Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Per%C3%BA4680.02sp.htm
Timestamp: 2018-08-17 22:55:07+00:00

Document:
Perú - Petición 4680-02 Inadmisibilidad
INFORME Nº 108/06
PETICIÓN 4680-02
1. El 28 de agosto de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión, “la CIDH” o la Comisión Interamericana”) recibió una denuncia presentada en nombre propio por el señor Miguel Alberto Villanueva Sánchez (en adelante “el peticionario”) contra el Estado de Perú (en adelante “el Estado” o “El Estado peruano”) por la privación del acceso a un recurso judicial de amparo para la determinación de sus derechos en vista de la decisión de fecha 28 de enero de 2002 adoptada por el Tribunal Constitucional de Perú al declarar improcedente en última instancia el recurso de amparo por él interpuesto.
2. El peticionario alega que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en concordancia con su artículo 1.1. El Estado, por su parte, señaló que los recursos de la jurisdicción interna no habían sido debidamente agotados por el peticionario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana dado que el recurso de amparo fue rechazado con fundamentos procesales razonables y no arbitrarios. En ese sentido, el Estado señala que el Tribunal Constitucional había actuado dentro de la esfera de su competencia, y que había aplicado los requisitos procesales que exigía la ley para la admisión de los recursos de amparo, por lo tanto, el reclamo del peticionario debía ser declarado inadmisible a la luz de la doctrina que impide a la CIDH actuar como una instancia de revisión respecto de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales internos.
4. La Comisión registró la petición bajo el número P4680/2002 y el 3 de febrero de 2005 procedió a transmitir al Estado copia de sus partes pertinentes con un plazo de dos meses para presentar información sobre las alegaciones formuladas, de conformidad con el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH.
5. Mediante comunicación recibida en fecha 6 de abril de 2005, el Estado solicitó una prórroga para presentar sus observaciones, la cual fue concedida por la CIDH el 15 de junio de 2005. El 14 de julio de 2005, el Estado remitió a la Comisión sus observaciones sobre la petición, las cuales fueron transmitidas al peticionario el 17 de agosto de 2005, otorgándole un plazo de un mes para que se pronunciara sobre ellas.
6. Mediante comunicación de 22 de septiembre de 2005 el peticionario suministró sus observaciones a la respuesta del Estado. El 15 de diciembre de 2005 la CIDH efectuó el correspondiente traslado de dicha comunicación al Estado y le otorgó un mes a fin de que presentara las observaciones que considerara oportunas.
7. El 20 de marzo de 2006 el Estado presentó sus observaciones al escrito presentado por el peticionario. El 24 de marzo se efectuó el traslado de dicha comunicación al peticionario y se le concedió un mes a fin de que presentara sus observaciones. Mediante comunicación de fecha 4 de mayo de 2006 el peticionario presentó sus observaciones a la respuesta estatal, las cuales fueron remitidas al Estado el 2 de junio de 2006.
8. Del relato de la petición se desprende que el señor Miguel Alberto Villanueva Sánchez fue objeto de una sanción administrativa que implicó su separación definitiva del ejercicio del cargo de docente que desempeñaba en el Instituto Superior Tecnológico de San Marcos-Huari, por la presunta apropiación y endoso ilegal de un cheque. Asimismo, de los hechos descritos se desprende que el peticionario interpuso el 8 de enero de 1999 un recurso de amparo ante el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz contra el Director Departamental de Educación de Ancash y el Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Ancash, con la finalidad de que se declarara la nulidad de la Resolución Directorial No. 1471, emitida el 26 de septiembre de 1997, por la cual se le impuso la referida sanción de separación definitiva de su cargo; y de la Resolución Presidencial No. 0277–98 de 30 de noviembre de 1998, por la cual se declaró infundado el recurso de apelación administrativa interpuesto ante la resolución anteriormente mencionada.
