Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0227_ES.html
Timestamp: 2019-10-23 10:04:20+00:00

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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales
Ponentes: Hugues Bayet, Evelyn Regner
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0198),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 50, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0146/2016),
– Visto el dictamen motivado presentado por las Cámaras del Parlamento Nacional irlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Visto el Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE,
– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0227/2017),
(-1) La igualdad fiscal de todos los contribuyentes —y en particular, de todas las empresas— es una condición indispensable del mercado único. El planteamiento coordenado y armonizado de la aplicación de los sistemas tributarios nacionales es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del mercado único y contribuiría a impedir la elusión fiscal y el traslado de beneficios.
(-1 bis) La elusión y la evasión fiscales y los sistemas de traslado de beneficios han privado a los gobiernos y a las poblaciones de los recursos necesarios para, entre otras prestaciones, garantizar un acceso universal y gratuito a los servicios públicos de educación y sanidad y a los servicios sociales del Estado, y han impedido asimismo que los Estados pudieran financiar viviendas y medios de transporte público a precios asequibles y construir infraestructuras esenciales para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico. En resumen, esos sistemas han sido un factor de injusticia, desigualdad y divergencias económicas, sociales y territoriales.
(-1 ter) Una fiscalidad de las empresas equitativa y eficaz debe responder a la necesidad urgente de una política fiscal global progresiva y justa que promueva la redistribución de la riqueza y combata las desigualdades.
(1) A lo largo de los últimos años, el problema que supone la elusión del pago del impuesto de sociedades ha aumentado de manera considerable y se ha convertido en un importante motivo de preocupación en la Unión y a nivel mundial. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 18 de diciembre de 2014, reconoció la urgencia de avanzar en la lucha contra la elusión fiscal, tanto a nivel mundial como de la Unión. La Comisión, en sus Comunicaciones tituladas «Programa de trabajo de 2016. No es momento de dejar las cosas como están»16 y «Programa de trabajo de la Comisión para 2015. Un nuevo comienzo»17, identificó como prioridad la necesidad de pasar a un sistema en virtud del cual el país en que se genere el beneficio sea también el país de imposición. La Comisión señaló asimismo como prioridad la necesidad de responder a la exigencia de equidad y transparencia fiscal expresada por la sociedad.
(1) La transparencia es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del mercado único. A lo largo de los últimos años, el problema que supone la elusión del pago del impuesto de sociedades ha aumentado de manera considerable y se ha convertido en un importante motivo de preocupación en la Unión y a nivel mundial. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 18 de diciembre de 2014, reconoció la urgencia de avanzar en la lucha contra la elusión fiscal, tanto a nivel mundial como de la Unión. La Comisión, en sus Comunicaciones tituladas «Programa de trabajo de 2016. No es momento de dejar las cosas como están»16 y «Programa de trabajo de la Comisión para 2015. Un nuevo comienzo»17, identificó como prioridad la necesidad de pasar a un sistema en virtud del cual el país en que se genere el beneficio sea también el país de imposición. La Comisión señaló, asimismo, como prioridad la necesidad de ofrecer una respuesta a los ciudadanos europeos en su exigencia de transparencia, actuando al mismo tiempo como modelo de referencia para otros países. Es fundamental que la exigencia de transparencia tenga en cuenta el factor de reciprocidad entre los diferentes competidores.
16 COM(2015) 610 final, de 27 de octubre de 2015.
17 COM(2014) 910 final, de 16 de diciembre de 2014.
(2) El Parlamento Europeo, en su resolución de 16 de diciembre de 2015, sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión18, reconoció que el aumento de la transparencia en el ámbito de la tributación de las sociedades puede mejorar la recaudación tributaria, hacer que el trabajo de las autoridades fiscales sea más eficiente y aumentar la confianza de la ciudadanía en los sistemas fiscales y los Gobiernos.
(2) El Parlamento Europeo, en su Resolución de 16 de diciembre de 2015, sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión18, reconoció que el aumento de la transparencia, la cooperación y la convergencia en el ámbito de la política de tributación de las sociedades en la Unión puede mejorar la recaudación tributaria, hacer que el trabajo de las autoridades fiscales sea más eficiente, apoyar a los responsables de la toma de decisiones políticas en su evaluación del actual sistema tributario con miras a desarrollar la futura legislación, aumentar la confianza de la ciudadanía en los sistemas fiscales y los Gobiernos y mejorar la toma de decisiones de inversión sobre la base de perfiles de riesgo empresarial más precisos.
(2 bis) El intercambio público de informes por países es un instrumento eficiente y adecuado para aumentar la transparencia en relación con las actividades de las empresas multinacionales y permitir que los ciudadanos evalúen el impacto de las mismas en la economía real. También mejorará la capacidad de los accionistas para evaluar debidamente los riesgos asumidos por las empresas, lo cual redundará en estrategias de inversión basadas en información precisa y contribuirá a que los responsables de las políticas tengan más oportunidades para evaluar la eficiencia y los efectos de las legislaciones nacionales.
(2 ter) El intercambio de informes por países también repercutirá positivamente en los derechos de los trabajadores a la información y a la consulta —tal como prevé la Directiva 2002/14/CE—, así como en la calidad del diálogo en el seno de las empresas, en la medida en que aumentará la información relativa a las actividades que estas llevan a cabo.
(4) La OCDE, instando a la adopción de un sistema fiscal internacional equitativo y moderno, aprobó en noviembre de 2015 su Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), orientado a ofrecer a los gobiernos unas soluciones internacionales claras para colmar las lagunas y subsanar los desajustes de las normas vigentes, que permiten que los beneficios empresariales se trasladen a ubicaciones de tributación baja o nula, en los que puede no producirse una verdadera generación de valor real. Concretamente, la acción 13 del BEPS introduce la presentación, con carácter confidencial, de informes país por país a las autoridades tributarias por parte de determinadas empresas multinacionales. El 27 de enero de 2016, la Comisión adoptó el «Paquete de lucha contra la elusión fiscal». Uno de los objetivos de dicho paquete consiste en transponer a la legislación de la Unión la acción 13 del BEPS a través de la modificación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo20.
(4) La OCDE, instando a la adopción de un sistema fiscal internacional equitativo y moderno, aprobó en noviembre de 2015 su Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), orientado a ofrecer a los gobiernos unas soluciones internacionales claras para colmar las lagunas y subsanar los desajustes de las normas vigentes, que permiten que los beneficios empresariales se trasladen a ubicaciones de tributación baja o nula, en los que puede no producirse una verdadera generación de valor real. La iniciativa BEPS carece del compromiso manifestado por los ministros de Hacienda del G-20 en San Petersburgo, en septiembre de 2013, cuando declararon que «los beneficios deben tributar donde se realicen las actividades económicas que los han propiciado y donde se genere valor»19 bis. El hecho de que el proceso BEPS no haya alcanzado los objetivos previstos inicialmente subraya la importancia que reviste para todas las empresas multinacionales intensificar el intercambio de informes por países. Concretamente, la acción 13 del BEPS introduce la presentación, con carácter confidencial, de informes por países a las autoridades tributarias por parte de determinadas empresas multinacionales. El 27 de enero de 2016, la Comisión adoptó el «Paquete de lucha contra la elusión fiscal». Uno de los objetivos de dicho paquete consiste en transponer a la legislación de la Unión la acción 13 del BEPS mediante la modificación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo20. No obstante, para gravar los beneficios donde se genera valor, es necesario un enfoque más completo en relación con el intercambio de informes por países basado en la elaboración de informes públicos.
19 bis Declaración de los líderes del G-20, Cumbre de San Petersburgo, 5-6 de septiembre de 2013, p. 12.
20 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
(4 bis) El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) debe actualizar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), a fin de facilitar la introducción de requisitos para el intercambio de informes públicos por países.
(4 ter) La Directiva 2013/36/UE establece ya el intercambio de informes públicos por países para el sector bancario de la Unión, y la Directiva 2013/34/UE, para la industria extractiva y maderera.
(4 quater) Con la introducción sin precedentes del intercambio de informes públicos por países, la Unión ha demostrado que se ha convertido en un líder mundial en la lucha contra la elusión fiscal.
(4 quinquies) Dado que solo es posible luchar con éxito contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva mediante acciones conjuntas a nivel internacional, es imperativo que la Unión —al tiempo que mantiene su posición de liderazgo mundial en esta lucha— coordine sus acciones con los actores internacionales, por ejemplo en el marco de la OCDE. Las actuaciones unilaterales, aun siendo muy ambiciosas, no solo no tienen ninguna posibilidad real de éxito, sino que ponen también en peligro la competitividad de las empresas europeas y perjudican el clima inversor en la propia Unión.
(4 sexies) El aumento de la transparencia en las declaraciones financieras redunda en beneficio de todas las partes, dado que contribuye a la eficiencia de las administraciones tributarias, promueve la participación de la sociedad, mejora la información de los trabajadores y consigue que los inversores sean menos reacios a correr riesgos. Por otra parte, las empresas se benefician de una mejor relación con las partes interesadas, lo cual se traduce a su vez en una mayor estabilidad y un acceso más fácil a la financiación, dado que se precisan los perfiles de riesgo y se produce una mejora de la reputación.
