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Manuel Ortiz de Zárate Revuelta
1 FISCALMANÍA NÚMERO 49 Noviembre NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde las que favorecen a los obligados tributarios Proyecto de regulación reglamentaria del régimen especial del criterio de caja en el IVA Actualmente, se está preparando por el Ministerio de Hacienda un Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de adaptar el texto reglamentario a los cambios que se han producido a lo largo de 2013 en relación con este impuesto. Por descontado, de entre las medidas que se van a adoptar se han de subrayar aquellas vinculadas con el desarrollo reglamentario del régimen especial del criterio de caja. Son varias las cuestiones de carácter formal que, en relación con este régimen que entrará en vigor el 1 de enero de 2014, son objeto de regulación en la norma reglamentaria. Opción por la aplicación del régimen especial La adscripción a este régimen especial exige el ejercicio de la opción correspondiente que deberá ejercitarse al tiempo de presentar la declaración de comienzo de actividad, o bien, durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. Esta opción tiene efectos respecto de todas las operaciones realizadas por el sujeto passivo que no se encuentren excluidas del régimen especial. El ejercicio de la opción tendrá efectos temporales para los años siguientes a aquel en el que se ejercita la opción en tanto no se produzca la renuncia a la aplicación del régimen o la exclusión del régimen. 1
2 Renuncia a la aplicación del régimen especial Una vez se ha producido la opción por la aplicación del régimen especial de caja es posible renunciar a la aplicación del mismo en las condiciones previstas en el reglamento. Concretamente, la renuncia al régimen especial se ha de efectuar mediante comunicación al órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante presentación de la correspondiente declaración censal y se deberá formular en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. La renuncia tendrá efectos para un período mínimo de tres años. Exclusión del régimen especial Se han previsto dos supuestos en los que se produce la exclusión del ámbito subjetivo del régimen especial del criterio de caja. Se trata de los siguientes: a) Cuando su volumen de operaciones durante el año natural haya superado los de euros (cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural, este importe se elevará al año). b) Quedarán excluidos del régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el año natural supere la cuantía de euros. Los efectos de la exclusión respecto del régimen especial se producirán en el año inmediato posterior a aquel en el que se produzcan las circunstancias que determinen dicha exclusión. El texto del reglamento matiza que si los sujetos pasivos excluidos del régimen especial del criterio de caja por los motivos anteriores no superan los límites anteriores en ejercicios sucesivos podrán optar nuevamente por la aplicación del régimen especial. Emisión de facturas en el régimen especial El hecho de que el proveedor de un bien o servicio esté integrado en el régimen especial del criterio de caja se va a reflejar en el contenido de las facturas que van a ser emitidas. Así, los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja deberán incluir en las facturas que emitan por la aplicación del régimen la mención régimen especial del criterio de caja. En cuanto a la fecha de expedición de las facturas se aplica el régimen general de expedición de facturas. Por lo tanto, en el caso de que el destinatario no sea un 2
3 empresario o profesional la factura se ha de expedir en el momento en el que se realice la operación. Si el destinatario es un empresario o profesional que actúe como tal, la expedición de la factura deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se haya realizado la operación. Inscripción en los Registros fiscales El Proyecto de Reglamento muestra también interés por modificar determinados aspectos de la información que ha de ser incluida en los Registros fiscales de facturas emitidas y facturas recibidas en los casos en los que los sujetos pasivos se acojan al régimen fiscal del criterio de caja. En el supuesto del libro registro de facturas emitidas, además de incluir los datos obligatorios con carácter general, la información sobre si la operación se ha efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja. En este último caso las menciones que se han de incluir consisten en; a) Las fechas de cobro, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso. b) La indicación de la cuenta bancaria o del medio de cobro utilizado que pueda acreditar el cobro parcial o total de la operación. En relación con el libro registro de facturas recibidas de forma paral lela a como sucede en el caso del libro registro de facturas emitidas, además de incluir los datos obligatorios de carácter general, se habrá de incluir el dato de que la operación se ha efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja. Las menciones que habrán de incluirse son las siguientes: a) Las fechas del pago, parcial o total, de la operación, con indicación por separado del importe correspondiente, en su caso. b) La indicación del medio de pago por el que se satisfaci el importe parcial o total de la operación. 3
