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Timestamp: 2019-02-20 10:10:19+00:00

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El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo en Chile y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. El presente trabajo pretende solamente exponer la normativa que regula el funcionamiento y atribuciones de este órgano de Estado , presentando una reseña histórica y la normativa constitucional y orgánica que lo regula.
Quienes integran cada una de las ramas del Congreso, tanto los 120 Diputados como los 49 Senadores, representan al pueblo que los eligió y reflejan sus distintas posiciones, ideas y sensibilidades. Es en esta institución donde la Democracia existe y cobra mayor sentido.
El primer Congreso se estableció el 4 de Julio de 1811 en Santiago, luego que la Junta de Gobierno de 1810 dispusiera su convocatoria. Este Parlamento fue de carácter unicameral integrado por 41 Diputados y su principal tarea fue redactar el "Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile". En la actualidad, el Congreso Nacional se rige por la Constitución Política de 1980 y la Ley orgánica constitucional N°18.918. Esta Institución se localiza a diferencia de los otros poderes del Estado, en la ciudad de Valparaíso, V Región de nuestro país.
El sistema de elección de los senadores es binominal mayoritario. Se eligen dos Senadores por circunscripción
Además de los Senadores elegidos, el Senado está integrado también por los ex Presidentes de la República, que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, a menos que haya cesado en el cargo por acusación constitucional. Estos Senadores lo serán por derecho propio y con carácter vitalicio. Senadores Institucionales
Los siguientes Senadores Institucionales, integran el Senado, siendo designados en la forma que la Constituciónestablece.Asimismo el Senado está compuesto por nueve Senadores Institucionales designados de la siguiente manera: Dos ex Ministro de la Corte Suprema y un ex Contralor General de la República (designados por la Corte Suprema), un ex Comandante en Jefe del Ejército, un ex Comandante en Jefe de la Armada, un ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y un ex General Director de Carabineros (designados por el Consejo de Seguridad Nacional), un ex Rector de una universidad estatal reconocida por el Estado y un ex Ministro de Estado (designados por el Presidente de la República).
Existen en el Senado de la República 19 Comisiones permanentes, integradas por 5 Senadores cada una. Además cada Comisión cuenta con un funcionario Profesional de la corporación,
que actúa como Ministro de Fe.
TRAMITACION PROYECTOS
Para que un proyecto de Ley se transforme en Ley de la República, debe seguir un trámite legislativo que requiere de la aprobación de la Cámara de Origen, donde se ha presentado, de la Cámara Revisora, que puede aprobar, modificar o rechazar el proyecto de Ley procedente de la Cámara de Origen y de la promulgación del Presidente de la República.
HISTORIA DEL PODER LEGISLATIVO EN CHILE
Desde su establecimiento, en 1811, el Congreso Nacional ha constituido un importante espacio de representación de la voluntad popular. Su presencia en el sistema político chileno ha significado un valioso aporte fortalecimiento de la conciencia cívica de los chilenos.
Los acontecimientos que llevaron a la instalación del Primer Congreso Nacional, estuvieron precedidos por el profundo impacto que provocó en la conciencia de los criollos a proclamación de la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y la Revolución Francesa.
Tras estos acontecimientos se encontraban nuevas doctrinas filosóficas y políticas surgidas en la Ilustración. Ellas buscaban fundar un nuevo orden político a partir del reconocimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios rectores de la vida individual v social. Estas ideas ilustradas se convirtieron en los pilares en que debía cimentarse el orden democrático, en el cual la sociedad se rige como soberana de su destino.
En Chile, el 18 de septiembre de 1810 se convocó la Primera Junta de Gobierno para proteger los derechos del rey cautivo (Fernando VII, en manos de Bonaparte). Sin embargo, el 13 de octubre nació el "Proyecto de Reglamento para efectuar una elección de Diputados". Se veía claramente una voluntad de instituir un Congreso en el que recayera el Gobierno Nacional.
La primera elección de diputados se efectuó en Santiago, el 6 de mayo de 1811,El Primer Congreso Nacional se inauguró el 4 de Julio de 1811 en el período de Don José Miguel Carrera en la sala del antiguo edificio de! Tribunal del Consulado de Santiago (hoy desaparecido) y en aquella ocasión el Presidente accidental de la Junta de Gobierno, Juan Martínez Rozas, depositó en el nuevo Congreso el mando supremo de la Nación. Con lo que este pasó a ser autoridad constituyente.Se eligieron 36 diputados propietarios y 36 diputados suplentes. Algunos destacados: Juan Antonio Ovalle, diputado por Santiago, Primer Presidente; Martín Calvo Encalada, Diputado por Curicó, Vicepresidente; Agustín Vial, diputado por Valparaíso; Manuel de Salas, diputado por Itata; Bernardo O'Higgins, diputado por Los Angeles; Agustín Urrejola, Diputado por Concepción; José Santiago Portales (padre de don Diego), diputado por Santiago; Fray Camilo Henríquez, diputado suplente por Puchacay, hoy la localidad de Florida, en la Región del Bío Bío. Sectorizado políticamente en forma muy rápida en tres posiciones: realistas, moderados y patriotas, el Congreso comenzó a sesionar.
La principal tarea del Congreso fue redactar "El Reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile", primer bosquejo de carta constitucional.El Reglamento aprobado por el Congreso fue claro en señalar la necesidad de dividir los poderes del Estado y establecer sus límites. Se había dado así el primer paso hacia la constitución de un gobierno republicano.En él se señalaba, además, que "el Congreso, como único depositario de la voluntad del Reino, conocería exclusivamente del cumplimiento o infracción general de la Ley, dirigiría las relaciones exteriores, ejercería el patronato sobre la Iglesia, el mando superior del Ejército, crearía o suprimiría empleos y vigilaría los actos de la Junta Ejecutiva", entre otras materias. Dos meses después de inaugurado el Congreso, sus sesiones se hicieron públicas y se abrió la sala en que se reunían los diputados al público que deseara oír las discusiones, bajo la sola exigencia de guardar compostura debida a su dignidad.La presión ejercida por los ejércitos españoles unida a la lucha entre los sectores que apoyaban el antiguo régimen y los partidarios de la independencia, generaron un clima de profunda inestabilidad política, en medio del cual se dieron los primeros debates sobre la organización de la vida nacional y la forma de gobierno, hasta que el Primer Congreso Nacional fue disuelto el 2 de diciembre de 1811. Sin embargo, considerándose "sólo suspendido", el Congreso terminó su histórico trabajo, que se extendió por casi cinco meses, en los que alcanzó a celebrar 55 sesiones. modo de síntesis: En este tiempo se comienzan a definir los rasgos del Poder Legislativo, aun cuando no hay continuidad en su labor, El Poder Ejecutivo tiene caracteres absorbentes y centralizadores.
