Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3003
Timestamp: 2020-05-27 03:27:53+00:00

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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 149/1995
SENTENCIA 149/1995, de 16 de octubre
ECLI:ES:TC:1995:149
En el recurso de amparo 1.664/93 interpuesto por don Elías López Feijoo, don José Rodríguez Feijoo, doña Amelia Fernández Ferro, doña Nieves Fernández Fernández, doña Luisa Ferro Alonso, doña Purificación Iglesias Mandarnas, doña Preciosa Feijoo Feijoo, doña Concepción Atrio Iglesias, doña Asunción Castiñeira Rodríguez, doña Rosa Fernández Rodríguez, don Ramón Fernández Feijoo, don Avelino Iglesias Fernández, don Antonio Fernández Fernández, don José Benito Gil Atrio y don Aurelio Vázquez Fernández, representados por la Procuradora doña María Belen San Román López y bajo la dirección del Letrado don José Feijoo Fernández, contra el Auto de 15 de abril de 1993 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, recaído en el recurso de casación 2.495/92. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y han sido parte don Antonio Gil Hermida, don José Iglesias Rodríguez, don Luis Sotelo Hermida, don José Gil Alonso, don Antonio Calviño Rodríguez, don José Alvarez Fernández y don Jaime Atrio Iglesias, representados por el Procurador don Saturnino Estevez Rodríguez y bajo la dirección del Letrado don José Carlos González Fernández. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de mayo de 1993, la representación procesal de los demandantes antes referenciados, formuló demanda de amparo contra el Auto, de 15 de abril de 1993, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por el que acordó no admitir a trámite el recurso de casación 2.495/92.
b) Los demandantes, por escrito presentado el 5 de septiembre de 1991, prepararon recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. La Sala, por providencia de 6 de septiembre de 1991, tuvo por presentado el escrito en tiempo y forma disponiendo que una vez se notificase la Sentencia a los demandados declarados en rebeldía mediante la oportuna publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Orense se acordaría respecto del recurso de casación que se preparaba. Publicación que tuvo lugar el 15 de marzo de 1992. Dictándose providencia el 13 de junio de 1992 en la que se tuvo por preparado el recurso de casación, acordándose remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo y emplazar a las partes, lo que se llevó a efecto el 15 de junio.
c) Con fecha de 21 de junio de 1992 se formalizó el recurso ante la Sala Primera del Tribunal Supremo mediante la presentación del oportuno escrito de interposición. No obstante, por Auto de 15 de abril de 1993, notificado el 3 de mayo, la citada Sala acordó la inadmisión del recurso, conforme al art. 1.710.1.2, en relación con el art. 1.687.1 c), ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.), por no superar la cuantía del pleito (que era la de 4.000.000 de ptas.) el límite de los 6.000.000 de ptas. establecido en la Ley 10/1992 , de 30 de abril, ("Boletín Oficial del Estado" del 5 de mayo) para el acceso a la casación, al haberse interpuesto o formalizado el recurso tras la vigencia de la nueva Ley.
5. Por providencia de 7 de abril de 1994, se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, tener por parte al Procurador don Saturnino Estevez Rodríguez, en nombre de don Antonio Gil Hermida y las otras personas antes mencionadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.
6. Por escrito registrado el 7 de mayo de 1994 los demandantes dan por reproducidas las alegaciones formuladas en el escrito de demanda. Por su parte, el Procurador don Saturnino Estevez Rodríguez, por escrito registrado el 29 de abril de 1994, alegó quelos demandantes interpusieron el 3 de septiembre de 1991 recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y con posterioridad formulan el recurso ante el Tribunal Supremo. Sentado lo anterior, considera que el amparo debe ser desestimado, pues interpuesta la casación el 22 de julio de 1992 contra una Sentencia cuya cuantía fue fijada unilateralmente por los propios recurrentes en 4.000.000 de ptas., no se supera el límite de los 6.000.000 de ptas. del art. 1.687.1 c) L.E.C., por loque resulta clara la inadmisibilidad de acuerdo con el art. 1.710 L.E.C. y la Disposición transitoria segunda de la Ley 10/1992.
9. Con fecha de 5 de julio de 1994 el Procurador don Saturnino Estevez Rodríguez presentó escrito en el que se ratificó en las alegaciones anteriormente formuladas.
