Source: http://www.slideshare.net/Rosaura2828/dh-colombia
Timestamp: 2016-02-07 06:52:17+00:00

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by Antonija Blaženović
Los derechos humanos en ColombiaExamen periódico universalConsejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ministerio de relaciones exteriores de colombia vicepresidencia de la república pro grama presidencial de derechos humanos y dih 2008
©	Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia	Vicepresidencia de la República	Programa Presidencial de Derechos Humanos y dih	Bogotá, noviembre de 2008	Impreso en Colombia.
Contenido 9	Glosario de siglas13	Introducción17	Aspectos fundamentales del Estado colombiano	17	Territorio	17	Población	18	Cultura y religión	19	Contexto histórico	20	Institucionalidad en derechos humanos23	Lineamientos generales de la política gubernamental en materia de derechos humanos27	Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público	27	Reducción de la violencia en el país	28	Acciones implementadas para la desmovilización	de grupos armados ilegales	29	Lucha contra los nuevos grupos armados ilegales	30	Homicidios en personas protegidas	35	Desaparición forzada	39	Tortura	41	Detenciones arbitrarias	44	Minas antipersonal49	Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad	49	Acceso a la justicia	52	Lucha contra la impunidad	54	Procesos en el marco de la ley de justicia y paz 7
59	Derechos económicos, sociales y culturales 60	Pobreza 62	Educación 65	Salud 68	Alimentación 70	Trabajo 71	Vivienda adecuada 75	Poblaciones vulnerables 75	Niños y niñas 80	Mujeres 85	Población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas 86	Personas con discapacidad 88	Personas en situación de desplazamiento 94	Minorías étnicas: indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y rom 99	Defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas 105	Personas privadas de la libertad 107	Migrantes 111	Medio ambiente y desarrollo sostenible 115	Gobierno en Línea 117	Compromisos voluntarios asumidos por el Estado con ocasión del Examen periódico universal 123	Conclusiones 125	Bibliografía8
Glosario de siglasAcnur Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiadosacción social Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación InternacionalAsfaddes	Asociación de Familiares de Detenidos DesaparecidosAicma Acción integral contra Minas antipersonalCpem Consejería presidencial para la equidad de la mujerCic Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos HumanosCicr Comité Internacional de la Cruz RojaCut Central Unitaria de TrabajadoresCtc Confederación de Trabajadores de ColombiaCgt Confederación General del TrabajoCti Cuerpo Técnico de Investigación de la FiscalíaCbpd Comisión de búsqueda de personas desaparecidasCnrr Comisión nacional de reparación y reconciliaciónCibeles Sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externaCinamap Autoridad nacional de Minas antipersonalcidh Comisión Interamericana de Derechos HumanosCisa Central de InversionesDnp Departamento Nacional de PlaneaciónDas Departamento Administrativo de SeguridadDane Departamento Administrativo Nacional de Estadísticades Derechos económicos, sociales y culturalesDih Derecho Internacional HumanitarioEpu Examen Periódico UniversalEln Ejército de Liberación NacionalFarc Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaIcbf	Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarInci Instituto Nacional para ciegosInsor Instituto Nacional para SordosInpec Instituto Nacional PenitenciarioJpm Justicia Penal Militar 9
Los derechos humanos en Colombia Lgbt Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas Mbu Mecanismo de búsqueda urgente Map Minas antipersonal Muse M uniciones sin explotar Merpd Misión para el diseño de una estrategia de reducción de la pobreza y la desigualdad Nbi N ecesidades básicas insatisfechas Nna N iños, niñas y adolescentes Oacnudh Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Onu Organización de las Naciones Unidas Oea O rganización de Estados Americanos Odm Objetivos de Desarrollo del Milenio Ong O rganización no gubernamental Oit O rganización Internacional del Trabajo Oag	Observatorio de Asuntos de Género Proceder Programa de seguimiento y evaluación de políticas públicas en derechos humanos Planedh Plan nacional de educación para el ejercicio de los derechos humanos Paipsd	P oblación en situación de desplazamiento Pnad Plan nacional de atención a las personas con discapacidad Pci Programa contra cultivos ilícitos Pnde Plan nacional decenal de educación Puc Portal Único de Contratación Resa	Programa red de seguridad alimentaria Sidh Sistema Interamericano de Derechos Humanos Sirdec Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres Spoa	Sistema penal oral acusatorio Sinab	Sistemas de información nacional de educación básica Snies Sistema nacional de información de educación superior Sina Sistema Nacional Ambiental Sena	Servicio Nacional de Aprendizaje Sisben Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales Vis V ivienda de interés social Uvr	Unidad de valor real10
Los derechos humanos en Colombia Examen periódico universalConsejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Fotografías Acción Social Ministerio de Cohmunicaciones
Introducción Colombia apoyó la creación del Examen Periódico Universal (Epu) convencida de su utilidad para evaluar con objetividad la práctica de los Es- tados, fomentar la cooperación y promover mejores prácticas para garan- tizar los derechos humanos. El país asumió voluntariamente este ejercicio para propiciar un análisis profundo de su situación, su mejor comprensión y una cooperación transparente de los demás Estados. Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y comprometido con los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Dere- chos Humanos (Sidh). Cuenta con una Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) desde 1997, cuyo acuerdo ha sido prorrogado hasta octubre de 2010; hay 23 oficinas entre agen- cias, fondos y programas de Naciones Unidas y una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr). De igual forma, existe una invitación abierta a los órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sidh, y se conformó un grupo de 39 embajadas que revisa periódicamente la situación de derechos humanos de manera conjunta con el Gobierno y la sociedad civil. Desde el año 2002 han visitado al país 10 mecanismos de evaluación de la Organización de las Naciones Unidas (Onu), y 4 del Sidh.1 1.	Por la Onu, han visitado al país en los últimos siete años, la relatora especial sobre el derecho a la educación; el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; el relator 13
Los derechos humanos en Colombia Además, el Estado se encuentra al día en presentación de informes y s ­ igue atento las recomendaciones de los distintos órganos. En relación con las formuladas por la Oacnudh, se ha implementado un espacio de diálogo abierto en el que participan representantes de la sociedad civil y de las 39 embajadas mencionadas. Es evidente que persisten retos para lograr la plena garantía de los de- rechos humanos que exigen mayores esfuerzos y eficacia del Estado, pero también lo es que ha habido importantes avances en la materia, posibles por el trabajo decidido y coordinado de todas las instituciones que, en coopera- ción con la población civil, han aplicado una política de la cual cabe destacar los siguientes elementos: •	Compromiso de las autoridades públicas con la garantía y el respeto a los derechos humanos •	Política de seguridad democrática aplicada con transparencia y para garantizar el ejercicio de derechos y libertades para todos los habitantes sin distinción, en todo el territorio nacional •	Fortalecimiento de la justicia y combate a la impunidad: cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos •	Garantías para el funcionamiento sin presiones de todas las instituciones •	Estrategias de prevención a las violaciones de los derechos humanos: especial sobre las situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias; el representante especial del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos; el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la relatora especial para la niñez y el conflicto armado y, por último, visitó el país en el segundo semestre de 2008 el Grupo de trabajo para el tema de detenciones arbitrarias y el representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos. Por la Oea han visitado el país el relator especial sobre libertad de expresión, el relator especial sobre derechos de la mujer, el relator especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad, y el relator especial para población afrodescendiente.14
