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Timestamp: 2016-10-21 17:49:40+00:00

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RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado
RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado Mis Leyes
RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado Estado	:
BOE 183/1998	Fecha Disposición	:
23/07/1998	Fecha Publicación	:
01/08/1998	Órgano Emisor	:
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	CAPÍTULO 1 Objeto 1. El objeto del presente Acuerdo es la adaptación a la Administración del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembreCAPÍTULO 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Acuerdo será de aplicación en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio.CAPÍTULO 3 Consulta y participación 1. Los derechos de consulta y participación en materia de prevención de riesgos laborales, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 31/1995CAPÍTULO 4 Delegados de prevención 1. Los Delegados de prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembreCAPÍTULO 5 Comité de Seguridad y Salud 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, señalados en el capítulo 2, en materia de prevención de riesgos.CAPÍTULO 6 Servicios de prevención 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos competentes determinarán, previa consulta con los representantes del personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del tipo de riesgos presentes en el sector y la incidencia de los mismos en los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas más ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella señalados en el capítulo 2.CAPÍTULO 7 Funciones y niveles de cualificación 1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos las funciones en los siguientes grupos:CAPÍTULO 8 Instrumentos de control 1. En el ámbito de la Administración del Estado cada sistema de prevención deberá someterse al control periódico mediante auditorías o evaluaciones, y en cualquier caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico técnico especializado de la Administración del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.CAPÍTULO 9 Comisión Paritaria de Salud Laboral 1. Se crea la Comisión Paritaria de Salud Laboral como órgano específico de participación de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo en todo lo relacionado con la aplicación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en dicho ámbito.CAPÍTULO 10 Servicios médicos de departamentos y organismos públicos Los servicios médicos de los departamentos y organismos públicos colaborarán en los servicios de prevención de los correspondientes departamentos y organismos públicos, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio de prevención.CAPÍTULO 11 Pactos Los pactos alcanzados antes de la publicación de esta disposición por así aconsejarlo las razones de su actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos no quedarán afectados por ésta, y se desarrollarán de acuerdo con las especificidades de los mismos.CAPÍTULO 12 Vigencia El presente Acuerdo se firma con una vigencia de dos años y tendrá efectos desde el momento en que entre en vigor el Real Decreto de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Madrid, 23 de julio de 1998.-El Secretario de Estado, Francisco Villar García-Moreno.
En Madrid,a1dejunio de 1998, las representaciones de la Administración General del Estado y de las Organizaciones Sindicales UGT, CC.OO., CSI-CSIF, ELA-STV y CIG, suscriben el presente
ACUERDO DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención ha regulado, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, párrafos d) y e), de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores; las modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención; y las capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva.
Esta disposición, al igual que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la que trae causa, tiene una vocación de universalidad e integración, lo que en el ámbito de las Administraciones Públicas supone considerar la protección frente a los riesgos laborales como una actuación única, indiferenciada y coordinada que debe llegar a todos los empleados públicos sin distinción del régimen jurídico que rija su relación de servicio, y se traduce en una planificación de la actividad preventiva integral e integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la Administración del Estado que se realizará con la participación de los representantes legales de los empleados públicos, entendiéndose, por otra parte, que las medidas que de esta norma se derivan recaen en beneficio de los ciudadanos usuarios de las dependencias públicas en sus relaciones con la Administración del Estado.
No obstante, existen diversas peculiaridades en las Administraciones Públicas, por lo que la disposición adicional cuarta del Reglamento de los Servicios de Prevención prevé la regulación en una normativa específica para las Administraciones Públicas de la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de las funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo, y el establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías contenidos en el capítulo V del Reglamento de los Servicios de Prevención que no son de aplicación a las Administraciones Públicas.
Al cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado, partiendo de la potenciación de sus recursos propios y salvaguardando el derecho de los empleados públicos a la participación en la determinación de sus condiciones de trabajo, responde el presente Acuerdo.
CAPÍTULO 1 Objeto 1. El objeto del presente Acuerdo es la adaptación a la Administración del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la potenciación de sus recursos propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de participación del personal a su servicio.
CAPÍTULO 2 Ámbito de aplicación 1. El presente Acuerdo será de aplicación en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio.
3. En los establecimientos y centros militares, será de aplicación lo dispuesto en el presente Acuerdo con las particularidades previstas en su normativa específica, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
CAPÍTULO 3 Consulta y participación 1. Los derechos de consulta y participación en materia de prevención de riesgos laborales, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se canalizará en los centros de trabajo a través de la representación general del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de la representación especializada constituida por los Delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud.
