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Timestamp: 2020-05-25 07:07:19+00:00

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Registro Oficial No.1008-Viernes 19 de Mayo de 2017 Suplemento
Última modificación: Viernes, 30 de junio de 2017 | 15:55
Viernes, 19 de Mayo de 2017 (R. O. SP 1008, 19-mayo-2017)
-LEY ORGÁNICAREFORMATORIA A LAS LEYES QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO
002-FGE-2017
Confórmese la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Oficio No. PAN-GR-2017-0547
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el ?PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LAS LEYES QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO?.
f.) GABRIEL RIVADENEIRA BURBANO
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió en primer debate el ?PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LAS LEYES QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO" el 7 de julio de 2016; y lo discutió y aprobó en segundo debate, el 25 de abril y el 4 de mayo de 2017.
Que, el artículo 225 de la Constitución de la República determina cómo está conformado el sector público;
Que, las Enmiendas a varios artículos de la Constitución de la República se publicaron en el Suplemento del Registro Oficial No. 653 de 21 de diciembre de 2015;
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República, una vez incluida la Enmienda constitucional, establece que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público; que los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables; que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores; y que, la remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia;
Que, el numeral 16 del artículo 326 de la Constitución de la República, luego de la Enmienda constitucional, prescribe que en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales y demás servidores públicos, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública; que bajo este régimen, las servidoras y servidores públicos tendrán derecho a la organización para la defensa de sus derechos y la mejora en la prestación de servicios públicos, y a la huelga de conformidad con la Constitución y la ley; y que, en virtud de que el Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés general, sólo habrá contratación colectiva para el sector privado;
Que, el numeral 10 del artículo 326 de la Constitución de la República dispone que se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y la formulación de acuerdos;
Que, el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones; y señala que la ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios; y,
Que, es necesario reformar las leyes que rigen el sector público a fin de garantizar la aplicación de las Enmiendas constitucionales respecto del talento humano que presta sus servicios en las instituciones del Estado; y,
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LAS LEYES
QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO
Art. 1.- Suprímase el segundo inciso del artículo 4.
Art. 2.- A continuación del artículo 4, agréguense los siguientes artículos innumerados:
?Art....- Protección judicial y administrativa.- Las y los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a las y los servidores públicos oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.
Art.?- Aplicación favorable a la o al servidor público.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones de esta Ley, las y los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a las y los servidores públicos.?
Art. 3.- En el artículo 23, sustitúyase el literal f) por el siguiente: ?f) Organizarse y designar sus directivas;?
Art. 4.- En el artículo 24, agréguese el siguiente literal: ?n) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga declarada de conformidad con las causales, requisitos, procedimiento y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta Ley.?
Art. 5.- En el artículo 33, sustitúyase el inciso cuarto por el siguiente: ?La autoridad nominadora deberá conceder permiso con remuneración a los directivos de las organizaciones de servidores públicos de la institución, legalmente constituidas, de conformidad al plan de trabajo presentado a la autoridad institucional.?
Art. 6.- A continuación del artículo 43, agréguese el siguiente artículo innumerado:
?Art....- Destino de las multas.- El cien por ciento de la sanción pecuniaria administrativa o multa que se imponga a una o un servidor público de una institución será transferido al correspondiente comité de servidoras y servidores públicos, monto del cual el cincuenta por ciento será destinado para fines de capacitación de los mismos. El otro cincuenta por ciento cubrirá los gastos de la organización.?
Art. 7.- Sustitúyase el artículo 44 por el siguiente:
?Art. 44.- Sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual el Ministerio del Trabajo determinará el cometimiento o no de las faltas administrativas graves establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o un servidor de una institución pública e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Su procedimiento se normará a través del Acuerdo que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.
El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, con la participación de las partes involucradas, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor público.
