Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421627L.html
Timestamp: 2019-03-19 17:08:30+00:00

Document:
as201421627
Auto Supremo: No 627
Expediente: LP-11-2010-S
VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Banco Mercantil Santa Cruz S.A. representado por Sergio Adolfo Rocha Méndez contra el Auto de Vista N°
350/09 de 20 de octubre de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre restitución de dinero de cuenta de ahorros en dólares americanos y pago de intereses, seguido por Julieta Elsa Alcázar de Bueno contra la entidad bancaria recurrente, el auto que concede el mismo de fojas 164, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: I: de la Relación de Causa: que, la Jueza
Sexta de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, pronunció la Sentencia 201/2008 de 15 de septiembre (fojas 132 a 134), declarando improbada la demanda interpuesta por Julieta Elsa Alcázar de Bueno, con costas.
Deducida la apelación por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 350/09 de 20 de octubre (fojas 149 a 150), revocó la Sentencia N° 201/2008 de 15 de septiembre, y deliberando en el fondo declara probada la demanda de fojas 9 a 10, subsanada a fojas 11, 12 y 15, disponiendo en consecuencia la restitución de la cuenta' de ahorro N° 2000-2012-00454416 a nombre de Marcelo Rojas Alcázar más los intereses devengados hasta la fecha de pago, conforme a la confesión de fojas 5 emergente de la Nota CITE: SARC/4064/2006 de 9 de noviembre, con costas en ambas instancias.
De forma posterior la parte demandada presentó recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fojas 151 a 157. CONSIDERANDO: II: de los Fundamentos del Recurso de Casación:
que, la parte demandada en su recurso de casación en la forma y en el fondo de 11 de noviembre de 2009 (fojas 151 a 157), citando los artículos 253 incisos 1) y 3); y, 254 incisos 1) y 4) del Código de Procedimiento Civil, señaló que:
Con relación al recurso de casación en el fondo: Existiría
indebida aplicación del artículo 1320 del Código Civil, puesto que en el Auto de Vista recurrido se sustenta la supuesta falta de control y comisión de un "craso error" por parte del Banco Santa Cruz S.A., cuando en su quinto considerando señalaron que existirían dos números de cuenta diferentes a nombre de Marcelo Rojas Alcazar, conforme se tendría a fojas 5, extremo que consideran como una confesión extrajudicial prevista en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, sin tomar en cuenta que de esa forma se habría afectado a otro titular, debiéndose considerar que a fojas 6 se demostraría que el dinero reclamado se encontraba depositado en la cuenta N°2000-2062-00809671 sin que en ningún momento la pretensión de la demanda se hubiese dirigido a lograr la restitución de fondos debitado de la cuenta N° 2000-2012-00454416, dicho error al señalar los números de cuenta fue un lapsus cometido por los funcionarios del ex Banco Santa Cruz S.A. a momento de emitir esa comunicación, lo que no puede ser tenido como una presunción de gravedad.
Así también sostiene la violación de los artículos 1286 y 1289
del Código Civil, puesto que el ex Banco Santa Cruz S.A.
procedió a entregar los fondos a favor de David Isaac Luna Loza
quien actuó en representación de María Amelia Montaña, presentando un Testimonio Judicial franqueado dentro del proceso voluntario de declaratoria de herederos (fojas 20 a 21) y el Testimonio del Poder N° 175/2005 otorgado ante la Notaria de Fe Pública a cargo de Gaby Del Carpio a favor del primero de los nombrados, mismos que habrían sido otorgados por funcionarios competentes sin que en ningún momento del proceso se haya podido demostrar que dichos documentos a la fecha del acto realizado por la entidad bancaria mencionada hubieran carecido de idoneidad, eficacia o validez.
Se habría incurrido en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas cursante a fojas 5 de obrados, puesto que si bien se indicó en el Auto de Vista recurrido que se utilizó el Poder N° 172/2005 por María Amelia Teresa Montaña a favor de David Isaac Luna Loza, para que retire el dinero de la cuenta N° 2000-2062-00809671, cuando el Banco habría procedido a entregar dineros de la cuenta N° 2000-2010-00454416, sosteniendo que se otorgó facultades para el retiro de dineros no pertenecientes a Marcelo Rojas Alcazar, es decir, que el Tribunal de apelación cuestiona y sugiere que la cuenta aludida pertenecería a otra persona, extremo que no habría sido observado.
