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Timestamp: 2020-04-10 13:51:46+00:00

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Sentencia nº 2016-000029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 10 de Enero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 825475665
Exp. Nro. AAL10-L-2016-000029
Mediante Oficio Nro. 024-2016 de fecha 18 de enero de 2016, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y de Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, remitió a esta Sala Plena el expediente contentivo del juicio que por intimación de honorarios profesionales interpuso de manera incidental el abogado AMILCAR JAVIER ANTEQUERA LUGO (INPREABOGADO Nro. 103.204), actuando en su nombre, contra el MUNICIPIO COLINA DEL ESTADO FALCÓN.
Dicha remisión se realizó con ocasión de la sentencia dictada por el mencionado Tribunal en fecha 23 de octubre de 2015, a través de la cual declaró: i) su incompetencia por razón de la materia para conocer el presente caso; ii) planteó el “conflicto negativo” de competencia y; iii) ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena de este Máximo Tribunal “(…) con apego a lo previsto en el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (…)”.
El 5 de octubre de 2012, el abogado Almicar Javier Antequera Lugo, actuando en su nombre, interpuso ante el entonces Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, demanda por intimación de honorarios profesionales contra el Municipio Colina del Estado Falcón con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Precisó que ese Juzgado Superior Contencioso Administrativo tiene “competencia funcional”, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 607 del citado Código adjetivo en concordancia con el criterio de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal asentado en la decisión Nro. RC-00089 del 13 de marzo de 2009 y ratificado en sentencia Nro. 197 de fecha 10 de enero de 2007 por la Sala Plena.
Una vez practicada la intimación, el 14 de julio de 2014 el abogado Carlos Alberto Gutiérrez García, actuando con el carácter de Síndico Procurador del aludido Municipio presentó escrito en el cual se opuso a la demanda en virtud de que el abogado Amilcar Javier Antequera Lugo mantenía una relación laboral con dicha entidad y, sobre la base de esta contratación es que ejerció la demanda patrimonial que prentendía le fuesen pagado sus honorarios.
En fecha 4 de febrero de 2015, el abogado Almicar Javier Antequera Lugo solicitó la regulación de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
Efectuada la remisión del expediente y previa distribución de la causa, el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón mediante decisión de fecha 23 de octubre de 2015, declaró: i) su incompetencia por razón de la materia para conocer la declinatoria que le fuese realizada; ii) planteó conflicto negativo de competencia y; iii) ordenó la remisión del expediente a esta Sala Plena del Máximo Tribunal “(…) con apego a lo previsto en el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (sic), por no existir un Tribunal Superior afin entre ambos Tribunales”.
“(…) se desprende de autos que el abogado AMILCAR J. ANTEQUERA LUGO, fungió como apoderado judicial de la Alcaldía del Municipio Colina del Estado Falcón, parte actora en el expediente judicial Nº IP21-G-2011-000005, llevado por ante este Juzgado, alegando el recurrente que hasta la fecha, no le han sido cancelados sus honorarios profesionales por las actuaciones emitidas en la referida causa, por tanto demandó a la Alcaldía del Municipio Colina, fundamentando su pretensión según lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados y artículo 165 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, y siendo que la competencia es eminentemente de orden público, no convalidable bajo ningún argumento y que la misma puede ser declarada aún de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, corresponde a este Juzgado, revisar su competencia para conocer el caso concreto. Para ello este Juzgador se permite traer a colación sentencia Nº 120 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha treinta y uno (31) de mayo de 2007, (caso: Julio López Vs Alcaldía del Municipio Libertador Estado Miranda).
En el presente caso, si bien, la parte accionante no ejerció un recurso contencioso administrativo funcionarial, sino que, demandó a la Alcaldía del Municipio Colina del esta entidad federal, por cobro de honorarios profesionales, de los autos quedó demostrado que su relación fue estrictamente laboral y así fue reconocido por la referida Alcaldía en su oportunidad de oposición al recurso, en cuya oportunidad consignó los contratos suscritos por las partes, los cuales corren insertos en los (folios 56 y 57) del cuaderno separado, documentos de los que se evidencian la denominación de personal contratado y que dicha relación se regiría por disposiciones propias del contrato de trabajo y las disposiciones legales de la Ley Orgánica del Trabajo, así se ha corroborado de los documentos que cursan en autos, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional, determina que no tiene competencia para conocer el caso bajo examen, siendo que la competencia corresponde a los Juzgados de Primera Instancia de la Jurisdicción Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en consecuencia, esta Instancia Judicial, declina su competencia ante los referidos Tribunales, específicamente, ante el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Falcón, a quien corresponda previa distribución, remítase la causa bajo Oficio, una vez transcurrido el lapso legal. Así se decide” (Agregados de esta Sala).
Por su parte, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen y de Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón a través de la sentencia del 23 de octubre de 2015, declaró su incompetencia por la materia y planteó un “conflicto negativo” de competencia ante la Sala Plena de este Máximo Tribunal, con base en las siguientes consideraciones:
“(…) Es importante destacar, que la incidencia sobre la cual versa esta acción, se trata de un cobro de honorarios profesionales, intentada por un profesional del derecho; de cuyo contenido no se infiere derechos sustantivos laborales (prestación de antigüedad, intereses de prestación (sic) sociales, vacaciones, bono vacacional, indemnización de ningún tipo).
