Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2016_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-27 12:31:31+00:00

Document:
El Yo Acuso Argentino: febrero 2016
Capítulo 846 - En un CANI tanto las fuerzas gubernamentales como las organizaciones criminales parte, tienen obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario. (continuación)
Pasa por alto la justicia argentina, que el objeto procesal adecuado que deviene del accionar de los
atacantes comprende también, no sólo el accionar militar, rechazando
legítimamente a los agresores, sino la conducta observada por éstos. No se investigó el origen
de las armas que utilizaron, muchas de ellas
que ni nuestras Fuerzas Armadas tienen en su poder. No se investigó
acerca de la posible existencia de un
planeamiento anterior al evento citado.
Los que entienden el tema de la agresión marxista contra nuestro país, saben de
sobra que la guerrilla no se comporta de forma aislada, como ingenuamente
sostiene el fallo del tribunal.
No podemos admitir que nuestros jueces, al tener ante sí un episodio como
el de La Tablada, se pronuncien jurisdiccionalmente, sin tener en cuenta la actividad guerrillera, en su integralidad, es decir en el territorio argentino y en el territorio de los países del Cono Sur de América. Ciertos eventos que aislados no dicen
nada, haciéndolos jugar con otros elementos de convicción, harían variar, en
más de una ocasión la valoración de las conductas que juzgan. Si en cambio, en lugar de tratar armar el rompecabezas, se valora aisladamente una a una cada
pieza, nunca absolutamente nunca, se podrá
llegar a la verdad de lo sucedido, a fin de poder
juzgar con acierto, las responsabilidades de
cada encartado.
No está demás añadir que “El Derecho Internacional Humanitario vincula a todas las partes en un conflicto armado. En los
conflictos internacionales, el Derecho Internacional
Humanitario debe ser observado por los
Estados implicados, mientras que, en un
conflicto interno, el DIH vincula al
gobierno, así como a los grupos que se enfrenten
a él o entre sí. Por ello, el DIH establece normas que son aplicables tanto a los
actores estatales como a los no estatales.
Dispone, además, que los individuos pueden ser hallados penalmente responsables
de infracciones graves de los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I,
y de otras violaciones graves del DIH, en conflictos armados
internacionales y no
que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una fuente muy peculiar
del derecho, por los importantísimos
estudios y ensayos realizados sobre este tema, ha sido requerido en distintas ocasiones ya que se le han encomendado diversos trabajos
relacionados con los CAI y los CANI. Una vez más, avocándose a la tarea que le
fuera encomendada oportunamente en otras ocasiones, en un brillante artículo
presentado en la “XXXI Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la media Luna Roja”
que se realizó en Ginebra, Suiza entre el 28 de noviembre y el 1° de
diciembre de 2011, titulado “El derecho
internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados
contemporáneos”, dio cumplimiento al
pedido del citado organismo. (https://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf) Destacamos
los siguientes párrafos del documento, que hizo suyo sin hesitación alguna la
Conferencia aludida, relacionados con los referidos conflictos: “Según el DIH, la
motivación de los grupos organizados en una
situación de violencia armada no es un
criterio para determinar la existencia de un
conflicto armado. En
primer lugar, incluir ese criterio significaría abrir la puerta a una cantidad
de razones basadas en motivaciones posiblemente numerosas. En segundo lugar, el
objetivo político es un criterio difícil de aplicar en muchos casos, ya que, en
la práctica, las motivaciones reales de los grupos armados no siempre son
fácilmente discernibles; y lo que vale como objetivo político sería materia de
controversia. Por último, no siempre es clara la distinción entre
organizaciones políticas y criminales, pues no es excepcional que las
organizaciones que luchan por fines políticos realicen al mismo tiempo
actividades criminales, y viceversa.”
