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Carolina Caballero Maldonado
1 POR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE IPSO JURE AÑO I N 3 ˆ Noviembre 2008 Revista Virtual 1 O.SALINAS2 PRESENTACIÓN M e es sumamente grato y reconfortante presentar el tercer número de la Revista Virtual IPSO JURE, porque, como medio de proyección de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y gracias al importante trabajo de la Unidad Académica, se ha convertido en este corto tiempo, en una importante herramienta para transmitir los aportes académicos de Magistrados y personal jurisdiccional interesados en cultivar las Ciencias Jurídicas y trasmitirlas a la comunidad jurídica de la región y el país. Felicito el esfuerzo y la vocación de permanencia en el tiempo que demuestra este medio. Es gratifi cante ver, desde la primera edición, la dedicación y el esfuerzo de la comisión editorial, de los señores magistrados y auxiliares jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia, quienes con sus valiosos ensayos, comentarios y demás aportes contribuyen signifi cativamente en cada una de las ediciones de esta Revista Virtual que va ganando prestigio en la comunidad jurídica y que sin lugar a dudas seguirá dando una correcta información académica y de calidad en las futuras ediciones. No olvidemos que los Magistrados estamos obligados a una búsqueda constante de capacitación y actualización de nuestros conocimientos que nos permitan brindar un, cada vez mejor y oportuno, servicio de impartir Justicia, sustentado en valores fundamentales que deben guiar cada una de nuestras acciones; es así que, la Revista Virtual IPSO JURE se convierte en un medio no solo para capacitarnos y actualizar conocimientos del profesional del Derecho, sino también, la oportunidad para contribuir a evidenciar realidades problemáticas novedosas en nuestro medio, así mismo, para el planteamiento de soluciones a los mismos de manera tal que contribuya al desarrollo del Derecho, a la labor de la Magistratura y el bienestar de la Nación. Finalmente, creo pertinente señalar nuestro compromiso con esta signifi cativa expresión de iniciativa y constancia intelectual, la misma que aliento a perdurar en el tiempo por lo que representa: dedicación y por el aporte intelectual que nos brinda. Auguro a los editores éxitos en una cuarta edición antes de culminar el presente año judicial, conforme a las metas que se han propuesto. DR. JIMMY GARCIA RUIZ Presidente de la Corte Superior de Justicia Lambayeque. 23 PRIMER CONSEJO DIRECTIVO DE LA REVISTA IPSO JURE - Dr. Jimmy García Ruiz, Presidente de Corte y Presidente del Consejo Directivo de la revista. - Dr. Edwin Figueroa Gutarra, director de la revista y representante de los señores Vocales Superiores. - Dra. Carmen Ravines Zapatel, en representación de los señores Jueces Civiles. - Dr. Oscar Burga Zamora, en representación de los señores Jueces Penales. - Dras. Paola Alvarado Tapia y Jovany Vargas Ruiz, en representación de los señores Jueces de Paz Letrados. Auxiliares jurisdiccionales de apoyo: - Dra. Esmeralda Carlos Peralta. 34 INDICE CALIDAD Y REDACCIÓN JUDICIAL 7 MG. EDWIN FIGUEROA GUTARRA LA CRIMINALÍSTICA EN EL HOMICIDIO CULPOSO MÉDICO 9 MG. MARÍA DEL CARMEN CORNEJO LOPERA EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR 15 MG. CECILIA IZAGA RODRÍGUEZ LA JUSTICIA EN MANOS DE SERES HUMANOS 18 MARÍA YOLANDA GIL LUDEÑA LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DEL CONSTITUCIONALISMO MODERNO 22 LITA R. PAOLA ALVARADO TAPIA JUSTICIA DE PAZ: ENTRE LA COSTUMBRE Y EL POSITIVISMO 26 MARIA BETTY RODRÍGUEZ LLONTOP ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 31 ROSA BANCES GUEVARA A PROPÓSITO DEL PROCESO DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PERÚ 38 MG. ELIA JOVANNY VARGAS RUIZ EL PROCESO URGENTE Y LA SENTENCIA Nº AA-TC 47 HAROLD ORTIZ CARRASCO ABOGADOS: CALIDAD Y NO CANTIDAD 50 JOSÉ FRANCISCO HORNA SEGURA SOBRE CREACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO DE EUGENIO BULYGIN 53 DR. MANUEL ATIENZA EL MODELO DEMOCRÁTICO EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL DE ITALIA Y ESPAÑA 64 DR. FRANCISCO CARRUITERO LECCA ALGUNAS CRÍTICAS AL CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO EN DEFENSA DEL DERECHO AL TRABAJO 75 DR. LUIS CASTILLO CÓRDOVA REFLEXIONES SOBRE EL MANDATO DE DETENCIÓN REVOCADO 97 ROBERTO GELACIO LLONTOP LOS SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN: ASPECTOS SUSTANCIALES DE SU REGULACIÓN LEGAL 100 LUIS BRAVO MONTALVO 45 PALABRAS DEL DIRECTOR Dentro de una política de inclusión, este número abarca la participación de los señores abogados que han tenido a bien hacer llegar sus trabajos de investigación a esta dirección. Y por qué incluirlos? Fundamentalmente porque consideramos que somos un equipo de trabajo: los Magistrados, desde el ángulo de quien debe decidir un confl icto; y los abogados, como propulsores y metafóricamente guardianes de las pretensiones de los justiciables. El abogado (del latín advocatus, es decir, el llamado para auxiliar ), como diría Luis Martí, el defensor de la razón y la civilización, constituye, desde Cicerón, un baluarte para la defensa de los derechos de la persona, tramontando el oscurantismo de las Edades Antigua y Media, en las cuales el poder se concentraba en una sola persona, la del Rey, como diría Luis XIV L etat c est moi ( El Estado soy yo ), hasta desarrollar una participación activa en la confi guración del moderno Estado Social y Democrático de Derecho, el cual nace con la Ley Fundamental de Bonn en 1949, trasuntando hasta el Estado neoconstitucional de hoy, máxima expresión de los derechos fundamentales. Quienes hacemos el ejercicio de la judicatura, antes que Magistrados, somos abogados y como tales, nos debemos al ejercicio esforzado, dedicado y profundo de nuestra causas. De esa forma, la defensa en los procesos involucra una forma de apostolado. Una defensa responsable involucra una identifi cación plena de la causa que va ser defendida. Podrán