Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060120.htm
Timestamp: 2020-04-01 09:28:13+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Viernes 20 Enero 2006
De la fractura social y el enfrentamiento en una España entregada por Zapatero a la dictadura nacionalista
Federico Quevedo El Confidencial 20 Enero 2006
Lorenzo Contreras Estrella Digital 20 Enero 2006
Zapatero, la anomia y la inopia CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 20 Enero 2006
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Enero 2006
Luz y taquígrafos en Salamanca
EDITORIAL Libertad Digital 20 Enero 2006
Calvo en carretilla
Ignacio Villa Libertad Digital 20 Enero 2006
Editorial ABC 20 Enero 2006
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 20 Enero 2006
Sables, sudarios y marías
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 20 Enero 2006
Agapito Maestre Libertad Digital 20 Enero 2006
Ultimátum por las palabras
Jorge Vilches Libertad Digital 20 Enero 2006
La réplica de los jueces
La carcelera Martínez
CARLOS HERRERA ABC 20 Enero 2006
Antonio Jiménez elsemanaldigital 20 Enero 2006
Si hoy quieren ser Nación, mañana querrán ser Estado
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 20 Enero 2006
ROMPER LA CONSTITUCIÓN, UN GRAN ERROR…
Ramón Tamames Periodista Digital 20 Enero 2006
GEES Libertad Digital 20 Enero 2006
Me van a permitir que les haga una confesión muy dolorosa, que les cuente la intimidad de algo que, por otra parte, es ya norma de conducta en cientos, miles, de hogares españoles: en mi casa paterna hemos prohibido los debates sobre política y aquellos otros temas que puedan generar tensiones. Esto no ocurría antes. Cuando nos reuníamos se hablaba de todo, cada uno exponía su opinión, y rara era la vez en que una discusión acababa en bronca, enfado y malestar por alguna parte. Ahora sí ocurre, y cada vez son más los lectores y amigos que me trasladan experiencias parecidas, situaciones de crispación y tensión en el entorno familiar y de amistad hasta ahora desconocidas, hasta el punto de que en muchos hogares y algunos lugares públicos han tenido que colgar el cartel de “prohibido hablar de política” al lado del de “prohibido fumar”. En este país en el que siempre nos ha gustado la polémica y el debate, ahora ese noble ejercicio de la discrepancia empieza a ser una actividad arriesgada.
En los últimos meses se ha generalizado un clima de enfrentamiento desconocido en los últimos cuarenta años y, si me apuran, desde aquellos tiempos de la II República que dieron paso a la Guerra Civil. Ya desde su victoria electoral gracias a los atentados del 11-M, el presidente Rodríguez fue motivo de tensiones, pocas en aquel momento, pero precursoras de las que vendrían después. Sin embargo, en lugar de corregir esa tendencia, el presidente ha sido detonante, probablemente consciente, de ese enfrentamiento, hoy por hoy verbal pero en algunos casos muy violentos, entre los españoles que se dicen de centro derecha y los que se dicen de izquierdas. Para ser ecuánime, debo reconocer que las tensiones afloraron con el Gobierno del PP, siendo Aznar presidente, y a raíz de la Guerra de Iraq. Pero ya entonces la reacción de la izquierda fue airada y sobredimensionada contra la derecha.
Rodríguez se presentó entonces ante la sociedad como el paladín del talante, del diálogo, del consenso, del saber escuchar la voz de la calle, de la transparencia y del buen Gobierno. Es decir, como la receta para acabar con esa enfermedad. Pero ha sido todo lo contrario. Su política ha estado dirigida a buscar el enfrentamiento y la confrontación, y no puede por menos que dolerme en el alma el pensar que un país que ha dado pasos tan significativos a favor de la concordia y el encuentro, hoy se mire a los ojos con la mirada del odio, el rencor y la revancha. Rodríguez es, en sí mismo, una plaga de odio, un sembrador de cizaña, un ave de mal agüero, un embaucador, un echador del mal de ojo que parece habernos señalado a todos con el dedo de la división y la disputa. Lean, sino, el foro que sigue a continuación de esta columna, y eso que cuando las opiniones exceden de las más elementales normas de cortesía –lo cual sucede con frecuencia-, no se publican.
Desde sus primeros compases este Gobierno ha trabajado arduamente por buscar espacios de desencuentro. Lo ha hecho en casi todas y cada una de las leyes que ha remitido al Congreso, desde la de los matrimonios homosexuales hasta la de Educación. Ha forzado la disputa entre comunidades y esta misma semana se ha consumado el expolio nocturno y alevoso del Archivo de Salamanca, flaco favor a la Historia y a la unidad de nuestro patrimonio común. Pero es en la claudicación a las exigencias de la dictadura nacionalista donde Rodríguez se ha puesto en evidencia. Ha elegido a los terroristas antes que a sus víctimas y, si por él fuera, Batasuna hubiera celebrado su Congreso custodiado por la Guardia Civil. Ha pactado la autodeterminación del País Vasco y el acercamiento de presos, además de la libertad de muchos de ellos, sin nada a cambio, al menos por ahora, y pagando precios muy elevados por su atrevimiento. Y negocia en la clandestinidad el proceso soberanista catalán y la ruptura definitiva del modelo de Estado, al tiempo que aquella Comunidad se imprime de un carácter autárquico que lleva al punto de forzar huelgas de hambre en defensa del idioma común de todos los españoles, mientras el Gobierno mira para otro lado. ¿Es esto normal?
No. Y el problema es que las fracturas provocadas por esta política frentista y frentepopulista van a ser muy difíciles de reconducir en el corto plazo. Las tensiones generadas en la sociedad, los enfrentamientos en las propias familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo, se superarán a costa de grandes dosis de generosidad, pero Rodríguez pasará a la historia como el presidente que consiguió enfrentarnos de nuevo, unos contra otros, a costa de romper todos los consensos que hicieron posible la convivencia en paz y libertad de estos treinta años. Me cuesta creer que eso sea lo que queramos la mayoría de los españoles. Me cuesta creer que entre convivencia y confrontación elijamos lo segundo. Me cuesta creer que hayamos olvidado tan rápidamente lo mucho que nos ha costado superar nuestros rencores y rencillas, y lo bien que nos sentíamos por haberlo logrado. Me cuesta creerlo y pienso que, en algún momento, volverá a imperar el sentido común y la sociedad enviará a Rodríguez a algún rincón de la Historia. Pero, si no es así, solo nos quedará llorar lágrimas de amargura en recuerdo de lo que fuimos.
