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Timestamp: 2017-09-21 01:43:11+00:00

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Taller de historia del PCE "Marusia" [Tetuán, Madrid]: Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)
Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)
Álvaro Soto Carmona[1]
La muerte del Dictador puso fin al régimen que él construyó y sustentó tras la victoria en la guerra civil. El “atado y bien atado” no fue posible, pese a las intenciones de los “continuistas e involucionistas” para mantener el régimen. Las causas de dicha imposibilidad son varias y se encuentran en los factores estructurales (desarrollo económico y social), en factores políticos (conflictos entre las “familias políticas” del franquismo, presión de la oposición democrática, etc.), así como en la voluntad de los españoles de acabar con la Dictadura, aunque con la condición de que el fin de la misma y la construcción del sistema democrático se produjera manteniendo el “orden y la paz”;[2] el recuerdo de la guerra civil fue un dato determinante. Ello nos lleva a entrar en un período denominado Transición, que tuvo como objetivo la sustitución del sistema político autoritario por el democrático de forma pacífica.
Durante la Transición española aparecen dos grupos (reformistas y rupturistas, entre estos últimos se encuentra Comisiones Obreras) con diferentes legitimidades, con un mismo objetivo, con distintos métodos y, sobre todo, con una responsabilidad ante el poder absolutamente dispar: por un lado, aquellos que impulsan una legitimidad asociada al cambio y a la democracia, que serían los que formaron el bloque a favor de la ruptura; y por otro aquellos que tienen su legitimidad asociada al orden y la seguridad, que serían los reformistas.[3] Ninguno de los dos grupos fue capaz de imponerse sobre el otro, porque ambos se complementaban, ya que si bien el segundo tuvo éxito y logró la hegemonía en la dirección del proceso político (sobre todo desde la aprobación por referéndum de la Ley para la Reforma Política, diciembre de 1976), necesitó del primero, la oposición democrática, para que la reforma tuviese credibilidad, por lo que la negociación se impuso.
La negociación comenzó a abrirse camino a partir de julio de 1976[4] (llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia de Gobierno), dando lugar a una serie de gestos, algunos de carácter simbólico, otros más efectivos como la concesión de una amnistía, las conversaciones con los sindicatos todavía ilegales,[5] o la ratificación de distintos Convenios Internacionales[6] favorables a los derechos de los ciudadanos. Pero fue sobre todo desde enero de 1977 y hasta junio de ese mismo año, que se celebraron por vez primera desde febrero de 1936 elecciones libres en España, cuando tienen lugar contactos institucionalizados entre el gobierno y la oposición, y comienzan a materializarse demandas democráticas como la legalización de los partidos, la ampliación de la amnistía, la legalización de los sindicatos, la disolución del Movimiento y del Sindicato Vertical, etcétera.
Este proceso, hasta la promulgación de la Constitución, se encuentra salteado de carencias, improvisaciones, pasos atrás y miedos, y fue ilustrativamente definido por Marcelino Camacho como un camino que pasó, para la oposición democrática, de “la ‘ruptura democrática’, [...] a la ruptura pactada, como sucedáneo [y] Después resultó ser una ‘ruptura astillada’.”[7]
I. DE LA DEPENDENCIA PARTIDISTA A LA REPRESENTACIÓN DE LA IZQUIERDA SOCIAL
El movimiento[8] de CC OO va a tratar, a través de la presión-movilización-negociación, de que se lleve a cabo una ruptura política con la Dictadura. Para ello forma parte de organizaciones unitarias de la oposición[9] como la Junta Democrática de España, que se presentó públicamente en julio de 1974 como “el organismo de dirección del cambio político”.[10] Y posteriormente en Coordinación Democrática[11] (CD), organización que surgió tras los trágicos sucesos de Vitoria,[12] con el fin de establecer un único organismo de toda la oposición.[13]
La política seguida por CC.OO. en dichas organizaciones se debe situar en un marco de “una cierta subordinación política”,[14] o mejor dicho partidista, característica consustancial al sindicalismo democrático, aunque no tanto en términos de subordinación sino de vinculación. Sin embargo, las circunstancias del momento histórico lo situaron más en el primero de estos campos. En unas resoluciones del Partido Comunista de España se decía a los militantes que, respetando la independencia del sindicato, los que participasen en el mismo (CC.OO.) se debían de esforzar “por llevar a todos los trabajadores la política general del Partido”.[15] De igual manera se subordinó la actividad sindical a la política a la hora de elaborar las listas electorales por el prestigio de los sindicalistas en sus localidades:
“[...] las Elecciones Municipales han supuesto en lo concreto, para las candidaturas de los partidos obreros y especialmente el PCE, que hayan tenido que tirar de los dirigentes sindicales de esos lugares, ya que éstos ofrecían mayores posibilidades electorales, por ser hombres y mujeres de una actividad intensa, diaria, y conocidos ampliamente por el conjunto del pueblo.”[16]
Esta circunstancia supuso por un lado un beneficio, ya que, por ejemplo, el sindicato podía hacer uso de locales que hasta entonces tenía vedados,[17] pero también supuso la pérdida de cuadros sindicales que optaron por la actividad política. En todo caso éste fue un problema general de todos los partidos de izquierdas durante la Transición, que tuvo resultados poco satisfactorios, produciéndose, por la necesidad de ocupar cargos públicos (sobre todo en el Partido Socialista Obrero Español tras las elecciones municipales de 1979 y el triunfo de 1982), una ruptura del debate en los mismos y otras consecuencias fáciles de imaginar:
“[...] la competencia entre militantes con una escasa antigüedad en la organización impide el desarrollo de lazos de solidaridad [...], convierte la elaboración de listas electorales en una auténtica lucha por el cargo, desata enfrentamientos personales de gran intensidad [...]. No es de extrañar que, en tal situación, hayan abandonado en los dos últimos años el Partido Socialista una cuarta parte de sus militantes más antiguos, abrumados ante la proliferación de conflictos internos y la depauperación de la vida partidaria.”[18]
Junto al hecho concreto, dependencia de CC OO de la táctica del PCE en el período de la Transición, aunque no en el de la consolidación democrática, existe una línea general de argumentación estratégica desde CC OO con respecto a los “partidos de clase”:
“[...] si no queremos un sindicalismo “amarillo”, reformista, dominado por el capital es imprescindible que la mayoría de los militantes y dirigentes del movimiento sindical tengan una conciencia política y se adhieran a los partidos políticos de clase.”[19]
La participación en CD supuso una vinculación creciente a los destinos de la negociación del conjunto de la oposición democrática (absolutamente heterogénea) y, por tanto, a sus resultados, lo que a su vez implicó una renuncia de parte de su proyecto autónomo y el reconocimiento con el tiempo de una cierta frustración. Así se puso de manifiesto durante el IV Congreso[20] donde se afirma “que es preciso cambiar, en sentido progresista, la política económica y social seguida desde el comienzo de la transición”;[21] aunque como la propia CC OO reconocía la crisis económica no podía atajarse sin dar solución a la crisis política[22] y esta última no se resolvió en la línea apetecida.
La salida a la Dictadura planteaba la necesidad de llevar a cabo una ruptura, tanto en el plano político como sindical, evitando llegar a un pacto social.[23] Para ello era necesario aumentar la movilización de los trabajadores, lograr un grado cada vez más alto de unidad de todas las fuerzas sindicales y reforzar organizativamente a la misma CC OO.[24] Estos eran los objetivos propios del naciente sindicato, aunque en ocasiones ligados o dependientes de otras organizaciones políticas y sindicales, y los medios previstos para conseguirlos. El resultado fue clarificador tanto para los objetivos como para los medios: así, donde CC OO fue autónoma o llevó la iniciativa, los resultados fueron los deseados. Nos estamos refiriendo a la ruptura sindical, a la movilización de los trabajadores[25] y al reforzamiento organizativo.[26] En cambio, en los objetivos y medios donde fue dependiente, los resultados no fueron plenamente satisfactorio (ruptura política y pacto social -Acuerdos de la Moncloa-), o absolutamente insatisfactorios (unidad sindical).
Respecto a este último aspecto, si bien va a ser objeto de estudio posteriormente, hay que decir que ya desde los primeros momentos de la Transición se va a marcar el camino con la creación en septiembre de 1976 de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). En su manifiesto constitucional se afirma que la unidad de acción conseguida se concibe “en la perspectiva de la unidad sindical, considerada ésta como una exigencia irrenunciable de la clase trabajadora para asegurar eficaz y completamente la defensa de nuestros intereses de clase”.[27] Seis meses después dicho organismo anunciaba su desaparición: el motivo esgrimido por la UGT se encuentra ligado al mantenimiento de los cargos sindicales en la CNS,[28] mientras que para CC OO nunca fue del agrado de la UGT la “unidad de acción” concebida “en la perspectiva de la unidad sindical” y buscó el más mínimo pretexto para romper dicho organismo.[29] Los hechos pusieron en evidencia la debilidad real del planteamiento de unidad sindical, tanto por razones de supervivencia en el caso de UGT como por su modelo sindical[30] y por la falta de voluntad de los trabajadores. Aunque no eran valores excluyentes, primaba más para los trabajadores la libertad que la unidad, sobre todo tras la experiencia del Sindicato Vertical.
Desde su I Congreso[31] la recién nacida Confederación Sindical de Comisiones Obreras incluyó entre sus objetivos “suprimir la explotación del hombre por el hombre, de marchar hacia el socialismo y hacia la libertad”,[32] recogiendo en sus Estatutos como principio inspirador su carácter sociopolítico, que además de “reivindicar la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores, asume la defensa de todo aquello que les afecte como clase en la perspectiva de la supresión de toda opresión nacional”. Ello implicó que, pese al intento formal de vincular los intereses políticos de los trabajadores a través de los partidos, en todo momento CC OO asumió un papel de representación política, que se vio incrementado tras la crisis del PCE y el olvido del PSOE de sus promesas electorales y su cambio de naturaleza. Por todo ello CC OO vino a representar “el bastión de esa izquierda social”[33] en ausencia de partidos con credibilidad que defendiesen a este sector ideológico de la población.
En el análisis que vino realizando CC OO sobre la Transición, se puede constatar la similitud con el elaborado por el PCE.[34] La ruptura del consenso tras las elecciones del 1 de marzo de 1979 va a ocasionar al sindicato una situación complicada debido a la estrategia de marginación realizada desde el PSOE, la UGT y el propio gobierno. Pero mientras que el intento de golpe de estado (23-F) marginó aún más al PCE, en el caso de CC OO le posibilitó recuperar su protagonismo con la firma del ANE, teniendo esta firma como explicación la ruptura de dicho cerco, aunque fue evidente que el mantenimiento de su peso en los centros de trabajo lo facilitó, y también el acierto de desvincularse, al menos hasta el III Congreso, de la crisis de los comunistas.[35]
Comisiones Obreras venía insistiendo en sus Congresos que la Transición “no había terminado” y que nos encontrábamos ante “una democracia no consolidada”,[36] aunque la Constitución se hubiese logrado con “el esfuerzo de los trabajadores”[37] su desarrollo se estaba realizando al margen de los mismos. Las carencias de la democracia en su nacimiento estaban en las “amenazas, [por] la falta de democratización de los aparatos del Estado [policía, Ejército,...]”,[38] en el terrorismo, equiparado con el golpismo, pues tenía como objetivo “desmovilizar a la clase obrera y a los sectores populares, para llevar adelante sus planes de destrucción de la democracia”[39] y la crisis económica. Para ellas presentaba como opción alternativa el denominado Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis, que suponía una respuesta donde los trabajadores (intereses de clase) a la política económica primero de la Unión de Centro Democrático y luego del PSOE.
Este análisis se encuentra, a nuestro entender, lastrado por las dependencias partidistas, no significando que dicho análisis fuese equivocado, que no querer reconocer que la Transición se encuentra finalizada tras la aprobación de la Constitución y que los problemas, graves sin lugar a dudas, que existen son motivados por la falta de consenso para establecer las pautas de la consolidación;[40] hecho que se ve agravado por el “derrumbamiento” de la UCD y la consiguiente debilidad gubernamental, por la intranquilidad de los “nostálgicos” alentados desde posiciones del partido del gobierno y de la oposición, y por la falta de responsabilidad del PSOE.
Tras el intento de golpe de Estado y el giro dado hacia la derecha por el gobierno de Calvo Sotelo, las perspectivas de un “cambio” político, de vocación progresista, se fueron consolidando en la sociedad española lo que facilitó, junto a los aciertos de la “renovada” dirección socialista y su sintonía con la “España real”, el triunfo espectacular de dicho partido en las elecciones del 28-O[41] y el “cataclismo”[42] de la UCD. Este triunfo abrió las puertas a la esperanza como reconocía CC OO, que afirma tres días después de las elecciones que los resultados de las mismas “además de constituir un acontecimiento histórico en nuestro país del que todos los trabajadores nos felicitamos, permite la formación de un gobierno progresista, primer instrumento para iniciar los cambios necesarios en el orden económico y social y (hacer) progresar a la democracia”.[43]
Pero ya Marcelino Camacho[44] avisaba que, si bien el triunfo socialista significaba una esperanza, no se podía desaprovechar la ocasión para no terminar en “una segunda gran desilusión”, y para ello era necesario poner en marcha medidas progresistas que atajasen la crisis económica en las cuales participasen los sindicatos. Ello no fue posible. Las primeras luces pronto se apagaron y las diferencias entre CC OO y el gobierno se hicieron “abismales”, más que a un cambio de políticas asistimos a un cambio de políticos.
Tres años después el panorama no podía ser más desolador: el gobierno socialista había defraudado la esperanza de los trabajadores, había profundizado la división sindical, limitado la negociación colectiva y desatado una creciente represión sobre los conflictos laborales. Además se había hecho firme defensor de las posiciones “atlantistas”. Los más perjudicados de dicha política fueron
“[...] los trabajadores y la mayoría de los sectores sociales menos favorecidos económicamente, y quienes se han beneficiado, la gran banca y la patronal, es claro que los ejes fundamentales de la política del Gobierno PSOE en lo económico, social, en lo laboral y sindical, así como en lo internacional, no responden en absoluto a postulados progresistas y de izquierdas.”[45]
por lo que no se debía votar al PSOE.[46] Pese a ello el PSOE volvió a conquistar la mayoría absoluta y a conseguir unos resultados electorales excelentes.[47] CC OO hizo de ellos una crítica tacaña que insistió, sobre todo, en la pérdida de votos de los socialistas y en el avance del Centro Democrático y Social y de lo que llamaba “izquierda real”, forma un tanto rebuscada de denominar a Izquierda Unida.[48] Estos datos eran verdad, pero ningún analista riguroso puede obviar el triunfo de los socialistas, por lo que se dio una confusión entre lo que ocurría y lo que se deseaba.
En todo caso en lo que sí acertaba el análisis del sindicato era en el creciente “desencanto” que se estaba produciendo en la sociedad, en el injusto reparto en los “costos de la crisis” y en el nulo aprovechamiento de los años de recuperación económica para aminorar las desigualdades sociales,[49] por lo que ello unido al cambio operado en la UGT, posibilitó que el gobierno se enfrentase de forma “traumática” a la protesta no sólo de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos, hecho que tuvo su máxima expresión, aunque no única, en el 14-D, donde el 94,86% de la población asalariada secundó una huelga general.[50]
Dos temas merecen una atención puntual por la repercusión pública de los mismos, y sobre todo por la importancia que ambos van a suponer en el desarrollo político y económico de España durante estos años. En primer lugar la integración en la Comunidad Económica Europea. La postura de CC OO ante la entrada de España fue clara, por un lado apoyarla,[51] ya que era conveniente para los trabajadores;[52] por otro, mostrar la preocupación por la forma y el contenido de la negociación que se estaba llevando a cabo,[53] dejando bien claro que “debemos decir ‘no’ al Mercado Común si eso aparece como condicionante para meternos de contrabando en la OTAN”.[54]
Con posterioridad a la entrada española en la CEE, CC OO realizó críticas puntuales a la forma en que se estaba llevando el proceso de integración, así como el “déficit social” que éste suponía y a la discriminación que el gobierno hacía respecto a CC OO a la hora de participar en algunas de las comisiones de Bruselas.[55] En todo caso es claro que el apoyo a la integración y los problemas que fueron apareciendo hay que situarlos en la débil negociación del gobierno español, sobre todo en el campo económico, así como en las “malas” relaciones del mismo con el sindicato y en la actitud de prepotencia que mantuvo contra toda voz discordante.
En segundo lugar, en relación con la entrada de España en la Alianza Atlántica, la posición de CC OO fue diáfana: apoyó las movilizaciones contra la OTAN y contra la permanencia de las bases norteamericanas en suelo español. Como el resto de la izquierda se manifestó en contra de la integración en la OTAN, y cuando el gobierno centrista de Leopoldo Calvo Sotelo decidió la integración en la misma,[56] su posición fue contundente:
“El ingreso de España en la OTAN divide a la sociedad española, convierte a nuestro país en objetivo atómico, supone la renuncia a una política de distensión y paz mundial y es mayoritariamente rechazada por los ciudadanos. El Gobierno de UCD, por ello rehuye la consulta popular.”[57]
Pero tras el paso de Felipe González de la “ética de la convicción a la ética de la responsabilidad” -como irónicamente recuerda Calvo Sotelo-[58] parte de la izquierda asume el nuevo planteamiento del gobierno, el cual decide que se realice un referéndum (12 de marzo de 1986) sobre la permanencia de España en la OTAN. CC OO va a integrarse entre los partidarios del “no”,[59] realizando una intensa campaña, que si bien no dio los resultados apetecidos, sí favoreció que un mes y medio después (2 de abril) naciese la plataforma de Izquierda Unida. Pese a la derrota, CC OO -dada la nueva coyuntura internacional (cambios en la URSS, proceso de deshielo, reformas en China,...)- siguió insistiendo en la lucha contra los bloques militares y la conveniencia de que España fuese neutral, para lo cual debía “salir de la OTAN”.[60]
Por último, resta por describir la “larga” batalla de CC OO por integrarse en la Confederación Europea de Sindicatos (CES). La primera petición de ingreso la realizó CC OO el 20 de febrero de 1973, doce días después de fundarse la CES, reiterándose la demanda en 1975 y durante el I Congreso y siguientes. La admisión por parte del Comité Ejecutivo de la CES se aprobó el 14 de diciembre de 1990 en Roma “por un margen de votos casi unánime”.[61] ¿A qué se debió esta prolongada espera? Básicamente a la oposición de la UGT y de sus aliados alemanes (DGB), que votaron sistemáticamente en contra de la misma, apoyándose en razones de índole político con el fin de conseguir la hegemonía sindical en España y aislar internacionalmente a CC OO.
Así, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la CES en diciembre de 1981, votaron a favor de la adhesión de CC OO 18 delegaciones (TUC -británicos-, FNV -holandés-, CGIL-CISL-UIL -italianos-, etc.) y en contra 13 (DGB -alemanes occidentales-, UGT -españoles-, etc.), por lo que no se consiguen los dos tercios necesarios. Para CC OO la razón era claramente política, afirmación que los hechos demostraron sobradamente:
“La objeción principal que presenta el DGB al ingreso de CC OO en la CES es de carácter político-ideológico, sobre aspectos que no figuran, en absoluto, en los criterios de valoración para las demandas de afiliación, establecidas por encargo del 3º Congreso de la CES celebrado en Munich en 1979. CC OO responde en todos los puntos a estos criterios, a lo que se ajusta su orientación y su práctica, como constató explícitamente al CE de la CES de 2-3 abril de 1981."[62]
En línea con el anterior argumento, la UGT expone las razones para su negativa, en primer lugar con una descalificación democrática-ideológica:
“2. El Congreso de CC OO recientemente celebrado, ha constituido un Congreso formalmente democrático, [...]. Pero frente a este extremado formalismo y ante ese intento de presentar una determinada apariencia, la realidad ha demostrado un retroceso en cuanto a sus posiciones, de las corrientes más aperturistas y eurocomunistas, a favor de las corrientes prosoviéticas y leninistas... [...]
3. La posible entrada de CC OO en la CES no constituye una garantía de que esta Central Sindical vaya a renunciar definitivamente a las actividades stalinistas o prosoviéticas actuales.”
