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Timestamp: 2018-11-19 07:15:39+00:00

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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos siguientes
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos siguientes:
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entiende por:
I. Instituto: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;
II. Consejo General: El Consejo General del Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;
III. Consejo: El Consejo de Participación Ciudadana;
Artículo 3. En el Estado de Jalisco se reconoce a la participación ciudadana como un principio fundamental en la organización política y social, y se entiende como el derecho de los habitantes y ciudadanos del Estado para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno.
Artículo 4. Son instrumentos de participación ciudadana en el Estado de Jalisco:
III. Consulta Ciudadana
V. El presupuesto participativo;
VI. La ratificación de mandato;
VII La comparecencia pública;
VIII La Auditoría Ciudadana.;
IX. Los proyectos sociales; y
X. Las asambleas ciudadanas.
Artículo 5. Todo lo no contenido en esta ley se regirá, de manera supletoria, por el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Artículo 6. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas de los instrumentos de participación ciudadana serán resueltas por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 7. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco contará con un Consejo Estatal de Participación Ciudadana, que será el órgano desconcentrado para auxiliar al Instituto en el desarrollo, implementación, difusión y organización de los instrumentos de participación ciudadana contemplados en esta ley.
Artículo 8. El Consejo de Participación Ciudadana se integrará por 12 ciudadanos que serán electos cada cuatro años por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, mediante una convocatoria pública, a través de un proceso de evaluación e insaculación. Sus cargos serán de carácter honorifico.
En la integración del Consejo de Participación Ciudadana se procurará mantener la equidad de género y una composición regional.
Artículo 9. Para ser integrante del Consejo de Participación Ciudadana se debe cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;
II.- Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;
III Ser nativo de la entidad o residente en esta, cuando menos con dos años anteriores a la fecha de la designación;
IV.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los últimos cuatro años;
V.- No haber sido postulado como candidato de algún partido político a cargo de elección popular en los últimos cuatro años;
VI No haber sido Titular de alguna de las Secretarias de despacho del Ejecutivo, Jefe de Departamento Administrativo, Fiscal General, Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento;
VII No haber sido condenado por algún delito doloso; y
VIII. Acreditar los conocimientos y experiencia en materia de participación ciudadana y electoral
Artículo 10. Los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana deberán realizar un examen en donde se cotejen sus conocimientos en materia de participación ciudadana y electoral. Para efectos de lo anterior, el Instituto Electoral convocará a instituciones académicas nacionales y locales para la evaluación y desarrollo y aplicación del examen.
Artículo 11. Son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, las siguientes:
I.- Coadyuvar en la organización y desarrollo de los procesos de participación ciudadana contemplados en esta ley;
II.- Comunicar y difundir las convocatorias y resultados de los procesos de participación ciudadana;
III.- Implementar un programa de capacitación ciudadana sobre los instrumentos de participación, sus características y alcances;
IV. Asesorar a los ciudadanos que lo soliciten en materia de participación ciudadana; y
V.- Entablar vínculos institucionales con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para la difusión y consolidación de los instrumentos de participación ciudadana.
Artículo 12. Para fortalecer el desarrollo e implementación de los instrumentos de participación ciudadana descritos en esta ley, podrá constituirse, a convocatoria de los Ayuntamientos, en cada uno de los municipios del Estado, un Consejo Municipal de Participación Ciudadana, conformado preferentemente por ciudadanos de la sociedad civil organizada y académicos destacados.
Dichos Consejos municipales deberán de establecer convenios con el Instituto para la organización y realización de los mecanismos de participación ciudadana y apoyarse con el Consejo Estatal.
Las atribuciones de los Consejos Municipales, así como los requisitos de sus integrantes, se establecerán en los reglamentos que para tal efecto aprueben los Ayuntamientos, en apego a las disposiciones constitucionales y demás leyes aplicables.
Artículo 13. Para el desarrollo e implementación de los instrumentos de participación ciudadana descritos en esta ley, podrán contemplarse medios digitales, ya sea para la firma de las solicitudes, o para la votación en los procesos de consulta, siempre y cuando resulte viable y así lo determine el Consejo General.
Ninguno de los instrumentos podrá utilizarse para sancionar o revocar el reconocimiento o ampliación de derechos de minorías vulnerables
Artículo 14. El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana directa, mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo, los actos o decisiones de gobierno, de manera previa a su ejecución.
Artículo 15. Pueden solicitar al Instituto Electoral que se convoque a plebiscito:
I. Para actos de aplicación estatal, treinta días antes o treinta días después de la realización del acto:
a) Los ciudadanos que representen al menos el 0.05 por ciento de la lista nominal de electores;
b) El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos una tercera parte de sus integrantes; o
II. Para actos de aplicación municipal, previamente a la realización del acto:
a) En los municipios con población de hasta 50 mil habitantes, el tres por ciento del Listado Nominal del municipio; en los municipios con más de 50 mil y hasta 100 mil habitantes, el dos por ciento del Listado Nominal; en los municipios con más de 100 mil y hasta 500 mil habitantes, el uno por ciento del Listado Nominal; y en los municipios con más de 500 mil habitantes, el punto cinco por ciento del Listado Nominal;
b) Los Ayuntamientos, con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; o
Artículo 16. Toda solicitud de plebiscito, para ser admitida, deberá contener, por lo menos:
I. El nombre de la autoridad que lo promueve, o en caso de ser promovido por los ciudadanos, el listado con los nombres, firmas y claves de elector de los solicitantes, así como el nombre del representante común y domicilio para recibir notificaciones;
II. El acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito, así como el órgano u órganos de la administración que lo aplicarán en caso de ser aprobado; y
Artículo 17. El Consejo de Participación Ciudadana deberá analizar si la solicitud de plebiscito cumple con los requisitos y presentará un proyecto de dictamen en un plazo no mayor a 15 días naturales, al Consejo General del Instituto , quien decidirá en los 15 días posteriores con el voto de la mayoría de sus integrantes una de las siguientes opciones:
Admitirla en sus términos, dándole trámite para iniciar el proceso de plebiscito.
