Source: http://cronologiadelsecreto.blogspot.com/2003/
Timestamp: 2018-02-20 21:02:13+00:00

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CRONOLOGIA DEL SECRETO: 2003
Artículo revista Tranvía analiza el secretismo
Secreto y Reserva de los actos y documentos de la administración en materia ambiental: Oportunidad para el desarrollo de una Ley De Información Pública Ambiental
Este artículo fue publicado en la revista "Tranvía" de Ciudad Viva en el año 2003, a propósito de la presentación efectuada a la Contraloría, impugando una resolución de secreto de Conama, y otras 49 de distintos servicios.
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Moisés Sánchez, Coordinador Jornadas en RE, moisessanchez@terra.cl.
"las democracias mueren
detrás de puertas cerradas"
Juez Damon J. Keith del Tribunal de Apelación
de los Estados Unidos para el Sexto Circuito
El día 27 de mayo de este año fue publicado en el Diario Oficial la resolución exenta Nº 388, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que declara secretos o reservados una serie de documentos de contenido ambiental. Casi de inmediato, el día 30 de ese mismo mes, sectores ciudadanos hicieron una presentación al Contralor General de la República, solicitando un pronunciamiento respecto de la legalidad de tal resolución, que se estimó atentatoria contra los principios de información ambiental más básicos[1].
Sin duda alguna el debate es de gran importancia, por cuanto hasta la publicación de la citada resolución, la CONAMA se había caracterizado por una política de acceso a la información bastante más amplia que el resto de las reparticiones públicas. Ahora bien, para el objeto del presente artículo, más importante que el resultado particular de las acciones legales, es analizar la importancia de contar con información pública para una gestión ambiental razonable. Por otra parte, tampoco es objeto de este artículo el discutir las particulares motivaciones que tuvo la autoridad para dictar esta normativa, pues lo relevante son los potenciales efectos perjudiciales de la misma, que incluso pueden alcanzar a la autoridad y la industria.
A fin de entender la dinámica del problema de la transparencia, y con el objeto de formular propuestas concretas, comenzaremos dando una breve perspectiva mundial del problema, para después centrarnos en el caso chileno.
Una de las cosas que hay que entender desde el principio, es que el problema del secreto es algo que se encuentra presente en todo el mudo, aun en aquellos que se estiman más desarrollados. Basta recordar el caso de Suecia siendo acusada por la comisión Europea de violar el Derecho Comunitario por difundir documentos de la Comisión bajo la legislación sueca de 1766 [2]. Por su parte, en Estados Unidos la Casa Blanca ha intentado bloquear la divulgación pública de sus reuniones con Enron y otros funcionarios de la industria energética. En la cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sustentable, se discutió si las comunidades en el mundo en desarrollo deberían tener derecho de acceder a la información que los habilitara a exigir a las corporaciones multinacionales que respondan por sus actos si, y cuando, contaminan el medio ambiente y perjudican la salud de sus pueblos.
Los acontecimientos del 11 de septiembre endurecieron aún más la posición de los gobiernos en materia de secreto. Estados Unidos reaccionó con medidas de especial dureza, como la práctica de "limpiar" los sitios web, con el argumento de eliminar información que podría ser de utilidad para los terroristas. Las agencias federales, inclusive la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Reguladora Nuclear y el IRS (Dirección Impositiva), así como también algunos gobiernos estatales, adoptaron medidas para que la información sea más inaccesible. Todo ello sin contar con los incalculables efectos que está teniendo en ese país la llamada “Ley Patriota”, en cuya virtud se están restringiendo las libertades ciudadanas y que marca de alguna forma un retroceso en materia ambiental, pues por su intermedio, se busca “relajar” la aplicación de la legislación ambiental para favorecer la industria militar, de seguridad y de defensa.
Desde esta perspectiva, la tendencia mundial se dirige hacia la restricción de los espacios ganados en materia de acceso a la información, lo que sin duda tiene su efecto correlativo en la información ambiental. Además, cada día ganan espacio a nivel mundial las razones de seguridad como argumentos para restringir el acceso a la información, lo que sin duda alguna da un amplio margen de maniobra a los estados para determinar cuales serían esas “razones de seguridad”, y por ende, los alcances del secreto. Este último punto es verdaderamente de cuidado, pues no aparece lejano el día que cualquier opinión contraria a la conducción económica sea considerada como “atentatoria” contra la seguridad, especialmente en nuestros países dependientes de la explotación de sus recursos naturales. No hay que olvidar que Singapore llegó a procesar judicialmente al Business Times por publicar el probable índice de crecimiento económico del país, lo que estimó que era perjudicial, y luego restringió la circulación de Economist cuando éste criticara dicha resolución[3].
Tendencias En Nuestro País
Después de haber revisado el panorama mundial en esta materia, es probable que se tenga la tendencia a “respirar aliviado” en razón de que en nuestro país, supuestamente, aún no se ha llegado a estos extremos. Sin embargo, ¿será cierta esta afirmación?.
En verdad, si se revisan algunos acontecimientos recién pasados, esta primera impresión puede desvanecerse. En efecto, como todos podrán acordarse, en el año 2002 se abrió una discusión entre sectores ambientales y forestales que bien podría recordar lo sucedido en Singapur. Ese año, los sectores ambientales promovieron mediante campañas públicas en Estados Unidos que se privilegiara la compra de madera certificada con el sello F.S.C., lo que trajo duras respuestas del sector exportador e, incluso, del gobierno. Graves fueron las calificaciones de “terroristas ambientales”, de “atentar contra la seguridad del país” por la vía de afectar un sector exportador, llegándose incluso a plantear la idea de estudiar la figura delictiva de “ecoterrorismo” para este tipo de comportamientos.