surgir mil y un obstáculos para el ejercicio de auxilio del derecho del cliente y sin embargo, la mística profesional hace posible rescatar la pretensión justa para mediar ante el Juez en el propósito de obtener una decisión adecuada. El iter procesal, sin embargo, es muy complejo. Las causas suelen demorar, la carga procesal se hace muchas veces inmanejable y el derecho a veces llega muy tarde. Y el abogado que con convicción defi ende una causa justa, se mantiene férreo en la premisa de obtener una decisión fundada en derecho. De igual forma, el abogado se exige a sí mismo desarrollar un esquema de razonamiento jurídico que ha de exponer al Juez. En un esquema de corrección lógica, el abogado debe asumir convicción de la fuerza de su pretensión, comenzar a escarbar en el silogismo de su petición a plantear, y desarrollar una lógica de argumentos que deben asumir no sólo una técnica persuasiva sino también, una forma facilitadora del conocimiento de la posición ante el decisor, pues no olvidemos que mientras el abogado valora, elige y decide cuáles argumentos han de servir a su posición, al Juez le incumbe asumir una posición de conocimiento objetivo de la pretensión, por sobre la persuasión que busque el abogado. Y en efecto, qué podemos hacer los jueces si encontramos un planteamiento impecable, pulcro en su análisis argumentativo e interpretativo y sólido en su invocación fáctica y legal? Defi nitivamente, otorgar la razón, pues debe considerarse que si el abogado asume el análisis de la quaestio facti y quaestio juris en forma congruente, basando la fuerza de las premisas factuales en una debida subsunción en las proposiciones normativas que impulsa, el Juez tendrá que tener en cuenta que esa convicción que el abogado alega sobre su posición, puede trasvasarse al ejercicio argumentativo que el Juzgador debe desarrollar cuando explaye su resolución. 56 Parafraseando a Hans Reichenbach, el abogado es efectivamente un estudioso racional de la pretensión de su cliente, y hace una apuesta racional del derecho de su patrocinado, conociendo bien las leyes de la probabilidad. Con esto pretendemos afi rmar que el abogado resulta un primer punto de fortaleza en el éxito de una pretensión pues asume que el derecho de su patrocinado es susceptible de merecer un resultado favorable y para ello el abogado se encuentra en la posición impostergable de deberse a un estudio objetivo de su caso. El jurisconsulto debe armar su propia teoría del caso y asumir la convicción de que la causa puede ser ganada. Superada pues esta valla deontológica inicial, corresponde trazar una ruta argumentativa necesaria, no bastando a este efecto una tarea retórica perelmaniana ni una tópica argumentativa al estilo Viehweg, sino de conocimiento profundo de la pretensión que incoa. Tendrá que argumentar de tal forma que su defensa supere problemas de ambigüedad o vaguedad, tan común hoy en día en demandas que no gozan de la sufi ciencia probatoria necesaria. Argumentada convenientemente la causa, el abogado no deberá descuidar que una vez expuestos los hechos, igual importancia merezca la interpretación que deberá efectuar de las normas que invoca, pues debe atender a que la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia. Como decía el maestro Asis de Roig, no hay reglas de interpretación estrictas, no hay criterios orientativos que prevalezcan unos sobre otros. Todo caso merecerá un estudio minucioso de su prevalencia y deberá dejarse de lado el principio in claris non fi t interpretatio, pues las pretensiones resultan denotar siempre un margen de complejidad y es allí donde el abogado, el primer guardián de la ley, debe interpretar no solo la norma que lo ampara sino, haciendo un reexamen argumentativo, deberá interpretar también los hechos que favorecen el derecho de su defendido, debiendo establecer esa importante relación entre prueba y verdad de la que nos habla el maestro Taruffo. En tal sentido, desarrolladas las etapas argumentativa e interpretativa, podrá el abogado, fi gurativamente, dejar servida la mesa para que el Juez pueda motivar su decisión, incumbiendo a este último una operación total, que en términos de Diez Picasso, implica un ejercicio de análisis dada la íntima interrelación entre interpretación y aplicación de la norma, más aun cuando la globalidad del proceso de aplicación de la norma, se desarrolla como un todo en la mente del Juzgador, quien debe ejecutar las facetas de selección, interpretación y aplicación de la norma. Menudos retos pues esperan entonces a todo aquel que asume con convicción, mística y dedicación la defensa de una causa. La abogacía implica, en consecuencia, un profundo estudio de cada caso a asumir y el resultado, si bien puede no resultar taxativamente siempre en un honorario, sí podrá signifi car la satisfacción de una tarea cumplida, pues alcanzar la justicia, redunda en la más profunda identifi cación del ser humano consigo mismo. Como decía una cita iluminadora de Voltaire: Yo hubiera querido ser abogado pues es la más bella profesión del mundo in claris non fi t interpretatio. EL DIRECTOR 67 CALIDAD Y REDACCIÓN JUDICIAL Desde la premisa aristotélica del silogismo identifi cado en una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, la teoría de la argumentación jurídica se ha sustentado en identifi car a la norma jurídica en la premisa mayor, los hechos en la premisa menor y la decisión aplicada al caso como la conclusión. Chaim Perelman ya establecía en la década de 1960 que el Derecho no es sólo pues aplicación de la lógica sino del poder persuasivo de la argumentación llamada por él nueva retórica. Es en ese orden de ideas que la argumentación tiene su correlato en una motivación sufi ciente para transmitir correctamente su decisión y he aquí que el Juez adquiere relevancia al convertirse en la persona responsable de comunicar la decisión. Como señala Marina Gascón Abellán, en una sociedad moderna, la justifi cación o motivación tiende a verse como el fundamento mismo de la legitimidad de