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Timestamp: 2019-09-16 02:19:16+00:00

Document:
7.5.4. Notificación Edictal - Nociones generales de administracion de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza
7.5.5. Notificación por Oficio
S.............................../..........................D
Se acompaña traslado en ...........fs. Saludo a U.S. muy atte. Sello del juzgado Firma y sello del Juez. TEMA IV : FUERO LABORAL
1.2. Derecho del Trabajo.
1.3. Principios Propios.
2. Derecho Procesal Laboral.
2.1. Partes en el Proceso Laboral.
7.5.4. Notificación Edictal.
Concepto. Es una forma de notificación o de conocimiento dirigida a las personas inciertas o de ignorado domicilio por el cual se hace saber el contenido de una resolución judicial (el art. 72 del C.P.C.).
Nota: se publica en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación en la Provincia tres veces con dos días de intervalo si se trata del emplazamiento para estar a derecho, contestar demanda y un sola vez si se trata de sentencias. (art. 72 inc. IV del C.P.C.).
Cuando las notificaciones no pueden realizarse por cédula por el lugar de ubicación del domicilio, corresponde en su lugar confeccionar un oficio que va dirigido al Juez de Paz o Civil del lugar donde deba practicarse la notificación.
Mendoza, 04 de setiembre de 2.004
JUEZ DE PAZ DE VILLANUEVA
DR………………………………….
De conformidad a lo que tengo ordenado en los autos nº ..caratulados:....originarios de este Primer Juzgado Civil, de la Primera Circunscripción Judicial, me dirijo a Ud. a fin de solicitarle notifique al demandado Sr......... con domicilio real en ...Villanueva, Guaymallén Mendoza, la resolución que transcripta en fecha y parte pertinente dice: Mendoza...De la demanda traslado al demandado con citación y emplazamiento de DIEZ DÍAS, para que comparezca , responda y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado. (arts. 21, 212 inc. 1, 74, 75 del C.P.C.)
Se acompaña traslado en ...........fs.
Saludo a U.S. muy atte.
Sello del juzgado Firma y sello del Juez.
TEMA IV: FUERO LABORAL
El objeto de esta disciplina autónoma del Derecho está centrado exclusivamente en el trabajo humano dependiente, esto es, todo aquel actuar humano que produce un resultado, actividad lícita que se presta a favor de otro, a cambio de una remuneración.
De lo que se deduce que la nota determinante es la calidad de DEPENDENCIA de este esfuerzo. Ello significa que la actividad que se presta es para que otro se lo apropie; existe una relación de autoridad; de manera que la persona que lleva a cabo el esfuerzo físico o intelectual lo hace para que el mismo sea aprovechado por otro que le da a cambio una remuneración y que a la vez tiene la posibilidad de dirigir este trabajo, orientándolo para los fines propios.
No obstante el sujeto que trabaja no lo hace sólo por el dinero (remuneración) que obtendrá a cambio, sino fundamentalmente porque al hacerlo se dignifica como hombre y como sujeto creador. Luego el trabajo dependiente puede afirmarse que tiene un intrínseco valor social que representa un acto de solidaridad, pues a la vez que engrandece a quien lo presta, ofrece un servicio a la sociedad.
Por ello el art. 4 de la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.) define al trabajo como la actividad productiva y creadora del hombre en sí, y sólo después puede entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico.
Así entender que el hombre que trabaja no es una máquina, ni su trabajo una mercancía, o un mero recurso, permite establecer que el trabajo está hecho para el hombre y no a la inversa, siendo sólo un medio, jamás un fin.
Al acentuar la nota de la dependencia, puede afirmarse que queda excluida de esta disciplina el trabajo autónomo, benévolo y familiar. El primero porque el fruto del trabajo le pertenece a quien lo presta, de modo que el sujeto participa por igual de las ganancias como de las pérdidas, se encuentra ausente la subordinación o dependencia, ya que nadie lo dirige. El segundo porque su fin es una obra de caridad o beneficencia, no persigue una remuneración o ganancia económica; y el último porque se lleva a cabo por lo que significa la ayuda derivada del vínculo de parentesco, tampoco persigue un fin lucrativo.
La Constitución Nacional enuncia los principios fundamentales del Derecho del Trabajo especialmente a través del art. 14 bis de la Constitución Nacional (C.N.).
A su vez, el desarrollo de estos principios como asimismo los institutos que le son propios como son: régimen de remuneraciones, Vacaciones, suspensión del contrato por diversas causas, causales de despido, indemnizaciones por despido injustificado, etc. se encuentran legislados en la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.) y sus leyes modificatorias.
