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Timestamp: 2019-11-15 17:35:40+00:00

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Orden de 2 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra
Publicado en BOJA núm. 5 de 11 de Enero de 2010
Vigencia desde 12 de Enero de 2010. Revisión vigente desde 12 de Enero de 2010
Artículo 4 Modalidades de subvenciones
Articulo 10 Información de carácter general
Artículo 15 Terminación convencional
Articulo 17 Notificación y publicación
Artículo 19 Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios
Artículo 20 Forma y secuencia del pago
Artículo 22 Control y evaluación de actuaciones subvencionadas
Artículo 23 Reintegro de la subvención
Orden Gobernación 9 Jun. 2011 CA Andalucía (bases de las subvenciones recuperación de la memoria histórica y reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, y convocatoria 2011)
O [ANDALUCÍA] 2 diciembre 2009, derogada por la disposición derogatoria única de la O [ANDALUCÍA] 9 junio 2011, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de concesión de subvenciones para la coordinación de actuaciones en torno a la Recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, en régimen de Concurrencia Competitiva y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2011 («B.O.J.A.» 5 julio) el 6 de julio de 2011.
El Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra, establece un conjunto de actuaciones cuya finalidad es la recuperación de la denominada Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las víctimas de la Guerra Civil española y posguerra. Por recuperación de la memoria histórica se entiende la necesidad de constatación de los acontecimientos acaecidos durante el período de la Guerra Civil y los años siguientes, encaminada fundamentalmente a establecer un marco adecuado para el reconocimiento público y rehabilitación moral de las personas desaparecidas en la contienda.
Entre las actuaciones previstas en el mencionado Decreto, el artículo 2.3 establece que la Consejería de Justicia y Administración Pública procederá a instrumentar las subvenciones encaminadas a la ejecución de tales actividades. A dicha finalidad respondía la Orden de 8 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas y para la financiación de gastos corrientes a organizaciones sindicales, recuperación de la memoria histórica y mejora de las infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz. No obstante razones de eficacia y agilización del procedimiento hacen aconsejable desligar esta línea de subvención del resto de modalidades que integraba la citada orden de 8 de marzo de 2007, que se deroga.
Por otro lado, en adaptación a lo dispuesto en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, y en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2009, por el que se aprobó el Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos y Agilización de Trámites, se suprime la exigencia de aportar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad, así como la copia de la escritura pública o acta de constitución de las entidades solicitantes. Igualmente, de conformidad con lo estipulado en el citado Plan, la presente Orden efectúa una reducción hasta en un 50% del plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos que en la misma se regulan, que se reduce a tres meses.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 289/2009, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 54/2005, de 22 de febrero, por el que se crea la figura del Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, la presente Orden modifica la competencia para tramitar y resolver la concesión de las subvenciones, atribuyéndose éstas a la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Finalmente, la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, establece la regulación del Protocolo en materia de exhumaciones que permite el ejercicio de competencias por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública, según los principios reconocidos en el artículo 133 del Estatuto de Autonomía, estableciendo un marco de seguridad jurídica necesario para el desarrollo de la materia objeto de la presente regulación, inspirada en el artículo 12.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces, Universidades Públicas andaluzas y entidades sin ánimo de lucro para desarrollar las medidas previstas en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posguerra, establece un conjunto de actuaciones cuya finalidad es la recuperación de la denominada Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las víctimas de la Guerra Civil española y posguerra.
2. La finalidad de estas subvenciones son las actuaciones relacionadas con la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y posguerra, que se concretan en el artículo 4 de la presente Orden.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden, en atención a la actuación a desarrollar:
a) Los Ayuntamientos de municipios andaluces, para desarrollar las actuaciones descritas en la letra a) del artículo 4.
b) Los Ayuntamientos de municipios andaluces, las Universidades públicas de Andalucía y las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la recuperación de la Memoria Histórica, para el desarrollo de las actuaciones previstas en la letra b) del artículo 4.
c) Los Ayuntamientos de municipios andaluces y las entidades sin ánimo de lucro que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan entre sus fines el desarrollo de actividades de indagación, localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil española o la Posguerra cuyo paradero se ignore, para desarrollar las actuaciones previstas en la letra c) del artículo 4. En este supuesto también podrán obtener la condición de beneficiarios los descendientes directos de las víctimas de la Guerra Civil española y la Posguerra.
2. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. En aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
4. En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta Orden las entidades incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
5. Al amparo de lo establecido de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 29.1 de la citada Ley 3/2004, de 28 de diciembre, los Ayuntamientos y las Universidades públicas beneficiarios de la presente subvención quedan exceptuados de la obligación contemplada en la letra e) del apartado 3 del presente artículo, justificado en atención a la naturaleza de esta subvención, así como a la especial condición de los beneficiarios.
Se podrán conceder subvenciones para las siguientes modalidades de actuaciones:
a) El levantamiento de monumentos conmemorativos llevados a cabo por los Ayuntamientos andaluces, de los hechos que dieran lugar a la desaparición de personas causadas por las fuerzas sublevadas durante la Guerra Civil española y la posterior Dictadura Franquista en los lugares de enterramiento de esas víctimas, y, cuando no sea posible localizarlo con exactitud, constando datos históricos, en una zona próxima que determine el Ayuntamiento.
b) La elaboración, recopilación o publicación en un soporte adecuado, de investigaciones, testimonios, informes o documentos que divulguen los hechos y circunstancias objeto de la recuperación de la Memoria Histórica, la celebración de jornadas, seminarios u otras actividades divulgativas o de estudio, sobre los hechos y circunstancias relativos a las desapariciones de personas, causadas por las fuerzas sublevadas durante la Guerra Civil española y la posterior Dictadura Franquista. Dichas actuaciones podrán llevarse a cabo por los Ayuntamientos andaluces, Universidades públicas andaluzas o entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la recuperación de la Memoria Histórica.
c) Los trabajos preliminares de indagación, localización y estudios para la exhumación contenidos en la Memoria señalada por el artículo 6 de la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra. Estas actuaciones se llevarán a cabo por los Ayuntamientos andaluces, las entidades sin ánimo de lucro que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan entre sus fines el desarrollo de tales actividades, así como los descendientes directos de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Posguerra.
1. La financiación de las subvenciones reguladas por la presente orden se concederá con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: Conceptos presupuestarios 762.01, 462.01, 444.00 y 489.00, correspondientes al programa 1.4.A.
2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
1. Las ayudas previstas en esta Orden únicamente podrán destinarse a la financiación de los gastos o conceptos subvencionables establecidos en el artículo 4.
2. En la actuación de la modalidad de subvenciones a Ayuntamientos andaluces para erigir monumentos conmemorativos podrá concederse hasta un máximo del 100% del coste presupuestado en la solicitud presentada por el Ayuntamiento, sin que en ningún caso la cuantía de la subvención concedida pueda ser superior a 5.000 euros.
3. Para la modalidad de subvenciones consistente en publicaciones o actividades de estudio o divulgativas, los Ayuntamientos andaluces, las Universidades públicas andaluzas y las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la recuperación de la Memoria Histórica podrán ser subvencionados por una cantidad dineraria que alcance hasta la totalidad del coste presupuestado en la solicitud presentada, sin que en ningún caso el importe de la subvención supere el 50% del total del crédito asignado a la modalidad correspondiente, en el caso de concurrir más de un solicitante.
4. Asimismo serán objeto de subvención en las mismas condiciones del apartado anterior, para la modalidad correspondiente a los trabajos preliminares de indagación, localización y estudios para la exhumación contenidos en la Memoria señalada por el artículo 6 de la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, los Ayuntamientos andaluces, las entidades sin ánimo de lucro que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan entre sus fines el desarrollo de tales actividades, así como los descendientes directos de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Posguerra.
5. En cualquier caso, los bienes que hayan sido objeto de subvención deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y concesión durante un periodo mínimo de 5 años, en caso de bienes inscribibles en un registro público, o de 2 años para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado cuando:
7. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el artículo 21 de la presente Orden. No obstante lo anterior, se podrán tener en cuenta pagos realizados con posterioridad, con un plazo límite de tres meses desde la finalización del período de justificación determinado en el artículo 21 y siempre que se cumpla la finalidad de la subvención. Para este último supuesto, los justificantes de dichos pagos deberán presentarse en un plazo máximo de un mes desde su realización.
8. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características del gasto subvencionable no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
9. El carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:
10. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
11. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
12. Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.