los Jueces y es de esta forma que la motivación cobra una dimensión políticojurídico garantista, de tutela de derechos y de allí que la base para el uso del poder del Juez resida en la aceptabilidad de sus decisiones, pues el Juez, al comunicar su decisión, debe proporcionar un armazón organizativo racional a su resolución judicial y que las razones que brinda sean explícitas, válidas, sufi cientes y concluyentes, es decir, brindar resoluciones con calidad. En el sistema judicial peruano, la calidad de las resoluciones ha pasado a ser un parámetro de califi cación a través de los procesos de ratifi cación de Magistrados. Antes, los procesos de ratifi cación de Jueces y Fiscales no contaban con la referencia de MG. EDWIN FIGUEROA GUTARRA VOCAL SUPERIOR SALA CONSTITUCIONAL LAMBAYEQUE PROFESOR ASOCIADO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA evaluación sobre la calidad de las decisiones judiciales. Hoy, se pretende identificar, dentro del rubro idoneidad, la calidad de la decisión judicial y dicha tarea corre, técnicamente, a cargo de un especialista designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a fi n de opinar técnicamente sobre cuán idóneo resulta ser el Juez en sus sentencias, o los Fiscales en sus respectivos dictámenes. Se exige, de este modo, presentar en el proceso de ratifi cación, 14 resoluciones, a razón de dos por año, y correspondientes a los 7 años de ejercicio, tiempo que abarca el proceso de ratifi cación, a efectos de valorar la calidad de las resoluciones, constituyendo ello un referente permanente en los nuevos procesos de ratifi cación. Entre los criterios referentes a calidad expuestos por las resoluciones de ratifi cación del CNM desde el año 2005, tenemos los siguientes: - Correcta comprensión del problema jurídico - Claridad expositiva - Conocimiento del Derecho - Adecuada valoración de los medios probatorios ofrecidos durante el proceso (que se ajusten a la normativa señalada y que expresen con toda claridad la solución de los confl ictos resueltos) - Adecuado relato de los hechos. - Consideraciones de derecho y conclusión de cada caso. - Congruencia y racionalidad en cuanto a la tesis que se postula y decisión que se adopta en el fallo. - Seguridad en la sustentación - Adecuado análisis valorativo de las 7 78 pruebas actuadas - Citas de jurisprudencia vinculante o doctrina pertinente a los casos por tratarse. - Adecuada estructura - Resoluciones debidamente fundamentadas - Posición crítica y analítica en la valoración de las pruebas - Solidez en la argumentación - Justa apreciación de los medios probatorios ofrecidos durante el proceso - Exposición ordenada de los hechos - Que las normas aplicadas a las soluciones de cada uno de los casos sean las pertinentes. - Buena redacción, conocimiento jurídico, afán de justicia, sensibilidad social y búsqueda de la verdadera justicia. Una conclusión trascendente respecto a estos caracteres viene a ser objetivamente que si vamos a exigir como sociedad civil que las resoluciones gocen de estas características, entonces incentivamos una mejora cualitativa en la tarea de los decisores jurisdiccionales. En dicha forma, desarrollamos una sana competencia pues los Magistrados van a ponderar mejor sus decisiones si los procesos de ratifi cación van a incluir estos segmentos de califi cación de análisis de calidad. A su turno, las herramientas de gestión para que los Magistrados puedan desarrollar destrezas en dichos rubros, vienen siendo a su vez desarrolladas por la Academia de la Magistratura, la cual en su calidad de órgano de formación y capacitación en todos los niveles de la Magistratura, ha estructurado la implementación de Módulos de Redacción Jurídica a nivel nacional, a efectos precisamente de lograr una mayor claridad expositiva por parte de los Magistrados en sus resoluciones e ir abandonando la excesiva metáfora, el indebido uso de latinazgos y la complejidad argumentativa. En ese horizonte, qué duda cabe que la eficiencia y efi cacia de las decisiones judiciales se verá fortalecida, objetivo al cual apunta la sociedad civil en pleno y en el cual, todos nos encontramos involucrados. 89 LA CRIMINALÍSTICA EN EL HOMICIDIO CULPOSO MÉDICO MG. MARÍA DEL CARMEN CORNEJO LOPERA JUEZ TITULAR DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL DE LAMBAYEQUE INTRODUCCIÓN El Derecho considera que algunos bienes como la vida, la libertad, la propiedad, la integridad corporal o moral, tanto de la persona como del no-nacido, etcétera son tan importantes que están justificados amenazar con una pena con castigo a quien los lesione o ponga en peligro. La responsabilidad penal supone que la actuación profesional ha producido un resultado tipificado como delito o falta en el Código Penal. En este hecho, el Juez puede apreciar un comportamiento doloso (se ha hecho el daño de forma consciente y plenamente voluntaria) o culposo (cuando se trata de una imprudencia, una impericia o negligencia por no guardar el debido cuidado, que produce un perjuicio que no se desea). La condena por una falta o delito, además de la pena, llevará aparejada la responsabilidad civil correspondiente, es decir la indemnización al paciente por el perjuicio ocasionado. Cuando el médico realiza un delito doloso (voluntario) se le tratará como a cualquier persona en el Código Penal. Cuando se trata de delitos o faltas culposas o imprudentes, es preciso apreciar dicha imprudencia y para ello se deberá comprobar: - Acción u omisión voluntaria no maliciosa. - Infracción del deber de cuidado (no realizar la actuación de acuerdo con la norma Lex Artis). - Haber creado un riesgo previsible y evitable - La existencia de un resultado dañoso causado por la conducta descuidada. Es así que la actuación de los profesionales sanitarios, debe regirse por la denominada Lex Artis Ad Hoc, es decir, la que se toma en consideración respecto del caso concreto en que se produce la actuación o intervención médica y las circunstancias en que las mismas se desarrollan y tienen lugar, así como respecto