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Timestamp: 2020-03-28 17:28:50+00:00

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El proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores | Lucha ¿sin patrón?
Lucha ¿sin patrón?
Denise Kasparian
1 El proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores
La recuperación de empresas designa un conjunto de procesos en los cuales colectivos de trabajadores de unidades productivas en crisis asumen la dirección de la producción, organizados generalmente en cooperativas de trabajo. Si bien el avance sobre la dirección de la producción es activado para defender las fuentes de trabajo (Fajn, 2003; Fernández Álvarez, 2007b), esta acción implica un movimiento de carácter ofensivo. El modo emblemático de realizar dicha defensa es la toma u ocupación del establecimiento productivo, por lo que la acción colectiva de resistencia implica a su vez una alteración de las relaciones de propiedad y de poder al interior de las unidades productivas (Rebón, 2007). Así, en términos de Vuotto (2011), las empresas recuperadas conforman un modelo cooperativo reivindicativo, en tanto contienen una lógica de acción cercana a la reivindicación gremial.
A partir de estas coordenadas es posible delimitar un tipo específico de cooperativismo de trabajo, definido por la dimensión conflictiva de su sociogénesis y su anclaje en reivindicaciones en torno al trabajo. Consideramos que estos elementos de origen resultan centrales para analizar el conflicto constituyente de nuestro caso de estudio (capítulo 3), así como sus características socioproductivas (capítulo 4). En este sentido, en este capítulo describimos a modo contextual la sociogénesis y el desarrollo de esta forma específica de cooperativismo de trabajo en la Argentina a partir de la crisis generalizada de 2001-2002 y hasta fines de 2015, esto es, el cierre del período de estudio de esta tesis.
1.1. Sociogénesis de los procesos de recuperación de empresas
1.1.1. La crisis de la unidad productiva y la acción colectiva de resistencia
La sociogénesis de los procesos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores encuentra su principal elemento estructurante en las crisis a escala de las unidades productivas (Rebón, 2007). Estas se desencadenan cuando frente a la imposibilidad de reproducción del capital, el patrón o empresario incurre en diversas formas de vulneración de la relación salarial: disminuciones, atrasos y deudas de sueldos, suspensiones, quiebras seguidas de abandono patronal y/o situaciones de vaciamiento fraudulento (Salgado, 2012).
Cualquiera sea su forma, la vulneración de la relación salarial es vivida por los trabajadores como una instancia en la cual su identidad, anclada en una situación laboral estable, asalariada y con acceso a la seguridad social, es puesta en jaque. Además, habilita crecientes cuestionamientos por parte de los trabajadores a la legitimidad del patrón, preparando el terreno para la desobediencia. Frente a esta situación, el trastrocamiento de la condición de trabajador asalariado es visualizado como único medio para salvaguardar la identidad, esto es, alterar la categoría ocupacional –dejar de ser asalariado– y emprender la producción sin patrón se constituye en la vía para continuar trabajando (Rebón, 2007). De este modo, la acción colectiva de recuperación no es fruto de un proyecto del colectivo laboral elaborado de acuerdo a valores o motivaciones ideológicas y de cara a la producción asociativa y autogestionada. Por el contrario, es un mecanismo de resistencia y de defensa de la fuente de trabajo, el modo encontrado por los trabajadores para reproducir su identidad (Fernández Álvarez, 2007b; Rebón, 2007).
No obstante el carácter defensivo que la estrategia de movilización parece tener en un principio, es decir, de respuesta y resistencia frente a la amenaza o la pérdida de la fuente de trabajo, introduce en su desarrollo elementos ofensivos, esto es, de aprovechamiento de oportunidades para avanzar sobre propiedades, territorios y prerrogativas del oponente, de acuerdo con la consecución de los propios intereses (Tilly, 1978).
En primer lugar, la forma emblemática –aunque no excluyente– de avanzar en la defensa de la fuente de trabajo es la toma u ocupación de la empresa, una forma de acción directa, esto es, que desborda los canales formales de regulación del conflicto (Rebón y Pérez, 2012), pero que aun así encuentra antecedentes en los repertorios de lucha de las clases trabajadoras[1]. Específicamente en la recuperación de empresas, la toma se constituye en un medio eficaz de apropiarse en los hechos del espacio de la empresa para evitar su vaciamiento y reiniciar la producción (Fajn, 2003; Rebón, 2007; Salgado, 2012).
En segundo lugar, a la ocupación le continúa el comienzo de la producción. El proceso productivo resultante expresa un amplio conjunto de transformaciones frente a las empresas capitalistas de origen, entre las que se destacan la transferencia de la función de dirección desde el capital al colectivo autogestionado de trabajadores y la alteración de las relaciones de propiedad, articulando de modo novedoso trabajo asociado y posesión de los medios de producción (Rebón y Salgado, 2010).
Si bien se pueden encontrar antecedentes[2], fue a partir del año 2001 que las recuperaciones de empresas se expandieron fuertemente y adquirieron visibilidad pública (Dávolos y Perelman, 2003; Fajn, 2003; Fernández Álvarez, 2007a; Palomino, 2003; Rebón, 2007), así como mayores grados de organización, en tanto se conformó la primera organización de empresas recuperadas. En el año 2002, cuando la depresión económica se profundizó, la recuperación de empresas alcanzó su punto máximo. Pasemos a describir el modo en que la crisis generalizada abierta a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001 se constituyó en la condición de posibilidad de la súbita difusión y expansión de los procesos de recuperación de empresas en crisis por parte de sus trabajadores.
1.1.2. La crisis generalizada de 2001-2002 y la expansión de la recuperación de empresas
Entre fines del siglo xx y comienzos del siglo xxi en la Argentina tuvo lugar la consolidación y la crisis del modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Este modelo, que había comenzado a configurarse a partir de la dictadura cívico-militar de los años 1976-1983, se basaba en la especulación financiera sostenida en el endeudamiento externo y beneficiada por el diferencial de tasas de interés nacionales e internacionales. A partir de la década del noventa este modelo se vio consolidado a raíz de un inusitado proceso privatizador de las empresas estatales, la reestructuración del Estado, la desregulación económica y del mercado de trabajo, el Plan de Convertibilidad[3], la apertura importadora y los crecientes niveles de endeudamiento externo (Basualdo, 2013).
Hacia mediados de la década del noventa, la etapa de oro de la Convertibilidad (1991-1994) había finalizado y los efectos sociales y económicos de la consolidación del modelo de acumulación basado en la valorización financiera se tornaron insoslayables. Como producto de la apertura externa del mercado de bienes, durante la década del noventa se había profundizado el proceso de desindustrialización –iniciado a mediados de la década del setenta– marcando el pasaje de una economía industrial a una economía financiera, agropecuaria y de servicios. Dicha desindustrialización, en un contexto de desregulación del mercado de trabajo, provocó una fuerte expulsión de mano de obra que, sumada a la operada con trabajadores de los servicios públicos privatizados, incrementó notablemente los índices de desempleo, así como coadyuvó a provocar la caída de los salarios reales de los trabajadores. En este sentido, hacia mediados de la década del noventa la tasa de desempleo pasaba a ser de dos dígitos, alcanzando el 18,3 % en 2001 (Basualdo, 2013). En este contexto, el proceso expropiatorio de las clases trabajadoras argentinas se evidenció no solo en el desempleo y en la caída de los ingresos, sino también en el subempleo y la precarización laboral, que pauperizaron notablemente a la sociedad argentina.
A partir de la inédita crisis general de los años 2001-2002, que trajo aparejada la eclosión y crisis estructural del modelo mencionado, se configuraron las condiciones, por un lado, económicas y laborales, y por el otro, políticas y culturales, para la propagación de los procesos de recuperación de empresas (Rebón, 2007; Salgado, 2012).
En términos económicos y laborales, el significativo crecimiento del cierre y la quiebra de empresas durante los años 2001-2002 (Briner y Cusmano, 2003) incrementó la presencia del elemento estructurante del proceso (la crisis a nivel de la unidad productiva). Sumado a esto, tuvo lugar un crecimiento inusitado de los índices de desempleo y de pobreza, a la vez que en el marco de la desregulación del mercado de trabajo, se dio un debilitamiento de los mecanismos institucionales compensatorios a los despidos. No solo las indemnizaciones se consumen y el seguro de desempleo al cabo de un corto período deja de percibirse (Dávolos y Perelman, 2003), sino que en este contexto descendieron las posibilidades de acceder siquiera a las indemnizaciones.
Así, tanto la reinserción laboral en puestos de trabajo con atributos semejantes después de un despido, como la supervivencia durante los períodos de desempleo, se tornaron cada vez más difíciles. En otros términos, podríamos afirmar que tuvo lugar una exacerbación de la mercantilización del trabajo.
Este contexto aumentó la cantidad de unidades productivas en crisis, a la vez que alteró en forma regresiva las alternativas tradicionales de los trabajadores de enfrentar el desempleo, convirtiendo en más favorables los costos de oportunidad para la realización de acciones no convencionales, como la ocupación de establecimientos productivos para su puesta en marcha bajo un modelo autogestionado. De este modo, observamos que es la defensa de la fuente de trabajo frente a la crisis de la unidad productiva, en un contexto económico y laboral de las características desarrolladas, el motor que propulsa la difusión de las recuperaciones.
Ahora bien, para comprender el pasaje de la privación que implica la pérdida de la fuente laboral a la acción de recuperación, resulta insuficiente referirnos a las crisis a escala de las unidades productivas y a las condiciones económicas y laborales que plantea la crisis general de los años 2001-2002. Para comprender los pertrechos morales que transforman la privación en agravio, posibilitando y desencadenando la acción de recuperación, así como sus apoyos y tolerancias, resulta necesario ahondar en el entramado cultural en torno al trabajo en la sociedad argentina. Para esto, utilizamos el concepto de economía moral del trabajo (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015) que, tal como expusimos en nuestra estrategia teórica, retoma conceptualizaciones de Thompson (1979) y Arnold (2001). Veamos a continuación cómo se conforma y cómo se activa esta economía moral del trabajo en el contexto de la crisis general de 2001-2002.
Respecto a su conformación, el trabajo como elemento identitario ha tenido en la Argentina una fuerte relevancia social y política. Vinculado a la emergencia y consolidación del peronismo, el trabajo como valor alcanzó una importante institucionalización, configurando una forma específica de trabajo –asalariado a tiempo completo, estable y con beneficios sociales– como un elemento clave en términos identitarios. En el contexto de la reestructuración regresiva del capitalismo argentino reseñada en las páginas precedentes, el trabajo fue objeto de fuertes modificaciones: precarización, heterogeneización y crecientes niveles de desempleo signaron estas transformaciones (Bauni, 2011; Rebón, 2007; Salvia, 2007). No obstante, el trabajo como experiencia identitaria estructurante de la vida social siguió teniendo una fuerte impronta en la cultura de los trabajadores, representando el ordenador de la vida frente a otras alternativas de reproducción, codificadas como indignas e irresponsables (Fernández Álvarez, 2007b).
