Source: http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/f6c53fd19cecfc4403257d08005e0f8c?OpenDocument
Timestamp: 2019-10-16 21:39:39+00:00

Document:
Legislación Provincial de Córdoba: Ley Número 10208
LEY Nº 10208
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
FECHA DE SANCIÓN: 11.06.2014
PUBLICACIÓN: B.O. 27.06.2014
CANTIDAD DE ANEXOS: -03(ANEXOS I, ANEXO II Y ANEXO III, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE LEY).
OBSERVACIÓN ART. 7°: POR ART. 1° RESOLUCIÓN N° 38/14 (B.O. 01.08.14), DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE DELEGA EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, Y/O EN EL ORGANISMO QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO Y LICENCIA AMBIENTAL, PREVISTOS EN EL CAPÍTULO IV DE LA PRESENTE LEY.
OBSERVACIÓN ART. 8° INC. K): REGLAMENTADO POR DECRETO N° 288/15 (B.O. 29.04.15).
OBSERVACIÓN CAPÍTULO VI: POR RESOLUCIÓN N° 13-15 (B.O. 10.03.15), DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
OBSERVACIÓN ART. 41: POR RESOLUCIÓN N° 13-15 (B.O. 10.03.15), DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL, CON ANEXO Y DETALLE DE LA TEMÁTICA EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
OBSERVACIÓN ARTÍCULOS, 42,43, 44 (CAPÍTULO VII), 49 Y 50 (CAPÍTULO IX): REGLAMENTADO POR DECRETO N° 247/15 (B.O. 16.04.15).
OBSERVACIÓN ART. 45: REGLAMENTADO POR DECRETO N° 248/15 (B.O. 16.04.15).
OBSERVACIÓN ART. 50: POR RESOLUCIÓN N° 241/14 DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE (B.O. 21.08.14), SE DISPONE “QUE EN EL ÁMBITO DEL ÁREA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, EL REGISTRO TEMÁTICO DE CONSULTORES AMBIENTALES (RETECA), CON LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
OBSERVACIÓN ART. 50: POR RESOLUCIÓN N° 286/15 (B.O. 18.09.2015), DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, SE CREA EN EL AREA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES, EL REGISTRO OFICIAL DE LABORATORIOS AMBIENTALES, (ROLA), CON LOS REQUISITOS Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
OBSERVACIÓN ART. 51: POR RESOLUCIÓN N° 105/17 (B.O. 04.07.17) DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE APRUEBAN LOS ESTÁNDARES DE AIRE DE LA PROVINCIA, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL.
OBSERVACIÓN ART. 53, APARTADO 1) PUNTO D : POR RESOLUCIÓN N° 5/15 (B.O. 24.04.2015), DEL TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL AD-HOC, SE HACEN CONSIDERACIONES RESPECTO A LA OPCIÓN “VOTO LISTA COMPLETA”, CON LOS CASOS EXPLICITADOS EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
TEXTO ART. 79: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 16 APARTADO 1 L. N° 10508 (B.O. 26.12.17).
TEXTO ART. 81: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 16 APARTADO 2 L. N° 10508 (B.O. 26.12.17).
TEXTO ART. 82: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 16 APARTADO 3 L. N° 10508 (B.O. 26.12.17).
OBSERVACIÓN ARTS. 83 Y 84: POR RESOLUCIÓN N° 282/17 (B.O. 04.12.17) DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y MINISTERIO DE SALUD, SE APRUEBA REGLAMENTACIÓN DE IMPACTO EN SALUD AMBIENTAL CON ANEXO Y DETALLE DEL TEMA DISPUESTO EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
OBSERVACIÓN ART. 85: POR RESOLUCIÓN N° 544/16 (B.O. 10.08.16), DEL MINISTERIO DE SALUD, SE APRUEBA EL “PLAN QUINQUENAL DE SALUD AMBIENTAL 2015-2020” EN EL MARCO DE LA PRESENTE LEY, QUE SERÁ IMPLEMENTADO POR LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN LA PROPIA RESOLUCIÓN.
OBSERVACIÓN CAPÍTULO XVI, ART. 87: POR RESOLUCIÓN N° 106/14 (B.O. 02.02.15), DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE CREA “LA UNIDAD EJECUTORA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL” EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, QUE INFORMARÁ SOBRE ESTADO ANUAL AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.
TEXTO ART. 94: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 1° L. N° 10211 (B.O. 27.06.14).
TEXTO ART. 95: CONFORME MODIFICACIÓN POR ART. 2° L. N° 10211 (B.O. 27.06.14)
Ley: 10208
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley determina la política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- La presente Ley es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia - Ley Nº 7343, normas concordantes y complementarias-, modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana en los distintos procesos de gestión.
ARTÍCULO 3º.- La política ambiental provincial establece el cumplimiento de los siguientes objetivos:
b) Asegurar el cumplimiento de los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente -establecidos en la Ley Nº 7343 y sus modificatorias- y en el marco normativo provincial ambiental vigente;
ARTÍCULO 4º.- La ejecución de la política ambiental provincial garantizará para su desarrollo el cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 –General del Ambiente- y sus presupuestos mínimos, tales como:
j) Principio de cooperación: los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional.
El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.
ARTÍCULO 5º.- El diseño, formulación y aplicación de las políticas ambientales deben asegurar la efectiva aplicación de las siguientes premisas:
a) El respeto de la dignidad humana y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población;
b) La protección de la salud de las personas previniendo riesgos o daños ambientales;
c) La protección, rehabilitación y recuperación del ambiente, incluyendo los componentes que lo integran;
d) La protección y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en condiciones compatibles con la capacidad de depuración o recuperación del ambiente y la regeneración de los recursos naturales renovables;
e) La prevención y el control de la contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. Los costos de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio;
f) La protección y el uso sostenible de la diversidad biológica, los procesos ecológicos que la mantienen, así como los bienes y servicios ambientales que proporcionan. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción a cualquier especie, subespecie o variedad de flora o fauna ni generar erosión de los recursos genéticos, así como a la fragmentación y reducción de ecosistemas;
g) La promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción y comercialización más limpias, incentivando el uso de las mejores tecnologías disponibles desde el punto de vista ambiental;
h) El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la preservación de las áreas agrícolas, los agroecosistemas y la prestación ambientalmente sostenible de los
i) La promoción efectiva de la educación ambiental, de la participación ciudadana y de una ciudadanía ambientalmente responsable;
j) El carácter transversal de la gestión ambiental, por lo cual las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos integral e intersectorialmente al más alto nivel, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales;
k) Los planes de lucha contra la pobreza, la política comercial y las políticas de competitividad deben estar integradas en la promoción del desarrollo sostenible;
l) El aprovechamiento de las sinergias en la implementación de los acuerdos multilaterales ambientales a fin de reducir esfuerzos, mejorar la inversión en su implementación y evitar superposiciones para obtener resultados integradores y eficaces, y
m) El incentivo al desarrollo, al uso de tecnologías apropiadas y al consumo de bienes y servicios ambientalmente responsables, garantizando una efectiva conservación de los recursos naturales, su recuperación y la promoción del desarrollo sostenible.
ARTÍCULO 6º.- A los fines de alcanzar los objetivos establecidos en la presente Ley, los organismos públicos provinciales, municipales y comunales integrarán en sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-, en la Ley Nº 7343 –Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente- y en esta normativa.
ARTÍCULO 8º.- La Provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos de política y gestión ambiental los siguientes:
d) Los planes de gestión ambiental;
e) Los sistemas de gestión ambiental;
f) El control de las actividades antrópicas;
g) La fijación de estándares y normas;
h) La educación ambiental;
i) La información y diagnóstico ambiental;
j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental;
k) El seguro ambiental, y
l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales.
ARTÍCULO 9º.- El Ordenamiento Ambiental del Territorio desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio provincial mediante la coordinación de municipios y comunas con la Provincia. El proceso se realizará en forma participativa con todos los actores sociales que conformen los intereses de los distintos sectores entre sí y de estos con la administración pública, de tal manera que armonice la convivencia entre las actividades humanas y el entorno.
