Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531212.html
Timestamp: 2019-04-23 06:33:16+00:00

Document:
as201531212
Sucre, 15 de abril de 2015
Expediente: 594/2010-S
Demandante: Severo Saire Churani
Demandado: Sociedad Nacional de Textiles S.A.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fs. 209 a 210, interpuesto por Ricardo Malky Hernández, en representación legal de la Sociedad Nacional de Textiles S.A. (SONATEX), contra el Auto de Vista Nº 137/2010, de 05 de agosto de fs. 206 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos laborales seguido por Severo Saire Churani, contra la Empresa recurrente, la respuesta de fs. 214 a 215 vta., el Auto de 21 de octubre de 2010 de fs. 216, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso social, la Juez Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 116/2009 de 12 de diciembre, de fs. 109 a 112, por la que declaró probada en parte la demanda de fs. 7 a 8 y la modificación de fs. 12, probada la excepción perentoria de pago parcial ordenando a la Empresa demandada, cancelar a favor del actor, el monto total de Bs.37.444,08.- (treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 08/100 bolivianos), por los conceptos de indemnización, aguinaldo por duodécimas gestión 2004, vacación por duodécimas de la gestión 2004, menos el total recibido a cuenta y menos un quinquenio cancelado, conforme se detalla en la liquidación establecida; por el tiempo de servicios de 35 años, 6 meses y 25 días, con un sueldo promedio indemnizable de Bs.1.316,71.-, monto total que será actualizado en ejecución de fallos de conformidad al Decreto Supremo (DS) Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992.
Interpuesto el recurso de apelación de fs. 114 vta., por Ricardo Arturo Malky Hernández, en representación legal de la empresa SONATEX S.A., mediante Auto de Vista Nº 137/2010 de 05 de agosto de fs. 206 vta., la Sala Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, confirmó la Sentencia Nº 116/2009 de 12 de diciembre, emitida por la Juez de Partido Segundo del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 209 a 210, interpuesto por Ricardo Arturo Malky Hernández, en representación legal de la Empresa SONATEX S.A., bajo los siguientes argumentos:
Acusó violación del art. 90 del Código de Procedimiento Civil (CPC), ya que, en forma oportuna habría hecho conocer al Juez de la causa, que la resolución de excepciones de fs. 61, carecería de validez, al no existir nota de secretaría antes de que se dicte dicho auto interlocutorio, incumpliéndose de esa forma el art. 80 del Código Procesal del Trabajo (CPT), error que habría sido pasado por alto por el Auto de Vista Nº 127/2009 de 13 de octubre de 2008; así mismo el Auto de Vista Nº 137/2010 no habría valorado dicho error, pese a la obligación que tendría dicho Tribunal de Alzada, conforme al art. 15 de la Ley del Organización Judicial (LOJ), apoyando tal acusación en el Auto Supremo Nº 37 de 10 de febrero de 2001.
Señaló que, la Sentencia Nº 116/2009, habría cometido un error sustancial al valorar como prueba de descargo un certificado cuya validez fue observada en tiempo oportuno, ya que el emisor del mismo no tendría la facultad para emitir tal certificación, sin embargo, la prueba de cargo de fs. 4 habría sido validada, incurriendo en violación de los arts. 397 y 192.3) del CPC, provocando que en el fallo se produzca un error esencial en cuanto al tiempo de servicios, único punto controvertido dentro de la causa.
Asimismo, señaló que el art. 90 del CPC, sería taxativo, de orden público y de cumplimiento obligatorio, cuyo incumplimiento estaría sancionado con la nulidad.
Solicitó que la Corte Suprema de Justicia, case el Auto de Vista, con las formalidades de Ley.
Que, así planteado el recurso de casación en la forma como en el fondo, la respuesta al mismo, así como las normas aplicables a la materia, se tiene:
a) Con relación al recurso de casación en la forma
En el que la Empresa recurrente acusó la violación del art. 90 del CPC, señalando que la resolución de excepciones de fs. 61, carecería de validez, ya que no existiría nota de secretaría antes de que se dicte dicho Auto Interlocutorio, incumpliéndose de esa forma el art. 80 del CPT, error que habría sido pasado por alto por el Auto de Vista Nº 127/2008 de 13 de octubre; así mismo el Auto de Vista Nº 137/2010 no habría valorado dicho error, pese a la obligación que tendría dicho Tribunal de Alzada de hacerlo.
Sobre éste particular, se advierte en principio, que el ahora recurrente, reclamó tal aspecto en su recurso de apelación de fs. 67, el mismo que fue absuelto mediante Auto de Vista Nº 127/09, para luego, ante la inactividad procesal del recurrente adquirió ejecutoria, conforme certifica el Auto Nº 35/10, de fs. 200 de obrados.
