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Timestamp: 2017-10-18 16:40:29+00:00

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QUIEBRA INDIRECTA O CONSECUENCIAL. Falta de agregación de las conformidades. Principios de inapelabilidad. Improcedencia. DERECHO DE DEFENSA. Vulneración. Omisión de conferir oportunidad de subsanar la deficiencias en la conformidades. Exceso de rigor for | Quiebras-Concursos.com.ar
QUIEBRA INDIRECTA O CONSECUENCIAL. Falta de agregación de las conformidades. Principios de inapelabilidad. Improcedencia. DERECHO DE DEFENSA. Vulneración. Omisión de conferir oportunidad de subsanar la deficiencias en la conformidades. Exceso de rigor for
usuario — Dom, 07/26/2009 - 19:50
QUIEBRA INDIRECTA O CONSECUENCIAL. Falta de agregación de las conformidades. Principios de inapelabilidad. Improcedencia. DERECHO DE DEFENSA. Vulneración. Omisión de conferir oportunidad de subsanar la deficiencias en la conformidades. Exceso de rigor formal.
El caso: La fallida apeló la resolución del juez a quo que rechazó el pedido de revocatoria, y recurso de reposición; no concedió el recurso de apelación subsidiario (art. 273 apartado 3° L.C.); declaró que la concursada no ha obtenido las mayorías de capital y números de acreedores necesarios para arribar al acuerdo preventivo, y en consecuencia, declaró en estado de quiebra a la sociedad. La Cámara admitió la apelación, revocó la sentencia apelada y mandó a dictar nuevo pronunciamiento en los términos del art. 49 L.C.Q.
Si bien por regla, la declaración de quiebra por no haberse acompañado las correspondientes conformidades, es inapelable en virtud de lo dispuesto en el inc. 3 del art. 273 L.C.Q., tal regla debe ceder en aquellos casos en que su rígida aplicación conforma un exceso de rigor formal que conspira contra el principio de conservación de la empresa que campea en la normativa concursal.
La inapelabilidad de la sentencia que declara la quiebra por fracaso del concurso preventivo, procede cuando el deudor no había presentado las conformidades dentro del plazo establecido, o bien, emplazado a subsanar los defectos que ellas exhibían, venció el plazo acordado sin haberlo hecho.
Poder especial, en los términos del art. 1881 del Código Civil, significa otorgar específicamente la facultad para cumplir el acto de que se trata, y para ello no es necesario el otorgamiento de un apoderamiento particular, ya que se habrá cumplido con la exigencia legal si tal facultad se encuentra incluida especialmente entre las conferidas en un mandato general.
El art.43 establece un límite mínimo a la renuncia ("no puede ser inferior al treinta por ciento de su crédito"), pero no fija un límite máximo ni tampoco establece un plazo para hacerlo, de manera tal que el hecho que el crédito haya sido verificado como privilegiado, no impide su renuncia posterior, ingresando el acreedor renunciante en alguna de las categorías de quirografario, beneficiando así a la masa con el acrecentamiento del patrimonio al ingresar en él libremente el bien que se encontraba gravado por el privilegio. (Del voto del Dr. Zinny)}
Pese a que ni las partes ni la juez pusieron en entredicho la apelabilidad de la resolución recurrida es facultad de la alzada decidir en definitiva acerca de la procedencia o admisibilidad del recurso de apelación, sin encontrarse atado al consentimiento de las partes ni del juez al otorgamiento del recurso (art. 355 C.P.C). (Del voto de la Dra. Chiapero de Bas).
La resolución que declara la quiebra por falta de agregación de las conformidades tendientes a la homologación del acuerdo es inapelable no sólo en función de la regla del art. 273 inc.3º L.C.Q. sino porque se trata de un supuesto para el cual el legislador no ha previsto la apelabilidad, como lo hace en otras hipótesis de quiebra indirecta . En el sistema de la ley concursal, existen distintos supuestos de fracaso de concurso que acarrean lo que se ha dado en llamar quiebra "indirecta" o "consecutiva" ya que todos suponen el fracaso de un concurso preventivo ya abierto. Sin embargo, no todos los supuestos que presuponen el "fracaso de un concurso preventivo abierto" reciben el mismo tratamiento en cuanto a la apelabilidad.