(5) El aumento del control público del impuesto de sociedades abonado por empresas multinacionales que desempeñan actividades en la Unión es un elemento crucial para fomentar la responsabilidad empresarial, contribuir al bienestar a través del pago de impuestos, promover una competencia fiscal más leal en la Unión a través de un debate público mejor fundamentado y restaurar la confianza de los ciudadanos en la equidad de los sistemas tributarios nacionales. Tal control público puede lograrse mediante la presentación de informes referidos a la tributación del impuesto de sociedades, independientemente del lugar donde esté establecida la sociedad matriz última del grupo multinacional.
(5) Además del aumento de la transparencia gracias a la presentación de informes por países a las autoridades tributarias nacionales, el aumento del control público del impuesto de sociedades abonado por empresas multinacionales que desempeñan actividades en la Unión es un elemento crucial para promover la rendición de cuentas y fomentar la responsabilidad social de las empresas, contribuir al bienestar mediante el pago de impuestos, promover una competencia fiscal más leal en la Unión por medio de un debate público mejor fundamentado y restablecer la confianza de los ciudadanos en la equidad de los sistemas tributarios nacionales. Tal control público puede lograrse mediante la presentación de informes referidos a la tributación del impuesto de sociedades, independientemente del lugar donde esté establecida la sociedad matriz última del grupo multinacional. No obstante, el control público debe llevarse a cabo sin perjudicar el clima inversor o la competitividad de las empresas de la Unión, en particular las pymes, tal como se definen en la presente Directiva, y las empresas de mediana capitalización, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2015/10171 bis, que deben quedar excluidas de la obligación de presentar informes que establece la presente Directiva.
1 bis Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 - el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(5 bis) La Comisión ha definido la responsabilidad social de las empresas (RSE) como la responsabilidad que tienen las empresas por su impacto en la sociedad. La RSE debe partir de las propias empresas. Las autoridades públicas pueden desempeñar un papel de apoyo por medio de una combinación inteligente de medidas políticas voluntarias y, en caso necesario, regulación complementaria. Las empresas pueden ejercer su responsabilidad social bien sea aplicando la legislación o bien integrando las inquietudes sociales, ambientales, éticas, de los consumidores o de los derechos humanos en sus estrategias y actividades empresariales, o bien optando por una combinación de ambos elementos.
(6) Los ciudadanos deben poder controlar todas las actividades de un grupo cuando este disponga de varios establecimientos en la Unión. En cuanto a los grupos que desarrollan actividades dentro de la Unión únicamente a través de filiales o sucursales, estas deben publicar el informe de la sociedad matriz última y facilitar el acceso al mismo. Sin embargo, por motivos de proporcionalidad y eficacia, la obligación de publicar y hacer accesible el informe debe limitarse a las filiales medianas y grandes establecidas en la Unión o a las sucursales de tamaño comparable constituidas en un Estado miembro. El ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/UE debe, pues, ampliarse consiguientemente a las sucursales constituidas en un Estado miembro por una empresa establecida fuera de la Unión.
(6) Los ciudadanos deben poder controlar todas las actividades de un grupo cuando este disponga de varios establecimientos en la Unión y fuera de ella. Los grupos que tienen establecimientos en la Unión deben cumplir sus principios de buena gobernanza fiscal. Las empresas multinacionales operan a nivel mundial y su comportamiento empresarial tiene un impacto considerable en los países en desarrollo. Facilitar a sus ciudadanos el acceso a la información empresarial por países permitiría que dichos ciudadanos y las administraciones tributarias de sus países supervisaran, evaluaran y responsabilizaran a esas empresas. Mediante la publicación de información específica para cada una de las jurisdicciones fiscales en las que operan las empresas multinacionales, la Unión reforzaría la coherencia de su política de desarrollo y limitaría los posibles sistemas de elusión fiscal en aquellos países en los que la movilización de recursos internos se ha identificado como un componente fundamental de la política de desarrollo de la Unión.
(8) El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades debe facilitar información relativa a todas las actividades de la empresa o de todas las empresas ligadas de un grupo controlado por una sociedad matriz última. La información debe basarse en las especificaciones para la elaboración del informe de la acción 13 del BEPS y limitarse a lo necesario para permitir un control público efectivo, al objeto de velar por que la divulgación no dé lugar a riesgos o inconvenientes desproporcionados. El informe debe incluir asimismo una breve descripción de la naturaleza de las actividades. Dicha descripción podría basarse en las categorías expuestas en el cuadro 2 del anexo III del capítulo V de las Orientaciones relativas a la documentación sobre precios de transferencia de la OCDE. El informe debe incluir una exposición general que explique los casos de discrepancias importantes a nivel de grupo entre los importes de los impuestos devengados y los de los impuestos pagados, teniendo en cuenta los importes correspondientes a ejercicios anteriores.
(8) El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades debe facilitar información relativa a todas las actividades de la empresa o de todas las empresas ligadas de un grupo controlado por una sociedad matriz última. La información debe tener en cuenta las especificaciones para la elaboración del informe de la acción 13 del BEPS y limitarse a lo necesario para permitir un control público efectivo, al objeto de velar por que la divulgación no dé lugar a riesgos o inconvenientes desproporcionados para las empresas interesadas en términos de competitividad o de una interpretación equivocada. El informe debe incluir asimismo una breve descripción de la naturaleza de las actividades. Dicha descripción podría basarse en las categorías expuestas en el cuadro 2 del anexo III del capítulo V de las Orientaciones relativas a la documentación sobre precios de transferencia de la OCDE. El informe debe incluir una exposición general que explique, entre otros aspectos, los casos de discrepancias importantes a nivel de grupo entre los importes de los impuestos devengados y los de los impuestos pagados, teniendo en cuenta los importes correspondientes a ejercicios anteriores.
(9) A fin de garantizar un grado de detalle que permita a los ciudadanos evaluar mejor la contribución de las EMN al bienestar en cada Estado miembro, la información debe desglosarse por Estado miembro. Además, la información relativa a las operaciones de las empresas multinacionales debe figurar también con un elevado nivel de detalle en relación con determinadas jurisdicciones fiscales que presenten problemas particulares. Para todas las demás operaciones de terceros países, la información debe facilitarse de forma agregada.
(9) A fin de garantizar un grado de detalle que permita a los ciudadanos evaluar mejor la contribución de las empresas multinacionales al bienestar en cada una de las jurisdicciones en las que operan, tanto dentro como fuera de la Unión, sin perjudicar a la competitividad de las empresas, la información debe desglosarse por jurisdicciones. El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades solo puede interpretarse y utilizarse con sentido si la información se presenta de forma desagregada para cada una de las jurisdicciones fiscales.
(11) Para garantizar que los casos de incumplimiento se hagan públicos, el auditor o auditores legales o la entidad o entidades de auditoría deben comprobar si el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se ha transmitido y presentado con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva y si se puede consultar en el sitio web de la empresa correspondiente o en el sitio web de una empresa ligada.
(11) Para garantizar que los casos de incumplimiento se hagan públicos, el auditor o auditores legales o la entidad o entidades de auditoría deben comprobar si el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se ha transmitido y presentado con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, si se puede consultar en el sitio web de la empresa correspondiente o en el sitio web de una empresa ligada y si la información publicada está en consonancia con la información financiera auditada por la empresa en los plazos establecidos por la presente Directiva.
(11 bis) Los casos de incumplimiento por las empresas y filiales de los requisitos relativos a los informes sobre la tributación del impuesto de sociedades que dan lugar a la imposición de sanciones por los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 2013/34/UE, deben incluirse en un registro público gestionado por la Comisión Europea. Estas sanciones pueden incluir, entre otras medidas, la imposición de multas administrativas y la exclusión de los procedimientos de licitación pública y de concesión de financiación procedente de los fondos estructurales de la Unión.
(13) A fin de determinar las jurisdicciones fiscales respecto de las cuales debe mostrarse un elevado nivel de detalle, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que atañe a la elaboración de una lista común de la Unión de estas jurisdicciones fiscales. Esta lista debe elaborarse a partir de una serie de criterios, definidos sobre la base del anexo 1 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Estrategia exterior para una imposición efectiva» [COM(2016) 24 final]. Reviste especial importancia que la Comisión proceda a las consultas oportunas durante sus trabajos de preparación, también a nivel de expertos, y que dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», de 9 de marzo de 2016. En particular, a fin de garantizar la igualdad de participación en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que traten de la preparación de los actos delegados.
