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Timestamp: 2019-11-19 03:21:07+00:00

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1 noviembre, 2019 admin	Dejar un comentario
Reportaje realizado en 2009 al cumplirse el 20° aniversario de la SADL.
Tiene ochenta años pero sigue litigando con una vitalidad envidiable, y no es casualidad: realiza caminatas a ritmo y practica yoga diariamente, y es un entusiasta de la comida naturista. Es respetado entre sus colegas y conocido por sus obras, varias de ellas ya clásicas en el ámbito civil y laboral. A fines de los años ochenta, este discípulo de Krotoschin y Deveali (que prologaron sus obras) fundó la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), la entidad más representativa y con mayor cantidad de socios del país del derecho laboral y de la seguridad social, de la que es hoy presidente honorario.
Se mantiene vital. ¿Hace ejercicios? ¿Lleva alguna dieta?
Para mantener la vitalidad a través de los años, es importante ejercitar la mente, tener objetivos claros y metas lógicas que se puedan concretar en el tiempo. El cuidado de la parte física es fundamental, por ello siempre practiqué deportes, como el futbol y el tenis, este último hasta los 70 años. Hace 10 años concurro a clases de yoga y realizo caminatas a ritmo, casi diariamente. Mi esposa –profesora de cocina natural– supervisa mi alimentación.
¿Cuál es el rol de su familia ante tanta actividad?
El acompañamiento de la familia juega un rol importante en mi vida, pues me sirve de aliciente no solamente para realizar mis actividades laborales y/o científicas, sino también para compartir gratos momentos.
¿Cómo surgió la idea de fundar la Sociedad Argentina de Derecho Laboral?
Como afirmaba el maestro Deveali, soy un “artesano del derecho”, ejercí siempre la profesión y por tal motivo pude hacer lo que se llama un estudio de mercado sobre las necesidades y preferencias de los colegas. Fue por ello que después de evaluar las actividades y gestiones de otras asociaciones vinculadas al Derecho del Trabajo, observé que había una gran franja de abogados que anhelaban mayor participación en la vida societaria, en especial la realización de estudios interdisciplinarios, la creación de maestrías, la vinculación con colegas del interior y del exterior del país, la defensa de la justicia laboral y el respeto a los colegas, etc. Ellas fueron las principales razones que me impulsaron a fundar SADL, allá por el año 1989, fecha contemporánea a la caída del Muro de Berlín, acontecimiento histórico que este año se festeja en todo el mundo.
¿Quiénes lo acompañaban en ese momento?
En los primeros años se incorporaron a SADL, los Dres. Cayetano Zemborain, Graciela Gianella, Roberto Esquenazi, Lucía Giacardi, Guillermo A. Lastra, Horacio Brignole, Humberto Podetti, Miguel A. De Virgilis, José L. Caputo, Javier Delrío, Isidoro Goldenberg, Arturo Ravina, Mario Schmoisman, Rodolfo Vedoya, Blanca S. Meghinasso, Luis Martínez, Carlos María Outes, Matías González, Alejandro Basile, Hugo Molteni, Alicia Vermé, Simón Abecasis, y Carlos Cazenave, entre otros.
¿Cómo ve a la SADL hoy, luego de 20 años de su creación?
Es evidente que la entidad creció y se desarrolló en todo el país, con la realización de importantes congresos, conferencias de especialistas en derecho laboral, jornadas, maestrías a nivel nacional e internacional, y la publicación de la Revista de SADL que se distribuye en toda la República. Considero que SADL actualmente es la entidad de mayor importancia, por el nivel de las actividades que realiza, incluyendo los cursos que se dictan en la sede, con gran afluencia de profesionales.
¿A qué grandes del derecho laboral recuerda con cariño y quienes fueron sus maestros?
Entre los más destacados, puedo mencionar a los Dres. Alfredo L. Palacios, Mariano R. Tissembaum, Mario de la Cueva, Américo Plá Rodríguez, Norberto Centeno, Alejandro Unsain, Mario L. Deveali y Ernesto Krotoschin, estos dos últimos fueron mis maestros, quienes prologaron dos de mis libros y compartieron en sus últimos años, interesantes conversaciones sobre la temática laboral.
¿Cómo se le ocurrió un encuentro entre Borges y los Abogados?
Resulta que siempre me agradó la literatura y la poesía en especial, soy un estudioso del poeta Rainer María Rilke, contando en mi biblioteca con 60 títulos entre los de Rilke y los trabajos sobre él. En la Revista de la Asociación de Poetas Argentinos (APOA) de hace varios años, se publicó un trabajo sobre Rilke de mi autoría.
En una oportunidad, en calle Florida, buscando libros de Rilke, me sucedió algo curioso. Me atiende una empleada de una librería y con total desconocimiento del autor, me expresa: “No, de ella no tenemos nada”, con evidente ignorancia de un autor conocido en todo el mundo.
En el primer editorial del Suplemento Cultural de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Cultura, dije: “Aspiramos a transmitir la idea de que a los abogados no sólo les interesa la cultura sino que también suelen ser protagonistas de ella” (Diciembre de 1986). En la Revista “Repertorio latinoamericano hacia la integración por la cultura” (Nº 48, Octubre/Noviembre/ Diciembre 1981) en la cual colaboraron poetas de distintos países, tuve el honor que hayan publicado esta breve poesía:
SUEÑO Y ACROBACIA
“El sueño cae en el espacio como el maravilloso acróbata, y no sabe que su destino se pierde en la eternidad”Con los antecedentes señalados y mi admiración por Borges, lo invité para una charla en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Me recibió en su domicilio y previa conversación de 4 horas, aceptó mi invitación, como consta en mi libro “Borges con los Abogados”; tuve el honor de hacer su presentación.
