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Timestamp: 2018-03-22 21:28:40+00:00

Document:
Si el jefe maltrata, la ART paga 21/03/2018
En Mendoza, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil once, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 98.015, caratulada: "MAPFRE ART S.A. en J° 17.073 B., M. C. c/Mapfre ART S.A. p/Accidente s/INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACIÓN".
De conformidad con lo establecido a fojas 62 y de acuerdo a las facultades conferidas por la Acordada N° 5845, en el acto del Acuerdo, quedó establecidoel siguiente nuevo orden de estudio y votación de la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal: primero Dr. Carlos BÖHM, segundo Dr. Herman A. SALVINI y tercero Dr. Pedro J. LLORENTE.
A fs. 23/28, el señor Mapfre A.R.T. S.A., por medio de representante, deduce recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casacióncontra la sentencia dictada en los autos N° 17.073, caratulados: "B., M. C. c/Mapfre A.R.T. S.A. p/Acc.", originarios de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.
A fs. 41, se admiten los recursos interpuestos y se ordena correr traslado de la demanda a la contraria, quien a fs. 46/53, contesta solicitando su rechazo con costas.
A fs. 57/58 y vta., corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone considera que deberechazarse el recurso de inconstitucionalidad incoado.
A fs. 61, se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 62 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido por el art. 160 <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
SEGUNDA: En su caso, qué solución corresponde?
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. BÖHM, dijo:
A fs. 23/27 vta., la Dra. Graciela F. de Gherzi, por la demandada Mapfre A.R.T. SA, interpone recursos de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia de fs. 242/251, y su resolución aclaratoria de fs. 254 por la Cuarta Cámara del Trabajo.
A fs. 41 se admiten formalmente los recursos deducidos y se ordena correr traslado por el término de ley.
I- Agravios:
a) El recurso de inconstitucionalidad:
La recurrente encuadra su planteo en los incs. 3 y 4 del art. 150 del CPC, alegando la arbitrariedad de la resolución impugnada, por resultar lesiva de su derecho de defensa, al apartarse groseramente de las constancias de autos, merituar deficientemente prueba fundamental incorporada al proceso y carecer de los requisitos y formar indispensables establecidos en la CN y en CPC.
Se agravia porque la sentenciante la condenó por la suma de $ 100.000 en concepto de prestaciones médicas, pero su parte entiende que no corresponde tal condena, en tanto no se ha probado que la actora esté en tratamiento psicológico o psiquiátrico en la actualidad, ni tampoco acompañó certificados médicos de especialista que la estén atendiendo.
Entiende que el Tribunal a quo no ha evaluado correctamente las pruebas existentes en autos, y ha omitido valorar algunas aportadas por la propia actora, como el certificado psíquico acompañado en la demanda.
Sostiene que tampoco se tuvo en cuenta que su parte recién tomó conocimiento de la patología que dice padecer la actora con la notificación de la demanda, por lo que mal pudo brindar anteriormente prestaciones médicas a la misma. Agrega que la actora tampoco concurrió a la Comisión Médica correspondiente, para que luego de un examen médico a través de expertos en la materia, pudieran determinar la naturaleza de la enfermedad y el porcentaje de incapacidad, en caso de corresponder.
Concluye que el tribunal de origen debió tener en cuenta que su parte no incumplió con ninguna normativa legal, ya que si el trabajador voluntariamente evade o saltea el mecanismo de determinación de incapacidad que prescribe el sistema de la ley 24.557 con el cuestionamiento a su constitucionalidad (arts. 8, 9 , 21 y 22 ), tiene como consecuencia lógica, la imposibilidad de exigir las prestaciones en especie -y también aquellas prestaciones de incapacidad temporaria previstas en la ley-, quedando únicamente habilitado para requrir las prestaciones dinerariasde incapacidad definitiva que consagra la fórmula legal, según el grado de incapacidad que el trabajador detente y sea debidamente acreditado mediante dictamen pericial judicial.
Indica que se hace referencia al certificacado médico acompañado por la actora del Dr. Héctor Cáceres, quien manifiesta que conocía a aquella desde el el 30-6-99 durante un cuadro de seria depresión y ansiedad, de lo que se puede concluir que la accionante ingresó a trabajar con un cuadro de ansiedad y depresión, lo que es corroborado por la pericia psiquiátrica de fs. 93/95 cuando la experta dice que la actora tiene predisponentes en la personalidad base.