Se conculca el legítimo derecho de defensa de la concursada cuando no se confiere a la deudora oportunidad de subsanar las deficiencias de las conformidades presentadas, y se exorbitó la facultad que el ordenamiento confiere en esta etapa del proceso (art. 49 L.C.Q.) desde que no desestimó las conformidades por deficiencias exclusivamente formales, sino que se hizo en algunos casos ingresando oficiosamente en un tipo de objeciones que corresponden a una etapa impugnatoria ulterior (arts. 50 L.C.Q.). Este adelantamiento en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, significó recortar severamente el legítimo derecho de defensa de la deudora, actitud que también importó cercenarle el acceso a la instancia de alzada, desde que si se hubiera diferido el tratamiento de las objeciones no formales (art. 45 y 50 L.C.Q.) para la oportunidad en que los legitimados –si lo estimaban pertinente- impugnaran el acuerdo, el concursado hubiera tenido oportunidad de defenderse en la primera instancia y, eventualmente, de acudir a esta alzada en caso de que la resolución le resultara adversa (art. 51 L.C.Q.).
Admitir la apelación de la resolución que declara la quiebra por falta de agregación de las conformidades tendientes a la homologación del acuerdo no significa abandonar el criterio de inapelabilidad, sino seguir el camino que el Tribunal Casatorio viene marcando desde la vigencia de la ley 19.551 pero con fundamentos igualmente aplicables a la actual (Ley 24522) cuando afirmó que en materia concursal: "...la inapelabilidad dispuesta por la ley no opera de hecho ni por el solo imperio de la ley, sino que debe ser declarada en último término por un tribunal de apelaciones, que en más de un caso podrá abrir la vía recursiva, ante la implicancia excepcional que puede tener el agravio que ocasione..."
Respecto al cercenamiento de la facultad de renunciar al privilegio fundando en que el mismo habría sido efectuado intempestivamente, a falta de texto legal expreso dicha facultad puede ser ejercida hasta la finalización del período de exclusividad. Aunque las posiciones doctrinarias que propician como tope temporal la sentencia de categorización (art. 42 L.C.Q.) se fundan en la necesidad de evitar la manipulación de las mayorías en desmedro de los intereses del concursado, quien – si se admitieran renuncias posteriores a que haya quedado firme la categorización- podría encontrarse con una modificación de las mayorías sobre el filo del fenecimiento del período de exclusividad y con ello ver comprometida la posibilidad de lograr el acuerdo. El temor que encierra dicha postura queda descartado cuando el acreedor renunciante ha prestado expresa conformidad con la propuesta de modo que ningún perjuicio se ha ocasionado a la concursada ni y mucho menos a los restantes acreedores concurrentes los que -con dicha renuncia- han visto mejorada su situación con el ingreso de un bien que antes estaba afectado a una garantía real hipotecaria.
Cám. 2° Civ. y Com. Cba. Sent. Trib. de origen: Juz. 33° CyC "Cuerpo de copias para la tramitación del recurso de apelación en: Materiales S.A.-Pequeño Concurso Preventivo-"
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es conforme a derecho la sentencia apelada?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Que pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. VOCAL DR. JORGE HORACIO ZINNY DIJO:
1.- Contra la Sentencia Nº 63 dictada por la Sra. Juez de 33ª Nominación (Sociedades y Concursos Nº 6) con fecha 19 de Marzo de 2003, a fs. 330/358 la fallida interpone recurso de apelación en forma subsidiaria, el que es concedido a fs.378.- Radicados los autos ante este Tribunal, el apelante expresa agravios a fs.400/416.- Corrido traslado a la Sindicatura, es evacuado a fs.436/444.- Corrido traslado al Sr. Fiscal de Cámaras, lo evacua a fs.445/463.- Dictado el decreto de autos, el proveído queda firme y la causa en estado de resolver.
2.- La sentencia apelada contiene una adecuada relación de causa, que satisface las exigencias legales.
3.- Cabe advertir que todas las foliaturas que se citan en este voto corresponden al "Cuerpo de copias para la tramitación del recurso de apelación", salvo expresa mención en contrario.
Se agravia el apelante sosteniendo que el sentenciante, en la resolución recurrida, afirma que no se han obtenido las mayorías necesarias.- Dice que, sin embargo, del desarrollo posterior de su razonamiento lógico jurídico surge que las conformidades fueron obtenidas, sólo que varias de ellas (claves para la existencia o no de acuerdo preventivo) fueron impugnadas por el a quo en la sentencia recurrida.- Agrega que resulta claro que el juzgador haya realizado en la sentencia en crisis una merituación que excede lo que la ley establece, siendo la oportunidad para hacerlo la resolución que homologa o no el acuerdo.
