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Rueda de prensa conjunta Quito–Londres | Embajada del Ecuador en Francia
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Rueda de prensa conjunta Quito–Londres
27 de Junio de 2014 - 03h43
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Intervención del Canciller Ricardo Patiño
El 19 de junio de 2012, hace exactamente dos años, el periodista Julian Assange se presentó en la Embajada del Ecuador enLondres, y solicitó la protección del Estado ecuatoriano. Declaró entonces ser un perseguido político, como consecuencia del ejercicio de su derecho a informar al público sobre hechos relevantes, relacionados con graves violaciones de los derechos humanos en Irak, y en otras partes del mundo.
A través de un estudio pormenorizado del caso, se determinó que existía un temor fundado de persecución política motivada por sus actividades como periodista. Ecuador es signatario de varios instrumentos internacionales de carácter vinculante, entre los que cabe citar el Estatuto de los Refugiados de 1951, y su Protocolo Adicional de 1967, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967, la Convención contra la Tortura de 1984, así como la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Esto compromete a nuestro país a defender los derechos humanos de las personas; a protegerlos frente a la persecución política de la que son objeto, independientemente del poderío que tengan los perseguidores. No es una opción la nuestra; es un deber. Pero también es un derecho que nos asiste como país, en función de todos los instrumentos internacionales reconocidos por los países.
Sobre la base de nuestros principios y nuestras responsabilidades para con el Derecho Internacional, leales a la tradición orgullosamente protectora del derecho de asilo de nuestro país y de nuestra América Latina, el Gobierno del Presidente Correa tomó la decisión soberana -y legal- de conceder asilo político al ciudadano Julian Assange. Consecuentemente, solicitamos el salvoconducto, que debe permitir a Assange desplazarse de forma segura hasta territorio ecuatoriano.
Por otro lado, y desde el comienzo, este Gobierno ha querido ser también fiel al espíritu de cooperación judicial entre países, por lo que ha mantenido las puertas abiertas a la fiscalía de Suecia, para que pueda continuar con la investigación preliminar, entrevistando a Assange; bien a través de video conferencia, bien a través de la presencia física en nuestra Embajada de funcionarios suecos. La posibilidad de colaborar con las autoridades suecas se extendería a territorio ecuatoriano, llegado el caso. La entrevista a distancia está perfectamente contemplada, tanto en el Convenio Europeo relativo a la Asistencia judicial en materia penal del año 2000, como en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal Sueca, que abre esta opción, siempre que el otro Estado lo permita. De hecho, autoridades suecas viajaron recientemente a Polonia para realizar una investigación relativa a la muerte de 69 vacas en la población sueca de Stjarnhov.
La legislación sueca, como el resto de las legislaciones del mundo respetuosas con los derechos humanos, establece un principio universal, que es el de la Tutela Judicial Efectiva. Este principio, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, está claramente reconocido en la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal Sueca, que establece la obligación del Ministerio Fiscal de instruir un proceso sin dilaciones indebidas. De esta forma, se busca garantizar el acceso de los demandantes a la Justicia, pero también fue diseñado para evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en un estado de incertidumbre sobre su destino. Y, en caso de que se encuentren en situación privativa de libertad, para garantizar que dicha privación no dure más de lo necesario.
Dos años después, la investigación preliminar está estancada, sin que la Fiscalía de Suecia haya adoptado ninguno de los mecanismos que, conforme a la legislación, tiene a su disposición para proseguir la investigación.
Por su parte, el Gobierno del Reino Unido ha reiterado su intención de cumplir con los compromisos derivados de la Orden de Detención Europea, dictada contra Assange. Igualmente, ha insistido en que su país no es firmante de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, a la que, sin embargo, sí está obligada el Ecuador.
Frente a este aparente impasse jurídico, nuestro Gobierno ha buscado desde el primer momento, una solución compatible con los intereses de las personas involucradas, y coherente con las normas y principios jurídicos del Derecho Internacional que conciernen a todos los países involucrados.
En primer lugar, el Gobierno de Ecuador entiende perfectamente que la decisión de entregar al señor Assange al Reino de Suecia se enmarca en el concepto de cooperación judicial en materia penal que rige entre los países miembros de la Unión Europea. Pero no es menos cierto que el numeral 12 de la Decisión Marco del Consejo Europeo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, establece que “la presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea”, añadiendo que no procede “la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden detención europea cuando existan razones objetivas para suponer que dicha orden de detención ha sido dictada con fines de persecución o sanción a una persona por razón de […] opiniones políticas […] o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones”.
De esto, se desprenden dos importantes consecuencias de orden jurídico:
La primera, que por encima de la Decisión Marco, se encuentra el deber de respetar y proteger los derechos fundamentales y los principios reconocidos en el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es más, a la Carta de Derechos Fundamentales se le atribuye el mismo valor jurídico que los tratados, lo cual refuerza el carácter jurídicamente vinculante que se quiere conferir a la Carta, la consiguiente preponderancia que estos instrumentos otorgan a los derechos humanos, y el carácter imperativo de las obligaciones erga omnes (es decir, “frente a todos”) que se derivan de dicho instrumento.
