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Timestamp: 2017-01-17 18:39:28+00:00

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1_9788490533703 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
4ª EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZADA
Orden económico y sectores de referencia
Y SECTORES DE REFERENCIA
4.ª Edición revisada y actualizada
© LUCIANO PAREJO ALFONSO
ISBN: 978-84-9053-370-3
ABREVIATURAS...........................................................................................................	9
EL MARCO DE LA ECONOMÍA
Lección 1.	La ordenación de la economía....................................................................	15
Lección 2.	Organización y acción administrativa en la economía.................................	67
EL ORDEN FUNDAMENTAL DE LA VIDA COLECTIVA
Lección 3.	Lección 4.	Lección 5.	Lección 6.	Seguridad ciudadana y orden público.........................................................	107
La protección del medio ambiente..............................................................	141
Ordenación del territorio............................................................................	201
La ordenación urbanística (I): evolución, descentralización territorial y
encuadramiento estatal de su ordenamiento regulador................................	253
Lección 7.	La ordenación urbanística (II): elementos estatales comunes y básicos de los
sistemas legales...........................................................................................	315
Lección 8.	La ordenación urbanística (III): instrumentos de planeamiento...................	363
Lección 9.	La ordenación urbanística (IV): ejecución del planeamiento, protección de
la legalidad y sanción de las infracciones....................................................	441
INFRAESTRUCTURAS DE LA VIDA SOCIAL
Lección 10.	Obras e infraestructuras públicas................................................................	533
Lección 11.	Transportes.................................................................................................	601
Lección 12.	El sistema energético...................................................................................	641
SECTORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA
Lección 13.	Agricultura e industria................................................................................	699
Lección 14.	El comercio y los servicios..........................................................................	727
Lección 15.	El sistema financiero...................................................................................	753
AGE	AL	AALL	AP	AAPP	ADIF	ATS	BOE	Cc	CA	CCAA	CE	CNC	CNMV	Cp	DOCE	EAPV	EBEP	EEAA	IPPC	LA	LAAEE	LaBE	LAE	LC	LCar	LDC	LEF	LEIA	LES	Administración General del Estado.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero.
LGob	LGOP	LGP	LGS	LGT	LHC	LHL	LI	LJCA	LLAAS	LM	LNA	LoCE	LoCJ	LOCM	LOFAGE	LOFCS	LoPDCP	LoPJ	LOPSC	LoTC	LoTCu	LOTT	LOV	LPAP	LPC	LPrAu	LrBRL	LRJPAC	LSA	Luciano Parejo Alfonso
Ley General de Obras públicas, de 13 de abril de 1877.
Ley 32/2007, de 1 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Ley 21/1992, de 16 julio, de industria.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
Ley 48/1969, de 21 de julio, de Navegación Aérea.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto de Videovigilancia.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
LsdEC	LSE	LSF	LSH	LSP	LS56	LTPP	RBCL	RDU	REF	RENFE	RG	ROCE	RP	RPAPRePt	RPrPS	RSCL	RVL	STC	STJUE	STS	TCE	TEuDH	TFUE	TJUE	Tol	11
Ley 26/1988, de 29 julio, de disciplina e intervención de las entidades de
Ley 34/1998, de 7 de octubre, reguladora del Sector de Hidrocarburos.
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956.
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio.
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957.
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto.
Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio.
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en
materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo.
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo.
Recopilación de jurisprudencia de la base de datos electrónica tirantonline.
TRDvRL	TRLCSP	TRLdS08	TRLPEyMM	TRLS76	TSJ	TUE	Luciano Parejo Alfonso
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Puertos del Estado y Marina Mercante.
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.
La ordenación de la economía
SUMARIO: 1. LA ECONOMÍA Y EL ESTADO. 1.1. La política económica y el Derecho público
de la economía. 1.2. El proceso económico y la política económica. 1.3. La función estadística y la política económica. 2. EL ORDEN ECONÓMICO DE RANGO CONSTITUCIONAL.