No, no estamos libres de pecado en esta larga y angosta faja de tierra de los “estados desunidos de sudamérica”, como les llamaba Alain Rouquié. En este sentido, señales ya han existido, y no fueron atendidas como fue debido. Señales como lo sucedido en la tramitación de la ley de prensa[4], cuyo capítulo relativo al acceso a la información pública fue retirado, para ser insertado como una reforma a la Ley Nº 18.575 [5], de Bases de Administración del Estado, lo que le quitó el énfasis de derecho ciudadano, para enmarcarlo dentro de la lógica paternalista de “concesión estatal”. Esto último sin duda responde a una lógica que ha estructurado las relaciones ciudadanía-estado desde la época de la Colonia, en donde “lo Público” es monopolizado por lo “Gubernamental”, y donde la participación pública es entendida como una concesión regia y no un derecho propio. Por tal motivo no debe parecer extraño que la propuesta de “Ley de Participación Ciudadana”, se conciba en la actualidad como una reforma a la Ley Nº 18.575, y no como un estatuto propio de la sociedad civil.
Lo anterior se debe tener siempre presente al momento de plantear un debate inteligente, serio y con perspectivas de futuro, pues de los pasos que se den ahora dependerá el ejercicio de derechos ciudadanos que harán las generaciones emergentes. De esta forma, los problemas que tenemos hoy con las normas de secreto que se han dictado en nuestro país (que a la fecha son más de 50, ver Anexo), sólo son la consecuencia lógica de no haber consagrado en un estatuto independiente el derecho a la información, condictio sine qua non de la Libertad de Expresión, y base fundamental de todas las Libertades Públicas. Además, por este mismo motivo, la ciudadanía se encuentra sujeta a las inciertas interpretaciones administrativas respecto de los alcances del secreto, cuya discusión de legalidad siempre es costosa para los ciudadanos.
En este punto aparece con nitidez las distorsiones que este tipo de debate genera en las dinámicas de la sociedad civil, por cuanto es claramente insustentable mantener una discusión continuamente con la administración por cada decreto o resolución ilegal o arbitrario que se dicte, tanto por su número como por su complejidad. Esto a todas luces da origen a una verdadera “sangría”, que derrama energías que deberían ser focalizadas a superar los verdaderos problemas de nuestro país, y a crear un espacio verdaderamente público. En este sentido, así como la empresa planteó la necesidad de “eliminar los lomos de toros del crecimiento” a través de la aplicación de la agenda pro-crecimiento; con mayor urgencia se requiere eliminar los “lomos de toros de la participación”, a través de una agenda país pro-participación, que nos lleve de un debate adversarial, a otro más colaborativo. Se trata, en definitiva, de que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas en la participación que queremos.
Esto último es una necesidad imperiosa, que debe ser comprendida por el sector empresarial y el Estado, pues no es posible que al proceso de apertura comercial, no le siga otro de transparencia y participación paralelo. Desde esta perspectiva, no hay que olvidar que estos mismos acuerdos comerciales generan flujos de información y colaboración no sólo entre empresas, sino también entre las organizaciones ciudadanas, y sería una pésima señal terminar discutiendo asuntos que podrían haber sido resueltos en nuestro país en los foros de la OMC, la OECD, o en los propios de los distintos acuerdos comerciales; o bien que sean las organizaciones ciudadanas norteamericanas o europeas las que terminen solicitando información en su país, en razón de habernos sido negada en el nuestro. Eso no es necesario, y sería un gesto de inmadurez cívica el no dar cabida a un legítimo proceso de discusión del tipo de participación y normas de transparencia que queremos[6].
La Resolución Nº388 De CONAMA
Por todo lo comentado, la publicación de la resolución Nº 388 de la CONAMA puede llegar a ser el punto de partida de esta gran discusión. Ya han habido iniciativas previas en materia de información pública ambiental (derecho a saber) en nuestro país; y en la legislación comparada existen una serie de modernas normas que regulan las particularísimas características de la información ambiental y sus limitaciones de acceso, que pueden entregarnos ideas importantes para el desarrollo de un estatuto propio de la información pública ambiental.
Hay que partir reconociendo dos hechos fundamentales:
1) CONAMA se encontraba obligada por ley a dictar esta resolución, lo que conduce a centrar el debate no en la dictación de la resolución en cuanto acto administrativo, sino en los alcances de su contenido.
2) Que la normativa en cuya virtud se dictó esta resolución fue creada para las información de toda la administración, y no específicamente para la información ambiental.
En la mayor parte de las legislaciones modernas, se ha llegado a la conclusión que la información ambiental reviste características demasiado especiales como para dejarla sometida a la regulación general, lo que ha motivado la aparición de estatutos específicos[7]. Este punto es importante, pues es del todo claro que, como tal vez en ninguna otra materia, los efectos de cualquier decisión ambiental pronto tienen resultados sobre los ciudadanos. Por otra parte, no es menos cierto que el debate respecto del ambiente que queremos es una discusión que no sólo debe incorporar la expectativa de ganancia (v. Gr. Mayor rentabilidad), sino también una adecuada ponderación de sus costos (V.Gr. Calidad ambiental que se sacrifica), lo que sólo puede hacerse con información adecuada, oportuna y eficiente. Así, cuando se discute la implementación de un plan de descontaminación, o la generación de una norma de calidad o de emisión, lo que está en el debate de fondo es cuanto la sociedad está dispuesta a sacrificar de su calidad de vida para mantener en funcionamiento las actividades contaminantes. Esto no es un asunto de Estado, ni de la empresa: es un problema de todos.
