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Timestamp: 2020-05-30 06:53:54+00:00

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Ley Para Prevenir y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres | La violencia contra las mujeres | Discriminación
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LEY CGE
Registro Oficial Suplemento 175 del 05-Feb-2018
LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR
Ingeniero Hugo Del Pozo Barrezueta Director Del Registro Oficial En su despacho.-
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió en primer debate el "PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LAVIOLENCIADE GENERO CONTRA LAS MUJERES", el 9 y 14 de noviembre de 2017; en segundo debate el "PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" el 25 y 26 de noviembre de 2017; su reconsideración y aprobación el 28 de noviembre de 2017; y, conoció y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 10 y 23 de enero de 2018.
Pocos años después, la lucha del movimiento de mujeres ecuatorianas alcanzó otro importante hito que fue la consolidación de una Institucionalidad Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres" y través de ella se visibilice las brechas de desigualdades estructurales de género, en las que históricamente las mujeres hemos vivido, y así poder consolidar políticas públicas que nos
permita superarlas. Es así como en 1997 se crea el Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU.
La participación y movilización de las mujeres ecuatorianas que se generó a partir de la V Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, en Beijing 1995, y la aprobación de la Plataforma de Acción, hizo que se fortaleciera el rol político de las mujeres en la promoción de sus derechos políticos y su participación en la toma de decisiones. Es así que en el proceso de la creación de la Constitución de 1998 se logró incorporar disposiciones fundamentales para la promoción y fortalecimiento de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres. Entre los hitos más importantes se alcanzó: a) El derecho a la integridad personal y a una vida libre
de violencia, a la igualdad ante la ley y la no-discriminación; b) La participación equitativa de mujeres
y hombres en ámbito político; c) El derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables
sobre su vida sexual y reproductiva; d) El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva; e) La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de hogar, f) La educación no discriminatoria que promueva equidad de género; y, g) La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas para impulsar la igualdad de las mujeres.
En el ámbito de Trabajo y Economía se alcanzaron importantes hitos, como la regulación del salario
y se estableció que el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades, que garanticen idéntica remuneración por igual trabajo entre hombres y mujeres. Dentro del Código de Trabajo ecuatoriano se establece un apartado referente al trabajo de mujeres después del embarazo, con algunos lineamientos para su protección y no discriminación.
Un nuevo avance se dio cuando el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, tipificó estos tres tipos de violencia e incluyó el femicidio como un delito. Las lesiones físicas, mutilaciones y otras secuelas producto de la violencia, conllevan altos costos sociales, familiares, económicos y personales causando a la víctima y al núcleo familiar, una baja autoestima; caída en pobreza;
problemas psicológicos, que generan no solo gastos por atención médica; días de abandono del trabajo; discapacidades, disminución del rendimiento intelectual y físico; aparecimiento de enfermedades físicas o mentales, con la consecuencia más grave: la muerte. Estos costos
individuales y familiares evidentemente también afectan al Estado que debe invertir permanentemente en el resarcimiento de los efectos de este problema de salud pública, y constituye
la mejor medida, la prevención de la violencia contra las mujeres y su erradicación.
Esta Ley prevé de manera particular, enfocar la acción del Estado en la sensibilización y prevención de la violencia y con la participación de la ciudadanía, bajo el principio de corresponsabilidad. Estos dos actores deben garantizar a través de políticas, planes y programas, la transformación de los patrones socioculturales y la erradicación de prácticas que naturalizan la violencia contra las mujeres. Esta Ley establece además tres componentes para la erradicación de la violencia: atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia para garantizar su seguridad e integridad y para retomar su proyecto de vida.
La Asamblea Nacional del Ecuador por unanimidad, con fecha 11 de julio de 2017, resolvió condenar de forma categórica, todo tipo de violencia que se ejerza en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador; exhortar a las instituciones de la Función Judicial a fortalecer los servicios de atención para mujeres víctimas de violencia mediante la formación y capacitación permanente de su personal;
y el aumento de unidades de atención especializadas en violencia de género. De igual manera,
persuadir a la Función Ejecutiva a que fortalezca sus planes, programas y acciones a favor de la erradicación de toda forma de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, con especial énfasis en el sector educativo; así como solicitar a la sociedad en general se convierta en actora fundamental en el proceso de transformación de patrones socioculturales que mantienen la discriminación y violencia hacia las mujeres. La Asamblea Nacional asume el compromiso de expedir leyes que contemplen mecanismos eficaces y eficientes de alerta de violencia contra las mujeres. Por todos estos motivos proponemos el presente Proyecto Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como respuesta a una demanda de la ciudadanía y especialmente de las mujeres.
Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República prescribe que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación;
Que el artículo 75 de la Constitución de la República reconoce que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión;
Que el segundo inciso del artículo 424 de la Norma Suprema prescribe que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos
más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica
o acto del poder público;
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en Registro Oficial No. 101, de 24 de enero de 1969 , dispone que todos los Estados partes deber respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna. Estos derechos incluyen a la vida, la integridad física, libertad y seguridad personales, y la igualdad ante la ley.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José, publicada en el Registro Oficial No. 801, de 06 de agosto de 1984 , se compromete a respetar los derechos libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna.
Que el numeral 1 del artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece como parámetros generales de la reparación integral la garantía al lesionado, por parte del Estado, del goce de su derecho o libertad conculcados y el pago de una justa indemnización a la parte
Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 153, de 25 de noviembre de 2005 , prohíbe toda forma de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos por parte de la mujer y compromete a los países a crear políticas públicas encaminadas a la eliminación de toda forma de discriminación.
Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Para, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 153, de 25 de noviembre de 2005 , prohíbe cualquier acción o conducta que, basada en género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; e impone sobre los estados la obligación de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia.
Que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, derivada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, en su objetivo estratégico DI busca adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, planteando como una de las obligaciones estatales la adopción o aplicación de leyes pertinentes que contribuyan a la eliminación de la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia, en la protección de las mujeres víctimas, en el acceso a remedios justos y eficaces, y en la reparación de los daños causados.
Que la Recomendación General No.35, aprobada en 2017 por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, señala que el derecho de la mujer a vivir libre de violencia es indivisible e interdependiente con otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la salud, la libertad, la igualdad, la libertad de movimiento y de participación; e insta a los Estados a adoptar legislaciones de protección efectiva que considere a las mujeres víctimas y sobrevivientes como titulares de derechos y que repela cualquier norma, practicas o estereotipos que constituyan discriminación contra la mujer.
Que la Ley Orgánica de Movilidad Humana, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 938 de 06 de febrero de 2017 , establece mecanismos de identificación de vulnerabilidad y atención prioritaria para víctimas de violencia de género
Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI -publicada en Registro Oficial Suplemento No. 417 de 31 de marzo de 2011 , consagra entre sus postulados la igualdad de género, la garantía del derecho de las personas a una educación libre de violencia de género y mecanismos de atención prioritaria a víctimas de violencia de género.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 620, publicado en Registro Oficial No. 174 de 20 de septiembre de 2007 , se declara como política de Estado con enfoque de Derechos Humanos la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres y se dispone la elaboración de un plan que permita generar e implementar acciones y medidas, que incluyan mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1109, publicado en Registro Oficial 358 de 12 de Junio del 2008
, y Decreto Ejecutivo No. 438, publicado en Registro Oficial Suplemento No. 331, de 11 de
septiembre de 2014 , se reforma el precitado Decreto Ejecutivo No. 620 y se encarga al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos presidir y Coordinar el Comité de Coordinación interinstitucional para la ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres; y,
CAPITULO I DEL OBJETO, FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY
Art. 1.- Objeto. El objeto de la presente Ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona agresora
y el trabajo en masculinidades.
Art. 2.- Finalidad. Esta Ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia.
Art. 3.- Ambito. La presente ley será de aplicación y observancia por toda persona natural y jurídica que se encuentre o actúe en el territorio ecuatoriano.
Art. 4.- Definiciones. Para efectos de aplicación de la presente Ley, a continuación se definen los siguientes términos:
1. Violencia de género contra las mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su género que
cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.
2. Daño.- Es el perjuicio causado a una persona como consecuencia de un evento determinado. En
este caso el daño implica la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho de la víctima.
3. Estereotipos de género.- Es toda preconcepción de atributos y características poseídas o papeles
que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente.
4. Víctimas.- Se considera a la mujer y/o demás miembros integrantes del núcleo familiar que sufran
violencia o afectación ejecutada por un miembro de la familia.
5. Persona agresora.- Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia
6. Ambito público.- Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, productivas de la sociedad y
de servicios remunerados, vinculadas a la gestión de lo público.
