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Concepto de Derecho Administrativo - Apuntes - Derecho_Parte3	{{ user.username }}
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Derecho Administrativo, apuntes, derecho, Ulima	Upload date:
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Download the document	ser manifestada de forma expresa e incluso de forma escrita, pero también puede ser presunta como
por ej. cuando se da un determinado valor al silencio (ej.: la administración consultiva donde se
emiten informes sobre distintos temas)
También hay declaraciones de conocimiento como por ej. el poder certificante de la AP (es decir, los
certificados que emite la AP)
Incluso en algunos casos, los actos administrativos también pueden ser manifestaciones de un deseo,
deseo de un órgano de la AP en relación con la toma de posición a la decisión que toma otro órgano
de la AP.
Los particulares podemos trabar relaciones con la AP pero no por ello son consideradas como actos
administrativos. Hemos de subrayar la posibilidad de que otros órganos constitucionales puedan
realizar actuaciones materialmente administrativas pero que no son actos administrativos.
Los distintos poderes del Estado, que se estructuran en órganos (algunos con la consideración de
órganos constitucionales), están llamados a realizar una función estrictamente señaladas por sus
Estos órganos constitucionales realizan, de forma instrumental, alguna actividad que puede ser
considerada como materialmente administrativa (ej.: CD y S que además de aprobar leyes y controlar
al ejecutivo, realizan labores que se quedan en su ámbito de realización) Advertimos la existencia de
unas relaciones jurídicas de carácter administrativo que obedecen a normas comunes a las que regulan
las relaciones de las AP con los funcionarios. No podemos decir que sean actos administrativos en
tanto en cuanto no proceden de la AP.
Estos actos materialmente administrativos también son susceptibles de los mismos recursos
(contencioso−administrativo) que los actos administrativos, y ello para que no se produzca
3.− Clases:
Actos administrativos decisorios vs. Actos administrativos no decisorios. Los decisorios son una
manifestación de la voluntad de la AP, define una situación jurídica de la Administración frente a
terceros (ya sea un individuo ya sea otra AP)
Los no decisorios son cuando la AP manifiesta un deseo o conocimiento sin que se defina ninguna
situación jurídica, la decisión quedará pospuesta para otro momento.
Actos administrativos resolutorios vs. Actos administrativos de trámite. Los resolutorios son los que
ponen fin al procedimiento administrativo, también se denominan actos administrativos definitivos.
Los de trámite son las actuaciones que se realizan a lo largo del procedimiento administrativo para
que, de forma instrumental, sirvan para definir el acto administrativo.
La posibilidad de recurrir los actos administrativos depende de que tengan la consideración de actos
administrativos resolutorios o bien de trámite. El art. 107 LO 30/92 establece esta distinción, es decir,
que los actos administrativos resolutorios son siempre recurribles y que los actos administrativos de
trámite son recurribles en aquellos supuestos específicamente tasados en el art. 107.
Actos administrativos favorables o declarativos de derecho vs. Actos administrativos de gravamen.
Los favorables amplían el patrimonio jurídico de aquellos a quien se dirigen (ej.: la concesión de una
subvención....)
Los de gravamen producen una delimitación o reducción del patrimonio de aquellos a los que afectan.
Estas actuaciones necesitan justificarse es una potestad que le haya sido atribuida de forma expresa a
la AP por parte del ordenamiento jurídico. Además, y como suponen una limitación a los sujetos a los
que afectan, han de estar motivadas.
Actos administrativos constitutivos vs. Actos administrativos declarativos. Los constitutivos son los
que crean, modifican o extinguen una situación jurídica.
Los declarativos acreditan un hecho acontecido pero no decide sobre ese hecho ni sobre las
situaciones jurídicas derivadas del mismo.
Desde el punto de vista de los destinatarios de los actos administrativos podemos distinguir:
Actos administrativos singulares los singulares son aquellos que tienen un sujeto definido
Actos administrativos generales los generales son aquellos que se dirigen a la generalidad de los
sujetos pero que no están individualmente definidos o identificados.
Se consideraba que los reglamentos tenían la característica fundamental de su generalidad, pero esto
choca con la distinción entre el acto administrativo y el reglamento.
Desde el punto de vista de la AP que dicta el acto administrativo:
Actos administrativos dictados por la Administración activa (actos de gestión)
Actos administrativos dictados por la Administración consultiva
Actos administrativos dictados por la Administración de control ! aquellos que o bien antes o bien
después de que se dicte el acto administrativo están llamados a definir el marco en que se lleve a cabo
Podemos considerarlos procedentes de un órgano:
Unipersonal♦ Colegiado♦ Distinción entre actos administrativos:
! definitorios o resolutorios: el que pone fin al procedimiento administrativo
! que causa estado: aquel que ya no puede ser objeto de impugnación administrativa, es decir, aquel
que ha agotado los recursos administrativos (la vía administrativa)
! firmes: donde ya no cabe sobre ellos ningún tipo de recursos, ni administrativo ni jurisdiccional bien
porque han sido agotadas todas las vías posibles o bien porque no se haya presentado en el plazo
establecido (es lo que se llama firme por consentido)
En nuestro ordenamiento existen dos preceptos que nos determinan cuando el acto alcanza la
consideración de acto administrativo que causa estado (aquellos solo susceptibles de recursos
contenciosos−administrativos por vía jurisdiccional y no por vía administrativa):
art. 109 Ley 30/92, son las resoluciones de los recursos de alzada; los procedimientos que tienden a
sustituir al recurso de alzada (art. 107.2 Ley 30/92); aquellas resoluciones que carezcan de un superior
jerárquico; las demás resoluciones de órganos administrativos cuando así esté establecido por la ley; y
también los acuerdos, pactos, convenios o contratos que pongan fin a la vía administrativa.
• en el ámbito local: art. 52.2 LBRL, estos son; resoluciones del pleno, alcalde y comisiones de
gobierno. Salvo en aquellos procedimientos denominados bifásicos donde una parte se tramita de
forma municipal y otra de forma autonómica.
• También se hace referencia al art. 27.2 LBRL, es decir, a supuestos de delegación de competencias de
la CCAA a favor de municipios o Diputación provincial o Diputación de los municipios. Existe un
recurso sobre estas actuaciones ente la AP delegada.
También causarán estado las actuaciones o resoluciones de órganos inferiores cuando se resuelvan por
medio del alcalde o autoridades y por delegación, si las resoluciones de dicho alcalde o autoridades
pueden poner fin a la vía administrativa.
También los actos que prevea cualquier disposición legal; y las normas de organización de las CCAA
donde se prevea dicha situación.
Otra distinción entre actos administrativos donde se establece que no podrán ser recurridos los actos
administrativos de acuerdos y consentidos, y en base a esto son actos administrativos:
• originarios: son el resultado de un procedimiento administrativo que concluye con una resolución.
• confirmatorios: aquellos que reiteran el contenido de un acto previo.
Distinción entre actos administrativos:
reglados: son aquellos que la AP dicta sobre la base de una norma jurídica y que limita el contenido
de ese acto administrativo (ej.: licencia urbanística)
discrecionales: son aquellos que, aun teniendo algunos elementos reglados (sometidos a ciertos
límites), hay un elemento discrecional que permite a la Administración optar entre distintas
posibilidades, esta elección se realiza con base a criterios de oportunidad.