Examen periódico universal sistema de alertas tempranas y programas de protección, entre otros •	Políticas de protección y garantía de los derechos a las poblaciones más vulnerables •	Impulso a una cultura de derechos humanos •	Relaciones de cooperación con la comunidad internacional •	Combate por igual a todos los grupos armados ilegales •	Incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de planes de desarrollo a todos los niveles •	Incremento significativo de las partidas presupuestales para atención a víctimas, protección y acciones en derechos humanos •	Procesos de desmovilización con obligación de responder por los derechos de las víctimas •	Interlocución permanente con todos los sectores sociales. De conformidad con la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Huma-nos, el informe del Estado no podía exceder las veinte páginas, por lo quepara Colombia solo fue posible consignar en él los temas que de acuerdocon el proceso de consulta presentaban las mayores dificultades. Estos son:lucha contra la violencia; lucha contra la impunidad y acceso a la justicia;discriminación y poblaciones vulnerables, y derechos económicos, socialesy culturales. De manera que el propósito de este documento es ampliar la infor-mación con el registro de las gestiones y acciones más importantes que seconsidera ha llevado a cabo el Estado colombiano en los temas relacionadoscon los derechos humanos, y reproducir los compromisos voluntarios queasumió con ocasión del Epu. 15
Aspectos fundamentalesdel Estado colombiano Colombia, situada al noroeste de América del Sur, está bañada por dos océanos: el Atlántico por el norte y el Pacífico por el sur. Comparte fron- teras con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Territorio Colombia es un país con distintas condiciones geográficas, étnicas y culturales. Tiene una superficie de 1.141.748 km2 y está dividido en entidades territoriales: departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. El municipio es la entidad fundamental de la división política administrativa del Estado. En la actualidad existen 32 departamentos y 1.102 municipios. Población Los resultados del más reciente censo general (Dane, 2005) muestran que en el país viven de manera permanente cerca de 44,5 millones de per- sonas, lo cual significa que es el tercer país más poblado de Latinoamérica, después de Brasil y México, y el vigésimo octavo en el mundo. Del total de la población, 51,2% son mujeres y 48,8% hombres, y el 75% se ubica en las zonas urbanas, mientras el 25% habita en las rurales. 17
Los derechos humanos en Colombia Cultura y religión En Colombia predomina la población mestiza. Sin embargo, según el más reciente censo, el 10,5% de la población residente se auto reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente; el 3,4% como indígena, y alrededor del 0,1% como población rom2 . El español es reconocido como lengua nacional, si bien tiene marcadas características dialectales y regionales. Además, el país dispone de una gran riqueza lingüística en sus comunidades indígenas; se han identificado 64 len- guas pertenecientes a 22 familias indígenas, que constituyen idiomas oficiales dentro de los territorios en los cuales son practicados. Las comunidades rai- zales de San Andrés y Providencia pertenecen a la cultura afroangloantillana y utilizan el inglés como lengua estándar y el criollo sanandresano como lengua doméstica. En el Caribe continental colombiano, en la población de San Basilio de Palenque, se habla la otra lengua criolla afrocolombiana, el palenquero. Los grupos rom o gitanos hablan su propio idioma, el romaní. Las lenguas y dialectos son también oficiales en sus territorios. En la Constitución política de 1991 está consagrada la libertad de cultos, de manera que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. De acuerdo con el registro público de entidades religiosas, en la actualidad existen en Colombia cerca de mil organizaciones de esa naturaleza; no obstante, el culto predominante es el cristianismo y la confesión mayoritaria, el catolicismo. tabla 1 Pertenencia étnica de los colombianos	Indígena	3,4 Rom 0 Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente 10,5 Fuente: DANE, Resultados del censo 2005. 2.	Se estima que el número de gitanos con ciudadanía colombiana está entre 5.500 y 8.000.18
Examen periódico universalContexto histórico Colombia vivió varias confrontaciones armadas durante el siglo XIX en su proceso de conformación como Estado. Desde poco antes de la segunda mitad del siglo xx se presentó una de amplias proporciones, conocida como La Violencia, que culminó con un pacto entre los dos partidos políticos que la protagonizaron. Como consecuencia de las dificultades del Estado para controlar el territorio, los efectos de la Guerra Fría y las limitaciones de la democracia, surgió una nueva confrontación armada de grupos guerrilleros contra el Estado. La degradación por parte de estos grupos y la debilidad estatal propiciaron el surgimiento de grupos de justicia privada. El narcotráfico facilitó los recursos para que estos grupos se fortalecieran de manera significativa hasta contar con cerca de cincuenta mil miembros en el pasado reciente. Desde 1984 se han intentado innumerables procesos de negociación y se han realizado importantes reformas para perfeccionar la democracia. Como consecuencia de ello, siete grupos guerrilleros, tres grupos de milicias urbanas y 36 bloques de paramilitares se han desmovilizado. A octubre de 2008 de manera individual lo han hecho 17.450 personas, entre ellas 3.700 menores de edad. En 1991 se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente con la participación de cuatro de esos grupos desmovilizados y diversos sectores antes excluidos de la vida política colombiana. La Constitución que de allí surgió renovó las instituciones, fortaleció la democracia participativa y consagró una amplia carta de derechos y mecanismos para su protección. Algunos grupos han desechado las posibilidades de paz ofrecidas y han incrementado sus ataques contra la población y las instituciones democráticas colombianas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con las cuales el último intento de negociación se hizo en una zona despejada de 42.000 km2 durante tres años, y con el acompañamiento de diez países y de las Naciones Unidas. En consecuencia, la situación de derechos humanos en el país debe abordarse desde la perspectiva de un prisma de amplio espectro, en el cual confluyen una Constitución de creación pluralista y espíritu garantista de los derechos humanos, y una política de fortalecimiento de la institucionalidad 19
Los derechos humanos en Colombia del Estado en el territorio abierta a salidas negociadas si hay voluntad de los grupos armados ilegales. Institucionalidad en derechos humanos El siguiente es el marco institucional encargado de la protección y promoción de los derechos humanos: En la Rama Ejecutiva, el Programa Presidencial de Derechos Hu- manos y Derecho Internacional Humanitario (Dih), y las direcciones de Derechos Humanos en los ministerios de Interior y Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, y Protección Social. Además, existen entidades gu- bernamentales especializadas que promueven los derechos específicos de poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños, los discapacitados, los adultos mayores, las minorías étnicas, los desplazados y los desmovilizados.3 En la Rama Legislativa, el Congreso bicameral, además de promulgar leyes, ejerce control político sobre las acciones del Gobierno y cuenta con Comisiones de Derechos Humanos. Existen además bancadas de grupos étnicos y de mujeres. La Rama Judicial imparte justicia, controla la constitucionalidad de los actos de los demás poderes y protege los derechos de los ciudadanos. Como órgano de control, al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la 3.	Se trata de las siguientes entidades del orden nacional: la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem), la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior, la Dirección para Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a cargo, entre otros temas, de atender a la población en situación de desplazamiento, la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que vela por los derechos de los niños, las familias y los adultos mayores; el Instituto Nacional para ciegos (Inci) y el Instituto Nacional para Sordos (Insor). (Ver anexo 3 Listado de Instituciones nacionales de derechos humanos).20