En el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio se tendrán en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional.
El Ordenamiento Ambiental del Territorio debe asegurar el uso adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la producción armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.
a) Definir las ecorregiones del territorio provincial a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen y de la ubicación y situación de los asentamientos humanos existentes;
b) Desarrollar los lineamientos y estrategias para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la localización de actividades productivas y de los asentamientos humanos;
c) Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas en materia de gestión ambiental y uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en concordancia con las características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población;
d) Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, y promover la participación ciudadana fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en dicha tarea;
e) Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones sobre la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, y orientar, promover y potenciar la inversión pública y privada, sobre la base del principio de sostenibilidad;
f) Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el Estado y los diferentes actores económicos y sociales sobre la ocupación y el uso adecuado del territorio y los recursos naturales, previniendo conflictos ambientales, y
g) Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y frágiles.
ARTÍCULO 11.- La Autoridad de Aplicación convocará -en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días- a los distintos sectores y actores sociales a un proceso participativo para el desarrollo de la propuesta del Poder Ejecutivo para el Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, considerando todo antecedente existente de organización del uso del suelo en el territorio provincial.
La propuesta resultante de Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia será elevada para su tratamiento al Poder Legislativo dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos de la promulgación de la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación, en la instrumentación del proceso participativo que conduzca a la elaboración del Ordenamiento Ambiental del Territorio, tendrá en cuenta los siguientes elementos para la localización de las distintas actividades y de desarrollos urbanos o rurales:
a) De acuerdo a los criterios establecidos en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente-:
1) La vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;
2) La distribución de la población y sus características particulares;
3) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
4) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales, y
5) La conservación y protección de ecosistemas significativos.
2) El mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo provincial elaborado de acuerdo a la legislación vigente;
3) La legislación provincial, programas y acciones en materia de planificación del Área Metropolitana;
4) Ordenamientos de uso del suelo y territoriales ambientales desarrollados por municipios y comunas en su ámbito jurisdiccional que se encuentren vigentes;
5) La preservación, protección y saneamiento de las cuencas hídricas de la Provincia de Córdoba;
9) Las investigaciones o recomendaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Centro de Excelencia en Productos y Servicios (CEPROCOR) y los dictámenes específicos elaborados por universidades públicas y privadas, y
10) Todo otro antecedente relevante que se aporte para su consideración a la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 16.- Los proyectos comprendidos en el listado que, compuesto de cinco (5) fojas forma parte de la presente Ley como Anexo II, se consideran condicionalmente sujetos a la Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo decidir la Autoridad de Aplicación - mediante pronunciamiento fundado por vía resolutiva- los que deben ser desarrollados por el proponente en los términos de la Evaluación de Impacto Ambiental. La información básica que se utiliza a tal fin es el Aviso de Proyecto.
ARTÍCULO 17.- Entiéndese como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-administrativo realizado por la Autoridad de Aplicación, basado en el Estudio de Impacto Ambiental, dictamen técnico, estudios técnicos recabados y las opiniones y ponencias surgidas de las audiencias públicas u otros mecanismos de participación ciudadana implementados, que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que determinadas políticas y/o proyectos públicos o privados pueden causar en la salud del hombre y/o en el ambiente, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, con el fin de aprobar o rechazar el Estudio de Impacto Ambiental.
Este procedimiento técnico-administrativo consta de las siguientes fases:
a) Realización y presentación del Aviso de Proyecto por parte del promotor o iniciador;
b) Proceso de difusión e información pública y participación ciudadana;
c) Realización y presentación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del promotor o iniciador, si correspondiere, y
d) Otorgamiento o denegatoria de Licencia Ambiental por parte de la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 18.- Entiéndese por Proyecto a la propuesta que realicen o proyecten realizar personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Puede estar referido tanto a políticas de gobierno, generales o sectoriales, programas provinciales, regionales o locales, proyectos de construcciones o instalaciones, como a otras intervenciones sobre el medio natural o modificado, comprendidas -entre otras- las modificaciones del paisaje, la explotación de recursos naturales, los planes de desarrollo, las campañas de aplicación de biocidas y los cambios de uso de la tierra.
Los aspectos que deben contemplarse en la consideración de un Proyecto son:
a) Idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño;
b) Concreción, construcción o materialización;
c) Operación de las obras o instalaciones;
d) Clausura o desmantelamiento;
e) Posclausura o posdesmantelamiento;
f) Auditoría de cierre, y
g) Estudios de impacto ambiental posclausura.
ARTÍCULO 19.- Entiéndese por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico único de carácter interdisciplinario que, incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene por objeto predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general, el que contendrá como mínimo:
a) Descripción general del proyecto. Líneas de base de agua, suelo, aire y salud. Exigencias previsibles en el tiempo con respecto al uso del suelo y otros recursos (combustibles, aguas, etc.). Relación del proyecto con el Ordenamiento Territorial;
b) Estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y disposición final de los mismos;
c) Estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y energía resultantes del funcionamiento, y formas previstas de tratamiento y control;
d) Descripción de los efectos previsibles, se trate de consecuencias directas o indirectas -sean éstas presentes o futuras- sobre la población humana, la fauna urbana y no urbana, la flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico;
e) Descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos ambientales negativos;
f) Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la actividad o construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos;
g) Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y la infraestructura de servicios de la Provincia;
h) Descripción ambiental de área afectada y del entorno ambiental pertinente;
i) Identificación de puntos críticos de control y programa de vigilancia y monitoreo de las variables ambientales durante su emplazamiento y funcionamiento. Programas de recomposición y restauración ambientales previstos;
j) Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o la actividad;
l) Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la actividad.
La Autoridad de Aplicación -de estimarlo necesario- puede requerir modificaciones o alternativas de formulación y/o desarrollo del proyecto, otorgar o denegar la autorización.
ARTÍCULO 20.- Entiéndese por Licencia Ambiental al acto administrativo de autorización emitido por la Autoridad de Aplicación como resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la Autoridad de Aplicación, no puede presentarse nuevamente para su evaluación.
ARTÍCULO 21.- En los casos de los Proyectos descriptos en el Anexo II el proponente debe presentar -obligatoriamente- un Aviso de Proyecto, el cual debe ser objeto de difusión, accesible a la información pública y al consecuente proceso de participación ciudadana que la Autoridad de Aplicación determine.
Todo Aviso de Proyecto será publicado en la página web oficial de la Autoridad de Aplicación dentro de los quince (15) días de presentado.
