Source: https://es.scribd.com/document/26039987/legislacion-Cooperativa-en-America-Peru-PDF-por-Yorchito
Timestamp: 2017-11-21 23:21:45+00:00

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Descripción: legislacion cooperativa en el PERU
legislacion cooperativa en el PERU
LEGISLACION COOPERATI V A EN AMERICA
(Información publicada en: http://www.aciamericas.coop)
"REALIDAD Y PROPUESTA LEGISLATIVA PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO EN UNA ECONOMIA DE MERCADO.EL CASO PERUANO"
por Alonso Morales Acosta INTRODUCCION
En la presente ponencia intento no solo informar cuál es el ordenamiento legal vigente respecto de las Cooperativas y las particularidades que lo caracterizan; sino hacer un diagnóstico de su situación legislativa teniendo en cuenta el régimen económico imperante en el Perú y la visión que tienen las autoridades en general del modelo cooperativo. Ello permite no sólo analizar la legislación, sino propugnar y promover una imagen y rol alternativo de la Cooperativa en una economía de mercado, en base a lo cual debe legislarse en el futuro. I.- EL ORDEN ECONOMICO CONSTITUCIONAL: El Perú inició en Agosto de 1990 un período de reordenamiento de la economía. Se inició una etapa de cambio, pasando de una economía intervencionista, con cierto sesgo centralista en las decisiones del Estado (control de precios, subsidios y exoneraciones tributarias, empresas públicas hasta en cines y hoteles) a una economía descentralizada, de mercado, basada en la libre competencia y en consecuencia en la libre formación de precios (oferta y demanda). Como se trata de una economía descentralizada, el orden público reclama el respeto y solidez de ciertas ins- tituciones, como son: el respeto a la propiedad privada, a la libertad individual y sus manifestaciones como: la libertad de asociación y de empresa (libre acceso y salida del mercado, libertad para estructurarla internamente e igualdad ante la ley). En este contexto, son instrumentos básicos el contrato ("honrar la palabra dada" o "no defraudar la confianza"), la responsabilidad de la sociedad civil (tanto en su manifestación civil como penal), y una Jurisdicción eficiente en la solución de conflictos (sea judicial o mecanismos alternativos como el arbitraje). En 1993 se aprobó una nueva Constitución Política del Perú que, entre otras motivaciones políticas y sociales, tenía por objeto consolidar el modelo económico referido; sentenciando que: "la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado" (Artículo 58º), se garantiza la libertad de empresa y se vigila la libre competencia (Artículos 59ºy 61º), se reconoce el pluralismo económico (Artículo 60º) pero se reduce el ámbito de las empresas públicas, ya que "sólo pueden actuar subsidiariamente por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional" (Artículo 60º); se garantiza la "santidad del contrato" (Artículo 62º); se establece la igualdad ante la ley entre diversas clases de empresas: públicas (cuando estas existen) o no públicas (Artículo 61º); así como entre el inversionista nacional y el extranjero (Artículo 63º), así como la defensa de los consumidores y usuarios (Artículo 65º); y la inviolabilidad del derecho de propiedad privada (Artículo 70º).
Es decir, el Perú se desplazó hacia un tipo de economía liberal, denominada "social de mercado" (Artículo 58º), con el fin de justificar con este matiz su apoyo a la pequeña empresa, a la actividad agraria; su programa de promoción de empleo, salud, educación y los servicios públicos y la infraestructura que desarrolla con el fin de promover la iniciativa privada. Empero, se trata de una economía de mercado y como tal su enfoque económico considera que la persona vive para maximizar sus beneficios; competir en mercados, hacer primar sus preferencias, y en general ahorrar sus costos. Naturalmente, el retrato más aproximado o típico es el de una o varias personas organizadas empresarialmente con el ánimo de ganar, de lucrar, de hacer empresa mercantil en su expresión más nítida": la Sociedad Anónima. Tipo social que objetiviza la condición de socio: no importa "quién es, sino que tiene"; ya que el volumen de la inversión influye en las decisiones, determina la apropiación de más o menos ganancias y la asunción de un riesgo proporcional a lo aportado. Se trata de la expresión capitalista de la "democracia económica" propugnada por el mercado, en la que los consumidores votan diariamente por sus preferencias, determinando con sus compras qué bienes y servicios quedan en el mercado y, en consecuencia, premiando a las empresas que supieron satisfacer mejor sus demandas. En buena cuenta, la economía de mercado es constitucionalizada, porque se considera que a través de la libre competencia se produce una mejor asignación de los recursos y bienes en el mercado; lográndose un mayor bienestar en la población, sin sacrificar los incentivos para que el modelo económico siga funcionando. Empero, también se constitucionaliza la posibilidad que el Estado corrija sus distorsiones a través de la tributación, promoción del empleo, salud y seguridad personales. II.- LA EMPRESA COOPERATIVA: La empresa cooperativa se distingue de la empresa mercantil, por los principios y reglas que caracterizan a su ente asociativo (la sociedad cooperativa) que se nutren de los valores y principios del movimiento cooperativo mundial En ese sentido, el fundamento de la asociación no es explotar una empresa para darle una renta al capital; sino explotar la organización empresarial para obtener s e rvicios en favor de los socios. Sea el servicio de vivienda, de empleo, de consumo, de ahorro y crédito, etc. Empero, indudablemente se trata de obtener un beneficio económico, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado obteniendo rentas de la organización del trabajo; en el caso de las cooperativas de consumidores maximizando la calidad, variedad y volumen del servicio; sea a través del servicio de crédito, de la obtención de una vivienda o de mayores bienes de consumo. Es decir, a través de la cooperativa se obtienen beneficios económicos; ya