Se queja porque para ascender a la cuantiosa suma de condena -relativa al tratamiento psíquico por un 36,30% de incapacidad-, solamente se tuvo en cuenta la pericial psicológica, sin ningún tipo de comparación o ponderación con otras pruebas concurrentes, contemplando con $ 100.000 el pago de casi 20 años de tratamiento. Agrega que la actora al momento de la pericia tenía 54 años, por lo que su parte debería asumir un tratamiento hasta los 74 años, es decir, sin considerar la edad de jubilación.
b) El recurso de casación:
La recurrente encuadra su planteo en los incs. 1 y 2 del art. 159 del CPC, solicitando la aplicación del art. 20 LRT.
Considera que se ha dejado de aplicar dicha norma legal, condenando a su mandante a abonar la suma $ 100.000 por prestaciones médicas, modificando sin fundamento alguno, los términos de la prestación a su cargo, ya que la propia actora había solicitado que la prestación se otorgara en especie, no en una prestación dineraria, como entendió el inferior.
Entiende que tal modificación del objeto de la prestación es improcedente e implica un daño cierto para su mandante, que se ve obligada a desembolsar una cuantiosa suma de dinero, cuya dudosa utilidad para la que lo destina el sentenciante es por completo improcedente.
Resalta que se encuentra acreditado en autos que ni la actora ni el empleador denunciaron ante Mapfre A.R.T. SA, por ello le fue imposible cumplir con las prestaciones en especie reclamadas.
Señala que la intención de la norma en cuestión es brindar asistencia médica durante el período de convalecencia y que otorgar una suma en pago único, tuerce y confunde el sentido de aquella, que es otorgar un tratamiento. Agrega que si la actora vive menos que la expectativa de vida determinada por el a quo, se estará produciendo un enriquecimiento sin causa para la misma, pero si vive más allá, se producirá un perjuicio para la accionante, quien deberá solventar las nuevas sesiones de su propio bolsillo, por ello la solución legal es más proporcional y ecuánime que el arbitrio de la sentenciante.
Observa que la condena es improcedente, porque no existe daño alguno para la actora, ya que, para el caso de que las prestaciones fueran realmente en especie, están a cargo de Mapfre A.R.T. SA, sean sesiones, rehabilitación, medicamentos, etc.
Indica que ante cualquier eventualidad, la LRT ha diseñado un Fondo Reserva, para el caso que una A.R.T. dejare de funcionar y entrase en liquidación, del cual se pagarán todas las prestaciones que dicha A.R.T. debiera, sean dinerarias o en especie (art. 34 LRT), por lo tanto, no puede invocarse una supuesta incertidumbre hacia el futuro, ya que la misma está expresamente prevista en el sistema de la LRT, asegurándose en todo momento que el trabajador accidentado reciba las prestaciones establecidas.
Se queja de la aplicación de intereses sobre el monto determinado en concepto de prestaciones en especie del art. 20 LRT, en tanto no existe mora alguna por parte de su mandante en el otorgamiento de las prestaciones en condena. Que la condena a Mapfre A.R.T. SA es por futuras prestaciones en especie que supuestamente le correspondería percibir a la actora. Que el hecho que estas prestaciones en especie se adelanten en un solo pago en forma directa al beneficiario, no implica que se deba aplicar sobre el monto estimado interés alguno, dado que no existe mora por parte de su mandante en el otorgamiento de tratamiento psiquiátrico que la actora requerirá dentro de varios años. Que esta aplicación de intereses surge de la confusión entre prestaciones dinerarias y prestaciones en especie establecida en autos.
Concluye que no habiéndose producido el supuesto que confiere al trabajador el derecho a percibir las prestaciones que fija la ley (denuncia ante la A.R.T. y dictamen de Comisión Médicaque declare la existencia de un accidente laboral o enfermedad profesional y fije un porcentual de incapacidad laborativa), su mandante sólo incurriría en situación de mora y devengarían intereses a favor de la actora una vez transcurridos 45 días de la fecha en que se notificara la sentencia judicial (que supliría el dictamen de la Comisión Médica Central o la resolución del juzgado federal competente en el esquema original de la LRT) y quedara firme y consentida la misma.