“Huelga
decir que la clasificación jurídica de la
violencia tiene importantes
consecuencias prácticas, puesto que
determina la normativa jurídica aplicable, en especial las reglas que
deben observarse en el uso de la fuerza. Si se considera que una situación alcanza el
umbral de un CANI, se aplica el DIH relativo a la conducción de las hostilidades,
y tanto las fuerzas gubernamentales como las organizaciones criminales partes en ese
conflicto tienen la obligación de respetarlo.” Tales
conceptos explican racionalmente la postura ideológica que ha adoptado la
justicia de nuestro país. Se empecina en negar la realidad. Insiste en que
en la Argentina, en la década del 70, no existió ningún conflicto armado. De tal suerte que, las consecuencias derivadas del mismo, no apuntan a los integrantes de las sanguinarias bandas
subversivas. Como se ha afirmado, ello incide en la determinación de la norma jurídica aplicable. De allí que muchos se
interrogan porque a los militares se
les aplica una norma internacional más gravosa, mientras que a
los integrantes de las bandas que pretendieron barrer con las instituciones, cometiendo violaciones de los derechos humanos, se les aplicó solamente la imputación de la posible comisión de delitos criminales comunes, delito ordinarios, no alcanzados
por las normas que se oponen a declarar la
prescripción de la acción penal de los posibles delitos cometidos por sus
integrantes. Al
parecer nuestra justicia se guía por la máxima de “A
los enemigos ni justicia”. En efecto,
veamos que señala el CICR, con relación a la postura que se pretende endilgar a
quienes integraron las formaciones guerrilleras y cometieron delitos de lesa
humanidad: “Si está por debajo del umbral de un
CANI, las autoridades estatales deben respetar
las normas internacionales de los derechos humanos que deben aplicarse en las operaciones de mantenimiento del orden público. Las organizaciones criminales no
están obligadas a cumplir estas normas, pero sí
a respetar el derecho interno, incluida la
legislación pertinente del derecho penal.
Las diferencias entre las normas del DIH y del derecho de los derechos humanos
se tratan más detenidamente en las secciones relativas a la influencia
recíproca entre el DIH y el derecho de los derechos humanos.”. “Como
es sabido, las disposiciones convencionales que rigen los CANI son mucho menos
numerosas que las que regulan los CAI y no pueden responder forma adecuada a la
multitud de cuestiones jurídicas y de protección que se plantean en la
práctica. Se ha dicho que los CANI no están reglamentados de forma sustancial porque la aplicación del artículo 3 común está limitada, geográficamente, al territorio de un Estado parte en un conflicto armado. Esta opinión no es correcta porque
las disposiciones de ese artículo son, sin duda alguna, normas de derecho
consuetudinario y porque el DIH consuetudinario contiene muchas otras normas que son aplicables a un CANI. Publicado por
En un CANI tanto las fuerzas gubernamentales como las organizaciones criminales parte,
tienen obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Capítulo 845 - Asalto al cuartel del RIM. 3 de La Tablada y el Derecho Internacional de los conflictos armados
Presidente Alfonsín visitando el Cuartel RIM 3 La Tablada
que, de la lectura de la resolución adoptada por la Comisión Interamericana de
los DD.HH. in re Abella, surge palmariamente que el organismo ha aplicado al
caso, el Derecho de los Conflictos Armados. Es
éste “un conjunto de normas destinadas a limitar, por
razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. El derecho
de los conflictos armados protege a las personas que no participan o han
dejado de participar en las hostilidades y limita los medios y métodos de guerra permitidos. El
derecho de los conflictos armados también se conoce como “derecho
internacional humanitario” o “derecho de la guerra”. Estamos convencidos que no está demás repetir,
como lo hiciéramos anteriormente, que el Derecho Internacional Humanitario vincula a todas las partes en un conflicto armado. Mientras que en los
conflictos internacionales, el Derecho Internacional Humanitario debe ser
implicados, en un conflicto
interno como el que tuvo lugar en el episodio
citado anteriormente, el Derecho Internacional
Humanitario vincula al gobierno, así como a los grupos que se
enfrenten a él o entre sí. Por ello, el Derecho Internacional Humanitario establece normas que son aplicables tanto a los actores estatales como a los no estatales. Dispone, además, que los individuos pueden ser hallados