9. De los anexos de la petición se desprende que el juez de primera instancia mediante sentencia de fecha 30 de junio de 1999 declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto. Elevado el caso a la instancia de apelación, mediante fallo del 26 de agosto de 1999, la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Ancash declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia por la cual se declaró improcedente el recurso de amparo, disponiendo la devolución del expediente al juez de grado a fin de que se emitiera nuevamente sentencia al respecto. Mediante sentencia de fecha 8 de noviembre de 1999, el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz declaró fundada la acción de amparo interpuesta por el señor Villanueva Sánchez y declaró la nulidad de las resoluciones administrativas que implicaron la separación definitiva de su cargo de docente en el anteriormente referido Instituto Tecnológico. Asimismo, de los anexos se desprende que esta decisión fue impugnada por el Director Departamental de Educación de Ancash y el Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Ancash, y que en resolución de la instancia de apelación, la Segunda Sala de la Corte Superior de Ancash declaró infundada la demanda del señor Villanueva Sánchez y confirmó la validez de las resoluciones administrativas impugnadas.
10. Ante esta situación, el peticionario señala que interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, el cual mediante sentencia de fecha 28 de enero de 2002 declaró improcedente la acción de amparo interpuesta sin que se pronunciara sobre el fondo del asunto. Indica que dicha sentencia le habría sido notificada el 11 de junio de 2002[1].
11. De conformidad a los alegatos del peticionario, el Tribunal Constitucional fundamentó la improcedencia del recurso de amparo bajo las consideraciones de que había interpuesto el referido recurso extemporáneamente de conformidad al plazo establecido en el artículo 37 de la Ley 23.506, el cual señala que “la acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación”[2] y que no se había acogido a la regla del efecto negativo del silencio administrativo.
12. Asimismo, el peticionario señala que la decisión del Tribunal Constitucional no habría considerado lo dispuesto en la normativa del artículo 99 del Decreto Supremo No. 02–94 referido a la normativa general de procedimientos administrativos, el cual consagraría dos vías alternativas a escoger por parte del administrado para interponer el recurso de amparo”.[3] Concretamente, el peticionario señala que del texto del Decreto Supremo se desprende claramente que el administrado cuenta con una doble alternativa: 1) acogerse al silencio administrativo negativo, caso en el cual podrá presentar su demanda transcurridos 60 días desde la fecha en que venció el plazo legal para que la administración se pronunciara; o 2) esperar el pronunciamiento definitivo de la administración pública.
13. En consecuencia, el peticionario alega que en su caso, el término de caducidad para la interposición del recurso de amparo no debía computarse de manera excluyente a partir de la fecha en que operaba la posibilidad de acogerse a la regla del silencio administrativo negativo, pues su decisión fue no acogerse a la misma, y en consecuencia, esperar el pronunciamiento de la administración, tal como efectivamente lo hizo antes de impugnar por vía judicial su actuación.[4]
14. En ese sentido, de conformidad a los alegatos del peticionario, la interpretación que el Tribunal Constitucional efectuó de la ley 23.506 en relación con el Decreto Supremo No. 02-92, implicó la vulneración de su derecho a las garantías judiciales del debido proceso, dado que no pudo obtener un pronunciamiento de fondo respecto a la materia presentada a la consideración del Tribunal. Asimismo, el peticionario alega la vulneración del derecho a la protección judicial en virtud a que no le habría sido posible obtener un remedio judicial por la denegación del recurso de amparo.
15. Asimismo, el peticionario alega la violación al derecho a la igualdad ante la ley con fundamento a que en un caso similar al suyo, el Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre la forma y el fondo, mientras que en el suyo se había limitado a rechazar el recurso por extemporáneo.
16. En consideración de los alegatos arriba mencionados, el peticionario alega la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos contemplados en los artículos 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. En cuanto a la admisibilidad del reclamo, el peticionario alega que los recursos de la jurisdicción interna se habrían agotado el 28 de enero de 2002 con la sentencia de amparo proferida por el Tribunal Constitucional.
