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Timestamp: 2018-09-19 05:56:56+00:00

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﻿ Sentencia C-283 de abril 13 de 2011
SENTENCIA C-283 DE 13 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:PORCIÓN CONYUGAL. SE ENTIENDE TAMBIÉN PARA EL COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE Y LA PAREJA DEL MISMO SEXO, DEMOSTRANDO POR LOS MEDIOS IDÓNEOS LA CONDICIÓN ES DECIR LOS DOS AÑOS DE CONVIVENCIA QUE EXIGE LA LEY 50 DE 1994, MODIFICADA POR LA LEY 979 DE 2005. SE DECLARAN EXEQUIBLES CONDICIONALMENTE LOS ARTÍCULOS 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 Y 1278 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:UNIÓN MARITAL DE HECHO, COMPAÑERO PERMANENTE, PORCIÓN CONYUGAL, SUCESIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:485 DE MAYO DE 2012, PÁG.946
Sentencia C-283 de abril 13 de 2011
Ref.: Expediente D-8112
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil.
Actor: Martín Alfonso Álvarez Bermúdez.
“ART. 1016.—En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:
5. La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.
ART. 1045.—<Artículo subrogado por el artículo 4º de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
ART. 1054.—En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio, tendrán los miembros de él, a título de herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes vigentes en el territorio les corresponderían sobre la sucesión intestada de un miembro del territorio.
ART. 1226.—Asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.
3. Las legítimas.
ART. 1230.—La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia.
ART. 1231.—Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio.
ART. 1232.—El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge, y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente.
ART. 1233.—El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza.
ART. 1234.—Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal.
ART. 1235.—El cónyuge sobreviviente podrá, a su arbitrio, retener lo que posea o se le deba, renunciando la porción conyugal, o pedir la porción conyugal, abandonando sus otros bienes y derechos.
ART. 1236.—La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes.
ART. 1237.—Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto, a título de donación, herencia o legado, más de lo que corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte de los bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio.
ART. 1238.—El cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal haya cabido a título universal alguna parte en la sucesión del difunto, será responsable a prorrata de esta parte, como los herederos en sus respectivas cuotas.
Si se imputare a dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá en esta la responsabilidad especial que le es propia, según lo prevenido en el título de la sociedad conyugal.
ART. 1243.—Para computar las cuartas de que habla el artículo precedente, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la entrega, y las deducciones que, según el artículo 1234, se hagan a la porción conyugal.
ART. 1248.—Si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima, por incapacidad, indignidad o desheredación, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con derecho de representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria, y contribuirá a formar las legítimas rigurosas de los otros, y la porción conyugal, en el caso del artículo 1236, inciso 2º.
ART. 1249.—Acrece a las legítimas rigurosas toda aquella porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a titulo de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto y si lo ha hecho ha quedado sin efecto la disposición.
Este acrecimiento no aprovecha al cónyuge sobreviviente, en el caso del artículo 1236, inciso 2º.
ART. 1251.—Si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas, excediere a la mitad del acervo imaginario, se imputará a la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse por partes iguales entre los legitimarios; pero con exclusión del cónyuge sobreviviente, en el caso del artículo 1236, inciso 2º.
ART. 1278.—El cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma para la integración de su porción conyugal, según las reglas precedentes”.
3.2.1. La ratio decidendi de la Sentencia C-174 de 1996.
3.2.1.1. En la Sentencia C-174 de 1996(9) la Corte examinó una demanda de inconstitucionalidad contra algunos de los mismos preceptos objeto de acusación por el ciudadano Álvarez Bermúdez, exactamente contra los artículos 1016, numeral 5º; 1025, numeral 2º; 1045, modificado por la Ley 29 de 1982, artículo 4º; 1054; 1230; 1231; 1232; 1234; 1235; 1236; 1237 y 1238, los cuales emplean las expresiones “porción conyugal”, “cónyuge” o “viudo o viuda” y los declaró exequibles sin ninguna clase de condicionamiento.
3.2.1.3.1. El matrimonio es diferente de la unión libre, y, por lo mismo, difieren entre sí las situaciones jurídicas de los cónyuges y de los compañeros permanentes. En consecuencia, se precisa que “El juez constitucional no puede crear una igualdad entre quienes la propia Constitución consideró diferentes, es decir, entre los cónyuges y los compañeros permanentes”(10).
3.2.1.3.2. No se puede sostener que entre los compañeros permanentes exista una relación idéntica a la de los esposos, “pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda este imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”, tal como se señaló en la Sentencia C-239 de 1994(11).
3.2.1.3.4. En cuanto al tema sucesorio, específicamente indicó en aplicación de una sentencia anterior, la C-352 de 1995(12), que era competencia del legislador y no de la Corte Constitucional su regulación, razón por la que se “usurparía una competencia propia del Congreso de la República si, so pretexto de aplicar una norma constitucional, llamara a heredar en la sucesión intestada a alguien a quien la ley no ha llamado. Dicho en otras palabras, en esa hipótesis la Corte legislaría, lo que no le está permitido”.
3.2.2. El fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
3.2.2.1. Esta corporación ha señalado que las providencias que dicta en ejercicio de su función constitucional deben hacer tránsito a cosa juzgada, para significar que la decisión es inmutable, vinculante y definitiva. En consecuencia, la cosa juzgada cumple al menos dos funciones: una negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y una función positiva, que es dotar de seguridad a las relaciones jurídicas(13).
3.2.2.2. En el marco del control de constitucional, la cosa juzgada que se regula en el artículo 243 de la Constitución no es ajena a las anteriores características, pues se busca garantizar la seguridad jurídica y mantener la confianza legítima, por cuanto, en principio, una norma que ha sido declarada exequible no se puede volver a examinar y una que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico mediante un fallo de inexequibilidad no puede dar origen a un nuevo pronunciamiento porque no existe objeto sobre el cual pronunciarse.
3.2.2.3. Cuando se afirma que la declaración de exequibilidad, en principio, impide un nuevo pronunciamiento de la Corte, significa que no siempre que un precepto ha sido estudiado por la Corte se configura la cosa juzgada constitucional, porque para ello se requiere que el análisis efectuado por la corporación cumpla unas determinadas características identificadas por esta corporación(14), así: (i) identidad en el contenido normativo, es decir, que lo demandado y analizado por la Corte en oportunidad anterior corresponda exactamente a lo que se pretende acusar en una nueva demanda. Esa identidad no solo debe responder al aspecto formal, es decir, la misma literalidad del precepto sino al contexto en el que fueron analizadas las normas, a partir de lo que se ha denominado la Constitución viviente(15) y (ii) sobre cargos idénticos a los analizados en la providencia de la que se pretende afirmar la cosa juzgada, es decir, exige una confrontación de la argumentación empleada por la Corte para resolver la acusación y la que se presenta en la nueva demanda para fundamentar la presunta vulneración de la Carta. Estos dos requisitos deben concurrir; cuando ello no ocurre, no hay cosa juzgada constitucional.
