Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/fiscal/sentencia-num-172015-tribunal-superior-de-justicia-principado-de-asturias-seccion-1-26-01-2015
Timestamp: 2018-04-21 04:11:59+00:00

Document:
21 de abril de 2018 | 06:11
Marginal: JT\2015\378
Recurso contencioso-administrativo núm. 17/2015
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del Principado de Asturias desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución de la la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, de 20-01-2014, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa formulada contra liquidación del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, ejercicio 2012.
- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto en nombre de la "Comunidad de Propietarios DIRECCION000 ", la resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, de fecha 20 de enero de 2014, que desestima la reclamación económico-administrativa formulada contra la desestimación del recurso de reposición presentado contra liquidación de IGEC, ejercicio 2012.
- La parte actora, con los hechos que deja establecidos y que se dan aquí por reproducidos, basa, en síntesis, su demanda, en los siguientes motivos: 1) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación practicada al amparo de una Ley que vulnera el principio europeo de libertad de establecimiento y que constituye una ayuda del Estado; 2) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación que ha sido practicada de conformidad con un padrón formado al amparo de un censo elaborado en virtud de un decreto declarado nulo; 3) Nulidad de la liquidación confirmada por la resolución impugnada por incorrecta determinación de la cuota tributaria; y 4) Nulidad de la resolución impugnada por confirmar una liquidación derivada de una Ley inconstitucional, por lo que solicita se dicte sentencia (inclusive, el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE, y, en su caso, el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre (LPAS 2002, 341 y LPAS 2003, 23) ) en la que se declare nulo y deje sin efecto el acto administrativo objeto de recurso y aquellos de los que trae causa.
- A la acción ejercitada se opone la Administración demandada considerando que las liquidaciones impugnadas son ajustadas a derecho y deben ser confirmadas, con base en los siguientes fundamentos: la Ley reguladora del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales del Principado de Asturias (LPAS 2002, 341 y LPAS 2003, 23) está vigente y resulta plenamente aplicable, por lo que determinar la constitucionalidad, o no, de la misma compete al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión relativa a la infracción de ordenamiento jurídico comunitario. El motivo de nulidad del Decreto que aprueba el anterior Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos (LPAS 2009, 508) , fue una cuestión meramente formal, la omisión de un informe preceptivo del Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias, y es eficaz el vigente Reglamento, unido al derecho de la Administración tributaria a liquidar las deudas no prescritas, ya que nuestra legislación permite que pueda otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros anulados, y la exigibilidad del impuesto nace de la Ley 15/02 y no de su reglamento. En relación al desarrollo reglamentario respecto del procedimiento de gestión y notificación del Impuesto sobre Grandes Establecimientos, la parte recurrente omite que la Ley prevé la posibilidad de notificación individual, que es un modo de notificación para determinados actos administrativos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) . Para concluir este alegato, en el Reglamento se contiene la posibilidad que no se publique el padrón el contribuyente, cuando a la fecha de entrada en vigor hayan transcurrido los plazos de exposición del padrón, siendo notificadas individualmente las liquidaciones impugnadas, y respecto de los supuestos de no sujeción no se ha acreditado su concurrencia.
