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Timestamp: 2018-05-21 12:53:53+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1978-26331
Documento BOE-A-1978-26331
BOE-A-1978-26331
Vistos y examinados los 48 artículos, el anejo y el apéndice que integran la Convención y los 51 artículos que integran el Protocolo.
Extiendo el presente Instrumento de Adhesión, al efecto de que, mediante su depósito, España pase a ser parte en la Convención, de conformidad con su artículo 39, y en el Protocolo, de conformidad con su artículo V, con las siguientes declaraciones y reservas:
A) De acuerdo con lo previsto en la sección B, apartado 1.º, del artículo 1, a los fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951», que figuran en el artículo 1, sección A, se entenderá como acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar;
B) De conformidad con el artículo 42 de la Convención y con el VII del Protocolo:
a) La expresión «el trato más favorable» será interpretada en todos los artículos en que es utilizada en el sentido de que no incluyen los derechos que por ley o por tratado se conceden a los nacionales portugueses, andorranos, filipinos o de países iberoamericanos, o a los nacionales de países con los que se concluyan acuerdos internacionales de carácter regional.
b) El Gobierno de España no considera el artículo 8.º como una norma vinculante, sino coma una recomendación.
c) El Gobierno de España se reserva la aplicación del artículo 12, párrafo 1. El párrafo 2 del artículo 12 será interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a los derechos adquiridos por un refugiado con anterioridad al momento en que obtuvo, en cualquier país, la condición de tal.
d) El artículo 26 de la Convención será interpretado en el sentido de que no impide la adopción de medidas especiales en cuanto al lugar de residencia de determinados refugiados, de conformidad con la legislación española.
En fe de lo cual, firmo eI presente, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional;
Artículo 1. Definición del término «refugiado».
1) Que haya sido considerada corno refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1928 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados;
Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el período de sus actividades no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 8 de la presente sección.
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de racionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad se entenderá que la expresión «del país de su nacionalidad» se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean, y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.
B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951» que figuran en el artículo 1 de la sección A, podrán entenderse como:
a) «Acontecimientos ocurridos ante del 1 de enero de 1951 en Europa», o como;
b) «Acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, en Europa o en otro lugar».
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; o
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en eI país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, y por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán, «ipso facto», derecho a los beneficios del régimen de esta Convención.
A los fines de esta Convención, la expresión «en las mismas circunstancias» significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigiría si no fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado.
Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo otorgarán en los casos adecuados extinciones en favor de tales refugiados.
Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.
1. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante y resida en él, el periodo de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.
2. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, deportado del territorio de un Estado Contratante y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente Convención para establecer allí su residencia, el tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se considerará como un periodo ininterrumpido en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.
En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refugiados a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje admitirlos temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facilitar su establecimiento en otro país.
En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos o modelos industriales marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente.
2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto aI acceso a los Tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la caución «judicatum solvi».
3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga se residencia habitual.
3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente para los refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra de planes de inmigración.
Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias generalmente a los extranjeros en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y de establecer Compañías comerciales e industriales.
En materia de vivienda, y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente en las mismas circunstancian a los extranjeros.
2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable posible, y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y concesión de becas.
a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas.
b) Seguros Sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquiera otra contingencia que, conforme a las leyes o reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:
i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición.
2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscaba por el hecho de que el derecho-habiente resida fuera del territorio del Estado Contratante.
3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre si, sobre la conservación de los derechos adquiridos y da los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.
4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los refugiados, en todo la posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no contratantes.
1. Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tornará las disposiciones necesarias para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen esa ayuda.
2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán, o harán que bajo su vigilancia se expidan, a los refugiados los documentos o certificados que normalmente serian expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.
3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a las instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario.
1. Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público, y las disposiciones del anexo a esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y tratarán con benevolencia a los refugiados que en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del país en que residan legalmente.
1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o impuesto alguno, de cualquier clase que difiera o excede de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condicionen análogas,
1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidas con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.
2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, donde quiera que se encuentren que sean necesarios para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.
2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otra país.
1. Los Estados Contratantes no expulsaran a refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser par razones de seguridad nacional o de orden público.
Artículo 33. Prohibición de expulsión y de devolución («refoulement»).
1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados, o con cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere en el ejercicio de sus funciones, y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención.
2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquiera otro organismo de las Naciones Unidas, que le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que soliciten acerca de:
a) La condición de los refugiados.
b) La ejecución de esta Convención.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo de 1921, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 30 de febrero de 1938, al Protocolo del 14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octubre de 1946.
2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de las Apátridas y de todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una invitación a tal efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada, y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas.
1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado.
2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación al efecto dirigida aI Secretario general de las Naciones Unidas.
1. Esta Convención entrará en vigor noventa días después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión,
1. Todo Estado contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Secretarlo general de las Naciones Unidas.
3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida el Secretario general de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario general haya recibido esta notificación.
Artículo 46. Notificación del Secretario general de las Naciones Unidas.
d) Las reservas, formuladas o retiradas, a que se refiera el artículo 42;
Hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, en un solo ejemplar, cuyos textos en inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estado Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 39.
2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de las cuales será el inglés o el francés.
3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje de expedir nuevos documentos a los refugiados que ya no residan legalmente en el territorio de tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal.
3. Los Estados Contratantes se reservan, en casos excepcionales o en casos en que el permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo determinada, la facultad de limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el refugiado pueda volver, en plazo no menor de tres meses.
Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por medios químicos o de otra índole, pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras «Convención del 25 de julio de 1951» se impriman repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el documento.
(Convención del 25 de julio de 1951)
N.º .................................................
Este documento expira el ..............................................., a menos que su validez sea prorrogada o renovada.
Apellido(s) ......................................................................................................................
Nombre(s) ......................................................................................................................
Acompañado por .............................................................................................. (niños).
2. El titular está autorizado a regresar a ............................................................................................... (indíquese el país cuyas autoridades expiden el documento) el o antes del ........................................... a menos que posteriormente se especifique aquí una fecha ulterior. (El plazo durante el cuál el titular esté autorizado a regresar no será menor de tres meses.)
3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente documento, deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento de las autoridades competentes del país de su residencia. [El antiguo documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió.] (1)
(1) La frase entre paréntesis cuadrados podrá ser insertada por los Gobiernos que lo desean.
Lugar y fecha de nacimiento ..........................................................................................
Profesión ........................................................................................................................
Domicilio actual ..............................................................................................................
(*) Apellido(s) de soltera y nombre(s) de la esposa .............................................................................................................................................................................................
(*) Apellido(s) y nombre(s) del esposo .................................................................................................................................................................................................................
Estatura ................................................
Cabello ..................................................
Color de los ojos ...................................
Nariz .....................................................
Forma de la cara ..................................
Color de la tez ......................................
Señales particulares ............................
Táchese lo que no sea del caso.
(Este documento contiene ............... páginas, sin contar la cubierta.)
Firma del titular ..............................................................................................................
(Este documento contiene ............ páginas, sin contar la cubierta.)
Expedido en ...............................................................
Firma y sello de la autoridad que
expide el documento:
(Este documento contiene ........... páginas, sin contar la cubierta.)
Hecha en ........................................
Desde ...................................................
Hasta ....................................................
Fecha ...................................................
prorroga o renueva la validez del documento:
Prórroga a renovación de validez
(Este documento contiene .............. páginas, sin contar la cubierta.)
(Este documento contiene ............... páginas, sin contar la cubierta)
Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 (1), sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951;
(1) Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 169, 1954, núm. 2.545.
Considerando conveniente que gocen de igual Estatuto todos los refugiados comprendidos en la definición de la Convención, independientemente de la fecha límite del 1 de enero de 1951;
Tomando nota de la recomendación del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2), tendiente a que el proyecto de Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados sea presentado a la Asamblea General, después de ser examinado por el Consejo Económico y Social, a fin de que pueda autorizarse al Secretario general de las Naciones Unidas a abrir el Protocolo a la adhesión de los gobiernos lo antes posible;
Considerando que, en su resolución 1186 (XLI) de 18 de noviembre de 1968, el Consejo Económico y Social ha tomado nota con aprobación del proyecto de Protocolo que figura en la adición al informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y que contiene medidas encaminadas a ampliar el alcance de la Convención en lo que se refiere a las personas a las que se aplica (3) y ha transmitido dicho documento a la Asamblea General.
(3) Ibíd., parte I, párr. 2.
1. Toma nota del Protocolo sobre el Estatuto da los Refugiados, cuyo texto (3) figura en la adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;
2. Pide al Secretario general que transmita el texto del Protocolo a los Estados mencionados en su artículo V a fin de que puedan adherirse al Protocolo (1).