En segundo lugar, a razones de oportunidad interna:
“5. [...], la hegemonía sindical en España es un tema que aún queda por resolver en las próximas confrontaciones sindicales. En este sentido, el respaldo que supondría para CC OO su ingreso en la CES constituiría una gran baza en manos de esta organización sindical.”
Y en tercer lugar, a razones sobre la correlación de fuerzas dentro de la CES:
“6. Por último, en cuanto a las razones de orden internacional, la entrada de una organización sindical de inspiración comunista como CC OO, podría modificar significativamente la composición, la naturaleza y el futuro de la CES. No podemos olvidar que la CGLI italiana ya forma parte de la CES, y que el ingreso de CC OO constituiría un precedente en relación con la posible petición de entrada, tanto de la CGT francesa como de la Intersindical portuguesa.”[63]
Los argumentos, como se puede apreciar, indican dos elementos: por un lado de descalificación-temor ideológico y por otro de confrontación electoral. Ambos tienen una buena dosis de cinismo e incluso de desvirtuación de la realidad sindical en el interior de CC OO que, como es obvio, UGT conocía a la perfección. El enfrentamiento adquiere en este tema, como durante la II República, formas de lucha “fratricida” tan comunes entre la izquierda española.
Pero la realidad de los hechos se impuso: la mejora en las relaciones entre los sindicatos desde 1986, la crisis de los comunistas a raíz de los acontecimientos de la URSS, y, sobre todo, la necesidad de adaptarse a las circunstancias del momento, lo cual ya se venía produciendo en el mundo sindical español, llevó a desbloquear la situación, imponiéndose finalmente la razón frente al sectarismo.
II. LA ACCIÓN SINDICAL EN EL PERIODO DE CRISIS: EL FRACASO DE LA CONCERTACIÓN SOCIAL (1977-1986)
Hacer frente a la crisis económica, desarrollar una acción sindical de clase y reivindicativa y movilizar a los trabajadores en apoyo a sus demandas constituyen el marco y la alternativa que se plantea el sindicato en su ámbito. No podemos olvidar la naturaleza que las propias CC OO se atribuyen de ser el motor de la transformación social[64] y de centrar en el terreno de la negociación colectiva y del poder contractual del sindicato “la clave del fortalecimiento sindical”.[65]
La “crisis de los 70”, prolongada hasta la mitad de los “ochenta”, se caracterizó por tres propiedades concurrentes: “es profunda, es grave y es mundial”.[66] La economía española va a vivir los efectos de la misma, pero, debido a sus propias características derivadas del modelo establecido por el Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo, algunos de sus elementos se agudizaron por la tardía respuesta de las autoridades económicas o la incoherencia de las medidas tomadas, dando como resultado una mayor intensidad, que fue sobre todo dramática desde 1979[67] debido al aplazamiento de los temas económicos a favor de la democratización del Estado.
En mayo de 1976, la Coordinadora General de Comisiones Obreras denunciaba la gravedad de la situación económica y el intento del Gobierno de cargar la crisis “sobre las espaldas de los trabajadores y del pueblo con la congelación salarial”.[68] La salida a la crisis se asociaba a la ruptura política. Para ello se va a recurrir, sobre todo en esta primera etapa, a la movilización, que se eleva considerablemente desde enero de 1976[69] y que desde un punto de vista sindical tiene su máxima expresión en el llamamiento de la COS a una jornada de paro de 24 horas[70] el 12 de noviembre.
El resultado para los sindicatos convocantes fue todo un éxito, cifrando el número de huelguistas en “más de dos millones”;[71] en cambio para el gobierno constituyó un fracaso.[72] La realidad fue que la huelga no tuvo la amplitud deseada por los convocantes y que funcionaron los transportes públicos, “piedra de toque” en todos los llamamientos de esta índole. Se intentó asociar el resultado de la jornada de paro con el referéndum que se iba a celebrar el 15 de diciembre sobre la Ley para la Reforma Política -así lo afirmó CC OO,[73] junto a la UGT y la USO-al decir que el referéndum ya estaba realizado como lo ponía de manifiesto el resultado de la “jornada”, posicionándose a favor del “boicot” activo al mismo. Sin embargo, los resultados del 15 de diciembre[74] supusieron una victoria política de los reformistas y no de los rupturistas.
El comienzo de las negociaciones con el gobierno y la mayor flexibilidad de éste van a favorecer la disminución de la presión sindical, como se muestra en la caída del volumen de conflictividad[75] y, tras las elecciones del 15 de junio, el gobierno va a tratar de llegar a un pacto con los partidos políticos con representación parlamentaria, apoyado por las organizaciones sociales, que se concreta en la firma de los Pactos de la Moncloa[76] el 21 de octubre de 1977. La razón de los mismos se encontraba en la penosa situación económica, cuyo diagnóstico, realizado por el vicepresidente del gobierno para asuntos económicos, no pudo ser más claro:
“Primero, persistente y aguda tasa de inflación; segundo, desarrollo insatisfactorio de la producción, con una caída importante de las inversiones, que ha generado unas cifras de paro elevadas con repartos desiguales (geográficos, por edades, por sexos, por ramas de actividad) que agudizan los problemas que las mismas plantean; tercero, intenso desequilibrio en los intercambios con el extranjero”.[77]
Los Pactos imponían una nueva forma en la negociación con tres características propias: 1. eran acuerdos políticos; 2. se refrendaban por su debate y aprobación parlamentaria; y 3. “lo discutido y pactado formaba un verdadero plan económico integral”.[78] Los pactos fueron valorados positivamente por el Consejo Confederal que entendía que por “primera vez hace pagar también el coste de la crisis a los poderosos y porque contribuye de una manera esencial a consolidar la incipiente democracia en nuestro país”.[79] El apoyo de Comisiones a dichos pactos supuso el inicio de hostilidades internas dentro del sindicato, ya que si bien la dirección hizo un importante esfuerzo por presentarlos como “el resultado de las presiones, de las luchas de los trabajadores”,[80] la realidad parece ser bien otra. Así, Agustín Moreno, podría de manifiesto que no sólo se trataba de dar una solución a los problemas derivados de la crisis, sino que también era una “respuesta ante el primer intento serio de desestabilización de la democracia (“conspiración de Javea” en septiembre de 1977)”,[81] por lo que la justificación al apoyo se encuentra más en el terreno político que en el sindical.
Las críticas a los Pactos de la Moncloa dentro del sindicato fueron de muy diversa índole y se pusieron sobre todo de manifiesto durante el II Congreso, ya que el sindicato tuvo que hacer “de bombero, en más de un caso, en más de un conflicto, y eso le generó problemas con las bases y, lógicamente, entre sus cuadros”.[82] Aunque también hubo disidencias públicas desde el primer momento, así Rodríguez Rovira (CONC) ponía de manifiesto la falta de participación de las centrales sindicales en su elaboración, o un delegado de Navarra, afirmaba que el pacto sólo concretaba, “las cargas que van a caer sobre los trabajadores”; asimismo, la intervención de los delegados de Cataluña o de Félix Pérez, en nombre del Secretariado de Euskadi mostraban su preocupación por cómo se iban a presentar los acuerdos ante los trabajadores, si antes se había venido defendiendo lo contrario.[83] La realidad fue que la dirección de CC OO antepuso dos razones para suscribir y defender los pactos: “sanear la economía, para consolidar la democracia”[84] en primer lugar y confiar que los mismos iban en la estrategia diseñada por el PCE para que éste obtuviera cuotas de poder político, en segundo término.
Pero el resultado, si bien supuso un beneficio para la economía española[85] y para la transición a la democracia, tuvo al menos cuatro efectos negativos desde un punto de vista sindical: descenso de la participación y movilización de los trabajadores, debilitamiento de los sindicatos, incumplimiento de los aspectos más beneficiosos (medidas de reformas) para los trabajadores[86] y pérdida de poder adquisitivo.
El panorama económico se fue agravando con el inicio de la segunda etapa de la crisis (1979-1985), pero a su vez se va a iniciar un proceso de inflexión política con el resultado de las elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979. Éstas van a suponer para la UCD el comienzo de fuertes tensiones internas,[87] que lejos de ser insalvables en el campo ideológico, lo fueron en el campo personal: “fueron la frivolidad y la inconsciencia empleadas en las disputas internas las que liquidaron la UCD como partido”.[88] Junto a ello se produjo el abandono del consenso por parte del PSOE y la puesta en marcha de una estrategia de “acoso y derribo”, que pudo tener consecuencias muy peligrosas para el país (23-F) y a la que no fue ajena el principal partido de la oposición.[89]
La nueva estrategia del PSOE se completó con la de la UGT y la patronal (COE) en colaboración con el gobierno, teniendo como fin anular a CC OO, marginándola de los acuerdos (Acuerdo Básico Interconfederal -ABI-)[90] y tratando de imponer un modelo tanto eocnómico, como social y de relaciones laborales,[91] que reforzaba las secciones sindicales[92] en línea con las tesis ugetistas y la moderación de las reivindicaciones obreras. Este giro se completó con dos actuaciones más, por un lado, la firma al año siguiente del Acuerdo Marco Interconfederal -AMI-,[93] y por otro la aprobación definitiva del Estatuto de los Trabajadores.[94] El AMI devolvió la iniciativa a la UGT[95] y fue valorada su aplicación por dicho sindicato como “positiva desde su firma”.[96]
Esta estrategia tuvo por objetivo: 1. Marginar a CC OO, tras los resultados de las elecciones sindicales de 1978, hecho que consiguen en parte en las siguientes elecciones de 1980,[97] como reconoció la propia CC OO:
“Desde el momento en que expresamos una fuerte oposición a ciertos artículos del Estatuto de los Trabajadores, nos negamos a suscribir el AMI, a causa de algunas cláusulas e intentamos impedir, a través de la negociación colectiva, que dichas cláusulas llegaran a aplicarse, era evidente que nos iba a costar el precio de una campaña en contra. [...] Todo esto ha pesado en los resultados.”[98]
2. Establecer por parte de la UGT una estrategia sindical diferenciada, que le permitiera situarse a la cabeza del mapa sindical. 3. Hacer viable la subida al poder del PSOE y, por tanto, excluir al PCE, marginándolo a su vez. Y 4). Procurar una salida a la crisis económica, basada en un “abaratamiento del coste de la mano de obra”[99] y en un modelo sindical “regresivo”.”[100]
Lo consiguen todo, excepto marginar a CC OO, que si bien sufrirá la pérdida de las elecciones sindicales en 1982, su presencia en los medios laborales seguirá siendo de importancia capital. Esta excepción fue de indudable interés ya que ello permitió aliviar, aunque no impedir, las consecuencias de la crisis sobre los trabajadores, mantener un punto de referencia en la izquierda al margen del PSOE (lo que CC OO denomina “izquierda social”) y reforzar una estrategia sindical que a la larga (1987) se mostró acertada, como se puso de manifiesto en el cambio que va a llevar a cabo la UGT. Aunque sus consecuencias fueron también claras: hegemonía política del PSOE; bisindicalismo de clase hegemónico[101] en la esfera laboral; costos elevados para los trabajadores ante la crisis; política de acuerdos que conllevaban una cierta corresponsabilidad política;[102] debilitamiento sindical y, consecuentemente, caída de la afiliación.
El intento de golpe de estado (23-F) abrió un paréntesis en la estrategia anterior, lo que obligó a los sindicatos a exigir su fortalecimiento como una parte más de las instituciones democráticas,[103] y a reiniciar la colaboración para afrontar la cada vez más grave situación del empleo. No olvidemos que en ese momento la tasa de paro era ya del 14,36%[104] con una constante tendencia a elevarse, como se puso de manifiesto en los años siguientes, llegando a un 21,9% en el mismo trimestre de 1985. Esta colaboración bajo el “síndrome del 23-F” se concretó en el Acuerdo Nacional de Empleo -ANE-,[105] que si bien la dirección del sindicato lo defendió con entusiasmo:
“Este acuerdo supone cambios cualitativos. Hemos dado un paso decisivo con él para que CC OO y, en general, los sindicatos, dejen de ser la organización de los mejor situados económicamente, de los que trabajan, y este esfuerzo solidario, este sacrificio, hará que los parados y los sectores en precario comprendan que CC OO no es sólo la organización de los que trabajan, sino la de todos los trabajadores.”[106]
no deja de ser, junto al dato político ya señalado, un cambio para romper el cerco a que estaba siendo sometido desde el ABI. Es decir, supuso un giro en la acción sindical y el abandono de ciertas posiciones anteriores que debilitaban la situación de los trabajadores en el mercado; todo ello se vio agravado, pese a los intentos,[107] por la imposibilidad de realizar un seguimiento de los mismos. Por lo que parece acertado afirmar que el costo de la coyuntura política y de la necesidad de dar salida al aislamiento del sindicato, se hizo a costa de los trabajadores.
La etapa que se abre con la victoria del PSOE (28-O), va a significar la puesta en marcha de la política económica que la UCD no pudo llevar a cabo por su debilidad y por la oposición de los propios socialistas y de los sindicatos. Las consecuencias eran, para CC OO, una economía “profundamente dependiente, con una débil creación de empleo, manteniendo importantes desequilibrios en la balanza comercial, con un carácter parasitario y especulativo como elemento dominante y con fuertes costes sociales”.[108] Fue posible llevarla a cabo por la confianza otorgada al denominado “cambio”, por el apoyo de la UGT y por la incapacidad de articular una oposición política (crisis del PCE, ineptitud de la derecha política para organizarse), lo que dio al gobierno la suficiente fuerza como para poner en marcha una política de desmovilización. La pasividad social, el cansancio y el fracaso del “cambio”, alejó cualquier posibilidad de dar una salida “socialmente justa” a la crisis. El PSOE asumió la política de la derecha y de los poderes económicos “favorable exclusivamente para la patronal”.[109]
Uno de los efectos de esta política económica fue la generalización de los contratos temporales,[110] sobre todo tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 32/84, y el R. D. 1989/84, de 17 de octubre, que permitió que se celebrasen contratos de duración determinada cualquiera que fuese la naturaleza del trabajo a desarrollar, con trabajadores inscritos en las Oficinas de Empleo. Este R. D. “abre una brecha considerable en el esquema de modalidades de contratación que consagra el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores [...], esto implica que es posible la contratación temporal de cualquier trabajador”.[111] Para CC OO esta tendencia, apuntada con anterioridad a la reforma de octubre de 1984, conllevaba una “flexibilización casi salvaje del mercado de trabajo”,[112] afirmación que a posteriori será compartida por la UGT,[113] una vez agotado el “idilio” entre dicho sindicato y el gobierno.
Las desfavorables expectativas se completaban, según CC OO, con una política de reestructuración y no de reconversión,[114] una política de reducción drástica de las prestaciones sociales, el paso de áreas del sector público a la iniciativa privada, una política, en fin, de topes salariales y sindical discriminatoria que, “lejos de fomentar y ampliar la acción sindical no intenta más que encorsetarla, apostando abiertamente por un modelo sindical de gestión y burocrático, que limita la participación de los trabajadores,[115] acompañado de prácticas antisindicales.
Pese a ello, CC OO suscribió en 1983 el Acuerdo Interconfederal -AI-,[116] con el cual se volvía al esquema de acuerdos en los que la Administración no participaba. Se trataba de un convenio estatutario que vinculaba a todos los empresarios y trabajadores, estuvieran o no afiliados a las centrales firmantes. Desde el punto de vista de CC OO el acuerdo era incompleto “por la inexistencia de negociaciones globales con el Gobierno sobre la creación de empleo, la protección social, etc.”.[117] Su eficacia fue limitada, y debemos de enmarcarlo en el intento de CC OO de no ser marginada en la negociación colectiva, por lo que la actitud de la firma de este acuerdo se encuentra más en la situación interna del sindicato que en su proyecto de acción sindical, sobre todo teniendo en cuenta dos hechos: por un lado la pérdida de las elecciones sindicales;[118] por otro, la “oleada” de credibilidad del gobierno.
Tras el intento frustrado de firmar un nuevo AI por la negativa de CC OO pese a los intentos de la UGT, esta última central llegó a un acuerdo con el gobierno y la patronal: en el Acuerdo Económico y Social (AES).[119] Para la UGT el balance final del mismo fue “satisfactorio”[120] siendo valorado como “el mejor acuerdo interconfederal firmado en España.[121] En CC OO se decidió no firmarlo por la práctica unanimidad del Consejo Confederal (sólo hubo dos votos en contra), valorándose como un pacto “insolidario”[122] que no creaba empleo, facilitaba el despido, reducía las pensiones y los salarios y suponía un ataque a la Seguridad Social.[123] Dicho análisis fue posteriormente ratificado en el IV Congreso,[124] donde se puso a su vez de manifiesto, refiriéndose al desempleo, que “la concertación española ha resultado absolutamente inoperante” llegando como conclusión general a que:
“[...] la transición no se ha saldado positivamente para los trabajadores y para el movimiento sindical ni en el plano de la correlación de fuerzas a nivel político ni en cuanto al desarrollo de los derechos, libertades y poder institucional de los sindicatos”.[125]
Este “negro” panorama va a ser confirmado en casi su totalidad (con la excepción por razones del modelo de acción sindical de la LOLS) unos años después por la UGT,[126] la cual, debido a la pérdida creciente de credibilidad en los medios obreros, contribuyó a reconstruir la unidad de acción sindical a partir de 1987, planteando conjuntamente la negociación colectiva y la movilización de los trabajadores.
Tanto la negociación colectiva como las movilizaciones que hubo durante los primeros años del gobierno socialista muestran un deterioro de la acción sindical. La negociación de los convenios desde 1982 establece una constante fijación de criterios salariales por debajo del crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC) y una progresiva reducción de la jornada de trabajo, incluida la paulatina supresión de horas extraordinarias.[127] En los demás aspectos de la negociación colectiva no se produjo ningún avance sustancial, por lo que asistimos a unos convenios con un pobre contenido, ya puesto de manifiesto en los años anteriores, que no afrontan los cambios técnicos que se vienen produciendo y que no responden al avance que experimentan las contrataciones eventuales (precariedad), la subcontratación y la “economía sumergida”.
Por otro lado, las dificultades en la negociación colectiva[128] se van a ver acompañadas de una radicalización en los conflictos, la mayoría de ellos al margen de la negociación (agitaciones revival), típicos de una fase depresiva,[129] con la aparición de prácticas sindicales “atípicas”.
Así pues, a partir del año 1985 se comienza a apreciar una actitud de cambio en la UGT,[130] que opta por sumarse a CC OO en las movilizaciones contra la ley de pensiones (de “recortes”) llamando CC OO, esta vez sin UGT, a una huelga general el día 20 de junio junto con otros sindicatos minoritarios y de nacionalidad.[131] Para CC OO fue un éxito, ya que la participación se elevó a 4.351.167 trabajadores,[132] significando la mayor movilización obrera “desde que se iniciara la transición democrática”.[133]
III. LA RUPTURA SINDICAL. LA CONSTRUCCIÓN CC OO: DIFICULTAD DEL MODELO
El modelo sindical del franquismo venía marcado por las siguientes notas distintivas[134]: 1. El sindicato se declaraba obligatorio. 2. La obligatoriedad se complementaba con el principio de unidad. 3. El sindicato adquiere una naturaleza de derecho público. En cuanto a su ámbito, representaba a toda la comunidad profesional, y en relación a sus medios de acción, tienen prohibido alterar la producción y toda forma de protesta que rebase el estrecho límite oficial. 4. Las condiciones de trabajo son reguladas por el Estado, y 5. El Sindicato se integra en el organigrama del Estado.
Como modelo alternativo se va a desarrollar, tras la segunda guerra mundial, un tipo de relaciones laborales y sindicales cuyos rasgos distintivos son:[135] 1. Se establece en la acción sindical una interdependencia entre lo social y lo eocnómico, no limitando la acción reivindicativa a la mejora de las condiciones de trabajo de los asociados, sino de todos los ciudadanos y tratando de mejorar las condiciones de vida en general. 2. Los convenios colectivos al tener una eficacia general, se convierten en algo más que un contrato, apareciendo como una ley recibida por el Estado. 3. La huelga aparece como un derecho reglado. 4. La sindicación no es obligatoria. 5. Se establece el principio de autonomía sindical frente al Estado, y 6. Se favorece la libertad sindical.