sea rentabilizando mejor nuestro trabajo o nuestro patrimonio. También accediendo a servicios educativos y culturales inexistentes en el mercado o inaccesibles por su costo a ciertos grupos sociales. Como quiera que la unidad asociativa (la affectio societatis) no se basa en la rentabilidad del capital; las relaciones sociales no se objetivizan en la inversión, sino que se subjetivizan a través de las necesidades de los socios que las integran. Por esa razón su estructura asociativa se basa en el control democrático (un hombre un voto) en el principio de retorno según las operaciones realizadas con la cooperativa, en la asunción de un riesgo empresarial que más que la inversión, compromete la existencia de un servicio básico para los socios. Desde esta perspectiva, obsérvese que la cooperativa se puede insertar como un modelo societario personalista en el sistema capitalista; puesto que agrupa a los clientes o a la fuerza de trabajo natural de las empresas capitalistas; con el objeto de brindarles un servicio mejor y más personalizado. Obviamente, la finalidad así declarada en los estatutos no las excluye de la competencia; puesto que si las corrientes administrativas modernas levantan los estandartes de "calidad total en el servicio al cliente" o "el recurso humano es el elemento más valioso de la empresa"; el socio o potencial socio de una cooperativa, en ejercicio de su libertad de elección, votará por aquella institución que le brinde mejores beneficios (sean estos económicos o de atención personal). Cabe resaltar que el prototipo de "hombre económico" (de una economía de mercado) no es el tipo ideologizado; sino el pragmático que elige lo que mejor satisface sus necesidades. En ese orden de ideas, la cooperativa tiene razón de ser
en la medida que satisfaga el interés individual del socio. Es decir, sólo si cumple con su objeto estatutario eficientemente, para que su prestación se erija en la mejor opción. En conclusión la cooperativa es un modelo que puede funcionar en una economía competitiva; cuando satisfaga necesidades no cubiertas por las empresas mercantiles, o cuando ofrezca un mayor beneficio (sea en valor agregado o servicios), o cuando enfrentándose directamente a una empresa mercantil ofrezca mayor calidad y eficiencia en sus servicios. III.-EL PARADIGMA DISTORSIONADO DE LA EMPRESA COOPERATIVA: 3.1. Las razones. Son varias las razones por las cuales se distorsiona la imagen y fines de una cooperativa, atentando contra su propia estabilidad interna, la confianza e interés de sus socios y de la autoridad estatal. Algunas de estas razones pueden resumirse del modo siguiente: a) Ideologización de la cooperativa.- Se pretende persuadir a sus miembros de la bondad del modelo en sí mismo únicamente por sus fines, excluyendo su funcionamiento. Vale decir, se olvida que si algo no funciona adecuada y eficientemente simplemente no cumplirá con sus fines. b) Falta de consciencia del entorno económico.- No se visualiza ni analiza el mercado y sus retos. No se tiene en cuenta que el mundo está cambiando, que aunque no se desee habrá que competir y que los clientes son cada vez más exigentes sea en las condiciones de trabajo (si se trata de trabajadores) o de condiciones de venta (si se trata de consumidores). c) La distorsión del concepto "ausencia de lucro".- Generalmente escuchamos críticas relacionadas con la ausencia de lucro de las cooperativas al amparo de las cuales se rechaza el cobro de tasas de interés tan altas; se propone no incrementar el patrimonio sino distribuir el remanente o, desde otro punto de vista, se pretende hallar una contradicción ontológica al afirmar que si no hay fines de lucro, porque se brinda beneficios económicos a los socios. Esta última crítica es la más fácil de absolver, pues las cooperativas brindan beneficios económicos, por que ese es su fin, sólo que aquellos (los beneficios económicos) no se materializan en dinero, sino en servicio. El concepto de lucro, brindado por el derecho mercantil ha estado sesgado fundamentalmente por el beneficio de capital. Las críticas relacionadas con el patrimonio deben ser aclaradas en dos planos: el patrimonio del socio y el patrimonio de la Cooperativa. En cuanto al patrimonio del socio es una realidad que la cooperativa (en base a los servicios) produce beneficios económicos que redundan en su esfera patrimonial. En cuanto al patrimonio de la Cooperativa, no cabe duda que éste es instrumento para beneficiar a los socios; empero también es obvio que si este tiene mayor volumen (el patrimonio), mejores son las condiciones del servicio. En ese orden de ideas, el incremento del patrimonio social no atenta contra los fines, sino justamente asegura su cumplimiento. De otro lado, resulta elemental afirmar que "ausencia de lucro" tampoco significa que la cooperativa deje de cubrir sus costos, pues como cualquier empresa debe hallar su punto de equilibrio. El distanciamiento del punto de equilibrio debe basarse en ingresos más que en gastos, de lo contrario, la existencia de la cooperativa habrá sido fugaz y efímera. Además, si llega a producirse remanente éste finalmente retornará a los socios. d) Exigencia de privilegios.- En una economía de mercado la regla es la libertad, por lo cual se establecen marcos generales y flexibles, y lineamientos bajo las cuales debe desarrollarse la actividad económica. En este contexto la ley debe ser igual para todos. No cabe particularismos, ni excepciones ni privilegios; puesto que ello significaría discriminación ante la ley. En ese orden de ideas, si una cooperativa desea intervenir en el mercado para brindar un servicio cómodo y barato a sus socios (clientes) realizando una operación semejante a la de cualquier empresa mercantil; simplemente se aplicará a su actividad la legislación administrativa, tributaria o laboral pertinente como a cualquier otra actividad en el mercado. Los fines a los cuales se dedique la empresa y sus recursos pueden ser muy loables o altruístas, pero por el hecho de participar en el mercado sus operaciones deberán ser tratadas en igualdad de condiciones.
