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Timestamp: 2020-06-06 20:31:17+00:00

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09. La demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II) - Derecho UNED
09. La demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (II)
1 La demanda de amparo europeo y las condiciones de su admisibilidad
1.1 La demanda: forma y contenido
1.1.1 El agotamiento de los recursos internos
1.1.2 El plazo para el ejercicio de la acción
1.2 Otras condiciones de admisibilidad
1.2.1 Identificación del actor
1.2.2 Cosa juzgada y litispendencia
1.2.3 Demanda incompatible con las disposiciones del Convenio
1.2.4 Manifiesta falta de fundamento
1.2.5 Abuso del derecho
2.2 Principios del procedimiento
2.2.1 Oralidad vs. escritura
2.2.3 Las lenguas de las actuaciones
2.3 Iniciación y fase de instrucción
2.3.1 El Juez Ponente
2.3.2 El Comité de inadmisibilidad
2.4 Fase de admisibilidad
2.5 Las medidas cautelares
2.6 Formas anormales de terminación del proceso: cancelación de la demanda y el arreglo amistoso
2.6.1 La cancelación de la demanda
2.7 Fase de enjuiciamiento
2.8 La sentencia, el pronunciamiento sobre la satisfacción equitativa
2.8.1 La sentencia sobre el fondo del asunto
2.8.2 El pronunciamiento de satisfacción equitativa
2.8.3 Aclaración y rectificación de errores
2.9.1 El recurso ante la Gran Sala
2.9.2 Demanda de revisión de una sentencia firme
2.10 La ejecución de las sentencias de TEDH
2.10.1 En general
2.10.2 La ejecución de las sentencias del TEDH en España
La demanda de amparo europeo y las condiciones de su admisibilidad
La demanda: forma y contenido
Los requisitos de forma y contenido de la demanda interestatal e individual se establecen en los arts. 45 a 47 del Reglamento.
Según el art. 45 RTEDH, la demanda deberá presentarse por escrito y estar firmada por el demandante o por su representante; del mismo modo, determina que "cuando la demanda se presente por una organización no gubernamental o por un grupo de particulares estará firmada por las personas capacitadas para representar la organización o el grupo" (art. 45.2 ) y que cuando el demandante esté representado por persona o personas designadas por el Presidente de la Sala, conforme al art. 36 RTEDH, citado, "su representante o sus representantes deberán presentar el poder o autorización por escrito".
El lugar de presentación del escrito de demanda interestatal es la Secretaría del Tribunal. Sin embargo, el art. 47 establece una regulación específica respecto de la presentación de las demandas individuales, con la clara finalidad de evitar formalismos que puedan obstaculizar el derecho de acceso al Tribunal en circunstancias especiales (privaciones de libertad, expulsiones, etc.) y, especialmente, que podrían afectar al plazo preclusivo para el ejercicio de la acción del art. 35.1 CEDH (6 meses). De esta norma, en relación con la del art. 47 RTEDH, se obtiene que la presentación de la demanda individual o "formulario" puede estar precedida de una comunicación previa entre la presunta víctima y la Secretaría en la que aquélla manifiesta su intención de formular la demanda, así como el objeto de la misma (incluso de manera sumaria); en tal caso, la Secretaría del Tribunal le "facilitará" un formulario de demanda que, una vez rellenado, ha de presentar en la misma Secretaría.
En cuanto al contenido, las demandas deben contener: 1) los datos de identificación del demandante individual y del Estado demandado; 2) una relación -sucinta en el caso de las demandas individuales- de los hechos, otra relación de la o de las violaciones alegadas del Convenio y de los fundamentos correspondientes, y otra del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del agotamiento de los recursos internos y del plazo de 6 meses; 3) el objeto de la demanda y las líneas generales de la petición de justa satisfacción que eventualmente formule el demandante -o el Estado demandante, por cuenta de las partes que alegan ser perjudicadas-.
Con la demanda deberán acompañarse las copias de todos los documentos y, en particular, de las resoluciones, judiciales o no, relativas a la demanda.
El demandante individual deberá, además, facilitar en la demanda información de los documentos y decisiones que permitan establecer que se han cumplido los requisitos de admisibilidad del citado art. 35.1 CEDH e indicar si se han planteado sus quejas ante otra instancia internacional de investigación. Si no deseara que su identidad sea revelada, deberá indicarlo en la demanda, aportando las razones que justifiquen la excepción a la regla general de publicidad del procedimiento ante el Tribunal. Igualmente, podrá en la demanda alegar la urgencia del caso y solicitar la adopción de las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que se adopte (art. 39.1 RTEDH).
En cuanto a las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de los requisitos de la demanda, el art. 47. 4 es terminante "la demanda podrá no ser registrada ni examinada por el Tribunal." 2. LAS CONDICIONES COMUNES DE ADMISIBILIDAD El doble efecto del carácter subsidiario de la protección internacional de los derechos y libertades se manifiesta, de una parte, en la observancia de la regla del agotamiento de los recursos internos que el Estado demandado está obligado a ofrecer, como consecuencia de la obligación internacional contraída conforme al art. 1 CEDH de garantizar el goce de los derechos que reconoce y del paralelo derecho de "toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados" a un recurso eficaz ante una instancia nacional (art. 13 CEDH); y, de otra, en la regla del ejercicio de la acción en el plazo de 6 meses, que, en aras de la seguridad jurídica, impide que quede en suspenso por tiempo indeterminado la validez de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales afectadas.
Ambas exigencias aseguran la última posibilidad de que el sistema de protección nacional pueda subsanar la violación alegada antes de acudir a la vía internacional como mejor preparado para rectificar el yerro cometido, a la vez que se impone al demandante que actúe con la diligencia necesaria presentando su demanda en el plazo establecido y, por ello, son comunes a todas las demandas así interestatales como individuales.
Ambos requisitos, sin embargo, no son presupuestos de este proceso internacional, ya que el Estado demandado, por razones de oportunidad, puede no oponerlos, o renunciar a ellos si los hubiere opuesto o si el Tribunal los advirtiese, ya que constituye un derecho como sujeto de Derecho internacional público y goza de la oportunidad de utilizarlo o no. El TEDH así lo ha declarado en la sentencia De Wilde, Ooms y Versyp c. Bélgica de 1971, al afirmar que "nada impide al Estado renunciar al beneficio de la regla del agotamiento de los recursos internos, que tiene por fin esencial proteger el orden jurídico nacional".
Por ello, han de ser opuestas por el Estado demandado como "excepciones preliminares", precisamente en el escrito de observaciones relativo a la admisibilidad de la demanda y, para el caso de que la Sala acuerde una vista, oralmente en la vista sobre esa admisibilidad (art. 54-4 RTEDH). Ello permitirá a la parte actora hacer las alegaciones que estime procedentes sobre ellas en la fase de admisión de la demanda. Después de ese momento procesal ya no cabe oponer esa causas de inadmisibilidad por aplicación del principio de la preclusión.