Por tanto, nos encontramos ante el paso de un modelo sindical de sumisión a un modelo dialéctico que, aunque puede adoptar diferentes formas -de oposición, de integración, de gestión, reformista o revolucionario- se caracteriza, en definitiva, por la oposición de intereses frente al poder político y el poder económico.[136]
En España, desde el inicio de la Transición, en el ámbito sindical se asistirá a una transformación sustancial.[137] El objetivo a veces difuso para los gobernantes y, sobre todo, vacilante, no era otro que la sustitución del “sindicalismo vertical” y su estructura orgánica, por un sindicalismo plural, democrático y de clase. La transformación de las estructuras de la administración y de los servicios sindicales se acometieron mediante la creación de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS),[138] que tuvo a su cargo la dirección y gestión de los servicios sociales y asistenciales, y en la que se integraron el personal funcionario sindical y el patrimonio de la OSE.
El 1 de abril[139] de 1977 se reguló el derecho de asociación sindical, por el cual los trabajadores y empresarios podían ya constituir, en cada rama de actividad y a escala territorial o nacional, asociaciones profesionales. Éstas, pese a sus limitaciones, posibilitaron la legalización de las centrales sindicales,[140] que hasta entonces se encontraban en situación de ilegalidad tolerada. Por último, tras la ratificación[141] por España de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (número 87, sobre “libertad sindical y protección del derecho de sindicación” y el 98, sobre “aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva”), se decidió la extinción de la sindicación obligatoria.[142]
Durante el año 1977 en el mundo del trabajo[143] se puso fin a la “concepción intervencionista” imperante, por otro nuevo inspirado en el principio de “liberalización de las relaciones de trabajo”. Como punto final de la reforma, la Constitución[144] configuró en esta línea el nuevo sistema español de relaciones laborales y sindicales[145] que se completó con el Estatuto de los Trabajadores y que todavía mantiene algunas deficiencias y vacíos.
A nivel de principios, el modelo sindical resultante tuvo las siguientes notas distintivas:[146] 1. Libertad sindical, 2. pluralidad sindical, 3. autonomía de los sindicatos, 4. desaparición del sindicalismo radical, 5. sindicalismo de las nacionalidades o autonomías, y 6. vocación internacionalista. Para los socialistas, sobre todo tras el distanciamiento de la UGT, el modelo de relaciones laborales está caracterizado por ser: 1. Representativo y no organizativo en cuanto a estructura; 2. autonomista y pansindical en lo político; y 3. de confrontación y no de concentración en cuanto a la negociación. Situación que “no resiste comparación con ningún país de Europa salvo Francia y, desde luego, las prácticas sindicales españolas no son europeas”.[147]
Este proceso no fue lineal, tuvo numerosas dificultades durante su desarrollo y hubo fuertes presiones desde sectores inmovilistas para que no se llevase a cabo. Buen ejemplo de ello fue la dimisión del vicepresidente primero del gobierno, el teniente general De Santiago y Díaz de Mendívil (22 de septiembre de 1976) por su disconformidad por la forma y la rapidez del procedimiento por el que se estaba llevando a cabo la reforma sindical. El primer gobierno de la monarquía hizo también uso de la discriminación, autorizando la celebración del XXX Congreso de la UGT, entre los días 15 y el 18 de abril[148] y prohibiendo la celebración los días 27, 28 y 29 de junio de la Asamblea General de CC OO en Barcelona y la emisión de bonos. La razón aducida fue que CC OO, como estaba recogido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se encontraba vinculada al PCE,[149] por lo que tuvo que celebrarse en la semiclandestinidad el día 11 de julio en Barcelona.
La represión, la ausencia de una amnistía laboral completa[150] y la matanza de los abogados laboralistas del despacho de la calle Atocha[151] fueron entre otros los altos costes que seguían pagando los sindicalistas para conseguir la instauración plena de la democracia en España. Este último hecho tuvo un especial significado, no sólo por la gravedad en sí del hecho, sino por la agresión que estaba sufriendo todo el proceso de transición. No se podía hablar de un hecho aislado, sino de una estrategia de tensión destinada a poner fin a los cambios que se estaban llevando a cabo:
“El asesinato de un manifestante, de cuatro abogados laboralistas y un militante obrero, de tres servidores del orden público, y el secuestro de un Teniente General del Ejército, en el plazo de cinco días, no puede ser fruto de la casualidad. Como han señalado tanto la Confederación Sindical de CC OO, como la COS, “dichos actos de la extrema derecha forman parte de un complot que busca hacer inviable el proceso democrático en curso”. La presión sostenida y responsable de los trabajadores y de los más amplios sectores de la sociedad, que quieren vivir en paz y libertad, junto a la negociación Oposición-Gobierno, están sin duda desmontando las formas fascistas de poder, haciendo así que el camino hacia la democracia sea irreversible."[152]
III.1 Un sindicato de “Nuevo tipo”: el mito italiano
La construcción del sindicato partiendo de un “movimiento” va a suponer un reto para sus protagonistas, y más de un problema. En dicho reto se combinan al menos tres elementos: en primer lugar el pasado histórico, donde CC OO ocuparía de hecho, el vacío dejado por la Confederación Nacional del Trabajo, aunque con un modelo sindical absolutamente distinto. En segundo lugar el nuevo sindicato tendría que responder a los cambios que se estaban produciendo en su entorno (principalmente a las variaciones que se están llevando a cabo en el capitalismo y en la composición de la clase obrera). Y, por último, el nuevo sindicato debería responder a la coyuntura política específica que vivía el país: la Transición.
Este último aspecto ya lo hemos visto con anterioridad, por lo que conviene detenernos en los dos primeros. En cuanto al modelo de construcción sindical, existió desde el primer momento un claro intento de romper con “el sindicalismo tradicional”, aunque sin renunciar a “sus tradiciones más valiosas”[153] apostándose por el denominado sindicalismo de nuevo tipo cuyos antecedentes se encuentran en los orígenes del movimiento de CC OO[154] y en la experiencia italiana de finales de los años sesenta y principios de los setenta.
En los primeros textos teóricos se pone el énfasis en la renovación de los objetivos y en las formas de organización del movimiento sindical: en “las contradicciones entre división-unidad, inscritos-no inscritos, lucha económica-lucha política, autonomías-sometimientos, etc.,”[155] elementos que no pueden ser excluidos del problema “de la conquista del Poder por parte de una nueva constelación de fuerzas políticas y sociales, animadas por la clase obrera”. Ello implica una primera interpretación, a mi entender básica, y es que la lucha por el poder es el fenómeno fundamental en las relaciones industriales, en línea con el pensamiento de Hyman[156] y, en segundo lugar, que dadas las características del capitalismo en su fase actual, las respuestas de los sindicatos implican nuevas formas de estructuración y de acción sindical:
“[...], el punto de referencia de la línea reivindicativa ya no es tanto el grupo de activistas, la Comisión interna, los inscritos en el sindicato, sino todo el grupo obrero, todos los trabajadores de la fábrica, anulándose los límites entre las diferentes organizaciones sindicales y superando igualmente -en la lucha- la frontera entre inscritos y no inscritos.[157]
Hasta ahora, los sindicatos han sido organizaciones y nada más, no han podido en unos casos o no se han planteado en otros asumir el movimiento como una parte permanente de su funcionamiento interno; entre otras cosas porque esto solamente puede lograrse sobre la base de la unidad sindical, aunque ésta no sea la condición única. [...], ya no es únicamente una organización de afiliados, sino también un movimiento de elegidos, de delegados de asambleas”.[158]
En este planteamiento la lucha y la discusión superan la actividad de las vanguardias, haciéndose necesario llegar a una síntesis unitaria,[159] donde la división de la actividad sindical es superada por la “unidad de la clase” ante el hecho de la “explotación” (factor homogéneo) y de las condiciones del trabajo (factor heterogéneo), cuya síntesis es lo que denomina “condición obrera” y en la que prevalece el primer factor y sobre el que se construye la unidad.[160] Por lo tanto la unidad se convierte en un objetivo irrenunciable.
La realidad italiana de finales de los años sesenta vino marcada por un ascenso en las luchas sindicales (el “otoño caliente”) en el punto de inflexión alcista del ciclo económico[161] y con unas especiales peculiaridades en el campo político (inmovilidad, fracaso de los gobiernos de centro-izquierda, ascenso del PCI, etc.), a lo que se debía unir la política de ajuste establecida por el gobierno desde 1964, provocando una fuerte migración interna procedente del sur y del centro hacia el norte. Entre 1968 y 1970, las oleadas de huelgas provocaron una transformación del sistema de relaciones industriales y un cambio en las estrategias políticas como consecuencia del ascenso de los comunistas, por lo que los socialistas (que tuvieron un retroceso de cerca del 6% en las elecciones de 1968) se vieron obligados a propugnar la entrada de los comunistas en el gobierno.
Los principales impulsores del “otoño caliente” fueron los trabajadores semicualificados que carecían de experiencia huelguística y organizativa y se encontraban al margen de los sindicatos. Éstos durante las huelgas fueron desbordados al menos hasta mediados de 1969, siendo los delegados (delegati) los que protagonizaron la lucha. Los mismos representaban una opción unitaria y representativa de abajo arriba, siendo reconocido su papel en el estatuto de los Trabajadores, aprobado a mediados de 1970, por el cual consiguieron una amplia gama de derechos y profundizándose en la autonomía frente a los partidos políticos.[162] Nos encontramos pues ante una fórmula de organización obrera[163] que rompía con el sindicalismo clásico, que condicionó al mismo y donde la unidad nació en los centros de trabajo -por la base-, pese a que exista pluralidad sindical.
El nuevo planteamiento surge en un momento de lucha con fuertes movilizaciones, desbordamiento de los sindicatos y cambio en el panorama político. Es difícil suponer la misma situación en España a la hora de construir el sindicato, ya que las movilizaciones que se producen, si bien tienen una lectura económica (frente a la consecuencia de la crisis), son, sobre todo, un factor político de apoyo a la opción rupturista.
Así que el país no se encontraba ante una situación de desbordamiento sindical, sino de construcción sindical, y esto lo entendió mejor la UGT. Un buen ejemplo de ello era que los militantes de CC OO al centrar su trabajo en los Comités de Empresa abandonaron la actividad de las secciones sindicales con el consiguiente deterioro del vínculo organizativo.[164] A esto habría que añadir los problemas que se originan en toda organización social, como es el hecho de la aparición de numerosos órganos que una vez creados “no tienen vida sindical regular”,[165] así como el exceso de reuniones que lleva inevitablemente aun elevado absentismo.
“El Consejo Provincial de la Unión, órgano más importante de la Unión Sindical entre Congreso y Congreso que teóricamente debían de componerlo 200 miembros, más la Comisión Ejecutiva elegida en el Congreso, rara vez se llega a plenos donde la asistencia llegue a 100 miembros.
El absentismo en nuestro Consejo Provincial, es bastante normal que la asistencia no sobrepase el 50% de los miembros."[166]
A ello se unía la falta de cuadros sindicales y la crisis de la militancia tras el entusiasmo del primer momento:
“Se acusa una falta de militancia seria, la relación de las empresas a través de sus dirigentes hacia los Sindicatos provinciales, es infinitamente menor, en general, que al principio de la legalización, estando estancada como consecuencia la posibilidad de cuadros para las necesidades de los Sindicatos Provinciales”.[167]
y la creciente burocratización de la organización:
“Hemos de disminuir la burocracia dentro de unos límites lógicos. [168]
También es problemático que tengamos un liberado cada 500 afiliados, y de estos, el 75% son administrativos. La proporción en Europa, con más años de experiencia, es de 1 por cada 850 afiliados."[169]
Existe una inflación de reuniones, palabras y “papeles” ante una sociedad que cada día exige y necesita más el imperio de los hechos [...]. Porque lo peor de todo y lo más grave es que estos debates se realizan al margen de las inquietudes cotidianas de los militantes y de los trabajadores, que no entenderían casi nada de este tipo de discusiones.”[170]
Estas circunstancias se dan en toda organización de este tipo, pero plantean mayores problemas si el modelo organizativo tomado es impreciso y se encuentra condicionado por un elemento externo: el “movimiento”. De ahí que al priorizarse la acción sobre la organización en un momento de construcción sindical, el nuevo sindicato se encontraría con graves problemas que van a lastrar su funcionamiento durante años. Es reprochable dicho aspecto, entendiendo que ello se dio, como hemos venido repitiendo, por la dependencia partidista, pues no podemos olvidar que la experiencia italiana tenía una fuerte carga en este sentido, que suponía la apertura política hacia el PCI.
En la experiencia española llaman la atención las vacilaciones en la construcción del sindicato que surgen de la Asamblea de Barcelona. La mayoría de los delegados insistieron en la necesidad de ir hacia un Congreso Sindical Constituyente, elemento imprescindible para la unidad orgánica con otros sindicatos, aunque no se negaba la posibilidad de “estructurarnos en un proceso hacia ese sindicato de clase de nuevo tipo”.[171] Posición ésta que trataba de combinar la presión tanto por la base como por las cúpulas (COS) para lograr la unidad sindical, junto a una estructuración “precaria” de sus seguidores.
La corriente minoritaria, vinculada básicamente al Partido del Trabajo de España y a la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, que obtuvo tan sólo el 10% de los delegados, entendía que la Asamblea debía de “promover y organizar ya una Gran Central Sindical, invitando a iniciar este proceso a todas las corrientes sindicales (UGT, USO y otras), para lo cual dicha Asamblea debería nombrar una Comisión encargada de dar los pasos necesarios.[172]
Este sector “minoritario” rompió con la “mayoría” con argumentos en contra de sus planteamientos iniciales, dando lugar a dos centrales sindicales de corta vida y vinculadas a los partidos políticos que las sostenían. El motivo formal de la ruptura radicó en la decisión tomada por el Secretariado de CC OO el día 28 de septiembre, en la que se invitaba “a todos los trabajadores, desde las empresas, ramas, localidades, regiones y nacionalidades, a afiliarse al Sindicato de Comisiones Obreras, con el consiguiente carnet, y la cuota provisional de 50 pesetas al mes”. Ello les llevó a formar inicialmente el Sindicato Unitario, tras una reunión de 900 afiliados de CC OO en Coslada (7 de noviembre de 1976), que posteriormente se volvió a romper por un lado, el SU quedó vinculado a la ORT,[173] que celebró el Congreso constituyente el 1 de mayo en Madrid, y que tuvo una corta vida debido a sus malos resultados electorales, lo que llevó a parte de sus militantes a volver a CC OO,[174] Por otro lado el PTE decidió también montar su propio sindicato escindiéndose primero de CC OO y luego del SU, creando para ello una promotora el día 6 de marzo de 1977 en Vallecas (Madrid), que dio lugar a la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, absolutamente controlado por el PTE,[175] y que corrió la misma suerte que el SU, volviéndose a repetir el mismo proceso de retorno de parte de sus afiliados a CC OO.[176]
Tras la decisión del Secretariado de 28 de septiembre, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras puso en marcha un proceso de construcción del sindicato que, aun reconociendo la existencia de “luchas internas”,[177] y aceptando que no se trataba del tan deseado Congreso Sindical Constituyente, supuso el inicio de un plan de estructuración de CC OO en todo el país, así como la identificación de los afiliados y la fijación de unos plazos para la celebración del I Congreso que para Marcelino Camacho debía ser en otoño[178] y para Julián Ariza a finales de dicho año, para lo que elaboró un plan detallado de organización y los pasos que se debían de dar hasta la celebración del mismo.[179]
Pero la realidad fue bien otra, el I Congreso no se celebró hasta julio de 1978. ¿Qué fue lo que ocurrió para este aplazamiento? ¿Por qué la recién nacida CS de CC OO estuvo funcionando sin un congreso constituyente durante algo más de un año y medio? La respuesta desde los mismos protagonistas suele ser más bien evasiva, no coincidente y poco convincente, atribuyéndola en la mayoría de los casos a factores endógenos a la propia organización. A nuestro entender la causa principal viene derivada de la concepción ideológica sobre el tipo de sindicato, la cual dificultó la construcción formal del mismo y más teniendo en cuenta que el esfuerzo por lograr la unidad sindical se encontraba ante una doble realidad: por un lado, la negativa de las “cúpulas” de los demás sindicatos; por otra, ciertos éxitos registrados en las bases -sobre todo, en los que se consideraban tradicionalmente como “bastiones obreros”- que alimentaron la esperanza de la dirección de CC OO de que dicha presión favoreciese su proyecto. Sin embargo, esto no fue así por cuatro causas: en primer lugar, debido a la recomposición que la clase obrera estaba sufriendo; en segundo término, a la crisis económica que hizo que los trabajadores, o no se afiliasen, o eligiesen opciones más moderadas[180] con el fin de asegurarse el puesto de trabajo; en tercer lugar, al valor superior que los trabajadores daban a la libertad sobre la unidad (y más teniendo en cuenta el reciente pasado); y finalmente, al hecho de que la hegemonía política de la izquierda estaba en el PSOE y no en el PCE.
Pese a ello, el esfuerzo organizativo irá ganando peso desde el I Congreso, pese a la aparición de problemas internos (Sevilla, Cataluña, Euskadi, La Rioja,[181] etc.), especialmente graves durante el III Congreso debido a la escisión carrillista del PCE, los problemas se encontraban en la toda poderosa Federación del Metal en Euskadi y también en Cataluña. Dicho grupo, encabezado por Julián Ariza, mantuvo un debate “duro y difícil”, y Marcelino Camacho tuvo que poner en juego todo su prestigio personal para evitar la escisión, logrando mantener la unidad[182] del sindicato. Pese a estos problemas, va a irse consolidando y reforzando su estructura organizativa:
“[...], la Confederación marcha con más seguridad, sabe dónde va, tiene una alternativa para lo inmediato y prepara otra cara al futuro, y esto nos permite no ir dando bandazos, no ir dando resbalones.”[183]
De hecho también se asiste a la captación de nuevos afiliados y de grupos de otros sindicatos como la Corriente Socialista Autogestionaria de USO, que se integró en 1980 con un número superior a los sesenta mil trabajadores.[184]
De todas formas el tema de la unidad sindical hubo de ser replanteado en vista de que no se llevó a cabo, no hablándose más de Congreso Sindical Constituyente, sino de un Congreso de Unificación “de las organizaciones existentes”.[185]
Pero como ya señalábamos al inicio de este epígrafe, uno de los retos a los que tenía que responder el sindicato era al del cambio que se estaba produciendo en el interior de la clase obrera y en las formas de organización del trabajo, con la entrada en crisis del paradigma fordista,[186] cuestión fundamental a fin de adecuar la acción sindical a las demandas, en permanente cambio, de los trabajadores, porque a nuestro entender la insuficiencia en el conocimiento de estos cambios es una de las causas que explican la derrota en las elecciones sindicales de 1982.
Dado que el desarrollo capitalista implica la superposición de nuevos modelos de relaciones productivas sobre los antiguos, el carácter dinámico del mismo ha venido poniendo sobre la mesa dos cuestiones claves: por un lado, la inestabilidad endémica de las reducciones de empleo y por otro la centralización y concentración del capital. Ambas cuestiones, pero sobre todo la primera, van a estar presentes en los debates congresuales del sindicato, siendo el texto de mayor entidad el aprobado durante el II Congreso.[187] En el mismo se analizan los problemas derivados de la “disgregación del mercado de trabajo” y sus consecuencias sobre la clase obrera, tratando de dar respuesta a los mismos.
De la misma manera durante el IV Congreso se debatió sobre la incidencia de las “nuevas tecnologías” y cómo afectaban las mismas a la organización del trabajo y a la productividad.[188] Se puso apreciar una mayor preocupación por estos temas, aunque en ocasiones se asistía a un tardío y pobre análisis de los mismos. Ello fue debido a la falta de cuadros sindicales (la reestructuración de plantillas afectó a empresas con fuerte tradición sindical y a personal con experiencia en dicho campo), y a una cierta simplificación de los problemas, propio de la falta de una “formación de izquierdas” propicia a sobrevalorar el voluntarismo.