II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la sustancia de la misma e informando de ello al solicitante para su validación; dándole trámite para iniciar el proceso de plebiscito; o
III. Rechazarla en caso de ser improcedente. Para lo cual, deberá fundamentar y motivar su resolución, y notificar al solicitante.
Artículo 18. El Consejo de Participación Ciudadana iniciará el proceso de plebiscito mediante convocatoria pública, que deberá expedir cuando menos 60 días naturales antes de la fecha de la realización de la consulta a los ciudadanos.
Artículo 19. En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar los ciudadanos del Estado de Jalisco que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores y que cuenten con credencial de elector vigente.
Artículo 20. El Consejo de Participación Ciudadana desarrollará los trabajos de organización e implementación del plebiscito, así como el cómputo de los resultados, y garantizará la más amplia difusión del mismo.
Artículo 21. El Consejo de Participación Ciudadana organizará al menos un debate en el que participen representantes del solicitante del plebiscito y de la autoridad de la que emana el acto o decisión, garantizando la más amplia difusión del mismo.
Artículo 22. El Consejo General del Instituto, validará los resultados en un plazo no mayor a siete días naturales después de celebrada la consulta, y declarará los efectos del plebiscito de conformidad con lo señalado en la convocatoria y en la presente ley. Los resultados y la declaración de los efectos del plebiscito se publicarán en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, y en al menos dos de los diarios de mayor circulación en el Estado.
Artículo 23. Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio cuando una de las opciones sometidas a consulta haya obtenido la mayoría de la votación válidamente emitida y corresponda al menos a un tercio del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente.
Artículo 24. El referéndum es un instrumento de participación ciudadana directa, mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a la creación, modificación, abrogación o derogación de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y disposiciones de carácter general, con excepción de las de carácter contributivo y las leyes orgánicas de los poderes del Estado.
Artículo 25. Los resultados del referéndum tienen carácter vinculatorio, cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida.
Artículo 26. El Instituto con auxilio del l Consejo realizará los trabajos de organización, desarrollo y vigilancia del referéndum, así como el cómputo de los resultados, y garantiza la difusión del mismo.
Artículo 27. El Consejo General valida los resultados en un plazo no mayor a siete días naturales después de celebrada la consulta.
Los resultados y la declaración de los efectos del referéndum, serán enviados al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso al titular del Ayuntamiento que corresponda para que se publique en su gaceta municipal o en el medio oficial de publicación con el que cuente.
Artículo 28. Pueden solicitar al Instituto Electoral que se convoque a referéndum:
I. Los ciudadanos que representen por lo menos el 0.05 por ciento de la lista nominal de electores de la entidad, en contra de actos del Titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en:
a) Decretos;
c) Acuerdos de carácter general.
II. Los ciudadanos que representen por lo menos el 0.05 por ciento de la lista nominal de electores de la entidad, en contra de actos del Congreso del Estado que consistan en:
a) Leyes; y
III. En los municipios con población de hasta 50 mil habitantes, los ciudadanos que representen por lo menos el tres por ciento del Listado Nominal del municipio; en los municipios con más de 50 mil y hasta 100 mil habitantes, el dos por ciento del Listado Nominal; en los municipios con más de 100 mil y hasta 500 mil habitantes, el uno por ciento del Listado Nominal; y en los municipios con más de 500 mil habitantes, el punto cinco por ciento del Listado Nominal, en contra de actos del Ayuntamiento en que residan, que consistan en:
b) Demás disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto.
Artículo 29. La solicitud de referéndum, deberá ser presentada dentro de los treinta días posteriores a la publicación del acto.
Artículo 30. La solicitud de referéndum, para ser admitida debe contener por lo menos:
I. El listado con los nombres, firmas y claves de elector de los solicitantes;
II. Nombre del representante común;
V. Autoridad de la que emana el acto materia del referéndum; y
VI. La exposición de motivos y las razones por las cuales el acto, ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la consideración de los ciudadanos, previa o posterior a su entrada en vigor.
Artículo 31. Recibida la solicitud de referéndum, el Consejo verificará dentro de los tres días siguientes, que cumpla con los requisitos que establece el artículo anterior. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud.
Artículo 32. Una vez revisado el Consejo presentará un proyecto de dictamen en un plazo no mayor a 15 días naturales, al Consejo General, quien decidirá en los 15 días posteriores con el voto de la mayoría de sus integrantes una de las siguientes opciones:
I. Admitirla en sus términos, dándole trámite para iniciar el proceso de plebiscito;
II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la sustancia de la misma e informando de ello al solicitante para su validación;
III. Rechazarla, en caso de ser improcedente fundando y motivando su resolución.
Artículo 33. El Presidente del Instituto, a más tardar al cuarto día de la admisión, notificará a la autoridad de la que presuntamente emanó el acto objeto de la solicitud de referéndum, acompañando una copia de dicha solicitud y del auto de admisión.