4 RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER n verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la dministración LGT Existe un contenido mínimo obligatorio en las resoluciones administrativas sancionadoras que genera la nulidad de las mismas en caso de incumplimiento La Resolución del TEAR de Madrid de 18 de septiembre de 2009 acordó la anulación de una liquidación tributaria por el IRPF y de una resolución sancionadora en relación con la liquidación y la práctica de una nueva liquidación y de un nuevo acuerdo sancionador. A efectos de dar cumplimiento a esta Resolución del TEAR, los órganos de liquidación de la AEAT emitieron un acto en el que anulan la deuda por la sanción declarada nula y generan una nueva deuda por la sanción. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm.845/2013, de 1 de octubre de 2013 (recurso núm.374/2011) ha de valorar la legalidad del acto de generación de la nueva deuda por la sanción. La Sala considera que todo acuerdo sancionador ha de cumplir los requisitos previstos en el artículo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que requiere que la resolución expresa del procedimiento sancionador contenga la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que proceda de acuerdo con lo previsto en el art.188 LGT. La Sala explica que el primer acuerdo sancionador había quedado anulado por lo que le priva de eficacia jurídica y el segundo de los acuerdos sancionadores no reúne los requisitos mínimos exigidos por el artículo LGT para ser considerado un acuerdo sancionador (no se fijan los hechos, no se valoran las pruebas practicadas, no determina la infracción tributaria cometida y tampoco se indican los criterios de graduación). Se concluye, por lo tanto, que la omisión de estos elementos en el acto de ejecución impide conocer al sujeto pasivo las razones de la decisión administrativa y le causa indefensión por lo que debe ser anulada. 4
5 IRPF No se puede imponer sanción al retenedor que no retuvo cuando el contribuyente efectúa el pago de la cuota sin deducir las retenciones que debían haberse practicado El tratamiento de las relaciones entre el retenedor y el contribuyente han dado lugar a numerosos conflictos ante la Administración tributaria, en especial en aquellos supuestos en los que el retenedor no procedía a practicar la retención. Ya existe una jurisprudencia consolidada iniciada por las Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2007, de 5 de marzo de 2008 (recurso núm.3499/2002) y de 18 de febrero de 2010 (recurso núm.46/2006) por la cual se dispone que en aquellos supuestos en los que el contribuyente que no ha soportado retención efectiva sobre sus rentas a cargo del pagador y procede al pago íntegro de la cuota tributaria resultante de su IRPF en el momento de presentar la autoliquidación sin deducir las retenciones no practicadas pero que deberían haberse practicado, la Administración no puede exigir al retenedor el pago de las retenciones no practicadas. Esta interpretación de la norma se explica por la voluntad de evitar el enriquecimiento injusto por parte de la Administración tributaria. Si el contribuyente ha pagado la cuota tributaria no tiene sentido que la Administración despliegue la pretensión de cobro sobre el retenedor, pues ello determinaría un doble cobro de la cuota correspondiente a la cuota del contribuyente en su declaración, en primer lugar, y del retenedor después. La cuestión planteada en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 839/2013, de 27 de septiembre de 2013 (recurso núm.1039/2010) es de la de determinar de si al pagador de rentas que no procedió a practicar e ingresar la retención correspondiente se le puede exigir la sanción prevista por dejar de ingresar la deuda tributaria. La Sala considera que no se puede proceder a sancionar al retenedor que no retuvo si la Administración no prueba la existencia de la deuda tributaria una vez presentadas las pertinentes autoliquidaciones por parte de los contribuyentes. Se trata de una obligación que recae sobre la Administración en virtud del principio de facilidad de la actividad probatoria. En consecuencia, al no haber probado la Administración la comisión de la infracción que motiva la sanción la misma ha de ser objeto de anulación. 5
6 IRPF La afectación de un despacho integrado en el domicilio habitual exige que el mismo sea susceptible de aprovechamiento separado e independiente La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm.840/2013, de 27 de septiembre (recurso 1079/2010), analiza la posibilidad de que el despacho de una persona física dedicada a actividades profesionales pueda considerarse afectado a la realización de tales actividades cuando tal despacho se encuentra en el propio domicilio habitual del profesional. Para resolver la cuestión planteada la Sala parte del contenido del artículo 27 del Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 21.3 del Reglamento del IRPF. Según el artículo 27.2 Real Decreto legislativo 3/2004 cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles. Por su parte, el artículo 21.3 del Reglamento del IRPF establece que cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se consideran afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles. La conclusión a la que se llega por aplicación de estas normas es que, para que sean deducibles los gastos inherentes del despacho del sujeto pasivo, éste debe diferenciarse absolutamente del resto del inmueble. Esto es, ha de tratarse de la única parte del inmueble utilizado en la actividad y susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto de la vivienda que constituye la residencia habitual de la persona física. Estas condiciones no se cumplen en el presente expediente ya que no puede conocerse qué concreta parte de la vivienda es ocupada por el despacho profesional del contribuyente. 6