Durante el período 1812 ­ 1828 se van configurando los rasgos del Poder Legislativo.Un hecho que destaca en este tiempo es la decidida voluntad que muestran las elites políticas por establecer un gobierno representativo, con separación de poderes.Para llevar a la práctica estos ideales se pensó, desde los primeros años, en dotar al país de una Constitución que, junto con establecer los principios rectores del nuevo Estado y los deberes y derechos de los ciudadanos, regulara las atribuciones de los diferentes poderes. Existió entonces como Poder Ejecutivo, una Junta Superior Gubernativa.
A esta Junta le sucedió en el Gobierno don José Miguel Carrera, primer Jefe de Estado de Chile, quien promulgó por decreto del 31 de octubre de 1812, el "Reglamento Constitucional Provisorio", que, con un sentido separatista de la Corona Española, dispuso la existencia de un Senado, el primero de la Historia de Chile con facultades que limitaban el poder del Gobierno. Este Senado estuvo compuesto por siete personas que durarían tres años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.Con el fin de obtener la sanción popular, tanto el Reglamento Constitucional mismo, como de las listas de senadores y otros cargos administrativos, se abrió un registro en una sala del Tribunal del Consulado, a la cual tuvo acceso la ciudadanía, durante tres días, para poner su firma.
Así resultaron electos los primeros senadores del país:
Don Pedro Vivar y Azúa (Presidente)
Fray Camilo Henríquez (Secretario)
Doctor Juan Egaña
Manuel Antonio Araoz y Carrera
Doctor José Gaspar Marín
Sin los dictámenes del Senado no podía el Gobierno resolver los "grandes negocios" que interesaban a la seguridad de la Patria, tales como "imponer contribuciones, declarar la guerra, hacer la paz, emprender obras, alterar el reglamento, dar patentes de corso, decidir las desavenencias de las provincias entre sí y proveer los empleos de Gobernadores y Jefes de todas clases".Se estableció también que "el Senado residenciará a los vocales de la Junta, y los juzgará en unión del Tribunal de Apelaciones. Cualquiera del pueblo podrá acusarlos de traición, cohecho y otros altos crímenes, de los que siendo convencidos, los removerá el mismo Senado, y los entregará a la Justicia ordinaria para que los castigue según las Leyes."' Esta atribución es uno de los primeros antecedentes de la función fiscalizadora del Congreso Nacional.
Posteriormente, el "Reglamento para el Gobierno Provisorio" (marzo 1814) creó el Senado Consultivo compuesto por siete integrantes patriotas. Sin embargo, la guerra les impidió un buen desempeño legislativo.
Tras la derrota de Rancagua (1 y 2 de octubre de 1814), comenzó el período de la Reconquista Española, que perduró hasta 1817, año de la victoria patriota en Chacabuco.
En octubre de 1818, bajo el mando del Director Supremo Bernardo O'Higgins, se juró el "Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile", del que nació un tercer Senado que sancionaría reglamentos provisionales.
Este Senado, llamado Conservador, estuvo compuesto por cinco senadores propietarios, cinco suplentes y un secretario. Duró en funciones hasta 1822 y actuó con dignidad y entereza ante las exigencias del Poder Ejecutivo. En ese período se aprobó el tratado de alianza entre Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata mediante el cual ambas partes se comprometían a costear una expedición libertadora al Perú. Este Tratado fue el primero que ambos países celebraron en uso de sus propias soberanías (febrero de 1819).El 30 de octubre de 1822 fue sancionada y promulgada la "Constitución Política del Estado de Chile", que creó por primera vez el sistema "bicameral".
Una vez afianzada la independencia adquirió relieve el debate sobre la organización de la República. El concepto de soberanía popular se transformó en el término político de mayor trascendencia y contenido jurídico. En la Constitución de 1822, mientras ejercía como Director Supremo Bernardo O'Higgins, se dispuso que "el Gobierno de Chile será siempre representativo, compuesto de tres poderes independientes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial". El Congreso quedó integrado por dos Cámaras, la del Senado y la de Diputados.Entre las facultades privativas del Congreso destacan las de "dictar todas las leyes convenientes al bien del Estado"; "fijar las contribuciones directas e indirectas, y aprobar su repartición"; "declarar la guerra a propuesta del Ejecutivo, establecer la fuerza que necesite la nación en mar y tierra".En diciembre de 1823, bajo el mando del Director Supremo Ramón Freire, se sancionó la nueva "Constitución Política del Estado de Chile", la que creó un cuerpo permanente con el título de Senado Conservador y Legislador, compuesto por nueve miembros elegidos constitucionalmente. Este Senado sesionó hasta julio de 1824.Sin embargo, había comenzado un nuevo período de turbulencias en la naciente República, donde además del enfrentamiento político y luego bélico entre las dos grandes facciones que luego veremos, se perfilaron sectores proclives a establecer el sistema federal de gobierno, Esto quedó demostrado al crearse las "Asambleas Provinciales", verdaderos Parlamentos que se dieron las provincias para contrarrestar al poder central en Santiago. Sin embargo, el intento federal, basado en el éxito obtenido por este sistema en otros países e impulsado en Chile, entre otros, por el patriota José Miguel Infante, no llegó a prosperar, a pesar del empuje de sus partidarios a mediados y finales de la década de 1820.
El Congreso bicameral se estableció definitivamente en la "Constitución Política de la República de Chile" de 1828, sancionada por el Vicepresidente de la República Francisco Antonio Pinto, principal enemigo del federalismo. Este Congreso inauguró sus sesiones en Valparaíso, y luego se trasladó a Santiago. Según la Constitución los senadores serán designados por las asambleas provinciales en razón de dos por cada provincia (16 en total) y con mandato por cuatro años. La Cámara de Diputados sería elegida popularmente cada dos años en la proporción de uno por cada 15.000 habitantes. Pero había estallado -señalamos- la lucha fraticida entre "pelucones" y "pipiolos", (conservadores y liberales) en 1829. Estos últimos, con el Vicepresidente Francisco Antonio Pinto a la cabeza, aspiraban a un Congreso con mayores facultades constitucionales; en cambio, los conservadores eran partidarios de un Poder Ejecutivo fuerte, con amplios poderes.