El acto administrativo (continuación):
4.− Elementos subjetivos: Administración, órganos, competencia e investidura del funcionario: El
primer elemento subjetivo es la AP ya que sin AP no habría actos administrativos, pero una AP no
entendida cono cualquier poder del Estado, sino formalmente entendida (AP territorial e
Pero la AP es un ente que actúa por medio de unos órganos, que son los que manifiestan su actividad.
Por tanto el segundo elemento subjetivo es el órgano competente para dictar actos administrativos; ese
órgano es competente porque actúa dentro de las normas del ámbito material que le ha sido
concedido, si bien también existen normas que distribuyen la competencia por razón del territorio, y
finalmente, las competencias pueden estar distribuidas por razón del tiempo.
El órgano administrativo es un concepto, al igual que la AP; y es el personal a su servicio el que dará
el soporte material a dicho concepto.
El tercer elemento subjetivo es la investidura del funcionario (es decir, de estas personas del órgano
Para reconocer un acto administrativo no sólo debemos de reconocer que proviene de la AP, sino que
dentro de esa AP proviene de un órgano competente, es decir, que ha de ser dictado por una persona
que haya sido investida formalmente. Se trata de una persona que ha superado unas pruebas, ha sido
nombrado, ha tomado posesión y además está en una situación profesional de servicio activo.
Concurriendo toda una serie de circunstancias, reconocemos que una persona está investida
formalmente para ser reconocida como funcionario de la AP.
Pero más allá de esto, se exige, se requiere que en cada uno de los actos administrativos dictados por
ese funcionario el sujeto no se encuentre incurso en una situación de abstención o de recusación.
Estos conceptos suponen la separación de ese funcionario (o autoridad) de ese procedimiento o
Abstención y recusación: art. 28 y 29 Ley 30/92 donde se establecen las causas y formas de poner en
marcha este mecanismo.
El art. 28 exige que las autoridades o personal de las AP (...) se abstendrán (voluntariamente) de la
participación en ese procedimiento, sino se abstiene voluntariamente cabe que los órganos superiores
ordenen que se abstenga (es decir, le separarían unilateralmente)
Las causas determinan el grado de presunción de implicación de la autoridad o persona de la AP en el
asunto, son:
tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir en
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente
con algún interesado
♦ tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan
en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representación o el mandato
♦ tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
♦ haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate♦ tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar
♦ La no abstención en los casos en que proceda podrá dar lugar a responsabilidad, puede sancionarse
administrativamente, sin perjuicio de que también pueda dar lugar a responsabilidad penal (ej.: tráfico
de influencias)
El art. 28.3 establece que la actuación de las autoridades donde hubieran debido abstenerse, no serán
anuladas, no implicará la invalidez del acto administrativo. Esto se explica porque el acto
administrativo, por encima de todo, será válido o inválido si es conforme al derecho, y si ha sido
dictado conforme al derecho será válido (por más que quien lo haya dictado no se hubiera abstenido
como legalmente debería haber hecho) Por otra parte también están presentes razones de seguridad
La recusación es complementaria a la abstención. El art. 29 dice que en los casos previstos en el art.
28, podrá solicitarse, en cualquier momento del proceso, que esa autoridad o funcionario sea separado
del proceso; esta recusación se planteará por escrito donde se expresará la causa en que se funda.
Este incidente se tramita:
al día siguiente de la presentación de la recusación se manifestará si es aceptada o rechazada♦ si el recusado niega la causa, el órgano superior tomará una decisión. Esa decisión no es
susceptible de recurso porque no determina la finalización del procedimiento ni produce
indefensión. Si bien puede impugnarse ese acto.
♦ 5.− Elementos objetivos:
A) Presupuesto de hecho, fin, causa, motivo: El presupuesto de hecho es una situación real que
determina una consecuencia jurídica determinada; el acto administrativo se dicta porque la ley
establece una consecuencia jurídica de una situación fáctica dada. (ej.: sanción administrativa =
consecuencia de un comportamiento que está calificado como infracción administrativa, es decir,
consecuencia del presupuesto de hecho)
El fin del acto administrativo es el objetivo que persigue la norma jurídica al habilitar y atribuir una
potestad a la AP. Y a cada potestad le corresponde, en términos generales, un determinado fin
público. (ej.: potestad expropiatoria que habilita a la AP a privar parcial o totalmente de su patrimonio
a un sujeto para conseguir un fin considerado de interés público o social)
Si a la AP se le otorga una potestad para conseguir un determinado fin, y utiliza esa potestad para
conseguir otro fin (por más que también fuera un fin público) se lo considera desviación de poder, lo
cual puede llegar a constituir la nulidad del acto administrativo. Y si esa potestad se utiliza para
conseguir un fin privado puede constituir un delito de prevaricación, cohecho .... (ej.: desviación de
poder podrá ser, siempre que se demuestre adecuadamente, cuando las multas de tráfico son
impuestas no con fines de seguridad en el tráfico sino con fines recaudatorios)
La causa es la adecuación entre el contenido del acto administrativo y el fin al que va dirigido, de
forma que sin esa adecuación el acto administrativo carece de causa. El art. 52 Ley 30/92, establece
esta relación causal como elemento sustancial, esencial, pero es un elemento muy abstracto.
B) La declaración, su contenido (condición, plazo, modo y reservas): Se tarta de una manifestación
que pone de relieve la voluntad para resolver una determinada situación.
La declaración hace referencia a los posibles vicios que pueden afectar a la AP, vicios que no son
aquellos que suponen la alteración en el ordenamiento jurídico, sino que son aquellos que afectan o
pueden afectar a esa voluntad que manifiesta la AP a través de los actos administrativos. Estos vicios
son también aquellos que pueden afectar a los sujetos privados cuando realizamos un negocio
jurídico, son la intimidación, el error, el dolo.....
Esos vicios de la voluntad se proyectan no sobre la Administración como estructura jurídico−pública,
sino sobre los que en un momento determinado actúan en nombre de esa Administración, y por ello lo
actuado por esa persona física se imputa a quien representa.
Estos vicios tienen una consideración muy específica o particular. En los negocios jurídicos un vicio
puede anular el mismo si se demuestra que este vicio existe. Pero si en ese vicio incurre la persona
física que tiene la representación de la AP los efectos son distintos porque la AP actúa con
sometimiento pleno a la ley y al derecho. E incluso podría tener una importancia nula si esa persona
física, representante de la AP, actuó bajo la influencia de un vicio pero el acto administrativo
realizado es conforme al derecho.
El principio de legalidad, objetivamente, impone que la AP ha de actuar conforme al derecho, pero
esto conlleva algunas matizaciones teniendo en cuanta la diferencia entre los actos administrativos
reglados y los actos administrativos discrecionales. Los primeros son aquellos que la AP dicta sobre la
base de una norma jurídica y que limita el contenido de ese acto administrativo (ej.: licencia
urbanística), y los segundos son aquellos que, aun teniendo algunos elementos reglados (sometidos a
ciertos límites), hay un elemento discrecional que permite a la Administración optar entre distintas
posibilidades, esta elección se realiza con base a criterios de oportunidad. Los vicios afectan de forma
distinta si se trata de un tipo u otro de actos.
