Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas?documento=rpenal&contexto=rpenal_7680752a8020404ce0430a010151404c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 04:24:08+00:00

Document:
﻿ La responsabilidad penal de las personas jurídicas: consecuencias accesorias contra la empresa
CONTENIDO:La dogmática contemporánea se encuentra ante un escollo aparentemente insuperable en la criminalidad de entes colectivos en tanto que tradicionalmente el delito se ha entendido como una conducta reservada para las personas naturales. De allí que algunos códigos penales modernos como el español de 1995 planteen soluciones intermedias que permitan superar estas dificultades.
REVISTA DERECHO PENAL N°:1, oct./2002, pág. 35
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: consecuencias accesorias contra la empresa
Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Castilla - La Mancha. (España).
El creciente poder de las grandes empresas y facilidad para cometer delitos económicos, han provocado la revisión del clásico planteamiento según el cual, solo la persona natural puede ser sujeto activo del delito.
La mayoría de los países han recurrido a formas determinadas de represión penal contra las empresas. En España, el Código Penal de 1995 opta por una categoría híbrida denominada “consecuencias accesorias”, que son en realidad sanciones impuestas a las personas jurídicas en este como en los otros ordenamientos que han decidido superar el principio societas delinquere non potest.
Clausura de empresas; locales o establecimientos; consecuencias accesorias; disolución de sociedades; asociaciones o fundaciones; intervención de empresas; personas jurídicas; prohibición de actividades; operaciones o negocios; publicación de sentencias condenatorias; societas delinquere non potest; suspensión de actividades de sociedades; empresas; fundaciones o asociaciones.
I. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: debate doctrinal
El tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pese a que data de muchos años, está de moda en el actual derecho penal y es objeto de intensa discusión tanto nacional como internacional durante los últimos años(1). Discusión promovida porque desde el nacimiento del derecho penal los delitos se concibieron como obra de un sujeto individual que vulnera un bien jurídico individual y cuya víctima es así mismo una persona individual. De ahí que se negara responsabilidad penal a las personas jurídicas. Sin embargo, a finales del siglo XIX y de manera cada vez más acentuada a lo largo del siglo XX, se produce un fenómeno nuevo: se desarrolla la economía y, en consecuencia, el Derecho penal económico, que provoca que las disposiciones penales sean cada vez más numerosas, por ejemplo, en materia de consumo, de relaciones de trabajo, sociedades, medio ambiente, etc. Estas nuevas infracciones son frecuentemente cometidas en el marco del funcionamiento de una empresa o, mejor dicho, en el marco de una persona jurídica. Desde entonces se retoma la vieja discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas puesto que la realidad criminológica de nuestros días ha puesto de manifiesto que los delitos de mayor incidencia social y económica se realizan por grandes empresas, muchas de ellas trasnacionales.
En nuestro sistema jurídico la responsabilidad criminal es estrictamente personal. Desde el punto de vista de un Derecho penal que en la configuración de la infracción delictiva parte de la acción humana, de la culpabilidad y de unos presupuestos psicológicos que sólo pueden predicarse de la persona física individual, se hace difícil admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. También el sistema de sanciones aplicables, penas o medidas, descansa en unos presupuestos psicológicos individuales, culpabilidad-peligrosidad, en función de los cuales se asigna al sistema de sanciones unas finalidades de prevención general o especial que difícilmente pueden lograrse en el ámbito de las personas jurídicas(2).
Los argumentos principales esgrimidos para negar responsabilidad penal a las personas jurídicas y las réplicas a los mismos son los siguientes:
1. La idea de ficción de la persona jurídica, ficción puesto que no posee voluntad personal. Este pensamiento parte de Savigny para quien la persona moral es una ficción: toda asociación de hombres no es más que una suma de individuos entre los que existen ciertas relaciones; carecen, empero, de la unidad espiritual y corporal que caracteriza a las personas.
A esta idea, hoy en día insostenible, se responde mediante el argumento del carácter real de la agrupación o persona jurídica que sí puede cometer falsificaciones, estafas, delitos tributarios, medio ambientales, etc. Las personas jurídicas son reconocidas como personas jurídicamente independientes con derechos autónomos distintos de los de sus socios y sus órganos con capacidad de decisión.
2. El argumento del principio de especialidad según el cual la persona jurídica surge en la vida jurídica para cumplir un fin social.
A dicho argumento se opone una idea de sentido común: aun si la comisión de infracciones no está prevista en el estatuto de la agrupación, como su objetivo, se constata sin embargo, en la práctica, que determinadas empresas o agrupaciones tienen una actividad diferente de aquélla para la cual sus miembros la crearon. Por ejemplo, una empresa, creada para la fabricación de papel, contamina además cursos de agua vecinos. No existe ninguna razón para no considerar responsable a esta empresa por dicha contaminación.
3. Incompatibilidad entre la noción de pena y empresa.
La réplica a este argumento es clara: En primer lugar, en relación con la naturaleza de la pena, no existe ninguna dificultad porque si el argumento va en el sentido de que las sanciones privativas de libertad son inaplicables, otras como la multa, la confiscación, la clausura del establecimiento son perfectamente aplicables. En segundo lugar, se ha señalado que los fines de la pena encuadran mal con la responsabilidad de las personas jurídicas: la función de corrección no tendría sentido en este caso. A ello se puede contraargumentar que la pena tiene también otras funciones, como la de intimidación y de prevención, perfectamente compatibles con la naturaleza particular de la empresa. Finalmente, se ha afirmado que la pena aplicada a una persona jurídica, alcanzaría tanto a inocentes como a culpables. Este argumento olvida que existen procedimientos para cubrir a los miembros dignos de protección de la empresa, como es el caso de los que actúan de buena fe o los asalariados.
Que es necesario acudir al Derecho penal para poner fin a los abusos cometidos por las personas jurídicas así como controlar de algún modo su actuación en el tráfico económico y jurídico, nadie o casi nadie lo pone hoy en duda pero sólo queda una alternativa: o se elabora un Derecho penal distinto con nuevas categorías dogmáticas; o, sobre los cimientos del antiguo edificio se echan las bases para lograrlo, conformando un híbrido de dudosa factura. Para Dannecker es necesario conciliar el Derecho penal de la empresa con las categorías fundamentales penales si no se quiere degradar el Derecho penal contra las personas jurídicas convirtiéndolo en un mero instrumento arbitrario de control social(3). Algunos autores como Schünemann(4) o Tiedemann(5) han realizado esfuerzos doctrinales para legitimar la actuación del Derecho penal en este campo y han construido propuestas que, rechazando las objeciones tradicionales a la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas, pretenden superar las dificultades que plantean las categorías tradicionales del concepto de delito.
II. Necesidad de un derecho penal para las personas jurídicas
La complejidad de la economía moderna y la gran masa de recursos que ella implica, en movimiento han desplazado en una alta medida a la persona individual y la han sustituido por grandes empresas o agrupaciones de empresas, es por eso que en los últimos tiempos, desde una perspectiva político-criminal, se ha provocado una revisión del planteamiento según el cual sólo la persona natural puede ser sujeto activo del delito.
La frecuencia y facilidad para cometer delitos económicos en el ámbito de las sociedades mercantiles explica que se haya pedido, por lo menos para este sector, la abolición o la desmitificación del clásico principio societas delinquere non potest(6), principio que plantea problemas político criminales importantes cuando una empresa se utiliza como pantalla o instrumento para delinquir.
La preocupación ha llegado a tales extremos que incluso los más recalcitrantes partidarios del viejo principio societas delinquere non potest defienden la necesidad de que el Derecho penal pueda reaccionar de un modo u otro frente a los abusos que, especialmente en el mundo económico, se producen a través de la persona jurídica, sobre todo cuando ésta adopta la forma de sociedades mercantiles, principalmente anónimas o de responsabilidad limitada(7).
Se explica así la incontenible tendencia hacía una desmitificación del tradicional principio negador de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Como ha señalado Roxin en el futuro las sanciones a los entes colectivos jugarán un gran papel, pues las formas sociales dañosas de la criminalidad económica, y también ambiental, tienen su origen en las empresas grandes y poderosas(8).
El Código Penal Español, sin embargo, no contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En la Exposición de Motivos, el legislador se contenta con aludir a “la importancia que en nuestro país reviste la potestad sancionadora de la Administración”, y las sanciones administrativas a las que quedan sometidas las personas jurídicas. Esta decisión del legislador no está en entera consonancia con las tendencias político criminales más modernas, que empiezan a inspirar los ordenamientos europeos(9).
Frente al aforismo societas delinquere non potest, la mayoría de los países, ante el creciente poder de las grandes empresas, han recurrido a determinadas formas de represión penal con las que se espera reforzar el efecto preventivo, pero sobre todo se busca tratar de manera igualitaria las conductas dañosas cometidas ya sea por personas naturales, ya sea por o a través de empresas. Razones de orden práctico ligadas a la necesidad de la prevención y represión penal han llevado a los distintos ordenamientos jurídicos a admitir excepciones al dogma de la responsabilidad penal individual.