El Congreso naciente terminó así sus funciones el 6 de noviembre de 1829, no sin antes depositar el mando de la Nación en el Presidente del Senado, Francisco Ramón Vicuña, quien también asumió como Vicepresidente de la República, Aún no finalizaba la anarquía, el desorden administrativo, las asonadas políticas y los motines militares.
Terminada la contienda en abril de 1830, con la victoria por las armas del bando "pelucón", en junio de 1830, el Congreso reinicio su tercer período legislativo y planteó la necesidad de revisar el ordenamiento constitucional liberal de 1828. En septiembre de 1831 fue elegido Presidente de la República el general José Joaquín Prieto, líder conservador en la guerra civil, y a su lado se distinguía la figura de Diego Portales, quien había ejercido anteriormente como Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores del Vicepresidente de la República José Tomás Ovalle, en 1830, y cuya concepción de mantener un gobierno poderoso, respetable y respetado, centralizado en la figura del Jefe de Estado, y contrario a caudillismos, guió por décadas al sector conservador
En mayo de 1833 fue promulgada la nueva "Constitución Política de la República Chilena" que regiría al país hasta 1925. Esta Carta Fundamental consagró un régimen esencialmente autoritario en el que el Presidente de la República asumió la mayor cuota de poder y decisión, en desmedro del Congreso (bicameral). El Senado estuvo compuesto por 20 miembros, elegidos indirectamente a través de electores; en cambio la Cámara de Diputados se elegía por votación directa.El Congreso comenzó a regirse bajo las disposiciones constitucionales a partir del período legislativo de 1834.Sin embargo, la institucionalidad de 1833 que se prolongó casi un siglo, otorgó la elasticidad necesaria para amoldarse al devenir político futuro, que reservaba al Parlamento un papel cada vez más preponderante.En la Constitución de 1833, entre las atribuciones más destacadas del Congreso figuraba la facultad de aprobar o rechazar anualmente la cuenta de la inversión de los fondos destinados para los gastos de la administración pública que debe presentar el gobierno y "autorizar al Presidente de la República para que use de facultades extraordinarias".
También sólo en virtud de una ley se podía fijar en cada año "las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o guerra, e imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar en caso necesario su repartimiento entre las provincias o departamentos".
Las contribuciones se decretaban sólo por dieciocho meses, y las fuerzas de mar y tierra se fijaban por igual término.Estas atribuciones constitucionales de que disponía el Congreso, conocida como Leyes Periódicas, fueron el recurso legal que dispuso la oposición durante aquellos años. A través de ellas, las distintas coaliciones políticas v los partidos presentes en el Congreso impulsaron los cambios que fueron limitando el excesivo poder del Presidente de la República.
Durante el siglo XIX se perfilaron dos grandes líneas de conflicto que se expresaron políticamente en el Congreso, por una parte, la tensión entre presidencialismo y parlamentarismo, y, por otra, entre laicismo y confesionalismo.Es necesario tener presente que el sector conservador chileno, mantuvo sin contrapeso sus orientaciones en la vida política desde el inicio de los años treinta hasta fines de los cincuenta. Fueron partidarios y sostenedores de un Ejecutivo con amplios poderes y cumplieron con señalado éxito las tres décadas más importantes para la consolidación republicana chilena. Esta situación comienza a modificarse a mediados del siglo XIX, cuando surgen los primeros grupos liberales y el radicalismo, que aspiraron a reducir las prerrogativas presidenciales, ampliar las libertades individuales y disminuir la influencia eclesiástica en !as instituciones políticas y sociales. En el Parlamento estos grupos encontraron un espacio privilegiado para su labor disidente del presidencialismo y del confesionalismo. A consecuencia de una ruptura en el grupo conservador, derivada de divergencias respecto de a relación Estado-lglesia, el sector dominante en la vida política perdió unidad, dando paso paulatinamente a un debilitamiento del poder presidencial. Así, después de 1860, los gobiernos comienzan a buscar respaldo en los grupos parlamentarios.Ello llevará asociado un intenso debate sobre problemas vinculados a la libertad electoral, !as garantías individuales, el uso de facultades presidenciales y la cuestión confesional, entre otros temas.Es este nuevo escenario político se realizan numerosas reformas políticas.
En 1871, se prohibió la reelección del Presidente de la República, en 1873 fueron reducidas las facultades extraordinarias del Presidente y en 1874 se aumentó el número de senadores que se eligieron desde entonces por votación directa.Fue durante el gobierno, de Domingo Santa María cuando el conflicto entre confesionalismo y laicismo ocupó el primer plano. En el Congreso, dominado por liberales y radicales, se desarrollo una tenaz lucha por la laicización de las instituciones públicas.El choque entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y la discrepancia sobre las facultades de cada uno fue volviéndose cada vez más intensa. En junio de 1890, la Cámara de Diputados no renovó la ley de pago de las contribuciones, Por su parte, el Senado resolvió no discutir la ley de presupuesto para 1891
En el siglo XIX continuó una tensa disputa entre dos opciones políticas contrapuestas: el presidencialismo, que buscaba el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo o Congreso; y el parlamentarismo, tendencia contraria, que aspiraba a imponer en Chile el predominio de la asamblea o Parlamento, como institución central de la actividad política del Estado.Esta lucha tiene un dramático término en 1891, cuando la confrontación entre el Presidente Balmaceda y la mayoría del Congreso condujo a !a guerra civil, Amparándose en sus facultades, en 1890 el Congreso no aprobó las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra, ni la Ley de Presupuesto de gastos públicos. Balmaceda declaró en su mensaje del 1º de Enero de 1891 que se renovaban las mismas leyes sobre esa materia dictadas el año anterior.