Tratándose de los actos administrativos discrecionales, los vicios afectan de forma distinta que a los
reglados, dado que tiene más importancia porque no hay una base jurídica.
El contenido: este se regula en el art. 53 Ley 30/92. La pregunta es: ¿es posible someter un acto
administrativo a una condición, plazo, modo y reserva?
La tipicidad del acto administrativo puede permitir, e incluso exigir, que este acto administrativo
venga acompañado por algún tipo de determinación accesoria de la voluntad. Pero hay algunos actos
administrativos que son incompatibles con estas determinaciones accesorias. (ej.: licencia de obras
donde no se cumplen todas las condiciones requeridas, la AP puede optar por : 1. denegar el acto
administrativo; 2. la condiciones iuris, que es que se otorga licencia pero bajo un tipo de condición
muy especial, es decir, que la licencia se somete a un tipo de requerimiento especial)
6.− Elementos formales:
A) El procedimiento: ver el título IV (= El procedimiento administrativo)
B) Forma externa de manifestación. La motivación: Los negocios jurídicos privados no requieren
ningún tipo de forma específica; los actos administrativos, sin embargo, deben ser rodeados de ciertas
formalidades. Como principio general se requiere la escritura según lo dispuesto por el art. 55 Ley
30/92.
La principal razón por la que se manifiesta de forma escrita es por la seguridad jurídica; otra razón es
que el acto administrativo es la plasmación final de la voluntad que se ha ido conformando a través
del procedimiento administrativo, donde se incorporan todos los documentos relativos a las distintas
actuaciones o trámites procesales que se han ido llevando a cabo.
Sin embargo el art. 55 también permite otra formas de manifestación de la voluntad de la AP, así por
ej. las órdenes que dicta un agente de tráfico son una manifestación de la voluntad de la AP (los
gestos del agente). Otras veces el acto administrativo se manifiesta de forma verbal, ese acto ha de
tener una constancia que se refiere a la certificación de ese acuerdo, el acuerdo ha de ser trasladado a
un documento escrito (esto es una cautela referida a la eficacia del acto administrativo)
Además el art. 55 viene a decir que cuando el órgano superior dicta órdenes verbales, el órgano
inferior que recibe dichas órdenes ha de tomar nota de las misma, plasmándolas luego en un
documento escrito por medio de una fórmula predeterminada.
¿Qué estructura tiene que tener esa forma escrita del acto administrativo? La estructura del documento
no está previsto en ningún sitio, pero hay una costumbre jurídica que pone de manifiesto como se
vienen estructurando los actos administrativos. Podemos establecer como esquema fundamental:
encabezamiento, con expresión del órgano o autoridad que dicta ese acto administrativo
normas reguladoras de la competencia que habilita a ese órgano para decidir sobre ese asunto
cita las normas reguladoras del fondo del asunto
si incorporará una relación de los actos administrativos que se han ido realizando a lo largo del
se expresarán los órganos consultivos que se hayan tomado en consideración
motivación del acto, es una referencia al supuesto de hecho, a la causa y los fundamentos jurídicos, es
decir, es una recapitulación
la decisión donde se manifiesta la voluntad del acto administrativo
posibles recursos y ante que autoridad se pueden interponer
lugar, fecha y firma del órgano administrativo correspondiente
La motivación: es una parte del contenido del acto administrativo, supone o constituye las razones,
tanto de hecho como de derecho, que apoyan a la administración a resolver los casos, es el soporte
fáctico y jurídico de la decisión que la AP adopte en el acto administrativo.
La administración, como consecuencia del principio de legalidad, han de actuar conforme al derecho.
Esa sujeción al derecho debe ponerse de manifiesto a través de la motivación.
La motivación como expresión del fundamento de hecho y de derecho no es obligatoria en todos los
casos, el art. 54 Ley 30/92 establece una lista de aquellos actos que han de estar motivados:
actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos son los actos administrativos de gravamen
actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos,
recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje son
actos administrativos que suponen una rectificación de una toma de posición de la AP
los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos son aquellos actos administrativos que constituyen una ruptura con la posición o postura
que tradicionalmente ha mantenido la AP
los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de
medidas provisionales....
los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos aquellos que
modifican la temporalidad
los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud
de disposición legal o reglamentaria expresa razones por las que la AP adopta una resolución y no
la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la
resolución que se adopte en el proceso de selección, el fundamento ha de ajustarse específicamente a
La motivación no tiene porque ser especialmente exhaustiva aunque se exige que sea una motivación
ad hoc, es decir, específica para ese caso en concreto (no puede ser genérica)
Todo ello puede ser objeto de control jurisdiccional, una vía para poder controlar la motivación es el
control de los fundamentos.
7.− El silencio administrativo o el acto presunto:
Introducción: se regulan en los art. 42 a 44 Ley 30/92. Partimos de la obligación de la AP de resolver
los procedimientos iniciados (tanto los iniciados de oficio como aquellos iniciados a instancia de
El art. 42.1 establece que no sólo existe la obligación de resolver sino también de notificar la
resolución para que llegue a conocimiento de los afectados. Aunque existen una excepciones:
aquellos procedimientos que concluyen por un acuerdo o pacto entre la AP y la otra parte;♦ aquellos casos donde el procedimiento consiste en una indicación o comunicación por parte
del sujeto privado hacia la AP como el ejercicio de un derecho
♦ Estos procedimientos han de ser resueltos en un plazo determinado, aquel plazo que esté previsto para
El art. 42.2 establece un plazo máximo de 6 meses, salvo en algunos supuestos concretos, estos son:
cuando lo establezca una norma con rango de ley
cuando así venga previsto por una norma comunitaria
A falta de que la AP se pronuncie sobre un plazo, se aplica que el plazo máximo es de 3 meses.
El art. 42.5 establece unas causas que habilita a la AP a ampliar el plazo:
cuando la AP considera que falta algún documento que deben ser aportados por alguna de las partes
del procedimiento, se paraliza dicho procedimiento hasta que el interesado incorpore el documento al
cuando se requiere un informe de la UE, se paraliza el procedimiento hasta que dicho informe sea
cuando se soliciten informes a la misma AP u otra AP, el plazo no puede ser mayor de 3 meses desde
que lo solicita hasta que se remite el informe, durante ese tiempo se suspende el procedimiento
cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente
cuando se hagan negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o acuerdo, se interrumpe el
NOTA!!! Estos no son propiamente una ampliación del plazo, sino que son una interrupción del
transcurso del plazo (la ampliación del plazo la determina la propia AP)
El silencio administrativo: se establecen una serie de efectos para aquellos casos en que la
Administración obligada a resolver una situación no lo haga. El silencio es la respuesta que da el
derecho a la falta de respuesta de la Administración.
Los efectos son distintos en aquellos casos donde el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte
o de oficio. Su régimen se deduce de los art. 43 y 44 Ley 30/92.
A instancia de parte el silencio tiene efectos estimatorios (= silencio positivo) salvo algunos casos
El art. 43.2 establece que, en general, se estima automáticamente la petición, aunque existen algunas
excepciones, las excepciones tendrán efectos desestimatorios. No obstante, cuando el recurso de
alzada se haya interpuesto, este recurso será estimatorio.
