Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc910.html
Timestamp: 2017-11-25 00:07:57+00:00

Document:
Proceso 910
Editorial Un proyecto sin futuro
Política Los desafíos de la seguridad pública
Economía La coyuntura económica en los primeros meses del año
Sociedad Transporte público: un problema con múltiples facetas
Derechos Humanos CSJ y sistema de gobierno: sus pecados capitales
La embajadora de Estados Unidos acaba de regalar a la Policía Nacional Civil (PNC) un moderno y millonario aparato para atender las llamadas de emergencia de la población y guardar registro de la acción policial consecuente. La misma embajada regaló el aparato anterior, conocido como 121, donde operaban bandas de policías delincuentes. Una coincidencia curiosa ha sido que el donativo actual haya sido entregado luego de que la Asamblea Legislativa levantara el obstáculo constitucional que impedía la extradición de salvadoreños y así dejó el camino libre para la firma de un tratado sobre esta materia con Estados Unidos y, también, cuando el bloque de la derecha y el gobierno de Flores aceptan de muy buena gana —y atropellando la Constitución— establecer una base militar estadounidense, en territorio salvadoreño. Quizás no haya que ir tan lejos y la embajadora haya querido hacer la entrega del equipo antes de abandonar su cargo diplomático en El Salvador. Entonces, sólo sería una feliz coincidencia. Cualquiera que sea la explicación, las circunstancias que rodean la entrega del millonario donativo no pueden pasar desapercibidas; un donativo que, por otro lado, no es nada despreciable.
Mientras la embajadora estadounidense y el flamante director de la PNC —el mejor funcionario del gobierno, de acuerdo a la valoración pública del presidente Flores—, mostraban a la prensa el moderno y millonario aparato, se producían dos secuestros más, el hijo de un empresario de autobuses de La Paz y el conocido empresario de las telecomunicaciones Jorge Zedán, el mismo que puso una demanda judicial contra CTE-Telecom y el mismo que puso al descubierto cómo esta empresa reenrutaba las llamadas telefónicas, pero haciéndolas pasar antes por el Organismo de Inteligencia del Estado, donde eran escuchadas y procesadas. Resulta muy difícil aceptar que la motivación de este secuestro pueda atribuirse sólo al delito común. Está comprobado que a estas bandas no sólo las motiva el lucro económico, sino también otros intereses políticos, personales, sociales, etc. Es más, estas motivaciones se disfrazan como delito común y como tales se dan por aceptadas. Serían parte de una corriente delictiva inevitable, que ahoga a la sociedad. Aunque se intenta desvincular el secuestro de la interceptación de las llamadas telefónicas, las circunstancias del mismo no permiten descartar, sin una investigación acuciosa, una relación posible. Si la hubiera, sería un error gravísimo, pero ésta no sería la primera vez que en El Salvador los poderosos cometen esta clase de equivocaciones. El poder los ciega hasta el embrutecimiento y la impunidad los cubre con su pesado manto. Simultáneamente, una empresa especializada en llevar y traer correspondencia entre Estados Unidos y El Salvador, se vio obligada a denunciar públicamente que, desde el asalto al hotel Holiday Inn, cometido por policías, sus sucursales en la zona paracentral del país han sido objeto de repetidos asaltos a mano armada.
No es la primera vez que coinciden un acto publicitario de la PNC, protagonizado por su director, y la ocurrencia de nuevos plagios. Hace apenas unas pocas semanas, mientras dicho director anunciaba triunfante la captura de una banda de secuestradores, dos conocidos empresarios eran secuestrados. Entre compungido y sorprendido, el director declaró que parecía que las bandas de secuestradores no temían a la policía. Poco después, agregó una recomendación que desmerece mucho del máximo responsable de la policía. En efecto, el director recomendó a los ricos tomar las debidas precauciones para no ser víctimas de un secuestro. Los nuevos hechos, ocurridos al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos entregaba el nuevo equipo para atender las llamadas de emergencia, ponen en evidencia, una vez más, la poca eficiencia de una PNC, en cuyo interior han proliferado bandas de ladrones, secuestradores y asesinos. Es la misma policía que no se cansa de difundir, a través de los medios de comunicación, los golpes que, según ella, inflige al crimen organizado, pero sin que éste dé muestras de verse afectado seriamente. El apoyo que la embajada de Estados Unidos está brindando a la dirección de la PNC con asesores, entrenamientos diversos y equipos millonarios la hace cómplice de su ineficiencia.
De poco sirven equipos modernos y millonarios como el donado por el gobierno estadounidense a una policía como la actual. La misma valoración puede hacerse de sus asesorías y entrenamientos. De muy poco sirve conocer dónde se ha producido el delito y qué ha hecho la policía al respecto. Equipos, asesorías y entrenamientos como los proporcionados por el gobierno estadounidense son sumamente útiles en la lucha contra el delito, pero sólo si están en las manos correctas y son utilizados de manera inteligente. Existen dudas fundadas sobre la inteligencia, la capacidad y la honestidad de la policía actual para usar correctamente la ayuda estadounidense. Es indispensable modernizar el Estado, dotándolo de conocimientos y equipos modernos; pero la modernización no conduce a ninguna parte cuando las instituciones estatales son administradas por incapaces y delincuentes; cuando el Poder Ejecutivo no ejerce control sobre ellas, por ignorancia, impotencia o connivencia; cuando los funcionarios carecen de la voluntad y/o la habilidad indispensables para utilizar eficientemente los medios puestos a su disposición, y cuando a los diputados del bloque de la derecha, ante un nuevo secuestro, no se les ocurre otra cosa que prometer endurecer aún más las leyes, como si el desafío fuera legislativo, desconociendo que está vinculado de manera directa con la dirección de la PNC. Sin duda, los ciudadanos honestos son más que los delincuentes, pero éstos tienen el poder y lo ejercen de manera arbitraria y opresiva, en cierta medida, debido a las acciones de estos diputados.
Los últimos secuestros y asaltos confirman que del gobierno de ARENA no se puede esperar seguridad ni estabilidad, sino lo contrario. En su afán por liberar el mercado y reducir el Estado ha debilitado tanto su institucionalidad, que la corrupción y la incapacidad han sentado sus reales en ella, poniéndola a su servicio. El dogma del mercado libre global al cual responden las medidas anteriores prometía cuantiosas inversiones, numerosos empleos y prosperidad futura; en vez de ello, predominan la inseguridad y la inestabilidad. Nadie puede asegurar a estas alturas si las inversiones vendrán a El Salvador. Lo más probable es que no lo hagan —al menos, no en el volumen esperado por el gobierno de ARENA—, dadas las circunstancias actuales. Es así como uno de los pilares fundamentales del optimismo del presidente Flores muestra fracturas peligrosas. Pareciera que el destino de la derecha salvadoreña, al igual que el de toda la derecha creyente en el dogma del mercado libre global, es la creación del caos. Su creencia en este dogma la ha llevado a atentar contra la cohesión social, el entorno empresarial y la seguridad humana básica. La inserción de El Salvador en el mercado libre global, al estilo estadounidense, cuyo éxito no está garantizado, de momento, sólo ha traído pobreza, inseguridad y caos.
LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
No hay día en que los hechos noticiosos no pongan en evidencia los graves problemas de seguridad pública que vive la sociedad salvadoreña. La tristeza por el asesinato de un ser querido, la incertidumbre sobre el secuestro de un miembro de la familia, el llamado desesperado de una persona que acaba de ser asaltada, son las imágenes más comunes que llenan las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos locales. Ante esta situación, contrasta el desconsuelo de las familias enlutadas y el sentimiento de impotencia de una sociedad aterrorizada con la ineficacia de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Y es que, en buena medida, la gravedad de la crisis actual es resultado de la incompetencia, falta de responsabilidad y prepotencia con las que se ha tratado el tema de la seguridad pública en El Salvador.
Desde la administración del presidente Calderón Sol, se escuchó la voz de alarma de varias instituciones de la sociedad civil sobre el auge de la delincuencia y el problema de seguridad ciudadana en general. Sin embargo, en aquel entonces, se prefirió tapar la realidad para "no afectar la imagen del país en el exterior " —como se decía en ese momento— o, simplemente, se quiso soslayar el problema, mediante la propuesta de medidas de reformas a las leyes de combate del crimen y la promoción, por el "buen oficio" de un sector de la prensa, de la instauración de la pena capital.
Al final, la hipocresía de las autoridades ante un tema tan complejo contribuyó a agravar el problema. Hoy, se han incrementado los hechos de delincuencia común y organizada. Por lo menos es lo que percibe buena parte de la población, según los últimos sondeos de opinión pública. Hoy la situación es tan alarmante que las "autoridades de la imagen" tuvieron que reconocer el problema e, incluso, pedir ayuda del exterior para fortalecer las unidades de investigación del crimen y establecer medidas como la del "fiscal sin rostro". Entre tanto, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Están enfrentando debidamente el problema? ¿Cuáles son las expectativas de la población? Estas son algunas de las preguntas sobre las que es preciso reflexionar en este momento.
Como resultado de las sucesivas denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional Civil (PNC), las autoridades han creado una comisión de depuración cuya misión consiste en realizar un saneamiento de la PNC. De paso, se reformó la Ley de Carrera Policial y Orgánica de la PNC, elevándola a la categoría de Ley de la República para dar una mayor agilidad a las instancias internas encargadas de velar por el cumplimiento del régimen disciplinario de los policías. Así —en opinión del ministro de seguridad— "la conducta del policía va a ser juzgada a partir de robustez moral de prueba y no jurídica, que es como está ahora".
No cabe duda de que estas acciones son importantes en la medida en que es grave y alarmante el hecho de la infiltración criminal de la policía. Sanear la institución policial, depurando los elementos corrosivos, debe considerarse como un buen camino de solución a los problemas de combate del crimen. Sin embargo, la depuración policial — que ni siquiera está planteada a fondo— no es la panacea de las soluciones al problema de seguridad pública. Si la depuración es importante y urgente en un momento en que la participación delincuencial de los policías preocupa a la población en general, la pregunta por el manejo y funcionamiento de la institución no debe dejarse de lado.
Las denuncias de una conducción dudosa de la policía no son nuevas. Pero, en este momento, el presidente de la República debería plantear más a fondo el problema. Y ello exige revisar el rol de Mauricio Sandoval al frente de la PNC. Las denuncias en contra de este funcionario se han escuchado desde que asumió el cargo. En primer lugar, no ha cumplido con el requisito de ser graduado de una universidad, lo cual debe estar respaldo con el respectivo título académico. En segundo lugar, se ha denunciado constantemente el uso de los fondos de la institución, para costear una onerosa campaña publicitaria realizada por una compañía que, al aparecer, es de su propiedad. En tercer lugar, se le vincula con una actividad ilícita de espionaje telefónico cuando era director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los aspectos señalados plantean la necesidad de una investigación seria sobre la idoneidad del funcionario, siendo como es que el tema de la depuración está a la orden del día. Adicionalmente, la actual crisis de la seguridad pública, a un año de gestión de Sandoval, pone aún más en entredicho su capacidad para conducir la institución.
Ciertamente, no se trata sólo del director de la PNC. Si bien es cierto que Mauricio Sandoval es el responsable directo del desempeño de la institución policial en materia de seguridad ciudadana, no es el responsable en última instancia del diseño e implementación de un plan nacional de seguridad pública, el cual tiene que emanar de la Presidencia de la República. En este punto, el presidente Flores ha puesto de manifiesto una gran incapacidad de comprensión frente a la complejidad del tema de la seguridad ciudadana. No ha podido presentar a la ciudadanía un plan de seguridad pública ni mucho menos atender el problema en sus diferentes dimensiones. Al contrario, se ha perdido en bonitos discursos, los cuales no llegan a concretarse en hechos. Flores ha asumido la tesis tradicional de que la solución al problema de la inseguridad consiste en reprimir a los delincuentes, sin abordar directamente y de lleno el problema de la violencia social generalizada que vive el país.
De hecho, el patrón de conducta violento que conoce la sociedad salvadoreña demanda más que decisiones coyunturales para publicitar las acciones de la presidencia o de la institución policial. Se debe iniciar una reflexión seria sobre los patrones de conducta social que reproducen la violencia en las relaciones sociales de los individuos. Y esta es una tarea en la que debe involucrarse toda la sociedad.
Por otro lado, se debe combatir la impunidad. La sensación que se tiene del desempeño de las instituciones estatales se ve dominada por la asombrosa impunidad de la que gozan ciertos delincuentes "de cuello blanco", como lo reconoce el Fiscal General de la República, Belisario Artiga. En efecto, no deja de ser risible que las autoridades se rasguen las vestiduras frente al secuestro de prominentes personas públicas, o de grandes empresarios cuando sus investigaciones, tanto en materia de tráfico de drogas como de los secuestros, no pasan de la exhibición pública de unos presuntos delincuentes que en ningún momento representan las esferas más altas de la jugosa actividad del crimen organizado. Así, por ejemplo, no se molestan en investigar los nexos de los secuestradores y el paradero de las grandes sumas exigidas a las familias de las víctimas. Esta actitud no puede más que interpretarse como incompetencia y/o complicidad. De este modo, las deficiencias de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y de impartir justicia alientan a la delincuencia y generan impunidad, cuando no encubren sistemáticamente a los delincuentes
Por eso, la ciudadanía persiste en su desconfianza hacia las instituciones. No sólo hay poca confianza en la policía, puesto que buena parte de sus miembros son delincuentes uniformados, sino que también mucha gente tiene la certeza de que al denunciar un hecho delictivo, en el caso de los secuestros por ejemplo, la policía o no hará nada o ayudará a los delincuentes. En este sentido, si las autoridades no quieren que se complique más la situación, tienen que empezar a abordar los problemas de otra manera. El presidente Flores debe mandar señales claras de haberse distanciado del accionar de su antecesor, por lo menos en el tema del crimen organizado. Una discusión nacional, seria y franca sobre la seguridad ciudadana, sería un buen comienzo.
