Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531559.html
Timestamp: 2019-03-20 11:18:40+00:00

Document:
A.S. 559-2015
Sucre, 10 de agosto de 2015
Expediente: 228/2011-S
Demandante: María Elena Kapa Copa
Demandado: Empresa Puerto Madero
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma a fs. 289 a 292, interpuesto por Luis Mario Olguín Zabalaga,en representación de Hugo Aldo Álvarez Cuellar y Oscar Pozo Merlín, propietarios de la Empresa Puerto Madero, contra el Auto de Vista Nº 054/2011 de 14 de marzo,a fs. 283 a 285, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba; dentro del proceso social seguido por María Elena Kapa Copa,contrala Empresa Puerto Madero; la respuesta de fs. 295 y vta.; el Auto de fs. 294, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso social, el Juez de Partido Tercero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió la Sentencia de 26 de diciembre de 2008,a fs. 268 a 271 vta., por la que declaró: i) Probada en parte la demanda de fs. 1 a 2 en lo que respecta a los conceptos de vacación de la gestión 2005 [calculada en 8 meses y 14 días], horas extraordinarias [correspondiente a una hora y media por día con el recargo del 100%]; ii) Improbada en lo que respecta a los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios y viáticos; e, iii) Improbada la excepción perentoria de pago en lo que respecta a los conceptos de vacación y horas extras.
En consecuencia ordenó que Hugo Álvarez Cuellar y Oscar Pozo Merlín, propietarios de la Empresa Puerto Madero, cancelen dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia, la suma de Bs.6.303.- a favor de la actora María Elena Kapa Copa, bajo conminatoria de Ley.
I.1.2.Auto de Vista
Interpuesto el recurso de apelación por la Empresa demandada (fs. 274 a 276), mediante Auto de Vista Nº 054/2011 de 14 de marzo (fs. 283 a 285), la Sala Social y Administrativa dela entoncesCorte Superior de Justicia de Cochabamba, confirmó totalmente la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
Dicha Resolución motivó la oposición del recurso de casación en el fondo y en la forma (fs. 289 a 292), por parte de Luis Mario Olguín Zabalaga representante legal de la Empresa Puerto Madero, que previa reseña de antecedentes, en lo sustancial señaló:
I.2.1.En la forma
Con base a la causal del art. 254.4 del Código Procesal Civil (CPC), sostuvo el recurrente que en el Fallo de Alzada se otorgó más de lo pedido, condenándosele con costas en ambas instancias, sin que tal condena haya estado presente en la Sentencia de primera instancia, por lo que mal pudo agravarse la situación si el demandante no dedujo recurso alguno contra la Sentencia.
Indicó que, conforme al art. 198 del CPC, se puede imponer costas en primera instancia, si es que se hubiera declarado probada la demanda y que en el caso presente se declaró probada en parte la demanda, por lo que mal podría condenarse con costas.
I.2.2.En el fondo
Invocando el art. 253.1 del CPC, señaló que el Auto de Vista recurrido incurrió en:
Errónea interpretación de los arts. 166 y 167 y aplicación indebida del art. 102,todos del Código Procesal del Trabajo (CPT), pues señaló como un aspecto esencial que la Sentencia de primera instancia debería pronunciarse expresamente sobre la confesión provocada a la que la demandante no concurrió, pero el Juez de grado no mencionó el acto y restó valor probatorio señalando que el objeto del proceso es reconocer los derechos de los trabajadores, vulnerando con ello el debido proceso y dejando al demandado en estado de indefensión, “ignorando la relevancia probatoria que las normas transcritas obligan al juzgador a otorgar a la confesión” (sic).
Indebida aplicación del art. 120 del CPT, pues tal norma señala que la demanda debe ser dirigida contra la parte a quien se reclama, determinando que cuando la demanda se dirija contra la Empresa o Establecimiento, la gestión del administrador o representante es válida. En el presente, la demanda se dirigió contra los socios de las Empresas Puertocruz S.R.L., y Restopaz S.R.L., siendo lo correcto que se condene a la Empresa demandada y no sobre sus representantes a título personal.