De oficio el art. 44 distingue dos posibilidades:
en los procedimientos de reconocimiento de situaciones jurídicas favorables a los interesados el
silencio tiene carácter negativo
cuando el procedimiento tiene como fin el ejercicio de una potestad llamada a producir unos efectos
desfavorables para el perjudicado, de la falta de notificación expresa de la resolución se derivan
Los efectos del silencio, regulados en el art. 43.3 Ley 30/92, son válidos para los iniciados a instancia
y de oficio:
! estimación por silencio: son, a todos los efectos, actos administrativos finalizados
! desestimación por silencio: permite a los interesados la interposición de recursos administrativos
para que se revise esa desestimación presunta (por la AP o por un tribunal de lo
contencioso−administrativo)
Paralelo al conjunto de ficciones que constituye este silencio administrativo, está la obligación de la
Administración de resolver fuera del plazo, más allá de transcurrirse el plazo..... Nunca caduca la
obligación de resolver, pero la capacidad decisoria de la administración al resolver fuera del plazo
tiene una serie de efectos: solamente puede tener efectos confirmatorios pero solo si es estimatorio ese
silencio (art. 43.4)
En los casos donde el silencio tiene carácter desestimatorio, la resolución expresa que eventualmente
puede adoptar la Administración fuera de plazo, se puede adoptar sin vinculación alguna al sentido
Una vez transcurrido el plazo, incluido paralelamente después de interpuesto el recurso ante la
desestimación, puede venir la estimación del proceso (post−proceso) de la administración ( ojo de
esto no estoy muy segura, mirar mejor)
8.− Efectos del acto: presunción de validez y retroactividad: Los actos administrativos están
acompañados de la presunción de validez, cuando se dicta se presume que son conformes al derecho
(lo cual no quiere decir que lo sean), de hecho, toda la actuación de la AP está acompañada de esa
presunción IURIS TANTUM, pero ello también quiere decir que admite pruebas en contrario.
Como consecuencia de esa presunción están llamados a tener eficacia inmediata, esto se deriva de la
autotutela, de su capacidad de imponer lo decidido, es decir, la autotutela ejecutiva y no sólo la
declarativa.
Sobre las bases de la autotutela, el legislativo establece lo que se establece en el art. 57 de la Ley
30/92, la presunción de validez y eficacia inmediata como regla general.
La finalidad de la eficacia inmediata es la satisfacción de los intereses generales. Pero existen
excepciones como que el acto administrativo establezca otra cosa distinta, los efectos del acto pueden
ser aplicados de forma retroactiva o bien a efectos demorados.
Eficacia retroactiva: art. 57.3; tendrá eficacia retroactiva cuando:
Se dicten en sustitución de actos anulados, para suplir la falta de efectos del acto anulado;• Estén llamados a generar efectos favorables en el interesado, siempre que los supuestos de hecho del
acto existieran en el momento al que se restrinjan.
• Esta eficacia se da siempre que no se lesionen los derechos de otras personas.
Efectos demorados: se dan por distintas circunstancias:
Porque así lo disponga el acto• Porque el propio contenido o sentido del acto así lo exige (ej.: el plan docente cuando se establecen
las fechas de los exámenes de la Universidad)
• Cuando sea exigible la notificación o publicación del acto, esta es una actuación administrativa
posterior a la realización del acto administrativo
• 9.− Eficacia sometida a notificación o publicación:
La notificación: Regulado en la Ley 30/92; y tiene por efecto el dar a conocer fehacientemente el
contenido del acto administrativo. No solamente dotan de seguridad y garantía del contenido, sino que
también tiene como fin el buscar un equilibrio entre las garantías del interesado y las garantías del
interés público (art. 58 y ss)
En el art. 31 es donde se regula la condición del interesado en el procedimiento: lo son aquellos que
hayan iniciado el procedimiento o bien se hayan personado en el mismo sin haberlo iniciado o bien
aquellos que pueden verse afectados por las resoluciones adoptadas sin que ellos hayan iniciado ni
participado en el procedimiento. A todos los interesados debe de notificárseles las resoluciones.
Los requisitos para la notificación:
plazo: 10 días siguientes desde que el acto se haya adoptado
contenido de la notificación: texto íntegro de la resolución con indicaciones de si es definitivo o no en
vía administrativa. Se deben expresar los recursos que, en su caso, procedan contra ese acto, el órgano
ante el que debe de presentarse el recurso, plazos para interponerlo.... Todo ello sin perjuicio de que
los interesados utilicen los recursos que consideren oportunos.
Esta es la notificación denominada notificación regular, es decir, aquella que es conforme al derecho.
Pero el art. 58 ofrece la opción de que sean aceptadas aquellas notificaciones que no cumplen con
todos los elementos requeridos para producir efectos, son las llamadas notificaciones defectuosas; y
así el art. 58.3 Ley 30/92 establece que si bien es obligatorio que la notificación se trate de un texto
íntegro de la resolución adoptada, puede carecer de algún otro elemento y no por ello ser ineficaz SI
el individuo al que va dirigida la notificación, se da por notificado realizando alguna actuación que
ponga de manifiesto que ha percibido el acto administrativo.
La práctica de la notificación está regulada en el art. 59 y de forma tal que, por un lado intenta
garantizar que la notificación llegue a su destino, y por otro lado que la actitud del notificando no
pueda llegar a impedir la eficacia de la notificación.
Para que exista una constancia de que se ha realizado la notificación, es obligatorio para la
Administración incorporar al expediente administrativo un documento que acredite la práctica de la
notificación (ej.: acuse de recibo, firma de haber recibido.....)
Esa notificación se practicará en el lugar que haya sido establecido por el interesado cuando el
procedimiento es iniciado a instancia de parte. Cuando la notificación se practique en el domicilio del
interesado, de no estar este, podrá hacerse cargo cualquier otra persona que se encuentre en dicho
lugar siempre que haga constar su identidad. Pero se pueden dar las siguientes situaciones: si no
hubiera nadie en el domicilio por lo que nadie se pudiese hacer cargo, se hará constar en el expediente
y se volverá a intentar posteriormente dentro de los tres días siguientes; pero cuestión distinta es que
si aún habiendo alguien en el domicilio, este no se quisiera hacer cargo, es decir, se rechaza la
recepción de la notificación, esto se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite.
El art. 59.4 prevé que cuando los interesados del procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar
de notificación o el medio al que se refiere el art. 59.1, o bien, no se hubiese podido practicar la
notificación, esta se hará por edicto, es decir, anuncios en el tablón de anuncios de su último domicilio
o bien en el BOE, en el BOCA o en el BOP. Quedando suplida la notificación personal por la
notificación por anuncios.
La publicación: La notificación puede ser sustituida por la publicación en algunos supuestos, la
publicación no es lo mismo que los anuncios ni que la notificación, sino que es algo alternativo.
El art. 59.5 dispone que la publicación tendrá los mismos efectos que la notificación en los siguientes
cuando la Administración estime que la notificación realizada a un solo sujeto no es suficiente para
que una pluralidad indeterminada de sujetos se enteren de la misma
cuando se trata de procedimientos cuyo fin es la selección de uno o varios entre muchos aspirantes, la
convocatoria será por publicación. Pero a partir de ese momento todas las actuaciones ya no son por
publicación sino que se realiza por anuncios donde la publicación hubiese designado.
aquellos actos que deban serlo según las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo
aconsejen las AP por razón de interés público
Es el art. 60 el que regula la publicación, pero se trata más bien de una cláusula residual. En cualquier
caso la publicación ha de tener los mismos elementos que el art. 58.2 establece para la notificación.