¿Cuál cree usted que es la clave del éxito de su Código de Tablas de Incapacidades Laborativas?
La necesidad que había para la evaluación de las minusvalías y el hecho de haber reunido las mejores tablas utilizadas en distintos países; además por su utilidad en el fuero civil, donde no existe ningún baremo especial para esa rama del derecho. El prólogo del Dr. Krotoschin destacó los méritos de la obra.
¿Cómo ve el futuro del Derecho Laboral?
Depende del cambio de estructuras en la organización mundial del trabajo, en los objetivos del sindicalismo, en especial la defensa de la justicia social y también en la modificación de los paradigmas económicos, que puedan evitar crisis fi nancieras, que como la actual incide con fuerza en el tema del empleo y de la pobreza; de todos modos tengo un moderado optimismo acerca del futuro del derecho laboral.
El Dr. Santiago J. Rubinstein ama la vida, y ello incluye su trabajo. No es un emprendedor por necesidad, sino que crea movido por su pasión por enseñar y aprender.No es un defensor de causas perdidas, pero le gusta aceptar retos difíciles, y abraza lo que para otros son utopías: fundó la SADL para defender el derecho laboral protectorio cuando el mundo se dirigía hacia una década de flexibilización y neoliberalismo; acercó la literatura a los abogados convenciendo nada menos que a Jorge Luis Borges de ir a su encuentro; condensó en una sola obra –y transformó en un clásico: el “Código de Tablas de Incapacidades Laborativas”– todo el material existente en materia de baremos utilizados para medir mermas de la capacidad psicofísica para el trabajo. Rubinstein ama a su familia –son su sostén y su refugio– y defiende a sus amigos. Es un digno contrincante en cualquier arena, el paradigma del abogado sagaz que defi ende a sus clientes sin perder el respeto por el adversario. Contemplándolo, mirándolo directamente a los ojos, inspira respeto y admiración. Es que lo rodea un aura singular, reservada para unos pocos elegidos.
TASA DE INTERES Y COMPETENCIA TERRITORIAL por Julio Armando Grisolia
4 octubre, 2014 admin	Dejar un comentario
TASA DE INTERES Y COMPETENCIA TERRITORIAL
Aumento de litigiosidad. Cuadro de situación en 2014
En virtud de la mayor cantidad de empleo –7 millones de trabajadores registrados y alrededor de 4 millones de trabajadores no registrados- y la menor desocupación y subocupación, desde 2008 se viene incrementando considerablemente el ingreso de causas en la Justicia Nacional del Trabajo.
En 2013, teniendo en cuenta la cantidad de causas que mes a mes ingresaban –el más alto de los últimos 20 años- se observaba un panorama similar al que se produjera a fines de la década de los ochenta, en la que se había vivido la peor crisis de la Justicia Nacional del Trabajo. Ese año ingresaron en promedio 77 causas por mes por Juzgado. Por ejemplo, en el mes de agosto de 2013 había superado los 7500 expedientes, lo que equivalía a más de 90 expedientes en ese mes por Juzgado, número al que no se llegaba desde 1990.
Sin embargo, el panorama en 2014 lejos de mejorar empeoró notablemente, ya que en agosto de 2014 el ingreso superó los 9000 expedientes, record histórico del fuero, lo que equivale a más de 120 causas por juzgado por mes.
Conforme a las estadísticas, desde 1998 a 2007 ingresaban menos de 3000 causas por mes, es decir, un número menor a 40 expedientes por mes por Juzgado. Entre 2008 a 2013 esto cambió sustancialmente: mientras en 2008 ingresaban por mes 3200 causas, es decir, 40 expedientes por Juzgado, en 2010 ingresaban 4800 causas por mes, es decir, 60 expedientes por Juzgado, y en 2013 se llegó a un promedio mensual de 6200 causas por mes y 77 expedientes por Juzgado.
El ingreso de causas en 2013 ya había duplicado el ingreso del año 2008. Pero el ingreso de 2014, como quedara dicho, es notoriamente superior al de 2013, llegando a triplicar el ingreso de 2008 y resultar un 50% superior al de 2013. Esto lleva a mayores atrasos en la tramitación y resolución de los expedientes.
Cada juzgado en promedio resuelve 51 causas, entre sentencias y modos anormales de finalización del proceso (conciliación, desistimiento, acumulación, etc.). Obviamente, como el ingreso mensual supera holgadamente los expedientes resueltos, los juzgados mes a mes acumulan más causas; así, en los últimos años se han triplicado los expedientes en trámite: un Juzgado de la ciudad de Buenos Aires tiene en promedio cerca de 2000 expedientes, a los que debe sumarse 1500 en ejecución.
A lo cuantitativo hay que sumarle el aspecto cualitativo. En estos últimos años se modificaron las características de los reclamos laborales, existiendo un segmento de suma complejidad, con varios codemandados y planteos diversos, que lleva a la producción de abundante prueba.
Además, aumentaron los reclamos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales peticionando por la vía sistémica a las ART, y a éstas y a los empleadores por la acción civil, lo que conlleva al tratamiento de distintas cuestiones y a declaraciones de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557, ello sin perjuicio de la sanción de la ley 26.773.
En el particular caso de los accidentes existe la necesidad de una mayor producción de prueba –se requiere a veces dos peritos médicos de diferente especialidad, que su suman al contador y en algún caso a un ingeniero- y una demora adicional en la producción de la prueba médica por la dificultad de la realización de los estudios complementarios en los hospitales, que lleva a la dilación de los procesos.
