Source: https://www.lamoncloa.gob.es/espana/organizacionestado/Paginas/index.aspx
Timestamp: 2020-02-25 17:23:10+00:00

Document:
La Moncloa. Organización del Estado [España/Organización del Estado]
Debate sobre el Estado de la Nación celebrado en el Congreso de los Diputados (Ministerio de la Presidencia)
Artículo 1 de la Constitución
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Instituciones de control al Gobierno
La vida política: fundamentos constitucionales
Las elecciones legislativas, autonómicas, locales y europeas
Sus Majestades los Reyes (Casa Real)
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. El Rey, en su condición de jefe de Estado, simboliza la unidad y permanencia del Estado, ejerce una función arbitral y moderadora del funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Puede consultar la página www.casareal.es
El ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales, que representan al pueblo español y controlan la acción del Gobierno. Están compuestas por dos Cámaras: Congreso de los Diputados y Senado. Se trata, por consiguiente, de un sistema parlamentario bicameral del tipo conocido como «bicameralismo imperfecto», puesto que las competencias de una y otra Cámara no son equiparables. Diputados y senadores son elegidos por cuatro años. Existe la posibilidad de disolución anticipada de las Cortes a iniciativa del presidente del Gobierno. Sesión de control en el Senado (Ministerio de la Presidencia)
El Congreso de los Diputados. Se compone de 350 diputados. Todos los proyectos y proposiciones de ley han de examinarse en primer lugar, sin excepción alguna, en el Congreso de los Diputados, correspondiendo al Senado el derecho de veto o de enmienda sobre el texto elaborado por el Congreso y reservándose a éste la decisión definitiva tras un nuevo examen. Asimismo, es el Congreso el que otorga la investidura del presidente del Gobierno y, por lo tanto, es esta Cámara la que puede provocar su dimisión, bien mediante la aprobación de una moción de censura, bien a través de la negativa a conceder la confianza solicitada por el Gobierno.
El Senado. Está configurado en la Constitución como la Cámara de representación territorial. En la XIII Legislatura lo integran 265 senadores, de los cuales 208 son elegidos por sufragio universal directo y otros 57 son designados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que eligen un senador cada una y otro por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
Edificio del Consejo de Ministros (Ministerio Presidencia)El Gobierno
El texto constitucional español no difiere apenas de lo que es común en el parlamentarismo contemporáneo en cuanto a las funciones del Gobierno. Le corresponde la función ejecutiva y la iniciativa de la actuación legislativa, la posibilidad de gobernar mediante legislación de urgencia (cuya ratificación se encomienda al Congreso) y la elaboración del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado.
La formación de Gobierno se sustancia en España en dos momentos bien diferenciados. Una primera fase, en la que el candidato a presidente somete a la consideración del Congreso su programa de Gobierno, y una segunda en la que el presidente, una vez investido de la confianza de la Cámara y nombrado por el Rey, propone a éste el nombramiento de los ministros. Este hecho, junto con la dirección de la acción del Gobierno, hace que en la organización interna del ejecutivo sobresalga la figura del presidente del Gobierno, hasta el punto de poder hablarse en el caso del régimen constitucional español de un «régimen de primer ministro».
El órgano colegiado del ejecutivo es el Consejo de Ministros, formado por el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes y los ministros. Se reúne habitualmente cada semana.
El Gobierno actual está compuesto por el presidente del Gobierno, una Vicepresidencia con cartera ministerial y dieciséis ministros.
Fachada del Tribunal Constitucional (Tribunal Constitucional)El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales, y está sometido únicamente a la Constitución y a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, que lo regula.
Está compuesto por doce miembros nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos (cuatro), del Senado por idéntica mayoría (cuatro), del Gobierno de la nación (dos) y del Consejo General del Poder judicial (dos).