2.1. El orden económico del Derecho originario europeo. 2.2. El orden constitucional económico interno. 2.2.1. Fines y valores del orden económico; ámbito, contenido y textura
del concepto constitucional de economía 2.2.2. Instituciones de la economía general en
tanto que orden. 2.3. Las competencias para la formulación y ejecución de la política económica. 3. LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA ECONOMÍA. 3.1. Los principios
rectores de la política económica, presupuestaria y financiera. 3.1.1. Los principios rectores
vinculantes de la política económica, en su vertiente presupuestaria y financiera. 3.1.2. Los
instrumentos para la aplicación de los principios rectores. 3.1.3. Las medidas preventivas,
correctivas y coercitivas en caso de incumplimiento. 3.2. La manifestación de la responsabilidad estatal por las condiciones de desarrollo de la economía: la sostenibilidad como valor
de síntesis y los principios rectores de la acción pública económica. 3.3. Los elementos de la
reforma estructural y las bases del marco general de la economía. 4. EL SERVICIO PÚBLICO
COMO FÓRMULA ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA DE DACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD. 4.1. La construcción dogmática tradicional del servicio
público. 4.2. El servicio público en la Constitución y la incidencia del Derecho europeo.
4.2.1. Marco constitucional y doctrina del Tribunal Constitucional. 4.2.2. Marco europeo
superpuesto y jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. 4.2.3. Situación actual del servicio
público. 5. EJERCICIO PRÁCTICO. 6. BIBLIOGRAFÍA.
En la presente Lección se ofrece un análisis del orden económico sancionado
por la Constitución española y por los Tratados de la Unión Europea donde la economía de mercado y su defensa gozan de un muy marcado protagonismo. A su vez,
la Lección tiene por objeto la explicación del servicio público como fórmula de
dación de bienes y prestación de servicios en manos del poder público.
1.	LA ECONOMÍA Y EL ESTADO
1.1.	La política económica y el Derecho público de la economía
Tanto la CE (arts. 130 y 131, en relación con el art. 149.1.13) como el Derecho originario de la UE (arts. 5 y 119 y 120 TFUE) prevén hoy —con superación de la esencial autonomía de la vida económica propia del Estado liberal
de Derecho— la formulación y ejecución por la UE y los Estados miembros,
respectivamente, de una política económica sujeta a coordinación a escala europea. Esta previsión:
a)	Trae causa del desarrollo progresivo, desde comienzos del S. XX, de un potente elenco de intervenciones públicas en la economía dirigidas a la prevención de riesgos, la defensa frente a peligros, la configuración de condiciones
óptimas y la dirección y el fomento de las actividades, cuyo alcance —desbordando la mera policía de éstas— llega a la responsabilización del Estado
(y la UE) en el buen funcionamiento del sistema económico, en su conjunto
y por sectores, para asegurar la cohesión territorial y social y, en definitiva,
la justicia social (conforme a los valores inherentes al Estado social; arts. 2
y 3 TUE y 1.1 y 9.2 CE).
b)	Debe entenderse hoy en el contexto de i) un reajuste de las responsabilidades en la dación de bienes y servicios en el sentido de la compartición de la
cumplida de forma directa y primaria por el binomio mercado (prestación)regulación pública (garantía de la prestación), con mantenimiento de la última y universal en el Estado (condicionado por la UE y, en su caso, las instituciones internacionales); y, además, ii) de un repunte del intervencionismo
estatal con motivo de la crisis económica sistémica instalada en 2008 que,
sin embargo, no pone en cuestión la aludida compartición.
El resultado es la formación y consolidación de un Derecho público de la
economía (y de la correspondiente AP especializada), que se superpone a, y
convive con, el Derecho privado. Pues las correspondientes regulaciones económicas, al propio tiempo que programan actuaciones administrativas y determinan, así, relaciones jurídico-públicas, implican límites y limitaciones del
principio de autonomía que rige en el tráfico jurídico entre los sujetos ordinarios del Derecho.
El Derecho público de la economía puede ser definido, así, como el conjunto
de las normas que asignan funciones o potestades (habilitaciones y deberes de
actuación) a poderes públicos para la configuración y, en general, la incidencia en
la vida económica.
