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Timestamp: 2018-11-16 12:30:54+00:00

Document:
DOGC núm. 3407 - 12/06/2001 (Pág 8682)
DOGC núm. 3407 - 12/06/2001
LEY 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. (Pág. 8682)
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6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.
La iluminación artificial durante la noche es uno de los requisitos imprescindibles para la habitabilidad de las zonas urbanas modernas y, en menor medida, de las zonas rurales, y es también necesario para la realización de un gran número de actividades lúdicas, comerciales o productivas. No obstante, un diseño o un uso inadecuados de las instalaciones de alumbrado tiene consecuencias perjudiciales para la biodiversidad y el medio ambiente, en la medida en que se estén alterando, de manera desordenada, las condiciones naturales de oscuridad que son propias de las horas nocturnas.
Todas estas razones, unidas a la progresiva concienciación ciudadana hacia la protección del medio, justifican la necesidad de regular, mediante la presente Ley, mecanismos que permitan dar respuesta a la problemática que plantea una iluminación nocturna inadecuada, y a las formas de contaminación lumínica que se deriven de ella, sin olvidar en ningún momento la importancia que el alumbrado nocturno tiene como elemento esencial para la seguridad ciudadana, para la circulación y también para la vida comercial, turística y recreativa de las zonas habitadas. En todo caso, una regulación adecuada del alumbrado nocturno ha de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en las ciudades y en los pueblos.
La Ley establece igualmente las obligaciones de las administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos que persigue, fija las ayudas económicas necesarias para dar apoyo a las posibles operaciones de adaptación de los alumbrados existentes a las nueves prescripciones, regula el régimen sancionador correspondiente y, finalmente, impulsa campañas de concienciación ciudadana hacia la problemática ambiental que plantea la contaminación lumínica.
Exenciones de aplicación
h1) Brillo reducido: el que es de baja intensidad respecto al nivel referente de luz.
h2) Brillo mediano: el que tiene una intensidad intermedia respecto al nivel referente de luz.
h3) Brillo alto: el que tiene una intensidad acentuada respecto al nivel referente de luz.
a) Zona E1: áreas incluidas en el Plan de espacios de interés natural o en ámbitos territoriales que hayan de ser objeto de una protección especial, por razón de sus características naturales o de su valor astronómico especial, en las cuales sólo se puede admitir un brillo mínimo.
6. Se prohiben:
a) Las luminarias, integrales o monocromáticas, con un flujo de hemisferio superior emitido que supere el 50% de éste, salvo que iluminen elementos de un especial interés histórico o artístico, de acuerdo con lo que sea determinado por vía reglamentaria.
e) La iluminación permanente de las pistas de esquí.
Características de las instalaciones y los aparatos de iluminación
5. De acuerdo con criterios de ahorro energético, se ha de priorizar en los alumbrados exteriores la utilización preferente de lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de baja presión (VSBP). Estas lámparas han de sustituir las lámparas de vapor de mercurio en los procesos de renovación del alumbrado público, que han de tender a la reducción de la potencia instalada.
Régimen estacional y horario de usos del alumbrado
2. Los ayuntamientos han de regular un régimen propio de alumbrado para los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales al aire libre, que ha de compatibilizar la prevención de la contaminación lumínica y el ahorro energético con las necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados.
3. Los criterios generales del régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior se han de regular por vía reglamentaria. La regulación ha de tener en cuenta las especificidades a que hacen referencia los apartados 1 y 2 y ha de fijar los condicionantes aplicables a la iluminación en horario nocturno de monumentos o de otros elementos de un interés cultural, histórico o turístico especial.
e) Los alumbrados estén conectados sólo cuando haga falta, mediante temporizadores, si procede.
Régimen de intervención de la Administración ambiental
Criterios para la contratación administrativa
1. Las administraciones públicas han de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas de obras, de servicios y de suministros los requisitos que ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para ajustarse a los criterios de prevención y corrección de la contaminación lumínica establecidos por la presente Ley y por la normativa que la desarrolle.
Construcciones financiadas con fondos públicos
Los proyectos de alumbrado exterior en construcciones, instalaciones y viviendas financiados con fondos públicos se han de ajustar necesariamente a los criterios de prevención de la contaminación lumínica que establece la presente Ley.
