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Timestamp: 2016-08-26 20:02:33+00:00

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Vigencia desde 30 de Abril de 2011. Esta revisi�n vigente desde 10 de Octubre de 2015
Vigente desde 30/Abril/2011 hasta 10/Octubre/2015
�Entidades de la econom�a social
�Cat�logo de entidades de econom�a social
�Fomento y difusi�n de la econom�a social
�Incentivos a la incorporaci�n de trabajadores a entidades de la econom�a social
�Capitalizaci�n de la prestaci�n por desempleo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales
�Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en per�odo de descanso por maternidad, adopci�n, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensi�n por paternidad
�Consejo para el Fomento de la Econom�a Social
�Informaci�n estad�stica sobre las entidades de la econom�a social
�Ordenaci�n Jur�dica de la ONCE como entidad singular
�Integraci�n de las empresas de la econom�a social en las estrategias para la mejora de la productividad
�Informe del Gobierno
�Ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de Licenciado en Psicolog�a o Graduado en el �mbito de la Psicolog�a
�Programa de impulso de las entidades de econom�a social
�R�gimen transitorio aplicable del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social
L 31/2015 de 9 Sep. (modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social) Ocultar / Mostrar comentarios N�mero 4 del art�culo 5 introducido por el n�mero uno del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
Art�culo 9 introducido en su actual redacci�n por el n�mero dos del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
Art�culo 10 introducido por el n�mero tres del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
introducido por el n�mero cuatro del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
Art�culo 12 introducido por el n�mero cinco del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
Art�culo 13 renumerado por el n�mero seis del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
Disposici�n final primera redactada por el apartado siete del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).
L 5/2011 de 29 Mar. (de Econom�a Social) Ocultar / Mostrar comentarios V�ase la disposici�n transitoria primera de esta Ley, respecto al r�gimen transitorio aplicable.
El marco hist�rico de nacimiento del concepto moderno de Econom�a Social se estructura a trav�s de las primeras experiencias cooperativas, asociativas y mutualistas que surgen desde finales del siglo XVIII y se desarrollan a lo largo del siglo XIX en distintos pa�ses de Europa (Inglaterra, Italia, Francia o Espa�a). A partir de este concepto tradicional de origen decimon�nico que engloba a las cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones, se fueron sucediendo en la d�cada de los a�os 70 y 80 del pasado siglo y en distintos pa�ses europeos, declaraciones que caracterizan la identificaci�n de la econom�a social en torno a distintos principios. De este modo, en Francia la �Charte de l��conomie sociale� define el t�rmino de econom�a social como �el conjunto de entidades no pertenecientes al sector p�blico que con funcionamiento y gesti�n democr�ticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un r�gimen especial de propiedad y distribuci�n de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad�. En este mismo sentido, el �Conseil Wallon de l��conomie sociale� hace lo propio en B�lgica.
En 1992 el Comit� Econ�mico y Social Europeo present� tres Propuestas de Reglamento de Estatutos de la Asociaci�n Europea, de la Cooperativa Europea y de la Mutualidad Europea. De estas iniciativas lleg� a t�rmino el Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (Reglamento CE 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003) y la Directiva por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicaci�n de los trabajadores (Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio). El Reglamento caracteriza a las cooperativas como agrupaciones de personas que se rigen por principios de funcionamiento espec�ficos diferentes de los de otros agentes econ�micos, caracterizados por la primac�a de la persona. Esta primac�a de la persona se refleja en disposiciones espec�ficas relativas a las condiciones de adhesi�n, renuncia y exclusi�n de las socias y los socios; en la regla una persona, un voto, y en la imposibilidad de que sus integrantes ejerzan un derecho sobre el activo de la sociedad cooperativa.
La Carta de principios de la Econom�a Social en 2002 de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), antecesora de la actual asociaci�n europea de econom�a social (Social Economy Europe), introduce en el acervo comunitario un conjunto de principios que permiten plasmar una realidad diferenciada de las entidades de la econom�a social, tales como la primac�a de la persona y del objeto social sobre el capital, la adhesi�n voluntaria y abierta, el control democr�tico por sus integrantes, conjunci�n de los intereses de las personas usuarias y del inter�s general, defensa y aplicaci�n de los principios de solidaridad y responsabilidad, autonom�a de gesti�n e independencia respecto de los poderes p�blicos y el destino de los excedentes a la consecuci�n de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del inter�s de los servicios a sus integrantes y del inter�s social. Esta realidad palpable y concreta ha trascendido posteriormente al �mbito comunitario en el propio Parlamento Europeo, por medio del Informe 2008/2250 (INI) de 26 de enero de 2009 o en el propio Comit� Econ�mico y Social Europeo, a trav�s de distintos dict�menes, como �Econom�a Social y mercado �nico� en el a�o 2000, o m�s recientemente el dictamen de �Distintos tipos de empresas� del a�o 2009. A la luz de lo expuesto, el Derecho Comparado ilustra, por lo tanto, la tendencia de los pa�ses al establecimiento de un marco jur�dico de apoyo y reconocimiento de la econom�a social como actividad econ�mica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de apoyo y fomento p�blico.
En Espa�a, resulta de inter�s destacar el sustrato jur�dico en el que se fundamentan las entidades de la econom�a social que obtiene el m�s alto rango derivado de los art�culos de la Constituci�n Espa�ola. As� ocurre en diversos art�culos que hacen referencia, de forma gen�rica o espec�fica, a alguna de las entidades de econom�a social como sucede en el art�culo 1.1, en el art�culo 129.2 o la propia cl�usula de igualdad social del art�culo 9.2, y otros art�culos concretos como el 40, el 41 y el 47, que plasman el fuerte arraigo de las citadas entidades en el texto constitucional.
