Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421375L.html
Timestamp: 2019-03-25 14:01:55+00:00

Document:
as201421375L
Expediente: LP-83-09-S
1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Carlos España Domínguez, cursante de fojas 92 a 93 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 72 de 10 de marzo de 2009, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de sentencia de proceso interdicto, seguido por el recurrente en contra de Reynaldo Rojas Borda y Marcela López de Rojas, la contestación, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante auto de fojas 58 a 59 del testimonio, pronunciado por la Jueza de Partido Octavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró improbadas las excepciones previas (de incompetencia y cosa juzgada) fojas 223 a 225, con costas.
Que, en grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 72 de 10 de marzo de 2009, de fojas 88 a 89, se revocó la resolución apelada y en su mérito se declaró incompetente a la Jueza Octavo de Partido en lo Civil y Comercial para conocer de la presente acción ordinaria, sin costas.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 92 a 93 vuelta, Carlos España Domínguez, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendian a continuación.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- Denuncia que el Tribunal ad quem no habría observado lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Nº 1760 respecto al trámite del recurso de apelación diferida.
Denuncia que el Tribunal ad quem habría aplicado indebidamente el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil, alegando que dicha norma es aplicable a todos los interdictos y no solamente a los interdictos posesorios, y de haber compulsado erróneamente dicha norma, en cuyo sustento invoca la Sentencia Constitucional Nº 0449/2004 y Jurisprudencia de la Corte Suprema sin identificación de los Autos Supremos en cuestión.
Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado y que se declare la competencia de la Jueza de Partido Octavo en lo Civil y Comercial.
3.2.- Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito de fojas 96 a 97 vuelta, Marcelo López de Rojas y Reynaldo Rojas Borda, contestan al recurso de casación alegando esencialmente que el Tribunal ad quem cumpliendo estrictamente la ley ha revocado la resolución de fojas 58 a 59 y que declara incompetente a la Jueza Octavo de Partido en lo Civil y Comercial para conocer la acción ordinaria de nulidad de interdicto de daño temido, en sujeción al artículo 237 numeral 1 inciso 3) Código de Procedimiento Civil. Asimismo alega que no procede recurso de casación contra la resolución impugnada, porque no se encuentra comprendida en las causales previstas por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.
Previamente y respecto del juicio de procedencia, corresponde precisar que el recurso que se examina se encuentra presentado dentro del plazo legal, que el recurrente previamente apeló del auto recurrido, que el Auto impugnado se encuentra dentro de las resoluciones recurribles de casación y en torno al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, se ha tenido presente el entendimiento establecido en la sentencia Constitucional Nº 2210/2012, de 8 de noviembre. Consiguientemente, adoptando el rol activo que demanda el nuevo orden constitucional y la concepción informalista y no rigorista ni ritualista, el Tribunal Supremo concluye que el recurso contiene los datos necesarios que permiten examinar el fondo de las denuncias relativas a la aplicación indebida y error de interpretación del artículo 593 del Código de Procedimiento Civil del recurso de casación en el fondo.
Respecto a la denuncia sobre la tramitación incorrecta de la apelación.- Se trata de una denuncia defectuosa, pues si el recurrente consideraba que el procedimiento entablado por los jueces de instancia era incorrecto, correspondía que lo denuncie por medio del recurso de casación en la forma y no a través del recurso de casación en el fondo, como lo ha hecho equivocadamente, razón por la cual el Tribunal Supremo, no examina el fondo de la denuncia.
Respecto de la aplicación indebida del artículo 593 del Código de Procedimiento Civil.- Conforme lo tiene sentado la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la indebida aplicación de la ley consiste en la infracción de la ley por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, es decir cuando ocurre un error de subsunción. En el caso en examen, el fundamento de la pretensión revisora del demandante finca precisamente en el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil, cuya vulneración fue denunciada en apelación y es precisamente dicha norma legal que ha sido aplicada por el Tribunal ad quem en la resolución de la segunda instancia, razón por la cual no existe posibilidad de aplicación indebida de dicha norma legal en el fallo de segunda instancia; otra cosa es “el error de interpretación” de dicha norma legal, el cual no ha sido denunciado explícitamente en el recurso.
Respecto a la interpretación del artículo 593 del Código de Procedimiento Civil.- dispone “Las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieran corresponder a las partes”.