La guía de comprensión se incluye como Anexo III que compuesta de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 22.- Dentro del plazo de sesenta (60) días de presentado el Aviso de Proyecto comprendido en el Anexo II de esta Ley, la Autoridad de Aplicación debe expedirse sobre la aprobación, ampliación, rectificación o rechazo del mismo. En todos los casos la resolución debe establecer si el proyecto en cuestión debe someterse o no a Evaluación de Impacto Ambiental. La resolución debe estar debidamente fundada.
ARTÍCULO 23.- La Autoridad de Aplicación, a través del área técnica correspondiente, debe dar difusión a todo proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental dentro de los diez (10) días de presentado el Estudio de Impacto Ambiental (Anexo I) o de aprobado el Aviso de Proyecto (Anexo II), debiendo efectivizarse con un mínimo de siete (7) días dicha comunicación pública, especialmente en el lugar de localización del proyecto.
ARTÍCULO 24.- Una vez presentado el proyecto el Estudio de Impacto Ambiental por el proponente, el mismo es valorado críticamente por la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, la que después de emitir dictamen técnico sobre el mismo lo remite a la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 25.- Créase la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, cuya función es evaluar técnicamente los potenciales impactos producidos sobre el ambiente por los proyectos de obras y acciones públicas y privadas a desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Córdoba, así como la previsión de incorporación, en dichos proyectos, de medidas de mitigación o el desarrollo de obras y acciones complementarias para atenuar esos impactos. Esta Comisión se integra por representantes de los ministerios, organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial y entes descentralizados del Estado Provincial designados por sus respectivos organismos.
ARTÍCULO 26.- La Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental debe realizar el análisis del Estudio de Impacto Ambiental teniendo en cuenta:
a) La comparación de valores de referencia de calidad ambiental propios de la actividad y los preocupacionales (línea de base);
b) Las características condicionantes del sitio de localización tales como: clima, hidrología superficial y subterránea, biota y usos de suelo dominantes;
e) La existencia o no de planes u obras importantes en la zona y los objetivos de las mismas, y los estudios de compatibilidad tanto de las nuevas actividades u obras entre sí, como respecto al medio urbano y rural existente;
f) Los futuros costos y las posibilidades reales de efectuar en forma permanente controles de establecimiento y situaciones cuyo número y/o complejidad implique nuevas cargas al erario público y elevados riesgos con respecto al cumplimiento habitual de las normas y recomendaciones de la tutela ambiental, y
g) La comparación con experiencias similares nacionales e internacionales, en forma especial con aquellas que constan en la documentación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Comunidad Económica Europea y de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos de América, acreditada de manera fehaciente en el supuesto que fuese posible.
ARTÍCULO 27.- Remitido el dictamen técnico por la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, la Autoridad de Aplicación ordenará al proponente del proyecto publicar un extracto del mismo debidamente visado por aquella, por un período de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un medio de circulación local, regional o provincial, según sea el caso. Dicha publicación debe –obligatoriamente contener descripción de la naturaleza del proyecto, su localización exacta, el objetivo y propósito del mismo. A partir de la primera publicación los particulares podrán consultar y tomar conocimiento de las actuaciones administrativas relativas al proyecto, a excepción de los antecedentes necesarios para proteger invenciones o procedimientos patentables.
ARTÍCULO 28.- La Autoridad de Aplicación determina el mecanismo de participación ciudadana aplicable al caso, conforme el nivel de complejidad ambiental del proyecto sometido a evaluación.
La convocatoria a audiencia pública u otro proceso de participación ciudadana debe hacerse a través de los medios de comunicación con un mínimo de veinte (20) días corridos de anticipación a la fecha estipulada, debiendo finalizar el proceso de consulta ciudadana en un plazo no superior a los sesenta (60) días, a contar de la fecha de la última publicación del extracto.
ARTÍCULO 29.- Verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y valoradas las opiniones, ponencias, informes técnicos y científicos que surjan del proceso de participación ciudadana, la Autoridad de Aplicación en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días emitirá la respectiva resolución, otorgando o denegando la Licencia Ambiental correspondiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para la Autoridad de Aplicación, pero en caso de que ésta presente opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, debe exponer fundadamente los motivos de su apartamiento y hacerlo público.
ARTÍCULO 30.- Las personas -sean públicas o privadas- y proponentes de proyectos deben contar en forma previa a toda implementación, ejecución y/o acción con la correspondiente Licencia Ambiental expedida por la Autoridad de Aplicación que acredite la concordancia de los mismos con los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
ARTÍCULO 31.- La Licencia Ambiental debe ser exigida por todos los organismos de la Administración Pública Provincial y Municipal con competencia en la materia, quedando expresamente prohibido en el territorio de la Provincia la autorización de obras y/ o acciones que no cumplan este requisito.
ARTÍCULO 32.- Cuando la Autoridad de Aplicación lo considere conveniente, debido a la complejidad que presenten diferentes aspectos específicos de una Evaluación de Impacto Ambiental, puede solicitar apoyo técnico a los organismos e institutos de indudable solvencia científico-técnico e imparcialidad en sus juicios y consideraciones tales como: universidades, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro de Investigaciones Hídricas de la Región Semiárida (CIHRSA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otros de trayectoria y capacidad reconocida, quedando a cargo del proponente del proyecto las erogaciones demandadas por tales
ARTÍCULO 33.- La Autoridad de Aplicación tiene la responsabilidad de examinar, autorizar o rechazar los proyectos presentados en el marco de esta normativa y velar por la adecuación de estos instrumentos a la política ambiental provincial.
ARTÍCULO 34.- La Autoridad de Aplicación publicará en su página web oficial e informará por diferentes medios en las principales áreas o zonas de influencia sobre los nuevos proyectos que ingresen al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a los fines de permitir el conocimiento y acceso de la población, especialmente del lugar.
Dicha difusión debe realizarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por un mínimo de tres (3) días y en los diarios que establezca la Autoridad de Aplicación, especialmente aquellos del lugar del emprendimiento.
ARTÍCULO 35.- Se establece a la audiencia pública como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley. La Autoridad de Aplicación debe institucionalizar las audiencias públicas y establecer los otros mecanismos de consulta para los demás proyectos que no están sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental.
Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.
Además, los ciudadanos o interesados, las organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba podrán solicitar la realización de la audiencia pública en los casos en que la misma no sea obligatoria, cumpliendo los requisitos y plazos que determine la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 36.- El procedimiento de audiencia pública convocada por la Autoridad de Aplicación debe cumplimentar los requisitos que a continuación se mencionan y realizarse de la siguiente manera:
1) Inscripción previa en el registro que a tal efecto debe habilitar la Autoridad Convocante, y
2) El solicitante puede acompañar documentación o propuestas relacionadas con el tema a tratar.
b) Para presenciar la audiencia pública solo será necesaria la inscripción en los registros que a tal efecto habilitará la Autoridad Convocante.
c) El acto administrativo de convocatoria a la audiencia pública debe indicar:
5) Lugar y horario para tomar vista del expediente, inscribirse para ser participante y presentar la documentación relacionada con el objeto de la audiencia. Los participantes podrán solicitar copias del expediente y de la documentación relacionada con la audiencia;
