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INFORME SOBRE DISCRIMEN EN EL ACCESO A EDUCACIÓN DE MENORES CON CONDICIONES ESPECIALES DE APRENDIZAJE - PDF
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Adrián Vega Ortiz de Zárate
1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES INFORME SOBRE DISCRIMEN EN EL ACCESO A EDUCACIÓN DE MENORES CON CONDICIONES ESPECIALES DE APRENDIZAJE OCTUBRE 2006
2 INFORME SOBRE DISCRIMEN EN EL ACCESO A EDUCACIÓN DE MENORES CON CONDICIONES ESPECIALES DE APRENDIZAJE TABLA DE CONTENIDO PRÓLOGO 2 INTRODUCCIÓN 8 TRASFONDO JURÍDICO. 12 TRASFONDO FÁCTICO.. 18 HALLAZGOS. 20 A. Desconocimiento de las leyes pertinentes por parte del personal del Departamento de Educación y, en ocasiones, sobre los servicios que se prestan y las implicaciones de las condiciones especiales de aprendizaje. 25 B. Incumplimiento de la obligación de orientar adecuadamente a la ciudadanía y de divulgar los derechos de las personas con condiciones especiales de aprendizaje de conformidad con las leyes pertinentes. 26 C. Falta de sensibilidad y desatención por parte de maestros y funcionarios del Departamento de Educación respecto a los problemas de las personas menores de edad con condiciones especiales de aprendizaje y en el trato hacia los ciudadanos 30 D. Dificultades e ineficiencias en el proceso de registro a los programas y servicios. 35 E. Incumplimiento de las exigencias de ley en el proceso de evaluación inicial para determinar elegibilidad y tomar otras decisiones ulteriores.. 38 F. Ineficiencia en el proceso de ubicación de las personas menores de edad con condiciones especiales de aprendizaje. 42
3 G. Incumplimiento de los requerimientos de ley respecto al Plan Educativo Individualizado (PEI) 46 H. Incumplimiento en la prestación de los servicios de educación especial y de los servicios relacionados a las personas menores de edad con condiciones especiales de aprendizaje 49 I. Deficiencias en el proceso de transición de los estudiantes próximos a dejar el programa de educación especial. 61 J. La querella y la demanda como recurso indispensable para activar la acción del Departamento de Educación; deficiencias e irregularidades en el trámite.. 65 K. Efectos negativos del desempeño del Departamento de Educación en la población estudiantil con condiciones especiales de aprendizaje y en sus familias. 77 L. La escuela privada ante el problema de la educación especial 80 M. Incumplimiento por parte de otras agencias del Estado respecto a las personas con condiciones especiales de aprendizaje. 83 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. Conclusiones de la Comisión de Derechos Civiles B. Recomendaciones 1. Recomendaciones Presentadas por las Personas Deponentes Ante la Comisión de Derechos Civiles Recomendaciones de la Comisión de Derechos Civiles 97 COMENTARIOS FINALES. 100
4 APÉNDICES APÉNDICE 1 APÉNDICE 2 APÉNDICE 3 Lista de Deponentes Resolución de la Comisión de Derechos Civiles Informe de la Monitora en el caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación VOTO PARTICULAR Y DE CONFORMIDAD
5 PRÓLOGO Cuando hablamos del derecho a la educación en nuestra Isla estamos haciendo referencia a un derecho fundamental protegido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ese derecho fundamental opera en armonía con otras disposiciones constitucionales que protegen a la ciudadanía y garantizan el ejercicio del mismo. Veamos. La sección 5 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone en su parte pertinente lo siguiente: Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales Por su parte, la sección 1 de la Carta de Derechos establece: La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. De igual forma, la sección 20 del mismo cuerpo normativo dispone que [e]l Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos: El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. Aunque esta última sección de la Carta de Derechos de nuestra Constitución fue desaprobada por el Congreso de los Estados Unidos mediante Resolución Conjunta del 3 de julio de 1952, la misma contiene la voluntad del pueblo de Puerto Rico que merece el más alto respeto independientemente de que ante el Congreso de los Estado Unidos esta sección en particular carezca de validez. Como hemos expresado en el pasado, una constitución vale no sólo por sus posibilidades de aplicación jurídica sino también por su capacidad para interpretar y orientar la trayectoria de su pueblo constituyente 1. 1 Informe del Comité del Gobernador para el Estudio de los Derechos Civiles en Puerto Rico, 1959-CDC-001, página
