Source: https://www.scribd.com/doc/179570778/Informe-2-de-octubre-Rompe-el-miedo
Timestamp: 2016-10-21 09:04:12+00:00

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ROMPER EL MIEDO Y EXPRESARSE
En una sociedad democrática, la autoridad es quién protege a aquellos que se manifiestan y documentan protestas sociales o hechos relacionados con autoridades de seguridad pública; es decir, la fuerza se usa para garantizar el libre ejercicio de un derecho y no para reprimirlo. Más porque la protesta y la libertad de expresión son derechos fundamentales para el ser humano. El Distrito Federal es el receptáculo natural de la protesta social en México, es el centro de la toma de decisiones nacionales y alberga las principales sedes de los Poderes Federales del país. Desde el 1 de diciembre de 2012, día en que se instaló en México un nuevo gobierno a nivel federal, el interés de la prensa por documentar la protesta ha crecido debido a los diferentes escenarios de violencia registrados desde esa fecha, en específico contra periodistas y comunicadores sociales. Los días 1 de diciembre de 2012, el 10 de junio, 1 de septiembre y 2 de octubre de 2013, ocurrieron violaciones a los derechos humanos generalizadas por parte de las autoridades a manifestantes y representantes de la prensa. En el marco de las referidas protestas, ARTICLE 19 ha documentado la detención arbitraria de comunicadores que sólo cumplían con su labor de documentar las manifestaciones. Esos comunicadores han sido detenidos por policías con falsas acusaciones, encarcelados y presentados ante jueces locales, quienes han impuesto fianzas de poco más de 130 mil pesos (alrededor de 10 mil dólares) para que puedan seguir enfrentando los procesos penales en libertad. En este sentido la actuación de los cuerpos de seguridad en la capital política de México, la violencia aplicada y la impunidad con la que han ejercido la fuerza pública, resultan inaceptables en una sociedad que, como la mexicana, requiere de mayores espacios para la exposición de ideas y el debate público. Más porque ante la insuficiencia de los espacios institucionales, la plaza pública se erige como el único lugar social, físico y simbólico para la participación política permanente y la expresión de las ideas.
Las agresiones a la prensa cometidas en el Distrito Federal el miércoles 2 de octubre, en la marcha conmemorativa de la matanza en Tlatelolco, representa para ARTICLE 19 el ataque más violento a la libertad de expresión en la capital política de México durante un acto de protesta social en la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera. “ Se trató de una agresión directa contra los periodistas”, aseguran la mayoría de los comunicadores agredidos y que ofrecieron su testimonio para este informe. ARTICLE 19 agradece su confianza depositada en nosotros para contar sus historias. La manifestación del 2 de octubre representa, además del pleno ejercicio de los derechos de libre expresión y manifestación, la reivindicación del derecho a la verdad para la sociedad mexicana sobre los hechos ocurridos en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta tesitura, las acciones encaminadas a buscar y recibir informaciones sobre la marcha, así como la difusión de su desarrollo y resultados, se encuentran bajo esa misma protección por parte de las diversas autoridades el Estado mexicano en su conjunto. A lo largo del presente informe se da testimonio de las agresiones cometidas a la prensa en el marco de manifestaciones públicas, y cómo la violencia impacta en el derecho a la libertad de expresión. Adicionalmente se ofrecen elementos que evidencian un nuevo fenómeno en la Ciudad de México, caracterizado por la falta de protocolos de actuación y/o su implementación efectiva por los cuerpos de seguridad para atender y garantizar la seguridad en el desarrollo de manifestaciones que al tratarse de un discurso especialmente protegido por el derecho internacional, ameritan acciones contundentes para la no repetición de violaciones a los derechos humanos y en consecuencia acciones de búsqueda de verdad, justicia y reparación. La prensa escrita y la televisión dieron cuenta de la violencia de un grupo determinado de manifestantes. La violencia de éstos estaba principalmente dirigida contra las autoridades policiacas, aunque también tenemos registro de ataques contra comunicadores. Así mismo, la mayoría de la prensa tradicional alentó un falso debate público sobre los actos violentos y el derecho a la manifestación. Para ARTICLE 19 no hay tal debate ni disyuntiva. El ataque violento contra la policía, así como daño a propiedad ajena son delitos y se tendrían que
castigar conforme a derecho. Sin embargo, por el otro lado el presente informe da cuenta de la violencia ejercida por la policía contra los manifestantes, entre ellos comunicadores y periodistas. La violencia ejercida por los representantes del Estado contra los manifestantes, son violaciones a los derechos humanos y bajo ningún supuesto pueden estar permitidas o toleradas y bajo ninguna métrica debe quedar impune. Por lo tanto, el informe hace una clara distinción entre los tipos de violencia suscitados el 2 de octubre y señalamos de manera plena las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. De la otra violencia, es decir, los delitos cometidos por civiles, no es tema de este informe.