(13 bis) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del artículo 48 ter, apartados 1, 3, 4 y 6, y del artículo 48 quater, apartado 5, de la Directiva 2013/34/UE, también deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
1 bis Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(14) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo.
(14) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Por consiguiente, la actuación de la Unión se justifica para afrontar la dimensión transfronteriza de la planificación fiscal agresiva o los acuerdos de precios de transferencia. Esta iniciativa responde a las preocupaciones expresadas por las partes interesadas acerca de la necesidad de abordar las distorsiones del mercado único sin poner en peligro la competitividad de la Unión. Dicha iniciativa no debe ocasionar una carga administrativa indebida a las empresas, generar conflictos fiscales adicionales o entrañar el riesgo de una doble imposición. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tal objetivo, al menos en lo que se refiere a una mayor transparencia.
(15) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(15) En términos generales, el alcance de la información divulgada en el marco de la presente Directiva es proporcionado a los objetivos de potenciar la transparencia y el control públicos. Se considera, por tanto, que la Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(16) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos24, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.
(16) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos24, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición, por ejemplo, en forma de tabla de correspondencias. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada para cumplir el objetivo de la Directiva y evitar posibles omisiones e incoherencias en su transposición por los Estados miembros a los ordenamientos jurídicos nacionales.
24 DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
Artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros exigirán a las sociedades matrices últimas reguladas por su Derecho nacional y cuyo volumen de negocios neto consolidado supere los 750 000 000 EUR, así como a las empresas reguladas por su Derecho nacional que no sean empresas ligadas y cuyo volumen de negocios neto supere los 750 000 000 EUR la redacción y publicación anuales de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades.
Los Estados miembros exigirán a las sociedades matrices últimas reguladas por su Derecho nacional y cuyo volumen de negocios neto consolidado sea igual o superior a 750 000 000 EUR, así como a las empresas reguladas por su Derecho nacional que no sean empresas ligadas y cuyo volumen de negocios neto sea igual o superior a 750 000 000 EUR, la redacción y puesta a disposición del público, de forma gratuita y con una periodicidad anual, de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades.
Artículo 48 ter – apartado 1 – párrafo 2
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se podrá consultar en el sitio web de la empresa a partir de la fecha de su publicación.
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible gratuitamente en un formato de datos abierto y se podrá consultar en el sitio web de la empresa a partir de la fecha de su publicación en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la misma fecha, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
Los Estados miembros no aplicarán las disposiciones recogidas en el presente apartado cuando dichas empresas estén establecidas únicamente en el territorio de un Estado miembro y en ninguna otra jurisdicción fiscal.
Artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 1
Los Estados miembros exigirán a las empresas filiales medianas y grandes a que se refiere el artículo 3, apartados 3 y 4, reguladas por su Derecho nacional y controladas por una sociedad matriz última cuyo volumen de negocios neto consolidado supere los 750 000 000 EUR y que no esté regulada por el Derecho de un Estado miembro la publicación anual de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades de dicha sociedad matriz última.
Los Estados miembros exigirán a las empresas filiales reguladas por su Derecho nacional y controladas por una sociedad matriz que, en el balance de un ejercicio financiero, presente un volumen de negocios neto consolidado igual o superior a 750 000 000 EUR y no esté regulada por el Derecho de un Estado miembro, la publicación anual de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades de dicha sociedad matriz última.
Artículo 48 ter – apartado 3 – párrafo 2
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se pondrá a disposición del público en la fecha de su publicación en el sitio web de la empresa filial o en el sitio web de una empresa ligada.
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible gratuitamente en un formato de datos abierto y se pondrá a disposición del público en la fecha de su publicación en el sitio web de la empresa filial o en el sitio web de una empresa ligada en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la misma fecha, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
Artículo 48 ter – apartado 4 – párrafo 1
Los Estados miembros exigirán a las sucursales constituidas en su territorio por una empresa que no esté regulada por el Derecho de un Estado miembro la publicación anual del informe referido a la tributación del impuesto de sociedades de la sociedad matriz última a que se refiere el apartado 5, letra a), del presente artículo.
Los Estados miembros exigirán a las sucursales constituidas en su territorio por una empresa que no esté regulada por el Derecho de un Estado miembro la publicación y la difusión, de forma gratuita y con una periodicidad anual, del informe referido a la tributación del impuesto de sociedades de la sociedad matriz última a que se refiere la letra a), del presente apartado.
Artículo 48 ter – apartado 4 – párrafo 2
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se pondrá a disposición del público en la fecha de su publicación en el sitio web de la sucursal o en el sitio web de una empresa ligada.
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible en un formato de datos abierto y se pondrá a disposición del público en la fecha de su publicación en el sitio web de la sucursal o en el sitio web de una empresa ligada en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la misma fecha, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
Artículo 48 ter – apartado 5 – letra a
a) que la empresa que constituyó la sucursal sea bien una empresa ligada de un grupo que esté controlado por una sociedad matriz última no regulada por el Derecho de un Estado miembro y cuyo volumen de negocios neto consolidado supere los 750 000 000 EUR, bien una empresa no ligada cuyo volumen de negocios neto supere los 750 000 000 EUR;
a) que la empresa que constituyó la sucursal sea o bien una empresa ligada de un grupo que esté controlado por una sociedad matriz última no regulada por el Derecho de un Estado miembro y presente en su balance un volumen de negocios neto consolidado igual o superior a 750 000 000 EUR, o bien una empresa no ligada cuyo volumen de negocios neto sea igual o superior a 750 000 000 EUR;
Artículo 48 ter – apartado 5 – letra b
b) que la sociedad matriz última a que se refiere la letra a) no cuente con una empresa filial mediana o grande de las contempladas en el apartado 3.
b) que la sociedad matriz última a que se refiere la letra a) no cuente con una empresa filial mediana o grande a que se refiere el apartado 3 ya sujeta a las obligaciones de información.
Artículo 48 ter – apartado 7 bis (nuevo)
7 bis. En el caso de los Estados miembros que no han adoptado el euro, el importe en moneda nacional equivalente al importe especificado en los apartados 1, 3 y 5 será el resultante de aplicar el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea que sea válido en la fecha de entrada en vigor del presente capítulo.
Artículo 48 quater – apartado 2 – parte introductoria
2. La información a que se refiere el apartado 1 contendrá los datos siguientes:
2. La información a que se refiere el apartado 1 se presentará en una plantilla modelo común y contendrá los datos siguientes, desglosados por jurisdicciones fiscales:
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra a
a) una breve descripción de la naturaleza de las actividades;
a) el nombre de la sociedad matriz última y, cuando proceda, la lista de todas sus filiales, una breve descripción de la naturaleza de sus actividades y sus respectivas localizaciones geográficas;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b
b) el número de empleados;
b) el número de empleados sobre una base equivalente a tiempo completo;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b bis (nueva)
b bis) los activos tangibles distintos de tesorería e instrumentos equivalentes a tesorería;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra c
c) el importe del volumen de negocios neto, incluido el relativo a las partes vinculadas;
c) el importe del volumen de negocios neto, estableciendo una distinción entre el volumen de negocios relativo a las partes vinculadas y el volumen de negocios relativo las partes no vinculadas;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g bis (nueva)
g bis) el capital declarado;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g ter (nueva)
g ter) si las empresas, filiales o sucursales se benefician de un trato fiscal preferente debido a regímenes fiscales preferenciales para patentes o regímenes equivalentes.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 1
El informe presentará la información a que se refiere el apartado 2 por separado para cada Estado miembro. Si el Estado miembro engloba varias jurisdicciones fiscales, la información se combinará a nivel del Estado miembro.
El informe presentará la información a que se refiere el apartado 2 por separado para cada Estado miembro. Si el Estado miembro engloba varias jurisdicciones fiscales, la información se presentará por separado para cada una de las jurisdicciones fiscales.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 2
El informe también presentará la información a que se refiere el apartado 2 del presente artículo por separado para cada jurisdicción fiscal, que, al final del ejercicio anterior, esté incluida en la lista común de la Unión de determinadas jurisdicciones fiscales, elaborada con arreglo al artículo 48 octies, a menos que el informe confirme expresamente, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 48 sexies infra, que las empresas ligadas de un grupo reguladas por la legislación de dichas jurisdicciones fiscales no llevan a cabo directamente operaciones con ninguna empresa ligada del mismo grupo regulada por la legislación de un Estado miembro.