Este fenómeno se inicia en los países anglosajones, cuyo primer paso fue dado por la jurisprudencia, en el caso “New York Central Railroad v. United States”, y no por el legislador, siguiendo su línea pragmática ante la necesidad de atajar los delitos que se desarrollan en el seno de una empresa. En Europa, el Código Penal Holandés fue el primero en, a pesar de los obstáculos dogmáticos, introducir la responsabilidad de las personas jurídicas en 1976(10), en Portugal se hizo en 1983, en Noruega en 1992, en Francia, el Código Penal que entró en vigor el 1º de marzo de 1994 contiene el expreso reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas(11), le siguió Finlandia en 1995 y, el último país europeo que, hasta la fecha, se ha subido al tren de un Derecho penal para las personas jurídicas ha sido Italia que ha reconocido la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante el Decreto Legislativo de 8 de junio de 2001, número 231, regulador de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, de las sociedades y de las asociaciones incluso privadas de personalidad jurídica, conforme al artículo 11 de la Ley 29 de septiembre de 2000, número 300(12).
La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue aceptada así mismo en varios Congresos Internacionales, como el II Congreso Internacional de Derecho penal de Bucarest en 1929, donde se adoptaron las siguientes conclusiones:
— “Constatando el crecimiento continuo y la importancia de las personas morales y reconociendo que ellas representan fuerzas sociales en la vida moderna”.
— “Considerando que el ordenamiento legal de cualquier sociedad puede lesionarse gravemente cuando la actividad de las personas morales viola la ley penal”.
El Congreso emite el siguiente voto:
1. De que se establezca en el derecho interno medidas eficaces de defensa social contra las personas morales, en el supuesto de infracciones perpetradas con el fin de satisfacer el interés colectivo de tales personas o realizadas con medios proporcionados por ellas y que entrañan así su responsabilidad.
2. De que la imposición a la persona moral de medidas de defensa social no debe excluir la eventual responsabilidad penal individual, por la misma infracción, de las personas físicas que administran o negocian los intereses de la persona moral, o que han cometido la infracción con medios proporcionados por éstas(13).
Pero, como ha señalado Barbero Santos, a pesar del ardor con que fue defendida la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Congreso no hizo suya esta tesis(14).
El tema fue objeto de posteriores reuniones científicas como en el IV Congreso Internacional de Derecho Penal de Roma en 1953, el X Congreso Internacional de Derecho Comparado de Budapest en 1978 o el XII Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrado en 1984 en El Cairo donde se declaró: “La responsabilidad penal de las sociedades u otras entidades jurídicas está reconocida en un número creciente de países como una vía apropiada para controlar los delitos económicos y de la empresa. Los países que no reconocen tal clase de responsabilidad penal deberían considerar la posibilidad de imponer otras medidas contra entidades jurídicas”.
Tal tendencia se acentúa en el ámbito del Consejo de Europa con la aprobación de resoluciones y recomendaciones a favor de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas no con carácter general pero sí en distintos campos.
Así, en lo que respecta al derecho penal del medio ambiente, el comité de ministros del Consejo de Europa aprobó el 28 de septiembre de 1977 la Resolución (77) 28, sobre la contribución del derecho penal a la protección del medio ambiente, recomendando a los Estados miembros en su parágrafo 2º, el reexamen de los principios relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, públicas o privadas.
En lo relativo a la criminalidad económica, el mismo Comité aprobó el 25 de junio de 1981 la Recomendación Nº R (81) 12, sobre criminalidad económica, en la que se recomienda la adopción de medidas necesarias para asegurar una justicia penal rápida y eficaz, específicamente “estudiando la posibilidad de instituir la responsabilidad criminal de las personas jurídicas o, por lo menos, la creación de otras medidas aplicables a la delincuencia económica” (par. III.2).
En lo referente al derecho penal de protección de los consumidores, el comité de ministros, el 24 de septiembre de 1982 aprobó la Recomendación Nº R (82) 15, sobre el papel del derecho penal en la protección de los consumidores, en la que se invita de nuevo a los gobiernos de los Estados miembros a analizar la conveniencia de admitir en su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas, u otras instituciones que tiendan al mismo fin.
Finalmente la Recomendación Nº R (88) 18 del comité de ministros del Consejo de Europa sobre criminalidad económica, permite escoger una de estas posibilidades: la punibilidad real de las personas jurídicas o la introducción de nuevas formas de sanciones administrativas, pero sin embargo, recomienda insistentemente la utilización efectiva de una u otra posibilidad para obtener éxito frente a un problema central de la criminalidad económica dado que la mayoría de los delitos económicos se lleva a cabo mediante o con la ayuda de empresas económicas.
A estas resoluciones y recomendaciones hay que unir el esfuerzo realizado, a partir de principios de 1996, por la Comisión de Bruselas para introducir en las legislaciones nacionales de la Unión Europea la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en materia de fraude contra los ingresos y egresos de las comunidades.
Por su parte, el proyecto de Corpus Juris de disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, realizado por un grupo de expertos a petición del Parlamento Europeo, prevé expresamente la posibilidad de imponer sanciones penales a las personas jurídicas en su artículo 14:
“Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
1. Los delitos definidos en los artículos 1º al 8(15) pueden ser también cometidos por personas jurídicas, que según la ley puedan ser sujetos jurídicos y titulares de sus propios bienes patrimoniales, cuando el hecho punible se cometa a favor de la persona jurídica por parte de uno de sus órganos, representantes o cualquier otra persona que actúe en nombre de la persona jurídica o que ostente un poder de decisión legal o fáctica.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la penalidad de las personas físicas como autores, inductores o cómplices del mismo hecho”.
Tras este requerimiento se espera que los países miembros de la Unión Europea queden obligados mediante una Directiva a su cumplimiento.
III. Consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas: el artículo 129 del Código Penal
El Código Penal Español ante las exigencias de la vida real, que indudablemente reclaman adoptar algún tipo de medida contra las empresas y las tradiciones dogmáticas, ha incorporado al Libro I un nuevo título, el Título VI, que bajo la rúbrica “De las consecuencias accesorias” incluye junto al comiso de los instrumentos y efectos del delito, otras consecuencias de diversa naturaleza previstas para personas jurídicas y empresas. El legislador español ha optado por establecer en el artículo 129 un conjunto de consecuencias accesorias que potestativamente el juez puede imponer con el fin de evitar la continuidad de la actividad delictiva y los efectos de la misma.
Dice así el artículo 129:
“1. El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias:
Bajo el enigmático(16) epígrafe “De las consecuencias accesorias” se recogen algunas consecuencias nuevas y otras ya conocidas en textos legales precedentes que aparecían en preceptos concretos de la Parte Especial como en el artículo 347 bis, delitos contra el medio ambiente, que preveía la clausura temporal o definitiva del establecimiento o en el artículo 344 bis b), delitos de tráfico de drogas, que contemplaba la clausura definitiva de los locales o suspensión de las actividades.
Las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 del Código Penal son en realidad las “penas” que se imponen a las personas jurídicas en los ordenamientos que han decidido superar el principio político criminal de societas delinquere non potest(17). Se trata, en definitiva, de sanciones que afectan a la persona colectiva, como tal ente jurídico y a cuyo amparo se cometieron las acciones delictivas(18).
El artículo 129 se compone de tres apartados. En el apartado 1º el legislador establece los requisitos para la aplicación de las consecuencias accesorias que enumera en cinco subapartados.
En el apartado 2º el legislador permite la imposición cautelar por el juez instructor durante la tramitación de la causa, sin tener que esperar al momento de dictar sentencia, de dos de las consecuencias accesorias, de entre las cinco que ha previsto: la clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión del subapartado c).
Como tales medidas cautelares su función es garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia(19). Seguramente se debería haber previsto esta posibilidad en relación con todas las consecuencias accesorias de carácter temporal, pues las de carácter definitivo no pueden ser impuestas como medidas cautelares por su propia naturaleza, desconociéndose las causas de tal exclusión por parte del legislador, principalmente en relación con la medida de intervención de la empresa.
Limitación que se extiende en su aplicación, pues sólo en los casos de la parte especial que remiten con carácter general al artículo 129, es decir, tan sólo en los artículos 288, 294.2 y 520 se podrá imponer la consecuencia accesoria con carácter cautelar. En el resto de los casos, únicamente en el artículo 194, por preverla expresamente: “La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar”.
El tiempo de clausura temporal o de suspensión de actividades realizado cautelarmente debe poder ser computado para el cumplimiento total del período impuesto en la sentencia, pues aunque es cierto que no existe una previsión similar a la contemplada en los artículos 58.2 y 59 del Código Penal, debe llegarse a igual conclusión, pues la naturaleza y finalidad de la medida cautelar es la misma que la que se pueda imponer como consecuencia accesoria en la sentencia(20).