El mismo mensaje de la Ley Nº 19.300 señala, en relación a las normas, que “las normas de calidad ambiental son un reflejo de lo que la ciudad está dispuesta a sacrificar con tal de tener menores niveles de riesgo para la salud. Pero las decisiones respecto de ellas deben tomarse informada y responsablemente, pues, en sus extremos, pueden conducir al país con normas tan holgadas, que en definitiva se transforme en verdadero basurero de sustancias contaminantes, o en un país con estándares tan exigentes que no se puedan aplicar o, en que, de aplicarse, harían peligrar seriamente sus posibilidades de desarrollo. Por ello, este procedimiento de fijación de normas debe ser serio e informado, puesto que su importancia es capital, tanto para proteger adecuadamente nuestro medio ambiente, como para dar un marco mínimo donde se concrete nuestro desarrollo económico. En definitiva, estas normas son uno de los instrumentos básicos para lograr la sustentabilidad del desarrollo.”
Para llegar a cumplir este objetivo se requiere de una clara política (con su normativa consecuente), que regule el acceso a la información pública ambiental, en especial la que deben entregar las fuentes emisoras, pues desde la perspectiva ambiental, esta información adquiere carácter de orden público, y sólo puede ser limitado el acceso a ello por razones de protección de secretos industriales o comerciales. En este sentido, la Ley española Nº 38/1995, sobre derecho de acceso a la información ambiental, señala que ésta sólo puede ser denegada cuando afecte a un expediente “relativo a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial”, pero que, sin embargo “Por lo que se refiere a los datos sobre emisiones o vertidos, volumen o composición de materias primas o combustibles utilizados y a la producción o gestión de residuos tóxicos y peligrosos, sólo podrá aplicarse esta causa de denegación de información medioambiental cuando la vinculación de tales datos con el secreto comercial o industrial esté regulado en una norma con rango de ley” (Art. 3.1.C). Así se excluye de la reserva, salvo norma de rango de ley en contrario, a la información sobre las sustancias más peligrosas.
Sin duda alguna, uno de los aspectos más criticables, entre otros, de la resolución Nº 388 se encuentran en su Nº4, letra L) [8], y Nº4 letra M) [9], pues extienden demasiado los alcances del secreto sobre aspectos que deben ser necesariamente de conocimiento público, especialmente respecto de las emisiones de las fuentes, lo que se contradice con un concepto de información pública ambiental moderna.
Sin embargo, estas deficiencias pueden ser superadas, y necesariamente eso pasa por definir las “reglas del juego” en materia de información pública ambiental, lo que va a ser una contribución tanto a los ciudadanos como al sector privado, que no se va a ver cuestionado innecesariamente[10].
El acceso a la información no es una reivindicación exclusiva de los medios de prensa, sino que es –fundamentalmente-, ciudadana.
En materia ambiental, se requiere avanzar rápidamente hacia la definición de una política de acceso a la información, que sea el reflejo de un gran acuerdo entre todos los sectores, y que se concrete en una normativa especifica. La discusión seria en torno a la resolución exenta Nº 388 es un buen punto de partida para ello. Esta discusión es complementaria a la de la participación ciudadana en la gestión ambiental.
No es funcional ni a la sociedad civil, ni al sector privado ni al Estado mantener una política restrictiva en esta materia, pues eso va a conducir a que el conflicto se resuelva por vías informales, o incluso internacionales, lo que genera pérdidas para todos.
Además, es una necesidad imperiosa para el sector privado y el Estado incorporar desde ya las prácticas más adecuadas en esta materia, y no esperar las “reprimendas” de nuestros socios comerciales. Por su parte, en contrapartida, las organizaciones de la sociedad civil, deben dar cuenta pública de su gestión.
[1] La presentación completa se encuentra disponible en http://www.terra.cl/buscador/ver.cfm?id_reg=271105
[2] www.cfoi.org.uk/sweden1.html. La libertad de información está consagrada en la legislación sueca desde 1766. El gobierno sueco continúa pugnando por esta cuestión, más recientemente a través de su iniciativa Suecia Abierta, con el propósito de mejorar la aplicación de la ley y elevar la toma de conciencia pública. Ver www.oppnasverige.gov.se/page/1/42.html
[3] El secretario de redacción del Business Times de Singapore fue enjuiciado junto con otros en virtud de la Ley sobre Secretos Oficiales del país por publicar estimaciones "apresuradas" del PBI - cálculos tempranos del más reciente crecimiento económico - antes de haber sido publicados oficialmente. Cuando el Economist se mofó de las persecuciones, desencadenó una sarta de confrontaciones con el gobierno que condujeron a que se restringiera la circulación de la revista en Singapore. "Periódicos: una Proscripción no es una Proscripción a menos que se Restrinja" por Francis T. Seow (ex Procurador Fiscal de Singapore), abril de 1998, www.sfdonline.org/Link%20Pages/Link%20Folders/Press%20Freedom/seow.html
[4] Actual Ley 19. 733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo de 2001, ley que consagra el derecho humano esencial de toda persona a buscar y recibir todo tipo de informaciones y a difundir las por cualquier medio.
[5] Reforma incorporada por Ley Nº 19.653, de 14 de diciembre de 1999, conocida como “Ley de Probidad”.
[6] Además, existen una serie de acuerdos que generan compromisos para el estado de Chile en materia de información pública ambiental: Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública, en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible de 2000, aprobada por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la OEA, que consagra el compromiso de los Gobiernos de nuestra Región por involucrar en forma más extensa a todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones sobre desarrollo sustentable y medio ambiente.Ver www.oea.org. Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile- Canadá (ACACC) de 1997, acuerdo bilateral que compromete al Estado de Chile a elaborar y difundir periódicamente informes sobre el estado del medio ambiente. Ver www.conama.cl/chile-canada. Declaración de la Cumbre de la Tierra de 1992, que convoca a los Estados firmantes a promover el acceso a información, participación ciudadana y justicia en procesos de decisión que afectan el ambiente, en cuanto factor clave par a la formulación de políticas sustentables en el tiempo (Principio 10 de la Declaración).Ver www.eco2site.com/leyes/leyes-eco/rio92.asp. Declaración de la Cumbre de Johannesburgo de 2002, que junto a ratificar los compromisos adquiridos en la declaración de la Cumbre de la Tierra de 1992, convoca a los Estados a promover el acceso a información y participación de la ciudadanía en decisiones relativas a la formulación de planes, programas y políticas sobre desarrollo sustentable, minería, mercados energéticos, agricultura, seguridad alimentaria, recursos hídricos, manejo de desastres, desertificación, manejo de ecosistemas de bosques y montañas, uso del conocimiento tradicional, entre otros. Ver www.un.org/spanish/conferences/wssd/coverage. (Fuente: Corporación Participa)
[7] Es el caso de España, que regula la información pública en la Ley Nº 30/1992, y la ambiental en la Ley Nº 38/1995. En Argentina (Buenos Aires), existe la Ley de Acceso a la Información Pública del año 1998, y la Ley sobre el Derecho al Libre Acceso a la Información Ambiental, de 1999.