17. En sus alegatos, el Estado no controvierte los hechos presentados en el reclamo del peticionario referidos supra, en cuanto a la existencia y alcance de las resoluciones en sede administrativa, de las sentencias de primera y segunda instancia en sede judicial, y de la decisión definitiva del Tribunal Constitucional.
18. Sin embargo, en sus alegatos de derecho, el Estado señala que el Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto por el peticionario estableciendo en su fallo que ¨el demandante no se acogió a los efectos del silencio administrativo negativo una vez transcurrido el plazo legal para que se pronunciara la Administración Pública, sino que por el contrario, esperó más de un año para que ésta se pronuncie, a fin de interponer la demanda”. Al respecto, el Estado alega que la interpretación que el peticionario efectúa del artículo 99 del D.S. 02-94-JUS no es del todo clara y que en todo caso, de conformidad a la legislación vigente, son los tribunales peruanos los encargados de determinar los alcances de las normas del ordenamiento jurídico interno.
19. En ese sentido, informa el Estado que la tendencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del alcance de la norma de procedimientos administrativos fue, en un primer momento, precisamente la aplicada al caso de la presunta víctima, es decir, que cuando un administrado no hubiese obtenido una respuesta a su recurso de apelación, operaba automáticamente el silencio administrativo negativo, lo que implicaba el agotamiento de la vía previa, y el inicio del cómputo del plazo para presentar una demanda de amparo[5]. El Estado alega que aunque estas decisiones, al igual que la de la presunta víctima, tuvieron votos disidentes, ellos no tienen carácter vinculante.
20. En una comunicación posterior, el Estado señaló que el Tribunal Constitucional se habría apartado del precedente establecido en relación al cómputo del plazo de caducidad para la interposición del recurso de amparo, señalando que de conformidad a la nueva jurisprudencia el administrado podría optar entre acogerse al silencio administrativo – y así acudir a la vía jurisdiccional -, o esperar el pronunciamiento de la Administración, sin que esta opción implique el inicio del cómputo del plazo para presentar una demanda de amparo[6]. El Estado resaltó al respecto que no obstante ello, al momento de emitirse el pronunciamiento en el caso del señor Villanueva, aún no se había dado este cambio jurisprudencial, y en consecuencia, es errónea la argumentación del peticionario sobre un posible desvío del Tribunal Constitucional en su caso.
21. En consecuencia, en lo que se refiere a la presunta violación del derecho a la protección judicial, el Estado, citando la jurisprudencia de la Comisión Interamericana en la cual se desarrolla la denominada fórmula de la cuarta instancia, alega que aquélla resulta plenamente aplicable al caso, dado que el peticionario se “limita a afirmar que el fallo fue equivocado e injusto en sí mismo”. En consideración del Estado, el hecho de que el peticionario no hubiera obtenido una decisión favorable no puede significar que haya existido arbitrariedad en el proceso judicial o que sus derechos hayan sido vulnerados.
22. Asimismo, el Estado, tras citar jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, indica que de los hechos se evidencia que el peticionario pudo ejercer a plenitud las garantías consagradas en el artículo 8 de la Convención, y que habría contado con un amplio acceso para la interposición de recursos en la jurisdicción interna en el ejercicio de su defensa. El Estado destaca que los fallos dictados en el transcurso del proceso judicial fueron emitidos por jueces independientes, imparciales y que actuaron de acuerdo a derecho y a la normativa constitucional y laboral, dentro de sus competencias funcionales y jurisdiccionales.
23. En relación a la presunta violación del derecho a la igualdad ante la ley, el Estado argumenta que el Tribunal Constitucional en su decisión se limitó a señalar lo que expresamente disponía su Ley Orgánica, la cual lo habilitaba a emitir pronunciamientos sobre el fondo y la forma del asunto materia de la controversia. Señala el Estado peruano que el propio orden procesal exige previamente una evaluación del cumplimiento de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, que luego permitan el pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia.