6 Recogiendo las disposiciones constitucionales antes mencionadas, el 31 de diciembre de 1998 se aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 338 mejor conocida como la Carta de Derechos del Niño que en su parte pertinente dispone que todos los niños tienen derecho a disfrutar un ambiente seguro, libre de ataques a su integridad física, mental o emocional en todas las instituciones de enseñanza públicas y privadas, a lo largo de sus años de estudios primarios, secundarios y vocacionales hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. Por su parte, el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 dispone lo siguiente en cuanto al derecho a la educación: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En vista de lo anterior, cuando hablamos del derecho a la educación no cabe duda de que nos estamos refiriendo a uno de los derechos de más alta jerarquía tanto dentro de nuestro ordenamiento local como a nivel internacional. Por su parte, cuando nos referimos al derecho a la educación de las personas con condiciones especiales de aprendizaje, aparte de las disposiciones antes mencionadas, entran en función otras protecciones e iniciativas de carácter internacional que merecen ser señaladas. En el Informe de la Comisión de Derechos Humanos al Consejo Económico y Social 3
7 de la Organización de las Naciones Unidas del 14 de abril de , este organismo exhortó a todos los gobiernos a adoptar medidas activas a fin de: a) asegurar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; b) prevenir y prohibir todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad; c) garantizar la igualdad de oportunidades para la plena participación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida; y d) incorporar una perspectiva de género en todos los esfuerzos encaminados a promover y proteger el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas con discapacidad. Este informe de la Comisión de Derechos Humanos comienza recordando lo siguiente: [t]odas las personas con discapacidad tienen derecho a la protección contra la discriminación y a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos en condiciones de igualdad, conforme a lo establecido, entre otras, en las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas de 1983 de la Organización Internacional del Trabajo. Cónsono con lo anterior, es menester resaltar algunas de las principales iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas relacionadas con las personas con impedimentos: 1971 Declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Impedimentos 1976 La Organización de las Naciones Unidas promulga el Año Internacional de las Personas con Impedimentos 1982 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adopta por consenso el Programa de Acción Mundial para los Impedidos 2 Informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, E/CN.4/2005-L.65. 4
8 1984 Designación del Relator Especial de los Derechos de las Personas con Impedimentos 1992 Proclamación del 3 de diciembre como el Día Internacional de los Impedidos 1993 aprobación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 2001 establecimiento del Comité Especial responsable de preparar una convención internacional para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad Sobre las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, vale la pena reseñar lo dispuesto en su Artículo 6 sobre la educación de esta población: Artículo 6. Educación Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. 1. La responsabilidad de la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados corresponde a las autoridades docentes en general. La educación de las personas con discapacidad debe constituir parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización escolar. 2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación y otros servicios de apoyo apropiados. Deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de personas con diversas discapacidades. 3. Los grupos o asociaciones de padres y las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en todos los niveles del proceso educativo. 5
