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Timestamp: 2019-06-24 21:43:48+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 104/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 104/18
CAUSA: "ADOLFO JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ Y OTROS S/ SITUACIÓN INDEBIDA EN SITUACIONES DE CRISIS".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece del mes de marzo del año dos mil dieciocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, AUCIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y MIGUEL OSCAR BAJAC A., quien integra esta Sala Penal por la inhibición del Doctor BENÍTEZ RIERA, por ante mí, la Secretaria Autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: "ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ Y OTRA S/ CONDUCTA INDEBIDA EN SITUACIONES DE CRISIS", a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abogado RICARDO GAYOL, contra del Acuerdo y Sentencia N° 38 de fecha 04 de octubre de 2.013, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, de la Circunscripción Judicial de Capital.
A los efectos del análisis correspondiente de las cuestiones a ser estudiadas y con el objeto de establecer un orden en la emisión de los votos, se procede al sorteo, arrojando el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BAJAC ALBERTINI.
Cuestión previa: Habiendo el Representante de la Defensa del señor ADOLFO JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ TROVATO, planteado excepción de extinción de la Acción Penal por establecido en el Art. 136 del C.P.P., siendo materia de orden público el estudio de lo impetrado por el profesional, en primer lugar procederemos al análisis del mismo.
Entre otras dice su escrito el Abogado RICARDO GAYOL: "...II PROCEDENCIA.- Que, en ejercicio del derecho que me acuerda el Código Procesal Penal Art. 329 inc. 3ero, vengo a oponerme al progreso del procedimiento por medio de la excepción de extinción de la acción como de previo y especial pronunciamiento, teniendo en cuenta que el plazo establecido en el Art. 136 de C.P.P. y su modificación establecida por la Ley 2341/03 se ha cumplido y por lo tanto, al haber transcurrido el plazo establecido en dicho artículo, concordante con el art. 7 inc. 5 y art. 8 inc 1 de la Ley 1/89 y de acuerdo a la interpretación establecida en el art. 29 del mismo cuerpo legal en concordancia con el art. 10 del C.P.P., art. 6, 74 inc. 1 y art. 86 del C.P.P. y el art. 11, 16, 17inc. 9, 137 de la C.N. en cuanto a la prelación de las leyes, se ha producido la extinción de la acción penal..."
Concluye su presentación manifestando: "...en vista de las argumentaciones realizadas, solicito a la Corte Suprema de Justicia declare la extinción de la Acción y el correspondiente sobreseimiento definitivo de ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ TROVATO, de acuerdo a lo establecido en el art. 359 inc. 3ero del C.P.P....".
La institución de la Extinción de la acción penal esta reglada en el Art. 136 del Código Procesal Penal, el mismo reza: "DURACION MAXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo sólo se podrá extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo".
La Ley N° 2341/03 modificatoria de la normativa transcripta antecedentemente expone: "Modificase el Artículo 136 de la Ley N° 1286/98 "CÓDIGO PROCESAL PENAL", que queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 136.- Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado se reiniciará el plazo".
Cabe aclarar, que esta modificación rige desde el 14 de enero del 2004, siendo esta la fecha distintiva de aplicación de uno u otro artículo.
En la presente causa que hoy nos ocupa su estudio, el señor ADOLFO JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ TROVATO, Como bien expusiera su abogado defensor, fue imputado por el Ministerio Público en fecha 29 de agosto de 2008.
Tal como se señala la imputación al procesado fue realizado bajo la vigencia de la Ley N° 2341/03, por lo que de las situaciones tácticas señaladas claramente se corrobora que no existe duda alguna de la aplicación de la mencionada ley para el caso que nos ocupa.
La referida ley, señala textualmente en uno de sus apartados: "Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen".Lo que nos lleva a la conclusión de que a manera de interpretación la mencionada normativa modificatoria nos impone la SUSPENSION del plazo ante la imposición de recursos, incidentes, etc.
Ahora habiendo el Abogado defensor interpuesto el Recurso Extraordinario de Casación, en fecha 21 de octubre de 2013, esto suspende indefectiblemente el cómputo de plazo máximo de duración del proceso, tal como lo señala la Ley.
En consecuencia siendo clara la aplicación de la Ley N° 2341/03, y hallándose suspendido el plazo de duración máximo del procedimiento, la excepción de extinción de la acción penal debe ser rechazada.
Este criterio ya fue sustentado por esta Sala Penal en el Ac. y Sent. N° 204 de fecha 06 de abril de 2009 en el expediente: "Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por los Abogados Víctor Dante Gulino y Alba Zaracho en la causa: Nicolás Donato Dagogliano s/ lesión de confianza y otros". Asimismo en el A. I. 1.235 de fecha 29 de julio de 2.009, en la causa: "Juan Pió Paiva y otros s/ H. P. contra la vida (homicidio doloso)".