1. En la demanda del presente recurso de amparo se denuncian dos quejas que deben ser examinadas por separado.En primer lugar, los recurrentes imputan a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña la violación del derecho a un proceso "sindilaciones indebidas" reconocido en el art. 24.2 C.E., que a su juicio se habría producido por haber dictado la providencia de 13 de junio de 1992 teniendo por preparado el recurso de casación anunciado por los recurrentes mediante escrito presentado el5 de septiembre de 1991, con notable retraso, dilatando la resolución prevista en el art. 1.696 L.E.C. más de ocho meses.
En segundo lugar, estiman los recurrentes que la inadmisión del recurso de casación que interpusieron, acordada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, conforme al art. 1.710.1.2 L.E.C., por no superar el pleito la cuantía de los 6.000.000 de ptas. queestablece ahora el art. 1.687.1 c) L.E.C., tras la Ley 10/1992, constituye una vulneración del art. 24.1 C.E., al inadmitirse el recurso mediante una aplicación retroactiva de la Ley 10/1992 que resulta contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.
2. Respecto de la violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, su examen no puede ser abordado por concurrir la causa de inadmisión -que en este momento lo es de desestimación- prevista en el art. 44.1 c) LOTC, como ha señalado el Ministerio Fiscal; pues reiteradamente hemos declarado que para poder enjuiciar una queja por "dilaciones indebidas" es necesario que, previamente, en el proceso judicial donde se originaron se haya denunciado el retraso o mora en la actuación de los órganos judiciales. En otro caso, se produciría un acceso per saltum a la jurisdicción constitucional en contra del carácter subsidiario del amparo constitucional (SSTC 51/1985, 152/1987, 59/1988, 173/1988, 128/1989, 224/1991, 97/1994).
Basta examinar el rollo de apelación para comprobar que presentado el 5 de septiembre de 1991 el escrito preparando el recurso de casación, en ningún momento los recurrentes formularon protesta alguna ante la Audiencia por el retraso en la resolución prevista en el art. 1.696 L.E.C., denunciando la mora en que se estaba incurriendo, ni tampoco la alegaron en el escrito de interposición del recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo; siendo ahora, en la demanda de amparo, donde por primera vez se invoca esta lesión constitucional. Y ello con independencia de que la supuesta dilación en la preparación del recurso de casación no sería realmente imputable al órgano judicial, como se ha alegado, pues por providencia del siguiente día, 6 de septiembre de 1991, se tuvo por presentado el escrito, si bien fue precisa la publicación de edicto respecto a los demandados en rebeldía en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Orense y ésta no tuvo lugar hasta el 15 de marzo de 1992; dictándose ulterior providencia el 13 de junio de ese año, en la que se tuvo por preparado el recurso de casación.
Para ello basta con que nos remitamos a la STC 374/1993, en la que ya se declaró que, si bien la interpretación realizada por la Sala Primera del Tribunal Supremo de la Disposición transitoria segunda de la Ley 10/1992, de 30 de abril -según la cual los límites cuantitativos que abren el acceso a la casación para los recursos interpuestos o formalizados tras la entrada en vigor de la nueva Ley, aunque se hubieran preparado bajo la vigencia de la regulación anterior, son los que la nueva Ley procesal establece-, no es la única que admite la norma dada la manifiesta falta de previsión del texto legal, sin embargo la inadmisión del recurso de casación fundada en esa interpretación supone la aplicación, de manera razonada y no arbitraria, de una causa de inadmisión prevista en la Ley que se adecúa al cambio normativo producido. Por lo que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Conclusión que, por otra parte, se refuerza con la doctrina sentada en la STC 37/1995, en la que el Pleno de este Tribunal ha precisado que, a diferencia del acceso a la jurisdicción, el derecho de acceso a los recursos no nace ex Constitutione sino de lo que establezca en cada caso la ley, gozando el legislador de un amplio margen de libertad para configurar el sistema de recursos contra las resoluciones judiciales. Por lo que es constitucionalmente lícita incluso la eventualidad de que no existan, salvo en el ámbito penal; correspondiendo a los órganos judiciales la verificación y control de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que condicionan el acceso a los recursos. En este sentido, hemos declarado que es la Sala Primera delTribunal Supremo a la que le compete decir la última palabra sobre la admisibilidad de los recursos de casación ante ella interpuestos, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 C.E.). Esto es, cuando quedare cerrada la vía del recurso por una resolución que sea manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 148/1994, fundamento jurídico 4º).
Dada en Madrid, a dieciseis de octubre de mil novecientos noveenta y cinco.
1. Voto Particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado del Tribunal Constitucional respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo 1.664/93.
