Source: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343093&fecha=30/04/2014
Timestamp: 2020-06-01 08:46:22+00:00

Document:
PROGRAMA Nacional de Desarrollo Social 2014-2018V
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2014-2018
Censo.- Censo Nacional de Población y Vivienda.
Enigh.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
ENJ.- Encuesta Nacional de la Juventud.
ENOE.-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Enpecyt.- Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México.
Ensanut.- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
FAO.- Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
FMI.- Fondo Monetario Internacional.
IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.
INPC.- Índice Nacional de Precios al Consumidor.
INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública.
ISSFAM.- Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
ODM.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos se intentan alcanzar para 2015 y se basan en la Declaración del Milenio de septiembre de 2000.
MCS-Enigh.- Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
OCDE.- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
OMS.- Organización Mundial de la Salud.
Oportunidades.- Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
PAL.- Programa de Apoyo Alimentario.
PEA.- Población Económicamente Activa. Es la población de 12 años o más que realiza algún tipo de actividad económica (población ocupada) o que busca incorporarse a un empleo (población desocupada).
PIB.- Producto Interno Bruto.
Pronades.- Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018
PISA.- Programme for International Student Assessment.
Sagarpa.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Sedesol.- Secretaría de Desarrollo Social.
UER.- Unidades Económicas Rurales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asimismo, el Estado deberá organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Bajo este marco normativo, la Ley de Planeación establece en su artículo 21 que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.
Aunado a lo anterior, la citada Ley de Planeación también establece en sus artículos 22 y 26 que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados; y que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. Dentro de los programas especiales que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se deberán publicar, se encuentra el Programa Nacional de Desarrollo Social.
Respecto al Programa Nacional de Desarrollo Social, la Ley General de Desarrollo Social establece en sus artículos 39 y 43 que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, formular el Programa Nacional de Desarrollo Social en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia. Asimismo, se establece que la Secretaría de Desarrollo Social coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social y los programas sectoriales, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa. Para tales efectos, y de conformidad con el artículo cuarto del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, los programas especiales deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos que se establezcan en los programas sectoriales.
En cuanto a la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Social, el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 10 que para la formulación de dicho Programa Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social implementará procesos de consulta pública y recabará las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.
Considerando la normatividad referente a la planeación nacional del desarrollo social, la Política Nacional de Desarrollo Social, que debe plasmarse en el Programa Nacional de Desarrollo Social, está sustentada en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social, así como por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 3 y 4 que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como a recibir educación. Asimismo, la Constitución establece en su artículo 25 que mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, el desarrollo nacional deberá permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales.
En cuanto a la Ley General de Desarrollo Social, ésta tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. En este tenor, el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, éste establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales para la consecución de un objetivo general que es llevar a México a su máximo potencial. Al respecto, las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, mientras que las estrategias transversales consisten en Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno y la Perspectiva de Género.
Tomando en cuenta la normatividad en materia de planeación nacional del desarrollo social, la cual se traduce en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social, y con el fin de contribuir a atender los compromisos presidenciales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se ha estructurado el presente Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, cuyo objeto es dirigir y orientar las acciones de gobierno a fin de disminuir las carencias sociales y mejorar el ingreso para garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todas las personas, de tal forma que este país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo antes expuesto, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 contiene objetivos, estrategias, líneas de acción, e indicadores que establecen las prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, cuya rectoría y coordinación recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social; de Salud; de Educación Pública; de Economía; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Hacienda y Crédito Público, así como de todos sus organismos sectorizados. Del mismo modo, el Programa Nacional de Desarrollo Social, establece las bases para trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para lograr un México Incluyente y Próspero.
La democracia mexicana y el Estado en su conjunto tienen el reto de garantizar condiciones mínimas de bienestar en igualdad de oportunidades para individuos y grupos. Para el sexenio 2012-2018, el gobierno federal se ha propuesto realizar acciones que reduzcan de manera significativa carencias sociales en amplios sectores de la población. El objetivo es mejorar la garantía de los derechos sociales que la Constitución reconoce a las personas.
Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, concurren en la realización de acciones encaminadas a mejorar las capacidades de las personas para su desarrollo, en la construcción de mecanismos de justicia distributiva, en el fomento de la participación social, la colaboración corresponsable entre personas, grupos y gobiernos, así como en la promoción de acciones con perspectiva de género, discapacidad y juventud.
El Programa Nacional de Desarrollo Social integra los principales objetivos y líneas estratégicas del gobierno federal para establecer el piso mínimo de disfrute de los derechos sociales. La visión garantista que lo sustenta reconoce la necesidad de igualar la base de disfrute de derechos sociales para todas las personas y grupos, a fin de que su desarrollo y bienestar se base en sus capacidades y esfuerzo. Las distintas vertientes de este Programa dan cuenta de las acciones de diversas dependencias encargadas de garantizar la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la calidad de la vivienda, el ingreso y el trabajo de las personas, así como su inclusión y no discriminación. Para lograr lo anterior, este Programa prioriza la intersectorialidad, el trabajo conjunto con gobiernos locales y sociedad civil, así como también busca fortalecer las instituciones para que todas las personas disfruten de todos sus derechos y para que éstos sean exigibles y demandables en el marco de la ley.
De esta forma, el gobierno federal, a través de los instrumentos de planeación disponibles, plasma su visión de un México incluyente y próspero que de manera progresiva eleve las condiciones de bienestar de su población, especialmente de aquella que hoy presenta los mayores rezagos sociales. Atender y beneficiar a la población en pobreza es un imperativo de justicia social que el país necesita para situarse en la vía de un desarrollo en el que México alcance su máximo potencial.
El presente diagnóstico da cuenta del avance de México en el fortalecimiento del desarrollo social, detalla las principales carencias sociales que enfrenta la población, y permite identificar los principales retos para lograr una sociedad más justa e incluyente. A pesar de los logros obtenidos en las últimas décadas, la pobreza y desigualdad se mantienen en niveles inaceptablemente elevados, por lo que es necesario que el conjunto de acciones y políticas de gobierno contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y humanos de toda la población. Un reto fundamental es lograr una reducción de la desigual distribución de los recursos y establecer bases sólidas para un crecimiento económico alto y constante que aproveche de manera eficiente los amplios recursos con los que cuenta el país, y permita reducir las carencias sociales que enfrentan los ciudadanos. Este desafío obliga al establecimiento de una política integral de desarrollo, con la concurrencia de las diversas dependencias del gobierno federal que instrumentan políticas públicas para impulsar el desarrollo social del país, así como de las autoridades en los distintos órdenes de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil.
En México, gracias a la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la construcción de una red de protección social, la recuperación después de la crisis económica y financiera internacional de 2008-2009 fue más sólida que en otras economías. No obstante, el crecimiento del país en las últimas décadas ha sido insuficiente para generar un desarrollo sostenido: el crecimiento real promedio del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los últimos 21 años se ubica en 0.7%. Ello se debe, en parte, a que existen factores que han restringido la evolución de la productividad total de los factores que de 1990 a 2011 disminuyó 0.4% por año en promedio.(1) Derivado de lo anterior, el desempeño del PIB en México durante la última década fue bajo (un promedio anual de 2.1% entre 2000 y 2012), en comparación con el desempeño de, por ejemplo, China, Argentina y Corea (países que expandieron su economía en el mismo periodo a un ritmo anual promedio de 10.1%, 4.5% y 3.9%, respectivamente) (gráfica 1).
Gráfica 1. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB real en el periodo 2000-2012 en países
Fuente: Secretaría de Economía (SE).(2)
A esta situación de bajo crecimiento se agrega que las actividades primarias presentaron en la pasada década una menor tasa de crecimiento promedio que la observada en el total de la economía (gráfica 2). Además, en el sector agropecuario destaca la persistencia de un alto número de productores que desempeñan actividades principalmente con propósitos de autoconsumo, de la cuales prácticamente no obtienen margen de utilidad alguno. En 2012, de un total de 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales (UER), poco menos de 3.9 millones (73.0% del total) se orientaban principalmente a la producción de subsistencia. Estas unidades de producción se caracterizan por carecer de activos productivos, tener acceso limitado al crédito y ubicarse principalmente en las regiones Centro, Sur y Sureste del país (cuadro 1). La población en estas unidades presenta altos niveles de pobreza y marginación, mientras que alrededor del 30.0% de estas UER están conformadas por personas hablantes de lengua indígena.(3)
Gráfica 2. Crecimiento anual promedio del producto por sector de la economía, 2000-2013
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con información del Instituto Nacional de Estadística y
Cuadro 1. Características de las UER, 2012
Destino principal de
autoconsumo y mercado nacional
Occidente, Bajío, Centro y Golfo
Golfo, Noroeste, Occidente y Bajío
Noroeste, Occidente y Bajío.
mercados nacional y de exportación
Fuente: Sedesol con información de FAO y Sagarpa (2012), op. cit.
Por otra parte, el comportamiento de largo plazo de la pobreza por dimensión de ingresos que se muestra en la gráfica 3 da cuenta de los efectos que el desempeño de la economía ha tenido sobre la tasa de pobreza, la cual ha aumentado durante los periodos de crisis y se ha reducido durante las fases de recuperación de la economía. Sin embargo, la pobreza por ingresos en México durante el periodo 1992-2012 no cambió sustancialmente, dado que en 1992 el 53.1% de las personas se encontraba en situación de pobreza de patrimonio, mientras que para 2012 dicha incidencia se ubicó en 52.3% de personas.(4)
Gráfica 3. Pobreza por dimensión de ingreso 1992-2012
Fuente: Sedesol con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En términos de la medición de pobreza multidimensional, la población que reside en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la línea de bienestar representó en 2012 el 51.6% de la población total, equivalente a 60.6 millones de personas, de tal manera que, bajo esta condición, en el sector urbano del país
se encontraban 43.5 millones de personas (48.3% de la población urbana), mientras que en las zonas rurales había 17.1 millones de personas (62.8% de la población rural) (gráfica 4). Además, en 2012 se identificó que 23.5 millones de personas (20.0%) residía en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la línea de bienestar mínimo, es decir, estos hogares no son capaces de adquirir la canasta alimentaria aunque destinen la totalidad de sus ingresos a dicho propósito; de estos, 14.6 millones se encontraban en el sector urbano (16.2%) y 8.9 millones residían en el sector rural (32.7%).
Gráfica 4. Población con ingreso menor a la línea de bienestar por ámbito rural y urbano, 2010-2012
Fuente: Sedesol con información de Coneval con base en los MCS-Enigh 2010 y 2012.
Justo es reconocer que las transferencias monetarias a la población de bajos ingresos han permitido contener el avance de la pobreza. Sin las transferencias, el volumen de la población en pobreza multidimensional hubiera sido mayor en 1.7 puntos porcentuales para 2008, en 1.4 puntos porcentuales para 2010 y en 1.5 puntos porcentuales para 2012 (gráfica 5). Sin embargo, para alcanzar los objetivos de reducir la pobreza y lograr el acceso equitativo a los derechos sociales es necesario reforzar la entrega de transferencias monetarias con otras políticas públicas que construyan oportunidades que permitan a la población abandonar la pobreza por la vía productiva.(5)
Gráfica 5. Población en situación de pobreza multidimensional, con y sin transferencias monetarias
2008, 2010 y 2012
Fuente: Sedesol con información del MCS- Enigh 2008, 2010 y 2012.
Adicionalmente, existen enormes retos en cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso, los cuales se derivan de la concentración en pocos individuos de los ingresos generados en la economía. Esta situación constituye una seria limitante al aumento del potencial económico del país, ya que el bajo poder adquisitivo de amplios sectores de la población debilita la demanda de bienes y servicios. Al respecto, la información más
reciente sobre el ingreso de los hogares hace notar que la desigualdad de ingresos implica que los hogares en el decil X tienen un ingreso promedio casi 20 veces mayor al ingreso promedio de los hogares en el decil I (gráfica 6).
Gráfica 6. Ingreso corriente total promedio trimestral en deciles de hogares, 2012
(Pesos en 2012)
Fuente: Sedesol con información de la Enigh 2012.
El abatimiento de la desigualdad, así como la necesidad de elevar los ingresos de la población con menores recursos son retos fundamentales de las políticas social y económica. Alcanzar estos objetivos no puede disociarse de los grandes cambios que requiere el país. No sólo es la estabilidad de los indicadores macroeconómicos lo que dará el impulso decisivo al bienestar económico de la población, sino también el fomento al crecimiento económico, la creación de empleos y el incremento de los salarios reales.
Uno de los puntos fundamentales de la estrategia económica es el fortalecimiento del mercado interno como una condición indispensable para democratizar la productividad y ampliar los polos del desarrollo nacional hacia más estados y regiones del país. Esta estrategia reconoce que la mejor herramienta para disminuir la pobreza, las carencias y rezagos sociales, radica en el impulso de las iniciativas productivas surgidas en los diferentes sectores de la población y orientadas a la vocación productiva regional.
Para que toda la población goce del pleno ejercicio del derecho a la alimentación reconocido en la Constitución, aún está pendiente resolver importantes retos, entre los que se encuentran el insuficiente acceso a los alimentos de los grupos sociales en desventaja, la vulnerabilidad de las familias con bajos ingresos ante la volatilidad en los precios de los alimentos y la persistencia de la desnutrición entre la población infantil.
Hacia finales de 2007 se empezó a manifestar el alza de los precios de los alimentos y su volatilidad en los mercados internacionales. Cabe señalar que esta tendencia no se ha revertido completamente, aunque en 2012 y 2013 se observó una reducción en el nivel de precios de los alimentos (gráfica 7). Esta situación, en combinación con la recesión causada por la crisis de los mercados financieros internacionales, constituyó una seria amenaza a la seguridad alimentaria mundial, debido a que el acceso a ciertos alimentos se vio limitado. Al mismo tiempo, esta situación propició que la dieta de la población con menores recursos se restringiera a alimentos más económicos cuyo aporte nutricional es, en muchos casos, deficiente. (6)
Gráfica 7. Índice global de precios de los alimentos de la FAO
(Valor del índice)
Fuente: Sagarpa(7) con información de la FAO.
Lo anterior implicó que en México en los años recientes los precios de los alimentos hayan mostrado una alta variabilidad. En la gráfica 8 se muestra la evolución de los valores de las canastas alimentarias (equivalente al valor de la línea de bienestar mínimo), tanto en el sector rural como en el urbano, que se resume de la siguiente manera: entre 2008 y 2009 estas líneas crecieron a tasas superiores a la inflación; posteriormente, durante 2010 y 2011 presentaron tasas de crecimientos cercanas al aumento inflacionario; durante 2012 así como en el primer trimestre de 2013 se elevaron nuevamente; finalmente, en el periodo reciente han registrado un menor ritmo de crecimiento. Cabe destacar que la tendencia volátil de los precios alimentarios afecta particularmente a las personas en condición de pobreza, pues ellos destinan una mayor proporción de su gasto a la compra de alimentos que el resto de la población.
Gráfica 8. Evolución del INPC y de las líneas de bienestar mínimo rural y urbana, 2008-2014
Por otro lado, pese a que México es considerado un importante productor mundial de agroalimentos (octavo a nivel mundial), la producción nacional no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población mexicana en lo que concierne a algunos alimentos básicos, como arroz, oleaginosas, trigo o maíz amarillo, productos que deben ser importados de mercados externos para satisfacer la demanda interna del país. En este contexto, destaca que en 2012 la participación del PIB del sector primario en el PIB nacional se
ubicó en sólo 3.4%, cuando en 1950 dicha participación ascendía a 16.1%.(8)
En este contexto, las cifras del Coneval muestran que, en 2012, 27.4 millones de mexicanos, equivalente al 23.3% de la población, no contaban con acceso a una alimentación adecuada (gráfica 9). De estos, 7.0 millones se encuentran en condición de pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación, es decir se encuentran en una situación de pobreza extrema de alimentación. Asimismo, de acuerdo con la información oficial más reciente, se encuentran en condición de pobreza extrema de alimentación 3.4 millones de hombres y 3.6 millones de mujeres; 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; 2.1 millones de jóvenes con edades entre 12 y 29 años; 1.3 millones de hablantes de lenguas indígenas; 564 mil 548 personas con discapacidad (de las cuales 224 mil 158 personas son además jefes o jefas de familia) y 484 mil 962 adultos de 65 años o más.