7. Ambito privado.- Espacio en el que se desarrollan las tareas reproductivas; de la economía del
cuidado, remuneradas o no, vinculadas a la familia y a lo doméstico.
8. Relaciones de poder.- Acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales
o simbólicas que determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación de dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres.
9. Discriminación contra las mujeres.- Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en su
condición de tal, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las mujeres, atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, o en cualquier otra.
10. Revictimización.- Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante las
diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales
como: retardo injustificado en los procesos, desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes.
11. Registro Unico de violencia contra las mujeres.- Es un registro georreferenciado de violencia
contra las mujeres que consignará los datos de sexo, edad, auto identificación étnica, condición sexo-genérica, nivel de instrucción, condición migratoria, estado civil de la víctima y de la persona agresora, el tipo de violencia, la existencia de denuncias anteriores, sentencia y otros datos adicionales que respondan a los estándares internacionales de derechos humanos.
12. Clasificador Orientador de Gasto.-Es una herramienta tecnológica desarrollada por el ente rector
de las finanzas públicas, que busca vincular las actividades y los presupuestos de los programas institucionales, con componentes de políticas de igualdad (género, discapacidades, interculturalidad, movilidad humana y generacional). Esta herramienta verifica en qué medida estos componentes
están siendo incorporados en el presupuesto de las instituciones públicas y facilita el seguimiento de
la ejecución presupuestaria por cada entidad.
13. Masculinidades.- Es la construcción sociocultural sobre roles y valores asociados al comportamiento de los hombres. Se aboga por que se ejerzan sin machismo ni supremacía o violencia hacia las mujeres.
Art. 5.- Obligaciones estatales. El Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres: niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, a través de la adopción de todas las medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas, de control y de cualquier otra índole que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se evite la revictimización e impunidad. Estas obligaciones estatales constarán en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo: regionales, provinciales, de los distritos metropolitanos, cantonales y parroquiales; y, se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el Presupuesto General del Estado.
Art. 6.- Corresponsabilidad. El Estado es responsable de garantizar el derecho de las mujeres:
niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a una vida libre de violencia. La sociedad,
la familia y la comunidad, son responsables de participar de las acciones, planes y programas para la
erradicación de la violencia contra las mujeres, emprendidos por el Estado en todos sus niveles y de intervenir en la formulación, evaluación, y control social de las políticas públicas que se creen para el efecto.
Art. 7.- Enfoques. En la aplicación de la presente Ley se considerarán los siguientes enfoques:
Enfoque de género.- Permite comprender la construcción social y cultural de roles entre hombres
mujeres, que históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y vulneración de derechos y
que deben ser modificados a favor de roles y prácticas sociales que garanticen la plena igualdad de
oportunidades entre personas diversas y de una vida libre de violencia. b) Enfoque de derechos humanos.- Determina como objetivo y resultado, el reconocimiento, el respeto irrestricto y la realización plena de los derechos humanos de todas las personas, incluidos el derecho a la integridad y a una vida libre de violencia.
c) Enfoque de interculturalidad.- Reconoce la existencia de las distintas comunidades, pueblos y
nacionalidades que integran el Estado, respetando todas aquellas expresiones en los diversos
contextos culturales. Bajo este enfoque no se aceptan prácticas discriminatorias que favorezcan la violencia.
d) Enfoque intergeneracional.- Reconoce la existencia de necesidades y derechos específicos en
cada etapa de la vida, niñez, adolescencia, madurez y adultez; y, establece la prioridad de identificar
y tratar las vulnerabilidades en dichas etapas de la vida.
e) Enfoque de integralidad.- Considera que la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas y adultas mayores es estructural y multicausal y está presente en todos los ámbitos de la vida, por lo tanto, las intervenciones deben realizarse en todos los espacios en las que las mujeres se desarrollan. f) Enfoque de interseccionalidad.- Identifica y valora las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, étnicas, geográficas, físicas y otras que son parte simultánea de la identidad individual y comunitaria de las mujeres y adecúa a estas realidades las acciones, servicios y políticas públicas destinadas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la atención, protección y restitución de derechos de la víctima.
Art. 8.- Principios rectores. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, además de los principios contemplados en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, y demás normativa vigente, regirán los siguientes:
a) Igualdad y no discriminación.- Se garantiza la igualdad y se prohíbe toda forma de discriminación.
Ninguna mujer puede ser discriminada, ni sus derechos pueden ser menoscabados, de conformidad con la Constitución de la República, instrumentos internacionales y demás normativa vigente. b) Diversidad.- Se reconoce la diversidad de las mujeres, independientemente de su edad y
condición, en concordancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y normativa penal vigente.
c) Empoderamiento.- Se reconoce el empoderamiento como el conjunto de acciones y herramientas
que se otorgan a las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
d) Transversalidad.- Se respetan los diversos enfoques establecidos en la presente Ley, a todo nivel
y en todo el ciclo de la gestión pública, y privada y de la sociedad, en general y garantiza un tratamiento integral de la temática de violencia.
e) Pro-persona.- Se aplicará la interpretación más favorable para la efectiva vigencia y amparo de
sus derechos para la protección y garantía de derechos de las mujeres víctimas o en potencial
f) Realización progresiva.- Se aplica a las obligaciones positivas que tiene el Estado de satisfacer y proteger de manera progresiva los derechos considerados en esta Ley.
g) Autonomía.- Se reconoce la libertad que una mujer tiene para tomar sus propias decisiones en los
diferentes ámbitos de su vida.
Art. 9.- Derechos de las mujeres. Las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda en su diversidad, tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente, que comprende, entre otros, los siguientes:
1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su desarrollo y
2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a ninguna forma
de discriminación, ni tortura;
3. A recibir en un contexto de interculturalidad, una educación sustentada en principios de igualdad y
4. A recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, en castellano o en su idioma
propio, adecuada a su edad y contexto socio cultural, en relación con sus derechos, incluyendo su salud sexual y reproductiva; a conocer los mecanismos de protección; el lugar de prestación de los
servicios de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral; y demás procedimientos contemplados en la presente Ley y demás normativas concordantes;
5. A contar con interpretación, adaptación del lenguaje y comunicación aumentativa, así como apoyo
adicional ajustado a sus necesidades, que permitan garantizar sus derechos, cuando tengan una condición de discapacidad;
6. A que se le garanticen la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus
descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado;
7. A recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados y eficaces, de manera
inmediata y gratuita para la víctima y sus dependientes con cobertura suficiente, accesible y de calidad;
8. A recibir orientación, asesoramiento, patrocinio jurídico o asistencia consular, de manera gratuita,
inmediata, especializada e integral sobre las diversas materias y procesos que requiera su situación;
9. A dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales que se practiquen en los
casos de violencia sexual y, dentro de lo posible, escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos;
A ser escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad administrativa o judicial
competente, y a que su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que la afecte. Se
tomará especial atención a la edad de las víctimas, al contexto de violencia e intimidación en el que puedan encontrarse.
11. A recibir un trato sensibilizado, evitando la revictimización, teniendo en cuenta su edad, su
situación de discapacidad u otras condiciones o circunstancias que requieran especial atención;
12. A no ser confrontadas, ni ellas ni sus núcleos familiares con los agresores. Queda prohibida la
imposición de métodos alternativos de resolución de conflictos en los procesos de atención, protección o penales;
13. A la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición frente a los
hechos constitutivos de violencia, ante las instancias administrativas y judiciales competentes;
14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la igualdad salarial entre hombres y
mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar que por causas de violencia, tengan que abandonar su espacio laboral.
15. Al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento que las víctimas lo soliciten;
16. A tener igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones públicas y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones;
18. A una vivienda segura y protegida. Las mujeres víctimas de violencia basada en su género,
constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda;
19. A que se respete su permanencia o condiciones generales de trabajo, así como sus derechos
laborales específicos, tales como los relacionados con la maternidad y lactancia;
20. A recibir protección frente a situaciones de amenaza, intimidación o humillaciones;
21. A no ser explotadas y a recibir protección adecuada en caso de desconocimiento de los
beneficios laborales a los que por ley tengan derecho;
22. A no ser despedidas o ser sujetos de sanciones laborales por ausencia del trabajo o incapacidad,
a causa de su condición de víctima de violencia; y,
Art. 10.- Tipos de violencia. Para efectos de aplicación de la presente Ley y sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia:
a) Violencia física.- Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico,
dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación.
b) Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño
emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.
La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley.
Violencia sexual.- Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad
sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras
relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas.
También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por
su edad, por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y
utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía.