[8] La citada disposición señala lo que sigue:“Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: l)Documentos acompañados a un expediente formado para la dictación de una norma de calidad o de emisión, respecto de los cuales el Director ejecutivo, por resolución fundada, niegue el acceso a terceros, cuando así lo solicita el interesado o cuando así lo proponga el Presidente del Comité Operativo, conforme al artículo 8º del DS 93/95, del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión”
[9] La citada disposición señala lo que sigue:“Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: m)Documentos acompañados por los titulares de las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a un expediente formado para la dictación de un Plan de Prevención o descontaminación respecto de los cuales el director Ejecutivo, mediante resolución fundada, niegue el acceso a terceros cuando la ley así lo disponga, cuando lo solicite el interesado por razones fundadas o cuando así lo proponga el Presidente del Comité Operativo, conforme al artículo 5º del DS 94/95, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y Descontaminación””
[10] Todo ello sin considerar los importantes beneficios que puede entregar al sector privado, al favorecer la eliminación de comportamientos desleales o contrarios a la libre competencia.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 16:38 No hay comentarios.:
En el mes de mayo de 2003, y después de la publicación en el diario oficial de la resolución 388/2004 de la Comisión Nacional del medio Ambiente, que declaraba secreta información relativa a denuncias, remuneraciones, licitaciones y fuentes de emisiones contaminantes, las organizaciones "Defendamos la Ciudad", "Civika", "Movimiento por los derechos y la consulta ciudadana", "Ecoceanos" y "Ciudad Viva", efectuaron una presentación al señor Contralor para que se pronunciara respecto de la legalidad de esta y otras 49 resoluciones de secreto publicas a partir del año 2001, y que restringían indebidamente el acceso a la información.
La respuesta recién se obtuvo el 4 de octubre de 2004 mediante dictamen Nº 49883, debido a la demora del Minsegpres y Conama en evacuar sus informes, lo que realizaron en el mes de julio de 2004 –más de un año después de haber sido requeridos- y en ella se establecen una serie de ilegalidades en muchas de estas resoluciones, motivo por el cual el órgano Contralor instruyó a los servicios involucrados respecto de su modificación. No obstante lo anterior, la respuesta de dichos órganos ha sido, a la fecha, prácticamente nula.
Ver: Conama refuta acusaciones
Presentación efectuada a Contraloría:
Santiago, 30 de mayo de 2003.
Los abajo firmantes, representantes de varias organizaciones ciudadanas (en adelante las organizaciones), ejerciendo el derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, pedimos a Ud. un pronunciamiento acerca de la legalidad de la Resolución Exenta Nº388 (en adelante la Resolución), de fecha 28 de enero de 2003, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 2003, que determina actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva; como asimismo, solicitamos un pronunciamiento respecto de la legalidad de 49 resoluciones sobre esta misma materia, de diversos órganos.
I. EN CUANTO A LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 388
Sin perjuicio de considerar que la resolución en su conjunto constituye un retroceso en materia de participación pública, venimos en impugnar, especialmente, las disposiciones número 2 letra b) y número 4 letras d), h), i), L) y m) de la citada resolución, por ser abiertamente ilegales. Las razones que fundamentan esta petición son de dos tipos:
1. Su inconsistencia en relación a la regulación de la participación pública en materia ambiental
2. Su contravención en lo particular de normas expresas de mayor jerarquía.
A. Inconsistencia en relación a la regulación de la participación pública en materia ambiental.
Las disposiciones número 2 letra b) y número 4 letras d), h), i), L) y m) de la resolución Nº 388 constituyen, en su conjunto, un contrasentido respecto de los principios de gestión ambiental reconocidos en nuestro ordenamiento. En efecto, ya el mensaje de la Ley Nº 19.300, de Bases de Medio ambiente, establece como principio orientador el de la participación pública informada, pues –señala- "la protección del medio ambiente requiere de la concurrencia de todos loa afectados...". Esto es lo que se conoce como el principio participativo.
Tal participación pública se sustenta en el acceso oportuno a la información relevante, sea en proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), o en los relativos a generación o modificación de planes de prevención y descontaminación y de normas de calidad y de emisión.
En cuanto a la participación pública en el SEIA, ésta se encuentra consagrada en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 19.300, señalando expresamente en su artículo 28 que "Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, y las personas naturales directamente afectadas, podrán imponerse del contenido del Estudio y del tenor de los documentos acompañados", limitando este derecho sólo para el efecto de asegurar la confidencialidad comercial e industrial o proteger las invenciones o procedimientos patentables, lo que es de suyo razonable. Tal acceso es condición indispensable para poder formular observaciones al respectivo estudio, al tenor de lo señalado en el artículo 29 de la precitada ley.