En este contexto, una institución que exige beneficios tributarios para actividades económicas semejantes a la de cualquier otro agente económico, desentona con la lógica del orden económico establecido. Mas aún si la autoridad estatal constata, que muchas veces, la viabilidad de estas empresas reside -justamente- en no afrontar el costo tributario. Se es viable, no por explotar eficientemente recursos, sino por no pagar impuestos. Es decir, la ventaja competitiva que le permite mantenerse en el mercado resulta de un privilegio frente al otro. e) Trascendencia Pública de problemas internos.- Este ha sido uno de los grandes males del cooperativismo peruano, que naturalmente dañó su imagen. Ello significó una invitación abierta para que los políticos profesionales puedan usar la Cooperativa como caja de resonancia de sus posiciones frente al Gobierno de turno. 3.2. El perfil distorsionado.En este contexto, la Empresa Cooperativa no es comprendida, pues si se trata de su carácter no lucrativo (que ni sus propios socios entienden bien) se le visualiza como una sociedad anacrónica (que quiere asociar a gente bien intencionada que no quiere lucrar) o, en otro extremo, se le mira como un modelo de derecho público (al haber sido instrumentalizada políticamente por gobiernos estatistas) y que conviene privatizar. En el mejor de los casos, se le ve como una utopía; porque se cree que mal puede funcionar un modelo solidario (de gente altruísta y soñadora) dentro de una economía de mercado, cuando en realidad lo único concreto es el interés económico. Desde esta perspectiva, la consecuencia legislativa es obvia: no existe preocupación por promocionar un modelo que simplemente no llega a tener estabilidad y permanencia en su crecimiento; que su éxito es aleatorio; que su toma de decisiones es poco dinámica (dadas las limitaciones de las personas que conforman sus Consejos) y que, por su carácter "altruista", seguramente debe neutralizar los incentivos suficientes para que los inversionistas, técnicos y ejecutivos altamente calificados se interesen por este tipo de institución. Interesa pues promover el crecimiento sostenido de empresas competitivas, flexibles y generadoras de puestos de trabajo, en la que todos quieran ganar, tanto el capital como el trabajo y que, en base a la competencia generen mayor bienestar para la comunidad. Bajo este marco van desapareciendo las instituciones de promoción, asi como las normas administrativas y tributarias de fomento; ya no se cree que el cooperativismo sea la solución para contribuir eficientemente al "desarrollo económico"; sino por el contrario, simplemente se trata de entidades que pueden coexistir con sus propios problemas y fines; pero en igualdad de condiciones con los demás agentes económicos. No obstante lo señalado, el mayor o menor grado de intervencionismo estatal, que encontramos en la actual legislación peruana, se debe fundamentalmente a la profunda crisis que pasaron las Cooperativas durante el proceso de estabilización económica; lo cual obligó a una supervisión más rigurosa por parte del Estado. IV. LA REALIDAD LEGISLATIVA La Ley General de Cooperativas, sigue estableciendo un régimen sumamente genérico y flexible relativo a la constitución y operaciones que las cooperativas de diversos tipos pueden efectuar. Empero, existe legislación complementaria que ha ido regulando algunos aspectos de su constitución, de sus operaciones, de su supervisión, de su régimen tributario, etc.; con el fin de equipararlo, de alguna manera, al resto de empresas. Asimismo, se ha producido legislación que ha tendido a desincentivar la permanencia del modelo en ciertas actividades económicas. En este contexto, quisiera situar la atención en los sectores de ahorro y crédito, de trabajo y fomento del empleo, educativo y agrario (con especial énfasis en el sector agrario azucarero). 4.1. El sector de Ahorro y Crédito.- Este sector se encuentra regulado naturalmente por la Ley General de Cooperativas, la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley de Bancos, la Resolución SBS Nº 190-95 "Reglamento de Operaciones y Supervisión", la Resolución SBS Nº 572-97 "Reglamento aplicable a las Empresas del Sistema Financiero para la Evaluación y Clasificación del deudor y la Exigencia de Provisiones"; y algunas otras Circulares expedidas por la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS- y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito -FENACREP-; así como legislación complementaria. Veamos como opera esta normatividad en los aspectos relativos a constitución, operaciones, supervisión y tributación.
4.1.1 Constitución: Las cooperativas de ahorro y crédito pueden constituirse libremente. Empero, tanto los Estatutos de constitución como de reforma, deben pasar previamente a consulta de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú -FENAC R E P-. Esta puede proponer tachas o impugnaciones a su inscripción, dentro de 30 días útiles de recibido el expediente. La finalidad de la norma es que la Federación pueda orientar al legislador sobre las normas cooperativas vigentes. Si bien este paso es útil en la práctica, resulta ocioso si es que el registrador conoce perfectamente las normas que debe aplicar. 4.1.2. Limitaciones a las operaciones: En relación a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que sólo operan con sus socios, la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702, dispone en su inciso 7: • Que sólo pueden captar recursos de sus socios cooperativistas; • Que sólo pueden otorgar créditos a sus socios cooperativistas; • Que no podrán ser autorizadas a captar recursos del público; • Que sus depósitos no se encuentran incluidos dentro del sistema del Fondo de Seguro de Depósitos. De otro lado, la Superintendencia de Banca y Seguros se ha reservado la facultad de regular las operaciones de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que no operan con el público. En armonía con lo señalado, actualmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito que no captan recursos del público se encuentran sujetas a un "Reglamento de Operaciones y Supervisión", análogo al Reglamento de Operaciones que existe para los bancos. Debemos señalar que este "Reglamento de Operaciones y Supervisión" fue aprobado mediante la Resolución SBS Nº 190-95. En cuanto a los límites legales establecidos en el referido Reglamento, podemos señalar las siguientes: • No se establecen fórmulas similares a las de los bancos para tener un mayor volumen de patrimonio efectivo. Por ejemplo, en el caso de los bancos, los denominados "Bonos Subordinados" no redimibles, son considerados parte del patrimonio efectivo por el íntegro de su valor (Artículo 233º de la Ley Nº 26702). • La tenencia de acciones y bonos no podrá exceder el 15% del patrimonio efectivo ni deberá superar el plazo de un año (inciso "b" del Artículo 10º) Cuando se trate de participaciones en otras Cooperativas o de acciones en sociedades que tengan por objeto brindar servicios a los socios, el límite no deberá exceder del 50% de su patrimonio efectivo, careciendo de aplicación el plazo de un año (inciso "b" del Artículo 10º). • El monto total de los créditos que se otorgue a un socio directa o indirectamente, no podrá exceder el cinco (5) por ciento del patrimonio efectivo de la Cooperativa (inciso "a" del Artículo 10º). • La adquisición de bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de sus actividades, no podrá exceder en conjunto del 30% del patrimonio efectivo (inciso "c" del Artículo 10º). • Los créditos directos y contingentes otorgados a otra Cooperativa y los depósitos constituídos en ella, no pueden exceder el 20% del patrimonio efectivo (inciso "d" del Artículo 10º) El "Reglamento" señala que estos límites porcentuales podrán ser modificados por la SBS a solicitud debidamente fundamentada de una Cooperativa, previa aprobación de la Asamblea de Socios. La solicitud deberá ser presentada a través de la Fenacrep. Ahora bien, en relación a la exigencia de provisiones, evaluación y clasificación del deudor, es preciso señalar que actualmente rigen las disposiciones de la Resolución SBS Nº 572-97 "Reglamento aplicable a las Empresas del Sistema Financiero para la Evaluación y Clasificación del deudor y la Exigencia de Provisiones". Este Reglamento, es aplicable a las empresas del Sistema Financiero; y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público. Se establece un tratamiento igual aunque riguroso dado que se opera con dinero. En general el régimen pretende ceñir a las cooperativas a operaciones con sus socios y que dirigen sus activos al servicio de crédito, no distrayendolo en operaciones distintas. En lo demás se trata de darles un tratamiento análogo al de las empresas del sistema financiero, tanto en prohibiciones, limitaciones como en la aplicación de las provisiones.