III.2 La dualidad organizativa y la dependencia económica
Cuatro grandes objetivos, desde el punto de vista interno, se planteó el sindicato. En primer lugar, establecer una organización eficaz, que llegase a todos los centros de trabajo y a todos los lugares de España. En segundo lugar, tratar de lograr un funcionamiento democrático y plural dentro del sindicato. En tercer lugar, conseguir la independencia financiera y, por último, recuperar el patrimonio sindical.
En cuanto a la organización se parte de la concepción teórica del “sindicato de nuevo tipo”, que supone que CC OO no es
“[...] una organización de afiliados sino un movimiento organizado de elegidos, de delegados o representantes, de participantes en asambleas, acciones, etc. A las CC OO no se pertenece, no se entra o se sale como en un partido político o una organización sindical; en las CC OO se participa -en las asambleas, en las acciones- como movimiento o se sale elegido para la comisión al nivel de que se trate”.[189]
Esta concepción da lugar a intensos problemas en el momento de la construcción del sindicato, sobre todo a la hora de fijar las tareas a realizar y las funciones de numerosas personas que tan sólo adquieren un compromiso puntual y no organizativo.
Por ello, desde el primer momento van a existir problemas en la concreción. Desde la Asamblea de Barcelona y, sobre todo, desde el acuerdo de 28 de septiembre de 1976 del Secretariado que llama a la afiliación “al Sindicato de Comisiones Obreras”, poniéndose en marcha en primer lugar una infraestructura adecuada y en segundo lugar un organigrama que, por lo que respecta a las federaciones, se inspiraba en el antiguo Sindicato Vertical.
En cuanto a la infraestructura, la Confederación contaba en octubre de 1978 con 995 locales abiertos “que abarca a la práctica totalidad de las más importantes localidades y comarcas de todas las provincias de España”.[190] Pese a ello existían dificultades, como reconoció el propio sindicato, debido a la falta de recursos humanos, económicos y de experiencia sindical, por lo que los desajustes se hicieron evidentes, entre ellos:
“Inversiones desmesuradas en compra o alquiler de locales y bienes muebles.
Irracionalidad en la contratación de personal, notablemente desequilibrada en algunas zonas hacia tareas administrativas.
Ausencia de gran número de casos de unas mínimas normas para la convocatoria de los órganos sindicales.”[191]
La estructura sindical se organizó en torno a las federaciones de ramas y el ámbito territorial, procurándose que en este último coincidan con las futuras Comunidades Autónomas, con la sola excepción de León,[192] aunque posteriormente ésta pasa a formar parte de una sola unidad junto a Castilla.
Durante el IV Congreso se mantuvo este tipo de estructura, aunque detallando aún más sus características. Así por un lado se proyectó una estructura en sentido vertical que integra a los afiliados en su lugar de trabajo, atendiendo a la rama en la que están encuadrados. Este nivel se articuló desde la base hasta su cúspide en secciones sindicales de empresa o centro de trabajo, sindicato de rama, federación de nacionalidad o sindicato regional de rama, y en federación estatal de rama. Por otro lado, se creó una estructura en sentido horizontal donde se integró a los afiliados atendiendo al criterio de agrupación de los mismos en el territorio de que se trate, organizándose desde la base en las uniones sindicales (locales, comarcales o provinciales), siendo el escalón superior las uniones regionales.[193]
Dos elementos se ponen de manifiesto ante este tipo de organigrama: en primer lugar, pese a los intentos de igualar en representación y peso ambos “sentidos”, la mayor rapidez en la constitución de las federaciones (“el 90 por 100 de las Federaciones a nivel estatal se han constituido a partir de la segunda mitad de 1977”),[194] marco natural de la actividad sindical, y de la mayor influencia en la negociación colectiva, hacen que éstas tengan aún más poder y actividad en la acción sindical en las empresas. Pese a ello, en 1980 se afirma la necesidad de potenciar “nuestras Federaciones la mayoría de ellas en una situación difícil.”[195] En segundo lugar, la pirámide organizativa favorece, a través de una serie de “filtros”, la constitución de una burocracia sindical que cuestiona el “voluntarismo” del modelo teórico. Con el tiempo, los hechos mostrarán que se hizo más cómoda y “golosa” la actividad en las uniones territoriales, que en las federaciones, cauce “natural” de la acción sindical.
El efecto piramidal se agudiza al conocer el organigrama de la dirección sindical, que partiendo del Congreso Confederal “máximo órgano deliberante y decisorio de la Confederación” (art. 13, I Congreso) da lugar a un Consejo Confederal (art. 14) seguido, a su vez, de una Comisión Ejecutiva (art. 15), que desemboca en un Secretariado (art. 19) que es, en último término, el que lleva a la práctica las decisiones tomadas en los escalones anteriores y responde con su gestión ante la Comisión Ejecutiva. A nadie se le puede escapar que es el Secretariado quien decide la política del sindicato, hecho que se verá agravado por la forma de llevar a cabo la política de “concertación social” durante estos años en España, donde las “cúpulas” sindicales han hecho y deshecho a su antojo, por lo que también es necesario hacerles, en la parte que les corresponde, responsables de la desafiliación.
En relación con la supuesta dependencia de CC OO con respecto al PCE y que Marcelino Camacho siempre ha insistido en negar[196] el sindicato, tras la dimisión de este último como diputado del PCE -febrero de 1981-, decidió, a propuesta de aquél,[197] modificar los estatutos para establecer una serie de incompatibilidades aprobándose durante el II Congreso que los miembros de los órganos de dirección del sindicato no podrían ser a la vez alcaldes o concejales, diputados o senadores, diputados de las Comunidades Autónomas, miembros del gobierno central o de los autonómicos, cualquier cargo dependiente del gobierno central, secretario general de un partido político o responsable directo de una secretaría “o frente” de trabajo permanente en un partido político (Art. 22). Con ello se pretendía, y en gran medida se consiguió, alejarse formalmente del PCE a través de un camino sin retorno que ha supuesto mayor independencia, credibilidad y fortaleza al sindicato.
En cuanto a la presencia de elementos democráticos cabe señalar que algunos de ellos sólo los ha ofrecido CC OO durante estos años. Seleccionamos los que nos parecen más representativos.
1. Sustitución de Marcelino Camacho en la Secretaría General
Proceso que debe interpretarse dentro de una concepción de profundas convicciones democráticas por parte del mismo. Es conocido, y el sindicalismo internacional da buena muestra de ello, la tendencia a la perpetuación (“oligarquización”) de los cargos de dirección y más de los secretarios generales. La decisión de Macelino Camacho parece ser que estaba tomada desde hacía tiempo, aunque todos los datos apuntan a que la presión del sector carrillista dentro del sindicato había venido posponiéndola por el riesgo de escisión que ello podría comportar. No conviene olvidar que durante el III Congreso fueron presentadas hasta cuatro listas para la comisión ejecutiva:
“[...], una por la comisión de candidaturas que encabezaba yo [Marcelino Camacho]. Julián Ariza presentó otra que agrupaba la tendencia alrededor del Partido de los Trabajadores de España, de Carrillo. Clemente encabezaba la del PCPE, de Ignacio Gallego, y Nieto encabezaba la LCR y MCE. [...] De los cuarenta y nueve miembros elegidos, veintiséis fueron a la lista que encabezaba yo, catorce a la de Julián, ocho a la de Clemente y uno a la de Nieto.”[198]
Ni que decir tiene que la convivencia en el interior del sindicato se hizo difícil y la mayoría minoritaria no sólo sufrió derrotas y divisiones, como en el Consejo Confederal de 17 de marzo de 1987 donde la propuesta de Marcelino Camacho de ir hacia una huelga general de 24 horas fue rechazada por otra alternativa defendida por José Luis López Bulla (secretario general de la CONC), por 72 votos a 71[199], sino que se vio obligado a hacer frente a los intentos carrillistas de hacerse con el sindicato, que desde el punto de vista sindical significaba aliviar la presión que se estaba realizando sobre el gobierno.
En este contexto, una vez recuperada la mayoría por el sector encabezado por Marcelino Camacho se celebró el IV Congreso en el que éste decidió no volver a presentarse como secretario general, pese a la batalla que ello pudiera suponer. La realidad fue que el Congreso “transcurrió sin grandes complicaciones”,[200] ya que con anterioridad al mismo los sectores carrillistas habían sufrido una decisiva derrota en el Congreso del Metal en Vigo, donde fue elegido Ignacio Fernández Toxo (606 votos) frente a Juan Ignacio Marín (363 votos), para dirigir tan importante federación. Así pues, el nombramiento del nuevo secretario general recayó en Antonio Gutiérrez, que fue elegido por el 74,7% de los votos, algo más de un punto porcentual de los votos recibidos por el informe de gestión presentado por la Ejecutiva saliente. El relevo de Marcelino Camacho no implicó ninguna crisis para el sindicato y mostró la capacidad del mismo para sustituir a un “líder carismático” por la existencia en sus filas de sindicalistas capaces[201] de hacerse con tan importante responsabilidad. El sindicato como organización había abandonado la “pubertad”.
2. La existencia de diversas corrientes ideológicas
Es sabido que en la formación de CC OO no sólo estuvieron presentes los miembros del PCE, sino también de otras fuerzas políticas de ámbitos ideológicos distintos o similares, como el “MC, PT, ORT, PSP, LCR, Partido Carlista, Bandera Roja y algunos más”.[202] Ello cuestionó en parte el predominio del PCE sobre el sindicato, aunque menos sobre lo que vengo denominando “mayoría” que ha sido la dirección tradicional del sindicato. No estamos ante una “central sindical comunista”, afirmación hecha la mayoría de las veces con intenciones peyorativas, pero que no se sostiene ni en la realidad, ni en los textos que conforman la base doctrinal de CC OO.
La tendencia de CC OO a ocupar un mayor espacio de representatividad en las empresas ha sido además un factor favorable para incrementar la pluralidad, al igual que ha sucedido en la UGT. En todo caso desde el I Congreso se venían reconociendo las llamadas “corrientes de opinión” (art. 7 d), aumentando con el tiempo las garantías de su existencia. Así, durante el IV Congreso, se modificaron los Estatutos, introduciéndose en los mismos la posibilidad de que,
“Art. 8. f) A las corrientes sindicales así constituidas se las dotará de los medios naturales para el cumplimiento de sus funciones. Especialmente, se les facilitará el acceso a los medios de comunicación y publicaciones confederales, garantizándolas su capacidad de expresión pública.”
En la realidad la única corriente que ha funcionado como tal fue la Corriente Socialista Autogestionaria, que ratificó su permanencia y pertenencia a CC OO el 23 de noviembre de 1985[203] por 43 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. Aunque en esa fecha esta corriente mostraba su preocupación “por el ambiente de discusión ideológica y confrontación política existente hoy en el seno de CC OO”,[204] refiriéndose al conflicto ya señalado con los carrillistas. La historia de la misma ha mostrado en todo caso su pérdida de identidad a favor de la mayoría, siendo difícil con el tiempo evitar dicha situación, debido a los poderosos factores de integración que se dan en toda organización de este tipo. De hecho la CSA se acabó integrando de manera oficial en 1990.
Mayor interés tiene, a nuestro entender, ya que muestra más claramente la existencia del pluralismo en la organización, la publicación y los debates que desde diferentes posturas se produjeron en torno al propio pluralismo, todo ello marcado por la “crisis del PCE”. Así, el 19 de noviembre de 1985 se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Confederal donde se discutió sobre el tema, con amplia difusión de los textos de las distintas posturas.[205] La reunión tuvo su punto de partida en un documento presentado por el sector carrillista titulado “Por el fortalecimiento de la Unidad de CC OO”,[206] en el que se expresaba la preocupación por “las sanciones a militantes y organizaciones que han contribuido a extender la inquietud entre los afiliados y simpatizantes de CC OO, que se preguntan si la crisis del PCE ha entrado en el Sindicato”.[207] Al mismo tiempo que pedía su reconsideración, hacía hincapié en la necesidad de hacer un “esfuerzo de síntesis”. En el fondo nos encontramos ante un debate que trata sobre dos cuestiones: por un lado, la política del sindicato hacia el gobierno, por cuanto la posición de esta tendencia era favorable a un mayor entendimiento con el mismo. Por otro lado, la lucha interna por conseguir la dirección del mismo, donde Julián Ariza pretendía, legítimamente, ocupar la Secretaría General. Ambas posturas fueron derrotadas, antes y durante el IV Congreso.
La mayoría presentó un documento alternativo[208] donde se insistía con claridad que, frente al gobierno, en esos momentos, cualquier compromiso era “imposible”. Al mismo tiempo se reiteraba el respeto a la pluralidad, haciendo un balance “positivo”[209] sobre la existencia de diferentes opiniones y apostando por la unidad del sindicato. La mayoría conseguiría con el tiempo reafirmar sus posiciones y mantener el control del sindicato, pero no se puede negar la transparencia del debate -desde el propio órgano oficial-, y las formas democráticas de su desarrollo.
En otro orden de cosas, es indiscutible la importancia que tiene la actividad de la Comisión de Garantías para valorar y conocer el tipo de conflictos que se plantean dentro del sindicato. Junto a las manifestaciones públicas, los conflictos planteados dentro de los cauces estatutarios constituyen la información más valiosa para conocer la dimensión y la temática de los mismos.
En los Estatutos de CC OO se recogen las medidas disciplinarias que se pueden ejercer contra un afiliado, o grupo de ellos, y contra un órgano que incumpla los propios Estatutos, estableciéndose tres tipos de sanciones desde la amonestación, a la suspensión por uno a tres meses o la expulsión (art. 9, I Congreso). Durante el II Congreso se concretaron las medidas disciplinarias, pero se dividieron en aquéllas que se referían a los órganos de “las organizaciones integradas en la CS de CC OO” (art. 15), siendo estas últimas de mayor interés para nosotros, ya que afectan a colectivos y no a personas individuales.
Los motivos para poner en marcha medidas disciplinarias contra órganos del sindicato son tres básicamente: 1. El incumplimiento de los Estatutos; 2. la vulneración de la política sindical aprobada en los Congresos y en el Consejo; y 3. la vulneración de los principios y del programa de la Confederación. En todos estos casos, al igual que los que afectan a la esfera individual, los inculpados tienen la posibilidad de recurrir a la sanción a la Comisión de Garantías, aunque la efectividad de la misma será inmediata (art. 10.4, IV Congreso). Es evidente que esto último implica una violación de los derechos del sancionado, ya que la “suspensión se mantendrá hasta la revisión del caso”, y puede dar lugar a abusos por parte de dicha Comisión.
Desde el III Congreso y hasta el IV, la Comisión de Garantías[210] resolvió 62 recursos, seis de los cuales correspondían al período anterior. De dichos recursos, en 46 de ellos hubo unanimidad y en el resto mayoría.[211] De la información que disponemos entre el 22 de septiembre de 1984[212] y finales de 1988,[213] el total de asuntos tramitados fueron 117, de los cuales el 45% afectaban a medidas disciplinarias referentes a órganos de la Confederación y un 51% a afiliados. Entre 1988 y 1990 las resoluciones y decisiones de la Comisión de Garantías se repartieron en un 51% para organismos de ámbito territorial y el resto para el ámbito federativo.[214]
La mayor parte de los recursos afectaron a la representatividad o no de delegados en Congresos, o de órganos tantos federativos como territoriales. En alguna ocasión los recursos han ido dirigidos contra el funcionamiento del Consejo Federal, como se pone de manifiesto en el recurso interpuesto por Julián Ariza y Ángel Campos, acompañado de “una lista de 75 miembros del Consejo Confederal, afirmando que suscriben el recurso, si bien no consta su firma”.[215] En el mismo se discute la forma de la votación para la incorporación de nuevos miembros al Consejo Confederal, hecho de gran trascendencia dada la precaria situación de la mayoría en dicho órgano; la petición de Julián Ariza se concreta en la solicitud de una votación secreta, que fue rechazada durante dicha reunión. Aunque la actuación de la mayoría fue ratificada por la Comisión de Garantías a través de una resolución contra la que “no cabe recurso alguno”, la explicación lógica de dicha situación se encuentra en la debilidad política de la mayoría y la creciente lucha por hacerse con el control de tan importante órgano.
Creo que tanto los ejemplos como el funcionamiento de la Comisión de Garantías son una buena muestra de las luces y las sombras de la organización, en las que por un lado se reflejan en primer lugar las luchas internas dentro del sindicato; en segundo término el temor de la mayoría a verse derrotada y la utilización de las medidas administrativas contenidas en los Estatutos y, en tercer lugar, la carencia de suficientes garantías, que en ocasiones anteponen el funcionamiento y la eficacia de la organización, a valores democráticos.
En otro orden de cosas los temas relacionados con las finanzas y afiliación plantean numerosas dificultades a la hora de aproximarse a ellos. Así en el caso de las finanzas, la puesta en marcha de una organización sindical, y más de las dimensiones de la que tratamos, supone un esfuerzo financiero de tal envergadura, que no obliga, como es el caso, a la existencia de “finanzas turbias”,[216] pero sí plantear otras fuentes de financiación exterior a las cuotas de los afiliados.
Antes de la celebración de la Asamblea de Barcelona (24 de mayo de 1976) hubo una reunión de 22 delegaciones de toda España con el fin de planificar la Asamblea General e impulsar la organización. Para ello se decidió la emisión de un millón de bonos que serían vendidos al precio de 25 pesetas la unidad. Con el bono “no se trata de ningún carnet ni supone una afiliación”,[217] sino que tiene un sentido político de vincular a los trabajadores con CC OO y dar a conocer los postulados del futuro sindicato. Ésta fue la primera campaña centralizada de CC OO organizada, con un claro sentido político, pero que a la vez tenía como misión hacer llegar fondos a las exiguas arcas del nuevo sindicato.
El “bono”, en palabras de Ariza, era el “precarnet”,[218] afirmación que pudo conducir a equívocos, pues la solidaridad de los sectores democráticos con CC OO, que tuvo una forma de manifestación a través de la adquisición del bono, no tenía que implicar necesariamente un acuerdo con los planteamientos de la organización ni concretarse en una afiliación posterior. Con todo la campaña constituyó todo un éxito puesto que en septiembre habían sido distribuidos un total de setecientos ochenta y cuatro mil bonos de los que se habían vendido seiscientos dieciocho mil (78,8%).[219] Posteriormente en octubre comenzó la campaña de afiliación, mediante la cual aquellos que lo deseasen, recibirían un carnet y pagarían una cuota que sería, “provisionalmente” de 50 pesetas al mes”.[220]
Con ello se iniciaba una fase donde se pretendía que la entrega de carnets se convirtiera en un acto político, en los que participasen los “veteranos” luchadores contra el franquismo al mismo tiempo que en demostraciones públicas de la fuerza del sindicato.[221] Sin embargo, a partir de ese momento la documentación interna del sindicato comienza a ofrecer información sobre las primeras dificultades en el cobro de las cuotas y a mostrar su preocupación por las insuficiencias financieras en que se encuentran, de hecho, el grueso de la financiación del sindicato en estos momentos procede del exterior.
Durante 1977 los problemas económicos fueron en ascenso. Con los ingresos provenientes de las Federaciones “no es posible hacer frente a las necesidades de nuestra Confederación”. Se insiste, sobre la base del informe aprobado por el Consejo Confederal de 6 de mayo de 1977, en que las organizaciones territoriales han incumplido sus compromisos “en detrimento de las federaciones y Confederación” y en la conveniencia de que el cobro de las cotizaciones se realice de acuerdo con las empresas “retirándola de la paga mensual y cargándola a la cuenta corriente del sindicato”,[222] situación que tan sólo se va a conseguir en algunas empresas como RENFE.
Durante el I Congreso el debate sobre las finanzas del sindicato fue especialmente importante. En el mismo se puso de manifiesto la necesidad de tener una mayor disciplina tanto en los ingresos como en los gastos, a la vez que se insistió en que el índice de cotizantes se acercase al de afiliados,[223] prestándole una mayor atención a este apartado, ciertamente abandonado por los afiliados al considerarlo despectivamente como tarea de “burócratas”. El balance presentado en el Congreso no deja lugar a dudas sobre la difícil situación:
"I) La estabilidad y, por tanto, la regularidad y aumento progresivo de cotizaciones de organizaciones como la CONC, País Valenciá, Aragón, Madrid-Región, Asturias, las dos Castillas, León y Andalucía.
II) Visibles dificultades en el resto de las zonas [...]
