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Timestamp: 2013-05-25 20:38:15+00:00

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Informe 146. BOE noviembre 2006.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 146. (BOE de NOVIEMBRE-2006)
Ley prevenci�n fraude
IRPF... 2007
S.R.L. telem�ticas
Abogados relaci�n laboral Decl. tributarias telem�ticas
Separaci�n de hecho
Juicio poder
Cond. resolutoria subrogaci�n
Veracidad declaraciones
MODELOS 390, 392 Y 430. Orden EHA/3397/2006, de 26 de octubre, por la que se aprueban los modelos 390 y 392 de declaraci�n resumen anual del Impuesto sobre el Valor A�adido y el modelo 430 de declaraci�n del Impuesto sobre las Primas de Seguros.
PDF (37 p�gs. - 7602 KB.) DECLARACIONES TRIBUTARIOS TELEM�TICAS. MODELOS 182, 184, 188, 296 y 187. Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre, por la que se dictan medidas para el impulso y homogeneizaci�n de determinados aspectos en relaci�n a la presentaci�n de declaraciones tributarias por v�a telem�tica, se modifican determinadas normas de presentaci�n de los modelos de declaraci�n 182, 184, 188 y 296, y se modifica el modelo de declaraci�n 187, �Declaraci�n informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversi�n colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta en relaci�n con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones�.
Se extiende la domiciliaci�n bancaria a la presentaci�n de determinados modelos de declaraci�n. Los obligados tributarios, salvo excepciones por su gran cuant�a, que efect�en la presentaci�n telem�tica de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones en los plazos que se�alan sus respectivas normas reguladoras, podr�n utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas la domiciliaci�n bancaria en la entidad de cr�dito que act�e como colaboradora en la gesti�n recaudatoria (Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de cr�dito), sita en territorio espa�ol en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago en los siguientes modelos: 110, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 202, 213, 214, 215, 216, 300, 311, 370 y 371. Se fijan los plazos para la domiciliaci�n que depender�n del modelo.
Se eliminan determinadas restricciones a la presentaci�n por v�a telem�tica de declaraciones: - En todas aquellas normas reguladoras de la presentaci�n de declaraciones en las que se recoja la imposibilidad de presentaci�n de las mismas por v�a telem�tica por Internet cuando hubiera transcurrido m�s de un a�o a contar desde el inicio de su correspondiente plazo de presentaci�n, se amplia de uno a cuatro a�os el periodo para poder realizar su presentaci�n por v�a telem�tica a contar desde la finalizaci�n del plazo reglamentario de presentaci�n establecido para cada una de ellas en sus normas reguladoras; - Se elimina la restricci�n a la presentaci�n de declaraciones por v�a telem�tica cuando se deba acompa�ar a la declaraci�n documentaci�n adicional en todas aquellas normas reguladoras de la presentaci�n de declaraciones en que dicha restricci�n se encuentre establecida. En este caso, los obligados tributarios deber�n efectuar la presentaci�n de los mismos en forma de documentos electr�nicos en el registro telem�tico general de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resoluci�n de
23 de agosto de 2005, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria. - La transmisi�n telem�tica de declaraciones, con resultado a ingresar, deber� realizarse en la misma fecha en que tenga lugar el ingreso resultante de las mismas. No obstante, cuando existan dificultades t�cnicas que impidan efectuar la transmisi�n telem�tica de la declaraci�n en la misma fecha del ingreso, podr� realizarse dicha transmisi�n telem�tica hasta el segundo d�a h�bil siguiente al del ingreso. Los
soportes directamente legibles por ordenador para la presentaci�n de aquellas declaraciones que, de acuerdo con sus normas de presentaci�n, dispongan de esta v�a para efectuar dicha presentaci�n, habr�n de cumplir las siguientes caracter�sticas: Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm. Capacidad: Hasta 700 MB. Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con extensi�n o sin extensi�n Joliet. No multisesi�n. Se
reduce de 25 a 15 el n�mero de registros a transmitir a partir del cual se hace obligatoria la presentaci�n por v�a telem�tica por Internet de las declaraciones res�menes anuales o informativas correspondientes a los modelos 180, 190, 193, 198, 345, 347 y 349. Se modifican las formas de presentaci�n de los modelos 182, 184, 188 y 296.
PDF (7 p�gs. - 196 KB.) MAURITANIA. APLICACI�N provisional del Convenio relativo a la asistencia judicial en el �mbito civil y mercantil entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica Isl�mica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006.
PDF (3 p�gs. - 100 KB.) FIESTAS LABORALES 2007. Resoluci�n de 2 de noviembre de 2006, de la Direcci�n General de Trabajo, por la que se publica la relaci�n de fiestas laborales para el a�o 2007.
PDF (4 p�gs. - 184 KB.). Correcci�n de errores para
MURCIA. LEY 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificaci�n auton�mica en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados para determinadas operaciones realizadas por las comunidades de usuarios de agua de la Regi�n de Murcia.
Se establece una bonificaci�n en la cuota del impuesto del 100 por 100 aplicable en aquellos actos y negocios jur�dicos realizados por las comunidades de usuarios cuyo domicilio fiscal radique en la Regi�n de Murcia definidas en la legislaci�n de aguas, relacionados con contratos de cesi�n temporal de derechos al uso privativo de aguas publicas para uso exclusivo agr�cola. Esta bonificaci�n tambi�n ser� aplicable a las obras y adquisiciones realizadas por estas mismas comunidades de usuarios, cuyo fin sea la obtenci�n, uso y distribuci�n de agua de cualquier origen destinada a la agricultura.
PDF (2 p�gs. - 70 KB.) MURCIA. LEY 5/2006, de 16 de junio, de modificaci�n de la Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulaci�n de los tipos aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados a las viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Regi�n de Murcia.
Se prosigue con la aplicaci�n del tipo reducido establecido en la Ley 4/2003, de 10 de abril, para j�venes de hasta 35 a�os, manteniendo las medidas de ayuda a nivel impositivo para este tipo de operaciones, adecu�ndolas al nuevo �mbito normativo y los nuevos planes de Vivienda Joven.
PDF (2 p�gs. - 71 KB.) CATASTRO. Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaraci�n de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la informaci�n gr�fica y alfanum�rica necesaria para la tramitaci�n de determinadas comunicaciones catastrales.
Esta Orden se hace necesaria por la aprobaci�n de la nueva Ley General Tributaria, del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo y del Real Decreto
417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla la citada disposici�n legal, donde se prev� la determinaci�n mediante orden del Ministerio de Econom�a y Hacienda de la forma, modelos, medios y dem�s condiciones en que deban presentarse las declaraciones catastrales. Sustituye a la Orden de 10 de febrero de 1999
Se pretende simplificar los modelos en los que, adem�s, se describen los documentos que deben acompa�ar a las declaraciones que deban ser presentadas. Se recogen posibles cauces de colaboraci�n entre distintas instituciones en este �mbito, de forma que fedatarios p�blicos, gestores administrativos y otros agentes que intervienen en el tr�fico inmobiliario, puedan presentar las declaraciones catastrales en representaci�n de los obligados tributarios. Dice al respecto la Disposici�n adicional segunda. Presentaci�n de declaraciones por fedatarios p�blicos y otras entidades, instituciones y organizaciones.
Uno. La Direcci�n General del Catastro podr� celebrar convenios para que los fedatarios p�blicos, sin perjuicio de la obligaci�n de realizar ante el Catastro las comunicaciones a que se refiere el art�culo 14.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, puedan presentar las declaraciones catastrales correspondientes a aquellas alteraciones inmobiliarias de las que tengan conocimiento como consecuencia de los documentos que otorguen o inscriban, actuando como mandatarios de los obligados tributarios, conforme a los requisitos, condiciones y formatos de entrega de la informaci�n que se establezcan, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 92 de la Ley General Tributaria.
Dos. Tambi�n podr�n acogerse a esta f�rmula de colaboraci�n otras entidades, instituciones u organizaciones representativas de sectores profesionales que intervengan en el tr�fico inmobiliario.
Tambi�n prev� esta orden la posibilidad de presentaci�n telem�tica de las declaraciones catastrales.
La orden recoge igualmente la posibilidad de modificar los modelos de declaraci�n para acogerse al Sistema de Verificaci�n de Datos de Identidad previsto en el Real Decreto
522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportaci�n de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administraci�n General del Estado y de sus organismos p�blicos vinculados o dependientes.
Modelos aprobados: Se aprueban los siguientes modelos de declaraci�n de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles urbanos, r�sticos y de caracter�sticas especiales, que se dice figuran como anexo de la orden (aunque luego no se incluyen, se har� m�s tarde, en
correcci�n de errores el 23 de noviembre), estando tambi�n disponibles en la p�gina web de la Direcci�n General del Catastro
http://www.catastro.meh.es :
: a) Modelo 901 N: declaraci�n catastral por alteraci�n de la titularidad y por variaci�n de la cuota de participaci�n en bienes inmuebles.
b) Modelo 902 N: declaraci�n catastral por nueva construcci�n, ampliaci�n, reforma o rehabilitaci�n. c) Modelo 903 N: declaraci�n catastral por agregaci�n, agrupaci�n, segregaci�n o divisi�n. d) Modelo 904 N: declaraci�n catastral por cambio de clase de cultivo o aprovechamiento, cambio de uso y demolici�n o derribo.
Los modelos de declaraci�n-autoliquidaci�n del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana podr�n ser utilizados como medio de presentaci�n de las declaraciones catastrales por alteraci�n de la titularidad y por variaci�n de la cuota de participaci�n en bienes inmuebles, si as� lo prev� la ordenanza fiscal correspondiente.
PDF (5 p�gs. - 148 KB.) Anexos.
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR. Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las actividades y el funcionamiento del Fondo para inversiones en el exterior y el Fondo para operaciones de inversi�n en el exterior de la peque�a y mediana empresa.
El Fondo para Inversiones en el Exterior tiene como finalidad promover la internacionalizaci�n de la actividad de las empresas, y, en general, de la econom�a espa�ola, a trav�s de inversiones temporales y minoritarias en empresas situadas en el exterior, realizadas de forma directa o indirecta, y mediante participaciones en los fondos propios de dichas empresas y a trav�s de cualesquiera instrumentos financieros participativos. El Fondo para Operaciones de Inversi�n en el Exterior de la Peque�a y Mediana Empresa tiene una finalidad similar pero referida a las peque�as y medianas empresas. PDF (6 p�gs. - 195 KB.) ABOGADOS EN R�GIMEN LABORAL. Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relaci�n laboral de car�cter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
La disposici�n adicional primera, apartado 1, de la Ley
22/2005, de 18 de noviembre, reconoce el car�cter especial de la relaci�n laboral de los abogados que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del �mbito de organizaci�n y direcci�n del titular de un despacho, individual o colectivo, relaci�n laboral que ahora se regula. Su �mbito de aplicaci�n se desarrolla en el art�culo 1�, excluyendo:
- Los abogados que ejerzan la profesi�n por cuenta propia, individualmente o agrupados con otros, como socios en r�gimen societario o bajo cualquier otra forma admitida en derecho.
