Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-411-16.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:37:15+00:00

Document:
PENSION GRACIA-Naturaleza jurídica
La pensión gracia es un derecho de carácter especial y autónomo frente al régimen pensional ordinario, concebida como una compensación o retribución a favor de los docentes territoriales que tenían una diferencia salarial frente a los maestros de carácter nacional. Por tanto, su reconocimiento es directo e independiente de cualquier otra situación ordinaria, la cual sólo es aplicable a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando acrediten la totalidad de los requisitos señalados para su reconocimiento a cargo de la UGPP.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia cuando se está ante la posible vulneración de derechos fundamentales
La acción de tutela es procedente para hacer cumplir un fallo judicial cuando la inobservancia del mismo ha conllevado a la clara afectación de derechos fundamentales y los mecanismos judiciales alternativos no son lo suficientemente eficaces, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Ello implica que el juez de tutela está en la obligación de determinar si en el asunto que se somete a su consideración se hace necesario la protección por esta vía.
ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-Obligación de hacer a cargo de una entidad pública
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y AL CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES-Vulneración por negativa del pago de pensión gracia ordenado en fallo judicial
Acción de tutela instaurada por Genoveva Arbeláez Valencia en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP y la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL en liquidación.
En el proceso de revisión del fallo proferido el veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en segunda instancia y el fallo dictado el veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá en primera instancia, en la acción de tutela incoada por Genoveva Arbeláez Valencia en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP y la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL en liquidación.
1.1 El 9 de abril de 2010 el señor Francisco Javier Marín, esposo de la accionante, solicitó a CAJANAL en liquidación el reconocimiento y pago de la pensión gracia al considerar que cumplía con los requisitos para ello.
1.3 Ante dicha negativa, el esposo de la señora Genoveva Arbeláez Valencia, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 30 de noviembre de 2011, la cual fue conocida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Armenia, Quindío, autoridad judicial que profirió sentencia en la que declaró la nulidad de los actos administrativos PAP 020721 del 21 de octubre de 2010 y PAP 046891 del 4 de abril de 2011 por medio de los cuales se negó la pensión gracia, y en consecuencia, ordenó a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión reclamada a favor del señor Francisco Javier Marín.
1.5 El 16 de julio de 2014 falleció el señor Francisco Javier Marín, y el 27 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia de segunda instancia que confirmó el fallo del aquo y reconoció como sucesora procesal a la señora Genoveva Arbeláez Valencia en calidad de cónyuge supérstite del causante.
1.6 El 25 de mayo de 2015, la señora Genoveva Arbeláez radicó memorial de cumplimiento de la sentencia del 27 de febrero de la misma anualidad ante la UGPP. Sin embargo, la entidad accionada expidió la Resolución RDP 025059 del 22 de junio de 2015 negando dicha solicitud aduciendo falta de documentos.
1.8 Por lo anterior, la apoderada judicial de la señora Genoveva Arbeláez Valencia solicita se ordene a la accionada “el cumplimiento de la sentencia del 27 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Del Quindío donde se ordena el RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN GRACIA a favor de mi poderdante”.
Mediante providencia del veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015), el Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá, declaró la improcedencia de la protección de los derechos fundamentales alegados en la acción de tutela promovida por la señora Genoveva Arbeláez Valencia en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP y la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL en liquidación, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad. Advirtió que la accionante cuenta con el proceso ejecutivo, mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados. Por otro lado, observó que no se configura un perjuicio irremediable pues no se está ante una amenaza inminente y grave que requiera adoptar medidas urgentes e impostergables, toda vez que, aunque la actora pertenece a un grupo de especial protección por su avanzada edad no acreditó que su subsistencia dependiera exclusivamente de la sustitución pensional que reclama.
4. Solicitud de selección de la acción de tutela por parte de de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP recibida durante el trámite de revisión.