III) Falta de pago por carnets, especialmente en 1978, que no llega a cubrir la cuarta parte de lo que costó la impresión.
IV) Falta de pago, por varias zonas, de parte de la campaña electoral que les correspondía (elecciones sindicales) a pesar del compromiso adquirido y que ha supuesto una importante carga a la Caja Central. Nos tememos que los gastos del Congreso, o al menos una gran parte, tengan que ser también sufragados por la Caja Central, lo que vi[u]elve a ponernos en una situación difícil.
En estas condiciones, la situación de la Caja Central de la Confederación sigue siendo inestable aunque haya mejorado notablemente en los últimos meses.”[224]
Pese al optimismo de la última línea del anterior párrafo, en el mismo balance aparecen déficits preocupantes. Así, el de la campaña electoral asciende a 59,6% sobre la cantidad prevista,[225] o lo que es más grave, el creciente endeudamiento de la organización, que supone un 32, 06% del total del presupuesto mensual.[226]
Si descendemos a las Uniones Regionales, el problema es similar: en el caso de Madrid el déficit en los tres primeros meses de 1979 asciende al 27% del total del presupuesto.[227] Y si bien se insiste en la necesidad de autofinanciarse, era evidente la dependencia de las Uniones y las Federaciones de la Caja Central, a la vez que en las organizaciones se ponía de manifiesto la dificultad para realizar el cobro de las cuotas y el temor de que cualquier subida de las mismas “produzcan bajas”.[228] La mayor partida de gastos locales y gastos de mantenimiento, que se “comen” un porcentaje del 92,1% del total.
Esta situación implicó una permanente precariedad y “sobresalto”, por lo que fueron frecuentes las llamadas a la disciplina y al pago de las cuotas, así
“El Secretariado y la Comisión Ejecutiva Confederal, en sus reuniones de los días 18-19 y 26 de septiembre han examinado la difícil situación financiera que atraviesan los órganos Confederales (Federaciones y Confederación) y aprobado un plan de urgencia para hacer frente a pagos inaplazables que es preciso efectuar antes del 31 de diciembre de 1980.”[229]
Durante el II Congreso se modificó la cuota, estableciendo una cantidad mínima de 200 pesetas, a la vez que se fijaba la misma en proporción al salario del convenio,[230] intención esta última que nunca se pudo llevar a cabo. El montante total de las cuotas se distribuiría, a partir de enero de 1982, en un 7% para la Confederación, un 10% para las Federaciones estatales y el 83% restante en partes iguales entre la estructura de ramas y la territorial, reparto que fue modificado durante el III Congreso en beneficio de la Comisión Ejecutiva Confederal, que a partir del mismo recibiría un 10% del montante final.
En todo caso las cuotas fueron perdiendo peso a favor de otros ingresos, como puso posteriormente de manifiesto el secretario confederal de Administración y Finanzas del sindicato (1984): del total de “los 577,9 millones de ingresos totales de la CE Confederal (67,9 por porcentaje estatutario de cuotas, 480,8 de subvenciones institucionales y 24,2 por otros conceptos).”[231] Esta situación dejaba clara la cada vez mayor dependencia de las finanzas del sindicato de las ayudas estatales, tema también preocupante para el libre funcionamiento del mismo.
En 1981, gracias al ANE, se llegó a un acuerdo con el gobierno para la concesión entre 1982 y 1984 de un total de 800 millones de pesetas anuales, que deberían incluirse en los presupuestos del Estado. El pago sería efectuado por el gobierno en espera de la distribución del patrimonio de la antigua organización sindical. El dinero se repartió en función de la representatividad de cada uno de los sindicatos, y en algunas de las Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña y Galicia) los gobiernos decidieron unilateralmente conceder subvenciones a los sindicatos.
El tema del patrimonio sindical va a estar íntimamente ligado a la financiación de los sindicatos. Con el mismo se han puesto de manifiesto dos cuestiones, ambas a nuestro entender de naturaleza política: en primer lugar que el poder de los distintos gobiernos sobre los sindicatos a la hora de establecer la entrega del patrimonio, ha sido utilizado como “arma” y “chantaje” para presionar o influir en la actividad de los mismos. En segundo lugar, la falta de voluntad política para dar una salida a dicho contencioso.
Desde el inicio de la reforma, los sindicatos democráticos insistieron en la necesidad de que el gobierno procediese a la devolución del mismo, pues consideraban que los legítimos herederos eran “los trabajadores en su conjunto”.[232]
“[...] pagado por las empresas lo incluyen éstas en sus presupuestos como gastos fijos de personal, y como tal repercute en el precio de los productos y servicios. Es pues, un pago diferido que hace el trabajador.”[233]
Argumento rechazado por la patronal, en palabras de Manuel Conde Bandrés (presidente del Consejo Nacional de Empresarios), que consideraba que dicho patrimonio también pertenecía a los empresarios, ya que habían contribuido a financiarlo a través de la cuota empresarial, lo que suponía un 85% del total.
Los diferentes gobiernos optaron por “aplazar” el problema, a la vez que comenzaron por entregar algunos locales a las centrales más representativas, teniendo como criterios orientadores la discriminación y el favoritismo. Igualmente, y apoyándose en el informe de la OIT (mayo de 1980), se mostraron a favor de que la patronal también tuviera parte en dicho reparto. En 1985, la propia OIT seguía haciéndose eco del problema, a la vez que aceptaba la división del patrimonio en dos tipos de bienes: por un lado, lo que se denominó patrimonio histórico, que constaba de los bienes “que fueron incautados a las organizaciones de trabajadores y a ciertas asociaciones de empleadores y luego transferidos a la organización corporativa”,[234] y, por otro, el denominado patrimonio acumulado, que se refería “a los ingresos de los que dicha organización (OSE) dispuso ulteriormente procedentes, en particular de las cotizaciones obligatorias”.[235] División útil a efectos prácticos pero que perjudicaba con claridad a CC OO, que la rechazó en todo momento,[236] aunque con escaso éxito.
El comienzo de la solución, aunque muy criticada por CC OO,[237] se plantea con la Ley de Patrimonio Sindical,[238] por la cual se establecían dos procedimientos diferentes. Por un lado, para los bienes del “patrimonio acumulado” (pertenecientes al estado) para el que se fijaba una cesión de uso a favor de las organizaciones sindicales y patronales, “preferentemente” las más representativas, decidiendo el Ministerio de Trabajo, previo informe de una Comisión Consultiva integrada por él, los sindicatos y la patronal. Por otro lado, para los bienes del denominado “patrimonio histórico”, incautados a los sindicatos por mandato de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, se disponía la restitución en propiedad de aquellos que los sindicatos pudiesen acreditar ser sus legítimos sucesores (la carga de la prueba se traslada a los sindicatos). Debido a las dificultades que ello ocasionaba, pues algunos de los edificios se encontraban en uso y con otros propietarios, el Estado se arrogaba la facultad de sustituir o permutar los inmuebles por otros de valor equivalente o a sustituirlos por su valor pecuniario actualizado.
Pese a este intento de solución, el problema permanece irresuelto. En primer lugar por la confusión existente a la hora de ponerse de acuerdo sobre el “inventario” de bienes que deben ser objeto de la ley. En segundo lugar, por la utilización política que se ha venido realizando a la hora de la entrega de los mismos, actuación que es imputable tanto a los gobiernos de la UCD como del PSOE.[239] Y en tercer lugar por la disparidad de posiciones existentes entre los propios afectados.
III.3 Un proceso contradictorio y complejo: crisis de afiliación, mayor representatividad y capacidad de movilización
Los datos sobre la afiliación son un requisito básico para conocer la capacidad de los sindicatos a la hora de ejercer su poder,[240] aunque es necesario hacer una distinción entre el número de afiliados, la capacidad de movilización y el nivel de representación, ya que cada uno de estos factores o elementos nos darían cifras distintas.
Vamos a tratar en un principio sobre la afiliación, señalando como norma general que conocer el número de afiliados de las centrales sindicales “es siempre un cierto ejercicio de adivinación, ya que no existen fuentes absolutamente fiables al respecto”.[241]
Tal y como se ha puesto de manifiesto en otros países, existen una serie de determinantes que concurren en el crecimiento o no de los sindicatos, como son la población de afiliados potenciales,[242] el ciclo económico, las políticas patronales, la actuación del gobierno, las características personales de los puestos de trabajo, en estructura industrial y la dirección de los sindicatos.[243]
Es evidente que cuanto mayor sea el reconocimiento de los sindicatos por parte de los gobiernos y de las empresas, mayor será la propensión de los trabajadores a afiliarse a un sindicato y a continuar afiliados. Este hecho adquiere en España caracteres singulares durante los años de la transición y consolidación democrática en los cuales se tuvo que producir, en primer lugar, la liquidación del “Nacional-Sindicalismo” y, posteriormente, facilitar el desarrollo del sindicalismo democrático. Si bien lo primero se puede dar por concluido antes de las elecciones del 15 de junio de 1977, lo segundo ha seguido un proceso de altibajos, fuertemente discriminatorios y excesivamente dependientes de las ayudas del Estado, lo que unido a la propia estructura industrial con un alto número de pequeñas empresas, el valor “universal” de los convenios para afiliados o no afiliados, los escasos servicios ofertados por las centrales sindicales, la crisis económica, la situación del mercado de trabajo y el enfrentamiento entre los sindicatos ha dado como resultado una de las tasas de afiliación más baja de Europa.[244]
“Un primer motivo de preocupación lo constituye el que las tasas de sindicación de los trabajadores, entendidas como cotización regular a los sindicatos, es en España una de las más bajas de Europa”.[245]
La OIT para 1985 daba, según las fuentes, una tasa de afiliación entre el 25% y 15%,[246] o que llevó a CC OO a lanzar un “plan de expansión afiliativa” que tenía dos ideas básicas: por un lado, tratar de afiliar a aquellos que votan a CC OO en las elecciones sindicales, ya que la relación entre afiliados y votantes es de uno a cuatro;[247] y en segundo lugar realizar una política de acción sindical concreta en este plano. El objetivo era “duplicar el número de afiliados antes del V Congreso, objetivo que no se cumplió, aunque sí se produce una cierta recuperación.
La legalización de los sindicatos va a provocar un boom de afiliación durante los años 1977 y 1978, para iniciar después un descenso sistemático que tiene su punto de inflexión en 1987, año en el que se comienza a recuperar la afiliación. Parece evidente que la salida de la crisis económica iniciada ese año y la unidad sindical conseguida entre las dos principales centrales favorecen esta recuperación.
En 1978, según los datos recogidos por la Agencia EFE de las propias centrales sindicales, el total de afiliados era de más de seis millones de trabajadores, lo que representa una tasa de afiliación del 70%,[248] dato que es a todas luces exagerado, porcentaje que desciende a un 57,4% según Víctor Pérez Díaz.[249] Siguiendo a este autor, en 1980 la tasa de afiliación había descendido a un 33,8%, y en 1984 se situaba en el 23%.
Entre 1978 y 1980 la caída “no ha afectado a la proporción de afiliados a sindicatos mayoritarios en el conjunto de la afiliación”,[250] por lo que se observa que los trabajadores prefieren afiliarse a las centrales mayoritarias (CC OO y UGT a nivel nacional y ELA-STV, para el País Vasco). En dicho período la distribución de afiliados entre CC OO y UGT “Sí ha cambiado, y de modo importante”. En 1978 CC OO tenía más del doble de afiliados que la UGT [31,1% CC OO; 14,6% UGT]. En 1980 se mantienen las distancias, creciendo ambos sindicatos hasta casi el 79% del total. En 1982 llegan a una situación de paridad [40,5% CC OO; 37,4% UGT].
A la hora de seguir la evolución de CC OO, se aprecia que el boom de afiliación se produce entre mayo de 1977 y octubre del mismo año. En ese momento se producen tres hechos que favorecen la afiliación: 1. la legalización de las centrales sindicales; 2. el fin de la sindicación obligatoria; y 3. la celebración de las primeras elecciones generales, que suponen una amplia movilización de la sociedad. El punto de inflexión se sitúa en torno a las fechas de la firma de los Pactos de la Moncloa, ya que entre octubre de 1977 y junio del siguiente año el incremento es tan sólo de un 12,8%, porcentaje muy inferior al de los meses anteriores, y ello pese a que se están celebrando las primeras elecciones sindicales [19-X-1977: 1.604.550 afiliados; 8-VI-1978: 1.840.907 afiliados].
Estas últimas estuvieron reguladas por un R. D.,[251] que trataba de evitar la generalización de las elecciones, tal y como se manifestaba en su Exposición de motivos, excluyendo de su aplicación a las actividades agrarias, a los funcionarios y a las empresas que tenían entre 1 y 5 trabajadores[252] aunque esto último entra dentro de la lógica. Por lo que el proceso, que fue ampliamente denunciado, no benefició la afiliación, a pesar del intento tanto de UGT como de CC OO de evitar su dispersión,[253] concretando unas fechas para la celebración y criticando al gobierno y a “determinados ámbitos empresariales” por su intento de crear un sindicalismo amarillo.
A finales de 1978 y durante el año siguiente ya era visible la caída de la afiliación, pese al esfuerzo realizado de dotar de una mínima infraestructura al sindicato, así en octubre de 1978 la US de Madrid reconoce que,
“en líneas generales, exceptuando casos aislados, puede considerarse que la afiliación está estancada. Las causas son diversas. Desde el marco político, económico y social, pasando por la política sindical del Gobierno y concluyendo con nuestras deficiencias organizativas, [...]”
De las causas mencionadas merecen especial atención los aspectos internos y organizativos que dejan claramente, a pesar del esfuerzo realizado, muchas lagunas difíciles de cubrir, por lo que en ocasiones no se puede poner en práctica la estructura organizativa diseñada durante el I Congreso. Así, en Madrid, con
“[...] cerca de 300.000 afiliados en 180 pueblos, (no existe) la organización suficiente en todos los pueblos de la provincia, e insuficientes afiliados en todos los pueblos para constituir la UNIÓN LOCAL, siendo la UNIÓN SINDICAL un ente concreto que en realidad tiene limitaciones físicas para atender directamente a cada pueblo (aunque se hace lo que se puede)." [254]
La doble estructura, tanto territorial como de federaciones, plantea a los afiliados un esfuerzo, también doble, que tan sólo la “hipermilitancia” puede subsanar. Pero en democracia los militantes no pueden, ni se encuentran tan motivados para ello. El exceso de voluntarismo es un defecto en esta primera parte de la construcción del sindicato, a lo que hay que añadir la competencia en los servicios que pueden ofrecer otros sindicatos, el temor a la burocratización, el contenido de la acción sindical y los problemas políticos derivados de la escisión del PTE y la ORT:
“Los compañeros que se han dado de baja en MADELMAN, SAN MARTÍN INDUSTRIAL, argumentan que la petición salarial para el Convenio General era baja y esto lo comparan con la subida de cuota en el sindicato. [Por este motivo se borraron 20 afiliados.]
El resto de la desafiliación (40) tiene varios motivos. La subida de la cuota, el no tener asesor jurídico ni abogado en la Unión, (hay que tener en cuenta que el Sindicato Unitario que tiene sede lleva abogado cada equis tiempo), lo que hace que afiliados incluso de CC OO sólo por el abogado. [...]. Destacan también que entre los compañeros que se han dado de baja había 6 delegados en las pasadas EE SS.”[255]
La conclusión no puede ser más clara:
“Hubo una fuerte afiliación inicial que nos obligó a montar una infraestructura superior a nuestras necesidades actuales. También es cierto que no suponíamos que la baja fuera de casi 400.000 a 130.000 que cotizan en la actualidad [...]."[256]
Tan sólo en Madrid se reconoce una pérdida de 270.000 afiliados respecto a los que figuraban inscritos durante el I Congreso. Aunque es evidente que la pérdida se produjo en términos absolutos en toda España y tendió a profundizarse en el tiempo.
Comparando conceptos homogéneos como el número de cotizantes, la propia Confederación reconoce pérdidas entre el II y III Congreso de 430.279, es decir, el 61% de ellos, afectando a todas las regiones. Aunque los datos de afiliación muestran un descenso mucho menor, que deja claro que los afiliados al sindicato no cumplen con su obligación de cotizar, hecho éste al que no es ajeno el propio funcionamiento de la administración sindical, dada la envergadura de las cifras.
La distribución regional de la Confederación indica pérdidas en términos relativos en Andalucía, Cataluña y Madrid, y en menor medida en Extremadura, creciendo en todas las demás regiones. Los datos ponen de relieve algunas cuestiones de interés: en primer lugar, en las Comunidades Autónomas donde el paro registrado es mayor, el descenso en la afiliación es también mayor. Así, en Andalucía, Cataluña y Madrid el paro registrado en las fechas que nos indica se sitúa a la cabeza de España.[257]
En segundo lugar, en las regiones con fuertes procesos de desindustrialización, o en las que se partía de porcentajes muy bajos, el sindicato crece, lo que demuestra capacidad de organización “para la lucha” y como resultado de ella mejora en su afiliación, que también tiende a extenderse por toda España.
En tercer lugar, si bien las federaciones con mayor militancia siguen manteniendo su peso dentro de la Confederación, como es el caso del metal, se hace patente un importante descenso en las federaciones que se encuentran sujetas a fuertes oscilaciones en la capacidad de ocupación (construcción). Mientras ocurre lo contrario en aquellas ramas de actividad sujetas a una drástica reducción de empleo (minería) y tienen una larga tradición de lucha. A ello hay que sumar la dificultad de crecer entre los empleados (sector terciario y “cuellos blancos”), sector este último que se va a convertir en el más numeroso de los que componen la población ocupada. Hay que señalar también la subida entre los pensionistas, que es importante, y la dificultad que encuentra el sindicato para organizar a los desempleados.
Por todo ello las variaciones en la estructura ocupacional durante la crisis no beneficiaron la afiliación. Tras ella, aunque con una lentitud preocupante, se percibe una cierta recuperación, que no oculta los problemas del trabajo de CC OO en las ramas que o bien ya son las más numerosas, o bien se encuentran en crecimiento.
Al principio del epígrafe habíamos señalado la importancia de la capacidad de movilización y la representatividad del sindicato como elementos que constituyen las piezas básicas del poder sindical. En ambos casos la respuesta se muestra en dirección contraria a lo que hasta ahora hemos venido describiendo. En cuanto a capacidad de movilización, los sindicatos son, sin lugar a dudas, las organizaciones con más predicamento y seguimiento de la sociedad española. En cuanto a la representatividad, los datos de las elecciones sindicales tampoco dejan margen de duda, tanto CC OO como UGT en las empresas reciben de forma absolutamente mayoritaria su poder de representación con un alto nivel de participación: así, en 1978, la participación electoral fue de un 84,86%; en 1980 de un 79,59%; en 1982 de un 78,54$; y en 1986 del 79,81%,[258] porcentajes muy alejados, y favorables a los sindicatos, de la participación electoral en los comicios de naturaleza política que se vienen celebrando en España con regularidad desde 1977. Por lo que nos encontramos cada vez más en un sindicalismo de representación y no de afiliación.
Aunque ya se han mencionado con anterioridad los resultados de las elecciones sindicales, merece la pena hacer algunas puntualizaciones sobre los mismos. En primer lugar llama la atención la poca confianza en el desarrollo de los procesos electorales donde la palabra fraude es una constante:
“Lo que ha sucedido ha sido demasiado gordo para que nadie pueda creerse que se debe a iniciativas “espontáneas. Son centenares de actas con delegados de USO y UGT las que la Inspección de Trabajo ha verificado que son falsas, y existe el convencimiento de que el fraude ha sido todavía mucho mayor.”[259]
De las 909 actas fraudulentas encontradas por la Inspección del Trabajo en Barcelona, correspondían 682 a USO, 402 a UGT, 14 a CC OO, 2 a los no afiliados y 1 a la CSUT.[260] En las elecciones celebradas en 1980, el propio secretario general de USO, Manuel Zaguirre, reconoció públicamente que su sindicato había falsificado actas.[261] No obstante, es evidente que no se puede atribuir a un solo sindicato dicho comportamiento, siendo este hecho, junto a la tardanza en publicar los resultados, motivo de preocupación sobre la limpieza de los comicios.