1495º sesión plenaria
(1) El Protocolo fue firmado por el Presidente de la Asamblea General y por el Secretarlo general el 31 de enero de 1967.
Artículo I. Disposiciones generales.
2. A los efectos del presente Protocolo, y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término «refugiado» denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras «como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y ....» y las palabras «.... a consecuencia de tales acontecimientos», que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1.
3. El presente Protocolo será aplicado por los Estados Partes en el mismo sin ninguna limitación geográfica; no obstante, serán aplicables también en virtud del presente Protocolo las declaraciones vigentes hechas por Estados que ya sean Partes en la Convención, de conformidad con el inciso a) del párrafo 1 de la sección B del artículo 1 de la Convención, salvo que se hayan ampliado conforme al párrafo 2 de la sección B del artículo 2.
Artículo II. Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas.
Artículo III. Información sobre legislación nacional.
Artículo IV. Solución de controversias.
Toda controversia entre Estados Partes en el presente Protocolo relativa a su interpretación o aplicación que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partos en la controversia.
Artículo V. Adhesión.
El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados Partes en la Convención y de cualquier otro Estado miembro de las Naciones Unidas, miembro de algún Organismo especializado o que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a adherirse al mismo. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretaria general de las Naciones Unidas.
Artículo VI. Cláusula federal.
a) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo 1 del presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán en esta medida las mismas que las de los Estados Partes que no son Estados federales;
b) En lo concerniente a los artículos de la Convención que han de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo 1 del presente Protocolo, y cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de las Estados, provincias o cantones;
c) Todo Estado federal que sea Parte en el presente Protocolo proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Parte en el mismo que le haya sido transmitida por conducto del Secretario general de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes en lo concerniente a determinada disposición de la Convención que haya de aplicarse conforme al párrafo 1 del artículo I del presento Protocolo, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efectividad a tal disposición.
Artículo VII. Reservas y declaraciones.
2. Las reservas formuladas por los Estados Partes en la Convención conforme al artículo 12 de la misma serán aplicables, a menos que sean retiradas, en relación con las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo.
4. La declaración hecha conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 40 de la Convención por un Estado Parte en la misma que se adhiera al presente Protocolo se considerará aplicable con respecto al presente Protocolo, a menos que, al efectuarse la adhesión, se dirija una notificación en contrario por el Estado Parte interesado al Secretario general de las Naciones Unidas. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 40 y del párrafo 3 del artículo 44 de la Convención se considerarán aplicables «mutatis mutandis» al presente Protocolo.
Artículo VIII. Entrada en vigor.
Artículo IX. Denuncia.
Artículo X. Notificaciones del Secretario general de las Naciones Unidas.
El Secretario general de las Naciones Unidas informará a los Estados mencionados en el artículo V «supra» acerca de la fecha de entrada en vigor, adhesiones, reservas formuladas y retiradas y denuncias del presente Protocolo, así como acerca de las declaraciones y notificaciones relativas a éste.
Artículo XI. Depósito en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas.
Un ejemplar del presente Protocolo, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, firmado por el Presidente de la Asamblea General y por el Secretario general de las Naciones Unidas, quedará depositado en los archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas. El Secretario general transmitirá copias certificadas del mismo a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y a los demás Estados mencionados en el artículo V «supra».
El instrumento de Adhesión de España fue depositado ante el Secretario general de las Naciones Unidas el 14 de agosto de 1977.
La Convención de 1951 entra en vigor el 12 de noviembre de 1976 y el Protocolo de 1967 el 14 de agosto de 1978, de conformidad con sus artículos 43 y VIII, respectivamente.
Madrid, 28 de septiembre de 1978.–El Secretario general Técnico, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.
TEXTO DE LAS DECLARACIONES Y RESERVAS AL CONVENIO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS DE 28 DE JULIO DE 1951 FORMULADAS POR LOS ESTADOS PARTE EN EL MISMO
Declaraciones y reservas al Convenio de 28 de julio de 1951
(1) En una comunicación recibida el 1 de diciembre de 1967, el Gobierno de Australia notificó al Secretario general la retirada de las reservas a los artículos 17, 18, 19, 26 y 32 y en una comunicación recibida por el Secretario general el 11 de marzo de 1971, la retirada de la reserva al párrafo 1 del artículo 28 del Convenio. Para el texto de estas reservas, véase Naciones Unidas. Trealy Series, vol. 189, página 202.
(2) Estas reservas sustituyen a las que se sometieron en el momento de la firma. Para el texto de las reservas sometidas en el momento de la firma, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, página 196.
El Convenio se ratifica:
a) Con la reserva de que la República de Austria considera las disposiciones del artículo 17, párrafos 1 y 2 (con excepción, sin embargo, de la frase «que ya estaban exentos de ellos en el momento de la entrada en vigor de este Convenio para los Estados contratantes interesados o...», en el último párrafo), no como una obligación, sino sencillamente como una recomendación.
b) Con la reserva de que las disposiciones del artículo 22, párrafo 1, no se apliquen a la creación y mantenimiento de Escuelas de Enseñanza General Básica privadas, que la «ayuda y asistencia pública» referidas en el artículo 23 se interpreten únicamente como contribuciones de fondos de asistencia pública (Armenversorgung) y que los «documentos o certificados referidos en el artículo 23, párrafos 2 y 3, se interpreten como certificados de identidad previstos en el Convenio de 30 de junio de 1928 relativo a los refugiados.
1. En todos los casos en que el Convenio conceda a los refugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, esta disposición no se interpreta por el Gobierno belga como refiriéndose forzosamente al régimen acordado a los súbditos de los países con los cuales Bélgica ha concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicas o políticos.
2. El artículo 15 del Convenio no se aplica a Bélgica; los refugiados residiendo legalmente en territorio belga disfrutarán, por lo que se refiere al derecho de asociación, del mismo tratamiento concedido a los extranjeros en general.
«Con la reserva a los artículos 7, 17, 26, 31, 32 y 34 y al párrafo 1 del artículo 12 del Convenio».
BRASIL (2a)
(2a) El 7 de abril de 1972, el Gobierno de Brasil depositó ante el Secretario general, de acuerdo con el artículo V, el Instrumento de acceso al Protocolo relativo al Estatuto de Refugiados hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
En este Instrumento, el Gobierno de Brasil retira sus reservas que excluían en la aplicación del Convenio los artículos 15 y 17, párrafos 1 y 3, y declara que «los refugiados disfrutarán del mismo tratamiento concedido a los súbditos de países extranjeros en general, con excepción del tratamiento preferencial reservado a los súbditos de Portugal, en aplicación del tratado de amistad y consulta de 1953 y del artículo 199 de la enmienda constitucional del Brasil número 1 de 1969».
Reservas a los artículos 23 y 24:
«Canadá interpreta la frase ‘‘residiendo legalmente’’ como refiriéndose únicamente a los refugiados admitidos en residencia permanente; los refugiados admitidos en residencia temporal disfrutarán del mismo tratamiento, por lo que se refiere a los puntos mencionados en los artículos 23 y 24, que el otorgado a los visitantes en general.»
1. Con la reserva de que, en relación con las disposiciones del artículo 34, el Gobierno de Chile no podrá otorgar a los refugiados ventajas mayores que las que otorga a los extranjeros en general, dado el carácter liberal de las leyes de naturalización chilena.
2. Con la reserva de que el período especificado en el artículo 17, párrafo 2, a), se prolongue, en el caso de Chile, de tres a diez años.
3. Con la reserva de que el artículo 17, párrafo 2, c), se aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un cónyuge chileno.
4. Con la reserva de que el Gobierno de Chile no puede otorgar un período más largo para llevar a cabo una orden de expulsión que el que se concede a los demás extranjeros en virtud de la ley chilena.
(3) Al notificar su sucesión en el Convenio el Gobierno de Chipre confirmó las reservas hechas en el momento de la extensión del Convenio a su territorio por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para el texto de estas reservas, véase página 125.
(4) En una comunicación recibida el 23 da agosto de 1962, el Gobierno de Dinamarca informó al Secretario general de su decisión de retirar, a partir del 1 de octubre da 1961, la reserva al artículo 14 del Convenio.
En una comunicación recibida el 25 de marzo de 1968, el Gobierno de Dinamarca informó al Secretario general de su decisión de retirar, a partir de esta fecha, las reservas hechas en el momento de la ratificación a los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 24 y, parcialmente, las reservas hechas en el momento de la ratificación al artículo 17, teniendo efecto esta última el 25 de marzo de 1968; su texto se indica más arriba. Para el texto de las reservas formuladas originalmente por el Gobierno de Dinamarca en el momento de la ratificación, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, página 196.