Ahora mismo, en la nómina de la notoriedad pública, se alza como héroe el juez Grande-Marlaska, y se hunde como expresión máxima del descrédito el fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, seguido de cerca por el mismísimo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El proceso que ha conducido a esta situación parece claro: Batasuna se disponía a celebrar un congreso refundacional tras su ilegalización por Baltasar Garzón en el 2005. Este congreso iba a significar una autorrehabilitación triunfal de la organización que en todo ese tiempo no ha cesado de expresarse públicamente como lo que siempre ha sido, es decir, el brazo político de ETA, a la que nunca ha condenado por su violencia y sus extorsiones. El desafío era evidente y la decisión de prohibir el congreso de Barakaldo resultaba, sin embargo, extremadamente incómoda para el poder político, el Gobierno, que era quien podía instar al fiscal general, el cual, a su vez, propendía a lavarse las manos y dejar en el aire la resolución del problema.
La circunstancia determinó después que sobre la cabeza de Conde-Pumpido llovieran los improperios y las críticas. Se le acusaba de haberse inhibido en la cuestión vidriosa que se planteaba. Y la verdad es que tal inhibición no se produjo formalmente. En la vistilla judicial que se celebró in extremis, la Fiscalía ordenó al juez la prohibición de actividades de Batasuna, sobre la base de que la organización abertzale había seguido desarrollando su labor pública al margen de la legalidad. El fiscal Juan Moral sostuvo que Batasuna existía de hecho, pero no de derecho. Tras esta actitud no figuró en ningún momento, que se sepa, una obstrucción o contraorden del fiscal general, Conde-Pumpido, ni tampoco se manifestó en contra, a través de ninguna presión o incitación, el presidente del Gobierno. Otra cosa es que ninguno de los dos se sintiera feliz con la prohibición del congreso de Barakaldo.
El juez Grande-Marlaska, en definitiva, se ha convertido para bastantes ciudadanos en una especie de héroe nacional, arrebatando a Baltasar Garzón gran parte de su gloria como brazo implacable de la ley. La orden de actuar le ha permitido recrearse en la suerte, aplicando toda la severidad que le era posible. La abogada de Batasuna, Jone Goirizelaia, presentó contra él una recusación por interés en la causa, falta de imparcialidad y actuación bajo presiones políticas. la misma letrada interpuso contra Grande-Marlaska una querella, por prevaricación, ante el Tribunal Supremo. Le acusaba literalmente de haberse dejado llevar “por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco (...) algunos medios de comunicación”, de manera que “es a ese impulso al que obedece su actuación”.
La recusación fue rechazada por el propio magistrado, quien negó cualquier tipo de interés personal en la causa.
La citada notoriedad del juez Grande-Marlaska eclipsa también en parte los ecos de la efervescencia militar manifestada por el teniente general Mena Aguado y por el oficial de la Legión que amenazaba desde Melilla con presentarse con su compañia en el Ministerio de Defensa y entregarle a José Bono un documento expresivo del malestar militar ante el “desmembramiento” de España.
En esta galería de notoriedades no podía faltar el propio Bono, que con su oratoria característica recomienda a los militares defender la Constitución y España, pero no la España de los Reyes Católicos. El ministro tendrá que explicar qué hubo, patrióticamente, de malo o de perverso en aquella España labrada y consolidada unitariamente por aquellos reyes.
Zapatero, la anomia y la inopia
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco ABC 20 Enero 2006
... Tenemos un Gobierno dominado por personas que no admiten que las palabras, las leyes y los actos tengan un significado principal, sino que más bien conciben éste como una nube gaseosa de connotaciones flojas que van de aquí para allá...
LA democracia es un sistema de tenso equilibrio de poderes que permite a la sociedad protegerse de los atropellos del Gobierno, incluyendo las insensateces de los líderes iluminados. Ha vuelto a quedar demostrado tras el desenlace judicial del vodevil montado por el Gobierno a propósito de la obscena provocación de Batasuna. Porque en esta ocasión todo parecía conspirar para que el brazo político de ETA se saliera con la suya: el cansancio y aburrimiento de la ciudadanía ante el lamentable y sectario espectáculo dado todos los días por los partidos políticos (sin excepción) y sus púlpitos mediáticos, las complicaciones y paradojas del sistema judicial español, y los efectos dormitivos de las voces supuestamente pragmáticas partidarias de tolerarlo todo a Batasuna porque tal debe ser el precio de la paz (precio, claro, que pagamos todos, no sólo el obispo, el periodista o el cargo político que susurran: acepta la factura).
Gracias al juez Grande-Marlaska, la cosa ha quedado meridianamente clara, como pudo verse en la rectificación a toda marcha de don José Blanco, el ínclito jurista. Milagros de la jurisprudencia: los «ataques al proceso de paz» se transforman en «defensa de la democracia» de un día para otro... Mejor así, aunque, lamentablemente para el PSOE y la izquierda española en general, las hemerotecas inmortalizarán los inauditos disparates emitidos desde el Gobierno y el partido adyacente para convencer a la opinión pública de las bondades de la conculcación de la legalidad.
Dado que el responsable de ejecutar la prohibición judicial es el Gobierno vasco, lo más probable es que Batasuna acabe protagonizando algún tipo de acto mañana. Pero esa ya es otra cuestión. Lo que realmente importaba se ha conseguido, a saber, impedir la burla y la humillación pública y consentida del sistema constitucional. El Gobierno también ha salido beneficiado a su pesar, porque ya no se pondrá en ridículo justificando por el mundo por qué tolera a un grupo incluido en la lista europea de organizaciones terroristas.
Ahora bien, los motivos y objetivos de Batasuna los entienden hasta los párvulos, pero ¿qué perseguían el Gobierno y el Partido Socialista cediendo a las provocaciones de estos perdonavidas? No es imposible que se hayan tragado el bulo de que Batasuna pensaba realizar un anuncio sensacional relativo al fin del terrorismo, como que ETA habría decidido dejar las armas a cambio de alguna cosilla menor, como un Estatuto nuevo. Al fin y al cabo es el mismo Gobierno que lleva meses insinuando la inmediatez de ese anuncio sensacional que nunca llega, y que quizás nunca llegue. Un Gobierno esperanzado en que esa declaración de paz compense cualquier dislate previo, porque la opinión pública arde en deseos de asistir al fin de ETA. Un malentendido, porque la mayor parte de esa misma opinión no está dispuesta a ceder cualquier cosa para conseguir satisfacer ese legítimo deseo.
¿Y eso es todo? No. Hay razones para pensar que algunos dirigentes socialistas no le hacen ascos a la perspectiva de compartir gobierno vasco con matones como Otegi, Permach o Barrena, una vez pasados por el blanqueo democrático de la relegalización. El PSE podría encontrar en esa Batasuna refundada un socio «de izquierdas» no mucho peor que ERC. Echen cuentas: una vez abandonada la estrategia constitucionalista de alternativa PSE-PP al nacionalismo (abandono favorecido también por el sectarismo histérico de muchos «populares»), el PSE sólo puede ser alternativa al PNV en una alianza con Batasuna y algún oportunista adicional como EA o Madrazo. La fórmula del sedicente tripartito de izquierdas catalán trasplantada a Euskadi, y lo que cuelga: c´est tout. En cualquier caso, la amenaza de esa Triple Alianza obligaría al PNV a moderar pretensiones y asociarse con nosotros, parecen pensar en Ferraz y La Moncloa.
