Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400168.html
Timestamp: 2019-03-23 03:12:09+00:00

Document:
se201400168
SENTENCIA: 168/2014.
EXPEDIENTE N°: 674/2012.
PARTES: Administración Aduana Aeropuerto El Alto – Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Administración Aduanera Aeropuerto El Alto – Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 19 a 25, en la que se impugna la Resolución AGIT-RJ- 0643/2012 de 7 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la respuesta de fs. 32 a 34 y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Karen Cecilia López Paravicini de Zarate en representación de la Administración Aduanera Aeroportuaria El Alto –Gerencia Regional La Paz de la ANB, interpone demanda contencioso administrativa contra la AGIT, conforme establece el art. 2 de la Ley Nº 3092, los arts. 778 a 780 del Código de Procedimiento Civil y arts. 9 y 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, con base en los siguientes fundamentos:
Que la Agencia Despachante de Aduanas Meave & Cía. Ltda. por cuenta de sus comitentes USAID y la Embajada Americana, presenta las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) Nºs C-10973 de 27 de marzo de 2007, C-16224 de 3 de mayo de 2007, C-29066 de 25 de julio de 2007, C-29570 de 27 de julio de 2007, C-31185 de 8 de agosto de 2008, C-38710 de 21 de septiembre de 2007, C-39462 y C-39465 de 26 de septiembre de 2007, C-43524 de 22 de octubre de 2007 y C-50852 de 6 de diciembre de 2007, declaraciones sujetas a regularización, y según informes técnicos AN-GRLPZ-ELALA Nº 2243/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2235/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2236/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2251/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2237/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2240/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2241/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2242/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2275/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 2280/2011, todos de 22 de noviembre de 2011, indican que ni la Agencia Despachante de Aduanas ni sus comitentes USAID y Embajada Americana, no hubieran regularizado el despacho inmediato admitido mediante las citadas DUI´s, por lo que habiéndose vencido el plazo recomienda la emisión de la Vista de Cargo que sanciona con 200 UFV´s por incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato solicitado. Posteriormente la Administración Aduanera El Alto giró varias Vistas de Cargo por unificación de procedimientos, por el gravamen arancelario, IVA, presunta contravención de omisión de pago y multa por la contravención aduanera otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos, y por informes de 28 de diciembre de 2011, se señaló que la parte afectada no presentó sus descargos respectivos en el plazo señalado por ley, y que al incumplir los arts. 131 y 133 del RCTb, DS. 22225, así como el Procedimiento de Régimen de Importación para el Consumo aprobado mediante RD Nº 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, y al no regularizar las citadas DUI´s recomienda ratificar las Vistas de Cargo. A tal efecto la Administración Aduanera Aeroportuaria El Alto de la ANB emitió Resoluciones Determinativas, declarando firmes las mencionadas Vistas de Cargo en aplicación del art. 165 del CTB. Y la Ley Nº 2341, actos con los que fue notificada la Agencia Despachante de Aduanas Meave & Cía. Resoluciones Determinativas que fueron recurridas en recurso de alzada por la Agencia Aduanera el 29 de diciembre de 2011, solicitando la nulidad de las actuaciones de la administración tributaria, nulidad de la Vista de Cargo, vulneración al principio de congruencia en la emisión de las 10 resolución determinativas, solicitud de exención inconclusa y que no corresponde la sanción solidaridad; a estos fundamentos la Administración Aduanera respondió desmintiendo lo aseverado.
Contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2012 de 21 de mayo, la Agencia Despachante de Aduanas interpuso Recurso Jerárquico que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0643/2012 de 7 de agosto, que anula obrados por evidenciarse vicios de nulidad en el procedimiento de determinación seguido por la Administración Aduanera que vulnera el debido proceso, resolución jerárquica que ahora es objeto de la presente demanda.
Añade que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al no tomar en cuenta lo dispuesto en los arts. 12 inc. c) de la Ley 1990 (LGA), 45 del DS. 27310 (RCTB), 47 de la Ley 2492 (CTB), incurrió en un error de aplicación de la disposición contenida en el art. 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, modificada por el art. 46 del DS 27310, toda vez que bajo el principio de reserva legal y la garantía del debido proceso, la liquidación determinada por la Administración Aduanera, debe sujetarse a lo dispuesto en el art. 96. Parágrafo I, del Código Tributario Boliviano, debiendo practicarse a través de la Vista de Cargo previo proceso, y una vez que la Resolución Determinativa se encuentre ejecutoriada, recién proceder a la intimación de pago, bajo apercibimiento de ejecución tributaria, conforme señala el art. 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y que las facultades conferidas a la Administración Aduanera por los arts. 21, 100 y 104 de la Ley Nº 2492, en concordancia con los arts. 48 y 49 del DS 27310, sobre el control diferido inmediato o una fiscalización posterior, procedimientos que no son discrecionales ya que están normados por la RD 01-031-05, RD 01-004-09 y RD 01-008-11, y al haberse realizado el despacho de la mercancía sin el pago de tributos aduaneros, que debía ser regularizada con la presentación de la Resolución de Exención de pago de tributos lo que no sucedió, situación que no se ajusta a lo señalado en los arts. 48 y 49 del DS 27310, que dio lugar a la Resolución Determinativa, por lo que la declaración impaga, como efecto del rechazo de la solicitud de exención debe enmarcarse en lo previsto en el cuarto párrafo del art. 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el art. 46 del DS 27310 y 11 y 12 de la Ley Nº 1990.
Que conforme indican el art. 131 del Reglamento al Código Tributario Aduanero (DS 25870), se tiene claro que la importación bajo la modalidad de despacho inmediato, concluye mediante la regularización de la presentación de las Resoluciones de Exención Tributaria en el plazo de 60 días, en ese sentido, la Administración Aduanera puede ejercer su facultad de control en el curso del despacho inmediato y particularmente en la operación aduanera de regularización, es decir, hasta la conclusión del referido despacho inmediato, de lo contrario no puede iniciar la fiscalización posterior, porque el despacho inmediato no ha concluido mediante la regularización, por lo que la emisión de la Vista de Cargo se ajusta plenamente al art. 48 del Reglamento al Código Tributario boliviano, sin que se hubiere considerado que la liquidación determinada por la Administración Aduanera debió sujetarse a los arts. 96. I, 98 y 99 del Código Tributario boliviano, que disponen la emisión de la Vista de Cargo, y previo proceso, se dicte la resolución determinativa, precisamente en aplicación del principio de reserva legal y la garantía del debido proceso.
Que la unificación de procedimientos en la emisión de la Vista de Cargo como en el procedimiento de la Resolución Determinativa se la realizó en estricta observancia del art. 169 del CTB, que la Resolución Jerárquica impugnada carece de sustento legal e incurre en una interpretación inequívoca que solo dio lugar a un pronunciamiento de forma, aludiendo la decisión de fondo que debía ser la confirmación de la Resolución Determinativa, que por el principio de verdad material se estableció el incumplimiento de la regularización del despacho inmediato, existencia de omisión de pago y que la nulidad dispuesta fue infundada ya que impide el cobro de la deuda tributaria en perjuicio de los intereses del Estado.
Finalmente indica que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en casos análogos emitió resoluciones de recursos jerárquicos en sentido contrario, en las que reconoce la aplicación del procedimiento de la Vista de Cargo y de la resolución Determinativa.
Por todo lo referido, solicita se declare probada la demanda contenciosa administrativo, y declare nula y si valor legal la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0643/2012 de 7 de agosto, y en consecuencia firme las Resoluciones Determinativas AN-GRLPZ-ELALA Nº 54/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 55/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 56/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 63/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 57/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 59/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 60/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 61/2011, AN-GRLPZ-ELALA Nº 65/2011 y AN-GRLPZ-ELALA Nº 66/2011, todas de 28 de diciembre de 2011, con costas.
CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda, fue citada legalmente a la autoridad demandada y en tiempo hábil se apersonó la representante de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 32 a 34 vlta. contesta a la demanda en forma negativa, lo siguiente:
Que la Resolución de Recurso Jerárquico impugnada está clara y plenamente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, y que de las solicitudes de exención para la nacionalización sin el pago de tributos bajo la modalidad de despacho inmediato, por informes técnicos, indican que por información extraídos del sistema Sidunea++, las DUI´s no fueron regularizadas con la presentación de la Resoluciones de Exención de Tributos, con lo que se incumplió con lo previsto en el art. 131 del DS 25870, ocasionando la imposición de multas y sanciones, establecidas en las Resoluciones Determinativas, a lo cual la Aduana Nacional inicio una determinación de oficio, que debió surgir de las facultades otorgadas a la Administración Aduanera enmarcadas en los arts. 21, 100 y 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), conformen indican los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB), respecto al control de despachos, mercancías que debieron someterse al control diferido inmediato o una fiscalización posterior, procedimientos que no son discrecionales, porque están normados por las Resoluciones de Directorio Nº 01-031-05, 01-008-11, siendo que la mercancía se sometió a un control durante el despacho con el sorteo del respectivo canal, y fueron retiradas del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, estos actos procesales debieron realizarse dentro de una fiscalización posterior, que se inicia con la notificación con la orden de fiscalización, considerándose que este tipo de control se efectúa con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, con posterioridad al despacho aduanero, porque este despacho aduanero está pendiente de regularización.
Que la Administración Aduanera realizó acciones dirigidas al cobro de 10 DUI´s de mercancías despachadas sin el pago de tributos aduaneros, que se encontraban pendientes de regularización, aplicando un procesamiento de ilícitos tributarios, que no están vinculados a una determinación de oficio efectuada en el marco de los arts. 95 y siguientes de la Ley Nº 2492, debiendo efectuarse en aplicación del art. 168 de la misma Ley y la Resolución de Directorio Nº 01-011-04, por lo que al detectarse vicios de nulidad en el procedimiento, se determinó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo la administración aduanera, aplicar los procedimientos previstos en la normativa vigente, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las acciones que correspondan.
Concluye solicitando se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0643/2012 de 7 de agosto de 2012, emitida por la AGIT.
Luego consta de obrados, que al no haber presentado la entidad demandante la réplica dentro el plazo previsto por ley, por decreto de fs. 64, se tiene por renunciado este derecho, por consiguiente no habiendo nada más que tramitar, se decretó “Autos para Sentencia”.
CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del art. 10. I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
CONSIDERANDO IV: Que de los antecedentes administrativos y recursivos se puede colegir los siguientes hechos:
La Agencia Despachante de Aduanas Meave & Cía. Ltda. por cuenta de sus comitentes USAID y Embajada Americana, registro y validó 10 DUI´s (C-10973, C-16224, C-29066, C-29570, C-31185, C-38710, C-39462, C-39465, C-43524 y C-50852), bajo la modalidad de despacho inmediato, sin el pago de tributos aduaneros de acuerdo a solicitudes de exención tributaria que presentaron, que corresponden a 42 pallets de equipos de computación y accesorios, un bulto con equipo de laboratorio, 1 caja de cartón de accesorios para computación, 12 pallets con raciones secas para tropa, 2 cajas de cartón de software y documentos, 1 pallet con vajillas de porcelana, 1 caja de cartón con proyectores IN 24+, 60 cajas de cartón con equipos para computación y sus accesorios, 3 piezas de impresoras multifuncional y sus accesorios y una caja con computadora portátil (según anexos 3 al 12).
El 22 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emite los informes técnicos en las que dan cuenta que las precitadas DUI´s, están pendientes de regularización por falta de presentación en el plazo de 60 días de las Resoluciones de exención de tributos por parte de los interesados de acuerdo con el art. 131 del Reglamento a la Ley General de Aduanas DS 25870, por lo que recomiendan la emisión de las Vistas de Cargo, imponiendo sanción de 200 UFV por incumplimiento de regularización en el despacho inmediato a la Agencia y sus comitentes, e imponerles, calificando esas conductas como omisión de pago de tributos aduaneros prevista en los arts. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), con una multa por omisión de pago de tributos aduaneros y contravención aduanera por vencimiento de plazo, que totalizan por cada una: 1.142.072,97 UFV, 4.903.03 UFV, 31.197,67 UFV, 238.045,10 UFV, 121.458,74 UFV, 8.876,23 UFV, 26.878,93 UFV, 108.184,36 UFV, 6.506,54 UFV y 7.875,32 UFV, otorgando un plazo de 30 días a la ADA MEAVE & CIA, para que presenten descargos, a tal efecto el sujeto pasivo presentó descargos y argumenta que la presentación de la Resolución de Exoneración se encuentra en trámite y que la sanción impuesta es improcedente. Posteriormente se emiten los informes técnicos, que comunican que después de un análisis de los descargos presentados y argumentos, los despachos inmediatos de las referidas DUI´s, se encuentran pendientes de regularización y estos infringen lo establecido de los arts. 160. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTb), consecuentemente se emiten 10 Resoluciones Determinativas (que cursan en los anexos 3 al 12), que declaran firmes las Vistas de Cargo; Resoluciones Determinativas que fueron recurridas en Recurso de Alzada por la Agencia Despachante de Aduanas Meave & Cía. Ltda. que mereció la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2012 de 21 de mayo, que confirma las 10 Resoluciones Determinativas impugnadas; posteriormente dicha Resolución es recurrida en Recurso Jerárquico por la Agencia Despachante MEAVA & Cia, y por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0643/2012 de 7 de agosto, anula la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0400/2012, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto hasta las Vistas de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nºs 0108/2011, 0109/2011, 0110/2011, 0123/2011, 0111/2011, 0114/2011, 0115/2011, 0116/2011, 0144/2011 y 0149/2011, inclusive, debiendo la Administración Aduanera, aplicar los procedimientos previstos en la Ley 2492 (CTB), DS. 27310, Reglamento a la Ley General de Aduanas y RD 01-011-04 de 23 de marzo de 2004, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan; conforme establece el inc. c), parágrafo I del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).
De la normativa aplicable y de los antecedentes de la demanda y contestación se tiene: que al existir denuncia de vulneración de principios constitucionales y normas administrativas tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la presente controversia se circunscribe a un hecho puntual:
Si el procedimiento de determinación de deudas tributarias aduaneras realizado por la Administración Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, aplicado en el presente caso fue el correcto o no.
Ingresando al análisis del caso, indicamos que el debido proceso en términos generales, se trata de una garantía constitucional que protege a los particulares frente a la acción del Estado a través de sus instituciones que puedan afectar sus derechos o situaciones jurídicas, debiendo ser atendida con un procedimiento en el que se garantice una amplia oportunidad de defensa, implica también, que un individuo sólo puede ser considerado culpable si las pruebas de su conducta han sido logradas a través de un procedimiento legal seguido por autoridades que no se extralimiten en sus atribuciones, lo que significa la consagración de dos valores; la primacía del individuo y la limitación del poder público.
En materia aduanera, para la determinación de una deuda tributaria por los efectos de una contravención aduanera, se debe seguir una serie de procedimientos, los mismos están ya establecidos en la Ley Nº 2492 del CTB entre otras normativas de orden legal, y que la aplicación correcta de estas normativas sin lugar a dudas nos encaminaría a una correcta determinación de la sanción que se impondrá al sujeto contraventor, por lo que pasamos a desarrollar lo siguiente:
El Art. 66° (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:
13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:
Art 93°.I núm. 2 (Formas de Determinación). I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley.
La sección V: CONTROL, VERIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN, art. 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.
2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.
El Reglamento al Código Tributario boliviano en su art. 48, señala: (FACULTADES DE CONTROL). “La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior”. Como también las Resoluciones de Directorio: RD Nº 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, que aprueba el procedimiento de control diferido y diferido inmediato; RD Nº 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el procedimiento del régimen de importación para el consumo; y la RD Nº 01-10-04 que aprueba el procedimiento de fiscalización aduanera posterior, que prevén y concluyen con la emisión de la Vista de Cargo en cumplimiento al art. 96 del CTB.
Cuando se trata de un despacho inmediato, corresponde que el importador haga entrega al declarante la documentación consistente en el soporte original para la complementación de la información faltante en la DUI y su posterior presentación ante la Administración Aduanera, conjuntamente con los documentos originales para la formalización y conclusión de la regularización del despacho inmediato; la regularización de las DUI´s de despacho inmediato se encuentra sujeto a la presentación del descargo correspondiente en 60 días, computados a partir de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías con solicitud de exención del pago de los tributos aduaneros de importación, destinadas al sector diplomático, sector público, sector no gubernamental y donaciones a entidades no públicas.
En el presente caso, la Administración Aduanera, a través de las 10 Vistas de Cargo AN-GRLPZ-ELALA Nºs 0108/2011, 0109/2011, 0110/2011, 0123/2011, 0111/2011, 0114/2011, 0115/2011, 0116/2011, 0144/2011 y 0149/2011, establecieron deudas tributarias e imposición de sanciones al contribuyente, por no haberse regularizado los tramites con la presentación de las Resoluciones de Exoneración, de lo que se advierte que las 10 DUI´s que se pretendió nacionalizar, no fueron sometidas a fiscalización de acuerdo a procedimiento, que garantice a la Agencia Despachante de Aduana Meave & Cia. Ltda. o a sus comitentes USAID y Embajada Americana, a asumir defensa, toda vez que las mercancías que fueron sometidas a control durante el despacho con el sorteo del respectivo canal y retiradas las mercaderías del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, no tuvo una fiscalización posterior realizada por la Administración Aduanera, emitiéndose directamente las Vistas de Cargo, unificando procedimientos, para luego emitir las diez Resoluciones Determinativas, sin considerar las declaraciones hechas por el contribuyente, que emergen de una auto declaración, por lo que existió vulneración al art. 104 de la Ley 2492, normativa que exige la existencia de una Orden de Fiscalización, estableciendo su alcance conforme la documentación a ser fiscalizada, es decir, correspondiendo ser sometido al procedimiento de Control Diferido, en observancia del art. 100 del Código Tributario, art. 48 del DS 27310 Reglamento del Código Tributario y art. 296 del DS 25870 Reglamento de la Ley General de Aduanas, y también de acuerdo al art. 48 del Reglamento del Código Tributario boliviano, concluyéndose que no correspondía que mediante Vista de Cargo se aplique la fase determinativa por unificación de procedimiento conforme el art. 169 de la ley 2492, coartándose de este modo el ejercicio a su derecho de reclamo, al no aplicarse la normativa correcta para establecer el procedimiento para una determinación exacta de la deuda tributaria y la imposición de sanción, que vulneró el derecho al “debido proceso” y a la “defensa” del sujeto pasivo, omisiones que fueron observadas por la AGIT correctamente en instancia jerárquica, por consiguiente la Administración Aduanera actuó en inobservancia de los principios, derechos y garantías Constitucionales establecidos en los arts. 115. II y 116. I y 117. I de la CPE. Por lo que la determinación de la deuda tributaria mediante el procedimiento realizado por la administración Aduanera no fue la correcta.
Añadiendo a lo expuesto, que en los procesos administrativos como el presente caso, inclusive la verdad material prevalece sobre la verdad formal, conforme determinan los arts. 180. I de la Constitución Política del Estado y 30. núm. 11) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, con el propósito de esclarecer del modo más completo posible las circunstancias reales del asunto, así como también los derechos y obligaciones y no determinar directamente una sanción sin establecer la verdad de los hechos, previa evaluación de la documentación correspondiente conforme determina la normativa tributaria para efectos de fiscalización.
Que a mérito del análisis jurídico expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia concluye, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución impugnada, no incurrió en contradicción, ni infringió ninguna norma legal o vulneró derecho alguno, al contrario realizó correcta valoración e interpretación de las pruebas y normativa legal para la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0643/2012, argumentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 19 a 25, interpuesta por la Administración Aduanera Aeropuerto El Alto – Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0643/2012 de 7 de agosto de 2012.
No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Duran por emitir voto disidente.

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 Artículo 102
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