- Las colaboraciones profesionales que se concierten entre abogados cuando se mantenga la independencia de los respectivos despachos
- Los que tengan con el titular una relaci�n familiar, salvo que se acredite que son asalariados.
Las principales peculiaridades o especialidades que justifican una regulaci�n espec�fica, distinta a la prevista para la relaci�n laboral com�n, son las siguientes: a) En los despachos de abogados aparece una relaci�n triangular, titular del despacho, cliente y abogado.
b) A estos abogados, adem�s de las normas laborales que resulten de aplicaci�n, se les aplicar�n las normas que rigen la profesi�n, incluidas las estatutarias y las �ticas y deontol�gicas, participando en la funci�n p�blica de la administraci�n de justicia. Consecuencias de lo anterior son: - El reconocimiento a los abogados de un mayor grado de autonom�a, independencia t�cnica y flexibilidad en la organizaci�n y direcci�n de su trabajo y en su horario laboral. - La limitaci�n de las facultades de direcci�n y control del trabajo de los titulares de los despachos en su condici�n de empleadores.
- Mayores exigencias a los abogados en la ejecuci�n de su actividad laboral en cuanto al cumplimiento de los deberes espec�ficos de diligencia y confidencialidad y de los plazos que se establecen en las normas procesales. - Un m�s estricto respeto entre los titulares de los despachos y los abogados de los principios de buena fe y rec�proca confianza. As� se presume la exclusividad y puede pactarse la permanencia (hasta dos a�os) y la no competencia postcontractual (tambi�n hasta dos a�os y sin poder ser general).
- La imposici�n de un r�gimen de incompatibilidades y de prohibiciones en el ejercicio de su actividad profesional que impide a los abogados actuar en caso de existir un conflicto de intereses y defender intereses en conflicto. - El sometimiento estricto de los abogados, cualquiera que sea la forma en que ejerzan la profesi�n, a las normas y usos de la deontolog�a profesional de la abogac�a, a las normas colegiales, y al consiguiente r�gimen disciplinario colegial, pudiendo actuar, en consecuencia, poderes distintos del empleador.
Los contratos deber�n formalizarse por escrito. Cabe pactar un periodo de prueba
que en todo caso habr� de plasmarse por escrito. En defecto de pacto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podr� exceder de seis meses en el caso de contratos de car�cter indefinido y de dos meses en el caso de contratos de duraci�n determinada, si su duraci�n es superior a dicho periodo de tiempo.
Su jornada laboral no puede exceder de la prevista en el Estatuto de los Trabajadores, pero por su c�mputo anual, pudiendo ser irregular.
En cuanto a las retribuciones, tendr�n la consideraci�n de salario todas las percepciones que los abogados reciban de los despachos como contraprestaci�n de sus servicios profesionales, incluidas las que puedan estar vinculadas a los ingresos obtenidos por los mismos. Estos abogados no devengar�n ni podr�n facturar a los clientes del despacho honorarios por los servicios prestados.
Se desarrolla tambi�n el contrato de trabajo en pr�cticas en el art. 9. Tiene las siguientes especialidades:
- El plazo m�ximo de cuatro a�os se cuenta desde que se obtuvo el t�tulo de abogado.
- La actividad laboral que el trabajador desarrolle deber� permitir adquirir el aprendizaje de esta profesi�n.
- Deber� de tener como tutor a un abogado del despacho con 5 a�os de antig�edad en el ejercicio profesional.
- Su jornada laboral ha de ser compatible con actividades formativas externas.
- Si, cuando se agote su duraci�n, contin�a prestando servicios en el despacho, el contrato se transformar� en indefinido y se seguir� rigiendo por lo dispuesto en este real decreto.
Entrada en vigor: el 18 de noviembre de 2006. A partir de esa fecha, las relaciones celebradas entre los abogados y los despachos que re�nan los requisitos de esta relaci�n laboral de car�cter especial se regir�n por lo dispuesto en esta norma, con independencia de la fecha en que se hubieran concertado, respet�ndose as condiciones m�s beneficiosas que tuvieran pactadas con anterioridad.
PDF (7 p�gs. - 209 KB.) REP�BLICA DOMINICANA. ENTRADA en vigor del Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003.
PDF (1 p�gs. - 32 KB.) SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS. Real Decreto 1265/2006, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto
300/2004, de 20 de febrero.
Se modifica el art.1�, relativo a riesgos cubiertos. A efectos exclusivamente de la cobertura del Consorcio, se entender� por riesgos situados en Espa�a los que afecten a (en cursiva lo que cambia): �
d) En el caso de seguros de personas, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en Espa�a. e) En los dem�s casos, cuando el tomador del seguro tenga su residencia habitual en Espa�a o, si fuera una persona jur�dica, tenga en Espa�a su domicilio social o la sucursal a que se refiere el contrato.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, ser�n tambi�n indemnizables por el Consorcio los da�os personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en el extranjero cuando el asegurado (antes tomador) de la p�liza tenga su residencia habitual en Espa�a.
En el art�culo 2�, dedicado a las definiciones, se incluye la de �hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz�.
Se ampl�a el art. 3� dedicado a la p�rdida de beneficios, considerando que el anegamiento, destrucci�n o deterioro, a consecuencia de un acontecimiento extraordinario, de las v�as inmediatas de acceso a un bien propiedad del asegurado, que impidan acceder a �ste, constituyen un da�o directo a dicho bien, a�n cuando las v�as de acceso no estuvieran aseguradas. Se fija tambi�n cu�ndo la cobertura alcanzar� a las p�rdidas de margen bruto consolidado para grupos de empresas formados por sociedades distintas
Var�a el art. 4 que determina las p�lizas con recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensaci�n de Seguros. Entre las de seguros de personas est�n:
- Las p�lizas del ramo de vida que garanticen exclusiva o principalmente el riesgo de fallecimiento, incluidas las que contemplen adem�s garant�as complementarias de indemnizaciones pecuniarias por invalidez permanente parcial, total o absoluta o incapacidad temporal - Las del ramo de accidentes que garanticen el riesgo de fallecimiento o contemplen indemnizaciones pecuniarias por invalidez permanente parcial, total o absoluta o incapacidad temporal, en ambos casos incluso si se hubiera contratado de forma combinada o como complemento de otro seguro. - Las p�lizas de vida o accidentes que cubran los riesgos antes citados amparados en un plan de pensiones. Las p�lizas colectivas que instrumenten compromisos por pensiones estar�n incluidas en todo caso, a�n cuando el riesgo garantizado principalmente no sea el de fallecimiento. Se define qu� se entiende por p�liza de seguro de vida.
Al art�culo 5, sobre extensi�n de la cobertura, se le a�ade un apartado 5, relativo a los seguros de vida.
Cambian tambi�n el art�culo 7, sobre gastos complementarios y el 9, relativo a la franquicia, al que se le a�ade un p�rrafo para determinar la liquidaci�n cuando en una p�liza se establezca una franquicia combinada para da�os y p�rdida de beneficios.
PDF (4 p�gs. - 118 KB.) Ver recargos. GALICIA. LEY 6/2006, de 23 de octubre, de modificaci�n de la Ley 4/1997, de 25 de junio, de caza de Galicia.
PDF (4 p�gs. - 108 KB.) IRPF � SOCIEDADES � NO RESIDENTES � PATRIMONIO.
Objetivos de la reforma. Entre ellos se encuentran el de favorecer la tributaci�n homog�nea del ahorro y abordar, desde la perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y la dependencia. IRPF: 3) Se reduce a cuatro el n�mero de tramos de la tarifa, con un tipo marginal m�ximo del 43 %. 4) Se establece la distinci�n entre una renta general, la de los rendimientos, imputaciones y determinadas ganancias y p�rdidas que, al no estar vinculadas a una transmisi�n, se integran en la base imponible general, y la renta del ahorro, comprensiva de toda aquella que va a resultar sometida por el Impuesto a un tipo fijo de gravamen en la base imponible del ahorro. 2) Se elevan los umbrales de rentas no sometidas a tributaci�n. Para asegurar una misma disminuci�n de la carga tributaria para todos los contribuyentes con igual situaci�n familiar, con independencia de su nivel de renta, se configura un primer tramo flexible a tipo cero en el que se computan los m�nimos destinados a reconocer las circunstancias personales y familiares. Se mantiene el tratamiento actual de la opci�n por la tributaci�n conjunta.
1) Se disminuye la carga tributaria soportada por las rentas del trabajo, elevando la reducci�n establecida para las mismas, especialmente para las rentas m�s bajas. Se compensa mediante una cantidad a tanto alzado, los gastos generales en los que incurre un trabajador aplic�ndose ahora tambi�n esta reducci�n a determinados trabajadores aut�nomos que re�nen caracter�sticas muy cercanas a las del trabajador por cuenta ajena. 4) Se otorga un tratamiento neutral a las rentas derivadas del ahorro, eliminando las diferencias no justificadas entre los distintos instrumentos en los que se materializa. Se trata de evitar que las diferencias en la presi�n fiscal que soportan los diferentes instrumentos distorsionen la realidad financiera del ahorro (como la denominada rentabilidad financiero-fiscal). Para ello, se incorporan todas las rentas que la Ley califica como procedentes del ahorro en una base �nica con tributaci�n a un tipo fijo (18 %), id�ntico para todas ellas e independiente de su plazo de generaci�n. Respecto de los dividendos, se ha simplificado su tributaci�n mediante su incorporaci�n a la base del ahorro y la aplicaci�n de un m�nimo exento de 1500 euros y retenci�n del 18%.
Los rendimientos del capital inmobiliario est�n sometidos a una retenci�n del 18%. Coeficiente de amortizaci�n, el 3%. El rendimiento no puede ser negativo, compens�ndose los cuatro a�os siguientes. Hay reducciones por arrendamiento de vivienda.
5) Se incentivan aquellos instrumentos destinados a proporcionar unos ingresos complementarios de las pensiones p�blicas o a la cobertura de determinados riesgos. El Impuesto intenta reorientar los incentivos fiscales a la previsi�n social complementaria hacia aquellos instrumentos cuyas percepciones se reciban de forma peri�dica, para lo cual se elimina la reducci�n del 40 por ciento anteriormente vigente para las retiradas del sistema del capital acumulado en forma de pago �nico. La aportaci�n m�xima al Plan de Pensiones ser� de 10.000 euros m�s 2.500 para mayores de 50 a�os. Tambi�n se conceden beneficios fiscales a los planes de previsi�n social empresarial.
Se prev� un nuevo producto de fomento del ahorro a largo plazo cuando se compromete la constituci�n de una renta vitalicia con el capital acumulado, el denominado plan individual de ahorro sistem�tico (PIAS), si bien este opera de forma diferente a los dem�s al carecer de incentivo a la entrada. Son contratos de seguros de vida, con una prima m�xima anual de 8.000 euros, una duraci�n superior a los diez a�os y un importe total acumulado por las primas m�ximo de 240.000 euros. Se pueden transformar en PIAS los actuales contratos de m�s de diez a�os.
