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Timestamp: 2019-10-17 01:17:30+00:00

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El Bloque de Diputados Nacionales que preside Carrió presenta un paquete de 90 leyes – Elisa Carrió
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En el área de economía se destaca la devolución del IVA a beneficiarios de planes sociales, la actualización del haber mínimo al 82 % móvil, la Universalización del Ingreso a la niñez, un régimen de fomento para la micho, pequeña y mediana empresa que contempla modificaciones para facilitar el acceso al crédito y un régimen de compras del Estado nacional.
Para el área social, los diputados que lidera Carrió presentarán una Ley de promoción cultural, un programa nacional de prevención y asistencia de las adicciones, un régimen especial para regular los juegos de azar, la Creación del Instituto Nacional para la Identidad Biológica de las personas y una Comisión Investigadora sobre la situación de los establecimientos penitenciarios federales.
Los diputados de la CC ARI también impulsan una modificación sobre los descansos de los trabajadores por lactancia y atención de los hijos, la regulación de la actividad de confección y comercialización de indumentaria y la modificación de las licencias especiales de los trabajadores.
La CC ARI presentó también un proyecto para incorporar al sueldo básico de los trabajadores del sector público nacional de las sumas no remunerativas, así como también la sindicalización de las fuerzas de seguridad y el régimen de jubilación docente.
El Bloque de Carrió destaca una serie de iniciativas para combatir la corrupción y el crimen organizado. Plantea:
DELITOS DE ACTIVIDADES ILEGALES DE INTELIGENCIA
Con la finalidad de reforzar la defensa de los ciudadanos frente a un Estado que pretenda coartar su intimidad y libertad, y de reforzar la vigencia de la Democracia, este proyecto plantea la incorporación de dos nuevos delitos al Código Penal, orientados a sancionar a integrantes de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad o de organismos de inteligencia ante la recolección de información o producción de inteligencia interna respecto de actividades lícitas de las personas, ellos son: la interceptación de cualquier tipo de comunicación sin orden judicial, con una pena de 2 a 6 años de prisión; y la actividad de inteligencia ilegal, con una penalidad de 4 a 12 años.
LA OBLIGACION DE DENUNCIAR DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL
Se propone crear la figura penal de la “omisión de denuncia”, que si bien está determinada por el art. 177 inc. 1 del Código Penal de la Nación, al momento de tratar sobre la obligación de denunciar, la sanción a su desobediencia no está suficientemente destacada, ni reprimida de forma aceptable, en proporción al grave daño que provoca.
ACCION GRATUITA DE AMPARO ANTE POSIBLES ENRIQUECIMIENTOS INJUSTIFICADOS DE FUNCIONARIOS, DIRIGENTES SINDICALES Y EMPRESARIOS DE ACTIVIDADES ESPECIALMENTE REGULADAS. REGIMEN.
Este proyecto de ley propone garantizar el acceso rápido, libre y gratuito a la justicia de todo ciudadano, la posibilidad de promover la investigación judicial ante supuestos de posibles enriquecimientos injustificados en la función pública o en el ejercicio de cargos o actividades con relevancia para el interés público, como en el caso de dirigentes sindicales y empresarios de actividades especialmente reguladas; así como de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidos en la Ley Nacional de Ética Pública.
CODIGO PROCESAL PENAL. MODIFICACION DEL ARTÍCULO 204, SOBRE CARACTER DE LAS ACTUACIONES.
Por medio de este proyecto se propone la investigación de carácter público de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, ya que se trata de delitos cometidos por quienes representan al pueblo y administran el patrimonio público.
COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE JUEGOS DE AZAR
Creación de una Comisión Bicameral Especial Investigadora, de carácter permanente, para la investigación, estudio y control de todas las actividades relacionadas con los juegos de azar, quedan comprendidas la Lotería, Casino, Bingo, Quiniela, máquinas electrónicas de Juegos de Azar, la actividad hípica en general y cualquier otra modalidad lúdica existente o que pudiera crearse. Estará integrada por doce (12) miembros, seis (6) diputados y seis (6) senadores.
Es facultad de la Comisión investigar todas las actividades relacionadas con los juegos de azar, los contratos celebrados entre la Estado Nacional y entidades de bien público, personas físicas o jurídicas celebrados a tales efectos, y la totalidad de actos jurídicos relacionados a la actuación estatal, incluyendo su autorización, explotación y control. Así mismo debe investigar las posibles evasiones y/o elusiones impositivas, lavado de dinero y cualquier otro mecanismo afín. Entre otras facultades y obligaciones.
La Comisión se encuentra facultada para formular denuncia penal, en el caso de considerar la posible comisión de un delito.
CODIGO PENAL. MODIFICACIONES, SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL EN LOS DELITOS DE CORRUPCION
Este proyecto de ley propone la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de corrupción.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL – DELITO DE PREVARICATO
Los jueces están obligados a fallar en base a hechos fácticos y a derecho. Sin embargo, en el Código Penal el delito por incumplimiento de los fallos de acuerdo a estas premisas básicas conlleva una sanción de entre 3.000 y 75.000 pesos.
ASÍGNACIÓN DE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Se le asigna jerarquía constitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la OEA. Los propósitos fundamentales consagrados en el preámbulo de la Convención son prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
EXTINCIÓN DE DOMINIO – RECUPERAR LO ROBADO
En el año 2013 la diputada Elisa Carrió había propuesto que se discutiera en el Congreso una ley que permitiera “recuperar lo robado”. En esos términos, se presentó el proyecto de extinción del dominio de los bienes que no puedan ser justificados. Además la procedencia de la extinción de dominio sería imprescriptible.
PROHIBICION DE INDULTOS, AMNISTIAS Y CONMUTACION DE PENAS. CODIGO PENAL. MODIFICACIONES RESPECTO A LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL EN LOS DELITOS DE CORRUPCION. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 62° BIS Y 62° TER Y MODIFICACION DEL ARTICULO 67° DEL CODIGO PENAL.
Este proyecto establece expresamente la prohibición de que los delitos de lesa humanidad sean objeto de amnistía, indulto o conmutación de penas. Ello encuentra su fundamento no solo en los principios morales básicos, que claramente protegen la vida, la integridad física, la libertad, entre otros derechos humanos, y en los pactos internacionales y fallos mencionados, sino también en el artículo 29, 36 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA PARA EL ANALISIS, EVALUACION E INVESTIGACION DE HECHOS REFERENTES A IRREGULARIDADES Y POSIBLES ILICITOS COMETIDOS EN EL AMBITO DEL SECTOR PRIVADO O PUBLICO ESPECIALMENTE REFERIDO AL VACIAMIENTO DE REPSOL YPF S.A. CREACION EN EL AMBITO DE LA H. CAMARA
Este proyecto de resolución propone la creación en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público, y la relación de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos competentes del Estado en lo relativo al vaciamiento de Repsol YPF S.A.
Es por este motivo que volvemos a firmar este proyecto. El narcotráfico, la situación en las fronteras y el encubrimiento está vinculado al poder político y judicial, es por ello que insistimos con una investigación por parte del Congreso.
A continuación el detalle de cada proyecto:
INDICE POR ÁREAS TEMÁTICAS
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD Y EL CRIMEN ORGANIZADO.
REGIMEN DE FOMENTO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA – MODIFICACIONES, SOBRE ACCESO AL CREDITO
Esta iniciativa propone que se considere especialmente, para los cupos que se asignan con motivo de otorgamiento de créditos de tasas subsidiadas, a aquellas entidades financieras que ofrezcan las mejores condiciones a los solicitantes y que además, apliquen los créditos con la mayor distribución por regiones que permita una adecuada cobertura del territorio argentino.
Se proyecta una intervención con políticas que tiendan a mejorar la participación de las MIPyMES como proveedoras del Estado, generando preferencias y reservas en los procesos de compras.
Planteamos que deben incorporarse acciones correctivas en la legislación argentina a fin implementar una reserva de mercado para las MIPyMES locales en las compras realizadas por el Estado Nacional.
También, se propone un aumento de la preferencia a favor de la producción nacional, que será del 10% cuando ella sea suministrada por MIPyMES.
Dicha preferencia se aplicará para las compras que efectúen las empresas privatizadas, que aun no cumplan con lo dispuesto por la normativa vigente, que exige el llamado a licitación pública nacional y la comparación de firmas locales en competencia con firmas del exterior.