LA COYUNTURA ECONÓMICA EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO
Durante la primera mitad del año 2000, la situación económica no parece haber mejorado sustancialmente, tal como pretende hacerlo creer el presidente Flores y su gabinete económico. Al revisar los indicadores de corto plazo del Banco Central de Reserva (BCR) llaman la atención los siguientes comportamientos: la reducción del crecimiento económico, un incremento de las tasas de inflación, un deterioro de la balanza de pagos, una reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y un incremento del saldo de la deuda externa e interna. En resumen, los indicadores de corto plazo muestran que aún no se supera la fase de lento crecimiento mientras que la estabilidad macroeconómica parece cada vez más frágil, aun sin considerar nuevos efectos inflacionarios que resultarían de medidas como la reducción del subsidio al consumo de la energía eléctrica y la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la distribución de agua potable y a las medicinas, por ejemplo. A continuación se revisa el comportamiento de la producción, precios, finanzas públicas y del sector externo durante los primeros meses del presente año.
De acuerdo a las estadísticas del BCR, para el primer trimestre del 2000 la tendencia del Producto Interno Bruto (PIB) no es demasiado alentadora pues, al revisar el comportamiento del PIB trimestral, resalta el hecho de que la variación anual fue de 2.2%; por debajo de las observadas para el primer trimestre de 1998 y 1999, que fueron de 3.2% y 2.85%, respectivamente. Esto implica que, para el primer trimestre del 2000, la tendencia del PIB es todavía hacia el alza, pero a un ritmo cada vez menor. Similar situación se revela al revisar el comportamiento del Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) el cual creció en un 2.71% en el primer cuatrimestre de 2000, lo cual está por debajo del 3.68% y 5.06% observado para los primeros trimestres de 1998 y 1999.
Los sectores más dinámicos de este período fueron el sector financiero que tuvo una tasa de variación de IVAE de 11.02%, el sector agropecuario con un IVAE de 7.28% y la industria manufacturera con un IVAE de 4.3%. Cabe señalar que el sector agropecuario ha presentado una tasa de variación relativamente alta en los primeros cuatro meses del año, pues en el mismo período de los años 1998 y 1999 se observó su decrecimiento (-2.38% y -0.17% respectivamente). En cambio, aunque la industria ha sido el segundo sector con el mayor IVAE para abril de este año, en realidad viene de crecer a ritmos mayores como lo revela el hecho de que sus variaciones de IVAE se han mantenido por encima de 8% para 1998 y 1999. En cambio, los sectores con menor crecimiento fueron el transporte, la construcción y el comercio que reflejaron variaciones de -3.57%, 1% y 1.02%, respectivamente.
El comportamiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC), por su parte, revela una inflación acumulada de 3.1% para el mes de junio del 2000, lo cual supera el -1.6% obtenido en el mismo mes de 1999, aunque todavía está por debajo del 3.8% obtenido para junio de 1998. Las mayores presiones inflacionarias parecen haberse experimentado en el mes de junio, cuando la inflación mensual alcanzó el 1.1%, la más alta observada para ese mes desde el año 1996; a su vez, para el mismo período la variación anual del IPC fue de 3.6%. El mayor ritmo inflacionario señalado coincide con la eliminación de las exenciones del IVA a los productos agropecuarios y con la permanente alza en los precios de los combustibles. Los rubros que experimentaron mayores tasas inflacionarias que el promedio han sido los alimentos, que resintieron una inflación mensual de 1.4%, y la vivienda con una inflación mensual de 1.2%.
Este comportamiento hace dudar que a final del año se logre mantener la inflación dentro del rango de 2% y 4% planteado por el gobierno en su programa monetario financiero, especialmente porque a partir de julio se incorporará el IVA a los productos farmacéuticos y en los próximos meses se proyectan reducir los subsidios al consumo de energía eléctrica e incorporar el IVA al consumo de agua potable.
En lo tocante a las finanzas públicas, llama la atención el hecho de que para el mes de mayo se obtuvo un déficit acumulado, excluyendo donaciones, de -267 millones de colones; mientras que para el mismo mes de 1999 fue de -12.5 millones de colones. Cabe señalar, empero, que aunque estas cifras reflejarían una profundización del déficit fiscal, en la práctica aun falta por contabilizar el efecto de la incorporación del IVA a los productos agropecuarios y medicinas, lo cual se traducirá en un incremento de los ingresos tributarios; así como también el efecto de la reducción de los subsidios al consumo de energía eléctrica que se traducirá en una disminución de los egresos. Es decir, que al final del año podría experimentarse una reducción del déficit fiscal con relación a 1999, aunque a costa de un incremento del IPC que desde ya ha comenzado a evidenciarse.
Al revisar el comportamiento del sector externo es evidente que el déficit de la balanza comercial para el mes de mayo alcanzó los 644 millones de dólares, lo cual supera el déficit para el mismo mes de 1999 que fue de 612.3 millones de dólares. Esta ampliación del déficit se explica en función de un incremento en las importaciones, que pasaron de 1,650 millones de dólares en mayo de 1999 a 1,901 millones en el mismo mes para el presente año; mientras las exportaciones se incrementaron de 1.037.5 millones en mayo de 1999 a 1,257 millones de dólares en mayo del 2000 —un alza de 220.5 millones de dólares que, sin embargo, no bastó para compensar el incremento de 251 millones de dólares experimentado por las importaciones.
En lo tocante a la balanza de pagos, llama fuertemente la atención el deterioro de la cuenta de capital y financiera, la cual pasó de un superávit de 137.1 millones de dólares en el primer trimestre de 1999 a un déficit de -92.8 millones de dólares en el primer trimestre del 2000, como resultado del deterioro de la cuenta financiera y en especial de los pasivos y activos de reserva. Consecuentemente, la balanza de pagos pasó de un superávit de 79.9 millones de dólares en el primer trimestre de 1999 a un déficit de -97.8 en el mismo período de este año.
