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Timestamp: 2018-06-20 01:55:36+00:00

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Blog de RadioAMLO: 05/02/2008
Una isla que México perdió ante US
El enorme potencial petrolero que yace en el Golfo de México ha sido objeto de negociaciones no siempre transparentes y que cedieron la mayor parte de esa zona petrolera a Estados Unidos, al ignorar una isla que definiría la frontera a favor del interés nacional.
Aunque figura en mapas de los siglos XVI, XVII, XIX y XX, un buque de la Secretaría de Marina no la localizó en 1997. Es la isla Bermeja que, en cambio, sí aparece en una guía turística estadounidense por Internet y alimentada con datos de la Agencia Central de Inteligencia, en medio de las aguas del Golfo de México.
La pesquisa sobre esta isla se asoma a las negociaciones secretas que mantuvieron México y Estados Unidos en materia de exploración y explotación del petróleo, así como a la presunta destrucción de los archivos con las actas de esas reuniones desde el Senado de la Republica para no rendir cuentas a la sociedad.
La importancia de la isla radica en que establece los lindes marítimos entre Estados Unidos y México en los denominados “hoyos de dona” del Golfo de México, explica el investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional.
Estas zonas son dos: una frente a Tamaulipas y Texas –Polígono Occidental y otra frente a Yucatán, Nuevo Orleáns y Cuba -Polígono Oriental. Su potencial estimado es de 22 mil 500 millones de barriles de crudo, y al quedar entre los mares territoriales de dos o más países su aprovechamiento depende de los límites que se fijen.
Ubicar la isla Bermeja “nos permitiría arrojar la frontera de México más al norte y conquistar una mayor parte para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al sur con base en las islas Dernier”, define Barbosa
En 1997, durante las negociaciones bilaterales sobre esos lindes, trascendió que compañías estadounidenses perforaron pozos petroleros cercanos a la frontera con México; entonces se precipitaron las denuncias y estudios, así como la búsqueda de la Bermeja.
En esos días “el único senador que en ese momento formulaba denuncias y que se quedó en la más absoluta soledad, incluso sufriendo sabotaje de sus colegas y que fue objeto de burlas, visto como un loco extravagante, fue el panista José Ángel Conchello”, evoca Barbosa.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Conchello advertía de los trabajos de perforación en el Golfo por la empresa Reading and Bates Corp., lo que confirmaba su sospecha de negociaciones ocultas con respecto al petróleo en su artículo ¿Entregar el petróleo? de la revista TUXpan (1 de diciembre de 1997).
Ahí denunció: “todo parece indicar que el gobierno mexicano cedió ya el usufructo de la enorme riqueza petrolera de esa área a las trasnacionales estadounidenses... e incluso un convenio secreto para entregar el cuarto yacimiento de petróleo y gas más importante del mundo a la voracidad de la Unión Americana''.
Pese a tal imputación, al aprobarse en noviembre de 2000 el Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, mas allá de las 200 millas náuticas, “el senador había muerto (4 de agosto de 1998) en un extraño accidente nunca aclarado, y su investigación petrolera había desaparecido”, subraya el investigador Fabio Barbosa.
Inicia la pesquisa
En tanto, ya se indagaba sobre la isla mexicana que delimitaría nuestra frontera septentrional. Así lo revela un documento de la Secretaría de Marina del 23 de septiembre de 1997, firmado por el contralmirante Néstor E. Yee Amador, director general de Oceanografía Naval, dirigido al subsecretario de esa institución sobre el reconocimiento efectuado por el buque oceanográfico H-04 “Onjuku”.
La inspección, realizada el 5 de septiembre a las 7:00 horas por el buque en la situación geográfica latitud 22º 33' N; longitud 091º22'W fue: “no habiéndose encontrado el supuesto islote Bermeja”, por lo que efectuó en el área un patrón de búsqueda de 322.5 millas náuticas cuadradas con un barrido hidroacústico, con resultados negativos”.
El informe describe en el último párrafo de la fracción III: “no habiendo comprobado las de mayor profundidad por limitaciones de ecosonda que rebasan su capacidad de detección”, y anexa mapeo del barrido hidroacústico.
Este reconocimiento indica para Fabio Barbosa que el equipo técnico del barco explorador no era suficiente, y aunque debió hacerse otra inspección con mejor tecnología, no hubo interés por localizar la isla de referencia. “¿Qué no hay recursos?”, dijeron.
Ante ese resultado, el 14 de noviembre de ese año, Miguel Ángel González Félix, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remitió el informe de Marina a Carlos M. Jarque, entonces presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Le solicitaba información “para saber si al norte de Cayo Arenas, Arrecife Alacrán y las islas de Cabo Catoche, existían otros accidentes topográficos”. Una vez más, la respuesta fue escueta: no hubo resultado.
La isla no existía más. Al menos en la documentación oficial de fines del siglo XX que se encuentra en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía del Senado de la República.
Barbosa Cano, autor de libros como El petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, y análisis como Permanencia de cacicazgos petroleros en procesos de modernización, decidió realizar una investigación independiente desde la academia.
Acota: “este asunto de una isla desaparecida se presta a un tema de novela o a un tratamiento escandaloso, por lo que debemos ser rigurosos para no perder credibilidad”.
Rastreó mapas históricos y encontró que ya en 1570 Abraham Ortelius la situó en su carta titulada en latín, América Nova Mundo Nova descriptio. Igual otro de Antonio de Herrera titulado Description del districto del audiencia de Nueva España. Antonio García Cubas en su Carta general de la República Mexicana y en los años 30 del siglo XX de la Secretaría de Comercio exhiben a la isla.
Todos los mapas están accesibles en la Biblioteca del Instituto de Geografía de la UNAM. Aún más. El 26 de julio de 1946, la Secretaría de Educación Pública editó el libro de Manuel Muñoz Lumbier “Islas Mexicanas”, de la colección Biblioteca Enciclopedia: ahí la Bermeja está en el catálogo y en su página 110 la ubica en el 22º 33' latitud norte y en el 91º 22`del oeste.
La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por su parte, posee en su Salón principal el Imperial Sheet Atlas que también exhibe a la Bermeja.
En México, el catálogo de las islas lo elabora la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Marina es la encargada de vigilar el territorio marítimo y costero.
Sorprendente resulta conocer que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos también localizó a la isla Bermeja y la consigna en su Atlas, en donde aporta fotografías para alimentar el sitio web de la empresa Traveljournals.net.
¿Omisión del Senado?
Para Barbosa Cano lo sorprendente es “la irresponsabilidad, incluso la frivolidad del Senado de la República, de la totalidad de sus miembros”, por no poner énfasis en esta cuestión. “Hay un consenso de la clase política para no hacer bulla, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto estratégico”.
Denuncia el también asesor de Petróleos Mexicanos y del Senado de la República que los participantes en las negociaciones bilaterales “ocultaron sus identidades al pueblo de México y no quisieron dar la cara”.
-Algunos de los senadores miembros de las comisiones de Energía y de Relaciones Exteriores. No sólo se ocultan sino que se destruye la información de tal manera que no quede rastro, que no quede ningún vestigio. Estos documentos (la búsqueda de Marina) son oficiales, se destruye información, que no haya archivos sobre esto, puede pasar meses en las oficinas y sólo sale con una irritación espantosa.
¿Por qué se ocultan los responsables? ¿Por qué se destruye la información?
-Porque en los países dependientes, subdesarrollados, las élites dominantes subordinadas tienen que ocultar constantemente la negociación que tienen con las metrópolis en las que sufren terribles humillaciones.
Ejemplifica el académico el escaso interés del legislativo a informar de la negociación con una nota de prensa que al anunciarse el acuerdo bilateral dio más relevancia a la aprobación de los “autos chocolate que a la negociación; ahí se observa el desdén del Senado por este tema”.
“El petróleo sólo les interesa a los miembros de la clase política como una fuente de ingresos y no les interesa perfeccionar los instrumentos para detectarlo, conocerlo, defenderlo. Lo único que quieren es venderlo cuanto antes, incluso sacrificando porciones del territorio nacional”, enfatiza el investigador.
La Bermeja y la CIA
Traveljournals.net es una empresa de viajes que se promueve por Internet. En el extremo inferior derecho de la página electrónica informa que se basa en datos aportados por el Atlas elaborado por la Agencia Central de Inteligencia.
En ella se promueve la isla Bermeja del Golfo de México en estos términos:
Coordinates & Location type:Area Type: Hypsographic, Location Type: Island. Latitude: 22,55, Longitude: -91,36667,Latitude (DMS): 22° 33' 0 N, Longitude (DMS): 91° 22' 0 W.
Cita que su locación fue modificada en 1994 el 01 del 04 de acuerdo a la base de datos del 2004 del 02-27 y la describe así:
Islote Bermeja, Yucatan, Mexico on world map. Latitude: 22° 33' 0 N. Longitude: 91° 22' 0 W.
¿Qué pasó realmente en las negociaciones entre México y EU sobre los ‘hoyos de dona'? En 1998-2000, la canciller Rosario Green y el secretario de Energía, Luis Téllez Kunzer, anunciaron el fin de las negociaciones. La prensa usó adjetivos como “defensa con energía y vigor” pero –pregunta Barbosa Cano- “¿a dónde están las minutas?”.
El investigador Barbosa se reunió con asesores de la Marina y del INEGI, pero algunos mentían. Al reunirse por primera vez ambas delegaciones, los estadounidenses presentan un borrador y la parte mexicana expresa que lo estudiará para formular observaciones a ese documento.
En la segunda reunión, la delegación mexicana presentó sus observaciones al borrador y los estadounidenses las rechazaron porque lo que México pedía lo prohíbe la legislación estadounidense; “los recursos del suelo y del subsuelo son propiedad de la compañía explotadora y el gobierno no puede intervenir ni solicitar informes”.
Y entonces las negociaciones se suspendieron indefinidamente. Pasaron meses -incluso falleció el senador Conchello- y un miembro del Departamento de Estado y otro de Relaciones Exteriores tuvieron reuniones “oficiosas” o no formales y adoptaron algunos acuerdos.