El problema no radica sólo en disfrutar de un estómago capaz de soportar la náusea consiguiente, sino también en que resulta otra versión socialista del cuento de la lechera. Primero, es totalmente iluso esperar que Batasuna haga algún anuncio que vincule u obligue a ETA sin el permiso de ésta. Segundo, pongámonos extremadamente benevolentes y admitamos que Batasuna realmente pueda y quiera hacer alguna declaración creíble y aceptable. En tal caso, basta con una rueda de prensa para hacer público el anuncio, y remitirlo certificado adonde corresponda. Pero si Batasuna pone la prevaricación del Gobierno como precio de una declaración «pacificadora», entonces hace evidente que no tiene la menor voluntad de aceptar las reglas elementales de la democracia. El panorama que se perfila es bastante diferente: ETA-Batasuna no piensa disolverse ni refundarse a cambio de un nuevo Estatuto, como aceptan tácitamente los partidarios de tolerarles, sino que todo lo más persigue dejar el terrorismo parcialmente, con ovación, vuelta al ruedo y salida por la puerta grande. Y con las orejas y el rabo del constitucionalismo, claro está.
No es concebible que el Gobierno y los responsables actuales del PSOE ignoren todo esto. Tampoco que sean una panda de traidores dispuestos a entregarse al terrorismo y destruir España, como repiten maniáticamente los medios hostiles. ¿De qué se trata, pues? La respuesta hay que buscarla en el ámbito intelectual: tenemos un Gobierno dominado por personas que no admiten que las palabras, las leyes y los actos tengan un significado principal, sino que más bien conciben éste como una nube gaseosa de connotaciones flojas que van de aquí para allá. En ese estado mental, la idea de legitimidad se convierte fácilmente en la de anomia: prohibido prohibir, la ley se aplica según a quién y según convenga, un reglamento antitabaco es más trascendental que la Constitución, etcétera. Y todo indica que el Gobierno de Zapatero cree posible cabalgar a lomos del terrorismo etarra, como ha creído posible montar en su beneficio al burro nacionalista catalán.
La verdad es que la táctica del palo y la zanahoria ha quedado invertida: era Batasuna la que jugaba con el Gobierno, y no al revés. Este error de juicio revela otro más general y preocupante: que este Gobierno vive en la inopia. Entre la anomia y la inopia, tanto buenismo y tanto optimismo mágico pueden acabar echando por tierra ya no al arriesgado jinete, sino al sistema democrático en su conjunto. Por fortuna ese sistema, como la nación española realmente existente (la constitucional), es algo bastante más complejo, sólido y arraigado que las cabriolas de los aventureros con pretensiones magistrales. La presión de la opinión pública para impedir el disparate de autorizar el mitin de una organización terrorista acaba de confirmarlo.
Por IGNACIO CAMACHO ABC 20 Enero 2006
LA frase aparece en un capítulo de ese impagable manual de buena política que es la serie «El ala oeste de la Casa Blanca». Se la dice el jefe de gabinete presidencial, Leo McCarrey -interpretado por el recién fallecido John Spencer- a un representante de la oposición con el que está chalaneando la reforma de un proyecto legal para el Senado. El tipo tiene escrúpulos por el pasteleo y se pregunta en voz alta qué dirían sus votantes si les vieran diseñar una componenda de ese calibre. Y el pragmático McCarrey le suelta la perla: «Hay dos cosas que la gente jamás debería ver cómo se hacen. Las leyes y las salchichas».
El arreglo del Estatuto catalán lo están muñendo como si fuera una salchicha barata. A cencerros tapados, una comisión de notables lleva semanas filtrando los detritus de un delirio político desquiciado para tratar de convertirlo en una pasta comestible, o por lo menos presentable. Los detalles del tejemaneje, el enjuague de pactos y contrapactos bajo cuerda, los protocolos ocultos, los apaños, remiendos y trapicheos no los sabremos probablemente nunca. Todos esos conceptos tan solemnes de la identidad, la nación y la soberanía han caído sobre la mesa de negociación desparramados entre una baraja de clientelismos, competencias y -sobre todo- privilegios financieros cuyos detalles nos pondrían los pelos como escarpias. Después del manoseo a puerta cerrada, los chalanes pondrán cara muy circunspecta y presentarán como un pacto de caballeros este trato de barraca de feria.
Para eso irán al Congreso de los Diputados, para que la mayoría que previamente han amañado como un sindicato de intereses le ponga el sello de registro a la conchabanza y le dé el visto bueno en un simulacro de debate. Menos mal que el Parlamento iba a ser el núcleo de regeneración que diese vigor a la vida pública, como dijo el presidente en su investidura. Menudo vigor democrático: han convertido las Cortes en una charcutería. Hace demasiado tiempo -en justicia, desde mucho antes de Zapatero- que los aparatos de los partidos han tomado las Cámaras por simples instrumentos para legitimar los acuerdos que cierran en sus charlas de café. Que sea un mal antiguo y común no obsta para que constituya un motivo de vergüenza de todos los que prometen combatirlo.
En el caso del Estatuto, resulta obvio que lo han cocinado en la clandestinidad porque saben que los ciudadanos saldrían espantados en desbandada si viesen los ingredientes o inspeccionasen la higiene democrática de la negociación. Esta gente ha metido la Constitución en una trituradora para confeccionar un embutido que ni siquiera tiene buen aspecto, pero además va a ser de digestión pesada y está cargado de colesterol político, porque lo han hecho a base de gandingas, despojos y asaduras. No pasaría ningún control de calidad ética o democrática y, por supuesto, no lleva fecha de caducidad en el envase.
Carmen Calvo prometió que el expolio del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, presentado publicitariamente como devolución, se haría con luz y taquígrafos. Las seis de la mañana, en pleno invierno, no parece terminar de ajustarse correctamente a la definición de luz. Por otra parte, tampoco los GEO parecen responder a la descripción de taquígrafo. No obstante, quizá sea excesivo que los ministros se ajusten a la palabra dada, puesto que en una democracia avanzada como la nuestra, no deben darse batallas por ellas.
Los papeles de Salamanca no son todos los referidos a la guerra civil; alberga la documentación referente a partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos. Otros archivos repartidos por España conservan otros muchos documentos, organizados según criterios funcionales. Es esa unidad funcional la que se rompe, transformando por razones políticas los criterios técnicos por una suerte de "justicia archivística" que, de tomarse en serio por las demás autonomías y partidos políticos, llevaría a la total desaparición del archivo al exigir todos su parte del botín.
