Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-3212-2007-13-02-2008-44051
Timestamp: 2019-01-22 10:56:09+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3212/2007, 13-02-2008 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3212/2007 de 13 de Febrero de 2008
Se concede la suspensión de la ejecución de un requerimiento de información emitido por la AEAT a una sociedad de tasación en lo relativo al valor de tasación de los inmuebles por tratarse de una de las informaciones recogidas en las letras a), b) y c) del artículo 11.1 del Real Decreto 775/1997, sobre el régimen jurídico de los servicios y sociedades de tasación, al estar amparados por el deber de secreto profesional.
En la Villa de Madrid, a 13 de febrero de 2008, vista la Pieza Separada de Suspensión al expediente número 3212/07 R.G. formalizada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central en virtud de la solicitud realizada por ..., S.A., y en su nombre y representación por D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., en torno a la suspensión de la ejecución del acto que a continuación se dice.
PRIMERO.- El 21 de septiembre de 2007, se practicó por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Estatal de Administración Tributaria requerimiento de obtención de información en el que se solicitaba la siguiente información con trascendencia tributaria: "En relación con las actuaciones de tasación realizadas por ustedes durante el periodo 2005 y 2006 son necesarios los siguientes datos:
- Nº de referencia Catastral de los inmuebles a los que se refiera cada actuación.
- Nº de expediente o referencia asignados por ustedes a cada actuación de tasación.
- Datos relativos a la ubicación del inmueble valorado (dirección completa incluido el nombre de la calle, código postal, municipio y provincia del inmueble).
- Superficie, en metros cuadrados, de cada uno de los inmuebles.
- Tipo de inmueble (edificio, piso, vivienda unifamiliar, local de negocio, trastero, garaje....)
- Fecha a la que se refiere la actuación.
- Fecha de la tasación.
- Valor de la tasación.
- Identificación del solicitante de la tasación (NIF, nombre y apellidos o razón social)".
Contra esta petición de información la entidad ..., S.A., interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central, mediante escrito presentado en fecha 18 de octubre de 2007.
SEGUNDO.- Mediante escrito separado, presentado en igual fecha, la entidad reclamante solicita la suspensión del acto impugnado a cuyo efecto efectúa, en síntesis, las siguientes alegaciones: 1º) Que la información solicitada al hacerse de una forma tan genérica, extensa e indeterminada producirá sin duda un gran retraimiento de los clientes en el encargo de tasaciones y, consiguientemente, una enorme perdida de negocio que podría llegar a poner en cuestión la propia viabilidad de la empresa lo que supone sin duda un perjuicio de difícil o imposible reparación; 2º) Inexistencia de trascendencia tributaria de la información que se solicita ya que no cabe suponer que las peticiones de tasación responden con carácter general al propósito de llevar a cabo una transacción inmobiliaria y, aun en el caso de que respondieran a aquella finalidad nadie puede asegurar que la misma se llegue a realizar; 3º) Que de facilitarse la información solicitada se produciría la pérdida de la finalidad de la reclamación interpuesta por cuanto de estimarse su pretensión no podría reponerse la situación al estado anterior a la ejecución del requerimiento puesto que la información ya se habría entregado y 4º) La información requerida está protegida por el deber del secreto profesional de conformidad con lo establecido en el artículo 93.5 de la Ley General Tributaria y 37 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (Reglamento general de la Inspección de los Tributos) apartado 5, letras d) y e) que establecen el deber de los defensores y asesores de guardar secreto de aquellos datos confidenciales de los que hayan tenido conocimiento como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales. Este deber de confidencialidad, incluso para el ámbito tributario, viene establecido específicamente por el Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación en su artículo 111.1 y 2, debiendo señalar que este es el criterio establecido en la contestación dada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 28 de febrero de 2002, a la consulta formulada por el Banco de España sobre la procedencia de entregar cierta información a la Agencia Tributaria sobre tasaciones realizadas por una sociedad de tasación.
Con la solicitud de suspensión se acompaña copia de los siguientes documentos: Requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Contestación de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Certificado de Inscripción en el Banco de España como sociedad de tasación nº ... de ..., SA y Certificación de la sociedad sobre datos económicos.
TERCERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2006, este Tribunal Central dirigió escrito a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria solicitando informe respecto a si alguna de la información requerida podría estar afectada por la obligación de secreto, conforme a lo señalado en la contestación dada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, informe que hasta la fecha no ha sido recibido.