Examen periódico universalvigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.Comprende la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo4y, en el nivel territorial, al menos una personería en cada municipio. Debe mencionarse aquí la valiosa contribución de las organizacionesde la sociedad civil al objetivo de la vigencia de los derechos humanos enColombia, así como su participación en muchos espacios de trabajo conentidades del Estado que han enriquecido el contenido de las políticaspúblicas en la materia.4.	En diciembre de 2007, el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cic) ratificó el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en la categoría o estatus “A”. Este reconocimiento significa que la Defensoría cumple a cabalidad con los Principios de París. 21
Lineamientos generales de la políticagubernamental en materia de derechos humanos La política gubernamental en derechos humanos se enmarca principalmente en los planes de desarrollo, en la política de seguridad demo- crática, en la estrategia de descentralización en materia de política pública en derechos humanos, en el proceso de construcción del Plan nacional de acción en derechos humanos y, de manera más particular, en la política de derechos humanos y Dih del Ministerio de Defensa. El Plan nacional de desarrollo Hacia un Estado comunitario 2002-2006 estableció como principal objetivo del Estado la recuperación de la seguri- dad, para que se posibilitara el afianzamiento de su legitimidad en el territo- rio y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El Plan nacional de desarrollo Estado comunitario. Desarrollo para to- dos 2006-2010 tiene tres grandes objetivos: a) afianzar los logros de la política de defensa y seguridad democrática, b) consolidar la confianza inversionista y un crecimiento económico elevado y sostenido con equidad social, que genere competitividad y empleo, y distribuya sus beneficios a todos los co- lombianos y c) cumplir con un ambicioso programa de metas sociales que permitan reducir la pobreza, promover la equidad y ampliar los programas del Estado de modo que lleguen a la mayoría de colombianos, sobre todo a quienes más lo necesitan. En desarrollo de ambos planes de desarrollo, desde el segundo semestre de 2003 la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa adoptaron 23
Los derechos humanos en Colombia la política de defensa y seguridad democrática. El objetivo general de esta po- lítica es el de reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. Se cimienta en la protección de los derechos fundamentales, en la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, y en la solidaridad y la coopera- ción de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos. Por su parte, la estrategia de descentralización en materia de política pública en derechos humanos se traduce en una acción regional para evitar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Dih, mediante procesos de planeación en los que participan de forma activa las autoridades departamentales, municipales y nacionales; la Fuerza Pública, la sociedad civil y las comunidades. Tales procesos se adaptan a las diferentes regiones de acuerdo con su cotidianidad, particularidades humanitarias, recursos y las condiciones de violencia que comporten5. En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aprobación de la Declaración y el Plan de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se inició en Colombia el proceso de elaboración de un Plan nacional de acción de derechos humanos y Dih, que tiene como propósito lograr la plena vigencia de los derechos humanos y de la normativa humanitaria. El Estado como un todo ha estado comprometido con el proceso de 5.	De acuerdo con el Documento Conpes 3172 del 15 de julio de 2002 “Líneas de acción para fortalecer la política del Estado en materia de derechos humanos y Dih”, la política del Estado colombiano en materia de derechos humanos y Dih centra la atención en las siguientes áreas prioritarias: prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al dih; seguridad de los defensores de derechos humanos; atención a la población desplazada por la violencia; medidas particulares de impulso al Dih; impulso a la administración de justicia; cumplimiento de compromisos del Gobierno nacional frente a organismos o agencias internacionales; lucha contra los grupos armados al margen de la ley; Plan nacional de acción en derechos humanos y Dih, y fortalecimiento institucional.24
Examen periódico universalconstrucción del plan, y desde hace dos años 27 instituciones gubernamenta-les, en conjunto con los organismos de control e investigación, trabajan en talsentido. Ya se dispone de un documento propuesta que está concertándosecon amplios sectores de la sociedad civil representativos en el campo de losderechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el territorial, y convoceros de dieciséis sectores considerados vulnerables. Ello ha ocurrido enel seno de la denominada Instancia de coordinación, instalada para el efectoel 26 de septiembre de 2006. En ella se han logrado acuerdos en relación conlos ejes temáticos básicos previstos para el contenido del plan, y los criterios,principios y ruta metodológica para la concertación. A pesar de que se hanpresentado obstáculos en el diálogo, el Gobierno mantiene abiertas las puer-tas y la disposición para trabajar de manera conjunta. Como ha sido concebido, el plan tiene un carácter estatal, con un enfo-que de género y perspectiva étnica que parte de una noción de integralidadde los derechos humanos y de la dependencia recíproca entre los derechosciviles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, a la luz de las prio-ridades que el país considere necesario establecer en un contexto de concer-tación interinstitucional y con la sociedad civil6. Es importante mencionar que a principios de 2008, el Ministerio deDefensa adoptó su política integral de derechos humanos y Dih, la cual6.	Los objetivos del Plan nacional de acción de derechos humanos son: Proveer una guía para la actuación coordinada del Estado y su articulación con las organizaciones de la sociedad civil, en materia de derechos humanos y Dih Promover la cooperación en el diseño y ejecución de programas y acciones entre las entidades de gobierno y del Estado, organizaciones no gubernamentales y sociales, grupos profesionales, y otros sectores de la sociedad civil Impulsar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y dih Hacer énfasis en el papel que deben desempeñar los derechos humanos en el desarrollo nacional y en el rumbo de sus instituciones con miras a fortalecer el Estado Social de Derecho. La estructura temática del plan es la siguiente: Primer eje temático: énfasis en la promoción de una cultura en derechos humanos Segundo eje temático: énfasis en la garantía de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personales 25
Los derechos humanos en Colombia d ­ efine los objetivos y establece los programas que en materia de derechos humanos y Dih deben conocer y desarrollar las Fuerzas Militares y, en los casos pertinentes, la Policía Nacional. Se trata de la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de sus operaciones. Cumple con tres propósitos: articular el sistema de enseñanza de derechos humanos y Dih, adecuar los métodos de instrucción en derechos humanos y Dih a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual, e integrar todas las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para asegurar el cum- plimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y Dih. Para cumplir el compromiso de defensa y respeto de los derechos hu- manos y Dih, en el año 2008 se creó el cargo de asesor jurídico operacional,7 cuya función es propender porque el desarrollo de las operaciones respete el marco constitucional y legal vigente. De la misma manera, la Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército Nacional incorporó de manera transversal en los manuales operacionales y listas de chequeo, las normas de derechos humanos y Dih. Además, a cada unidad militar (división, brigada, batallón), se le asignó el 6 de noviembre de 2008 un oficial para que reciba las quejas sobre violaciones de los derechos humanos en guarniciones militares o de efectivos de la Fuerza Pública. Se hará un control de gestión semanal por teleconferencia que será transmitida en directo por televisión, para que el oficial rinda cuentas sobre las quejas recibidas. Se solicitará acompañamien- to a la Onu para que supervise este procedimiento.8 Tercer eje temático: énfasis en la lucha contra la discriminación y la promoción del reconocimiento de la identidad Cuarto eje temático: énfasis en la promoción del enfoque de derechos en las políticas públicas en materia de educación, salud, vivienda y trabajo Quinto eje temático: énfasis en la administración de justicia y lucha contra la impunidad. 7.	Primero en la Fuerza Aérea Colombiana y luego en todas las Fuerzas Militares. 8.	Esta directriz fue impartida por el Presidente de la República durante la ceremonia de los 89 años de la Fuerza Aérea Colombiana el 6 de noviembre de 2008.26