Como se ha expuesto, esta regla impone al demandante, antes de acudir al amparo europeo, el agotamiento de todas las instancias, administrativas y judiciales, que ofrece el ordenamiento jurídico del Estado demandado, planteando ante ellas la violación alegada para restituirle en el derecho o libertad que estima violado. Solamente cuando el Estado persiste en el acto u omisión origen de la violación alegada, o no ofrece la posibilidad jurídica de remediarla, adecuada y suficientemente, la alegada víctima, o el Estado demandante, pueden acudir al TEDH. Pero esta carga procesal del actor no exime al Estado demandado de, a su vez, su carga de alegar, como "excepción preliminar" al hacer sus observaciones, y de probar el incumplimiento de este requisito por parte del actor, ya que la observancia de esta regla no corresponde al Tribunal ex officio y puede ser renunciada por el Estado demandado por afectar al funcionamiento de su orden jurídico interno.
Una extensa jurisprudencia de la Comisión, y del Tribunal, ha perfilado el alcance y los requisitos de esta regla, al valorar las circunstancias de cada caso, de manera flexible y ponderando las circunstancias de derecho y de hecho. Al Estado demandado se le exige, como condiciones para que su excepción pueda prosperar, precisión en la determinación de los recursos concretos que omitió el demandante, la accesibilidad de los mismos al demandado sin formalismos excesivos y la utilidad del recurso omitido para la reparación del derecho o libertad cuya vulneración alega. Al actor también le incumbe oponerse a la excepción del Estado, justificando haber cumplido este requisito, o las causas de su omisión, sometiendo "al menos en sustancia" su queja ante las autoridades nacionales sin exigirle "formalismos excesivos", en expresión del propio Tribunal que serían incompatibles con los fines de protección del CEDH. En los Estados en los que, como España, el CEDH forma parte del ordenamiento interno, la invocación directa del artículo del Convenio o del protocolo que se considera vulnerado facilitaría, evidentemente, el cumplimiento de la condición para demandar el amparo europeo.
Respecto a la existencia del recurso interno no utilizado, la jurisprudencia requiere, en primer lugar, su disponibilidad, y la accesibilidad y claridad de la norma que lo regula; y, en segundo lugar, que sea eficaz y suficiente para remediar la vulneración invocada ya que no se trata de una formalidad, sino de dar la oportunidad a la autoridad nacional de remediar el alegado agravio. Cuando resulte probado que la interposición del recurso omitido no hubiera remediado la vulneración producida, la excepción es rechazada. Del mismo modo, no prospera la excepción cuando existe una reiterada jurisprudencia de los tribunales nacionales que muestre la inutilidad del recurso por no tener posibilidad clara de éxito.
El otro requisito común a ambas demandas consiste en que han de ser interpuestas ante el Tribunal dentro del plazo de 6 meses a contar desde la firmeza de la resolución judicial o administrativa.
Equivale a la preclusión de la acción internacional por la violación alegada por el sólo transcurso del plazo citado. Respecto a la determinación del dies a quo, la aplicación de esta regla se hace con cautela y cierta amplitud en favor del demandante. El plazo empieza a contar desde la notificación de la decisión o resolución firme o desde que la alegada víctima tuvo conocimiento de aquéllas.
En cuanto al dies ad quem del plazo, se interrumpe cuando la demanda es presentada ante el Tribunal. No obstante el Tribunal podrá señalar otra fecha si lo considera necesario" (art. 47.5 RTEDH).
Otras condiciones de admisibilidad
Además de los dos requisitos expuestos que condicionan el conocimiento del fondo del asunto según el Derecho internacional público y que son comunes a todas las demandas, existen otras "condiciones de admisibilidad". Conforme al art. 35 CEDH, "el Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del art. 34, cuando: a) sea anónima, o b) sea sustancialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos" (Apartado 2) o "cuando la estime incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva" (apartado 3). Estas condiciones o requisitos constituyen un filtro legal de demandas.
El sistema de protección europeo confiere a la víctima de una violación de sus derechos y libertades un "recurso" ante el TEDH. La identificación de esa pretendida víctima es, por tanto, primordial y, sin ella, no puede iniciarse el proceso. En el caso de personas jurídicas o de grupos de personas se interpone por medio de sus representantes debidamente acreditado e, igualmente, plenamente identificado. Cuestión distinta es que la presunta víctima solicite que quiere que su nombre no sea hecho público por los motivos que alegue. En este caso, el proceso se seguirá a instancia de "X".
Una extensa jurisprudencia de la Comisión se refiere a esta condición de fondo de la admisibilidad de la demanda presentada, que presupone otra anterior del mismo actor con "esencialmente" igual causa de pedir respecto de otra ya examinada y resuelta con anterioridad. Con ello se trata de evitar que se vuelvan a presentar pretensiones ya expuestas en demandas no admitidas con base en cambios en la fundamentación jurídica o en la exposición de los hechos.
Cuestión distinta es la alegación de hechos nuevos o hechos que no conocía el actor cuando interpuso la primera demanda.
Esta causa de inadmisibilidad de la demanda mantiene el respeto a la cosa juzgada de las decisiones del Tribunal e impide conocer de nuevas demandas con las mismas pretensiones que otras ya decididas o en trámite de resolución por el Tribunal.
Pero también tiene una dimensión "externa" o en relación con otras instancias internacionales de investigación o arreglo a las que compete también la protección de derechos o libertades reconocidos, con el mismo o semejante texto, en otros instrumentos internacionales (especialmente de las Naciones Unidas). El Tribunal mismo ha de decidir sobre esa identidad, a la vista de las personas, de los hechos y de la pretensión deducida en la demanda. El fin de esta prohibición es evitar el solapamiento de jurisdicciones internacionales, con sus procedimientos y resoluciones en el conocimiento de las mismas pretensiones de protección de derechos y libertades.
El ejemplo más palpable se encuentra en la coexistencia de la jurisdicción del TEDH con la del Comité de Derechos Humanos establecido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Numerosos Estados europeos (entre ellos España) son Parte en el Pacto citado y han reconocido la competencia del Comité, por lo que los particulares pueden acudir a una u otra instancia cuando se trate de los mismos derechos o libertades. Con la norma que se estudia del CEDH (art. 5.2 del Protocolo Facultativo, citado) se pretende evitar una indeseada litispendencia ante ambas instancias, al no ser admisible una demanda que haya sido sometida ya a una instancia internacional, lo que no excluye la sucesiva presentación ante el Comité de una demanda desestimada por el TEDH.
Esta causa de inadmisibilidad de la demanda requiere entrar en el examen de la pretensión deducida y valorar su contenido. En principio, las demandas que no cumplen con el presupuesto procesal de la jurisdicción del Tribunal pueden considerarse contrarias al Convenio.
Pero no parece ser éste -según la jurisprudencia de la Comisión en este punto- el sentido de esta causa de inadmisibilidad, sino que debe entenderse más bien como una forma de utilización abusiva del amparo internacional, especialmente con fines políticos, expresamente prohibido en el art. 17 CEDH. Esta norma establece que "ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo".
Esta causa de inadmisibilidad fue invocada con frecuencia por la antigua Comisión para rechazar demandas por razones diversas referidas tanto a la ausencia de fundamentación fáctica de la violación alegada, como a la falta de prueba que sostengan, prima facie, los hechos alegados de manera que se hacía superfluo abrir un proceso de investigación y posterior enjuiciamiento en aras de la economía procesal, del mejor funcionamiento y de la eficacia del sistema de protección.