10.− Suspensión: como medida de control y en vía de recurso:
Vía de recurso hemos de partir del principio de autotutela, ya que cuando hablamos de la suspensión
del un acto administrativo nos estamos refiriendo a la vertiente ejecutiva del principio. Esto supone
que los actos administrativos están llamados a producir efectos con independencia de que los
afectados por ellos estén de acuerdo o no (ese desacuerdo ha de ser jurídico, es decir, ha de estar en
desacuerdo por pensar que el acto administrativo es contrario al derecho); la impugnación de dichos
actos administrativos no paraliza los efectos del mismo.
El equilibrio que el ordenamiento jurídico administrativo trata de conseguir, lo encontramos en la
eficacia que produce el acto administrativo y también en la posible suspensión de los efectos del acto
siempre que ese acto produzca los efectos inherentes a su contenido y pueda generar perjuicios
irreversibles para el ciudadano.
Existen dos intereses en conflicto:
interés de la Administración para que el acto administrativo produzca efectos• interés del afectado de suspender los efectos cuando estos puedan causa perjuicios irreversibles. Para
ello existe la suspensión cautelar que es válida hasta que se resuelvan los recursos presentados.
• El art. 111 Ley 30/92 regula esta figura de la suspensión del acto administrativo, se establece que la
impugnación del acto administrativo no produce, como regla general, la suspensión del mismo.
Ahora bien, el órgano al que se dirige el recurso, previa ponderación razonada entre el perjuicio al
recurrente y el perjuicio causado al interés público, podrá pedir impugnar de oficio o de parte, la
suspensión del mismo, esto se encuentra supeditado a:
que sean perjuicios irreversibles o cuasi−irreversibles
que la impugnación se fundamente en alguna de las causas del art. 62.1 (= vicios determinantes de la
nulidad de pleno derecho)
La suspensión ha tenido un tratamiento novedoso en la Ley 30/92 porque antes estaba recogida de una
forma más limitada. Esto se observa principalmente en el art. 111.3 Ley 30/92 donde se regula una
suspensión del acto cuando el órgano que ha de resolver no lo hace, y por lo tanto ese silencio acerca
de la solicitud de suspensión tiene efectos positivos, es decir, se presume la suspensión.
Pero la suspensión del acto administrativo, que es una búsqueda del equilibrio entre el interés general
y el particular, no es única vía. A veces se exige la adopción de medidas cautelares para asegurar la
protección del interés público o de terceros, regulado en el art. 111.4 Ley 30/92.
La suspensión podrá prolongarse (se prolonga la falta de efectos) según el art. 111.4 pero sólo si se
impugnan los actos administrativos por vía contencioso−administrativa, es decir, si la solicitud por vía
administrativa es rechazada, el interesado podrá impugnarla por vía contencioso−administrativa, y en
ese recurso tampoco producirá efectos.
En el art. 111.5 Ley 30/92 se dice que la suspensión de aquellos actos administrativos que tengan por
destinatarios una colectividad debe darse igual publicidad que se dio en su momento al acto
Cuando el acto administrativo es objeto de revisión de oficio también es posible que cautelarmente la
Administración, antes de resolver acerca de esa revisión de oficio, pueda suspender los efectos.
La CE habilita al gobierno para impugnar disposiciones y actos de las CCAA, esa impugnación tiene
efectos suspensivos (como máximo 5 meses, sino ha de ser ratificado por el TC)
Como medida de control consideraciones históricas: cuando hablamos de suspensión por vía de
control aludimos a la posibilidad de que una AP suspenda los efectos de un acto dictado por una AP
distinta. Esto ha sido un mecanismo muy habitual en el ámbito de la Administración del Estado y la
Si acudimos al Texto Refundido de Régimen Local de 1955 advertimos que el Gobernador civil podía
suspender los actos y acuerdos de las corporaciones locales y remitirlo al órgano
contencioso−administrativo para que lo depurara. Este mecanismo se pone en evidencia una vez que
se aprueba la CE, donde se reconoce la autonomía de los órganos locales; como consecuencia de ello,
una STC de 1981 el TC dice que ese mecanismo es contrario a la CE.
Y como consecuencia de la STC se dicta la Ley de 28 de Octubre de 1981 que trata de adaptar el
régimen local a la CE suprimiendo este mecanismo.
Así llegamos a la Ley de 2 de Abril de 1985 (LBRL) en esa ley desaparece totalmente ese
mecanismo; los artículos 65 y 66 LBRL regulan los mecanismos de impugnación sobre entidades
locales. SOLO hay un supuesto donde se regula la suspensión de efectos de los actos administrativos
de las corporaciones locales es en el art. 67 LBRL: estos son los supuestos en donde se vea en peligro
el interés general por un acuerdo local.
Matizaciones: hay algunas leyes autonómicas que permiten que algunos actos administrativos sean
suspendidos cuando afecten a materias compartidas entre las CCAA y el Estado.
11.− Extinción: cumplimiento, desaparición de presupuestos fácticos, vencimiento del plazo o
cumplimiento de la condición, anulación y revocación: se pueden producir por distintas
cumplimiento del acto administrativo
desaparición de los supuestos fácticos
vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición cuando el contenido del acto administrativo se
vincula a un determinado evento y este se cumple, el acto administrativo pierde eficacia
12.− La teoría de las nulidades:
A) Inexistencia, nulidad y anulabilidad: hay que distinguir entre estos conceptos, la distinción
teórica se basa en las siguientes circunstancias: hablamos de un acto jurídico nulo de pleno derecho
cuando ese acto está afectado por algún vicio determinante de su nulidad, vicio que supone que en
cualquier momento podrá ser solicitada la declaración de nulidad ante los órganos judiciales o
incluso, el propio órganos judicial, de oficio, puede depurar la existencia de ese vicio. Una vez
declarada la nulidad del acto jurídico, esta tiene efectos erga omnes, es decir, que desaparece el acto
jurídico y no puede producir efectos frente a nadie.
Son vicios tales que no pueden ser sanados ni por voluntad de las partes ni por el paso del tiempo (no
cabe hablar de convalidación) e incluso los actos posteriores que traigan causa de un acto declarado
nulo de pleno derecho, serán nulos.
La anulabilidad supone que las partes − por lo tanto no es de oficio − puedan pedir la declaración de
nulidad de ese acto anulable. En tanto en cuanto ese vicio es invocado, el órgano judicial podrá
declarar nulo el acto jurídico.
Cuando decimos que un acto jurídico es anulable, estamos admitiendo que las partes pueden sanar ese
acto afectado por algún vicio determinante de su anulabilidad, la subsanación podrá ser a través de la
convalidación del mismo, es decir, sanando los vicios de los que adolece por voluntad de las partes.
Hay una prevalencia de la legalidad sobre la seguridad jurídica en los actos nulos de pleno derecho;
mientras que en los actos anulables prevalece la seguridad jurídica sobre la legalidad y por ello
pueden ser subsanados.