Finalmente, el apartado 3 aclara la finalidad de estas consecuencias accesorias al establecer que estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.
1. Naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias
La naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias resulta confusa(21) por ello no es de extrañar que las propuestas realizadas por la doctrina en torno a la misma hayan agotado todas las soluciones imaginables posibles, desde que se tratan de auténticas penas, o bien de medidas de seguridad o de otra clase de consecuencia jurídica del delito distinta a las anteriores. Sin embargo, su resolución es importante porque, en definitiva, se trata de dar respuesta a la pregunta de con qué requisitos o bajo qué condiciones es posible aplicar a una persona jurídica las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129.
Las opciones apuntadas por la doctrina son numerosas(22). En primer lugar se las ha considerado como penas(23). Zugaldia, máximo defensor de esta opción, al desechar su consideración como instrumentos reparatorios civiles, como sanciones administrativas o como medidas de seguridad, opta por la única calificación posible que le queda, es decir, considerarlas como “auténticas” penas entre otras razones, dice, porque se regulan junto al comiso, cuya naturaleza de pena no se ha discutido; por la referencia a la prevención especial a la que alude el apartado 3 del artículo 129, etc.(24).
En segundo lugar, su consideración como medidas de seguridad(25), opción que se fundamenta principalmente en el apartado 3 del propio artículo 129 y tal vez en el carácter de medidas de seguridad que le asignó el proyecto de Código Penal de 1980(26), carácter que se modificaría en la propuesta de anteproyecto de nuevo Código Penal de 1983, cuyo artículo 138 ya no hace uso del término “medidas de seguridad” para las personas jurídicas, sino que introduce por primera vez la expresión “consecuencias accesorias”.
La crítica mayoritaria a su consideración como medidas de seguridad se basa fundamentalmente en el hecho de que si la persona jurídica no puede cometer delitos tampoco puede afirmarse que encierre peligrosidad de cometer delitos en el futuro y en que el presupuesto de las consecuencias accesorias no es la probabilidad de que el sujeto cometa un nuevo delito. En definitiva, el juez a la hora de imponerlas, y a diferencia de lo que sucede con las medidas de seguridad, no debe tener en cuenta los tipos de estado peligrosos.
En tercer lugar, para un sector de la doctrina las consecuencias accesorias ni pueden ser consideradas como medidas reparadoras de los daños y perjuicios ni como penas ni como medidas de seguridad. No son penas porque no guardan proporción ni con la gravedad del hecho ni con la culpabilidad del autor. Tampoco pueden ser consideradas como medidas de seguridad porque no se asientan en un juicio sobre la peligrosidad personal del responsable. Domina, por tanto, en la doctrina su consideración como una nueva categoría en las reacciones del delito, una nueva modalidad de reacción penal que se encuentra en expresión de De La Cuesta, en “tierra de nadie”(27).
En esa “tierra de nadie” se ha defendido que son medidas de carácter administrativo, a pesar de su imposición por un juez penal(28); también que funcionan como penas accesorias(29); se han considerado una categoría híbrida y, en ocasiones, próximas a sanciones de tipo administrativo(30); o consecuencias accesorias que privan a la persona física del instrumento peligroso que representa en sus manos el instrumento del delito (la empresa)(31).
Para Gracia Martín, no obstante, los esfuerzos dirigidos a encontrar una naturaleza común a todas ellas resulta baldío por más que el legislador las haya recogido bajo un mismo epígrafe. Por ello, el autor citado, distingue entre medidas preventivas de carácter asegurativo y medidas coercitivas. Entre las medidas preventivas de carácter asegurativo incluye el cierre de locales y establecimientos, prohibición o suspensión de actividades, comiso de los instrumentos, caución y la intervención judicial o gubernativa de la empresa. Entre las segundas, principalmente la multa(32).
Borja Mapelli, por el contrario, considera que todas ellas son de carácter preventivo, ya que tienden a evitar que el reo vuelva a tener posibilidades de acceder a una actividad en la que mostró sus tendencias delictivas y las considera muy próximas a las medidas de seguridad, por lo que analógicamente, dice, debe de aplicarse la regulación general de éstas(33).
Más allá de polémicas, lo cierto de todo ello es que el legislador de 1995 excluye las consecuencias accesorias del Título III, “De las penas”, del Título IV, dedicado a las medidas de seguridad, y del Título V, “De la responsabilidad civil de los delitos y faltas y de las costas procesales”, y las sitúa en un título propio e independiente, el Título VI, como si quisiera establecer una consecuencia jurídica más derivada del delito.
El hecho de encontrarse en un título aparte y bajo la rúbrica “De las consecuencias accesorias” es señal, al menos, de que el legislador ha evitado cualquier discusión sobre si son auténticas penas o medidas de seguridad. Como ha señalado Carmona Ruano, estamos en presencia de una huida deliberada de calificación por parte del legislador(34).
En la exposición de motivos del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de 1992, el legislador dice claramente: “El Título VI, rubricado “De las consecuencias accesorias”, recoge una serie de medidas que, sin dudar de su carácter represivo, no tendrían fácil acomodo ni entre las penas ni entre las medidas de seguridad, pues en ocasiones son adiciones posibles a las penas o medidas directamente derivables del hecho cometido, y en ocasiones son reacciones frente a quienes, como ocurre con sociedades o empresas, no son aptas para soportar las penas o medidas”.
Como expone Martínez-Buján Pérez, el Código Penal de 1995 ha clarificado la naturaleza jurídica de estas consecuencias accesorias desde el momento en que ha empleado esta terminología específica y las ha incardinado en un título independiente(35). También Roxin considera que estas sanciones contra entes colectivos, cuya elaboración jurídica todavía está en sus inicios, no constituyen verdaderas penas pues presuponen una conducta humana e imputable a personas y una culpabilidad en el sentido analógico de una construcción jurídica: para ello tendrían que elaborarse reglas especiales de imputación. Pero, añade, también la pena contra entes colectivos constituye en todo caso una sanción similar a la penal, vinculada con la realización de tipos penales, y ello es suficiente para confirmar su tesis de la futura diversificación de las reacciones penales(36).
En definitiva, se tratan de unas nuevas consecuencias derivadas del delito que introduce el legislador junto a las penas, medidas de seguridad y responsabilidad civil, aunque con carácter accesorio y que pueden imponerse en una condena penal. Como ha señalado Jescheck no se tratan de penas accesorias, ni tampoco de medidas, sino de sanciones de naturaleza propia, que se hallan vinculadas a la imposición de una pena o pueden vincularse con ella mediante un pronunciamiento judicial(37).
Es cierto que el legislador a la hora de la redacción de los diversos tipos penales no ha sido muy riguroso en su determinación. Esta imprecisión le lleva a utilizar la expresión “pena” de inhabilitación especial imponible a empresas, como ocurre en el artículo 262; en otras ocasiones, por el contrario, se refiere a las consecuencias accesorias con la expresión “las medidas previstas”, como sucede en los artículos 288, 327, etc., mientras que la denominación “consecuencias accesorias” sólo aparece únicamente en el artículo 520.
La división de criterios expuesta también existe en torno a una cuestión nuclear: ¿La aplicación de la o las consecuencias accesorias depende de la existencia de una sentencia en la que se imponga una pena o medida de seguridad a una persona física?
El dilema surge porque sólo en el artículo 194 se hace referencia a que la clausura temporal o definitiva se impondrá en la sentencia condenatoria. Por el contrario, en el artículo 300 se prevé que las consecuencias accesorias que pueden aplicarse al delito de receptación, se impondrán aun cuando el autor o cómplice fueran irresponsables o estuvieran personalmente exentos de pena. En el resto de los delitos queda sin resolver si estas consecuencias se imponen, si el sujeto activo es declarado irresponsable, si es inimputable o está exento de responsabilidad penal por concurrir una causa de inculpabilidad.
Ante este panorama difuso, un sector doctrinal(38) entiende que exigir que la imposición de una consecuencia accesoria tenga que ir unida a la imposición de una pena a una persona física no sólo no se encuentra establecido en la ley, sino que ello sería además contrario al fundamento mismo de dichas consecuencias, en definitiva para su aplicación bastará con que en el curso de la actividad de la persona jurídica se haya realizado un hecho típico y antijurídico sin que sea preciso que sea, además, culpable.
Otros autores(39), en mi opinión, razonadamente, consideran que la característica de accesorias de estas consecuencias reside precisamente en tener que acompañar siempre a una pena o medida, por tanto, su aplicación no es posible al margen de una pena o medida de seguridad, es decir, no podrán ser aplicadas en aquellos casos en que no es posible atribuir el hecho delictivo cometido en el seno de una empresa a una persona física concreta.