Respecto a que el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales es disconforme con el ordenamiento comunitario, en el plano de la libertad de establecimiento ( artículo 43 TCE (LCEur 1986, 8) ), pues este precepto prohíbe que la libertad de establecimiento de la que disfrutan todas las personas y entidades de la UE pueda ser restringida por una medida adoptada en una determinada parte del territorio comunitario. Procede desestimar igualmente esta alegación con remisión a lo razonado en las sentencias dictadas por esta Sala al resolver los recursos 1899/2009 (PROV 2014, 265437) y 1395/2003 (JT 2014, 1374) promovidos por la Asociación General de Grandes Empresas de Distribución contra la resolución de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, de fecha 3 de julio de 2003, por el que se aprueba el modelo de declaración de alta, modificación y baja del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales y, del Decreto 139/2009 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (LPAS 2009, 508) por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. En los citados precedentes, este Tribunal hace suyos los razonamientos, aquí aplicables, del T.S.J. de Cataluña de 23 de enero (JT 2013, 691) , 27 de septiembre y 9 de diciembre de 2013 (JT 2014, 507) , en el sentido de que "En todo caso, la Sala no aprecia méritos para suscitar cuestión prejudicial, dado el carácter tributario o fiscal de la norma legal de que se trata en relación con los principios comunitarios que se invocan. Así, el art. 2.3 de la Directiva 2006/123/CE (LCEur 2006, 3520) , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a los servicios en el mercado interior, dispone expresamente que "La presente Directiva no se aplicará a fiscalidad", lo que se justifica en su Considerando 29, donde se lee que dado que en el Tratado se prevén bases jurídicas específicas en materia fiscal y dados los instrumentos comunitarios ya adoptados en esta materia, procede excluir la fiscalidad del ámbito de aplicación de la Directiva. En el mismo sentido, el art. 2.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256) , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como ley "horizontal" o "paraguas"), dispone que: "Esta Ley no se aplicará al ámbito tributario". Por otra parte, en absoluto resulta extrapolable al ámbito fiscal de que aquí se trata la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la normativa sobre establecimientos comerciales. La Sentencia de su Sala Segunda de 24 de marzo de 2011 (asunto C400/08 (TJCE 2011, 71) ), resuelve, estimándola en parte, la solicitud de la Comisión de las Comunidades Europeas de que se declarará que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43 CE (RCL 1978, 2836) al imponer restricciones al establecimiento de superficies comerciales en Cataluña, resultantes de la Ley 7/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 148 y 554) , de ordenación del comercio minorista, y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre la materia, a saber, la ley 18/2005, de 27 de diciembre (LCAT 2006, 7 y 445) , de equipamientos comerciales, el Decreto 378/2006, de 10 de octubre (LCAT 2006, 774) , por el que se desarrolla la Ley 18/2005, y el Decreto 379/2006, de 10 de octubre (LCAT 2006, 775 y LCAT 2007, 444) , por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales. En el parágrafo 80 de dicha sentencia se declara, en general, que "A este respecto, debe observarse que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, las restricciones relativas al emplazamiento y al tamaño de los grandes establecimientos comerciales parecen medios adecuados para alcanzar los objetivos de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente invocados por el Reino de España". Los incumplimientos que señala esta sentencia se ciñen a aspectos muy parciales de la normativa sobre equipamientos comerciales; prohibición de implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de un número limitado de municipios; limitación de la implantación de nuevos hipermercados a un reducido número de comarcas y exigencia de que esos nuevos hipermercados no absorban más del 9% del consumo de productos de uso cotidiano o del 7% del consumo de productos de uso no cotidiano; aplicación de límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente, más allá de los cuales no se pueden abrir nuevos establecimientos comerciales grandes ni medianos; y composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales garantizando la representación de los intereses del comercio minorista ya existente y no contemplando la representación de las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente ni de las agrupaciones de interés que velan por la protección de los consumidores. Nada de ello tiene relación, directa o indirecta, con el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales de Cataluña que nos ocupa, tributo que, en cualquier caso, persigue una finalidad extrafiscal, esencialmente, como ha quedado repetido, gravando el beneficio impropio del que gozan tales grandes establecimientos comerciales por la existencia de costes no internalizados generados por su incidencia en el medio ambiente y el urbanismo. Si el citado parágrafo 80 de la sentencia de 24 de marzo de 2011 entiende que las restricciones de la normativa de equipamientos comerciales, relativas al emplazamiento y al tamaño de los grandes establecimientos comerciales, son "medios adecuados para alcanzar los objetivos de ordenación del territorio y de protección del medio ambiente invocados por el Reino de España", la misma conclusión habrá de alcanzarse, claramente, respecto del impuesto en cuestión".
Y si a ello se une, que, en nuestro caso, la sentencia del T.C. 53/2014, de 10 de abril de 2014 (RTC 2014, 53) , que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por este Tribunal en el caso que nos ocupa, aborda la vulneración del artículo 38 señalado que "En segundo lugar, considera el órgano judicial que el impuesto asturiano impugnado vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa, reconocido en el art. 38 CE , porque impone un coste adicional sobre el comercio que se agrupa en grandes establecimientos comerciales y que no se impone, sin embargo, a sus competidores, perjudicando de este modo a algunos comerciantes frente a otros. Esta opinión se comparte por el Abogado del Estado que solicita la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad. Por su parte la representación procesal del Principado de Asturias y el Fiscal, solicitan la desestimación de la cuestión, por no concurrir ninguna de las tachas de inconstitucionalidad alegadas en el mismo.