«La obligación contenida en el artículo 17, párrafo 1, y que consiste en otorgar a los refugiados residiendo legalmente en Dinamarca el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, por lo que se refiere al derecho a ocupar un empleo remunerativo, no debe significar que los refugiados tengan derecho a todos los privilegios que, en este sentido, se conceden a los súbditos de Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia».
Por lo que se refiere al artículo 1, relativo a la definición de la palabra «refugiado», el Gobierno del Ecuador declara que su adhesión al Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados no significa que acepte los Convenios que no hayan sido expresamente firmados y ratificados por el Ecuador.
Por lo que se refiere al artículo 15, el Ecuador declara, además, que su adhesión a las disposiciones en él contenidas debe ser limitada en la medida en que estas disposiciones contradicen las disposiciones constitucionales y legales en vigor que prohíben a los extranjeros y, por consiguiente, a los refugiados ser miembros de órganos políticos.
«Las disposiciones de los artículos 8, 9, 17 (2) y 22 (1) del Convenio se consideran únicamente como recomendaciones y no como obligaciones legales».
El Gobierno de Fiji confirma la primera y la cuarta reservas formuladas por el Reino Unido; estas reservas, para adaptarlas mejor en vista de su aplicación por Fiji han sido redactadas nuevamente como sigue:
«1. El Gobierno de Fiji considera que los artículos 8 y 9 no le impiden, en tiempos de guerra u otras circunstancias graves o excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno de Fiji hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que podrían adquirir o haber adquirido como potencia aliada o asociada en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no deberán afectar al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio en nombre de Fiji, se encontraban bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o del Gobierno de Fiji, respectivamente, por causa de la existencia de un estado de guerra entre ellos y cualquier otro Estado.
2. El Gobierno de Fiji no puede comprometerse a dar efecto a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones el párrafo 3 en la medida permitida por la Ley.
Comentario: En Fiji no existen arreglos para la asistencia administrativa en el artículo 25 y tales arreglos no se han considerado necesarios en el caso de los refugiados. Cuando se necesiten los documentos o certificados mencionados en el párrafo 2 de este artículo se recurrirá a declaraciones juradas.
Se retiran todas las demás reservas hechas por el Reino Unido al Convenio arriba mencionado».
«1. Una reserva general en el sentido de que la aplicación de las disposiciones del Convenio, según las cuales se concede a los refugiados el tratamiento más favorable reservado a los súbditos de un país extranjero, no deberá verse afectada por el hecho de que Finlandia pueda ahora o en el futuro otorgar derechos y privilegios especiales a los súbditos de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia o a los súbditos de alguno de estos países.
2. Una reserva al artículo 7, párrafo 2, en el sentido de que Finlandia no está dispuesta, como medida general, a conceder a los refugiados que reúnan las condiciones de tres años de residencia en Finlandia una exención de cualquier reciprocidad legislativa que la ley finlandesa hubiera podido estipular como condición sobre la eligibilidad de un extranjero para beneficiarse del mismo derecho o privilegio.
3. Una reserva al artículo 8 en el sentido de que este artículo no es obligatorio para Finlandia.
4. Una reserva al artículo 12, párrafo 1, en el sentido de que el Convento no deberá modificar el derecho internacional privado finlandés en vigor actualmente, en virtud del cual el estatuto personal de un refugiado está regido por la ley del país del cual es súbdito.
5. Una reserva al artículo 24, párrafo 1, b), y párrafo 3, en el sentido de que no es obligatorio para Finlandia.
6. Una reserva al artículo 25 en el sentido de que Finlandia no se considera obligada a que un certificado sea otorgado por las autoridades finlandesas, en lugar de las autoridades de un país extranjero, en el caso de que los expedientes necesarios para el otorgamiento de estos certificados no existan en Finlandia.
7. Una reserva en relación con las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 28. Finlandia no acepta las obligaciones estipuladas en este párrafo, pero está dispuesta a reconocer los documentos de viaje extendidos por otros Estados Contratantes, en aplicación de este artículo.»
Al depositar su Instrumento de Ratificación, eI Gobierno de la República francesa, de acuerdo con el artículo 42 del Convenio, declara lo siguiente:
a) Considera que eI artículo 29, párrafo 2, no impide la aplicación, en territorio francés, de las disposiciones de la Ley de 7 de mayo da 1934, autorizando la imposición del impuesto Nansen, para la ayuda a los refugiados, se reinstalación y asistencia.
b) El artículo 17 no impide, en absoluto, la aplicación de las leyes y regulaciones que determinan la proporción de trabajadores extranjeros que los empleadores están autorizados a emplear en Francia, ni afecta a las obligaciones de estos empleadores en relación con la contratación de trabajadores extranjeros.
(5) Al notificar su sucesión en el Convenio, el Gobierno de Gambia confirmó las reversas hechas, en el momento de la extensión del Convenio a su territorio, por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para el texto de estas reservas, véase página 125.
«1. En casos o circunstancias que, en su opinión, justificarían un procedimiento excepcional, por razones de seguridad nacional u orden público, el Gobierno Real Helénico se reserva el derecho a derogar las obligaciones que imponen las disposiciones de los artículos 8, 26, 28, 31 y 32.
2. Según el Gobierno Real Helénico, las disposiciones de los artículos 11, 24 (párrafo 3) y 34 constituyen recomendaciones y no obligaciones jurídicas.
3. Se entiende que las disposiciones del artículo 13 no se interpretarán como refiriéndose a derechos o reclamaciones de bienes muebles o inmuebles que posean estas personas antes de entrar en Grecia como refugiados.
4. Por la que se refiere a empleos remunerados en virtud del artículo 17, el Gobierno Real Helénico no otorgará a los refugiados menos derechos que los que concede generalmente a los súbditos de países extranjeros.
5. La asistencia pública, otorgada en virtud del artículo 23, se interpretará como siendo la asistencia concedida sobre la base de las leyes y regulaciones generales del país. Las medidas excepcionales que haya tomado o que tome en el futuro el Gobierno Real Helénico, como consecuencia de circunstancias especiales en favor de un grupo particular de súbditos griegos, no se extenderán automáticamente a las personas a las que se aplican las disposiciones de este Convenio.
6. El Gobierno Real Helénico no acepta y no considera válido, por lo que se refiere a Grecia, el segundo párrafo de la reserva hecha por el Gobierno de Turquía en el momento de la firma de este Convenio.
Las reservas anteriores han sido publicadas junto con el texto del Convenio en el ‘‘Boletín Oficial del Reino de Grecia’’ el 26 de septiembre de 1959 (A, número 201).»
1. En todos los casos en que, en virtud de las disposiciones de este Convenio, los refugiados disfruten del tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un Estado extranjero, el Gobierno de Irán se reserva el derecho de no otorgar a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de los Estados con los que Irán haya concluido acuerdos de establecimiento regional, aduaneros, económicos o políticos.
2. El Gobierno de Irán considera que las disposiciones contenidas en los artículos 17, 23, 24 y 26 son únicamente recomendaciones.
(6) En una comunicación recibida el 23 de octubre de 1968, el Gobierno de Irlanda comunicó al Secretario general que retiraba dos de sus reservas en relación con el artículo 29 (1), a saber, las que figuran en los apartados a) y b) del párrafo 5 de las declaraciones y reservas contenidas en el instrumento de adhesión al Convenio por el Gobierno de Irlanda; para el texto de las reservas retiradas, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 254, página 412.
«2. El Gobierno de Irlanda considera que los términos ‘‘orden público’’ en el artículo 32 (párrafo 1) y los términos ‘‘de acuerdo con el debido procedimiento legal’’ en el artículo 32 (párrafo 2) significan, respectivamente, ‘‘política pública’’ y ‘‘de acuerdo con un procedimiento previsto por la ley.’’
3. Por lo que se refiere al artículo 17, el Gobierno de Irlanda no concederá a los refugiados derechos a empleo remunerado más favorable que a los que concede en general a los extranjeros.
4. El Gobierno de Irlanda dará efecto al artículo 25 solamente en la medida en que esto sea posible y lícito en virtud de la legislación irlandesa.
5. Por lo que se refiere al artículo 29 (párrafo 1), el Gobierno de Irlanda no concederá a los refugiados un tratamiento más favorable que el que concederá, en general, a los extranjeros en relación con ...
c) Impuestos sobre la renta (incluida sobretasa).»
«2. Los artículos 8 y 12 no se aplican a Israel.
3. El artículo 28 se aplicará a Israel con las limitaciones que se derivan de la sección 6 de la Ley de Pasaportes 5712-1952, según la cual el Ministro tiene autoridad para:
a) Rechazar la concesión o prolongación de validez de un pasaporte o salvoconducto;
b) Imponer condiciones a la concesión o prolongación de validez de un pasaporte o salvoconducto;
c) Anular o reducir el periodo de validez de un pasaporte o salvoconducto expedido y ordenar su entrega;
d) Limitar, en la entrega o después de la entrega de un pasaporte, el salvoconducto al número de países para los cuales es válido.
