Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4602
Timestamp: 2020-02-26 14:20:18+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 66/2002
SENTENCIA 66/2002, de 21 de marzo
ECLI:ES:TC:2002:66
En el recurso de amparo núm. 2331/98, promovido por don Juan Antonio Postigo Martínez, don Félix del Cura Martínez, don Agustín Pachón Carazo, don Roberto Cervero Romero y don Jesús Vicente Mamolar, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistidos por la Abogada doña Nieves San Vicente Leza, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Burgos, de 2 de junio de 1997, dictada en recurso de suplicación núm. 275/97. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte Metalúrgica de Gormaz, S.A., representada por el Procurador don José Luis Ferrer Recuero y bajo la dirección del Letrado don Jesús López Brea. Ha sido Ponente el Presidente don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 26 de mayo de 1998, don Juan Antonio Postigo Martínez, Secretario de la Unión Provincial de las CC OO de Soria, y don Félix del Cura Martínez, don Agustín Pachón Carazo, don Roberto Cervero Romero y don Jesús Vicente Mamolar, miembros del Comité de empresa de Metalúrgica Gormaz S.A., representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, interponen recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla y León (Burgos), de 2 de junio de 1997, y contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de Soria, de 27 de febrero de 1997.
a) Los recurrentes, en su condición de representantes de los trabajadores, formularon demanda de tutela de la libertad sindical frente a la empresa Metalúrgica de Gormaz, S.A., y la Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A.. Solicitaban que se declarara la existencia de prácticas empresariales contrarias al derecho de huelga; actos que, según decían, habrían tenido lugar con ocasión y por razón de la convocatoria de diversas jornadas de paro motivadas por desacuerdos salariales en la negociación del nuevo convenio colectivo. Las decisiones empresariales controvertidas se concretaban, a juicio de los actores, en el despido sin causa de tres trabajadores con ocasión de una primera convocatoria, en la sustitución de trabajadores en huelga en la tercera convocatoria, en la grabación de imágenes en vídeo y desviación de la producción en la cuarta convocatoria y en la declaración de cierre patronal al tiempo de la quinta convocatoria, así como en la realización de nuevos contratos en perjuicio de los anteriores contratados. Demandaban la nulidad radical de esas medidas, la condena al pago de una indemnización al Comité de Empresa (que cifraban en 2.000.000 ptas., con destino al fondo social existente de la empresa), y el pago de una indemnización a cada uno de los huelguistas en cantidad idéntica a la descontada con motivo de la huelga.
b) De los hechos probados (modificados algunos por la Sentencia dictada en el grado jurisdiccional de suplicación) pueden extraerse los siguientes:
4) Con fecha 1 de noviembre de 1996 la empresa contrató a ocho trabajadores en virtud de contrato de duración determinada al amparo del Real Decreto 2596/1994, que fueron seleccionados previa convocatoria realizada el 17 de octubre de 1996 y despedidos el día 5 de noviembre siguiente. Estos trabajadores prestaron sus servicios en la sección de rotura de baterías, sección que se dedica a recuperar el plomo de baterías viejas -función accesoria- para proveer a la planta de fundición de materia prima reciclable -plomo-, siendo ésta última la función principal de la fábrica. Denunciado este hecho por un miembro de la empresa ante la Inspección de Trabajo, se produjeron dos visitas de la Inspección a la fábrica a consecuencia de las cuales se levantó Acta de infracción a la empresa por importe de 15.000.000 ptas.
c) La Sentencia de instancia, en lo que importa para este recurso de amparo, fundó su fallo desestimatorio en los siguientes argumentos:
3) En cuanto a la tercera convocatoria y la supuesta contratación de trabajadores para sustituir a los huelguistas, decía el juzgador que quedó acreditado que el stock de materia prima en octubre era muy inferior al existente en meses anteriores, que la empresa con mucha antelación a la convocatoria de la huelga ya había tenido problemas de abastecimiento de materia prima por parte de su proveedor, toda vez que éste, al no poder remitir material limpio para fundir directamente, hizo entrega de partidas de baterías viejas para su rotura, lo que motivó el inicio del proceso de contratación de eventuales, el 17 de octubre de 1996, al objeto de cubrir dicho servicio extra, iniciando los contratados su relación laboral el día 1 de noviembre y finalizándola el 5 de noviembre tras la emisión del Acta de infracción de la Inspección de Trabajo de Soria. Asimismo, proseguía la Sentencia de instancia, quedó probado a través de la prueba de confesión de dos actores "que dicho personal sólo se dedicó a rotura de baterías, en jornadas de dos turnos, e incluso domingos y que la actividad desarrollada es de carácter accesorio al de la actividad principal que es el fundido de materiales con alto contenido en plomo y su reciclado y que dichos trabajadores en ningún caso 'sustituyeron' a los huelguistas (concretamente los equipos de producción-fundición en toda su integridad)".
