Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500517.html
Timestamp: 2019-03-20 11:22:17+00:00

Document:
se201500517
SENTENCIA: 517/2015
EXPEDIENTE Nº: 436/2010.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Ferroviaria Andina contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, impugnando la Resolución Ministerial Nº 168 de 23 de julio de 2010.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativo de fs. 137 a 143, la contestación de fs. 170 a 174 vlta, el memorial de réplica de fs. 179 a 180, los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que, Eduardo Maclean Abaroa, en representación de la Empresa Ferroviaria Andina S.A. en tiempo hábil, interpone demanda contencioso-administrativo contra la Resolución Ministerial Nº 168 de 23 de junio de 2010, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con los siguientes argumentos:
Señala que la Autoridad demanda se arrogó competencia al abrogar el DS 27557 de 4 de junio de 2004, creando derechos y obligaciones o en su caso suprimiendo y modificando derechos, conducta que atenta a la seguridad jurídica.
Refiere que del análisis del contenido del DS 27557, se observa que ninguna palabra o párrafo indica si “el mencionado Decreto tiene un plazo o término de vigencia”, por lo que, de la lectura de esta norma legal, se evidencia que la misma no contiene ninguna disposición o norma expresa que le dé una temporalidad o vigencia, por lo que conforme a la técnica legislativa, podemos afirmar que este Decreto esta “vigente” en tanto no exista otra norma igual o de superior jerarquía que lo derogue o abrogue.
Por otra parte, argumenta que de ninguna manera una Resolución Ministerial puede arrogarse la facultad de abrogar un Decreto Supremo, lo que demuestra la ilegalidad de la Resolución Ministerial 168, o en su caso, el demandado demuestre e informe a sus magistraturas, qué norma legal le ampara para declararlo no vigente el DS Nº 27557.
Indica que las autoridades demandadas por sus actos administrativos, afirman que este Decreto Supremo dispone que “la suspensión de los trabajos de habilitación”, ya no está en vigencia y mediante nota del Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte, pretende obligar a la Empresa Ferroviaria Andina S.A. a presentar un “plan y programa de mantenimiento”, imposición ilegal que fue objetada hasta llegar a la presente demanda.
Refiere que el Convenio Complementario de 30 de noviembre de 2004, sólo operativiza la orden que efectúa el DS 27577, por lo que, si este Convenio está o no extendido, renovado tácitamente, no afecta a la vigencia del Decreto Supremo señalado.
Concluyó, solicitando que se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa y deliberando en el fondo, se revoque la Resolución Ministerial; y en consecuencia, se deje sin efecto la RM 168 de 23 de junio de 2010 emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y en consecuencia se deje sin efecto la nota ATT 03135 DTTR 0268/2009 debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos Supremos Nos. 26786, 27031 y 27557.
CONSIDERANDO II: Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersonó Cecilia Alexandra Tatiana Ríos Moeller y Adriana Maria Del Callejo Quinteros, en Representación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, quién por memorial de fs. 170 a 174 vlta, contestó en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:
Refiere que en cumplimiento al DS 27557, la Empresa Ferroviaria Andina S.A. realizó la rehabilitación del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba, que por las características de la llamada “Zona Roja”, únicamente permitió el servicio ferroviario en época seca para trenes que cargan como máximo 500 toneladas a una velocidad de 25 kilómetros por hora; una rehabilitación de esa magnitud no satisface los requerimientos de la población beneficiaria, lo que demanda escasamente los servicios rehabilitados; en vista de ello, el Comité Cívico de Cochabamba solicitó la rehabilitación definitiva del indicado tramo, lo que significa que ante el costo alto que requiere para su ejecución, transitoriamente se suspendan las actividades programadas en el tramo Oruro-Cochabamba para el año 2004, y en lugar de ello, se dispuso la habilitación del ramal, que se extiende desde Arque, las poblaciones de Valle Bajo, la ciudad de Cochabamba y las poblaciones del Valle Alto hasta llegar a Aiquile.
Indica que el art. 1 del citado Decreto Supremo establece su objeto, cual es determinar que la Superintendencia de Transporte disponga la suspensión de los trabajos de rehabilitación en la “zona Roja” del tramo ferroviario Oruro- Cochabamba y disponga la habilitación del ramal que se extiende de la Estación de Arque (PK. 118+192), la estación Cochabamba (PK. 204+847) hasta llegar a la Estación Aiquile (PK. 419+320) con una longitud total de 301+128 km.