Tomando en consideración este grave cuadro de situación, es preciso buscar urgentes soluciones al deterioro que se está produciendo en la administración de la Justicia del Trabajo que lleva a incumplimientos de plazos, formas y a demoras en la tramitación, que puede generar una denegación de justicia.
Cabe recordar que la salida a la crisis de los ochenta no se debió a una mayor producción por organismo sino a la reducción del ingreso, sumado a otros factores. En efecto, la solución no radicó en la mayor capacidad de resolución, es decir, que los juzgados en promedio no resolvieron más causas por mes sino que ingresaron menos expedientes.
Esencialmente la causa fue que en la década de los 90 descendió drásticamente el ingreso de expedientes con motivo de la política laboral flexibilizadora. A ello se sumaron varios factores que fueron determinantes para mejorar la administración de Justicia: se crearon 35 nuevos Juzgados (se pasó de 45 a 80), se informatizó el fuero, se creó el SECLO y se modificó el procedimiento (ley 24.635).
Por ello, si en la actualidad no se adopta alguna medida concreta para reducirse el ingreso de causas no se advierte como habrá de solucionarse esta situación, ya que si convenimos en que tampoco se puede incrementar el número de expedientes que se resuelve, estamos en presencia de un problema grave que puede hacer colapsar el servicio de Justicia del Trabajo de la Capital Federal.
Desde hace años vengo proponiendo distintos cambios tendientes a evitar que esto suceda[1]. En otros trabajos y desde hace más de 20 años me vengo refiriendo a la gestión, a los métodos alternativos de resolución de conflictos, a la conciliación, a la búsqueda de celeridad procesal, a las posibles medidas para incrementar la resolución de causas y asegurar el crédito laboral, a la importancia del hombre como factor esencial del cambio (la actitud de operadores y encargados de administrar justicia), a los jueces como directores del proceso, gestores de paz social y a la importancia de los pronunciamientos en la dinámica de las relaciones laborales, etc[2].
Aquí, además de reiterar lo expuesto en aquellos trabajos, solamente haré brevemente referencia a dos posibles soluciones para la reducción del ingreso de causas: la tasa de interés y la competencia territorial.
II. Dos modificaciones legislativas posibles: art. 276 LCT y art. 24 ley 18.345
II.1. TASA DE INTERES POR LEY NACIONAL: art. 276 LCT
Establecer la tasa de interés aplicable en las sentencias es un tema fundamental en la dinámica de las relaciones laborales, ya que esa decisión implica en la práctica determinar el monto real de las indemnizaciones que efectivamente cobrarán los trabajadores y abonarán los empleadores[3].
La asimetría que produce la aplicación de diferentes tasas de interés en el ámbito de Capital Federal (36% anual) y provincia de Buenos Aires (11% anual) lleva a que los trabajadores terminen efectivamente cobrando -y los empleadores pagando- indemnizaciones cuyas diferencias –en la práctica- alcanzan al 100% ante identidad de situaciones.
En el particular caso de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, la exigua tasa de interés dispuesta por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires provoca un incremento de litigiosidad en la Justicia Laboral de Capital Federal, por demandas de trabajadores que prestan servicios en la Provincia de Buenos Aires y se domicilian en dicho territorio.
En efecto, ante la posibilidad de opción respecto de la competencia territorial (art. 24 de la ley 18.345), el abogado del trabajador inicia el pleito en el ámbito de Capital Federal, que además cuenta con el SECLO para arribar rápidamente a un acuerdo conciliatorio. Ello lleva a una distorsión de la litigiosidad genuina en desmedro de aquéllos que no pueden ejercer la opción contemplada en la ley.
Mientras en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la aplicación de la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires decidida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires[4] lleva a una tasa anual del 11%, en Capital Federal se fijó la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que otorga el Banco Nación con plazo de 49 a 60 meses (Acta N° 2601 CNAT del 21/5/2014), que lleva a una tasa anual de alrededor del 36%.
Se produce una diferencia que se materializa en el deterioro del capital del trabajador en su crédito alimentario, del 25% por cada año para los trabajadores que litigan en Provincia de Buenos Aires respecto a los de Capital Federal (y otras jurisdicciones del país). Como una causa laboral tiene una duración superior a los tres años –sumado al tiempo para iniciar la demanda-, la reducción del capital del trabajador que litiga en provincia de Buenos Aires -tomando en consideración el momento del despido hasta el efectivo pago de su crédito (4 años)- respecto al que lo hace en Capital Federal (y otras jurisdicciones) es de alrededor del 100%: un trabajador efectivamente puede terminar cobrando $ 200.000 en un caso y $ 100.000 en otro, ante identidad de situaciones (sentencias por iguales montos nominales).
Es correcto que fijar la tasa de interés quede en el marco discrecional de los jueces, pero el Estado no puede desentenderse de la función unificadora y dejar de velar por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Por ello, a fin de evitar las consecuencias disvaliosas referidas, una propuesta que entiendo viable sería establecer por ley nacional la aplicación de la tasa de interés para los créditos laborales. De este modo se evitaría un grave e irreparable daño a los derechos de un segmento importante de trabajadores que ven en la realidad notoria e injustamente reducidos sus créditos.
La tasa podría ser la que resulta del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos,que era la que aplicaba la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta el 20 de mayo de 2014 (Acta nº 2357, BO del 7/5/2002), que actualmente es algo superior al 2% mensual y lleva a una tasa anual de alrededor del 25%.