El primer punto fue que los estadounidenses aceptan modificar el primer borrador que establecía que en la frontera de los hoyos de dona se establecería una franja de 1.4 millas de cada lado que quedara en moratoria –sin actividades por 10 años–, y el segundo establecía que si se encontraban recursos transfronterizos, Estados Unidos se comprometía a pedir a sus compañías que, si lo tenían a bien, hicieran un informe y lo entregaran a México o a EU.
Con estos cambios se dio la reunión final de la comisión negociadora y los mexicanos salieron gritando: “¡ganamos!, ¡bravo!”, porque en las negociaciones México “se quedó con 60 por ciento de la zona en disputa y los gringos apenas con el 40.
“Lo que no dijeron es que en esa porción de los Estados Unidos hay petróleo casi en la superficie, mientras que en la zona de México el crudo está hasta a 3 mil 500 metros de profundidad, que a la fecha no existe ninguna compañía petrolera que llegue y es posible que nunca se explote esa zona”.
La senadora Dulce María Sauri Riancho explicó que el 26 de mayo de 2003 se creó el Comité de delimitación que definirá y publicará el catálogo de las islas de México.
Entrevistada en julio de 2005 sobre la ubicación de la isla Bermeja, la legisladora Sauri Riancho, quien ha solicitado información a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores sobre el avance en la delimitación de los “Hoyos de Dona” en el Golfo de México, se refirió a la investigación de la Secretaría de Marina de 1997:
“La desaparición de los mojones de tierra de Punta Arenas e Isla Bermejo, despertó el interés de los técnicos gubernamentales y miembros de nuestra Armada, cuando México y Estados Unidos negociaban la firma del Tratado de Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, pues nuestro país perdió la oportunidad de incrementar hasta 15 por ciento su mar territorial, debido a la desaparición bajo el agua de estos cuerpos terrestres, los cuales se encontraron sumergidos al momento de la medición y no pudieron ser tomados como referencia geográfica para la medición cartográfica.
“Los mojones de tierra de Punta Arenas e Isla Bermejo habían sido utilizados como referencia geográfica de los límites entre México y Estados Unidos en las mediciones geodésicas realizadas para la firma del Acuerdo para el reconocimiento provisional de las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, firmado en 1976 y el Tratado Sobre Límites Marítimos entre estas naciones firmado en 1978.
“Para explicar su desaparición es posible estructurar una hipótesis a partir de los efectos combinados de la erosión costera, provocada por el aumento del nivel del mar y los cambios acelerados en los flujos y ritmos de las mareas como resultado del cambio climático global.
“Más allá de esto, sin embargo, en el Senado de la República no poseemos información técnica que permita explicar las razones de la inmersión de estos mojones de tierra.”
Se transmitirá en vivo por radioamlo tv en punto de las 6 de la tarde
Mejores salarios reclaman 22 mil obreros
C A M P E C H E
Más oportunidades y no privatizar Pemex
Mejoría salarial, trato justo y equitativo, no a la explotación laboral, mayores oportunidades y el rechazo a la privatización de Petróleos Mexicanos, reclamaron ayer unos 22 mil trabajadores sindicalizados de dependencias estatales, federales, de la iniciativa privada y agrupaciones, al participar en el desfile del Día del Trabajo, que tardó más de cuatro horas en su recorrido en el primer cuadro de la ciudad.
El gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez en punto de las nueve horas encabezó el desfile junto con los integrantes de su gabinete, acompañados de la Banda de Música del Gobierno del Estado, para conmemorar el 122 aniversario de la gesta heroica de los Mártires de Chicago y de los movimientos obreros de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz.
Participaron unos 125 contingentes pertenecientes a la Federación de Trabajadores del Estado de Campeche (CTM), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado.
En los bajos de los portales el mandatario estatal saludó el paso de los contingentes y recepcionó demandas, lo que hizo lento el desfile. Jubilados y pensionados del Ingenio Azucarero “La Joya” se quejaron de la falta de pago, por lo que pidieron su intervención, en tanto el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión rechazaron la contratación laboral libre y sin prestaciones.
Un grupo de integrantes del Frente Unico de Trabajadores del Volante aseguraron haber sido obligados a participar, porque de lo contrario habrían sido sancionados por su dirigente. Ofrecieron mejorar la prestación de sus servicios y no cobrar en el día de la graduación de radio taxi jaguar.
Los integrantes del Comité en Defensa del Petróleo, encabezados por Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez y Cruz Ramayo, simulando personajes de Estados Unidos externaron al gobernador la preocupación de la privatización de Pemex, y le pidieron sumarse a esa defensa.
Mujeres de la FTC pidieron que el acoso sexual y el hostigamiento laboral sean considerados como delitos en Campeche, y sus compañeros pidieron que los empleos creados sean para campechanos, “porque hasta ahora no vemos claro”.
El Sindicato de Transportistas en General del Comercio y Servicio en Camionetas pidieron que los incluyan en el programa de modernización del transporte, lo que fue turnado a la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial.
La mejoría de la calidad de vida, con mayor acceso a la carrera magisterial, que les permitiría mayores salarios, reclamó el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche.
Los miembros de la Sociedad Cooperativa de Minitaxis insistieron en demandar concesiones, y distribuyeron entre los funcionarios dulces de miel de abeja. Concluyó el desfile con las cooperativas de transporte urbano, que prometieron mejorar sus servicios.
La concentración de contingentes inició a las ocho horas sobre la vía de dos carriles de circulación del parque de San Martín y avenida Miguel Alemán. Comenzó el desfile a las nueve horas sobre la calle 12 cruce con 49, a la altura de la Primaria “Justo Sierra Méndez”, con una descubierta de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, y la Banda de Música del Gobierno del Estado.
La columna recorrió la calle 12 hasta llegar al cruce con la calle 67, Circuito Baluartes y un tramo de la calle 53, donde se desintegró.
Participaron 29 sindicatos y organizaciones afiliadas a la FTC, 13 contingentes de la CNOP y FSTSE, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, con siete organizaciones; el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Sección 78.
Además 43 delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, 15 organizaciones y agrupaciones productivas de la CNOP y un contingente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
http://www.tribunacampeche.com/
Ley Lozano, la contrareforma que viene
Ley Lozano, la contrarreforma que viene
La propuesta de reforma laboral del gobierno de Calderón atenta contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical; por lo tanto, es contraria a la Constitución, advierten legisladores y juristas Ana Lilia Pérez
Desde noviembre de 2006 el expriista Javier Lozano Alarcón fijó la que, dijo, sería su agenda en la actual administración: “Una reforma laboral con el Congreso y con todos los partidos políticos, buscando armonizar la modernización y la flexibilidad de las relaciones laborales, pero garantizando pleno respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica del inversionista y del empleador”.
Entonces, el funcionario se comprometió también a ser “mediador en los conflictos entre sindicato y empresa, gestor y promotor del empleo productivo y bien remunerado, enérgico y de mano dura con las empresas que incumplan los derechos laborales”.
Pero no resultó mediador de conflictos ni vigía de los derechos de los trabajadores, ni, mucho menos, justiciero contra empresas que incumplen la Ley Federal del Trabajo (LFT), consideran legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Los legisladores reprueban su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, sobre todo, la “turbia” manera en que ha manejado el proyecto de reforma laboral.
Como segunda prioridad en la agenda de Felipe Calderón, la reforma laboral es impulsada por los funcionarios del gabinete, quienes hacen amarres sobre los puntos que contendrá con el fin de que se apruebe fast track y se evite una disputa similar a la que ha generado la reforma energética.
En los 17 meses del sexenio, Lozano ha dedicado sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que “no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional”. Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma sólo con algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), explican los legisladores.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Ramírez Stabros, secretario de la Comisión del Trabajo, explica que “en una estrategia muy primaria”, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la STPS “está provocando confusiones”. Detalla: “Nos han enviado tres documentos, pero no son oficiales, y sólo los mandan a algunos diputados. No hay una propuesta oficial siquiera y ya se está anunciando que habrá reforma, y hasta aseguran que no viola la Constitución. Es cuestionable que la misma secretaría provoque tal confusión”.
Ley Lozano
Oficialmente, la STPS ha señalado que para el proyecto de reforma que propondrá el actual gobierno, se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a la fecha. Al respecto, Ramírez Stabros explica que la propuesta aún extraoficial “no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal”.
En enero pasado, Contralínea adelantó que desde las primeras semanas de su gestión, Lozano Alarcón había revivido la propuesta que en 2002 presentara al Congreso su predecesor, Carlos Abascal Carranza, popularmente conocida como Ley Abascal, la cual fue frenada por legisladores de la oposición por considerarla contraria al artículo 123 constitucional.
Para los integrantes de la Comisión del Trabajo, la de Lozano es aún más cuestionable. “La propuesta de este gobierno atenta más contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical, por lo tanto es completamente contraria a la Constitución”, explica la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
Aunque no existe oficialmente, el jurista Néstor de Buen destaca que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
Al respecto, una de sus propuestas fija un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado.
Plantea la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, y sustituye la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles. Plantea la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.
Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados.
También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones.
La propuesta de Lozano condiciona la firma de contratos colectivos de trabajo. Da atribuciones al patrón para que los asalariados desempeñen tareas complementarias a su actividad principal.
En materia sindical, condiciona el derecho a huelga sujetándola a un procedimiento administrativo. Establece la creación de un registro sindical, y que el sindicato pueda perder registro al no informar a la STPS cada seis meses la planilla de sus agremiados, altas y bajas, y su actuación como organización. La misma información deberá presentarse para cualquier trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con ello, a decir de Arturo Alcalde, se estaría imponiendo el uso de listas negras. “Se obliga a informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda, demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical”.
En febrero pasado, ante empresarios estadunidenses y mexicanos, miembros de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), Lozano explicó que su propuesta de reforma está encaminada a “flexibilizar” el mercado laboral.
Detalló que contempla que se mantenga la figura del outsourcing, como se conoce a la subcontratación o terciarización, que se ha incrementado en México en todos los sectores y que es considerado por juristas, organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos laborales como ilegal y responsable de precarizar el empleo.