Desde otra perspectiva de índole práctica, el número, cada año mayor, de demandas y la aparente falta de fundamento de muchas de ellas ha exigido un filtraje en el momento de la admisión para evitar trámites inútiles, entrando ab initio litis en un conocimiento, siquiera somero, del fondo para alcanzar un pronunciamiento sobre el fundamento de la demanda para rechazar la que carecía "manifiestamente" de fundamento. El hecho de que la decisión de inadmisibilidad por esta causa se adoptara por mayorías ajustadas y los argumentos de la decisión y de los votos disidentes han puesto en evidencia esa "manifiesta" falta de fundamento de demandas no admitidas y suscitado críticas de la doctrina.
Fuera del supuesto examinado de abuso del derecho del art. 17 CEDH, la inadmisión de una demanda por abusiva está relacionada con supuestos raros de actores cuya demanda no fue admitida por infundada y que vuelven a presentar su pretensión, o de demandantes pleitistas ("querularios") que acuden insistentemente al amparo europeo. También se incluyen las demandas infundadas cuya finalidad no es la protección de los derechos y libertades del individuo frente a actos u omisiones contrarias al Convenio del Estado demandado, sino, primordialmente, motivaciones meramente políticas o de propaganda de descrédito del Estado demandado o para obtener dilaciones en el cumplimiento de acuerdos legítimos de las autoridades del Estado (en materia de extradición, p. ej.). Precisamente las dificultades de discernir esas finalidades explican la rara utilización de este motivo y las cautelas adoptadas al aplicarlo.
El nuevo mecanismo de protección de los derechos y libertades instaurado por el Protocolo nº 11 tiene por justificación y finalidad la simplificación del sistema original, para hacerlo más accesible a la presunta víctima de una violación de los derechos que garantiza ese sistema, a la que, por primera vez ante un Tribunal internacional, se reconocía la plena capacidad para ser parte.
Como se ha expuesto, el texto del Convenio contiene sólo las líneas maestras del procedimiento para el amparo de derechos fundamentales que establece (arts. 19 a 46 CEDH), con una indefinida referencia al Reglamento del Tribunal que el Pleno había de darse (art. 26.d CEDH).
La flexibilidad que preside la aplicación del Convenio en materia de la protección de derechos humanos no hace, sin embargo, de esa reglamentación un código procesal de inexcusable aplicación por el tribunal. En casos especiales, cuando la aplicación de una regla pudiera provocar la indefensión de una parte, el Reglamento permite al propio Tribunal hacer "derogaciones específicas" de las disposiciones relativas al procedimiento "para el examen de un asunto concreto después de haber consultado a las partes cuando lo estime necesario" (art. 31). Del mismo modo, se faculta al Presidente del Tribunal para dictar "instrucciones prácticas", especialmente en relación con cuestiones como la comparecencia en la vista y la presentación de observaciones escritas u otros documentos (art. 32).
El procedimiento así regulado se conforma a las exigencias del "proceso equitativo y público" del art. 6.1 CEDH, aunque con unas particularidades que se derivan del objeto y de sus fines que son la eficaz protección de los derechos fundamentales cuya vulneración se atribuye al Estado demandado. Estas particularidades lo configuran como un proceso inspirado en el principio dispositivo, si bien con importantes excepciones que lo atemperan. El carácter contradictorio del procedimiento viene consagrado en el art. 38.1 CEDH, pero se compatibiliza con una función directora del Tribunal para alcanzar una igualdad de armas de difícil logro en este proceso por la desigual posición de las partes.
La debilidad procesal del demandante frente al Estado demandado, dotado de los medios de su Administración con servicios jurídicos especializados, es corregida por la actuación inquisitiva del Tribunal, que se sitúa como árbitro para que el procedimiento no pueda desviarse de aquellos fines, sino ser el medio jurídico de dilucidar las pretensiones y resistencias, recabando de oficio los datos necesarios. Para ello, la fase decisoria viene precedida de una fase instructora de admisión en la que el Tribunal tiene amplias facultades de investigación, recabando a las partes las informaciones y datos que precisa para averiguar el cumplimiento de los requisitos de la demanda previo al conocimiento del caso. El Secretario es, a este fin, el "intermediario para las comunicaciones y notificaciones realizadas o dirigidas al Tribunal en relación con los procesos ya iniciados o pendientes de iniciación" (art. 17. 2 RTEDH).
El proceso de protección de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio y sus protocolos se desdobla en las fases de iniciación y admisión en dos procedimientos sustancialmente iguales, pero con diferencias formales en atención al carácter de Altas Partes Contratantes en el Convenio de los Estados que intervienen como demandantes (pues la parte demandada siempre es un Estado, aunque pueden ser varios, igualmente Partes en el Convenio).
Con sus lógicas excepciones, es posible afirmar que el principio de escritura rige la fase de instrucción (iniciación y de admisión), en la que las partes se relacionan con el Tribunal a través de escritos (demanda del actor, observaciones y memorias de las partes, informes del Juez Ponente, resoluciones del Tribunal). Superada la fase de instrucción, la fase de enjuiciamiento está inspirada por el principio de oralidad.
La publicidad del proceso viene impuesta con unas limitaciones en atención a la fase del procedimiento. En fase de admisión, todos los documentos del asunto depositados en la Secretaria son accesibles al público, salvo en los casos de "negociaciones llevadas para lograr un acuerdo amistoso" o cuando el Presidente de la Sala decida lo contrario, a petición motivada y con especificación de su alcance, de "la parte u otra persona interesada". En la fase de vista oral, está regida por el principio de publicidad, pero la Sala, de oficio, puede decidir lo contrario "debido a circunstancias excepcionales".
También, excepcionalmente, el acceso a la sala de audiencia podrá prohibirse para la prensa y el público para la protección de los valores o intereses de la sociedad, de los menores o de la vida privada de las personas.
Las lenguas de las actuaciones
En este marco de equidad se resuelve el arduo problema de las lenguas a utilizar ante un tribunal internacional como el de Estrasburgo. Por regla general, las lenguas del procedimiento son el francés o el inglés, que son las lenguas oficiales del Consejo de Europa (art. 34.1 RTEDH). Las graves dificultades de la interpretación son, sin duda, una de las más importantes limitaciones del procedimiento ante las instancias internacionales. En el procedimiento ante el Tribunal se intenta paliar el escollo lingüístico mediante un mecanismo de excepciones, para ello, la regla general es modulada con un sistema de autorizaciones concedidas por el Presidente de la Sala con base en una distinción según se trate del demandante, del Estado demandado o interviniente y de los testigos y peritos.
En la fase inicial del proceso hasta que se dicta la resolución sobre la admisibilidad de la demanda, la comunicación con el demandante o su representante y todas las observaciones por éstos realizadas, pueden hacerse o redactarse en francés o en inglés, o "en una de las lenguas oficiales de las Partes Contratantes". Por lo que respecta a España, la lengua oficial es el castellano.
Admitida la demanda, las observaciones del actor deben hacerse o redactarse en francés o inglés, "excepto si el Presidente de la Sala autorizara continuar utilizando la lengua oficial de una Parte Contratante", pero en este caso el Secretario adoptará las medidas necesarias para la interpretación o traducción de las declaraciones u observaciones del demandante.
