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Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 10/2014, DE 1 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN MINERA DE LAS ILLES BALEARS (BOIB 138 DE 9)
BOE 264 de 31 de Octubre de 2014
Asimismo, el carácter preconstitucional de la Ley 22/1973, de 21 de julio ( RCL 1973, 1366 ) , de minas, su largo período de vigencia y la muy escasa incidencia de modificaciones normativas, y la ingente cantidad de normas de tipo ambiental y territorial de ámbito europeo, estatal y autonómico que reflejan la preocupación de la sociedad actual por el mantenimiento de nuestro patrimonio natural y el fomento del desarrollo sostenible de las diferentes actividades económicas, exigen la aprobación de una ley autonómica que tenga en cuenta la necesidad de protección del medio ambiente sin impedir el desarrollo económico del sector industrial en las Illes Balears.
El artículo 149.25 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la fijación de las bases del régimen minero.
El artículo 31.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero ( RCL 2007, 417 , 658 y 1410) , por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, prevé que, en el marco de la legislación básica del Estado, corresponden a la comunidad autónoma de las Illes Balears el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen minero y energético.
Con respecto a las competencias insulares, el apartado 2 del artículo 71 dispone que los consejos insulares podrán asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en materia de «recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, régimen general de aguas, aguas minerales, termales y subterráneas».
En desarrollo de las competencias en materia de protección del medio ambiente, el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado diversas leyes, como la Ley 1/1991, de 30 de enero ( LIB 1991, 37 ) , de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears; la Ley 5/2005, de 26 de mayo ( LIB 2005, 181 ) , de conservación de espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears, y la Ley 11/2006, de 14 de septiembre ( LIB 2006, 292 ) , de impacto ambiental o evaluaciones ambientales y estratégicas en las Illes Balears, que, entre otras previsiones, imponen limitaciones y controles al desarrollo de la actividad minera.
En cambio, con respecto a las competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo del régimen minero, solo se aprobó el Plan director sectorial de canteras mediante el Decreto 77/1997, de 11 de junio ( LIB 1997, 196 ) . La dificultad en la aplicación de este plan y diferentes problemas de interpretación hicieron que fuera objeto de revisión mediante el Decreto 61/1999, de 28 de mayo ( LIB 1999, 139 ) , el cual derogó el Decreto 77/1997.
En este sentido, el nuevo marco competencial instaurado por la Ley 2/2001, de 7 de marzo ( LIB 2001, 97 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio, atribuye a los diferentes consejos insulares (artículo 1.2.a) las competencias relativas a la elaboración y aprobación en el ámbito insular correspondiente, entre otros instrumentos de ordenación, del Plan director sectorial de canteras.
Se establecen unas condiciones especiales para las solicitudes de derechos mineros de los recursos de las secciones C y D. Por razones de interés público se declara todo el territorio de las Illes Balears no registrable, tal como ya se hacía en el artículo 47 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. No obstante, se podrá declarar una zona registrable siempre que, además de cumplir los requisitos para la obtención de la autorización, se acredite la disponibilidad de los terrenos. Si bien la normativa estatal prevé en este tipo de autorizaciones la posibilidad de expropiaciones, como ya queda dicho, se trata de una ley preconstitucional y actualmente es necesario reconocer el derecho constitucional a la propiedad. Concretamente, el artículo 33.3 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) establece que: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
2. Los yacimientos minerales y los demás recursos geológicos se clasifican, a efectos de esta ley y de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio ( RCL 1973, 1366 ) , de minas, en las siguientes secciones:
Artículo 5. Extracción ocasional
Artículo 6. Competencias del Gobierno
Artículo 7. Consejería competente en materia de minas
Artículo 8. Competencias de los consejos insulares
Artículo 9. Consejo de la Minería de las Illes Balears
b) Informar sobre los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley definidos por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre ( LIB 2006, 292 ) , de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
Artículo 12. Registro Minero de las Illes Balears
Artículo 13. Derechos mineros
2. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal básica, fundamentalmente la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto ( RCL 1978, 2667 ) , por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería, y la normativa concordante, vistas las características especiales de la actividad minera balear, prácticamente centrada en la explotación de canteras, se aplican las previsiones del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, aprobado por el Decreto 61/1999, de 28 de mayo ( LIB 1999, 139 ) , y de la normativa sectorial vigente, mientras no se hayan aprobado los planes directores insulares de canteras.