9 4. En los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos los tipos y grados de discapacidad, incluidos los más graves. 5. Debe prestarse atención especial a los siguientes grupos: a) Niños muy pequeños con discapacidad; b) Niños de edad preescolar con discapacidad; c) Adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres. 6. Para que las disposiciones sobres instrucción de personas con discapacidad puedan integrarse en el sistema de enseñanza general, los Estados deben: a) Contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general. b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos según sea necesario. c) Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constate de personal docente y de apoyo. 7. Los programas de educación integrada basados en la comunidad deben considerarse como un complemento útil para facilitar a las personas con discapacidad una formación y una educación económicamente viables. Los programas nacionales de base comunitaria deben utilizarse para promover entre las comunidades la utilización y ampliación de sus recursos a fin de proporcionar educación local a la personas con discapacidad. 8. En situaciones en que el sistema de instrucción general no esté aún en condiciones de atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, cabría analizar la posibilidad de establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a los estudiantes para que se educaran en el sistema de enseñanza general. La calidad de esa educación debe guiarse por las mismas normas y aspiraciones que las aplicables a la enseñanza general y vincularse estrechamente con ésta. Como mínimo, se debe asignar a los estudiantes con discapacidad el mismo porcentaje de recursos para la instrucción que el que se asigna a los estudiantes sin discapacidad. Los Estados deben tratar de lograr la integración gradual de los servicios de enseñanza especial en la enseñanza general. Se reconoce que, en algunos casos, la enseñanza especial puede normalmente considerarse la forma más apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con discapacidad. 9. Debido a las necesidades particulares de comunicación de las personas sordas y de las sordas y ciegas, tal vez sea más oportuno que se les imparta instrucción en escuelas para personas con esos problemas o en aulas y secciones especiales de las escuelas de instrucción general. Al principio sobre todo, habría que cuidar 6
10 especialmente que la instrucción tuviera en cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas sordas o sordas y ciegas lograran una comunicación real y la máxima autonomía. Por último, es oportuno señalar unas palabras del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, Vernon Muñoz Villalobos, quien para referirse a las personas con impedimentos, prefiere utilizar el término personas con capacidades diferentes para no contribuir a la infravaloración implicada en otras terminologías que hacen invisibles las capacidades reales de los individuos 3. Muñoz Villalobos considera que la concepción de la discapacidad como un obstáculo pare el derecho a la educación constituye una práctica que victimiza a las personas y omite sentar responsabilidades a los sistemas educativos que son, en primera instancia, los que ejecutan su exclusión, pero que sin embargo también tienen el poder de adaptar el entorno a las necesidades de las personas con capacidades diferentes y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes 4. 3 Vernon Muñoz Villalobos, Informe del Relator Especial sobre Derecho a la Educación, 17 de diciembre de Vernon Muñoz Villalobos, Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Derecho a la Educación. 7
11 INTRODUCCIÓN La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico tiene la responsabilidad de investigar toda situación que pueda implicar violaciones a los derechos civiles y humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, según garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su Artículo II, Secciones 5 y 20, nuestra Constitución reconoce como fundamental el derecho de todos y todas a una educación que propenda al pleno desarrollo humano. Ello implica, en principio, la obligación del Estado de ofrecer la alternativa de una educación gratuita y de excelencia, que incluya todos los servicios necesarios para poder beneficiarse al máximo posible del proceso educativo, así como la de garantizar que las instituciones educativas privadas que asumen esa función la desempeñen con igual grado de excelencia. Corresponde, sin duda, a la Comisión asegurarse del fiel cumplimiento de dicho mandato constitucional y de que no medie, como exige también la ley, discriminación alguna sobre ese particular. La población con condiciones especiales de aprendizaje 5 presenta al respecto un