5) Clasificadas las rentas en renta general y de ahorro, en el Cap�tulo V se establecen las normas de integraci�n y compensaci�n para cada uno de ellos. Sigue existiendo incomunicaci�n entre ambas partes de la base imponible. A su vez, tambi�n existe incomunicaci�n, dentro de la renta del ahorro, entre la procedente de rendimientos y la derivada de ganancias y p�rdidas patrimoniales, cualquiera que sea su periodo de generaci�n. Por el contrario, en la base imponible general es posible una compensaci�n limitada de las p�rdidas patrimoniales netas. 6) Se incentiva la cobertura privada de una situaci�n de dependencia. Se configuran dos tipos de beneficios: los dirigidos a aquellas personas que sean ya dependientes, para las que se prev� la posibilidad de movilizar su patrimonio inmobiliario con vistas a obtener unos flujos de renta que les permita disponer de recursos para paliar las necesidades econ�micas, y, por otra parte, los dirigidos a aquellas personas que quieran cubrir un eventual riesgo de incurrir en una situaci�n de dependencia severa o de gran dependencia. Adem�s, en cuanto a la vivienda habitual, se introducen en la Ley mecanismos que permitan, en situaciones de dependencia severa o de gran dependencia, hacer l�quida esta fuente de ahorro sin coste fiscal.
7) Respecto a la adquisici�n de la vivienda habitual, se mantiene la base de deducci�n actual (m�ximo 9.015 euros) y se homogeneizan los porcentajes aplicables. Retenciones:
- Pasa del 15% al 18% en rendimientos del capital mobiliario, del capital inmobiliario y en ganancias patrimoniales por fondos de inversi�n o premios.
- En Actividades Profesionales contin�a al 15% con excepciones al 7%.
8) Se mantiene en sus t�rminos actuales la consideraci�n del Impuesto como parcialmente cedido a las Comunidades Aut�nomas. Su configuraci�n definitiva depender� del nuevo sistema de financiaci�n que se acuerde.
IMPUESTO DE SOCIEDADES: En cuanto al Impuesto de Sociedades, estamos tan s�lo ante una primera fase de la reforma prevista en el Impuesto que se completar�, en sus aspectos sustanciales, una vez se haya producido el desarrollo de la adecuaci�n de la normativa contable a las Normas Internacionales de Contabilidad. Trata de lograr una mayor coordinaci�n fiscal con los pa�ses de nuestro entorno para que el impuesto sea lo m�s neutro posible, buscando una disminuci�n de tipos y una rebaja tambi�n de los incentivos. Las novedades se incorporan en el cuerpo normativo actual, manteniendo en lo posible la estructura de los textos hoy vigentes. Esta reforma tiene una dimensi�n temporal, ya que est� prevista su implantaci�n gradual. 1) Se reduce en cinco puntos el tipo general de gravamen del 35 por ciento de forma gradual en dos a�os, de tal modo que a partir del a�o 2007 quede fijado en un 32,5 por ciento y un 30 por ciento en el a�o 2008. En el caso de la peque�a y mediana empresa, la reducci�n de cinco puntos de sus tipos impositivos se realiza en un solo ejercicio, por lo que su tipo impositivo, para aquella parte de su base imponible que no supere una determinada cuant�a, quedar� fijado en un 25 por ciento a partir del ejercicio 2007, mientras que el exceso sobre la misma tributar� al tipo del 30 por ciento a partir de ese mismo a�o. 2) La reducci�n del tipo impositivo va acompa�ada de la progresiva eliminaci�n de determinadas bonificaciones y deducciones que provocan efectos distorsionadores, sobreviviendo las deducciones que persiguen eliminar una doble imposici�n. No obstante, se mantiene la deducci�n por reinversi�n de beneficios extraordinarios estableciendo limitaciones al objeto de asegurar la inversi�n en actividades productivas. La mayor�a de las deducciones se van reduciendo paulatinamente hasta su completa desaparici�n a partir del a�o 2011. La deducci�n por actividades de investigaci�n y desarrollo e innovaci�n tecnol�gica se mantiene otros cinco a�os
3) Se fija el tipo de retenci�n o ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en un 18 por ciento, en coherencia con el nuevo tipo impositivo de los rendimientos del ahorro en el �mbito del IRPF. 4) Se suprime el r�gimen de las sociedades patrimoniales al volverse al modelo cl�sico de no integraci�n de los impuestos de sociedades y del IRPF. A partir de ahora, cuando un contribuyente realice sus inversiones o lleve a cabo sus actividades a trav�s de la forma societaria, la tributaci�n ser� la que corresponda aplicando las normas generales del Impuesto sobre Sociedades sin ninguna especialidad, dado que la elecci�n de la forma jur�dica responder� no tanto a motivos fiscales sino econ�micos. No obstante, se regula un r�gimen transitorio al objeto de que estas sociedades puedan adoptar su disoluci�n y liquidaci�n sin coste fiscal (D.Tr. 4�). IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES:
Se introducen una serie de modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes por razones de coherencia y de coordinaci�n con la regulaci�n de los Impuestos sobre la Renta de las Personas F�sicas y sobre Sociedades. Se pretende tambi�n adecuar la normativa al derecho comunitario.
En concreto, var�an los tipos de gravamen, tanto el general como los correspondientes a los establecimientos permanentes y los rendimientos del ahorro. Desde un punto de vista pr�ctico destaquemos la reforma de su art�culo 25.2: Trat�ndose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio espa�ol por contribuyentes que act�en sin establecimiento permanente, el adquirente estar� obligado a retener e ingresar el 3 por ciento, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, de la contraprestaci�n acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aqu�llos. No proceder� el ingreso a cuenta a que se refiere este apartado en los casos de aportaci�n de bienes inmuebles, en la constituci�n o aumento de capitales de sociedades residentes en territorio espa�ol. Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la infracci�n en que se hubiera incurrido, si la retenci�n o el ingreso a cuenta no se hubiesen ingresado, los bienes transmitidos quedar�n afectos al pago del importe que resulte menor entre dicha retenci�n o ingreso a cuenta y el impuesto correspondiente. Ver trabajo de Rafael Rivas.
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. En esta ley se incorporan unos ajustes t�cnicos. La desaparici�n de las
sociedades patrimoniales del marco normativo de la imposici�n personal sobre la renta de las personas f�sicas y jur�dicas exige trasladar a la Ley 19/1991 los requisitos y condiciones que, recogidos hasta la fecha mediante remisi�n al art�culo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, vienen siendo exigidos a efectos de la exenci�n en el Impuesto sobre el Patrimonio de las participaciones en entidades. Se mantiene en el 60 por cien el l�mite conjunto sobre las cuotas �ntegras de los impuestos sobre la Renta de las Personas F�sicas y sobre el Patrimonio, si bien operar� sobre la base imponible total del impuesto sobre la renta, tanto la general como la del ahorro. Entrada en vigor: el d�a 1 de enero de 2007. A efectos del IRPF, esta Ley ser� de aplicaci�n a las rentas obtenidas a partir de 1 de enero de 2007 y a las que corresponda imputar a partir de la misma, con arreglo a los criterios de imputaci�n temporal de la Ley 18/1991, Ley 40/1998, y R.D. Legislativo 3/2004.
PDF (77 p�gs. - 2197 KB.)
PDF (41 p�gs. - 1226 KB.) BALEARES. Ley 15/2006, de 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears.
PDF (14 p�gs. - 448 KB.) BALEARES. Ley 16/2006, de 17 de octubre, de r�gimen jur�dico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears.
PDF (43 p�gs. - 1201 KB.) ***PREVENCI�N FRAUDE FISCAL. LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenci�n del fraude fiscal.
Entrada en vigor: el d�a 1� de diciembre de 2006.
A) EXPOSICI�N DE MOTIVOS
En la l�nea del Plan de Prevenci�n del Fraude Fiscal, elaborado por la Agencia Tributaria, y analizado en el Consejo de Ministros el
4 de febrero de 2005, esta Ley tiene por objeto la aprobaci�n de diversas modificaciones normativas, que precisan el rango de ley, destinadas a la prevenci�n del fraude fiscal. LEYES AFECTADAS: La Ley se estructura en dos cap�tulos. El primero se dedica a la reforma de determinados preceptos de la normativa tributaria. Afecta, en concreto, a:
- La Ley del Impuesto de
Sociedades. No resumida
- La Ley del Impuesto sobre el
Valor A�adido. No resumida
Impuestos especiales. No resumida
- La Ley del Impuesto sobre la Renta de
En el segundo cap�tulo se modifican
otras disposiciones legales, que si bien no tienen naturaleza fiscal, s� pueden tener incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o en su comprobaci�n:
- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Funci�n Estad�stica P�blica. No resumida
- Texto Refundido de la Ley del
- Ley Reguladora de las
- Ley de Modificaci�n de los aspectos fiscales del R�gimen Econ�mico Fiscal de Canarias. No resumida
- Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales.
- Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas. Hidrocarburos.
En la lucha contra el fraude esta Ley marca las siguientes l�neas estrat�gicas:
- Medidas tendentes a potenciar las
facultades de actuaci�n de los �rganos de control, con remoci�n de los obst�culos procedimentales que pudieran perjudicar la eficacia de la respuesta al fen�meno del fraude. - Medidas que van a permitir una mejora sustancial de la informaci�n de que dispone la Administraci�n tributaria, buscando su inmediatez.
- Garantizar de forma m�s eficaz el
ingreso efectivo de las deudas tributarias, para evitar que, una vez detectado y regularizado el fraude, pueda quedar frustrado el cobro de la deuda tributaria.
TIPOS DE FRAUDE: Las medidas que esta Ley contiene est�n dirigidas a prevenir los distintos tipos de fraude cuya prevenci�n constituye el objeto del citado Plan por ser de especial gravedad. En primer lugar, se trata de erradicar las tramas organizadas de defraudaci�n:
- En el Impuesto sobre el Valor A�adido, el Impuesto General Indirecto Canario y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. A este efecto, se establece en relaci�n con el Impuesto sobre el Valor A�adido un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para quien adquiera mercanc�as procedentes de dichas tramas, en las que se ha producido el impago del Impuesto en una fase anterior.
- En caso de posible delito contra la Hacienda P�blica, con el fin de no perjudicar las posibilidades de investigaci�n en relaci�n con los delitos contra la Hacienda P�blica, se suprime el tr�mite de audiencia previo a la remisi�n del expediente a la v�a judicial o en casos de denuncia. La existencia de este tr�mite supon�a la concesi�n de un privilegio a la delincuencia fiscal respecto de otros tipos de delincuencia pues en ning�n otro delito de car�cter p�blico se condiciona la correspondiente denuncia o querella a un tr�mite de audiencia previa al interesado.
En segundo lugar, el fraude en el sector inmobiliario, en el que las novedades se dirigen a la obtenci�n de informaci�n que permita un mejor seguimiento de las transmisiones y del empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles. - Se establece la obligatoriedad de la consignaci�n del N�mero de Identificaci�n Fiscal (NIF) y de los medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas a actos y contratos sobre bienes inmuebles. La efectividad de estas prescripciones queda garantizada al fijarse como requisito necesario para la inscripci�n en el Registro de la Propiedad de tales escrituras. - Por otro lado, se exige tambi�n la consignaci�n de la referencia catastral en los contratos de suministro de energ�a el�ctrica y de arrendamiento, o en los de cesi�n de uso de bienes inmuebles, para permitir su correcta identificaci�n.