La designación se realiza por un periodo de nueve años y el Tribunal se renueva por terceras partes cada tres años, sin que sus componentes puedan ser reelegidos. Sus competencias pueden dividirse en tres grandes grupos: en primer lugar, controla la constitucionalidad de las leyes, en segundo término, resuelve los conflictos de competencias que se susciten entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí, y, por último, es competente para salvaguardar, una vez agotadas las instancias judiciales ordinarias, los derechos fundamentales de los ciudadanos por la vía del llamado «recurso de amparo», que se interpone cuando se ha agotado la vía judicial ordinaria para defender una presunta violación de los mismos. Para interponer dicho recurso están legitimados los ciudadanos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Existen dos instituciones dependientes directamente de las Cortes Generales, que tienen atribuidos por la Constitución cometidos específicos en la labor de control al Gobierno.
Según el artículo 136 de la Constitución, el Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Como ya se ha dicho, depende de las Cortes Generales y los conflictos que se puedan suscitar sobre sus competencias o atribuciones serán resueltos por el Tribunal Constitucional. Está regulado por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. Su presidente es nombrado por el Rey de entre sus miembros a propuesta del Pleno, su mandato es de tres años. El Pleno está compuesto por doce consejeros y el fiscal.
La Constitución española de 1978 creó la institución del Defensor del Pueblo como «alto comisionado» de las Cortes Generales para garantizar la defensa y protección de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años según la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, por la que se rige esta institución. Esta figura se ha generalizado en la estructura institucional de las Comunidades Autónomas.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes. Está compuesto por los consejeros de Estado, quienes deben haber ocupado altos cargos de responsabilidad en el ámbito administrativo, civil o militar, y académico para poder ser designados como miembros del Consejo.
El Consejo Económico y Social es un alto órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y también un lugar de entendimiento de los agentes sociales y económicos cuya finalidad es desarrollar el Estado social y democrático de Derecho. Está compuesto por un presidente y sesenta miembros: veinte consejeros designados por las organizaciones sindicales, otros veinte designados por las organizaciones empresariales y veinte más procedentes de asociaciones y organizaciones.
Tribunal Supremo (Ministerio de Justicia)La justicia, según la Constitución española de 1978, emana del pueblo y es administrada en representación del Rey por los jueces y magistrados del Poder Judicial. Hay que destacar el principio de unidad jurisdiccional, ya que la justicia es administrada por un cuerpo único de jueces y magistrados.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, y por veinte miembros designados por el Rey a propuesta de las Cortes Generales, con mayoría de tres quintos, para un periodo de cinco años. Doce de ellos deben ostentar la condición de juez o magistrado.
Es la más alta instancia jurisdiccional del Estado, salvo lo que afecta a las garantías constitucionales, que incumbe al Tribunal Constitucional. Su presidente, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, será nombrado por el Rey a propuesta de este organismo.
Es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, tras consultar al Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal tiene como misión la de promover las acciones judiciales en defensa de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos protegidos por la ley, ya sea de oficio o a petición de los interesados. También es su responsabilidad velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Puede interponer recurso de amparo.
Las Comunidades Autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía
La Constitución de 1978 reconoció y garantizó el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española y la solidaridad entre todas ellas. El desarrollo de las previsiones constitucionales ha conducido a una profunda transformación de la organización territorial del Estado, mediante la creación de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el consiguiente proceso de redistribución del poder político y administrativo entre las instancias centrales y las autonómicas. El resultado de este proceso ha convertido a España en uno de los países más descentralizados de Europa.
Cada Comunidad Autónoma tiene su Estatuto de Autonomía, aprobado por ley orgánica, que es la norma institucional básica de la Comunidad, reguladora de aspectos esenciales como la organización y el funcionamiento de su Parlamento y de su Gobierno, las competencias que la Comunidad asume, su Administración, las señas de identidad y los hechos diferenciales tales como la lengua o el derecho civil y las relaciones con el Estado y con otras Comunidades Autónomas.
El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas está basado en la distinción entre las competencias exclusivas del Estado o de las Comunidades Autónomas, las competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas y las competencias concurrentes, en las cuales tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden intervenir. Las competencias exclusivas comprenden la potestad legislativa y la capacidad de ejecución, mientras que las competencias compartidas pueden implicar una diferente distribución de la potestad legislativa y reglamentaria entre Estado y Comunidades Autónomas, las cuales suelen disponer de la capacidad ejecutiva en estos casos. En caso de que se produzca un conflicto de competencias, corresponde resolverlo al Tribunal Constitucional, como en otros Estados políticamente descentralizados.