7 CONSULTAS TRIBUTARIAS RESUELTAS Una persona física residente en España va a proceder a la venta de unas acciones que posee en una sociedad residente en Bélgica. Cómo será la tributación generada por esta venta? La renta generada por la transmisión de la titularidad de las acciones de una sociedad residente en Bélgica da lugar a un ingreso que se califica como de ganancia de patrimonio. El tratamiento fiscal previsto para este tipo de rentas depende del contenido del Convenio de doble imposición entre España y Bélgica de 14 de junio de Este texto internacional distingue entre si se trata o no de la transmisión de una participación sustancial en la entidad cuyas participaciones se detenten. Se entiende que se produce la transmisión de una participación sustancial cuando se procede a la transmisión acumulada del 25 por ciento o más de las acciones de la entidad por parte del transmitente o de sus familiares en un plazo de cinco años. - Si se produce la transmisión de participaciones en una sociedad residente en Bélgica que suponen la transmisión de una participación sustancial: o Bélgica tendrá derecho a someter a gravamen las ganancias de patrimonio generadas sin limitación alguna. o Para evitar la doble imposición jurídica internacional en España se aplica el método de imputación limitada o de deducción limitada. El residente en España que ha procedido a la transmisión de las participaciones en la sociedad tendrá que incluir la ganancia de patrimonio obtenida en la base imponible de su IRPF ya sea en la parte general o en la parte del ahorro en función de las reglas españolas. Una vez determinada la cuota tributaria tendrá derecho a la deducción la cuota satisfecha en Bélgica por la ganancia de patrimonio con el límite de la cuota a pagar en España correspondiente a dicha ganancia de patrimonio. - Si se produce la transmisión de participaciones en una sociedad residente en Bélgica que no suponen la transmisión de una participación sustancial: o Bélgica no tendrá derecho a someter a gravamen las ganancias de patrimonio generadas. 7
8 o La persona física residente en España que ha procedido a la transmisión de las acciones tendrá que incluir la ganancia de patrimonio en la base imponible de su IRPF español y tributar de acuerdo con lo previsto en la normativa española. Una persona física procede a la venta de su vivienda habitual y se acoge a la exención por reinversión en vivienda habitual. Una parte del precio de venta de la primera vivienda se destina a la rehabilitación de la nueva vivienda adquirida. Qué condiciones han de cumplirse para que sea válida esta forma de reinversión? El artículo 41 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas admite la posibilidad de que las obras de rehabilitación definidas en el artículo 55.5 del mismo Reglamento cuenten como importe de la reinversión en nueva vivienda habitual. Estas obras de rehabilitación definidas en el artículo 55.5 del Reglamento son las siguientes: a) Las que hayan sido calificadas o declaradas como actuación protegida en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal , para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. En la actualidad se ha de entender que la referencia ha de efectuarse al Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación b) Las obras que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiera efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo. 8
9 PENSANDO. Necesidad de justificar la culpabilidad del administrador convertido en responsable subsidiario El artículo 43.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ha incluido como uno de los supuestos de responsabilidad tributaria subsidiaria la del administrador de hecho o de derecho en aquellos supuestos en los que el obligado tributario principal (generalmente una entidad jurídica) ha cometido una infracción tributaria. La perfección del supuesto de responsabilidad tributaria exige la presencia de dos elementos de culpabilidad respecto de los dos elementos subjetivos mínimos presentes en el expediente. Por un lado, se exige la declaración administrativa de la existencia de la infracción tributaria imputada a la persona jurídica a través del correspondiente expediente sancionador, dado que, como sujeto pasivo a título de contribuyente, es la responsable principal y primigenia del incumplimiento tributario. La comisión de infracciones tipificadas en la LGT (en especial, la falta de ingreso de las cuotas tributarias derivadas de la autoliquidación correcta de figuras tributarias como el Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido o de los ingresos de retenciones tipificada en el artículo 191 LGT) se convierte en un prius a efectos de la existencia de responsabilidad subsidiaria. Por