4. Las permisos previstos en el artículo 30 serán expedidos por el Ministro de Hacienda según lo juzgue oportuno.»
(7) En una comunicación recibida el 20 de octubre de 1964, el Gobierno de Italia notificó al Secretario general que «retiraba las reservas hechas, en el momento de la firma y confirmadas en el momento de la ratificación, a los artículos 6, 7, 8, 19, 22, 23, 25 y 34 del Convenio (véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, p. 192). Estas reservas son incompatibles con las disposiciones internas adoptadas por el Gobierno italiano después de la ratificación del Convenio. El Gobierno italiano adoptó asimismo, en diciembre de 1963, disposiciones para la aplicación del contenido del párrafo 2 del artículo 17».
Además, el Gobierno italiano confirma que mantiene su declaración hecha de acuerdo con la sección B (1) del artículo 1 y que considera las disposiciones de los artículos 17 y 18 como siendo únicamente recomendaciones.
Al firmar este Convenio, el Gobierno de la República de Italia declara que considera las disposiciones de los artículos 17 y 15 como siendo únicamente recomendaciones.
«El Gobierno de Jamaica confirma y mantiene las siguientes reservas que se formularon cuando el Convento fue extendido a Jamaica por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
i) El Gobierno del Reino Unido considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el territorio mencionado anteriormente tome, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer derechos sobre bienes e intereses que pueda adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un tratado de paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes a intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el territorio mencionado, se encuentran bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.
ii) El Gobierno del Reino Unido acepta que el párrafo 2 del artículo 17 se aplique al territorio mencionado, sustituyendo ‘‘tres años’’ por ‘‘cuatro años’’ en el apartado a) y omitiendo el apartado c).
iii) El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a que las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo 24 y del párrafo 2 de este artículo se apliquen en el territorio mencionado, en la medida en que la ley lo permita.
iv) El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a aplicar, en el territorio mencionado, los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y sólo puede comprometerse a que las disposiciones del párrafo 3 se apliquen en el territorio mencionado en la medida en que la ley lo permita.»
Ref. artículo 17: Por lo que se refiere al derecho a desempeñar un empleo remunerado, el tratamiento que la ley reserva a los refugiados es el mismo que para los extranjeros en general, en el entendimiento, sin embargo, de que las autoridades competentes hagan todo lo posible para aplicarles las disposiciones de este artículo.
Ref. artículo 24, párrafos 1, a) y b), y párrafo 3: Las disposiciones relativas a extranjeros en general sobre formación, aprendizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites se aplicarán a los refugiados. Sin embargo, en el caso del seguro de vejez y supérstites, los refugiados que residen en Liechtenstein (incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refugiados) se benefician del seguro normal de vejez y supérstites, previo pago de sus cuotas por lo menos durante un año completo, siempre y cuando que hayan residido en Liechtenstein durante diez años, cinco de las cuales sin interrupción inmediata antes de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro. Además, no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los beneficios previstos en el caso de los extranjeros y apátridas, conforme al artículo 74 de la Ley sobre Seguro de Vejez y Supérstites. Los refugiados residiendo en Liechtenstein que, en el momento del acontecimiento objeto del seguro, no tengan derecho al seguro de vejez y supérstites, no perciben solamente sus propias contribuciones, sino todas las que hayan sido efectuadas por los empleadores.
Con la siguiente reserva: En todos las casos en que este Convenio concede a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, no se interpretará esta disposición como comprendiendo forzosamente el régimen acordado a los súbditos de países con los cuales el Gran Ducado de Luxemburgo haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.
Las disposiciones del artículo 7 (párrafo 1) no deben interpretarse como exigiendo el mismo tratamiento concedido a los súbditos de países con los cuales la República Malgache haya concluido convenios de establecimiento o acuerdos de cooperación.
Las disposiciones de las artículos 8 y 9 no deben interpretarse como impidiendo que el Gobierno malgache tome, en tiempos de guerra u otras circunstancias graves y excepcionales, medidas relativas a un refugiado por causa de su nacionalidad en el interés de la seguridad nacional.
Las disposiciones del artículo 17 no pueden interpretarse como impidiendo la aplicación de las leyes y regulaciones estableciendo la proporción de trabajadores extranjeros que los empleadores están autorizados a emplear en Madagascar o como afectando a las obligaciones de estos empleadores en relación con la contratación de trabajadores extranjeros.
«El artículo 7, párrafo 2; los artículos 14, 23 27 y 28 no se aplican a Malta; el artículo 7, párrafos 3, 4 y 5, y los artículos 8, 9, 11, 17, 18, 31, 32 y 34 se aplicarán a Malta en conformidad con sus propios problemas especiales, su situación peculiar y sus características.»
Con las reservas de que las disposiciones contenidas en los artículos 7 (párrafo 2), 15, 22 (párrafo 1), 23 y 24 se consideren, provisionalmente, como siendo recomendaciones y no obligaciones legales.
«... El Gobierno de Nueva Zelanda sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones contenidas en el párrafo 2 del artículo 24 del Convenio en la medida en que la legislación de Nueva Zelanda lo permita ...»
(8) En una Comunicación recibida por el Secretario general de 21 de enero de 1954 el Gobierno de Noruega notificó la retirada, con efecto inmediato, de la reserva al artículo 24 del Convenio, «dado que las Leyes mencionadas en esta reserva han sido enmendadas para otorgar a los refugiados residiendo legalmente en el país el mismo tratamiento que a los súbditos noruegos». Para el texto de esta reserva, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 169. p. 126.
«La obligación estipulada en el artículo 17 (párrafo 1) de conceder a los refugiados residiendo legalmente en el país el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero que se encuentren en las mismas circunstancias por lo que se refiero al derecho a desempeñar un empleo remunerativo no se interpretará como extendiendo a los refugiados los beneficios de acuerdos que pueden ser concluidos en el futuro entre Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia o entre Noruega y cualquiera de estos países, con miras a crear condiciones especiales para el traslado de mano de obra entre estos países.»
Se extiende esta firma con la reserva de que en todos los casos en que este Convenio concede a los refugiados el tratamiento más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, no se interpretará esta disposición como comprendiendo el régimen otorgado a los súbditos de los países con los cuales los Países Bajos hayan concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.
1. Por lo que se refiere al artículo 26 de este Convenio, el Gobierno de los Países Bajos se reserva el derecho de designar el lugar de residencia principal para algunos refugiados o grupos de refugiados en el interés público.
2. En las notificaciones sobre territorios de ultramar mencionados en el artículo 40, párrafo 2, de este Convenio, el Gobierno de los Países Bajos se reserva el derecho a hacer una declaración de conformidad con la sección B del artículo 1 sobre estos territorios y a formular reservas de conformidad con el artículo 42 del Convenio.
Declaración interpretativa. Al depositar el Instrumento de Ratificación por los Países Bajos ..., declaro, en nombre del Gobierno neerlandés, que éste no considera que los habitantes de Amboina trasladados a los Países Bajos a partir del 27 de diciembre de 1949, fecha de la transferencia de soberanía por el Reino de los Países Bajos a la República de los Estados Unidos de Indonesia, tengan derecho el Estatuto de Refugiados, tal como está definido en el artículo 1 del Convenio.
PORTUGAL (8a)
(8a) En una comunicación recibida el 19 de julio de 1976, el Gobierno de Portugal informó al Secretario general que deseaba volver a formular de una manera más amplia las condiciones de su adhesión al Convenio (véase párrafo 1 anterior), y que las reservas presentadas en el momento de la adhesión de Portugal al Convenio se retiraban, sustituyéndolas, por consiguiente, por el texto del párrafo 2 citado más arriba. Para el texto de las reservas retiradas, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 383, página 914.
«1. El Convenio se aplicará sin ninguna limitación geográfica.
2. En todos los casos en que el Convenio otorga a los refugiados el estatuto personal más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, esta cláusula no se interpretará como significando el Estatuto otorgado por Portugal a los súbditos de Brasil.»
La Santa Sede, en conformidad con las disposiciones del artículo 42, párrafo 1 del Convenio, formula la reserva según la cual la aplicación del Convenio tiene que ser compatible, en la práctica, con el carácter especial del Estado de la Ciudad del Vaticano y sin perjuicio de las normas que rigen el acceso y la estancia en el mismo.
La adhesión al Convenio la efectuó acompañada de una reserva al artículo 26.
(9) En una Comunicación recibida el 20 de abril de 1961, el Gobierno de Suecia notificó la retirada, a partir del primero de julio de 1961, de la reserva al artículo 14 del Convento.