El estudio y regulación de este trabajo dependiente que es el Derecho del Trabajo es derecho privado constituido por normas de orden público.
El orden público es una noción de difícil definición, pues responde a valores socio-culturales, políticos y económicos de una sociedad determinada en un tiempo también específico. Son las normas que el Estado privilegia por hallarse interesado el interés público y la paz social. En el caso del Derecho Laboral, representa el mínimo de condiciones dignas a las que debe sujetarse el trabajo dependiente; considerando que sólo restringiéndose la libre voluntad del empleador podrá desarrollarse el contrato de trabajo. Es pues el piso mínimo por debajo del cual no son válidas las condiciones de trabajo que se pactaren.
La ley fija condiciones dignas y equitativas de trabajo, viniendo así a través de la limitación de la autonomía de la voluntad de los contratantes, a favorecer al trabajador al que supone en una condición de vulnerabilidad; crea entonces una desigualdad legal, para compensar la desigualdad social y real entre el dueño del capital y los medios de producción y el asalariado; y lo hace porque interesa a toda la sociedad y responde al principio de justicia social.
Si se caracteriza nuestra disciplina por conformar una rama autónoma del derecho, si bien desgajada del tronco del Derecho Civil, cuenta con principios característicos y exclusivos. Ellos son sobre todo el principio protectorio, establecido en la Constitución Nacional, por el art.14 bis que especifica que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes; asegurando al trabajo dependiente todas las conquistas conseguidas a través del tiempo, no sólo desde la perspectiva individual, sino también los trabajadores asociados -sindicatos- y en el ámbito previsional y familiar.
El art. 14 bis dice: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
El Estado otorgara los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna".
Se parte del concepto previo de la situación de desigualdad negocial en que se encuentra el trabajador. Pues es él el que se inserta en una organización empresarial ajena -la fuente de trabajo-, de modo que al contratar, la mayoría de las veces, difícilmente podrá hacer valer en toda su fuerza sus pretensiones. Su único capital es su capacidad de trabajo, frente al dueño de los medios de producción. Como ofrece sólo su fuerza de trabajo orientada a la consecución de fines que le son ajenos -la ganancia del empleador- la ley debe necesariamente extremar sus recaudos para protegerlo.
De ahí que el principio protectorio -eje de nuestra disciplina- se encuentra fuertemente consagrado tanto en la ley general de fondo: Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.), como en el procedimiento que se desarrolla en los Tribunales para hacer observar esos derechos que el ordenamiento le consagra.
Se manifiesta de diversas formas: el conocido por "indubio pro operario", que significa que, ante la duda en la interpretación del derecho, siempre habrá de preferirse la versión que favorezca al trabajador. También la regla de la norma más favorable y la de la condición más beneficiosa.
Está establecido en los arts.7, 8 y 9 de la L.C.T.
Art.7: "Condiciones menos favorables. Nulidad. Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el art.44 de esta ley".
Art.8: "Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio".
Art. 9: "El principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador".
Las Convenciones Colectivas de Trabajo (C.C.T.) son el fruto de la negociación colectiva que se lleva a cabo entre el sindicato más representativo de una actividad, que tiene personería gremial y los representantes de los empleadores, que se refiere a mejores condiciones de trabajo que las que establece la L.C.T.. Los laudos son interpretaciones que de los convenios colectivos efectúa el órgano autorizado y que se homologan por el Ministerio de Trabajo. Tanto los C.C.T. como los laudos homologados tienen igual fuerza que la ley para todos los trabajadores de esa actividad, aunque no estuvieran afiliados.
También es principio relevante el de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, de modo que nunca habrá de presumirse que el trabajador renuncia a los derechos que el ordenamiento jurídico le consagra.
Así el art. 12 de la L.C.T. dice: "Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción".
Otro principio de peso es el de la conservación de la relación de trabajo. En caso de duda acerca de si el contrato de trabajo ha terminado, debe preferirse la interpretación que sustenta que éste continúa.
Art.10 L.C.T.: "Conservación del contrato. En caso de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato".
De indudable valor es el principio de gratuidad, conforme al cual se asegura al trabajador el acceso a los derechos que se le consagran, como así también a concurrir a juicio para reclamar sin gastar. Así el art.20 L.C.T. que dice: "Gratuidad. El trabajador o sus derechos habientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
En cuanto de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante".
Una vez esbozados los principales criterios rectores del derecho sustantivo, o de fondo, consagrados a los asalariados, corresponde ingresar al ámbito donde esos derechos serán reconocidos o defendidos frente a su avasallamiento.