penalmente responsables de
infracciones graves de
los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, y de otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, en conflictos armados internacionales y no
Si regresamos al tema referente al asalto al cuartel de La
Tablada, asiento en ese entonces del Tercer Regimiento de Infantería Motorizada
general Manuel Belgrano, conforme las pautas dadas por la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, podemos
extraer en conclusión que la Comisión aplicó allí las normas destinadas a ese fin, o sea limitar por razones humanitarias el conflicto armado
que se produjo allí en la ocasión. Hay quienes niegan, a pesar
de todo, que en esa oportunidad
se haya aplicado el derecho internacional
humanitario o el denominado derecho de la guerra. No lo calificó así
nuestra justicia en todos los estadios donde la causa judicial fue estudiada. Relacionado con
los delitos de lesa humanidad, que presuntamente habrían cometido los
agresores, sostuvo la Justicia argentina, que se trató de “un acto aislado, espontáneamente
emprendido y no planificado con anterioridad, en
respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto
la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos”. (…)
pronunciamiento de nuestra Justicia, con relación a los eventos relacionados
con el Asalto al Cuartel Militar de La Tablada, viola palmariamente los Tratados
que, sobre el tema, la Argentina oportunamente ha rubricado. Se nos podrá
señalar que el Tribunal interviniente ha sancionado penalmente a los imputados
de tal evento criminoso, calificado como comisión de delitos criminales
ordinarios. Pero no se advierte que el Tribunal haya ordenado que la conducta de los
subversivos inculpados, enjuiciada y calificada penalmente, en ocasión de dictarse el
fallo, deba
ser subsumida a los tipos que correspondan a la comisión de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que se habrían cometido
atacarse a dicho Cuartel Militar. Nada se dijo sobre estos
gravísimos crímenes internacionales, a pesar de que a partir de
la reforma constitucional de 1994, la intención de universalizar los derechos
humanos quedó plasmada en el art. 75 inc. 22, que otorga, en forma expresa,
jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. O
sea que ostentan un nivel jerárquico superior al de la norma legal que da nacimiento
a nuestro Código Penal. Lo
que eleva jerárquicamente, a su vez, la obligación del Estado Argentino de investigar y sancionar penalmente las violaciones a los derechos humanos y
los crímenes contra la humanidad. No olvidemos que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, de conformidad con la doctrina establecida en el fallo “Velásquez
Rodríguez” y en el caso “Barrios Altos”, reconoció el deber del Estado de articular el aparato gubernamental en todas sus estructuras de forma tal de asegurar la plena vigencia de los
derechos humanos, lo cual incluye el deber de
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Convención Americana impone a los Estados parte la obligación positiva de adoptar
las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos, lo que presupone
revisar la legislación vigente y adecuarla a los compromisos asumidos. Asimismo
se señala también que, “Los principios que,
en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la cosa juzgada y ne bis in ídem no resultan aplicables respecto de delitos contra la
humanidad porque los instrumentos
internacionales que establecen la categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de
individualizar y enjuiciar a los responsables, no
contemplan, y por ende no admiten, que esta
obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche. Más
allá de cuáles sean los contornos precisos de la garantía que prohibe el doble
juzgamiento respecto de los delitos comunes, en el derecho humanitario
internacional los principios de interpretación axiológicos adquieren plena
preeminencia, tanto al definir la garantía del ne bis in ídem como la cosa
juzgada. Ello
así en la medida en que tanto
los estatutos de los tribunales penales internacionales, como los principios que aspiran la
jurisdicción universal, tienden
a asegurar que no queden impunes hechos aberrantes ya que, sin perjuicio de dar prioridad
a las autoridades para llevar a cabo los procesos, si éstos se transforman en subterfugios
inspirados en impunidad,
entra a juzgar la jurisdicción subsidiaria del derecho penal internacional en
un nuevo proceso. Publicado por
Asalto al cuartel del RIM. 3 de La Tablada y el Derecho Internacional de los conflictos armados