El informe también presentará la información a que se refiere el apartado 2 del presente artículo por separado para cada una de las jurisdicciones fiscales situadas fuera de la Unión.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3
El informe presentará la información a que se refiere el apartado 2 de manera agregada para las demás jurisdicciones fiscales.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)
Con el fin de proteger la información comercial sensible y garantizar una competencia leal, los Estados miembros podrán permitir que uno o varios elementos de información recogidos en el artículo 48 quater sean omitidos temporalmente del informe en relación con las actividades en una o más jurisdicciones fiscales específicas cuando dicha información revista unas características tales que su divulgación perjudicaría gravemente la posición comercial de las empresas contempladas en el artículo 48 ter, apartados 1 y 3, a las cuales se refiera la información. La omisión no será óbice para una comprensión razonable y equilibrada de la posición de la empresa de que se trate. La omisión se señalará en el informe junto con una explicación sobre los motivos de la misma y una referencia a la jurisdicción fiscal interesada.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 ter (nuevo)
Los Estados miembros podrán subordinar estas omisiones a la autorización previa de una autoridad nacional competente. La empresa solicitará todos los años una nueva autorización de la autoridad competente, la cual adoptará una decisión al respecto sobre la base de un nuevo examen de la situación. Cuando la información omitida ya no satisfaga el requisito establecido en el párrafo 3 bis, se hará accesible al público de forma inmediata.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 quater (nuevo)
Los Estados miembros notificarán a la Comisión la concesión de este tipo de exención temporal y le remitirán de forma confidencial la información omitida, junto con una explicación detallada de los motivos que hayan justificado la exención. Todos los años, la Comisión publicará en su sitio web las notificaciones recibidas de los Estados miembros y las justificaciones ofrecidas de conformidad con el párrafo 3 bis.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 quinquies (nuevo)
La Comisión comprobará que se cumple debidamente el requisito establecido en el párrafo 3 bis y supervisará la autorización por las autoridades nacionales de este tipo de exenciones temporales.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 sexies (nuevo)
En el caso de que la Comisión llegue a la conclusión, una vez examinada la información recibida de conformidad con el párrafo 3 quater, que no se cumple el requisito establecido en el párrafo 3 bis, la empresa interesada hará accesible la información al público de forma inmediata.
Artículo 48 quater – apartado 3 – párrafo 3 septies (nuevo)
La Comisión adoptará, mediante un acto delegado, directrices dirigidas a asistir a los Estados miembros en la definición de aquellos supuestos en los que se considerará que la publicación de información perjudica gravemente la posición comercial de la empresa a que se refiere.
Artículo 48 quater – apartado 5
5. El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará y será accesible al público en el sitio web en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión.
5. El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible gratuitamente en un formato de datos abierto y será accesible al público en la fecha de su publicación en el sitio web de la empresa filial o en el sitio web de una empresa ligada en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la misma fecha, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión Europea.
Artículo 48 sexies – apartado 1
1. Los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad matriz última a que se refiere el artículo 48 ter, apartado 1, actuando dentro del marco de competencias que les confiere el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se redacte, se publique y sea accesible con arreglo a los artículos 48 ter, 48 quater y 48 quinquies.
1. A fin de consolidar la responsabilidad frente a terceros y de garantizar una gobernanza adecuada, los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad matriz última a que se refiere el artículo 48 ter, apartado 1, actuando dentro del marco de competencias que les confiere el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se redacte, se publique y sea accesible con arreglo a los artículos 48 ter, 48 quater y 48 quinquies.
La modificación es necesaria y útil con miras a asegurar la coherencia normativa con el considerando 10 de la presente propuesta.
Artículo 48 octies
Lista común de la Unión de determinadas jurisdicciones fiscales
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 49 en lo que respecta a la elaboración de una lista común de la Unión de determinadas jurisdicciones fiscales. Esa lista se basará en la evaluación de las jurisdicciones fiscales que no cumplan los criterios siguientes:
1) transparencia e intercambio de información, incluido el intercambio de información previa petición y el intercambio automático de información de datos relativos a las cuentas financieras;
2) competencia leal en materia fiscal;
3) las normas establecidas por el G20 y/o la OCDE;
4) otras normas pertinentes, incluidas las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
La Comisión revisará periódicamente la lista y, en su caso, la modificará para tener en cuenta nuevas circunstancias.
Artículo 48 decies – párrafo 1
La Comisión elaborará un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 48 bis a 48 septies y de su impacto. El informe incluirá una evaluación sobre si el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades ofrece unos resultados adecuados y proporcionados, teniéndose en cuenta la necesidad de garantizar un nivel suficiente de transparencia y la necesidad de un entorno competitivo para las empresas.
La Comisión elaborará un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 48 bis a 48 septies y de su impacto. El informe incluirá una evaluación sobre si el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades ofrece unos resultados adecuados y proporcionados y evaluará los costes y beneficios de reducir el límite del volumen de negocios neto consolidado por encima del cual las empresas y sucursales están obligadas a comunicar la información referida al impuesto de sociedades. Por otra parte, el informe evaluará la eventual oportunidad de adoptar otras medidas adicionales, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un nivel suficiente de transparencia y de mantener y asegurar un entorno competitivo para las empresas y la inversión privada.
Artículo 48 decies bis (nuevo)
«Artículo 48 decies bis
Como más tarde cuatro años después de la adopción de la presente Directiva y teniendo en cuenta la situación a nivel de la OCDE, la Comisión presentará un informe en el que examinará y evaluará las disposiciones del presente capítulo, en particular en lo que se refiere a los aspectos siguientes:
- las empresas y las sucursales que están obligadas a suministrar información relativa a la tributación del impuesto de sociedades, en particular en lo que se refiere a la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente capítulo a las grandes empresas tal como se definen en el artículo 3, apartado 4, y a los grandes grupos tal como se definen en el artículo 3, apartado 7, de la presente Directiva;
- el contenido del informe referido a la tributación del impuesto de sociedades a que se refiere el artículo 48 quater;
- la exención temporal prevista en el artículo 48 quater, apartado 3, párrafos 3 bis a 3 septies;
La Comisión remitirá el informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.»
Artículo 48 decies ter (nuevo)
2 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 48 decies ter
Plantilla modelo común para el informe
La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, la plantilla modelo común a que se refieren el artículo 48 ter, apartados 1, 3, 4 y 6, y el artículo 48 quater, apartado 5. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 50, apartado 2.»
Artículo 49 – apartado 3 bis
3 bis) Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará con los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional "Legislar mejor", de 9 de marzo de 2016.».
3 bis) Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará con los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016*, teniendo especialmente en cuenta las disposiciones de los Tratados y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
* Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).»
Deben tenerse en cuenta las disposiciones de los Tratados y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
3 bis) En el artículo 51, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
Los Estados miembros establecerán sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
«Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros establecerán, como mínimo, medidas y sanciones administrativas aplicables en caso de infracción por las empresas de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva.
Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión como más tarde el ... [fecha de la transposición], así como cualquier modificación posterior de las mismas sin demora.
Como más tarde el ... (tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva), la Comisión elaborará una lista de las medidas y sanciones establecidas en cada Estado miembro de conformidad con la presente Directiva.»
DO C 487 de 28.12.2016, p. 62.
La información pública desglosada por países («información país por país», CBCR) sobre aquellos datos de las empresas que se consideran pertinentes a efectos tributarios es un elemento fundamental en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales a nivel internacional, así como para impedir la competencia a la baja entre los diferentes regímenes fiscales. Pero los beneficios que reporta esta Directiva transcienden con mucho este importante aspecto. En un contexto de creciente movilidad y de desarrollo de la actividad económica a escala europea y mundial, la transparencia —en términos de revelación de información— constituye un requisito previo imprescindible para consolidar la gobernanza empresarial y un instrumento para reforzar la responsabilidad social de las empresas.
