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Timestamp: 2020-08-03 21:45:43+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00814 de agosto 14 de 2013
SENTENCIA 2008-00814 DE 14 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:FALSA MOTIVACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. DICHA CAUSAL DE NULIDAD SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS Y CON EL CONTROL DE LOS HECHOS DETERMINANTES DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA QUE PROSPERE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO CON FUNDAMENTO EN DICHA CAUSAL ES NECESARIO DEMOSTRAR: A) QUE LOS HECHOS QUE LA ADMINISTRACIÓN TUVO EN CUENTA COMO MOTIVOS DETERMINANTES DE LA DECISIÓN NO ESTUVIERON DEBIDAMENTE PROBADOS DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVAO B) QUE LA ADMINISTRACIÓN OMITIÓ TENER EN CUENTA HECHOS QUE SI ESTABAN DEMOSTRADOS Y QUE SI HUBIESEN SIDO CONSIDERADOS HABRÍAN CONDUCIDO A UNA DECISIÓN DIFERENTE. POR TANTO, CUANDO LOS HECHOS QUE TUVO EN CUENTA LA ADMINISTRACIÓN PARA ADOPTAR LA DECISIÓN NO EXISTIERON O FUERON APRECIADOS EN UNA DIMENSIÓN EQUIVOCADA, SE INCURRE EN FALSA MOTIVACIÓN PORQUE LA REALIDAD NO CONCUERDA CON EL ESCENARIO FACTICO QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPUSO QUE EXISTÍA AL TOMAR LA DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ACTO ADMINISTRATIVO, DIAN, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2008-00814 de agosto 14 de 2013
Rad. 760012331000200800814 01
Número interno: 18339
Demandante: Ingenio Pichichí S.A.
Demandado: UAE DIAN IVA 2003
Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece
En los términos de la apelación interpuesta por la DIAN, la Sala decide sobre la nulidad de la liquidación oficial de revisión 150642007000007 del 8 de junio de 2007, que modificó la declaración privada del impuesto a las ventas del primer bimestre de 2003 presentada por el Ingenio Pichichí S.A. y de la Resolución del 90002 del 23 de mayo de 2008 que la confirmó.
La Sala precisa que le corresponde determinar si los actos administrativos demandados, que modificaron la declaración privada del impuesto a las ventas presentada por el primer bimestre del 2003 por el Ingenio Pichichí S.A., son nulos por estar falsamente motivados y por violar el debido proceso.
1. El 13 de marzo de 2003, el Ingenio Pichichí S.A. presentó la declaración privada del impuesto a las ventas correspondiente al primer bimestre del 2003(1), corregida el 6 de agosto del mismo año.
2. El 28 de julio de 2006(2), la División de Fiscalización Tributaria de la Administración de Impuestos de Palmira expidió el Auto de Apertura 150632006000765, que dio inicio al proceso de investigación tributaria adelantado contra el Ingenio Pichichí S.A. en relación con el impuesto a las ventas del primer bimestre del 2003(3).
3. El 29 de agosto de 2006, la División de Fiscalización Tributaria de la Administración de Impuestos de Palmira expidió el auto de inspección tributaria 150632006000046(4) y el auto de inspección contable 150632006000044(5), con los que ordenó llevar a cabo las diligencias tendientes a determinar la exactitud de la declaración del impuesto a las ventas presentada por la parte actora por el primer bimestre del 2003.
4. El 24 de agosto de 2006, el funcionario delegado de la Administración de Impuestos de Palmira llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada con el auto de inspección contable 150632006000046(6).
5. El 29 de agosto de 2006, la División de Fiscalización Tributaria de la Administración de Impuestos de Palmira expidió el auto de traslado de pruebas 0002, que se ordenó incorporar al ExpedienteGO2003-2006-000765, referido al impuesto a las ventas del primer bimestre del 2003, algunos folios del Expediente PD-2003-2004-00022, el cual estaba relacionado con la investigación adelantada contra el Ingenio Pichichí S.A. por el impuesto sobre la renta del año 2003(7).