Gráfica 9. Población con carencia por acceso a la alimentación 2008-2012
Por lo que respecta a los indicadores de desnutrición en menores de cinco años, entre 1988 y 2012, se observa que la emaciación (bajo peso para talla) decreció de 6.2% a 1.6% y el indicador de bajo peso descendió de 10.8% a 2.8%. Por su parte, aunque la desnutrición crónica (baja talla) también disminuyó en el periodo considerado, para 2012 esta condición presentó una tasa de prevalencia de 13.6% (equivalente a 1.5 millones de menores) (gráfica 10). Estas cifras reflejan que aún existen retos importantes para garantizar la seguridad nutricional de las niñas y niños del país.
Gráfica 10. Indicadores de desnutrición en menores de cinco años en 1988-2012
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con información de la Ensanut 2012.
El gasto en alimentos de los hogares es un indicador de la capacidad de adquisición y de las preferencias alimentarias de las familias. Con base en los resultados de la Enigh 2012, el 42.1% del total del gasto de los hogares en las zonas rurales se destinó a la compra de alimentos, mientras que los hogares en el sector rural destinaron 32.8% de su gasto a este rubro (cuadro 2). Cuando se considera la proporción del gasto en alimentos de los distintos grupos sociales, se observa que los hogares donde el jefe de familia habla alguna
lengua indígena, los hogares con jefatura femenina, los hogares con hijos menores de cinco años y los hogares con adultos de 65 años en adelante destinan un mayor porcentaje del gasto total a su alimentación, en comparación con el hogar promedio nacional. Adicionalmente, el cuadro 1 hace notar que los cereales, carnes, verduras, leche y sus derivados son los alimentos en los que más gastan los hogares mexicanos, en contraste se destina un bajo porcentaje del gasto a la compra de frutas, pescados y mariscos. Por su parte, la población en las áreas rurales destina porcentajes menores del gasto a la adquisición de carne, leche y frutas en comparación con el promedio nacional, mientras que los porcentajes destinados a la compra de cereales, verduras y huevo son mayores que dicho promedio.
Cuadro 2. Gasto en alimentos de los hogares, 2012
Jefa/e del
hogar habla
adultos de 65
Gasto en alimentos (% del Gasto Corriente Monetario)
Como % del gasto en alimentos:
La situación alimentaria en el país demanda resultados inmediatos que garanticen a la población más vulnerable el derecho a la alimentación y la seguridad nutricional, a través de acciones coordinadas y transparentes. La estrategia para elevar el acceso de toda la población a una alimentación variada y nutritiva debe implicar un proceso participativo, dirigido a conjuntar esfuerzos de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, a fin de superar la pobreza y contribuir a la seguridad alimentaria de la población.
La educación de calidad es esencial para potenciar las capacidades y habilidades de los ciudadanos. La educación contribuye a construir la igualdad de todos los mexicanos ante la ley, la democracia, la equidad de género y el respeto a la naturaleza. Por ello, resulta fundamental que la política educativa coadyuve al desarrollo del potencial humano de los mexicanos, garantice la inclusión y la equidad en el sistema educativo nacional, y dote de sentido social a la promoción del deporte.
Los resultados de las mediciones oficiales del rezago educativo realizadas por el Coneval muestran que este indicador disminuyó entre la población mexicana durante el periodo 1990-2012. Sin embargo, en 2012 aún se encontraban en rezago educativo 22.6 millones de personas, equivalente al 19.2% de la población nacional (cuadro 3). Además, la tasa de prevalencia del rezago educativo fue mayor en las mujeres (20.0%) que en los hombres (18.4%). En particular, las entidades donde las brechas de género en educación fueron más altas son Chiapas (30.0% en hombres y 36.9% en mujeres), Oaxaca (24.7% y 30.3%) y Puebla (22.0% y 26.0%). Destaca que el rezago educativo se ubicó en niveles mayores al promedio nacional para los adultos de 65 años en adelante (63.1%), las personas con discapacidad (54.5%), la población indígena (34.1%) y la población en pobreza extrema (47.7%). Estas cifras reflejan la necesidad de continuar trabajando en garantizar la educación básica para los grupos de población referidos. De igual forma, es preciso promover la igualdad de acceso a las oportunidades educativas entre mujeres y hombres, invirtiendo en mecanismos que
eliminen las limitaciones en el acceso de las mujeres a los beneficios de la educación.
Cuadro 3. Evolución del rezago educativo 1990-2012. 1/
Rezago educativo (porcentaje)
1/ Nota: los datos correspondientes a 2008, 2010 y 2012 provienen de la información en el MCS-Enigh. Para los años restantes la información proviene de los Censos y Conteo.
Fuente: Elaboración de Sedesol con información de Coneval.
Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), prácticamente se ha alcanzado la cobertura universal en educación primaria, mientras que la tasa de cobertura de nivel secundaria se ubicó durante el ciclo escolar 2011/2012 en 79.8%. En contraste, para la educación media superior y superior, las tasas de cobertura se estiman en 51.9% y 27.6%,(9) respectivamente. Destaca que, en el mismo ciclo escolar, en media superior el 61.3% de los alumnos terminaron este nivel en el tiempo mínimo esperado, mientras que en educación superior la eficiencia terminal fue de 71.2%. La matrícula de educación superior se ve afectada por el bajo índice de absorción (proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del último grado del nivel educativo inmediato anterior) y por el alto grado de deserción en la educación media superior, al respecto el cuadro 4 muestra que el acceso a ambos niveles de educación es mayor para los estratos de población con mayores ingresos.
Cuadro 4. Distribución de los estudiantes en educación media superior y superior de acuerdo a
niveles de ingresos, 2012
Porcentajes de estudiantes en educación
Porcentaje de estudiantes en educación
Fuente: Sedesol con información del MCS-Enigh 2012.
Otro reto pendiente en materia educativa es crear incentivos para que la población estudiantil no abandone el sistema educativo. Al respecto, en 2012, las tasas de deserción se mantuvieron en niveles relativamente altos en las instituciones de educación secundaria y de media superior (ver gráfica 11), destacándose que las mujeres presentan tasas inferiores a las de los hombres. De manera específica la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 reportó que el 43.1% de la población de jóvenes estudia o estudió hasta la secundaria, 28.2% la preparatoria y únicamente para el 10.5% su grado máximo de estudio es el profesional. Igualmente, esta fuente de información destaca que 8 de cada 10 jóvenes considera que la educación se traduce en éxito y que a través de la educación podrán conseguir un buen trabajo (53.5%), un
buen desarrollo profesional (17.6%), ganar dinero (9.3%) y obtener conocimientos (8.0%).
Gráfica 11. Tasa de deserción escolar en primaria, secundaria y media superior por género, 2012.
Fuente: Elaboración de Sedesol con información de la SEP.
En lo que corresponde a la educación física de la población, la información derivada de la Ensanut 2012 permite estimar que 58.6% de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años no refieren haber realizado alguna actividad física organizada durante los 12 meses previos a la encuesta, 38.9% realizó una o dos actividades y 2.5% más de tres actividades. En lo que respecta a la actividad física, en México 22.7% de los adolescentes entre 15 y 18 años realizan menos de 30 minutos diarios de actividad física, 18.3% entre 30 y 60 minutos y 59.0% al menos 60 minutos.(10) Debido a los altos índices de sobrepeso y obesidad registrados en el país, no se puede soslayar la necesidad de dotar de sentido social al modelo de gestión de la cultura física y el deporte con el propósito de mejorar la salud de los educandos y prevenir enfermedades.
Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera. El reto para la política educativa es lograr la gestión de políticas integrales que tienen como fundamento la calidad en el aprendizaje de los alumnos, la ampliación de la cobertura y evitar la deserción de los jóvenes del sistema educativo. La política educativa enfrenta los retos de desarrollar el potencial humano de los mexicanos, garantizar la inclusión y la equidad y promover el deporte para fomentar el desarrollo social de la población.
Con la finalidad de garantizar el pleno acceso a los servicios de salud a toda la población mexicana, el país cuenta con un amplio sistema público de salud que está integrado por dos grandes componentes. Por un lado, se encuentran las instituciones que proporcionan servicios de salud a la población con seguridad social, como son el IMSS, el ISSSTE y las instituciones estatales equivalentes, así como Pemex y el ISSFAM. El segundo componente es la atención en salud para la población sin seguridad social, atendida principalmente por el Sistema de Protección Social en Salud, los Servicios Estatales de Salud y los hospitales federales.
El establecimiento de este sistema permitió alcanzar avances notables en la dimensión de salud de la población, lo cual se refleja por ejemplo en la reducción de la tasa de mortalidad infantil, la cual a principios del Siglo XX era de uno por cada cuatro nacidos vivos,(11) y en 2011 se ubicó en 13.7 por cada mil nacidos vivos. En el mismo periodo, se produjo una reducción importante de la mortalidad en prácticamente todos los grupos de edad. Los avances en el estado de salud de la población se deben en buena medida al progreso en las condiciones socioeconómicas de la población, así como al mayor acceso a los servicios de salud. No obstante, en México aún persisten rezagos que se pueden observar en las brechas que existen entre los indicadores de salud del país y aquellos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como se muestra en el cuadro 5.
Cuadro 5. Indicadores del estado de salud de la población para México y la OCDE, 2011
OCDE *
Esperanza de vida al nacimiento (años) ambos sexos
Esperanza de vida a los 65 años ambos sexos
Bajo peso al nacer a
Tasa de mortalidad neonatal b
Tasa de mortalidad infantil b
Razón de mortalidad materna c
Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterinod
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte e
Notas: a) por 100 nacidos vivos; b) por 1,000 nacidos vivos; c) por 100,000 nacidos vivos; d) por 100,000 mujeres; e) por 100,000 habitantes; * Estimado con datos de 2011 o del último año disponible para cada país.
Fuente: Secretaría de Salud (SS).(12)
En 2012 la carencia por acceso a los servicios de salud afectaba al 21.5% de la población (25.3 millones de personas) (cuadro 6), 24.0% en hombres (13.7 millones) y 19.2% en mujeres (11.6 millones). Adicionalmente, cabe destacar que en las entidades federativas con altos indicadores de marginación coexisten la desnutrición, enfermedades infecciosas, y las enfermedades crónicas no trasmisibles y las lesiones y se presentan mayores prevalencias en las tasas de mortalidad. Por ejemplo la tasa de mortalidad infantil se ubica en 21.3 muertos por 1,000 nacidos vivos en zonas de muy alta marginación, en comparación con la cifra de 14.6 que se obtiene en localidades con grado de marginación muy bajo.(13)
Cuadro 6. Evolución de la carencia por acceso a la salud, 2000-2012.
Carencia por acceso a los
servicios de salud (porcentaje)
2012 1/
Nota: los datos correspondientes a 2008, 2010 y 2012 provienen de la información en el MCS-Enigh. Para los años restantes la información proviene de los Censos y Conteo.
Respecto al personal de salud, en México el número actual de médicos por 1,000 habitantes se ubica en 2.2 y el de enfermeras por 1,000 habitantes es de 2.7; mientras que el promedio de la OCDE es de 3.2 médicos por 1,000 habitantes y 8.7 enfermeras por 1,000 habitantes respectivamente. Uno de los desafíos presentes es la concentración geográfica y de horario de atención del personal de salud, lo que ha generado una tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas, además la mayor parte de las plantillas de personal en instituciones médicas se concentra en turnos matutinos. Otro reto se encuentra en el perfil de la plantilla de profesionales médicos del sector salud, ya que frecuentemente éste no está alineado con las necesidades de salud de la población. Por ejemplo, hoy no existen plazas suficientes en ciertas especialidades como nutrición, salud mental o gerontología, las cuales, son indispensables de acuerdo al perfil de morbilidad que se observa en México.(14)
Entre las acciones que deben estar en la mira de todos los actores que tienen la responsabilidad de procurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se encuentra el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan lograr la disminución de la mortalidad materna. La razón de
mortalidad materna disminuyó entre 1990 y 2011, de 89 a 43 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos; no obstante este indicador aún se encuentra por encima de la meta comprometida para 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que es de 22 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos.
Por otro lado, es importante considerar los cambios demográficos y epidemiológicos, que indican mayores presiones sobre el Sistema Nacional de Salud, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas. La mayor longevidad de la población, en conjunto con una disminución significativa de la tasa de fecundidad, que pasó de 6.1 hijos por mujer en 1939 a 2.2 en 2012, se refleja en un envejecimiento poblacional. Adicionalmente, el estilo de vida no saludable, el sedentarismo y la ingesta de dietas altas en calorías se traduce en una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles que se reflejan en un aumento de la mortalidad y merman el desempeño escolar y la productividad laboral.
Abatir las problemáticas planteadas y mantener los avances en materia de salud se requiere avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal que tiene como un elemento fundamental el fortalecimiento de la función de rectoría de la Secretaría de Salud. En particular, los desafíos actuales requieren fundamentalmente consolidar la planeación, la formulación de políticas federales, la definición de prioridades, la vinculación, la regulación, la supervisión y la evaluación. En este marco, y como elemento fundamental debe sumarse la coordinación intersectorial, a fin de conjuntar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.
El objetivo de la seguridad social es brindar protección de calidad a la población durante su ciclo de vida frente a riesgos en diversos ámbitos como salud, condición laboral y falta o disminución de ingresos. Asimismo, la seguridad social representa un pilar central para incrementar el bienestar y para elevar el potencial del crecimiento del país. El panorama actual en México muestra que existe una oportunidad importante para lograr una consolidación del sistema de seguridad social del país. Ello requiere enfrentar importantes retos, los cuales se derivan del hecho de que la provisión de los distintos servicios se encuentra asignada de acuerdo a la condición laboral del ciudadano y su familia. Por lo que es necesario mejorar la integración de los servicios de seguridad social, con el objeto de incrementar la calidad, ampliar la cobertura con menor costo y crear incentivos para la expansión del empleo formal.(15)
De acuerdo con la información más reciente en el país, la carencia por acceso a la seguridad social fue la que presentó la mayor tasa de prevalencia de las seis carencias sociales incorporadas en la medición de pobreza. La gráfica 12 hace notar que el número de personas con esta carencia social ascendió en 2012 a 61.2% de la población (71.8 millones de personas). Adicionalmente, destaca que los estados con mayor porcentaje de población con esta carencia son Chiapas (83.3%), Guerrero (78.5%) y Puebla (77.1%), no obstante conviene hacer notar que 26 entidades federativas presentan porcentajes superiores a 50.0%.
Gráfica 12. Carencia por acceso a la seguridad social, 2008-2012
Un tema importante que se debe destacar es que la cobertura de los sistemas de seguridad social en el país son menores para los estratos de menores ingresos. La gráfica 13 muestra que en 2012 las personas en el primer decil presentaron una tasa de prevalencia de la carencia de acceso a la seguridad social de 91.5% frente a la tasa de 32.5% que se registró en el décimo decil. Asimismo, es fundamental mejorar el acceso a la seguridad social de algunos grupos de la población. Destacan los niveles de la tasa de prevalencia de la carencia en indígenas (81.0%), menores de 18 años (65.6%), hombres (63.2%), mujeres (59.3%), personas con discapacidad (45.3%) y adultos de 65 años o mayores (26.5%) (gráfica 14).
Gráfica 13. Carencia por acceso a la seguridad social por decil, 2012
Gráfica 14. Carencia por acceso a la seguridad social por grupos de población, 2012
La población económicamente activa enfrenta riesgos asociados a la seguridad social, entre los que destaca la disminución del ingreso familiar debido a que algún miembro del hogar en edad laboral tenga que permanecer en casa con los hijos pequeños (situación con mayor probabilidad de presentarse entre las mujeres).(16) Derivado de lo anterior, para continuar apoyando la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, la oferta pública de servicios de cuidado infantil deberá incrementarse, en particular, para las madres con hijos en hogares con bajos ingresos.