El Congreso se negó a aceptarlo provocándose un quiebre de la institucionalidad. El Congreso Nacional fue clausurado por orden del Presidente el 11 de febrero de 1891, iniciándose así la guerra civil.El desenlace de esta contienda, con el triunfo del Congreso, dio a éste un indiscutido prestigio, consolidando el ideal político de transformar el Poder Legislativo en el más importante de los poderes públicos, aumentando al máximo sus atribuciones.Un nuevo equilibrio se impuso en la relación Ejecutivo - Legislativo que se mantuvo hasta aproximadamente 1924. El Parlamento logró una situación hegemónica, sus decisiones primaban sobre el Presidente, y la conformación de los gabinetes ministeriales de los gobiernos quedó sujeta a la aprobación de las coaliciones políticas mayoritarias presentes en el Congreso.
Se ha bautizado el período 1891-1924 como República Parlamentaria, por el peso que tuvo el Congreso en el sistema político. La clase dirigente durante, aquel período, acentuó las prácticas parlamentarias y, producto de la nueva interpretación de la Carta Fundamental de 1833, comenzaron a despacharse numerosas leyes de importancia.En armonía con el auge del liberalismo, leyes laicas destinadas a restringir la injerencia de la iglesia en la sociedad: en 1875 se abolió el fuero eclesiástico, en 1883 se despachó la ley de secularización de los cementerios y en 1884, la ley de matrimonio y de registro civil,Importante también es la ley de imprenta liberal de 1872 que reemplazó a la estricta ley pelucona de 1842. Debe mencionarse también la creación del Diario Oficial en 1877.Durante este período se produjo nuevamente un choque entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y la discrepancia sobre las facultades de cada uno fue volviéndose cada vez más intensa, desencadenándose en el verano de 1891 la guerra civil que terminó por poner fin a la tensión de las últimas décadas, producto de la fricción entre un Congreso cada vez más deliberante y un Presidente aún revestido de importantes atribuciones.El Congreso fue escenario de una acelerada carrera de diferentes coaliciones parlamentarias por llevar adelante sus programas.
Las prácticas parlamentarias se convirtieron en herramientas de presión política, como la obstrucción o uso ilimitado de la palabra de que disponía un parlamentario, impidiendo con ello avanzar en la tramitación de los distintos proyectos; las interpelaciones, que eran el derecho que tenían los legisladores a interrogar a los ministros sobre la gestión gubernativa y los votos de censura, que, en los hechos, eran una advertencia que formulaba el Parlamento en contra de los ministros que no le merecían confianza.Se ha dicho que es en este período cuando se forman los hábitos ciudadanos democráticos, pues el parlamentarismo actuó con estricto acatamiento a la Constitución, lo que permitió a la ciudadanía formarse el hábito del juego regular entre gobierno y oposición."Educado en la escuela del pluralismo democrático y del respeto de las libertades y la regularidad jurídica institucional, el chileno aprendió a vivir políticamente entre hombres de muy diversas ideas y posiciones. Aprendió a ser gobierno y oposición".Los últimos años del período parlamentario se caracterizaron por las dificultades que enfrentó el Ejecutivo en su labor de gobierno, pues las gabinetes ministeriales debían contar con el apoyo del Congreso, de lo contrario la disposición desfavorable de la Cámara de Diputados o del Senado significaba un inmediato cambio de ministros,Sin incluir el primer gabinete nombrado por cada Presidente al asumir el mando, 489 cargos ministeriales fueron dejados vacantes y llenados entre 1891 y 1925. Un gabinete permanecía así en funciones por un promedio de sólo 133 días. De igual modo, un total de 126 leyes fueron aprobadas en el período, en comparación con el promedio de 300 leyes por año del período posterior.Entre las más importantes leyes dictadas está la de la "Cámara Autónoma" cuyo mentar fuera el Senador conservador Manuel José Irarrázaval, uno de los congresistas más destacados de la guerra civil de 1891.Desde el 11 de Enero de 1893 comenzó a ser numerada la legislación, promulgándose la ley Nº1 sobre terrenos indígenas, que prorrogaba por diez años su adquisición,No obstante la esterilidad política de esos años, hubo continuidad administrativa, lo que permitió el desarrollo de planes generales de obras públicas. Pero en el país, desde fines del siglo anterior, fermentaba, lento pero inexorablemente, un nuevo conflicto que tendría fuertes repercusiones en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Fue la llamada "cuestión social",
En los últimos años del siglo pasado y primeros del actual, surgen nuevos fenómenos en la vida nacional: el desarrollo de la industria del salitre, la paulatina industrialización, el crecimiento de las ciudades, la formación de nuevos grupos y clases sociales, como el proletariado y la clase media, y la consolidación de los grupos económicos surgidos de la minería, las finanzas y la propiedad de la tierra.La emergencia de nuevos sectores sociales -clase media y proletariado- transformaría las tradicionales relaciones que hasta entonces habían existido en la sociedad chilena, caracterizadas por el paternalismo de unos y la subordinación de los otros en la convivencia política.Sucedió que entre los vaivenes de la situación económica y social, miles de obreros, que habían quedado cesantes como consecuencia de la crisis de la minería del salitre en el norte del país, retornaban al centro con sus familias en busca de trabajo y hogar, y el Estado carecía efectivamente de las leyes necesarias para enfrentar la grave crisis social.La idea de construir una sociedad más justa y humana que ampliase el concepto democrático, incluyendo lo social y lo económico, marca el inicio de una nueva actitud. Los viejos conflictos doctrinarios ceden paso a los problemas sociales.El gobierno de Arturo Alessandri -elegido en 1920- se hizo eco de las demandas de vastos sectores sociales para modificar sus condiciones de vida. Sin embargo, numerosos proyectos de contenido social presentados al Congreso no encontraron la pronta y necesaria aprobación.
En Septiembre de 1924, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército irrumpió en las tribunas del Senado. Tal acción tenía por fin presionar a los parlamentarios para la pronta aprobación de las leyes sociales del gobierno de Alessandri, como las de accidentes del trabajo, de seguro obrero obligatorio, de seguridad laboral, y, además, protestar por la dieta o ingresos de los parlamentarios.A la protesta hecha por los oficiales en el Senado, conocida como "Ruido de Sables", siguió más tarde un golpe militar que cerró el Congreso.La pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo había terminado con un grave colapso institucional que llevaría al fin de la Constitución de 1833. Y así, en septiembre de 1 924, la Junta de Gobierno que asumió el poder en reemplazo del Presidente Arturo Alessandri Palma disolvió el Congreso Nacional.Es necesario destacar que durante los días finales de esta crisis, acentuada por la intervención militar, el Senado aprobó la legislación social y laboral que durante años rechazó, Al año siguiente, 1925, nuevamente al mando de la nación Arturo Alessandri Palma, promulga la "Constitución Política de la República de Chile".