Dice que el a quo, lejos de tratar de colaborar en la resolución de la causa a fin de evitar la falencia, ha hecho hincapié en cuestiones meramente formales, llevando el ritualismo a extremos tales que le permiten descalificar sin más las conformidades que expresamente ha dado el acreedor, principal y directo interesado en el acto.
3.1.- Dice que con respecto al crédito de la A.F.I.P la juzgadora achaca dos defectos a la conformidad presentada: que se trata de una copia simple de la resolución dictada con fecha 31 de Enero de 2003 que no contiene el texto de la propuesta y que carece de firma certificada.-Sigue diciendo que si bien el error fue subsanado luego de que se dictara la sentencia apelada, mediante la presentación pertinente, debe quedar claro que la conformidad fue extendida en la fecha indicada (ver fs.310) y que el envío y posterior recepción hacen razonable que la presentación en autos haya sido el 10 de febrero de 2003, agregando que la propia juez reconoce la morosidad en que incurre el organismo fiscal.- Expresa que la jurisprudencia, aún cuando de primera instancia, en general ha sido sensible a esta cuestión y en reiterados fallos (que cita y transcribe en su parte pertinente) -inclusive de jueces locales- ha excluido del cómputo de las mayorías a la AFIP.- Manifiesta que con los fallos citados se arriba a la conclusión de que los jueces concursales conocen holgadamente las demoras en que incurre el Fisco Nacional al momento de otorgar las conformidades, de modo que por la vía de la creación pretoriana, aplicando el principio rector de los procesos concursales, esto es, la preservación de la empresa, obvian hasta la conformidad expresa y con el solo acogimiento al plan de facilidades, consideran otorgado el consentimiento.- Así, las exigencias de la a quo devienen en un rigorismo formal inadmisible atento las circunstancias reales del caso, máxime teniendo en cuenta que la resolución apelada en esta parte implica la quiebra de la concursada.
3.2.- Dice que respecto del crédito de la D.G.R la a quo afirma que la conformidad presentada carece de los requisitos formales exigidos por la ley desde que no obra la firma de la apoderada debidamente certificada conforme lo prescribe la norma, y en consecuencia, sostiene, sin considerar el contenido de la propuesta a que adhiere, debe tenerse por no efectuada la presentación.-Sigue diciendo que lo usual es que las conformidades se presenten y hasta el momento de la homologación sean subsanados los vicios formales, antes de que se dicte la resolución homologatoria.-Agrega que, por otra parte, no habiéndose discutido ni impugnado la validez de la personería de la funcionaria firmante de la conformidad, la firma de esta bien puede estar certificada administrativamente, como por el propio juzgado (art. 45), de manera que el reproche por la falta de certificación también le cabe a la propia a quo toda vez que, conforme a las facultades conferidas por el artículo citado como por el art. 274 LCQ, bien pudo ejercer su potestad judicial y ordenar la pertinente certificación o el acompañamiento del instrumento completo.- Afirma que más grave aún resulta si se examina la documentación acompañada antes de la resolución recurrida (fs.293 y 294), donde la apoderada del Fisco Provincial hace saber que las nuevas normativas vigentes al momento de la presentación del escrito "importa la cancelación del capital verificado y la consecuente condonación de los accesorios lo que importa una sensible ventaja en cuanto a que el total del crédito quirografario se torna no exigible".- Sostiene que el rechazo por cuestiones meramente formales, fácilmente subsanables por el propio juzgado según las facultades conferidas por el art.45 LCQ, impide no sólo obtener dichas ventajas sino que implican la quiebra.
3.3.- Dice que respecto del Banco de la Nación Argentina la conformidad no carece de firma sino de certificación de firma, por lo que caben los mismos reproches precedentes.- Sigue diciendo que a fs.950/953 de los autos principales comparecen por derecho propio los Dres. María Teresa Ferreyra y Conrado Faustino Gallardo prestando conformidad por honorarios devengados como patrocinantes del banco mencionado, certificándoseles sus firmas por Secretaría, y son ellos –en particular la Dra. Ferreyra- quienes prestan conformidad en representación de la mencionada entidad bancaria.- Agrega que el Tribunal pudo certificarles las firmas en las conformidades prestadas por derecho propio, pero no pudo (u omitió) hacerlo en su condición de representantes del Banco dela Nación Argentina.-
3.4..- Dice que, en relación a la Municipalidad de Córdoba, la firma de su representante Dr. Sosich luce a fs.962/965 de los autos principales certificada por Secretaría.- Sigue diciendo que la copia obrante a fs.41 de este cuerpo de copias, la firma es anterior a la de la resolución requerida y que luego la propuesta fue ratificada, y la aprobación también, mediante firma certificada por escribano público.
