Source: https://1library.co/document/yngv29kz-repercusiones-juridicas-falta-asignacion-jueces-garantias-penitenciarias.html
Timestamp: 2020-08-11 00:33:09+00:00

Document:
Repercusiones jurídicas por la falta de asignación de jueces de garantías penitenciarias
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
REPERCUSIONES JURÍDICAS POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS.
SEGUNDO AMBROSIO LUCAS CENTENO, Msc.
MARCIA VERÓNICA SOLINES CHACÓN MIRIAM VALERIA PRADO CÓRDOVA
SOLINES CHACÓN MARCÍA VERÓNICA Y PRADO CÓRDOVA MIRIAM VALERIA, declaramos bajo juramento que la autoría de la presente investigación corresponde totalmente a las suscritas y nos responsabilizamos con los criterios y opiniones científicas que en el mismo se declaran, como producto de la investigación realizada.
De la misma forma cedemos nuestros derechos de autor a la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, según lo establece la ley de propiedad intelectual, por su reglamento y normatividad intelectual vigente.
Este proyecto se ha ejecutado con el propósito de estudiar: “REPERCUSIONES
JURÍDICAS POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE JUECES DE GARANTÍAS
PENITENCIARIAS”.
Solines Chacón Marcía Verónica C.C. No. 0912409505
En mi calidad de tutor del proyecto de investigación, designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil.
Haber dirigido, revisado y analizado el proyecto de investigación con el tema: “REPERCUSIONES JURÍDICAS POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE
JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS” presentado como requisito previo
a la obtención y desarrollo de la investigación para optar al título de:
PRESENTADO POR: MARCÍA VERÓNICA SOLINES CHACÓN MIRIAM VALERIA PRADO CÓRDOVA
Segundo Ambrosio Lucas Centeno, Msc. C.C. No. 1305095679
TÍTULO Y SUBTÍTULO: REPERCUSIONES JURÍDICAS POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS.
PALABRAS CLAVE: Rehabilitación Social, regímenes de rehabilitación social, régimen abierto, régimen semi abierto, jueces de garantías penitenciarías, beneficios del reo, repercusiones jurídicas.
RESUMEN: La presente investigación que lleva por nombre “Repercusiones jurídicas por la falta de asignación de jueces de garantías penitenciarias” se buscó mediante un análisis exhaustivo conocer cuáles
son los factores que influyen para la correcta asignación de los beneficios penitenciarios a las personas
privadas de su libertad y establecer una relación sobre si la falta de asignación de jueces de garantías
penitenciarias era un factor determinante que incidía en la resolución de las causas.
El objetivo del presente estudio era evaluar los beneficios que generaría la aplicación del art 230 del
Código Orgánico de la Función Judicial en la determinación de los beneficios penitenciarios de las PPL,
estableciéndose de que a pesar de que la Constitución de la República se enuncia que los jueces y juezas
de garantías penitenciarias son los llamados a conocer las causas en materia penitenciaría, actualmente se
primer lugar se buscó mediante la recopilación de información primaria y secundaria describir la
problemática planteada, además de una revisión minuciosa el marco legal que delimita el accionar de los
jueces en el Ecuador.
Se enuncia que la investigación es descriptiva-analítica y que para la recolección de datos se realizó
encuestas a los abogados de la ciudad Guayaquil, cinco entrevistas practicadas a abogados y una a un
funcionario público el Ministro del Interior Ab. Pedro Solines y al número de causas ingresadas en las
unidades judiciales de Guayaquil entre los años 2015-2016, Como una de las principales conclusiones se
estableció que se debe asignar la debida cantidad de jueces de garantías penitenciarias en concordancia
con lo establecido en la Constitución y la Ley y se enuncia que los jueces penales no deberán conocer las
causas de beneficios penitenciarios por el criterio prejuzgado que pueden tener los magistrados, además se
recomienda que una vez se haya realizado la transición para la asignación de jueces y juezas de garantías
penitenciarias se derogue la resolución 018-2014 que otorgó facultades en materia penitenciaria a los
jueces de garantías penales, con la finalidad de implementar lo que ordena la Constitución en beneficio de
CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Decano: ECON. LUIS CORTEZ ALVARADO,
Director de la carrera de Derecho: AB. UKLES
Agradezco en primer lugar a Dios, quien desde el cielo cuidó de mí, y estuvo bendiciéndome en cada paso que daba en mi carrera profesional. Agradezco a mi madre, quien siempre me apoyó en todos estos 5 años de carrera, y toda mi vida, ella mi pilar principal, quien estuvo conmigo, desvelándose en las noches, preocupada por la hora en que terminada mis deberes, ensayos proyectos. Ella mi fortaleza de seguir adelante cada día, mi madre, mi vida, mi guía, mi apoyo fundamental. Mi padre quien desde la distancia, me apoyó económicamente y supo darme buenas consejos, alentándome a seguir adelante. Además agradezco a mi segundo pilar fundamental, quien es mi novio, quien estuvo ayudándome en toda esta larga carrera, quien me ayudó en los deberes, sin importarle dejar de hacer sus deberes para ayudarme en los míos. Quien asumía las veces de profesor, y me corregía cada palabra equivocada que decía al exponer, mil gracias por todo. Además agradezco a toda mi familia, quien me alentaba las veces que fueron necesarias para seguir adelante, quienes eran mi público al exponer, para así perder el miedo escénico.
MIRIAM VALERIA PRADO CÓRDOVA
Le agradezco a Dios todopoderoso, quien me ha otorgado sabiduría y quien ha sido mi guía para elegir el camino correcto, quien me ha dado fortaleza para perseverar con esfuerzo y dedicación y así poder cumplir con mi meta propuesta, logrando ser orgullo y ejemplo para mis tres hijos. A su vez dejo constancia de mi agradecimiento eterno a esos lindos padres que poseo, ya que ellos han sido mi apoyo incondicional en todo momento.
Dedico todo este trabajo, y 5 años de lucha constante a Dios, a mi madre mi pilar fundamental, a mi padre, a mi novio, y en general a toda mi familiar. Finalmente a todos mis excelentes profesores, quienes me formaron con buenos conocimientos jurídicos, así mismo al tutor quien lo conocí en la última etapa de mi carrera, y quien nos ayudó muchísimo a mi compañera Marcia y a mí a terminar la presente tesis y poder lograr ser abogadas de la República del Ecuador.
Dedico este trabajo a mis padres Carlos Alfredo Solines Aguayo y Rosa Olivia Chacón de Solines; y a mis 3 hijos, Verónica, Karla y Gustavo Ortega Solines, quienes me apoyaron en todos estos 5 años de estudio, son todo para mí, gracias, mil gracias por toda la ayuda brindada, los amo con todo mi corazón.
