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Timestamp: 2020-01-19 22:28:56+00:00

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﻿ SENTENCIA C-641 DE AGOSTO 13 DE 2002
SENTENCIA C-641 DE 13 DE AGOSTO DE 2002
CONTENIDO:NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL. PROVIDENCIAS UQE DEBEN NOTIFICARSE PARA QUE SURTAN EFECTOS JURÍDICOS. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN ACUSADA DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY 600 DE 2000 (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL), QUE LITERALMENTE DICE "QUEDAN EJECUTORIADAS EL DÍA EN QUE SEAN SUSCRITAS POR EL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE", SIEMPRE Y CUANDO SE ENTIENDA QUE LOS EFECTOS JURÍDICOS SE SURTEN A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, ACTA DE NOTIFICACIÓN, EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN POR AVISO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:373 DE ENERO DE 2003, PÁG.155
Sentencia C-641 de agosto 13 de 2002
NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL
PROVIDENCIAS QUE DEBEN NOTIFICARSE PARA QUE SURTAN EFECTOS JURÍDICOS
Sent. C-641/2002
Ref.: Expediente D-3865
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de conformidad con los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000, y se subraya lo demandado:
ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la última sesión”.
El actor considera que la expresión acusada viola los artículos 1º 29 y 228 de la Constitución, así como los artículos 14 de la Convención Interamericana y 8º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, por cuanto desconoce el debido proceso y el principio de publicidad en las actuaciones penales, en la medida en que permite que ciertas sentencias y providencias interlocutorias queden ejecutoriadas sin que hayan sido previamente notificadas o publicadas.
Para sustentar su cargo, el demandante resalta la importancia de la notificación, a la que considera no sólo una garantía del debido proceso sino además un desarrollo del “principio republicano de publicidad de los actos estatales”. Según su parecer, una providencia judicial debe ser notificada y comunicada a las partes, no sólo para que éstas puedan impugnarlas, si lo consideran pertinente, sino además para que puedan conocer su contenido a fin de poderlas cumplir. Concluye entonces que el principio de publicidad es un componente del debido proceso que “exige (…) la notificación de las sentencias”.
Las anteriores consideraciones llevan al actor a sostener que toda norma que exima de notificación a las sentencias o providencias proferidas dentro de una actuación penal desconoce el principio de publicidad y el debido proceso, y por ello considera que la expresión acusada viola la Carta Fundamental, al permitir que una sentencia pueda adquirir ejecutoria sin que haya sido previamente notificada o publicada, pues equivale a “tolerar la existencia de pronunciamientos judiciales secretos”. El actor concluye entonces que esa expresión debe ser declarada inexequible, a fin de restablecer “el deber de los funcionarios judiciales de notificar las sentencias referidas en la disposición cuestionada y, por lo mismo, de esa manera no se habilitarán sentencias ocultas y sin publicidad”.
La ciudadana Ángela María Buitrago Ruiz, en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, interviene en el proceso para impugnar la demanda y defender la constitucionalidad de la expresión acusada. La ciudadana comienza por precisar que, conforme a la Carta y a la jurisprudencia constitucional, el principio de doble instancia no tiene carácter absoluto, y por ello pueden existir providencias que no sean apelables, y contra las cuales no quepa recurso alguno. Por ello, concluye que la expresión acusada no vulnera el principio de publicidad ni el debido proceso pues hace referencia a decisiones, que por su naturaleza, no admiten recurso alguno.
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en concepto 2832, recibido el dos de abril de 2002, solicita a la Corte que se declare inhibida de pronunciarse de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda. Según su parecer, el cargo esencial de la demanda es que la expresión acusada, al establecer que ciertas providencias quedan ejecutoriadas, una vez sean suscritas por el fallador, viola el principio de publicidad, pues impide la notificación de dichas providencias. Sin embargo, explica la vista fiscal, la interpretación de la demanda es equivocada pues la expresión acusada hace referencia a la ejecutoria, que es una figura distinta de la notificación, y que se encuentra regulada en otra disposición, a saber el artículo 176 del estatuto procesal penal, que establece la obligatoriedad de “notificar las sentencias y las providencias interlocutorias, entre otras, así contra éstas no proceda recurso alguno, como es el caso de las providencias a las que se refiere la norma acusada”. El Ministerio Público concluye entonces que la disposición acusada no contiene la hipótesis que el actor supone, por lo que la demanda es inepta, “pues en realidad el actor parece atacar la no procedencia de recursos contra las decisiones contenidas en el precepto censurado, asunto este que es diferente al cargo expuesto por el actor”.
Estudio de ineptitud de la demanda
2. El procurador considera que la Corte debe abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en el presente evento, ya que el cargo que se formuló se dirige contra un contenido normativo que no corresponde a la disposición demandada. De ahí que, a juicio de la vista fiscal, el fallo tiene que ser inhibitorio dada la ineptitud manifiesta de la demanda. Por esta razón, se procederá inicialmente a examinar si el actor presentó o no una demanda en debida forma (D. 2067/91, art. 2º).
3. De manera reiterada la Corte ha establecido que aun cuando la acción de inconstitucionalidad es pública e informal, el demandante tiene unas cargas mínimas que debe cumplir para que se pueda adelantar el juicio de constitucionalidad. Precisamente, esta corporación ha insistido en que dichos requisitos deben ser cumplidos tanto formal como materialmente, por lo cual es obligación del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada (1) .
(1) Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-447 de 1997, C-509 de 1996 y C-236 de 1997.
En estos términos, la aptitud material de una demanda depende de la elaboración de cargos concretos, ciertos, claros, suficientes y pertinentes susceptibles de ser analizados y evaluados mediante el ejercicio del control constitucional (2) . Ello, porque la Corte carece de competencia para adelantar de oficio el juicio de constitucionalidad. Al respecto, esta corporación en Sentencia C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) sostuvo que:
(2) Sobre la materia pueden consultarse las sentencias C-1052 y C-1193 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo. En efecto, el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal...”.
Lo anterior significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer sobre una proposición jurídica real y existente, y no simplemente deducida por el actor o implícita (cierta). Además, el accionante tiene la carga de exponer las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera la Carta Fundamental (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no meramente legales ni puramente doctrinales (pertinencia). Finalmente, la acusación no sólo ha de estar formulada de manera completa sino que debe ser capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de la disposición (suficiente) (3) .
(3) Sentencia C-1052 de 2001 y C-1193 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Puede igualmente consultarse la Sentencia C-1256 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
Ejecutoria y notificación de las providencias: El sentido de la disposición acusada
6. Sin embargo, según el procurador, esta tesis es equivocada, por cuanto la norma que en el Código de Procedimiento Penal regula la notificación de las providencias judiciales es el artículo 176 de dicho estatuto (4) . Así, esta última disposición ordena la notificación de las sentencias y de todas las providencias interlocutorias, sin que importe la procedencia o no de recursos, esto es, independientemente de que estén o no ejecutoriadas. Bajo tales circunstancias, según su parecer, una interpretación sistemática de los artículos 176 y 187 del estatuto procesal penal permite concluir que las providencias mencionadas en el inciso segundo del artículo 187 deben ser notificadas por tratarse de sentencias judiciales sin importar que la expresión acusada señale que dichas providencias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente.
