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Timestamp: 2019-10-18 13:25:01+00:00

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CONDICIÓN RESOLUTORIA POTESTATIVA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado Ponente, CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE, Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), Referencia: Exp. 08834 – 01.- 3. Ahora bien, para iniciar el análisis del asunto la Corte estima pertinente traer a colación algunos de los comentarios que en ocasiones precedentes ha efectuado en torno de la institución jurídica del mutuo disenso contractual:
“Así como el contrato surge de un concurso de voluntades, los mismos contratantes, como norma general, pueden mediante mutuo consentimiento dejarlo sin efecto, pues según el artículo 1602 del Código Civil ‘todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales’. Del texto de este ordenamiento se desprende que si bien toda relación contractual vincula vigorosamente a sus participantes, no es óbice para que la convención celebrada quede sin efectos, ora por el acuerdo de las partes, ya por los motivos previstos en la ley.
La primera forma de disolución del contrato autorizada por la ley, que otros denominan ‘mutuo disenso’, ‘resciliación’ o ‘distracto contractual’, es la prerrogativa que asiste a las partes, fundada en la autonomía de la voluntad, para deshacer y desligarse del contrato entre ellas celebrado. Fundados en el mismo principio, pueden mutuamente extinguir sus obligaciones, tal como lo enseña el primer inciso del artículo 1625 del Código Civil, en cuanto dice que ‘toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula’….” (sentencia de 5 de noviembre de 1979, G.J. t. CLIX, pag. 306; en similar sentido, fallos de 16 de julio de 1985, G.J. t. CLXXX, pag. 125; 7 de junio de 1989, G.J. t. CXCVI, pag. 162; 1° de diciembre de 1993, G.J. t. CCXXV, pag. 707; 15 de septiembre de 1998, G.J. t. CCLV, pag. 588 y 12 de febrero de 2007, exp. 00492-01, no publicado aún oficialmente, entre otros).
De igual forma, en cuanto a las modalidades particulares que admite el mutuo disenso, es de verse cómo la doctrina jurisprudencial de la Sala tiene dicho que tal fenómeno puede provenir de un consentimiento expreso o también tácito, para puntualizar que su causa estriba precisamente en la “… voluntad coincidente de las partes interesadas …” y que, cuando se trata del mutuo disenso expreso, como el que específicamente se pide declarar en este caso, su configuración única y exclusivamente debe encontrar origen en una “… declaración de voluntad directa y concordante …” emitida con la finalidad de prescindir del convenio y privarlo de sus efectos (sentencia de 1° de diciembre de 1993, G.J. t. CCXXV, pag. 707).
d. Finalmente, en el literal b, numeral 1° se encuentra la estipulación por medio de la cual el comprador Caballero Lian “… deja en libertad al vendedor Hugo Hernández para continuar o no con la negociación del predio ‘La Ilusión’ …”, para prever asimismo que “… en el evento de no continuar devolverá los dineros recibidos con una tasa de interés del 3% mensual, contados a partir de la fecha de entrega de los dineros” (literal b, numeral 1°, subraya la Sala).
Sobre este particular, el recurrente asevera que tal manifestación no supone la concreción de un nuevo contrato de signo contrario al de la compraventa, que es lo que caracteriza el mutuo disenso, pues lo que se introdujo al contrato fue una condición resolutoria potestativa a favor del vendedor, que dependía de un suceso futuro, incierto o eventual, sin que allí se hubiese tomado decisión alguna acerca de la disolución, ni existiera un consentimiento recíproco en dar por extinguido el negocio jurídico.
Evidentemente, resulta palmario que del texto que acaba de reproducirse no emerge la configuración del mutuo disenso expreso reclamado, pues una cosa es que el comprador le conceda al vendedor la potestad de que unilateralmente decida si continúa o no con la negociación del predio, y otra diametralmente distinta es que de tal circunstancia se quiera extraer, sin más, casi de manera automática, una declaración mutua o recíproca de los contratantes con destino a aniquilar un convenio sinalagmático.