En este sentido, el proceso de recuperación de empresas expresó en su sociogénesis la vigencia de esta cultura en el particular contexto de crisis generalizada de principios de siglo (Dávolos y Perelman, 2004; Fernández Álvarez, 2007b; Rebón, 2007). El trabajo como elemento identitario jugó un rol clave como noción legitimizante (Thompson, 1979) para enfrentar el cierre empresarial. La privación del trabajo por el cierre de una unidad productiva es convertida en un agravio significativo que nutre moralmente a los disconformes. Originariamente, la activación de este criterio de justicia, principio de economía moral de los trabajadores, encontró terreno fértil en el marco de la crisis general abierta en 2001.
En el particular contexto de desempleo generalizado, de una recreación selectiva de la cultura del trabajo emergieron las condiciones morales para que los trabajadores recuperaran empresas y para que estas acciones, a pesar de implicar un cuestionamiento al valor de la propiedad privada, encontraran apoyo y tolerancia por parte de un variado conjunto social. Estas características nos permiten hipotetizar la existencia de una economía moral del trabajo como un elemento clave que opera en el proceso constituyente de la recuperación, así como en su desarrollo posterior, tal como veremos en próximos apartados de este capítulo (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015).
En adición a esta dimensión cultural del pasaje de la privación a la acción, resulta necesario introducir al análisis elementos políticos y culturales de la crisis generalizada de los años 2001-2002 que configuraron una estructura de oportunidades políticas para la difusión de la recuperación de empresas. Desde la perspectiva de los procesos políticos para el análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales, una estructura de oportunidades políticas refiere a un momento en que se abren oportunidades para el planteo de nuevas o no aceptadas reivindicaciones de agentes sociales que carecen de acceso regular a las instituciones políticas (Tarrow, 1999).
En condiciones de marcada crisis política se produjo un inédito proceso de movilización y protesta social (Fajn, 2003). Escraches, cacerolazos, cortes de ruta, puebladas, asambleas, movilizaciones, expresaron la insatisfacción de distintos sectores sociales frente a los mecanismos institucionales preexistentes para la canalización de demandas y la resolución de problemáticas, y la asunción de la acción directa como forma de expresar la disconformidad social (Rebón, 2007). Estas formas de expresión encontraron mayores grados de tolerancia e incluso aceptación tanto en la sociedad en general, como en las autoridades estatales y los medios de comunicación en particular. En este contexto, la pérdida del trabajo se entrelazó con un conjunto de disconformidades, de modo que, en la defensa de su fuente laboral, los trabajadores contaron con promotores, difusores, aliados y puntos de apoyos necesarios para llevar adelante la recuperación. Aquí, nos interesa detenernos en dos aspectos que se desprenden de este entrelazamiento de disconformidades.
En primer lugar, la acción colectiva de avanzar sobre la dirección de la producción expresó una alianza social estructurada en el modo en que la crisis del orden social alteró las condiciones de reproducción de múltiples identidades sociales (Rebón, 2007). Retomando a Polanyi (2007), podemos sostener que la profunda dislocación social a la cual conducen las etapas de generalización de la mercantilización, especialmente del trabajo, y de la desposesión de sus elementos de estabilidad, tal como la etapa descripta en la Argentina de fines de la década del noventa y principios del siglo xxi, son vividas como una amenaza sentida de catástrofe social por el conjunto de la sociedad. En respuesta a esta vivencia surge una resistencia social, que no se reduce al interés de una clase –aunque esta no deje de tener relevancia y haya sectores de mayor movilización que otros– sino que, en general, asume la forma de movimientos de resistencia a la mercantilización que aglutinan a distintos sectores sociales como participantes o apoyos (Burawoy, 2008).
Ahora bien, la peculiaridad del movimiento de empresas recuperadas que se constituyó en este contexto radica en que no solo posee elementos propios de las luchas polanyianas, sino que también integra elementos de las marxianas. Por un lado, puede comprenderse como un movimiento social de resistencia a la mercantilización, producto de un momento de gran dislocación social ocasionado por la generalización de la mercantilización, no solo del trabajo[4], que da lugar a una alianza y a una conflictividad social de tipo polanyiano en la Argentina de la crisis de 2001-2002. Ahora bien, por otro lado, esta conflictividad también posee un carácter marxiano de baja escala, en tanto unifica a los trabajadores de la empresa, quienes a través de la acción colectiva transforman las relaciones de explotación al interior de la unidad productiva, poniendo un obstáculo al carácter capitalista de las relaciones sociales de producción.
Sin embargo, cabe enfatizar en que si bien la estructura de oportunidades políticas que plantea la crisis generalizada de 2001-2002 resulta relevante en la sociogénesis del proceso, no es la oportunidad en abstracto la que motoriza la recuperación de empresas por sus trabajadores, sino que esta es producto de la resistencia a la mercantilización expresada en la vulneración de la relación salarial a escala de las unidades productivas. En el contexto de la crisis general, en tanto se activa una economía moral del trabajo, dicha resistencia a la mercantilización se desarrolla con una amplia legitimidad social, a pesar de que vulnera y relativiza la propiedad privada de los medios de producción, valor central de toda sociedad capitalista (Rebón, Kasparian, Hernández, 2015).
En segundo lugar, y tal como apuntan los representantes de la tradición de la movilización de recursos McCarthy y Zald (Pérez Ledesma, 1994), en la acción colectiva resulta central el rol del elemento organizativo. En este sentido, el contexto político y cultural descripto aportó recursos organizativos para la acción de recuperación, tales como los liderazgos de los referentes de las organizaciones de empresas recuperadas que se fueron conformando. A continuación, analizamos con mayor detenimiento el movimiento de empresas recuperadas y las organizaciones que lo conformaron durante los primeros años de sociogénesis del proceso de recuperación de empresas.
1.1.3. El movimiento de empresas recuperadas en la sociogénesis de la recuperación de empresas
Si bien la recuperación de empresas representa un proceso novedoso anclado en la crisis generalizada de 2001-2002, no puede perderse de vista que se encuentra anudado a las formas de lucha y de organización de las clases trabajadoras argentinas. Retomando tradiciones de lucha, como la toma de fábricas, y la modalidad autogestiva de organización desarrollada a principios de la década del ochenta en respuesta a los primeros indicios de desindustrialización (Palomino, 2003), la recuperación de empresas puede considerarse como un capítulo de la lucha de las clases trabajadoras argentinas en un contexto de crisis generalizada, y en el marco de las profundas transformaciones del repertorio de la protesta laboral en la Argentina que tuvo lugar con la instauración democrática en el año 1983 y, con mayor intensidad, a partir de la década del noventa (Farinetti, 1999)[5]. La recuperación de empresas ha constituido una nueva herramienta de presión y negociación con el capital y ha incidido incluso sobre el sistema institucionalizado de relaciones laborales (Palomino, 2003).
La ruptura con el marco antecedente de la lucha de las clases trabajadoras argentinas radica en que los sindicatos no tuvieron un rol de importancia en las primeras recuperaciones que se desencadenaron a partir de la crisis generalizada. Salvo algunas excepciones[6], los trabajadores que emprendían la recuperación enfrentaron la indiferencia y el abandono de los sindicalistas. En el contexto de los conflictos económicos que se suscitaban en las empresas en crisis y en los cuales se iba configurando la opción de la recuperación, la pérdida del rol dirigencial por parte del sindicato dio lugar a una autonomización de los colectivos de trabajadores respecto de este. Así, la carencia de una forma organizativa que proporcionara a los trabajadores orientación respecto a qué estrategia adoptar en la defensa de su fuente laboral, promovió la constitución de los denominados movimientos de empresas recuperadas (Rebón, 2007).
Mientras que las primeras recuperaciones se dieron de forma relativamente aislada, con su transcurso y frente al agravamiento de la situación económica, social y política, las confrontaciones dejaron de reducirse a conflictos entre el patrón y los asalariados de empresas particulares, para contener un amplio abanico de relaciones sociales en las cuales jueces, abogados, funcionarios del Estado, legisladores, miembros de asambleas barriales, universitarios, trabajadores de otras empresas recuperadas, y militantes de partidos de izquierda, entre otros actores, se hicieron presentes, promoviendo y motorizando las recuperaciones.
En resumidas cuentas, la estrategia de recuperación no nació espontáneamente de los trabajadores, sino de su articulación con otros actores que oficiaron de promotores. Estos se constituyeron en un vector determinante de las recuperaciones; fue su creatividad y determinación lo que posibilitó el avance sobre la dirección de la producción. La interacción entre promotores y trabajadores, junto al conflicto y negociación con otros actores, dio lugar a la conformación de diversas organizaciones de empresas y fábricas recuperadas (Rebón, 2007). Repasemos brevemente cuáles fueron las organizaciones que se conformaron en este primer momento de sociogénesis del proceso.
En el año 2000 se formó el Movimiento por la Economía Social (MOPES) a partir de una iniciativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Este primer intento evolucionó hacia organizaciones que a la vez que daban cuenta de la especificidad de los procesos de recuperación de empresas en el marco de la economía social, reflejaban su fragmentación. A pesar de los acuerdos, las diferencias prevalecieron y se confrontaron dos posiciones. Mientras que un grupo liderado por la empresa recuperada IMPA proponía la conformación de una organización de empresas recuperadas que integrara a todas sin importar la forma jurídica que poseyesen; otro, representado por la empresa recuperada Yaguané y la Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), proponía un agrupamiento por forma jurídica, de modo que las nuevas cooperativas fruto de la recuperación de empresas se integraran a la Federación ya existente (Rebón, 2007).
En el año 2001, el primer grupo fundó el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), organización que se constituyó en una de las más importantes. El lema que sintetiza la estrategia del movimiento es “Ocupar, resistir y producir”. Esta organización se caracteriza por no poseer una estructura jerárquica y orgánica, sino que más bien se nutre de la militancia de algunos cuadros (Rebón, 2007). Respecto del segundo grupo, por su fuerte arraigo al ideario cooperativista y su rechazo a la conformación de cooperativas como estrategia adaptativa, FECOOTRA, que había surgido en el año 1988, no tuvo una participación directa en las recuperaciones y prosiguió su camino como federación de cooperativas. Por último, como un desprendimiento de FECOOTRA, Yaguané conformó la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (FENCOOTER) (Rebón, 2007), que no llegó a tener una gran ascendencia en el proceso.