En una comunicación recibida el 25 de noviembre de 1966, el Gobierno de Suecia notificó al Secretario general que había decidido, conforme al párrafo 2 del artículo 42 del Convenio, retirar algunas de sus reservas al artículo 24, párrafo 1, b), y la reserva al artículo 24, párrafo 3.
En una comunicación recibida el 5 de marzo de 1970, si Gobierno de Suecia notifica al Secretario general que retiraba su reserva al artículo 7, párrafo 2, del Convenio.
Para el texto de las reservas retiradas, tal como se formularon originalmente por el Gobierno sueco en su Instrumento de Ratificación, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 200, página 336.
Reservas:En primer lugar, una reserva general en el sentido de que la aplicación de las disposiciones del Convenio que otorgan a los refugiados el tratamiento más favorable concedido a los súbditos de un país extranjero, no será afectada por los derechos y privilegios especiales que Suecia otorga actualmente o pueda otorgar en el futuro a los súbditos de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega o a los súbditos de cualquiera de estos países, y en segundo lugar, las siguientes reservas: una reserva al articulo 8 en el sentido de que este articulo no es obligatorio para Suecia; una reserva al artículo 12, párrafo 1, en eI sentido de que el Convenio no debe modificar la norma del derecho internacional privado actualmente en vigor en Suecia, según la cual el estatuto personal de un refugiado está regido por el derecho del país del que es súbdito: una reserva al artículo 17, párrafo 2, en el sentido de que Suecia no se considera obligada a otorgar a un refugiado que reúne cualquiera de las condiciones enumeradas en los apartados a) y c) la exención automática de la obligación de obtener un permiso de trabajo; una reserva al artículo 24, párrafo 1, b), en el sentido de que a pesar del principio de tratamiento nacional para los refugiados, Suecia no estará obligada a otorgar a los refugiados el mismo tratamiento que a sus súbditos, por lo que se refiere a las posibilidades de reivindicar una pensión nacional, en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de Seguros; asimismo, en el sentido de que, por lo que se refiere al derecho a una pensión adicional en virtud de esta ley y el cómputo de esta pensión en algunos aspectos, las normas que se apliquen a los súbditos suecos serán más favorables que para otros asegurados: una reserva al artículo 24, párrafo 3, en el sentido de que las disposiciones de este párrafo no serán obligatorias para Suecia; y una reserva al artículo 25, en el sentido de que Suecia no se considera obligada a que un certificado sea expedido por una autoridad sueca, en lugar de las autoridades de un país extranjero, si los documentos necesarios para la concesión de este certificado no se encuentran en Suecia.
(10) En una comunicación recibida por el Secretario general el 18 da febrero de 1963, el Gobierno suizo notificó que retiraba la reserva, formulada en el momento de la ratificación del artículo 24, párrafo 1, a), y b), y párrafo 3 del Convenio, en la medida en que esta reserva se refiere al seguro de vejez y supérstites.
En una comunicación recibida por el Secretario general el 3 de julio de 1972, el Gobierno suizo notificó su decisión de retirar la reserva al artículo 17, formulada en su Instrumento de ratificación del Convenio. Para el texto de esta reserva, véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 202, página 368.
Ref. artículo 24, párrafos 1, a) y b), y párrafo 3: Las disposiciones relativas a extranjeros en general sobre formación, aprendizaje, seguro de desempleo, seguro de vejez y supérstites se aplicarán a los refugiados. Sin embargo, en el caso del seguro de vejez y supérstites, los refugiados que residen en Suiza (incluidos los que les sobrevivan si se les considera como refugiados) se benefician del seguro normal de vejez y supérstites, previo pago de sus cuotas por lo menos durante un año completo, siempre y cuando hayan residido en Suiza durante diez años –cinco de los cuales sin interrupción–, inmediatamente antes de ocurrir el acontecimiento objeto del seguro. Además no se aplica a los refugiados la reducción de un tercio de los beneficios previstos en el caso de los extranjeros y apátridas, conforme al artículo 40 de la Ley Federal sobre seguro de vejez y supérstites. Los refugiados residiendo en Suiza, que en el momento del acontecimiento objeto del seguro, no tengan derecho al seguro de vejez o supérstites no perciben solamente sus propias contribuciones en virtud de la Orden del Consejo Federal del 14 de marzo de 1952, sino todas las que hayan sido efectuadas por los empleadores.
El Gobierno de la República Turca declara al firmar este Convenio que, por lo que se refiere a los compromisos suscritos por él en el Convenio, los términos «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951», en el artículo 1, sección A, deben interpretarse como refiriéndose a acontecimientos ocurridos en Europa antes del 1 de enero. Por consiguiente, no piensa aceptar ningún compromiso en relación con acontecimientos que hayan tenido Iugar fuera de Europa.
El Gobierno turco considera además que los términos «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951» se refieren al inicio de los acontecimientos. Por consiguiente, dado que la presión que se ejerce sobre la minoría turca en Bulgaria, iniciada antes del 1 de enero de 1951, prosigue, la disposición de este Convenio debe también aplicarse a los refugiados búlgaros de origen, obligados a abandonar este país a consecuencia de esta presión, y que, no pudiendo entrar en Turquía, pudieran buscar refugio en el territorio de otra Parte Contratante después del 1 de enero de 1951.
El Gobierno turco, en el momento de la ratificación, formulará reservas en virtud del articulo 42 del Convenio.
Reserva y declaración hechas en el momento de la ratificación: No se interpretará ninguna disposición de este Convenio como otorgando a los refugiados mayores derechos que los que se otorgan a los súbditos turcos en Turquía:
A) El Gobierno de la RepúbIica de Turquía no es parte en los Acuerdos del 12 de mayo de 1926 y 30 de junio de 1928, mencionados en el artículo 1, párrafo A, de este Convenio. Además, habiendo sido amnistiadas en virtud de la ley número 3527 las 150 personas afectadas por el Acuerdo del 30 de junio de 1928, las disposiciones contenidas en este Acuerdo ya no son válidas para Turquía. Por consiguiente, el Gobierno de la República de Turquía considera el Convenio del 28 de julio de 1951 independientemente de los Acuerdos mencionados anteriormente.
B) Por lo que se refiere a las obligaciones que se derivan de este Convenio, el Gobierno de la República considera que los términos «acontecimientos ocurridos antes del primero de enero de 1951» mencionados en el párrafo B del artículo 1 significan «acontecimientos ocurridos en Europa antes del primero de enero de 1951».
C) Asimismo, el Gobierno de la República considera que las medidas que tienden a «volverse a valer» o «a readquirir» según el articulo 1, párrafo C, del Convenio –es decir: «si (1) ha vuelto a valerse voluntariamente de la protección del país del cual es súbdito; o (2) habiendo perdido su nacionalidad, la ha vuelto a adquirir voluntariamente»– no dependen solamente de la petición de la persona interesada, sino también del consentimiento del Estado en cuestión.
1) Por lo que se refiere al artículo 7: «El Gobierno de la República de Uganda considera que esta disposición no concede ningún derecho legal, político u otro derecho aplicable a los refugiados que, en cualquier momento, puedan encontrarse en Uganda. Por ello, el Gobierno de la República de Uganda otorgará a las refugiados las ventajas y el tratamiento que el Gobierno de la República de Uganda estime, a su libre juicio, apropiados, teniendo en cuenta su propia seguridad y sus necesidades económicas y sociales.»
2) Por lo que se refiere a los artículos 8 y 9: «El Gobierno de la República de Uganda declara que las disposiciones de los artículos 8 y 9 se consideran como siendo únicamente recomendaciones.»
3) Por lo que se refiere al articulo 13: «El Gobierno de la República de Uganda se reserva el derecho a anular esta disposición sin recurso a los tribunales de justicia y arbitra-les, nacionales o internacionales si el Gobierno de la República do Uganda considera esta anulación de interés público.»
4) Por lo que se refiere al artículo 15: «El Gobierno de la República de Uganda tendrá plena libertad, en el interés público, de retirar algunos o todos los derechos concedidos en virtud de este artículo, a los refugiados que residan en su territorio.»
5) Por lo que se refiera al artículo 16: «El Gobierno de la República de Uganda considera que el artículo 16, párrafos 2 y 3, no requiere que el Gobierno de la República de Uganda otorgue a un refugiado que precise asistencia legal un tratamiento más favorable que el que reserva a los extranjeros en general en circunstancias análogas.»
6) Por lo que se refiere al articulo 17: «La obligación, mencionada en el artículo 177, de conceder a los refugiados residentes legalmente en el país en las mismas circunstancias, no debe interpretarse como la de otorgar a los refugiados el tratamiento preferencial reservado a los súbditos de los Estados que disfrutan de privilegios especiales, a causa de tratados que existen o puedan existir en el futuro entre Uganda y estos países, en particular los Estados de la Comunidad de África del Este y de la Organización de la Unidad Africana, en conformidad con las disposiciones que rigen las Cartas de dichos Organismos a este respecto.»