d) La Sentencia dictada en el grado jurisdiccional de suplicación, también recurrida en amparo, revocó parcialmente la del Juzgado de lo Social de Soria, estimando el recurso interpuesto en el motivo referente al cierre patronal, que calificó como contrario al derecho de huelga. Al margen de ello, respecto a las restantes alegaciones que ahora conforman el objeto del recurso de amparo, desestimó la vulneración denunciada y las resultas indemnizatorias reclamadas por los recurrentes, fundando su fallo, entre otros argumentos, en los siguientes:
1) Del relato fáctico de la Sentencia de instancia no se desprendería relación alguna entre el despido de los tres trabajadores y la convocatoria de la huelga efectuada para el día 14 de octubre de 1996, ya que los únicos datos que figuran son que con fecha de 9 de octubre se convocó huelga para el 14 de ese mes, que con fecha de 10 de octubre la empresa despidió a un trabajador y a dos más el día siguiente, y que dichos trabajadores fueron readmitidos por la empresa el 5 de noviembre al incluirse en las negociaciones su reintegración en plantilla y desconvocarse la segunda huelga prevista. Por lo demás, proseguía la Sala, en el fundamento de Derecho segundo de la Sentencia de instancia, aunque con valor de hecho probado, se señala que en las comunicaciones de extinción se consignaban causas económicas y de organización cuantificando las pérdidas en años anteriores y anunciándose la reorganización del área en la que los despedidos trabajaban para mejorar los costes. Bajo esas circunstancias, en opinión del Tribunal Superior de Justicia, no cabría inferir que los despidos de los tres trabajadores -que no consta que fueran convocantes de la huelga o que pertenecieran a algún sindicato- revelaran una actuación empresarial contraria a la libertad sindical.
e) Los recurrentes interpusieron recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue inadmitido por el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 1998, al faltar la contradicción alegada (art. 217 LPL) y no haberse cumplido el requisito de recoger y expresar la relación precisa y circunstanciada de la contradicción (art. 222 LPL).
3. La demanda de amparo se dirige contra las precitadas Sentencias del Juzgado de lo Social de Soria, de fecha 27 de febrero de 1997, dictada en autos núm.27/97, y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Burgos, de 2 de junio de 1997, recaída en el recurso de suplicación núm.275/97, a las que imputa la infracción de los arts. 28.1 y 2 CE.
4. La Sección Segunda de este Tribunal, mediante providencia de 4 de diciembre de 1998, acordó abrir el trámite del art. 50.3 LOTC para que los demandantes de amparo y el Ministerio Fiscal formularan las alegaciones que estimasen convenientes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC]. La parte recurrente presentó sus alegaciones el 21 de diciembre de 1998, solicitando que se admitiera a trámite el recurso de amparo. Insistía en la conexión entre los despidos y las convocatorias de huelga, en la interdependencia de todas éstas entre sí y, como ya hacía la demanda, en la voluntad empresarial de desvirtuar el contenido de las mismas con la contratación de nuevos trabajadores. A renglón seguido explican la invocación del art. 28.1 CE junto al derecho fundamental consagrado en el apartado segundo del mismo artículo, lo que sustentan en la íntima conexión que se produce entre el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical, conforme a la jurisprudencia constitucional sobre los medios de acción sindical.
5. La Sección Segunda de este Tribunal acordó mediante providencia de 29 de noviembre de 1999 admitir a trámite la demanda, así como requerir a los órganos judiciales de instancia y suplicación, y al Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina, que remitieran las actuaciones y emplazaran a quienes hubieren sido parte en el procedimiento, excepto a los recurrentes en amparo, al objeto de que pudieran comparecer, si lo deseaban, en el presente recurso.
6. Por diligencia de ordenación de 1 de marzo de 2000, se tuvo por personado y parte al Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero, en nombre y representación de la Metalúrgica de Gormaz S.A., y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC se dio vista de las actuaciones recibidas a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que presentasen las alegaciones que a su derecho convinieran.
7. El Ministerio Fiscal formula sus alegaciones en escrito registrado el 24 de marzo de 2000, interesando la desestimación del presente recurso. A su juicio, que el empresario no justificase que los despidos no tenían como finalidad entorpecer el derecho de huelga o que no acreditase las causas objetivas aducidas en esas extinciones, una vez dejadas sin efecto precisamente en aceptación de una exigencia de los representantes de los trabajadores, no puede convertirse ahora en un indicio de móvil atentatorio al derecho de huelga. De otro modo, se colocaría al empresario en peor situación dialéctica de la que tendría de no haber accedido a la petición que le fue realizada por la representación de los trabajadores. Los despidos pudieron adolecer de falta de oportunidad, dado el momento conflictivo en que se produjeron, pero es lo cierto que la no acreditación de su fundamento causal vino motivada, exclusivamente, por la readmisión de los afectados, sin que de los hechos probados pueda deducirse que respondieran a un propósito hostil al ejercicio del derecho de huelga.
En relación con el otro motivo -la contratación de trabajadores eventuales en el momento del conflicto-, sostiene que se produjo en una fecha en la que no había convocada huelga alguna, culminándose un proceso de acceso al empleo precedente y dirigido a subvenir a una situación anómala ocasionada por el desabastecimiento de materia prima, habiendo desempeñado en exclusividad los nuevos trabajadores, que decidieron no secundar la huelga, tareas de preparado de materia prima no constitutivas de la actividad de los huelguistas. La contratación, en suma, se habría dado incluso de no existir las convocatorias, no resultando reforzada ni sustituida la actividad de los huelguistas por personas ajenas a la empresa.
8. Por escrito presentado el 27 de marzo de 2000, se reciben las alegaciones de Metalúrgica Gormaz, S.A. Aporta la Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León en la que se resuelve el expediente sancionador seguido a raíz del Acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al que se refieren los recurrentes en amparo y las Sentencias recurridas. En ella se anula el Acta y no se imponen sanciones a la empresa.
9. La parte recurrente formula sus alegaciones en escrito registrado el 27 de marzo de 2000, interesando la estimación del presente recurso. Pone de manifiesto la coincidencia temporal entre la convocatoria de la primera huelga y los despidos de tres trabajadores. Denuncia la incoherencia del alegato empresarial, pues no tendría lógica extinguir tres relaciones laborales por causas económicas y organizativas y contratar al mismo tiempo a ocho trabajadores por razones productivas, resultando incompatibles las razones dadas para extinguir los contratos de unos y justificar la contratación de los otros, lo que reafirmaría la existencia de motivaciones ocultas en ambas decisiones. Añade que la contratación de los trabajadores eventuales, no vinculados a la empresa con anterioridad al inicio del conflicto, se produjo, en todo caso, con posterioridad a la fecha de la tercera convocatoria de huelga, en un período marcado por las medidas de conflicto colectivo planteadas para paralizar toda la actividad de la empresa, y consiguientemente también la que realizaron los nuevos contratados. Todo ello ofrecería un panorama indiciario suficiente, afianzado además por el contenido del Acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, que no fue neutralizado por la empresa demandada.
10. Por providencia de 7 de marzo de 2002 se señaló para la votación y fallo de la presente Sentencia el siguiente día 11 del mismo mes y año, terminando el día de la fecha.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia del Juzgado de lo Social de Soria, de fecha 27 de febrero de 1997, dictada en autos núm.27/97, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Burgos, de 2 de junio de 1997, recaída en el recurso de suplicación núm.275/97. En el proceso, aunque se estimara parcialmente la pretensión actora, se rechazó en parte la existencia de vulneración del art. 28.2 CE, y se negó el derecho a la indemnización solicitada, al considerarse que no tendrían una finalidad represiva del derecho fundamental invocado ni la decisión de despedir a tres trabajadores ni la de contratar a varios eventuales al tiempo de las diversas convocatorias de huelga citadas en los antecedentes de esta Sentencia, promovidas por las discrepancias salariales en la negociación del nuevo convenio colectivo.
2. No se aprecian en el razonamiento contenido en el escrito de alegaciones de la empresa Metalúrgica de Gormaz, S.A., razones suficientes para excluir del ámbito del enjuiciamiento que nos corresponde, como aquélla pretende, la decisión empresarial consistente en el despido de tres trabajadores en las fechas del conflicto colectivo. En la vía judicial ese factor constituyó uno de los referentes del debate procesal, sin que pueda cuestionarse en este instante su relevancia ya que resulta patente que ese tipo de actos extintivos, coetáneos a la huelga, podrían hipotéticamente haber causado un perjuicio o haber respondido a una finalidad contraria al derecho fundamental del art. 28.2 CE.