En tercer lugar se tomas medidas contra la falta de informaci�n y opacidad propia de los para�sos fiscales y otros territorios de nula tributaci�n - El r�gimen actual de la lista de para�sos fiscales establecido en el Real Decreto
1080/1991, de 5 de julio, se ha complementado con otros dos conceptos: nula tributaci�n y efectivo intercambio de informaci�n tributaria, aunque esa lista sigue en vigor hasta que no se determine otra reglamentariamente (D. Tr. 2�). Se entiende que son de nula tributaci�n los territorios en los que no se aplique un impuesto an�logo al IRPF, Sociedades o No Residentes, seg�n corresponda.
- Se formula una presunci�n de residencia de entidades te�ricamente domiciliadas en territorios de nula tributaci�n o para�sos fiscales cuando la mayor parte de sus activos se encuentren en territorio espa�ol. - Se modifica la base imponible derivada de la venta de sociedades titulares de inmuebles en Espa�a por parte de residentes en territorios con los que no exista un efectivo intercambio de informaci�n. - Se establece la posibilidad de actuar directamente frente a los depositarios o gestores de bienes de residentes en para�sos fiscales para hacer efectiva su responsabilidad solidaria respecto de las deudas tributarias de estos �ltimos.
- Se tipifica legalmente, como supuesto de responsabilidad tributaria, una medida antiabuso basada en la construcci�n jurisprudencial del levantamiento del velo. - Se trata de evitar que determinados comportamientos obstruccionistas puedan quedar impunes.
OPERACIONES VINCULADAS: Se modifica la regulaci�n de operaciones vinculadas tanto en la imposici�n directa como indirecta. Por lo que afecta a la imposici�n directa, dicha reforma tiene dos objetivos.
- El primero referente a la valoraci�n de estas operaciones seg�n precios de mercado, por lo que de esta forma se enlaza con el criterio contable existente que resulta de aplicaci�n en el registro en cuentas anuales individuales de las operaciones reguladas en el art�culo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
- El segundo objetivo es adaptar la legislaci�n espa�ola en materia de precios de transferencia al contexto internacional, en particular a las directrices de la OCDE sobre la materia y al Foro europeo sobre precios de transferencia, a cuya luz debe interpretarse la normativa modificada.
- Como instrumento de control de la facturaci�n de los empresarios en r�gimen de estimaci�n objetiva en el IRPF, se establece una retenci�n a cuenta cuando operen aquellos con otros empresarios o profesionales. - Se ampl�an los efectos de la revocaci�n del N�mero de Identificaci�n Fiscal (NIF) Provoca una
nota marginal en los Registros p�blicos que impide la pr�ctica de inscripci�n alguna posterior.
Se tratar� a continuaci�n de ALGUNOS de los textos legales afectados:
B) REFORMA DE LA
Afecta a los art�culos 17, 23 y 24 de la
Ley: La reforma del 17 no estaba prevista en el Proyecto inicial.
- Se define el contenido de una escritura p�blica, de una p�liza y de un acta.
- Se indica cu�ndo las copias de las escrituras y los testimonios de las p�lizas son ejecutivos.
- Se alude a los �ndices informatizados que han de llevar los notarios y al �ndice informatizado �nico a cargo del Consejo General del Notariado que ha de cumplir tambi�n obligaciones estad�sticas.
- Las Administraciones tributarias podr�n acceder telem�ticamente al �ndice informatizado �nico cuando la cesi�n de datos de car�cter personal no precise del consentimiento del interesado.
- En toda escritura relativa a inmuebles, o a otros bienes, con trascendencia tributaria habr� de acreditarse el NIF de todos los comparecientes y de las personas representadas. - La Disposici�n Adicional 3� prev� que se agilicen los procedimientos de asignaci�n del NIF en estos casos, pudi�ndose hacer telem�ticamente con la colaboraci�n del Notario otorgante.
- En las escrituras relativas a inmuebles con contraprestaci�n en dinero o signo:
- se identificar�n los medios de pago empleados por las partes anteriores o coet�neos a la escritura, su cuant�a, as� como si se efectu� en met�lico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria. Afecta tambi�n a las cancelaciones.
- Si la declaraci�n previa del movimiento de los medios de pago, aportada por los comparecientes ha de presentarse en los t�rminos previstos en la legislaci�n de prevenci�n del blanqueo de capitales, el Notario deber� incorporarla a la escritura. Si no se aporta la declaraci�n, el Notario har� constar esta circunstancia en la escritura y lo comunicar� al Consejo General del Notariado.
- El Consejo General del Notariado suministrar� a la Administraci�n tributaria la informaci�n relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido las obligaciones respecto del NIF y medios de pago, datos que deber�n constar en los �ndices informatizados.
- Explicita la obligaci�n de los Notarios de velar por la regularidad -no s�lo formal sino material- de los actos o negocios jur�dicos que autoricen o en que intervengan con un deber especial de colaboraci�n con las Autoridades.
Ver comentarios de Jorge L�pez Navarro
a cada uno de los art�culos y sobre la
numeraci�n del nuevo Libro Registro de P�lizas y otras
Ver notas a la Instrucci�n de 29 de Noviembre de 2006 sobre P�lizas de Antonio Ripoll Soler
cl�usulas para escrituras sobre medios de pago por Juan Luis Millet Sancho y la Instrucci�n de
28 de Noviembre de 2006 sobre medios de pago. Ver
formularios para p�lizas de Javier L�pez Cano.
identificaci�n personas f�sicas.
El Notario redactar� escrituras matrices, expedir� copias y formar� protocolos.
Es escritura matriz la original que el Notario ha de redactar sobre el contrato o acto sometido a su autorizaci�n, firmada por los otorgantes, por los testigos instrumentales, o de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo Notario.
Se entiende por protocolo la colecci�n ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un a�o, y se formalizar� en uno o m�s tomos encuadernados, foliados en letra y con los dem�s requisitos que se determinen en las instrucciones del caso.
1. El Notario redactar� escrituras matrices, intervendr� p�lizas, extender� y autorizar� actas, expedir� copias, testimonios, legitimaciones y legalizaciones y formar� protocolos y Libros-Registros de operaciones.
Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del art�culo 517.2.4.� de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerar� t�tulo ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se expida con tal car�cter. Expedida dicha copia el Notario insertar� mediante nota en la matriz su fecha de expedici�n e interesado que la solicit�.
Las p�lizas intervenidas tienen como contenido exclusivo los actos y contratos de car�cter mercantil y financiero que sean propios del tr�fico habitual y ordinario de al menos uno de sus otorgantes, quedando excluidos de su �mbito los dem�s actos y negocios jur�dicos, especialmente los inmobiliarios.
El Notario conservar� en su Libro-Registro o en su protocolo ordinario el original de la p�liza, en los t�rminos que reglamentariamente se disponga.
A los efectos de lo dispuesto en el art�culo 517.2.5.� de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerar� t�tulo ejecutivo el testimonio expedido por el Notario del original de la p�liza debidamente conservada en su Libro-Registro o la copia autorizada de la misma, acompa�ada de la certificaci�n a que se refiere el art�culo 572.2 de la citada Ley.
Se entiende por protocolo la colecci�n ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un a�o, y se formalizar� en uno o m�s tomos encuadernados, foliados en letra y con los dem�s requisitos que se determinen en las instrucciones del caso. En el Libro-Registro figurar�n por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones en que hubiesen intervenido.
2. A los efectos de la debida colaboraci�n del Notario y de su organizaci�n corporativa con las Administraciones p�blicas, los Notarios estar�n obligados a llevar �ndices informatizados y, en su caso, en soporte papel de los documentos protocolizados e intervenidos.
El Notario deber� velar por la m�s estricta veracidad de dichos �ndices, as� como por su correspondencia con los documentos p�blicos autorizados e intervenidos, y ser� responsable de cualquier discrepancia que exista entre aquellos y estos, as� como del incumplimiento de sus plazos de remisi�n. Reglamentariamente se determinar� el contenido de tales �ndices, pudi�ndose delegar en el Consejo General del Notariado la adici�n de nuevos datos, as� como la concreci�n de sus caracter�sticas t�cnicas de elaboraci�n, remisi�n y conservaci�n.
El Consejo General del Notariado formar� un �ndice �nico informatizado con la agregaci�n de los �ndices informatizados que los Notarios deben remitir a los Colegios Notariales. A estos efectos, con la periodicidad y en los plazos reglamentariamente establecidos, los Notarios remitir�n los �ndices telem�ticamente a trav�s de su red corporativa y con las garant�as debidas de confidencialidad a los Colegios Notariales, que los remitir�n, por id�ntico medio, al Consejo General del Notariado.
3. Corresponder� al Consejo General del Notariado proporcionar informaci�n estad�stica en el �mbito de su competencia, as� como suministrar cuanta informaci�n del �ndice sea precisa a las Administraciones p�blicas que, conforme a la Ley, puedan acceder a su contenido, a cuyo efecto podr� crear una unidad especializada.
En particular, y sin perjuicio de otras formas de colaboraci�n que puedan resultar procedentes, el Consejo General del Notariado suministrar� a las Administraciones tributarias la informaci�n contenida en el �ndice �nico informatizado con trascendencia tributaria que precisen para el cumplimiento de sus funciones estando a lo dispuesto en el art�culo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permitir� el acceso telem�tico directo de las Administraciones tributarias al �ndice y recabar� del Notario para su posterior remisi�n la copia del instrumento p�blico a que se refiera la solicitud de informaci�n cuando �sta se efect�e a trav�s de dicho Consejo.
Los Notarios dar�n fe en las escrituras p�blicas y en aquellas actas que por su �ndole especial lo requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y reglamentos.
Ser�n medios supletorios de identificaci�n, en defecto del conocimiento personal del Notario:
a) La afirmaci�n de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo responsables de la identificaci�n.
b) La identificaci�n de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta �ltima d� fe de conocimiento el Notario.
c) La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades p�blicas, cuyo objeto sea identificar a las personas.
El Notario en este caso responder� de la concordancia de los datos personales, fotograf�a y firma estampados en el documento de identidad exhibido, con las del compareciente.
d) El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento p�blico anterior en que se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del firmante.
El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido a error sobre la personalidad de �stos por la actuaci�n maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurrir� en responsabilidad criminal, la cual ser� exigida �nicamente cuando proceda con dolo; pero ser� inmediatamente sometido a expediente de correcci�n disciplinaria con la obligaci�n de indemnizar los da�os y perjuicios que se hayan producido por tal error a terceros interesados. �Art�culo 23.