Una de las omisiones más relevantes del sistema de seguridad social vigente es que éste no incorpora a un gran número de mujeres quienes son el principal sostén económico y moral de su hogar. Al respecto, y empleando la metodología de medición de pobreza para 2012, es posible identificar que en aproximadamente 4.1 millones de hogares, de los 8.0 millones de hogares con jefatura femenina en el país, las jefas de familia no contaban con acceso a los servicios de seguridad social, lo que ha generado que estos hogares presenten una limitada capacidad de afrontar y recuperarse rápidamente de las adversidades no previstas. Como una acción para incrementar la seguridad social de estos hogares, en el caso de que llegue a faltar por fallecimiento la madre, quien es la jefa de la familia y única proveedora económica del hogar, es preciso brindar protección social a cada uno de los hijos o hijas con la finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar.
En cuanto a las pensiones de vejez, éstas son instrumentos que permiten moderar la pérdida o disminución del ingreso del individuo por vejez. La implementación de programas de pensiones no contributivas es una política pública que en México otorga protección social básica a adultos mayores sin acceso a instituciones formales de seguridad social. Por ejemplo en 2013, el Programa de Pensión de Adultos Mayores del gobierno federal atendió a 4.4 millones de personas de 65 años en adelante con la entrega de apoyos económicos directos. Asimismo, destaca la existencia de distintos esquemas de apoyo a adultos mayores en entidades federativas, mediante la entrega de apoyos en especie o a través de transferencias monetarias.
Para que los servicios y seguros provistos por el sistema de seguridad social sean sostenibles en el mediano y largo plazos, la inversión pública en seguridad social debe darse en un marco de disciplina fiscal. Dado que los esquemas de seguridad social repercuten positivamente sobre la productividad y el bienestar, se requiere impulsar el vínculo entre las políticas económica y social con el objeto de ampliar el trabajo formal que fomente el acceso a la seguridad social de un mayor número de mexicanos.
La desigualdad y la pobreza se manifiestan en una amplia extensión del territorio del país. A la desigualdad en el ingreso y en el ejercicio de los derechos sociales, se agrega la persistente desigualdad entre las regiones del país. Las entidades del centro y norte del país presentan mejores indicadores en
infraestructura, comunicaciones y transportes, desarrollo urbano, social y financiero; en tanto, en algunas entidades del centro y del sur-sureste se observan las mayores incidencias en pobreza. La desigualdad regional fragmenta el desarrollo del país, erosiona la cohesión social y abre el camino para el conflicto y la inseguridad.
En el abatimiento de las carencias en vivienda a escala nacional se ha avanzado de manera importante en las últimas décadas. Entre 1990 y 2010 la carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo de 41.5% a 15.2%, debido principalmente a la reducción de población en viviendas con piso de tierra o en viviendas con techos de material endeble. En el mismo sentido, se logró una disminución de 44.3% a 22.9% en la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, destacándose la reducción del porcentaje de población en viviendas sin drenaje y sin acceso al agua (ver gráficas 15 y 16). Adicionalmente, se observa que en 2012 la carencia por calidad y espacios de la vivienda afectó al 13.6% de la población nacional, lo que equivale a 15.9 millones de personas, mientras que la carencia por servicios básicos de la vivienda tuvo una incidencia de 21.2%, afectando a 24.9 millones de personas.
Gráfica 15. Indicadores de carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1990-2012
Fuente: Sedesol con información de los Censos para 1990 y 2010 y del MCS-Enigh para 2010 y 2012.
Gráfica 16. Indicadores de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, 1990-2012
Disponer de infraestructura social básica en las localidades resulta un elemento primordial para el acceso a los servicios básicos en las viviendas. En este contexto, las aportaciones federales, además de su intención descentralizadora, cobran importancia dado el objetivo de lograr un desarrollo más equilibrado al tratarse de
recursos necesarios para atender demandas de la población como educación básica, salud y seguridad; o para realizar obras de infraestructura social que los niveles estatal y municipal pueden llevar a cabo con mayor eficiencia, con el fin de abatir indicadores de pobreza y rezago social.
Gráfica 17. Transferencias federales pagadas a estados y municipios, 1998-2012
(Acumulado anual en miles de millones de pesos)
Nota: Miles de millones de pesos reales, 2a. quincena de diciembre 2010=100
Fuente: Sedesol con información de SHCP e Inegi.
Los retos en materia de infraestructura y servicios básicos, plantean la necesidad de articular acciones que contribuyen al abatimiento de los rezagos alrededor de una estrategia con un enfoque territorial, que otorgue prioridad a la población en localidades rurales y en zonas de atención prioritaria, así como a los sectores urbanos con alta incidencia de pobreza extrema, y otras localidades que presenten condiciones de marginación o rezago social. Con ese enfoque, es preciso continuar el apoyo de las obras y acciones de infraestructura social y de servicios, así como de mejoramiento o rehabilitación de la vivienda, en materia de provisión de agua potable, alcantarillado, drenaje, redes o sistemas de energía eléctrica, eliminación de pisos de tierra, muros y techos reforzados, e instalación de fogones ecológicos. Los apoyos deben ser respuestas adecuadas a las condiciones de las localidades, con la provisión de accesos alternativos a dichos servicios cuando así sea necesario y aprovechando innovaciones tecnológicas además de promover la participación de las comunidades.
En las últimas décadas México ha acelerado su proceso de urbanización. En tan sólo 30 años, de 1980 a 2010, las localidades de más de 50 mil habitantes se han expandido 7.6 veces, mientras que la población sólo se ha incrementado 1.9 veces, por lo que la densidad poblacional disminuyó 75.0%. Así el modelo de crecimiento urbano reciente ha sido extensivo, al fomentar el desarrollo de viviendas que se encuentran lejos de servicios como escuelas, hospitales y de centros de abasto y trabajo, además de carecer de vías de comunicación y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un uso poco eficiente de los recursos de la economía, a través de altos costos de transporte para los trabajadores y las empresas, problemas de movilidad, además de los costos medioambientales.
Por otra parte, la dispersión de las localidades rurales es un problema que dificulta el desarrollo económico y social de las comunidades. En 2010, Conapo estimó que 39.0% del total de localidades rurales eran localidades aisladas, donde residían poco más de 6.6 millones de personas. Esta situación, junto al escaso desarrollo institucional, baja división social del trabajo y alto predominio de las actividades productivas de autoconsumo, dificulta la integración a los mercados locales y nacionales, el traslado de insumos y productos, así como la prosperidad de la actividad económica local.
A lo anterior, se agrega que la atomización y dispersión de localidades rurales genera complejidades para la cohesión territorial, y promueve una dinámica de conservación y regeneración de pobreza. Por ello, el reto
es crear condiciones para acercar los beneficios de la urbanización, incentivar la concentración formal de población y fomentar un mayor acceso a servicios públicos y oportunidades para la superación, el bienestar y eliminar la marginación.(17)
En este marco, el desarrollo social, territorial y urbano, además de considerar mejores condiciones de habitabilidad y satisfacción de derechos asociados a la disposición de viviendas y, adecuados contextos de convivencia y movilidad, requiere también de un marco de sustentabilidad que conjugue el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico. El incremento de la población con acceso a infraestructura social, servicios básicos y energéticos, aporta grandes beneficios en términos de calidad de vida e inclusión social. El suministro de agua potable, iluminación eficiente, calefacción, cocción de alimentos, refrigeración, transporte y telecomunicaciones y de energía, tiene efectos que derivan en una mejor educación, salud, seguridad, igualdad de género y sostenibilidad del entorno y medio ambiente.(18)
III. Alineación de los Objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social a las Metas Nacionales
De acuerdo con el diagnóstico presentado, la Política Nacional de Desarrollo Social debe orientar los esfuerzos gubernamentales a la reducción de las carencias sociales y la mejora del ingreso, para que la población pueda ejercer efectivamente cada uno de los derechos que están consagrados en la Constitución. Dado lo anterior, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, se estructura en los siguientes seis objetivos, que a su vez se alinean a las metas nacionales como se muestra en el siguiente cuadro:
Alineación de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018
al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo del Programa Nacional de
Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
Objetivo 1. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en condición de pobreza.
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Estrategia 3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.
Objetivo 2. Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como impulsar la inclusión y equidad educativa.
2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.
2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Objetivo 3. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.
Estrategia 2.4.1. Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales.
Estrategia 2.4.3. Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.
Objetivo 4. Incrementar el acceso de la población a la seguridad social, independientemente de la condición económica o social de las personas.
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
Objetivo 5. Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la vivienda de las personas en situación de pobreza.
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.
Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno.
Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.
Objetivo 6. Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local, nacional y global.
III.1 Contribución de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social a los Objetivos Sectoriales
Contribución de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social a los Objetivos
Los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social están enfocados en la reducción de las carencias sociales y a la mejora del ingreso, y las estrategias y líneas de acción, definen la manera en que las dependencias que son cabezas de Sector, dirigirán y coordinarán esfuerzos no sólo a nivel federal, sino a nivel intergubernamental y con la sociedad civil, para incidir directamente en el cumplimiento de los derechos sociales.
Garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas en condición de pobreza.
Relevancia del objetivo:
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México existen 53.3 millones de personas en condiciones de pobreza, lo que representa el 45.5% de la población total. Asimismo, datos del Coneval reportan que 23.5 millones de personas (20% de la población) tienen un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica de alimentos y que 7.01 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación, es decir, 6.10% de la población total.
Por lo anterior, atender el problema del hambre, es prioritario en la Política Nacional de Desarrollo Social, lo que implica remover barreras para el acceso físico y económico a los alimentos. Para ello, es necesario identificar aquellas características que pueden exacerbar la carencia por acceso a la alimentación e implementar medidas para su reducción. Por ejemplo, las personas en pobreza ven mermado su derecho a la alimentación debido a que los bajos ingresos dificultan el acceso económico a los alimentos y habitar en regiones de alta marginación puede obstaculizar el abasto de alimentos en estas comunidades ya sea porque no se producen suficientes alimentos o porque alimentos producidos en otras regiones no son abastecidos eficientemente.
Una alimentación adecuada es el principal activo productivo de las personas, por lo que se debe garantizar el ejercicio de este derecho fundamental. Del mismo modo, queda de manifiesto que sin una alimentación adecuada, el ejercicio de los demás derechos es insostenible, por lo que la política de desarrollo social debe tener como eje central el derecho a la alimentación, en particular el de las personas en situación de pobreza.
Estrategia 1.1 Incrementar la productividad agrícola mediante acciones dirigidas al fomento de empresas sociales, producción familiar y productores de regiones con altos niveles de carencia por acceso a la alimentación.
Incentivar la productividad de las unidades de producción familiar en localidades rurales marginadas, a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.
Garantizar la seguridad alimentaria en zonas marginadas mediante la agricultura familiar, periurbana y de traspatio.
Apoyar la producción agropecuaria y acuícola de traspatio que mejore la alimentación y la economía familiar.
Fortalecer sinergias entre programas sociales dirigidos a abatir la inseguridad alimentaria y que prioricen la atención de las personas en pobreza extrema.
Desarrollar las capacidades técnicas, productivas y organizacionales de las y los pequeños productores en localidades rurales marginadas.
Incrementar el financiamiento a proyectos productivos de alimentos, particularmente de aquellos micro, pequeños y medianos productores.
Diseñar e implementar incentivos fiscales para empresas sociales de producción agropecuaria y acuícola con énfasis en las ubicadas en zonas de atención prioritaria.
Estrategia 1.2 Incrementar el acceso físico a los alimentos mediante esquemas que promuevan la eficiencia en el abasto, producción de alimentos, rescate y acopio de los mismos.
Mejorar la eficiencia en el abasto de productos alimenticios en regiones con altos niveles de pobreza y carencia por acceso a la alimentación.
Implementar programas de conservación de recursos productivos agrícolas, así como un uso sustentable de los mismos.
Fomentar la creación de comedores comunitarios en zonas de pobreza, alta marginación, rezago social y zonas de atención prioritaria.
Incrementar el acceso a agua potable y a comedores escolares, en particular en zonas de pobreza, alta marginación, rezago social y zonas de atención prioritaria.
Mejorar el acceso físico a los alimentos mediante esquemas de rescate y acopio de alimentos.
Promover la producción de alimentos en comunidades indígenas mediante el cofinanciamiento de proyectos productivos y la concurrencia de programas de apoyo a productores indígenas.
Estrategia 1.3 Reducir la inseguridad alimentaria a través de apoyos económicos que faciliten el acceso a alimentos variados y nutritivos.
Incrementar la cobertura de los programas de transferencias de ingreso a hogares en condiciones de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.
Promover la transferencia de ahorro en productos alimenticios en aquellas regiones del país con problemas de abasto o altos niveles de pobreza.
Fomentar el acceso económico a los alimentos mediante incentivos fiscales a la producción de alimentos de la canasta básica.
Promover el desarrollo y consumo de productos alimenticios enriquecidos, particularmente para la población en pobreza y carencia por acceso a la alimentación.
Incrementar la cobertura de programas de apoyo a la alimentación de niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas o en estado de lactancia y personas adultas mayores.
Estrategia 1.4 Desarrollar y consolidar herramientas para la prevención y atención de riesgos en materia alimenticia.
Mejorar los procesos para detectar e identificar las carencias en materia de seguridad alimentaria y nutrición, mediante observatorios alimentarios, mapas, atlas y padrones alimentarios y nutricionales, entre otros.
Mejorar el diseño de mecanismos de protección contra riesgos que puedan generar inseguridad alimentaria: desastres, emergencias, sequías, conflictos y fluctuaciones económicas.
Fomentar los esquemas de prevención, mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático en materia de producción y consumo de alimentos.
Implementar sistemas de vigilancia nutricional, en particular en zonas con altos niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria.
Fomentar con los gobiernos estatales y municipales esquemas de protección de riesgo territorial para productores de bajos ingresos.
Promover la adopción de esquemas de protección de riesgos para el sector pecuario extensivo.
Estrategia 1.5 Impulsar la capitalización de las pequeñas unidades de producción rural ubicadas en zonas rurales marginadas.
Estimular las coinversiones con organismos de la sociedad civil en la ejecución de proyectos de producción de alimentos de la población rural en situación de pobreza en localidades de alta y muy alta marginación.
Incentivar la realización de proyectos agropecuarios y pesqueros de generación de ingresos con las unidades de producción familiar de localidades de alta y muy alta marginación a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria.
Propiciar la integración de los pequeños productores a las cadenas de valor mediante mejoras en la producción, manejo, conservación, valor agregado y vinculación al mercado a través del componente Desarrollo Integral de Cadenas de Valor.
Apoyar la ejecución de proyectos de inversión en construcción, rehabilitación o ampliación de infraestructura hídrica y para el equipamiento rural a través del Proyecto Estratégico del Desarrollo de las Zonas Áridas.
Mejorar el acceso y permanencia en los servicios educativos, así como impulsar la inclusión y equidad educativa.
El derecho a la educación que asiste a todos los mexicanos debe ser garantizado por el Estado, que está obligado a impartir educación básica y media superior. El Estado debe compensar las desigualdades prevalecientes que impiden a los grupos en situación de vulnerabilidad recibir servicios de educación básica y media superior de calidad, y permanecer en ellos hasta concluirlos satisfactoriamente.
Las carencias en materia educativa en el país tienen diversos orígenes y múltiples expresiones. Atenderlas requiere de estrategias diferenciadas que incidan tanto en las causas como en los efectos. Es necesario garantizar que la población en edad de asistir a la escuela pueda acceder a instalaciones educativas dignas, disponga de los materiales adecuados, que los contenidos educativos sean los pertinentes, que los maestros cuenten con la formación y herramientas necesarias para su atención. Todo ello adquiere mayor relevancia cuando se trata de grupos con algún tipo de vulnerabilidad, particularmente la población indígena, la de comunidades rurales aisladas, migrantes, personas con discapacidad y grupos en riesgo de abandono escolar. Su atención requiere eliminar los obstáculos y las barreras que impiden su acceso y permanencia en la escuela en igualdad de oportunidades con el resto de la población.
Otro tipo de carencia educativa es la de quienes no han podido completar su formación en la edad en que debían hacerlo, es decir, por ejemplo, las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, aquellas que no acabaron la educación primaria y secundaria, y que por ello, pueden estar en desventaja en algunas situaciones, como la laboral. Ante lo anterior, la política de desarrollo social debe conducir y emprender las acciones y tareas necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación y reducir el rezago educativo, para así cumplir con la obligación ineludible del Estado en esta materia.
