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STC 161/1998, 14 de Julio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354822
STC 161/1998, 14 de Julio de 1998
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.136/1995.
Contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de la Comunidad Valenciana sobre concurso de traslados entre cuerpos de funcionarios docentes que imparten enseñanzas medias, artísticas e idiomas. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: falta de emplazamiento personal.
Sentencia citada en: 139 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 3.136/95 interpuesto por don Florencio A. T. B. y doña María C. R. B. bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Enrique Hernández Tabernilla y asistidos por el Letrado don Francisco Linares Rodríguez, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 de febrero de 1994, sobre concurso de traslado entre cuerpos de funcionarios docentes que imparten enseñanzas medias, artísticas e idiomas. Han comparecido, además del Ministerio Fiscal, la Generalidad Valenciana, representada por el Letrado don José Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino, y la Asociación de Catedráticos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana, representada por la Procuradora doña María Luz Albacar Medina y asistida por la Letrada doña Amparo Rivera Auñón. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de agosto de 1995, el Procurador de los Tribunales don Enrique Hernández Tabernilla, en nombre y representación de don Florencio A. T. B. y doña María C. R. B. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 de febrero de 1994, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de un concurso de traslados entre cuerpos de funcionarios docentes que imparten enseñanzas medias, artísticas e idiomas.
a) Los actuales demandantes de amparo son funcionarios docentes del «Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato» (en la actualidad, de Profesores de Enseñanza Secundaria, según la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo), procedentes de la «Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas», en virtud de la integración prevista en el primer guión del párrafo segundo del apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tras la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que dispuso: «se integran en el Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato, los funcionarios de la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente...».
b) Por Orden de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, de 22 de mayo de 1991, se resolvió, con carácter definitivo, el concurso de traslados entre cuerpos de funcionarios docentes que imparten enseñanzas medias, artísticas e idiomas correspondiente al curso académico 90/91 (convocado por Orden de 19 de octubre de 1990), en el que habían tomado parte los ahora demandantes de amparo, obteniendo plaza, doña María C. R. B. en el Instituto de Bachillerato «Benlliure» de Valencia (especialidad de Matemáticas), y don Florencio A. T. B. en el Instituto «Cid Campeador» de Valencia (especialidad de Ciencias Naturales).
c) La Asociación de Catedráticos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana (A.C.B.-C.V.), interpuso recurso contencioso-administrativo (núm. 1.674/91), contra la referida Orden de 22 de mayo de 1991 (así como contra la Resolución de 3 de octubre de 1991, desestimatoria del recurso de reposición), cuestionando la interpretación efectuada por la Administración educativa del párrafo final del apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, también en la redacción dada por la Ley 23/1988, según el cual: «A efectos de participación en concursos de méritos, los funcionarios que se integran en los cuerpos citados (entre ellos, los de la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato), se ordenarán según la fecha de su nombramiento como funcionario de carrera». Como en anteriores concursos de traslados, la Administración había tomado en consideración su antigüedad en la Escala de procedencia.
En este proceso fue parte demandada la Generalidad Valenciana, sin que se produjera (a tenor de las actuaciones recibidas, y a pesar de que por providencia de 14 de enero de 1992 se interesó de la Administración demandada que, con carácter previo a la remisión del expediente, procediera a notificar la interposición del recurso a los posibles interesados), el emplazamiento personal los actuales demandantes de amparo.
e) Pocos meses después, la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por Sentencia de 14 de mayo de 1994, resolvería el recurso de casación en interés de ley (núm. 662/93), interpuesto por la Generalidad Valenciana contra la Sentencia de 4 de noviembre de 1992 dictada por la misma Sección Segunda en los recursos contencioso-administrativos acumulados núms. 135 y 1.989/89 interpuestos por la Asociación Valenciana de Catedráticos de Bachillerato (ANCABA), contra las Ordenes de convocatoria y resolución definitiva del concurso de traslados correspondiente al curso 88/89, Sentencia también anulatoria de las indicadas Ordenes con base en el mismo criterio.