Amparado en el art. 253.3 del CPC, señaló que el Auto de Vista que impugna incurrió en errónea apreciación “de hecho o de derecho de las pruebas” (sic), por cuanto: 1) Se apreció erróneamente las literales de fs. 64 y 66 que dan cuenta el pleno conocimiento de la demandante sobre la existencia de dos Empresas distintas, que implican –según dice- un espacio de 20 días de intervalo entre la renuncia en la ciudad de La Paz y su contratación en la ciudad de Santa Cruz; situación que conforme a la Sentencia y el Auto de Vista, consigna erróneamente que la demandante habría sostenido una relación continua e ininterrumpida de 1 año y 8 meses con los demandados; situación ajena a la realidad de los hechos y las pruebas, pues la demandante prestó sus servicios para dos personas jurídicas distintas en aquellas ciudades; 2)Por otra parte, en relación al reconocimiento de horas extras, el libro de asistencia a fs. 157, demuestra que la actora no trabajó 9 horas y media por día, además que en confesión provocada ella reconoció que no existió horario extraordinario; más cuando no existe prueba que demuestre que el trabajo se haya producido todos los días de 15:30 a 23:30; a pesar de haber opuesto tacha contra los testigos de cargo AlenorApoloni y Moisés Corvera por causales probadas [amistad con la actora y poseer litigio pendiente], fue desestimada de manera arbitraria; 3) En cuanto a la carta de renuncia, dice el recurrente que el Juez de grado se limitó a señalar que la misma no es considerada porque su fecha de redacción se hallaría adulterada,sin tener presente que tal eventualidad no es atribuible a los recurrentes,ya que fue la trabajadora de mala fe que escribió una fecha incorrecta a momento de redactarla, asimismo la recepción de la misma concuerda con la declaración testifical de los testigos de descargo y la confesión provocada de la demandante, absuelta en forma afirmativa en el interrogatorio, no pudiendo negarse su plena eficacia probatoria; con este argumento señala que no es pertinente la liquidación de vacación fraccionada por 8 meses y 14 días, ya que la segunda relación laboral no llegaría a cumplir el año exigido en el art. 44 de la Ley General del Trabajo [LGT].
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia proceda a anular o casar el Auto de Vista y complementario, revocando la sentencia de primera instancia, declarando improbada la demanda en todas sus partes; además de excluir el pago de costas en ambas instancias.
II.1.Fundamentos jurídicos del feallo
II.1.1.Recurso de casación en la forma
El recurrente manifiesta que el pago de costas en ambas instancias, constituye una dación más allá de lo pretendido por la parte, ya que la Sentencia de grado no condenó tal concepto, no pudiendo agravarse su situación, más cuandola demandante no dedujo recurso alguno contra la Sentencia.Conforme al art. 198 del CPC, es posible imponer costas en primera instancia en caso de declararse probada la demanda, siendo que en el caso se declaró probada en parte.
En tal antecedente, es necesario aclarar que una de las finalidades que persigue –en un marco genérico- la condena con costas procesales, es el resarcimiento de las erogaciones a quién ha sido llevado injustamente ante los Tribunales, o bien, a quién tenga que acudir a ellos, en ejercicio de un derecho y obtenga lo reclamado; profundizando esa comprensión afirma Couture, que esta figura “obedece al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o del derecho de defensa”; asimismo, la condena al pago de costas se rige por el principio de condena al litigante vencido, “omnislitigatorvictusdebet impensas”, razonamiento aplicable en materia procesal del trabajo, habida cuenta que el incumplimiento a los derechos laborales es el origen del proceso social, circunstancia específicamente prevista en el art. 204 del CPT que determina: “Cuando la Sentencia sancione con costas al demandado, el honorario profesional será regulado en la proporción del 10% del monto condenado”.
En tal sentido, ante un eventual grado de apelación el art. 237 de la Ley Adjetiva Civil, bajo el nomen iuris de “Formas de Resolución y Costas”, señala:
“I.- El auto de vista podrá ser:
1) Confirmatorio total, con costas en ambas instancias.
2) Confirmatorio parcial, sin costas.
3) Revocatorio total o parcial, sin costas.
4) Anulatorio o repositorio, con responsabilidad al inferior.
II.- Si ambas partes fueren apelantes, no habrá condenación en costas”.