Toda esta polémica se podría haber evitado con la inclusión de una regulación parecida a la que se contiene en el parágrafo 30 de la OWiG alemana: “si no se inicia o si se suspende un procedimiento penal o sancionador administrativo por la comisión de un delito o de una infracción administrativa o se suspende la ejecución de la pena, se podrá no obstante imponer una multa independiente a la persona jurídica, salvo que el delito o la infracción administrativa no puedan ser perseguidos por razones jurídicas”.
2. Requisitos de las consecuencias accesorias
2.1. Sistema de numerus clausus: “en los supuestos previstos en este código”
El Proyecto de Código Penal de 1980 y la propuesta de anteproyecto de Nuevo Código Penal de 1983 preveían estas consecuencias accesorias para los delitos socioeconómicos y contra el patrimonio. En sus respectivos artículos 153 y 138, hacían referencia a la necesidad de que los hechos fueren cometidos en el ejercicio de actividades de sociedades y empresas o utilizando la organización de la sociedad o asociación para favorecer o encubrir el hecho delictivo.
Si en un principio las consecuencias accesorias estaban previstas como medio de reacción especialmente dirigido contra los delitos económicos, el Código Penal de 1995 no las aplica con carácter general a éstos, sino que opta por un sistema de previsión específica, más acorde, eso sí, con el principio de legalidad.
Las consecuencias accesorias tan sólo pueden acordarse en los supuestos previstos expresamente en el Código Penal, por lo tanto se sigue un sistema de numerus clausus que, por imperativo del principio de legalidad, no permite la interpretación analógica.
Sin embargo, este sistema deja fuera no pocas figuras incardinadas en el ámbito de la delincuencia económica por lo que se ha reclamado por un amplio sector doctrinal(40) el que debería poder ser aplicado el artículo 129 a toda clase de delitos patrimoniales y económicos cometidos en el seno de una empresa.
Como cláusula general dentro de la parte especial sólo se hace referencia a ella expresamente en tres ocasiones: en el artículo 288, delitos relativos al mercado y a los consumidores, en el artículo 294.2, delitos societarios y en el artículo 520, delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. En el resto de supuestos se mencionan las consecuencias accesorias por su nombre sin hacer invocación alguna a la cláusula general, como sucede en los artículos 271, 276.2, 298.2, 302, etc.
Por otro lado, cuando se menciona expresamente el artículo 129 en la parte especial, como sucede en el artículo 288: “Además, el juez o tribunal, a la vista de las circunstancias del caso, podrá adoptar las medidas previstas en el artículo 129 del presente código”, no se especifica cuál o cuáles de las medidas han de aplicarse dejándolo al libre criterio racional del juez(41), en otras ocasiones, por el contrario, se limita la potestad del juez o tribunal como sucede en el artículo 327 al disponer que “podrá acordar algunas de las medidas previstas en las letras a) o e) del artículo 129 de este código”.
2.2. Audiencia previa: “previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales”
Antes de decidir sobre la imposición de la o las consecuencias accesorias, el juez o tribunal debe recibir en audiencia a los titulares o a sus representantes legales. Este segundo requisito es considerado superfluo por ser la audiencia previa consecuencia directa de la garantía constitucional recogida en el artículo 24.2 de la constitución española(42).
Para un sector de la doctrina(43) este requisito se entenderá cumplido si el trámite se ofrece a los interesados con independencia de que éstos comparezcan o no ante la autoridad judicial. Sin embargo, hay quienes(44) sostienen que es necesario que hayan sido realmente parte en el proceso penal con todas las garantías del imputado.
Curiosamente, sólo se prevé la audiencia previa para los titulares o representantes legales de las empresas, asociaciones, organizaciones y fundaciones, no estando prevista para los trabajadores o acreedores en los casos en los que se pueda acordar la intervención de la empresa para salvaguardar sus derechos(45).
2.3. Imposición facultativa: “podrá imponer”
Las consecuencias accesorias son facultativas pues tal como establece el artículo 129.1, el juez o tribunal “podrá” imponer alguna o algunas de las consecuencias accesorias. De ahí que se haya afirmado que las deficiencias de esta respuesta penal se ponen de manifiesto en el nivel de su idoneidad político criminal para responder con eficacia a la criminalidad de empresa pues son accesorias y son facultativas.
El juez deberá ponderar dos factores a la hora de su imposición: por un lado, la necesidad de poner fin a la actividad delictiva y, por otro, evitar que el perjuicio lo sufran sujetos que no han tenido que ver con dicha acción delictiva.
Para Zugaldia, por exigencias del principio de culpabilidad, en el momento de imponer la consecuencia accesoria, el juez o tribunal deberá tener en cuenta la culpabilidad de la persona jurídica valorando: la gravedad del delito en el que traen su causa; si la persona jurídica ha actuado con dolo o con imprudencia; en caso de que haya actuado imprudentemente, la gravedad de la imprudencia; la mayor o menor exigibilidad a la persona jurídica del respeto al derecho; y, los motivos que llevaron a la persona jurídica a tomar una decisión ilícita(46).
2.4. Motivación de la resolución: “motivadamente”
El requisito de la motivación de la resolución se ha considerado así mismo superfluo porque el artículo 120.3 de la constitución española ya contiene el deber de motivación de las sentencias: “Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”.
Fundamentalmente la motivación habrá de llevarse a cabo conforme al apartado 3 del artículo 129, es decir, el juez o tribunal debe de incorporar a su motivación la necesidad de prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.
3. Las consecuencias accesorias en particular
El artículo 129.1 enumera, en cinco subapartados, las diferentes consecuencias accesorias que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, de forma motivada y facultativa, siempre que en la parte especial del propio código estén expresamente previstas para el supuesto que se trate.
Las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129.1 son de diversa gravedad, pues van desde la intervención de la empresa o suspensión de sus actividades hasta la clausura, disolución o la prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles, etc.
3.1. Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos con carácter temporal o definitivo
La primera consecuencia accesoria recogida en el artículo 129.1 del Código Penal es la clausura de la empresa, sus locales o establecimientos. La clausura puede ser impuesta con carácter definitivo o temporal, en cuyo caso no podrá exceder de cinco años.
Esta consecuencia accesoria es la más frecuentemente utilizada en la parte especial y, en la mayoría de los casos, se deja al arbitrio del juez la opción por una u otra modalidad: clausura temporal o definitiva. Para tal opción, el juez deberá atender a la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la gravedad de la consecuencia, ya que el Código Penal no establece los requisitos necesarios para decretar una u otra, con la excepción del artículo 366 que hace referencia a que la clausura definitiva sólo se podrá imponer en “supuestos de extrema gravedad” y el artículo 298 que establece que se decretarán las consecuencias “atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente”.
La clausura definitiva equivale al cierre de la empresa(47) pero no implica su disolución ni la prohibición de realizar actividades de forma que el empresario puede seguir desarrollando su actividad en otros locales o establecimientos. Para Tiedemann no parece discutible la efectividad del cierre de la empresa para alejar de la vida económica a los delincuentes profesionales(48).
El cierre de la empresa ha sido examinado particularmente por Screvens quien señala que puede entrañar una perturbación de los mecanismos económicos y desarrollo del paro(49).
3.2. Disolución de la sociedad, asociación o fundación
Otra de las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 es la disolución de la sociedad, asociación o fundación. La disolución tiene siempre carácter definitivo e implica la desaparición de la sociedad, asociación o fundación. Es la consecuencia más grave que puede imponerse a una persona jurídica porque supone, en palabras de Gracia Martín, la “muerte civil” de la empresa(50) o, en palabras de Tiedemann, se trata de una especie de “pena de muerte” para la persona jurídica(51), por lo que en razón de sus graves consecuencias, su ámbito de aplicación deber ser restringido y pronunciada sólo si los hechos cometidos revisten una determinada gravedad.
En el Código Penal Francés, la disolución está prevista sólo para las infracciones muy graves o que presentan una peligrosidad particular cuando son cometidas por una persona jurídica(52). Según el inciso 1º del artículo 131-39 del Código Penal, la disolución sólo puede ser pronunciada en el caso en que la persona jurídica haya sido creada o, si se trata de un crimen o de un delito penado con penas superiores a los cinco años de prisión, desviada de su fin social para cometer la infracción.
El artículo 131-9 del Código Penal prohíbe además pronunciar la pena de disolución contra determinado tipo de personas jurídicas: las personas jurídicas de derecho público, los partidos o las agrupaciones políticas, los sindicatos y las instituciones representativas del personal.
Por su parte, el artículo 131-45 del Código Penal precisa que la decisión pronunciando la disolución de la persona jurídica implica el reenvío de ésta ante el tribunal competente para proceder a la liquidación.
3.3. Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación
La tercera consecuencia accesoria prevista en el artículo 129 es la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación. La suspensión sólo puede tener carácter temporal y su duración no podrá superar los cinco años.
La imposición de esta consecuencia accesoria supone suspender ciertas actividades pero no todas porque ello supondría la disolución de la persona jurídica. La persona jurídica puede, impuesta esta consecuencia accesoria, desarrollar otras actividades distintas de las que han sido suspendidas.