1. Se crea el Fondo para la protección del medio contra la contaminación lumínica, que se nutre de los recursos siguientes:
a) El importe de los ingresos provenientes de las sanciones impuestas por la Administración de la Generalidad en aplicación de la presente Ley.
b) Las aportaciones y las ayudas otorgadas por particulares, por empresas e instituciones públicas o privadas y por administraciones públicas.
c) Las aportaciones de los presupuestos de la Generalidad necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
2. La recaudación del Fondo creado por el apartado 1 se afecta a la concesión de ayudas y subvenciones destinadas a la implantación de las medidas establecidas por la presente Ley y por la normativa que la desarrolle.
1. Se han de establecer líneas de ayudas específicas para promover la adaptación de los alumbrados exteriores a las prescripciones de la presente Ley.
2. Para el otorgamiento de las ayudas a que se refiere el apartado 1, es criterio preferente el hecho de que el alumbrado esté dentro de una zona E1 o un punto de referencia.
3. Las solicitudes que se formulen para recibir las ayudas a que se refiere el apartado 1 se han de presentar acompañadas del proyecto técnico de la instalación y del presupuesto correspondiente.
Régimen sancionador y potestad de inspección y control
Infracciones sancionables
Constituyen infracción administrativa las acciones y las omisiones que contravienen a las obligaciones que establece la presente Ley, de acuerdo con la tipificación y la gradación que establece el artículo 16.
1. Son infracciones leves las acciones o las omisiones siguientes:
c) Infringir por acción o por omisión cualquier otra determinación de la presente Ley o de la reglamentación que la desarrolle, salvo que se incurra en una infracción grave o muy grave.
d) Instalar luminarias o fuentes de luz contraviniendo lo que dispone el artículo 6.6.a) y b).
2. Son infracciones graves las acciones o las omisiones siguientes:
c) Instalar aparatos de iluminación que no cumplan los requisitos establecidos por la presente Ley y por la normativa que la desarrolle.
d) Llevar a cabo una modificación del alumbrado exterior que altere su intensidad, su espectro o el flujo de hemisferio superior instalado de manera que dejen de cumplir las prescripciones de la presente Ley o de la normativa que la desarrolle.
g) Cometer dos o más infracciones leves.
3. Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones siguientes:
a) Cometer una infracción tipificada como grave, si causa un perjuicio importante al medio.
Son responsables de las infracciones de la presente Ley las personas físicas y jurídicas que han participado en la comisión del hecho infractor.
El procedimiento administrativo aplicable para la imposición de las sanciones fijadas por la presente Ley es el que establece la normativa vigente reguladora del procedimiento sancionador.
1. Las infracciones leves se sancionan con multas de 25.000 pesetas (150,253 euros) a 100.000 pesetas (601,012 euros).
2. Las infracciones graves se sancionan con multas de 100.001 pesetas (601,018 euros) a 500.000 pesetas (3.005,060 euros).
3. Las infracciones muy graves se sancionan con multas de 500.001 pesetas (3.005,067 euros) a 5.000.000 de pesetas (30.050,605 euros).
Las sanciones se gradúan teniendo en cuenta los criterios siguientes:
1. Si se detecta la existencia de una actuación contraria a las determinaciones de la presente Ley, la administración competente ha de requerir al interesado, con audiencia previa, para que la corrija, y ha de fijar un plazo al efecto.
2. En caso de que el requerimiento a que se refiere el apartado 1 sea desatendido, la administración competente puede acordar, por resolución motivada, y con audiencia previa del interesado, las medidas necesarias para desconectar y, en su caso, precintar el alumbrado infractor.
3. Las medidas cautelares determinadas por el presente artículo se pueden adoptar simultáneamente al acuerdo de incoación del procedimiento sancionador o en cualquier momento posterior de la tramitación, y no se pueden prolongar por más de tres meses.
1. Se pueden imponer multas coercitivas, de una cuantía máxima de 100.000 pesetas (601,012 euros), y un máximo de tres consecutivas, para apremiar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas cautelares o de las resoluciones sancionadoras que se hayan dictado.
2. Si una infracción de la presente Ley causa un daño a la biodiversidad del medio, el responsable tiene la obligación de repararlo, y ha de devolver prioritariamente la situación al estado originario, previo a la alteración. Si la reparación no es posible, el responsable de la infracción ha de indemnizar por los daños y perjuicios.
