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Timestamp: 2017-11-23 16:37:38+00:00

Document:
Resolución 298/2017 - Actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central
Publicación en el Boletín Oficial: 24/02/2017
Sanción: 23/02/2017
Síntesis: Actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. Riesgos del trabajo. Denuncia. Procedimiento de homologación.
VISTO el Expediente N° 39.457/17 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes 20744, 24241, 24557, 26425, 26773 y la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo; el Decreto de Necesidad y Urgencia 1278 de fecha 28 de diciembre de 2000; los Decretos 717 del 28 de junio de 1996, 472 del 1° de abril de 2014, 1475 del 29 de julio de 2015; las Resoluciones S.R.T. 539 de fecha 3 de agosto de 2000, 308 de fecha 22 de junio de 2001, 1240 de fecha 24 de agosto de 2010, 709 del 10 de abril de 2013 y sus complementarias y 179 del 21 de enero de 2015, 613 de fecha 1° de noviembre de 2016, y
Que el artículo 51 de la Ley 24241, sustituido por el artículo 50 de la Ley 24557, dispuso la actuación de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica Central en el ámbito de los riesgos del trabajo.
Que el artículo 21 de la Ley 24557, con el apartado incorporado por el artículo 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia 1278 de fecha 28 de diciembre de 2000, estableció los alcances de las funciones de las citadas comisiones en orden a la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, así como el carácter y el grado de la incapacidad, el contenido y los alcances de las prestaciones en especie y las revisiones a que hubiere lugar.
Que, en esa dirección, mediante el Decreto 717 del 28 de junio de 1996 se delineó el procedimiento a ser aplicado ante las Comisiones Médicas, atendiendo a la inmediatez en el otorgamiento de las prestaciones.
Que la Ley 26773 vino a establecer un régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objetivo primordial de facilitar el acceso del trabajador a una cobertura rápida, plena y justa.
Que ulteriormente, con el objeto de avanzar en una respuesta normativa superadora de los aspectos más controvertidos del sistema y con el fin de instrumentar un régimen que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas, se impulsó la adecuación de la reglamentación del procedimiento ante las Comisiones Médicas mediante el dictado del Decreto 1475 del 29 de julio de 2015.
Que dicho decreto, entre otras cuestiones, abrevió los plazos y agilizó el procedimiento recursivo, dispuso el patrocinio letrado obligatorio del trabajador afectado o sus derechohabientes y habilitó la intervención del empleador en el proceso, además de establecer la actuación del Secretario Técnico Letrado en cada Comisión Médica Jurisdiccional y en la Comisión Médica Central, de acuerdo con la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 709 de fecha 10 de abril de 2013 y sus modificatorias.
Que para continuar en ese rumbo, el sistema que dispuso el Título I de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos Del Trabajo implica que la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales constituye la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado, contando con el patrocinio letrado que garantice el debido proceso legal, solicite u homologue la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y el otorgamiento de las prestaciones dinerarias en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial ante los tribunales locales fundada, tanto en la Ley 24557 cuanto en la opción por la vía del derecho civil que se encuentra contemplada en el artículo 4, parte final, de la Ley 26773.
Que, en igual sentido, dicha norma dispone que pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley 20744 (t.o. 1976), las resoluciones homologatorias y aquellos decisorios de las Comisiones Médicas que en ese marco se dicten y que no fueren motivo de recurso por las partes.
Que asimismo, el artículo 3 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo creó el Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, con la facultad de sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, tal como surge del Anexo del mencionado texto legal.
Que a fin de brindar adecuado respeto a la salvaguarda de los poderes reservados contenida en el artículo 121 de la Constitución Nacional, cuestión que fuera señalada en reiterados pronunciamientos judiciales que descalificaron aspectos de la Ley 24557, la referida instancia de intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como habilitación inexcusable para dar comienzo a toda acción judicial ante la respectiva jurisdicción, ha quedado reservada a las Provincias que hubieren de adherir al referido Título I.
