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Timestamp: 2020-01-18 00:42:32+00:00

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Intimidad: afectados en sentencias del Tribunal Constitucional - 【Vilches Abogados】
agosto 25, 2015 /0 Comentarios/en Derecho Penal /por adminhv
Dentro del area de abogados penales a finales de Julio pasado apareció una resolución del Tribunal Constitucional en la que se intenta preservar la intimidad de los afectados por sentencias de este Tribunal. Esta resolución del Tribunal Constitucional viene a refrendar lo que marca nuestra Constitución en lo relativo a Los Derechos Fundamentales en ella recogidos. Uno de esos Derechos Fundamentales es el Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, aquí es donde entra en juego esta resolución del Alto Tribunal. El concepto de derecho a la intimidad de un condenado por sentencia judicial, se balancea en un fino cable de acero con el vacío a sus pies, pues podría parecernos que se entra en contradicción con otros derechos, el de información por ejemplo, y porque no, con el interés común de la mayoría de la sociedad. Vamos a intentar entender el alcance de esta decisión del Tribunal Constitucional, pero ante todo vamos a intentar esclarecer si las sentencias judiciales son públicas o se pueden publicar para el conocimiento general del resto de la ciudadanía.
Intimidad afectados en sentencias
Artículos 234 de la LOPJ
Intimidad y publicidad de las sentencias
Acuerdo del Pleno del TC de 23 de Julio
Desde ya os lo decimos, no, las sentencias judiciales en principio no son públicas, es decir, si mañana ganamos un pleito con nuestro vecino no podemos airear que ha sido condenado y su condena, ganar en los Tribunales no nos concede el derecho a pisotear sus derechos fundamentales, por muy mal bicho que sea los tiene. Los fallos de los Tribunales son accesibles siempre que se cumplan una serie de requisitos, pero ese acceso no da derecho a la difusión de los mismos. Vamos a ir desgranando qué y cómo lo dicen las distintas normas jurídicas que conforman nuestro marco legal y por ende nuestro Estado de Derecho.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial nos encontramos con el Artículo 266 que reza: «las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el juez o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas», un segundo párrafo de este primer punto del Artículo 266, nos pone los «peros»: «el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes».
Si nos fijamos bien la cautela en la difusión de los textos de las sentencias no solo se centra en los condenados, se marca la protección de todos los afectados por igual, ya sean víctimas o perjudicados por los hechos juzgados.
En la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que la desarrolla, nos encontramos que la legislación dispone que las resoluciones judiciales no pueden ser en ningún caso ficheros de datos de libre consulta por parte de cualquier persona, han de tener en todo caso alguna normativa que limite o prevea alguna exigencia adicional, más allá del pago de una tasa por su consulta. ¿Qué significa ésto? Claramente significa que el acceso a las resoluciones judiciales ni es, ni debe ser entendido como un derecho ilimitado, al contrario, es un derecho que para su ejercicio requiere de una serie de medidas preventivas que resguarden derechos fundamentales de terceros. En cuanto a la difusión de los contenidos de las resoluciones judiciales a los que se ha tenido acceso con los requisitos previstos por la ley, así como el tratamiento de las mismas, estipula que ese acceso no concede el derecho a divulgar los mismos.
En lo relativo al tema de la publicación y difusión existe un acuerdo de 2005, del Pleno del Consejo Generla del Poder Judicial, en el que se aprueba el reglamento que rige sobre los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en este reglamento en su Artículo Siete leemos: «en lo que se refiere a la publicación oficial de las sentencias y otras resoluciones del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales, todos los Juzgados y Tribunales, bajo la supervisión de sus titulares o Presidentes, o de alguno de los Magistrados en quienes aquellos deleguen a estos efectos, procederán a remitir al Consejo General del Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial y con la periodicidad que se establezca, copia de todas las sentencias, así como de otras resoluciones que puedan resultar de interés, que hayan sido dictadas por el respectivo órgano judicial», y sobre la difusión dice: «En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se cumplirá lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos personales y en los artículos 234 y 266 de la LOPJ».
En el Artículo 234, punto dos se puede leer: «las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales».
Llegamos a la Agencia Española de Protección de Datos inevitablemente, al remitirnos el resto de la legislación vigente, y en este asunto concreto realizó una resolución R/01239/2007 en sus conclusiones se regulan la protección de datos de carácter personal y la publicidad de las sentencias, en estas indica que las «sentencias no son públicas», ni tampoco son publicadas «para general conocimiento», si bien se entiende que en el uso del «derecho a la información» se pueden dar publicidad a algunos aspectos de las resoluciones judiciales, en ningún caso se pueda causar indefensión de las partes al ejercer un derecho mermando otros, en virtud del Artículo 24 punto 1 de nuestra Constitución.
La problemática entre la publicidad de sentencias y la protección del derecho a la intimidad se ha analizado en varias ocasiones por parte del Consejo General del Poder Judicial, en una de ellas dispuso la modificación del Reglamento 5/1995, allí se regula que en el «tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar».
A modo de conclusión podemos afirmar que para el tratamiento y difusión de sentencias si no se ha conseguido el consentimiento de los afectados, se deberán realizar todas las acciones precisas para que no sea posible la identificación de los afectados que no han dado su consentimiento. La Ley 15/1999 de la que hemos hablado al principio, regula el régimen sancionador ante el incumplimiento de sus preceptos, existiendo infracciones leves, graves y muy graves, y multas que oscilan entre los 900 y los 600.000 Euros.
En el acuerdo del 23 de julio al que nos referimos, el Tribunal Constitucional podrá ocultar en sus resoluciones datos de «identidad y situación personal de las partes intervinientes en un proceso», estas situaciones podrán realizarse o bien de oficio por el tribunal o por expresa petición de los afectados, siempre y cuando el tribunal estime que debe prevalecer el derecho a la intimidad «u otros intereses constitucionales». Para ello el Tribunal Constitucional sustituirá en estos caso los nombres de los afectados en cuestión por el uso de sus iniciales y omitirá «los demás datos que permitan su identificación», este acuerdo entró en vigor el 27 de julio y tiene efecto retroactivo.
Para que los afectados puedan acogerse a esta posibilidad de no divulgar su identidad o situación personal, hay que solicitarlo al momento de presentar la demanda ante el tribunal, detallando los motivos alegados y es el tribunal el que debe decidir si esa pretensión está o no justificada.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 266
 Artículo 266
 Real Decreto 
 Artículo 234
 resolución 
 Artículo 24