La crisis que provocó el fin del régimen de tipo parlamentario, en la que tuvo importante influencia el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales, fue también el resultado de la aparición de nuevas doctrinas políticas y sociales, que buscaban redefinir las bases en las que se asentaba el sistema democrático chileno.Quienes abogaban por cambios profundos deseaban que el gobierno cumpliera una labor más decisiva en la solución de los problemas sociales; que diera mayor participación a la ciudadanía en la toma de decisiones y que el Estado se transformara en el principal impulsar del desarrollo económico.Arturo Alessandri Palma se transformó en líder indiscutido de los nuevos sectores sociales descontentos con el sistema político.Es por ello que en este período de modernización democrática, el Congreso va a cumplir un rol central; ser canalizador de las nuevas inquietudes de la época.
La Constitución de 1925 puso término al período parlamentario vigente por más de tres décadas.Según la nueva Constitución, los parlamentarios y el Presidente de la República debían elegirse por votación universal.La Carta Fundamental comenzó a regir en octubre y en sus estipulaciones, el Ejecutivo resultó favorecido en comparación con el Legislativo, el cual ya no podía derribar ministerios mediante la censura, Además, se debía clausurar los debates de proyectos de ley en un plazo determinado; no se podían postergar las leyes de presupuesto para presionar al Ejecutivo pues éstas se aprobarían automáticamente luego de discutidas. También se declaró la incompatibilidad del cargo parlamentario con el de ministro. EI mandato de los diputados fue ampliado de 3 a 4 años y e de los senadores de 6 a 8.El número de diputados por cada circunscripción electoral se fijaría de acuerdo a los censos de población que cada diez años debían realizarse en el país. Sin embargo, las elecciones realizadas entre 1930 y l 973 tuvieron como base el censo de 1930, debido a que el Parlamento no aprobó los censos de los años 1940, l 950 y l 970.
Si se hubiera considerado el aumento de la población, el número de diputados, de acuerdo al censo de 1960, debería haber sido más elevado que los efectivamente electos.La composición del Senado también se vio afectada por este hecho. Existió, entonces, como criterio para su elección, una cifra fija de senadores por provincia o agrupaciones provinciales: cinco senadores en cada una de ellas.El Senado pasó a defender el derecho de las regiones, frente al poder abrumador de Santiago, asumiendo un papel regulador, arbitral y consultor fuera del legislador con el Presidente de la República.En la elección de Senadores de 1965, hubo grandes distorsiones como la ocurrida en la agrupación de Santiago, que necesitó de l 82.018 votos para elegir un senador, mientras que la segunda agrupación provincial recurrió sólo de 13.553 votos.Es importante considerar también, como defectos del sistema electoral vigente hasta 1973, la ausencia de un umbral de representación o número de votantes requeridos para la permanencia de un partido político. La existencia de pactos electorales hasta 1968, y su práctica encubierta en los años posteriores, contribuyó a la formación de numerosos partidos políticos con escaso apoyo electoral.Pese a las críticas que podemos hacer al sistema electoral establecido en 1925, es indiscutible que favoreció un avance democrático al permitir la participación de un número creciente de chilenos en la generación de las autoridades políticas, hecho que hizo posible su estabilidad por un largo período.La Constitución de 1 925 también introdujo una serie de normas que limitaban las facultades de los parlamentarios:
Prohibió el acceso de diputados y senadores a cargos ministeriales, como había acontecido con anterioridad.Suprimió las leyes periódicas, que habían sido un importante mecanismo de control por parte del Congreso a las políticas del Ejecutivo.Entregó el control de las elecciones a un órgano independiente, el Tribunal Calificador de Elecciones.l imitó la facultad del Parlamento de intervenir en las leyes presupuestarías, pudiendo sólo aprobar o rechazar las iniciativas del Poder Ejecutivo.Es importante destacar el papel diferente que asume el Congreso en este período institucional. Los nuevos problemas económico-sociales surgidos en el cambio de siglo van a ser enfrentados por los legisladores, quienes muestran una nueva sensibilidad ante el conflicto social,Tres son las áreas preferenciales de la labor legislativa en el período: social, económica e institucional.En el ámbito social, el Parlamento, integrado por representantes cíe variados sectores sociales, promueve reformas que favorecen a los grupos más desposeídos de la sociedad.
Leyes como la de Accidentes del Trabajo (1924), el Seguro Obrero Obligatorio (1924), el Código del Trabajo (1931), y !a Ley de Sueldo Mínimo Vital (1943) son expresiones de una nueva actitud basadas en proyectos de Arturo Alessandri que, con el paso de los años, continuará manifestándose. En cuanto a la actividad económica, los parlamentarios se hacen eco de la tendencia industrializadora del Estado. Desde l 925, el Estado interviene directamente en el desarrollo económico del país, contribuyendo a la creación de empresas e instituciones económicas de corte estatal: en l 929, la Corporación del Salitre de Chile (COSACH) ; en 1939, la Corporación de Fomento (CORFO), y, en 1940, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), entre otras instituciones.En la dimensión político-institucional se producen importantes modificaciones en la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El nuevo poder que concedió la Constitución de 1925 al Ejecutivo en detrimento del Congreso, hizo que el Parlamento no pudiera imponer al Presidente una política.El Congreso fue limitado en sus facultades fiscalizadoras, aunque mantuvo una importante influencia sobre los gabinetes ministeriales, por media del recurso de la acusación constitucional, establecido en la Constitución, El marcado rasgo presidencialista de la nueva Constitución se aprecia en las importantes atribuciones que concedió al Presidente de la República. Este podía formular la declaración de urgencia para la tramitación de las leyes, que consistía en que la Cámara de Diputados y el Senado debían aprobar o rechazar un proyecto de ley dentro de un plazo de treinta días; asimismo, sólo el Presidente de la República podía prorrogar el período ordinario de sesiones del Congreso.