Esa tasa actuaría como la mínima que los jueces podrían aplicar, sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor. Podría tratarse de una modificación del art. 276 de la LCT -o una nueva norma- que actuaría como un piso mínimo y operaría de orden público laboral en la materia.
II.2. Modificación de la competencia territorial: art. 24 ley 18.345
El primer párrafo del art. 24 de la ley 18.345 establece que “en las causas entre trabajador y empleador será competente, a elección del demandante, el juzgado del lugar de trabajo, el del lugar de celebración del contrato o el del domicilio del demandado”.
La reducción de ingreso de causas se puede lograr también modificando la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo y reordenando competencias de la provincia de Buenos Aires. Para ello, es preciso analizar el mapa judicial y observar la posibilidad de creación de nuevos tribunales en determinadas jurisdicciones.
No puede dejar de reconocerse que la modificación pretendida resulta de aplicación práctica complicada, atento requerir de tiempo para disponer una infraestructura distinta y posibilitar las reformas necesarias para adaptar a la justicia provincial a las nuevas circunstancias. Pero resulta necesario rever la competencia territorial.
El tema no es novedoso, ya que ha sido objeto de argumentaciones en ambos sentidos hace más de 40 años (competencia del juez del lugar de trabajo o la opción referida) al momento de dictarse la ley 18.345, lo que motivara inclusive un dictamen en mayoría y otro en minoría de la Comisión Ad Honorem.
Es importante tener en cuenta, a los fines de adoptar una decisión, el principio de territorialidad de la ley procesal que rige en la jurisdicción del Estado que la dictó; esto provoca que la opción existente permita una prórroga de la competencia -si bien sobre bases prefijadas- que colisiona con lo normado en el propio art. 19 de la ley orgánica o por lo menos constituye una excepción a esa norma. Esto motiva la recepción de una gran cantidad de causas por conflictos laborales producidos en extraña jurisdicción que se radican por imperio de la opción del art. 24 de la ley orgánica en los tribunales de la Capital Federal.
Obviamente -y sin perjuicio del disvalioso resultado producido en cuanto a la exagerada absorción de causas- no existen argumentos jurídicos válidos que justifiquen el sobredimensionamiento de la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo.
El motivo más sólido para avalar la continuidad del actual sistema radica en el incremento de causas que produciría en los tribunales provinciales reducir la competencia de la Justicia Nacional al Juez del lugar del trabajo, lo que llevaría a que las autoridades provinciales adopten las medidas legislativas necesarias a fin de adecuar su organización judicial a las necesidades de sus habitantes (conf. art. 5º y 6º, Constitución Nacional) para así permitir que sus tribunales puedan efectuar una correcta administración de justicia.
En 2014 se observa que una porción importante de demandas iniciadas corresponden a trabajadores que prestan servicios en la Provincia de Buenos Aires -y además se domicilian en dicho territorio- lo que lleva a una verdadera distorsión de la litigiosidad genuina y va en desmedro de aquéllos que no pueden ejercer la opción contemplada en la ley.
En orden a lo expuesto, tal como lo sostuviera 20 años atrás, resultaría oportuno eliminar las distintas opciones y fijar para la competencia el lugar de trabajo, que es el del cumplimiento del contrato.
Esto -tal cual lo ha sostenido Jorge Bermúdez- evitaría que una controversia originada en territorio provincial -ámbito natural- sea desplazada a la Capital Federal por la sola circunstancia de que el lugar de celebración del contrato se haya producido allí o tenga el demandado el domicilio en ella, y además sería de esencial importancia para la reducción de la litigiosidad y redundaría en un mejor funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo[5].
GRISOLIA, Julio A., Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Abeledo Perrot, 2013, tomo I.
GRISOLIA, Julio A., “Hacia una nueva Justicia Nacional del Trabajo», Derecho del Trabajo, La Ley, en enero de 1989 DT, 1989-A, ps. 39/46.
GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo: 20 años después”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, octubre 2013 DLYSS 2013 B-2053.
GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para asegurar el crédito laboral”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, enero 2013 DLySS 2013 A-1.
GRISOLIA, Julio A., “La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales «, Derecho del Trabajo, Diario La Ley, 5 de mayo de 2014.
GRISOLIA, Julio A., “Derecho Laboral y Justicia”. SADL, Revista Laboral de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral N° 48, diciembre 2010.
GRISOLIA, Julio A., “Aumento de litigiosidad y protección de créditos laborales”. SADL, Revista Laboral de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral N° 52, diciembre 2011.
GRISOLIA, Julio A. – PERUGINI, Alejandro, Procedimiento Laboral, Abeledo Perrot, 4 tomos, 2013.
[1]GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo”, Derecho del Trabajo, La Ley DT 1993-B, 1385.
[2]GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo: 20 años después”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, octubre 2013 DLYSS 2013 B-2053.
[3] GRISOLIA, Julio A., “La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales «, Derecho del Trabajo, Diario La Ley, 5 de mayo de 2014.