A partir del a�o 1990, en Espa�a, la econom�a social empieza a tener un reconocimiento expreso por parte de las instituciones p�blicas, con ocasi�n de la creaci�n del Instituto Nacional de Fomento de la Econom�a Social (INFES), por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. Dicho Instituto sustituy� a la antigua Direcci�n General de Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y entre sus objetivos, figur� el fomento de las entidades de econom�a social y por ello cre� en su seno el Consejo. Una vez desaparecido el Instituto en el a�o 1997, sus funciones fueron asumidas por la Direcci�n General del Fomento de la Econom�a Social y del Fondo Social Europeo. La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, incorpora el Consejo para el Fomento de la Econom�a Social como �rgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la econom�a social, y que fue desarrollado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organizaci�n y funcionamiento del Consejo. Este Consejo, por lo tanto, se configura como la instituci�n que dota de visibilidad al conjunto de entidades de la econom�a social.
A mayor abundamiento, y debido a la descentralizaci�n competencial que caracteriza el sistema territorial del Estado, existen diversas normas sustantivas de las diferentes entidades de la econom�a social cuya regulaci�n se ubica tambi�n en el �mbito auton�mico, dando lugar a la existencia de instituciones similares en el seno de las Comunidades Aut�nomas que refuerzan la visibilidad institucional de las distintas entidades que se incardinan en el referido sector.
Las sociedades cooperativas, en sus distintas modalidades, y entre ellas, las de trabajo asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, mar, cr�dito, ense�anza, sanitarias, seguros, de transporte, las sociedades laborales, las asociaciones, fundaciones y mutualidades, las empresas de inserci�n, los centros especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformaci�n y las cofrad�as de pescadores comparten los principios orientadores de la econom�a social. Todas estas entidades se ven reflejadas de forma directa o indirecta en los referidos art�culos de la Constituci�n Espa�ola reuniendo los principios que les otorgan un car�cter diferencial y espec�fico respecto a otro tipo de sociedades y entidades del �mbito mercantil. Adem�s, existe una din�mica viva de las entidades de la econom�a social que hace que confluyan distintas entidades singulares que tambi�n participan de los mismos principios que las anteriores.
Este rico acervo se completa con un cat�logo de entidades potenciales que pueden adscribirse a la econom�a social, pero siempre que dichas figuras est�n acotadas a los principios que determinan una peculiaridad intr�nseca en valores y perfectamente delimitadas en su configuraci�n espec�fica.
Existen distintas iniciativas destacables que coinciden en la necesidad de aprobar una Ley de Econom�a Social. Por una parte, la demanda de la Confederaci�n Empresarial Espa�ola de la Econom�a Social (CEPES) con una propuesta de texto articulado y, por otra parte, los trabajos realizados por la Subcomisi�n Parlamentaria del Congreso de los Diputados, que estuvo en funcionamiento desde marzo del a�o 2007 hasta el final de dicho a�o, y cuyo objetivo era el estudio de la situaci�n de la econom�a social en Espa�a y proponer actuaciones para su fomento.
Por otra parte, la necesidad de aprobar una Ley de la Econom�a Social conecta directamente con los principios que inspiran y los objetivos que persigue la Ley de Econom�a Sostenible, en la medida que la econom�a social es, en cierto modo, precursora y est� comprometida con el modelo econ�mico de desarrollo sostenible, en su triple dimensi�n econ�mica, social y medioambiental.
El Gobierno de la Naci�n, por medio del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social y con el acuerdo de CEPES, design� una Comisi�n independiente de personas expertas, que en octubre de 2009 finaliz� los trabajos de elaboraci�n de estudio de una Ley de la Econom�a Social. Partiendo del informe de la referida Comisi�n y de la propuesta de CEPES, se procedi� a la elaboraci�n de un texto com�n que cuenta con el respaldo de gran parte del sector. Adem�s, en el proceso de elaboraci�n del proyecto han sido informadas las Comunidades Aut�nomas, a trav�s de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del d�a 29 de abril de 2010, y el propio Consejo para el Fomento de la Econom�a Social que en su reuni�n plenaria del d�a 29 de abril de 2010 manifest� su acuerdo mayoritario al texto.
El objetivo b�sico de la Ley es configurar un marco jur�dico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la econom�a social, otorg�ndole una mayor seguridad jur�dica por medio de las actuaciones de definici�n de la econom�a social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman. Partiendo de estos principios se recoge el conjunto de las diversas entidades y empresas que contempla la econom�a social. Asimismo, se reconoce como tarea de inter�s general, la promoci�n, est�mulo y desarrollo de las entidades de la econom�a social y de sus organizaciones representativas. Adem�s, se contempla la importancia de la interlocuci�n de los poderes p�blicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la econom�a social, propias por su figura jur�dica y actividad, subrayando el papel a desempe�ar por las confederaciones intersectoriales de �mbito estatal representativas del sector y restaurando con el encaje jur�dico m�s acertado, el Consejo para el Fomento de la Econom�a Social como �rgano asesor y consultivo vinculado al Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, vincul�ndolo al sector mediante esta Ley, ya que anteriormente estaba incardinado en la legislaci�n estatal de sociedades cooperativas.
El proyecto de Ley consta de nueve art�culos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.