El Subdirector Jurídico Pensional y apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP, presentó solicitud de selección de la acción de tutela de la referencia el 20 de junio de 2016, en la cual allegó al Despacho sustanciador copia de varias certificaciones laborales del señor Francisco Javier Marín con el fin de evitar “continuar con el perjuicio grave al Sistema General de la Seguridad Social” por desconocimiento de las normas que regulan el tema del reconocimiento de la pensión gracia, lo que afecta, según él, la viabilidad financiera de dicho sistema. Para sustentar lo anterior manifestó que un reconocimiento de esta naturaleza procede conforme a derecho, en concordancia con los soportes allegados a la entidad y los requisitos de ley sobre la prestación reclamada. En este sentido, adujo inconsistencias en las certificaciones presentadas por el causante, el señor Francisco Javier Marín Granada de los cargos ostentados por él, antes de 1980, de la siguiente manera: i) del 1 al 17 de septiembre de 1977 al 17 de septiembre de 1977 figura haber ejercido dos cargos oficiales, como maestro seccional urbano del municipio de Montenegro (del 18 de julio de 1977 hasta el 17 de septiembre de 1977), y como portero escribiente del Tribunal Administrativo del Quindío (del 1 de septiembre de 1977 al 16 de noviembre de 1989); ii) cuando fue nombrado como catedrático externo en el colegio Francisco de Paula Santander del municipio de Armenia (28 de mayo de 1987 al 30 de noviembre de 1987), a la vez estaba nombrado como portero escribiente por la misma gobernación del Quindío; y por último, mencionó que, de acuerdo a lo informado por la Gobernación del Quindío, no allegó información que haya laborado como docente antes del 31 de diciembre de 1980, sino a partir del 29 de mayo de 1990. En consecuencia, solicitó a esta Corporación su intervención, por tratarse de un asunto de relevancia constitucional de contenido económico, con el fin de que se revise el presente proceso para que “se emita una sentencia de unificación (SU) que impida que este tipo de reconocimientos se den con desconocimiento de las normas que regulan el tema, para que así se evite continuar con el perjuicio grave al Sistema General de la Seguridad Social”
4. Naturaleza jurídica de la pensión gracia. Reiteración de jurisprudencia
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.”
"3.2.1. De la propia evolución histórico- legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
5. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el cumplimiento de las providencias judiciales cuando se está ante una posible vulneración de derechos fundamentales. Reiteración de jurisprudencia
En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón.”[9] (Negrilla fuera del texto original).
Fue ello lo reiterado también recientemente por esta Sala de Revisión, en la sentencia T-406 de 2002 al indicar que “…la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para hacer cumplir la sentencia judicial dictada por la jurisdicción ordinaria laboral a favor del señor ROMERO CASTILLO, pues la procedencia del amparo no está supeditada a que el accionante demuestre la vulneración de su mínimo vital o el de su familia, en tanto el cumplimiento de sentencias judiciales es un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 Superiores.”
“82. A la luz de lo anterior, este Tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva[15], en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas. Además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.”[16] (Negrilla fuera del texto original).
· Mediante Resolución No. PAP 020721 del 21 de octubre de 2010, CAJANAL en liquidación, negó a Francisco Javier Marín, esposo de la accionante, el reconocimiento de la pensión gracia. Sobre la anterior decisión, se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Acto Administrativo PAP 046891 del 4 de abril de 2011 confirmando en todas sus partes la resolución impugnada.
· Ante dicha negativa, el esposo de la señora Genoveva Arbeláez Valencia promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 30 de noviembre de 2011, la cual fue conocida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Armenia, Quindío, autoridad judicial que mediante sentencia judicial, proferida el 21 de junio de 2013, resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos PAP 020721 del 21 de octubre de 2010 y PAP 046891 del 4 de abril de 2011 por medio de los cuales se negó la pensión gracia y en consecuencia ordenó a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión reclamada a favor del señor Francisco Javier Marín.
· El 16 de julio de 2014 falleció el señor Francisco Javier Marín, y el 27 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia de segunda instancia en la que se reconoce como sucesora procesal a la señora Genoveva Arbeláez Valencia en calidad de cónyuge supérstite del causante.
· El 25 de mayo de 2015, la señora Genoveva Arbeláez radicó memorial de cumplimiento de la sentencia del 27 de febrero de la misma anualidad ante la UGPP; sin embrago, la entidad accionada expidió Resolución RDP 025059 del 22 de junio de 2015 negando dicha solicitud aduciendo falta de documentos.
