Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1154024
Timestamp: 2020-06-05 00:16:22+00:00

Document:
Decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública (DOGC de 2 de junio de 2016). Texto completo.
La Directiva 2014/23/UE , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, se inspiran en la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta Estrategia configura la contratación pública como un instrumento que permite incidir en el mercado con el objetivo de llevar a cabo políticas para mejorar las condiciones generales que favorezcan la innovación en las empresas; fomentar la contratación pública con criterios medioambientales; mejorar el entorno empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas innovadoras, e impulsar la contratación socialmente responsable.
Dado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que el objeto de la legislación básica estatal en materia de contratación es el de proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un trato común por parte de todas las administraciones públicas (SSTC 141/1993 , de 22 de abril; 331/1993 , de 12 de noviembre; 162/2009 , de 29 de junio; 56/2014 , de 10 de abril, y 84/2015 , de 30 de abril, entre muchas otras), y que la Generalidad, al igual que todas las administraciones públicas, tiene una potestad de auto-organización consustancial que, según ha señalado el Tribunal Constitucional en la STC 50/1999 , de 6 de abril, comporta que las bases estatales tengan una menor extensión en la vertiente interna de las administraciones públicas (es decir, en el ámbito de la organización y las competencias) que en la vertiente externa (es decir, la de las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía), se considera que la Generalidad está habilitada para adoptar medidas para lograr mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de los procedimientos de contratación.
Por otra parte, y vistos los cambios introducidos por las directivas en la configuración de los contratos de gestión de servicios públicos, queda sin efecto la remisión de la Ley 12/2007 , de servicios sociales, al Texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Sin embargo, de acuerdo con lo que establece la consideración séptima de la Directiva 2014/24/UE y la consideración sexta de la Directiva 2014/23/UE , en relación con el artículo 14 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y el Protocolo número 26 sobre los servicios de interés general, los servicios sociales regulados en la Ley 12/2007, de 11 de octubre , de servicios sociales, y los servicios ocupacionales de la Ley 13/2015, de 9 de julio , de ordenación de los sistemas de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, se podrán gestionar mediante fórmulas no contractuales; en consecuencia, y de acuerdo con el artículo 166 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que atribuye competencia exclusiva a la Generalidad en materia de servicios sociales, procede establecer el correspondiente régimen jurídico para la prestación de estos servicios con rango legal.
1.1 El objeto de este Decreto ley es establecer medidas en relación con la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2014/23/UE , del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 2014/24/UE , del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE.
Artículo 2. Contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obra pública
2.1 Los contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión se definen por la transferencia a la empresa concesionaria del riesgo operacional en la explotación de las obras o de los servicios. Se entiende que se ha transferido el riesgo operacional cuando no se garantice a la empresa concesionaria, en condiciones normales de funcionamiento, la recuperación de las inversiones o los gastos que haya efectuado en el marco de la concesión.
Artículo 3. Cálculo del valor estimado de las concesiones
3.1. En los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión y de concesión de obra pública, el valor estimado del contrato se calcula en base al volumen de negocio estimado de la futura empresa concesionaria, como consecuencia de la adjudicación de la concesión, excluyendo el IVA y cualquier otro tributo que fuera de aplicación.
Artículo 4. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos de capacidad y solvencia
Las empresas licitadoras no están obligadas a acreditar documentalmente, en el momento de la presentación de ofertas, el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia. Los órganos de contratación tendrán que admitir una declaración responsable que sustituya la acreditación documental, o el formulario normalizado de documento europeo único de contratación. Para los contratos sujetos a regulación armonizada sólo se puede admitir, como documento sustitutorio, el formulario normalizado de documento europeo único de contratación.
Artículo 5. División del contrato en lotes
5.1 En los contratos en que no hay división por lotes, se tendrá que incluir en el expediente un informe que justifique los motivos, y hacerlo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documentos que rigen las contrataciones.
Artículo 6. Valoración de las proposiciones
6.1 La oferta económicamente más ventajosa se tendrá que determinar sobre la base del precio o coste teniendo en cuenta la relación coste-eficacia de acuerdo con la totalidad de la proposición, mediante, si procede, el cálculo del coste del ciclo de vida. La valoración podrá tener en cuenta la relación calidad-precio.
Artículo 7. Procedimiento negociado
Los contratos del sector público se podrán adjudicar por procedimiento negociado, con independencia de la cuantía, sólo cuando se dé alguno de los supuestos de los siguientes artículos del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público:
Artículo 8. Medidas de gestión eficiente en la tramitación
A menos que se trate de contratos menores según la legislación de contratos del sector público, el órgano de contratación puede optar por tramitar el procedimiento aplicando medidas de gestión eficiente en los contratos que se adjudiquen por el procedimiento abierto, con valor estimado inferior a 100.000 €, en caso de servicios y suministros, y con valor estimado inferior a 1.000.000 €, en caso de obras.
c) Establecer la obligación de presentar las proposiciones técnica y económica de acuerdo con un modelo que tendrá que estar disponible para las empresas licitadoras, como anexo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, preferentemente en un formato que pueda ser cumplimentado electrónicamente.
Siempre que se admita de forma expresa en los pliegos o documentos que rijan la contratación, estos modelos pueden permitir a los licitadores que aporten o adjunten otra documentación que crean conveniente.
f) Unificar las reuniones de la mesa de contratación en un solo acto, con una fase previa interna y otra fase posterior de carácter público.
En la fase interna, los miembros de la mesa tienen que analizar la capacidad y solvencia de las empresas licitadoras y el informe técnico relativo a las propuestas valorables mediante un juicio de valor, si se dan, y tienen que proponer la admisión o inadmisión de empresas licitadoras y la puntuación de las proposiciones valorables mediante un juicio de valor.
g) Los órganos de contratación podrán autorizar que el acto público de apertura de las proposiciones valorables con criterios automáticos se haga de forma no presencial, utilizando medios audiovisuales o electrónicos. La realización de un acto público no presencial no podrá menoscabar los principios de igualdad, no discriminación, publicidad y transparencia en el desarrollo del acto. En el acta se tendrá que hacer constar que la reunión ha sido no presencial y formará parte el documento audiovisual o tecnológico que reproduzca el acto.
Este acto público de apertura no presencial se regirá por aquello que establece la Ley 26/2010, de 3 de agosto , de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
Artículo 9. Causas de modificación de los contratos
9.1 Los contratos se podrán modificar cuando sea necesario realizar prestaciones adicionales que únicamente pueda llevar a cabo el contratista por razones económicas o técnicas o porque una nueva adjudicación pueda generar inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la Administración. En cualquier caso, el límite máximo global de una modificación por esta causa será del 50% del valor inicial del contrato.
Aquellos contratos que pudieran ser calificados como contratos de concesión de obra pública o de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión, que se liciten a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley, y donde no haya transferencia del riesgo operacional en los términos definidos en la Directiva 2014/23/UE , relativa a los contratos de concesión, se deben calificar como contratos de obra o contratos de servicios, respectivamente.
De acuerdo con lo que establece la consideración séptima de la Directiva 2014/24/UE y la consideración sexta de la Directiva 2014/23/UE , en relación con el artículo 14 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y el Protocolo número 26 sobre los servicios de interés general, los servicios sociales regulados en la Ley 12/2007, de 11 de octubre , de servicios sociales, se podrán gestionar mediante fórmulas no contractuales, tal como se define a continuación:
1. Concierto social: la prestación de servicios sociales de la red de servicios sociales de atención pública a través de terceros titulares de los servicios y establecimientos en los que se presten servicios con financiación, acceso y control públicos.
En el establecimiento de los conciertos sociales para la provisión de servicios sociales se tienen que atender los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona al entorno de atención social, elección de la persona y continuidad en la atención y la calidad. Por eso, se podrán establecer como requisitos, cláusulas, medidas de preferencia o medidas de discriminación positiva, criterios sociales, de calidad, de experiencia y trayectoria acreditada, y otros que se determinen reglamentariamente.
7. Las entidades tendrán que acreditar, en todo caso, la disposición de medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimientode las condiciones establecidas para cada servicio, así como el cumplimientode la normativa que con carácter general o específico les sea aplicable, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concierto social o gestión delegada.
Las entidades proveedoras no podrán exigir ninguna contraprestación económica, fuera del marco legal aplicable, a las personas usuarias por las prestaciones básicas propias de los servicios de la red de servicios sociales de atención pública.
A los conciertos que se puedan suscribir en el marco de la Ley 13/2015, de 9 de julio , de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, para la prestación de servicios ocupacionales, en tanto que el derecho al empleo de las personas se considera también un derecho esencial, les será de aplicación aquello previsto en la disposición adicional tercera de este Decreto ley, salvo aquellas cuestiones que por su contenido afecten estrictamente al ámbito propio de los servicios sociales, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos, por parte de las entidades, de la normativa correspondiente para cada una de las actuaciones que puedan ser concertadas en el ámbito ocupacional, y de lo que se establezca en el despliegue reglamentario.

References: artículo 14
 artículo 166

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 14