Ser�n medios supletorios de identificaci�n, en defecto del conocimiento personal del Notario, los siguientes:
a) La afirmaci�n de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aqu�llos responsables de la identificaci�n. b) La identificaci�n de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta �ltima d� fe de conocimiento el Notario.
d) El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento p�blico anterior en que se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del firmante. El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido a error sobre la personalidad de estos por la actuaci�n maliciosa de ellos mismos o de otras personas, no incurrir� en responsabilidad criminal, la cual ser� exigida �nicamente cuando proceda con dolo. En tal supuesto el Notario, sin perjuicio de lo anterior, ser� inmediatamente sometido a expediente de correcci�n disciplinaria con la obligaci�n de indemnizar los da�os y perjuicios que se hayan producido por tal error a terceros interesados.
Si se trata de escrituras p�blicas relativas a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria, los comparecientes acreditar�n ante el Notario autorizante sus n�meros de identificaci�n fiscal y los de las personas o entidades en cuya representaci�n act�en, de los que quedar� constancia en la escritura. Art�culo 24.
En todo instrumento p�blico consignar� el Notario su nombre y vecindad, los nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, a�o y d�a del otorgamiento.
�Art�culo 24.
Los Notarios en su consideraci�n de funcionarios p�blicos deber�n velar por la regularidad no s�lo formal sino material de los actos o negocios jur�dicos que autorice o intervenga, por lo que est�n sujetos a un deber especial de colaboraci�n con las autoridades judiciales y administrativas. En consecuencia, este deber especial exige del Notario el cumplimiento de aquellas obligaciones que en el �mbito de su competencia establezcan dichas autoridades.
En las escrituras relativas a actos o contratos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan a t�tulo oneroso el dominio y los dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles se identificar�n, cuando la contraprestaci�n consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes. A tal fin, y sin perjuicio de su ulterior desarrollo reglamentario, deber� identificarse si el precio se recibi� con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuant�a, as� como si se efectu� en met�lico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia bancaria.
Igualmente, en las escrituras p�blicas citadas el Notario deber� incorporar la declaraci�n previa del movimiento de los medios de pago aportadas por los comparecientes cuando proceda presentar �sta en los t�rminos previstos en la legislaci�n de prevenci�n del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaraci�n por el obligado a ello, el Notario har� constar esta circunstancia en la escritura y lo comunicar� al �rgano correspondiente del Consejo General del Notariado.
En las escrituras p�blicas a las que se refieren este art�culo y el art�culo 23 de esta Ley, el Consejo General del Notariado suministrar� a la Administraci�n tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 17 de esta Ley, la informaci�n relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la obligaci�n de comunicar al Notario el n�mero de identificaci�n fiscal para su constancia en la escritura, as� como los medios de pago empleados y, en su caso, la negativa a identificar los medios de pago. Estos datos deber�n constar en los �ndices informatizados.
C) REFORMA DE LA
Afecta a los art�culos 21 y 254 de la
Ley: - Las escrituras p�blicas sobre inmuebles, con contraprestaci�n, total o parcial, en dinero deber�n expresar tambi�n la identificaci�n de los medios de pago empleados conforme al art�culo 24 de la Ley del Notariado en su nueva redacci�n.
- Impedir� la pr�ctica de su inscripci�n en el Registro de la Propiedad - La ausencia de un solo NIF, incluidos los de los representantes y representados. El precepto incluye actos y contratos y no distingue entre negocios, onerosos o gratuitos, ni entre documentos notariales y otros, por lo que, en principio, ser�a aplicable a los documentos administrativos o judiciales. As�, por ejemplo, dependiendo de la extensi�n que se de al concepto de "comparecientes", se aplicar� o no a las mandamientos ordenando anotaciones. Me inclino por la negativa, porque la expresi�n es m�s propia de los t�tulos notariales, resultando un tanto artificioso considerar "compareciente" al demandante que pide la anotaci�n. Tal vez la analog�a se puede reconocer con mayor claridad en otros t�tulos como los testimonios de los autos de adjudicaci�n, casos en que cabr�a subsanar con instancia al no haber escritura anterior.
- Si consta la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados. �Quid si el Notario no recoge esta negativa ni la declaraci�n previa del movimiento y el Registrador estima que es precisa conforme a la legislaci�n de prevenci�n del blanqueo? Ser�a defecto, sobre todo si entra dentro de los casos en los que sea preciso rellenar el modelo S-1 a partir del 13 de febrero de 2007.
- La subsanaci�n ha de ser por escritura con todos los NIFS y medios de pago. Es cuestionable la subsanaci�n por diligencia al exigirse expresamente escritura.
- �Y si en el Registros ya constan los NIFS omitidos? Creo que ser�a una interpretaci�n demasiado literalista la de no inscribir en tales casos. Podr�a defenderse, si no cabe duda acerca de la identidad de las personas, el poder inscribir e incluir en la nota de despacho una referencia a los NIFS omitidos. Al fin y al cabo, al aparecer en el Registro, la Administraci�n tiene ya constancia de su existencia y de su conexi�n con el acto concreto. - Al no haber ninguna disposici�n transitoria sobre la materia, podr�a plantearse su aplicaci�n a los t�tulos anteriores a la entrada en vigor, pero que se presenten despu�s. La interpretaci�n de la DGRN es m�s benigna atendiendo a la no retroactividad de las normas lo que permitir�a dejar fuera del cierre registral a los t�tulos autorizados o expedidos antes del 1� de diciembre de 2006. Son m�s dudosos los casos de t�tulos rectificados despu�s de esa fecha, debi�ndose quiz�s distinguir a su vez entre aqu�llos en los que haya nuevas declaraciones de voluntad (se aplicar�a m�s probablemente) que rectificaciones de meros errores materiales, v�a 153 del Reglamento Notarial.
- Se realiza una remisi�n al art. 24 de la Ley del Notariado cara a la identificaci�n de dichos medios de pago, que deber� de desarrollarse, haci�ndolo parcialmente la Instrucci�n de
28 de Noviembre de 2006 sobre medios de pago. Respecto al momento, el art�culo 24 s�lo exige indicar si el pago se hizo antes o al otorgar la escritura. Sin embargo, la Instrucci�n exige tambi�n la fecha o fechas de los pagos. En cuanto a los medios en s�, seg�n la Instrucci�n, deber�n de testimoniarse, no pareciendo que sea defecto la falta de dicho testimonio si de la escritura se deducen dichos medios y su momento.
Parece razonable entender que es defecto la falta de constancia de dichos medios de pago pues son datos que deben de plasmarse en la inscripci�n. Tambi�n podr�a entenderse que lo es el no testimonio del modelo B-1 cuando �ste sea preciso (a partir del 13 de febrero el S-1). En m�s seguro entender como defecto la falta del S-1 pues la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo dice en su art�culo octavo que "toda autoridad o funcionario, incluidos los de arancel, se cerciorar� del cumplimiento de la presente Orden", lo cual incluye a los registradores. Pero me inclino por entender que ya es aplicable al B-1, pues hasta dicha fecha cumple el mismo cometido seg�n la Disposici�n Transitoria �nica, aunque con diferentes l�mites (6000 y 80500 euros). Parece que ninguno de dichos modelos ser� exigible si las transacciones se realizan entre no residentes en el extranjero, pues no hay ning�n flujo de capital de entrada ni dentro de nuestro pa�s.
Art�culo 21. Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse, expresar�n, por lo menos, todas las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripci�n, y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
1. Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse expresar�n, por lo menos, todas las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripci�n y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
2. Las escrituras p�blicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a t�tulo oneroso el dominio y los dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestaci�n consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, deber�n expresar, adem�s de las circunstancias previstas en el p�rrafo anterior, la identificaci�n de los medios de pago empleados por las partes, en los t�rminos previstos en el art�culo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862
Art�culo 254. Ninguna inscripci�n se har� en el Registro de la Propiedad, sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir.
1. Ninguna inscripci�n se har� en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir.
2. No se practicar� ninguna inscripci�n en el Registro de la Propiedad de t�tulos relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquellos todos los n�meros de identificaci�n fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representaci�n act�en.
3. No se practicar� ninguna inscripci�n en el Registro de la Propiedad de t�tulos relativos a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a t�tulo oneroso el dominio y los dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestaci�n consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, si el fedatario p�blico hubiere hecho constar en la Escritura la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados.
4. Las escrituras a las que se refieren los n�meros 2 y 3 anteriores se entender�n aquejada de un defecto subsanable. La falta s�lo se entender� subsanada cuando se presente ante el Registro de la Propiedad una escritura en la que consten todos los n�meros de identificaci�n fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago empleados.
D) TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL
El art�culo d�cimo modifica la Ley del Catastro Inmobiliario en diversos preceptos que Inciden tanto en la actuaci�n tributaria de las Oficinas Liquidadoras como en el campo registral (definici�n de suelo de naturaleza urbana y constancia de la referencia catastral)
- Se redefine qu� se entiende por suelo de naturaleza urbana.
- La referencia catastral tambi�n ha de constar en la cesi�n por cualquier t�tulo del uso del inmueble, contratos de suministro de energ�a el�ctrica y en los que se determinen reglamentariamente.
- En estos nuevos casos, estar�n obligados a aportar la referencia catastral quienes contraten dichos suministros y, en los contratos privados de arrendamiento o de cesi�n por cualquier t�tulo del uso del inmueble, los arrendadores o cedentes. - Se complementa el art. 42 relativo al plazo en que hay obligaci�n de aportar la referencia catastral.
- Se considera tambi�n infracci�n la aportaci�n de una referencia catastral falsa o falseada y se modifican los casos de exoneraci�n de responsabilidad por no aportar.
- Se modifica una disposici�n transitoria relativa a la valoraci�n de construcciones realizadas en suelo r�stico.
E) LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCI�N DEL
Se ampl�a el elenco de personas obligadas desgranado en art�culo 2, incluyendo adem�s:
- Los corredores de seguros cuando act�en en relaci�n con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversi�n.
- Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gesti�n no est� encomendada a una sociedad gestora.
- Las sociedades de garant�a rec�proca.
- Las personas f�sicas o jur�dicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gesti�n de transferencias, con inclusi�n de las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales.
Los sujetos obligados quedar�n, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley especto de las operaciones realizadas a trav�s de agentes, otras personas f�sicas o jur�dicas que act�en como intermediarios de aqu�llos.
F) REFORMA DE LA
- Se reducen en un 25% los recargos por presentaci�n extempor�nea si se ingresan con la misma o en liquidaciones complementarias si se ingresan en plazo. Art. 27. Es decir que los recargos del 5% (hasta tres meses de retraso), 10% (hasta seis meses), 15% (hasta doce meses) y 20% (m�s de un a�o) podr�an quedar respectivamente en el 3,75%, 7,5%, 11,25% y 15%.
- Hay una important�sima reforma en la determinaci�n de los medios de comprobaci�n de los valores (art. 57):
a) Se desarrolla la referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de car�cter fiscal aclar�ndose que podr� consistir en la aplicaci�n de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administraci�n tributaria competente, a los
valores catastrales para inmuebles. b) Se a�aden tres medios:
- Valor asignado a los bienes en las p�lizas de contratos de seguros. Por ejemplo, podr�a valer el valor del seguro decenal para las declaraciones obra nueva.