Si el Ministerio del Trabajo establece responsabilidades administrativas impondrá a la servidora o al servidor sumariado las sanciones señaladas en la presente Ley. De encontrar elementos que puedan conllevar una ulterior determinación de responsabilidades civiles o penales, correrá traslado a la Contraloría General del Estado o a los órganos jurisdiccionales competentes, según corresponda.?
Art. 8.- En el literal e) del artículo 51 sustitúyase la frase: ?servidoras, servidores, obreras y obreros?, por: ?servidoras y servidores?.
Art. 9.- En el primer inciso del artículo 118, sustitúyase la frase: ?servidoras, servidores y trabajadores?, por: ?servidoras y servidores?.
Art. 10.- En la Disposición General Décimo Octava, suprímase el siguiente texto: ?Obrera/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, bajo el régimen del Código de Trabajo.?
Art. 11.- A continuación del Título III ?Del Régimen Interno de Administración del Talento Humano?, agréguese el siguiente Título innumerado:
?Título ...
DEL DERECHO DE ORGANIZACIÓN Y LA HUELGA
DE LA ORGANIZACIÓN DE SERVIDORAS Y
Art?.- Derecho de organización.- Las y los servidores públicos, sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a organizarse para la defensa de sus derechos, para la mejora en la prestación de los servicios públicos, así como para el ejercicio del derecho de huelga, con observancia de lo dispuesto en la Constitución de la República y esta Ley.
Se prohíbe toda clase de actos tendientes a coartar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de organización de las y los servidores públicos.
Se excluye de este derecho a los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; así como a las autoridades de elección popular, autoridades nominadoras de las instituciones del Estado, servidoras y servidores públicos que ejerzan funciones con nombramiento a período fijo por mandato legal, servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, miembros de cuerpos colegiados y servidoras y servidores bajo contrato de servicios ocasionales.
Art?.- Protección a organizaciones de servidores públicos.- Las organizaciones de las y los servidores públicos gozarán de independencia respecto de las autoridades públicas en su administración y funcionamiento. Se prohíbe todo acto de injerencia de una autoridad pública en la constitución de las mismas, con excepción de su registro y el de las directivas de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y esta Ley.
Las organizaciones de las y los servidores públicos podrán ser disueltas exclusivamente por sentencia judicial.
Art?.- Derechos de las y los servidores públicos en el ejercicio de la libertad de organización.- Las y los servidores públicos en ejercicio de la libertad de organización tienen los siguientes derechos:
Participar en la constitución de organizaciones y en su disolución de acuerdo con la Constitución de la República y esta Ley;
Afiliarse a una organización o retirarse de ésta, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República y en esta Ley;
Elegir a los miembros de la directiva de la organización y ser elegidos como tales; y,
Participar en las actividades de la organización, conforme lo dispuesto en esta Ley.
Art?.- Garantía contra discriminación.- Se prohíbe todo acto de discriminación en contra de las y los servidores públicos relacionado con su trabajo debido al ejercicio de su derecho de organización. En especial, se prohíbe sujetar el trabajo de la o del servidor público a la condición de que no se afilie a la organización de servidores públicos o a que deje de ser miembro de ella; y cesar definitivamente en sus funciones al servidor público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de su afiliación a la organización de servidores públicos o por su participación en las actividades normales de tal organización.
Art?.- Comité de las y los servidores públicos.- En atención a lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 326 de la Constitución de la República, para el ejercicio del derecho de organización para la defensa de sus derechos, para la mejora en la prestación de los servicios públicos y a la huelga, las y los servidores públicos estarán representados por un comité cuyas afiliadas y afiliados representen al menos la mitad más uno de todas las y los servidores de la misma institución.
Art?.- Directiva.- La directiva del comité de las y los servidores públicos será elegida por sus miembros, mediante votaciones universales, directas y secretas. La directiva se integrará de conformidad con lo previsto en sus respectivos estatutos, en los que se establecerán mecanismos democráticos e inclusivos que garanticen la representatividad de todas las y los servidores públicos y de las y los servidores públicos que integren grupos de atención prioritaria, así como la representación de acuerdo a políticas de género.