gran reto al sistema educativo, público y privado, puesto que requiere atenciones y servicios de naturaleza especial y de la más variada gama, adicionales a las que exige el proceso educativo regular. El reto para el Estado es aún mayor puesto que sus responsabilidades en cuanto a dicha población comienzan incluso antes de que ésta tenga la edad para ingresar al sistema educativo y continúa luego de salir de éste. Ello ha motivado la aprobación de leyes especiales que persiguen la adecuada instrumentación del mandato constitucional. No obstante, el desempeño del Estado y del sistema educativo ha sido objeto de múltiples cuestionamientos e incluso ha sido y continúa siendo objeto de litigios que plantean graves deficiencias de distinta naturaleza. 5 Para efectos de este Informe preferimos utilizar el término con condiciones especiales de aprendizaje en lugar del término con impedimentos. 8
12 Movida por esta realidad y respondiendo a una querella formal presentada por el Comité Timón de Familiares y Amigos de Niños con Impedimentos, en función en Puerto Rico desde hace varios años, el 20 de noviembre de 2002 la Comisión de Derechos Civiles determinó investigar el acceso de las personas con condiciones especiales de aprendizaje a la educación en Puerto Rico y la posibilidad de que hayan mediado a ese respecto violaciones a la prohibición contra toda discriminación indebida. A tales fines, la Comisión celebró vistas públicas del 10 al 12 de febrero de 2003, y vistas ejecutivas el 4 de abril y el 4 de junio de Sirvieron de guía en ese proceso aspiraciones respecto al sistema de educación, similares a las expresadas ante la Comisión por la Dra. Lina M. Torres Rivera, a saber: Queremos una escuela que no cierre los portones de acceso a los niños y niñas con necesidades especiales ni a sus respectivas familias. Con un personal decente, sensible a los reclamos de este importante y cada vez más amplio sector de nuestra sociedad. Una escuela, parte de nuestro sistema educativo, que tome en cuenta la lucha que a diario miles de familias deben emprender para poder echar hacia adelante a sus hijos e hijas física y mentalmente sanos. Pero que atienda con eficiencia y sensibilidad a las miles de familias, en particular a las miles de madres jefas de familia que apenas cuentan con apoyo y quienes a diario tienen que lidiar, no sólo con la situación de tener uno o más hijos o hijas con impedimentos, sino contra toda una estructura que en vez de facilitarles el proceso de ver y crecer a sus niños y niñas, de verles desarrollar su potencial al máximo o hacerles llevadero ese camino, les pone obstáculos; barreras físicas, arquitectónicas, sociales, mentales, emocionales. 6 A las vistas públicas de la Comisión comparecieron: 7 a. Cuarenta y ocho (48) padres y madres de personas con condiciones especiales de aprendizaje, los cuales representaron ocho de las nueve regiones educativas del Departamento de Educación, con la única excepción de Fajardo. b. Doce (12) peritos en la materia. 6 Ponencia de la Dra. Lina M. Torres Rivera, 10 de febrero de Véase el Apéndice 1 para una relación de los días y vistas públicas y de las personas que depusieron. 9
13 c. Seis (6) de las agencias gubernamentales involucradas por ley en la prestación de servicios a personas con condiciones especiales de aprendizaje, a saber: Departamento de Educación, Departamento de Salud, Universidad de Puerto Rico, Departamento del Trabajo, Policía de Puerto Rico y Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos. También depusieron la Administración de Instituciones Juveniles y la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia. d. Tres (3) maestros de educación especial. e. Catorce (14) asociaciones u organizaciones privadas. En el caso de estas últimas, vale destacar que algunas aglutinan un gran número de personas con interés especial en el tema de estudio, como, por ejemplo, la Asociación de Atletas Ciegos, la Sociedad de Padres de Niños y Adultos Autistas de Puerto Rico, el Comité Timón de Familiares y Amigos de Niños con Impedimentos y la Asociación de Padres pro Niños con Impedimentos. Esta última agrupa a más de 25,000 familias y a 15,000 profesionales, y recibe un promedio de 3.5 peticiones de asistencia diarias relacionadas con la prestación de servicios a menores con condiciones especiales de aprendizaje. A las vistas ejecutivas comparecieron: la licenciada Irlanda Ruiz, ex Jueza Administrativa de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Educación; el Dr. Nicolás Linares, Director del Instituto Filius; Ia Dra. Celeste Freytes, Vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación de la Universidad de Puerto Rico (Oficina del Presidente); y el Dr. César Rey Hernández, Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. La Comisión examinó, además, los documentos relativos al pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, Civil Núm. KPE , Sala 907 de San Juan 10