El diputado Patricio Flores Sandoval, vocero de la Confederación de Trabajadores de México, deplora que el gobierno solape la contratación a través de terceros, pues es contraria a la Constitución, viola la LFT y significa un retroceso para las garantías individuales.
El diputado Jesús Ramírez Stabros, quien entre 2003 y 2006 fue secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, coincide en que muchos de los aspectos considerados en la propuesta de Lozano atentan contra garantías constitucionales, pues “limita los derechos de huelga, la sindicalización y la autonomía sindical”.
Al igual que en el proyecto de reforma energética, el planteamiento calderonista busca modificar leyes secundarias “sin tocar la Constitución”; sin embargo, las reformas anunciadas a la LFT son contrarias al artículo 123 constitucional, y trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, consideran los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani.
En un análisis sobre la propuesta de Javier Lozano, el abogado Arturo Alcalde destaca que lo negativo es más por sus omisiones, “que por las lesiones que genera”. El abogado laborista señala que la propuesta de reforma desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa que en octubre de 2002 presentaran de forma conjunta la Unión Nacional de Trabajadores y el PRD.
La diputada Rosario Ortiz, quien participara en la contrapropuesta a la Ley Abascal UNT-PRD, dice que Lozano ha ignorado dicho proyecto porque el objetivo del gobierno de Calderón es el abaratamiento de la mano de obra a favor de las trasnacionales, el desmantelamiento de la organización laboral y la desarticulación del sindicalismo.
“Lo que llama flexibilidad laboral es ofrecer mano de obra barata, flexible, que esté organizada en sindicatos corporativos vinculados con la patronal y con mayor control en las condiciones de trabajo y de negociación obrero patronal; por eso la propuesta de Lozano condiciona los registros sindicales”, explica.
Cita el caso de los mineros de Cananea como un ejemplo de la intromisión y la falta de apego a la legalidad de la actual administración, tendencia que, dice, será la constante de aprobarse el proyecto de reforma que plantea Lozano.
El posible albazo
Legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo alertan que la STPS se ha negado a abrir a debate su proyecto con miras a preparar el terreno para dar un albazo, como ocurrió, dicen, con la llamada Ley del ISSSTE.
En enero pasado, el diputado Tomás del Toro, presidente de dicha comisión, confirmó a Contralínea que aunque formalmente la STPS aún no habría remitido el documento, él tenía reuniones personales con Lozano para discutir el tema.
Se le buscó nuevamente para que respondiera a los señalamientos de sus compañeros de comisión, quienes aseguran que la STPS cabildea su proyecto sólo con los miembros de Acción Nacional; sin embargo, el diputado negó dar una entrevista, al igual que sus compañeros de bancada e integrantes de la comisión, Juan Manuel Sandoval y Carlos René Sánchez.
Juan Carlos Velasco, diputado del PRI, dice que aunque él es secretario de la comisión no ha tenido acercamiento alguno con funcionarios de la STPS. Reprueba la conducta de Lozano Alarcón, pues “habla de propuestas que no ha presentado de manera formal al Congreso; lo escuchamos en foros con la iniciativa privada y con nosotros no ha tenido ningún acercamiento. Habla de reformas y no entrega ningún documento oficial”.
En medio del clima de tensión que ha provocado el proyecto de reforma energética, los legisladores de la Comisión del Trabajo prevén que de un momento a otro Calderón enviará su propuesta. “Ya vemos venir la cascada de reformas, y si pasa la energética es como abrir paso a la laboral; por eso es nuestro interés de frenarlos desde ahora”, explica la diputada Rosario Ortiz Magallón.
Ramírez Stabros habla del costo político y social que implicaría la pretensión de una reforma laboral:
“Los gobierno panistas se han caracterizado por enviar propuestas en los momentos menos propicios, y el tema de la reforma laboral no va a ser la excepción. El proyecto de reforma llegará en un momento en el que impera un clima político inadecuado. La exacerbación política es poco propicia para una iniciativa que no se antoja suave, pero que finalmente es símbolo de cómo se ha manejado este gobierno: iniciativas de ley muy exacerbadas”.
Agrega que, aunque Felipe Calderón se promovió como presidente del empleo, “poco ha hecho para trabajar en el ambiente laboral, no ha cumplido sus compromisos y ni siquiera ha hecho lo mínimo para, por lo menos, tener un ambiente que permita la discusión profunda de la reforma”.
Jesús Ramírez Stabros explica que México no necesita reforma laboral, pues el artículo 123 constitucional es modelo en el ámbito internacional y la LFT una ley de avanzada. Basta con aplicarla para mejorar el sector laboral, indica; pero, dice, es letra muerta.
Rosario Ortiz explica que a partir de este 1 de mayo organizaciones como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, agrupaciones de trabajadores y los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán acciones en rechazo a la política laboral de Felipe Calderón, “porque sabemos que de un momento a otro intentarán aprobar fast track la reforma, cuyo único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de su responsabilidad”.
Contralínea solicitó una entrevista con Javier Lozano. En la oficina de Comunicación Social de la STPS se disculparon porque el secretario tenía “una agenda muy apretada”.
Los nulos avances en materia laboral y la errada política pública de la administración de Felipe Calderón son los obstáculos principales para la sola discusión de un proyecto de reforma laboral, estiman los legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo consultados por Contralínea.
Con el discurso de que “no hay peor condición laboral que la falta de empleo”, Calderón arrancó su gestión comprometiéndose a crear 1 millón de ofertas de trabajo anuales, con programas como Primer Empleo.
En 2007 destinó 3 mil millones de pesos al subsidio de este programa y solamente se lograron generar cerca de 5 mil empleos. En este mismo periodo, según datos de Miguel del Cid, presidente para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se contabilizaron 3 millones de subempleados y 12.5 millones de personas en empleos informales.
Para el diputado Juan Carlos Velasco, del PRI, el sistema de contratación outsourcing es un foco rojo en materia laboral y una afrenta directa a los derechos de los trabajadores. Explica que, ante la falta de ofertas reales, millones de mexicanos se contratan por esta vía pese a que no tienen ninguna seguridad jurídica.
El outsourcing o contratación a través de terceros se generalizó a partir de la administración de Vicente Fox, en sectores estratégicos, entre los que destaca el petrolero.
De esta manera, las compañías, mexicanas y extranjeras eximen sus obligaciones laborales, pues los trabajadores reclutados por este sistema no generan antigüedad, tampoco se les paga liquidación a su despido, ni derechos de cualquier tipo. En ocasiones se les inscribe de manera temporal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sueldos menores a los que en realidad reciben.
Algunas de las compañías que se dedican a reclutar mano de obra mediante este sistema son Human Staff; Outsourcing México; Capital Humano Consultores, SC; Adecco; Outsourcing de Nómina, SA de CV, y Transportes Navieros y Terrestre, entre otras.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explica que los trabajadores contratados por esta vía registran el mayor número de violaciones a sus derechos no sólo laborales sino humanos. Detalla que en diversas visitas a la Sonda de Campeche, donde actualmente más del 80 por ciento de los trabajadores son reclutados por este sistema, ha documentado casos de trabajadores que han perdido la vida porque su patrón no garantiza su seguridad física.
Agrega que en diversas ocasiones ha pedido a la STPS, sin éxito, su intervención para que se protejan los derechos de los trabajadores. Ramírez Stabros dice que otros focos rojos son las Afores, “que están actuando como parásitos del mundo laboral”, porque representan una gran carga para los trabajadores, “el pago exagerado de comisiones sin ningún beneficio”.
La afrenta directa y de mayor impacto es la paulatina pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, calificado por el diputado Velasco Oliva como el principal agravio del Ejecutivo al grueso de los mexicanos. (ALP)
Mouriño, exoneración anticipada
Como se preveía, la comisión creada el pasado 26 de marzo en la Cámara de Diputados para investigar los posibles delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, da visos de complicidad para ejecutar una exoneración anticipada.
Como parte de los trabajos de dicha comisión, creada a partir de que la reportera Ana Lilia Pérez publicara en esta revista los convenios y contratos para el transporte de hidrocarburos que Juan Camilo suscribió con Pemex Refinación, acudieron a San Lázaro el director general de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, y el abogado general de la petrolera, José Néstor García Reza, para explicar el proceso de adjudicación de convenios y contratos a Transportes Especializados Ivancar, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo.
Allí, los legisladores Obdulio Ávila, Antonio Valladolid, Raúl Cervantes, Miguel Ángel Jiménez, Armando García y Xavier López Adame, de los partidos PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa, cumplieron el guión previamente armado para exonerar al bisoño secretario y centraron sus preguntas en los alcances jurídicos del convenio de Pemex Refinación con Canacar, sin entrar al fondo del asunto que es la violación a las leyes Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LFAASSP) y Federal de Responsabilidades del Sector Público (LFRSP).
En su artículo 8, la LFRSP obliga a cualquier dependencia del gobierno federal a abstenerse “de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Así, el pasado jueves, al mismo tiempo que en la “sede alterna” del Congreso, legisladores del PRI y PAN aprobaban las reformas a la LAASSP, que flexibiliza la contratación discrecional, pese a que los mismos diputados que aprobaron las reformas aseguraron que es el rubro que registra la mayor incidencia de actos de corrupción, en un edificio contiguo, en el salón de Protocolo, en una reunión que se prolongó durante más de tres horas, Ceballos Soberanis defendía la legalidad de los contratos otorgados a Ivancar. Con esto se institucionaliza la corrupción y se da rienda suelta a los servidores públicos para que hagan negocios al amparo del poder público.
“Quiero aclarar que yo no era director de Refinación cuando Mouriño firmó los contratos, pero puedo asegurar que son legales”, sentenció Ceballos ante diputados, cumpliendo así las instrucciones presidenciales para salvar a Mouriño y darle un pase a la impunidad. Flanqueado por José Néstor García Reza, abogado general de Pemex, quien aseguró también que los convenios y contratos que firmó Juan Camilo Mouriño son legales y que fueron en su momento avalados por la Oficina del Abogado General (OAG), entonces a cargo de José César Nava Vázquez, actual secretario privado de Felipe Calderón. Todo quedó en familia, como en los mejores tiempos de la corrupción priista, partido que defiende a Mouriño con la esperanza de volver al poder y dejar la puerta abierta de la corrupción.
