Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2008-00132-de-febrero-3-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0f476f136820084e0430a0101510084&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-14 03:10:36+00:00

Document:
﻿ Auto 2008-00132 de febrero 3 de 2011
AUTO 2008-00132 DE 03 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:NATURALEZA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTAS, SON CONSIDERADAS COMO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR SERVICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA
Auto 2008-00132 de febrero 3 de 2011
Rad. 250002327000200800132 01
Referencia: 18556
Actor: Urra S.A. ESP
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho apelación interlocutorios
Bogotá, D.C., tres de febrero de dos mil once
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 5 de agosto de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que decretó la perención del proceso de la referencia.
La Empresa Urra S.A. ESP, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objeto de que se declare la nulidad de la liquidación oficial contribución especial 20075340006686 de 2007, y las resoluciones 20075300032525 de 2007 y 200885000001965 de 2008, actos administrativos proferidos por dicha autoridad administrativa.
La Subsección "B", Sección Cuarta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por auto de 23 de octubre de 2008 admitió la demanda. Posteriormente, mediante proveído de 6 de noviembre de 2009, atendiendo al mandato legal establecido en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, ordenó a la parte demandante acreditar el pago de la contribución discutida en sede judicial o en su defecto prestar caución por la suma equivalente al diez por ciento (10%) de la suma determinada en los actos administrativos demandados, sin tener en cuenta para tal efecto la sanción allí dispuesta. Para el cumplimiento de esta obligación concedió un término de diez (10) días contados desde la ejecutoria de dicha decisión.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en consideración a que transcurridos más de seis meses desde la última actuación surtida dentro del presente trámite procesal, noviembre de ese mismo año, sin que el actor hubiese dado cumplimiento a la obligación de prestar caución ordenada en la citada providencia, de conformidad con el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo decretó la perención del proceso de la referencia.
La parte actora señaló que el auto por medio del que se decretó la perención del proceso es ilegal, ya que teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, entidad pública del orden nacional del sector descentralizado por servicios, en tanto que es una empresa de servicios públicos mixta, pues el Estado posee más del 50% de su propiedad accionaria, acorde con lo establecido en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, no es posible aplicar en este caso la figura de la perención del proceso.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pidió confirmar el auto apelado, pues consideró que en el presente asunto se concedió y admitió un recurso de apelación que nunca fue interpuesto ni sustentado, ya que la parte actora se limitó a formular ante los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mas no ante su superior jerárquico, una solicitud de ilegalidad que recayó sobre el auto objeto de este asunto, sin siquiera solicitar que dicha decisión fuese revocada o modificada.
Finalmente expresó que en el evento en que se considere que el recurso de apelación sí procedía, el auto objeto de alzada debe ser confirmado, toda vez que en este caso operó el fenómeno de la perención del proceso, pues transcurrieron más de seis meses desde la última actuación procesal, sin que la parte demandante cumpliera con la obligación a su cargo de prestar caución, conforme lo ordenó el tribunal.
No obstante lo afirmado por la parte demandada en su escrito de oposición en relación con que en el presente asunto no se presentó ningún recurso, la Sala, teniendo en cuenta que el memorial que obra a folios 179 a 186 del expediente, cuya referencia es “Solicitud de ilegalidad”,se encamina a cuestionar la decisión del tribunal que dio por terminado el proceso de la referencia decretando la perención, y atendiendo al mandato constitucional plasmado en los artículos 228 y 229 de la Carta, según los cuales el derecho sustancial prevalece y se debe garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, procederá a resolver de fondo como recurso de apelación dicha solicitud.
Ahora bien, en materia de lo contencioso administrativo, conforme lo establece el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, para que proceda el decreto de la perención del proceso se requiere que el mismo permanezca en secretaría inactivo por más de seis meses, término que se contabiliza desde la notificación del último auto, desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al agente del Ministerio Público, y que dicha inactividad no obedezca a la suspensión del proceso decretada por el juez, sino al incumplimiento de las cargas procesales que le conciernen al demandante; adicionalmente dicha norma dispuso que la perención del proceso no procede cuando se trate de una acción de simple nulidad o en el evento que la parte demandante sea la Nación, una entidad territorial o una entidad descentralizada.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la figura procesal objeto del presente estudio, se tiene que la misma es una forma anormal de terminación del proceso, que conlleva su extinción como consecuencia de la parálisis injustificada del mismo por causa del incumplimiento de las cargas procesales impuestas tanto por el juez como por el ordenamiento jurídico a la parte demandante, lo que se traduce en una sanción para la parte actora incumplida, pues se presume que su conducta es contraria a los postulados o principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones judiciales que propenden por una pronta y cumplida administración de justicia.
Descendiendo al fondo del presente asunto se tiene que la parte recurrente afirmó que es una entidad descentralizada del orden nacional. Sobre el particular se observa que a folios 2 y 187 del expediente obran poder general y certificación de participación accionaria, documentos en los que consta que la sociedad demandante es una empresa de servicios públicos mixta, la cual es definida por el numeral 6º del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, como aquella cuyos aportes de capital de la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas son iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%).
En torno a la estructura y organización de la administración pública, particularmente, respecto del sector descentralizado por servicios, la Ley 489 dispuso:
PAR. 2º—Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1º del presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de constitución se indicará el ministerio o departamento administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos”.
“ART. 68.—Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.
(...)” (resaltado de la Sala).
Respecto de la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos mixtas, la Corte Constitucional en Sentencia C-736 de 2007 precisó que si bien aquellas, conforme lo establece el artículo 365 de la Constitución Política, y dada su naturaleza (prestación de servicios públicos) y régimen jurídico especial, no pueden ser consideradas como sociedades de economía mixta, las mismas, acorde con una interpretación armónica de los artículos 38 y 68 de la Ley 489, deben ser consideradas como entidades descentralizadas por servicios, pues si bien el artículo 38 en cita no les otorga dicha categoría, de la redacción del artículo 68 ibídem se entiende que dicha norma incluye, de manera implícita, a las empresas de servicios públicos mixtas como entidades descentralizadas.
De acuerdo con las consideraciones hasta aquí efectuadas y teniendo en cuenta que la Empresa Urra S.A. ESP efectivamente es una entidad perteneciente al sector descentralizado por servicios de orden nacional, conforme con el inciso 4º del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo se advierte que en el presente asunto era improcedente el decreto de la perención del proceso.
En ese orden de ideas la Sala revocará el auto materia del presente análisis y por medio del que se había decidido decretar la perención del proceso de la referencia.
1. REVÓCASE el auto de 5 de agosto de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En consecuencia, ORDÉNASE a dicha autoridad judicial continuar con el trámite del proceso de la referencia.
Magistrados: Martha Teresa Briceñode Valencia—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo—Carmen Tereza Ortiz de Rodríguez.

References: artículo 140
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 14
 artículo 365
 artículo 38
 artículo 68
 artículo 148