Los hechos del 2 de octubre: el saldo de 42 periodistas agredidos/as. Ante un contexto de violencia dentro de las últimas manifestaciones políticas relevantes en el Distrito Federal, ARTICLE 19 diseñó e implementó una red de monitoreo con 120 periodistas, defensores de los derechos humanos, rescatistas y comunicadores sociales, para documentar el desarrollo de la movilización del 2 de octubre. La red se llamó #Rompeelmiedo. Una de las acciones de la red fue pedir a sus integrantes que salieran plenamente identificados con gafetes, brazaletes y todas las herramientas necesarias para ejercer su trabajo. Esto como medida para prevenir las agresiones y para facilitar el trabajo de documentación y observación puesto en marcha. La identificación, de acuerdo a la práctica internacional, tenía el fin de evidenciar el trabajo periodístico, de comunicación y de defensoría de derechos humanos que hacían los miembros de la red. La implementación de estas acciones permitió obtener información de las agresiones cometidas contra los representantes de la prensa que cumplía su función de documentar y difundir hechos de interés público, además de ubicar a los presuntos responsables de haberlas cometido. El saldo: 46 casos documentados por ARTICLE 19 (30 hombres, 11 mujeres y 5 personas que por seguridad no se indica), de los que 32 casos fueron agresiones directas de
policías (1 que coincidió con agresiones cometidas por persona de identidad desconocida); 8 por agresoras de identidad desconocida; 3 por civiles con comportamiento policial; y 3 por personas con rostro cubierto.1 Entre estos civiles identificados como de “comportamiento policial” se encontraban varios que portaban radios, actuaban de manera organizada y con la anuencia de la policía del DF y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, es decir contaban con el consentimiento o aquiescencia de la policía, pues de acuerdo con la información recabada omitieron actuar contra las arbitrarias detenciones de estas personas. ARTICLE 19 ha tenido contacto directo con 46 de los periodistas y comunicadores agredidos, quienes han relatado que durante la agresión se identificaron verbalmente como prensa, portaban gafetes o equipo de trabajo. Es decir que aún cuando usaban distintivos de prensa fueron agredidos (les infligieron dolores o sufrimientos de forma ilegítima), no sólo para evitar cumplieran con su labor informativa, sino como una especie de castigo o en su defecto para intimidarles o coaccionarles.
En el caso de personas con el rostro cubierto en 1 de los 3 casos hubo un grupo de personas que también tenían el rostro cubierto que intentaron advertir al periodista del riesgo en que se encontraba sin que se lograra impedir la consumación de la agresión.
La tipología de las agresiones fue la siguiente2:
Golpes en tentativa de homicidio ya que le dijeron lo matarían y el golpe tenía esa intención Golpes por pedrada. 6 por policías. Golpes con tolete por policías Golpes con escudo por policías Golpes a persona derribada por policías Rociadas con extintor por policías Detenciones momentáneas. 1 por policías y 2 por civiles con comportamiento policial3 Robos de equipo (1 de equipo para seguridad -casco-). 2 por policía Intentos de robo. 1 por policía. Daño a equipo de trabajo por policías
10 10 6 4 2 3
LA FALTA DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ADECUADOS Y SU APLICACIÓN.
El Estado tiene la obligación de salvaguardar la integridad de todo manifestante. Ver a policías aventar piedras, golpear a manifestantes y actuar salvajemente confirma la ausencia de protocolos y profesionalización de la policía para controlar manifestaciones en las que aparecen hechos de violencia. Los protocolos de actuación y seguridad en este tipo de contextos son fundamentales porque además de prevenir el uso excesivo de la fuerza pública, ayudarían a mejorar el flujo informativo y permitiría que la sociedad esté mejor informada de lo que sucede en su entorno. En una sociedad democrática y dónde se respete el disenso (y no nos referimos a los delitos arriba enunciados), la autoridad es quien debe de proteger tanto a manifestantes, como a En el registro se descartaron aquellos casos donde las entrevistadas indicaron fueron “empujones” sin importar se realizaran con o sin escudo y tampoco los de “inhabilitación” con tolete sin que se realizara golpe alguno. 3 Los llamados casos de encapsulamientos no fueron registrados al no existir homogeneidad en los testimonios de lo que podría considerarse “encapsulamiento”, sin embargo en 1 caso la persona entrevistada señaló "encapsulamiento” en el que policías no le permitían salir.
quienes documentan manifestaciones sociales; es decir la fuerza pública se usa únicamente para garantizar el libre ejercicio de un derecho y no para reprimirlo. La violencia del Estado solamente se puede dar en un marco de estado de derecho, y no como lo vemos en el material visual recogido por decenas de periodistas y comunicadores.
LOS TESTIMONIOS. LA MIRADA DE LA PRENSA SOBRE LA VIOLENCIA
Y ABUSO DE AUTORIDAD EN SU CONTRA
En el presente apartado se presentan los casos que reflejan de forma más clara la diversidad de actos de violencia en contra de la prensa que cubría la manifestación del 2 de octubre. Especial énfasis buscamos poner en los casos de flagrante abuso de autoridad perpetrada por elementos de seguridad pública quienes fueron los principales agresores de quienes se encontraban ejerciendo la función periodística, afectándoles el derecho de buscar, recibir y difundir la información con el impacto en el acceso a la sociedad sobre dichos hecho.
“Al ver que varios colegas corrían al estacionamiento de La Fragua, me acerque y los granaderos me dejaron pasar. Allí saque mi cámara para documentar. Durante el enfrentamiento que se dio entre granaderos, manifestantes y periodistas, los policías me gritaron que me iban a matar y que nadie volvería a saber de mí. Después los granaderos me patearon y con el tanque de un gas extintor me pegaron en la cabeza”.