3.5.- En relación a "B.G.P. Servicios S.R.L." dice que la a quo atribuye que no se acompañó el texto de la propuesta, debiendo destacarse que la conformidad obra a fs.95 del cuerpo de copias, con firma certificada por escribano público.
3.6.- Dice que la conformidad que obra a fs.979 de los autos principales de autos dice "D.Barbieri S.A.", de modo que no se omitió consignar la forma societaria, como parece apuntar la resolución impugnada.- Luego de poner de resalto errores cometidos por el Tribunal en el nombre de este acreedor, concluye sosteniendo que la juzgadora "priva de validez a la presentación en tanto alude a persona diferente".- Agrega que este error, fácilmente subsanable, determinó –junto con los demás items recurridos- la quiebra de una sociedad que había logrado las conformidades.
3.7.- Dice que la juzgadora tiene por no presentada la conformidad del Citibank N.A, que había verificado su crédito en parte con privilegio especial y en parte como condicional con privilegio general.- Sigue diciendo que al momento de prestar su conformidad, el apoderado de la institución bancaria lo hace en carácter de acreedor quirografario, con lo cual existe una renuncia al privilegio.- Agrega que la a quo afirma que el apoderado carece de facultad expresa y especial para renunciar a la garantía hipotecaria y, por consiguiente, al privilegio.-Expresa que acompaña a la expresión de agravios copia certificada por el Juzgado a cargo de la quiebra, de la ratificación a la renuncia del privilegio realizada por escritura pública.- Sostiene que si se analiza con claridad los poderes aportados por el representante del Banco, se acredita que el apoderado está facultado para cancelar hipotecas, con lo que queda claro que el mandatario actuó dentro del límite de las facultades conferidas.
Dice que la a quo sostiene que la renuncia al privilegio debe efectuarse antes de que se dicte la sentencia prevista en el art.42.- Sigue diciendo que si se piensa en el concurso preventivo como una salida negociada económica al problema de la cesación de pagos, resulta claro de la armonización de las disposiciones de los arts.42 y 43, la posición de la juez es contra legem.- Afirma que la solución propugnada deviene en irrealizable si no es posible que renuncien al privilegio antes de que se formulen las propuestas.-Sostiene que las renuncias a los privilegios se obtienen en el período de exclusividad, nunca antes.
3.8.- Dice que en los autos caratulados "Droguería Córdoba S.A.C.I.-Concurso preventivo-", que tramitan coetáneamente con estos por ante el mismo Juzgado, se señalaron los vicios y deficiencias formales y sustanciales en presentaciones que se habían realizado, otorgándose un plazo de 48 horas para que fueran subsanados y dictándose, finalmente, la resolución que prevé el art.46.- Sigue diciendo que la clara contradicción de una resolución y otra y el diferente trato asignado a una causa y otra, vulnera el principio de igualdad ante la ley, amen de crear una notoria inseguridad jurídica cuando un mismo juzgador sostiene criterios opuestos y hasta contradictorios, manifiestamente irrazonables cuando se trata de un arbitrio del magistrado decidir quien debe ser declarado en quiebra y a quien debe dársele la oportunidad de enmendar vicios en las conformidades presentadas.
3.9.- Dice que en el fallo apelado la sentenciante da a entender que, por tratarse de un pequeño concurso, resulta de aplicación lo dispuesto por el art.289 L.C.Q., por cuyo motivo, para el hipotético caso que se compartiera ese criterio, plantea la inconstitucionalidad de la norma en cuestión toda vez que en esa hipótesis no habría otra instancia para hacerlo.
Dice que sólo el número de empleados en relación de dependencia ha permitido forzar el ingreso de este procedimiento a la categoría de "pequeño concurso", ya que la realidad económica de la empresa muestra que se trata de una mediana con honda inserción en el medio empresario del rubro.- Agrega que la negativa de la norma impugnada, en tanto vulnera el derecho de ejercer toda industria lícita, en tanto no se afectasen derechos de terceros, discriminando en contra de los pequeños procesos concursales, implica la violación no sólo del art.14 C.N. sino también al art.16 en cuanto viola la igualdad ante la ley.
Pide, en definitiva, se revoque la sentencia apelada y se ordene la prosecución del concurso preventivo, haciendo reserva del caso federal.- Subsidiariamente, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 289 de la Ley 24.522.