I. La mención precisa y detallada de la decisión o acto de gobierno que se pretende someter a referéndum;
II. Autoridad o autoridades de las que emana el acto materia de referéndum; y
La autoridad de la que emanó el acto objeto de la solicitud de referéndum dispondrá de un plazo de cinco días naturales para manifestar lo que a su derecho corresponda y allegar los documentos que estime necesarios.
Artículo 34. El Instituto, con auxilio del Consejo debe realizar la consulta de referéndum dentro de los noventa días siguientes a la admisión del mismo.
El proceso de referéndum inicia mediante convocatoria pública que expedirá el Instituto cuando menos treinta días naturales antes de la fecha de la realización de la consulta a los ciudadanos.
Artículo 35. La convocatoria debe enviarse al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso al titular del Ayuntamiento que corresponda para que se publique en su gaceta municipal o en el medio oficial de publicación con el que cuente, y contendrá:
I. La fecha y horarios en que debe realizarse la jornada de consulta, así como los lugares en donde pueden participar los ciudadanos;
II. La indicación precisa de la disposición y el o los artículos, que se someten a referéndum;
III. El texto de la disposición que se propone derogar o abrogar, y en su caso, un resumen del mismo, así como el sitio de internet donde se puede consultar íntegramente;
IV. La autoridad de la que emana el acto que se somete a referéndum;
V. El nombre del promotor del referéndum;
VI. Un resumen de los argumentos de los solicitantes y de la autoridad;
VII. La pregunta o preguntas que los ciudadanos pueden responder en la jornada de consulta;
VIII. El ámbito territorial de aplicación de la consulta;
IX. Consecuencias de los resultados de la consulta;
X. Lugar y fecha en la que se realizará un debate entre el solicitante del referéndum y la autoridad de la que emana el acto;
XI. El número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que tienen derecho a participar, así como el porcentaje mínimo requerido para que el resultado del referéndum sea vinculatorio; y
XII. Las demás que se establezcan en las disposiciones reglamentarias.
Artículo 36. La consulta ciudadana es el instrumento de participación ciudadana directa a través del cual se somete a consideración de los habitantes, las decisiones y actos de gobierno de impacto directo en demarcaciones territoriales específicas y en las que puede participar cualquier habitante de la misma mediante mecanismos de participación directa.
Artículo 37. La consulta ciudadana sólo podrán solicitarla los habitantes de demarcaciones territoriales específicas como colonias, conjunto de colonias, fraccionamientos, delegaciones municipales, pueblos o comunidades.
Artículo 38. La solicitud de consulta, para ser admitida, debe contener por lo menos:
I. El listado de los habitantes o ciudadanos de la demarcación territorial que solicitan la consulta ciudadana, con su nombre, firma y documento que haga constar su residencia;
II. Señalamiento de representante común y domicilio para recibir notificaciones;
III. La indicación precisa del acto o decisión gubernamental que se pretende someter a consulta;
IV. Las razones por las cuales el acto o decisión debe someterse a la consideración de los habitantes; y
Artículo 39. Recibida la solicitud de consulta ciudadana, el Instituto verificará dentro de los tres días siguientes, que cumpla con los requisitos que establece el artículo anterior. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud.
Artículo 40. Si la solicitud de consulta ciudadana cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente en los términos previstos por el artículo anterior, deberá admitirse. En caso de declararla improcedente el Instituto deberá fundar y motivar su resolución y formular una respuesta detallada y específica al Comité promotor en una sesión pública.
Artículo 41. Una vez que se declara procedente la consulta ciudadana, ésta deberá realizarse a más tardar treinta días naturales posteriores a su aprobación. La convocatoria para la misma debe expedirse cuando menos diez días naturales antes de la consulta y deberá contener:
I. La fecha y horarios en que se realizará la jornada de consulta y el o los lugares en donde se podrá emitir el voto;
II. El acto o decisión de gobierno que se somete a consulta de los habitantes;
III. El mecanismo para realizar la consulta y el procedimiento y metodología a seguir;
IV. La demarcación territorial en la que se pretende aplicar la decisión o acto de gobierno; y
V. La pregunta o preguntas que se someterán a consideración de los habitantes.
Artículo 42. Los resultados de la consulta ciudadana deben ser computados por Instituto y difundidos en los mismos medios que para su convocatoria, notificando de los resultados a los solicitantes y a la autoridad correspondiente
Artículo 43. Cuando los resultados obtengan la mayoría de votos de los habitantes de la demarcación territorial, la consulta ciudadana deberán ser adoptada por la autoridad para la implementación de las acciones de gobierno.
Artículo 44. Se entiende por iniciativa ciudadana la facultad que tienen los ciudadanos de presentar ante el órgano legislativo de la entidad, iniciativas de ley, para que sean estudiadas, analizadas y dictaminadas de conformidad con el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
Los ayuntamientos pueden establecer la iniciativa ciudadana en sus respectivos ordenamientos municipales, a fin de que los habitantes del municipio puedan presentar ante el Ayuntamiento, proyectos de ordenamientos municipales, reforma, adición o derogación de los mismos.
Artículo 45. Toda iniciativa ciudadana que sea desechada, sólo se podrá volver a presentar una vez transcurridos seis meses contados a partir de la fecha en que fue rechazada a través del acuerdo legislativo respectivo.
Artículo 46. Para el estudio, análisis y dictaminación de una iniciativa ciudadana se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Artículo 47. Toda iniciativa ciudadana que se presente deberá ir acompañada de su exposición de motivos, cumpliendo con los requisitos que para las iniciativas establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco.