El comité de expertos ad hoc nombrado por Calvo para intentar hacer pasar una bajada de pantalones ante ERC como una decisión técnica estaba presidido por Federico Mayor Zaragoza, un personaje que ha pasado sin rubor del franquismo al zapaterismo, pasando por una UNESCO que convirtió en altavoz privilegiado de las tiranías comunistas de la época. Una UNESCO que, sin embargo, emitió un informe defendiendo la unidad archivística que el sabio comité prefirió ignorar, como demostración de que la decisión era política y estaba tomada de antemano.
Contrasta el extraordinario interés del nacionalismo catalán en destruir la unidad funcional del archivo con el no menos extraordinario en mantener una extraña "unidad museística" en Lérida, que sin embargo carece de ninguna justificación técnica. Las parroquias que pasaron de esta diócesis a la de Barbastro-Monzón, quisieron llevarse del museo diocesano leridano las obras de arte de las que son titulares para trasladarlas al museo de su nueva diócesis. Pese a tener de su lado la decisión del Vaticano, los aragoneses han visto el traslado frustrado por las apetencias nacionalistas y la negativa de la Consejería de Cultura de la Generalitat. Y es que el nacionalismo no es más que la institucionalización política de la ley del embudo.
El gobierno de la transparencia ha vuelto a preferir la oscuridad para pagar las letras que debe al nacionalismo catalán. También la negociación del Estatuto, realizada en la penumbra de los que tienen mucho que ocultar a la opinión pública, parece haber dado hoy un paso adelante. Desgraciadamente, en uno y otro caso, la firma es de Zapatero pero quienes la pagan son todos los españoles.
Las formas con que el gobierno de Zapatero ha ejecutado el expolio del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca son la escenificación nítida de cómo hacen las cosas. Pasan por encima de lo que haga falta y desprecian el sentir general de los ciudadanos con tal de seguir viviendo hipotecados bajo las amenazas permanentes de los separatistas. Zapatero está dispuesto a vender lo que sea con la única condición de permanecer en el poder. Ahora son los papeles de Salamanca, antes fue el término nación en el Estatuto catalán y, hace unos días, la condescendencia disfrazada de respeto al derecho de reunión individual de la ilegalizada Batasuna; son sólo las ultimas muestras de una forma de gobernar que está provocando que esta legislatura sea –con creces– la más convulsa de la democracia.
El gobierno, con Zapatero y Calvo a la cabeza, ha diseñado el expolio de la forma más vergonzosa de las posibles. Se han llevado los papeles cuando era noche cerrada en Salamanca y con un despliegue policial –GEOS incluidos– digno de una operación antiterrorista. Todo por la puerta trasera; lamentable.
Aunque las formas son importantes, no hay que olvidarse tampoco del fondo. Zapatero ha vuelto a claudicar ante las exigencias de los independentistas y separatistas. Con tal de seguir en La Moncloa remueve y abre heridas, enfrenta y separa. Es en esta estrategia donde encontramos su disposición permanente a destruir todo aquello que tenga algo que ver con la unidad de España. El actual presidente del gobierno da muestras de tener una profunda alergia hacia todo lo que fortalezca esa unidad que hunde sus raíces en la historia.
En fin, ya lo han conseguido aunque haya sido en carretilla. Eso sí, al ministro Caldera le ha podido la vergüenza torera. Ha cogido el portante y se ha ido a Viena para asistir a un consejo de ministros europeo. Mientras en su tierra se lamina ese Archivo que en otros tiempos defendió, ha ido a llorar sus penas y sus vergüenzas con sus colegas europeos. Y mientras tanto, la ministra Calvo encantada de su gestión; no tiene remedio.
La próxima, La Dama de Elche.
LA secuencia protagonizada por los funcionarios del Ministerio de Cultura llevándose -de madrugada y en carretilla- los documentos de la Guerra Civil del Archivo de Salamanca no es precisamente reflejo de la «normalidad» a la que se refirió ayer la ministra Carmen Calvo. En este asunto, el interés partidista se ha impuesto al criterio de los técnicos para generar un problema que, en líneas generales, se enmarca dentro de la cesión ante el nacionalismo que caracteriza la actuación del Ejecutivo socialista. Ciertamente, Salamanca dio ayer un ejemplo de mesura y sosiego, lo que no significa en absoluto que no tengan razón para sentirse agraviados por una decisión de marcados ribetes políticos. A falta de que la Justicia diga la última palabra, los documentos esperan en Madrid el momento del traslado a Cataluña. Polémico viaje con escalas en el que el análisis y el rigor han sucumbido ante la presión de los socios del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
LOs catalanes talante Maragall-Carod han querido humillar a los salmantinos castigando a su ciudad. Al patrimonio de la ciudad. Como nacionalistas saben por experiencia propia cuál es la fuerza de la irracionalidad que alberga en el ser humano y les gustaría que los salmantinos y, en general, los castellanos y leoneses rebajasen a su condición.
Es verdad que se puede hablar de Salamanca como sujeto histórico. Dice el refrán que lo que no da la naturaleza (a gentes como Carmen Calvo) no se lo puede prestar Salamanca. A esta Salamanca humanista en la que los estudiantes sacaban a hombros a Arias Montano han querido humillarla el nieto de un poeta y el hijo de un guardia civil con el beneplácito del heredero espiritual del capitán Lozano. Por ver si los salmantinos se ponen a su altura.
Junto a los Maragall y Carod hay otros catalanes que vienen a poner betadine a la herida. Si cabe son más deleznables. Quieren disimular la agresión con la tecnología. Argumentan que los salmantinos no deberían hacer escándalo con los documentos, ya que lo que importa es la información, y ésta está salvada por el soporte electrónico. Como si estuviéramos en una guerra de información. Por lo mismo, ¿por qué venir con camiones a Salamanca cuando ya tienen la información en Barcelona? ¿Y el poder de lo simbólico?, responden. Y entonces se enredan con Franco y la guerra civil y la Cataluña democrática y la Castilla prusiana... Son los catalanes que hacen de policía bueno. Piden calma a los salmantinos. Que no respondan airadamente, que no tomen la saca como una depredación o, de lo contrario, caerían en la provocación. No es bueno fomentar el odio contra Cataluña. Hay que aguantar. Como en el terrorismo, la peor de las agresiones es la respuesta de las víctimas. Los criminales son víctimas históricas mientras que los asesinados pasaban por allí. Que no provoque Mikel Buesa. Siempre hay una parte que tiene que ceder. En esta cuestión de los papeles de la guerra civil sería terrible que los salmantinos entraran en una guerra de regiones.
Zapatero ha puesto en marcha la guerra de los territorios y les ha dado salvoconductos. No hay día en que no demos un paso hacia la balcanización. El desguace del archivo forma parte de este proceso. De una guerra que se nos viene encima y en la que algunos tenemos que estar (por aquello del sentido de la responsabilidad) con las manos atadas a la espalda.
