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UNICEF – Chile » LA PROTECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA INFANCIA/ADOLESCENCIA EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN)
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Publicado el 1 Agosto, 2002
La comunidad internacional ha declarado, a través de diferentes instrumentos y resoluciones, que la explotación sexual de la infancia y adolescencia es un modo muy grave de vulnerar los derechos humanos de los niños; particularmente por el carácter oculto o invisible de sus víctimas y por las conexiones internacionales que envuelven el delito.
La Convención reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos de la explotación sexual y de los que han sido víctimas de tales abusos o explotación a que se promueva su recuperación psicológica e integración social (artículos 34 y 39 de la CDN). Después de la Convención (1989), el más importante, es el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (2000).
En ese contexto, la prevención y erradicación de la explotación sexual de la infancia/adolescencia forma parte y debe integrarse en el amplio espectro de políticas sociales, legislativas y judiciales que se desarrollan a nivel nacional e internacional.
El Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, consciente de la necesidad de contar con mecanismos más específicos para asegurar los derechos contenidos en la Convención sobre la materia, aprobó en junio de 2000, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, instrumento que se encuentra abierto para la suscripción de los Estados.
La ratificación del Protocolo por todos los países de América Latina es una meta por alcanzar para los Estados de la región y podría plantearse como un objetivo a alcanzar universalmente en el breve plazo. De acuerdo a la información de UNICEF, hasta hoy 34 países han firmado y ratificado el Protocolo, entre los que se encuentra Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, Italia, Panamá, Perú, México y Venezuela. En el caso de Chile, el protocolo fue firmado el 28 de junio de 2000 y se encuentra pendiente su ratificación por parte del Parlamento.
El Protocolo se refiere a tres problemas específicos: la venta, la prostitución y la pornografía, por lo que es un desarrollo de los artículos 34 y 35 de la Convención. Es de recordar que los trabajos preparatorios de la Convención, establecían en un solo artículo estas situaciones. Diversas delegaciones nacionales y representantes de organismos intergubernamentales y no gubernamentales, plantearon la necesidad de separar estos fenómenos en particular porque la venta de niños es un fenómeno más amplio y puede obedecer a distintas razones y no sólo a la explotación sexual.
El Protocolo se refiere tanto a la venta de niños como a la prostitución y utilización de ellos en la pornografía, pero establece un ámbito preciso de aplicación a través de las siguientes definiciones:
Artículo 2: “A los efectos del presente Protocolo
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”.
Hechas estas definiciones generales, el artículo 3 del Protocolo describe conductas específicas constitutivas de venta, prostitución o pornografía infantil que, “cómo mínimo” deben ser tipificadas en la legislación penal, y castigadas aunque se hayan “desarrollado dentro o fuera de sus fronteras” ya sea en forma “individual o colectiva”. En conformidad a la legislación de cada Estado, se establecerá también la “responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando proceda”. Finalmente, se establece que “todo Estado parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad”.
El Protocolo, entonces, obliga a los Estados a establecer en su legislación los tipos penales y penas que den cumplimiento a las obligaciones del Tratado. De este modo, el Derecho Internacional no crea tipos penales pero si exige su tipificación en la legislación interna. A su vez, el Protocolo establece que los Estados Parte deberán sancionar cualquiera de estas actividades aún cuando se hayan cometido fuera de su territorio, de acuerdo a los principios para hacer efectiva su jurisdicción establecidos en el artículo 4 y a través del artículo 5 se produce una incorporación automática de estos delitos en los tratados sobre extradición que se encuentren vigentes y los que se suscriban en el futuro.
El Protocolo también establece la obligación de los Estados de prestarse toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición, especialmente para aspectos de prueba en procedimientos judiciales (artículo 6).
La fuerza de este Protocolo, y el tipo de obligaciones que impone, permiten suponer que una vez en funcionamiento se producirá un fortalecimiento de la capacidad del sistema jurídico penal nacional e internacional de reprimir este tipo de delitos.
En el ámbito de las legislaciones nacionales, es posible observar que al impulso de los distintos instrumentos internacionales se han ido produciendo diversas reformas a la legislación nacional de todo el mundo tanto desde el punto de vista del aumento de la eficacia de la persecución penal como de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La evolución de la legislación muestra que muchos de los tipos penales de abuso sexual que se consideraban atentados contra la moralidad pública, ahora han pasado a considerarse delitos contra las personas. Asimismo, se ha destacado el carácter de la explotación sexual como un severo atentado a la condición de sujeto de derecho, dotado de libertad y dignidad, de sus víctimas. Un ejemplo de esta tendencia es la nueva Ley italiana 269/98 titulada: “Ley contra la explotación sexual del menor como una nueva forma de reducción a la esclavitud”, que ha tenido un profundo impacto simbólico-cultural al considerar la explotación sexual de la infancia/adolescencia como un atentado a los derechos de la personalidad, homologable a la reducción a la esclavitud.
Entre las nuevas tendencias legislativas se encuentran la sanción del usuario de la prostitución infantil, así como la posesión de material pornográfico infantil (artículo 600 de la Ley italiana). La Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 señaló también la conveniencia de la penalización del turismo sexual, y de la diseminación de pornografía infantil por Internet.
En el ámbito judicial, el Protocolo Facultativo de la CDN establece un conjunto de garantías que constituyen un enorme desafío para los sistemas judiciales de América Latina ya que exigen simultáneamente modificaciones importantes al sistema de justicia penal y al de protección de los derechos de la infancia y puede también provocar algunos cambios en la justicia civil de familia e, incluso, en la laboral.
El artículo 8 del Protocolo Facultativo de la CDN se refiere específicamente a la protección de los derechos de las víctimas, teniendo especial consideración a su vida, integridad y derechos durante los procedimientos judiciales. De esta disposición es posible desprender ciertas garantías que deben regir los procedimientos:
c) Información la víctima debe ser informada de sus derechos, su papel, el alcance, las fecha y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa.
d) Asistencia el protocolo señala la “debida” asistencia, por lo que debe entenderse no sólo la asistencia jurídica sino que también de carácter psicológica, social o de cualquier otra índole que fuere necesaria.
e) Protección de la Intimidad, Identidad y Seguridad. Esto exige establecer norma específicas que prohiban la divulgación de la identidad de las víctimas y aspectos propios de su intimidad, así como tomar todos los resguardos para proteger a las víctimas o testigos de cualquier forma de agresión o represalia.
La Protección de la Explotación Sexual y la Recuperación de
las Víctimas según la Convención de Derechos del Niño.
La Convención reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos de la explotación sexual y de los que han sido víctimas de tales abusos o explotación a que se promueva su recuperación psicológica e integración social (artículos 34 y 39 de la CDN).
El Comité de los Derechos del Niño los considera como víctimas a los que se debe otorgar especial protección en términos de salud, educación y desarrollo.
El principio del interés superior del niño asegura la integralidad de la protección, favoreciendo que las acciones destinadas a prevenir y proteger los derechos del niño, niña o adolescente explotado sexualmente consideren conjuntamente, el goce de sus otros derechos y se eviten efectos contraproducentes o nocivos.
Artículo 34: ” Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra toda forma de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral para impedir:
a) La incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
c) la explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos”.
Artículo 39: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación, abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.
El artículo 34 de la CDN establece las orientaciones principales respecto a las obligaciones del Estado relativas a la prevención y represión del abuso y explotación sexual. El artículo 39, a su vez, lo complementa con las obligaciones derivadas de la recuperación y reintegración social de las víctimas.
Es particularmente interesante que la CDN establezca que los Estados Partes adopten estas medidas no sólo en el marco nacional, sino en el bilateral y multilateral, resaltando de este modo que el éxito de las políticas contra la explotación sexual depende de la capacidad de asumir el desafío como una tarea de los Estados, pero en cooperación con la comunidad internacional. En este sentido es necesario fortalecer también los sistemas regionales, en el caso de América Latina, el Sistema Interamericano, para prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del abuso y explotación sexual.
Para proponer mecanismos que aseguren el cumplimiento de estas disposiciones de la CDN, y fomentar la cooperación internacional, se realizó el I Congreso Mundial desarrollado en Estocolmo en 1996. En este Congreso hubo claridad para concebir a la explotación sexual de la infancia/adolescencia como una particular forma de violencia y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes quienes son tratados como un objeto sexual y comercial. Asimismo se concluyó que no se debe usar la pobreza u otras consideraciones sociales como una justificación de la explotación sexual comercial.
Siguiendo las conclusiones centrales del Congreso, se puede señalar que las medidas que los Estados deben adoptar se orientan hacia tres áreas prioritarias:
políticas para la prevención, la protección, la recuperación y la reintegración social;
articulación de alianzas para la sensibilización sobre el problema ; y
adecuación legislativa y perfeccionamiento de los sistemas de justicia;
En relación a las políticas sociales se identificaron como mecanismos preventivos prioritarios el acceso y permanencia en el sistema educativo; la atención de los servicios de salud; el apoyo al desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos. Asimismo, se reconoce la necesidad de generar programas específicos para asegurar la recuperación y reintegración social de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
En el ámbito de la articulación de alianzas y sensibilización se trata de promover el desarrollo de una cultura de derechos a través de acciones específicas que permitan tomar conciencia de la dignidad e igualdad de todos los niños, niñas y adolescentes y de la ilegalidad y los efectos negativos de la explotación sexual comercial, que incorporen una perspectiva de género y que difundan que las distintas formas de explotación sexual se encuentran sancionados penalmente.
Entre los objetivos estratégicos de esta sensibilización se encuentra la creación de coaliciones y redes públicas y privadas que, en el marco de la protección de los derechos de la infancia/adolescencia lideren la lucha contra la explotación sexual comercial. En particular es necesario movilizar a la industria del turismo.
Asimismo, se debe buscar integrar el trabajo entre agencias del Gobierno y la Administración con organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional y promover la participación de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, incluyendo las víctimas, para tomar acciones a favor de la prevención y protección contra la explotación sexual de la infancia/adolescencia y para dar asistencia a las víctimas.
En los aspectos legales y judiciales se debe avanzar en la distinción absoluta entre la protección de los derechos y desarrollo de las víctimas, con la penalización y persecución criminal de las redes de explotación sexual. Para lograrlo es necesario adecuar la legislación doméstica, en los países donde subsisten leyes o prácticas jurídicas que contravienen o no garantizan adecuadamente los derechos contenidos en la CDN, y dar a conocer la existencia de estas leyes y de los sistemas de persecución y sanción a quienes las incumplan.
Respecto a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual, la ley debe establecer garantías específicas para: asegurar que los sistemas de recuperación y reintegración social estén al alcance de todos los afectados; salvaguardar que no se estructuren bajo lógicas de disciplinamiento y control; asegurar a todos el acceso y disfrute de sus derechos, en especial educación, salud y convivencia familiar; y establecer que periódicamente se revise por alguna autoridad la pertinencia y condiciones en que se desarrollan los programas, en especial si se trata de programas residenciales (artículo 25 CDN).
Igualmente, se deben aprobar nuevos acuerdos internacionales de cooperación que permitan avanzar en la organización de la comunidad internacional para hacer frente a este problema, como por ejemplo los relativos a la prohibición de la explotación sexual en el ámbito laboral, o los tratados sobre extradición. En el ámbito de los acuerdos internacionales es fundamental avanzar hacia la ratificación del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999 y del Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
El Convenio 182 define las peores formas de trabajo infantil en su artículo tercero como la utilización de niños para su venta, prostitución o la producción de material pornográfico.
En la letra a) se menciona como una de sus manifestaciones “la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y tráfico de niños” . Si bien la esclavitud y la venta o tráfico de niños no siempre están relacionados con la explotación sexual, es indudable que son fenómenos que pueden estar relacionados, así como también eventualmente, los sistemas de adopción pueden llegar a encubrir tráfico de niños realizados para la explotación sexual.
Para combatir este problema, es importante que los países ratifiquen los Convenios de La Haya sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional; la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños.
La letra b) del artículo 3 del Convenio 182 de la OIT identifica como peor forma del trabajo infantil “la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas” y, en el marco de este Convenio promueve la pronta movilización de actores del Gobierno, los Empresarios, los Trabajadores y otras organizaciones sociales para su prioritaria y total eliminación.
Estas disposiciones del Convenio 182 de la OIT promueven que los Estados no sólo promulguen normas en el ámbito penal, sino que también establezcan estas prácticas como ilícitos laborales que deben ser fiscalizados y sancionados, no sólo en ámbito penal, sino también, a través de los sistemas de fiscalización y sanción establecidos por el derecho del trabajo.
De este modo, se cuenta con tres sistemas jurídico – estatales, que no se excluyen entre sí, que deben actuar coordinadamente para prevenir y sancionar la explotación sexual infantil: los sistemas penales, los de protección de derechos de la infancia/adolescencia y los de fiscalización de las leyes laborales.
Otros Instrumentos Jurídicos para la prevención y erradicación de la explotación sexual.
Bajo la influencia de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) se han sucedido una serie de pronunciamientos internacionales:
el I Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en 1996 en la ciudad de Estocolmo, oportunidad en que se aprobó por los Estados participantes una Declaración y un Plan de Acción.
el Convenio de La Haya sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional;
el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999; y, el más importante, es el Protocolo Facultativo de la CIDN relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (2000).
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