3.4. Prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios determinados
La prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios determinados puede ser definitiva o temporal, en cuyo caso su duración no podrá exceder de cinco años.
El texto legal no hace referencia a qué actividades se refiere la prohibición. Siguiendo la línea de la propuesta de anteproyecto de Nuevo Código Penal de 1983 que establecía la prohibición de las sociedades, asociación, fundación o empresa de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito con carácter temporal (que nunca superará los cinco años) o definitiva, se ha considerado unánimemente que las actividades, operaciones mercantiles o negocios prohibidos han de estar en relación con los delitos que se hayan cometido.
En el ámbito de las personas jurídicas, como sanción intimidante, junto a la multa, se apuesta por la inhabilitación profesional, pues como ha señalado Screvens, las personas jurídicas pueden, como las personas físicas, ser castigadas con la inhabilitación profesional que comporta diversas modalidades, como la prohibición para la empresa de ejercer ciertas actividades, revocación de la licencia, obligación para la empresa de desprenderse de ciertas filiales, etc. esta variedad se deriva del hecho de que el responsable es una persona jurídica. Tales interdicciones además son más flexibles que el cierre de la empresa(53).
3.5. Intervención de la empresa
Como última consecuencia accesoria se prevé en el artículo 129 la intervención de la empresa que tiene siempre carácter temporal y sólo podrá durar el tiempo necesario para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores, con un plazo máximo de cinco años.
Esta consecuencia accesoria ya había sido propuesta por la doctrina(54) y se incluía en el artículo 138 de la propuesta de anteproyecto de Nuevo Código Penal de 1983. Así mismo en el Código Penal derogado se contemplaba en el artículo 347 bis: “pudiendo el tribunal proponer a la administración que disponga la intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores”. La intervención de la empresa debía hacerse por parte de la administración, la cual, por otra parte, no dispone por sí misma de medios especializados de gestión de empresas.
En el Código Penal de 1995 se cambia de perspectiva y es el propio tribunal penal el que ha de imponerla.
La imposición a la agrupación de un administrador o depositario judicial ha sido promocionada, desde hace algún tiempo, por la llamada criminología crítica, pero también por parte de penalistas austríacos y alemanes modernos. La desventaja principal consiste en la dificultad práctica de encontrar personas aptas para administrar o vigilar de oficio grandes empresas. Sin embargo, a pesar de la dificultad que supone el disponer de unos cuerpos de gestores públicos competentes, la ventaja de tal consecuencia es que permite seguir con la actividad económica de la empresa(55).
Lo procedente, en estos casos, será el nombramiento de administradores judiciales, en la línea ya conocida de los embargos de empresas(56).
En Alemania se ha propuesto recientemente la institución de la curatela para el caso de peligro de reincidencia, sin que se vea muy bien el efecto práctico de esta medida, sobre todo cuando el curador está desprovisto de todo poder de decisión en cuestiones concernientes a la estructura y a la política de la empresa(57).
En Francia, según el artículo 131-46 del Código Penal, la decisión de colocar bajo vigilancia judicial a una persona jurídica implica la designación de un mandatario judicial cuya misión es precisada por el juez, dejándose poderes bastantes amplios a la jurisdicción en este ámbito. El artículo 135-35 enumera las personas que pueden ser designadas como mandatarios. Cada seis meses, por lo menos, el mandatario debe rendir cuenta al juez sobre el cumplimiento de su misión, siendo así el juez en definitiva quien supervisa la ejecución de la pena (art. 131-46).
En el derecho francés está excluida su aplicación a las personas jurídicas de derecho público, a los partidos o agrupaciones políticas y a los sindicatos profesionales.
IV. Otras posibles consecuencias para imponer a las personas jurídicas
Las sanciones contra las personas jurídicas parecen reducirse exclusivamente, a primera vista, a la pena de multa, dado que la prisión está excluida por la naturaleza del sujeto sancionable, pero la multa no es la única pena posible para las personas jurídicas. La cuestión estriba entonces en determinar las sanciones penales alternativas a la prisión y efectivamente aplicables en este campo.
En el foro internacional se han propuesto para las personas jurídicas, además de la pena de multa, otras sanciones conocidas desde hace mucho tiempo, pero rara vez utilizadas en la práctica(58). Tiedemann señala la revocación de la licencia para operar o de funcionamiento, el sometimiento a secuestro o a vigilancia judicial, la pérdida de ciertos derechos, ventajas o posibilidades, como los de emisión de cheques, publicidad y participación en las licitaciones públicas, y, finalmente, como última medida, la disolución de la empresa(59).
Ciertamente, el derecho penal de la empresa necesita de un catálogo de sanciones amplias. Como ha señalado Zugaldia, estamos ante un sistema pobre en lo relativo al catálogo de sanciones(60). Por eso, y dado que existen otras consecuencias accesorias, además de las previstas en el artículo 129 del código penal español, que serían convenientes y efectivas para la lucha contra la delincuencia económica, debería ser ampliado nuestro catálogo de consecuencias accesorias con las siguientes:
En primer lugar, el catálogo del artículo 129 del Código Penal debería completarse con la pena de multa, sanción prevista en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural y político europeo como Alemania (en el par. 30 de la OWiG), Francia (en el código penal francés en los arts. 131-37 y 131-40) e Italia (art. 9.1.a) del Decreto Legislativo de 8 de junio de 2001, núm. 231)(61).
La multa, en el ámbito de las personas jurídicas, está especialmente indicada siempre, lógicamente, que sea más elevada que para las personas físicas. Siguiendo este criterio el artículo 131-38 del código penal francés establece que el monto de la multa para las personas jurídicas es igual al quíntuplo previsto por la ley para las personas físicas.
A este método se le ha reprochado el ser excesivamente riguroso(62), pues, siendo las multas sufridas por las personas naturales bastante elevadas, las multas a imponer a las personas jurídicas pueden alcanzar límites fabulosos. Así, la multa imponible a una persona jurídica asciende a 225.000 euros por un hurto simple, es decir, el quíntuplo de la multa prevista para las personas físicas en el artículo 311-3.
Sin embargo, como señalan Desportes/Le Gunehec, este rigor es relativo. Por un lado, es competencia del juez el determinar el monto de la multa en función de las capacidades financieras de la persona jurídica involucrada. Por otro lado, la aplicación del monto máximo puede estar justificada, sea para sancionar a las empresas, que, en razón de sus medios financieros, serían completamente insensibles a multas inferiores, sea para destruir a una sociedad de origen mafioso. En el segundo caso, la multa puede ser un complemento útil a la disolución, porque evita que los asociados se distribuyan el monto de la liquidación. En todo caso, señalan los autores citados, los montos establecidos no parecen más chocantes que, salvando las distancias, los montos aplicables, desde hace mucho tiempo, a las personas naturales para determinadas infracciones como la estafa(63).
Es cierto que el sector doctrinal mayoritario critica la idoneidad de la pena de multa dado que ésta pierde su efecto intimidatorio desde el momento en que el delincuente económico puede capitalizar su infracción, contabilizándola en los precios de coste o repercutiéndola en los precios de venta(64). Así mismo, se ha afirmado que los efectos de los costes de la multa repercute sobre los operadores económicos posteriores y, en definitiva, sobre los consumidores(65). Por el contrario Tiedemann, frente a la opinión mayoritaria, considera que el argumento de que las empresas calcularían los precios futuros de sus mercancías y servicios a partir de las multas pagadas y las transferirían de esta forma a los consumidores, no tiene demasiado en cuenta el mecanismo de los mercados, que con frecuencia no admiten tales aumentos arbitrarios de precios, aunque reconoce el propio autor, en ocasiones sí se producen(66).
No obstante, las críticas a la pena pecuniaria frente a estos delitos, gozan, todavía hoy, de amplia difusión, puesto que sí la cuantía de la multa es irrisoria, la multa no es disuasoria y puede entrar fácilmente en el presupuesto de la empresa. Habría de ser, se dice, extraordinariamente alta si se quiere que no pierda su eficacia intimidante al quedar absorbida en el capítulo de riesgos empresariales. Sin embargo, este criterio no tiene en cuenta que una multa elevada puede destruir la empresa y crear problemas de desempleo.
En segundo lugar, una sanción idónea para las personas jurídicas y que debería engrosar la lista de las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 del Código Penal, es la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
El excluir por algún tiempo a las empresas condenadas de la posibilidad de contratar con el Estado tiene un gran efecto intimidatorio, sobre todo en empresas cuya existencia depende de dichos contratos.
El Código Penal Español sólo prevé esta consecuencia en el caso del artículo 262, delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas: “Prohibición de contratar con las administraciones públicas por un período de tres a cinco años”.
Fuera de la legislación penal, en la normativa administrativa, el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2 de 2000, de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, recoge entre las personas físicas o jurídicas con quien se prohíbe a los órganos públicos concluir contratos, aquellas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, etc.
Esta consecuencia accesoria, no contemplada en nuestro Código Penal en el catálogo general del artículo 129, sí aparece con carácter general en el Código Penal Francés en su artículo 131-39.5, con carácter definitivo o por un período máximo de cinco años y en el nuevo catálogo italiano en su artículo 9.2.c), con una duración no inferior a tres meses ni superior a dos años.
En tercer lugar, sería conveniente la introducción en el catálogo general del artículo 129 del Código Penal de una nueva consecuencia accesoria más: la publicación de la sentencia condenatoria.
La publicación de la sentencia condenatoria supone un efectivo y real daño a las personas jurídicas por la grave pérdida de prestigio causada por la publicación de la sentencia que puede llevar a reacciones negativas de los clientes y, con ello, a fuertes pérdidas financieras. Mediante la publicación de la sentencia condenatoria en periódicos oficiales u otros medios de comunicación se trata de afectar la estimación social del sujeto y restringir su capacidad criminal en el tráfico económico.
Esta sanción que puede producir un evidente efecto intimidatorio ha sido defendida vivamente por Tiedemann por permitir caer la fachada de legalidad y honorabilidad que protege a los delincuentes económicos(67) y es calificada de especialmente idónea(68).
Para Bueno Arus, para ser eficaz esta medida habrá de tener lugar no solo en los periódicos oficiales, sino también en algunos de los periódicos de mayor tirada del lugar donde el delincuente o la empresa tiene su sede o realiza una parte esencial de sus actividades, y, en todo caso, a costa del condenado(69). Pero, como ha señalado Bajo Fernández, el proyecto de Código Penal de 1980 tomó en cuenta la necesidad de que la medida consistente en la publicación de la sentencia abarcase los medios de difusión normales. Como esto no lo puede hacer directamente el tribunal y, por otra parte, el particular corre el riesgo de ser perseguido por calumnia o injuria, se decidió que la condena a la publicación de la sentencia fuese en los periódicos oficiales, pudiendo el tribunal permitir a la víctima la publicación en otros medios de difusión(70).
En el Código Penal Español en materia de delincuencia económica sólo en los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores se prevé la publicación de la sentencia con una clara contradicción por parte del legislador al establecer, por un lado, en su artículo 288, como disposición común a los referidos delitos y con carácter obligatorio el que “se dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado”, y, por otro lado, en su artículo 272.2, correspondiente a los delitos contra la propiedad intelectual, establece con carácter facultativo que: “en el supuesto de sentencia condenatoria, el juez o tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial”.
La publicidad de la sentencia sí se encuentra en el catálogo general que lleva a cabo el Código Penal Francés (art. 131-39.9) y el Decreto Legislativo italiano número 231 en su artículo 9.1.d).
En cuarto lugar, debería incorporarse al catálogo general y no estar sólo prevista para los supuestos recogidos en los artículos 305 (delito fiscal) y 308 (fraude de subvenciones), la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social. Tanto el artículo 305 como el artículo 308 señalan un plazo comprendido entre los tres a los seis años.
La pérdida de ciertos derechos o ventajas es una consecuencia accesoria muy efectiva para la lucha contra la delincuencia económica y de indudable eficacia.
En quinto lugar, al igual que hace el artículo 9.2.e) del Decreto Legislativo italiano número 231, debería introducirse en el catálogo general del artículo 129 de nuestro Código Penal, como una consecuencia accesoria más: la prohibición a las personas jurídicas de realizar publicidad de sus productos o servicios.
Consecuencia accesoria que puede tener un importante efecto intimidatorio si se tiene en cuenta el gran papel que juega la publicidad en los ingresos económicos de las empresas.
Por último, el Código Penal Francés contiene una consecuencia que no se contempla tampoco en otros ordenamientos jurídicos, como es la prohibición de emisión de cheques por un período máximo de cinco años (art. 131-39.7).
En aquellos países donde la emisión de cheques cobre especial relevancia sería conveniente su introducción como una consecuencia accesoria más. Aunque en España este medio de pago no es demasiado relevante, tampoco estaría de más su incorporación al catálogo de las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129.
Bacigalupo Sagesse. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Barcelona, 1998.
Bajo Fernández. Los delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de Código Penal, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 3, 1980.
Bajo Fernández/Bacigalupo. Derecho penal económico, Madrid, 2001.
Barbero Santos. ¿Responsabilidad penal de la empresa, En: Estudios de derecho penal económico, Arroyo/Tiedemann, Editorial Cuenca, 1994.
Boizard. “Amende, confiscation, affichage ou communication de la décision”, En: Révue des Societés, 1993.
Bosly. “Responsabilité et sanctions en matiere de criminalite des affaires”, En: Revue Internationale de Droit Pénal, 1982.
Bricola, F. “Il costo del principio societatis delinquere non potest nell´attuale dimensione del fenómeno societario”, En: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1970.
Bueno Arus. “Las sanciones penales en los delitos contra los consumidores”, En: Jornadas de estudio sobre nuevas formas de delincuencia, Poder judicial, número especial IX.
Carmona Ruano. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Empresa y derecho penal (II), Cuadernos de derecho judicial, 1998.
Cerezo Mir. Curso de derecho penal español. Parte general, tomo II, 5ª. ed., Madrid, 1997.
Conde-Pumpido Ferreiro. En: Conde-Pumpido Ferreiro (Dir.) Código Penal. Doctrina y jurisprudencia, tomo I, Madrid, 1997.
Conte, P. “Il riconoscimento della responsabilitá penale delle persone giuridiche nella legislaciones francese”, En: Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell´Economia, núm. 7, 1994.
Dannecker. “Reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Revista Penal, núm. 7, 2001.
De Doelder. “La punibilidad de las personas jurídicas en Holanda”, En: Hacia un derecho penal económico europeo, en Jornadas en Honor del Profesor Tiedemann, Madrid, 1995.
De La Cuesta Arzamendi. “Personas jurídicas, consecuencias accesorias y responsabilidad penal”, En: Libro homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, in memoriam, vol. I, Cuenca, 2001.
De La Gándara Vallejo. En: Bacigalupo (Dir.) Curso de derecho penal económico, Madrid, 1998.
De Vicente Martínez. “Las consecuencias jurídicas en el ámbito de la delincuencia económica”, En: Actualidad Penal, 1997-1.
Delmas-Marty. Droit penal des affaires, 4ª. ed., París, 2000.
Desportes/Le Gunehec. Le nouveau droit pénal, 2ª. ed., París, 1996.
Díez Echegaray. La responsabilidad penal de los socios y administradores, Madrid, 1997.
Feijoo Sánchez. “Empresa y delitos contra el medio ambiente”, En: La Ley, núm. 5550, 2002.
Fernández Teruelo. “Las consecuencias accesorias del artículo 129 CP”, en Quintero Olivares/Morales Prats (Coord.) El nuevo derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Pamplona, 2001.
García Arán. “Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: El nuevo código penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Prof. Doctor Ángel Torio, Granada, 2000.
García Pablos. “Criminalidad económico-financiera y de “cuello blanco” (“White-Collar Crime”)”, En: Problemas actuales de la criminología, Madrid, 1984.
Gracia Martín. En: Gracia Martín (Coord.) Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, Valencia, 1998.
Guinarte Cabada. En: Vives Antón (Coord.) Comentarios al Código Penal de 1995, vol. I, Valencia, 1996.
Jescheck. Tratado de derecho penal. Parte general, 4ª. ed., traducida por Manzanares Samaniego, Granada, 1993.
Landrove Díaz. “La represión de la delincuencia económica”, en Jueces para la democracia, núm. 31, 1998.
Larguier/Conte. Droit pénal des affaires, 10ª. ed., París, 2001.
López Garrido/García Arán. El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996.
Lottini. “Il sistema sanzionatorio”, En: Garuti (Dir.) Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2000.
Mapelli Caffarena. “Las consecuencias accesorias en el nuevo Código Penal”, En: Revista Penal, núm. 1, 1998.
Mapelli Caffarena/Terradillos Basoco. Las consecuencias jurídicas del delito, 3ª. ed., Madrid, 1996.
Martínez-Buján Pérez. Derecho penal económico. Parte general, Valencia, 1998.
Mir Puig. Derecho Penal. Parte general, 4ª. ed., Barcelona, 1996.
Muñoz Conde. “Cuestiones dogmáticas básicas en los delitos económicos”, En: Revista Penal, núm. 1, 1998.
Paliero. “Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ori in poi, societas delinquere (et puniri) potest”, en Corr. Giur., 2001.
Pérez Manzano. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Actualidad Penal, 1995-1.
Pradel. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho francés: Algunas cuestiones”, En Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª. época, núm. 4, 1999.
Prats Canut/Morán Mora. En: Quintero Olivares (Dir.) Morales Prats (Coord.) Comentarios al nuevo Código Penal, 2ª. ed., Pamplona, 1996.
