Source: http://www.eldemocrataliberal.com/2019/11/el-escandaloso-caso-de-la-querella-que.html
Timestamp: 2020-01-20 19:54:58+00:00

Document:
El Demócrata Liberal: El escandaloso caso de la querella que afecta a la actual Ministra de Hacienda en funciones y al ex Gerente del SAS (4ª parte)
El escandaloso caso de la querella que afecta a la actual Ministra de Hacienda en funciones y al ex Gerente del SAS (4ª parte)
Los hechos y documentos de esta cuarta parte del reportaje constatan una posible confabulación o negligencia inexcusable en la Fiscalía y Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada
Tanto unos como otros han evitado de forma injustificable la investigación judicial del caso que afecta a la Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (fue Consejera de Salud); al exgerente del SAS, José Luis Gutiérrez (pareja sentimental de la anterior); al exViceconsejero de Salud, Martín Blanco, y a otros implicados
La fiscal del caso, Montserrat Luque Molina, ha plagiado el informe de otra fiscal de Granada, y como consecuencia expone preceptos legales derogados, datos de otra querella y argumentos inaplicables
El Juzgado de Instrucción nº 9, cuya titular es Rosa María Ginel Pretel, ha evitado practicar pruebas esenciales, y la UDEF ha realizado un informe sin el necesario celo profesional, excusándose en que no le remitieron la documentación a investigar
5.- Segunda querella presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad” por fraude en contrataciones.
Si en la tercera parte del presente reportaje analizábamos la querella criminal presentada por la Asociación “Justicia por la Sanidad”, referida inicialmente a un contrato claramente amañado y sus prórrogas, en este segundo caso de corrupción el asunto se refiere a varios contratos y sus prórrogas, adjudicados a la empresa EUROCONTROL, SA, con muchas más personas y centros sanitarios de la Junta de Andalucía implicados, como el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves” (HUVN, que es recurrente), la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), y las Fundaciones Públicas sanitarias FIBAO y FISEVI.
La resolución del caso podría afectar políticamente a la actual Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero Cuadrado, dado que el caso afecta al hermano de José Luis Gutiérrez Pérez, al que propuso como Gerente del SAS (BOJA del 25-04-2008) nada más ser nombrada Consejera de Salud (se mantuvo de Gerente del SAS hasta 2014), siendo además su pareja sentimental (desconozco si siguen juntos).
El hermano del entonces Gerente del SAS, Francisco Javier Gutiérrez Pérez, era el Director de Consultoría y Gestión en la empresa adjudicataria de todos los contratos, Eurocontrol, SA.
José Luis Gutiérrez nombró en 2011 como nuevo Director Económico-Administrativo del HUVN a Santiago Lanzarote Campos, que firma las Memorias supuestamente justificativas de los contratos. Debido a estos contratos (2 de ellos se adjudicaron en 2012, y otros 2 el mismo día de 2015), la prensa publicó varios artículos en 2015 y 2017 sobre el asunto, que llegó incluso al Parlamento de Andalucía donde los grupos de la oposición utilizaron el asunto para “quemar” políticamente al PSOE. Pero ahí quedó la cosa: ni la Fiscalía actuó de oficio, ni ningún partido político dio el paso de denunciarlo en los Tribunales (ni siquiera lo hicieron en la Fiscalía). Así luchan todos los partidos contra la corrupción: todo de cara a la galería y de asaltar el poder.
Ahora el nuevo Gobierno del PP y Cs tiene la oportunidad de investigarlo y denunciarlo todo, pero como ya es sabido, “entre corruptos anda el juego”, y todos tapan las corrupciones de los demás, pues suelen utilizarlo como “moneda de cambio” para sus chanchullos (ya saben, “afloja tu acusación, y yo no saco este asunto”, o “nos repartimos el pastel juntos”, “si contratas a mi familiar o amigo, no saco este asunto”, etc.). Quien no conozca los entresijos de la corrupción sistémica, le costará trabajo entender el alcance que tiene un régimen partidocrático.
Si lo ocurrido con la UDEF, la Fiscalía y el Juzgado 4 en la anterior querella, ya era impropio de un poder judicial que dice ser “independiente”, los hechos ocurridos en esta nueva querella en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada son muy graves. Pero vayamos por paso.
Investigación de la Asociación sobre las contrataciones adjudicadas a la empresa Eurocontrol, SA.
A la vista de las publicaciones periodísticas del año 2015 y posteriores (aquí tienen vínculos a algunas de ellas: Noticia 2015, Noticia 2015, Noticia 2017), y del Informe de la Cámara de Cuentas que apuntaba la existencia de numerosas e importantes irregularidades, en especial a la falta de transparencia de los procedimientos negociados sin publicidad en la EASP, donde estuvo de Gerente el ex-Viceconsejero de Salud Martín Blanco, la Asociación observó que la tramitación de esos expedientes podrían ajustarse al mismo esquema utilizado con los contratos de la primera querella, coincidiendo muchas de las personas implicadas.
Por ello, solicitó a la Junta de Andalucía copias de los expedientes de los contratos (los tramitados por el Hospital Universitario “Virgen de las Nieves”, HUVN), así como los pagos realizados por el SAS y entes instrumentales sanitarios a la empresa Eurocontrol, SA. Esta empresa alegó en los procedimientos iniciados con arreglo a la Ley de Transparencia, oponiéndose a que se entregara la documentación solicitada, pero finalmente fue entregada una parte (no estaba completa, es decir, el SAS ha ocultado parte de los expedientes).
Hay que resaltar que la Asociación solicitó el 6-08-2018 a la Consejería de Salud “Copia de todos los documentos que integran el expediente administrativo de contratación número 10/2009”, adjudicado por FIBAO también a Eurocontrol por importe de 43.102,92 euros, respondiendo su Presidente, José Luis Salcedo Lagullón, que el expediente fue eliminado con el traslado de la Fundación desde el HUVN hasta el antiguo Hospital San Cecilio. Pero ni la UDEF, ni la fiscal del caso, ni el Juzgado, han investigado acerca de los contratos de FIBAO ni de la EASP.