La norma en examen, por una parte individualiza los interdictos respecto a los cuales es posible el juicio posterior de conocimiento y lo hace individualizándolos ; esta invidualización resulta taxativa porque menciona de forma expresa a los interdictos de “adquirir, retener y recobra la posesión”, sin utilizar fórmula alguna que permita extender su aplicación a la denuncia de daño temido.
Por otra parte, dicha norma legal prevé que la sentencia pronunciada en los procesos interdictos que individualiza, “no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieran corresponder a las partes”; esas acciones reales a las que alude la norma en examen evidentemente se refieren a las acciones petitorias; es decir a las que tienen por objeto dilucidar sobre el derecho de propiedad u otro derecho real; en suma sobre el derecho a poseer. Por ello y dado que en los interdictos posesorios se dilucida la posesión y que el juicio petitorio se refiere al “derecho a poseer”, debe concluirse que el juicio posterior aludido por la norma no tiene por finalidad la revisión de los hechos de la “posesión misma” dilucidados en el interdicto, pues como sostiene Lino E. Palacio, tanto en el supuesto de las pretensiones posesorias como de los interdictos, las sentencias recaídas en los respectivos procesos producen eficacia de cosa juzgada en lo que atañe al tema de la posesión, pudiendo el vencido ejercer únicamente la correspondiente pretensión real(…)la que se sustanciará por los trámites del juicio ordinario o del sumario, según su cuantía…”; y en el caso en examen, la demanda interpuesta por el demandante, hoy recurrente, no contiene ninguna acción petitoria, y está más bien orientada a un reexamen de los hechos dilucidados en el interdicto, lo que no es correcto como se tiene dicho. Consiguientemente es acertada la conclusión del Tribunal ad quem en sentido de que el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil “no faculta a ninguna autoridad judicial a revisar los fallos dictados dentro de un proceso interdicto de daño temido; expresamente faculta a ejercer las acciones reales que pudiere corresponde a las partes, no a revisar los procesos interdictos en sí mismos”, por lo que no es evidente que el Tribunal ad quem haya incurrido en error de interpretación de dicha norma. Es más, sin embargo de que el daño temido se encuentra regulado dentro de las acciones interdictales y que igualmente se encuentra comprendido dentro de las acciones de defensa de la posesión( acciones posesorias) reguladas por el código civil ( artículo 1464), empero en cuanto a su naturaleza jurídica, la doctrina contemporánea ( Néstor Musto, Manuel Adrogue, Peyrano, entre otros) es uniforme en sostener que la denuncia de daño temido no reviste naturaleza posesoria sino tiene carácter cautelar. Precisamente, el profesor argentino Jorge Peyrano sostiene que “la denuncia de daño temido está sujeta a las siguientes pautas: a) no se trata de una “denuncia” procesal, sino una verdadera demanda que contiene una pretensión preventiva o acción preventiva, b) la acción rebasa en parte el ámbito de la posesión, constituyendo una acción autónoma, independiente, de contenido patrimonial, c) cuando el daño denunciado es inminente, puede el magistrado interviniente dictar una medida innovativa, con sustancia de sentencia anticipada porque coincide en el caso el contenido de la cautelar con la materia sobre la cual versará la sentencia de mérito”. Consiguientemente, en mérito a las consideraciones precedentes resulta irrefragable concluir que el “interdicto” de daño temido no se encuentra comprendido dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente cabe puntualizar que la sentencia Constitucional Nº 0449/2004-R, de 30 de marzo de 2004, invocada por el recurrente no contiene analogía factual con el caso que se examina ni la razón de la decisión se vincula con la interpretación del artículo 593 del Código de Procedimiento Civil; y en lo que se refiere a la jurisprudencia ordinaria invocada, la omisión de datos necesarios para su indivualización, tales como el número de las resoluciones y su fecha, impiden efectuar la contrastación necesaria sobre la existencia o no de analogía factual.
En mérito a las consideraciones, y respecto de las denuncias sobre las que se abrió competencia sobre el fondo, corresponde resolver en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
IV. POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 92 a 93 vuelta, interpuesto por Carlos España Domínguez, con costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar Juez a quo.

References: resolución 
 artículo 593
 resolución 
 artículo 237
 resolución 
 artículo 255
 artículo 258
 artículo 593
 artículo 593
 artículo 593
 resolución 
 artículo 593
 artículo 593
 artículo 1464
 artículo 593
 artículo 593
 artículo 8