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Timestamp: 2020-01-18 19:38:13+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 394/95 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 43559104
Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 1995
Sentencia citada en: 189 sentencias, 10 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
No se usurpa en este caso la potestad reglamentaria del presidente de la República, porque no se trata de reglamentar una ley, sino de señalar los puntos que debe contener un reglamento interno, concreto, a través de la expedición de un reglamento general; no hay atribución de una potestad propia del presidente de la República, sino el ejercicio de una potestad secundaria, implícita al D. del INPEC.
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA "RENACIMIENTO"
En los establecimientos carcelarios el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que está limitado en atención a las exigencias propias del régimen disciplinario y a las condiciones de seguridad que han de mantenerse. Las facultades de custodiar y vigilar constantemente a los internos y de requisarlos cuidadosamente son inherentes a la función de los guardianes en cualquier establecimiento de esta índole. S., deben éstos respetar el pudor y la privacidad de los internos de manera prudente y razonable, es decir permitirles un mínimo de intimidad en todo aquello que no constituya amenaza contra la disciplina y la seguridad del establecimiento.
Actor: G.V. CALLE
El ciudadano G.V.C., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 3o. (parcial); 14, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 36, 37, 44, 45 y 52 (parciales); 53 y 57; 60 y 64 (parciales); 65; 69 (parcial); 72, 73, 77, 79, y 84; 86 (parcial); 87, 89, 90, 91, 98, 99, 101 y 109; 111 y 112 (parciales); 113, 114, 115, 116, 117, y 119; 121, 123, 125, 139, 147, 150 y 153 (parciales) y el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario".
"Cuando por las anteriores circunstancias se requiera hacer traslado de internos, el D. del Instituto queda facultado para hacerlo dando aviso a las autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular".
"Las autoridades judiciales competentes podrán ordenar o solicitar respectivamente, al D. del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que los detenidos o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusión en atención a las condiciones de seguridad".
"Previa aprobación del I., las entidades privadas podrán crear, organizar y administrar dichos establecimientos.
"La autoridad judicial competente o el D. General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta.
"Prohíbese el funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la seguridad y la moralidad pública, en un radio razonable de acción de los establecimientos de reclusión, convenido entre la dirección del I. y los alcaldes respectivos".
"Artículo 36. JEFES DE GOBIERNO PENITENCIARIO Y CARCELARIO.- El director de cada centro de reclusión es el jefe de gobierno interno. R. ante el D. del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del funcionamiento y control del establecimiento a su cargo.
"Artículo 37. COLABORADORES EXTERNOS.- Tendrán acceso a los centros de reclusión para adelantar labores de educación, trabajo y de formación religiosa, asesoría jurídica o investigación científica, relacionadas con los centros de reclusión, las personas que acrediten ante el D. del mismo sus calidades y las actividades que van a cumplir. El reglamento de régimen interno establecerá los horarios y limitaciones dentro de los cuales se realizará su trabajo".
"d) R. cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;
"Artículo 52. REGLAMENTO GENERAL.- El I. expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión.
"Artículo 53. REGLAMENTO INTERNO.- Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo director del centro de reclusión y previa aprobación del D. del I.. Para este efecto el D. deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá ser aprobada por la Dirección del I.".
"El I. fijará los criterios para la financiación de las cajas especiales".
"Artículo 72. FIJACION DE PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD.- El D. General del I. señalará la penitenciaría o establecimiento de rehabilitación donde el condenado deba cumplir la pena o medida de seguridad".
"Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente justificación, podrá el D. de un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad correspondiente".
"Artículo 84. CONTRATO DE TRABAJO.- Los internos no podrán contratar trabajos con particulares. Estos deberán hacerlo con la administración de cada centro de reclusión o con la Sociedad "Renacimiento". En este contrato se pactará la clase de trabajo que será ejecutado, término de duración, la remuneración que se le pagará al interno, la participación a la caja especial y las causas de terminación del mismo. Igualmente el trabajo en los centros de reclusión podrá realizarse por orden del director del establecimiento impartida a los internos, de acuerdo con las pautas fijadas por el I.".