Agresiones en La Fragua e inmediaciones
Tras finalizar la marcha del 2 de octubre, luego que la mayoría del contingente alcanzó el Ángel de la Independencia y casi una hora después de los enfrentamientos en Eje Central e Hidalgo y los posteriores en Hidalgo y Reforma, se dio una de las agresiones a la prensa más numerosa. El incidente ocurrió en un estacionamiento de la Avenida La Fragua, muy cerca del monumento a La Revolución. El trabajo de documentación de ARTICLE 19, arrojó que 10 periodistas y comunicadores sociales fueron agredidos y amenazados por ejercer su oficio y documentar los excesos que en esos momentos cometían granaderos contra una familia. Fue en ese lugar donde intentaron asesinar al fotoperiodista José Jiménez. Además, en las inmediaciones del estacionamiento se dieron otras agresiones a periodistas. Ricardo del Conde, videoreportero Medio: Tejemedios Responsable de la agresión: Granaderos
“Al estar documentando las agresiones en el estacionamiento de La Fragua los granaderos me empujan, agreden y rompen el micrófono. Me amenazan, junto a otros periodistas, con que nos vayamos. Comienzo a grabar para documentar la parte de los golpes, en ese momento uno de los policías me arranca el gafete de prensa que traía puesto, pero lo logro recuperar. Se trató de una agresión directa contra los periodistas”.
Mónica González, fotoperiodista Medio: Milenio Responsable de la agresión: Granaderos
“Al darme cuenta que la policía del DF golpeaba a un compañero de prensa y querer tomar fotografías ellos mismos me empujan y golpean con su tolete en la espalda y pierna izquierda para que me retirara del lugar, caminando sobre la banqueta hasta llegar a la Fragua en el estacionamiento contiguo al Hotel Casa Blanca… los policías nos impidieron documentar como golpeaban a una pareja y
una familia con dos menores de edad y a los dueños del estacionamiento. En este lugar rociaron de gas pimienta o lacrimógeno el rostro de fotógrafos y camarógrafos que estábamos en el lugar”.
Iván Castaneira, fotoperiodista Freelance Responsable de la agresión: Granaderos
“De repente un policía se acercó a mí con el escudo de frente y me golpeó con él. Intente acercarme a un lado y comenzaron a llegar más granaderos a rodearme, lo que hice fue levantar las manos y decirles que era prensa, a lo que ellos me gritaban: No sea payaso y saques a la chingada de aquí, aquí no hay nada que ver. Comenzaron a patearme en las piernas, darme con el escudo y algunos que estaban atrás de mí me golpearon las costillas. Después de eso me voltee y comencé a caminar hacia afuera y un granadero comenzó a patearme la espalda y las piernas gritándome: Sácate a la chingada”.
GOLPES CON TOLETES Y ESCUDOS
Las agresiones a la prensa se caracterizaron por actos de violencia física donde diversos periodistas agredidos ubicaron como su agresor al personal de la policía, de la siguiente forma: 4 golpeados en el piso, 6 por piedras, 10 con tolete y 6 con escudos. En los testimonios dados a ARTICLE 19 se evidencio que en la mayoría de los casos los y las periodistas ubican que las agresiones fueron por más de 1 policía. Guillermo Barros, fotoperiodista Medio: AFP Responsable de la agresión: Granaderos
“Yo me identifiqué verbalmente como periodista y les mostré mi credencial pero otro policía que venía por detrás me golpeó con su porra con relativa fuerza en el casco con el que protegía mi cabeza. El golpe me dejó algo aturdido y otro agente
me golpeó de nuevo levemente en el brazo para que me marchara rápido, lo cual hice. Aparte del aturdimiento momentáneo, no tengo ninguna herida o marca en el cuerpo por los dos golpes".
Alfredo Estrella, fotoperiodista Medio: AFP Responsables de la agresión: Granaderos
"Caminaba con mi casco, mascara anti-gas y mis 2 cámaras, cuando del lado izquierdo de la avenida Reforma iban caminando los granaderos (antimotines de la policía) buscando gente para detenerla. En ese momento llega corriendo un granadero y me pega con la mano cerrada en la parte izquierda del estomago, momento después otro granadero me pega con su escudo del lado derecho en mi brazo. Atrás de mí caminaba un grupo de unos 30 granaderos. Logré salir a pie de ese grupo de policías y unos colegas que estaban allí me revisaron y ayudaron."
Nicolás Tavira, fotoperiodista Medio: Notimex Responsable de la agresión: Granaderos
“Mientras realizaba fotografías de un chico golpeado brutalmente por 10
granaderos, sentí un golpe en la cabeza y al voltear me vi rodeado por una cantidad innumerable de granaderos quienes me golpeaban y pateaban a la vez que me insultaban y me decían que ya había chingado a mi madre… Después al caminar sobre Paseo de la Reforma encontré a una compañera fotoperiodista con el hombro zafado y sin poder moverse debido al dolor, por lo que la ayudé y le realicé un cabestrillo para que pudiera sostener su hombro y pudiera llegar hasta donde se encontraba la Cruz Roja. Posteriormente me encuentro un grupo de fotoperiodistas… discutiendo con policías vestidos de civil y con granaderos quienes amenazaban con golpearlos si seguían haciendo fotografías de detenidos y manifestantes golpeados por granaderos. La amenaza directa fue: no levanten su cámara si lo hacen los vamos a madrear, ya lo vieron".
Nayelli Roldán, reportera Medio: Efekto Noticias Responsable de la agresión: Granaderos
“Los granaderos me empujaron por la espalda con su escudo. Uno de estos granaderos intentó quitarme el celular, le grité que era prensa, pero un segundo granadero me pega en la muñeca para que soltara el celular. Uno de los granaderos me jala la blusa y me estrella contra sus compañeros. Yo siento los escudos encima y alcanzo a observar a defensores de los derechos humanos, de la Organización Agustín Pro. Uno de ellos me saca del encapsulamiento en el que me tenían los policías, pero casi de manera inmediata los granaderos encapsulan a otro de los defensores”.