En ese orden, teniendo presente la definición doctrinal sobre costasprocesales y el texto del art. 237 antes citado, se induce con claridad que, en el supuesto que la pretensión impugnaticia en apelación sea deferida total o parcialmente, en los casos de los incs. 2) y 3) del mentado articulado, la condena en costas no será procedente, habida cuenta que la utilización del medio recursivo tuvo un asidero válido; en sentido contrario, en el caso del inc. 1), es decir, la confirmación de la resolución apelada, se comprende que la utilidad de la apelación, eventualmente no persiguió argumento fáctico o jurídico valedero, siendo la consecuencia la condena en costas.
En la especie, conforme se condensó en los acápites I.1.1 y I.1.2. de este Auto Supremo, al declararse probada la Sentencia, fue la parte demandante quién opuso recurso de apelación, siendo la resulta que al confirmarse totalmente el primer fallo la aplicación del art. 237 del CPC es ampliamente aceptable, al regentar el manejo procesal sobre un aspecto no previsto en el CPT y no reñir con la configuración del art. 204 de esta última norma; no siendo en consecuencia, valedero el alegato sostenido por el recurrente en relación a la aplicación del art. 198 del CPC.
II.1.2.Recurso de casación en el fondo
II.1.2.1. Sobre la errónea interpretación de los arts. 166, 167 y aplicación indebida del art. 102,todos del CPT
Alega el recurrente que el Auto de Vista, al confirmar la Sentencia, aprueba la falta de valoración de la confesión provocada a la cual no concurrió la demandante, no aplicando correctamente los arts. 166 y 167 del CPT.Al respecto, el Auto de Vista a fs. 284, señala:
“…el quinto considerando de la sentencia apelada, el Sr. Juez hizo presente que la parte demandada cuenta con la confesión presunta de la actora, analizando expresa y válidamente…, que tienen mayor relevancia jurídica que la confesión presunta las declaraciones de las testigos Carla Herbas y María Adela Ortiz, quienes cumplían las funciones de contadora y administradora de la empresa, más aún si los derechos de los trabajadores son irrenunciables de conformidad con lo previsto por el art. 162 de la CPE…”(sic).
En ese entendido el Tribunal de Alzada confirmó acertadamente lo valorado en instancia conforme el art. 158 del CPT, tomando en cuenta que la valoración probatoria realizada por el Juez de Instancia es de forma libre, inspirada en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; en consecuencia no se tomará en cuenta una sola prueba, apartada del conjunto probatorio, debiendo ponderarse la verdad de lo probado y por tanto lograr la verdad material para alcanzar un criterio razonado.
La Sala en este punto enfatiza, que la aplicación de los arts. 166 y 167 del CPT referidos a actos de confesión dentro del proceso, en la práctica deben ser interpretados bajo el prisma de los principios contenidos en el art. 49 de la CPE, es decir, bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; por otro lado, aquellos artículos, de ningún modo, pueden operarse de manera autónoma, independiente y aislada del conjunto probatorio colectado en el estadio procesal pertinente, por cuanto, no debe olvidarse que el proceso laboral asume tanto como principio como sistema la Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados, tal cual destaca el inc. j) del art. 3 del CPT; aspecto que como fue glosado precedentemente, fue presente en el caso de autos.
II.1.2.2.Indebida aplicación del art. 120 del CPT
Indicó que la demanda se dirigió contra los socios de las Empresas Puertocruz S.R.L., y Restopaz S.R.L., siendo lo correcto que se condene a la Empresa demandada y no sobre sus representantes.
En razón a esta misma solicitud la resolución de vista expresó que el Auto ejecutoriado de 25 de mayo de 2006 resolvió la excepción de impersonería e incompetencia, declarando improbadas dichas excepciones, que en lo principal se estableció que las Empresas demandadas fueran de propiedad de “HUGO ÁLVAREZ CUELLAR y OSCAR POZO MERLIN, consecuentemente la demandante trabajó bajo la dependencia de los propietarios o socios de las referidas sociedades, los mismos que tienen su domicilio en esta ciudad. Por lo que en aplicación del principio proteccionista que rige en materia laboral y toda vez que los trabajadores se encuentran muchas veces impedidos de conocer los negocios jurídicos que realizan los empleadores en previsión del art. 111 del Código Procesal del Trabajo donde claramente se señala que el `demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida, ni la que en el juicio se debata como cuestión principal de ese punto´ por lo que corresponde rechazar la excepción previa de impersonería…” (sic). Conforme a la indicada resolución y en virtud del principio de preclusión 3.e) y 57 del CPT, el Tribunal de apelaciónacertadamenteseñaló que no se puede regresar a momentos procesales ya consumados, como pretenden los demandados; por lo que en esta instancia no corresponde su revisión.