(4) Dispone el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal que: “Providencias que deben notificarse. Además de las señaladas expresamente en otras disposiciones, se notificarán las sentencias, las providencias interlocutorias y las siguientes providencia de sustanciación: la que suspende la investigación previa, la que pone en conocimiento de los sujetos procesales la prueba trasladada o el dictamen de peritos, la que declara cerrada la investigación, la que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que señala día y hora para la celebración de la audiencia pública, la que declara desierto el recurso de apelación, la que deniega el recurso de apelación, la que declara extemporánea la presentación de la demanda de casación, la que admite la acción de revisión y la que ordena el traslado para pruebas dentro de la acción de revisión.
Las providencias de sustanciación no enunciadas o no previstas de manera especial serán de cumplimiento inmediato y contra ella no procede recurso alguno”.
7. Sin embargo, la anterior conclusión no es tan evidente, por cuanto algunos intérpretes consideran que efectivamente la expresión acusada del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, está excluyendo de notificación a ciertas providencias.
Conforme a esta posición, el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, estaría estableciendo una excepción al artículo 176 del mismo estatuto, pues aunque esta última disposición ordena la notificación de todas las sentencias y providencias interlocutorias, debe entenderse que quedan exceptuadas de dicha notificación las decisiones a que hace referencia el inciso segundo del artículo 187, por cuanto éstas quedan ejecutoriadas, el mismo día en que son suscritas por el funcionario correspondiente.
Por otra parte, afirman que a partir del propio tenor literal del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, se sugiere que la expresión acusada establece una excepción a la regla general de que todas las sentencias y providencias interlocutorias deben ser notificadas. Así, el primer inciso, establece una regla general sobre la relación entre la notificación y la ejecutoria de las decisiones judiciales, pues señala que las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de ser notificadas, si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. Esto significa que, conforme a dicha regla general, la ejecutoria es posterior a la notificación, precisamente porque la providencia admite recursos. Con todo, el segundo inciso aparece como una excepción a esa regla general pues indica que ciertas providencias quedan ejecutoriadas el mismo día en que son suscritas. En consecuencia, es claro que la disposición demandada establece una excepción a la regla general, según la cual la ejecutoria es posterior a la notificación y por ello, es razonable entender que ese segundo inciso está excluyendo las providencias allí previstas de notificación.
De acuerdo con lo expuesto, existe pues una segunda interpretación de la disposición acusada, que además encuentra amplio respaldo en la doctrina y en la práctica judicial, conforme a la cual, la expresión demandada efectivamente establece que las providencias mencionadas en el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal están excluidas de notificación, por cuanto ya se encuentran ejecutoriadas, y una de las finalidades esenciales de la notificación es precisamente permitir que corra el término de ejecutoria para que los sujetos procesales puedan interponer los recursos correspondientes.
a) Si la norma acusada desconoce o no el principio de publicidad de las actuaciones judiciales (C.P., art. 228) y el debido proceso (C.P., art. 29), al establecer que ciertas providencias quedan ejecutoriadas el mismo día en que fueron suscritas por la autoridad judicial competente y por ende, siguiendo una línea de interpretación, no requieren ser notificadas.
b) Así mismo, es pertinente determinar si desde el día en que son suscritas las providencias que resuelven los recursos de apelación o de queja contra providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma, y la acción de revisión (CPP, 187), oportunidad en que opera la ejecutoria de dichas determinaciones judiciales, éstas surten plenos efectos jurídicos o si ellos penden de su efectiva notificación.
12. La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En virtud de tal disposición, se reconoce al principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual, éstas se encuentran obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas las garantías constitucionales básicas como son el derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, etc. En estos términos, el deber de salvaguardar dichas garantías constitucionales le impone a las autoridades públicas, la obligación de motivar sus determinaciones y de publicarlas de conformidad con los sistemas de comunicación previstos en la ley.
(5) Mirar entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-061 de 2002.
13. Por otra parte, el derecho al debido proceso tiene como objetivo fundamental, la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (C.P., preámbulo y arts. 1º y 2º). Con este propósito, la Corte ha determinado que, en esencia, “el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional” (6) .
De esta manera, el debido proceso como derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., art. 85), en concordancia con los artículos 228 y 229 de la Constitución Política y de acuerdo con las disposiciones de la ley estatutaria de administración de justicia, se expresa a través de principios que regulan el acceso a dicha función pública, entre otros, se destacan los siguientes: la celeridad, publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficiencia. Precisamente, la Corte sobre esta materia ha sostenido que:
“…del contenido del artículo 29 de la Carta y de otras disposiciones conexas, se infiere que el derecho al debido proceso se desagrega en una serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida a su decisión. En tal virtud, y como garantía de respeto a dichos principios, el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades administrativas o judiciales, encaminados a asegurar el ejercicio regular de sus competencias…” (7) .
(7) Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
15. De contera que, el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, exige que todo procedimiento previsto en la ley, se adecue a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución, tales como la existencia de un proceso público sin dilaciones injustificadas, con la oportunidad de refutar e impugnar las decisiones, en donde se garantice el derecho defensa y se puedan presentar y controvertir pruebas, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos procesales y de alterar las reglas mínimas de convivencia social fundadas en los postulados del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º, 4º y 6º) (8) .
(8) Esta corporación, en Sentencia C-037 de 1996 manifestó que: “Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados…”.
16. De conformidad con lo anterior, a partir de las regulación de la Carla Fundamental (arts. 29 y 228), en torno al debido proceso en las actuaciones judiciales surge la publicidad como uno de sus principios rectores, en virtud del cual, el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comunidad en general, los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa, teniendo en cuenta que su operancia no constituye una simple formalidad procesal, sino un presupuesto de eficacia de dicha función y un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia participativa (9) . Con todo, el mismo texto constitucional legitima que se establezcan mediante ley, excepciones al conocimiento de ciertos documentos o actuaciones públicas, para que a través de un juicio de ponderación constitucional, se otorgue prioridad al principio de reserva (C.P., art. 74), como sucede con la etapa de instrucción en un juicio criminal (10) .
(9) Al respecto puede consultarse la Sentencia C-096 de 2001, (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En donde se afirma que la publicidad de los actos del Estado, “…contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de la Nación (C.P., art. 2º) para efectos de formar “un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico” que pueda ejercer un debido control de la actividad del Estado…”.
