Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500117.html
Timestamp: 2019-03-24 11:42:19+00:00

Document:
SENT.117-2015 GACETA
SENTENCIA: 117/2015.
EXPEDIENTE Nº: 18/2009.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Oscar Vargas Claure en representación legal de la empresa AEROSUR S.A. contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, cuyas competencias corresponden actualmente al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en la que demanda la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1895 de 7 de octubre de 2008.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 130 a 134, la contestación de fs. 169 a 172, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: Que en su demanda, el representante legal de AEROSUR S.A., señala que el 28 de marzo de 2008, la empresa que representa interpuso recurso de revocatoria contra el Auto SC-STR-DJ-A-0393/2008, que fue resuelto por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, mediante la R.A. SC-STR-DS-RA-0173/2008 de 14 de mayo de 2008, desestimando el recurso interpuesto, lo que generó que se presente recurso jerárquico, el que una vez admitido fue resuelto por la Superintendencia General del SIRESE, por Resolución Administrativa Nº 1895 de 7 de octubre de 2008, que desestimó el recurso presentado, lo que motivó la interposición de la presente demanda contencioso administrativa. Expresa que los argumentos esgrimidos tanto por la Superintendencia General así como por la Superintendencia de Transportes, resultan incongruentes, fugaces e insostenibles, además de confusos, pues la normativa aplicable para la Superintendencia de Transportes en la imposición de sanciones, no tiene ninguna fuerza ejecutiva, encontrándose alejada dicha facultad de sus atribuciones como ente regulador, asimismo la Superintendencia de Transportes aplicó discrecionalmente parte del Decreto Supremo Nº 24717 de 22 de julio de 1997.
Argumenta que la sanción impuesta a la empresa, consistente en la devolución de $us.834, 59 (Ochocientos cincuenta y cuatro 59/100 Dólares Americanos), por el primer boleto y $us.100 (Cien 00/100 Dólares Americanos), por la reemisión del boleto de retorno de la hija del reclamante, se encuentra sujeta a una tramitación administrativa pendiente y que aún no ha sido resuelta, en consecuencia, en virtud a lo prescrito por el numeral II del art. 59 de la Ley Nº 2341, solicitó la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en tanto se resuelva en la vía administrativa todos los recursos planteados, suspensión que ha sido desestimada con el argumento que la reposición del dinero antes citada no merma los ingresos mensuales de la empresa, argumento que a su criterio es inconcebible, puesto que estas sanciones no se imponen en función a la afectación económica que pueda o no tener una empresa, las mismas que de cualquier manera implican perjuicio y detrimento económico, menos se puede hacer efectiva una sanción de ese tipo, cuando la empresa considera injusta la posición de la STR, de sancionar hechos que no están justificados o demostrados, y cuando no se han agotado las vías de impugnación para poder ejecutar dicha sanción, en consecuencia el daño es claro y evidente y por tanto la STR y la Superintendencia General del SIRESE al no suspender el acto administrativo, han violado el principio de presunción de inocencia; por otra parte, el no permitir que los hechos sean objetados, afecta el debido proceso, ya que sin sustento legal alguno niegan la suspensión del acto administrativo.
Aclara que la STR, con anterioridad en una actitud correcta, suspendió la ejecución del acto administrativo por concepto de multas, sanciones e imposiciones económicas, en el entendido que son un perjuicio económico para la empresa, además de establecer que el proceso administrativo no había concluido en todas sus instancias, siendo este un referente correcto aplicable al presente caso, y que debe ser de cumplimiento obligatorio.
Expresa que el auto que rechaza la solicitud de suspensión no se trata de un simple acto administrativo o preparatorio o de mero trámite como afirma la Superintendencia, puesto que constituye respuesta a una petición de la empresa, que no ha sido debidamente justificada y sustentada, además que inhabilita la posibilidad de otro recurso y conmina una supuesta obligatoriedad al pago de la sanción, por consiguiente tiene carácter definitivo por las implicaciones y daños que ocasiona a la empresa, y por ende está habilitada la vía impugnatoria para acudir a reclamar la afectación en este caso económica, que produce indefensión frente a los hechos que son juzgados.
Concluye solicitando se revoque la R.A. Nº 1895 emitida por la Superintendencia General del SIRESE y en su mérito la R.A. SC-STR-DS-0173/2008, dejando sin efecto la ejecución de la sanción pecuniaria interpuesta contra la empresa AeroSur.
Se deja constancia, que en el petitorio el demandante señala que interpone demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa Nº 1900 de 8 de octubre de 2008, resolución inexistente en obrados.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda únicamente contra el Superintendente General del SIRESE, se apersona Mario Alberto Sapiencia Arrieta en su condición de Superintendente General, y contesta negativamente la demanda señalando:
Que las normas del ordenamiento jurídico establecen la presunción de validez de los actos administrativos, y en consecuencia, los mismos producen plenos efectos jurídicos desde el momento de su legal notificación, por lo que al estar revestidos de una presunción de legalidad, legitimidad y certeza, producen sus efectos con independencia de que se recurra contra ellos, esto se denomina “ejecutividad” del acto administrativo, la que puede ser considerado como la capacidad del acto, de modificar el ordenamiento jurídico o la posibilidad de ejecutar el acto por la fuerza, sin intervención del órgano judicial. El privilegio de la ejecutividad del acto se justifica por la necesidad de satisfacer los intereses generales, evitando los obstáculos al cumplimiento de los cometidos Estatales y las consecuencias negativas de la paralización de la actividad administrativa; por otra parte, si no se admitiese el principio de ejecutividad, los servicios o prestaciones Estatales se suspenderían por tiempo indeterminado. Agrega que la razón por la cual la Administración puede ejecutar por sí misma sus propios actos, es el cumplimiento de los cometidos Estatales, entre ellos, la satisfacción de los derechos sociales. En el presente caso, al tratarse de la regulación en la prestación del servicio público de transporte aéreo, la ejecución forzosa del acto administrativo es imprescindible para garantizar la satisfacción de intereses públicos; en consecuencia resulta improcedente el argumento esgrimido por la demandante respecto a la ejecutividad de la Resolución Administrativa SC-STR-DS-RA-0135/2008 de 14 de abril de 2008; por otra parte el DS Nº 24718 de 22 de julio de 1997, fue expresamente dictado para normar actividades de la Superintendencia de Transportes, y por ende es de obligatorio acatamiento por parte del ente regulador.
Sostiene que el art. 59 de la Ley Nº 2341, dispone que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado; a su vez el parágrafo II de la citada norma señala que el órgano administrativo competente para resolver el recurso, podrá suspender la eficacia del acto recurrido, de oficio o a solicitud del recurrente, por una de estas dos causas: a) Por razones de interés público, b) Para evitar un grave perjuicio al solicitante. Aduce que en la tramitación del proceso objeto de la Litis y en ocasión de resolver el recurso jerárquico, la Superintendencia General no observó el cumplimiento por parte del ahora demandante de un requisito esencial para la procedencia de la suspensión de los efectos solicitada, cual es la necesidad de dictar la medida para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación para la resolución definitiva, extremo que no se verificó en el presente proceso.
Alega que en materia administrativa rige el principio de legalidad del acto administrativo, principio que impone a las autoridades la obligación de ceñir todas sus decisiones al contenido de las reglas jurídicas preestablecidas, y los principios no escritos que conforman el ordenamiento jurídico, aplicándose tanto a los actos administrativos individuales, como a los actos administrativos generales. El principio de legalidad, opera como una cobertura legal previa de toda actuación administrativa: cuando la administración cuenta con ella, su actuación es legítima. El medio que tienen las autoridades administrativas para cumplir el principio de legalidad es el procedimiento administrativo. Agrega que la garantía del debido proceso se encuentra satisfecha cuando el individuo ha sido notificado de la existencia del procedimiento que se le sigue o ha seguido, cuando, además se le ha dado la oportunidad de ser oído y de probar los hechos que creyere conducentes a su descargo. Concluye que en el presente caso, analizados los antecedentes procesales, evidenció que la Superintendencia de Trasporte se ciñó estrictamente a las normas procesales establecidas tanto en la Ley Nº 2341 como en su Decreto Reglamentario Nº 27172, cumpliendo con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a la ahora demandante, constituyéndose por ende en elementos fundamentales útiles para demostrar que la Resolución Administrativa emitida no fue dictada de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, con estricta observancia del marco que la rige; por ello, mal puede la demandante considerar que en el presente proceso se han vulnerado los principios de presunción de inocencia y del debido proceso, cuando en la tramitación del proceso se posibilitó la presentación de pruebas y argumentos que pudieran desechar los cargos formulados.
Manifiesta que de acuerdo a los arts. 56 y 57 de la Ley Nº 2341, los actos de trámite que son preparatorios de los actos definitivos al tener su sentido sólo para preparar los actos definitivos, están excluidos de la vía revisora, la inimpugnabilidad, por ello es en principio sobre los actos definitivos, aquellos que ponen fin al procedimiento; en el presento proceso, la demandante interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa SC-STR-DS-0060/2008 de 11 de febrero de 2008, en ocasión del cual solicitó la suspensión del mismo, dicho recurso fue admitido mediante Auto SC-STR-DJ-A-0393/2008 de 13 de marzo de 2008, el cual, además negó la suspensión de la Resolución impugnada, dicho Auto dispuso la admisión del recurso impugnatorio y por ende, la prosecución del procedimiento sin impedir la continuación del mismo, por consiguiente, no provocó indefensión alguna, por lo que tanto por su contenido como por su efecto, es un acto administrativo de mero trámite.
Por lo expuesto, concluye solicitando se declare improbada la demanda.
A fs. 174, se pronunció decreto de autos para sentencia por ser el estado del proceso.
CONSIDERANDO III: Que de la revisión de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada se evidencia lo siguiente:
Que mediante Resolución Administrativa SC-STR-DS-0060/2008 de 11 de febrero de 2008 (fs. 1 a 6), la Superintendencia de Transportes declaró fundada la reclamación administrativa interpuesta por José Ángel Reyes Galindo, en representación de su hija Lorena Reyes contra AEROSUR S.A., ordenado que la empresa realice la devolución de USD. 834,59 correspondiente al primer boleto, por una parte, y USD.100 por la reemisión del boleto de retorno, al reclamante por la falta de información oportuna, en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de notificación con la citada resolución. (fs. 1 a 6 antecedentes administrativos).
Contra dicha resolución, la empresa AEROSUR S.A. interpuso recurso de revocatoria, asimismo en el otrosí 1º de dicho recurso, solicitó se suspenda la ejecución de la resolución impugnada hasta en tanto se resuelva en la vía administrativa todos los recursos presentados para evitar perjuicio económico a la empresa, por la erogación de una suma de dinero que no tiene respaldo legal y menos resulta legítima frente a los hechos acontecidos. (fs. 10 a 12 de antecedentes administrativos)
La Superintendencia de Transportes, mediante Auto SC-STR-DJ-A-0393/2008 de 13 de marzo, admitió el recurso de revocatoria, y en cuanto a la solicitud contenida en el otrosí 1º del recurso interpuesto dispuso: “No ha lugar a la solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución Administrativa SC-STR-DS-0060/2008, toda vez que con este acto administrativo no se produce ningún perjuicio grave al solicitante ni se afecta a la prestación del servicio público” (fs. 13 antecedentes). Este Auto que denegó la suspensión de la ejecución, fue impugnado mediante recurso de revocatoria y una vez admitido mereció la Resolución Administrativa R.A. SC-STR-DS-RA-0173/2008, de 14 de mayo, que resolvió desestimar el recurso, por haberse presentado contra un acto de mero trámite, con el fundamento que no es un acto que determine la imposibilidad de continuar con el procedimiento ni produce indefensión, no siendo una medida sujeta a impugnación (fs. 30 a 46 antecedentes).
Contra dicha resolución la empresa demandante interpuso recurso jerárquico, admitido por providencia de 12 de junio de 2008, y resuelto por Resolución Administrativa No. 1895 de 7 de octubre de 2008, emitida por el Superintendente General del SIRESE, que determinó desestimar el recurso interpuesto; con el fundamento que habiéndose revocado las resoluciones que se pronunciaron sobre la reclamación administrativa presentada por José Ángel Reyes Galindo, mediante R.A. 1846 de 14 de agosto de 2008, emitida por la Superintendencia del SIRESE, que al haberse revocado la SC-STR-DS-0060/2008, había quedado también sin efecto el Auto SC-SRT-DJ-A-0393/2008, que denegó la solicitud de suspensión de ejecución, por ser accesoria a la resolución de la reclamación administrativa, por lo que la impugnación mediante el recurso jerárquico carece de objeto. Resolución que es impugnada por la Empresa AEROSUR S.A., mediante el presente proceso contencioso administrativo.
CONSIDERANDO IV. Que establecidos los antecedentes procesales, se tiene entonces, que siendo el objeto de la demanda cuestionar la decisión contenida en la Resolución Administrativa SC-STR-DS-0060/2008 de 11 de febrero de 2008, cuya determinación dio lugar al AUTO SC-SRT-DJ-A-0393/2008, que denegó la solicitud de suspensión de ejecución de los efectos de la citada Resolución, éste Tribunal considera lo siguiente:
Que la jurisdicción contencioso administrativa ha sido instituida para impugnar actos administrativos que causan lesión o perjuicio efectivo en los derechos de los particulares, por tanto no es procedente cuando quien la intenta basa su pretensión en determinaciones que han sido revocadas y dejadas sin efecto, como ocurre en el caso de autos.
En ese marco, se tiene que la empresa demandante AEROSUR S.A., acompañó a su demanda contencioso administrativa interpuesta el 8 de enero de 2009, la Resolución Administrativa 1846 de 14 de agosto de 2008, que cursa a fs. 99 a 104, emitida por la Superintendencia General del SIRESE, en la que resolvió REVOCAR la Resolución Administrativa RA. SC-STR-DS-RA-0135/2008 de 14 de abril de 2008 y en su mérito la RA. ST-STR-DS-RA-0060 de 11 de febrero de 2008, dictadas por el Superintendente de Transportes, y ordenó dictar nueva resolución de acuerdo a los criterios de legitimidad establecidos en esa resolución. De esta forma, al haberse revocado lo principal respecto a la reclamación administrativa, es decir, la RA. ST-STR-DS-RA-0060, que ordenó a la empresa AeroSur S.A. la devolución de USD. 834,59 correspondiente al primer boleto, por una parte, y USD.100 por la reemisión del boleto de retorno, otorgándole un plazo de cinco días a partir de la fecha de notificación con la citada resolución; también se ha revocado lo accesorio, es decir, el auto de negativa de suspensión de los efectos de dicha resolución, del cual deviene el presente proceso contencioso administrativo.
Por consiguiente, la demanda contencioso administrativa que nos ocupa, no tiene razón de ser, porque las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Transportes fueron dejadas sin efecto por Resolución Administrativa 1846 de 14 de agosto de 2008, emitida por el Superintendente General del SIRESE, y como consecuencia quedaron sin efecto las actuaciones posteriores a dichas resoluciones, tales como el Auto SC-STR-DJ-A-0393/2008 de 13 de marzo, que rechazó a la solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución Administrativa SC-STR-DS-0060/2008, en consecuencia no existe nada que resolver por no existir en la vida jurídica el acto impugnado.
Por los motivos expuestos, no corresponde emitir pronunciamiento de fondo, por lo que debe desestimarse la acción intentada por la empresa AEROSUR S.A.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y en virtud de los fundamentos expuestos, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa deducida por la empresa AEROSUR S.A.

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