SEGUNDO.- El artículo 233 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria relativo a la Suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado en vía económico-administrativa, determina en su apartado 10 que "Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad liquida, el tribunal podrá suspender su ejecución cuando lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación".
TERCERO.- En el presente caso la entidad reclamante solicita, en primer lugar, la suspensión del acto impugnado, alegando que su ejecución le ocasionaría perjuicios de imposible o difícil reparación ya que considera que su ejecución producirá un gran retraimiento de los clientes en el encargo de tasaciones y, consiguientemente una enorme perdida de negocio que podría llegar a poner en cuestión la propia viabilidad de la empresa así como que, de no acordarse la suspensión solicitada, una futura resolución estimatoria carecería de sentido al haberse dado ya cumplimiento al mismo por lo que perdería su finalidad legitima al recurso presentado.
Así mismo conviene destacar que el Tribunal Supremo, en supuestos semejantes, en los que solo se cuestionaba la viabilidad de la suspensión del requerimiento informativo tanto en general como respecto a los beneficiarios, ha dejado sentada, en autos, por ejemplo, de 18 y 25 de marzo de 1994, entre otros varios de igual tenor, la siguiente doctrina (recogida entre otras, en sentencias de la Audiencia Nacional de 19 de febrero de 2001 y 16 de diciembre de 2002):
CUARTO.- Así mismo se alega por el reclamante la procedencia de la suspensión solicitada por considerar que la información requerida esta protegida por el deber del secreto profesional.
En relación con la cuestión planteada, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en la contestación dada a la consulta formulada por el Banco de España sobre la procedencia de entregar cierta información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre tasaciones realizadas por una sociedad de tasación ha señalado lo siguiente:
"1 °. La Agencia Tributaria requiere de la sociedad ......., en virtud de los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria y 37 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, copia de los Certificados de Tasación emitidos durante los años 98, 99, 00 y 01, relativos a edificaciones situadas en la Comunidad Autónoma de ..., en los que se asigne a alguna de las viviendas o locales que las componen un valor de mercado igual o superior a 75.000.000 pesetas.
Además, señala el requerimiento, debe indicarse para cada certificado, los siguientes datos (siempre que éstos no figuren ya en el propio documento):
- Datos completos sobre la ubicación del inmueble que se valore: calle y número, localidad y provincia.
- Nombre y apellidos/razón social de la empresa inmobiliario o titular del inmueble que ha solicitado la tasación.
- NIF de la empresa inmobiliaria o del titular del inmueble.
- Domicilio de la empresa inmobiliaria o del titular del inmueble (calle, número, localidad y provincia).
2°. El artículo 11.1 y 2, relativo a las obligaciones de secreto, del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de los servicios y sociedades de tasación, señala expresamente que:
"1. Las sociedades de tasación homologadas y las entidades de crédito con servicios de tasación homologados estarán especialmente sujetos al cumplimiento de los deberes de secreto profesional. En su virtud, no podrán revelar a terceros distintos de sus clientes:
b) Las informaciones que se refieren a las circunstancias personales o económicas sobre el uso o explotación a que esté dedicado el objeto de la valoración.
c) Al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros para el ejercicio de sus funciones de supervisión y para la elaboración y publicación de estadísticas relacionadas con sus funciones".
Por tanto, el artículo 11, transcrito, se refiere únicamente a las sociedades de tasación homologadas y a las entidades de crédito con servicios de tasación homologados.
Recoge un deber de secreto profesional que impide revelar ciertos datos o informaciones que están tasados normativamente, lo que determina que toda información que no se recoja en las letras a), b) y c) del apartado 1, puede ser revelada.
Por último, existen una serie de personas o entidades, respecto de las cuales, puede levantarse el deber de secreto. Entre las públicas, se citan, con carácter tasado, el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía. Por ello, de acuerdo con el artículo 11.2.c), a la Agencia Tributaria no le pueden ser reveladas las informaciones que caigan dentro del deber de secreto.
3°. La obligación de facilitar los datos que no están cubiertos por el deber de secreto deriva del artículo 111 de la Ley General Tributaria, cuyo apartado 1 señala que:
"Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas".
