Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810848.html
Timestamp: 2019-11-16 01:55:47+00:00

Document:
as201810848
AUTO SUPREMO Nº 848/2018-RRC
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2017, cursante de fs. 237 a 240, Cristian Sosa Yoani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 84 de 15 de noviembre de 2017, de fs. 222 a 226 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Félix Olguín Sotomayor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 3 de 22 de febrero de 2017 (fs. 172 a 178), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador de Santa Cruz del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cristian Sosa Yoani, autor de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de diez años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más el pago de costas procesales, quedando habilitado el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Cristian Sosa Yoani (fs. 184 a 191), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 84 de 15 de noviembre de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Citando el Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, referido según lo expuesto por el recurrente en el memorial de casación a la imposibilidad que tiene el juzgador de valorar los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales y el Código de Procedimiento Penal, acusa el recurrente de manera concreta que las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público contienen defectos absolutos, dado que el informe preliminar emitido por el policía asignado al caso no lleva la firma del Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Guardia, siendo presentado además fuera del plazo establecido por el art. 293 del CPP; aspecto que, mereció en su momento que el imputado interponga exclusión probatoria por escrito, tal y como consta a fojas 138 y 139 cursantes en actuados. Finalmente, el recurrente transcribe lo previsto en los arts. 417, 419 y 420 del CPP y la glosa parcial del Auto Supremo 533 de 27 de octubre de 2001.
Como segundo agravio identificado, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación; por cuanto, no consideró objetivamente que el Tribunal de Sentencia incurrió en defectos para la aplicación de la condena y que la Resolución de mérito deviene de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida referidos a la valoración de la “prueba Nº 4” (sic).
De modo similar, cita las Sentencias Constitucionales 1146/2003-R y 1075/2003-R, referidas según lo expuesto por el recurrente a la exigencia de fundamentación de los fallos y el derecho a impugnación del imputado desarrollado por el art. 407 del CPP. Finalmente, en el penúltimo párrafo del memorial de casación, el recurrente indica que: “Por lo que invoco el precedente contenido en los Autos Supremos expresado en la apelación restringida y los Autos Supremos 149/2013, 343/2013, 177/2013, 549/2013 y 251/2012…” (sic).
La recurrente solicita que una vez analizados los actuados del proceso, se tramite y resuelva conforme los arts. 419 y 420 del CPP.
Mediante Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, cursante de fs. 246 a 248, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Cristian Sosa Yoani, para su análisis de fondo sobre el motivo segundo y específicamente sobre el precedente contradictorio admitido.
Por Sentencia 3 de 22 de febrero de 2017, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador de Santa Cruz del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Cristian Sosa Yoani autor de la comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiendo la pena de diez años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, más el pago de costas procesales, quedando habilitado el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios, en base a los siguientes argumentos:
Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el acusado, la madrugada del 2 de diciembre de 2015, entre la 01:00 y 01:30, habría ingresado al inmueble ubicado en el kilómetro 12 carretera antigua a Cochabamba, barrio Nueva Esperanza, municipio de La Guardia, de propiedad del denunciante Félix Olguín Sotomayor, a través de una ventana rota hasta la habitación que ocupaba la adolescente “NN” de doce años de edad, procediendo a taparle la boca y a abusarla sexualmente, siendo sorprendido por los tíos de la víctima, el denunciante y su esposa, quienes habrían salido de la habitación a ver lo que pasaba al escuchar gritos de la víctima, logrando el acusado huir en estado de ebriedad, para luego ser aprehendido por la Policía.
Que, Cristian Sosa Yoani la madrugada del 2 de diciembre de 2015, entre la 01:00 y 01:30, habría ingresado al inmueble ubicado en el kilómetro 12 carretera antigua a Cochabamba, barrio Nueva Esperanza, municipio de La Guardia, de propiedad del denunciante Félix Olguín Sotomayor, a través de una ventana rota hasta la habitación que ocupaba la adolescente “NN” de 12 años de edad, procediendo a taparle la boca y a abusarla sexualmente, siendo sorprendido por los tíos de la víctima, el denunciante y su esposa, quienes habrían salido de la habitación a ver lo que pasaba al escuchar gritos de la víctima, logrando el acusado huir en estado de ebriedad, para luego ser aprehendido por la Policía.