(10) A título de ejemplo, el artículo 64 de la ley estatutaria de la administración de justicia dispone que: “(…) las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas…”.
A este respecto, la Corte ha tenido la oportunidad de señalar que: “...El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídica exigen que las personas puedan conocer, no sólo la existencia y vigilancia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptados, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin…” (Sent. C-957 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
18. Sin embargo, es preciso reconocer que el principio de publicidad tiene dos vertientes en relación con su alcance y exigibilidad, a saber: a) En primer lugar, es deber de los jueces en los procesos y actuaciones judiciales dar a conocer sus decisiones tanto a las partes como a los otros sujetos procesales, mediante las comunicaciones o notificaciones que para el efecto consagre el ordenamiento jurídico. En este evento, se trata de un acto procesal de notificación, el cual más que pretender formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la legalidad de las determinaciones judicialmente adoptadas, ya que su conocimiento ampara efectivamente los derechos de defensa, de contradicción y de impugnación (C.P., art. 29);
En efecto, esta corporación en Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), destacó estas vertientes del principio de publicidad, en los siguientes términos: “...es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto procesal de notificación a las partes. En el primer evento, (...), se trata de una declaración pública en la que se explican algunos detalles importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto, obvio, de que el administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de las providencias y de interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos...”.
19. Ahora bien, el principio de publicidad como instrumento indispensable para la realización del debido proceso, impone a los jueces la exigencia de proferir providencias debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, lo que se opone a aquellas decisiones secretas u ocultas contrarias a los postulados de la democracia participativa (11) .
(11) Sobre el alcance del deber de motivar se puede consultar la Sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
En estos términos, el principio de publicidad en tratándose de la administración de justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, pues si las decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales no pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación. Por ello, esta corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el principio de publicidad es un componente del debido proceso y un mecanismo para asegurar el derecho de defensa. Precisamente, la Corte ha sostenido que “las decisiones que se adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados”, pues “la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y de defensa, pues sólo quien conoce las decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas” (12) .
(12) Sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Con este propósito, el principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado social de derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública (13) . Así las cosas, en materia criminal, el Código de Procedimiento Penal califica al principio de publicidad como norma rectora de dicho juicio y el artículo 14 ibídem dispone que: “Dentro del proceso penal el juicio es público (...)”.
(13) De allí que J. Bentham sostuviese que: “la publicidad es el alma de la justicia” y que, en la actualidad, exista la marcada tendencia a la plena oralidad de los juicios penales como medio indispensable para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los inculpados alrededor de los conceptos de contradicción, eficiencia y celeridad.
20. Con todo, más allá de la trascendencia que para las partes adquiere la aplicación efectiva del principio de publicidad como garantía del derecho de defensa y de contradicción, éste también persigue el logro de una finalidad de interés público. Ello, porque la publicidad como principio, no es una mera norma susceptible de aplicarse o no en un determinado caso, sino que por su fuerza normativa y su textura abierta está llamado a tener eficacia directa por sí mismo en la diversidad de actuaciones administrativas o judiciales, salvo que a través de un juicio de ponderación constitucional resulte inaplicable a un asunto en concreto (14) , verbi gracia, cuando en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, se legitima la reserva de ciertos documentos o actuaciones públicas (15) . De allí que, por regla general, toda actuación o proceso judicial debe ser público.
(14) Cfr. Sentencia T-465 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En estos términos, es preciso recordar que un principio constitucional no puede ser sometido a las reglas de validez y excepciones propias de las normas jurídicas, sino que por el contrario, su eficacia concreta depende de la ponderación y adecuación con otros principios, valores y derechos constitucionales. Así, es claro que mientras una norma jurídica pierde fuerza normativa, el principio se mantiene inalterable aunque resulte inaplicable a un caso concreto. Precisamente, la Corte en Sentencia T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) sostuvo que: “Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuatro del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa”.
(15) Señala la citada disposición que: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley”.
Así las cosas, es evidente que el principio de publicidad no sólo está previsto para garantizar la efectividad del derecho al debido proceso, sino que por su importancia y relevancia jurídica, contribuye al logro de diversas finalidades constitucionales, como son las siguientes: (i) Es una herramienta de control a la actividad judicial, ya que sirve de medio para el ejercicio de los derechos de contradicción e impugnación destinados a corregir las falencias en que incurra el juzgador; (ii) Otorga a la sociedad en sí misma considerada, un medio para preservar la transparencia y razonabilidad de las decisiones judiciales (16) , a menos que dichas actuaciones se encuentren sometidas a reserva (17) .
(16) En Sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte sostuvo que: “El principio de publicidad de la actividad judicial (C.P., art. 228), que implica el derecho de acceso de la comunidad en general a sus decisiones, comprende la obligación de las autoridades de motivar sus propios actos. Este deber incluye el de considerar explícita y razonadamente la doctrina judicial que sustenta cada decisión. Esta garantía tiene como objetivo que los sujetos procesales y la comunidad en general tengan certeza, no sólo sobre el texto de la ley y la jurisprudencia, sino que se extiende a asegurar que el ordenamiento está siendo y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme. Sólo de esta forma pueden las personas tener certeza de que la interpretación y aplicación consistente y uniforme del ordenamiento es una garantía jurídicamente protegida y no un mero uso sin valor normativo alguno, y del cual los jueces pueden apartarse cuando lo deseen, sin necesidad de justificar su decisión”.
(17) Justamente, el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, determina que la etapa de instrucción dentro de un juicio criminal se encuentra sometida a reserva. En este orden de ideas, establece que: “Reserva de la instrucción. Durante la instrucción, ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de queja.
Quienes intervienen en el proceso tienen derecho a que se les expida copia de la actuación, para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos”. Esta disposición se encuadra dentro de las previsiones del principio de publicidad como norma rectora del juicio criminal. Así, el artículo 4º del Código de Procedimiento Penal determina que: “Dentro del proceso penal el juicio es público. La investigación será reservada para quienes no sean sujetos procesales. Se aplicarán las excepciones previstas en este código”.
21. Por otra parte, (iii) el principio de publicidad conduce al logro de la obediencia jurídica en un Estado democrático de derecho, ya que sólo en la medida en que las personas tienen conocimiento de las actuaciones judiciales, esto es, del principio, regla o razón jurídica que constituye la base de una decisión judicial, las partes o los interesados podrían apelar a dicho fundamento para ajustar su conducta a las decisiones de los jueces. En este orden de ideas, es preciso recordar que así como la imperatividad y obligatoriedad de la ley presupone su conocimiento por parte de los ciudadanos mediante su publicación en el Diario Oficial, también la imperatividad y obligatoriedad de las sentencias judiciales suponen su publicidad, pues lógicamente aquello que es desconocido por las partes o terceros no puede ser objeto de imposición, so pena de alterar y desconocer los valores, principios y reglas de un Estado social de derecho. Sin embargo, es preciso aclarar que en cada caso la publicidad debe adecuarse a los sistemas de comunicación previstos en la ley (18) .