El espaldarazo de García Reza para Ivancar tiene intereses particulares, primero porque al defender la legalidad de dichos contratos defiende a Nava, a quien le debe no sólo su ingreso al jurídico de Pemex, sino su recomendación para convertirse en abogado general.
En marzo pasado Contralínea publicó que el último beneficio que Pemex dio a Ivancar –con el visto bueno de la OAG- fue un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-CM/2005-2008, adjudicado originalmente por 39 millones 646 mil 477.27 pesos y con el aumento asciende a 7 millones 929 mil 295 pesos, otorgado el 7 de enero de 2008, una semana antes de que Calderón designara a Mouriño secretario de Gobernación, mediante el convenio modificatorio CTT-00142-CM-M/2005-2008.
En la comparecencia, Ceballos admitió que la adjudicación directa de los contratos con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga es más costosa que la licitación pública, pero defendió que la participación de Ivancar es “apenas del 0.5 por ciento, así que los contratos que recibió la empresa no son representativos”, según él.
Fecha de publicación: 1 de Mayo de 2008 | Año 6 | No. 101
Afore: Saqueo a trabajadores
Luego de una década del “nuevo” sistema de pensiones, las principales beneficiarias son las Afore. Con la anuencia de la Consar, las administradoras maximizan sus rendimientos en detrimento de los trabajadores, para quienes su futuro económico es incierto. Dieciocho empresas se disputan casi 40 millones de cuentas y 876 millones de pesos
De 2002 a 2007, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) registraron las más altas comisiones en el cobro por manejo de cuentas individuales. En contraste, los rendimientos para los trabajadores bajaron aún más de lo que presentaron a partir de 1997, cuando se “modernizó” el esquema de pensiones con la promesa de que los asalariados serían “los principales beneficiados”. En los recientes seis años, las Afore incorporaron a sus ganancias el 25 por ciento de los ahorros de los asegurados.
Y es que los trabajadores tienen que pagar unas de las cuotas más altas del mundo para que las Afore les “administren” sus fondos de pensión. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2006 el rendimiento neto promedio de las Afore fue de 14.3, y en 2007 de 9.43 por ciento.
Las administradoras obtuvieron ganancias por 2 mil 664 millones pesos, en 2006, y 2 mil 283 millones pesos, en 2007. En algunos casos, esas ganancias son producto de la sustracción de casi el 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores.
En ese par de años, las comisiones pagadas por los asalariados mexicanos a las Afore ascendieron a más del doble de lo que sus pares latinoamericanos pagan a sus respectivas administradoras.
En la actualidad, 18 Afore administran 876 millones 209 mil pesos, los ahorros de 38 millones 800 mil cuentas individuales. El monto total acumulado –que en comparación rebasa las reservas del Banco de México– representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Seis años atrás, en 2002, representaba el 5.3 por ciento.
La incompetencia de la Consar
El pasado 15 de marzo entraron en vigor las modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) cuyo propósito, señala la Consar, es “permitir transitar a un sistema más sencillo y transparente que le permita al trabajador tomar mejores decisiones sobre su ahorro”.
Sin embargo, con las reformas –que incluyen el aumento al número semanal de cotizaciones de 500 a 1 mil 250 para acceder a la pensión, instruido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)–, no se garantiza la devolución de los saldos acumulados, no se asegura la permanencia laboral del trabajador, se fomenta la desigualdad social y no se prevén variables de estabilidad en el mercado: el poder adquisitivo, los salarios mínimos, las tasas de interés, la variabilidad en el cobro de comisiones, la depreciación de mercados internacionales.
A la fecha, y con base en lo reportado por el IMSS en su portal de internet, a diciembre de 2007, 14 millones 874 mil 698 trabajadores están asegurados; 11 millones 828 mil 162 son asalariados permanentes, y 3 millones 46 mil 536, eventuales. Ello implica la inactividad, o situación no aclarada por la Consar, de 23 millones 925 mil 302 cuentas individuales que son administradas por las Afore.
Para la diputada por el partido de la Revolución Democrática, Rosario Ortiz Magallón, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, la Consar incumple con su obligación de vigilar y regular la distribución de los recursos y rendimientos de los fondos de pensión.
—Deja a criterio de las grandes corporaciones bancarias la determinación de cobros y distribución de rendimientos; mientras (la Consar) se encarga del diseño de portafolios de inversión, campañas y páginas web.
Alejandro Villagómez Amezcua, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que las modificaciones a la LSAR son favorables para el sistema y para el trabajador.
El también exasesor de Fernando Solís Soberón, presidente de la Consar de 1995 a 1999, estima que los cambios van en el sentido correcto: “Las reformas incentivan a las Afore a que compitan entre sí por los rendimientos y las comisiones, lo que debería conducir a una reducción significativa de cobro de comisiones y originar mayores rendimientos”.
Afore, competencia por rendimientos
En la segunda mitad del año pasado, Moisés Schwartz, presidente de la Consar, aceptó que las Afore buscaban resquicios legales para aprovecharse hasta con un 25 por ciento de las aportaciones y consideró que, mientras las administradoras reducían sus cobros por comisiones de flujo, el incremento por la comisión de saldo aumentaba hasta un 70 por ciento.
De las 21 Afore que existían en 2007, 10 aumentaron la comisión de flujo para nivelar el cobro con la comisión de saldo –cobro único a partir marzo de 2008–, por más del 650 por ciento; además, acrecentaron sus gastos en promoción con el propósito de captar nuevos afiliados.
Vanessa Rubio, vocera de la Consar, reconoce que las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro permiten que el esquema sea comparable con otros fondos de inversión que cobran por saldo. “Buscamos que las Afore obtengan los mayores rendimientos para su beneficio y para que a la larga reditué a los pensionados”, justifica.
La funcionaria ofrece un “consejo” a los obreros: “Deben fijarse en el rendimiento neto que más les convenga y decidir. Pero el incremento de las aportaciones depende de que los salarios aumenten y de las aportaciones voluntarias”.
Rendimientos mexicanos
Los modelos de regímenes de capitalización individual latinoamericanos comenzaron en Chile, en 1981; seguidos por Perú, en 1993; Argentina y Colombia, en 1994; Uruguay, en 1996; Bolivia y México, en 1997; El Salvador, en 1998; Costa Rica, en 2001, y República Dominicana, en 2003.
A diciembre de 2007 se registraron 275 mil millones de dólares totales por la administración de fondos de pensión en América Latina; el desempeño de las agencias latinoamericanas contó con 6 mil millones de dólares activos y un patrimonio neto de 5 mil millones, de los que México concentra el 43 por ciento.
El Boletín Estadístico 18, emitido por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) –organismo integrado por 10 naciones, entre ellas México–, revela que las administradoras del país obtuvieron 1 mil 330.6 millones de dólares por cobro de comisiones.
Hasta diciembre de 2007, eran 76 millones los afiliados en Latinoamérica. En México está el 51 por ciento de esos trabajadores.
El mismo boletín consigna que de 2002 a 2007 la utilidad anual por los ingresos de comisiones promedió 22.1 por ciento. México destacó por ser el país latinoamericano con mayor cantidad de administradoras de fondos y porque en seis años, de 2002 a 2007, el número de Afore se incrementó de 11 a 21.
Pensiones, “indecentes”
El doctor Jorge Cardiel Hurtado, investigador de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, analiza la problemática y expone los “resultados negativos” de 11 años de Afore.
“¿Porqué la Consar dejó que durante más de 10 años que las administradoras cobrarán lo que quisieron?”, se pregunta. Señala que la reciente reforma, aunque no es convincente, ha dado la razón a quienes han venido denunciado la injusticia del sistema de pensiones desde 1997.
“Evidencia la necesidad de frenar las utilidades de las Afore a costa de los ahorros de los trabajadores: ahora se cobrarán comisiones solamente por el saldo.”
Con Calderón se agrava el deterioro laboral
El 1 de mayo de 1886, los obreros de Chicago iniciaron una huelga donde la demanda central era la jornada laboral de ocho horas. Ciento veintiún años después, la consigna sigue vigente entre jornaleros, campesinos, maquiladores y obreros mexicanos. Uno de los mártires de esa ciudad estadunidense –Hessois Auguste Spies–, antes de ser ahorcado, lanzó una advertencia: “La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”.
Hace más de cinco lustros, entre gobiernos priistas y panistas, las condiciones laborales, económicas y materiales de los trabajadores mexicanos iniciaron un acelerado deterioro. En las vísperas de las polémicas elecciones federales de 2006, subsistía en la población un consenso: la necesidad de iniciar una redistribución de la riqueza a través de más y mejores empleos que paliaran las desigualdades económicas y sociales. Atendiendo más a los consejos de la mercadotecnia que a las convicciones, un candidato se autonombró el “presidente del empleo”.
Sesenta y ocho días después de emitidos los sufragios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó el triunfo a ese aspirante.
Luego de 17 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, la situación de los trabajadores mexicanos no se ha revertido. Por el contrario, se agudiza la tendencia degenerativa –iniciada desde el priismo– de la estructura social, jurídica y material, herencia de la Revolución Mexicana, que arropó a los generadores de la riqueza: los trabajadores de la ciudad y el campo.
En el México de hoy, más de 90 millones de niños, adolescentes, adultos, ancianos y mujeres laboran por cuenta propia y 3 millones más trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Además, cada año alrededor de 550 mil personas se ven obligadas a abandonar el país en busca de empleo. Huyen de la miseria campesinos, madres solteras, artesanos, pero también profesionistas en los que el Estado mexicano invirtió más de 15 años de educación.
Según el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia, y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Apenas 16 millones de personas cuentan con salario y prestaciones que marca la ley.
El salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo tan sólo en el año y cinco meses de la nueva administración. El deterioro acumulado desde 1982 rebasa el 82 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
El 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, revela un estudio del investigador Alfonso Bouzas. Así las empresas garantizan la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores.
Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, son los factores en común que detonan los conflictos obrero-sindicales en México. Desde el inicio del calderonismo, se han emitido más de 9 mil emplazamientos a huelga. De ellos, han estallado más de 50.
Además, la propuesta de reforma laboral que se negocia a espaldas de la sociedad busca legalizar la conculcación de los derechos de los trabajadores.
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/mayo/htm/calderon-deterioro-laboral.htm
Entrevista al Dr.Gustavo Iruegas
Audio de la Entrevista realizada el día de hoy por nuestra compañera Clara al Secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno Legítimo Dr. Gustavo Iruegas
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EL SALARIO MEXICANO DURANTE EL NEOLIBERALISMO
(A 122 Años de los Héroes y Mártires de Chicago)
Cualquier recapitulación actual de la condición explotada del proletariado mexicano, debe partir de los ominosos datos que explican la extendida y creciente precarización general de los trabajadores asalariados mexicanos de la ciudad y el campo. La inconformidad general que debe mostrar un rostro de lucha organizado y radical, a 122 años de los Mártires de Chicago, como su reto principal, no es un accidente ni una falla del "modelo neoliberal", sino su más lógico resultado en el México de hoy, donde el 42% de la población (44.7 millones), en las maquilladas cifras oficiales, viven en la pobreza sin contar a los pobres extremos y miserables que son casi la mitad de ése guarismo, y que, en la realidad, es mucho peor si nos valemos de indicadores más rigurosos. Ser pobre en el entorno urbano presente, implica ganar en promedio 54 pesos diarios en México, y, en el campo, 36.
Para quienes lo ignoran, es preciso decir que de 1982 a 2008, el poder adquisitivo del salario promedio mexicano se ha precipitado en caída libre. Las percepciones de los asalariados mexicanos han perdido, a lo largo de los últimos 26 años y en un cálculo aproximativo, más del 70% del poder adquisitivo que detentaban a inicios de la década de los ochenta, cuando se impone el brutal neoliberalismo económico como patrón de acumulación hegemónico. Esto significa que hoy, para poder restituir el poder de compra de antaño, que nunca fue ni remotamente satisfactorio, apenas sería posible hacerlo, en la misma proporción al de aquella época, con incrementos salariales que tendrían que colocarse, en el orden de un 200%. Pero para ello hay que pelear conscientemente, organizarse y construir una duradera alianza económico-política de clase, independiente y autónoma, entre los trabajadores en lucha contra el capital en todas partes. Y sin embargo, bajo las condiciones actuales en que la patronal y la misma política económica neoliberal han fijado como tope salarial, un miserable 4.5%, cualquier demanda recuperadora del poder adquisitivo perdido durante el neoliberalismo, y que desde el frente laboral reivindican los poquísimos sindicatos comprometidos con una lucha seria en material salarial, le suenan a la patronal y al Estado y sus gobiernos de clase como reivindicaciones "enloquecidas", cuando apenas son medianamente lógicas y están muy por debajo de las necesidades reales del proletariado mexicano que ya no aguanta más.
En la coyuntura reciente, por ejemplo, la larga huelga en la Universidad Metropolitana, donde el SITUAM exigió 35% de incremento salarial, o como en el caso del conjurado apagón que condujo de antemano a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a preparar una anticonstitucional requisa que no fue necesaria (dado que la empresa concedió el pírrico 4.25%, que el sindicato flexibilizándose más allá de lo aceptable, negoció), justo cuando el SME solicitaba un incremento salarial del 16%, demuestra el accidentado escenario para una lucha de clase impostergablemente necesaria y urgente a favor del conjunto de los trabajadores mexicanos. Lo que revelan estas dos luchas es que, cualquier reivindicación salarial y sus respectivos movimientos huelguísticos, que se coloquen por encima del atrabiliario tope salarial impuesto por las autoridades del trabajo, la política económica dominante y la propia patronal, devienen instantáneamente en demandas políticas y así debieran tratarse desde el mundo del trabajo, a fin de conquistar una vasta alianza de clase desde el frente laboral, llamada a superar la galopante precarización del salario promedio del trabador mexicano y el propio estrangulamiento de la oferta laboral expresada en el desaforado crecimiento del ejército industrial de reserva, en tanto que el creciente desempleo se manifiesta ya, como un rasgo estructural del capitalismo mexicano en el dilatado inicio del siglo XXI. Los dos ejemplos que referimos arriba, por cierto, no son en modo alguno excepciones, sino que representan la regla general y el propio rasero con que los patrones y el reaccionario gobierno federal, están tratando a las distintas luchas obreras por romper el tope salarial y que, además, deben desbordar, en la mayor parte de los casos, dirigencias espurias, charras o burocratizadas, que están sirviendo más para disciplinar y doblegar a los trabajadores insumisos, que para representar y conducir sus luchas económicas, hacia la recuperación coordinada de la insurgencia sindical por mejores salarios, así como a la búsqueda de nuevas formas de organización y lucha (como por ejemplo los consejos obreros); y en lo político, al crecimiento de la movilización organizada tendiente a la creación de una situación política de ingobernabilidad y poder de veto social frente al poder, desde el frente laboral y las múltiples oposiciones revolucionarias que, desde abajo, en las organizaciones sociales, civiles y populares se generan contra el capital y su inaceptable política económica, diseñada para favorecer sólo a los poderosos propietarios. Se trata, en suma, de una lucha desdoblada en los dos planos antes referidos para la etapa actual del capitalismo maduro mexicano y su tendencia imparable hacia la reproducción ampliada de la dinámica de integración subordinada al nuevo (des) orden mundial, marcado por la excluyente globalización capitalista y que recrudece nuestra tradicional dependencia económica estructural al capitalismo maduro y desarrollado, si desde el abajo-social y el frente laboral no hacemos algo, pronto y ya, para evitarlo y crear nuevas posibilidades para la naciente y subversiva subjetividad revolucionaria que tanto se precisa madurar.
En estas condiciones, la lucha que diferentes expresiones de la clase obrera mexicana vienen dando en la actual coyuntura, como los compañeros despedidos de Gamesa (quienes enfrentan las atrabiliarias arbitrariedades de la empresa transnacional Pepsico), demuestran la pertinencia de su llamado constitutivo del Frente Único de Trabajadores (FUT), que el proletariado mexicano debiera recuperar y hacer suyo, como una orientación correcta para amplificar y fortalecer las luchas de la clase trabajadora contra el capital, desde abajo y a la izquierda. En este contexto, enarbolar la necesidad de tomar la iniciativa de la naciente insurgencia obrera que vienen dando importantes colectivos obreros (como los de Textiles Ocotlán, de Vidriera Potosí, de Yale Security, de Cananea, de Real del Monte, de Cafetlán, de Telmex, de los deudos de Pasta de Conchos y de la Cervecería Modelo, entre otros muchos ejemplos más), están demostrando que, más allá de intentonas limitadas y manipuladas como las de los Diálogos Nacionales que cargan en sus espaldas lastres contraproducentes como el charrismo y el corporativismo que desde la CTM, hasta la misma UNT limitan la lucha de los asalariados, hoy es perfectamente posible reanudar la marcha organizadora de la independencia y autonomíasindicales, como actual reivindicación político-gremial de los trabajadores, al lado de sus justas reivindicaciones salariales, para restituir las deprimidas condiciones de vida de los obreros y sus familias golpeadas por el agresivo cartabón neoliberal. La lucha económica a favor de una Escala Móvil de Salarios, por ejemplo, preparatoria de lo que debiera aspirar a madurar una Huelga Política Nacional contra el tope salarial y la precarización del salario mexicano, y la misma constitución, amplia e incluyente del Frente Único de Trabajadores (FUT) llamado a revocar las suplantadoras representaciones obreras, por fuera de las centrales patronales blancas y charras, tendrían que esgrimirse para un encuadre de intervención radical en el frente laboral, llamado a concretar el propósito de engrosar las filas contestatarias de la rebelde clase obrera mexicana, a la vez que fortaleciendo sus ligas y vínculos horizontales con los movimientos obreros revolucionarios que suscriban y reivindiquen las mismas demandas. Hacerlo así, supondría, de hecho, el mejor homenaje a los Mártires de Chicago caídos en lucha hace ya 122 años.
Refundación del SME
Refundación, dijo el Secretario General del Sindicato de Electricistas al inaugurar el nuevo edificio resultante de dos asambleas. No sólo hay que mudar las oficinas, sino hay que construir un sindicalismo a la altura de los tiempos actuales. Puede hacerse de dos maneras: una podría atender el nuevo orden neoliberal donde el trabajo y los trabajadores son un factor de la producción ordenada por expertos en competitividad globalizada. Los sindicatos, sobre esta base, quedaran reducidos a administradores a las órdenes de los patrones. Ningún sentido tienen los contratos colectivos generadores de corrupción y de conflictos, las huelgas a nadie benefician, la politización menos. Las tecnologías de los grandes consorcios exigen en cambio, ponerse al día en la capacitación subordinada y la contratación individualizada es parte de la flexibilización necesaria para que la producción marche sin trabas.
La otra refundación exige asumir líneas históricas combativas. La primera tiene que ver con la teoría y concreta una práctica. La vio claramente Mario Pavón Flores, el abogado asesor del SME de 1935 a 1948, durante el auge del movimiento obrero con el gobierno de Lázaro Cárdenas y con lo que siguió después que no fue el socialismo, como pensaron los triunfalistas. En su libro El ABC de las huelgas (1937) el abogado proletario afirma: “los combates económicos y políticos se entrelazan entre sí y cada huelga debe elevarse al nivel superior de una huelga política conciente”.
Reivindicar la crítica de la economía política decide una estrategia constante y de largo plazo, de manera opuesta a la recomendada por los patrones insistentes en no politizar la producción para llevarla de la mano con una moral del bien común que reconozca como fatalidad la diferencia entre trabajadores y empresarios. En rigor, quienes politizan son los propietarios al negar todo derecho de los trabajadores a participar con justicia de las ganancias. Ellos son los que desatan campañas de insultos y califican de agitadores enemigos del progreso y del desarrollo a quienes de manera organizada procuran contener las desmesuradas ganancias empresariales.