A la primera cuestión planteada, el Ministro BLANCO dijo: Se presenta el Abogado RICARDO GAYOL, por la defensa del procesado ADOLFO JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ TROVATO, e interpone recurso extraordinario de casación contra el fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, de Circunscripción Judicial de Capital, (Ac y Sent. 38).
El Acuerdo supra-mencionado, resolvió: “1- DECLARAR la competencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, para entender y juzgar esta causa. 2- ADMITIR, el recurso de Apelación Especial interpuesto por el representante de la defensa Abog. Ricardo Gayol, en contra de la S.D. N° 299 del 07 de setiembre de 2010. 3- CONFIRMAR, por los motivos precedentemente expuestos, en todas sus partes, la S.D. N° 299 del 07 de noviembre de 2010. 4- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia".
Por su parte la S.D. N° 299 de fecha 07 de noviembre de 2010, el Tribunal de Sentencia, integrado por los Jueces Daniel Ferro (Presidente), Carlos Magdaleno Ortiz y Andrés Vicente Casati (miembros), dispuso entre otras cosas: "...5) DECLARAR la comprobación del hecho punible de CONDUCTA INDEBIDA EN SITUACIONES DE CRISIS, probado en juicio; 6) DECLARAR autor del hecho punible de CONDUCTA INDEBIDA EN SITUACIONES IDE CRISIS, al acusado Adolfo José Ignacio Martínez Trovato, por la conducta del acusado Adolfo José Ignacio Martínez Trovato; 7) DECLARAR la punibilidad de ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ TROVATO, por la conducta típica, antijurídica y reprochable en el hecho de CONDUCTA INDEBIDA EN SITUACIONES DE CRISIS probada en juicio. 8) CALIFICAR... 9) CONDENAR al acusado Adolfo José Ignacio Martínez Trovato, paraguayo... a la sanción de 02 (dos) años de pena privativa de libertad. 11) Una vez firme la presente resolución... 12) IMPONER, las costas al condenado. 13 ANOTAR, registrar...".
En primer término corresponde pronunciarse acerca de la admisibilidad de las impugnaciones interpuestas. En ese sentido, el artículo 477 del Código Procesal Penal,
dispone en relación al objeto del recurso: "Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencia definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".
Los recaudos formales para la admisibilidad del recurso de casación se encuentran claramente establecidos e individualizados por la ley, la jurisprudencia y la doctrina y son: a) la presentación por escrito del recurso: b) la firma del abogado y del recurrente cuando aquel actúa como patrocinante; c) la presentación del recurso en tiempo propio (10 días), ante la Secretaria de la Sala Penal; d) con copias de la resolución impugnada y de la cédula de notificación pertinente; e) la mención de uno o más de los tres exclusivos y únicos motivos previstos en el art. 478 del Código Procesal Penal con sus fundamentos y la solución que se pretende; f) que la sentencia o auto impugnado sea uno de los objetos de casación, de acuerdo al citado art 477; y g) que exista interés para interponer el recurso.
Conforme a las constancias de autos, la resolución recurrida, Acuerdo y Sentencia N° 38, fue dictada el Tribunal de Apelaciones, cuarta sala, que en lo sustancial confirma lo resuelto por el Tribunal de mérito.
El art. 480, en concordancia con el 468 del Código Procesal Penal, menciona que el recurso extraordinario de casación debe interponerse en un plazo de diez días de notificada la resolución, situación cumplimentada por parte de la recurrente; además,
Invocando en la misma presentación como sustento legal de su pretensión lo estipulado en el art. 478, inciso 3° del Código adjetivo, por lo que en la constatación de tal supuesto versará el estudio del fondo de la cuestión planteada en la presente impugnación. Con lo cual se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de casación, por lo que corresponde expedirse en tal sentido. Es mi VOTO.
A su turno los Señores Ministros PUCHETA DE CORREA y BAJAC ALBERTINI manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Ministro SINDULFO BLANCO prosiguió diciendo: A los efectos de plasmar de manera ordenada el análisis acerca del objeto debatido, se exponen primeramente: La sentencia recaída en estos autos en relación al condenado ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ, los antecedentes constatados y valorados por el Tribunal de Sentencia, con la correspondiente decisión emanada del Tribunal de Apelación. Luego se explican de manera concreta los argumentos y las pretensiones de cada parte y finalmente el análisis acerca de la procedencia del recurso.