- Valor de tasaci�n de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislaci�n hipotecaria. Es de observar que no se distingue entre el valor a efectos del mercado hipotecario (que suele ser cercano al real) y el valor para subasta (que en muchas ocasiones es superior al real, lo que podr�a dar lugar a liquidaciones no acordes con el valor efectivo de la transacci�n).
c) La disposici�n transitoria quinta dispone que la nueva redacci�n del art�culo 57.1 de la Ley General Tributaria (relativo a la comprobaci�n de valor) ser� aplicable a todas las comprobaciones de valores que realice la Administraci�n tributaria a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley (al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOE).
- En la notificaci�n por comparecencia se sustituye la referencia al �obligado tributario� por �el interesado� y se prev� la celebraci�n de convenios entre una Administraci�n tributaria y el bolet�n oficial correspondiente a su �mbito territorial de competencias para que todos los anuncios se publiquen exclusivamente en dicho bolet�n oficial. Art. 112.
- Remite a una regulaci�n reglamentaria la obligaci�n tributaria formal de aportar libros registro.
- Se a�aden dos nuevos casos de responsabilidad subsidiaria relativos a loa personas que controlen entidades creadas para defraudar y las propias entidades con dicho fin creadas. Art. 43.
- En el procedimiento frente a responsables y sucesores se modifica la regulaci�n del recurso contra la declaraci�n de responsabilidad. Art. 174.
- En las actas de inspecci�n con acuerdo se permite que con relaci�n a sus pagos pueda instrumentarse tambi�n el aplazamiento o fraccionamiento, que deber� quedar garantizado, de forma tasada, mediante aval o certificado de seguro de cauci�n. Art. 155.
- En el mismo sentido, se modifica la regulaci�n de la reducci�n de las sanciones pecuniarias, de forma que se habilita tambi�n el pago mediante aplazamiento o fraccionamiento, que en todo caso deber� quedar garantizado con aval o certificado de seguro de cauci�n. Art. 188.
- En los casos en que existan indicios de delito se intenta homogeneizar la actuaci�n de la Administraci�n tributaria con el resto de �rganos administrativos, suprimi�ndose el tr�mite de audiencia previa a la denuncia. As� en el art. 180, regulador del principio de no concurrencia de sanciones tributarias.
- La revocaci�n del NIF provoca una
Art�culo 27. Recargos por declaraci�n extempor�nea sin requerimiento previo.
No tiene n� 5.
2. Si la presentaci�n de la autoliquidaci�n o declaraci�n se efect�a dentro de los tres, seis o 12 meses siguientes al t�rmino del plazo establecido para la presentaci�n e ingreso, el recargo ser� del cinco, 10 � 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo se calcular� sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidaci�n derivado de las declaraciones extempor�neas y excluir� las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentaci�n de la autoliquidaci�n o declaraci�n Si la presentaci�n de la autoliquidaci�n o declaraci�n se efect�a una vez transcurridos 12 meses desde el t�rmino del plazo establecido para la presentaci�n, el recargo ser� del 20 por ciento y excluir� las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigir�n los intereses de demora por el per�odo transcurrido desde el d�a siguiente al t�rmino de los 12 meses posteriores a la finalizaci�n del plazo establecido para la presentaci�n hasta el momento en que la autoliquidaci�n o declaraci�n se haya presentado.
En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo no se exigir�n intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentaci�n de la declaraci�n hasta la finalizaci�n del plazo de pago en per�odo voluntario correspondiente a la liquidaci�n que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la presentaci�n extempor�nea.
Se a�ade un nuevo n�mero 5 al art�culo 27:
�5. El importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducir� en el 25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 del art�culo 62 de esta Ley abierto con la notificaci�n de la liquidaci�n de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidaci�n extempor�nea o de la liquidaci�n practicada por la Administraci�n derivada de la declaraci�n extempor�nea, al tiempo de su presentaci�n o en el plazo del apartado 2 del art�culo 62 de esta Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administraci�n tributaria hubiera concedido con garant�a de aval o certificado de seguro de cauci�n y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidaci�n extempor�nea o con anterioridad a la finalizaci�n del plazo del apartado 2 del art�culo 62 de esta Ley abierto con la notificaci�n de la liquidaci�n resultante de la declaraci�n extempor�nea. El importe de la reducci�n practicada de acuerdo con lo dispuesto en este apartado se exigir� sin m�s requisito que la notificaci�n al interesado, cuando no se hayan realizado los ingresos a que se refiere el p�rrafo anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento. � Art�culo 57. Comprobaci�n de valores.
a) Capitalizaci�n o imputaci�n de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo se�ale.
b) Estimaci�n por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de car�cter fiscal.
e) Dictamen de peritos de la Administraci�n.
f) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo. Se modifica el apartado 1 del art�culo 57:
Dicha estimaci�n por referencia podr� consistir en la aplicaci�n de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administraci�n tributaria competente, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de car�cter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoraci�n de cada tipo de bienes. Trat�ndose de bienes inmuebles, el registro oficial de car�cter fiscal que se tomar� como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoraci�n de dichos bienes ser� el Catastro Inmobiliario.
f) Valor asignado a los bienes en las p�lizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasaci�n de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislaci�n hipotecaria.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo. Disposici�n adicional sexta. N�mero de identificaci�n fiscal.
No tiene n� 4
Se a�ade un apartado 4 en la disposici�n adicional sexta con el siguiente contenido:
�4. La publicaci�n de la revocaci�n del n�mero de identificaci�n fiscal asignado a las personas jur�dicas o entidades en el Bolet�n Oficial del Estado determinar� que el registro p�blico correspondiente, en funci�n del tipo de entidad de que se trate, proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la que afecte la revocaci�n una nota marginal en la que se har� constar que, en lo sucesivo, no podr� realizarse inscripci�n alguna que afecte a esta, salvo que se rehabilite dicho n�mero o se asigne un nuevo n�mero de identificaci�n fiscal.
Lo dispuesto en este apartado se entender� sin perjuicio del cumplimiento por la entidad de las obligaciones tributarias pendientes, para lo que se utilizar� transitoriamente el n�mero de identificaci�n fiscal revocado�.
G) LEY DEL
- Se desarrolla el contenido del art�culo 108 que recoge el principio de exenci�n en el IVA y en ITP de la transmisi�n de valores, fijando con m�s claridad las excepciones.
- En cuanto a la excepci�n de adquisiciones que permiten ejercer el control sobre entidades en cuyo activo haya al menos un 50% de inmuebles, se afinan los casos, incluyendo el control de sociedades intermedias y supuestos en que aumente el porcentaje tras obtener el 50%. - Se dan reglas para determinar el c�mputo del 50%
- Se indica c�mo calcular la base imponible en caso de sujeci�n al concepto de transmisiones onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados.
- Se fija una contraexcepci�n (estar�an en todo caso exentas): transmisiones de valores admitidos a negociaci�n en un mercado secundario oficial, siempre que la transmisi�n se produzca con posterioridad al plazo de un a�o desde la admisi�n a negociaci�n de dichos valore..
H) LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
- Se modifica el art�culo 9, apartado 3, sobre cu�ndo las actuaciones de la Administraci�n Tributaria podr�n entenderse directamente con el responsable.
- El art�culo 10, relativo al nombramiento de representantes. Esta obligaci�n ser�, asimismo, exigible a las personas o entidades residentes en pa�ses o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de informaci�n tributaria, que sean titulares de bienes situados o de derechos que se cumplan o ejerciten en territorio espa�ol, excluidos los valores negociados en mercados secundarios oficiales. En el caso de que no se nombre, la Administraci�n tributaria podr� considerar que su representante es el depositario o gestor de los bienes o derechos de los contribuyentes. - El art�culo 11, apartado 2. Se refiere al domicilio fiscal para notificaciones, para los casos en que no se nombre representante por parte de personas o entidades residentes en pa�ses o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de informaci�n tributaria, pudi�ndose practicar en el lugar de situaci�n de cualquiera de los inmuebles de su titularidad.
- El art�culo 15, relativo a formas de sujeci�n y operaciones vinculadas.
- Para futuros periodos impositivos, el art�culo 18, sobre determinaci�n de la base imponible. - Tambi�n para sucesivos periodos impositivos, el p�rrafo a) del apartado 3 del art�culo 19. Este art�culo, referente a la deuda tributaria, fija una imposici�n complementaria del 15%, sobre las cuant�as transferidas al extranjero con cargo a las rentas del establecimiento permanente. Ahora se modifica la excepci�n de que se trate de otro Estado miembro de la Uni�n Europea, sometiendo a gravamen el caso en que, a pesar de ello, sea un pa�s o territorio considerado como para�so fiscal - El apartado 4 del art�culo 24. Se trata de la
base imponible obtenida sin establecimiento permanente correspondiente a las ganancias patrimoniales.
- Se a�ade un nuevo apartado 3 al art�culo 25, regulador de la cuota tributaria si no hay establecimiento permanente. Trat�ndose de ganancias patrimoniales procedentes de la transmisi�n de derechos o participaciones en entidades residentes en pa�ses o territorios con los que no exista un efectivo intercambio de informaci�n tributaria, los bienes inmuebles situados en territorio espa�ol quedar�n afectos al pago del Impuesto.
- Se a�ade una nueva disposici�n adicional primera sobre procedimientos amistosos para dirimir los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en la aplicaci�n de los convenios y tratados internacionales
I) LEY DE
- Se a�ade un nuevo apartado 3 en el art�culo 76 por el que los ayuntamientos podr�n exigir la acreditaci�n de la presentaci�n de la declaraci�n catastral de nueva construcci�n para la tramitaci�n del procedimiento de concesi�n de la
licencia que autorice la primera ocupaci�n de los inmuebles. - Se modifica el art�culo 99, relativo a la justificaci�n a las Jefaturas Provinciales de Tr�fico del pago del impuesto de veh�culos para su matriculaci�n u obtener la certificaci�n de aptitud para circular. Ser� el correspondiente al periodo impositivo del a�o anterior a aquel en que se realiza el tr�mite. La inexistencia de anotaciones por impago en el Registro de Veh�culos implicar�, a los �nicos efectos de realizaci�n del tr�mite, la acreditaci�n anteriormente se�alada, pero s�lo cuando se habiliten los procedimientos inform�ticos necesarios (nueva D. Tr. 19�), debi�ndose presentar mientras tanto el recibo.
- Se modifica la disposici�n transitoria decimoctava, que trata del r�gimen de base liquidable y de bonificaci�n de determinados inmuebles en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, respecto de ciertos inmuebles r�sticos. Ver informe con m�s cuadros comparativos.
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**S.R.L. TELEM�TICAS. Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento �nico Electr�nico (DUE) para la constituci�n y puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitaci�n telem�tica.
Este Real Decreto se basa en la experiencia adquirida en la gesti�n del sistema de tramitaci�n telem�tica de la Sociedad Limitada Nueva Empresa, extendiendo este sistema de constituci�n telem�tica a otras formas societarias distintas.