En cuanto a la participación pública en la generación o modificación de planes de prevención y descontaminación, el decreto supremo Nº 94 de 1995, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, publicado en el diario oficial de fecha 26.10.1995, que contiene el reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y de descontaminación, contiene normas expresas que otorgan el carácter de público a todo el proceso. Estas son, entre otras, las que siguen: Artículo 3º: "La elaboración de los Planes de Prevención y de Descontaminación corresponderá a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en adelante la Comisión, y comprenderá las siguientes etapas: desarrollo de estudios científicos, análisis técnico y económico, consultas a organismos competentes, públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas. Todas estas etapas tendrán una adecuada publicidad." Artículo 5º inciso cuarto: "El expediente y su archivo serán públicos y se mantendrán en las oficinas de la Comisión, donde podrán ser consultados. Cualquier persona podrá pedir, a su costo, fotocopia de todas o algunas de las piezas agregadas o archivadas en dicho expediente".
En cuanto a la participación pública en la generación o modificación de normas de calidad y de emisión, el decreto supremo no. 93 de 1995, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, publicado en el diario oficial de fecha 26.10.1995, que contiene el Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión, contiene normas expresas que otorgan el carácter de público a todo el proceso. Estas son, entre otras, las que siguen: Artículo 5º inciso primero: "El procedimiento para la dictación de las normas de calidad y de emisión, comprenderá las siguientes etapas: desarrollo de estudios científicos, análisis técnico y económico, consulta a organismos competentes públicos y privados y análisis de las observaciones formuladas. Todas las etapas tendrán una adecuada publicidad." Artículo 8º inciso primero: "El expediente y su archivo serán públicos y se mantendrán en las oficinas de la Comisión, donde podrán ser consultados. Cualquier persona podrá pedir, a su costo, fotocopia de todas o algunas de las piezas agregadas o archivadas."
De esta forma, una de las características básicas y elementales de todo el proceso de gestión en materia ambiental es el acceso a la información, pues sólo de esta forma se vuelven efectivas una serie de instituciones, tales como al responsabilidad por daño ambiental, el procedimiento de reclamo, las observaciones ciudadanas a los proyectos, entre muchas otras.
Por otra parte, el desarrollo posterior de la legislación en ha seguido la senda de la publicidad de los actos de la administración, lo que está en armonía con un concepto de Estado moderno y eficiente, y con todas las iniciativas modernizadoras que, lamentablemente, aún no se concretan plenamente. En este sentido, son relevantes dos cuerpos normativos aparecidos con posterioridad a la Ley 19.300: Ley Nº 19.653, publicada en el diario oficial de fecha 14 de diciembre de 1999, que establece normas sobre probidad administrativa aplicables a los órganos de la administración del Estado. Ley Nº 19.880, publicada en el diario oficial de fecha 29 de mayo de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Respecto de la Ley 19.653, ésta modificó la Ley 18.575 de Bases de administración del Estado, consagrando el principio de publicidad de los actos de la administración (dictámenes Nºs 35.259 y 42.779 de 2000, CGR). Así, establece que la función pública debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella, y que son públicos los actos administrativos de los órganos de la administración del estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial. Al mismo tiempo, regula la forma de acceder a la información, los casos en que procede, y el derecho a oposición por terceros interesados, estableciendo un procedimiento de reclamación ante los tribunales de justicia.
Respecto de la Ley Nº 19.880, consolida los principios de transparencia y publicidad en materia de procedimientos, al señalar en su artículo 16 que "el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial", consagrando en su artículo 17 una serie de derechos de las personas en esta materia, en especial, el de acceder a los actos administrativos y sus documentos (letra d). Además, establece que los titulares de tales derechos son los particulares interesados, entendiendo por tales incluso a aquellos cuyos intereses, individuales y colectivos puedan resultar afectados por la resolución (artículo 18 en relación al artículo 21).
Así, resulta claro que nuestro ordenamiento evoluciona hacia un sendero de publicidad y transparencia, y que las limitaciones a este principio son sólo excepcionales y de alcance limitado. Las más relevantes, en materia ambiental, son las siguientes: Ley Nº 19.300 (Ley de Bases de Medio ambiente): "...la Comisión mantendrá en reserva los antecedentes técnicos, financieros y otros que, a petición del interesado, estimare necesario substraer del conocimiento público, para asegurar la confidencialidad comercial e industrial o proteger las invenciones o procedimientos patentables del proyecto o actividad a que se refiere el Estudio (de impacto ambiental) presentado" (Artículo 28 segunda parte) DS Nº 94/1995 (Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y de descontaminación): "Sin embargo, el Director Ejecutivo de la Comisión, en adelante el Director, mediante resolución fundada, podrá negar el acceso de terceros a los documentos acompañados por los titulares de las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a que se refiere el plan, cuando la ley así lo disponga o cuando lo solicite el interesado por razones fundadas o cuando así lo proponga el presidente del Comité. La responsabilidad de la custodia de dichos documentos le corresponderá al Director." ( Artículo 5º inciso quinto). DS Nº 93/1995 (Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión): "El Director, mediante resolución fundada, podrá negar el acceso a terceros de los documentos acompañados cuando así lo solicite el interesado o cuando así lo proponga el presidente del Comité. La responsabilidad por la custodia de dichos documentos recaerá en el Director." (Artículo 8º inciso segundo).
En conclusión, las disposiciones cuestionadas de la resolución exenta Nº 388 en comento, se oponen no sólo a la evolución de nuestro ordenamiento jurídico en materia de publicidad y transparencia, sino que vienen también, por una parte, a transgredir normas de publicidad expresa contenidas en la Ley Nº19.300, DS Nº 94/1995 y DS Nº 93/1995, previamente citados, y las ya mencionadas de las leyes Nº 18.575 y Nº 19.880; y por la otra, extienden de manera arbitraria los alcances de las limitaciones a estos derechos, para fines no contemplados en las leyes citadas ni en el DS 26/2001.