De los más de 4’4 millones de euros que el SAS y otros entes sanitarios de la Junta pagaron a Eurocontrol, SA, en toda Andalucía para el periodo 2003-2018, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía a la Asociación, los centros sanitarios de Granada pagaron aproximadamente un 64,25 % del total de ese gasto. De esa cantidad, el HUVN pagó a dicha empresa 642.861,47 euros (periodo 2004-2011), mientras que la Plataforma Logística Sanitaria de Granada pagó 999.559 euros en el periodo 2011-2018.
Asimismo, la EASP de Granada pagó a Eurocontrol, SA, en el periodo 2004-2017 un importe de 363.254 euros, y FIBAO pagó en el periodo 2004-2017 un importe de 234.541,24 euros.
Sólo este dato, el elevado porcentaje facturado en Granada, en comparación por ejemplo con Sevilla (sólo del 16’23% del total) llamaría la atención de cualquier investigador, por muy mediocre que fuera, especialmente teniendo en cuenta las relaciones de Eurocontrol con Martín Blanco García a través del Observatorio OMARS (Javier Gutiérrez, el Director de Consultoría de Eurocontrol, era también Coordinador Técnico de OMARS) y de la asociación AGACS (Asociación Española de Gestión Ambiental en centros Sanitarios, fundada por Martín Blanco en 2001), y que el ex Viceconsejero de Salud, Martín Blanco, participó en la mayoría de los contratos que constan en los autos judiciales, tanto en el HUVN como en la EASP y FIBAO.
Además, uno de los cargos que aparecen en los contratos adjudicados a Eurocontrol es Emilia Martínez Martínez, que fue nombrada Coordinadora General de OMARS en noviembre de 2012, siendo Presidente Emiliano Nuevo Lara (al que dediqué otro artículo en EDL) y el Director Técnico Javier Gutiérrez (Eurocontrol).
Además de OMARS y AGACS, también coincidían algunos de los implicados en la primera y segunda querella en otra Asociación: FORO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, constituida en Motril (Granada). Como informó el periodista Leo Rama en el diario ABC en 2017 (Noticia ABC), el presidente de esta entidad es Emiliano Nuevo Lara, que fue Gerente del Hospital Regional de Málaga y, desde 2012, presidente de OMARS, y ocupó también cargos en el HUVN.
El que fue en su día Gerente del HUVN, Arturo Domínguez Fernández (firmante del contrato de 2006 con la empresa de Juan Pérez Raya, y posible nuevo querellado por la Asociación si la Audiencia Provincial de Granada decretase que continuaran las diligencias de investigación de la primera querella) es vocal del FORO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, en el que además se encuentran varias de las empresas de OMARS, como Eurocontrol. Además, figura como Tesorero otra persona cercana a Javier Gutiérrez, Santiago Lanzarote Campos, que ha sido Director de Gestión y Servicios del HUVN, y que tal como informó el periodista Leo Rama en el diario ABC, fue “el área desde la que Martín Blanco autorizó la compra de medicamentos con sobrecostes”.
Observen los nombres de las personas que aparecen en esta Comunicación Técnica:
Fue tal la vinculación entre ellas, que la técnica de medio ambiente de Eurocontrol que aparece en la imagen de dicha Comunicación, Begoña Navarro Cuesta, acabó siendo contratada por FIBAO en 2010 (con dinero del HUVN), participando en la Comisión de evaluación Martín Blanco García, como Subdirector-Gerente de Gestión y Servicios, y Mª Jesús González Callejas, técnica asesora de la Dirección de Servicios Generales. En 2016, FIBAO volvió a contratar a la misma persona, estando en la Comisión evaluadora Santiago Lanzarote Campos y de nuevo Mª Jesús González Callejas.
A la vista de todo lo anterior, no parece nada descabellado pensar que existiera un “concierto” entre los implicados en los contratos que a continuación analizaré. Como ya podrán ir suponiendo y veremos más adelante, la UDEF no ha investigado nada ni ha tomado declaración a nadie.
¿Acaso los policías de la UDEF actuantes han recibido órdenes de la superioridad?
Los contratos y sus ilegalidades groseras.
Los cuatro contratos adjudicados a Eurocontrol, SA, por el HUVN fueron los siguientes:
1.- “SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL HUVN, DE LA PPLI DE GRANADA-JAÉN SUR”, Expediente número 12N91030033, adjudicado mediante Resolución de 24 de Julio de 2012, por importe de 29.200 euros (IVA excluido).
2.- “SERVICIO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL H.U.V.N. DE LA PPLI DE GRANADA-JAÉN SUR”, expediente número 12N91030032 (197/2012), adjudicado mediante Resolución de 10 de Septiembre de 2012, por el mismo importe de 29.200 euros (IVA excluido).
3.- “SERVICIO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA”, expediente número 14N910330123 (Nº 829/2014), adjudicado mediante Resolución de 9 de Febrero de 2015, por igual importe que el anterior, es decir, 29.200 euros (IVA excluido).
4.- “SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA”, número 14N920310130 (Nº 832/2014), adjudicado mediante Resolución de 9 de Febrero de 2015, por igual importe que los anteriores, es decir, 29.200 euros (IVA excluido).
Los cuatro contratos inicialmente aportados con la querella fueron tramitados mediante el procedimiento “negociado sin publicidad”. Aunque parezca extraño, todos ellos fueron adjudicados por el mismo importe de 29.200 euros (IVA excluido), sin quedar justificado el precio en los expedientes, obligatorio según la Ley.
Todos tenían una duración prevista de un año, y todos fueron prorrogados por otro año más. En total, se pagó a la empresa Eurocontrol casi 240.000 euros sin el IVA.
La clave del amaño de estos contratos es que sus expedientes seguían siempre el mismo patrón:
- la falta de justificaciones y de documentos esenciales,;
- el HUVN siempre invitaba a ofertar en la licitación a las mismas empresas: Eurocontrol, SA, Eurocivil, SL, y una persona física, Jorge Molinero Méndez.