No obstante el tratamiento legislativo similar, se excluye a las cooperativas del "Fondo de Seguro de Depósito", lo cual daría cierta imagen de desconfianza en el mercado. Empero, en contrapartida la cooperativa no tiene la obligación de efectuar encaje en el Banco Central de Reserva, lo que le permite un mayor manejo de liquidez 4.1.3. Operaciones con terceros y distorsión del modelo: La Ley Nº 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros" (que empezó a regir el 10 de Diciembre de 1996), contempló "aparentemente" la posibilidad que las cooperativas contaran con autorización para captar recursos de terceros no socios, haciendo en este caso intermediación financiera. La realidad es que la Ley optó por regular una "cooperativa distorsionada" a la cual habría que adecuarse si se optaba por solicitar dicha autorización. En efecto, se dispuso que a dicha "cooperativa" no se le aplican las reglas de la Ley General de Cooperativas sino de la Ley General de Sociedades, el capital social estaría representado por acciones sociales, (regidas por el régimen de sociedades anónimas), contarían con Reserva Legal y no con Reserva Cooperativa, quedando sujetas al control exclusivo de la Superintendencia de Banca y Seguros. De otro lado, se dispuso la repartibilidad de la "Reserva Cooperativa" si es que alguna ya constituida solicitaba autorización para captar recursos del público. Esto se ejecutaría dándole el tratamiento contable de una simple Reserva Legal, misma que podría capitalizarse en favor de los socios. En buena cuenta, se desconfía del modelo cooperativo para captar recursos del público. Por eso las dos últimas leyes del sistema financiero, tanto el D.Leg. 770 (vigente el 01.11.93 al 09.12.96), como la Ley 26702 (vigente desde el 10.12.96), no contemplaron la posibilidad de constituir "Bancos Cooperativos", a diferencia del Decreto Legislativo Nº 637 (vigente desde el 26.04.91 hasta el 31.10.93) que sí los contempló. De igual manera las cooperativas de ahorro y crédito que quieran captar recursos del público, dejarán de tener naturaleza cooperativa y propiamente actuarán como una sociedad de capitales. En conclusión las cooperativas se ciñen a las operaciones entre sus socios y todo lo que sea típica intermediación financiera puede realizarse sólo a través de sociedades anónimas. 4.1.4. Régimen de supervisión: Tiene propiamente dos esferas, la que corresponde a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito FENACREP- y la que corresponde a la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS-. La SBS regula las operaciones de las Cooperativas, puede realizar sus propias inspecciones y adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias patrimoniales o administrativas que detecte. Empero, no actúa directamente, sino fundamentalmente a través de la Fenacrep. Para tal efecto la Fenacrep tiene las siguientes facultades: 1.- Recabar información; 2.- Efectuar auditorias externas; 3.- Disponer medidas económicas, financieras y administrativas con el fin que alcancen un nivel adecuado de solvencia. Como puede apreciarse la ley 26702 "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenencia de Banca y Seguros" ha reconocido también a la Fenacrep algunas de las facultades que corresponden a la SBS, para facilitar la supervisión directa. 4.1.5 Respecto al régimen tributario: Cabe mencionar que las cooperativas se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta por las operaciones que realizan con sus socios (Artículo 66º inciso 1 de la Ley General de Cooperativas). En consecuencia, no estarían afectas al Impuesto a los Activos creado por Ley Nº 26777, dado que comprende las mismas inafectaciones establecidas para el Impuesto a la Renta. Es menester precisar, que recientemente el Tribunal Fiscal ha emitido una Resolución contradictoria desconociendo la vigencia de la mencionada inafectación al Impuesto a la Renta, la cual se encuentra en revisión ante el Poder Judicial. Naturalmente, el desconocer esta inafectación estaría afectando a las coperativas con el impuesto a los activos. En realidad la "Autoridad Tributaria" entiende poco sobre la naturaleza de una cooperativa o sobre las disquisiciones
basadas en el "Acto Cooperativo" (y sus diferencias con el "Acto de Comercio"), pues simplemente quiere aplicar dichos tributos a cualquier agente económico con presencia en el mercado. 4.2. El Sector de Servicios Educacionales: Es menester precisar que este ha sido el sector más estable, los colegios cooperativos no fueron afectados dramáticamente con la crisis, no han desaparecido, más bien han crecido y se han modernizado. 4.2.1. Constitución y Funcionamiento: Las cooperativas de servicios educacionales no tienen ninguna traba para constituirse, empero, para que sus centros y programas educativos puedan funcionar se necesita que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación ("autorización de funcionamiento"), al igual que cualquier otra institución educativa. La novedad se presentó con ocasión de la publicación del D.Leg. 882 del 09.11.96, "Ley de Promoción de la Inversión en la Educación"; que contempló que las instituciones educativas particulares podían organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal: "Artículo 4º.- Las Instituciones Educativas particulares, deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal". Como puede apreciarse lo realmente nuevo es que un centro educativo puede ser conducido por una sociedad anónima, y no sólo por una asociación civil sin fines de lucro ni una cooperativa de servicios educacionales. Lo cual implica, que se generará una competencia entre instituciones sin fines de lucro e instituciones con finalidad lucrativa; puesto que ambas pueden terminar atendiendo a los mismos sectores. 4.2.2. Supervisión: Las Cooperativas de Servicios Educacionales y sus centros o Programas Educativos se encuentran sujetos a la supervisión del Ministerio de Educación (Art.8º del D.Leg. 882). En este aspecto, no existe diferencia con cualquier entidad promotora de actividades educativas. Este tipo de cooperativas al igual que las Sociedades Mercantiles, también tienen la obligación de presentar sus Estados Financieros a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Décimo Cuarta Disposición Final del D.Leg. 861 "Ley del Mercado de Valores"). 