Lucha contra la violencia ymantenimiento del orden público a partir de los lineamientos generales mencionados en los párrafos precedentes, el Estado colombiano ha desarrollado medidas específicas para los distintos temas de derechos humanos. En el presente aparte se revisan las concernientes a la lucha contra la violencia y el mantenimiento del orden público. En particular, los índices de violencia, las acciones implementadas para la desmovilización de gru- pos armados ilegales, para contrarrestar las acciones de los nuevos grupos armados ilegales, para la prevención y sanción de los homicidios en perso- na protegida, de las desapariciones forzadas, de los actos de tortura, de las detenciones arbitrarias, y por último, para hacer frente al problema de las Minas antipersonal. Reducción de la violencia en el país En el año 2002 se perpetraron 28.837 homicidios, a una tasa anual de 66 por cada 100.000 habitantes. En 2007 se presentaron 17.198 (45,2% me- nos) a una tasa de 36,2. Los homicidios colectivos disminuyeron de manera aún más pronunciada: de 115 casos con 680 víctimas en 2002, se pasó en 2007 a 26 casos (77,4% menos) con 128 víctimas (81,2% menos). Durante el primer semestre de 2008, el número de víctimas en homicidios colectivos 27
Los derechos humanos en Colombia d ­ isminuyó 9,8% respecto al mismo período del año pasado. Los atentados terroristas disminuyeron 76,5% al pasar de 1.645 a 387 entre 2002 y 2007. En el primer semestre de 2008 los atentados terroristas bajaron 6% en relación con igual lapso de 2007. El secuestro extorsivo, perpetrado esencialmente por las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disminuyó 87% en- tre 2002 y 2007, de 1.708 secuestros a 226. En general, la reducción de estos indicadores ha sido progresiva y constante (Dnp 2007, 2008). Acciones implementadas para la desmovilización de grupos armados ilegales El Estado mantiene abiertas las puertas al diálogo y la negociación para lograr la definitiva desmovilización de los grupos armados ilegales. Así lo ha demostrado presentando propuestas que la faciliten y teniendo gestos uni- laterales, como la liberación de dirigentes y miembros de las organizaciones guerrilleras detenidos, o acudiendo a los buenos oficios de miembros de la sociedad, de actores internacionales y de la Iglesia católica. Así, se ha logrado la desmovilización colectiva de 31.671 personas. Existe además una tendencia creciente de desmovilizaciones indivi- duales, que pasaron de 412 en 2002 a 3.192 en 2007, y en octubre de 2008 ya sumaban 17.450. De ellas, alrededor del 80% se produjeron en las Farc y el 13% en el Eln. Durante el primer semestre de 2008 se desmovilizaron 1.680 miembros de grupos armados ilegales, 8% menos que en igual período del año inmediatamente anterior. Se destaca que el 89% de ellos eran miembros de las Farc (Dnp, 2008). Para la atención adecuada de los desmovilizados, el 7 de septiembre de 2006 el Gobierno nacional creó la Alta Consejería para la Reintegración So- cial y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, que tiene como objetivo participar en el desarrollo de la política de reintegración a la vida civil, de personas o grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva. Entre las actividades desarrolladas por esa dependencia, se destacan: acompañamiento psicosocial, atención en salud, formación para el traba- jo, servicio social, empleabilidad y planes de negocios. Se trata de que los p ­ articipantes en el proceso de reintegración puedan adquirir las habilidades ­28
Examen periódico universal necesarias para la generación de ingresos y competir como cualquier c ­ olombiano en el mercado laboral. La estrategia en educación consiste en ofrecerles a las personas desmo- vilizadas y a sus familias programas y proyectos en alfabetización, educación básica y secundaria y superior. El servicio social busca beneficiar a las comunidades realizando acti- vidades como reforestación, arreglo de zonas verdes, reparación de zonas comunes y atención a población vulnerable. La Alta Consejería además gestiona empleos en el sector formal, to- mando en cuenta tanto el perfil del desmovilizado como los requerimientos y la demanda del sector productivo. Asimismo, hace seguimiento al desem- peño de los participantes en sus puestos de trabajo. Otra de las alternativas para generar ingresos son los planes de nego- cios unipersonales y asociativos, cuya estructuración y desarrollo apoya la Alta Consejería una vez identificada su viabilidad económica. Esta política de reinserción ha vinculado a más de 29.000 desmoviliza- dos en programas de reintegración social y económica. Ha capacitado para el trabajo a 9.202 y se encuentran 4.109 en formación, 2.277 han recibido des- embolsos para proyectos productivos y están en estudio planes de negocios que beneficiarán a 14.878. Además, las campañas en el sector privado han logrado 3.000 cupos de trabajo para la población desmovilizada. La Procuraduría también ha ejercido un control preventivo y ha hecho seguimiento a las políticas públicas para otorgar beneficios administrativos a la población desmovilizada y reinsertada.Lucha contra los nuevos grupos armados ilegales En los últimos tiempos ha habido intentos de formar nuevos grupos armados, denominados “bandas criminales emergentes”, cuya pretensión es controlar el negocio del narcotráfico (alrededor de 500 toneladas métricas anuales), y llevar a cabo otras actividades criminales o extorsivas, aprove- chando las dificultades que impone la difícil topografía de Colombia, y la corrupción. La decisión del Estado ha sido clara en combatir con toda su capacidad a estos grupos. Para el efecto, se han adoptado las siguientes acciones: 29
Los derechos humanos en Colombia •	Creación de un mecanismo de verificación conjunto contra las bandas criminales en los ámbitos regional y nacional, y un centro integrado de inteligencia contra las bandas criminales. Por medio de los informes periódicos se ha logrado establecer que el 13% de los capturados o abatidos eran desmovilizados9 •	Cada mes se publica un informe sobre los resultados de combate contra estas bandas •	La Misión de la Oea apoya el seguimiento de este fenómeno. Homicidios en persona protegida El Gobierno y en particular el Ministerio de Defensa están haciendo grandes esfuerzos para prevenir homicidios en persona protegida, así como para impulsar que la Rama Jurisdiccional investigue y sancione a quienes los cometan. Uno de ellos lo representa la puesta en marcha de diferentes estra- tegias de prevención y de judicialización, así: •	Estrategias de prevención Estrategias normativas Directiva 10 de 2007: Reitera las obligaciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad por parte de las Fuerzas Militares y de Policía como autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, y prevenir homicidios en persona protegida; crea el Comité de segui- miento a denuncias sobre casos de presuntos homicidios en persona prote- gida, el cual ha sesionado en once oportunidades con el fin de impulsar las investigaciones penales y disciplinarias, identificar los factores que inciden en la ocurrencia de este tipo de hechos, fortalecer los controles y hacer re- comendaciones de prevención. Las ha hecho en materia de incorporación y respeto de las normas del Dih en el marco de operaciones militares, así como sobre el establecimiento de reglas de enfrentamiento claras sobre el uso de la fuerza. Directiva 19 de 2007: Busca garantizar la práctica por parte de la ­ olicía P 9.	Cifra calculada a partir del Informe de octubre de 2008 de la Policía Nacional (Policía Nacional, 2008).30
