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Timestamp: 2018-08-15 01:39:07+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/523/2006, 04-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/523/2006 de 04 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/523/2006
Se inadmite la solicitud de suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo en base a perjuicios de imposible o dificil reparación, pues según el artículo 46 del Reglamento de Revisión (aprobado por el Real Decreto 520/2005), es requisito necesario que se alegue y justifique de forma especial que la ejecución del acto impugnado ocasionaría dichos perjuicios de imposible o difícil reparación, adjuntando los documentos y medios de prueba que así lo justifiquen.
En la Villa de Madrid, a 4 de mayo de 2006, vista la Pieza Separada de Suspensión al expediente número 523/06 R.G. formalizada ante este Tribunal Económico Administrativo Central en virtud de la solicitud realizada por ..., S.A., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., en torno a la suspensión de la ejecución del acto que a continuación se dice.
PRIMERO.- Con fecha 12 de enero de 2006, la entidad ..., S.A interpuso reclamación económico administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central, contra providencia de apremio dictada por la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Tributaria en la liquidación clave ..., por el concepto intereses de demora 1997, resolución denegatoria de suspensión art. 76, por importe total de 2.246.820,34 €.
SEGUNDO.- En el escrito de interposición de la reclamación la sociedad interesada solicita, mediante Otrosí, se acuerde la suspensión cautelar del acto impugnado en virtud de las razones expuestas que fundamentan la reclamación presentada y que justifican la improcedencia de la providencia de apremio. Las alegaciones que, en síntesis, formula son las siguientes: 1) Que con fecha 8 de septiembre de 2005, la sociedad interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central contra la liquidación de intereses apremiada que fue inadmitida a trámite por resolución de fecha 23 de noviembre de 2005, contra la que en breve interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional; 2) Que pese a no haber transcurrido el plazo de dos meses señalado para la interposición del citado recurso contencioso-administrativo ha recibido la providencia de apremio ahora impugnada; 3) Que, conforme a reiterada jurisprudencia que se cita, no cabe iniciar el procedimiento de apremio cuando está pendiente un pronunciamiento sobre una solicitud de suspensión o cuando, denegada esta, no ha transcurrido el plazo de impugnación de la misma y 4) Que adicionalmente debe alegar que la sociedad ya había pagado el impuesto que se le reclama, con anterioridad a la actuación inspectora, por lo que no procede ninguna liquidación de intereses de demora sobre una deuda tributaria que ya había sido abonada antes de que fuera reclamada por la Administración y menos aún reclamarla en vía de apremio.
Por su parte el apartado 4 del citado artículo 46 señala que "Subsanados los defectos o cuando el tramite de subsanación no haya sido necesario, el tribunal económico-administrativo decidirá sobre la admisión a tramite de la solicitud y la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho ".
TERCERO.- En el presente caso la Sociedad reclamante no ha efectuado alegación alguna sobre los perjuicios de imposible o difícil reparación que de la ejecución del acto impugnado pudieran derivarse, por lo que a tenor de lo establecido en el apartado cuarto del precepto examinado, procede declarar inadmisible la solicitud formulada.
CUARTO.- Solicita, asimismo, la entidad reclamante que a la vista de las consideraciones expuestas en su escrito de interposición de la reclamación se acuerde la suspensión de la providencia de apremio impugnada por entender cautelarmente suspendida la liquidación apremiada y resultar improcedente la liquidación de intereses de demora sobre una deuda tributaria que ya había sido abonada antes de que fuera reclamada por la Administración, lo que en definitiva supone invocar la existencia a su favor del principio de buen derecho. En este sentido debe señalarse que, si bien es cierto que tal doctrina se ha incorporado como criterio jurisprudencial para decidir la procedencia de una concreta medida cautelar y, singularmente, la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado, no lo es menos que el propio Tribunal Supremo en varias resoluciones -Sentencias de 17 de octubre de 1990, 13 de octubre de 1991, y Auto de 1 de diciembre de 1997 (Rec. 2469/1997)- ha declarado que al suponer la apelación al principio del "fumus boni iuris" una invitación a que la Sala entre en el fondo del asunto, el Tribunal en la pieza de suspensión debe extremar su prudencia y no establecer, al decidir sobre dicha suspensión, indicaciones que puedan distorsionar, acaso, los planteamientos del asunto principal, por lo que la suspensión del acto administrativo por esa alegación requiere que la nulidad del mismo sea absolutamente ostensible, patente, manifiesta y evidente a todas luces, lo que en el caso examinado no ha sido acreditado. Asimismo, ese Tribunal, en varias resoluciones -Autos de 31 de enero de 1994 y 16 de mayo de 1995 y Sentencias de 12 de febrero de 1996, entre otras- ha declarado que el criterio del "fumus boni iuris" debe tenerse en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una disposición de carácter general declarada previamente nula de pleno derecho, o bien cuando se impugna en acto idéntico a otro que ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no al predicarse la nulidad de un acto, como sucede en el presente caso, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues de lo contrario, se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la vigente Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito. Y finalmente, ese Tribunal ha venido a declarar la no aplicación de la doctrina de la apariencia de buen derecho con independencia del requisito que sigue siendo fundamental para acordar la suspensión, cual es el que la ejecución hubiese de ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación, extremo que el interesado no acredita, como ha quedado fundamentado en la presente resolución (Sentencia de 1 de diciembre de 1997 (Rec. 9040/1996) y Auto de 16 de febrero de 1998 (Rec. 1112/1997).
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la solicitud de suspensión formulada por ..., S.A., en pieza separada de suspensión al expediente número 523/06 R.G. en orden a la suspensión de la ejecución del acto en él reclamado, ACUERDA: Inadmitir a trámite la solicitud de suspensión
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 50/2017, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 420/2015, 13-02-2017
Orden: Administrativo Fecha: 13/02/2017 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Santos Coronado, Jaime Alberto Num. Sentencia: 50/2017 Num. Recurso: 420/2015

References: Resolución 
 artículo 46
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 24
 resolución 
 resolución