7) Por lo que se refiere al artículo 25: «El Gobierno de la República de Uganda considera que este artículo no requiere que el Gobierno de la República de Uganda incurra en gastos, a favor de los refugiados, al concederles la asistencia mencionada, excepto en la medida en que esta asistencia es solicitada por el Alto Comisario para los refugiados de las Naciones Unidas o cualquier otro Organismo de las Naciones Unidas que pudiera sustituirle, el cual reembolsa los gastos incurridos al Gobierno de la República de Uganda.»
8) Por lo que se refiere el artículo 32: «Sin recurrir a ningún procedimiento jurídico, el Gobierno de la República de Uganda tendrá en el interés público el derecho inalienable de expulsar a cualquier refugiado de su territorio y a aplicar en cualquier momento las medidas internas que el Gobierno estime necesarias en las circunstancias, y ello sin que cualquier medida tomada por el Gobierno de la República de Uganda a este respecto vaya en contra de las disposiciones del artículo 33 de este Convenio.»
i) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no le impiden tomar, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional, para con un refugiado, sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña a Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro Acuerdo o arreglo para el establecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluído a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre él y cualquier otro Estado.
ii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17 sustituyendo «tras años» por «cuatro años» en el apartado a), y omitiendo el apartado c).
iii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por lo que se refiere a las cuestiones mencionadas en el apartado b), párrafo 1 del artículo 24, que son de la competencia del Servicio Nacional de Sanidad, sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones de este párrafo en la medida en que la ley lo permita; sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 2 de este artículo en la medida en que la ley Io permita.
iv) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto a las obligaciones contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 en la medida en que la ley lo permita.
«En relación con el apartado b), párrafo 1, del artículo 24, sobre cuestiones que competen al Servicio Nacional de Sanidad, la ley (enmendada) del Servicio Nacional de Sanidad de 1949 permite cobrar a personas que no residen normalmente en Gran Bretaña (esta categoría incluye a los refugiados) y que reciben tratamiento en virtud de este Servicio. Aunque todavía no se haya hecho uso de esta disposición, es posible que tenga que hacerse en el futuro. En Irlanda del Norte, los Servicios de Sanidad se dispensan únicamente a personas residiendo normalmente en el país, excepto cuando existen normas que reservan a otros estas prestaciones. Por ello, el Gobierno del Reino Unido, dispuesto en el porvenir como en el pasado a considerar con la mayor simpatía la situación de los refugiados, estima necesario formular una reserva al apartado b), párrafo 1, del artículo 24 del Convenio.
Las normas del Seguro de Accidentes del Trabajo en Gran Bretaña no responden a los requisitos del párrafo 2 del artículo 24 del Convenio. Cuando una persona asegurada muere a resultas de un accidente de trabajo o de una enfermedad debida a la naturaleza de su empleo, no se puede, normalmente, indemnizar a las personas que dependían de ella y que viven en el extranjero, a no ser que residan en algún país de la Mancomunidad Británica, en la República de Irlanda o en un país con el cual el Reino Unido haya concluido un acuerdo recíproco relativo al pago de indemnizaciones por accidente de trabajo. Existe una excepción a esta regla a favor de las personas que dependen de ciertas categorías de marinos que mueren a resultas de un accidente del trabajo ocurrido durante sus servicios en buques británicos. A este respecto, los refugiados reciben el mismo tratamiento que los ciudadanos del Reino Unido y sus colonias y, conforme a los párrafos 3 y 4 del artículo 24 del Convenio, las personas que dependen de los refugiados podrán beneficiarse de los acuerdos recíprocos que prevén el pago en otros países de las indemnizaciones del seguro del Reino Unido de accidentes de trabajo. Conforme a los párrafos 3 y 4 del artículo 24, los refugiados disfrutarán, en virtud de las normas del Seguro Nacional y del Seguro de Accidentes de Trabajo, de algunos derechos que no disfrutan los súbditos británicos que no son ciudadanos del Reino Unido y sus colonias.
No existen en el Reino Unido normas para la asistencia administrativa tal y como está previsto en el artículo 25, ni se han considerado necesarios estos acuerdos en el caso de los refugiados. Si se precisan los documentos y certificados mencionados en el párrafo 2 de este artículo, se recurrirá a declaraciones juradas.»
«Con la siguiente reserva, formulada en virtud del artículo 24 (párrafo 1) del Convenio:
Artículo 17 (párrafo 2).
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 17, párrafo 2, que Zambia no se considera obligada a conceder a un refugiado que reúna cualquiera de las condiciones estipuladas en los apartados a) o c) la exención automática de la obligación de obtener un permiso de trabajo.
Además, por lo que se refiere al artículo 17 en su conjunto, Zambia no desea comprometerse a conceder a los refugiados el derecho a un empleo remunerada más favorable que el que otorga a los extranjeros en general.»
Artículo 22 (párrafo 1).
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar que considera el artículo 22 (párrafo 1) como siendo únicamente una recomendación y no una obligación de conceder a los refugiados el mismo tratamiento reservado a sus súbditos por lo que se refiere a la educación general básica.»
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 26, que se reserva el derecho de designar el lugar o los lugares de residencia de los refugiados.»
«El Gobierno de la República de Zambia desea declarar, en relación con el artículo 28, que Zambia no se considera obligada a expedir documentos de viaje con una cláusula de retorno en los casos en que un país de segundo asilo haya aceptado o indicado su voluntad de aceptar un refugiado de Zambia.»
Declaraciones y reservas hechas sobre las notificaciones de aplicación territorial
Con las reservas hechas en el momento de la ratificación por el Gobierno de Dinamarca (véase Dinamarca, supra)
ISLAS ANGLONORMANDAS E ISLA DE MAN
«i) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considere que los artículos 8 y 9 no le impiden tomar en la isla de Man y en las islas Anglonormandas, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiados sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz, concluido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectan al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para la isla de Man y las islas Anglonormandas, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.
ii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17 en su aplicación a la isla de Man y a las islas Anglonormandas, sustituyendo «tres años» por «cuatro años» en el apartado a) y omitiendo el apartado c).
iii) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sólo puede comprometerse a aplicar a las islas Anglonormandas, en la medida en que lo permita la ley, las disposiciones del apartado b), párrafo 1, del artículo 24, y del párrafo 2 de dicho artículo, a la isla de Man, en la medida en que lo permita la ley, las disposiciones de dicho apartado, respecto a las cuestiones mencionadas en el mismo, que son de la competencia del Servicio de Sanidad de la isla de Man, y las del párrafo 2 del artículo 24.
iv) El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto en la isla de Man y en las Islas Anglonormandas a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 a la isla de Man y a las islas Anglonormandas en la medida en que lo permita la ley.
Las consideraciones sobre las que se basan algunas de estas reservas son análogas a las que figuran en el memorándum, relativo a las correspondientes reservas formuladas con respecto al Reino Unido, que se incluyó en mi nota de referencia.»
EL PROTECTORADO DE LAS ISLAS SALOMÓN BRITÁNICAS, CHIPRE (16), DOMINICANA, ISLAS MALVINAS, FIJI (16a), GAMBIA (17), ISLAS DE GILBERT Y ELLICE, GRANADINAS, JAMAICA (18), KENIA (19), MAURICIO, SAN VICENTE, SEYCHELLES Y PROTECTORADO DE SOMALIA
(16) Véase Chipre, supra.
(16a) Para el texto de las reservas hechas con motivo de la notificación de sucesión por el Gobierno de Fiji, véase Fiji, supra.
(17) Véase Chipre, supra.
(18) Para el texto de las reservas hechas con motivo de la adhesión por el Gobierno de Jamaica, véase Jamaica, supra.
(19) Kenia accedió al Convenio sin reservas.
i) El Gobierno del Reino Unido considera que los artículos 8 y 9 no impiden que los territorios indicados puedan, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.
ii) El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del artículo 17 en su aplicación a los territorios arriba indicados, sustituyendo «tres años» por «cuatro años» en el apartado a), y omitiendo el apartado c).
iii) El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del apartado b), párrafo 1, del artículo 24 y del párrafo 2 de dicho artículo, a los territorios arriba indicados, en la medida en que lo permita la Ley.
iv) El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar efecto, en los territorios arriba indicados, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25 y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 a los territorios arriba indicados; en la medida en que lo permita la Ley.
ZANZIBAR Y SANTA ELENA
Con las reservas indicadas en i), iii), iv) más arriba
«El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el territorio arriba indicado pueda, en tiempos de guerra en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 9 no impedirán al Gobierno del Reino Unido hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que pueda adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor de este Convenio para el territorio arriba indicado, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.»