[4] Los intereses devengados por los créditos laborales reconocidos judicialmente deben liquidarse con arreglo a la tasa que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, art. 622, Cód. Civil)SCBA, L 94446 S 21-10-2009, Juez GENOUD, Ginossi, Juan Carlos c/ Asociación Mutual U.T.A. s/ Despido MAG. VOTANTES: GENOUD-HITTERS-SORIA-PETTIGIANI-DE LAZZARI-NEGRI-KOGAN; SCBA, L 95491 S 10-3-2010, Juez PETTIGIANI. Ortega María Rosa c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo MAG. VOTANTES: Pettigiani-Soria-Kogan-Negri. SCBA, L 96668 S 7-4-2010, Juez PETTIGIANI. Montenegro, Jorge Omar c/ SIDERCA S.A.I.C. s/ Ley 9688, etc. MAG. VOTANTES: de Lázzari-Pettigiani-Soria-Kogan-Negri. SCBA, L 98722 S 26-10-2010, Juez NEGRI. CARATULA: Aguirre, Ana A. c/ Goya Corrientes S.R.L. y otro s/ Despido MAG. VOTANTES: Negri-de Lázzari-Pettigiani-Hitters-Kogan-Soria. SCBA, L 98977 S 3-11-2010, Juez NEGRI. Arjones, Ezequiel Aníbal c/ Pruna Inversiones S.A. y otros s/ Despido MAG. VOTANTES: Negri-de Lázzari-Pettigiani-Hitters-Kogan-Soria.
[5] La posible reforma al art. 24 de la ley 18.345 relativo a la competencia territorial será tratado en profundidad en un próximo trabajo elaborado junto a Alejandro Perugini.
ACTA N° 2601 (21/5/2014): LA CNAT MODIFICO LA TASA DE INTERES EN LAS SENTENCIAS
El 21 de mayo de 2014, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante Acta N° 2601 resolvió modificar lo establecido por Acta CNAT Nº 2357 del 7/5/2002 y determinar la nueva tasa de interés aplicable desde que cada crédito es debido, estableciendo la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que otorga el Banco Nación con plazo de 49 a 60 meses, la que comenzará a regir desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador. La tasa activa que se venía utlizando equivalía a un 25% anual, mientras que la nueva tasa, que es variable, a mediados de 2014 equivale a un interés del 36% anual.
Desde hacía ya varios meses el Dr. Grisolia y un número importante de jueces venía aplicando una tasa de interés similar a la adoptada ahora por la Cámara. Se aplicaba una tasa un 50% superior a la que resultaba del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco Nación para el otorgamiento de préstamos que llevaba a un interés anual del 37%.
También el Dr. Grisolia, desde hace años, aplica intereses punitorios en caso de incumplimiento, los que duplican la tasa de interés fijada en las sentencias.
Ver criterio del Dr. Grisolia hasta el 21/5/2014
Ver artículo publicado por Julio Grisolia sobre las tasas de interés en las sentencias en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires en el Diario LA LEY del día lunes 12 de mayo 2014
DECRETO 472/14 (BO, 11/4/2014)
Análisis preliminar al decreto reglamentario Nº 472/2014
Por Julio Armando Grisolia y Ernesto Jorge Ahuad[1]
Esta norma, fechada el 1/4/2014 y publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril de 2014, reglamenta algunos aspectos de la ley 26.773, y fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, y el artículo 11, apartado 3) de la ley 24.557. Entró en vigencia al día siguiente de su publicación (art. 4). Las disposiciones del decreto, en lo que corresponda, son de aplicación a las contingencias referidas en el artículo 17, apartado 5, de la ley 26.773.
En sus extensos considerandos se resalta que mediante la ley 26.773 se estableció un régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que el citado régimen incluye las disposiciones de la referida ley 26.773, como así también de la ley 24.557 y sus modificaciones, y las del decreto 1.694/09 y normas complementarias.
Que, en tal sentido, sostiene la necesidad de establecer un mecanismo que permita prever y ajustar a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773 – en forma periódica- el monto de la prestación en concepto de Gran Invalidez, y de las compensaciones adicionales de pago único. Se sigue así la línea rectora que establece que las contingencias cubiertas deben ser reparadas en forma suficiente, accesible y automática, instituyendo el pago único como principio general indemnizatorio.
Por otra parte, suprime el período de Incapacidad Laboral Permanente Provisoria, y amplía de la etapa de Incapacidad Laboral Temporaria hasta que haya certeza de la disminución de la capacidad laborativa, lo cual implica una mejora de las prestaciones dinerarias, en sus aspectos temporales y cualitativos, en los términos del artículo 11, apartado 3) de la ley 24.557. En tal andarivel, también considera necesario regular aspectos vinculados a la referida prolongación del período de Incapacidad Laboral Temporaria, a la base de cálculo a tomar en cuenta respecto de los montos indemnizatorios y a las cuestiones operativas relacionadas con la obligación de pago de la prestación dineraria.
Con relación al principio general de que las indemnizaciones se deben efectivizar bajo la modalidad de pago único (criterio general indemnizatorio introducido por la ley 26.773) establece que a fin de implementar el criterio en cuestión, resulta razonable utilizar la metodología de cálculo prevista en el artículo 14, apartado 2, inciso a) de la misma ley, sistema también previsto en el artículo 15, apartado 2, párrafo 2 (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, 15/7/2011, “Montecucco, Jorge Alberto c/Mapfre Argentina ART SA s/Acción de Amparo”; ídem, Sala X, 26/6/2012, “Sahonero, Simón Pedro c/Mapfre Argentina ART SA s/Accidente – Ley Especial”; ídem, Sala X, 22/11/2012, “Soleres, Beatriz del Carmen c/Provincia ART S.A. s/Accidente – Ley Especial”). Faculta, a tal efecto, a las dependencias competentes a establecer los parámetros técnicos de ajuste de las prestaciones e indemnizaciones que integran el régimen de reparación.
Se faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto, y a regular la adecuación de las situaciones especiales establecidas en el artículo 45 de la ley 24.557 y sus modificatorias, al régimen creado por la ley 26.773.
Finalmente, señala que resulta imperioso determinar dentro de la limitación de los gastos de administración y otros no prestacionales de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, los atinentes a la comercialización o intermediación en la venta del seguro.