II- Lo resuelto por la Cámara del trabajo:
La resolución cuestionada, hizo lugar a la demanda incoada por M. C. B. en contra de Mapfre Argentina A.R.T. SA y en consecuencia condenó a esta última a abonar a la actora la suma de $ 161,745,14 con más sus intereses legales.
III- El dictamen de procuración:
A fs. 57/58 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General, aconsejando el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada.
En su opinión, si bien la entidad quejosa ha tachado de arbitraria a la resolución en crisis, no ha evidenciado, fehaciente ni suficientemente, la configuración concreta, acabada y certera de su planteo, sino que en realidad, discrepa o disiente, con las conclusiones a las que arribó la Cámara en su sentencia cuestionada, razonablemente fundada en las prubas rendidas, en derecho, doctrina y jurisprudencia.
Agrega que la sra. B., en su demanda, no reclamó que la A.R.T.leotorgara prestaciones en especie, sino que se la condenara a abonar "un monto...para su prestación en especie o...una suma de dinero" para cubrir "esas necesidades".
Por otro lado, los agravios basados en la no realización de denuncia y evasión al mecanismo de la LRT, son improcedentes, en razón de que la actual censurante consintió el auto dictado por la a quo, que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la LRT.
IV- La solución al caso particular:
Liminarmente, me anticipo a afirmar que en el caso, corresponde el tratamiento conjunto de los recursos interpuestos por la empresa accionada, lo que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí, y en atención a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica (LS 320- 217; 349-39; 347-193; 347-209; 345-154; 347-197 entre otros).
En primer lugar, la agraviada sostiene la improcedencia de la condena por la suma de $ 100.00 para satisfacer gastos médicos, ya que ello implica una mutación en el objeto de la prestación establecida por el art. 20 LRT. Ello así, desde que la actora había solicitado prestaciones en especie, pero el inferior las reemplazó por el pago de una suma de dinero.
En mi opinión, este motivo de censura es improcedente por resultar extemporáneo en esta instancia. Veamos.
Del análisis de las actuaciones surge que al interponer la demanda, la actora invocó haber sufrido graves daños psicofísicos, que iban a requerir importantes gastos médicos y tratamientos complementarios, cuyo costa era imposible establecer, dejando sujeta la determinación de su monto a las pericias, el cual debía incluirse "...como condena a la aseguradora para su prestación en especie o de lo contrario en una suma de dinero que cubra esas necesidades..." (ver fs. 29 de los principales).
Al contestar la demanda, la aseguradora rechazó la citación, alegando otros motivos, diversos a los planteados en esta oportunidad, siendo los mismos: * falta de legitimación pasiva, por falta de cobertura del contrato y falta de acción, por no haber seguido la actora el trámite previsto por los arts. 21 y 22 LRT(ver fs. 47/54 de los principales).
De la lectura del recurso interpuesto, surge que la censurante pretende en esta instancia introducir un argumento novedoso, consistente en que resulta improcedente reemplazar las prestaciones médicas del art. 20 LRT, por una suma de dinero.
En otras palabras, esgrime un argumento defensivo que no fue ventilado ante el a quo, dándole la oportunidad de expedirse al respecto.
Nótese a este respecto, que en su responde, la accionada no se opuso a que los gastos y tratamientos médicos y complementarios solicitados por la actora, fueran prestados en especie o en una suma de dinero que cubriera tales necesidades.
Por otra parte, la recurrente entiende que no ha quedado probado que la actora esté en tratamiento psicológico o psiquiátrico, lo que torna en improcedente la condena.
Sin embargo, la quejosa tampoco impugnó, en la oportunidad procesal correspondiente, la pericia psiquiátrica de fs. 93/95, la que, después de establecer que la enfermedad de la actora era psicosomática, y que uno de los elementos desencadenantes eran las tareas desarrolladas, aconsejó la necesidad de tratamiento psiquiátrico (farmacológico) psicoterapéutico (terapia cognitiva conductual) no menor a 1 veces por semana y costo promedio de $ 100 por sesión.