Jonathán Josue García , fotoperiodista Latitudes Press Responsable de la agresión: Granaderos
“Me lanzaron una granada lacrimógena en los pies la cual me explotó. Más adelante, frente a la iglesia de San Hipólito, los policías me agredieron. Esto sucedió cuando caminaba sobre la banqueta. Yo llevaba mi gafete de prensa, la cámara abajo y el rostro descubierto. En eso veo a un policía jugando con un tolete quien me dijo: Quieres pasar hijo de tu pinche madre y luego me dio un toletazo en las piernas en la parte baja de los glúteos. Me comienza a retar verbalmente pero yo no respondí porque evidentemente corría un riesgo mayor”.
Consuelo Pagaza, fotoperiodista Freelance Responsable de la agresión: Granaderos
“Un granadero se acercó corriendo detrás de mí, me golpeó del lado izquierdo en el brazo con un tolete. Para proteger el equipo giré mi cuerpo quedando en cuclillas. Me identifiqué como periodista y me soltó gritándome pues ponte a trabajar. Después de ello, el policía se retiró…El golpe me dejó un fuerte dolor y debilidad que ha persistido durante tres días y tres contusiones en la pantorrilla derecha de color violáceo y verde de aproximadamente dos centímetros cada una; un raspón de aproximadamente tres centímetros en la pantorrilla derecha y en la pantorrilla izquierda, una contusión de color rojizo de menor intensidad”.
Omar Franco, fotoperiodista Medio: El Sol de Mexico Responsables de la agresión: Granaderos
“Los policías golpeaban a una chica a unos 3 metros de mí y, sin importar que mis dos cámaras estaban visibles y que traía la credencial del medio para el que trabajo colgando en el cuello, los policías comenzaron a golpearme con sus escudos, con los puños y me dieron patadas. Les dije que era fotógrafo de prensa, lo que ignoraron al tiempo que me encapsulaba un grupo de al menos 8 policías y continuaron golpeándome ocasionando hematomas en mi cabeza, en la ceja izquierda, inflamación en mi tobillo y dolor en las piernas y glúteos, así como daños en uno de los lentes de mi equipo fotográfico. Uno de los policías que dirigían al grupo que me agredió me jaló, me pateó y me dijo "¡A chingar a su madre!", y fue entonces que pude salir de en medio de los policías que me agredían”.
Heriberto Paredes, videoreportero Medio: Agencia Subversiones Responsables de la agresión: Granaderos
“Me percaté que un colega fotoperiodista iba detenido. El me dijo que sólo estaba tomando fotos y me acerque para apoyarlo. Ahí fue donde la policía comenzó a golpearme con su escudo en la rodilla derecha. Me golpeó, sigo grabando y mantengo la grabación. Al colega fotógrafo que grababa lo dejan libre y continúo grabando en la esquina de Bucarelli. Justo fuera de El Universal llegan unos policías que venían retrasados y que participaban en esta detención, quienes me golpean por segunda ocasión pero ahora con toletes en la espalda”.
“CIVILES” AGRESORES
Las agresiones físicas a la prensa por parte de civiles que parecían contar con el consentimiento o aquiescencia de la policía, fue otro de los ataques documentados durante la marcha del 2 octubre. En la Esquina de la Información, sobre la avenida Reforma, Alberto Torres, videoreportero, fue agredido por un grupo de hombres vestidos de civil quienes lo golpearon y le provocaron un esguince de tercer grado. Al periodista sus agresores lo amenazaron y le arrebataron su teléfono con el que hacía una transmisión en vivo. Alberto Torres, videoreportero Responsables de la agresión: “civiles” con la anuencia de la policía
“Este grupo de personas vestidas de civil salieron de la calle de Bucareli y desde la esquina con Reforma comenzaron a golpear a quienes grababan los disturbios, sobre todo a quienes traían teléfonos celulares. Yo era uno de ellos, a través de él realizaba una transmisión en vivo. Minutos antes de las 18:00 horas dos personas de este grupo se me acercaron mientras grababa…Me identifiqué como reportero… De inmediato me golpearon la pierna, el tobillo derecho con algo que no identifiqué. Me tiraron, me arrastraron y arrebataron mi teléfono celular… El grupo de hombres, de entre los 30 y 40 años, actuaban coordinados y portaban
radios para comunicarse. Algunos llevaban lentes obscuros, otros portaban gorras y unos más cangureras y bolsas, en donde guardaban lo que le quitaban a quienes golpeaban y detenían: los teléfonos celulares”.
Xilonen Pérez, videoreportera Agencia Subversiones Responsables de la agresión: “Civiles” con la anuencia de policías
“Presenciado una detención con extrema violencia por personas vestidos de civil, uno de ellos empuja mi cámara contra mi cara mientras fotografiaba la detención para lograr identificarlos, puesto que no portaban ningún distintivo. En ese momento esta persona me grita: Déjame hacer mi trabajo; Déjame hacer el mío, yo sí estoy identificada le respondí…”
Las detenciones arbitrarias de granaderos contra periodistas fue otra agresión documentada por ARTICLE 19, no obstante que a los pocos minutos la gran mayoría de ellos fueron puestos en libertad al evidenciarse la ausencia de elementos que justificaran la privación de la libertad. Fue el caso de Alejandro Medina, de la Agencia Oochel, quien fue detenido arbitrariamente por granaderos aún cuando en todo momento se identificó como prensa. Alejandro Medina, fotoperiodista Agencia Oochel Responsable de la agresión: Granaderos
“Cuando pregunte el motivo de mi detención un policía me dijo verbalmente ¿Que nos andas tomando fotos? Andas en tus desmadres, nos agredes, camínale. A la altura de la Avenida Juárez, detrás de la valla de granaderos, fui entregado a un policía el cual me despojo de mi casco, me traslado a jalones y empujones a la Calle Balderas hasta llegar al cruce de la calle Independencia esquina con Azueta, donde me presentó ante el comandante (eso fue lo que escuche) que había ordenado mi detención, dicho comandante le dijo verbalmente al policía: él no es mi detenido”.