Las normas que efectivizan las modificaciones se encuentran plasmadas en el ANEXO que forma parte integrante del decreto, y sólo me detendré en el análisis de los puntos más álgidos y que – seguramente- mayor debate generarán, buscándose una interpretación de tipo pragmático, que evite la generación de mayores plazos de incertidumbre en las víctimas, como así también planteos –y consiguientes declaraciones- de inconstitucionalidad, muchas veces innecesarios.
2. Abolición del período de incapacidad provisoria
Se trata de uno de los puntos más destacados de la reglamentación.
Como se recordará, en el régimen original, si la minusvalía era superior al 50%, la víctima entraba en un período de provisionalidad durante 36 meses, que podía extenderse –por decisión de la comisión médica- por hasta 24 meses más, percibiendo el trabajador durante ese -extenso- período de incapacidad permanente provisoria, una prestación dineraria que se liquidaba conforme a las pautas del art. 208 de la LCT.
Luego, al entrar en vigencia la ley 26.773, y establecer en forma categórica que el principio general indemnizatorio es el pago único, fijando además un período de 15 días para notificar los importes a percibir, se comenzó a debatir en doctrina si ello significaba la tácita o implícita eliminación – o no- del período de provisionalidad (ver, entre otros, Julio Armando Grisolia, “Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Abeledo Perrot, 2013).
La reglamentación confirma esa hipótesis que -como ya se expresó- se intuía desde la entrada en vigencia de la ley 26.773, que en su art. 2 disponía que -producido el fallecimiento o agotado el período de incapacidad laboral temporaria- la víctima debía tener a su disposición para el cobro, los importes que le correspondía percibir, sin realizar distinción alguna (art. 4).
En suma, más allá de algunas voces que defendieron – y siguen defendiendo- su persistencia (por cuestiones que nada tienen que ver con la celeridad y la certeza en lo que respecta a la salud del damnificado) lo cierto es que la supresión de la provisionalidad conlleva que el trabajador no quede sumido por un lapso más que excesivo (en hasta cinco años) de situación de provisionalidad, en la que sólo percibe una prestación calculada en base al art. 208 LCT, pero no una reparación sistémica del daño sufrido como consecuencia de la contingencia cubierta.
Recordemos que la IPP no tiene carácter indemnizatorio, sino que es una prestación que recibe el trabajador que suple la falta de ingresos mientras se determina su incapacidad permanente definitiva. Ergo, establecida la misma (y nadie podría dudar que cuanto más rápidamente se establezca, mejor), su subsistencia no tiene razón de ser, como así tampoco que el trabajador deba esperar –reitero- hasta cinco años (60 meses) para que el sistema se expida sobre el porcentual final de la misma.
Por otra parte, la supresión del período de Incapacidad Laboral Permanente Provisoria, implica en los términos del decreto la ampliación de la etapa de Incapacidad Laboral Temporaria hasta que haya certeza de la disminución de la capacidad laborativa; esto implica una mejora de las prestaciones dinerarias, en sus aspectos temporales y cualitativos, en los términos del artículo 11, apartado 3) de la ley 24.557.
En tal andarivel, también considera necesario regular aspectos vinculados a la referida prolongación del período de Incapacidad Laboral Temporaria, a la base de cálculo a tomar en cuenta respecto de los montos indemnizatorios y a las cuestiones operativas relacionadas con la obligación de pago de la prestación dineraria.
Por ello, en los casos en que el daño sufrido por el trabajador le impida la realización de sus tareas habituales más allá del plazo máximo previsto en el artículo 7°, apartado 2, inciso c) de la ley 24.557, y no haya certeza del grado de disminución de la capacidad laborativa del mismo, se dispone que la aseguradora deberá solicitar a los organismos competentes el otorgamiento de un nuevo período transitorio de hasta un máximo de DOCE (12) meses.
Por su parte, si al vencimiento del plazo de UN (1) año antes descripto, la Aseguradora no hubiese sustanciado la solicitud de extensión ante los organismos competentes, se entenderá que poseía suficiente certeza sobre el grado de disminución de la capacidad laborativa del trabajador damnificado.
En este caso, además de continuar con los pagos conforme lo establecido en el párrafo anterior, la aseguradora deberá abonar los intereses previstos en el artículo 1° de la Resolución SRT 2.524 (26/12/2005) o la que en el futuro la modifique o complemente, desde el cese de la Incapacidad Laboral Temporaria, por el transcurso del año, hasta la fecha de emisión del dictamen o conclusión médica; respecto de la prestación dineraria de pago único, según el grado de Incapacidad Laboral Permanente que determinen los organismos competentes.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, la Aseguradora que no sustancie la solicitud de extensión en tiempo y forma será pasible de las sanciones previstas en el artículo 32, apartado 1 de la ley 24.557 y sus modificaciones.
3. Prestaciones dinerarias
La norma reglamentaria establece que los damnificados con Incapacidad Laboral Permanente superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) e inferior al SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%) percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del artículo 14, apartado 2, inciso a) de la ley 24.557, que no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el decreto 1.694/09, este último con el ajuste previsto en el artículo 8° de la ley 26.773. A esa reparación se agregarán las prestaciones previstas en los artículos 3° de la ley 26.773, y 11, inciso 4, apartado a) de la ley 24.557 y su actualización. Se trata de un criterio general (el pago único) que ya se había plasmado en la ley reglamentada (art. 2, ley 26.773) y que aquí se extiende expresamente a la incapacidad permanente grave, estableciéndose el modo de cálculo (se utiliza el mismo método que se requiere para las incapacidades menores al 50%).