d) La Autoridad Convocante debe publicar durante dos (2) días la convocatoria a la audiencia pública, con una antelación no menor de veinte (20) días corridos a la fecha fijada para su realización en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en por lo menos dos (2) diarios de circulación provincial y local y en su página de internet. La publicación debe contener las mismas especificaciones exigidas para la convocatoria. Cuando la temática a tratar así lo exigiese, podrán ampliarse las publicaciones a medios especializados en la materia.
e) La Autoridad Convocante habilitará un registro para la inscripción de los participantes y la incorporación de informes y documentos con una antelación no menor a quince (15) días corridos previos a la fecha de celebración de la audiencia pública. La inscripción en dicho registro es libre y gratuita y se realiza a través de un formulario preestablecido, numerado correlativamente y consignando sus datos. Se entregará constancia de la inscripción y de recepción de informes y documentos, con número de orden;
f) La inscripción en el registro de participantes puede realizarse desde la habilitación del mismo y hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la realización de la audiencia pública;
g) El orden de exposición de los participantes será el mismo en el que se hayan inscripto en el registro de participantes, el que deberá difundirse en el Orden del Día;
h) Los participantes tienen derecho a una intervención oral de no más de quince (15) minutos. El Presidente de la audiencia pública podrá efectuar excepciones para el caso de expertos especialmente convocados, funcionarios que presenten el proyecto materia de decisión, los técnicos del proponente o participantes autorizados expresamente;
i) El Presidente puede exigir y los participantes pueden solicitar - en cualquier etapa del procedimiento- la unificación de las exposiciones de las partes con intereses comunes. En caso de divergencias entre ellas sobre la persona del expositor, éste es designado por el Presidente de la audiencia pública. En cualquiera de los supuestos mencionados la unificación de la exposición no implica acumular el tiempo de participación;
j) El Orden del Día, cuya Autoridad Convocante debe poner a disposición de los participantes, autoridades, público y medios de comunicación veinticuatro (24) horas antes de la audiencia pública y en el lugar donde se lleve a cabo su realización, debe establecer:
1) Nómina de los participantes registrados y de los expertos y funcionarios convocados;
2) Orden y tiempo de las alocuciones previstas, y
3) Nombre y cargo de quienes presiden y coordinan la audiencia pública.
k) Todo el procedimiento de la audiencia pública debe ser grabado y transcripto y puede, asimismo, ser registrado por cualquier otro medio;
l) El Presidente de la audiencia pública debe iniciar el acto efectuando una relación sucinta de los hechos a considerar, exponiendo los motivos y especificando los objetivos de la convocatoria;
m) El Presidente de la audiencia pública se encuentra facultado para:
2) Decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o filmaciones;
3) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones de expositores no registrados, atendiendo al buen orden del procedimiento;
4) Modificar el orden de las exposiciones por razones de mejor organización;
5) Establecer la modalidad de respuesta a las preguntas formuladas por escrito;
6) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las alocuciones, cuando lo considere necesario;
7) Exigir, en cualquier etapa del procedimiento, la unificación de la exposición de las partes con intereses comunes y, en caso de divergencias entre ellas, decidir respecto de la persona que ha de exponer;
8) Formular las preguntas que considere necesarias a efectos de esclarecer las posiciones de las partes;
9) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de algún participante;
10) Desalojar la sala, expulsar personas y/o recurrir al auxilio de la fuerza pública a fin de asegurar el normal desarrollo de la audiencia pública;
12) Adoptar cualquier otra medida que no haya sido expresamente prevista en la presente Ley y que resulte necesaria para el correcto desenvolvimiento de la audiencia pública.
1) Garantizar la intervención de todas las partes, así como la de los expertos convocados;
2) Mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar las opiniones y propuestas presentadas por las partes, y
3) Asegurar el respeto de los principios consagrados en esta Ley.
ñ) Las personas que asistan sin inscripción previa a la audiencia pública pueden participar únicamente mediante la formulación de preguntas por escrito, previa autorización del Presidente quien, al finalizar las presentaciones orales, establece la modalidad de respuesta;
o) Las partes, al hacer uso de la palabra, pueden hacer entrega de documentos e informes no acompañados al momento de la inscripción, los que deben ser incorporados al expediente. Las partes no podrán replicar, contestar o formular preguntas fuera del turno que se les asigna;
p) No serán recurribles las resoluciones dictadas durante el transcurso del procedimiento de convocatoria, celebración y conclusión de la audiencia pública;
q) Finalizadas las intervenciones de las partes, el Presidente declara el cierre de la audiencia pública, y
r) A los fines de dejar debida constancia de cada una de las etapas de la audiencia pública se labra un acta que es firmada por el Presidente, demás autoridades y funcionarios, como así también por los participantes y expositores que quisieran hacerlo.
ARTÍCULO 38.- La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como finalidad y objetivos:
a) Incidir en los niveles más altos de decisión política-estratégica institucional;
b) Aplicarse en la etapa temprana de la toma de decisiones institucionales;
c) Ser un instrumento preventivo;
d) Implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas públicas;
e) Permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados;
f) Contribuir a un proceso de decisión con visión de sustentabilidad;
h) Fortalecer y facilitar la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, e
ARTÍCULO 39.- La Evaluación Ambiental Estratégica se aplica a políticas, programas y planes y sus modificaciones sustanciales de carácter normativo general que tengan impacto en el ambiente o la sustentabilidad, a propuesta del Consejo de Desarrollo Sustentable, de conformidad al artículo 41 de esta Ley.
Se aplica obligatoriamente a planes de ordenamiento territorial, planes reguladores intermunicipales o intercomunales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones y al manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen.
ARTÍCULO 40.- La Autoridad de Aplicación reglamentará el procedimiento administrativo de la Evaluación Ambiental Estratégica, la que estará obligatoriamente sujeta a audiencia pública.
ARTÍCULO 42.- Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión ambiental continuos en el tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el territorio provincial.
ARTÍCULO 43.- Los Planes de Gestión Ambiental persiguen los siguientes objetivos:
a) Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las fases del proyecto;
b) Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o identificados;
c) Permitir el control de la magnitud de impactos cuya predicción resulte difícil durante la fase de elaboración del estudio, y
d) Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con las actuaciones del proyecto en todas sus fases.
ARTÍCULO 44.- La Autoridad de Aplicación exigirá en todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental el acompañamiento del Plan de Gestión Ambiental suscripto por la persona física o el representante legal de la persona jurídica y por un profesional inscripto en el registro que al efecto ésta lleve. El proponente debe acompañar el Plan de Gestión Ambiental con una propuesta de Auditorías Ambientales -a su cargo-, para ayudar a su seguimiento.
Con respecto a obras y/o acciones en curso comprendidas en el Anexo I de esta Ley o que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, la Autoridad de Aplicación instrumentará su exigencia, aprobación y control conforme a la reglamentación que a tal efecto se dicte, estableciéndose un plazo para su propuesta de trescientos sesenta y cinco (365) días de promulgada la presente Ley.
ARTÍCULO 45.- El Sistema de Gestión Ambiental es aquella parte del sistema general de gestión de una organización privada o pública que comprende su estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental de esa organización. Toda entidad pública o privada realizará acciones dirigidas a implementar un Sistema de Gestión Ambiental de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes.
ARTÍCULO 46.- Los instrumentos de control y fiscalización establecidos en el marco normativo ambiental vigente en la Provincia serán utilizados en el seguimiento de las actividades antrópicas, entre los que se destacan los siguientes:
f) Toda otra medida de supervisión y control que forme parte de las atribuciones de la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 47.- Los instrumentos de supervisión, control y fiscalización tendrán como principios los siguientes:
a) Principio de Integración con Políticas Nacionales Ambientales: debe responder a los requerimientos de supervisión, control y fiscalización para satisfacer los objetivos de protección ambiental de otras políticas gubernamentales;
b) Principio de Coercitividad: los actores sujeto y objeto a supervisión, control y fiscalización deben dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la normativa ambiental vigente, la cual puede ser exigida por parte de los agentes públicos competentes o por las instancias judiciales, bajo amenaza de sanciones administrativas, penales y/o civiles;
c) Principio de Responsabilidad Ambiental Compartida (Estado, sector privado y comunidad): los agentes privados deben asumir la responsabilidad de cumplir con la normativa ambiental, el Estado de velar por dicho cumplimiento, preferentemente mediante la creación de condiciones que lo favorezcan y la comunidad de colaborar en el proceso de denunciar las infracciones ante la autoridad pública y cumplir con su propio grado de responsabilidad;
d) Principio de Participación Ciudadana: la comunidad provincial es sujeto y objeto del desarrollo sostenible, por lo cual debe transformarse en un agente que se involucra y respalda la supervisión, control y fiscalización ambiental, pues puede participar activamente como agente consciente del carácter de bien común que tiene el ambiente;
e) Principio de Responsabilidad Ambiental: los responsables de cualquier acción que origina la degradación ambiental en cualquier grado o forma deben compensar, mitigar, reparar el daño sufrido y restaurar el elemento ambiental deteriorado, conforme lo determine la legislación pertinente;
f) Principio de Flexibilidad: el proceso de supervisión, control y fiscalización debe ser suficientemente amplio para abarcar todas las áreas ambientales que puedan ser afectadas por las actividades antrópicas actuales y futuras, controlando y verificando el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en la Provincia;
g) Principio del Gradualismo: el proceso de supervisión, control y fiscalización aplica mecanismos, instrumentos y herramientas cuyo éxito depende de la concurrencia de condiciones que incidirán en la aplicación gradual de la política (capacidades humanas, financieras, información ambiental, tecnologías disponibles, entre otras);
h) Principio de Armonización de Intereses: se reconoce que en el proceso de supervisión, control y fiscalización se generan espacios que pueden dar lugar a controversias, por lo que el uso y promoción de mecanismos tales como mediación, arbitraje, conciliación y audiencias públicas es relevante con miras a facilitar y mejorar los niveles de cumplimiento de la normativa ambiental bajo esquemas de mayor costo - eficiencia para el Estado Provincial, e
i) Principio del Mejoramiento Continuo: para consolidar el modelo de supervisión, fiscalización y control se reconoce la necesidad de realizar ajustes periódicos a la legislación y la institucionalidad, con el fin de implementar nuevos instrumentos, mecanismos y herramientas para mejorar su operatividad y/o eficiencia.
ARTÍCULO 48.- El control y fiscalización ambiental se desarrollará por la Autoridad de Aplicación a través de las diferentes dependencias administrativas y de la Policía Ambiental creada por Ley Nº 10115, cumpliendo los objetivos fijados en la mencionada ley y los delineados en la presente norma.
ARTÍCULO 49.- La Auditoría Ambiental es un instrumento de gestión que consiste en un proceso de revisión sistemático, documentado y objetivo de una actividad o acción determinada que apunta a identificar, evaluar, corregir y controlar el potencial o real deterioro ambiental, facilitando la comunicación e información tanto por parte de los organismos públicos como de la opinión pública en general.
Constituye además un elemento clave para promover la innovación tecnológica en materia de ambiente.
Sus objetivos son la evaluación del grado de cumplimiento ambiental y de las normativas vigentes de esas actividades o acciones, los incidentes, las condiciones y los sistemas de gestión ambiental adoptados y de la información sobre esos temas. Las Auditorías Ambientales de Cumplimiento se realizan por la Autoridad de Aplicación. Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental son instrumentos complementarios e integrantes de dicho plan y serán exigidas al proponente y controladas por la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación podrá exigir a los responsables Auditorías Ambientales para ayudar a evaluar el cumplimiento del marco normativo ambiental.
*ARTÍCULO 50.- Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental o del marco normativo ambiental tienen carácter de declaración jurada, deben ser suscriptas por el responsable y un profesional inscripto en el registro temático, los que serán garantes de la veracidad de la información aportada y servirán para ayudar a evaluar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y/o del marco normativo ambiental vigente, independientemente de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento realizadas por la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo que establece el artículo 49 de esta Ley.
*ARTÍCULO 51.- Los estándares o normas fijan reglas técnicas a las que deben ajustarse las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- para evitar efectos perjudiciales sobre el ambiente como consecuencia de su actividad.
El enfoque se centra en una política de orden y control que disuada y detecte el comportamiento en detrimento al ambiente de los distintos actores.
Compete a la Autoridad de Aplicación fijar e implementar dichos estándares, los que se controlarán a través del sistema de auditorías ambientales.
ARTÍCULO 52.- La Educación Ambiental es un instrumento prioritario en la implementación de la Política Ambiental Provincial.
La formación y capacitación continua en materia ambiental debe constituir un objetivo prioritario para la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 53.- La Autoridad de Aplicación coordinará con el Ministerio de Educación la incentivación en el tratamiento de aspectos ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles y en la modalidad de la educación no formal e informal a través de:
a) Incluir en los diseños curriculares, en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas, enfoques transversales e interdisciplinarios referidos a la protección, saneamiento, normativas vigentes y acciones que refieren al desarrollo sustentable y cuidado del ambiente;
b) Garantizar la difusión de formación e información a través de talleres, seminarios, jornadas, cursos y medios de comunicación como las radios comunitarias que involucren a los diferentes actores sociales e instituciones de la comunidad con el propósito de garantizar la participación activa y el libre acceso a la educación;
c) Garantizar la formación, capacitación y actualización del personal docente y no docente de todos los niveles educativos;
d) Realizar campañas de concientización a nivel local y provincial, y
e) Generar encuentros entre localidades vecinas para un intercambio de experiencias e investigación ambientales con el propósito de generar una conciencia y cambio de actitud hacia el ambiente.
La Autoridad de Aplicación debe establecer convenios de cooperación con universidades, institutos de investigación, asociaciones empresarias, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones nacionales e internacionales para la formación de recursos humanos en temas como manejo de recursos naturales y protección ambiental.
La Autoridad de Aplicación, por intermedio de las municipalidades y comunas de la Provincia, debe implementar talleres con el objetivo de formar e informar no solo a quienes desempeñan funciones en la gestión pública sino a la comunidad en general, aplicando el criterio de transversalidad.
ARTÍCULO 54.- Las personas físicas y jurídicas -públicas o privadas- deben proporcionar a la Autoridad de Aplicación la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a todas las actividades que desarrollan en el territorio provincial.
ARTÍCULO 55.- La Autoridad de Aplicación administrará la información ambiental existente y debe brindar la información ambiental que disponga.
ARTÍCULO 56.- El acceso a la información pública ambiental es un derecho reconocido en la Ley Nacional Nº 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental- y en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- que la Provincia profundizará en su instrumentación y funcionamiento a través de la Autoridad de Aplicación.
Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, consultar y recibir información pública ambiental completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita -en los términos que establece la presente Ley- de los organismos de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y de toda otra organización empresarial o sociedad comercial en donde el Estado Provincial y los Estados Municipales o Comunales tengan participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las empresas prestatarias de servicios públicos.
ARTÍCULO 57.- Se considera Información Pública Ambiental cualquier información producida, obtenida, en poder o bajo control de los organismos públicos, así como las actas de las reuniones oficiales y expedientes de la Administración Pública y las actividades de entidades y personas que cumplen funciones públicas relacionadas con el ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
Se considera pública toda información ambiental producida por los organismos, sociedades y entes mencionados en el artículo 56 de esta norma, salvo que esté expresamente exceptuada por ley.
ARTÍCULO 58.- La Autoridad de Aplicación es la responsable de receptar las solicitudes de información debiendo confeccionar un formulario a tal fin, cuya única finalidad es facilitar el requerimiento a aquellas personas que concurran sin una solicitud confeccionada previamente, pero no implica el uso obligatorio del mismo.
Es obligatorio proporcionar la información ambiental solicitada, debiendo ser facilitada en forma gratuita para su examen, consulta y/o recepción en formato informático o digital o en el formato en que se encuentra disponible al momento de efectuarse la solicitud. En caso de solicitarse en otro formato (papel, fotos, etc.) el costo debe ser asumido por el solicitante.
ARTÍCULO 59.- La solicitud de información ambiental debe presentarse por escrito, en forma verbal o electrónica y no es necesario acreditar los motivos por los que se solicita. El solicitante debe indicar:
a) Identidad por cualquier medio idóneo y/o la representación invocada en el supuesto de tratarse de personas jurídicas;
b) Datos de contacto a los fines de que el solicitante pueda ser consultado o notificado, y
ARTÍCULO 60.- No podrá rechazarse la solicitud de información ambiental por aspectos formales, salvo los establecidos en el artículo 59 de esta Ley.
El acceso y consulta de la información es gratuito, si lo es en forma digital o informática, no pudiendo establecerse ningún tipo de arancel o tarifa para hacerlo efectivo, exceptuando el costo directo de producir la información en formato distinto al informático o digital.
La expedición y/o duplicación de copias papel son a cargo del requirente y la Autoridad de Aplicación establecerá los montos correspondientes.
La expedición de copias certificadas se realiza con respecto a aquellos documentos que se encuentren en original o con firmas originales en las oficinas respectivas, en este caso a cargo del solicitante.
La Autoridad de Aplicación puede determinar la eximición del arancel de expedición de copias de la información en los casos en que se declare que la información solicitada es de interés público.
Queda eximido del pago de los aranceles correspondientes el solicitante que demuestre en forma fehaciente que no cuenta con recursos económicos para afrontar dicho gasto.
En ningún caso los montos dispuestos para el acceso y entrega de información pueden implicar menoscabo alguno al ejercicio del derecho conferido por la presente Ley.
ARTÍCULO 61.- Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente Ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo puede prorrogarse en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en el supuesto de mediar circunstancias que dificulten obtener la información solicitada, debiendo el órgano requerido comunicar -antes del vencimiento del plazo de diez (10) días- las razones por las cuales hace uso de la prórroga excepcional.
ARTÍCULO 62.- La información solicitada puede ser denegada únicamente en los siguientes casos:
a) Cuando vulnere leyes nacionales que regulen la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales;
b) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes;
c) Cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en la etapa de secreto. Los jueces se encuentran facultados para limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las actuaciones judiciales por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso;
e) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por la Ley Nacional Nº 25.326 -de Protección de los Datos Personales-;
f) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren publicados,
En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado por el presente artículo, debe suministrarse el resto de la información solicitada.
La denegación total o parcial del pedido de acceso a la información debe ser por escrito, fundada razonablemente en alguna de las causales previstas y dispuesta por autoridad competente.
En dichos supuestos quedan habilitadas las actuaciones sumariales correspondientes.
ARTÍCULO 63.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de las acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la Provincia y puedan afectar el ambiente, sus elementos o la calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 64.- El proceso de Participación Ciudadana es parte integrante del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Es promovido y conducido por la Autoridad de Aplicación con la participación del proponente y su equipo técnico, y de los actores de la sociedad civil que están comprendidos por los impactos positivos y/o negativos del proyecto.
Este proceso de consulta comprende y entrelaza las siguientes dinámicas y resultados:
a) Informa a los ciudadanos y promueve el debate sobre el proyecto;
b) Asegura la transparencia de los actos que se realizan en la Administración Pública y promueve el conocimiento, el contenido y los fundamentos de las decisiones;
c) Optimiza la calidad técnica y democrática de la propuesta y de las decisiones;
d) Promueve la apropiación de los beneficios del proyecto por la ciudadanía;
f) Garantiza la oportunidad para opinar a toda persona o comunidad que pueda ser afectada por los resultados de la realización de un proyecto, obra de infraestructura, industria o actividad.
ARTÍCULO 65.- El Proceso de Participación Ciudadana reconoce los siguientes instrumentos:
ARTÍCULO 66.- La información y divulgación del proyecto consiste en que el proponente del mismo debe publicar por un período de cinco (5) días en un medio de comunicación social de alcance provincial y en medios locales del entorno inmediato la decisión de iniciar dicho proyecto, indicando la naturaleza, el objetivo y el propósito del mismo, precisando la localización exacta.
ARTÍCULO 67.- El proceso de audiencia pública es conducido y coordinado por la Autoridad de Aplicación con información provista por el proponente del proyecto. Se debe realizar en la zona de influencia del proyecto y de participación abierta. La convocatoria debe ser publicada en un periódico de circulación provincial y medios de comunicación locales indicando días y horarios de la misma.
Las Audiencias Públicas son obligatorias para todos los proyectos que deban ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. Los resultados de la audiencia pública deben ser merituados por la Autoridad de Aplicación en oportunidad de expedirse, con fundamentación técnica.
ARTÍCULO 68.- Los proyectos aprobados y que en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental hayan sido categorizados como de Alta Complejidad Ambiental que generen especial conflicto social deben ser sometidos a consulta popular, conforme al artículo 32 de la Constitución Provincial.
El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Provincial pueden también exigir la realización de la Consulta Popular Ambiental.
Los resultados de la Consulta Popular Ambiental deben ameritarse adecuadamente en la resolución final de la Autoridad de Aplicación en lo que refiera a la Licencia Ambiental.
ARTÍCULO 69.- La Consulta Popular Ambiental a que refiere el artículo 68 de esta Ley, en los casos en que proceda, es convocada por la Autoridad de Aplicación y están habilitadas a participar todas las personas físicas registradas en el último padrón electoral de la localidad y/o región potencialmente afectadas por la realización del proyecto.
Podrá convocarse a Consulta Popular Ambiental cuando la población del área potencialmente afectada lo promueva con la firma de no menos del veinte por ciento (20%) del electorado, para las poblaciones de hasta diez mil (10.000) habitantes; con la firma de no menos del diez por ciento (10%) del electorado para las poblaciones de entre diez mil (10.000) y cincuenta mil (50.000) habitantes y con la firma de no menos del tres por ciento (3%) del electorado para las de más de cincuenta mil (50.000) habitantes.