Los datos sobre Reservas Internacionales Netas (RIN) permiten conocer su evolución hasta para el mes de junio de 2000, fecha para la cual se reflejaba un nivel de 1,905 millones de dólares, lo cual implicaría una reducción de 3.95% con relación al mes de enero del 2000 que, a su vez, rompería con la tendencia hacia el alza que se viene observando desde hace varios años. Finalmente, vale la pena señalar que los datos disponibles también dan cuenta de un incremento de la deuda externa que la habría llevado de 19,699 millones de colones en diciembre de 1999 a 19,878 millones en marzo del 2000.
Sin necesidad de caer en el pesimismo, puede decirse que durante los primeros meses del año se han revelado con claridad señales que apuntan hacia una reducción de las tasas de crecimiento económico, una pérdida de los logros más significativos en materia de estabilidad económica (reducción de las tasas de inflación y saldos positivos de la balanza de pagos) y una profundización de las tendencias desequilibrantes preexistentes (ampliación de los déficit de balanza comercial y sector público). Este panorama obliga a pensar en nuevas estrategias para enfrentar los grandes problemas económicos pues, como lo evidencian los datos, las medidas de política económica parecen no estar teniendo los efectos deseados. Este problema no es nuevo y ha venido siendo ignorando por los dos gobiernos anteriores y el actual; sin embargo, la situación parece estarse deteriorando cada vez más, planteando con ello la necesidad de medidas más profundas, de tipo estructural, que aseguren mayores tasas de crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica.
TRANSPORTE PÚBLICO: UN PROBLEMA CON MÚLTIPLES FACETAS
Nuevas amenazas de paros, los mismos reclamos, las mismas propuestas de solución. El problema del transporte público en San Salvador —lugar en el que sus secuelas cobran un semblante dramático— sigue siendo un hueso duro de roer para las autoridades que tienen un puesto reservado en la mesa de su discusión. Desde hace varios meses, empresarios del transporte de pasajeros, representantes del Viceministerio de Transporte y de la Alcaldía de San Salvador han participado en todo tipo de reuniones y han acelerado el paso en la aplicación de importantes proyectos viales para poner punto final a la problemática. Hasta hace pocos días, las soluciones empezaron a emerger por la vía de los acuerdos conjuntos. La incorporación de la iniciativa municipal en el tema parece haber sido decisiva para la firma de un acta de ocho puntos con los que se pretende regular efectivamente el tráfico en el centro capitalino. Sin embargo, la complejidad misma del problema y la ya característica inconformidad de los empresarios del transporte no dejan de sembrar ciertas dudas en el desarrollo de este macro proyecto.
En las últimas semanas, las diferentes manifestaciones de los empresarios del transporte público parecen apuntar hacia un doble objetivo: por un lado, participar de buena gana en el mecanismo que se seguirá para reordenar el tráfico en la capital y, por el otro, recrudecer su batalla en contra de las “arbitrariedades” del Viceministerio de Transporte. En el primer caso, las negociaciones y los acuerdos son suficientes como para distender el pulso de intereses que rodea a los planes de rescate del microcentro capitalino. No obstante, hubo quienes no quisieron dar su brazo a torcer y restaron transcendencia a los acuerdos —entre ellos, Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS), quien aseguró que el documento de los ocho puntos sólo contenía “algunas medidas para descongestionar el tráfico, y [para] que las paradas realmente sean para subir y bajar pasajeros”. En el segundo caso, sobresale nuevamente la oposición infranqueable de los buseros frente a cualquier tipo de medida que revierta las reglas del juego establecidas por ellos mismos en el manejo de las calles de la capital.
Estas son las cartas que los empresarios del transporte siempre han puesto sobre la mesa. La ambivalente gestión del Viceministro de Transporte saliente, Julio Valdivieso, les abrió campo para adornar sus reclamos con todo tipo de artimañas; así, se hicieron de las herramientas necesarias para anotarse algunas victorias contundentes: el retraso en la aprobación del seguro obligatorio para vehículos, el perdón de un buen número de multas impuestas a los choferes de autobuses, la reducción de la severidad en la aplicación de los reglamentos de transporte, etc. Ahora, la firma del acuerdo con la municipalidad y el Viceministerio se produce a la par de la amenaza latente de realizar un paro nacional de transporte, en el que participarían unas 7,000 unidades. Asimismo, ya es conocida la tendencia del sector a manipular las políticas que intentan dar una respuesta más sólida y de largo plazo a la problemática que les asiste, así como también de su necedad al exigir condescendencia frente a cada uno de sus desmanes (Proceso 903). Estas y otras veleidades distinguen la postura que los buseros han adoptado durante el empedrado camino hacia ordenamiento vial del país.
Pero los obstáculos que atraviesa la urgente recomposición de la estructura del transporte público en San Salvador no sólo provienen de la presencia desfavorable de estos empresarios en la negociación. De hecho, si los problemas que emanan de esta situación han llegado a tal extremo, es por su vínculo con otro tipo de fenómenos a los que no se les ha dado la respuesta correspondiente. Según datos manejados por la alcaldía capitalina, por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (ambos de 1999) y por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (1995), en el desarrollo acelerado de la problemática vial en el centro capitalino no sólo ha influido la negligencia de las autoridades en la aplicación de los reglamentos y disposiciones legales pertinentes. También se debe tomar en cuenta que el desproporcionado crecimiento del comercio informal —fuente casi exclusiva de ingresos para la mayoría de los vendedores de la zona— ha encontrado en determinados sectores de la capital un sitio relativamente favorable para su asentamiento y desarrollo.
Basta con revisar los estudios existentes para darse cuenta de que ahí donde se concentra el 90% de los autobuses que circulan en el área metropolitana (un perímetro de más de 30 manzanas en el que convergen hasta 636 unidades de transporte en horas críticas) es también donde se concentra la totalidad de vendedores informales de la capital (más de 4,000 personas), y del cual un 54% se ha tomado las calles y aceras. Detrás de esta realidad se encuentra el hecho de que para una parte de la población de los municipios aledaños, el microcentro capitalino constituye un atractivo núcleo de actividades económicas y comerciales. Al contrario de lo que muchas personas creen, hay aproximadamente 13 mil personas que habitan —y no sólo transitan— en este lugar. Un 95% de las casas que todavía están en pie se encuentran habitadas. En horas pico, el número de personas que sube y baja de los autobuses puede oscilar entre los 8,000 y los 10,000 usuarios. Estas cifras no pueden ser ignoradas a la hora de pensar en el reordenamiento de los recorridos de las rutas de autobuses en el centro.