24. En cuanto a la admisibilidad del reclamo, el Estado alega que no se habrían agotado los recursos de la jurisdicción interna de conformidad al artículo 46 de la Convención Americana y a la jurisprudencia de la CIDH que expresamente establece que “la Comisión no puede considerar que el peticionario ha cumplido debidamente con el requisito del agotamiento de los recursos internos si los mismos han sido rechazados con fundamentos procesales razonables y no arbitrarios, como la interposición del recurso de amparo sin el previo agotamiento de las vías pertinentes y la interposición de la acción contencioso administrativa fuera del plazo correspondiente ante los tribunales domésticos”.[7]
25. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona física, respecto a quien el Estado peruano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Perú es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
26. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar bajo la jurisdicción del Estado. La Comisión tiene competencia ratione temporis para estudiar el reclamo por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
27. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionan antes de que sea conocida por una instancia internacional.
28. El requisito de agotamiento previo se aplica cuando en el sistema nacional están efectivamente disponibles recursos que son adecuados y eficaces para remediar la presunta violación. En este sentido, el artículo 46.2 especifica que el requisito no se aplica cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho en cuestión; o si la presunta víctima no tuvo acceso a los recursos de la jurisdicción interna; o si hay retardo injustificado en la decisión sobre dichos recursos. Como indica el artículo 31 del Reglamento de la Comisión, cuando el peticionario alega una de estas excepciones, corresponde al Estado demostrar que los recursos internos no han sido agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente.
29. Según se infiere de los principios del derecho internacional, reflejados en los precedentes establecidos por la Comisión y la Corte Interamericana, resulta, en primer lugar, que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita la invocación de esa regla[8]. En segundo lugar, la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento ante la Comisión, a falta de lo cual se presume la renuncia tácita a valerse de dicha excepción por parte del Estado interesado[9]. En tercer lugar, de acuerdo con la carga de prueba aplicable en la materia, el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que deben agotarse y proporcionar la prueba de su efectividad[10]. Consecuentemente, si el Estado en cuestión no presenta oportunamente alegatos en cuanto a este requisito, se considera que habrá renunciado a su derecho de alegar la falta de agotamiento de recursos internos y por lo tanto a satisfacer la carga de prueba que le corresponde.
30. En el presente caso, el Estado interpuso la excepción de falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, alegando que “el hecho de que el peticionario no haya empleado debidamente los recursos internos disponibles no puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado”.
31. Al respecto, la Comisión estima que resulta pertinente efectuar una serie de consideraciones. En primer lugar, corresponde señalar que del análisis de la excepción interpuesta por el Estado se desprende que sus alegatos se refieren al agotamiento indebido de los recursos internos por parte del señor Villanueva Sánchez por la presunta interposición extemporánea del recurso de amparo.
32. En segundo término, la Comisión observa que el objeto del reclamo presentado ante la CIDH se refiere a la presunta violación a la Convención Americana que podría implicar la interpretación que efectuara el Tribunal Constitucional de la normativa interna en relación con el plazo de interposición del recurso de amparo en el caso del señor Villanueva. En consecuencia, si la Comisión procediera en el conocimiento y decisión de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos en los términos en que fue planteada por el Estado, ello implicaría efectuar en un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo se traduciría en un juzgamiento anticipado del caso en la etapa de admisibilidad. En efecto, los alegatos en cuanto a la admisibilidad del reclamo presentados por el Estado peruano requieren de un pronunciamiento sobre la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional con relación al plazo para la interposición del recurso de amparo.
