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Timestamp: 2019-09-23 09:20:42+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0012/2008 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 12/08
“SOLANO GONZÁLEZ, FRANCISCO Y OTROS S/ HOMICIDIO DOLOSO”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días veinte y siete del mes de marzo del año dos mil ocho, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala, Natividad Mercedes Meza.- Agustín Lovera Cañete.- José Waldir Servin Bernal, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “Solano González, Francisco y otros s/ Homicidio Doloso”.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala, resolvió plantear y votar las siguientes.
1ª) ¿Es competente este Tribunal de Apelaciones para entender en el mecanismo de impugnación ejercido?
2ª) ¿Es admisible el recurso deducido o se impone su rechazo? Y, en su caso;
3ª) ¿Se halla ajustada a derecho la conclusión de la causa, según decisión del Tribunal de Sentencia? En su caso, ¿es justa la pena impuesta?
1ª cuestión: La Dra. Meza, manifestó: Que, el estudio de alzada del Recurso de Apelación Especial interpuesto, contra la SD N° 264 de fecha 11 de setiembre de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia, presidido por la Jueza Abog. María Doddy Báez, e integrado por los Jueces Penales Wilfrido Peralta y Miguel Said Bobadilla, sin duda alguna cae bajo la competencia de este Tribunal de Apelación, por disposición del art. 40 inc. 1° del CPP, que faculta a este Órgano de Alzada la substanciación y resolución del recurso de apelación, consecuentemente, la competencia de este Tribunal para entender en los recursos deducidos, es insoslayable.
2ª cuestión: La Dra. Meza, expresó: Que procediendo al análisis del caso planteado a estudio, corresponde como cuestión previa, decidir acerca de la admisibilidad o rechazo del Recurso de Apelación Especial interpuesto, en la presente causa. Al respecto el art. 466 del CPP, prescribe el objeto del Recurso de Apelación Especial, y dispone que sólo podrá deducirse el recurso de apelación especial contra las sentencias definitivas dictadas por el juez o tribunal de sentencia en el juicio oral, como en el caso de autos, por ende, el recurso planteado es correcto.
Por otro lado, por disposición del art. 468 del CPP, el recurso de apelación debe ser interpuesto: a) ante el Juez o tribunal que dictó la sentencia, b) en el término de diez días luego de notificada, c) y por escrito fundado, en el que expresará concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la resolución que se pretende. Con respecto a la primera de las condiciones de admisibilidad del recurso, estamos ante una SD dictada por un Tribunal de Sentencia, resultado de un Juicio Oral, que obra a fs. 338/344, en la última parte de la mencionada acta, se dispuso que la lectura integra de la contenida quedó fijada para el día martes 18 de Setiembre de 2007, a las 12:30 horas, en el Juzgado de Liquidación y Sentencia N° 25.
A fs. 1/8 el Recurso de Apelación Especial contra la SD N° 264 fecha 11 de setiembre de 2007, fue planteado en fecha 04 de octubre de 2007, por la Abogada C.M.C, en representación de la Defensa del Acusado Arnaldo Bobadilla Garay, según cargo obrante su fs. 7 y vlto. de autos, en forma y dentro del plazo legal.
Igualmente, a fs. 10/11, en fecha 29 de octubre de 2007, por la Representante del Ministerio Público Abog. E.A., presentó la contestación del presente Recurso de Apelación Especial.
Por lo expuesto precedentemente, corresponde declarar admisible el recurso planteado por la Abogada C.C., por la defensa del procesado Arnaldo Bobadilla Garay.
3ª cuestión: La Dra. Meza, dijo: Como primer punto corresponde analizar si la conclusión del a quo se ajusta a lo establecido en el art. 467 que dispone: Motivos. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva solo procederá cuando ella se base en la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho la reserva de recurrir, salvo en los caso de nulidad absoluta, o cuando se trate de los vicios de la sentencia.