La cosa juzgada relativa se presenta cuando una declaración de exequibilidad se circunscribe exclusivamente a los cargos analizados en la respectiva sentencia, razón por la cual en el futuro pueden analizarse nuevas demandas por cargos distintos contra la misma disposición e, incluso, contra el mismo contenido normativo(16). No siempre esta limitación se hace explícita en la parte resolutiva del fallo, como ocurre en el caso de la cosa juzgada relativa explícita. Puede ocurrir que por errores de técnica, la Corte no límite el alcance de su declaración de manera expresa, pero tal restricción se desprende de la ratio decidendi de la respectiva providencia. Esta hipótesis ha sido categorizada por la Corte bajo el nombre de la cosa juzgada relativa implícita(17).
Los casos que la Corte ha empleado la expresión cosa juzgada aparente se refieren a eventos en los que pese a que la Corte ha declarado exequible sin condicionamiento una disposición en una sentencia previa, en realidad en ese fallo no se examinó la constitucionalidad de la respectiva disposición, de modo que la Corte puede volver a ocuparse de su examen constitucional(18). No abocar conocimiento, como se indicó en la Sentencia C-397 de 1995, “(...) implicara simplemente tener por fallado lo que en realidad no se falló, implicaría desconocimiento de la verdad procesal, voluntaria renuncia de la Corte a su deber de velar por la prevalencia del derecho sustancial sobre aspectos puramente formales (C.P., art. 228), y, por contera, inexplicable elusión de la responsabilidad primordial que le ha sido confiada por el Constituyente (C.P., art. 241)”(19).
Por último, existen casos en los que aunque se presentan demandas previamente examinadas por la Corte, con cargos idénticos a los examinados, tanto desde el punto de vista del concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados vulnerados, se ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido, toda vez que un cambio en el contexto de la aplicación de la disposición, impide hablar de identidad de contenidos normativos(20).
3.2.3. Inexistencia de cosa juzgada en el presente caso.
3.2.3.2. La segunda razón tiene que ver con lo que la jurisprudencia ha denominado cambio del contexto normativo. Este concepto hace referencia a que si bien el juez constitucional está obligado a respetar y estarse a lo que en su momento se resolvió sobre un determinado tema, también debe ser consciente de que en la sociedad se presentan cambios culturales, políticos, normativos que, en un momento determinado, lo deben llevar a efectuar un nuevo análisis sobre normas que fueron consideradas exequibles en un tiempo pero que a luz de la nueva realidad pueden no serlo(21). Este argumento fue expuesto por el ciudadano Martín Alfonso tanto en su escrito de demanda como en el que sustentó la impugnación contra el auto rechazo, para señalar que desde el año 1996 a la fecha han transcurrido quince años en los que la jurisprudencia constitucional y la civil han extendido una serie de derechos, beneficios y prerrogativas a los compañeros y compañeras permanentes que obligan al juez constitucional a reconsiderar las razones que tuvo en la Sentencia C-174 de 1996 para declarar de forma pura y simple la constitucionalidad de los preceptos relativos a la porción conyugal.
Efectivamente, entre la declaración de exequibilidad de las normas del código civil relativas a la porción conyugal, esta corporación ha proferido un sin número de providencias que han tenido como fin principal extender algunos de los derechos, las garantías y los beneficios que la legislación civil reconoce de tiempo atrás a los cónyuges a los compañeras y compañeros permanentes, bajo el supuesto que si bien las dos uniones son diferentes en cuanto a la forma que nacen a la vida jurídica, ello no obsta para reconocer que ellas tienen unas similitudes que obligan al legislador a dar un trato por lo menos similar a una y otra, en aquellos aspectos que se derivan de la relación de pareja, de la relación con sus hijos y frente a los aspectos patrimoniales, entre otros.
3.2.3.4. En este orden de ideas, se considera que, en el presente caso (i) en tanto el fallo anterior no efectuó el análisis propuesto ahora por el demandante y (ii) el contexto normativo ha variado, es posible afirmar que no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. En otros términos, no se cumplen dos de los requisitos para la existencia de la cosa juzgada, porque no existe identidad en la argumentación empleada por la Corte para resolver la acusación y la que ahora se presenta en la demanda objeto de análisis. Este hecho lo evidenció la Sala Plena al resolver el recurso de súplica que presentó el ciudadano Martín Alfonso contra el auto de rechazo que profirió el magistrado sustanciador(22).
Le corresponde a la Corte determinar si resultan contrarias al principio de igualdad, consagrado en los artículos 5º, 13 y 42 de la Constitución, las normas del código civil que reconocen a favor de los cónyuges sobrevivientes la posibilidad de reclamar la “porción conyugal”, facultad que no se reconoce a los compañeros o compañeras permanentes.
El artículo 1230 del Código Civil define la porción conyugal como aquella “parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia”.
A partir de esta definición, algunos doctrinantes la reconocen como una pensión alimentaria instituida por el legislador a favor del cónyuge sobreviviente(23) o como una pensión indemnizatoria en relación con el patrimonio adquirido por el cónyuge fallecido(24).
“La porción conyugal es una prestación sui generis de carácter alimentario o indemnizatorio, establecida por efecto de la ley a favor de viudo o viuda que carece de lo necesario para atender a su congrua subsistencia y que grava la sucesión del cónyuge muerto”(25) (subraya y negrilla fuera de texto).
“La institución jurídica de la porción conyugal concebida por el Dr. Andrés Bello y consagrada en la código chileno, es considerada como una consecuencia del contrato matrimonial que impone el deber de auxilio mutuo entre los cónyuges. El legislador se preocupó por la suerte material de los cónyuges no solo durante la vida de estos, sino cuando la muerte de uno de ellos, disuelta la sociedad conyugal, se hace más precaria la condición del sobreviviente, pudiendo carecer de los medios económicos suficientes para conservar la situación de que había venido disfrutando. El legislador, previendo este evento y considerando los principios fundamentales de la institución matrimonial, quiso prolongar los efectos tutelares de ella mas allá de la vida de los contrayentes.