Por lo demás, es claro que en el proceso de despido se persigue una condena, mientras que es básicamente declarativa la petición en el proceso de tutela de la libertad sindical. En la primera modalidad procesal, a mayor abundamiento, el objeto directo de la petición, fundada en la vulneración de derechos fundamentales, sería la reposición en la relación laboral resuelta, mientras que en la segunda se busca la declaración misma de la lesión del derecho fundamental (sin perjuicio de cómo se opere la concreción de la triple tutela prevista en la Ley de Procedimiento Laboral: inhibitoria, restitutoria y reparadora, en su caso). La causa de pedir que individualiza la pretensión es igualmente distinta. Se registran, en suma, una serie de consecuencias procesales en la modalidad de tutela de los derechos de libertad sindical que no se dan, en cambio, en el proceso de despido (en materia de litispendencia, cosa juzgada o acumulación, u otras relativas a la preferencia y sumariedad que la inspira -arts.
64, 70, 177.1, 179.1 y 3 o 178 LPL-, por ejemplo).
Esas razones son suficientes para explicar por qué en los presentes autos los despidos fueron elementos de referencia para el examen de una posible conducta contraria al derecho de huelga y no, en cambio, actos enjuiciados en sí mismos -en tanto que actos afectados por las Sentencias- desde el punto de vista de su corrección jurídica o desde el correspondiente al mantenimiento o pérdida de sus efectos extintivos. Y es que, mutatis mutandis lo que hemos dicho en la STC 257/2000, de 30 de octubre, con ocasión del examen de la extensión de ciertos derechos del sindicato a los procesos individuales de despido, los representantes que canalizaron judicialmente su denuncia defendían aquí un interés distinto y autónomo del que podría haber constituido la pretensión principal formulada por los trabajadores individuales, toda vez que el postulado en este asunto venía orientado a reforzar la tutela de un derecho fundamental desde la perspectiva de su dimensión colectiva.
3. Centrándonos en la pretendida vulneración del derecho de huelga, derecho en el que está implicada la libertad sindical, nuestro control debe concentrarse en discernir si los actos empresariales concernidos son reveladores de una conducta estratégica u objetivamente contraria al derecho fundamental consagrado en el art. 28.2 CE, pues la perturbación lesiva de este tipo de derechos puede cobijarse tanto en una estrategia empresarial como en un quebrantamiento objetivo, al margen de aquella voluntad o intencionalidad. En las SSTC 107/2000, de 5 de mayo, y 225/2001, de 26 de noviembre, ya establecíamos la posibilidad de apreciar una conducta antisindical caracterizada por el resultado para el derecho o bien objeto de tutela y no por la intencionalidad del sujeto que la lleva a cabo, al margen por tanto de factores psicológicos y subjetivos de arduo control.
Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, añadíamos, "sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, neutralizando los indicios de que aquélla ocultaba la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así como también las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador (SSTC 197/1990, FJ 1; 136/1996, FJ 4, así como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995 ó 17/1996)".
4. Conforme a esta doctrina, corresponde a este Tribunal analizar si la parte actora ha acreditado suficientemente la existencia de indicios de una conducta contraria al derecho de huelga, y si, en tal caso, la parte demandada ha probado que su actuación fue por completo ajena al factor reseñado.
Antes de analizar ese punto decisivo, resulta procedente recordar, como destacaban las SSTC 14/2002, de 28 de enero, 29/2002, de 11 de febrero, y 30/2002, de 11 de febrero, que para resolver esa cuestión no bastará con la simple evaluación de la razonabilidad de las decisiones judiciales. Y ello porque es perfectamente posible que se den resoluciones judiciales que contengan una fundamentación que exprese razones -de hecho y de Derecho- por las que el órgano judicial llega a un determinado pronunciamiento, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales como los aquí en juego, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de la decisión adoptada. En estos casos, hemos dicho en las mencionadas Sentencias, nuestro enjuiciamiento no puede limitarse a comprobar que los órganos judiciales efectuaron una interpretación de los derechos en juego, y que ésta no fue irrazonable, arbitraria o manifiestamente errónea (STC 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4), ya que aquí el derecho afectado no es el del art. 24 CE, sino un derecho fundamental sustantivo (STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4). Cuando se enjuicia la presunta vulneración de un derecho sustantivo, como lo es el relativo a la huelga, el test de razonabilidad que este Tribunal aplica a los derechos del art. 24 CE queda absorbido por el canon propio de aquel derecho. A tal fin se hace necesario interpretar a la luz de los valores constitucionales los indicios que sirven de base al enjuiciamiento, todo ello sin que tal actuación suponga la revisión de la valoración de la prueba efectuada por el juzgador, por ser firme doctrina constitucional que dicha valoración se encuentra atribuida en exclusiva a los órganos judiciales, sin que competa a este Tribunal revisar en vía de amparo las apreciaciones de aquéllos ni la ponderación que lleven a cabo, salvo que unas u otra resulten arbitrarias o irrazonables (SSTC 140/1994, de 9 de mayo, FJ 3, y 136/1996, de 23 de julio, FJ 4).