Por otro lado, la incidencia objeto de la incompetencia que declara el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, es accesoria del asunto principal IP21-G-2012-000005, contentivo del juicio (…) por Ejecución de Fianza; proceso que está activo según la propia sentencia (…) aún así, declara su incompetencia el referido Juzgado en el cuaderno separado, por lo que, no se entiende, que un cuaderno separado, que es accesorio de un asunto principal, pueda el Juzgado que aún mantiene el conocimiento de ese asunto, declinar a otro Juzgado la competencia, más aún cuando es criterio del Máximo Tribunal, que en los juicio (sic) en los que no hayan concluido, y se encuentre en los casos contenidos en el primer y segundo supuesto del artículo 22 de la Ley de Abogado (sic), es decir, dentro del juicio, pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales, por vía incidental en el juicio principal (…).
Ahora bien, la sentencia que sirve de fundamento a la decisión el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón (Sentencia Nro. 120, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 31-05-2007 caso Julio López vs. Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida), es una sentencia que cuya acción se inicia con el cobro de sociales (sic) y otros conceptos (…) [la cual es una] situación que difiere del contenido de este asunto, por que (sic) si bien, el Síndico del Municipio Colina del Estado Falcón, consigna unos contratos laborales suscritos por el abogado que demanda cobro de honorarios profesionales, él no pretende cobro de prestaciones sociales y otros concepto (sic), sino cobro de Honorarios profesionales, que son procedimientos distintos.
Por lo antes expuesto y en razón de la incompetencia por la materia declarada por este Tribunal, es que se plantea de manera formal el Conflicto Negativo de Competencia; con apego a lo previsto en el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (sic) (…)” (Resaltado de la sentencia y agregados de esta Sala)
En primer lugar, se observa que los hechos que motivaron la presente acción derivan de la demanda de intimación de honorarios propuesta de manera incidental por el abogado Almicar Javier Antequera Lugo, quien pretende que el Municipio Colina del Estado Falcón le pague la cantidad de ocho mil bolívares (Bs. 8.000,00), ello como consecuencia de “(…) la realización de una serie de actos procesales en el (…) juicio que por Ejecución de Fianza instauró dicho ente político territorial en contra de la Sociedad Mercantil SEGUROS CORPORATIVOS, C.A., cuya cuantía fue estimada en la demanda por un monto de 398.037,13 Bs.”.
Así las cosas, este Máximo Tribunal visto los hechos antes descritos considera importante aludir al criterio mantenido de forma pacífica y reiterada respecto a la competencia en materia de intimación y estimación de honorarios, para lo cual se trascribe parcialmente la sentencia Nro. 42 del 15 de diciembre de 2009, caso: Robert Marín Urdaneta contra Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela) en la cual esta Sala Plena señaló lo siguiente:
“En cuanto a la competencia para conocer de las demandas por intimación de honorarios profesionales de abogados, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia ha identificado cuatro distintas circunstancias que pueden presentarse, señalando en cada caso cuál será el tribunal competente. En tal sentido, en sentencia número 89 del 13 de marzo de 2003, caso Antonio Ortiz Chávez, estableció el siguiente criterio:
4) El último de los supuestos planteados sea tal vez el de menos complicación, pues basta que el juicio haya quedado definitivamente firme, con lo cual sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales si es el caso, ya que el artículo 22 de la Ley de Abogado dice: ‘...la reclamación que surja en juicio contencioso...’, denotándose que la preposición ‘en’ sirve para indicar el lugar, el tiempo, la situación, el modo, lo que significa, dentro del contexto del artículo mentado, la clara necesidad de que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos 1 y 2 antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales vía incidental en el juicio principal. Así se establece’ (…)” (Resaltado de esta Sala).
De acuerdo a la anterior decisión y conforme a las particularidades que revisten el presente caso, se observa que la demanda por intimación de honorario fue interpuesta ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, ya que dicho órgano jurisdiccional tramita en primera instancia, una demanda por cobro de bolívares ejercida por el abogado Almicar Javier Antequera Lugo (hoy intimante), actuando con el carácter de apoderado judicial del Municipio Colina de dicha entidad, contra la empresa Seguros Corporativo, C.A. y que está registrada bajo el expediente Nro. IP21-G-2011-000005, nomenclatura de ese Tribunal.
1.- Su COMPETENCIA para decidir la regulación oficiosa de competencia planteada.
2.- Que la COMPETENCIA para conocer la demanda por intimación de honorarios profesionales interpuesta por el abogado AMILCAR JAVIER ANTEQUERA LUGO, actuando en su nombre, contra el MUNICIPIO COLINA DEL ESTADO FALCÓN, corresponde al Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. En consecuencia, remítase el expediente al Tribunal declarado competente.
MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ FRANCISCO VELAZ QUEZ ESTÉVEZ
YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONSO
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Noviembre de 2009
Sentencia nº AMP-151 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Diciembre de 2014

References: artículo 5
 artículo 607
 artículo 69
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 165
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 22