B. Su contravención en lo particular de la Res, Exenta 388 con normas expresas de mayor jerarquía.
Nº2, letra b)
La citada disposición señala lo que sigue:
"Tienen carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses públicos, los siguientes actos y documentos: B)Documentación relacionada con las demandas, recursos y/o reclamos, interpuestos ante los tribunales de justicia, en contra del Servicio, así como informes que éste debe emitir por disposición de estos tribunales y todos los antecedentes que le sirven de sustento y complemento directo"
La disposición impugnada va más allá de lo que permite la ley y el reglamento, pues la documentación que señala no perjudica el desarrollo del proceso jurisdiccional, pues en este caso se esta hablando de actuaciones en contra de este servicio. Por el contrario, lo lógico es que los interesados necesiten contar con información del servicio para fortalecer su pretensión.
Es menester hacer presente que esta disposición significaría, por ejemplo, que los ciudadanos no podrían contar con la información necesaria al momento de ejercer el procedimiento de reclamo respecto de decretos que establecen normas de calidad ambiental y de emisión, las que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y las que establezcan planes de prevención y descontaminación, consagrado en el artículo 50 de la Ley Nº 19.300.
Nº4 letra d)
"Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: d) Toda la información relativa a las remuneraciones del personal"
Por último, es claro que los esfuerzos que se han hecho para transparentar las remuneraciones del sector público en las últimas semanas, se verían empañados al permitir la vigencia de esta absurda y anacrónica norma.
Nº4 letra h)
"Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: h)Documentos respaldatorios de las ofertas presentadas en procesos de licitación o contratación, en tanto se encuentre pendiente su adjudicación, salvo las propuestas económicas, y aquellas que deban serlo según las bases administrativas respectivas"
Si bien es cierto que se podría argumentar que en un proceso licitador es razonable mantener información bajo reserva; no lo es menos que tales consideraciones no pueden concretarse en una declaración de reserva de tales documentos, pues esta disposición no encuentra respaldo normativo en el DS 26/2001. En efecto, las hipótesis del artículo 8º letra b), números 1 al 5, se refieren a otro tipo de situaciones.
Por otra parte, es necesario recordar que la declaración de reserva es una situación extrema y límite, de extrema-ratio, y que no habiendo una norma que respalde la disposición, ésta debe ser considerada pública para todos los efectos.
Además, es claro que los derechos de los particulares no quedan desamparados, pues en cualquier caso el Servicio, al ser requerido en esta hipótesis, les debe dar el traslado respectivo, iniciándose el procedimiento contenido en la Ley Nº 18.575.
Nº4 letra i)
"Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: i)Actas de comisiones evaluadoras en propuestas o licitaciones, en tanto se encuentre pendiente la adjudicación"
Las razones de su ilegalidad son las mismas señaladas respecto de la disposición Nº 4 letra h) anterior, razón por la cual las damos por reproducidas.
Nº4 letra l)
"Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: l)Documentos acompañados a un expediente formado para la dictación de una norma de calidad o de emisión, respecto de los cuales el Director ejecutivo, por resolución fundada, niegue el acceso a terceros, cuando así lo solicita el interesado o cuando así lo proponga el Presidente del Comité Operativo, conforme al artículo 8º del DS 93/95, del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión"
Esta disposición no encuentra respaldo normativo en el DS 26/2001. En efecto, las hipótesis del artículo 8º letra b), números 1 al 5, no la contempla de ningún modo. Ni siquiera abusando de la interpretación extensiva más creativa se puede incluir esta disposición en ellas, de lo que resulta que es abiertamente ilegal y arbitraria.
Por otra parte, contraviene expresamente los artículos 5º inciso primero y 8º inciso primero del DS 93/1995 (Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión), citados y transcriptos en la primera parte de esta presentación.
Al respecto es menester tener presente que, como ya señalamos, al declaración de reserva opera por razones graves y extremas, y en este caso se pretende, por esta vía, hacer mas severa la norma contenida en el artículo 8º inciso segundo del DS 93/1995, incorporándola improcedentemente al régimen de reserva. En efecto, el citado decreto ya contemplaba la posibilidad de que el director niegue el acceso a terceros la información por resolución fundada, razón por la cual los derechos de estos eventuales particulares no se encuentran desamparados.
En este sentido, si se permite que esta disposición se acoja al régimen de reserva, tendrá los graves efectos que se señalan en el artículo 7º y 10º del DS 26/2001, entre ellos, el de permanecer sujeto a dicho carácter durante el plazo de 20 años, lo que no es razonable.
Además, ello no concuerda con el fin de la normativa marco en materia ambiental, expresado en forma clara en el mensaje de la ley Nº 19.300, que señala al efecto que "las normas de calidad ambiental son un reflejo de lo que la ciudad está dispuesta a sacrificar con tal de tener menores niveles de riesgo para la salud. Pero las decisiones respecto de ellas deben tomarse informada y responsablemente, pues, en sus extremos, pueden conducir al país con normas tan holgadas, que en definitiva se transforme en verdadero basurero de sustancias contaminantes, o en un país con estándares tan exigentes que no se puedan aplicar o, en que, de aplicarse, harían peligrar seriamente sus posibilidades de desarrollo. Por ello, este procedimiento de fijación de normas debe ser serio e informado, puesto que su importancia es capital, tanto para proteger adecuadamente nuestro medio ambiente, como para dar un marco mínimo donde se concrete nuestro desarrollo económico. En definitiva, estas normas son uno de los instrumentos básicos para lograr la sustentabilidad del desarrollo."
Nº4 letra m)
"Tienen el carácter de reservados, en razón de la debida protección de los intereses privados, los siguientes actos y documentos: m)Documentos acompañados por los titulares de las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a un expediente formado para la dictación de un Plan de Prevención o descontaminación respecto de los cuales el director Ejecutivo, mediante resolución fundada, niegue el acceso a terceros cuando la ley así lo disponga, cuando lo solicite el interesado por razones fundadas o cuando así lo proponga el Presidente del Comité Operativo, conforme al artículo 5º del DS 94/95, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para establecer Planes de Prevención y Descontaminación"
Por otra parte, contraviene expresamente los artículos 3º y 5º inciso cuarto del DS 94/1995 (Reglamento para la dictación de planes de prevención y de contaminación), citados y transcriptos en la primera parte de esta presentación.