La directiva deberá estar integrada únicamente por servidoras y servidores públicos de carrera de una misma institución, y que se encuentren afiliados al comité.
Art?.- Atribuciones del comité.- El comité de las y los servidores públicos tendrá las siguientes atribuciones:
Intervenir en los procedimientos de diálogo social, resolución de conflictos derivados del mismo, así como en la declaratoria de huelga, en los términos establecidos en la Constitución de la República y esta Ley;
Velar por el cumplimiento de la normativa laboral; 3. Informar y rendir cuentas de sus actuaciones a las y los servidores públicos;
Colaborar con la mejora e innovación en la gestión institucional;
Declarar la huelga de conformidad con la Constitución de la República y esta Ley; y,
Todas las demás que le corresponda de acuerdo a la Constitución de la República y esta Ley.
Art?.- Obligaciones de los dirigentes del comité.- Los dirigentes del comité de las y los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones:
Informar y rendir cuentas a las y los servidores públicos de la respectiva institución sobre el ejercicio de sus funciones de representación y, particularmente, de los resultados del diálogo social con la parte empleadora;
Rendir cuentas anualmente sobre las fuentes de financiación y el buen uso de los fondos del comité; y,
Hacer un uso responsable de los permisos concedidos para el ejercicio de sus funciones de representación, conforme lo establecido en esta Ley.
Art?.- Procedimiento de constitución.- Las y los servidores públicos que promuevan la constitución del comité, sin formalidad previa, celebrarán la junta constitutiva en la cual suscribirán la respectiva acta de constitución, que contendrá al menos la siguiente información:
El lugar y la fecha de la junta;
La declaración expresa de la decisión de conformar el comité de las y los servidores públicos;
La denominación del comité con indicación expresa de la institución pública a la que pertenece;
La nómina de las y los servidores públicos promotores, la institución en la que prestan sus servicios y el número de su documento de identidad, acompañados de su firma autógrafa o la impresión de la huella dactilar de quienes no sepan firmar; y,
La nómina de la directiva provisional.
Art?.- Contenido mínimo de los estatutos.- Los estatutos del comité de las y los servidores públicos deberán contener al menos la siguiente información:
El nombre de la organización, que no podrá coincidir ni inducir a confusión con la denominación de otra legalmente registrada ante el Ministerio del Trabajo;
El domicilio del comité, con indicación expresa de la institución pública a la que pertenece;
La forma de elección y remoción democrática de las y los miembros de sus órganos de dirección, administración y supervisión;
Los procedimientos participativos de modificación del contenido de los estatutos;
Los procedimientos de disolución voluntaria del comité;
Los procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de servidora o servidor afiliado al comité, así como el procedimiento de desafiliación; y,
Sus fuentes de financiación y los procedimientos de manejo de los recursos económicos del comité, que deberán ser de conocimiento público.
Art?.- Financiamiento.- Los mecanismos de aportación para el financiamiento del comité de las y los servidores públicos podrán ser de hasta el uno por ciento (1%) de la correspondiente remuneración mensual unificada de las y los servidores públicos, afiliados al comité y que hayan autorizado expresamente ese descuento, monto que se destinará prioritariamente a la capacitación de los mismos.
Se prohíbe que las sedes sociales de los comités de las y los servidores públicos se financien con recursos públicos.
Art?.- Trámite de registro.- La constitución del comité se registrará ante el Ministerio del Trabajo, adjuntando para el efecto el acta constitutiva y los respectivos estatutos, al igual que su correspondiente directiva provisional.
Lo señalado en el inciso anterior no obsta la protección establecida en esta Ley, a la que tienen derecho los dirigentes del comité, desde el momento de su constitución.