Estrategia 2.1 Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional para ampliar las oportunidades educativas de la población.
Impulsar el fortalecimiento de las áreas estatales para la planeación y el desarrollo educativo, y su coordinación con el gobierno federal para favorecer la equidad e inclusión.
Acordar con los estados e instituciones públicas de educación media superior reglas para otorgar apoyo financiero para el crecimiento de la oferta educativa.
Impulsar el aprovechamiento de la capacidad instalada de los planteles, ampliar los existentes o habilitar nuevos en función de estudios de factibilidad, con énfasis en la educación media superior.
Asegurar que los fondos federales para el crecimiento de la oferta de educación se destinen a planteles viables y pertinentes a su contexto.
Disminuir las diferencias de cobertura entre regiones y grupos de población, a través de la planeación del crecimiento de la oferta educativa.
Impulsar nuevos modelos de educación abierta y a distancia, y garantizar su pertinencia tecnológica y de contenidos.
Fortalecer la generación de información relevante para apoyar la toma de decisiones para la atención de población vulnerable.
Estrategia 2.2 Reducir el abandono escolar mediante transformaciones en el sistema educativo que mejoren la calidad de los servicios educativos de nivel básico.
Promover a través de las autoridades educativas estatales, la normalidad mínima escolar en las escuelas y el desarrollo regular de labores, contribuyendo a evitar el abandono escolar.
Garantizar infraestructura digna y dotación adecuada y oportuna de materiales educativos, particularmente en planteles de zonas indígenas, rurales y urbanas marginales.
Robustecer la función pedagógica de apoyo al docente de la supervisión escolar, para detectar y atender problemas de aprendizaje o contexto, y reducir el abandono escolar.
Dotar a supervisores escolares de herramientas técnico pedagógicas que les permitan acompañar y apoyar a docentes y directivos en su tarea educativa
Prevenir las causas que propician el abandono y el rezago escolar a través de la consolidación de los Consejos Técnicos Escolares en cada escuela.
Transformar y flexibilizar el modelo educativo a nivel secundaria, a fin de asegurar su adecuación y relevancia respecto de las características de los adolescentes de hoy.
Extender la jornada del modelo de telesecundaria a fin de mejorar los aprendizajes de los contenidos de planes y programas.
Estrategia 2.3 Prevenir y disminuir el abandono escolar en la educación media superior, al tiempo que se incrementa la cobertura.
Diseñar e implementar herramientas para identificar tempranamente y evitar el riesgo de abandono escolar.
Promover programas de inducción e integración de estudiantes de nuevo ingreso al entorno escolar en la educación media superior.
Impulsar programas de tutorías académicas, acompañamiento y cursos remediales de apoyo a los estudiantes de educación media superior.
Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de jóvenes en riesgo de abandono escolar.
Prevenir conductas de riesgo (violencia, adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otras) que puedan truncar la trayectoria educativa de los y las estudiantes.
Ajustar mecanismos académicos y administrativos que faciliten el tránsito entre modalidades y servicios educativos, y eviten discontinuidades en el trayecto escolar.
Promover el aprecio por las diversas expresiones de la cultura y el arte, así como la práctica del deporte como vías probadas que propician la retención.
Favorecer ambientes escolares libres de violencia, acoso escolar y abuso sexual, y promover la sana convivencia, libre de toda discriminación, a fin de evitar el abandono a causa de éstos.
Incrementar gradualmente la cobertura de los servicios de educación media superior para garantizar un espacio en la escuela a cada joven en edad de asistir.
Estrategia 2.4 Fortalecer los servicios de educación comunitaria que brinda el Consejo Nacional de Fomento Educativo en zonas con alto y muy alto nivel de marginación y/o rezago social.
Impulsar el Modelo de Educación Inicial Comunitaria en cada uno de los estados de la República.
Fortalecer el aprovechamiento y permanencia escolar de niños y niñas que viven en zonas de pobreza y alta marginación y/o rezago social, a través de la educación comunitaria.
Mejorar las condiciones de los servicios en los que se desempeñan las figuras de fomento educativo, a fin de reducir su deserción.
Adecuar los modelos educativos comunitarios para hacerlos más pertinentes a las necesidades de niños y niñas de diversos contextos culturales, migrantes o en zonas de pobreza, de difícil acceso y alta marginación y/o rezago social.
Estrategia 2.5 Promover la interculturalidad en la educación y reforzar los modelos intercultural y bilinge en poblaciones que hablen lenguas originarias.
Profundizar los modelos interculturales en escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo en la educación indígena y en las escuelas multigrados.
Privilegiar la expansión de oportunidades educativas hacia zonas tradicionalmente más desfavorecidas, con modelos cultural y lingísticamente pertinentes.
Asegurar la pertinencia cultural y lingística en la educación secundaria, opciones de bachillerato y de educación superior para poblaciones rurales y marginadas.
Ofrecer becas de transporte y otras similares que permitan a la población rural dispersa desplazarse a otras poblaciones cuando ésta sea la mejor opción educativa.
Fortalecer la formación bilinge de los maestros que trabajan en comunidades indígenas y proveerlos de materiales pertinentes para desarrollar la tarea educativa.
Estrategia 2.6 Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y permanencia en el Sistema Educativo de personas con discapacidad y otros sectores en condiciones desfavorables.
Alentar y promover modelos, ambientes y prácticas que conduzcan a una mayor inclusión en todos los niveles educativos y favorezcan la convivencia sin discriminación alguna.
Desarrollar estrategias metodológicas y materiales educativos apropiados para la atención de los diversos tipos de discapacidad o problemas para el aprendizaje.
Desarrollar capacidades y proporcionar apoyos técnicos y pedagógicos a docentes, directivos y supervisores para favorecer la inclusión educativa en la escuela regular.
Adecuar y equipar planteles educativos para eliminar o reducir las barreras físicas que impiden el acceso y la participación de estudiantes con discapacidad.
Otorgar apoyos específicos a alumnos en función de las barreras que enfrentan para su inclusión en el Sistema Educativo y evitar el abandono de sus estudios.
Identificar y atender oportunamente a las poblaciones excluidas del Sistema Educativo o en mayor riesgo de abandono.
Fortalecer la efectividad de la educación para grupos en condiciones desfavorables mediante el trabajo estrecho con las familias de la población atendida.
Garantizar servicios educativos suficientes y pertinentes a los niños y niñas de familias de jornaleros agrícolas migrantes.
Apoyar programas dirigidos a estudiantes provenientes de Estados Unidos facilitando su adaptación en la escuela.
Estrategia 2.7 Fortalecer la atención de población mayor de 15 años en condición de rezago educativo, mediante servicios educativos más cercanos y pertinentes.
Ampliar el servicio de alfabetización a comunidades apartadas, priorizando las indígenas, para garantizar su derecho a la educación.
Promover la participación social, primordialmente de becarios de Educación Media Superior, como asesores educativos que brinden el servicio en sus propias localidades.
Convenir la creación de círculos de estudio en empresas del sector privado, promoviendo en ellas el "cero rezago educativo".
Promover "cero rezago educativo" entre el personal de la administración pública federal, estatal y municipal brindando servicios de educación para adultos.
Impulsar alianzas estratégicas con el gobierno federal, gobiernos estatales y ayuntamientos, para ampliar la cobertura de servicios de educación para adultos.
Incorporar nuevas tecnologías que fortalezcan el proceso educativo para la atención de adultos, promoviendo su uso en este segmento de población.
Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud.
El derecho a la protección de la salud es un derecho humano, no un derecho laboral. Hoy México cuenta con un sistema fragmentado con diferentes beneficios que dependen de la condición laboral de la personas y con servicios de salud que generan un ineficiente manejo de riesgos y duplicidades en la operación y en el financiamiento. Por lo anterior, la Política Nacional de Desarrollo Social está comprometida con lograr que la población mexicana esté protegida continuamente por un esquema de aseguramiento público, con que las personas reciban una atención más homogénea y con que haya una operación integrada y con mayor coordinación entre las distintas instituciones de salud.
El objetivo final es que las personas reciban una atención de salud en cualquier condición: estando sano, enfermo o lesionado, o en rehabilitación continua e integrada sin importar su condición social o laboral. Mejorar la salud de la población no es suficiente si los logros alcanzados no se distribuyen equitativamente entre diferentes grupos sociales y regiones del país. La inequidad, la discriminación y la exclusión tienen rostro: la población infantil, las personas adultas mayores, las mujeres, particularmente en zonas rurales, las personas de bajos ingresos, las personas con discapacidad, los indígenas y los migrantes.
Estas diferencias evitables e injustas son inaceptables en un México incluyente. La atención de las personas que viven en condición de vulnerabilidad requiere de las acciones de salud y de la asistencia social, la participación coordinada de los diferentes sectores y todos los órdenes de gobierno para lograr incidir en los determinantes sociales para reducir las inequidades en salud a través de políticas intersectoriales.
Estrategia 3.1 Instrumentar mecanismos para sentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal.
Afiliar o reafiliar al Sistema de Protección Social en Salud a la población sin seguridad social, especialmente aquella que vive en condición de vulnerabilidad.
Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a la población cubierta por el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Ampliar gradualmente las intervenciones cubiertas por el Sistema de Protección Social en Salud.
Promover la integración y operación de Consejos Estatales de Salud para la definición de prioridades y seguimiento de programas.
Fomentar la participación de los beneficiarios en la definición de beneficios y operación del Sistema Nacional de Salud Universal.
Estrategia 3.2 Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario.
Impulsar la participación de los sectores público, social y privado para incidir en los determinantes sociales de la salud.
Generar estrategias de mercadotecnia social y comunicación educativa que motiven la adopción de hábitos y comportamientos saludables.
Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular en escuelas y sitios de trabajo.
Reforzar las acciones de promoción de la salud mediante la acción comunitaria y la participación social.
Desarrollar campañas educativas permanentes sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles con cobertura nacional, estatal y local.
Promover la participación comunitaria, municipal e intersectorial en la reducción de riesgos de exposición a las enfermedades transmisibles.
Impulsar campañas para informar y concientizar acerca del uso, abuso y dependencia a sustancias psicoactivas.
Promover la prevención de lesiones de causa externa.
Estrategia 3.3 Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral.
Garantizar la provisión de servicios de salud oportunos y de calidad para toda la población en todo el Sistema de Salud.
Promover un modelo de atención integral a la salud común para todo el Sistema Nacional de Salud.
Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo a los servicios de salud.
Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención.
Fortalecer modelos de atención médica a distancia que favorezcan el acceso efectivo a servicios de salud.
Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población.
Impulsar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud.
Establecer nuevas modalidades de concertación de citas y atención que reduzcan los tiempos de espera en todos los niveles de atención.
Estrategia 3.4 Crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales.
Fortalecer las unidades médicas de primer nivel como el eje de acceso a las redes de servicios.
Diseñar la implementación de redes de servicios que favorezcan el acceso efectivo con las diferentes instituciones públicas.
Reforzar las redes de servicios y procesos para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
Fomentar una perspectiva intercultural, intersectorial y de género en el diseño y operación de programas y acciones de salud.
Ampliar la red de atención a través de unidades móviles en regiones de alta marginación y dispersión poblacional.
Fortalecer la red de atención de telemedicina en regiones de alta marginación y dispersión poblacional.
Estrategia 3.5 Fortalecer los servicios de promoción y atención brindados a la población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Incorporar el enfoque intercultural y de género en el diseño y operación de programas y acciones para la población.
Fortalecer la red de atención primaria a la salud con énfasis en unidades móviles de salud.
Incorporar redes de telemedicina y uso de la telesalud en zonas de población que vive en situación de vulnerabilidad.
Adecuar los servicios a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Implementar acciones para el cuidado y la atención oportuna de personas adultas mayores en coordinación con otros programas sociales.
Incrementar las acciones de promoción de la salud para lograr el autocuidado de las personas adultas mayores.
Promover la reducción de la incidencia de la discapacidad mediante acciones de prevención.
Fomentar la detección, diagnóstico temprano y atención oportuna y eficaz para disminuir la discapacidad por enfermedades y lesiones.
Propiciar la coordinación interinstitucional para articular la rehabilitación con acciones de educación, deporte, recreación, capacitación, empleo y asistencia social.
Estrategia 3.6 Incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables.
Diseñar estrategias de comunicación en salud sexual y reproductiva.
Promover acciones para prevenir el embarazo adolescente.
Coordinar con el sector educativo del nivel básico y medio superior una educación integral de la sexualidad.
Promover la salud sexual y reproductiva responsable, así como la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Asegurar la detección y tratamiento oportuno de VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual.
Incrementar el acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva en mujeres y hombres.
Incrementar la cobertura de detección prenatal y tratamiento oportuno para prevenir la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita.
Fomentar el embarazo saludable y un parto y puerperio seguros.
Fomentar la lactancia materna a través de acciones que contribuyan a incrementar la duración y el apego.
Estrategia 3.7 Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad, seguros y eficaces.
Fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud.
Incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales.
Fomentar el uso racional de la prescripción de medicamentos.
Fomentar la farmacovigilancia y tecnovigilancia de insumos para la salud.
Facilitar la liberación de nuevas moléculas de medicamentos y biológicos seguros, de calidad y eficaces.
Fomentar el ingreso de nuevos medicamentos genéricos y biocomparables seguros, de calidad y eficaces.
Eliminar barreras de entrada al mercado de productos que sean seguros, de calidad y eficaces.
Impulsar la compra consolidada de medicamentos e insumos entre las instituciones del sector público.
Fomentar la compra coordinada de medicamentos e insumos entre la federación y las entidades federativas.
Incrementar el acceso de la población a la seguridad social, independientemente de la condición económica o social de las personas.
Los actuales sistemas de seguridad social muestran rasgos de inequidad y exclusión a sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza. Los beneficios de los sistemas integrales de previsión, dirigidos a abatir riesgos sociales como el desempleo, enfermedad, discapacidad y pobreza en la vejez, han sido privativos de sus afiliados, mermando la calidad de vida de la población más vulnerable, pues estos elementos amenazan y vulneran la capacidad de las familias e individuos para enfrentar contingencias.
En ese sentido y bajo los esquemas de la Política Nacional de Desarrollo Social, es preciso reformular el funcionamiento de los sistemas de seguridad social, incorporando una perspectiva integral que tome en consideración la desigual situación de personas en situación de empleo y desempleo, a través de sistemas de salud, pensión, ahorro y portabilidad de servicios para inducir transformaciones profundas en la calidad de vida de las personas en situación de pobreza.
Estrategia 4.1 Desarrollar e implementar esquemas de protección al ingreso que permitan a las personas hacer frente a situaciones adversas y a la vejez.
Implementar el Seguro de Desempleo para proteger el bienestar económico de los hogares.
Desarrollar el sistema de Pensión Universal para que todas las personas adultas mayores cuenten con un ingreso mínimo que proteja su bienestar socioeconómico.
Promover la integración de los sistemas de provisión de salud con el objetivo de lograr la cobertura universal.
Establecer mecanismos para un manejo de riesgos más eficiente.
Impulsar la convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación.
Promover la cobertura universal de la seguridad social, estimulando la creación de empleos formales y la flexibilidad laboral.
Fortalecer los servicios de salud para reducir el impacto de las enfermedades en la productividad y la asistencia laboral.
Asegurar a madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad para que en caso de su muerte, sus hijas e hijos puedan continuar sus estudios hasta su conclusión.
Estrategia 4.2 Fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro para aumentar la cobertura y la suficiencia de los distintos esquemas pensionarios del país.
Promover el fortalecimiento, la sustentabilidad y la portabilidad de los distintos sistemas pensionarios del país (incluyendo organismos descentralizados, paraestatales, entidades federativas y municipios) para realizar la transformación de sus sistemas de pensiones hacia sistemas sustentables que ofrezcan seguridad al trabajador.
Incentivar el ahorro voluntario y coordinar adecuadamente los planes corporativos e individuales de pensiones.
Fortalecer el funcionamiento de la industria de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro.
Promover esquemas financieros que incentiven la inscripción de empresas y personas al IMSS y al ISSSTE.
Mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la vivienda de las personas en situación de pobreza.
Los resultados de la medición de pobreza 2012 muestran que la carencia por calidad y espacios en la vivienda afectó a 15.9 millones de personas en México. Mientras que en el ámbito rural, el 23.4% de la población sufre de carencia por calidad y espacios de la vivienda, en el ámbito urbano, el 10.6% padece de ésta. Asimismo, de acuerdo a la medida del déficit habitacional que agrupa las carencias de vivienda en tres tipos: aquellas que tienen que ver con los materiales con que está construida, las que se refieren al espacio para que sus habitantes no padezcan hacinamiento; y las carencias por falta de conexiones de servicios básicos indispensables, calculó que en el 2012, el déficit habitacional era de 15,298,204 viviendas.
La vivienda al ser el entorno físico en el que habitan y se desenvuelven las personas, tiene un gran impacto en la calidad de vida de éstas. Sin embargo no únicamente se trata de los componentes físicos de la vivienda como el espacio, equipamiento, infraestructura o materiales, sino también la disposición de los servicios básicos como el agua, la luz eléctrica o servicios sanitarios en la vivienda y la infraestructura, equipamiento, servicios y espacios de movilidad en torno a la vivienda, los que constituyen factores clave en el desarrollo físico, emocional, y sociocultural de las personas.
Es por ello que a través de la Política Nacional de Desarrollo Social se buscar garantizar el acceso a la población en condiciones de pobreza a todos estos elementos, que permitan mejorar sus condiciones de vida a través de estrategias encaminadas a dotar de una vivienda y un entorno dignos a todas las personas, sin importar su condición socioeconómica.
Facilitar el acceso de la población en situación de pobreza a viviendas que cumplan con estándares de calidad, en particular de infraestructura y servicios básicos.
Diseñar e implementar esquemas financieros que faciliten a la población en situación de pobreza el acceso a la vivienda.
Fortalecer la coordinación con dependencias federales y gobiernos locales para el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable en zonas rurales y urbanas marginadas.
Suministrar infraestructura y la provisión de servicios básicos, en coordinación con el sector público, social y privado.
Atender la precariedad de las viviendas a través de modelos de condiciones óptimas de infraestructura y equipamiento de calidad del parque habitacional.
Incentivar y promover el uso de tecnologías alternativas para atender las carencias en servicios básicos de las viviendas, como estufas y baños ecológicos y fuentes de energía alternativas.
Estrategia 5.2 Reducir la precariedad de las viviendas de las personas en situación de pobreza.
Promover apoyos y acciones para sustituir techos y muros construidos con materiales endebles, por muros y techos que garanticen la seguridad estructural de la vivienda.
Fortalecer las acciones de mejoramiento y ampliación de las viviendas de las personas en situación de pobreza.
Generar incentivos para que la vivienda financiada por organismos públicos de vivienda, cuente con espacios que disminuyan los niveles de hacinamiento.
Dar acompañamiento para la asistencia técnica, financiera y social junto con los subsidios dirigidos a la producción social y autoproducción de la vivienda.
Diseñar esquemas de asistencia técnica que acompañen a los subsidios para lotes con servicios, buscando alcanzar la vivienda de calidad
Incrementar la sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto, particularmente en zonas rurales.
Promover la construcción de vivienda que incorpore materiales de la región, conforme las condiciones climáticas y geográficas.
Estrategia 5.3 Mejorar el acceso a un entorno y vivienda dignos y sustentables para las personas en situación de pobreza.
Promover proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda que fomenten la organización y participación ciudadana.
Establecer lineamientos que garanticen que la vivienda nueva cumpla con normas de ubicación, conectividad y sustentabilidad.
Promover que los planes y programas de desarrollo urbano y de vivienda municipales, incorporen criterios y sanciones para prevenir riesgos.
Fomentar la certeza jurídica de las viviendas y el patrimonio de las personas en situación de pobreza.
Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local, nacional y global.
Sin oportunidades de empleo y participación plena en los procesos productivos no es posible alcanzar un desarrollo humano y social integral. La insuficiencia de recursos económicos ha estado íntimamente asociada con los altos niveles de pobreza y marginación de la población, pues impide satisfacer las necesidades básicas como alimentación, educación, salud y vivienda, disminuyendo considerablemente la calidad de vida de los mexicanos.
Si bien el empleo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los hogares, (las remuneraciones provenientes del trabajo representan aproximadamente el 80% de los ingresos de las familias), no obstante las altas tasas de desempleo y subempleo, la limitada participación de las mujeres y jóvenes en el mercado laboral y la baja productividad en conjunto con los limitados sistemas de financiamiento a emprendedores han sido una causa primordial de altos índices de pobreza.
Por ello un factor primordial para que las personas salgan de la pobreza y se mantengan fuera de ella es su participación en el mercado de trabajo y su ocupación en empleos bien remunerados. Por lo tanto, para reducir la pobreza, el crecimiento económico tiene que traducirse en mayores ingresos familiares mediante la generación de empleos o proyectos productivos que provean de un bienestar económico suficiente para poder desarrollar capacidades y ejercer cada uno de los derechos de las personas.
Para lograr este cometido, la Política Nacional de Desarrollo Social busca generar esquemas de financiamiento productivo, inclusión de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, así como de desarrollo productivo rural, que permitan a las personas en situación de pobreza contar con alternativas de desarrollo y generación de ingresos.
Estrategia 6.1 Impulsar el acceso al financiamiento de productores y organismos del sector social en localidades en donde no participa la banca comercial.
Financiar proyectos productivos del sector social de la economía.
Otorgar microcréditos y educación financiera a jóvenes, hombres y mujeres rurales para que implementen proyectos productivos en las localidades donde no participa la banca comercial.
Direccionar fondos de garantía para generar mayor derrama crediticia en sectores estratégicos, así como en regiones menos favorecidas.
Promover esquemas de inclusión financiera de micro, pequeñas y medianas empresas que no estén sujetas a crédito por la banca comercial, mediante el Sistema Nacional de Garantías.
Fortalecer la cobertura territorial de los servicios de microfinanzas con intermediarios financieros no bancarios, que permita a las micro, pequeñas y medianas empresas tener opciones adicionales de financiamiento.
Concertar estrategias de política económica con entidades de banca de desarrollo para canalizar recursos de fondeo a través de la banca social.
Promover la integración financiera entre organismos del sector social de la economía.
Conformar la Banca para la Mujer, como banca de desarrollo con asesoría financiera, técnica, tecnológica y comercial a emprendedoras.
Estrategia 6.2 Generar oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector social de la economía y personas en situación de pobreza.
Desarrollar y fortalecer capacidades organizativas, técnicas y de gestión de proyectos productivos mediante la capacitación.
Impulsar la cultura emprendedora para la constitución de empresas formales y organizaciones del sector social de la economía.
Apoyar las iniciativas de jóvenes en organismos del sector social de la economía.
Fomentar el emprendimiento mediante el otorgamiento de estímulos y apoyos a iniciativas de jóvenes, mujeres y hombres.
Crear canales de comercialización de los proyectos del sector social de la economía que les permita incorporarse a las redes de cooperación y cadenas de valor.
Diseñar proyectos de economía social para emprendedoras con perspectiva de inversión rentable no asistencialista.
Integrar una alianza de empresarios consolidados que apoye y acompañe el esfuerzo de los emprendedores jóvenes y de las MIPYMES.
Estimular la incubación de micronegocios para favorecer su adecuado desarrollo y consolidación.
Estrategia 6.3 Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y prudencia del sistema financiero.
Promover la participación de la banca comercial y de otros intermediarios regulados en el financiamiento de sectores estratégicos.
Incentivar la portabilidad de operaciones entre instituciones, de manera que se facilite la movilidad de los clientes de las instituciones financieras.
Fomentar mejores condiciones de otorgamiento de crédito considerando la perspectiva de género.
Fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros y de capitales para facilitar el acceso de las actividades productivas al capital.
Propiciar la entrada de nuevos participantes en el sistema financiero mexicano, así como promover la competencia entre dichos participantes.
Favorecer la coordinación entre autoridades para propiciar la estabilidad del sistema financiero.
Mantener un seguimiento continuo al desarrollo de políticas, estándares y mejores prácticas en el entorno internacional.
Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y mecanismos para evitar desequilibrios y fomentar el crecimiento económico del país.
Estrategia 6.4 Fortalecer el marco institucional relevante para orientar el gasto, los programas y políticas públicas a elevar y democratizar la productividad.
Asistir a los gobiernos locales en la formulación de estrategias para elevar y democratizar la productividad a nivel local.
Promover la coherencia de las políticas de los tres órdenes de gobierno, dirigidas a elevar y democratizar la productividad.
Adoptar las mejores prácticas institucionales a nivel internacional para impulsar la productividad.
Fortalecer en el sector público la capacidad de diagnóstico y evaluación de impacto de las políticas públicas en la productividad.
Desarrollar métricas de la orientación de los programas presupuestales y de inversión hacia la democratización de la productividad.
Incorporar métricas de la orientación hacia la productividad como un elemento del Sistema de Evaluación para el Desempeño.
Estrategia 6.5 Implementar las medidas de la Reforma Hacendaria para fomentar a la formalidad.
Promover la incorporación de las empresas y las personas físicas a la formalidad a través del nuevo Régimen de Incorporación, de forma consistente con la capacidad contributiva y administrativa de los pequeños contribuyentes.
Reducir los costos de generación de empleos formales.
Estrategia 6.6 Fomentar los proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el esquema de Asociación Público Privada.
Impulsar la participación del sector privado en proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante Asociaciones Público Privadas.
Incrementar la capacitación a servidores públicos a fin de promover el esquema de Asociación Público Privada.
Promover la asignación del gasto a los programas y proyectos de inversión mediante esquemas de Asociación Público Privada en regiones con menor desarrollo socioeconómico.
Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que el mercado no participe en términos de riesgo y plazo.
Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de infraestructura en los que participe el sector privado.
Consolidar al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) como un catalizador de la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura que articule a los gobiernos estatales y municipales.
Diseñar nuevos productos que contribuyan a desarrollar el mercado de capitales para el financiamiento de infraestructura, promoviendo la participación de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros.
Promover la utilización del marco jurídico prevaleciente en materia de Asociaciones Público Privadas para facilitar el desarrollo y administración de los proyectos.
V. Enfoques Integrales de la Política Social Nacional
La Política Social Nacional a través de sus acciones intersectoriales, intergubernamentales y con la sociedad civil, debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas las personas. De este modo, toda acción, programa o intervención debe conducirse bajo el más estricto respeto a los derechos de las personas, además de fomentar la inclusión, la no discriminación, la igualdad y el trato digno.
Dado lo anterior, la Política Social Nacional debe planearse, implementarse y evaluarse tomando en cuenta los siguientes enfoques:
Un Estado democrático se mide por la cantidad de derechos que están reconocidos para su población, así como por los medios con que se cuenta para hacerlos efectivos. En este sentido, las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de consolidarse como promotores de los derechos humanos, razón por la que es necesario dotarles de herramientas teórico-prácticas que les permitan respetarlos, promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Asimismo, es necesario contar con mecanismos que hagan exigibles y justiciables los derechos humanos, a fin de recobrar la confianza de todas las personas en las Instituciones del gobierno. Dichos mecanismos deberán permitir el goce pleno de los derechos humanos, tanto de los servidores públicos, como de las personas que entran en contacto con las dependencias federales.
Aunado a lo anterior, el respeto a la dignidad de todas las personas debe constituir el eje rector de cualquier sistema jurídico, cuyo objeto ha de ser la protección de todas las personas ante cualquier distinción, exclusión o trato diferenciado en respuesta a alguna característica particular. En este tenor, un trato digno implica procedimientos adecuados, eficaces y acordes a las necesidades de todas las personas, lo cual exige contar con servidores públicos empáticos y comprometidos con la atención de grupos de población en situación de exclusión y discriminación.
Para garantizar el respeto de los derechos humanos así como la dignidad de todas las personas, es necesario que los grupos de población que, por sus condiciones y características físicas, requieren de espacios físicos adecuados para su ingreso y estancia, tengan garantizada su accesibilidad a los mismos. Por tanto, los edificios públicos son los que en primer término deben contar con instalaciones adecuadas para permitir el ejercicio pleno de sus derechos.
Brindar herramientas teórico-prácticas a los servidores públicos con el propósito de formarlos como promotores de derechos humanos.
Garantizar que la población beneficiaria de los programas sociales reciba un trato digno y de respeto, contribuyendo a la promoción y protección de los derechos humanos.
Promover la generación de espacios físicos que contribuyan a asegurar la accesibilidad de todas las personas.
Generar mecanismos que permitan a las personas exigir el respeto a sus derechos, así como contar con respuesta y solución a sus peticiones.
Desarrollar campañas contra los prejuicios, estigmas y discriminación que tengan como función principal prevenir la desigualdad de trato hacia grupos en situación de vulnerabilidad.
II. Perspectiva de Género
La perspectiva de género hace referencia a identificar las desigualdades entre mujeres y hombres, así como las brechas que existen entre ambos sexos y los distintos factores culturales, sociales y económicos que limitan el desarrollo en sus diferentes contextos y circunstancias. En este sentido, para alcanzar la igualdad sustantiva, es necesario reconocer las desigualdades en las que viven mujeres y hombres, a fin de modificar las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades y los recursos a través de medidas estructurales, legales o de política pública.
Asimismo, es necesario considerar que las relaciones de género no se producen de forma aislada, sino que se articulan y potencian, entre otras, por la clase social, etnia, edad, ámbito rural o urbano, de manera que al identificar los factores que limitan el pleno desarrollo, se podrán orientar las acciones que den como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. De esta manera, impulsar el desarrollo social con perspectiva de género permitirá avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria en la que el respeto y el ejercicio de los derechos humanos sea una realidad, contribuyendo así a que México alcance su máximo potencial.
Desarrollar procesos de planeación que permitan identificar y atender las brechas de género y de discriminación para avanzar en una política de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
Promover la igualdad entre mujeres y hombres a través de la ejecución de los programas sociales que contribuyan al desarrollo social y el bienestar de las personas.
Impulsar acciones de corresponsabilidad que favorezcan el involucramiento de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, para evitar la reproducción de los roles y estereotipos de género.
Fomentar la participación activa de las mujeres en los procesos de desarrollo social para modificar su posición de desigualdad y promover su crecimiento personal.
Aplicar medidas para impulsar una cultura institucional que promueva el respeto de los derechos de las personas y genere un clima laboral libre de discriminación y violencia.
Implementar medidas que garanticen la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, necesarios para un óptimo desarrollo social y ejercicio de derechos.
III. Personas con Discapacidad
Una característica esencial del desarrollo incluyente es que debe eliminar cualquier tipo de barrera o limitante para el disfrute de los derechos por igual para todas las personas y garantizar la igualdad de trato. En este sentido, es de suma importancia incrementar el conocimiento y la cultura de respeto y no discriminación a las personas con discapacidad. Pero más allá de eso, es de suma importancia que se impulsen e implementen acciones que aseguren la accesibilidad universal de las personas con discapacidad que les permita ejercer a plenitud todos sus derechos: movilidad en calles y edificios, utilización del transporte y tecnologías de la educación, permanencia y avance académico, trabajo digno, adquisición de vivienda, salud y seguridad social, entre otros.
Para lograr lo anterior, es necesario que se genere una visión transversal y universal que permee en todas las acciones de gobierno y que promueva y garantice acciones específicas y esquemas de atención integrales que le permitan a las personas con discapacidad ser parte fundamental y activa del desarrollo social.
Implementar esquemas de atención en los programas sociales que busquen contribuir al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Difundir entre los beneficiarios de los programas sociales una cultura de respeto y no discriminación hacia las personas con discapacidad.
Desarrollar conocimiento referente a la relación entre personas con discapacidad y la condición de pobreza.
Impulsar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de participación social, para asegurar su contribución al desarrollo comunitario.
Fomentar que a través de los mecanismos de levantamiento y recopilación de información socioeconómica de los programas sociales, se puedan identificar particularidades y necesidades de las personas con discapacidad.