33. A la luz de las anteriores consideraciones, y a efectos de considerar la admisibilidad del presente reclamo en cuanto al requisito del previo agotamiento, la Comisión analizará si el peticionario disponía de recursos judiciales en la jurisdicción interna que le permitieran cuestionar la interpretación que efectuara el Tribunal Constitución en relación con el plazo para la interposición del recurso de amparo. Al respecto, la Comisión observa que la normativa del artículo 45 de la Ley 26.435, vigente al momento de los hechos denunciados en la legislación peruana, establecía que “el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las acciones de garantía a que se refieren los incisos 1, 2, 3 y 6 del Artículo 200 de la Constitucional”, entre los cuales se encuentra el recurso de amparo. La anterior disposición evidencia que la decisión del Tribunal Constitucional, que el peticionario considera violatoria de la Convención, no es pasible de recurso alguno en la jurisdicción interna y constituye una decisión de última instancia, por lo que en consecuencia, la Comisión concluye que el requisito de previo agotamiento se encuentra satisfecho.
34. El artículo 46.1.b de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final a nivel de la jurisdicción interna.
35. En vista de lo establecido en el numeral anterior, la Comisión entiende que la decisión que agotó la jurisdicción interna es el fallo del Tribunal Constitucional de fecha 28 de enero de 2002. El peticionario alegó que esta decisión le fue notificada el 11 de junio de 2002 y anexó la comunicación de notificación de fecha 7 de junio de 2002. En consecuencia, la Comisión concluye que el requisito del plazo de seis meses se encuentra efectivamente cumplido en el presente caso.
36. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de decisión en otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
37. El artículo 47.b de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible una petición cuando en ella no se expongan hechos que tiendan a caracterizar una violación de los derechos garantizados en la Convención. En tal sentido, la Comisión procederá entonces a analizar si los hechos denunciados en esta oportunidad configuran una violación de los artículos de la Convención invocados por el peticionario.
38. En el presente caso, el peticionario ha presentado una serie de argumentos sobre la presunta violación de sus derechos a las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial consagrados en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana. En particular, el peticionario refiere a que la interpretación de la legislación interna por parte del Tribunal Constitucional deviene en violatoria de sus derechos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva dado que implica la arbitraria denegación del conocimiento de fondo del recurso de amparo interpuesto. Por su parte, el Estado alega que la decisión del referido Tribunal se llevó a cabo de conformidad a la normativa interna y a las garantías del debido proceso. En consecuencia, considera que de examinar el reclamo de los peticionarios la CIDH estaría actuando como una cuarta instancia de revisión.
39. Conforme a la jurisprudencia del sistema interamericano, la Comisión no se encuentra facultada para revisar “las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que encuentre que se ha cometido una violación de alguno de los derechos amparados por la Convención Americana”. [11] La Comisión ha sostenido reiteradamente al respecto que:
“Conforme al preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección internacional que otorgan los órganos del sistema regional es de carácter complementario. En consecuencia, la Comisión no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de hecho o de derecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia, salvo que existiera evidencia inequívoca de vulneración de las garantías del debido proceso consagradas en la Convención Americana”.[12]
40. A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión considera que no corresponde analizar la presunta responsabilidad internacional del Estado peruano sobre la base de la interpretación que el Tribunal Constitucional habría efectuado de la legislación interna aplicable a la procedencia del recurso de amparo. En efecto, la Comisión observa que las cuestiones planteadas por el peticionario requerirían que la CIDH revisara la interpretación de las leyes procesales aplicables al caso a fin de determinar la procedencia de las vías escogidas por el peticionario para satisfacer sus pretensiones.
41. En consecuencia, la mera discrepancia del peticionario con la interpretación que el Tribunal Constitucional efectuó de las normas legales pertinentes no basta para configurar violaciones del citado instrumento internacional. La interpretación de la ley, el procedimiento pertinente y la valoración de la prueba, es entre otros, el ejercicio de la función de la jurisdicción interna, que no puede ser remplazado por la CIDH”.[13]
42. En suma, de la documentación proporcionada no se desprende arbitrariedad judicial alguna ni que se haya impedido a la presunta víctima el acceso a los recursos de jurisdicción interna con las garantías del debido proceso legal. Asimismo, con relación al artículo 24 de la Convención, los hechos alegados no permiten considerar un posible trato desigual en el sentido de esta disposición.