6. El 29 de agosto de 2006 el funcionario delegado de la Administración de Impuestos de Palmira llevó a cabo la inspección tributaria ordenada con el Auto 150632006000044(8).
7. El 8 de septiembre de 2006, la División de Fiscalización Tributaria de la Administración de Impuestos de Palmira expidió el Requerimiento Especial 150632006000013, que propuso modificar la declaración del impuesto a las ventas del primer periodo de 2003 presentada por el Ingenio Pichichí S.A. en el sentido de aumentar los ingresos del periodo en la suma de $ 1.003.030.000, el impuesto en $ 70.201.000 e imponer una sanción por inexactitud de $ 112.339.000(9). Para estos efectos señaló:
“Habiendo tenido conocimiento este despacho de algunos documentos relacionados con transacciones realizadas entre el Ingenio Pichichí S.A. y el señor Jorge Iván Giraldo Ríos durante el primer trimestre del año 2003 (véanse fls. 9-36) se ordenó apertura de investigación para lo cual se dictó el Auto 1506320067656.
Para efectos de adelantar la inspección contable en las instalaciones del Ingenio Pichichí fueron notificados los autos de inspección contable 046 (contable) y 044 (tributaria) (...).
La diligencia se practicó el día veinticuatro (24) de agosto siguiente (...). Como resultado de la misma se logró conocer que las únicas operaciones por las cuales se generó el impuesto a las ventas en las transacciones realizadas entre la sociedad investigada y el señor Jorge Iván Giraldo Ríos fueron las correspondientes a la venta de miel (...) y al alquiler de bienes muebles (...), motivo por el cual se hace entonces necesario proponer la modificación de la liquidación privada a fin de incorporar dentro de los ingresos correspondientes por operaciones gravadas, los derivados de las remisiones de azúcar en cantidades iguales de 700 quintales ocurridas durante los meses de enero y febrero del año 2003 para lo cual fueron utilizados los documentos distinguidos con los números 5608, 5609, 5611, 5612, 5613, 5614. 5615, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 562, 5623. 5624, 5625,5625,5628, 5629, 5630, 5633, 5634, 5636,563y 5638”.
8. El 7 de diciembre de 2006 la demandante respondió el requerimiento especial(10). En términos generales, señaló que el único soporte con el que contaba la administración para llegar a la conclusión de que omitió ingresos gravados con el impuesto a las ventas eran las fotocopias de unas supuestas remisiones de azúcar. Que como copias simples, esos documentos, por no ser auténticos, no haber sido autenticados o reconocidos por la sociedad, carecían de valor probatorio. Que, por la misma razón, no fueron tachados de falsos.
9. El 8 de junio de 2007, la División de Liquidación Tributaria de la Administración de Impuestos de Palmira expidió la liquidación oficial de revisión 150642007000007, que modificó la declaración del impuesto a las ventas presentada por la parte actora por el primer bimestre de 2003, en los términos propuestos en el requerimiento especial(11). Señaló:
“La omisión en la que incurrió el contribuyente investigado en la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas por elprimer bimestre del año gravable 2003, está respaldada por la investigación realizada al tercero Señor Jorge Iván Giraldo Ríos y por las copias de las remisiones obtenidas por la División de Fiscalización Tributaria correspondiente al año 2003, las cuales fueron objeto de comprobación por parte del funcionario comisionado, con las remisiones emitidas por la sociedad investigada durante el año 2003, las cuales coinciden en cuanto a las características, personas firmantes vinculadas laboralmente a la sociedad, transportadores y placas de vehículos, por operaciones de venta de azúcar realizadas con otras personas durante el mismo año gravable 2003”.
10. El 10 de agosto de 2007, la demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial derevisión(12). Para sustentar el recurso insistió en argumentos similares a los expuestos en la respuesta al requerimiento especial.
11. El 23 de mayo de 2008, la Administración de Impuestos de Palmira expidió la Resolución 90002, que confirmó el acto administrativo recurrido(13).
La Sala parte por señalar que recientemente denegó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por los que la DIAN modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el Ingenio Pichichí S.A. por el periodo gravable 2003(14).