de las incidencias inseparables en el normal actuar profesional. Los profesionales, entonces, deberán seguir la máxima hipocrática donde se resume la Lex Artis es decir tratar al enfermo como quisieran ser tratados. LA CRIMINALÍSTICA La definición más común entre la mayoría de los autores es la que concibe la Criminalística como la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Aparte algunos otros puntos discutibles, consideremos que la anterior definición adolece de imprecisión en su última parte, al hablar de delito y delincuente. En efecto la Criminalística, al intervenir en la investigación de un hecho determinado, no puede saber previamente si se trata de un delito o no, por ello que nosotros hablamos de presuntos hechos delictuosos, pues la Criminalística como disciplina aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible significativo relacionado con un presunto he- 910 cho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO Empezaremos por definir lo que es el Homicidio Culposo, o conocido también en otras legislaciones como Homicidio por Negligencia, no intencional, por imprudencia o por impericia. Este delito se perfecciona cuando el sujeto activo ocasiona la muerte del sujeto pasivo por haber obrado culposamente. El agente obra por culpa cuando produce un resultado dañoso al haber actuado con falta de previsión, prudencia o precaución, habiendo sido el resultado previsible o, previéndole, confía en poder evitarlo. La conducta del agente afecta el deber objetivo de cuidado y como consecuencia directa deviene el resultado letal para el sujeto pasivo. Entendiendo por imprudencia, todo exceso en la prestación, que implique riesgo para el paciente. Es la violación activa de las normas de cuidado o cautela que establece la prudencia. Imprudente es quien actúa sin cordura, moderación, discernimiento, sensatez o buen juicio. Negligencia como la falta de adopción de precauciones. En este caso la actitud se basa en un obrar en menos, carente, o en dejar de hacer. Es negligente el que no guarda la precaución necesaria o tiene indiferencia por el acto que realiza; el que actúa con descuido u omisión de la diligencia debida. Es la forma pasiva de la imprudencia y, por consecuencia, comprende el olvido de las precauciones impuestas por la prudencia, cuya observancia hubiere prevenido el daño. Impericia, considerada también una actitud en menos o carencial, donde la falencia del profesional se fundamenta en la falta de conocimientos, aptitud, destreza o técnica. No se trata, en éste, de reprimir la incapacidad genérica del autor, sino el hecho de haber emprendido una acción para la cual el sujeto se sabía incapaz (imprudencia) o se debía saber incapaz (negligencia), que son las dos formas de la culpabilidad culposa. Tal cual en los dos casos anteriores, la incriminación se fundamenta en la previsibilidad del resultado dañoso. Inobservancia de los reglamentos o deberes.- Se configura por una actitud de indiferencia o menosprecio por las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que se traten (Art. 124 del Código Penal). Imputabilidad a título de culpa.- Este es un tema de por sí, jurídicamente muy complejo y con distintas vertientes. Tratando de explicarlo en forma simple, existe numerosa jurisprudencia que como principio general establece que es preciso la configuración -y demostración- de alguna de las formas culposas para que se origine la responsabilidad médica. Esto es bien claro, si no hay culpa, por más que exista el daño, no habrá responsabilidad del médico. Es por ello que se afirma que la negligencia se da en torno del acto de elección, y que el negligente falla porque su voluntad no está pronta ni atenta. Encontrándose en juego la vida de un ser humano se deben extremar los controles para evitar consecuencias derivadas de la falta de observancia del cuidado objetivo. De esta forma, se evidencia en el agente un actuar que en este caso puede rotularse como negligente. Aparece en el marco de la situa- 1011 ción planteada una actitud omisiva, como un defecto de la atención, y de allí el olvido que a la postre genera el resultado muerte. El reproche se funda en que él incluso pudo y debió comportarse de manera distinta, y que con la debida diligencia o deber de cuidado a su cargo, pudo evitarse la consecuencia de la acción. Nexo de causalidad.- Acreditados la culpa y el daño, deviene clave establecer la relación causa-efecto entre ambos, para hacer viable la acción resarcitoria. En materia de responsabilidad médica, será igualmente necesario, entonces, con arreglo a los principios generales sobre la materia, la prueba de la relación de causalidad entre la falta o el acto profesional incriminado, y los daños y perjuicios cuya reparación se procure. Tratándose de la responsabilidad del médico, para que proceda el resarcimiento de los perjuicios sufridos, debe acreditarse no sólo que han existido, sino que son consecuencia directa o inmediata de un obrar negligente de aquél a quien se imputa la producción. El reconocimiento de la relación de causalidad entre el oblito de un trozo de aguja de sutura que ocurre durante la intervención quirúrgica practicada por el facultativo y el malestar psicofísico posterior de la paciente que originó la extracción por una nueva operación, presupone la existencia de culpa del médico. Probada la relación de causalidad entre una operación quirúrgica y la formación de un cuerpo extraño conteniendo una aguja de uso común en cirugía, alojado en el campo operatorio de aquella intervención, debe responder el profesional médico que la llevó a cabo, siempre que sea corroborado con un examen anatomo patológico que sería determinante para eximirse de responsabilidad, además la aplicación del principio de la responsabilidad compartida que se dé en el hacer jurídico médico moderno. Roy Freire enseña que puede definirse el homicidio culposo como la muerte producida por el agente al no haber previsto el posible resultado antijurídico de su conducta, siempre que debiera haberlo