4.2.3. Aspectos tributarios: Es menester precisar que las instituciones sin fines de lucro en general se encuentran exoneradas del Impuesto a la Renta hasta el 31.12.2000, mientras que las entidades con fines de lucro se encuentran afectas al Impuesto a la Renta. Empero, gozan de un crédito contra el 100% de dicho impuesto si reinvierten la totalidad de su renta neta (Artículo 13º del D. Leg. 882). En relación al Impuesto General a las Ventas -IGV- se inafecta expresamente la transferencia de bienes y la prestación de servicios exclusivamente para sus fines propios (inc. "g" del Art. 22º del D.Leg. 821, modificado por Art. 22º D.Leg. 882) En relación al Impuesto a los Activos, las instituciones educativas particulares se encuentran exoneradas de dicho impuesto de conformidad con el Art. 4º del D.S. 036-98-EF "Texto Unico Actualizado de Impuesto Extraordinario a los Activos Netos". Como puede apreciarse la situación tributaria de todas estas entidades es homogénea. Se incentiva la reinversión, puesto que no se grava los activos, no se grava la renta (siempre que las empresas mercantiles las reinviertan) y no se grava con IGV la actividad educativa. En conclusión, en este momento el régimen jurídico promueve la competencia entre las instituciones no lucrativas (como las cooperativas de servicios educacionales) y las instituciones con finalidad lucrativa (como las sociedades anónimas). 4.3. Las Cooperativas de Trabajadores:
En cuanto a las cooperativas de trabajadores interesa referirse a aquel sector que según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV- representó en 1997 el 51% de la totalidad del sector cooperativo (sin considerar las de ahorro y crédito). Las Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo aparecen como alternativa de empleo en medio de una gran desocupación y como alternativa de formalización a una gran cantidad de servicios prestados de modo informal. Facilitó el desarrollo de estas cooperativas la existencia de un régimen laboral excesivamente rígido (sobre todo en materia de despido y la administración de sobrecostos laborales). Las cooperativas de trabajo y fomento del empleo posibilitaron que las empresas usuarias pudieran subcontratar los servicios, asumiendo total o parcialmente el desarrollo de alguna de las etapas del proceso productivo de aquellas; para el efecto, las cooperativas podían destacar a sus socios trabajadores (sin límite) a los establecimientos de las empresas usuarias. El manejo profesional de los gerentes de estas cooperativas, la flexibilidad en la contratación con las empresas usuarias, la capacitación del personal, su manejo a través de economías de escala, la reingeniería de las empresas y las modernas tendencias administrativas basadas en la subcontratación ("outsourcing") posibilitaron un crecimiento inusitado entre los años 1992 a 1996. Hacia Julio de 1995, con la dación de la Ley 26513 que reformuló el D.Leg. 728, se produce una flexibilización del régimen laboral de la actividad privada, eliminando el derecho de reposición dejando, tan solo una indemnización por despido arbitrario para el "dependiente". En este momento, empieza una campaña muy fuerte del sector de profesionales de derecho laboral, que consideraron que ya no habia razón, para buscar la subcontratación a través de cooperativas; sino que debía contratarse directamente a los trabajadores para que así los reclamos laborales y los derechos colectivos (el conflicto laboral) se produzcan y resuelvan directamente, sin que sean desplazados a la cooperativa. Esta campaña, sumada al desprestigio de las "services" (empresas de intermediación laboral) más la inefable existencia de cooperativas de trabajo con problemas internos (malos dirigentes, administración irregular y desordenada, y falta de pago a socios trabajadores) y la ausencia de un órgano de control cooperativo; generó que la misma ley de flexibilización impusiera algunas limitaciones a la actividad de estas cooperativas. Por ejemplo: se estableció un límite al destaque a los socios trabajadores (no podían exceder del 50% de los trabajadores dependientes de la empresa usuaria) también se estableció que debían gozar de los ingresos y beneficios laborales mínimos del régimen laboral de la actividad privada (lo cual no fue una novedad por que ya los tenían), pero se exigió que los socios trabajadores destacados debían gozar, al menos de ingresos y condiciones de trabajo análogas a la de los trabajadores dependientes de la empresa usuaria. Asimismo mediante D.S. 004-98-TR, se ha exigido a la cooperativa que afiance el pago de los beneficios sociales. 4.3.1 Constitución: Las cooperativas de trabajo y fomento del empleo se rigen para efecto de su constitución por las normas generales que rigen a cualquier persona jurídica. Empero, para su funcionamiento, se ha establecido que deben inscribirse en un "Registro de Cooperativas" que conducirá el Ministerio de Trabajo y Promoción Social (Art. 4º y 10º del D.S. 004-98-TR). Los requisitos para contar con este registro aún no han sido definidos, pero se descuenta que entre estos se establecerá el relativo a la fianza bancaria para garantizar derechos y beneficios sociales. Exigencia, que como ya hemos referido es considerado ilegal por las cooperativas, ya que consagraría un trato discriminatorio al institucionalizar un requisito no exigido para otras empresas. 4.3.2. Límites a sus operaciones: 1) Se ha limitado el destaque de los socios trabajadores a los establecimientos de las empresas usuarias en un número que no puede exceder del 50% de trabajadores de la empresa usuaria. 2) Se ha establecido una fianza por un monto equivalente a una planilla mensual de la cooperativa; sin tener en cuenta que muchos derechos y beneficios pueden haber sido pagados por la empresa usuaria, o ya pagados al socio trabajador. 3) Se han homologado los derechos y beneficios del socio trabajador, equiparándolos a los que pueda tener cualquier trabajador de una empresa mercantil; al sujetar su régimen al que rige para el trabajador dependiente. 4.3.3. Supervisión: Las cooperativas de trabajadores se encuentran sujetas a la supervisión del Ministerio de Trabajo fundamentalmente en lo relativo al pago de ingresos y beneficios asociativos laborales (Art. 104º del D.S. 001-96-TR). Se encuentran sujetas