En esa oportunidad, se discutieron los mismos hechos y se invocaron los mismos fundamentos de derecho que dieron origen a la controversia que ahora seresuelve(15). Por esa razón, para decidir sobre la nulidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto a las ventas del primer periodo del 2003, la Sala acudirá a lo ya resuelto.
En el presente caso, al igual que en el proceso que giró en torno a la determinación del impuesto sobre la renta del año 2003, la parte actora señaló que las copias simples de unas supuestas remisiones de azúcar no tenían valor probatorio porque, además de no serauténticaso autenticadas, no fueron reconocidas por la demandante. Que, por la misma razón, es decir, por tratarse de documentos privados aportados en copia simple, no fueron tachados de falsos.
El tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos demandados por considerar que las copias simples de las remisiones de azúcar con fundamento en las cuales la administración modificó la declaración del impuesto sobre las ventas no le fueron exhibidas a la parte actora para su correspondiente reconocimiento y que, por ese motivo, no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ellos, lo que resultaba contradictorio con el principio de publicidad de la prueba y, por consiguiente, violatorio del debido proceso.
En la apelación, la DIAN señaló que el tribunal desconoció que la demandante aceptó de manera expresa que tuvo acceso a los documentos en los que la administración fundó su decisión, pero que no los tachó de falsos, como le correspondía, y que, en consecuencia, las copias de las remisiones de azúcar sepresumían auténticas. Que, en todo caso, esa no fue la única prueba que sustentó los actos administrativos con los que se modificó la declaración privada.
De lo expuesto se advierte que las causales de nulidad de los actos administrativos demandados invocadas por la demandante están referidas a la falsa motivación y a la violación al debido proceso, en tanto que se alega que los hechos que dieron lugar al impuesto liquidado por la DIAN no fueron probados en debida forma.
La Sala considera que no se configuraron las causales de nulidad, por las razones que se exponen a continuación.
En relación con la falsa motivación, la Sala ha dicho que esta causal de nulidad se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisióna dministrativa(16).
Que, de esa forma, para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) o bien que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión diferente.
Los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la administración supuso que existía al tomar la decisión.
Lo anterior implica que quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el hecho o hechos que elfuncionariotuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos(17).
De otra parte, sobre el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, la Sala ha dicho que es una garantía y un derecho fundamental de aplicación inmediata compuesto por tres ejes fundamentales: i) el derecho de defensa y contradicción, ii) el impulso y trámite de los procesos conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento y iii) que el asunto sea resuelto por el juez o funcionario competente para ello. Que, en esa medida, la violación de cualquiera de esos ejes comporta la vulneración de esa garantía fundamental(18).
Que el debido proceso es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas y que dentro de las garantías establecidas en la Constitución Política se encuentra el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que sealleguen(19).
En consecuencia, la Sala procede a analizar las pruebas recaudadas en el expediente a fin de determinar si fueron obtenidas en debida forma y si con esas pruebas se acreditaron los hechos con fundamento en los cuales la administración modificó la declaración privada.
Las pruebas que obran al expediente son las siguientes:
1. El acta de inspección contable del 24 de agosto de 2006, en la que se deja constancia de las diligencias llevadas a cabo en la inspección ordenada con el Auto 150632006000046 en los siguientes términos(20):
“A solicitud del funcionario visitador fueron aportados los documentos auxiliares de la cuenta impuesto a las ventas. Generado en los meses de enero y febrero del año 2003, a saber 240805 - IVA generado por venta de miel $ 284 e IVA generado por alquiler de aradora $ 200.0000 (cta. 540810) del tercero Giraldo Ríos Jorge Iván NIT 10.244.589. Para el mes de febrero el movimiento acumulado fue así: cuenta 240805 $ 5681 y cuenta 240810 $ 207.360. En ningún momento se aportó dentro de la diligencia auxiliar alguno relacionado con las transacciones a que hace referencia las remisiones distinguidas con los números 5608 - 5609 - 5611 - 5612 /13 /5614 /15 /17 /18/ 19 /20 /21 y 5622 correspondientes al mes de enero de 2003 y remisiones 5623 a 5630 y 5633 a 5638, correspondientes al mes de febrero de 2003. Se deja constancia del traslado y entrega de esta acta”.