Artículo 14. Órgano minero competente
Artículo 15. Solicitudes de derechos mineros
c) Un proyecto de explotación (tomo I), que han de firmar los titulados universitarios que se determinan en el artículo 117.2 y 3 de la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) , de minas, que ha de contener la siguiente documentación:
4. En los proyectos sujetos a trámite ambiental definidos por la Ley 11/2006, de 14 de septiembre ( LIB 2006, 292 ) , de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, la dirección general competente en materia de minas emitirá un informe técnico sobre la idoneidad del proyecto que, junto con toda la documentación presentada, se enviará al Consejo de la Minería de las Illes Balears, el cual podrá realizar las observaciones que considere pertinentes.
Artículo 16. Solicitudes de derechos mineros en zonas de relevancia ambiental
1. No se podrán autorizar nuevas canteras ni, en minería metálica, el uso de técnica a cielo abierto, en el ámbito de las áreas de especial protección de interés en la comunidad autónoma de las Illes Balears delimitadas por la Ley 1/1991, de 30 de enero ( LIB 1991, 37 ) , de espacios naturales y de régimen urbanístico vigente.
2. En el resto de solicitudes de derechos mineros ubicados en áreas de especial protección, definidas por la Ley 1/1991, o en lugares de relevancia ambiental, definidos por la Ley 5/2005, de 26 de mayo ( LIB 2005, 181 ) , para la conservación de los espacios de relevancia ambiental, o la normativa de protección ambiental que la sustituya, además de la documentación descrita en el artículo anterior, el promotor ha de presentar un documento de evaluación adecuada para analizar la repercusión de las actividades en el espacio protegido.
Artículo 17. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de la sección A
Artículo 18. Apertura de nuevas canteras y sus instalaciones
Artículo 19. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros sobre yacimientos de origen no natural, estructuras subterráneas y similares
Artículo 20. Modificaciones y ampliaciones de autorizaciones de aguas minerales y termales
1. En la solicitud de ampliación del reconocimiento de una nueva fuente o captación subterránea dentro de un perímetro de protección ya otorgado, ha de acreditarse que el agua procede del mismo acuífero y que su composición físico-química es similar, según el criterio de constancia química que figura en la autorización existente.
2. La acreditación a que se refiere el apartado anterior podrá llevarse a cabo mediante un análisis, según el procedimiento establecido en la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) , o cualquier otro procedimiento que deje constancia fehaciente de la identidad del acuífero y de la composición físico-química similar del agua.
Artículo 21. Explotaciones de salinas
Artículo 22. Ocupación de terrenos para el aprovechamiento de recursos de la sección B
Artículo 23. Condiciones especiales de la solicitud de derechos mineros de recursos de la sección C
Artículo 24. Condiciones especiales de la solicitud de aprovechamiento de recursos geotérmicos
Artículo 25. Tramitación de los expedientes de ocupación de terrenos y similares
Artículo 26. Subsanación de las solicitudes
Artículo 27. Informe municipal preceptivo
1. Si se solicita un derecho minero o una modificación sustancial de un derecho minero ya existente, una vez presentada la documentación de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, ha de abrirse un período de información pública que no ha de ser inferior a treinta días.
2. La previsión del apartado anterior no ha de aplicarse en los supuestos que regula la Ley 11/2006, de 14 de septiembre ( LIB 2006, 292 ) , de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears, puesto que ya se habrá llevado a cabo el mencionado período de información pública.
Artículo 29. Compatibilidad con derechos mineros preexistentes y otros usos de interés público
Artículo 30. Trámite de audiencia
Artículo 32. Notificación y publicidad
Artículo 33. Vinculación del planeamiento municipal
3. La autorización de actividad municipal está gravada con una prestación compensatoria, tal y como estipula el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 8 de julio ( LIB 1997, 206 ) , del suelo rústico de las Illes Balears.
Artículo 34. Contenido de los derechos mineros
Artículo 35. Vigencia temporal de los derechos mineros
1. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B han de otorgarse por el período previsto en el correspondiente proyecto de explotación. En todo caso, podrán prorrogarse de acuerdo con las previsiones del artículo 36 siguiente.
4. Los permisos de investigación se otorgarán por un período máximo de tres años.
5. Las concesiones de explotación minera se otorgarán por un período de treinta años.
Artículo 36. Prórroga de derechos mineros
1. Transcurrido el plazo máximo de vigencia de los permisos de exploración y de los permisos de investigación, podrán ser prorrogados por períodos sucesivos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general.
2. Las autorizaciones mineras para recursos de las secciones A y B podrán prorrogarse por períodos de hasta diez años, con un límite máximo de treinta años.
3. Las concesiones de explotación minera para recursos de la sección C podrán prorrogarse por períodos sucesivos de treinta años, hasta un máximo de noventa años.
Artículo 37. Prórroga de autorizaciones de las secciones A y B
2. En la solicitud ha de adjuntarse una modificación del proyecto de restauración y un proyecto general de explotación para el siguiente período con el uso de técnicas de explotación, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso tecnológico, y con un cálculo de reservas, con un informe emitido por el director facultativo responsable, en el cual:
b) En caso contrario, ha de justificar que no se han podido explotar todas las reservas concedidas por el período aprobado hasta la fecha y que el tiempo de prórroga solicitado se corresponde con el tiempo necesario para la explotación de las reservas mencionadas.
Artículo 38. Prórroga de concesiones de las secciones C y D
2. A la solicitud de cada prórroga, el concesionario ha de adjuntar una modificación del proyecto de restauración y un proyecto general de explotación para el siguiente período con el uso de técnicas de explotación, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso tecnológico, y con un cálculo de reservas.
Artículo 39. Ampliaciones de autorizaciones de recursos mineros
Las autorizaciones mineras han de otorgarse por el período previsto en el proyecto de explotación correspondiente, incluida la restauración de las áreas afectadas si procede, y no podrán exceder de aquél para el cual la persona solicitante tenga acreditado el derecho de aprovechamiento. En el caso de las ampliaciones, además de la documentación establecida en el artículo 15, se deberán acreditar la necesaria continuidad en superficie, la viabilidad técnica y económica de la ampliación y los medios y el personal previstos.
Artículo 40. Garantías financieras
5. La persona titular de la explotación asumirá la obligación de actualizar la fianza cada tres años durante la vigencia de la concesión o la autorización de la explotación, de acuerdo con la variación anual del índice de precios al consumo en las Illes Balears, en un período no superior a treinta días desde que se haya publicado.
Artículo 41. Constitución de las garantías financieras
Artículo 42. Devolución de las garantías
Artículo 43. Contenido
Artículo 44. Obligaciones de los explotadores autorizados
a) Han de iniciar la actividad minera en la forma que prescriben los artículos 18 y 70 de la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) .
Artículo 45. Unidades de explotación
Artículo 46. Obligación de restaurar
Artículo 47. Restauración o reutilización de canteras a cargo de la administración
2. En las canteras cuya autorización haya caducado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, sin que conste justificada su restauración o reutilización, y en las incluidas en el anexo 5 -Catálogo de canteras inactivas- del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, el Consejo de la Minería, a propuesta de alguno de sus miembros y siempre previo informe favorable de la dirección general competente en materia de minería, podrá elevar a la consejería competente en materia de minería la propuesta de instar a la persona propietaria del terreno a restaurarlo o reutilizarlo, lo cual en ningún caso implicará derecho a la explotación.
Artículo 48. Transmisión de los derechos mineros
1. Los derechos que otorgan una autorización, una concesión o un permiso de una explotación o actividad minera regulada en esta ley podrán ser transmitidos por el titular por cualquier medio admitido en derecho, de acuerdo con la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) y el reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto ( RCL 1978, 2667 ) , y con las especificidades que prevé esta ley.
Artículo 49. Transmisión de derechos mineros de la sección A
Artículo 50. Transmisión de los derechos mineros por actos mortis causa
Artículo 51. Coordinación administrativa
Artículo 52. Coordinación con el régimen de aplicación en materia de licencias urbanísticas y actividades
Artículo 53. Coordinación con el procedimiento de evaluación ambiental
Artículo 54. Inspección minera
Artículo 55. Ejercicio de la potestad inspectora
Artículo 56. Facultades
Artículo 58. Consecuencias de la actividad de inspección
Artículo 59. Responsables de las infracciones
Artículo 60. Competencia sancionadora
Artículo 61. Procedimiento sancionador
1. El procedimiento para la imposición de sanciones ha de ajustarse al Decreto 14/1994, de 10 febrero ( LIB 1994, 24 ) , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de procedimiento.
Artículo 64. Concurrencia de sanciones
2. Las vinculaciones del procedimiento sancionador en materia minera con la orden jurisdiccional penal han de ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 14/1994, de 10 febrero ( LIB 1994, 24 ) , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir para la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 65. Infracciones
Sin perjuicio de las infracciones tipificadas en la Ley 22/1973, de 21 de julio ( RCL 1973, 1366 ) , de minas, constituyen infracciones administrativas, en el ámbito de las Illes Balears, las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones que establece la presente ley.
Artículo 67. Infracciones graves
Artículo 68. Infracciones muy graves
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas tal y como se establece en la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) , de minas.
4. La comisión de una falta muy grave a cargo del director facultativo podrá llevar aparejada la inhabilitación para ejercer las funciones de director facultativo de actividades mineras por un período máximo de un año en el ámbito territorial de las Illes Balears.
En el supuesto de reincidencia por la comisión de infracciones muy graves, la sanción podrá consistir en la inhabilitación para ejercer estas funciones por un período de cinco años en el ámbito territorial de las Illes Balears.
Artículo 71. Reparación de daños
Artículo 72. Multas coercitivas
Artículo 73. Suspensión temporal o caducidad
Artículo 74. Información al Consejo de la Minería de las Illes Balears
Además de lo previsto en la normativa estatal básica, en todos los aspectos que no regulen esta ley y las normas que la desarrollen, los procedimientos en materia minera se regirán por las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 3/2003, de 26 de marzo ( LIB 2003, 75 ) , de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
b) La documentación que acredite la existencia de las edificaciones e instalaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/1988, de 1 de junio ( LIB 1988, 96 ) , de edificios e instalaciones fuera de ordenación, con independencia que estas hayan sido objeto de reformas o ampliaciones posteriores.
2. Una vez acabado este plazo, la autoridad competente tiene que incoar un expediente sancionador y, si procede, de caducidad de la actividad de las canteras que, encontrándose en la situación descrita en el punto 1, no se hayan acogido al procedimiento de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.6 de la Ley 22/1973 ( RCL 1973, 1366 ) .
6. Si los derechos mineros incluidos en la explotación que se pretende actualizar o regularizar afectan a lugares de relevancia ambiental de la Red Natura 2000; de la Ley 5/2005, de 26 de mayo ( LIB 2005, 181 ) , para la conservación de los espacios de relevancia ambiental; y de la Ley 1/1991, de 30 de enero ( LIB 1991, 37 ) , de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, no se considerará en ningún caso apertura de nueva explotación minera, sino que se considerará un mero mantenimiento de la explotación existente, a efectos de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1/1991. El procedimiento de regularización se ajustará a las siguientes previsiones mínimas:
b) Independientemente de la tramitación del documento descrito en el apartado a), ha de seguirse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre ( LIB 2006, 292 ) , de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
7º. La designación de nuevos lugares conforme a las directivas sobre aves y sobre hábitats, conjuntamente con otras acciones según lo descrito anteriormente. Con respecto a las medidas de compensación para lugares designados conforme a las directivas 2009/147/ CE ( RCL 1978, 2836 ) , 92/43/CEE y la Ley 42/2007 ( RCL 2007, 2247 y RCL 2008, 348) , toda nueva zona propuesta como compensación por daños en la Red Natura 2000 se designará como tal una vez que cumpla sus objetivos con el fin de mantener la coherencia global de la red.
f) Si el órgano ambiental emite un informe desfavorable y en circunstancias excepcionales, a instancia del promotor, se podrá continuar la tramitación siguiendo el procedimiento establecido para la resolución de discrepancias en el artículo 36.2.a) de la Ley 11/2006, siempre que se respeten las garantías procedimentales que establecen las disposiciones europeas de protección ambiental y con la consulta previa a la Comisión Europea.
8. Si el derecho minero que ha de regularizarse incluido en la explotación se incluye en zonas de recursos de interés minero definidas en el Plan director sectorial de canteras vigente, la evaluación de impacto ambiental se tramitará en los plazos previstos en el punto 1 de la disposición transitoria segunda de esta ley. En todos los casos, la solicitud, además del contenido mínimo previsto en el artículo 70 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , ha de incluir la siguiente documentación:
3º. La justificación, en su caso, de la inscripción de la explotación en el Censo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera conforme a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre ( RCL 2007, 2066 ) , de calidad del aire y protección de la atmósfera.
— Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio ( RCL 1997, 2010 ) , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
— Reglamento general de normas básicas de seguridad minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 1390 y 2979) .
1. En el caso de explotaciones mineras cuyo proyecto, en su totalidad o en una parte, no haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable, han de solicitar dicha declaración en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la entrada en vigencia de la presente ley, cumpliendo las previsiones de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre ( LIB 2006, 292 ) , de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears. La solicitud se referirá a la parte que no haya obtenido la declaración de impacto ambiental favorable.

References: artículo 149
 artículo 31
 artículo 71
 artículo 47
 artículo 33

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 12

Artículo 13
 Real Decreto 

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 117

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 17

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 36

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 15

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 Real Decreto 

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74
 artículo 83
 artículo 22
 resolución 
 artículo 36
 artículo 70
 Real Decreto 
 Real Decreto