14 de la Sección Superior del Tribunal de Primera Instancia, y tuvo a su disposición la documentación allegada por la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado de Puerto Rico a los fines del estudio ordenado por la Resolución del Senado Número 31, de 22 de enero de 2001, sobre el cumplimiento de las leyes estatales y federales con el propósito de viabilizar los servicios y atender las necesidades de las personas con condiciones especiales de aprendizaje, ámbito que interesa a la Comisión de Derechos Civiles en cuanto se relaciona con el problema del acceso a la educación. La Comisión de Derechos Civiles establece que el presente Informe comprende la información y datos recopilados mediante las vistas públicas y ejecutivas reseñadas durante los meses de febrero a junio del año Los nombres de las personas en cargos como el Secretario del Departamento de Educación, Directores de Oficinas o presidentes de organizaciones o similares, a los cuales se alude en el presente informe, son los que corresponden a dicho período de tiempo, salvo que se especifique de otro modo. Para actualizar la información recopilada para el presente informe, se incluye de manera íntegra, copia del informe de la actual monitora, Dra. Priscila Negrón, en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, supra. Este informe fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, Sala 907 y recoge el estado actual del pleito tras cerca de veintiséis años de extenso litigio desde su radicación original en el año El Panel Investigador a cargo de las vistas públicas celebradas para la preparación de este informe estuvo compuesto por los siguientes comisionados y funcionarios de la Comisión de Derechos Civiles: Lcdo. José Ismael Irizarry Yordán Presidente Interino Dra. Palmira N. Ríos González Comisionada 11
15 Lcdo. René Pinto Lugo Comisionado Lcdo. Luis Muñoz Rivera - Comisionado Lcda. Migdalia Adrover Rodríguez Directora Ejecutiva Posteriormente, colaboraron en el proceso de redacción, corrección y edición del Informe, la Dra. María Y. Canabal Torres, el Lcdo. Rafael Torres Torres y la Lcda. Janice M. Gutiérrez Lacourt, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Civiles desde el año 2004 hasta el Finalmente, participaron en el proceso de edición final del presente Informe la Lcda. Elisa V. Abruña Ortiz, Asesora Legal de la Comisión y el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, Director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles a la fecha de la publicación de este trabajo. TRASFONDO JURÍDICO La Constitución de los Estados Unidos, a diferencia de la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no reconoce la educación como un derecho fundamental. No obstante la necesidad de precisar conceptos y de establecer criterios y directrices federales para atender las necesidades particulares de la población con condiciones especiales de aprendizaje llevó a la aprobación de leyes especiales aplicables a todos los estados y territorios. Puerto Rico, obligado por el mandato expreso de nuestra Constitución y por las exigencias de las leyes federales, también aprobó legislación local con similar propósito. Dejando a un lado antecedentes ya superados, las leyes de mayor importancia actualmente sobre ese particular son, en el ámbito federal, la Ley Número de 1997, conocida como "Individuals with Disabilities Act" (IDEA, por sus siglas); y en el local, la Ley Núm. 51 de 4 de junio de 1996, conocida como "Ley de Servicios Educativos integrales" (en adelante denominada como Ley Núm. 51). También aplican, por supuesto, las leyes federales Núm. 12
