Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-8-3-l-p-4-u-15356734
Timestamp: 2019-09-15 13:55:46+00:00

Document:
STC 78/1991, 15 de Abril de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 15356734
STC 78/1991, 15 de Abril de 1991
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 712/1988
1. El recurso de amparo frente a vulneraciones de derechos imputadas a resoluciones o actos administrativos sólo es viable cuando tales tachas han sido previamente examinadas por la jurisdicción ordinaria. 2. Las declaraciones que sobre la recurribilidad de sus actos hacen las Administraciones Públicas no son indiscutibles y no cabe, por consiguiente, privar del beneficio que abre el art. 8.3 de la Ley jurisdiccional al recurrente que, de buena fe, acude a interponer su recurso ante órgano distinto de aquel que se le designó como competente en la resolución frente a la que se alza, por más que dicha designación se demuestre después como acertada. 3. La instrucción de recursos que ha de hacer la Administración (art. 79.2 L.P.A.) no se da sólo en favor del interés individual de quien pueda recurrir, sino que está al servicio, también, del interés institucional en la correcta iniciación y tramitación de los procesos. 4. Esencial para el respeto al derecho a la tutela judicial es una interpretación de las normas que rigen el acceso a los Tribunales del modo más favorable para la acción (principio «pro actione») y no de tal manera que la obtención de una resolución sobre el fondo sea dificultada u obstaculizada con interpretaciones rigoristas o indebidamente restrictivas de aquellas normas procesales.
Sentencia citada en: 155 sentencias, 9 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 712/88 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Carretero Gutiérrez, en nombre y representación de doña Milagros C. D. asistida del Letrado don Antonio Seoane García, contra la Sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres de 25 de marzo de 1988, así como contra la Resoluciones de la Dirección Provincial de Trabajo de Cáceres y de la Dirección General de Trabajo por las que se autorizó el traslado del lugar de trabajo de la recurrente. Han sido partes el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y la Caja Rural Provincial de Cáceres, representada por el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona y asistida del Letrado don Angel Herreros Sánchez. Ha sido Ponente el Presidente de la Sala, don Francisco T. y V. quien expresa el parecer de la misma.
1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 19 de abril de 1988, doña Milagros C. D. solicitó la designación de Procurador del turno de oficio para interponer recurso de amparo. Efectuada la correspondiente designación, por escrito presentado el 29 de junio de 1988, la Procuradora doña María Teresa Carretero Gutiérrez formuló la demanda de amparo con base en los siguientes hechos:
a) Por Resolución de 24 de marzo de 1984, el Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres autorizó a la Caja Rural Provincial de Cáceres a trasladar a la trabajadora doña Milagros C. D. hoy recurrente de amparo, de la sucursal en la que prestaba servicio, sita en la localidad de Jarandilla de la Vera, a la de Montehermoso. Formulado recurso de alzada ante la Dirección General de Trabajo, fue desestimado en Resolución de 2 de agosto de 1984. En la información de recursos de dicha resolución se hacía constar que la misma agotaba la vía administrativa y que cabía interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Cáceres en el plazo de dos meses.
1. La representación actora fundamenta su recurso tanto en la denegación de tutela judicial que imputa a la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres como en la indefensión y discriminación que le habrían deparado los actos administrativos entonces impugnados, pero es lo cierto que estas últimas quejas no podrían ser, en ningún caso, examinadas en la presente Sentencia, como con razón han puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de la Caja Rural Provincial de Cáceres. El recurso de amparo frente a vulneraciones de derechos imputadas a resoluciones o actos administrativos sólo es viable, en defecto, cuando tales tachas han sido previamente examinadas por la jurisdicción ordinaria (art. 43.1 de la LOTC), examen que aquí, como es notorio, no llegó a producirse, fuera ello debido a un irregular comportamiento procesal de la actora o, como ella aduce, a la denegación de la debida tutela judicial por el Tribunal a quo, supuesto, este último, en el que, como es claro, nuestra Sentencia estimatoria podría dar lugar a la fiscalización judicial de la actuación administrativa que ahora falta. Lo que constituye el objeto de esta Sentencia es tan solo, por lo tanto, la determinación de si la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de doña Milagros C. D. conculcó o no el derecho de la actora a obtener una tutela judicial efectiva, sin indefensión, por parte de la Sala de la Audiencia de Cáceres.
1.° Reconocer el derecho de doña Milagros C. D. a la tutela judicial efectiva.
2.° Declarar la nulidad de la Sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres de 25 de marzo de 1988 y retrotraer las actuaciones al momento de la admisión del recurso, para que se siga ante ella el curso de los autos.
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Coria por la que se deniega la inscripción de un exceso de cabida.
SAP Madrid, 27 de Julio de 2001

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