también a la supervisón de sus estados financieros por cuenta de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV- (Décimo Cuarta Disposición Final del D.Leg. 861 "Ley del Mercado de Valores"). 4.3.4. Tributación: En lo que se refiere a tributación estas cooperativas están sujetas al régimen general y no tienen ningún tipo de exoneración o inafectación. Tributan el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto a los Activos, y sus socios trabajadores tienen a su cargo los mismos tributos que afectan a los trabajadores dependientes. Como puede apreciarse, a las cooperativas de trabajo y fomento del empleo se les ha impuesto forzosamente el régimen de ingresos y beneficios propios del trabajo dependiente. También la tributación que corresponde a cualquier empresa mercantil y una serie de cargas y limitaciones en su operatividad legalmente discriminatores. Cabe resaltar que el legislador no ingresa al control asociativo, que es donde muchas veces se producen los problemas de estas cooperativas, sino simplemente al control externo de la actividad y a los ingresos y beneficios laborales previstos en defensa de los trabajadores dependientes que no tienen la condición de titulares de la empresa mercantil. Vale decir, se impone a la cooperativa un régimen laboral propio de una empresa mercantil, desnaturalizando así su régimen interno. 4.3.4. Jurisdicción Laboral: En cuanto a la Jurisdicción, es menester precisar que de conformidad con lo dispuesto por la última Disposición Complementaria del D.S. Nº 002-97-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley del Fomento del Empleo - "Ley de Formación y Promoción Laboral"-, los Juzgados Especializados de Trabajo y Salas Laborales, conocen "(...) agotada la vía interna, las cuestiones litigiosas que se promuevan entre las cooperativas de trabajadores y sus socios trabajadores en las materias asociativos- laborales (...)". Señala además que "(...) Los conflictos no basados en este vínculo asociativolaboral y que sean análogos a los que puedan surgir entre cualquier socio y las cooperativas de otras modalidades o tipos siguen sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Salas Civiles". Esta es la única referencia que existe para determinar que los temas cooperativos se ventilen en un Juzgado Especializado. En este caso, por afinidad, los asuntos particularmente relacionados con la relación asociativo laboral serán conocidos por los Juzgados de Trabajo. Es más, el uso legislativo del concepto "vínculo asociativo- laboral" significa reconocer la naturaleza distinta de la relación socio y cooperativa de trabajo. Esta Jurisdicción es aplicable a toda clase de cooperativas de trabajadores, no sólo a las de Trabajo y Fomento del Empleo, actualmente muy sesgadas por los derechos y beneficios económicos propios del régimen laboral común. De otro lado, es menester precisar que el ordenamiento jurídico peruano permite establecer -estatutariamente- la adopción de mecanismos alternos de solución de conflictos. En efecto, conforme al Artículo 12º de la Ley General de Arbitraje (Ley Nº 26572), tanto las sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles y demás personas jurídicas -incluyendo a las cooperativas naturalmente-, pueden establecer estatutariamente un "Arbitraje Obligatorio" para solucionar las controversias que pudieran suscitarse con sus miembros (socios o asociados), así como las que surjan entre éstos respecto de sus derechos; las relativas al cumplimiento de los estatutos o validez de acuerdos, y para las demás que versen sobre materia relacionada con las correspondientes actividades, fin u objeto social. 4.4. El Sector Agrario: En este sector es donde se ha visto con mayor nitidez una política legislativa dirigida a promover un cambio de modelo empresarial. En primer lugar cabe resaltar que la normatividad sobre constitución, funcionamiento, operaciones y supervisión de la actividad agraria es la misma, sea "empresa cooperativa" o "mercantil" La novedad de la "Ley de Promoción a las Inversiones en el Sector Agrario" (D.Leg. 653) consistió en declarar que cualquier persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, sea sociedad de personas o de capitales, podía conducir la tierra en igualdad de condiciones. Vale decir para ser propietario de la tierra ya no era necesario trabajarla directamente, sino que podía conducirla una sociedad de inversionistas. En este contexto, se consideró que la "Reserva Cooperativa" era un escollo para la inversión
y no generaba incentivos suficientes para acumular riqueza en las empresas que debían desarrollar el agro. De tal manera, que se determinó que en caso de cambio de modelo empresarial a una sociedad mercantil, el 50% de la "Reserva Cooperativa" formaría parte de la "Reserva Legal" de la nueva sociedad, y el otro 50% le sería acreditado al socio en calidad de participaciones o acciones (Primera Disposición Final del D.Leg. 653, y Artículo 3º del D.L. 25602). Es decir, se promocionaba el cambio de modelo empresarial, permitiendo la repartibilidad de la "Reserva Cooperativa" y su distribución directa (a través participaciones o acciones liberadas) o de manera indirecta acreditando un 50% en una "Reseva Legal" repartible de una sociedad mercantil. No obstante lo mencionado, quisieramos resaltar que la promoción por el cambio de modelo no quedó ahí, sino que tuvo su faz mas agresiva con la agroindustria, en particular con las empresas agrarias azucareras. Estas habían pertenecido antes de la reforma agraria a los hacendados más solventes del Perú (conocidos como los "barones del azúcar"), empero bajo el modelo cooperativo y, sobre todo, por las políticas intervencionistas que controlaban los precios del azúcar; el sector devino en la crisis más profunda. En efecto, los ingenios azucareros trabajaban con maquinarias y equipos obsoletos, contaban con tecnología antigua, la reinversión había sido muy escaza, la disciplina laboral no existía, las deudas laborales eran cuantiosas (sobre todo a los propios socios trabajadores), no se pagaba a provedores y uno de los principales acreedores era el Estado. Mediante el D.Leg. 802 se estableció el denominado " Programa Extraordinario de Regularización Tributaria " - P E RTA, con el fin de producir un saneamiento económico financiero de las empresas agrarias azucareras. El mecanismo fundamental consistía en que si la Asamblea General cambiaba de modelo empresarial (a sociedad anónima), podía pagar el 30% de la deuda tributaria con la entrega de acciones (capitalizando la deuda) y mientras que el otro 70% quedaba condonado. Ello exigía además que se capitalice el 50% de los beneficios sociales. Como quiera que las otras opciones significaban desembolsos muy grandes, entre 20% (como requisito para pago fraccionado) y 40% al contado (para cancelar la totalidad de la deuda); simplemente la única opción viable fue la del cambio de modelo empresarial. No aceptarla implicaba la cobranza coactiva y la quiebra definitiva de estas empresas. El cambio de modelo