5. Si efectuamos el enjuiciamiento que nos corresponde con ese criterio y desde aquel esquema de distribución de cargas probatorias, debemos examinar el primer elemento al que antes nos referíamos en la transcripción de la STC 90/1997: la necesidad de aportar una "prueba verosímil" (STC 207/2001, de 22 de octubre, FJ 5) o "principio de prueba" revelador de la existencia de un fondo o panorama general o de hechos de los que surja el indicio vehemente de una quiebra del derecho fundamental de que se trate. Una obligación probatoria que es de cumplimiento inexcusable para quien invoca la vulneración (por todas, SSTC 87/1998, de 21 de abril, FJ 3; 293/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 140/1999, de 22 de julio, FJ 5; 29/2000, de 31 de enero, FJ 3; 214/2001, de 29 de octubre, FJ 4, 14/2002, de 28 de enero, FJ 4, 29/2002, de 11 de febrero, FJ 5, y 30/2002, de 11 de febrero, FJ 5).
6. En el presente caso, es necesario recordar que los recurrentes en amparo, representantes sindicales y legales de los trabajadores, ponían en relación con el ejercicio del derecho de huelga en curso una serie de hechos, a saber, fundamentalmente: la contratación de trabajadores eventuales y el despido de tres trabajadores de la empresa coincidiendo con el ejercicio del derecho de huelga, la readmisión de estos últimos a cambio de la desconvocatoria del segundo llamamiento, el Acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo por las nuevas contrataciones, así como el carácter general de las convocatorias y la inexistencia de efecto alguno precisamente en la sección donde pasaron a prestar servicios los incorporados a la empresa. Los quejosos conectaban los hechos reseñados con un impacto negativo en el ejercicio del derecho fundamental, efecto perturbador que entendían objetivamente acreditado e intencionalmente perseguido por el empresario.
7. Alcanzada la anterior conclusión y con arreglo a la doctrina constitucional más arriba reproducida, correspondía a la empresa la carga de probar que sus decisiones se basaban en causas ajenas a la apariencia de lesión creada por los recurrentes, exigencia que según los órganos judiciales, como acaba de apuntarse, recibió respuesta satisfactoria.
Ciertamente, ha quedado demostrado que con fecha 1 de noviembre de 1996 la empresa contrató a ocho trabajadores en virtud de contratos de duración determinada celebrados al amparo del Real Decreto 2596/1994; que prestaron sus servicios en la sección de rotura de baterías, sección que se dedica a recuperar el plomo de baterías viejas -función accesoria- para proveer a la planta de fundición de materia prima reciclable -plomo-, siendo ésta última la función principal de la fábrica; que, según afirmaba el juzgador a quo, el stock de materia prima en octubre era muy inferior al existente en meses anteriores; que la empresa con mucha antelación a la convocatoria de la huelga ya había tenido problemas de abastecimiento de materia prima por parte de su proveedor, y que de la prueba de confesión de dos actores se concluyó "que dicho personal sólo se dedicó a rotura de baterías, en jornadas de dos turnos, e incluso domingos y que la actividad desarrollada es de carácter accesorio al de la actividad principal que es el fundido de materiales con alto contenido en plomo y su reciclado y que dichos trabajadores en ningún caso «sustituyeron» a los huelguistas (concretamente los equipos de producción-fundición en toda su integridad)". Por otro lado, los ocho trabajadores contratados fueron seleccionados con anterioridad a convocarse la tercera huelga, sin que exista evidencia alguna de que el inicio del proceso de selección tuviera lugar antes de la desconvocatoria -acordada por otras razones (lo que sí consta)- del segundo llamamiento. La Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, a mayor abundamiento, anuló el Acta de Infracción sin imposición de sanciones a la empresa.