3.10.- La Sindicatura, al evacuar el traslado de la expresión de agravios, se pronuncia en los términos de su escrito de fs.436/444 a los que me remito por razones de brevedad.- Por su parte, en igual oportunidad, el Sr. Fiscal de Cámaras se pronuncia en los términos de fs. 445/463, al que también me remito por idéntica razón, dictaminando que debe revocarse la sentencia apelada y ordenar se dicte la resolución del art.49.
4.- Sin perjuicio que ambas Cámaras con competencia concursal hemos coincidido en que, por regla, la declaración de quiebra por no haberse acompañado las correspondientes conformidades, es inapelable en virtud de lo dispuesto en el inc.3 del art. 273 L.C.Q., tal regla debe ceder en aquellos casos en que su rígida aplicación conforma un exceso de rigor formal que conspira contra el principio de conservación de la empresa que campea en la normativa concursal.- Cabe agregar que en otros casos en que se sostuvo la inapelabilidad de la sentencia que declara la quiebra por fracaso del concurso preventivo, o bien el deudor no había presentado las conformidades dentro del plazo establecido, o bien, emplazado a subsanar los defectos que ellas exhibían, venció el plazo acordado sin haberlo hecho.
En el caso de autos las conformidades necesarias habían sido presentadas dentro del período establecido por la ley, y si bien algunas de ellas presentaban vicios formales, la a quo no emplazó a la concursada para que en un plazo perentorio subsanara tales deficiencias, criterio que aplicó en autos "Droguería Córdoba S.A.C.I.–Concurso Preventivo-", en trámite en la misma época, sino que, derechamente, declaró la quiebra de "Materiales S.A.".- De haber adoptado un criterio similar, también la solución hubiera sido similar y no se hubiera declarado la quiebra de la empresa nominada en último término.
Así, la decisión tomada por la sentenciante en aquellos autos es abiertamente contradictoria con lo adoptada en estos sin que existan motivos que justifiquen el excesivo rigor formal aplicado en estos obrados, máxime si se tiene en cuenta que algunos de esos vicios pudieron ser subsanados directamente por el tribunal -tales como la certificación de firmas que pudieron ser realizadas por la Secretaria (art. 45)- y la opinión de la Sindicatura (fs.360/364) que estimaba se habían obtenido las mayorías requeridas para el acuerdo preventivo.- Tal como lo sostiene acertadamente el Sr. Fiscal de Cámaras, en atención a criterios jurisprudenciales, "en autos se configura una situación especial que habilita la instancia recursiva", por lo que la concesión del recurso otorgado por la a quo se ajusta a derecho y, en consecuencia, este Tribunal se encuentra habilitado para analizar la cuestión de fondo.
4.1.- En relación al crédito de la A.F.I.P., que la a quo objeta porque se había acompañado una copia simple del acogimiento del plan de facilidades de la Resolución General 970, lo que considera insuficiente, nadie ignora, porque es experiencia común, la pesadez y lentitud de los trámites burocráticos, en especial de los entes recaudadores, de manera que la objeción jurisdiccional se asienta en una deficiencia meramente formal y no sustancial, posteriormente subsanada (fs.310/316).- No puede, entonces, dudarse que la conformidad del ente fue prestada el 31 de Enero de 2003 mediante Resolución 25/03.- La juzgadora, que estaba en conocimiento de las tratativas que realizaba la empresa con la entidad recaudadora, pudo aplicar el criterio sustentado en "Droguería Córdoba" y emplazar a subsanar el defecto, lo que no hizo sin que aparentemente exista un motivo que lo justifique.
En conclusión, coincidiendo con la opinión del Sr. Fiscal de Cámaras (fs.457), debe tenerse por otorgada la conformidad de este acreedor.
4.2.- En relación a la Dirección General de Rentas de la Provincia, la conformidad fue prestada por su apoderada dentro del plazo de gracia previsto en el art. 53 C.P.C., conforme surge del cargo obrante a fs.248, en la que transcribe la propuesta obrante a fs.247, y del certificado de la Secretaría obrante a fs.248v..- La Dra. Ana Lía Rodriguez a fs.249 hace saber de la existencia de una nueva normativa que significa la cancelación del crédito verificado, acompañando copia juramentada del Decreto de su designación, (fs.250) con lo que acredita suficientemente su personería, que por otra parte había sido ya acreditada en oportunidad de insinuar el crédito de su mandante.- Sin perjuicio de que la autenticidad de la firma de la apoderada del fisco provincial no ha sido discutida, la Secretaría, en virtud de lo dispuesto en el art.45, debió certificar la firma de la compareciente, por cuyo motivo, no sólo no se configura el vicio formal sino que, en todo caso, el mismo es imputable al Tribunal interviniente.