Violencia económica y patrimonial.- Es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de:
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles;
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de
3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación
de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;
Violencia simbólica.- Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de
mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de
dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
f) Violencia política.- Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o
indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales,
o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su
accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso
bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Violencia gineco-obstétrica.- Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las
mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, el abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico.
Art. 11.- Concurrencia de violencias. Los diferentes tipos de violencia contra las mujeres previstos en esta Ley pueden concurrir en contra de una misma persona, de manera simultánea, en un mismo contexto y en uno o varios ámbitos.
Art. 12.- Ambitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Son los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres: niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están comprendidos, entre otros, los siguientes:
1. Intrafamiliar o doméstico.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida en el núcleo
familiar. La violencia es ejecutada por parte del cónyuge, la pareja en unión de hecho, el conviviente, los ascendientes, los descendientes, las hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad
y afinidad y las personas con las que la víctima mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación; 2. Educativo.- Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa de todos los niveles;
3. Laboral.- Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se
desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.
Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el período de gestación y lactancia;
4. Deportivo.- Comprende el contexto público o privado en el cual la violencia es ejercida en la
práctica deportiva formativa, de alto rendimiento, profesional, adaptada/paralímpica, amateur, escolar
Estatal e institucional.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio
de la potestad estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo
u organización, que incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley;
6. Centros de Privación de Libertad.- Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en centros
de privación de libertad, por el personal que labora en los centros;
7. Mediático y cibernético.- Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los
medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier
tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro;
8. En el espacio público o comunitario.- Comprende el contexto en el cual la violencia se ejerce de
manera individual o colectiva en lugares o espacios públicos, privados de acceso público; espacios de convivencia barrial o comunitaria; transporte público y otros de uso común tanto rural como urbano, mediante toda acción física, verbal o de connotación sexual no consentida, que afecte la seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes;
9. Centros e instituciones de salud.- Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en los
centros de salud pública y privada, en contra de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, ejecutada por el personal administrativo, auxiliares y profesionales de la salud; y, 10. Emergencias y situaciones humanitarias.- Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en situaciones de emergencia y desastres que promuevan las desigualdades entre hombres y mujeres, que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y sexual de mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.
TITULO II SISTEMA NACIONAL INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA
Art. 13.- DEFINICION DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.- El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres es el conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección y reparación integral de los derechos de las víctimas.
Art. 14.- Objeto del Sistema. El Sistema tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el diseño, formulación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de normas, políticas, programas, mecanismos y acciones, en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno, de forma articulada y coordinada.
Art. 15.- Principios del Sistema. El Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, se soporta entre otros, en los siguientes principios:
1. No criminalización.- Las autoridades, de conformidad con lo que establece el ordenamiento
jurídico, no tratarán a la víctima sobreviviente como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
2. No revictimización.- Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones, inintencionadas o no,
durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: retardo injustificado en los procesos, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, protección o reparación.
3. Confidencialidad.- Nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el
pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo quedan prohibidos. Se deberá guardar confidencialidad sobre los asuntos que se someten a su conocimiento. Las mujeres, en
consideración a su propio interés, pueden hacer público su caso. Este principio no impedirá que servidores públicos denuncien los actos de violencia de los que lleguen a tener conocimiento, y tampoco, impedirá la generación de estadísticas e información desagregada.
4. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite derivado,
realizado por entidades públicas integrales del Sistema y reconocido por esta Ley, serán gratuitos.
5. Oportunidad y celeridad.- Todas las acciones, procedimientos y medidas contemplados en la
presente Ley deben ser inmediatos, ágiles y oportunos, lo que implicará la eliminación de trámites administrativos innecesarios que imposibiliten la atención oportuna de las víctimas.
6. Territorialidad del Sistema.- Todas las instancias que comprenden el Sistema tendrán el deber de
coordinar y articular acciones a nivel desconcentrado y descentralizado. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de esta Ley, las acciones tendientes a prevenir y erradicar las distintas formas de violencia, así como restituir derechos violentados, deben estar asentadas a nivel territorial.
Art. 16.- GENERACION DE INFORMACION.-
1. Registro Unico de Violencia contra las Mujeres.- A cargo del ente rector del Sistema en
coordinación con el ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Consejo de la Judicatura, contará con las variables que permitan caracterizar esta problemática y homologar,
procesar y actualizar la información generada por los organismos que integran el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres.- Tendrá por objeto la elaboración de
informes, estudios y propuestas para la efectiva implementación de la presente Ley, a través de la producción, la sistematización y el análisis de datos e información cuantitativa y cualitativa sobre violencia contra las mujeres, que surja tanto del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres como de otras fuentes de información públicas o privadas. El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres estará a cargo del ente rector del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Art. 17.- Sostenimiento del Sistema. Las Instituciones del Sistema, a través del presupuesto asignado por el ente rector de las Finanzas Públicas, priorizaran la implementación de esta Ley, el cual estará incorporado en el Clasificador Orientador del Gasto en Políticas de Igualdad de Género.
Art. 18.- Lineamientos de políticas. El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de garantizar los principios y derechos reconocidos en esta Ley, en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de la materia, aplicará los siguientes lineamientos, sin perjuicio de los establecidos en la presente normativa:
1. Para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres se deberá considerar la
diversidad de mujeres que habitan en el Ecuador y sus necesidades específicas. La Función Ejecutiva procurará que esta diversidad esté presente en el diseño de las políticas y planes destinados a hacer efectivos sus derechos, bajo la presente Ley;
2. Atender la necesidad del cambio estructural de las causas y condiciones sociales, económicas,
culturales y políticas que vulneran el derecho a una vida libre de violencia, en todos los ámbitos
contemplados en esta Ley;
3. Incorporar en su diseño, los problemas que reflejan las estadísticas oficiales sobre las distintas
manifestaciones de la violencia y la discriminación contra las mujeres;
4. Para la atención y protección encaminadas a preservar, reparar y restituir los derechos de las
mujeres víctimas de violencia, se deberá responder a través de servicios y mecanismos especiales y expeditos, adecuados a los contextos de las localidades, contando con el debido presupuesto para su cumplimiento;
5. Para orientar la reparación individual o colectiva de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia, se deberá garantizar la reconstrucción del proyecto de vida y el aseguramiento de las garantías de no repetición; y,
6. Generar procesos de diálogo respetuosos de los principios de interculturalidad y pluralismo
jurídico, con las comunidades, pueblos y nacionalidades para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la protección a las víctimas.
Art. 19.- Instrumentos de política pública. Los instrumentos de política pública que forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, son los siguientes:
2. Agendas Nacionales para la Igualdad;
3. Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y
Adolescentes, formulado de manera participativa por el ente rector del Sistema; y,
4. Estrategias para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que serán
formuladas de manera participativa y formarán parte de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
DE LA RECTORIA DEL SISTEMA, FUNCIONES, INTEGRANTES Y SUS RESPONSABILIDADES
Art. 20.- RECTORIA DEL SISTEMA.- La rectoría del Sistema está a cargo del ente rector de Justicia y Derechos Humanos y Cultos.
Art. 21.- Atribuciones del ente rector. Serán atribuciones del ente rector del Sistema, las siguientes:
1. Coordinar la implementación del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, con las entidades que lo conforman;
2. Elaborar un informe anual sobre los avances en la ejecución de la política pública en materia de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, el mismo que servirá para la rendición
de cuentas a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados para garantizar a las mujeres, una vida libre de violencia;
3. Formular y emitir política pública en temas de prevención y erradicación de la violencia contra las
4. Coordinar con las entidades rectoras de las finanzas públicas y planificación nacional, el
seguimiento y monitoreo de la programación y presupuesto de cada una de las instituciones con
competencias en este Sistema, en relación con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
5. Monitorear y vigilar la articulación interinstitucional a través de los mecanismos planteados en la
6. Formular el Plan Nacional para la prevención y erradicación de la violencia de contra las mujeres,
en coordinación con los miembros del Sistema;
7. Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la ciudadanía
para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
8. Promover la participación activa del sector público y privado, cooperación internacional y sociedad
civil organizada en programas de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres;
9. Promover y coordinar con las instancias de cooperación interinstitucional de prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, la definición y aplicación de la política pública local;
10. Impulsar la creación de comités ciudadanos de vigilancia del cumplimiento de esta Ley como
mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social, que permitan además diagnosticar necesidades de reformas de las leyes, planes, programas o proyectos que se ejecuten en favor de las víctimas de violencia;
11. Monitorear la aplicación de las medidas administrativas de protección establecidas en la Ley;
12. Coordinar la ejecución de políticas de protección de las mujeres: niñas, adolescentes, adultas y
adultas mayores para prevenir y erradicar la violencia y promover la igualdad y no discriminación;
13. Integrar los sistemas de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, con el
Sistema de Promoción y Protección de Derechos;
14. Diseñar en coordinación con las respectivas entidades del Sistema, programas especializados de
formación, orientación, educación, atención integral de carácter gratuito, dirigidos a personas agresoras y potenciales agresores, a través de estrategias que transformen los estereotipos, patrones y conductas machistas que generan la violencia contra las mujeres;
15. Solicitar a las instituciones integrantes del Sistema, el diseño y aplicación de mecanismos de
acción positiva en los servicios, para garantizar la efectividad de la implementación de las medidas
administrativas de protección otorgadas; y,
16. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales, tanto en el ámbito nacional y local
para la implementación de las políticas públicas de erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Art. 22.- Integrantes del Sistema. Conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las siguientes entidades nacionales y locales:
2. Ente rector de Educación;
3. Ente rector de Educación Superior;
4. Ente rector de Salud;
5. Ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público;
6. Ente rector de Trabajo;
7. Ente rector de Inclusión Económica y Social;
8. Consejos Nacionales para la Igualdad;
9. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación;
10. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos;
11. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911;
12. Consejo de la Judicatura;
13. Fiscalía General del Estado;
14. Defensoría Pública;
15. Defensoría del Pueblo; y,
16. Un representante elegido por la asamblea de cada órgano asociativo de los Gobiernos
Las distintas entidades públicas y niveles de gobierno, tienen la obligación de articular y coordinar entre sí y con los actores vinculados, acciones de prevención, atención, protección y reparación. En toda actividad, se observará el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios y en la ejecución de medidas.
