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Timestamp: 2019-01-17 18:46:58+00:00

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Derecho-Chile – C. SUPREMA ACOGE DEMANDA POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL CONTRATADO A HONORARIOS POR UN PERIODO DE 9 AÑOS.
Por |07.06.2018|Sentencias|0 comentarios |
En fallo dividido la Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y una demanda de despido injustificado de un trabajador de la municipalidad de Talcahuano contratado a honorarios por un periodo de 9 años. La Corte Suprema consideró que hubo una relación entre el trabajador y el municipio.
Como es costumbre se han eliminado o abreviado los nombres de las partes ya que éstos no se tienen por relevantes para el análisis de la sentencia de la Corte Suprema, rol 41.540-2017.
En estos autos RIT O-239-2017, RUC 1740011593-1, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, por sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, se rechazó la demanda interpuesta por don RRNV en contra de la Municipalidad de Talcahuano, sin costas.
Tercero: Que el recurrente señala que interpuso demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales en contra de la Municipalidad de Talcahuano sosteniendo que el 7 de diciembre de 2007 comenzó a prestar servicios mediante múltiples contratos a honorarios, pero que en los hechos se trató de un vínculo laboral atendido que se desarrolló bajo vínculo de subordinación y dependencia en un cargo estable, permanente e indispensable en la organización jerárquica de la demandada, sin referirse a cometidos específicos, y tratándose de funciones no habituales de la institución edilicia.
Séptimo: Que, a los efectos de asentar la recta exégesis en el negocio jurídico de que se trata, es menester traer a colación el artículo 1 del Código del Trabajo, que prescribe: “Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.
Decimoséptimo: Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si el demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico y acotado en el tiempo –como lo ordena el citado artículo 4 de la Ley N° 18.883-, o si, por el contrario, desarrolló una labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, los sentenciadores establecieron que el actor desde el 7 de diciembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016 se desempeñó mediante múltiples contratos a honorarios, primero para realizar funciones en su calidad de arquitecto dentro del “Programa Quiero Mi Barrio, Barrio Lynch”, luego en los programas “Quiero Mi Barrio, Barrio Los Lobos”; e “Intervención Integral de Barrios de Talcahuano”. También se estableció que en algunos de los contratos se le reconoció que tenía permiso especial para ausentarse de sus funciones por quince días hábiles por razones médicas con un tope de cuarenta y cinco días al año; hasta por seis días hábiles en caso de fallecimiento del o de la cónyuge o de un hijo, o por nacimiento de un hijo. Se dejó asentado, además, que la prestación de servicios debía efectuarse en los horarios que requiriera el municipio, pudiendo ser en días sábados, domingo o festivos; que debía avisar cuando quería ausentarse de sus funciones. Además, se estableció que el demandante debía evacuar un informe mensual de las actividades que desarrollaba y que emitía boletas de honorarios supeditadas a a la presentación de las reseñas referidas.
Del tenor de los contratos referidos aparece que el demandante tenía, entre otras funciones, diseñar y dibujar proyectos de arquitectura, paisajismo e infraestructura inmobiliaria urbana de acuerdo con las necesidades de los programas; participar en la reuniones de coordinación en el barrio, ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la Municipalidad y otras entidades públicas y privadas; ejecutar proyectos según su especialidad técnica a solicitud de la Unidad de Planificación.
En otro orden de consideraciones se estableció que el “Programa de Planificación Territorial y Barrial Vivo Mi Barrio”, tiene como objetivo planificar y gestionar demandas sobre mejoramiento urbano y social de la comuna a través de un proceso participativo, integral y sustentable de regeneración urbana, trabajándose en distintos barrios, y, en conjunto, con la comunidad para definir los requerimientos prioritarios del sector y aminorar estas carencias, orientándose en dos áreas de trabajo y contemplando un plan de gestión de obras y uno de gestión social. El primero contempla acciones para la recuperación físico-urbana del barrio, a través del mejoramiento o dotación sustentable de equipamientos y espacios públicos, que contribuyan a fortalecer los vínculos comunitarios y que faciliten la integración urbana, mientras que el segundo se enfoca en fortalecer el tejido social y mejorar los niveles de integración social del barrio, promoviendo la participación de los vecinos en torno a la recuperación de los espacios públicos y el mejoramiento de las condiciones de su entorno.
En relación con los Programas anuales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 asociados a los contratos de honorarios, se aprecia que se contrató a un coordinador general, trabajadoras sociales, periodista, sociólogo, ingenieros civiles, técnicos en construcción, licenciados en geografía, topógrafos, dibujantes proyectistas, entre otros, y el demandante en su calidad de arquitecto.
Decimoctavo: Que de acuerdo a lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha señalado respecto del denominado “Programa Quiero Mi Barrio”, una de las características que se ha dado en el acelerado crecimiento de las ciudades chilenas, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, es la segregación socio espacial y los estándares ajustados de la construcción masiva, que han conducido a importantes grados de deterioro urbano en ciertas zonas de las ciudades. Ello se traduce en barrios con deterioro en sus viviendas, espacios públicos e infraestructura comunitaria; territorios urbanos con escasa conectividad y deficiente accesibilidad vial y de transporte; presencia de problemas medio ambientales locales, tales como microbasurales y fuentes de contaminación; en los casos más graves se encuentran déficit importantes de espacios públicos, vialidad, áreas verdes y equipamiento comunitario. Estos mismos barrios deteriorados están estigmatizados negativamente en el resto de la población, los vecinos tienen un débil sentido de pertenencia, las relaciones sociales se encuentran dañadas, hay bajos niveles de organización social y participación comunitaria, grados crecientes de inseguridad y concentración de problemas de vulnerabilidad social, tales como drogadicción, microtráfico, delincuencia, entre los más importantes. En este contexto, las políticas públicas inclusivas juegan un rol relevante, y, en materia urbana, los desafíos que se ha planteado a nivel de barrio es lograr la rearticulación de la organización comunitaria, desarrollar lazos con la institucionalidad local y sectorial, y producir un mejoramiento significativo y observable en el hábitat.