Además, proponemos una Reserva de mercado de al menos un quince por ciento (15 %) exclusivamente para las empresas MIPyMES en las compras gubernamentales de naturaleza divisible.
Finalmente, planteamos mejorar los sistemas de control, incorporando la participación de las MIPyMES nacionales en el marco de una comisión asesora honoraria, que junto con el Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tendrán la tarea de asistir a la Autoridad de Aplicación.
REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL – MODIFICACIONES, SOBRE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Por medio de este proyecto proponemos implementar cambios a fin de mejorar las condiciones de acceso para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas a las compras que realice el Estado en el marco de discriminaciones positivas a favor de la producción nacional.
En vistas a incrementar los sistemas de control, se propone que el Ministerio de Producción sea el organismo que supervise la aplicación de la normativa junto con una comisión asesora honoraria conformada por las cámaras empresariales sectoriales.
Asimismo proponemos una reserva de mercado a favor de las MIPyMES en aquellas compras estatales que sean iguales o inferiores a los 480 mil pesos.
En el marco de las ofertas de bienes y servicios de producción nacional, se plantea que en aquellas adquisiciones que sean superiores a los 480 mil pesos realizadas por parte del sector público Nacional se aplique un derecho de preferencia del diez por ciento (10%) en favor de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y un cinco por ciento (5%) para el resto de las firmas. Para lo cual se deberá confrontar las ofertas nacionales con las extranjeras en condiciones de pago al contado, puesto que en su gran mayoría las circunstancias de la financiación tienden a favorecer a las entidades extranjeras por sobre las nacionales.
2.1 SOCIAL – DERECHOS CIUDADANOS
La ley busca fomentar e incentivar la participación privada en la financiación de proyectos y actividades culturales como complemento de la actividad estatal. Se crea un régimen que establece incentivos fiscales y deducciones sobre el impuesto a las ganancias para las personas físicas o jurídicas que patrocinen o realizan aportes como benefactores o donantes a proyectos culturales.
El proyecto regula detalladamente el procedimiento de inscripción y calificación de los proyectos culturales, así como también establece sanciones y limitaciones para evitar el financiamiento privado de proyectos culturales vinculados directamente con los aportantes.
Para ello se crea el Registro Único del Régimen de Promoción Cultural y el Consejo Nacional de Promoción Cultural que actuará como autoridad de aplicación.
MODIFICACIÓN EN LA LEY DE QUIEBRAS, DEUDAS ALIMENTARIAS
En la actualidad la Ley de quiebras no admite que el cónyuge y los familiares ascendientes y descendientes del deudor, aun siendo acreedores de una deuda, puedan solicitar la quiebra. La preocupación ocurre cuando esas deudas son originadas en la falta de pago de alimentos, obstaculizando el derecho de los niños.
En consecuencia, proponemos que sea admisible la solicitud de quiebra por parte de los familiares y el cónyuge cuando el origen de la deuda sea por alimentos. De este modo se logra disuadir el no cumplimiento por temor a la quiebra y dota a los niños de este instrumento jurídico para exigir su derecho de forma efectiva.
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y ASISTENCIA PÚBLICA INTEGRAL DE LAS ADICCIONES – AGRAVAMIENTO DE PENAS PARA LA COMERCIALIZACION DEL PACO, ORGANIZACIONES DEL NARCOTRAFICO – DESPENALIZACION DE LA TENENCIA DE DROGAS PARA USO PERSONAL – – PRECURSORES QUIMICOS
Se crea el Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones con la finalidad de desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones, creando las Unidades de Desintoxicación Hospitalarias y los Centros de Recuperación de las adicciones y Revinculación Social, que garanticen el tratamiento gratuito para todos los habitantes de la Nación. Las primeras se tratan de unidades destinadas a la desintoxicación de los usuarios de cualquier droga o sustancia de abuso. Los segundos, Centros dedicados al tratamiento para la recuperación de las adicciones y revinculación.
El paciente podrá ser admitido para su tratamiento, por voluntad propia, por orden judicial, solicitud del representante legal en caso de menores de edad, o a pedido de los familiares siempre y cuando el equipo médico determine que existe peligro inminente de que la persona se dañe a sí misma o a los demás, o que la misma no tenga conciencia de la gravedad de su estado. En estos últimos supuestos, será obligatorio para el hospital receptor, dar posteriormente, inmediata intervención al Juez especial de Prevención y Tratamiento de las Adicciones
Se introducen modificaciones a la Ley de Estupefacientes: se agrega una agravante de pena para aquellos que comercialicen el PACO, se agravan las penas previstas para los jefes, financistas y organizadores de los “carteles de la droga”, se dispone la despenalización por la tenencia de estupefacientes para uso personal y se crea un tipo penal específico por el “desvío de precursores químicos” hacia la producción de estupefacientes.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR: ADVERTENCIA OBLIGATORIA EN IMAGENES RETOCADAS DIGITALMENTE
Se regula la difusión de imágenes que hayan sido retocadas mediante programas de procesamiento de imagen, con el fin de evitar que induzcan a engaño a consumidores o usuarios de productos, bienes o servicios.
Se agregará la siguiente leyenda de manera legible “Imagen retocada digitalmente”. La regulación incluye las imágenes difundidas por medios escritos, televisivos, INTERNET, afiches callejeros o por cualquier otro medio creado o a crearse, sea con fines comerciales, publicitarios o de difusión.
SOCIAL – DERECHOS HUMANOS
CREACIÓN DE LA COMISION BICAMERAL ESPECIAL INVESTIGADORA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Se crea una Comisión Bicameral Especial Investigadora en el Congreso de la Nación para el análisis, evaluación e investigación de hechos que pudieran implicar una restricción o cercenamiento de la libertad de expresión. Estará conformada por 9 diputadas/os y 9 senadoras/es propiciando la proporcionalidad política de ambas Cámaras.
La Comisión deberá producir y elevar un informe detallando los hechos investigados, dentro de los 80 días a partir de su constitución. El informe precisará las responsabilidades políticas que pudieran emerger de la investigación y deberán sugerirse las modificaciones normativas que estime conveniente como consecuencia de la investigación.
ADJUNTIA DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA A LA VICTIMA. CREACION EN EL AMBITO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.
Este proyecto propone crear la Adjuntía de Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima que estará bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La nueva institución tendrá por objeto proveer de orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a todas las víctimas y familiares de víctimas de delitos penales, cuyas acciones sean de instancia pública, privada o dependiente de instancia privada, que no pudieran afrontar el pago de un abogado particular conforme los requisitos que se establecen en la ley.
La Adjuntía de Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima tendrá representación en todas las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo de la Nación con el objetivo también, de formular acuerdos con las Defensorías del Pueblo locales, Universidades, Colegios de Abogados u otras entidades públicas estatales y no estatales, siempre que se respete la gratuidad del servicio.
La ley que se proyecta invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a fin de sumar recursos para fortalecer la prestación del servicio en toda la extensión de cada localidad.
DERECHO A CONOCER LA IDENTIDAD BIOLÓGICA- CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA IDENTIDAD BIOLÓGICA DE LAS PERSONAS
El proyecto busca facilitar la tarea de aquellas personas que emprenden la búsqueda de su identidad biológica o la de algún pariente cercano, como consecuencia de desconocerla o de haberle sido sustraída.
Se establece el deber del Estado Nacional de facilitar el acceso gratuito a toda información relacionada con la propia identidad biológica, que consten en los diversos registros, así como el de garantizar la realización del cotejo de material genético. Se crea el Instituto Nacional sobre Identidad Biológica como una vía para que el Estado cumpla con los deberes establecidos.
Se prohíbe a todo funcionario público y a toda autoridad de instituciones privadas negar injustificadamente la información a aquel que estuviera en busca de su identidad biológica. Se establece la obligación de los hospitales de jurisdicción nacional de preservar los registros de los nacimientos y de los partos.
COMISION INVESTIGADORA SOBRE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS FEDERALES.
Se crea en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora que para la investigación de la situación en la que se encuentran los establecimientos penitenciarios federales, relativa a la eventual existencia de violaciones a los derechos humanos de las personas allí alojadas, las medidas y los estándares de seguridad vigentes en cada uno de ellos, y el estado edilicio de las unidades y complejos penitenciarias. La Comisión estará integrada por quince (15) Diputados.