En el contexto de sociogénesis del proceso de recuperación de empresas, esto es, entre 2001 y 2003 aproximadamente, las recuperadas y sus organizaciones trascendieron la forma de agregación clásica de las clases trabajadoras –el sindicato–, conformando un movimiento social. Siguiendo a Tilly y Wood (2010), definimos a los movimientos sociales como una forma de contienda política que desarrolla, con cierta permanencia en el tiempo, una campaña pública de planteo de un conjunto articulado de reivindicaciones colectivas a las autoridades estatales –sean estas objeto de las reivindicaciones, aliados o árbitros de la lucha– a través de un repertorio delimitado de acciones colectivas. La noción de contienda enfatiza en la formulación interactiva de demandas (Tilly, 2011), esto es, refiere a que los movimientos sociales se caracterizan por plantear reivindicaciones que chocan con los intereses de otros grupos. Por su parte, el carácter político de dicha contienda señala su dimensión institucional, en tanto los movimientos interpelan a los gobiernos. En dicha campaña, además, los movimientos sociales realizan manifestaciones públicas de su valor, unidad, peso numérico y compromiso. En este sentido, el movimiento de empresas recuperadas logró plantear en la escena pública y frente a las autoridades estatales, la recuperación (que de modo paradigmático implica la ocupación del establecimiento productivo) como forma de acción en defensa de las fuentes de trabajo. Si bien el movimiento encontró su núcleo en los trabajadores de empresas recuperadas y en la demanda por la fuente de trabajo, fue producto de la articulación de una embrionaria alianza social que trascendió a las identidades presentes en las empresas.
Este período de carácter movimentista albergará grandes eventos de acción colectiva protagonizados por el movimiento. A modo ilustrativo, traemos dos ejemplos para dar cuenta no solo de la magnitud de los eventos, sino también de las articulaciones sociales que los sostuvieron. En primer lugar, cabe mencionar la masiva movilización que tuvo lugar el 22 de abril de 2003 en CABA para enfrentar el desalojo de Brukman. Al menos 5000 personas se movilizaron aquella jornada desde el Congreso de la Nación hasta la fábrica situada en el barrio de Balvanera (“Brukman: falló una gestión”, 23 de abril de 2003, Clarín). Las trabajadoras textiles fueron acompañadas por más de 30 organizaciones, entre las cuales no solo se encontraban organizaciones de empresas recuperadas, sino también partidos de izquierda y organizaciones de trabajadores desocupados.
En segundo lugar, el 11 de junio de 2003 tuvo lugar una masiva movilización (participaron alrededor de 10 000 personas) desde Liniers hasta Plaza de Mayo, pasando por Brukman, en la cual el movimiento de empresas recuperadas confluyó con organizaciones de trabajadores desocupados, así como de jubilados y pensionados, en una jornada nacional por el trabajo y el salario. En dicha oportunidad, las demandas de las empresas recuperadas (expropiación de todas las empresas recuperadas, asignación de capital de trabajo, créditos accesibles a través de la banca pública, salida de la policía de Brukman y de Sasetru, apoyo a Zanón y a todas las empresas recuperadas) ocuparon un lugar destacado (“Jornada por el salario”, 11 de junio de 2003, Indymedia).
En términos generales, el movimiento tendió a recurrir a la acción colectiva frente a nuevos casos de recuperación de empresas, para resistir desalojos y sostener ocupaciones de empresas en marcha, así como para obtener leyes de expropiación. Su repertorio se asentó sobre dos formas de acción. Por un lado, para la recuperación de las empresas y en oposición al ex empleador, los colectivos laborales tendieron a ocupar los establecimientos productivos con la ayuda de promotores y demás identidades sociales mencionadas anteriormente. Por otro lado, recurrieron a la movilización como modo de plantear sus demandas a las autoridades estatales en torno a los casos emblemáticos y más conflictivos, como los de Zanon y Brukman, y para el planteo de demandas generales como la expropiación de todas las fábricas, el otorgamiento de capital de trabajo y el desarrollo de líneas crediticias.
Si bien tuvieron lugar los eventos descriptos, el movimiento se caracterizó por poseer una baja penetración al interior de las empresas, asentándose principalmente sobre el activismo de algunos referentes y dirigentes, y por su baja capacidad de movilización. Esto se encuentra asociado con la necesidad de poner en marcha la producción y con las dificultades que plantea en este sentido la participación del pleno del colectivo laboral en las acciones colectivas.
Eso es un problema y es clave. Que tampoco está resuelto, porque yo estoy jubilado, voy, vengo, ahora me voy a otra reunión, lo hago porque me gusta, porque quiero. Cuando acá tienen producción, moverlos es difícil. [El compañero] si hay mucho trabajo a veces no se puede ir. No porque se lo prohíba, sino porque hay una cuestión de cumplir con el trabajo. […] Cuando se empezó a formar el Movimiento de Empresas Recuperadas en IMPA, íbamos otro compañero y yo que también se jubiló, íbamos los sábados, pero lo hacíamos porque nos gustaba a nosotros. Y cuando veníamos acá no pasaba nada, no nos daba pelota nadie. Íbamos al movimiento de empresas recuperadas, le contábamos al Consejo y nada. Y cuando venías con un problema, acá había 10 problemas más graves entonces lo tuyo quedaba aplacado. Esas son situaciones que se dan. Por eso siempre fue muy difícil movilizar. Hoy venía para acá y me encuentro por Caseros que pasa una manifestación de la CTEP. Veía la cantidad y yo decía: “si pudiéramos hacer una manifestación así…”, pero eso es el tema. Cuando empieza un conflicto en una empresa, los compañeros están todos movilizados, pero después una vez que arranca a funcionar es mucho más difícil. No sería posible nunca dejar la producción teniendo que entregar a los 2 o 3 días de trabajo para ir a una movilización. Entonces te mandan unos cuantos de acá, unos cuantos de allá, pero es difícil. (Raúl, referente del movimiento de empresas recuperadas, comunicación personal, septiembre de 2016)
Como veremos en próximos apartados, a partir de los años 2003-2004 el movimiento tendió a fragmentarse cada vez más en organizaciones aisladas y se dio una progresiva pérdida del carácter movimentista del proceso. En un nuevo contexto social, político y económico, las organizaciones diferenciaron sus demandas, pero sobre todo, los modos de canalizarlas y plantearlas a las autoridades estatales. No obstante, hacia el final del período bajo estudio se desarrollan ciertas condiciones que pueden reconformar el carácter movimentista del proceso.
Respecto a la elección de la forma cooperativa de trabajo para organizar los nuevos emprendimientos productivos, las empresas recuperadas constituyen experiencias de cooperativismo adaptativo, dado que lejos de asumir una vocación cooperativista fundada doctrinariamente, los trabajadores encontraron en la forma organizativa y jurídica de la cooperativa de trabajo la modalidad más adecuada y efectiva de defender sus puestos laborales (Palomino, 2003; Rebón, 2007). Este encuadre jurídico se correspondía con las necesidades y las prácticas de los colectivos de trabajadores que emprendían la autogestión, a la vez que afianzaba la legalidad de las experiencias (Echaide, 2004, 2010).
En los comienzos de la difusión de estos procesos, la forma jurídica cooperativa de trabajo convivió con otras estrategias, entre las que destacaba la estatización con control obrero. Esta propuesta consistía en que el Estado expropiara la empresa y la pusiera bajo el control y la administración de los trabajadores, garantizando a la vez sus condiciones laborales. De este modo, se buscaba establecer formas de propiedad social y colocar la autogestión de los trabajadores al servicio de una actividad productiva acorde a las necesidades de la sociedad. Este modelo fue impulsado por partidos y sectores de izquierda, principalmente por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), y sostenido en sus primeros momentos por las recuperadas Zanón y Brukman. El debilitamiento de esta estrategia frente a la de conformar cooperativas para luego buscar la expropiación de las empresas residió en que la estatización no contemplaba la necesidad de constituir una cobertura legal transitoria (Rebón, 2007). De este modo, la conformación de cooperativas[7] y la lucha por la expropiación con instancias intermedias de arreglos judiciales terminó por imponerse. Además, la forma cooperativa de trabajo poseía las ventajas de la exención del pago del impuesto a las ganancias, así como de las deudas de la empresa fallida (Palomino, 2003).
Tal como vimos anteriormente, la adopción de esta forma jurídica en estas condiciones fue leída por el cooperativismo tradicional de forma negativa, ocupando las organizaciones de este espacio un rol secundario durante la sociogénesis del proceso de recuperación de empresas. No obstante, con el correr de los años, la potencia simbólica del movimiento de empresas recuperadas terminaría por promover una reinterpretación de la memoria histórica de este actor que se había mantenido relativamente al margen, estimulando su participación (Palomino, Bleynat, Garro y Giacomuzzi, 2011). De este modo, los procesos de recuperación de empresas, aun sin originarse en la generalidad de los casos en apreciaciones ideológicas y/o doctrinarias de los trabajadores acerca del cooperativismo de trabajo, tuvieron un rol central en la difusión y recomposición simbólica[8] de dicha forma jurídica y organizativa en la Argentina poscrisis de 2001-2002.
1.2. Desarrollo de los procesos de recuperación de empresas
Superado el ciclo recesivo y de efervescencia social, la recuperación de empresas siguió desarrollándose en la Argentina. Según los últimos datos disponibles, hacia marzo de 2016 existían en la Argentina 367 empresas recuperadas que ocupaban a 15 948 trabajadores, siendo principalmente pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de los sectores metalúrgico, de la alimentación, gráfico, textil, gastronómico y de la industria de la carne. Poco más de la mitad de estas experiencias se concentraban en el AMBA (Programa Facultad Abierta, 2016).
Aunque con un ritmo ralentizado respecto al del comienzo del siglo xxi, nuevas recuperaciones han tenido lugar y se mantienen en niveles relativamente altos en comparación al período anterior a la crisis de 2001. Como se puede observar en el siguiente gráfico, alrededor del 60 % de las recuperaciones se han desarrollado a partir de 2004, esto es, una vez atravesado el contexto de crisis generalizada.
Gráfico N° 1: Frecuencia anual de recuperaciones de empresas. Argentina. Años 1996-2015
Fuente: elaboración propia con base en Programa Facultad Abierta (2016).
Sumado a esto, la mayoría de estas empresas continuaron funcionando como recuperadas. Según datos del Programa Facultad Abierta (2016), de las empresas recuperadas a partir del año 2002, hacia marzo de 2016 eran 43 –sobre un total de 411– las que habían tenido que cerrar por causas económicas o judiciales (desalojos y remates) o las que habían dejado de ser cooperativas de trabajo, debido a la venta de la empresa a capitales privados o por su estatización en un caso. En este sentido, solamente alrededor de 1 cada 10 había dejado de funcionar, por completo o como empresa recuperada.
Asimismo, las empresas recuperadas han implicado el sostenimiento de la fuente de trabajo, e incluso una tenue generación de nuevos puestos. En la tabla que presentamos a continuación observamos que, si bien la cantidad de empresas recuperadas y la cantidad de trabajadores de dichas empresas han tenido una tendencia creciente similar a lo largo de los años, el aumento relativo de la cantidad de trabajadores ha sido levemente mayor: si las empresas aumentaron en un 128 %, la cantidad de trabajadores lo ha hecho en un 131 %.