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 20 Enero 2006
Los meteorólogos trasatlánticos anuncian tormentas. «Crece la inquietud militar en España», titula La Nación en Buenos Aires. En Londres, Financial Times insiste: «Se extiende el descontento entre los militares contra el Gobierno socialista».
En París, Le Monde consagra dos grandes páginas a las víctimas de ETA, y las presenta con esta frase: «Olvidadas, durante mucho tiempo, las familias de las 800 ó 900 víctimas asesinadas por el terrorismo vasco desde 1968 desean hacer valer sus derechos». El cineasta Iñaki Arteba resume de este modo la opinión de familiares y víctimas: «Contrariamente a los asesinos, las víctimas no tienen nombre en ninguna calle, ni reciben homenajes ni ceremonias de recuerdo en los cementerios. Esa estructura de indiferencia ha permitido la supervivencia del terrorismo».
No sé si esa trágica austeridad verbal puede resumir dos páginas de testimonios atroces. Joseba Arregi añade: «Al principio, las víctimas eran consideradas como culpables». Desde su casa de Azkoitia, Pilar Elías declara: «Nadie puede negociar con mis muertos». Le Monde cierra su informe haciendo suya, sin entrecomillar, estas afirmaciones de Iñaki Arteta: «¿Reconciliación? ¿Irlanda? Aquí no hay dos campos enfrentados. Hay una banda terrorista, y las víctimas. El problema político es una ficción. Nadie precisa qué recubriría la expresión fin negociado de la violencia».
En el terreno diplomático, la agencia Tass concede una gran importancia a la próxima visita de Vladimir Putin a Madrid, para «consolidar relaciones privilegiadas». Esa visita se consumará en el peor momento para la imagen de España en Europa, cuando Angela Merkel ha viajado a Moscú a «hablar con claridad» a Putin, precisamente, y cuando el Wall Street Journal ha publicado un artículo devastador contra los «apaños» empresariales del presidente: uno de sus amigos íntimos, y ministro de telecomunicaciones, Leonid Reiman, puede ser, al mismo tiempo, el primer beneficiario de una empresa instalada en las Bermudas, desde donde, según esa versión, controlaría el inmenso negocio de los teléfonos móviles en Rusia.
Por su parte, el novelista Javier Marías entra a saco contra la Iglesia y el PP en una entrevista concedida al semanario Le Nouvel Observateur, acusándolos de «propiciar un clima de histeria». Sobre los nacionalistas vascos y catalanes lanza esta sentencia: «Cada vez se parecen más al nacionalismo franquista».
La negativa del Gobierno a inscribir en el registro del Ministerio de Cultura a la “Fundación para la Defensa de la Nación Española”, una iniciativa ciudadana surgida de la rica y plural sociedad civil española, refleja uno de los peores vicios de la izquierda de todas las épocas. Ninguna iniciativa ciudadana puede surgir, según la izquierda totalitaria, al margen del Gobierno o, lo que es lo mismo, la “sociedad civil” no es autónoma respecto del Estado. Esta prohibición, lejos de ser considerada como una broma o cuestión menor de la Administración de Zapatero, debería ser un ejemplo, una cuestión práctica, para estudiar en las facultades de Ciencias Políticas cómo un régimen democrático deriva en totalitario, o sea, cómo el poder del Estado devora en los momentos más insospechados el poder de la sociedad civil.
Hemos visto a Zapatero someterse a las durísimas invectivas de alumnos de bachillerato, y deambular por el concepto de nación. ¿Aguantaría las preguntas de un foro libre, sin intervenciones pactadas? ¿Se atrevería a decir que la nación es meramente un “conjunto de personas unidas”? ¿Respondería que la reforma constitucional acordada con los antisistema es el resultado de la “democracia deliberativa y transparente”? ¿Diría que la negociación con ETA es un “proceso de paz”? ¿Podría argumentar que la ley de partidos es “restrictiva”? Es probable que sí, porque no hay nada más que lo que se ve: ha llegado a su techo intelectual. Y por si algo no quedara claro, terminaría diciendo que él retiró las tropas de Irak. Bien. No hay lugar para la decepción. Quizá es que esperamos mucho de nuestros políticos.
Zapatero y el PSOE tienen un objetivo: el poder. No es ilegítimo, ni ilegal, sólo lo pueden ser los medios para conseguirlo. La estrecha vinculación a las posturas y al discurso del cuatripartito marcan las decisiones y las declaraciones del Presidente y de los ministros. Por ejemplo, el católico y español Bono no pierde oportunidad para borrar de los lemas e himnos militares toda referencia a Dios y a España, como si el bloque anticlerical y autodeterminista que forman IU y ERC se lo hubiera dictado.
Por esto resulta chocante que el Presidente dé un ultimátum para la negociación de la reforma del Estatuto catalán. Si busca el efecto de un golpe de fuerza, el de un puñetazo sobre la mesa, para mostrar que tiene criterio propio, ha fracasado. Como si la opinión pública pudiera creer a estas alturas que el gobierno socialista es capaz de imponer algo al cuatripartito. Prueba de ello es que ZP se ha aventurado a dar su definición de nación: “conjunto de personas unidas por un vínculo y una historia común, que quieren vivir de una forma unida”, sin que el pasado importe, sino el “vínculo de futuro”. Está muy bien, sí, ya lo creo.
Tal definición, desconocida hasta hoy en la historia del pensamiento político, nos indica por dónde va el “ultimátum”. ZP define así la nación porque quedará incrustada en el preámbulo del Estatuto catalán. Se trata de vaciar de contenido la palabra, relativizar el concepto para que sea digerible por los que aún sostienen la “E” de “español” en las siglas del partido. Nos anunciará que existe una “nación constitucional”, la española, y “naciones culturales” que responden a sentimientos. Porque la nacionalidad española no es más que una entelequia jurídica, un quítame allá ese artículo, un lastre del pasado. Si la Constitución ha de ajustarse a los tiempos después de 27 años, ¿por qué no principios, sentimientos o ideas, como nación española y soberanía nacional, que cuentan con algunos cientos de años? Bienvenido a la modernidad.
Hay cierta política que relativiza las palabras y su significado, las acomoda para encajarlas en un discurso blando, manejable, dúctil, como esa típica conferencia que el “intelectual” avispado coloca en un congreso tras otro. Siempre interpretable y jamás comprometido. Y sirve para casi todo, incluso para presidir un Gobierno.