2. El auto de traslado de pruebas 0002 del 26 de agosto de 2006 con el que se ordenó incorporar al expediente de fiscalización del impuesto a las ventas del primer bimestre del 2003, los folios del expediente relativo a la investigación adelantada contra el Ingenio Pichichí S.A. por el impuesto sobre la renta del año 2003 que se relacionan acontinuación(21):
a) Las fotocopias de los formatos para “Remisión de azúcar y miel” expedidos a nombre de “Jorge I. Girado”durante los meses de enero y febrero de 2003(22).
b) Una relación de las facturas expedidas por el Ingenio PichichíS.A. a Jorge Iván Giraldo Ríos durante el año 2003(23).
c) Las copias de algunas facturas de venta expedidas por el Ingenio Pichich íS.A. durante el año 2003 por concepto de azúcar blanco nacional a diferentes clientes. De esos documentos hacen parte dos facturas que datan del 17 y 22 de julio de 2003 a nombre de Jorge Iván Giraldo Ríos alasque acompañan los correspondientes formatos para “remisión de azúcar y miel”(24).
d) El acta de inspección contable suscrita el 28 de agosto de 2006 que da cuenta de las comprobaciones realizadas por la administración en la diligencia de inspección practicada al Ingenio Pichichí S.A. dentro del proceso de fiscalización del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2003 en la que se concluye:
“La diligencia de inspección contable permitió evidenciar que las remisiones de azúcar anteriormente relacionadas no fueron debidamente facturadas por el Ingenio Pichichí S.A. y por ende no fueron incorporadas como ingreso en la respectiva declaración de renta. Así lo corroboró tanto el contador general (...) y el asistente de impuestos (...) al manifestar completo desconocimiento de su existencia, motivo por el cual se procederá a cuantificar su valor para proponer la correspondiente adición de los ingresos declarados mediante la notificación del requerimiento especial”.
3. El acta de inspección tributaria del 29 de agosto de 2006 suscrita en cumplimiento de lo ordenado por el Auto 150632006000044 en la que se concluyó que, una vez realizada la diligencia de inspección contable decretada mediante el Auto 150632006000046, durante el primer trimestre de 2003.
(...) “no hubo factura alguna correspondiente a la venta de azúcar en las que se generara el IVA correspondiente a las remisiones 5608, 5609, 5611, 5612, 5613, 5614. 5615, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 562, 5623. 5624, 5625, 5625, 5628, 5629, 5630, 5633, 5634, 5636, 563 y 5638”(25).
En la sentencia del 25 de abril de 2013 que resolvió la controversia relativa al impuesto sobre la renta del año 2003(26), a la que previamente se hizo alusión, la Sala señaló que los documentos allegados por el anónimo no constituyeron el motivo que determinó la expedición de los actos acusados.
Que si bien con esos documentos se pusieron en conocimiento de la administración la ocurrencia de determinados hechos, estos fueron sometidos a verificación oficial, mediante la práctica de inspecciones, en las cuales se confrontó la contabilidad del contribuyente, con las copias simples de lasremisionesy las pruebas trasladadas del expediente abierto contra Jorge Iván Giraldo Ríos.
La Sala precisó que el artículo 81 de la Ley 962 de 2005(27) permite que la actuación de la autoridad administrativa se inicie cuando la información allegada por el anónimo se refiera a hechos y personas claramente identificables, situación que se presentaba en el caso que resolvió, toda vez que las remisiones de azúcar allegadas aludían a transacciones realizadas entre el Ingenio Pichichí y Jorge Iván Giraldo Ríos.
Que, además, el artículo 81 de la Ley 962 de 2005 debía analizarse en concordancia con elartículo 684 del estatuto(28) que dispone que la administración puede adelantar las investigaciones que estime convenientes, por cuanto la facultad de fiscalización es de carácter discrecional, en la medida en que permite seleccionar los presuntos infractores tributarios que serán investigados, y definir los tributos y periodos que serán materia de revisión.
De otra parte, sobre al valor probatorio de la prueba documental, y en particular de las copias de las remisiones de azúcar efectuadas por el Ingenio Pichichí a Jorge Iván Giraldo Ríos, en la sentencia a la que se hizo referencia(29)la Sala señaló:
“El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil establece las distintas clases de documentos, entre las cuales se encuentran, tanto las impresiones, como las reproducciones mecánicas objeto de análisis. Estos documentos son de carácter privado habida consideración de que no fueron otorgados por un funcionario público.
El numeral 3º del artículo 252 y el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, establecen que contra quien se presente un documento público o privado puede controvertido mediante la tacha de falsedad.
Cuando estas normas se refieren a los documentos privados no diferencian entre originales y copias, por ello cualquier clase de documento que se presente ante una parte, puede ser tachado de falso”.
“Así las cosas, un documento privado, ya sea original o copia, será auténtico y, por ende, tendrá valor probatorio, cuando no haya sido desvirtuado mediante tacha de falsedad, como lo exige el numeral 3º del artículo 252 y 289 del Código de Procedimiento Civil”.
Ahora bien, en relación con las actuaciones adelantadas por la administración para comprobar la ocurrencia de los hechos de las que daban cuenta las copias de las remisiones de azúcar, la Sala hizo el siguiente análisis:
“En el presente caso, consta en los antecedentes administrativos que las copias simples de las remisiones de azúcar fueron puestas en conocimiento del contribuyente en la diligencia de inspección contable y tributaria, frente a lo cual, los empleados de la sociedad, que atendieron esas diligencias, señalaron que no conocían dichos documentos en razón a que no fueron aportados por el ingenio en desarrollo de la investigación. Así mismo, en el acta de inspección contable se advirtió que la sociedad no aportó las fotocopias de las facturas que demostraran el ingreso que se deriva de las remisiones glosadas por la administración”.
“Para la Sala es claro que en las diligencias de inspección contable y tributaria el contribuyente tuvo la oportunidad de tachar de falsas las copias simples de remisiones de azúcar en las cuales se observan unas transacciones de venta de azúcar entre el Ingenio Pichichí S.A. y el señor Jorge Iván Giraldo Ríos. En efecto, en desarrollo de dichas diligencias esos documentos le fueron exhibidos para su reconocimiento, y por ende, podía verificar si se trataba de un documento falso.
En este caso, no era necesario que se practicara una diligencia denominada ‘reconocimiento previo’ como lo afirma el demandante, puesto que lo importante era que la sociedad tuviera la oportunidad de conocer los documentos ya sea para su reconocimiento o desconocimiento, como en efecto lo hizo en la práctica de las diligencia de inspección contable y tributaria.
Así mismo, tuvo la oportunidad de tachar de falsas las mencionadas copias con ocasión de la notificación del requerimiento especial, teniendo en cuenta que ese acto propone la modificación de la declaración privada con fundamento en el análisis probatorio efectuado en las inspecciones tributaria y contable.
Sin embargo, el contribuyente sostuvo en el requerimiento especial que dichos documentos no eran auténticos ni se encontraban autenticados. Además, que no se tacharon de falsos porque se trata de una fotocopia de unos documentos que no fueron suscritos por la sociedad y que no tienen ningún valoroautenticidad”.
“En este caso, los documentos en cuestión contienen el nombre de la sociedad Ingenio Pichichí, el logo comercial, el NIT, el producto, la cantidad y la firma de los supervisores y conductores de la sociedad. Por consiguiente, le correspondía al contribuyente desvirtuar la veracidad de dichos documentos, mediante la tacha de falsedad.
En ese sentido, teniendo en cuenta que las copias simples de remisiones de azúcar serefieren a la sociedad Ingenio Pichichí, que las mismas fueron exhibidas al contribuyente, y que la sociedad no las tachó de falsas, deben ser valoradas probatoriamente.
En el sub examine, la sociedad no ha discutido que el señor Jorge Iván Giraldo Ríos haya sido su cliente en el año 2003, por el contrario, en la inspección contable y tributaria allegó las facturas que había expedido a ese cliente para dicha vigencia gravable.
Dichas facturas fueron acompañadas con un documento denominado ‘remisión’, con lo que se prueba que el despacho y entrega de la mercancía se hace utilizando el mismo tipo documento que fue allegado en copia simple a la administración.
Además, las características de las remisiones de azúcar allegadas en copia simple y las aportadas por el contribuyente son las mismas, como se concluyó por la administración en el acta de inspección tributaria”.
“Al ser verificadas las anteriores circunstancias por la Sala, esta llega a las mismas conclusiones a las que arribó la administración en el acta de diligencia de inspección tributaria, en el sentido de que las remisiones allegadas por el tercero y las aportadas por la sociedad gozan de la mismas características físicas y se refieren a los mismos empleados, y vehículos que utiliza normalmente la sociedad para la remisión de las mercancías”.
“Así las cosas, las pruebas practicadas por la administración en las diligencias de inspección tributaria y contable, así como las remisiones allegadas, en copias simples a la División de Fiscalización, demuestran que el contribuyente no registró los ingresos derivados de las referidas remisiones en su contabilidad, ni en la declaración de renta del año 2003”.
Por las mismas razones que se acaban de exponer, la Sala considera que en el presente caso, los hechos que dieron lugar a la modificación de la declaración del impuesto a las ventas están acreditados, pues las pruebas que tuvo en cuenta la Sala para confirmar la modificación del impuesto sobre la renta del año 2003, son las mismas con fundamento en las cuales la administración determinó oficialmente el impuesto a las ventas del primer bimestre del 2003. En esa medida, no se configura la falsa motivación de los actos administrativos demandados.
De igual modo, la Sala considera que no hubo lugar a la violación al debido proceso originado en vicios relacionados con las pruebas con fundamento en las cuales la administración tomó la decisión de modificar la declaración privada, como de manera equivocada lo estimó el tribunal.
Lo anterior, en razón a que la parte actora tuvo la oportunidad de controvertir los hechos imputados por la administración para lo cual debió valerse de los medios de prueba a su disposición. Sin embargo, se limitó a discutir la validez de las pruebas mas no la realidad de los hechos que se le imputaron.
En esa medida, está probado que la demandante omitió ingresos gravados, lo que constituye infracción sancionable con fundamento en el artículo 647del estatuto tributario, razón adicional para denegar la pretensión de nulidad de los actos demandados.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del tribunal en cuanto accedió parciamente a las pretensiones de la demanda. En su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.
1. CONFÍRMASE el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el que tribunal se inhibió para resolver de fondo sobre el requerimiento especial 150632006000013 del 8 de septiembre de 2006.
2. REVÓCASE los numerales 2º, 3º y 4º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en los que el tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante. En su lugar,DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
3. RECONÓCESE a la abogada María Cristina Arias Hernández como apoderada de la DIAN.
(1) Folio 6 del Código Penal.
(2) Folio 8 del Código Penal.
(3) Folio 1 del cuaderno 2.
(4) Folio 9 del Código Penal.
(5) Folio 10 del Código Penal.
(6) Folio 11 del Código Penal.
(7) Folios 4 y 5 del cuaderno 2.
(8) Folios 20 al 21 del Código Penal.
(9) Folios 12 al 19 del Código Penal.
(10) Folios 23 al 38 del Código Penal.
(11) Folios 39 al 69 del Código Penal.
(12) Folios 70 al 92 del Código Penal.
(13) Folios 94 al 100 del Código Penal.
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E). Bogotá, D.C., 25 de abril de 2013. Ref.: 760012331000200800812 01. Número interno: 18989. Actor: Ingenio Pichichi S.A. Demandado:UAE DIAN.