Estarán habilitadas a participar en la consulta todas las personas físicas registradas en el último padrón electoral de la localidad o región potencialmente afectadas por la realización del proyecto y el registro de firmas se realizará con las formalidades que establezca la Autoridad de Aplicación.
Para determinar la región potencialmente afectada se deben tener en cuenta flora y fauna, escorrentías y cuencas hidrográficas - superficiales y subterráneas-, topografía de la zona, tipos de suelos, clima y vientos, aspectos poblacionales y demográficos, entre otros.
La Autoridad de Aplicación puede incluir en la Consulta Popular Ambiental a los habitantes de aquellos municipios o comunas que a través de sus autoridades lo soliciten y fundamenten debidamente esta petición.
El proceso de Consulta Popular Ambiental será gratuito y las firmas de los solicitantes podrán ser certificadas por autoridad judicial, policial o municipal.
El procedimiento será organizado y desarrollado por la Junta Electoral local y el acto consultivo no puede coincidir con ninguna otra elección nacional, provincial, municipal o comunal.
ARTÍCULO 70.- La Autoridad de Aplicación garantizará que toda persona, las organizaciones que las representan y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba tengan instancias de participación para ser escuchados cuando los mecanismos no hayan sido previstos y establecerá los requisitos, oportunidad, plazos y las exigencias de representatividad de la solicitud.
ARTÍCULO 71.- De acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional se fija el procedimiento para el ejercicio del amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente.
El amparo ambiental procede cuando se entable en relación con la protección y defensa del ambiente y la biodiversidad, preservando de las depredaciones, alteraciones o explotación irracional, el suelo y sus frutos, la flora, la fauna, los recursos minerales, el aire, las aguas y los recursos naturales en general, comprendiendo cualquier tipo de contaminación o polución que afecte, altere o ponga en riesgo los recursos naturales, la salud y la calidad de vida humana y no humana.
Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos y/o derechos colectivos, podrán ejercerse:
Las acciones de prevención proceden, en particular, con el fin de paralizar los procesos de volcado, emanación o dispersión de elementos contaminantes del ambiente o cualesquiera otras consecuencias de un hecho u omisión que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen bienes y valores de la comunidad.
Las acciones de reparación en especie tienen lugar siempre que fuere posible recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo o lesión a los intereses o derechos colectivos, sin perjuicio del resarcimiento pecuniario por los daños subsistentes. En forma no excluyente consistirá en la imposición de la adopción de medidas eficaces para restituir la situación previa al o los hechos.
Las acciones de reparación pecuniaria por el daño colectivo proceden siempre que se acreditare la existencia cierta del daño. Esta acción no excluye las que pudieran ejercer por separado el o los particulares que hubieren sufrido un efectivo perjuicio en sus
ARTÍCULO 72.- Es competente para entender en las acciones previstas en el artículo 71 de esta Ley el juez inmediato sin distinción de fuero o instancia, quien debe recibir el recurso interpuesto por cualquier forma y medio de comunicación y a cualquier hora.
Se encuentran legitimados para ejercer e impulsar las acciones previstas en la presente Ley la Fiscalía de Estado, el Ministerio Público, los municipios y comunas, y cualquier entidad o particular que accione en nombre de un interés difuso y/o derechos colectivos.
El juez debe resolver, en cada caso, sobre la admisibilidad de la legitimidad invocada en el término de veinticuatro (24) horas. Resuelta ésta, debe expedirse sobre el recurso interpuesto en el plazo de veinticuatro (24) horas, luego de ameritar la magnitud de los daños o amenazas a los intereses difusos y/o derechos colectivos comprometidos. Si el juez deniega la legitimación del accionante pero a su criterio resultare verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza a los intereses difusos o derechos colectivos invocada en la demanda, debe correr vista al agente fiscal quien continúa con el ejercicio de la acción.
ARTÍCULO 73.- Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente Ley las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que, en forma directa o a través de terceros, sean responsables de hechos, actos u omisiones que generen la perturbación, privación, daño, amenaza o menoscabo de los intereses difusos o derechos colectivos.
Quedan comprendidas, además, las reparticiones del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal cuando en el otorgamiento de autorizaciones para el funcionamiento de la actividad privada o en el cumplimiento de los controles previstos por la legislación vigente obraren con manifiesta insuficiencia o ineficacia para la protección y defensa de los intereses difusos y derechos colectivos.
ARTÍCULO 74.- El juez puede ordenar de oficio la producción de medidas de prueba no propuestas por las partes o complementarias de ellas, decretar las que estime necesarias para mejor proveer en cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias pertinentes en torno a las diligencias a practicarse. La sentencia definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes intervinientes en el proceso.
Son recurribles, únicamente, la sentencia denegatoria y la que decida sobre las medidas cautelares solicitadas.
En las sentencias condenatorias definitivas, cualquiera sea el objeto de la acción, los jueces pueden fijar multas a cargo de los sujetos responsables teniendo en cuenta especialmente su situación patrimonial, la gravedad del hecho dañoso y la importancia del interés colectivo comprometido. Asimismo, pueden imponerse multas contra quienes incumplieren las medidas cautelares o las obligaciones resultantes de las sentencias definitivas. El juez que hubiere dictado sentencia fiscaliza su ejecución y, de oficio o previa denuncia de parte interesada, adopta los medios necesarios para que sea cumplida en todos los casos a los que se extendieren los efectos de la cosa juzgada.
ARTÍCULO 75.- La Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- determinará qué persona física o jurídica –pública o privada- por la actividad que realice y que entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos, deba contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir. Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que permita la instrumentación de acciones de reparación.
ARTÍCULO 76.- Los criterios para la implementación de incentivos y alicientes ambientales tendrán en cuenta que, además del cumplimiento normativo ambiental en el desarrollo de las actividades, se ponderen aquellas que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a) Actividades y empresas que hayan reducido la emisión de gases de efecto invernadero;
c) Actividades y empresas que hayan implementado acciones en el marco de un sistema de responsabilidad empresaria;
d) Actividades y empresas que promuevan la eficiencia energética y el uso de las energías renovables o alternativas;
e) Actividades y empresas que promuevan la adaptabilidad a los cambios ambientales (cambio climático en particular);
f) Actividades y empresas que propendan a la minimización y gestión integral sustentable de los residuos;
g) Actividades o explotaciones agropecuarias que implementen prácticas de uso de suelo sustentables o conservacionistas, y
h) Toda otra actividad que propenda a reducir los riesgos relevantes para el ambiente.
ARTÍCULO 77.- La Autoridad de Aplicación reconocerá las acciones que realizan las personas físicas o jurídicas en el desarrollo de sus actividades tendientes a preservar, proteger, defender o mejorar el ambiente, y establecerá anualmente los incentivos a otorgar.
ARTÍCULO 78.- Los incentivos serán propuestos y creados en forma anual por la Autoridad de Aplicación contemplando acciones cuyos resultados tiendan a superar los objetivos fijados en la política ambiental provincial.
*ARTÍCULO 79.- Créase el Fondo de Protección Ambiental Provincial (FOPAP) cuya administración corresponde a la Autoridad de Aplicación, con asesoramiento del Consejo de Desarrollo Sustentable conforme el artículo 41 de la presente Ley.
ARTÍCULO 80.- El Fondo de Protección Ambiental Provincial se integra por:
a) Recursos destinados a este efecto en la Ley de Presupuesto Anual de la Provincia de Córdoba;
b) Recursos obtenidos por aplicación de la Ley Nº 7343, sus modificatorias y los que se obtengan por aplicación de la presente Ley;
c) Herencias, legados y donaciones cualquiera sea su origen,
*ARTÍCULO 81.- El Fondo de Protección Ambiental Provincial tiene por objeto:
b) Sostener los planes ambientales territoriales, los planes estratégicos ambientales y los planes quinquenales de salud.