Sin embargo de lo dicho, debe tenerse presente que la nota del Secretario a que hace referencia el citado art. 80 del CPT tiene la finalidad de facilitar el control sobre el cumplimiento de los plazos legales por parte de los jueces de grado, de tal modo que se tendría por viciado de nulidad un actuado judicial si, en los casos como el presente, se hubiese dictado la resolución fuera del plazo legal establecido, lo que no se advierte en autos, a mérito que por decreto de fs. 60, de 24 de marzo de 2009, la señora Juez, dispone pasen obrados a despacho para dictar resolución, la misma que es expedida en 27 de marzo del mismo año, esto es, dentro del plazo legal establecido por el art. 79 del CPT.
Por otra parte, éste tribunal considera incoherente el petitorio de nulidad a título de que en el Auto de Vista Nº 137/2010 de 05 de agosto de fs. 206 vta., no se habría valorado el error supra citado, por cuanto se trata de un aspecto resuelto con anterioridad por el mismo Tribunal de Alzada, de tal modo que, por mucho que considere bien o mal aquella resolución, mal podría modificarla, amén de que su intervención de oficio induciría a un pronunciamiento extra o ultra petita, cuando por el contrario, su resolución debe circunscribirse a los agravios que le fueron llevados en apelación de la sentencia, de modo que la resolución a emitir en segunda instancia debe responder al principio de la pertinencia, conforme se tiene establecido en el art. 236 del CPC.
Por consiguiente, éste Tribunal advierte que el fallo recurrido no incurrió en el vicio procesal alegado por la parte demandada, de modo que hace inviable la nulidad de obrados como pretende la parte recurrente.
b) Con relación al recurso de casación en el fondo:
La parte recurrente acusa que en la Sentencia se habría cometido un error sustancial al valorar como prueba de descargo un certificado cuya validez fue observada en tiempo oportuno, ya que el emisor del mismo no tendría la facultad para emitir tal certificación; sin embargo, la prueba de cargo de fs. 4 habría sido validada, incurriendo en violación de los arts. 397 y 192.3) del CPC, provocando que en el fallo se produzca un error esencial en cuanto al tiempo de servicios, único punto controvertido dentro de la causa.
Revisada la literal acusada de haber sido valorada erróneamente y cursante a fs. 4, por la cual se certifica el tiempo de prestación de servicios del trabajador actor en la Empresa recurrente, como único punto cuestionado, cabe aclarar que, si bien el recurrente señala como una prueba de descargo, en realidad se trata de una prueba de cargo aportada por el demandante a tiempo de interponer su demanda.
El certificado de fs. 4, fue extendido por el Jefe de Personal de la Empresa SONATEX S.A., es decir, por la persona encargada de la administración de los Recursos humanos, en todos sus aspectos, lo que incluye la administración del récord de servicios de todo el personal de la Empresa y, siendo así, mal podría descalificarse sus actos con sólo la aseveración del Gerente conforme se pretende en autos, por cuanto el poder de dirección Empresarial, no supone discrecionalidad, de tal modo que para tenerse como evidente la falta de capacidad o competencia de aquel funcionario, era su deber probar tal extremo con la presentación del Reglamento Interno de trabajo o algún otro instructivo, circular o memorandum de data anterior a la certificación en el que conste aquella restricción que ahora se alega, aspectos que no se han producido en el presente caso.
Sin embargo de lo anterior, conviene anotar que tal literal no fue la única prueba en la que los de instancia sustentaron su decisorio, sino también en la literal de fs. 5 en relación a la conclusión laboral, la papeleta de pago de fs. 6, recibos de pago de fs. 31 a 47, memorial de respuesta de fs. 53 a 54, contrato de trabajo de fs. 57, la literal de fs. 58, que acredita la filiación del trabajador el 30 de septiembre de 1968; pero además, las testificales de fs. 92 a 94, que refieren que el trabajador entró a la empresa el año 1968; medios de pruebas con los cuales efectivamente se demostró que el demandante prestó sus servicios por el tiempo de 35 años, 6 meses y 26 días; de los cuales, conforme los antecedentes del proceso, al haberse comprobado la excepción de pago parcial documentado por un quinquenio, el tiempo de servicios a ser reconocido al trabajador en la Empresa demandada es de 30 años, 6 meses y 25 días, aspecto que no fue desvirtuado por la parte empleadora; por el contrario, se allanó conforme expresó en el memorial de responde de fs. 59 y en consecuencia no desvirtuó este aspecto como era su obligación hacerlo, conforme al principio de inversión de la prueba, previsto en los arts. 3.h), 66 y 150 del CPT.
Por lo anotado, este Tribunal Supremo no advierte que exista error sustancial en el que haya incurrido el Tribunal de Alzada al valorar la prueba de fs. 4, en consecuencia, el Tribunal ad quem, no incurrió en violación de los arts. 397 y 192.3) del CPC, como erradamente señaló la Empresa recurrente.
Bajo tales fundamentos se concluye que, al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación en la forma como en el fondo de fs. 209 a 210, al carecer de sustento legal; ajustándose el Auto de Vista recurrido a las leyes en vigencia y no observarse violación de norma legal alguna, corresponde resolver el recurso en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 209 a 210 interpuesto por Ricardo Malky Hernández, en representación legal de la empresa SONATEX S.A. Con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.500,00.- que mandará pagar el Tribunal de Alzada.

References: resolución 
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