Capítulo 844 - El Derecho de los Conflictos Armados no se aplica a situaciones que no sean conflictos armados
Urdió una trama que no fue del todo receptada ulteriormente
por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en ocasión de labrarse
las actuaciones in re Abella. Respecto del derecho de los DD.HH. debemos señalar que, el artículo que
estamos siguiendo nos refiere que este derecho “protege a las personas en todo momento, tanto en
la paz como en la guerra: beneficia a todos y su objetivo principal es defender a las
personas contra actos arbitrarios de los Estados. Para que estas protecciones
sean efectivas, las disposiciones internacionales deben incorporarse a la legislación
nacional”. Añade taxativamente: “El derecho de los derechos humanos es un conjunto de
principios y normas en virtud de los cuales las personas pueden esperar ciertos
niveles de protección,
comportamientos o beneficios de parte de las
autoridades, por el mero hecho de ser personas
humanas”. (…) El
derecho a la vida es
el derecho humano supremo, ya que si éste careciese de garantías efectivas,
todos los demás derechos humanos no tendrían sentido. El derecho de
todas las personas a la vida, a la libertad y a la seguridad personal está
consagrado en el artículo 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos se reiteran
en los artículos 6.1 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), así como en los instrumentos regionales (artículos 4 y 6 de la Carta
Africana de los derechos del hombre y de los pueblos, articulo 4.1 y 7.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y artículos 2 y 5.1 del Convenio Europeo para
la proteccion de los derechos humanos y de las libertades fundamentales). (…) Numerosas
normas consuetudinarias del derecho de los conflictos armados
definen, de manera más detallada que el derecho
convencional, las obligaciones de las
partes en un conflicto
armado sin carácter internacional.
Ello ocurre, en particular, con las normas sobre la conducción de las
hostilidades. Por
ejemplo, el derecho convencional no prohibe
expresamente los ataques contra bienes de carácter civil en conflictos armados
no internacionales, pero el derecho internacional
consuetudinario si establece esa prohibición.
A pesar de que la mayor parte de los conflictos armados
contemporáneos son de carácter interno, el derecho convencional aplicable a
esos conflictos esta menos desarrollado. En el estudio del CICR, se muestra, sin embargo, que numerosas normas consuetudinarias del derecho de los
conflictos armados son aplicables tanto a los conflictos
armados internacionales como a los no internacionales. Para aplicar esas normas, no
es necesario establecer el carácter internacional o no internacional del conflicto, ya que se aplican en todos los conflictos. (…) En
casi todos los países, las operaciones de mantenimiento del orden en
situaciones que no son conflictos armados son realizadas por las
fuerzas policiales o de seguridad. Cuando, en tales situaciones, se despliegan fuerzas militares,
habitualmente cumplen funciones de refuerzo y están subordinadas a las
autoridades civiles. El papel de
los funcionarios y las organizaciones
ley, independientemente de quienes sean o como estén organizados, es el
>>mantener el orden y la
seguridad públicos;
>>prevenir e investigar
los delitos;
>>prestar asistencia en
todo tipo de emergencias.
derecho de los conflictos armados no se aplica a situaciones
que no sean conflictos armados. Esas situaciones son regidas por
las obligaciones de derechos humanos que incumban al Estado de
que se trate. (…) En lo que se refiere a los disturbios internos debe
destacarse lo siguiente: “Ningún instrumento de derecho internacional ofrece una definición apropiada de lo que se entiende por “disturbios internos”. En el párrafo 2 del artículo 1 del Protocolo II
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, se mencionan “situaciones de tensiones internas y de
disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de
otros actos análogos, que no son conflictos
armados”. Aparte de esos pocos
ejemplos, el Protocolo no ofrece definiciones. En la práctica, los disturbios son,
por lo general, actos de perturbación del orden público acompañados de actos
En los casos de tensiones internas,
es posible que no haya violencia, pero el Estado puede recurrir a prácticas
como las detenciones en masa de opositores y la suspensión de ciertos derechos
humanos, a menudo con intención de impedir que la situación degenere hasta
transformarse en un disturbio.
