Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/06/
Timestamp: 2019-10-16 09:29:11+00:00

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Justicia en Bolivia: June 2014
Juzgados de Menores ven más casos de robos y violaciones
Los casos de robos agravados y violaciones cometidos por menores de 12 a 16 años son los más atendidos por los juzgados, informó ayer la jueza de Partido de la Niñez y Adolescencia 2, Silvia Melgarejo.
Por lo menos una vez a la semana admiten un proceso y reciben dos informes sobre el inicio de investigaciones en nuevas causas.
Pocas veces se atienden casos de agresiones físicas, verbales o psicológicas, señaló.
Los índices de violencia en ese grupo de adolescentes son elevados, incluso, se ventilan procesos de asesinatos. En 2013 atendieron tres casos en dos juzgados.
Informó que para los delitos más graves la pena máxima es de cinco años. Los sentenciados deben permanecer recluidos en el Centro para Adolescentes en Conflicto con la Ley, dependiente del Servicio de Gestión Social.
Sin embargo, si participan de terapias ocupacionales y tienen buen comportamiento pueden reducir su pena a la mitad del tiempo y beneficiarse con la libertad asistida, es decir, volver a sus casas con garantías personales.
Cuando las infracciones son leves los procesos pueden ser archivados.
Reconoció que es difícil llevar adelante los juicios, donde están involucrados menores, porque cada adolescente tiene una “historia conmovedora por detrás”.
Añadió que en muchos casos también sufrieron abusos o fueron abandonados por sus padres y no tienen ningún referente.
Sin embargo, hay otras situaciones en las que los acusados no muestran ningún arrepentimiento del delito cometido.
En lo que va del año los juzgados recibieron 378 procesos, de los cuales 73 tuvieron sentencia.
Dijo que el número de juzgados es insuficiente para atender las demandas.
El Código del Niño, Niña y Adolescente establece que las autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos.
La libertad del adolescente y todos sus derechos y garantías solo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para averiguar la verdad, el desarrollo de algún proceso y la aplicación de la ley.
La detención preventiva puede ser asumida por un juez de manera excepcional, cuando el delito tenga una pena privativa de libertad de cinco años o más.
En casos en que exista el riesgo razonable de que el adolescente evada la acción de la justicia.
También en situaciones en las que haya peligro de destrucción u obstaculización de la prueba y peligro para terceros.
En ningún caso se podrá imponer esta medida por más de cuarenta y cinco días.
En todos los casos el Juez debe analizar si es posible sustituir la detención preventiva por otra medida más favorable.
Descubren en Oruro a juez que no tenía título de abogado
No sólo falsificó el título de abogado sino que se postuló a juez, y ganó, bajo este cargo administró procesos en el Juzgado de Instrucción de Familia de Oruro, pero un descuido hizo que lo descubrieran.
El Concejo de la Magistratura (CM) inició un proceso penal y otro administrativo contra este juez de Instrucción de Familia del distrito de Oruro, quien estuvo ejerciendo su cargo desde 2012 sin tener título de abogado, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
“Existe falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado para ejercer indebidamente un cargo”, afirmó el decano del CM, Róger Triveño.
Según la emisora local, el Ministerio de Justicia detectó la irregularidad cuando el juez pretendía inscribirse en el registro de profesionales abogados.
“La población, el mundo litigante no puede ser afectado por la mala fe de un individuo que ha falsificado su título para ejercer un cargo”, agregó el magistrado.
Triveño anunció que se analizarán los mecanismos para revisar los fallos emitidos por este juez.
Labels: Abogados, Oruro
Vacación judicial impide libertad de concejales
La vacación judicial que ayer se inició, impide la libertad de los cuatro concejales de Caracollo que la obtuvieron luego que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, dispusiera la revocatoria de la decisión del juez cautelar de la mencionada población, quien determinó su detención preventiva.
Los concejales: Albertina Mejía Marza, Romaldina Tórrez Colque, Jaime Néstor Magne Choqueticlla y Claudio Choque Condori deberán permanecer presos 25 días más, ya que la audiencia de revocatoria duró hasta las 23:00 horas del lunes, cuando por disposiciones del Tribunal Departamental, estos trámites debían realizarse hasta las 18:30 horas de anteayer.
El abogado defensor de los concejales, Zenobio Calizaya, expresó que la parte acusadora, hizo todo porque esta audiencia se retrasará, planteando una recusación de los vocales y otros, con el fin de que se realice al filo del último día hábil antes de la vacación judicial.
"Eso nos dificulta lograr la libertad inmediata de los cuatro concejales, extremo que se dará una vez que se inicien labores, pues todas las causas con medidas cautelares de esta índole debían ser remitidos a un juzgado cautelar de turno, hasta las 18:30 horas de ayer (lunes)", refirió Calizaya.
El abogado ponderó la determinación de los miembros de la Sala Penal Primera, asegurando que fue una decisión acertada, pues la misma representación del Ministerio Público, señaló que no tenían ningún argumento para que se revoquen las medidas sustitutivas, por lo que fue un error el haberlo hecho.
"Desde la perspectiva de la defensa técnica de los imputados, la decisión ha sido correcta, ya que se advirtió que el juez cautelar se equivocó, utilizando elementos de prueba que no demostraban lo que supuestamente se manejaba como causales para dicha revocatoria, eran documentos que no tenían ninguna vinculación", expresó el abogado
Los concejales fueron obligados a golpes, a renunciar a sus cargos, luego de haber cumplido tres años de su gestión, sin embargo, un Amparo Constitucional, les otorgó la restitución en sus puestos, pero algunas personas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS), les impidieron ejercer sus funciones.
"No les dejaron ingresar a sus oficinas, ni ejercer sus cargos, y ahora los acusan de haber abandonado sus funciones, entre otros", indicó Calizaya.
Además de acusarlos de incumplimiento de funciones, les acusan de haberse llevado algunos bienes del municipio y otros, denuncias que se hicieron ante el Ministerio Público que sigue el proceso, habiéndoles otorgado las medidas sustitutivas a través de un juez, pero esta resolución fue revocada por otra autoridad judicial, estando desde mayo recluidos en el Penal de San Pedro.
Justicia coordina agenda con Consejo de la Juventud
El Ministerio de Justicia y el Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto coordinan una agenda de trabajo para difundir los derechos de los jóvenes, informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi.
“Hemos sostenido una reunión con los representantes del Concejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto con el fin de trabajar juntos en base a una agenda de cinco puntos para difundir los derechos y actividades que atingen a este sector”, informó según medios estatales.
Marconi explicó que se acordó trabajar en la socialización de la Ley 342, de la Juventud, en los 14 distritos de El Alto; además de realizar talleres de recepción de propuestas para un Proyecto de Ley Municipal de la Juventud y desarrollar un ciclo de conferencias con las diferentes carreras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
Además, informó que se planificó realizar una conferencia internacional sobre la Juventud Latinoamericana y actividades conmemorativas a la juventud en el mes de septiembre.
Marconi dijo que esas actividades se realizarán, paralelamente al trabajo que se desarrolla con varios grupos de jóvenes, tomando en cuenta que está próximo la celebración del lanzamiento del Consejo Plurinacional de la Juventud, el 24 y 25 de julio de 2014.
Salario para conciliador en Nuevo Código Procesal Civil será Bs 5.160
La presidenta del Consejo de la Magistratura informó ayer que los conciliadores que serán incluidos en los procesos del Nuevo Código Procesal Civil llegarán a recibir como remuneración mensual la suma de 5.160 bolivianos. La convocatoria, para la contratación de estos nuevos profesionales se hará público este fin de semana indicó.
“Deben ser profesionales de Ciencias Sociales y Humanístico, ellos van a ser los que coadyuven en la resolución de conflictos y tendrá el sueldo de 5.160 bolivianos”, afirmó.
La Magistrada dijo que la implementación del conciliador servirá para reducir la elevada carga procesal que hasta el 30 de enero, del presente año, 87 mil causas a nivel nacional en materia Civil que deberá ser implementada a partir del 7 de agosto con la modalidad de oralidad en los procesos o los juicios por audiencia.
Entre las novedades serán las notificaciones electrónicas y el tema de los conciliadores que deben ser quienes resuelvan los problemas “lo más rápido o sea en una segunda audiencia máximo”.
“Estas conciliaciones son obligatorias. Esto es un aporte y consideramos que irá a aminorar la carga procesal que tienen los Juzgados”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que una de las dificultades será la infraestructura que debe ser adecuada para la realización de los procesos. “Estamos en busca de ambientes para reordenar los juzgados. Tenemos a nivel nacional identificados 158 juzgados públicos en materia Civil y Comercia.
Luego indicó que a más tardar la convocatoria para el ejercicio de los Conciliadores será conocido “en el peor de los casos” este domingo una vez que el Ministerio de Finanzas dé visto bueno a las gestiones que ha ido trabajando su despacho, remarcó.
En cuanto a los recursos para cubrir este nuevo ítem, Mamani dijo que serán cubiertos con recursos propios son alrededor de 38 millones de bolivianos y la ayuda internacional que son 31 millones para tres años.
Sistema judicial desde hoy tiene 25 días de vacación
El sistema judicial desde hoy ingresa en un receso de 25 días, lo que significa que el 18 de julio volverán todos los funcionarios, mientras se quedan algunos juzgados de turno.
El decano del Tribunal Departamental de Justicia, Bernardo Bernal informó que en la última Sala Plena que tuvieron, la pasada gestión, se determinó tomar las vacaciones desde hoy 24 de junio.
Son 25 días que están dispuestos, según la Ley 025 del Órgano Judicial, por lo que se han dispuesto también Sala Plena, los juzgados de turno tanto en Penal, Civil y Familia.
"Tienen la potestad de realizar acciones pertinentes durante toda la vacación, tienen toda la facultad para poder desempeñar las funciones y estar dentro del ejercicio que se dispone para los diferentes casos", expresó Bernal.
Según la Ley 025, se establece que los magistrados, los vocales, jueces así como servidores de apoyo judicial de los despachos, gozarán de una vacación anual de 25 días calendario y continuos, que serán regulados y programados por el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales, en coordinación con el Consejo de la Magistratura.
En la programación de estas vacaciones, deberán garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias.
El Tribunal Supremo de Justicia, dio a conocer, a tiempo de la inauguración del año judicial, la fecha de iniciación de las vacaciones para esa entidad, y los tribunales departamentales, lo hicieron en sus respectivas circunscripciones.
Se remarcó que durante el periodo de vacaciones de los tribunales departamentales de justicia, todo plazo en la tramitación de los juicios, quedará suspendido y continuará automáticamente a la iniciación de sus labores, debiendo establecerse con precisión el momento de suspensión y de reapertura de dichos plazos.
Bolivia en puesto 102 en ranking de “justicia independiente”
A nivel mundial, Bolivia ocupa el puesto 102 en el ranking de países con "justicia independiente”, y en el séptimo lugar en la lista de los países de América Latina.
El ranking fue elaborado por el Foro Económico Mundial, y publicado en su informe "Reporte Global de Competitividad 2013-2014”, que realiza la organización sin fines de lucro con sede en Ginebra (Suiza).
El ranking de independencia judicial es elaborado sobre la base de una encuesta que pregunta cuán autónomos son los jueces de las influencias del gobierno y de las empresas.
El Foro Económico Mundial, que organiza anualmente la cumbre de Davos, describe una gran heterogeneidad en América Latina. Uruguay ocupa el puesto 25 y es el mejor ubicado.
En el otro extremo está Venezuela de Nicolás Maduro, que es el peor de los 148 países medidos. Es decir, está en el puesto 148 de la lista global.
Entre los otros países de América Latina que destacan son Chile (puesto 27), Costa Rica (37) y Brasil (55). Entre los últimos están Perú (126), Argentina (132) y Paraguay (146), que están por debajo de Bolivia.
"En principio hay tres dimensiones de la independencia judicial. Del Poder Ejecutivo, de las empresas y de los sectores de poder no gubernamentales. Una cuarta es la interna, si los jueces de instancias inferiores tienen libertad de decisión con respecto a la cúpula del sistema, que puede ser un consejo o la Corte Suprema”, explica Carlos Gregorio de Gràcia, doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con Infobae.
Cuán autónomo es un sistema judicial depende en gran medida de cómo son seleccionados los jueces. "Mecanismos de elección con examen, calificaciones y audiencias públicas garantizan una justicia más independiente. Si la designación pasa por los magistrados de la Corte Suprema hay menos independencia”, agrega.
Cuando todas las decisiones y los procesos judiciales son accesibles para cualquiera, es más fácil comprobar si un juez falló por presión o connivencia con alguna de las partes. Además, facilita el control que puede ejercer la prensa.
En el análisis, no se menciona el sistema que se aplica en Bolivia: la elección de magistrados a través del voto de los ciudadanos.
"Brasil es el país de mayor transparencia judicial en América Latina y probablemente en el mundo -dice Gregorio de Gràcia-, seguido por Costa Rica, donde en los sitios web de los tribunales de justicia es posible revisar el proceso que a uno se le ocurra y ver lo actuado en todas las instancias.
Jueza de Familia destituye a personal por denuncias de corrupción
La jueza primero de Instrucción de Familia, Fabiola Álvarez Apaza, informó que a consecuencia de presuntos cobros ilegales a los litigantes dispuso la destitución de todos los pasantes y asistentes que prestaban servicios en dicho Juzgado.
La decisión fue asumida, dijo, luego de una publicación que la dio a conocer este matutino en sentido de que una de las funcionarias había cobrado la suma de 150 bolivianos a una litigante por la legalización de fotocopias.
“Con el fin de prevenir y que no se tergiverse ningún tipo de información lo que se ha decidido de que todos pasantes y todos los funcionarios han sido destituidos, de tal forma de que con la única funcionaria que me voy a quedar a cargo es con la actual abogada del Juzgado Primero de Instrucción de Familia, además del oficial de diligencias que son los únicos funcionarios designados por el Consejo (de la Magistratura) para cumplir con las labores correspondientes”, dijo la magistrada a EL DIARIO.
Asimismo dijo que, una vez concluya la vacación judicial espera reanudar las actividades en su Juzgado con nuevo personal, “que sea joven y que tenga la voluntad de servir al público litigante”.
Se pudo comprobar que en dicho Juzgado solo se encontraba la mencionada Secretaria y el auxiliar de diligencias que atendían a los litigantes.
Fidel Herrera es sentenciado a 20 años de prisión por violar a su hija
El Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz condenó hoy a 20 años de prisión al expresidente del Concejo Municipal de Sucre y exmiembro del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Fidel Herrera, por violar a su hija desde que tenía sólo 12 años de edad.
Según el fallo judicial, Herrera deberá pagar su pena en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre, reportó ERBOL Radio.
La hija de Herrera, que ahora tiene 24 años, rompió en llanto al conocer la sentencia y pidió a todas las mujeres que también son vejadas sexualmente no quedarse calladas y denunciar ante las autoridades.
"Todo es poco a comparación del daño que sufrí psicológicamente, físicamente y sexualmente, pero la justicia llega aunque tarda, yo sé que con esta (condena) muchas mujeres no callarán más y denunciarán", sostuvo.
El caso de Herrera fue denunciado e impulsado inicialmente por la exdiputada del MAS, Elizabeth Salguero, actual embajadora en Alemania.
Premian a ganadores de concurso de ensayos judiciales
Luego de una exhaustiva revisión a los 15 trabajos presentados al concurso de ensayos judiciales contra la retardación y corrupción en el Órgano Judicial, ayer por la tarde se premiaron a los seis primeros lugares.
El acto de premiación se llevó a cabo en una de las salas de audiencia del Tribunal Departamental de Justicia, en presencia de los participantes que lograron ubicarse entre los seis primeros puestos, los organizadores y auspiciadores que otorgaron los premios.
El ganador fue el abogado Nils Santos Carrizo que presentó el tema "Eficiencia judicial en la ejecución de la asistencia familiar" que tuvo como premio una beca para el diplomado en derecho procesal civil que auspició el Colegio Departamental de Abogados.
El concurso fue presentado oficialmente el 3 de abril y los interesados tuvieron un mes para presentar sus trabajos, pero al parecer no hubo el interés que se esperaba, luego de los 30 días, el jurado calificador integrado por un representante del Tribunal Departamental de Justicia, del Colegio Departamental de Abogados, Defensoría del Pueblo y sectores sociales para emitir su criterio final.
"Este concurso tuvo el objetivo de recabar propuestas para atacar estos dos males que nos aqueja a la administración de justicia, la retardación y la corrupción, las propuestas, conforme se tiene en el resumen de los trabajos presentados, ciertamente nos ayudar para llevar adelante proyectos en el Consejo de la Magistratura", detalló el encargado distrital de esa institución, René Delgado Arteaga.
Los ganadores son: 1er. lugar: Nils Santos Carrizo (beca para un diplomado); 2do. lugar: Paola Jiménez Chávez y Sara Quispe Santos (100 dólares); 3er. lugar: Mayra Yavi Condori (50 dólares); 4to. lugar: Juan Carlos Medina Berdeja (stock de libros); 5to. lugar: Petter Gabriel Fuentes (stock de libros) y 6to. lugar: Hugo Orgaz Bengolea (stock de libros).
El ganador del primer lugar afirmó que el trabajo planteado se resume en la lucha contra la retardación de justicia respecto a la asistencia familiar, ya que en la sociedad actual existen familias sumergidas en conflictos por diferentes motivos por lo que se pensó en una solución para la demasiada burocracia en el pago de pensiones o asistencia familiar.
Seis distritos entran en vacación judicial
Los tribunales departamentales de justicia de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Beni ingresarán en su vacación anual de 25 días desde la próxima semana, según confirmó el consejero de la Magistratura, Wilbert Choque.
De acuerdo con el cronograma elaborado a principios de este año por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, en coordinación con las salas plenas de los tribunales departamentales, se determinó fijar el inicio de la vacación judicial en seis regiones para mediados de 2014. Mientras tanto, tres distritos, de manera independiente, ya descansaron en diferentes fechas, ese es el caso de Tarija, Pando y Santa Cruz.
En los distritos de La Paz y Potosí, la vacación comenzará el 23 de junio y se extenderá hasta el 17 de julio. Oruro tiene previsto iniciar su descanso el 24 de este mes y terminar el 24 de julio.
En el caso de Chuquisaca, Cochabamba y Beni el descanso comenzará el 30 de junio y terminará el 24 del próximo mes, excepto Beni que concluirá una semana antes, es decir el 18 de julio, debido a que esos siete días han sido trasladados para un descanso a fines de año.
Choque hizo notar que, en algunos casos, la vacación judicial coincide con el descanso educativo, para permitir que los funcionarios judiciales pasen mayor tiempo con sus hijos. Agregó que durante el descanso, personal de emergencia del área administrativa y jurisdiccional se quedará a trabajar, particularmente en materia penal.
Falta de juzgados obliga a 90% de mujeres a abandonar casos
Blanca (nombre cambiado), de 24 años, tembló de terror al oír el timbre de su casa a la una de la mañana. Sabía que era el padre de sus dos hijos que volvía de beber con sus amigos y que una paliza la aguardaba en cuanto le abriese la puerta.
Por eso decidió no abrir, pensando que él se iría, pero el hombre se trepó el muro y la molió a golpes de puño y de patadas. Incluso saltó sobre su humanidad para lastimarla más, mientras les ordenaba a los hijos de ambos, de 7 y 2 años, que no miren.
Una hora después, Blanca llegó a la fuerza antiviolencia caminando apenas, con el rostro ensangrentado y los mechones de sus cabellos en las manos. Estaba decidida a denunciarlo. Y lo hizo. Pero a los pocos minutos la abordaron el abogado de su esposo detenido, la suegra y su propio hermano.
En cuestión de 20 minutos, la convencieron de que lo mejor era retirar la denuncia porque el hombre iba a entrar a la cárcel y ella tendría que hacerse cargo, sola, de la manutención de los dos niños y, además, de pagar la deuda económica contraida con un banco por la pareja.
Al salir de la reunión, Blanca era la frustración en persona. “El abogado de mi esposo me ha dicho que no hay juzgados de violencia y que el juzgado que atenderá mi caso no le obligará a mi esposo a darme asistencia, yo solita voy a tener que pagar todo. Con qué? Lo que gano no me alcanza ni para dar de comer a mis wawas, voy a tener que aguantar”, comentó a esta periodista con los ojos cargados de dolor, lágrimas, rabia e impotencia.
Este caso ocurrió el 3 de enero de 2014, pero desde entonces la seguidilla de mujeres sobrevivientes de violencia que son obligadas a desistir de los procesos penales, en contra de sus agresores, fue creciendo y engrosando la cifra de forma preocupante.
MANDATO La Ley Integral 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, fue promulgada el 9 de marzo de 2013 y entró en vigencia un mes después, el 9 de abril.
Esta normativa ordena a las autoridades encargadas de la investigación (Policía), la persecución penal (Fiscalía) y la sanción de los delitos de violencia (Juzgados) que, en el plazo de tres meses, a partir de la promulgación de la ley se organicen y dispongan de sus presupuestos para el funcionamiento y la aplicación de esta norma.
Con grandes falencias en cuanto a recursos e infraestructura, la Policía y la Fiscalía cumplieron con su parte. La Policía creó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Cochabamba, en la calle Baptista entre Heroínas y Colombia. Pese a que no todo el personal está especializado y capacitado en atender casos de violencia, ni cuenta con recursos materiales y humanos suficientes, la FELCV marcha desde el 9 de abril de 2013.
La Fiscalía también cumplió la instrucción. Hoy existen siete fiscales asignados a la atención de distintos tipos de violencia en el Instituto de Investigación Forense (IDIF) de Coña Coña.
Cuatro se dedican a los casos de violencia física y psicológica y las cifras que registran son de espanto. Tres fiscales se especializan en la atención de casos de violencia sexual, feminicidios y trata y tráfico de personas. Las siete fiscales reciben, como mínimo, 15 denuncias al día.
La institución que no cumplió con su parte fue el Consejo de la Magistratura, pues a 14 meses de la puesta en marcha de este engranaje, aún no existen juzgados de materia en violencia.
Si bien la Ley 348 prevé que los juzgados de Instrucción Penal asuman esta carga procesal, en tanto se avance en la creación de los juzgados especializados, en los hechos este incumplimiento ha derivado en que las mujeres víctimas de violencia no accedan a la justicia como era el espíritu de esta norma y promulgada luego del feminicidio de la periodista Hanalí Huaycho.
La fiscal Cynthia Prado explicó que la inexistencia de juzgados de violencia afecta a las víctimas porque los jueces de Instrucción Penal, que hoy supervisan sus casos, por un lado tienen una excesiva carga procesal y, por otro, se niegan a fijar y a homologar la asistencia familiar para las mujeres y sus hijos, alegando que esa es la labor de los jueces de familia y/o de violencia. “La asistencia familiar es la única medida de protección capaz de garantizar que los procesos continúen hasta su conclusión”, dijo Prado. De otra forma, las víctimas no tienen cómo mantener a sus hijos y además correr con los gastos que surgen durante los mismos procesos. La dependencia económica de las mujeres, respecto de sus agresores, y la falta de jueces que fijen una asistencia familiar obligatoria e inmediata están repercutiendo en que el 90 por ciento de las denunciantes desista de seguir adelante y tire la toalla.
Violencia “es prioridad nacional” en el discurso
Ley 348 establece, entre sus principios, que la violencia es un problema de salud pública y de prioridad nacional. Exige a las autoridades que asuman todas las medidas necesarias para encarar de esta forma este fenómeno. Sin embargo, tareas tan importantes como los juzgados especializados no han sido implementadas, a 14 meses de la puesta en marcha de esta ley.
Carga procesal aumentó a más de 32 mil causas con Ley 348
Antes de la Ley 348, ocho juzgados de Instrucción Cautelar Penal tenían un flujo de 23.427 causas entre remanentes y atendidas en 2012. Luego se crearon dos juzgados penales más y las causas remanentes para 2013 fueron 17.156.
Luego de la Ley 348, el año pasado ingresaron 10.718 causas nuevas a los 10 juzgados, haciendo un total de 32.670 causas.
Un juzgado es poco
Abogados, fiscales y jueces vaticinan un colapso en el único juzgado de violencia que será implementado en un mes.
﻿“Más vulnerables que antes”
﻿El 90 por ciento de las mujeres víctimas de violencia acaba desistiendo de continuar con los procesos y opta por la conciliación, debido a la falta de dinero o de una asistencia familiar que no la exponga a ella y a sus hijos a la vulnerabilidad económica frente a un trámite engorroso y lento, según la directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño.
En el artículo 35, la Ley 348 prevé 19 medidas de protección para las víctimas que deben ser dictadas por una autoridad competente (juez). Entre ellas, está la de “disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer”. Las disposiciones transitorias señalan que los jueces penales deben aplicar las medidas de la Ley 348. Por tanto, deberían dictar la asistencia familiar también, pero no lo hacen porque aseguran que no es su competencia. “Esto desanima a las mujeres, más tardan en presentar las denuncias que en abandonar los procesos, porque no hallan la forma de mantener solas a sus familias. Eso las obliga a aceptar las condiciones de los agresores y las torna más vulnerables que antes de la ley, porque ellas vuelven a convivir con sus agresores”, advirtió Montaño.
﻿Consejo de la Magistratura creará un solo Juzgado de Violencia para Cochabamba y surgen críticas
﻿La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (TDJ), Nuria Gonzáles, confirmó a este diario que el Consejo de la Magistratura decidió crear un Juzgado en Materia de Violencia y Anticorrupción para Cochabamba. El 4 de marzo de 2014 fueron posesionados en Cochabamba 12 nuevos jueces, pero ninguno de violencia pese al mandato de la Ley 348. Los requerimientos de nuevos juzgados, incluidos los de violencia, fueron enviados al Consejo de la Magistratura, pero estas autoridades nacionales son las que definen cuántos juzgados serán instalados y de qué tipo en función del presupuesto.
Gonzáles explicó que la convocatoria para candidatos al Juzgado de Violencia y Anticorrupción ya fue publicada. Se estima que dentro de un mes, o algo más, comenzará a funcionar el Juzgado que se encargará de temáticas tan distantes como son la corrupción y la violencia de género.
La directora de la Oficina Jurídica de la Mujer, Julieta Montaño, criticó la actitud del Consejo de la Magistratura. “Es una burla, en Cochabamba se precisan al menos cuatro jueces que se dediquen solo a casos de violencia. La demanda es grande y peor si ese nuevo juez tendrá que ver, además, casos de corrupción”, protestó.
La presidenta del TDJ informó que pidieron la separación de ambas especialidades, pues la carga procesal en materia de violencia ya será excesiva para un solo juez, pero alegando razones de presupuesto les negaron la petición. “Va a ser otro colapso”, adelantó. En cuanto a la negativa de los jueces de instrucción penal a homologar asistencias familiares en casos de violencia, como medida de protección para las víctimas, Gonzáles explicó que por ley son los jueces de familia y de violencia los que deben encargarse de ello. Los 10 jueces cautelares, después de la Ley 348, tienen 32.670 causas como carga procesal.
﻿Qué ordena la Ley 348 al Consejo de la Magistratura sobre juzgados
﻿La Ley Integral 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, fue promulgada el 9 de marzo de 2013 y está en vigencia desde el 9 de abril de ese mismo año, es decir, hace 14 meses.
En el acápite de las Disposiciones Transitorias de esta normativa se instruye:
Primera.- Para la implementación de la presente ley, todas las instituciones públicas involucradas deberán:
- Realizar los ajustes necesarios en sus presupuestos institucionales de la gestión 2013; adicionalmente, el Tesoro General de la Nación (TGN) asignará recursos a las entidades de nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera y de acuerdo a los plazos establecidos. Para las gestiones posteriores, el TGN asignará los recursos necesarios y suficientes. Las Entidades Territoriales Autónomas (alcaldías) deberán asignar los recursos necesarios y suficientes en sus respectivos presupuestos institucionales.
Tercera.- El Consejo de la Magistratura creará e implementará los juzgados públicos de materia contra la violencia hacia las mujeres, conforme un orden de prioridades y necesidades definidas de acuerdo a la carga procesal.
Cuarta.- Para la implementación gradual y progresiva de los juzgados de materia contra la violencia hacia las mujeres, el Consejo de la Magistratura deberá, en un plazo no mayor a 90 días, diseñar, organizar, e iniciar en la Escuela de Jueces del Estado la implementación de cursos de especialización en materias de género, derechos humanos y violencia; elaborar los instrumentos necesarios para la calificación, designación y evaluación de juezas, y jueces especializados.
En tanto se cumpla con la implementación gradual de estos juzgados de violencia, “a partir de la promulgación de la Ley 348 los jueces penales y juzgados mixtos de áreas rurales conocerán y tramitarán con prioridad los procesos por delitos de violencia, aplicando las disposiciones de la presente ley”.
Labels: Cochabamba, Juzgado Público
Directorio nacional de abogados se reúne en Tarija
El presidente del Colegio Departamental de Abogados de Tarija, Lino Cárdenas,indicó que el día jueves 12 y viernes 13 de junio se está reuniendo todo el directorio nacional del Colegio de Abogados de Bolivia en la ciudad de Tarija y que está conformado por los nueve presidentes de los colegios departamentales. En la reunión se abordará la defensa e independencia del tercer poder del Estado como es el órgano judicial, manifestó.
Cárdenas indicó que analizan algunos convenios que se han venido estudiando con el órgano judicial. Uno de ellos es la capacitación a los profesionales abogados, quienes ejercen la profesión de manera libre e independiente, porque consideró que no sería justo capacitar sólo a abogados estatales y dejar de lado a los litigantes.
Manifestó que a nivel nacional se capacitan jueces, fiscales, abogados que trabajan en la función pública. “Lo que nosotros queremos con todo el directorio es que los abogados también puedan recibir esta capacitación en el tema de la justicia y de las leyes.Para que esta sea pronta, oportuna y eficiente para los que más necesitan este servicio de un litigante de profesión”.
Indicó que se busca que los abogados de profesión libre estén en el mismo nivel de capacitación que los demás funcionarios del órgano judicial. Es por eso que este tema será abordado en estos días por el directorio nacional del Colegio de Abogados de Bolivia.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berrios, informó que la vacación anual del sistema judicial comenzará el 23 de junio hasta el 17 de julio, período en el que trabajarán tribunales y juzgados de turno.
“Cumpliendo con la Ley de Órgano Judicial (LOJ) comenzará la vacación judicial el 23 de junio y terminará el 17 de julio de la presente gestión”, confirmó, según medios estatales.
Sin embargo, Berrios añadió que la población litigante tendrá a disposición juzgados de turno en materia penal cautelar, de la niñez y adolescencia y los servicios de oficinas de demandas nuevas, autorización de viajes a menores y centrales de notificación en las ciudades de La Paz y El Alto.
Los términos y plazos de los procesos en trámite quedan suspendidos desde el inicio de la vacación y reabiertos de manera automática el primer día hábil, apuntó Berríos.
Precisó que a partir del lunes 16 de junio hasta el 17 de julio quedan en suspenso la ejecución de los mandamientos expedidos por los juzgados de las áreas social, civil, familiar, de la niñez y adolescencia y de la estructura penal liquidadora, excepto los casos que tienen condenas y declaratorias en rebeldía.
Las acciones constitucionales serán recibidas y sorteadas en la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hasta el 17 de junio y, mientras dure la vacación judicial, estos recursos serán recibidos en la sala penal de turno, agregó la autoridad.
Retardación desfavorece el indulto de al menos 100 privados de libertad.
El director nacional de Defensa Pública, David Tezanos, informó ayer que siete jueces estarían causando el retraso de favorecer con el indulto de al menos 100 privados de libertad, porque estarían realizando una valoración negativa de este proceso y pidiendo requisitos que no están contemplados en la Ley de Indulto y Amnistía.
Tras la promulgación del Decreto 1723, el 18 de septiembre de 2013, en La Paz y Chuquisaca, se estaría haciendo una aplicación uniforme de lo que se establece en esta norma, precisó Tezanos. Indicó que de los 650 indultos anunciados por el director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, 100 de estos expedientes no han sido homologados como lo establece la resolución ministerial 2/2013.
De acuerdo con la Ley del Indulto y Amnistía, los jueces solo debían homologar (aprobar) lo que el Régimen Penitenciario ya valoró por intermedio de los profesionales de Defensa Pública ante la instancia judicial correspondiente.
“Esta semana por una petición del presidente (Evo Morales), una vez concedido el indulto por Régimen Penitenciario los jueces no tienen que entrar en una valoración de si es justo o no, deben proceder a la libertad del solicitante, sino simplemente homologar esto. Es un perdón de la pena”, sostuvo Tezanos.
De acuerdo con los datos actualizados en Régimen Penitenciario se han presentado 650 expedientes de privados de libertad, con cargos menores y atenuantes especiales para ser beneficiados con este indulto. “A esto hay que restarle 100, que no han sido homologadas, estamos hablando de 100 personas a las que se les habría concedido el indulto por una instancia del Estado y el Órgano Judicial donde se recha este beneficio”, afirmó Tezanos.
Como antecedente, el lunes, un privado de libertad de la cárcel de Morros Blancos en Tarija, inició medidas de presión cosiéndose los labios y enterrándose debido a que Vocales del Tribunal de Justica de ese departamento observaron los trámites que había presentado para lograr su libertad.
Sin dar mayores detalles se dijo que en ese distrito judicial las solicitudes estarían siendo sometidas a revisiones a fin de que cumplan todos los requisitos.
Finalmente, Tezanos dijo que no hay un porcentaje de internos que estarían siendo incluidos dentro de las personas con enfermedades terminales y no son reincidentes, los cuales fueron observados por los vocales de Justicia de esa capital.
Anuncian toma simbólica del Poder Judicial de Bermejo
Ante la determinación del Consejo de la Magistratura de llevarse un Juzgado de Instrucción de Bermejo hacia la ciudad de Tarija, los abogados de Bermejo tomaron la determinación de iniciar medidas de presión y en la fecha no atenderán ningún asunto legal.
En reunión de emergencia sostenida la tarde de ayer, se conformó el comité de movilizaciones, y tomaron contacto con las principales instituciones locales que respaldan las acciones a implementarse en caso de trasladarse el juzgado, afirmó el representante del comité de movilizaciones, Wilfredo Ruiz,
Se supo que al Consejo de la Magistratura le llegó informaciones de que en los juzgados de Instrucción de Bermejo se atienden menos de 30 medidas cautelares del ámbito penal, sin embargo no han tomado en cuenta que estos juzgados son mixtos, y atienden también procesos civiles, familiares, etc., lo cual se constituye en una sobrecarga procesal que no puede ser atendida por los juzgados, explicó Ruiz.
Agregó que los juristas bermejeños no atenderán ningún asunto legal este martes y realizarán toma simbólica de los juzgados y protagonizarán otras acciones en resguardo de los intereses de la población, que se ve afectada por la retardación de justicia, situación ocasionada por la falta de personal en las labores judiciales y la falta de atención al ramo judicial, al no contar con la infraestructura adecuada, ni la logística necesaria para el cumplimiento de tan delicada labor.
Mientras el presidente del Colegio de Abogados de Bermejo, Gary Campero, dijo que se sufre un abandono lamentable por parte del Consejo de la Magistratura, pese a que una bermejeña es la representante de esta entidad en el departamento de Tarija.
“Hasta el momento no se ha tenido ni una sola visita de la Dra. Paula Chirinos, a quien le exigen acciones concretas para evitar la tremenda injusticia que se pretende hacer con Bermejo, ya que le hicieron saber oportunamente los reclamos, le enviaron comunicación oficial al respecto, le pidieron que venga a informar las acciones de defensa que estaría tomando para resguardar al poder judicial de esta ciudad, sin embargo no se ha tenido ninguna respuesta”, agregó.
Se tienen planificadas muchas acciones, las cuales podrán derivar en drásticas medidas como un paro de toda la población, por la gran preocupación que tienen las organizaciones sociales y cívicas, sostuvieron los informantes.
Colegio de abogados concreta ítem de juez para Bermejo
Con las diferentes gestiones realizadas por parte de la directiva del colegio de abogados de Bermejo e instituciones como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), el Comité Cívico y la Federación de Trabajadores Campesinos, se logró que el Consejo de el Judicatura no traslade un ítem de juez de Bermejo a la ciudad de Tarija.
El presidente del colegio de abogados de Bermejo, Gary Campero, explicó que se tuvo que recurrir a la Fejuve, Comité Cívico, trabajadores campesinos y otras instancias más para elevar una carta de solicitud a la judicatura de la ciudad de Tarija y se revierta la decisión de trasladar este juzgado.
“Esperamos que esta decisión se mantenga, porque la preocupación de los colegas de Bermejo, tiene sus asideros porque en esta región la carga procesal es alta y si se perdía un juzgado más esto hubiera sido peor” explicó Campero.
Señaló que en vez de llevarse un juzgado, el Consejo de la Judicatura debería ampliar más juzgados e indicó que es imposible tapar con un dedo la retardación de justicia que existe no sólo sino en Bermejo, sino también todo el territorio nacional.
“Un claro ejemplo es Yacuiba, que actualmente cuenta con juzgados por materia, llegando a tener hasta siete juzgados, mientras que en Bermejo sólo se cuenta con cuatro juzgados que tienen una carga procesal que sigue en crecimiento, falta personal e infraestructura adecuada para impartir justicia, referimos de todas estas falencias a la doctora Paola Chirinos pero hasta la fecha no tenemos respuestas”, indicó.
Al pedir a la judicatura que se amplié la contratación de profesionales para Bermejo y de ser posible que estos profesionales sean de esta región.a
Juez Abircata continuará en cárcel de mujeres
El Vocal de la sala penal Segunda, Ernesto Mur, informó que luego de la audiencia de acción incidental realizada ayer en la mañana, se determinó ratificar la detención preventiva en la cárcel de Yacuiba para el juez Edgar Lucio Abircata, por el presunto delito de concusión, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de cohecho pasivo.
“Hemos hecho un análisis acerca de los fundamentos y argumentos para la defensa que demandaba la modificación de medidas en relación a la detención preventiva, este tribunal ha encontrado de que se ha obrado correctamente y por lo tanto se ha confirmado la detención preventiva del Juez Abircata en la carceleta de Yacuiba”, dijo
Asimismo, explicó que el imputado continuará en la cárcel de mujeres de Yacuiba, debido a que no se ha reclamado esa situación y el tribunal no tiene la facultad para modificar el lugar donde debe cumplir la detención preventiva. “El juez se encuentra en el pabellón dedicado a la detención de mujeres y continuará haciéndolo ahí, la probabilidad de algún daño a su persona existe”, mencionó.
Sobre el tema, Limbert Martínez, abogado del juez Abircata, indicó que “lamentablemente” el tribunal en una interpretación que es respetada ha decidido confirmar la resolución de detención preventiva en el centro penitenciario de la ciudad de Yacuiba para el juez Edgar Abircata.
“Hemos fundamentado ampliamente los agravios en contra del Juez Edgar Lucio Abircata, sin embargo nos dejó algunos vacíos y dudas la resolución del tribunal que nosotros vamos a analizar en efecto de poder interponer los mecanismos de defensa”, manifestó.
Martínez, hizo conocer que el juez Abircata estando en la cárcel, corre peligro.
Labels: La Paz, TDJ: Tribunal Departamental de Justicia, TSJ: Tribunal Supremo de Justicia
Gobierno matricula a consorcio de abogados
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, entregó ayer la primera matrícula de inscripción al Registro Público de la Abogacía (RPA) al consorcio de abogados Urquidi y Asociados para que ejerza esa profesión en el país.
Esta nueva modalidad entró en vigencia en junio de 2013, después de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Abogacía, por lo que la autoridad de gobierno recordó que el artículo 12 de la norma citada señala que el RPA es función del Estado. Agregó que se establece un registro obligatorio de todos los abogados y sociedades civiles, con calidad de documento público, para el ejercicio de la profesión.
“Les felicitamos por esta iniciativa y que sean un ejemplo para los demás consorcios de abogados en el ámbito nacional”, dijo Gutiérrez después de entregar la matrícula a Urquidi y Asociados.
Durante el acto de entrega, el presidente del consorcio matriculado, Rodolfo Urquidi, agradeció a Gutiérrez la entrega de la documentación de forma personal. “Ahora sí podemos decir que nuestra sociedad civil está acreditada oficialmente en el Ministerio de Justicia”.
La citada norma en vigencia establece que en el caso de las sociedades civiles, luego de que éstas cumplan con todos los requisitos exigidos, el Ministerio de Justicia otorgará la correspondiente matrícula para que trabajen.
Marcelo Jaramillo, juez de la Corte Constitucional de Justicia de Ecuador “Hay que fortalecer la estructura institucional de la justicia”
El juez de la Corte Constitucional de Justicia de Ecuador Marcelo Jaramillo participó ayer como expositor en el primer día del taller internacional "Líneas jurisprudenciales y las políticas públicas del pluralismo jurídico”, que se llevó a cabo en el Banco Central de Bolivia (BCB).
El jurista ecuatoriano piensa que se debe fortalecer la estructura institucional de la justicia no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero.
¿Cómo funciona el sistema de justicia en Ecuador?
El sistema de administración de justicia dentro de la Constitución ecuatoriana ha previsto la existencia de algunos órganos. Primero, lo que es la formación jurisdiccional ordinaria integrada por la Corte Nacional de Justicia, las cortes provinciales y los tribunales y jueces. Segundo, hay un reconocimiento a la justicia indígena.
Además, se reconoce a las autoridades indígenas y los procedimientos adoptados en función a sus costumbres y tradiciones ancestrales. Asimismo, se tienen otros órganos, como la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura.
Efectivamente, se respeta la autonomía y la independencia de las funciones del Estado. Hay independencia en el ámbito judicial. En el Legislativo puede haber niveles de coordinación. La constitución de nuestra República prevé cinco funciones del Estado: la función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, la de Control y Participación Ciudadana y la función Electoral.
¿Existe alguna relación de la institución judicial con el Gobierno?
Ninguna, a excepción de la relación de la planificación anual y la reunión para fijar los presupuestos para la función judicial. Básicamente eso.
¿Qué opina de la justicia en Bolivia?
En Bolivia, en Ecuador en todo el mundo, la justicia es darle la razón a una de las partes y eventualmente la parte que no está de acuerdo siempre pone en duda la administración de justicia.
Creo que hay una tarea muy importante en todas las funciones jurisdiccionales de América Latina de cada vez fortalecer la estructura institucional de justicia. Se debe mejorar la capacidad de los jueces, observar el proceso de selección, que sea meritocrática y mejorar la estructura de la función judicial, sobre todo construir fallos mejor razonados, mejor argumentados, que den seguridad jurídica a las partes y de confianza a la justicia.
¿Existen lagunas legales en América Latina y Bolivia?
Siempre puede haber lagunas, que sobre la base de un ejercicio hermenéutico de interpretación jurídica se pueden ir llenando. La legislación tiene resueltos todos los supuestos en los que puedan surgir controversias, pero se van llenando mediante los ejercicios.
¿Qué se pretende conseguir con este taller?
Lo importante es tener un diálogo de experiencias, de conocimientos. Bolivia tiene experiencia a través de una Ley de Deslinde, nosotros estamos avanzando en una nueva experiencia que nos planteó la Constitución de 1998, que ha sido reafirmada y ampliada con la Constitución de 2008, pero es un proceso largo, de ir estableciendo todo un proceso de pluralismo jurídico en otros países.
¿Algún mensaje u observación sobre los profesionales juristas en Bolivia?
No soy ninguna autoridad para expresarme sobre la justicia en Bolivia. Creo que el desafío de todos los profesionales del derecho es cada día formarnos más, conocer más, interiorizar más ciertos conceptos, ciertos principios, actuar de manera mucho más responsable, más apegados a los principios de la justicia.
Ministra demanda aplicación de Ley de Deslinde Jurisdiccional
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, demandó al Órgano Judicial la aplicación de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, promulgada en diciembre de 2010, que regula los ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente.
"Se dice que hay muchos vacíos, pero creo que más que vacíos se necesita capacidad de interpretación y razonamiento. Es una ley que protege los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos”, dijo Gutiérrez.
Lamentó que por falta de información la norma se confunda con la justicia comunitaria, que en muchas ocasiones es entendida por los comunarios como el derecho de quitar la vida a un supuesto delincuente, cuando en el artículo 6 de la mencionada ley se prohíbe la pena de muerte.
Esto ocurre a pesar de que el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, socializa la Ley 073.
Ayer, en un salón del Banco Central de Bolivia, se inició el taller "Realidades y perspectivas de las líneas jurisprudenciales y las políticas públicas en pluralismo Jurídico”, dirigido a operadores de Justicia Ordinaria, Agroambiental, Indígena Originario Campesina, docentes, estudiantes y servidores públicos.
En él, expertos de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia debatieron la realidad y perspectivas de las líneas jurisprudenciales y las políticas públicas del pluralismo Jurídico.
"Espero que en este taller, con la experiencia de los invitados y expositores, tengamos ese intercambio para que se pueda sacar buenas conclusiones y llegar a la aplicación correcta de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, porque en los últimos tiempos vimos que hay mala interpretación”, afirmó Gutiérrez.
El Pluralismo Jurídico, en al artículo cuatro de la Ley 073, es entendido como "la coexistencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos, dentro del Estado Plurinacional, en igualdad de jerarquía”.
El evento se realiza con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana, mediante su Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico Intercultural en un Estado de Derecho Democrático; la Fundación Construir, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés y la Comisión Andina de Juristas.
Inicios El juez Marcelo Jaramillo nació el 15 de febrero de 1962 en Ecuador.
Estudios Ingresó a la Universidad Estatal Central de Ecuador e hizo postgrados en varios países.
Trabajo En la Secretaría de Planeación del Estado y en la función legislativa.
El magistrado liberó en marzo a un joven acusado de violación Termina investigación contra juez Espinar y se anuncia juicio
El Consejo de la Magistratura de La Paz finalizó la primera etapa del proceso disciplinario que se le sigue al juez quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, Daniel Espinar, acusado de liberar a un presunto violador en marzo pasado, por lo que se anunció que en los próximos días se dará inicio al juicio que definirá si es destituido o permanecerá en su cargo.
En marzo de este año se abrió un proceso disciplinario contra Espinar, quien fue denunciado por haber liberado a uno de cuatro presuntos violadores de una adolescente de 15 años.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Francisco Tarquino, afirmó que la investigación basada en documentación y declaraciones culminó. "Ésa fue la primera parte que ya está concluida, ahora saldrá una resolución en la que se anunciará si se lleva a cabo el juicio. En caso de que sea así, el paso siguiente será convocar a los jueces ciudadanos”, afirmó el magistrado a Página Siete.
No obstante, fuentes de esta repartición judicial confirmaron a este medio que ya está lista la resolución que dará inicio al juicio. "Se convocarán a dos jueces ciudadanos y junto con los jueces disciplinarios se convocará al juicio”, manifestó una de las personas consultadas.
En la etapa de investigación, los jueces disciplinarios llamaron a declarar a los padres de la adolescente víctima de abuso sexual, como a otros involucrados en el proceso de Espinar.
El 15 de abril de 2014, los padres de la menor declararon ante el juez sumariante y confirmaron que el juez Espinar no les convocó a una audiencia de cesación a la detención preventiva de Jorge David Q.M., uno de los imputados por violación, quien se benefició con la libertad.
Este aspecto fue tomado en cuenta por la comisión investigadora del Consejo de la Magistratura, como otros factores.
"El proceso concluyó y se cuenta con elementos que nos van a ayudar a terminar este caso, pero no hay que adelantar nada todavía”, dijo una de las fuentes del Consejo de la Magistratura. Mientras, el juez Espinar continúa en sus funciones. De acuerdo con las normas internas, los jueces deben seguir en su labor mientras no se emita un fallo.
Detenidos intentan ser liberados
Los tres jóvenes acusados de violar a una adolescente de 15 años, que permanecen en la cárcel de San Pedro, presentan continuamente recursos para salir del penal con medidas sustitutivas.
El abogado de la familia de la menor, Marco Antonio Ramos, informó que en los últimos meses los tres imputados presentaron diferentes recursos de cesación a la detención preventiva, pero que fueron rechazados por los jueces.
"Intentan a toda costa salir libres, pero existen evidencias de que son culpables. Sería muy desatinado que la justicia falle a favor de ellos tomando en cuenta que un juez ya liberó al cuarto implicado”, afirmó el jurista a Página Siete.
El cuarto imputado, quien actualmente se beneficia con el arresto domiciliario, intenta obstaculizar el proceso con recusaciones de jueces, según informó Ramos. "Hubo una apelación que salió a nuestro favor, por lo que el implicado continúa con detención en su domicilio”, agregó.
Tarija Una abogada aprobó examen para la Escuela de Jueces
La representante Distrital del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos, informó que de 26 postulantes de Tarija que rindieron el examen de admisión para el primer curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria de la Escuela de Jueces del Estado, sólo una abogada aprobó la prueba, mientras a nivel nacional fueron seis.
“Ese número de aprobados es un indicador de que el nivel de los jueces está muy bajo, puesto que en su mayoría eran jueces que están en ejercicio actualmente en la judicatura, a nivel departamental habían 44 inscritos pero solamente se presentaron al examen 26 y de ellos aprobó una abogada mujer”, dijo.
Explicó que a nivel nacional se tenía previsto contar con una plaza de 200 profesionales, sin embargo como no se superó las seis personas que aprobaron el examen, se está viendo el mecanismo que se utilizará para poder dar otra oportunidad y así puedan haber más aprobados.
“Actualmente están en una reunión en la ciudad de Sucre, para definir y tomar determinaciones al respecto y ver cuál es la falencia y luego se verá si se convoca nuevamente, pero en eso está el Consejo de la Magistratura”, mencionó.
Chirinos, indicó que el problema del porque no aprobaron más postulantes, está en la formación universitaria que tienen cada profesional.
Ministra de Justicia pide a vocales que den examen
Calificando de “vergonzoso” el fallo por el cual se paralizó la convocatoria a vocalías de los Tribunales Departamentales de Justicia, para los nueve distritos judiciales del país, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, propuso que todos estos operadores de justicia deben someterse a examen “para que los bolivianos sepan quiénes están manejando nuestra justicia”.
Luego de que EL DIARIO diera a conocer, a principios de mayo, que la convocatoria lanzada por el Consejo de la Magistratura había sido cuestionada por no dejar en claro si la misma era para las vocalías acéfalas o para todo el sistema, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), a través de su representante Heber Veizaga, presentó un Amparo Constitucional por el cual logró que se suspendiera este proceso.
La ministra, también, se refirió a la convocatoria a examen hecha pública por la Escuela de Jueces a la que se presentaron al menos 700 postulantes, de los cuales lograron aprobar seis. “Eso es una vergüenza para nuestra justicia (…) también quisiera que les tomen examen a todos los vocales para saber cuántos de ellos pasan (la prueba) ahí vamos a saber, todos los bolivianos y bolivianas, quienes manejan nuestra justicia”.
“Señores vocales ustedes son servidores públicos y no son los señores omnipotentes (…) por favor realicen su trabajo”, reflexionó la autoridad gubernamental.
El amparo, presentado por Amabol, fue admitida por una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba. “Como una medida cautelar ha sido dispuesta la suspensión de la convocatoria hasta que se lleve adelante la audiencia del Amparo Constitucional”, declaró en su momento el presidente de TDJ de La Paz, Juan Carlos Berrios.
Consultada sobre el perjuicio que ocasionaba la paralización de esta convocatoria, la autoridad dijo que era de esperar el fallo. Además, sostuvo que esta determinación comprometía los puestos que ocupan los vocales del tribunal de Cochabamba.
Asimismo, sostuvo que el reclamo plateado por Amabol carecía de fundamentos pues la Ley 025 establecía que estos procesos debían llevarse adelante.
“Entre bomberos no se iban a pisar la manguera, estos señores, qué quieren hacer ahí, ¿eternizarse?, por qué están haciendo esto, será que están recibiendo réditos”, preguntó a los periodistas y aseguró que la justicia en el País, debe cambiar “empezando por vocales y jueces”.
EL DIARIO informó que se realizaron solicitudes de aclaración sobre la convocatoria, a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, en sentido de que dicha convocatoria no estaba clara.
Por su parte, Berríos detalló que la confusión radica en que la convocatoria no especifica si los vocales elegidos ocuparían las acefalias existentes a nivel nacional, producto de la puesta en vigencia la Ley 025; o si la misma era para todos aquellos que cumplieron el período de funciones, que era de cuatro años. “Es necesario que los 96 vocales y los cerca de mil jueces de todo el país constituyen personal jerárquico en calidad de transición, hasta que la 025 sea aplicada en su totalidad”, afirmó.
Al respecto, la ministra Gutiérrez dijo que la convocatoria era clara. “Era para las acefalias y para aquellos vocales que ya hayan cumplido cuatro años, entonces esto es una vergüenza”, dijo al calificar la actitud de los vocales.
En tanto que el Tribunal Departamental de La Paz mediante un comunicado de prensa afirmó que acatará las determinaciones legales emanadas por el TCP y rechazó, sin aludir a la Ministra de Justicia, las versiones en sentido de que los vocales pretendan quedarse en el cargo de manera indefinida o que “todos los vocales del país (cerca de 100) deberían renunciar a sus cargos”.
El 100% de jueces en Tarija tienen procesos penales y disciplinarios
Según la representante distrital del Consejo de la Magistratura Paola Chirinos Montoya, el 100 por ciento de los jueces y vocales del departamento de Tarija, tienen algún proceso penal o disciplinario en su contra. En la actualidad, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) tiene a disposición un total de 60 jueces. Existen 30 que están en la capital y otros 30 en las provincias, además de ocho vocales.
Los delitos por los que generalmente están siendo investigados algunos de los jueces en la vía penal son: el prevaricato, que es dado cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan. Además por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
En la vida interna son procesados disciplinariamente por un tribunal de alzada que tipifica las acciones que realiza el juez en su función diaria. Las investigaciones se dan cuando hay una denuncia por falta leve, grave o gravísima que puede llegar a la destitución del funcionario.
“Están todos con procesos de investigación en un 100 por ciento, algunos con procesos penales que están siendo investigados en el Ministerio Público y los disciplinarios que son más internos—manifestó Chirinos–. Son sin duda denuncias de los gajes del oficio, puesto que muchas veces no se da contento con el fallo a las partes y ante ello accionan una denuncia”.
Sólo hay un juez que fue a la cárcel
De todos los casos que al momento vienen investigándose en la vía penal y disciplinaria, solo un juez fue sancionado drásticamente con la detención preventiva en la cárcel de Yacuiba. Se trata del juez Luis Edgar Abircata, quien está acusado por el delito de prevaricato y concusión.
“Todos los casos están en proceso de investigación y existe un solo juez hasta el momento en la cárcel y se trata del doctor Abircata. Él, por ejemplo, este funcionario está con un proceso penal y cometió una falta grave y está suspendido—indicó Chirinos–. Los demás casos que están en proceso, algunos están en apelación, otros que están con sentencia, otros con rechazo”.
Abogados desconocen sobre fallos ejecutoriados
Algunos abogados penalistas como Grover Mita y Grover Baldiviezo cuestionan que hasta la fecha no se conozca resultados de los procesos que existen contra jueces ni vocales. Si bien los mismos fueron abiertos por alguna causa hasta el momento no existen resoluciones de sentencia ejecutoriadas, ya sea en la vía penal o disciplinaria.
“Por una parte, está el proceso penal y por otro el disciplinario y eso hay que dejarlo en claro y estas denuncias contra jueces o vocales son interpuestas por las partes cuando consideran que un fallo o una resolución no estuvo acorde a las normas—indicó Mita–. Ahora estas denuncias lamentablemente no sabemos como son tratadas y por lo menos hasta ahora no conozco que haya una autoridad judicial con sentencia condenatoria y ejecutoriada por el delito de prevaricato”.
“La Ley es específica y la denuncia debe demostrar que sí se cometió el ilícito de prevaricato o resoluciones contrarias a la Ley pues deban sancionarse previo a un debido proceso—añadió Baldiviezo–.Entonces nadie puede escapar de la Ley y los administradores están sujetos a ser procesados también, pero lamentablemente no conocemos ninguna sentencia oficial”.
- En todo el departamento existen 60 jueces, 30 en las provincias y 30 en la capital
- El 100% de ellos, según Chirinos, está envuelto en algún proceso jurídico
Casos que involucraron a jueces y vocales
Algunos de los casos han trascendido a los medios de comunicación generando cierta convulsión en la sociedad. Uno de los casos emblemáticos que tuvo sentencia en mayo de 2013 fue contra el juez técnico del Tribunal Primero de Sentencia, Pablo Reynaldo Zelaya Villanueva, por protagonizar un escándalo sexual en vía pública. El Tribunal disciplinario del Consejo de la Magistratura de Tarija lo encontró culpable de la falta denunciada.
Otra investigación que terminó con imputación penal fue contra los vocales, Nilo Velasco y José Luis Lenz, por el probable delito de prevaricato, ya que el Banco Central de Bolivia (BCB) resultó ganadora de una demanda interpuesta; sin embargo, los implicados anularon la decisión.
No fueron los únicos vocales suspendidos y procesados, también se procesó a la presidenta del TDJ, Heidy Calderón Pérez, acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso de la Piscina Olímpica y se pidió la anotación preventiva de todos sus bienes.
Renuncia de fiscal afectaría a la estructura del Ministerio Público
Aunque se mantuvo en reserva el nombre, el fiscal departamental, Orlando Riveros, informó que en horas precedentes, un fiscal de materia presentó su renuncia al cargo por motivos de salud, ausencia que afectaría la estructura del Ministerio Público.
Riveros detalló que luego de cubrir las acefalías que se presentaron en la Fiscalía Departamental de Oruro, tanto para fiscales de materia como para personal de apoyo, al parecer nuevamente se tropezará con ausencias, tomando en cuenta la aceptación o no a la renuncia del fiscal en cuestión y ante la decisión que se pueda tomar en la Fiscalía General, referente a una representante del Ministerio Público que fue encontrada trabajando con aliento alcohólico.
"Estamos a la espera de algunas decisiones, hay el tema de la fiscal Choque (Beatriz) que como conocen se la mandó a Régimen Disciplinario, estamos aguardando las decisiones de la autoridad sumariante que está en la ciudad de Sucre, mientras tanto esta persona sigue desempeñando funciones, esto es lo que contempla nuestro reglamento, pero además hay una renuncia de un fiscal cuyo nombre prefiero guardar en reserva pero que también nos afecta", afirmó Riveros.
Detalló que de generarse estas acefalías, el procedimiento para cubrirlas será igual que en una anterior oportunidad, es decir, recurrir a la base de datos de postulantes que se presentaron a la convocatoria que hizo la Fiscalía General del Estado, hace más de un año.
"Estamos a la espera de que esa renuncia sea considerada por el Fiscal General (Ramiro Guerrero) porque es a ese nivel que debe tratarse, pero que evidentemente afectará la estructura de la Fiscalía, serían dos situaciones en las que estamos aguardando decisiones en cuanto a fiscales. Las otras acefalías se refieren en cuanto a personal de apoyo que estamos tratando de encontrar personal que cumpla con algún mínimo de requisitos, siempre en la lógica que tuvimos hasta ahora de convocar a las personas que se presentaron a esta convocatoria", finalizó.
La convocatoria para vocales fue suspendida
La decisión del Tribunal de Garantías de Cochabamba, que determinó paralizar la convocatoria para vocales del país, será acatada por el Consejo de la Magistratura, institución que esperará la notificación oficial para después emitir un criterio legal.
El 5 de abril, el Consejo de la Magistratura emitió una convocatoria de alcance nacional para llenar las vocalías de nueva creación y conformar un banco de datos para luego renovar los cargos de vocales en las actuales funciones. La convocatoria se cerró el 16 de abril con 700 postulantes.
La consejera Willma Mamani explicó a La Razón que toda resolución de amparo constitucional debe ser acatada de forma inmediata. No obstante, afirmó que hasta la tarde de ayer el Consejo de la Magistratura no fue notificado con la citada resolución, por lo que todavía desconocía su contenido.
“Tenemos conocimiento, a través de nuestros asesores, que se ha anulado la convocatoria. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos la resolución escrita y en función a ella vamos a analizar”, adelantó Mamani. Además, precisó que todas las resoluciones emitidas por un Tribunal de Amparo son de cumplimiento obligatorio.
Análisis. También señaló que, una vez que se tenga conocimiento de su contenido, se tomará una determinación institucional, en la que no se descarta volver a emitir otra convocatoria, con base en el fallo dictado en Cochabamba.
Al respecto, el consejero Freddy Sanabria adelantó que existen varias observaciones a la decisión asumida en Cochabamba y anunció que en el transcurso de hoy se emitirá una posición oficial de la Magistratura, una vez que se analice jurídicamente el documento.
El principal argumento del Tribunal de Garantías de Cochabamba, que anuló la convocatoria a vocales, fue el hecho de que no se puede convocar a la renovación de autoridades jurisdiccionales mientras no estén plenamente vigentes los códigos denominados “Morales”, en referencia al Jefe del Estado.
Para este 7 de agosto está prevista la aplicación plena del nuevo Código de Procedimiento Civil; sin embargo, surgieron propuestas de postergar por un año su vigencia, debido a la admisión de la Ley del Notariado Plurinacional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, informó el viernes que solo seis de 756 postulantes aprobaron el examen de admisión para el Primer Curso de Formación y Especialización Judicial en el Área Ordinaria.
“756 postulantes, de los que aprobaron, recién sé, que seis personas aprobaron”, dijo.
Von Borries consideró que la nueva generación de abogados no están calificados para optar por el proceso de formación y especialización, toda vez que el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios están por debajo de ejercicio laboral jurisdiccional de jueces.
“Eso nos demuestra que las leyes nuevas, por ejemplo, no son muy conocidas, porque alguna de esa nuevas leyes no están en la práctica suficiente, no están en trabajo permanentemente, están recién introduciéndose en el campo jurídico”, argumentó.
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