Denunció error de hecho en la valoración del certificado de matrimonio cursante a fojas 1 de obrados, puesto que se concluyó que por la disolución del matrimonio Rojas Montaña la ex esposa no tenía el derecho sucesorio del de cujus, por lo que el Banco no se hubiese percatado de dicho extremo a momento de efectuar la transacción, por lo que el Tribunal ad quem olvidó que los alcances del fallo de divorcio involucrarían únicamente a los ex esposos.
De la misma forma denuncia que las pruebas cursantes de fojas
58 a 60 de obrados no se habrían tomado en cuenta, puesto que de dicha documental se advierte que la Resolución de Declaratoria de Herederos no fue anulada sino que la dejó sin efecto, como tampoco se tuvo en cuenta que la misma no existía a momento de darse curso a la entrega de los dineros hoy reclamados.
Con relación al recurso de casación en la forma: señaló la
Vulneración de los artículos 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil puesto que no fue objeto de controversia el número de cuenta a nombre de Marcelo Rojas Alcazar, o si el Banco extremo medios o medidas de seguridad para evitar el indicado craso error de proceder a la entrega de fondos a un apoderado carente de facultades expresas. Así también el Auto de Vista recurrido no justificó las razones por las que se habría revocadola Sentencia de primera instancia.
Existiría inobservancia del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la parte apelante no acusó como agravio el fundamento empleado por el Tribunal de apelación para revocar la Sentencia de primera instancia. Finalmente sostiene la violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, al violentar lo esencial del mandato señalado en los artículos 190, 192 inciso 2) y 236 del Código de Procedimiento Civil.
CONSIDERANDO III: de los Fundamentos de la Resolución: que, el artículo 272 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil establece que "Se declarará improcedente el recurso (de casación),..: 2) Cuando el recurrente no hubiere cumplido con el mandato del inciso 2 del artículo 258".
De la lectura de la causal transcrita, se tiene como un supuesto
de improcedencia el incumplimiento del mandato inserto en el
inciso 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil;
el precepto legal mencionado contiene los requisitos que debe reunir el recurso de casación y cuyo incumplimiento constituye, conforme se advirtió, en una causal de improcedencia.
El inciso citado precedentemente, como un requisito de contenido, señala textualmente que "El recurso (de casación)...:
2) Deberá citar en términos claros, concretos y precisos..., la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente", advirtiéndose que el precepto legal que nos ocupa contiene exigencias que son de contenido, que necesariamente deben contemplarse dentro del recurso.
Así, se tiene que el artículo 258 inciso 2), contiene éste supuesto concreto que merece ser analizado. Con relación a ésta exigencia; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casaciónal el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.
Ahora bien, considerando los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia como ser la equidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, pluralismo jurídico, intercu1turalidad, equidad, servicio a la sociedad, armonía social y respeto a los derechos, y a su vez, los principios procesales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, transparencia, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez; aquella labor verificativa del cumplimiento del requisito antes anotado, no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales, contribuya a la pacificación social y la seguridad jurídica.
Corresponde también mencionar que dicha norma legal pertenece a una concepción de orden rigorista y ritualista, proveniente de fuentes conservadoras y de tradición formalista, no conducente con los valores y principios que ahora contempla la Constitución y que son propios de un "Estado Unitario Social de Derecho P1urinacional Comunitario ... " (artículo 1 de la
Constitución Política del Estado Plurinacional), por lo que toda
interpretación que se efectué debe ser "desde y conforme a la Constitución" ya que una interpretación literal o gramatical de esta norma no estaría acorde al sistema constitucional imperante ni al bloque de constitucionalidad, que proclaman por sobre todo formalismos y ritualismo, el acceso a la justicia.