Roxin. Dogmática penal y política criminal, traducido por Manuel Abanto, Lima, 1998.
Ruiz Vadillo. “Tratamiento de la delincuencia informática como una de las expresiones de la criminalidad económica”, En: Jornadas de estudio sobre nuevas formas de delincuencia, Poder judicial, número especial IX.
Schünemann. Unternehmenskriminalität und Strafrecht. Eine Unterseuchung der Verantworlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräften nach geltenden und geplanten Straf-und Ordnungswidrigkeitenrecht, Köln/Berlin/Bonn/München, 1979.
Screvens. “Les sanctions appicables aux personnes morales”, En: Les sanctions de délinquance économique. Actes del Journées de Kristiansand, Kristiansand/Norvège, 1983.
Serrano Butragueño. “Ideas generales sobre la responsabilidad penal del empresario. Consecuencias accesorias para la empresa”, En: El nuevo Código Penal y su aplicación a empresas y profesionales, 2, Madrid, 1996.
Silva Sánchez. “Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en derecho español”, En: Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal. Libro Homenaje a Roxin, Barcelona, 1995.
Terradillos Basoco. Derecho penal de la empresa, Madrid, 1995.
Tiedemann. Poder económico y delito, Barcelona, 1985.
Tiedemann. “Die “Bebussung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität”, En: Neue Juristiche Wochenschrift, núm. 19, 1988.
Tiedemann. “La criminalidad económica como objeto de investigación”, En: Cuadernos de política criminal, núm. 19.
Tiedemann. “La responsabilitá penale delle persone giuridiche nel Diritto comparato”, En: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1995.
Tiedemann. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Anuario de derecho penal´96, Lima, 1997.
Vervaele. “La responsabilidad penal de y en el seno de la persona jurídica en Holanda. Matrimonio entre pragmatismo y dogmática jurídica”, En: Revista de derecho penal y criminología, 2ª. época, núm. 1, 1998.
Zugaldia Espinar. “Las penas previstas en el artículo 129 del Código Penal para las personas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas)”, En: Poder judicial, núm. 46, 1997.
Zugaldia Espinar. “Las “consecuencias accesorias” aplicables como penas a las personas jurídicas en el CP español”, En: Anuario de derecho penal ´97/´98, Lima, 1999.
(1) Este hecho se demuestra por la gran cantidad de publicaciones referentes a esta cuestión.
(2) Vid. más ampliamente, PÉREZ MANZANO, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Actualidad Penal 1995-1, págs. 15 y ss. Para quien sigue teniendo validez la tesis clásica de la imposibilidad e inconveniencia de construir la responsabilidad penal de las personas jurídicas basadas en las categorías dogmáticas creadas de cara a la responsabilidad individual.
(3) Dannecker, “Reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Revista Penal, núm. 7, 2001, págs. 44 y ss.
(4) Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht. Eine Untersuchung der Verantworlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräften nach geltenden und geplanten Straf-und Ordnungswidrigkeitenrecht, Köln/Berlin/Bonn/München, 1979.
(5) Tiedemann, “Die “Bebussung” von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität”, En: Neue Juristische Wochenschrift, núm. 19, 1988, págs. 1171 y ss. Quien recurre en su exposición a lo que el propio autor denomina “la responsabilidad por organización” o “por defecto de organización”. Una crítica a la propuesta de Tiedemann, puede verse en Feijoo Sánchez, “Empresa y delitos contra el medio ambiente”, En: La Ley, núm. 5550, 2002, y en de la Gándara Vallejo, en Bacigalupo (Dir.) Curso de Derecho Penal Económico, Madrid, 1998, págs. 62 y ss.
(6) Sobre el principio societas delinquere non potest y la delincuencia económica, Vid. Bricola, F., “Il costo del principio societatis delinquere non potest nell´attuale dimensione del fenomeno societario”, En: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1970, págs. 951 y ss.
(7) Vid. Muñoz Conde, “Cuestiones dogmáticas básicas en los delitos económicos”, En: Revista Penal, núm. 1, 1998, pág. 70.
(8) Roxin, Dogmática penal y Política Criminal, traducido por Manuel Abanto, Lima, 1998, págs. 461 y ss.
(9) Vid. Tiedemann, “La responsabilitá penale delle persone giuridiche nel Diritto comparato”, En: Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1995, págs. 615 y ss.
(10) En el parágrafo 51 del código penal holandés se prevé la punición de las personas jurídicas. Según este parágrafo es posible en general, perseguir junto a las personas físicas también a las personas jurídicas. Como ha señalado De Doelder, “La punibilidad de las personas jurídicas en Holanda”, en Hacía un Derecho penal económico europeo, en Jornadas en Honor del Profesor Tiedemann, Madrid, 1995, pág. 497, el adagio en Holanda es: Societas delinquere potest. Vid. así mismo, Vervaele, “La responsabilidad penal de y en el seno de la persona jurídica en Holanda. Matrimonio entre pragmatismo y dogmática jurídica”, En: Revista de Derecho penal y Criminología, 2ª. época, núm. 1, 1998, págs. 153 y ss.
(11) El artículo 121-2 del código penal francés establece: “Las personas jurídicas, excepto el Estado, son penalmente responsables, conforme a las disposiciones de los artículos 121-4 a 121-7 (sobre la tentativa y la complicidad) y en los casos previstos por las leyes o reglamentos, de las infracciones cometidas por cuenta de aquéllas por sus órganos o representantes. No obstante, los entes territoriales y sus entidades de derecho público son responsables penalmente de las infracciones cometidas en el ejercicio de actividades públicas susceptibles de gestión por parte de los particulares. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las personas físicas autores o cómplices de los mismos hechos”. Vid. Conte, P., “Il riconoscimento della responsabilitá penale delle persone giuridiche nella legislaciones francese”, En: Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell´Economia, núm. 7, 1994, págs. 93 y ss.; PRADEL, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho francés: Algunas cuestiones”, en Revista de Derecho penal y Criminología, 2ª época, núm. 4, 1999, págs. 661 y ss.; Larguier/Conte, Droit pénal des affaires, 10ª. ed., París, 2001, págs. 40 y ss.
(12) Vid. Paliero, “Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ori in poi, societas delinquere (et puniri) potest”, en Corr. Giur., 2001, págs. 845 y ss.
(13) Vid. Revue Internationale de Droit Pénal, 1930, pág. 10.
(14) Barbero Santos, “¿Responsabilidad penal de la empresa?, En: Estudios de Derecho Penal Económico, Arroyo/Tiedemann (Ed.), Cuenca, 1994, pág. 27.
(15) Fraude al presupuesto comunitario, fraude en concursos y subastas públicas, corrupción, ejercicio abusivo del cargo, malversación, blanqueo y receptación y asociación ilícita.
(16) Usa este término, Mapelli Caffarena, “Las consecuencias accesorias en el nuevo Código Penal”, En: Revista Penal, núm. 1, 1998, pág. 43.
(17) Vid. los artículos 131-37 y 131-39 del código penal francés o el artículo 9 del Decreto legislativo italiano de 8 de junio de 2001, núm. 231.
(18) Vid. Landrove Díaz, “La represión de la delincuencia económica”, en Jueces para la Democracia, núm. 31, 1998, pág. 44.
(19) Vid. más extensamente sobre su adopción como medidas cautelares, Prats Canut/Morán Mora, En: Quintero Olivares (Dir.) Morales Prats (Coord.) Comentarios al Nuevo Código Penal, 2ª. ed., Pamplona, 1996, págs. 632 y ss.
(20) En el mismo sentido, Conde-Pumpido Ferreiro, en Conde-Pumpido Ferreiro (Dir.) Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia, tomo I, Madrid, 1997, págs. 1567 y 1568, y Guinarte Cabada, En: Vives Antón (Coord.) Comentarios al Código Penal de 1995, vol. I, Valencia, 1996, pág. 669.
(21) Vid. García Arán, “Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: El Nuevo Código Penal: Presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Prof. Doctor Ángel Torio, Granada, 2000, pág. 326.
(22) Vid. una relación detallada de las diversas opciones en Fernández Teruelo, “Las consecuencias accesorias del artículo 129 CP”, en Quintero Olivares/Morales Prats (Coord.) El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Pamplona, 2001, págs. 274 y ss.
(23) En este sentido se pronuncian, entre otros, Zugaldia Espinar, “Las penas previstas en el artículo 129 del Código Penal para las personas jurídicas (Consideraciones teóricas y consecuencias prácticas)”, En: Poder Judicial, núm. 46, 1997, págs. 329 y ss.; Bacigalupo Sagesse, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Barcelona, 1998, págs. 278 y ss.; Serrano Butragueño, “Ideas generales sobre la responsabilidad penal del empresario. Consecuencias accesorias para la empresa”, En: El Nuevo Código Penal y su aplicación a empresas y profesionales, 2, Madrid, 1996, pág. 50; Carmona Ruano, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Empresa y Derecho penal (II), Cuadernos de Derecho Judicial, 1998, pág. 295. Una exposición detallada de las razones por las que no pueden ser consideradas como penas, Vid. En: Feijoo Sánchez, “Empresa y delitos contra el medio ambiente”, ob. cit., págs. 2 y ss.