PORTADA ... I DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ... II CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ... III CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO... IV REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ... V AGRADECIMIENTO ... VII DEDICATORIA ... VIII ÍNDICE GENERAL ... IX ÍNDICE DE TABLAS ... XIII INDICE DE FIGURAS... XIV RESUMEN EJECUTIVO ... XV INTRODUCCIÓN ... XVII
1.1. Tema ... 1
1.2. Planteamiento del problema ... 1
1.5.1. Objetivo General. ... 9
1.5.2. Objetivos Específicos... 9
1.6. Justificación ... 10
1.7. Alcance ... 11
1.8. Hipótesis ... 12
1.8.1. Variable Independiente. ... 12
1.8.2. Variable Dependiente... 12
Capítulo II ... 13
2. Marco referencial ... 13
2.1. Marco teórico ... 13
2.1.1. Antecedentes en el derecho penitenciario en el Ecuador. ... 13
2.1.2. Definiciones de derecho penitenciario. ... 15
2.1.3. Sistema ecuatoriano de rehabilitación social ... 16
2.1.4. La responsabilidad penal... 19
2.1.5. Resarcimiento y rehabilitación ... 22
2.1.6. Resarcimiento y beneficios penitenciarios... 24
2.1.7. Régimen de rehabilitación social ecuatoriano ... 25
2.1.8. Antecedente del sistema penitenciario ... 26
2.1.10. Condiciones que se requieren para cada uno de los sistemas (régimen abierto y
régimen semi abierto). ... 33
2.1.11. Falta de especialización en el juzgador para la aplicación de beneficios penitenciarios. ... 34
2.1.12. Necesidad de jueces especializados para hacer efectivo el derecho penitenciario y el respeto y garantía de las personas privadas de libertad. ... 35
2.1.13. El tratamiento penitenciario y la neurociencia ... 35
2.1.14. La administración penitenciaria y sus actividades ... 37
2.1.15. La pena privativa de libertad ... 38
2.1.16. La prohibición de los beneficios penitenciarios ... 40
2.1.17. Asistencia legal a favor de los internos ... 42
2.1.18. Derechos del ciudadano ... 43
2.1.19. Política criminal ... 45
2.1.20. Audiencia para la aplicación del régimen abierto y régimen semi abierto. ... 46
2.2. Marco conceptual ... 48
2.2.1. Persona privada de la libertad. ... 48
2.2.2. Rehabilitación social. ... 48
2.2.3. Centro de rehabilitación social. ... 49
2.2.4. Juez de garantías penitenciarias. ... 49
2.2.6. Sentencia. ... 50
2.2.7. Beneficio penitenciario. ... 50
2.3. Marco legal ... 50
Capítulo III ... 13
3. Marco Metodológico ... 58
3.1. Definición de la Metodología de la Investigación ... 58
3.2. Tipo y Técnica de investigación... 59
3.2.1. Entrevista ... 61
3.2.2. Encuesta ... 62
3.3. Recolección de datos ... 64
3.4. Recursos ... 65
3.5. Población y muestra ... 66
3.5.1. Resultados de la recolección de datos. ... 67
3.6. Análisis de la base de datos ... 90
Conclusiones ... 93
Recomendaciones ... 96
Referencias bibliográficas ... 100
Tabla 1. Personas privadas de libertad en centros sociales del Ecuador 2014. ... 3
Tabla 2. Personas privadas de libertad por zonas de planificación del Ecuador 2014. ... 4
Tabla 3. Personas privadas de libertad por provincias del Ecuador 2014. ... 4
Tabla 4. Conocimiento del sistema penitenciario. ... 67
Tabla 5. Autoridad que conoce los beneficios penitenciarios... 68
Tabla 6. Derivamiento de causas a jueces penales. ... 69
Tabla 7. Criterio prejuzgado. ... 70
Tabla 8. Afectación de aplicación de régimen penitenciario. ... 71
Tabla 9. Asignación de beneficios penitenciarios... 72
Tabla 10. Cumplimiento de ordenamiento jurídico. ... 73
Tabla 11. Mejora de aplicación de beneficios penitenciarios. ... 74
Tabla 12. Garantías penitenciarias, resolución de causas de régimen abierto y semi abierto al año 2015………... 91
Figura 1: El trípode de la rehabilitación del privado de la libertad. ... 41
Figura 2: Conocimiento del sistema penitenciario... 68
Figura 3: Autoridad que conoce los beneficios penitenciarios. ... 69
Figura 4: Derivamiento de causas a jueces penales. ... 70
Figura 5: Criterio prejuzgado. ... 71
Figura 6: Afectación de aplicación de régimen penitenciario. ... 72
Figura 7: Asignación de beneficios penitenciarios. ... 73
Figura 8: Cumplimiento de ordenamiento jurídico. ... 74
La presente investigación que lleva por nombre “Repercusiones jurídicas por la falta de asignación de jueces de garantías penitenciarias”, se buscó mediante un análisis exhaustivo conocer cuáles son los factores que influyen para la correcta asignación de los beneficios penitenciarios a las personas privadas de su libertad y establecer una relación sobre si la falta de asignación de jueces de garantías penitenciarias era un factor determinante que incidía en la resolución de las causas.
El objetivo del presente estudio era evaluar los beneficios que generaría la aplicación del art 230 del Código Orgánico de la Función Judicial en la determinación de los beneficios penitenciarios de las PPL, estableciéndose de que a pesar de que la Constitución de la República se enuncia que los jueces y juezas de garantías penitenciarias son los llamados a conocer las causas en materia penitenciaría, actualmente se designa a jueces penales a causa de la resolución 018-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura. En primer lugar se buscó mediante la recopilación de información primaria y secundaria describir la problemática planteada, además de una revisión minuciosa el marco legal que delimita el accionar de los jueces en el Ecuador.
recomienda que una vez se haya realizado la transición para la asignación de jueces y juezas de garantías penitenciarias se derogue la resolución 018-2014 que otorgó facultades en materia penitenciaria a los jueces de garantías penales, con la finalidad de implementar lo que ordena la Constitución en beneficio de las personas privadas de su libertad.
Las personas privadas de libertad o como son generalmente conocidas por su acrónimo de PPL, son parte del grupo de atención prioritaria del estado ecuatoriano, lo cual obliga al mismo a velar por la creación de planes, programas y proyectos en pro de asegurar una calidad de vida digna y en el caso de las PPL asegurar su exitosa reinserción en la sociedad.
A partir de la Constitución del 2008 se creó la figura de juez o jueza de garantías penitenciarías, autoridad que debe ser el principal velador del cumplimiento de los derechos de las PPL, el mismo que tienen a su cargo la función de otorgar beneficios y sanciones a las PPL de acuerdo a lo establecido en la ley.
Sin embargo, esta ley que se considera un referente del cambio sustancial en las políticas penitenciarias del Ecuador, pero que a pesar de ello ya es aplicada en otras legislaciones extranjeras desde hace 20 años atrás, no se ha desarrollado de correcta forma, diez años después de creada la nueva Constitución y a pesar de que se ha modificado los demás marcos jurídicos para dar paso a los jueces de garantías penitenciarias esto no se ha completado al 100%.
Desde el año 2014 el Consejo de la Judicatura al no haber realizado la correspondiente asignación de jueces y juezas de garantías penitenciarias resolvió otorgar estas facultades a los jueces de garantías penales de forma transitoria, sin embargo han pasado tres años y esta resolución sigue en vigencia.
Al referirse a las personas privadas de libertad o su abreviatura PPL, se entiende por toda persona que se encuentra en estado de detención ordenado por la autoridad competente a causa de ser culpable o presunto culpable de una infracción legal o delito (Defensoría del Pueblo del Perú, 2016). La prisión o privación de libertad es la fase final del proceso de justicia penal, el cual inicia cuando una persona comete un delito, es puesto en detención, se realiza un juicio para luego darse una sentencia.