DEL DERECHO DE ORGANIZACIÓN PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PARA LA MEJORA
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Art?.- Diálogo social.- En atención a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 326 de la Constitución de la República, se establece el mecanismo del diálogo social a través del cual el comité de las y los servidores públicos y la máxima autoridad de la respectiva institución pública o la persona que esta designe en su representación, podrán tratar temas relacionados a las siguientes materias:
Programas de formación y capacitación técnica hacia la excelencia;
Condiciones tendientes a mejorar el clima laboral y el entorno de trabajo;
Seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales; y,
Políticas institucionales de inclusión laboral a grupos vulnerables y de atención prioritaria, tales como personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, así como migrantes retornados y temas de equidad de género.
Art?.- Procedimiento del diálogo social.- El comité de las y los servidores públicos comunicará a la máxima autoridad de la institución pública respectiva su intención de dar inicio a un proceso de diálogo social, informando de este particular al Ministerio del Trabajo.
La máxima autoridad de la institución pública convocará al comité de las y los servidores públicos en el término de cuarenta y ocho (48) horas de recibida la comunicación, señalando el lugar y la fecha en la que se desarrollará la primera sesión del diálogo social.
El diálogo social se llevará a cabo dentro de un tiempo no mayor a treinta (30) días, en distintas sesiones de trabajo conforme las acuerden las partes. Salvo circunstancias excepcionales, de manera motivada y por acuerdo entre las partes, se podrá ampliar dicho plazo por quince (15) días más.
Las partes están obligadas a levantar un acta de cada sesión, en la que deberán hacer constar los puntos tratados en la misma.
El resultado del diálogo social se hará constar por escrito en un informe, mismo que deberá comunicarse al Ministerio de Trabajo en el término de cinco (5) días contados a partir de su suscripción.
Art?.- Controversias.- Las controversias derivadas de la falta de aplicación o cumplimiento de los resultados del diálogo social, por parte de las autoridades de las instituciones públicas, serán sometidas al mecanismo de mediación obligatoria y, de no llegarse a una solución en esta etapa, el asunto será puesto en conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para su resolución.
Art?.- Seguimiento y control.- El Ministerio del Trabajo ejercerá las acciones de control necesarias para el seguimiento del cumplimiento de los resultados del diálogo social alcanzados. 6
Art?.- Derecho de huelga.- Se reconoce a las y los servidores públicos de las instituciones del Estado en las que no se encuentre prohibida la paralización de los servicios públicos, el derecho de huelga, en cumplimiento de lo señalado en la Constitución de la República y esta Ley.
Art?.- Prohibición de paralización de los servicios públicos.- De conformidad con el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República, se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos de salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. Esta prohibición de paralización incluye los servicios administrativos.
Art?.- Sujeto legitimado.- Dentro de los límites constitucionales y legales, estará legitimado para declarar la huelga el comité de las y los servidores públicos, por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art?.- Causales de huelga.- La huelga se podrá declarar únicamente en los siguientes casos:
Cuando la institución del Estado incurra en intermediación laboral y tercerización, prohibidas por la Constitución de la República y la ley;
Cuando se aplique la figura de contratación por horas, prohibida por la Constitución de la República;
Cuando se pretenda la privatización de servicios públicos prohibida por la Constitución de la República y la ley;
Cuando la autoridad empleadora incurra en desacato en aquellos casos de cesación ineficaz declarada de conformidad con la ley;
Cuando el respectivo conflicto colectivo no llegue a solucionarse en la etapa de mediación obligatoria; y,
Por falta de pago de la remuneración mensual unificada por más de tres meses consecutivos.
Art?.- Declaratoria de la huelga.- Para la declaratoria de la huelga se deberá haber sometido de manera obligatoria y previa, el respectivo conflicto al mecanismo de mediación; luego de lo cual, y en caso de no haberse llegado a una solución del conflicto, la huelga podrá ser declarada por el comité de las y los servidores públicos mediante notificación a la máxima autoridad de la institución del Estado y al Ministerio del Trabajo. No obstante, procederá la suspensión de labores únicamente después de veinte (20) días de declarada la huelga.
