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Mediadores de seguros en el punto de mira de Hacienda |
Mediadores de seguros en el punto de mira de Hacienda
Enviado por Ramón Cerdá el	26 diciembre, 2016	Deje un comentario (1) Ir a comentarios
Todos los sectores tienen sus particularidades y raro es el que, antes o después, no estén en el punto de mira de Hacienda por alguna interpretación de su particular modo de tributación. Siempre he dicho que las leyes y las normas en general, y entre ellas las tributarias, deberían ser más claras y con menos lagunas para que no hubiera posibilidad de distintas interpretaciones, pero eso no ocurre ni ocurrirá nunca, y no ocurre, porque no interesa que la fiscalidad no sea interpretable puesto que esa posibilidad es la que actúa en beneficio de Hacienda por dos vías distintas: La primera, por los inevitables errores que el propio contribuyente comete a la hora de interpretar la compleja normativa; cualquier error supone que antes o después habrá paralela, sanción e intereses de demora. La segunda, es que Hacienda puede retorcer las cosas a su gusto e incluso cambiar de criterio cuando lo cree conveniente, y cualquier cambio de criterio o interpretación creativa, acabará igualmente en paralelas, sanciones e intereses. En este caso, además, como cada una de esas nuevas interpretaciones afectan a multitud de contribuyentes, las campañas se multiplican. Esta vez le ha tocado el turno a los mediadores de seguros.
¿Cuál es la polémica entre los mediadores de seguros y Hacienda?
Mediadores de seguros y los siempre cambiantes criterios de nuestra queridísima Hacienda.
Todo viene por la interpretación en cuanto a la exención del IVA en las comisiones de los auxiliares.
Esta vez también es por uno de esos cambios de criterio que comentaba antes. ¿Cómo les va a interesar que la normativa sea clara? A mayor follón, mayor recaudación, ese es el lema que a buen seguro tienen escrito en su manual interno de procedimiento.
¿En que se basa Hacienda para este cambio de criterio relacionado con la exención de IVA en las comisiones de los mediadores de seguros?
Se apoyan en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid del 27 de noviembre de 2014, relacionada con la exención de IVA en la intermediación de productos financieros.
En la resolución consideran la labor de los auxiliares como «subcontratación de un segmento de la comercialización de determinados productos». En ese detalle (recordemos que el diablo se encuentra en los detalles) se basa la AEAT para afirmar que estas operaciones no están exentas de IVA.
Recordemos que el sector factura más de 2.200 millones de euros y da trabajo a ciento cincuenta mil personas. La ley de mediación de seguros lo permite: «Los mediadores de seguros podrán celebrar contratos mercantiles con agentes externos que colaboren con ellos en la distribución de productos de seguros actuando por cuenta de dichos mediadores bajo su responsabilidad y dirección, en los términos que las partes acuerden libremente».
¿Qué hace el auxiliar de los mediadores de seguros?
Básicamente sustituye a los anteriores subagentes o colaboradores de los corredores y de los agentes. Su trabajo consiste en captar clientes.
¿Qué pasa con la nueva interpretación?
Pues con independencia de las sanciones que puedan producirse, habrá más consecuencias, y graves. Se supone que Hacienda quiere que las comisiones se graven con el 21% de IVA, un IVA que las aseguradoras NO se pueden deducir. Problema, serio problema.
Pero no todo está claro, y que lo diga Hacienda no significa que sea así. Recordemos que Hacienda no solo se equivoca a menudo, sino que también nos engaña y nos roba más veces de las que creemos.
En este caso concreto hay consultas vinculantes de por medio e incluso sentencias de tribunales (nuestros y extranjeros), y la Dirección General de Tributos dijo en su día: «Son los servicios que por sí mismos consisten en la aproximación entre las partes para la suscripción de contratos de seguro los que pueden resultar acreedores al beneficio fiscal de la exención». (Ver texto de consulta al final de este post).
¿Pero qué importa lo que dijeron si ahora pueden recaudar con un golpe de timón?
