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Timestamp: 2018-09-19 09:37:57+00:00

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Lista propuesta anti-corrupción de Cambio Radical – Periscopio Politico
Lista propuesta anti-corrupción de Cambio Radical
1 septiembre, 2018 1:54 pm 1 septiembre, 2018 0 72
Los graves efectos de la corrupción
La corrupción es uno de los peores problemas de los Estados de Derecho y dela democracia, por ello es necesario tener una respuesta contundente para combatirla y prevenir su presencia en la sociedad. Sin embargo, las modalidades de este fenómeno son cada vez más complejas y sofisticadas, por lo cual no basta con formular simples postulados retóricos, sino que debe emplearse una estrategia técnica integral en la cual participen todos los sectores de la sociedad y cuyo punto de partida sea atacar sus causas. Este documento pretende dar un panorama general sobre la estrategia de lucha contra la corrupción, partiendo de los defectos y ventajas de la regulación existente.
A nivel económico, la corrupción destruye la libre competencia y crea pobreza y desigualdad[1]. Todo acto de corrupción implica el aumento de valor del bien o servicio en el cual esté involucrado, pues agrega el soborno al costo de la transacción[2]. Por lo anterior, la inversión estatal se termina desviando hacia los particulares deshonestos en vez de destinarse a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos[3].
Adicionalmente, este fenómeno promueve la ineficiencia en la prestación de bienes y servicios, pues será ésta y no su calidad el motivo de la transacción[4], lo cual termina afectando la estructura de las propias empresas, pues éstas no se preocuparán por invertir en tecnología e innovación, sino por contratar a personal experto en influir en el sector público[5].
Todos estos efectos terminan afectando el desarrollo económico, pues se conforma un sector público ineficiente que no lleva a cabo los proyectos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos[6] y un sector privado no competitivo que no cuenta con las herramientas para competir en el mercado internacional[7].
A nivel social y político los efectos de la corrupción son muy profundos, pues se adultera el sistema democrático, reduciéndose la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho[8]. Esta situación crea a su vez consecuencias más complejas como la creación de poderes paralelos, mafias que reemplazan al Estado y que se encargan de proveer un sistema de bienes y servicios alternativos fundados en la violencia y en la propia corrupción.
En la actualidad, la afectación de la confianza de la sociedad a través de este fenómeno se puede medir mediante el índice de percepción de la corrupción, en el cual Colombia ha venido descendiendo puestos para ubicarse en el lugar 90:
Escalafón[9] Puntaje
1. Dinamarca 90
2. Nueva Zelanda 90
4. Suecia 88
6. Noruega 85
8. Países Bajos 83
9. Canadá 82
41. Costa Rica 37
90. Colombia 37
A nivel mundial se puede ver una relación directa entre el nivel de desarrollo de los países y el índice de la corrupción, lo cual tiene una relación cíclica: una de las causas del subdesarrollo es la corrupción, pero a su vez en los países menos desarrollados la corrupción es más frecuente porque tienen menos sistemas de control.
2.2. Propuestas del proyecto
2.2.1. Medidas para evitar que los corruptos sigan apropiándose de los recursos públicos
Los corruptos se están quedando con los recursos públicos, lo cual se debe a 3 razones esenciales: no hay mecanismos eficaces para recuperar los dineros apropiados, no hay un control integral de los recursos de los servidores públicos y no se están iniciando acciones de repetición y cuando se inician los funcionarios públicos ya se insolventaron. En virtud de lo anterior este proyecto formula las siguientes propuestas:
Fortalecimiento y aprovechamiento de las declaraciones de bienes y rentas
Las declaraciones de renta de los servidores públicos se encuentran en la DIAN, pueden ser solicitadas por las entidades públicas, los jueces y las entidades de control, por lo cual es completamente innecesario e inoficioso solicitar su presentación. En el año 190 de 1995 se creó un mecanismo mucho más eficiente para la lucha contra la corrupción que son las declaraciones de bienes y rentas, que se diferencian de la declaración de renta en que son totalmente actualizadas (y no se refieren solo al año gravable anterior) e incluyen dato adicionales como los de los parientes en primer grado de consanguinidad y el cónyuge o compañero permanente.
Más que pedir una declaración de renta es más efectivo fortalecer el mecanismo de la declaración de bienes y rentas creados en la Ley 190 de 1995 para hacer un uso efectivo de estas por las entidades de control para lo cual se realizan las siguientes propuestas:
Inclusión en las declaraciones de todos los bienes adquiridos en los últimos 5 años:
Actualmente la declaración de bienes y renta debe presentar información del último año, por lo cual se hace necesario ampliarlo a 5 años para tener un marco de observación más amplio:
Artículo 1º.Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:
Parágrafo. La declaración deberá contener todos los bienes adquiridos y enajenados en los últimos 5 años.
Envío de todas las declaraciones a la Contraloría General de la República para que verifique su veracidad y cuente con una base de datos que pueda usar en el futuro
En la actualidad la información recopilada con las declaraciones se desperdicia en las oficinas de personal de las entidades públicas, pudiendo constituir una útil base de datos para investigaciones sobre los bienes de los funcionarios. Por lo anterior, se enviarán a la Contraloría General de la República para que las centralice y pueda constatar su veracidad:
Artículo 2º. Adiciónese el artículo 16 A a la Ley 190 de 1995, en el cual se dispondrá lo siguiente:
Artículo 16 A. Todas las entidades públicas deberán enviar copia digitalal de las declaraciones de bienes y rentas a la Contraloría General de la República, las cuales serán conformarán el Sistema Unificado de Declaraciones.
La Contraloría General de la República deberá realizar procesos aleatoreos para verificar que la información declarada por los funcionarios públicos es real, para lo cual deberá contrastarla con los datos recolectados por la DIAN y otra información relevante pública y privada.
Fortalecimiento del proceso de extinción del dominio
La extinción del dominio ha sido una de las mayores invenciones de la ley colombiana para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. En las últimas décadas se ha venido mejorando paulatinamente hasta incluso contar con un Código expedido a través de la Ley 1708 de 2014. Sin embargo, en la actualidad el sistema tiene problemas de operatividad como la congestión (solo hay 11 jueces a nivel nacional) y el inicio tardío de los procesos hacen que un gran modelo no esté funcionando adecuadamente. Para mejorar esta situación se proponen 3 medidas:
Exigir que con la presentación del escrito de acusación por delitos contra la administración pública se inicie el trámite de extinción del dominio
En la actualidad la extinción del dominio procede contra delitos contra la administración pública, tal como permite el artículo 16 del Código de Extinción del Dominio:
“Artículo 16. Causales. Se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que se encuentren en las siguientes circunstancias:
Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita”.
Por lo anterior, proponer que se pueda extinguir el dominio de quienes hayan incurrido en un acto de corrupción es ignorar lo que ya existe. El problema es que no se inician los procesos por una falta de comunicación en los organismos encargados de investigar la corrupción, por ello se propone que con la presentación del escrito de acusación también se inicie el proceso de extinción:
Artículo 3º.Adiciónese un parágrafo al artículo 117 de la Ley 1708 de 2014, el cual quedará así:
Parágrafo. En los procesos penales iniciados por la comisión de delitos contra la administración pública la fase inicial deberá ser adelantada desde la presentación del escrito de acusación.
Exigir que las entidades afectadas se hagan parte en el proceso
Es esencial también permitir que la entidad afectada participe en el proceso pues cuenta con información vital para la investigación:
Artículo 4º. Adiciónese el artículo 32 A a la Ley 1708 de 2014, en el cual se dispondrá lo siguiente:
Artículo 32 A de la Ley 1708 de 2014. Entidad afectada. Cuando en el proceso de extinción del dominio se inicie por delitos contra la administración pública, también deberá intervenir de manera obligatoria a través de apoderado la entidad pública afectada por los hechos. Ésta deberá intervenir a partir de la fijación provisional de la pretensión y tendrá la facultad de presentar las solicitudes y los recursos que estime necesarios.
Darle competencia a los juzgados penales del circuito para conocer de los procesos de extinción del dominio para solucionar la grave crisis de congestión
Finalmente el peor problema que tiene la extinción del dominio en Colombia es que solo hay 11 jueces especializados para conocerla, lo cual es totalmente insuficiente. Por lo anterior, es necesario ampliar la competencia para que también puedan conocerla los Jueces Penales del Circuito Especializados:
Artículo 5. El artículo 33 de la Ley 1708 de 2014 quedará así:
ARTÍCULO 33. COMPETENCIA PARA EL JUZGAMIENTO. La administración de justicia en materia de extinción de dominio, durante la etapa del juicio, se ejerce de manera permanente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de Dominio y los Jueces Penales del Circuito Especializados.
PARÁGRAFO 2o. El control de legalidad sobre las medidas cautelares que se decreten por parte del Fiscal será competencia de los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de Dominio y de los Jueces Penales del Circuito Especializados.
Actualmente con la formulación de la imputación en el proceso penal se presenta también la imposibilidad de vender bienes sujetos a registro, sin embargo, ello solamente sucede por 6 meses, tiempo en el cual no ha terminado el juicio, por lo cual se propone su aumento a 2 años para evitar que los funcionarios se insolventen.