Los demás montos indemnizatorios en concepto de Incapacidad Laboral Permanente y muerte del damnificado, se deberán calcular considerando las fórmulas establecidas para cada uno de ellos en la ley 24.557 y sus modificaciones, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/2009 y su actualización.
En relación a la prestación adicional por Gran Invalidez, establece que deberá continuar abonándose en forma mensual.
El art. 3 del ANEXO, referido a la indemnización adicional de pago único fijada para diversos supuestos, establece que en los casos de Incapacidad Laboral Permanente o Muerte del damnificado, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3° de la ley 26.773 consistirá en una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%), calculada sobre la base de las indemnizaciones determinadas conforme al procedimiento establecido en los párrafos primero y tercero del punto 2 del artículo anterior, más las compensaciones adicionales de pago único incorporadas al artículo 11 de la Ley 24.557 y sus modificaciones, cuando así corresponda.
En relación al plazo de pago, el art. 4 fija que el plazo de QUINCE (15) días previsto legalmente para los obligados al pago de la reparación dineraria se debe considerar en días corridos. En caso de fallecimiento del trabajador, dicho plazo se contará desde la acreditación del carácter de derechohabiente.
Por lo además, señala que una vez notificado el acto que establece la Incapacidad Laboral Permanente, el obligado al pago deberá realizar la correspondiente transferencia monetaria a una institución bancaria del domicilio constituido por el damnificado a los fines de percibir el pago único o, en su defecto, a una institución bancaria de la localidad del domicilio real del damnificado.
Queda librado a la reglamentación que haga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, las normas complementarias tendientes a establecer las condiciones necesarias para que el damnificado o sus derechohabientes tengan pleno conocimiento de sus derechos con anterioridad al momento de percepción de las indemnizaciones previstas en el régimen.
En relación a las prestaciones dinerarias en curso, el art. 5 establece que el cobro de las prestaciones en dinero por Incapacidad Laboral Permanente en situación de provisionalidad que se encuentren en ejecución y cuya Primera Manifestación Invalidante se haya producido con antelación a la entrada en vigencia de la ley 26.773, no implica el ejercicio de la opción excluyente prevista en su artículo 4°.
Se establece además un sistema de control de pagos (art. 6), al disponerse que cuando el obligado al pago deba efectuar el depósito previsto en el párrafo primero del artículo 6° de la ley 26.773, deberá informar dicha situación a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que ésta pueda ejercer las acciones de supervisión y control propias de su competencia.
El art. 8 del ANEXO faculta a la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que establezca los parámetros técnicos y metodologías de ajuste de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único y de los pisos mínimos que integran el régimen de reparación.
En lo que hace al régimen de alícuotas, dispone que las ART deberán utilizar el régimen autorizado actualmente por la Superintendencia de Seguros de la Nación, hasta tanto se regule el nuevo régimen de alícuotas, sin perjuicio del ajuste que deban efectuar sobre el tope de gastos establecido en el artículo 16 de la ley 26.773.
En materia de gastos de las aseguradoras, el art. 16 dispone que el gasto de comercialización o intermediación de cualquier naturaleza en la venta del seguro por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, por contrato, no podrá superar el CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la cuota de afiliación (el porcentaje aludido no incluye el Impuesto al Valor Agregado).
El incumplimiento por parte de las aseguradoras de lo antes establecido será pasible de las sanciones previstas en el artículo 32, apartado 1 de la ley 24.557 y sus modificaciones. Asimismo, el incumplimiento por parte de los productores asesores de las disposiciones en cuestión, será pasible de las sanciones establecidas en el Capítulo VII de la ley 22.400.
5. La actualización por RIPTE. Alcances
Aquí la norma reglamenta un aspecto de la ley 26.773 que mucho debate había generado (y seguramente seguirá generando) en la doctrina y la jurisprudencia, relacionado con el método de actualización de las indemnizaciones sistémicas a través del índice RIPTE.
Sabido es que RIPTE es una sigla que hace referencia a la «Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables». Se trata del cociente entre las remuneraciones imponibles con destino al SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y el total de trabajadores dependientes que figuran en las declaraciones juradas (DD.JJ.) recibidas mensualmente.
En el ámbito de la Seguridad Social el índice RIPTE refleja las remuneraciones promedio de los trabajadores del sistema. Además de aplicarse en el ámbito de la Ley de Riesgos del Trabajo, también es uno de los parámetros de la movilidad jubilatoria, que se aplica automáticamente dos veces al año, en marzo y en septiembre.
El cálculo se basa en un promedio entre las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el índice general de salarios determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o la variación del RIPTE -índice basado en la Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables- publicado por la Secretaría de Seguridad Social. De ambas se aplica la más favorable, durante el lapso enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo año, y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año siguiente.
Los datos necesarios para la elaboración del RIPTE se obtienen de los registros correspondientes a las Declaraciones Juradas (DD.JJ) que presentan todos los empleadores informando las remuneraciones de sus trabajadores dependientes y cualificados (o sea, no entran el sector público de las provincias no transferidas al sistema).
Se toman las que presentan una continuidad laboral ininterrumpida de 13 meses o más, inmediatamente antes del mes informado, y se incluyen solamente las remuneraciones imponibles (sujetas a aportes), descartándose trabajadores suspendidos, con licencias o indemnizaciones pagadas en cuotas. También se excluyen los montos referidos al aguinaldo y vacaciones.