1) ANTECEDENTES: El ciudadano ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ, fue condenado a DOS (2) años de pena privativa de libertad, por Sentencia Definitiva N° 299 de fecha 07 de noviembre de 2010, la mencionada resolución fue confirmada por Ac. y Sent. No. 38 de fecha 04 de octubre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital.
2.1 CASACIONISTA: Dr. Ricardo Gayol en representación de su defendido Adolfo José Ignacio Martínez Trovato. Cuestiona entre otras cosas: "...corresponde que esta defensa técnica, haga notar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el palpable desacierto jurídico, en el que incurrió el veredicto dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, al OMITIR NUEVAMENTEpronunciarse, estrictamente, sobre los redamos puntuales que fueron expuestos y fundados por esta Defensa Técnica, en ocasión de la promoción de recurso de apelación especial, que se dedujera en contra de la Sentencia de primera instancia pero con un componente agravante: EL VEREDICTO PROYECTADO, no solamente peca del defecto de hallarse nuevamente MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, por el vicio de citra petita o fallo corto; sino que a ello se suma el incumplimiento expreso de la resolución dictada por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, mediante el cual, esta causa fue reenviada a un nuevo Tribunal de Alzada, a fin de que el recurso de apelación Especial, sea estudiado conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Procesal Penal.
Prosigue diciendo: "Sin embargo, en la resolución impugnada, se ha vuelto a incurrir en el mismo desliz, en el que ya había caído el Tribunal de Apelaciones, Tercera Sala de la Capital, y que fuera la causa directa de la DECLARACIÓN DE NULIDAD del fallo dictado en dicha oportunidad, lo que denota una total falta de comprensión del sentido y alcance de la línea jurisprudencial que fuera trazada, mediante el Acuerdo y Sentencia N° 2380, del 27 de diciembre de 2012 y convierte nuevamente al veredicto impugnado, en una resolución manifiestamente infundada. Con tamaña desprolijidad argumentativa, los integrantes del órgano de segundo de grado, han desconocido nuevamente soslayando puntos esenciales, que fueron esgrimidos como agravios en contra de la resolución del Tribunal de mérito, con el dato alarmante que indica que, pese a haberlos advertido oportunamente en el considerando, simple y llanamente, no lo han estudiado en el fallo".
Sigue manifestando: "...como puede constatarse -sin mucho esfuerzo- el Tribunal de apelaciones, no obstante, advertir y plasmar en su resolución, los agravios puntuales que debían ser objeto o materia de pronunciamiento jurisdiccional, NUEVAMENTE ha desatendido su labor constitucional y legal. Los puntos que fueron, superficialmente, abordados en los párrafos precedentes, demuestran el abierto incumplimiento de las reglas de competencia impuestas por parte del Tribunal, que pareciera que todo lo resuelto en el recurso de casación, fue tomado como letra muerta por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Cuarta Sala...".
Finaliza su presentación señalando: "Hacer lugar al recurso interpuesto y por tanto, CASAR la S.D. N° 38 de fecha 04 de octubre de 2013, por su manifiesta falta de fundamentación y, en función al Art. 474 del CPP, REVOCAR la S.D. N° 299, del 07 de setiembre de 2010, dictado por el Tribunal de Sentencia, debiéndose disponer la ABSOLUCIÓN del señor ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ TROVATO, por no configurarse los presupuestos de la punibilidad en su conducta" (sic).
2.2 Querella Adhesiva: El representante de Querella adhesiva, Abog. PEDRO CAÑETE ARRUA, fue notificado del Recurso interpuesto, no habiendo contestado el mismo conforme consta en el informe de la Señora Actuaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, obrante en estos autos.
2.3 Ministerio Público: La Fiscal Adjunta Abogada SOLEDAD MACHUCA VIDAL, al contestar el traslado del recurso planteado por la defensa del condenado, se expide al respecto y por Dictamen Número 169, de fecha 03 de marzo de 2014, solicita: 1) tener por contestado el traslado en los términos expuestos y 2) rechazar el Recurso Extraordinario de Casación planteada por el Abogado Ricardo Gayol, por improcedente.
Definidos los argumentos expuestos por las partes intervinientes, corresponde seguidamente analizar la segunda cuestión:
Procedencia del recurso: El casacionista funda su petición en lo dispuesto por el art. 478 inc. 3 del C.P.P. Dicha normativa determina: "El recurso extraordinario de casación procederá exclusivamente: ...inc. 3° cuando la sentencia o el auto sean manifiestamente infundados".Dicho articulado expone la previsión constitucional por la cual los órganos jurisdiccionales en su tarea decisoria tienen la obligación de plasmar en sus fallos los motivos o fundamentos sobre él porque han arribado a las conclusiones adoptadas.