En estos supuestos, el sujeto titular de esos derechos -el trabajador- necesita contar con una acción, de manera de lograr la verdadera efectividad de ese derecho, para que no quede en letra muerta.
Así se configura la acción como el acto inicial del proceso, concebida como el conjunto de facultades jurídicas que pretende del órgano jurisdiccional un hacer autoritario, pues a través de la orden judicial (sentencia) se mandará hacer algo por la coerción.
Para el ejercicio de la acción, tanto el particular titular del derecho, como aquel contra quien se dirige la acción, los funcionarios y auxiliares, deben ajustar su actuación a normas y formas predeterminadas que componen lo que se conoce como proceso.
Con lo cual el proceso se aparece como un camino, un carril por el cual se debe transitar para lograr el reconocimiento del derecho y en el que necesariamente debe imperar un orden.
El proceso así puede conceptualizarse como la serie gradual, ordenada, donde a un acto sigue necesariamente otro, sin que pueda volverse atrás, actos disciplinados por el Derecho Procesal, que se cumplen ante los órganos públicos predispuestos (jueces), con intervención de particulares (las partes) y auxiliares de la justicia, a través de cuyo camino se procura investigar la verdad real para hacer realidad los derechos consagrados en el derecho sustantivo.
En general los principios no difieren sustancialmente de los que se manejan en sede civil; tanto que si bien existe un Código Procesal Laboral (C.P.L.), cuando se susciten situaciones dentro del proceso que no estén contemplados en dicho código, debe acudirse a las normas del Código Procesal Civil (C.P.C.) que se aplica así supletoriamente al proceso laboral.
La principal y sustancial diferencia lo constituye que el proceso laboral, al llevarse a cabo para satisfacer créditos derivados de la relación de trabajo dependiente, a los que se considera como de naturaleza alimentaria, pues se trata o del salario que necesita el trabajador para cubrir sus necesidades vitales y las de su familia, o de indemnizaciones -que pueden ser por despido o por enfermedad o accidente de trabajo- debe ser más rápido que el proceso civil. Por tanto los plazos que se manejan en este camino procesal son más breves para todos los tipos de proceso que se ventilan en el fuero del trabajo.
También impera como objetivo averiguar la VERDAD REAL, es decir, tratar a través de las pruebas de reconstruir los hechos que antecedieron al conflicto del modo más cercano a la realidad, pudiendo en esta investigación ir más allá de lo ofrecido por las partes. A diferencia del proceso civil, si bien las partes proponen medios de prueba, el Tribunal puede por su cuenta llevar a cabo otras, de oficio. De aquí se deriva el rol activo que desempeña el Juzgador que no sólo dirige el proceso, sino también investiga de forma autónoma.
Esto se refleja en el art.19 del C.P.L. que dice: "Una vez presentada la demanda, el procedimiento será impulsado de oficio por el tribunal a cuyo efecto ordenará las medidas necesarias y convenientes para el desarrollo del proceso, teniendo amplias facultades de investigación de los hechos sometidos a su decisión".
Igualmente al servicio de la verdad real se encuentra la nota determinante de la ORALIDAD del acto de la vista de causa, o debate oral, que es el acto central de todo el proceso. La prueba (testimonial y posicional) se lleva a cabo ante el Tribunal, las partes y sus abogados.
Con la oralidad del acto central, se incorporan los principios de inmediación, concentración, publicidad y continuidad, instrumentos imprescindibles para lograr la reconstrucción histórica. En efecto, el medio normal y más certero de transmitir y recibir información es la palabra hablada -ya que no sólo por el nivel sonoro se trasunta la verdad, están también los gestos y en general la actitud del parlante-; por la inmediación se logra que los medios de prueba sean recibidos directamente por los jueces y las partes, sin la interferencia que supondría que se hicieran declaraciones por escrito; la concentración significa que todos los medios de prueba se juntan en un solo acto; la publicidad es la garantía para las partes, porque cualquiera puede asistir al acto de producción de las pruebas, o sea escuchar los testigos, las pericias, etc. y la continuidad quiere decir que el acto de reunir y producir todas las pruebas se inicia y se termina simultáneamente en un solo acto procesal; lo que facilita para el Juzgador la reconstrucción de los hechos al tenerlos reunidos.
La consagración de todas estas características las enuncia el art.1 del C.P.L. cuando enuncia: "Los Tribunales del Trabajo conocerán, salvo los procedimientos especiales establecidos por esta ley, en única instancia y en juicio oral y continuo..."