Al respecto es menester tener presente que, como ya señalamos, al declaración de reserva opera por razones graves y extremas, y en este caso se pretende, por esta vía, hacer mas severa la norma contenida en el artículo 5º inciso quinto del DS 94/1995, incorporándola improcedentemente al régimen de reserva. En efecto, el citado decreto ya contemplaba la posibilidad de que el director niegue el acceso a terceros la información por resolución fundada, razón por la cual los derechos de estos eventuales particulares no se encuentran desamparados.
Además, ello no concuerda con el fin propio del establecimiento de estos planes, que es el de recuperar los niveles de contaminación que, del punto de vista de la salud, es posible tolerar, lo que deja claro que es absolutamente necesario contar con toda la información de los emisores para que los interesados (todos los ciudadanos), puedan efectuar sugerencia y correciones al plan, y para que hagan efectivo su derecho de efectuar observaciones al plan.
Por otra parte, y este no es un tema menor, es claro que de esta forma se pretende mantener en reserva el contenido de los efluentes contaminantes de los procesos industriales, y ello va en contra de la necesaria transparencia que debe existir para implementar un sistema de permisos de emisión transables, cuya ley ingresará pronto al Congreso.
II. EN CUANTO A LA ILEGALIDAD DE OTRAS RESOLUCIONES DE SECRETO Y RESERVA DE ACTOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Cabe hacer presente, Sr. Contralor General, que el interés público está orientado hacia la publicidad de los actos y documentos, y por regla excepcional la autoridad administrativa está facultada para sustraerse de tal regla y principio, de modo tal que las declaraciones de reserva o secreto no pueden estar formuladas de modo que estas últimas condiciones se transformen en la regla general, pues esa no ha sido la intención del legislador. Es decir, el interés publico manifestado por la ley camina por sobre la vereda de la publicidad y transparencia, y por excepción, en los casos determinados por la ley o en uno o más reglamentos, camina por la vereda del secreto o reserva.
Cabe hacer presente que la autoridad administrativa desde la dictación del Decreto Supremo Nº26 ha venido publicando en el Diario Oficial sendas Resoluciones Exentas en las cuales declara el secreto o reserva de documentos, de modo tal que en la actualidad, y tal como lo ha dicho la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en Chile se ha transformado el secreto o reserva en la regla general vulnerando así las normas de probidad, transparencia y publicidad contenidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
El interés público en que los documentos que han sido clasificados como reservados o secretos no tengan tal carácter, es que enunciamos, a continuación 49 resoluciones publicadas desde el año 2001 a la fecha, a fin de que usted se sirva pronunciarse respecto de la legalidad de cada uno de ellos, especialmente de su conformidad con las hipótesis contenidas en el artículo 8º del DS 21/2001 MINSEGPRES ya enunciado (incluyen la fecha de publicación en el diario oficial):
03/11/2001 Ministerio de Educación. Res. Ex. 12.221, Establece que los actos y documentos que señala tendrán el carácter de reservados.
24/11/2001 Servicio de Vivienda y Urbanización Región de La Araucanía. Res. Ex. 4.460, Declara como secretos o reservados actos y documentos que indica.
03/12/2001 Servicio de Vivienda y Urbanización VIII Región del Bio-Bio. Res. Ex. 3.074, Declara como secretos o reservados actos y documentos que indica.
19/01/2002 Ministerio de Educación. Res. Ex. 15.374, Establece actos y documentos del Ministerio de Educación que tendrán el carácter de secretos reservados, conforme al artículo 13 del DFL 1/19.653 de 2001 Minsegpres.
04/02/2002 Corporación de Fomento de la Producción. Res. Ex., Establece actos y documentos secretos y reservados (no dispongo del número de resolución)
02/03/2002 Ministerio de Bienes Nacionales. Res. Ex. 114, Establece que los actos y documentos que señala tendrán el carácter de secretos y reservados.
03/05/2002 Servicio de Vivienda y Urbanización RM. Res. Ex. 1848, Declara como secretos o reservados actos y documentos que indica.
17/06/2002 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Res. Ex. 2.107, Declara como reservados actos y documentos que indica.
22/06/2002 Secretaría Regional Ministerial X Región de Los Lagos. Res Ex. 568, Declara como reservados actos y documentos que indica.
04/07/2002 Servicio Nacional de Aduanas. Res. 2.305, Califica documentos reservados emanadas del servicio nacional de aduanas.
09/07/2002 Secretaría Regional Ministerial Región del Maule. Res. Ex. 917, Declara como reservados actos y documentación que indica.
16/07/2002 Secretaría Regional Ministerial RM. Res. Ex. 2.895, Declara como reservados actos y documentos que indica.
17/07/2002 Ministerio de Salud. Res. Ex. 671, Determina actos y documentos afectos al secreto o reserva.
29/07/2002 Servicio de Salud Región Metropolitana. Res. 1.244, declara carácter de secretos o reservados actos y documentación que indica.
05/08/02 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Res. Ex 1.023, Declara secretos o reservados ciertos documentos y actos administrativos.
07/08/2002 Gobierno Regional de Los Lagos. Res. Ex. 1.081, declara carácter de secretos o reservados actos y documentación que indica.
08/08/2002 Dirección General de Crédito Prendario. Res. Ex. 435, Establece actos administrativos y documentos afectos a secreto o reserva.
13/08/2002 Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía, Fomento Y Reconstrucción. Res. Ex. 292, Determina los actos, documentos y antecedentes de la Subsecretaría que estarán afectos al secreto o reserva.
04/09/2002 Servicio Nacional de Turismo. Res. Ex.776, Declara carácter de secreto o reservado de actos y documentos que indica.