CAPITULO III ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Art. 23.- El ente rector de Justicia y Derechos Humanos. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Coordinar con las instituciones que forman parte del Sistema, la elaboración de los instrumentos y
protocolos para garantizar una ruta de atención y protección integral en los casos de violencia contra
b) Administrar el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres en coordinación con el Ministerio del
Interior y el Consejo de la Judicatura;
c) Establecer las acciones y medidas que garanticen la atención integral de carácter gratuito,
dirigidos a personas agresoras y potenciales agresores con la finalidad de reeducarla y reinsertarla socialmente;
d) Brindar tratamiento penitenciario mediante especialistas de los centros de privación de la libertad
para personas sentenciadas por actos de violencia contra las mujeres;
e) Desarrollar programas de concienciación y sensibilización sobre la violencia contra las mujeres,
dirigidos específicamente a adolescentes infractores;
f) Regular y controlar el funcionamiento de las Casas de Acogida y Centros de Atención, con el fin de
atender a las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia y en toda su diversidad;
g) Hacer seguimiento y promover la implementación de las recomendaciones de los Comités
Especializados de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en materia de esta Ley; h) Fortalecer los Servicios Especializados de Protección Especial, detección, atención y
acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia;
j) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales, tanto en el ámbito nacional y local
para la implementación de las políticas públicas de erradicación de la violencia hacia las mujeres;
k) Establecer los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y
reparación especializada para las niñas y las adolescentes con la finalidad de promover e impulsar cambios en los patrones culturales que mantengan la desigualdad entre niños y niñas y adolescentes
hombres y mujeres; y,
Art. 24.- El ente rector de Educación. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar la política pública de educación con enfoque de género, respecto de la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes;
b) Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación, materiales educativos
dirigidos a la comunidad educativa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes;
c) Garantizar la reinserción escolar, en cualquier parte del territorio nacional, a través de la
reubicación de los niños, niñas y adolescentes, como mecanismo de protección, en cualquier tiempo;
d) Establecer rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes, acoso y violencia sexual dentro del ámbito educativo; difundirlos en la
comunidad educativa; y, evaluarlos permanentemente en cuanto a su cumplimiento y efectividad;
e) Fortalecer en todas las modalidades y niveles educativos la enseñanza de los derechos humanos
de las mujeres, con eliminación de los mitos, hábitos y estereotipos que legitiman la violencia;
f) Promover y fortalecer los programas de escuelas para madres y padres de familia con el fin
fortalecer sus capacidades y orientar el desarrollo integral de sus hijas e hijos, con enfoque de
g) Establecer mecanismos para la detección de los casos de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes en los centros educativos, la investigación multidisciplinaria y su derivación a las instituciones que conforman el Sistema;
h) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes, al personal de los departamentos de
consejería estudiantil y personal administrativo de las instituciones educativas en derechos humanos
de las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres;
i) Implementar en la malla curricular, contenidos sobre el enfoque de género respecto de los
derechos de las mujeres; nuevos patrones socioculturales y masculinidades, que deconstruyan los
discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres; la prevención del acoso y abuso sexual; la prevención del embarazo adolescente; y los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros;
j) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra
las niñas, adolescentes, dependientes de víctimas de femicidios, y mujeres a la educación, con énfasis en la violencia sexual cometida dentro del sistema educativo, que permitan la actualización permanente del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
k) Coordinar con las entidades de Justicia, procesos de capacitación permanente, sobre los delitos
de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito educativo; l) Establecer como un requisito de contratación y permanencia a todo el personal docente el no
contar con antecedentes penales en casos de violencia contra las mujeres o abuso sexual;
m) Generar programas y proyectos como becas y apoyo económico para garantizar el derecho de
las niñas, adolescentes, madres adolescentes, dependientes de víctimas de femicidios, y mujeres, a
la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y culminación de sus estudios en todos los niveles y modalidades de educación;
n) Diseñar e implementar medidas de prevención y protección, con énfasis en el ámbito rural, para
evitar la deserción escolar de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y favorecer la
continuidad de su proyecto de vida,
o) Denunciar los delitos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes ante el sistema
de administración de justicia, así como ponerlo en conocimiento de las instituciones que forman parte del Sistema, para el respectivo seguimiento, conforme con su competencia;
p) Aplicar medidas de protección dentro del ámbito de sus competencias, a favor de niñas y
adolescentes víctimas de violencia, sin perjuicio de las medidas que se establezcan en el marco del proceso judicial;
q) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las
mujeres, a través de medios tecnológicos que sean compatibles y actualicen el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
r) Implementar instrumentos y protocolos de detección y valoración de la situación de vulnerabilidad
y riesgo;
s) Fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil en materia de detección, atención y
acompañamiento a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, creando espacios libres
de injerencia de poder y de relaciones asimétricas que permitan la generación de confianza en los estudiantes y en el personal educativo para reportar casos de violencia;
u) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de los
derechos de las mujeres, dentro del ámbito de sus competencias;
v) Integrar en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos necesarios para educar
en el respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres; y,
Art. 25.- Ente rector de Educación Superior. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar la política pública de educación superior con enfoque de género, respecto de la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
b) Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad
educativa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;
c) Garantizar la reinserción universitaria, en cualquier parte del territorio nacional, a través de la
reubicación de las mujeres, como mecanismo de protección;
d) Crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las
mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; y, difundir los mecanismos de prevención y respuesta en la comunidad educativa;
e) Implementar en todas las mallas curriculares la enseñanza de los derechos humanos de las
mujeres, con eliminación de mitos, hábitos y estereotipos que legitiman la violencia;
g) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes y personal administrativo de las
instituciones de educación superior, en derechos humanos de las mujeres, enfoque de género,
derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres;
h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra
las mujeres, con énfasis en la violencia y el acoso sexual cometidos dentro del sistema de educación superior, que permitan la actualización permanente del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
k) Generar mecanismos como becas, créditos y otras formas de apoyo económico para garantizar el
derecho de las mujeres a la educación superior y a la permanencia y culminación de sus estudios;
l) Denunciar los delitos de violencia sexual contra las mujeres ante el sistema de administración de
m) Aplicar medidas de protección dentro del ámbito de sus competencias, a favor de las mujeres
víctimas de violencia, sin perjuicio de las medidas que se establezcan en el marco del proceso judicial;
n) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las
mujeres víctimas de violencia, a través de medios tecnológicos que sean compatibles y actualicen el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
o) Implementar instrumentos y protocolos de detección y valoración de la situación de vulnerabilidad
y riesgo de las mujeres;
p) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de los
derechos de las mujeres víctimas de violencia, dentro del ámbito de sus competencias;
q) Desarrollar procesos de investigación y estudio de las problemáticas de violencia de género contra
las mujeres; y,
r) Promover que las instituciones públicas y particulares de educación superior, incorporen en el
ámbito de la investigación, estudios respecto del comportamiento de personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada por femicidio en el Ecuador, para la elaboración de políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres, en coordinación con el ente rector del sistema; y,
Art. 26.- El ente rector de Salud. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar la política pública de salud con enfoque de género, respecto de la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de la Atención integral en Salud, con
enfoque psicosocial, atención desde los principios bioéticos, prevaleciendo la confidencialidad y al derecho de la paciente;
b) Garantizar de manera prioritaria en todos los hospitales y centros de salud, la atención y
recuperación integral de la salud física y mental gratuita, a favor de las mujeres víctimas de violencia,
lo que incluye exámenes, hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico; y, cualquier otra actividad necesaria para el restablecimiento de la salud;
c) Garantizar áreas de primera acogida para las mujeres víctimas de violencia, con funcionamiento
las veinticuatro horas en los establecimientos del sistema nacional de salud;
d) Garantizar la protección de la salud integral a las mujeres embarazadas, víctimas de violencia. De
manera prioritaria se protegerá la salud integral de las niñas y adolescentes embarazadas, víctimas
de violencia y el acceso a todos los servicios de salud sexual y reproductiva existentes en el Sistema Nacional de Salud. El embarazo temprano en niñas y adolescentes será considerado de alto riesgo;
e) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua sobre derechos
humanos de las mujeres con enfoque de género respecto de los derechos sexuales y reproductivos,
entre otros, dirigidos a profesionales de la salud y personal administrativo, con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las mujeres víctimas de violencia;
f) Promover campañas sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes, dirigidas a usuarios y usuarias del Sistema de Salud;
g) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra
las mujeres, que actualicen permanentemente Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
h) Garantizar que la información relativa a mujeres víctimas de violencia sea debidamente ingresada
en el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
i) Coordinar con la Fiscalía General del Estado el fortalecimiento de todos los procesos periciales en
los distintos tipos de violencia y delitos sexuales;
k) Garantizar el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las
mujeres con aborto en curso;
n) Fortalecer a los Técnicos de Atención Primaria en Salud y al personal de los Establecimientos de
la Red Pública Integral de Salud, en detección, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas
o) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley dictadas por la
p) Coordinar con la Fiscalía General del Estado la ejecución de capacitación sobre procesos
periciales en distintos tipos de violencia y delitos sexuales;
q) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el ejercicio de los
derechos de las mujeres en el ámbito de sus competencias;
r) Asegurar atención especializada para las niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual,
garantizando exámenes y tratamientos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA y embarazo no planificado a causa de violencia, con consideración de
protocolos especializados en salud adolescente, examen y tratamiento para trauma físico y emocional, recopilación de evidencia médica legal que considere su especificidad y necesidades;
s) Fortalecer los protocolos de atención integral a favor de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de
violencia, en el marco del Sistema Nacional de Salud; y,
Art. 27.- El ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Garantizar la aplicación de las medidas de protección urgentes establecidas en los protocolos, a
favor de las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;
b) Diseñar la política pública de seguridad interna con enfoque de género, que garantice la
prevención como medio para la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;
c) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos
humanos y enfoque de género dirigidos al personal técnico y administrativo del ente de seguridad ciudadana y orden público, así como de la Policía Nacional;
d) Garantizar, previo a un análisis de riesgo, la vigilancia, resguardo o custodia policial en el lugar de
residencia, centros de atención o casas de acogida en los que se encuentren las mujeres víctimas de violencia por el tiempo que sea necesario;
e) Diseñar e Implementar el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres a través de medios
tecnológicos que permitan la interoperabilidad con los sistemas informáticos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar de la Violencia contra las mujeres y otras instituciones del sector público o privado que sean necesarias;
f) Diseñar el proceso de homologación de instrumentos para el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las instituciones que forman parte del Sistema;
g) Dictar la normativa necesaria para la estandarización de datos sobre violencia contra las mujeres,
que incluya indicadores desagregados por etnia, edad, género, entre otras variantes;
h) Implementar dentro de las Unidades de Policía Comunitaria y Unidades de Vigilancia Comunitaria,
por lo menos un agente de policía especializado en procedimientos en contra de la Violencia contra
i) Articular el proceso de homologación de instrumentos para el Registro Unico de Violencia contra
las Mujeres, en coordinación con las instituciones que forman parte del Sistema;
j) Generar enlaces permanentes con las distintas formas de organización social y comunitaria, para
coordinar actividades conjuntas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; y,
Art. 28.- El ente rector de Trabajo. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar la política pública de trabajo con enfoque de género que incluya la prevención y
b) Elaborar y armonizar la normativa secundaria para el sector público y privado con el fin de
sancionar administrativamente la violencia contra las mujeres, en el ámbito laboral;
Diseñar e implementar programas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
en el ámbito laboral tanto en el sector público como en el privado y en los gremios de trabajadores y
d) Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia,
remuneración y ascenso laboral de las mujeres;
e) Desarrollar políticas y programas específicos para la incorporación de las mujeres víctimas de
violencia al pleno empleo;
Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos
enfoque de género dirigido a los sectores público y privado;
g) Otorgar a las mujeres víctimas de violencia, permisos y licencias laborales con remuneración no
imputables a vacaciones, motivadas por los procedimientos judiciales que haya iniciado así como por
las secuelas producidas por el hecho de violencia;
h) Incentivar en el sector público y privado la implementación de acciones que permitan regular y
equiparar los tiempos de cuidado entre hombres y mujeres;
i) Fortalecer a Inspectoras e Inspectores del Trabajo en la detección y remisión de los casos de
k) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el ejercicio de los
m) Sensibilizar, prevenir y controlar el trabajo infantil en las actividades que desarrolle el sector
público, privado y comunitario y a quienes brindarán asistencia técnica, a fin de que incorporen en
sus actividades y normativas institucionales disposiciones relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil; y,
Art. 29.- El ente rector en políticas públicas en Inclusión Económica y Social. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar la política pública de inclusión económica y social con enfoque de género que establezca
la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas
y adultas mayores, en el marco de las competencias y población objetiva atendida, determinada para este ente rector;
b) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, potenciales víctimas de violencia, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
c) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las
mujeres y reportar al ente encargado de las políticas públicas de justicia y derechos humanos, con el fin de actualizar periódicamente el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;
d) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua sobre derechos
humanos de las mujeres, prevención de violencia, entre otros, dirigidos a su personal técnico y
administrativo, así como a los beneficiarios de sus programas;
violencia en el ámbito socioeconómico en coordinación con el sector privado;
f) Generar programas de desarrollo socioeconómico y emprendimiento, dirigidos a mujeres víctimas
de violencia y en situación de vulnerabilidad, que permitan su reinserción;
g) Fortalecer sus servicios para la prevención, detección y referencia de los casos de violencia de
sus usuarias y usuarios;
h) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley, dictadas por la
Art. 30.- Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Son atribuciones de este Consejo Nacional para la Igualdad de Género, sin perjuicio de las establecidas en la respectiva normativa vigente, las siguientes:
a) Realizar el seguimiento y la observancia de la ejecución de las políticas públicas para la
implementación de esta Ley;
b) Asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas en la transversalización del enfoque de
género en el desarrollo de normativa secundaria y políticas para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, conforme con sus competencias y funciones;
c) Coordinar con los otros Consejos de Igualdad, en especial con el Consejo de Igualdad
d) Promover la participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil que
promueven los derechos para la igualdad y no discriminación; como un mecanismo de transparencia,
e) Vigilar la correcta aplicación de la presente Ley y de los instrumentos internacionales de derechos
humanos de las mujeres, realizando recomendaciones y apoyo técnico a las funciones del Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados;
f) Contribuir a la creación de comités ciudadanos de vigilancia del cumplimiento de esta Ley como
mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social, que permita diagnosticar
necesidades de reformas de las leyes, planes, programas o proyectos que se ejecuten en favor de las víctimas de violencia;
g) Contribuir técnicamente con el Observatorio Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres;
h) Brindar asistencia técnica a todas las instituciones del Sistema, en la formulación y
transversalización de las políticas públicas, programas, proyectos, protocolos y cualquier otro instrumento que se requiera para la aplicación de esta Ley; e,
Art. 31.- Ente rector de la regulación en la comunicación. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Establecer los mecanismos que garanticen contenidos de comunicación con enfoque de género
que incluya la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;
b) Desarrollar campañas de sensibilización para difundir contenidos que fomenten los derechos
humanos de las mujeres y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;
c) Garantizar contenidos educativos que promuevan cambios socioculturales y la erradicación de los
estereotipos de género que promueven la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas y adultas mayores;
d) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua dirigidos al personal
de los medios de comunicación, sobre derechos humanos de las mujeres, enfoque de género; y,
e) Velar por el cumplimiento de las regulaciones que eviten contenidos discriminatorios, sexistas o
que promuevan la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; y,
Art. 32.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
a) Levantar y proveer de información estadística al Registro Unico de Violencia contra las Mujeres de
acuerdo a los lineamientos y normativa emitidos por el ente rector de Sistema;
b) Realizar encuestas especializadas en violencia a nivel nacional que aporten al Registro Unico de
Violencia contra las Mujeres, de conformidad con el Plan Nacional de Estadística;
Art. 33.- Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Articular la atención de los servicios de emergencia de forma oportuna, inmediata, eficiente, ante
las alertas o señales de auxilio a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia;
b) Coordinar permanentemente en el ámbito de sus competencias con las entidades que conforman
el Sistema Nacional Integral de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres; y,
Art. 34.- Consejo de la Judicatura.- Sin perjuicio de las facultades establecidas en la normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Requerir a la Fiscalía, Defensoría Pública y Policía Nacional, información estadística sobre todos
los casos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, ejecutados por el presunto agresor; estado del proceso, causas y circunstancias, entre otras, en las que se produjo la violencia, con el fin de sistematizar y unificar cualquier Registro Judicial que mantenga la Institución con el Sistema de Registro Unico de Violencia Contra las Mujeres, que considere las reservas legales existentes;
b) Garantizar el acceso a la justicia en la lengua propia de cada etnia en la atención integral,
reparación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, es decir, se deberá contar con los traductores necesarios para su actuación inmediata, preprocesal y
en todas las etapas del proceso judicial;