Refiere que el art. 2 del citado Decreto Supremo establece que en merito a lo dispuesto en el art. 1, se autorizó a la Superintendencia de Transporte suscribir un Convenio con la Empresa Ferroviaria Andina S.A., primero con el fin de determinar la forma de ejecución de la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “Zona Roja” en el tramo señalado y segundo a fin de establecer la situación del Tramo Oruro- Cochabamba con relación a los contratos de Concesión y Licencia (Tramo San Pedro- Arque).
Por otra parte, refiere que en cumplimiento al DS Nº 27557, la ex Superintendencia de Transporte y la Empresa Ferroviaria Andina S.A. suscribieron el 30 de noviembre de 2004, el Acuerdo Modificatorio al Convenio Complementario a los Contratos de Concesión y Licencia, por el cual, de acuerdo a la Cláusula Segunda acordaron la suspensión de los trabajos de habilitación en la “zona no habilitada”, es decir, en el tramo San Pedro-Arque, así como la prestación a partir de esa gestión del servicio de transporte de pasajeros desde la localidad de Arque, pasando por la Estación de Cochabamba, hasta llegar a la Estación de Aiquile, observándose los alcances de la Cláusula Tercera y Cuarta del Acuerdo Modificatorio.
Refiere que por nota ATT 03135 DTTR 0268/2009 de 20 de octubre, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte, comunicó a la Empresa Ferroviaria Andina S.A. que a través del Acuerdo Modificatorio al Convenio Complementario a los Contratos de Concesión y Licencia (suscrito el 30 de noviembre de 2004 entre la Superintendencia de Transportes y la Empresa Ferroviaria Andina) se acordó la suspensión de los trabajos de habilitación en la “zona no habilitada” del tramo ferroviario Oruro- Cochabamba y la habilitación en la “zona no habilitada” del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba y la habilitación del tramo Arque- Cochabamba-Aiquile. Además en el num. 3.1. del Convenio Complementario se estableció que la revinculación motivo del Convenio, tendría una vigencia de 5 años a partir de la rehabilitación del ramal en cuestión, plazo a ser computado desde el 21 de octubre de 2004 (fecha en la que, se realizó el primer recorrido en el tramo habilitado Bueno Retiro-Cochabamba-Chaguarani sujeto a compensación), por lo que, a partir de esa fecha, el Convenio ya no se encontraba vigente y la obligación de prestar mantenimiento para el tramo San Pedro-Higuerani es restituida a la empresa, instruyéndose dar a conocer en un plazo de 10 días hábiles el plan de programa de mantenimiento.
Señala que mediante nota GG/352/2009 de 27 de octubre, la empresa demandante reconoció que el inc. 3.1 y 3.3. del Convenio Complementario efectivamente establece que la revinculación tiene una vigencia de 5 años a partir de la primera rehabilitación del ramal que se produjo en septiembre de 2003, por lo que el plazo al que hizo referencia habría fenecido en septiembre de 2008.
Indica que la empresa Ferroviaria Andina S.A. en su recurso jerárquico, no emitió mayor pronunciamiento respecto a la fecha que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes consideró como inicio de la vigencia del Convenio Complementario, mas al contrario sólo señaló que “aun asumiendo la aseveración de la ATT de que el plazo determinado por el Convenio habría fenecido el año 2009, y que no procede la Tacita reconducción del mismo, continua vigente el Decreto Supremo Nº 27557 que establece claramente la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la Zona Roja”, por lo que, con esta argumentación se rechazó la impugnación en instancia jerárquica.
Solicita que se consideren y valoren los propios argumentos expuestos en la demanda contencioso administrativa por parte de la parte actora, en razón a que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en ningún momento se arrogó competencia y “abrogó” el DS 27557, menos creó derechos y obligaciones ni suprimió derechos y/o los modificó, ya que dicho Decreto Supremo faculta a la ex Superintendencia a suscribir un Convenio con la Empresa Ferroviaria Andina S.A. para determinar la forma de suspensión de los trabajos de rehabilitación de la “zona roja”, es decir; a fin de que se acuerde por un lado, la forma de suspensión de dicha obra en la “zona roja” (tramo Oruro- Cochabamba) para proceder a la habilitación y puesta en servicio del ramal Arque-Cochabamba-Aiquile y, por otro lado, la situación del tramo Oruro-Cochabamba con relación a los Contratos de Concesión y Licencia.