La principal novedad es la diferente regulaci�n de la denominaci�n de la sociedad, al poder optar los socios por una denominaci�n subjetiva o raz�n social, o por una denominaci�n objetiva. Objeto de la disposici�n: regular las especificaciones y condiciones para el empleo del DUE, a efectos de la constituci�n y puesta en marcha de Sociedades de Responsabilidad Limitada. �mbito de aplicaci�n: Sociedades de Responsabilidad Limitada constituidas telem�ticamente. No afecta a las de tramitaci�n no telem�tica. Reserva de denominaci�n.
Quienes deseen constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada deber�n previamente obtener una certificaci�n negativa de denominaci�n con arreglo a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil o la certificaci�n telem�tica prevista en el art�culo
140.4 LSRL. La certificaci�n durante su periodo de vigencia de la correspondiente reserva temporal de denominaci�n, deber� presentarse ante el Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitaci�n (PAIT) y ante el notario autorizante. Documento �nico Electr�nico (DUE): - Concepto. El DUE es un instrumento de naturaleza telem�tica regulado en el Real Decreto
682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el sistema de tramitaci�n telem�tica a que se refiere el
art�culo 134 LSRL, en el que se podr�n incluir todos los datos referentes a la Sociedad de Responsabilidad Limitada que, de acuerdo con la legislaci�n aplicable, deben remitirse a los registros jur�dicos y las Administraciones p�blicas competentes para la constituci�n de la sociedad y para el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social inherentes al inicio de su actividad, siempre y cuando �stos se remitan por medios telem�ticos. - Contenido. El DUE contendr� dos tipos de datos: a) Datos b�sicos, que deber�n cumplimentarse en el momento que se da inicio a la tramitaci�n. Ser�n:
- los establecidos en el
anexo I del Real Decreto 682/2003, de 7 de junio con
- las especialidades establecidas en el art�culo 5 del presente real decreto que son
- como denominaci�n social de la empresa se har� constar la denominaci�n social reservada,
- como forma jur�dica de la sociedad se pondr� Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- y los exigidos por la legislaci�n vigente en cada momento. b) Datos a incorporar en cada fase de la tramitaci�n por el notario, por los encargados de los registros jur�dicos y por las Administraciones p�blicas competentes inherentes al inicio de su actividad. Son los establecidos en el
anexo II del referido Real Decreto, salvo:
- la denominaci�n social, que ser� la que hubiera sido objeto de la reserva temporal de denominaci�n,
- la presentaci�n de declaraci�n de alta en el Impuesto sobre Actividades Econ�micas. - Tr�mites posibles: El DUE permite la realizaci�n telem�tica de estos tr�mites: - Obtenci�n del n�mero de identificaci�n fiscal (NIF) provisional y definitivo de la sociedad.
- Autoliquidaci�n de operaciones societarias del ITPYAJD.
- Declaraci�n censal de inicio de actividad
- Formalizaci�n de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de la prestaci�n econ�mica por incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores de la sociedad.
- Inscripci�n del empresario y apertura del c�digo cuenta de cotizaci�n (CCC) en la Seguridad Social.
- Inscripci�n de embarcaciones y artefactos flotantes.
- Afiliaci�n y alta de trabajadores en el sistema de la Seguridad Social.
- Otros fijados por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
- Registro de nombre de dominio �.es�.
- Tramitaci�n: Una vez consignados los datos b�sicos, con las referidas especialidades, el sistema de tramitaci�n telem�tica (STT) le asignar� el n�mero CIRCE correspondiente, identificando as� de manera �nica e inequ�voca al DUE, procedi�ndose a continuaci�n a la realizaci�n de los tr�mites establecidos en los apartados b) a i) y k) a �) del art�culo 6 del Real Decreto
682/2003, de 7 de junio. Se resumen a continuaci�n:
b) Elecci�n del notario autorizante de la escritura p�blica de constituci�n de la sociedad. Conforme a lo establecido en la vigente legislaci�n notarial, el STT permitir� concertar la cita con el notario elegido por los socios para el otorgamiento de la escritura p�blica de constituci�n de la sociedad. Se incorporar� al DUE la confirmaci�n de la cita junto con los datos identificativos del notario elegido. c) Incorporaci�n de los datos relativos a la escritura de constituci�n al DUE. Una vez otorgada la escritura p�blica de constituci�n de la sociedad, el notario autorizante con su firma electr�nica avanzada incorporar� al DUE los datos relativos a aqu�lla establecidos en el anexo II apartado b: fecha de la escritura, notario autorizante, lugar del otorgamiento y n�mero de protocolo. d) Obtenci�n del NIF provisional de la sociedad. Para ello, el STT remitir� a la Administraci�n tributaria competente los datos precisos. Dicha remisi�n se acompa�ar� de la copia simple electr�nica de la escritura p�blica de constituci�n remitida telem�ticamente por el notario autorizante. e) Autoliquidaci�n del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados (operaciones societarias). El STT remitir� a la oficina liquidadora de la Administraci�n tributaria competente los datos necesarios. La oficina liquidadora anotar� la liquidaci�n efectiva del impuesto el DUE.
f) Incorporaci�n de los datos relativos a la
inscripci�n registral al DUE. Una vez realizada la inscripci�n de la sociedad en el Registro Mercantil correspondiente, mediante la remisi�n, junto con el documento �nico electr�nico, de la copia autorizada electr�nica, el registrador mercantil, a trav�s del CIRCE y con firma electr�nica avanzada, incorporar� al DUE los datos relativos a la inscripci�n registral recogidos en el anexo II c): Registro Mercantil en el que se practique la inscripci�n, n�mero de inscripci�n, provincia, tomo, libro, folio, secci�n y hoja. Inmediatamente despu�s de practicar la inscripci�n, el registrador mercantil notificar� al notario autorizante, por v�a telem�tica, los datos reg�strales y la parte del DUE a la que habr� incorporado los datos reg�strales, a los efectos previstos en los apartados 9 y 10 del art�culo 134 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, y transmitir� al Registro Mercantil Central los datos concernientes a la sociedad, y realizar�, en su caso, las dem�s comunicaciones que le sean requeridas.
g) Obtenci�n del NIF definitivo de la sociedad. Una vez que la Administraci�n tributaria competente reciba del notario autorizante la copia simple de la escritura de constituci�n y del DUE que incorporar� los datos de la resoluci�n de inscripci�n registral, proceder� a enviar el NIF definitivo de la sociedad y a incorporarlo al DUE.
h) Expedici�n de la copia autorizada en soporte papel de la escritura de constituci�n de la sociedad. en un plazo no superior a 24 horas, computado desde la notificaci�n de la resoluci�n de inscripci�n por el registrador mercantil al notario autorizante o su sustituto. En dicha copia deber� dejar constancia del NIF de la sociedad y de la remisi�n de la copia telem�tica de la escritura de constituci�n y del DUE a la Administraci�n tributaria competente. i) Declaraci�n censal de inicio de actividad. Para ello, el sistema de tramitaci�n telem�tica remitir� a la Administraci�n tributaria competente los datos precisos. �sta incorporar� la presentaci�n de la declaraci�n censal al DUE. k) Formalizaci�n de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de la prestaci�n econ�mica por incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores de la sociedad. El sistema de tramitaci�n telem�tica remitir� los datos. l) Inscripci�n del empresario y apertura de c�digo cuenta de cotizaci�n (CCC) en la Seguridad Social. El sistema de tramitaci�n telem�tica remitir� a la Tesorer�a General de la Seguridad Social los datos. Cuando la Tesorer�a General de la Seguridad Social reciba del notario autorizante, con su firma electr�nica avanzada, la copia simple de la escritura de constituci�n de la sociedad y el DUE, asignar� un n�mero �nico de inscripci�n que ser� considerado como el c�digo cuenta de cotizaci�n primero y principal de |a empresa. m) Inscripci�n del empresario e identificaci�n e inscripci�n de embarcaciones y artefactos flotantes. n) Asignaci�n del n�mero de Seguridad Social y reconocimiento de la condici�n de afiliado del trabajador. El sistema de tramitaci�n telem�tica remitir� a la Tesorer�a General de la Seguridad Social los datos establecidos. La Tesorer�a General de la Seguridad Social incorporar� al DUE el n�mero de la Seguridad Social de cada trabajador afiliado y proceder� al env�o del documento de afiliaci�n de cada uno de ellos. �) Obtenci�n del alta en el r�gimen de la Seguridad Social que corresponda. Para que se produzca el reconocimiento del alta, el STT remitir� a la Tesorer�a General de la Seguridad Social los datos necesarios. Como resultado de este tr�mite, la Tesorer�a har� constar en el DUE el registro de la situaci�n de alta de cada uno de los trabajadores. Nombre de dominio �.es�. La disposici�n final primera modifica el Real Decreto 682/2003, de 7 de junio para permitir la posibilidad de tramitar el registro de nombre de dominio �.es�.
En lo no previsto en el presente real decreto se aplicar� el Real Decreto
682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el Sistema de Tramitaci�n Telem�tica. Entrada en vigor: el 28 de febrero de 2007.
PDF (3 p�gs. - 95 KB.) ANDALUC�A.
LEY 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a.
PDF (9 p�gs. - 293 KB.) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
CATALU�A. Recurso de inconstitucionalidad n.� 8829-2006, en relaci�n al art. 117, apartados 1 c), 2, 3 a) y c), 4 y 5 de la Ley Org�nica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonom�a de Catalu�a.
PDF (1 p�gs. - 18 KB.) CATALU�A. Recurso de inconstitucionalidad n.� 9330-2006, en relaci�n a diversos preceptos de la Ley Org�nica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonom�a de Catalu�a.
PDF (1 p�gs. - 18 KB.) CATALU�A. Cuesti�n de inconstitucionalidad n�m. 5394-2006, en relaci�n con el art�culo 43.1 de la Ley de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a 9/1998, de 15 de julio, del C�digo de Familia de Catalu�a.
PDF (1 p�gs. - 27 KB.) PA�S VASCO. Recurso de inconstitucionalidad n.� 9451-2006, en relaci�n con diversos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
PDF (1 p�gs. - 23 KB.) CATALU�A. Recurso de inconstitucionalidad n.� 9501-2006, en relaci�n con diversos preceptos de la Ley Org�nica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonom�a de Catalu�a.
PDF (1 p�gs. - 23 KB.) GALICIA. Cuesti�n de inconstitucionalidad n.� 648-2006, en relaci�n con el art�culo 70.4 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Funci�n P�blica de Galicia.
PDF (2 p�gs. - 47 KB.) SECCI�N 2�:
Don Francisco Javier Rivas y Garc�a, registrador de la propiedad de Tolosa.
Don Federico Jos� Garc�a-Rosado Domingo, registrador de la propiedad de Bilbao n.� 4. Don Fulgencio Mart�nez-Abarca Ruiz-Funes, registrador de la propiedad de Molina de Segura.
El Notario excedente, don Jos� Antonio Garc�a Caballer.
Don Jos� Arist�nico Garc�a S�nchez Notario de Madrid.
El Notario de Barcelona, don Antonio L�pez-Cer�n y Cer�n.