La representación del Estado demandado, interviniente o demandante
Conforme al art. 34.4 RTEDH, todas las comunicaciones del Tribunal con las Altas Partes Contratantes y las observaciones que formularen "deberán hacerse o redactarse en una de las lenguas oficiales del Tribunal". El Presidente de la Sala podrá autorizar el uso de una lengua no oficial, pero, en este caso, el Estado que la propuso "deberá proporcionar y asumir los gastos de la interpretación o la traducción al inglés o al francés de las observaciones orales o escritas". El Presidente de la Sala puede también invitar al Estado demandado a que proporcione al demandante una traducción de sus observaciones escritas en su lengua oficial, si no fuera la del demandante, con el fin de facilitar su comprensión (art. 34.5).
Testigos, peritos o comparecientes
Cada uno de ellos podrá utilizar su propia lengua si carece del conocimiento suficiente de alguna de las lenguas oficiales del Tribunal y el Secretario adoptará las disposiciones precisas para su traducción.
La lengua de las resoluciones de admisibilidad y de las sentencias será el francés o el inglés, salvo si el Tribunal decide dictarlas en las dos lenguas oficiales.
Iniciación y fase de instrucción
El procedimiento se inicia con la presentación del escrito de demanda firmado por el actor o por su representante o con la comunicación de la intención de formularla. En este caso, a su recepción, la Secretaría le remite al comunicante un "formulario de demanda" que ha de rellenar el demandante o quien le represente. Según el art. 47.5, la fecha de la presentación se retrotrae a la de la "primera comunicación del actor expresando el objeto de la demanda", teniendo el Tribunal facultad "para decidir señalar otra fecha si lo considera necesario". Presentada la demanda, o recibida la comunicación en la Secretaría, se registra, se le dará número y se dará cuenta al Presidente del Tribunal, quedando depositada en la Secretaría (art. 33.3). El Presidente del Tribunal atribuirá el conocimiento del caso a una de las cuatro Secciones, y en caso de urgencia, puede autorizar que el Secretario informe al Estado demandado de la presentación de la demanda (art. 40).
El Juez Ponente
El Presidente de la Sección designa al Juez que ha de examinar la demanda en calidad de Juez Ponente, a quien corresponde, como Juez instructor de la admisibilidad de la demanda presentada: a) solicitar a las partes del caso la aportación de los informes relativos a los hechos, documentos o cualquier otro dato que estime pertinentes; y b) decidir, por medio de un informe, si la demanda debe ser examinada por un Comité o por una Sala, salvo que el Presidente de la Sección ordene que el asunto sea sometido a una Sala. A la vista de la instrucción practicada, puede proponer en su informe la inadmisibilidad o el archivo de la demanda (art. 49).
Cuando el Juez ponente decide que un caso sea examinado por un Comité, es decir, a los fines de que decida por unanimidad declarar inadmisible la demanda individual o su archivo, el informe deberá contener una breve exposición de los hechos y de los motivos en los que funda su propuesta de admisibilidad o archivo. Pero si decide que la admisibilidad del caso, por las cuestiones que plantea, debe ser sometida a una Sala, el informe deberá contener, además de los hechos e informaciones obtenidas en su investigación, "una relación de las cuestiones que plantea la demanda desde el punto de vista del Convenio" y una propuesta "sobre la admisibilidad, así como sobre cualquier medida a adoptar y, de ser necesario, una opinión provisional sobre el fondo" (art. 49.4).
La Sala puede inhibirse en favor de la Gran Sala cuando estima que la demanda plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio y sus protocolos, o en caso de posible contradicción de jurisprudencia u otra circunstancia excepcional.
El Comité de inadmisibilidad
Concluida la instrucción del Juez Ponente, la demanda es remitida, con su informe-propuesta, al órgano del Tribunal al que compete pronunciarse sobre su inadmisibilidad o archivo provisional o sobre la admisibilidad de la misma. Los órganos del Tribunal que conocen de esta materia son el Comité y la Sala.
El Comité tiene un conocimiento muy limitado del asunto y delibera a la vista del informe del Juez Ponente; resuelve por unanimidad, y sin ulterior recurso, solamente sobre la inadmisión o el archivo provisional de la demanda. Si no alcanza la unanimidad o cuando considera que es necesario un examen del asunto para pronunciarse, remite las actuaciones a la Sala. La Sala resuelve ya con plenitud de conocimiento sobre la admisibilidad.
Cuando el Comité no llega a la resolución de inadmisibilidad o de archivo provisional de la demanda, bien por no alcanzar la unanimidad, bien porque considere que el caso requiere un examen complementario, remite la demanda a la Sala para que decida sobre su admisión y, en su caso, el fondo del asunto (arts. 29.1 CEDH y 53.4 RTEDH). La Sala conoce de la demanda siguiendo el orden en que "están preparadas para su examen", a menos que "otorgue prioridad a una concreta demanda".
La Sala está compuesta de 7 Jueces, uno de los cuales es el "Juez nacional", y está presidida por el Presidente de la Sección. Su competencia, a diferencia de la del Comité, es plena y se extiende al conocimiento no sólo de la admisión de la demanda sino sobre el fondo del asunto.
En el ejercicio de su competencia, la Sala puede, a la vista de las actuaciones del Comité (que incluyen el informe-propuesta del Juez Ponente), declarar inadmisible o el archivo de la demanda "de manera inmediata".
Si no adopta esa resolución, se abre una fase de instrucción, que incluye: a) solicitar a las partes que le faciliten cualquier tipo de información relativa a los hechos, cualquier documento u otros datos que juzgue pertinentes; b) dar traslado de la demanda al Estado demandado para que presente por escrito las observaciones oportunas, en las que podrá oponer sus excepciones a la admisibilidad de la demanda; y, c) invitar a las partes a que presenten por escrito las observaciones oportunas. Hasta ese momento, el Estado demandado puede no haber tenido noticia de la demanda, ya que la comunicación al Gobierno, por medio de su Agente, se efectúa con el traslado que hace la Sala.
Esta etapa procesal escrita puede incluir, a instancia de parte o de oficio, la celebración de una vista. En este último supuesto, la materia litigiosa no se limita a la admisibilidad de la demanda, sino que permite entrar en el fondo de las cuestiones que plantea la demanda "salvo cuando la Sala, excepcionalmente decida lo contrario". Si no entra en el fondo del asunto, la decisión se limitará a la cuestión de admisibilidad y toma la forma de resolución que habrá de indicar si ha sido adoptada por unanimidad o por mayoría; "estará acompañada o seguida de su motivación" y se notificará por el Secretario al demandante y al Estado demandado.
A tenor del art. 29.3 CEDH, "salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución acerca de la admisibilidad se toma por separado." En cuanto al procedimiento a seguir, el art. 55.5 RTEDH faculta al Presidente de la Sala para "señalar el procedimiento incluidos los plazos".
La adopción de medidas cautelares en el proceso de amparo europeo, no prevista en el Convenio.
La reforma del Convenio por el Protocolo nº 11 no ha modificado esa situación normativa y la regulación de las medias cautelares continúa en el Reglamento del Tribunal (art. 39). Según esta ordenación, "la Sala o, en su caso, su Presidente podrá, a instancia de parte o de cualquier persona interesada, o de oficio, indicar a las panes cualquier medida cautelar que estime necesaria para el interés de las partes o para el buen desarrollo del proceso".