Artículo 48. Una vez presentada la iniciativa ciudadana, los promoventes no tendrán la atribución de retirarla de su estudio.
Artículo 49. Para lo no establecido en el presente título se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
Artículo 50. Es materia de iniciativa ciudadana la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar derechos o imponer obligaciones a la generalidad de las personas, quedando excluidas:
I. Las materias fiscal, hacendaria, presupuestal y económica;
Artículo 51. Para que proceda la iniciativa ciudadana deberá estar apoyada cuando menos por el cero punto dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado.
Artículo 52. La solicitud de iniciativa ciudadana que formulen los ciudadanos deberá presentarse en las formas oficiales que elabore y distribuya en forma gratuita el Instituto, las que deben contener:
Nombre del representante común de los promoventes;
III. Domicilio legal para recibir notificaciones;
Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;
Número de folio de la credencial para votar de los solicitantes;
Clave de elector de los solicitantes;
Sección electoral a la que pertenecen los solicitantes; y
Firma de cada elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.
En caso de que no exista forma oficial, se deberá presentar mediante escrito que reúna los requisitos que establece este artículo.
Ningún servidor público podrá fungir como representante común.
Artículo 53. Recibida la solicitud de iniciativa, el Consejo verificará dentro de los tres días siguientes, que cumpla con los requisitos que establece el artículo anterior. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud.
Artículo 54 .El Consejo de Participación Ciudadana deberá analizar si la solicitud de iniciativa cumple con los requisitos y presentará un proyecto de dictamen en un plazo no mayor a 15 días naturales, al Consejo General del Instituto, quien decidirá en los 15 días posteriores con el voto de la mayoría de sus integrantes.
Artículo 55. Si la propuesta de reforma o proyecto de ley o Código, es materia de iniciativa ciudadana. Se deberá ordenar el envío al Congreso del Estado de la solicitud de iniciativa ciudadana, la propuesta de reforma o proyecto de ley o decreto, así como la exposición de motivos.
Artículo 56... En toda propuesta de iniciativa popular deberán observarse las reglas de interés general y no deberá afectarse el orden público, evitando las injurias y términos que denigren a la autoridad, a la sociedad o a un sector de ella, de ser así se desechará de plano.
Artículo 57. Una vez recibida la iniciativa ciudadana, el Pleno del Congreso del Estado la turnará a la Comisión que corresponda de acuerdo con la materia de que se trate.
El Presidente de la comisión correspondiente podrá invitar al representante común para que exponga los argumentos jurídicos, sociales y demás puntos relevantes el día en que se discuta el dictamen relativo a la iniciativa ciudadana cuya representación detenta.
Artículo 58. El ejercicio de la iniciativa ciudadana no supone que el Congreso del Estado deba aprobar las iniciativas así presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento legislativo establecido en la ley.
La presentación de una iniciativa ciudadana no genera derecho a persona alguna, únicamente supone el inicio del procedimiento legislativo que debe agotarse en virtud del interés público.
Artículo 59. El presupuesto participativo es un instrumento de gestión y participación ciudadana directa, a través del cual los ciudadanos deciden sobre el destino de un porcentaje de los recursos públicos.
Artículo 60. El presupuesto participativo tendrá por objeto:
I.-Propiciar una distribución democrática de los recursos públicos de que disponen los gobiernos Estatal y Municipales, mediante un mecanismo público, objetivo, transparente y auditable, que posibilita intervenir en la resolución de los problemas prioritarios de los ciudadanos;
II. Efectuar obras prioritarias para la recuperación del espacio público, el mejoramiento y rehabilitación de calles, la rehabilitación o creación de áreas verdes, el mejoramiento o construcción de infraestructura cultural, deportiva y recreativa, así como acciones de desarrollo sustentable, fortalecimiento de la seguridad pública y la cultura, recreación y deporte; desarrollo social, medio ambiente, juventud, participación ciudadana.
II. Efectuar obras prioritarias para la recuperación del espacio público, el mejoramiento y rehabilitación de calles, la rehabilitación o creación de áreas verdes, el mejoramiento o construcción de infraestructura cultural, deportiva y recreativa, así como acciones de desarrollo sustentable, fortalecimiento de la seguridad pública y la cultura;
IV. Establecer un vínculo corresponsable entre el gobierno y los gobernados que permita generar procesos ciudadanos de análisis, programación, vigilancia y control de los recursos públicos.
Artículo 61. El Gobierno del Estado proyectará anualmente en el Presupuesto de Egresos, una partida correspondiente al Presupuesto Participativo, equivalente al quince por ciento del presupuesto total destinado a inversión pública, en los términos de la legislación en la materia. El Gobierno del Estado procurará que los proyectos favorezcan equitativamente a las distintas regiones que propone el Estado.
Los municipios pueden decidir si adoptan la figura de presupuesto participativo en cada ejercicio fiscal, aplicando en lo conducente las reglas del presente capítulo, o bien las reglas que determine el Ayuntamiento correspondiente.
Artículo 62. Para la celebración de la consulta de presupuesto participativo, el Gobierno del Estado propondrá las obras que se someterán a consulta. Pudiendo escuchar las propuestas de los ciudadanos.
El Instituto Electoral es la autoridad facultada para emitir la convocatoria, organizar, desarrollar y vigilar el proceso de consulta, así como computar los resultados, para lo cual se auxiliara del Consejo.
Para efectos de lo anterior, el Instituto debe convocar durante los meses de enero y febrero de cada año a los ciudadanos para participar en la consulta de Presupuesto Participativo, para que éstos puedan definir las obras y proyectos en que se aplicarán los recursos.