Contra la mencionada Sentencia, Cristian Sosa Yoani, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes aspectos, en correspondencia a los motivos admitidos en el recurso de casación:
Denuncia en el tercer motivo los defectos expresados en el art. 370 incs. 4), 5), y 6) del CPP, en relación al art. 407 del mismo cuerpo normativo, con relación a: 1) A la objeción y consiguiente exclusión probatoria de la prueba documental de cargo del Ministerio Público, el cual no fue resuelto por el Tribunal a quo, sino únicamente por su presidente, quien rechaza sin más trámite dicha solicitud. Es así que, no resuelta la objeción y exclusión de dicha prueba por el Tribunal a quo, la restante prueba no cumple con el procedimiento penal, al no introducir por su lectura la prueba documental, en violación del art. 345 del CPP; 2) Que, resulta ser condenado sin ningún fundamento de hecho demostrado en juicio, respecto a la autoría por el ilícito que se lo juzga, debido a que el Tribunal de Sentencia no establece en que consistió el dolo, ni la prueba que acredita dicho extremo, omitiendo también el antecedente doctrinal, jurisprudencial y de derecho comparado, considerando que los hechos probados son una repetición de los requerimientos del Ministerio Público; 3) Que, en este extremo se evidencia en una declaración testifical la falta de credibilidad, consistencia y objetividad, pero en base a ella se dispone su condena; asimismo, los testigos manifestaron que participaron con testigos de actuación, situación que le resta credibilidad, objetividad e imparcialidad, incurriendo además en contradicciones que les quita consistencia y solidez a su testimonio.
La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso interpuesto por la recurrente, en base a los siguientes argumentos, que se encuentran en correspondencia a los motivos admitidos en el recurso de casación:
En relación al motivo identificado refiere: 1) Con relación al art. 370 inc. 4) del CPP, que el recurrente no especifica de manera clara y precisa cuáles son las pruebas que no habrían sido ilegalmente incorporadas a juicio, debido a que no ha considerado que todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido judicializadas por su lectura, conforme el art. 333 del CPP; 2) con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, refiere que la Sentencia impugnada cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 del CPP; puesto que, contiene sus motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones. Asimismo, se basa en hechos existentes y debidamente acreditados; toda vez, que al valorar las pruebas el Tribunal Sentencia, ha desarrollado una operación intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional. Por otro lado, el recurrente no especifica qué parte de la Sentencia no está debidamente fundamentada.
En el presente caso, en relación al motivo admitido por el Auto Supremo 451/2018-RA de 29 de junio, la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado incurre en falta de fundamentación; por cuanto, no consideró objetivamente que el Tribunal de Sentencia incurrió en defectos para la aplicación de la condena y que la Resolución de mérito deviene de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida referidos a la valoración de la “prueba Nº 4” (sic), citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, indicando que la Resolución impugnada se apartó de analizar los agravios denunciados en alzada con la debida fundamentación y motivación.
En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen contradicción con el precedente contradictorio invocado, a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.
En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “será obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.
De ello, se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico; ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.
III.2. De la debida fundamentación en las Resoluciones judiciales.
Asimismo, entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia; sino también, a todo administrado. En ese sentido, La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la Sentencia Constitucional 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la Sentencia Constitucional 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.
III.2.1 Sobre la similitud de hechos y el sentido jurídico del Auto de Vista y el precedente contradictorio.
En relación al Auto Supremo 206/2014 de 22 de mayo, el hecho fáctico y su decisión jurídica en relación a este motivo señala que: “…En el único motivo del recurso de casación, cuyo análisis de fondo corresponde a este Tribunal, la recurrente señala que se llevaron a cabo audiencias en ausencia de representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y/o del Servicio de Gestión Social, pese a su minoridad, lo que le dejó en total estado de indefensión; por lo que la problemática planteada debe ser resuelta bajo el criterio de que si bien a la imputada mayor de dieciséis y menor de dieciocho años se le aplican las normas ordinarias del Código de Procedimiento Penal tanto en la etapa de investigación como en la etapa del juicio oral, todas las actuaciones deben contar con la presencia de sus padres o un representante del Estado de protección a la minoridad, cuya inconcurrencia vicia de nulidad los actos que se hubieren llevado a cabo sin dicha participación, conforme lo determinado por los arts. 85 y 389 inc. 4) del CPP.