Formas anormales de terminación del proceso: cancelación de la demanda y el arreglo amistoso
No obstante la naturaleza pública del proceso de amparo europeo y su finalidad de orden público del respeto de los derechos y libertades de individuales ("que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo", en expresión del Preámbulo del CEDH), el sistema procesal de protección individual descansa en el principio dispositivo. En consecuencia, la víctima de una violación de sus derechos fundamentales imputada al Estado en la demanda individual, y otro Estado Parte en el Convenio en las demandas interestatales por violación de derechos fundamentales, no sólo tienen la posibilidad de acudir o no acudir al amparo europeo, sino que conservan su derecho a la finalización del mismo mediante fórmulas autocompositivas como el desistimiento o la transacción ("arreglo amistoso") con el Estado demandado, que pone fin al proceso en cualquier fase del mismo.
Sin embargo, este principio no es del todo absoluto. El objeto y los fines que el amparo de los derechos fundamentales se propone no deja sólo a la voluntad de la parte actora la constatación de la violación alegada, sino que el Tribunal que ha tenido conocimiento del hecho denunciado está investido de una facultad de investigación para comprobar no sólo si se cumplen los requisitos objetivos del desistimiento, sino si ha cumplido el compromiso contraído por el Estado demandado, según el CEDH, del respeto de los derechos humanos. Ello implica un procedimiento de instrucción ad hoc, que termina por una sentencia decidiendo el archivo de la causa, que, además, no es definitivo, sino provisional, ya que puede reabrirse si nuevas circunstancias así lo hicieran conveniente, siempre a criterio del Tribunal.
La cancelación de la demanda
La variedad de motivos que conducen al archivo de la causa se exponen en el art. 37 CEDH, a cuyo tenor "en cualquier momento del procedimiento, el Tribunal podrá decidir cancelar una demanda del registro de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar: a) que el demandante no está dispuesto a mantenerla; o, b) que el litigio ha sido ya resuelto; o, c) que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no está justificada la prosecución del examen de la demanda." En todo caso, los tres motivos del archivo (o cancelación) exigen la decisión del Tribunal que, en cada supuesto, ha de realizar la doble comprobación de:
La realidad del desistimiento del proceso entablado, o si existe cosa juzgada, o si las circunstancias del actor o de la demanda muestran la falta de interés del demandante (su conducta procesal, el fallecimiento de la víctima o la modificación de las circunstancias del actor, etc.); y
De las circunstancias de la violación alegada y las observaciones del Gobierno del Estado demandado en relación con el respeto del derecho objeto de la demanda. De lo contrario, "el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos garantizado por el Convenio y sus protocolos." (art. 37.1 CEDH). Lo que supone una investigación del Tribunal que ha de incluir la constatación de las medidas adoptadas por el Gobierno para que, en el futuro, dichas situaciones no vuelvan a producirse.
El Reglamento exige que la resolución de archivar una demanda declarada admisible revista la forma de sentencia. Luego de ser firme, "el Presidente de la Sala lo comunicará al Comité de Ministros para permitirle que vigile... la ejecución de los compromisos a los que han podido subordinarse el desistimiento, el arreglo amistoso o la resolución del litigio". En caso de archivo, las costas se fijarán discrecionalmente por el Tribunal. Esta norma parece aplicarse a todos los desistimientos así del demandante estatal como del individual, aunque omite el procedimiento a seguir en caso de desistimiento de demandas individuales, que habrá de seguir las pautas de la jurisprudencia de la Comisión siguiendo las ya mencionadas de su Reglamento.
La naturaleza provisional de la cancelación se establece en el art. 44.4, según el cual "el Tribunal podrá acordar la reapertura del caso cuando estime que circunstancias excepcionales lo justifiquen." B) El arreglo amistoso El arreglo amistoso entre las partes reviste en el Convenio (arts. 38.1 y 39) el carácter de solución del caso situado al mismo nivel que el enjuiciamiento del fondo del asunto. El Tribunal, tras declarar admisible la demanda e iniciar el "examen contradictorio", "se pondrá a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso del caso, inspirándose para ello en el respeto de los derechos humanos según los reconocen el Convenio y sus protocolos". No se trata, pues, de ejecutar la transacción de las partes, sino de promoverla para conseguirla en las condiciones del precepto citado.
El procedimiento, que es confidencial, se conduce por el Secretario del Tribunal y se sigue en una pieza que se inicia con la instrucción de la Sala o del Presidente de ponerse en contacto con las partes para llegar a un acuerdo amistoso conforme al art. 38.1.b CEDH. Se siguen las respuestas de ambas partes o las observaciones que se hagan. A tenor del art. 62.2 RTEDH, las negociaciones serán confidenciales "y no podrán mencionarse o invocarse en el proceso las comunicaciones escritas u orales o el ofrecimiento o concesión realizados en el marco de estas negociaciones." Si se alcanza el acuerdo, que suele plasmarse en un documento firmado por el demandante y la representación del Gobierno, el Secretario dará conocimiento a la Sala, que podrá acordar las medidas precisas para asegurarse que el citado arreglo se inspira en el respeto de los derechos humanos (art. 62.
Tales medidas pueden comprender reclamar al Estado demandado observaciones sobre las medidas para la preservación del derecho cuya violación se alega en el futuro. La Sala resuelve el archivo del caso por medio de sentencia "que se limitará a la exposición de los hechos y a la solución adoptada" (art. 39 CEDH); en ella suele mencionar su jurisprudencia anterior en la aplicación del art. del Convenio que reconoce el derecho invocado en justificación de la no necesidad de pronunciarse de nuevo en el asunto.
Cuando la Sala haya resuelto la admisión de la demanda individual, "procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias." (art. 38 CEDH). La apertura de la fase de enjuiciamiento se compatibilizada con el procedimiento de arreglo amistoso.
En orden a obtener el "examen contradictorio" de las alegaciones fácticas de las partes del litigio, la Sala podrá invitarlas "a que aporten otros medios de prueba y sus observaciones escritas" (art. 59.1).
Precisamente en las observaciones escritas deberá formular el demandante su solicitud de satisfacción equitativa, acompañándola de los justificantes correspondientes y, si no los tuviere preparados o disponibles, hará aquella solicitud en un documento específico presentado 2 meses después de la resolución que declare admisible la demanda (art. 60.1 RTEDH).
La vista sobre el fondo del asunto se celebrará cuando lo acuerde la Sala de oficio, o cuando lo solicite una de las partes, si no se hubiere celebrado una vista relativa al fondo en la fase de admisibilidad.
También en esta fase, el Presidente determina el procedimiento escrito u oral a seguir (art. 59).
La vista está presidida por el principio de contradicción. Excepcionalmente, cuando una parte no se presente, sin justificación, la Sala puede acordar que continúe la vista, pero sólo "si lo estima compatible con una buena administración de justicia" (art. 64). La vista es pública, con las excepciones ya examinadas y la dirección de los debates corresponde al Presidente de la Sala, que fija el orden de las intervenciones y ordena la práctica contradictoria de las pruebas propuestas por las partes o acordadas de oficio.
El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo [es un principio jurídico propio del Derecho procesal de ordenamientos jurídicos históricos, en el que el juez o tribunal que instruía y juzgaba el proceso era parte activa en éste, sumando sus propias alegaciones y pretensiones a la causa en la que posteriormente emitiría sentencia] influye, lógicamente, en los principios relativos a la prueba. Esta actividad está también atemperada por los principios de aportación y de investigación de oficio. Así lo refleja con claridad el art. 42 RTEDH, al disponer que la Sala puede acordar la práctica de medios de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos: "a instancia de parte, de un tercero o de oficio".