IV. Jóvenes
En México viven más de 37 millones de jóvenes, quienes, en muchos casos, marcan tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales en la sociedad. Sin embargo, es un hecho que el Estado aún tiene una serie de demandas estructurales que es necesario cubrir para lograr un mejoramiento significativo en los niveles y las condiciones de vida de las personas jóvenes, como son: más y mejores niveles educativos; ampliar las fuentes de empleo; suficientes servicios básicos y de calidad; facilidad de acceso a una vivienda; servicios específicos e integrales de salud; entornos personales, comunitarios y nacionales seguros; mejora de las relaciones entre generaciones; entre otros.
El dar atención a estas demandas de la juventud resulta prioritario y estratégico, pues son las personas jóvenes quienes sientan las bases que posibilitan un desarrollo integral que responda a las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de su comunidad y del país. Dado lo anterior, cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las potencialidades y al reconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades de las personas jóvenes, es una garantía para un desarrollo social integral, sustentable e incluyente.
Fortalecer la capacidad de gestión y mejorar la oferta institucional hacia las y los jóvenes que les permitan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales.
Promover la participación de las y los jóvenes en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas.
Instrumentar mecanismos de inclusión y participación activa de las y los jóvenes en las estrategias de desarrollo social y económico que los conviertan en protagonistas de los procesos de cambio.
Generar mecanismos que permitan impulsar y facilitar la incorporación laboral de las y los jóvenes, particularmente de aquellos que presentan mayores barreras de integración.
Implementar esquemas de atención prioritaria en materia de educación, salud, empleo y vivienda dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Incrementar el conocimiento acerca de las necesidades y opiniones de las y los jóvenes, así como del impacto de las políticas públicas en este sector, para instrumentar mecanismos específicos de atención
V. Pueblos Indígenas
Los pueblos y comunidades indígenas constituyen un grupo de población que tiene una gran diversidad y pluralidad lingística, cultural, social y hasta económica. Sin embargo, a la par, los pueblos indígenas históricamente han sufrido de condiciones de marginación y pobreza que lamentablemente se mantienen hoy en día.
La pluralidad de las comunidades indígenas, las localidades en las que habitan y sus usos y costumbres, dotan de características particulares a estos pueblos, que muchas veces se ha traducido en esquemas de atención que no han resultado efectivos y no han podido potenciar sus condiciones políticas, económicas, ni sociales. Por esto, es de suma importancia que las políticas que busquen mejorar el desarrollo social, tengan en su centro el propósito de eliminar la inequidad, exclusión, marginación social, injusticia y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas.
A este respecto, las acciones gubernamentales emprendidas buscan generar que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad e interculturalidad, donde se respeten sus derechos y su identidad, y se propicien la autogestión de sus procesos de desarrollo, que les aseguren la sustentabilidad e integralidad, y en donde la participación activa de la población indígena sea un principio de actuación del Estado Mexicano.
Fomentar la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas en la identificación y planeación de acciones concretas que contribuyan al desarrollo sustentable de sus comunidades.
Promover que los pueblos y comunidades indígenas accedan a los programas sociales en igualdad de oportunidades, contribuyendo al cumplimiento efectivo de sus derechos sociales.
Vincular las capacidades productivas y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas con los programas sociales para que puedan contar con mayores opciones de generación de ingresos.
Garantizar el diseño y operación de los programas sociales bajo un enfoque de derechos y de respeto a la diversidad cultural, contribuyendo a la preservación de las culturas indígenas y sus formas tradicionales de organización.
Generar mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental para atender la problemática de discriminación y exclusión social que afecta a los pueblos y comunidades indígenas, impidiéndoles el acceso al desarrollo social y económico.
Generar esquemas de atención específica que permitan garantizar de manera efectiva y expedita el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en particular los relacionados a la alimentación, salud y educación.
VI. Participación Social
La Política Social Nacional no debe considerar a las personas como sujetos pasivos, sino como agentes efectivos para realizar propuestas concretas para el desarrollo económico y social de su comunidad. Asimismo, la participación de las personas en sus comunidades puede generar herramientas innovadoras para resolver problemas y mejorar la vida en común. En particular, la participación puede ser también un instrumento sumamente efectivo para generar capital social entre las personas y para fomentar el sentido de pertenencia, la colaboración y la solidaridad, pero sobre todo, para disminuir la ruptura del tejido social y los brotes de violencia.
Por lo anterior, la participación social debe ser un elemento indispensable en todas las políticas y acciones de Estado, desde su concepción, hasta su implementación y evaluación. Sólo mediante una participación activa de las personas es que se podrán generar comunidades capaces no sólo de aportar a su propio desarrollo social y económico, sino de exigir el cumplimiento efectivo de todos sus derechos.
Instrumentar modelos de participación ciudadana en la planeación, operación, seguimiento y evaluación de los programas sociales.
Promover la participación activa y coordinada de las comunidades que pertenecen a regiones marginadas del país en la planeación, operación y seguimiento de los programas sociales.
Integrar los diagnósticos de los Comités Comunitarios, u otros esquemas de participación ciudadana, a la planeación de los programas sociales para focalizar acciones que incidan de mejor manera en su desarrollo económico y social.
Instrumentar mecanismos de seguimiento a las estrategias de participación, inclusión y cohesión social en todos los programas sociales.
Promover la participación de la sociedad civil organizada en las estrategias y acciones del sector público para fomentar el desarrollo social.
Sistematizar y difundir las mejores prácticas de participación social, comunitaria, de grupos organizados y de organizaciones de la sociedad civil para incorporar dichas experiencias en las políticas y programas de gobierno.
VII. Democratización de la Productividad
La democratización de la productividad implica que la economía crezca no sólo de manera sostenida, sino también incluyente, donde todo habitante de este país sea partícipe de los beneficios que conlleve el crecimiento de la economía. Es decir, las acciones referentes a estas estrategias no deben tener como objetivo único y principal el incremento de la productividad, sino además, garantizar que aun las personas de más bajos ingresos puedan gozar de mejores ingresos.
Para cumplir con la democratización de la productividad, a través de un crecimiento incluyente, es necesario generar condiciones que les permitan a las personas de más bajos ingresos contar con diferentes opciones y alternativas de ingreso y de consumo. Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades básicas de las personas en condiciones de pobreza y potenciar sus oportunidades para que estas personas puedan fungir como actores de su propio desarrollo económico y social.
Aunado a lo anterior, debe reconocerse la necesidad e implementarse acciones que fomenten la asociación económica entre las personas, ya que a través de las empresas sociales es posible generar sinergias que redunden en el fortalecimiento de la producción de bienes y servicios, y por tanto, en el beneficio de las personas de más bajos ingresos. Al respecto, es necesario vincular las capacidades productivas individuales y colectivas de las personas con los apoyos orientados a actividades productivas que otorga la Administración Pública Federal, con el objeto de que los proyectos productivos emprendidos por las personas apoyadas perduren en el tiempo y les generen mayores y mejores beneficios económicos.
Promover actividades productivas para el autoconsumo y para el abasto de mercados locales.
Fortalecer las capacidades de los individuos para facilitar su inserción en el sector formal de la economía, así como alcanzar su máximo potencial productivo.
Vincular las capacidades productivas, individuales y colectivas y la oferta pública de insumos, conocimientos y recursos orientados a la producción.
Crear un piso básico de ingreso en los productores rurales para detectar y aprovechar las potencialidades del campo y su vinculación a la oferta institucional de apoyos para fomentar la producción y productividad rural.
Vincular programas, acciones y apoyos de las diversas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para generar esquemas de atención integrales que potencien las salidas productivas de las personas en situación de pobreza.
VIII. Gobierno Cercano y Moderno
Para lograr que el gasto destinado a la política social y que los programas sociales tengan el impacto esperado en el desarrollo social, es necesario contar con un gobierno eficiente, transparente y cercano a la población. Un gobierno transparente que garantice que la toma de decisiones no es producto del azar sino de la planeación y la evaluación; que considera la opinión pública y las mejores prácticas nacionales e internacionales. Un gobierno que responda a las necesidades de las personas, que rinda cuentas y que garantice un trato equitativo, digno y respetuoso para toda la ciudadanía, a la vez que se preocupa por el uso eficiente de sus recursos naturales de tal forma que garantiza la viabilidad de las generaciones futuras.
Asegurar que el ejercicio de los recursos se lleve a cabo de forma eficiente y que se priorice su asignación a zonas y áreas estratégicas para el desarrollo social sustentable y el combate a la pobreza y el hambre.
Procurar que la asignación de recursos se haga con base en instrumentos de planeación, evaluación y de experiencias exitosas a nivel mundial.
Garantizar un uso transparente de los recursos a través de una periódica rendición de cuentas y del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Que las dependencias federales contribuyan a la construcción del padrón único de beneficiarios de los programas sociales, con información actualizada y confiable que contribuya a asegurar la correcta asignación de recursos y su no duplicidad.
Procurar que el diseño, ejecución y evaluación de los programas sociales refleje y contemple la opinión y experiencias de la ciudadanía y de los beneficiarios de los programas sociales.
Contribuir al mejoramiento de la gestión pública gubernamental a través de la revisión, actualización y simplificación de las normas que rigen a la Administración Pública Federal.
Fomentar que todas las acciones de la Administración Pública Federal, tanto internas como aquellas que tienen impacto en personas y comunidades, se realicen bajo un enfoque de sistemas de manejo ambiental y de cuidado al medio al medio ambiente.
VI. Instrumentación de la Política Social
La implementación de la Política Social Nacional recae en un complejo entramado de instituciones y organismos públicos que buscan, cada uno con sus propios instrumentos y estrategias, incidir en la reducción de la pobreza. Dicho entramado público también interactúa con un sinfín de actores tanto sociales como privados, quienes pugnan siempre por políticas públicas más transparentes, más efectivas y con una verdadera rendición de cuentas. Por lo anterior, es de suma importancia contar con instrumentos que permitan organizar y dar sentido a la información sobre programas, estrategias, personas que reciben apoyos, entre otros, para poder mejorar la toma de decisiones respecto a la eficiencia y eficacia de las políticas públicas.
Algunos de los instrumentos de mayor relevancia con los cuales se busca impulsar y fortalecer la Política Social Nacional, son los siguientes:
I. Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza
Terminar con la pobreza extrema, principalmente la erradicación del hambre, por medio de acciones que eliminen el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales. Acciones basadas en información que asegure que los recursos del Estado lleguen directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y que sean ejercidos con base en reglas de operación y transparencia.
Creación de un sistema informático en el cual cada orden de gobierno reportará en tiempo real las características de los programas sociales que maneja; contará con un catálogo de programas sociales, clasificados de acuerdo a su población objetivo, tipos de apoyo, cobertura, entre otros elementos, a nivel federal, estatal y municipal para poder detectar duplicidades, sinergias y complementariedades entre programas y poder mejorar la eficiencia del gasto público y la eficacia de los programas en el combate a la pobreza.
Acciones a implementar para su ejecución
Constituir una plataforma de información pública de los programas sociales a nivel federal, estatal y municipal.
Definir los alcances y características de un programa social.
Generar acuerdos intergubernamentales para definir las categorías a incluir en el sistema informático.
Firmar acuerdos de coordinación para establecer la periodicidad y los requisitos mínimos para el reporte de información dentro del Sistema.
Sistematizar la información sobre los programas sociales a nivel federal, estatal y municipal.
Realizar análisis periódicos de la información y establecer acuerdos entre dependencias y órdenes de gobierno para la modificación o adecuación de los programas sociales.
II. Padrón Único de Beneficiarios
Contribuir a la Política Social de Nueva Generación para garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales, el fomento económico y productivo y el mejoramiento territorial y del entorno generando elementos para la prospectiva, planeación, evaluación y articulación interinstitucional.
Se crea el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Gubernamentales como un conjunto de instrumentos, sistemas y reglas utilizadas para la identificación, caracterización e integración de los Beneficiarios de los Programas de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal que impulsa políticas públicas que promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el mejoramiento del nivel de vida de la población de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.
El Padrón Único de Beneficiarios contribuye a la simplificación de procedimientos y establecimiento de medidas de seguimiento y control; a la identificación de las concurrencias de los apoyos y a evitar la duplicidad de beneficiarios.
Publicar el Decreto de Creación del Padrón Único de Beneficiarios.
Suscribir Acuerdos Integrales para el desarrollo del Padrón Único de Beneficiarios con las entidades federativas y municipios, propiciando una mayor participación de las instancias de gobierno, para orientar el gasto social hacia el eje de una política incluyente de los derechos sociales.
Emitir los lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón Único de Beneficiarios.
Integrar la información en un sistema de tecnología de punta necesario para conformar, administrar y actualizar el Padrón Único de Beneficiarios.
III. Coordinación activa de los gobiernos municipales, estatales y el federal
Propiciar la participación conjunta de los municipios, estados y la federación, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a través de la coordinación de acciones para diseñar e implementar políticas públicas, programas y servicios que fortalezcan las relaciones intergubernamentales, con la finalidad de fortalecer esfuerzos en el combate a la pobreza y la consecución de los objetivos de la planeación nacional.
Definir las responsabilidades de cada actor de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de coordinarse con las dependencias para la ejecución de las acciones prioritarias en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Social. Revisión, diseño y creación de mecanismos de coordinación en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Social, en el que converjan las dependencias con los municipios, entidades federativas y el ejecutivo federal.
Definir una efectiva distribución de atribuciones.
Revisar y replantear adecuados mecanismos de coordinación.
Definir líneas eficaces de comunicación entre los tres órdenes de gobierno.
Generar un mecanismo de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las acciones enmarcadas en el Programa Nacional de Desarrollo Social.
Fortalecer mecanismos de coordinación e implementación de acciones en la operación de otros instrumentos como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y la Cruzada contra el Hambre.
IV. Protocolo de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria
La Certificación "Comunidad Sin Hambre" tiene como principal objetivo informar por parte de las personas beneficiarias, sobre los logros y avances en las comunidades rurales y colonias populares donde intervienen los programas sociales que buscan combatir la pobreza, en particular en lo que respecta a la carencia por alimentación.
La certificación "Comunidad Sin Hambre" es un conjunto de indicadores complementarios que comunican y hacen transparentes los avances de la Política Social Nacional hacia la opinión pública en el corto plazo. La lista de criterios de certificación atiende a los siete indicadores contemplados en el combate a la pobreza, que son:
1. Carencia por acceso a la alimentación
2. Carencia por acceso a los servicios de salud
3. Carencia por acceso a la seguridad social
4. Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda
5. Carencia calidad y espacios de vivienda
6. Carencia por rezago educativo
La certificación comprende la evaluación de un servicio o producto conforme a una serie de normas establecidas a partir de una intervención de política pública. Asimismo, requiere de la participación de una instancia de carácter independiente que es la unidad certificadora.
En el marco de la política social, se realiza una validación por los mismos beneficiarios, organizados en la figura de Comité Comunitario en conjunción con el Ayuntamiento. Esto es, quien certifica es el Comité Comunitario junto con alguna autoridad municipal. En caso de que aún no se cuente con Comité Comunitario, entonces será la instancia organizativa de las personas beneficiarias que haya formado la dependencia involucrada.
Cada dependencia visita a las localidades en donde se haya dado cobertura con la finalidad de que el Comité Comunitario y la autoridad municipal certifiquen, si así lo consideran, que el programa ha brindado la atención necesaria.
Los certificados son revisados y posteriormente son capturados en el Sistema de Captura de Certificación de Criterios de Atención Prioritaria.
Los certificados son publicados en la Página Sin Hambre (www.sinhambre.gob.mx) para conocimiento de la población en general.
V. Matriz de Inversión
Contar con una herramienta única que permita que las dependencias federales, estados y municipios registren las obras y acciones que aplicarán en el marco de la Política Social Nacional, en particular de la Cruzada contra el Hambre, a nivel localidad y municipio, identificando las carencias (indicadores) de la pobreza que serán atendidos, y la forma en que interactúan en el proceso cada una de las partes.
Consiste en la implementación de una plataforma informática (tablero de control) que permita a las dependencias federales, estados y municipios, capturar sus programas de obras y acciones a nivel localidad para cada una de las carencias de la pobreza, y reportar los avances realizados semanalmente.
Diseño del formato de reporte con rubros que deben incluirse en la matriz.
Definición de los procedimientos, responsables y tiempos para el llenado de la matriz.
Capacitación sobre el uso de la matriz a dependencias federales, estados y municipios.
Diseño e implementación de una plataforma informática de captura de los conceptos y rubros establecidos en la matriz.
Capacitación, captura y uso del sistema.
Evaluación y seguimiento de las acciones que se reportan a través de la matriz.
El logro de los objetivos plasmados en el Programa Nacional de Desarrollo Social, se medirá a través de los siguientes indicadores:
Indicador 1.1 Porcentaje de la población con seguridad alimentaria
Porcentaje de la población con seguridad alimentaria
Mide del total de la población a aquellas personas que tienen acceso a la alimentación
Este indicador contempla la seguridad alimentaria prevista en el Programa Sectorial de Desarrollo Social.
[(Total de personas con seguridad alimentaria) / (Total de personas a nivel nacional)] X 100
Comportamiento esperado: Ascendente
Medición multidimensional de la pobreza Coneval:
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol.
Indicador 1.2 Porcentaje de la población en condición de pobreza multidimensional y con carencia por acceso a la alimentación
Porcentaje de la población en condición de pobreza multidimensional y con carencia por acceso a la alimentación
Mide la población que se encuentra en condiciones pobreza multidimensional, haciendo énfasis en la carencia por acceso a la alimentación
Este indicador representa una población de interés mayor que la población objetivo de la Cruzada contra el Hambre, lo cual es adecuado para un programa nacional.
[(Total de personas en condición de pobreza multidimensional con carencia por acceso a la alimentación) / (Total de personas a nivel nacional)] X 100
Indicador 1.3 Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero
Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero
La productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero mide el PIB generado en el sector por persona ocupada en pesos constantes de acuerdo con la base del sistema de cuentas nacionales de México
Este indicador está previsto en el Programa Sectorial de Sagarpa
(Promedio Anual del PIB del sector agropecuario reportado por el Inegi) / (Número promedio Anual de personas ocupadas en el sector de acuerdo con los datos reportados por la ENOE)
Sistema de Cuentas Nacionales del Inegi y la ENOE:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/
Debido a que el Sistema de Cuentas Nacionales del Inegi tiene como base el 2008, la línea base y la meta de este indicador se calculan a pesos de 2008.
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Coordinación de Asesores del Secretario de Sagarpa.
$59,753 pesos de 2008
$62,944 pesos de 2008
Indicador 2.1 Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional con rezago educativo
Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional con rezago educativo
Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional que presenta carencia por rezago educativo, con base en la metodología de medición de la pobreza multidimensional de Coneval.
Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional que presenta carencia por rezago educativo, con base en la metodología de medición de la pobreza multidimensional de Coneval, que considera en rezago educativo a la población que cumple los siguientes criterios:
· Tiene de tres a quince años de edad, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.
· Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria en el momento que debía haberla cursado (primaria completa).
· Nació a partir de 1982 y no cuenta con nivel de educación obligatoria (secundaria completa).
(Total de la población en situación de pobreza multidimensional que presenta rezago educativo / Total de la población nacional) X 100
Coneval. Informe sobre la medición de la pobreza en México:
Porcentaje de población con rezago educativo (2012): 19.24%
Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional (2012): 45.48%
Indicador 2.2 Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más, medido de acuerdo a la metodología de la Secretaría de Educación Pública
Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más, medido de acuerdo a la metodología de la Secretaría de Educación Pública
El rezago educativo para efectos de los servicios educativos para adultos, se define como la población de 15 y más años de edad que no inició o no concluyó su educación básica y que no es atendida en el sistema escolarizado. Por tanto, contempla a la población de ese segmento de edad que es analfabeta, la población sin primaria terminada y la que no concluyó la secundaria. Mediante los tres elementos que conforman el indicador se pueden contar con una medición que permita fortalecer la equidad educativa y dirigir esfuerzos a la población de acuerdo a sus necesidades educativas específicas. Mediante los tres elementos que conforman el indicador se pueden contar con una medición que permita fortalecer la equidad educativa y dirigir esfuerzos a la población de acuerdo a sus necesidades educativas específicas.
La población de 15 años y más que no cuenta con educación básica completa enfrenta dificultades para insertarse adecuadamente en la sociedad actual, debido a las limitaciones que supone la carencia de las capacidades necesarias para informarse, así como para obtener un trabajo bien remunerado. En el ciclo escolar 2012-2013 la población de 15 años y más en situación de analfabetismo o que no concluyó la educación básica se estima ascendió a 32.3 millones, de ellos se estima que 5.1 millones son analfabetos, 10.3 millones no terminaron la primaria y 16.9 millones no completaron sus estudios de educación secundaria. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, emprendió como una estrategia prioritaria en el sexenio, un esfuerzo dirigido a atender a esta población, mediante la puesta en marcha del Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018.
Para revertir el problema de rezago educativo es necesario motivar y lograr que los adultos se acerquen a las opciones educativas desarrolladas para ellos, las cuales tienen el objetivo de que completen la educación básica.
El indicador es la suma de los índices de la población analfabeta, sin primaria terminada y sin secundaria terminada al 31 de diciembre del año (n)
= Índice del rezago total de la población de 15 años y más del año (n)
= Índice de población analfabeta de 15 años y más del año (n)
= Índice de la población sin primaria terminada de 15 años y más (n)
= Índice de la población sin secundaria terminada de 15 años y más del año (n)
Estimaciones INEA, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, Proyecciones de Población del Conapo 2010-2030 (abril 2013), Estadística del Sistema Educativo Nacional, SEP, Metas establecidas de conclusiones de nivel del INEA.
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación del INEA.
Indicador 2.3 Eficiencia terminal de los alumnos de primaria en los servicios educativos comunitarios e indígenas
Eficiencia terminal de los alumnos de primaria en los servicios educativos comunitarios e indígenas
Porcentaje de los alumnos de primaria de escuelas comunitarias e indígenas que concluyen este nivel educativo oportunamente, de acuerdo al número de años previstos para ello.
La educación primaria es hoy en día el nivel educativo de mayor dimensión en el país. Se imparte a través de primarias generales, escuelas indígenas o bilinges y educación comunitaria. Las primeras son las que cubren a la mayor parte de la población y sus indicadores de eficiencia terminal y retención son los más altos comparados con cualquier tipo, nivel y modalidad educativa. No obstante, los resultados no son tan satisfactorios en las primarias indígenas o comunitarias que atienden a los segmentos de población más vulnerables. Dado que conclusión de la educación primaria es un requisito indispensable para continuar con los estudios de educación secundaria, asegurar una mayor eficiencia terminal en las escuelas primarias indígenas y comunitarias es una condición necesaria para disminuir la generación de futuros rezagos educativos. Es una medida que en el largo plazo evitará que las generaciones venideras de 15 años y más se sumen a la población en condición de rezago educativo
Este indicador explica de manera conjunta los resultados obtenidos en cuanto a abandono escolar y reprobación en la educación primaria ofrecida a los grupos vulnerables a través de los servicios comunitarios âque atienden localidades pequeñas y dispersas- e indígena. Un valor cercano a 100 en la eficiencia terminal reflejará un mejor desempeño de los servicios educativos ofrecidos a este grupo de población por parte del Sistema Educativo.
SEP, Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE). Estadísticas Continuas del formato 911. Estadística de alumnos.
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
Dependencia responsable de medir el indicador: Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPyEE) de la SEP.
Indicador 3.1 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud
El indicador mide la proporción de población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.
[(Total de personas que presentan carencia por acceso a los servicios de salud) / (Total de personas en el país)] X 100
Numerador y denominador: Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Programas_y_BD_2010_y_2012.aspx
Rectoría: Secretaría de Salud
Estimación: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud
Indicador 3.2 Porcentaje de Población con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención médica
Porcentaje de Población con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención médica
Este indicador es uno de los componentes de la medición de acceso a la atención médica proporcionada por el sector público bajo el marco del Sistema Nacional de Salud Universal.
(100% - (porcentaje de la población sin aseguramiento público + porcentaje de la población que teniendo aseguramiento público de salud utiliza servicios privados de atención médica))
Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/
Y metodología de Coneval para el cálculo del porcentaje de población sin aseguramiento público:
Estimación: Dirección General de Evaluación del Desempeño y Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud
Indicador 3.3 Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud
Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud
El indicador mide indirectamente la eficiencia en aseguramiento público en salud para evitar gastos de bolsillo catastróficos en los hogares más pobres.
Resulta de la división del número de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud entre el total de hogares del primer quintil de ingreso con gasto en salud, multiplicado por 100
Se considera que un hogar incurre en gasto catastrófico en salud cuando efectúa un pago de bolsillo para atender su salud mayor al 30% de su ingreso efectivo (ingreso total menos gasto en alimentos)
Numerador y denominador: Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/
La metodología de cálculo está disponible bajo solicitud a la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud
Estimación: Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud
Indicador 4.1 Porcentaje de la población total que se encuentra en situación de pobreza multidimensional y que presenta carencia por acceso a la seguridad social
Porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional y que presenta carencia por acceso a la seguridad social
Indicador que da cuenta de la proporción de personas que además de presentar carencia por acceso a la seguridad social se encuentran en situación de pobreza multidimensional, con relación al total de personas en el país. La relevancia de este indicador radica en que, de acuerdo a la narrativa empleada en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 "los actuales sistemas de seguridad social muestran rasgos de inequidad y exclusión a sectores mayoritarios de la población que se encuentra en situación de pobreza". Con este indicador se podrá monitorear de manera más puntual los avances en la reducción de esta situación.
[(Total de personas que se encuentra en situación de pobreza multidimensional y que presenta carencia por acceso a la seguridad social) / (Total de personas en el país)] X 100
Coneval. Informe sobre la medición de la pobreza en México: http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
Indicador 4.2 Porcentaje de la población de 65 años de edad o más que presenta carencia por acceso a la seguridad social
Porcentaje de la población de 65 años de edad o más que presenta carencia por acceso a la seguridad social
Mide la proporción de personas adultas mayores (65 años de edad o más) en todo el país que presentan carencia por acceso a la seguridad social. La relevancia de este indicador radica en que, de acuerdo a la narrativa empleada en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 "Los beneficios de los sistemas integrales de previsión, dirigidos a abatir riesgos sociales [...] pobreza en la vejez, han sido privativos de sus afiliados, mermando la calidad de vida de la población más vulnerable". Con este indicador se podrán monitorear de manera más puntual los avances en la reducción de esta situación.
Asimismo, de acuerdo con la metodología para la medición multidimensional de la pobreza publicada por el Coneval, la población en edad de jubilación (65 años o más) tiene acceso a la seguridad social si es beneficiaria de algún programa social de pensión para adultos mayores.
[(Total de personas de 65 años de edad o más que presenta carencia por acceso a la seguridad social) / (Total de personas de 65 años de edad o más en el país)] X 100
Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares:
Indicador 4.3. Porcentaje de madres jefas de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad que cuentan con un esquema de aseguramiento.
Porcentaje de madres jefas de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad que cuentan con un esquema de aseguramiento
Este indicador da cuenta de la proporción de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad en situación de pobreza o de vulnerabilidad, y que con el apoyo del programa Seguro Vida para Jefas de Familia cuentan con un esquema de aseguramiento alterno, el cual sirve para que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso y/o permanencia escolar de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad.
[(Total de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, en situación de pobreza o de vulnerabilidad de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza, y que cuentan con el esquema de aseguramiento del programa SVJF) / (Total de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad)] x 100
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol.
Indicador 5.1 Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional
Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional
· El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
· No cuentan con servicio de drenaje, o el desage tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
· No disponen de energía eléctrica.
· El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
La forma básica es la siguiente:
[(Total de personas que padecen carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional) / (Total de personas en el país)] X 100
En 2008 el indicador se calculó y su valor fue de 19.2%, sin embargo sufrió un cambio metodológico al incorporar el indicador de combustible para cocinar, razón por la cual la Línea Base se toma de 2010.
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Sedatu a través de Conavi, Fonhapo o la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Indicador 5.2 Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional
Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional
· El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
· El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.
· El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.
· La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.
[(Total de personas que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional) / (Total de personas en el país)] X 100
Indicador 6.1 Incrementar el Ingreso medio de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico
Ingreso medio de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico
Mide el promedio del ingreso corriente total per cápita de la población nacional con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
Estimaciones con base en el MCS-Enigh 2010 y 2012:
y del Inegi- INPC:
Indicadores Básicos del Sector de Desarrollo Social:
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de la Economía Social.
$ 1,149.41 pesos
$1,609.17 pesos
Indicador 6.2 Tasa de Ocupación en el Sector Informal
Mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación 3 de pobreza, vinculando oportunidades del mercado local, nacional y global.
Tasa de Ocupación en el Sector Informal
Proporción de la población ocupada que comprende a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos otros ocupados cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye -además del componente que labora en unidades económicas no registradas o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados en el servicio doméstico remunerado sin seguridad social, ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, trabajadores no remunerados, así como trabajadores subordinados y remunerados que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
La tasa se calcula teniendo como referente (denominador) a la población ocupada total.
El indicador es calculado por Inegi y se espera que el comportamiento de este indicador sea descendente.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=ehenoe&nombre=169&c=10842&s=est
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Inegi:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33619
La unidad responsable encargada de reportar el avance del indicador es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.
Línea Base 2013 (IV Trimestre)
Meta 2018 (IV Trimestre)
VIII. Consulta Pública para el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018
El Artículo 20 de la Ley de Planeación estipula que en el Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y la consulta de los diversos grupos sociales. Al respecto, el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece en su Artículo 10 que la Secretaría de Desarrollo Social, para formular el Programa Nacional de Desarrollo Social (Pronades), implementará procesos de consulta pública.
Con relación a lo anterior, el Pronades es un documento estratégico que aspira a dar dirección y congruencia al trabajo de las instituciones gubernamentales que participan en la construcción de un México incluyente, contribuyendo a consolidar las bases de política pública para la superación de la pobreza. Partiendo de lo antes expuesto, la política social de nueva generación se fundamenta en las bases de cooperación interinstitucional y participación social.
Para lograr lo anterior, el diseño de políticas públicas debe surgir de los sectores de la población en condiciones de pobreza, considerando que la experiencia y conocimiento de estas comunidades permitirá complementar y guiar las opiniones técnicas de los diseñadores y ejecutores de política social. Al respecto, la
importancia de la participación no sólo radica en que ésta permite contribuir a cambiar actitudes y comportamientos hacia la pobreza, sino que además, realizada con metodologías adecuadas, contribuye a empoderar comunidades que se apropien de las políticas públicas y a fortalecer los lazos de cooperación entre gobierno y sociedad. Bajo este tenor, durante el proceso los profesionales del desarrollo pueden reflexionar y aprender sobre los problemas de las comunidades en pobreza.
La primera etapa de la participación consistió en una consulta electrónica en el sitio web de la Sedesol, que se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2013. Dicha consulta se realizó mediante preguntas de opción múltiple, de la cual se recibió la participación de 1,208 personas. Asimismo, el objetivo de la consulta consistió en identificar necesidades prioritarias, propuestas de mejora a la política social y la percepción sobre el diseño de la política social en México.
Perfil de las personas participantes en la consulta electrónica
De las personas participantes, el 50% correspondió a hombres y el otro 50% a mujeres. Respecto a la edad de las personas participantes, el 63% tenía una edad que oscilaba entre los 30 y 59 años. Asimismo, solamente el 11% de las personas declararon hablar alguna lengua indígena. A nivel de entidad federativa, 237 participantes habitaban en el Distrito Federal, lo cual representa el 19.6% del total. En relación a su condición física, 60 personas encuestadas declararon tener alguna discapacidad (5% del total): 31 tenían una discapacidad sensorial y 22 una discapacidad física. Finalmente, y considerando la actividad económica de las personas; 37% de los y las participantes laboraban en el sector público, 9.5% declaró no trabajar y sólo 0.5% declaró trabajar en el sector agrícola.
Análisis de las respuestas recibidas
La primera pregunta solicitaba elegir qué tipo de programas pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, para lo cual 48.5% de las personas participantes respondió que los programas de fomento a proyectos productivos representan la mejor opción.
Al cuestionamiento de qué mecanismos podrían mejorar la forma de combatir al hambre, el 40% de las personas participantes eligió la opción de apoyos al campo (capacitación, infraestructura y promoción).
Con el propósito de identificar las prioridades a nivel comunitario, se les dio a elegir a las personas participantes la opción que reflejara la acción más urgente a nivel de sus comunidades. Al respecto, el 36% identificó, como prioritario, elevar el ingreso de las personas; el 30%, elevar la calidad de la educación; y un 4% eligió mejorar el acceso a los alimentos.
La siguiente pregunta consistió en que las personas participantes eligieran un grupo poblacional que necesitara apoyo de una manera prioritaria. En relación a lo anterior, el 23% seleccionó a las niñas y niños y el 24% seleccionó a las y los jóvenes, como grupo poblacional que necesita apoyo de una manera prioritaria.
Para obtener propuestas de mejora en la política pública, se preguntó sobre qué programas sociales debían ser reforzados, a lo cual el 45% de las personas participantes eligió aquellos programas sociales que generan opciones de proyectos productivos.
Con el propósito de identificar el potencial participativo, se preguntó sobre actividades en las que les gustaría participar para combatir a la pobreza. Al respecto, mientras que el 23% señaló que quisieran
identificar necesidades en su comunidad y proponer esquemas de atención, el 8% prefirió el trabajo voluntario en la Cruzada contra el Hambre.
Análisis de propuestas ciudadanas
Al final de la encuesta se les preguntó cuál era el problema más urgente en sus comunidades (municipio, localidad o vecindario) y qué acciones sugerían para solucionarlo. En relación a dichas preguntas, se recibieron 877 propuestas debido a que era un apartado opcional, lo cual representa el 72.5% del total de las personas participantes en la consulta.
De las personas participantes que respondieron el apartado opcional, 550 personas (62.7% del total de las propuestas) escribieron sobre un problema asociado a una de las carencias sociales identificadas en la medición multidimensional de la pobreza. De las propuestas recibidas en esta categoría, el 47% identificó problemas con el ingreso de las personas.
Asimismo, el 41.5% de las propuestas se refirieron a un problema de cohesión social. En esta categoría, mientras que el 35% de las respuestas versó sobre problemas de desigualdad económica o entre subgrupos de la población; el 45.6% identificó a la inseguridad, el crimen o la violencia como la principal problemática.
El 30 de enero de 2014 se llevó a cabo un Foro Nacional de Consulta rumbo al Pronades en la ciudad de México. Para este Foro se contó con la participación de 600 personas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, sector académico, gobiernos locales (estatales y municipales), dependencias federales y organismos internacionales. Asimismo, durante el Foro se llevaron a cabo 6 mesas de discusión.
Para la realización del Foro, se implementaron dinámicas participativas que variaron, pero conservaron un elemento en común: al terminar las ponencias realizadas por un panel de expertos en la materia, las y los participantes se reunieron en mesas de trabajo. En las mesas de trabajo, la discusión giró en torno a:
â Problemas relacionados con el tema de la mesa;
â Áreas de oportunidad en la solución del problema;
â Propuestas para solucionar los problemas identificados;
â Actores involucrados en la solución del problema.
I. Los hallazgos identificados en la mesa de Salud y Alimentación fueron los siguientes:
â Problema: Se identificó una alta prevalencia de la desnutrición en comunidades indígenas. Asimismo, y aunque México es una potencia en la producción de alimentos, persiste el problema de la desigualdad en el acceso físico y económico a los mismos.
â Áreas de oportunidad en la solución del problema: Se identificó como área de mejora el contar con mecanismos de aseguramiento contra riesgos en materia de salud; promoción de la lactancia materna exclusiva; e incrementar la productividad agrícola.
â Propuestas para solucionar los problemas identificados: Se destacó el incremento del acceso a agua potable en las escuelas.
II. En cuanto a la mesa de Seguridad Social, los hallazgos identificados fueron los siguientes:
â Problema: La Seguridad Social aún no se encuentra desvinculada de la condición laboral de las personas o del sector en el que trabajen (formal o informal).
â Áreas de oportunidad: Se identificó como área de mejora la provisión de servicios de aseguramiento contra riesgos asociados a ciclos de vida (envejecimiento, gestación), trabajo y pérdida de activos productivos. Asimismo, se requiere de esquemas de aseguramiento en caso de desempleo, tanto para
ingresos como gastos asociados en salud.
â Propuestas para solucionar los problemas identificados: Fomentar esquemas privados y públicos para un mejor manejo del riesgo; incrementar los montos de las pensiones conforme a la inflación; ejecutar mecanismos que fomenten la transición de los trabajadores informales a la economía formal.
III. Respecto a la mesa de Educación, los hallazgos consistieron en lo siguiente:
â Problema: No existe una adecuada educación multicultural
â Áreas de oportunidad: La capacitación constante y de calidad para los docentes, así como la necesidad de incorporar el enfoque bilinge y multicultural en la educación.
â Propuestas para solucionar los problemas identificados: incorporar la figura de tutores escolares; impulsar modelos de educación abierta y a distancia; incorporar contenido acorde a las necesidades laborales; y prevenir conductas de riesgo que puedan truncar la trayectoria educativa de los y las jóvenes.
â Actores involucrados en la solución del problema: Entre los actores institucionales, destacaron el INEA; el Instituto Nacional de Lengua Indígenas (Inali); y el Conafe.
IV. En relación a la mesa de Ingreso, se identificó lo siguiente:
â Problema: Elevar el ingreso de las personas en situación de pobreza fue un tema en común. Asimismo, la mesa señaló la profunda desigualdad en la distribución del ingreso como un problema a resolver.
â Áreas de oportunidad: Promover el sector social de la economía; mayor apoyo y seguimiento a los proyectos productivos; impulso a la banca de desarrollo y un mejor acceso al crédito por parte de las mujeres; así como fomentar los proyectos productivos emprendidos por jóvenes.
â Propuestas para solucionar los problemas identificados: Promover esquemas de micro financiamiento, particularmente para las mujeres, educación financiera y asistencia técnica; convenios entre instituciones de educación superior y jóvenes emprendedores, particularmente proyectos que incorporen a la población de localidades marginadas.
V. En torno a la mesa de Vivienda, los principales hallazgos consistieron en lo siguiente:
â Problema: Las principales inquietudes se relacionan con el acceso a servicios básicos, donde persisten grandes rezagos en la calidad y cobertura de los mismos.
â Áreas de oportunidad: Es necesario instrumentar esquemas de apoyo a la producción social de vivienda, así como estrategias de coordinación en materia de acceso a servicios básicos de la vivienda.
â Propuestas para solucionar los problemas identificados: Se requiere la incorporación de adaptaciones a las viviendas en hogares con alguna persona con discapacidad.
VI. Finalmente, en cuanto a la mesa de Derechos Humanos, los hallazgos fueron los siguientes:
â Problema: Se destacó la discriminación contra las personas que tienen alguna discapacidad, así como contra las comunidades indígenas.
â Áreas de oportunidad: Se abordó la necesidad de fomentar una cultura de denuncia y una estructura institucional que permita atender las denuncias en tiempo y forma, considerando en el proceso la reparación del daño o formas de indemnización. Se requiere también de mayor difusión de información sobre las instancias facultadas para proteger el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, así como los procesos para denuncia y reparación del daño
â Propuestas para solucionar los problemas identificados: Debido a que existen diversas organizaciones sociales trabajando en aspectos de derechos humanos, se coincidió en que se debe fomentar su creación y consolidación.
En general, ambos procesos permitieron medir el pulso ciudadano en materia de derechos sociales y su ejercicio efectivo. Al respecto, las y los participantes manifestaron su preocupación por la generación de ingreso, particularmente en sectores de la población en condiciones de pobreza. Asimismo, destacó la preocupación común sobre la inseguridad, el crimen y la violencia que afecta a las comunidades. De igual forma, los y las participantes coincidieron en que existen marcadas desigualdades entre grupos al interior del país, como es el caso de las comunidades indígenas y las personas con discapacidad. Aunado a ello, se solicitó prestar atención al desarrollo de las y los jóvenes, quienes presentan condiciones de rezago educativo y de inadecuada incorporación al proceso productivo del país, siendo más susceptibles a participar en la economía informal y a truncar sus procesos de desarrollo, con el riesgo que esto conlleva para las generaciones futuras.
La rendición de cuentas, la transparencia y el derecho de acceso a la información son componentes esenciales de las democracias modernas. El principio común que las anima es el control del poder público, particularmente en lo concerniente a dos grandes vertientes: la toma de decisiones y el ejercicio de recursos públicos. La tríada que conforman la rendición de cuentas, la transparencia y el derecho de las personas a conocer información de carácter público fortalece la capacidad de los actores para deliberar y evaluar los asuntos que tengan impacto e interés público.
Además de su importante papel en la democracia deliberativa, los tres componentes mencionados tienen un impacto directo en los derechos de las personas al proveerles de información valiosa para hacer exigibles los derechos y las libertades reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata, en otros términos, de mecanismos institucionales que hacen viables los derechos humanos.
La política nacional de desarrollo social y sus instrumentos normativos, presupuestarios y programáticos deben contener previsiones que mejoren las condiciones para una efectiva rendición de cuentas âhorizontal y vertical-, que incrementen la calidad y utilidad de la información puesta a disposición de las personas y que garanticen su derecho a obtenerla mediante los procedimientos establecidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de Transparencia).
Este Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, al conjugar los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Economía; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implica que todas darán cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia en lo que concierne al derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales en distintas vertientes:
i. Difundir información en el marco de las Obligaciones de Transparencia previstas en el artículo 7o., de la Ley Federal de Transparencia
ii. Difundir información que sea socialmente útil a través del sitio de Internet de las diferentes Secretarías participantes en este Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018
iii. Dar respuesta oportuna y de calidad a las solicitudes de información recibidas en el marco de dicha Ley
iv. Proteger la información con carácter de confidencial
El Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 se encuentra publicado en las páginas de las diferentes Secretarías que son cabezas de sector en los temas referentes a la Política Social Nacional. Las páginas de internet son las siguientes:
www.sedesol.gob.mx; www.salud.gob.mx; www.sep.gob.mx; www.economia.gob.mx; www.sedatu.gob.mx; www.sagarpa.gob.mx; www.shcp.gob.mx
Áreas rurales.- Unidades territoriales con una población menor a 2,500 habitantes.
Áreas urbanas.- Unidades territoriales con una población igual o mayor a 2,500 habitantes.
Cadenas de valor.- Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que añaden valor a productos o servicios a través de las fases del proceso económico.
Canasta alimentaria.- Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de personas que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía y nutrientes.
Carencia social.- Cada uno de los indicadores asociados al espacio de derechos sociales en la medición multidimensional de la pobreza. Estos indicadores identifican a la población que no cuenta con los elementos mínimos esenciales del indicador correspondiente.
Carencia por acceso a la alimentación.- Se define a partir de la identificación de cuatro grados de inseguridad alimentaria en la población: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada,
inseguridad alimentaria leve y seguridad alimentaria. La metodología de medición de la pobreza identifica a un individuo con carencia de acceso a la alimentación si presenta inseguridad alimentaria severa o moderada.
Carencia por acceso a la seguridad social.- La población con carencia por acceso a la seguridad social se identifica de acuerdo con los siguientes criterios:
Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda.- La población con carencia por servicios básicos en la vivienda es aquella que reside en viviendas que presentan, al menos, una de las siguientes características:
1. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
2. No cuentan con servicio de drenaje, o el desage tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
3. No disponen de energía eléctrica.
4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
Carencia por acceso a los servicios de salud.- Se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.
Carencia por calidad y espacios de la vivienda.- Se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características:
Carencia por rezago educativo.- La población con carencia por rezago educativo es aquella que cumple alguno de los siguientes criterios:
Democratización de la Productividad.- Tal como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, democratizar la productividad es una estrategia transversal de la presente Administración para lograr que las oportunidades de desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. En consecuencia, democratizar la productividad implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional. El Programa para Democratizar la Productividad establece las acciones que seguirá el gobierno para hacer operativa dicha estrategia.
Farmacovigilancia.- Es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información nueva acerca de las reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes.
Fondos de garantía.- Los fondos de garantía permiten a las empresas racionadas el contar con una serie de respaldos tangibles, que en caso de suspensión de pago aseguran la recuperación total o parcial de la deuda a los prestamistas. Estos fondos permiten facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en condiciones y plazos competitivos.
Interculturalidad en Salud.- Es un proceso respetuoso de relación horizontal entre el personal de salud y los usuarios que permite comprender la forma de percibir la realidad y el mundo del otro, fomentando el diálogo, el reconocimiento y el respeto a sus particularidades culturales.
Línea de Bienestar.- Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.
Línea de Bienestar Mínimo.- Valor monetario de una canasta alimentaria básica.
PIB per cápita.- Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre su población.
Población desocupada.- Personas que no estando ocupadas en la semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en algún momento del último mes transcurrido, con referencia al levantamiento de la ENOE.
Población ocupada.- Personas que durante la semana de referencia en la ENOE realizaron algún tipo de actividad económica, estando en cualquiera de las siguientes situaciones: Trabajando por lo menos una hora o un día, para producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración; o ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica.
Pobreza.- Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (sea ésta rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Pobreza extrema.- Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Pobreza extrema alimentaria.- Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema alimentaria cuando tiene tres o más carencias, entre las que se incluye la carencia de acceso a la alimentación, y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo.
Portabilidad.- El objetivo de la portabilidad es que los afiliados de los distintos sistemas pensionarios y servicios de salud puedan mantener sus derechos pensionarios al pasar de un sistema a otro.
Tasa de desocupación.- Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo.
Tasa de participación.- El porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la población total de 12 años o más.
Tasa de subocupación.- Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.
Tecnovigilancia (vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos).- Es el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos por los dispositivos médicos en uso, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a éstos, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de las notificaciones de incidentes adversos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición y minimizar sus riesgos. Idealmente, la información del sistema de tecnovigilancia se comparte entre autoridades competentes y fabricantes/distribuidores, a modo de facilitar las actividades en materia de tecnovigilancia, así como las acciones preventivas y correctivas de cada caso a nivel nacional e internacional que impacten en el territorio nacional.
Telemedicina.- El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para proporcionar servicios médicos y de educación en salud a distancia.
Telesalud.- Atención sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor crítico, llevada a cabo por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio de información, con fines preventivos, diagnósticos y terapéuticos, así como formación continua de personal capacitado en atención a la salud, incluyendo actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de sus comunidades.
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2013), âPrograma Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018â. Diario Oficial de la Federación (DOF). México, Distrito Federal.
2 SE (2013), âPrograma de Desarrollo Innovador 2013-2018â. DOF. México, D.F.
3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) (2012), âDiagnóstico del Sector Rural y Pesquero: identificación de la problemática del sectorâ. México, D.F.
4 SEDESOL (2013), âPrograma Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018â. DOF, México, D.F.
6 FAO (2012), âVolatilidad de los precios desde una perspectiva mundialâ. Documento técnico de referencia para la reunión de alto nivel sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y el papel de la especulación, Roma.
7 Sagarpa (2013), âPrograma Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018â. DOF, México, D.F.
9 La tasa de cobertura del nivel educativo superior es para el rango de edad de 18 a 22 años y no incluye posgrado. Ver Secretaría de Educación Pública (SEP) (2013) âPrimer Informe de Labores 2012-2013â. México, D.F.
10 INSP (2012), âResultados de actividad física y sedentarismo en personas de 10 a 19 añosâ, serie Ensanut 2012, Evidencia para la política pública en salud.
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2011), âInforme sobre Desarrollo Humano 2011â. México, D.F.
12 SS (2013), âPrograma Sectorial de Salud 2013-2018.â DOF, México, D.F.
15 DOF (2013), âPrograma Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018â.
16 Ver CONEVAL (2012), âInforme de evaluación de la política de desarrollo social 2013â. México, D.F.
17 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013). âPrograma Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018â. México, D.F.
18 Secretaría de Energía (Sener) (2013). âPrograma Sectorial de Energía 2013-2018â. DOF. México, D.F.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos

References: artículo 21
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 6
 Artículo 20
 Artículo 10
 artículo 7