Artículo 6º. Adiciónese un parágrafo al artículo 97 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:
Parágrafo. En caso que el delito imputado sea contra la administración pública el término será de 2 años.
La contratación pública es una actividad en la que tradicionalmente se han presentado múltiples casos de corrupción. Sin embargo, su sofisticación hace que sea inútil simplemente hablar de una contratación transparente sin establecer medidas concretas que prevengan y sancionen efectivamente la corrupción. Por ello es necesario establecer reformas concretas y técnicas a la ley contractual:
Limitación de la contratación directa al 10 por ciento del presupuesto anual de la entidad pública
Artículo 7º.Adiciónese un parágrafo 4º al artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Parágrafo 4º. Ninguna entidad pública podrá contratar directamente más del diez por ciento de su presupuesto anual.
Obligación de utilizar acuerdos marco e instrumentos de agregación de la demanda para la determinación de los precios
Artículo 8º. Adiciónese un parágrafo 5º al artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Parágrafo 5º. Todas las entidades públicas deberan aplicar acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda.
Obligación de publicar datos abiertos
Artículo 9º. Adiciónese un parágrafo 6º al artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Parágrafo 6º. Todas las entidades públicas tendrán la obligación de publicar datos abiertos.
Obligación de colocar toda la información contractual directamente en las páginas web de las entidades
Artículo 10º. Adiciónese un parágrafo 7º al artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Parágrafo 7º. Las entidades públicas deberán colocar en sus páginas web todos los contratos públicos que celebren de forma oportuna.
Consagración del principio de eficacia en la contratación pública
Artículo 11º. Adiciónese un artículo 26A a la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 26 A. Principio de eficacia. Las entidades públicas tiene la obligación de garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados en el contrato. Para garantizar el cumplimiento de ello las entidades deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
Es esencial fortalecer la defensa del Estado y la carrera administrativa a través de medidas concretas que aumenten la transparencia y la eficiencia en la función pública:
Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Artículo 12º. Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:
Parágrafo. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado deberá hacer un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones y formar estartegias de apoyo a las entidades públicas.
Calificación del desempeño de los servidores públicos por los ciudadanos
Artículo 13. Adiciónese un parágrafo al artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el cual quedará así:
Aumento de la pena del delito de utilización indebida de información privilegiada
Artículo 14. El artículo 420 de la Ley 599 de 2000 quedará así:
Artículo 420. Utilización indebida de informacion oficial privilegiada. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en prisión de 4 a 8 anos.
Sanción de aquellas personas que colaboren a que un servidor público para el asesoramiento ilegal
Artículo 15. Adiciónese un tercer inciso al artículo 421 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
La misma pena se impondrá a quien preste su nombre para que un funcionario público litigue, gestione o asesore en asunto judicial, administrativo o policivo.
Sistematización de todas las quejas y reclamos a nivel nacional
Artículo 16. Adiciónese el artículo 55 A a la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:
De todas las quejas y reclamos se deberán enviar copias digitalizadas a la Presidencia y la Procuraduría para su seguimiento y a la Comisión de Moralización y a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción para la adopción de medidas estructurales.
Aplicación del testaferrato a todos los delitos
Artículo 17. El artículo 420 de la Ley 599 de 2000 quedará así:
Artículo 326. Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de la comisión de una conducta punible, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a trescientos (300) meses y multa de ochocientos (800) a setenta mil (70.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes.
Tanto la Convención de Nacionales Unidas contra la Corrupción[10] como también la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacional[11] exigen que los Estado contemplen la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción a través de penas como la cancelación o la suspensión de la personería jurídica, la intervención o multas cuantiosas.
Muchos países que se negaron por años a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de corrupción ya lo están haciendo, tal como sucede con España[12], Italia[13] y Francia[14]. Lo esencial es contemplar un procedimiento penal eficaz para investigar y sancionar esta forma de criminalidad.