Los medios de prueban incluyen la documental, testifical y pericial, la inspección ocular o cualquier medio de instrucción. La Sala puede, además, "en cualquier momento del proceso encargar a uno o varios de sus miembros o a otros Jueces del Tribunal que procedan a una investigación, a una inspección ocular o cualquier otra medida de instrucción" (art. 42.2 RTEDH).
La prueba se practica en la vista con los representantes de la partes e incluso de terceros interesados a invitación del Tribunal, pudiendo los Jueces de la Sala formular preguntas (art. 68.1 RTEDH).
El examen de los testigos, peritos y demás personas invitadas se realiza, "bajo control del Presidente de la Sala", por los Agentes, Abogados y Asesores de las partes.
El resultado de la vista constará en acta cuando la Sala así lo acuerde (art. 70.1).
En cualquier momento del procedimiento ante la Sala, así en la fase de admisión como en la de conocimiento del fondo, cuando estimara que el asunto "plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, salvo que una de las partes se oponga a ello" (art. 30 CEDH).
La resolución de inhibición, que no necesita ser motivada es, pues, facultativa de la Sala y ha de ser comunicada a las partes para que, en el plazo de un mes a partir de la notificación por el Secretario, puedan presentar por escrito su oposición "debidamente motivada".
Si no se hubiera producido la incidencia de inhibición en favor de la Gran Sala, la Sala ha de resolver sobre el fondo del asunto mediante sentencia, que serán definitivas. La condición exigida vale, sin embargo, para sostener que no son definitivas porque cabe interponer un recurso ante la Gran Sala (arts. 43 y 44 CEDH) cuando "el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general."
La sentencia, el pronunciamiento sobre la satisfacción equitativa
La sentencia sobre el fondo del asunto
Las sentencias de la Sala y de la Gran Sala tienen el contenido común:
un encabezamiento, con los nombres del Presidente y demás Jueces que componen la Sala y del Secretario, la fecha de la deliberación y del fallo, identificación de las partes y el nombre de los Agentes, Abogados y Asesores de las partes;
un cuerpo con la exposición del procedimiento, los hechos del caso, que comprenden el Derecho interno aplicable y el resumen de las conclusiones de las partes;
la fundamentación jurídica en relación con cada una, si fueran varias, las violaciones alegadas, con un pronunciamiento previo sobre la excepción opuesta a la admisibilidad de la demanda, si no hubiera sido objeto de una resolución anterior, y una conclusión sobre la pretendida violación;
el fallo y, en su caso, la decisión sobre costas; si no se alcanzó la unanimidad, la indicación de los Jueces que constituyen la mayoría (art. 74 RTEDH).
A la sentencia se une la exposición de la opinión separada, concordante o disidente, de los Jueces participantes que la hacen, o una simple declaración de su disentimiento (art. 74.2 RTEDH).
Una vez firmada por el Presidente de Sala y el Secretario, la sentencia es leída en audiencia pública por el Presidente de la Sala o por otro Juez que designa, con citación de los Agentes y representantes de las partes y es accesible al público. Una vez firme, se publican bajo la responsabilidad del Secretario "en la forma adecuada" y en el repertorio oficial (arts. 77 y 78).
Para el caso de que la Sala constate una violación del Convenio, ha de decidir en la propia sentencia sobre la aplicación del art. 41 CEDH que hubiere alegado la parte. A tenor de este artículo "si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parta Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa." El carácter declarativo de las sentencias del Tribunal le impide no sólo la "condena" del Estado demandado infractor, sino, de cualquier modo, indicar el medio de conseguirse la reparación adecuada para obtener la plena restitución del derecho violado de la víctima, que ha de realizarse por el Estado demandado de buena fe "acatando" la decisión del Tribunal Europeo.
Sin embargo, el Convenio faculta al TEDH para que, a instancias del demandante, compruebe si el orden interno del Estado demandado puede asegurar la plena y perfecta restitución del derecho fundamental y, si "sólo lo permite de manera imperfecta", fijar una reparación equitativa. Esta satisfacción consiste, generalmente, en fijar el importe de la indemnización compensadora del daño material y moral sufrido como consecuencia de la violación, pero que no se concede cuando el Tribunal, comprobada la realidad del daño alegado y su relación con la violación declarada, hace constar en el fallo que la constatación de la violación constituye, por sí misma, una satisfacción equitativa para el demandante.
La prestación resarcitoria como "prestación de recambio" para el caso de no ser posible, natural o jurídicamente, la plena restitución del derecho violado ha de ser alegada por el demandante en las observaciones escritas sobre el fondo o en un "escrito específico" (art. 60.1 y 2 RTEDH). Asimismo, debe especificar "por conceptos" sus peticiones, uniendo los "justificantes necesarios". Los "conceptos" comprenden:
la indemnización por perjuicios materiales y por los perjuicios morales, cuando existe un nexo causal entre el daño y la violación;
las costas (honorarios y costas judiciales causadas en las instancias nacionales y ante el TEDH); y
los gastos, cuando demuestre su existencia, necesidad y razonabilidad respecto al quantum solicitado. Si el pago no se produce en el plazo que indique, se acumularán los intereses de demora.
La aclaración de sentencia se refiere al fallo, y el Tribunal la realiza a instancia de parte, "en el plazo de un año a contar desde el pronunciamiento de la misma", debiendo la parte indicar "con precisión el o los puntos del fallo de la sentencia cuya aclaración se solicita" (art. 79.1 y 2). La Sala inicial podrá inadmitir, de oficio, la aclaración, pero si la admite a trámite se resolverá mediante sentencia, por los mismos trámites que ahora se examinan del recurso de revisión de las sentencias firmes.
Respecto a la rectificación de errores en las sentencias y otras resoluciones, se limita a los "errores tipográficos o de cálculo y a las inexactitudes evidentes", que pueden ser rectificados por el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, cuando esta petición se realiza en el plazo de un mes a contar desde el pronunciamiento de la sentencia (art. 81).
En la organización del Tribunal se crea una Gran Sala compuesta por 17 Jueces, el Tribunal al Pleno lo componen 43 (a fecha de 2003). Este elevado número de Jueces asegura suficientemente la presencia de Jueces procedentes de los diversos sistemas jurídicos que coexisten en Europa y que componen las diversas Secciones.
La introducción de este recurso (eufemísticamente denominado "remisión ante la Gran Sala" por el Convenio, art. 43) ha sido, con razón, muy criticada. Puede permitir una utilización abusiva y, por tanto, constituir una nueva causa de retrasos. Además de que en su formación, se incluye al Presidente de la Sala sentenciadora y al Juez "nacional" del Estado demandado; y, por tanto, "contaminados" en su imparcialidad, según la constante jurisprudencia del TEDH al aplicar el art. 6.1.
El recurso se somete a tan estrictos requisitos de admisión que es de prever que no resulte, ni siquiera práctico. Parece que se introdujo para permitir, al menos en la letra, una segunda instancia.
En cuanto al procedimiento, la parte que solicita la remisión a la Gran Sala deberá presentar su escrito en la Secretaría en el plazo de 3 meses a contar desde el pronunciamiento de la sentencia. En el escrito indicará "la importante cuestión relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus protocolos, o la cuestión relevante de carácter general que según ella merece ser examinada por la Gran Sala".