Las cárceles como tal existen en la mayoría de las sociedades desde siglos atrás, por otra parte la cárcel no sólo alberga a personas con una sentencia específica sino también a aquellos que están a la espera de algún tipo de proceso judicial ya sea que se les dicte sentencia, sean deportadas a otra nación, deban realizar el pago de una multa o deuda y dependiendo las leyes que rigen un país pueden ser incluso condenados a muerte (Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito, 2010).
cárcel. Para lograr que una PPL no cometa nuevamente un delito se figura a la cárcel como un lugar para reformar y rehabilitar, ayudando a que las personas detenidas aprendan un oficio del que se valgan cuando cumplan la pena (ONU, 2011).
Si bien es cierto, las leyes han ido evolucionando enfocadas en el bienestar de las PPL, esto como parte de la Organización de Naciones Unidas y el establecimiento de reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, adoptadas por los países miembros, entre ellos Ecuador (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2016).
Esta organización estableció la separación de los reclusos según edad, antecedentes, sexo entre otras cuestiones relevantes, también se menciona que las celdas deben ser individuales u ocupadas por dos reclusos en caso que no se atente a su seguridad, además del acceso a medios para su aseo personal cuyo uso debe ser obligado al reo, con el acceso a vestimentas y camas apropiadas según el clima, acceso a una alimentación adecuada, acompañada de áreas para practicar ejercicio, contar con un médico especialista no sólo en salud física sino también mental, poder contactarse con familiares e incluso el no uso de esposas, camisas de fuerza o cualquier medio de coerción dentro de la prisión.
En países como Ecuador, dentro de la Constitución vigente, se establece y se defiende los derechos de las PPL, esto se encuentra establecido en el artículo 51 donde se mencionan:
 El no aislamiento como sanción.
 Poder comunicarse y recibir visitas de profesionales y familiares.
 Realizar alguna declaración a una autoridad judicial respecto al trato recibido durante su privación de libertad.
 Satisfacción de sus necesidades laborales, culturales, educativas, productivas, recreativas y alimenticias.
 En caso de las mujeres, estas deben recibir un tratamiento preferente y a su vez especializado en caso de estar embarazadas o en periodo de lactancia, de la misma forma recibirán dichos tratos los adolescentes, personas adultos mayores y quienes padezcan alguna enfermedad o discapacidad.
Personas privadas de libertad en centros sociales del Ecuador 2014.
Personas privadas de libertad por zonas de planificación del Ecuador 2014.
Para realizar un análisis de la concentración de las PPL mostramos la estadística por cada una de las zonas donde se encuentran estas personas, evidenciando que en la zona 8 existe la mayor concentración de las mismas con un 36.99%.
En la tabla 3 se muestran las ciudades que componen la zona de planificación 8 las mismas que son Guayaquil, Samborondón y Durán.
De esta manera se puede evidenciar que en la zona 8 existe gran cantidad de reclusos, los cuales pueden acceder a los beneficios que establece el COIP, esto es, mediante un juez de garantías penitenciarias, con el cual debería contar cada centro y hasta el momento han sido desplazados por la figura de jueces de garantías penales. Además se establece el hecho que la mayoría de los centros de rehabilitación social de la zona de planificación número ocho están en Guayaquil, estableciéndose la importancia de direccionar los estudios a esta ciudad.
El artículo 201 de la Constitución Ecuatoriana menciona que el sistema de rehabilitación social tiene como finalidad la reinserción de las PPL a la sociedad garantizando sus derechos.
Al ser importante garantizar los derechos de las PPL, aparece la figura del Juez de Garantías Penitenciarias en el nuevo Código Orgánico Integral Penal emitido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2014). Este código menciona la competencia del juez de garantías penitenciarias, la cual es velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad, esto debido a que las cárceles eran vistas como un lugar "sin ley" en la que los reos no poseían derechos civiles.
Estos jueces de garantías penitenciarias son personas especializadas en el sistema penitenciario que brindan seguridad en la protección de los derechos dentro de los centros de rehabilitación social.
cumplimiento de la pena de los reclusos y que no se vulneren sus derechos (art. 669), además su presencia debe ser óptima para hacer valer el derecho de estas personas, pudiendo realizar quejas o peticiones a dicho juez y de la misma forma recibir respuestas oportunas (art. 12) (Ministerio de Justicia, derechos humanos y cultos, 2014).
Se puede mencionar que la presencia de un juez de garantías penitenciarias es importante en este ámbito, estando preparado en la materia y como parte esencial de la rehabilitación adecuada de las personas privadas de la libertad, buscando que se desenvuelvan en un ambiente óptimo, en el cual se garanticen sus derechos y no se atente contra el bienestar de éstos aunque estén cumpliendo una condena (Consejo de la Judicatura, 2013); los jueces de garantías penales están a cargo de estas funciones hasta que existan profesionales en el área.
A pesar que en la ley se planteaba que se designe un juez de garantías penitenciarias por cada centro de rehabilitación social, estas competencias fueron asignadas a los jueces de garantías penales, lo cual según expertos no es un buen sistema pues se debería nombrar por lo menos a un juez de garantías penitenciarias para cada centro de privación de libertad.
Según la Defensoría Pública (2014) los beneficios de las PPL relacionados a la pena y que pueden ser solicitados al juez de garantías penitenciarias son:
 La Prelibertad: Podrá realizar actividades controladas fuera del CRS.
 La Libertad controlada: La PPL podrá realizar actividades y convivir en su medio natural.
 Reducción de la pena: Esta se realizará mediante un sistema de méritos que permita evaluar la buena conducta de una PPL, siendo de hasta un 50% la rebaja de dicha pena, la cual se haya impuesto al mismo, no pudiendo ser solicitada si dicha persona ha cometido determinados delitos, tales como asesinatos o sexuales, ente otros.
 Régimen abierto: Es supervisado por el organismo técnico, estando autorizado para convivir en su entorno social.
 Régimen semi abierto: En este caso, quien controla al recluso es el organismo técnico, estando autorizada para llevar a cabo alguna actividad fuera del CRS.
 Unificación de penas: Si una PPL cometió diversos delitos, el juez de garantías penitenciaras podrá establecer una pena única, siendo un beneficio establecido para personas sentenciadas hasta y después del 10 de agosto del 2014.
La figura del juez de garantías penitenciarias se considera esencial en este tipo de casos, especialmente en el proceso para solicitar los beneficios y más aún para asegurar la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en los centros de detención.
adecuada a las solicitudes de las PPL u otro tipo de omisiones o errores que podrían vulnerar los derechos de esta parte de la población causando repercusiones jurídicas.
El Código Orgánico de la Función Judicial en la sección IV Tribunales y Juzgados en el parágrafo V Juezas y Jueces Penales Especializados establece lo siguiente:
“Art 230. Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias.
Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria.”
Entre las repercusiones jurídicas se puede evidenciar que la falta de jueces de garantías penitenciarias provoca que no se lleve un control total de la ejecución de la pena de una PPL y esa falta de control ocasiona que los privados de libertad no se puedan acoger a los beneficios establecidos en la ley, generando repercusiones ya que al no contar las personas privada de libertad con un acceso adecuado a los beneficios que les otorga la ley, se afecta negativamente a su rehabilitación y a su reinserción a la sociedad como lo establece la Constitución Ecuatoriana vigente.
 ¿La no aplicación del marco normativo y jurídico que involucra a la designación de jueces de garantías penitenciarias vulnera los derechos de las PPL?
 ¿Cómo se encuentra el contexto nacional referente a la determinación de beneficios penitenciarios relacionados a la pena?
 ¿Cuáles son los requisitos y procesos que una PPL debe seguir para este tipo de beneficios?
 ¿Causas que impiden la aplicación del marco normativo a fin de garantizar los beneficios y derechos de las PPL?
¿La falta de aplicación del art 230 del Código Orgánico de la Función Judicial incide en los procesos para la determinación de los beneficios penitenciarios y el control y vigilancia del cumplimiento de la pena de las PPL?
Evaluar los beneficios que generaría la asignación de jueces de garantías penitenciarias de conformidad con el art 230 del Código Orgánico de la Función Judicial en la aplicación de los beneficios penitenciarios de las PPL.
 Revisar el marco normativo y jurídico que involucra la designación de jueces de garantías penitenciarias, pues el art.230 del Código Orgánico de la Función Judicial determina la existencia de jueces especializados para esta materia.
 Indagar la percepción que tienen los jueces penales sobre la aplicación de la norma que designa jueces de garantías penitenciarias.
 Establecer la aplicación de los beneficios y derechos de las PPL en otras jurisprudencias.
Ante el hecho de que las personas privadas de la libertad sean respaldadas por jueces de garantías penales en lugar de jueces de garantías penitenciarias como se había previsto en la ley, nace la interrogante respecto a cómo se están llevando estos procesos, de qué forma se están aplicando los beneficios y si se están garantizando los derechos de las PPL.
Si bien es cierto, entre las funciones de los jueces de garantías penitenciarias establecidas por el Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIP, están a más de la revisión y establecimiento de beneficios, el llevar a cabo inspecciones mensuales a los centros de privación de libertad, el aseguramiento del cumplimiento de la pena evidenciando incluso si no se vulneran los derechos de las PPL, atendiendo a sus quejas y peticiones. Sin embargo, respecto a las obligaciones y competencias de un juez de garantías penitencias, es claro decir que un juez de garantías penales no cuenta con la debida preparación para ejercerlas, por lo que se considera una desventaja para una PPL estar siendo respaldado por alguien no competente en la rama.
garantías penitenciaras para sustanciar los derechos y garantías de las PPL con sentencia condenatoria. Hay que tener en cuenta que las repercusiones jurídicas van en torno a la falta de jueces de garantías penitenciarias lo cual provoca que no se lleve un control total de la ejecución de la pena de una PPL y esa falta de control ocasiona que las mismas no se puedan acoger a los beneficios establecidos en la ley.
Cabe indicar que este estudio se encuentra dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente el objetivo número 3 referente a “Mejorar la calidad de vida de la población” siendo en este caso un grupo, es decir las personas privadas de libertad, las cuales poseen derechos y a su vez están amparados por leyes para una rehabilitación adecuada, con seguridad y procesos justos (SENPLADES, 2013).
Este estudio se enfoca en analizar las repercusiones de la no aplicación del art 230 del Código Orgánico de la Función Judicial y su incidencia en los beneficios otorgados a las PPL que hayan obtenido la libertad mediante el régimen abierto y semi abierto de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal durante el periodo 2015-2016.
Limitación social: Jueces de Garantías Penitenciarias.
Limitación espacial: Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil
Limitación temporal: 2015-2016 Área: Penal
La concesión de beneficios penitenciarios y el control y vigilancia del cumplimiento de la pena de las PPL será más eficiente si se designan Jueces de Garantías Penitenciarias.
1.8.1. Variable Independiente. Código Orgánico de la Función Judicial 1.8.2. Variable Dependiente.
2.1.1. Antecedentes en el derecho penitenciario en el Ecuador.
El derecho penitenciario del Ecuador ha pasado por una serie de transformaciones a lo largo de los años, y estas transformaciones abarcan las leyes en torno al derecho penitenciario y la administración del sistema carcelario, es de establecerse en primer lugar que las Leyes penales son el conjunto de normas que regulan los actos de naturaleza delictiva que realizan los individuos en un estado.
En la República del Ecuador a comienzos del siglo XVIII, se identificaban en el territorio tres recintos carcelarios, la cárcel de la Real audiencia, la cárcel común para hombres y la cárcel Santa María para las mujeres. También se establece que el trato para las personas mestizas e indígenas era diferente ya que eran enviados por "supuestos delitos" a cárceles temporales en las ciudades de Guayaquil y Latacunga, que no eran otra cosa que fábricas de tabaco y pólvora donde los presos eran obligados a trabajar bajo condiciones infrahumanas.
Recién Bolívar comenzaba a tratar de normar la Gran Colombia y se dio su separación, por la disputa de poderes que siempre han existido en las sociedades, y el distrito sur dio forma a lo que es hoy actualmente la República del Ecuador. Los gobernantes recién estrenados del país no vieron mejor idea que usar a las Islas Galápagos como cárcel, como una forma de posesionar su control sobre las islas y dejaban al preso a su suerte esto se dio a partir del año 1832 con la formación de las cárceles de la isla Charles llamada actualmente Floreana y la de la isla San Cristóbal. Una innovación en el derecho penal ecuatoriano se dio con la llegada al poder de Vicente Rocafuerte, el estableció en un Código Penal que las cárceles no debían de tener una naturaleza de torturas o castigo, más bien que debían tratar al preso con humanidad.
Por aquellos tiempos al preso se le encerraba en especies de fábricas para que mantuviera un oficio, trabajaban en la construcción de obras públicas, limpiezas de calles, entre otras tareas y de esta forma descontaban su alojamiento y estadía, a pesar de que para el estado fue una innovación estábamos muy por detrás de los derechos que se estaban brindando en otras naciones, con la llegada a la presidencia de Gabriel García Moreno se estableció la construcción del panóptico uno de los lugares más terribles de la historia ecuatoriana, su diseño que permitía un control casi completo, sus celdas que eran oscuras y no dejaban el paso de la luz, sin visitas a menos que fuera el sacerdote y ciertos funcionarios.
se establecía los deberes y los derechos de los reos, se enunciaba la importancia de que los reos utilizaran su tiempo para el estudio, el trabajo y las instrucciones morales, también se normaba las funciones de las personas que trabajaban dentro de las cárceles y se enuncio que el Presidente de la República era el encargado de nombrar al director de los penales.
El derecho penitenciario paso por muchas otras modificaciones hasta el año de 1982, donde se establece el Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social que impuso el concepto de que los reos deberían pasar un proceso dentro del penal para lograr su reinserción social, se establece también que con este código se creó la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.
Este código no ha tenido muchas modificaciones pero las más relevantes versaron sobre la rebaja de penas uno de los beneficios pro reos. En la Constitución del 2008 se establece que el fin del sistema penitenciario es la reinserción penal del reo, determina la competencia de los jueces de Garantías penitenciarias y en el reglamento del Código Orgánico de la Función Judicial versa específicamente sobre las mismas (Escuela de la Función Judicial, 2013).
2.1.2. Definiciones de derecho penitenciario.
De acuerdo a Ayuso (2011), se establece que el Derecho penitenciario es el conjunto de normas que tienen como finalidad regular o controlar la actividad penitenciaria, sobre todo en los ámbitos de la forma para ejecutar las penas y las diferentes modalidades de privación de libertad, manteniendo siempre en primer lugar el fin fundamental del sistema penitenciario que es la reinserción social del preso, en todos los aspectos familiares, laborales y productivos.
otro, justificándose que el derecho penal impone la pena privativa de libertad y el derecho penitenciario regula la ejecución de esa pena impuesta por el derecho penal.
La evolución del derecho penitenciario se ha enfocado en la premisa de que el fin fundamental de los sistemas de reclusión social es la reinserción de la PPL (Persona Privada de Libertad), y se establece que el Estado debe garantizar que a las PPL se le brinde todas las herramientas para el logro de este fin, además se ha establecido la designación de jueces especiales llamados "Jueces de Garantías Penitenciarias", que conocen todo el marco jurídico del derecho penitenciario, ellos son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos de las PPL, además de establecer beneficios como la rebaja de penas y de sancionar cuando hubiere el cometimiento de otro delito por parte del PPL.
2.1.3. Sistema ecuatoriano de rehabilitación social
El Código Orgánico Integral Penal establece a este sistema como el conjunto de principios, programas, procesos, normas y políticas de las instituciones relacionados entre sí y que interactúan de forma integral para la ejecución penal siendo sus fines los siguientes:
1. Proteger los derechos de quienes han sido privados de su libertad, atendiendo a su vez sus necesidades especiales.
2. Desarrollar durante el proceso de privación de libertad las capacidades de la persona para que pueda ejercer nuevamente sus derechos cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades de forma legal una vez que recupere su libertad.
3. La rehabilitación integral de la persona que fue privada de su libertad durante el lapso en el que se está cumpla su condena.
2.1.3.1. Características del sistema penitenciario.
Después de establecer que el derecho penitenciario son normas que regulan la forma en que la PPL cumplirá su condena y las herramientas que se le brindarán para lograr su reinserción en la sociedad, pero para lograr aquello se deben regir las decisiones en base de principios y características. Las características del sistema penitenciario se rigen por cinco principios ineludibles, que sirven de base para la toma de decisiones en torno al derecho penitenciario. Los principios son:
 Principio de Supremacía de la Constitución.
 Principio de Legalidad.
 Principio de Progresión.
 Principio de Jurisdiccionalidad.
 Principio de Independencia.
Toda decisión que se tome en torno a la Ley tiene que regirse a los principios y características, entendiéndose que en caso de duda sobre el alcance de un marco jurídico en específico el magistrado pueda dar una respuesta certera basada en estos principios.
2.1.3.1.1. Principio de supremacía de la Constitución.
Este principio también se encuentra establecido en el COIP, señalando que no sólo los jueces y juezas, sino también los servidores judiciales no pueden pasar por alto lo escrito en la Constitución y se precisa que si hubiere una duda razonable para la aplicación de las leyes se debe remitir la misma a la Corte Constitucional, entidad que deberá resolver la causa.
2.1.3.1.2. Principio de legalidad.
Después de establecer la característica de la supremacía de la Constitución, se establece que las leyes se deben regir por su marco jurídico específico, las jueces y juezas de garantías penitenciarias se rigen por el COIP, en este código se establecen las atribuciones y deberes, que se clasifican en competencias administrativas y competencias jurisdiccionales.
Por competencias administrativas se entiende a la supervisión de que se cumpla a cabalidad las garantías constitucionales y legales en lo que se refiere al sistema penitenciario, además de tener la autoridad competente para llamar a los funcionarios o a las personas privadas de su libertad con fines de control, en lo que se refiere a competencias jurisdiccionales se establecen a emitir resoluciones en torno a pedidos de rebajas de penas, libertad condicional, y otros beneficios que se le otorgan a las personas privadas de su libertad.
2.1.3.1.3. Principio de progresión.
2.1.3.1.4. Principio de jurisdiccionalidad.
Este principio se entiende como el poder que se le otorga al funcionario para administrar justicia, en el ámbito en el cual se desarrolle, en el caso de los jueces y juezas de garantías penitenciarias la institución que les confiere esa potestad es el Consejo de la Judicatura a través de un nombramiento.
2.1.3.1.5. Principio de independencia.
Este principio se encuentra normado en la Constitución de la República y expresa que la justicia tiene independencia interna y externa, es decir que nadie puede influir en sus decisiones, la justicia no debe ceder ante presiones, ni mucho menos ante amenazas, se debe respetar el rol de la justicia y de sus administradores, que son los jueces y las juezas. En torno al derecho penitenciario los jueces y juezas de garantías penitenciarias deben hacer prevalecer los derechos de los reos y no ceder ante presiones sin importar de donde procedan (Escuela de la Función Judicial, 2013).
2.1.4. La responsabilidad penal
En lo expresado, se debe añadir que la misión del derecho penal como es el logro de la convivencia pacífica y de la paz social para lo cual se requiere proteger los interés sociales considerados de mayor relevancia, a través de mecanismos que funcionen de manera eficiente. De esta forma, aquellos agentes que ataquen bienes jurídicos que estén sujetos al control penal se les atribuirán responsabilidad por dicho hecho, asignándoles una pena, misma que será impuesta según el daño ocasionado de la conducta, relacionando dichos bienes a la vida de un hombre, seguridad de un peatón o de un conductor.
La responsabilidad penal es el sancionar al agente que lleve a cabo un delito, imponiéndole una pena satisfaciendo el interés público, siendo el titular de dicho interés la sociedad. Hay que añadir que a través de las sanciones se busca prevenir que más personas lleven a cabo un delito, por ello cada sanción debe darse con severidad.
Se debe mencionar que debido a los avances de la sociedad en el campo de la tecnología, industria, además del crecimiento demográfico y la globalización se han producido más y nuevos riesgos, incluyendo peligros, otros tipos de conductas infractoras, formas de ataque a bienes por lo que se ha tenido que adaptar mecanismos de coercitivos para protegerlos.
2.1.4.1. Participación de la víctima en la ejecución penal
El proceso penal se ha enfocado principalmente en imponer sanciones a quien cometió el delito dejando como segundo plano la reparación de los daños como consecuencia del mismo. El nuevo sistema penal busca un equilibrio tanto en la sanción como la reparación del delito ocasionado. (Nistal, 2015)
de la reparación civil para acceder a la libertad o beneficios penitenciarios. Esto como tal empezó en España en el año 2003 y se fue extendiendo a otros países. (Nistal, 2015)
2.1.4.2. Actividades que conforman el marco ejecutivo de la pena.
En este marco ejecutivo de la pena privativa de la libertad intervienen tres actividades según Nistal (2015):
 La primera es llevada a cabo por los jueces y los tribunales la cual se enfoca en el cumplimiento de las penas de privación de libertad tomando en cuenta lo dispuesto por la ley. Se denomina “ejecución”.
 La segunda es aquella llevada a cabo por los servicios administrativos los cuales se encargan de configurar tanto la administración y estructura penitenciaria para la retención y custodia adecuada de las personas privadas de la libertad en donde se pretende preparar a estos para su óptima reinserción social. Se denomina “cumplimiento de condena”.
 La tercera es aquella cuyo enfoque es principalmente el velar por el respeto de los derechos de las PPL en los centros de privación de libertad, a la que se denomina “control jurisdiccional de la actividad penitenciaria”.
Cada actividad se relaciona y tiene un fin específico, por un lado está la sanción del delito mediante la privación de la libertad, la misma que debe hacerse de tal forma que esas personas sean rehabilitadas durante el cumplimiento de su condena mientras se asegura que en dicho proceso se respeten sus derechos y no existan abusos.
permitan, pero bajo esta modalidad, qué sucede con la víctima y las secuelas del delito del que fue objeto, por ello se ha ido buscando en los últimos años mejorar esta posición.
2.1.5. Resarcimiento y rehabilitación
La persona a la que se impone una sanción penal se considera rehabilitada sin más trámites una vez haya cumplido la pena o cualquiera de las medidas que le hayan sido impuestas. Por lo general a la persona que haya cumplido con dicha sanción se le restituyen sus derechos suspendidos, entre ellos puede ser el derecho al libre tránsito (Gálvez, 2016).
Según el Ministerio de Justicia, Derechos y Cultos (2015) en Ecuador, para hacer más efectiva la rehabilitación de las personas privadas de libertad se llevan a cabo estrategias basadas en el desarrollo de actividades deportivas, culturales, laborales y educativas, incluso se proporciona salud integral. Bajo lo mencionado, los ejes de rehabilitación establecidos por el Ministerio de Justicia son cinco:
 Reinserción
 Cultura y deporte
 Laboral
 Vínculos familiares y salud
De acuerdo a Torres (2015) la rehabilitación es la institución de derecho a través del cual una persona procesada por un delito y por la que ha cumplido una determinada condena se le ha restituido el goce de sus derechos de los que fue privado como consecuencia de la sanción impuesta.
condiciones impuestas. Según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en su artículo 72, la pena puede extinguirse por las siguientes causales:
 El cumplimiento de la pena
 Extinción de la pena o delito
 Indulto
 Muerte del procesado
 Amnistía
 Prescripción
 Recurso de revisión
En el caso del indulto o amnistía, será concedido por la Asamblea Nacional del Ecuador y sólo por delitos políticos o por razones humanitarias, sin embargo no aplica para aquellos que están procesados por delitos de genocidio, contra la administración pública, secuestro, tortura, homicidio o desaparición forzada de personas (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014). Cabe indicar que el indulto también puede ser concedido por el presidente y en caso de ser negado, debiendo esperar un año para solicitarlo nuevamente.
2.1.6. Resarcimiento y beneficios penitenciarios
Para acceder a los beneficios penitenciarios tales como la semi libertad o libertad condicionada, entre otros, se ha considerado esencial que la persona sancionada haya cumplido con una serie de requisitos y dependiendo el daño ocasionado, haya cumplido con el pago de la reparación civil o que muestre que está dispuesta a cumplir con el mismo (Gálvez, 2016).
Por reparación civil se hace referencia al pago que la autoridad competente ordena que el demandado realice a favor del demandante para la reparación de daños ocasionados. Continuando con el tema de los beneficios, cada uno tiene una determinada lógica de aplicación y una determinada finalidad, por lo que no deben utilizarse para otros fines teniendo en cuenta incluso que el acceso a ellos debe darse según lo que establezca la ley sin omitir o aumentar condiciones.
Entre los beneficios para las personas privadas de libertad que se aplican en el sistema penitenciario ecuatoriano está la reducción de penas, la misma que se concede siempre que la persona beneficiaria haya cumplido con el 50% de la pena impuesta quedando imposibilitados aquellos sentenciados por delitos sexuales, plagio, genocidio, trata de personas, asesinato, entre otros determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Consejo de la Judicatura, 2013).
Cabe indicar que si bien el haber cumplido parcialmente con la pena impuesta es la condición base para acceder a uno de los beneficios penitenciarios establecidos por ley, también se deben considerar otros requisitos:
En el régimen de pre libertad se solicita lo siguiente:
 Una declaración debidamente juramentada de quien proporcionará su domicilio como residencia de la PPL.
 Una declaración debidamente juramentada de quien le proporcionará empleo mencionando en la misma las labores que llevará a cabo y el lugar donde las desarrollará.
 Un informe favorable del departamento de diagnóstico y evaluación.
En el caso de este último, avala que la PPL se encuentre en las condiciones óptimas, principalmente psicológicas para el desarrollo adecuado de sus actividades fuera del centro de privación de libertad, adicionalmente se considera la conducta que demostró dentro del mismo desde su detención hasta la fecha en curso en la que solicita el beneficio. Es por ello que la autoridad encargada de hacer válida la solicitud de la persona privada de libertad debe ser una persona debidamente preparada en la materia, ya que debe analizar una serie de aspectos esenciales para no vulnerar los derechos de las PPL y que tampoco se ponga en riesgo a la ciudadanía.
2.1.7. Régimen de rehabilitación social ecuatoriano
El régimen de rehabilitación social ecuatoriano está compuesto de las siguientes fases:
 La primera fase comprende la información y el diagnóstico de la persona que ha sido privada de su libertad siendo aquí donde se recopila toda la información disponible con el fin de orientar su permanencia o salida del centro en donde se encuentra cumpliendo su sentencia, esto mediante un plan individualizado de cumplimiento de pena.
periódica de programas de tipo psicológico, familiar, cultural, laboral, educativo, sociales, productivos, de salud y otros.
 Inclusión social: En esta fase, para la evaluación previa del cumplimiento del plan individualizado, las personas que están privadas de su libertad están en la posibilidad de incluirse en la sociedad en forma progresiva.
 Apoyo a liberados: Ya en este punto se llevan a cabo una serie de acciones que se enfocan en facilitar la inclusión tanto familiar y social de quienes fueron privados de su libertad para que se reintegren en la sociedad.
2.1.8. Antecedente del sistema penitenciario
Con la evolución de la forma en la que se debía sancionar los delitos, se vio la necesidad de establecer criterios y pautas para determinar cómo debía cumplirse una pena privativa de libertad con lo cual se diseñaron sistemas de cumplimiento a los que se denominaron “sistemas penitenciarios. Estos sistemas vieron su nacimiento o inicio en los Estados Unidos de América y que se rigen por reglas fijas o patrones más humanistas en la aplicación de las penas (Cabrera, 2011).
En conclusión, el éxito de un sistema penitenciario dependerá de la organización con la que se estructura el modelo carcelario a partir de políticas penitenciarias, las mismas que también establecen las sanciones según el delito cometido. De esta forma, los más importantes han sido el filadélfico o pensilvánico, auburniano y el progresivo.
El filadélfico o pensilvánico nace en el siglo XVIII en los Estados Unidos denominado también sistema celular. Este sistema implicaba el encierro día y noche de quienes estaban en prisión, sin derecho a comunicarse con otros presos y con el mundo exterior salvo en periodos de visitas o paseo en patios celulares. En su inicio se caracterizó por el silencio total y la inexistencia del trabajo, siendo su objetivo el aislamiento total del reo para evitar el contagio amoral que se suponía estaba en las almas de los detenidos, añadiendo que solo se les permitía leer la biblia siendo la única vía posible para la redención, su reconciliación con Dios.
Entre las ventajas de este sistema estuvieron la imposibilidad de recibir visitas en horarios no establecidos, el bajo personal requerido para controlar la población carcelaria, necesidad baja de recurrir a medidas disciplinarias, entre otros. Sin embargo, con el tiempo fue llamada “aberración del siglo XX” debido a las condiciones radicales del confinamiento.
Se puede añadir que ese tipo de confinamiento en lugar rehabilitar al condenado, podía incluso ocasionar anomalías psicológicas, sin permitirle adaptarse a la sociedad y abandonar su actitud delictiva.
puesto que no afectaba la salud de los penados denominándolos como cobardes, salvajes e incorregibles por lo que no debía tenérseles ninguna contemplación.
Se incluye el trabajo mediante talleres dentro de los centros penitenciarios, pero se les prohibía hablar entre sí incluso si llevaban a cabo una misma tarea, teniendo en cuenta que si no lo cumplían eran castigados comúnmente con azotes. Las ventajas de estos centros es que generaban ingresos y no se empleaba el aislamiento absoluto por lo cual los recluidos no presentaban daños psicológicos.
Este sistema fue adoptado por una gran cantidad de cárceles en Estados Unidos, sin embargo en Europa se generaron críticas debido al silencio absoluto ya que de por sí el ser humano necesita socializarse, hasta que se abolió para adoptar un sistema más humanista.
El Sistema progresivo nace a la mitad del siglo XIX, siendo de origen anglosajón basado en reformar al penado y considerado un sistema flexible. Se consideró flexible ya que la reclusión en celdas era por períodos en el día siendo su principal característica además de dar ventajas y privilegios a quienes cumplían la pena.
Estas ventajas o beneficios eran aplicados según la conducta del recluso, incluyendo incluso el modelo de pena indeterminada donde esta dependía de la conducta del detenido. Cabe indicar que este sistema se volvía severo si el penado no mostraba interés en cumplir con los roles que se le asignaban.
último la fase de prelibertad o libertad bajo palabra. Era común que cada fase se lleve a cabo en un centro distinto, volviéndose un sistema muy elogiado de gran acogida.
2.1.8.1. El sistema penitenciario y la rehabilitación social de la persona sentenciada.
La historia siempre ha sido muy cruda e injusta en cuanto a los presos o llamados actualmente personas privadas de su libertad, durante siglos se llevaba a cabo el pensamiento que un preso debería perder por el cometimiento de su falta todos su derechos, se le asignaban torturas que en las civilizaciones modernas son impensables como mutilaciones, azotes torturas y más, y aunque estas expresiones de tortura se dan en ciertas regiones del mundo moderno, la mayoría de los países que han cambiado su percepción de cómo tratar a estas personas.
Las cárceles ahora son centros de rehabilitación, no enfocadas en señalar al infractor y recriminarle el delito, sino más bien como un sitio donde el fin principal es la futura reinserción a la sociedad del reo, brindándole asesoría y entregándole herramientas para que optimice el tiempo que pase en rehabilitación. El enfocar a los PPL en programas educativos para que terminen sus estudios, el enseñarles un oficio que logre su optima reinserción en la sociedad.
De acuerdo (De-Juanas, 2014), la rehabilitación social se debe centrar en aspectos como:
 La participación democrática
 Impulsar la innovación cultural
 Promover la participación en todos los niveles
 Otorgar un sentido de pertenencia a la sociedad
 Motivar el cambio social,
Las sociedades actuales entienden la importancia de humanizar el trato hacia las PPL, pero todo cambio comienza con una decisión es por eso que se establece que se debe dar una oportuna ayuda a la PPL, fundamentalmente de forma psicológica y física para que acepte su condición, restablezca la percepción de sí mismo y decida cambiar.
Estas estrategias se impulsan por parte del estado un ejemplo de esto es el programa “cero ocio” que se intenta establecer en los CRS (Centro de Rehabilitación Social), el problema es la demanda la población penitenciaria es tan extensa que no se abastece los programas de gobierno a brindarle esta oportunidad a todos los PPL, además estar en estos programas son requisitos para ser adjudicados beneficios penitenciarios, convirtiéndolos en lujos o formas de favoritismo (Ecuadorinmediato.com, 2017).
2.1.8.1.1. El sistema penitenciario frente a la legislación penal (Código Orgánico Integral
De acuerdo a Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2014), entidad que elaboró el Código Orgánico de la Función Judicial se estipula que por normativa de la Ley en cada lugar del país donde se establezca un centro de rehabilitación debe asignarse al menos un juez o jueza de garantías penitenciarias, todo esto se enuncia con la finalidad de velar por el cumplimiento y respeto de las garantías constitucionales que tienen las PPL con condena condenatoria frente al estado ecuatoriano.
autoridad para otorgar a la PPL que lo solicite su paso al sistema de régimen abierto y semi abierto.
La normativa jurídica a pesar de estar guiada a hacer prevalecer los derechos de las PPL también establece enunciados que llegan a entrar en conflicto con dicho enunciado, por ejemplo se establece que en las localidades donde no exista un juez de garantías penitenciarias su función la puede ejercer un juez cualquiera, acto que desequilibra los derechos de las PPL, ya que al no ser tratada su causa por un juez especializado, se puede de una manera u otra entorpecer la adquisición del derecho al cual el reo desea acceder, entendiéndose que un juez ya sea penal o civil no tiene la capacitación necesaria para actuar en estos casos.
En el art.669 del mismo código se establece que el juez de garantías penitenciarias debe realizar inspecciones del Centro de Rehabilitación a su cargo, para comprobar que se está cumpliendo con el respeto de los derechos de las PPL, registrar cualquier irregularidad que se estuviere cometiendo y puede llamar a comparecer a las PPL o a los funcionarios del Centro por motivos de vigilancia y control, esta norma aunque en principio busca un mejoramiento del sistema, hace que los jueces y juezas de garantías penitenciarias pierdan su imparcialidad ya que toda queja puede tener un efecto doble, si la atiende puede ser acusado de preferencias y si no la atiende puede ser acusado de inobservancia.
2.1.8.1.2. El sistema penitenciario ecuatoriano y la normativa nacional (derechos
En la Carta Magna de la República del Ecuador se reconocen los derechos humanos dictados por el Pacto de San José en la Convención Americana de Derechos Humanos, se establece que el estado debe velar para que no se cometan atropellos a los ciudadanos del país y que bajo ninguna circunstancia se viole los derechos fundamentales e universales que tienen todo ciudadano.
En la historia del Ecuador se han dado casos, insignias de la lucha de la ciudadanía por el respeto a los derechos humanos, en determinados momentos del pasado se han dado casos que absolutamente violan los derechos de las personas, y aunque el estado ha estado al frente de causas como la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que exhorta a los países andinos a velar por los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los ciudadanos (Figueroa, 2012).
Según la Asamblea Nacional (2008), entidad que elaboro la Constitución de Montecristi, los derechos humanos serán garantizados por el estado, esto lo establece el art. 10 de la Constitución, además se enuncia que todo servidor estatal ya sea administrativo o judicial o de cualquier otra dependencia deberá dar las facilidades para brindar información en casos de violación de los derechos humanos.
Como tal el régimen semi abierto comprende el proceso de rehabilitación social mediante el cual una PPL cumple con determinadas normas y requisitos para llevar a cabo actividades fuera del centro de privación de libertad en forma controlada. (Defensoría Pública, 2014)
Este régimen a su vez comprende actividades de inserción social, familiar, comunitaria y laboral, siendo necesario que la persona que desee el beneficio haya cumplido con el 60% de la pena. Cabe indicar que si el mismo incumple con las medidas de control dentro del régimen se dará de baja al beneficio y el juez de garantías penitenciarias lo declarará como prófugo, por consiguiente pasará a ser prófugo para su inmediata captura.
En el caso del régimen abierto, se enfoca en la inclusión y en la reinserción social de la PPL, permitiendo su convivencia en su entorno siempre y cuando esté supervisada por el organismo técnico. Como punto importante se debe destacar que en ambos casos, tanto abierto como semi abierto, existen mecanismos de control.
Se diferencia el abierto y el semi abierto en la exigencia de los controles, permitiendo que una persona privada de la libertad con cerca del 80% de la pena cumplida pueda acceder a este beneficio siempre que no se haya escapado del CRS o intentado escaparse del mismo.