En la especie se evidencia de antecedentes, que varias actuaciones procesales como la declaración ampliatoria de 7 de septiembre de 2011 (fs. 45), las audiencias de consideración de cesación a la detención preventiva (fs. 70, 117, 118, 152 - 154), la sesión de audiencia efectuada el 17 de enero de 2012 (fs. 156) donde el Ministerio Público procedió a la fundamentación de su requerimiento acusatorio, se recibió la declaración de la imputada y se formuló el alegato inicial de la defensa conforme las previsiones del Juicio inmediato previsto por el art. 393 Quinter del CPP, se celebraron sin que la imputada estuviera asistida por sus padres, el SEDEGES, ni por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pese a que su mayoridad la alcanzó recién el 8 de agosto de 2012, conforme se extrae del certificado de nacimiento de la imputada arrimado al cuaderno procesal y de los datos personales consignados en el contenido de la sentencia emitida en la presente causa y sin que se haya dispuesto la notificación a dichas instituciones para su participación, situación reiterada en las actuaciones posteriores como las cursantes a fs. 183, 185, 192, 195, 198, 201, 204. 210, 214, 216, 235, 239, 241, 242, 244 a 246, 249, 254, 255, 258, 263, 271, 273, 279, 281, 282, 286 a 288, 290 a 292, 294, 295, 302, 313, 314, 319, 322, 330 a 334, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Juez de instancia ni por el Tribunal de alzada, no obstante que dicha omisión, como se tiene señalado, determina la nulidad de los actos desarrollados, siendo aplicable lo establecido en los fundamentos jurídicos contenidos en el acápite III de esta Resolución.”.
Del trabajo intelectivo de contrastación entre el hecho y sentido jurídico resuelto por este precedente invocado y el motivo en análisis, se tiene que en el primero se denunció y resolvió sobre defectos absolutos por ausencia de la representación de la imputada en diferentes actuados del proceso debido a su minoría de edad; y en contrario, en el segundo el recurrente denuncia la falta de fundamentación en la labor desarrollada por el Tribunal de alzada con relación a los defectos en que incurrió el Tribunal a quo, para imponer una condena y que la Sentencia impugnada emergió de un proceso con defectos absolutos denunciados en apelación restringida pero referidos a la valoración de una prueba. Del análisis de la doctrina legal aplicable emergente del precedente admitido, se tiene que el mismo aborda una problemática completamente diferente a la pretensión expresada por el recurrente, quien a través de argumentos escasos e imprecisos busca que se realice un examen de contrastación con el Auto de Vista impugnado, cuando de su revisión se advierte el abordaje de cuestiones manifiestamente diferentes; por un lado, resolviendo el precedente sobre defectos absolutos, contenidos en el art. 169 inc. 2) del CPP; y por otro lado, el Auto de Vista impugnado resuelve con relación al art. 370 inc. 4) del CPP; que el recurrente no especifica de manera clara y precisa cuáles son las pruebas que no habrían sido ilegalmente incorporadas a juicio, a pesar que todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público han sido judicializadas por su lectura conforme el art. 333 del CPP y con relación al art. 370 inc. 5) del CPP, al referir que la Sentencia impugnada cumple con los normado por los arts. 124 y 360 del CPP; puesto que, contiene sus motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones el Tribunal de Sentencia; por lo que nuevamente dada la diversidad de cuestiones de fondo resueltas no se advierte ningún tipo de similitud entre estos presupuestos a efectos de realizar el trabajo intelectivo de contraste, conforme el art. 416 del CPP, incluso del motivo de recurso se advierte una absoluta falta de congruencia con el precedente invocado. Este análisis y examinación permite concluir la inexistencia de similitud de estos hechos, imposibilitando a este Tribunal realizar el contraste del sentido jurídico que se le asignó al Auto de Vista impugnado con el del precedente.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Cristian Sosa Yoani.

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