Si el vendedor contaba con la posibilidad de escoger entre la continuación del contrato o su terminación, pudiendo optar por una u otra con un considerable grado de autonomía y discrecionalidad, sin que, por lo mismo, fuera factible establecer de manera anticipada el sentido hacia el cual orientaría finalmente su voluntad, aflora nítidamente que no resultaba admisible sostener que una estipulación de corte semejante implicaba o, para usar el confuso giro empleado por el Tribunal, podía “… servir como prueba …” de un consentimiento mutuo de anonadar, extinguir o abolir el negocio jurídico, pues, en los precisos términos en que ella fue redactada, sólo había una persona, no dos, que conservaba el dominio sobre la suerte definitiva de tal relación jurídica patrimonial.
No se aprecia la existencia de un consentimiento mutuo o recíproco, como perentoriamente lo exige la ley para que se estructure cabalmente el mutuo disenso o convenio extintivo (cfr. artículos 1602 y 1625 Código Civil, 864 Código de Comercio), pues, ha de insistirse, la determinación final era del resorte libre y exclusivo de uno de los contratantes - vendedor -, sin que la voluntad del otro - comprador - pudiera tener alguna intervención o influencia, al punto que en la fecha de celebración del tantas veces mentado acuerdo aclaratorio el panorama aparecía completamente hipotético o incierto en cuanto al ejercicio que en alguna ocasión posterior, si fuera el caso, se haría de una potestad de tal naturaleza.
Por ende, resulta inaceptable siquiera pensar que por el hecho de brindársele al vendedor la facultad de “… continuar o no continuar con la negociación del predio …” el comprador mostró asentimiento o conformidad con la decisión que él habría de adoptar, pues no ha de perderse de vista, como se dijo, que para tal momento el uso de dicha prerrogativa era absolutamente eventual, de manera que allí no había nada que consentir o aprobar, y sin que, por lo mismo, fuera posible manifestar aquiescencia anticipada y expresa sobre aquello que entonces no existía ni se conocía, como tampoco podía hacerse simultáneamente sobre dos situaciones no sólo hipotéticas, sino excluyentes y opuestas.
Por lo demás, muestra reveladora de que dicha estipulación no aparejaba un mutuo disenso expreso es su mismo texto, el cual preveía que “… en el evento de no continuar …” con el contrato el vendedor devolvería el dinero recibido, estipulación de la que indiscutiblemente emerge no sólo que la terminación del negocio jurídico no se había configurado para tal momento, como erradamente pareció entenderlo el Tribunal, sino que ella no se desprendía del contenido del documento, correspondiendo a un acontecimiento no más que contingente o potencial.
“… La condición potestativa que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga, para que anule la obligación en la hipótesis del primer inciso del artículo 1535 del C. Civil, sería la suspensiva, porque entonces esa potestad toma a su arbitrio la formación del vínculo; pero no sería nula la condición resolutoria, porque en tal caso el vínculo ya estaría válidamente constituido. Como bien lo dice Alessandri Rodríguez, ‘si es resolutoria es válida, porque la obligación ha podido formarse y producir todos sus efectos, ya que la condición resolutoria no afecta la existencia de la obligación sino únicamente a su extinción’. (Derecho Civil. Teoría de las obligaciones, pág. 173. Chile, 1934)” (sentencia de 23 de febrero de 1961, G.J. t. XCIV, pag. 535; en el mismo sentido, fallos de 22 de noviembre de 1945, G.J. LIX, pag. 791; y 3 de julio de 1969, G.J. t. CXXXI, pag. 8).
MODOS DE TERMINAR EL CONTRATO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: RICARDO HOYOS DUQUE, SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C., DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999). RADICACIÓN NÚMERO: 10781.- Si bien es cierto la ley hace referencia a los modos de terminación del contrato entre los cuales cabe señalar la terminación unilateral por las razones hoy recogidas en el Art. 17 de la ley 80 de 1993 (antes por razones de orden público o coyuntura económica critica, Art. 19 D.L. 222 de 1983), la caducidad del contrato, la terminación por declaración judicial y el caso que preveía el decreto ley 222 de 1983 en el artículo 13 (los contratos celebrados contra expresa prohibición, hoy recogido en el Art. 45 de la ley 80 de 1993) y en el Art. 68 (cuando el contratista se negare a constituir las garantías del contrato), también lo es, que bajo el régimen común pueden plantearse otras posibilidades de terminación anormal como lo son el acuerdo entre las partes y el desistimiento del contratista. En el derecho privado la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes es perfectamente posible de acuerdo con el art. 1602 del Código Civil, aplicable a la contratación estatal como lo pueden ser todas las reglas del derecho común que no resulten incompatibles (art.13 ley 80 de 1993).