En todos los contratos, Jorge Molinero siempre renunciaban a presentar ofertas, y Eurocivil no subsanaba la documentación cuando se le requería, por dos motivos fáciles de entender:
- Eurocivil y Eurocontrol eran empresas vinculadas societariamente, y hasta compartían dirección y teléfonos.
- El objeto social de Eurocivil y la aptitud profesional de Jorge Molinero no guardaban ninguna relación con el objeto del contrato.
Estaba claro que el adjudicatario estaba predeterminado en todos los expedientes de contratación. Además, si en los contratos de 2012 renunciaron a participar dos veces Eurocivil y Jorge Molinero, ¿por qué se les volvió a invitar en los dos expedientes adjudicados en 2015? Téngase en cuenta que los negociados sin publicidad son una excepción a la regla general y debe cuidarse que haya competencia entre empresas para que la Administración no se dañe patrimonialmente.
Lo mismo ocurrió en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en uno de sus contratos, estando Martín Blanco de Gerente, y era tan descarado el asunto que hasta las dos empresas que renunciaron a presentar ofertas (Eurocivil y Jorge Molinero) lo hicieron con textos idénticos, como pueden comprobar en esta imagen:
Lo más grave es que en los expedientes de los contratos suscritos entre la EASP y Eurocontrol, según la documentación obtenida por el Portal de Transparencia, no existen Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sólo Pliegos de Prescripciones Técnicas, y en el contrato de 2010 se siguió (con Martín Blanco de Gerente de la EASP) el mismo modus operandi: invitar a las mismas empresas que en el caso de los cuatro contratos del HUVN, es decir, claramente amañado.
Hay datos que llaman la atención, como por ejemplo que los documentos de ambos contratos de 2012 y los de 2015 con el HUVN tengan las mismas fechas. Así, en los dos contratos del año 2012, la Memoria Justificativa (29 de Marzo), la propuesta o solicitud de inicio del expediente de contratación (30 de Marzo), el Acuerdo de iniciación (30 de Marzo), la Resolución de aprobación de inicio de Expediente de Contratación (25 de Abril) y, hasta el Informe de la Asesoría Jurídica (17 de Abril) y las Invitaciones a las empresas (2 de Mayo), en ambos contratos, son de la misma fecha.
Y con los adjudicados en 2015 ocurre lo mismo, aunque hay un dato relevante: la Ley exige que la aprobación de los pliegos y de los modelos requiere el informe previo del Servicio Jurídico respectivo, y resulta que en los dos contratos, la Comunicación que dirige el Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial, Jorge I. Martín Oviedo, adjuntando los informes, son de fecha posterior a la Resolución de Aprobación del Expediente. Pero hay más: las invitaciones a las empresas se efectúan antes de esa misma fecha (un día antes).
Respecto a las graves ilegalidades cometidas en la tramitación de los expedientes, a continuación se destacan algunas de ellas:
1ª) Carecían los 4 contratos de justificación sobre la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliar los medios materiales y personales del HUVN, es decir, la justificación de la necesaria externalización del trabajo, tal como el Gabinete Jurídico de la Junta ha indicado en muchos de sus informes. Por cierto, las Memorias mal denominadas “Justificativas” estaban firmadas por Santiago Lanzarote Campos, nombrado en 2011 Director Económico Administrativo del HUVN por el ex Gerente del SAS, José Luis Gutiérrez.
2ª) En los Pliegos de cláusulas administrativas particulares no se establecieron los aspectos económicos y técnicos que debían ser objeto de negociación con las empresas, dejando desprotegido el interés público al no asegurar una correcta negociación con el adjudicatario (así lo tiene establecido en varias resoluciones el Tribunal de Cuentas). De hecho, no existió negociación, y se aceptaron las ofertas de la empresa Eurocontrol.
Además, en los contratos efectuados por la EASP con Eurocontrol, no existen Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sólo PPT.
3ª) De las tres empresa invitadas a ofertar, como ya he mencionado, dos de ellas NO tenían como objeto social el de los contratos, y obviamente renunciaban a presentar ofertas. ¿Saben ustedes cuántas empresas existían y que podían haberse invitado a ofertar, tanto en el ámbito de la calidad como de sistemas de gestión? No tienen más que mirar las numerosas entidades acreditadas por la ENAC en su página web, o las 9 empresas invitadas a ofertar por la Consejería de Justicia en 2014 para otro negociado sin publicidad que adjudicó igualmente a Eurocontrol (contrato nº 2014/000043). Pero esto hubiera supuesto actuar conforme a Ley, y todos los indicios acreditados apuntan a lo contrario en el HUVN y EASP.
4ª) En los expedientes obtenidos por Transparencia faltan los documentos presentados por la empresa Eurocontrol en relación a las ofertas técnicas, así como a la documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de dicha empresa.
5ª) Igualmente faltan la actas de las Mesas de Contratación celebradas.
6ª) No constan que los trabajos contratados estén realmente realizados mediante las certificaciones oportunas.
7ª) No constan en los expedientes las facturas de los contratos ni las actas de recepción parcial para poder efectuar los pagos.
8ª) Falta toda la documentación de las prórrogas de los contratos, sus justificaciones, facturas, etc., y muy especialmente las obligaciones para contratar (certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias, documento acreditativo de haber formalizado una póliza de seguro que cubra las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución del contrato prorrogado, etc.).
Pero veamos por qué existió esta carencia de documentación y cómo actuaron tanto la UDEF, la Fiscalía y el Juzgado.
Tramitación de la querella. Actuaciones de la Fiscalía y la UDEF.
Cuando hubo suficiente documentación con datos indiciarios claros para iniciar la investigación judicial, la Asociación presentó la querella el 30-11-2018, que por reparto recayó en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada. Se fundamentaba en la comisión de presuntos delitos de prevaricación y fraude en las contrataciones, siendo los querellados inicialmente los firmantes de los contratos que pudo obtener la Asociación, aunque la situación procesal de algunos participantes o implicados en los contratos podría modificarse a la luz de las investigaciones, las cuales han sido impedidas en las actuaciones judiciales, como veremos a continuación.