Este “cuestionamiento” de los procesos electorales se vio también alentado por la existencia de campañas “sucias” donde la descalificación entre las principales centrales sindicales estaba a la orden del día. Como muestra de ello, la UGT vino denunciando durante las elecciones sindicales de 1982 el carácter comunista de CC OO, tratando de mostrar que la crisis del PCE y la presencia de Marcelino Camacho en la dirección del sindicato eran el signo más inequívoco de la falta de independencia del mismo.[262] Hecho este último que fue manipulado con unas fuertes dosis de demagogia, que más que favorecer al lógico debate electoral, contribuirá a enrarecer y retardar la solución de los problemas y levantar “viejos demonios familiares”, comportamiento muy al uso en las corrientes ideológicas de la derecha reaccionaria, pero no tan comprensible en un sindicato de clase como la UGT.
En segundo lugar hay que señalar que tanto los gobiernos de UCD como los del PSOE no han mantenido una posición de neutralidad, en contra con la doctrina de la OIT, respecto a las elecciones sindicales. En el primer caso se alentó la aparición de “sindicatos amarillos” y de un sindicalismo más moderado como la UGT. En el segundo de los casos, el gobierno del PSOE favoreció reiteradamente a esta última central, sirva de ejemplo que antes de las elecciones sindicales de 1986 el Ministerio de Trabajo entregó a UGT 4.144 millones de pesetas como compensación por el denominado “patrimonio histórico”, a la vez que lanzaba contra CC OO acusaciones por el impago de la cuota patronal de los asalariados del sindicato.[263]
En tercer lugar, y ya desde un análisis desde los resultados obtenidos por CC OO, se puede verificar que el triunfo en las primeras elecciones sindicales es un justo reconocimiento de su trabajo en las empresas desde hacía años, a la vez que sirve de demostración del prestigio que adquirieron sus militantes trabajando como representantes en la estructura “verticalista”. Pero en dichas elecciones CC OO tiene esa fuerza y vitalidad gracias al carácter de movimiento, lo que le hace estar muy extendida entre los trabajadores.
En cambio, en los siguientes comicios, junto a los rasgos generales de la situación política y sindical anteriormente señalados, CC OO va a pagar su difícil tránsito hacia una organización estructurada.[264] Factor este último que se va a ir diluyendo con el tiempo, pero que pone de manifiesto que la construcción del sindicato se convirtió en la dificultad más grave para poder desarrollar su política sindical.
Desde 1982, UGT se sitúa como la primera central sindical del país, acentuándose el bisindicalismo a nivel nacional. Por sectores productivos CC OO ganó en 1980 y 1982 en la industria y la construcción, mientras UGT obtiene el triunfo en todos los períodos en los servicios, y ya en 1986 consigue vencer en el resto de los sectores. No obstante, CC OO mantiene su hegemonía en las “Industrias transformadoras de metales” y en “Otras industrias manufactureras”, mientras que la UGT destaca en las actividades vinculadas a os servicios (sobre todo comercio, restaurantes y hostelería). Es decir, CC OO tiene una mayor presencia en los tradicionales “bastiones obreros”.
En función del tamaño de los centros, hay que aclarar que, para los años 1980, 1982 y 1986, UGT vence en las pequeñas y medianas empresas (tramo 50-100 trabajadores) y también en las grandes en 1982; aunque cuatro años después CC OO triunfa en las empresas que tienen “entre 101 y más trabajadores”, siendo en estas últimas donde se produce la lucha más enconada entre ambas centrales.
También es necesario destacar la mayor presencia de UGT en el denominado “segundo colegio”: así, en las elecciones de 1980, UGT consiguió el 20,1% de los delegados elegidos y CC OO el 18,7%, aunque la presencia de los “no afiliados” en este colegio es mayoritaria, el 31,2%, pero con tendencia a disminuir. Esta situación provocó un intenso debate den CC OO donde se puso de manifiesto la dificultad existente en el sindicato para el desarrollo de la acción sindical entre los técnicos, profesionales y cuadros (TPC) debido a la prioridad que se daba en la organización “a los intereses de los obreros manuales que trabajan en la industria”.[265]
IV. LA RECUPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL
El lento pero claro distanciamiento de la UGT del gobierno (las elecciones sindicales del 1986, pese al triunfo global de dicho sindicato, fue interpretado “como una derrota”) llevó a la dirección de este sindicato a una política de confrontación. A ello contribuyeron los resultados claramente negativos desde un punto de vista social[266] del período 1982/1986, donde la tasa de paro, según la EPA, se situaba en el 21,5%, superando los dos millones novecientos mil trabajadores. En el total del período se habían producido 1.417.826 despidos, la cuota empresarial a la Seguridad Social había descendido en 3,28, el poder adquisitivo había caído en 5,2%, con un aumento de la productividad del 13,2 y de la presión fiscal del 3%, todo ello con el mantenimiento de las cifras de siniestralidad laboral y el aumento de los beneficios empresariales.[267]
Estas circunstancias, junto al triunfo electoral de CC OO en las grandes empresas, el creciente distanciamiento entre la cúpula de la UGT y la dirección del PSOE y del gobierno, llevarían a Nicolás Redondo y a Antón Saracíbar a presentar su dimisión como diputados, ante las diferencias del sindicato con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988[268] (las cuentas del Reino), y a favorecer el acercamiento con CC OO.
Desde 1986 se observa, además, un cambio en la tendencia económica (acompañada del ingreso de España, el 1 de enero, en la CEE), que obliga a variar los planteamientos anteriores de una acción sindical a la defensiva (recesión-crisis, ruptura de la unidad sindical, etc.), por unos planteamientos ofensivos, que aun reconociendo el cambio de tendencia tanto en la coyuntura internacional como nacional, no dejan en el olvido lo que posteriormente se denominó “deuda socia”, obligando a su vez a reconsiderar la política de acción sindical:
“En el aspecto social y muy especialmente en la acción sindical [...], 11 años, con acuerdos y sin ellos, nos llevan a la conclusión de que cuando los hubo, la mayor parte de los aspectos sociales sobre creación de empleo o de protección a los parados, AMI, ANE, AES, etcétera, no los cumplieron, ni los gobiernos de UCD ni los del PSOE actuales. Ello nos obliga a considerar que no se deben hacer acuerdos globales que fortalezcan la posición social o política de la Gran Patronal y del Gobierno. Si a la vez desmovilizan a los trabajadores, aún menos.”[269]
Tanto el cambio en la tendencia económica, como en la actitud de UGT favorecieron el entendimiento entre ambas centrales que deciden plantear conjuntamente la negociación colectiva y hacer frente a los Presupuestos Generales del Estado de 1988,[270] llegando a un acuerdo general sobre la necesidad de transformar la política económica del gobierno y a elaborar una plataforma unitaria para la negociación colectiva.[271] A la hora de analizar el mismo, ambos secretarios generales coincidieron en el diagnóstico; así para Nicolás Redondo,
“Este país cuenta con una base económica suficiente para que pueda haber un giro social en la política económica del Gobierno, consistente en incrementar el empleo, en una justa distribución de las rentas y mayores prestaciones sociales. [Este giro en la política económica] no es una demanda sindical sino que es una demanda generalizada y completamente sentida por la izquierda sociológica y por el conjunto del país.”
en la misma línea se manifestaba Antonio Gutiérrez
“La política económica empleada para generar mejores excedentes empresariales, para conseguir la mejora de esos indicadores económicos, se hace sobre la base de abundar en las desigualdades sociales, de ensanchar las grandes sombras que tiene la economía de nuestro país”.[272]
En los meses siguientes las relaciones gobierno-sindicatos se fueron deteriorando y lo que empezó como un debate dialéctico se convirtió en una guerra de posiciones que conduciría a una prueba de fuerza: el 14-D. El gobierno optó, erróneamente, por ponerse a la defensiva con descalificaciones a los sindicatos y proyectos legislativos (Plan de Empleo Juvenil) que, en vez de aminorar la tensión, la favoreció. En este sentido se mueven las declaraciones de importantes miembros del “aparato” socialista que acusan a los sindicatos de “corporativistas” y de “cinismo”,[273] recuperando un lenguaje trasnochado[274] y tratando de politizar la huelga al calificarla de “añoranza del pasado” y de maniobra comunista.[275]
Sin embargo desde el campo sindical, se venía poniendo de manifiesto la necesidad en el cambio de la política económica,[276] por lo que ante la imposibilidad de que éste se llevara a cabo se optó por la convocatoria de un “paro general”[277] de 24 horas para el miércoles 14 de diciembre.
El llamamiento al paro[278] se realizó desde un manifiesto común (“Juntos Podemos”)[279] en el que se reconocía “la mejoría de la situación económica” y se afirmaba la necesidad de priorizar las demandas sociales “durante años postergadas”. Se acusaba al gobierno de “intransigencia” en su empeño de defender los “intereses empresariales” y de practicar una política “antisocial e insolidaria”. Junto a este análisis general se estableció una larga lista de demandas dirigidas, entre otras cosas, a mejorar la situación de los desempleados, imitar la precariedad, mejorar el poder adquisitivo y aumentar la cobertura social. Todo ello lejos de una opción corporativa, porque no van dirigidas exclusivamente a defender la base sindical.
La huelga fue un éxito rotundo. Nos encontramos ante una huelga no sólo de trabajadores (como el 28-M), sino de ciudadanos que se movilizaron contra el gobierno por más “agravios” de los que el “llamamiento” de los sindicatos contenía.
Respecto a las explicaciones que se han venido dando sobre la misma, los criterios oscilan desde los que opinan que lo que se pretendía era modificar “la relación de fuerzas en el terreno político”,[280] a los que buscan una interpretación economicista[281] o sociológica-sindical.[282]
A nuestro entender el éxito de la huelga tiene varias causas y se debe acudir para mejor entenderla a la combinación de al menos tres de ellas: 1. El reparto no solidario de los costes de la crisis económica; 2. el creciente desgaste y desilusión de los ciudadanos respecto al gobierno socialista; y 3. la alta capacidad movilizadora demostrada por los sindicatos. La explicación económica por sí sola nos permite afirmar que, en una fase alcista, los sindicatos tratan de recuperar las pérdidas sufridas durante la crisis y por lo tanto adoptan una posición más ofensiva, hecho que posibilita la huelga general pero no la desencadena. ¿Qué fue entonces lo que provocó la convocatoria? Sin lugar a dudas la actitud gubernamental de tratar de marginar, e incluso anular, a los sindicatos por no bendecir su política económica y social, la creencia gubernamental de que toda oposición se debía eliminar, y a la ausencia de “talante” democrático del gobierno para encauzar los conflictos en las sociedades industriales avanzadas. En suma, una falta de madurez democrática de los gobernantes; por ello, sí es necesario hacer una lectura política de dicha huelga.
Desde la perspectiva política nos encontramos ante una nueva situación, en la cual la coalición Izquierda Unida comienza a representar a la “izquierda social”, recuperando el papel que PSOE y PCE tuvieron durante la Transición. Ello permite a CC OO el centrarse fundamentalmente en objetivos sociolaborales.
La transformación del sindicalismo de sumisión, obligatorio y único, impuesto por la Dictadura, en un sindicalismo dialéctico, democrático y de clase, obligó al movimiento de Comisiones obreras a un profundo cambio, no exento de problemas de índole interno, y externo al encontrarse condicionado por un “mercado” sindical cada vez más competitivo, donde los grupos de presión y los partidos políticos ejercían una fuerte influencia con objeto de configurar unos sindicatos fieles a sus proyectos, lo que en más de una ocasión llevó a éstos a alejarse de la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores.
Los sindicatos no han sido ajenos al desarrollo de la Transición y por ello han tenido que adaptar sus proyectos autónomos con el fin de colaborar en un proceso, que no se saldó con beneficio para los mismos y que implicó una cesión de parte de su “ideario”, el cual trataba de profundizar más en la democracia social, aunque, como es evidente, contemplaba como premisa la construcción de la democracia formal.
Ni en sus propuestas programáticas, ni en su estructuración, ni en su acción sindical la CS de CC OO se constituyó como un sindicato comunista, aunque la influencia de sus afiliados, especialmente los militantes del PCE, en su interior fue decisiva. No obstante, su acción sindical inmediata fue elaborada y llevada a la práctica por un amplio abanico de trabajadores de muy diversa procedencia ideológica.
La actuación de la CS de CC OO se encuentra más acorde con los planteamientos de un sindicalismo reformista, pero debido a su composición e influencia ideológica asumió, en ausencia de una representación política de la izquierda social, dicho papel, ampliando sus actuaciones al campo político, al que no es ajena ni por su ideario, ni por su concepción sindical.
A nuestro entender las mayores dificultades en la construcción del sindicato estuvieron en el modelo elegido para llevarla a cabo. El llamado “sindicalismo de nuevo tipo” sirvió al movimiento de CC OO, o a los sindicatos italianos una vez éstos ya se encontraban consolidados y no en fase de construcción, mientras que en el caso que nos ocupa la “etérea” formulación y práctica que implica la acción sindical sobre los organismos unitarios de los trabajadores en las empresas, restaron capacidad y disciplina organizativa al mismo y por tanto debilitaron sus estructuras y funcionamiento. Por tanto, vemos en causas endógenas al modelo de construcción sindical uno de los motivos de la pérdida de influencia dentro del mapa sindical de CC OO.
A ello se deben añadir dos elementos más: uno, la ausencia de un proyecto definido frente a la crisis, lo que le lleva a ciertos bandazos en su táctica, que produce desilusión y abandono; y por otro lado, como factor exógeno, el intento por parte de los diferentes gobiernos, así como de la patronal y de otros sindicatos de marginar a CC OO con el objetivo de conseguir o bien una salida no progresista de la crisis, o bien la hegemonía sindical. Ambos hechos fueron conseguidos en parte, pero no con la marginación completa del sindicato, que siguió teniendo una influyente presencia en los medios laborales lo cual supuso, sin lugar a dudas, un freno a las pretensiones de cargar sobre los trabajadores el precio de la crisis y compartir la hegemonía sindical.Es imposible, en fin, analizar la Transición y la Consolidación democrática en España sin CC OO. Su papel de representante de la izquierda social le ha proporcionado, junto a la acción sindical, suficiente peso político como para convertirse en un agente activo de la vida española. Su capacidad de movilización y su presencia en los medios laborales le hicieron constituirse hasta 1988 en un sindicato con poder de negociación. Situación que se mantendrá si su estrategia se mantiene diferenciada en el mundo sindical y político, aunque se encuentra sometido a los peligros de una creciente integración, peligro que viene definido por sus necesidades financieras y por la baja tasa de afiliación sindical. Ambos elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar su comportamiento actual y constituyen el mayor reto para su futuro.