SOCIAL – DERECHOS LABORALES
MODIFICACION SOBRE LOS DESCANSOS DE LOS TRABAJADORES POR LACTANCIA Y ATENCIÓN DE LOS HIJOS
El proyecto tiende en primer lugar a equiparar los derechos de las trabajadoras mujeres con el de los hombres en lo que respecta a los descansos por lactancia. Así mismo se prevé el derecho a acumular los descansos al inicio o fin de la jornada laboral. Por otro lado se otorga este derecho de licencia diaria a los padres de niños adoptados y el incremento de la licencia para partos o adopciones múltiples.
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INDUMENTARIA
El proyecto establece un régimen regulatorio para la actividad de comercialización a fin de luchar contra el trabajo esclavo y en negro.
Las empresas que contraten o den trabajos a domicilio o tercericen partes de la confección deberán llevar libros de registro de los trabajadores a domicilio o la persona física o jurídica a la cual se le encarga el trabajo, fecha del pedido, cantidad de piezas solicitadas, tarea a realizar de forma detallada y precio unitario. Así mismo deberán emitir remitos e incorporar en las etiquetas de las prendas los CUIT de las personas intervinientes en la confección.
Se crea el Registro de Fabricantes y Comercializadores de Indumentaria que deberá asentar y e inspeccionar las siguientes cuestiones: cantidad y tipo de relaciones laborales, provisión de vivienda a empleados, habilitación del local, tipo de trabajo que se realiza, maquinarias, etc.
MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES
En el proyecto extiende de dos días a veinte la licencia por nacimiento de hijo, y se otorga este derecho a los padres adoptivos. Se incrementa por adopción o nacimientos múltiples.
Se alarga la licencia en el caso de fallecimiento de cónyuge o de la persona conviviente de hecho o de padres de tres a cinco días y por fallecimiento de hermano o hermana de un día a cuatro. Y se incorpora el caso de fallecimiento de hijos.
Por otro lado se incluye a la unión civil en la licencia de matrimonio.
Se amplía la licencia para rendir examen en la enseñanza media o universitaria a 14 días del año calendario y se establece un día por año para que los trabajadores y las trabajadoras puedan hacerse exámenes médicos.
INCORPORACION AL SUELDO BASICO DE TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL DE LAS SUMAS NO REMUNERATIVAS
En el proyecto se incorporan las sumas no remunerativas percibidas por los trabajadores del Sector Público Nacional al sueldo básico percibido, convirtiéndose en sumas remuneratorias. En ningún caso importará la disminución de las remuneraciones.
La ANSES deberá considerar a los efectos del cálculo del haber previsional las sumas con carácter no remunerativo percibidas por los trabajadores del Sector Público Nacional durante el período de diez años anterior a la cesación del servicio.
SINDICALIZACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Con este proyecto pretendemos reconocer el derecho constitucional de libre sindicalización de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad a los efectos de que puedan velar por sus intereses laborales.
Establecemos modificaciones a las leyes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal incorporando el derecho a la realización de peticiones sindicales. Ampliamos las actividades que pueden ser desempeñadas para incluir la participación en la actividad sindical de la fuerza.
Pretendemos de este modo que los trabajadores de las fuerzas de seguridad puedan velar por la mejora de sus condiciones laborales en los términos constitucionales y de los tratados internacionales.
RÉGIMEN DE JUBILACIÓN DOCENTE
Este proyecto de ley propone ratificar la plena vigencia y aplicabilidad de la ley 24.016, modificar su redacción para una mejor interpretación acerca de su alcance, y a la vez modificar los términos del Artículo 101 de la ley 24.461, para que no exista ninguna duda acerca de su aplicación al personal docente que se encuentra en condiciones de jubilarse y a los ya retirados con la finalidad de que, de esta manera, se puedan remover los obstáculos legales que pudieran impedir su aplicación por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El trabajo docente constituye a los efectos de la jubilación un régimen especial, ya que por el tipo de actividades, o el lugar en que se desarrollan sus tareas llevan a las personas a estar expuestas a riesgos de agotamiento o envejecimiento prematuro. Se trata de una situación especial que requiere un encuadre legal diferente acorde con la función que no puede ser asimilado al régimen de trabajo ordinario, y es así como lo ha entendido el Congreso de la Nación.
El derecho a una jubilación digna amparada en el respeto a las normas no puede ser objeto de interpretación por el Poder Ejecutivo, ignorando los fallos de la Justicia y la voluntad de nuestros Legisladores. Ante esta realidad, los docentes se encuentran ante la obligación de tener que hacer juicio individual para reclamar la movilidad jubilatoria, lo que representa someterlos sistemáticamente a procesos judiciales para lograr efectivizar un derecho legítimo.
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES
El proyecto contempla extender la calidad de beneficiarios del régimen de obras sociales a los hijos solteros mayores de dieciocho años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos. Entendiendo que el derecho a la salud es un derecho humano básico para cualquier persona, fundamentalmente a partir de la reforma constitucional de 1994 en la cual a través del artículo 75 inc. 22 se le otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y garantizado también por los artículos 14, 14 bis, 18, 19 y 33 de nuestra Constitución Nacional es que consideramos necesario modificar el mencionado artículo 9 de la Ley 23.600, para así poder garantizar una mejor calidad de vida a nuestros jóvenes hasta el momento en que cuenten con mejores herramientas para acceder a su independencia económica a través de un trabajo registrado que les permita afiliarse a una obra social u optar por el sistema de medicina prepaga.
SOCIAL – POLÍTICAS IGUALITARIAS
DEVOLUCIÓN DEL IVA A BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES
El proyecto establece la devolución en los 5 días hábiles del 100% que corresponde del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los beneficiarios de planes sociales. La devolución se hará sobre el monto del plan social, para la compra como consumidores finales con la tarjeta de débito correspondiente.
RECONOCIMIENTO HISTORICO A LOS SOLDADOS CONSCRIPTOS CONTINENTALES DE LA GUERRA DE MALVINAS
Se otorga un reconocimiento histórico a los soldados que en cumplimiento del servicio militar obligatorio de conscripción fueron incorporados a las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas. El reconocimiento consistirá en la entrega de un diploma de honor y medalla conmemorativa. y otorgará asimismo una pensión vitalicia. Este beneficio comenzará a regir desde la promulgación de la ley.
El Ministerio de Defensa deberá confeccionar un listado en el que se identifique a cada uno de los ciudadanos que cumplen con los requisitos
El Poder Ejecutivo elevará al Congreso, una propuesta de pensión, estimando el monto.
ACTUALIZACIÓN DEL HABER MÍNIMO – 82% MÓVIL
Este año volvemos a presentar nuestro proyecto que modifica el haber mínimo jubilatorio, colocándolo en el 82% del salario mínimo, vital y móvil que es publicado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Establecemos que la actualización del haber hasta alcanzar el nuevo mínimo deberá ser realizada en los 90 días corridos desde la promulgación de la ley.
Establecemos también una movilidad a efectuarse los meses de marzo y septiembre conforme al más beneficioso valor para los jubilados entre el nivel general del índice de salarios elaborado por INDEC o el sistema RIPTE publicado por la Secretaría de Seguridad Social. Además incluye la actualización de la totalidad de las jubilaciones otorgadas acorde a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cuanto al financiamiento, sostiene el mismo financiamiento de la Ley sumado a los resultados financieros de ANSES. Y agrega que los valores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra ANSES no puede superar el importe equivalente a las erogaciones por las prestaciones anuales autorizadas por la Ley de Presupuesto Nacional.
Desde el año 1997 cuando las diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca presentaran el proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI), desde la Coalición Cívica proponemos que las asignaciones que tienen como destino los niños no pueden ser dependientes de las condiciones laborales de los padres sino que debe tener como única finalidad el niño.
Creemos que el sistema de la asignación universal al tener estar atada a la condición laboral, genera injusticias como es el caso de los monotributistas cuyos hijos no son contemplados entre las distintas asignaciones. Además la asignación universal nunca fue sancionada efectivamente por ley sino que sigue rigiendo a partir del DNU firmado en el año 2009, dando una condición precaria a su estabilidad.
En consecuencia, nosotros seguimos presentando nuestro proyecto original de un Ingreso Ciudadano que no está asociado a la condición de desempleo o trabajo en negro sino que es auténticamente universal, para todos sin distinciones arbitrarias de ningún tipo. El sujeto de derecho son los niños, la administración del ingreso recae sobre la madre y en ella recaen las obligaciones de escolarización y salud, si hubiese incumplimiento no redundaría sobre el derecho del niño sino en un cambio de la persona que administra el ingreso.
Establecemos una actualización semestral siguiendo el índice de precios al consumidor que publica el INDEC. También habilita que ANSES si tuviera un crecimiento del Fondo del INCINI, podrá disponer aumentos extraordinarios del ingreso. Además dispone que se reintegre el 100% del impuesto al valor agregado (IVA) de las compras realizadas con la tarjeta de débito de la asignación.
PLANES ALIMENTARIOS NO INCOMPATIBLES CON LA CONDICIÓN LABORAL
Los planes alimentarios cuyo destino sean los niños no pueden ser limitados en función de la condición laboral de los padres sino que deben estar enfocados en los niños, sin establecer la necesidad de mantener condiciones de desempleo o precariedad laboral para que sus hijos sigan siendo beneficiarios de este tipo de programas.
En consecuencia, en nuestro proyecto establecemos la prohibición de la distinción por la condición laboral de los padres cuando se trate de programas de alimentación cuyo beneficiario sean los niños.
A partir del aceleramiento de la inflación durante los gobiernos del kirchnerismo, la cuestión del impuesto a las ganancias fue un debate recurrente en función del aumento del mínimo no imponible. Sin embargo, la tabla de deducciones con los escalafones de percepción nunca fue actualizada acorde al proceso inflacionario.
En consecuencia, trabajadores que originalmente no eran alcanzados por el impuesto a las ganancias pasaron a serlo, y trabajadores que les correspondía una percepción menor pasaban a escalafones que originalmente no les correspondían.
Desde hace años que nosotros proponemos una reforma integral de la ley de impuesto a las ganancias. Proponemos aumentar el mínimo no imponible conjuntamente de una actualización de toda la tabla de deducciones, para solucionar las injusticias que se fueron generando en los últimos 12 años.
Además establecemos excluir las jubilaciones de pagar ganancias como así agregamos la exención por el alquiler de la vivienda. Es necesario, y así lo incluimos, que sea anualmente actualizada automáticamente los parámetros en base a las estadísticas del índice de precios al consumidor del INDEC.
PRESTACIÓN ANTICIPADA DE JUBILACIÓN POR DESEMPLEO
El presente proyecto surge como respuesta ante la situación de muchas personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo y que, por una cuestión de edad, no pueden reingresar a la actividad laboral.
Es por ello que, planteamos instituir el beneficio de la Prestación Anticipada de Jubilación por Desempleo – P.A.J.D. –, destinado a: mujeres que hubieran cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad y hombres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; y que acrediten al menos doce (12) meses en situación de desempleo al momento de solicitar el beneficio y treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
El haber mensual de la P.A.J.D. será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto del haber correspondiente al beneficio de jubilación al que tendría derecho el beneficiario al momento de cumplir la edad requerida por la Ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- y sus modifictarias.
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 26.425 (SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO)
El objetivo de este proyecto de ley es garantizar que todos los beneficios del régimen de capitalización previstos en la Ley 24.241–Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- y sus modificatorias que en la actualidad se liquidan bajo la modalidad de renta vitalicia previsional y son abonados a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro alcancen el monto del haber mínimo garantizado por el art. 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 24.463 (SOLIDARIDAD PREVISIONAL).
Esta iniciativa tiene por objeto corregir una falencia en la normativa vigente en materia previsional y así poder autorizar a los jubilados y pensionados, que se encuentran en litigio contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que, en la etapa de ejecución de sentencia, puedan embargar los fondos de la A.N.Se.S. que no se encuentran afectados al pago de las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo y prestaciones por desempleo.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 24.463 SOBRE SOLIDARIDAD PREVISIONAL.
Esta propuesta plantea la modificación del artículo 15 de la Ley 24.463- Solidaridad Previsional- para que el procedimiento de impugnación de las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social -donde se discute el reajuste o actualización de las jubilaciones y pensiones otorgadas- tramite bajo las reglas del proceso sumarísimo, atento que el derecho que se pone en juego en las causas previsionales tiene carácter alimentario y los litigantes, en general, son de avanzada edad.
MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. EXENCIÓN SOBRE RETROACTIVOS O REAJUSTES DE ORIGEN PREVISIONAL.
Esta iniciativa propone dar una solución a todos aquellos jubilados que cobran retroactivos o reajustes de sus haberes en virtud de sentencias judiciales y que, al momento de la percepción, la A.N.Se.S. actúa como agente de retención y retiene el impuesto a las ganancias en caso de corresponder su descuento de acuerdo a las categorías vigentes.
SOCIAL – PUEBLOS INDÍGENAS
COMUNIDADES INDIGENAS: PERSONERIA JURÍDICA Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS
Implica la modificación de dos grandes temas: la personería jurídica de las comunidades indígenas y la propiedad de las tierras.
Proponemos quitar los puntos que inducían a las autoridades administrativas a coartar a las comunidades el ejercicio de sus derechos constitucionales por no contar con personería jurídica o registro como tal. Se elimina la obligatoriedad de que las relaciones internas de las comunidades se rijan por el cooperativismo o la mutualidad.
Se quita la exigencia de inscripción en el Registro para la adjudicación de tierras por parte de las comunidades indígenas, y se establece la inembargabilidad y prohibición de enajenación total de las tierras adjudicadas. Así mismo se establece que en el caso de extinguirse la comunidad propietaria de las tierras, las mismas pasarán a la comunidad más cercana.
INEMBARGABILIDAD E INENAJENABILIDAD DE LAS TIERRAS DE COMUNIDADES INDIGENAS.
Se establece la inembargabilidad de todas las tierras cuya propiedad pertenezcan a comunidades indígenas y la inenajenabilidad a terceros bajo pena de nulidad absoluta.
Los títulos de propiedad que hayan sido entregados y/o aquellos que estuviesen pendientes de entrega, como los que se realicen en el futuro deberán contener expresamente la cláusula referida a la inembargabilidad e inenajenabilidad del bien.
CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO – OIT -, SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES – LEY 24071 -. OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL.
Se propone situar al Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la cima de nuestro ordenamiento jurídico junto a la Constitución Nacional y demás instrumentos de jerarquía constitucional, en tanto este valioso instrumento reconoce y protege derechos humanos y como tales requieren de una protección internacional igual a la concedida a todos los pueblos e individuos.
El Convenio parte del principio fundamental de reconocer el derecho de los “pueblos indígenas” a seguir existiendo en el seno de sus sociedades nacionales, promoviendo el pluralismo y la democratización en el funcionamiento estatal, al reconocer el carácter multicultural y pluriétnico de nuestra sociedad a través de la tolerancia jurídica de la alteridad.
Mediante el referido Convenio se reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco del estado en que viven, como así también su diferente concepción sobre la propiedad privada y los recursos naturales, asumiendo los gobiernos la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática para proteger sus derechos, garantizando el respeto de su integridad.
SOCIAL – SEGURIDAD
AGENCIA NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Se crea la Agencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos en Emergencias y Catástrofes (GIREC) encargada de ejecutar las políticas destinadas a prevenir y gerenciar la atención de las emergencias o desastres naturales o antrópicos a través de la coordinación de herramientas existentes en el Estado Nacional en aquellos casos que los eventos superen las posibilidades de acción de las Defensas Civiles Provinciales o Municipales, cuanto éstas soliciten la intervención del Gobierno Nacional. La Agencia dependerá del Jefe de Gabinete de Ministros y trabajara coordinadamente con los organismos que tienen injerencia.
La Agencia podrá declarar la emergencia o zona de desastre y contará con la creación de un “Fondo de Emergencias” que deberá fijarse anualmente en el presupuesto nacional, que sólo será utilizado en caso de que se produzca una emergencia.
Se crea la Dirección Nacional de Protección Civil dependiente de la Agencia, y estará a cargo de planificar e intervenir en acciones y actividades tendientes a mitigar o disminuir los efectos de los desastres naturales.
SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS CON PARADERO DESCONOCIDO
Se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido que consiste en un mecanismo de interacción entre organismos y fuerzas de seguridad estatales de distintas jurisdicciones.
El Sistema tendrá una línea permanente que operará sin cargo para los usuarios las 24 horas del día para evacuar consultas y brindar información sobre los procedimientos a seguir en la búsqueda de las personas.
Se crea el Registro Nacional de Personas con Paradero Desconocido al cual tendrán acceso digital los organismos miembros del Sistema. El mismo centraliza y entrecruza las denuncias de todas las jurisdicciones sobre desaparición de personas así como también el detalle de los avances en la investigación iniciada para determinar el paradero de la persona buscada.
Un 10% del total de la pauta de publicidad oficial del Estado Nacional deberá destinarse a la comunicación de la búsqueda de las personas.
Se crea el Registro Nacional de Personas Alojadas en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios. El registro centraliza la información referida a la totalidad de las personas de identidad no determinada que se encuentren internadas en establecimiento de la salud, y también de las personas de identidad conocida alojadas en establecimientos penitenciarios.
Se crea el Registro Nacional de Personas Fallecidas de Identidad Desconocida.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD Y EL CRIMEN ORGANIZADO
En ambos casos la pena de prisión es acompañada de la de inhabilitación absoluta perpetua, por lo que el condenado no puede volver jamás a ejercer la función pública.
También se incluye en ambas figuras penales, la fórmula “No podrá argüirse la orden de un superior como causal de exculpación”, desechando cualquier intento de exclusión de responsabilidad por órdenes de superiores, bajo el amparo de la denominada obediencia debida como una fórmula objetiva y de aplicación automática.
Es por ello, que se hace necesario contar con una figura penal autónoma, siendo claros y contundentes en la redacción del tipo penal. Asimismo, se proyecta el agravamiento de penas para el delito de encubrimiento.
Por eso, esta iniciativa republicana se traduce en la posibilidad de introducir mecanismos de control de la ciudadanía para procedimientos penales ocultos en los que se registra un muy bajo índice de investigación e impulso de las causas en que se investigan delitos cometidos en el ámbito de la función pública. En la Argentina existe un nivel estremecedor de impunidad frente a la corrupción, y resulta imprescindible revertirlo.
En este orden de ideas, se proyecta un control ciudadano sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial que opera de manera positiva hacia la efectividad de la investigación, y en aquellos supuestos especiales en los que se requiera del secreto para lograr la efectividad de la investigación se reserva el secreto de sumario (para terceros y para las partes) y el secreto para terceros (sólo para terceros y no para las partes).
La prescripción de la acción penal produce la pérdida del derecho a ejercer la acción por el mero transcurso de los plazos establecidos por ley.
Su fundamento está dado por la falta de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito o la efectividad de una pena. Pero nada más lejos que la “falta de interés social” en el caso de los “delitos de corrupción”, cuando resultan un flagelo que afectan seriamente, los intereses del Estado.
Si bien la duración razonable del proceso es un principio del derecho procesal penal y toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, también es cierto que ante delitos de gravedad institucional que llamamos de corrupción, el bien jurídico a proteger se sitúa en un rango equiparable al de los derechos humanos.
Por ello, es que se propone incorporar como artículo 62 bis del Código Penal, la imprescriptibilidad de la acción penal tanto en los delitos cometidos en contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI (Cohecho y tráfico de influencias), VII (Malversación de caudales públicos), VII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (Exacciones ilegales), IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y XIII (Encubrimiento) del título XI del Libro Segundo del Código Penal; como en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 C.P.), que también afecta los intereses –económicos- del Estado.
Asimismo, y en coincidencia con lo establecido en el artículo VI. 1. C, se establece la imprescriptibilidad para todo otro delito en el que hubiera participado un funcionario público en el ejercicio de su cargo, en virtud del cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.
Del mismo modo, se proyecta establecer la imprescriptibilidad en los delitos cometidos a fin de procurar el lavado o blanqueo de los fondos que pudiera haber sido obtenidos como resultado de todos los delitos mencionados.
Finalmente, se incluye una cláusula para asegurar la vigencia de la norma, estableciendo la imprescriptibilidad en todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), en orden al “desarrollo progresivo” previsto en la cláusula del artículo XI del instrumento. Siendo que esta norma no afecta de ningún modo el principio de legalidad, por cuanto la misma será completada necesariamente por otra ley que eventualmente dicte este Parlamento.
El delito de prevaricato de un Juez no atendiendo al derecho a la hora de fallar, es un delito que conlleva una gravedad mayúscula, a pesar de ello no es proporcional la sanción. Nosotros proponemos que los Jueces que incumplen con su deber, puedan ser sancionados con prisión e inhabilitación perpetua para el desempeño de sus funciones.
Ante la acción del Ministerio Público Fiscal de oficio a pedido de un particular, un funcionario u organismo público. De este modo tramitará en la justicia y si no pudiese justificarse la procedencia del bien, un Juez podrá extinguir el dominio del bien que pasaría a ser administrado por el Consejo Federal de Administración de los Bienes de Procedencia Ilícita.
Este Consejo destinaría estos bienes a la inversión en educación, salud, programas de prevención de la drogadicción, de reinserción y recuperación de adictos. Cundo no fuera posible materialmente identificar el bien, será objeto de la extinción de dominio otros bienes de procedencia lícita por un valor equivalente.
El Consejo deberá presentar anualmente un informe ante la Comisión Mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación.
Entendemos que nuestra Constitución ha establecido en particular sobre todos los crímenes contra orden institucional y el sistema democrático el mayor de los reproches políticos y penales. Ese reproche consagrado en nuestra Carta Magna no puede ser letra muerta en las leyes que de ella deriven. Excluir expresamente de las excepciones del indulto, la conmutación de penas y la amnistía a esos delitos es sin duda cumplir con la constitución y fortalecer la democracia.
ACCION DE AMPARO. REGIMEN.
Se propone la creación de un nuevo régimen sobre la acción de amparo con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Nacional. El proyecto de ley está completamente basado en la media sanción que por unanimidad votó la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 10 de mayo de 2006.
La nueva normativa propuesta viene a actualizar diversos puntos de la ley N° 16.986 de 1966 que ya han sido superados por la más amplia doctrina y jurisprudencia de nuestro país. Además incorpora nuevas cuestiones que hacen al derecho moderno, como el amparo colectivo y la ampliación en la legitimación activa de los sujetos que pueden interponer dicha acción.
REFORMA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
El proyecto presentado en el año 2006 y representado desde entonces, es una reforma a la Ley 24.156 de organismos de control. En la reforma establecemos cambios en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) y en la Auditoría General de la Nación (AGN).
El Síndico General y sus adjuntos continúan siendo designados por el Presidente de la Nación pero se establece incompatibilidad con familiares tanto con el presidente, del vicepresidente y los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Se establece un proceso público y participativo para sus designaciones. En la conformación de los síndicos no podrán ser todos del mismo sexo. Además estarán imposibilitados de actuar ante conflicto de intereses propios.
Las Unidades de Auditoría Interna tendrán mayor independencia de las jurisdicciones que controlan, pasarían a depender directamente de la Sindicatura General de la Nación. Además se amplían las competencias en su función y serán seleccionadas por concurso. También se las incluye en las prohibiciones de parentesco con los funcionarios.
La presidencia de la Auditoría General estará a cargo del principal partido de oposición y la composición de los restantes auditores será 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores representando a las tres primeras minorías parlamentarias, de modo tal que se garantice la composición plural. Las designaciones también tendrán un previo proceso público y participativo. Se dota a la Auditoría de presentar denuncias penales, constituirse como querellante e iniciar acciones civiles de resarcimiento en función de sus informes, e iniciar acciones de lesividad ante un acto administrativo que pueda estar afectado de nulidad absoluta.
En el proyecto se vuelve a incluir un ejercicio que fuera no incluido en la sanción de la Ley 24.156 y que ejercía el Tribunal de Cuentas de la Nación que es el control previo y concomitante. Proponemos un sistema de control mixto en que continúe el control posterior como regla, pero sea incorporado que el control previo y concomitante para contratos de más de 500.000 pesos. Y además se incluye mayor representatividad de las minorías parlamentarias en la Comisión Mixta de Revisión de Cuentas del Congreso de la Nación.
El objeto es reglamentar el derecho de acceso a la información y la obligación del sector público nacional de hacer pública la información que tenga en su poder o bajo su control o que haya sido producida por o para dicho sector. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano, ente o sociedades pertenecientes a todo el sector público nacional.
Se establece un mecanismo sencillo y ágil de acceso a la información con miras a que sea el ciudadano el principal destinatario de esta ley. Los plazos, la constancia del pedido de información y la posibilidad de revisión de la denegatoria o el especial tratamiento que se le da al silencio o la ambigüedad de la respuesta, son reaseguros para que los fines de esta ley no sean violados.
Se determinan los requisitos para la clasificación de determinada información como secreta, así como la duración de esta clasificación. Por otra parte, se abre al acceso público toda la información con más de 25 años.
Se crea un Registro de información pública por el que las respuestas a los pedidos de información realizados por particulares deben estar al alcance de cualquier persona y publicarse en el sitio web que la autoridad de aplicación cree al efecto.
La intervención del INDEC en el año 2006 fue acompañada con la pérdida de funcionarios de carrera y prestigio, la manipulación de la estadística pública y el desprestigio en la institución. Con nuestro proyecto, elaborado junto a técnicos de carrera del INDEC, proponemos la normalización del instituto.
Dotar al INDEC con autonomía funcional y autarquía financiera, con un directorio compuesto por 5 directores electos por concurso con oposición de antecedentes y al menos 5 años de experiencia en el instituto en el área que desempeñará.
También proponemos crear un Consejo Federal con participación de las provincias y la Ciudad, y un Consejo Nacional de Información Estadística con participación de la sociedad civil, universidades y técnicos que asesoren al INDEC en sus funciones. Queremos que toda la información esté disponible en internet de forma libre y permanente.
Con este proyecto queremos restituir la independencia y el mérito en la justicia, revirtiendo los sucesivos cambios que ha sufrido el Consejo de la Magistratura en función de la coyuntura política.
Primero proponemos derogar la ley 26.855 que constituyó la reforma impulsada por Cristina Kirchner en el marco de la llamada “democratización de la justicia” con la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura en contra de los términos de la Constitución de la Nación.
Recomponer una conformación plural y equilibrada, que no signifique en una mayoría automática para el partido de gobierno. Establecemos criterios claros y objetivos respecto de los concursos, evitando la delegación en la reglamentación de elementos sustanciales.
Es preciso dar un salto de calidad institucional en el Consejo de la Magistratura, sumando transparencia en los procedimientos de elección y enjuiciamiento de los magistrados.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 26.122 DE TRAMITE DE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DEL PODER EJECUTIVO
El proyecto de ley modifica la ley N° 26.122 que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial de leyes. Las reformas que tienen por finalidad acentuar el control parlamentario de dichos decretos para garantizar que aquellos sean dictados respetando los preceptos constitucionales.
El Jefe de Gabinete deberá someter los decretos a la Comisión Bicameral Permanente dentro de los (10) diez días desde su dictado y concurrir personalmente a la Comisión.
Actualmente los DNU tienen un tratamiento diferenciado a cualquier ley, basta con el no rechazo de ambas Cámaras para sostener la vigencia del DNU, sin legislar tampoco en el caso de silencio por parte del Congreso. Proponemos que los DNU y los decretos de promulgación parcial de leyes, para mantener su vigencia, deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso, asemejándose al tratamiento previsto para la formación y sanción de las leyes. Se establece que perderán su vigencia aquellos decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas Cámaras dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de su dictado.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo no podrá estar integrada por más de tres representantes por cada Cámara de un mismo bloque o partido político. Asimismo, el presidente y el vicepresidente tendrán que ser de distinta bancada. De este modo, se garantiza mayor pluralidad en la composición de la comisión.
OBRAS PÚBLICAS. REGIMEN. DEROGACION DE LA LEY 13064.
Esta iniciativa pretende diseñar un nuevo ordenamiento en la normativa que rige la actividad administrativa en materia de Obras Públicas, teniendo especial consideración en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, urge un nuevo marco normativo que genere condiciones distintas para la contratación, ante un contexto creciente de casos de corrupción en distintos segmentos de la actividad pública; como segundo aspecto, la necesidad de adecuar y modernizar dicho ordenamiento, que data del año 1947, a una realidad caracterizada por una enorme debilidad regulatoria y de control en la prestación de servicios al Estado.
Estos son algunos de los principales lineamientos:
-Contar con un programa anual de trabajos en cabeza de cada organismo de la Administración;
-Tener una difusión activa de las obras a adjudicar o realizar, garantizando el pleno acceso a la información pública;
-Fortalecer competitivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades productivas en el país, generando una posición privilegiada para el acceso a la obra pública;
-Poner especial énfasis en la protección del Medio Ambiente en todos los procedimientos vinculados a la obra pública, estando en línea con la legislación más moderna a través de la llamada tutela ecológica preventiva;
-Fortalecer los sistemas de control previo, concomitante y posterior de los actos administrativos relacionados con la obra pública;
-Crear en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de seguimiento de obras públicas.
LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO- LEY 24946-. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5 Y 6 SOBRE DESIGNACION DEL PROCURADOR Y EL DEFENSOR GENERAL DE LA NACION. CONSTITUCION DE LA COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACION.-
Este proyecto plantea dos objetivos: En primer lugar, evitar la discrecionalidad en la elección para que, de este modo, se tenga en cuenta estrictamente la formación profesional y los antecedentes académicos y laborales. Y, en segundo lugar, que la terna deba contar con la aprobación una Comisión Bicameral, quitándoles discrecionalidad al Procurador General y al Defensor General, brindándole mayor independencia al organismo.
La idea esta iniciativa es establecer ciertos parámetros sobre los concursos públicos de oposición y antecedentes —que consideramos vítales para su correcto funcionamiento— de los que el Procurador General y el Defensor General no puedan apartarse al efectuar la correspondiente reglamentación.
Por otra parte, proponemos modificar la forma de designación del resto de los funcionarios que integran el Ministerio Público para asemejarlo, en lo posible, al previsto en la ley 24.937 para los integrantes del Poder Judicial de la Nación.
Nos parece razonable que el procedimiento de designación de los magistrados del Ministerio Público sea más técnico, es decir, que se tenga en cuenta principalmente la formación profesional y los antecedentes académicos y laborales, y, además, que en dicho procedimiento intervenga la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control creada por el artículo 23 de la ley 24.946.
De este modo, el Procurador General y el Defensor General dejarán de formar parte del procedimiento de designación de los funcionarios inferiores para que dicha función la pase a ocupar el tribunal y la Comisión Bicameral, siguiendo estrictamente los puntajes obtenidos en los exámenes de oposición y antecedentes, eliminando de este modo cualquier tipo de discrecionalidad al respecto.
Entendemos que el concurso público de oposición y antecedentes es un procedimiento técnico en el que no puede existir ningún tipo de discrecionalidad. Aspiramos a que la elaboración de la terna sea un fiel reflejo de los puntajes obtenidos por los postulantes en los exámenes. Creemos que la idoneidad moral no debe ser analizada en esta etapa del proceso de designación sino cuando el Senado deba prestar acuerdo para que la designación se concrete.
REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2°, 3°, 4° Y 21, SOBRE IMPUGNACIONES A LOS DIPLOMAS DE LOS DIPUTADOS ELECTOS Y PERMISOS PARA EJERCER OTROS CARGOS NACIONALES O PROVINCIALES.
Este proyecto de resolución propone las modificaciones procedimentales necesarias a realizarse en el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que se rechace la incorporación como miembro de ella de un diputado electo que detente otro cargo electivo; instándolo a optar por uno de esos cargos. Así como, de ser sobreviniente la incompatibilidad, se prevé que la Cámara intime al diputado a optar renunciando a uno de ellos en forma inmediata.
MODIFICACIONES SOBRE SESION INFORMATIVA DEL JEFE DE GABINETE ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
El artículo 101 de la Constitución Nacional le impone al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación el deber de asistir al menos mensualmente y en forma alternativa, a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación para informar sobre la marcha del gobierno y de la administración.
Este proyecto de resolución, propone reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, brindando mayor efectividad y eficiencia en el control que debe ejercer el Congreso, sobre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el jefe de Gabinete, en un marco institucional de equilibrio, publicidad y previsión.