16 de 26 de septiembre de 1973, conocida como "Rehabilitation Act." y Núm de 26 de julio de 1990, conocida como "Americans with Disabilities Act" (ADA, por sus siglas). La "Individual with Disabilities Act", IDEA, en la que se reconoce a Puerto Rico como un estado más a los fines de su aplicación, tiene precedencia sobre la legislación local. De hecho, es mucho más abarcadora y precisa en definiciones y en la regulación de procesos que la Ley Núm. 51, de allí que sea la referencia principal. Ello es así, sobre todo, en vista de que Puerto Rico recibe desde 1977 fondos federales para el cumplimiento de los requerimientos sobre educación especial apropiada y gratuita, lo que lo obliga a cumplir con las regulaciones establecidas por el Congreso de los Estados Unidos. A ese respecto, Puerto Rico ha cedido su inmunidad para fines de cualquier litigio federal por incumplimiento de las leyes aplicables. 8 A los fines de la investigación de la Comisión, fundada en el derecho constitucional a una educación pública apropiada y gratuita, debe partirse de la definición que ofrece IDEA sobre "educación especial". 9 En general, significa: [S]pecially designed instruction, at no cost to the parents, to meet the unique needs of a child with disability. Por su parte, el término "enseñanza especialmente diseñada" se define como: [A]dapting, as appropriate to the needs of an eligible child under this part, the content, methodology or delivery of instruction - (i) To address the unique needs of the child that result from the child's disability; and (ii) To ensure access of the child to the general curriculum, so that he or she can meet the educational standards within the jurisdiction of the public agency that apply to all children. De conformidad con la ley, el término educación especial incluye también varios 8 United States District Court of Puerto Rico. Memorandum No. 02-CU-1282 (ORD) de 13 de mayo de 2002, "regarding whether the Eleventh Amendment bars plaintiffs from seeking injunctive relief and damagers against Puerto Rico under Title Il of American with Disabilities Act; Section 504 of the Rehabilitation Act, and individual with Disabilities Act. 9 IDEA, Sección
17 ámbitos: 1. Servicios de patología del habla. 2. Adiestramiento para poder ubicarse y trasladarse con facilidad y seguridad. 3. Educación vocacional dirigida a preparar para obtener un empleo. 4. Educación física, en sentido amplio. Además de la educación especial, IDEA requiere el ofrecimiento de "servicios relacionados" definidos como: (a) General. As used in this part, the term related services means transportation and such developmental, corrective and other supportive services as are required to assist a child with a disability to benefit from especial education, and includes speech-language pathology and audiology services, psychological services, physical and occupational therapy, recreation, including therapeutic recreation, early identification and assessment of disabilities in children, counseling services, including rehabilitation counseling, orientation and mobility services, and medical services for diagnostic or evaluation purposes. The term also includes school health services, social work services in schools, and parent counseling and training. 10 La Ley Núm. 51, supra, por su parte, hace referencia a distintos tipos de servicios: 1. Servicios integrados: los servicios educativos y relacionados que se suplen de forma coordinada, compatibles con unas metas y objetivos comunes recogidos en el programa individualizado de servicios. 2. Servicios Relacionados con la educación: los servicios de salud y de apoyo indispensables que se requieren para que la persona con impedimentos se beneficie de la educación especial para desarrollar al máximo sus potencialidades. 3. Asistencia tecnológica: todo aquel equipo y servicio indispensable para que las personas con impedimentos puedan aumentar, mantener o 10 IDEA, Secci6n
18 mejorar sus capacidades funcionales, incluyendo intérpretes, anotadores y lectores cuando ello se recomienda. 11 De conformidad con IDEA y con la Ley Núm. 51 todo el proceso de intervención con una persona menor de edad con condiciones especiales de aprendizaje puede comenzar en el Departamento de Salud si se trata de una persona menor de tres (3) años, o en el Departamento de Educación si la persona tiene entre tres (3) y veintiún (21) años. Existe un proceso de registro a tales fines, bien sea para intervención temprana, en el primer caso, o para educación especial, en el segundo caso. Las disposiciones relativas a uno y otro ámbito están contenidas en las partes C y B de IDEA, respectivamente. A los fines de que una persona menor de edad con condiciones especiales de aprendizaje pase de un programa a otro, se da lo que se llama un plan de transición, el cual se debe iniciar al menos seis meses antes de que aquélla cumpla los tres años que marcan la frontera. El registro de la persona