A la recepción de la petición de remisión, se constituirá un Colegio de admisión constituido por 5 Jueces de la Gran Sala, con exclusión del Presidente de la Sección de la que se constituyó la Sala sentenciadora y de los Jueces de ella y, entre ellos, expresamente del Juez "nacional", para velar por su imparcialidad. El Colegio examinará la petición "únicamente con los datos obrantes en los autos" y sólo la admitirá cuando estime que el asunto efectivamente plantea las cuestiones excepcionales invocadas, sin que tenga que motivar su resolución de inadmisión.
Cuando el Colegio admite el recurso (o "petición de remisión") de la parte, la Gran Sala conoce del mismo con plenitud de jurisdicción conforme al procedimiento ante las Salas, cuya disposiciones, mutatis mutandis, se aplicarán al procedimiento ante la Gran Sala. La sentencia que dicte será firme (CEDH).
El Convenio no menciona el supuesto de la revisión de una sentencia firme por causas derivadas del conocimiento posterior a la sentencia de un hecho desconocido para el Tribunal y de tan decisiva importancia que hubiere cambiado su sentido.
El Reglamento del Tribunal la regula en el art. 80, y la articula como una "demanda de revisión de una sentencia". A tenor de este precepto, la revisión se hace siempre a instancia de parte "cuando se descubre un hecho que, por su naturaleza, podría haber ejercido una influencia decisiva sobre el fondo del asunto ya resuelto y que, cuando se dictó la sentencia, era desconocido por el Tribunal y no podía razonablemente conocerse por una parte." El derecho de la parte a solicitar la revisión está sometido a un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que la parte tuvo conocimiento del hecho descubierto. La demanda de revisión debe "contener las indicaciones necesarias para acreditar aquellas condiciones y acompañarse de los documentos en que se funde" (art. 80. 2).
La misma Sala que dictó la sentencia objeto de revisión (o, cuando no es posible la CE de la Sala inicial, la que el Presidente del Tribunal complete o constituya por sorteo) puede, de oficio, declarar inadmisible la demanda "cuando estime que no existe razón alguna que justifique el examen". Si no la declara inadmisible, el Secretario la notifica a las partes interesadas para que presenten observaciones escritas en el plazo que fije el Presidente de la Sala. Si la Sala considera necesario que se celebre una vista, señalará el plazo. El procedimiento termina por sentencia.
La ejecución de las sentencias de TEDH
La ejecución de la sentencia de un Tribunal internacional, como es el de Estrasburgo, plantea siempre el problema de su encaje en el ordenamiento jurídico del Estado afectado cuando ese Tribunal carece de medios coactivos para asegurar el cumplimiento de lo acordado. Las sentencias "definitivas" del TEDH son, además, según la ordenación del Convenio, "esencialmente declarativas y deja a los Estados la elección de los medios a utilizar en orden jurídico interno para cumplirlas". Hasta los pronunciamientos resarcitorios consistentes en el pago de sumas de dinero, así como en las sentencias de constatación de violación y las de archivo de la causa cuando las partes han alcanzado un arreglo amistoso, no revisten el carácter de pronunciamientos de "condena al Estado demandado", ya que son pronunciamientos, también declarativos, que imponen al Estado demandado el "deber" de pagar las cantidades que el Tribunal señala.
Por lo general, las sentencias del Tribunal se vienen cumpliendo en sus propios términos de manera satisfactoria.
El art. 46 CEDH es la única norma-marco de la ejecución de las sentencias. Establece, en su apartado 1, el compromiso expreso de los Estados Partes en el Convenio de "acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes"; y, su apartado segundo, encomienda al Comité de Ministros del Consejo de Europa el control de esa obligación internacional "velando" por la ejecución de la sentencia que, a tal fin, el Tribunal ha de transmitirle.
La actuación del Comité de Ministros está regulada por unas Reglas, cuando el Tribunal le da traslado de una sentencia, el asunto se inscribe en el orden del día del Comité, y si en la sentencia se constata que ha habido una violación del Convenio y concede una satisfacción equitativa, "el Comité invita al Estado interesado a que le informe de las medidas adoptadas como consecuencia de la sentencia, habida cuenta de la obligación que tiene de acatarla según el art. 53 -hoy 46.1- del Convenio" (Regla nº 2.a). El Comité de Ministros sólo considerará cumplidas sus funciones tras tener conocimiento de las informaciones proporcionadas "y, en el caso en que se haya concedido una satisfacción equitativa, después de haberse asegurado de que el Estado interesado ha concedido esa satisfacción equitativa a la parte perjudicada" (Regla nº 3). Cuando considera que ha cumplido sus funciones, lo hace constar en una Resolución (Regla nº 4), que es publicada en el Anuario del Consejo de Europa.
En cuanto a la efectividad del control del Comité de Ministros, es puramente de Derecho internacional: la medida prevista de retener el asunto en el orden del día de las reuniones periódicas del Comité es más persuasoria que coercitiva. Las sanciones, quizá más graves, están fuera del CEDH; así, el art. 3 del Estatuto del Consejo de Europa prevé que el respeto de los derechos humanos es un principio fundamental subyacente en la pertenencia al Consejo, y el art. 8 del mismo Estatuto faculta al Comité de Ministros para suspender o incluso expulsar del Consejo de Europa a cualquier miembro culpable de graves violaciones de derechos humanos. Por ello, la eficacia del control está en la buena fe de los Estados Partes en el cumplimiento del Convenio y en la opinión pública nacional interesada en el buen funcionamiento de esta garantía europea.
La ejecución de la sentencia corresponde, por tanto, de manera exclusiva al Estado demandado como obligado internacionalmente a "acatarla", ya que el Tribunal (a diferencia del sistema español) carece de jurisdicción para ejecutar sus propias sentencias, limitándose a juzgar el litigio y a transmitir la sentencia definitiva al Comité de Ministros, que es el órgano competente de vigilar la ejecución de la sentencia por el Estado demandado. Las reservas que pueda suscitar la solución del Convenio, por atribuir la ejecución a la parte "condenada", se soslayan por la intervención vigilante del Comité de Ministros en el cumplimiento por el Estado de los pronunciamientos "condenatorios" de la sentencia.
Al corresponder la ejecución al Estado demandado, el efectivo cumplimiento de los pronunciamientos del Tribunal tiene que insertarse en su ordenamiento interno, que puede, previsoramente, tener dispuesta la normativa que asegure el cumplimiento de las sentencias del TEDH.
Este Tribunal no tiene la consideración de "extranjero", ya que su jurisdicción ha sido reconocida por dicho Estado Parte en un tratado internacional por éste ratificado y que, por ello, se integra en el ordenamiento jurídico propio; pero que tampoco es un tribunal "supranacional" -como lo es el TJCE-.
En defecto de una normativa -constitucional o legal- que regule aquella ejecución, la sentencia habrá de cumplirse por la Administración del Estado según las normas de su Derecho interno, con sus fondos propios o adoptando las medidas administrativas dentro de su competencia o impulsando las medidas legislativas que eviten en el futuro la constatación de nuevas violaciones, así como pagar con cargo al Estado las sumas que debe abonar en concepto de indemnización, de costas o gastos del proceso. En el caso de sentencias firmes, la solución puede pasar por un proceso de revisión, siempre que el sistema procesal del Estado lo permita; de no existir dicho proceso, la "satisfacción" de carácter económico concedida por el Tribunal es la única forma resarcitoria posible, sin perjuicio de los ofrecimientos del Estado de reformas legislativas para alcanzar la satisfacción del perjudicado.
