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Timestamp: 2020-05-26 10:52:51+00:00

Document:
Ley8015 Cba | Derecho laboral | Policía
SalvaSalva Ley8015 Cba per dopo
Acta de Acuerdo Extrajudicial
Stun Am 20102012
13 F7 MODELO CITACION AUDIENCIA CONCILIACION
CITACION 8594
CONCILIACION sesión 1.pdf
C17 - Actividad 2 - Designación Del Conciliador y Programación de La Audiencia - Procedimiento Conciliatorio en Entidades Públicas y Privadas
EL DESPIDO - Legislación Laboral y Tributaria
Acción de Protección Mobbing
Por Qué Conciliar
Enciclopedia Asesora On-Line
Inspecciones. Sanciones. Procedimiento
Sancionada: 29/11/1990; Promulgada: 14/12/1990; Boletín Oficial: 17/01/1991
Art. 1.- Corresponde a los funcionarios y/o inspectores del Ministerio de Trabajo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, convenciones colectivas, reglamentos, resoluciones y toda otra disposición vigente en materia labo- ral. Para ello están autorizados para:
a) Ingresar a los establecimientos a cualquier hora, incluso de noche siempre que sea horario de trabajo o se tenga información de personal prestando servicios.
b) Requerir todas las informaciones que sean necesarias para mejor cumplimiento de su misión.
c) Exigir la exhibición de la documentación laboral que las normas vigentes determinan, la que deberá ser mante- nida en el establecimiento.
d) Interrogar al personal que se encuentra cumpliendo tareas en el momento de realizar la inspección, en forma privada y personal.
e) (Texto según ley 8236, art. 1) Hacer cesar la infracción en el momento que la compruebe y cuando de la transgresión existiere un peligro grave e inminente para la integridad, salud, higiene y seguridad de los trabaja- dores, disponer la suspensión preventiva inmediata de las tareas y/o clausura total del establecimiento hasta el cese efectivo del incumplimiento detectado, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere aplicar. Dicha medida podrá imponerse también cuando se encontraren menores y mujeres desarrollando tareas en trabajos prohibidos o como resultado de incumplimiento ante reiterados emplazamientos o incumplimientos en las suspensiones preventivas de tareas impuestas.
La clausura del establecimiento no exime de la obligación del empleador de pagar los salarios correspondien- tes al período en que la obra permaneció clausurada.
f) Intimar la adopción de medidas relativas a las instalaciones o a los métodos de trabajo cuyo cumplimiento surja de normas legales o convencionales referentes a la salud, higiene o seguridad del trabajo.
g) Solicitar el auxilio de la fuerza pública para cumplir su misión inspectiva, si ello fuere necesario, la que deberá ser prestada con la sola exhibición de la credencial que a tal fin transcribirá el texto de la presente disposición.
Art. 2.- El Ministerio de Trabajo está facultado para pedir orden judicial de allanamiento para la realización de inspec- ciones y requiza de libros, papeles u otros documentos que se consideren instrumentos violatorios de la legislación laboral, o cuando el empleador o su representante se oponga a la inspección.
La orden de allanamiento deberá ser librada por los jueces de turno de cualquier fuero.
Art. 3.- Los empleadores deberán habilitar un libro de inspecciones foliado y rubricado por el Ministerio de Trabajo. Éste deberá ser requerido por los inspectores en la actuación que realicen en cada establecimiento dejando asentado en forma sucinta el resultado de su actuación, bajo su firma y sello.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 3.- Del Libro de Inspecciones Laborales. I. El Libro de Inspecciones Laborales, foliado y rubricado por el Ministerio de Trabajo deberá consignar:
a) Individualización íntegra y actualizada del empleador y su domicilio.
b) Para personas de existencia ideal; el número de inscripción del contrato constitutivo y/u otorgamiento de la
personería jurídica. II. En el Libro de Inspecciones Laborales los funcionarios y/o inspectores deberán consignar como mínimo los siguientes datos:
a) Lugar, día y hora de realización del procedimiento.
b) Identificación del expediente administrativo y breve reseña de lo actuado.
c) Motivo o causa del procedimiento.
d) Mención de las infracciones detectadas y número de las actas labradas.
e) Firma y aclaración del actuante y de todos los participantes del procedimiento.
