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Timestamp: 2019-05-22 04:51:10+00:00

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Caso práctico: Alto cargo. Extinción del contrato por desistimiento del empresario. Derecho a indemnización pese a pacto en contrario. | Iberley
Teniendo en cuenta la existencia de esta cláusula; en el supuesto de que el contrato del alto cargo se extinguiese por desistimiento del empresario
¿tiene o no derecho a la indemnización de siete días de salario por año de servicio hasta un máximo de seis mensualidades, a que se refiere el art. 11.2, Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, regulador de la relación laboral especial de alta dirección?
SI. Por pacto cabrá la modulación en el derecho a indemnización de un alto cargo dentro de las previsiones normativas pero no su completa desaparición.
Teniendo siempre presente las fuentes reguladoras de esta relación especial (primacía de la voluntad de las partes, con sujeción a lo dispuesto en el propio Real Decreto, y carácter supletorio de la legislación civil y mercantil, no siendo aplicable la legislación laboral común más que en los casos de remisión expresa por el Real Decreto o por el contrato), la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha afirmando que, la interpretación más lógica del párrafo segundo del art. 11.1, Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, en sí mismo considerado, es que no lo permite. El precepto en cuestión se compone de tres elementos normativos, que son los siguientes:
«a) El legislador confiere directamente al alto directivo un derecho no condicionado a recibir una indemnización cuando su contrato se extinga por voluntad unilateral del empresario sin necesidad de justa causa alguna (desistimiento, dice el precepto con toda propiedad): El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones...
b) El legislador no establece directamente la cuantía de dichas indemnizaciones sino que se remite a la que pacten las partes: '... pactadas en el contrato'.
c) El legislador establece una norma subsidiaria para el caso de que las partes no hayan pactado dicha cuantía: a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades.»
Dada esa estructura y ese contenido del precepto, no parece lógico interpretar que el legislador permita un pacto -como el del suspuesto- cuyo contenido no se limite a fijar una cuantía diferente a esa subsidiaria sino que consista, lisa y llanamente, en eliminar toda indemnización. Si fuera así, el legislador incurriría en una palmaria contradicción con lo que él mismo establece en primer lugar y de manera terminante: el alto directivo «tendrá derecho». POR PACTO CABRÁ MODULACIÓN EN EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN PERO NO SU COMPLETA DESAPARICION.
Siguiendo con el análisis, podemos añadir que el Preámbulo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, tras aludir a que esta relación especial «se caracteriza por la confianza recíproca que debe existir entre las partes», añade: «Precisamente por estas características de la relación que une al directivo con la Empresa se ha optado por proporcionar un amplio margen al pacto entre las partes de esta relación, como elemento de configuración del contenido de la misma, correspondiendo a la norma por su parte el fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato, profundizando más en cuestiones, como por ejemplo, las relativas a las causas y efectos de extinción de contrato, respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento normativo más completo, al ser menos susceptibles de acuerdos entre partes». Es decir que, tras recordar que el sentido de esta relación especial es dar «un amplio margen al pacto entre las partes», añade, a modo de matización a esa idea básica, que la norma tiene un cometido regulador doble: fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato y 'profundizar' en algunas cuestiones, como las relativas a los efectos de la extinción del contrato (uno de cuyos principales efectos es, obviamente, la indemnización) «respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento normativo más completo, al ser menos susceptible de acuerdo entre partes» .Pues bien, no parece lógico interpretar que ese tratamiento normativo 'más completo' (contenido, en parte, en el artículo 11.1) -que el legislador justifica porque, en su opinión (acertada o no), se trata de una cuestión menos susceptible de acuerdo entre las partes-pueda consistir, paradójicamente, en permitir que las partes sean absolutamente autónomas para pactar que no exista ninguna indemnización, siendo así que la indemnización es un efecto típico de casi todas las extinciones contractuales en materia laboral, incluidas las objetivas por justa causa e incluso la extinción debida a la mera llegada del término en los contratos temporales.
Y, si nos referimos al Derecho general de los contratos, cabe recordar que el aún vigente Art. 1586 ,Código Civil, referido al arrendamiento de servicios, dice así: «Los criados, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto término para cierta obra, no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato, sin justa causa». Es lógico que, en un contrato basado en la mutua confianza como es el de los altos cargos, se permita el libre desistimiento -sin necesidad de alegar ni acreditar causa alguna-por ambas partes. Pero no lo es que ese libre desistimiento sin causa no vaya acompañado de alguna indemnización. Es un principio general del derecho de obligaciones la indemnización de daños y perjuicios, incluso si no está expresamente prevista en el contrato, por falta de cumplimiento de éste y, en definitiva, la denuncia ante tempusde un contrato a término -como era el del caso de autos-sin causa es, materialmente, una falta de cumplimiento. Así, el Art. 1107 ,Código Civil dice: «Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento». Es claro que el perjuicio que sufre un trabajador -en este caso alto cargo-por la pérdida de su trabajo es una consecuencia necesaria del desistimiento (que, como decimos, es, en definitiva, una falta de cumplimiento total para el futuro, poniendo fin a un contrato antes de la llegada del término pactado) por parte del empleador, perjuicio que debería ser siempre indemnizado. El libre desistimiento sin causa y sin indemnización alguna no parece cohonestarse muy bien con ese otro principio general del derecho de los contratos que dice que «el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes» (Art. 1256 ,Código Civil), pues no hay mayor incumplimiento que poner fin a un contrato sin causa y sin indemnización alguna.
- STS 22-04-2014 (R. 1197/2013 - TS, Sala de lo Social, de 22/04/2014, Rec. 1197/2013 -).
- art. 11.1, Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.
Sentencia SOCIAL Nº 2852/2017, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 286/2017, 21-11-2017
Orden: Social Fecha: 21/11/2017 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Palomar Chalver, Gema Num. Sentencia: 2852/2017 Num. Recurso: 286/2017
Sentencia Social Nº 231/2013, TSJ Cantabria, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 74/2013, 21-03-2013
Orden: Social Fecha: 21/03/2013 Tribunal: Tsj Cantabria Ponente: Sancha Saiz, Maria De Las Mercedes Num. Sentencia: 231/2013 Num. Recurso: 74/2013

References: Real Decreto 
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 artículo 11
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