empresarial posibilitaba que las acciones se coticen en bolsa, o que se subastase un paquete que permitiera el control de un inversionista nacionalqa o extranjero, que con nuevos capitales pudiera reflotar las empresas y colocarlas en un nivel realmente competitivo. Actualmente la totalidad de ingenios azucareros (doce) son conducidos por sociedades anónimas y al me- nos dos son controladas actualmente por inversionistas nacionales, y tres están subastando sus acciones a través de ofertas internacionales. Sería mezquino desconocer que en este sector (el agroindustrial) el modelo de trabajo asociado no funcionó; sea por la razón que sea: magnitud, falta de preparación de los socios trabajadores, su incapacidad para autoimponerse una eficiente disciplina laboral, el intervencionismo estatal, etc.; el hecho es que con esta salida realmente se extendió una posibilidad de reflotamiento para empresas prácticamente fuera del mercado. No obstante, también es cierto que las alternativas que e ofrecieron no dieron ninguna oportunidad a la subsistencia del modelo cooperativo. Ni en el caso de cooperativas que eran administradas más eficientemente (vgr. Cooperativa Agraria Azucarera Andahuasi). El legislador sólo estableció una política general y escogió al modelo societario que mejor se ajustaba a una política de inversión y mercado: la Sociedad Anónima. V.- VISION Y ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS COMPETITIVAS: Si fuera cierto lo que pretende Francis Fukuyama: que el liberalismo representa el fin de la historia, obviamente el modelo de economía solidaria tendrá que desarrollar un perfil y una estrategia para competir eficientemente con los demás agentes económicos, manteniendo como sustento el bien común de sus socios. No estamos seguros que el liberalismo constituya el fin de la historia, pero lo cierto es que nuestro tiempo está marcado por su impronta. En este contexto, me permito plantear firmemente algunos lineamientos y premisas que pueden formar parte de una estrategia mayor para crear empresas cooperativas competitivas:
a) Destacar que la solidaridad de la cooperativa se basa en la satisfacción del interés privado de cada uno de sus miembros.- En efecto, muchas veces se resalta solo la bandera de la solidaridad, que se confunde con un carácter absolutamente altruista, distorsionando el mensaje sobre la finalidad de la cooperativa: la satisfacción del interés individual del socio en base a la cooperación. Hay que destacar que la cooperativa existe para satisfacer ese interés individual y que en esta institución el cliente tiene la ventaja de reclamar y de hacer valer su interés desde adentro, como socio. Consideramos estratégico en este contexto resaltar que la base del cooperativismo es la del individuo necesitado, al cual le extienden la mano individuos no menos interesados, que por un simple principio de reciprocidad esperan la devolución del servicio. Para organizar esa reciprocidad existe la cooperativa. b) Incorporación de terceros no socios a los órganos directivos: Es una realidad, mercado exige la adopción de decisiones en base a experiencias y criterios debidamente informados, y estos, muchas veces yacen en profesionales, ejecutivos y técnicos de primer nivel, de reconocida trayectoria que no desean ser socios de cooperativas. Es más, las mismas cooperativas no pueden incorporar a los órganos directivos por no quebrar el principio que exige que éstos sean socios. Creo que los sistemas de elección deberían admitir la posibilidad que estos profesionales y técnicos de primer nivel puedan participar fundamentalmente en el Consejo de Administración. Es más, ello muchas veces es una necesidad en la medida que el sector se va llenando de reglamentaciones o complejidades propias del desarrollo de la actividad. Ejemplo: el sector ahorro y crédito, el sector minero, el sector turismo, etc. c) Tecnología moderna: Es imprescindible que las cooperativas cuenten con tecnología moderna y que la apliquen a sus actividades económicas: cooperativas de ahorro y crédito (servicios de cajeros, tarjetas de crédito, atención por correos electrónicos); sector agrario (desarrollo de la biotecnología, riego por goteo en terrenos eriazos, o el descubrimiento de nuevas variedades de cultivos, etc.); sector trabajo (bancos de datos, planillas electrónicas, administración del área de recursos humanos de diversas empresas). En general el desarrollo del área de comunicaciones y de nuevas técnicas de trabajo y atención del cliente. La tecnología de las empresas mercantiles justamente les está permitiendo estandarizar sus servicios y generar una economía de escala que les permite ahorrar costos. A tal punto, que producen bienes y servicios más baratos que los que pueden ofrecer las cooperativas, no obstante que sus precios llevan implícita la ganancia del comerciante. Probablemente las cooperativas tengan que participar en contratos de licencias de patentes, consorcios o de riesgo compartido; pero lo fundamental es que participen en el mercado con conocimiento técnico. d) Supervisión Estatal: Considero que la supervisión estatal debe comprender en el caso de las cooperativas dos aspectos fundamentales: una información veráz para el socio y el funcionamiento de la cooperativa. La primera, se manifiesta obligando a que los estados financieros sean auditados mediante sociedades auditoras de reconocido prestigio inscritas en el "Registro Unico de Sociedades Auditoras" a cargo de la autoridad estatal correspondiente. Ello permitirá advertir al socio sobre la racionalidad o no de sus estados financieros. El segundo aspecto consiste en garantizar el funcionamiento mínimo de la cooperativa, a través de la convocatoria a Asamblea General, por cuenta de la Autoridad de Control, en aquellos casos en que el Consejo de Administración no lo hubiese efectuado infringiendo la ley o el estatuto. Es decir, el control estatal debe garantizar la veracidad de la información, asi como la posibilidad de autocomposición y normalización de la vida asociativa, convocando a los propios interesados. e) Régimen tributario común: La experiencia profesional nos ha convencido que es muy dificil quebrar el paradigma de la administración tributaria sobre los campos de aplicación de los impuestos. Ello conduce a que las cooperativas sean consideradas como las "parias" de la tributación. No tributa Impuesto a los Activos a pesar de su patrimonio, no tributa Impuesto a la Renta a pesar del superávit anual, no tributa IGV por considerar las operaciones con socios fuera del mercado.