Refiere que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en ningún momento se arrogó competencias, mucho menos abrogó el DS 27557 creando derechos y obligaciones, en su caso, hubiese suprimido derechos o los habría modificado, toda vez que, conforme se colige de la lectura del recurso jerárquico interpuesto por el ahora demandante como del punto 9 de la última parte considerativa de la Resolución Ministerial 168, la Empresa Ferroviaria Andina S.A. a través de su representante legal, manifestó que el citado Decreto Supremo, en su art. 1, dispone que el objeto del mismo es determinar que la Superintendencia de Transportes disponga la suspensión de los trabajos de rehabilitación en la denominada “Zona Roja” del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba y que su art. 2 de la referida norma legal autorizó a suscribir un nuevo Convenio con la Empresa Ferroviaria Andina S.A. con el fin de acordar la forma de ejecución de los trabajos de rehabilitación.
Continua señalando, que en mérito a lo anterior, el Ministerio concluyó que el DS 27557 no dispuso, como erróneamente sostiene el recurrente la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “zona roja” existentemente en medio del ramal Oruro-Cochabamba, si no que determinó que sea la ex Superintendencia de Transportes, la entidad que disponga tal suspensión, en mérito a ello, el Ministerio manifestó que no era cierto ni evidente que tal Decreto Supremo simplemente faculte a la ex Superintendencia a suscribir un acuerdo para determinar la forma de suspensión de los trabajos de rehabilitación de la “zona roja”, sino que se le autorizó a determinar esa suspensión y a pactar con la Empresa Ferroviaria Andina S.A. la forma de operación.
Señala que de lo expuesto precedentemente, el Ministerio no afirmó, en ningún momento, que el DS 27557 había dejado de estar en vigencia, sino que manifestó que la intensión del recurrente de dar a entender que, por el hecho de que el citado Decreto Supremo “continuaba vigente” la suspensión de los trabajos de rehabilitación en la Zona Roja también permanecía en vigencia, lo cual resultaba un exceso, al no observarse el plazo voluntariamente pactado.
Por último, señala que la empresa demandante olvidó que sus recursos de revocatoria y jerárquico estuvieron dirigidos a demostrar que el Convenio Complementario continuaba vigente, por lo que la Empresa Ferroviaria Andina S.A. intenta darle un giro a la controversia suscitada en fase administrativa, porque su demanda debe ser declarada improbada.
Concluyó, solicitando que se declare IMPROBADA la demanda contencioso administrativa, manteniendo firme y subsistente la Resolución Ministerial 168 de 23 de junio de 2010.
CONSIDERANDO III: Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos 4 y 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
De la revisión de antecedentes procesales, se colige que mediante Nota ATT 03135-DTTR 268/2009 de 20 de octubre (fs. 11 de obrados), el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) comunicó a la Empresa Ferroviaria Andina S.A. lo siguiente: “Mediante Acuerdo Modificatorio al Convenio Complementario a los Contratos de Concesión y Licencia, suscrito el 30 de noviembre de 2004 entre la ex Superintendencia de Transportes y la Empresa Ferroviaria Andina S.A , se acuerda la suspensión de los trabajos de habilitación en la “zona no habilitada” del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba y la habilitación del tramo Arque-Cochabamba-Aiquile….En el numeral 3.1. del Convenio Complementario se estableció que la revinculación motivo del Convenio, tendrá una vigencia de 5 años a partir de la rehabilitación del ramal en cuestión….Considerando que en fecha 21 de octubre de 2004, se realizó el primer recorrido en el tramo habilitado Buen Retiro-Cochabamba-Chaguarani sujeto a compensación..(…) por lo que a partir del 21 de octubre de 2009 este Convenio ya no tendrá vigencia... (…)” , ante ello, la empresa demandante mediante nota GG/352/2009 de 27 de octubre (fs. 12 de obrados), objetó la referida nota ante el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, empero, esta última nota presentada por la Empresa demandante, es reencausada en previsión del art. 43 de la Ley 2341 como recurso de revocatoria en contra de la nota ATT 03135 DTTR 0268/2009, resuelto por Resolución Administrativa Regulatoria Nº TR-0028/2010 de 25 de enero, que rechaza el recurso de revocatoria.