(18) Esto porque no resultaría razonable ni proporcionado someter a las providencias judiciales a publicación en el Diario Oficial.
Con este propósito, por ejemplo, el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal, dispone que: “...la ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada…” (19) . Precepto legal que fue interpretado por el Consejo de Estado, en el sentido de distinguir entre el fenómeno de la vigencia de la ley y su obligatoriedad. Por consiguiente, la ley entra a regir desde cuando es promulgada, pero solamente obliga a los ciudadanos vencido el término de publicidad y de conocimiento dispuesto en ella (20) . En palabras del propio Consejo de Estado:
(19) Norma que debe interpretarse armónicamente con el artículo 53 del mismo estatuto, según el cual: “Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes: 1. Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado. 2. Cuando por causa de guerra u otra inevitable estén interrumpidas las comunicaciones de alguno o algunos municipios con la capital y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se contarán desde que cese la incomunicación y se restablezcan los correos”.
(20) Recuérdese que solamente a partir de este momento, puede aplicarse el principio general del derecho, según el cual: “la ignorancia de la ley no sirve de excusa”. Ello, porque la ley supone un espacio de tiempo para que los administrados conozcan la nueva normatividad, entre la existencia de la ley y su plena observancia.
“Este contexto jurídico permite darle una interpretación más armoniosa a los artículos 52 y 53 del Código del Régimen Político y Municipal. Dice el primero que la ley rige en virtud de su promulgación pero que su observancia principia dos meses después de promulgada y el segundo indica que la propia ley puede modificar esta regla. Vale decir que existen dos momentos: aquel en que la ley entre a regir y aquel en que se hace obligatoria para el ciudadano. Por esta regla general estos dos momentos están separados por dos meses. Pero la propia ley puede modificar su vigencia. ¿Cuál vigencia? La de estos dos meses. Lo que no puede es exigir su cumplimiento ante de su promulgación…” (21) .
(21) Consejo de Estado. Sala Plena. Enero 25 de 1983.
“En consecuencia, la publicación de la ley presupone su existencia y configura como forma de publicidad de la misma, aspecto trascendental de su eficacia, toda vez que, el acto de publicación de la ley, se evidencia como “requisito indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad). Dicha función le corresponde ejecutarla al gobierno, después de efectuada la sanción. Tal regla es complemento de la que prescribe que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, puesto que sólo con la publicación oficial de las normas se justifica la ficción de que éstas han sido conocidas por los asociados, para luego exigir su cumplimiento” (Sent. C-084 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
A esto cabe agregar, en criterio de esta corporación, que la publicidad es “un requisito que no se integra en el íter formativo de la ley”, y en cuanto a la publicación, “constituye una operación administrativa material, reglada, que corresponde ejecutar al gobierno y que se desarrolla de conformidad con lo que establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice por escrito y en el Diario Oficial…”.
Lo anterior, con el objeto de significar que en torno a las providencias judiciales, es posible igualmente distinguir entre los conceptos de ejecutoriedad de las decisiones judiciales (es decir, fallos en firme susceptibles de ser voluntaria o forzosamente ejecutados) y la producción de sus efectos jurídicos. Un fallo judicial no puede resultar obligatorio para los sujetos procesales cuando éstos no tienen conocimiento de su contenido, ya que los efectos jurídicos derivados de su obligatoriedad suponen el previo conocimiento de dichos sujetos procesales. Precisamente, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este código. Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado” (22) .
(22) Subrayado por fuera del texto original. En idéntico sentido, el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, establece la relación entre la notificación y la ejecutoria de las decisiones judiciales, al disponer como regla general, que las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de ser notificadas, si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. Esto significa que, en principio, la ejecutoria es posterior a la notificación, y que dado ese previo conocimiento puede ejecutarse el cumplimiento del fallo judicial.
22. Finalmente, por efectos de la publicidad, y ante la previsibilidad de las decisiones judiciales, (iv) se da certeza sobre el contenido y alcance de los derechos y obligaciones de las personas (23) . Por consiguiente, puede concluirse que el papel que cumple el principio de publicidad en un sistema democrático, es trascendental, ya que gracias a él, es posible asegurar la imparcialidad, la moralidad y la veracidad de los procesos (24) .
(23) Recuérdese que en Sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en relación con la previsibilidad de las decisiones judiciales (precedentes verticales y horizontales), esta corporación manifestó que: “Sólo mediante la aplicación consistente del ordenamiento jurídico se pueden concretar los derechos subjetivos. Como se dijo anteriormente, la Constitución garantiza la efectividad de los derechos, a todas las personas y los jueces en sus decisiones determinan en gran medida su contenido y alcance frente a las diversas situaciones en las que se ven comprometidos”.
(24) Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995. En otras palabras, citando a J. Bentham: “Dadme el juez que queráis, parcial, corrompido, mi enemigo mismo si queréis, poco me importa, con tal que nada pueda hacer sino en presencia del público”.
La notificación de las actuaciones judiciales
La expresión notificar, en el campo del derecho, significa ‘hacer saber’ o ‘hacer conocer’. Por ello, la notificación más que pretender formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la legalidad de las determinaciones adoptadas en una instancia judicial, ya que al ‘hacer conocer’ se garantiza que los distintos sujetos procesales puedan utilizar los instrumentos o medios judiciales necesarios para la protección de sus intereses (25) .
(25) En este sentido, Eduardo Montealegre Lynett y Jaime Bernal Cuéllar reconocen a la notificación como un acto de comunicación sometido al principio de legalidad de las formas y citan al respecto a la Corte Suprema de Justicia, según la cual: “[la notificación] de los actos procesales corresponde a los llamados actos de comunicación, cuyo objeto es hacer saber de otro algo que él debe conocer o debe hacérsele saber para el adecuado desarrollo del proceso” (El proceso penal, 4ª edición, Universidad Externado, pág. 293).
Conforme a la anterior, surge como obligación de las autoridades judiciales no sólo notificar sus decisiones a las partes, sino también a todos aquellos que tengan un interés jurídico en las distintas actuaciones que puedan afectar sus derechos. Lo anterior, con el fin de otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones y de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra. Con lodo, dichas actuaciones judiciales deben ajustarse siempre a las disposiciones, los términos y las etapas procesales descritas en la ley.
La doctrina sobre la materia ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos (26) :
(26) Sentencias T-099 de 1995, T-238 de 1996, T-324 de 1999.
“…las decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a éstas, tal como lo disponen las normas legales correspondientes.
…Desde el punto de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación, entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta…
…La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente —con fecha cierta— en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía…
…La falta probada de notificación, en especial la de aquellos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de trámite…
…De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en torno a las decisiones que adoptan…”.