Estos presupuestos jurídicos, serán objeto de estudio por este Tribunal de Apelaciones y, dada la naturaleza de la resolución apelada, resulta el mecanismo adecuado, de tal suerte a buscar por la vía de la alzada el eventual reparo de los agravios invocados por las partes recurrentes. Asimismo corresponde observar si existen algún defecto o vicios previstos en el art. 403 del CPP, y en el control del sometimiento del juzgador a quo a los pasos de un correcto razonamiento de acuerdo a las reglas de la sana crítica -Art. 175 CPP- y a determinar si en la sentencia apelada se han vulnerado garantías procesales consagradas en la Constitución Nacional, en el Derecho Internacional vigente y en las demás leyes, así como todos los actos que sean consecuencia de ellos -Art. 174 CPP- inobservado o erróneamente aplicado algún precepto legal de forma o de fondo.
Expresión de agravios: a fs. 1/7 de autos la Abogada C.M.C. en sus partes pertinentes expresa cuanto sigue: Que mi parte se agravia contra la sentencia definitiva en el sentido de los votos en mayoría emitidos sobre la reprochabilidad y consecuente condena, no así contra la opinión en disidencia del Magistrado Miguel Said Bobadilla, en relación al cual esta representación se encuentra totalmente de acuerdo, por considerarla sujetada y ajustada a estricto derecho. La inobservancia de la ley penal de fondo toma errónea el dictamiento de la sentencia hoy recurrida, dictada por el a quo, por lo que el agravio que causa es irreprochable en lo material, procesal y moral, siendo esta la vía conducente para remediar las irregulararidades enunciadas, solicitadas desde ya sea declarada la absolución de culpa y pena de mi defendido, conforme a lo dispuesto en el art. 424 del CPP, en cuanto a las pruebas producidas en el juicio oral se reducen a (7) siete declaraciones testificales, que no han aportado nada para el esclarecimiento del hecho y meno aún para la determinación de la autoría de mi defendido, como sostienen los jueces B. y P., como argumentan en la citada sentencia. Dentro de estas situaciones, se siembre la gran duda que sumado a la relatividad de las afirmaciones de testigos que fueron tomados para el apuntamiento de la sentencia ella aparece sin fundamento y reiteramos que la gran duda que aparece tiene como consecuencia la aplicación del principio indubio pro reo, debidamente incorporado en la Constitución como la Norma en su art. 17 inc. 1°. De este modo el Tribunal de Sentencia ha desconocido, obviando su aplicación en este proceso, tanto duda razonable como el principio de inocencia, en un caso tan enmarcado como el que no ocupa no debe perderse la firme convicción que debe tener el Juzgado de desentrañar la verdad real. Los hechos y derechos son cosas irrescindibles pues de la comprobación de los primeros, surge la aplicación del segundo. Sin una investigación exhaustiva de los hechos no podrán aplicarse el derecho correctamente. Así pues el esclarecimiento de los hechos coincide con el valor de la Justicia, pues nunca será la paliación del derecho si los hechos no han sido determinados conforme al criterio de la verdad real. El concepto de verdad real y su manifestación que son las normas que regulan la prueba del proceso, surge directamente de la decisión de fundar un derecho penal. La verdad y la prueba constituyen una garantía frente a la tentación permanente de castigar a las personas por lo que son, por lo que piensan o por lo que pudieran hacer según la imaginación enfermiza de algún dictador. De esta manera y del análisis de las diligencias practicadas durante el juicio oral y que se reducen principalmente a testimonios o testificales que por su insignificancia valorativa son insuficientes para crear certeza en el animo de la mayoría del tribunal, constituyendo una aplicación desacertada de la sana crítica y se ha obviado el beneficio de la duda a favor de mi defendido. La certeza de que se habla es un estado de plenitud, en donde la prueba evidencie de manera natural y lógica de lo sucedido y que fue materia de investigación, no dejando ningún margen a la existencia de