EL grupo mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va a proponer al pleno de este órgano constitucional una dura respuesta a las críticas que recibió del Congreso de los Diputados en diciembre pasado por la decisión de elaborar a instancia propia un dictamen sobre el proyecto de Estatuto para Cataluña. Fue entonces cuando la mayoría que respalda al Gobierno acordó instar al CGPJ para que «se abstenga en el futuro de realizar estudios, informes o dictámenes en relación a materias y actividades de otros órganos constitucionales que sean susceptibles de contener juicios de oportunidad política y que no sean expresamente preceptivos». En resumen: que hable el Consejo cuando se le pregunte, lo que, dicho así, supone dar al Parlamento una superioridad sobre otro órgano constitucional -como el CGPJ- que no le corresponde. La mayoría del Consejo quiere que este órgano defienda su competencia consultiva y que invite al Parlamento a plantear, si lo cree conveniente, un conflicto ante el Tribunal Constitucional.
Llama la atención que ese requerimiento parlamentario se produjera a cuenta del nuevo Estatuto catalán y que sobre esta propuesta el Gobierno haya negado la opinión incluso al Consejo de Estado. Quizá sea para no oír lo que no le interesa. Aunque este dictamen del CGPJ no ha sido sometido a debate y aprobación en el Pleno -por una incongruente decisión de su presidente, Francisco Hernando-, es de dominio público que recoge hasta catorce vicios de inconstitucionalidad en el modelo judicial del proyecto estatutario. Por eso, la iniciativa de la mayoría del CGPJ se inscribe en la discordia provocada por el Gobierno socialista con las instituciones consultivas del Estado, a las que elude siempre que puede y, en todo caso, desoye cuando le conviene. El resultado está siendo un empobrecimiento notorio de la actividad legislativa, al quedar privada de las aportaciones de instituciones cuya función es, precisamente, asesorar y dictaminar sobre las futuras leyes. La tensión con el CGPJ es la expresión de una forma de gobernar dominada por la altanería y la soberbia, en absoluto coherente no sólo con la condición de gobierno minoritario que tiene el que preside Rodríguez Zapatero, sino con un correcto entendimiento institucional del ejercicio democrático del poder, mucho más elevado que el mero recuento de escaños. Desde esta falta de sentido de la prudencia se entiende la aprobación de leyes en las que el Gobierno y la coalición de partidos que lo apoya en el Parlamento han conservado la mayoría de los posibles vicios de inconstitucionalidad advertidos por el CGPJ o el Consejo de Estado, según sus competencias. Recuérdese, en este sentido, la Ley integral contra la Violencia Doméstica, la reforma que extendió el matrimonio a las parejas homosexuales, la modificación del nombramiento de cargos judiciales o la Ley Orgánica de Educación.
En particular, el CGPJ es objeto constante de una política de deslegitimación y arrinconamiento por parte del Gobierno. Es cierto que algunas declaraciones de Hernando -impropias de su cargo- han facilitado la táctica del Gobierno, pero han sido meras excusas para pretender dejar a un lado a una institución que escapa al control político del Ejecutivo. La última comparecencia parlamentaria de Hernando, por unas prescindibles afirmaciones sobre el proyecto de Estatuto catalán, fue un auto de fe que trascendió de la persona para ir directamente contra la institución que representaba. Aprendida la lección, mejor haría Hernando en dejar de lanzar frases ocurrentes sobre la propuesta estatutaria y, en su lugar, llevar al Pleno el dictamen elaborado sobre la misma, para que sea el órgano el que se pronuncie institucionalmente.
El mandato de Rodríguez Zapatero es, en esta cuestión, repetitivo de viejos vicios. Nuevamente, la relación de un Gobierno socialista con la Justicia se basa en la profunda repelencia que en aquél produce la independencia judicial y la autonomía de su órgano de gobierno. Las objeciones a la prohibición del acto de Batasuna previsto para el día 21, hechas, entre otros, por el presidente y su fiscal general previamente al auto del juez Grande-Marlaska, revelaban algo más que una discrepancia técnica sobre la suspensión de la convocatoria proetarra. Demostraba también el modelo de relación entre Poderes constitucionales al que aspira el Gobierno: una Justicia con interruptor político, sometida a la conveniencia de unas tácticas que, eso sí, no se llevan con sinceridad y responsabilidad al Parlamento para que se debatan y adopten, en su caso, en forma de leyes públicas y vinculantes (también para los jueces), sino que se mantienen en una trastienda de la que sólo salen para cuestionar las decisiones judiciales y deslegitimar su imparcialidad.
Por CARLOS HERRERA ABC 20 Enero 2006
¿QUÉ querrá decir la directora de la cárcel de Algeciras, Isabel Martínez de la Torre, cuando en declaraciones al diario «El Faro Información» afirma sin empacho que los presos de ETA son «honrados y normales» y que, además, «se puede aprender de ellos»? ¿Cuál es el criterio que tiene esta señora sobre la honradez? Creía este articulista, probablemente en su inopia, que un preso asesino que no se arrepiente de sus crímenes resulta un ejemplo poco edificante para los más comunes de los mortales, pero hete aquí que este ángel igualitario y garantista ha venido a sacarle de su error y a demostrarle que el bien anida hasta en la maldad más perversa. Sigo preguntando desde la inocencia: ¿puede un funcionario público decir cosas como esas? Añado: ¿debería estar la señora Martínez sometida a un régimen similar al de los profesionales de la milicia? Si el teniente general Mena ha sido arrestado por manifestar sus reservas acerca de determinadas reformas legislativas y hacerlo, además, en alocución oficial, ¿sería de desear que algún reglamento punitivo se aplicase a la responsable de una prisión en la que moran los más peligrosos asesinos organizados de la historia de España, a los que dicha señora considera «gente de la que se puede aprender»? Por cierto: ¿qué se puede aprender de pistoleros que han masacrado a familias enteras, que han sembrado el país de huérfanos, que han chantajeado y arruinado a cientos de empresarios, que han movilizado hacia el exilio de su tierra a miles de personas? ¿Son las declaraciones de la directora de la prisión de Algeciras un indicativo de por dónde van los criterios antiterroristas de la pléyade de seguidores del presidente del Gobierno?
La estupidez espetada por esta funcionaria -que algunas voces califican de apología del terrorismo- puede haber sido causada por un transitorio e igualmente injustificable «síndrome de Estocolmo» o por el deseo confesado de pertenecer a la estirpe de políticos al estilo de Rodríguez Zapatero, que piensan que los derechos individuales de los miembros de Batasuna son intocables, ésos que les permitirían celebrar congresos con el anagrama de ETA por muy ilegalizados que estén. En cualquiera de ambas posibilidades, Isabel Martínez merece que la destituyan; conociendo, no obstante, la doctrina imperante dictada por la muy meliflua y progresista directora de Asuntos Penitenciarios, lo más probable es que la asciendan o le suban el sueldo. En la España de este PSOE todo es posible. El desprecio por las víctimas que reflejan estas manifestaciones está en perfecta consonancia con la política hacia ellas que el Gobierno de la nación ha puesto en práctica desde que en sus planes sólo entra pactar con la banda terrorista en lugar de terminar con ella. Poco importa, por lo visto, que entre los presos de ese centro se encuentre un sujeto como De Juana Chaos, que a no pocos funcionarios de prisiones ha amenazado con sus soflamas habituales. ¿Qué tiene de «admirable» que un preso de ETA solicite langostinos y champán cuando sus compañeros de banda asesinan a un matrimonio como los Jiménez-Becerril? ¿De qué pretende convencernos una irresponsable como la tal Martínez?