Moisés Rosas, fotoperiodista Freelance Responsables de la agresión: Granaderos
“Policías y personas vestidas de civil comenzaron a realizar detenciones, entre estas a compañeros reporteros gráficos que documentaban los hechos. Al yo estar documentando la detención, tropecé con un granadero, por lo que de inmediato los demás granaderos que detenían a mis compañeros comenzaron a patearme en el suelo. Un grupo de manifestantes pacíficos me levantaron e impidieron me llevaran a mi también, pues al incorporarme intentaron los granaderos jalarme sin conseguirlo”.
Dañar el equipo de los periodistas fue otra agresión directa que se dio durante el transcurso de la marcha, 8 periodistas sufrieron daños a sus herramientas de trabajo, y 5 robos de equipo de los cuales en 2 casos se realizó por elementos de la policía. Miguel Ángel Fuentes , camarógrafo Medio: Milenio TV Responsable de la agresión: Granaderos
“Yo sigo la secuencia en primer plano de 5 policías deteniendo a un manifestante. En ese momento veo cuando uno de los policías se abalanza contra mí y me suelta un toletazo. El golpe va directamente hacía la lente de la cámara, que se dañó un poco. Pero la intención era dañarme el equipo que es una extensión de mi persona”.
Arturo Ramos, fotoperiodista Agencia Libre Responsables de la agresión: Granaderos
“Los granaderos comienzan una envestida arrojando piedras hacia los manifestantes, por lo cual me coloco frente a una barrera de escudos de granaderos de donde provenían las piedras y al intentar tomar una fotografía de estos acontecimientos, percibo una roca que venía del lado de los elementos de la policía misma que impactó en mi rostro lo cual me hizo perder ligeramente el conocimiento y caer al suelo. La pedrada también causó daños a mi equipo fotográfico”.
Testimonio anónimo Videoreportero AFP Responsables de la agresión: Manifestantes con el rostro cubierto
“Los primeros enfrentamientos que grabé ocurrieron en Bellas Artes, donde quedé atrapado entre la policía y los anarquistas cuando al menos tres jóvenes enmascarados me atacaron; uno intentó quitarme la cámara de video de las manos, rompiéndola en dos, otro me atacó con un espray que encendió con un encendedor para dirigir el fuego a mi cara y otro más me golpeó en el cuello. No estoy herido, pero la cámara ya no funciona".
CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS TESTIMONIOS.
Las agresiones documentadas por ARTICLE 19 a periodistas en razón de su ejercicio de búsqueda de información y de libertad de expresión impactaron en la violación a otros derechos humanos como los de integridad y seguridad personales, así como el de propiedad entre otros. Para la oficina de México y Centroamérica de ARTICLE 19 al igual que los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información son libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno4, por lo que de acuerdo al estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son derechos y libertades que el Estado se encuentra obligado a respetar y garantizar, tanto a los individuos como a la sociedad en general.5 Es así que resulta preocupante su violación tanto por acción como por omisión en los hechos ocurridos el 2 de octubre. Con base en lo anterior y conforme lo documentado por ARTICLE 19, los hechos ocurridos el 2 de octubre donde la mayoría de las agresiones a periodistas, fueron cometidas por elementos de la policía capitalina, aunadas a las que se ocasionaron por personas vestidas de civil cuyo comportamiento fue ubicado como policial o como si se tratara de autoridades,
Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No.
177, párr. 53; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros, Sentencia de 19 de septiembre de 2006; Serie C No. 151, párr. 75; Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras, Sentencia de 1º de febrero de 2006; Serie C No. 141, párr. 163
“[….] quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su
propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, Serie A, No.5, párr. 30.
constituye una violación grave a la libertad de expresión en razón de que tales acciones iban dirigidas a impedir la recolección y difusión de los hechos.
USO DE LA FUERZA. LA IMPOSTERGABLE ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS Y SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA.