Artículo 63. El Instituto, treinta días antes de realizarse la consulta, enviará la convocatoria al titular del Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. La convocatoria debe contener:
I. Las fechas, lugares y horarios en que se realizará la consulta de presupuesto participativo;
II. Las obras que se someterán a consideración de los ciudadanos; y
III. El monto de los recursos públicos que se destinarán a la ejecución de las obras ganadoras.
Artículo 64. El Gobierno del Estado está obligado a contemplar y ejecutar las obras que resulten ganadoras en la consulta de Presupuesto Participativo.
Artículo 65. La ratificación de mandato es un instrumento de participación ciudadana directa y un mecanismo de rendición de cuentas, mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho de evaluar el desempeño del Gobernador del Estado, los Diputados, Presidentes Municipales y Regidores.
Artículo 66. Para solicitar que un funcionario de los señalados en el artículo anterior se someta a la ratificación de mandato se requiere:
I. Para el caso del Gobernador del Estado y los Diputados, el 0.03 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado;
II. Para el caso de Presidentes Municipales y Regidores:
a) En los municipios con población de hasta 50 mil habitantes, el tres por ciento del Listado Nominal del municipio;
b) En los municipios con más de 50 mil y hasta 100 mil habitantes, el dos por ciento del Listado Nominal;
c) En los municipios con más de 100 mil y hasta 500 mil habitantes, el uno por ciento del Listado Nominal; y
d) En los municipios con más de 500 mil habitantes, el punto cinco por ciento del Listado Nominal.
Artículo 67. Toda solicitud de ratificación de mandato, para ser admitida, deberá presentarse a la mitad del periodo constitucional para el que fue electo el funcionario de que se trate, sin exceder los cuatro meses posteriores, y deberá contener, por lo menos:
III. Domicilio para recibir notificaciones; y
IV. El nombre y cargo del funcionario que se propone someter al proceso de ratificación de mandato.
Artículo 68. Recibida la solicitud de ratificación de mandato, el Consejo verificará dentro de los quince días siguientes, que cumpla con los requisitos que establecen los artículos anteriores. A falta de algún requisito, se requerirá al promovente previniéndolo para que lo subsane dentro de los tres días siguientes al de la notificación, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención se desechará la solicitud.
Artículo 69. Si la solicitud cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente, el Consejo de Participación Ciudadana presentará un proyecto de dictamen en un plazo no mayor a 15 días naturales, al Consejo General del Instituto, quien decidirá en los 15 días posteriores con el voto de la mayoría de sus integrantes.
Artículo 70. El Presidente del Instituto Electoral, a más tardar al cuarto día de la admisión, notificará al funcionario sujeto a ratificación de mandato, acompañando una copia de dicha solicitud y del auto de admisión.
Artículo 71. El Instituto Electoral debe realizar la consulta de ratificación de mandato dentro de los 90 días siguientes a la admisión de la misma.
El proceso inicia mediante convocatoria pública que expedida el Instituto Electoral cuando menos treinta días naturales antes de la fecha de la realización de la consulta a los ciudadanos.
La convocatoria debe enviarse al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso al titular del Ayuntamiento que corresponda para que se publique en su gaceta municipal o en el medio oficial de publicación con el que cuente, y contendrá:
I. La fecha y horarios en que se realizará la jornada de consulta, así como los lugares en donde pueden participar los ciudadanos;
II. El nombre y cargo del funcionario sujeto a ratificación de mandato; y
III. La opción de si ratifica o no la gestión del funcionario público.
Artículo 72. El Instituto, con auxilio del Consejo, realiza los trabajos de organización, desarrollo y vigilancia de la consulta de ratificación de mandato, así como el cómputo de los resultados y garantiza la difusión del mismo.
Artículo 73. El Instituto Electoral valida los resultados en un plazo no mayor a siete días naturales después de celebrada la consulta y debe enviarlos al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso al titular del Ayuntamiento que corresponda para que se publique en su gaceta municipal o en el medio oficial de publicación con el que cuente.
Artículo 74. En un mismo periodo constitucional no se podrán realizar dos consultas de ratificación de mandato a un mismo gobernante.
Artículo 75. La comparecencia pública es una figura de democracia deliberativa en donde los habitantes dialogan y debatan con los funcionarios del Gobierno del Estado para solicitarles la rendición de cuentas, pedir información, proponer acciones, cuestionar y solicitar la realización de determinados actos o la adopción de acuerdos.