"Artículo 87. ACTOS DE GESTION.- El director de cada establecimiento de reclusión, previa delegación del D. General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y funcionamiento del centro de reclusión".
"El I. podrá invertir dentro de sus planes de rehabilitación, en la sociedad a que se refiere el presente artículo".
"Artículo 114. SUSPENSION INMEDIATA DE VISITAS.- Cuando un empleado o guardián que asista a las visitas tenga fundada sospecha de que el visitante y el recluso están en inteligencia peligrosa o ilícita, suspenderá la visita y dará aviso inmediato al D. o quien haga sus veces por medio del Comandante de Custodia y Vigilancia. El D. decidirá, según las circunstancias, si confirma o revoca la suspensión".
"Artículo 115. VISITAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.- Los medios de comunicación tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Tratándose de entrevista relacionada con un interno deberá mediar consentimiento de éste, previa autorización de la autoridad judicial competente. En caso de un condenado esta autorización debe ser concedida por el D. General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario".
"Artículo 116. REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARA INTERNOS.- El I. expedirá el reglamento disciplinario al cual se sujetarán los internos de los establecimientos de reclusión, conforme a lo dispuesto en el presente Código".
PARAGRAFO. El D. General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá revocar la calificación de las faltas y de las sanciones, cuando verifique que éstas contradicen la naturaleza y extensión de aquéllas.
"2. La celebración de contratos de obra que deban ejecutarse dentro del centro de reclusión, sin autorización del D..
"12. H., ocultar o sustraer objetos de propiedad o de uso de la institución, de los internos o del personal de la misma.
"1. Si se trata de condenado, podrá conceder permiso de salida bajo su responsabilidad, por un término no mayor de veinticuatro horas, más el tiempo de la distancia si la hubiere, tomando las medidas de seguridad adecuadas y comunicando de inmediato al D. del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
"Artículo 168. ESTADOS DE EMERGENCIA PENITENCIARIO Y CARCELARIA.- El D. General del I., previo el concepto favorable del Ministro de Justicia y del Derecho, podrá decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los centros de reclusión nacional, en algunos o alguno de ellos, en los siguientes casos:
"En los casos del literal a) el D. General del I. está facultado para tomar las medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada, como traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la Fuerza Pública de acuerdo con los artículos 31 y 32 de esta Ley.
"Si en los hechos que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión estuviere comprometido personal de servicio penitenciario y carcelario, el D. del I. podrá suspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias correspondientes.
"Cuando se trata de las situaciones contempladas en el literal b) el D. del I. acudirá a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las que están obligadas a prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión afectados.
"El D. General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá disponer de los traslados de los internos que se requieran, a los lugares indicados. De igual manera se podrán clausurar los establecimientos penales si así lo exigen las circunstancias. Así mismo podrá hacer los traslados presupuestales y la contratación directa de las obras necesarias para conjurar la emergencia, previo concepto del Consejo Directivo del Instituto.
"Superado el peligro y restablecido el orden, el D. General del I. informará al Consejo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus correspondientes fines".
El primer tema de la demanda hace referencia a la violación de los numerales 1o., 2o., 3o., 7o., 10o., 13, 14 y 21 del artículo 150, del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los cuales señalan aquellas materias que deben ser desarrolladas directamente por el legislador o por el ejecutivo en ejercicio de su facultad reglamentaria; igualmente las normas que se enuncian - a juicio del actor- son violatorias de los artículos 122 y del 209 superiores, que establecen el marco general dentro del cual ha de desarrollarse la función pública, y el control que sobre ella se debe ejercer. Con fundamento en lo anterior, el actor sostiene que resultan inconstitucionales varias de las facultades que la ley 65 de 1993 otorga al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a los directores de establecimientos carcelarios.
- Artículo 87, que faculta a los directores de los establecimientos de reclusión a que previa delegación del director del INPEC, celebre contratos o convenios con personas de derecho público o privado, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación, la recreación, el mantenimiento y funcionamiento de los centros de reclusión. Manifiesta el actor que dicha delegación es inconstitucional "porque se omite el requisito previo de la ley que delegue dicha contratación en el D. General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y se omite también el requisito de la ley que autorice la delegación de parte de dicho funcionario a los directores de los centros carcelarios."
El segundo tema de que trata la demanda se refiere a la clasificación y trato diferenciado en el régimen carcelario, y en él se hace un análisis comparativo entre los derechos que la Constitución Política instituye para todas las personas y su valor y ejercicio dentro de los centros carcelarios.
En la oportunidad legal, el señor viceprocurador general de la Nación se pronunció sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que se este a lo resuelto en la sentencia C-549 de 1o. de diciembre de 1994, magistrado ponente Dr. C.G.D., que declaró exequible la frase "El instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias...", contenida en el inciso segundo del artículo 98 de la ley 65 de 1993. Por otra parte, solicitó que se declare la inexequibilidad de los artículos 60 y 109 y de los numerales 1o. y 3o. del artículo 123 de la ley 65 de 1993, y que se declare la exequibilidad de las demás normas acusadas, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuación.
En lo referente al régimen disciplinario, sostiene que "las características de la relación carcelaria y el ámbito reglado que la sustentan, apuntalada en todo caso en el respeto de la dignidad humana que la Carta consagra como principio, llevan al Despacho a confirmar la reflexión de la Corte según la cual 'la cárcel no es un sitio ajeno al derecho', de donde se tiene frente a la potestad disciplinaria en la que subyace sin duda propósitos resocializadores, que la misma para efectos de su valor jurídico se debe entender enmarcada dentro de los límites impuestos por los derechos de los presos. En este orden el deber de respeto y obediencia de los empleados, detenidos y condenados al D. del establecimiento de reclusión y a las normas del Código Penitenciario y carcelario y a las reglamentaciones particulares, no corresponde a una relación servil como lo percibe el demandante (art. 36); tampoco merecen reparo las perceptivas de los literales c), d), y g) del artículo 44 donde se consignan los deberes de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de la penitenciaría nacional, atinentes a la custodia y vigilancia de los internos en los centros penitenciarios, en las remisiones, diligencias judiciales, etc, de requisa conforme al reglamento y del mantenimiento de la disciplina con firmeza pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario y carcelario; así también la prohibición para éstos servidores de aceptar dádivas, homenajes, préstamos, efectuar negocio alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados de éstos, lo cual constituirá causal de destitución."
Consideraciones previas sobre la naturaleza de la vida penitenciaria
Consideraciones de la Corte sobre las normas acusadas de extralimitación de funciones
No se usurpa en este caso la potestad reglamentaria del presidente de la República, porque no se trata de reglamentar una ley, sino de señalar los puntos que debe contener un reglamento interno, concreto, a través de la expedición de un reglamento general; no hay atribución de una potestad propia del presidente de la República, sino el ejercicio de una potestad secundaria, implícita al D. del INPEC. Como sostiene el tratadista S.L., todo acto administrativo comporta, necesariamente una potestad reglamentaria; cuestión diferente es que no tenga el mismo alcance de la potestad reglamentaria que tiene el presidente; pero de todas formas, para el cumplimiento de sus funciones, cualquier autoridad administrativa goza de un mínimo de poder reglamentario, ya que éste es inherente a la Administración. La administración tiene a su cargo múltiples cometidos, para cumplir los cuales eficientemente necesita no sólo realizar actos subjetivos y operaciones materiales, sino también dictar normas generales, especialmente para regular la actuación de sus propios órganos. El poder reglamentario radica, pues, en la naturaleza misma de la función administrativa.
"Tampoco es de recibo -señala el autor antes citado- la doctrina que exige texto constitucional o legal expreso para admitir la existencia de potestad reglamentaria, porque va contra la realidad institucional. La mayoría de las constituciones no consagra expresamente la competencia reglamentaria amplia del Poder Ejecutivo, mencionando sólo los reglamentos de ejecución, y sin embargo nadie duda acerca de la existencia de esa potestad. Por tal motivo algunos admiten que la atribución de competencia reglamentaria no tiene por qué ser expresa, pudiendo estar implícita; pero aceptado esto, prácticamente se vuelve al criterio que consideramos exacto, de que la potestad reglamentaria es inherente a la función administrativa, está en la naturaleza misma de ésta E.S.L., "Tratado de Derecho Administrativo", Montevideo. Ed. Barreiro-Ramos, 1963. P.. 135 y 136.
Respecto del artículo 87, se trata de una labor que no necesita de autorización legal expresa para delegar, por cuanto se trata de una actividad ordinaria de administración, lo cual no implica otorgarle potestad a una entidad privada, sino una facultad de cooperar con el servicio público, situación que está avalada por la Carta Política. Es un sofisma presentar el caso como si el D. del establecimiento carcelario delegara sus funciones propias; simplemente se le autoriza por ley para contratar con una persona de derecho privado o de derecho público, lo atinente a la organización de un mejor servicio al interior del establecimiento a su cargo.
Los demás artículos impugnados por el actor se refieren a supuestas violaciones de distintos derechos individuales de los reclusos, y de otras normas constitucionales.
En cuanto a los literales c) y d) del artículo 44, debe recordarse que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia No. T-501/94), en los establecimientos carcelarios el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que está limitado en atención a las exigencias propias del régimen disciplinario y a las condiciones de seguridad que han de mantenerse. Las facultades de custodiar y vigilar constantemente a los internos y de requisarlos cuidadosamente son inherentes a la función de los guardianes en cualquier establecimiento de esta índole. S., deben éstos respetar el pudor y la privacidad de los internos de manera prudente y razonable, es decir permitirles un mínimo de intimidad en todo aquello que no constituya amenaza contra la disciplina y la seguridad del establecimiento. Respecto del literal g) cabe señalar que también se trata de una función obvia de las autoridades en todo establecimiento de este tipo. No obstante, la "firmenza" de que se habla en este literal no debe traducirse en actos que constituyan violación a la norma constitucional que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 12 C.P.).
Lo enunciado sobre los traslados, se extiende para defender la constitucionalidad de los artículos 72, 73 y 77, por motivos de seguridad, pues la Corte ve en esta facultad de trasladar a los internos, un ejercicio razonable de la misión administrativa del D. del INPEC. Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos, y además prever con prudencia, que puede presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado. Empero, la Corte aclara que los eventos de que tratan estos tres artículos, deberán ajustarse a los límites establecidos por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el ejercicio de atribuciones discrecionales.
En cuanto al art. 168 hay que aclarar que lo referente en esta norma a los internos, fue declarado exequible por la Sentencia C-318/95 (M.P.A.M.C., mas no así en lo relativo a los guardias y vigilantes. En esta providencia la Corte extiende las razones allí expuestas al personal de vigilancia. Es decir, en cuanto a los incisos lo. y 2o. se estará a lo resuelto en la Sentencia C-318/95 y en cuanto a los incisos 3o., 4o., 5o. y 6o. se estará conforme a lo resuelto en dicha sentencia, pero sólo en cuanto a que las atribuciones conferidas por el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, no violan el derecho a la igualdad de los internos. Debe advertirse en esta providencia que el estado de emergencia carcelario allí descrito, no equivale, como erróneamente cree el actor, al estado de excepción constitucional, y que lo estipulado en la norma sub examine se refiere a medidas convenientes de administración que no varían la situación jurídica ni el régimen legal ni constitucional. Por tanto, esta Corporación declarará la exequibilidad de la norma acusada.
Un ejemplo me permite precisar lo anterior. Supongamos que J. y P. cometen un delito diferente pero que está formalmente sancionado de la misma manera. Así J. comete un homicidio simple, sancionado con 25 a 40 años de prisión, y P. un secuestro extorsivo que tiene la misma pena. Supongamos que los dos son condenados a los mismos años de prisión, pues les aplican el mínimo, pues concurren exclusivamente situaciones de atenuación punitiva. ¿Han sido condenados ambos a la misma pena? En apariencia sí, pues los dos recibieron una condena de 25 años de cárcel. Pero en la práctica, la situación de J. es mejor, pues su delito no es de competencia de los jueces regionales; por ende podrá eventualmente gozar de ciertos beneficios carcelarios, de los cuales está totalmente excluido P. por cuanto el hecho punible de éste último ha sido atribuido a esos jueces Así, J. podrá aspirar a los beneficios de establecimiento abierto o a los permisos durante la fase de mediana seguridad, mientras que P. está excluido de esos programas de resocialización por el tipo de delito cometido. ¿No significa eso, en la práctica, que la punibilidad del delito cometido por P. es mayor que la de J.?
11- En la actualidad se considera que las teorías tradicionales que buscaban justificar de manera absoluta las penas están en crisis. Así, ni la teoría kantiana de la retribución, ni las doctrinas utilitarias de la prevención frente a conductas consideradas socialmente dañosas permiten explicar, comprender y justificar plenamente la función que puede cumplir la pena en una sociedad democrática fundada en los derechos humanos. Por ello la doctrina penal más avanzada considera que la función de la pena sólo puede encontrar explicación en principios diferentes, que actúan en momentos diversos del ejercicio de la acción punitiva por el EstadoSobre la crisis de los fundamentos absolutos y únicos de las penas y su fundamentación en principios divesos según los diversos momentos de desarrollo del proceso de adjudicación penal, ver H.L.A H.- "Introducción a los principios de la pena" en Jerónimo Bertegón, J.R. de P.. Derecho y moral. Ensayoa analíticos. Barcelona: A., 1990, pp 163 y ss. Igualmente, J.F.C.. Derecho Penal Fundamental. Bogotá: Temis, 1989, pp 84 y ss.. Así, en el primer momento, se considera que el Legislador define los delitos orientado esencialmente por consideraciones de prevención general, y secundariamente por principios retributivos. Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal (prevención general) pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida (componente retributivo en esta fase). De otro lado, en la fase de imposición judicial de la pena a un determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal debe operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una proporcionalidad entre la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena. Finalmente, se considera como propio del Estado social de derecho que la ejecución de la sanción penal esté orientada por finalidades de prevención especial positiva, esto es, en esta fase se debe buscar ante todo la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su dignidad como persona.
12- Como es natural, no siempre es fácil hacer compatibles estos distintos principios de fundamentación de la pena, pues en ocasiones los fines de prevención general aconsejan penas muy severas, mientras que las políticas de resocialización sugieren penas bajas. Así, dice al respecto, con su habitual lucidez, H.: "las penas que estimamos necesarias como amenaza para maximizar la obediencia al Derecho, pueden convertir al transgresor a quien se imponen, en un enemigo inflexible de la sociedad; mientras que el recurso a medidas rehabilitadoras puede disiminuir la eficacia y ejemplaridad del castigo en los demás"H.L.H.. Op-cit, p 180. . Sin embargo, a pesar de esas inevitables tensiones y discusiones, lo cierto es que durante la ejecución de las penas debe predominar la búsqueda de resocialización del delincuente. Esto, a mi juicio, es en primer término, una lógica consecuencia de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, puesto que el objeto del derecho penal en un Estado de este tipo no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar su reinserción en el mismo. Por ello, es lógico que los instrumentos internacionales de derechos humanos establezcan esa función resocializadora del tratamiento penitenciario. Así, de manera expresa, el artículo 10 numeral 3º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado por Colombia por la Ley 74 de 1968, consagra que "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados (subrayas no originales)".
Sentencia de Constitucionalidad nº 455/94 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 1994

References: artículo 168
 artículo 150
 artículo 189
 Artículo 87
 artículo 98
 artículo 123
 artículo 44
 artículo 87
 artículo 44
 artículo 36
 artículo 10