“Por eso reconoció al cónyuge sobreviviente el derecho a percibir una parte del patrimonio del cónyuge finado para asegurar adecuadamente en lo posible la subsistencia y bienestar de aquel. En rigor a la verdad lo que recibe el cónyuge sobreviviente no es a título de heredero. Su condición jurídica es diversa de la de este. La porción no es asignación hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la sucesión, la cual se deduce como baja general del acervo bruto herencial en todos los órdenes de sucesión menos en el de los descendientes legítimos”(26).
Los autores que le atribuyen naturaleza indemnizatoria señalan que la porción conyugal, más que una prestación alimenticia, idea que surge cuando el precepto que la contempla se refiere a la congrua subsistencia, está signada por un concepto más amplio de los simples alimentos, dado que lo que da origen al derecho no es que el cónyuge sobreviviente no tengan bienes para lograr su subsistencia, sino que los que tiene no resultan en la misma porción que los que tendría si optara por concurrir a la sucesión(27). Es como lo señala el profesor Valencia Zea, una legítima de propiedad, tal como sucede en legislaciones como la alemana, la argentina y la suiza(28).
La porción conyugal que tiene su origen en la figura del derecho romano y la prevista por legislación española denominada la “cuarta marital”, se diferencia de esta por cuanto la cuarta marital solo se le reconocía a la viuda pobre y no al viudo, es decir, era una garantía exclusiva para la mujer, que le permitía percibir un monto determinado del patrimonio del causante —hasta cien libras oro—, y cuyo fundamento era la congrua subsistencia de “la cónyuge pobre” como la denominaban, quien por demás solo adquiría el usufructo de los bienes y no la propiedad, evento que solo ocurría si no había hijos, por cuanto la nuda propiedad era para estos. Es decir, la cuarta marital era de naturaleza netamente alimenticia.
La porción conyugal que Andrés Bello contempló, a diferencia de la “cuarta marital” brevemente presentada, (i) tiene como beneficiario al cónyuge sobreviviente, independientemente del sexo; (ii) no está sujeta a un monto determinado, por cuanto ella depende del patrimonio del cónyuge fallecido; (iii) lo que se recibe por este concepto pasa a incorporar el patrimonio del sujeto a favor de quien se reconoce; (iv) no está atada a la inexistencia de patrimonio del sobreviviente; solo se requiere que lo que este pueda percibir por otros conceptos sea o resulte inferior a la porción conyugal para que nazca del derecho a percibirla; (v) Este derecho se concreta al tiempo en que se abre la sucesión. Por tanto, si el cónyuge sobreviviente no tiene bienes en ese momento, o los que posee son de inferior valor, adquiere el derecho a la porción, sin importar que posteriormente adquiera otros. Por el contrario, si posee bienes de mayor valor y después los pierde o su valor disminuye, no tendrá derecho a dicha porción, tal como se desprende de una lectura de los artículos 1232 y 1233 del Código Civil.
En ese sentido, esta corporación no duda en señalar que esta protección patrimonial que creó el legislador de 1873, modernamente sirve para equilibrar y compensar las cargas propias de la decisión de compartir una vida en común, dado que no siempre los miembros de la pareja tienen las mismas oportunidades para acrecentar el patrimonio común, pues no en pocos casos se producen renuncias o se asumen labores, tareas, que no se reflejan pecuniariamente, v. gr. el miembro de la pareja que se queda en casa o el que decide renunciar a su trabajo o estudio para acompañar al otro en su proyecto laboral o académico. Esas renuncias, trabajos, tareas, oficios que no son cuantificados al momento de la disolución de la sociedad conyugal y que deben serlo tal como esta corporación lo determinó en la Sentencia T-494 de 1992(29), pueden ser suplidas mediante la llamada porción conyugal, en la que el cónyuge pese a no tener la calidad de heredero, tiene, mediante la asignación forzosa que hizo el legislador, la facultad de optar por una parte o cuota de la masa herencial.
Esa garantía se deriva, sin lugar a dudas, de la decisión autónoma de los individuos de formar una vida en común, basados, entre otras, en el apoyo mutuo; la solidaridad y el socorro que, para la época en que se expidió el Código Civil, se repite, 1873, solo era predicable del único vinculo reconocido: el matrimonio.
Es necesario recordar que cuando el cónyuge opta por la denominada porción conyugal no adquiere la calidad de heredero, pero sí afecta el reparto de la masa herencial, por cuanto el legislador decidió que, en este caso y en los términos del artículo 1236 del Código Civil, el cónyuge sobreviviente recibe “... la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos, y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo”.
Es importante recordar que los órdenes sucesorales son cinco: el primero compuesto por los descendientes; el segundo por los ascendientes próximos y el cónyuge, quienes heredan por cabeza; el tercero por los hermanos y el cónyuge, en este caso se hereda por mitades, la mitad para los hermanos y la otra mitad para el cónyuge; el cuarto por los hijos de los hermanos, quienes entran en la sucesión a falta de todos los órdenes anteriores, y el quinto, que lo ostenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien solo entra en ausencia de todos los anteriores, artículos 1040 y siguientes del Código Civil.
Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que el cónyuge está en el tercer y cuarto orden sucesoral, la legislación civil le permite optar por lo que el artículo 1236 denomina porción conyugal complementaria, que consiste en que “Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal. Se imputará por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, incluso su mitad de gananciales, si no la renunciare” (negrilla fuera de texto).
Señaladas las características de la figura de la porción conyugal, corresponde a la Corte establecer si esta se puede extender a las uniones maritales de hecho, so pena de una vulneración del derecho a la igualdad, en los términos de los artículos 5º, 13 y 42 de la Constitución.
Por tanto, la disposición que crea el trato diferencial no solo debe tener un fundamento constitucional legítimo, sino que su aplicación no puede vulnerar los intereses jurídicos de otras personas. En el evento en que ello ocurra, debe serlo en forma mínima.
En consecuencia, el juez constitucional debe efectuar un test estricto de constitucionalidad de las medidas que introduzcan tratos diferenciados, en donde lo primero que debe examinar es que los supuestos de hecho que sean objeto de comparación sean comparables, por cuanto no se puede exigir un trato igual para extremos que no son objeto de equiparación, argumento en que se sustentó esta Corte para indicar en la Sentencia C-176 de 1994, que el matrimonio y las uniones maritales no son susceptibles de ser comparadas por tratarse de fenómenos o instituciones diferentes.