La ejecución de las sentencias del TEDH en España
La ordenación constitucional española reconoce el valor interpretativo de la jurisprudencia del TEDH, en tanto que órgano encargado de la interpretación y aplicación del CEDH, que es un tratado internacional en materia de derechos fundamentales que la CE reconoce (art. 10.2 CE). Igualmente, nuestra Ley Fundamental establece el principio de que todos los poderes públicos vienen obligados a respetar el contenido esencial de tales derechos y libertades reconocidos en Capítulo II del Título I de la CE, cuya tutela puede recabar el ciudadano por el recurso de amparo ante el TC (art. 53.1 y 2 CE); así como que los tratados internacionales, una vez publicados oficialmente en España, forman parte de nuestro ordenamiento interno (art. 96.1 CE). Por otra parte, también establece el obligado cumplimiento de las sentencias firmes de los Jueces y Tribunales (art. 118 CE), aunque en el contexto español, y que el TS es el órgano judicial superior, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE).
No existe en España una regulación legal de la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, de maneta que permita su encaje en el sistema de justicia español a efectos de anular el acto o la resolución firmes que han causado la vulneración del derecho fundamental constatada en aquellas sentencias. Tampoco prevén las Leyes Orgánicas judiciales o procesales, ni la ejecución por los tribunales españoles de esas sentencias, ni la posibilidad, en materia de revisión de sentencias firmes, de que constituya un motivo de ese recurso que una sentencia del TEDH constate la violación de las garantías procesales en un proceso terminado por sentencia firme.
Por su interés, a este último respecto recogemos, en parte, la fundamentación de la STS de 2001, al desestimar el recurso de revisión interpuesto por la víctima de la vulneración del art. 10 CEDH, constatada en la STEDH Fuentes Bobo c.
España, aborda el tema de la ejecución, y afirma lo siguiente: "...la cuestión de fondo se centra en determinar si la sentencia del TEDH... puede entenderse que constituye un documento decisivo "recobrado", detenido por fuerza mayor o por obra de parte a efectos de aplicar el art. 1796 LEC... En el presente recurso, es manifiesto que una sentencia del TEDH... no encaja dentro del referido requisito de LEC...". Para que una sentencia del TEDH fuese causa o instrumento de la revisión de sentencias firmes, tendría que modificarse la legalidad actual, como han hecho los Estados de Noruega, Luxemburgo, Malta y el cantón suizo de Appenzell, estableciendo para ello un nuevo motivo legal de revisión.
En este marco constitucional y legal, puede constatarse, pues, una "laguna" en la ejecución de una sentencia del TEDH estimatoria de la violación del derecho fundamental alegada por el demandante, de la que sea responsable el Estado español, con el eventual pronunciamiento del pago de la suma de dinero fijada en concepto de indemnización por daños materiales y morales derivados de la violación de ese derecho, más el de las cantidades fijadas en concepto de costas procesales y gastos.
El Gobierno español -como hacen otros Gobiernos-, al recibir la notificación de la sentencia por su representación ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, se encarga de la ejecución dentro de sus competencias (mediante una Oficina de Derechos Humanos ubicada en el Ministerio de Justicia), paga las sumas de dinero que se le han señalado con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y adopta las medidas que estima necesarias pata la efectividad del pronunciamiento del Tribunal. Estas medidas pueden incluir, además de las administrativas, si la violación se produce en el funcionamiento de las AAPP, la iniciativa legislativa para promover la reforma legal que impida que en el futuro vuelvan a producirse hechos similares a los de las sentencia o una comunicación de la sentencia al Consejo General del Poder Judicial cuando la vulneración se ha producido en el ámbito de los tribunales de justicia en un procedimiento judicial terminado por resolución firme y obligatoria.
Cuando la vulneración se produce en un proceso terminado por sentencia firme -lo que incluye el pronunciamiento del TC en el recurso de amparo que agota la vía interna española-, el TC ha tenido ocasión de pronunciarse en su sentencia de 1991 en el recurso de amparo 245/1991 interpuesto por tres condenados que estaban cumpliendo penas de prisión impuestas por sentencia del TS en un procedimiento que el TEDH consideró que "tomado en su conjunto" no satisfacía las condiciones del proceso justo garantizado en el art. 6.1 CEDH. Su petición de anulación de la sentencia (basada en la ejecución de la sentencia citada del TEDH) fue denegada por el TS (Sentencia de 1990). En esta sentencia, la Sala 2ª del TS estimaba que, en defecto de una ley específica, las irregularidades señaladas por el TEDH producidas en el proceso sólo podían ser remediadas por medio de un indulto del Gobierno respecto a las penas de prisión aún no cumplidas, y por la de una reparación alternativa (pecuniaria) respecto a las penas cumplidas. El TC, en la sentencia antes reseñada, concedió el amparo a los tres condenados y ordenó la nulidad de la sentencia, así como retrotraer el procedimiento al momento de la vista del juicio en la que se advirtieron las irregularidades. En su fundamentación declaraba que la cuestión planteada no era la fuerza obligatoria de las sentencias del TEDH, que era "incuestionable", sino, más bien "la obligación de los poderes públicos -y en lo que aquí interesa en la obligación del TC- de tutelar y reparar satisfactoriamente una lesión de un derecho fundamental que sigue siendo actual". Y, con invocación del art. 55.1 de la LOTC y de su Sentencia 185/1990, afirmó la potestad del TC de revisar vicios procesales o situaciones de indefensión "ya que el recurso de amparo es en la actualidad el único remedio frente a situaciones de indefensión constitucional causadas por vicios procesales advertidos después de que haya recaído Sentencia definitiva y firme, cuando contra ella no esté previsto remedio procesal ante los Tribunales ordinarios...".
El TC resumía su posición "la nulidad que no le está permitida pronunciar al TS ni a otros órganos judiciales ordinarios, por imperativo legal en supuestos como el presente, sí le está dado pronunciarla a este Tribunal por la vía del recurso de amparo". En su voto discrepante, el Magistrado Gimeno Sendra estimaba que por esa decisión el Tribunal "se ha atribuido funciones normativas y convertido en un órgano ejecutor de las sentencias del TEDH, ha ignorado la caducidad y desnaturalizado el amparo convirtiéndolo en un recurso de revisión", partiendo de que no existía la resolución lesiva de derechos fundamentales ya que la sentencia del TS impugnada no infringía derecho fundamental alguno al reconocer que no podía acceder a la restitutio in integrum solicitada por los recurrentes, al no permitir el ordenamiento interno la anulación de las sentencias penales impugnadas.
Sin embargo, el TC no ha admitido, en posteriores resoluciones, los recursos de amparo interpuestos por víctimas de la infracción del derecho a un proceso justo que garantiza el art. 6.1 CEDH, constatadas en sendas sentencias del TEDH, alegando que las situaciones eran distintas de las contempladas en la sentencia 245/1991, es decir, no se trataba de asunto penal en el que los demandantes de amparo estaban cumpliendo pena privativa de libertad por sentencia firme impuesta en un proceso en el que se vulneró el art. 6 CEDH.

References: resolución 
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