Examen periódico universal Judicial de las primeras diligencias investigativas cuando hay muertes en combate, ordenando a los comandantes de las unidades militares agotar to- dos los recursos disponibles para que cuando se presenten hechos que re- vistan las características del homicidio en persona protegida, las diligencias sean realizadas por la Fiscalía. Estrategias de fortalecimiento de incentivos El comandante general de las Fuerzas Militares expidió la Directiva 300-28 que privilegia las desmovilizaciones y las capturas como resultados operacionales de mayor valor sobre las bajas en combate, y previene la ge- neración de incentivos que pudiesen incitar a la comisión de conductas vio- latorias de los derechos humanos. De igual forma, el Comando del Ejército expidió en mayo de 2008 la Directiva 142, que cambia en este mismo sentido los criterios para el otorgamiento de la medalla al valor y la medalla de orden público. Estrategias de capacitación Con el fin de capacitar sobre los contenidos de estas directivas, el Co- mando del Ejército ha emitido una serie de instrucciones sobre procedimien- tos por seguir en casos de muertes en combate, las cuales han sido difundidas a todos los niveles en cada una de las unidades del Ejército Nacional. Asimismo, la Dirección de Derechos Humanos y Dih del Ministerio de Defensa, llevó a cabo diez talleres de capacitación durante 2007, con la parti- cipación aproximada de 640 miembros de la Fuerza Pública, entre soldados, suboficiales y oficiales, y en 2008 ha realizado doce talleres sobre política Integral de derechos humanos y derecho operacional, en distintas unidades militares y policiales.•	Estrategias de judicialización Fortalecimiento de la cooperación con autoridades judiciales En junio de 2006 el Ministerio de Defensa suscribió un documento de apoyo de la Justicia Penal Militar (Jpm) con la Fiscalía General de la Nación, en el que se señala que son los funcionarios de la Fiscalía quienes deben 31
Los derechos humanos en Colombia llevar a cabo las inspecciones en los lugares en los que ocurran bajas en de- sarrollo de operaciones militares, con el fin de garantizar total transparencia y legitimidad. La Fiscalía puso en funcionamiento una subunidad de apoyo a la Unidad de Derechos Humanos para investigar presuntos homicidios en persona protegida. Esta unidad fue creada el 19 de octubre de 2007 y está conformada por tres fiscales en Bogotá, trece en otras ocho ciudades y un grupo especial de apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (Cti) de la Fiscalía. La misma comenzó su trabajo en enero de 2008 dándoles un espe- cial impulso a los casos de Antioquia y Meta, lo que no limita su actuación en otros departamentos. El Comité de seguimiento a denuncias sobre casos de presuntos homi- cidios en persona protegida ha venido trabajando en la implementación de un mecanismo de reacción inmediata ante denuncias. Se creará un “equipo móvil” disponible en Bogotá, que se trasladará a la unidad comprometida tan pronto como se reciba una denuncia10. De otra parte, desde junio de 2007 y hasta agosto de 2008, por iniciativa del Comandante del Ejército, se realizaron 21 visitas a las 7 Divisiones del Ejército con la Oficina del Oacnudh, durante las cuales se revisaron uno a uno los casos denunciados por este organismo. La idea es seguir realizando este tipo de visitas. Impulso de casos en la jurisdicción ordinaria Por mandato constitucional, todos los casos de presuntos homicidios en persona protegida deben ser investigados y juzgados por la justicia ­ rdinaria. o 10.	Vale señalar que en la actualidad se proyecta el acto administrativo para la creación del Comité operativo de reacción inmediata a las quejas. Al parecer, estará integrado por un grupo interdisciplinario especialista en materia de operaciones e inteligencia, con el fin de que se revisen los procedimientos adoptados en la situación que se cuestiona. Además, se prevé la participación de funcionarios de entidades externas que quieran formar parte de él. El comité ejercerá unas funciones de evaluación de los procedimientos militares, sin perjuicio de las acciones que les corresponda llevar a cabo a las autoridades judiciales competentes.32
Examen periódico universal Para ello la Dirección de la Justicia Penal Militar (Jpm) ha transmitido a sus jueces la importancia de analizar los casos en cada unidad judicial, y evaluar su envío a la justicia ordinaria cuando estos puedan caracterizar graves vio- laciones a los derechos humanos. A agosto de 2008 se habían remitido 226 casos a la justicia ordinaria.Destitución y retiro de miembros de la Fuerza Pública Algunos miembros de las Fuerzas Militares, incluidos generales, han sido suspendidos de su cargo o retirados de la institución durante investiga- ciones por homicidios en persona protegida. Por ejemplo, recientemente y con motivo de las graves denuncias de desapariciones en la localidad de Soacha, y de presuntos homicidios en la jurisdicción de la ii y la VII División del Ejército Nacional, el ministro de Defensa creó, mediante la Resolución 4342 del 3 de octubre de 2008, una comisión de carácter transitorio, que para el efecto designó el Comandante General de las Fuerzas Militares, para analizar las circunstancias operacio- nales y recomendar las medidas administrativas correspondientes. La comisión encontró serios indicios de negligencia del mando en dife- rentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción. Concluyó que esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de al- gunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos, que goza- ban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la política de seguridad democrática y de la doctrina y el honor militar. Estos hechos están siendo investigados penal y disciplinariamente por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, que cuentan con el apoyo total del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares. El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, en vista de las graves fallas encontradas por la comisión, tomó una serie de medidas administra- tivas, entre las que se destaca el retiro del servicio activo de tres generales, 33
Los derechos humanos en Colombia cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente. Estrategias de capacitación Con el fin de impulsar y facilitar el desarrollo de las investigaciones, en- tre octubre de 2007 y mayo de 2008 se dictaron cuatro seminarios dirigidos a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y los operadores jurídicos dis- ciplinarios, sobre la caracterización de hechos como graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, para agilizar el estudio de la competencia que asume a prevención la Fiscalía, se realizó en noviembre de 2007 en la ciudad de Medellín un curso de derecho operacional dirigido a fiscales. De igual for- ma, para preservar la escena de los hechos el Centro de Estudios Militares ha diseñado cursos de capacitación de los miembros de las Fuerzas Militares. •	Investigaciones penales Durante el año 2007, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Dih de la Fiscalía desarrolló dos grandes comisiones especiales de impulso, to- mando como punto de partida los departamentos de Antioquia y Meta, por ser los que reportan la gran mayoría de los casos. Además, se incrementó la planta de esa unidad y hoy se cuenta con un grupo de veinte fiscales con dedicación exclusiva, distribuidos en el país, en procura de mayores resultados que a la postre signifiquen la disminución del nivel de impunidad. A 30 de septiembre de 2008 tenía 589 casos o investiga- ciones, sobre las que se han obtenido 15 sentencias condenatorias, 44 conde- nados, 225 órdenes de captura, 91 medidas de aseguramiento, 247 afectados con medida de aseguramiento, 34 resoluciones de acusación, 117 personas acusadas, 76 en juicio y 763 vinculadas de las distintas fuerzas. •	Iniciativas Se publicará un manual de derecho operacional que brinda las herra- mientas para la caracterización de la amenaza, la identificación del marco jurídico aplicable, la definición del nivel de la fuerza que se ha de emplear, la elaboración de órdenes de operaciones, y el diseño de reglas de enfrenta- miento claras y sencillas para el uso de la fuerza.34