previsto y dicha previsión era posible (homicidio con culpa inconsciente) o habiéndole previsto, confía sin fundamento en que no se producirá el resultado letal que el actor se representa (culpa consciente). Por deber de cuidado debe entenderse el conjunto de reglas que debe observar el agente mientras desarrolla una actividad concreta a título de profesión, ocupación o industria, por ser elemental y ostensible en cada caso como indicadores de pericia, destreza o prudencia. Para efectos de configurarse la infracción al deber objetivo de cuidado se requiere que el agente esté en posición de garante respecto de la víctima. Así tenemos pues la posición de médico-paciente que es el tema que tratamos en el presente artículo. HOMICIDO CULPOSO POR NEGLIGENCIA MÉDICA BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: La vida humana independiente dentro de los parámetros naturales y biológicos. SUJETO ACTIVO: Este delito es agravado, debido a que el sujeto activo es la persona que tiene la condición de profesional de las ciencias de la salud y por lo tanto tiene deberes impuestos por su función. Por ejemplo: se imputará homicidio culposo por omisión al médico de guardia que sin importancia al caso sigue hablando por teléfono y no atiende inmediatamente al paciente que se asfixia por aspiración 1112 de contenido gástrico pese que la enfermera le insiste que es urgente su intervención. SUJETO PASIVO: La persona sobre la cual se descarga la acción culposa puede ser cualquiera. CONSUMACIÓN DEL DELITO: Para la imputación a una persona de un homicidio culposo médico, no es suficiente la simple infracción del deber objetivo de cuidado, sino resulta imprescindible que se verifique el resultado muerte de la víctima. BASE LEGAL: La responsabilidad penal supone que la actuación profesional ha producido un resultado tipificado como delito o falta en el Código Penal. Así tenemos el artículo 111 del citado código: El que por culpa ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas la pena será no mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas técnicas de profesión, de ocupación o de industria En este hecho, el Juez está en la obligación de evaluar si se trata de un comportamiento doloso (se ha hecho el daño de forma consciente y plenamente voluntaria) o culposo (se trata de una imprudencia, una impericia o negligencia por no guardar el debido cuidado, que produce un perjuicio que no se desea). La condena por este delito, además de la pena, llevará aparejada la responsabilidad civil correspondiente, es decir la indemnización al paciente por el perjuicio ocasionado. Cuando el médico realiza un delito doloso (voluntario) se le tratará como a cualquier persona según el Código Penal. Cuando se trata de delitos o faltas culposas o imprudentes es preciso apreciar dicha imprudencia y para ello se deberá comprobar: - Acción u omisión voluntaria no maliciosa - Infracción del deber de cuidado (no realizar la actuación de acuerda con la norma Lex Artis ). - Haber creado un riesgo previsible y evitable. - Existir un resultado dañoso causado por la conducta descuidada. EL ACTUAR CRIMINALÍSTICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO MÉDICO En la investigación de este delito, el Representante del Ministerio Público que es el titular de la acción penal y quien interpone la denuncia correspondiente, debe solicitar al Laboratorio las pericias idóneas al hecho criminal, tales como las que señalamos a continuación: TABLA IDEAL DE PERICIAS MUESTRA PERICIA MOTIVO DE LA SOLICITUD Cadáver Examen ana tomo patológico Solicitar necroscopia, para establecer la causa de muerte, observando el cuerpo. 1213 Cadáver Examen clínico forense Solicitar examen ectoscópico para determinar lesiones u otras determinaciones. Historia Clínica Pronunciamiento Médico Forense Evaluar documentos, historia clínica. Protocolo de Necropsia Pronunciamiento Médico Forense Evaluar causas de la muerte que determine como culposo el acto médico. Instrumental utilizado Pronunciamiento Médico Forense Determinar si el uso del instrumental ha causado la muerte del sujeto pasivo. Vísceras Examen toxicológico Determinar los fármacos suministrados a la víctima. Cuerpo Médico y personal auxiliar que atendieron a la víctima Pronunciamiento médico Forense Delimitar las funciones e intervención de cada uno en el hecho que ocasionó la muerte de la víctima. La criminalística en el Perú, solo es estudiada como asignatura (y no como carrera profesional) escasamente en el nivel de pre grado o facultades de derecho, así también, ocurre lo propio en el nivel de maestría (en derecho penal, por ejemplo); a excepción de la maestría en criminalística. Es decir, se le impone un encamisetamiento curricular (de estudio, investigación y análisis) y científi co. Olvidando que la naturaleza de los estudios de la criminalística es identifi catoria, cualitativa, cuantitativa y comparativa; todo ello sin dejar de lado la estricta observancia metodológica, tecnológica y científi ca. La criminalística presenta una amplitud y desarrollo vertiginoso a todo nivel que no se 1314 puede desconocer o postergar, hecho por el cual consideramos que nuestro país cuenta con la insoslayable necesidad de profesionalizarla, es decir, reconocerle y otorgarle su verdadero sitial. En ese sentido, somos de la opinión porque la criminalística sea estudiada, pero, como carrera profesional universitaria, otorgando un título universitario de criminalistas a los que se titulen en esa área. Finalmente, consideramos (sobre todo, en estos tiempos en los que nuestra realidad presenta un índice de criminalidad cada vez en aumento y en que el Ministerio Público y Policía Nacional batallan para obtener sus respectivos laboratorios de criminalística), que la implantación y vigencia de la profesionalización y científica de la criminalística redundará de manera decisiva en el mejor estudio, análisis, desarrollo, investigación y función de la misma; contribuyendo a su vez a potencializarla para beneficio de la investigación de la escena del hecho delictuoso, para la obtención de mejores respuestas o más exhaustivas explicaciones a las Interrogantes de Oro de la Criminalística (como son: el qué?, el dónde?, el cómo?, el cuando?, el quién? y el con qué?). De lo expuesto en estas breves líneas tenemos como conclusión final que la Criminalística, en su condición de ciencia auxiliar del Derecho Penal y Procesal Penal, es fundamental para contribuir a la investigación criminal. BIBLIOGRAFÍA CÓDIGO PENAL PERUANO Editorial Grijley. Lima Perú. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. Cabanellas, Guillermo. Edición Argentina. ESTUDIOS DE DERECHO PENAL MÉDICO: MÓDULO VII RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y DERECHO MÉDICO del CURSO DE POST GRADO: DIPLOMADO EN MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA - FACULTAD DE MEDICINA HUMANA. 1415 EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR MG. CECILIA IZAGA RODRÍGUEZ JUEZ TITULAR DEL 3ER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE CHICLAYO El mundo jurídico se nutre día a día con la realidad social, tanto más el derecho del trabajo, derecho social por naturaleza, por ello Ortolán 1 señala Si los derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una persona a otra, si se extinguen, es siempre consecuencia o por medio de un hecho. No hay derecho que no provenga de un hecho, y precisamente de la variedad de hechos procede la variedad de derechos. Según el maestro Javier Neves Mujica 2 el trabajo objeto de protección por el derecho del trabajo es el trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado, y nuestra Constitución Política en su Art. 22 señala El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Si ello es así resulta de vital importancia detenernos y dar una mirada de futuro a las relacionas laborales nacionales de cara a la globalización e internacionalización de los mercados, encontrándonos con lo que se conoce con la Responsabilidad Social Empresarial 3, la cual se define como el compromiso continuo de la empresa de contribuir al desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de sus empleados y sus familiares, así como de la comunidad y de la sociedad en general, es decir el empleador no es más el dueño de los medios de producción cuya única finalidad es la generación de riqueza y el trabajador una pieza más del engranaje. En la actualidad el empleador es visto (o debe ser visto) como el estratega, aquél que hace una gestión ética del negocio con una visión global del mismo, donde involucra proveedores, clientes, comunidad, medio ambiente y sobre todo empleados a quien otorga trabajo de calidad, capacitación para mejorar los niveles de productividad, quienes son vistos hoy en día como elemento esencial de la rentabilidad pues contribuyen de manera directa con el trabajo que realizan, ubicándose entre los activos más valiosos de la organización. Así como existen sistemas de calidad basados en certificaciones internacionales que acreditan el cumplimiento de estándares como el ISO 9000 sobre servicios y productos, ó ISO sobre la gestión del medio ambiente, también existen el SA 8000 referido a estándares de buenas prácticas laborales orientados a asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores en una organización, y el OHSAS referido a estándares de seguridad y salud ocupacional, que miden de alguna forma la responsabilidad social del empleador. Internacionalmente estos estándares de derechos laborales están dados por códigos o estándares privados, que han llegado a ser una práctica generalizada en otros países como el caso de Nike, Adidas, GAP, etc.; sin embargo, es unánime el criterio en el sentido que lo mínimo que deberían respetarse son los estándares laborales de la OIT, pero reflejando las necesidades locales o particulares y la legislación nacional de cada país, estos derechos laborales fundamentales que deben respetarse son: La libertad sindical (Convenio 87 Libertad sindical y protección del derecho de sindicalización), la negociación colectiva (Convenio 98 Derecho de sindicalización y negociación colectiva), la no discriminación (Convenio 100 Igualdad de remuneración, y Convenio 111 Discriminación en el empleo y ocupación), la prohibición del tra- 1 OTROLÁN, M., Generalización del derecho romano, No. 52, cit. de Vélez Sársfield en nota de la sección segunda del Libro segundo del Código Argentino. 2 NEVES MUJICA, Javier, Introducción al Derecho Laboral, Fondo Editorial PUCP, Lima Perú, 2004, p.16 y ss. 3 WORLD BUSINESS COUNSIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2000 (WBCSD). 1516 bajo forzoso (Convenio 29 Trabajo forzoso, y Convenio 105 Abolición del trabajo forzoso), la erradicación del trabajo infantil (Convenio 138 Edad mínima, y Convenio 182 Sobre las peores formas del trabajo infantil), esto trae a colación lo que se denomina en la actualidad como Trabajo decente, que no es otra cosa que la puesta en marcha de la Responsabilidad Social del Empleador. En nuestro país la Responsabilidad Empresarial como estrategia para el desarrollo se ha venido implementando gradualmente, por ello el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se encuentra evaluando la posibilidad de implementar el proyecto Better Factories (mejores fábricas), destinado a la observación e información de las condiciones de trabajo que se brindan en las fábricas y la verificación del cumplimiento de las normas laborales y seguridad social en el trabajo, donde interviene el Estado como responsable del planeamiento, ejecución y fiscalización de las normas laborales y de seguridad social en el trabajo, asimismo la OIT que diseña, elabora las estrategias, capacita y realiza el monitoreo constante del programa y actúa como observador neutral, y, finalmente los compradores internacionales que solo deben relacionarse con aquellas empresas que se encuentren dentro del comentado programa 4. En el Perú para dar el gran salto se cuenta con esfuerzos privados como lo sostiene Nora Donayre Yáñez profesora