Adicionalmente, en los países en los que se ha contemplado ha implicado también el favorecimiento de una cultura de la legalidad al interior de las empresas, la exigencia de códigos de buen gobierno y la incorporación de organismos dedicados a evitar que las empresas sean utilizadas para la comisión de delitos o fraudes. Por lo anterior, es esencial establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y crear un sistema de prevención del delito en cada una de ellas.
Establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Artículo 18. Adiciónese el artículo 29 A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 29A. Las personas jurídicas serán responsables penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estando autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
Exigencia de modelos de compliance para eximir la responsabilidad jurídica
Artículo 19. Adiciónese el artículo 32 A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 32A.
Además de los eventos anteriores, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad en los eventos:
Establecimiento de requisitos específicos a las medidas de prevención del delito
Artículo 20. Adiciónese el artículo 32 B a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Los modelos de organización y gestión a que se refieren el artículo anterior deberán contemplar:
Actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
Procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
Una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones.
Capítulo 1. Medidas para la detección y la recuperación de patrimonios ilegales
Capítulo 2. Medidas para favorecer la transparencia y la eficacia en la contratación pública
Parágrafo 7º.Las entidades públicas deberán colocar en sus páginas web todos los contratos públicos que celebren de forma oportuna.
Artículo 12. Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:
Parágrafo. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado deberá hacer un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones y formar estrategias de apoyo a las entidades públicas.
Capítulo 3. Medidas para favorecer la transparencia en la administración pública
Capítulo 4. Medidas para prevenir y sancionar los delitos cometidos por las personas jurídicas
Artículo 29A.
Las personas jurídicas serán responsables penalmente por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estando autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
Artículo 32A. Además de los eventos anteriores, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad en los eventos:
[1] MURIEL PATIÑO, “Aproximación macroeconómica al fenómeno de la corrupción”, op. cit., p. 36.
[2] Johnston, Michael: Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Development, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 24 a 33
[3] COLLIER, P. y HOEFFER, A.: “Los costos económicos de la corrupción en infraestructura”, en: AA. VV.: Informe Global de la Corrupción 2005, Transparencia Internacional, s. l., 2005, p. 9.
[4]JOHNSTON, Michael: Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Development, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 24 a 33
[5]ZANCHETTA, P. L.: “Tangentopoli entre perspectivas políticas y soluciones judiciales”, en Ibáñez, P. A. (edit.): Corrupción y Estado de derecho: el papel de la jurisdicción, Trotta, Valladolid, 1996, 88.
[6] Véase NÚÑEZ GARCÍA SANTOS, A.: “La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, en FABIÁN CAPARRÓS, E. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: La corrupción: aspectos jurídicos y económicos, Ratio Legis, Salamanca, 2002, 13.
[7]ROSE-ACKERMAN. S.: La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma, Siglo XXI, Madrid, 2001, 45.
[8] BULL, M. J. y NEWELL, L.: “Conclusion: Political Corruption in Contemporany Democracies”, Palgrave Macmillan, London, 2000, p. 244.
[9] Índice de Transparencia Internacional 2016.
[10] Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 23 2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.
[11] Artículo 2 Responsabilidad de las personas morales Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero.
[12] Introducida en el año 2010 en el Código Penal Español.
[13]Aplicable desde el año 2001.
[14] Introducida en el Código Penal Francés de 1994.

References: Artículo 1
 artículo 16

Artículo 2
 artículo 16

Artículo 16
 artículo 16

Artículo 3
 artículo 117

Artículo 4
 artículo 32

Artículo 32

Artículo 5
 artículo 33

ARTÍCULO 33

Artículo 6
 artículo 97

Artículo 7
 artículo 24

Artículo 8
 artículo 24

Artículo 9
 artículo 24

Artículo 10
 artículo 24

Artículo 11
 artículo 26

Artículo 26

Artículo 12
 artículo 36

Artículo 13
 artículo 39

Artículo 14
 artículo 420

Artículo 420

Artículo 15
 artículo 421

Artículo 16
 artículo 55

Artículo 17
 artículo 420

Artículo 326

Artículo 18
 artículo 29

Artículo 29

Artículo 19
 artículo 32

Artículo 32

Artículo 20
 artículo 32

Artículo 12
 artículo 36

Artículo 29

Artículo 32
 Artículo 26
 Artículo 2