2. Da a entender la DG que el posible pacto de igualdad de rango, que por su coste tributario se evita con la cl�usula debatida, ser�a, en su caso, inscribible en el Registro de la Propiedad como alternativa a la misma cl�usula. Sin embargo dicho pacto de simultaneidad de rango es muy discutido siendo dudosa su inscribilidad al no estar previsto en el art. 241 del RH, ser el rango registral cuesti�n de orden p�blico, no ser posible la inscripci�n de t�tulos contradictorios con el mismo rango registral (Cfr. 422 RH) y plantear posibles problemas de ejecuci�n.
4. Por �ltimo se�alar que, sin discutir y respetando las razones alegadas por la DG para defender la inscribilidad del pacto debatido, a nuestro juicio se trata de una cl�usula claramente perturbadora del tr�fico inmobiliario y de la libertad de contrataci�n. Me recuerda a las condiciones del art�culo 793 del CC, salvando las distancias, pues se trata de decirle al deudor que si contrae matrimonio con otro banco en la primera hipoteca, el segundo cr�dito concedido vencer� y adem�s se le cobrar� una comisi�n. Con ello dif�cilmente ese deudor va a poder utilizar el instrumento concedido, con car�cter general a todo deudor, para mejorar las condiciones de su cr�dito, es decir la Ley 2/94, ley que ha mejorado las condiciones de muchos deudores hipotecarios y cuyos efectos beneficiosos sobre la econom�a nacional son de todos reconocidos. Ni que decir tiene que el art. 793 del CC, al que aludimos, en el caso contemplado en el mismo, considera la condici�n como no puesta. (JAGV).
PDF (2 p�gs. - 98 KB.) 237. DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA TOTAL HABIENDO AMPLIACION. EL REGISTRADOR HA DE INTERPRETAR LA VOLUNTAD DE LAS PARTES INSUFICIENTEMENTE EXPRESADA. R. 13 de octubre de 2006, DGRN. BOE de 10 de noviembre de 2006.
2. El segundo punto es el relativo a la rectificaci�n del t�tulo. Realmente en el caso contemplado, aunque los interesados manifestaron lo que manifestaron, a los efectos de la inmatriculaci�n estimamos que ello es indiferente. Es posible que existiera ese error pero lo que parece claro es que si no hubieran manifestado nada sobre ello y el Juez hubiera estimado justificado el domino, como lo ha estimado, nada hubiera habido que oponer a la inmatriculaci�n pretendida. Por ello en este punto es acertada la resoluci�n de la DG aunque hemos de reconocer tambi�n que en otros supuestos, sobre todo en materia de reanudaci�n del tracto sucesivo interrumpido, ha expresado una opini�n contraria en cuanto considera que dicho tracto no se ha interrumpido si el instante del expediente es el causahabiente o sucesor del titular seg�n el registro. Lo que tambi�n ocurre en este caso es que si el instante del expediente no encuentra colaboraci�n por parte de sus cointeresados en el t�tulo de que se trate, no debe oblig�rsele a promover un procedimiento contradictorio, mucho m�s oneroso y complejo, cuando, por tratarse de finca no inscrita, todo se puede arreglar perfectamente y con garant�as a trav�s de un expediente de dominio. (JAGV).
*251. EJECUTORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LA DIRECCI�N GENERAL. EL T�TULO DEBE SER DESPACHADO, AUNQUE EXISTA RECURSO JUDICIAL PENDIENTE. R. 10 de noviembre de 2006, DGRN. BOE de 30 de noviembre de 2006.
PDF (3 p�gs. - 148 KB.) RESOLUCIONES DE MERCANTIL Y BIENES MUEBLES:
Comentario: Se trata de un problema ocasionado por la posibilidad que da el art. 6 de la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de 19-7-1999, de identificar a los veh�culos tanto por su matr�cula como por su n�mero de bastidor. Este problema ya ha sido puesto de relieve en otras resoluciones y la DG, ateni�ndose a la literalidad del precepto, siempre ha resuelto que es posible dicha doble identificaci�n, a�n reconociendo los problemas que la misma puede provocar. As� en resoluciones de 21 de octubre de 2003, 20 y 23 de diciembre de 2003 y 5 y 19 de Enero de 2004, permite la identificaci�n de los veh�culos, a los efectos de su inscripci�n en el RBM , bien por solo la matr�cula o bien por s�lo el bastidor. No obstante en dichas resoluciones reconoce los problemas que la identificaci�n por s�lo la matr�cula puede ocasionar, debiendo el Registrador, en estos casos, si tiene dudas sobre la identidad del veh�culo, expresarlo as� en su calificaci�n, pues ser� la �nica forma en que, en su caso, se pueda resolver el recurso a su favor pues, en otra caso, y ateni�ndonos a la literalidad de la Ley no habr� m�s remedio que resolver la inscribilidad del contrato o del embargo de un veh�culo identificado s�lo por su matr�cula. A la vista del problema planteado por esta resoluci�n quiz�s sea conveniente plantearse el calificar todos los documentos relativos a veh�culos identificado s�lo por su matr�cula, como afectados por un defecto subsanable consistente en la existencia de dudas sobre la identidad del veh�culo o su posible coincidencia con otro veh�culo ya inscrito solo por el bastidor, sobre la base de las resoluciones citadas. No obstante reconocemos los problemas que ello puede conllevar sobre todo en relaci�n con embargos judiciales en que los veh�culos aparecen s�lo identificados por su matr�cula. Claro est� que si de la base de datos de la DGT resulta clara la correlaci�n entre la matr�cula y un bastidor inscrito con reserva de dominio, esa correlaci�n bastar� para calificar negativamente el documento. El problema est� cuando no exista o no se determine por la archivos de la DGT dicha correlaci�n.
PDF (2 p�gs. - 103 KB.) 254. JUNTA UNIVERSAL DE SOCIEDAD CELEBRADA POR MEDIO DEL OTORGAMIENTO DE LA PROPIA ESCRITURA P�BLICA PRESENTADA. DISPARIDAD EN CUANTO AL DNI DE UNO DE LOS SOCIOS COMPARECIENTES. R. de 15 de Noviembre de 2006, DGRN. BOE de 30 de Noviembre de 2006.
PDF (4 p�gs. - 177 KB.) CASOS PR�CTICOS DEL SEMINARIO DE BILBAO:
Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el de 2006. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
4. HIPOTECA CAMBIARIA: CANCELACI�N CUANDO UNA LETRA SE HA EXTRAVIADO. Se plantea por el Notario al Registrador qu� hacer para cancelar una hipoteca en garant�a de varias letras de cambio cuando a pesar de que las letras han sido debidamente pagadas, algunas de ellas se han perdido.
El art. 156 LH exige que se acredite la inutilizaci�n de todas las letras para la cancelaci�n de la hipoteca. En caso contrario, ser� necesaria acta de notoriedad en que se acredite el pago de los t�tulos extraviados o resoluci�n judicial de amortizaci�n de los mismos, conforme a los arts. 548 y ss. CCOM en relaci�n con los arts. 84 y ss. de la Ley Cambiaria y del Cheque. Esa es la conclusi�n a la que se llega en el caso decimocuarto del Cuaderno II del Seminario Carlos Hern�ndez Crespo del Decanato de los Registradores de Madrid. Lo que no parece admisible, a pesar de que en algunos Registros se viene admitiendo para el caso de una sola letra y cantidades peque�as, es la certificaci�n bancaria que pretenda acreditar que esa letra ha sido pagada, pues no deja de ser un documento privado cuyo acceso al Registro contrar�a el art. 3 LH.
Resoluci�n de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, Sistema Notarial, de 3 de Abril de 2006. No corresponde al notario la veracidad intr�nseca de las declaraciones con trascendencia fiscal hechas por los interesados.
VII.- De conformidad con el Art. 20 de la ley 37/1992, de 28 diciembre, sobre el Impuesto sobre el Valor A�adido, la sujeci�n de la operaci�n a tal impuesto, depend�a de que el vendedor hubiera realizado en el edificio obras de rehabilitaci�n consistentes en la reconstrucci�n del mismo mediante la consolidaci�n y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras an�logas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitaci�n exceda del 25 por 100 del precio de adquisici�n si se hubiese efectuado durante los dos a�os inmediatamente anteriores o, en otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificaci�n o parte de la misma antes de su rehabilitaci�n.
VIII.- La sujeci�n a uno u otro impuesto depende pues, de factores y circunstancias cuyo control no compete ni puede ejercer el Notario, como es el mismo hecho de la ejecuci�n de la obra, pues dependiendo de en qu� consista �sta ni siquiera ser� objeto de una escritura de declaraci�n de obra nueva y en consecuencia el Notario no podr� pedir que se le acredite por los medios que la ley dispone para el otorgamiento de �sta, o por ejemplo el porcentaje que representa el coste global de las operaciones de rehabilita�ci�n respecto del precio de adquisici�n o verdadero valor de la edificaci�n, pues el Notario ni est� obligado ni puede examinar la contabilidad de la empresa y de las obras de rehabilitaci�n realizadas para comprobar tales extremos. Son circunstancias cuya concurrencia se basar� en las afirmacio�nes realizadas por las partes, en este caso especialmente por el vendedor, como ocurre con frecuencia en esta materia, por ejemplo respecto de la utilizaci�n de una entidad de forma ininterrumpida durante el plazo de m�s de dos a�os para excluirla de la sujeci�n al IVA., o de la afirmaci�n de ser sujeto pasivo del IVA. con derecho a la deducci�n total del IVA. soportado para posibilitar la renuncia a la exenci�n de tal impuesto.
IX.- Es cierto que en este caso, el perjudicado, prima facie, es quien no tiene, tampoco, el control de la veracidad de la afirmaci�n sobre los hechos determinantes de la sujeci�n al IVA, pero el restablecimiento de su situaci�n patrimonial debe obtenerse por otros cauces, como el reembolso del impuesto indebidamente repercutido a realizar por la entidad promotora e, incluso, si procediera, la indemnizaci�n de los da�os y perjuicios si �stos existieran y le fueran imputables, sin descartar que en el correspondiente procedimiento, administrativo o judicial, se declare la efectiva procedencia de la repercusi�n del IVA., pero en ning�n caso puede descansar la responsabilidad por tal ingreso indebido en el Notario autorizante de la escritura de compraventa o en aqu�l para cuyo protocolo se autoriza, pues �stos, al menos en cuanto se desprende del expediente, han cumplido con cuanto la legislaci�n notarial y substantiva les encomienda en cuanto que, efectivamente, de las afirmaciones del vendedor, caso de haber sido ciertas en su contenido, se desprende la sujeci�n de la venta al Impuesto sobre el Valor A�adido, sin que corresponda al Notario comprobar la veracidad intr�nseca de aqu�llas sino s�lo la adecuaci�n del presupuesto afirmado a la consecuencia tributaria que de �l se desprende.
Por �ltimo, acotado en los t�rminos indicados, el objeto del recurso en cuanto compete a esta Direcci�n General, no se observa relaci�n de la escritura de pr�stamo con la reclamaci�n de la recurrente.
Por lo cual, esta Direcci�n General ha acordado que procede desestimar el recurso interpuesto.
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