A esta doble categoría se le une otra no especificada en el derecho positivo pero sí una de la que se
hace eco la jurisprudencia, son los actos inexistentes. Estos son aquellos que están privados incluso
de la misma apariencia de acto jurídico. Y ello supone que las partes pueden desconocerlos.
B) Privilegios de la Administración y teoría de las nulidades: ¿cómo afecta la teoría de las nulidades
a los actos administrativos? Para ello hemos de partir del art. 6.3 CC los actos contrarios a las normas
administrativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un
efecto distinto para el caso de contravención, es decir, que es regla general que los actos ilegales
(=contrarios a derecho) son nulos de pleno derecho.
Cuando hablamos del Derecho Administrativo, es decir, cuando el acto jurídico es un acto
administrativo, esa regla general del art. 6.3 CC no es válida ya que el acto administrativo, como regla
general, es anulable y sólo en aquellos casos establecidos por el propio ordenamiento jurídico será
nulo de pleno derecho.
Incluso, además de las categorías de actos nulos de pleno derecho, anulables e inexistentes, existen
otros: los actos afectados por irregularidades no invalidantes. Esas irregularidades no determinan la
La modulación que sufre la teoría general (art. 6.3 CC) cuando nos referimos al DA se ve afectada por
otra modulación, y es que los actos administrativos se presumen conforme a derecho, esto es, que los
actos administrativos son actos ejecutivos y esto se proyecta por encima de la teoría de las nulidades;
y tienen como consecuencia fundamental que los actos administrativos incluso afectados por los
vicios más groseros, determinantes de la nulidad de pleno derecho, pueden ser objeto de ejecución
El privilegio de autotutela ejecutiva posibilita que la Administración pueda exigir el cumplimiento del
acto pese a que ese acto tenga un vicio, y esto continuará hasta que ese vicio no sea reconocido por la
C) Grados de invalidez de los actos administrativos:
Los distintos grados de invalidez de los actos administrativos son:
actos inexistentes aquellos que carecen de apariencia de acto
acto con irregularidades no invalidantes
13.− La nulidad de pleno derecho:
a. Características y efectos de la nulidad
Los actos nulos de pleno derecho NO se pueden convalidar según lo estipulado en el art. 67 Ley
Este vicio hace que además el acto administrativo sea imprescriptible, es decir, el paso del tiempo no
va a hacer que sane el vicio.
En cualquier momento, tanto los afectados por el acto como la Administración, pueden solicitar el
reconocimiento de ese vicio determinante de la nulidad de pleno derecho.
El consentimiento del afectado por ese vicio no hace que el acto sea sanado para el ordenamiento.
b. Los supuestos legales
Para darse estas características, el acto administrativo debe incurrir en alguno de los vicios
susceptibles de nulidad absoluta (art. 62 Ley 30/92) Si incurriere en otros vicios no recorridos en este
artículos, siempre será anulable.
Algunos vicios del art. 62:
que es órgano que dicta el acto administrativo sea incompetente por razón de la materia o del
territorio, y que lo sea de forma manifiesta
actos de contenido imposible, debe ser materia o físicamente imposible, pero no jurídicamente
imposible. Es imposible que el acto produzca efectos por la propia materia de las cosas, puesto que si
fuera jurídica sería simplemente ilegalidad del acto
la imposibilidad debe ser de carácter originario y no sobrevenido♦ la imposibilidad debe ser ideal o lógica, es decir, del propio contenido del acto se deduce que
no puede ser cumplido
♦ la imposibilidad también viene dada para actos de contenido ambiguo o indeterminado♦ actos administrativos que son en si mismos un delito o falta administrativos; o bien que se dicten
sobre la base de una actividad previa considerada delictiva
cuando se vulnera la voluntad de los órganos que dictan los actos administrativos
actos expresos o presuntos que son contrarios al ordenamiento jurídico, con contenido favorable para
el interesado, cuando carece de los requisitos esenciales para adquirir derechos (ej.: expedición de un
título, cuando no se han aprobado las asignaturas)
cualquier otro acto que se establezca sin normas con rango de ley, expedida por el legislador
El art. 62 Ley 30/92 también recoge, para las normas con carácter reglamentario, la nulidad de pleno
derecho. Será así siempre que se vulnere una norma reglamentaria, una norma con carácter
jerárquicamente superior.
También lo son normas que estén reservadas a la ley; normas jurídicas que establezcan efectos
retroactivos de carácter sancionador de derechos fundamentales.
14.− La anulabilidad:
Características y efectos (preclusión del plazo impugnatorio y actos consentidos):
Se encuentra regulada en el art. 63 Ley 30/92. Son anulables los actos administrativos que vayan en
contra de la desviación de poder (es decir, que son dictados para un fin distinto del indicado) e
infracción del orden jurídico que no sea susceptible de nulidad de pleno derecho.
Cualquier infracción del ordenamiento jurídico no hace anulable un acto (art. 63.2 y 3) El defecto de
forma sólo la hace anulable cuando el acto no tenga los requisitos esenciales para alcanzar el fin
previsto o produzca indefensión.
Ese vicio de forma que supone que el acto se realice fuera de plazo, hace que sea anulable cuando el
propio ordenamiento jurídico recoja la anulabilidad si no se cumplen los plazos.
Es decir, cuando se vulneran las reglas conforme al acto administrativo. Esto lleva aparejada la
retracción de las actuaciones al momento en que se manifieste el vicio de forma para que se tramite el
expediente administrativo desde que se efectuó ese vicio, salvando la declaración de nulidad. Se
produce una depuración de las actuaciones posteriores.
Una de las características de la anulabilidad es la preclusión del plazo para anular, lo cual trae consigo
Decimos que precluye el plazo para anular porque se dispone de un tiempo corto para manifestar su
disconformidad con el acto administrativo mediante el planteamiento de un recurso. Transcurrido ese
plazo precluye (ya no se puede interponer el recurso, es decir que si se presenta fuera de ese plazo no
será admitido) y por ello si no se solicita la declaración de nulidad el acto administrativo adquiere
firmeza por el consentimiento del afectado, con independencia de que el acto administrativo sea o no
Convalidación, conversión e incomunicación de la invalidez:
Partimos de un acto administrativo que vulnera el ordenamiento jurídico, pero por un principio del
Derecho Administrativo, el principio del favor acti hay una predisposición del ordenamiento jurídico
a mantener los actos administrativos que tengan algún vicio.
Convalidación previsiones que permiten la subsanación de los defectos que pueden incidir en un acto
administrativo dictado por la AP.
Los actos anulables son actos convalidables, según el artículo 67.2 de la Ley 30/92, produciendo
efectos desde que la Administración subsana dichos vicios. Salvo el supuesto del artículo 53.2 de la
Ley 30/92 (¿?) si el acto administrativo tiene efectos retroactivos.
Si el vicio es por incompetencia, por razón de falta de jerarquía para dictar ese acto administrativo, el
artículo 67.3 de la Ley 30/92 establece que puede ser convalidado por el órgano superior jerárquico.
Conversión art. 65 de la Ley 30/92, dice que son aquellos actos dictados por la Administración que no
reúnan las condiciones de legalidad exigibles para ser considerados conforme a derecho, pero que
tiene las características de otros actos distintos al dictado, tendrán efectos como ese acto del que tiene
Ej: A es un acto dictado sin suficientes características pero que tiene trascendencia jurídica según otro
acto, el B, del cual sí que cumple las características conforme a derecho. Por lo tanto se considera
como acto el B y no el A.