Una actuación judicial que no haya sido previamente notificada, no sólo desconoce el principio de publicidad sino también el derecho de defensa y de contradicción, lo que conlleva a la ineficacia de la decisión adoptada por el juez (27) .
(27) Algunos procedimientos ante la falta de notificación consagran como sanción jurídica la nulidad (CPC, art. 140) y otros la inoponibilidad (CCA, art. 48). Precisamente, esta corporación ha dicho que: “los actos de comunicación procesal, entre ellos las notificaciones, son manifestaciones concretas del principio de publicidad que orienta el sistema procesal. En virtud de este principio, las decisiones del juez o del servidor público que ejerce funciones administrativas o judiciales deben ser comunicadas a las partes y conocidas por éstas, de modo que puedan defender sus derechos e intereses mediante la utilización oportuna de los recursos legales correspondientes. La plena efectividad de los derechos de defensa y de contradicción consagrados en el artículo 29 de la Carta exige que las partes o personas legitimadas para intervenir en el proceso tengan conocimiento de las resoluciones proferidas por el órgano respectivo, lo que sólo puede acontecer, en principio, mediante su notificación. En este sentido, la forma como se lleven a cabo las notificaciones a las partes o a los interesados no es constitucionalmente irrelevante” (Sent. T-361/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Criterio que sirvió de fundamento para declarar la inexequibilidad de la notificación por aviso en los procesos de restitución de inmueble arrendado, dado que no garantizaba la aplicación del principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso (Sent. C-925/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
Sin embargo, la Corte precisa que no se trata de imponer la obligación de notificar todo tipo de providencias (v.gr., un auto de simple trámite (28) , sino más bien de resaltar, que la firmeza de una providencia (entre ellas, las sentencias, los autos interlocutorios o las resoluciones) (29) , por el hecho de carecer de recursos o haberse resuelto los legalmente procedentes, no constituye un motivo o una razón suficiente para excluirlas de notificación, puesto que el principio de publicidad y la institución jurídica de la notificación cumplen propósitos constitucionales de mayor relevancia.
(28) Esto en razón a que su objeto se concreta en dar curso a un proceso o evitar su entorpecimiento. De ahí que, el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, disponga: “No requieren notificación los autos que contengan órdenes dirigidas exclusivamente al secretario, y los demás que expresamente señala este código. Al final de ellos se incluirá la orden cúmplase”.
(29) Término técnico para definir las providencias de los fiscales.
De las limitaciones razonables y proporcionales al principio de publicidad
En efecto, la potestad de configuración normativa del legislador permite una regulación variada de los diferentes procesos, en razón a los bienes jurídicos objeto de protección y a las distintas finalidades perseguidas en cada caso.
No obstante, dicha potestad como ejercicio de la voluntad popular y democrática del Estado de derecho, no puede ser concebida como una atribución ilimitada y absoluta que conduzca a la arbitrariedad y al desconocimiento de los fines, principios y valores que emanan de la Constitución, y obviamente del núcleo esencial de los derechos fundamentales de los individuos.
“…Esta corporación no duda en señalar que en caso de que no pueda establecerse una armonización concreta de los principios constitucionales en conflicto, debe darse preferencia al derecho fundamental al debido proceso, pues la eficacia de la administración de justicia y la seguridad jurídica no pueden alcanzarse a riesgo de sacrificar los derechos fundamentales de las personas. La justicia está al servicio de esos derechos, por lo cual en estos casos no puede aplicarse mecánicamente el principio constitucional de prevalencia del interés general (C.P., art. 1º) sobre el particular, pues en tales eventos la norma constitucional relevante es aquella que dispone que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º). Por ello, en caso de conflicto irresoluble entre derechos constitucionales tan fundamentales, como la vida, la libertad o el debido proceso, y la persecución de objetivos estatales de interés general, como los que se logran con una justicia más eficaz, en principio debe el juez constitucional dar prevalencia a los derechos de las personas, pues es la única forma de conferir un efecto interpretativo real a la Carta de derechos…” (negrilla fuera de texto) Sentencia T-669 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En este contexto, el límite de razonabilidad propio de la potestad de configuración normativa y la obligación de interpretar los textos legales conforme a la Constitución, en defensa de la libertad personal y la dignidad humana, exigen revestir de todas las garantías procesales al imputado dentro de un proceso de responsabilidad penal, entre otras, la de velar por la primacía del principio de publicidad. De ahí que el Código de Procedimiento Penal establezca que dicho principio constituye una disposición rectora del juicio penal, obligatoria y prevalente sobre cualquier otra disposición procedimental y criterio ineludible de interpretación en caso de dudas sobre el alcance de algún precepto legal (art. 14).
“El legislador ordinario, como tantas veces lo ha reiterado esta Corte, en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, cuenta con una amplia gama de atribuciones, entre ellas la de regular los distintos procesos judiciales, estableciendo cada una de las actuaciones que en ellos han de surtirse, los términos procesales, los recursos ordinarios o extraordinario, la oportunidad para interponerlos, los efectos en los que se conceden, en fin, para establecer las distintas reglas y procedimientos que rigen el debido proceso o las denominadas formas propias del juicio, en todos los campos del derecho. Sin embargo, en el desarrollo de tales actividades, el legislador no goza de una potestad discrecional absoluta puesto que debe respetar el ordenamiento constitucional y los derechos y garantías fundamentales de las personas…” (30) .
(30) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Por este motivo, la Corte en Sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), consideró que aunque la Constitución ha dejado un amplio espacio para el ejercicio de la potestad de configuración normativa, ésta no se encuentra exenta de límites, puesto que debe ejercerse de manera que respete, entre otros, los principios y derechos constitucionales.
28. En este orden de ideas, en materia procesal penal, la ausencia del deber constitucional de hacer pública una actuación judicial, en desarrollo de la atribución de configuración normativa del artículo 228 de la Carta Fundamental, tiene como límite la prelación de las garantías fundamentales que rigen el acceso a la administración de justicia, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la libertad personal. Por ello, su ejercicio debe estar plenamente justificado y operar de manera restrictiva, ajustándose siempre al logro de fines constitucionalmente admisibles (31) .
(31) En Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) la Corte sostuvo que: “…En atención a que el principio constitucional general aplicable a las actuaciones que se adelanten por los órganos del Estado es la publicidad, la reserva tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva. Le corresponde a la ley, dentro del marco de la Constitución, establecer en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la extensión de la respectiva reserva. De ahí que la constitucionalidad en este caso, se condicione, igualmente, a la posibilidad de comunicar las informaciones que de conformidad con la ley, no están sujetas a reserva y, en este evento, deberá también permitirse el acceso público a las mismas…”.