La Empresa Ferroviaria Andina S.A. interpuso recurso jerárquico contra la resolución de revocatorio, y como consecuencia, se pronunció la Resolución Ministerial Nº 168 de 23 de junio de 2010, que resolvió rechazar el recurso Jerárquico planteado por la empresa recurrente, consecuentemente se confirma la Resolución Administrativa Regulatoria TR-0028/2010.
Establecidos los antecedentes de hecho y derecho, a efecto de pronunciar resolución, se desprende que el principal objeto de controversia, se circunscribe al siguiente hecho puntual:
Si el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se arrogó competencia para abrogar el D.S. Nº 27557, creando derechos y obligaciones, suprimiendo derechos y/o modificando los mismos, al declarar que la referida norma legal “ya no se encuentra en vigencia”, obligando a la empresa Ferroviaria Andina a presentar un plan y programa de mantenimiento, resultando absurda e irrelevante la discusión sobre la vigencia o no del Convenio Complementario de 30 de Noviembre de 2004, en razón que esta solo operativiza lo previsto por el indicado Decreto Supremo.
De la lectura de la demanda contenciosa administrativo, se tiene que la Empresa Ferroviaria Andina, expresamente manifiesta que el aspecto central y neurálgico de su demanda, se centra en la siguiente argumentación, vertida por la Autoridad demandada:”….constituye un exceso de parte del recurrente al pretender que se considere que continua vigente el Decreto Supremo Nº 27557 que establece claramente la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la Zona Roja”, dando a entender que dicha suspensión continuaría en vigencia”. Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos decanta que la parte actora, mediante nota GG/352/2009 de 27 de octubre de 2009, calificada como recurso de revocatoria en contra de la nota ATT 03135 DTTR 0268/2009, delimitó el objeto del proceso al impetrar que “el Convenio y el Acuerdo Complementario siguen vigentes, en tanto, no se negocien nuevos términos al contenido del Convenio y el Acuerdo Complementario suscrito entre la empresa Ferroviaria Andina y el ente regulador”, aspecto que fue considerado y analizado por Resolución Administrativa Regulatoria TR-0028/2010 de 25 de enero de 2010, que concluyó que la vigencia del Convenio Complementario se encuentra supeditada a la rehabilitación del servicio público ferroviario en el ramal Arque-Cochabamba-Aiquile por mandato del DS 27557 y su normativa regulatoria. Además se dejó constancia que los montos determinados referentes a compensaciones de la ramal Cochabamba-Aiquile para las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 (amortizados gastos de inversión en los 5 años contemplados en el Convenio Complementario) no fue objetado por el operador, aspecto que fue consentido siendo de su conocimiento. Asimismo, del recurso jerárquico interpuesto por la empresa recurrente, se evidencia que se impugnó sólo lo referente a “la vigencia del Convenio y la no procedencia de la tácita reconducción”, en mérito a ello, la Autoridad Jerárquica emitió la Resolución Ministerial 168 observando el principio de congruencia, al resolver sobre lo peticionado y lo resuelto en la resolución de revocatorio, por lo que no es coherente que en la presente resolución se atienda aspectos que no fueron oportunamente impugnados por la parte actora.