Estas son las tres personas querelladas inicialmente:
1ª) Manuel González Suárez, ex Gerentes del HUVN de Granada, también querellado en la anterior querella de la Asociación. Como ya indiqué en la publicación de ayer, fue Subdirector Gerente del Hospital “Virgen del Rocío” antes de dar el salto a la Gerencia del HUVN, volviendo al Hospital sevillano en 2012 para fusionar los Hospitales “Virgen del Rocío” y “Virgen Macarena”, siendo Gerentes de ambos hasta 2015. Hoy es Gerente del Hospital privado “Vithas Nisa” del Aljarafe, en Sevilla.
2ª) Manuel Bayona García, ex Gerente del HUVN de Granada. En la foto del margen aparece junto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
Fue nombrado en octubre de 2012 para llevar a cabo el proceso de fusión de los dos Hospitales de Granada, y fue cesado en noviembre de 2016 tras la multitudinaria manifestación del 16 de octubre de ese año, promovida por el Presidente de la Asociación, Jesús Candel. Antes fue Director Gerente del Distrito Sanitario Costa del Sol y del Distrito Sanitario de Ronda. Hoy es Presidente de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.
3ª) Francisco Menéndez García, apoderado de EUROCONTROL, S.A., quien suscribe los contratos en representación de la empresa.
Asimismo, para comprobación de los hechos, se proponía en la querella la práctica de estas pruebas esenciales:
1ª) El interrogatorio de los tres querellados.
2ª) La testifical de los cargos públicos que aparecían en los contratos:
- Martín Blanco García, por los contratos de la EASP, solicitando además que sea citado una vez se hayan unido a las actuaciones los referidos Expedientes de Contratación de la EASP, cuyo requerimiento se instaba.
- Santiago Lanzarote Campos, pues presentaba las Memorias Justificativas de los cuatro contratos del HUVN, además de intervenir en la tramitación de los expedientes en diferentes fases.
- María Isabel Várez Álvarez, empleada del Hospital.
- José Francisco Rueda Muñoz, también empleado del Hospital.
- Emilia Martínez Martínez, como Directora Económico-Administrativa, que es la propone tanto el inicio del Expediente de Contratación, como la adjudicación del contrato a Eurocontrol, S.A.
- Ángel Luis Casas García, Subdirector Económico de Contratación Administrativa, que es quien hace las invitaciones a las empresas para su participación en el expediente de contratación.
Igualmente se pidió el testimonio de:
a) Jorge Molinero Méndez, como tercera de las empresas, persona física, siempre invitada a participar en los expedientes de contratación, aunque no lo hace nunca.
b) la persona física, o personas, que en representación de Eurocivil, SL, presentaban inicialmente documentación incompleta en los cuatro expedientes de contratación y que luego no subsanaba, y se quedaba sólo como posible adjudicatario Eurocontrol, SA.
3ª) La prueba documental, consistente en la que se aportaba junto a la querella, más la que se requiera a la Escuela Andaluza de Salud Pública (los contratos que aún no tenía en su poder la Asociación), solicitando en ambos casos su foliado e índice.
Por supuesto, ninguna de estas pruebas se han practicado por el Juzgado nº 9 de Instrucción.
Un primer aspecto a destacar es que, dado que había mucha información que investigar y analizar, lo lógico hubiera sido declarar la causa compleja a fin de tener tiempo suficiente para investigar los hechos sin riesgo a que caducase. Sin embargo, la Fiscal no lo pidió, ni el Juez Antonio Moreno Marín preguntó a la fiscal para poder declararlo –actuaba este Juez en sustitución del titular del Juzgado 9-, tal como sí realizó ese mismo Juez en la querella primera que recayó en su Juzgado nº 4. De hecho, el Juez Antonio Moreno ya archivó un caso de corrupción (“Colina Roja”, de contrataciones a dedo en la Alhambra) porque había caducado, como pueden leer aquí: Noticia.
Hasta el 10-05-2019 (¡cinco meses después!), después de las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019, no se notificó a la Asociación la admisión a trámite de la querella mediante Auto de 08-05-2019. En su Fundamento Jurídico Primero se indica literalmente lo siguiente:
“Pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de PREVARICACION Y FRAUDE, y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L.E.Criminal, procede su admisión a trámite y la incoación de Diligencias Previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”.
He puesto en negrita y subrayado esa frase porque, como podrán comprobar más adelante, se ha incumplido de forma vergonzosa (nada se ha investigado).
Con carácter previo a la admisión de la querella se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la admisión a trámite de la querella. La Fiscal del caso, Montserrat Luque Molina, presentó un escrito fechado a 11-04-2019, que a continuación le expongo:
Como pueden observar, el escrito es muy escueto e incompleto para realizar una investigación, sin siquiera un membrete o sello oficial, que en ningún caso responde a lo que una investigación penal requiere (así funciona la Justicia). Observen que en su firma simplemente pone “Luque”... ¡como para poder recusar a la Fiscal con sólo ese dato! Sí, se puede ir a la Fiscalía a preguntar quién es ese o esa tal “Luque”, pero no es de recibo ni serio en una Administración de Justicia.
Esta fiscal es la misma que aparece en el caso judicializado por el partido Vamos Granada (con Marta Gutiérrez a la cabeza), asesorados por el exFiscal y abogado Carlos Castresana, y otras acusaciones populares, por la venta de la Casa Ágreda por el Ayuntamiento de Granada. La acusación popular se quejó entonces, según informó el diario El Independiente de Granada, de que se había privado a las partes de la posibilidad de conocer las razones por las que la Fiscal Jefe Ana Tárrago Ruiz (hoy Fiscal Superior del TSJA) privó del conocimiento del procedimiento al Fiscal José María Suárez-Varela Higueras, quien había dirigido las Diligencias de Investigación de Fiscalía, para atribuírselo a la Fiscal Montserrat Luque Molina.