Por ejemplo, el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal, dispone que, por regla general, “las providencias relativas a la libertad y detención, y las que ordenan medidas preventivas, se cumplirán de inmediato”, es decir, que los efectos jurídicos se producen previamente a la notificación y a su ejecutoria (32) . En el citado caso, el legislador penal a través de un juicio de ponderación concluyó que era indispensable subordinar el principio de publicidad al logro de otros fines constitucionalmente admisibles. Así, la norma inicialmente da prevalencia a la libertad personal y, en seguida, establece las condiciones necesarias para el logro de los móviles determinantes de las medidas de aseguramiento.
(32) En efecto, la norma en cuestión tiene una regla especial prevista en el inciso segundo del artículo en cuestión, según la cual: “Si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuación procesal se hubiera proferido medida de aseguramiento de detención preventiva”.
Ciertamente, en el caso de la libertad no surge ninguna duda en relación con la justificación constitucional de dicha determinación legal (33) , y en torno a las medidas de aseguramiento que hacen parte de las denominadas medidas cautelares, debe reconocerse que la norma en cuestión apunta al logro de los siguientes fines: (i) Asegurar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el proceso; (ii) garantizar la presencia de los sujetos procesales al juicio criminal; (iii) afianzar la tranquilidad jurídica y social de la comunidad y; (iv) velar por la integridad de la prueba. Ello, porque dichas medidas encuentran su fundamento en el instituto jurídico del “periculum in mora”, es decir, en el peligro razonable de un daño jurídico ulterior como consecuencia del retardo en la solución del proceso principal al cual acceden (34) .
(33) Precisamente, en Sentencia C-252 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), la Corte sostuvo que: “…Se puede concluir que la restricción de la libertad debe ser excepcional y considerarse como la ultimaratio. Dicha regla, inherente al Estado democrático, se encuentra íntimamente ligada a la presunción de inocencia, como principio rector del debido proceso penal”.
(34) Sobre la materia puede consultarse la Sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
30. El principio de publicidad como regla básica del debido proceso no sólo se encuentra prevista en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, sino que también aparece consagrado en las normas de derecho internacional humanitario, concretamente, en la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José) y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que disponen que las excepciones al principio de publicidad en materia penal deben estar plenamente justificadas y operar de forma restrictiva.
Así, el artículo 8º de la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José), dispone que: “Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los derechos de la justicia”. A su vez, el artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos establece que: “(...) toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (…) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella…”.
De la institución jurídico procesal de la ejecutoria de las providencias judiciales
32. Esta corporación ha señalado que en relación con el derecho de acceso a la administración de justicia existe un derecho constitucional fundamental a la sentencia en firme (o decisión ejecutoriada) y, eventualmente, dependiendo del asunto litigioso y de los efectos previstos en el ordenamiento jurídico a la autoridad de cosa juzgada. Precisamente, la Corte ha sostenido que: “Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede ceñirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto. En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia en firme y, por tanto, a la autoridad de cosa juzgada (…) La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del fallo…” (35) .
(35) Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
En efecto, la Corte ha establecido que el derecho de acceso a la administración de justicia o el derecho a la tutela judicial efectiva, consiste en la posibilidad que tienen todas las personas de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces o tribunales con el objeto de propugnar por la “integridad del orden jurídico y la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes” (36) .
De allí que el citado derecho le otorgue a los individuos una garantía “real y efectiva”, previa o coetánea al proceso, cuya finalidad consiste en que la administración de justicia pueda resolver sus pretensiones, a la vez que asegura la efectividad de los derechos y garantías constitucionales, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo.
En este orden de ideas, y en estrecha vinculación con el debido proceso, el acceso a la administración de justicia como derecho medular, comprende, entre otras, las siguientes garantías previstas por esta corporación, en el siguiente orden lógico: “(i) el derecho de acción o de promoción que tiene de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares: (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales —acciones y recursos— para la efectiva resolución de los conflictos…” (37) .
(37) Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
La tutela judicial efectiva involucra no sólo la posibilidad de acceder a un proceso mediante el ejercicio del poder de acción, sino también el derecho a obtener una decisión judicial en firme. Ello, porque para otorgar una verdadera, efectiva y real protección judicial no es suficiente con la adopción de mecanismos que permitan a las personas plantear sus pretensiones a la administración de justicia, sino que también es indispensable contar con actuaciones judiciales concretas y específicas que restablezcan el orden jurídico y velen por el efectivo amparo de los derechos de las personas.
33. Con todo, la ejecutoria de una decisión judicial es un fenómeno distinto al instituto procesal de la cosa juzgada, ya que este último tiene como objetivo otorgar una calificación jurídica especial a algunas decisiones ejecutoriadas. Por lo cual, se puede afirmar que no existe cosa juzgada sin ejecutoria, pero no siempre la ejecutoria de una providencia judicial entraña la existencia de aquélla (es lo que ocurre con los autos interlocutorios) (38) .
(38) En Sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), esta corporación definió el alcance de la cosa juzgada, en los siguientes términos: “La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. (…) De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio”.
En consecuencia, la ejecutoria consiste en una característica de los efectos jurídicos de las providencias judiciales que se reconocen por la imperatividad y obligatoriedad, cuando frente a dichas determinaciones: (i) No procede recurso alguno, o (ii) se omite su interposición dentro del término legal previsto, o (iii) una vez interpuestos se hayan decidido; o (iv) cuando su titular renuncia expresamente a ellos (39) .
(39) Precisamente, el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva (…)”.
Por consiguiente, mientras que la imperatividad y la obligatoriedad (o, también llamada coercibilidad) son propias de las sentencias o providencias ejecutoriadas, la institución jurídico procesal de la cosa juzgada, por su parte, se encuentra destinada a conferirle a algunas de dichas providencias el carácter de definitivas, inmutables, inmodificables y vinculantes. De ahí que, por regla general, toda providencia ejecutoriada obligue a los sujetos procesales y, además esté llamada a cumplirse voluntaria o coactivamente, aun cuando no alcance el calificativo jurídico de cosa juzgada (40) . Es preciso entonces recordar que la obligatoriedad o coercibilidad de una decisión judicial no constituye un efecto de la cosa juzgada, pues dicha característica se predica de todas las providencias ejecutoriadas.
(40) Por ejemplo, el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil determina que: “No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias: 1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria. 2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley. 3. Las que decreten probada una excepción de carácter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento. 4. Los que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio”.
Por otra parte, en ciertos casos, aun cuando una decisión no esté ejecutoriada (o en firme) por admitir recursos, es posible que resulte obligatoria para los distintos sujetos procesales en atención a que su impugnación se rige por el efecto devolutivo. Al respecto, por ejemplo, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en tratándose de la tutela, dispone que: “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato” (negrilla por fuera del texto original).
34. De acuerdo con lo expuesto, es pertinente resaltar algunos de los efectos jurídicos que se producen a partir de la ejecutoria de una decisión judicial: (i) El fallo resulta obligatorio para los sujetos procesales y, por ello, es susceptible de ejecución, o en otras palabras, la sentencia ejecutoriada constituye un verdadero título ejecutivo (41) ; (ii) La determinación tiene un alcance imperativo o de obligatorio cumplimiento en relación con los distintos sujetos procesales y en frente a las autoridades públicas, en la medida en que puede imponer a otros funcionarios distintas obligaciones (v. gr. el reconocimiento o la modificación de una situación jurídica, como sucede en el caso del registrador en relación con un derecho real) o precisar una determinada condición de la persona ante la sociedad, por ejemplo, mediante la identificación de un estado civil; (iii) Así mismo, permite garantizar la vigencia del orden jurídico como atributo de la soberanía estatal, ya que las decisiones judiciales deben ser observadas y respetadas por todos los operadores jurídicos. Por último, (iv) establecen una obligación de conducta a cargo de algunos sujetos procesales que debe ser acatada voluntaria o coactivamente.
(41) Determina el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil que: “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que (…) emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley…”. Por lo tanto, es claro que la ejecutoriedad de una decisión es distinta de su ejecución. Así, mientras que la ejecutoriedad hace referencia a la firmeza del acto y, consecuentemente, a la posibilidad de realizar de inmediato su contenido. La ejecución supone dicha firmeza y la previa notificación del contenido de la decisión, con el objeto de obligar al administrado a realizar los actos a su cargo cuando éste se resiste voluntariamente a cumplirlos.
35. En virtud de tales consideraciones, podemos concluir que en materia de ejecutoriedad de decisiones judiciales, existen las siguientes reglas: (i) Ninguna providencia judicial queda en firme sino una vez ejecutoriada, aun cuando eventualmente puede llegar a ser obligatoria si se conceden los recursos en el efecto devolutivo; y por otra parte, (ii) Solamente cuando las decisiones judiciales quedan ejecutoriadas son de estricto cumplimiento, sin embargo, la producción de sus efectos jurídicos supone el conocimiento previo de los sujetos procesales. Examinaremos la lógica de la regla anterior en torno a las previsiones normativas de los artículos 186 a 188 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal, supone una excepción a la regla prevista en los artículos precedentes (186 y 187), según la cual el estricto cumplimiento de una decisión judicial supone la ejecutoriedad, porque a contrario sensu, determina que las providencias relativas a la libertad, la detención y las medidas preventivas son de “cumplimiento inmediato”. Pero, obsérvese que la norma lejos de suponer que dichas determinaciones quedan ejecutoriadas, simplemente les confiere efectos inmediatos, de ahí que llevado a cabo su ejecución empiezan a correr los términos para recurrir, verbi gracia, desde cuando se captura al sindicado.
Por otra parte, el mismo artículo 188 del Código de Procedimiento Penal consagra una excepción al principio de publicidad de las actuaciones judiciales, por cuanto la norma en cuestión, al ordenar el efecto inmediato de las órdenes relativas a la libertad y a la detención, subordina el previo conocimiento de dichas determinaciones al objetivo de alcanzar su plena operatividad. En este caso, como se expuso con anterioridad, la excepción se ajusta al ordenamiento jurídico porque supone la ponderación entre el principio de publicidad y la prevalencia de la libertad personal y/o el deber de asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento.
Por lo tanto, conforme a esta argumentación, una decisión judicial resulta obligatoria e imperativa porque se encuentra plenamente ejecutoriada, mas la producción de sus efectos jurídicos dependen de la previa notificación de su contenido a los distintos sujetos procesales. Esto porque si una de las finalidades de la publicidad consiste en informar a dichos sujetos sobre la obligación de acatar una determinada conducta, no se podría obtener su cumplimiento coactivo en contra de la voluntad de los obligados, cuando éstos ignoran por completo lo dispuesto en la decisión judicial, desconociendo la premisa fundamental de un régimen democrático, según la cual el conocimiento de una decisión permite establecer los deberes de las personas y demarcar el poder de coacción de las autoridades, lejos de medidas arbitrarias o secretas propias de regímenes absolutistas (42) .
(42) Precisamente, a título de ejemplo, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado”. Como excepción justificable el mismo Código de Procedimiento Civil señala a los autos de cúmplase. Esto en razón a que su objeto se concreta en dar curso o evitar el entorpecimiento de un proceso, además no deciden ningún asunto material o procesalmente litigioso.
Nótese que esta conclusión no es ajena a la lógica jurídica, por ejemplo, los efectos de una ley suponen el previo conocimiento de los individuos, por eso, aun cuando una disposición se encuentre vigente y en rigor, mientras el término de vacantía legislativa siga operando, no es exigible a las personas la observancia de la ley, es decir, no son oponibles sus efectos (43) .
(43) Recuérdese lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal, según el cual: “la ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada”. En relación con el tema, sostiene John Locke: “Porque siendo todo poder de que el gobierno dispone para el solo bien de la sociedad, así como no debería ser arbitrario y a su antojo, precisaría también que se rigiera su ejercicio por leyes promulgadas y establecidas, a fin de que, por una parte, conocieran las gentes sus deberes, y se hallaren salvos y seguros dentro de las fronteras de la ley, y, por otra parte, los gobernantes se guardaran en su debida demarcación, no tentados por el poder que tienen en sus manos para emplearlo en fines y por medios que no quisieran ellos divulgar ni de buen grado reconocerían…” (Ensayo sobre el gobierno civil, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 90).
36. Una vez delimitadas las relaciones entre el debido proceso, el principio de publicidad, la notificación y la ejecutoria de las decisiones judiciales, entra la Corte a examinar específicamente la constitucionalidad de la expresión acusada (44) , conforme a las dos interpretaciones legales plausibles de la misma, explicadas en los fundamentos 4º a 9º de esta sentencia.
(44) El texto resaltado fue objeto de acusación: ART. 187.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
37. Para el efecto, la Corte destaca que la disposición demandada hace referencia a decisiones que tienen suma importancia en el desarrollo del proceso penal. Así, algunas de ellas son sentencias, como aquellas que deciden la consulta y la casación, salvo cuando se sustituya la providencia materia de la misma y la acción de revisión. En este caso, se trata de sentencias contra las cuales generalmente no proceden ningún recurso, lo cual significa que ellas constituyen una decisión definitiva del asunto controvertido. Por este motivo, es claro que dichas providencias deben ser notificadas como exigencia del principio de publicidad, pues no sólo la opinión pública tiene derecho a conocer el resultado final del proceso sino que además los sujetos procesales deben ser informados para que puedan cumplir voluntaria o coactivamente la decisión judicial.