Tabla N° 1: Cantidad de empresas recuperadas y de trabajadores de empresas recuperadas. Argentina. Años 2004, 2010, 2013, 2016
Fuente: elaboración propia con base en Programa Facultad Abierta (2005, 2010, 2014, 2016).
De este modo, el proceso de recuperación de empresas ha logrado no solo una reproducción ampliada a partir de la conformación de nuevas unidades productivas que se insertan en el universo de recuperadas, sino también una reproducción simple. Esta se evidencia en el sostenimiento productivo y de la forma organizativa y jurídica cooperativa de trabajo de las experiencias, así como en el mantenimiento de las fuentes de trabajo con una incipiente creación de nuevos puestos.
A continuación, analizamos los elementos que, según la bibliografía sobre la temática, así como según las propias hipótesis elaboradas en el marco del equipo de investigación que integro, han contribuido a la reproducción simple y ampliada del proceso a lo largo de estos años. Como venimos analizando en este capítulo, la sociogénesis del proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores encontró su elemento estructurante en la crisis de las unidades productivas, pero la difusión y expansión de las recuperaciones como modo de defensa de las fuentes de trabajo no hubiera tenido lugar sin la existencia de dos elementos centrales: a) una configuración cultural particular en torno al trabajo en la Argentina, b) los factores que aportó la crisis generalizada de los años 2001-2002.
Por estos años el país atravesaba un crecimiento del desempleo y la pobreza que obstaculizaba la reinserción laboral en puestos de trabajo con atributos semejantes, así como un clima político, social y cultural que dio lugar a la conformación de un movimiento sobre la base de una alianza estructurada en la resistencia de diversos actores a la mercantilización de múltiples esferas de la vida social. Ahora bien, en el contexto de crecimiento económico que se configuró a partir de 2003-2004, ¿cómo fue posible que nuevas recuperaciones tuvieran lugar?
1.2.1. De la crisis generalizada al crecimiento de la economía
A partir del año 2003, se recuperaron los niveles de empleo y los salarios, se incrementó la proporción de trabajadores registrados, de modo que se observó una reducción de los niveles de precariedad laboral (Groisman, 2008). Un indicador central de dicha mejoría lo constituye el índice de desempleo. Mientras que en el primer trimestre del año 2003 el desempleo ascendía al 20,4 %, al mismo trimestre del año siguiente este porcentaje había descendido al 14,4 %, atravesando un descenso sostenido hasta ubicarse en el 7,1 % en el primer trimestre de 2015. Un comportamiento similar observamos respecto al índice de subocupación demandante. Mientras que durante el primer trimestre de 2003 se ubicaba en el 12 %, al año siguiente había descendido al 10,5 %, y hacia el mismo período del año 2015 se encontraba en el 5,1 % (EPH, INDEC).
Esta mejora se relacionó en primer lugar con la modificación de precios relativos que introdujo en la economía argentina el abandono de la paridad “uno a uno” del peso con el dólar a inicios de 2002. La contracción de la actividad económica que venía teniendo lugar desde el año 1998 se detuvo como consecuencia de dicha modificación de los precios, en tanto esta recompuso la competitividad de la producción local. El encarecimiento relativo de los productos importados favoreció una sustitución de importaciones por producción local, lo cual resultó determinante en la interrupción de la tendencia negativa del nivel de actividad (Damill y Frenkel, 2015). De este modo, se constituyó un contexto favorable al sostenimiento de las empresas recuperadas, que son en su mayoría PyMEs abocadas a la producción para el mercado interno. Sostenemos que esta recomposición, si bien podría ser vista como un obstáculo para nuevas recuperaciones en tanto relaja la dislocación social de inicios de siglo, no solo contribuye a la reproducción simple del proceso, es decir al sostenimiento de las empresas ya recuperadas, sino que impacta positivamente sobre las expectativas de colectivos laborales que pudieran emprender procesos de recuperación en sus empresas en crisis. Cabe mencionar que el cierre empresarial es un elemento estructural del capitalismo, por lo que siguen teniendo lugar crisis a nivel de las unidades productivas.
Durante el lustro 2003-2007 tuvo lugar un crecimiento promedio del PBI próximo al 9 % anual, se mantuvieron los superávits fiscal y externo, subieron marcadamente los salarios reales y la ocupación, y la distribución del ingreso mejoró de manera apreciable. Hacia el año 2008, la onda expansiva de la crisis global que se había iniciado a mediados de 2007 en el mercado de hipotecas sub prime en los Estados Unido afectó a la Argentina, a raíz de la caída en los precios de las commodities exportadas, que a su vez impactó en los ingresos tributarios sobre las exportaciones (Damill y Frenkel, 2015). Así, como se puede observar en el gráfico 1 presentado previamente, este momento de crisis se correspondió con un leve ascenso de las recuperaciones durante los años 2008 y 2009.
No obstante, en dicho momento, la Argentina se encontraba en una posición relativamente sólida para enfrentar la crisis: contaba con reservas sustanciales, un importante excedente en la cuenta corriente y superávit financiero en las cuentas públicas. Así, esta no tuvo serias consecuencias sobre las condiciones sociales y las perspectivas de crecimiento (Damill y Frenkel, 2015). Además, esto se relacionó con las políticas expansivas e inclusivas que desarrolló el Gobierno nacional[9], que permitieron amortiguar las consecuencias de la crisis, sosteniendo niveles de crecimiento, de actividad económica y de consumo interno.
En este contexto, resultó central para nuestro universo de estudio el lanzamiento del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) en el año 2009. Consistió –y continuaba vigente al momento de la escritura de este libro– en una suma fija mensual remunerativa para trabajadores de empresas en crisis hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral. Para acceder a este beneficio las empresas debían acreditar la situación de crisis que atravesaban, estipulando las acciones a desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal y a mantener la nómina total de trabajadores (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, s/d). En los hechos, el beneficio tendió a prorrogarse e incluso a ampliarse al universo de las empresas autogestionadas, dentro de las cuales se ubican las recuperadas, a través de la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS). Este ingreso resultó central para el sostenimiento de las recuperadas en funcionamiento. Profundizaremos sobre las políticas destinadas al sector en próximos apartados.
Algunos años después, la creciente inflación, la apreciación cambiaria, los subsidios a los servicios públicos, el deterioro de los superávits externo y fiscal, y el aislamiento financiero internacional, entre otros factores, mostraban un panorama económico complejo para octubre de 2011, momento en el cual Cristina Fernández de Kirchner obtuvo la presidencia de la Nación (Damill y Frenkel, 2015). La caída de las reservas del Banco Central se profundizaba como consecuencia de una fuerte fuga de capitales. No es objetivo de este libro analizar tales elementos, sino simplemente dar cuenta de que a pesar de que la economía argentina perdía el impulso que otrora tuviera, una serie de políticas intentaron y lograron con relativo éxito mantener estable la demanda agregada, indispensable para la dinamización de la actividad económica y el mercado interno, y así atenuar las condiciones desfavorables en la economía. Programas de incentivo al consumo como Precios Cuidados y Ahora 12, lanzados hacia fines del período analizado, se constituyeron en uno de los motores de la demanda. Por último, otros elementos relevantes en el sostenimiento de la demanda agregada y la actividad económica fueron el desarrollo ininterrumpido de paritarias para el caso de los trabajadores registrados, la Asignación Universal por Hijo, y los aumentos estipulados por ley de los distintos elementos de la seguridad social (entre estos, las jubilaciones) y del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Así, las empresas recuperadas siguieron contando con un contexto relativamente favorable para reproducirse como unidades productivas, lo cual además construyó expectativas positivas para emprender nuevas recuperaciones aun cuando no hubiera un contexto de crisis. Como vimos, el proceso de recuperación de empresas nació durante la crisis generalizada, pero logró consolidarse en condiciones favorables del mercado interno.
No obstante, en esta instancia, si el mercado de trabajo podía aportar oportunidades para la reinserción laboral en puestos de trabajo con atributos semejantes, o por lo menos expectativas favorables de parte de los trabajadores, ¿qué otros elementos inclinaron la balanza hacia la recuperación de empresas en crisis en lugar de la disolución del colectivo de trabajadores en la búsqueda de nuevos horizontes laborales? Aquí resulta necesario volver la mirada sobre la dimensión cultural del proceso. El establecimiento de esta modalidad de acción en el horizonte de recursos de los trabajadores y su instalación cultural y legitimación a nivel social (Rebón, Kasparian, Hernández, 2015; Salgado, 2012) son elementos clave que nos permiten comprender la vigencia del proceso.
1.2.2. La economía moral del trabajo en la instalación cultural de la recuperación de empresas
La recuperación como repertorio de acciones se ha convertido en un elemento significativo de la cultura de lucha de los trabajadores. Su valoración positiva por parte de los trabajadores como modo de enfrentar al cierre empresarial ha sido un elemento central en la vigencia de las recuperaciones de empresas tras la superación de la crisis generalizada (Rebón, 2007; Salgado, 2009).
Sumado a esto, a pesar de ser un fenómeno acotado en sus dimensiones cuantitativas, la recuperación de empresas es un fenómeno ampliamente conocido en la sociedad y lo que resulta más pertinente aún a los fines de este libro, ha suscitado una amplia valoración positiva (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015). En este sentido, podemos referirnos a una instalación cultural del repertorio de recuperación a nivel social. Ejemplos de esta instalación y valoración positiva constituyen la inclusión, en términos favorables, de la temática en telenovelas, en libros de texto de educación media y en suplementos de medios gráficos, entre otros.
Para analizar esta instalación cultural y valoración positiva retomamos un estudio del equipo de investigación que integro, en el que realizamos una aproximación a la temática a partir de la estadística descriptiva, tomando como insumo la encuesta Formas Económicas Alternativas realizada en el año 2012 (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015).
A pesar de ser un proceso social acotado, es decir, no generalizado ni masivo, la recuperación de empresas es conocida por la población. En el siguiente gráfico observamos que el 83 % de los encuestados afirma conocer el fenómeno de las empresas recuperadas y el 87 % de estos identifica que esta conceptualización refiere a una empresa en crisis que es puesta a producir por sus trabajadores. De este modo, casi tres cuartos del total de los encuestados demuestran conocimiento del proceso, identificando tanto el concepto como los principales atributos a los que hace referencia. Además, el conocimiento social del proceso tiende a implicar su valoración positiva: el 93 % lo considera positivamente.
Gráfico N° 2: Distribución porcentual del conocimiento del proceso de recuperación de empresas y de su valoración. AMBA. 2012
Fuente: encuesta Formas Económicas Alternativas. UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el procesoy CEDESAL.
A continuación, en la tabla observamos que la intensidad de la legitimidad otorgada al proceso de recuperación de empresas atraviesa a todo el conjunto social y no presenta variaciones significativas según pertenencia socioeconómica. Esta composición socialmente diversa de la legitimidad es una característica típica de los procesos de resistencia a los efectos de dislocación social que produce el avance mercantilizador (Polanyi, 2007). Indaguemos en los elementos que nos permiten dar cuenta de esta amplia legitimidad.