una duda razonable. Sería arbitrario aplicar una calificación y condena dentro de un proceso en el que no se han arrimado pruebas de convicción, que no den lugar a duda que Arnaldo Bobadilla Garay fue el autor de la muerte violenta de Amado Cabalas Báez pues un principio cardinal en todo proceso penal que para llegar a aplicar una Sentencia condenatoria a la persona sometida a el debe existir plena certeza de la responsabilidad de la misma en la comisión del hecho por el que se lo acusa que debe surgir claramente de diligencias investigativas, situación que no acontece con Arnaldo Bobadilla Garay. Finalmente podemos decir que la sentencia de la mayoría de los Miembros del Tribunal de Sentencia se ha dictado en base a la inobservancia y a la vez errónea aplicación de los preceptos legales y constitucionales, relativa a la prueba y su valoración. A la Sana crítica, violación del principio in dubio pro reo, a la presunción de inocencia a la carga de la prueba traducida en que la misma se dictó en base a elementos indiciarios aislados, sin el practicamiento de otras esenciales en este tipo de hecho, que en ningún caso ni, sumados todos los pocos elementos pueden crear certeza, sino una duda razonable, en cuanto hace a la participación de Arnaldo Bobadilla Garay en el hecho de homicidio doloso, por lo que no honora la justicia, solicitando en aplicación de las leyes enunciadas, dicte sentencia absolviendo de culpa y pena a Arnaldo Bobadilla Garay. Por tanto en base a lo expuesto a VVEE, solicito como propuesta de solución cuanto sigue: Tener por presentado el presente recurso… Declarar, la admisibilidad… Disponer el señalamiento de la audiencia respectiva conforme lo previsto en el art. 468 del CPP a los efectos de realizar la sustanciación para la Fundamentación complementaria y discusión del recurso. Absolver, de culpa y pena a mi defendido Arnaldo Bobadilla Garay, y en consecuencia deberá consignarse que la formación de este proceso no afecta su buen nombre y honorabilidad.
Contestación del Ministerio Público: A fs. 10/11, se encuentra la contestación de la Agente Fiscal Abogada E.A. en su escrito de fecha 29 de octubre de 2007, en sus partes esenciales dice: "Que la defensa del condenado la Abog. C.M.C., se agravia de lo resuelto por SD N° 264 de fecha 11 de setiembre de 2007, por el cual el Tribunal de Sentencia ha resuelto incursar el Hecho Punible atribuido a su defendido Arnaldo Bobadilla dentro de lo establecido en los arts. 105, inc. 1° y 2° num. 4 y 5 del CP, en concordancia con el art. 29 inc 1° del mismo cuerpo legal y por consiguiente la imposición de la pena privativa de libertad de 17 años", en su escrito de fundamentación del Recurso de apelación Especial entre otros manifestó que: La sentencia recurrida, ha sido dictada en abierta violación de los preceptos constitucionales y legales, referentes al principio de objetividad, de valoración de las pruebas y fundamentos por la inobservancia del principio de duda… Al respecto cabe acotar que el Ministerio Público, conforme los elementos de pruebas que ha incorporado en la etapa probatoria en contra del citado incoado ha requerido la elevación de la presente causa a juicio oral y público. Todos estos elementos fueron producidos durante el desarrollo de la misma con lo que se pudo demostrar fehacientemente la existencia del hecho punible y el nexo causal entre el acusado Arnaldo Bobadilla Garay y el mismo, como autor directo de los hechos punibles de homicidio doloso, previsto y penado en el art. 105 inc. 1° y 2° num. 4 y 5 del CP vigente. La recurrente Abogada C.M.C., ha cuestionado que el Tribunal de Sentencia al momento de dictar resolución solo ha tenido en cuenta declaraciones del os testigos que no son pruebas directas. Es importante mencionar que el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el art. 17 num. 1° de la CN y el art. 4° del CPP, puede destruirse a través de una prueba directa mediante una prueba indirecta o con una combinación de ambas. La prueba indiciara es una prueba indirecta (pleonasmo) basada en los llamados indicios que son hecho de la vida