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Timestamp: 2020-03-28 22:04:14+00:00

Document:
Edicto de 8 de septiembre de 2008, del Juzgado de lo Social de Bilbao, por el que se hace pública la nulidad del acuerdo de 30 de septiembre de 2008 de la Comisión paritaria del convenio colectivo de la construcción de Bizkaia, por el que se procedía a unificar criterios con el Convenio general, en relación con la Tarjeta Profesional de la Construcción y el Certificado de Prevención.
Vigencia desde 26 de Septiembre de 2008
SENTENCIA NÚMERO 295/08.- EN BILBAO, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO
Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Que en autos número 243/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de ELA-STV contra los demandados Ministerio Fiscal, CCOO, UGT, Empresas Constructoras de Vizcaya Asociadas-Ecova, Asociación de Maestros Pintores Vizcaya, Ascovi y Langile Abertzaleen Batzordea (LAB), sobre convenio colectivo, se ha dictado la siguiente:
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 5, doña María José Muñoz Hurtado, los presentes autos número 243/08 seguidos a instancia de ELA-STV contra el Ministerio Fiscal, CCOO, UGT, Empresas Constructoras de Vizcaya Asociadas- Ecova, Asociación de Maestros Pintores Vizcaya, Ascovi y Langile Abertzaleen Batzordea (LAB), sobre convenio colectivo, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Con fecha 25 de marzo de 2008 tuvo entrada demanda formulada por ELA-STV contra el Ministerio Fiscal, CCOO, UGT, Empresas Constructoras de Vizcaya Asociadas-Ecova, Asociación de Maestros Pintores Vizcaya, Ascovi y Langile Abertzaleen Batzordea (LAB) y, admitida a trámite, se citó de comparecencia a las partes, asistiendo la parte actora y el Ministerio Fiscal y, abierto el acto de juicio por S.S.ª., las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos, practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones.
1. El Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Bizkaia , con vigencia desde la fecha de su publicación ("Boletín Oficial de Bizkaia" de 9 de junio de 2006) hasta el 31 de diciembre de 2008, fue suscrito por los representantes de la patronal Empresas Constructoras de Vizcaya Asociadas (ECOVA), Asociación de Constructores de Vizcaya (ASCOVI-BIEBA), Asociación de Maestros Pintores de Vizcaya (AMP) y por los representantes sindicales CCOO y UGT, que constituían más del 50% de la Comisión Negociadora, de la que formaban parte los sindicatos ELA y LAB.
2. En reunión de la Comisión Paritaria del Convenio de 30 de octubre 2007 se acordó que, siendo semejantes los objetivos de la denominada Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) regulada en los artículos 150 y ss del Convenio General y del Certificado Personal de Prevención (CPP) regulado en el artículo 50 de la norma colectiva de ámbito provincial, con la finalidad de evitar duplicidades, procedía unificar criterios y:
a) Dejar sin efecto la obligatoriedad del plazo del 31/12/07 para implantar el Certificado Personal de Prevención (CPP) del artículo 50 del Convenio.
b) Los trabajadores solicitarán la Tarjeta Profesional de Construcción (TPC) conforme al procedimiento establecido en los artículos 159 a 167 del Convenio Colectivo General de la Construcción ("BOE" 17/08/07).
c) Los trabajadores que dispongan del Certificado Personal de Prevención (CPP), al ser su periodo de validez de un año, solicitarán a su término la Tarjeta Profesional de la Construcción, conforme a lo establecido en el Convenio General.
Mediante resolución de 30 de enero de 2008 de la Delegada Territorial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social se acordó el registro y publicación del anterior acta de la Comisión Paritaria, que fue publicada en el "Boletín Oficial de Bizkaia" de 11 de febrero de 2008.
3. La representatividad sindical en el ámbito del sector de la construcción de la provincia de Bizkaia, conforme a las elecciones celebradas hasta el 31 de octubre 2007 y datos registrales hasta el 30 de noviembre era la siguiente:
- ELA: 39,66%.
- LAB: 5,05%.
- CCOO: 42,55%.
- UGT: 10,34%.
1. Los hechos probados son conformes, además de resultar acreditados documentalmente (artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral ).
2. A través de la demanda origen del procedimiento, el sindicato ELA impugna el acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Bizkaia de 30 de octubre de 2007 ("Boletín Oficial de Bizkaia" de 11 de febrero de 2008), solicitando su declaración de nulidad por ilegalidad, por considerar que el mismo constituye una modificación de la norma colectiva sectorial para cuya adopción la comisión paritaria carece de competencia al haberse excedido de las funciones de administración del convenio que le otorga su artículo 71 vulnerando el artículo 85.3.e) del Estatuto de los Trabajadores , además de infringir lo preceptuado en los artículos 87.2, 88.1 y 89.1 y 3 de la ley estatutaria, por no haberse respetado los requisitos y trámites legalmente establecidos para la validez de la negociación colectiva y comportar una violación del derecho fundamental a la libertad sindical del sindicato ELA al habérsele impedido el ejercicio de su derecho a la negociación.
El Ministerio Fiscal se adhirió a la pretensión formulada de contrario.
A) Como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de junio de 2007 (Rec. 71/06), desde las sentencias 73/1984 y 184/1991, la doctrina constitucional ha deslindado las funciones negociadoras de las de pura administración, de modo que las primeras tienen por objeto la modificación de las condiciones de trabajo pactadas, estableciendo reglas nuevas para regir las relaciones laborales en el ámbito de aplicación del convenio; se trata de una negociación, cualquiera que sea el nombre que se le dé y las segundas lo que persiguen es la interpretación o aplicación de alguna cláusula del convenio, su adaptación a problemas no previstos o la adaptación de su contenido según los objetivos prefijados.
Como consecuencia de ello las comisiones paritarias con poder de negociación deben estar conformadas en la forma prevista en el artículo 87, estando legitimados para ello quienes lo estén para negociar el convenio colectivo a reformar, pero la composición de las comisiones no negociadores es diferente, en el sentido de que carecen del derecho a integrarse en las mismas quienes no hayan suscrito el pacto, incluso aunque hubieran intervenido en su negociación pero que no aceptaron los compromisos y objetivos subyacentes en su creación.
En cuanto a las competencias de la Comisión Paritaria a que se refiere el artículo 85.3.e) del Estatuto de los Trabajadores, la jurisprudencia (por todas, STS de 14 de marzo de 2007, Rec. 38/06), ha señalado que las mismas, integradas por representantes de los sindicatos firmantes del Convenio, tienen atribuidas exclusivamente funciones de interpretación, gestión y administración del Convenio y sus decisiones no tienen valor de convenio colectivo ni, por ende, eficacia normativa. Su competencia no se extiende pues a funciones de naturaleza negociadora cuyo ejercicio implica una acción normativa típica en la medida en que suponen una modificación de lo pactado, con la lógica consecuencia de que cualquier acto emanado de aquéllas modificando el contenido del Convenio habría de ser declarado nulo.
B) Conforme al artículo 71 del Convenio de la Construcción parala Provincia de Bizkaia ("Boletín Oficial de Bizkaia" de 9 de junio de 2006), la Comisión Paritaria es el órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del convenio, estando la misma constituida por tres miembros de cada una de las partes firmantes del convenio designados por la mesa negociadora de entre sus integrantes y debiendo adoptar sus acuerdos, que tendrán la misma eficacia que la norma interpretada, por unanimidad de cada una de las dos representaciones.
a) La vigilancia y seguimiento del cumplimiento del convenio.
b) La interpretación de la totalidad de sus preceptos.
c) A instancias de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso y previo acuerdo de las partes y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas cuestiones y conflictos de carácter colectivo puedan suscitarse en la aplicación del convenio.
d) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia del convenio o se deriven de su texto y anexos que formen parte del mismo.
Las partes firmantes del convenio habilitan expresamente a la Comisión Paritaria como Mesa Permanente de encuentro y negociación para ir desarrollando y avanzando en el contenido del convenio incorporando y/o controlando aquellos temas negociados que pudieran perjudicar por abuso o dolo a cualquiera de las partes firmantes incluyendo las modificaciones que fuesen necesarias realizar en el artículo 49 del Convenio.
A este respecto, acuerdan dejar para esta mesa permanente el seguimiento y control del absentismo laboral y el seguimiento y control de la prevención de riesgos laborales.
C) El certificado personal de prevención se configura en el artículo 50 del Convenio Sectorial de ámbito provincial como un documento acreditativo del cumplimiento de las siguientes obligaciones preventivas, estableciendo como plazo para su implantación por las empresas hasta el 31 de diciembre de 2007:
- Información al trabajador de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo en los términos legalmente establecidos.
- Formación del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales centrada específicamente en el puesto de trabajo o función.
- Posesión por el trabajador de la aptitud requerida desde el punto de vista médico para el desarrollo de su actividad.
A tenor de los artículos 159 y 160 y Disposición Transitoria 4.ª del Convenio Colectivo General, la Tarjeta Profesional de la Construcción, cuya obligatoriedad resulta exigible a partir del 31 de diciembre de 2010, es el documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción acreditativo de la formación en materia preventiva específica en el sector de la construcción recibida por el trabajador, así como de que ha sido sometido a los reconocimientos médicos convencionalmente exigidos, su categoría profesional y los periodos en que ha trabajado en las diferentes empresas del sector.
De la anterior regulación convencional se desprende que, no obstante responder a una finalidad similar, la configuración de la TPC y el CPP mediante la negociación colectiva de ámbito estatal y provincial son divergentes al tratarse de dos certificaciones de diferente contenido (la primera relativa a la experiencia profesional y formación preventiva del trabajador en el sector de la construcción y la segunda referente a la información y formación en materia de prevención de riesgos laborales recibida por el trabajador en el concreto puesto de trabajo desempeñado), habiéndose pactado también en cada una de las unidades de negociación una diferente fecha a partir de la cual resultan preceptivas cada una de ellas.
El acuerdo de la Comisión Paritaria que se impugna, en la medida en que ha venido a identificar ambas certificaciones y establecer la sustitución de la tarjeta por el certificado, ha dejado vacío de contenido el artículo 50 del Convenio Provincial sustituyendo su contenido normativo por el del Convenio General, lo que rebasa ampliamente las facultades de administración del convenio que le otorga su artículo 71, por cuanto se ha procedido a una modificación de la norma convencional que sólo resulta legalmente posible mediante la negociación colectiva con intervención de los agentes sociales que tienen legitimación para negociar el convenio que ha sido alterado, de ahí que, con estimación de la demanda, deba declarase la nulidad por ilegalidad del acuerdo impugnado.
4. Conforme al artículo 189 de la Ley Procedimiento Laboral, contra esta resolución podrá interponerse recurso de suplicación.
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por José Vicente Arriola Albizu, en nombre y representación de la Confederación Sindical ELA, contra los sindicatos CCOO-Fecoma, UGT-MCA y LAB, y Empresas Constructoras de Vizcaya Asociadas (ECOVA), Asociación de Constructores de Vizcaya (ASCOVIBIEBA), Asociación de Maestros Pintores de Vizcaya (AMP) y el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro la nulidad del acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Bizkaia de 30 de octubre de 2007 ("Boletín Oficial de Bizkaia" de 11 de febrero de 2008) condenando a las partes a estar y pasar por tal pronunciamiento.
Notifíquese a las partes y procédase a su publicación en el "Boletín Oficial de Bizkaia".
Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta número 47210000220243/08 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con el código 99, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo."

References: artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 71
 artículo 85
e contrario
 artículo 87
 artículo 85
 artículo 71
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 71
 artículo 189
 resolución 
 artículo 228