Art. 4.- En todos los casos los inspectores del Ministerio de Trabajo, en el acto de la inspección, podrán secuestrar o retener documentación que consideren violatoria de la normativa laboral vigente, debiendo dejar constancia circuns- tanciada de ello en acta cuya copia deberá ser entregada al supuesto infractor.
La documentación deberá ser reintegrada a su propietario una vez agotado el trámite que se promueva, salvo que fundamente se estime conveniente mantener su custodia en la repartición, hipótesis en que se reintegrará copia autenticada.
Art. 5.- (Texto según ley 8236, art. 2) El Ministerio de Trabajo aplicará sanciones por infracción a las normas vigentes en materia laboral, las mismas serán multas, las que se graduarán entre el importe de un salario mensual de la categoría inicial del convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad y el monto que surja del total de salarios que deba abonar el infractor a su personal en el mes que se dicte la resolución. Cuando de la infracción surgiera un peligro efectivo a la salud integral, higiene y seguridad de los trabajadores, el monto máximo de la multa será equivalente a cien (100) salarios mensuales de la categoría inicial del convenio colectivo de trabajo aplicable o en su defecto, de resultar mayor, el monto que surja del total de salarios que deba abonar el infractor a su personal en el mes que se dicte la resolución.
Las sanciones de multa no podrán aplicarse condicionalmente ni dejarse en suspenso.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 5.- Las multas por infracciones a las normas laborales deberán ser dispuestas por resolución suscripta por el director general o el funcionario que legalmente lo reemplace, precio dictamen de asesoría letrada.
Art. 6.- Aplicada la multa y ejecutoriada la resolución que la dispone, la omisión de su pago obligará al Ministerio de Trabajo a promover acción de apremio, sirviendo de título ejecutivo el testimonio o copia del acto administrativo que dispuso la sanción y del que la notificó.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente)
Art. 6.- A los fines de promover la acción de apremio que determina el art. 6 de la ley, a propuesta del Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo designará a los procuradores que representarán ante el Poder Judicial al Ministerio de Trabajo. Su personería se acreditará con el respectivo decreto de designación. En este trámite de designación y con posterioridad al mismo se cumplirán las siguientes acciones:
I. Requisitos de ingreso como procurador.
a) Ser abogado inscripto en la matrícula.
b) No tener impedimento legal.
c) No ejercer empleo público nacional, provincial o municipal, con excepción de los cargos docentes.
d) Ofrecer, por sí o por tercera persona, como garantía del desempeño de las funciones como procurador la inhibición voluntaria sobre un inmueble situado en el ámbito de la provincia. El monto de esta garantía será fijado en la suma actualizada de =A= 10.500.000. La base impo nible de este inmueble fijada por el impuesto inmobiliario, será igual o mayor a este valor. Dicho monto será actualizado de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor de la ciudad de Córdoba (costo de vida) publicado por la Dirección de Estadística y Censos entre el mes de la fecha del decreto 2771/1990 y el penúltimo mes anterior al momento de:
1) Ser presentada la propuesta por parte del procurador. 2) Ser renovada la inhibición voluntaria. 3) Ser sustituida la misma. 4) Procederse a su ejecución.
II. Intervención de otras reparticiones:
El Registro General de la Provincia cumplirá dos pasos en el trámite de designación de los procuradores:
a) A solicitud del Departamento Procuración dependiente del Ministerio de Trabajo, emitirá informe previsto sobre el inmueble ofrecido como garantía;
b) Cuando se haya dictado el decreto de designación, el citado departamento oficiará al Registro General,
acompañando el acta de constitución de garantía para que se proceda a la anotación de la inhibición. El Departamento Procuración del Ministerio de Trabajo deberá abrir una cuenta a su nombre en el Boletín Oficial de la provincia, destinada a publicar los edictos de los juicios encomendados -sin previo pago y a solicitud de los procuradores-. Los recibos que se entreguen a los procuradores por dichas publicaciones estarán cruzados por la leyenda: “Recibos provisorios para asuntos legales”. El Departamento Procuración solicitará al Boletín Oficial para que éste, en forma mensual remita la nómina de publicaciones por edictos adeudados por los
procuradores a los efectos que se practique el contralor de los pagos de los juicios respectivos. III. Percepción de honorarios:
Los procuradores del Ministerio de Trabajo, recibirán como retribución, los honorarios que les correspondan
en los juicios que intervengan, de conformidad a las disposiciones de la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores de la provincia de Córdoba, que serán depositados por el infractor en el Banco de la Provincia de Córdoba en la sucursal habilitada para tal fin. Correspondiendo el valor de la multa actualizada y sus intereses ingresar a la cuenta especial que determina el art. 20 de la ley mencionada, y los gastos causídicos serán depositados en una cuenta corriente especial a la orden del Ministerio de Trabajo, a la que se denominará cuenta procuración.