real cuya fuente de conocimiento puede estar en una persona o en una cosa, pero cuya operativa procesal, mediante el método inductivo. A demás el art. 173 del CPP y asimismo es de destacar la declaración de uno de los testigos el Sr. Domingo Acosta Coronel, que al momento de prestar testimonio ante el Tribunal en forma conteste la manifestación que tengo una cantinita en la parada del colectivo km. 7 de CDE, estaban sentados en un banquito y me pidieron cerveza el Sr. Francisco y el Sr. Arnaldo y estaban hablando que tenían que hacer un trabajito en Capiata… Por estas circunstancias y por las declaraciones de otros testigos, se llegó a la conclusión de que el hoy condenado es autor material del hecho juzgado. Teniendo en consideración las manifestaciones vertidas por las personas, que comparecieron en su oportunidad ante el Ministerio Público, quienes manifestaron que el Sr. Francisco González y Arnaldo Bobadilla Garay se subieron a un Ómnibus de Crucero del Este con destino a Asunción para hacer un trabajo y conforme a las averiguaciones realizadas en prosecución de la investigación del hecho de la citada persona fue identificado como Arnaldo Bobadilla Garay. Que en este estado de cosas es de parecer de esta Representación Fiscal que existen elementos que demuestran la participación del citado condenado, en el hecho punible juzgado y en consecuencia la condena impuesta al mismo, se ajusta a los requisitos establecidos en el art. 398 del CPP in fine. Por tanto esta considera esta representación Fiscal oportuno el rechazo de la apelación especial planteada por la defensa del condenado Arnaldo Bobadilla Garay contra la SD N° 264 de fecha 11 de setiembre de 2007 por extemporáneo y su total improcedencia y en consecuencia confirmar la SD recurrida.
La Dra. Meza, continúa diciendo: Avocado al fondo de la cuestión se advierte que el Tribunal a quo en la fase de sustanciación del juicio ha decepcionado las pruebas ofrecidas de conformidad a lo dispuesto por el art. 387 y demás concordantes del CPP y, de la apreciación y valoración conjunta de las mismas, ha concluido que el hecho punible de homicidio doloso, se ha comprobado en juicio.
Con respecto a la pena impuesta, corresponde determinar si la sanción aplicada por el Tribunal a quo, se ajusta a las reglas establecidas por el art. 65 del CP. En este sentido, el citado cuerpo legal de fondo establece que la medición de la pena se basará en el grado de reproche del autor y será limitada por ella, se atenderán también los efectos de la pena en su vida futura en sociedad.
Del estudio realizado, sobre este punto se puede inferir que la sanción impuesta al condenado se halla fundada en lo preceptuado por el art. 65 del CP, que establece las circunstancias que deben tenerse presentes a los efectos de la imposición del quantum de la pena, sopesando todas las circunstancias a favor y en contra del autor, de lo que se concluye que han sido encuadrados dentro del marco penal previsto por el hecho punible objeto de acusación, y, por consiguiente, el Tribunal Sentenciador ha aplicado correctamente la proporcionalidad de la pena conforme al grado del reproche, atendiendo también a los efectos que tendrá la pena en la vida futura en sociedad del condenado. Por lo que corresponde confirmar la sentencia recaída en autos. Es mi voto.
El Dr. Lovera Cañete, dijo: Que me adhiero al voto de la Dra. Meza, en lo que respecta a la competencia y admisibilidad por los mismos fundamentos, así mismo también concordamos con la confirmación del auto recurrido no obstante me permito agregar algunas consideraciones.
Como primer punto cabe acotar que en el Recurso de Apelación Especial, el Tribunal de Alzada tiene una limitada competencia para revalorar las pruebas, esencialmente las producidas bajo el control de la inmediatez por lo que la tarea fundamental de este Tribunal consistirá en el control del sometimiento del Juzgador a quo a los pasos de un correcto razonamiento de acuerdo a las reglas de la sana crítica y a determinar si en el fallo recurrido se ha inobservado o mal aplicado algún precepto legal de fondo.