Que debe destacarse que la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo prescribe que los decisorios que dicten las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central, que concluyan procedimientos controvertidos y que no fueren objeto de recurso ante la Justicia, así como las resoluciones homologatorias del Servicio de Homologación creado en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del Artículo 15 de la Ley 20744 (t.o. 1976).
Que a raíz de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que sustituye el artículo 7 de la Ley 24557, corresponde considerar que devine también inaplicable lo previsto en el apartado 4° del artículo 2 del Anexo del Decreto 472 de fecha 1° de abril de 2014.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, con relación al cálculo de Valor del Ingreso Base, resulta pertinente precisar que los conceptos establecidos en el artículo 7 de la Ley 24241 y los artículos 103 bis y 106 de la Ley 20744 quedan excluidos de dicho cálculo.
Que por otra parte, conforme el artículo 12 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que incorpora el apartado 6 del artículo 27 de la Ley 24557, cabe determinar los requisitos, modalidades y plazos a los que deberá ajustarse el procedimiento de extinción del contrato de afiliación, con el propósito de propender a evitar prácticas abusivas en desmedro de los empleadores y de los trabajadores.
Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud del artículo 3 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y de los artículos 36 y 38 de la Ley 24557.
CAPÍTULO I - DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS COMISIONES MÉDICAS REGULADO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO.
Artículo 1: Requisitos para el inicio del trámite de rechazo de la denuncia de la contingencia por el damnificado.
Artículo 2: Procedimiento del trámite por rechazo de la denuncia de la contingencia.
En los trámites por rechazo de la denuncia de la enfermedad profesional no listada, se procederá de conformidad con lo previsto en el inciso b) del apartado 2 del artículo 6 de la Ley 24557 -sustituido por el artículo 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia 1278 de fecha 28 de diciembre de 2000-.
Artículo 3: Requisitos para el inicio del trámite de Divergencia en la Determinación de la Incapacidad por parte del damnificado.
Artículo 4: Requisitos para el inicio del trámite de Determinación de la Incapacidad por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y el Empleador Autoasegurado.
La A.R.T. o el E.A., de conformidad a la opción del domicilio ejercida por el trabajador, en función de lo previsto en el artículo 1 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, deberá solicitar la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional competente, a través de los canales electrónicos habituales, a partir de los DIEZ (10) días y hasta los VEINTE (20) días contados desde el día siguiente al del cese de la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y confeccionará el "Informe del Caso", que deberá contener: 1) Denuncia de la contingencia. 2) Reseña de Historia Clínica de la contingencia. 3) Estudios obligatorios según la patología. 4) Estudios complementarios, en caso de haberse realizado. 5) Protocolo quirúrgico, en caso de corresponder. 6) En los casos de Enfermedad Profesional, deberá presentar informe de Relevamiento de Agentes de Riesgos (R.A.R.), análisis de puesto de trabajo, exámenes periódicos y los exámenes preocupacionales. En este último supuesto, si tuviera acceso a ellos. En caso de no contar con determinada documentación, deberá fundamentar la falta de la misma e informar cual fue la medida implementada para subsanar esa falta. 7) Constancia de Alta Médica y/o Fin de Tratamiento. 8) Declaración de las preexistencias de las que tuviere conocimiento y documentación que la acredite, si no estuviera incorporada a los registros de la S.R.T. 9) Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta sueldo perteneciente al trabajador, si estuviese disponible. 10) Declaración del trabajador sobre el ejercicio de la opción de la Comisión Médica Jurisdiccional o la correspondiente intimación, bajo apercibimiento de tener por elegida la jurisdicción correspondiente al domicilio denunciado en el D.N.I. En cualquier caso, deberá acompañar la correspondiente documentación respaldatoria indicada en el artículo 5 de la presente resolución.
Artículo 5: Competencia territorial de la Comisión Médica Jurisdiccional.
Artículo 6: Audiencia y examen médico.