El art�culo 1 marca el objeto de la ley, siendo �ste el establecimiento de un marco jur�dico com�n para el conjunto de las entidades que conforman el sector de la econom�a social y de las medidas de fomento aplicables al mismo; dando cumplimiento a lo anterior, el art�culo 2 versa sobre el concepto y denominaci�n de la econom�a social. El art�culo 3 fija como �mbito de aplicaci�n de la ley el de las entidades de la Econom�a Social que act�en en el Estado, pero sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Aut�nomas.
El art�culo 4 presenta los cuatro principios orientadores y comunes a todas las entidades de la econom�a social, que son aquellas que recoge el art�culo 5, bien sea mediante su denominaci�n directa y en los t�rminos del apartado uno, o por medio del procedimiento recogido en el apartado dos del citado precepto. El art�culo 6 regula el cat�logo de entidades de la econom�a social, que ser� elaborado y actualizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n previo informe del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social, no teniendo en ning�n caso car�cter constitutivo.
El art�culo 7 recoge los principios de representaci�n de las entidades de la econom�a social, y los criterios de representatividad de las confederaciones intersectoriales de �mbito estatal representativas. Por su parte, el art�culo 8 cumple con otro de los objetos de la ley: el reconocimiento del fomento y difusi�n de la econom�a social.
Por �ltimo, el art�culo 9 regula en esta Ley el Consejo para el Fomento de la Econom�a Social, �rgano asesor y consultivo en la materia, con el establecimiento de sus funciones.
La disposici�n adicional primera regula la informaci�n estad�stica sobre las entidades de la econom�a social y la disposici�n adicional segunda se refiere a la financiaci�n de las actuaciones previstas en �mbito estatal.
La disposici�n adicional segunda regula los medios de financiaci�n de las actuaciones de promoci�n, difusi�n y formaci�n a las que se refiere el art�culo 8.3 y del funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social.
La disposici�n adicional tercera clarifica la naturaleza de la Organizaci�n Nacional de Ciegos Espa�oles (ONCE) como corporaci�n de derecho p�blico cuya normativa espec�fica le confiere la consideraci�n de entidad singular de econom�a social.
La disposici�n adicional cuarta recoge la necesidad de que el Gobierno integre a las empresas de la econom�a social en las estrategias para la mejora de la productividad.
La disposici�n adicional quinta establece que el Gobierno enviar� al Congreso de los Diputados, en un plazo de dos a�os desde la entrada en vigor de la Ley, un informe sobre los efectos de �sta.
Hay dos disposiciones transitorias. La disposici�n transitoria primera mantiene la aplicaci�n de la disposici�n adicional segunda de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en tanto en cuanto no se desarrolle reglamentariamente el art�culo 9.5 de esta Ley.
La disposici�n transitoria segunda posibilita a las cooperativas de viviendas enajenar o arrendar a terceros no socios las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Por su parte, en la disposici�n final primera se determinan los t�tulos competenciales de esta norma, que constituye legislaci�n b�sica, dictada al amparo del art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado las �bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica�, salvo lo dispuesto en los art�culos 8.3 y 9, que corresponde a la competencia de autoorganizaci�n del Estado, as� como lo previsto en la disposici�n adicional primera, que se ampara en la competencia exclusiva atribuida al Estado por el art�culo 149.1.31.� de la Constituci�n, en materia de �estad�stica para fines estatales�.
La disposici�n final segunda habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de aplicaci�n y desarrollo necesarias.
Por �ltimo, la disposici�n final cuarta prev� una �vacatio legis� de un mes, plazo que se considera adecuado para su entrada en vigor.
Objeto La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jur�dico com�n para el conjunto de entidades que integran la econom�a social, con pleno respeto a la normativa espec�fica aplicable a cada una de ellas, as� como determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideraci�n a los fines y principios que les son propios.
Concepto y denominaci�n Se denomina econom�a social al conjunto de las actividades econ�micas y empresariales, que en el �mbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el art�culo 4, persiguen bien el inter�s colectivo de sus integrantes, bien el inter�s general econ�mico o social, o ambos.
�mbito de aplicaci�n Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las Comunidades Aut�nomas, el �mbito de aplicaci�n de esta Ley se extiende a todas las entidades de la econom�a social que act�en dentro del Estado.
Principios orientadores Las entidades de la econom�a social act�an en base a los siguientes principios orientadores:
a) Primac�a de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gesti�n aut�noma y transparente, democr�tica y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones m�s en funci�n de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en funci�n del fin social, que en relaci�n a sus aportaciones al capital social.
b) Aplicaci�n de los resultados obtenidos de la actividad econ�mica principalmente en funci�n del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
c) Promoci�n de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesi�n social, la inserci�n de personas en riesgo de exclusi�n social, la generaci�n de empleo estable y de calidad, la conciliaci�n de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
Entidades de la econom�a social 1. Forman parte de la econom�a social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad econ�mica, las sociedades laborales, las empresas de inserci�n, los centros especiales de empleo, las cofrad�as de pescadores, las sociedades agrarias de transformaci�n y las entidades singulares creadas por normas espec�ficas que se rijan por los principios establecidos en el art�culo anterior.
2. Asimismo, podr�n formar parte de la econom�a social aquellas entidades que realicen actividad econ�mica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios enumerados en el art�culo anterior, y que sean incluidas en el cat�logo de entidades establecido en el art�culo 6 de esta Ley.