Lo más grave de todos esto es que con el exceso de rigor formal manifiesto utilizado por la Magistrado sentenciante, se estima como no presentada una conformidad que significa la desaparición del fisco provincial como acreedor.- En consecuencia, coincidiendo nuevamente con el criterio del Sr. Fiscal de Cámaras, debe tenerse por debidamente cumplidos los recaudos formales en la conformidad prestada por este acreedor.
4.3.- En relación al Banco de la Nación Argentina, a fs.33 sus apoderados prestan conformidad con la propuesta presentada por la concursada en autos con fecha 26 de Diciembre de 2001.-La firma de los letrados se encuentra certificada por la Secretaria a fs.33v. y, si bien, no transcriben la propuesta en el texto de la conformidad, acompañan una fotocopia de ella (fs.30/32), que debe entenderse que integra el acto, por cuyo motivo se encuentran cumplidos los recaudos formales exigidos por el art.45, esto es, el texto de la propuesta y la conformidad.
En conclusión, debe tenerse por válidamente prestada la conformidad de este acreedor.
4.4.- En relación a la Municipalidad de Córdoba valen las mismas consideraciones formuladas precedentemente.-A fs.41 obra la conformidad prestada por su apoderado, cuya firma es certificada por la Secretaria a fs 41v. acompañando a fs.42/44 copia de la propuesta, con lo que se cumplieron las exigencias formales.- Así lo entendió el propio Tribunal que a fs.966 de los autos principales (fs.45) decreta con fecha 29 Noviembre de 2002 "...por acompañadas las conformidades respecto de la propuesta de acuerdo preventivo efectuada por Materiales S.A. con fecha 26/12/01 de: Banco de la Nación Argentina, Banco Suquía S.A. y Municipalidad de Córdoba, agréguese"(las negritas me pertenecen).- En consecuencia, también debe tenerse por válidamente prestada la conformidad por este acreedor.
4.5.- Iguales consideraciones valen tanto respecto de "B.G.P. Servicios S.R.L." cuya conformidad con firma certificada obra a fs.95, agregándose la propuesta a fs.96/98, cuanto de "Blincer SRL", cuya conformidad con firma certificada por escribano público obra a fs.99.- También, entonces, debe tenerse por válida la conformidad prestada por estos acreedores.
4.6.- En relación a la conformidad prestada por "A.D. Barbieri S.A." el exceso de rigor formal puesto de manifiesto por la juzgadora llega a un extremo inaceptable, ya que resulta evidente la posibilidad de individualizar al acreedor.- Sin perjuicio de los errores que al nombre de este acreedor pone de manifiesto el apelante, como acertadamente sostiene el Sr. Fiscal de Cámaras "la quiebra de una persona jurídica no puede depender de la omisión tipográfica de una letra al momento de prestar conformidad".
En consecuencia, y como en los casos anteriores, también debe tenerse por válida la conformidad prestada por este acreedor.
4.7.- En relación al crédito del Citibank N.A. se equivoca la a quo cuando sostiene que el apoderado que interviene en representación del acreedor carece de facultades para renunciar al privilegio, entendiendo que para ello es menester un poder especial.- "Poder especial", en los términos del art. 1881 del Código Civil, significa otorgar específicamente la facultad para cumplir el acto de que se trata, y para ello no es necesario el otorgamiento de un apoderamiento particular, ya que se habrá cumplido con la exigencia legal si tal facultad se encuentra incluida especialmente entre las conferidas en un mandato general.
A fs.109/110 el Dr. Eduardo J. Güemes, en el carácter de apoderado de la entidad financiera, renuncia al privilegio, manifestando contar con facultades suficientes para hacerlo.- A fs.111 la Escribana Lucía B. Lanari, titular del Registro Notarial Nº 1619 de la Capital Federal, da fe que se le ha acreditado el carácter invocado por el Dr. Güemes y que cuenta "con facultades suficientes para este acto" (las negritas y subrayados me pertenecen).- Estas manifestaciones del notario hacen plena fe, porque se refieren a situaciones que ha constatado personalmente, mientras no se demuestre lo contrario, lo que no ha ocurrido en autos y, por tanto, debe tenerse por cierto que el apoderado –al cumplir el acto de que se trata- ha actuado dentro de los límites de su mandato.- A mayor abundamiento, a fs. 397/399 obra la ratificación de ese acto, también por escritura pública que tampoco ha sido impugnada.