de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que señala que con la aplicación del Balance Social (que generalmente se incorpora en las memorias de la empresa junto con los Estados Financieros) se identifican los fenómenos que requieren atención para luego emprender planes, y como María Matilde Schwalb, coordinadora del Área de Gestión Empresarial y Responsabilidad Social del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, que señala que en la medida que las empresas continúen aplicando planes de responsabilidad social empresarial incentivadas por la valoración positiva que estos reciben de sus clientes y consumidores, no será necesario que el Estado reglamente su ejecución 5, incluso el Perú cuenta con la Asociación de Buenos Empleadores ABE que es una asociación sin fines de lucro patrocinada por Amcham que agrupa a más de cincuenta empresas que respetan a su personal aplicando buenas prácticas de recursos humanos, comprometidas a que sus proveedores también respeten a su personal aplicando las mismas prácticas, los requisitos para ser socio de ABE son: (i) pagar puntualmente a todo su personal, (ii) aplicar las prácticas de recursos humanos exigidas por la asociación (evaluación del desempeño, pago de acuerdo con el desempeño, capacitación y reconocimiento); (iii) tener un ambiente de trabajo seguro e higiénico 6. El artículo III del Título Preliminar de nuestro Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso laboral señala como fines del proceso resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y logrando la paz social en justicia, esperemos que los trabajadores del Perú en un futuro próximo no tengan que acudir a los tribunales para recién hacer realidad los derechos sustanciales, sino que tengan la oportunidad de acceder a un trabajo decente donde el empleador no perciba erradamente que juega en contra del trabajador y sus derechos sino que ambos juegan para el mismo equipo generando riqueza como base del bienestar so- 4 FUENTE: DIARIO GESTIÓN (viernes, 7 de marzo del 2008). 5 SOLUCIONES LABORALES No. 02, Revista de Gaceta Jurídica, Perú, Febrero 2008, p SOLUCIONES LABORALES No. 01, Revista de Gaceta Jurídica, Perú, Enero 2008, p17 cial, sirviendo paralelamente como medio de realización de la persona. En el Perú ya no se trata de crear más leyes laborales sino de hacer realidad las que ya existen, no por miedo a la sanción sino por convicción y responsabilidad social, pues como dijo Platón Las buenas personas no necesitan de leyes para decirles que actúen con responsabilidad. 1718 LA JUSTICIA EN MANOS DE SERES HUMANOS MARÍA YOLANDA GIL LUDEÑA JUEZ DEL SETIMO JUZGADO PENAL DE CHICLAYO Los trabajadores de la Carrera Auxiliar Jurisdiccional en sus diferentes grados: - Secretarios y Relatores de la Corte suprema; - Secretarios y relatores de las cortes superiores, - Secretarios de juzgados especializados o mixtos y de paz letrados; - Oficiales auxiliares de justicia. Forman parte de la estructura del Poder Judicial y se les define sus Derechos y Deberes para asegurar el cumplimiento y pleno respeto de las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia. Los trabajadores judiciales desarrollan sus propias capacidades y competencias en las distintas especialidades jurisdiccionales en relación con los diferentes procesos; es decir cada uno llega al término final en la prestación de su servicio al usuario Judicial: Emitir Sentencia. Tarea que lleva implícita el imperativo de que el elemento humano alcance en el desarrollo de su actividad estándares de eficiencia. Para lograr dicho objetivo, el esfuerzo que se les pide a dichos servidores debe estar equiparado, equilibrado con una mejora en su status de vida en el aspecto remunerativo. El trabajo del secretario, asistente, auxiliar es uno de los más sacrificados; sin embargo no tiene una contraprestación económica que se acerque a una justicia distributiva económica. VISUALICEMOS: Un trabajador jurisdiccional de cualquier grado sentado frente a su herramienta de trabajo: computadora, expedientes, cedulas de notificación, aguja, hilo, etc., comienza a trabajar, Pero qué ocurre cuando le invade pensamientos (tal cual goteo de lluvia torrencial, va penetrando en su ser mental), que dejó en su hogar sin solucionar: necesidades del diario alimentar, gastos básicos: pensión de enseñanza, luz, agua y teléfono, a sus seres queridos que dependen de él o de ella?, y Cómo se libera de esos pensamientos, transformados en gran problema, si le asaltan y se apropian de su libre razonar para convertirlo en un ser esclavo de esa situación que no resolvió antes de ingresar a su centro de labores? Entonces el producto judicial resulta mezclado, bambeado, impuro, lleno de errores y que al salir ese documento está plagado de imperfecciones produciendo una ineficiencia que perjudica al usuario litigante; sin embargo la responsabilidad es atribuida enteramente al secretario que con gran esfuerzo y denuedo trata de sobrellevar esta situación, pero a veces le es imposible, razón?: Ser Humano. Dany es un trabador judicial Es un mal día para Dany, está agobiado por deudas, preocupado por su hija Daniela a quien no le dejaron dar examen en su colegio, por no haber pagado la pensión de enseñanza. Dany llega a su trabajo, debe cumplir con su rutina laboral: presentar al Señor Juez el despacho proveído. De pronto saltan sus errores qué ocurrió?, falta de concentración!. Dany es un trabajador competente pero desarrolla una actividad mental y debe razonarla, procesarla, asimilarla y argumentarla. Sin embargo la preocupación lo violenta y zas! se equivoca 1819 fue su desidia? Negligencia? No!, sencillamente a su reconocida vocación y mística laboral se le cruza, se atraviesa, ingresa a un mundo mental: el problema económico que no puede resolver y que equivocadamente piensa lo había dejado en casa, pero no, se va con él y definitivamente interfiere en su accionar laboral. Recientemente escuché una conversación entre dos trabajadores cuya temática versaba sobre el cobro del sueldo. Uno le decía al