El recurso de casación en interés de ley fue estimado y, respetándose la situación jurídica particular derivada de la Sentencia recurrida, se fijó como doctrina legal correcta que «la ordenación de los funcionarios integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato según lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 23/1988, de 28 de julio, debe efectuarse atendiendo a la fecha de su nombramiento como funcionarios de carrera en el C uerpo docente de origen», por no haber «base legal alguna en la literalidad del precepto para afirmar que primero han de colocarse los que ya pertenecían al cuerpo de Catedráticos de Bachillerato y después los del cuerpo que se integra en el anterior, pues la norma legal atiende a la fecha de su nombramiento como funcionarios de carrera, refiriéndose a todos los funcionarios que quedan integrados en los cuerpos citados, sin distinción alguna entre los pertenecientes a cuerpos distintos» (fundamento jurídico 2.).
f) Mediante Resolución del Director general de Personal de la Consejería de Educación y Ciencia de 7 de abril de 1995 («Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 3 de mayo), la Generalidad Valenciana procedió a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de 1 de febrero de 1994, impugnada en el presente recurso de amparo, así como de las anteriores Sentencias núms. 1.382/92 y 98/93, relativas a los concursos de traslados de los cursos académicos 88/89 y 89/90. En virtud de dicha Resolución, las plazas inicialmente otorgadas a los actuales demandantes de amparo fueron adjudicadas a otras personas, debiendo reintegrarse aquéllos, el 1 de octubre de 1995, al puesto que ocupaban con anterioridad.
a) En primer lugar, entienden que ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.), al haberse dictado en un proceso en el que no fueron emplazados personalmente, pese a que, a partir de la demanda, podía obtenerse fácilmente la identificación de los afectados por la Orden recurrida, en concreto, como se desprendería de la Resolución dictada en ejecución de Sentencia, siete Catedráticos procedentes de la Escala de Profesores Numerarios de Enseñanzas Integradas; siendo insuficiente, según doctrina reiterada de este Tribunal, el emplazamiento efectuado a través del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de la interposición del recurso, conforme a lo previsto en el art. 64 L.J.C.A., en su redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril, a la sazón vigente.
4. Por providencia de 22 de marzo de 1996, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes; a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la remisión de testimonio del recurso núm. 1.674/91, incluido el expediente administrativo, interesándose, al propio tiempo, el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedente, con excepción de los recurrentes en amparo, para su posible comparecencia en este proceso constitucional; y, conforme a lo solicitado por la parte actora, formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
a) En primer lugar, considera que el recurso de amparo (interpuesto el 21 de agosto de 1995), sería extemporáneo, porque el plazo de veinte días previsto en el art. 44.2 LOTC debiera empezar a contarse desde la fecha de publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de la Resolución que ejecuta la Sentencia recurrida (el 3 de mayo de 1995), a través de la cual los propios recurrentes manifiestan haber tenido noticia de dicha Sentencia, sin que la interposición (el 17 de mayo), de un recurso de nulidad totalmente improcedente, a tenor del art. 240 L.O.P.J., pueda tener la virtualidad de alargar dicho plazo.
b) En segundo lugar, entiende manifiestamente carente de contenido la queja principal, sobre la supuesta lesión del art. 23.2 C.E., ya que, a su juicio, no encierra sino un problema de legalidad ordinaria (la ordenación de los recurrentes en el Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato), distinto, además, al planteado en el previo proceso judicial, en el que (por el cauce ordinario, y no por el de protección de los derechos fundamentales), se discutía únicamente la aplicación de los apartados 1.1 y 2.1 (relativos a «servicios prestados» y «antigüedad»), del baremo contenido en el anexo I de la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1990, por la que se establecen las normas de procedimiento aplicables a los concursos de traslados de cuerpos de funcionarios docentes que imparten enseñanzas medias, artísticas y de idiomas que se convoquen durante el curso 90/91 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de octubre).
9. El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 10 de junio de 1996, interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.), con reconocimiento del derecho de los recurrentes a ser emplazados en el recurso contencioso- administrativo.