Siendo idénticas las situaciones que enjuician nuestra STC 374/1993 y esta, sirve para el caso la opinión disidente que manifesté en el voto particular para aquélla. Bastaría pues con un escueto envío si no lo impidiera mi inclinación a lo que más de unavez, en el Tribunal Supremo y en este, he llamado cortesía forense, como esteriorización del talante propio del Juez, dialogante en el estrado y reflexivo en su escritorio y en la motivación de sus decisiones, sin perjuicio de la potestas o el imperium en que consiste el pronunciamiento final de la Sentencia. Quienes fueron parte en este proceso y sus Abogados tienen el mismo derecho de quienes lo fueron en el anterior a conocer directamente, aquí y ahora, las razones determinantes de la resolución definitiva de su pleito y, también, de los criterios discrepantes, evitándoles la carga de buscarlos en otro lugar, por fácil que pueda resultar.
Pues bien, como decíamos entonces, es fácil colegir el propósito que ha guiado al legislador, en tantas ocasiones y para los distintos órdenes judiciales, a la hora de adoptar criterios selectivos que aligeren la pesada carga del Tribunal Supremo. No esotro sino el de poner coto a la masificación de los recursos procesales, y en especial los extraordinarios. Sin enjuiciarlo aquí y ahora, por resultar inoportuna tal tarea en esta coyuntura, es conveniente no obstante apuntar algunas reflexiones en torno a la aplicación en el tiempo de tales normas, cuyo qué no nos interesa en este momento, pero sí el cuando. Vamos a enfocar entonces el tema desde la sóla perspectiva del Derecho transitorio o intertemporal.
1. A tal efecto, como punto de partida del razonamiento, conviene traer a primer plano algo obvio por lo demás. En el sistema de producción de normas configurado por nuestro Código Civil, las Leyes se dictan para el futuro y su eficacia respecto de hechos, actos o situaciones se produce desde su entrada en vigor. El fenómeno de la retroactividad es posible si la propia Ley lo autoriza, es obligado si esta ley es de naturaleza penal pero más beneficiosa para el inculpado (arts. 25.1 C.E. y 24 C.P) y es imposible si se trata de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 C.E.). Las Leyes procesales pertenecen al primer grupo de los tres enumerados más arriba y por tanto no inciden sobre los procesos pendientes, incoados y en marcha salvo que así lo digan explícitamente como ocurrió con la Ley constitutiva de la Audiencia Nacional (R.D.Ley 1/1977, de 4 de enero) o en la más reciente de Procedimiento Laboral, incidencia retroactiva que, de producirse, afecta habitualmente a instancias completas y no por fases o períodos dentro de un mismo grado jurisdiccional, En el caso de silencio de la nueva Ley, rige el principio aceptado por el Real Decreto de 3 de febrero de 1881, que promulgó la de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 3 establece: "los pleitos pendientes en la actualidad continuarán sustanciándose en la instancia en que se hallen con arreglo a la Ley hoy vigente" (y que se dorogaba en ese mismo momento). Es el fenómeno que doctrinal y jurisprudencialmente se ha bautizado con la expresión latina muy conocida de la perpetuatio iurisdictioniis, aplicado por ejemplo en la transformación sustantiva y jurisdiccional del régimen jurídico del contrabando por obra de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, segúnha reconocido el Tribunal Supremo en numerosas Sentencias (6 de octubre y 20 de noviembre de 1986; 11 de febrero, 24 de marzo, 14 y 28 de mayo, 4 de julio, 22 de octubre y 30 de noviembre de 1987, así como la de 20 de febrero de 1988).
2. En tal línea discursiva parece necesario indicar que en el momento de la iniciación de este juicio de menor cuantía su entero itinerario, hasta el agotamiento de todos los recursos, ordinario y extraordinario, estaba regido por la Ley de Enjuiciamiento civil en la redacción inmediatamente anterior a la actual. En consecuencia, el listón cuantitativo que vedaba el acceso a la casación se había colocado en tres millones de pesetas, regulación que era también la vigente cuando la Audiencia Provincial correspondiente dictó Sentencia en apelación (22 julio 1991) y fue notificada, abriéndose el plazo para su impugnación bajo tal régimen procesal, así como cuando se preparó el recurso de casación por escrito ante la Sala. Ahora bien, entre la interposicióny la formalización entró en vigor la Ley 10/1992, de 30 de abril, donde se configuran las causas de inadmisibilidad a limine, una de las cuales se le aplicó a ese recurso (art. 1710.1 L.E.C.). Con independencia de que fuera, o no, posible una interpretación menos formalista de la Disposición Transitoria Segunda que hubiera permitido obtener una resolución más favorable al derecho de acceder a los recursos por los resquicios de su planteamiento claramente retroactivo, fue éste el que primó a la hora de la decisión acerca de la admisibilidad de la casación en trámite. Aquí ha de situarse, pues, el verdadero problema, cuya trascendencia constitucional nos preocupa y ha sido el factor desencadenante de esta opinión testimonial.