Incomunicación de invalidez art.64 y 66 de la Ley 30/92, es la voluntad del legislador de mantener,
conforme a derecho, todo lo dictado, aunque en algún momento haya podido haber un vicio.
Si hay un acto viciado, no comunica su invalidez a actos anteriores, siempre que sean independientes
los distintos actos. Lo mismo sucede con actos posteriores si (solo si) esa invalidez no es esencial y
los actos son independientes entre sí.
15.− Las irregularidades no invalidantes:
Son los vicios en los que puede incurrir el acto administrativo pero que son irrelevantes a los efectos
de determinar la nulidad o anulabilidad de los mismos ( ej: fuera de plazo)
Las irregularidades no invalidantes no determinan la nulidad o anulabilidad del acto, pero esto
no quiere decir que no pueda tener otros efectos jurídicos distintos de la anulabilidad del acto,
por ejemplo pueden tener efectos resarcitorios
16.− La revisión de oficio:
También denominada revocación, supone la retirada definitiva de un acto anterior mediante otro acto
de signo contrario. Esto supone una quiebra del principio de seguridad jurídica, el cual aboga por el
mantenimiento de los actos administrativos.
La revisión de oficio se justifica o bien por motivos de legalidad o bien por motivos de oportunidad.
Revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho• Revisión de oficio de actos anulables• A) De los actos nulos de pleno derecho: está previsto en el art. 102 de la Ley 30/92, modificado por la
Ley 4/99. Se establece lo siguiente:
las AP podrán, en cualquier momento, revocar o declarar de oficio la nulidad de aquellos actos suyos
que se encuentren dentro de los supuestos del art. 62.1 de la Ley 30/92
esta revisión de oficio puede plantearse tanto a iniciativa de la propia administración como por
para esta revisión se necesita un (previo) dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
homólogo autónomo. Este dictamen es preceptivo y vinculante.
según el art. 62.1 podrán ser revisados tanto los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa como aquellos que no hayan sido recurridos en plazo. Es decir, se trata de actos
administrativos que ya no pueden ser impugnados por vía administrativa.
la revisión de oficio también puede ser iniciada a instancia de parte, el art. 102.3 de la Ley 30/92
regula en estos casos que, a la vista de la solicitud, la Administración puede inadmitir el asunto dando
por concluido el procedimiento.
El art. 102.3 dispone que para declarar la inadmisión del asunto no es necesario el pronunciamiento
previo del Consejo de Estado o de las CCAA, porque se inadmite cuando la solicitud de revisión no se
apoye en las causas de nulidad del art. 62 o bien, cuando existiendo dichas causas, se haga sin
el art. 102.5 establece previsiones de aquellos casos donde pasa el plazo para adoptar una resolución
produciéndose SILENCIO. Los efectos del silencio son distintos en función de cómo se haya iniciado
cuando se haya iniciado por la Administración el silencio, determina la caducidad del procedimiento
cuando se ha iniciado a solicitud de parte, el silencio tiene carácter desestimatorio
el art. 104 de la Ley 30/92 establece la posible suspensión de la eficacia del acto administrativo
sometido al proceso de revisión.
B) De los actos anulables: Sirve sólo para los actos anulables que produzcan efectos favorables para
los interesados. Vías de revocación:
Art. 103 de la Ley 30/92 modificado por la Ley 4/99 estableciéndose que se impide que la
Administración pueda anular aquellos actos que incurren en algún supuesto de anulabilidad, sino que
siempre que se lesionen los intereses públicos, la Administración ha de declarar su lesividad e
impugnarlos ante el contencioso−administrativo. La AP ha de acudir a una instancia ajena a sí misma
para pedir por vía judicial, la declaración de que ese acto es lesivo.
Además de ello, el legislador ha establecido un plazo para que la AP realice una declaración de
lesividad y luego acuda a la vía contencioso−administrativa, ese plazo es de 4 años.
La declaración de lesividad se debe generar por la AP que ha dictado ese acto administrativo. Pero
luego, para dictar la impugnación del mismo, se ha de acudir a lo contencioso−administrativo.
El art. 105.1 de la Ley 30/92 establece que las AP pueden revocar los actos de gravamen o actos con
efectos perjudiciales en el patrimonio jurídico del ciudadano.
El legislador establece algunas cautelas a favor de los intereses generales siempre que la revocación
no suponga una quiebra del principio de igualdad, ni que sea contraria a los intereses generales... Los
que prohíbe es la arbitrariedad de la Administración (art. 9 CE)
17.− Corrección de errores materiales o aritméticos:
Es el art. 105.2 de la Ley 30/92 el que establece que las AP pueden rectificar los errores materiales,
fácticos o aritméticos en cualquier momento.
18.− La revocación por motivos de oportunidad:
A) Excepcionalidad e indemnización: Un mismo asunto puede ser resuelto de una forma u otra y
ambas formas pueden ser de acuerdo al derecho.
El principio general es que los actos legales, aunque sean inoportunos, no pueden ser revocados, y
ello como garantía de seguridad jurídica. Sin embargo la rigidez de este principio puede suponer
perjuicios para los intereses generales, perjuicios que tampoco son deseables.
Aquí aparece la tensión entre la seguridad jurídica y los intereses generales, el principio de seguridad
jurídica exige el mantenimiento de ese acto. Pero si ese acto es inoportuno, se abre la posibilidad de
que la AP pueda reaccionar contra ese acto por motivos de oportunidad.
B) Especial consideración del ámbito de la Administración local: En el art. 16 del Reglamento de
servicios de las corporaciones locales de 1955, se establecen distintos supuestos de revocación, entre
ellos se encuentra la revocación por inoportunidad:
cuando se incumplen las condiciones a las que estuvieren subordinadas (este es un supuesto
que se conoce como revocación−sanción)
♦ cuando desapareciesen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevienen otras
que la habrían modificado (puede haber un derecho a indemnización, dependiendo de quien
cambie esa situación)
♦ cuando se adoptan nuevos criterios de revocación♦ cuando resulten otorgadas erróneamente (habrá indemnización cuando el error se debe a la
negligencia de la AP)
♦ En el supuesto de que la participación del afectado por la revocación haya inducido a la AP a error, la
revocación de la licencia no habrá de ir acompañada de una indemnización (esto sobre la base de que
es que alega su propia torpeza no debe de ser oído)
LECCION XXX
La coacción administrativa:
1.− La ejecución forzosa:
A y B) Concepto y ámbito, y El acto administrativo como título de ejecución forzosa: La
Administración tiene la capacidad de autotutela declarativa, pero además, dispone de la autotutela
ejecutiva, es decir, constituye la posibilidad de llevar a efecto el acto administrativo o deducción
Cuando hablamos de ejecución forzosa de los actos administrativos hemos de localizar una previsión
normativa que habilita la Administración para poder actuar. En el art. 95 de la Ley 30/92 se dispone
que las AP pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o
cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales, es decir, que como principio
general la AP está habilitada a proceder a la ejecución forzosa salvo excepciones contempladas en el
mismo artículo; o bien que se exija que los Tribunales tengan que intervenir en los actos
administrativos, es decir, que los tribunales amparen la ejecución forzosa de los actos administrativos
quedando privada la AP de la autotutela ejecutiva.