II.1.2.3.Error en la apreciación de las pruebas
Como se señaló precedentemente la valoración probatoria en materia laboral se inscribe en lo que doctrinalmente se denomina el sistema de libre apreciación, dentro de los parámetros de la sana crítica, que a decir de Heberto Amilcar Baños, "…no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (...) se trata de criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad". Así pues el art. 158 del CPT ordena que "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...".
En cuanto a la valoración de la prueba, la uniforme jurisprudencia sentada por este Tribunal ha señalado que la apreciación y valoración de la misma por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y que excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso se acuse y se pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla que establece el art. 253.3 CPC, que textualmente señala: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." (Las negrillas son añadidas).
Conforme a lo anterior, debe precisarse que el error de derecho y el error de hecho en la ponderación de la prueba tienen características propias que distinguen una de la otra, aunque, con seguridad, los efectos del vicio interpretativo tengan una misma desembocadura. En efecto, el error de derecho, doctrinalmente es entendido como un vicio interpretativo negatorio del valor o la validez que otorga la Ley a determinada prueba o, en contrario, le atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio, este último habrá de concurrir en tanto se soslayen los elementos de admisibilidad de la prueba al momento inicial de la ritualidad probatoria, considerados en la doctrina como: i) Admisibilidad extrínseca o formal, referida al ofrecimiento oportuno y; ii) Admisibilidad intrínseca o sustancial, referida a la licitud de la prueba y al modo como fue obtenida. Nótese que en ambos casos no se trata aún de ponderar el contenido del material probatorio que hace al error de hecho, sino a otros aspectos formales y legales.
Por su parte, el error de hecho, conforme se tiene doctrinalmente admitido, constituye una operación racional fallida sobre el contenido del material probatorio,que incidirá en la obtención de una significación distinta a las que tales pruebas, en el marco de la lógica, la razón y la experiencia informan (sana crítica); ahora bien, para su determinación debe tenerse en cuenta que cuando la resolución materia del recurso de casación se apoya en un conjunto de medios de prueba que concurrieron todos a formar la convicción del tribunal, no basta para objetarla que se ataquen algunos de tales medios, suponiendo eficaz el ataque, si los que restan son suficientes para apoyar la solución a la que llegó aquel, tampoco es sustancial que se deje de considerar algunas pruebas si la Sentencia se funda en otras que no han sido atacadas.
a)En cuanto a la errónea apreciación de las literales de fs. 64 y 66 en relación a la existencia de dos Empresas distintas, afectándose la determinación de una relación continua e ininterrumpida; dice el recurrente que la actora tenía conocimiento de aquel aspecto y que prueba de ello constituyen las misivas corrientes en las fojas antes citadas.
Con tal antecedente, se tiene que el Tribunal de apelación confirmó adecuadamente la valoración probatoria realizada por la Juez de instancia en el estadio procesal de resolución de incidentes, habida cuenta que el argumento (traído incluso a casación) sobre la existencia de dos empleadores ya había sido resuelto en el Auto Interlocutorio de 25 de mayo de 2006, en el que tal aspecto fue desarrollado mediante excepción de impersonería, aplicándose del principio de preclusión previsto por el art. 3.e) del CPT, que no sólo cuida el orden sistemático del proceso, sino que impide el planteamiento de nuevas controversias ya resueltas y superadas de modo de que el proceso adopte una dirección circular sobre un mismo asunto.