Tabla N° 2: Distribución porcentual de la valoración del proceso de recuperación de empresas según posición de clase y condición de actividad. AMBA. 2012
Fuente: encuesta Formas Económicas Alternativas. UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.
Esta actitud favorable se basa fundamentalmente en la representación de estas experiencias autogestivas como una forma de preservar la fuente de trabajo por parte de los trabajadores más que como una forma de democratizar el espacio laboral. Tal como se desprende de la siguiente tabla, el 80 % de los encuestados jerarquiza la preservación de la fuente laboral como el criterio en el cual basa su valoración positiva. El “trabajo digno” –la actividad laboral como construcción de una estima social positiva– es la clave que nos permite acceder al corazón del apoyo social que detenta la recuperación de empresas. En un país signado por la cultura del trabajo, reabrir empresas y conservar fuentes laborales, aun cuando haya existido una marcada recuperación de los niveles de empleo frente a los valores de la crisis de inicio de siglo, concita una fuerte legitimidad social. En cambio, solo un quinto de la población valora la experiencia en función de la gestión democrática de la unidad productiva en manos de los trabajadores. Aquí la razón legitimizante no es la preservación de una condición previa, probablemente percibida como una defensa de un derecho adquirido, sino una innovación social de carácter progresivo en el campo de la dimensión poder: la autogestión al interior de la unidad productiva.
Tabla N° 3: Distribución porcentual de criterios fundantes de la valoración positiva de los procesos de recuperación de empresas. AMBA. 2012
La economía moral del trabajo emerge como clave explicativa a la hora de analizar el conocimiento y la valoración del proceso de recuperación de empresas en sus características generales. La profundidad de la crisis de principios de siglo fue tal que múltiples experiencias sociales de resistencia y autoorganización quedaron ancladas a ella, entre estas, la recuperación de empresas. Así, aún superado el contexto de crisis generalizada, perdura la legitimidad atribuida al proceso (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015).
La alta legitimidad social que concita el proceso se funda en la valoración que asume el trabajo como forma de reproducción social, material y simbólica en el conjunto de la sociedad argentina. El trabajo se constituye en un bien que aglutina diversos valores, significados e ideas. Estos permiten discriminar entre lo justo y lo injusto, promoviendo la acción colectiva y su tolerancia cuando se consideren avasallados. De este modo, dicha configuración cultural en torno al trabajo que denominamos “economía moral del trabajo” plantea límites a su mercantilización. Así la defensa del trabajo en ciertas condiciones puede incluso relativizar y subordinar a la propiedad de los medios de producción como valor social (Rebón, Kasparian y Hernández, 2015).
En suma, junto a Salgado (2012), sostenemos que la instalación cultural en grados crecientes de la recuperación como repertorio de acciones posibles de ser utilizadas ante determinadas situaciones por parte de los trabajadores, adquiere fuerza creciente al indagar a nivel de la sociedad en general, que conoce y valora positivamente dicho repertorio. Así, el mayor conocimiento y valoración de la forma recuperación compensa parcialmente la reversión del período de crisis, esto es, se le adjudica a la instalación cultural del repertorio recuperación el rol de facilitador, viabilizador o multiplicador del proceso, mientras no se cuestione dicho repertorio, o las condiciones políticas se vuelvan abiertamente hostiles a la experiencia (Salgado, 2009).
Ahora bien, esta instalación cultural asentada sobre una economía moral del trabajo no solo favorece nuevas recuperaciones a partir del rol viabilizador o motorizador que adquieren el conocimiento y la valoración positiva del proceso, sino también a través de las implicancias de dicha instalación cultural sobre la institucionalidad o normatividad dominante.
1.2.3. Las políticas públicas destinadas a las empresas recuperadas y al sector de la economía social
Las instituciones pueden influir sobre las variables ideológico-culturales y socioeconómicas, así como sobre los actores de una sociedad, pero también aquellas pueden ser influidas por esas mismas variables y por el comportamiento de los actores. De este modo, las instituciones pueden jugar tanto un papel causal que explica comportamientos, como consecuente del accionar de actores estratégicos, dependiendo de las propiedades de la lógica política, socioeconómica e ideológico-cultural en la que están inmersas (Acuña, 2013).
“La Argentina es una gran fábrica recuperada”[10]. Con estas palabras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras en marzo de 2010. Tal como sostiene Salgado (2012) la instalación cultural de la recuperación de empresas, esto es, su difusión, conocimiento y legitimidad social, ha tenido importantes repercusiones en los planos político, jurídico e institucional. Algunas de ellas han sido: las leyes de expropiación de las empresas fallidas dictadas en los poderes legislativos tanto del nivel nacional como del provincial, la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, la implementación de políticas públicas orientadas al sector y los apoyos más informales recibidos de parte de instancias estatales (subsidios, capacitaciones, asesoramiento técnico, etc.). Esta institucionalización, aunque parcial –en tanto la recuperación de empresas no ha logrado constituirse en un derecho estatuido de los trabajadores frente al cierre empresarial– del proceso que se ha configurado a través de los últimos años, también ha sido un factor relevante de retroalimentación del proceso de recuperación de empresas más allá de su sociogénesis en el contexto de crisis generalizada. Repasemos las herramientas institucionales enumeradas en este párrafo.
Tal como mencionamos, la estrategia de la recuperación implicó principalmente la conformación de cooperativas y la sanción de leyes de expropiación para obtener, en principio, la cesión en comodato de las unidades productivas a las cooperativas, de modo de poner en marcha la producción con ciertos resguardos legales. El primer paso de conformación de cooperativas se vio facilitado por el involucramiento activo del INAES –organismo nacional encargado de expedir las matrículas a cooperativas y mutuales– desde los comienzos del proceso.
El paso a las expropiaciones resultaba más complejo, por lo menos teóricamente, en tanto implicaba el avance sobre la propiedad privada. No obstante, la crisis de legitimidad política de principios de siglo condicionaba, en gran medida, las posturas que los gobiernos, relativamente debilitados, estaban en condiciones de tomar. En este contexto, las estructuras gubernamentales en sus distintos niveles fueron proclives a reconocer las demandas de expropiación en tanto estas leyes establecen pagos diferidos en el tiempo, razón por la cual, en un primer momento no representan altos costos económicos. Es decir, las expropiaciones se constituían en medidas que no eran política ni económicamente costosas y que podían aportar réditos políticos (Rebón, 2007). Así, la acción más sustantiva llevada a cabo desde los poderes ejecutivos y legislativos fue la expropiación de las empresas afectadas y su otorgamiento en comodato a las cooperativas de trabajo, difiriendo en el tiempo avances concretos sobre la propiedad privada.
Transcurridos varios años desde las primeras leyes de expropiación, observamos que el diferimiento de las definiciones tendió a una no efectivización de las expropiaciones. En este sentido, son escasas[11] las empresas recuperadas que han logrado la propiedad de los establecimientos productivos y de los bienes muebles. A partir de la ejemplificación del caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veamos a continuación cómo esta institucionalización parcial, aunque permitió la continuidad productiva, no otorgó la propiedad a las cooperativas, colocándolas en una situación de desprotección frente a los cambios en los poderes ejecutivo y legislativo.
A mediados de 2004, en CABA, se habían sancionado 13 expropiaciones. El 25 de noviembre de 2004 se sancionó la Ley 1529, en la cual se declaraba de utilidad pública, y sujetos a expropiación definitiva, los inmuebles de las 13 empresas que poseían la expropiación temporal. La ley establecía que el valor de los bienes debía ser pautado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, el Estado debía comprar los inmuebles y vendérselos a las cooperativas, brindándoles 3 años de gracia y 20 años de plazo para su cancelación. La Ley 1529 estipulaba además 3 años de gracia para la compra de los inmuebles por parte de Estado. Este diferimiento operaba en cierto sentido como una vaguedad que permitía evitar definiciones explícitas en torno a la propiedad privada (Rebón, 2007).
Los pasos administrativos necesarios para concretar las expropiaciones, tales como la realización de las tasaciones de los inmuebles y el desembolso de los pagos correspondientes por parte del Ejecutivo, demoraban en llegar, o más aún, nunca lo hacían. En este sentido, finalizaba el período de gracia y las expropiaciones aún no se habían efectivizado. La Ley 238 de Expropiaciones de CABA establece en su artículo 18º que luego de 3 años se tendrá por abandonada la expropiación si el expropiante –el Ejecutivo– no promueve el juicio, indicando en su segundo párrafo que “cualquier prórroga a este plazo debe ser aprobada por la Legislatura”. Así, el incumplimiento de los plazos por parte del Ejecutivo abría la posibilidad de que se volviera a la situación anterior a la expropiación de los inmuebles, lo cual dejaba a los trabajadores de las empresas recuperadas en una situación jurídica muy vulnerable respecto de su relación con los bienes inmuebles y muebles.
Finalmente, en 2008 se amplió el plazo establecido en el artículo 18º de la Ley 238 a 6 años, mediante la Ley 2970. Asimismo, se sumaron a las 13 empresas recuperadas de la Ley 1529, la expropiación definitiva de 4 empresas que habían sido recuperadas en el período 2004-2007. Pasado este período, nuevamente se incurrió en el incumplimiento de los pagos y a fines de 2011 se sancionaron la Ley 4008 que prorrogaba por 6 años más el plazo para realizar las compras de los inmuebles e incorporaba 2 empresas recuperadas y la Ley 4097 que incorporaba una cooperativa.
En esta instancia, un nuevo acontecimiento irrumpió la escena pública para acabar abruptamente con la vaguedad de la política de expropiaciones llevada adelante por el Gobierno de CABA. A principios del año 2012, el jefe de Gobierno vetó dichas leyes, dejando en estado de desprotección legal a las empresas cuyas expropiaciones definitivas venían siendo sancionadas –y postergadas– a través de las sucesivas leyes. En respuesta a dicho veto, la legislatura de CABA aprobó en diciembre de 2012 la Ley 4452, que además de volver a instaurar las expropiaciones de las empresas contenidas en las anteriores leyes, incorporaba 2 nuevas recuperadas. Nuevamente, en enero de 2013 el jefe de Gobierno vetó dicha ley.
Ahora bien, esto no implicó que todos los procesos de expropiación volvieran a foja cero. Por el contrario, en el caso de las empresas recuperadas cuyos juicios de expropiación ya se encontraban abiertos, no resultaba necesaria una ley que prorrogara los plazos. Hacia el cierre de este libro, en CABA se había avanzado en los juicios de expropiación de Brukman, Ghelco, Grissinópoli y Diógenes Taborda. En todos ellos, el Estado ha realizado los pagos correspondientes a las expropiaciones, pero no ha avanzado aún en la transferencia de propiedad a las cooperativas.
