Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831112.html
Timestamp: 2019-11-16 02:17:01+00:00

Document:
as201831112
Auto Supremo Nº 112
Expediente : 209/2016
Resolución Jerárquica : AGIT-RJ Nº 0648/2016 de 14 de junio
VISTOS: La demanda de fs. 16 a 26, presentada por Noelia Susy Sejas Pardo en representación de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), legalmente representada por el Lic. Daney David Valdivia Coria, la contestación de fs. 95 a 101, réplica, dúplica, decreto de Autos para Sentencia de fs. 110, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada; y:
Manifiesta que en la Resolución de Recurso Jerárquico se incurrió en mala aplicación normativa sobre la prescripción, toda vez que se dejó sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55-2015 de 25 de noviembre, y por ende sin efecto la facultad de ejecución de la Administración Aduanera con relación a la multa impuesta en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/684/2012 de 27 de abril de 2012; asimismo indica, que existió falta de valoración de los hechos al no considerar que la Resolución Sancionatoria mencionada, adquirió firmeza mediante Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ Nº 409/2012 de 26 de septiembre y que al haber quedado suspendida hasta el 2 de octubre de 2012, la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional comenzó a computarse desde el 3 de octubre de 2012, tomando en cuenta la aplicación de las modificaciones al Código Tributario Boliviano correspondiente a la Ley Nº 291.
Por otra parte, alega que se incurrió en vulneración del debido proceso, del derecho a la defensa y la falta de valoración de alegatos, al haberse pasado por alto la defensa asumida por su parte, tal es el caso que la AGIT no se pronunció sobre los alegatos escritos presentados, los que no fueron valorados y considerados para la resolución jerárquica, coartando así su derecho a la defensa, limitándose a señalarle que “esté” a lo dispuesto por el proveído de 27 de mayo de 2016.
Concluyó solicitando se admita la demanda, a objeto de que se emita la resolución y se declare la revocatoria de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0648/2016 de 14 de junio y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55-2015 de 25 de noviembre.
La AGIT manifiesta que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expone argumentos que fueron señalados en su recurso jerárquico, sin embargo, este recurso, fue rechazado al no haber sido subsanado en los plazos establecidos, en ese entendido se tiene que la Administración Aduanera no presentó recurso jerárquico contra la Resolución de Alzada ART-LPZ/RA 0258/2016 de 28 de marzo, que determinó revocar la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55-2015 de 25 de noviembre, es decir que la AGIT no conoció, ni revisó posición alguna expresada por la Administración Aduanera en el recurso jerárquico, razón por la cual en aplicación del art. 778 del Código de Procedimiento Civil la presente demanda es improcedente.
Asimismo, sin consentir lo observado respondió negativamente la demanda, manifestando que Administración Aduanera demuestra falta de argumentación técnico jurídico, al sólo expresar argumentos por demás generales y repetitivos, que ya fueron resueltos de manera motivada y fundamentada por las resoluciones de alzada y jerárquico, buscando que se pase por alto evidentes vicios de nulidad que transgreden el debido proceso y derechos constitucionales.
Refiere que de los datos del proceso se tiene que al haber sido notificado el 10 de agosto de 2015, Alberto Guzmán del Carpio, con el PIET AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET 206/2015 de 7 de julio, el 25 de agosto de 2015, solicitó mediante memorial, su exclusión y la prescripción de la acción de la entidad recaudadora, para ejecutar la acción por contrabando contravencional, solicitud que fue rechazada mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55-2015 de 25 de noviembre, en ese entendido, aclara que si bien Alberto Guzmán del Carpio, no impugnó la resolución sancionatoria; sin embargo, esto no debe interpretarse en sentido que dicho acto administrativo habría adquirido firmeza, toda vez que al haber sido cuestionada en su punto segundo tanto su validez y eficacia jurídica, se imposibilitó que adquiera la condición de firmeza y por consiguiente, que sea susceptible de ej.ecutabilidad, máxime si el efecto jurídico que persigue el sujeto pasivo no se encuentra previsto en la normativa vigente, por lo que, lo argüido por el sujeto pasivo, en sentido que no se encontraría alcanzado por la resolución de alzada al no haber sido el quien impugnó la Resolución Sancionatoria ni ser propietario de dicho motorizado, es correcto, por lo que correspondió dejar sin efecto legal la facultad de ejecución tributaria de la Administración Aduanera.
En cuanto a la aplicación de modificaciones de la Ley 2492 señaló que no son aplicables al caso presente y que no existe la supuesta vulneración del debido proceso.
Concluyó solicitando se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 648/2016 de 14 de junio de 2016, emitida por la AGIT.
El 2 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notifico a Eddy Placer Inclán, Alberto Guzmán del Carpio, Demetrio Ochoa, Alberto Walter Andia Vargas y Ricardo Eduardo Zapata Cuba, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/684/2012 de 27 de abril, que declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando en contra de Arnulfo Eddy Placer Inclán y Alberto Guzmán del Carpio, imponiéndoles una multa equivalente al 100% del valor CIF de la mercancía.
El 20 de agosto de 2012, Alberto Walter Andia Vargas, interpuso Recurso de Alzada, que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ARIT La Paz, quien emitió la Resolución de Alzada ARIT –LPZ/RA Nº 713/2012, confirmando el punto segundo de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/684/2012, modificando referente a la multa del 50% del valor CIF de la mercancía descrita en sustitución al comiso del medio de transporte.
El 26 de septiembre de 2012, la ARIT La Paz emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ- 0409/2012 de 26 de septiembre de 2012, que declaró firme (ejecutoriada) la Resolución del Recurso de Alzada.
El 20 de agosto de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Alberto Guzmán del Carpio, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-206-2015, de 7 de julio, el cual anunció que encontrándose firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0713/2012 se daría inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de la notificación con el proveído.
El 25 de agosto de 2015, Alberto Guzmán del Carpio, presentó memorial ante la Administración Aduanera, mediante el cual solicitó su exclusión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-206-2015, así como la prescripción de la acción de la Administración Aduanera, para ejecutar la sanción por contrabando contravencional.
El 16 de diciembre de 2015, la Administración Aduanera notificó a Alberto Guzmán del Carpio con la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55/2015 de 25 de noviembre, que rechazó la solicitud de prescripción, porque consideró que se encontraban vigentes las facultades de la entidad recaudadora para ejecutar la deuda tributaria, consecuentemente, mantuvo firme y subsistente en todas sus partes el Proveído de Ejecución Tributaria.
Contra esta última resolución, el demandante presentó recurso de alzada, que fue resuelto mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016 que determinó revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55/2015, dejando sin efecto legal la facultad de ejecución de la Administración Aduanera en relación a la multa impuesta en la Resolución Sancionatoria en Contrabando.
Alberto Guzmán del Carpio, interpuso contra esta resolución, recurso jerárquico, argumentando que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, no se pronunció sobre la petición de exclusión del proveído de Inicio de ejecución Tributaria Nº AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIT-206-2015, de 07 de julio y sólo rechazó la oposición por prescripción de la acción.
Este recurso, fue resuelto por la AGIT mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ Nº 0648/2016 de 14 de junio, que confirmó la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, en consecuencia ratificó que se dejó efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55/2015, por prescripción de la acción para ejecutar la sanción impuesta por Contrabando Contravencional.
Por su parte, la Gerencia Regional de Aduana La Paz de la Aduana Nacional, representada por Noelia Susy Sejas Pardo, interpuso Recurso Jerárquico, contra la misma Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, de 28 de marzo de 2016; sin embargo, el este recurso, previa observación efectuada por la Dirección Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT) de fs. 119, fue rechazado mediante Auto de 12 de mayo de 2016, cursante a fs. 121 del “Anexo 4”, implicando con ella que esta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, adquirió ejecutoria para la Gerencia Regional de Aduana La Paz de la Aduana Nacional, es decir la entidad demandante.
De los datos del proceso corresponde determinar si la Resolución Jerárquica AGIT-RJ Nº 0648/2016 de 14 de junio, incurrió en error y vulneración de normas, contra la Gerencia Regional de Aduana La Paz de la Aduana Nacional, al ratificar la resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, que dejó sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55/2015 de 25 de noviembre.
Según lo establecido por la Ley Nº 620 Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo en su art. 4 establece que se aplicarán los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil, hasta que sean regulados por Ley, como jurisdicción especializada, conforme establece la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, “Código Procesal Civil”.
El art. 778 del Código de Procedimiento Civil señala: “(Procedencia) El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. (Art. 775)” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Por otra parte, corresponde puntualizar que evidentemente en nuestra legislación se ha previsto las diferentes modalidades de extinción extraordinaria del proceso, como es el desistimiento (que engloba al retiro de la demanda, el desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho y los desistimientos de los recursos), también se identifica a la perención y la transacción, cada una con requisitos y tratamientos peculiares, sin embargo, no se encuentra la sustracción de materia, como forma extraordinaria de conclusión del proceso, que se identifica cuando el supuesto que sustentaba la demanda, ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción de la materia, es decir, extinguido el proceso.
Este Tribunal en Sala Plena ya resolvió casos similares, cuando estableció que: “… la sustracción de materia, consiste en la desaparición de los supuestos, hechos o normas que sustentan una acción, luego cuando esto sucede, la autoridad administrativa o jurisdiccional no podrá decidir o pronunciarse sobre algo que ya no tiene nada que lo sustente, al haberse presentado la sustracción de materia”. (Resolución Nº 157/2016 de 24 de agosto).
Consiguientemente se establece, que la sustracción de materia constituye un medio anormal de extinción del proceso, porque no se encuentra regulado por el legislador, pero que debe ser asumido por los Jueces y Tribunales de Justicia, porque las circunstancias de la materia justiciable sujeta a decisión, dejaron de existir por diferentes razones, impidiendo al órgano jurisdiccional, emitir un pronunciamiento de mérito, acogiendo o desestimando la pretensión deducida.
V.- ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA:
Respecto a la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, de los datos del proceso se evidencia que la misma, si bien conforme sale a fs. 113 del “Anexo 4” interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, que fue la que determinó dejar sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-SET-RA-55/2015; sin embargo, dicho recurso fue observado ordenando se cumplan los incisos c) y e) del art. 198 del Código Tributario (Ley Nº 2492), otorgándole el plazo de 5 días computables a partir de su notificación para que se subsanen dichas observaciones, y al no haber sido subsanadas las observaciones indicadas, mediante Auto de fs. 121 del “Anexo 4” se RECHAZÓ el Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional de Aduana La Paz de la Aduana Nacional, representada por Noelia Susy Sejas Pardo, es decir la actuación de la entidad demandante concluyó con la presentación del escrito de respuesta al Recurso de Alzada de fs. 16 a 20 del Anexo 4, mientras que los posteriores escritos, se consideran no presentados, al no haberse admitido el Recurso Jerárquico interpuesto por dicha Autoridad Administrativa, quien tácitamente consintió en la ejecutoria de esa resolución, sustrayendo la materia en controversia del presente proceso contencioso administrativo.
En consecuencia no corresponde considerar en esta instancia los agravios referidos en la demanda contenciosa administrativa de fs. 16 a 26, toda vez que estos no fueron objeto de análisis en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ Nº 0648/2016 de 14 de junio, no pudiendo la entidad demandante pretender su impugnación ahora en la vía Contencioso Administrativa, en mérito a que no fueron puntos que hubiesen sido impugnados, lo contrario vulneraría el principio de congruencia.
En ese entendido al no haber sido subsanada las observaciones para la interposición del recurso jerárquico dicha omisión se traduce en conformidad con los fundamentos y decisión del recurso de alzada quedando la misma firme, es decir carecería el presente proceso de objeto, al haberse substraído la materia de controversia, que se ha efectivizado mediante la Resolución de fs. 121 del Anexo 4, de Rechazo del Recurso Jerárquico, por la que Resolución del Recurso de Alzada Nº ARIT-LPZ/RA Nº 258/2016, adquirió ejecutoria para la Gerencia Regional de Aduana La Paz de la Aduana Nacional; es decir la entidad ahora demandante.
Por consiguiente, no existe para dicha entidad la Resolución de Recurso Jerárquico, que constituye la base para el desarrollo del presente proceso contencioso administrativo, encontrándose este Supremo Tribunal de Justicia, impedido de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la causa, en relación con las pretensiones de la demandante.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contencioso Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el numeral 2 del art. 2 y art. 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, ANULA obrados hasta el decreto de admisión de la demanda Contenciosa Administrativa, de fs. 16 a 26 de obrados y en única instancia, declara EXTINGUIDA la acción promovida por Noelia Susy Sejas Pardo, en representación de la Gerencia Regional de Aduana La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiendo el ARCHIVO de obrados.

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