Esta situación genera confrontaciones con la Administración Tributaria, "reparos" de auditores en los EE.FF., retiscencias de la Banca para estrechar relaciones y la antipatía de los agentes económicos, que aun en inferioridad de condiciones, igual deben pagar. En este contexto, creo que es vital aceptar la inclusión del sector cooperativo en el régimen general de tributación. De este modo gozaremos de las exoneraciones y beneficios tributarios generales que se confieren a cada actividad (por ejemplo: a la educación). Es más, la naturaleza particular de la cooperativa puede permitir que, aun dentro del régimen general, el hecho imponible no produzca consecuencias excesivamente onerosas. Examinemos brevemente cada caso tomando en cuenta los impuestos a la renta, a los activos y l impuesto general a las ventas. 1.- El Impuesto a la Renta.- Este es el caso típico. Se trata de un impuesto a las ganancias de periodicidad anual. La situación es sumamente manejable, habrá que incrementar los servicios a los socios, para que los gastos se acerquen a los ingresos, reduciéndose la materia imponible de dicho impuesto. De esta manera, la elusión del impuesto será un incentivo para brindar mayores servicios al socio, pues, dinero que no se ha gastado en este fin será afectado por los impuestos. De esta manera, se estimulará el mejoramiento del servicio, su variedad, su extensión a un mayor universo de socios, el gasto en programas educativos (haciendo honor a la "Regla de Oro" del Cooperativismo). En este orden de ideas, se podrá pagar mejores intereses a los depósitos en ahorros, elevar los ingresos y beneficios a los socios trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y atención al socio (como cliente), etc. 2.- El impuesto a los activos.- En general este es un impuesto transitorio, que se impuso en momentos de crisis y de estabilización económica financiera y que debe terminar desapareciendo; puesto que atenta flagrantemente contra la lógica de la economía de mercado; pues confisca directamen - te la propiedad (el patrimonio) y desincentiva la inversión. En el Perú ha ido reduciéndose paulatinamente. En 1992, cuando se implantó, tenía una tasa del 2% que afectaba los activos netos, luego se redujo a 1,5% y hoy alcanza al 0.5%. Es un impuesto "ciego" y antitécnico, ya que afecta hasta a las empresas con pérdidas; lo cual evidentemente garantiza su desaparición. Es más, el Tribunal Constitucional ha declarado fundadas las acciones de amparo de los que se opusieron al pago de este impuesto, cuando se presentaba "camuflado" bajo la apariencia de un Impuesto Mínimo a la Renta. Cabe tener en cuenta que técnicamente este es un impuesto que se relaciona con el Impuesto a la Renta (los contribuyentes son los mismos). De tal manera que la estrategia que se proponga para aquel (el Impuesto a la Renta), no puede olvidar la repercusión en el Impuesto a los Activos. Ahora bien, la repercusión económica en el sector cooperativo, puede ser menor, ya que muchas de las actividades en las cuales estas (las cooperativas) se ubican, se hayan exoneradas de dicho impuesto; por ejemplo: servicios educativos y la actividad agraria. De otro lado las Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo ya lo están pagando. El problema quizás se presenta con el sector de ahorro y crédito, puesto que la legislación no le ha dado la deducción de la materia imponible en un 50% que sí la ha reconocido a los bancos. En conclusión, este es un impuesto que va a desaparecer, empero, adoptar una estrategia de pago puede carecer de mayores repercusiones dado que algunas cooperativas ya lo pagan y otras gozan de las exoneraciones previstas para la actividad que desarrollan. 3.- El Impuesto General a las Ventas.- Este es un impuesto que se va configurando como el más importante para el fisco. No obstante su carácter indirecto, se le considera equitativo ya que grava directamente el consumo. Es más su fiscalización resulta más sencilla. Para los economistas, el servicio de consumo organizado empresarialmente, se debería hallar afecto aun cuando la naturaleza de la institución sea mutual o cooperativa; puesto que consideran que la actuación empresarial configura un agente económico que presta servicios en el mercado. En el Perú, las cooperativas de consumo optaron por pagar el Impuesto General a las Ventas -IGV-. Las cooperativas de ahorro y crédito se hallan exoneradas al igual que los bancos, mutuales y demás instituciones de crédito. Con lo expuesto, simplemente propongo una estrategia y reexaminar el tema tributario. El hecho que el sector cooperativo, no deba nada al Estado va a aliviar esa animadversión que surge por considerarlo sector "privilegiado".
Además una situación desigual también genera tensiones con los agentes económicos que realizan una actividad semejante a la de la cooperativa. Un país en el que hasta las donaciones que vienen del extranjero para ayuda social tienen que pagar impuestos, resulta muy difícil sostener que el sector cooperativo deba hallarse inmune frente a la actividad económica de sus competidores (invocando el hecho de conducir una empresa sin fines de lucro). Como puede apreciarse, creo que el sector cooperativo tiene un espacio en la economía de mercado; puesto que su filosofía descansa también en la satisfacción del interés individual a través del servicio a sus miembros. Empero, nada se logrará si se sigue mirando el futuro con los ojos del pasado, si no se adoptan medidas conducentes a la tecnificación de la empresa cooperativa, a la profesionalización de los órganos directivos, a una supervisión que garantice la autocomposición privada al interior de la cooperativa, y finalmente si no se propugna una independencia económica absoluta de las cooperativas respecto del Estado, asumiendo su incorporación al régimen tributario general como el costo de la emancipación y, más bien, como un incentivo para mejorar y brindar un servicio eficiente al socio.
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