En suma, vemos cómo las leyes de expropiación han sido poco efectivas para avanzar hacia la propiedad efectiva en manos de los colectivos laborales, aunque sí han dado una cobertura legal parcial y transitoria para el sostenimiento de la producción. A pesar de sus limitaciones, al dirimirse en el ámbito legislativo, las expropiaciones constituyeron salidas político-institucionales frente a las dificultades y la prolongación de los conflictos que planteaba la obtención de la continuidad laboral en el plano jurídico-institucional, es decir, en el contexto de los juicios por las quiebras de las empresas fallidas llevados adelante por jueces comerciales. Las características de este poder del Estado lo tornan menos permeable a las demandas y necesidades de la sociedad.
Este frente jurídico-institucional implicaba la obtención de una cobertura legal para darle continuidad a la producción en el contexto de la quiebra de la empresa. De este modo, el objetivo del colectivo de trabajadores chocaba con el espíritu de la Ley de Concursos y Quiebras, orientada a una rápida liquidación de la empresa, ejecutando los bienes activos para saldar las deudas, principalmente con los bancos, por sobre el Estado y los trabajadores. A mediados de 2002, en el contexto de fuerte depresión y crisis, tuvo lugar una modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, que introdujo la posibilidad de que los trabajadores constituidos en cooperativa de trabajo se presentaran ante el juez de la quiebra y solicitaran la continuidad de la empresa, como guardia de los bienes (artículo 190°). El juez podía rechazar o aceptar el pedido. En caso de aceptarlo, la entrega de la unidad productiva se realizaba por un determinado lapso, generalmente de 2 años, que es el tiempo que suele llevar un proceso de quiebra. Así, los colectivos de trabajadores quedaban a cargo de la empresa de forma provisoria y bajo autorización de un juez comercial, hasta la definición sobre la tenencia del inmueble de la empresa en quiebra como del resto del capital de trabajo. Como señala Luis Caro, abogado experto en la materia y referente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT):
La Ley de Quiebras era liquidativa, y uno diría casi destructiva. Lo que se pensaba era que si quebró por algo era, había que venderla, rematarla y chau. Por eso decía que en 4 meses había que vender […] Yo tenía la idea muy remota en el año 2004 de poder hacer la reforma para que se ampliara el artículo 190º, porque los mismos jueces me decían que no tenían elementos. ¿Nosotros qué hacíamos? ¿Cómo lo sacábamos? Con manifestaciones, pedidos, leyes de expropiación para frenar la venta, y ahí estábamos, nos manejábamos en ese nivel (Luis Caro, referente del MNFRT, citado en OSERA, 2011).
De este modo, los colectivos de trabajadores quedaban supeditados a la singularidad de los procesos de cada empresa fallida, la arbitrariedad de jueces y síndicos y la capacidad de movilización.
A comienzos del año 2010 la presidenta de la Nación anunció el tratamiento de una modificación a la Ley de Concursos y Quiebras y en junio de 2011 el Congreso nacional votó la Ley 26 684 que modificaba la ya existente y polémica Ley 24 522 de Concursos y Quiebras. Esta nueva modificación de la ley marcó una diferencia fundamental con respecto a su antecesora: la continuidad productiva en manos de los trabajadores conformados en cooperativa ya no quedaba en manos de la voluntad de Poder Judicial. En este sentido, Luis Caro afirma:
Con la reforma los trabajadores pueden continuar en el establecimiento de forma inmediata y deben comunicárselo al juez, tienen un plazo de 24 horas para hacerlo. Y también pueden hacerlo con la cooperativa en formación. La continuidad inmediata es muy importante. En la exposición de motivos del Ejecutivo al proponer la reforma dice justamente que el objetivo es que pueda permanecer la empresa en marcha para que no se pierda la unidad productiva y la fuerza de trabajo, y todo esto no era una directriz de la ley anterior. (Luis Caro, referente del MNFRT, citado en OSERA, 2011)
Entre las principales modificaciones la Ley 26 684, destaca la posibilidad de que los trabajadores organizados en una cooperativa –incluso en formación– obtengan la continuidad inmediata de la producción de la empresa, la no suspensión de los intereses sobre los sueldos adeudados, y la prioridad de los trabajadores para ofertar y acceder a la adjudicación directa de los bienes utilizando sus créditos laborales. Por lo tanto, la Ley 26 684 posibilita que los trabajadores sean un actor preponderante frente a un proceso de eventual quiebra, garantizando la preservación de los puestos de trabajo y el funcionamiento de la empresa.
Esta reforma de la Ley de Concursos y Quiebras habilita una nueva vía de institucionalización del proceso, estableciendo que ante la quiebra de una empresa los trabajadores conformados en cooperativas pueden utilizar las acreencias laborales para su compra. A pesar de constituirse en un importante hito en el achicamiento de la brecha entre legitimidad del proceso de recuperación de empresas y su legalidad, a contramano de los supuestos iniciales, la intensidad de los conflictos y las acciones colectivas en las recuperaciones no han tendido a la baja.
Al respecto de esta ley, por un lado, el Programa Facultad Abierta (2014) postula que la reforma no ha estado operando como facilitador de los procesos de recuperación, sino que, al judicializarlos, ha tendido a prolongar los procesos conflictivos, y al crear expectativas de resolución ha tendido a la obturación de la vía de resolución político-legislativa, esto es, de las expropiaciones. Esta situación puede relacionarse con la no correspondencia entre el plano legal y su internalización en las prácticas de los jueces. Además, en su mismo planteo, por ejemplo, al carecer de parámetros claros para evaluar la viabilidad de las unidades productivas, y al estipular que las cooperativas deben estar formadas por dos tercios de los antiguos trabajadores; dificulta su aplicación en varios casos concretos.
Por otro lado, existen experiencias que quedan por fuera del alcance de la ley y, por lo tanto, sus dinámicas contenciosas no se encuentran vinculadas con ella. Colocando el foco sobre CABA como ejemplificación, observamos que en los procesos de recuperación que tuvieron lugar entre los años 2011 y 2015, es decir a partir de la modificación de la ley, se recurre a la toma del establecimiento productivo en mayor medida que en las recuperaciones anteriores a la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras. A partir de dos relevamientos realizados en los años 2012[12] y 2015[13] en el marco del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas del cual formo parte, pudimos observar que entre las empresas que había sido recuperadas entre los años 1992 y 2010 y que al momento de realización del relevamiento en el año 2013 seguían funcionando, el 52 % había recurrido a la toma como modalidad de acción; mientras que a partir de la modificación de la ley en el año 2011, en el caso de las empresas recuperadas entre los años 2011 y 2015 y en funcionamiento en este último año, el porcentaje ascendía al 70 %. Ahora bien, este dato no da cuenta de que la modificación de la ley exacerbe las ocupaciones de las unidades productivas. Es importante considerar que en el caso particular de las nuevas recuperaciones, el 50 % corresponde al sector gastronómico y que en la mayoría de los casos, los establecimientos no son propiedad de los dueños de la empresa fallida. Por esta razón, el colectivo de trabajadores debe enfrentar órdenes de desalojo por parte de los dueños del inmueble –a los cuales se les adeuda meses de alquiler–, cuestión que excede los alcances del juicio de la quiebra y de la Ley de Concursos y Quiebras.
Así, vemos nuevamente que la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras tampoco ha sido completamente exitosa en institucionalizar el proceso y los conflictos que involucra. No obstante, en algunos casos ha brindado herramientas jurídicas para encauzar institucionalmente la recuperación. Algunos ejemplos en CABA son el restaurante recuperado Los Chanchitos y la gráfica Jetcoop. En ambos casos, en el año 2015 y en el marco de los juicios de la quiebra, los trabajadores lograron compensar sus acreencias laborales con bienes muebles de las empresas fallidas. Por otro lado, en 2016 la cooperativa Famel logró obtener la propiedad del bien inmueble y de 4 bienes muebles de manera íntegra con sus acreencias laborales. Esto se encuentra en línea con la modificación introducida en la Ley de Concursos y Quiebras que les otorga prioridad a los trabajadores de la empresa fallida para realizar la compensación directa de sus acreencias con los bienes de las empresas.
Por último, nos interesa repasar una batería de políticas públicas que ha llevado a cabo el Gobierno nacional a partir de 2003 y que retoma las experiencias asociativas y autogestionadas –entre las que destacan las empresas recuperadas– que se fueron gestando frente a la incapacidad estructural del capitalismo para generar fuentes de trabajo (Hintze, 2013). Esta batería de políticas destinadas al trabajo asociativo y autogestionado se inserta en un proceso más amplio de construcción estatal de la economía social (Hopp, 2013a). A la vez que estas políticas tienden a promover e institucionalizar formas productivas que ya poseen una importante legitimidad social; el Estado, a partir de estas políticas públicas, fomenta la creación de un campo de la economía social en el que confluyen no solo empresas recuperadas, sino también otras experiencias. Esto va a abonar un proceso de acercamiento de las organizaciones de empresas recuperadas con otras del cooperativismo tradicional y, secundariamente con organizaciones de cooperativas conformadas directamente a partir de políticas públicas. Profundizaremos en este proceso que hemos denominado de convergencia cooperativa en el próximo apartado.
Durante el período bajo estudio los organismos estatales que desarrollan políticas destinadas al sector[14] son principalmente el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A continuación, presentamos un breve listado de las políticas.
Figura N° 1: Principales políticas públicas destinadas al trabajo asociativo y autogestionado del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina. 2003-2015
Fuente: elaboración propia con base en documentación de los ministerios.
Además de estas, ha sido importante la política de compra preferencial del Gobierno nacional hacia emprendimientos de la economía social, y especialmente empresas recuperadas. No obstante, su carácter informal ha constituido una limitación para las experiencias.
Siguiendo a Hintze (2013), se pueden distinguir dos planos en el sistema público de reproducción del trabajo asociativo autogestionado, el de la reproducción de los trabajadores y el de la sostenibilidad de las unidades productivas en las cuales estos desarrollan su trabajo. La autora señala que la mayor parte de las políticas que se han desarrollado han estado prioritariamente orientadas a la reproducción de los emprendimientos más que a la protección de los trabajadores que allí participan. Así, quedan pendientes avances respecto a la seguridad y protección social de los trabajadores autogestionados.
En suma, la institucionalización parcial del proceso de recuperación de empresas constituye un elemento relevante en su desarrollo más allá del contexto de crisis generalizada. Las leyes de expropiación, la modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, y las diversas políticas públicas repasadas han permitido el sostenimiento de las experiencias y el surgimiento de nuevas, sin embargo, no han resultado suficientes para consolidar el proceso, en tanto las empresas suelen carecer de la legalidad necesaria para producir sobre una base de previsibilidad, y los trabajadores no logran acceder a los mismos derechos que posee un trabajador asalariado. No obstante las mencionadas limitaciones, el contexto político y la relativa apertura y receptividad hacia las empresas recuperadas del Gobierno nacional bajo nuestro período de estudio, constituyó un terreno fértil para la recuperación de empresas.