Art. 7.- La acción por cobro de multas prescribe a los dos años de notificada la resolución que la impuso.
Art. 8.- Será competente en los juicios de apremio por cobro de multas dispuestas por el Ministerio de Trabajo, el juez de Conciliación del domicilio del establecimiento donde se labró el acta de infracción.
Art. 9.- También serán sancionables con multa las personas de existencia visible o de existencia ideal, que de cualquier forma obstruyan la acción del Ministerio de Trabajo o sus funcionarios, o les nieguen información, o se la suministran falseándola, o no acaten sus resoluciones o disposiciones dictadas legalmente, o no exhiban en el lugar de trabajo o en la oficina que se requiera la documentación laboral exigida por la normativa vigente y cualquier otro documento relacionado con el contrato de trabajo, extinguido o no.
Art. 10.- La infracción reiterada que obligue a varias intervenciones del Ministerio de Trabajo, originará la acumulación de tantas infracciones como intervenciones se hayan producido, considerándose ello como una grave obstrucción a la labor de la autoridad de aplicación.
Art. 11.- Cuando un funcionario del Ministerio de Trabajo verifique la comisión de infracciones o la violación de cual- quier norma laboral, redactará un acta de infracción la que servirá de acusación, prueba de cargo y hará fe mientras no se pruebe lo contrario, haciendo constar lugar, día y hora en que se verifica; nombre del establecimiento y/o nombre y apellido de su propietario y/o denominación social del presunto infractor, descripción del hecho verificado como infracción refiriéndose a la norma infringida y firma del funcionario actuante y del supuesto infractor o su representante. Si éste se negara a firmar se dejará constancia de tal hecho en el acta.
Art. 12.- En la hipótesis del artículo precedente, el funcionario actuante entregará copia del acta labrada, dejando constancia de ello, al supuesto infractor, con lo cual éste se tendrá por suficientemente notificado.
Art. 13.- Si la infracción se verificare en un expediente administrativo, o del mismo se desprendieran indicios o presunciones fehacientes de su comisión, o surgiere de actuaciones judiciales, no será necesaria el acta prevista en el artículo anterior, y bastará el libramiento de un testimonio de las piezas pertinentes o el desglose de los originales, dejando copia autenticada en el expediente. Con los testimonios o los originales indicados, se formará expediente por separado, notificándose fehacientemente al presunto infractor tras lo cual se seguirá el trámite fijado.
Art. 14.- El presunto infractor tendrá desde que fue notificado un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su descargo y ofrecer y producir la prueba, ésta a su cargo, bajo apercibimiento de interpretarse su silencio como reconocimiento de los hechos contenidos en acta, y dictar resolución sin más trámite. La prueba se producirá en un solo acto en oportunidad de comparecer el acusado y hacer el descargo y sólo podrá diferirse el procedimiento en caso de no poder recepcionarse toda la testimonial en una sola oportunidad, diferimiento que no podrá extenderse más allá de dos (2) días. El plazo indicado en la primera parte del párrafo precedente se extenderá a diez (10) días hábiles cuando el presunto infractor resida fuera del radio urbano donde asiente la sede central u otra dependencia descentralizada del Ministerio de Trabajo.
Art. 15.- Recibido el descargo y la prueba, el Ministerio de Trabajo, a través del órgano competente, deberá dictar resolución, previo dictamen letrado en un plazo no mayor de treinta (30) días, a contar desde el momento en que se notificó al presunto infractor. Si no hubiera descargo, el plazo se reducirá a diez (10) días.
Emitido dictamen deberá mediar resolución en ocho (8) días hábiles de producido aquél.