[1] SOTO CARMONA, Álvaro: “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)”. En: RUIZ, David (dir.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A., 1993, pp. 451-521[2] El 77% de los españoles a mediados de la década de los setenta opinaba así. Ver en este sentido R. López Pintor, “El estado de la opinión pública española y la transición a la democracia”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 13, enero-marzo de 1981; y A. López Pina y E. López Aranguren, La cultura política de la España de Franco, Madrid, Taurus, pp. 126 ss. En el campo sindical, en 1973 el 58% de la población era favorable a la libertad sindical, en Juan J. Linz, M. Gómez-Reino, F. A. Orizo y D. Vila (1981), Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975/1981 (IV Informe FIESSA), vol. I, Madrid, Euroamérica, 1981, p. 621.[3] Rafael del Águila, “La dinámica de la legitimidad en el discurso político de la transición”, en Ramón Cotarelo (comp.), Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 1992, pp. 58-59.[4] En el campo sindical las negociaciones se encuentran ampliamente documentadas en Ministerio de Trabajo/Instituto de Estudios Laborales y de Seguridad Social (1976 y 1977), La Reforma Sindical, nueve informes, que van desde noviembre de 1975 hasta mayo de 1977.[5] Con UGT, el 19 de agosto; con la USO, el día 27 del mismo mes; con CC.OO., el día 7 del mes de septiembre; con ELA-STV, el 21 del mismo mes; y con el SOC, el día 19 d eoctubre. El 8 de diciembre, el ministro Enrique de la Mata se entrevistó con Nicolás Redondo; el 7 de febrero, ya de 1977, con el secretario de la CS de CC.OO.; y el día 23 del mismo mes con una delegación (Zufiaur, Zaguirre, Zapata,...) de USO.[6] Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (28 de septiembre de 1976) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (18 de septiembre de 1976).[7] Marcelino Camacho, Confieso que he luchado. Memorias, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1990, p. 392.[8] Tal y como se define en la Primera Asamblea Nacional de las CC OO, Madrid, junio de 1967.[9] En junio de 1976, CC OO se hallaba presente en las siguientes plataformas unitarias: Coordinación Democrática de Aragón, Coordinación Democrática Asturiana, Asamblea Democrática (Menorca), Consejo Autónomo de Canarias (en constitución), Assamblea de Catalunya, Asamblea Democrática de Euzkadi, A Taboa Democrática de Galicia (en constitución), Coordinación Democrática de Madrid-Región y Taula de Forces Politiques i Sindicals del Pais Valencià.[10] Santiago Míguez González, La preparación de la Transición a la democracia en España, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1990, p. 419.[11] “Respuesta a una reforma”, en Gaceta de Derecho Social (GDS), núm. 64, septiembre de 1976, pp. 4-5.[12] Véase la descripción y el análisis de Comisiones Obreras, sobre estos gravísimos hechos en GDS, núm. 58, marzo de 1976, pp. 3-12.[13] Cuando se iba a proceder a la presentación pública de dicho organismo (29 de marzo), fueron detenidos algunos de sus miembros como Nazario Aguado (PTE), Marcelino Camacho (CC OO), Álvarez Dorronsoro (MCE) y García Trevijano (Independiente), conducidos a la cárcel de Carabanchel y acusados de “haber venido realizando intensas campañas destinadas al derrocamiento del Gobierno” (Ya, 2 de abril de 1976; Mundo Diario, 31 de marzo de 1976; e Informaciones, 3 de abril de 1976). Los tres primeros dejaron la cárcel el 25 de mayo.[14] Faustino Miguélez Lobo, “Las organizaciones sindicales”, en Faustino Miguélez y Carlos Prieto, Las relaciones laborales en España, Madrid, Siglo XXI, 1991, p. 213.[15] “Resoluciones aprobadas en la Conferencia Extraordinaria provincial sobre el trabajo del partido en el movimiento obrero” (29, 30 de junio y 1 de julio de 1977), en Boletín Informativo, núm. 7, Comité Provincial de Madrid, Partido Comunista de España, pp. 8-9.[16] Secretaría de Organización de la Unión Sindical de Madrid de CC OO (octubre de 1979): Informe de organización, en Fundación 1 de Mayo-Archivo Histórico de Comisiones Obreras (FPM-AHCCOO); Fondo José Casado, caja 13.[17] Unión Sindical de Madrid de CC OO (1979), Acta del Consejo Provincial de Madrid, celebrado el día 9 de abril de 1979, (Acta núm. 9), (FPM-AHCCOO); en Fondo José Casado, caja 13, p. 1.[18] Manuel Pérez Ledesma, “Los partidos políticos de la Transición”, en Tiempo de Historia, núm. 72, noviembre de 1980, p. 61.[19] Nicolás Sartorius, “Independencia sindical”, en GDS, núm. 64, septiembre de 1976, p. 16.[20] Celebrado en Madrid entre el 19 y el 21 de noviembre de 1987.[21] “Informe de la Comisión Ejecutiva Confederal al IV Congreso, el 18 de noviembre de 1987, presentado por el secretario general, Marcelino Camacho”, en Gaceta Sindical (GS), suplemento, junio de 1987, p. 9.[22] “Jugar su papel”, en GDS, núm. 61, junio de 1976, p. 3.[23] Marcelino Camacho, “Por qué Coordinación Democrática”, en GDS, núm. 61, junio de 1976, pp. 4-9.[24] “Un secretariado que informa”, en GDS, núm. 61, junio de 1976, pp. 8-9.[25] Véase el volumen global de conflictividad en estos años en Álvaro Soto Carmona, “El ciclo largo de conflictividad social en España (1868-1986)”, en Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 2, abril-junio de 1991, pp. 141-179. (Existe una versión en inglés en Review, XVI, núm. 2, primavera de 1993.)[26] Que se manifiesta con claridad en la rotunda victoria de CC OO en las elecciones sindicales de 1978, donde obtiene una representación del 34,45%, frente al 21,70% de UGT. Estos resultados son los publicados por J. A. Sagardoy y David León Blanco, El poder sindical en España, Madrid, Planeta/Instituto de Estudios Económicos, 1982, p. 116.[27] Constitución de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) entre Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO) y Comisiones Obreras (CC OO): Manifiesto a los trabajadores, firmado en Madrid el 11 de septiembre de 1976.[28] Comunicado de prensa del Comité Federal de la Unión General de Trabajadores, reunido en Madrid los días 26 y 27 de marzo de 1977.[29] “¿Quién mató a la COS?”, en GDS, núm. 72, mayo de 1977, p. 10.[30] Kudolfo Paramio, “Los sindicatos y la política en España, 1982-1992”, en Alfonso Guerra y José F. Tezanos (comps.): La década del cambio, Madrid, Sistema, 1992, p. 523.[31] Celebrado en Madrid entre el 21 y el 25 de junio de 1978.[32] “Informe General”, en Primer Congreso, Madrid, Secretaría de Información y Publicaciones de CS de CC OO, 1978, p. 11.[33] “Resumen del informe de la Comisión Ejecutiva al III Congreso Confederal, hecho por Marcelino Camacho”, en GS, núm. etraordinario, octubre de 1985, p. 5[34] Véase en este sentido Partido Comunista de España, Noveno Congreso del Partido Comunista de España (19-23 de abril de 1978), Barcelona, Crítica, 1978, “Resolución sobre Política Sindical” del Comité Central del PCE, junio de 1980, en Mundo Obrero, núm 487, de 18 de junio de 1980; y G. Morán, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España 1939-1985, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 506 ss.[35] Durante los momentos de la crisis en el PCE estaban presentes en sus órganos de dirección un número importante de miembros del secretariado de CC OO como por ejemplo: Marcelino Camacho, Julián Ariza, Félix Pastor, Antonio Gutiérrez, José Luis López Bulla, Eduardo Saborido, Tomás Tueros, Cipriano García, etcétera.[36] “Principales rasgos de la situación actual” (Análisis que presenta en nombre del Secretariado el Secretario General saliente, Marcelio Camacho), 18 de junio de 1981, en Cuadernos de Gaceta Sindical (CGS), núm. 1, pp. 10-11..[37] Antonio Gutiérrez, “La mayoría de CC OO y el movimiento sindical”, en GS, núm. 3, junio de 1980, p. 4.[38] “Principales rasgos...”, ob. cit., p. 10.[39] Ibíd., p. 12.[40] Es básico conocer las diferencias entre Transición “propiamente dicha” y consolidación, tal y como la establecen acertadamente, entre otros, Julián Santamaría, “Transición controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo español”, en Julián Santamaría (comp.), Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina, Madrid, CIS, 1981, pp. 371 ss.; y más recientemente Ramón Cotarelo (comp.), Transición política y consolidación democrática en España (1975-1986), Madrid, CIS, 1992.[41] El PSOE consiguió un 47,3% de los votos lo que le supuso su primera mayoría absoluta con un total de 202 escaños. A su vez se produce el hundimiento de la UCD (6,2% de votos y 11 escaños) y un fuerte “descalabro” del PCE (3,9% de votos y tan sólo 4 escaños).[42] Mario Caciagli, Elecciones y partidos en la transición española, Madrid, CIS, 1986, p. 149.[43] “Comunicado” de la Comisión Ejecutiva de la CS de CC OO, Madrid, 31 de octubre de 1982.[44] Marcelino Camacho, “El cambio posible y el cambio necesario”, en GS, núm. 22, octubre-noviembre y diciembre de 1982, pp. 4-5[45] “Resolución de la CE de CC OO ante los próximos electorales”, Madrid, 15 de octubre de 1985, en GS, núm. 38, septiembre-octubre, pp. 5 y 38.[46] Ibid., p. 5. Véase también “CC OO, ante las elecciones generales del 22 d ejunio”, en GS, núm. 42, junio e 1986, p. 3; posición que repitió ante los comicios del 10 de junio de 1987 (municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo). Véase la resolución, en tal sentido, de la Comisión Ejecutiva Confederal, en GS, núm. 52, junio de 1987, p. 2.[47] El PSOE obtuvo el 44,1% de los votos y 184 escaños.[48] “Ante los resultados de las elecciones generales del 22 de junio”, en GS, núm. 43, julio de 1986, p. 3.[49] Agustín Moreno, “Resultados de la política económica del gobierno”, en GS, núm. 65, septiembre de 1988, pp. 6-11.[50] “El paro fue total”, en GS, núm. 68, diciembre de 1988, p. 5.[51] “Informe general” (I Congreso, día 21 de junio de 1978), ob. cit. p. 14.[52] “CC OO en la conferencia sobre ‘Ampliación de la CEE’”, en GS, núm. 5, septiembre de 1980, pp. 45-46.[53] “Resolución General sobre el III Congreso de la CS de CC OO con los trabajadores por el empleo y la paz”, en GS, núm. extraordinario, octubre de 1984, p. 11; “Sobre el Tratado de Adhesión e España a la CEE”, en GS, núm. 40, febrero de 1986, p. 50; y Leonides Montero (1986), “El ingreso de España en la CEE”, en GS, núm 40, febrero de 1986, pp. 44-46.[54] “Resumen del informe de la Comisión Ejecutiva al III Congreso Confederal, hecho por Marcelino Camacho”, ob. cit., p. 4.[55] “Discriminación de CC OO en las Comisiones de la CEE”, en GS, núm. 54, septiembre de 1987, p. 27.[56] El 28 de octubre de 1981 el Congreso de los Diputados aprobaba la incorporación a la OTAN por 186 votos a favor y 140 en contra; en el Senado el 26 de noviembre por 106 a 60.[57] “No a la integración en la OTAN”, en GS, núm. 14, septiembre-octubre de 1981, p. 3.[58] Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la Transición, Madrid, Plaza y Janés/Cambio 16, 1990, p. 123.[59] “Por la paz y el empleo, no a la OTAN”, en GS, núm. 40, febrero de 1986, p. 3.[60] “Informe de la Comisión Ejecutiva Confederal al IV Congreso Confederal, el 18 de noviembre de 1987, presentado por el Secretario General, Marcelino Camacho”, ob. cit., p. 7.[61] “Resolución de Secretariado Confederal. La entrada en la CES”, en GS, núm. 90, diciembre de 1990, p. 41.[62] “El debate sobre la afiliación de CC OO”, en GS, núm. 16, enero-febrero de 1982, pp. 40 y 42.[63] “Cata de UGT a todas las confederaciones sindicales europeas. Asunto: Adhesión de CC OO y USO a la CES”, en GS, núm. 14, septiembre-octubre de 1981.[64] Antonio Gutiérrez, “Comisiones Obreras: una propuesta sindical de futuro” (Conferencia en el Club Siglo XXI, pronunciada el día 7 de marzo), en GS, núm. 60, marzo de 1988, p. 26.[65] Ibid., p. 33.[66] Enrique Fuentes Quintana, “La crisis económica española”, en Papeles de Economía Española, núm. 1, 1980, p. 85.[67] Luis M. Linde, “La profundización de la crisis eocnómica: 1979-1982”, en José Luis García Delgado (dir.), Economía española de la Transición y la democracia, Madrid, CIS, 1990, pp. 35-57[68] “Yn secretariado que informa”, en GDS, núm. 61, junio de 1976, p. 8[69] Véase en ese sentido, “La crisis, la reforma y los trabajadores”, Anuario de las relaciones Laborales en España 1976, Madrid, Ediciones de la Torre, 1977, pp. 267-315.[70] “El llamamiento de la COS”, en GDS, núm. 65, octubre de 1976, p. 3.[71] “Así fue”, en GDS, núm. 66, noviembre de 1976, p. 6.[72] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 53-57.[73] “Del 12 al Referéndum”, en GDS, núm. 66, noviembre de 1976, p. 3.[74] Los votos emitidos fueron un 67,11%, y de ellos el 87,87% afirmativos, lo que supone el 58,97% de los electores, en El País, 22 de diciembre de 1978.[75] Álvaro Soto Carmona, “El ciclo largo...”, ob. cit., 1991, p. 165.[76] La mayor parte de los documentos oficiales de CC OO no hablan de Pactos sino de Acuerdos, forma eufemística de rehuir el auténtico contenido de aquéllos.[77] Intervención de Enrique Fuentes Quintana en el Congreso de los Diputados, en Diario de Sesiones (Boletín Oficial de las Cortes), núm. 29, 27 de octubre de 1977, p. 1085.[78] José A. Antón, “Contenido y significado del Acuerdo Económico y Social”, en Papeles de Economía Española, núm. 21, Madrid, 1984, p. 242.[79] “El Pacto de la Moncloa”, en GDS núm. 79, noviembre de 1977, p. 3.[80] Marcelino Camacho, “CC OO y los acuerdos de la Moncloa”, en GDS, núm. 79, noviembre de 1977, p. 6.[81] Agustín Moreno, “Prólogo” a De los Pactos de la Moncloa al AES, Madrid, Confederación Sindical de CC OO, 1989, p. 11.[82] Intervención de Agustín Moreno, durante el Curso de Verano sobre Historia de la Transición española (dirigido por Álvaro Soto y Javier Tusell) en Miraflores de la Sierra, en la sesión celebrada el 5 de julio de 1991.[83] Véanse las intervenciones en el Consejo Confederal celebrado el 15 de octubre en Madrid, en GDS, núm. 79, noviembre, pp. 22-23.[84] “Informe General”, (presentado y defendido por Marcelino Camacho el 21 de junio de 1978), ob. cit., p. 28.[85] En esta línea se manifestó Rafael Ribó en su intervención en el Curso de Verano sobre la Historia de la Transición española, el día 6 de julio de 1991.[86] Intervención de Agustín Moreno en el Curso de Verano Historia de la Transición española.[87] Véase en este sentido el libro de Carlos Huneeus, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, Madrid, CIS, 1985.[88] Javier Tusell, La transición española a la democracia, Madrid, Historia 16, 1991, p. 149.[89] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del “Elefante”. La conspiración del 23-F, Madrid, El País/Aguilar, 1991, pp. 283-284.[90] Acuerdo firmado por la CEOE y la UGT, el 10 de julio de 1979.[91] Agustín Moreno, “Prólogo”, ob. cit., 1989, p. 16.[92] Posteriormente se concretaría en el artículo 87.1 del estatuto de los Trabajadores.[93] Acuerdo firmado por la CEOE y la UGT el 5 de enero de 1989, al que posteriormente se adhiere USO.[94] Ley 8/1980, de 10 de marzo.[95] Véase Ludolfo Paramio, El País, 5 de diciembre de 1982.[96] Justo Domínguez, “Diez años de relaciones industriales en España (1977-1987)”, en Ángel Zaragoza (comp.), Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Madrid, Siglo XXI, 1988, p. 82.[97] En las elecciones de 1980, según el IMAC, CC OO obtuvo 34.879 representantes y la UGT, 34.768. Se debe consultar, UGT: Elecciones sindicales de 1980. Datos computados por el Comité electoral de UGT; CC OO: Informe sobre el resultado de elecciones sindicales 1978-80; la Gaceta Sindical, núm. 9, enero-febrero de 1981, pp. 10-15; El Pueblo, 1/12/1980, con los resultados globales desde el 15 de marzo al 30 de noviembre de 1980, donde se recogen datos procedentes de la CEOE, UGT, CC OO y USO; Boletín Oficial del Estado, 14/4/1981; Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Elección de representantes de los trabajadores ante las empresas. Comparación de los resultados de 1982 con respecto a las de 1980, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1985, y M. Navarrete, Elecciones sindicales 1980, Madrid, Fundación Pablo Iglesias (Archivo Histórico), 1981.[98] Julián Ariza, “Enseñanza de las elecciones”, en GS, núm. 9, enero-febrero de 1981, p. 8.[99] Agustín Moreno y José I. Casas, “La situación laboral y sindical: nuevos elementos y perspectivas de actuación”, en GS, núm. 1, abril de 1980, p. 19.[100] Ibid., p. 21.[101] Ana Lorite, Las elecciones sindicales en Madrid (1978-1986). Una aproximación con el ámbito nacional, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1992, p. 40.[102] Miguel Rodríguez Piñero, “Negociación colectiva y acuerdos sociales”, en Papeles de Economía Española, núm. 22, Madrid, 1985, p. 283.[103] “Tras el intento de golpe de Estado, resolución de la Comisión Ejecutiva”, en GS, núm. 19, marzo de 1981, p. 7.[104] Datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de población activa, segundo trimestre de 1981.[105] Acuerdo firmado por el Gobierno (UCD), la CEOE, UGT y CC OO, el 9 de junio de 1981. Inaugura los pactos a tres bandas, y constituye un pacto político, sin concreción jurídica, por lo que no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.[106] “Principales rasgos...”, ob. cit., p. 24. (El subrayado es nuestro)[107] H. M., “Calendario del ANE”, en GS, núm. 15, noviembre-diciembre de 1981, pp. 8-15.[108] Agustín Moreno, “Prólogo”, ob. cit., 1998, p. 27.[109] “Resolución General sobre el III Congreso de la CS de CC OO con los trabajadores por el empleo y la paz”, ob. cit., p. 12.[110] Véase en este sentido J. Segura, F. Durán, L. Toharia y S. Bentolila, Análisis de la contratación temporal en España, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991.[111] Ibid., pp. 25-26.[112] “Resolución General sobre el III Congreso de CS de CC OO...”, ob. cit., p. 12.[113] Instituto Sindical de Estudios, Evolución Social en España, 1977-1987, Madrid, Instituto Sindical de Estudio, 1988, p. 45.[114] Véase la posición de CC OO ante la reconversión, en Pedro Parra (1984), “La acción sindical en la reconversión”, en GS, núm. 30, julio de 1984, pp. 14-15.[115] “Sobre la LOLS”, en GS, núm. extraordinario (III Congreso Confederal de CC OO), octubre de 1984, p. 19.[116] El Acuerdo Interconfederal fue firmado el 15 de febrero de 1983 por la CEOE y CEPYME, CC OO y UGT. “En la reunión del Consejo Confederal de 12 de febrero de 1983 fue aprobada la firma del Acuerdo Interconfederal por 98 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención”, en “El Consejo Confederal aprueba el Acuerdo Interconfederal”, en GS, núm. 24, abril de 1083, p. 6.[117] Agustín Moreno, “Prólogo”, ob. cit., 1988, p. 24.[118] En 1982, según el IMAC, CC OO consiguió 35.799 representantes frente a los 41.429 de la UGT, pasando esta central a la cabeza del mapa sindical. Se debe consultar, UGT: Elecciones sindicales de 1982. Comité electoral de UGT; El País, 1/2/1983, donde A. Saracíbar recoge datos ofrecidos por CC OO, UGT y el IMAC; Boletín Oficial del Estado, 16/3/1983; Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Elecciones de representantes de los trabajadores ante las empresas. Comparación de los resultados de 1982 con respecto a las de 1980, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1985, y Fundación Friedrich Ebert, Las elecciones sindicales de 1982, Madrid, Fundación Largo Caballero, 1983.[119] Acuerdo firmado el 9 de octubre de 1984, entre el Gobienro, la CEOE-CEPYME y UGT.[120] Justo Domínguez, “Diez años de...”, ob. cit., 1988, p. 98.[121] Ibid., p. 98.[122] “El AES, un pacto insolidario”, en GS, núm. 38, octubre de 1985, p. 3.[123] Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CC OO ante el Acuerdo Económico y Social, (FPM-AHCCOO); Fondo Delegación Exterior de CC OO, caja 18, leg. 19.[124] “1. Situación económica”, en GS, suplemento (Ponencias del IV Congreso Confederal), 1987, pp. 12-18.[125] Ibid, p. 16[126] Véanse los Cuadernos del Instituto Sindical de Estudios, números 2, 4 y 5.[127] Juan I. Palacio Moreno (1988), “Relaciones laborales y tendencias organizativas de los trabajadores y de los empresarios”, en José L. García Delgado (dir.): España. Economía, 2, Madrid, Espasa-Calpe, p. 575.[128] Existen análisis pormenorizados sobre la negociación colectiva durante estos años en la GS, núm. 18, 23, 0 (entre el número 29 y 30), 33, 35 y 39.[129] José babiano Mora y Leopoldo Moscoso Sarabia, “Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: El caso español”, en Zona Abierta, nçum. 56, 1991, pp. 121 y 173.[130] Es interesante conocer la opinión de miembros destacados del PSOE a la hora de explicar las razones del cambio de actitud de la UGT. Véanse: Ludolfo Paramio, “Los sindicatos y el sistema poítico en la España democrática: de la clandestinidad a la huelga general”; y Justo Zambrana, “El modelo sindical y la democracia industrial en España”, en Sistema, 94/95, enero de 1990, pp. 73-81 y 83-92, respectivamente.[131] La huelga fue convocada por CC OO, USO, CNT, ELA-STV y INTG.