(15) En esa oportunidad se invocaron como normas violadas los artículos 29 Constitución Política, 81 de la Ley 962 de 2005, 3º, 5º al 17, 30 inciso final, 34, 139 y 168 del Código Contencioso Administrativo, 6º, 87, 177, 252 numeral 3º, 244 al 246, 248, 254, 255, 268, 272 al 275, 283 al 289 y 293, del Código de Procedimiento Civil, 6º, 563, 581, 647, 729, 742, 743, 744, 746, 762 al 771-2 al 777 y 783 del estatuto tributario. De igual forma, la controversia giró principalmente en torno al valor probatorio de las fotocopias de ciertas remisiones de azúcar efectuadas por el demandante a uno de sus clientes, que valga señalar, son las mismas con fundamento en las cuales la administración modificó la declaración del impuesto a las ventas del periodo que ahora se discute.
(16) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Código Penal Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011). Rad.11001-03-27-000-2006-00032-00 -16090. Demandante: Diana Caballero Agudelo y Gloria I. Arango Gómez. Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. Asunto: Acción pública de nulidad contra la Resolución 11670 del 29 de noviembre de 2002 expedida por la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera DIAN.
(17) El tratadista Manuel María Diez enseña sobre la motivación de los actos administrativos que se deben distinguir dos elementos: i) Los hechos y consideraciones que sirven de fundamento al acto y se relacionan tanto a la oportunidad del acto como a su legalidad y, la correspondencia de la motivación con la materia reglada por el acto.
En el primer evento, dice el autor, al citar a Stassinopoulos, cuando la motivación se refiere a la oportunidad del acto “debe mencionar los hechos concretos y la importancia que la administración le acuerde, como también la influencia que esos hechos han tenido sobre el ejercicio del poder discrecional”; y cuando se relaciona con la legalidad, puede contener 1) un desenvolvimiento del sentido de la ley, de acuerdo con la interpretación dada por el autor del acto; 2) una afirmación de la constatación de los hechos que constituyen la condición para que la aplicación de la ley haya tenido lugar; 3) una afirmación de que estos hechos han sido sometidos a una calificación jurídica apropiada”.
Y en cuanto al segundo elemento, precisa que la correspondencia de la motivación varía según la clase de motivos invocados: “1) si los motivos se relacionan con la interpretación de la ley deben contener la manifestación del autor del acto sobre el sentido de la ley. (...); 2) si se trata de motivos relacionados con la constatación de hechos, la correspondencia existe si se formulan las razones que conforman esa constatación; 3) si la motivación se relaciona con la calificación jurídica del hecho, la sola mención de la calificación adoptada no es suficiente, porque no es sino la conclusión y no el motivo; 4) si el motivo tiene por objeto demostrar el ejercicio correcto del poder discrecional, la correspondencia necesaria del mismo con la conclusión del acto motivado, existe si el acto hace mención de los hechos y de las consideraciones a las que el autor otorga una importancia fundamental”. Diez, Manuel María. “El Acto Administrativo”. Tipográfica Editora Argentina S.A. Buenos Aires. 1993.
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Código Penal Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 21 de julio de 2011. Rad. 11001-03-27-000-2007-00005-00. Número interno: 16356. Actores: Carlos Nelson Garavito Oviedo y Norman Alexander Aldana Demandado: Superintendencia Financiera de Colombia.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Código Penal Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Bogotá, D.C., 16 de marzo de 2011. Rad. 66001-23-31-000-2005-00808-01. Nº interno: 16522. Actor: Cable Unión de Occidente S.A. Demandado: DIAN.
(20) Folio 11 del Código Penal.
(21) Folios 4 y 5 del cuaderno 2.
(22) Folios 9 al 36 del cuaderno de antecedentes.
(23) Folios 38 al 41 del cuaderno de antecedentes.
(24) Folios 43 al 71 del cuaderno de antecedentes.
(25) Folios 20 al 21 del Código Penal.
(26) Ídem cita 14.
(27) ART. 81.—Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables.
(28) ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación. La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.Para el efecto podrá:
a) verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario;
b) adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados;
(29) Ídem cita 14.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 251
 artículo 252
 artículo 289
 artículo 252
 artículo 647
 Resolución