3. El derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en una respuesta única y, por tanto, comprende no sólo el acceso al proceso de instancia sino también los recursos establecidos en la Ley (SSTC 23/1983 y 123/1983) así como a la ejecución de lo juzgado. Ahora bien, como derecho de configuración legal en nuestra propia terminología, su contenido ha de venir dado por los códigos procesales de los respectivos órdenes jurisdiccionales, donde se articula el sistema de recurso peculiar de cada uno de ellos, con la doble función común de servir como garantía del ciudadano e instrumento de control interno de la organización judicial. La necesidad de seleccionar los asuntos más importantes para hacer posible en la práctica su reconsideración en un segundo grado jurisdiccional, provoca que el legislador utilice distintos criterios selectivos, unos directos como puede ser la naturaleza del asunto y alguno indiciario entre los cuales se encuentra la cuantía de la pretensión. (STC 93/1993). Esta, que en una primera etapa sirve a veces para determinar el procedimiento idóneo, permitía que a la casación civil pudieran llegar entonces los asuntos cuyo interés económico se cifrare en más de 3.000.000 de pesetas, sin contemplar la posibilidad de un rechazo de plano.
Desde una perspectiva trascendente, que ponga orden y concierto en el abigarrado conjunto de normas, no muy bien pergeñadas técnicamente, en un cadenamiento temporal propicio a la confusión, conviene traer al primer plano la figura constitucional del juez predeterminado legalmente (art. 24), derecho fundamental y garantía actuante caso por caso y para cualquier ciudadano. A la luz de este principio queda claro, en nuestra opinión, que el cambio de la competencia de los Jueces y Tribunales, no obstante la naturaleza genuinamente procesal en su origen de este elemento subjetivo del proceso, incide frontalmente sobre esa predeterminación, aun cuando se haga en masa para todo un conjunto, alterando así el planteamiento inicial. Por ello, ni siquiera la Leypodría dotarse a sí misma de eficacia retroactiva en este concreto aspecto, aunque alguna vez el legislador haya caído en esa tentación con la mejor de las intenciones y si lo hiciera, la constitucionalidad de una norma transitoria de tal guisa sería y es más que dudosa, porque la Constitución veda la figura del juez ad hoc, establecido ex post facto, cualesquiera que fueren el mecánismo utilizado para ello y el nivel del proceso en el cual se produzca.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1664-1993
Contra Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo acordando inadmisión de recurso de casación formalizado frente a Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, revocatoria de la de instancia en juicio de menor cuantía.
Reiteradamente hemos declarado que para poder enjuiciar una queja por «dilaciones indebidas», es necesario que, previamente, en el proceso judicial donde se originaron se haya denunciado el retraso o mora en la actuación de los órganos judiciales. En otro caso, se produciría un acceso «per saltum» a la jurisdicción constitucional en contra del carácter subsidiario del amparo constitucional (SSTC 51/1985, 152/1987, 59/1988, 173/1988, 128/1989, 224/1991, 97/1994). [F.J. 2]
De acuerdo con lo que declaramos en la STC 374/1993, si bien la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de la Disposición transitoria segunda de la Ley 10/1992, de 30 de abril -según la cual los límites cuantitativos que abren el acceso a la casación para los recursos interpuestos o formalizados tras la entrada en vigor de la nueva Ley, aunque se hubieran preparado bajo la vigencia de la regulación anterior, son los que la nueva Ley procesal establece-, no es la única que admite la norma dada la manifiesta falta de previsión del texto legal, sin embargo la inadmisión del recurso de casación fundada en esa interpre tación supone la aplicación, de manera razonada y no arbitraria, de una causa de inadmisión prevista en la Ley que se adecua al cambio normativo producido. Por lo que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. [F.J. 3]
Artículo 1687.1 c), ff. 1, 3
Artículo 1696, ff. 1, 2
Artículo 1710.1, VP
Artículo 1710.1.2, f. 1
Disposición transitoria segunda, f. 3, VP
Disposición transitoria segunda, apartado 2, VP

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 1687

Artículo 1696

Artículo 1710

Artículo 1710