3. A la representación general, esto es, Juntas de Personal, Comités de Empresa, Delegados de Personal y representantes sindicales, les corresponde, en los términos que les reconocen la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, la defensa de los intereses de los empleados públicos en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante la Administración y los órganos y Tribunales competentes.
CAPÍTULO 4 Delegados de prevención 1. Los Delegados de prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, serán designados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, o entre los Delegados sindicales.
De 501 a 1.000 empleados públicos: 4 Delegados de prevención.
De 1.001 a 2.000 empleados públicos: 5 Delegados de prevención.
De 2.001 a 3.000 empleados públicos: 6 Delegados de prevención.
De 3.001 a 4.000 empleados públicos: 7 Delegados de prevención.
El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en el artículo 36 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales será considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, y en la letra d) del artículo 11 de la Ley 9/1987, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del artículo 36.2 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.
Los Delegados de prevención, en el supuesto de no ser representantes del personal, tendrán en el desempeño de sus funciones las garantías establecidas legalmente para éstos en el artículo 11.a), b), c) y e) de la Ley 9/1987 de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, si son personal funcionario, y en el artículo 68.a), b), c) y d) y artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores, si son personal laboral, contarán con las garantías y derechos contemplados en los artículos 36 y 37 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales y se les garantizará el tiempo necesario para la realización de sus funciones como Delegado de prevención.
CAPÍTULO 5 Comité de Seguridad y Salud 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, señalados en el capítulo 2, en materia de prevención de riesgos.
2. Con carácter general, en cada provincia se constituirá un Comité de Seguridad y Salud por cada departamento y organismo público. El citado Comité estará constituido por los Delegados de prevención designados en dicho departamento u organismo por su Junta de Personal y su Comité de Empresa y por representantes de la Administración en un número no superior al de Delegados.
No obstante, podrá acordarse con los representantes de los empleados públicos en la Junta de Personal y el Comité de Empresa la constitución de un Comité de Seguridad y Salud para un departamento y uno o varios organismos públicos dependientes del mismo, previo informe favorable de la Comisión Paritaria de Salud Laboral, prevista en el capítulo 9 del presente Acuerdo.
6. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados sindicales, los asesores sindicales y los responsables técnicos de la prevención en el ámbito correspondiente.
CAPÍTULO 6 Servicios de prevención 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos competentes determinarán, previa consulta con los representantes del personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del tipo de riesgos presentes en el sector y la incidencia de los mismos en los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas más ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella señalados en el capítulo 2.
CAPÍTULO 7 Funciones y niveles de cualificación 1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos las funciones en los siguientes grupos:
CAPÍTULO 8 Instrumentos de control 1. En el ámbito de la Administración del Estado cada sistema de prevención deberá someterse al control periódico mediante auditorías o evaluaciones, y en cualquier caso, una vez finalizado el proceso de evaluación de riesgos. Su realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico técnico especializado de la Administración del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.
CAPÍTULO 9 Comisión Paritaria de Salud Laboral 1. Se crea la Comisión Paritaria de Salud Laboral como órgano específico de participación de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo en todo lo relacionado con la aplicación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en dicho ámbito.
CAPÍTULO 10 Servicios médicos de departamentos y organismos públicos Los servicios médicos de los departamentos y organismos públicos colaborarán en los servicios de prevención de los correspondientes departamentos y organismos públicos, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio de prevención.
CAPÍTULO 11 Pactos Los pactos alcanzados antes de la publicación de esta disposición por así aconsejarlo las razones de su actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos no quedarán afectados por ésta, y se desarrollarán de acuerdo con las especificidades de los mismos.
CAPÍTULO 12 Vigencia El presente Acuerdo se firma con una vigencia de dos años y tendrá efectos desde el momento en que entre en vigor el Real Decreto de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Por la Administración General del Estado: El Ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy Brey.-El Secretario de Estado para la Administración Pública, Ministerio de Administraciones Públicas, Francisco Villar García-Moreno.-El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Ministerio de Economía y Hacienda, José Folgado Blanco.-Por las organizaciones sindicales: CC. OO:
Coordinador del Área Pública, Carlos Sánchez Fernández; FSP-UGT: El Secretario general, Julio Lacuerda Castelló; FETE-UGT: El Secretario general, Rafael Jerez Hernández; CSI-CSIF: El Presidente Nacional, Domingo Fernández Veiguela; CIG: El Secretario general Federación Administración Pública, José Carlos Crespo Santiago, y ELA-STV:
Secretaría de Servicios Públicos, Jesús Luis Eraña Ibáñez.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 35
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 68
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 36
 artículo 11
 artículo 68
 artículo 56
 Real Decreto