otro lado, en el administrador de hecho o de derecho debe residir una conducta culpable manifestada por la no realización de los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, el consentimiento en el incumplimiento por quienes dependan de los administradores o la adopción de acuerdos que posibiliten la comisión de las infracciones. De la lectura de los requisitos en la conducta del administrador de hecho o de derecho se puede concluir que el elenco de actuaciones susceptibles de dar lugar al presupuesto de hecho de la responsabilidad es muy amplio ya que incluye no sólo conductas incorrectas directamente imputables al administrador, sea por acción (adoptar acuerdos que hacen posibles las infracciones), por omisión (dejar de realizar los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas), sino también en los de simple culpa in vigilando (consentir el incumplimiento por quienes de él dependen). Tal consideración amplia de las exigencias de calidad en la conducta del administrador encuentra su fundamento 9
10 en las propias disposiciones de Derecho Privado. Así, se puede citar el contenido del Real Decreto legislativo 1/2010, de 1 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital. En su artículo 235 se hace referencia al deber de diligente administración por el cual se exige que los administradores desempeñen su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y que cada uno de los administradores tiene el deber de informarse diligentemente de la marcha de la sociedad. Además, el artículo 236 contempla el deber de lealtad que supone que los administradores han de desempeñar su cargo como un representante leal en la defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad, y han de cumplir los deberes establecidos por las leyes y los estatutos. La naturaleza cuasi-sancionadora de la adquisición de la condición de responsable tributario supone la consideración de la misma como una de las reacciones jurídicas previstas por el ordenamiento para el caso de incumplimiento de los deberes inherentes a la condición de administrador social aunque esta forma de reacción regulatoria exige introducir el matiz de la culpabilidad en la conducta del administrador social. La propia Sentencia del Tribunal Constitucional número 85/2006, de 27 de marzo, ha declarado que para la derivación de la responsabilidad prevista en el artículo 40.1 LGT la Administración soporta la carga de probar que la persona jurídica ha dejado de ingresar en plazo una determinada deuda tributaria, que dicha conducta está tipificada como infracción tributaria y se realizó culpablemente, que la sanción impuesta es la que la ley establece para el ilícito cometido y, en fin, que los administradores de la entidad a quienes se declara responsables subsidiarios han realizado alguno de los comportamientos ilícitos previstos en el citado artículo 40 Ley General Tributaria. La exigencia de culpabilidad en la conducta del administrador social genera la carga para los órganos de recaudación de la Administración tributaria de demostrar la presencia del elemento de responsabilidad en la conducta del administrador social. En la conducta del mismo se debe dar el elemento de dolo o negligencia necesario para entender que se puede imputar a la decisión del mismo la conducta ilícita de la sociedad. Lógicamente, ello conlleva un esfuerzo por parte de los agentes de la AEAT de analizar con cuidado y precisión la conducta del administrador social para señalar cuáles han sido las actuaciones que han favorecido o no han impedido el incumplimiento de la obligación tributaria principal. El elemento de culpabilidad no queda acreditado cuando en el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria no se motiva la reprochabilidad del comportamiento del administrador social. La jurisprudencia ha entendido que falta la motivación imprescindible cuando se efectúan una serie de alegaciones genéricas pero sin individualizar de la conducta del administrador o cuando se reproducen expresiones estereotipadas sobre el incumplimiento de sus deberes. Por el contrario, 10
11 la motivación sí será suficiente si especifica los concretos actos u omisiones del presunto responsable subsidiario que determinaron la comisión de las infracciones tributarias. La motivación correcta de la presencia del elemento de culpabilidad en la conducta del administrador social es uno de los aspectos indispensables de la legalidad de la derivación de la responsabilidad tributaria y, por lo tanto, de control jurisdiccional de la correcta utilización de esta garantía del crédito tributario. 11
12 Dr. José María Tovillas Morán Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona Los números anteriores de FISCALMANÍA pueden consultarse en 12
b) 12.500 euros anuales.
FISCALMANÍA NÚMERO 37 Noviembre 2012 www.fiscalmania.es www.fiscalmania.es NOVEDADES QUE DEBEMOS CONOCER En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la Administración

References: Real Decreto 
 Resolución 
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 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 41
 Real Decreto 
 artículo 55
 artículo 55
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 43
 artículo 191
 Real Decreto 
 artículo 235
 artículo 236
 artículo 40
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