1.2.4. Fragmentación del movimiento de empresas recuperadas, convergencia cooperativa y acercamiento sindical
Tal como mencionamos anteriormente, el carácter movimentista de las organizaciones de empresas recuperadas se fue diluyendo una vez atravesado el momento de sociogénesis del proceso de recuperación de empresas. Las confluencias de las organizaciones en grandes movilizaciones como la ejemplificada en el caso de Brukman, fueron cediendo terreno frente a la configuración de diversas concepciones acerca de cómo tenían que organizarse las empresas una vez recuperadas y de disímiles posicionamientos respecto al Gobierno nacional –que por momentos se mostró abierto y receptivo a la recuperación de empresas pero que no por eso institucionalizó completamente el proceso– y por lo tanto a las formas de acción adecuadas para plantear las demandas. Estas bifurcaciones, junto a las tensiones producto de la fuerte injerencia de los referentes en las organizaciones, provocaron escisiones en las organizaciones primigenias.
Por otro lado, la instalación cultural del proceso de recuperación de empresas, junto con sus repercusiones en el ámbito institucional, tendieron a implicar o ser acompañados por una modificación en las lógicas de agregación de estas experiencias. Como han planteado Palomino et al. (2011), las lógicas originales centradas en las organizaciones de empresas recuperadas –surgidas de la confluencia entre promotores ajenos a las unidades productivas y trabajadores de las recuperadas– dieron paso a formas más amplias de agregación –federativas, confederativas, sectoriales, ente otras–, permitiendo una articulación mayor con organizaciones del cooperativismo tradicional, de experiencias de autogestión ligadas a emprendimientos de la economía social, e incluso con algunos sindicatos. En este sentido, si bien el movimiento de empresas recuperadas se fragmentó y resulta difícil caracterizarlo en términos de una contienda política con una articulación de demandas planteadas en el espacio público a través de eventos de acción colectiva, la instalación cultural del proceso y su institucionalización parcial dieron lugar a una convergencia cooperativa y al acercamiento de las empresas recuperadas a organizaciones sindicales, así como a una mayor capacidad de llegada e incidencia en los funcionarios públicos.
La primera fractura del MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) tuvo lugar en el año 2003, a solo 2 años de su creación, a partir de la conformación del MNFRT (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores). A diferencia del MNER, su estrategia es más legalista, razón por la cual se focaliza en institucionalizar el proceso a través de reformas legislativas y, a pesar de que diversos proyectos de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras fueron elaborados por distintos espacios sociales y políticos, fue su referente quien logró colocar el proyecto que finalmente abonó la modificación de la ley. Hacia 2013 nucleaba aproximadamente 60 empresas, es decir, alrededor de un quinto de las empresas recuperadas existentes en aquel entonces (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores, s/d). Esta organización es la única que ha permanecido en la postura de aglutinar solamente empresas recuperadas.
La segunda escisión del MNER se produjo en diciembre de 2006 con la creación de una federación de segundo grado, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) por parte de uno de los grupos disidentes. Esta escisión se dio como consecuencia de las acusaciones cruzadas de personalismos y de los divergentes posicionamientos políticos frente al Gobierno nacional (Palomino et al., 2011). FACTA desarrolla una política de acercamiento al sector cooperativo tradicional. Luego de una primera etapa de incorporación de empresas recuperadas, esta organización se desarrolló a partir de una doble vía.
Por un lado, comenzó a incorporar cooperativas de trabajo que no provenían de la recuperación de empresas, en un claro acercamiento al movimiento cooperativo, que terminó de cristalizarse con su incorporación a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Esta organización de tercer grado se constituyó en 2009 y agrupa a más de 25 federaciones de cooperativas de trabajo de toda la Argentina. La CNCT expresa la vinculación entre experiencias productivas de empresas recuperadas con federaciones del cooperativismo tradicional, como FECOOTRA, o vinculadas a la economía social y a la economía popular, como FECOOTRAUN. Esta última federación aglutina cooperativas surgidas a partir del Programa Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Por el otro lado, en el año 2014 FACTA formalizó su incorporación a una organización sindical, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de los Trabajadores. Al momento del cierre de la investigación, FACTA aglutinaba más de 60 cooperativas conformadas por alrededor de 2500 trabajadores (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, s/d).
Hacia el año 2005, se creó la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA), perteneciente a la CTA que luego sería la CTA Autónoma. Esta organización se sustenta principalmente en la experiencia de la recuperada Unión Solidaria de Trabajadores (UST). A diferencia de las demás, esta organización es un sindicato en el cual la pertenencia puede darse en términos individuales, a partir de la afiliación a este.
Así, mientras que las primeras organizaciones tenían un carácter informal de vinculación, a medida que pasa el tiempo esta se va formalizando. Las federaciones y confederaciones requieren adscripciones formales de las cooperativas, mientras que ANTA en tanto sindicato, requiere la afiliación individual de trabajadores pertenecientes a organizaciones económicas autogestionadas sin importar su forma jurídica, incluyendo de este modo las empresas recuperadas, cooperativas y mutuales con cualquier objeto autogestionadas por sus asociados, emprendimientos de grupos comunitarios, organizaciones sociales y movimientos campesinos, emprendimientos familiares, y de trabajo directo, urbanos y rurales (Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, s/d).
Finalmente, en el año 2010 surgió otra organización: la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA). Esta trasciende, al igual que FACTA, el universo de empresas recuperadas. Conformada por 25 empresas recuperadas, cooperativas de trabajo en general y emprendimientos productivos de menor escala, UPEA se planteó como una organización cuyo eje transversal era la autogestión –y no la forma jurídica de organización como en el caso de FACTA–, y su objetivo central era equiparar los derechos del trabajador autogestionado con los del asalariado, a partir del establecimiento de un marco jurídico y político adecuado.
¿Por qué somos cooperativas de trabajo? Porque había una ley de quiebras que decía que solo se podía conseguir la continuidad de la empresa constituyéndonos en cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo para nosotros es un estado civil con el cual podemos seguir intentando subsistir. Muchos compañeros en todos estos años hemos ido recuperando trabajo, recuperando maquinaria, pero tenemos muchas dificultades para el acceso a derechos que tienen los trabajadores plenos. ¿Quiénes son los trabajadores plenos? Los trabajadores que tienen un marco legal, un marco político que los proteja. En el caso de los trabajadores autogestionados de las recuperadas, venimos de empresas en las cuales teníamos un estatuto sindical, jubilaciones, vacaciones, asignación familiar. […] Lo que les quiero decir es que los que conformamos la UPEA tenemos la convicción de que como trabajadores vamos a seguir pidiendo por un derecho pleno para todos los trabajadores, y para eso pedimos el estatuto de trabajadores autogestionados. (Hugo Fucek, referente de la UPEA, citado en Kasparian, 2010)
Así, la principal demanda de UPEA era el establecimiento del Estatuto del Trabajador Autogestionado. Una de las características salientes de este agrupamiento fue su acercamiento al Gobierno nacional y, más específicamente, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Ahora bien, la importancia de la cantidad de empresas o cooperativas de trabajo que integran las organizaciones debe ser relativizada. Estos números deben ser puestos en cuestión en tanto formar parte de una organización no implica una efectiva participación de los trabajadores de las cooperativas. Muy por el contrario, la participación en las organizaciones y en las acciones que estas desarrollan suelen quedar al hombro de unos pocos trabajadores –principalmente referentes– de las cooperativas.
Así, entre las nuevas organizaciones, tal como planteamos, se observa una ampliación de las formas de agregación, salvo en el caso del MNFRT que se mantiene con una lógica de agrupamiento de empresas recuperadas. FACTA se constituye en una federación que opta por un acercamiento al movimiento cooperativo, y al sindicalismo a partir del ingreso a la CTA; ANTA da cuenta del desarrollo de un sindicato de trabajadores de organizaciones autogestionadas enmarcado en la CTA y con una lógica de afiliación individual; UPEA también amplía el universo a la autogestión y se caracteriza por su relación estrecha con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social[15].
Respecto a los eventos de acción colectiva, durante este segundo período no tuvieron lugar acciones de la magnitud de la movilización en defensa de Brukman de abril de 2003. La movilización continuó siendo la forma de acción colectiva utilizada para la irrupción en la escena pública, aunque en los años 2006 y 2007 también se desarrollaron algunas ferias de empresas recuperadas en el BAUEN o en la Plaza del Congreso, en las cuales se exhibieron los bienes producidos como modo de instalar demandas. Estas se modificaron respecto al período anteriormente reseñado. Además de las movilizaciones en defensa de casos específicos y emblemáticos, como los de Zanón y BAUEN, principalmente en torno a la propiedad de los inmuebles, se realizaron movilizaciones demandando la sanción de una ley nacional de expropiación de todas las empresas recuperadas, la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, y en contra de los vetos de las leyes de expropiación realizados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este último caso se realizaron conferencias de prensa frente a la jefatura de Gobierno de forma conjunta entre legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y trabajadores de empresas recuperadas. Por otro lado, entre mediados de 2011 y principios de 2012 tuvieron lugar algunas movilizaciones, en algunos casos de carácter nacional, que dieron cuenta de la convergencia cooperativa y el acercamiento sindical que mencionáramos anteriormente.
Fue la intención del Gobierno nacional de dar de baja la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado, la situación que coadyuva a dicha articulación, al menos en el espacio público. El 7 y el 28 de marzo el Encuentro Amplio de Cooperativas desarrolló jornadas de movilizaciones en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Formosa, Neuquén y Tucumán, en demanda principalmente de la renovación y aumento de dicha línea de financiamiento. Además, se reclamó una ley de expropiación nacional y políticas de fondo para el sector. Formaron parte del Encuentro Amplio de Cooperativas, cooperativas emblemáticas como Brukman, Zanon y CUC, así como ANTA (nucleada en la CTA Autónoma), la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cercana a la CGT, y la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados (AGTCAP)[16], organización que nuclea a cooperativas de programas sociales, principalmente del Programa Argentina Trabaja.
Hacia fines del período bajo estudio, ANTA y UPEA habían tendido a perder injerencia entre las empresas recuperadas, mientras que FACTA y MNFRT permanecían. Por último, en el año 2015, a partir de una articulación con la CTEP, y en el contexto de las elecciones presidenciales, el MNER irrumpió nuevamente en la escena pública. Promovido por el contexto electoral y la posibilidad de retorno de políticas neoliberales con el cambio de gobierno, en el año 2015 las organizaciones participaron de manera conjunta en actos y movilizaciones.