De acuerdo con los testimonios y evidencia recopilada por ARTICLE 19 con apoyo de la red de monitoreo #Rompeelmiedo, se puede señalar que existe suficiente evidencia para afirmar que el Agrupamiento de Granaderos violó los principios de gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. A su vez y debido a la falta de mecanismos transparencia y rendición de cuentas, resulta imposible evaluar la toma de decisiones (de acuerdo a la cadena de mando) que llevaron emplear el uso de la fuerza de forma ilegal. De igual forma, existe evidencia para señalar que las personas defensoras de derechos humanos que monitoreaban la situación, así como quienes se identificaron como prensa, fueron especialmente vulneradas en su integridad física a pesar de informar reiteradamente la función que estaban cumpliendo en la manifestación. Es responsabilidad de la autoridad investigar hasta qué punto estos hechos tuvieron lugar debido a la falta de capacidades del personal de la Agrupación de Granaderos, o debido a que se encontraban obedeciendo órdenes del mando superior. En ambos casos, presentan graves amenazas para los ejercicios del derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica. En el presente informe de ARTICLE 19 se puede concluir que elementos de seguridad pública de la Ciudad de México mediante el empleo abusivo de la fuerza cometieron diversos actos contrarios a los derechos humanos de periodistas y comunicadores. Es de preocupación que sean agentes del Estado quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos más serias. De la documentación hecha por ARTICLE 19 surge la necesidad de diferenciar dos tipos de uso de la fuerza excesiva esto es, los casos de brutalidad (uso intencional y doloso por parte de agentes que consecuentemente exceden los límites de su oficio para infligir dolor y
sufrimiento” y los casos de fuerza innecesaria (como resultado de la ineptitud, inexperiencia y una pobre capacitación que a menudo ocurre cuando agentes bien intencionados se muestran incapaces de manejar situaciones sin caer en el uso innecesario o precipitado de la fuerza), donde impactan el entorno político y cultural en el cual opera la policía y con el nivel de expectativas concerniente a accountability policial y a los estándares de conducta, así como las influencias adicionales a la observancia de estándares sobre el uso de fuerza tales como: características específicas de la zona; la estrategia policial; factores de actitud (habilidad y umbral de estrés de agentes o su actitud hacia ciertos grupos o personas); factores de situación(conducta o actitudes de personas que están en el foco de la atención policial).6 Es así que, el aseguramiento de que la policía observe estándares adecuados implica poner atención en una amplia gama de aspectos que incluyen: reglamentos policiales y ordenes; articulación de valores, reclutamiento y selección; capacitación; control de armas (suministro e inspección); mando operativo; recopilación y análisis de datos sobre incidentes que implican el uso de la fuerza; apoyo a agentes que sufren agotamiento por estrés y/o por haber estado expuestos a incidentes traumáticos; relación con el público y los medios masivos de comunicación.7
MARCO JURÍDICO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN EL CASO DEL USO DE LA FUERZA
El Estado al ser garante de la protección de los derechos humanos, posee límites en los campos de acción que inclusive son su monopolio, como es el caso del uso de la fuerza. La protección de derechos humanos en el momento de hacer uso de la fuerza, es entonces uno de los indicadores más fidedignos de la democracia y el estado de derecho. Tanto la Organización de Naciones Unidas8 como el Consejo de Europa9 y la Corte Interamericana de
Cfr., Robert O. Accountability. Sistema policial de rendición de cuentas. Estudio internacional comparado. INSYDE y CIDE. México 2005, pp. 156 a 158 7 Cfr., Robert O. Accountability. Sistema policial de rendición de cuentas. Estudio internacional comparado. INSYDE y CIDE. México 2005, pp. 156 a 161 8 (1)Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley . Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. (2) Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, septiembre de 1990. (3) Entre
Derechos Humanos10 han aportado principios y estándares del uso de la fuerza por parte de los estados. En primer lugar reconocien que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza sobre las personas bajo su jurisdicción. Y en segundo lugar, que el empleo de la fuerza debe de seguir los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y gradualidad. De manera aún más precisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar las violaciones a derechos humanos que tuvieron lugar en San Salvador Atenco en 2006, aporta la honradez como un principio “reiteradamente mencionados en la Constitución cuando ésta se refiere a la actuación de funcionarios públicos, como son los integrantes de los cuerpos policiacos.” De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas11, la delicada relación entre el artículo 19 (libre expresión), artículo 21 (reunión pacífica) y artículo 22 (libre asociación) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos posibilita el ejercicio pleno de las personas en los asuntos público, por lo que los Estados tienen la responsabilidad no sólo de abstenerse de interferir en el ejercicio simultaneo de estos derechos sino también facilitar su plena realización. Por ello, la actuación de las fuerzas de seguridad pública especializadas en el control de multitudes, en especial cuando se trata de aquellas reunidas por causas políticas o religiosas, representan uno de los retos más grandes para este tipo de instituciones y la plena realización de los derechos humanos.12 Ante los brotes de violencia, inclusive de manera directa en contra de la Agrupación de Granaderos, por parte de un grupo reducido de personas que se encontraban entre quienes
otros especializados en detenciones, protección de la infancia y jóvenes sometidos a algún tipo detención, así como manuales para el entrenamiento de policías en materia de derechos humanos. 9 Código Europeo de Ética Policial. Recomendación (2001)10 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19 de septiembre 2001. 10 Caso 11.(382), finca La Exacta, Guatemala, 21 de octubre de 2002.(353). Caso Neira Alegría y otros vs. Perú.(347) Caso Montero Aranguren y otros (reten de Catia) vs. Venezuela.(358) 11 Comentario General N°31 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Comentario General N°34 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resolución 15/21 de la Asamblea General adoptada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 12 Existen varios modelos para el uso de la fuerza durante el control de multitudes en especial durante manifestaciones y/o protestas. (1) La escala racional de uso de la fuerza: El Departamento de Policía de Seattle. (2) El marco nacional de uso de la fuerza: La Real Policía Montada de Canadá. (3) Los 7 ejes de la Comisión Nacional de Reforma Policial CONAREPOL.