Art. 16.- La resolución que recaiga en el procedimiento labrado, que será notificada dentro de los diez (10) días subsiguientes a su dictado, dispondrá la absolución del presunto infractor o la aplicación de una sanción de multa según establece la presente ley. En este caso la resolución contendrá la intimación al sancionado para que en un plazo de cinco (5) días hábiles deposite el importe de la multa en la cuenta especial que individualizará y que a nombre del Ministerio de Trabajo deberá estar abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba. El pago se acreditará por el sancionado, agregando la boleta de depósito al expediente, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. Si a consecuencia de la mora en acreditar, de la manera indicada, el pago, el Ministerio de Trabajo se viera precisado a iniciar vía de apremio, el infractor tendrá a su cargo las costas y honorarios que se originen en el trámite judicial. El pago para que tenga el carácter cancelatorio debe ser efectuado en el tiempo y en la forma antes indicado.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 16.- La resolución de multa será notificada:
a) Dentro de los diez (10) días hábiles de su dictado, mediante el procedimiento normado en el art. 54 y siguientes de la ley 6658, sus modificatorias y complementarias y adjuntando a la cédula la boleta de depósito con el monto de la sanción.
Art. 17.- Contra la resolución que imponga la multa, el sancionado podrá interponer recurso jerárquico fundado por ante el Ministerio de Trabajo, con efecto suspensivo, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada. Éste resolverá el recurso dentro de los diez (10) días hábiles de interpuesto, siempre que sea debidamente fundado, caso contrario deberá declararlo desistido.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 17.- El recurso jerárquico debidamente fundado, deberá ser interpuesto por ante el ministro de Trabajo, guardando las formalidades que prescribe la ley 6658 , sus modificatorias y complementarias, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.
Art. 18.- Contra la resolución ministerial que confirma total o parcialmente la sanción de multa, el recurrente podrá interponer recurso de apelación por ante la Cámara del Trabajo de la circunscripción judicial del domicilio del estable- cimiento donde se labró el acta de infracción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada aquélla. La multa que no exceda el importe de tres (3) salarios mensuales calculados en los términos del art. 5 será irrecurrible.
Art. 19.- Interpuesto el recurso, el que deberá ser fundado, el tribunal interviniente requerirá dentro de los tres (3) días hábiles que el Ministerio de Trabajo le remita las actuaciones, trámite que deberá cumplirse en igual plazo desde que fue recibido el pedido. Acreditado que el recurrente agotó la vía administrativa mediante el recurso jerárquico y sin más trámite el tribunal interviniente dictará sentencia dentro de los quince (15) días hábiles de recibidas las actuaciones, confirmando, modificando, o anulando la resolución de multa. De corresponder, el importe depositado deberá ser devuelto dentro del término de los diez (10) días hábiles subsiguientes.
Será requisito ineludible para admitir el recurso de apelación el previo depósito en la forma indicada en esta ley, del importe de la multa aplicada.
Art. 20.- El producido de las multas aplicadas conforme la presente ley, se destinará a: Adquisición de automotores y/o cualquier otro medio de transporte, conservación y mantenimiento de los mismos (reparación, combustibles, cubiertas, lavado, engrase, etc.), contratación de seguros, gastos de impresiones, publicidad, equipamiento, mue- bles, útiles, gastos varios de movilidad y elementos de trabajo, adquisición y/o alquiler de inmuebles destinados al Ministerio de Trabajo, conservación, refacción y ampliación de los mismos; retribución de servicios públicos (teléfono, luz, franqueo, gas, etc.); pago de viáticos, traslado y compensación por prestación de servicios del personal, gastos originados en juicios de apremios por cobros de multas y erogaciones de cualquier naturaleza que se originen por la atención, del Servicio de Empleo, para lo cual deberá ingresar a una cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba que se titulará “Ministerio de Trabajo - Multas”, cuya disposición estará a cargo del ministerio, rindiéndose cuenta en la forma en que prescribe la Ley de Contabilidad.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 20.- A los fines de la disposición de los fondos depositados en la cuenta especial “Ministerio de Trabajo- Multas”, el Ministerio de Trabajo a través de su Dirección de Administración, deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Implementar un sistema de registro y control de los ingresos y egresos que se produzcan en la cuenta especial.
b) Solicitar a Contaduría General de la provincia la certificación del saldo disponible, conforme lo previsto en el art. 88 de la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Administración 7631 previo a la intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia, a quien se realizará la oportuna y documentada rendición de cuentas.
c) Informar a Contaduría General de la provincia:
1) Quincenalmente el estado de movimiento de los fondos. 2) Mensualmente el estado de ejecución presupuestaria a nivel de pagado. Todo aspecto relacionado con la disposición de fondos de la referida cuenta, que no haya sido previsto en esta
reglamentación, se regirá por las normas establecidas por la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Administración 7631 , y demás disposiciones complementarias.