Recibida la solicitud de intervención y cumplidos los requisitos de inicio dispuestos en los artículos precedentes, las partes serán convocadas a una audiencia en la sede de la Comisión Médica para el examen médico, conforme a los recaudos y procedimientos establecidos en la Resolución S.R.T. 179/15, o la que en el futuro la reforme o sustituya.
Artículo 7: Prueba.
Artículo 8: Alegato.
Artículo 9: Producido el dictamen de la Comisión Médica se notificará a las partes y al empleador, resultando de aplicación las disposiciones del CAPÍTULO II, Punto I del presente TÍTULO.
CAPÍTULO II - DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES
I.- DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN POSTERIOR AL DECISORIO DE LAS COMISIONES MÉDICAS
Artículo 10: Notificación del dictamen de la Comisión Médica.
Artículo 11: Liquidación de la prestación dineraria.
Considerando los salarios declarados por el empleador al Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.), la fecha de nacimiento del trabajador, la fecha de la Primera Manifestación Invalidante, el grado y porcentaje de incapacidad informados, las áreas técnicas competentes calcularán la liquidación mínima correspondiente de acuerdo a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y sus complementarias, debiendo constar dicha liquidación en las correspondientes actuaciones que tramitarán ante el Servicio de Homologación de la Comisión Médica.
Artículo 12: Audiencia.
Artículo 13: Acuerdo.
El incumplimiento de tales obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado será ponderado de conformidad con las previsiones del régimen aprobado por la Resolución S.R.T. 613 de fecha 1° de noviembre de 2016, o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 14: Disconformidad con el porcentaje de incapacidad.
Artículo 15: Disconformidad con el monto indemnizatorio.
Artículo 16: Recurso de Apelación.
Artículo 17: Trámite del recurso de apelación ante la Comisión Médica Central.
ARTÍCULO 18: Trámite del Recurso de Apelación ante la Justicia Ordinaria del fuero laboral.
II.- PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO POR INCAPACIDADES DEFINITIVAS Y FALLECIMIENTO
Artículo 19: Acuerdo por Incapacidad Laboral Permanente Parcial Definitiva o fallecimiento.
Artículo 20: Presentación del acuerdo. Inicio del trámite.
Artículo 21: Citación a la Audiencia y Examen Médico.
Artículo 22: Examen Médico.
Finalizado el examen, se labrará el "Acta de Audiencia Médica" que deberá ser suscripta por los concurrentes y por los asesores letrados del trabajador.
Artículo 23: Informe de valoración del daño (I.V.D.)
d. Grado de incapacidad laboral que padece el damnificado al momento de la evaluación conforme al Baremo aprobado por el Decreto 659/96 y el Listado de Enfermedades Profesionales aprobado por el Decreto N° 658/96, en caso de corresponder.
Artículo 24: Liquidación de la prestación dineraria.
Artículo 25: Audiencia de Acuerdo.
Artículo 26: El agente del Servicio de Homologación de la Comisión Médica verificará que se encuentre cumplido el procedimiento, validará el acuerdo y constatará la libre emisión del consentimiento del trabajador o sus derechohabientes y su discernimiento sobre los alcances del acuerdo.
El incumplimiento de tales obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado será ponderado de conformidad con las previsiones del régimen aprobado por la Resolución SRT 613/16.
Artículo 27: Acuerdo no homologado.
CAPÍTULO III - NORMAS DE APLICACIÓN COMÚN A LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS CAPÍTULOS I Y II DEL PRESENTE TÍTULO
Artículo 28: Domicilio y Notificaciones.
Artículo 29: Plazos.
Artículo 30: Servicio de Homologación de la Comisión Médica Jurisdiccional.
Artículo 31: La Gerencia de Administración de Comisiones Médicas será la responsable de la gestión operativa del Servicio de Homologación, debiendo asimismo, determinar los plazos de los trámites que no se encontraran expresamente definidos en la presente.
Artículo 32: A los efectos del cómputo del plazo de SESENTA (60) días establecido por el artículo 3° de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, entiéndase como "debidamente cumplimentada la presentación", en los términos siguientes:
2. Para los procedimientos del CAPÍTULO I del presente TÍTULO iniciados por el damnificado, previstos en el artículo 1 y 3: cuando se encuentren cumplidos los recaudos establecidos en el punto 9.1 del Anexo I de la Resolución SRT 179/2015, o la que en el futuro la reforme o sustituya, correspondientes al trámite de rechazo de enfermedades no listadas y en el caso de los trámites por rechazo de denuncia de la contingencia; y, una vez cumplido el requisito del patrocinio letrado obligatorio para el damnificado que preceptúa el artículo 36 del CAPITULO IV de la presente, cuando concluya la intervención del Secretario Técnico Letrado con dictamen favorable a la pretensión del trabajador y se deriven las actuaciones a la Comisión Médica para el inicio del trámite médico.
Artículo 33: Los actos del Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica y los decisorios de la Comisión Médica Central en los que se determine una incapacidad laboral permanente total definitiva o el fallecimiento del trabajador por causas laborales, deberán ser notificados a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Artículo 34: Procedimiento para el caso de incomparecencia de las partes.
La incomparecencia de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado configurará falta MUY GRAVE, de conformidad con las previsiones del régimen aprobado por la Resolución S.R.T. 613 de fecha 1° de noviembre de 2016, o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 35: Segunda Audiencia.
CAPÍTULO IV - DEL PATROCINIO LETRADO
Artículo 36: Del Patrocinio Letrado Obligatorio.
Artículo 37: De los Honorarios de los Letrados
Artículo 38: Habilitación de Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
Artículo 39: Definición de Gastos.
En el marco de gratuidad de los procedimientos para los damnificados establecido en el apartado cuarto del artículo 21 de la Ley 24557, conforme a las facultades otorgadas a esta Superintendencia para su definición, entiéndase por "demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas" exclusivamente aquéllos que se encuentran previstos en el artículo 10 del Decreto 1475 de fecha 29 de julio de 2015 sustitutivo del artículo 20 del Decreto 717 de fecha 28 de junio de 1996; los detallados en la Resolución SRT 539 de fecha 3 de agosto de 2000, con las reformas introducidas por la Resolución SRT 308 de fecha 22 de junio 2001; la Resolución SRT 1240 de fecha 24 de agosto de 2010, y aquellas normas que en el futuro las reformen o sustituyan.
Artículo 40: Aplicación particular
Para los restantes trámites administrativos, serán aplicables los procedimientos aprobados por la normativa vigente y las disposiciones previstas en el Decreto 717/96 y la Resolución SRT 179/15, o la que en el futuro la reemplace.
En tal sentido, los dictámenes médicos emitidos por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, serán pasibles de los recursos allí dispuestos, con los efectos previstos en el Decreto 717/96. Sin perjuicio, de la competencia para entender en tales cuestiones de la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino, conforme lo establecido en el artículo 46 de la LRT, modificado por el artículo 14 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Artículo 41: Aplicación temporal
TÍTULO II - DE LAS DISPOSICIONES DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO III DE LA LEY COMPLEMENTARIA DE LA LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO
Artículo 42: Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.)
Entiéndase que de acuerdo a la disposición del artículo 10 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en tanto sustituyó el inciso c) del apartado 2 del artículo 7 de la Ley 24557, el otorgamiento de un nuevo período transitorio regulado por el apartado 4 del artículo 2 del Anexo del Decreto 472/14 deviene inaplicable.
Artículo 43: Valor de Ingreso Base
Artículo 44: De la extinción del contrato de afiliación
Establécese que a los fines del cálculo de la deuda referida en el artículo 27 apartado 6 de la Ley 24557 -incorporado por el artículo 12 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo-, se deberá tomar como referencia la cuota de mayor valor devengado en los últimos DOCE (12) meses, siempre que ésta no incluya las sumas correspondientes al Sueldo Anual Complementario (S.A.C.). En el estado de deuda deberán incluirse todos los saldos parciales a favor del empleador y, en caso de haberse acordado el pago de prestaciones dinerarias por I.L.T., por cuenta y orden de la A.R.T., se deberán computar, a modo de compensación, los montos que la A.R.T. adeude al empleador en concepto de reintegros por I.L.T.
Artículo 45: Situación de Reagravamiento
Entiéndase por "Reagravamiento", a los efectos de lo previsto en el artículo 13 del Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo sustitutivo del artículo 46 de la Ley 24557, las secuelas consolidadas derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que, como consecuencia de un siniestro posterior, produzcan una incapacidad sobreviniente.
Artículo 46: Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Ley 27348 - Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo
Sanción: 15/02/2017
Promulgación: 23/02/2017
Síntesis: Se aprueba la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Comisiones médicas. Autoseguro Público Provincial. Ordenamientos del sistema sobre riesgos del trabajo. Servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales.
Artículo 1: Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley 24241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del artículo 28 de la Ley 24557 no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita.
Artículo 2: Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central.
a) cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el artículo 6, apartado 2, punto c) de la Ley 24557, sustituido por el artículo 2 del Decreto 1278/2000;
Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley 20744 (t.o. 1976).
Para todos los supuestos, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 26773.
En todos los casos los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales que se susciten en el marco de la Ley 24557 y sus modificatorias deberán integrar el cuerpo médico forense de la jurisdicción interviniente o entidad equivalente que lo reemplace y sus honorarios no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito.
Artículo 3: Créase el Servicio de Homologación en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, el cual tendrá las funciones y operará según el procedimiento establecido en el Anexo I de la presente.
Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el artículo 2 de la presente ley.
Artículo 4: Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente Título.
La adhesión precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la Ley 24557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria.
Artículo 5: Créase el Autoseguro Público Provincial destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la Ley 24557 y sus modificatorias, respecto de los regímenes de empleo público provincial y municipal, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Para acceder al Autoseguro Público Provincial, cada jurisdicción deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie de la Ley 24557 y sus modificatorias, de acuerdo a las condiciones y requisitos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Artículo 6: Los empleadores que opten por el régimen de Autoseguro Público Provincial deberán:
b) Cumplir con las obligaciones y procedimientos que la Ley 24557 y sus modificatorias ponen a cargo de los empleadores y de las aseguradoras de riesgos del trabajo, en los términos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con la excepción de la afiliación, del aporte al Fondo de Reserva de la Ley 24557 y sus modificatorias y de toda otra obligación incompatible con dicho régimen.
Artículo 7: El incumplimiento por parte de los empleadores que opten por el régimen de Autoseguro Público Provincial de las obligaciones a su cargo, será pasible de las sanciones dispuestas en el artículo 32 de la Ley 24557 y sus modificatorias, sin perjuicio de las previstas en el Libro 2°, Título XI, Capítulo VII del Código Penal.
Artículo 8: Estará a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo:
Artículo 9: Incorpórase como miembros del Comité Consultivo Permanente creado por el artículo 40 de la Ley 24557 y sus modificatorias, a dos (2) representantes de las jurisdicciones que hayan optado por el régimen de Autoseguro Público Provincial, los que se integrarán a la representación del sector gubernamental.
Artículo 10: Sustitúyese el artículo 7 de la Ley 24557 por el siguiente texto:
Artículo 7: Incapacidad Laboral Temporaria.
Artículo 11: Sustitúyese el artículo 12 de la Ley 24557 por el siguiente texto:
1°. A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1 del Convenio N° 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables).
Artículo 12: Incorpórase como apartado 6 del artículo 27 de la Ley 24557 el siguiente texto:
Artículo 13: Sustitúyese el texto del artículo 37 de la Ley 24557 (reemplazado por el artículo 74 de la Ley 24938) por el siguiente:
b) En el caso de los empleadores públicos autoasegurados y los empleadores autoasegurados, el cero coma cinco por mil (0,5?) de su masa salarial promedio de los últimos seis (6) meses.
Artículo 14: Sustitúyese el primer apartado del artículo 46 de la Ley 24557 por el siguiente texto:
a) cuando medie apelación de la A.R.T. ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el artículo 6, apartado 2, punto c) de la Ley 24557, sustituido por el artículo 2 del Decreto 1278/2000;
Artículo 15: Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 4 de la Ley 26773 por el siguiente texto:
Artículo 16: Incorpórase a la Ley 26773 el artículo 17 bis, según el siguiente texto:
Artículo 17 bis: Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la Ley 24557 y sus modificatorias, y los importes mínimos establecidos en el Decreto 1694/09, se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1° de enero de 2010 y hasta la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia considerando la última variación semestral del RIPTE de conformidad con la metodología prevista en la Ley 26417.
Artículo 17: Dispónese que todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente, deberán ser depositadas en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, creada en virtud de lo establecido en la Ley 26590 y normativa complementaria y siempre que aquella se encuentre disponible.
Artículo 18: Estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgos del trabajo o empleador autoasegurado los gastos de atención médica en que incurra la obra social del trabajador y que resulten cubiertos por la Ley 24557 y sus modificatorias.
Asimismo, las prestaciones en especie que sean brindadas por las aseguradoras de riesgos del trabajo y que resulten motivadas en accidentes o enfermedades inculpables no alcanzados por la Ley 24557 y sus modificatorias, serán reintegradas por la respectiva obra social del trabajador.
Artículo 19: La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente creado por el artículo 40 de la Ley 24557 y dentro del plazo de tres (3) meses contado a partir de la vigencia de la presente, un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional en la materia de su incumbencia y que permita que esos principios generales sean ajustados en forma específica para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo.
Artículo 20: La modificación prevista al artículo 12 de la Ley 24557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 21: Deróganse el artículo 8 y el apartado 6 del artículo 17 de la Ley 26773.
Artículo 22: Las disposiciones de la presente son de orden público.
Artículo 23: El Poder Ejecutivo deberá, dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la vigencia de la presente ley, elaborar un texto ordenado de las Leyes 24557, 26773 y de la presente.
Artículo 24: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Marta G. Michetti - Emilio Monzó - Eugenio Inchausti - Juan Pedro Tunessi.
Artículo 1: El Servicio de Homologación, en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, será el encargado de sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, mediante las actuaciones y con intervención de los funcionarios que a tal efecto determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Artículo 2: Los dictámenes de la comisión médica jurisdiccional que determinen un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva o el fallecimiento por causas laborales, deberán ser notificados a las partes y al empleador.
En dicha audiencia se informará a las partes el importe de la indemnización que le corresponde percibir al trabajador o a sus derechohabientes según lo dispuesto en la Ley 24557 y sus modificatorias.
Si mediare conformidad con lo actuado, el Servicio de Homologación, emitirá el acto de homologación pertinente, dejando expresa constancia del ejercicio por parte del trabajador o de sus derechohabientes de la opción prevista en el artículo 4 de la Ley 26773.
Si la disconformidad fuera respecto del importe de la indemnización, las partes podrán arribar a un acuerdo por un monto superior, el cual deberá ser homologado por el Servicio de Homologación quedando expedita, en caso contrario, la vía recursiva prevista en el artículo 2 de la presente ley, dejándose expresa constancia en el acta que se labre a tal efecto.
Artículo 3: Para el caso en que las partes, en forma previa a la intervención de la comisión médica jurisdiccional, hubieren convenido el monto de la indemnización correspondiente al daño derivado del accidente laboral o enfermedad profesional, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá solicitar la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional, a fin de someter la propuesta de convenio ante el Servicio de Homologación.
El Servicio de Homologación citará a las partes y al empleador, con el objeto de que los profesionales médicos que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo designe al efecto, verifiquen el grado de incapacidad contenido en la propuesta. Cumplido tal extremo y contando con el respectivo informe del profesional médico, el Servicio de Homologación constatará que el grado de incapacidad y el importe de la indemnización acordada se corresponden con la normativa de la Ley 24557 y sus modificatorias.
En tal caso, el Servicio de Homologación, luego de constatar la libre emisión del consentimiento por parte del trabajador o de sus derechohabientes, homologará la propuesta de convenio mediante el acto pertinente, dejando expresa constancia del ejercicio por parte del trabajador o de sus derechohabientes de la opción prevista en el artículo 4 de la Ley 26773.
En ningún caso se homologará una propuesta de convenio que contenga un monto de reparación dineraria menor a la que surja de la estricta aplicación de la normativa de la Ley 24557 y sus modificatorias.
Artículo 4: Los actos de homologación asumirán autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos y con los alcances del artículo 15 de la Ley 20744 (t.o. 1976).
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DNU 54/2017 - Declaración de inconstitucionalidad - Declaración de inconvencionalidad - Acceso a la jurisdicción - Instancia ante las comisiones médicas
Se declara la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 1, Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017, en cuanto impide una "acción judicial expedita" a la actora, a quién se considera en este caso eximida de promover con carácter obligatorio y excluyente el procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. El trámite ante tales Comisiones, como ante la Comisión Médica Central y el recurso de apelación alejan en el tiempo al enfermo o accidentado de una pronta reparación del daño sufrido lo cual en sí mismo no dejaría de ser reprochable metajurídicamente si no fuera porque otros trabajadores en las mismas condiciones que ellos (aunque "en negro") cuentan en forma inmediata con la "vía judicial expedita". (Sentencia no firme.)
Alcaraz, Florencia Soledad vs. Federación Patronal Seguros S.A. s. Accidente - Ley especial. Juzgado Nacional del Trabajo Nº 41, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 21-feb-2017.
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Etiquetas: DNU 54/2017
Responsabilidad Civil > Cosa > Trabajo humano - Call center
Se rechaza parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por la accionada contra la sentencia recurrida que consideró que su responsabilidad en el daño en la salud de la trabajadora surgió del art. 1113, Código Civil, y derivó de la tarea desempeñada por la actora (operadora telefónica), concluyendo que debía responder para lograr una reparación equitativa del real perjuicio. Así, valoró que la actividad de la trabajadora en las condiciones y circunstancias en las que fue cumplida, de conformidad a lo informado por la pericia de higiene y seguridad, le generó un daño en su salud que debe ser indemnizado. El no incumplimiento grosero de las medidas de higiene y seguridad no releva de responsabilidad a la empleadora por la reparación integral, toda vez que no demostró un accionar diligente que evitara que su dependiente sufriera un deterioro irreversible en su salud. Habiéndose acreditado entonces sobradamente que la patología de la actora tiene relación directa con las tareas que realizaba y con el modo en que las mismas fueron cumplidas, la óptica debe recaer en el daño y su reparación. Resultando insuficiente la reparación sistémica, los principios constitucionales rememoraros en la doctrina de los fallos "Aquino" y siguientes de la CSJN, habilitan a declarar la inconstitucionalidad en el caso concreto del límite del inc. 1, art. 39, Ley 24557 y habilitar la reparación integral del derecho común.
Vera, María del Carmen s. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad y casación en: Vera, María del Carmen vs. Stratton Argentina S.A. (Ex. Action Line Córdoba S.A.) y otros s. Despido. Suprema Corte de Justicia, Mendoza; 23-nov-2016.