FEDERACIÓN DE RODESIA Y NYASALANDIA (20) y (21)
(20) La Federación de Rodesia y Nyasalandia se disolvió inmediatamente antes del 1 de enero de 1964. En respuesta a la pregunta de la Secretaría sobre los efectos legales de esta disolución por la que se refiere a la aplicación a los territorios que constituían anteriormente la Federación, es decir, Rodesia del Norte, Nyasalandia y Rodesia del Sur, de algunos tratados multilaterales depositados ante al Secretario general que habían sido extendidos por el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la Federación o cualquiera de los territorios interesados antes de la formación de la Federación y del Convenio Internacional para facilitar la importación de muestras comerciales y material de publicidad, hecho en Ginebra el 7 de noviembre de 1962, al cual la Federación accedió en su calidad de Parte Contratante al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el Gobierno del Reino Unido, en una comunicación recibida el 16 de abril de 1964, formuló la siguiente aclaración:
«El Gobierno de Su Majestad considera que, en general, los tratados multilaterales que se aplicaban a la Federación de Rodesia y Nyasalandia, siguen aplicándose a los territorios que constituían la antigua Federación en el momento de su disolución. Los tratados multilaterales, en virtud de los cuales la Federación era miembro de organizaciones internacionales, entran dentro de una categoría especial; su aplicación continua a los territorios que constituían la antigua Federación depende, en cada uno de los casos, de las disposiciones del tratado. El Gobierno de Su Majestad considera que todos los convenios figurando en la carta de la Secretaría de 28 de febrero, se aplican a los territorios que constituían la antigua Federación desde su disolución, pero que la accesión de la Federación al Convenio Internacional para facilitar la importación de muestras comerciales y publicidad no ha tenido tal resultado, dado que el artículo XIII del Convenio autoriza al Gobierno de Su Majestad a extender las disposiciones del Convenio a los tres territorios que constituían la antigua Federación si se considera deseable.
Por lo que se refiere a la última pregunta de la Secretaria indicaré que las extensiones anteriores a la constitución de la Federación siguen, naturalmente, aplicándose a los territorios que constituían esta Federación.
Rodesia del Norte y Nyasalandia se han convertido, desde entonces, en Estados independientes con los nombres de Zambia y Malawi, respectivamente.
(21) En una carta dirigida al Secretario general de 22 de marzo de 1966, el Presidente de la República de Malawi, refiriéndose al Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, declaró lo siguiente:
«En la carta que le dirigí el 24 de noviembre da 1954, sobre el curso que cabe dar a las obligaciones que se desprenden de las tratados heredados por Malawi, mi Gobierno declaró que, por Io que se refiere a los tratados multilaterales que se habían aplicado o extendido al antiguo protectorado de Nyasalandia, toda Parte a cualquiera de estos tratados podía, sobre la base de la reciprocidad, confiar en que aplicará las disposiciones de este tratado hasta que notificara a su depositario si deseaba confirmar su expiración, sucesión o accesión.
Debo informarle ahora como depositario de este Convenio, que el Gobierno de Malawi desea poner fin a todas las obligaciones que en virtud de este Convenio haya podido heredar. El Gobierno de Malawi considera que toda obligación jurídica en virtud del Convenio mencionado, referente al Estatuto de los Refugiados, Ginebra 1951, que podría recaer sobre él por sucesión a la ratificación del Reino Unido, expira a partir de esta fecha.»
«El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que el territorio arriba indicado pueda, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base de su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirá al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o intereses que puedan adquirir o haber adquirido como Potencia Aliada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o que pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para el territorio arriba indicado, se encuentren bajo el control del Gobierno del Reino Unido por causa de un estado de guerra que exista o que haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.
El Gobierno del Reino Unido acepta el párrafo 2 del artículo 17, en su aplicación al territorio arriba indicado, sustituyendo «tres años» por «cuatro años», en el apartado a), y omitiendo el apartado c).
El Gobierno del Reino Unido sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del apartado b), párrafo 1, del artículo 24, y del párrafo 2 de dicho artículo, al territorio arriba indicado, en la medida en que lo permita la Ley.
El Gobierno del Reino Unido no puede comprometerse a dar efecto, en el territorio arriba indicado, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 al territorio arriba indicado, en la medida en que lo permita la Ley.»
PROTECTORADO DE BASUTOLANDIA, BECHUANALANDIA Y SWAZILANDIA (22)
(22) El Gobierno de Botswana (antiguamente Protectorado de Bechuanalandia) accedió al Convenio el 6 de enero de 1969. Para el texto de esta reserva, formulada en el momento de su accesión, véase Botswana, supra.
«El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte considera que los artículos 8 y 9 no impiden que los territorios arriba indicados puedan, en tiempos de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, tomar medidas en el interés de la seguridad nacional para con un refugiado sobre la base da su nacionalidad. Las disposiciones del artículo 8 no impedirán al Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte hacer valer sus derechos sobre bienes o interesen que pueda adquirir o haya adquirido como Potencia Aliada o Asociada, en virtud de un Tratado de Paz u otro acuerdo o arreglo para el restablecimiento de la paz que haya sido o pueda ser concluido a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Además, las disposiciones del artículo 8 no afectarán al tratamiento concedido a bienes o intereses que, en la fecha de la entrada en vigor del Convenio para los territorios arriba indicados, se encuentren bajo el control del Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por causa de un estado de guerra que exista o que haya existido entre ellos y cualquier otro Estado.
El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte acepta el párrafo 2 del artículo 17, en su aplicación a los territorios arriba indicados, sustituyendo «tres años» por «cuatro años», con el apartado a), y omitiendo el apartado c).
El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no puede comprometerse a dar efecto, en los territorios arriba indicados, a los párrafos 1 y 2 del artículo 25, y sólo puede comprometerse a aplicar las disposiciones del párrafo 3 a los territorios arriba indicados, en la medida en que la permita la Ley.»
Con la siguiente reserva, con respecto a los párrafos 2 y 3 del artículo 17 del Convenio:
«Los refugiados y personas a su cargo estarán, normalmente, sometidos a las mismas leyes y normas relativas, en general, al empleo de las personas que no son súbditos de las islas Bahamas dentro de la mancomunidad de estas islas, siempre y cuando no hayan adquirido el estatuto de las Bahamas.»
La extensión está sometida a las siguientes reservas, que habían sido formuladas en cuanto al fondo por el Gobierno de los Países Bajos, en el momento de la ratificación:
«1. Que en todos los casos en que el Convenio, junto con el Protocolo, otorga a los refugiados el tratamiento más favorable concedido a los súbditos de un país extranjero, esta disposición no se interpretará como incluyendo el régimen reservado a los súbditos de aquellos países con los cuales el Reino de los Países Bajos haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos ni políticos que se aplican a Surinam.
2. Que el Gobierno de Surinam, respecto al artículo 26 del Convenio, junto con el articulo 1, párrafo 1, del Protocolo, se reserva el derecho, por razones de orden público, a designar un lugar principal de residencia para ciertos refugiados o grupo de refugiados.
Declaraciones y reservas al Protocolo de 31 de enero de 1967 (4)
(4) Véase artículo VII del Protocolo, relativo a las reservas y declaraciones, en Final Clauses (ST/LEG/SER/D1. Anejo pág. V-15).
«Con la reserva al artículo IV de dicho Protocolo, y a la aplicación, de acuerdo con el artículo I del mismo, de las disposiciones de los artículos 7, 17, 26, 31 y 34 y del párrafo 1 del artículo 12 del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951.»
Al acceder a este Protocolo, el Gobierno de la República de Burundi formula las siguientes reservas:
1. Se aceptan las disposiciones del artículo 22, en relación con la Enseñanza General Básica únicamente:
a) En la medida en que se aplican a la educación pública, y no a la educación privada;
b) Con el entendimiento de que el tratamiento otorgado a los refugiados sea el más favorable reservado a los súbditos de otros Estados.
2. las disposiciones del articulo 17 (párrafos 1 y 2) se aceptan como recomendaciones, y en ningún caso deberán interpretarse como incluyendo forzosamente el régimen concedido a los súbditos de los países con los cuales la República de Burundi haya concluido acuerdos regionales, aduaneros, económicos o políticos.
3. Las disposiciones del artículo 28 se aceptan con la reserva de que los refugiados:
a) No elijan su lugar de residencia en una región limítrofe de su país de origen;
b) No desempeñen, en ningún caso, al hacer uso de su derecho a la libertad de movimiento, actividades o inclusiones de carácter subersivo, en relación con el país del cual son súbditos.
1. Con la reserva de que, por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 34, el Gobierno de Chile no podrá otorgar a los refugiados ventajas mayores que las que concede a Ios extranjeros en general, dado el carácter liberal de las Leyes de naturalización chilenas.