Examen periódico universal Se implantará el Sistema de información sobre homicidios en persona protegida que centralizará, depurará, actualizará y permitirá hacer segui- miento permanente al número y estado de los casos. Se nutrirá de informa- ción proveniente de la Vicepresidencia de la República, la Onu, el Cicr, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía, entre otros, y operará bajo estrictos protocolos de administración de la información. Se fortalecerá la figura de los asesores jurídicos operacionales capaci- tándolos en derecho operacional, y la incorporación de más abogados para poder cubrir las unidades tácticas. Se promoverá la remisión a la Procuraduría General de la Nación, de investigaciones disciplinarias por hechos que revistan características de gra- ves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Dih. Con el fin de buscar estrategias de solución a factores estructurales que ocasionan la dilación de las investigaciones disciplinarias en las Fuerzas Militares, se implementará el “Proyecto generación de instrumentos para la planificación integrada de diligencias entre organizaciones del Sistema de Justicia Penal y el Sistema de Control Disciplinario para los casos de viola- ciones a los derechos humanos e infracciones al Dih”. Por último, en la audiencia “Acciones para atender homicidios de per- sonas protegidas en Colombia” del 22 de octubre de este año ante la Comi- sión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno nacional propuso el desarrollo trimestral de reuniones con participación de la sociedad civil para la evaluación de la problemática.Desaparición forzada En Colombia existe un amplio marco jurídico garantista del derecho a la libertad personal, así como normas y mecanismos que buscan hacer frente a la desaparición forzada. La Constitución política, en su artículo 12, dispone que nadie será so- metido a desaparición forzada, a torturas ni tratos o penas crueles, inhu- manas o degradantes. Con fundamento en esta disposición, se expidió la Ley 589 del 6 de julio de 2000, “Por la cual se tipifican como delitos las conductas de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y la tortura”. 35
Los derechos humanos en Colombia Incluye valiosas medidas de política criminal para el tratamiento del delito de desaparición forzada, como: la creación de la Comisión de bús- queda de personas desaparecidas, la implementación del registro único de personas desaparecidas, la puesta en marcha del mecanismo de búsqueda urgente, la promulgación de medidas para la administración de los bienes de propiedad de las víctimas, la obligación para el Estado de realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de la víctima, y la pro- hibición de indultar o amnistiar a las personas que incurran en estos delitos. La misma ley contempla como actores del delito de desaparición forzada a los servidores públicos, a quienes actúen bajo la determinación o aquiescen- cia de aquellos y a los particulares11. •	Comisión de búsqueda de personas desaparecidas La Comisión de búsqueda de personas desaparecidas (Cbpd) es un or- ganismo interinstitucional, que cuenta con la participación de la sociedad ci- vil12, tiene carácter nacional y permanente, y su objetivo primordial es apoyar 11.	Código Penal, art 268: el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 25 a 40 años, multa de quinientos 500 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco a diez años. A la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior. 12.	Compuesta por el Fiscal General de la Nación o su delegado permanente, el Procurador General de la Nación o su delegado permanente, el Defensor del Pueblo o su delegado permanente, el ministerio de Defensa Nacional o un delegado de la Oficina de Derechos Humanos del ministerio; el director del Programa presidencial de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario o su delegado permanente, el director del Programa presidencial para la defensa de la libertad o su delegado permanente; el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o su delegado permanente; un representante de la Asociación de Familiares de36
Examen periódico universal y promover la investigación del delito de desaparición forzada. Ha coordina- do el diseño y la puesta en marcha del registro nacional de desaparecidos y cadáveres sin identificar, el Plan nacional de búsqueda de personas desapare- cidas, y ha reglamentado e impulsado el Mecanismo de búsqueda urgente. Desde su creación en el año 2000 ha sesionado unas 140 veces y acor- dado con la sociedad civil los diferentes desarrollos de la política pública en esta materia. Es un órgano que desde el momento de su creación ha funcio- nado de forma ininterrumpida y al cual el Gobierno nacional le reconoce su máximo nivel dentro del Estado colombiano.•	Plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas La Cbpd ha desarrollado el Plan nacional de búsqueda de personas des- aparecidas, que se ha implementado de manera piloto en el departamento de Casanare, mediante la identificación del contexto sociopolítico de la región. Se han documentado casos no judicializados sobre desaparición forzada de personas y se han identificado fosas. Asimismo se ha hecho acercamiento a familiares de víctimas desde una perspectiva psicosocial, y se ha contactado a los medios de comunicación para analizar la temática de la desaparición.•	Mecanismo de búsqueda urgente Se ha puesto en práctica el Mecanismo de búsqueda urgente (Mbu), que tiene por objeto que las autoridades judiciales realicen, de forma inmedia- ta, todas las diligencias necesarias tendientes a la localización de la persona como mecanismo efectivo para prevenir la comisión del delito de desapari- ción forzada. La Defensoría del Pueblo hace seguimiento constante de los Mbu y consolida reportes sobre su comportamiento.•	Sistema de información de desaparecidos A partir del 1 de enero de 2007 se implementó el Sistema de informa- ción red de desaparecidos y cadáveres (Sirdec). Desde el segundo semestre Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y un representante de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos escogido por las mismas organizaciones (Comisión Colombiana de Juristas). 37
Los derechos humanos en Colombia del mismo año tuvieron acceso a él las entidades que forman parte de la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, y a partir del 10 de marzo de 2008 se dio acceso a los organismos de Policía Judicial. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha adelan- tado sus labores en el marco del Sirdec, y ha obtenido los siguientes resulta- dos: el procesamiento de 35.500 necrodactilias represadas, identificación de 1.350 cadáveres no identificados desde 1992 a 2007, y verificación de identi- dad de 21.214 cadáveres ingresados al instituto desde el año 1992 a 2007. •	Medidas de prevención En la Directiva permanente 06 de 2006 el Ministerio de Defensa Nacio- nal adoptó medidas para prevenir la desaparición forzada de personas, apoyar la investigación de este delito y la búsqueda de las personas desaparecidas en desarrollo del mecanismo de búsqueda urgente. Para obtener mejores resul- tados, ha robustecido la sensibilización, capacitación e interiorización de las normas que regulan la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. •	Situación jurídica de los familiares de personas víctimas de desaparición forzada Con la expedición de la Ley 589 de 2000, los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada y secuestro obtienen ciertos benefi- cios, a saber: Representación legal del ausente, con el nombramiento como curador de bienes (administrador), al familiar más cercano en el orden establecido por las normas civiles. Continuidad en el pago de los salarios u honorarios y prestaciones so- ciales a que tenga derecho el desaparecido. Entre las acciones judiciales establecidas para garantizar la plena repre- sentación del ausente, se encuentran la declaración de ausencia y la declara- ción judicial de muerte presunta, a selección de los familiares. Tales acciones civiles están encaminadas a normalizar las situaciones patrimoniales que se presentan después de un secuestro, una desaparición forzada o una toma de rehenes, y otorgan competencias definidas por la ley para la administración38
Examen periódico universal de bienes y representación judicial en todas las actuaciones que debieron realizar las víctimas. De igual manera, la Ley 986 de 2005, “por medio de la cual se adop- tan medidas de protección a las víctimas del secuestro y a sus familias”, que incluye a las víctimas de tomas de rehenes y desaparecidos forzadamente y a sus familiares, establece a favor de estos beneficios en materia financiera, tributaria, procesal, laboral, salud y educación.Tortura Colombia cuenta con un marco normativo de protección al derecho a la vida y prohibición de la tortura. El Código Penal configura la tortura como un delito de sujeto activo indeterminado.13 13.	Código Penal, art. 178: “Tortura. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de 800 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas”. Por su parte, la Corte Constitucional ha recogido los estándares internacionales y ha realizado grandes avances jurisprudenciales en la materia. La Sentencia C-148/05, declaró inexequible la expresión “graves” con que se calificaban en el Código Penal los dolores o sufrimientos infligidos, tanto en la regulación del delito de tortura en persona protegida (Art. 137 C. Penal) como en el de tortura (Art. 178), lo cual significa que para que se tipifique el delito de tortura no será necesario que los sufrimientos o dolores que se inflijan a la víctima deban ser calificados como graves. En la Sentencia C-102/05 la Corte Constitucional desarrolla el tema de la relación entre el concepto de privilegio de la no incriminación con la tortura. En este mismo fallo, la Corte establece la prohibición de la tortura como derecho de aplicación inmediata, es decir, no sujeto a interpretaciones por parte de la autoridad que puedan llegar a ser violatorias. 39