3.5.2. Efectivamente, la jurisprudencia constitucional de forma unánime y constante ha señalado que el matrimonio y las uniones maritales de hecho no son iguales(30).
En una interpretación de los artículos 5º, 13 y 42 de la Constitución, esta corporación ha realizado diversos análisis sobre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, para afirmar que el matrimonio y la unión marital ostentan una naturaleza jurídica distinta, que justifica que el legislador otorgue tratamiento diverso a una y otra. Así, desde sus primeros pronunciamientos, ha sostenido que la naturaleza de las instituciones hace compleja hacer una equiparación de derechos y obligaciones. Se ha señalado por ejemplo que:
“(el) establecimiento de los mismos derechos y obligaciones que existen entre los cónyuges, hay un abismo. Basta pensar, por ejemplo, que la sola voluntad de uno de sus miembros, es suficiente para poner término a la unión marital de hecho, lo que no ocurre con el matrimonio.
En síntesis: sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda este imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre”(31).
De la misma manera, en la Sentencia C-114 de 1996(32), con ocasión de la constitucionalidad del término de prescripción de la sociedad patrimonial, la Corte reiteró esta posición y señaló:
“Por sus mismas características, y especialmente por haberse originado en una unión libre, es razonable que la acción encaminada a demostrar la existencia y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriba en un término relativamente breve, contado a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. Por eso, el término de un año, fijado por el artículo 8º de la Ley 54, no parece insuficiente. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que el término se interrumpe con la sola presentación de la demanda”.
Posteriormente, en la Sentencia C-014 de 1998(33) analizó si el establecimiento de un régimen de bienes para la constitución de la sociedad patrimonial desconocía el derecho a la igualdad frente a la sociedad conyugal conformada por el matrimonio. La corporación siguió la postura defendida en otras oportunidades y señaló que a pesar que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho son dos formas de conformar familia, ello no se traduce en su equiparación:
“La actora parte de la base de que, en materia patrimonial, la sociedad conyugal y la unión de hecho deben ser reguladas en forma idéntica, con el objeto de no vulnerar el principio de igualdad. Sin embargo, este punto de partida es equivocado. El matrimonio y la unión de hecho comparten la característica esencial de ser instituciones creadoras de la institución familiar. Como tales es claro que las dos figuras merecen una misma protección constitucional. Sin embargo, ese idéntico trato no puede aplicarse enteramente a los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se derivan de las sociedades conyugal y patrimonial. Tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede generar consecuencias distintas en este campo, siempre y cuando, como se ha expresado reiteradamente por esta corporación, las diferencias sean razonables, es decir, se puedan sustentar con una razón objetiva”.
Dentro de este recuento jurisprudencial es pertinente reseñar la Sentencia C-533 de 2000(34) en la que se planteó el siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia esencial entre el matrimonio y la unión marital de hecho, si las dos dan origen a una familia, si ambas suponen la cohabitación entre el hombre y la mujer, e incluso, si las dos dan origen hoy en día a la conformación de un régimen de bienes comunes entre la pareja?
“Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir, una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente, las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente”(35) (negrilla fuera de texto).
“Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que “El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes ...”. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges.
“De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y este a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges(36), es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia (subrayas y resaltado de la Corte).
En la Sentencia C-821 de 2005(37) se analizó si las causas de disolución del matrimonio también eran extensivas a las de la unión marital de hecho. En esta decisión nuevamente se reitera la diferencia existente entre estas dos instituciones y se concluyó:
“No considera la Corte que el legislador haya contrariado la Constitución Política al establecer como causal de divorcio “Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”. La fidelidad, es considerada uno de los pilares fundamentales sobre los que se edifica y consolida la estructura del matrimonio. No puede afirmarse, como lo hace el actor, que la disposición acusada afecta la institución familiar, el principio de dignidad y los derechos a la igualdad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad. Por el contrario, según ha quedado visto, el objetivo de la norma es precisamente la protección del bien jurídico de la familia y los principios y derechos invocados en cabeza de los cónyuges. De acuerdo con la naturaleza jurídica del matrimonio, la infidelidad deteriora la relación afectiva y es causa de la inestabilidad familiar, razón por la cual, a través de la causal de divorcio invocada, se busca proteger esos intereses jurídicos. Si bien la causal de divorcio acusada impone una limitación a los derechos al libre desarrollo a la personalidad y autonomía de la voluntad, en cuanto puede conllevar una restricción a la libertad sexual de los cónyuges, la misma resulta constitucionalmente legítima si se considera, que deviene de un compromiso adquirido por los cónyuges en forma libre y voluntaria, y que su objetivo es tutelar un bien jurídico de interés general —la institución familiar— y proteger derechos de terceros, los del cónyuge afectado. Finalmente, descarta la Corte que la medida acusada resulte discriminatoria por el hecho de limitar su ámbito de aplicación al matrimonio y no extenderse a la unión marital de hecho. Aun cuando la Carta Política legitima los distintos origines que puede tener la familia, dicho estatuto no está reconociendo al matrimonio y a la unión marital de hecho como instituciones equivalentes, amparadas por una misma situación jurídica frente a sus efectos y características”.
Sin embargo, el hecho de no tratarse de vínculos iguales no ha impedido al juez constitucional extender algunos de los derechos, de las garantías y de las cargas que el legislador ha reconocido a los miembros de una de ellas —el matrimonio— a la otra —unión marital de hecho—, en especial en lo que hace al ámbito patrimonial, en razón de la desprotección en que se encontraba esta última y que llevó, entre otras, al Constituyente de 1991 a reconocerla expresamente en el artículo 42 de la Constitución, reconocimiento que obliga al Estado y a la sociedad a brindarle toda su protección.
Por tanto, se ha considerado que cada vez que se pretenda un tratamiento igual entre una y otra unión, debe demostrarse que se está ante una situación equiparable y que, por tanto, un trato distinto es discriminatorio. En efecto, se ha sostenido que de una interpretación de los artículos 5º y 13 de la Constitución Política, se desprende para el legislador la obligación de dar un tratamiento idéntico al matrimonio y a la unión marital de hecho, cuando se trate de proteger a sus integrantes. Sobre este particular se afirmó:
“Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas”(38).