3. En todo caso, las entidades de la econom�a social se regular�n por sus normas sustantivas espec�ficas.
4. Se declaran entidades prestadoras de Servicios de Inter�s Econ�mico General, los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserci�n, constituidas y calificadas como tales seg�n su normativa reguladora. Asimismo, podr� extenderse esta declaraci�n a cualesquiera otras entidades de la econom�a social que tengan por objeto igualmente la inserci�n laboral de colectivos en riesgo de exclusi�n, conforme a lo que se establezca reglamentariamente.
N�mero 4 del art�culo 5 introducido por el n�mero uno del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Cat�logo de entidades de econom�a social El Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, previo informe del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social, y en coordinaci�n con las Comunidades Aut�nomas, elaborar� y mantendr� actualizado un cat�logo de los diferentes tipos de entidades integrantes de la econom�a social, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente ley y de forma coordinada con los cat�logos existentes en el �mbito auton�mico.
Los cat�logos de entidades de econom�a social deber�n ser p�blicos. La publicidad se har� efectiva por medios electr�nicos.
Organizaci�n y representaci�n 1. Las entidades de la econom�a social podr�n constituir asociaciones para la representaci�n y defensa de sus intereses, y �stas podr�n agruparse entre s�, de acuerdo con lo previsto en su normativa espec�fica o, en su caso, en la Ley Org�nica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociaci�n.
2. Las Confederaciones intersectoriales de �mbito estatal representativas ser�n las que cumplan los siguientes requisitos:
a) Agrupar al menos a la mayor�a de tipos de entidades que contempla el art�culo 5 de la presente Ley.
b) Representar, al menos, el veinticinco por ciento del total de las empresas o entidades asociadas directamente o a trav�s de organizaciones intermedias a las Confederaciones Intersectoriales que concurran al procedimiento de representatividad, siempre que dichas Confederaciones cumplan con el requisito de la letra a).
c) Representar, en al menos la mayor�a de los tipos de entidades del art�culo 5 que agrupe la correspondiente Confederaci�n, como m�nimo, al quince por ciento del total de las entidades o empresas de cada tipo asociadas a las confederaciones intersectoriales que concurran al procedimiento de representatividad, entendi�ndose como concurrentes a aquellas Confederaciones que hayan cumplido los requisitos de las letras a) y b).
3. Las confederaciones intersectoriales de �mbito estatal representativas tendr�n representaci�n en los �rganos de participaci�n institucional de la Administraci�n General del Estado que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses econ�micos y sociales. Del mismo modo, tendr�n representaci�n en los �rganos de la Administraci�n General del Estado, las organizaciones de �mbito estatal que agrupen mayoritariamente a las entidades de la econom�a social, en todas aquellas actividades de representaci�n que les sean propias por su naturaleza jur�dica y actividad.
4. Asimismo, las organizaciones, federaciones o confederaciones representativas de cada Comunidad Aut�noma tendr�n representaci�n en los �rganos de participaci�n institucional de las Administraciones de las Comunidades Aut�nomas que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses econ�micos y sociales, en la forma en que se prevea por las Comunidades Aut�nomas.
Fomento y difusi�n de la econom�a social 1. Se reconoce como tarea de inter�s general, la promoci�n, est�mulo y desarrollo de las entidades de la econom�a social y de sus organizaciones representativas.
2. Los poderes p�blicos, en el �mbito de sus respectivas competencias, tendr�n como objetivos de sus pol�ticas de promoci�n de la econom�a social, entre otros, los siguientes:
a) Remover los obst�culos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad econ�mica de las entidades de la econom�a social. Para ello se prestar� especial atenci�n a la simplificaci�n de tr�mites administrativos para la creaci�n de entidades de la econom�a social.
b) Facilitar las diversas iniciativas de econom�a social.
c) Promover los principios y valores de la econom�a social.
d) Promocionar la formaci�n y readaptaci�n profesional en el �mbito de las entidades de la econom�a social.
e) Facilitar el acceso a los procesos de innovaci�n tecnol�gica y organizativa a los emprendedores de las entidades de econom�a social.
f) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas econ�micas y sociales en el marco de la econom�a social.
g) Involucrar a las entidades de la econom�a social en las pol�ticas activas de empleo, especialmente en favor de los sectores m�s afectados por el desempleo, mujeres, j�venes y parados de larga duraci�n.
h) Introducir referencias a la econom�a social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas.
i) Fomentar el desarrollo de la econom�a social en �reas como el desarrollo rural, la dependencia y la integraci�n social.
3. Al Gobierno, para la aplicaci�n de esta Ley, le corresponder�, con car�cter general, a trav�s del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, impulsar en su �mbito la realizaci�n de las actuaciones de promoci�n, difusi�n y formaci�n de la econom�a social, sin perjuicio de las facultades de otros departamentos ministeriales en relaci�n con la actividad econ�mica, empresarial y social que desarrollen las entidades de econom�a social para el cumplimiento de su objeto social.
4. En el desarrollo de las actividades de fomento de la econom�a social se respetar�n las competencias de las Comunidades Aut�nomas. Desde la Administraci�n General del Estado se impulsar�n los mecanismos de cooperaci�n y colaboraci�n necesarios con las Administraciones Auton�micas para el desarrollo de las actividades de fomento de la econom�a social.