Artículo 76. Los temas sobre los cuales pueden realizarse las comparecencias públicas son los siguientes:
III. Proponer a los titulares de las dependencias la adopción de medidas o la realización de determinados actos;
IV. Informar a los funcionarios públicos de sucesos relevantes que sean de su competencia o sean de interés social;
VI. Evaluar el desempeño de la administración pública;
Artículo 77. Podrán ser citados a comparecencias públicas los siguientes servidores públicos:
Artículo 78. La comparecencia pública se celebrará de las siguientes formas:
I. Oficiosamente: El Consejo de Participación Ciudadana convocará al menos dos veces por año, a los habitantes del Estado a la celebración de la comparecencia pública en la que estarán presentes funcionarios del Gobierno del Estado, quienes escucharán a los habitantes, y en donde informarán y rendirán cuentas sobre los actos de gobierno. Estas comparecencias se celebrarán una en el mes de junio y otra en el mes de noviembre de cada año;
II. A solicitud de los ciudadanos: Podrán solicitar la celebración de una comparecencia pública extraordinaria al menos el 0.1 % de los ciudadanos del Estado inscritos en la lista nominal de electores, mediante un escrito en donde precisen el tema a tratar y los funcionarios que solicitan asistan. La petición se formulará ante el Instituto, que deberá contestar por escrito a los interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación;
III. De resultar procedente la solicitud de comparecencia pública extraordinaria, el Consejo de Instituto publicará una convocatoria en la que señale el día, hora y lugar para la realización de la comparecencia, especificando el nombre y cargo de los funcionarios convocados;
IV. Cuando los ciudadanos soliciten una comparecencia pública, se deberá anexar a la solicitud un listado que contenga nombre, firma y clave de la credencial de elector de los solicitantes;
Artículo 79. La comparecencia pública se llevará a cabo en forma verbal, en un solo acto y podrán asistir:
I. El o los funcionarios en cuestión;
II. Los solicitantes;
III. Cualquier habitante del Estado de Jalisco interesado; y
IV. Dos representantes del Consejo de Participación Ciudadana, quienes fungirán, uno como moderador durante la comparecencia, y otro como secretario para levantar el acta de acuerdos correspondiente.
Articulo 80. Para el desahogo de la comparecencia pública, se podrán registrar como máximo 10 personas como representantes ciudadanos, quienes participarán como voceros para establecer la postura de los ciudadanos.
Artículo 81. El Consejo de Participación Ciudadana deberá levantar un acta de la comparecencia, en la que se asentarán los puntos tratados, los acuerdos tomados y las dependencias que, en su caso, deberán darle seguimiento a los resolutivos. Se designarán a los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones aprobadas, de acuerdo con sus atribuciones.
Articulo 82. El Instituto deberá publicar los acuerdos tomados en la comparecencia pública en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”. Así mismo, el Instituto podrá convocar, de ser necesario, a subsecuentes reuniones entre las autoridades y los solicitantes de la comparecencia pública para darle seguimiento a los acuerdos.
Artículo 83. El Consejo será el encargado de la organización y la difusión de las comparecencias públicas, garantizando que la población esté informada de la convocatoria y de los acuerdos tomados en ella.
Artículo 76. La Auditoría Ciudadana es un instrumento de participación y corresponsabilidad ciudadana, mediante el cual los ciudadanos, voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de vigilar, observar, evaluar y fiscalizar el desempeño de los programas de gobierno, las políticas públicas y el ejercicio del gasto público.
Artículo 77. El Consejo de Participación Ciudadana convocará a las instituciones académicas y a las universidades del estado para diseñar, acoger e implementar el programa de Auditoría Ciudadana. Del mismo modo, se emitirá una convocatoria pública para que los ciudadanos participen en la Auditoría Ciudadana.
Artículo 78. Las instituciones académicas que integren la Auditoría Ciudadana organizarán los trabajos de observación y vigilancia, designando a auditores acreditados para la vigilancia y evaluación de las distintas entidades de la Administración Pública del Estado de Jalisco. Los auditores ciudadanos podrán ser estudiantes, académicos o ciudadanos que hayan respondido a la convocatoria pública.
El Consejo de Participación Ciudadana deberá implementar un programa de capacitación permanente para los auditores ciudadanos.
Artículo 79. Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y a los ciudadanos vigilar, supervisar y analizar las actividades, programas y políticas desempeñadas por las entidades públicas. Para ello, podrá solicitar a las dependencias correspondientes toda la información que considere necesaria para la evaluación y vigilancia.
El Consejo de Participación Ciudadana deberá realizar un informe anual de las Auditorías Ciudadanas realizadas, sus actividades, y deberá ser publicado de manera íntegra en el sitio de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Artículo 88. Los proyectos sociales son un instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden presentar propuestas específicas a las autoridades estatales y municipales, ya sea sobre proyectos de inversión, programas sociales, obras públicas, o sobre cualquier otro acto de gobierno.
Artículo 89. Podrán proponer a las autoridades respectivas la adopción de un proyecto social, cuando menos cien ciudadanos acreditados como habitantes del lugar en donde se pretenda llevar a cabo el proyecto en cuestión.
Artículo 90. Toda solicitud de proyecto social deberá dirigirse al Instituto, para que éste lo haga llegar a la autoridad competente y le dé el seguimiento procesal correspondiente. Para ser admitidas, las solicitudes deberán contener:
El Instituto deberá notificar a la autoridad competente de la presentación del proyecto social en un plazo no mayor a cinco días naturales.
Artículo 91. La autoridad competente que reciba una solicitud de proyecto social tiene las siguientes obligaciones:
I. Conocer, atender y resolver lo conducente, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción del proyecto social, y notificarlo a los solicitantes;
II.Conceder una audiencia pública a los representantes del proyecto social, para tratar la petición del proyecto. Lo anterior deberá realizarse antes de la resolución por parte de la autoridad;
III.A la o las audiencias que se celebren para discutir el proyecto social, deberán asistir los representantes del proyecto social o de lo contrario, se desechará de plano el proyecto presentado; y
IV.Resolver por escrito, fundada y motivadamente, la aceptación total o parcial, o el rechazo del proyecto social solicitado, y notificar la respuesta al Comité promotor y al Consejo de Participación Ciudadana.
Artículo 92. Las asambleas ciudadanas son un instrumento de participación ciudadana, en donde los habitantes construyen un espacio para la opinión sobre temas de orden general o asuntos de carácter local o de impacto en la comunidad.
