Source: https://www.poderjudicialvirtual.com/fe-ejido-de-san-jeronimo-acazulco-municipio-de-ocoyoacac-estado-de-mexico--tribunal-unitario-agrario
Timestamp: 2020-02-18 11:09:34+00:00

Document:
Ejido De San Jerónimo Acazulco Municipio Ocoyoacac Estado Mé Exp: 1384/2016
Actor: Ejido De San Jerónimo Acazulco, Municipio De Ocoyoacac, Estado De México
Demandado: Tribunal Unitario Agrario Del Distrito Número Ocho, Con Residencia En La Ciudad De México
RESUMEN: El Expediente 1384/2016 Amparo indirecto fue promovido por Ejido de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México en contra de Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Ocho, con residencia en la ciudad de México en el Juzgado Quinto De Distrito En Materias De Amparo Y Juicios Federales En El Estado De México en Segundo Circuito, Federal. El Proceso inició el 21 de Septiembre del 2016 y cuenta con 171 Notificaciones.
Notificaciones del Expediente 1384/2016
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veinte. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; con el que devuelve en dos tomos, los autos originales del juicio de amparo ****; y, testimonio de la resolución que pronunció el tribunal de alzada el treinta de enero de la anualidad que transcurre, en la que se determinó: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo, para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por el Ejido de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. SEGUNDO. Remítanse los autos del juicio de que se trata, con sus anexos, al Juzgado de Distrito de referencia y comuníquese, con testimonio de esta resolución, al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Acúsese recibo, glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del conflicto competencial y háganse las anotaciones respectivas. Ahora, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del doce de marzo de dos mil veinte; por tanto, atendiendo a que se encuentra pendiente de desahogo la prueba testimonial ofrecida por el Ejido quejoso, a fin de evitar posibles nulidades, notifíquese la presente determinación a la totalidad de las partes en el domicilio que hayan señalado para tal efecto. En ese sentido, notifíquese a las autoridades responsables vía mensajería acelerada y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, acusen recibo de la presente determinación, con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. La información deberá ser enviada al fax (*** extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253.
Toluca, Estado de México, siete de febrero de dos mil veinte. Intégrese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por la cual informa que dicha alzada desechó el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra del proveído por el que este órgano de control constitucional declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del asunto, mismo que se registró con el número ***.
Toluca, Estado de México, treinta de enero de dos mil veinte. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se le alleguen copias certificadas de diversas constancias del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo solicitado, hágase del conocimiento que el nueve de diciembre de dos mil diecinueve se remitieron los dos tomos del juicio de amparo original y sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a fin de resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en la materia aludida, sin que a la presente data se haya resuelto el mismo, circunstancia por la cual, este Juzgado federal únicamente cuenta con las constancias que conforman el presente cuaderno de antecedentes. Por tanto, remítanse al oficiante copia de las actuaciones que conforman el cuadernillo en que se actúa, para los efectos legales conducentes.
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que las partes se encuentran debidamente notificadas de la resolución impugnada y del recurso de revisión interpuesto; así como, que no se cuentan con los anexos y autos originales que conforman el juicio de amparo del que derivó el cuadernillo en que se actúa. Como se encuentra ordenado en autos, con el original y copia del escrito de expresión de agravios, remítase copia certificada del presente cuaderno de antecedentes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del medio de impugnación citado, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al Secretario para que anexe al oficio que se forme con motivo del envío del recurso, la totalidad de los documentos y anexos necesarios para su resolución.
EN ATENCION AL AVISO DE SIETE DE ENERO ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE ANTERIOR ASI COMO EL DIVERSO DE SEIS DE ENERO ULTIMO A LA PARTE TERCERA INTERESADA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que del estudio integral del escrito de demanda y de las constancias que obran en este expediente, se aprecia que la parte quejosa reclama: - La ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México; pues aduce que el trece de septiembre de dos mil dieciséis se presentó personal del tribunal agrario para ejecutar la referida sentencia en tierras que corresponden al municipio de Ocoyoacac, Estado de México y no a la de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, sin que se llevará a cabo. INCOMPETENCIA En ese sentido, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora como ya se indicó en el presente caso el acto reclamado es la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México. Del análisis de las constancias que remitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México se advierte que en la sentencia de mérito el citado tribunal determinó: ". PRIMERO.- De conformidad con lo expuesto y fundado en los considerandos de la presente sentencia es procedente el reconocimiento y titulación de la superficie solicitada por integrantes de la comunidad denominada "San Lorenzo Acopilco" Delegación Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México, en consecuencia se reconoce y titula a favor de la citada comunidad la superficie que comprende el polígono de color verde que obra a foja 2,766 de autos del peritaje emitido por el Ing. Armando Salgado Vega, debiéndose excluir de dicha superficie los predios denominados "ENCINO I" (LOTE ii) CON SUPERFICIE DE 30,999.62 METROS CUADRADOS; "ENCINO II" (LOTE III y IV), con superficie de 1,728.73 metros cuadrados y 424.50 metros cuadrados respectivamente y "XALPA", con superficie de 16,227.031 metros cuadrados, misma que se encuentra dentro del polígono a reconocer y titular de la referida comunidad, ya que el resto de la superficie correspondiente a 9,405.839 metros cuadrados, se localiza fuera del mismo; lo anterior en términos de lo resuelto en sentencia de fecha seis de marzo de dos mil ocho, aclarada mediante proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho; así también, del citado polígono, deberá excluirse la superficie de 31-07-72.077 (treinta y un hectáreas, siete áreas, setenta y dos punto cero setenta y siete centiáreas), que se sobre pone con las tierras de San Pedro Atlapulco, siendo que dicha superficie corresponde al citado poblado (San Pedro Atlapulco)." En ese tenor, de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México, se advierte que su ejecución tendrá verificativo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México, la cual como ya se indicó tendrá verificativo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Se afirma lo anterior, pues si bien la quejosa aduce que el personal del tribunal responsable se constituyó en las tierras que corresponden al municipio de Ocoyoacac, Estado de México, lo cierto es que la orden de ejecución es sobre tierras Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, por lo que es en estas en donde se debe ejecutar la sentencia y no en otras diversas y si bien pudiera existir un exceso en la ejecución de la sentencia, lo cierto es que ello aún no acontece, por lo que se debe ceñir únicamente a la orden de ejecución la cual como ya se indicó debe realizarse en tierras pertenecientes al municipio de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, por ende la ejecución de la sentencia debe tener verificativo en dicho municipio. Además en el presente caso no se reclama la falta de llamamiento de la quejosa al juicio agrario de origen para verificar a que poblado corresponden dichas tierras, sino únicamente la ejecución de la sentencia en la que se determinó la dotación de tierras a favor del poblado de San Lorenzo Acopilco" Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México ; por lo que se insiste la ejecución reclamada tendrá verificativo en esa entidad y no en el Estado de México; por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, al ser el competente para conocer de los asuntos que se ejecuten en el municipio de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México; ello, conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de la materia y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar en el que conlleva ejecución el acto reclamado, a saber, en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues se insiste, es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. En ese tenor, se deja sin efectos las nueves horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil veinte. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa contra la determinación dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, téngase por desahogado el requerimiento formulado el once de diciembre de la mencionada anualidad y déjese sin efectos el apercibimiento con que se conminó. Por otra parte, del estado de autos se colige que a la fecha no obra constancia que acredite que haya sido notificada la parte tercero interesada respecto del citado proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente para que realice la notificación de la citada determinación a la parte antes citada.
Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil veinte. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa contra la determinación dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, téngase por desahogado el requerimiento formulado el once de diciembre de la mencionada anualidad y déjese sin efectos el apercibimiento con que se conminó. Por otra parte, del estado de autos se colige que a la fecha no obra constancia que acredite que haya sido notificada la parte tercero interesada respecto del citado proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente para que realice la notificación de la citada determinación a la parte antes citada.
EN ATENCION AL AVISO DE DIECISIES DE DICIEMBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE ACTUAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra el proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, por el cual este órgano de control constitucional declaró carecer de competencia legal y declinó la misma al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Ahora, del estado de autos se advierte que el nueve de diciembre de la actual anualidad, se recibió la misiva de la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por la cual no aceptó la competencia planteada; y en consecuencia, ante la insistencia de este juzgador en declinarla a su favor, se enviaron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a fin de resolver el conflicto competencial suscitado. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el escrito de expresión de agravios, y una vez integrado el expediente, remítanse al Tribunal de Alzada original o copia certificada de las constancias con las que este juzgado cuente al momento de integrar el recurso. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables (foráneas) para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, acusen recibo de la presente determinación, así como de la misiva con la que se notificó la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, con el apercibimiento que de ser omisa, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253. En consecuencia, se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta. Asimismo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo) dé cuenta al Juez para la remisión del recurso al tribunal de alzada. Finalmente, intégrese únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad que lo signa, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó el auto de veintiuno de noviembre del actual, en el que se hizo de su conocimiento la fecha señalada para la audiencia constitucional; lo anterior, toda vez que en auto de nueve del mes y año en curso, se recibió tal misiva y se acordó lo conducente.
EN ATENCION AL AVISO DE DOCE DE DICIEMBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Agréguese el oficio signado por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual remite en dos tomos el juicio original 1780/2019 de su estadística, formado con motivo de la competencia planteada en el diverso 1384/2016-I-C, de este índice y cuarenta y ocho legajos de pruebas relativos al mismo. Acúsese recibo. Ahora, de una revisión de constancias se colige el proveído de tres de diciembre de la anualidad que transcurre, emitida en el sumario 1780/2019, mediante el cual el homólogo oficiante determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso, insiste en declinar la competencia a diverso juzgado; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Ahora como se indicó en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, en el presente caso, el acto reclamado es la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México. Del análisis de las constancias que remitió el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México se advierte que en la sentencia de mérito el citado tribunal determinó ". PRIMERO.- De conformidad con lo expuesto y fundado en los considerandos de la presente sentencia es procedente el reconocimiento y titulación de la superficie solicitada por integrantes de la comunidad denominada "San Lorenzo Acopilco" Delegación Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México, en consecuencia se reconoce y titula a favor de la citada comunidad la superficie que comprende el polígono de color verde que obra a foja 2,766 de autos del peritaje emitido por el ***, debiéndose excluir de dicha superficie los predios denominados "***, se localiza fuera del mismo; lo anterior en términos de lo resuelto en sentencia de fecha seis de marzo de dos mil ocho, aclarada mediante proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho; así también, del citado polígono, deberá excluirse la superficie de 31-07-72.077 (treinta y un hectáreas, siete áreas, setenta y dos punto cero setenta y siete centiáreas), que se sobre pone con las tierras de San Pedro Atlapulco, siendo que dicha superficie corresponde al citado poblado (San Pedro Atlapulco).". En ese tenor, se advierte que la ejecución de dicha sentencia tendrá verificativo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México; por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México, la cual como ya se precisó tendrá verificativo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Se afirma lo anterior, pues si bien la quejosa adujo que el personal del tribunal responsable se constituyó en las tierras que corresponden al municipio de Ocoyoacac, Estado de México, lo cierto es que la orden de ejecución es sobre tierras Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, por lo que es en estas en donde se debe ejecutar la sentencia y no en otras diversas y si bien pudiera existir un exceso en la ejecución de la sentencia, lo cierto es que ello aún no acontece, por lo que se debe ceñir únicamente a la orden de ejecución la cual como ya se indicó debe realizarse en tierras pertenecientes al municipio de Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, por ende la ejecución de la sentencia debe tener verificativo en dicho municipio. Además, en el presente caso no se reclama la falta de llamamiento de la quejosa al juicio agrario de origen para verificar a que poblado corresponden dichas tierras, sino únicamente la ejecución de la sentencia en la que se determinó la dotación de tierras a favor del poblado de San Lorenzo Acopilco" Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México ; por lo que se insiste la ejecución reclamada tendrá verificativo en esa entidad y no en el Estado de México. En las relatadas condiciones, lo procedente es declarar la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para resolver el presente asunto y, por consiguiente, se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; toda vez, que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del ámbito de su competencia territorial. Pues se insiste, que contrario a lo expresado por el homologo federal, el acto reclamado, es decir, la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 203/2007, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, con sede en la Ciudad de México, tendrá verificativo en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito, reitera que al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dado que la ejecución del acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado. Sirve como apoyo de lo anterior, el criterio que fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia del Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales conducentes. Finalmente, intégrese únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad que lo signa, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó el auto de veintiuno de noviembre del actual, en el que se hizo de su conocimiento la fecha señalada para la audiencia constitucional; lo anterior, en atención a que el veintisiete siguiente, se dejó sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el que informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano de control constitucional, con el diverso Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que se registró con el número ****.
Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra el proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, por el cual este órgano de control constitucional declaró carecer de competencia legal y declinó la misma al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. Ahora, del estado de autos se advierte que el nueve de diciembre de la actual anualidad, se recibió la misiva de la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por la cual no aceptó la competencia planteada; y en consecuencia, ante la insistencia de este juzgador en declinarla a su favor, se enviaron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a fin de resolver el conflicto competencial suscitado. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el escrito de expresión de agravios, y una vez integrado el expediente, remítanse al Tribunal de Alzada original o copia certificada de las constancias con las que este juzgado cuente al momento de integrar el recurso. En ese sentido, se requiere a las autoridades responsables (foráneas) para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, acusen recibo de la presente determinación, así como de la misiva con la que se notificó la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, con el apercibimiento que de ser omisa, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253. En consecuencia, se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta. Asimismo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo) dé cuenta al Juez para la remisión del recurso al tribunal de alzada. Finalmente, intégrese únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad que lo signa, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó el auto de veintiuno de noviembre del actual, en el que se hizo de su conocimiento la fecha señalada para la audiencia constitucional; lo anterior, toda vez que en auto de nueve del mes y año en curso, se recibió tal misiva y se acordó lo conducente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 37
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 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 27
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 resolución 
 artículo 48
 artículo 37
 artículo 37
e contrario
 artículo 107
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 37
 resolución