Por cierto, ¿en la Fiscalía de Granada no se pueden firmar digitalmente los escritos? ¿Tampoco pueden presentar los escritos por LexNet, la aplicación informática de Justicia, como es obligatorio para los Juzgados, Procuradores y Abogados, o acaso no se quiere porque permite un juego muy perverso de trapicheos de documentos? Tras escuchar ayer al Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la Fiscalía, no extraña nada. Que en 2019 siga el Ministerio Fiscal presentando así los documentos es inconcebible, propio de una Justicia vetusta y anquilosada, un efecto muy dañino del régimen partidocrático.
Por ofrecer datos comparativos, a diferencia de la Fiscal de la primera querella, esta Fiscal no sólo no pide que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer TODOS los hechos, sino que tampoco pide que se practiquen las pruebas solicitadas por la Asociación querellante, y además para colmo:
- no solicita que el SAS, EASP y demás entes remitan los expedientes completos, foliados y en su caso autenticados, ante la falta evidente de documentación de los contratos. Sin esta prueba documental necesaria, ¿cómo pretende la Fiscal investigar informar?
- insta un informe policial, pero en vez de pedir que realice una exhaustiva investigación de los hechos, lo limita a tres aspectos muy concretos cuando los aspectos a investigar en los expedientes de contratación eran muchos más.
- no pide que se declare compleja la causa para que pueda ampliarse el plazo de instrucción de 6 meses a 18 meses. ¿Pretendía que caducase? De hecho, como la Fiscalía no lo solicitaba, ni el Juzgado tampoco preguntaba a la Fiscal para declararlo y el tiempo transcurría, la propia Asociación presentó un escrito a primeros de octubre para que se declarara compleja la causa y evitar que caducase.
El increíble informe elaborado “a ciegas” por la UDEF.
El 03-07-2019 notifican a la Asociación una Providencia del Juez Antonio Moreno Marín indicando que se una el oficio de la UDEF y que se dé traslado al Ministerio Fiscal por si considera necesario la práctica de alguna otra diligencia instructora o insta a alguna resolución judicial.
A dicha Providencia se adjuntaba el informe elaborado por la UDEF. Aunque su autor era el mismo Inspector Jefe de Grupo de UDEF de Granada que realizó el informe de más 70 páginas para la primera querella (¡para un solo contrato!), en este caso ocurrió lo siguiente:
a) en el informe de 16 páginas hace constar que el Juzgado sólo le pidió a la UDEF que informara sobre lo que dijo la Fiscal en su informe inicial. Sin embargo, en la primera querella le pidió el mismo Juez Antonio Moreno que realizase una investigación sobre los hechos puestos de manifiesto en la querella, que se adjuntaba como copia e incluía toda la documentación anexa aportada.
b) mientras que en la primera querella el Inspector hace constar que comisionó a un Policía adscrito al Grupo para que analizara la documentación aportada por el Juzgado y elaborara el informe, en el informe de esta segunda querella no se hace constar nada de eso, sino que el Inspector manifestó lo siguiente (esto es muy grave):
“...se aporta por parte de ese Juzgado copia de la querella y del escrito del Ministerio Fiscal donde se hacen las peticiones (...) a lo largo de la querella se va haciendo referencia a diversa documentación que se acompaña y que se va numerando, al menos hasta el Documento 33, documentación la cual NO VA UNIDA A LA QUERELLA o al menos a la copia que ha llegado a este Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal.” Las mayúsculas y el subrayado son del Inspector del informe.
Es decir, el Juzgado pretendía que la UDEF hiciera un informe “a ciegas”, sin contar con la única documentación que hasta ese momento existía en el proceso sobre los cuatro contratos, aportados con la querella. Lo lógico hubiera sido que la UDEF solicitara al Juzgado que le remitiera la documentación que faltaba, o que incluso le pidiera al HUVN, a la EASP y FIBAO los expedientes para hacer la investigación, pues no sería la primera vez que visita organismos públicos. Pero no lo hizo, y elaboró su informe “a ciegas”.
Por ello, al no contar con la documentación de los contratos, el informe policial está repleto de expresiones tales como “según refiere la querella...”, “según consta en la querella...”, “tal y como consta en la querella...”, “según la querella...”, y así incluyendo estas expresiones hasta en sus conclusiones. ¿Pueden ustedes entenderlo? Pues así funciona la Justicia en España.
c) Asimismo, sobre la solvencia de las empresas invitadas, el Inspector de la UDEF se limita a poner datos del Registro Mercantil y ofrece algún dato más (alguno es hasta irrisorio).
Atención a este párrafo del informe policial sobre la solvencia: “Como no se ha aportado documento alguno junto a la querella, se desconoce qué condiciones de solvencia eran exigidas y que documentación se entregó por parte de las licitantes para acreditarla”. “En cuanto a los medios humanos y materiales, esta Instrucción no tiene acceso a dichos datos, siendo la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la vida laboral de la empresa quien conoce a las personas que ha tenido dados de alta una determinada mercantil o autónomo y la AEAT, a través de la declaración de patrimonio la que puede conocer los recursos materiales”.
Es decir, el Juzgado y la Fiscal pidieron a la UDEF que informara sobre un aspecto (la solvencia de las empresas) sin que el Juzgado entregase los documentos necesarios para analizarlo, por lo que la UDEF señaló el camino al Juzgado para conseguir esos documentos necesarios. Sin embargo, ni el Juez ni la Fiscal solicitaron dichos documentos.
Sobre Jorge Molinero indica literalmente la UDEF que “se desconoce en qué tipo de actividad pudiera haber estado dado de alta como autónomo, en su caso, con anterioridad, Tal información únicamente podría ser aportada por el propio Jorge, la AEAT y/o la Tesorería General de la Seguridad Social.” Es decir, la UDEF manifiesta que no puede obtener esos datos, y le indica de nuevo al Juzgado el camino a seguir. Pues tampoco el Juzgado ni la Fiscal lo han solicitado.
Sobre la vinculación empresarial de Eurocontrol y Eurocivil la investigación de la UDEF se limitó a lo obtenido por internet con fuentes abiertas, concluyendo lo siguiente: “aparte de la propia denominación que en ambos casos comienza con “Euro...”, la dirección y teléfono de Eurocivil coinciden con los de la Dirección de Inspección Industrial y Control de Calidad de Eurocontrol, por lo que la vinculación entre una y otra es evidente.”