La instancia única significa que la sentencia que dicta el Tribunal laboral clausura el conocimiento de la cuestión. No existe posibilidad de hacer revisar esa resolución por otro Tribunal de apelación. Las sentencias laborales no son apelables. Únicamente y con criterio restrictivo puede recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia por recurso extraordinario pero por cuestiones muy graves y específicas.
En general al hablar de las partes en el proceso se hace referencia al sujeto que va en busca de justicia e inicia la acción, a quien se denomina ACTOR, y tratándose de una contienda en donde lo que debe resolverse es un conflicto de intereses, su pretensión se dirige contra otro -quien desconoce el derecho del cual es titular o se lo vulnera- al que se denomina DEMANDADO.
Este es el típico proceso contradictorio, en donde hay una puja de intereses que el Juzgador zanjará cuando arribe a la resolución judicial por excelencia que es la sentencia.- Esta última declarará el derecho de así corresponder y ordenará la satisfacción buscada por el actor al iniciar la acción a través de los medios coercitivos: primero ordenando el pago o la obligación de hacer lo que se demandó en un plazo determinado y, de persistir el incumplimiento, por los medios de la ejecución forzosa.
Puede haber también procesos en los que no se demanda de otro algún dar o hacer, es decir no es contradictorio, sino que lo que se busca es el reconocimiento de una situación, por ejemplo que se le reconozcan al trabajador los años de servicio con algún empleador para poder presentarlo para obtener los beneficios de la jubilación. Esos se llaman procesos de jurisdicción voluntaria.
En los primeros pueden ser actores tanto los trabajadores, como los empleadores, en tanto que en los segundos sólo el trabajador.
El trabajador-actor puede elegir para radicar la competencia el Juez de:
a) el lugar de trabajo;
b) el lugar de celebración del contrato de trabajo; o
c) el domicilio del demandado.
Cuando es el empleador el actor, siempre tiene que radicar en el Juez del domicilio del trabajador. Esto es para no ocasionarle gastos de traslado al trabajador y pueda así defenderse (por el principio de gratuidad).
En el proceso laboral sólo se ventilan conflictos individuales de trabajo; de modo que no podría radicarse en la justicia laboral alguna cuestión de conflicto colectivo como una huelga o un problema entre sindicatos.
Empleador puede ser una persona individual, un conjunto de personas físicas asociadas en cualquier tipo de sociedad -comercial o civil-, con o sin fines de lucro -Mutuales, Obras Sociales- y en general cualquiera que haya requerido los servicios de un trabajador dependiente.
Trabajador es siempre una persona física. Puede ser también un menor desde los 14 años en adelante, porque es desde esa edad en que se permite trabajar, si bien con autorización de los padres y con intervención obligada en el juicio del Asesor de Menores. La mayoría de edad laboral es a los 18 años. Los menores trabajadores desde los 14 años pueden estar también en juicio.
Como es imprescindible para actuar en el proceso el patrocinio letrado -esto es de un abogado de la matrícula (art. 22 del C.P.L. y art.32 de la ley de honorarios de los abogados, 3641 texto ordenado)- en los juicios laborales iniciados por el trabajador la representación, o sea el poder que se le extiende a un abogado para que represente a su cliente, se lleva a cabo a través de los que se llama poder apud-acta, que consiste en otorgar la representación ante un funcionario judicial que certifique la firma del trabajador, con lo cual no se incurre en gastos haciéndose honor al principio de gratuidad. En la práctica se realiza ante el Jefe de la Mesa única derivadora de expedientes de los Tribunales del Trabajo, aunque en zonas alejadas puede hacerse ante el Juez de Paz. Está previsto en el art. 23 del C.P.L. que dice: "La representación en juicio podrá hacerse mediante poder apud-acta, autenticándose la firma del otorgante por los Secretarios del Poder Judicial o por cualquier Juez de Paz de la Provincia. En caso de impedimentos del obrero o empleado, podrá firmar el instrumento citado cualquier persona hábil, a su ruego, por ante el actuario que certificará".
Este poder apud-acta sustituye al poder para juicios que se debe instrumentar por escritura pública ante Escribano. Es un poder especial, por tanto restringido para demandar por los rubros que en el acta se consignen.