Actualmente los ciudadanos no pueden utilizar las cuentas publicadas de las empresas ni siquiera para comprobar si una multinacional opera en sus jurisdicciones tributarias. El problema se agrava progresivamente en la medida en que las empresas multinacionales se hacen cada vez más complejas y a menudo —lamentablemente— menos transparentes. La mayoría de países utilizan las normas internacionales de contabilidad. Por consiguiente, la información pública país por país (CBCR) permitirá, de forma eficiente en términos de costes, inducir cambios en materia de transparencia de las empresas a nivel mundial en beneficio de nuestras sociedades y en particular de los ciudadanos, los accionistas, las administraciones tributarias, los inversores y los economistas, que dispondrán de los medios necesarios para exigir a los gobiernos y las multinacionales que rindan cuentas.
Los ponentes consideran que, más allá de los objetivos vinculados a los aspectos fiscales y a la responsabilidad de las empresas, la Directiva es también un instrumento que permitirá reforzar los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados. La publicación de información consolida el diálogo y fomenta la confianza mutua en el seno de la empresa, en la medida en que se aportan datos objetivos y fiables sobre la situación empresarial y se sensibiliza a todas las partes interesadas —y en particular a los trabajadores— acerca de las necesidades de adaptación. Asimismo, promueve la participación de los trabajadores en el funcionamiento y el futuro de la empresa, al tiempo que refuerza su competitividad.
Hace tiempo que el Parlamento Europeo viene reclamando la publicación de información desglosada por países. Ya en 2011 estableció su posición con respecto a este asunto, en la que afirmaba que la calidad de la información financiera reviste una importancia fundamental para luchar eficazmente contra la evasión fiscal y señalaba que dicha información redundaría también en beneficio de los inversores en todos los sectores, lo cual contribuiría a su vez a la buena gobernanza a escala global. En 2014, la publicación de información país por país se integró en el debate en el marco de la Directiva sobre divulgación de información no financiera. Por último, cuando Sergio Cofferati, ponente sobre la revisión de los derechos de los accionistas, abogó en favor de introducir en la Directiva sobre contabilidad la publicación de información país por país, la Comisión decidió presentar una propuesta específica sobre esta cuestión en forma de un acto modificativo de la Directiva sobre contabilidad. Esta modificación de la Directiva sobre contabilidad puede desempeñar un papel crucial en la información de las empresas.
Los ponentes proponen reforzar la transparencia en lo que se refiere a la información que deben facilitar las empresas y sugieren las siguientes mejoras en el texto de la Comisión:
• Con miras a mejorar la legislación, conviene evitar la introducción de nuevas categorías de empresas y grupos. Sería oportuno que la modificación de la Directiva sobre contabilidad se ajustara a la lógica de esta misma directiva. Hace tiempo que se han definido los umbrales relativos a las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. El concepto se remonta a la 4.ª Directiva sobre el Derecho de sociedades de 1978. Hasta ahora la Comisión no ha justificado suficientemente la necesidad de introducir un nuevo umbral. Dado que las pymes no disponen de los recursos necesarios para invertir en estructuras de sociedades ficticias para trasladar artificialmente los beneficios, se ven obligadas a aceptar una situación de desventaja competitiva frente a las empresas multinacionales. Con el fin de garantizar un mercado único saludable, es esencial establecer un sistema común de declaración de información por parte de las empresas que sea equitativo, eficaz, transparente y favorable al crecimiento, basado en el principio de que las empresas deben tributar en el país donde se generan los beneficios. Por consiguiente, los grandes grupos, tal como se definen en el artículo 3, apartado 7, y todas las grandes empresas, tal como se definen en el artículo 3, apartado 4, deberían estar sujetos a las nuevas obligaciones en materia de divulgación de información.
• Los ponentes consideran que no procede limitar el ámbito de aplicación de la Directiva a la información relacionada con los Estados miembros de la Unión y los paraísos fiscales, por lo que proponen —sin oponerse, en principio, a la idea de establecer una lista negra de la Unión de paraísos fiscales con criterios claros— que las empresas multinacionales faciliten información sobre sus actividades para cada jurisdicción en la que operan, también fuera de la Unión Europea. La divulgación de esta información no constituye una sanción para las jurisdicciones no cooperativas, sino más bien una condición necesaria para operar en un mercado único que funcione correctamente.
• Los ponentes consideran que, con miras a reforzar el control público y la transparencia de la empresas a nivel mundial, las multinacionales deberían divulgar información pertinente relativa a todos los países del mundo en los que operan, de forma que tributen en los países donde se generan efectivamente los beneficios. Este criterio de divulgación de datos no agregados que proponen los ponentes es conforme a la coherencia de las políticas de la Unión en el ámbito del desarrollo, dado que se propone fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ayudar eficazmente a los países en desarrollo a acceder a sus propios ingresos fiscales.
• La ponentes consideran esencial que el formato de la publicación facilite la comparación de los datos, por lo que proponen que se normalice el formato de los documentos informativos de todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva.
Por último, los ponentes destacan la importancia que reviste un planteamiento coordinado y armonizado en la aplicación de los sistemas de información de las empresas para el correcto funcionamiento del mercado único. Los ponentes subrayan una vez más, en este mismo contexto, que una mayor transparencia en las actividades de las empresas multinacionales es fundamental para poner fin al traslado de beneficios —que se lleva a cabo por medio de varios mecanismos, como las sociedades ficticias, los regímenes fiscales preferenciales para patentes y los acuerdos de precios de transferencia— y a las prácticas desleales de competencia fiscal entre diferentes sistemas jurídicos, que demasiado a menudo se han utilizado en perjuicio de los ciudadanos, en particular los contribuyentes, los trabajadores y las pymes.
emitida de conformidad con el artículo 52 bis, apartado 4, del Reglamento interno por Bernard Monot y Gilles Lebreton
La presentación de informes por países se inscribe en una lógica que apoyamos desde el principio, esto es, la lucha contra la planificación fiscal agresiva y el fraude fiscal. En este sentido, hemos votado, en particular, en favor de ambos informes TAXE, de los textos que imponen el intercambio automático de informes fiscales, de la lucha contra los dispositivos híbridos y de los cuatro convenios en favor del intercambio automático de información (Suiza, San Marino, Liechtenstein, Mónaco).
El intercambio de informes por países es un instrumento necesario. No obstante, consideramos que la divulgación pública de información crea una desventaja competitiva excesiva en perjuicio de las empresas europeas. Por ejemplo, un competidor chino no establecido en la Unión podría acceder, en efecto, sin contrapartida ninguna, a datos financieros y comerciales sensibles.
Las exenciones previstas en la propuesta solo tienen un carácter limitado y, a nuestro entender, insuficiente, especialmente si los datos correspondientes a terceros países se presentan de forma desagregada.
Apoyamos el intercambio automático de estos datos entre las autoridades fiscales, que permitiría identificar aquellas situaciones en las que una empresa no abona sus impuestos en el país en el cual desarrolla su actividad, llevando a cabo, cuando proceda, los controles fiscales que permitan recuperar las cantidades debidas sobre la base imponible indebidamente desplazada.
Sr. D. Pavel Svoboda
Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))
De conformidad con el artículo 39, apartado 3, del Reglamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió el 10 de enero de 2017 por propia iniciativa emitir opinión sobre si la base jurídica que propone la Comisión para la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales, a saber, el artículo 50, apartado 1, del TFUE, es la base jurídica correcta o si, por el contrario, la propuesta debe tener una base jurídica diferente, en concreto, el artículo 115 del TFUE.
El 12 de abril de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para modificar la Directiva 2013/34/UE («Directiva de contabilidad»)(1). La propuesta impone a los grupos multinacionales de dentro y fuera de la Unión cuyos ingresos globales superen los 750 millones de euros anuales la obligación de elaborar y publicar informes anuales sobre el impuesto de sociedades.
Según la exposición de motivos de la propuesta, un mercado único saludable necesita que las empresas paguen impuestos en el país donde se generan los beneficios. El fenómeno de la planificación fiscal agresiva vulnera este principio. La Comisión considera que el control público puede contribuir a combatir esta práctica. Por otra parte, la Comisión señala que la propuesta complementa los requisitos de información financiera aplicables actualmente a las empresas y no interfiere con estos requisitos en relación con la publicación de sus estados financieros.
El fundamento jurídico propuesto por la Comisión es el artículo 50, apartado 1, del TFUE. El artículo 50, apartados 1 y 2, del TFUE, tiene el siguiente tenor:
g) coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 54, para proteger los intereses de socios y terceros; (...)»
El artículo 115 del TFUE establece lo siguiente:
Sin perjuicio del artículo 114, el Consejo adoptará, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior.»
III. Jurisprudencia sobre la base jurídica
La elección de la base jurídica es importante dado que, desde un punto de vista constitucional, la Unión se basa en el principio de atribución de competencias y sus instituciones solo pueden actuar de conformidad con el mandato que les otorga el Tratado(2). Por consiguiente, la elección de la base jurídica no es discrecional.