se manifestaban de manera pacífica, las autoridades decidieron hacer uso de la fuerza. El principio de necesidad implica la posibilidad de aplicar acciones alternativas, es decir, el uso de la fuerza debe ser siempre un recurso extremo. Lamentablemente, el Agrupamiento de Granaderos no cuenta con mecanismos de fiscalización de la actuación por lo que resulta prácticamente imposible realizar una evaluación respecto a los procesos de toma de decisión que tuvieron lugar durante los actos de violencia focalizada que tuvieron lugar.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y GRADUALIDAD
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, señalan explícitamente que “no se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento” de los mismos. Es decir, el brote de violencia durante una manifestación no es pretexto para quebrantar los manuales y protocolos de actuación ni mucho menos relajar la cadena de mando. De acuerdo con los casos documentados por ARTICLE19, la recurrencia de golpes en diversas modalidades y métodos, incluyendo la utilización de toletes, escudos y extintores conteniendo un polvo blanco no identificado aún en contra de la prensa y personas que se manifestaban, no puede ser justificado por los delitos cometidos por grupos reducidos de personas.13 Los testimonios apuntan a que la fuerza ejercida por la Agrupación de Granaderos tenía otros fines distintos a contener la violencia. (1) Para dispersar a las personas que continuaban protestando de manera pacífica que permanecieron después de los brotes de violencia, (2) Para impedir el trabajo de la prensa y dañar su equipo de trabajo y (3) impedir la libre y segura manifestación de decenas de manifestantes. En los videos y testimonios recopilados se puede apreciar la respuesta desmedida por parte de la Agrupación de Granaderos, tanto para contener la violencia como para proteger a las personas que se encontraban protestando de manera pacífica.
Entre las cuales se incluyen presumiblemente, activistas que revindican la acción directa de confrontación, hombres vestidos de civil actuando en coordinación con los cuerpos policiales, así como personas que aprovecharon la situación para cometer actos vandálicos.
USO INDEBIDO DE EQUIPO
La evidencia en video recopilada por ARTICLE19 con el apoyo de la red de monitoreo y seguridad, da cuenta del uso de extintores con diferentes propósitos: (1) para impedir visibilidad, (2) para generar confusión y (3) aparentemente como agresión directa al rostro y cámara de personas. Así también, la evidencia recopilada apunta a la presencia de lanzadores de balas de goma con los siguientes propósitos: (1) apuntar de manera directa a personas y grupos de personas que se encontraban encapsuladas. (2) intimidar a personas que se encuentra de manera incidental en el lugar. Y (3) Golpear e inmovilizar personas. ARTICLE19 recabó y analizó videos en donde se puede observar a personal de la Agrupación de Granaderos aventar piedras, golpear a personas por la espalda que no resistían el arresto, así dos en donde se utiliza respectivamente el casco y escudo para golpear a personas ya evidentemente sometidas. En los casos arriba mencionados, es de especial señalamiento que la integridad física y psicológica de las personas sometidas por la policía resultó en un claro riesgo de lesiones permanentes que inclusive podrían atentar en contra de su vida. Si bien el uso de equipo y armas no letales es recomendado por diversos organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, su utilización debe de venir acompañada de la capacitación de quienes lo utilizarán, así como de protocolos que deberán ser observados de manera estricta. Esto último de suma importancia para garantizar que la utilización de este tipo de equipo mantenga su carácter de daño limitado.
ABUSOS EN CONTRA DE PERSONAS IDENTIFICADAS COMO PRENSA
Los testimonios recabados señalan que cuando las personas que portaban una identificación de prensa eran encapsuladas para ser detenidas, al identificarse eran liberadas por el personal de la Agrupación de Granaderos. Sin embargo, también se señala que por la misma razón hubo personas agredidas de manera directa. Entre los abusos más graves se encuentran: (1) Utilización de extintor con polvo blanco rociado directamente al rostro y cámara de una persona identificada como prensa. (2) Golpe con tolete a la cabeza de un
periodista que se había salido del área de confrontación y se había retirado el casco protector para secarse el sudor. (3) En los testimonios se escucha de manera recurrente que la Agrupación de Granaderos golpeaban en el vientre, muslos o espinillas a las personas que portaban casco protector. De manera recurrente los testimonios recopilados señalan que el personal de la Agrupación de Granaderos profirió amenazas directas de muerte, arresto y tortura. Si bien es entendible que en la complejidad de la situación son comprensibles en ciertos excesos en el uso del lenguaje, de ninguna manera se justifican cuando son proferidos en contra de quienes están plenamente identificados como prensa o quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica. Existe evidencia suficiente para señalar que de manera recurrente el personal de la Agrupación de Granaderos actuó directamente para inhibir, obstaculizar e impedir el trabajo de las personas acreditas como prensa. Por ello resulta urgente que se investigue hasta qué punto estos agentes actuaron de esa forma por falta de capacidades o a través de la obediencia de la cadena de mando. Ante la abundante evidencia recopilada de abuso en el uso de la fuerza, es evidente que existe una falta de capacidad técnica del Agrupamiento de Granaderos para cumplir con los estándares y mejores prácticas internacionales en la material. En varios momentos de la confrontación se puede observar una reacción desordenada y en muchos casos también, se puede a personal actuando de manera autónoma. En especial en los momentos en donde la policía carga para dispersar a manifestantes o someter y encapsular a individuos o grupo de personas.