Art?.- Servicios mínimos.- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida por la institución del Estado la notificación con la declaratoria de la huelga, las partes deberán convenir la modalidad de la prestación de los servicios mínimos que deberán mantenerse mientras dure la huelga con la permanencia en el trabajo de un número de servidoras y servidores no inferior al porcentaje de la nómina que para el efecto establezca el Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo Ministerial, a fin de atender las necesidades imprescindibles de los usuarios y beneficiarios de los servicios públicos y precautelar las instalaciones, activos y bienes de la institución del Estado.
A falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de los servicios mínimos será establecida por el Ministerio del Trabajo, el que para el efecto podrá realizar en cada caso, las consultas que estime necesarias a organismos especializados.
En caso de inobservancia sobre la prestación de los servicios mínimos, el Ministerio del Trabajo podrá ordenar el reinicio de las actividades, de ser necesario con personal sustituto. Las y los servidores que se negaren a prestar sus servicios, no percibirán sus remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de darse inicio al sumario respectivo por quebrantar la prohibición de suspender el trabajo.
Los daños o perjuicios que se produjeren por efecto de la inobservancia señalada en este artículo, contra las personas o propiedades, harán civil y penalmente responsables a sus autores.
Art?.- Huelga ilegal.- Se considerarán huelgas ilegales a todas aquellas suspensiones colectivas de trabajo distintas a las establecidas en este Capítulo. También será ilegal la huelga cuando, en cualquier etapa de la misma, se paralice el servicio público que proporciona la institución del Estado u otra entidad pública, o se cause daño en las instalaciones de la institución y lugar del trabajo.
Es ilegal la huelga en la que no se presten los servicios mínimos previstos en el artículo precedente, o se causen lesiones a las y los servidores públicos designados para ejecutar los servicios mínimos de funcionamiento, así como a la máxima autoridad de la correspondiente institución pública. También es ilegal la huelga que cause daños a las y los servidores públicos, usuarios o ciudadanos en general, o a bienes de terceros. El Ministerio del Trabajo declarará la ilegalidad de la huelga.
En los casos de huelga ilegal, las y los servidores públicos huelguistas no percibirán sus remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de darse inicio al sumario respectivo por quebrantar la prohibición de suspender el trabajo.
Art?.- Lugar de la huelga.- La huelga se desarrollará en las instalaciones de la institución del Estado, precautelando tanto la integridad de las y los servidores públicos huelguistas, así como las instalaciones de la institución.
Previo al inicio de la huelga se deberá integrar una comisión conformada por tres delegados: uno de la institución del Estado, uno de los dirigentes del comité de las y los servidores públicos y un delegado del Ministerio del Trabajo, quienes verificarán la integridad de los bienes e instalaciones del lugar de trabajo durante el tiempo que dure la huelga, debiendo reportar cualquier incidente o daño provocado por las y los servidores públicos huelguistas.
Art?.- Terminación de la huelga.- La huelga termina:
Por arreglo directo entre la parte empleadora y el comité de las y los servidores públicos;
Por acuerdo entre las partes, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje;
Por expedición del fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;
Por declaratoria de estado de excepción;
Por disposición del Ministerio del Trabajo cuando se ponga en riesgo la prestación efectiva del servicio público correspondiente; y
Por declaratoria de ilegalidad de la huelga.
En los casos previstos en los numerales 4 y 5 de este artículo, luego del reinicio de actividades, el conflicto se someterá a resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Art?.- Retorno al trabajo.- Terminada la huelga, todas las y los servidores públicos volverán a sus puestos de trabajo y no podrán ser separados sino por las causas determinadas en esta Ley para efecto de la cesación definitiva de funciones.
Art?.- Procedimientos.- Se establecen los procedimientos de mediación obligatoria y de conciliación y arbitraje, para la resolución de los conflictos colectivos que se deriven del ejercicio de los derechos de organización para la defensa de los derechos, para la mejora en la prestación de servicios públicos y a la huelga. Se entiende por conflicto colectivo el incumplimiento de los resultados del diálogo social o el acaecimiento de una causal para la declaratoria de la huelga.