En este sentido, al problema del transporte se añade un matiz que tarde o temprano deberá ser encarado por las autoridades que participan en su solución: la reacción de los usuarios del sistema ante las medidas que buscan reducir el tránsito de unidades de transporte. Evidentemente, el centro de San Salvador es y ha sido un sitio de dimensiones estrechas. Pero puede que ahora quienes realizan allí sus actividades no lo vean así de pequeño y, por lo tanto, no les parezca del todo positivo que se les prive de los medios que les permiten transportarse en un lugar que representa una amenaza a la seguridad del peatón promedio. A esto hay que agregar las pobres políticas de control del tráfico vehicular en el área. Serviría de muy poco retirar al 60% de las rutas de buses de las calles de San Salvador —como se ha manejado luego de la firma del acuerdo mencionado arriba— si se toma en cuenta que quedaría por resolver otro problema de proporciones preocupantes: el de la circulación diaria del 90% de los taxis y el 70% de los automóviles que se tienen registrados para toda el área metropolitana, que también se produce en el área del microcentro.
Así, mientras no se posea en el corto o mediano plazo un plan para despejar las calles de ventas minoristas, de delimitación efectiva de áreas para parqueo, de construcción de vías de transporte alternas y de garantías para la seguridad de quienes viven y se desplazan por el centro de San Salvador, muy poco podrá aportar el retiro progresivo de los buses al problema del transporte urbano en San Salvador. Los estudios están ahí, sus resultados son iluminadores y no dejan lugar a titubeos con respecto a lo que se debería hacer y a la urgencia con que se debería empezar a trabajar. Entretanto, los acuerdos al respecto han sido pocos y la voluntad para llevarlos a la práctica todavía está por verse. Superar los obstáculos que suelen interponer los empresarios de transporte será una de las metas que las autoridades deberán mantener con firmeza si quieren llevar a buen término los esfuerzos hasta ahora registrados. Pero lo que debe patentizarse lo más pronto posible es la forma como cada uno de los elementos que definen el perfil del problema de transporte va a ser concatenado en una estrategia integral para su tratamiento y solución a largo plazo.
CSJ Y SISTEMA DE GOBIERNO: SUS PECADOS CAPITALES
Para que un edificio no se derrumbe es esencial que sus cimientos estén bien sólidos. Lo mismo sucede con los países. En ese sentido, para que en El Salvador exista una verdadera democracia, un Estado de Derecho, y se alcance la tan anhelada paz —para que, en otras palabras sea normal, seguro y decente— se necesita que por lo menos sus tres órganos fundamentales trabajen como debe ser. Se sabe que las garantías de las y los ciudadanos así como todo el funcionamiento de nuestra sociedad, dependen mucho de los llamados “tres poderes” que son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, según lo reconoce la Constitución de la República en su artículo 86. A cada uno de ellos le corresponden atribuciones específicas y sobre su desempeño se puede hablar bastante, casi nunca en bien.
Entre otras cosas, tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen que ver con el proceso de formación de las leyes. Al Presidente de la República le corresponde sancionar o vetar, publicar y hacer ejecutar las leyes y decretos aprobados por él y por la Asamblea Legislativa. Otra de sus tantas facultades es la de nombrar ministros y demás funcionarios —menos los de segundo grado, que son electos por la Asamblea Legislativa— para que cumplan y hagan cumplir “la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales". En cuanto al Judicial tenemos que entre sus potestades más importantes, según la Carta Magna, se encuentra la de "juzgar y hacer ejecutar lo resuelto en las materias de lo constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo".
En esta ocasión, vamos hablar sólo del último y, en especial de su cabeza formal y visible: la Corte Suprema de Justicia. Este asunto tan importante para nuestro país, se encuentra en manos de unos pocos: su presidente y otras catorce personas que, además de haber cursado la carrera jurídica, teóricamente deben tener una moralidad y competencia notorias para poder ejercer sus cargos. Son dichas personas las que, a su vez, nombran a las y los distintos jueces encargados de hacer valer las leyes.
Hasta acá, todo está bien. El problema comienza cuando se trata de quiénes deciden sobre las “cualidades", tanto profesionales como personales, de los llamados a administrar justicia; en este caso, los magistrados. Situados en la realidad salvadoreña, en este punto nos enfrentamos a un serio problema: semejante responsabilidad recae en las y los diputados. Pese a que el marco regulatorio señala que los magistrados y jueces serán independientes y estarán sometidos únicamente a la Constitución y las leyes, quién nos garantiza que el trabajo de la "honorable" Corte favorece siempre —como debería de ser— a las personas que demanda justicia y no de intereses partidaristas, si su destino pende de los políticos que les otorgan la plaza.
De todas y todos debería ser conocido que el pasado jueves 22 de junio fue juramentado el nuevo Presidente de la CSJ, Agustín García Calderón; ese mismo día se hizo lo propio con otros cuatro “tribunos” propietarios y ocho suplentes. Por su composición y lo visto en los pocos días que lleva funcionando, la renovada CSJ —no “nueva”, como cierta gente la llama— no parece dar visos de mucho cambio, pensando en el desempeño de las anteriores. Es más, en algunos rotativos ya se recordó de forma documentada que las promesas de cambio realizadas por García Calderón durante sus primeros días en el cargo, son exactamente las mismas que hiciera el presidente saliente, Eduardo Tenorio, quien además hoy es el segundo magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional. Asimismo, habría que considerar que algunas y algunos de los nuevos magistrados, por no decir todos, si no están afiliados en un partido político difícilmente pueden ocultar su afinidad un grupo de esos, ya sea de derecha o izquierda.
El pulso político fue grande pues los tres partidos con más miembros en la asamblea querían tener un representante en la Corte. Y así fue. A las otras tres fracciones minoritarias no les quedo más que apoyar las decisiones tomadas por aquéllos. Las acusaciones políticas entre los mismos legisladores salieron a flote. La derecha rechazaba las propuestas de la izquierda y ésta igual; los argumentos: porque los candidatos eran militantes del FMLN; igual sucedió a la inversa y la percepción de la gente “común y corriente” siguió siendo la de siempre: que la justicia no aparece por ninguna parte, porque la han secuestrado los políticos y politiqueros.
Porque aunque la lista de candidatas y candidatos a magistrados salga del gremio de juristas y del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la última palabra la tienen las y los diputados que —no obstante lo que digan en cuanto los avances en materia de “concertación”, tras la reciente elección a la cual nos estamos refiriendo— se siguen moviendo de acuerdo a sus intereses de grupo y hasta personales. De esto último, para muestra tenemos el siguiente botón: acaba de ser sobreseído provisionalmente el ex diputado “arenero” Mauricio Retana, acusado de violar a una menor que incluso hasta quedó embarazada y ya dio a luz. Así, por una cuestionable decisión de la —¿también “honorable”?— Cámara Segundo de lo Penal de la Primera sección del Centro ahora resulta imposible hacer las pruebas científicas del caso, necesarias para establecer la responsabilidad penal de este “señor”.