El principio de gratuidad ya referido y contenido en la L.C.T. tiene su reflejo en el art.21 del C.P.L. que dice: "Los trabajadores o sus derecho-habientes, gozarán del beneficio de justicia gratuita, hallándose exceptuados de todo impuesto o tasa. Será también gratuita la expedición de testimonios o certificados de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, y sus legalizaciones. Los documentos que presentare el trabajador deberán ser admitidos aún cuando no tuvieren el sellado de ley, sin que ello obste a la substanciación de la causa y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Fiscal".
Para preservar la igualdad procesal entre las partes, en el juicio laboral el empleador tampoco tributa impuestos de justicia ni aportes los abogados. Es recién al dictado de la sentencia que pone fin al diferendo en que se calculan los gastos de justicia que, al integrar lo que se conoce como "costas", son soportadas por el que ha resultado vencido.-
Por lo demás, son aplicables los conceptos del derecho civil, en cuanto a litisconsorcio activo (pluralidad de actores) y pasivo (pluralidad de demandados) y terceros (coadyuvantes: que ayudan en la defensa; o excluyentes: que desplazan en la defensa al demandado originario) que pueden intervenir en el pleito.
2.2. Tipos de Procesos.
- Los ya referidos de conocimiento: son los que persiguen la resolución judicial que declare un derecho y ordene el cumplimiento. En derecho laboral por la brevedad de los plazos, son equiparables al proceso sumario del derecho civil, pero tienen amplitud probatoria, se investiga para arribar a la verdad real. Se inicia con la demanda (escrito donde se expresa lo que se pretende con fundamento en el derecho de fondo); traslado al demandado para que conteste y se defienda; de la contestación nuevamente vista al actor al sólo efecto de ofrecer contraprueba si existieren en el responde hechos nuevos; no tiene apertura a prueba porque al demandar y contestar debe ofrecerse toda la prueba -con lo cual se ahorra tiempo pues se suprimen etapas que existen en el proceso civil que alargan los juicios- se admiten las pruebas; se llevan a cabo las que son escritas, como ser girar oficios pidiendo informes, mandar a pedir otros expedientes, realizar pericias los auxiliares del proceso; y se llega finalmente a la audiencia de vista de causa donde se concentra como ya se anticipó toda la prueba incluidos testigos y declaraciones de las partes; los abogados hacen los alegatos (que es el análisis de la prueba aportada y producida por cada parte), pasando el Tribunal a dictar sentencia en el breve plazo de quince días hábiles.
- Dentro de esta categoría de juicio de conocimiento, pero más rápido aún, existe un juicio sumarísimo para restablecer condiciones de trabajo alteradas por el empleador. Sus plazos se reducen porque el juicio se lleva a cabo estando vigente la relación laboral. Se elimina la etapa de notificar para el traslado de la demanda al demandado; al interponerse el escrito de demanda se fija una audiencia que se llama de oír y contestar oportunidad en la cual el demandado se defiende y se pasa directamente a producir las pruebas.
- También como de conocimiento está el llamado "amparo sindical" que es la acción que intenta el representante gremial cuando se le obstaculiza por el empleador el desempeño de su función sindical. Se tramita por el mismo procedimiento sumarísimo descripto en el párrafo precedente (juicios de oír y contestar, art.91 C.P.L.).
- En el marco de la actividad sindical, el empleador también puede iniciar un juicio breve y sumarísimo para levantarle los fueros al sindicalista para poderlo tratar como a un empleado común. Se llama acción de exclusión de tutela.
- Están los juicios ejecutivos, en donde se trata de hacer efectiva la sentencia. Los ejecutivos por el cobro de remuneraciones.
- Juicios especiales de desalojo cuando se le acordó al trabajador como accesorio al contrato de trabajo la vivienda -muy común en los trabajos rurales, o los caseros- y finalizada la relación de trabajo el obrero sigue ocupando la casa-habitación; allí el empleador inicia el desalojo ante los Tribunales del Trabajo.
- Otro tipo especial de proceso es el de insolvencia patronal, que se da cuando el trabajador accidentado no puede lograr cobrar al condenado por ser insolvente, necesita declarar esta insolvencia para poder cobrarle al Fondo de Garantía creado por la ley de riesgos del trabajo.
- También los juicios por apremio por el cobro de multas por infracciones a las leyes laborales.
- Finalmente los Tribunales del trabajo entienden en grado de apelación de las resoluciones administrativas. Por ejemplo los conflictos del servicio doméstico que los resuelve la Sub-Secretaría de Trabajo; el que quiere revisión de esa resolución (trabajador o empleador) apela ante las Cámaras del Trabajo.
- Puede también interponerse en los Tribunales Laborales medidas cautelares al igual que en el proceso civil.

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 resolución 
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in fine
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