c) Garantizar el acceso a la justicia a través del medio de comunicación que requiera, acorde con la
discapacidad, en la atención integral, reparación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, es decir, se deberá contar con intérpretes necesarios para su actuación inmediata, preprocesal y en todas las etapas del proceso judicial;
d) Desarrollar programas permanentes de capacitación para jueces y juezas, así como para
operadores de justicia sobre derechos humanos, enfoque de género, derecho a una vida libre de violencia, procedimientos especializados, entre otros temas;
e) Realizar procesos de evaluación permanente al personal judicial con el fin de medir la eficiencia y
eficacia de su respuesta ante hechos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;
f) Crear planes, programas y proyectos para capacitar a los funcionarios judiciales, incluso
funcionarios administrativos, en el manejo de medidas de protección de la víctima y prácticas no revictimizantes, en los servicios judiciales;
g) Fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará
integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así como más juezas y jueces especializados en esta materia;
h) Iniciar los sumarios administrativos en contra de aquellos servidores judiciales que hayan incurrido
en alguna de las faltas tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, por haber violado los derechos y garantías constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales correspondientes;
Art. 35.- Fiscalía General del Estado. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Asegurar que la gestión jurídica y técnica de las causas penales se la realice con enfoque de
b) Garantizar la implementación de programas de sensibilización y formación en materia de derechos
humanos con enfoque de género;
c) Contar con fiscales especializados en violencia de género contra las mujeres;
d) Fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará
integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social;
e) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de
violencia contra las mujeres y sus dependientes;
f) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de
infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen las causas de esta naturaleza; y,
g) Las demás que establezca la normativa vigente.
Art. 36.- Defensoría Pública. Son atribuciones de la Defensoría Pública, sin perjuicio de las facultades establecidas en la normativa vigente, las siguientes:
a) Brindar un servicio de asesoría y patrocinio jurídico gratuito, con enfoque de género y diversidad
en la atención, a todas las mujeres víctimas de violencia de género;
b) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de
atención a mujeres víctimas de violencia de género;
c) Como defensores de las víctimas, solicitar medidas de reparación integral en los casos
patrocinados y realizar su seguimiento;
d) Definir procesos y herramientas para el servicio legal, que garanticen el ejercicio de una defensa
técnica, eficiente y oportuna, respetuosa de los derechos humanos;
e) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos
humanos, con enfoque de género, diversidad y derecho a una vida libre de violencia;
f) Contar con defensores públicos especializados en la atención a las mujeres víctimas de violencia
de género; g) Crear equipos técnicos para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, específicamente integrados por profesionales de psicología, trabajo social u otros;
h) Controlar de manera periódica el nivel de satisfacción de las personas usuarias en los servicios de
atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género;
i) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de
Art. 37.- Defensoría del Pueblo. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Velar porque las actuaciones y argumentos de defensa tengan un correcto manejo de la causa
tanto para los intereses proteccionistas del Estado como los de la víctima;
b) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos
humanos, enfoque de género y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, dirigidas a su personal;
c) Fortalecer la conformación de los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia
que estarán integrados por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social;
d) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de
violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y sus dependientes;
e) Controlar de manera periódica la satisfacción de los usuarios en los servicios de atención
especializada para víctimas de violencia de género;
infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen la naturaleza del tipo de causas;
g) Atender de forma prioritaria peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o
vulneración de los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y brindar asesoría jurídica gratuita;
h) Desarrollar campañas nacionales de sensibilización y concienciación sobre prevención y
erradicación de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas
mayores y la de construcción y transformación de los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos y de la cultura del privilegio, así como la eliminación de los estereotipos de género en materia laboral y la consolidación de la democracia paritaria para alcanzar la igualdad de género;
Art. 38.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.
a) Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; de acuerdo
con los lineamientos generales especializados de diseño y formulación de la política pública otorgada por el ente rector del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
b) Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores;
c) Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como capacitar al personal
en atención y emisión de medidas;
d) Promover la creación de Centros de Equidad y Justicia para la Protección de Derechos y brindar
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con equipos técnicos y especializados;
e) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de
acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional;
f) Promover campañas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres,
dirigidas a la comunidad, según su nivel de competencia;
g) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema, de los
casos de violencia de género contra las mujeres;
h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia de
género contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, que actualice
permanentemente el Registro de Violencia contra las Mujeres;
i) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres
víctimas de violencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Registro de Violencia de
Género contra las Mujeres;
k) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de
l) Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de prevención como alarmas, rondas de
vigilancia y acompañamiento, adecentamiento de espacios públicos, en conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas;
Promover iniciativas locales como Mesa Intersectorial de Violencia, Sistema Provincial Integrado
de Prevención y Atención de las Víctimas de Violencia de Género y, servicios de atención de casos de violencia de género; Redes locales, regionales y provinciales, de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, entre otras; n) Definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación; o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad; y, o) Las demás que establezca la normativa vigente.
Art. 39.- Obligatoriedad general de las instituciones que conforman el Sistema. Todas las entidades públicas que forman parte del Sistema, están obligadas a remitir la información requerida en materia de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores al Registro Unico de Violencia contra las Mujeres.
CAPITULO III EJE DE PREVENCION
Art. 40.- Eje de prevención. Articulará las políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones necesarios para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.
Art. 41.- Medidas para la prevención. El Estado, a través de las entidades que conforman el Sistema, en el ámbito de sus competencias, aplicarán las siguientes políticas, planes, programas, proyectos, lineamientos y acciones, sin perjuicio de las funciones establecidas para cada institución:
1. Implementar en los ámbitos mencionados, las recomendaciones respecto de los mecanismos
internacionales, en materia de Derechos Humanos de las mujeres, tanto a nivel Universal como
2. Diseñar modelos, protocolos y demás normativa de coordinación interinstitucional para la
prevención de violencia contra las mujeres, que contemplen y definan la articulación de las acciones especializadas;
3. Implementar un Programa Nacional de transversalización del Enfoque de Género en la malla
curricular de todos los niveles del sistema de educación formal y no formal, intercultural y bilingüe.
Además de la incorporación de programas educativos y asignaturas que aborden la transformación de patrones socioculturales como mecanismo de prevención de la violencia contra las mujeres;
4. Implementar un Programa Nacional de Formación y Evaluación permanente y obligatorio sobre el
enfoque de género, derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, dirigido a servidoras y servidores públicos;
5. Generar un mecanismo de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, para
implementar y fortalecer políticas de prevención de violencia contra las mujeres, a nivel territorial;
6. Elaborar e implementar una política sobre detección, valoración de riesgo, alerta temprana de la
violencia y derivación a las instancias competentes, en el sector público y privado, en la que se especifique la responsabilidad de las instituciones integrantes del subsistema;
7. Generar líneas de investigación de carácter científico sobre violencia de género para estudios
cualitativos y cuantitativos, y análisis en vinculación con la academia;
8. Diseñar e implementar una estrategia comunicacional que promueva los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y que transforme los patrones socioculturales para prevenir la violencia contra las mujeres;
9. Regular y prohibir la difusión de los contenidos comunicacionales y publicitarios en medios audiovisuales, radiales, escritos y digitales que incitan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres; así también deberán desarrollar contenidos vinculados con la sensibilización, prevención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
10. Implementar planes, programas y proyectos para la formación en derechos, el empoderamiento y
autonomía socioeconómica de las mujeres; 11. Implementar programas de reeducación a personas agresoras, en materia de derechos humanos, con énfasis en género, masculinidades y violencia;
12. Crear una estrategia integral y específica para la prevención de la violencia en comunidades,
13. Formular, aplicar y actualizar en los diferentes idiomas oficiales y ancestrales;
Art. 42.- Obligaciones generales de los medios de comunicación y publicidad. Corresponde a los medios de comunicación tanto públicos como privados y comunitarios, velar porque la difusión de la información en todas sus formas y que tenga que ver con la violencia contra las mujeres, sea tratada con la correspondiente objetividad informativa en pro de la defensa de los derechos humanos y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos; así también deberán desarrollar contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y los integrantes del grupo familiar.