Incentivos a la incorporaci�n de trabajadores a entidades de la econom�a social
1. Se incorporan las siguientes bonificaciones aplicables a las entidades de la econom�a social:
a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres a�os, cuya cuant�a ser� de 137,5 euros/mes (1.650 euros/a�o) durante el primer a�o, y de 66,67 euros/mes (800 euros/a�o) durante los dos a�os restantes, aplicable a las cooperativas y sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores o de trabajo, y que sean menores de 30 a�os, o menores de 35 a�os que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Si la incorporaci�n se realiza con mayores de 30 a�os, la bonificaci�n ser� de 66,67 euros/mes (800 euros/a�o) durante los tres a�os. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicar�n cuando estas hayan optado por un R�gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los t�rminos de la disposici�n adicional cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserci�n en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas en situaci�n de exclusi�n social incluidas en el art�culo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
, para la regulaci�n del r�gimen de las empresas de inserci�n, de 70,83 euros/mes (850 euros/a�o) durante toda la vigencia del contrato, o durante tres a�os en caso de contrataci�n indefinida, o bien de 137,50 euros/mes (1.650 euros/a�o) durante toda la vigencia del contrato o durante tres a�os, en caso de contrataci�n indefinida, para el caso de menores de 30 a�os, o menores de 35 a�os que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Estas bonificaciones no ser�n compatibles con las previstas en el art�culo 16.3.a) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
2. En relaci�n al apartado 1.a), se aplicar� lo establecido en la secci�n I del cap�tulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre
, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en su art�culo 6.2.
En lo no previsto en el apartado 1.b), se aplicar� lo establecido en la secci�n I del t�tulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre
, para la mejora del crecimiento y del empleo, en cuanto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la aplicaci�n de las bonificaciones, cuant�a m�xima, incompatibilidades o reintegro de beneficios.
Art�culo 9 introducido en su actual redacci�n por el n�mero dos del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Capitalizaci�n de la prestaci�n por desempleo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales
1. En aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
, se mantendr� lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio
, por el que se establece el abono de la prestaci�n por desempleo en su modalidad de pago �nico, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no se opongan a las reglas siguientes:
1.� La entidad gestora podr�a abonar el valor actual del importe de la prestaci�n por desempleo de nivel contributivo, a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, aunque hayan mantenido un v�nculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duraci�n o constituirlas.
En estos supuestos, el abono de la prestaci�n se realizar� de una sola vez por el importe que corresponda a las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en el caso de las cooperativas, o al de la adquisici�n de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral en lo necesario para acceder a la condici�n de socio.
Quienes capitalicen la prestaci�n por desempleo, tambi�n podr�n destinar la misma a los gastos de constituci�n y puesta en funcionamiento de una entidad, as� como al pago de las tasas y el precio de servicios espec�ficos de asesoramiento, formaci�n e informaci�n relacionados con la actividad a emprender.
Se abonar� como pago �nico la cuant�a de la prestaci�n, calculada en d�as completos, de la que deducir� el importe relativo al inter�s legal del dinero.
No obstante, si no se obtiene la prestaci�n por su importe total, el importe restante se podr� obtener conforme a lo establecido en la regla 2.� siguiente.
2.� La entidad gestora podr� abonar mensualmente el importe de la prestaci�n por desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotizaci�n del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto:
a) La cuant�a de la subvenci�n, calculada en d�as completos de prestaci�n, ser� fija y corresponder� al importe de la aportaci�n �ntegra del trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el importe de la subvenci�n quede por debajo de la aportaci�n del trabajador que corresponda a la base m�nima de cotizaci�n vigente para cada r�gimen de Seguridad Social; en tal caso, se abonar� esta �ltima.
b) El abono se realizar� mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa comprobaci�n de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.
3.� La solicitud del abono de la prestaci�n por desempleo de nivel contributivo, seg�n lo establecido en las reglas 1.� y 2.�, en todo caso deber� ser de fecha anterior a la fecha de incorporaci�n a la cooperativa o sociedad laboral.
Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relaci�n laboral origen de la prestaci�n por desempleo, la solicitud deber� ser posterior a la resoluci�n del procedimiento correspondiente.
Los efectos econ�micos del abono del derecho solicitado se producir�n a partir del d�a siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior, en cuyo caso, se estar� a la fecha de inicio de esa actividad.
2. El Gobierno podr� modificar, mediante real decreto, lo establecido en el apartado 1 anterior.
Art�culo 10 introducido por el n�mero tres del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en per�odo de descanso por maternidad, adopci�n, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensi�n por paternidad
A la cotizaci�n de los socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, sustituidos durante los per�odos de descanso por maternidad, adopci�n, acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, mediante los contratos de interinidad bonificados, celebrados con desempleados a que se refiere el Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre
, les ser� de aplicaci�n:
a) Una bonificaci�n del 100 por cien en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudaci�n conjunta para el caso de los socios encuadrados en un r�gimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
b) Una bonificaci�n del 100 por cien de la cuota que resulte de aplicar sobre la base m�nima o fija que corresponda el tipo de cotizaci�n establecido como obligatorio para trabajadores incluidos en un r�gimen de Seguridad Social propio de trabajadores aut�nomos.
introducido por el n�mero cuatro del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Pago �nico de la prestaci�n por cese de actividad
1. Quienes sean titulares del derecho a la prestaci�n por cese de actividad, y tengan pendiente de percibir un per�odo de, al menos, seis meses, podr�n percibir de una sola vez el valor actual del importe de la prestaci�n, cuando acrediten ante el �rgano gestor que van a realizar una actividad profesional como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el car�cter de laboral.
2. El beneficiario que desee percibir su prestaci�n de una sola vez podr� solicitarlo al �rgano gestor, acompa�ando a la solicitud memoria explicativa sobre el proyecto de inversi�n a realizar y actividad a desarrollar, as� como cuanta documentaci�n acredite la viabilidad del proyecto.
Los solicitantes deber�n acompa�ar certificaci�n de haber solicitado su ingreso en la sociedad y condiciones en que este se producir�. Si se trata de cooperativas o sociedades laborales de nueva creaci�n deber�n acompa�ar, adem�s, el proyecto de estatutos de la sociedad. En estos casos el abono de la prestaci�n en su modalidad de pago �nico estar� condicionado a la presentaci�n del acuerdo de admisi�n como socio o a la efectiva inscripci�n de la sociedad en el correspondiente registro.
3. El �rgano gestor, teniendo en cuenta la viabilidad del proyecto a realizar, reconocer� el derecho en el plazo de treinta d�as contados desde la solicitud del pago �nico. Contra la decisi�n del �rgano gestor se podr� reclamar en los t�rminos del art�culo 19 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto
, por la que se establece un sistema espec�fico de protecci�n por cese de actividad.
La solicitud del abono de la prestaci�n por cese de actividad, en todo caso deber� ser de fecha anterior a la fecha de incorporaci�n a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constituci�n de la cooperativa o sociedad laboral.
4. Una vez percibida la prestaci�n por su valor actual, el beneficiario deber� iniciar, en el plazo m�ximo de un mes, la actividad para cuya realizaci�n se le hubiera concedido y darse de alta en el correspondiente r�gimen de la Seguridad Social, o acreditar, en su caso, que est� en fase de iniciaci�n.
5. El abono de la prestaci�n se realizar� de una sola vez por el importe que corresponda a las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en el caso de las cooperativas, o al de la adquisici�n de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral en lo necesario para acceder a la condici�n de socio trabajador, incluidas las cargas tributarias para el inicio de la actividad.
Quienes perciban el pago �nico de la prestaci�n por cese de actividad podr�n destinar la misma a los gastos de constituci�n y puesta en funcionamiento de una entidad, as� como al pago de las tasas y tributos. Podr�n, adem�s, destinar hasta el 15 por ciento de la cuant�a de la prestaci�n capitalizada al pago de servicios espec�ficos de asesoramiento, formaci�n e informaci�n relacionados con la actividad a emprender.
Se abonar� como pago �nico la cuant�a de la prestaci�n, calculada en d�as completos, de la que se deducir� el importe relativo al inter�s legal del dinero.
6. El �rgano gestor, a solicitud de los beneficiarios de esta medida, podr� destinar todo o parte del pago �nico de la prestaci�n por cese de actividad a cubrir los costes de cotizaci�n a la Seguridad Social. En tal caso, habr� que atenerse a las siguientes reglas:
Primera. Si no se obtiene la prestaci�n por su importe total, el importe restante se podr� obtener conforme a lo establecido en la regla segunda siguiente.
Asimismo, el beneficiario de la prestaci�n podr� optar por obtener toda la prestaci�n pendiente por percibir conforme a lo establecido en la regla segunda siguiente.
Segunda. El �rgano gestor podr� abonar mensualmente el importe de la prestaci�n por cese de actividad para compensar la cotizaci�n del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto:
a) La cuant�a a abonar, calculada en d�as completos de prestaci�n, ser� fija y corresponder� al importe de la aportaci�n �ntegra del trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones.
b) El abono se realizar� mensualmente por la entidad u organismo gestor al trabajador, previa comprobaci�n de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.
7. La percepci�n de la prestaci�n en un pago �nico ser� compatible con otras ayudas que para la constituci�n o integraci�n en cooperativas o sociedades laborales pudieran obtenerse.
8. La no afectaci�n de la cantidad percibida a la realizaci�n de la actividad para la que se haya concedido ser� considerada pago indebido a los efectos previstos en el art�culo 31 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre
, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto
, por la que se establece un sistema espec�fico de protecci�n por cese de actividad de los trabajadores aut�nomos. A estos efectos, se entender�, salvo prueba en contrario, que no ha existido afectaci�n cuando el trabajador, en el plazo de un mes, no haya acreditado los extremos indicados en el apartado 4 de este art�culo.
Art�culo 12 introducido por el n�mero cinco del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Consejo para el Fomento de la Econom�a Social
1. El Consejo para el Fomento de la Econom�a Social se regir� por lo dispuesto en esta Ley, configur�ndose como �rgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la econom�a social, integrado, a trav�s del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, en la Administraci�n General del Estado, sin participar en la estructura jer�rquica de �sta. Actuar� como un �rgano de colaboraci�n, coordinaci�n e interlocuci�n de la econom�a social y la Administraci�n General del Estado.
2. De conformidad con las competencias atribuidas, y de acuerdo con el �mbito de esta ley, tendr� las siguientes funciones:
a) Informar y colaborar en la elaboraci�n de proyectos sobre cualquier disposici�n legal o reglamentaria que afecten a entidades de la econom�a social.
b) Elaborar los informes que se soliciten por el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n y dem�s departamentos ministeriales.
c) Evacuar informe previo, de conformidad con el art�culo 6 de esta Ley, en la elaboraci�n y actualizaci�n del cat�logo de entidades de la econom�a social del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
d) Informar los programas de desarrollo y fomento de la econom�a social.
e) Realizar estudios e informes sobre cuestiones y problemas que afecten a la econom�a social y en especial sobre el refuerzo del conocimiento, presencia institucional y proyecci�n internacional de la econom�a social.
f) Velar por la promoci�n y el respeto a los principios orientadores de la presente Ley.
g) Emitir informe previo en la adopci�n de las medidas de informaci�n estad�stica de las entidades de econom�a social en los t�rminos de la disposici�n adicional primera de la presente Ley.
3. El Consejo para el Fomento de la Econom�a Social estar� compuesto por representantes de la Administraci�n General del Estado, de las Administraciones auton�micas, de la asociaci�n de entidades locales m�s representativa, de las confederaciones intersectoriales representativas de �mbito estatal, as� como de las entidades sectoriales mayoritarias de la econom�a social referidas en el art�culo 5 de esta Ley que no est�n representadas por las citadas confederaciones intersectoriales, de las organizaciones sindicales m�s representativas y por cinco personas de reconocido prestigio en el �mbito de la econom�a social designadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.
4. La Presidencia del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social corresponder� a la persona titular de la Secretar�a de Estado de Empleo.
5. El funcionamiento y composici�n del Consejo ser� objeto de desarrollo reglamentario, y se ajustar� a lo dispuesto sobre �rganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n
, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril
, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
Art�culo 13 renumerado por el n�mero seis del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Informaci�n estad�stica sobre las entidades de la econom�a social El Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n adoptar�, en colaboraci�n y coordinaci�n con los departamentos ministeriales y las Administraciones que pudieran tener competencia en materia registral de las entidades de la econom�a social, y previo informe del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social, las medidas necesarias para garantizar una informaci�n estad�stica de dichas entidades as� como de sus organizaciones de representaci�n, peri�dicamente actualizada y ajustada en su clasificaci�n al cat�logo previsto en el art�culo 6 de esta Ley.
Financiaci�n El impulso de las actuaciones de promoci�n, difusi�n y formaci�n a las que se refiere el art�culo 8.3, as� como el funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social previsto en el art�culo 9, se financiar�n con los cr�ditos que el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n tenga efectivamente disponibles para el ejercicio 2010, sin que puedan suponer aumento neto de gasto, conforme a lo establecido en el Plan de Acci�n inmediata para 2010 y, para ejercicios sucesivos, en el Plan de Austeridad de la Administraci�n General del Estado 2011-2013.
La Administraci�n General del Estado podr� acordar con las Comunidades Aut�nomas el fomento de determinadas actuaciones de promoci�n, difusi�n o formaci�n de la econom�a social estableciendo al efecto los oportunos convenios de colaboraci�n en los que se concretar�n los recursos que se aporten.
Ordenaci�n Jur�dica de la ONCE como entidad singular A los efectos previstos en el apartado 1 del art�culo 5 de la presente Ley, la Organizaci�n Nacional de Ciegos Espa�oles (ONCE) es una organizaci�n singular de econom�a social, que ajusta su ordenaci�n y funcionamiento a lo previsto en las leyes, as� como en su normativa espec�fica de aplicaci�n, constituida b�sicamente por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenaci�n de la ONCE y sus vigentes Estatutos; cuyos rasgos b�sicos y genuinos relativos a su actividad econ�mica y empresarial, as� como a su naturaleza de operador de juego de reconocido prestigio, se plasman en la presente disposici�n adicional.
La ONCE es una Corporaci�n de Derecho P�blico de car�cter social; que se rige por su normativa espec�fica propia y cuyos fines sociales se dirigen a la consecuci�n de la autonom�a personal y plena integraci�n de las personas ciegas y con deficiencia visual grave; mediante la prestaci�n de servicios sociales, con personalidad jur�dica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganizaci�n; caracterizada en su actividad social, econ�mica y empresarial, por los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de �nimo de lucro y el inter�s general; que ejerce en todo el territorio espa�ol funciones delegadas de las Administraciones P�blicas, bajo el Protectorado del Estado; y que, para la financiaci�n de sus fines sociales, goza de un conjunto de autorizaciones p�blicas en materia de juego.
Integraci�n de las empresas de la econom�a social en las estrategias para la mejora de la productividad El Gobierno tendr� en cuenta las especiales caracter�sticas de las empresas de la econom�a social en sus estrategias de mejora de la productividad y la competitividad empresarial.
Informe del Gobierno El Gobierno, en el plazo de dos a�os desde la entrada en vigor de la presente Ley, remitir� al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizar�n y evaluar�n los efectos y las consecuencias de la aplicaci�n del contenido de la misma.
Ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de Licenciado en Psicolog�a o Graduado en el �mbito de la Psicolog�a 1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitir� a las Cortes Generales un proyecto de Ley que regule la actividad de la �Psicolog�a sanitaria� como profesi�n sanitaria titulada y regulada, definiendo las condiciones de acceso a dicha profesi�n y las funciones que se le reservan.
2. Transitoriamente, hasta la entrada en vigor de la Ley prevista en el apartado anterior, quienes ostenten el t�tulo de Licenciado en Psicolog�a o alguno de los t�tulos de Graduado en el �mbito de la Psicolog�a que figuren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y T�tulos como adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, podr�n ejercer actividades sanitarias, siempre que acrediten haber adquirido una formaci�n espec�fica a trav�s de alguna de las siguientes v�as:
a) Por haber superado los estudios de graduado/licenciado, siguiendo un itinerario curricular cualificado por su vinculaci�n con el �rea docente de Personalidad, Evaluaci�n y Tratamiento Psicol�gicos, o con la Psicolog�a Cl�nica y de la Salud.
b) Por haber adquirido una formaci�n complementaria de posgrado no inferior a 400 horas (o su equivalente en cr�ditos europeos), de las que al menos 100, tendr�n car�cter pr�ctico, vinculada a las �reas mencionadas en la anterior letra a).