Los derechos humanos en Colombia •	Capacitación La prohibición de la tortura se incluye en el modelo único pedagógico para la enseñanza de los derechos humanos y Dih en las escuelas de forma- ción, capacitación, entrenamiento y centros de instrucción y entrenamien- to de las Fuerzas Militares. También se está desarrollando la capacitación a fiscales especializados e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de todo el país, en el carácter de lesa humanidad del delito, su imprescriptibilidad, la tipificación internacional y en el derecho interno, adecuación típica de las conductas, investigación y prueba. •	Formación y aplicación del Protocolo de Estambul En cumplimiento de la Sentencia del 12 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Wilson Gutiérrez Soler vs. Colombia, el Estado, asumiendo el papel fundamental que tiene en la eliminación y prevención de la tortura, ha desarrollado una estrategia de difusión y capacitación en el Protocolo de Estambul, así como en su imple- mentación. La capacitación sobre el Protocolo, con el apoyo de Oacnudh, se exten- dió a todas las entidades que tienen contacto con el delito de la tortura, para que se acojan las directrices internacionales para el efectivo acercamiento a las víctimas, la documentación y la investigación efectiva del delito. En el ámbito forense, el Instituto Nacional de Medicina Legal, para el desarrollo de sus labores, aplica la definición de tortura adoptada por la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En ese marco, la entidad ha incorporado en sus actividades los protocolos de Minnesota y Estambul. En esta misma línea, en el año 2006 se desarrolló un curso para los funcionarios peritos, con la asistencia de 153 de ellos, en el que se desarrollaron temas relacionados con dichos protocolos, el abordaje forense en casos de sospecha de tortura y la fotografía digital, entre otros. •	Investigación y documentación de casos En cuanto a la investigación de casos, la Fiscalía ha creado una base de datos única sobre casos de tortura para su control y seguimiento. Asimismo,40
Examen periódico universal el Instituto Nacional de Medicina Legal, por intermedio del Programa de monitoreo de calidad básica, la base de datos Sistema de vigilancia epide- miológica de lesiones de causa externa (Sivelce) y la base de datos Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres (Sirdec), realiza la detección y registro de signos de tortura, lo que ha permitido documentar casos de tortura a partir de parámetros internacionales.Detenciones arbitrarias La Constitución política consagra en su artículo 28 el derecho a la liber- tad personal.14 En Colombia, como regla general hay reserva judicial en mate- ria de privación de la libertad, con solo dos posibles excepciones: la detención preventiva administrativa y en casos de flagrancia. Además, en Colombia también existe la figura del habeas corpus, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad.15 La Corte Constitucional ha desarrollado el tema de la libertad personal y las detenciones, así como los límites de las dos figuras excepcionales ante- riormente señaladas. A continuación se hace referencia a algunas decisiones jurisprudenciales que le han dado contenido y alcance a este derecho. En la Sentencia C 024 de 1994, la Corte definió la detención preven- tiva administrativa como una aprehensión material que tiene como único 14.	Artículo 28 de la Constitución política: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.” 15.	Artículo 30 de la Constitución política:”Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.” 41
Los derechos humanos en Colombia objeto verificar ciertos hechos que sean necesarios para que la policía pueda cumplir su función constitucional del mantenimiento del orden público y de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades. Asimismo, estableció en dicha providencia que para que opere la captura administrativa, deben existir razones objetivas y motivos fundados. Ade- más, la detención administrativa debe tener ciertas condiciones, a saber: ser necesaria, ser proporcional, no sobrepasar las 36 horas para que la persona sea liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial, operar solo para hechos graves, mantener plena aplicación del habeas corpus y respetar los derechos humanos del aprehendido. En la Sentencia T-851 de 2004, la Corte desarrolló el tema de los dere- chos de las personas privadas de la libertad. En lo fundamental, estableció los siguientes criterios, de acuerdo con las reglas internacionales, constitu- cionales y jurisprudenciales: •	Las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que impone especiales deberes al Estado. •	El pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad es el respeto por la dignidad humana. •	Las personas privadas de la libertad son titulares de todos los derechos constitucionales, sujetos a las restricciones legítimas derivadas de la medida privativa de la libertad correspondiente. Debido a que la privación de la libertad implica la suspensión absoluta de algunos derechos, pero no implica la restricción de los demás. •	Existe un contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad que es de imperativo cumplimiento, independientemente de la gravedad de la conducta por la cual se ha privado a la persona de la libertad, y del nivel de desarrollo socioeconómico del Estado. •	Las autoridades no pueden perder de vista que el fin de la pena es la resocialización del infractor. •	La reclusión prolongada de personas en las salas de retención transitoria de las estaciones de policía y otras instituciones, por más del tiempo legalmente permitido, es contraria a los postulados más básicos del orden constitucional.42
Examen periódico universal En la Sentencia C-237 de 2005, la Corte trató el tema de la flagran-cia, estableció que la excepción al principio de reserva judicial basado en laflagrancia, para la privación de la libertad, implica que un delincuente seaaprehendido en el momento en el que está ejecutando una conducta punibleo cuando es sorprendido y capturado con objetos, instrumentos o huellas,que permita inferir fundadamente que se cometió una conducta punible. Enestos eventos no será indispensable un mandamiento escrito de autoridadjudicial competente. Sin embargo, es necesario que la persona capturada enflagrancia sea conducida ante un juez. De otra parte, el nuevo Sistema penal oral acusatorio (Spoa) que entróa regir en Colombia de forma progresiva a partir de 2005 y que hoy día tieneaplicación en todo el territorio nacional, es una garantía adicional para elpleno respeto del derecho a la libertad personal, y al principio de reservajudicial. La Ley 906 de 2005 que regula este sistema establece que la privación orestricción de la libertad tienen carácter excepcional; solo podrán ser inter-pretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, pro-porcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. En ese mismosentido dispone que la libertad personal solo pueda ser afectada cuando seanecesario para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la com-parecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de lasvíctimas, o para el cumplimiento de la pena. La captura bajo el nuevo proceso penal opera de la siguiente manera: A diferencia del sistema anterior, que le permitía al fiscal ordenar di-rectamente la captura, ahora se requiere orden escrita proferida por un juezde control de garantías con las formalidades legales y por motivos razona-blemente fundados, para inferir que la persona es autor o partícipe del delitoque se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal.1616.	El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que la persona es autor o partícipe de la conducta investigada, y 43