DEL PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO
Art. 21.- El Ministerio de Trabajo intervendrá a pedido de partes en los conflictos individuales o controversias singula- res del trabajo.
La intervención podrá ser aun de oficio en los casos de conflictos colectivos de derecho o jurídicos, conflictos colec- tivos de intereses o económicos, y en los plurindividuales. En estos últimos también lo hará a pedido de partes.
En estas hipótesis perseguirá la conciliación, a cuyo fin podrá citar a las audiencias que estime pertinentes. Logrado el avenimiento, el director en ejercicio dictará una resolución homologatoria debidamente fundada, describiendo circunstanciadamente el objeto del acuerdo.
La resolución homologatoria firme servirá de título ejecutivo.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 21.- La resolución homologatoria firme que contenga la obligación de pago de sumas líquidas o liquidables matemáticamente por los procedimientos usuales y que se encuentre incumplida, servirá de título ejecutivo en los términos del art. 68 de la ley 7987.
DEL PROCEDIMIENTO SOBRE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Art. 22.- En caso de accidente o enfermedad de trabajo, los empleadores y los trabajadores están obligados a denunciar su acaecimiento al Ministerio de Trabajo, a los fines de su intervención sin perjuicio de la actuación de oficio. Compete a la autoridad laboral, disponer las medidas pertinentes a remover o disminuir las causas que provo- caron los infortunios, formar las estadísticas y efectuar las recomendaciones necesarias.
Asimismo deberá convocar las audiencias y juntas médicas para obtener la composición de los intereses en conflicto o determinar las incapacidades resarcibles.
Cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo o algunas de sus dependencias, en los casos controvertidos sobre enfermedades inculpables, debiendo en este supuesto la autoridad de aplicación, convocar a las audiencias y juntas médicas que fueren necesarias.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 22.- (Texto según decreto 2934/1993, art. 1) I. Denuncia: A los efectos de instar el trámite de actuación
administrativa, la denuncia del daño psicofísico ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, será efectuada por el trabajador damnificado, salvo que se encuentre impedido, en cuyo caso podrán hacerla sus familiares o persona
II. Certificado médico: El denunciante, al momento de formular la denuncia, deberá acompañar certificado médico que contenga: a) diagnóstico; b) Calificación médico-legal y c) grado de incapacidad y/o conducta a seguir.
III. Traslado a la denunciada. Notificación: Recibida la denuncia se correrá traslado al empleador por el término
de cinco (5) días hábiles, plazo que se ampliará a diez (10) días hábiles si el denunciado radica fuera de la ciudad asiento del Ministerio de Trabajo, adjuntando copia de la denuncia y del certificado médico. En el mismo acto se lo notificará que en caso de aceptar la vía administrativa, al contestar el traslado, deberá acompañar todos los antecedentes médicos del actor que obren en su poder, de conformidad a lo establecido por el art. 9 de la ley 19587 y el art. 22 del decreto 351/1979. Para el supuesto de tener subrogado el riesgo, deberá dar participación a la aseguradora acompañando todos los datos del damnificado. No obstará a la continuidad del trámite el hecho
que la patronal no acompañe a la contestación del traslado los antecedentes médicos del actor o no hayan dado debida participación a su aseguradora.
IV. Silencio de la denunciada: En caso que la denunciada guarde silencio, niegue los daños en las circunstancias
denunciadas o invoque las causales de eximición total (art. 7 de la ley 24028), el funcionario actuante procederá al archivo de las actuaciones previa notificación al denunciante.
V. Contestación del traslado: En el supuesto que la denunciada conteste el traslado reconociendo las circunstancias
en torno a la existencia o grado de incapacidad, o del grado de eximición parcial de la responsabilidad, y/o acepte la constitución del acto pericial sometiéndose a la jurisdicción administrativa, el actuante procederá a citar a Junta Médica.
VI. Notificación para Junta Médica: La Junta Médica será notificada consignando:
a) Fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo el acto pericial;
b) Posibilidad de designar un médico de control para que, como representante de parte, intervenga en la Junta Médica. En el caso de nominar contraloreador, éste en oportunidad de comparecer deberá constituir domicilio y acreditar personería;
c) Deberán presentarse al acto pericial munidos de toda la documentación médica que acredite exámenes practicados al actor que obrasen en su poder y que corresponda a la causa. En especial deberán exhibir los exámenes médicos de pre-ingreso, periódicos y de pre-egreso.
d) Al denunciante se le hará conocer que se lo tendrá por desistido si no se apersona al acto.