Que, en este orden de ideas y atendiendo a los fundamentos elevados a categoría de causal de casación, previamente debemos señalar que una resolución manifiestamente infundadapresupone una falta de motivación o fundamentación, esto se trasluce en una falta o ausencia de la exposición de los motivos que justifiquen la convicción del órgano jurisdiccional en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinen la aplicación de una norma a ese hecho. Todo ello no solo consiste en que el Juez no consigne o no plasme las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso, de acuerdo con el sistema impuesto por la Ley Procesal, esto es, en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia.
Sobre el punto el ilustre autor Fernando de la Rúa en su obra "La Casación Penal" - El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación" señala con respecto al concepto de motivación: “La motivación, a la vez que un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los "considerandos" de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución..." (pág.105) "La sentencia, para ser válida, debe ser motivada. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende asegurar la recta administración de justicia..." (pág. 106).
En tal sentido, conforme a lo señalado, se tiene que en el estudio del fallo impugnado no se observan vicios o defectos que admitan o permitan algún tipo de colisión las conclusiones valorativas asumidas en el Acuerdo y Sentencia puesto en crisis con tasación interpuesta.
En reiteradas ocasiones esta Sala Penal de Corte Suprema de Justicia ha destacado que el solo disenso del recurrente no basta para tener por existentes las violaciones legales y lógicas que el mismo sostiene y para alterar, en consecuencia, el análisis realizado por el Juzgador en uso de sus facultades.
Valga mencionar, a MORELLO, Augusto Op. Cit. Pág. 442, "En consecuencia, no se trata de que la Cámara no valoró, sino que lo hizo en forma que no satisface el criterio de la Defensa, lo cual obviamente, no implica que se hayan producido las violaciones de las leyes del pensamiento lógico que esta refiere pero que no demuestra".
En ese mismo contexto, el Tribunal de Apelaciones ha ejercido el control jurisdiccional correspondiente, sobre la correcta aplicación de la ley y la legitimidad del fallo atacado, pues el razonamiento expuesto en la resolución fue construido sobre premisas jurídicas válidas y aplicables al caso concreto, expidiéndose en forma ante cada cuestionamiento realizado por parte del apelante, todo ello dentro de los límites de su competencia.
POR TANTO: en atención a consideraciones y fundamentos expuestos, con sustento en la Constitución Nacional, en su Art. 256; así como los Arts. 125 y 403 inc. 3) y 478 inc. 3) del Código Procesal Penal, El Recurso Extraordinario de Casación deben ser rechazados, en consecuencia el fallo recurrido debe ser confirmado. Es mi VOTO.
A su turno la Ministra PUCHETA DE CORREA dijo: En cuanto al estudio del fondo de la cuestión me adhiero al voto del Ministro Preopinante Dr. SINDULFO BLANCO por sus mismos fundamentos no obstante me permito agregar las siguientes conclusiones a modo de voto complementario:
El Casacionista formula como agravios: Primer agravio: violación del principio de legalidad material por incumplimiento de las condiciones objetivas de punibilidad (art. 178 del Código Penal, por remisión expresa del art. 179 inc. 3° del mismo cuerpo legal). En dicho sentido, asevera que el Tribunal de Mérito ha calificado la conducta como causal sin haberse determinado las condiciones objetivas de punibilidad. Expresa que el art. 178 inc. 3) del C.P. no solo establece como condición objetiva de punibilidad el acaecimiento de la convocatoria o de la quiebra - único aspecto considero por el Tribunal de Mérito - sino que además la quiebra o la convocatoria de acreedores debe haber una conexión entre las conductas descriptas en el art. 178 del C.P.
El art. 179 inc 3° remite al Art. 178 inc. 2° C.P. que condiciona en este sentido la punibilidad a la concurrencia de condiciones objetivas: "El hecho es punible solamente cuando: 1. El autor o la empresa fundada o ampliada por él, haya caído en casación de pago o cuando se haya declarado la quiebra; y 2. No se pueda excluir una conexión entre las conductas descritas en el inciso 1° y la cesación de pago o la declaración de quiebra".
Doctrinariamente se conoce como condición objetiva de punibilidad a las circunstancias que se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni al de la culpabilidad (Hans - Heinrich Jescheck. Tratado de Derecho Penal. Pág. 597). Es decir, las mismas no dependen de los factores personales del autor, como ser la intención o voluntad. Son circunstancias tácticas totalmente independientes a estos aspectos que conforme a consideraciones de Política Criminal, el Legislador opta por punir el hecho.
