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Timestamp: 2018-12-11 15:23:26+00:00

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Consecuencias del silencio administrativo – Cuestiones Administrativas
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Definición del silencio administrativo
Consecuencias del silencio administrativo positivo o estimatorio
Consecuencias del Silencio administrativo negativo o desestimatorio
Silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio
El certificado del silencio administrativo producido
El silencio administrativo se configura como una ficción legal que trata de garantizar a los particulares el legítimo ejercicio de sus derechos en el caso de que la Administración no cumpla con sus obligaciones, de manera que resulta de aplicación cuando la Administración incumple con su genérica obligación de resolver los procedimientos, ya sea por la falta total de tramitación del procedimiento o por su tramitación sólo parcial, al no haber sido notificada su resolución dentro del plazo normativamente establecido.
Nace de manera automática, por ministerio de la ley, desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido.
Las Administraciones Públicas están obligadas a resolver, con carácter general, todos los procedimientos administrativos en el plazo fijado por las propias normas del procedimiento (artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
En relación con lo indicado anteriormente, el plazo para resolver no pueda exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Es decir, las normas internas con rango de Ley o las normas de derecho europeo pueden establecer cualquier plazo pero una norma interna de rango reglamentario no puede establecer un plazo superior a seis meses. Cuando las propias normas del procedimiento no fijen plazo, éste será de tres meses.
que el procedimiento termine por pacto o convenio
o que se ejerciten derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento pudiendo hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
A pesar de tener la consideración de acto definitivo, se mantiene vigente la obligación de resolución expresa del procedimiento por parte de la Administración si bien, dicha resolución, está totalmente condicionada puesto que sólo podrá dictarse para confirmar el sentido positivo del silencio administrativo.
Consecuencias del silencio administrativo negativo o desestimatorio.
Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
El silencio negativo, a diferencia del positivo, no tiene la consideración de acto administrativo sino que es una mera ficción legal que abre la posibilidad de impugnación, superando los efectos de la inactividad de la Administración, pero que deja subsistente la obligación de la Administración de resolver expresamente (resulta ilustrativa la STC 52/2014 [link a la sentencia] , dictada a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Castilla La Mancha).
En este caso, la Administración ha de resolver sin vinculación alguna al sentido negativo del silencio.
Será positivo, con carácter general.
Será negativo en los siguientes casos:
Que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Que se trate de procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
Que la estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
Que se trate de un procedimiento cuya estimación implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
Que se trate de procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Existe una excepción: cuando el recurso de alzada se interponga contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
Esta cuestión, si el silencio administrativo en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado es positivo o negativo, es motivo de controversia y muchas veces de judicialización ante la, muchas veces “automática”, resistencia de la Administración ha considerar estimada la solicitud de un interesado ante su falta de contestación.
Debe tenerse en cuenta que la justicia, poco a poco, va delimitando los casos en los que el silencio administrativo es positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
En la sentencia 226/2016 de 13 abril del 2016 (recurso 16/2016) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (link a la sentencia) se hace un interesante repaso jurisprudencial:
“Junto a la anterior argumentación, el repaso de la reciente jurisprudencia sobre los supuestos en que se excepciona la operatividad del silencio positivo, respalda la conclusión de que en el caso presente no cabe apreciarlo.
Así, se excluye al silencio positivo:
1º En caso de cualquier “petición” que no tenga encaje en un procedimiento predeterminado o reglado, para evitar que el silencio positivo sirva de coartada para peticiones descabelladas.
Lo resume la sentencia del TS de 14 de Octubre de 2013 (rec .2007/2012 ):
“Sobre el tema de qué debe de entenderse por “procedimientos iniciados a solicitud del interesado” a los efectos de la regulación del silencio positivo contenida en el artículo 43 de la Ley 30/92, nos hemos pronunciado en una sentencia del Pleno de esta Sala de 28 de febrero de 2010 (RC 302/2004 ).
Resolviendo sobre un caso de petición de abono de intereses con respecto a las obras realizadas por un contratista inicialmente no previstas en el contrato y que resultaron necesarias y por eso obligadas, negamos su autonomía a los efectos indicados y que por lo tanto aquella generarse el silencio positivo a que se refiere el mencionado art. 43, razonando que: “(…) esa petición, cual además alega el Abogado del Estado, no genera el silencio positivo , a que se refiere el artículo 43 de la Ley 30/92, pues esa petición no inicia procedimiento a solicitud del interesado cual el precepto exige, ya que es una petición inserta en un procedimiento iniciado antes de oficio por la Administración, y que está sujeto por tanto a sus propias normas(..). Sin olvidar además, que esa petición de abono de intereses, no se puede aislar del procedimiento en el que se inserta, pues es en ese procedimiento ya iniciado de oficio, en el que se reconocen y aparecen los datos a partir de los que se han de concretar los intereses, de forma tal que, sin valorar y conocer esos antecedentes que obran en el expediente iniciado de oficio por la Administración, no se puede saber si el interesado tenía o no derecho a intereses, ni menos el concretar, cuales eran éstos, ni desde que fecha se habían de computar, en su caso.(…)
La LPAC establece como regla el silencio positivo , pero parte de que esa ficción legal se aplica a procedimientos predeterminados, como resulta de lo más atrás expuesto y también del art. 42.2 que, cuando habla de la obligación de resolver, advierte que ha de resolverse en el plazo “fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, ha de haber un procedimiento derivado específicamente de una norma fija, y del 42.5, que manda a las Administraciones Publicas que publiquen y mantengan actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
El silencio regulado en los artículo 43 y 44 sólo opera en el marco de alguno de los procedimientos reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico, estén o no estén recogidos como tales en las normas reglamentarias de delimitación de procedimiento”.
Esta tesis, extensamente expuesta en la citada sentencia del Pleno, la hemos acogido y concretado en otras varias sentencias referidas a solicitudes de retasaciones en procedimientos expropiatorios, como ha acontecido en las de 26 de febrero y de 30 de abril de 2013 , dictadas, respectivamente, en los recursos de casación 5286 y 5635 de 2013 “.
2º En relación a la solicitud sin respuesta de impartición de determinada asignatura en Educación Secundaria, en cuyo supuesto se opone la potestad de organización, como se recoge en la reciente sentencia del TS de 25 de Junio de 2014 (rec. 3111/2012), en la que se expone:
” Y en cuanto al segundo motivo, porque en el mismo, con invocación de haberse infringido por la sentencia elartículo 43 de la Ley 30/1992, se pretende obtener de la inactividad de la Administración ante lo pedido un efecto de silencio positivo que resulta improcedente, a la vista de que la petición formulada afecta con carácter general a la potestad de organización de un servicio público y por eso exceptuada de aquel efecto, en aplicación del principio recogido en el apartado segundo del mencionado art. 43 .”
El hallazgo de esta sentencia radica en esgrimir el genérico y todopoderoso comodín de la “potestad de autoorganización” como palanca para vaciar el impacto del silencio positivo (y que formalmente no figura en los supuestos tasados de la Ley 30/1992 que sí aluden a no transferir a particulares “facultades al dominio o al servicio público” ( art.43.2 Ley 30/1992).
3º Un tercer supuesto lo ofrece la Sentencia del TS del 7 de octubre de 2014 (rec.3887/2012 ), que cierra el paso al silencio positivo si media un “requisito imprescindible”, y afirma:
“Sostiene la recurrente que la sentencia impugnada yerra al considerar que CEADE no había obtenido la preceptiva autorización mediante silencio positivo , pues la disposición adicional 29ª de la Ley 14/2000 excluye del silencio positivo los procedimientos “relativos a la expedición, renovación, revalidación, homologación, convalidación y reconocimiento de títulos”; lo que no incluye los procedimientos de autorización de centros radicados en España que imparten estudios extranjeros.
Este argumento de la recurrente no puede ser acogido. Aun siendo cierto que la mencionada disposición adicional 29ª de la Ley 14/2000 no hace referencia expresa al procedimiento conducente a obtener la autorización aquí debatida, es muy claro que la razón de ser principal -si no única – de dicha autorización estriba en ser, con arreglo a la nueva regulación introducida por los arts. 86 de la Ley Orgánica 6/2001 y el art. 5 del Real Decreto 285/2004, un requisito imprescindible para que los títulos expedidos por esa clase de centros sean homologables en España. Y en estas circunstancias, no cabe razonablemente afirmar que la solicitud de la preceptiva autorización exigida por los arts. 86 de la Ley Orgánica 6/2001 y el art. 5 del Real Decreto 285/2004 sea ajena a los procedimientos que la disposición adicional 29ª de la Ley 14/2000 excluye del silencio positivo . Las razones dadas a este respecto por la sentencia impugnada son, así, correctas; lo que conduce a la desestimación del motivo primero de este recurso de casación.”
4º El caso que se contiene en la sentencia del TS de 28 de Octubre de 2014 (rec. 4766/2011). Aunque la solicitud pretendía que se retirasen determinados productos de competidores químicos y farmacéuticos, el razonamiento de la sentencia va mas allá del caso, al alzar la existencia de terceros (su derecho de audiencia) como escollo para que prospere el silencio positivo:
” Y esta supresión de la situación jurídica favorable de terceros se produciría, de acogerse la tesis de la recurrente sobre el silencio administrativo positivo, sin que las personas afectadas hubieran sido oídas dándoles la oportunidad de defender sus intereses. La audiencia del interesado, máxime cuando puede verse privado de un derecho o interés, es un principio general del procedimiento administrativo con anclaje en elart. 105 CE, que no puede ser soslayado. Ello significa que, a la hora de determinar el alcance del silencio administrativo positivo, no puede pasarse por alto si las personas eventualmente afectadas han tenido ocasión de hacerse oír”.
El caso de autos podría incardinarse en la segunda excepción, ya que afectaría a la potestad de autoorganización de la Administración, en cuanto que la adscripción a un puesto en distinta localidad a Ribeira excede de aquella potestad que corresponde al Concello de Ribeira”.
Tiene un efecto negativo.
Así, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, y se producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.
El silencio administrativo nace por ministerio de la Ley, pudiendo el administrado acreditar la existencia de silencio administrativo a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho. El certificado administrativo del silencio administrativo producido es un medio de prueba más de la existencia del silencio administrativo producido.
El certificado debe emitirse de oficio por la Administración en el plazo máximo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento o, en su defecto, desde que se haya solicitado por el interesado.
Actos administrativos anulables e irregularidad no invalidante
Cómo se notifica un acto administrativo

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 Real Decreto 
 Real Decreto