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DNU 54/2017 - Decreto de necesidad y urgencia - Inc. 3, art. 99, Constitución Nacional - Declaración de inconstitucionalidad - Excepcionalidad - No configuración
El Poder Ejecutivo Nacional dicto el Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017 con el denunciado propósito de corregir inequidades existentes en el "Sistema de Riesgos del Trabajo". Con tal objeto, además de reestructurar parcialmente la Ley 24557, modificó la Ley 26773, preceptiva de la cual derogó el art. 8 y el inc. 6, art. 17, normas primordiales que sirvieron de apoyo al Juez de primera instancia para fundar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el art. 17, Decreto 472/2014 en lo atinente a los pagos actualizables por RIPTE. Para adoptar esta medida el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades legislativas invocando, solo formalmente, que lo hacía por razones de "necesidad y urgencia", infringiendo palmariamente lo dispuesto por el inc. 3, art. art. 99, Constitución Nacional, en la medida que no indica cuales son las "circunstancias excepcionales" que le hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, lo cual basta y sobra para declarar la invalidez del DNU en cuestión. Por todo lo explicado, siendo evidente que no hay necesidad ni urgencia que justifique el dictado del DNU 54/2017, resulta indiferente lo que pueda dictaminar la Comisión Bicameral prevista en la Ley 26122 respecto de la legalidad del DNU, ya que la misma no podrá legitimar un instrumento cuya invalidez, o "nulidad", es manifiesta por carecer de justificación.
Cáceres, Nicolás Martín vs. Asociart ART S.A. s. Accidente de trabajo. Cámara de Apelaciones Sala II Laboral, Gualeguaychú, Entre Ríos; 10-feb-2017.
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Prestaciones en dinero > Ingreso base - Inconstitucionalidad - Adicionales no remunerativos establecidos por CCT - Empleados de comercio
Las partes en el contrato laboral carecen de autonomía para asignar carácter "no remunerativo" a los incrementos salariales, cuando a la postre ello impacta en la omisión de las tales sumas en los diversos rubros adicionales integrantes del haber, como así también en la cuantía de los fondos que se detraen con destino a los organismos de la seguridad social y que llegado el momento son los que habrán de considerarse para el cálculo de los beneficios de tal naturaleza, entre ellos las prestaciones debidas como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en las condiciones de la Ley 24557. Tal accionar, en la práctica transgrede las disposiciones de los arts. 12, LCT y 7, Ley 14250 y con ello el orden público laboral, pese a que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen, con independencia de lo que consideren las partes. Se declara la inconstitucionalidad del art. 12, Ley 24557 y de los acuerdos de recomposición salarial homologados mediante Resoluciones 510/2008, 570/2009 y 143/2010 del Ministerio de Trabajo de la Nación por establecer el pago en los haberes de sumas de carácter "no remunerativo".
Rame, María Carolina vs. La Segunda ART S.A. s. Accidente de trabajo. Cámara del Trabajo Sala 2, General Roca, Río Negro; 07-set-2016.
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Etiquetas: prestaciones dinerarias
Competencia > Justicia del trabajo - Inc. 2, art. 17, Ley 26773 - Declaración de inconstitucionalidad
Se hace lugar al recurso de la parte actora en tanto pretende que se declare la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en el presente caso, revocando así la decisión de grado que admitió la excepción de incompetencia opuesta por la accionada dado que tuvo en consideración que a la fecha en que se promovió la demanda por accidente de trabajo en procura de una reparación integral con fundamento en disposiciones del derecho común, se encontraba vigente la norma que determina la competencia de este tipo de reclamos a la Justicia Nacional en lo Civil (art. 4 e inc. 2, art. 17, Ley 26773), que por tratarse de una disposición de carácter procesal, resulta de aplicación inmediata. La decisión legislativa proyectada en lo dispuesto en el inc. 2, art. 17, Ley 26773, resulta contraria al principio protectorio garantizado y receptado por el art. 14 bis, Constitución Nacional y violatoria del art. 16, Constitución Nacional, en tanto priva al trabajador de una opción de competencia de la que sí pueden gozar el resto de los sujetos involucrados en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Gómez, Víctor Gustavo vs. Asociart ART S.A. y otros s. Accidente - Acción civil.Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VII; 30-dic-2015.
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Etiquetas: 26773, Jurisprudencia. Competencia

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 artículo 50
 artículo 21
 artículo 11
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 artículo 4
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 121
 Artículo 15
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 11
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 artículo 12
 artículo 27
 artículo 3
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 artículo 2

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Artículo 4
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Artículo 43

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