A todas las prebendas y los módulos especiales de los que gozan los presos de ETA hay que sumar ahora la del respeto institucional. Entretanto, los funcionarios que han debido reforzar su seguridad amenazados por el sujeto anteriormente mentado no salen de su asombro, y los ciudadanos que vemos los muros de la prisión desde el lado del sol, tampoco. Sepan, pues, los asesinados por estos individuos que, según su vigilante, son personas normales, intachables, cultas y dignas de impartir enseñanzas. Sin más.
O la hemos malinterpretado y todo es una injusticia tremenda, o la hemos interpretado demasiado bien. En el primer caso tendrá derecho a matizar y rectificar. Lo segundo resulta, sencillamente, infame.
Si a cualquiera de los periodistas que asistimos en el acuartelamiento del Servicio Geográfico del Ejército en Campamento, Madrid, al juicio contra los militares golpistas del 23-F, algún aprendiz de brujo nos hubiera vaticinado que el "gran mudo" haría ruido en 2006 en defensa de la Constitución del 78, la reacción inmediata habría sido la de llevarnos las manos la cabeza en señal de descreimiento.
Nadie hubiera imaginado que un Ejército cuestionado entonces por su escasa lealtad constitucional y juzgado, en parte, por intentar violentar el sistema democrático, expresaría preocupación e inquietud por la suerte de la Carta Magna dos décadas después de aquella vista oral.
El dudoso mérito de que esto haya ocurrido y las Fuerzas Armadas, un remanso de tranquilidad desde el último "run run de sables" del 83, hayan roto ese prolongado tiempo de discreción y nulo protagonismo informativo, a no ser que fuera por la presencia de soldados españoles en conflictos internacionales como los del Golfo Pérsico, Bosnia, Afganistán o Irak, hay que atribuírselo a Zapatero.
El malestar expresado por los militares sancionados, compartido por una parte significativa de la sociedad, no es más que la consecuencia de la política errática y contradictoria de un presidente del Gobierno al que no le importa trivializar el significado de las palabras y de los conceptos, o de relativizar el alcance de los principios con tal de conseguir algo "como sea".
Y cuando el resultado no es el previsible y esperado, "aquí no pasa nada"; y no es así, no, porque el deterioro político, la crispación y malestar que ha llegado hasta el Ejército mismo, sin olvidar el enfrentamiento entre comunidades, que ha generado el nuevo Estatuto catalán impulsado por el propio ZP, no pueden quedar "a beneficio de inventario". Lo más probable es que, en coherencia con la consigna política del presidente, haya acuerdo "como sea", entre otras razones, para impedir que el fracaso, advierte Carod, se convierta en un triunfo del PP, y eso sería inaceptable para quienes hicieron profesión de fe "antipopular" en el salón del Tinell.
El daño está hecho y ahora ¿quién le puede negar el privilegio de "nación" a Andalucía en el preámbulo del futuro Estatuto reformado, como también reclamó el Partido Andalucista en consonancia con Cataluña? Seguimos de lío en lío y tiro porque me toca; así es la "España de la oca" de ZP.
La insistencia de los nacional-separatistas catalanes en que las Cortes Generales aprueben –de manera fraudulenta- un nuevo Estatuto con la denominación de nación aplicada a Cataluña no responde a poesía ni romanticismo. Es un paso más en el despedazamiento de España.
En el blog de los Radikales Libres, que recomiendo a mis lectores para enterarse de cómo gobierna el Bipartito social-suevo, he encontrado un artículo de Juan José R. Calaza en el que lo explica de manera sencilla.
Supongamos que los secesionistas se presentan en la ONU, Estatuto en mano, invocando el reconocimiento de nación e incluso planteando que se abra un expediente de descolonización. ¿Qué pasará? Seguramente nada bueno. A los juristas de la ONU les importan tres cominos los intríngulis de la ingeniería constitucional española, y no ponderarán si el termino nación del preámbulo, o su equivalente, tiene carácter descriptivo aunque no asertivo . Lo que sí tendrán muy en cuenta en la ONU serán los respaldos políticos de Cataluña.
¿A quiénes les interesa una España fragmentada? A Francia, Portugal, Marruecos y sus respectivas áreas de influencia. Por ejemplo, Mario Soares considera que España no es una nación, pero Cataluña sí.
Para que los catalanistas se hagan una idea del hartazgo que están causando incluso entre sus aliados mesetarios, pueden leer el artículo de uno de los intelectuales preferidos de Rodríguez: Juan Álvarez Junco. Éste fue premiado por el Gobierno del PP en 2002 por un libro que habla de una supuesta invención de España en la guerra de la Independencia. Ni que decir que su hipótesis ha sido refutada por historiadores de izquierdas y derechas, aunque ha satisfecho a muchos políticos. Y ahora Álvarez Junco recrimina su sectarismo al Parlamento autonómico.
en el proyecto se halla constantemente presente una Cataluña esencial, idéntica a sí misma, cargada de "derechos históricos", agraviada siempre por "España" y a la vez impermeable a toda influencia española. Los autores del texto ni siquiera parecen ser los diputados que lo redactaron y aprobaron, sino "Cataluña", ente espiritual que ha "definido una lengua y una cultura" o "modelado un paisaje" en esa parte del globo. (...)
Cataluña se ve también dibujada como un organismo vivo, dotado de voluntad y capacidad de raciocinio: "Cataluña considera..., quiere..., expresa su voluntad de". Es un retorno al Volksgeist, a las almas colectivas, a los caracteres nacionales, a la visión orgánica de las sociedades, propia del romanticismo de mediados del siglo XIX. Es asombroso que, a comienzos del XXI, un 89% del Parlamento catalán suscriba esta manera de entender el mundo.
Sorprenden también las referencias a la historia como legitimadora de este proyecto político. Es una historia sesgada, sólo interesada en avalar la existencia de una identidad nacional permanente. Más cierto sería decir que las instituciones del Antiguo Régimen defendían privilegios corporativos y no tenían el menor contenido "nacional" (¿quién pensaba entonces en "pueblos soberanos"?).
(La Razón). Podrá decirse, y no sin razón, que estamos polarizados, ad delirium, en una sola cuestión desde hace meses: escenificar cómo un Estado, entre los más viejos del mundo, y cuyas fronteras apenas se han mo-dificado en 500 años, va recorriendo una senda perversa, con el im-pulso de sus propios órganos rectores, para entrar en un proceso que podría ser la primera fase de su propia disolución.