En conclusión, puede afirmarse que la renuncia al privilegio realizada por el Dr. Güemes en representación del Citibank N.A. es plenamente válida.
La segunda objeción hecha valer por la Magistrado a quo está referida a la tempestividad de esa renuncia.- En este aspecto cabe advertir que el art.43 establece un límite mínimo a la renuncia ("no puede ser inferior al treinta por ciento de su crédito"), pero no fija un límite máximo ni tampoco establece un plazo para hacerlo, de manera tal que el hecho que el crédito haya sido verificado como privilegiado, no impide su renuncia posterior, ingresando el acreedor renunciante en alguna de las categorías de quirografario, beneficiando así a la masa con el acrecentamiento del patrimonio al ingresar en él libremente el bien que se encontraba gravado por el privilegio.
5.- En definitiva, por las consideraciones expuestas estimo debe hacerse lugar al recurso y revocarse la sentencia apelada, debiendo la Sra. Juez de Primera Instancia dictar la resolución prevista en el art.49.
La conclusión precedente torna innecesario el tratamiento de la planteada inconstitucionalidad del art. 289 de la Ley 24.522.
A LA PRIMERA CUESTION LA SRA. VOCAL DRA. SILVANA CHIAPERO DE BAS DIJO:-
Pese a que ni las partes ni la juez pusieron en entredicho la apelabilidad de la resolución recurrida ya que las primeras propician la revisibilidad de la resolución (Sindicatura y concursada) y la magistrada concedió el recurso haciendo clara excepción a la regla de inapelabilidad concursal (art. 273 inc.3º L.C.Q. vide fs. 378), entiendo que es facultad de la alzada decidir en definitiva acerca de la procedencia o admisibilidad del recurso, sin encontrarse atado al consentimiento de las partes ni del juez al otorgamiento del recurso (art. 355 C.P.C).
La deudora apeló la resolución por la cual se declaró su falencia en mérito a no haberse acompañado las conformidades de los acreedores con los requerimientos legales (art. 45 L.C.Q.) lo que trajo aparejada la aplicación por la primer juez de la sanción prevista en el art. 46 L.C.Q.
Ambas Cámaras con competencia en materia concursal hemos decidido que la resolución que declara la quiebra por falta de agregación de las conformidades tendientes a la homologación del acuerdo, es inapelable no sólo en función de la regla del art. 273 inc.3º L.C.Q. sino porque se trata de un supuesto para el cual el legislador no ha previsto la apelabilidad, como lo hace en otras hipótesis de quiebra indirecta (vbg. arts. 51, 61 y 63 L.C.Q., cfr. Cámara Segunda C.C. Auto nº375 del 5. 09.01 in re "Manzur C.A. Quiebra Indirecta"; Cámara Tercera C.C. Sent. nº32 del 18.04.01 in re "Quevedo, Olga Beatriz. Quiebra Propia. Hoy Concurso preventivo".
Sostuvimos que en el sistema de la ley concursal, existen distintos supuestos de fracaso de concurso que acarrean lo que se ha dado en llamar quiebra "indirecta" o "consecutiva" ya que todos suponen el fracaso de un concurso preventivo ya abierto. Sin embargo, no todos los supuestos que presuponen el "fracaso de un concurso preventivo abierto" reciben el mismo tratamiento en cuanto a la apelabilidad.
Sin embargo, las particularidades de esta causa permiten decidir lo contrario.
Doy razones: En un mismo acto jurisdiccional se declara que la mayoría legal para el acuerdo no fue obtenida por deficiencia de las conformidades presentadas y automáticamente se declara la quiebra.-----------------------
Tal temperamento no resulta en principio objetable. Sin embargo, el modo de proceder del Tribunal revela a las claras que se ha conculcado el legítimo derecho de defensa de la concursada.
En efecto, no sólo no se le confirió a la deudora oportunidad de subsanar las deficiencias de las conformidades presentadas (en contra del temperamento que la misma magistrada habría adoptado en procesos similares), sino que exorbitó la facultad que el ordenamiento le confiere en esta etapa del proceso (art. 49 L.C.Q.) desde que no desestimó las conformidades por deficiencias exclusivamente formales, sino que lo hizo en algunos casos ingresando oficiosamente en un tipo de objeciones que corresponden a una etapa impugnatoria ulterior (arts. 50 L.C.Q.).