2. De conformidad con los artículos 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento de concesión de subvenciones a que se refiere la presente Orden se iniciará siempre de oficio y se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo por tal el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las presentes bases reguladoras y adjudicar, con el límite fijado dentro del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 15 de enero y el 15 de marzo de cada año. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. La solicitud deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo I a la presente Orden, siendo suscrita por quien ostente la condición de Alcalde del Ayuntamiento o quien legalmente le sustituya, el rector o rectora de la Universidad, o en su caso, por el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro, y será dirigida a la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica.
a) Preferentemente por medios telemáticos a través de Internet, en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal del ciudadano «andaluciajunta.es» y mediante el acceso a la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica, en los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos electrónicos (Internet). Dicha presentación podrá efectuarse todos los días del año durante las veinticuatro horas, originándose la consignación electrónica de hora y fecha, que respecto a esta última producirá los mismos efectos que el procedimiento administrativo establece para el cómputo de términos y plazos. A estos efectos, las personas jurídicas interesadas deberán disponer del correspondiente certificado electrónico de persona jurídica, regulado en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Cuando la entidad carezca de firma electrónica de persona jurídica, la persona solicitante con capacidad para representar a la misma deberá disponer de la correspondiente firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica o del sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de identidad, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 11/2007. Se podrán emplear todos los certificados reconocidos por la Junta de Andalucía mediante convenio con las entidades proveedoras de servicios de certificación electrónica. Las entidades reconocidas actualmente por la Junta de Andalucía en este sentido podrán consultarse mediante el acceso a la dirección web http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica. Las solicitudes que incluyan la firma electrónica reconocida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, de 24 de junio, producirán, respecto a los datos y documentos consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e incluirán la petición de autorización al interesado para realizar las comunicaciones relativas al procedimiento por medios electrónicos, a través de la suscripción automática al sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía.
b) En los Registros administrativos de la Consejería, de sus Delegaciones Provinciales y del Instituto Andaluz de Administración Pública, sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
5. Los interesados podrán obtener información personalizada por vía telemática del estado de tramitación del procedimiento y, en general, de los derechos reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación de su contenido, así como la fecha en que fueron dictados, accediendo a su sede electrónica y consultando el estado del expediente, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente Orden.
d) Declaración responsable sobre el compromiso de aportar la documentación acreditativa referida en el apartado 9 del presente artículo.
a) Una memoria descriptiva de la actividad con indicación de los objetivos, actuaciones o acciones a desarrollar y método de trabajo, así como el calendario, programa y fecha de realización de las actividades para la que se solicita subvención.
b) Presupuesto detallado y desglosado en el que conste la relación de gastos e ingresos previstos para la relación de la actividad o proyecto u objeto de la subvención, así como las cantidades otorgadas por otras entidades para su financiación y las de aportación propias.
c) Aquella documentación que acredite el cumplimiento de los distintos criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de la Orden.
9. Una vez examinadas las solicitudes o, en su caso, tras la evaluación previa, antes de la resolución provisional y sólo en el caso de resultar posible beneficiario de la subvención, el órgano competente requerirá a los interesados, para que aporten la siguiente documentación acreditativa:
a) Certificación expedida por el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Universidad o de la entidad, conforme al modelo que figura en el Anexo II de la presente Orden, acreditativa de que quien suscribe la solicitud desempeña la titularidad de la Alcaldía del Ayuntamiento, del Rectorado de la Universidad o su sustitución legal o, en su caso, de ser el representante legal de la entidad solicitante.
10. La documentación referida en el apartado anterior deberá presentarse en original o fotocopia debidamente compulsada y en duplicado ejemplar, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, de Medidas Organizativas para los Servicios de Atención Directa a los Ciudadanos. Igualmente, conforme a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y a la Ley 7/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las personas solicitantes tienen la posibilidad de presentar el documento original electrónico o la copia autenticada electrónicamente, conforme a la Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se establece la utilización de medios electrónicos para la expedición de copias autenticadas. Por último, de conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, podrán aportarse también copias digitalizadas de la referida documentación, cuya fidelidad con el original se garantizará por los interesados mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este último caso, la Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.
11. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, no será necesario aportar la documentación referida en los apartados anteriores en caso de que obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y el procedimiento en que los presentó. Igualmente, no será necesaria la aportación de datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
1. En la modalidad de subvenciones dirigidas al levantamiento de monumentos conmemorativos, las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos que se enumeran a continuación:
a) La existencia de documentos y estudios históricos que avalen la certeza de los hechos que ocasionaron la desaparición de personas y el lugar de los enterramientos. Se valorará hasta un máximo del 50% de la puntuación total.
b) La trascendencia social de los hechos objeto de la actuación conmemorativa. Se valorará hasta un máximo del 20% de la puntuación total.
c) No haber recibido con anterioridad otras subvenciones o ayudas públicas para la finalidad de la recuperación de la Memoria Histórica provenientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Se valorará hasta un máximo del 20% de la puntuación total.
d) La menor capacidad presupuestaria del municipio. Se valorará hasta un máximo del 5% de la puntuación total.
e) La ponderación en el grado de compromiso medioambiental del solicitante, que se valorará hasta un máximo del 5% de la puntuación total.
2. En las modalidades de subvenciones tendentes a financiar la elaboración de investigaciones, publicaciones y actividades divulgativas o de estudio, la valoración de las solicitudes se realizará conforme a los siguientes criterios objetivos:
a) La mayor difusión de los hechos y estudios relativos a la recuperación de la Memoria Histórica que tenga la actuación subvencionable, teniendo en consideración la incorporación de las tecnologías de la información. Se valorará hasta un máximo del 30% de la puntuación total.
b) El interés social del proyecto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se valorará hasta un máximo del 25% de la puntuación total.
c) El mayor número de actividades de esta tipología que hayan realizado con anterioridad o en los que hayan participado, en especial las llevadas a cabo en Andalucía. Se valorará hasta un máximo del 25% de la puntuación total.
d) No haber recibido con anterioridad subvenciones o ayudas públicas para la finalidad de la recuperación de la Memoria Histórica concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía. Se valorará hasta un máximo del 15% de la puntuación total.
3. En la modalidad de subvención de los trabajos preliminares de indagación, localización y estudios para la exhumación contenidos en la Memoria señalada por el artículo 6 de la Orden de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, se dará prioridad a los siguientes aspectos:
a) Calidad técnica del proyecto: adecuación en términos de eficacia y eficiencia, de los recursos humanos y materiales previstos y de la metodología propuesta para la consecución de los objetivos programados, hasta un 40% de la puntuación total.
b) Implicación de los descendientes directos de las víctimas sepultadas en el lugar de enterramiento, como promotores coadyuvantes de los Ayuntamientos o de las entidades sin ánimo de lucro constituídas antes de 1 de junio de 2004, hasta un 30% de la puntuación total.
c) Experiencia, trayectoria y especialización del equipo técnico y los Directores de Fase, en actividades similares a las que se presentan para la concesión de subvención, hasta un 15% de la puntuación total.
d) Interés social del proyecto: amplitud territorial, potenciales beneficiarios, difusión y divulgación, hasta un 15% de la puntuación total.
1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación previa y selección por el órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, que evaluará las solicitudes así como la documentación preceptiva atendiendo a los criterios de valoración indicados en el artículo 12 de la Orden. A tales efectos podrán:
2. La evaluación previa y su posterior informe al órgano instructor se llevará a cabo por una Comisión de Valoración compuesta por tres miembros, que serán nombrados por la persona titular del Comisariado para la Memoria Histórica entre el personal funcionario de la Consejería de Justicia y Administración Pública, debiendo la persona que presida la misma pertenecer al Grupo A, Subgrupo A1. En lo relativo al régimen jurídico, organización y funcionamiento de la Comisión de Valoración, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992 y en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
3. Será órgano competente para la instrucción del procedimiento y su posterior propuesta de resolución, la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica.
5. Una vez publicada la propuesta de resolución provisional e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución definitiva, se procederá a dar trámite de audiencia a los interesados, en un plazo de diez días, para:
a) Presentar alegaciones, así como la documentación a que se refiere el apartado 9 del artículo 8 de la presente Orden, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la petición de las personas beneficiarias provisionales y suplentes, éstas podrán reformular su petición para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en las bases reguladoras.
c) Las personas beneficiarias provisionales puedan comunicar su aceptación a la subvención propuesta. La propuesta se tendrá por aceptada:
Transcurrido el plazo para reformular sin que las personas beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen el desistimiento.
Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las personas beneficiarias provisionales.
1. Una vez fiscalizada la propuesta de resolución definitiva se elevará con todo lo actuado a la persona titular del Comisariado para la recuperación de la Memoria Histórica de la Consejería de Justicia y Administración Pública que, por delegación de la persona titular de la misma, será el órgano competente para resolver.
3. La referida resolución será motivada fundamentándose la adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos en el artículo 12 de la Orden, debiendo hacer constar expresamente que la resolución es contraria a la estimación del resto de solicitudes.
1. El procedimiento de concesión de subvención podrá finalizarse mediante la celebración de un convenio con los solicitantes, debiendo respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de la Orden. A estos efectos, los solicitantes y el órgano competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.
3. Formalizado, en su caso, el acuerdo, éste producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo contener los extremos mínimos exigidos en el artículo 14.2 de la presente Orden.
3. Sin perjuicio de la obligación contenida en la letra d) del artículo 18 de la presente Orden, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano concedente la modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.
La resolución por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según proceda, la solicitud o las alegaciones del beneficiario. Dicha resolución debe ser dictada previamente a la finalización del período de ejecución inicialmente concedido.
1. Las notificaciones se realizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación se realizará de forma conjunta a todos los interesados, en particular, los actos de requerimiento de subsanación, de propuesta de resolución, de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la Consejería de Justicia y administración Pública y en sus respectivas Delegaciones Provinciales, así como en la página web de la Consejería: www.cjap.junta-andalucia.es/, en los términos del artículo 59 de la citada Ley 30/1992, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.
3. En el supuesto de tramitación telemática del procedimiento, las notificaciones a los interesados se efectuarán a través de la plataforma Notific@, a la que se accede a través de la página web de la Consejería: www.cjap.junta-andalucia.es/
h) Comunicar al órgano concedente de la subvención, todos aquellos cambios de domicilio, a efectos de notificaciones, que se produzcan durante el período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 23 de la presente Orden.
j) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad, para quienes no se encuentren exceptuados de tales obligaciones.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios podrán subcontratar con terceros hasta la totalidad de la actividad subvencionada, en la forma y con sujeción a los límites establecidos en el artículo 29 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que, aumentando el coste de la actividad, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
Para la obtención de dicha autorización, los beneficiarios deberán solicitarla junto a la solicitud de la subvención, mediante escrito dirigido al órgano competente para resolver la concesión de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 de la presente Orden, quien resolverá una vez analizada la documentación y en el momento inmediatamente anterior al primer informe o propuesta provisional referida en el artículo 13.4 de la presente Orden. Se entenderá otorgada la autorización una vez haya transcurrido el citado trámite sin pronunciamiento alguno.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del artículo 14.1 de la presente Orden, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar las limitaciones contenidas en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.
2. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. La justificación del 75% de la subvención concedida, cuando aquella fuera superior a 6.050 euros, se realizará dentro de los tres meses siguientes a la completa aplicación de dicha cuantía a la actuación subvencionada.
a) Haber sido registrado en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. En dicha memoria debe incluirse un listado de participantes señalando los datos relativos a la edad y sexo.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas según el Anexo III de la presente Orden, que contendrá:
10. Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión a las que se refiere el artículo 18.g) de las presentes bases reguladoras generales.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada una vez analizada la memoria explicativa que exprese el grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la actividad en relación al objeto de la presente Orden.
En concreto, queda derogada la Orden de 8 marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas y para la financiación de gastos corrientes a organizaciones sindicales, recuperación de la memoria histórica y mejora de las infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, en lo que afecta a las bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en materia de recuperación de la memoria histórica.

References: Artículo 4

Artículo 15

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 2
 artículo 133
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 30
 resolución 
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 31
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 59
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 70
 artículo 38
 artículo 82
 artículo 35
 artículo 12
 resolución 
 artículo 35
 artículo 6
 artículo 12
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 artículo 8
 artículo 84
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 artículo 12
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 artículo 18
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 artículo 59
 artículo 23
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 artículo 14
 artículo 13
 artículo 32
 artículo 104
 artículo 14
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