2. Con la reserva de que el período indicado en el artículo 17, párrafo 2, a), se extienda, en el caso do Chile, de tres a diez años.
3. Con la reserva de que el artículo 17, párrafo 2, c), se aplique únicamente si el refugiado es viuda o viudo de un cónyuge chileno,
4. Con la reserva de que el Gobierno de Chile no puede otorgar un período más largo para ejecutar una orden de expulsión que el que se concede a los demás extranjeros en virtud de la Ley chilena.
Se acepta el Protocolo con excepción del artículo IV.
Con la siguiente reserva a la aplicación, en virtud del artículo 1 del Protocolo, del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951;
«Las disposiciones de los artículos 8, 9, 17 (párrafo 2) y 22 (párrafo 1) del Convenio se consideran únicamente como recomendaciones y no como obligaciones legales.»
Con las siguientes reservas a la aplicación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, de acuerdo con el artícuIo 1 del protocolo:
Para el texto de estas reservas véase Finlandia, supra.
El Gobierno de la República Francesa declara que ha decidido extender las obligaciones que se derivan del Convenio de 28 de julio de 1951, conforme al párrafo 2, sección B, del artículo 1 del Convenio, y que aplicará, por consiguiente, el Protocolo del 31 de enero de 1967 sin ninguna limitación geográfica.
«El Gobierno de Ghana no se considera obligado por el artículo IV del Protocolo sobre resolución de conflictos.»
«El Gobierno de Israel accede al Protocolo, formulando las mismas declaraciones y reservas que en el momento de la ratificación del Convenio (relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 26 de julio de 1951), conforme a las disposiciones del artículo VII (párrafo 2) del Protocolo.»
De acuerdo con el artículo VII (párrafo 2) el Gobierno de Malta aplica las reservas al Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, formuladas al depositar su instrumento de adhesión el 17 de junio de 1971, conforme al artículo 42 del Convenio, en relación con sus obligaciones en virtud de este Protocolo.
PAÍSES BAJOS (4a)
(4a) En una notificación del 29 de julio de 1971, el Gobierno de los Países Bajos declaró que el Protocolo se extenderá a Surinam. La extensión depende de las reservas similares a las que se habían hecho en cuanto al fondo en el momento de la accesión.
«De acuerdo con el artículo VI del Protocolo, todas las reservas formuladas por el Reino de los Países Bajos, en el momento de la firma y ratificación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados firmado en Ginebra el 28 de julio de 1951, se aplican a las obligaciones que se derivan del Protocolo.»
En el momento de la accesión:
1. El Protocolo se aplicará sin ninguna limitación geográfica.
2. En todos los casos en que el Protocolo concede a los refugiados el Estatuto personal más favorable otorgado a los súbditos de un país extranjero, esta cláusula no se interpretará como significando el Estatuto otorgado por Portugal a los súbditos del Brasil o a los súbditos de otros países con las cuales Portugal pueda establecer relaciones de mancomunidad.
Con las siguientes reservas a la aplicación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, en virtud del artículo I del Protocolo:
1. El Gobierno del Reino de Swazilandia no puede asumir las obligaciones contenidas en el artículo XXII del Convenio y no se considera, por consiguiente, obligado por estas disposiciones.
2. Asimismo, el Gobierno del Reino de Swazilandia no puede asumir las obligaciones previstas en el artículo 34 del Convenio y debe expresamente reservarse el derecho a no aplicar las disposiciones contenidas en este último.
Y con la siguiente declaración:
«El Gobierno del Reino de Swazilandia considera esencial llamar la atención sobre su accesión en calidad de Miembro de las Naciones Unidas y no como una Parte del Convenio, por razones de sucesión u otras.»
El Instrumento de Adhesión estipula que el Gobierno de Turquía mantiene las disposiciones de la declaración formulada al amparo de la sección B del artículo 1 del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, según la cual aplica el Convenio únicamente a las personas refugiadas a consecuencia de acontecimientos que ocurran en Europa, y también la cláusula de reservas, formulada en el momento de la ratificación del Convenio, en el sentido de que ninguna disposición de este Convenio puede interpretarse como otorgando a los refugiados mayores derechos que los que se conceden a los ciudadanos turcos en Turquía.
(Las mismas reservas que para el Convenio relativa al Estatuto de los Refugiados: véase Uganda, supra.
(5) En una notificación recibida el 20 de abril de 1970 eI Gobierno del Reino Unido declaró que el Protocolo se extendía a las islas Bahamas. La extensión está condicionada a la reserva cuyo texto figura en Reino Unido e Irlanda del Norte, supra.
a) Conforme a las disposiciones de la primera fase del artículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido excluye de la aplicación del Protocolo los siguientes territorios, de cuyas relaciones internacionales es responsable:
Jersey, Rhodesia del Sur, Swazilandia.
b) Conforme a las disposiciones de la segunda frase del artículo VII, punto 4 del Protocolo, el Reino Unido extiende la aplicación del Protocolo a los siguientes territorios, de cuyas relaciones internacionales es responsable:
Santa Lucía, Montserrat.
«... con la reserva de que las disposiciones del artículo IV del Protocolo no deberán aplicarse a la República Unida de Tanzania, a no ser que el Gobierno de la República Unida de Tanzania dé su consentimiento explícito.»
Con las reservas siguientes a la aplicación del Convenio relativo al Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951; conforme al artículo I del Protocolo:
«Los Estados Unidos de América interpretan el artículo 29 del Convenio como aplicándose únicamente a los refugiados que residen en Estados Unidos y se reservan el derecho a someter a impuestos a los refugiados que no sean residentes en los Estados Unidos, de acuerdo con las normas generales sobre extranjeros no residentes.
Los Estados Unidos de América aceptan la obligación del párrafo 1, b), del artículo 24 del Convenio, salvo en la medida en que este párrafo es incompatible, en ciertos aspectos, con las disposiciones del título II (seguro de vejez, supérstites e incapacidad) o del título XVIII (seguro hospitalario y médico para personas mayores) de la Ley sobre Seguridad Social. Por lo que se refiere a cualquiera de estas disposiciones, los Estados Unidos concederán a los refugiados, residiendo legalmente en su territorio, un tratamiento no menos favorable que el reservado a los extranjeros en general en las mismas circunstancias.»
Estados Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
o ratificación
22- 7-1953
4- 4-1962
6- 1-1969
19- 7-1963
4- 6-1969
Imperio Centro Africano
28- 1-1972
4-12-1952
17- 8-1955
12- 6-1972
23- 6-1954
27- 4-1964
7- 9-1966
18- 3-1963
5- 4-1960
11- 2-1976
15- 3-1956
28- 7-1976
30- 7-1964
16- 5-1966
8- 3-1957
23- 7-1953
2- 2-1973
2- 5-1963
27-9-1976
12-5-1964.
24- 9-1969
Estados Parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
29-1-1968
16-5-1968
11-2-1976
23- 3-1974
Swazilandla
31-7-1968
República do Tanzania
13-1-1975
Fecha de disposición: 28/07/1951
Fecha de publicación: 21/10/1978
Contiene Protocolo de 31 de enero de 1967, adjunto al mismo.
Adhesión por instrumento de 22 de julio de 1978.
Entrada en vigor: de la CONVENCión, el 12 de noviembre de1978; y del Protocolo de 1967, el 14 de agosto de 1978.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 26 de septiembre de 1978.
regulando el derecho de asilo y de la protección subsidiaria: Ley 12/2009, de 30 de octubre (Ref. BOE-A-2009-17242).
con el art. 35 de la Convención, estableciendo una Delegación del Alto Comisionado: Acuerdo de 14 de marzo de 1988 (Ref. BOE-A-1989-16005).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 272, de 14 de noviembre de 1978 (Ref. BOE-A-1978-28211).
Acuerdo de 5 de octubre de 1946.
Protocolo de 14 de septiembre de 1939.
Convención de 10 de febrero de 1938.
Acuerdo de 30 de julio de 1935.
Convención de 28 de octubre de 1933.
Acuerdo de 30 de junio de 1928.
Arreglo de 12 de mayo de 1926.
Acuerdo de 31 de mayo de 1924.
Acuerdo de 5 de julio de 1922.
Arreglo de 30 de junio de 1920.

References: artículo 39
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 26

Artículo 1
 artículo 1

Artículo 33
 artículo 28
 artículo 40

Artículo 46
 artículo 42
 artículo 39
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 28
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 15
 artículo 12
 artículo 199
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 42
 artículo 29
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 74
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 42
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 177
 artículo 25
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 24

Artículo 17
 artículo 17
 artículo 17

Artículo 22
 artículo 22
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 42
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 24
 Resolución