimismo un nÃºmero de plazas de Profesores asociados que deberÃ¡ cubrirse por personal asistencial que estÃ© prestando servicios en la InstituciÃ³n sanitaria concertada. Este nÃºmero no serÃ¡ tenido en cuenta a efectos del porcentaje a que se refiere el artÃ­culo 33.3 de la Ley de Reforma Universitaria. Estos Profesores asociados se regirÃ¡n por lo establecido en dicha Ley de Reforma Universitaria y sus disposiciones de desarrollo, con las peculiaridades que reglamentariamente se establezcan en cuanto al rÃ©gimen temporal de sus contratos. Los Estatutos de la Universidad deberÃ¡n recoger fÃ³rmulas especÃ­ficas para regular la participaciÃ³n de estos Profesores en los Ã³rganos de Gobierno de la Universidad.
3. Los conciertos podrÃ¡n prever asimismo la existencia de un nÃºmero de plazas de Ayudantes en las plantillas de las Universidades, que deberÃ¡n cubrirse mediante concurso pÃºblico entre profesionales de las Ã¡reas de la salud que estÃ©n en posesiÃ³n del tÃ­tulo de Especialista, sin que a Ã©stos les sea de aplicaciÃ³n los requisitos previos para ser contratados y las previsiones en cuanto al tÃ­tulo de Doctor que se mencionan en el artÃ­culo 34.3 de la Ley de Reforma Universitaria.
4. PodrÃ¡n acceder a los distintos tÃ­tulos de Especialistas los Ayudantes Doctores y los Profesores que cumplan las condiciones que reglamentariamente se establezcan en el marco de las necesidades asistenciales y docentes. El rÃ©gimen de conciertos deberÃ¡ garantizar a los Ayudantes de Universidad y a los Profesores el cumplimiento de les requisitos antes mencionados.
1. Las actividades de investigaciÃ³n habrÃ¡n de ser fomentadas en todo el sistema sanitario como elemento fundamental para el progreso del mismo.
2. La investigaciÃ³n en biomedicina y en ciencias de la salud habrÃ¡ de desarrollarse principalmente en funciÃ³n de la polÃ­tica nacional de investigaciÃ³n y la polÃ­tica nacional de salud.
La investigaciÃ³n en ciencias de la salud ha de contribuir a la promociÃ³n de la salud de la poblaciÃ³n. Esta investigaciÃ³n deberÃ¡ considerar especialmente la realidad socio-sanitaria, las causas y mecanismos que la determinen, los modos y medios de intervenciÃ³n preventiva y curativa y la evaluaciÃ³n rigurosa de la eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones.
1. Con el fin de programar, estimular, desarrollar, coordinar, gestionar, financiar y evaluar la investigaciÃ³n, los Departamentos de Sanidad del Estado y de las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n crear los Organismos de investigaciÃ³n que consideren oportunos, de acuerdo con la polÃ­tica cientÃ­fica espaÃ±ola.
2. DeberÃ¡n coordinarse los programas de investigaciÃ³n y de asignaciÃ³n a los mismos de recursos pÃºblicos de cualquier procedencia, a efectos de conseguir la mÃ¡xima productividad de las inversiones.
3. Los Organismos de investigaciÃ³n tendrÃ¡n capacidad para establecer sus programas prioritarios y para acreditar unidades de investigaciÃ³n. TendrÃ¡n garantizada su autonomÃ­a y podrÃ¡n proporcionarse financiaciÃ³n de acuerdo con los criterios generales sanitarios y de investigaciÃ³n.
En las Ã¡reas y objetivos prioritarios se desarrollarÃ¡n programas especÃ­ficos de formaciÃ³n de recursos para cubrir las respectivas necesidades. Se regularÃ¡ la dedicaciÃ³n a la investigaciÃ³n de quienes participan en la informaciÃ³n, asistencia, docencia y administraciÃ³n.
En la financiaciÃ³n de la investigaciÃ³n se tendrÃ¡n en cuenta los siguientes criterios:
a) Establecimiento de un presupuesto anual mÃ­nimo de investigaciÃ³n, consistente en un 1 por 100 de los presupuestos globales de salud, que se alcanzarÃ¡ progresivamente a partir de la promulgaciÃ³n de la presente Ley.
b) EvaluaciÃ³n sanitaria y econÃ³mica de las inversiones en investigaciÃ³n.
Corresponde a la AdministraciÃ³n Sanitaria del Estado valorar la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologÃ­as relevantes para la salud y la asistencia sanitaria.
Del Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ»
1. Se constituye, como Ã³rgano de apoyo cientÃ­fico-tÃ©cnico del Departamento de Sanidad de la AdministraciÃ³n del Estado y de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas, el Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ».
2. El Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ» tendrÃ¡ la naturaleza de Organismo autÃ³nomo de la AdministraciÃ³n del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo.
1. La estructura, organizaciÃ³n y rÃ©gimen de funcionamiento del Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ» se regularÃ¡ por Real Decreto. En todo caso, contarÃ¡ con un Consejo de DirecciÃ³n cuyo Presidente serÃ¡ el Ministro de Sanidad y Consumo.
2. El Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ» desarrollarÃ¡ sus funciones en coordinaciÃ³n con el Consejo Interterritorial de Salud a que se refiere el artÃ­culo 47 de la presente Ley y en colaboraciÃ³n con otras Administraciones PÃºblicas. Tales funciones serÃ¡n:
a) FormaciÃ³n especializada del personal al servicio de la salud y gestiÃ³n sanitaria.
b) MicrobiologÃ­a, virologÃ­a e inmunologÃ­a.
c) AlimentaciÃ³n, metabolismo y nutriciÃ³n.
0 Control de productos biolÃ³gicos.
h) Control sanitario de productos quÃ­micos potencialmente peligrosos.
i) EpidemiologÃ­a y sistemas de informaciÃ³n.
j) Control de las enfermedades infecciosas e inmunolÃ³gicas.
k) Control de las enfermedades crÃ³nicas.
l) InvestigaciÃ³n clÃ­nica.
m) Investigaciones sobre genÃ©tica y reproducciÃ³n humana.
n) Ciencias sociales y econÃ³micas aplicadas a la salud.
Ã±) Fomento y coordinaciÃ³n de las actividades de investigaciÃ³n biomÃ©dica y sanitaria, en el marco de la Ley de Fomento y CoordinaciÃ³n general de la investigaciÃ³n CientÃ­fica y TÃ©cnica.
o) EducaciÃ³n sanitaria de la poblaciÃ³n.
p) Cualesquiera otras de interÃ©s para el Sistema Nacional de Salud que le sean asignadas.
El Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ», asÃ­ como los Ã³rganos responsables de la sanidad de las Comunidades AutÃ³nomas, podrÃ¡n proponer al Ministerio de Sanidad y Consumo la designaciÃ³n como unidades asistenciales de referencia nacional a aquellas que alcancen el nivel sanitario de investigaciÃ³n y docencia que reglamentariamente se determine para acceder a tal condiciÃ³n.
El Ministerio de Sanidad y Consumo dictarÃ¡ las normas que regulen la concesiÃ³n de la acreditaciÃ³n de unidades de referencia nacional, el acceso a dichas unidades de los usuarios del sistema y el rÃ©gimen econÃ³mico a ellas aplicable.
1. En los casos de la Comunidad AutÃ³noma del PaÃ­s Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, la financiaciÃ³n de la asistencia sanitaria del Estado se regirÃ¡, en tanto en cuanto afecte a sus respectivos sistemas de conciertos o convenios, por lo que establecen, respectivamente, su Estatuto de AutonomÃ­a y la Ley de ReintegraciÃ³n y Amejoramiento del Fuero.
2. En el caso de la Comunidad AutÃ³noma del PaÃ­s Vasco, no obstante lo dispuesto en el artÃ­culo 82, la financiaciÃ³n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social que se transfiera, serÃ¡ la que se establezca en los convenios a que hace referencia la disposiciÃ³n transitoria quinta del Estatuto de AutonomÃ­a del PaÃ­s Vasco.
El Gobierno adoptarÃ¡ los criterios bÃ¡sicos mÃ­nimos y comunes en materia de informaciÃ³n sanitaria. Al objeto de desarrollar lo anterior, podrÃ¡n establecerse convenios con las Comunidades AutÃ³nomas.
Se regularÃ¡, con la flexibilidad econÃ³mico-presupuestaria que requiere la naturaleza comercial de sus operaciones, el Ã³rgano encargado de la gestiÃ³n de los depÃ³sitos de estupefacientes, segÃºn lo dispuesto en los tratados internacionales, la medicaciÃ³n extranjera y urgente no autorizada en EspaÃ±a, el depÃ³sito estratÃ©gico para emergencias y catÃ¡strofes, las adquisiciones para programas de cooperaciÃ³n internacional y los suministros de vacunas y otros que se precisen en el ejercicio de funciones competencia de la AdministraciÃ³n del Estado.
La distribuciÃ³n y dispensaciÃ³n de medicamentos y productos zoosanitarios se regularÃ¡ por su legislaciÃ³n correspondiente.
En el Sistema Nacional de Salud, a los efectos previstos en el artÃ­culo 10, apartado 14, y en el artÃ­culo 18.4, se financiarÃ¡n con fondos pÃºblicos los nuevos medicamentos y productos sanitarios mÃ¡s eficaces o menos costosos que los ya disponibles. PodrÃ¡n excluirse, en todo o en parte, de la financiaciÃ³n pÃºblica, o someterse a condiciones especiales, los medicamentos y productos sanitarios ya disponibles, cuyas indicaciones sean sintomatolÃ³gicas, cuya eficacia no estÃ© probada o los indicados para afecciones siempre que haya para ellos una alternativa terapÃ©utica mejor o igual y menos costosa.
1. Los centros sanitarios de la Seguridad Social quedarÃ¡n integrados en el Servicio de Salud sÃ³lo en los casos en que la Comunidad AutÃ³noma haya asumido competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con su Estatuto. En los restantes casos, la red sanitaria de la Seguridad Social se coordinarÃ¡ con el Servicio de Salud de la Comunidad AutÃ³noma.
2. La coordinaciÃ³n de los centros sanitarios de la Seguridad Social con los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas que no hayan asumido competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, se realizarÃ¡ mediante una ComisiÃ³n integrada por representantes de la AdministraciÃ³n del Estado y de la Comunidad AutÃ³noma, cuyo Presidente serÃ¡ designado por el Estado en la forma que reglamentariamente se determine.
Los centros y establecimientos sanitarios que forman parte del patrimonio Ãºnico de la Seguridad Social continuarÃ¡n titulados a nombre de la TesorerÃ­a General, sin perjuicio de su adscripciÃ³n funcional a las distintas Administraciones PÃºblicas Sanitarias.
1. A los efectos de aplicaciÃ³n del capÃ­tulo VI del tÃ­tulo III de esta Ley se entenderÃ¡ comprendido el personal sanitario y no sanitario de la Seguridad Social a que hace referencia la disposiciÃ³n transitoria cuarta de la Ley de Medidas para la Reforma de la FunciÃ³n PÃºblica.
2. En cuanto al personal funcionario al servicio de la Seguridad Social regulado en la disposiciÃ³n transitoria tercera de la Ley de Medidas para la Reforma de la FunciÃ³n PÃºblica se estarÃ¡ a lo dispuesto en esta norma.
1. El Gobierno aprobarÃ¡ por Real Decreto, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el procedimiento y los plazos para la formaciÃ³n de los Planes Integrados de Salud.
2. Para la formaciÃ³n del primer Plan Integrado de Salud, el Departamento de Sanidad de la AdministraciÃ³n del Estado deberÃ¡ poner en conocimiento de las Comunidades AutÃ³nomas los criterios generales de coordinaciÃ³n y demÃ¡s circunstancias a que alude el artÃ­culo 70 de la presente Ley en el plazo mÃ¡ximo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de la misma.
El nombramiento como directores tÃ©cnicos de extranjeros, al que alude el artÃ­culo 100.3, sÃ³lo se autorizarÃ¡ cuando asÃ­ lo establezcan los tratados internacionales suscritos por EspaÃ±a y los espaÃ±oles gocen de reciprocidad en el paÃ­s del que aquÃ©llos sean nacionales.
1. Las Corporaciones Locales que en la actualidad disponen de servicios y establecimientos sanitarios que lleven a cabo actuaciones que en la presente Ley se adscriban a los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas, establecerÃ¡n de mutuo acuerdo con los Gobiernos de las Comunidades AutÃ³nomas un proceso de transferencia de los mismos.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la adscripciÃ³n funcional a que se refiere el artÃ­culo 50.2 de la presente Ley se producirÃ¡ en la misma fecha en que queden constituidos los Servicios de Salud de las Comunidades AutÃ³nomas. Desde este instante, las Comunidades AutÃ³nomas financiarÃ¡n con sus propios presupuestos el coste efectivo de los establecimientos y servicios que queden adscritos a sus Servicios de Salud.
3. Las Corporaciones Locales y las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n establecer acuerdos a efectos de la financiaciÃ³n de las inversiones nuevas y las de conservaciÃ³n, mejora y sustituciÃ³n de los establecimientos.
4. En todo caso, hasta tanto entre en vigor el rÃ©gimen definitivo de financiaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas las Corporaciones Locales contribuirÃ¡n a la financiaciÃ³n de los Servicios de Salud de aquÃ©llas en una cantidad igual a la asignada en sus presupuestos, que se actualizarÃ¡ anualmente para la financiaciÃ³n de los establecimientos adscritos funcionalmente a dichos servicios. No se considerarÃ¡n, a estos efectos, las cantidades que puedan proceder de conciertos con el Instituto Nacional de la Salud.
5. Las cantidades correspondientes a los conciertos a que se refiere el apartado anterior se asignarÃ¡n directamente a las Comunidades AutÃ³nomas cuando se produzca la adscripciÃ³n funcional de los establecimientos de acuerdo con lo previsto en el apanado 2 de la presente disposiciÃ³n transitoria.
El Gobierno, teniendo en cuenta el carÃ¡cter extraterritorial del trabajo marÃ­timo, determinarÃ¡ en su momento la oportuna coordinaciÃ³n de los servicios sanitarios gestionados por el Instituto Social de la Marina con los distintos Servicios de Salud.
1. El Instituto Nacional de la Salud continuarÃ¡ subsistiendo y ejerciendo las funciones que tiene atribuidas, en tanto no se haya culminado el proceso de transferencias a las Comunidades AutÃ³nomas con competencia en la materia.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas deberÃ¡n acordar la creaciÃ³n, organizaciÃ³n y puesta en funcionamiento de sus Servicios de Salud en el plazo mÃ¡ximo de doce meses, a partir del momento en que quede culminado el proceso de transferencias de servicios que corresponda a sus competencias estatutarias.
3. En los casos en que las Comunidades AutÃ³nomas no cuenten con competencias suficientes en materia de Sanidad para adaptar plenamente el funcionamiento de sus Servicios de Salud a lo establecido en la presente Ley, el Estado celebrarÃ¡ con aquÃ©llas acuerdos y convenios para la implantaciÃ³n paulatina de lo establecido en la misma y para conseguir un funcionamiento integrado de los servicios sanitarios.
DisposiciÃ³n transitoria cuarta.
Las posibles transferencias a realizar en materia de gestiÃ³n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a favor de las Comunidades AutÃ³nomas, que puedan asumir dicha gestiÃ³n, deberÃ¡n acomodarse a los principios establecidos en esta Ley.
DisposiciÃ³n transitoria quinta.
La extensiÃ³n de la asistencia sanitaria pÃºblica a la que se refieren los artÃ­culos 3.2, y 20 de la presente Ley se efectuarÃ¡ de forma progresiva.
El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la publicaciÃ³n de esta Ley, publicarÃ¡ una Tabla de Vigencias y Derogaciones.
Quedan degradadas al rango reglamentario cualesquiera disposiciones que, a la entrada en vigor de la presente Ley, regulen la estructura y funcionamiento de instituciones y organismos sanitarios, a efectos de proceder a su reorganizaciÃ³n y adaptaciÃ³n a las previsiones de esta Ley.
Con objeto de alcanzar los objetivos que en materia de formaciÃ³n pregraduada, posgraduada y especializaciÃ³n sanitaria se seÃ±alan en el tÃ­tulo VI, el Gobierno, en el plazo de dieciocho meses a partir de la publicaciÃ³n de la presentÃ© Ley, regularizarÃ¡, aclararÃ¡ y armonizarÃ¡ los siguientes textos legales:
-	El pÃ¡rrafo segundo del artÃ­culo primero de la Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre los hospitales como centros de formaciÃ³n y especializaciÃ³n.
-	La Ley de 20 de julio de 1955, el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, y el Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, sobre especialidades de la profesiÃ³n mÃ©dica.
-	La Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre prÃ¡cticas y enseÃ±anzas sanitarias especializadas.
-	Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formaciÃ³n mÃ©dica especializada y la obtenciÃ³n del tÃ­tulo de mÃ©dico especialista.
Las citadas disposiciones, asÃ­ como las correspondientes a la formaciÃ³n y especializaciÃ³n de las profesiones sanitarias, serÃ¡n debidamente actualizadas.
Hasta tanto los sistemas pÃºblicos de cobertura sanitaria no queden integrados en el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la publicaciÃ³n de la presente Ley, procederÃ¡ a la armonizaciÃ³n y refundiciÃ³n de:
1. La asistencia sanitaria del sistema de Seguridad Social, en los casos de maternidad, de enfermedad comÃºn o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo a que se refiere el artÃ­culo 20.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, y disposiciones concordantes, tanto del RÃ©gimen General como de los RegÃ­menes Especiales, incluidos los regulados por leyes especÃ­ficas: Agrario, Trabajadores del Mar y Funcionarios Civiles del Estado y al servicio de la AdministraciÃ³n de Justicia y los miembros de las Fuerzas Armadas a que se refiere el artÃ­culo 195 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre.
2. La asistencia mÃ©dico farmacÃ©utica a los funcionarios y empleados de la AdministraciÃ³n Local.
3. La asistencia sanitaria de la Sanidad Nacional a que se refiere la Ley de 25 de noviembre de 1944; el artÃ­culo segundo, apartado uno; disposiciÃ³n final quinta, apartado dos, del Decreto-ley 13/1972, de 29 de diciembre, y disposiciones concordantes, incluida la asistencia psiquiÃ¡trica, de enfermedades transmisibles y la correspondiente a la beneficiencia general del Estado.
4. La asistencia sanitaria general y benÃ©fica de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos a que se refieren las bases 23 y 24 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, la Ley de RÃ©gimen Local y disposiciones concordantes.
5. La asistencia sanitaria a los internos penitenciarios a que se refieren los artÃ­culos 3.Â° y 4.Â° de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, y disposiciones concordantes.
6. La asistencia sanitaria a mutilados civiles y militares como consecuencia de acciones de guerra o defensa del orden pÃºblico y la seguridad ciudadana.
1. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrÃ¡:
a) La participaciÃ³n en el Sistema Nacional de Salud del Instituto Nacional de ToxicologÃ­a, Medicina Forense, Servicios MÃ©dicos del Registro Civil y Sanidad Penitenciaria.
b) La participaciÃ³n y colaboraciÃ³n de los Hospitales Militares y Servicios Sanitarios de las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud, y su armonizaciÃ³n con lo previsto en los artÃ­culos 195 y 196 de la Ley 85/1978, para garantizar, dentro de sus posibilidades, su apoyo al Sistema Nacional de Sanidad.
c) La plena integraciÃ³n en el Sistema Nacional de Salud de los Hospitales ClÃ­nicos o Universitarios y las peculiaridades derivadas de sus funciones de enseÃ±anza, formaciÃ³n e investigaciÃ³n.
d) La participaciÃ³n en el Sistema Nacional de Salud de los Laboratorios de Aduanas y del control de las exportaciones e importaciones.
La AdministraciÃ³n del Estado y de las Comunidades AutÃ³nomas, en el Ã¡mbito de sus competencias, dispondrÃ¡n sobre la participaciÃ³n en el Sistema Nacional de Salud de los Laboratorios de InvestigaciÃ³n Agraria y Ganadera y, en general, de cualesquiera otros centros y servicios que puedan coadyuvar a los fines e intereses generales de la protecciÃ³n de la salud.
2. El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrÃ¡ que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones pÃºblicas o privadas sin Ã¡nimo de lucro, puedan ser objeto de integraciÃ³n en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reÃºnan las condiciones y requisitos mÃ­nimos.
El Gobierno, mediante Real Decreto acordado en el plazo mÃ¡ximo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, establecerÃ¡ con carÃ¡cter general los requisitos tÃ©cnicos mÃ­nimos para la aprobaciÃ³n y homologaciÃ³n de las instalaciones y equipos de los centros y servicios.
Para alcanzar los objetivos de la presente Ley y respetando la actual distribuciÃ³n de competencias, el Gobierno en el plazo mÃ¡ximo de dieciocho meses, a partir de la publicaciÃ³n de la misma, refundirÃ¡, regularizarÃ¡, aclararÃ¡ y armonizarÃ¡, de acuerdo con los actuales conocimientos epidemiolÃ³gicos, tÃ©cnicos y cientÃ­ficos, con. las necesidades sanitarias y sociales de la poblaciÃ³n y con la exigencia del sistema sanitario, las siguientes disposiciones:
1. Ley 45/1978, de 7 de octubre -pÃ¡rrafo tercero de su disposiciÃ³n adicional-, sobre orientaciÃ³n y planificaciÃ³n familiar.
2. Ley 13/1982, de 7 de abril -artÃ­culo 9 y concordantes-, sobre orientaciÃ³n y planificaciÃ³n familiar, consejo genÃ©tico, atenciÃ³n prenatal y perinatal, detecciÃ³n y diagnÃ³stico precoz de la subnormalidad y minusvalÃ­as.
4. Ley 39/1979, de 30 de noviembre -disposiciÃ³n adicional quinta, apartado segundo-, sobre prohibiciÃ³n de la publicidad de bebidas alcohÃ³licas.
6. Real Decreto 2838/1977, de 15 de octubre y disposiciones concordantes, sobre planificaciÃ³n, ejecuciÃ³n y control de las actividades relacionadas con la sanidad escolar.
7. Las bases 4.Âª, 6.Âª, 7.Âª, 9.Âª, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre enfermedades infecciosas, desinfecciÃ³n y desinsectaciÃ³n, estadÃ­sticas sanitarias, tuberculosis, reumatismo, cardiopatÃ­as, paludismo, tracoma, enfermedades sexuales, lepra, dermatosis, cÃ¡ncer, sanidad maternal e infantil, higiene mental y asistencia psiquiÃ¡trica.
8. La base 25 -pÃ¡rrafo tercero y siguiente- de la Ley de 25 de noviembre de 1944 y la Ley 13/1980, de 31 de marzo -artÃ­culo 9.Â°, 1, y disposiciÃ³n adicional-, sobre higiene e inspecciÃ³n sanitaria de la educaciÃ³n fÃ­sica y del deporte.
9. La Ley de 14 de abril de 1955 y la Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre asistencia psiquiÃ¡trica y antituberculosa, en cuanto continÃºen vigentes conforme a la disposiciÃ³n adicional quinta, 2, del Decreto-ley 13/1972, de 29 de diciembre.
10. Las bases 17 y 26 de la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre zoonosis transmisibles de higiene de la alimentaciÃ³n.
Se autoriza al Gobierno para aprobar mediante Real Decreto un texto Ãºnico en materia de protecciÃ³n de la salud de los trabajadores, aclarando, regularizando y armonizando las normas vigentes, ateniÃ©ndose a los siguientes principios:
1. Se fijarÃ¡n los niveles y valores admisibles de exposiciÃ³n profesional a los agentes nocivos para tratar de prevenir los daÃ±os a la salud fÃ­sica, psÃ­quica y social; contemplando particularmente la prevenciÃ³n, tanto de los efectos nocivos a corto plazo como de los efectos nocivos para la funciÃ³n reproductora y los riesgos de mutagÃ©nesis, carcinogÃ©nesis y teratogÃ©nesis.
2. Se establecerÃ¡n las modalidades de determinaciÃ³n y actualizaciÃ³n de los niveles o valores admisibles de los factores de nocividad de origen quÃ­mico, fÃ­sico, biolÃ³gico y psicolÃ³gico.
El Reglamento de RÃ©gimen Interior del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud serÃ¡ aprobado por el mismo y comunicado a las Administraciones representadas en su seno.
El Gobierno, mediante Real Decreto, adoptarÃ¡ las medidas necesarias para la actuaciÃ³n conjunta de varias Administraciones PÃºblicas a efectos de sanidad exterior y para que pueda reconocerse validez y eficacia a los mismos efectos a determinadas inspecciones en origen u otros controles concretos que se juzguen suficientes, realizados por los servicios tÃ©cnicos de las Comunidades AutÃ³nomas u otras Administraciones PÃºblicas.
Se autoriza al Gobierno para adaptar la estructura y funciones de los Organismos y Entidades adscritos al Ministerio de Sanidad y Consumo y, entre ellos, el Instituto Nacional de la Salud a los principios establecidos en la presente Ley, asÃ­ como para regular la organizaciÃ³n y rÃ©gimen y desarrollar las competencias de los Organismos autÃ³nomos estatales que en esta Ley se crean.
A los efectos de esta Ley, se consideran funcionarios sanitarios de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social los incluidos en los Cuerpos y Escalas sanitarios del Estatuto de Personal del extinguido Instituto Nacional de PrevisiÃ³n, de Asesores MÃ©dicos del extinguido Mutualismo Laboral y de la Escala de Inspectores MÃ©dicos del Instituto Social de la Marina.
Se autoriza al Gobierno para fusionar o integrar Cuerpos y funcionarios sanitarios de las Administraciones PÃºblicas y Entidades Gestoras de la Seguridad Social, a efectos de facilitar la gestiÃ³n del personal y homologar los regÃ­menes jurÃ­dicos de la relaciÃ³n de empleo, sin perjuicio de las atribuciones que confiere al Gobierno el artÃ­culo 26.4 de la Ley de Medidas para la Reforma de la FunciÃ³n PÃºblica.
El Gobierno determinarÃ¡ las condiciones y el rÃ©gimen de funcionamiento de los servicios sanitarios, en relaciÃ³n con el cumplimiento de las competencias que tiene adscritas la Seguridad Social en materia de invÃ¡lidos, incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional.
Se adscriben al Instituto de Salud Â«Carlos IIIÂ»:
a) El Centro Nacional de AlimentaciÃ³n y NutriciÃ³n.
b) El Centro Nacional de MicrobiologÃ­a, VirologÃ­a e InmunologÃ­a Sanitaria.
c) El Centro Nacional de FarmacobiologÃ­a.
Se autoriza al Gobierno para modificar los mecanismos de protecciÃ³n sanitaria de los diferentes regÃ­menes pÃºblicos existentes, acomodÃ¡ndolos a los principios establecidos en la presente Ley.
DisposiciÃ³n final decimoquinta.
Para una mejor utilizaciÃ³n de los recursos humanos, el personal a que se refieren los artÃ­culos 84 y 85 de esta Ley podrÃ¡ ocupar indistintamente puestos de trabajo en las Administraciones Sanitarias del Estado o de las Comunidades AutÃ³nomas, sin perjuicio de los requisitos de titulaciÃ³n y otros que se exijan en las relaciones de puestos de trabajo de las distintas Administraciones.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
	Real Decreto 
 Real Decreto 
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