Del estudio y análisis de los antecedentes del recurso de casación, se tiene:
En cuanto a su planteamiento en el fondo: se tiene que el Auto de Vista objeto del presente recurso sostiene: "Por la prueba cursante a fojas 5, cuyo origen es el Banco Mercantil Santa Cruz. S.A., Marcelo Rojas Alcázar registro en el Banco Santa Cruz S.S. la caja de ahorros en dólares americanos signada bajo el N° 2000-2012-00454416 (...) En cuanto al punto cuarto de la calificación procesal, este se refiere a la caja de ahorros N° 2000-2062-00809671, Yno así a la cuenta de ahorros N° 2000-2012-00454416 que fue la cuenta de ahorros correcta de Marcelo Rojas Alcázar, tal cual sale por la prueba de fojas 5 emergente de la respuesta del Banco Mercantil Santa Cruz. S.A. a la parte actora en fecha 9 de noviembre del 2006. Dicha prueba se la considera como confesión extrajudicial, al decir del articulo 426 del Código de Procedimiento Civil, aplicando paralelamente el artículo 1320 del Código Civil; es decir la presunción judicial que nos enseña dicha norma sustantiva" (sic). Corresponde señalar que el artículo 1320 del Código Civil establece respecto a las presunciones judiciales, indicando que aquellas que no están establecidas por la ley se dejan a la prudencia del juez, por lo que en ese sentido, de la lectura y análisis del razonamiento precedentemente citado en el fallo recurrido, se puede advertir que el Tribunal ad quem justamente aplicó dicha norma al realizar la valoración de la
prueba cursante a fojas 5, tomando en cuenta que dicha documental refiere que: "Marcelo Rojas Alcázar, ha registrado en el Banco Santa Cruz S.A. la caja de ahorros en dólares americanos signada bajo el N° 2000-2012-00454416" (sic), a partir de la cual se tiene el número correspondiente a la caja de ahorros del nombrado, por 10 que no puede la parte recurrente sostener que al consignar dicha numeración se habría cometido un lapsus, puesto que de haberse advertido el mismo debieron de forma inmediata subsanar el mismo, extremo que además conforme sostiene el Tribunal de segundo grado estaría enmarcado dentro de la previsión el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo corresponde señalar que de acuerdo a lo que se tiene a partir del Auto de Vista objeto del recurso de autos: "El poder cursante a fojas 22, signado con el N° 172/2005 de fecha 4 de marzo del año 2005, donde figura como María Amelia Teresa Montaño viuda de Rojas, a favor de David Ysaac Luna Loza, se refiere al mandato para el retiro de dineros a nombre de Marcelo Rojas Alcazar (... ) El Poder N° 172/2005 (... ) fue para apersonarse ante el Banco de Santa Cruz para el retiro de dinero de la Cuenta N° 2000-2062-00809671, sin embargo, el Banco procede a entregar al mencionado apoderado dineros de la Cuenta N° 2000-2012-00454416, cuál demuestra la prueba de fojas 5" (sic); a partir de 10 cual este Alto Tribunal tampoco encuentra vulneración alguna a la previsión de los artículos 1286 y 1289 del Código Civil, puesto que el Tribunal ad quem efectuó la valoración de la prueba conforme le faculta dicha normativa, es decir, conforme a su prudente criterio, más aun tomándose en cuenta el razonamiento citado en el anterior párrafo respecto a la valoración efectuada a la documental de fojas 5 de obrados, misma que guarda estrecha relación con el poder mencionado.
Es así que, el fallo recurrido sostiene que: la nota CITE: SARC/4064/2006 de fecha 9 de noviembre de 2006 de fojas 5, cuyo origen es el propio Banco Mercantil Santa Cruz S.A., se establece que incurrió en un craso error al aceptar un poder otorgado a David Isaac Luna Loza, para el retiro de dólares americanos de la Cuenta 2000-2062-00809671, que no era de propiedad de Marcelo Rojas Alcázar, al decir de la tantas veces señalada Nota de fojas 5 de parte de dicha institución bancaria dirigida a la demandante Julieta Elsa Alcázar de Bueno" (sic),lo cual a decir del accionante se habría incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de dicha prueba al sugerir "que la cuenta aludida pertenecería a otra persona" (sic); sin embargo, conforme ya se tiene manifestado supra, dicha documental fue valorada por el Juez conforme a la normativa señalada.