Con la impunidad de la cual gozan ciertos funcionarios y otro tipo de “personajes” en nuestro país, cualquiera de ellos puede cometer hasta una agresión sexual y quedarse tranquilo. De ahí la importancia de tener simpatizantes de su partido en el Órgano Judicial. Pero, ¿qué se puede hacer si la misma Constitución, en el inciso diecinueve de su artículo 131, le atribuye a la Asamblea Legislativa la facultad de elegir "por votación nominal y pública” —entre otros— a los siguientes funcionarios: presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a los miembros del CNJ? Quizás en otro país funcione este mecanismo, pero acá —con esta “clase política— no.
El recién nombrado magistrado suplente de la CSJ, Marcel Orestes Posada, reconoce que el sistema de elección de funcionarios de segundo grado no es el mejor; la razón: en El salvador es el que menos garantías de independencia ofrece. Para él, este tipo de elección está marcada por intereses políticos. Sin embargo, en su opinión tampoco las llamadas “elecciones populares” son las más idóneas pues los escogidos por la población no serían, necesariamente, los mejores profesionales sino los mejores políticos o —en su defecto— los que tengan mayores recursos para captar más votos. Según Posada, una posible solución podría encontrarse si fuera la comunidad jurídica —compuesta por abogados en ejercicio, funcionarios judiciales y docentes universitarios— a quien se delegara la elección directa del “máximo tribunal”.
El reto para las autoridades no sólo es desterrar cualquier tipo de maniobras que afectan a la población que demanda una pronta y cumplida justicia, sino también realizar su labor como debe ser: apegada a Derecho, en favor de las víctimas y no de intereses mezquinos. En ese marco, Posada —entrevistado en la Radio Revista “Sembrando futuro”, del IDHUCA— ubicó tres problemas en la CSJ y expuso las que, a su criterio, son algunas soluciones para superar los “pecados capitales” del Órgano Judicial. A continuación presentamos la transcripción de un fragmento de la conversación sostenida, hace una semana, con este funcionario.
Los problemas que enfrenta la Corte Suprema de Justicia son la mora judicial, que es una clara violación del artículo 182, inciso 5º de la Constitución, la corrupción y la obsolescencia estructural y funcional del Órgano Judicial. Superarlos es un reto, el cual debe resolverse en equipo. Hay 15 magistrados al frente de la Corte Suprema de Justicia, por lo que hay que distinguir dos cuestiones: la realidad y la percepción de la realidad. Existe una percepción exagerada de la situación, aunque si hay corrupción pero no son todos los jueces; hay mora judicial, pero en algunos tribunales es mínima y en otros es de cero. El problema que sí es universal es la obsolescencia estructural y funcional porque pareciera que el servicio ya no es eficaz, ya no responde a los usuarios que exigen prontitud y certeza jurídica. Falta correspondencia entre demanda y la prestación de servicio.
¿Cómo superar estos problemas? La mora judicial, a través de la reingeniería. La Corte tiene suficientes recursos económicos y humanos. Hacer una reasignación de funciones, diseñar tareas, establecer cargos específicos, que se cumplan metas sobre cierta cantidad de sentencias. Por ejemplo: a 25 colaboradores llamados letrados se les puede asignar cierta cantidad de sentencias para ser cumplidas en una semana. Hay que ejercer presión para crear cambios cuantitativos y cualitativos.
Para llevar a cabo estos cambios propongo la utilización del método “PEPS y UEPS”. Se toman los procesos más antiguos y se les da un tratamiento cronológico. Se hace otro grupo con los procesos más nuevos que tengan cierta preferencia. “PEPS” significa: “primer caso que entra, primer caso que sale; “UEPS” es: “último caso que entra, primero que sale”. Así, en mi tribunal nunca ha existido mora judicial. La Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro de San Salvador, fundada el uno de marzo de 1995, tiene cinco años de funcionar y todos los casos han sido resueltos en el plazo de cinco días que establece la ley.
El servicio de justicia debe enfocarse con un criterio de urgencia. Toda transgresión requiere atención urgente. El amparo es un reclamo de urgencia. En el pasado, los amparos se han tratado bajo un criterio de oportunidad; sin embargo, el artículo 182 no permite esas cosas.
En cuanto a la depuración judicial, no se está diciendo que deba ejercerse una función represiva. Se trata de depurar el Órgano Judicial para que aquellos malos elementos sean extraídos del sistema. Yo propondría dos formas beneficiosas para depurar el Órgano Judicial:
1º Sacaría a los elementos dañinos.
2º Utilizaría un efecto disuasivo para que aquellos elementos que se quedan, corrijan cualquier tendencia que pueda llegar hasta la corrupción.
Este proceso de depuración tuvo que haber iniciado en 1994. Yo creo que se puede diseñar un programa de depuración en tres etapas: tomar medidas contra los elementos corruptos; eliminar a los elementos nocivos por incapacidad, porque no tienen la idoneidad requerida; y ubicar también a los elementos negligentes, pues son personas que tienen suficiente inteligencia. El juez debe liberarse de todo sentimiento de simpatía, de cobardía para decidir con el puro intelecto. Cuando se habla de depuración la Corte debe actuar como juez para juzgar y despojarse todo tipo de influencia para decidir imparcialmente.
Los aspectos abordados por Marcel Orestes Posada son delicados y bastante conocidos. Obviamente, tiene razón cuando se refiere a la depuración judicial; para que las cosas caminen como debe ser en el sistema judicial, se debe iniciar un proceso de ese tipo. Pero se debe garantizar que aquellas personas encargadas de impulsarlo sean honestas y transparentes. Así, pues, sus figuras máximas deben ejercer y velar porque se haga justicia, despojándose de sus afinidades políticas e intereses particulares a la hora de realizar su trabajo. Por tanto, antes debería depurarse esa llamada “clase política” que los nombra. De no ser así, poco será lo positivo que se pueda lograr y seguiremos —en el mejor de los casos— empantanados en la mediocridad y la ineficacia. Sin lugar a dudas, los problemas del Órgano Judicial se agudizan si la ciudadanía no cree en él. Y, lástima grande, eso ocurre ahora en El Salvador. Ojalá nos equivoquemos y la actual Corte comience a dar pasos en otro sentido, porque sus pecados capitales sólo serán superados cuando se desligue de las estructuras de poder y sus integrantes estén al servicio del pueblo.
