Source: http://www.cr-a.mx/boletines/2018/agosto2
Timestamp: 2019-04-19 03:23:21+00:00

Document:
Iniciativa Creación Tribunal Constitucional de la Nación
Hacemos de su conocimiento la propuesta de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de un TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solorio, perteneciente a la LXIII Legislatura del H. Senado de la República, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral1, fracción 1, 164 numeral1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H.Asamblea la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y CREACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA NACIÓN, al tenor de la siguiente:
Sin embargo, uno de los temas que menos han sido modificados por las denominadas "Reformas del Estado", ha sido el que concierne a la estructura y facultades del Poder Judicial de la Federación, siendo la reforma más importante, la de la década de los noventa en donde se estableció el actual andamiaje operativo y normativo y con lo que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó tal y como la conocemos actualmente: 11 Ministros cuya renovación se da de forma escalonada, con una duración improrrogable de quince años y cuyas ratificaciones recaen en el Congreso de la Unión.
Contrasta lo anterior que, en América Latina uno de los aspectos fundamentales que se han renovado en diversos países es, precisamente el de los poderes judiciales.
Menciona al respecto el Maestro Héctor Fix Zamudio lo siguiente:
¨La función jurisdiccional de nuestra época se encuentra sujeta a una profunda revisión en virtud de su creciente complejidad, ya que lo que se había concebido de manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de conflictos jurídicos se ha transformado en uno de los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo".
Como resultado de las reformas constitucionales del 1994-1996 al Poder Judicial, se introdujeron modificaciones y novedades en su configuración institucional y en las bases operativas, sin embargo, es precisamente a este Poder al que menos atención se le ha puesto por parte de los teóricos políticos de las transiciones democráticas;esta carencia intelectual se ha producido a pesar de que tanto en México como en el resto de Latinoamérica se ha generalizado la preocupación acerca de la necesidad de perfeccionar la impartición y la procuración de justicia.
Sin embargo, es innegable que, a pesar de que el Judicial es el Poder de la Unión el que menos · estudios en cuanto a su funcionamiento documenta y cuyo diseño operativo y estructural se encuentra menos documentado, es el que cuenta con mecanismos más o menos ajenos a la corrupción y a la falta de credibilidad.
En el marco de una verdadera Reforma del Estado, es preciso incorporar en la agenda global, la reconfiguración del Poder Judicial no porque el mismo haya dejado de ser funcional sino porque el dinamismo institucional y la capacidad de éste por adecuarse a los nuevos tiempos debe ser, precisamente, su fortaleza.
Menciona Edgardo Buscaglia que:
"Si los países de América Latina, aspiran a seguir fortaleciendo sus instituciones democráticas y a llevar a cabo sus reformas, la necesidad de un sistema judicial eficaz es cada vez más imperativa"11 Eduardo Buscaglia.- La economía política de la Reforma Judicial. BID, 1997. P, 31 .
Diversos estudios acerca de la necesidad de reformar el Poder Judicial, sintetizan la misma en cinco puntos:
a) Mejoras en la Administración de Justicia;
b) Independencia Judicial y reingeniería: separación de la Suprema Corte y de un Tribunal de Control Constitucional;
c) Justicia Alternativa;
d) Educación legal de los órganos jurisdiccionales;
e) Nuevos canales de acceso a la Justicia.
Sin duda que, posterior a las denominadas "reformas estructurales" y evidenciadas sus fallas estructurales y legales, el verdadero reto para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho debe ser, el de una verdadera reforma al Poder Judicial que resuelva el añejo problema del acceso a la justicia, que especialice, profesionalice y adecue la función jurisdiccional de acuerdo a las nuevas necesidades sociales y sobre todo, brinde un mayor soporte y control de la constitucionalidad y la legalidad. Una de las modificaciones de carácter institucional que ha cobrado fuerza por parte de expertos, académicos e incluso de los propios integrantes del Poder Judicial de la Federación, es el de la urgencia de independizar la función de control constitucional de la de legalidad, ambas concentradas actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Afirman, que las reformas que en los últimos años ha sufrido la Suprema Corte la han acercado a una tendencia kelseniana de tribunal de orden constitucional; en la actualidad, el Poder Judicial y por ende, el diseño institucional bajo el que opera, contempla que el control de la constitucionalidad recaiga en el máximo tribunal de control de legalidad que es la propia Corte, lo que ha tenido como consecuencia, diversas deficiencias como la existencia de más de cien Tribunales Colegiados de Circuito dotados de la facultad de emitir jurisprudencia cuya nota común son la discordancia y contradicción de criterios entre sí.