De la misma manera, respecto a la valoración del documento
cursante a fojas 1 mencionado por la parte recurrente, se tiene que a fojas 1 vuelta que se encuentra inserta la desvinculación matrimonial dispuesta por una autoridad judicial mediante Resolución de 16 de octubre de 2002, extremo que mereció el pronunciamiento del Tribunal de segundo grado al señalar que: "llegamos al convencimiento de que no se observó correctamente por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. aquel Poder N° 172/2005, que no tenía relación alguna con la cuenta de ahorros de Marcelo Rojas Alcázar, y al mismo tiempo no se exigió el certificado de matrimonio actualizado por la supuesta viuda, de manera que se pagó equivocadamente" (sic), conclusión con la que es concordante este Alto Tribunal, puesto que de haberse solicitado por parte del Banco la presentación de un certificado de matrimonio actualizado se hubiese tenido conocimiento de la desvinculación del matrimonio Rojas Montaño y por consiguiente se habría evitado la entrega del dinero motivo de autos.
Finalmente, la parte recurrente sostiene que no se habría considerado la documental de fojas 58 a 60 de obrados, a partir de la cual se podría advertir que la Resolución de Declaratoria de Herederos emitida a favor de María Amelia Teresa Montaño, "no anula la Resolución de Declaratoria de Herederos, SINO QUE LA DEJA SIN EFECTO" (sic), extremo que mereció pronunciamiento del Tribunal ad quem, al señalar que "el inferior no tuvo presente (...) la prueba cursante a fojas 58 a 60, que dejó sin efecto y anulo la curiosa resolución de declaratoria de herederos" (sic), corresponde señalar si bien dicho fallo determinó dejar sin efecto la Resolución N° 936/2004 de 13 de mayo, no es menos cierto que el fundamento para fallar de esa manera fue el dolo mediante el cual se obtuvo la cosa juzgada, requisito que forma parte de la procedencia del instituto de la anulabilidad, por 10 que este Tribunal encuentra que lo aseverado por el Tribunal de segundo grado es correcto. En ese sentido y si bien tal como señala el recurso de casación este pronunciamiento no existía a momento de darse curso a la entrega de los dineros reclamados, no obstante y conforme se tiene líneas anteriores, la entidad bancaria hoy recurrente hubiese evitado efectuar el pago de los dineros en forma equivocada si habría solicitado un certificado de matrimonio actualizado como uno de los requisitos para proceder a esa cancelación y con ello advertir el dolo con el que se tramitó y consiguió la Declaratoria de Herederos.
En cuanto al recurso de casación en la forma: la parte
recurrente denuncia la vulneración de los artículos 190 y 192
del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que no fue objeto
de controversia el número de cuenta a nombre de Marcelo Rojas o si el Banco extremo medios o medidas de seguridad para evitar el indicado error al proceder a la entrega de fondos a una persona carente de facultades expresas. Al respecto se debe tener presente que la norma prevista en el señalado artículo 190, establece que la Sentencia "podrá fin al litigio en primera instancia (...) en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso", determinación esta que demuestra que dichos artículos no fueron vulnerados por el Tribunal ad quem.
Finalmente, no corresponde evidente la inobservancia del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, denunciada por la parte recurrente, puesto que si bien no se tiene acusado como agravio el fundamento empleado por el Tribunal de apelación para revocar la Sentencia de primera instancia; empero, el todo Tribunal de segundo grado tiene la facultad aun de oficio para proceder a la revisión de obrados y determinar lo que corresponda en derecho. A partir de lo que este Alto Tribunal tampoco encuentra vulneración alguna de la previsión del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
Del razonamiento citado, corresponde emitir fallo conforme a la
previsión de los artículos 271 inciso 2) y 273 ambos del Código
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 inciso 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículo 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Banco Mercantil Santa Cruz S.A. representado por Sergio Adolfo Rocha Méndez, cursante de fojas 151 a 157; con costas.
Se regulan honorarios profesionales en Bs. 1500.- para efectos de costas procesales.

References: artículo 1320
 artículo 426
 Resolución 
 artículo 236
 artículo 90
 artículo 272
 artículo 258
 artículo 258
 artículo 258
 resolución 
 artículo 1320
 artículo 1320
 artículo 426
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 190
 artículo 236
 artículo 90
 artículo 42
 artículo 271