43. La CIDH ha establecido en el presente informe que los hechos descritos por la peticionaria, no caracterizan violación a la Convención Americana y en consecuencia declara inadmisible la petición por la falta de cumplimiento de uno de los requisitos previstos en dicha Convención, no siendo necesario proseguir con la consideración del fondo del asunto. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
[1] Se anexa a la petición inicial copia del documento de notificación con fecha 7 de junio de 2002, y copia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2002.
[2] Literalmente, el Tribunal Constitucional en su decisión señala: “3. Tal como lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la presente demanda ha sido interpuesta fuera del plazo señalado en el artículo 37 de la Ley No. 23506, en la medida en que, interpuesto el recurso de apelación contra la Resolución Directorial No 1471, el demandante no se acogió a los efectos del silencio administrativo negativo una vez transcurrido el plazo legal para que se pronunciara la Administración Pública, sino que, por el contrario, esperó más de un año para que ésta se pronuncie, a fin de interponer su demanda”.
[3] El peticionario refiere al texto de la norma, el cual establece:
“El Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió la resolución para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública."
[4] El peticionario menciona que dos de los magistrados del Tribunal Constitucional presentaron su voto singular, señalando que efectivamente, en virtud del Artículo 99 del D.S. N 02-94-JUS, el silencio administrativo negativo es una opción facultativa, y que el interesado tiene la opción de esperar a que la autoridad resuelva, en cuyo caso no puede tenerse la vía por agotada ni iniciado el plazo de 60 días, lo que implicaba para el caso concreto, la necesidad de un pronunciamiento de fondo del asunto.
[5] Sobre esta tendencia jurisprudencia, el Estado citó seis sentencias a manera de ejemplo, entre el 23 de enero de 2001, y el 27 de junio de 2002.
[6] Sobre el cambio jurisprudencial, menciona la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de agosto de 2002.
[7] Comunicación del Estado, Informe No. 25-2006-JUS/CNDH-SE-CESAPI, 20 de marzo de 2006 (citando al Informe CIDH No. 90/03, Petición 581-99, 22 de octubre de 2003, punto 32).
[8] CIDH, Informe Nº 69/05, Petición 960/03, Admisibilidad, Iván Eladio Torres, Argentina, 13 de octubre de 2005, párr. 42; Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C No. 139, párr. 5; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 49; y Corte I.D.H., Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 135.
[9] Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párr. 53; Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr. 56; y Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25, párr. 40. La Comisión y la Corte han establecido que “[l]as primeras etapas del procedimiento” debe entenderse “la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea, antes de cualquier consideración en cuanto al fondo […]”. Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 71/05, Petición 543/04, Admisibilidad, Ever de Jesús Montero Mindiola, Colombia, 13 de octubre de 2005, que cita, Corte IDH, Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 81.
[10] CIDH, Informe Nº 32/05, Petición 642/03, Admisibilidad, Luis Rolando Cuscul Pivaral y otras personas afectadas por el VIH/SIDA, Guatemala, 7 de marzo de 2005, párrs. 33-35; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párr. 53, párr. 53; Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 33; y Caso Cantoral Benavides. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 31.
[11] CIDH, Informe Nº 8/98, Caso 11.671, Carlos García Saccone (Argentina), 2 de marzo de 1998, párr. 53.
[12] CIDH, Informe Nº 122/01, Petición 0015/00, Wilma Rosa Posadas (Argentina), 10 de octubre de 2001, párr. 10.
[13] CIDH, Informe N°39/05 (Perú), Petición 792/01, Carlos Iparraguirre y Luz Amada Vásquez de Iparraguirre.

References: artículo 1
 artículo 46
 artículo 30
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 99
 artículo 1
 artículo 99
 artículo 8
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 45
 Artículo 200
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 24
 artículo 37
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 99