Los derechos humanos en Colombia Capturada la persona se pone a disposición de un juez de control de g ­ arantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad y disponga lo pertinente en relación con el aprehendido. La orden de captura tendrá una vigencia máxima de seis meses. Los organismos con atribuciones de policía judicial llevarán un registro actuali- zado de las capturas de todo tipo que realicen. Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal. Minas antipersonal A partir de la entrada en vigor de la Convención de Ottawa en 2001, Colombia ha desarrollado diferentes acciones para atender la preocupante situación de presencia de Minas antipersonal en el territorio nacional. •	Destrucción del arsenal almacenado por las Fuerzas Militares Desde el 26 de junio de 2003 hasta el 24 de octubre de 2004 las Fuerzas Militares hicieron la destrucción total de todo el arsenal de Minas antiperso- nal (Map) almacenado, que era de 19.222. •	Destrucción de campos minados de protección de bases militares Las Fuerzas Militares han destruido 8 de 34 campos minados de pro- tección de bases militares desde la entrada en vigor de la Convención de concurra cualquiera de las siguientes causales: riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación; probabilidad fundada de alterar los medios probatorios; peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión.44
Examen periódico universal Ottawa. Se tiene previsto destruir los 26 campos minados restantes antes del 1° de marzo de 2011.•	Destrucción de instalaciones y equipos para la fabricación de Minas antipersonal En 1999, la industria militar destruyó todos los equipos para la produc- ción y fabricación de Minas antipersonal, y destruyó 2.542 minas de este tipo almacenadas en la fábrica de explosivos.•	Creación del Programa presidencial para la acción integral contra Minas antipersonal En el año 2002 se creó el Observatorio de Minas antipersonal, que es el escenario gubernamental para la aplicación de la Convención de Ottawa con la atención a sobrevivientes, programas de prevención y concientiza- ción, desminado humanitario, gestión de información e institucionalización y sostenibilidad del Plan nacional de acción contra minas. Luego, en el año 2007 dicho observatorio se convirtió en el Programa presidencial para la acción integral contra Minas antipersonal, entidad pública responsable de la coordinación y regulación de la Acción integral contra Minas antipersonal (Aicma) en Colombia, y de servir como secretaria técnica de la Autoridad nacional de Minas antipersonal (Cinamap). El programa cuenta con un presupuesto de 7.815 millones de pesos, algo más de tres millones de dólares,17 provenientes de aportes presupuestales del Gobierno, la cooperación de la Embajada de Suiza y un proyecto con la Unión Europea. Tiene tres componentes fundamentales: Atención a víctimas. Este componente tiene como objetivo generar e impulsar alternativas para garantizar la atención integral de las víctimas de estos artefactos, el ejercicio efectivo de sus derechos y su inclusión socioeco- nómica. Para ello se han previsto cuatro líneas de acción: conocimiento de los problemas y necesidades de las víctimas, identificación de las dificultades en la respuesta de las instituciones involucradas en la asistencia a las víctimas, 17.	Las cifras en pesos colombianos se convirtieron a dólares estadounidenses conforme a la tasa representativa del mercado (Trm) del 17 de noviembre de 2008. 45
Los derechos humanos en Colombia formulación de alternativas de mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios que constituyen esa asistencia, trabajo conjunto con las entida- des competentes y apoyo de iniciativas que respondan a la problemática. Una efectiva asistencia a las víctimas debe incluir atención integral (física y psicológica), acceso a indemnizaciones y ayudas humanitarias, y apoyo en la inclusión socieconómica. Así, el Programa presidencial de acción integral contra Minas antipersonal ha venido coordinando las siguientes estrategias: •	Promoción y divulgación de la ruta de atención. •	Apoyo en la activación de la respuesta institucional frente a las dificultades de las víctimas de Minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con lo establecido en la ruta de atención. •	Información a las víctimas sobre sus derechos, deberes, oferta institucional y procedimientos de atención. •	Información a las entidades y organizaciones competentes sobre sus responsabilidades y obligaciones respecto a la atención de las víctimas de Minas antipersonal. •	Movilización de recursos nacionales e internacionales para la atención y la rehabilitación de las víctimas. •	Implementación de soluciones que contribuyan a la eliminación de barreras económicas en el acceso a los servicios de atención integral, para proyectos productivos orientados a la inclusión socieconómica y hacia la asistencia con base comunitaria. •	Promoción de la vinculación laboral de las víctimas de Minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, por parte de las empresas del sector privado y en el marco de la responsabilidad social empresarial. •	Acompañamiento en la gestión de proyectos orientados a mejorar la calidad y la cobertura de la atención prehospitalaria, urgencias, medicoquirúrgica y la rehabilitación. •	Actualización permanente de la información sobre la situación de las víctimas. •	Elaboración de una ruta de atención integral para víctimas que incluye atención médica, psicosocial, escolar y laboral.46
Examen periódico universal Desminado humanitario. Este componente se refiere a la coordinaciónde las actividades de desminado que realizan las Fuerzas Militares de Co-lombia, por intermedio del Departamento de Desminado Humanitario, conel fin de dirigir y asegurar la sostenibilidad de los cuatro pelotones que com-ponen la compañía de desminado humanitario. La coordinación se hace enconjunto con la Inspección General de las Fuerzas Militares, la Escuela deIngenieros Militares, la Organización de Estados Americanos y la Junta In-teramericana de Defensa. A su vez, el componente es responsable de la elaboración y actualiza-ción de los protocolos nacionales de desminado humanitario respetando losparámetros establecidos en los estándares internacionales para la acción in-tegral contra Minas antipersonal. El componente de desminado humanitario mantiene una interlocuciónpermanente con las autoridades civiles y militares de los municipios y depar-tamentos contaminados con Minas antipersonal, con el fin de coordinar conlas Fuerzas Militares las acciones pertinentes para atender las necesidades dela comunidad relativas a la destrucción de esos artefactos y otros explosivosimprovisados, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y el desarrollode la población. Educación en el riesgo de minas. La educación en el riesgo de minasbusca tres objetivos fundamentales: minimizar las muertes y lesiones ocasio-nadas por las Minas antipersonal y municiones sin explotar (Muse), reducirsu impacto socioeconómico y apoyar el trabajo de asistencia y desarrollo. Laeducación se refiere a los procesos dirigidos a la población civil para reducirel riesgo de daños, mediante la sensibilización y el fomento de una cultura decomportamiento seguro. Incluye: •	Difusión de información pública: consiste en actividades de información relevante y básica de protección frente a las Map y las Muse. Se trata básicamente de información unidireccional, transmitida por los medios de comunicación (radio, televisión, afiches, plegables, cartillas…). •	Educación y capacitación: actividades pedagógicas y de entrenamiento encaminadas a generar y promover la adopción de comportamientos seguros tendientes a reducir el riesgo de daños provocados por Map y 47
Los derechos humanos en Colombia Muse. El proceso incluye impartir y adquirir conocimiento, actitudes y prácticas mediante la enseñanza y el aprendizaje. •	Enlace comunitario: las comunidades son el eje principal de la educación en el riesgo de minas. El objetivo del enlace con la comunidad y de su empoderamiento es reducir sus niveles de vulnerabilidad utilizando mecanismos de fortalecimiento del tejido social afectado por el riesgo de minas. En el proceso se deben identificar las capacidades, saberes y conocimiento de autocuidado existentes en la comunidad para promover y desarrollar estrategias locales de reducción del riesgo.48
Left brain right brain facts and fantasiesjournal.pbio.1001767
Marta Montoro 183909426 milan-polic-k-filozofiji-odgoja-pdf
Antonija Blaženović

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 28
	Artículo 28
	Artículo 30