Tampoco se consideran las remuneraciones y los puestos de los trabajadores que presenten pluriempleo (más de un trabajo en relación de dependencia) o los denominados «plurirégimen» (trabajador en relación de dependencia que a su vez es monotributista o autónomo) en el período informado. Los últimos tres meses son considerados de carácter provisorio debido a posibles correcciones de la base como consecuencia de las rectificaciones.
Vale resaltar que las bases de datos se elaboran en el ámbito de la Seguridad Social, no del INDEC (este organismo incluye para la elaboración sus series al empleo informal no registrado), y que el RIPTE refleja el total de los trabajadores afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Es decir, es el único índice propio, e interno del sistema (el IGR o Índice General de Remuneraciones, está distorsionado por remuneraciones de trabajadores externos al sistema, como ser el sector público de provincias no transferidas) o empleados fuera de registro.
En suma, es un índice no distorsionado por variaciones normativas, de metodología, administrativas o estacionales.
La entrada en vigencia del decreto reglamentario 472/2014 puede generar dudas respecto a si la actualización o ajuste por RIPTE se aplica a todas las prestaciones dinerarias de carácter indemnizatorio, o solamente a los pisos sistémicos y a los adicionales de pago único creados por decreto 1.278/2000.
Ello así porque como disposición general en materia de actualización, en el art. 17 del ANEXO se determina que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al artículo 11 de la ley 24.557, sus modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09, se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE, lo que parecería indicar que quedan excluidas de la actualización por RIPTE las indemnizaciones por incapacidad permanente definitiva, pues sólo se hace referencia al incremento en relación a los pisos indemnizatorios del decreto reglamentario 1.694/09 y a los adicionales de pago único creados por el decreto 1.278/00 para las incapacidades superiores al 50% y la muerte.
En efecto, la redacción no del todo clara del decreto reglamentario, que en su disposición final sostiene que “sólo se actualizarán por RIPTE las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos” podría llevar a sostener que la norma reglamentaria segrega arbitrariamente entre diversas indemnizaciones sistémicas, disponiendo en unos casos la actualización por RIPTE y en otros no.
Sin embargo, una lectura bienintencionada y una interpretación armónica de la normativa involucrada no puede desconocer que el art. 8 de la ley 26.773 expresamente dispone que “…los importes por incapacidad permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación se ajustarán de manera general semestralmente según variación del índice RIPTE…”, con lo cual se hace evidente que –más allá del mejor o peor acierto a la hora de decidirse la redacción final de la norma reglamentaria, la misma no pudo tener por objeto vulnerar los alcances del texto legal que pretendía reglamentar, que incluye la actualización por RIPTE de todos los importes (art. 8). Por lo demás, el ajuste semestral está previsto también el art. 17 de la ley 26.773, cuando reza que la actualización general prevista en el art. 8 de la ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el SIPA por el art. 32 de la ley 24.241, modificado por su similar, la ley 26.417.
Ergo, es evidente que el decreto reglamentario no ha pretendido vulnerar la intención del legislador (que expresamente tuvo en cuenta un ajuste general de los importes por incapacidad previstos en el sistema, según se desprende del mensaje de elevación del proyecto de ley), y así debería interpretarse (art. 9, LCT); eso es, sin forzar declaraciones de inconstitucionalidad innecesarias, máxime teniendo en cuenta las pautas que ha establecido nuestro más alto tribunal en la materia, en cuanto a que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del orden jurídico, por lo cual las normas han de interpretarse armónicamente para hacerlas encajar en el orden constitucional y que los conflictos de normas han de resolverse – siempre que sea posible- por esta vía y no por el remedio más grave.
Concluyendo, a la hora de efectuar los cálculos sistémicos, se tendrá cuenta la actualización por RIPTE para todas las prestaciones dinerarias indemnizatorias involucradas, que habrán de ser actualizados desde enero de 2010, independientemente de la fecha del infortunio, para luego continuar con el referido ajuste del art. 8 antes citado. Sin embargo, ello no regirá, obviamente, para aquellas contingencias posteriores a la vigencia de la ley, que no se retrotraen a enero de 2010, sino al momento en que se compute la prestación sistémica indemnizatoria de que se trate (art. 2, ley 26.773, que literalemente reza que “El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional”).
Este ha sido el criterio que hemos adoptado a la hora de plantear la cuestión y efectuar los cálculos ejemplificativos en una obra de reciente coautoría y aparición (“Guía Práctica Profesional: Riesgos del Trabajo”, Editorial Estudio, mayo de 2014), donde analizamos exhaustivamente el estado actual del régimen y las acciones judiciales posibles, incluyendo las modificaciones incorporadas con el decreto reglamentario bajo análisis.
[1] El tema se trata en profundidad en el libro de los autores “Guía Práctica Profesional: Riesgos del Trabajo”, Editorial Estudio, mayo 2014.
Fotos y videos del 5º Congreso de Derecho Laboral
13 octubre, 2013 admin	Dejar un comentario
[youtube]http://youtu.be/IaCHT6dt-AM[/youtube]
[youtube]http://www.4shared.com/video/jV92p5Uz/Fiesta_Congreso_2013.html[/youtube]
«El Dr. Julio Grisolia es un gran generador, siempre con propuestas y nuevas ideas. Es una de las personas más especiales y generosas … sentimos por él, la admiración que se le reconoce a un maestro, el cariño que se le tiene a un amigo y el respeto que se tiene a los que son ejemplo en nuestras vidas.»
UNA VEZ MAS A TODOS MUCHAS GRACIAS. 600 PARTICIPANTES PRESENTES EN EL CONGRESO Y MAS DE 1000 POR STREAMING

References: resolución 
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 artículo 99
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 Resolución 
 artículo 32
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 artículo 32
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