La segunda, que reconoce la plena vigencia del principio de no devolución, cuando existan razones objetivas de que la orden de entrega podría encontrarse motivada por un afán persecutorio o punitivo causado por las opiniones políticas, o si, por las mismas causas, la entrega puede agravar la situación de la persona reclamada.
Como ven, ambas conclusiones son concomitantes con la posición de principios que sostiene el Ecuador en la esfera de los derechos humanos.
En junio de 2013, hace un año, tuve la ocasión de entrevistarme con el Secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno británico, el señor William Hague. En aquel encuentro, propuse la creación de un grupo de trabajo conjunto entre ambos países -al que podrían sumarse representantes del Gobierno sueco-, para alcanzar una solución político-diplomática, sobre la base de la confianza mutua, y las normas jurídicas internacionales, de las que todos somos parte. Pese al entendimiento inicial con el Secretario Hague, la dificultad en establecer los términos y objetivos concretos del grupo, han impedido que el mismo se haya siquiera constituido hasta el momento.
Mientras tanto, ha pasado otro año.
El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que “toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él”. Tras dos años del confinamiento de Julian Assange en una pequeña Embajada, en pleno centro de Londres, resulta irónico que fuera el Reino Unido el que sugiriera el verbo “disfrutar” en los históricos debates que llevaron a la redacción final de la Declaración del 48.
“No solo recibir asilo”, decían entonces los delegados británicos. “Disfrutar del asilo”, insistieron que se pusiera en el texto. Cuán enfadados estarían hoy esos representantes británicos si supieran lo que su país está haciendo con Julian Assange.
El paso del tiempo no solo ha agravado la falta de acceso a una tutela judicial efectiva, en la medida en que –como decía anteriormente- cada vez es mayor la dilación de un caso que mantiene a una persona sin libertad de movimientos. La imposibilidad de salir de la Embajada está deteriorando la calidad de vida y la salud física de Julian Assange. Imaginen ustedes, por un momento, que son confinados durante una semana a un espacio cerrado, sin posibilidad de estar al aire libre. Ahora, multipliquen ese tiempo por cien, e imaginen la angustia del confinado, de su familia, y de sus hijos.
Como consecuencia de esto, hay una responsabilidad ante la vulneración del derecho de este periodista a gozar de libertad, y de un nivel de vida adecuado, tal y como lo estipula el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, (…), la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”). Es más; de necesitarse atención médica compleja en una situación grave, Assange podría acabar pagando con la vida el servicio prestado a la Humanidad; el atrevimiento de abrir los ojos de todos nosotros, ante una realidad –ante un delito- que nos fue escondido durante tanto tiempo.
Ahora, les pido que presten atención a esta información. Fíjense ustedes; en 1998, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Ecuador coincidimos plenamente para patrocinar una declaración a la que hoy nos vemos obligados a apelar. Porque las declaraciones no son solo para las fotos, o para los aplausos fáciles; las declaraciones se acuerdan para cumplirlas. Veamos lo que dice esta Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su artículo 9, 3, literal a) estipula que toda persona tiene derecho a “denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales…”. Igualmente, el artículo 12.3 establece que “Toda persona tiene derecho a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Llamo a los Estados involucrados en este caso; a sus principales autoridades, para que actúen de acuerdo a los múltiples instrumentos vinculantes que he citado anteriormente, y de los que somos parte. Concretamente, llamo a que atiendan los principios universales que los inspiraron.
Apelo también a las instancias de defensa de Derechos Humanos en la ONU (Consejo de Ginebra, relatorías, etc.), a todas las organizaciones de derechos humanos, y a la opinión pública en general, a que defiendan los derechos de Julian Assange. En particular su derecho a difundir información relevante para el público cuando se violen derechos humanos, en su calidad de periodista, de defensor de los derechos humanos y de ciudadano, así como su libertad.
Me dirijo también a los grandes medios de comunicación. En especial, a los diarios El País, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel, y The New York Times, que aprovecharon la información exclusiva que la organización Wikileaks les proporcionó, para publicarla, y obtener así réditos empresariales.
Pero sobre todo, me refiero al clamoroso silencio del que hemos sido testigos por parte de la comunidad de periodistas, salvo honrosas excepciones. Ustedes, periodistas, que reivindican -con razón- la función social del periodismo; que subrayan precisamente la importancia de hacer públicos los atentados y violaciones contra los derechos humanos como medio para salvaguardarlos; ustedes, que a menudo citan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Ustedes, periodistas, presencian hoy la persecución política contra un militante de la causa por la libertad de información; y lo saben. También saben que esta situación abre el paso a que, en el futuro, las retaliaciones contra aquellos que hacen públicas estas violaciones, se multipliquen. En su caso, no alertar sobre este futuro evitable supone atentar contra la memoria de aquellos compañeros suyos que padecieron represión y muerte, como consecuencia de su compromiso con la especie humana. Ustedes no pueden permitir –todos nosotros, no podemos permitir- que estos sacrificios hayan sido inútiles.

References: artículo 6
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 19