Principios esenciales del
derecho de los derechos humanos, aplicables en situaciones de disturbios
internos y otras situaciones de violencia interna, y especialmente importantes
para el mantenimiento del orden, son los siguientes:
>>el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal;
>>la prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes;
>>la prohibición de los arrestos y detenciones arbitrarios;
>>el derecho a un juicio imparcial;
>>el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas
humanamente;
>>la prohibición de la injerencia ilegal o arbitraria en la intimidad,
la familia, el domicilio y la correspondencia de las personas.
Cuando la legislación nacional permite la adopción de medidas de excepción para
proteger la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, dichas
medidas no deberán aplicarse de modo arbitrario o discriminatorio. El derecho a la libertad de expresión, a la
reunión pacífica y a la asociación podrá estar sujeto a restricciones como
consecuencia de disturbios internos y otras situaciones de violencia interna, a
condición de que esas restricciones sean licitas y necesarias. No
siempre puede distinguirse claramente cuando incidentes separados (como
reuniones, concentraciones, manifestaciones,
disturbios, actos de violencia aislados)
se relacionan entre si y, cuando, considerados en conjunto, constituyen
un marco más o menos coherente
que pueda definirse como de disturbios internos y de otras situaciones de
violencia interna. Lo que sí está claro es que tal marco plantea
graves problemas a las autoridades en cuanto al mantenimiento
de la seguridad pública y de la ley y el orden públicos.
En casos extremos, los disturbios internos y otras situaciones de violencia
interna pueden dar lugar a situaciones que representan una amenaza a
nación e incitan al gobierno a proclamar el estado de excepción. Los problemas específicos que plantean los disturbios internos y otras situaciones
de violencia interna dependen de la calidad del
organismo responsable de hacer cumplir la ley (en términos de organización, equipamiento y preparación del personal). Las
medidas de mantenimiento del orden adoptadas en tales situaciones pueden
tener graves consecuencias. Las
formas de acción licitas, no arbitrarias y con objetivos precisos,
dirigidas a los iniciadores y los autores, pueden ayudar a restablecer el control y a normalizar
una situación. Las acciones esporádicas, así como
las medidas ilícitas, arbitrarias y discriminatorias, pueden socavar la
confianza en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agudizar la
amenaza a la seguridad pública y ser responsables, al menos en parte, del
agravamiento de una situación. (…) Publicado por
El Derecho de los Conflictos Armados no se aplica a situaciones que no sean conflictos armados
Capítulo 843 - Distinción entre el Jus Ad Bellum y el Jus In Bello
En el artículo “Violencia
y Uso de la Fuerza” nos indica el CICR: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0943.htm:
línea que separa las tensiones y los disturbios internos de los conflictos
armados puede ser a veces confusa y la única forma de calificar las situaciones
específicas es examinar cada caso individualmente. El factor determinante fundamental es la intensidad de la
violencia.” “Esta categorización
tiene consecuencias directas no sólo para las fuerzas armadas y las autoridades
civiles, sino también para las víctimas de la violencia, ya que determina qué
normas son aplicables y la protección que éstas confieren se establece de
manera más o menos precisa según la situación jurídica.” El mantenimiento de la ley y el orden es una responsabilidad
para esas misiones, como los cuerpos de gendarmería. La función normal de las
fuerzas armadas de un Estado es defender el territorio nacional contra las
amenazas externas (conflictos armados internacionales) y afrontar situaciones
autoridades civiles para hacer frente a niveles de violencia más
bajos, que pueden caracterizarse como disturbios internos
y otras situaciones de violencia interna. Los
disturbios pueden causar un elevado nivel de violencia, e incluso es posible
que los actores no estatales estén relativamente bien organizados. “A veces, la línea que separa los disturbios y otras situaciones de
violencia interna de los conflictos armados se difumina, y la única forma de
categorizar situaciones particulares es
examinarlas caso por caso. El factor
determinante básico es la intensidad de la
violencia. Categorizar una situación es mucho más que un ejercicio
teórico. La
categorización tiene consecuencias directas tanto para los comandantes como para las víctimas de la
violencia, dado que permite determinar las
normas aplicables; además, la protección que estas ofrecen se establece en mayor o menor
detalle conforme a la situación jurídica. En esta publicación, se resumen las diferentes
situaciones jurídicas, sus definiciones, las ramas del derecho aplicables, las
consecuencias prácticas y el papel del CICR. Los temas se presentan en términos
estrictamente jurídicos. Aunque parte de la misión de los comandantes es
prevenir o contener la escalada de la violencia, en esta publicación no se
abordan cuestiones tácticas. Por razones metodológicas, las situaciones se
agrupan en tres categorías: situaciones que no son conflictos armados,
conflictos armados y operaciones de apoyo para la paz.”