Cuando leí esto creí que se trataba de una investigación de algún tebeo de Mortadelo y Filemón, pero no es así. Un servidor, usando también fuentes abiertas de internet, ha descubierto una vinculación societaria entre ambas empresas, como les muestro a continuación.
Como bien indica la UDEF en su informe, el Administrador Único de Eurocivil es la empresa “Bergfelde Investment, S.L.”. Pues si la UDEF hubiera indagado algo más, habría descubierto que esta empresa tenía como Administrador Único a la empresa “Desarrollos Empresariales Formentor, S.L.”, que tenía como representante a Francisco Menéndez García (representante de Eurocontrol en los contratos de la querella). Además, esta última empresa tenía como Administrador Único a la empresa “Moody Tottrup Eurocontrol Internacional, S.L” (nombre comercial Euromoody), que tenía como administrador delegado de nuevo a Francisco Menéndez García, y como dirección la calle Zurbano, 48, de Madrid, sede también de Eurocontrol, siendo una filial suya, tal como se indica en este extracto de la Memoria de Actividades del sector agroalimentario de Eurocontrol de 2010:
No soy criminólogo, ni policía, sólo un funcionario de la Junta de Andalucía con una mínima preocupación por lo que llevo descubriendo tras años de investigación de la corrupción en todos los ámbitos (urbanismo, medioambiente, contrataciones, subvenciones, recursos humanos, etc.). Puedo comprender que la UDEF pueda tener mucho trabajo con la extendida corrupción que hay en Andalucía, pero este único detalle es muy revelador de lo que está ocurriendo con los responsables policiales de Granada y la corrupción política, empresarial y judicial.
d) En cuanto a la idoneidad del procedimiento, el informe policial se remite a lo que establece la legislación, informes y resoluciones de organismos sobre los contratos negociados sin publicidad y a lo dicho en la querella.
e) Respecto a la fragmentación de los contratos, se remite de nuevo a lo dicho en la querella.
f) En sus conclusiones, se remite en general a lo dicho en la querella, aunque al final de su informe manifiesta con claridad que es necesario el estudio completo de los expedientes, y señala la necesidad de solicitar informes y documentos a otros órganos, como la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía o a la AEAT, tal como se indica en este extracto del Informe:
g) Al contrario que en el informe de la primera querella, la UDEF no ha tomado declaración a nadie, ni querellados ni testigos.
h) La UDEF deja constancia del hecho de invitar a empresas que rehúsan a participar, considerándolo incomprensible:
A la vista de todo lo ocurrido con la UDEF, no me extraña nada que la Magistrada Mercedes Alaya quisiera trabajar con la UCO de la Guardia Civil en vez de con la UDEF de la Policía Nacional, porque al parecer la UCO pone más celo en las investigaciones que la UDEF. Con ello no estoy poniendo en duda la profesionalidad de algunos policías, sino especialmente de sus responsables.
Nuevas actuaciones del Juzgado.
Sigamos con los autos judiciales. A finales de agosto del presente año, la Asociación presenta nuevo escrito en el Juzgado aportando la nueva documentación obtenida a través del Portal de Transparencia de contratos adjudicados a Eurocontrol por la EASP, FIBAO y FISEVI, tal como se había indicado en la querella inicial, así como Informe de la Cámara de Cuentas en relación a la EASP sobre determinados contratos negociados sin publicidad, que presentaban numerosas irregularidades.
En el mismo escrito se solicita al Juzgado que, tal como indica la UDEF, se libre Oficio a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, a fin de que, en relación con los Expedientes de Contratación a los que se refieren las actuaciones, incluidos los referidos a las entidades EASP, FIBAO y FISEVI, previo estudio de los mismos completos, informe sobre la legalidad del procedimiento de adjudicación, tramitación y posible fraccionamiento.
Igualmente, se solicita al Juzgado que se libren Oficios a la Agencia Especial de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que en relación con las empresas invitadas en los expedientes de contratación objeto de las presentes actuaciones, informen sobre la solvencia económica, medios materiales y humanos.
A primeros de octubre, dado que a la Asociación no le constaba que se hubieran practicado las pruebas solicitadas en la querella, ni las posteriormente solicitadas por escrito posterior, ni tampoco que el Ministerio Fiscal se hubiera pronunciado tras recibir el informe de la UDEF, la Asociación presentó escrito solicitando que la causa debe ser declarada compleja ante la cantidad de investigaciones a realizar y, en su consecuencia, el plazo de su instrucción, como mínimo, habrá de ser de 18 meses, por cuanto lo normal es que haya de ser objeto de prórroga por otros dieciocho meses.
Lo increíble es que la Fiscal, Montserrat Luque Molina, había presentado un informe en el Juzgado nº 9 fechado a 29-07-2019, solicitando el sobreseimiento de las diligencias abiertas como consecuencia de la querella, que nunca fue notificado a la Asociación, como se había hecho con los anteriores informes.
Dicho informe revela una cuestión alarmante: es una copia literal del informe que presentó la fiscal Cristina Sánchez Ramos en la querella del Juzgado nº 4, hasta el punto de poner datos de la otra querella y emplear argumentos de la primera querella y, al “copiar y pegar”, usa preceptos legales que no estaban vigentes en los contratos de la segunda querella, sino de la primera.
¿Es esto una confabulación en el seno de la Fiscalía de Granada, o simplemente que la Fiscal ha recibido órdenes de su superior, o que es tan holgazán que es incapaz de analizar la documentación y elaborar un informe?
Alguien de la Fiscalía General del Estado debería investigarlo y explicar qué ha ocurrido, porque, a simple vista, parece gravísimo.