De aquí el derecho de huelga como máximo recurso obrero de donde se seguirá la politización como reivindicación de un poder opuesto al de los patrones amenazantes o/y convocantes de la conciliación y la armonía social, esa que cotidianamente destruyen. Más que el artículo 123 que plantea “el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”, misión imposible, habría que atender al artículo 3º con su proyecto de “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Y como el pueblo no existe de por sí, nada mejor que el movimiento obrero para descubrirle sus derechos. Ya lo dice el Manifiesto Comunista: los proletarios no tiene patria (se las quitan los patrones) pero son la única clase con proyecto nacional. Actual orientación ahora que la soberanía depositada en el pueblo y la nación ha perdido todo sentido. Nadie la depositó en nada, hay que construirla.
Esta segunda tendencia es la reivindicada por el SME porque su historia ha ganado el ejercicio de los derechos laborales con singular combatividad. Al conmemorar en 2007 su aniversario 93, el SME enlistó sus hitos combativos: las huelgas de 1916 cuando el gobierno de Venustiano Carranza amenazó con fusilar huelguistas y la de 1936, ésta que bajó los switches del centro del país durante diez días hasta lograr un Contrato Colectivo justo. El movimiento de Verónica, el centro de trabajo levantado por la democracia sindical en 1952 contra el charrismo, las reformas estatutarias de 1935 y 1956, la nacionalización de la Compañía de Luz y Fuerza en 1960 y la participación activa en los movimientos contra la privatización energética desde 1999.
Sin el SME, no hubiera sido tan fuerte el Comité Nacional de Defensa Proletaria de 1935 que hizo posible la expropiación petrolera y la nacionalización de los ferrocarriles. El SME descubrió desde siempre la necesidad de solidaridad intersindical, si se puede internacionalista, prohibida aún por las leyes laborales cuando llega al extremo de una huelga. Desde 1936 descubrió la necesidad de alianza con los trabajadores del campo, a raíz de la huelga de 15 mil jornaleros de La Laguna para exigir la reforma agraria asumida por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Ha refrendado esta necesidad con la defensa de la seguridad social y la soberanía energética.
El nuevo edificio del SME parece igual que el de cualquier consorcio. Desde la inauguración del martes 15 fue otro su habitante con el auditorio lleno de invitados especiales, incluido el grupo Los rudos que animó con lemas y una que otra mentada de madre el preámbulo al acto inaugural donde habló también Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal. ¡Aquí se ve la fuerza del SME!, ¡cables, cables!, ¡líneas, líneas! Disputaban las secciones su presencia. El himno del SME fue cantado con el puño izquierdo en alto y El pueblo unido jamás será vencido dio el toque internacionalista aunque nadie supiera su origen en la campaña del Frente Popular en Chile que llevó a Salvador Allende a la presidencia acompañado por los músicos de Quilapayún, promotores del arte urgente .
Por el derecho y la justicia de los trabajadores es el lema del escudo con el poderoso puño. Se recordó a Seki Sano, el eminente director de teatro, trabajando en el SME; A Siqueiros y sus compañeros José Renal, Luis Arenal, Julio Prieto y Rodríguez Lozano haciendo entre 1939-1940 el mural más colectivo que se haya pintado para titularlo Retrato de la Burguesía con su militarismo, su demagogia frente al parlamento incendiado, la máquina de hacer dinero y exprimir trabajadores en el centro y poderosa la irrupción del obrero armado frente a las torres eléctricas y la estrella roja. El edificio histórico de Antonio Caso diseñado por Enrique Yañez, dirigente de Arquitectos Socialistas, marcó en los treinta, la fuerza del SME y sustituyó al primer local olvidado ahora en la calle de Colombia. Tuvo la fachada de Artes luego Antonio Caso, una mirilla a todo lo ancho para vigilar y disparar desde el pasillo interno entre los dos cuerpos arquitectónicos. Una modernización aburrida tapó esta evidencia de los tiempos de gloria.
El viernes 25, cuando celebremos la primera mesa redonda en el nuevo edificio, el secretario general Martín Esparza Flores, Carlos Montemayor y Alberto Híjar, será buen momento de hacer presente la urgencia de levantar a los obreros y campesinos una vez que está clara la corrupción del Estado-nación en beneficio de empresarios infiltrados en el poder político con un proyecto económico en perjuicio de los trabajadores. Los nombres históricos del SME deben nombrar espacios como acompañamiento de fotos elocuentes de las luchas históricas del sindicato más combativo de la actualidad. Mario Pavón Flores, Francisco Breña el Secretario General que leyó a oscuras la declaración de Existencia de la Huelga de 1936, Jorge Fernández Osorio, el médico promotor de la medicina del trabajo y los trabajadores, en fin, quien decida la asamblea, son nombres de quienes dirigieran luchas estratégicas que urge reivindicar, hoy en la víspera del 1º de mayo.
Apertura de los Médios
Estimado(a) suscriptor(a) del Frente:
El próximo sábado 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión y hemos decidido celebrarlo ejerciendo plenamente esa libertad, informando a la ciudadanía acerca de la nociva situación en que se encuentran los medios electrónicos de comunicación en México y por qué estamos demandando a los senadores crear una nueva Ley de Medios.
Para ello hemos preparado volantes informativos que repartiremos en la Ciudad de México, pero también están disponibles en el sitio web del Frente por si tú quieres descargarlos, imprimirlos y fotocopiarlos para acompañar esta jornada de volanteo en tu localidad. (Si lo haces, nos interesa mucho que nos escribas para contarnos qué hiciste, en dónde, cómo te fue, qué respuesta tuviste, todos los detalles al respecto.) La dirección en que está el volante es:
http://www.nuestrosmedios.org/documentos.html
Si quieres participar en el volanteo de la Ciudad de México, la cita es en la Plaza Francisco Zarco (Metro Hidalgo) el sábado a las 11:00 horas, para repartir ahí los volantes y las hojas para recolectar firmas. De ahí saldrán 5 brigadas hacia la Glorieta de Insurgentes, el Parque México, el Zócalo, Bellas Artes y la Plaza San Jacinto, en San Ángel.
Este es el inicio de una campaña de volanteo informativo que buscaremos desarrollar a nivel nacional y que mantendremos hasta el 7 de junio, cuando en México se festeja el Día de la Libertad de Prensa.
Acompáñanos a celebrar, informando. ¡Participa!
Recordando: Presencia del General José Francisco Gallardo
V Reunión del Movimiento Ciudadano Mexiquense con la partición del General Francisco Gallardo donde habla del País, del ASPAN y su situación ante la persecusión que sufrío.
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Martín Esparza Secretario General del SME La Marcha 1 Mayo
Discurso del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electrisistas en el Zócalo Capitalino en el desfile de sindicatos independientes del país. Hace el llamado a defender el Petróleo y la industría eléctrica.
http://www.youtube.com/watch?v=7JjdPbnJxPE
Visita Radio AMLO
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Entrevista Radio AMLO a el Gral. Roberto Badillo
El General Roberto Badillo en estrevista exclusiva para Radio AMLO.
El diputado y general Roberto Badillo Martínez es Presidente del Consejo Técnico de Asuntos de Seguridad Nacional, analiza y revisa temas de las fuerzas armadas, seguridad pública y justicia.
Se debe recordar que el General Badillo Martínez (reemplazo al ex comandante de la quinta Zona Militar, con sede en Chihuahua, Juan Morales Fuentes, Tras el escándalo que generó en octubre anterior la desaparición de 6.7 kilogramos de cocaína, por el cual fueron dados de baja 23 militares adictos al alcaloide. Asimismo, otros 73 integrantes del 96 Batallón de Infantería, a quienes se sometió a exámenes toxicológicos).
Por lo que el militar y diputado, cuenta con suficiente experiencia en combate al narcotráfico y delincuencia organizada, siendo importante la asesoria del legislador, para el gobierno federal.
Roberto Badillo se ha convertido en pieza clave, en el Congreso de la Unión, en temas de seguridad nacional, narcotráfico y combate contra la delincuencia organizada, además de asesorar a altos mandos de las fuerzas castrenses, sin duda sus conocimientos serán aprovechados por Fidel Herrera Beltrán gobernador del estado, ante la ola de sucesos recientemente ocurridos.
HISTORIAS EN CRUDO DE UNA GRAN FAMILIA
Si se le sigue la huella al petróleo en México, se descubrirán
Los nombres de los hombres del poder, de sus amigos y de sus hijos
Como si se tratara de un ritual de negocios que se traspasa
Todavía en 1959, la “autonomía de gestión” de PEMEX era tan grande, que la paraestatal podía decidir por sí misma sus proyectos de inversión.
Y no sólo eso. También podía decidir la forma de financiarlos y hasta contratar directamente los créditos, internacionales o nacionales, sin la participación de la Secretaría de Hacienda.
Aunque parezca increíble, Pemex era tan autónomo, que podía dejar de pagar los impuestos retenidos por la venta de gasolinas sin que hubiera consecuencias para sus funcionarios.
Era el primer año del gobierno de Adolfo López Mateos. Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda de aquellos años, da cuenta de ello en sus memorias, que quedaron consignadas en su libro “El Desarrollo Estabilizador, Reflexiones de una Época”. “Pemex comenzó a llevar a cabo una serie de proyectos para explotar algunos subproductos del petróleo. Los proyectos eran de larga maduración, pero fueron financiados con créditos de exportación a cinco años que debían comenzar a repagarse a los seis meses”.
Sin embargo, según cuenta el “padre del desarrollo estabilizador”, esa libertad de la paraestatal era perjudicial para el país, ya que la contratación directa de créditos “contaminaba la política de crédito de todo el sector público federal”.