Es decir, que los agravios que hoy pretende introducir la quejosa en esta instancia extraordinaria, por medio de los recursos interpuestos, nunca pudieron ser válidamente tratados por el inferior, precisamente por no haber sido invocados en el momento procesal oportuno, habiéndosele agotado la facultad de hacerlo en virtud del principio de preclusión.
Tal como se ha resuelto por este Cuerpo, "La preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Se dice que hay preclusión en el sentido de que para hacerlo queda clausurada la etapa procesal respectiva" (LS 062-368, 335-73, 341-14).
Cabe destacar que, a la audiencia de vista de causa, compareció la profesional de la recurrente, sin efectuar ninguna manifestación al respecto (ver acta de fs. 192 de los principales), como así tampoco en los alegatos agregados a fs. 199 y vta.
En conclusión, el planteo en esta instancia resulta extemporáneo en virtud del principio de preclusión procesal, una de cuyas manifestaciones es la imposibilidad de actuar por haberse agotado el poder o facultad como consecuencia de una situación ya creada. De esta manera la preclusión se muestra como una limitación a la libre disposición del contenido formal del proceso por los sujetos del mismo, en cuanto impide el ejercicio de una actividad procesal (LS 178-468, 335-73, 341-14).
Queda claro, entonces que es improcedente introducir ante este Tribunal cuestiones que debieron ser ventiladas en la etapa de conocimiento, ello así atento el carácter revisor y restrictivo de esta instancia extraordinaria, que, ya sea realizando el control de legalidad, o el control técnico-jurídico de los fallos del inferior, sólo puede pronunciarse sobre las cuestiones que han sido planteadas oportunamente ante el tribunal de grado, dándosele la oportunidad de emitir un pronunciamiento válido sobre las mismas (LS 348-52, 402-83, 410-36, 411-38).
Tampoco la censura resulta viable desde que la quejosa no ha procedido a rebatir debidamente los argumentos esenciales, decisivos y centrales de la sentencia puesta en crisis, siendo los mismos: a) la pericia médica psiquiátrica demostró que el estresor detonante de la actora fue por causa laboral, b) la prueba testimonial demostró que la actora se encontraba sometida a grandes presiones y hostigamiento por parte de sus superiores, c) la actora transitó por una continua y difícil adaptación en su cometido laboral, sobrecargada de trabajo con requerimientos de máxima exigencia, con excesivo grupo de personas a su cargo, manejo de dinero y sometida a continuas exigencias por sus superiores, experimentando un gran desgaste psico-físico, d) el trabajo actuó como un factor concausal de la enfermedad de la actora, no verificándose ningún supuesto de exclusión de cobertura, según art. 6.3 LRT, e) la patología de la actora era resarcible en el sistema previsto por la LRT.
Ya esta Corte ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que el escrito recursivo debe contener una crítica seria, razonada y prolija de la sentencia impugnada (LA 109-7, 82-1, 90-472, 85-433, 97-372). Ello es así toda vez que el escrito de interposición del recurso extraordinario, tiene análogas exigencias que las requeridas para la expresión de agravios en la segunda instancia, particularmente acentuadas incluso, en razón de la naturaleza excepcional de la vía. Consecuentemente, debe contener una crítica razonada de la sentencia, con desarrollo expreso de los motivos de impugnación contra la totalidad de los elementos de igual rango que sustentan el decisorio recurrido. Por lo mismo, la ausencia de impugnación de las conclusiones principales del acto sentencial o de sus fundamentos autónomos con eficacia decisoria, obsta a la procedencia de la vía excepcional (arts. 145 , 152 y nota, 161 , Código Procesal Civil) (LA 85-433, 90-374, 97-372, 109-7, 151-471, 169-85 170-204, 172-163).
Aplicando estos principios al sub lite, se observa que los remedios extraordinarios intentados, adolecen de falta de autoabastecimiento argumental suficiente y sustentable, que obsta su abordaje por este Cuerpo, atento la excepcionalidad de la vía intentada.