ACUERDOS. El jueves 06.07, la Asamblea Legislativa ratificó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá la negociación de tratados de extradición entre El Salvador y otros países, siempre y cuando se respete a los salvadoreños el debido proceso y no se les aplique pena de muerte. La ratificación fue aplaudida por la embajadora de E.U.A., Anne Patterson, quien reveló que cerca de 200 salvadoreños acusados de delitos en su país se han refugiado en El Salvador. La enmienda constitucional fue apoyada por los 31 diputados del FMLN que se habían mantenido en oposición al acuerdo hasta que E.U.A. no incluyera una serie de cláusulas que garantizasen los derechos de los extraditables. Posteriormente, se ratificó el acuerdo denominado "Juventud Sana", con 48 votos, el cual permite la llegada de personal civil y militar estadounidense para instruir a las autoridades nacionales en el combate del narcotráfico. Finalmente, los legisladores ratificaron, con 49 votos, el acuerdo que permite el acceso y uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador por militares de Estados Unidos. El FMLN, el CDU y un diputado del PDC no votaron a favor del acuerdo. "Si lo aprueban, pondremos un recurso de inconstitucionalidad", dijo el diputado Manuel Melgar, del FMLN. Asimismo, la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD), criticó el acuerdo con E.U.A. argumentando que el tratado tiene una "imposibilidad jurídica". Por su parte, el diputado Rodrigo Avila, de ARENA, dijo que el acuerdo "no es inconstitucionalidad" (EDH, 07.07.00, p.2 y 3; EM, 06.07.00, p.3; 07.07.00, p.6).
SUBSIDIO. El ministro de Economía, Miguel Lacayo anunció la reducción gradual del subsidio por consumo residencial de energía eléctrica a partir del 01.07. El subsidio desaparecerá gradualmente para los consumidores de entre 100 y 199 kilovatios/hora, mientras que se reducirá al 75% para los consumidores de entre 1 y 100 kilovatios/hora. El gobierno se ahorraría unos 100 millones de colones al año, según cálculos de Lacayo, fondos que serían utilizados para proyectos de electrificación rural a fin de aumentar la cobertura del 65% que se tiene actualmente a un 90%. "Se reorientará el subsidio para utilizarlo en incrementar la cobertura de electrificación rural", aseguró. En ese mismo orden, el ministro de Hacienda, José Luis Trigueros, respaldó la decisión de Lacayo al considerar que "no es bueno, no es sano tener estos niveles de subsidio, y es algo que debemos racionalizar". Trigueros comentó que hay otros sectores que, efectivamente, pueden pagar los costos de energía eléctrica y no ameritan el subsidio; de ahí que las personas que consumen más de 200 kilovatios/hora pagarán en el mes el 20% más por el servicio a partir de julio. Afortunadamente, el incremento de precios en el Mercado Regulador de Sistemas (MRS) comenzó a bajar desde mayo y dicha tendencia se ha mantenido. Por tal razón, el gerente general de la Unidad de Transacciones de CEL, Roberto González, estima que una vez que se comiencen a regular los precios desde agosto, no habrá necesidad de subsidio ya que los usuarios pagarán los bajos precios que se registran en el MRS (LPG, 08.07.00, p.23; EDH, 08.07.00, P.18 y 20).
REORDENAMIENTO. La Alcaldía de San Salvador, el viceministerio de Transporte (VMT) y los empresarios de transporte han elaborado un plan para reordenar las ventas ambulantes y la circulación vehicular en un perímetro de 36 cuadras dentro del centro histórico de San Salvador. En este perímetro se concentra el 99% de las rutas urbanas de la capital y de implementarse el plan se vería sustancialmente descongestionado el centro histórico. Dicho plan implica que todos aquellos cambios o prolongaciones de recorrido que se autorizaron después de julio de 1998 ya no tendrán efecto, según el jefe de Ingeniería de Tránsito del VMT, Carlos Flores. El funcionario aseguró que el plan debe complementarse con la reubicación de vendedores estacionarios, tarea que compete a la alcaldía capitalina. Asimismo, los transportistas se comprometieron a dejar libres las intersecciones de las calles más transitadas y a colaborar con las autoridades municipales y del VMT. Los presidentes de las gremiales de transporte ATP y AEAS, Joaquín Herrera y Genaro Ramírez, respectivamente, asumieron el compromiso de vigilar la conducta de los motoristas de las diferentes rutas de buses para evitar infracciones al Reglamento General de Tránsito. "Estamos adquiriendo un compromiso y vamos a respetar en lo que nosotros nos hemos comprometido", puntualizó Herrera. Si bien el plan ha involucrado a los sectores transporte y municipalidad se ha prestado poca atención al sector de los vendedores estacionarios, quienes se oponen al desalojo de sus puestos (LPG, 08.07.00, p.4; 12.07.00, p.12).
CAFÉ. Los cafetaleros salvadoreños están a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe el Fondo de Emergencia del Café a más tardar este jueves 13.07 y para ello han sostenido reuniones con diferentes fracciones y comisiones de la Asamblea. La condición de obligatoriedad ha sido uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el aval legislativo. "La aprobación del Fondo de Emergencia se necesitaba anteayer, pero comprendemos los planteamientos de los diputados, pues ellos no compartían la petición de obligatoriedad", expresó el presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Roberto Inclán, quien además confirmó que el Fondo no será obligatorio, pero sí tendrá carácter colectivo, ya que la gran mayoría de caficultores están de acuerdo en la necesidad de implementarlo. "De aproximadamente 22 mil productores de café, el 99.9% necesitamos el Fondo", concluyó. El proyecto del Fondo tendrá un monto total de $80 millones provenientes de un préstamo internacional, contando con el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) como intermediario y el gobierno de El Salvador como garante. Asimismo, el Fondo será manejado por el Consejo Nacional del Café y cada caficultor tendrá derecho a un crédito de hasta $25 por quintal de producción, si lo desea. El partido ARENA, tras una reunión sostenida con el gremio cafetalero, decidió apoyar la aprobación del Fondo. De igual manera, el ministro de agricultura, Salvador Urrutia, destacó los beneficios del proyecto que, según el, generará 400 mil empleos permanentes (EM, 08.07.00, p.4; 10.07.00, p.11; LPG, 08.07.00, p.25; EDH, 08.07.00, p.4).
INCONSTITUCIONALIDAD. "El acuerdo con EE.UU. viola tres artículos de nuestra Constitución", manifestó Shafik Handal, diputado del FMLN, al ser aprobado el acuerdo con Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico, únicamente con 43 votos, el pasado 06.07, y no con tres cuartas partes de los diputados, es decir, 63 votos. Los artículos a los cuales hizo referencia el diputado son el 146, 147 y 159 de la Constitución, referentes a la soberanía y a las atribuciones del Estado en materia de seguridad pública. Para Shafick Handal, es necesario que se impugne ante La Corte Suprema de Justicia (CSJ) el convenio ratificado por considerarlo una violación a la soberanía nacional. El FMLN esperará la publicación en el Diario Oficial del acuerdo sobre narcoactividad para presentar un recurso de Inconstitucionalidad ante la CSJ, "vamos a presentar el recurso cuando el tratado sea ley de la República", manifestó Manuel Melgar, subjefe de fracción del FMLN. Sin embargo, el partido ARENA se amparó en que el país no cuenta con la tecnología adecuada para combatir la narcoactividad, "el acceso de EE.UU. sólo será relacionado con el combate al narcotráfico", manifestó René Figueroa, jefe de fracción de ARENA. El PCN y PAN apoyaron también la ratificación del acuerdo (EDH, 07.07.00, p. 2 y 3; LPG, 07.08.00, p.8).