Este Derecho:
a)	Está formado hoy por un entramado compacto de normas tanto europeas
como estatales internas (además de las internacionales), cuyas bases están
en el bloque materialmente constitucional formado por el TUE y el TFUE,
de un lado, y la CE, de otro.
b)	Su contenido operativo concreto, ya en sede del Derecho administrativo,
está formado —siguiendo a P. Badura— por el conjunto de normas en virtud de las cuales los complejos orgánico-funcionales ejecutivos (de la ins-
tancia general del Estado y de las CCAA) y los respectivos sectores públicos
ordenan y configuran, en el marco y, en su caso, el desarrollo de aquellas bases, el proceso económico o realizan o garantizan prestaciones en el mismo
con finalidades preventivas (de riesgos y peligros), directivas (o de control)
y de fomento.
1.2.	El proceso económico y la política económica
El aprovisionamiento de la sociedad con bienes y servicios es función:
a)	De un lado, del desarrollo de las fuerzas productivas (la productividad) en el
proceso económico; productividad que, aún siendo decisiva para la política
económica, se integra en los más amplios fines no sólo de la política social,
sino de la general del Estado en su tarea de configuración y optimización de
las condiciones de vida colectiva. Y
b)	De otro lado, de la organización social y jurídica del proceso económico,
la cual —aún debiendo atender a la productividad— no puede dejar de
considerar que el trabajo no sólo es factor que contribuye al producto de
la economía, sino también la condición y el contexto de la realización de la
Desde el punto de vista del papel del Estado, los órdenes económicos posibles
pueden encuadrarse en las dos principales formas históricas extremas que han
presentado: la economía planificada (hoy prácticamente superada) y la economía
de mercado. Esta segunda es la propia de la UE y de todas las sociedades de economías basadas en el capital y reposa sobre el principio de autonomía privada
bajo la forma de libertades de empresa, profesión y oficio y contratación y propiedad privada, con la consecuencia de la descentralización (en los concretos sujetos del proceso económico) de las decisiones económicas y la encomienda de la
cobertura de las necesidades de aprovisionamiento al juego del libre intercambio,
es decir, de las reglas del mercado.
Importa retener que las características de la economía de mercado:
1º.	Lejos de excluir la intervención estatal en la economía, la demandan, de
modo que la actividad económica en libre competencia en el mercado no
está “libre de Estado”. En efecto:
1.1.	La intervención pública es necesaria e, incluso, esencial para la efectividad de las reglas del mercado, el cual solo es posible en forma
“modificada” según las circunstancias, es decir, aproximada en mayor
o menor medida a la ideal o teórica.
1.2.	La “libertad” del mercado respecto del Estado solo es posible dentro
y a partir de las siguientes condiciones:
–	La existencia del indispensable marco normativo e institucional,
que facilita la legislación estatal y, en general, la regulación pública.
–	La garantía estatal de i) los derechos y los deberes de los sujetos
individuales y las empresas, especialmente mediante la prevención
de riesgos, la protección frente a peligros y la tutela judicial efectiva en aplicación del Derecho; y ii) la necesaria infraestructura
de la dación de bienes y prestación de servicios básicos para la
existencia (bienes y servicios esenciales), sea directa, indirecta o a
través del mercado (mediante asunción de la garantía del adecuado suministro).
–	La ayuda a subsectores o sectores económicos en dificultades.
–	La generación en sectores con estructura interna inadecuada de
condiciones favorables a la libre competencia máxima posible.
Pero teniendo en cuenta siempre que, en el seno de la UE, las aludidas
tareas del Estado solo pueden ser ya cumplidas en las condiciones limitadas por el proceso de integración supranacional (el Derecho comunitario
europeo) y la internacionalización de la economía.
2º.	Aunque excluya la completa socialización que comporte práctica supresión de la propiedad privada de los medios de producción, ni repugna ni
impide la socialización de concretas empresas o medios de producción
en la medida en que, conservando la propiedad privada como institución
reguladora de la apropiación y el tráfico de los bienes, signifique solo una
modificación parcial de la distribución real de la propiedad.