En ese sentido, el art. 178 inc. 2 del C.P. requiere que el autor o la empresa fundada o ampliada por él, haya caído en cesación de pago o que se haya declarado su quiebra (primera condición); y que no se pueda excluir una conexión entre las conductas del autor y la cesación de pago o quiebra (segunda condición).
Ahora bien, en cuanto a la segunda condición, la conexión entre la conducta del autor y la cesación de pago no precisa de una conexión directa, es decir, no es necesario que el autor haya anhelado la cesación de pago o quiebra, sino solamente exigen que exista una relación de riesgo que no necesita ser una condición directa.
El Tribunal de Mérito, confirmo que el acusado ADOLFO JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ habiendo caído en insolvencia en forma dolosa realizo un negocio jurídico (transferencia de las acciones suscriptas e integradas que le correspondían como accionista de la firma "Sanatorio Migone a favor del señor Mario Iván Lugones", comprometiendo el patrimonio perteneciente a la masa. Consecuentemente han ocurrido los demás presupuestos de punibilidad. Por lo expuesto, el agravio debe ser rechazado.
Segundo agravio: Violación de la sana crítica. Alega que el Tribunal de Merito aplicó erróneamente las disposiciones del art. 178 del C.P.P., intentando subsumir el comportamiento del acusado sobre la base de la disminución de la quiebra del señor MARTÍNEZ TROVATO sin tener en cuenta las reglas de la verdad real y las leyes que regulan la actividad económica en el ámbito civil. En dicho sentido asevera que el Tribunal de Mérito no tuvo en cuenta el procedimiento establecido en el Decreto Reglamentario N° 6.359 para determinar el valor real de las acciones.
Con respecto a este ítem, vemos que el órgano de alzada ha expresado que luego del análisis de la sentencia del Tribunal de mérito, no pueden ser atendidos en el no en el contexto de un reexamen, sino simplemente para verificar la logicidad del razonamiento y la correcta aplicación del precepto. En síntesis, toda cuestión que tenga que ver con examen de prueba o valoración de la misma se encuentra absolutamente vedada a los Tribunales de Alzada, en razón de que todo ese material fáctico es producido y recibido ante el Tribunal de Sentencia que lo aprecia conforme a las reglas de inmediatez, oralidad y publicidad que rigen la tarea del mencionado órgano durante la sustanciación del caudal fáctico, y la determinación de decisión distintas a la adoptada por los órganos jurisdiccionales de juzgamiento, no está permitida en este tipo de recursos de carácter extraordinario.
En consecuencia, a mi entender, la resolución recurrida se encuentra igualmente clara, bien y suficientemente fundada. Por consiguiente, y aun sin considerar que la presentación de las recurrentes constituye, sin ninguna duda, más bien una solicitud de revisión de una decisión que les ha sido desfavorable, que fundamentos de un recurso extraordinario de casación; al no constituir éste una tercera instancias, como aparentemente lo desean las recurrentes, y no hallándose encuadrado el caso dentro del marco establecido por el Art. 478 del Código Procesal Penal. En consecuencia el agravio debe ser rechazado por su notoria y absoluta improcedencia.
Tercer agravio: Errónea aplicación del art. 65 inc 3° del Código Penal por revaloración de elementos pertenecientes al tipo penal. En este sentido expresa que no se ha considerado la avanzada edad del acusado (71 años), su condición de médico, etc.
Primeramente el casacionista no expuso cual ha sido el elemento del tipo penal que ha sido revalorado. Por otra parte, las cuestiones que hacen a la valoración del juicio sobre la pena consisten en hechos o circunstancias tácticas que no pueden ser apreciadas en Alzada por los principios de inmediación y oralidad propios del Sistema Acusatorio.
Conforme a lo expuesto el Recurso Extraordinario de Casación deviene improcedente. Las costas deben ser impuestas a la perdidosa. Es mi VOTO.
A su turno el Ministro BAJAC ALBERTINI, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos expuestos.
Asunción, 13 de marzo de 2015.
NO HACER LUGAR al incidente de extinción planteado por la defensa.
DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el Abogado Defensor del señor ADOLFO JOSE IGNACIO MARTINEZ T., en la presente causa.
RECHAZAR el recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el Abogado RICARDO GAYOL, en representación del señor ADOLFO JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ T., contra el Acuerdo y Sentencia N° 38 de fecha 04 de octubre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala de la Circunscripción Judicial de la Capital.
REMITIR estos autos al órgano competente.
Abg. Karinna Penoni. Secretaria

References: resolución 
 Artículo 136
 resolución 
 artículo 477
 resolución 
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