Estas son las reformas que se plantean:
– Establecer un día determinado para la sesión informativa;
-Flexibilizar el contenido del informe;
-Limitar el temario del Jefe de Gabinete equilibrando la disposición general de los temas;
-Proporcionalidad en el temario de labor parlamentaria;
-Favorecer el intercambio entre los legisladores y el Jefe de Gabinete;
-Ampliación de los plazos;
-Exigencia de la presentación por escrito de las respuestas con una debida antelación y su publicación en el sitio Web;
-Habilitar el tratamiento de un hecho de gravedad institucional;
-Obligación de ampliar por escrito a raíz de la naturaleza o complejidad del asunto o por solicitud expresa de un diputado;
-Y establecer que el incumplimiento de la obligación constitucional de asistir a la Cámara será considerado mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
MODIFICACIÓN CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS.
En distintos Códigos Procesales de las Provincias existe un instituto que no fue incorporado al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: las medidas autosatisfactivas.
Nuestro proyecto incorpora este instituto que permite que sean llevadas adelante medidas que sean efectivas para garantizar la protección de derechos sin la necesidad de que sea iniciadas en el marco de una causa judicial. Actualmente es posible iniciar medidas de rápida acción, estas son las medidas cautelares. Sin embargo, las medidas cautelares se realizan en el marco de una causa judicial para asegurar que el derecho en litigio no se pierda en el tiempo que la justicia analiza cómo expedirse.
Incorporando el instituto de las medidas autosatisfactivas, será posible iniciar acciones efectivas y rápidas para evitar daños de difícil o imposible reparación a derechos.
RÉGIMEN PARA LA PUBLICIDAD OFICIAL:
El proyecto promueve como objeto principal la regulación del contenido, la producción, la distribución y la contratación de la publicidad oficial del gobierno nacional, así como de sus mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a dicha actividad.
La regulación de la publicidad oficial resulta fundamental a fin de garantizar la forma republicana de gobierno, y la necesidad de establecer criterios objetivos de distribución.
La publicidad de los actos de gobierno adquiere especial relevancia, pues quienes gobiernan en nombre del pueblo deben dar cuenta a sus mandantes de las acciones que desarrollan en función de la representación conferida. El pueblo tiene el derecho fundamental de ser informado sobre los asuntos que competen a la gestión de los intereses comunes. El uso de esta herramienta no debe desvirtuarse para su uso con fines partidarios o para promocionar determinados funcionarios, sino para rendir cuentas ante la sociedad.
Con el objeto de evitar ello se presentó un proyecto de Ley tiene por objeto que los funcionarios alcanzados por la misma que sean titulares de un activo o interés financiero, que presente un conflicto de interés con el ejercicio de la función pública a desempeñar, deban entregar la administración de dicho activo o interés financiero en “fideicomiso ciego”. El “fideicomiso ciego” o “blind trust” es aquel en virtud del cual una persona que es elegida para ejercer un cargo público debe, de manera temporaria, transferir a otra persona o entidad el control de sus bienes o activos económicos que presenten un potencial conflicto de intereses con la función pública a desempeñar.
DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL: IMPRESIÓN DE BOLETAS ELECTORALES
El presente proyecto busca adecuar el texto de la ley de modo tal que todas las opciones electorales cuenten con boletas en el cuarto oscuro y de esta manera se garantice plenamente el ejercicio de sufragio activo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Es responsabilidad del Estado de velar por la efectiva disponibilidad de las boletas correspondientes a todas las agrupaciones políticas que hayan postulado candidatos pues, en tanto constituye el elemento mediante el cual se exterioriza la voluntad del elector, resulta indispensable para el ejercicio del sufragio activo (cf. Fallo CNE 3103/03). La boleta no es un instrumento al servicio del partido, es la posibilidad física para que se exprese el ciudadano.
OBRA PÚBLICA CREACIÓN DE “OFICINA NACIONAL DE MONITOREO DE OBRAS PUBLICAS”
El presente proyecto de ley tiene la particularidad de someter todo el proceso de construcción de una obra pública de magnitud significante a la observación ciudadana, dichos observadores realizarán informes mensuales de las distintas etapas que intervienen en la ejecución de una obra pública, dichos informes son de acceso público y son enviados específicamente a todos los órganos de control del Estado Nacional.
De esta manera se busca incorporar un sistema novedoso y activo de participación cívica en el control y seguimiento de la obra pública, teniendo plena conciencia que el dinero que paga el Estado Nacional en sobreprecios, ya sea en adjudicaciones de obras, como adicionales al proyecto original, podría ser utilizado para paliar la grave situación social que atraviesa nuestro país, consideramos que el aporte activo de la sociedad civil es de suma importancia y efectividad para lograr el objetivo de la eficiencia en la gestión pública.
Presentamos este proyecto como otro de los mecanismos para evitar los actos de corrupción cometidos a través de la obra pública por parte de las empresas privadas y el Estado.
Las obras que se encuadren presupuestariamente bajo el concepto “de envergadura presupuestaria” no deberían obtener el beneficio de anticipos financieros, (proyectos que deberán cumplimentar estudios de factibilidad o impacto ambiental, entre los cuales se encuentran: grandes represas, plantas siderúrgicas, instalaciones químicas, instalaciones destinadas a la eliminación de residuos peligrosos o de eliminación de tóxicos, centrales térmicas de generación, construcciones de líneas ferroviarias, terraplenes, autopistas, Aeropuertos comerciales, puertos comerciales, refinerías de petróleo bruto, entre otras.)
El presente proyecto de ley busca colaborar con el mejoramiento del siempre perfectible sistema control del financiamiento partidario. De esta manera, la introducción de estas modificaciones permitirá establecer criterios claros respecto de la competencia del juez electoral así como del procedimiento a aplicar cuando se trata de un caso donde pueden establecerse sanciones de carácter punitivo. Se establece la plena potestad del fuero electoral respecto del contralor de esta materia y la efectiva aplicación de las sanciones para quienes infrinjan el régimen de financiamiento partidario, este proyecto modifica el artículo 6 de la ley 23.298 dejando aquellas cuestiones expresamente incorporadas.
DELEGADOS JUDICIALES EN LAS ELECCIONES
La Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada en diciembre de 2009 incorporó importantes modificaciones en las reglas que rigen la competencia política.
Los cambios implican un notable incremento en la complejidad de los procesos electorales que, a su vez demandan nuevas y mayores capacidades y recursos de parte de las autoridades encargadas de administrar y garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones.
Es por ello que proponemos, la instalación de una autoridad electoral judicial por establecimiento, que permanezca en el lugar de votación durante toda la jornada, para permitir un mejor desarrollo en el proceso eleccionario, brindando un apoyo contundente a las autoridades de mesa ya que contarían con una persona con idoneidad y capacidad de consultar con las autoridades judiciales en caso de tomarse una decisión ante la aparición de conflictos o irregularidades.
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN PARA AGUAS CONTINENTALES SUBTERRÁNEAS
En Argentina no existe ningún tipo de relevamiento en materia de aguas subterráneas, siendo una de las principales reservas de agua dulce para el mundo. El proyecto que hemos firmado buscará proteger el recurso estratégico para la vida humana con el trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Proponemos la generación de un inventario a nivel nacional a través del Instituto Nacional del Agua para conocer con cuántos acuíferos contamos en el país y dónde se encuentran. El inventario deberá ser actualizado con una periodicidad de 5 años.
Además establecemos una serie de prohibiciones a actividades en las áreas donde se encuentren para evitar la contaminación de las aguas como es el caso de la explotación minera y el vertido de sustancias industriales.
Con la sanción del presente Proyecto de Ley se busca la reorganización del Servicio Meteorológico, para atender a las nuevas demandas sociales (ya que nos encontramos ante una meteorología orientada y pensada en función de las necesidades del país, como lo es la producción agropecuaria, dependiente en gran medida de los fenómenos climáticos, también el sector energético, en referencia a cómo manipular, almacenar y proyectar el consumo de energía, depende de los servicios de meteorología en el corto, mediano y largo plazo).
Para ello estimamos necesario que el organismo pase a depender administrativamente del Ministerio de Economía de la Nación, como un organismo civil descentralizado y con jerarquía de Dirección Nacional.
COMISIÓN BICAMERAL SOBRE RECURSOS NATURALES
Presentamos el proyecto para la creación de una Comisión investigadora en el Congreso de la Nación integrada por 9 senadores y 9 diputados que investigue la concesión, tributación, licitación, el uso, aprovechamiento, comercialización, degradación y contaminación de todos los recursos naturales de la Argentina.
Desde el año 2010 venimos presentando este proyecto, queremos que el Congreso de la Nación audite años de explotación de recursos naturales tanto en la minería, pesca, hidrocarburos, tierra, agua, aire, bosques nativos, biodiversidad y cualquier área que sea considerada pertinente por la Comisión.
DEROGACIÓN DE LAS LEYES DE PROMOCIÓN MINERA
El proyecto deroga todas las leyes de promoción minera que contemplan erogaciones impositivas generalizadas y que fueran el resultado de las políticas de incentivo de la explotación de minería en los años 90 y con reformas durante los últimos 12 años.
Particularmente se derogan las leyes 24.196 de inversiones mineras con sus correspondientes modificaciones o leyes complementarias incluidas las leyes 24.296, 25.161 y 25.429, y también deroga el Pacto Federal Minero (ley 24.228) y el régimen especial del impuesto al valor agregado de la ley 24.402.
INCORPORACIÓN DE PRINCIPIOS AMBIENTALES PREVENTIVOS EN EL CÓDIGO DE MINERÍA
Desde el año 2010 que proponemos incorporar en el Código de Minería de la Nación principios preventivos en materia ambiental con la finalidad de prevenir nuevos impactos ambientales y remediar los ya producidos.
Incorporamos la prohibición expresa de utilización de sustancias tóxicas en la explotación minera bajo la modalidad a cielo abierto. Las sustancias tóxicas que proponemos prohibir es el caso del cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, el ácido nítrico y otras sustancias comprendidas en la Ley de residuos peligrosos.
La incorporación de principios preventivos en materia ambiental está basada en los términos del Artículo 41 de la Constitución de la Nación, que obliga al Estado a actuar garantizando un ambiente sano, apto y equilibrado.
Las Naciones Unidas así como distintos organismos trasnacionales han puesto especial importancia a la necesidad de implementar políticas paliativas y de adaptación al cambio climático que afecta a todo el planeta.
Desde el año 2009 presentamos un proyecto que busca garantizar la aplicación de políticas proactivas en la evaluación del impacto del cambio climático en la Argentina y de acciones para apaliar sus efectos. También requerimos evaluar la vulnerabilidad de distintas zonas ante los efectos, como es el caso de las zonas cordilleranas
Proponemos la creación de una Comisión Intergubernamental integrada por las distintas oficinas con incidencia en la materia para ello, componer un Consejo Consultivo Científico-Técnico y la elaboración de un Plan Nacional de adaptación.
Queremos que la misma Autoridad a cargo también sea la encargada de atender los pedidos de acceso a la información ambiental de la ciudadanía y presentar ante el Congreso de la Nación un informe ambiental con periodicidad anual.
REFORMA INTEGRAL DEL CÓDIGO DE MINERÍA
El proyecto que tiene su origen en uno presentado en 2008, actualiza integralmente el Código de Minería Nacional ajustándolo a los requerimientos ambientales. Extiende las áreas de exclusión minera a un radio de 750 metros y agrega lagos, nacientes de ríos, glaciares con sus correspondientes áreas periglaciares, áreas protegidas por la Nación, Provincia o el Municipio, y los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas originarias.
Se prolonga el plazo a un año para el reclamo por daños ocasionados en el marco de los emprendimientos mineros desde el momento en que se toma conocimiento e incorpora el perjuicio continuado que no está en el Código. Agrega la falsedad en los Informes de Impacto Ambiental a las causales de caducidad del contrato con pérdida del derecho de forma permanente. Incorpora sanciones por incumplimientos a las exigencias ambientales y obliga a las concesionarias a no oponerse a obras o acciones tendientes a la conservación o protección ambiental.
Crea el instituto “Zona de Reserva Minera” sancionado por ley nacional o provincial que declara zona de exclusión de actividades mineras por un plazo de hasta 20 años prorrogable, destinando esa zona para la explotación por futuras generaciones. Establece la exigencia de autorización para la utilización del agua acorde a las necesidades del ecosistema y los cultivos.
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS EN LA ACTIVIDAD MINERA
En el año 2008 presentamos un proyecto de presupuestos mínimos ambientales que regulen la actividad minera. Desde entonces el proyecto fuera representado por la Coalición Cívica ampliando el marco de protección.
En el proyecto se establece un marco regulatorio respecto de las acciones estatales ante un situaciones riesgosas estableciendo criterios básicos de acción. Además se exige la contratación de un seguro ambiental al momento de autorizar el inicio de las actividades mineras. Con las multas y derivados de la aplicación de las leyes que regulan la actividad se compondrá un Fondo de Compensación Ambiental para indemnización por los daños colectivos si la recomposición no fuera posible.
También se regula la confección y aprobación de los informes de impacto ambiental que certifican las condiciones del emprendimiento incluyendo la etapa de cierre. El informe será realizado con profesionales y consultores que deberán estar en un registro, y se realizará previamente una audiencia pública antes de la aprobación del informe. Además, será requerida una autorización especial para la utilización de agua en los emprendimientos.
Establecemos también penas con prisión para los funcionarios que incumplan en el desempeño de la autorización o la veracidad de los Informes de Impacto Ambiental.
PEDIDOS DE INFORMES POR EL DERRAME EN VELADERO
A partir del derrame ocurrido en la minera Valadero y la contaminación de aguas, firmamos una serie de pedidos de información al Poder Ejecutivo destinado a las distintas dependencias que tuvieron y tienen injerencia en el caso: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Secretaría de Minería, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y al Ministerio de Seguridad.
Particularmente requerimos información respecto de los informes de impacto ambiental del emprendimiento, si se realizó un plan de monitoreo de la zona, si la empresa Barrick Gold fue incorporada al Registro de Infractores, si fueron iniciadas denuncias penales a causa del derrame, si se realizaron estudios de los efectos en la biodiversidad y la población, estudios para detectar presencia de cianuro y metales pesados en las aguas, si se aplicaron las sanciones previstas a Barrick Gold en los términos de la Ley de Glaciares y los operativos realizados, incluido el operativo de la Gendarmería una vez conocido el hecho.
Se crea un régimen de responsabilidad penal juvenil que abarca la franja etaria entre los 14 y los 18 años, incorporando institutos jurídicos novedosos y relevantes. Dispone un sistema de responsabilidad penal juvenil con todas las garantías sustantivas y procesales contenidas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Establece como sanciones una serie de medidas tales como la prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre, privación de libertad domiciliaria y privación de libertad en centros especializados para personas menores de dieciocho años, esta última sólo como una medida de último recurso cuando se compruebe la comisión de los siguientes delitos: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robo con arma que sea apta para el disparo, robo cometido con violencia física hacia las personas y secuestros extorsivos.
El cumplimiento de la sanción impuesta o su revocación de conformidad con lo previsto por el proyecto de ley extinguen la responsabilidad penal de la persona menor de dieciocho años derivada del delito que hubiere cometido.
CODIGO ADUANERO. MODIFICACION DEL INCISO 1°, DEL ARTICULO 875, SOBRE EXENCION DE PENA EN CASO DE QUE EL ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO LO EFECTUEN ASCENDIENTES, DESCENDIENTES O CONYUGE.
Este proyecto propone reducir las causales de exención de pena en caso de encubrimiento de contrabando, eliminando casos actualmente previstos en el Código Aduanero como “un amigo intimo”, expresión inentendible en un Estado de Derecho que no busque garantizar la impunidad.
Por ello, se plantea limitar las exenciones únicamente para aquellos casos en que el encubrimiento de contrabando haya sido ejecutado a favor de ascendiente, descendiente o cónyuge.
No ignoramos el contenido del artículo 277 de nuestro código penal, que reproduce el mismo precepto otorgando amparo legal, es decir impunidad, al amigo del delincuente, validando una propuesta inmoral, reprochable desde toda óptica axiológica. Y en consecuencia desde ya expresamos el repudio a ello y hacemos una especial reserva para que en otra oportunidad modifiquemos también esta norma a la cual nos referimos.

References: ARTÍCULO 204
 artículo 29
 resolución 
 Artículo 101
 artículo 75
 artículo 9
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 22
 ARTÍCULO 15
 artículo 15
 artículo 62
 artículo 43
 artículo 23
 resolución 
 artículo 101
 artículo 6
 Artículo 41
 artículo 277