Y como muestra de lo indicado, les dejo con extractos de los dos informes de las fiscales: a la izquierda, el de la fiscal de la primera querella del Juzgado nº 4, y a la derecha el de la fiscal de la segunda querella del Juzgado nº 9. Observen en el extracto de la segunda querella -texto idéntico al de la primera- en el que se refiere a números de folios de los autos de la primera querella y al contrato de 2008 de la empresa de Juan Pérez, que no se corresponde a los autos judiciales del Juzgado de Instrucción nº 9:
Observen que no sólo la fiscal Montserrat Luque utiliza artículos de una Ley derogada -Ley 30/2007 de CSP- (teniendo en cuenta que los contratos de esta querella eran de 2012 y 2014 y estaba vigente el TRLCSP aprobado por RDL 3/2011), sino que además habla de prórrogas de 8 y 5 meses que no existieron en los contratos de la segunda querella (porque correspondían a la primera querella). ¡Todo muy vergonzoso e indigno!
Así trata la Fiscalía de Granada a los ciudadanos, a pesar de tener por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (art. 124 de la Constitución).
En definitiva, el informe de la Fiscal de la segunda querella, Montserrat Luque Molina, es un compendio de normas derogadas, “copias y pegas” de sentencias de la primera querella, y demás barbaridades, sin entrar a valorar la falta de documentos en los expedientes de los contratos a investigar, la necesidad de los informes solicitados por la UDEF, de las pruebas solicitadas y ampliadas por la Asociación, y todo ello sin desvirtuar todas las ilegalidades graves mencionadas en la querella.
Si yo fuera Fiscal General del Estado, Montserrat Luque Molina ya estaría sancionada y expulsada de la carrera fiscal, porque no se puede permitir esa falta de respeto a la ciudadanía, esa “chulería” de copiar y pegar un informe de otra causa judicial, que es una estafa a miles de ciudadanos que han aportado su euro mensual a la Asociación para que se investiguen con rigor hechos ocurridos en la Sanidad andaluza que son presuntamente delictivos.
A todo lo anterior, y en relación a lo publicado el martes pasado sobre la falta de control en los centros sanitarios de la Intervención General de la Junta, debe añadirse que ni la UDEF, ni la Fiscalía ni el Juzgado han solicitado dos pruebas fundamentales, además de las solicitadas por la Asociación, en la creencia de que sería la UDEF la que lo solicitaría:
- informes de las supuestas “unidades de control interno” del HUVN creadas en base a una Resolución del SAS de 2003 (nunca publicada en BOJA) e Instrucciones de la Intervención General de la Junta, que dependían funcionalmente de esta, al existir “control financiero permanente”, que pueden aportar luz a los contratos.
- informes de la Intervención Provincial e Intervención General sobre los contratos celebrados por el HUVN, EASP, FIBAO y FISEVI, tal como establece las Instrucciones de la IGJA dictadas al efecto sobre “control financiero” y “control financiero permanente”.
No pueden ustedes olvidar, como publiqué en la segunda parte de este reportaje, que la actual Interventora General del nuevo Gobierno “del cambio” ha denegado a la Asociación entregar las copias solicitadas de estos informes esenciales, en base a argumentos insostenibles. Como evidencia la realidad, ningún partido político toma iniciativas eficaces para luchar contra la corrupción.
Actuaciones de la nueva jueza que llegó al Juzgado nº 9 desde la Audiencia Provincial de Granada.
Pero si grave es todo lo anterior, veamos la actuación de la nueva Magistrada que ha tomado posesión de la plaza del Juzgado de Instrucción nº 9 de Granada, Rosa María Ginel Pretel.
¿Quién es esta Magistrada y cómo ha llegado al Juzgado? Rosa María Ginel Pretel, nacida en el año 1959 y con servicio en la carrera judicial desde 1988, tiene número de escalafón de la carrera judicial nº 806, con destino desde 2005 en la Audiencia Provincial de Granada en el orden penal (con anterioridad estuvo como titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Granada).
En el último concurso convocado, ha solicitado la plaza del Juzgado de Instrucción nº 9, y se la han concedido, tal como se ha publicado en el BOE de 03-09-2019. No es habitual ver a un Magistrado pasar de una Audiencia Provincial a un Juzgado de Instrucción en un concurso, y menos aún en la misma ciudad.
Por otro lado, dicha juez es la Delegada Provincial de la Mutualidad General Judicial -MUGEJU- en Granada. Dado que los mutualistas pueden optar por recibir asistencia sanitaria a través de una entidad médica privada o del SAS en Andalucía (en la Memoria 2018 de MUGEJU aparecen 307 mutualistas que optaron por el SAS en Granada), y que la Comunidad andaluza ha suscrito convenio con MUGEJU para la prestación de la asistencia primaria y/o de urgencias en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, ¿no podría existir cierta incompatibilidad de esta Magistrada -conflicto de intereses- para instruir esta querella? Desde luego, la Magistrada no se ha abstenido, aunque es una obligación con arreglo a la Ley (“tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”).
Una de sus primeras actuaciones ha sido firmar el pasado 4 de octubre un Auto de apertura de juicio oral contra 7 de los 9 investigados por el caso de los contratos fantasma de Emucesa, a los que atribuye cuatro posibles delitos continuados: fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y prevaricación (¿les suenan los delitos?). En el banquillo se sentarán dos ex ediles del PP del Ayuntamiento de Granada.
Sin embargo, la Magistrada Rosa María Ginel Pretel dictó el 10 de octubre pasado un Auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas con motivo de la querella de la Asociación, notificado el 22 de octubre a la Asociación sin firma de la jueza.
El Auto de la Magistrada, al igual que hizo la Fiscal, dedica sus páginas a llenarlas de citas de Jurisprudencia sobre las infracciones penales señaladas, una amplia transcripción de preceptos de la legislación de contratos y una relación Sentencias sobre el derecho a la acción penal, la función de la instrucción y de los Jueces instructores, o la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la acusación; es decir, para entendernos, mucha “teoría”. Pero todo ello sin aplicarlo al caso concreto y sin explicar los motivos por los cuales se afirma la inexistencia de infracción penal.
Obviamente, la Asociación ha recurrido en reforma el impresentable Auto del Juzgado de Instrucción nº 9, por la indefensión causada que vulnera con claridad la tutela judicial efectiva. Veremos qué dice en primer lugar la jueza, y si no lo admite, se recurrirá a la Audiencia Provincial. Y si este órgano también lo desestima, la Asociación seguirá recurriendo hasta la máxima instancia judicial.