(24) Zugaldia Espinar, “Las penas previstas en el artículo 129 del Código Penal para las personas jurídicas”, ob. cit., págs. 333 y ss.
(25) En este sentido, Conde-Pumpido Ferreiro, en Conde-Pumpido Ferreiro (Dir.), ob. cit., pág. 1563; Bajo Fernández/Bacigalupo, Derecho Penal Económico, Madrid, 2001, pág. 152, opta el primero de los autores por la consideración de medidas de seguridad en función de la peligrosidad objetiva de la cosa.
(26) El artículo 312 del Proyecto de Código Penal de 1980 establecía: “No obstante, podrán ser sometidos a las medidas de seguridad especialmente previstas para ellas las asociaciones, empresas o sociedades a causa de los delitos que sus directivos, mandatarios o miembros cometieren en el ejercicio de las actividades sociales o aprovechando la organización de tales entes”.
(27) De La Cuesta Arzamendi, ”Personas jurídicas, consecuencias accesorias y responsabilidad penal”, En: Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, in memoriam, vol. I, Cuenca, 2001, pág. 981.
(28) En este sentido, Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español. Parte General, tomo II, 5ª ed., Madrid, 1997, págs. 69 y ss.; Díez Echegaray, La responsabilidad penal de los socios y administradores, Madrid, 1997, pág. 57.
(29) En este sentido, Mapelli Caffarena/Terradillos Basoco, Las consecuencias jurídicas del delito, 3ª. ed., Madrid, 1996, pág. 219.
(30) En este sentido, López Garrido/García Arán, El Código Penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, págs. 81 y 82.
(31) En este sentido, Mir Puig, Derecho Penal. Parte General, 4ª. ed., Barcelona, 1996, pág. 789.
(32) Gracia Martín, en Gracia Martín (Coord.) Lecciones de consecuencias jurídicas del delito, Valencia, 1998, págs. 387 y ss.
(33) Borja Mapelli, “Las consecuencias accesorias en el nuevo Código Penal”, ob. cit., pág. 53.
(34) Carmona Ruano, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, ob. cit., pág. 294.
(35) Martínez-Buján Pérez, Derecho Penal Económico. Parte General, Valencia, 1998, pág. 231.
(36) Roxin, Dogmática penal y Política Criminal, ob. cit., págs. 462 y 463.
(37) Jescheck, Tratado de Derecho penal. Parte General, 4ª. ed., traducida por Manzanares Samaniego, Granada, 1993, pág. 719.
(38) En este sentido, Conde-Pumpido Ferreiro, En: Conde-Pumpido Ferreiro (Dir.), ob. cit., pág. 1563 y Gracia Martín, en Gracia Martín (Coord.), ob. cit., pág. 391.
(39) En este sentido Martínez-Buján Pérez, Derecho Penal Económico, ob. cit., págs. 232 y 233; Silva Sánchez, “Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en Derecho español”, En: Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, Libro Homenaje a Roxin, Barcelona, 1995, pág. 363; MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, ob. cit., pág. 789; Guinarte Cabada, en Vives Antón (Coord.), ob. cit., pág. 666.
(40) Vid. por todos, Martínez-Buján Pérez, Derecho Penal Económico, ob. cit., pág. 237.
(41) Libertad judicial que es criticada por Bajo Fernández/Bacigalupo Sagesse, Derecho Penal Económico, ob. cit., pág. 154.
(42) Vid. Bajo Fernández/Bacigalupo Sagesse, Derecho Penal Económico, ob. cit., pág. 155.
(43) Vid. por todos, Guinarte Cabada, en Vives Antón (Coord.), ob. cit., pág. 666.
(44) Vid. Bajo Fernández/Bacigalupo, Derecho Penal Económico, ob. cit., pág. 155.
(45) Sobre este segundo requisito, vid. más extensamente, Fernández Teruelo, “Las consecuencias accesorias del artículo 129 CP”, ob. cit., págs. 288 y ss.
(46) Zugaldia Espinar, “Las “consecuencias accesorias” aplicables como penas a las personas jurídicas en el CP español”, En: Anuario de Derecho Penal ´97/´98, Lima, 1999, pág. 333.
(47) Sobre la naturaleza jurídica del cierre de la empresa, Vid. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, 4ª. Ed., París, 2000, págs. 309 y ss.
(48) Tiedemann, “La criminalidad económica como objeto de investigación”, En: Cuadernos de Política Criminal, núm. 19, pág. 180.
(49) Screvens, “Les sanctions applicables aux personnes morales”, En: Les sanctions de délinquance économique. Actes des Journées de Kristiansand, Kristiansand/Norvège, 1983, pág. 31.
(50) Gracia Martín, en Gracia Martín (Coord.), ob. cit., pág. 392.
(51) Tiedemann, “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, En: Anuario de Derecho Penal´96, Lima, 1997, pág. 104.
(52) Esta afirmación está contenida en la Circular de aplicación del nuevo Código Penal. Vid. Desportes/Le Gunehec, Le nouveau Droit Pénal, 2ª. ed., París, 1996, pág. 624.
(53) Screvens, “Les sanctions applicables aux personnes morales”, ob. cit., pág. 31.
(54) Vid. Silva Sánchez, “Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en derecho español”, ob. cit., pág. 367.
(55) Vid. Bosly, “Responsabilité et sanctions en matiere de criminalite des affaires”, En: Revue Internationale de Droit Pénal, 1982, pág. 132.
(56) Vid. Conde-Pumpido Ferreiro, en Conde-Pumpido Ferreiro (Dir.), ob. cit., pág. 1567.
(57) Tiedemann, “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, ob. cit., pág. 105.
(58) Vid. De Vicente Martínez, “Las consecuencias jurídicas en el ámbito de la delincuencia económica”, en Actualidad Penal, 1997-1, págs. 126 y ss.
(59) Tiedemann, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, pág. 170.
(60) Zugaldia Espinar, “Las “consecuencias accesorias” aplicables como penas a las personas jurídicas en el CP español”, ob. cit., pág. 331.
(61) En Italia el elenco de sanciones del Decreto Legislativo núm. 231 es más amplio que el contenido en el artículo 125.1 del Proyecto Preliminar de Reforma del Código Penal redactado por una Comisión presidida por el Prof. Grosso. Sobre el nuevo sistema sancionador, Vid. Lottini, “Il sistema sanzionatorio”, En: Garuti (Dir.) Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2000, págs. 127 y ss.
(62) Vid. Boizard, “Amende, confiscation, affichage ou communication de la décision”, En: Révue des Societés, 1993, pág. 330.
(63) Desportes/Le Gunehec, Le nouveau Droit Pénal, ob. cit., pág. 625.
(64) Vid. Ruiz Vadillo, “Tratamiento de la delincuencia informática como una de las expresiones de la criminalidad económica”, En: Jornadas de estudio sobre nuevas formas de delincuencia, Poder Judicial, número especial IX, pág. 79.
(65) En este sentido, García Pablos, “Criminalidad económico-financiera y de “cuello blanco” (“White-Collar Crime”)”, En: Problemas actuales de la Criminología, Madrid, 1984, pág. 202.
(66) Tiedemann, Poder económico y delito, ob.cit., págs. 169 y 170.
(67) Tiedemann, “La criminalidad económica”, ob. cit., pág. 180.
(68) En este sentido, Terradillos Basoco, Derecho penal de la empresa, Madrid, 1995, pág. 62.
(69) Bueno Arus, “Las sanciones penales en los delitos contra los consumidores”, en Jornadas de estudio sobre nuevas formas de delincuencia, Poder Judicial, número especial IX, pág. 380.
(70) Bajo Fernández, “Los delitos contra el orden socioeconómico en el Proyecto de Código Penal”, En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 3, 1980, pág. 24.

References: artículo 11
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 347
 artículo 344
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 194
 resolución 
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 138
 artículo 262
 artículo 520
 artículo 194
 artículo 300
 artículo 129
 artículo 288
 artículo 294
 artículo 520
 artículo 129
 artículo 288
 artículo 129
 artículo 327
 artículo 129
 artículo 24
 artículo 129
 resolución 
 artículo 120
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 366
 artículo 298
 artículo 129
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 138
 artículo 347
 artículo 131
 artículo 135
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 131
 artículo 311
 artículo 129
 artículo 262
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 129
 artículo 131
 artículo 9
 artículo 129
 artículo 288
 artículo 272
 artículo 9
 artículo 305
 artículo 308
 artículo 9
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 121
 artículo 9
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 312
 artículo 129
 artículo 125