El “Programa Quiero Mi Barrio” aborda estos desafíos basado en la integralidad de las intervenciones, haciéndose cargo con similar importancia de los aspectos sociales y los aspectos físicos de los proyectos de recuperación de los barrios.
La estrategia del programa de recuperación de barrios considera la participación activa de los municipios como agentes locales del desarrollo y como articuladores de la gestión de los distintos actores públicos y privados en el desarrollo del territorio. El municipio juega un rol relevante desde el punto de vista de:
a.- La toma de decisiones: la modalidad de ejecución en cada caso se concuerda con el municipio;
b.- La asignación y administración de recursos: El municipio actúa como entidad ejecutora de todas aquellas obras en las cuales tenga capacidad de operación;
c.- La interlocución con los actores locales: la llegada del programa al barrio considera la coordinación con el municipio;
d.- La modelación y adecuación del Programa al territorio.
Vigésimo segundo: Que, en estas condiciones, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Concepción al calificar la relación contractual de los litigantes como una que se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.883 y, estimando, consecuentemente inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta desplegada por el actor en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige.
Sobre esta premisa discurre el recurso de nulidad planteado por el demandante, fundado, en lo pertinente, en la causal del artículo 477 del citado texto legal, por infracción a los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, toda vez que el ordenamiento laboral se aplica a las personas contratadas a honorarios en un órgano de la Administración del Estado, siempre y cuando, se advierta que la labor que desempeñan no se enmarca dentro del tipo que el referido artículo 4 de la Ley N° 18.883 ordena, y se acredita, como se estableció precedentemente, la concurrencia de los requisitos que enumera el artículo 7 del Código del Trabajo – subordinación y dependencia-.
Vigésimo tercero: Que conforme a lo razonado y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante respecto de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de nulidad que dedujo en contra de la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad en autos RIT O-239-2017 y RUC 1740011593, por haberse configurado la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, se declara que ésta última es nula, y acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, se dicta la correspondiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.
Acordada con el voto en contra del Ministro señor Dolmestch y del Abogado Integrante señor Munita quienes estuvieron por rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante, teniendo en consideración que es posible inferir de los antecedentes que no se evidencia el disenso que sirve de fundamento al arbitrio, sino sólo la existencia de una cuestión de apreciación ligada a los hechos, que no constituye el presupuesto favorable a este recurso. En efecto, si bien se trató de dilucidar la normativa aplicable a la relación habida entre una persona natural y un organismo del Estado ligados por contratos honorarios, de los antecedentes que se tienen a la vista se desprenden diferencias que determinan la diversa calificación de los hechos en cada caso, cuestión que determina que, en este caso, no se haya estimado que la relación habida entre las partes se encuentra conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, en tanto que en el fallo de contraste se llegó a la conclusión contraria, atendido que se asentó que los servicios se prestaron bajo subordinación y dependencia.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Hugo Dolmestch U., Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., y los abogados integrantes señores Diego Munita L., y Ricardo Abuauad D.
No firma el abogado integrante señor Abuauad, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 483 C del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia. Visto: Se mantienen los fundamentos primero a quinto de la sentencia de base, de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.
Se reproducen los motivos séptimo a vigésimo primero de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.
5º.- Que en cuanto a lo pretendido por el actor por concepto de nulidad del despido, considerando que el fallo sólo constata una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral.
No obstante lo expuesto, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado –entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.
Lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.
6°.- Que, para los efectos de fijar las indemnizaciones a que haya lugar, se tendrá como base de cálculo la cantidad no discutida, percibida mensualmente por el actor, esto es, la suma de $ 1.278.900. Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 9, 41, 162, 163, 168, 420, 425 y 459 el Código del Trabajo, se decide que:
Se acoge la demanda interpuesta por don RRNV en contra de la Municipalidad de Talcahuano, sólo en cuanto:
I.- Se declara que la relación contractual que suscribieron fue de carácter laboral, y se extendió desde el el 7 de diciembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016, y que el despido de que fue objeto es injustificado. En consecuencia se condena a la demandada a pagar las cantidades que se indican por los conceptos que se señalan:
a).- $ 1.278.900, correspondiente a indemnización sustitutiva del aviso previo.
b).- $ 11.510.100, por concepto de indemnización por años de servicios.
c).- $ 3.453.030, por recargo legal del 50 % de conformidad con el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.
d).- $ 8.398.110 correspondiente a feriado legal y proporcional.
Se previene que el Ministro señor Dolmestch y el Abogado Integrante señor Munita estuvieron por no dictar sentencia de reemplazo atendido lo señalado en relación con el recurso de unificación de jurisprudencia. Regístrese y devuélvase.
Santiago, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho

References: artículo 1
 artículo 4
 artículo 477
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 477
 artículo 4
 artículo 483
 artículo 1
 artículo 168