En lo atinente al derecho a la adopción del hijo del cónyuge, la extensión se llevó a cabo en la Sentencia C-477 de 1999(39), en la que la Corte declaró exequibles los artículos 89 salvo el inciso segundo, 91, 95 y 98 del Decreto 2737 de 1989 —anterior Código del Menor—, bajo el entendido que dichas normas también son aplicables a los compañeros permanentes que deseen adoptar el hijo de su pareja. Teniendo en cuenta las finalidades de la adopción, la Corte concluyó, de un lado, que no existían motivos para la diferenciación, especialmente después de la adopción de la Constitución de 1991, y de otro, que la diferenciación vulneraba los derechos de los niños a tener una familia. La Corte expresó:
“la no inclusión de los compañeros permanentes como sujetos destinatarios de las normas demandadas, también restringe el derecho fundamental de los niños de tener una familia cualquiera que sea su origen, y unos padres que velen por ellos y les brinden todas las condiciones necesarias para lograr su bienestar emocional, intelectual y social, y priva a los interesados en adoptarlos de tener un hogar con hijos a quienes brindarle su cuidado y amor. Tal discriminación tampoco se compadece con el deber que tiene el Estado de brindar especial protección a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta (C.N., art. 13), ocasionada en este caso por la situación de abandono en que se encuentra el niño, ni atiende a la obligación de aquel de diseñar una política de adopciones que se ajuste en todo al interés superior del menor y a los principios, valores y derechos reconocidos en la Constitución”.
En la Sentencia C-1033 de 2002(40) se declaró la exequibilidad del artículo 411, numeral 1º del Código Civil, relativa a los alimentos, bajo el entendido que la obligación alimentaria no solo se le debe al cónyuge sino también al compañero o compañera permanente, por cuanto esta obligación se fundamenta en el principio de solidaridad y la unión marital de hecho, que al igual que el matrimonio, está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes integran esas relaciones y constituyen familia. Por esto, no era razonable ni proporcional brindar un tratamiento desigual en materia de alimentos a los compañeros permanentes frente a quienes celebraron un contrato de matrimonio, por el simple hecho del origen del vínculo.
En la Sentencia C-521 de 2007(41) se estableció que era contrario al principio de igualdad que el régimen de salud estableciera el requisito de la convivencia de por lo menos dos años para lograr la afiliación como beneficiario del sistema general de seguridad social en salud, mientras que para el cónyuge no se hiciera esa exigencia. En consecuencia, se declaró inexequible el requisito del término para que un compañero o compañera permanente pudiera ser afiliado al sistema de seguridad social como beneficiario.
Este juicio se reiteró en la Providencia T-932 de 2008(42), en la que se señaló que no podía existir una diferencia de trato para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes entre cónyuges y compañeros y compañeras permanentes, con fundamento en que una norma preconstitucional hiciera referencia única y exclusivamente al cónyuge.
En reciente pronunciamiento, Sentencia C-100 de 2011(43), se indicó que los lazos de amor, respeto, comprensión, solidaridad que unen a los cónyuges y compañeros permanentes resultan en muchos casos ser más fuertes y sólidos que los que existen entre los consanguíneos, razón por la que no se justifica su exclusión cuando lo que se busca favorecer es, entre otros, a uno o unos de sus integrantes, hecho que en determinados casos genera una desigualdad negativa que la Corte está obligada a evidenciar.
3.5.4. En aplicación de la regla de no discriminación que esta corporación ha formulado frente a los miembros de una y otra unión —cónyuges, compañeros e hijos de una y otra relación—, la Sala encuentra que no existe ninguna razón objetiva ni razonable que permita aseverar que en el presente caso el compañero o compañera permanente supérstite no pueda ostentar el derecho a optar a la figura que la legislación civil denominó “porción conyugal”, pues analizada la finalidad que persigue la garantía patrimonial que se contempla en el artículo 1230 del Código Civil, no hay razón que permita afirmar válidamente que ella solo pueda tener como destinatarios a quien tenga un contrato matrimonial.
3.5.5. En este caso no estamos ante una omisión legislativa, como lo señala el Ministerio Público, dado que para el momento en que se dictó la regulación objeto de acusación no existía el deber para el legislador de desarrollar el artículo 13 constitucional, como tampoco se puede afirmar que se profirió una regulación incompleta o insuficiente, pues se repite, no existía la obligación por parte del legislador de regular una consecuencia jurídica(44) en relación con los compañeros permanentes, quienes no eran reconocidos constitucionalmente como sujetos de una protección similar a la de los miembros de un contrato matrimonial; se trata, más bien, de una inconstitucionalidad sobreviviente en relación con lo normado en los artículos 5º, 13 y 42 de la Carta, que obliga a esta corporación a un pronunciamiento que elimine dicho tratamiento discriminatorio.
3.5.6. En ese sentido, la Sala no encuentra ninguna razón objetiva y razonable que justifique que para acceder a lo que la legislación denomina “porción conyugal”, el requisito esencial sea el vínculo matrimonial, hecho que posiblemente se justificaba para la época en que fue expedida la norma, porque el único que era reconocido en ese momento era el contrato de matrimonio. Sin embargo, hoy, la libertad de autodeterminación que se ha reconocido a todos los individuos y que expresamente nuestra Constitución reconoce, artículo 16, permite sostener que la diferencia de trato entre una y otra relación, en lo que hace al reconocimiento de esta garantía patrimonial para el supérstite sea cónyuge o compañero y/o compañera permanente, resulta contraria al artículo 13 constitucional, donde la diferencia de trato proviene de la naturaleza del vínculo con que dos personas han decido compartir y hacer realizable su proyecto de vida.
Es evidente que las normas acusadas en razón de la época en que fueron expedidas, año 1873, confieren un tratamiento diverso en materia de derechos patrimoniales a los miembros de las uniones maritales de hecho y a quienes están vinculados por matrimonio. Para el momento histórico en que estas fueron expedidas solo se reconocían efectos jurídicos al vínculo matrimonial. Sin embargo, en razón de los cambios sociales, culturales y políticos que hicieron necesaria la inclusión en la Constitución de 1991 de un reconocimiento y protección expresa de las uniones maritales de hecho, ha sido necesario, con el pasar de los años, que la Corte Constitucional reconozca para estas una serie de efectos jurídicos que el legislador solo confirió a las uniones surgidas del matrimonio.
En ese sentido, resulta igualmente importante señalar que, a diferencia de lo que sostuvo esta corporación en la Sentencia C-174 de 1996, en relación con el estado civil para las uniones maritales de hecho, la Corte Suprema de Justicia, a través de un auto proferido en el año 2008, expresamente dijo rectificar su posición en relación con las uniones maritales de hecho y señaló expresamente que estas sí constituyen un estado civil, al señalar “... aun sin que se haya expedido la ley que haga la asignación que en tales antecedentes se echo de menos (se hace referencia a la L. 54/90), normativamente se han introducido cambios que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio y a todo lo que gira a su alrededor de esas situaciones, cuestiones todas que sin lugar a dudas permiten subsumir a aquella en la definición del artículo 1º del Decreto 1260 de 1970 (relativa al estado civil)”(45).
Así mismo, en sentencia de octubre de 2005, esa corporación también señaló que la Ley 54 de 1990 más que definir las uniones maritales de hecho, buscó dotarlas de todos los efectos civiles pese a que no los señaló y “reconocer que existe una relación jurídica específica que genera consecuencias jurídicas determinables para cada uno de los compañeros permanentes”(46), de lo cual se deriva que los integrantes de estas uniones sean merecedores de los mismos derechos y obligaciones que tienen los cónyuges.
Por tanto, en este caso, se debe aceptar que el compañero o compañero permanente supérstite tiene el derecho a ser tenido en cuenta en la masa herencial de su compañero como ocurre con el o la cónyuge supérstite cuando opte por la denominada “porción conyugal” dentro de las asignaciones forzosas que regulan los artículos 1226 y 1230 del Código Civil, y que incumben tanto a las sucesiones testadas como a las intestadas, pues como asignación forzosa que es, su observancia es obligatoria, incluso en contra de la voluntad del testador, sin que ello implique que adquiera la calidad de heredero.
La naturaleza y finalidad de la denominada “porción conyugal” le permiten a esta corporación aseverar que la extensión de este beneficio a las uniones maritales de hecho no desnaturaliza la institución jurídica del matrimonio ni afecta su esencia, pero no admitirla, es mantener una distinción discriminatoria entre una unión y la otra y afirmar que un compañero o compañera permanente debe acudir a vías tales como el testamento o las donaciones, por señalar solo algunas instituciones jurídicas, a las cuales no están sometidas las parejas unidas por el vínculo del matrimonio, para lograr esa protección, pese a que la finalidad de la “porción conyugal” es la de ser una garantía para la pareja sobreviviente, sin que la naturaleza jurídica del vínculo que originó la vida en comunidad sea la causa de ese beneficio, razón por la cual admitir un trato diverso entre las uniones de hecho y el vínculo matrimonial en este caso no tiene ninguna justificación.
Por tanto, no se puede aceptar la interpretación según la cual la denominada “porción conyugal” solo es para quien tenga un vínculo matrimonial, pues no existe un sustento para esa posición, y admitirla es carente de razonabilidad y al no atender un fin legítimo resulta contraria al espíritu igualitario por el que optó la Constitución.
Lo expuesto, necesariamente parecería implicar que las expresiones acusadas fueran expulsadas del ordenamiento jurídico mediante la declaración de inexequibilidad. No obstante, una decisión de esa naturaleza haría carente de sentido los preceptos en donde tales locuciones se encuentran y produciría problemas de interpretación y aplicación para los diversos operadores jurídicos, generándose un efecto no querido ni por el demandante ni la Corte, razón por la cual se impone proferir una sentencia integradora, a partir de la cual se entienda que las expresiones “porción conyugal”, “cónyuge supérstite”, “cónyuge”, “viudo o viuda” que figuran en los preceptos acusados incluyen al compañero o compañera permanente y, en consecuencia, la figura jurídica denominada “porción conyugal”, definida en el artículo 1230 del Código Civil, debe ser reconocida igualmente a estos. En ese orden de ideas, se declararán exequibles los artículos 1016-5; 1045: 1054; 1226; 1230; 1231; 1232; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1243;1248; 1249; 1251 y 1278 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que a la porción conyugal en ellos regulada también tienen derecho el compañero o compañera permanente.
3.6. Las parejas del mismo sexo: el reconocimiento de derechos que hasta hoy son predicables de las uniones heterosexuales y el principio democrático.
3.6.1. El demandante Álvarez Bermúdez solicita extender el beneficio de la porción conyugal a las parejas del mismo sexo, teniendo como referencia múltiples decisiones de este tribunal en las que a partir del principio de la dignidad humana y los derechos a la libre autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad y no discriminación por razones sexuales, ha reconocido a estas parejas un trato igual al que se le otorga a las uniones heterosexuales. Afirma el ciudadano Álvarez Bermúdez “atendiendo las sentencias referenciadas, podemos concluir que en Colombia las parejas homosexuales tienen iguales derechos y garantías que los miembros de las uniones maritales de hecho(47)” (negrilla fuera de texto) (sic).
3.6.2. La pregunta de si el régimen jurídico reconocido por el legislador y la jurisprudencia constitucional a las uniones maritales de hecho puede ser extendido a las parejas del mismo sexo, fue abordada y resuelta por esta corporación en la Sentencia C-075 de 2007(48). En dicho fallo la Corte reconoció la existencia jurídica de estas últimas y señaló que negar a estas el régimen de protección patrimonial(49) que se le otorga a las uniones maritales era contrario a la dignidad y al derecho al libre desarrollo de la personalidad de estas, generando una discriminación prohibida expresamente por la Constitución. En ese sentido se consideró que:
“El régimen de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificado por la Ley 979 de 2005, en la medida en que se aplica exclusivamente a las parejas heterosexuales y excluye de su ámbito a las pareja homosexuales, resulta discriminatorio. Así, no obstante las diferencias objetivas que existen entre los dos tipos de pareja, y las específicas consideraciones que llevaron al legislador del año 1990 a establecer este régimen de protección, fundadas en la necesidad de proteger a la mujer y a la familia, no es menos cierto que hoy por hoy puede advertirse que la parejas homosexuales presentan requerimientos análogos de protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado. A la luz de los anteriores criterios y sin desconocer el ámbito de configuración del legislador para la adopción, en proceso democrático y participativo, de las modalidades de protección que resulten más adecuadas para los requerimientos de los distintos grupos sociales, encuentra la Corte que es contrario a la Constitución que se prevea un régimen legal de protección exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se declarará la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección allí previsto también se aplica a las parejas homosexuales. Quiere esto decir que la pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en la ley para las uniones maritales de hecho, esto es la comunidad de vida permanente y singular, mantenida por un período de al menos dos años, accede al régimen de protección allí dispuesto, de manera que queda amparada por la presunción de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera individual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para establecerla cuando así lo consideren adecuado” (negrilla fuera de texto) (sic).
La Sala reconoció en dicha providencia que las parejas del mismo sexo que tenían una cohabitación cuyo fin era la realización de un proyecto de vida común fundada en la solidaridad y en el apoyo mutuo, no encontraban protección jurídica ante la finalización de la relación o frente a la muerte de uno de los compañeros, desprotección generada por un criterio sospechoso de discriminación como lo es la orientación sexual, que está proscrito por la jurisprudencia constitucional y las normas que conforman el bloque de constitucionalidad y que en el caso de las parejas del mismo sexo resultaba lesivo no solo del derecho al libre desarrollo de la personalidad sino de su dignidad y autonomía, razón por la que se requería un mínimo de protección, mediante el reconocimiento jurídico de una situación que, en este caso, se traducía en otorgarle a este grupo el mismo régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en la medida en que no existe una regulación que permita afirmar su no discriminación.
Es decir, la corporación reconoció que existe una ausencia o un déficit de protección frente a este grupo de personas que requiere de regulaciones legislativas, pero mientras ellas se producen el juez constitucional, en ejercicio de su función de guardián de la Constitución y garante de los derechos fundamentales, en donde la igualdad material y el respeto por la libre determinación son fundamentales a la concepción mismo del Estado social de derecho, debe buscar la forma de hacerlas efectivas apelando a las instituciones que legislador ya ha regulado y que puedan servir para ofrecer una protección adecuada a esos grupos discriminados, mientras el legislador en ejercicio del principio democrático introduce la normativa correspondiente.
Se admite, entonces, que corresponde al legislador y no al juez constitucional regular las consecuencias jurídicas de ciertos hechos y fenómenos sociales. No obstante, ante la ausencia de una normativa que permita prodigar una protección a un grupo determinado el juez constitucional puede extender uno existente, como en efecto lo hizo en el caso de las uniones de maritales de hecho frente a las parejas del mismo sexo. En ese orden se indicó:
“No hay razón que justifique someter a las parejas homosexuales a un régimen que resulta incompatible con una opción vital a la que han accedido en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni resulta de recibo que la decisión legislativa de establecer un régimen para regular la situación patrimonial entre compañeros permanentes, sea indiferente ante los eventos de desprotección a los que puede dar lugar tratándose de parejas homosexuales”.
3.6.3. Siguiendo esa línea de protección, en la Sentencia C-811 de 2007 la Corte con fundamento en la Sentencia C-075 de 2007, señaló que la imposibilidad de vincular al régimen contributivo como beneficiario a la pareja del mismo sexo, constituía una vulneración de los derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación sexual, y una discriminación por razón de la orientación sexual del individuo(50).
En la Sentencia C-336 de 2008(51) se consideró contrario a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía desde la perspectiva de la orientación sexual y al principio a la igualdad, negar la pensión de sobrevivientes a un miembro de la pareja del mismo sexo. Al tiempo que precisó que en estos casos las parejas podrían acudir “ante un notario para expresar la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, que permita predicar la existencia de una relación afectiva y económica responsable, de la cual posteriormente pueden derivar prestaciones de una entidad tan noble y altruista como la correspondiente a la pensión de sobrevivientes”.
En otra providencia, la C-798 de 2008, la Corte estimó que en la descripción del tipo de inasistencia alimentaria contenida en el artículo 1º de la Ley 1181 de 2007 era exequible bajo el entendido que en ese mismo tipo penal también podían incurrir los integrantes de las parejas del mismo sexo.
“... no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual al que vienen siendo sometidas las personas que en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido conformar una pareja con una persona de su mismo género”.
3.7. Es importante insistir en que la decisión de reconocer esos derechos a las parejas del mismo sexo no debería ser labor del juez constitucional, porque el escenario natural y propicio para ese efecto es el Congreso de la República, en donde hay un sustrato de representación democrática, pues allí tienen asiento los distintos grupos que conforman nuestra sociedad, elegidos por la voluntad popular y que permite una deliberación amplia y prolija sobre un asunto tan trascendental como el de los derechos de las parejas del mismo sexo, representación democrática que presenta un déficit en tratándose de esta corporación, porque si bien sus miembros son electos por el Senado de la República de sendas ternas que conforman el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, no puede compararse con la que tiene el Congreso de la República ni mucho menos con su función deliberativa.
En este contexto, cobra importancia la tesis de Habermas y Elster sobre la democracia deliberativa, según la cual en las instituciones políticas debe permitirse la acción comunicativa a través de una deliberación racional, toda vez que se permite a todos los interesados formular los mejores argumentos en procura de una decisión seguramente más justa.
No obstante, sin desconocer que constitucionalmente le corresponde al Congreso de la República abordar y regular estos temas, máxime cuando se trata de asuntos que generan tanta sensibilidad en diversos sectores de la sociedad, como es el caso de las regulaciones relacionadas con las parejas del mismo sexo, en donde el juez constitucional ha venido evidenciado un déficit de protección y en aras de lograr la prevalencia del derecho a la igualdad y no discriminación, la Sala ha tenido que adoptar decisiones que buscan no solo la protección de lo que se ha denominado grupos históricamente desprotegidos y discriminados, en este caso por su orientación sexual, sino la protección de su libertad de autodeterminación ante la ausencia de regulaciones por parte del órgano de representación popular, hecho que hace primordial que el legislador abra el debate, legisle y determine los derechos que deben ser reconocidos en el marco del Estado social de derecho que nos rige.
En este punto es importante traer a colación la posición de NINO(52) y que respaldan otros autores(53), según la cual en una sociedad pluralista como la actual, la única forma de lograr consensos moralmente aceptables es la discusión pública que se lleva en el parlamento. En estos términos, es la participación de los afectados en la deliberación colectiva y en la toma de decisiones, así como la aplicación de la regla de la mayoría, la que permite garantizar que estas sean razonables y acordes con el querer mayoritario.
En este mismo sentido, Jeremy Waldron(54) considera que cuando la comunidad política está dividida acerca de cuáles son los derechos morales de los que son titulares los individuos, cómo hay que interpretarlos, y cómo deben conciliarse sus exigencias contrapuestas, es inevitable que esa comunidad recurra a algún procedimiento para zanjar los efectos prácticos de esa controversia. El procedimiento más recomendable desde el punto de vista de una teoría liberal que propugne los valores de la autonomía y la igualdad de las personas, es el procedimiento democrático, en cabeza del parlamento. Un procedimiento en el que todos los ciudadanos participan con su voz y con su voto, bien directamente, bien a través de representantes, y en el que se decide por mayoría.
Abordar esas cuestiones implica que el órgano de representación analice si algunas instituciones de nuestro ordenamiento civil son o no aplicables a esas uniones o si deben sufrir modificaciones que permitan una regulación acorde con las nuevas realidades, tales como el parentesco (C.C., art. 50 y ss.); la afinidad (C.C., art. 47); el matrimonio (C.C., art. 113 y ss.); el divorcio (C.C., art. 154 y ss.); la separación de cuerpos (C.C., art. 164 y ss.); la separación de bienes (C.C., art. 197 y ss.); las obligaciones y derechos entre los compañeros (C.C., art. 176 y ss.); segundas nupcias (C.C., art. 164 y ss.); sociedad conyugal (C.C., art. 180); el estado civil (D. 1260/70, art. 123), entre otros.
1. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 y 1278 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que a la porción conyugal en ellos regulada, también tienen derecho el compañero o compañera permanente y la pareja del mismo sexo.
2. EXHORTAR al congreso para que legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.
(10) Cfr. Sentencia C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
(11) M.P. Jorge Arango Mejía.
(13) Ver Sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(14) Ver Sentencia C-228 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(15) Cfr. Sentencia C-774 de 2001. Sobre el concepto e importancia de la Constitución viviente se puede consultar, entre otros, el artículo de Gustavo Zagreblsky “Jueces constitucionales” en teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Editorial Trotta. S.A. 2007, págs. 97-99.
(16) Ver Sentencia C-976 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(17) Ver, entre otras, las sentencias C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, y C-729 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(18) Ver, entre otras, las sentencias C-397 de 1995; C-700 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-157 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(19) En la Sentencia C-397 de 1995, la Corte explicó: “Claro está, para que esa contradicción se configure, es indispensable que en la materia objeto de la misma se pueda hablar de una ‘parte motiva’, es decir, que se haya dicho algo en los considerandos susceptible de ser confrontado con lo que se manifiesta en la parte resolutiva del proveído. De tal modo que el presupuesto normativo no existe cuando de parte de la Corte ha habido total silencio en lo referente a resoluciones que solo constan en el segmento resolutorio de la providencia”.
(20) Ejemplos de esta hipótesis se pueden encontrar en sentencias como la C-096 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(21) Cfr. Sentencias C-447 de 1997 y C-774 de 2001, en esta última expresamente se señaló: “es necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva —aún cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental—, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, —que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades—, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica.
(22) Auto 237 de 2010, magistrado sustanciador Humberto Sierra Porto.
(23) Cfr. Fernando Vélez, citado por Suárez Franco Roberto en su libro de sucesiones tercera edición, pág. 291.
(24) Cfr. Hernando Carrizosa Pardo, citado por Suarez Franco Roberto en su libro de sucesiones tercera edición, pág. 291.
(25) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 21 de octubre de 1954. Gaceta Judicial 2147, t. LXXVIII, pág. 903.
(26) Ibídem, pág. 904 y ss.
(27) Somarria Undurraga, Manuel. Evolución del Código Civil Chileno. Bogotá. Editorial Temis, 1973, págs. 266 y 267. Luís Claro Solar entre otros.
(28) Valencia Zea, Arturo. Derecho civil sucesiones. Tomo VI. Editorial Temis. 1992.
(29) En este fallo, esta corporación determinó que “El sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. El desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente, durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer”, M.P. Ciro Angarita Barón.
(30) Cfr. Sentencias C-176 de 1994, C-098 de 1996 y C-533 de 2000, entre otras.
(31) Sentencia C-239 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
(35) Cfr. Código Civil, artículo 411, numeral 4º.
(36) Cfr. Código Civil, artículo 154, numerales 8º y 9º.
(38) Cfr. Sentencia C-477 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(39) M.P. Carlos Gaviria.
(43) M.P. María Victoria Calle. En ese oportunidad se analizó una norma del Código Penal que excluía al cónyuge y al compañero o compañera permanente entre las lista de familiares que podía dar origen a la agravación de la pena por el delito de desaparición forzada. Según se lee en el comunicado del pasado 23 de febrero “La Corte advirtió que al no encontrarse dentro de esa lista, de conformidad con las definiciones del Código Civil, el o la cónyuge ni el compañero o compañera permanente, el legislador incurrió en una omisión relativa contraria al derecho a la igualdad, por cuanto debían recibir la misma protección de los parientes incluidos en la disposición legal, atendiendo a la relación de cercanía, amor y cuidado y los vínculos jurídicos que los unen como familia con la víctima indirecta y el hecho de que su desaparición forzada podría generar el mismo efecto nocivo que la norma quiere prevenir, esto es, ataques indirectos contra ciertas personas, por razón de la función que cumplen o su pertenencia a ciertos grupos marginados o discriminados. De hecho, en el caso del o la cónyuge y del compañero o compañera permanente, resulta inexplicable su exclusión dado que los lazos que los unen pueden ser incluso más fuertes que los que los vinculan con algunos de los parientes expresamente incluidos”.
(44) Cfr. Sentencia C-1011 de 2008.
(45) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Auto del 18 de junio de 2008, Expediente C-0500131100062004-00205-01, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.
(46) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia 268 de octubre de 2005, Expediente 2000-00591-01.
(47) Demanda pág. 57.
(48) M.P. Rodrigo Escobar.
(49) Sobre si la Corte reconoció solo efectos patrimoniales y no todos los efectos civiles a estas uniones, se pueden consultar las aclaraciones y salvamentos de voto a la decisión en comento.
(50) En la Sentencia T-856 de 2007 se aplica por primera vez ese precedente en un caso concreto y se dejan de lado las posiciones en contra que sobre el particular había tenido la corporación.
(52) Cfr. Carlos Nino. Fundamentos de derecho constitucional. Editorial Astrea. 1992.
(53) Esta posición es defendida entre otros por autores como Ferreres Comella, Ignacio de Otto, Javier Pérez Royo y Manuel Aragón, quien asumen que hay un “indubio pro legislatore”, en el sentido que es a este y no al juez constitucional a quien le corresponde decidir sobre aquellos asuntos como el que aquí se analiza.
(54) Jeremy Waldron, citado por Víctor Ferreres Comella en “Justicia constitucional y democracia”. Centro de Estudios Constitucionales. 2ª edición. 2007, pág. 175.

References: artículo 4
 artículo 1234
 artículo 1236
 artículo 1236
 artículo 1236
 artículo 4
 artículo 243
 artículo 1230
sui generis
 artículo 1236
 artículo 1236
 artículo 8
 artículo 115
 artículo 42
 artículo 411
 artículo 1230
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 1230
 artículo 1
 artículo 411
 artículo 154