implica el comienzo de un proceso de evaluación para fines de determinar elegibilidad y otros extremos, el cual debe cumplir por ley con unos parámetros temporales. IDEA requiere a ese respecto la integración, para cada persona elegible, de lo que en español se llama un Comité de Programación y Ubicación (COMPU), el cual debe llevar a cabo el proceso de evaluación. De conformidad con la Sección de IDEA, la agencia pública involucrada debe asegurarse de que dicho Comité tenga la siguiente composición: 1. los padres; 2. al menos un maestro regular de la persona menor de edad, si ésta participando en un ambiente de educación regular; 3. al menos un maestro de educación especial de la persona menor de edad o; al 11 Ley Núm. 51, Sección
19 menos, un proveedor de educación especial; 4. un representante de la agencia pública que esté cualificado para proveer o supervisar el ofrecimiento de enseñanza especialmente diseñada para personas con impedimentos y que tenga conocimiento de los recursos disponibles en la agencia pública; 5. una persona que pueda interpretar las implicaciones para la enseñanza de los resultados de las evaluaciones, la cual podría ser un miembro incluido ya en el equipo; 6. a discreción de los padres o de la agencia, personas que tengan conocimiento especial, en términos de peritaje, respecto a la persona menor de edad; y 7. la persona menor de edad, si ello se estima apropiado. Una vez realizadas las evaluaciones, el COMPU debe plasmar los resultados e interpretaciones de aquéllas en un documento denominado Programa Educativo Individualizado (PEI). Este debe ser revisado, sobre la base de evaluaciones periódicas, al menos una vez al año. El PEI debe disponer la ubicación adecuada para la persona menor de edad con condiciones especiales de aprendizaje y los servicios que se le deben prestar, así como los objetivos y las metas que se espera lograr en cada caso particular. Es oportuno señalar que en Puerto Rico, de conformidad con la Ley Núm. 51, se han establecido las responsabilidades de varias agencias respecto a la prestación de servicios especializados y profesionales, directos o relacionados que brinden a las personas menores de edad con condiciones especiales de aprendizaje oportunidades de desarrollo similares a las de personas que no las padecen. Además de los Departamentos de Educación y de Salud, ya mencionados, están la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de la Familia, la Administración de Corrección y Rehabilitación, 16
20 incluyendo la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento de Recreación y Deportes y la Universidad de Puerto Rico. Precisamente, la Exposición de Motivos de la referida ley reconoce que, dada la diversidad de necesidades de las personas con condiciones especiales de aprendizaje, su proceso educativo requiere un enfoque multidisciplinario que justifica la intervención de diferentes agencias del gobierno en la prestación de los servicios necesarios. Corresponde a las agencias que tienen la responsabilidad primaria coordinar con las demás respecto a cualesquiera aportaciones que estimen necesarias. El desempeño de cada una de estas agencias sobre el particular fue objeto de una investigación por parte de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado de Puerto Rico, ordenado por la Resolución del Senado Número 31, de 22 de enero de Obviamente, el incumplimiento de los requisitos de ley que imponen IDEA y la Ley Núm. 51 por parte de las agencias públicas involucradas implica acciones discriminatorias en violación de leyes especiales federales y estatales, así como de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en tanto y en cuanto, se les está limitando a las personas con condiciones especiales de aprendizaje el acceso a una educación gratuita y apropiada, donde median barreras arquitectónicas, comunicativas y actitudinales, porque no se les están ofreciendo los servicios de todo tipo que sus condiciones exigen para lograr superarse, porque no se potencia su integración a los programas educativos regulares, porque no se les ubica adecuadamente de acuerdo con sus necesidades y su situación y porque los padres o tutores que exigen por los derechos de sus hijos, son frecuentemente tratados de manera hostil e igualmente discriminados y en ocasiones hasta perseguidos. La ley federal Núm de 26 de julio de 1990, conocida como "American with 17

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 26
 Artículo 6
 Artículo 6
 Resolución 
 Resolución