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce una serie principios sobre la elección de la base jurídica. En primer lugar, en vista de las consecuencias de la base jurídica en términos de competencia sustantiva y de procedimiento, la elección del fundamento jurídico correcto reviste una importancia de naturaleza constitucional(3). En segundo lugar, la elección del fundamento jurídico de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran la finalidad y el contenido de dicho acto(4). Carecen de incidencia a este respecto el deseo de una institución de participar de forma más intensa en la adopción de un acto determinado, el trabajo realizado respecto a una cuestión distinta en el ámbito de acción en el que se incluye el acto o el contexto de la adopción de este último(5).
La elección de una base jurídica incorrecta, por consiguiente, puede justificar la anulación del acto en cuestión
IV. Finalidad y contenido de la propuesta de Reglamento
De los considerandos de la propuesta se desprende con claridad que su finalidad consiste en mejorar la transparencia y el control público del impuesto de sociedades y en fomentar la responsabilidad empresarial, mediante la imposición de requisitos de publicidad a determinadas sociedades en lo que atañe al impuesto de sociedades que satisfacen.
En el considerando 12 de la propuesta se afirma que la Directiva tiene por objeto mejorar la transparencia y el control público del impuesto de sociedades, adaptando el marco jurídico vigente relativo a las obligaciones impuestas a empresas y sociedades en lo que respecta a la publicación de informes, con el fin de proteger los intereses de socios y terceros, a tenor del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE.
Según el considerando 5, el aumento del control público del impuesto de sociedades abonado por empresas multinacionales que desempeñan actividades en la Unión es un elemento crucial para fomentar la responsabilidad empresarial, contribuir al bienestar a través del pago de impuestos, promover una competencia fiscal más leal en la Unión a través de un debate público mejor fundamentado y restaurar la confianza de los ciudadanos en la equidad de los sistemas tributarios nacionales. Tal control público puede lograrse mediante la presentación de informes referidos a la tributación del impuesto de sociedades.
En el considerando 9 se indica que la información debe desglosarse por Estado miembro a fin de garantizar un grado de detalle que permita a los ciudadanos evaluar mejor la contribución de las empresas multinacionales al bienestar en cada Estado miembro.
En el considerando 10 se expone el régimen de responsabilidad de los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad establecido en la directiva propuesta a fin de reforzar la responsabilidad frente a terceros y garantizar una gobernanza adecuada.
En el considerando 11 se establece la obligación de los auditores o entidades de auditoría de comprobar que el informe se ha transmitido y presentado con arreglo a las disposiciones de la Directiva propuesta, a fin de garantizar que los casos de incumplimiento se hagan públicos.
El contenido de la Directiva propuesta consiste principalmente en la obligación de las grandes sociedades y filiales de elaborar un informe con información sobre el impuesto de sociedades que contenga información general desglosada por país, que se publicará en un registro y el sitio web de la sociedad. El contenido de la propuesta confirma que su finalidad es la de aumentar la transparencia, el control público y la responsabilidad empresarial.
Con el fin de alcanzar la finalidad mencionada, la Comisión propone insertar un nuevo capítulo en la Directiva de contabilidad (capítulo 10 bis) En él se exige a todas las empresas de la Unión y a las filiales de empresas de fuera de la Unión que operen en la Unión, cuando su volumen de negocios neto consolidado supere en ambos casos los 750 000 000 EUR, que redacten y publiquen anualmente un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades (artículo 48 ter).
La información que ha de incluir el informe se refiere a la naturaleza de las actividades, el número de empleados, el volumen de negocios neto (incluido el relativo al obtenido con terceros y entre sociedades de un mismo grupo), los beneficios o pérdidas antes del impuesto de sociedades, el importe del impuesto de sociedades devengado por los beneficios obtenidos durante el ejercicio en curso, los importe del impuesto de sociedades ya abonado durante dicho ejercicio y el importe de las ganancias acumuladas (artículo 48 quater).
La información facilitada debe desglosarse por país respecto de cada Estado miembro en que opere la empresa y cada jurisdicción fiscal que esté incluida en una «lista común de la Unión de determinadas jurisdicciones fiscales», y de manera agregada para el resto del mundo (artículo 48 quater, apartado 3, y artículo 48 octies).
El informe se debe publicar en un registro mercantil y debe permanecer accesible en el sitio web de la empresa durante al menos cinco años consecutivos (artículo 48 quinquies).
V. Determinación del fundamento jurídico adecuado
El artículo 50, apartado 1, del TFUE ofrece a los legisladores una base jurídica para adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, directivas para alcanzar la libertad de establecimiento en una determinada actividad. El artículo 50, apartado 2, del TFUE contiene una lista no exhaustiva de casos en que se aplica concretamente esta base jurídica. A los efectos del presente expediente reviste interés el artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE, ya que prevé que los legisladores ejerzan las funciones que les han sido atribuidas en materia de derecho de establecimiento «coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 54, para proteger los intereses de socios y terceros».
Sobre esa base jurídica se ha adoptado un número importante de Directivas referidas al impuesto de sociedades, a fin de proteger los intereses de los socios y de terceros(7), también cuando esa protección está vinculada a requisitos de información y, más en concreto, de información pública(8).
De modo similar, como ya se ha descrito pormenorizadamente en la sección IV de la presente nota, la finalidad y contenido de esta propuesta es aumentar el control público de la tributación de las multinacionales que operan en la Unión por el impuesto de sociedades, exigiendo a las sociedades con un determinado volumen de negocios anual que elaboren y publiquen informes anuales referidos a dicha tributación.
Más en concreto, según el considerando 12, el objeto de la propuestas es «mejorar la transparencia y el control público del impuesto de sociedades, adaptando el marco jurídico vigente relativo a las obligaciones impuestas a empresas y sociedades en lo que respecta a la publicación de informes, con el fin de proteger los intereses de socios y terceros, a tenor del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE».
Por consiguiente, la Directiva propuesta considera que existe una relación entre la transparencia y el control público, que son los objetivos perseguidos, y los intereses de «socios y terceros», que son los destinatarios de las garantías que se adopten sobre la base del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE. De lo anterior cabe deducir i) que los términos «socios y terceros» se refieren a los ciudadanos en general y, por tanto, no solo a quienes mantienen relaciones contractuales o precontractuales con una sociedad, o se ven afectados directamente por sus negocios, y ii) que la propuesta está al servicio de los intereses de esos «socios y terceros». De este modo, la Directiva propuesta mantiene una consonancia total con los requisitos de información ya establecidos en la Directiva 2013/34.
En vista de lo anterior, debe examinarse i) si los términos «socios y terceros» del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE pueden abarcar a los ciudadanos y ii) si la propuesta protege realmente los intereses de los «socios y terceros» así definidos.
Por lo que atañe a la primera cuestión, cabe llegar a la conclusión de que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «terceros» empleado en el artículo 50, apartado 2, letra g), no se circunscribe a las personas que mantienen relaciones contractuales o precontractuales directas con una sociedad, sino que abarca, entre otros, a los competidores de las sociedades o empresas en cuestión y, en un sentido más amplio, a los ciudadanos.
Según la sentencia Verband deutscher Daihatsu-Händler del Tribunal de Justicia, a la que se remite el considerando 12 de la Directiva propuesta, el término «terceros» debe interpretarse de forma amplia:
«[El propio texto del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE] menciona el objetivo de proteger los intereses de los terceros en general, sin distinguir o excluir ninguna categoría de éstos»(9).
El Tribunal de Justicia añadía que esta interpretación literal encontraba confirmación en el objetivo de suprimir las restricciones a la libertad de establecimiento, que las disposiciones del Tratado «encomiendan en términos muy amplios (...)»(10).
En esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE constituía una base jurídica adecuada para exigir la divulgación de información a todos los terceros que no conocen o no pueden obtener información suficiente sobre la contabilidad y la situación financiera de la sociedad(11).
En el auto Springer, el Tribunal de Justicia declaró que «el concepto de tercero en el sentido de dicho artículo se refiere a cualquier tercero»
En la sentencia Texdata Software, el Tribunal de Justicia reconocía una vez más que no cabe exigir que la protección de los «terceros» tenga carácter subsidiario o accesorio respecto de la de los «socios». De este modo, incluso las disposiciones cuyo «objetivo principal [sea] proporcionar información a los terceros que no conozcan o no puedan conocer suficientemente la situación contable y financiera de dicha sociedad» están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE. (13)
Por lo que se refiere a la cuestión de si la propuesta protege realmente los intereses de los ciudadanos, debe recordarse, en primer lugar, que los ciudadanos son los beneficiarios del cumplimiento de la legislación tributaria por parte de las sociedades y de que se evite el traslado de beneficios, ya que la seguridad y el bienestar públicos se financian en gran medida gracias a los impuestos.
En segundo lugar, la disponibilidad pública de la información relativa al impuesto de sociedades en cada Estado miembro permitirá el control público del cumplimiento de la legislación tributaria, así como un debate social y político sobre la presión fiscal (base y tipo impositivos), también en comparación con la de otras jurisdicciones fiscales de la Unión. Es probable que lo anterior también sirva, a su vez, para disuadir, en particular a las grandes empresas que dependen de su reputación como parte de su marca, de infringir o eludir de otro modo la legislación tributaria.