En cuanto al agravio que sostiene que la actora no siguió el trámite previsto por los arts. 21 y 22 LRT para la determinación de la incapacidad, a mi entender, deviene abstracto, no sólo por haber consentido el auto de fs. 62/63, que declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso, de los arts. 21, 22 y 46 LRT, sino también, porque este Cuerpo se ha expedido en forma reiterada y pacífica a favor de la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión (LS 322-177, 335-13, 335-128, 336-195, 338-107, 338-121, 340-212, 342-100, 342-220, 343-36, 348-10, entre otros).
Por último, entiendo que resulta procedente el motivo de censura que cuestiona el momento a partir del cual debieron computarse los intereses.
La atenta lectura de la queja interpuesta me persuade que, el agravio concreto consiste en que, al no haber existido intervención de las comisiones médicas ni denuncia del siniestro al empleador, los intereses no deben ser computados a partir de la fecha del certificado particular presentado por la actora -4/04/06-, sino una vez trascurridos 45 días de la fecha en que se notificara la sentencia judicial y quedara firme y consentida la misma.
Entiendo que la solución a los presentes debe ser hallada a la luz de lo resuelto por este tribunal in re N 95.117 "Boston Cía. Arg. de Seguros SA en j: 34.469 "Drodzd, Fabián c/ Pride International SRL p/ enf. acc." s/ cas." (LS 410-195), donde expresamente se abordó la temática atinente al momento a partir del cual deben ser computados los intereses.
En dicha causa se efectuaron las siguientes consideraciones:"...Así, in re n° 94.325 "Provincia A.R.T. SA en j: 15.730 "Sosa, Edmundo c/ Provincia A.R.T. SA" s/ inc. cas." (LS 405-48), se dijo: "...esta Sala, tiene sentado criterio al respecto, trayendo a colación, entre numerosísimos precedentes, lo resuelto in re"C.N.A. ART SA en j: Maravilla..." (LS 315-69), "Liberty ART SA en J: Echegaray..." (LS 335-128),"Asociart en j: Moya..." (336-223), "Orellana en j: Orellana..." (LS 338-96), "Mapfre en j: Anzorena..." (LS 338-239) y "La Caja en j: Letard..." (LS 339-196), "Liberty ART SA en j: Salinas..." (LS340-212), en donde se citaron las conclusiones vertidas in re "La Caja ART SA en j: Oyola...", las cuales brindan pautas orientativas para la solución del presente caso".
"Allí se dijo en lo pertinente: "...en orden al momento en que se debe tomar para el cálculo de los intereses, el recurrente entiende que se debe tomar desde el momento de la sentencia, ya que las obligaciones dinerarias se deben de pleno derecho, transcurrido los treinta días corridos desde que la prestación debió ser abonada o el capital depositado, de conformidad con el contenido de la resolución 414/99 y cuya vigencia no ha sido cuestionada".
"La sentencia ha establecido como momento inicial, teniendo en cuenta que ha definido la existencia de un accidente de trabajo en sentido estricto, desde la fecha del accidente".
"En cambio, la ley <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />24.557 ha introducido un complejo sistema de determinación de incapacidades y de prestaciones debidas en diferentes momentos que nos impide dar una regla general al respecto. Baste como ejemplo que el art. 44 en forma genérica establece como término a quo el momento en que la prestación es debida. Ahora bien, hay prestaciones provisorias, hay prestaciones definitivas, hay prestaciones permanentes periódicas, hay incapacidades parciales y totales, hay incapacidades permanentes".
"En el sub lite, la plataforma fáctica de la sentencia ha definido la existencia de un accidente de trabajo, que ha tenido una incapacidad parcial y permanente del 15% y cuya reparación debe hacerse por el de prestación única, de conformidad con los lineamientos trazados en el art. 14(ref:LEG861.149 de la ley 24.557".
"El punto a resolver es desde cuándo la ART entra en mora y se le hace exigible la obligación, ya que precisamente el organismo técnico pertinente se había pronunciado por la improcedencia de la reparación. No obstante ello el fallo judicial no comparte estas conclusiones y en base al dictamen pericial, se inclina por el último criterio y no por el primero. Entonces, obtenida la nulidad del dictamen de la Comisión Médica, el juez prefiere el criterio sustentado por la pericia. Ahora bien, la pericia viene a sustituir en criterio al dictamen de la Comisión y esa es la fecha en la que debió determinarse la incapacidad".