3. La acreditaci�n de encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el apartado anterior, permitir� solicitar la inscripci�n de consultas o gabinetes de psicolog�as en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
4. Los psic�logos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y Servicios del Sistema Nacional de Salud, o concertados con �l, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, tanto en el �mbito de la atenci�n primaria como en el de la especializada, deber�n estar en posesi�n del t�tulo oficial de Psic�logo Especialista en Psicolog�a Cl�nica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formaci�n sanitaria especializada.
Programa de impulso de las entidades de econom�a social El Gobierno aprobar� en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un programa de impulso de las entidades de econom�a social, con especial atenci�n a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores m�s desfavorecidos. Este programa entre otras reflejar� las siguientes medidas:
1.� Previa consulta a las entidades representativas de la econom�a social, del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social y de las Comunidades Aut�nomas, revisar� la normativa necesaria para eliminar las limitaciones de las entidades de la econom�a social, de forma que estas puedan operar en cualquier actividad econ�mica sin trabas injustificadas.
2.� Previa consulta a las entidades representativas de la econom�a social, del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social y de las Comunidades Aut�nomas, remitir� a las Cortes un proyecto de ley que actualice y revise la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
3.� Previa consulta con las entidades que realizan acci�n social revisar� la normativa de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le es de aplicaci�n, con el objeto de simplificar los procedimientos regulados en la misma.
R�gimen transitorio aplicable del Consejo para el Fomento de la Econom�a Social Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario previsto en el art�culo 9.5 de esta Ley, el Consejo para el Fomento de la Econom�a Social se regir� por lo dispuesto en la disposici�n adicional segunda de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Cooperativas de viviendas Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 89.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, las cooperativas de viviendas podr�n enajenar o arrendar a terceros no socios, las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. En este supuesto, la enajenaci�n o arrendamiento de las viviendas y sus condiciones generales deber�n haber sido acordadas previamente por la Asamblea General. Adicionalmente, estas operaciones con terceros no socios podr�n alcanzar como l�mite m�ximo el 50 por ciento de las realizadas con los socios. La Asamblea General acordar� tambi�n el destino del importe obtenido por la enajenaci�n o arrendamiento.
La presente ley constituye legislaci�n b�sica dictada al amparo del art�culo 149.1.13.� de la Constituci�n
que atribuye al Estado las "bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica". No obstante, no tendr�n car�cter b�sico:
a) Los contenidos de esta ley que hacen referencia a la organizaci�n y funcionamiento de �rganos del Estado o de �rganos adscritos a la Administraci�n del Estado: art�culo 8.3 y art�culo 13.
b) La disposici�n adicional primera que se incardina en el art�culo 149.1.31.� de la Constituci�n
que atribuye al Estado la competencia en materia de "Estad�stica para fines estatales".
c) Los art�culos 9, 10, 11 y 12, que se dictan al amparo de lo previsto por el art�culo 149.1.17.� de la Constituci�n
, que atribuye al Estado competencia exclusiva respecto a la legislaci�n b�sica y r�gimen econ�mico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci�n de sus servicios por las Comunidades Aut�nomas.
Disposici�n final primera redactada por el apartado siete del art�culo tercero de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoci�n del trabajo aut�nomo y de la Econom�a Social (�B.O.E.� 10 septiembre).Vigencia: 10 octubre 2015
Habilitaci�n al Gobierno Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci�n y desarrollo de la presente Ley en el �mbito de sus competencias.
Modificaci�n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado en los siguientes t�rminos:
Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposici�n adicional vig�sima quinta, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�1. La tramitaci�n de las prestaciones y dem�s actos en materia de Seguridad Social, incluida la protecci�n por desempleo, que no tengan car�cter recaudatorio o sancionador se ajustar� a lo dispuesto en la Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnaci�n y revisi�n de oficio, as� como con las establecidas en la presente disposici�n adicional, en la disposici�n adicional quincuag�sima de esta Ley o en otras disposiciones que resulten de aplicaci�n.�
Dos. Se modifican los apartados 2 y 4 de la disposici�n adicional quincuag�sima, que quedan redactados en los siguientes t�rminos:
�2. Las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa o se dicten como consecuencia de los datos que deban comunicarse electr�nicamente a trav�s del sistema RED, realizadas a los autorizados para dicha transmisi�n, se efectuar�n obligatoriamente por medios electr�nicos, inform�ticos o telem�ticos en la sede electr�nica de la Seguridad Social, siendo v�lidas y vinculantes a todos los efectos legales para las empresas y sujetos obligados a los que se refieran dichos datos, salvo que estos �ltimos hubiesen manifestado su preferencia porque dicha notificaci�n en sede electr�nica se les efect�e directamente a ellos o a un tercero.�
�4. En los supuestos previstos en el art�culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las notificaciones que no hayan podido realizarse en la sede electr�nica de la Seguridad Social o en el domicilio del interesado, conforme a lo indicado en los apartados anteriores, se practicar�n exclusivamente en el tabl�n de edictos y anuncios de la Seguridad Social situado en dicha sede electr�nica, no procediendo su publicaci�n por ning�n otro medio.
Transcurridos veinte d�as naturales desde que la notificaci�n se hubiese publicado en el tabl�n de edictos y anuncios de la Seguridad Social, se entender� que la misma ha sido practicada, d�ndose por cumplido dicho tr�mite y continu�ndose con el procedimiento.
El tabl�n de edictos y anuncios de la Seguridad Social ser� gestionado por la Secretar�a de Estado de la Seguridad Social. La pr�ctica de la notificaci�n en el mismo se efectuar� en los t�rminos que se determinen por orden del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n.�
Entrada en vigor La presente Ley entrar� en vigor al mes de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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