ACCIONES U OMISIONES DEL ESTADO
El Estado mexicano en su conjunto y en especial el Gobierno de la Ciudad de México, tienen la obligación de tomar medidas encaminadas a evitar la impunidad respecto las violaciones a los derechos humanos de periodistas ocurridas el 2 de octubre, esto en cumplimiento de lo establecido en las diversas obligaciones internacionales en materia del libertad de expresión que de acuerdo a la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión
emitida en 2012 por los Relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE: “Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir delitos contra la li bertad de expresión en países donde exista un riesgo de que estos ocurran y en situaciones específicas en que las autoridades sepan o deberían estar al tanto de la existencia de un riesgo real e inminente de que se produzcan tales delitos, y no únicamente en casos en que las personas en riesgo soliciten protección del Estado.” Asimismo señalan que las autoridades deberían asegurar que se adopten “medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente destinadas a aquellas personas que puedan ser atacadas” por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Lo pondría en un recuadro y lo haría más corto Las autoridades capitalinas faltaron a sus obligaciones de prevenir y proteger a las personas que ejercían su derecho a recabar y difundir información en contextos de protesta social, y especialmente en el desarrollo de un acto público de búsqueda de “verdad, justicia y reparación”, a pesar de la existencia de antecedentes plenamente documentados de ataques contra la libertad de expresión perpetrados el 1 de diciembre, 10 de junio, 1 y 13 de septiembre. Es así que de conformidad a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley (PBEF) las autoridades públicas no pueden tolerar este tipo de abusos y basta la simple sospecha o que se alegue la comisión de un abuso, para que se emprenda una investigación rápida, imparcial y exhaustiva, donde se castigue a funcionarios responsables (tanto por acción como por omisión), donde se atiendan durante el proceso las necesidades de las víctimas, buscando la verdad, justicia y reparación, y esforzándose en sobremanera para lograr restablecer la relación de la sociedad y periodistas con la autoridad en una relación deteriorada por el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza y/o autoridad. Por lo tanto, ante los ataques directos (acciones) y omisiones de los agentes del Estado, se debe actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar tales hechos y reparar los daños ocasionados a las personas agraviadas. Mantener la impunidad en estos casos y en otros similares ocurridos en manifestaciones anteriores, incentiva la comisión de nuevas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, por lo que es urgente y necesario que se abran las investigaciones, identifiquen, sometan a juicio y sancionen a los responsables.
Las recomendaciones compiladas en este informe de ARTICLE 19 tienen el fin de brindar una ruta crítica para que las autoridades corrigan de manera inmediata las señaladas carencias de actuación. Y, al mismo tiempo, procurar la restitución íntegra en los derechos afectados como el de propiedad, en específico las siguientes medidas:  De rehabilitación.
Tanto en aspectos médicos como psicológicos.  De compensación.
Indemnizando o compensando a periodistas por los daños recibidos en su integridad (física y/o emocional) o libertad personales y los efectos de dichos daños en su ejercicio periodístico posterior. Así como aquellos gastos relacionados a los procesos de búsqueda de justicia.  Medidas de satisfacción.
Reconocimiento público de responsabilidad y en su caso el ofrecimiento de una disculpa. Y reconocimiento público de la labor periodística de toda clase de periodistas señalando expresamente el papel de los medios alternativos e independientes por su especial situación de vulnerabilidad. El establecimiento de una beca u otra medida que beneficie a periodistas que cubren la fuente relacionada con manifestaciones públicas y/o actos de protesta pública.  De justicia.
Por lo anterior, atendiendo al marco constitucional y legal vigente así como de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y adoptando el principio pro persona, y en aras de una mayor exhaustividad, rapidez, efectividad, imparcialidad y objetividad en las investigaciones, corresponderá la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República FEADLE-PGR conocer los delitos contra la libertad de expresión cometidos por policías y demás servidores públicos del Distrito Federal y de personas que pudieron haber actuado bajo tolerancia o aquiescencia de autoridades públicas. Este órgano especializado tiene facultades legales para atraer el caso y esclarecer los hechos con celeridad para sancionar a los responsables.  De protección.
Adopción de medidas necesarias para garantizar la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión en contextos de manifestaciones o protestas públicas, como serían la adopción de protocolos de prevención y protección incluyendo las movilizaciones de asistencia médica de emergencia en condiciones de seguridad y no criminalización. De no repetición. Adoptando protocolos de actuación para los cuerpos de seguridad pública; brindar acceso a las fuentes de información oficiales en contextos de manifestaciones públicas; y según sea el caso, dejando sin efecto medidas legislativas, administrativas o judiciales que impidan la libertad de expresión o removiendo obstáculos de particulares. Las instituciones encargadas de brindar protección a periodistas (Mecanismo Federal de protección a periodistas; Mecanismo local de protección a periodistas; CNDH; CDHDF; FEADLE-PGR; entre otros) podrían implementar medidas de prevención, monitoreo y protección para las marchas, como la fomentada por ARTICLE 19 para el 2 de octubre, sin que para su adecuado funcionamiento ello implique de forma alguna certificar la labor periodística, sino únicamente establecer una red monitoreo y protección a periodistas, por lo que de ser el caso podrán brindarse signos distintivos de prensa para la prevención y disuasión contra posibles ataques a su labor, que deberán ir acompañados de la elaboración de protocolos de actuación en casos de riesgo, así como el establecimiento de unidades móviles y “semifijas” cercanas a las zonas de cobertura de riesgo y que sean claramente identificadas.  Discurso público de las autoridades capitalinas
Las autoridades capitalinas deben de ser claras, responsables y transparentes frente a los hechos del 2 de octubre. Esto quiere decir que debe de haber una acpetación pública de las
violaciones a los derechos humanos de periodistas y comunicadores ampliamente expuestos en este informe. Sin una disculpa pública por los abusos cometidos por la policía capitalina, se omitiría la responsabilidad de las autoridades así como su olbigación de resarcir el daño a quienes fueron violentados.
Informe 2 de octubre: Rompe el miedoUploaded by Antonio Martínez Velázquez11K viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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