En consecuencia, en mérito a lo supra expuesto e identificado el objeto de discusión en fase recursiva, relacionada a la vigencia o no del Convenio y el Acuerdo Complementario, se evidencia que la parte actora erróneamente centró su demanda en denunciar que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se arrogó competencia de abrogar el Decreto Supremo Nº 27557, sin considerar que la fundamentación de la Resolución Ministerial No 168 se basó en el fondo de la problemática que originó la Nota ATT 03135-DTTR 268/2009 de 20 de octubre de 2010, por lo que, la argumentación observada o denunciada por el dimanante no constituyó motivo principal o fundamental para que la autoridad demandada haya rechazado el recurso jerárquico, toda vez que, en observancia del principio de congruencia, la Resolución Ministerial Nº 168 de 23 de junio de 2010, centró su fundamentación en atención a la pretensión formulada por la Empresa Ferroviaria Andina SA, que impetró que el D.S. Nº 27557 dispuso la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “Zona Roja” existente en el medio de la ramal Oruro-Cochabamba, argumentación que resulta errónea, toda vez que el art. 1 del D.S. Nº 27557 de 4 de junio de 2004, estipula:” El presente Decreto Supremo tiene por objeto determinar que la Superintendencia de Transportes disponga la suspensión de los trabajos de rehabilitación en la denominada “Zona Roja” del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba y, disponga la habilitación del ramal que se extiende de la Estación de Arque (PK. 118+192), la estación Cochabamba (PK. 204+847) hasta llegar a la Estación Aiquile (PK. 419+320) con una longitud total de 301+128 km…(…)”. Esta normativa legal faculta a la ex Superintendencia de Transportes disponga la suspensión de tales trabajos, así como la habilitación del ramal y no dispone de forma directa suspensión alguna de los trabajos de rehabilitación en la denominada “Zona Roja” o en su caso la habilitación de la ramal Oruro-Cochabamba-Aiquile.
A su vez, el art. 2 del citado Decreto Supremo, señala: “En mérito a lo dispuesto en el Artículo anterior, se autoriza a la Superintendencia de Transportes a suscribir un Convenio con la Empresa Ferroviaria Andina S.A. a fin de que acuerde con esta empresa: La forma en que se ejecutará la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “Zona Roja” en el tramo Oruro-Copacabana y procederá para la habilitación y puesta en servicio del ramal Arque-Copacabana-Aiquile en los términos previstos por los contratos de concesión y licencia suscritos con aquella empresa. La situación del tramo Oruro-Cochabamba con relación a los contratos de concesión y licencia (Tramo San Pedro-Arque)”. Por consiguiente, esta disposición legal autorizó a la ex Superintendencia de Transportes, la suscripción del Convenio Complementario entre la Empresa Ferroviaria Andina SA, a fin de que se concerté la forma de ejecución de la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “Zona Roja” y la habilitación y puesta en servicio del ramal Arque-Cochabamba-Aiquile, como así la situación del tramo Oruro-Cochabamba.
Asimismo en el indicado Convenio, en su Clausula Primera se dejó constancia que en cumplimiento a lo dispuesto por D.S. Nº 27031 de 8 de mayo de 2003, que modificó el Decreto Supremo Nº 26786 de 13 de septiembre de 2002, se suscribió el Convenio Complementario de 27 de mayo de 2003, a fin de establecer las condiciones para efectuar la revinculación del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba-Aiquile a los Contratos de Concesión y Licencia que fueron firmados el 14 de marzo de 1996, regulados por ultimo por el D.S. Nº 27557.
Además en la Cláusula Segunda del indicado Acuerdo se concertó en primer lugar, la suspensión de los trabajos de habilitación en la “Zona no Habilitada” del tramo ferroviario Oruro-Cochabamba, en segundo lugar, la prestación del servicio de transporte de pasajeros desde la localidad de Arque, pasando por la Estación de Cochabamba hasta llegar a la Estación de Aiquile en los términos previstos en los Contratos de Concesión y Licencia. Así también se encuentra estipulada en su Cláusula tercera los alcances del Acuerdo Modificatorio.