Art?.- Mediación obligatoria.- En los casos de incumplimiento de los resultados del diálogo social o acaecimiento de una causal para la declaratoria de huelga, referidos en este Título, la controversia deberá ser obligatoriamente sometida por el Ministerio del Trabajo al proceso de mediación para que dentro del término de veinte (20) días contados desde la notificación del conflicto, se busque una solución al mismo.
Para el efecto, la autoridad administrativa de trabajo competente designará a la o al mediador en el término de veinticuatro (24) horas posteriores a haberse puesto en conocimiento del Ministerio del Trabajo el conflicto.
Una vez designada la mediadora o el mediador, este convocará a las partes a una audiencia hasta con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de la misma, en la cual las partes procurarán superar las diferencias existentes.
Durante el proceso de mediación obligatoria la mediadora o el mediador podrá convocar tantas audiencias como crea pertinentes y realizar las propuestas de solución de la controversia que considere necesarias.
En el caso de que las partes llegaren a un acuerdo dentro de este proceso, suscribirán el acta respectiva que dará por concluida la controversia.
Si el acuerdo fuere parcial se elaborará el acta correspondiente en la que constarán los acuerdos logrados y aquellos puntos que no han sido convenidos.
Art? Conciliación y arbitraje.- De no existir acuerdo total en el proceso de mediación obligatoria, o una vez declarada la huelga, se remitirá lo actuado a la autoridad administrativa de trabajo competente para que se dé inicio al procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, observando para el efecto las disposiciones que sobre su integración, competencias y trámite, establece el Código del Trabajo.?
Art. 12.- Inclúyase como Disposición Transitoria Undécima la siguiente: ?Las personas que a la presente fecha hayan prestado ininterrumpidamente por cuatro años o más, sus servicios lícitos y personales en la misma institución, ya sea con contrato ocasional o nombramiento provisional, o bajo cualquier otra forma permitida por esta Ley, y que en la actualidad continúen prestando sus servicios en dicha institución, serán declaradas ganadoras del respectivo concurso público de méritos y oposición si obtuvieren al menos el puntaje requerido para aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio del Trabajo.?
Art. 13.- En toda parte en donde diga: ?Ministerio de Relaciones Laborales? o ?Ministro de Relaciones Laborales?, dirá: ?Ministerio del Trabajo? o ?Ministro del Trabajo?, respectivamente.
Art. 14.- Sustitúyase la letra a) del artículo 7 por la siguiente:
?a) Para el caso de empresas creadas por la Función Ejecutiva:
La o el Presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá;
La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado permanente; y,
Una o un delegado de la Presidenta o Presidente de la República.
En casos excepcionales, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer, mediante decreto ejecutivo, que en su integración se contemple un miembro permanente adicional, con los mismos derechos y obligaciones que los demás.
Las y los delegados permanentes y la o el designado por la Presidenta o Presidente de la República deberán acreditar conocimiento y experiencia en el área correspondiente a la actividad de la empresa. Los demás requisitos para la designación se establecerán en el respectivo decreto ejecutivo.?
Art. 15.- En el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sustitúyase el literal f) por el siguiente: ?f) Para el caso de las y los servidores públicos, ejercer los derechos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público. En el caso de las y los trabajadores de las instituciones de educación superior privadas, se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo.?
Art. 16.- En el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Superior, al final del inciso primero, sustitúyanse las palabras: "institucional y esta ley?, por: ?constitucional y legal?.
Art. 17.- En el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, al final del primer inciso, suprímase la frase: "; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo?.
Art. 18.- En el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sustitúyase el inciso final por el siguiente: ?Las sanciones para las y los servidores públicos serán las previstas en la Ley Orgánica del Servicio Público, y para las y los trabajadores de las instituciones de educación superior privadas se aplicará el Código del Trabajo.?