Si bien en este punto los recurrentes arroganla eficacia de su planteamiento a las literales de fs. 64 y 66, el argumento que las respalda, carece de relevancia jurídica y procesal suficiente que pueda desestimar lo concluido en instancias precedentes, ya que un nuevo juicio sobre la base fáctica amparado en la revisión de aquellos documentos, debió inmiscuir un planteamiento no sólo vinculado a las declaraciones que ellas posean, sino -principalmente- a demostrar que la decisión, en este caso referida al valor demostrativo de esas literales, o bien fue valorada en oposición o alejamiento de los parámetros que componen el sistema de valoración de la prueba asumido por el CPT (véanse los arts.3 inc. j] y 158 del CPT), por cuanto, el controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica; en otras palabras: examinar cómo han gravitado y qué influencia han ejercido los medios de prueba en él a la hora de arribar a la decisión que ha consignado en la Sentencia o el Auto de Vista; aspectos que en lo que toca a autos no sucedió.
b) En cuanto a la existencia dehoras extraordinarias, conforme a lo dispuesto en Sentencia y ratificado por el Auto de Vista, donde se concluyó que la actora trabajo como mínimo nueve horas y media por día, con un día de descanso a la semana; que tomando en cuenta las declaraciones de los testigos Carla Herbas y María Adela Ortiz, además del libro de asistencia que presentó la parte demandada, ordenando se cancele una hora y media de trabajo extraordinario que prestó la actora en los restaurantes de La Paz y Santa Cruz, conforme al art. 55 de la LGT.
En este punto, el recurrente pretende desestimar aquella decisión, apoyado en la tacha opuesta contra los testigos AlenorPoloni y Moisés Corvera; en tal sentido, la Sala, hace eco de lo expresado en el anterior punto, pues un argumento lógico y procesalmente sustentable, no es presente en el recurso que se examina, ya que por un lado la decisión de horas extras no se basó en las deposiciones señaladas en este párrafo, sino en otras (como lo fueron, Carla Herbas y María Adela Ortiz), y por otro la consideración de validez de una testación tachada, no se limita a su formalidad, sino que necesariamente -dada la configuración del sistema probatorio- deberá adscribirse al o los razonamientos por los que la autoridad que juzga llegó a una determinada decisión, ya sea fundamentando cuál de los componentes de la sana crítica fueron transgredidos; o bien, que la secuencia de razonamientos expresados por el Juzgador, carezcan de razón suficiente, sean irrazonables, o conduzcan a un absurdo. Situaciones que como se desprende del memorial de recurso la parte demandada pasó por alto.
c)Por último, sobre el pago devacaciones fraccionadas correspondiente a 8 meses y 14 días; se plantea que el mismo no es viable en razón de que “la carta de renuncia presentada tiene plena eficacia probatoria y no se puede negar su contenido por apreciaciones extralegales al hallarse suscrita de puñu y letra por la demandante” (sic).
Así las cosas, la sala considera que sobre el particular son dos las cuestiones que requieren pronunciamiento. La primera referida a las determinaciones arribadas por los de instancia, en la que se concluyó que la Empresa demandada no demostró su cancelación de la última gestión demandada, conforme al art. 44 de la LGT, 3.h), 66, 150 del CPT que dispone que la carga de la prueba la tiene el empleador, al ser el poseedor de la documentación que cursa bajo su dependencia; correspondiendo en consecuencia su pago por duodécimas conforme se estableció en Sentencia, y lo reafirmó el Tribunal de apelación.Por otro lado, la base argumentativa, en su lado fáctico, posee varias imprecisiones, pues el recurrente refiere la existencia de un hecho (como lo es una supuesta falsedad en la nota de renuncia) que no es presente en las resoluciones de instancia, no pudiendo en tal circunstancia, la Sala emitir mayor criterio al respecto.
Bajo esos parámetros, se concluye que al no ser evidentes las infracciones denunciadas en el recurso de casación de fs. 289 a 292, interpuesto por Luís Mario OlguinZabalaga representante legal de Hugo Aldo Álvarez y Oscar Pozo Merlin, al carecer de sustento legal, no se observa violación de norma legal alguna, a efectos de casar o anular el Auto de Vista; correspondiendo en consecuencia resolver en el marco de las disposiciones legales contenidas en los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 289 a 292, interpuesto por Luis Mario Olguín Zabalaga, contra el Auto de Vista Nº 054/2011 de 14 de marzo, a fs. 283 a 285, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia en el Distrito Judicial de Cochabamba. Con costas.

References: Resolución 
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