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TUTELA JURÍDICA AMBIENTAL MINERA SUSTENTABLE | Sandrastambul's Blog
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Publicado el octubre 13, 2010	por sandrastambul
La tutela ambiental en la actividad minera exige una mirada abarcadora de los diferentes sistemas de responsabilidad previstos en el ordenamiento jurídico argentino. Así, al mandato constitucional de “recomposición del daño ambiental” hay que interpretarlo a la luz de la legislación específica en la materia, es decir fundamentalmente el Código de Minería, los presupuestos de responsabilidad contemplados en el Código Civil, tanto en su faz subjetiva como en la objetiva, y la más reciente legislación ambiental de política ambiental nacional Nº 25.675; como asimismo la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051. El resultado será inevitablemente una “miscelánea de medidas” que conforma propiamente la tutela jurídica ambiental minera que desarrollaremos en el presente capítulo.
V. 1- Conforme al Código de Minería: (Art. 233)
a)	los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente, tanto las imperantes en el momento de la concesión como “las que oportunamente se establezcan” La referencia al ambiente como condición de la explotación había sido incorporada inicialmente al Art. 282 por la ley 22 259 de actualización de 1980.
b)	la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedarán sujetas a las disposiciones de la sección “De la protección ambiental para la actividad minera” y a las que oportunamente se establezcan en virtud del Art. 41 de la Constitución Nacional. El texto del segundo párrafo del Art. 233 fue incorporado inicialmente por el Art. 2º de la Ley 24.585 del año 1995 al Art. 282 del Código de Minería Desde siempre existió la obligación de sujetarse a reglas de seguridad y conservación del ambiente; la referida al ambiente explícitamente desde 1980
Prosiguiendo el Código de Minería, debemos destacar que en su Sección Segunda “De la Protección Ambiental para la actividad Minera” se sostiene que la conservación del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán por las disposiciones del Código….-
El proceso se llevó a cabo de la siguiente forma: la Ley 24.585/95 incorporó el texto del articulado complementario del Código de Minería e introdujo la figura del daño ambiental, pero no tipificó ni regló el daño ambiental.
La Ley 25.675 General de Ambiente , norma el daño ambiental de incidencia colectiva, que define como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos (artículo 27).
Reglamenta las consecuencias civiles del daño ambiental con normas civiles, y administrativas (artículos: 28 y 34, Fondo de Compensación Ambiental) y procesales (artículos 30 a 34) . Situación procesal en la que no nos extenderemos en el presente .
A merced del Código de Minería, se confieren privilegios al desarrollo de la actividad, dispensando en la función minera protecciones e incentivos exclusivos como la concesión de la mina a cambio de que cumpla la misión de extraer minerales y la transmisión de prerrogativas derivadas de su poder de policía, como son el derecho de adquirir fundos de terceros, de gravarlos con servidumbre y aún de destruir bienes ajenos; Pero todo ello se efectúa invariablemente con sujeción a las reglas de conservación del ambiente a que se refiere el Código de Minería y a las que oportunamente se establezcan en virtud del art 41 de la Constitución Nacional.
Con relación a las condiciones técnicas de la explotación descripta en el Código de Minería, somete la conservación del patrimonio natural y cultural en la esfera de la actividad minera al régimen ambiental y a las normas que oportunamente se establezcan en virtud del art 41 de la Constitución Nacional
El Art. 250 establece que la autoridad de aplicación de las normas de protección del ambiente serán las que las provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción
V.1.1.- DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
El artículo 251 del Código de Minería sostiene que los responsables comprendidos en el art 248 deberán presentar ante la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad especificada en el art 249 UN INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.
El texto del art 251 fue incorporado inicialmente por el art 2 de la ley 24.585, como art 6 del titulo complementario del Código .-
El art 11 de la Ley General de Ambiente impone a toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa la carga de ejecutar una evaluación previa del impacto ambiental. Se refiere a las actividades de a) Prospección , exploración, explotación, desarrollo, preparación extracción y almacenamiento de sustancias minerales, incluidas todas las actividades destinadas al cierre de la mina y b) los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserradero tallado, pulido lustrado, otros que pueden surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera fuera su naturaleza.- Estos últimos se desarrollan fuera de la mina.-
El proceso de evaluación se inicializa con la presentación de una declaración jurada en la que se exterioriza si las obras o actividades programadas afectarán el ambiente, prosigue con la decisión de la autoridad de exigir un estudio de impacto ambiental y concluye con la evaluación de ese impacto y la aprobación o no los estudios presentados. (Art 12 y 13 Ley 25.675/2002).
La Evaluación del Impacto ambiental a que se refiere el art 251 se rige conjuntamente por el Código de Minería y la Ley 25675 que se complementan.
Por otro lado, el legislador ha dado preeminencia a la minería sobre toda otra actividad al declarar su utilidad pública que solo cede ante otra declaración de utilidad pública mayor (art 13 y 16 del Código de Minería), que en apretada síntesis explicitamos seguidamente: La exploración de las minas, explotación, concesión y demás actos consiguientes revisten el carácter de utilidad pública. 2-La utilidad pública lo es en todo lo relativo al espacio comprendido dentro del perímetro de la concesión, para extenderse debe probarlo ante la autoridad minera 3-Las minas no se pueden dividir, ni entre socios, ni con respecto a terceros Esto implica que nadie puede explotar una parte de la mina y no su totalidad 4-Si las minas poseen 2 ó más pertenencias se pueden separar, previo reconocimiento pericial y siempre que la explotación de una no resulte perjudicial para la explotación de otra. 5-Las diligencias de separación se inscriben en el registro de minas y las nuevas pertenencias quedan sujetas a las prescripciones que rigen las pertenencias ordinarias. 6-Las minas solo pueden ser expropiadas por causa de utilidad pública de un orden superior a la razón del privilegio otorgado por el art 13 del Código de Minería.
Asimismo, El Acuerdo Federal Minero aprobado por la Ley 24.228 ya había, también, proclamado en su art XIV la necesidad de presentar una declaración de impacto cuando se realice la prospección, exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales.
El Código de Minería continúa, diciendo: que el informe de impacto ambiental será evaluado en cada una de las etapas del proyecto; para la etapa de prospección deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas pudieren acarrear; para la etapa de exploración el citado informe deberá contener una descripción de los métodos a emplear y las medidas de protección ambiental que resultaren necesarias
En las etapas mencionadas precedentemente será necesaria la previa aprobación del informe por parte de la autoridad de aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades (previstas en el art 248) por los daños que se pudieran ocasionar.
La autoridad de aplicación se expedirá aprobando o rechazando en forma expresa el informe del impacto ambiental en un plazo no mayor de 60 días hábiles desde que el interesado lo presente. Si mediante decisión fundada se estimare insuficiente el contenido del informe de impacto ambiental, el responsable podrá efectuar una nueva presentación dentro de un plazo de 30 días hábiles de notificado. La autoridad de aplicación en el término de 30 días hábiles se expedirá aprobando o rechazando el informe en forma expresa. La declaración de Impacto ambiental será actualizada como máximo en forma bianual, debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se hubieren producido. La autoridad de aplicación, en el caso de producirse desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los esperados según la Declaración de impacto ambiental, dispondrá la introducción de modificaciones, atendiendo la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados y las acciones tendientes a una mayor eficiencia para la protección del área de influencia de la actividad. Estas medidas podrán ser consideradas también a solicitud del operador minero. Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, restauración o recomposición ambiental, consignadas por el responsable e incluidas en la Declaración de impacto ambiental constituirán obligación del responsable y serán susceptibles de fiscalización de cumplimiento por parte de la autoridad de aplicación.
No será aceptada la presentación cuando el titular o cualquier tipo de mandatario o profesional de empresa , estuviera inhabilitado o cumpliendo sanciones por violaciones ambientales. Toda persona física o jurídica que realice las actividades comprendidas en esta sección y cumpla con los requisitos exigidos por la misma, podrá solicitar ante la autoridad de aplicación un certificado de Calidad Ambiental. (Art. 252 a 260)
Acorde Código de Minería el informe de impacto ambiental debe incluir
a)	la ubicación y descripción ambiental del área de influencia.
b)	La descripción del proyecto minero.
c)	Las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural
d)	Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, según correspondiere
e)	Métodos utilizados.
“El informe”, así presentado nos parece insuficiente a los efectos de medir el impacto previo que la actividad podría causar, en lo que se refiere a la biodiversidad, en el capítulo siguiente sugeriremos algunas modificaciones para la elaboración del mismo; previas ilustraciones sobre la importancia de este.
En la misma sección el Código trata las responsabilidades estableciendo la obligación de mitigar, rehabilitar, restaurar o recomponer el daño ambiental provocado, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales (Art. 263 Código de Minería)
La ley de inversiones mineras ) circunscribe a la actividad minera que se desarrolla en cualquiera de las provincias que comprenden el territorio argentino, con previsiones sobre conservación del ambiente (art. 23).
V.2- Recomposición del daño en Nuestra Constitución Nacional, LGA, repercusión en derecho civil y su aplicación en el derecho administrativo
La Constitución Nacional en el artículo 41 último párrafo establece: “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”
El desarrollo infraconstitucional de este mandato lo encontramos en el Artículo 27 de la LGA: “El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
De tal modo, el Artículo 28 LGA establece: “El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación. Sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder”
Del fondo de compensación ambiental (Art. 34)
“Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales, asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos	y	el	ambiente.
La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial”.
Por último, el artículo 29 LGA sostiene: “La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe	responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa….”
V.2.1 El daño ambiental colectivo
Al decir de MOSSET ITURRASPE son daños colectivos, en un doble sentido: a) Daños que, por lo normal, originan con su actuar pluralidad de personas, físicas o jurídicas, y b) daños que afectan o perjudican a una pluralidad de personas, víctimas múltiples – vecinos de un establecimiento industrial, pobladores de una región, etc.- O bien al ambiente que “tiene que ver” o se relaciona con más de un sujeto pasivo o con la flora o fauna del lugar. Los problemas son, como puede anticiparse, de legitimación para demandar – activa, y de legitimación para ser demandado – pasiva. De relación de causalidad, concurrente o excluyente, y asimismo, de distribución del resarcimiento.
No caben dudas de que los daños al ambiente, en la mayoría de los casos, afectan a una pluralidad de personas
A los daños clásicos, personales o individuales, sufridos por una persona dada, en sí misma o en sus bienes, se oponen ahora los perjuicios “suprapersonales” o colectivos, padecidos por muchas personas, por un grupo o una comunidad
Al respecto se ha recordado que el daño ambiental es una expresión ambivalente, pues designa no solamente el daño que recae en el patrimonio ambiental que es común a una comunidad, en cuyo caso hablamos de “impacto ambiental”, sino que se refiere al daño que el ambiente ocasiona de rebote (par ricochet), a los intereses legítimos de una persona determinada, configurando un daño particular, que ataca un derecho subjetivo y legitima al damnificado para accionar en reclamo de una reparación o resarcimiento del perjuicio patrimonial o extrapatrimonial que le ha causado
En este orden de ideas, la definición de daño al ambiente, que se encuentra actualmente, afecta a dos categorías distintas en función que el ambiente dañado atente a la salud y a los bienes de las personas o al medio natural en cuanto tal . En el primer supuesto, el daño al ambiente se integraría a la categoría en lo comúnmente denominado daños personales, patrimoniales o económicos, a saber los daños a la salud y a la integridad de las personas (por ej. asma provocada por la contaminación atmosférica), los daños a sus bienes (por ej. el ambiente propiedad de un individuo) y los daños al ejercicio de actividades económicas (por ej. la pesca), todos ellos sometidos al ámbito del derecho privado, donde a priori parece tener perfecta cabida el mecanismo clásico de la responsabilidad civil. En el segundo supuesto, “el daño ecológico puro”, ajeno a cualquier connotación personal, patrimonial o económica. La mayoría de los ordenamientos jurídicos reconducen este tipo de daños a la esfera del derecho público, donde cobran especial protagonismo la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal
En este estado, es menester recordar que existe consenso en la doctrina nacional acerca de que la responsabilidad civil exige la concurrencia de cuatro presupuestos , sin los cuales no hay lugar a indemnización:
A- Antijuricidad El termino antijurídico, a todas luces, habla por si solo. No es mas ni menos, que todos aquellos hechos humanos contrarios al ordenamiento jurídico positivo.
Tras la reforma constitucional de 1994, se plasmo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico de mayor jerarquía, en el artículo 41, la norma, capital, en lo referente al ambiente. Establece el derecho de los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, obligando a las autoridades a proteger ese derecho, a preservar el patrimonio natural, y la biodiversidad,
El art. 1109 de nuestro Código Civil establece:”Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esta obligado a la reparación del perjuicio…”. Esta norma fundamental en el derecho de daños, no prescinde de la idea de culpa, siendo necesaria su atribución al sujeto que daña, para recién generarse la obligación de reparar el perjuicio ocasionado al sujeto dañado.
Por otro lado, el artículo 1066 para los actos, y el 1074 para las omisiones, prefiguran el surgimiento de la conducta ilícita.
Consideramos que queda al arbitrio del legislador, establecer, objetivamente, cuando hay actos, u omisiones, antijurídicas, que dañen al ambiente. Cuestión esta, no menos importante, ya que, si tomamos solamente el primer articulo citado, nunca podrá faltar la idea de atribución subjetiva, cuestión, la mas de las veces compleja en las etapas probatorias.
B-Daño El daño, además de elemento esencial, es la verdadera razón de ser de la responsabilidad civil, lo que permite su existencia.-Es necesario, y se vio, a partir de los primeros tratados internacionales sobre cuidado del ambiente, una conciencia generalizada. El daño ambiental afecta, también, a las generaciones venideras. Es un daño muchas veces irreversible.-
Consideramos que un buen criterio lo establece el artículo 2618 del Código Civil . Todos aquellos daños que excedan la normal tolerancia, deben ser reparados. Principalmente, tratar de resolver las cosas, de modo que todo este como estaba antes del hecho dañoso. Si no es posible, la indemnización, si se genera daño a un derecho subjetivo, debe en parte reparar aquel, y en parte, reparar aquellos daños que nos perjudican a todos. Por ello, todo aquel que cometa daño debe repararlo in totum. Parte del monto indemnizatorio, debe estar destinado a fondos de acción ecológica, o en su defecto, destinado a modo de subsidio, a aquellas asociaciones de protección ambiental.
C-Relación de causalidad este supuesto, es un hecho. Un hecho que vincula el obrar antijurídico antecedente, con el consecuente daño ocasionado, lo importante a los fines de la apreciación probatoria, es demostrar que realmente, el agente desencadenó una serie de actos sucesivos que culminaron en la provocación de una lesión a un interés jurídico particular,.
En esto consistirá la labor prudencial de los jueces, que en materia de responsabilidad por daño al ambiente, no es tarea sencilla.
Nuestro Código Civil adopta como principio, la teoría de la causalidad adecuada (Arts. 901 y 906), que consiste en determinar como hecho productor del daño aquellos que normal y corrientemente suelen producirlo, de acuerdo a lo que estableciera la ciencia o la experiencia.
No obstante, reiteramos, que en materia de responsabilidad por daño ambiental, la producción de la prueba, es normalmente muy difícil, muy técnica, complicada y costosa, principalmente por la tutela de la inmediación espacial y temporal entre la fuente del perjuicio y quien lo sufre, la dispersión de fuentes emisoras y el distinto efecto de la emisión dañosa.
Consideramos, que mas allá de la dificultad de la prueba, tendría cabida en materia ambiental, el principio precautorio, que establece: “ante la falta de certeza científica, vale mas equivocarse del lado de la seguridad”. Otra herramienta viable para los jueces, es la producción de pruebas admitidas en otros juicios de carácter similar, o también la formación de un criterio en base a probabilidades.
Entendemos que, en esta materia, los eximentes de responsabilidad, son la exclusiva culpa victima y el caso fortuito. En lo que respecta al hecho del tercero, consideramos, que no exime de responsabilidad, debido a que todos aquellos que manipulasen sustancias peligrosas, o realizasen empresas con potencial dañoso, deben velar por la seguridad de la sociedad.
D- El factor de atribución: Este último supuesto, es el que configura, definitivamente, la responsabilidad en el agente.
Por legado del Código de Napoleón, llegó a nuestra legislación civil, como factor de atribución, el dolo, o la culpa, factores de atribución subjetiva que atenderían exclusivamente a la intención del sujeto.
En estos casos jugó desde siempre, aquel principio procesal que rezaba: el que alega un daño debe probarlo, quedando en cabeza de la víctima la carga de la prueba.
La serie de cambios globales acontecidos a partir de la revolución industrial, hicieron que la doctrina y la jurisprudencia, siguiendo a los hechos y buscando una forma idónea de resolver los problemas, creara factores objetivos de responsabilidad civil, receptados por el Código.-
El alcance de la reparación que resulte de la aplicación del régimen de responsabilidad civil vigente en el Código Civil (artículos 1109 y 1113 ), alcanzará a los bienes materiales y personales del damnificado, pero no al ambiente colectivo.
Cabe decir, que ni el diseño original del Código acerca de los factores de imputabilidad que reposan en la culpa o el dolo, ni la responsabilidad objetiva introducida a mediados del siglo pasado por la Ley 17.711, son herramientas suficientes a la hora de imputar responsabilidad por la mayoría de los daños ambientales, producidos por la llamada “Revolución Tecnológica”.
V.2.2 Reparación y recomposición del daño ambiental
Desde su reforma, el Código Civil establece la preferencia de resarcimiento en especie o in natura si esta es posible, otorgando al titular del derecho civil la facultad de optar por su reparación en dinero
Artículo 1083 C. Civil “El resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero.”
En concordancia con la norma civil, el artículo 41 último párrafo establece: “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”
El aporte principal de ésta cláusula consiste básicamente en:
(a) otorgarle jerarquía constitucional a la ya existente obligación civil de reparar el daño ambiental en especie.
(b) agregar -a la obligación de “reparar” la propiedad ambiental civil- la obligación de recomponer el daño ambiental colectivo
(c) Darle prioridad a esta obligación de “recomponer el ambiente colectivo”, por sobre otras obligaciones.
En sintonía con las estipulaciones, mencionadas precedentemente la ley 25.675 establece que: “El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción (artículo 28).
En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.”
A esta altura y en concordancia con el análisis efectuado sobre daño ambiental, con el artículo 41 de la CN y con el 1083 del Código civil, podemos aclarar que:
•	El daño ambiental civil se “repara” y esta reparación debe hacerse preferentemente en especie (conforme al artículo 1083 in fine del C. Civ.)
•	El daño ambiental colectivo se “recompone” y esta recomposición debe hacerse en natura, y solo en caso de resultar esto imposible cabrá la compensación en dinero que se manejará a través de un fondo creado al efecto.
En el caso de la recomposición no se otorga la facultad al damnificado de sustituir la reparación in natura por dinero como lo hace el 1083 in fine, sino que esta procede solo para el caso en que esta resulte “técnicamente imposible”, es decir que el daño sea irreversible.
V.2.3 Los Rubros que integran la indemnización son
El daño en la salud, en la integridad física de las personas y en la vida misma, efectivamente invocado y probado.
El daño moral en los casos por responsabilidad objetiva en general se limita al damnificado directo y sus herederos forzosos y su justificación suele ser más difícil. En los casos de responsabilidad subjetiva, su comprensión es sensiblemente más amplia.
Daño en la propiedad mueble e inmueble: (a) por disminución del valor de la cosa; (b) por privación de su uso, (c) por imposibilidad o dificultad de su venta, (d) por no poder ejercer libremente el derecho de propiedad.
Pérdidas e intereses, artículo 1069 C. Civil “El daño comprende no solo el daño efectivamente sufrido, sino también la ganancia de la que fue privado el damnificado como consecuencia del acto ilícito.
Prescripción: El plazo para accionar es de 2 años. Estos dos años se computan a partir del conocimiento del daño (efectivo o debido –caso de solicitadas en diarios difundidos habitualmente en el medio del damnificado- del daño por el damnificado (art. 4037 C. Civ.) y desde que este daño cesó en su producción.
Si el hecho contaminante continúa el cómputo de prescripción se interrumpe.
V.2.4 El cese del daño
Indudablemente la acción de cese es el instrumento más importante con el que contamos para frenar el daño ambiental generado, De poco sirve obtener una acción indemnizatoria o de recomposición si el daño se sigue generando.
Para solicitar el cese de una acción lesiva solo se debe demostrar que existe una acción que genera un daño al ambiente, por ese solo hecho esta acción es antijurídica y debe cesar. Si se intenta una acción más compleja solicitando la recomposición, esta debe contemplar como presupuesto mínimo el cese de la acción lesiva.
No obstante, en algunos casos se ha admitido el pago del resarcimiento a cambio de soportar una molestia que excediera la normal tolerancia por parte del damnificado (art. 2618 C. Civ.), cuando la molestia fuera considerada necesaria en pos de un bien superior o, para un mayor numero de individuos, por ejemplo la indemnización a los vecinos de un Aeropuerto o la indemnización por construcción de autopistas.
Circunstancia esta- cese del daño- que nos remite al artículo 30 de la Ley General de Ambiente –Ley 25.675-. El mismo, en cuanto a los legitimados activos para iniciar acciones sobre daño ambiental, presenta al afectado, al Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental. Como asimismo otorga dicha facultad al Estado Nacional, Provincial y Municipal. Considerando, también, como legitimado a la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
En relación a las limitaciones procesales de la legitimación activa, la norma señala, que una vez que la acción por daño ambiental ha sido interpuesta, no pueden intervenir los restantes como titulares de la acción, pero sí como terceros.
De mismo modo, la Ley General de Ambiente señala que la acción por daño ambiental no obsta la potestad de solicitar mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras del daño ambiental colectivo.
Es menester destacar que la acción por daño ambiental, requiere, lógicamente, para que el daño sea remediado, que haya cesado previamente la actividad que lo originó. No obstante ello, la LGA, con la finalidad de evitar posibles dilaciones en la cesación del daño ambiental, expresamente establece la posibilidad de coexistencia con la acción por daño ambiental, de una acción de amparo para obtener el cese de las actividades que generaren el daño colectivo
La tutela jurídica ambiental minera sustentable se halla garantizada por la Constitución Nacional -art. 41- la ley general del ambiente (LGA) 25.675, Ley de Residuos Peligrosos (LRP) 24.051 y el Código de Minería (CM T.O. Decr. 456/1997).
Dichas leyes regulan la obligación de resarcir los daños causados por una alteración del ambiente, o sea, el régimen de responsabilidad civil pertinente (arts. 27/33 LGA; arts. 45/48 LRP ; arts 263 y concordantes CM) Ello sin perjuicio de convenciones internacionales.- Se ha dicho que “El derecho ambiental es descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características”
Los regímenes de responsabilidad previstos en la Ley General de Ambiente y el Código de Minería, en cuanto implican la configuración de ilícitos y con ello la obligación de resarcir el daño causado con las consecuencias resarcitorias pertinentes deben completarse con el tratamiento que el Código Civil en las secciones respectivas.
Del mismo modo habrá que tener en cuenta que según la Ley General de Ambiente -art. 28- la primera obligación resultante del daño ambiental es el restablecimiento al estado anterior a su producción y en caso de que no fuera factible procederá la indemnización sustitutiva.
En igual orientación, el Código de Minería -art. 263- prescribe que todo el que causare un daño actual o residual al patrimonio ambiental estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo según el caso.
Por último, la protección del ambiente tiene dos sentidos . De una parte, la configuración de la política ambiental con sus contenidos sectoriales y diferentes técnicas; de otra, traduce un sentido más general y teleológico que hace que la finalidad tuitiva del ambiente se infiltre en todas las actividades públicas o privadas
Finalmente recordamos a Hans Kelsen , quien en ocasión de tratar sobre El Sistema Social en su “Teoría Pura del Derecho”, describió los perjuicios ocasionados como consecuencia de determinadas conductas, propugnando la recomposición o pena como sanciones aplicables a estas últimas.-
•	ANDORNO, Luis O. “La Responsabilidad Por Daño Al Medio Ambiente”, J.A, 1996-IV-877;
•	BESALÚ PARKINSON, Aurora “Responsabilidad por daño ambiental” Bs. As. Hammurabi, 2005.-
•	BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa”, p 45, Abeledo- Perrot, 1995;
•	DE MIGUEL PERALES, Carlos: “La responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 92, Civitas, 1º edición, 1994.
•	FRANZA, Jorge Atilio, Tratado de derecho ambiental. Una visión holística sistémica y transversal del derecho como instrumento del desarrollo sustentable”, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas, 2005.
•	GOLDENBERG, Isidoro- CAFFERATTA, Néstor: “Daño ambiental. Problemática de su determinación causal”, p. 7, Abeledo- Perrot, 2001.
•	GOMIS CATALÁ, Lucía “Responsabilidad por daño al medio ambiente”, Editorial Aranzadi, Alicante, España 1998. Pág. 64.
•	KELSEN, Hans “Teoría Pura del Derecho” Ed Eudeba, Bs. As. 1981, Pág. 38 y 39 .
•	LÓPEZ, Ramón Fernando, “Tratado de derecho comunitario”, Ed. Civitas, Madrid ,1986, t. III, pág. 503.
•	MANILI, Pablo Luís, “Derecho Procesal Constitucional” Ed Universidad, año 2005. Cáp. VIII, Pág. 224 a 228.
•	MOSSET ITURRASPE, Jorge: “El daño ambiental en el derecho privado”, en obra colectiva “Daño Ambiental”, Tomo I, Rubinzal Culzoni, 1999.
•	SABSAY, Daniel Alberto y DI PAOLA, Maria Eugenia: Anales de Legislación Argentina. Boletín informativo Nº 17. Pág. 1-9. Buenos Aires, La Ley, año 2003
•	VALLS , Mario F. “Código de Minería de la República Argentina” Anotado, Comentado y Concordado- Ley 1919 (T.O. por Dec.456/97) Ed Lexis Nexis, año 2006
•	VALLS, Mario “La Ley 25675, general de ambiente: Una miscelánea de medidas protectoras del ambiente uniformes que sigue dispersando la legislación ambiental federal” Lexis Nexis-Jurisprudencia Argentina JA 2003-III. Fasc.12 p 72.
•	WALSH, Juan Rodrigo- PREUSS, Federico, “El daño ambiental: la necesidad de nuevas instituciones jurídicas”, J.A, 1996-IV-953;

References: artículo 251
 artículo 41
 Artículo 27
 Artículo 28
 artículo 29
 artículo 41
 artículo 1066
 artículo 2618

Artículo 1083
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 1083
in fine
in fine
 artículo 1069
 artículo 30