VII. Junta Médica: El examen del trabajador se realizará en día, hora y lugar fijados, por la Junta de Médicos integrada por un médico oficial y uno designado por cada parte. En caso de que el trabajador no tuviera asistencia médica podrá designar un médico de la repartición para que lo represente gratuitamente. No obstará a la realización y a la validez del informe oficial resultante la no concurrencia de los médicos de partes. Realizado el examen médico, el médico oficial procederá a labrar el acta correspondiente. Podrá disponer la realización de estudios complementarios que le permitan dictaminar sobre él o los eventuales diagnósticos, grado de
incapacidad resultante, calificación médico legal, nexo de causalidad y/o tratamiento a seguir. A los fines de tales estudios el actor deberá acreditar su asistencia a cada secuencia del trámite, caso contrario se lo tendrá por desistido salvo que demuestre causa justificada. También podrá el médico oficial indicar la oportunidad en que deberá efectuarse la provisión de aparatos de prótesis y ortopedia por la denunciada o su aseguradora.
VIII. Dictamen: El acta de reconocimiento médico que expresa el dictamen deberá contener los siguientes requisitos:
a) Fecha estimada de aparición del daño resarcible;
b) Diagnóstico médico y descripción de los exámenes complementarios si correspondiere o conducta a seguir aconsejada;
c) Porcentaje de incapacidad estimado, carácter de la misma, baremos utilizados para su determinación, evaluación de la incidencia en la producción del daño con referencia a los factores causales atribuibles al trabajo y ajenos a él, en base a los antecedentes obrantes en autos;
d) Deberá consignarse expresamente si la incapacidad determina que el trabajador necesita la asistencia permanente de otra persona;
e) Si fuera necesario, individualizará el aparato de ortopedia y prótesis que deba entregarse al trabajador, así como la necesidad y plazo previsible de renovación;
f) Manifestación escrita en el supuesto que existiese disidencia entre los profesionales designados por las partes;
g) Identificación, firma y número de matrícula profesional de los médicos intervinientes;
h) Firma del trabajador.
IX. Disidencia: Los médicos representantes de las partes podrán adherir a las conclusiones del dictamen oficial o
plantear disidencias. En este caso deberán presentar por escrito informe fundado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de la realización de la Junta Médica, bajo apercibimiento de tenerlos por conformes
si no lo hicieran. Incorporados en autos él o los informes en disidencia, el médico oficial que intervino en el acto
pericial deberá, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, fundamentar su dictamen. La disidencia así planteada será resuelta en un segundo peritaje que estará exclusivamente a cargo de médico o médicos oficiales
que no hayan emitido opinión. X. Notificación: Concluida la Junta Médica o el nuevo peritaje en caso de disidencia, se notificará el dictamen a las partes con copia del mismo, éstas tendrán a partir de la fecha de notificación un plazo improrrogable de cinco (5) días hábiles para formular impugnación por escrito.
XI. Impugnación: Si se produce impugnación el funcionario actuante ordenará el archivo de las actuaciones.
XII. Fijación de la audiencia de la conciliación: Dentro de los cinco (5) días hábiles de quedar firme el dictamen
médico definitivo, se fijará día y hora de audiencia con citación de partes, a los efectos de intentar el acuerdo, conciliatorio sobre las indemnizaciones a que hubiere lugar. La patronal, dentro del plazo de dos (2) días hábiles de notificada la audiencia, deberá acompañar detalle de los días y horas trabajadas por el actor, con más los
haberes percibidos en el período que corresponda.
XIII. Audiencia de conciliación: A la audiencia de conciliación el trabajador deberá comparecer con patrocinio
letrado o con asistencia sindical. Si así no lo hiciere se fijará una nueva audiencia haciéndole saber que deberá
dar cumplimiento a ese requisito bajo apercibimiento de proceder al archivo de las actuaciones. En esta audiencia
se procederá a comunicar a las partes el monto de la liquidación practicada. Si hubiera controversia se podrá
fijar una nueva audiencia a los efectos que las partes acompañen la documentación pertinente. Si aceptan el monto de la liquidación se dejara constancia en el acta, y una vez que de las actuaciones surja que se han efectuado los depósitos del monto total de la indemnización, conforme a la liquidación practicada por el actuante, en la Cuenta de Fondos de Terceros de la repartición y el aporte establecido por el decreto ley 8064/1957 en la Cuenta Especial
Fondo de Garantía, se archivarán las actuaciones. En caso de arribarse a un acuerdo conciliatorio por menor cantidad que el monto de la liquidación, se labrará el acta respectiva elevándose las actuaciones para su posterior homologación por el director general del Departamento Provincial del Trabajo. Efectuado el pago del monto total del acuerdo, notificadas las partes de la resolución homologatoria y acompañadas las boletas que acrediten los depósitos correspondientes, se archivarán las actuaciones. Si el empleador o su aseguradora no cumplen en el plazo convenido con el pago de la suma pactada, se expedirá al trabajador copia certificada del acta correspondiente o de la resolución homologatoria, según el caso. En el supuesto que el empleador o su aseguradora no acompañen al expediente la boleta que acredite el depósito correspondiente del 1,5%, el actuante comunicará a la autoridad de gestión el Fondo de Garantía dejando constancia en el expediente antes de su archivo.
XIV. Reclamo por muerte del trabajador: En caso de muerte del trabajador, al efectuarse el reclamo ante la autoridad
administrativa la indemnización correspondiente y/o gastos de sepelio, las personas autorizadas por el art. 8 inc.
a) de la ley nacional 20028 deberán acompañar partidas y actas necesarias para acreditar la muerte y el vínculo
que los unía. En caso de la o el conviviente en aparente matrimonio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 11 de la ley nacional 23570 deberá acompañar certificado de convivencia otorgado por el juez de Paz o por la
Policía de la Provincia. Receptado el reclamo se correrá traslado a la denunciada por el término de cinco (5) días hábiles. Esta en caso de aceptar la vía administrativa deberá acompañar el detalle al que se alude in fine del pto. XII del presente decreto. Acto seguido se fijará y notificará la audiencia. En caso de acuerdo se establecerá una nueva audiencia a los efectos del pago directo. Dentro de los cinco (5) días hábiles de efectivizado el acuerdo el denunciado o su aseguradora deberán acompañar las boletas que acrediten el depósito establecido por el decreto ley 8064/1957 .
Orden de pago de indemnización por incapacidad permanente: Acreditado por el empleador o su aseguradora
depósito del monto indemnizatorio correspondiente por incapacidad permanente, el actuante librará orden
de pago a nombre del trabajador, agregándose al expediente copia del recibo librado.
Acuerdo espontáneo por presentación conjunta: Si las partes presentan un acuerdo espontáneo, se fijará día
hora para la constitución de Junta Médica, continuando con el procedimiento ordinario a partir de esta
XVII. Examen médico preocupacional: El médico oficial visará el examen médico de pre-ingreso efectuado por el servicio de medicina del trabajo del empleador, cuando el mismo se ajuste a los siguientes requerimientos:
a) Que los estudios médicos acompañados hayan sido efectuados al postulante con una antelación, a la fecha de su presentación en sede administrativa, no mayor a quince (15) días hábiles. Dicho plazo sólo podrá ser extendido previa solicitud fundada de la empresa ante la autoridad administrativa del trabajo, la que tendrá a su cargo la autorización o denegación de la prórroga.
b) Que la presentación ante la autoridad administrativa, por parte del empleador, sea acompañada por constancia del diagnóstico clínico y los elementos complementarios que el médico responsable del servicio crea conveniente. La empleadora deberá acompañar a su presentación constancia de la notificación al postulante. En estos casos, el actuante procederá a fijar día y hora de la constitución de la Junta Médica que examinará al aspirante, notificando a las partes. En el mismo acto, el actuante deberá comunicar a la empleadora que a la aludida Junta Médica deberá comparecer el médico especialista que elaboró las conclusiones del informe del examen pre- ingreso, y al postulante que podrá designar un médico de control. Realizada la Junta Médica se notificará a las partes de su resultado y se archivarán las actuaciones. XVIII. El Ministerio de Trabajo de la provincia aprobará los formularios necesarios y complementarios para la tramitación de los reclamos que surjan de la ley nacional 24028 .