Este adelantamiento en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, significó recortar severamente el legítimo derecho de defensa de la deudora, actitud que también importó cercenarle el acceso a la instancia de alzada, desde que si se hubiera diferido el tratamiento de las objeciones no formales (art. 45 y 50 L.C.Q.) para la oportunidad en que los legitimados –si lo estimaban pertinente- impugnaran el acuerdo, el concursado hubiera tenido oportunidad de defenderse en la primera instancia y, eventualmente, de acudir a esta alzada en caso de que la resolución le resultara adversa (art. 51 L.C.Q.).
Este Tribunal nunca propició la aplicación automática de la regla de inapelabilidad sino que ha dejado a salvo la posibilidad de excepcional de apartarse de ella, cuando la declaración quebratoria proviniera – como aconteció en la especie- de una verdadera arbitrariedad por exceso ritual manifiesto.
Prueba de ello, es que en todas las resoluciones precedentes no hubo aplicación automática de la regla de inapelabilidad sino que se ingresó al mérito de la apelación para descartar la posibilidad del excesivo ritual formal y para demostrar que –aún así- la solución no podía variar.----
Por ello, la solución que ahora se propicia no significa abandonar el criterio de inapelabilidad, sino seguir el camino que el Tribunal Casatorio viene marcando desde la vigencia de la ley 19.551 pero con fundamentos igualmente aplicables a la actual (Ley 24522) cuando afirmó que en materia concursal: "...la inapelabilidad dispuesta por la ley no opera de hecho ni por el solo imperio de la ley, sino que debe ser declarada en último término por un tribunal de apelaciones, que en más de un caso podrá abrir la vía recursiva, ante la implicancia excepcional que puede tener el agravio que ocasione..." ( A.I. Nº220 del 2-7-91 en "Condecor S.A. Cía Financiera Quiebra pedida por el B.C.R.A. Recurso Directo").
Por lo expuesto estimo, en coincidencia con el preopinante que el recurso fue correctamente concedido.
Tocante a la procedencia sustancial adhiero a las razones que expone el Vocal del primer Voto y a las medulosas consideraciones del Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen, respecto del excesivo ritualismo en la evaluación de los requisitos exigidos para tener por acreditada la conformidad de los acreedores.
Puntualmente respecto al cercenamiento de la facultad de renunciar al privilegio fundando en que el mismo habría sido efectuado intempestivamente, debo destacar que no sólo comparto la doctrina que sostiene que – a falta de texto legal expreso- dicha facultad puede ser ejercida hasta la finalización del período de exclusividad (cfr. Heredia "Tratado exegético de derecho concursal" Abaco Bs. As. 2000.Tomo II, p. 83), sino que coincido plenamente con las apreciaciones del Sr. Fiscal de Cámara en que aún las posiciones doctrinarias que propician como tope temporal la sentencia de categorización (art. 42 L.C.Q.) se fundan en la necesidad de evitar la manipulación de las mayorías en desmedro de los intereses del concursado, quien – si se admitieran renuncias posteriores a que haya quedado firme la categorización- podría encontrarse con una modificación de las mayorías sobre el filo del fenecimiento del período de exclusividad y con ello ver comprometida la posibilidad de lograr el acuerdo.
Pero el temor que encierra dicha postura, está descartado en esta causa, donde el acreedor renunciante ha prestado expresa conformidad con la propuesta de modo que ningún perjuicio se ha ocasionado a la concursada ni y mucho menos a los restantes acreedores concurrentes los que -con dicha renuncia- han visto mejorada su situación con el ingreso de un bien que antes estaba afectado a una garantía real hipotecaria.
Por todo ello adhiero a la solución que se propicia de que se ordene a la primer juez que dicte la resolución del art. 49 L.C.Q. de conformidad al presente pronunciamiento.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. VOCAL DR. JORGE HORACIO ZINNY DIJO:
En mi opinión corresponde: 1)-Hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en lo que decide.- 2)-Disponer que la Sra. Juez de Primera Instancia dicte la resolución prevista en el art. 49 de la Ley 24-522.
A LA SEGUNDA CUESTION LA SRA. VOCAL DRA. SILVANA CHIAPERO DE BAS DIJO:
Adhiero a la decisión que propone el Sr. Vocal, Dr. Jorge Horacio Zinny.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 382 C.P.C. modificado por ley 9.129 se omite el estudio del Sr. Vocal Dr. Julio Leopoldo Fontaine, y en consecuencia,
1)- Hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada en lo que decide.-
2)-Disponer que la Sra. Juez de Primera Instancia dicte la resolución prevista en el art. 49 de la Ley 24-522.- Protocolícese y hágase saber.
FDO. ZINNY – CHIAPERO DE BAS.
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