La reforma constitucional de l 943 acentuó el predominio del Ejecutivo en la propia labor legislativa, al radicar, en forma exclusiva en el Presidente, la iniciación de importantes proyectos de ley, preferentemente de carácter financiero, como crear nuevos servicios públicos o administrativos del país y conceder o aumentar sueldos al personal de la administración pública. El Congreso sólo podía aceptar, disminuir o rechazar los empleos, los sueldos o aumentos que se propusieren.Durante este período, el Congreso fue un espacio que reflejó los conflictos de la sociedad chilena. Así, en 1948 bajo el gobierno de González Videla, se legisló para excluir al Partido Comunista por sus concepciones ideológicas, a través cíe la ley de Defensa Permanente de la Democracia.De manera simultánea con el desarrollo del presidencialismo, se produce una progresiva democratización en el acceso al sistema político. En 1934 la mujer adquiere derecho a voto en las elecciones municipales; en 'l 949, este derecho se hace extensivo a la elección de parlamentarios y Presidente de la República. Años más tarde acceden a este derecho político los analfabetos y el requisito de edad disminuye de 21 a 1 8 años.Desde la década de los cincuenta, en el país comenzó a desarrollarse una nueva forma de hacer política que consistía en concebir los cambios políticos, económicas y sociales desde visiones globales, que no siempre contaron con el apoyo de la mayoría ciudadana. A esto se le ha denominado ideologías planificadoras, que aspiraban a dar solución a los problemas nacionales a través de proyectos políticos no plurales, hecho que contribuyo de manera significativa a debilitar las reglas de convivencia política fundadas en el compromiso y el acuerdo y que tenían como espacie privilegiado el Congreso.
En Septiembre de 1970, triunfó en las urnas don Salvador Allende G. Con un poco más de un tercio de los votos obtuvo una mayoría relativa frente a don Jorge Alessandri y don Rodomiro Tomic. Luego de aprobarse un "estatuto de garantías constitucionales" con la Democracia Cristiana, el Presidente electo, Salvador Allende, fue elegido por el Congreso Nacional. Durante este período hubo constantes conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo. En 1 971, el Congreso Nacional aprobó unánimemente el proyecto del Ejecutivo de "nacionalización" del cobre, Después, se debatió en el Congreso Nacional el proyecto de la división de las áreas de la economía (privada, mixta y social). Cada vez más se agudizó una violenta agitación política, ahora entre dos bandos: los que estaban por el proyecto orientado hacia el socialismo y aquellos que se oponían. Esa era la situación, cuando el 11 de Septiembre de 1973, el gobierno del Presidente Salvador Allende G. fue reemplazado por una Junta de Gobierno.
La golpe militar de Septiembre de 1973 puso también término a las funciones del Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional fue disuelto. El período del régimen militar comprende dos etapas distintas en lo que se refiere a la función legislativa:
Durante el período que se extiende entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1981, la Junta de Gobierno encabezada por el General don Augusto Pinochet Ugarte, asume los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo", potestad que ejerce mediante la dictación de Decretos Leyes que llevaban la firma de los miembros de la Junta. La iniciativa para la dictación de un decreto ley sólo podía emanar del Presidente de la República, en este caso el Presidente de la Junta Militar, o de los demás miembros de la Junta.
En Junio de 1974 se dictó el Estatuto de la Junta de Gobierno, quedando ésta investida de los poderes Legislativo y Constituyente. En virtud de la facultad constituyente, o poder para modificar la normativa establecida en la Constitución, se estableció que "los decretos leyes dictados hasta la fecha por la Junta de Gobierno en cuanto sean contrarías o se opongan, o sean distintos a algún precepto de la Constitución Política del Estado, han tenido y tienen la calidad de normas modificatorias, ya sea de carácter expreso o tácito, parcial o total, del correspondiente precepto de dicha Constitución". Con el fin de contar con equipos de apoyo en las materias legislativas, la Junta de Gobierno creó Comisiones Legislativas diferentes y una Comisión especial de Defensa Nacional. Cada Comisión fue presidida por uno de los miembros de la Junta y estuvieron integradas por asesores nombrados por Decreto Supremo.Un total de 3.660 decretos leyes fueron promulgados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 4 de abril de 1981.
Las leyes de la Junta y la figura del Congreso en la Constitución de 1980
Desde el 11 de marzo de 1981, fecha en que entra en vigencia la Constitución de 1 980, hasta el 11 de marzo de 3 990, transcurre la segunda fase legislativa del régimen militar. Durante este período, la Junta de Gobierno debía ejercer, por la unanimidad de sus miembros, el "Poder Legislativo", debiendo enmarcar sus actividades en el ámbito fijado por la Constitución, aunque al no haber gobierno democrático muchas normas se encontraban suspendidas. La facultad Constituyente y Legislativa de que fue investida la ejerció mediante leyes que llevaban las firmas de los miembros de la Junta y del Presidente de la República en señal de promulgación. El 20 de Marzo de 1981 fue promulgada la Ley Nº17.983, continuando la enumeración de leyes interrumpida en Septiembre de 1973. Al igual que en el período anterior, la Junta Militar constituida como Poder Legislativo, desarrolló sus labores a través de las Comisiones Legislativas, Las cuatro comisiones creadas estuvieron encabezadas por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros. En relación al Congreso Nacional, la Constitución de 1980 estableció las normas que habrían de regular sus funciones y atribuciones. Un examen general de las atribuciones otorgadas por la Constitución de 1980 al Presidente de la República, permite afirmar que sigue consagrando un régimen marcadamente presidencialista, que entrega al Primer Mandatario un conjunto de facultades que le permiten gobernar el Estado sin un contrapeso equilibrado por parte del Congreso.En octubre de 1988, un plebiscito nacional previsto constitucionalmente, determinó el fin del régimen militar y convocó a elecciones Presidenciales y Parlamentarias para diciembre de 1989. Antes, en julio de ese mismo año, otro plebiscito reformó la Constitución Política, limitando algunas atribuciones del Ejecutivo y también alteró la estructura del Senado. No obstante las modificaciones aprobadas, el régimen político instaurado dispuso un claro régimen presidencialista, en el cual las atribuciones del Congreso Nacional continuaron disminuidas.
Con la elección de diputados y senadores del 14 de diciembre de 1989, se renueva el funcionamiento del Congreso Nacional, el que asume sus funciones el 11 marzo de 1990.