Trasciende los límites de este libro analizar estos últimos hechos a la luz de sus repercusiones respecto a la revitalización del carácter movimentista del proceso de recuperación de empresas. Simplemente, nos interesa destacar que el cambio de contexto social, político y económico a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Argentina promovió una revitalización de la acción colectiva en el espacio público por parte de las empresas recuperadas y de las organizaciones, así como una transformación de las demandas, que adquirieron un carácter más defensivo. El 20 de julio de 2016 tuvo lugar una movilización que aglutinó a 10 000 trabajadores provenientes de empresas recuperadas, de cooperativas del Programa Argentina Trabaja y de otros programas sociales, junto con organizaciones de PyMEs y de consumidores y usuarios. La movilización tuvo como finalidad demandar una tarifa social para las cooperativas de trabajo en los servicios básicos frente a la fuerte suba que habían sufrido. Incluso, en abril tuvo lugar una ocupación de 7 horas de duración del Ministerio de Energía por parte de trabajadores de empresas recuperadas, como reacción a las exorbitantes facturas de servicios públicos recibidas en las empresas.
En otro orden de cosas, además de las nuevas organizaciones, se desarrolló un proceso de constitución de redes sectoriales o clusters conformados por cooperativas de trabajo en general. Así, la lógica de agregación política y reivindicativa fue dando lugar a formas de agregación productivas y comerciales. Los beneficios económicos y comerciales que otorga la integración sectorial surgen de la implementación de políticas comunes en materias relacionadas con compras, almacenamiento, producción, gestión de calidad, recursos humanos, capacitación y formación, financiamiento, comercialización y difusión (Kasparian y Hernández, 2010). Entre las redes conformadas destacan la Red Gráfica Cooperativa, la Red Textil Cooperativa, la Red Metalúrgica Nacional Cooperativa, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines y la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos. Estos clusters de integración sectorial suelen expresar también acercamientos con organizaciones de cooperativas y sindicatos. En este sentido, en la conformación de la Red Gráfica Cooperativa resultó central el rol de la Federación Gráfica Bonaerense, así como para la conformación de la Red Metalúrgica resultó central la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica y FECOOTRA. En el caso de la Red Textil y de la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, el actor dinamizador fue la CNCT.
Palomino et al. (2011) plantean que esta ampliación se dio, en un sentido, por la integración de nuevos actores, como el cooperativismo tradicional, que reinterpretaron su memoria histórica, dando cuenta de la potencia de la legitimidad del proceso de recuperación de empresas. En este sentido son elocuentes las palabras de quien fuera presidente de FECOOTRA, que incluso identifica las primeras empresas recuperadas durante los gobiernos de Juan Domingo Perón:
Es que casi todas las cooperativas de trabajo son recuperadas. La historia del cooperativismo de trabajo empezó en 1918 en el país […]. Después viene el proceso de Perón, ahí se recuperan las primeras industriales. Las primeras son recuperadas. […] O sea, la mayoría de las cooperativas siempre surge de una crisis en una empresa y los trabajadores la recuperan. Hoy ya es moneda corriente. La única que yo conozco que surgió por voluntad de los asociados es la mía, Ferrograf. […] Tenés las empresas recuperadas de antes del 2000 y después del 2000. Las de antes del 2000 tienen la característica de que son empresas viejas. […] cooperativas de trabajo son todas, cada una tiene una historia de conformación diferente. (Juan, autoridad de FECOOTRA, comunicación personal, mayo de 2013)
También consideramos centrales en este proceso las políticas públicas que contribuyeron a la conformación del campo de la economía social y, dentro de esta, del trabajo asociativo y autogestionado. Por el lado de las empresas recuperadas, la necesidad de resolver cuestiones de gestión y el declive de las posturas más radicalizadas contra el cooperativismo (Palomino et al., 2011) fueron elementos que abonaron este cambio en las lógicas de agregación. Así, mientras que en la sociogénesis de los procesos de recuperación de empresas, la adopción de la forma cooperativa de trabajo resultó una estrategia adaptativa, en la actualidad las fronteras entre las empresas recuperadas y las cooperativas tradicionales se tornan difusas.
A lo largo de este primer capítulo hemos analizado los aspectos centrales de la sociogénesis y el desarrollo de la conformación de cooperativas de trabajo a partir de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. Consideramos que el origen contencioso de este tipo de cooperativa, así como su anclaje en demandas en torno al trabajo y la consiguiente conformación de un movimiento de empresas recuperadas, constituyen elementos nodales para analizar el carácter socioproductivo de las empresas resultantes. Avanzaremos con esta línea de indagación en próximos capítulos, a partir de la estrategia del estudio de caso.
En el campo del conflicto laboral, la toma de establecimientos productivos ha sido una herramienta de lucha utilizada habitualmente en nuestro país desde mediados del siglo xx (Cotarelo y Fernández, 1997). Generalmente, la toma en el ámbito laboral ha estado asociada a disputas defensivas que procuran preservar la relación salarial; destacan entre ellos, los reclamos por despidos y cierres de fuentes de trabajo.↵
Rebón (2007) realiza una breve reseña de las experiencias que entre fines de la década del ochenta y principios de la década del noventa dieron como resultado la conformación de 15 cooperativas por parte de asalariados de empresas en crisis. Impulsado por la Seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica, este proceso se concentró en la zona sur del conurbano bonaerense. Finalmente tendió a estancarse y no logró una mayor difusión. Además de estas experiencias, algunos de los casos más emblemáticos del proceso de recuperación de empresas también surgieron con anterioridad a la crisis de 2001-2002. Este es el caso por ejemplo de IMPA. ↵
El régimen de convertibilidad de la moneda, popularmente conocido como “el 1 a 1”, establecía un tipo de cambio fijo de la moneda argentina, en el cual un peso equivalía a un dólar estadounidense. Es decir, se establecía una paridad cambiaria con un peso sobrevaluado. Fue instaurada en marzo de 1991 y se extendió hasta el año 2002. Su objetivo principal fue detener el proceso inflacionario, es decir, estabilizar el nivel de precios. En un primer momento, resultó exitoso en cuanto a la estabilización de precios y motorizó un proceso de crecimiento económico. No obstante, a medida que disminuía la capacidad ociosa se evidenciaba la imposibilidad de la convertibilidad de desarrollar un proceso económico sustentable en términos de distribución del ingreso y de crecimiento económico (Basualdo, 2013). ↵
Podemos referirnos a la mercantilización del dinero como ejemplo de otra mercantilización, que tuvo lugar y que se articuló a la del trabajo en dicho momento de dislocación social. El dinero utilizado para obtener ganancias a partir de la especulación financiera, con los efectos negativos que conlleva sobre las tasas de interés y el acceso al crédito, resultan en crisis financieras, productivas y económicas con fuertes consecuencias sociales. A fines del siglo pasado, el modelo de acumulación por valorización financiera había endeudado la economía argentina y asfixiado sus finanzas. Los movimientos de ahorristas, conformados por las clases medias urbanas, protagonizaron escraches y movilizaciones a las puertas de los Bancos en respuesta a la restricción de la libre disposición de sus depósitos y su posterior pesificación.↵
Farinetti (1999) sostiene que las nuevas formas de protesta laboral (los estallidos sociales y los cortes de ruta) se diferencian del repertorio clásico, asociado al sindicalismo peronista. En las nuevas formas los reclamos se dirigen a la satisfacción de necesidades básicas, son más puntuales y defensivos que los contenidos en las formas clásicas; y las acciones están menos institucionalizadas y son más espontáneas. ↵
En la sociogénesis del proceso de recuperaciones de empresas las principales excepciones fueron la seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Gráfica Bonaerense, y el Sindicato Ceramista de Neuquén. ↵
Ya en el 2004, el 94 % de las empresas recuperadas existentes habían adquirido la forma jurídica cooperativa de trabajo (Programa Facultad Abierta, 2010). ↵
Durante la década del noventa se generalizó su utilización como modo de reducir el costo laboral a partir del encubrimiento de la relación salarial. No obstante, 10 años después de la difusión de los procesos de recuperación de empresas, el 50 % de la población mayor de 18 años del AMBA opta por una definición de cooperativa que retoma los principios básicos del movimiento cooperativo: funcionamiento democrático y propiedad colectiva de los medios de producción (Encuesta Formas Económicas Alternativas, 2012).↵
Entre las cuales podemos mencionar la nacionalización del sistema privado de pensiones y jubilaciones en 2008 que permitió al Gobierno hacerse de recursos para enfrentar los efectos negativos derivados de la crisis global y promover la recuperación de la actividad manteniendo el incremento del gasto público; y la ampliación de la cobertura previsional y el establecimiento de la Asignación Universal por Hijo, en octubre de 2009 (Damill y Frenkel, 2015).↵
En marzo de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en la fábrica recuperada Envases Flexibles Mataderos el proyecto de modificación de la Ley de Concursos y Quiebras que en el año 2011 sería aprobado en el Congreso de la Nación. En el discurso pronunciado en aquella oportunidad dijo: “Siento que la Argentina es una gran fábrica recuperada” (“Cristina: ‘Es hora de’”, 17 de marzo de 2010, Página 12). ↵
Entre los casos exitosos en términos de la transferencia de la propiedad, destacan dos empresas recuperadas emblemáticas: FaSinPat (ex Zanon) y Textiles Pigüé (ex Gatic). En el caso de la empresa neuquina, en enero de 2014, luego de 13 años de autogestión, los 450 trabajadores de FaSinPat obtuvieron la documentación que establece a la cooperativa como propietaria de la fábrica de cerámicos. La formalización de la tenencia de Textiles Pigüé tuvo lugar en abril de 2014 cuando el gobierno provincial hizo entrega de la escritura traslativa de dominio a la cooperativa tras un proceso que había comenzado en el año 2004.↵
Relevamiento realizado en el marco del proyecto UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso dirigido por Julián Rebón. Se realizaron entrevistas telefónicas o cara a cara en todas las empresas recuperadas de CABA. N: 45. ↵
Relevamiento de prensa sobre procesos de recuperación de empresas en CABA en el período 2011-2015, coordinado por Denise Kasparian y Candela Hernández. N: 19. ↵
Además, existen algunas iniciativas del INAES, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Industria. Entre estas iniciativas podemos mencionar en el Ministerio de Industria el Programa Capital Semilla; en el INAES el Programa de Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual y el Programa de Ayuda Financiera; en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el Programa Recuperar el Trabajo, el Subprograma de Asistencia en Gestión de Proyectos Productivos, y el Subprograma de Comercio Electrónico; en el Instituto de Tecnología Agropecuaria el Programa Pro Huerta y el Programa Minifundio; y en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación el Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad. ↵
Para profundizar en el posicionamiento de cada una de estas organizaciones a través de las palabras de sus referentes, ver Kasparian y Hernández (2012). ↵
Profundizamos en la CTEP y AGTCAP en el capítulo 2.↵
1.	El proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores
2.	El proceso de conformación de cooperativas del Programa Argentina Trabaja
3.	Los conflictos constituyentes
4.	Caracterización socioproductiva de la empresa recuperada
5.	Caracterización socioproductiva de la cooperativa del Programa Argentina Trabaja
6.	Los conflictos en las unidades productivas una vez establecidas
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References: resolución 
 artículo 18
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