Ortiz Mena tuvo que adoptar una “posición muy firme” para evitar que Pemex continuara con esa política. Sin embargo, admite que el resultado fue “desastroso”. Y es que Pemex dejó de informar al gobierno federal sobre los impuestos retenidos por la venta de gasolinas, con lo cual resultaron afectados los ingresos fiscales federales y las participaciones a estados y municipios.
Ya desde entonces operaba el principio de la impunidad para los
funcionarios públicos. Sancionarlos por no enterar de los impuestos
retenidos “no era políticamente viable”.
El propio Ortiz Mena lo reconoce cuando dice que “en caso de que alguna empresa privada hubiera dejado de enterar al gobierno federal los impuestos retenidos, el empresario hubiera sido sancionado con una pena de prisión. Evidentemente esta acción no era políticamente viable”.
Por eso, el secretario de Hacienda se las tuvo que ingeniar para resolver la situación. Cuando se redactó la Ley de Ingresos de 1960, Ortiz Mena convenció a López Mateos de que incluyera un artículo para obligar a Pemex a depositar diariamente todos sus ingresos en el Banco de México.
Hacienda se cobraría “a lo chino todos los días”. Sacaría 2 millones de pesos diarios de la cuenta bancaria de la paraestatal como anticipo del pago de sus impuestos.
Para tapar el hoyo negro de las finanzas del Pemex de aquella época, la Secretaría de Hacienda capitalizó a la paraestatal con 7 mil millones de aquellos pesos. Esto fue a través de acciones con derecho a retiro, y el monto correspondiente debería ser reembolsado en el futuro.
Cuenta Ortiz Mena que don Jesús Reyes Heroles, entonces director de Pemex y padre del actual director de la petrolera, cumplió con la obligación.
LA FAMILIA DE LOS HOYOS NEGROS
Diez años después, en 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz tenía
que elegir a su sucesor. Antonio Ortiz Mena, “don Antonio”, seguía siendo el secretario de Hacienda. Y se le mencionaba como el tapado. Sin embargo, algunos decían que el Mal de Parkinson lo descartaba.
Finalmente, el candidato del PRI fue Luis Echeverría. Durante su gobierno, el país giró un poco a la izquierda.
En cambio, “don Antonio” fue respaldado por el gobierno de Estados Unidos para ocupar la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID se convirtió en una especie de santuario donde encontraban
refugio los políticos que tenían problemas con el gobierno de Luis Echeverría. Fue el caso, por ejemplo, de Guillermo Martínez Domínguez.
No obstante el exilio en Washington del “padrino” de las finanzas públicas mexicanas, su familia financiera había ganado una enorme influencia en el gobierno.
Quizá por eso Echeverría se vio obligado a nombrar a Hugo B. Margáin como titular de Hacienda. Pero el nuevo secretario no duró mucho en el encargo. Era un “emisario del pasado”, un viejo amigo de Carlos Salinas Lozano, a quien le hizo el favor de conseguir un puesto en Hacienda para su hijo Carlos Salinas de Gortari.
Un día, el presidente Echeverría hizo saber a todos que las finanzas del país se manejaban en Los Pinos. Entonces, Hugo B. Margáin tuvo que renunciar porque oficialmente se “cayó de un caballo”.
A pesar de esto, y con todo el fervor que Luis Echeverría tenía por las causas socialistas, la familia de “don Antonio” logró sobrevivir. Ya era muy grande.
Ya era prácticamente imposible prescindir de las generaciones de “técnicos” que se habían formado en el periodo del “neo clásico” desarrollo estabilizador.
También había crecido la influencia de Hacienda en Pemex. Un ejemplo es el joven Miguel de la Madrid Hurtado, quien prácticamente había crecido en el sector financiero de Hacienda y del Banco de México. Pudo hacerlo gracias a su tío Ernesto Fernández Hurtado, quien le consiguió chamba en el gobierno cuando el ahora ex mandatario todavía era estudiante.
Y no solamente eso. El gobierno mexicano becó en 1965 al joven
De la Madrid para que estudiara en Harvard. A su regreso, ocupó la
Subdirección de Crédito de Hacienda.
Por eso no resultó extraño que, con todo y la “excomunión” que
Echeverría había decretado para los “emisarios del pasado”, De la
Madrid fuera a dar a Pemex.
Después, en 1973, regresó a Hacienda como director de Crédito. Le debe el nombramiento a su maestro José López Portillo, entonces titular de la dependencia.
Un colaborador cercano de Miguel de la Madrid en la Dirección de Crédito era Carlos Salinas de Gortari, joven economista cuyo padre había sido secretario de Estado. Además, era sobrino de “don Antonio” Ortiz Mena. López Portillo fue designado presidente de la República por Luis
Echeverría. Así, el poder del grupo de Hacienda creció.
Con el auge petrolero, la injerencia de Hacienda fue cada vez mayor en Pemex. La paraestatal se había convertido en la gallina de los huevos de oro.
En 1979, De la Madrid fue designado secretario de Programación y Presupuesto por López Portillo. Francisco Labastida Ochoa, el hoy presidente de la Comisión de Energía del Senado, que también había trabajado en Hacienda, fue nombrado subsecretario.
Otras dos subsecretarías serían ocupadas por una de las amantes del entonces presidente y por su hijo José Ramón.
Camacho, Ramón Aguirre, Francisco Rojas y
Como miembro de “la familia”, el joven Carlos Salinas de Gortari llegó a la Secretaría de Programación con un nutrido grupo de amigos economistas, entre los que destacaban Pedro Aspe y Luis Donaldo Colosio.
Francisco Rojas Gutiérrez era el coordinador de asesores de Miguel de la Madrid, y Emilio Gamboa Patrón su secretario particular.
La economía crecía a todo vapor. Según el presidente López Portillo, habíamos encontrado un tesoro enorme bajo el suelo. Seríamos ricos y nos tendríamos que preparar para administrar la abundancia.
El director de Pemex era Jorge Díaz Serrano, a quien casi todos consideraban “el bueno” para llegar a Los Pinos. Y es que el ex socio de George Bush era como el papá de la gallina de los huevos de oro.
En los últimos años del sexenio de JLP, la lucha por la sucesión se recrudeció. Jorge Díaz Serrano se enfrentó con Miguel de la Madrid, pero perdió.
Miguel de la Madrid fue designado presidente. La familia se hizo más poderosa.
México atravesaba por una crisis financiera terrible. López Portillo había nacionalizado la banca. Y aunque los precios del petróleo habían caído un poco, la producción de crudo no tenía precedentes. Ya para entonces, México era adicto al petróleo. Pero Miguel de la Madrid decretó un “cambio de rumbo”. Ya no se invertiría en infraestructura petrolera. Al menos, no en el país. Tampoco se destinarían recursos a la exploración.
En cambio, el mandatario prometía luchar por una renovación moral, lo cual sirvió de pretexto para encarcelar a Jorge Díaz Serrano, el ex director de Pemex y adversario político de Miguel de la Madrid.
El entonces presidente inventó otro monstruo burocrático: la Secretaría de la Contraloría. La nueva dependencia serviría para un doble propósito: cobrar venganzas políticas y extender certificados de impunidad a funcionarios públicos.
Designó como contralor a su viejo amigo Francisco Rojas Gutiérrez,
quien después de ejecutar las instrucciones de acabar con Díaz Serrano, fue nombrado director de Pemex. Rojas sustituyó a Mario Ramón Beteta, otro distinguido miembro de la familia financiera, amigo y ex jefe del presidente De la Madrid, quien había salido de Pemex por su incapacidad para controlar al sindicato y por su deseo de ser gobernador del Estado de
Aunque los pozos petroleros que Díaz Serrano había puesto en operación seguían vomitando grandes bocanadas de dinero, las finanzas publicas de México parecían un sediento barril sin fondo, que además tenían que compartirse con el también barril sin fondo de la ambición de los políticos y de los líderes sindicales.
La relación del presidente De la Madrid con el sindicato petrolero fue de mal en peor a lo largo de su sexenio. En 1984, para minar la fuerza del sindicato, que se encaminaba a convertirse en factor de poder en la sucesión presidencial de 1988, de la Madrid instruyó a Carlos Salinas de Gortari y a Francisco Rojas, secretarios de Programación y Presupuesto y de la Contraloría, respectivamente, para enfrentar al sindicato de la paraestatal.
Se emitieron disposiciones para eliminar la práctica de otorgar al sindicato petrolero casi la mitad del valor del programa de inversiones.
Esta decisión canceló las utilidades extraordinarias que obtenía el sindicato sobre los más de 2 mil millones de dólares anuales de contratos de inversión.
El golpe que dio De la Madrid el 31 de diciembre de 1984 con la nueva Ley de Obras Públicas, quitó al sindicato la posibilidad de subcontratar.
Los años de la redefinición.
“SI SE HUNDE PEMEX, SE HUNDE USTED, SR. PRESIDENTE”
La guerra por la petrolera estaba declarada. En 1986, durante el mensaje de salutación con motivo del cuarto informe de gobierno, los líderes petroleros amenazaron a De la Madrid: “Si se hunde Pemex, se hunde usted, señor presidente”. Joaquín Hernández Galicia, quien se sentía agredido, reaccionó apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, político que se había salido del PRI para buscar la Presidencia de la República.
Había un serio peligro de que el hijo del general ganara las elecciones.
Por eso, en marzo de 1988, en plena campaña presidencial, se creó el primer hoyo negro de Pemex para preservar para la “familia” los huevos de oro que ponía la gallina.
Todos recordamos aquella elección y sus conflictos postelectorales,
que finalmente se arreglaron gracias a las técnicas de Manuel Bartlett, a los buenos oficios de Manuel Camacho y, desde luego, a la buena disposición que siempre ha tenido Cuauhtémoc Cárdenas.
A LA MODERNIDAD, POR LOS HOYOS NEGROS
“Haiga sido como haiga sido”, Carlos Salinas asumió la Presidencia
de México en 1988. Ratificó a Francisco Rojas Gutiérrez como director
de Pemex y su primera acción de gobierno fue encarcelar a los líderes sindicales.
Joaquín Hernández Galicia fue llevado a prisión en medio de un
gran operativo militar. Salinas instruyó a Francisco Rojas para que buscara al sustituto de “La Quina”. La propuesta fue Sebastián Guzmán Cabrera.