DE LAS CITACIONES Y REPRESENTACIONES
Art. 23.- Todas las personas que sean citadas por el Ministerio de Trabajo en cumplimiento de sus funciones especí- ficas, están obligadas a comparecer y su contumacia será equiparable a una infracción laboral y sancionable con multa.
El Ministerio de Trabajo podrá disponer el comparendo forzoso, mediante la actuación de la fuerza pública, cuando el citado dejare de concurrir injustificadamente a una citación formalmente efectuada.
Salvo los casos de urgencia debidamente comprobada a juicio de la autoridad, ninguna citación de comparendo otorgará un plazo inferior a cinco (5) días hábiles al citado.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 23.- En caso de urgencia, en el cual se debe obviar el plazo de cinco (5) días hábiles para comparecer, se deberá dejar constancia en la pertinente notificación de las razones que provocaron tal actitud a las causales de urgencia existentes.
Art. 24.- Las partes deben comparecer personalmente.
En caso de impedimento para la comparecencia personal, las partes citadas por el Ministerio de Trabajo, podrán ser representadas:
1) El trabajador, por parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
También por las autoridades del sindicato al que pertenece, siempre que tenga personería gremial o jurídica.
2) El empleador unipersonal, por parientes en la misma forma que el inciso anterior, o por su gerente, un adminis- trador o un empleado superior con poder suficiente para obligar a su representado.
3) Cuando el empleador revista formas asociativas, podrá ser representado además de los empleados indicados en el inciso precedente, por sus directores o socios, siempre con poder suficiente para obligar a la sociedad.
Decreto 2443/91 (Parte Pertinente) Art. 24.- I) El funcionario actuante podrá otorgar un plazo de dos (2) días hábiles improrrogables a quien comparezca por otro, para que acredite el impedimento y/o representación invocada, bajo apercibimiento de ser declarada nula la actuación practicada y aplicar las sanciones por incomparecencia injustificada, salvo que la parte contraria reconozca al compareciente, circunstancia que deberá quedar expresamente indicada en el acta respectiva. II) Cuando se invoquen poderes suficientes para obligar a los representados, se deberá acompañar como foja útil del expediente una copia debidamente fechada y juramentada del instrumento otorgado de conformidad a las exigencias de la ley civil. III) A las audiencias de conciliación sólo podrá asistir y comparecer la parte citada y/o las personas indicadas en el art. 24 de la ley 8015, sin perjuicio del patrocinio jurídico letrado.
Art. 25.- Los jueces de paz lego y sus secretarios, los oficiales de justicia, los ujieres y notificadores, no percibirán ningún honorario por el diligenciamiento de las providencias y mandamientos que se libren en los juicios en que actúe el Ministerio de Trabajo de la provincia.
Art. 26.- Todos los funcionarios y empleados del Ministerio de Trabajo, cualquiera sea su función o jerarquía, están obligados a guardar secreto de las informaciones vinculadas a las actividades de trabajadores o empleadores, a las que accedan con motivo del desarrollo de su actividad específica, salvo el supuesto de hechos delictuosos. Toda información que deba proporcionar el Ministerio, sólo se emitirá a través del ministro o de quien éste disponga. La
inobservancia de esta prescripción, importará la comisión de falta grave.
Art. 26 bis.- (Incorporado por ley 8678, art. 1) La Sub-Secretaría de Trabajo tendrá a su cargo la elaboración e implementación de un programa permanente de capacitación destinado a sus inspectores, que tienda a garantizar el conocimiento e idoneidad de los mismos, así como la realización de cursos de capacitación destinados a organiza- ciones gremiales de trabajadores y empresarios que tiendan al conocimiento y difusión de las normas legales vigen- tes en materia de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Higiene y Seguridad y aquellas que hacen a la Seguridad Social.
Art. 26 ter.- (Incorporado por ley 8678, art. 1) Las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial y cuyo ámbito de actuación se ubique dentro del territorio de la provincia de Córdoba, podrán colaborar, cooperar y participar con el Ministerio de la Producción y Trabajo de la provincia de Córdoba en sus funciones de control e inspección. A tales efectos, dichas asociaciones deberán expresar su decisión a partir de lo cual se firmará un convenio entre la Sub-Secretaría de Trabajo y la entidad solicitante de conformidad a lo dispuesto por el decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 27.- Deróguese la ley 3804 y sus modificatorias 4864 , 5518 , 7344 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 28.- De forma.
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