CAPITULO IV EJE DE ATENCION
Art. 43.- Eje de atención. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconómica y asesoría jurídica a las mujeres víctimas de violencia, de manera especializada, interseccional, interdisciplinaria, integral, inmediata y gratuita.
Las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia, recibirán atención especial, prioritaria y oportuna de cualquier autoridad y en todos los servicios públicos o privados necesarios para garantizar un trato digno, con calidad y calidez, en todas las instancias, niveles y modalidades de servicios.
Art. 44.- Medidas para la atención integral. Deberán implementarse los siguientes lineamientos y acciones:
Diseñar modelos, protocolos y demás normativa de coordinación interinstitucional para la atención
integral y especializada a víctimas de violencia, que contemplen y definan la articulación de los servicios, considerando la especificidad de la atención de las mujeres;
2. Fortalecer la red de servicios especializados y gratuitos de atención jurídica, psicológica, médica y
socioeconómica para las víctimas de violencia;
3. Ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer espacios de atención integral
en violencia, como centros de atención especializada y casas de acogida para mujeres víctimas de
violencia, con énfasis en el área rural.
4. Se crearán redes de apoyo entre víctimas de violencia, con especial énfasis en la formación de
promotoras comunitarias;
5. Crear espacios de atención integral especializada para ámbitos y tipos específicos de violencia,
expuestos en esta Ley;
6. Crear y fortalecer espacios físicos exclusivos, seguros y confidenciales para la atención a víctimas
de violencia en todas las instituciones responsables de su atención;
7. Garantizar la especialización y capacitación permanente de equipos multidisciplinarios con
enfoque de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores para fortalecer la atención integral de las víctimas;
8. Promover la implementación de políticas de incentivos socioeconómicos a favor de mujeres
víctimas de violencia y sus familias, a través de políticas de acción afirmativa que serán
implementadas por las instituciones públicas y privadas, conforme a sus competencias.
CAPITULO V EJE DE PROTECCION
Art. 45.- Eje de protección. La protección como parte del Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, buscará garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, así como su dignidad, autonomía, integridad y bienestar, considerando los factores de vulnerabilidad y de riesgo y soporte a las medidas dictadas a través del Sistema de Administración de Justicia o generación de medidas administrativas necesarias a favor de las víctimas de violencia, cuyos casos no se judicializan.
Art. 46.- Proporcionalidad. Las medidas de protección integral reguladas por esta Ley, se otorgarán
las víctimas de violencia de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho que amenaza
vulnera sus derechos, a los daños que ha sufrido la víctima y a sus circunstancias particulares.
Art. 47.- Medidas de protección inmediata. Las medidas de protección serán de carácter inmediato y provisional; tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o vulneración de la vida e integridad, en relación con los actos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, determinados en este cuerpo legal.
Art. 48.- Acciones urgentes.- Las acciones urgentes son las que se ejecutarán por parte de la Policía Nacional cuando exista o se presuma una inminente vulneración o riesgo a la vida e integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos establecidos de la siguiente manera:
a) Acudir de manera inmediata ante una alerta generada por: botón de pánico, llamada al Servicio
Integrado ECU 911, video vigilancia, patrullaje, vigilancia policial y otros mecanismos de alerta;
b) Activación de los protocolos de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia de
c) Acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual, cuando así lo solicite o para
que tome sus pertenencias, de ser el caso;
d) Acompañar a la víctima a la autoridad competente para solicitar la emisión de la boleta de auxilio y
la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor, en cualquier
espacio público o privado; y,
e) Solicitar atención especializada a las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de
Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres, a favor de la víctima y de las personas que dependen de ella.
Art. 49.- Organos competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección. Las autoridades competentes para otorgar medidas administrativas inmediatas de protección son:
a) Juntas Cantonales de Protección de Derechos; y,
b) Tenencias Políticas.
En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protección de Derechos, serán las Comisarías Nacionales de Policía, los entes competentes para otorgar las medidas administrativas inmediatas de protección.
Art. 50.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Sin perjuicio de las ya establecidas en otros cuerpos normativos, corresponde a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos las siguientes atribuciones:
a) Conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos de
mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco de su jurisdicción; y, disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado; b) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones;
c) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información y
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
d) Llevar el registro de las personas sobre las cuales se hayan aplicado medidas de protección y
proporcionar la información al Registro único de Violencia contra las Mujeres;
e) Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de actos de violencia de los cuales
tengan conocimiento; y, f) Vigilar que en los reglamentos y prácticas institucionales, las entidades de atención no violen los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.
Art. 51.- Medidas Administrativas inmediatas de protección. Las medidas administrativas inmediatas de protección se dispondrán de manera inmediata, cuando exista vulneración a la integridad de la mujer víctima de violencia. Serán otorgadas por los Tenientes Políticos, a nivel parroquial; y, a nivel cantonal, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
a) Emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del
presunto agresor, en cualquier espacio público o privado;
b) Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual, cuando haya sido alejada de este por el
hecho violento y así lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad;
c) A solicitud de la víctima, se ordenará la inserción, con sus dependientes en un programa de
protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad, en coordinación con el ente rector de
las políticas públicas de Justicia, la red de casas de acogida, centros de atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional, a nivel territorial;
d) Prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia o lugar de domicilio, a
sus hijas o hijos o personas dependientes de la misma, sin perjuicio de otras acciones que se
puedan iniciar;
e) Prohibir al agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer
que se encuentra en situación de violencia o a cualquier integrante de su familia;
f) Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la
integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia;
g) Ordenar la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de
posesión legítima de la mujer víctima de violencia;
h) Disponer la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos electrónicos de alerta, en la
vivienda de la mujer víctima de violencia;
j) Disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y sus dependientes, en programas de
inclusión social y económica, salud, educación, laboral y de cuidados dirigidos a los grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector de políticas públicas de Inclusión Social y otras instancias
locales que brinden este servicio;
k) Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia contra las
mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas, de los entes rectores de políticas públicas de
Inclusión Social, Salud, y otras instancias locales que brinden este servicio, a través de un informe motivado;
l) Prohibir a la persona agresora el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad
de la víctima de violencia; y en caso de haberlos ocultado o retenido, ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que
dependan de ella;
m) Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres
víctimas de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales o salariales;
n) Ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones
deportivas, artísticas, de cuidado o de educación formal e informal; y,
Art. 52.- Fortalecimiento y criterio de especialidad en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos contarán con personal especializado en protección de derechos y sus respectivos suplentes para el otorgamiento, aplicación y seguimiento de las medidas administrativas inmediatas de protección.
SECCION I PROCEDIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION INMEDIATA
Art. 53.- Procedimiento.- El procedimiento para ordenar medidas administrativas de protección inmediata, se establecerá en el reglamento que para el efecto emitirá el Ente Rector del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este será ágil en todas sus fases y no requerirá patrocinio profesional. La autoridad dentro de sus competencias tendrá la obligación de adoptar las medidas que correspondan para garantizar la vida e integridad de
las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
Art. 54.- Petición. Cualquier persona o grupo de personas que tenga conocimiento del cometimiento de hechos o actos de violencia podrá solicitar el otorgamiento de acciones urgentes y medidas administrativas de protección inmediata, a favor de la víctima, de manera verbal o escrita, ante la Policía Nacional, las urgentes; y las Juntas de Cantonales de Protección de Derechos y Tenencias Políticas, las administrativas.
Art. 55.- Otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata que tengan por objeto detener la vulneración del derecho de las mujeres. Las medidas administrativas inmediatas de protección serán otorgadas seguidamente por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las Tenencias Políticas cuando esté siendo vulnerado o se ha vulnerado el derecho a la integridad personal y la vida digna de la mujer.
Art. 56.- Otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata que tengan por objeto prevenir la vulneración del derecho de las mujeres. Una vez que la Junta Cantonal de Protección de Derechos, conozca sobre la solicitud de otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata, verificará por la sola descripción de los hechos, el riesgo de ser vulnerado el derecho a la integridad personal y la vida digna de las mujeres y las otorgará o denegará inmediatamente.