Presupuesto necesario de la actividad ejecutiva de la AP es la existencia previa de un acto
administrativo. El art. 93 de la Ley 30/92 regula este presupuesto necesario considerando el acto
administrativo como fundamento jurídico de la ejecución forzosa.
La ejecución forzosa de un acto administrativo necesita de un previo apercibimiento, es decir, la AP
ha de poner en conocimiento del sujeto afectado la ejecución de dicho acto, para que así el sujeto
tenga la oportunidad de cumplir voluntariamente el contenido del acto administrativo.
La actividad de ejecución no puede ir más lejos de lo dispuesto en el acto administrativo, es decir, ha
de limitarse a lo dispuesto en el acto administrativo. Por tanto, la ejecución administrativa no debe
añadir nada a lo declarado por el acto administrativo.
Esto no impide que se incorpore el coste económico que la ejecución forzosa suponga al sujeto en que
repercute dicha ejecución forzosa (= se le imponen las costas)
Los actos administrativos son ejecutivos y el hecho de su ejecución no depende de su firmeza ya que
puede ser sometido a algún tipo de impugnación (ya sea administrativa o contencioso−administrativa)
Pero el acto administrativo no precisa ser firme para poder ejecutarlo, a pesar de que sea recurrido, así
lo señala el art. 94 de la Ley 30/92.
Si bien existen unos supuestos excepcionales del art. 111 y 113 o bien cuando se necesite de la
aprobación posterior por parte de otra autoridad distinta de los que dictaron ese acto administrativo
(es el caso de los llamados procedimientos bifásicos)
C) Los medios: se encuentran regulados en los art. 96 y ss de la Ley 30/92, y son:
Apremio sobre el patrimonio puede utilizarse cuando el acto administrativo consiste en la declaración
de una deuda o cantidad líquida que el sujeto ha de cumplir mediante su pago.
El Reglamento General de recaudación, en sus art. 91 y ss, dispone que cuando existe falta de pago
por el administrado, la AP puede poner en marcha este procedimiento de apremio, el cual supone:
notificación de que la deuda no ha sido pagada
iniciación de apremio = embargo de bienes para hacer frente al paga de la deuda
satisfacción de la deuda con el dinero derivado de la pública subasta
Ejecución subsidiaria se utiliza en actos administrativos no constitutivos de una deuda líquida, actos
no pecuniarios. La AP queda habilitada para ejecutar esos actos administrativos por sus medios o
encargándolos a terceros, y donde las costas repercutirán en el obligado. Con lo que el contenido del
acto administrativo se convierte en una deuda pecuniaria que puede ser satisfecha o bien
voluntariamente o bien por el procedimiento de apremio sobre el procedimiento.
Multa coercitiva es el medio que tiene la AP para la ejecución de actos administrativos de carácter
personalísimo en que o bien no proceda la ejecución forzosa o bien la AP no considere oportuno
dirigir la ejecución forzosa sobre dicho sujeto.
Habilita a la AP a imponer multas sucesivas y distanciadas en el tiempo con objeto de hacer quebrar
la voluntad incumplidora del sujeto obligado por el acto para que cumpla con dicha obligación.
Dichas multas no son el ejercicio de la potestad sancionadora sino que es quebrar la voluntad
incumplidora de quien no quiere cumplir el acto.
Además de cumplir el acto administrativo, habrá de hacer frente a las multas coercitivas, que podrán
ser satisfechas voluntariamente o bien por el apremio sobre el patrimonio del afectado.
Compulsión sobre las personas incidir físicamente sobre el sujeto que no cumple y así obligar al
cumplimiento del acto administrativo no cumplido voluntariamente. Son actos administrativos que
supongan el cumplimiento de obligaciones personalísimas (de no hacer o soportar) O que no pueden
ser objeto de multas coercitivas.
Dicha compulsión ha de estar habilitada de forma expresa.
Ej: expropiación forzosa, donde el territorio ha de ser ocupado por la AP o por
Quien se beneficie; y si no hay desalojo por el propietario expropiado, este puede
Ser sacado por la fuerza.
D) Principios generales: la AP no dispone de discrecionalidad en la elección de los medios, sino que
ha de actuar según el tipo de acto administrativo. Los medios utilizados por la AP han de ser
proporcionales al fin que se pretende ejecutar.
Los principios de derivan del art. 53.2 de la Ley 30/92, además son comunes los medios. La AP
siempre debe actuar intentando restringir lo menos posible la libertad de los ciudadanos (art. 96 de la
Ley 30/92)
No se puede simultanear distintos medios de ejecución forzosa, cuando se eligen los medios de
ejecución forzosa no se puede actuar en dos vías distintas.
Tampoco la AP puede, para ejecutar los actos administrativos, entrar en el domicilio del demandado,
sino que si la ejecución del acto administrativo dispone la entrada en el domicilio, la AP necesita la
autorización judicial (expedida por los Jueces unipersonales de lo contencioso−administrativo)
2.− La coacción directa:
Es, junto con la ejecución forzosa de los actos administrativos, otra actividad ejecutiva de la AP. La
coacción directa no precisa la previa existencia de un acto administrativo, es decir, que constituye una
excepción al art. 93.1 de la Ley 30/92.
Estos supuestos son muy excepcionales, no existe un acto administrativo que, como título ejecutivo,
legitime a la AP a actuar. En cualquier caso dicha coacción directa está sometida a la legalidad, es
decir, sólo puede actuar cuando los casos estén previstos expresamente en la ley.
Principio de la coacción directa: el carácter excepcional ejemplos:
calamidades públicas como un gran incendio, aplicando el principio de que la salud pública está por
encima de la ley. Si bien debe de actuarse en términos de proporcionalidad, ya que dicho principio no
da libertad absoluta.
estado de necesidad (art. 116 CE), pero incluso cuando la situación de necesidad no ha sido
formalmente reconocida, la AP puede aplicar la coacción directa.
3.− Las coacciones ilegítimas: la vía de hecho.
Si la AP actua al margen de los medios de ejecución forzosa o actua en aquellos supuestos donde no
se dan los presupuestos fácticos para la aplicación de la coacción directa, se da el supuesto llamado
vía de hecho (= actuación ilegítima)
Ante esta situación, el administrado tiene distintas vías para oponerse en defensa de sus intereses o
derechos agredidos:
Recurso contencioso−administrativo especialmente regulado frente a la AP (art. 30)♦ Interdictos (de retener y recuperar), que son recursos sumarios, procedimientos del orden civil
donde puede ser demandada la AP para que deje de amenazar o perturbar su patrimonio.
♦ Puede interponer el interdicto para recuperar la posesión cuando la AP haya producido una injerencia
en el patrimonio jurídico.
En relación con los interdictos, el art. 101 de la Ley 30/92 establece una prohibición de utilizarlos
contra la AP, si bien dicha prohibición no es absoluta (se permite cuando la AP actúa ilegítimamente)
Y así la AP se convierte en un sujeto más ya que puede ser juzgado por el orden civil, que es el que se
encarga de resolver conflictos entre los ciudadanos.
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References: resolución 
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 artículo 67
 artículo 53

artículo 67
 resolución