El sistema de gobierno de las Comunidades Autónomas es de naturaleza parlamentaria, siendo sus instituciones básicas el Parlamento, el presidente de la Comunidad y el Gobierno autonómico.
Desde el punto de vista económico y financiero, las Comunidades Autónomas disponen de una gran autonomía de gestión, con capacidad para aprobar sus propios presupuestos anuales y para determinar sus recursos propios mediante tributos, tasas y recargos. El sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas, que comprende además los tributos cedidos por el Estado y la participación en los tributos estatales, se fija de forma multilateral por el Estado y las Comunidades Autónomas, garantizando a través de diversos mecanismos financieros la solidaridad interterritorial y un nivel mínimo igual en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Además, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, disponen, en virtud de su régimen foral, de dos regímenes particulares: el del Concierto económico, en el caso vasco, y el del Convenio, en el navarro. Por estos regímenes económicos, estas Comunidades acuerdan con el Estado su aportación al sostenimiento del mismo y la armonización de su propio régimen fiscal con el imperante en el resto del territorio estatal.
La experiencia del desarrollo del Estado Autonómico durante casi treinta años, cuyo balance global es netamente positivo, ha permitido identificar aspectos mejorables en su funcionamiento, sin desvirtuar su naturaleza. Se ha hecho evidente también la necesidad de reformar el sistema de financiación para aumentar la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, asegurando la solidaridad y la cohesión territorial.
Para perfeccionar el Estado de las Autonomías en esta dirección, la mayor parte de las Comunidades Autónomas han puesto en marcha, en los últimos años, procesos de reforma de sus Estatutos de Autonomía. Están aprobadas ya las reformas de los Estatutos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Autónoma de Cataluña (2006), de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de Andalucía, Aragón y Castilla y León (2007), la modificación del Fuero de Navarra (2010), de la Comunidad Autónoma de Extremadura (2011), de la Región de Murcia (2013) y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (2014), de Canarias (2018) y Valenciana (2019)..
Por otra parte, el Estado y las Comunidades Autónomas acordaron un nuevo sistema general de financiación, vigente desde el 1 de enero de 2009, que supone un importante paso en la consolidación del Estado Autonómico, al garantizar las prestaciones del Estado del Bienestar, entre otros. No obstante, el sistema en proceso de perfeccionamiento, constituyendo la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la primera fase para aumentar la cohesión y sostenibilidad de nuestro Estado Autonómico. A esta siguió el informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómico en 2017, constituida a raíz de la celebración de la Conferencia de Presidentes en enero de ese año..
Puede concluirse, por lo tanto, que el Estado Autonómico se encuentra actualmente en una fase final de maduración y perfeccionamiento que requerirá varios años para culminar completamente.
En la actualidad, existen en nuestro país 50 provincias y 8.131 municipios con una distribución muy desigual de su tamaño por el número de habitantes. Así, y de acuerdo con las cifras oficiales provisionales, resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2019, 5.002 municipios (61%) tienen una población que no supera los 1.000 habitantes. Sólo 85 municipios (1,04%) tienen una población superior a 50.000 habitantes.
Desde el punto de vista organizativo, las instituciones de gobierno y administración de los municipios son los Ayuntamientos, las de las provincias las Diputaciones Provinciales y las de las islas los Cabildos y los Consejos Insulares en los archipiélagos canario y balear, respectivamente.
Los órganos de gobierno de los Ayuntamientos son el alcalde, que preside la corporación municipal, los tenientes de alcalde, que sustituyen a aquel, la Junta de Gobierno Local, que sólo tiene carácter obligatorio en los municipios con población superior a los 5.000 habitantes, y el Pleno, integrado por todos los concejales, que son elegidos directamente por los vecinos del municipio en listas abiertas, cuando se trata de municipios cuya población no supera los 250 habitantes y en listas cerradas, en los municipios de más de 250 habitantes, por el sistema proporcional.
El alcalde es elegido por mayoría absoluta de los concejales, entre los candidatos que encabezan las correspondientes listas electorales. De no conseguirse esta mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista con mayor número de votos populares. En los municipios de lista abierta, es proclamado alcalde el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los concejales; si ninguno obtiene dicha mayoría será proclamado alcalde, el concejal que hubiese obtenido más votos populares en las elecciones.
Existe, además, un sistema especial, de Concejo Abierto, reformado en enero de 2011, en el que los municipios con menos de 100 habitantes, junto con aquellos que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen, así como aquellos otros en los que, por su localización geográfica, constituya la mejor forma de gestionar los intereses municipales, disponen de un gobierno y una administración municipal compuesta por un alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores.
En las elecciones municipales no solo gozan del derecho de sufragio activo y pasivo los electores españoles, sino también los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España en las mismas condiciones que los españoles y también los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado (artículo 13.2 de la Constitución española y artículo 176 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).
Por su parte, el gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden con carácter general, a la Diputación.
La Diputación Provincial es un órgano de elección indirecta, ya que sus miembros pertenecen a los diferentes partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial tras las elecciones locales.
Su tarea básica es la asistencia y cooperación a los municipios, especialmente a los de menos capacidad económica y de gestión, así como garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la ley a los municipios.
En el ámbito provincial, existen regímenes especiales de gobierno y administración, como son los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, los Cabildos del archipiélago Canario y los Consejos Insulares de Baleares.
A finales de 2013, las Cortes Generales aprobaron la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la reforma de mayor calado en el ámbito de las entidades locales desde mediados de la década de los ochenta.
La Constitución española establece en su artículo 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Asimismo, establece que las distintas variedades lingüísticas de España constituyen una riqueza y un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La Constitución, junto a la legislación de las Comunidades bilingües de España, constituye un avanzado cuerpo jurídico en materia de reconocimiento de los derechos lingüísticos, sin menoscabo de la lengua española o castellana.
La lengua oficial del Estado, el castellano, es la lengua del antiguo reino de Castilla. Al difundirse por el mundo durante los siglos XVI y XVII, fue cada vez más conocida como «español». Desde entonces han coexistido ambos nombres para designarla. Internacionalmente, la denominación más aceptada es la de «español», mientras que «castellano» suele preferirse en el norte de España y en sus áreas bilingües, así como en amplio territorios en América del Sur.
El español, al igual que el resto de las lenguas románicas, se formó durante el largo periodo de tiempo que va de los siglos IV al X como consecuencia de la fragmentación del latín. En el siglo XIII era ya una lengua de cultura. La épica popular dio origen al Cantar de Mío Cid, un poema anónimo del siglo XII que hace suponer la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. Por su parte, los monjes de los monasterios elaboraron durante la Edad Media glosarios en romance y cultivaron el mester de clerecía, cuyo máximo representante será Gonzalo de Berceo.
A principios del siglo XVI, el castellano se había extendido por toda la península ibérica y comenzaba a convertirse en lengua internacional. Su prestigio se propaga por el resto de Europa, sobre todo por los Estados italianos y Flandes, pero también por Francia, Gran Bretaña y Alemania.
En la difusión de la lengua española, resultará crucial sin duda su llegada a América en 1492. El castellano será la lengua que viaje a los nuevos territorios de ultramar y, una vez allí, asimilará muchos elementos procedentes de las lenguas indígenas. El mismo Cristóbal Colón anota en sus diarios algunas de estas nuevas palabras: «canoa», «hamaca», «tiburón», «tabaco», «caimán». A lo largo de cinco siglos, el castellano se asentará y se extenderá desde la Tierra del Fuego al Río Grande y será llevado por el océano Pacífico hasta Filipinas.
Las normas ortográficas, gramaticales y léxicas del español son fijadas por la Real Academia Española, fundada en 1713, y por la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Fachada del Instituto Cervantes (Ministerio de la Presidencia)El español es una lengua en crecimiento prácticamente desde el siglo XVI, y con el tiempo no ha dejado de extenderse. A finales del siglo XIX había unos 60 millones de hablantes. Más de un siglo después, el español, con 400 millones de hablantes nativos, es la segunda lengua más hablada del mundo como lengua nativa (tras el chino y por delante del inglés y del hindi), una de las tres lenguas que habitualmente se consideran oficiales y de trabajo en múltiples organismos internacionales y uno de los seis idiomas oficiales del sistema de las Naciones Unidas.
En la actualidad, es el idioma oficial de una veintena de países del mundo. Estados Unidos, con sus 50 millones de hispanos, es la segunda nación del mundo en número de hablantes de español, tras México, y por delante de España, Colombia y Argentina.
Los hispanohablantes son -si se tienen en cuenta únicamente las naciones donde es lengua oficial- alrededor del 6% de la población mundial, frente al 8,9% de los hablantes de inglés o el 1,8% de los francófonos. Otro dato significativo es que el español lo habla el 94,6% de la población que vive en países donde es lengua oficial, porcentaje muy superior al 34,6% de la población de los países francófonos o el 27,6% de la población de los países anglófonos.
En 1991 se crea el Instituto Cervantes con el fin de promover universalmente el español y difundir la cultura en lengua española. Es un organismo sin ánimo de lucro con un máximo órgano rector, el Patronato, cuyo presidente de honor es el Rey de España. La Presidencia Ejecutiva corresponde al presidente del Gobierno.
Juntamente con el castellano, el catalán es el idioma oficial de las Comunidades Autónomas de Cataluña (1979) y de las Illes Balears (1983). Fuera de Cataluña se habla en el Principado de Andorra, en la franja de Aragón que limita con Cataluña y en los territorios transpirenaicos del Rosellón y la Cerdaña, así como en la ciudad italiana de Algher (Cerdeña).
La lengua catalana aparece por primera vez en la documentación escrita en la segunda mitad del siglo XII. Se conservan textos catalanes jurídicos, económicos, religiosos e históricos de esta época. Desde el siglo XIII el catalán cuenta con su primer gran talento literario universal: Ramon Llull. Es el primer escritor que utiliza el catalán en la prosa literaria como instrumento normal de comunicación y también como herramienta de expresión cultural.
A raíz de la Guerra de Sucesión (1705-1715), el catalán padece restricciones de uso y diversas etapas de prohibición, de manera que la mayor o menor implantación y uso de la lengua en su propio territorio desde el siglo XVIII ha dependido más de causas políticas que de razones estrictamente socioculturales.
En el siglo XIX comienza una etapa de recuperación económica, cultural y nacional conocida con el nombre de «Renaixença». La lengua catalana pervive como vehículo de cultura literaria gracias a figuras importantes como Jacint Verdaguer, Narcís Oller o Àngel Guimerà. La «Renaixença» sirvió para tomar conciencia de la falta de unidad en el uso de la lengua (no existía un modelo de lengua común escrita) y de la necesidad de proceder a la elaboración de unas normas ortográficas.
La creación del Institut d'Estudis Catalans (1907) permitió la codificación de la lengua mediante la publicación de las Normes ortográfiques (1913), del Diccionari ortográfico (1917) y de la Gramática catalana, elaborada por Pompeu Fabra (1918).
En 2000 se crea el Institut Ramon Llull para la promoción exterior de la lengua catalana.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 7 que los dos idiomas oficiales de la Comunidad son el valenciano y el castellano y afirma, más adelante, que la Generalitat Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Se reconoce, además, que se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano.
Llegó a su esplendor literario máximo en el siglo XV y parte del XVII e inició con los duques de Calabria una paulatina castellanización en los escritos, aunque mantuvo viva su presencia en el uso cotidiano.
A finales del siglo XIX, el movimiento conocido como «Renaixença» significó una leve recuperación de la utilización de la lengua en los certámenes y en las publicaciones literarias que se prolongó durante las primeras décadas del siglo XX.
En el año 1932 se firmaron las normas ortográficas llamadas «de Castellón», seguidas durante cuarenta años sin problemas por los literatos valencianos.
Las Cortes Valencianas aprueban por Ley 7/1998, de 16 de septiembre, la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que en su artículo 3 dice que tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano.
Es una de las lenguas más antiguas de Europa. Sus orígenes son objeto de las más varias hipótesis; algunos lingüistas sostienen que podría estar relacionado con las lenguas caucásicas, debido a algunas similitudes con el georgiano. Hoy se habla en el País Vasco español, en el norte de Navarra y en el territorio vascofrancés.
Los primeros textos escritos en euskera se remontan al siglo XVI, cuando en 1545, Bernat Dechepare o Beñat Etxepare publicó Linguae Vasconum Primitiae. Más tarde, en 1571, Joanes Leizarraga tradujo al euskera el Nuevo Testamento (Testamentu Berria).
En 1979 el Estatuto de Autonomía declaró el euskera lengua oficial de la Comunidad Autónoma vasca. Desde entonces se han desarrollado numerosas normas y constituido diversos organismos e instituciones con el objeto de recuperar la competencia, el uso y el estatus del euskera. Las normas de este idioma son elaboradas por la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltazindia), fundada en 1918.
En 2007 se crea el Instituto Vasco Etxepare para la difusión de la lengua y la cultura vasca.
"Cantigas de Santa María" siglo XIII (Biblioteca Digital Hispánica)El gallego
Se habla en la práctica totalidad de Galicia y en franjas limítrofes de Asturias, León y Zamora. Tuvo un esplendoroso florecimiento literario durante la Edad Media. Las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio ejemplifican su uso y prestigio como lengua literaria en las postrimerías del siglo XIII.
En el siglo XIX nace el movimiento cultural denominado «Rexurdimento» (resurgimiento) en defensa de la singularidad de Galicia, incluida la lingüística. En el año 1863, la publicación de la obra de Rosalía de Castro Cantares Gallegos supone la aparición de una de las obras más importantes de la literatura gallega.
En el año 1905, se constituye la Real Academia Gallega, que representa la institucionalización de la lengua gallega y la regulación de sus usos idiomáticos. La Constitución de 1978, así como la posterior normativa lingüística y educativa de Galicia, han permitido introducir el gallego en las escuelas y prestigiarlo como lengua de comunicación social.
De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución española, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. La Constitución ampara su creación y su actividad y determina que su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, regula el estatuto jurídico de los partidos. Recoge y concreta las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento y de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes, especialmente en lo que se refiere a los principios democráticos y valores constitucionales que deben ser respetados en su organización interna y en su actividad externa. Entre sus objetivos está el garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas.
La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de Partidos Políticos, sienta las bases para la financiación pública de los partidos, tomando como criterio su representación parlamentaria.
El sistema de partidos, pluralista moderado, se caracteriza por la existencia de partidos de corte regional y nacionalista, reflejo del sistema autonómico y la organización territorial del Estado.
Alrededor de 3.200 partidos están formalmente inscritos en el Registro de Partidos Políticos, aunque son pocos los que tienen una capacidad organizativa mínima y menos aun los que cuentan con representación parlamentaria nacional o regional significativa.
Resultados elecciones Congreso de los Diputados 2019
PARTIDO NÚMERO DE ESCAÑOS 10 de noviembre de 2019 NÚMERO DE ESCAÑOS 28 de abril de 2019
PSOE 120 123
PP 89 66
CIUDADANOS 10 57
UNIDAS PODEMOS-IU 35 33
VOX 52 24
ERC-SOBIRANISTES 13 15
ECP-GUANEM EL CANVI -- 7
JxCAT-JUNTS 8 7
EAJ-PNV 6 6
EH Bildu 5 4
Podemos-EU-Mareas En Común-Equo -- 2
MÁS PAÍS 3 -
COMPROMíS -- 1
CCa-PNC-NC 2 2
CUP-PR 2 --
Navarra Suma 2 2
Partido Regionalista de Cantabria 1 1
Resultados elecciones Senado 2019
PSOE 92 121
PP 84 56
ERC-Sobiranistes 11 11
PNV 9 9
NAVARRA SUMA 3 3
JxCAT-JUNTS 3 2
¡TERUEL EXISTE! 2 --
VOX 2 --
EH Bildu 1 1
CIUDADANOS -- 4
PP-FORO -- 1
La participación política de los españoles se ejerce a través de sus representantes, que son elegidos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, a través de cuatro tipos de elecciones:
Tienen por objeto designar a los representantes en las Cortes Generales. Cada una de las dos Cámaras de las Cortes Generales, Congreso y Senado, cuenta con su propio sistema electoral.
