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Timestamp: 2017-12-18 06:58:41+00:00

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tema 12 [72998] | Derecho Constitucional I (UMA) | Unybook
tema 12 (2015)
TEMA 12: LA REFORMA CONSTITUCIONAL 1.
INTRODUCCIÓN Todas las Constituciones nacen con vocación de permanencia en el tiempo. Lo que ocurre en el caso de la Constitución Española, por sus características, esa vocación de estabilidad está mucho más presente. De todas formas, que esa permanencia se consigue dependerá de las circunstancias políticas. Al mismo tiempo, también tienen que prever su adaptación a los cambios de la sociedad que van a regir. Tienen que encontrar un punto de equilibrio entre la estabilidad y la adaptación, tratando de ser flexibles, ya que de lo contrario, su rigidez puede suponer su propia destrucción.
Ese punto de equilibrio se consigue mediante los mecanismos de reforma constitucional. Estos mecanismos, forman parte también de los mecanismos de defensa de la Constitución, porque sirven para preservar la normatividad y la supremacía constitucional.
  Uno de estos mecanismos lo cumple la jurisdicción constitucional, que se encarga de depurar el ordenamiento jurídico, eliminando las normas que sean contradictorias.
Por otra parte, al diseñarse un procedimiento que ha de seguirse para reformar la Constitución, se evita que ésta pueda reformarse simplemente con aprobar una ley contraria a la Constitución. Por tanto, nos aseguramos de que si queremos modificar el texto constitucional, hay que seguir el procedimiento específico concreto.
Según el grado de facilidad a la hora de reformar la Constitución, distinguimos constituciones flexibles y rígidas. La mayoría de las Constituciones pertenecen a la segunda categoría, puesto que prevén un procedimiento específico para la reforma del texto constitucional. Nuestra Constitución es particularmente rígida.
INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL Se regula en el artículo 166 Constitución, que remite al 87.1 y 87.2. Los sujetos legitimados son el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por tanto, se diferencia de la iniciativa legislativa en que queda fuera la iniciativa popular, puesto que está regulada en el 87.3, al que no remite el artículo 166.
En el caso del Senado, se requiere la firma de al menos 50 senadores, siempre que no pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, por tanto, hacen falta al menos dos grupos parlamentarios. En el caso del Congreso de los Diputados, se requiere dos grupos parlamentarios, o una quinta parte de los diputados.
PROCEDIMIENTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL La Constitución diseña dos procedimientos de reforma constitucional: - Procedimiento ordinario: es el procedimiento común. Artículo 167 CE. Aún así, ya es agravado respecto del procedimiento legislativo, puesto que se aumenta el número de parlamentarios que hace falta para que la iniciativa sea efectiva (antes 25 senadores y ahora 50), se requieren trámites especiales, etc.
Se utiliza para los casos de reforma parcial que no afecte a las materias a que se refiere el artículo 168 CE.
- Procedimiento agravado: artículo 168 CE. Es agravado respecto del ordinario. Se utiliza para la reforma total de la Constitución y en determinados casos de la reforma parcial.
Estos casos serán aquellos en los que afecte a lo que está regulado en el Título Preliminar, en la Sección I del Capítulo II del Título I, es decir, a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (artículos 15 a 29), y en el Título II, sobre la Corona.
El tipo de procedimiento se elige en bloque, protegiendo de la misma manera normas que están dentro de la misma sección aunque tengan distinta importancia, y por tanto, ha sido un criterio muy discutido. Además, pueden quedar fuera preceptos que sean incluso más importantes que las que quedan incluidas, como por ejemplo la igualdad, regulada en el artículo 14 CE, y sin embargo, habría que reformarlo según el procedimiento ordinario. Lo mismo ocurriría con todo lo relacionado con las Cortes Generales, que no es menos importante que la Corona, y sin embargo queda fuera del procedimiento agravado, puesto que está regulado en el Título III.
LÍMITES A LA REFORMA. CONTROL DE LA REFORMA.
a) Límites: Podemos hablar de límites formales y materiales a la reforma, por ejemplo a través de cláusulas de intangibilidad que prohíben al poder de reforma modificar determinadas instituciones, como la forma republicana de gobierno.
La posibilidad de establecer límites materiales a la reforma constitucional debe ser comprendida desde una perspectiva jurídica.
Esos límites se expresan dentro del orden constitucional impidiendo el ejercicio de un poder absoluto por parte de las mayorías.
Pero no es absolutamente necesario que los límites estén expresamente formulados en la Constitución: algunos de ellos pueden derivarse de la propia configuración del sistema constitucional.
Nuestra Constitución no contiene límites materiales a la reforma. Sin embargo, esto no significa que todo sea susceptible de ser modificado por medio de la reforma constitucional: una alteración de los elementos esenciales del sistema democrático que dé lugar a otra fórmula estatal supondría la ruptura del orden constitucional y la aparición de un nuevo sistema constitucional, una nueva Constitución.
Existen por tanto limitaciones estructurales tácitas que deben ser observadas incluso si se sigue el procedimiento agravado de reforma que da lugar a la “revisión total” de la Constitución.
Además de los límites formales y materiales, la Constitución prevé en su artículo 169 una prohibición temporal referida al inicio de la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio del artículo 116 CE. Este límite intenta evitar que se produzcan reformas en períodos de grave alteración del orden social y político que podrían alterar el orden constitucional. Sin embargo no se prohíbe la tramitación de la reforma ya iniciada, sino tan sólo el comienzo mismo de la reforma.
Se puede originar además un conflicto entre el artículo 116.5 y el 168 CE, pues el artículo 168 obliga a la disolución de las Cortes y el 116.5 prohíbe la disolución del Congreso.
También vemos la existencia de límites a la reforma no contemplados en la propia Constitución, ni siquiera implícitamente. Es el caso de los que pudieran derivarse del proceso de integración europea, un proceso habilitado por la propia Constitución (art. 93) mediante remisión a la ley orgánica.
b) Control Los límites a la reforma sólo tienen sentido si es posible el control de las leyes de reforma para evitar que se eludan esos límites.
Ese control es posible si tenemos en cuenta la doble naturaleza de las leyes de reforma: hasta que se incorporan al ordenamiento, son leyes y están sometidas a las condiciones establecidas en la Constitución. Una vez que esa incorporación se produce, ya son Constitución y no son susceptibles de control jurídico.
Esto supone que el control sólo es posible en cuanto control preventivo, ya que el control represivo está excluido. El control sólo sería políticamente factible antes del sometimiento de la reforma a referéndum, ya que una reforma ya ratificada por el pueblo resulta difícil de controlar. Por otro lado, un control que impida el sometimiento a referéndum supone un problema constitucional.
En teoría, el control es un instrumento deseable e incluso necesario para garantizar la plena normatividad de la Constitución.
Confiar el control de la reforma al Tribunal Constitucional supone someter a arbitraje jurídico voluntades políticas que pretenden configurar normas constitucionales.

References: artículo 166
 artículo 166
 Artículo 167
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 14
 artículo 169
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 168