En consecuencia, el impuesto impugnado no vulnera el derecho a la libertad de empresa recogido en el art. 38 CE , ya que la medida promueve razonablemente el objetivo perseguido con la misma, al tratar de reducir el impacto negativo derivado de la existencia de los grandes establecimientos comerciales sobre el medio ambiente, el territorio y la trama del comercio urbano, y ya que la medida no establece limitaciones de la actividad económica diferentes para empresas competidoras que se encuentren en una misma situación."
Para finalizar este apartado hay que reproducir igualmente lo razonado por esta Sala en la sentencia que resuelve el recurso nº 1899/2009 (PROV 2014, 265437) "Y todo ello sin perjuicio de que a todo lo anteriormente indicado pudiéramos añadir las respuestas del Comisario Europeo (DOCE de 14-8-2003. C192E/102 y 103) a la pregunta escrita nº 3185/02 en la que afirmó la posibilidad de entender que el impuesto tendría como objetivo renovar las zonas adyacentes a los grandes establecimientos comerciales al objeto de minimizar el impacto medio-ambiental que generan siendo así un supuesto de interés general, lo que justificaría la restricción de la libertad de establecimiento según señala el Apartado 37 de la Sentencia TJUE de 5-12-2013 (TJCE 2013, 425) ".
Tampoco se observa extralimitación en el Reglamento sobre el hecho imponible ni sobre el sujeto pasivo como elementos configuradores o esenciales del tributo ni sobre la notificación de los actos de gestión, ni aplicación retroactiva de una norma anulada, ya que ni la Resolución que aprueba el Modelo 049 ni el Decreto 139/2009 los determinan ni delimitan, en tanto la doctrina constitucional y legal( S. TS 23-1-96 y TC 1/2012 (RTC 2012, 1) y 19/2012 (RTC 2012, 19) ) tiene declarado al respecto que la exigencia de norma legal, regulada en los art. 31.3 y 133.2 CE (RCL 1978, 2836) , está prevista para la creación de los tributos y su esencial configuración dentro de la que se sitúa el "establecimiento" de bonificaciones tributarias pero no cualquiera otra regulación de las mismas o, incluso, su redacción ( sentencias TC de 4 de febrero de 1983 , 233/1999 (RTC 1999, 233) y 42/2004 (RTC 2004, 42) ), lo que supone que no quepa en este caso apreciar dicha vulneración al haberse creado el impuesto en el art. 21 de la Ley 15/2002 y en las referidas disposiciones reglamentarias una nueva corrección ó desarrollo del impuesto que está posibilitada por el carácter relativo de este principio en materia tributaria ( Sentencias del TC 185/1985 (RTC 1985, 185) ; 99/1987 (RTC 1987, 99) y 106/2000 (RTC 2000, 106) , entre otras).
En cuanto a los vicios o defectos que pudieran plantearse sobre el carácter retroactivo de la misma por aplicar a los supuestos de grandes establecimientos que ya funcionasen a la entrada en vigor de la Ley 15/2002, ya que el Impuesto no es exigible por los hechos imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha resolución y del Decreto 139/2009. Sobre esta cuestión debemos indicar que, con independencia de lo cuestionable que pudiera resultar la aplicación de la doctrina de la irretroactividad de los arts. 9.5 CE y 10.2 de la LGT (RCL 2003, 2945) , estamos en el presente supuesto por la naturaleza que más arriba hemos otorgado a la referida Resolución de "elemento normativo desgajado" ( sentencias de esta Sala de 8 de enero de 2013 ) previamente para diferenciarla de una disposición general propiamente dicha y respecto de la que solo cabe predicar la aplicación de aquel principio, como de norma de colaboración del Reglamento, lo que ya por sí solo bastaría para desestimar el motivo, hay que decir que, con independencia de ello, en el preámbulo de la repetida Resolución expresamente se dispone su aplicación para los casos de apertura de nuevos establecimientos, modificaciones de datos o clausura, con lo que la primera alegación que en el motivo se contempla ha de rechazarse.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 43
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 artículo 43
 artículo 38
 Resolución 
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