3. La imposición de multas coercitivas y la exigencia de la reparación del daño o de la indemnización por los daños y perjuicios causados es compatible con la imposición de las sanciones que correspondan.
1. La potestad sancionadora para las infracciones tipificadas por la presente Ley corresponde a la Administración de la Generalidad y a los entes locales.
2. Los órganos competentes para imponer las sanciones fijadas por la presente Ley se han de determinar por reglamento.
1. La potestad de inspección y control de los alumbrados que puedan ser fuente de contaminación lumínica corresponde al Departamento de Medio Ambiente y a los ayuntamientos, y es ejercida por personal acreditado al servicio de la Administración respectiva, que tiene la condición de autoridad, sin perjuicio de lo que establece la disposición adicional tercera.
2. Los hechos constatados en el acta de inspección levantada por el personal acreditado a que se refiere el apartado 1 tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados.
Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente Ley pueden mantener inalteradas sus condiciones técnicas, en los términos que establece la disposición transitoria primera, pero han de ajustar el régimen de usos horarios al que determinan la presente Ley y la normativa que la desarrolle.
Si posteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley se lleva a cabo una modificación substancial de un alumbrado exterior que afecta su intensidad, su espectro o el flujo de hemisferio superior instalado, se ha de ajustar en todo caso a las prescripciones de la Ley y de la normativa que la desarrolle.
Las actuaciones de inspección y control de los alumbrados exteriores, por lo que respecta al cumplimiento de la presente Ley, pueden ser llevadas a cabo por entidades colaboradoras, que han de estar debidamente autorizadas y han de contar con los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Los ayuntamientos pueden delegar en los consejos comarcales la zonificación del término municipal a que les autoriza el artículo 5.3, en los términos que establece la normativa sobre régimen local.
El desarrollo reglamentario de la presente Ley ha de tener en cuenta, de acuerdo con los requisitos y los principios que la Ley establece, las alteraciones de la claridad natural causadas por la actividad humana, además de la instalación de alumbrados, que puedan derivar en formas de contaminación lumínica.
Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente Ley se han de adaptar a las prescripciones de la Ley y de la normativa que la desarrolle en los plazos que sean fijados por vía reglamentaria, que en ningún caso pueden sobrepasar el período de ocho años, a contar desde dicha entrada en vigor, y que se han de determinar atendiendo, entre otros, a los criterios siguientes:
La Generalidad, por medio del régimen de ayudas regulado por el artículo 14 y de los otros mecanismos presupuestarios pertinentes, ha de colaborar con los ayuntamientos para garantizar la adaptación de los alumbrados públicos de los términos municipales respectivos a las prescripciones de la presente Ley.
El Departamento de Medio Ambiente ha de promover campañas de difusión y concienciación ciudadana en relación con la problemática que conlleva la contaminación lumínica.
De acuerdo con el principio de colaboración, se han de promover convenios de colaboración entre la Administración de la Generalidad y la Administración local, así como, si procede, la Administración general del Estado, de cara al impulso y la implantación de las medidas que regula la presente Ley.
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se ha de regular y constituir una comisión de prevención y corrección de la contaminación lumínica, con la participación de los diversos sectores implicados, con la función de impulsar y promover la aplicación de la presente Ley y cualquier otra que le sea atribuida.
2. El desarrollo reglamentario de la presente Ley se ha de efectuar en el plazo de nueve meses a partir de la constitución de la comisión a que se refiere el apartado 1.
Se faculta al Gobierno para actualizar mediante decreto las multas fijadas por la presente Ley, de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo.
Se habilita al Gobierno para desarrollar y aplicar la presente Ley y al consejero o consejera de Medio Ambiente para hacer la regulación de la comisión de prevención y corrección de la contaminación lumínica a que se refiere la disposición final tercera.
En el plazo que establece la disposición final tercera para el desarrollo reglamentario de la presente Ley, el departamento competente ha de determinar los requisitos para otorgar el distintivo homologado a que se refiere el artículo 7.3.
La presente Ley entra en vigor a los tres meses de su publicación.
Palacio de la Generalidad, 31 de mayo de 2001
(01.150.113)

References: artículo 16
 artículo 6
 resolución 
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 7