A) En primer lugar, señala que no le corresponde hacer en este proceso de amparo ninguna alegación en relación con el segundo de los motivos del recurso (esto es, la supuesta lesión por la Sentencia impugnada del art. 23.2 C.E.), pues precisamente lo que tuvo que defender la Generalidad Valenciana en el proceso contencioso-administrativo es que la Orden impugnada era absolutamente correcta desde un punto de vista jurídico, y, por lo tanto, revestida de una escrupulosa legalidad, limitándose luego a cumplir en sus propios términos la Sentencia anulatoria e interponiendo (en otro caso anterior), recurso de casación en interés de ley.
B) Rechaza, sin embargo, que la falta de emplazamiento en el recurso contencioso-administrativo haya supuesto para los recurrentes una indefensión contraria al art. 24.1 C.E., por las siguientes razones:
b) Pero, en todo caso, niega la existencia de indefensión, pues no cabe entender que su posición (acerca de la interpretación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública), se haya visto desprotegida o no defendida, aun cuando no la hayan defendido personalmente, pues lo fue por la Administración autonómica demandada. Los actuales recurrentes podrían haberse personado como coadyuvantes, pero, en todo caso, defendiendo idénticos intereses.
12. Por providencia de 1 de octubre de 1997, la Sección Primera de este Tribunal acordó, de conformidad con el art. 89.1 LOTC, requerir atentamente a la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana para que, a la mayor brevedad posible, remitiera certificación de los emplazamientos de los recurrentes en amparo para comparecer ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los recursos acumulados núms. 1.674 y 1.675/91.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 de febrero de 1994, que anuló, dejándola sin efecto, en cuanto no se ajustaba «a la interpretación dada por esta Sentencia a la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984», la Orden de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana de 22 de mayo de 1991, que había resuelto el concurso de traslados entre cuerpos de funcionarios docentes que imparten enseñanzas medias, artísticas e idiomas correspondiente al curso académico 90/91 (convocado por Orden anterior de 19 de octubre de 1990); y cuya ejecución, por Resolución del Director general de Personal de la citada Consejería de 7 de abril de 1995, determinó que los actuales demandantes de amparo perdieran, en favor de otras personas, los destinos que habían obtenido en el referido concurso de traslados, debiendo reintegrarse, a partir del 1 de octubre de 1995, a los puestos que ocupaban con anterioridad.
La mencionada disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada a la misma por la Ley 23/1988, dispuso, en lo que aquí importa, la integración en el «Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato» de los funcionarios de la «Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas» que estuvieran en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, como era el caso de los actuales demandantes de amparo; previendo, además, que «a efectos de participación en concursos de méritos», los funcionarios integrados se ordenaran «según la fecha de su nombramiento como funcionario de carrera». La Sentencia impugnada en el presente recurso, siguiendo el criterio mantenido por la Sala en pronunciamientos anteriores, interpretó que los Catedráticos procedentes de la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas debían ser ordenados a continuación de los que ya pertenecían al cuerpo en el momento de la integración; rectificando, así, el parecer de la Administración educativa valenciana, que, al igual que en la resolución de concursos de traslados de cursos académicos anteriores, había tomado en consideración la fecha de su nombramiento como funcionarios de carrera en la escala de origen.
2. Pero antes de entrar en el fondo del asunto, se ha de examinar la concurrencia o no de dos obstáculos procesales, invocados por la Asociación de Catedráticos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana y la Generalidad Valenciana, esto es, por quienes fueron parte demandante y demandada, respectivamente, en el proceso contencioso-administrativo, y que han comparecido en el presente recurso de amparo, a saber: la extemporaneidad del recurso, alegada por la mencionada asociación, y su carácter, por el contrario, prematuro, invocado por la Generalidad Valenciana.
A) A juicio de la Asociación de Catedráticos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana, el recurso de amparo sería extemporáneo por haber transcurrido más de veinte días entre la fecha de publicación de la Resolución administrativa de ejecución de la Sentencia («Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de 3 de mayo de 1995), momento en el que los propios recurrentes manifiestan haber tenido conocimiento de la misma, y la de interposición del recurso de amparo (el 21 de agosto siguiente); sin que pueda tenerse en cuenta la presentación, el 17 de mayo, de una solicitud de nulidad de actuaciones, por su carácter manifiestamente improcedente.