"Por tanto, en punto al momento inicial para el cálculo de intereses no debe ser computado desde la fecha del accidente, ni desde la fecha de la sentencia, ni de la pericia, sino desde la fecha en que se expidió la Comisión Médica, que es la que hubiera correspondido si el dictamen de la Comisión se hubiera ajustado a derecho. En tal sentido corresponde la admisión parcial del recurso y por el último de los agravios analizados. Por otra parte es el momento más similar al que se venía sustentando en legislaciones anteriores, o sea la determinación de la incapacidad por parte del órgano médico pertinente...".
"Del análisis de las actuaciones surge que, ciertamente, tal como afirma la recurrente en su queja, no hubo intervención de las Comisiones Médicas, ni tampoco denuncia del siniestro a la parte empleadora".
"Al respecto, en la causa n° 85.455 "Asociart A.R.T. SA en j: 10.958 Caserío, Oscar E. c/ Transporte El Plumerillo SA y ots. p/ accidente s/ inc. cas." (LS 369-112), se dijo: "...Por otra parte, y en lo referente al agravio expuesto a fs. 14 vta. del recurso, considero que no le asiste razón al quejoso cuando afirma que los intereses deben computarse desde la fecha de la pericia médica (4 de julio de 2002), porque en autos no existe certificado médico de incapacidad".
"En efecto, si bien el actor ha tomado conocimiento de su incapacidad a la fecha del certificado médico de fs. 24 y vta., la aseguradora ha tomado conocimiento cierto de ello cuando aquél ha promovido la demanda a fin de realizar los reclamos indemnizatorios que le han ocasionado, por lo que la actora recurrente se encuentra en mora desde el día 28 de julio de 2000, según cargo de fs. 19 de los autos principales".
"Por lo tanto, es la fecha de la demanda la data mencionada que determinan el dies a-quo para el cómputo de los intereses moratorios y no la fecha de la pericia médica como propone el recurrente. Esta última prueba establece el grado o porcentaje de incapacidad del actor, de acuerdo a los certificados médicos que consigna a fs. 101, -entre otras cuestiones- pero Asociart A.R.T. SA ha tomado conocimiento de la incapacidad del actor con antelación...".
"Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones efectuadas en los precedentes traídos a colación, y teniendo en cuenta las particularidades del caso, la conclusión del inferior, en elsentido de proceder al cómputo de los intereses a partir del 29/08/02 -fecha del certificado médico del Dr. Rubotti, obrante a fs. 2/6 vta. de los principales-, aparece como errada".
"Ello así, toda vez que, al no haber existido en la causa, intervención de las Comisiones Médicas, como así tampoco denuncia del siniestro a la parte empleadora, la única forma en que la aseguradora -hoy recurrente-, pudo tomar conocimiento de la incapacidad del actor, fue con la notificación del traslado de la demanda, lo que se produjo el 17/05/04 (ver fs. 154/155 vta.), siendo éste el momento a partir del cual deben ser computados los intereses".
En el caso traído a resolución en esta oportunidad, entiendo que las conclusiones citadas ut supra resultan plenamente aplicables, desde que tampoco hubo intervención de las Comisiones Médicas, ni denuncia del siniestro a la parte empleadora. Por lo tanto, resultó errado por parte del inferior, la imposición de los intereses a partir de la fecha del certificado obrante a fs. 5 y vta. -4/04/06-, toda vez que la recurrente sólo tomó conocimiento de la incapacidad de la actora con la notificación del traslado de demanda, el 7/12/06 (ver fs. 38 de los principales), siendo éste el momento a partir del cual deben correr los intereses.
Finalmente, considero atinado efectuar la siguiente aclaración en punto a los intereses, atento lo resuelto en la causa n°93.319 "Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en j. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/OSEP p/ejec.sentencia s/ inc. cas." (LS 401-215).
Allí se resolvió: "...1) La Ley 7198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios. 2) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.). 3) Los jueces tienen la obligación de verificar si en cada caso en concreto la tasa activa que ordenen aplicar resulta razonable y conlleva un resarcimiento legítimo y justo. 4) La tasa de interés fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente plenario, lo que no impide que, en cada caso particular, se verifique si en concreto la tasa pasiva resultaba inconstitucional, pudiendo el sentenciante así declararlo..." (criterio reiterado en LS 402-148, 402-219, 403-198, 403-210, 404-68, 405-4, 405-10).