Cabe señalar que las contradicciones de tesis jurisprudencial deben ser resueltas por la Corte, y debido a lo lento del mecanismo procedimental, en varias ocasiones ya es imposible retrotraer las circunstancias al estado anterior por lo que resulta obsoleto.
Debemos señalar que la Suprema Corte es un órgano que concentra sus esfuerzos en la resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, los cuales son, fundamentalmente: controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos en revisión sobre constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales.
El Poder Judicial de la Federación a través de 100 años de vigencia de la actual Constitución Política Federal, ha tenido cambios sustanciales en cuanto a los siguientes aspectos principales:
Integración del Poder Judicial de la Federación; Administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial; Tiempo de ejercicio del cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN); Requisitos de elegibilidad de /os Ministros de la SCJN; Mecanismo de nombramiento de /os Ministros de la SCJN; Faltas, renuncias, licencias, defunciones, separaciones definitivas de Ministros, y nombramiento de ministros interinos; Consejo de la Judicatura Federal, integración y funcionamiento; Incompatibilidad del cargo de Ministro de la SCJN e impedimentos laborales posteriores; y Competencia de la SCJN.
Los procesos de reforma judicial que se han instrumentado en diferentes países del mundo, tienen como un común denominador el tratar de generar las condiciones institucionales que garanticen el funcionamiento de los sistemas judiciales en condiciones tanto de independencia respecto a otros poderes o grupos de presión, como de eficiencia en el ejercicio de sus funciones y que de igual forma aseguren el acceso a la justicia a todos aquellos que requieran sus servicios. De ahí que los proyectos de reforma judicial que se han diseñado en diversos países pretendan satisfacer tales enunciados.
El papel decisivo que desempeña un sistema judicial en las sociedades contemporáneas, obliga a tener presente que los tribunales ejercen una influencia determinante en todos los aspectos de la vida pública de un país, pero principalmente en lo tocante a la actividad económica, de ahí que la calidad del desempeño en el quehacer judicial, ha sido recientemente valorada como uno de los indicadores más importantes en la medición de los niveles de crecimiento y competitividad de los países.
De igual forma y en el entendido de que la actuación del Poder Judicial busca la salvaguarda de las libertades fundamentales y la consolidación de las instituciones del Estado, puede afirmarse que un sistema judicial independiente, funcional y accesible a la sociedad,es un garante de las libertades republicanas y parte esencial del avance democrático de una sociedad.
Por ello, el promovente de la presente Iniciativa considera fundamental impulsar el debate desde el Congreso de la Unión, de una ambiciosa reforma al Poder Judicial de la Federación que considere, precisamente, que los órganos jurisdiccionales juegan un papel determinante en la consolidación de un régimen democrático en el que se antepone el cumplimiento del Estado de Derecho y se privilegia el orden social, garante de los más importantes intereses del pueblo.
Propongo en los contenidos del presente instrumento legislativo, la modificación a diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que la función de control constitucional y la del control de la legalidad se independicen y la primera se realice a través de un Tribunal Constitucional de la Nación.
Cabe señalar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá siendo el máximo tribunal del país como el órgano jurisdiccional encargado del control de la legalidad.
Al Tribunal Constitucional de la Nación le competerán tres funciones determinantes:
Resolver acerca de cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad abordadas en las denominadas Controversias Constitucionales;
Resolver las llamadas Acciones de lnconstitucionalidad; y
La emisión de una Declaratoria General de lnconstitucionalidad, dirigida al Congreso de la Unión para su conocimiento, al inicio de cada Periodo Ordinario de Sesiones.
Asimismo, al crear un Tribunal Constitucional de la Nación, establecemos un mayor control de los contenidos e interpretaciones de la Carta Magna dotando a las mismas de certeza, uniformidad, celeridad y seguridad jurídica pues los criterios emitidos serán centralizados y por ende, uniformes.
Con la creación de un Tribunal Constitucional de la Nación, autónomo a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia pero perteneciente también al Poder Judicial de la Federación, se podrían introducir nuevos conceptos y modalidades como la denominada "cuestión de inconstitucionalidad" o "pregunta constitucional" el cuál, consiste en un procedimiento de consulta por parte de jueces y magistrados de los diversos órdenes a dicho Tribunal , acerca de dudas sobre la constitucionalidad en la aplicación de un precepto específico.
Con este Tribunal, se elimina definitivamente la posibilidad de que un juez del fuero común -no constitucional- deba aplicar un precepto que pudiera ser considerado inconstitucional y que actualmente bajo el actual esquema en el que opera, debe aplicar pues de lo contrario, sería gravemente sancionado.
Ejemplo de ello, es el denominado "Control difuso de la Constitución":
Tesis: 1.6o.A.5 A (10a.)
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICIO (CONTROL DIFUSO). EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS GENERALES QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOLVER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.
Conforme a la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, de 14 de julio de 2011, así como a las tesis que derivaron de dicho asunto, los Jueces que no forman parte del Poder Judicial de la Federación no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), pero sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia. Así, aunque en la ejecutoria de mérito no existe una referencia expresa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que sí se estableció que el método de control de convencionalidad ex oficio (control difuso) deben ejercerlo, no sólo el Poder Judicial de la Federación, sino también los tribunales administrativos federales y, en el ámbito local, los tribunales judiciales, administrativos y electorales; por tanto, dentro de dichos órganos jurisdiccionales, debe considerarse al referido tribunal federal. Lo anterior se confirma con lo que el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el sentido de que los mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 , dan lugar a concluir, atento al principio de supremacía constitucional, que los Jueces del Estado Mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver dichos asuntos; determinación que ameritó dejar sin efectos las jurisprudencias P./J. 73/99 y P./J. 7 4/99. Así, el control difuso que puede ejercer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su función jurisdiccional, no se encuentra restringido a disposiciones que regulen las funciones de dicho órgano, sino que abarca todas las normas generales que le corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia, es decir, aquellas que funden los actos que ante dicho tribunal se controviertan, máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hizo tal distinción.
Las sentencias que recayeron al expediente varios 912/2010 y a la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, así como las tesis de jurisprudencia P./J. 73/99 y P./J. 7 4/99 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo 1, octubre de 2011, página 313; Libro 111, Tomo 1, diciembre de 2011, página 536; Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 18, con el rubro: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y pag1na 5, con el rubro: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.", respectivamente. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 351/2014, pendiente de resolverse por el Pleno.
Así las cosas, robustece el anterior criterio, la Tesis de la SCJN que a continuación se expone:
Registro: 193435
El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.". En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Amparo en revisión 1878/93. Sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer vda. de Gil. 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario:Alfredo López Cruz. Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30 de junio de 1997.
Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudíño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso,aprobó, con el número 74/1999, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.
Notas: Esta tesis contendió en la contradicción 4/2000-PL que fue declarada sin materia por el Tribunal Pleno, toda vez que sobre el tema tratado existen las tesis P./J. 24/2002, P./J. 25/2002 , P./J. 23/2002 y P./J. 26/2002 que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de 2002, páginas 5, 81, 82 y 83 con los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES.","LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.", "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." y "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN 11, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.", respectivamente.
Al resolver el veinticinco de octubre de dos mil once la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó "ÚNICO: Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.", conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 O de junio de 2011."
Con la creación del Tribunal Constitucional de la Nación, se da un paso fundamental en la modernización del Poder Judicial de la Federación ya que se mejoraría de manera sustancial, el régimen bajo el que actualmente opera el denominado mecanismo de "acciones de inconstitucionalidad" y el de las llamadas "Controversias Constitucionales" al concentrarse en un solo corpus legal, criterios, información, visión, adecuaciones y sobre todo, bajo mecanismos de eficiencia y oportunidad.
De esta forma, se unifican valiosos precedentes judiciales y la Suprema Corte continuaría con su facultad de unificar lo propio en materia de legalidad y de aquellas interpretaciones constitucionales específicas que no deriven en cuestionamientos de validez normativa sino de normas jurídicas individualizadas como consecuencia de la resolución de juicios de amparo.
La urgencia por modernizar los órganos jurisdiccionales en beneficio de la sociedad, debe ser un tema de la agenda legislativa de los siguientes años, por ello, el promovente de la presente Iniciativa considera fundamental el esfuerzo plasmado en las presentes líneas;·de esta manera, se abona de manera positiva al debate plural acerca de una muy necesaria reingeniería al Poder Judicial a fin de que la justicia alcance para todos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H.Soberanía la presente Iniciativa con:
ÚNICO.· Se REFORMAN los Artículos 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104 y 105 y se ADICIONAN un cuarto párrafo al 94 y un sexto, octavo y noveno párrafos al Artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Constitucional de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
El Tribunal Constitucional de la Nación se compondrá de siete Ministros y funcionará en Pleno o en Salas y es la instancia de interpretación y control de la Constitución.
La competencia de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el del Tribunal Constitucional de la Nación, estarán facultados para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer tanto a la Cortec omo al Tribunal Constitucional, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.
Los Juicios de Amparo en primer término y las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en segundo término, se substanciarán y resolverán de manera prioritaria por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de la Nación respectivamente, cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.
Artículo 95. Para ser electo ministro tanto de la Suprema· Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Constitucional de la Nación, se necesita: l. a VI. ...
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
Artículo 97. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los del Tribunal Constitucional de la Nación podrán solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucionalnombrarán y removerán a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior, mismo procedimiento operará para el Presidente del Tribunal Constitucional de la Nación.
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:
Para el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el siguiente:
Para el caso de los Ministros del Tribunal Constitucional de la Nación será el siguiente:
Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro · del Tribunal Constitucional de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura Federal.
Artículo 98. Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional, solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.
Artículo 100. El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o el Presidente del Tribunal Constitucional, de manera alternada, quien también lo será del Consejo; dos Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos y uno designado por el Tribunal Constitucional, éste por mayoría de cuando menos, cinco votos de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, podrán solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte y el del Tribunal Constitucional, también podrán revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho y cinco votos, respectivamente. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadastanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal Constitucional, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional,elaborarán su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo-99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por los Presidentes tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Constitucional para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional corresponderá a su Presidente.
Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los del Tribunal Constitucional de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo del Tribunal Constitucional de la Nación;
VIl. a VIII. ...
Artículo 105. El Tribunal Constitucional de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
l. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos e) y h) anteriores, y la resolución del Tribunal Constitucional de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos.
En los demás casos, las resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Judicial de la Federación contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento para realizar las labores de reorganización y redistribución de funciones administrativas y reglamentarias correspondientes.
Fuente: Senado de la República. LXIII Legislatura. Rabindranath Salazar Solorio. Senador. Suscrito de salón de sesiones del senado de la república a los días 27 del mes de abril de 2017.
Para mayor información quedamos a sus órdenes al 10-85-10-85 o al correo: jcortes@cgacga.com.mx
Titular Derecho Fiscal

References: artículo 71
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 ARTÍCULO 133
 artículo 133
 artículo 133
 ARTÍCULO 105
 ARTÍCULO 235
 ARTÍCULO 133
 resolución 
 Artículo 97

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 100

Artículo 101
 artículo 105

Artículo 105
 resolución 
 resolución