El del Congreso de los Diputados es un sistema proporcional corregido. La circunscripción electoral es la provincia (más Ceuta y Melilla) y son plurinominales. Las candidaturas se presentan en listas cerradas y bloqueadas. El número de diputados a elegir en cada circunscripción se asigna combinando un reparto mínimo de dos para cada una, con la distribución del resto utilizando criterios de población. Ceuta y Melilla cuentan con un diputado cada una. Para la asignación de escaños se usa la fórmula proporcional corregida D´Hondt.
El Senado tiene un sistema mayoritario de voto limitado. Las circunscripciones electorales son las provincias, en las que los electores pueden votar hasta un máximo de tres candidatos, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Mallorca y las ciudades de Ceuta y Melilla, en las que los electores pueden votar hasta un máximo de dos candidatos y el resto de islas, en el que los electores pueden votar a un candidato. Las listas son abiertas y desbloqueadas, pudiéndose elegir candidatos de distintos partidos y no teniendo que elegir al primero que aparece en la candidatura. El voto se efectúa señalando los candidatos elegidos en una lista única en la que aparecen todas las candidaturas por orden alfabético. Se eligen por este procedimiento 208 senadores, a los que se suman 57 (XIII Legislatura) designados por las Comunidades Autónomas (cuentan con un senador por Comunidad, más otro por cada millón de habitantes).
El sistema electoral del Senado resulta excepcional en el panorama español, ya que el resto de las elecciones (autonómicas, municipales y europeas) cuentan con sistemas similares al del Congreso de los Diputados.
Las elecciones autonómicas Elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019 (Ministerio del Interior)
Se eligen los miembros de las Asambleas Legislativas de las 17 Comunidades Autónomas, así como los miembros de las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de estas oscila, según la población de cada Comunidad Autónoma, entre 33 y 135 escaños, con la excepción del País Vasco, donde se asignan veinticinco diputados a cada territorio histórico con independencia del número de habitantes, y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas Asambleas están compuestas por veinticinco miembros.
Se celebran simultáneamente con la mayoría de las elecciones autonómicas, (salvo en las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía) y con las elecciones a las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Se eligen así de forma simultánea los concejales de más de 8.000 municipios, que posteriormente elegirán al alcalde. En estas elecciones la circunscripción es el municipio.
Existe un sistema especial de elección para los municipios con una población inferior a 100 habitantes que funcionan en régimen de Concejo Abierto, así como los que por tradición o decisión municipal y con aprobación de la Comunidad Autónoma adopten este régimen singular de gobierno y administración, en el que los vecinos con la condición de electores eligen directamente al alcalde por sistema mayoritario.
Permiten designar a los representantes españoles en el Parlamento Europeo (54 en la Legislatura 2019-2024). La circunscripción es la totalidad del territorio del Estado. Las listas, al igual que en el caso del Congreso de los Diputados, son cerradas y bloqueadas. Con la salida de Reino Unido de la UE, el Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 705 eurodiputados. 27 de los escaños liberados serán repartidos entre los países que, como España, ahora están infrarrepresentados en relación a su población, y los otros 46 quedarán en reserva con vistas a la posible incorporación de nuevos Estados miembros en el futuro. La delegación española en el Parlamento Europeo obtendrá cinco escaños adicionales, con lo que pasará de 54 a 59 eurodiputados.
Ley 33/1981, 5 de octubre, del Escudo de España
Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de Partidos Políticos

References: Artículo 1
 artículo 136
 artículo 176
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 6