Nos indica el CICR, en forma por demás acertada que “Todas las
operaciones militares o policiales, independientemente del nombre que lleven y de las fuerzas
que participen en ellas, tienen lugar dentro
de un marco jurídico formado por el derecho internacional (en
particular el derecho de los conflictos
armados y/o el derecho de los derechos humanos) y por la legislación nacional”.
(…) “En
lo que respecta a los conflictos armados, existe una distinción
entre el jus ad bellum o el derecho que prohibe la guerra, consagrado
en la Carta de la ONU, en la que se prohibe el uso de la fuerza en las
relaciones entre los Estados salvo en defensa propia o por razones vinculadas
con la seguridad colectiva, y el jus in bello o derecho aplicable en tiempo de
conflicto armado.” Señala muy acertadamente que el jus
in bello no se pronuncia de manera alguna sobre los motivos del uso de la
fuerza. Reseña acto seguido que el Estado es un importante “titular de derechos
y obligaciones en el derecho internacional”. Por ende es responsable de los
actos de sus funcionarios, sea que actúen a título oficial o como agentes de
facto. Añade que “los grupos insurgentes y los movimientos de liberación también “tienen obligaciones conforme al derecho
internacional” y en particular en el marco de
los conflictos armados, no distinguiendo
entre un CAI y un CANI. Este último párrafo encuentra ratificación en la propia opinión de diversos órganos
internacionales, entre los que
encontramos a la propia Organización de las Naciones Unidas. En una nota elevada por la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, de fecha 14 de julio de 2011 se expresa que “La misión pudo constatar que las FARC-EP infringieron gravemente el derecho internacional humanitario. El ataque en Toribio constituyó una
violación de los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad y protección a la población civil. Durante el ataque a Toribio se utilizó un
carro bomba ubicado al frente de la estación de policía, y se lanzaron explosivos “hechizos” que cayeron en lugares con amplia
presencia de población civil.” “Además guerrilleros sin portar uniforme dispararon ráfagas de fusil en medio de
personas y bienes civiles protegidos, sin medir la magnitud del daño ni la presencia
de civiles, incluidos niñas y niños.” (…)
añadiendo que “La Oficina de la ONU para los
Derechos Humanos condena enérgicamente esta
seria infracción, que revela un patrón de
ataques indiscriminados de las FARC-EP, en los que resulta afectada la
población civil.”