· Por su parte, la UGPP se opone a las pretensiones de la demandante por estimar, por una parte, que el causante no generó derecho a la pensión gracia toda vez que no cumplió con el requisito de ley, pues prestó sus servicios como docente de orden nacional y se requería que su vinculación haya sido nacionalizado, departamental, municipal o distrital con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; por otra parte, informó que el causante de la prestación reclamada desde el 1 al 17 de septiembre de 1977 ejerció dos cargos oficiales, pues el Director de Talento Humano de la Gobernación certificó que a partir del 1 de septiembre de 1977 el señor Francisco Javier Marín Granada fue nombrado como portero escribiente del Tribunal Administrativo del Quindío hasta el 16 de noviembre de 1989 y el 28 de mayo de 1987 fue nombrado como docente catedrático por la Gobernación del Quindío. Por lo anterior, afirmó que pagar una pensión gracia en estas circunstancias, iría en contravía del principio de sostenibilidad financiera del sistema al pagar unos dineros que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social sin cumplir con los requisitos para ello.
Se observa que hasta el momento han transcurrido más de 3 años desde que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Armenia, Quindío ordenó el reconocimiento y pago de la pensión reclamada, decisión que fue confirmada en segunda instancia, sin que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP haya dado cumplimiento al fallo judicial en mención, situación que como se advirtió en precedencia quebranta el derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante.
En este orden, teniendo en cuenta la falta de eficacia de los medios ordinarios de defensa con los que cuenta la accionante para lograr el cumplimiento del fallo en mención, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo excepcional para obtener la protección de su derecho de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, esta Sala de Revisión confirmará el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal el veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016) que revocó la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que negó las pretensiones incoadas dentro de la acción de amparo promovida por Genoveva Arbeláez Valencia en contra de la UGPP; y en consecuencia, concedió la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la accionante y ordenó a la entidad accionada que en un plazo perentorio de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del referido fallo, emitiera un acto administrativo dando cumplimiento a lo ordenado por la jurisdicción contencioso administrativa en torno al reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem del señor Francisco Javier a sus sucesores.
Observa la Sala que hasta el momento del trámite de revisión de la acción de tutela de la referencia han transcurrido más de tres (3) años desde que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Armenia, Quindío, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión reclamada, decisión que fue confirmada en segunda instancia, sin que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP haya dado cumplimiento al fallo judicial en mención, situación que configura una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante.
En atención a la falta de eficacia de los medios ordinarios de defensa con los que cuenta la accionante para lograr el cumplimiento del fallo en mención, la Sala Octava de Revisión considera que la acción de tutela resulta procedente como mecanismo excepcional para obtener la protección del derecho de acceso a la administración de justicia de la peticionaria. En consecuencia, decide confirmar el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal el veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016) que revocó la sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá que negó las pretensiones incoadas dentro de la acción de amparo promovida por Genoveva Arbeláez Valencia en contra de la UGPP; y en consecuencia, concedió la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la accionante
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo del veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016), proferido por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal, por el cual revocó la decisión del veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que negó el amparo formulado por Genoveva Arbeláez Valencia en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, y en su lugar, concedió la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la accionante.
[3]Ley 37 de 1933. “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados.” “Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela, rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
[10] La Corte concedió la tutela invocada y ordenó a la empresa Panamco Indega S.A., “dar inmediato y estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, proferida el 18 de mayo de 1999 y mediante la cual se decidió el recurso de homologación interpuesto contra el Laudo Arbitral del 2 de diciembre de 1998”.
[14] Cfr. Caso Barrios Altos. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Suárez Rosero. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Caballero Delgado y Santana. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Garrido y Baigorria. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Blake. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Benavides Cevallos. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Loayza Tamayo. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Cantoral Benavides. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Bámaca Velásquez. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso Castillo Páez. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; Caso del Tribunal Constitucional. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero; y Caso Hilaire, Constantine y Benajmin y otros. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2003, considerando primero.
[16] Caso Baena Ricardo v. Panamá, Sentencia (competencia) de 28 de noviembre de 2003.

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