Ciertamente, con anterioridad a la reforma del art. 240 L.O.P.J. operada por la Ley Orgánica 5/1997, era doctrina reiterada de este Tribunal, a partir de la publicación de la STC 185/1990, que, el planteamiento de un incidente de nulidad de actuaciones, una vez recaída Sentencia definitiva, constituye un recurso manifiestamente improcedente, insusceptible, por tanto, de prolongar el plazo para la interposición del recurso de amparo previsto en el art. 44.2 LOTC (por todas, SSTC 168/1994, 5/1995 y 92/1998); plazo que, en los supuestos de Sentencias dictadas inaudita parte, se ha de empezar a contar, también según doctrina reiterada, a partir del momento en que conste que el solicitante de amparo «tuvo conocimiento suficiente y fehaciente de la Sentencia dictada por el órgano judicial, dándose por informada de su contenido material» (por todas, SSTC 45/1985, 56/1985, 110/1987, 183/1987 y 72/1990).
En el caso presente, los propios recurrentes manifiestan haber tenido noticia de la Sentencia impugnada, y del proceso contencioso-administrativo al que puso fin, por la Resolución administrativa de 7 de abril de 1995 que procedió a su ejecución (aunque sin especificar si dicho conocimiento lo obtuvieron a través de su publicación en el «D.O.G.V.» de 3 de mayo, o de otra forma); presentando, el siguiente día 17 de mayo, un escrito en el que solicitaban la declaración de nulidad de actuaciones por la indefensión sufrida, con base en el art. 238 L.O.P.J. (o, alternativamente, la apertura de incidente de nulidad de actuaciones, al amparo del art. 128 L.J.C.A., en relación con el art. 240.1, in fine, L.O.P.J.), petición que, conforme a lo indicado, podría considerarse manifiestamente improcedente, y que, en efecto, fue rechazada por providencia de 10 de julio. Sin embargo, no se limitaron a ello, solicitando, además, en el referido escrito, y «en cualquier caso», notificación de la Sentencia, «con indicación de si es o no firme, recurso que contra la misma cabe, plazo y Tribunal ante el que interponerlo», petición ésta a la que sí accedió la Sala en la mencionada providencia (exactamente, a facilitarles fotocopia de la Sentencia), haciéndoles constar la procedencia del recurso de amparo en el plazo de veinte días desde la «notificación», que fue practicada el siguiente 28 de julio con tal indicación de recursos.
Pues bien, a la vista de estas circunstancias, cabe tener en cuenta, como dies a quo del plazo para la interposición del recurso de amparo, esta última fecha de 28 de julio de 1995, en la que los recurrentes recibieron «notificación», o, para ser más exactos, se les entregó testimonio de la Sentencia aquí impugnada, ya que, por la secuencia relatada, no cabe apreciar demora excesiva en la solicitud de dicho testimonio. En efecto, es también doctrina de este Tribunal que «cuando (...) existe un escalonamiento en el conocimiento de la Sentencia, de modo que primero se sabe que existe y cuál es su sentido, pero aún se desconoce su contenido, surge una carga en el afectado de promover con la mayor diligencia su acceso al texto íntegro de la misma, momento en el que, por tener "conocimiento suficiente y fehaciente de la Sentencia" (ATC 642/1984), está en condiciones de interponer la demanda de amparo, con lo que en este momento es cuando comienza a contar el plazo de los veinte días establecido en el art. 44.2 LOTC» (STC 8/1997, fundamento jurídico 2.; y, en el mismo sentido, STC 135/1997, fundamento jurídico 6.).
Sin embargo, tal objeción ha de ser igualmente rechazada, pues, como ha matizado la posterior STC 186/1997 (fundamento jurídico 2.), «que la audiencia al rebelde constituya, en principio, un cauce adecuado para obtener la reparación, en sede judicial, de las situaciones de indefensión contrarias al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., no implica que antes de acudir a la vía del amparo constitucional sea preciso, en todo caso, utilizar esta vía excepcional de rescisión de la cosa juzgada, cuando ello no sea viable, con arreglo a las normas procesales concretamente aplicables».