Por su parte, interesa citar el artículo 37 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos que además de reproducir lo recogido por el artículo 111 LGT, señala en su apartado 5:
"Nadie podrá negarse a facilitar la información que se le solicite, salvo que sea aplicable:
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística. (Nótese que el artículo 11.2.c) del Real Decreto 775/1997, levanta el secreto respecto del Banco de España, CNMV y Seguros para que puedan elaborar y publicar estadísticas).
c) El secreto del protocolo notarial.....
d) El secreto profesional concerniente a los datos privados no patrimoniales que los profesionales no oficiales conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal y familiar de las personas Nunca se entenderán comprendidos en el secreto profesional la identidad de los clientes y los datos relativos a los honorarios satisfechos por ellos como consecuencia de los servicios recibidos.
(Aquí puede entenderse incluido lo recogido en la letra b) del artículo 11.1 del Real Decreto 775/1997 -informaciones referidas a circunstancias personales o económicas-).
e) El deber de los defensores y asesores de guardar secreto de aquellos datos confidenciales de los que hayan tenido conocimiento como consecuencia de la prestación de sus servicios profesionales, así como el deber de los Abogados y Procuradores de observar lo dispuesto en los artículos 437 y 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrán la consideración de asesores quienes, con arreglo a Derecho, desarrollen una actividad profesional reconocida que tenga por objeto la asistencia jurídica, económica o financiera. No serán en particular confidenciales los datos relativos a las relaciones patrimoniales recíprocas entre cliente y asesor. (Aquí puede incluirse lo señalado en las letras a) y c) del artículo 11.1 del Real Decreto 775/1997 -informaciones confiadas y resultado de la valoración-).
f) El secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información de acuerdo con el apartado primero del artículo 20 de la Constitución y con lo que se establezca por Ley".
En conclusión, no hay contradicción entre la normativa financiera y la fiscal en lo que se refiere a la obligación de proporcionar datos a la Administración Tributaria y las excepciones a dicha obligación derivadas del deber de secreto profesional.
4°. De esta manera, lo que interesa saber es sí la información reclamada por la Agencia Tributaria, cae dentro de los datos sobre los que existe el deber de secreto.
Este Centro Directivo entiende que los datos relativos a inmuebles de un determinado valor de mercado (como son, su ubicación y datos identificativos de la empresa inmobiliaria o titular del inmueble que solicita la tasación), no están amparados por el deber de secreto profesional del artículo 11.1 del Real Decreto 775/1997, por lo que pueden ser revelados a la Agencia Tributaria.
Ahora bien, si los Certificados de Tasación reclamados incluyeran alguna información de las recogidas en las tantas veces citadas, letras a), b) y c) del artículo 11.1, obviamente dicha información (por ejemplo, el resultado de la valoración) no podría facilitarse a la Agencia Tributaria".
Por tanto, y a la vista del contenido del informe anteriormente transcrito este Tribunal Económico-Administrativo Central considera que procede la suspensión del requerimiento de obtención de información impugnado sólo en cuanto se refiere al dato relativo al "Valor de la tasación" de los inmuebles, hasta tanto se pronuncie sobre el fondo de la reclamación económico-administrativa planteada.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de la solicitud de suspensión formulada por ..., S.A., en pieza separada de suspensión al expediente número 3212/07 R.G. en orden a la suspensión de la ejecución del requerimiento de información del que ha quedado hecha constancia en el Antecedente de Hecho Único de la presente resolución, ACUERDA: Conceder la suspensión de la ejecución del requerimiento de información impugnado en cuanto se refiere al dato relativo al "Valor de la tasación" de los inmuebles y denegarla por los restantes datos solicitados.
Real Decreto 775/1997 de 30 de May (SOBRE EL REGIMEN JURIDICO DE HOMOLOGACION DE LOS SERVICIOS Y SOCIEDADES DE TASACION) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 141 Fecha de Publicación: 13/06/1997 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia
D.F. 3ª. Desarrollo del artículo 3 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
D.F. 2ª. Facultades de desarrollo y entrada en vigor.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 305/2009, 03-05-2012
Orden: Administrativo Fecha: 03/05/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Garcia Paredes, Jesus Nicolas Num. Recurso: 305/2009

References: Resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 93
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 111
 artículo 233
 resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 111
 artículo 37
 artículo 111
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 11
 resolución 

Real Decreto 
 artículo 3