La política económica se manifiesta en decisiones políticas formalizadas en
normas y medidas de las instituciones europeas (para la coordinación de la acción de los Estados miembros) y estatales de ordenación, impulso o equilibrio
y desarrollo de la economía. Aunque la CE (arts. 131.1. y 149.1.13) prevé su
formalización también en una planificación general, ésta ha sido obviada hasta
hoy (a favor de planes de concretos sectores o subsectores) por su dificultad
intrínseca y su inadecuación a la economía libre y abierta de mercado, con respaldo del Tribunal Constitucional. Conforme a la opción fundamental por la
economía de mercado como marco de las actividades de contenido económico
(arts. 38 CE y 3.3 TUE):
a)	Los fines principales de la política económica se reconducen a la garantía
—en un contexto de estabilidad— del desarrollo equilibrado, territorial y
sectorialmente, de la economía y de la libre competencia en el mercado
(arts. 38, 40 y 130 CE y 3 TUE y 119 TFUE); garantía que ha de realizarse
en el contexto de la coordinación europea (en virtud de la integración rela-
tiva de las políticas nacionales) y la inserción de la economía y los mercados
nacional e interior europeo en los internacionales.
b)	A ellos se añaden, complementándolos desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado social (arts. 1.1 y 9.2 CE) y del carácter social de la
economía de mercado (art. 3.3 TUE), los objetivos propios de las políticas
estructural (regional y sectorial) y general de configuración permanente de
las condiciones de vida social en los que se imbrican los de la política social,
medioambiental y de ordenación territorial y urbanística. Pues es claro que
el aseguramiento de la alimentación, la salud, el suministro de energía, la
utilización racional de los recursos naturales (en especial el suelo) y, en general, del medio ambiente como sede de las bases de la vida (arts. 43, 45, 47
y 51.1 CE) deben poder suponer la imposición de directrices y limitaciones
a la libertad de empresa.
Las principales manifestaciones de la política económica son:
1ª.	La política de libre competencia, que tiene por objeto la generación y el
mantenimiento, en los mercados idóneos al efecto, de la óptima situación
posible de competencia real y efectiva y está, así, al servicio, a escala europea, de la que el artículo 3.3 TUE califica como “economía social de
mercado altamente competitiva”.
Esta política es complementada por la de regulación de la estructura de
sectores y, por tanto, mercados con la finalidad de abrirlos, en la mayor
medida posible y según sus características, a la libre competencia compatible con su funcionamiento eficaz.
2ª.	La política de promoción del desarrollo (crecimiento) equilibrado de la
economía, que tiene por objeto el incremento del producto social y la elevación del nivel y la calidad de vida mediante un adecuado impulso y una
consecuente mejora del proceso económico (mediante, fundamentalmente,
la investigación, la tecnología y la innovación) armonizando la compleja
constelación de objetivos constitucionales de pertinente aplicación (arts.
40, 41, 129 y 130 CE).
Adopta la forma de política estructural, en la medida en que persiga el
apoyo a territorios o sectores con retraso, en dificultades o incapaces de
afrontar la competencia, así como resolver problemas relacionados con la
insuficiencia o la inadecuación de las condiciones de la competencia.
3ª.	La política de coyuntura, que tiene por objeto mantener suficientemente
constante (o evitar su brusco cambio en cualquier sentido) la demanda
agregada (suma de los gastos del Estado, las inversiones de las empresas y
el consumo de las familias) y, en su caso, corregir la oscilación excesiva sea
de la demanda sea de la oferta.
Esta política ha adquirido predominio en la crisis económica internacional en
curso, manifestándose, en nuestro país, en el recurso —muchas veces discutible—
a medidas de carácter en principio excepcional: el Decreto-Ley (10 en 2008; 14
en 2009; 14 en 2010; 20 en 2011; 28 en 2012; y 5 hasta mayo de 2013; normas
que en buen porcentaje tienen por objeto, directamente, medidas de índole económica).
El acierto en la formulación y ejecución de la política económica en cualquiera
de sus escalones supranacional, nacional y autonómico (así como en su caso, local) depende en buena parte, en la compleja vida económica actual, de la riqueza
y utilidad de la información disponible para la toma de decisiones y, por tanto, de
la existencia de datos estadísticos pertinentes, tempestivos y fiables.
1.3.	La función estadística y la política económica
La formulación y ejecución correctas de la política económica precisan muy
especialmente de la estadística, en cuanto metodología científica para la recolección, análisis e interpretación de datos, así como la determinación de conjuntos
de datos idóneos para formular proyecciones o generalizaciones. La utilización
de la estadística en forma oficial ha dado lugar al desarrollo de una organización
especializada dentro de la Administración económica.
En el seno de la UE, la AP estadística cubre desde el escalón local, pasando por
el autonómico y nacional o estatal, hasta alcanzar el supranacional:
a)	La estadística a escala supranacional corresponde a la Comisión, que la
lleva a cabo a través de una Dirección General: EUROSTAT.
A los efectos de lograr la armonización y fiabilidad de los datos estadísticos,
junto a EUROSTAT opera, además de algunos comités, el llamado sistema
estadístico europeo (SEE) en el seno del cual se produce la cooperación entre la Comisión Europea (EUROSTAT) y los organismos o las oficinas de estadísticas de todos los Estados miembros y otros organismos que elaboran
estadísticas a escala europea (como el sistema europeo de bancos centrales).
Trabaja con un programa estadístico europeo quinquenal aprobado por el
Parlamento Europeo y el Consejo, al cual está vinculado un Comité consultivo en el que tienen representación los usuarios, informantes, instituciones
académicas y sociales y la AP comunitaria.
Órgano fundamental del sistema es su Comité que, establecido por el Reglamento (CE), del Parlamento y el Consejo, 223/2009, de 11 de marzo, sobre
estadísticas europeas, tiene funciones consultivas respecto de la Comisión
Europea e integra representantes de EUROSTAT (que lo preside), los distintos organismos nacionales de estadística y los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio.
Las tareas estadísticas cuentan con una regulación general a escala europea,
contenida en el Reglamento (CE) 322/97, del Consejo, de 17 de febrero de
1997, sobre la estadística comunitaria, y el Reglamento (CE) 831/2002, de
la Comisión, de 17 de mayo, por el que se aplica el anterior.
b)	A escala estatal, en la que la estadística data de 1856 y se transforma en
oficial en 1901, ha estado a cargo, sucesivamente, de diversos órganos y
entidades, estándolo hoy del Instituto Nacional de Estadística, organismo
autónomo adscrito (con autonomía funcional) al Ministerio de Economía y
Este Instituto, regulado (estatuto) por el Real Decreto 508/2001, de 11 de
mayo (modificado en 2003, 2005 y 2009), tiene por misión la coordinación general de los servicios estadísticos de la AGE, la vigilancia, control
y supervisión de las competencias de carácter técnico de los servicios estadísticos estatales, y las demás previstas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función Estadística Pública, que es la norma legal reguladora de la
El Instituto tiene Delegaciones de ámbito provincial (excepto las de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), por lo que su estructura le permite
desplegar su función respecto de todos los servicios centrales y periféricos
que, en la AGE, elaboran estadísticas.
c)	A escala territorial, las CCAA cuentan con competencia normativa (de
modo que prácticamente todas cuentan con Leyes sobre estadística propias)
y ejecutiva (lo que significa su articulación de una organización propia al
respecto, coordinada con la estatal), desempeñando la AL también tareas
ejecutivas en la materia.
De esta suerte, el subsistema interno de estadística que se integra en el SEE es
el que resulta del siguiente cuadro.
Fuente: INE; http://www.ine.es
2.	EL ORDEN ECONÓMICO DE RANGO CONSTITUCIONAL
2.1.	El orden económico del Derecho originario europeo
Los Tratados que rigen la UE (TUE y TFUE), lejos de mantener “neutralidad”
respecto del modelo económico, optan claramente por una unión económica y
monetaria (moneda: el euro) basada en una economía social de mercado altamente competitiva con la que se corresponde un único mercado interior (organizado
por las pertinentes reglas de funcionamiento) y en la que la política económica
debe responder y desde luego respetar los principios propios de una economía de
mercado abierta y de libre competencia (arts. 3 TUE y 3 y 119 TFUE).
Los fundamentos del orden económico europeo son, por tanto:
1º.	El mercado y, por tanto, la libertad de acceso y la actuación en él en condiciones de igualdad al amparo de las cuatro básicas libertades de circulación de: mercancías, personas, servicios y capitales (Tits. II y IV de la Parte
III TFUE).
De esta forma el régimen de libre mercado interior no se agota en el Derecho objetivo, ya que proporciona derechos subjetivos frente a la UE y
los Estados miembros en el tráfico transfronterizo, cuyas consecuencias
principales ha condensado la jurisprudencia del TJUE en los principios
de procedencia u origen (libre circulación por todo el mercado interior de
las mercancías y servicios que cumplan los requerimientos del Estado de
procedencia) y validez solo de las limitaciones o restricciones establecidas
en el Estado de destino que respondan a determinadas razones imperiosas
de interés general [SsTJ de 11 de julio de 1974 (Dassonville; 8/74), 23 de
septiembre de 2003 (Comisión/Dinamarca; 2-192/01] y 17 de febrero de
2011 (FIFA/Comisión; T 385/07)].
2º.	El sistema de competencia (libre de perturbaciones) en el mercado (Cap. I,
Tít. VII, de la Parte III TFUE).
3º.	Neutralidad, sin embargo, respecto del régimen de la propiedad en los
Estados miembros (art. 345 TFUE), que implica la entrega a la libre configuración de éstos, en lo fundamental, del orden jurídico de la propiedad y
4º.	Reconocimiento como espacio decisional político propio de los Estados
miembros de la materia relativa a la ordenación de los servicios de estricto
interés general o público, así como también —sin perjuicio de la reserva de
la comprobación de su compatibilidad con el Derecho comunitario europeo— la de los llamados servicios de interés económico general (arts. 14 y
106 TFUE).
El contexto de tal orden económico lo forman i) la proclamación de los valores
enumerados en el artículo 2 TUE) y ii) el consecuente reconocimiento de derechos,
libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (de 7 de diciembre de 2000 y adaptada el 12 de diciembre
de 2007), que tiene el mismo valor que los Tratados (art. 6 TUE); derechos, que
comprenden los de libertad profesional y derecho al trabajo (art. 15), libertad de
empresa (art. 16), derecho de propiedad (art. 17) y prohibición de la discriminación (art. 21). Debe tenerse en cuenta que, conforme a consolidada jurisprudencia
del TJUE, entre los principios generales del Derecho patrimonio común de los
Estados miembros figuran los derechos fundamentales a la libertad personal y
Estos derechos fundamentales —sea en su vertiente objetiva de principios, sea
en la de derechos subjetivos— suponen garantías sustantivas y, por tanto, límites
para las políticas y acciones públicas, que vinculan a las instituciones europeas y a
los Estados miembros. Desde este punto de vista, el Derecho comunitario europeo
otorga tutela individual a las personas físicas y jurídicas:
a)	Por la vía de la acción de nulidad contra actos normativos (autoaplicativos
o que no incluyan medidas de ejecución) y concretos de los órganos y organismos comunitarios capaces de producir efectos frente a terceros y de los
que sean destinatarios o que les afecten directa y, en su caso, individualmente (art. 263 TFUE); vía que el TJUE interpreta restrictivamente, negando la
existencia a escala comunitaria de una tutela individual universal.
b)	Por la vía de las acciones previstas en el sistema de tutela judicial interno
frente a los actos normativos y concretos de los órganos y organismos del
correspondiente Estado miembro que violen el Derecho comunitario, incluso si está integrado por Directivas, siempre que de éstas —conforme a la
jurisprudencia del TJUE— deriven directamente derechos o intereses dignos
2.2.	El orden constitucional económico interno
2.2.1.	Fines y valores del orden económico; ámbito, contenido y textura del
concepto constitucional de economía
El preámbulo de la CE identifica las causas y, por tanto, los fines —lo que vale
decir los valores o bienes— últimos del orden constitucional en materia económica, que no son otros que: i) la garantía de la convivencia democrática conforme a
un orden económico y social justo; y ii) la promoción del progreso de la economía
para asegurar a todos una digna calidad de vida.
De lo que se sigue:
a)	La inclusión del progreso de la economía —vinculado, a través de la referencia a la calidad de vida, a la realización del orden constitucional sustantivo— entre las tareas propias del Estado social (arts. 1.1 y 9.2 CE), si bien no
implica la asunción de un concreto orden socio-económico al que el poder
constituido deba atenerse en el proceso de desarrollo constitucional.
b)	La atribución al Estado de un papel activo en la economía, vía promoción
del aludido progreso (sin perjuicio de que éste carezca de un significado
preciso, menos aún solo el de equivalente a crecimiento cuantitativo), comprensivo de la prevención de los riesgos de perturbación, dificultación o
impedimento del progreso, así como, en su caso, de corrección o superación
de las consecuencias de la actualización de tales riesgos. Es éste un dato
constitucional relevante: la concernencia del Estado-organización o poder
constituido por la vida económica al hacerse presentes en ésta intereses
generales (públicos) que deben ser gestionados por él (concernencia que se
expresa en el art. 9.2 CE).
Aunque de ello no quepa inferir consecuencias significativas en cuanto a
la extensión, la intensidad, la forma o el alcance de la intervención estatal,
queda clara en todo caso la legitimación de ésta, de modo que la economía
no escapa, sino todo lo contrario, a la acción estatal de configuración comprensiva, de modo consustancial, del impacto efectivo en la realidad. Lo
que hace de la economía una materia o un campo no sólo susceptible, sino
condenado, más que simplemente proclive, a la administrativización.
El conjunto de intereses generales reconducible al progreso de la economía integra, pues, una tarea propia del complejo Gobierno-Administración
pública ya desde la CE. En tanto que organizado territorialmente en los
términos del artículo 137 CE, es decir, articulado sobre instancias territoriales dotadas de autonomía para la “gestión de sus respectivos intereses”,
el Estado social-administrativo así implicado ha de cumplir el mandato del
artículo 9.2 CE y desarrollar las tareas aludidas a través de dichas instancias territoriales y, por tanto, del ejercicio por ellas de las competencias que
les estén en cada momento atribuidas. Ello presupone la diversificación por
círculos, cabalmente los referibles a las referidas instancias, de los intereses
generales (públicos) y, por tanto, también los de índole económica.
Resumiendo. La CE:
1º.	Considera la economía como un ámbito o una dimensión de la vida colectiva relevante para la efectividad y la plenitud del orden constitucional
sustantivo, en la medida en que de su progreso depende, como condición
necesaria aunque no suficiente, la calidad de vida adecuada a la dignidad
de la persona que se predica para todos.
2º.	Lejos de proclamar la neutralidad del Estado respecto de la vida económica, afirma su responsabilidad en el desarrollo de ésta; responsabilidad a
cumplir necesariamente mediante una acción de intervención en la economía dirigida al progreso hacia un orden económico y social justo; fórmula
que, lejos de definir un determinado modelo o sistema económico, remite
simplemente al orden constitucional sustantivo presidido por el valor superior proclamado en el artículo 10.1 CE.
3º.	De la expresada responsabilidad deriva la imposición al Estado constituido de la formulación y ejecución de una consecuente política social y económica; política que: i) forma parte así necesariamente de la gestión de los
intereses públicos que incumbe a las diferentes instancias integrantes de la
organización territorial del Estado; y ii) reclama, por su propio objeto y
finalidad, su desarrollo a la largo del entero ciclo de la aludida gestión de
La CE trata la economía como un ámbito de la realidad social de confines
ciertamente imprecisos, pero de notable amplitud. Pues:
–	Se refiere a la riqueza (a toda ella), de la cual se advierte que adopta distintas formas y puede ser objeto de diferentes titularidades (art. 128.1 CE).
–	Y, en efecto, la riqueza aparece compuesta, en todo caso, tanto por cosas,
recursos o medios de producción (todos ellos), como por actividades en
general o servicios en particular (la totalidad de unas y otros) [arts. 128.2
y 129.2 CE]. Para los primeros lo relevante es la organización de su apro-
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto

 Real Decreto

 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 137

artículo 9
 artículo 10