Art. 19.- En el artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sustitúyase el literal j) por el siguiente: "j) Ejercer los derechos de los servidores públicos previstos en la Constitución de la República, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público?.
Art. 20.- En el artículo 44 del Código Orgánico de la Función Judicial, deróguese el inciso primero.
Art. 21.- Sustitúyase el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, por el siguiente: ?Los servidores públicos que no forman parte del personal militar en servicio activo, se sujetarán a lo previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público.?
Art. 22.- A continuación del artículo 247 incorpórese el siguiente artículo innumerado:
?Art?.- La negociación y contratación colectiva en el sector público prevista en el presente Título, se aplica únicamente respecto de quienes con anterioridad a la fecha de la publicación de las enmiendas constitucionales en el Suplemento del Registro Oficial No. 653 de 21 de diciembre de 2015, tenían la calidad de trabajadores en el sector público, siempre y cuando no hubieren cambiado con posterioridad su régimen.?
PRIMERA.- En la conformación de los comités de las y los servidores públicos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público, para la determinación del número mínimo de servidoras y servidores se deberá excluir a las y los obreros de la respectiva institución del Estado que hasta antes de la entrada en vigencia de las Enmiendas constitucionales, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 653 de 21 de diciembre de 2015, se encontraban sujetos al Código del Trabajo.
SEGUNDA.- Se considerará ineficaz la supresión del puesto y la compra de renuncia obligatoria con indemnización, así como la terminación de los contratos de servicios ocasionales de las servidoras públicas en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les ampara. De igual manera se considerará ineficaz la supresión de puestos y la compra de renuncias obligatorias con indemnización a la o al servidor miembro de la directiva del comité de las y los servidores públicos. Serán aplicables en estos casos las disposiciones sustantivas del Código del Trabajo que regulan el ?despido ineficaz?, con los mismos efectos establecidos en el referido cuerpo legal, según corresponda. En lo procedimental se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competencia de las Unidades Judiciales de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de estas acciones.
Para el caso de los miembros de las directivas de los comités de las y los servidores públicos, el acto administrativo de cesación no impedirá que la o el servidor siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período establecido. Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus funciones y un año más.
PRIMERA.- Las y los obreros de las instituciones del sector público que antes de la entrada en vigencia de las Enmiendas constitucionales, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 653 de 21 de diciembre de 2015, se encontraban sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos individuales y colectivos garantizados por dicho cuerpo legal; y por tanto, a través de los procedimientos y cumpliendo los requisitos previstos en ese Código, podrán negociar y suscribir contratos colectivos.
SEGUNDA.- En el plazo de ciento ochenta días contados desde la publicación de esta Ley Orgánica en el Registro Oficial, el Ministerio del Trabajo deberá emitir los Acuerdos Ministeriales necesarios para la debida aplicación de lo dispuesto en la misma.
Disposición Final Única.- Deróguense expresamente las normas de igual o inferior jerarquía que se opongan a la presente Ley Orgánica, la que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil diecisiete.
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.
SANCIÓNESE Y PROMÚLGUESE
Es fiel copia del original.- Lo certifico.-
Quito, 15 de mayo del 2017
f.) Alexis Mera Giler, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República.