Hemos acudido al episodio de marras, entre miles similares, a raíz de que conforme el art. 38 de la carta orgánica de la Corte Internacional de Justicia, ocupa un lugar primordial entre las fuentes del derecho internacional,
tal tipo de antecedente. En efecto, es
conocido que la prelación está constituida por los tratados y las convenciones internacionales
en vigor; el derecho consuetudinario internacional, como
prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; los
principios generales del Derecho; así como las decisiones judiciales y la
doctrina de los publicistas de mayor competencia. Aun así, posiblemente debido a la costumbre judicial, no se
aclara en los hechos y en forma suficiente que la jurisprudencia, que alcanza las primeras
posiciones en casi todos los Estados, en lo que se relaciona con el derecho
internacional no ocupa un lugar tan prominente. El citado artículo 38 reseña, con respecto a
la jurisprudencia que ellas son “las decisiones judiciales y las
doctrinas de los publicistas de mayor competencia de
las distintas naciones, como medio auxiliar para determinar las reglas de
derecho”. Refiere el CICR que “La legislación nacional debe
ser conforme a las obligaciones internacionales de un Estado. (…) En muchos casos, los Estados dejan que los diversos tratados funcionen
como leyes. En otros, para que los tratados surtan efecto hace falta
transformarlos en leyes internas, y a veces, incluso reformularlos”. Seguidamente señala el CICR algo que consideramos es el núcleo, lo
medular del tema que estamos tratando, al punto que bien podríamos calificarlo
como pleonasmo jurídico. Nos advierte el CICR que el
derecho de los conflictos armados y el derecho de los derechos humanos, son
complementarios. Sin embargo,
en la Argentina, no se ha ingresado en tal terreno, con el
resultado nefasto del que da cuenta una serie de condenas a militares que actuaron
en la década del 70, imputados de supuestas violaciones a los derechos
“Tanto el derecho de los
conflictos armados como el derecho de los derechos humanos, están
destinados a proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas, aunque
lo hacen de maneras distintas. Además, ambos abordan, de forma directa, cuestiones relacionadas con el
uso de la fuerza.” A renglón seguido, refiere que el primero de ellos “fue
codificado y elaborado para regular las cuestiones humanitarias en tiempo
de conflicto armado; su finalidad es proteger a las personas que no
participan o han dejado de participar en las hostilidades y definir
los derechos y obligaciones de todas las partes en un conflicto con respecto a la conducción de las hostilidades.” Acotamos
al respecto que, en el caso del ataque a las instalaciones del Regimiento sito
en esa época en La Tablada, al igual que en casos similares, se alegó que los
defensores del cuartel habrían violado los derechos humanos de los insurgentes,
pero no se procedió con el mismo énfasis cuando se consideró la actividad de los atacantes,
quienes violaron cuanta norma internacional protectora de esos derechos existe, sin que
nuestra justicia haya ordenado la pertinente investigación. Muy por el contrario, a lo largo de la
tramitación de las actuaciones judiciales no hubo nadie que alzara su voz acusando a los
sanguinarios guerrilleros de haber cometido distintas infracciones, crímenes de guerra, contra el personal que
defendía las instalaciones castrenses. La
defensa, en un principio acudió a la aplicación del derecho de los derechos
humanos, denunciando supuestas violaciones a los derechos de sus pupilos. Publicado por
Distinción entre el Jus Ad Bellum y el Jus In Bello
Capítulo 842 - Investigando el umbral de los CANI.
Ante la inanidad de los
intentos de las potencias, “los Convenios de la Haya de 1899 y de 1907
siguieron, una vez más, invariables. Esto tuvo por resultado una
creciente disparidad entre los Convenios de
Ginebra (1949) recientemente revisados, por una
parte, y los Convenios de La Haya, caducos y superados por
otra. Irónicamente había que esperar la década del 60 para que, a
mediados de ella, el derecho de los conflictos armados suscitara un nuevo
interés”. La etiología de tal
actitud fue la singular multiplicación de los conflictos armados, tanto en
Vietnam, como en Oriente Medio, como en Nigeria. Se ejerció una fuerte presión para lograr que se aplicaran los Convenios de Ginebra a este tipo de conflictos armados. Varios
factores contribuyeron a intentar saldar esa deuda pendiente. Debemos mencionar,
en primer lugar, a la Conferencia Internacional de DD.HH., convocada en 1968 en
la ciudad de Teherán por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU),
quien sancionó la resolución XXIII (Respeto de los derechos humanos en período
de conflicto armado) y declaró que “las disposiciones de la Convención de La Haya de 1899 y
1907 tenían por objeto sólo constituir el primer
paso en la preparación de un código que
prohibiera o limitara el recurso a ciertos métodos de guerra y que esas
Convenciones fueron aprobadas en una época en
que todavía no existían los actuales medios
y métodos de guerra”. “Ese mismo año -en 1968- la Asamblea General aprobó la resolución 2444 (XXXIII) (n 31) que
confirmaba los principios fundamentales del derecho de los conflictos armados e
invitaba al Secretario General a estudiar, entre otras cosas, en consulta con
el CICR y otras organizaciones internacionales implicadas “la necesidad de
nuevas convenciones humanitarias internacionales, o de otros instrumentos
jurídicos apropiados para asegurar la
mejor protección de los civiles, prisioneros y combatientes en todo conflicto
armado y la prohibición y limitación de ciertos métodos y medios de guerra.” Adviértase que se
recalca que la aplicación de esas nuevas
medidas deberá tener como destino a todo tipo de conflictos,
es decir los CAI y los CANI. “Los dos Protocolos adicionales de 1977 permitieron colmar las
lagunas existentes desde hacía muchos años, por no decir décadas.