Pues bien, a la luz de «las normas procesales concretamente aplicables», que, a falta de una regulación específica en el proceso contencioso-administrativo, son las de la L.E.C., en razón de la supletoriedad prevista en la disposición adicional sexta L.J.C.A., y sin descartar la procedencia de la audiencia al rebelde en este caso, resulta, no obstante, clara su inexigibilidad a los efectos que aquí importan, pues, habiéndose producido el emplazamiento por edictos (con la publicación del anuncio de interposición del recurso contencioso-administrativo), y no constando la ausencia de los hoy recurrentes del lugar de su residencia, no concurren todos los requisitos previstos en el art. 777 L.E.C.
3. Una vez descartada la existencia de obstáculos procesales para el enjuiciamiento del fondo del asunto, procede examinar si se han producido o no las lesiones de derechos fundamentales que se invocan en la demanda, comenzando por la supuesta indefensión (art. 24.1 C.E.), derivada de la falta de emplazamiento personal.
A) En primer término, del examen de las actuaciones recibidas se desprende, en efecto, la falta de emplazamiento personal de los actuales demandantes de amparo, que fue corroborada, a requerimiento de este Tribunal, por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, mediante Informe del Area de Personal remitido el pasado 22 de octubre de 1997; quedando limitado, pues, su emplazamiento al edicto publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 28 de abril de 1992.
B) No cabe duda, por otro lado, de que los actuales demandantes de amparo tenían derecho a ser emplazados personalmente, al encontrarse legitimados pasivamente en calidad de codemandados [art. 29.1 b) L.J.C.A.], por derivar en su favor derechos subjetivos del acto administrativo impugnado, la Orden de 22 de mayo de 1991, resolutoria del concurso de traslados, que dispuso su nombramiento para ciertos destinos; lo que conllevaba su posible afectación por los ulteriores efectos materiales de la cosa juzgada (SSTC 192/1997 y 70/1998). Como tampoco existe duda de que su emplazamiento era factible a partir de los datos obrantes en el expediente administrativo, al venir identificados en la referida Orden, en concreto, en la primera relación de su anexo I.
Y tampoco el segundo argumento puede compartirse, ya que los aquí recurrentes ostentaban ab initio legitimación pasiva, por la indicada titularidad de derechos derivados de la Orden impugnada, y no a partir de la ejecución de la Sentencia, que sólo vino a materializar, mediante la pérdida de los destinos obtenidos en el concurso, el perjuicio real y efectivo para sus derechos, también exigible, en estos casos, para que la falta de emplazamiento produzca una indefensión con relevancia constitucional (STC 70/1998, fundamento jurídico 6.).
En contra de la existencia de una verdadera indefensión, la Generalidad Valenciana aduce que los intereses de los aquí recurrentes habrían estado defendidos en el proceso por la propia Administración demandada, autora del acto; y que su intervención como partes en el proceso no hubiera hecho variar el sentido de la Sentencia impugnada, coincidente con el de Sentencias de años anteriores. Sin embargo, estos argumentos tampoco pueden ser aceptados, pues tales consideraciones no forman parte del juicio que, sobre la existencia de una indefensión material, se ha de efectuar cuando se trata de componente tan esencial del derecho de defensa, como es el llamamiento inicial al proceso de los legitimados para ser parte (STC 144/1997, fundamento jurídico 4.).
C) Finalmente, aunque las propias circunstancias del caso (en especial, la reiteración de la misma litigiosidad con motivo de cada uno de los concursos de traslados convocados por la Administración valenciana, desde que se produjo la integración), pudieran levantar la sospecha de que los demandantes de amparo, como los demás profesores implicados, no podían desconocer la existencia del nuevo recurso contencioso-administrativo, que afectaba a sus propios nombramientos; no existe, sin embargo, prueba fehaciente de ello, como ha señalado el Ministerio Fiscal.
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Florencio A. T. B. y doña María C. R. B. y, en consecuencia:
1. Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 de febrero de 1994, recaída en el recurso núm. 1.674/91.
2. Reconocer a los recurrentes el derecho a ser emplazados directa y personalmente en el proceso contencioso-administrativo que finalizó con dicha Sentencia.
3. Restablecer a los recurrentes en la integridad de su derecho, mediante la nulidad de la Sentencia y la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno para que sean correctamente emplazados y puedan comparecen en el referido proceso contencioso-administrativo.

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