38. Por otra parte, en tratándose de las providencias que deciden los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, aparentemente no sería necesario notificar su contenido, pues estas decisiones, si bien pueden tener una incidencia importante en el desenvolvimiento del proceso, no es evidente que la sociedad requiera conocer su contenido, ni que deban ser comunicadas a los sujetos procesales para efectos de su cumplimiento. Con todo, también en este caso, la Corte considera que es necesario retirar del ordenamiento jurídico la interpretación que excluye de notificación a esas providencias, por las siguientes razones:
El principio de publicidad es la regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo que toda excepción a este principio debe operar de forma restrictiva y estar plenamente justificada a partir de los fines y valores previstos en la Carta Política y en las disposiciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos. De ahí que, aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación del alcance del principio de publicidad, resulta que, en caso de duda entre dos o más interpretaciones razonables de una misma disposición procesal, el operador deba preferir aquella que favorezca la publicidad del proceso (45) .
(45) En relación con la alternatividad de interpretaciones a un texto legal y la adopción de aquella resulte más favorable a las previsiones de la Carta Fundamental, esta corporación ha sostenido que: “(…) Es posible que una norma legal pueda ser interpretada de diversas maneras y que cada una de tales interpretaciones, individualmente consideradas, no viole la Constitución. Esto significa que si cada una de esas interpretaciones fuera una proposición jurídica encarnada en una disposición legal autónoma, ellas podrían ser todas constitucionales. Pero, en ciertas oportunidades, cuando esas interpretaciones jurídicas no son disposiciones autónomas sino alternativas sobre el sentido de una disposición legal, la escogencia entre las diversas hermenéuticas posibles deja de ser un asunto meramente legal y adquiere relevancia constitucional, porque afecta principios y valores contenidos en la Carta (…) La propia Carta ha establecido reglas de preferencia para escoger entre interpretaciones alternativas de una norma legal. Así sucede, por ejemplo, en materia laboral, puesto que el artículo 52 de la Constitución señala que, en caso de duda sobre el sentido de las fuentes formales del derecho, se deberá escoger aquella interpretación que sea más favorable al trabajador. Igualmente, en materia penal, la Carta señala que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (C.P., art. 29). Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las interpretaciones de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables o que no respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un sentido irrazonable a un texto legal o la adopción hermenéutica por el sentido desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos constitucionales (…)” (Sent. C-496/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Ahora bien, en el presente caso existe una controversia sobre el alcance de la expresión acusada, puesto que para algunos operadores ese aparte exceptúa de notificación a dichos autos, mientras que para otros intérpretes independientemente de la ejecutoria de la providencia el ordenamiento no excluye el deber de notificar. Por consiguiente, dada la existencia de una duda razonable sobre el entendimiento de la expresión acusada, la Corte concluye que el alcance del principio de favorabilidad en la interpretación de los textos legales implica que el operador jurídico debe optar por aquella hermenéutica, según la cual esas providencias deben ser notificadas.
40. Conforme a lo expuesto, es pertinente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las órdenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por eso, en la parte resolutiva de esta sentencia se declarará exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas.
Conclusiones y efectos en el tiempo de la sentencia (algunas consideraciones sobre la prescripción de la acción y de la pena)
41. De acuerdo con lo expuesto, la Corte ha concluido que la expresión demandada vulnera el principio de publicidad si se entiende que ella establece que las providencias mencionadas por el inciso segundo del artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, no deben ser notificadas. Por ello, es imperativa la notificación de las decisiones judiciales previstas en el artículo demandado, para que a partir de su realización se produzcan los efectos jurídicos previstos en las sentencias o providencias interlocutorias.
Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y por su importancia práctica, la Corte en uso de la facultad de establecer los efectos de sus sentencias (Sent. C-113/93) (46) , expresamente establece que esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro. Es decir, sólo a partir de la publicación y comunicación de esta sentencia, se entiende que los efectos jurídicos de las providencias judiciales operan a partir de la notificación y no de su mera ejecutoria.
(46) Esta corporación al declarar inexequible el inciso 2º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, según el cual: “Los fallos de la Corte sólo tendrán efectos hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución”, determina que: “…sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”.
Por lo tanto, si los efectos jurídicos de la decisiones judiciales ejecutoriadas previstas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, presuponen su notificación, el término de prescripción de la acción penal previsto en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal, no se extingue por la imposición de la pena mediante una decisión en firme y ejecutoriada, sino hasta que dicha providencia sea efectivamente notificada.
Ahora bien, si de acuerdo con lo expuesto, la notificación de la sanción penal es la que extingue la prescripción de la acción del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal y no la decisión en firme y ejecutoriada, surge como interrogante: ¿En qué momento opera la prescripción de la pena?
“La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción…
Este fenómeno tiene operancia en materia disciplinaria, cuando la administración o la Procuraduría General de la Nación, dejan vencer el plazo señalado por el legislador —5 años—, sin haber adelantado y concluido el proceso respectivo, con decisión de mérito. El vencimiento de dicho lapso implica para dichas entidades la pérdida de la potestad de imponer sanciones, es decir, que una vez cumplido dicho período sin que se haya dictado y ejecutoriada la providencia que le ponga fin a la actuación disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la prescripción” (negrilla por fuera del texto original).
Al respecto, como bien lo sostiene la doctrina (47) , la notificación en materia penal, se surte mediante un sistema de comunicación ecléctico que combina elementos del sistema de la recepción y del sistema del conocimiento. Por ello, en principio debe apelarse a la notificación personal de todos los sujetos procesales y obligatoriamente del sindicado privado de la libertad, del Fiscal General o su delegado y del Ministerio Público (teoría del conocimiento). Sin embargo, cuando no fuere posible la notificación personal de los sujetos procesales o en tratándose del sindicado no privado de la libertad, se hará la notificación por edicto (teoría de la recepción).
(47) Ver, Bernal Cuéllar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal, 4ª edición, Temis, págs. 289 y ss.
De contera que, una vez efectuada la notificación personal o realizada la notificación por edicto (en caso de no ser posible la primera), se entiende que los sujetos procesales conocieron la decisión judicial, y a partir de ese momento se extingue el termino de prescripción de la acción y empieza a contar la prescripción de la pena.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, que literalmente dice “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias.
2. Esta sentencia tendrá efectos hacia el futuro.
(NOTA: La Sentencia C-641 de 2002 fue notificada por edicto Nº 276, fijado el 1º de noviembre de 2002 y desfijado el 6 de noviembre del mismo año (N. del D.).

References: ARTÍCULO 187
 artículo 176
 artículo 241
 artículo 176
 artículo 187
 artículo 176
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 176
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 29
 artículo 29
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 artículo 64
 artículo 14
 artículo 74
 artículo 330
 artículo 4
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 313
 artículo 187
 artículo 29
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 artículo 328
 artículo 228
 artículo 188
 artículo 8
 artículo 14
 resolución 
 artículo 331
 artículo 333
 artículo 31
 artículo 488
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 313
 artículo 52
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 artículo 187
 artículo 21
 artículo 149
 artículo 187
 artículo 86
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 artículo 187