N° 002-FGE-2017
Que, el artículo 194 de la Constitución de la República establece que: ?La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso?;
Que, el artículo 195 de la Constitución de la República establece: ?La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal;
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.?;
Que, el artículo 227 de la Carta Fundamental determina que: ?la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.?;
Que, el artículo 284 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, faculta al Fiscal General del Estado a expedir mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimiento, y todo instrumento que se requiera para funcionar eficientemente;
Que, en el numeral 1.1., literal b. 3 del Art. 12 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, establece la atribución y responsabilidad al Fiscal General: ?Expedir, mediante resolución; reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficazmente.?;
Que, la Fiscalía General del Estado como la responsable de la investigación preprocesal y procesal penal, a efectos de dinamizar y agilizar los trámites de su competencia, requiere crear la Unidad de Fiscales por la Transparencia a efectos de responsabilizarse en la investigación de casos relacionados con la Transparencia tanto en la información como en otras actividades, observando siempre los principios de eficacia, oportunidad y especialmente transparentando todas las investigaciones para dar seguridad jurídica en las acciones que emprenda;
Que, el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita por el Estado ecuatoriano el 10 de diciembre de 2003, y ratificada el 27 de julio de 2005, declara que ?la relación entre la corrupción y las distintas formas de delincuencia constituye un problema que ha dejado de ser local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo cual hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella?;
Que, el Artículo II de la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada por el Ecuador el 29 de marzo de 1996, y ratificada el 26 de mayo de 1997, señala como propósitos: ?1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y, 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio?;
Que, en el Capítulo Quinto (?Delitos contra la responsabilidad ciudadana?) del Código Orgánico Integral Penal se establecen los delitos contra: la eficiencia de la administración pública, el régimen de desarrollo, la administración aduanera, el régimen monetario, el sistema financiero, en sus distintos tipos penales como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la defraudación tributaria, el enriquecimiento privado no justificado, la defraudación y la receptación aduaneras, el contrabando, la divulgación o el ocultamiento de información financiera, las defraudaciones bursátiles y el lavado de activos, al igual que los delitos económicos como el lavado de activos; los cuales constituyen infracciones cuyo combate requiere de la implementación y el fortalecimiento de medidas que, con sentido de oportunidad y urgencia, potencien la capacidad de rastrear los actos de corrupción en los que se manifiestan, y de recaudar elementos probatorios suficientes, claros y precisos para su juzgamiento y sanción;
Que, la corrupción es un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y sus economías, y que obliga a enfrentarlo a través de acciones cohesionadas, integrales y sistematizadas generadas por un trabajo investigativo coordinado, especializado y multidisciplinario que estudie y comprenda su naturaleza epistémica y fenomenológica para el diseño de una estrategia integral y efectiva orientada y desplegada por la Fiscalía General del Estado en el marco de las competencias reservadas por la Constitución y la ley;
Que, para la realización de dichas acciones se requiere contar con talento humano capacitado y comprometido, así como con suficientes recursos económicos, tecnológicos, muebles e inmuebles, equipos de oficina, y adecuación de infraestructura física, entre otros implementos necesarios para emprender con eficacia, eficiencia y efectividad en las labores de investigación preprocesal y procesal penal a cargo de la Fiscalía General del Estado;
Conformar la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, que se regirá por las siguientes normas:
Art. 1.- La Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción es un cuerpo investigativo especializado del más alto nivel profesional, técnico y ético de la Fiscalía General del Estado y estará integrada por Agentes Fiscales, con base a sus méritos y desempeño fiscal, con sede en Quito, y ámbito nacional. Liderará la investigación fiscal, con estricto apego a las normas del programa penal y procesal penal constitucional, los Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es parte y el Código Orgánico Integral Penal, así como será la responsable de llevar ante los órganos de la administración de justicia los resultados de sus investigaciones, con objetividad y respeto al debido proceso.
Art. 2.- La Unidad estará conformada por Fiscales, Experto(a)s, Secretario(a)s, Asistentes y equipo multidisciplinario de apoyo, en un número suficiente de acuerdo a la carga procesal que será definida por la unidad competente; y, que permita el cumplimiento efectivo de las funciones de la Fiscalía General del Estado y la distribución adecuada del trabajo.
Art. 3.- La coordinación de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción estará a cargo de un(a) Fiscal, quien además de las funciones propias de su cargo, deberá realizar las siguientes:
Liderar, d

References: artículo 225
 artículo 229
 artículo 326
 artículo 326
 artículo 326
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 33
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 51
 artículo 118
 artículo 326
 resolución 
 artículo 326
 artículo 326
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 207
 artículo 10
 artículo 44
 artículo 59
 artículo 247
 artículo 194
 artículo 195
 artículo 227
 artículo 284