[132] “La jornada histórica del 20 de junio”, en GS, núm. 37, agosto de 1985, p. 19.[133] Luis M. González, “La huelga “según las fuentes”: de la noticia al comentario”, en GS, núm. 37, agosto de 1985, p. 38.[134] Efrén Borrajo Dacruz, Derecho Comparado del Trabajo, Madrid, Centro Iberoamericano de Relaciones Industriales, 1990, pp. 43-52[135] Ibid., pp. 43-52[136] Juan A. Sagardoy, Relaciones de trabajo y estructuras políticas, Madrid, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, 1984, p. 51.[137] Véase, entre otros, a Luis E. de la Villa y Carlos Palomeque, Introducción a la economía del trabajo, vol. 1, Madrid, Debate, 1978, pp. 375-389; Rafael Sastre Ibarreche (1987), Derecho sindical y transición política, Madrid, Tecnos y María Emilia Casas Baamonde (1977): “Reflexiones sobre la Reforma Sindical (julio de 1976 a julio de 1977)”, en Cuadernos de Derecho del Trabajo, 3, pp. 199-266.[138] Real Decreto-Ley de 8 de octubre de 1976.[139] Ley de 1 de abril de 1977.[140] Real Decreto de 22 de abril de 1977, sobre depósito de las estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley reguladora del erecho de asociación sindical.[141] Instrumentos de 13 de abril de 1977, BOE, 30 de abril.[142] Real Decreto-Ley de 2 de junio de 1977.[143] Real Decreto Ley 17/1977. Véase L. E. de la Villa, A. Desdentado, J. Montalvo, M. C. Palomeque, C. Rodríguez Navarro y J. A. Sagardoy, Comentarios al Real Decreto-Ley 17/1977 de Relaicones de Trabajo, Madrid, Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas, 1977.[144] Sociedad de Estudios Laborales, Los trabajadores y la Constitución, separata del número 4 de la Revista Cuadernos de Derecho del Trabajo, 1980[145] Artículos: 7, 9, 26, 32, 36, 37, 38, 123 y 143, básicamente. Véase Alfredo Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 85-91.[146] Francisco Alonso Soto, “Estructura del sindicalismo en España democrática”, en Documentación Social, núm. 82, enero-marzo de 1991, pp. 36-39.[147] Justo Zambrana, “El modelo sindical...”, ob. cit., 1990, p. 88.[148] Según Martín Villa la autorización se realizó por la capacidad exterior que tenía la UGT, llegándose a un acuerdo entre Pablo Castellano y José María Socías, que disfrazaban el mismo bajo el nombre de “jornada de estudios sindicales”.[149] “Todo prohibido”, en GDS, núm. 61, junio de 1976, p. 2.[150] Luis E. de la Villa y Aurelio Desdentado, La amnistía laboral, Madrid, Ediciones de la Torre, 1978.[151] “El complot de enero”, en GDS, núm. 69, febrero de 1977, pp. 4-11.[152] “Ante el complot: alerta a los trabajadores”, en GDS, núm. 69, febrero de 1977, p. 3.[153] Nicolás Sartorius, El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos sobre Comisiones Obreras, Barcelona, Laia, 1977, p. 17[154] Véanse entre otros, del documento titulado: “Ante el futuro del sindicalismo”, Madrid, 31 de marzo de 1966; “Bases y principios que consideramos fudamentales y que sometemos a la voluntad de los trabajadores”, Madrid, abril de 1967, y “Comunicado final de la Asamblea Nacional de Comisiones Obreras”, (Primera Asamblea Nacional de las CC OO), Madrid, junio e 1967, en Fidel Ibáñez y Miguel A. Zamora, CC OO. Diez años de lucha (1966-1976), Zaragoza, US de CC OO de Aragón y CS de CC OO, 1987.[155] Nicolás artorius, El resurgir del Movimiento Obrero, Barcelona, Laia, 1975, pp. 133-134.[156] Obra teórica fundamental para entender las relaciones industriales y el sindicalismo actual. Richard Hyman, Industrial Relations. A Marxist Introductions, The Macmillan Press Ltd, 1975, [Relaciones Industriales, Barcelona, Blume, 1981].[157] Nicolás Sartorius, Qué son las Comisiones Obreras, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976, p. 43.[158] Nicolás Sartorius, Qué son Las Comisiones Obreras, Barcelona, La gaya Ciencia, 1976, p. 42.[159] Santiago Carrillo, Pleno del Comité Central del PCE, 1974.[160] Nicolás Sartorius, “Dialéctica de la unidad en el movimiento sindical”, en Zona Abierta, núm. 7, 1976, pp. 16-32.[161] Ernesto Screpanti, “Los ciclos largos en la actividad huelguística: una investigación empírica”, en Historia Social, núm. 5, otoño de 1989, pp. 51-75.[162] Robert J. Flanagan, David W. Soskice y Lloyd Ulman, Sindicalismo, estabilización económica y política de rentas: la experiencia europea, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, pp. 582-587.[163] G. Bianchi, R. Aglieta y P. Merli-Brandini, “Les délegues ouvriers : Nouvelles formes de représentation ouvriére », Sociologie du Travail, vol. 30, 2, abril-junio de 1971, pp. 179 ss.[164] Unión Sindical de Madrid de CC OO/Secretaría de Organización de la US de Madrid-Región de CC OO, 1978, (FPM-AHCCOO); Fondo José Casado, caja 13, p. 15.[165] Reunión de la Comisión de Organización de la US de Madrid, celebrada el día 25-VI-79, (FPM-AHCCOO); Fondo José Casado, caja 13, p. 2[166] Secretaría de Organización de la Unión Sindical de Madrid de CC OO, 1979, Informe de Organización (6 de octubre), FPM-AHCCOO; Fondo José Csado, caja 13, pp. 4 y 6 respectivamente.[167] Ibid, p. 1.[168] Unión Sindical de Madrid, Actas del Consejo Provincial..., ob. cit., 1979, p. 6.[169] Unión Sindical de Madrid (1979), Acta de la reunión mantenida entre los delegados de los trabajadores de la Unión, responsable de personal, y comisión elegida por el secretariado para este fin (18 de abril), FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, caja 13, p. 3.[170] Eduardo Saborido, “Problemas sindicales”, en GS, núm. 10, marzo de 1981, p. 17.[171] “Intervención de Marcelino Camacho en la Asamblea de Barcelona”, en Julián Ariza, La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Barcelona, Avance, 1977, pp. 24-25.[172] Ibid, p. 27.[173] “El único miembro del secretariado no afiliado a la ORT es el encargado de la secretaría de propaganda, Francisco Esteban”, en José Luis Guinea, Los movimientos obreros y sindicales en España, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1978, p. 215.[174] Véase, entre otros, Vladimir Merino, “El Sindicato Unitario de Guipúzcoa entra en CCOO”, en GS, nú. 26, septiembre de 1981, p. 33.[175] De los diez miembros de su Secretaría Confederal tan sólo uno “no pertenece al PTE”, en José L. Guinea, Los movimientos..., ob. cit., 1978, p. 225.[176] Vésase, por ejemplo, “El SU de Alcalá de henares y la CSUT de Guardo ingresan en CC OO, en GS, núm. 27, noviembre de 1983, p. 5.[177] Julián Ariza, “Hacia el Congreso de CC OO”, en GDS, núm. 64, septiembre de 1976, p. 12.[178] Para conocer las actitudes de los trabajadores en los Comités de Empresas durante la Transición es im`rescindible conocer el libro de Robert M. Fishman, Woeking-class Organization and the Return to Democracy in Spain, Iyhaca, N. Y: London, Cornell University Press, 1990.[179] Julián Ariza, “Hacia el Congreso...”, ob. cit., 1976, pp. 12-13.[180] Para conocer las actitudes de los trabajadores en los Comités de Empresas durante la Transición es imprescindible conocer el libro de Robert M. Fishman, Working-class Organization and the Return to Democracy in Spain, Ithaca, N. Y., London, Cornell University Press, 1990.[181] “Informe presentado por Marcelino Camacho, Secretario General de la CS de CC OO ante el Consejo Confederal celebrado los día s8 y 9 de marzo de 1982, en nombre de la Comisión Ejecutiva”, en CGS, núm. 5, p. 8.[182] Marcelino Camacho, Confieso que he luchado..., ob. cit., 1990, pp. 501-503.[183] “Resumen realizado por Marcelino Camacho, en el Consejo Confederal de los días 8 y 9 de marzo de 1982”, en CGS, núm. 5, p. 27. (El subrayado es nuestro).[184] Véase en este sentido: José M. Correl, “Autonomía e independencia, características de nuestro sindicalismo”, en GS, núm. 1, abril de 1980, pp. 28-29; y “Se aprueba el proceso de integración de la corriente autogestionaria de USO, en CC OO”, en GS, núm. 2, mayo de 1980, pp. 6-8.[185] “La acción sindical de CC OO ante la crisis y el paro. II Congreso de la Confederación Sindical de CC OO”, em CGS, núm. 3, p. 37.[186] Existe una amplia bibliografía sobre este tema, pero es imprescindible consultar: M. Anglietta, Regulación y crisis del capitalismo, Madrid, Siglo XXI, 1979; Charles F. Sabel, Work and Politics. The Division of Labor in Industry, Press Syndicate of the University of Cambridge, 1082; y Anna Pollet (comp.), Farewell to Flexibility?, Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1991.[187] “La acción de CC OO ante la Crisis y el Paro”, en GS, núm. 11, abril de 1981, pp. 12-18.[188] “Nuevas tecnologías. Política industrial. Productividad”, Ponencias. IV Congreso de la Confederación Sindical de CC OO, en GS, suplemento, junio de 1987, pp. 31 y 32.[189] Nicolás Sartorius, El sindicalismo..., ob. cit., 1977, p. 116.[190] Informe de la reunión de la Comisión de Organización, FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, Madrid, 16 de octubre de 1978, caja 13, p. 2.[191] Ibid., pp. 2 y 3 respectivamente.[192] “La organización de la Confederación Sindical de CC OO”, en Primer Congreso, Madrid, Secretaría de Información y Publicaciones de la CS de CC OO, 1978, p. 8.[193] “Artículo 12. Estatutos. IV Congreso de la Confederación Sindical de CC OO, en GS, suplemento, junio de 1987.[194] “La organización de la Confederación...”, ob. cit., p. 4.[195] Julián Ariza, “Las jornadas de organización”, en GS, núm. 1, 1980, p. 31.[196] Marcelino Camacho, Confieso que he luchado..., ob. cit., 1990, p. 459.[197] Ibid, p. 429.[198] Marcelino Camacho, Confieso que he luchado..., ob. cit., 1990, p. 504.[199] “Consejo Confederal Extraordinario”, en GS, núm. 50, abril de 1987, pp. 16-17.[200] Marcelino Camacho, Confieso que he luchado..., ob. cit., 1990, p. 511.[201] “Palabras de Marcelino Camacho en torno al cargo de secretario general y el IV Congreso de CC OO”, en GS, núm. 48, febrero de 1987, p. 9.[202] Julián Ariza, La Conferencia..., ob. cit., 1977, p. 59[203] “La corriente socialista autogestionaria permanece en CC OO”, en GS, núm. 39, diciembre de 1985, p. 13.[204] Ibid, p. 13.[205] “El pluralismo en Comisiones Obreras”, en GS, núm. 40, febrero de 1986, pp. 27-39.[206] Firmado por Agustí Prats, Juan Jesús Vela, Tomás Tueros, Julián Ariza, Francisco Sancho, Juan Ignacio Marín, Juan Jesús Alfonso, Roberto Rufino, Félix Pérez, Jaime Tost, J. Blanco, Miguel Campillo Ros, Joaquín Nieto Sáinz, Ángel Campos, José Ramón García, Ángel Calvo, Manuel Galán y Enedina Álvarez. Posteriormente Joaquín Nieto, representante del sector más a la izquierda del sindicato, presentó un documento titulado: “Democracia y pluralismo en CC OO”.[207] “Por el fortalecimiento de la unidad en CC OO”, en GS, núm. 40, febrero de 1986, p. 29.[208] “Para seguir avanzando”, en GS, núm. 49, marzo de 1987, pp. 36-39.[209] “No involucrar a CC OO en problemas y debates propios que deban abordardarse en otras instancias de carácter político”, (resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO, 19 de noviembre de 1985), en GS, núm. 40, febrero de 1986, p. 28.[210] “Informe de la Comisión de garantías al Consejo Confederal”, en GS, núm. 40, febrero de 1986, pp. 41-42.[211] “Informe de la Comisión de Graantías Confederal al IV Congreso”, en GS, suplemento, octubre de 1987, p. 5.[212] “Resoluciones Comisión de Garantías Confederal 1984-1987”, en GS, suplemento, octubre de 1987.[213] “Informe 1988 en la Comisión de Garantías. Resoluciones y decisiones”, en GS, suplemento, octubre de 1989.[214] “Informe 1990 de la Comisión de Garantías, Resoluciones y Decisiones”, en GS, suplemento, mayo de 1991, p. 10.[215] “Resolución sobre el recurso interpuesto por los compañeros Julián Ariza y Ángel Campos contra determinados hechos ocurridos en el Consejo Confederal de los días 14 y 15 de enero de 1986” (Resolución de 9 de mayo de 1986), en GS, suplemento, octubre de 1987, pp. 42-45.[216] Francisco García Salve, Cimientos del nuevo sindicalismo, Madrid, Sedmay, 1978, p. 121.[217] “CC OO por la unidad libremente decidida”, en GDS, núm. 61, junio de 1976, p. 11.[218] Julián Ariza, “Hacia el Congreso de CC OO”, en GDS, núm. 64, septiembre de 1976, p. 12.[219] Elaboración propia a partir de los datos de F. G., “Los bonos de CC OO: segunda edición”, en GDS, núm. 63, septiembre de 1976, p. 43.[220] “En afiliarse está la fuerza”, en GDS, núm. 65, octubre de 1976, p. 16[221] Véase, por ejemplo, la reseña del acto en Asturias: (“Comienza la entrega de carnés de CC OO”), o de Euskadi: (“La COE entrega sus carnets”), en GDS, núm. 67, diciembre de 1976, pp. 36 y 38, respectivamente.[222] Informe sobre Finanzas-Confederación Sindical de CC OO, FPM-AHCCOO; en Fondo Delegación Exterior de Comisiones Obreras, s.f., caja 19, leg., 10, pp. 1, 2 y 6 respectivamente.[223] “Finanzas y Administración”, en GDS, núm. 83, suplemento, 1978, p. 30.[224] Comentario al Balance y Presupuesto, (I Congreso de la CS de CC OO), junio de 1978, FPM-AHCCOO; en Fondo Delegación Exterior de Comisiones Obreras, 20/14, p. 2. (El subrayado es nuestro).[225] Ibid., p. 5.[226] Ibid., p. 16[227] Balance de la situación al 31 de marzo de 1979 (primer trimestre de 1979), FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, caja 13.[228] Elementos que deben tenerse en cuenta para la campaña de cuotas, FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, caja 13, p. 2.[229] “Las finanzas de la Confederación”, en GS, núm. 6, octubre de 1980, p. 13. (El subrayado es nuestro).[230] “Organización y Finanzas. II Congreso de la Confederación Sindical de CC OO”, en CGS, núm. 4, p. 30.[231] José M. de la Parra González (1984), “Las claras cuentas de CC OO”, en GS, núm. 33, diciembre de 1984, p. 43.[232] Nicolás Sartorius, El sindicalismo…, ob. cit., 1977, p. 24.[233] A. B., “El patrimonio que nos quieren expropiar”, en GDS, núm. 69, febrero de 1977, p. 13.[234] Oficina Internacional del Trabajo, Situación sindical y relaciones laborales en España, Ginebra, OIT, 1985, p. 46.[235] Ibid, p. 46.[236] Enrique Lillo, “El patrimonio sindical, un bien exclusivo de los trabajadores”, en GS, núm. 40, febrero de 1986, p. 18.[237] Secretaría de Organización Confederal, “Situación actual del patrimonio sindical”, en GS, núm. 47, enero de 1987, pp. 19-22; y Enrique Lillo, “Patrimonio sindical: un problema sin solucionar”, en GS, núm. 51, mayo de 1987, pp. 41-43.[238] Ley 4/86 de 8 de enero. Posteriormente desarrollada por el Real Dereto 1671/1986 de 1 de agosto, que aprueba el reglamento de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.[239] Es interesante ver el análisis que realiza sobre este asunto José Cavero, Poderes fácticos en la democracia, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, pp. 495 ss.[240] Georges S. Bain y Robert Price, Profiles of Union Growth A Comparative Stastitical Portrait of Eight, Oxford, Blackell, 1980, pp. 160-163[241] José A. Sagardoy y David L. Blanco, El poder..., ob. cit., 1982, p. 127[242] El nivel potencial de afiliación lo constituye el total de la fuerza de trabajo, incluidos los parados registrados, pero excluyendo a los empresarios, los trabajadores autónomos y los miembros de las fuerzas armadas.[243] G. Sayers y R. Price, “Crecimiento de los sindicatos: dimensiones, factores determinantes y futuro”, en George Sayers Bain (comp.), Relaciones industriales en Gran Bretaña, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, p. 33.[244] “Representatividad y organización de CC OO y UGT: una comparación europea”, en Papeles de Economía Española, núm. 22, 1985, p. 235.[245] Julián Ariza, “Las jornadas de organización”, en GS, núm. 1, 1980, p. 30.[246] OIT, Situación sindical..., ob. cit., 1985, p. 29.[247] “Plan de expansión afiliativa”, en GS, núm. 60, marzo de 1988, pp. 19-20; y José M. de la Parra (1988), “El crecimiento de Comisiones Obreras”, en GS, núm. 63, junio de 1988, pp. 21-22.[248] José A. Sagardoy y David L. Blanco, El poder..., ob. cit., 1982, p. 128.[249] Víctor Pérez Díaz, El retorno de la sociedad civil, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987, p. 234.[250] Ibid, p. 234.[251] Real Decreto 3149/1977, de 6 de diciembre, que regulaba las elecciones de representantes de los trabajadores en el seno de la empresa. Dicha norma recibió fuertes críticas de todas las centrales sindicales por su carácter ambiguo y restrictivo (El País, 10 de enero de 1978 -CC OO-; El País, 11 de enero de 1978 -UGT-; y El País, 12 de enero de 1978 -USO-).[252] Para las elecciones sindicales véase: Ana Lorite, Las elecciones..., ob. cit., 1992, pp. 27-29.[253] “Esto se acordó”, en GDS, núm. 81, enero de 1978, p. 23.[254] Unión Sindical de Madrid de CC OO. Secretario de Organización de la US de Madrid-Región de CC OO, (sin fecha, pero es a finales de 1978), FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, caja 13, p. 12. (El subrayado es nuestro.)[255] Reunión celebrada en San Martín de la Vega el día 19-VI-1979, FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, caja 13.[256] Acta del Consejo Provincial de Madrid, celebrada el día 9 de abril de 1979, (Acta núm. 9), FPM-AHCCOO; en Fondo José Casado, caja 13.[257] “Paro registrado por Comunidades Autónomas”, en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Boletín de Estadísticas Laborales, núm. 32, octubre, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986, pp. 13-14.[258] Ana Lorite, Las elecciones..., ob. cit., 1992, p. 36.[259] Alfons Labrador, “Centenares de actas fraudulentas”, en GS, núm. 12, mayo de 1981, p. 13.[260] Ibid, p. 13.[261] Intervención de Manuel Zaguirre, durante el Curso de Verano sobre Historia de la Transición española, 5 de julio de 1991.[262] “CC OO no contribuirá a la batalla sindical que pretende la UGT”, en GS, núm. 19, junio de 1982, pp. 16-17.[263] “El Gobierno discrimina en época de elecciones sindicales”, en GS, núm. 44, octubre de 1986 p. 12; y José M. de la Parra, “La deuda de Comisiones Obreras a la Seguridad Social y la discriminación de los sindicatos”, en GS, núm. 50, abril de 1987, pp. 12-16.[264] Dativo escobar Prieto, “Análisis y valoración de las elecciones sindicales 80”, en GS, núm. 10, marzo de 1981, p. 42.[265] Daniel Lacalle (1982), “El problema del obrerismo en CC OO”, en GS, núm. 21, septiembre de 1982, p. 17.[266] “Balance de 1982 a 1985. Fracaso de la política económica”, en GS, núm. 48, febrero de 1987, pp. 32-35[267] Véase en este sentido el cuadro A.8.2.: “Cuenta de Resultados de la Empresa Española (porcentaje)”, en F. Monchón, G. Ancochea y A. Ávila, Economía española 1964-1990, Madrid, McGraw-Hill, 1991, p. 220.[268] Las discrepancias entre la UGT, el PSOE y el gobierno se detallan en José A. Sánchez y Roberto Santos, La conjura del Zar, Madrid, Temas de Hoy, 1990, especialmente en las páginas 19 ss.[269] “Informe de la Comisión Ejecutiva Confederal al IV Congreso Confederal...”, ob. cit., p. 9[270] “Carta de Marcelino Camacho a Nicolás Redondo”, en GS, núm. 55, octubre de 1987, p. 2.[271] Al acuerdo se llegó tras una serie de encuentros entre ambas centrales sindicales, que culminaron el día 15 de febrero de 1988. Véase en este sentido: “Amplio acuerdo entre UGT y CC OO, en GS, núm. 60, marzo de 1988, pp. 8-9.[272] Ibid, p. 8. (El subrayado es nuestro).[273] Ludolfo Paramio, “La Espiral”, El País, 1 de junio de 1988.[274] Álvaro Espina, “Prontuario para el diálogo social”, El País, 2 de septiembre de 1988.[275] José Félix Tezanos, “La Huelga General pendiente”, El País, 18 de noviembre de 1988.[276] Véase en este sentido: Agustín Moreno, “El gobierno en el país de las maravillas”, El País, 11 de agosto y “¿Giro social o “vista a la derecha”?”, El País, 12 de agosto de 1988; y José M. Zufiaur (1988), “La desconcertación”, El País, 8 de septiembre de 1988 y “Y el desconcierto”, El País, 9 de septiembre de 1988.[277] Intento propagandístico de no llamar al mismo por su nombre: Huelga General.[278] Al llamamiento de paro general hecho por CC OO y UGT se unieron: USO, CNT, ELA-STV, INTG, CXTG, Sindicato de Obreros del Campo, CNT-AIT (Cataluña), CSC, STACC, Unión de Actores, AFE, COAG y otras organizaciones sociales como: CADAN (Confederación de APYMES de Madrid) y PYMES Andalucía.[279] “Juntos Podemos”, en GS, núm. 67, noviembre de 1988, pp. 4-5.[280] Santos Juliá, La desavenencia, Madrid, El País/Aguilar, 1988, p. 16.[281] Álvaro Espina, “Los sindicatos y la democracia española.La huelga general de diciembre de 1988 y sus implicaciones políticas”, en Álvaro Espina (comp.), Concertación social, neocorporativismo y democracia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pp. 191-226.[282] Salvador Aguilar i Jordi Roca (1991), Epílg: La Vaga General del 14-D, VI, en la obra dirigida por Salvador Aguilar, Sindicalisme i canvi social a Espanya, 1976-1988, Barcelona, Fundació Jaume Bofill / Fundació Volkswagen; y Ángel Campos y José M. Álvarez, Ayer, hoy y mañana del 14-D, Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 1990.

References: artículo 15
 resolución 
 artículo 87
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto