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Timestamp: 2020-06-04 16:34:29+00:00

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NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE INTERESES DE DEMORA EN EL PRÉSTAMO BANCARIO | CEJ Abogados
NULIDAD DE LA CLÁUSULA DE INTERESES DE DEMORA EN EL PRÉSTAMO BANCARIO
por Luis García Martínez de Simón | Mar 31, 2020 | Derecho Bancario, Derecho Civil, Derecho Mercantil
Antes de nada debemos aclarar que en los préstamos dinerarios se habla de intereses remuneratorios para referirnos al precio del préstamo, esto es, a la remuneración que el prestatario abona al prestamista a cambio de que éste le preste el dinero, y se habla de intereses de demora en referencia a los que el prestatario que incumplió su obligación de pagar las cuotas del préstamo en las fechas convenidas deba abonar al prestamista. El propio contrato de préstamo suele prever unos y otros.
Pues bien, son innumerables las resoluciones de los tribunales que declaran nulas, por las razones que expresaremos más adelante, las cláusulas de interés de demora de préstamos bancarios sometidas, mediante el correspondiente procedimiento judicial, a su consideración. El fundamento de tales resoluciones se encuentra, principalmente, en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que establece en su artículo 8 que “Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: … b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos”, en su artículo 82 que “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato” y que “El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”, y en su artículo 83 que “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”.
¿Cuándo deberá entenderse que alguna cláusula del contrato, sea de préstamo o de otra clase, no ha sido negociada individualmente? La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Pleno, de 9 de mayo de 2013, ponente Don Rafael Gimeno-Bayón Cobos, EDJ 2013/53424 responde a ello así: “La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar”, que “No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario” y que “Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios”; también es de interés la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Pleno, de 22 de abril de 2015, ponente Don Rafael Sarazá Jimeno, EDJ 2015/69484, según la que “Para que una cláusula de un contrato concertado con un consumidor pueda considerarse “no negociada” y por tanto le sea aplicable la Directiva 1993/13/CEE y la normativa nacional que la desarrolla (en particular, la Ley y posteriormente el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), basta con que esté predispuesta e impuesta, en el sentido de que su incorporación al contrato sea atribuible al profesional o empresario. Tales requisitos se recogen en el art. 3.2 de la Directiva 1993/13/CEE cuando establece que « se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión …Como afirmamos en la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, la exégesis de dicha norma lleva a concluir que el carácter impuesto de una cláusula o condición general preredactada no desaparece por el hecho de que el empresario formule una pluralidad de ofertas cuando todas están estandarizadas con base cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación por el consumidor medio. Cuando se trata de condiciones generales en contratos con consumidores, ni siquiera es preciso que el consumidor observe una conducta activa, pese a la cual vea rechazado su intento de negociar. Tampoco es obstáculo a la aplicación del régimen jurídico de las condiciones generales que existan varios empresarios o profesionales que oferten los servicios o productos demandados por el consumidor, porque no es preciso que exista una posición monopolística del predisponente para que las cláusulas de los contratos que celebra con los consumidores puedan ser consideradas como no negociadas… el sector bancario se caracteriza porque la contratación con consumidores se realiza mediante cláusulas predispuestas e impuestas por la entidad bancaria, y por tanto, no negociadas individualmente con el consumidor, lo que determina la procedencia del control de abusividad previsto en la Directiva 1993/13/CEE y el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo que se pruebe el supuesto excepcional de que el contrato ha sido negociado y el consumidor ha obtenido contrapartidas apreciables a la inserción de cláusulas beneficiosas para el predisponente”).
Y, concretando más, en cuanto a las cláusulas de interés de demora ¿que dicen nuestros tribunales? A este respecto citaremos, por entenderla de interés, la sentencia del Tribunal Supremo, Civil Pleno, de 19 de febrero de 2020, ponente Don Ignacio Sancho Gargallo, referencia El Derecho EDJ 2020/511623, que se pronunció en los siguientes términos:
“La jurisprudencia sobre el carácter abusivo de las cláusulas de intereses de demora en el caso de los préstamos personales destinados al consumo fue establecida por la sentencia 265/2015, de 22 de abril, en la que concluimos “abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal”.
Esta doctrina fue ratifica por el TJUE en su sentencia de 7 de agosto de 2018, al disponer lo siguiente:
“[…] 2) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio.
En nuestro caso, es claro que el interés de demora incluido en el contrato supera los dos puntos respecto del interés remuneratorio, por lo que debemos considerarlo abusivo.
3. Los efectos de la apreciación de nulidad de la cláusula de intereses de demora por su carácter abusivo, son los mismos que establecimos en la reseñada sentencia 265/2015, de 22 de abril:
“Por consiguiente […], la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de demora no debe ser […] la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar “reducción conservadora de la validez”), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier interés, ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada”
La procedencia de esta doctrina, que había llegado a ser cuestionada, fue ratificada por el TJUE en su sentencia de 7 de agosto de 2018, en cuya parte dispositiva dispone:
La consecuencia lógica de lo anterior es que la liquidación de intereses debe hacerse conforme al interés remuneratorio pactado, vigente en el momento de su devengo.
4.º Estimar en parte la demanda interpuesta … y condenar a este demandado a pagar el principal adeudado y los intereses remuneratorios devengados, correspondientes a las cuotas vencidas e impagadas al tiempo de la interposición de la demanda, cuya liquidación deberá hacerse teniendo en cuenta que no puede aplicarse la cláusula suelo incluida en el contrato ni tampoco los intereses de demora, debiendo operar en todo caso los remuneratorios”.
Igualmente nos referiremos a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5ª, de 31/01/2019, Ponente Don Jaime David Fernández Sosbilla, referencia El Derecho EDJ 2019/601168, que vino a expresar:
“El Tribunal Supremo, Sala Primera, desde el dictado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2.013 , y a la vista de las sucesivas resoluciones que el TJUE ha ido dictando sobre la materia en aplicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, especialmente a la vista de la STJUE de 21 de enero de 2.015, y del Auto del TJUE de 11 de junio de 2.015, ha elaborado un cuerpo doctrina sobre el carácter abusivo de los intereses moratorios pactados tanto en préstamos personales como en préstamos garantizados con hipoteca.
La STS, Sala Primera, número 265/15, de 22 de abril, contiene la doctrina jurisprudencial sobre el control de intereses moratorios abusivos pactados en préstamos personales, que pasa a exponerse en los párrafos subsiguientes.
De conformidad con dicha resolución, la cláusula que establece el interés de demora es susceptible de control de abusividad sobre su contenido, no solo en cuanto a su transparencia. Es decir, puede controlarse judicialmente si, en contra de las exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor y usuario, causan un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, por no estar incluida en el ámbito de aplicación del art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE.
Aunque la jurisprudencia de la Sala Primera ha declarado que no es posible moderar los intereses de demora aplicando el art. 1154 del Código Civil, ha dejado a salvo la posibilidad de controlar las cláusulas que establecen tales intereses cuando se trata de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores. La sentencia de dicha Sala núm. 999/2011, de 12 de febrero , antes de declarar la improcedencia de moderar la cláusula penal en que consiste el interés de demora, introdujo el inciso: “sin perjuicio de aquellos supuestos en los que resulta aplicable la legislación tuitiva de los consumidores”.
La previsión legal aplicable al supuesto de autos, dado que la fecha de celebración del contrato es el 31 de enero de 2.006, es la contenida en la disposición adicional primera, apartado 3, último inciso, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, vigente cuando se celebró el contrato litigioso (actualmente, art. 85.6 del vigente Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre): son abusivas las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones. Esta previsión legal es un desarrollo de lo dispuesto en el apartado 1.e del anexo de la Directiva 1993/13/CEE, en relación a su art. 3.3 , si bien en este suponía solamente la posibilidad de ser considerada abusiva, mientras que en la normativa nacional supone que necesariamente ha de considerarse abusiva.
Por tanto, es admisible que una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor establezca una indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del consumidor, y que tal cláusula tenga un cierto contenido disuasorio. Pero no es admisible, porque tiene la consideración legal de abusivo, que sea una indemnización “desproporcionadamente alta”.
En España, a diferencia de lo que ocurre con otros Estados miembros de la Unión Europea, no existe una limitación legal a los intereses de demora establecidos en préstamos personales concertados con consumidores. Ello obliga al Alto Tribunal a realizar una ponderación con base en las cláusulas generales establecidas en la normativa de protección de los consumidores y usuarios y en los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objeto de esta resolución se ciñe a la abusividad del interés de demora en los préstamos personales, puesto que los préstamos hipotecarios tienen un tratamiento distinto y presenta unos problemas específicos, como resulta de la redacción del nuevo párrafo tercero del art. 114 de la Ley Hipotecaria, añadido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y de la doctrina que al respecto resulta de la STJUE de 21 de enero de 2005 , asuntos acumulados C-482/13 , C-484/13, C-485/13 y C- 487/13 , caso Unicaja y Caixabank.
Es abusiva la cláusula que pese a las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). Dado que esta materia ha sido regulada por una Directiva comunitaria, y que es dicha Directiva la que establece el concepto de abusividad así como las consecuencias que deben derivarse de la apreciación de abusividad de una cláusula, cobra especial importancia la jurisprudencia del TJUE, puesto que “según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (véase, en particular, la sentencia Fish Legal y Shirley, C-279/12,EU:C:2013:853, apartado 42)” (STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai , párrafo 37).
En primer lugar, para decidir si una cláusula es abusiva, el TJUE ha declarado que deben tenerse en cuenta las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, dice el TJUE, el juez nacional podrá valorar si -y, en su caso, en qué medida- el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. En cuanto a la cláusula relativa a la fijación de los intereses de demora, el TJUE afirma que el juez nacional debe comprobar en particular, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos (STJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, caso Mohamed Aziz , párrafos 68 y 74).
El nuevo párrafo tercero del art. 114 de la Ley Hipotecaria, añadido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, prevé que “los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago”.
El art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro prevé como interés de demora para las compañías aseguradoras el consistente en incrementar en un cincuenta por ciento el tipo del interés legal, que pasados dos años no puede ser inferior al 20% anual.
Por consiguiente, nuestros tribunales admiten que el contrato de préstamo bancario contenga una cláusula de interés de demora, destinada a disuadir del incumplimiento e indemnizar al banco si el cliente incumpliere, pero no que la indemnización que se haya convenido sea desproporcionadamente alta (a este respecto sostienen que el interés de demora es desproporcionado si supera en más de dos puntos al interés remuneratorio pactado); si el interés de demora que se pactó es desproporcionado, la cláusula de interés de demora se entenderá abusiva y por ende nula, teniéndose por no puesta y, en tal caso, el interés que el cliente bancario, si impagare el préstamo, deberá abonar al banco no será otro que el puramente remuneratorio.

References: Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 82
 artículo 83
 Real Decreto 
 resolución