En primer lugar, tras los esfuerzos emprendidos, y mantenidos desde los años
20, se logró,
promulgar las disposiciones adecuadas para
garantizar la protección de la población civil
contra los efectos de las hostilidades. En segundo lugar, se reafirmaron y desarrollaron los principios fundamentales de los Convenios de La Haya de
1899 y de 1907 sobre la conducción de las
hostilidades. Pudieron ratificarse así unas normas muy antiguas,
pues databan de principios de siglo, (…) También pudo definirse el
estatuto de los guerrilleros de una nueva
manera”. En resumen, el Protocolo II contiene normas más detalladas sobre los conflictos armados no
internacionales (CANI) puesto que las sucintas disposiciones que figuran en la mini convención del
artículo 3ro. Común a los Convenios de Ginebra de 1949, resultaban inadecuadas ante el creciente número de conflictos armados internos y los consiguientes problemas
humanitarios”. (…) “Hay que reconocer, no
obstante que, la Conferencia Diplomática de 1974-1977 aportó los mejores
resultados que cabía esperar o prever, teniendo en cuenta los problemas
políticos e ideológicos que - en esa época- dividían al mundo. Hasta que no se
haya abolido la guerra, el derecho de la guerra seguirá siendo esencial para el
mantenimiento de la paz. Muchos conflictos armados han estallado desde que se
ha prohibido el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales. (…) Mientras duren los
conflictos armados, el derecho de la guerra sigue siendo la única base común
para establecer y mantener las relaciones entre los beligerantes. Las leyes de
la guerra responden a los mutuos intereses de las partes en conflicto y
constituyen un puente para la nueva cooperación que debe establecerse al final
de todo conflicto. Nos parece útil recordar que hace más de cien años -los
expertos jurídicos militares que se esforzaron en codificar las leyes de la
guerra declararon que el objetivo final de un conflicto armado es “el
restablecimiento de las buenas relaciones y de una paz más sólida y más
duradera entre los Estados beligerantes.” (Protocolos final de la Conferencia de Bruselas de 1874, párrafo 5 (n 2). Aunque la naturaleza de la guerra haya cambiado fundamentalmente desde entonces, este mismo principio es
válido para todos los conflictos armados que
desgarran el mundo de hoy”. Otra contradicción arbitraria consiste en negar, pertinazmente, al ataque al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento en La
Tablada, conocido más tarde como “Asalto al
Cuartel Militar de La Tablada”, y a otros episodios similares, la categoría de eventos con entidad y capacidad
suficiente para que, en ciertos casos, se activen sin más las
humanitario. No podemos dejar de recordar que la propia
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, in re “Abella”, al estudiar este
caso que le fuera sometido, por supuesta violación de los derechos humanos, por
parte de militares del Estado Argentino, reconoció taxativamente que se debieron
activar tales disposiciones, reconociendo la legalidad de tal acto de
activación. Al respecto, con relación al empecinamiento de no admitir que en algunos casos estamos ante un
conflicto armado no internacional, un interesante estudio del CICR revela cómo debe investigarse
el umbral a fin de impedir fallos jurisdiccionales arbitrarios. Como ha ocurrido en
nuestro país, donde la justicia argentina ha actuado, dando muestras de
escasa independencia y exhibiendo lo que podríamos calificar un estado de ánimo
retaliativo. Publicado por
Investigando el umbral de los CANI.

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 38
 resolución 
 resolución 

artículo 3