Por consiguiente, esa protección concedida a los ciudadanos también puede subsumirse en el término «intereses» del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE, que el Tribunal de Justicia interpreta de forma amplia, aplicando la misma lógica que para el término «terceros». En particular, el término no requiere que resulte afectado un derecho o un interés específico de un tercero relativos directamente al negocio o a las actividades de la sociedad(14).
Por lo tanto, cabe afirmar con fundamento que los intereses de los ciudadanos también se verán protegidos si tienen acceso a la información relativa al impuesto de sociedades de las grandes sociedades en cada Estado miembro, dentro del ámbito de aplicación del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE.
En consecuencia, se ha de llegar a la conclusión de que, al coordinar el marco normativo vigente en materia de obligaciones impuestas a las sociedades y filiales respecto de la publicación de información referida a la tributación por el impuesto de sociedades con el fin de proteger los intereses de socios y terceros, la finalidad y el contenido se corresponden con el artículo 50, apartado 1, del TFUE. No afecta a esta conclusión el hecho de que las autoridades tributarias se beneficien indirectamente de la obligación de transparencia. Sea como fuere, el artículo 50 y siguientes no excluyen las disposiciones fiscales, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 114, apartado 2, del TFUE.
Más aún, habida cuenta del artículo 50, apartado 2, letra g), del TFUE, los Tratados no prevén una base jurídica más específica que el artículo 50, apartado 1, del TFUE. En particular, todo el sistema de armonización general del mercado interior constituido por los artículos 114 y 115 del TFUE tiene expresamente carácter subsidiario con respecto a otras bases jurídicas aplicables y, por tanto, no es de aplicación en el presente caso, con independencia de que la cláusula de exclusión del artículo 114, apartado 2, del TFUE permita el recurso al artículo 115 del TFUE (el artículo 115 del TFUE debe entenderse «sin perjuicio del artículo 114» y este último, a su vez, es aplicable «salvo que los Tratados dispongan otra cosa»). (15)
La disponibilidad del artículo 50, apartado 1, del TFUE excluye a los artículos 114 y 115 del TFUE, pero, en aras de la exhaustividad, conviene realizar un sucinto análisis de la propuesta a la luz del artículo 115 del TFUE. El artículo 115 del TFUE habilita al Consejo para adoptar directivas con el fin de aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior. A diferencia del artículo 114 del TFUE, no prevé la exclusión de las disposiciones fiscales. Por consiguiente, puede servir de base jurídica para actos legislativos en materia de tributación directa(16), siempre que las legislaciones nacionales que vayan a ser armonizadas tengan una incidencia directa en el mercado interior, de modo que la armonización resulte necesaria.
Aunque la propuesta actual está vinculada políticamente a la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad(17), adoptada por el Consejo el 25 de mayo de 2016, la finalidad y el contenido de ambos instrumentos son diferentes. La Directiva 2016/881 tiene por base los artículos 113 y 115 del TFUE. Es manifiesto que su objetivo es mejorar la cooperación entre las autoridades tributarias de los Estados miembros. Coordina la transmisión de información entre la autoridades competentes, imponiendo determinadas obligaciones a los Estados miembros(18). Además, exige a las autoridades tributarias de la Unión que intercambien doce datos, algunos de los cuales contienen información comercial confidencial. Por el contrario, la presente propuesta de la Comisión no tiene por objeto mejorar la cooperación administrativa de las autoridades tributarias, sino mejorar la transparencia y el control público sobre el impuesto de sociedades y fomentar la responsabilidad empresarial imponiendo obligaciones de divulgación de información a determinadas compañías en lo que atañe a su tributación por el impuesto de sociedades. Además del importe de los impuestos pagados, la propuesta de información pública desglosada por país requiere que las empresas multinacionales divulguen seis datos más con el fin de garantizar un nivel de detalle que permita a los ciudadanos evaluar mejor la contribución de dichas empresas al bienestar de cada Estado miembro.
En vista del análisis anterior, el artículo 50, apartado 1, del TFUE es la base jurídica apropiada para la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales
En la reunión del 12 de enero de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, por diez votos a favor y una abstención(19), que el artículo 50, apartado 1, del TFUE es la base jurídica apropiada para la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información del impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales
Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664, apartado 3; dictamen 1/08 de 30 de noviembre de 2009, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, EU:C:2009:739, apartado 110.
Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664, apartado 5; dictamen 1/08 de 30 de noviembre de 2009, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, EU:C:2009:739, apartado 110.
Véanse, entre otras, las sentencias de 25 de febrero de 1999, Parlamento/Consejo, C-164/97 y C-167/97, EU:C:1999:99, apartado 16; de 30 de enero de 2001, España/Consejo, C-36/98, EU:C:2001:64, apartado 59; de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Consejo, C-281/01, EU:C:2002:761, apartados 33 a 49; de 29 de abril de 2004, Comisión/Consejo, C-338/01, EU:C:2004:253, apartado 55.
Véase la sentencia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C-269/97, EU:C:2000:183, apartado 44.
Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664, apartado 5.
Véanse, en particular, las Directivas sexta, undécima y duodécima en materia de Derecho de sociedades 82/891/CEE (DO L 378 de 31.12.1982, p. 47), 89/666/CEE (DO L 395 de 30.12.1989, p. 36) y 89/667/CEE (DO L 395 de 30.12.1989, p.40) respectivamente; Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87); Directiva 2007/36/CE sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (DO L 184 de 14.7.2007, p. 17); Directiva 2011/35/UE relativa a las fusiones de las sociedades anónimas (DO L 110 de 29.4.2011, p.1), y Directiva 2012/30/UE tendente a coordinar las garantías exigidas a las empresas públicas (DO L 315 de 14.11.2012, p. 74).
Directiva 2009/101/CE tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 de 1.10.2009, p. 11).
Sentencia de 4 de diciembre de 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler / Daihatsu Deutschland, C-97/96, EU:C:1997:581, apartado 19.
Ibídem, apartado 21.
Ibídem, apartado 20.
Auto de 23 de septiembre de 2004, Springer, C-435/02 y C-167/03, EU:C:2004:552, apartado 34.
Sentencia de 26 de septiembre de 2013, Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588, apartado 54.
Auto Springer, supra, apartado 35.
Véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/Consejo, C-338/01, EU:C:2004:253, apartados 59 a 60.
Para las cuestiones de tributación indirecta, la base jurídica más específica es el artículo 113 del TFUE.
DO L 146 de 3.6.2016, p. 8.
A este respecto, véase la sentencia de 27 de septiembre de 2007, Twoh Internacional, C-184/05, EU:C:2007:550, apartado 31.
Estuvieron presentes en la votación final: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada (ponente), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (28.4.2017)
para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos
El Parlamento Europeo viene reclamando desde hace tiempo la presentación de informes públicos por países como un instrumento fundamental para combatir eficazmente la evasión y la elusión fiscales a escala internacional. La transparencia es un elemento esencial; la divulgación pública de información fiscal relevante por parte de las empresas multinacionales puede ser un punto de inflexión, y no solo en Europa. Los ingresos procedentes del impuesto de sociedades representan una parte importante de la renta nacional de los países en desarrollo, por lo que se ven particularmente afectados por la elusión del impuesto de sociedades. Por ejemplo, según las conclusiones del grupo de alto nivel de la Unión Africana sobre los flujos financieros ilícitos, el continente africano pierde cada año 50 000 millones de dólares a través de las salidas de estos flujos financieros ilícitos.
No obstante, la propuesta de la Comisión, en su versión actual, no está a la altura de lo necesario para levantar por completo el velo de la opacidad que permite a las empresas multinacionales eludir impuestos en algunos de los países más pobres del mundo. La obligación de presentar informes por países solo dentro de la Unión, publicando al mismo tiempo datos agregados de todos los terceros países, hace que la propuesta resulte inadecuada e inútil para los países en desarrollo, ya que estos no estarían en condiciones de obtener información específica por país. Aparte de no luchar eficazmente contra la elusión fiscal, la propuesta actual también contrastaría marcadamente con el compromiso de la Unión con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo.
La ponente pide que también se divulguen los datos no agregados relativos a todos los países terceros en los que operen las multinacionales, ayudando de forma eficaz a los países en desarrollo en su lucha contra la elusión fiscal y en la obtención de unos ingresos públicos adecuados. Por otra parte, un umbral más bajo para las empresas cubiertas por los informes proporcionaría más datos sobre las actividades de las empresas multinacionales, debiendo incluirse también algunos importantes elementos de información (por ejemplo, activos y ventas) para dar una imagen clara de las actividades de las empresas en todo el mundo.
El escándalo de los papeles de Panamá demuestra claramente en qué medida la evasión y la elusión fiscales representan problemas mundiales que solo pueden abordarse mediante una respuesta mundial, y cómo los tibios intentos de abordar estos problemas están condenados al fracaso. Solo con un fuerte compromiso de fiscalidad justa y de coherencia entre las políticas de la Unión será posible combatir eficazmente la pobreza y las desigualdades en Europa y en todo el mundo.
La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:
(6) Los ciudadanos deben poder controlar todas las actividades de un grupo cuando este disponga de varios establecimientos dentro y fuera de la Unión. Las empresas multinacionales operan a nivel mundial y su comportamiento empresarial repercute de manera sustancial en los países en desarrollo, que se encuentran particularmente afectados por particularmente afectados por la elusión del impuesto de sociedades. Es esencial facilitar información por país desagregada, de carácter público de cada país y jurisdicción de funcionamiento, para permitir a los ciudadanos, a las autoridades públicas y a los legisladores de dichos países vigilar eficazmente las actividades de dichas empresas y abordar la elusión fiscal. Al publicar la información, la Unión aumentaría la coherencia de sus políticas de desarrollo y limitaría las posibles estrategias de elusión fiscal en países en los que la movilización de recursos domésticos se ha identificado como un medio indispensable para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
(6 bis) Con miras a garantizar la coherencia de la política de desarrollo, la Unión debe asumir un compromiso eficaz de aumentar la transparencia en materia fiscal como parte de sus esfuerzos por aumentar la financiación del desarrollo en el marco de la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
(9) A fin de garantizar un grado de detalle que permita a los ciudadanos evaluar mejor la contribución de las EMN al bienestar en cada jurisdicción en la que operan, tanto dentro como fuera de la Unión, la información debe desglosarse por jurisdicciones.
(9 bis) Los Estados miembros deben asegurarse de que las administraciones tributarias asignen un nivel adecuado de recursos humanos, técnicos y financieros al intercambio automático de información y al tratamiento de datos y la lucha contra el fraude y la elusión fiscales. Los Gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a intercambiar información automáticamente con los países en desarrollo mediante el establecimiento de las relaciones de intercambio bilaterales que sean necesarias.
(9 ter) Al objeto de ayudar a los países en desarrollo a mejorar las capacidades de sus administraciones tributarias, los Estados miembros deben ayudarles compartiendo sus conocimientos y mejores prácticas.
(9 quater) Al ayudar a los países en desarrollo a aumentar sus capacidades, ha de hacerse especial hincapié en plataformas eficientes y en línea que eviten las trabas burocráticas, en concreto para las pequeñas y medianas empresas.
Los Estados miembros exigirán a las sociedades matrices últimas de grandes grupos, tal como se definen en el artículo 3, apartado 7, reguladas por su Derecho nacional, así como a las grandes empresas, tal como se definen en el artículo 3, apartado 4, reguladas por su Derecho nacional que no sean empresas ligadas, la redacción y publicación anuales de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades.
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible en un formato de datos abierto y será accesible al público en el sitio web de la empresa a partir de la fecha de su publicación en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la fecha de publicación del informe relativo a la tributación del impuesto de sociedades, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
Los Estados miembros exigirán a las empresas filiales reguladas por su Derecho nacional y controladas por una sociedad matriz última cuyo volumen de negocios neto consolidado supere los 40 000 000 euros y que no esté regulada por el Derecho de un Estado miembro la publicación anual de un informe referido a la tributación del impuesto de sociedades de dicha sociedad matriz última.
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible en un formato de datos abierto y será accesible al público en la fecha de su publicación en el sitio web de la empresa filial o en el sitio web de una empresa ligada en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la fecha de publicación del informe relativo a la tributación del impuesto de sociedades, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible en un formato de datos abierto y será accesible al público en la fecha de su publicación en el sitio web de la sucursal o en el sitio web de una empresa ligada en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la fecha de publicación del informe relativo a la tributación del impuesto de sociedades, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
Artículo 48 ter – apartado 5
5. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones establecidas en el apartado 4 únicamente a las sucursales que cumplan los siguientes criterios:
5. Los Estados miembros aplicarán las normas establecidas en el apartado 4 únicamente a las sucursales en las que la empresa que constituyó la sucursal sea bien una empresa ligada de un grupo que esté controlado por una sociedad matriz última no regulada por el Derecho de un Estado miembro y cuyo volumen de negocios neto consolidado supere los 40 000 000 euros, bien una empresa no ligada cuyo volumen de negocios neto supere los 40 000 000 euros;
a) el nombre o nombres, una breve descripción de la naturaleza de las actividades y la ubicación geográfica;
b) el número de empleados contratados sobre una base equivalente a tiempo completo;
b bis) el valor de los activos y el coste anual de su mantenimiento;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b ter (nueva)
b ter) las ventas y adquisiciones;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra b quater (nueva)
b quater) el valor de las inversiones desglosadas por jurisdicciones fiscales;
c) el importe del volumen de negocios neto, incluida una subdivisión entre el volumen de negocios relativo a las partes vinculadas y el volumen de negocios relativo las partes no vinculadas;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra f bis (nueva)
f bis) el capital declarado;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra f ter (nueva)
f ter) los activos tangibles distintos de tesorería e instrumentos equivalentes a tesorería;
g bis) las subvenciones públicas recibidas;
g ter) la lista de filiales que operan en cada jurisdicción fiscal, tanto dentro como fuera de la Unión;
Artículo 48 quater – apartado 2 – letra g quater (nueva)
g quater) todos los pagos, tal como se definen en el artículo 41, apartado 5, realizados a las administraciones públicas con una periodicidad anual.
El informe presentará la información a que se refiere el apartado 2 por separado para cada Estado miembro. Si el Estado miembro engloba varias jurisdicciones fiscales, la información se presentará por separado para cada jurisdicción fiscal.
El informe también presentará la información a que se refiere el apartado 2 por separado para cada jurisdicción fiscal fuera de la Unión.
5. El informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se publicará en una plantilla modelo común disponible en un formato de datos abierto y será accesible al público en el sitio web en al menos una de las lenguas oficiales de la Unión. En la fecha de publicación del informe relativo a la tributación del impuesto de sociedades, la empresa introducirá también el informe en un registro público gestionado por la Comisión.
Artículo 48 sexies – apartado 2
2. Los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad matriz última a que se refiere el artículo 48 ter, apartado 3, de la presente Directiva y la persona o personas designadas para encargarse de las formalidades de publicidad establecidas en el artículo 13 de la Directiva 89/666/CEE en relación con las sucursales a que se refiere el artículo 48 ter, apartado 4, de la presente Directiva, actuando dentro del marco de competencias que les confiere el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que, en la medida de su conocimiento y capacidad, el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se redacte, se publique y sea accesible con arreglo a los artículos 48 ter, 48 quater y 48 quinquies.
2. Los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de la sociedad matriz última a que se refiere el artículo 48 ter, apartado 3, de la presente Directiva y la persona o personas designadas para encargarse de las formalidades de publicidad establecidas en el artículo 13 de la Directiva 89/666/CEE en relación con las sucursales a que se refiere el artículo 48 ter, apartado 4, de la presente Directiva, actuando dentro del marco de competencias que les confiere el Derecho nacional, sean colectivamente responsables de garantizar que el informe referido a la tributación del impuesto de sociedades se redacte, se publique y sea accesible con arreglo a los artículos 48 ter, 48 quater y 48 quinquies.
Artículo 48 octies bis (nuevo)
Artículo 48 octies bis
La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución para crear la plantilla modelo común a la que hace referencia el artículo 48 ter, apartados 1, 3 y 4 y el artículo 48 quater, apartado 5. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 50, apartado 2.
La siguiente lista se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad de la ponente de opinión. La ponente de opinión ha recibido contribuciones de las siguientes organizaciones o personas durante la preparación de la opinión:

References: artículo 294
 artículo 50
 artículo 55
 resolución 
 Resolución 
 artículo 290
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48
 artículo 3

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

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Artículo 48

Artículo 48

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Artículo 48
 artículo 48
 artículo 48

Artículo 48

Artículo 48
 artículo 48
 artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48
 artículo 48
 artículo 48

Artículo 48
 artículo 49

Artículo 48

Artículo 48
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 48
 artículo 48

Artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 50

Artículo 49
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 52
 artículo 39
 artículo 50
 artículo 115
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 54
 artículo 115
 artículo 114
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 54
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 114
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 114
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 114
 artículo 50
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 114
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 113
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48
 artículo 41

Artículo 48
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 48

Artículo 48

Artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 50