A quien le interese la Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros, puede pinchar AQUÍ
Texto de la consulta antes mencionada:
Consulta Vinculante D.G.T. de 12 de julio de 2011 RESUMEN: IVA: Servicios prestados por las agencias de suscripción. Servicios de mediación. Poder de representación de las entidades aseguradoras para la celebración de los contratos de seguro. No tienen la condición de mediadores las agencias de suscripción en virtud de la especial vinculación que las une a las entidades aseguradoras. Sujeción y no exención. Órgano: SG de Impuestos sobre el Consumo Normativa: Ley 37/1992 art. 20-Uno-16.º Descripción de los hechos: Servicios prestados por las agencias de suscripción tras la aprobación de la Ley 2/2011, de 6 de marzo, de Economía Sostenible. Contestación completa: 1.- Con fecha 18 de julio de 2006 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. La disposición adicional octava de la citada Ley modificó el número 16.º del artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedó redactado en los siguientes términos: “Uno. Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones: (…) 16.º Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización. Asimismo, los servicios de mediación, incluyendo la captación de clientes, para la celebración del contrato entre las partes intervinientes en la realización de las anteriores operaciones, con independencia de la condición del empresario o profesional que los preste. Dentro de las operaciones de seguro se entenderán comprendidas las modalidades de previsión”. La Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados respondía a la necesidad de incorporar a la normativa interna española las previsiones contenidas en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros, que incorporaba nuevas prácticas y formas de mediación no contempladas en la normativa interna vigente. La modificación del número 16.º del apartado uno de artículo 20 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido respondió a la misma necesidad de adaptar el tenor del precepto vigente a la evolución experimentada en los últimos años en la actividad de mediación en los seguros privados. 2.- La normativa española reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, contenida en la Ley 37/1992, supone la transposición al derecho interno de las previsiones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. En particular, el artículo 20, apartado uno, número 16.º, de la Ley del impuesto es la transposición de lo previsto en el artículo 135.1.a) de la Directiva, que establece lo siguiente: “Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes: a) las operaciones de seguro y reaseguro, incluidas las prestaciones de servicios relativas a las mismas efectuadas por corredores y agentes de seguros”. 3.- La doctrina de esta Dirección General en relación con las operaciones de mediación en el seguro tiene en consideración determinados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia, en particular, las sentencias dictadas en los Asuntos C-08/01, de 20 de noviembre de 2003 (Taksatorringen) y C-472/03, de 3 de marzo de 2005, (Andersen). Como señala el Tribunal en la sentencia Andersen, para poder hablar de servicios de mediación es preciso que se encuentre presente alguno de los aspectos esenciales de la función del mediador como es buscar clientes o poner a éstos en relación con el asegurador. De acuerdo con esta sentencia, en la delimitación de lo que deban considerarse servicios exentos es necesario excluir el puro y simple “back office”, es decir, la prestación de servicios de apoyo que, por sí mismos, no constituyen prestaciones de servicios relativas a operaciones de seguros efectuadas por un corredor o agente de seguros en el sentido de la citada disposición. Antes al contrario, son los servicios que por sí mismos consisten en la aproximación entre las partes para la suscripción de contratos de seguro los que pueden resultar acreedores del beneficio fiscal de la exención. De otra parte, y por referencia a la norma nacional, resulta evidente de su lectura que la delimitación de las operaciones exentas atiende a consideraciones objetivas, independientes de la condición de las personas o entidades que presten los servicios de mediación o que resulten destinatarias de dichos servicios. Sobre la base de estas consideraciones se establecerá el tratamiento de las distintas operaciones a las que se refiere el escrito de consulta. 4.- La disposición adicional tercera de la Ley 26/2006 regulaba la figura de las “agencias de suscripción”. Señalaba la Ley 26/2006 que las actividades que lleven a cabo las agencias de suscripción de riesgos por cuenta y en representación de las entidades aseguradoras o reaseguradoras se entenderán realizadas directamente por dichas entidades aseguradoras o reaseguradoras y no podrán considerarse que constituyen las actividades de mediación de seguros o reaseguros privados. No obstante, dicha regulación ha sido modificada por la disposición final decimocuarta de la Ley 2/2011, de 6 de marzo, de Economía Sostenible, en virtud de la cual se introducen los artículos 80bis y 80ter en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. El artículo 80bis del citado Real Decreto define a las agencias de suscripción de la siguiente forma: “Las entidades aseguradoras domiciliadas en Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de España y que ejerzan sus actividades en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios podrán suscribir contratos de apoderamiento con personas jurídicas españolas para la suscripción de riesgos en nombre y por cuenta de aquellas.” Con esta nueva regulación las agencias de suscripción se reubican dentro de la regulación de ordenación y supervisión de seguros privados, sometiéndolas a la previa autorización, control y tutela de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como si de una entidad aseguradora se tratara. Su objetivo es firmar contratos de apoderamiento con entidades aseguradoras establecidas en Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de España, que permitan la suscripción de riesgos en nombre y por cuenta de ellas. La razón de ello es que las agencias de suscripción suelen contar con un poder de representación de las entidades aseguradoras para la celebración de los contratos de seguro o de reaseguro, por lo cual se las asimila, a efectos regulatorios y salvando la distancia de la diferente naturaleza jurídica de la relación, a los empleados de la entidad aseguradora. En otros términos, no tienen la condición de mediadores las agencias de suscripción en virtud de la especial vinculación que las une a las entidades aseguradoras, considerando que la actividad de distribución de seguros que aquéllas desarrollen se entenderá realizada directamente por cuenta de éstas (artículo 4.3 de la Ley 26/2006). El anterior régimen regulatorio no significa, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, que las agencias de suscripción no presten a las entidades aseguradoras, en nombre de las que actúen, servicios de mediación, incluida la captación de clientes, en el sentido expuesto en el apartado 3 de esta contestación. Si este es el caso, estos servicios merecen un trato fiscal distinto al general, esto es, su consideración como exentos de tributación por el Impuesto. En otro caso, cuando lo que se presten sean servicios administrativos de gestión o administración, es decir, lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denominó como “back office”, los mismos estarán sujetos y no exentos del Impuesto. 7.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Hacienda, Tribunales y Juzgadosconsulta vinculante
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 artículo 20
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 artículo 135
 Real Decreto 
 artículo 80
 Real Decreto 
 artículo 89