Todo lo ocurrido es un absoluto despropósito no sólo desde un punto de vista jurídico -la indefensión es absoluta-, sino también del de la lucha contra la corrupción política e institucional. No hay más que analizar lo ocurrido con la supuesta “investigación”: faltan numerosos documentos esenciales de los contratos que no se han requerido; no se han solicitado los informes solicitados por la UDEF y la Asociación; no se han practicado las pruebas testificales e interrogatorios a los querellados, etc., lo que lleva a concluir el nulo interés por investigar los hechos, sin conocerse si responde a oscuros intereses o a una negligencia inexcusable de los operadores de la Justicia.
¿A quién o quiénes está protegiendo la Justicia en Granada? ¿Acaso el PSOE tiene patente de corso en la Sanidad andaluza? ¿Hasta qué punto el nuevo Gobierno del PP y Cs y los demás partidos políticos de la oposición andaluza (Vox, Adelante Andalucía, PSOE) tienen algún interés en limpiar la basura que hay en las instituciones públicas? A la vista de este extenso reportaje, se deduce que ninguna.
Por supuesto, no les quepa duda que se seguirán publicando todas las actuaciones de las instancias judiciales superiores, para que la ciudadanía pueda pasarles a todos los órganos judiciales el “test de la vergüenza”. Como dije en la anterior publicación, si no nos dejan otra salida, aplicaremos el “Código Social” acreditando sus hechos y condenando a los autores y cómplices con la “pena social” de señalarlos.
Nuevas querellas de la Asociación “Justicia por la Sanidad”.
La Asociación está preparando una tercera querella, a raíz de una investigación sobre conciertos del SAS con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (en España, según informa la Fundación IDIS en 2019, es el segundo grupo privado con más Hospitales y número de camas, por debajo de Quirónsalud), con la implicación de altos cargos y muchos funcionarios de la Junta de Andalucía, que se explicará públicamente en cuanto se presente.
Asimismo, se encuentra en fase de investigación lo que será seguramente otra querella, muy relacionado con lo ocurrido con la fusión hospitalaria en Granada, así como otras contrataciones del SAS de las que se sospecha haya podido haber manipulaciones y amaños.
Y no tengan la menor duda de que se irá publicando con pelos y señales cada paso que den los órganos judiciales y administrativos, para conocimiento de los ciudadanos.
Lo relatado en este reportaje son ejemplos de la España real, la que sufren muchos ciudadanos a los que le ha tocado acudir a la Justicia o enfrentarse a los poderes públicos. Nadie está libre de padecerlo, porque mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes, y por ello algunos ciudadanos preocupados estamos advirtiendo de los motivos que generan estas injusticias y merma de libertades y derechos.
O los ciudadanos nos unimos para acabar con esta lacra llamada partidocracia (la corrupción sistémica es uno de sus graves efectos), o ella acabará con nosotros.
Este domingo, 10-N, tienen una nueva oportunidad de expresar lo que piensan de los partidos políticos y de su régimen antidemocrático, en el que la separación de los poderes del Estado no existe, y que facilita esa lacra de la corrupción sistémica que corroe los cimientos de nuestra sociedad.
Tengo claro que sólo la abstención o el voto nulo pueden iniciar el camino hacia la solución, que guste o no, es la del inicio de un proceso constituyente previo periodo de libertad política colectiva. Algunos dicen -especialmente los interesados en perpetuar este nocivo régimen- que no es el momento porque los españoles pueden decidir barbaridades para una nueva Constitución, al no estar suficientemente preparados para dicho proceso constituyente, un argumento insostenible porque esos mismos españoles son los que votan o se abstienen en cada elección y, por tanto, habría que concluir igualmente que los electores deciden barbaridades en cada convocatoria de elecciones. Es decir, según los detractores del proceso constituyente, nunca existirá el momento propicio para que la nación española decida su futuro, lo que considero una falacia.
Por si aún no lo conocen, Jesús Candel, Antonio Barreda y un servidor hemos puesto en marcha una iniciativa más para poner fin a la corrupción sistémica, porque los partidos políticos no pueden solucionar un problema del que forman parte. Si se quieren adherir, aquí les dejo con el enlace en el logo para que se informen y firmen la Declaración, si lo estiman oportuno:
roberto 7 de noviembre de 2019, 13:43
Gracias Luis por tu excelente y duro trabajo de investigación a esta mafia. Desafortunadamente, nunca será lo suficientemente agradecido. Un abrazo y fuerza.
ERALOMA10@GMAIL.COM 7 de noviembre de 2019, 20:05
“CUANDO ADVIERTAS QUE PARA PRODUCIR NECESITAS OBTENER AUTORIZACIÓN DE QUIENENS NO PRODUCEN NADA; CUANDO COMPRUEBES QUE EL DINERO FLUYE HACIA QUIENES NO TRAFICAN CON BIENES SINO CON FAVORES; CUANDO PERCIBAS QUE MUCHOS SE HACEN RICOS POR EL SOBORNO Y POR INFLUENCIAS MÁS QUE POR SU TRABAJO, Y QUE LAS LEYES NO TE PROTEGEN CONTRA ELLOS SINO, POR EL CONTRARIO, SON ELLOS LOS QUE ESTAN PROTEGIDOS CONTRA TI; CUANDO DESCUBRAS QUE LA CORRUPCIÓN ES RECOMPENSADA Y LA HONRADEZ SE CONVIERTE EN UN AUTO-SACRIFICIO, ENTONCES PORDRAS AFIRMAR, SIN TEMOR A EQUIVOCARTE, QUE TU SOCIEDAD ESTÁ CONDENADA. (AYN RAND 1950).
YA QUE UD. EL DR. CANDELL FABREGAS, ES QUERELLADO POR SICARIOS Y ESBIZRROS AL SUELDO, DADO QUE EN LA SOCIEDAD HAY MAS GENTE BUENA, QUE ESBIZRROS Y SICARIOS, VAYAMOS POR ELLOS.

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 artículo 277
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