Es decir, el mismo plenario en cuestión establece que la tasa de interés allí establecida debe ser aplicada a partir de la fecha del dictado del mismo, esto es, 28/05/09, y la sentencia fue dictada con posterioridad, el 04/11/09, siendo obligatorio para el inferior observar lo dispuesto en aquel, atento lo establecido expresamente por el art. 149 CPC.
Según dicha norma: "La doctrina de la Corte será obligada para las Salas, Cámaras de Apelaciones y Jueces, mientras la propia Corte no la modificare y no exista interpretación de la Corte Nacional, tratándose de materia de la competencia de ésta".
Interpretando la normativa procesal en cuestión, se ha dicho que el plenario no es una ley que rija para el futuro, sino que se trata de la interpretación de una norma jurídica realizada por todos los componentes del tribunal y en principio, de aplicación a todos los juicios que se encuentran en trámite, es decir que no tengan sentencia firme (LS 152-67) y que los fallos plenarios de esta Corte, son los únicos que pueden ser considerados de aplicación obligatoria (LS 157-322).
Tal es el caso de autos, ya que el plenario Aguirre, según dije ut supra, fue dictado mientras el proceso se encontraba aún en trámite, siendo obligatoria su aplicación para el inferior, en virtud de las consideraciones ya efectuadas.
A fin de evitar posibles confusiones, sólo diré que, a modo de complemento y aclaración de la resolución impugnada en tal aspecto, deberá tenerse presente lo resuelto en el plenario citado, y por lo tanto, la tasa de interés a aplicar será la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).
Por lo tanto, y si mi opinión es compartida por mis distinguidos colegas de Sala, se impone la admisión parcial de los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados, sólo en lo atinente al momento a partir del cual deben ser computados los intereses. ASI VOTO.
Sobre la misma cuestión el Dr. SALVINI, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede.
SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. BÖHM, dijo:
Atento como ha sido resuelta la primera cuestión corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos por la aseguradora Mapfre A.R.T. S.A., sólo en lo atinente al momento a partir del cual deben ser computados los intereses.
Conforme a ello deberán revocarse los considerandos de la Segunda Cuestión de la sentencia dictada a fs. 242/251 de los principalesy su resolución aclaratoria de fs. 254, atinentes a los intereses, donde quedará establecido que los mismos deben liquidarse desde el 7/12/06, fecha en que la aseguradora tomó conocimiento de la incapacidad de la actora mediante la notificación del traslado de la demanda, y hasta el momento de su efectivo pago, aplicando la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.). ASI VOTO.
Sobre la misma cuestión el Dr. SALVINI, adhiere al voto que antecede.
SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. BÖHM, dijo:
Atento al resulta a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida en lo que se rechazay a la recurrida en lo que prospera (arts. 148 y 36 inc. I del CPC). ASI VOTO.
Sobre la misma cuestión el Dr. SALVINI adhiere alvoto que antecede.
Mendoza, 30 de marzo 2011.
I) Admitir parcialmentelos recursos de inconstitucionalidad y casación planteados a fs. 23/27 vta. por Mapfre A.R.T. SA, en consecuencia los considerandos de la Segunda Cuestión, de la sentencia de fs. 242/251 de los principales, y su resolución aclaratoria de fs. 254, atinentes a los intereses, deberán ser revocados quedando establecido que los mismos deben liquidarse desde el 7/12/06, fecha en que la aseguradora tomó conocimiento de la incapacidad del actor mediante la notificación del traslado de la demanda, y hasta el momento de su efectivo pago, aplicando la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).
II) Imponer las costas a la recurrente vencida en lo que se rechazay a la recurrida en lo que prospera (arts. 148 y 36 inc. I del CPC).
IV) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
V) Líbrese cheque por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 534), con imputación a las boletas de depósito obrantes a fs. 1 y 2, a favor del recurrente.
CONSTANCIA:Que la presente resolución no es suscripta porDr. Pedro Jorge LLORENTE, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.).-
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