El Parlamento es una institución que cuenta con el apoyo ciudadano, y caracteriza la legitimidad democrática. Principalmente por el manejo de las instituciones y disposiciones constitucionales nuevas implementadas en la Constitución de 1980 y el impacto en la madurez política causado piar los años de régimen militar. En definitiva, la Cámara de Diputados se ha constituido en el espacio esencial de la actividad política para enfrentar los conflictos presentes en la sociedad y el Senado en el espacio donde es posible alcanzar los necesarios acuerdos que requiere el proceso democrático para el desarrollo del país.Con el ejercicio de sus funciones comunes y las exclusivas de cada cámara, el Congreso está capacitado para abordar las transformaciones que demanda el sistema político democrático.
NORMATIVA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO CAPITULO V
Art. 55. Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.Por el solo hecho de resultar electo, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe, a contar de su proclamación por el Tribunal Calificador. En el caso de los ex Presidentes de la República, el solo hecho de incorporarse al Senado significará la cesación inmediata en los cargos, empleos, funciones o comisiones incompatibles que estuvieran desempeñando. En los casos de los senadores a que se refieren las letras b) a f) del inciso tercero del artículo 45, éstos deberán optar entre dicho cargo y el otro cargo, empleo, función o comisión incompatible, dentro de los quince días siguientes a su designación y, a falta de esta opción, perderán la calidad de senador.
La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural, o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19, cesará asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15. del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.
Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o designación, o desde el de su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador acusado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;
Art. 61. El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República.La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley.
Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 60.
LEY Nº 18.918
(Publicada en el Diario Oficial de 5 de febrero de 1990)
La composición, generación, atribuciones y funcionamiento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso Nacional, se regirán por la Constitución Política y las leyes orgánicas onstitucionales que correspondan.
La tramitación interna de los proyectos de ley y de reforma constitucional, la calificación de las urgencias y las observaciones o vetos del Presidente de la República, así como lo concerniente a las acusaciones que formule la Cámara de Diputados y su conocimiento por el Senado, se sujetarán además a lo dispuesto en la presente ley.
Las disposiciones sobre nombramiento, promoción, deberes, derechos, responsabilidad, cesación de funciones y, en general, todas las normas estatutarias relativas al personal del Senado y de la Cámara de Diputados, incluidos los requisitos para servir los cargos, se establecerán en un reglamento interno de cada Cámara, a proposición de la Comisión de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobado con las formalidades que rigen, dentro de cada Corporación, para la tramitación de un proyecto de ley. En el caso de la Biblioteca del Congreso Nacional y de los servicios comunes, dichos reglamentos serán aprobados con las formalidades que rigen la tramitación de un proyecto de ley, a propuesta de la Comisión de Biblioteca o de la Comisión Bicameral en su caso. En todos esos reglamentos se dispondrá que el ingreso al servicio se efectúe siempre previo concurso público.
Las remuneraciones e ingresos que perciban los funcionarios serán imponibles en conformidad a la ley. En todo caso, el monto máximo de imponibilidad será el establecido en el artículo 5.° del decreto ley N.° 3.501, de 1980.
Las resoluciones relativas a la carrera funcionaria del personal del Congreso Nacional se enviarán a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro. 1
El Congreso Nacional dispondrá, como servicios comunes, además de la Biblioteca del Congreso Nacional, de un centro de Informática y Computación, y de los demás servicios que de consuno acuerden crear ambas Cámaras.
Al crearse un servicio común, el mismo acuerdo establecerá su forma de administración, y las funciones que le correspondan serán ejercidas por personal a contrata, hasta que se fije la respectiva planta de personal. 1
Para los efectos previstos en los incisos precedentes, las autoridades a las cuales corresponde designar los senadores que integrarán el Senado de acuerdo al artículo 45 de la Constitución Política, deberán comunicar dichas designaciones al Presidente de esa Corporación, con quince días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deben ser investidos.
El período de sesiones comprendido entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año constituirá la legislatura ordinaria, y el derivado de la convocatoria del Congreso por el Presidente de la República o de su autoconvocatoria, la legislatura extraordinaria.
Cada reunión que celebren el Senado, la Cámara de Diputados o el Congreso Pleno se denominará sesión.
En el cómputo de los quórum y mayorías no se considerarán como senadores y diputados en ejercicio los que se encuentren suspendidos por efecto de lo dispuesto en el artículo 58, inciso final, de la Constitución Política, y los que estén ausentes del país con permiso constitucional.
Los organismos de la Administración del Estado deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras o por los organismos internos autorizados por sus respectivos reglamentos, con excepción de aquellos que por expresa disposición de la ley tengan el carácter de secretos o reservados.
Los informes y antecedentes solicitados que revistan el carácter de secretos o reservados por su naturaleza o por disposición especial que no tenga fuerza de ley, serán proporcionados por el servicio, organismo o entidad por medio del Ministro del que dependa o mediante el cual se encuentre vinculado con el gobierno, manteniéndose los respectivos documentos en reserva. Si tales informes y antecedentes fueren secretos, por comprometer la seguridad nacional, afectar la actividad económica o financiera del país, o por otro motivo justificado, el Ministro sólo los proporcionará a la comisión respectiva o a la Cámara que corresponda, en su caso, en la sesión secreta que para estos efectos se celebre.
Todo lo anterior es sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del número 1) del artículo 48 de la Constitución.
El jefe superior del respectivo organismo de la Administración del Estado, requerido en conformidad al artículo anterior, será responsable del cumplimiento de lo ordenado en esa disposición, cuya infracción será sancionada, previo el procedimiento administrativo que corresponda, por la Contraloría General de la República, cuando procediere, con la medida disciplinaria de multa equivalente a una remuneración mensual. En caso de reincidencia, se sancionará con una multa equivalente al doble de la indicada. Asimismo, será responsable y tendrá idéntica sanción por su falta de comparecencia, o la de los funcionarios de su dependencia, a la citación de una comisión de alguna de la Cámaras.
La fuerza pública ingresará a la sede del Congreso Nacional únicamente a requerimiento del presidente de la respectiva Cámara y para el solo efecto de conservar o restablecer el orden y la seguridad dentro del recinto.
NORMAS BASICAS DE LA TRAMITACION INTERNA DE LOS PROYECTOS DE LEY
No se admitirá a tramitación proyecto alguno que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional, o que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior.
La correspondiente declaración de inadmisibilidad será efectuada por el presidente de la sala. No obstante, la sala podrá reconsiderar dicha declaración.