*ARTÍCULO 82.- A los fines de fortalecer la participación de las personas en el cuidado del ambiente a través de la asociatividad, las personas humanas o jurídicas -públicas o privadas- y organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro pueden presentar proyectos para su selección ante el Consejo de Desarrollo Sustentable.
La Autoridad de Aplicación -con asesoramiento del Consejo de Desarrollo Sustentable- debe reglamentar en un plazo máximo de noventa (90) días el procedimiento para la presentación y evaluación de proyectos.
ARTÍCULO 83.- EL Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos en forma conjunta con el Ministerio de Salud deben promover acciones de salud ambiental destinadas a asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria.
ARTÍCULO 84.- Para aquellas actividades que pudieran generar efectos negativos significativos sobre la salud, según se determine en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar en forma complementaria una detallada Evaluación de Impacto en Salud. La Autoridad de Aplicación puede solicitar la Evaluación de Impacto en Salud cuando lo considere necesario en los proyectos que no son sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
a) Valoración en función del análisis del proyecto de los potenciales efectos en la salud de la población y la distribución de los mismos en dicha población;
b) Factores ambientales relacionados con los problemas de salud identificados;
c) Fuentes de contaminación, migración del contaminante a través del ambiente, puntos y vías de exposición, población potencialmente expuesta a los agentes contaminantes biológicos, químicos, físicos, entre otros;
d) Información complementaria en lo referente a su implicancia en la salud de la población sobre el ambiente físico local y las condiciones sociales, y
ARTÍCULO 85.- El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y el Ministerio de Salud, con la participación de organizaciones académicas y científicas, tienen a su cargo la instrumentación de planes quinquenales de salud y ambiente, cuyo objetivo fundamental será realizar propuestas dirigidas a minimizar los efectos perjudiciales que acciones sobre el ambiente puedan tener sobre la salud. El primer plan será el comprendido en el período 2015 - 2020.
ARTÍCULO 86.- Son objetivos de los planes quinquenales de salud y ambiente los siguientes:
a) Identificar y medir los factores de riesgos ambientales que puedan ocasionar alteraciones en la salud humana, con énfasis en enfermedades tales como cáncer, enfermedades respiratorias, alteraciones endócrinas y en el desarrollo neurológico y de otras enfermedades que puedan estar asociadas a actividades antrópicas que contaminen el ambiente;
b) Elaborar un mapa de riesgos ambientales con posible impacto en la salud, desagregado por regiones en la Provincia de Córdoba, teniendo en cuenta las distintas actividades: agrícolas, ganaderas, industriales o mineras, entre otras;
c) Proponer para cada factor de riesgo identificado y analizado, el conjunto de medidas más adecuadas para minimizar su impacto en la salud;
d) Proponer estrategias de actuación coordinada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y municipios y comunas para afrontar con eficacia los problemas sanitarios ambientales, y
e) Analizar las principales causas de morbilidad y mortalidad en la Provincia de Córdoba y los factores ambientales de posible asociación.
Para las obras, proyectos y/o actividades en curso anteriores a la aprobación de esta Ley que estén generando conflictividad social por producir efectos negativos sobre la salud, la Autoridad de Aplicación implementará, en un plazo de ciento veinte (120) días, las acciones previstas en el artículo 84 de esta Ley.
*ARTÍCULO 87.- La Autoridad de Aplicación debe elaborar un informe anual sobre el estado del ambiente en el territorio provincial, llevar adelante la publicidad del mismo y elevarlo al Poder Legislativo antes del día 30 de noviembre de cada año. Esto tiene como objetivo que el informe pueda ser leído y debatido antes de que finalice el Período Ordinario de Sesiones (Artículo 96 de la Constitución Provincial), por si surge la necesidad de aplicar acciones de emergencia.
a) La descripción de amenazas y problemáticas que afecten el ambiente provincial y sus ecosistemas, y
ARTÍCULO 88.- El Poder Ejecutivo Provincial y sus diferentes áreas ministeriales, así como los municipios y comunas, deben elaborar sus respectivos diagnósticos en el área competente hasta el día 1 de octubre de cada año y remitir copia certificada a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley para que sean incorporados en el informe anual de la misma, de manera que se puedan realizar cuadros comparativos de situación facilitando la participación de todos los actores sociales. Las instituciones educativas, de investigación y académicas, organismos nacionales, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales estarán facultados para aportar sus propios diagnósticos, los que deberán ser tenidos en cuenta para la formulación del Diagnóstico Ambiental Provincial, e incorporados como anexos al mismo.
a) La descripción de amenazas y problemáticas que afectan al ambiente local y regional de su competencia;
c) Para los gobiernos locales, la explicitación de los marcos normativos que aplican en cuanto a la protección y cuidado del ambiente (uso de suelo, instalación de industria, regulación del uso de agroquímicos, tratamiento de líquidos cloacales y efluentes, entre otros).
ARTÍCULO 89.- Se entiende por pasivo ambiental al conjunto de impactos ambientales negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente o potencial para la salud humana, el ecosistema o la propiedad.
A los efectos de la presente Ley el pasivo generado puede encontrarse indistintamente en el propio establecimiento o en terrenos adyacentes a él, públicos o privados.
ARTÍCULO 90.- Para la recepción de denuncias sobre la presencia de pasivos ambientales en el territorio provincial, la Autoridad de Aplicación debe implementar el sistema de gestión que fije la reglamentación.
ARTÍCULO 91.- Los sujetos titulares de la actividad generadora del pasivo o los propietarios de los inmuebles -en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad-, están obligados a recomponer los pasivos ambientales o sitios contaminados.
En caso de que no pudiere ser establecida la identidad o ante la imposibilidad de ubicarla físicamente, las responsabilidades recaen en el titular dominial del inmueble donde se originó el pasivo ambiental.
ARTÍCULO 92.- Las personas o funcionarios públicos que tomen conocimiento de la existencia de un pasivo ambiental deben denunciarlo a la Autoridad de Aplicación, quien procederá conforme lo determine la reglamentación.
ARTÍCULO 93.- Todo ambiente afectado que constituya un sitio contaminado, debe recomponerse con el fin de lograr las condiciones ambientales y de salubridad pública mínimas.
*ARTÍCULO 94.- Cuando no se pudiere identificar al responsable del pasivo ambiental, la recomposición del área o sitio dañado se concretará con recursos del Fondo Provincial del Ambiente (FOPAP) creado por la presente Ley.
*ARTÍCULO 95.- La Autoridad de Aplicación determinará el orden de prioridades para la recomposición de cada pasivo, atendiendo en cada caso, el mayor o menor riesgo para la salud humana y el ambiente.
ARTÍCULO 96.- Créase el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia de Córdoba (REPA), el que funcionará en la órbita de la Autoridad de Aplicación sujeto a los requisitos y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 97.- A los fines del ingreso y promoción de los agentes del personal de ejecución de los agrupamientos oficio, técnico y profesional y del personal superior que prestase funciones dentro de la Autoridad de Aplicación, se establecen como condiciones de idoneidad y capacitación el conocimiento e instrucción debidamente acreditados en materia ambiental.
DECRETO PROMULGATORIO N° 672/14

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1
 artículo 41

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39
 artículo 41

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49
 artículo 49

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57
 artículo 56

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 60
 artículo 59

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62
 resolución 

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68
 artículo 32
 resolución 

ARTÍCULO 69
 artículo 68

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71
 artículo 43

ARTÍCULO 72
 artículo 71

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78
 artículo 41

ARTÍCULO 80
in fine

ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84

ARTÍCULO 85

ARTÍCULO 86
 artículo 84

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 89

ARTÍCULO 90

ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 92

ARTÍCULO 93

ARTÍCULO 96

ARTÍCULO 97