8. La explicación de la empresa resultó insuficiente, en cambio, en relación con el otro indicio aportado, como habremos de indicar a continuación, pues no acreditó ad casum la desconexión causal de los despidos de tres trabajadores con el ejercicio del derecho de huelga (acreditación singular a la que nos hemos referido en nuestras recientes SSTC 29/2002 y 30/2002).
Los despidos de tres trabajadores y su posterior readmisión, según se declaraba en los hechos probados, tuvieron efectos directos sobre la huelga, hasta el punto de que la recontratación pasó a sumarse a las negociaciones sindicales que motivaban la huelga y quedó condicionada a la desconvocatoria de uno de los llamamientos (hecho probado tercero). Que la empresa trate de sustraer todo efecto a ese hecho sobre la base de que todo concluyó con la reposición en la situación previa, tras la readmisión realizada como acto -dice- de buena voluntad, no puede esconder que tuvo como resultado consecuencias objetivamente limitativas en el derecho fundamental.
No es que el empresario decidiera readmitir a los trabajadores sin reciprocidad o transacción, sino que sólo lo hizo a cambio de la citada desconvocatoria y tras conseguir alterar, al menos en parte, los intereses concernidos en el conflicto, así como el objeto de la negociación que en su curso se desarrolló. Por tanto, que la medida extintiva tuviera o no fundamento causal admisible en Derecho (lo que no deja de estar en duda cuando las causas objetivas que pretendían amparar los despidos -en concreto, la reorganización del área en la que los despedidos trabajaban para la mejora de los costes- dejaron de ser perentorias a posteriori) no excusa la utilización desviada de la facultad legal, cosa que aquí ha acontecido. Fuera o no una estrategia de negociación en el conflicto, de lo que no cabe duda es de que, objetivamente valorado, se ha producido un menoscabo del ejercicio del derecho fundamental y de los propósitos que con el mismo se perseguían.
9. Se impone, por lo expuesto, el otorgamiento del amparo, siendo necesario previamente precisar el alcance de nuestro fallo en lo relativo a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, como se dijo, había estimado parcialmente el recurso de suplicación por razón del cierre patronal adoptado en la última convocatoria de huelga.
Estimar parcialmente el recurso de amparo promovido por don Juan Antonio Postigo Martínez, don Félix del Cura Martínez, don Agustín Pachón Carazo, don Roberto Cervero Romero y don Jesús Vicente Mamolar, y, en su virtud:
1º Reconocer el derecho de huelga de los demandantes de amparo (art. 28.2 CE).
2º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sede de Burgos, de 2 de junio de 1997, recaída en el recurso de suplicación núm.275/97, en cuanto no apreció la vulneración del derecho fundamental al efectuarse el despido de tres trabajadores.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2331-1998
Promovido por don Juan Antonio Postigo Martínez frente a Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de un Juzgado de lo Social de Soria en autos sobre tutela de la libertad sindical.
Los despidos de tres trabajadores y su posterior readmisión tuvieron efectos directos sobre la huelga, produciéndose un menoscabo del ejercicio del derecho fundamental y de los propósitos que con el mismo se perseguían [FJ 8].
La libertad de contratación del empresario resultaría contraria al art. 28.2 CE de utilizarse como instrumento para privar de efectividad a la huelga. Sin embargo, no ha sido éste el caso pues de lo expuesto se desprende la autonomía de la medida respecto del conflicto y su falta de influencia en el ejercicio del derecho [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre la distribución de la carga de la prueba relativa a la vulneración de derechos fundamentales (STC 90/1997) [FFJJ 3 y 5].
Cuando se enjuicia la presunta vulneración de un derecho sustantivo, como lo es el relativo a la huelga, el test de razonabilidad que este Tribunal aplica a los derechos del art. 24 CE queda absorbido por el canon propio de aquel derecho (STC 94/1995) [FJ 4].
Artículo 28.2, ff. 1 a 3, 6, 7
Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre. Desarrolla el artículo 15 del estatuto de los trabajadores
Artículo 177.1, f. 2
Artículo 179.1, f. 2
Artículo 179.3, f. 2
Derecho a la huelgaDerecho a la huelga, ff. 3, 7
Derecho a la huelgaDerecho a la huelga, Vulnerado, f. 8
Libertad de contrataciónLibertad de contratación, f. 7
Despido de trabajadores con ocasión de convocatoria de huelgaDespido de trabajadores con ocasión de convocatoria de huelga, f. 8

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 

Artículo 28

Real Decreto 
 artículo 15

Artículo 177

Artículo 179

Artículo 179