2.1.10. Condiciones que se requieren para cada uno de los sistemas (régimen abierto y régimen semi abierto).
Para acceder al régimen semi abierto la PPL deberá haber cumplido con al menos el 60% de la pena impuesta. Una vez cumplido el primer requisito deberá enviar una solicitud por escrito, donde a su vez se pide al juez o jueza de garantías penitenciarias que haga que el centro de rehabilitación entregue su carpeta personal que contienen toda la información de la PPL, así como también el expediente de evaluación multidisciplinar realizado dentro del centro.
Además se solicita copias certificadas de las sentencias, la resolución de pena única y del informe de la oficina técnica que realizó la evaluación multidisciplinar, cabe mencionar que esta evaluación se enfoca en varios temas como el comportamiento de las PPL dentro del centro, la participación en actividades realizadas en el mismo, entre otras cosas.
2.1.11. Falta de especialización en el juzgador para la aplicación de beneficios penitenciarios.
Un juez como tal es la persona con cualidades diferentes a las del gremio profesional del derecho teniendo un alto nivel de compromiso, trabajo bajo presión dentro de la función pública que brinde un servicio eficiente con veracidad, conocimiento, calidez, imparcialidad y de calidad.
2.1.12. Necesidad de jueces especializados para hacer efectivo el derecho penitenciario y el respeto y garantía de las personas privadas de libertad.
De acuerdo a lo que establece el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2014), el Código Orgánico Integral Penal conocido como COIP es una normativa penal acorde a la realidad del país y que está articulada con la Constitución vigente a la fecha, cuyo principal objetivo es garantizar los derechos tanto de las personas como de la naturaleza.
Esta ley es de gran relevancia porque establece de forma clara los derechos de las víctimas de delitos y procesados por cometer actos penados por la ley. Como tal, la misma ley evidencia la necesidad de que para el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, debe existir en cada centro de rehabilitación, al menos un juez de garantías penitenciarias, los cuales poseen competencias para la sustanciación de garantías y derechos en la resolución de impugnaciones y otorgamiento del regímenes abiertos y semi abiertos principalmente.
Es el Ministerio de Justicia Derechos y Cultos quien el año 2010 asumió la responsabilidad en la ejecución de políticas relacionadas al sistema de rehabilitación social del Ecuador, teniendo como parte de sus responsabilidades el evaluar y otorgar beneficios a las PPL pero mediante el COIP, parte de dichas competencias se trasladaron a los jueces penitenciarios, por lo que sus acciones deben responder ante este ministerio como el responsable directo del proceso.
2.1.13. El tratamiento penitenciario y la neurociencia
Debido a los avances de la sociedad en diversas ciencias, como aquellas relacionadas al funcionamiento del cerebro como lo es la neurociencia, algunas se han ido incluyendo en terrenos como lo es el derecho penal (Arocena, 2015).
ser un futuro delincuente, asegurar su rehabilitación, prevenir actos de delincuencia, la personalidad del delincuente y sus motivaciones a la hora de cometer algún acto de violencia (Giménez & González, 2016).
Como ejemplo, existen estudios que establecen que personas que tienen lesiones de córtex pre frontal poseen dificultades para estabilizar su conducta ya que las mismas las desarrollan sin un propósito concreto. Un punto importante que se debe mencionar es que la neurociencia es aquella encargada del estudio tanto de la estructura como del funcionamiento del sistema nervioso central, buscando comprender la relación entre la actividad cerebral y la forma en la que se comporta el ser humano, por ello esta ciencia se está enfocando en el tratamiento penitenciario.
Algunos cuestionamientos respecto a los estudios realizados son aquellos en los que se establece el cerebro llega a pensar por sí solo, habiendo ocasiones en las que el cuerpo humano reacciona a ciertos impulsos sin previa voluntad, de esta forma el ser humano no sería responsable de ciertos actos por los cuales es condenado.
Si lo planteado resulta ser cierto, entonces los métodos para juzgar delitos deberían modificarse hacia una perspectiva de neuroderecho debido a la ausencia de libertad de acción que tiene el ser humano.
2.1.13.1. Las neurociencias y el derecho penal
forma en la que debe cumplir con dicho castigo. Es decir que se modificaría, mediante el estudio de la neurociencia, el tratamiento penitenciario pero para ello se deben establecer parámetros.
Al hablar de tratamiento penitenciario se está haciendo referencia al conjunto de actividades tanto terapéuticas como asistenciales dentro de los centros de privación de libertad con el fin de una inserción social óptima de quien se encuentra en dichos centros cumpliendo una determinada condena. Sin embargo se debe tener en cuenta que es el privado de la libertad el que deberá decidir de forma voluntaria el adherirse a la intervención terapéutico-asistencial, es decir que la verdadera rehabilitación no solo depende de la eficacia del tratamiento penitenciario sino de la predisposición de quien cumple la sanción.
Por otra parte, si el recluso acepta de forma voluntaria el tratamiento penitenciario, el no volver a cometer un delito una vez recuperada su libertad va a depender de la eficacia de dicho tratamiento y de las oportunidades que brinde la sociedad a que una vez libre el recluso pueda desenvolverse de forma óptima.
El tratamiento penitenciario también busca reducir factores de riesgos que influyen en el desarrollo delictivo del privado de libertad, es por ello que en el proceso de rehabilitación se han optado por programas en los que estas personas practiquen algún deporte, continúen con su preparación académica, compartan con sus familiares o aprendan algún oficio.
2.1.14. La administración penitenciaria y sus actividades
Esta se enfoca en el cumplimiento de la condena, la cual se proyecta en tres pilares que son el régimen, el tratamiento y las prestaciones esenciales.
separación de los privados de libertad y el aseguramiento de un sistema óptimo para el cumplimiento de la pena, seguro y basado en el respeto de los derechos de las PPL.
Con respecto al tratamiento penitenciario este se enfoca en dos principios que son la reeducación y la reinserción social, siendo por un lado la reeducación aquella que se preocupa en modificar rasgos de personalidad de los sentenciados para reducir su conducta delictiva volviéndole un ser humano positivo. Por otra parte, la reinserción social busca evitar que se produzca efectos negativos por el confinamiento, asegurando que el privado de la libertad tenga acceso al contacto con sus familiares, se prepare, aprenda un oficio que le permita desenvolverse en el mundo exterior y así logre llevar una vida de bien.
Como último punto están las prestaciones asistenciales de la administración penitenciaria la cual se enfoca en dar la adecuada asistencia sanitaria, social, religiosa y alimentaria a las personas que cumplen con una condena.
2.1.15. La pena privativa de libertad
El fin de la pena de privación de la libertad consiste en recluir al condenado en un centro de rehabilitación social debiendo cumplir con un tiempo proporcional al delito ocasionado, el cual incidirá en el centro, en el que deberá ser recluido (Cabrera, 2011). El cumplimiento de la pena debe ayudar a que durante el proceso la persona en un futuro no vuelva a delinquir.
Si bien es cierto, las leyes establecen límites y en caso que las personas crucen dichos límites deberán ser sancionados, siendo en algunos casos separados de la sociedad y recluidos para ser rehabilitados, aplicándose incluso en ciertos países la pena de muerte. Como antecedentes a la sanción de delitos se puede mencionar:

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 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 artículo 201
 artículo 72
 resolución 
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