Consecuentemente, la Empresa Ferroviaria Andina SA, conocía del contenido de dicho Acuerdo que modificó el Convenio Complementario, máxime si en su Cláusula Cuarta, estipula:”(Plazo del Acuerdo Modificatorio).-El presente Acuerdo Modificatorio tendrá vigencia desde el momento de su suscripción y regirá hasta que se cumpla el plazo establecido en el numeral 3.1 del Convenio Complementario”, por ende el plazo se encuentra supeditado al numeral 3.1 del Convenio Complementario que estableció el plazo de 5 años, computables a partir de la rehabilitación del ramal Oruro-Cochabamba Aiquile, en este plazo se le otorgó a la empresa demandante la obligación de custodia y vigilancia de los bienes del citado tramo. Por consiguiente, pretender que el D.S. Nº 27557 “simplemente faculta a la ex Superintendencia a suscribir un acuerdo para determinar la forma de suspensión de los trabajos de rehabilitación de la zona roja y la suspensión de los trabajos de rehabilitación en la zona roja también permanecería en vigencia“ carece de sustento legal, toda vez, que el plazo de vigencia se concertó entre partes a través del Acuerdo Modificatorio al Convenio Complementario de 27 de mayo de 2003. En consecuencia la Autoridad Ministerial no se arrogó competencia alguna, toda vez que el D.S. Nº 27557 no sólo autorizó a la ex Superintendencia de Transporte a pactar con la Empresa Ferroviaria Andina S.A. la forma en que se ejecutaría la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “Zona Roja”, si no que dejó establecido que dicha norma legal determinó que el ente regulador debía disponer la suspensión del mismo y que para el cómputo del plazo de vigencia del Convenio Complementario, se debe considerar lo estipulado en su num. 3.1, tomándose en cuenta que para el cálculo del plazo de 5 años, el “primer recorrido en el tramo habilitado Buen Retiro-Cochabamba-Chaguarani” efectuado el 21 de octubre de 2004, lo que significa que el 21 de octubre de 2009, el Convenio Complementario ya no se encontraba vigente, más aún se evidencia, que en fase recursiva la propia empresa demandante centró sus recursos en que el Convenio Complementario continuaba en vigencia cuando asumió la aseveración de la ATT de “que el plazo determinado por el Convenio habría fenecido el año 2009 y que no procede la Tacita reconducción del Convenio Complementario”, en razón que continuaría en vigencia el DS 27557. Por consiguiente, pretender que ante la omisión de consignar en el Convenio Complementario la tacita reconducción, el acuerdo suscrito se prorrogaría hasta un eventual acuerdo en previsión del art. 450 del Código Civil carece de sustento legal, máxime si la demanda contenciosa administrativa no se enmarcó en la controversia discutida y analizada en sede administrativa, resultando confusa y ambigua su formulación, más aún, cuando se afirma que resulta absurda e irrelevante la discusión efectuada en el procedimiento administrativo, de que si está vigente o no el Convenio Complementario.
Por ende, la empresa demandante pretende desconocer lo estipulado en el Convenio Complementario y el Acuerdo Modificatorio, resultando incoherente pretender que este Tribunal Supremo de Justicia deje sin efecto la resolución impugnada con el sólo argumento de que la ex Superintendencia de Transportes se arrogó competencia para dejar sin efecto el D.S. Nº 27557, cuando este aspecto no constituyó fundamento de rechazo del recurso jerárquico, aspecto aclarado por la parte demandada en el escrito de contestación de fs. 170 a 174 vlta de obrados, quien indicó que se pretendió hacer comprender la intención errónea del recurrente de que el DS 27557, no dispuso la suspensión de los trabajos de rehabilitación de la denominada “Zona Roja” existente en medio de la ramal Oruro-Cochabamba, hasta llegar a la Estación de Aiquile con la finalidad de prestar el Servicio Público de Pasajeros, por lo que, no es cierto ni evidente que el DS 27557 simplemente faculta a la Superintendencia a suscribir el Acuerdo para determinar la forma de suspensión de rehabilitación de la “ZONA ROJA”, sino que autoriza a determinar esa suspensión y a acordar con la parte demandante la forma de su ejecución. En consecuencia, al ser objeto de análisis en fase recursiva la vigencia o no del Convenio Complementario de 30 de noviembre de 2004 en tanto no se negocien nuevos términos al contenido del Convenio y el Acuerdo Complementario, imposibilita a este Tribunal Supremo de Justicia a que se ingrese a efectuar un análisis y discusión sobre si el mencionado Convenio estuviese extendido, renovado tácitamente o cumplido como así ingresar a un análisis sobre las compensaciones efectuadas de los ingresos derivados de la prestación de servicios y los costos generados, agravios que no fueron impugnados conforme se evidencio en fase recursiva, por lo que, pretender se revoque la Resolución Ministerial Nº 168 denunciando un aspecto que no causo de forma directa incidencia para el rechazo del recurso jerárquico, carece de sustento legal.
POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 137 a 143, declarándose firme y subsistente la Resolución Ministerial Nº 168 de 23 de junio de 2010, pronunciada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
No suscribe el Magistrado Antonio G. Campero Segovia por ser disidente.

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