Es importante aclarar que el recurso de apelación especial no puede controlar la valoración de la prueba como proceso interno del Juez. Lo único que puede controlar es la expresión que de ese proceso ha hecho el juez, en la fundamentación de esa sentencia. De este modo, el control limita a determinar si esa expresión o fundamentación de la valoración de la prueba ha seguido los pasos lógicos que normalmente aceptamos como propios de un pensamiento correcto.
Avocado al fondo de la cuestión, se advierte que el Tribunal a quo en la fase de sustanciación del juicio ha recepcionado las pruebas ofrecidas de conformidad a lo dispuesto por el art. 175 del CPP y de la apreciación y valoración conjunta de las mismas, ha concluido que el hecho punible de homicidio doloso, se ha comprobado en el juicio.
La defensa se agravia porque según sus consideraciones, las pruebas arrimadas en esta causa, no han aportado nada para el esclarecimiento del hecho menos aún para la determinación de la autoría del Sr. Arnaldo Bobadilla Garay, por tanto solicita la absolución de culpa y pena del mismo.
Esta Magistratura concluye, que del análisis realizado y de las constancias de autos, se advierte que durante el juicio Oral y Público fue acreditado en forma fehaciente en los elementos probatorios producidos durante el mismo, la comprobación del hecho punible de homicidio doloso como así también la autoría directa del acusado Arnaldo Bobadilla Garay y, consecuentemente, la calificación jurídica de su conducta, se ajusta a las disposiciones vigentes en nuestra legislación penal de fondo. En este sentido el art. 105, inc. 1° y 2° numeral 4 y 5, en concordancia con el art. 29 inc. 1° del CP.
De lo expuesto, se concluye que la fundamentación del Tribunal de Sentencia que sustenta la resolución apelada, se basa en valoraciones objetivas siguiendo los lineamientos que indican la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica y el recto entendimiento, como queda dicho no se advierte en la sentencia apelada ninguna inobservancia o errónea aplicación de la ley penal de fondo ni de forma con relación al condenado Arnaldo Bobadilla Garay.
Finalmente, cabe también considerar que en la sentencia recurrida se hallan debidamente fundados los presupuestos de la punibilidad, en cuanto a la conducta típica, antijurídica, y reprochable del acusado Arnaldo Bobadilla Garay, por el hecho punible de homicidio doloso.
Asimismo este Tribunal concuerda lo establecido en el art. 261 que establece que toda decisión que ponga término al procedimiento o a un incidente, se pronunciará sobre el pago de las costas procesales. Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para eximirlas totalmente o imponerlas en el orden causado. Del mismo modo el Tribunal concuerda con lo establecido en el art. 264 que estipula que las costas serán impuestas al condenado en virtud de una sentencia definitiva.
Por tanto, consideramos que corresponde la confirmación de la sentencia recurrida. Es mi voto.
El Dr. Servin, manifestó: Estar de acuerdo con el voto del Excelentísimo Dr. Lovera Cañete por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros el Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 27 de marzo de 2008
VISTO: Por los méritos que ofrece el Acuerdo mencionado precedentemente, y sus fundamentos,
EL TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO PENAL,
DECLARAR la competencia de este Tribunal para resolver los recursos de Apelación Especial interpuestos.
DECLARAR la admisibilidad del Recurso de Apelación Especial interpuesto por la Abogada C.M.C., por la defensa de Arnaldo Bobadilla Garay contra la SD N° 264 de fecha 11 de Setiembre de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia, presidido por la Abogada María Doddy Báez. e integrado por los Jueces Penales Wilfrido Peralta y Miguel Said Bobadilla.
CONFIRMAR la SD N° 264 de fecha 11 de Setiembre de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia, presidido por la Abogada María Doddy Báez e integrado por los Jueces Penales Wilfrido Peralta y Miguel Said Bobadilla.
ANÓTESE, regístrese, notifíquese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Oscar García de Zúñiga.- Sec.
Natividad Mercedes Meza.-
Agustín Lovera Cañete.-
José Waldir Servin Bernal.-

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