En 1993, ante la debilidad de Guzmán Cabrera, Salinas de Gortari y Francisco Rojas designaron a Carlos Romero Deschamps nuevo líder del sindicato.
Rojas Gutiérrez también sería el encargado de acabar de construir los ductos que habrían de conducir la riqueza petrolera a los “hoyos negros”.
Reporte Índigo lo hizo público la semana pasada: PMI y sus empresas en paraísos fiscales.
La leyenda y el mito de Joaquín Hernández
En octubre de 2006, Reporte Índigo dio a conocer nticipadamente que en la lista de los posibles miembros del gabinete había personas identificadas con Carlos Salinas y con la dinastía política de los Bush. Entre ellos dos ex secretarios de Energía. El pronóstico era correcto. Tanto, que se reconfirmó con el nombramiento de Georgina Kessel como secretaria de Energía.
No obstante, cada día aparecen más evidencias de la enorme influencia que ejercen los “emisarios del pasado” en el gobierno mexicano, aunque formalmente lo haya ganado el PAN.
Como lo profetizó un día José Angel Gurría: con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas llegó una generación que gobernaría a México durante 25 años. Aunque Pemex ya no sería el botín del sindicato, al menos no de manera exclusiva, seguiría sirviendo para saciar la sed de poder y dinero de la nueva clase política. Alcanzaría hasta para financiar las costosas campañas políticas del sistema. El Pemexgate fue la muestra.
Muchos de los que llegaron al poder traían una historia tan larga como la cola de un dinosaurio. Casi todos tuvieron que ver con Pemex y casi todos fueron beneficiados. Además de los que fueron mencionados por Reporte Índigo en octubre de 2006, vale la pena tener en cuenta a los demás hijos del petróleo.
En marzo de 1994, en los días posteriores al asesinato de Luis Donaldo Colosio, Miguel de la Madrid acudió a Los Pinos para ver al presidente
Salinas dice que el sábado 26 de marzo recibió al ex presidente De la Madrid: “Con mucha delicadeza, se expresó a favor de Francisco Rojas” para suceder a Colosio como candidato del tricolor.
Al final, relata el oriundo de Agualeguas, sólo quedaron tres candidatos que cumplían los requisitos para reemplazar a Colosio: Francisco Rojas, Pedro Joaquín Coldwell y Ernesto Zedillo. La balanza se inclinó a favor
Después de mantenerse ocho años al frente de Pemex, de 1987 a 1994, Rojas fue relegado durante el gobierno de Zedillo. A partir de 1996, tuvo que refugiarse en el puesto de presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (Con México).
FRANCISCO ROJAS Y ANTONIO VIVANCO
Con México es una asociación fundada por un grupo de empresarios
nacionales interesados en promover el desarrollo económico del
País. En 2002, cuando Roberto Madrazo se quedó con la Presidencia del
CEN del PRI, Salinas de Gortari abogó por Francisco Rojas para una
diputación plurinominal. Rojas dejó Con México, donde fue
relevado por Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid.
En la actualidad, Francisco Rojas preside la Fundación Colosio del
PRI, y su yerno Antonio Vivanco es el coordinador de asesores del presidente Felipe Calderón.
En 1994, no sólo Miguel de la Madrid acudió con Salinas para abogar por su favorito para reemplazar a Colosio. Luis Echeverría también se hizo presente. “… un oficial me comunicó que el ex presidente Luis Echeverría se encontraba en el Salón Morelos, en la planta baja de la oficina. Bajé de inmediato. Me expresó su pena. Sin esperar más, me propuso que el relevo de Colosio fuera Emilio Gamboa (quien era el secretario de Comunicaciones y Transportes y que había sido secretario particular del presidente De la Madrid)”. Salinas señala: “me sorprendió mucho su propuesta, en medio del luto. Ahí concluí la conversación”.
Años después, Emilio Gamboa y Francisco Labastida Ochoa recibieron más de mil millones de pesos de Pemex, a través de su sindicato, para financiar la campaña política de 2000.
El hecho quedó tan documentado como impune. Tal vez esto se debió a lo que alguna vez dijo don Antonio Ortiz Mena: políticamente no es viable sancionar a los responsables.
Se suponía que Vicente Fox lo haría, que no cambiaría lingotes de oro por cacahuates. Al menos eso dijo su contralor, el panista Francisco Barrio.
Gamboa es hoy coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y un entusiasta de la reforma energética propuesta, al menos en teoría, por el presidente Calderón.
Francisco Labastida es senador de la República y presidente de la Comisión de Energía del Senado.
LOS HIJOS DE DE LA MADRID
Para que no quede ninguna duda sobre los derechos de las dinastías, tres de los hijos de ex presidente Miguel de la Madrid son funcionarios
en la administración de Felipe Calderón. Enrique es director de la Financiera Rural, aun en contra de su voluntad, ya que aspiraba a dirigir la Comisión Nacional Bancaria.
Gerardo de la Madrid entró a Pro México, la dependencia que sustituyó a Bancomext. Y hasta Federico apareció ya en la Procuraduría Federal
de Protección Ambiental (Profepa).
Para completar el cuadro, también figura en el equipo de Calderón
Georgina Kessel, maestra del ITAM y secretaria de Energía, quien fue
contratada por Carlos Salinas para colaborar en la reestructuración corporativa de Pemex.
Vista así la historia, se puede entender mejor por qué los políticos dicen que urge la reforma energética. Una reforma que traiga la modernidad que
Pemex necesita y que no se dio en los sexenios priistas.
Una modernidad que garantice que algunos intereses muy particulares queden cubiertos y a salvo.
Una reforma que deje inamovible el principio que ya estaba vigente en la época de Antonio Ortiz Mena, el principio de que no es políticamente
viable que quienes han pasado por el poder o se beneficien de Pemex rindan cuentas.
Reporte Índigo 79
INICIATIVA DE MODIFICACIÒN DE LA LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA
Mario Di Costanzo, Secretario de la Hacienda Pública, Gobierno Legítimo
El proyecto de reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía consiste principalmente en la modificación de los artículos 2, relativo al objeto de dicha Comisión; 3, correspondiente a las atribuciones de ese órgano desconcentrado; y 10, en lo relativo al otorgamiento de permisos.
Es conveniente recordar que el 31 de octubre de 1995, se promulgó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, este ordenamiento transformó a la Comisión Reguladora de Energía pasando de ser un órgano consultivo en materia de electricidad, como lo estableció su decreto de creación en 1993, a uno desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa.
Su objeto fue el de constituir a un ente regulador del sector para atender las actividades que en ese momento habían sido recientemente abiertas a la participación de los sectores social y privado.
En lo relativo a la electricidad, se le dieron atribuciones para regular la cogeneración, el autoabastecimiento, la pequeña producción y la producción independiente de electricidad, así como la importación y exportación de la misma.
En materia de hidrocarburos, las atribuciones fueron para regular el transporte y almacenamiento del gas natural que no estén relacionados con su explotación, producción o procesamiento, la distribución de gas natural, el transporte y almacenamiento de gas licuado de petróleo por medio de ductos, así como las ventas de primera mano tanto de gas natural como de gas licuado de petróleo
En este punto vale recordar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha señalado que las modificaciones llevadas a cabo en 1995, atentan contra `la naturaleza y espíritu del Artículo 27 Constitucional, por la que se debe tener en cuenta en todo caso, el hecho de que las reformas contenidas en esta iniciativa podrían acentuar la inconstitucionalidad que ya existe en las actividades de la Comisión Reguladora de Energía.
Esta Comisión ha sustentado en sus atribuciones para otorgar permisos, expedir la metodología para fijar precios y tarifas, aprobar términos y condiciones para la prestación de los servicios, expedir disposiciones administrativas de carácter general –llamadas directivas–, dirimir controversias, requerir información y aplicar sanciones.
Sin embargo su desempeño ha dejado mucho que desear, ya que ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, quien particularmente como resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, señaló lo siguiente:
· El control y la supervisión de la CRE en el otorgamiento de los permisos de la generación eléctrica, no ha sido eficiente en algunos casos, ya que de la muestra revisada, se determinaron diversos incumplimientos de la LSPPE y de su reglamento por parte de los permisionarios, y en un caso existe evidencia de vender energía eléctrica producida, lo cual es violatorio de la normatividad respectiva. Cabe señalar, también, que los permisos revisados no están fundados ni motivados.
· En otros casos, la CRE no vigiló adecuadamente el cumplimiento de las condiciones y términos de operación establecidos en los permisos, lo que ha propiciado la presunción de diversas infracciones a la Constitución, a la LSPPE y su reglamento.
· El Instituto de Investigaciones de la UNAM, en un estudio realizado, opinó que la LSPPE y su reglamento, presumiblemente, contravienen el espíritu de la Constitución; sin embargo, es el Poder Judicial de la Federación la única autoridad competente para determinar lo procedente en esta materia
Por ello, a pesar del carácter colegiado de sus actos, sus decisiones han sido poco transparentes y de dudosa legalidad, de acuerdo con el propio Auditor Superior de la Federación.
De esta manera, al proponer la reforma petrolera la “apertura a la participación de los sectores social y privado en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos básicos,” se hace necesario, según la iniciativa enviada al Senado de la República, la ley de la Comisión Reguladora, se ajuste a la “nueva situación”.
Es decir, que las adecuaciones propuestas a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, se derivan de las nuevas atribuciones regulatorias provocadas por los cambios que se proponen a la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que busca abrir a la iniciativa privada el transporte, almacenamiento y distribución, de petrolíferos y petroquímicos básicos, entre otros.
En suma, las modificaciones a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, proponen que esta regule las actividades “nuevas” que surgen de las inconstitucionales modificaciones a la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo.
Etiquetas: Gobierno Legítimo, MARIO DI COSTANZO, SHP
Recordando: Presencia del General José Francisco G...
INICIATIVA DE MODIFICACIÒN DE LA LEY DE LA COMISIO...

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 artículo 8
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 artículo 3
 Artículo 27
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