Los proyectos que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales, serán puestos en conocimiento de la Corte Suprema para los efectos indicados en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política. El proyecto deberá remitirse a la Corte al momento de darse cuenta de él si el mensaje o moción se hubiere presentado sin la opinión de esa Corte, o deberá hacerse posteriormente por el presidente de la corporación o comisión respectiva si las disposiciones hubieren sido incorporadas en otra oportunidad o hubieren sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las conocidas por la Corte Suprema.
El proyecto de Ley de Presupuestos será informado exclusivamente por una comisión especial, que se integrará con el mismo número de diputados y de senadores que establezcan las normas reglamentarias que acuerden las Cámaras. Formarán parte de ella, en todo caso, los miembros de sus respectivas comisiones de hacienda. La comisión será presidida por el senador que ella elija de entre sus miembros y deberá quedar constituida antes del término de la legislatura ordinaria.
Las comisiones mixtas a que se refieren los artículos 67 y 68 de la Constitución Política se integrarán por igual número de miembros de cada una de las Cámaras, en conformidad a lo que establezcan las normas reglamentarias que acuerden éstas, las que señalarán las mismas atribuciones y deberes para los senadores y diputados; serán presididas por el senador que elija la mayoría de la comisión, y formarán quórum para sesionar con la mayoría de los miembros de cada corporación que las integren.
Las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la corporación. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates, hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar informes u oír a las instituciones y personas que estimen conveniente.
Para los efectos anteriores, se considerarán como ideas matrices o fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda.
Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisibles las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, la sala o comisión, en su caso, podrá considerar dicha inadmisibilidad.
La declaración de admisibilidad hecha en las comisiones no obsta a la facultad del presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones o para consultar a la sala, en su caso.
Cuando un proyecto sea calificado de simple urgencia, su discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo de treinta días; si la calificación fuere de suma urgencia, ese plazo será de diez días, y si se solicitare discusión inmediata, será de tres días, caso en el cual el proyecto se discutirá en general y en particular a la vez.
Se dará cuenta del mensaje u oficio del Presidente de la República que requiera la urgencia, en la sesión más próxima que celebre la Cámara respectiva, y desde esa fecha comenzará a correr el plazo de la urgencia.
En el de la suma urgencia, el plazo será de cuatro días para la comisión mixta y de tres días para cada Cámara.
En el de la discusión inmediata, el plazo será de un día para la comisión mixta y de uno para cada Cámara.
El término de una legislatura ordinaria o la clausura de una legislatura extraordinaria darán lugar a la caducidad de las urgencias que se encontraren pendientes en cada Cámara, salvo las que se hayan hecho presente en el Senado para los asuntos a que se refiere el número 5) del artículo 49 de la Constitución Política.
Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso. Tanto la discusión como la votación se efectuarán siguiendo el orden que las disposiciones tengan en el proyecto.
No podrán ser objeto de indicaciones, y se votarán en conjunto, las proposiciones que hagan las comisiones mixtas.
TRAMITACION DE LAS OBSERVACIONES O VETOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LOS PROYECTOS DE LEY O DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Cada observación formulada por el Presidente de la República a los proyectos de ley o de reforma constitucional aprobados por el Congreso, deberá ser aprobada o rechazada en su totalidad y, en consecuencia, no procederá dividir la votación para aprobar o rechazar sólo una parte. Con este objeto, se entenderá que constituye una observación, y una sola votación deberá comprenderla totalmente, aquella que afecte a un determinado texto del proyecto, sea a todo el proyecto como tal, sea a parte de él, como un título, capítulo, párrafo, artículo, inciso, letra o número u otra división del proyecto, según lo precise el Presidente de la República. Si el Presidente separase sus observaciones con letras o números, cada texto así diferenciado será considerado una sola observación.
El proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Congreso Nacional podrá ser observado por el Presidente de la República si desaprueba una o más de sus disposiciones o cantidades. Sin embargo, la parte no observada regirá como Ley de Presupuestos del año fiscal para el cual fue dictada, a partir del 1.º de enero del año respectivo.
TRAMITACION DE LAS ACUSACIONES CONSTITUCIONALES
Las acusaciones a que se refiere el artículo 48, número 2), de la Constitución Política, se formularán siempre por escrito y se tendrán por presentadas desde el momento en que se dé cuenta de ellas en la Cámara de Diputados, lo que deberá hacerse en la sesión más próxima que ésta celebre.
El secretario de la Cámara certificará todo lo obrado en el expediente respectivo y comunicará estos hechos a la autoridad administrativa para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del número 2) del artículo 48 de la Constitución Política.
En la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se otará su admisibilidad.
Aprobada la acusación, la Cámara de Diputados deberá comunicar este hecho al Senado y al afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la sesión a que se refiere este artículo . Del oficio correspondiente se dará cuenta en la sesión más próxima que celebre el Senado.
Puesto en conocimiento del Senado el hecho de que la Cámara de Diputados ha entablado acusación en conformidad al número 2) del artículo 48 de la Constitución Política, el primero procederá a fijar el día en que comenzará a tratar de ella.
Formalizarán la acusación los diputados miembros de la comisión especial. Si no concurren, se tendrá por formalizada con el oficio de la Cámara de Diputados.
Cada capítulo de la acusación se votará por separado. Se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para interponerla.
Cada Cámara establecerá la forma en que se distribuirán los fondos que le correspondan. Las normas sobre traspasos internos y el procedimiento que regulará el examen y aprobación de las cuentas de gastos respectivas serán fijados por el Congreso Nacional. Para estos efectos cada Cámara tendrá una comisión revisora de cuentas. Las cuentas del Congreso Nacional serán públicas y una síntesis de ellas se publicará anualmente en el Diario Oficial.
Declárase que los bienes muebles, adheridos o no, que alhajaban el edificio del Congreso Nacional ubicado en Santiago, en calle Compañía entre las calles Bandera y Morandé, que fuera declarado monumento histórico por decreto del Ministerio de Educación Pública N.º 583, de 1976, pertenecen al Congreso Nacional.
Los plazos de días establecidos en esta ley serán de días hábiles, con excepción de los que digan relación con la tramitación de las urgencias y de la Ley de Presupuestos.
Artículo final. Esta ley entrará en vigencia el 11 de marzo de 1990.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, EDITORIAL JURIDICA 1995.
DERECHO CONSTITUCUIONAL, MARIO VERDUGO M.
SITIO WEB, BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
Enviado por: Alfonso Labraña Y Otros
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References: artículo 45
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 60
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 58
 artículo 48
 artículo 74
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48