En el caso de los contratos estatales, el ordinal 2º del artículo 287 del decreto ley 222 de 1983 hacía posible la terminación anticipada por acuerdo entre las partes, pero a condición de que esa terminación no implicara para la administración una renuncia a derechos de los cuales fuera titular. En estas condiciones, el hecho de que la administración haya exigido al contratista una garantía hipotecaria y señalado un plazo para la recuperación de las inversiones que realizó en el proyecto objeto del contrato PC-105/83 antes de darlo por terminado, no fue más que el aseguramiento de los derechos que como contratante tenía en el contrato para poder así romper de manera anticipada el vínculo contractual que tenía con el particular.
En el presente asunto, la circunstancia de que haya sido la administración la que tomó la determinación de no recibir las obras por problemas geológicos y que atribuyó a su cocontratante, en nada cambia la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Como modo anormal de conclusión de los contratos administrativos la doctrina ha desarrollado ampliamente la rescisión convencional.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ D. C, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE DOS MIL CUATRO (2004), RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2003-0030-01(25156).- EL CONSEJO DE ESTADO sin pretender hacer estudio de fondo frente a las reflexiones del Tribunal, por ser éste un aspecto volitivo del árbitro, considera que el incumplimiento recíproco observado por el Tribunal frente a las obligaciones de liquidación y cuyo incumplimiento depreca la demanda arbitral, en caso de haber acontecido requería de declaratoria arbitral porque en dado caso se hubiera tratado de mutuo disenso tácito.
En efecto, el mutuo disenso como bien se ha definido por la jurisprudencia desde vieja data es uno de los correctivos jurídicos que tienen las partes contratantes para aniquilar el contrato “La primera forma de disolución del contrato autorizada por la ley, que otros denominan ‘mutuo disenso’, ‘resciliación’ o ‘distracto contractual’, es la prerrogativa que asiste a las partes, fundada en la autonomía de la voluntad, para deshacer y desligarse del contrato entre ellas celebrado”.
En esta misma sentencia se señala, claramente, que ese mutuo disenso puede provenir del consentimiento expreso, el cual no requiere de la intervención judicial, o tácito, cuyo efecto sí requiere aquella y acontece “ante la recíproca y simultánea inejecución o incumplimiento de las partes con sus obligaciones contractuales, pues la conducta reiterada de los contratantes de alejarse del cumplimiento oportuno de sus obligaciones, sólo puede considerarse y por ende traducirse, como una manifestación clara de anonadar el vínculo contractual” “No basta pues el recíproco incumplimiento, sino que es menester que los actos u omisiones en que consiste la inejecución sean expresivos, tácita o expresamente de voluntad conjunta o separada que apunte a desistir del contrato. Y cuyo fundamento ontológico no es otro que evitar “mantener indefinidamente atados a los contratantes cuyo, comportamiento, respecto de la ejecución de las obligaciones sólo es indicativo de disentimiento mutuo del contrato”.
Normativamente la definición sobre dicha figura, mutuo disenso, es inexistente; ella se ha deducido de la armonía que se produce entre los artículos 1.546 y 1.602 del Código Civil; el primer artículo referido a la condición resolutoria contractual de los acuerdos bilaterales, en la cual el contratante cumplido puede solicitar en contra de su contratista incumplido o la resolución o insistir en el cumplimiento, ambos con indemnización de perjuicios, pero ¿qué sucedía en caso de incumplimiento mutuo?, que era aplicable el artículo 1.602, alusivo a que el contrato es ley para las partes y sólo puede dejarse sin efectos, por el consentimiento mutuo de ellas o por causas legales; es en derecho positivo la consagración del principio de intangibilidad de los contratos.

References: artículo 1602
 artículo 1625
 artículo 1535
 artículo 13
 artículo 287
 resolución 
 artículo 1