09/09/2002 Ministerio de Planificación y Cooperación. Instituto Nacional de la Juventud. Res. Ex. 338, Declara carácter de secreto o reservado de actos y documentos que indica
03/10/2002 Servicio Médico Legal. Res. Ex. 995, Determina actos o documentos afectos al secreto o reserva en el servicio médico legal.
14/11/2002 Ministerio de Justicia, Servicio de registro Civil e Identificación. Res. Ex. 1.912, Determina actos, documentos y antecedentes afectos al secreto o reserva.
21/11/2002 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo. Res. 2.403, Aprueba resolución sobre calificación de los documentos que tengan carácter de secreto o reservado.
29/11/2002 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Res. Ex. 9.769, Clasifica como reservados los actos y documentos emitidos por este servicio.
19/12/2002 Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Res. Ex. 2.807, Declara carácter de secreto o reservado de actos y documentos que indica.
09/01/2003 Ministerio de Minería Res. Ex. 1.161, Declara como secretos o reservados actos, antecedentes y documentos que indica.
17/01/2003 Ministerio de Agricultura, Oficina de estudios y Políticas Agrarias. Res. Ex. 5, Declara secretos y reservados los actos y documentos que indica en la oficina de estudios y políticas agrarias.
17/01/2003 Ministerio de Agricultura, Instituto de Desarrollo Agropecuario. Res. Ex. 7, Declara reservados o secretos los actos y documentos que indica.
17/01/2003 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes. Res. Ex. 1.340, Determina los actos, documentos y antecedentes de la Subsecretaría de transportes que estarán afectos al secreto o reserva.
17/01/2003 Ministerio de Planificación y Cooperación, Fondo de Solidaridad e inversión Social. Res. Ex. 1.438, Determina actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva.
17/01/2003 Comisión Chilena de energía Nuclear. Res. Ex. 31, Declara como secretos o reservados actos y documentos que indica.
29/01/2003 Ministerio de Agricultura-INDAP. Res. Ex. 55, modifica resolución N° 7 exenta de 2003
06/02/2003 Ministerio de Educación, Dirección de Bibliotecas, Archivos y museos. Res. Ex. 2002, establece actos administrativos y documentos afectos a secreto o reserva.
10/02/2003 Ministerio de Defensa, Subsecretaria de Aviación, Dirección General de aeronáutica Civil. Res. Ex. 162, establece que los actos y documentos que señala tendrán el carácter de secretos o reservados.
10/02/03 Ministerio de Salud. Res. Ex. 62, clasifica los actos y documentos del servicio de salud de Atacama y establecimientos dependientes como secretos o reservados.
27/02/03 Ministerio de Obras Públicas. Res. Ex. 367, Determina los actos, documentos y antecedentes de la dirección de Obras Portuarias que estarán afectos a secreto o reserva.
04/03/03 Comisión Nacional de Energía. Res. Ex. 562, Declara secretos o reservados los actos y documentos que indica.
08/03/03 Ministerio de Agricultura. Res. Ex. 32, declara secretos y reservados los actos y documentos que indica de la subsecretaría de agricultura.
17/03/03 Ministerio de Justicia, Corporación de asistencia judicial Región Metropolitana. Res. Ex. 2.678, declara calidad de secretos o reservados los actos administrativos, documentos y antecedentes que indica.
24/03/03 Ministerio de Economía, fomento y reconstrucción. Subsecretaría de economía, fomento y Reconstrucción. Comité de Inversiones Extranjeras. Res. Ex. 113, establece los actos, documentos y antecedentes de la vicepresidencia ejecutiva del comité de inversiones extranjeras que tendrán el carácter de secretos o reservados, conforme al artículo 13 del DFL 1/19.653 de 2001.
26/03/03 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Subsecretaría de Pesca. Servicio Nacional de Pesca. Res. Ex. 133 Declara como secretos o reservados los actos y documentos que indica.
29/03/03 Fiscalía Nacional Económica. Res. Ex. 5, determina actos, investigaciones y documentos de la Fiscalía Nacional Económica que estarán afectos a secreto o reserva.
12/04/03 Ministerio De Economía, Fomento y reconstrucción. Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Res. Ex. 532, declara actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva.
14/04/03 Ministerio de Salud. Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Res. Ex. 390, Califica como secretos y reservados actos y documentos que señala.
25/04/03 Ministerio de Defensa. Subsecretaría de Marina. Res. N° 3 interna. Clasificación de documentos reservados os secretos.
03/05/03 Consejo de Defensa del Estado. Declara actos, documentos y antecedentes sujetos a reserva o secreto, y deroga Res. N° 219 exenta de 2001.
19/05/03 Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaría de Carabineros. Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Res. Ex. N° 199, declara como secretos o reservados los actos y documentos que indica.
23/05/03 Ministerio de Justicia. Gendarmería de Chile. Res. Ex. 417, deja sin efecto resolución N° 1.112 exenta, de 2002, y declara secretos y reservados los actos y documentos que señala.
SOLICITAMOS que el señor Contralor General de la República tenga a bien pronunciarse en particular respecto de la legalidad de la Resolución Nº 388 exenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dependiente del MINSEGPRES, de fecha 28 de enero de 2003, y publicada en el diario oficial de fecha 27 de mayo de 2003. Conjuntamente con ello, solicitamos otro pronunciamiento respecto de la legalidad de las 49 resoluciones de otros servicios que establecen el secreto o reserva indicadas en el cuerpo de esta presentación.
Ver respuesta a presentacion en dictamen Nº 49883
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References: resolución 
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 artículo 5
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 artículo 19
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
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 artículo 29
 Artículo 3
 Artículo 5
 Artículo 5
 Artículo 8
 artículo 16
 artículo 17
 resolución 
 artículo 21
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 Artículo 5
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 artículo 50
 artículo 8
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 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 7
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 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 8
 artículo 13
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 artículo 13
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