Artículo 93. Las asambleas ciudadanas podrán organizarlas:
Artículo 94. Los habitantes que deseen llevar a cabo las asambleas ciudadanas, darán aviso al Consejo de Participación Ciudadana del tema, del lugar y de la fecha en que se llevarán a cabo.
El Instituto a través del Consejo será responsable de la difusión de las asambleas ciudadanas y de recoger, sistematizar y publicar los resultados obtenidos en las mismas.
Artículo 95. Es responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana hacer llegar los resultados de las asambleas ciudadanas a las autoridades competentes, así como darle seguimiento a su cumplimiento y aplicación.
DEL PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLEBISCITO, REFERÉNDUM, CONSULTA CIUDADANA, RATIFICACIÓN DE MANDATO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
Artículo 96. El plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, ratificación de mandato y, en lo que fuere procedente el presupuesto participativo, una vez admitidos, se regirán por las siguientes etapas:
II. Delimitación de la circunscripción territorial donde se aplicará el proceso de consulta y las secciones electorales que lo componen;
III. Integración y ubicación de las mesas directivas de casilla;
IV. Registro de observadores ciudadanos;
V. Elaboración y entrega de la documentación y material para la consulta;
VI. Jornada de consulta;
VII. Escrutinio, cómputo y calificación de la consulta; y
VIII. Publicación de los resultados.
Artículo 97. Preferentemente el desarrollo de las consultas en los procesos de participación ciudadana se llevará a cabo con el uso de la urna electrónica. En caso de no ser posible lo anterior, se estará a lo dispuesto en este título.
Artículo 98. El Instituto Electoral, de conformidad con las necesidades particulares y específicas del proceso, decidirá el número y ubicación de las casillas, debiendo instalar cuando menos una por cada tres secciones electorales.
Artículo 99. Las mesas directivas de casilla son órganos formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de la casilla correspondiente. Los funcionarios de dichas mesas deberán respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, debiendo garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.
Artículo 100. Las mesas directivas de casilla, para los procesos de consulta señalados en esta ley se conformarán con los siguientes funcionarios:
Artículo 101. Para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, en primer término se nombra a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla en las últimas elecciones ordinarias y en caso de no ser localizados, serán llamados sus suplentes.
En caso de que no se complete el número de funcionarios de casilla se estará a lo que acuerde el Instituto.
Artículo 102. Los integrantes de las mesas directivas de casilla deben recibir capacitación por parte del Instituto a través del Consejo, para el adecuado desempeño de sus atribuciones.
Artículo 103. Para los procesos de consulta de plebiscito, referéndum, ratificación de mandato y presupuesto participativo, podrán registrarse observadores ciudadanos ante el Instituto Electoral.
Una vez publicada la convocatoria respectiva para el proceso de consulta, el Instituto Electoral debe emitir a más tardar cinco días naturales después, una convocatoria pública para el registro e inscripción de observadores ciudadanos, mismo que concluirá diez días antes del día de la jornada de consulta.
El Instituto Electoral debe otorgar una acreditación a los observadores ciudadanos registrados para que puedan cumplir con sus labores.
Artículo 104. Los observadores ciudadanos tienen los siguientes derechos:
I. Conocer y vigilar todas las etapas del proceso de consulta;
II. Solicitar al Instituto Electoral cualquier información relativa al proceso de consulta de que se trate;
III. Durante el día de la jornada, vigilar y observar el desarrollo de las actividades en las mesas directivas de casilla, sin obstaculizar la votación o el trabajo de los funcionarios de casilla;
IV. Acudir y permanecer en cualquier casilla instalada el día de la jornada de consulta;
V. Vigilar y observar el proceso de escrutinio y cómputo de los votos; y
VI. Votar en la consulta de que se trate, siempre y cuando estén adscritos a la circunscripción territorial involucrada en la consulta, y estén debidamente acreditados.
Artículo 105. Para la emisión del voto en las consultas, se deben imprimir las boletas conforme al modelo que apruebe el Instituto Electoral, debiendo contener, cuando menos:
I. Tratándose de plebiscito:
a) El acto que se somete a consulta;
b) La pregunta o preguntas que se formularán a los ciudadanos;
c) Dispositivos de control; y
d) Un talón desprendible con folio.
II. Tratándose de referéndum:
a) El ordenamiento y el o los artículos, que se someten a referéndum;
III. Tratándose de ratificación de mandato:
a) El nombre del o los funcionarios que se someten a consulta;
d) Un talón desprendible con folio; y
IV. Tratándose de presupuesto participativo:
a) Las obras que se someterán a consideración;
b) Dispositivos de control; y
c) Un talón desprendible con folio.
Artículo 106. El Instituto, con auxilio del Consejo debe entregar a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al de la jornada de consulta, y contra el recibo detallado correspondiente, los siguientes documentos:
I. Las listas nominales de electores correspondientes a las secciones del área territorial en que se ubique la casilla;
II. La relación de los observadores ciudadanos acreditados;
III. Las boletas para la consulta, en número igual al de los electores que figuren en las listas nominales de electores con fotografía para cada casilla. Adicionalmente, la cantidad de boletas necesarias para que puedan votar en cada casilla los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los observadores ciudadanos;
IV. Las urnas para recibir la votación;
V. El líquido indeleble;
VI. Los documentos, actas, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios; y
Artículo 107. Las jornadas de consulta para los procesos de plebiscito, referéndum y ratificación de mandato se deben llevar a cabo en día domingo, en la fecha que determine el Instituto Electoral, de acuerdo a los plazos establecidos en la presente ley, e iniciará con la instalación de todas las casillas a las 8:00 horas, mismas que deben cerrar a las 18:00 horas.
Las casillas sólo podrán cerrarse anticipadamente, si se hubiera recibido el voto del total de los ciudadanos con derecho a votar en ella, quedando lo anterior asentado en el acta.
Las jornadas de consulta deberán desarrollarse bajo los mismos lineamientos que una jornada electoral ordinaria, en los términos de los ordenamientos electorales aplicables en el Estado de Jalisco.
Artículo 108. Las jornadas de consulta de Presupuesto Participativo se llevarán a cabo durante los meses de enero y febrero de cada año, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente ley.
Artículo 109. Una vez cerrada la votación, los integrantes de la mesa directiva, en presencia de los observadores ciudadanos, deben proceder al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.
Artículo 110. Se debe levantar un acta de escrutinio y cómputo para cada casilla de votación. Cada acta contendrá, por lo menos:
I. El número de votos válidos emitidos, y el sentido de los mismos;
II. El número total de boletas entregadas a los funcionarios de casilla antes del desarrollo de la votación;
III. El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
IV. El número de votos nulos; y
V. El número de funcionarios de casilla y observadores que votaron en la casilla.
Artículo 111. Al finalizar la jornada, el material se debe integrar en un paquete y, por fuera del mismo, deberá adherirse un sobre que contenga un ejemplar del acta en donde se especifiquen los resultados del escrutinio y cómputo de la consulta, para su entrega al Instituto Electoral.
Los presidentes de las mesas directivas de casilla, deberán fijar en el exterior del lugar donde se instaló la casilla, un aviso con los resultados de la votación, mismos que se deberán firmar por parte del Presidente y el Secretario de la casilla, así como por los observadores que así deseen hacerlo.
Artículo 112. El Consejo General debe celebrar una sesión especial un día después de la jornada de consulta respectiva, a efecto de realizar el cómputo de la votación, en donde:
I. Revisará las actas;
II. Realizará el cómputo general de la votación;
III. Levantará el acta haciendo constar el resultado de dicho cómputo; y
Artículo 113. La calificación del proceso de consulta de plebiscito, referéndum, ratificación de mandato y presupuesto participativo, lo debe realizar el Consejo General, remitiendo los resultados al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, o en su caso, al ayuntamiento para su publicación en la gaceta municipal o el medio oficial de comunicación de que disponga.
Artículo 114. Los partidos políticos no podrán participar en los procedimientos de participación ciudadana ni financiar su difusión, promoción o cualquier actividad de los ciudadanos solicitantes.
El Consejo del Instituto Electoral sancionará a los partidos políticos por la violación a lo dispuesto en el artículo anterior con multa de quinientos a cinco mil días de salario mínimo vigente en la zona metropolitana.
Artículo 115. Los funcionarios que no acaten las decisiones emanadas de los procedimientos de participación ciudadana vinculatorios, serán sancionados con multa de cinco mil a diez mil días de salario mínimo vigente en la zona metropolitana, sin perjuicio de las sanciones que se deriven por responsabilidades políticas o administrativas.
Artículo 116. Los funcionarios que no asistan a las comparecencias públicas, conforme a lo establecido en la presente ley, serán sancionados con multa de mil a dos mil días de salario mínimo vigente en la zona metropolitana.
Artículo 117. Los funcionarios del Instituto Electoral que incumplan con las disposiciones de la presente ley, serán sancionados con multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en la zona metropolitana.
Artículo 118. Los solicitantes por conducto de su representante, y los poderes públicos que participen en los procesos de referéndum y plebiscito, podrán impugnar las resoluciones pronunciadas por el Instituto, así como los resultados, aplicando lo establecido en la presente ley y las demás que resulten aplicables.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan los artículos del 385 al 445 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para quedar como siguen:
385. Derogado.
386. Derogado.
387. Derogado.
388. Derogado.
389. Derogado.
390. Derogado.
391. Derogado.
392. Derogado.
393. Derogado.
394. Derogado.
395. Derogado.
396. Derogado.
Del Trámite de la Solicitud y Resolución
397. Derogado.
398. Derogado.
400. Derogado.
401. Derogado.
402. Derogado.
403. Derogado.
404. Derogado.
405. Derogado.
406. Derogado.
407. Derogado.
408. Derogado.
409. Derogado.
410. Derogado.
Disposiciones Comunes del Referéndum y Plebiscito
411. Derogado.
412. Derogado.
Instancias Calificadoras
413. Derogado.
414. Derogado.
415. Derogado.
416. Derogado.
417. Derogado.
418. Derogado.
419. Derogado.
420. Derogado.
Votación y Adopción de la Decisión
421. Derogado.
422. Derogado.
423. Derogado.
424. Derogado.
425. Derogado.
426. Derogado.
427. Derogado.
428. Derogado.
429. Derogado.
430. Derogado.
431. Derogado.
432. Derogado.
Materia de la Iniciativa Popular
433. Derogado.
434. Derogado.
435. Derogado.
436. Derogado.
437. Derogado.
438. Derogado.
439. Derogado.
440. Derogado.
441. Derogado.
442. Derogado.
443. Derogado.
444. Derogado.
445. Derogado.
SEGUNDO. El Instituto Electoral deberá expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes en un término de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
TERCERO. Los ayuntamientos deberán expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes en el término de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

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Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

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Artículo 21

Artículo 22

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Artículo 24

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Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

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Artículo 103

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Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118
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