otro No, no voy a poder matricularme en ese diplomado porque no me alcanza, con las justas, tengo para pagar mi menú. ; el otro como si fuera su propio eco respondió Yo tampoco. Le confieso querido lector que me llamó la atención no por lo novedoso del tema porque es muy frecuente, sino porque tomé conciencia de cómo a veces se nos embota la mente y el corazón ante realidades tan drásticas y tan cerca de nosotros, y ante tal situación vamos perdiendo sensibilidad y no vemos lo que ocurre en nuestro entorno y va deteriorándose hasta el extremo de caer en un inmovilismo magnificante que nos imposibilita asumir una actitud que genere alternativas de solución. Desde esa arista hay que valorar que el trabajo que desarrollan estos auxiliares jurisdiccionales es uno de los más sacrificados; pero, sin embargo, no tienen una remuneración económica que le solucione la demanda básica de bienestar y si a ello le agregamos la presión jefatural y social, entonces el desequilibrio emocional se apropia de su psiquis construyendo un ser humano inestable, inseguro, frustrado y a veces renegado. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo veintitrés inciso c reconoce que: Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completado en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 7 inciso a-i reconoce el derecho de toda persona a un salario equitativo igual por trabajo de igual valor. Nuestra Constitución en su artículo 24 primer párrafo dispone que El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. Una remuneración equitativa, es decir de acuerdo al servicio prestado, a la calidad y cantidad del trabajo que presta un trabajador judicial magnificado en ambas dimensiones; por tanto una remuneración suficiente significa el bienestar material y espiritual de ese servidor y su familia y ni siquiera magnificándole sino únicamente lo mínimo requerido, es decir el bienestar material: satisfacción de necesidades para la sobrevivencia: alimentación, vestido, vivienda y salud. El bienestar espiritual: el educarse, descansar y crear condiciones para el progreso personal. En la doctrina social de la Iglesia se ha sostenido el presupuesto del sueldo ético. Ella recoge sus fundamentos desde las enseñanzas bíblicas: No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que reside dentro de tus puertas. Le darás cada día sus salarios sin dejar que el sol se ponga sobre esa deuda; porque es pobre, y, para vivir necesita de su salario, así no apelará por ello a Yahvé contra ti, y no te cargarás con un pecado (Deut. 24,14-15). 1920 Juan Pablo II publica en setiembre de 1981 su Encíclica Laborem Excersens (Trabajo Humano); en ella establece, entre otras propuestas: a) El Justo Salario: defensa del salario y las condiciones del trabajo ante la explotación del trabajador por el capital. b) Legislación Laboral: las leyes deben definir el salario mínimo, realmente suficiente para una existencia digna. En fin, una remuneración justa es aquella que permite a la persona desarrollarse integralmente, promover su condición humana a un grado más alto de la personalización y trascendencia. En el Poder Judicial la desigualdad de la distribución del ingreso es perfecta; los niveles salariales son altamente diferenciales. Es por ello que los trabajadores quieren ser jueces Ya!, y el Juez, Vocal, el Vocal Superior, Vocal Supremo y no tendría objeción alguna sino fuera porque muchos de ellos sin alcanzar la experiencia necesaria y a veces el perfil solicitado, está en proceso de maduración, pero el trabajador requiere necesariamente nivelar su sueldo y se produce un vaivén desestabilizador en el trabajo jurisdiccional, porque van desplegando energías laborables a medias ya que el objetivo principal es superar el nivel económico más que el funcional y se produce un círculo vicioso. Es bueno el crecimiento en todo el aspecto positivo pero hay que reducir las crecientes brechas en la desigualdad de los trabajadores judiciales, porque ellos no forman parte de un escenario especial para la realización de los eventos judiciales paralelos a los que despliega el Juez, es un mismo escenario formando un solo un todo, un universo, un mundo jurídico. La función no es únicamente de magistrado; la resolución judicial surge del trabajo conjunto de jueces y servidores, de allí que la digna y compensatoria remuneración económica debe abarcar ambos: magistrados y trabajadores judiciales. La crisis remuneratoria económica de dichos trabajadores es una situación que involucra a todos los magistrados, tienen una importante tarea de cumplir en el firme compromiso de intervenir directa o indirectamente a fin de que se logre un incremento remunerativo a dicho personal, en ese entendido es el Congreso y Poder Ejecutivo que debe solucionar, en la Reforma Judicial de la Ley de la Carrera Judicial o vía alternativa, implementar modificaciones legislativas al respecto y cumplir la Ley que regula la condición de presupuesto entre los poderes ejecutivo y judicial y los artículos 2, 82, 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Felizmente la alta dirección y cabeza de esta institución, Poder Judicial, está accionando para que se resuelva este gran problema que incide profundamente en la justicia, para que se le reconozca y pague un sueldo digno, justo y equitativo a los hijos: Servidores Judiciales, porque si los congéneres reciben y disfrutan de una justa remuneración económica acorde con su función, entonces es deber de ellos velar porque dichos miembros de esa misma familia judicial perciban y disfruten un sueldo decoroso. Es una responsabilidad y mientras no se cumpla con ella los magistrados no habrán impartido Justicia porque ella debe tener su nacimiento, génesis en su propio recinto institucional. 20 Mostrar más
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References: resolución 
 artículo 111
in fine
 artículo 7
 artículo 24
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 Artículo 440
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1
 artículo 6