El panorama en cuestión no sólo es inquietante por el nuevo Estatuto de Cataluña, sino, sobre todo, por lo que su eventual aprobación apresurada e inconstitucional podría precipitar. En ese sentido, estamos ante la típica situación de “todavía más”. Porque, efectivamente, la aprobación de ese Estatuto con el enfoque que sorprendentemente está inculcándole Rodríguez Zapatero, no sería sino el principio de algo mucho más complicado y peligroso, pues en poco tiempo vendría el “todavía más” de ir a la secesión, o a un Estado confederal agua-chinado por su laxitud. Y en esa trayectoria centrífuga entrarían otras CC.AA., como ya se ha advertido públicamente, al plantearse la Cláusula Camps respecto al proyecto valenciano.
El ambiente es más que preocupante, como se ha visto con el reciente debate público en torno al artículo 8 de la Constitución. Y en análogo contexto, cabrá preguntarse, legítimamente, qué va a pasar con el artículo 56.1 de nuestra Carta Magna, en el que se dice textualmente: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”.
Cataluña es muy importante dentro de España: representa el 6 por 100 de su territorio, el 15,5 de su población, y en torno al 20 por 100 del PIB. Pero sobre todo, es decisiva por lo que representa de avanzada en cuestiones como cultura y tecnología, economía y arte, y tantas otras cosas. Y todo lo que se ha conseguido en esa dirección en los últimos 27 años, que ha sido mucho, se logró en un marco constitucional y estatutario que ahora quiere trasmutarse. Con un texto, que si no se remedia, crearía condiciones discriminatorias para el resto de España (y a favor de una minoría política ansiosa de poder), redundando en una animadversión profunda entre CC.AA. que lo complicaría todo.
En ese sentido ya se ve frotándose las manos, con el mayor descaro, a los nacionalistas del País Vasco, incluida la Batasuna ahora extrañamente protegida por el Presidente del Gobierno. Todos, buscando una nueva versión del Plan Ibarreche, a la que también el PSOE local ya parece dispuesto a dar sus bendiciones, en busca de una Nación Vasca que nunca existió. Pues sólo en 1936 se formó, efímeramente, por primera vez, un conjunto autónomo vasco. Consagrado después, con muchas más facultades, por la Constitución de 1978.
Y ahora llega el turno a Galicia, donde para justificar la idea de la Na-ción Gallega (¿es qué no puede pensarse en otra cosa desde los nacionalismos históricamente aberrantes?), el BNG ha resucitado el Reino de los Suevos (sic) de los siglos V y VI. Con un desconocimiento histórico tal, que no cabe sino recomendarles que por lo menos se lean el inolvidable libro de Luis García Valdeavellano (“Historia de España: desde los orígenes a la baja Edad Media”, Revista de Occidente, 1952), donde se relatan los episodios de sus reyes, desde Hermerico (a. 430), hasta Eborico y Andeca (a. 583).
Los disparates que vamos viendo, resultan cada vez más difíciles de calibrar. Y el eco que están teniendo en La Moncloa es más que preocupante. El Sr. Rodríguez Zapatero es muy joven, sólo 45 años, y hace 27, cuando se refrendó popularmente la Constitución, sólo tenía 18. Apenas había llegado a la mayoría de edad, pero se supone que sabe lo que fue la transición, y lo mucho que representa el pacto constituyente de 1978. Y si ahora quiere romperlo, que lo diga, y que recurra a los artículos 167 a 169 (con mayorías del 66 por 100 en las dos Cámaras y referéndum nacional), en vez de ir por el camino de fraude de ley que emprendió con su permisividad para trasmutar los estatutos.
Querer quebrar ahora la Constitución, con 28 años de éxito a sus es-aldas es una aventura más que temeraria, y en ese sentido, cuando se ha invocado la aplicabilidad de su artículo 102.1 y 2, no se está lejos de la realidad. La transición se hizo, la hicimos, para sentar las bases de la definitiva España democrática sine die. Hacer ahora borrón y cuenta nueva, sería un grave error, e incluso un crimen político. No podemos consentirlo, y en nuestra Ley de Leyes hay resortes democráticos para poner fin a tanto contrasentido histórico, e impul-sar con fuerza el futuro en común.
El gran logro de los europeos en las negociaciones con Irán para que ésta suspenda su programa nuclear ha sido –en palabras de uno de sus responsables– haber permanecido unidos todo este tiempo. Dos años, en realidad, donde la unidad de los europeos no ha conseguido modificar un ápice ni la ambición iraní ni sus tácticas dilatorias. Si eso es todo lo que pueden lograr los miembros de la UE como valor de su postura, los iraníes pueden estar más que satisfechos.
Irán necesita tiempo para dotarse de los elementos que su programa nuclear requiere. Y la postura negociadora de los europeos, que quieren poner todo el tiempo del mundo entre el ahora y un mañana en el que tendrían que enfrentarse a una decisión dura contra Irán, se lo están dando. Ahora se ha convocado una reunión extraordinaria de la Agencia Internacional de Energía Atómica para que se vote allí elevar la discusión al Consejo de Seguridad de la ONU. Se supone que con la idea de que éste condene la actitud iraní y se abra paso al camino de posibles sanciones.
Los europeos argumentan que Irán tiene miedo a una resolución condenatoria de la ONU. Sin embargo, ante el borrador de resolución que han hecho circular ayer miércoles, el presidente iraní no ha sido más que despreciativo. “Les haremos bajar de su torre de marfil”, ha dicho. Las sanciones tampoco parecen asustar más que las palabras condenatorias a Teherán. Más bien al contrario. No sólo contentos con amenazar a los occidentales con una subida del crudo, ahora el gobernador del banco central iraní ha avisado de que Irán podría hacer volver los petrodólares que tiene colocados en inversiones occidentales en caso de que se pongan en marcha alguna sanción en su contra. Y es que los ayatolás saben muy bien que en un pulso, son los europeos los más débiles. Y creen que Europa está jugando de farol. No hay acciones previstas si su estrategia diplomática actual fracasa.
El arma que más daño podría hacerle al régimen de Teherán –aparte de un ataque de decapitación– seria un boicot a sus exportaciones de petróleo. Son el 5% del total del crudo que se produce en un día pero le da a Irán el 90% de sus ingresos. De ahí que, al ser su fuente de riqueza su principal vulnerabilidad, Teherán haya firmado un importante contrato para suministrar crudo a China e intente influir en Chávez para que no sirva de fuente alternativa cara a los Estados Unidos y los europeos.
O sea que frente a la habilidad iraní y la impotencia europea, nosotros los europeos celebramos que estamos bien unidos en unas negociaciones que lejos de producir lo que se quiere, van por la senda opuesta. Celebraremos un Irán nuclear todos juntos, que es lo que parece que de verdad nos importa.

References: resolución 
 artículo 8
 artículo 56
 artículo 102
 resolución 
 resolución