La Junta Cantonal de Protección de Derechos que otorgue las medidas administrativas de protección inmediata especificará e individualizará la o las medidas, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse en función del nivel de situación de riesgo y condición de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género.
Art. 57.- Registro de las medidas otorgadas. Los casos y las medidas otorgadas, deberán ser registradas en el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres.
Art. 58.- Principio de impugnabilidad. Las medidas administrativas inmediatas de protección se otorgarán a las mujeres víctimas de violencia de género, sin perjuicio de encontrarse activo un proceso, ya sea en la justicia indígena u ordinaria.
SECCION II SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
Art. 59.- Sistema de Alerta Temprana. El Sistema de Alerta Temprana es un mecanismo que permite evitar el femicidio debido a la violencia de género, por medio del análisis de la información contenida en el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, a través de la identificación del riesgo de una posible víctima y la activación de los servicios de protección y atención determinados en esta Ley.
Art. 60.- Identificación de una posible víctima. El ente rector de seguridad ciudadana y orden
desarrollará y ejecutará la identificación de mujeres cuya vida e integridad esté en riesgo debido a la violencia de género, a partir del análisis de datos del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres.
Art. 61.- Articulación. El ente rector de seguridad ciudadana y orden público articulará el Sistema de Alerta Temprana en coordinación con:
1. El ente rector de Justicia y Derechos Humanos;
2. El ente rector de Educación;
3. El ente rector de Salud;
4. El ente rector de Trabajo;
5. El ente rector de Inclusión Económica y Social;
6. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; y,
7. Otras instituciones que el ente rector de seguridad ciudadana y orden público, considere.
CAPITULO VI EJE DE REPARACION A TRAVES DE MEDIDAS DE ACCION AFIRMATIVAS
Art. 62.- Mecanismos para la reparación integral. En caso de declararse mediante providencia el cometimiento de hechos o actos constitutivos de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, la autoridad judicial competente ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial causado.
Art. 63.- Estándares para las medidas de reparación. Para el proceso de solicitud y determinación de las medidas de reparación, fiscales, jueces y juezas deberán tomar en cuenta los siguientes estándares:
1. Conocer las expectativas de las mujeres víctimas de violencia, sin atribuirles la carga de la identificación y prueba;
2. Informar a las mujeres víctimas de violencia sobre el alcance de las medidas de reparación y los
medios de ejecución;
3. Las medidas de reparación se basarán en el principio de proporcionalidad e integralidad;
4. Contener detalle de las instituciones que ejecutan la medida de reparación, el tiempo en el que se
debe ejecutar la medida de reparación y la periodicidad del cumplimiento de dichas medidas.
Art. 64.- Medidas de acción afirmativas para garantizar la reparación. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, la autoridad competente podrá tomar en cuenta todos los programas y proyectos implementados por las instituciones públicas.
Art. 65.- Responsabilidad general de las instituciones que conforman el Sistema. Las instituciones estatales, en el marco de sus competencias y previa sentencia o resolución de autoridad competente, cumplirán y ejecutarán de forma inmediata, los mecanismos de reparación de los derechos de las víctimas de violencia, ordenados en virtud de esta Ley.
CAPITULO VII LA PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY
Art. 66.- Promoción de la participación y fortalecimiento organizacional. Para asegurar el cumplimiento de esta Ley, se promoverá la participación de las mujeres, organizaciones sociales, comunitarias y demás actores sociales en todos los niveles de gobierno y funciones encargados de la formulación de políticas públicas, en el marco de la presente Ley.
a) Las dependencias encargadas de la promoción de la participación social en cada nivel de
gobierno promoverán y fortalecerán la participación de las organizaciones de mujeres, sociales, comunitarias y de la sociedad civil, así como la creación de los comités nacionales y locales de
usuarias de los servicios de atención a fin de observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.
b) Las redes, colectivos, movimientos, organizaciones de mujeres desarrollarán acciones de
seguimiento, veeduría, control social u observancia a las actuaciones de los organismos que conforman el sistema previsto en esta Ley.
SEXTA.- Las servidoras y servidores públicos que incumplan las obligaciones contempladas en la presente Ley o contravengan las disposiciones de la misma, a su reglamento, a los protocolos, así como a las leyes y normativa conexas, serán sancionados de conformidad con lo establecido en la normativa en materia laboral, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que sancionen el mismo hecho.
SEPTIMA.- El Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de Violencia contra las mujeres, a través de su ente rector, presentará de manera anual un informe de rendición de cuentas sobre los planes, programas y proyectos que cada una de las instituciones que lo conforman hayan ejecutado en el marco de aplicación de la presente Ley.
SEPTIMA.- Confórmese la Mesa para la construcción del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, con todas las instituciones públicas que conforman el sistema, para que en el plazo de 6 meses se presente el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, base de la correcta aplicación de esta ley, está estará encabezada y dirigida por el Ministerio rector en Seguridad Ciudadana y Orden Público.
DECIMA.- Los gobiernos autónomos descentralizados, a todo nivel, en un plazo no superior a ciento ochenta días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley realizarán actualizaciones de los Planes de Desarrollo elaborados, en los que se deberá incluir las medidas y políticas que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se evite la revictimización e impunidad.
PRIMERA.- Agrégase a continuación del numeral 9 del artículo 42 del Código de Trabajo, el numeral siguiente: "10. Conceder a las trabajadoras víctimas de violencia de género, el tiempo necesario para tramitar y acceder a las medidas administrativas o judiciales dictadas por autoridad competente, el mismo que no afectará su derecho a recibir su remuneración completa, ni sus vacaciones.
SEGUNDA.- Después del segundo inciso del artículo 33, de la Ley Orgánica de Servicio Público, agrégase lo siguiente: "La autoridad nominadora o su delegado, deberá conceder a las servidoras públicas, víctimas de violencia con la mujer, un permiso sin cargo a vacación por el tiempo necesario para tramitar, acceder y dar cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales dictadas por autoridad competente. Este permiso no afectará su derecho a recibir su remuneración completa, ni sus vacaciones.
TERCERA.- En la letra l) del artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, después de la
palabra "discriminación", agregar una coma (,) y la frase "violencia de género.
1. Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin que la víctima tome sus
pertenencias. La salida de la víctima será excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a la persona agresora, se compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella; y
2. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal,
documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas dependientes de ella.
3. Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y después del proceso penal,
su ingreso al sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes
en el proceso, siempre que las condiciones así lo requieran.
1. Rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa y de las víctimas
indirectas; y,
2. Reparación de daño al proyecto de vida basado en el Derecho Internacional de los Derechos
SEXTA.- Sustitúyase el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, por el siguiente: "Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar: Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
SEPTIMA.- Refórmase el artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente texto: "Art. 159: Contravenciones de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Será sancionada con pena privativa de libertad de diez a treinta días, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso no mayor a tres días.
OCTAVA.- Sustitúyase el artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial, por el siguiente:
"Art. 232.-Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. En cada cantón, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia.
El Consejo de la Judicatura creará oficinas técnicas, con profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para garantizar la intervención integral. Serán competentes para:
1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o
miembro del núcleo familiar;
2. Cuando se apliquen medidas de protección previstas en la ley pertinente, simultáneamente la o el
juzgador podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure esta medida, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponderá también a la o al juez ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento; y,
NOVENA.- Sustitúyase el numeral 8 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial por
el siguiente: "Art. 109.- Infracciones gravísimas.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se
recibido condena en firme con pena de privación de la libertad como autor, coautor o cómplice de un delito doloso o de un delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con pena privativa de la libertad mayor de seis meses.
le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: (
DECIMA.- Refórmase el artículo 570 del Código Orgánico Integral Penal por el siguiente: "Art. 570 Reglas especiales para el juzgamiento del delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
1. Son competentes las y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar y en el caso de las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia corresponde a los jueces y juezas de garantías penales;
2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos especializados; y,
3. La o las víctimas pueden acogerse al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas,
Testigos y Otros Participantes en el proceso, antes, durante o después del proceso penal, siempre
que las condiciones así lo requieran.
DECIMA PRIMERA.- Inclúyase, a continuación del literal g) el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, lo siguiente: "h) Por el cometimiento de actos de violencia en contra de los grupos de atención prioritaria.
DISPOSICION FINAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
f.) DR. JOSE SERRANO SALGADO
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDOÑEZ Secretaria General.
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 artículo 64
 artículo 11
 artículo 75
 artículo 424
 artículo 63
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 artículo 42
 artículo 33
 artículo 48
 artículo 157
 artículo 159
 artículo 232
 artículo 109
 artículo 570
 artículo 333