MILLONES. Los gastos del gobierno están creciendo más rápido que los ingresos totales, según cifras proporcionadas por el ministerio de Hacienda hasta el mes de mayo pasado. El analista económico Francisco Molina señaló que esta anomalía se debe a que el año pasado el gobierno trabajó seis meses con el presupuesto de 1998, ya que el de 1999 fue aprobado hasta junio de ese año. "Esto restringió los gastos del gobierno y no permitió la colocación de recursos ", manifestó el profesional. Por el contrario, debido a que el presupuesto del año 2000 fue autorizado por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, Molina sostuvo que eso ha influido en un mayor nivel de gastos en el presente año. Por otro lado, los diputados gastan, al mes, más de cien mil colones de los contribuyentes en alimentación, de acuerdo a lo manifestado por el Departamento de Contabilidad de la Asamblea Legislativa; además, los seguros del Congreso costarán 22 millones de colones en los tres años. Fracciones legislativas como ARENA, PCN y PDC defienden este beneficio, no así el FMLN que pidió revisión de las cantidades por considerarlas demasiado elevadas. "No participamos de esa licitación porque carecemos de representación en la directiva", sostuvo Roberto Lorenzana, diputado del FMLN. Para Norman Quijano, diputado de ARENA, la cantidad asegurada es justa, "la polarización política, tal vez no del nivel jerárquico de las cúpulas partidarias, pero en las bases existe mucha belicosidad que pone en peligro la vida de los diputados", agregó el funcionario (EDH, 10.07.00, p.8; LPG, 08.07.00, p.30; 10.07.00, p.12).
BONOS. "La resolución de la Corte afecta las posibilidades futuras del país de emitir bonos para el financiamiento del presupuesto", fue el comentario del presidente Francisco Flores tras conocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la manera de aprobar los bonos para financiar el Presupuesto General de la Nación para 1999. La forma en que se emitieron los bonos violentó el Art. 148 de la Constitución al omitir uno de los requisitos para su validez, es decir, la mayoría calificada. Sin embargo, para el mandatario, el paquete de bonos de dos millones de colones significa "equilibrio", ya que "con ello se logró financiar lo que hacía falta para el gasto público". Por otro lado, para Hugo Molina, diputado del FMLN, "el gobierno enfrenta un nuevo problema y es que no se sabe cómo va a ser el tamaño del déficit y el financiamiento del mismo". Molina aseguró que el fallo de la CSJ debe de verse de dos maneras: Si hay parte de los bonos que fueron colocados y vendidos, quienes los hayan comprado tienen asegurado sus derechos y beneficios; en segundo lugar, los bonos que el gobierno no haya colocado en el mercado o bolsa de valores, ya no deben colocarse por ser inconstitucionales. Como consecuencia, los bonos no vendidos generan 3 mil 600 millones de colones de deuda interna, y a pesar de que estos representan el 20.3 por ciento del total del presupuesto, José Luis Trigueros, Ministro de Hacienda asegura que "no hay porqué alarmarse". Para el funcionario, lo preocupante es la manera de encontrar dinero para pagar la deuda (EDH, 05.07.00, p.6; 06.07.00, p.4; DL, 06.07.00, p.2).
PROCURADOR. "Cometimos un error, pero lo enmendamos con la destitución de Peñate, retomar la elección es parte del proceso de recuperación de la PDDH". Así se expresó Salvador Sánchez Cerén después de que Marcos Valladares, Procurador de Derechos Humanos, fuera acusado por el desorden institucional que existe en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El diputado reveló que Medardo González será el representante del partido en una subcomisión encargada de buscar un sustituto. "Trabajará en hacer las consultas jurídicas sobre los plazos y elaborar el procedimiento para elegir al nuevo procurador". Por otro lado, ARENA enfoca el debate en el plazo de gestión del nuevo funcionario. "Tenemos que escuchar las valoraciones jurídicas sobre el tiempo de gestión del nuevo procurador", expresó el jefe de la fracción arenera, René Figueroa. Asimismo, René Aguiluz, diputado del PDC, señala una dificultad. "¿quién se jugará el prestigio en una institución como la PDDH, con tantos problemas internos y con tan poco presupuesto?". Como consecuencia, Aguiluz asegura que es necesario llegar a un acuerdo con el fin de garantizar la estabilidad del nuevo procurador. Por otro lado, la Asociación de Empleados de la Procuraduría (ASEPRODEH) criticó y denunció algunas anomalías de la gestión del actual procurador, Marcos Valladares. "Creemos que se debe ejercer un mejor control de las actividades financieras dentro de la institución", expresaron los trabajadores. Al mismo tiempo, piden descentralizar el trabajo a fin de que el nuevo procurador tenga tiempo para solucionar las situaciones de mayor trascendencia (LPG, 11.07.00, p.4 y 5; 12.07.00, p.20).
ISSS. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no admitir el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) contra el fallo de la Cámara Primero de lo Laboral que lo declara culpable de violar el contrato colectivo de 221 trabajadores. Esto significa que la violación del contrato colectivo de trabajo no implica que los despedidos deban ser restituidos. Para el subdirector del ISSS, tras conocer el fallo de la CSJ existen muchas salidas para solucionar el problema, ya que "en el fallo no se ordena un reinstalo. Se tienen diez días para decidir qué hacer", agregó. Sin embargo, los sindicalistas dan por hecho el reinstalo laboral a partir del día lunes 18.07. Según manifestó José Armando Platero, secretario de STISSS, "estamos felices por el fallo. Hoy esperamos que el ISSS cumpla con el reinstalo". Ante dichas declaraciones la directora del ISSS, Ana Vilma de Escobar, recomendó a los sindicalistas respetar el plazo judicial de diez días que la CSJ ha dado para cumplir con la resolución, la cual definirá su recontratación o no; la funcionaria agregó que "cumpliremos con el fallo cuando el juez nos notifique el fallo". Y es que la Sala de lo Civil pasa la resolución a la Cámara de lo Laboral. Luego los magistrados de la Cámara lo envían al juez de Primera Instancia quien fue el que conoció por primera vez el caso, y es el encargado de notificarles la resolución y ordenar que esta se cumpla. "Cuando el juez nos diga la resolución es cuando tendremos diez días para subsanar la violación del contrato", añadió la funcionaria (EDH, 06.07.00, p.2 y 3; 13.07.00, p.6).

References: artículo 86
 artículo 131
 artículo 182
 artículo 182
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución