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Timestamp: 2019-12-08 10:06:55+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 673, de 20/10/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 673
celebrada el viernes, 20 de octubre de 2006
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
-Emitir dictamen por parte de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento de Andalucía, a la vista del informe elaborado por la ponencia conjunta (continuación). (Número de expediente 127/000004.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores comisionados, les ruego que perdonen este retraso, que se ha debido a que estábamos esperando las fotocopias de las enmiendas transaccionales que han sido presentadas por el Grupo Socialista y que se están distribuyendo a las señoras y señores comisionados.
Esta mañana vamos a entrar en el debate y aprobación, en su caso, del título VI que, como saben ustedes, va del artículo 154 al 191. Cuando terminemos este título, que estudiaremos por separado, entraremos en los títulos VII y VIII, que debatiremos conjuntamente, dado que hay muy pocas enmiendas. Finalizado el estudio de estos títulos, procederemos a la votación de las enmiendas y de los artículos, que en todo caso no será antes de las 13 horas; es decir, no antes de la una votaremos estos artículos y estas enmiendas correspondientes a los títulos VI, VII y VIII.
Al título VI se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; nueve del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 24 del Grupo Parlamentario Popular, más un voto particular de Izquierda Unida al artículo 172. El Grupo Socialista ha presentado a la Mesa estas enmiendas transaccionales que les están distribuyendo y, por tanto, creo que es pertinente que el grupo proponente, para que los demás tengan conocimiento de ellas cuando intervengan, explique estas enmiendas.
Tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Voy a iniciar la presentación de las enmiendas transaccionales al título correspondiente, de Economía, empleo y hacienda, y me van a permitir que haga una breve valoración sobre el momento en el que se encuentra el trabajo en la Comisión, porque si hoy terminamos poniéndonos de acuerdo -espero que sí- estaríamos aprobando en la Comisión uno de los títulos más importantes del Estatuto de Autonomía.
Tendríamos aprobado lo que hemos denominado tercer pilar del Estatuto, después de aprobar derechos y competencias con un acuerdo muy amplio de la Comisión.
Quería iniciar mi intervención diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista valora muy positivamente el correcto tono que se ha mantenido en ponencia y en comisión, que ha sido fruto de una técnica muy antigua y muy conocida, que es la de celebrar multitud de reuniones, emplear muchas horas de trabajo y dedicar el mejor esfuerzo de cada uno de los grupos. Tengo que reconocer de manera clara la buena relación que hemos tenido tanto con el Grupo de Izquierda Unida en Andalucía, donde se inicia la elaboración del proyecto de reforma, como con el Grupo Parlamentario Popular; lamentablemente con otros grupos no la hemos podido tener con la misma intensidad.
Quiero hacer una afirmación en el siguiente sentido: la estrategia del Partido Socialista no tiene ni trampa ni cartón; es una estrategia cuyo único objetivo ha sido lograr un acuerdo y no hay ningún punto táctico que el Grupo Parlamentario Socialista se esté reservando. Por tanto, no habrá sorpresas en la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
Queremos el acuerdo, hemos buscado el acuerdo, no tenemos sorpresas guardadas y estamos convencidos de que ningún grupo las tiene, ni tampoco respuestas tácticas para poner en un brete la posibilidad del acuerdo.
Por tanto, ni trampa ni cartón en la posición del Grupo Parlamentario Socialista en todo el trabajo desde ahora y hasta el final de la elaboración de este Estatuto. Limpieza, claridad y un objetivo claro y terminante: la búsqueda del acuerdo sin ninguna respuesta sorpresiva en el transcurso de este acuerdo. Ha de ser un acuerdo global, respetando todas las posiciones y, desde luego, tiene que ser un acuerdo con la misma técnica de pactar, acordar y aproximar posiciones, como hemos ido haciendo en todos y cada uno de los aspectos que hemos ido acordando. Por tanto, nuestro reconocimiento al Grupo Parlamentario Popular, nuestro reconocimiento al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y nuestro reconocimiento al Grupo Parlamentario del Partido Andalucista y al resto de grupos que participan en la Comisión Constitucional.
Señorías, el mensaje del acuerdo es tan importante como los contenidos del acuerdo. Nosotros queremos un acuerdo porque es una ley que tiene voluntad de permanencia, como Cruz Villalón dijo, es una constitución territorial -respetando a quien no piense lo mismo- y, por tanto, tiene la voluntad de integrar a todos los andaluces y andaluzas, independientemente de su afinidad ideológica o de cualquier otra característica en el seno de la Constitución española. Repito, ni trampa ni cartón y no hay sorpresas ni esperamos ninguna sorpresa en la terminación de este ni de los restantes títulos porque el Partido Socialista ha jugado con absoluta limpieza. Uno de los capítulos troncales de este Estatuto, como decía, vamos a discutirlo en la Comisión. La primera afirmación que hacemos en el capítulo de hacienda es que, para el Grupo Parlamentario Socialista, las relaciones de la comunidad autónoma y del Estado se fijan por los siguientes elementos -que son tan importantes como la Constitución-: el presente Estatuto, el artículo 157 de la Constitución española y todo el capítulo de relaciones multilaterales y bilaterales que existe en la Constitución y en el ordenamiento jurídico español. Por tanto, la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin ningún tipo de complejos, acepta la forma de relación que se enmarca en la Constitución, en el presente Estatuto y en los aspectos bilaterales y multilaterales que están previstos en la legislación.
En segundo lugar, señorías, este capítulo de hacienda es ambicioso, armónico y solidario, pero es el capítulo de financiación para el Estatuto de una comunidad autónoma que se llama Andalucía, por tanto, es el Estatuto
de Andalucía. Nosotros no vamos a rehuir la comparación con otros estatutos. Estamos dispuestos a abordarla de manera amistosa y constructiva, pero este es el Estatuto para una comunidad autónoma que tiene más de ocho millones de habitantes, que crece económicamente y que tiene su autoestima equilibrada, por lo que la comparación con otros estatutos hay que hacerla desde esa posición. En ese sentido, les puedo asegurar que este es un Estatuto que resiste de manera clara y segura la comparación con cualquier capítulo de financiación de los que hay en vigor en este momento en la situación política española. Es un Estatuto de autonomía que se dota de un sistema de financiación que tiene las características que les quiero plantear. Por tanto, tenemos que hacer debates que no sean retardatarios, sino que sirvan para afrontar si este capítulo de financiación es suficiente y satisface las necesidades de Andalucía, y les puedo asegurar que desde luego no está por debajo de ningún otro de los que se han aprobado en esta legislatura o en anteriores.
Tercera cuestión, muy importante. Se ha respetado en un altísimo porcentaje la voluntad, la orientación y en gran medida el texto que se aprobó en el Parlamento de Andalucía. No ha habido lápiz rojo en el Congreso de los Diputados en este capítulo, lo que sí ha habido han sido cambios o modificaciones que han estado inspirados en enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y en enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista, motivadas por el necesario encaje constitucional y por el interés general de los españoles, y no negamos que rectificando la posición del Grupo Parlamentario Socialista en algunos aspectos. Los cambios y las modificaciones que se han introducido han estado inspirados por la necesidad de apelar a la Constitución cuando ha sido necesario, por la defensa del interés general de los españoles y recogiendo las peticiones del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Popular y, en algunos casos, del Grupo Parlamentario Andalucista. Les puedo asegurar que es un texto que respeta esencialmente lo que se aprobó en el Parlamento de Andalucía aunque se haya redactado, en algunos aspectos, de manera distinta a como venía. Señorías, para tranquilidad de quienes lo aprobaron en el Parlamento de Andalucía, les puedo asegurar que se respeta la esencia; para seguridad de quienes han intervenido ahora, les puedo asegurar que hemos afinado y precisado el encaje constitucional de algunos aspectos y que el Grupo Parlamentario Socialista, en aras del acuerdo y en la búsqueda del acuerdo, no ha tenido ninguna dificultad, salvo las propias de cuando uno tiene que tomar decisiones contrarias a las que ha tomado poco tiempo antes, en rectificar -no me cuesta ningún trabajo reconocerlo, como hice en la ponencia- algunos aspectos de nuestra posición.
Señorías, los principios que fijan la relación de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Gobierno de España, con el Estado -todos somos Estado-, son los siguientes. En primer lugar, la clave de bóveda del sistema de financiación andaluz no es otro ni puede ser otro que la igualdad en el acceso y prestación de los servicios y bienes públicos en todo el territorio español, y naturalmente en Andalucía. La gran clave de bóveda de todo el sistema es, como en toda la legislación española de los últimos 25 años, la búsqueda de la igualdad de los españoles en la prestación de los servicios y bienes públicos en todo el territorio. En segundo lugar, la suficiencia financiera. Este Estatuto garantiza a la Comunidad Autónoma de Andalucía el cien por cien de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades esenciales de la comunidad autónoma andaluza. En tercer lugar, hemos incorporado el concepto de población real efectiva y, adicionalmente, el concepto de población protegida, que es uno de los aspectos donde el Grupo Parlamentario Socialista modificó su posición; modificamos el texto del Estatuto de Andalucía presentando una autoenmienda para volver a incluir la población real efectiva que, por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se nos pedía como una garantía adicional de que la población será un elemento determinante en la financiación andaluza. Voy terminando, señor presidente, pero comprenderá, con la magnanimidad que le caracteriza, que es un tema que tiene relativa importancia.
El señor PRESIDENTE: Tiene mucha importancia, pero me hubiera gustado que hubiera entrado en las enmiendas transaccionales, señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor presidente, con la clase que usted me ha dado en esta Comisión, en la próxima Comisión Constitucional ya tendré la técnica adecuada desde el punto de vista parlamentario. Permítame, señor presidente, esta licencia.
En cuarto lugar, la garantía de financiación de la sanidad, educación y los servicios sociales esenciales. Aquí quiero advertir que hemos introducido el concepto de esfuerzo fiscal similar expresado en términos de la normativa y apelando al artículo 31 de la Constitución española. No tenemos tiempo en este momento de entrar en este debate en profundidad, pero les puedo asegurar que es el concepto que conviene a los intereses de todos los españoles y singularmente a Andalucía. En quinto lugar, la solidaridad interterritorial, haciendo mención al artículo 138, y desde luego la libre definición del destino del volumen de gasto público que disfrutará la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, señorías, este es un sistema de financiación que conviene a Andalucía y que puede ser y será perfectamente homologable al de cualquier otra comunidad autónoma que quiera aspirar a los mismos principios y a los mismos objetivos que la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el artículo 178, sobre la agencia tributaria, nosotros apoyamos la creación de la agencia tributaria andaluza y abrimos la posibilidad de que ésta colabore con la Agencia Tributaria del Estado mediante dos mecanismos:
el artículo 85, que se aprobó ayer, por si hay posibilidades, cuando la legislación lo permita, de que se intervenga, y el artículo 180, donde presentaremos una transaccional que luego relataré. Otro de los principios del artículo 180, el principio de lealtad entre la Administración Central o el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, se escribe y se desarrolla sin complejo alguno. Por tanto, el Estado compensará a la Comunidad Autónoma de Andalucia cuando sus decisiones mengüen sus ingresos y cualquier decisión del Gobierno de España se valorará en su impacto negativo o positivo en la comunidad autónoma. De la misma manera, el principio de lealtad tiene que ser recíproco y cualquier decisión de la comunidad autónoma que afecte a sus ingresos también se medirá con el Estado en su impacto negativo o positivo. Al final, como no podía ser de otra manera, se desarrolla la participación de la Junta de la Comunidad Autónoma en los órganos multilaterales y en los sistemas multilaterales de financiación y naturalmente en la Comisión mixta o de cooperación bilateral, como se ha establecido. Por tanto, señorías, es un capítulo ambicioso, armónico, leal y suficiente para defender los intereses económicos y de financiación de los andaluces y de las instituciones de la comunidad autónoma andaluza.
Con respecto a economía, en este capítulo hay una apuesta por la economía social de mercado, que ha sido un éxito histórico para este país en los años de sistema democrático constitucional, y hay una apuesta por el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la calidad del trabajo, la cohesión social y por un elemento que se escribe en el Estatuto, que es la concertación social y el diálogo social, que han sido instrumentos muy importantes puestos en marcha en Andalucía, en España, y en otras comunidades y que se solemnizan en una ley de esta importancia política y constitucional. La defensa de la competencia, la capacidad emprendedora, las iniciativas empresariales y el proceso de moderación económica también se solemnizan como aspiraciones que se contemplan en el Estatuto.
Para terminar, señor presidente y señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta las siguientes enmiendas transaccionales. La enmienda transaccional a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida en el capítulo III del artículo 172, apartado 2, letra f), para completar el concepto de solidaridad que antes he mencionado entre las distintas partes del territorio español prevista en el artículo 138. Hemos añadido, a petición de los grupos parlamentarios que he mencionado, aunque no como se nos pedía -no ha sido posible llegar a ese punto-, la necesidad de que se insista en el texto estatutario en que el Fondo de Compensación Interterritorial fijará las correspondientes asignaciones para colaborar a ese propósito, que no es otro que el de la solidaridad interterritorial, de tal manera que garantice la aplicación del artículo 138. Una enmienda transaccional que hay que corregir -no ha sido distribuida todavía- a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el sentido de añadir una letra j) en el artículo 172 con una redacción que diría lo siguiente: Participación mediante relaciones multilaterales en los organismos que proceda relacionados con la financiación autonómica.
El señor PRESIDENTE: Señor Perales, está distribuida.
El señor PERALES PIZARRO: Una enmienda transaccional a la enmienda número 123 del Grupo Parlamentario Vasco al artículo 180, apartado 3, que establece que Andalucía colaborará o participará en la forma que determine la normativa aplicable en la gestión de la Agencia Tributaria estatal. He mencionado antes, señorías, que Andalucía se reserva la participación en la Agencia Tributaria estatal a través del artículo 85, que establece la participación de la comunidad autónoma en la Agencia Tributaria estatal en los procesos de designación de los organismos sociales y económicos cuando sea posible y cuando la legislación lo prevea. Aquí lo que abrimos es la posibilidad de que la administración tributaria andaluza, cuando sea posible -cuando la legislación lo permita, cuando haya una normativa que sea aplicable- participe en la forma que se determine en la gestión de la Agencia Tributaria estatal.
Una enmienda transaccional a la enmienda número 278 del Grupo Parlamentario Popular al artículo 181, apartado 4, letra c): Estudiar las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es un apartado nuevo también a petición de los grupos que he mencionado antes.
Hasta aquí, señor presidente, las enmiendas a este capítulo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En nombre de mi grupo parlamentario tengo que reiterar, independientemente de lo que es noticia en cada momento en los medios de comunicación -ayer hubo noticias tórridas y seguramente ésta quedó en un segundo plano-, que estamos cómodos en lo que ha sido hasta ahora la tramitación del Estatuto andaluz en Comisión. Se mantiene el Estatuto de máximos que pretendíamos, que además tiene un mayor respaldo.
Por lo tanto, tengo que reiterar que no tenemos ninguna reserva mental -ayer lo comentaba en relación al artículo sobre laicismo- con respecto al proceso y desarrollo de negociación del Estatuto de Andalucía.
Desearíamos que hoy también a lo largo del día se produjese un mayor nivel de acuerdo en torno a ese Estatuto de máximos, y estamos convencidos de que este paso en torno al modelo de financiación anunciará un acuerdo prácticamente global con respecto al Estatuto andaluz. Lo que no vamos a poder solucionar en la tramitación en Comisión y probablemente tampoco en Pleno es lo que ha producido el desacuerdo previo;
es decir, en palabras de Coetzee, hemos esperado durante mucho tiempo a los bárbaros, estos no han llegado, pero finalmente hemos endurecido o encallecido nuestras relaciones y probablemente no sea fácil recuperarlas; no es fácil recuperar la imagen que hemos trasladado a la ciudadanía de confrontación en relación a este tema que en algunos casos es delicado.
Paso a la cuestión fundamental: la economía, el empleo y la hacienda, que es el título que nos ocupa hoy. En ese sentido, haré dos partes en mi intervención: una primera, relativa a economía y empleo, y una segunda, relativa a hacienda. Con respecto a economía y empleo, el problema no lo tenemos con el Partido Popular, que se acaba de incorporar a la reforma del Estatuto, tampoco lo tenemos con quien tendremos el problema de hacienda -con el Ministerio de Hacienda-, sino que lo tenemos con la realidad, porque el Estatuto de Andalucía, avanzando en la experiencia en materia de economía y empleo en nuestro país, plantea un modelo de economía y empleo formal, que podríamos denominar un modelo de bienestar, que siendo una orientación importante para el sector público, desgraciadamente no se compadece con una parte de la economía real de este país. Es decir, en esta propuesta de Estatuto se hace un hincapié especial en una economía mixta, en una economía con participación de los trabajadores y en una economía orientada a la calidad del empleo y al desarrollo sostenible desde el punto de vista social y ecológico. Es verdad que una parte de nuestra economía es así, pero hay otra parte importante -y lo vemos en los últimos días- que se sitúa claramente en confrontación con este modelo. Una parte de la economía real es de baja calidad, no es productiva sino especulativa, y como consecuencia el modelo social y de empleo es precario, se ceba fundamentalmente en los jóvenes y en las mujeres y frente al cual el sector público debe combatir por su regularidad. Esa cuestión me parece importante, porque en este capítulo las ambiciones del Estatuto son máximas en relación a la economía productiva, a la calidad del empleo y al desarrollo sostenible, pero chocan en muchas ocasiones con una economía real que en nuestro país todavía tiene sectores con una alta precariedad y un claro menosprecio por el futuro ambiental del país.
Quería pasar inmediatamente a lo que es, en nuestra opinión, el núcleo de este título, que es lo relativo a la Hacienda de Andalucía. Decía antes que, con respecto a economía y empleo, el problema no lo tenemos con el Partido Popular ni con el Ministerio de Economía y Hacienda, sino que lo tenemos con la realidad. En el capítulo relativo a Hacienda el problema lo tenemos, lo hemos tenido, con el Ministerio de Economía y Hacienda, que ha tenido también su propia posición con respecto a las propuestas que venían del Estatuto de Andalucía y que nos ha planteado una serie de rebajas importantes que finalmente, en buena parte, hemos paliado con algunas enmiendas que se han aprobado en la ponencia y con algunas enmiendas transaccionales que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Socialista a enmiendas de otros grupos a esta Comisión Constitucional.
Nos ha parecido que el espíritu del Ministerio de Hacienda era de rebajas, pero podemos decir que el resultado final es aceptable, aunque nosotros mantenemos, como hemos dicho, una enmienda con relación al sector público y un voto particular porque creemos que algunos elementos que venían del Parlamento andaluz estaban más acabados que las propuestas que nos ha hecho el Ministerio de Hacienda y que las transaccionales a que hemos llegado con respecto a los principios en materia de financiación autonómica en relación con la hacienda autonómica.
Voy a terminar mi reflexión con otro aspecto y es que finalmente la propuesta de hacienda del Parlamento andaluz combina las legítimas aspiraciones de Andalucía a una financiación suficiente y solidaria con una propuesta generalizable en el marco de la futura Lofca, es decir, con una propuesta que no solamente representa a Andalucía, sino que combina adecuadamente corresponsabilidad fiscal y solidaridad financiera y que por tanto puede ser un elemento orientador de un futuro acuerdo multilateral entre las comunidades autónomas en materia de financiación.
Cuando se produce la demagogia en torno a los gastos o -alguna vez lo he denunciado con anterioridad- en torno al equilibrio territorial, siendo nuestro país uno de los países europeos con mayores cotas de equilibrio territorial -el índice Gini, que calcula este equilibrio territorial, es uno de los mejores de la Unión Europea; nuestro sistema autonómico ha sido un elemento muy positivo en materia de equilibrio territorial, aunque es, por supuesto, mejorable-, se está intentando ocultar una cuestión que para nosotros es fundamental, que es la política de ingresos. Se ha trasladado a los ciudadanos, en una clara afrenta a la noción de ciudadanía, que es posible garantizar más derechos ciudadanos con menos ingresos. Y eso es una falsedad, es demagogia fiscal, que está muy generalizada hoy, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea, y que nosotros no aceptamos. Nosotros creemos que hay que discutir un mayor nivel de ingresos -en nuestro país los ingresos públicos todavía son pequeños- para mayores ambiciones sociales, y que ahí está el debate fundamental y no tanto en la demagogia o en el agravio de los gastos, como ha sido utilizado a lo largo de este periodo por parte de algunas fuerzas políticas. En nuestra opinión, por tanto, debería hacerse un análisis más ponderado y equilibrado de ingresos y gastos públicos, para ver cuáles son nuestras ambiciones y cuáles los medios de que disponemos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Quisiera comenzar mi intervención saludando a la delegación del Parlamento de Andalucía que nos acompaña esta mañana así como al resto de los miembros de esta Comisión Constitucional.
El debate del título VI de la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía, sobre economía, empleo y hacienda de la comunidad, es un título fundamental para el Partido Popular. Recordarán ustedes como hemos ido señalando a lo largo del debate de los distintos títulos de este Estatuto que, para nosotros, los ejes fundamentales de un Estatuto de autonomía como el andaluz son la adecuación del texto a la Constitución española, es decir, un estatuto plenamente constitucional, y la garantía de igualdad de los andaluces en el ejercicio de sus derechos en todo el territorio nacional, así como la aplicación del principio constitucional de solidaridad y suficiencia en materia de financiación, esto es, una financiación solidaria y suficiente para nuestra comunidad autónoma. De ahí que hayamos presentado 24 enmiendas a este título VI del Estatuto, de las cuales 14 han sido ya transaccionadas con el Partido Socialista en el trámite de ponencia. Podemos decir por tanto con satisfacción que hemos avanzado mucho en la financiación de la comunidad autónoma en el trámite de ponencia y agradecemos el esfuerzo por parte de todos los partidos políticos para conseguir ese consenso y ese avance en materia de financiación, y de manera especial, cómo no, al Partido Socialista.
También tengo que decirles, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular considera que el tema de la financiación no se ha cerrado todavía y quedan dos temas pendientes y claves para nosotros sobre la deuda histórica y las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero seguimos empeñados en encontrar textos de consenso con el resto de las fuerzas políticas sobre estas cuestiones tan importantes para las finanzas de nuestra comunidad autónoma.
Podemos decir también que el texto ha cambiado sustancialmente, y no me estoy refiriendo solo a la cantidad, que también, porque se han modificado 21 de los 38 artículos de este título, sino fundamentalmente a la calidad, al concepto. De la ponencia sale un texto nuevo que supone la integración de la financiación de Andalucía en el marco multilateral definido por la Constitución española y la Lofca, como defendimos en nuestras enmiendas, y que es la garantía de la solidaridad para Andalucía. Al mismo tiempo, se obliga a los poderes públicos andaluces a actuar con el máximo nivel de exigencia en todos los aspectos sobre el modelo de financiación e inversiones públicas en los que participen las instituciones de Andalucía. Y de esta forma se pretende alcanzar para la comunidad autónoma los niveles de recursos e inversiones imprescindibles para el desarrollo económico y social de Andalucía que la haga equiparable al conjunto de las comunidades autónomas de España. Hemos trabajado por tanto intensamente y hemos mejorado aspectos sustanciales en los distintos capítulos de este título del Estatuto.
En cuanto al capítulo I, de economía, hemos conseguido incluir como principio de la política económica de Andalucía que la comunidad autónoma promoverá la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales, incentivando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que, como ustedes saben, representan más del 98 por ciento del tejido productivo andaluz. Del mismo modo se ha incluido también el establecimiento por ley de un órgano independiente de defensa de la competencia en Andalucía. En cuanto al capítulo II, sobre empleo, destacaré simplemente la inclusión del artículo nuevo 165 bis, que hace referencia a la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar. En cuanto al capítulo III, sobre la hacienda de la comunidad autónoma, que es el capítulo troncal de este título VI, porque constituye las bases más importantes de lo que será la financiación del futuro de nuestra comunidad autónoma, me referiré a algunos artículos de manera especial, empezando por el artículo 172 del texto estatutario, referente a los principios generales de la hacienda andaluza. Entre ellos hemos conseguido incluir la suficiencia financiera relacionada con la población real efectiva. La población real efectiva no se recogía en la propuesta que llegó del Parlamento de Andalucía, con respecto a la suficiencia financiera y sin embargo hemos logrado en el trámite de ponencia, como decía esta mañana el señor Perales, incluirla con el consenso de todos los grupos políticos. También hemos incluido el principio de garantía de financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales, que garantiza el artículo 158 de la Constitución.
En cuanto a la responsabilidad fiscal, la referenciamos al principio de neutralidad interterritorial, que no es más, señorías, como se recoge en el artículo 157.2 de la Constitución española, que las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Incluimos también entre los principios generales de la hacienda andaluza la solidaridad en todo el territorio nacional, de forma que se garantice el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, como prevé el artículo 138 de la Constitución. Por último, la inclusión de un apartado nuevo sobre nivelación de servicios, en el sentido de que, cuando la Comunidad Autónoma andaluza no llegue a cubrir un nivel mínimo de servicios públicos equiparables al resto del conjunto del Estado, se establecerán los mecanismos de nivelación pertinentes en los términos que prevé la Ley orgánica a la que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución.
En cuanto a los recursos de la hacienda andaluza, me gustaría destacar la enmienda que se ha incluido en la ponencia, que clarifica de alguna manera la participación en los fondos de Compensación Interterritorial, que constituyen el mayor mecanismo de solidaridad y cohesión entre las distintas comunidades españolas. Además, otra enmienda que se ha incluido en el trámite de ponencia, en cuanto a las funciones de la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del Estado-Comunidad Autónoma, se incluirá una nueva letra c) bis sobre las funciones de esta Comisión, una de las cuales, que
se recoge en la enmienda transaccional que se presenta esta mañana por el Grupo Socialista, dice que se estudiarán las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es un tema que ha sido fundamental para el Partido Popular y que lo hemos demandado en Andalucía y aquí en el Congreso de los Diputados.
Hay avances también con respecto a la autonomía local en dos temas concretos. En cuanto a la gestión de los fondos europeos, conseguimos preservar su gestión, referidos a la autonomía local y provincial, como se recoge en la legislación básica del Estado. Y, también con respecto a las competencias financieras de las haciendas locales, un respeto al principio de autonomía local constitucionalmente previsto. En cuanto al presupuesto se incluye una novedad fundamental y es que las empresas públicas también se incluirán en el presupuesto de la comunidad autónoma; por primera vez se recoge en el Estatuto de Autonomía.
Por último, señor presidente, permítame que me refiera a dos temas que he mencionado como pendientes de la financiación de la comunidad autónoma y que, aunque no están expresamente incluidos en este título, sí están íntimamente relacionados; se van a ver en las disposiciones adicionales transitorias y finales el martes próximo. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, a la deuda histórica. Nosotros mantenemos la disposición tal y como aparecía en el Estatuto vigente, ya que aún no se ha cumplido en su totalidad. El Grupo Parlamentario Popular entiende que no se puede retrasar más el pago de la deuda histórica a Andalucía. Este tema, como SS.SS., saben, ha sido objeto de un amplio debate político en la comunidad autónoma, y no les niego que es un debate abierto por parte del Partido Socialista y por la Junta de Andalucía, sobre todo en los gobiernos del Partido Popular. Me gustaría resaltar, para que quede en el "Diario de Sesiones", que fue el Gobierno del Partido Popular el que pagó los primeros 20.000 millones de pesetas, 120 millones de euros, como entrega a cuenta en pago de la deuda histórica. Nosotros creemos que no podemos defraudar a los andaluces y, por coherencia, tenemos que exigir el pago de la deuda histórica. Pedimos una disposición transitoria tercera para que dichas asignaciones se empiecen a pagar, en las cuantías avaladas ya por resoluciones del Parlamento de Andalucía, en el primer ejercicio presupuestario siguiente a la aprobación de este Estatuto de Autonomía.
Permítame, señor presidente que señale una anécdota. Como saben SS.SS., se está debatiendo la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año en la Cámara en estos momentos y hemos pasado ya el trámite de la comparecencia de altos cargos en la Comisión. Pues bien, todos los miembros del Gobierno Socialista que han comparecido en esta Cámara han dejado muy claro que las cantidades de los Presupuestos Generales del Estado que van a Cataluña lo hacen porque se respeta escrupulosamente la Ley orgánica que desarrolla el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Nosotros no tenemos nada que objetar a que se cumpla la ley. Lo que no nos parece tan bien es que no se respete la misma Ley orgánica vigente, que es la que se refleja en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que siga pendiente esta deuda histórica y no se paguen las cantidades adeudadas a Andalucía. Se lo comento como anécdota porque, cuando han sido preguntados por esta humilde diputada los altos cargos y el secretario de Estado de Hacienda en concreto en esta Cámara la semana pasada, hemos obtenido la callada por respuesta. Nosotros no queremos nada más para Andalucía que los demás, pero tampoco queremos nada menos, señor presidente.
Por último, con respecto a las inversiones del Estado en Andalucía, pensamos que la garantía del equilibrio para Andalucía de las inversiones del Estado tienen que ir siempre en función de la población. Tenemos que tener en cuenta la inversión por población y nosotros estimamos que, para compensar el incremento de población y el todavía existente déficit de infraestructuras en nuestra comunidad, la inversión imprescindible serían 4.500 millones de euros en los próximos siete años para nuestra comunidad autónoma. Todo esto nos parece que es completar la financiación de la comunidad autónoma. Por tanto, deuda histórica e inversiones del Estado en la comunidad autónoma creemos que son los temas pendientes para cerrar la financiación en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y buscaremos con empeño esos textos de consenso con los demás grupos políticos para que de verdad el tema de la financiación de nuestra comunidad autónoma sea un texto completamente consensuado y podamos solucionar definitivamente el problema de financiación de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora González.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): El título VI del Estatuto, economía, empleo y hacienda, se ha denominado el tercer pilar de este Estatuto de Autonomía de Andalucía. Yo voy a coincidir en la importancia que tiene este título para el desarrollo y el futuro de Andalucía.
Quiero empezar, señorías, a partir de esta constatación, de la importancia que tiene el título VI en el conjunto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, haciendo una valoración política sobre lo que ha supuesto el trabajo de este título y también la posición del Grupo Parlamentario Andalucista y del Partido Andalucista con relación al mismo. Señorías, para que se pueda entender con claridad cuál es nuestra razón de ser en política, tienen que intentar entender que obedecemos únicamente a una idea, que es el interés general de Andalucía. No tenemos ninguna otra ambición política. Ahora bien, bajo ese paraguas tenemos toda la ambición política posible para el interés general de Andalucía. Esta idea en ocasiones ha ido en contra de los intereses partidarios
del Partido Andalucista; pero, aún así, el Partido Andalucista ha cumplido históricamente, incluso en esta Cámara, hace ya algunos años, en los tiempos de la transición, el papel que se deriva de esa idea fundacional: el servicio exclusivo al interés general de Andalucía. Por eso, señorías, les guste o no, somos nosotros, es este grupo, modesto efectivamente, el que de alguna manera puede certificar, si el Estatuto de Andalucía, en esta materia tan sensible y tan importante, es algo que responde al interés general de Andalucía y es algo que objetivamente pueda ser equiparable al de Cataluña. Y digo que somos nosotros, insisto, modestamente, porque los otros papeles ya los han distribuido SS.SS. El Partido Popular se arroga la potestad, a nuestro juicio desmesurada, de certificar que el texto del Estatuto es constitucional. El Partido Socialista tiene también la potestad de certificar que el Estatuto es mayoritario. Cierto, efectivamente. Pero el Partido Andalucista, el Grupo Parlamentario Andalucista tiene probablemente la única posibilidad de certificar que el Estatuto de Andalucía sea homologable al de Cataluña.
Y, señorías, al día de hoy, no podemos hacer ese papel, no podemos afirmar que el Estatuto de Andalucía, en concreto que este título VI, el de economía, empleo y hacienda, los pilares de la financiación de Andalucía, son homologables al mismo título del Estatuto de Cataluña. La estrategia del Partido Andalucista no tiene sorpresas ni tiene ningún tipo de respuesta táctica. Nuestra línea roja, modestamente, está clara.
Un Estatuto que sea equiparable al de Cataluña para mantener el estatus político que tiene Andalucía desde el 28 de febrero. Nosotros insistimos en que es importante y deseable el consenso, el pacto y el acuerdo, para que este Estatuto sea útil a todos los andaluces y a todas las fuerzas políticas andaluzas, pero, aun siendo eso importante, está supeditado para nosotros a los contenidos del acuerdo. Será a partir de los contenidos que tenga ese posible acuerdo cuando el Partido Andalucista decidirá su posición sobre el acuerdo. Nuestra posición está vinculada a los contenidos.
Entro ya en el repaso de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, nueve enmiendas en total, que, como saben SS.SS., recogen las posiciones de dicho grupo. Es tan importante este título -y estoy segura de que eso está en la cabeza de todos- que los informes más recientes hacen evidente que el crecimiento económico de Andalucía en este año, y por primera vez en los últimos diez años, va a estar por debajo de la media del conjunto del crecimiento del Estado. Luego es una razón suficiente, añadida a todas las demás razones que cada uno de nosotros pueda aportar en este momento; ese crecimiento, que hasta ahora había estado por encima de la media del conjunto del Estado, esa ralentización, ese freno al desarrollo económico de Andalucía, es lo que debemos tener presente en este momento, a la hora de tomar decisiones tan importantes como las que vamos a tomar esta mañana. Paso a decir algunas cosas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco que recogen nuestras posiciones de manera constructiva y a partir de la propia Constitución. No me arrogaré nunca la capacidad de interpretar lo que dice el texto constitucional y paso a leer el artículo 138: El Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Y el punto 2 de este mismo artículo dice: Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales.
Esta es la literalidad de la Constitución, señorías, que estoy segura que ustedes conocen, pero que en este momento es necesario recordar. En contra de lo que se afirma en ese artículo de la Constitución española, SS.SS. han votado mayoritariamente en esta Cámara el artículo 206.5 del Estatuto de Cataluña, que dice lo siguiente: El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación. Esto es lo que ha salido de las Cortes Generales para Cataluña. Ese: no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita, y el plural de: entre las comunidades autónomas, además de vincular a Cataluña, vincula también a Andalucía. Luego el ranquin de rentas per cápita de Andalucía no se va a modificar de acuerdo con lo que está aprobado en el Estatuto de Cataluña que es ley orgánica y del bloque de constitucionalidad. Por eso, señorías nosotros tenemos que decir que el Estatuto de Andalucía no es homologable al Estatuto de Cataluña. Nada equiparable a esto que les acabo de leer del Estatuto de Cataluña se recoge en el texto de Andalucía. Nada, nada equiparable. Ese es el motivo que provoca una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, en concreto la número 117, referida al derecho a la convergencia. Dice justamente lo contrario de lo que SS.SS. mayoritariamente -me dirijo a los miembros del Congreso de los Diputados- han aprobado para Cataluña.
Dice que Andalucía tiene derecho a converger con las restantes comunidades autónomas y que el Estado central garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación pueda alterar la posición de Andalucía en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación. Objetivamente este texto responde al interés general de Andalucía, que, como les decía al comienzo de mi intervención, es la razón de estar en política del Partido Andalucista.
No tenemos más que esa razón, la defensa del interés general de Andalucía. Y en este caso no está motivada desde una óptica nacionalista, que sería legítimo, porque es nuestra óptica, sino desde una óptica más amplia, desde una óptica exclusivamente del interés general de Andalucía, exclusivamente andaluza, con la ideología que cada uno de nosotros, legítima y diferenciadamente, podamos tener.
El hecho de que no se recoja en el Estatuto de Andalucía ni esto ni nada semejante a esto rebaja sustancialmente el texto del Estatuto de Andalucia en cuanto a esa posible homologación o equiparación con Cataluña. Respecto de las otras enmiendas, modestamente aportaban un plus de calidad al texto del Estatuto de Andalucía. La que se refiere al artículo 159, que habla de la orientación de los poderes públicos a la consecución de la cohesión social, está muy bien como declaración de principios y lo suscribiríamos sin ningún problema. Pero queremos amarrarlo de alguna manera con un añadido, que diría: Con esta finalidad se creará un fondo andaluz para la cohesión territorial dotado con el 25 por ciento de las inversiones previstas para cada ejercicio, que deberá destinarse en su totalidad en las comarcas andaluzas que no alcancen el 75 por ciento del PIB del conjunto de Andalucía. Amarrar ese objetivo de la cohesión social, que estoy segura de que suscribiríamos todas las fuerzas políticas del Parlamento de Andalucía y probablemente del Congreso de los Diputados. La necesidad de la cohesión social y territorial de Andalucía es un objetivo en el que todos estamos de acuerdo. Ahora, en la manera de hacer real esa cohesión es donde nosotros hemos querido aportar, a través del Grupo Parlamentario Vasco, este plus que nos parece que mejoraría la calidad del texto.
En cuanto a las otras enmiendas, hay un error que seguro que no se debe al Grupo Parlamentario Vasco. En concreto las enmiendas 112 y 113 se refieren al artículo 172, no al 171, como aparece en el texto. El artículo 171 habla de la contratación y la subvención pública y el contenido de las enmiendas no tiene ninguna relación con esa rúbrica sino con la siguiente, los principios generales de la hacienda de la comunidad autónoma. Señorías, esta es la aportación que ha querido hacer el Grupo Parlamentario Andalucista, esta es la posición que defendemos, porque no tenemos más remedio, porque es, insisto, nuestra razón de estar aquí, nuestra razón de presentarnos a las elecciones, nuestra razón de seguir en este empeño con aciertos, a mi juicio brillantes en algunos casos, y también con algunos errores. Estamos en política para intentar ser un instrumento útil al servicio de Andalucía, al servicio del interés general de las andaluzas y de los andaluces. Si pudiéramos decir que el Estatuto de Andalucía es homologable al de Cataluña, en concreto en lo que hace a su financiación, que es evidentemente el tercer pilar y probablemente el que mejor sostiene toda la estructura del Estatuto, lo diríamos. Señorías, no podemos decirlo porque no es cierto. Ese es nuestro papel y es el papel que hemos intentado hacer de la manera más constructiva durante todo el proceso que ha venido desarrollándose en el debate del Estatuto de Andalucía y que vamos a seguir haciendo hasta el final de este debate. El título VI queda pendiente o vinculado hasta que se debatan las disposiciones adicionales del texto y evidentemente la disposición adicional segunda, la referente a la deuda histórica, tiene una importancia capital. Hablaremos de la deuda histórica, de la disposición adicional segunda, cuando llegue el momento del debate de las disposiciones adicionales.
Señorías, esta era la posición que queríamos trasladarles y esta es la posición que queremos expresar con toda la claridad de la que somos capaces en este momento y con la certeza de que SS.SS. harán un esfuerzo por entender cuál es nuestra posición y cuál es nuestro servicio a Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Debo indicarle que no hay error en cuanto a las enmiendas 112 y 113. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco pretenden crear un nuevo artículo 171 bis y otro nuevo artículo 171 ter.
¿De acuerdo? (Asentimiento.) Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra la señora Caballero.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Caballero Cubillo): El grupo parlamentario al que represento, Izquierda Unida, estuvo básicamente de acuerdo y además fue promotor de este acuerdo sobre financiación autonómica y sobre el conjunto de este título referido a economía y empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quiero destacar, antes de entrar en el tema estrella de este título, que es la financiación autonómica sin duda, dos capítulos novedosos y esenciales de este título, como son los capítulos de empleo y de haciendas locales. En el de haciendas locales no me quiero detener, porque ya ayer los portavoces de los distintos grupos se refirieron a la financiación local cuando se debatió la organización territorial, aunque no era materia en ese título específico. Sin embargo, quiero volver a señalar que en Andalucía se va a producir un hecho singular, que esperemos que después tenga una concreción suficiente, que es la participación de los ayuntamientos de Andalucía en los tributos de la comunidad autónoma, sin distinguir entre tributos propios o tributos cedidos por parte del Estado. Se puede componer un fondo no condicionado, que aumentara la autonomía local de los municipios y la financiación de los municipios del conjunto de Andalucía. Si este precepto después se lleva a cabo políticamente de forma adecuada y con el mandato o la lectura que le damos desde esta Comisión Constitucional, supondría una nueva fase en el municipalismo andaluz muy saludable y un cambio de tercio de los ayuntamientos, excesivamente volcados al tema urbanístico y no a otros temas, como la prestación de servicios, fundamentalmente en servicios sociales, cuya transferencia planteamos nosotros para crear ese nuevo pilar del Estado del bienestar.
En materia de empleo hemos planteado -estamos orgullos de ello e Izquierda Unida se hace en buena medida protagonista de ello- un capítulo específico de empleo, donde lo que destaca es la preocupación por la calidad en el empleo, la preocupación por la precariedad laboral y se impulsa a políticas decididamente activas en esta materia. También quiero decir que se completa el
círculo que venimos dibujando a través de los distintos títulos con respecto a la igualdad de la mujeres cuando se intenta fomentar, dentro de este capítulo, políticas activas contra la discriminación laboral de las mujeres, empezando por el acceso al trabajo, siguiendo por la promoción profesional y entrando incluso en el hecho de no ser despedidas cuando las mujeres están embarazadas, hecho habitual no solo en la Comunidad Autónoma andaluza sino en el conjunto del Estado.
Voy a referirme ahora al tema de la financiación autonómica porque sin duda ha sido tema estrella, y el tema de la financiación del conjunto del Estado, de las autonomías, se ha cruzado en el debate territorial de una forma muy importante y casi determinándolo. La situación de Andalucía hoy -y quisiera aprovechar esta ocasión que tenemos los andaluces aquí de poner una nueva luz sobre la situación económica y social de Andalucía- es sustancialmente distinta a la de hace veinticinco años. Sin embargo, todavía acumulamos déficits estructurales y secuelas de un desarrollo económico muy desigual en el conjunto del Estado, nosotros partimos evidentemente de una situación de postergación económica. En la Comunidad Autónoma de Andalucía se han producido avances importantes, ha habido una nivelación bastante interesante en infraestructuras, pero tenemos todavía déficits en la nivelación de servicios -podemos ver las ratios correspondientes- y tenemos todavía un sistema productivo y un PIB que está por debajo de nuestra participación en cuanto a lo que representamos en población. De forma que, señora González, la prioridad o el escalón que Andalucía ocupe en la economía estatal, el ranquin, no va a depender solamente del esfuerzo público sino también del aumento del conjunto del PIB andaluz, del cual los presupuestos públicos son una cuarta parte, una palanca interesante e importante pero no es la única. Eso hace que esa estructura productiva de Andalucía y también el desarrollo desigual y la centralización que todavía se producen a escala económica en nuestro país produzcan que el modelo de financiación que tenemos actualmente esté mostrando ciertas costuras y ciertas deficiencias con respecto a una financiación igualitaria, por lo siguiente fundamentalmente, porque se basa en la cesión de impuestos, en una cesión igualitaria de impuestos al conjunto de las comunidades autónomas, cuando las posibilidades de recaudación de todas las comunidades autónomas no son las mismas, en algunos casos porque el sistema productivo tiene menos vitalidad y en otros casos, con respecto a otros impuestos, porque la propia centralización económica hace que impuestos como el de sociedades, y otros se centralicen y se radiquen en Madrid fundamentalmente y no en la comunidad autónoma donde incluso se está produciendo ese valor.
Cuando abordamos en Andalucía el tema de la financiación -y había un acuerdo básico de todas las fuerzas políticas, porque esto ha sido muy debatido en el Parlamento de Andalucía-, nosotros quisimos fijar no que desde Andalucía dijéramos al Estado qué es lo que tiene que hacer con respecto a nuestra comunidad, sino una interlocución con el Estado que nos demandara un modelo de financiación justo, solidario, equilibrado, nivelado y que consagrara la igualdad de los habitantes del conjunto del Estado. En Andalucía somos prácticamente ocho millones de habitantes, más una población flotante, turística, etcétera, que puede hacer aumentar bastante esta situación. Nosotros demandamos una financiación basada fundamentalmente en la población. Digo fundamentalmente porque Andalucía es consciente de que hay otros hechos que tienen que ser contemplados en un modelo de financiación, como son la insularidad o la dispersión de la población u otros. Sin embargo, básicamente el grueso de la financiación tiene que ir fijado en torno al parámetro de población y no al parámetro de PIB o de riqueza acumulada de ningún territorio.
El segundo principio en el que queríamos centrarnos es en el de que la nivelación de servicios -y, por cierto, la Constitución habla de la misma- tiene que producirse en todos los servicios básicos, entendiendo ya también como servicios básicos los nuevos pilares del Estado del bienestar que vamos a poner en marcha, como es la Ley de Dependencia, etcétera. Hablábamos asimismo del principio de que la multilateralidad tiene que ser esencial al propio sistema, aunque después haya relaciones bilaterales en la aplicación normal de ese sistema, que la fijación del sistema tendría que ser multilateral, y que los fondos de compensación y de solidaridad tienen que funcionar, tienen que hacerlo. Yo no creo que sea ningún atrevimiento decirle desde una comunidad autónoma al Estado que tiene que cumplir con la nivelación y con los fondos de Compensación Interterritorial, porque por la vía de los hechos el único fondo dedicado al equilibrio territorial y a la solidaridad, que es el Fondo de Compensación Interterritorial, ha ido disminuyendo su peso en los Presupuestos Generales del Estado de forma que el papel equilibrador que tendría que jugar ha dejado de jugarlo. Esas han sido nuestras preocupaciones, junto con fijar claramente -y lo quiero dejar dicho en esta Comisión y me gustaría que lo recalcaran otros ponentes estatutarios- que el concepto de esfuerzo fiscal no se puede entender de ninguna manera como recaudación territorial, sino como igualdad de presión fiscal en el conjunto del Estado. Evidentemente, las comunidades autónomas no podemos ir pidiendo nuevos fondos al Estado cuando estemos haciendo desgravaciones fiscales por otro lado o no estemos teniendo la suficiente presión fiscal en relación con el conjunto del Estado, pero a igual presión fiscal el esfuerzo fiscal es el mismo. Nos atenemos -y ahí curiosamente sí se lo hemos demandado a Izquierda Unida- a la cita de la Constitución que dice expresamente que la fiscalidad irá en función de la renta y no de otras consideraciones y es una aportación individual de renta patrimonial y no en ningún caso de carácter territorial.
Con estos principios que nosotros habíamos dibujado en Andalucía, nos hemos encontrado -aunque el señor
Perales dice que no, pero después lo explica- con el lápiz rojo del Ministerio de Economía, que tachó gran parte de los apartados, fundamentalmente los referidos a los principios de la financiación, y le quitó la virtualidad de esa garantía de financiación que no solamente pedíamos para Andalucía, sino para el conjunto de las comunidades autónomas. A través de una serie de enmiendas formuladas por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados vimos con cierto miedo cómo el texto había quedado absolutamente descafeinado. Después ha habido una recuperación del texto pasito a pasito, en un esfuerzo importante del señor Perales y de la delegación andaluza por hacer entender a algunos que nuestro texto no solo es absolutamente constitucional -aunque, por cierto, la Constitución dice muy poco de financiación autonómica-, sino que es un desarrollo solidario e igualitario de la Constitución en materia financiera. Poco a poco hemos ido recuperando el tema de la nivelación de servicios, el criterio de la población como eje central para la financiación y hoy recuperaremos, aunque con redacciones todavía un poco deficitarias, el principio de multilateralidad en la definición del sistema de financiación y también, en alguna medida, el esfuerzo que el Estado debe hacer con respecto al Fondo de Compensación Interterritorial. Con esto y con alguna otra puntualización que se puede hacer, queda restablecida básicamente la orientación del Parlamento de Andalucía y una cierta unanimidad que se produjo en torno a la financiación autonómica, aunque después, por las estrategias del Partido Popular o del Partido Andalucista, no quisieron votar físicamente el texto, aunque sí espiritualmente, si ello es posible. Por cierto, los llamo a votar a favor de este título no en espíritu, sino materialmente, porque creo que nos conviene a la mayoría de los andaluces.
Termino inmediatamente, señor presidente. Título aparte es el tema de la deuda histórica. El martes próximo tendremos oportunidad de explicársela a algunos no andaluces que no comprenden el planteamiento inicial que ha guiado mi intervención, que es el tema del desarrollo desigual y cómo ha afectado durante muchos años a la Comunidad Autónoma de Andalucía y cómo eso hay que abonarlo. Quiero decirle al Partido Popular que no se puede apuntar ni la deuda histórica ni ninguna fórmula de deuda histórica. En primer lugar, porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista cuando han gobernado en el Estado han pagado la deuda histórica de Andalucía. Aznar se limitó a dar cumplimiento a una Comisión mixta con un único cheque que no tuvo ninguna continuidad y que había sido atado con anterioridad. Después, cuando gobierna el PSOE, el Partido Popular azuza la deuda histórica y cuando gobiernan ellos se oponen a su pago. Pero, señora Báñez, la propia enmienda del Grupo Popular respecto a la deuda histórica habla de que la deuda histórica no tenga plazo de pago. No me puede decir ahora que reclama plazo inmediato de pago para la deuda histórica cuando la enmienda que presenta el Grupo Popular trata precisamente de quitarle los plazos. Me parece absolutamente incongruente, pero como las incongruencias no se pagan en este sistema político, adelante con los faroles.
El señor PRESIDENTE: Señora Caballero, me pone usted en un brete, porque a la hora de votar a ver cómo contabilizo yo los votos espirituales.
(Risas.) Yo no distingo esos votos físicos y espirituales.
Tiene la palabra don José Enrique Fernández de Moya.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Fernández de Moya Romero): Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a mi partido y a mi grupo parlamentario por haber depositado en este diputado la confianza para la defensa de un título, el VI, de economía, hacienda y empleo, tremendamente importante y de enorme trascendencia para el presente y el futuro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El presente título VI, como saben SS.SS., tiene un recorrido estatutario que va desde el artículo 154 al 191, y está dividido en tres capítulos. El capítulo I, bajo el epígrafe economía, discurre desde los artículos 154 a 163; el capítulo II, denominado empleo y relaciones laborales, abarca los artículos 164 a 171, y el capítulo III, sin duda el más importante en el marco de lo que es la financiación de la Hacienda pública autonómica, se sustenta en un principio básico en el marco del Estado de derecho y constitucional, que es la aplicación efectiva del principio de solidaridad interterritorial.
Señor presidente, señorías, cuando hemos analizado este título VI hemos tomado como punto de partida una serie de variables sumamente importantes para el presente y el futuro de la Comunidad Autónoma andaluza en materia de financiación autonómica. En ese sentido y antes de adentrarme en un análisis breve sobre lo que debe configurar el próximo sistema de financiación autonómica y el propio análisis de este título VI, no cabe ninguna duda de que nos encontramos también con unas expresiones sumamente llamativas desde los artículos 172 a 191, que hablan ya de la propia distribución territorializada de las inversiones públicas con cargo, en este caso, a los Presupuestos Generales del Estado. Y es precisamente en este último capítulo III, en el ámbito de este título VI, donde presentamos la subdivisión en cuatro secciones. La primera de ellas habla de los recursos públicos de la Hacienda autonómica; la segunda sobre el gasto público y el presupuesto, que fundamentalmente sigue no solo la doctrina del derecho presupuestario sino también el constitucional respecto a la idea del presupuesto como ordenación jurídica del gasto público; la tercera realiza una mención a las haciendas locales que, como ustedes comprenderán y en clara sintonía con mi grupo parlamentario en el ámbito del Congreso de los Diputados, fue un debate que hemos llevado al contexto del título III, dentro de la proposición de ley de reforma del Estatuto, y la cuarta hace referencia de manera
expresa como órgano de fiscalización y control externo de las cuentas públicas de Andalucía a la Cámara de Cuentas.
Comentando con brevedad el contenido de dichos capítulos que configuran el título VI, debemos valorar de manera positiva los principios generales que determinan la política económica de Andalucía, con base fundamentalmente en la promoción de la capacidad emprendedora y de las iniciativas empresariales. Se hace especial mención a la pequeña y mediana empresa, a la actividad de la economía social, a los trabajadores autónomos, al sistema universitario andaluz, al sector productivo y, por supuesto, a la proyección internacional de las empresas andaluzas.
Especial mención requieren, en opinión de mi grupo parlamentario, en este capítulo I, del título VI, las referencias inequívocas al fortalecimiento del sector financiero andaluz y la participación de las empresas en los planes estratégicos del conjunto de la economía andaluza. Igualmente, el futuro Estatuto de Autonomía debe garantizar una eficaz ordenación del sistema financiero andaluz, prestando especial atención a las cajas de ahorro, las cajas rurales, poniéndolas al servicio del bienestar general y del desarrollo económico y empresarial de nuestra tierra, de Andalucía.
El artículo 162 alude al establecimiento por ley -y lo subrayo porque ha sido una enmienda transaccional aceptada por el grupo parlamentario mayoritario en el Parlamento de Andalucía- de un órgano de defensa de la competencia. Conviene recordar que ya el vigente Estatuto de Autonomía, en el artículo 18, apartado tercero, habla precisamente de la defensa de la competencia y del comercio interior. Han transcurrido veinticinco años y evidentemente ese precepto normativo no ha sido objeto de desarrollo, pero saludamos de manera positiva que en el próximo Estatuto de Autonomía se ponga encima de la mesa ni más ni menos que el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 208, de 11 de noviembre, cuya aplicación dio lugar a la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, cuestión esta que también cobra especial importancia porque actualmente en el seno de las Cortes Generales se está tramitando con carácter estatal un proyecto de ley en el marco de defensa de la competencia. También nos parece relevante, en el capítulo II, del presente título, el hecho de que quede claro que los poderes públicos deben velar por los derechos laborales y sindicales del conjunto de los trabajadores en todos y cada uno de los sectores de la actividad económica andaluza. En este sentido, permítanme que destaque de manera expresa la garantía del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el acceso a la ocupación, formación y promoción profesional, dejando claro que valoramos de manera muy positiva que no quepa ningún tipo de discriminación hacia las mujeres, tal y como se recoge en la proposición de ley, por causa de embarazo y maternidad en materia laboral. El artículo 168 hace referencia a un compromiso inequívoco por parte de la Administración andaluza para paliar un problema de primer orden en el ámbito de la comunidad autónoma, que es la prevención de riesgos laborales, y por lo tanto el compromiso firme y serio, a través de una norma estatutaria con rango de ley orgánica, de intentar reducir las altas tasas de siniestralidad laboral mediante una política adecuada de prevención de riesgos laborales.
Llegamos, señor presidente, señorías, al capítulo más sobresaliente, que determina la importancia de este título VI, es decir, el relativo a la Hacienda pública de la comunidad autónoma, que comienza con una definición de principios generales en el ámbito del artículo 172.
Conviene recordar, señorías, en este momento la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya establecida allá por el año 1981, cuando a la hora de hablar de un sistema de financiación autonómica justa y solidaria, en el marco del título VIII de la Constitución española, desde sus artículos 137 a 158, estableció como clave de la bóveda en la estructura territorial del Estado lo que se denominó el principio de solidaridad interterritorial. Yo solo quiero hacerles, señorías, tres reflexiones en voz alta acerca de nubarrones que mi partido y mi grupo parlamentario quiere advertir sobre el modelo de organización territorial, que debe estar montado sobre la solidaridad interterritorial desde el punto de vista de la financiación autonómica. No vemos con buenos ojos que el sistema de financiación autonómica vigente, que está establecido con carácter multilateral y por unanimidad en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, con el beneplácito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahora salte por los aires como consecuencia de una negociación de carácter bilateral. Evidentemente, el modelo de financiación autonómica que determina el presente y el futuro de la Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía debe quedar pactado y aprobado de manera multilateral por acuerdo del conjunto del todas las comunidades autónomas, y, si es el caso, que se proceda a la propia aprobación posterior de una ley orgánica que regule el nuevo sistema de financiación autonómica.
Segunda reflexión, señorías. Sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando hablamos de financiación autonómica hay que tener muy presente que el mecanismo más importante de cierre del sistema de financiación autonómica es el Fondo de suficiencia. Hoy la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una participación prácticamente del 32 ó 33 por ciento en ese Fondo de suficiencia. Es más, en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, hay contemplada una partida de 8.600 millones de euros. Si nos vamos al estado de ingresos previsto por parte del Gobierno andaluz, nos ubicamos en torno a 27.000 ó 28.000 millones de euros, lo que significa que prácticamente uno de cada tres euros que provienen de la Administración General del Estado, como mecanismo de cierre en el Fondo de suficiencia, provienen precisamente de ese
elemento que da cobertura a las necesidades de financiación de las comunidades autónomas. Ojo con reducir las aportaciones al Fondo de suficiencia, como ya se ha anunciado por parte del vicepresidente económico, ligándolo -y esa es la tercera reflexión- al marco de la cesión tributaria. Hablar de la cesión tributaria significa poner los puntos sobre las íes. No es lo mismo ceder a la comunidad autónoma el 50 por ciento del impuesto sobre la renta, siendo este un tributo que evidentemente configura su hecho imponible sobre la capacidad económica del contribuyente, de forma y manera que va a beneficiar a las comunidades autónomas más ricas en detrimento de las más pobres, que por ejemplo un impuesto indirecto, como puede ser el impuesto sobre el valor añadido, que grava el consumo y por tanto es igual en el conjunto del territorio español. Con esto queremos hacer fundamentalmente la advertencia de que el marco de la financiación autonómica para el Partido Popular es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, evidentemente, la Lofca.
Mención especial merece el Fondo de Compensación Interterritorial. Si analizan el apartado 2, del artículo 158 de la Constitución, verán SS.SS.
que lo que el constituyente quiso dejar muy claro, con meridiana certeza, no fue sino establecer un mecanismo de corrección de desequilibrios territoriales. Por tanto, la aplicación de ese Fondo de Compensación Interterritorial debe también encontrarse bajo parámetros de distribución equitativa y de solidaridad. Nosotros aplaudimos, y así lo hemos hecho, que se introduzca la variable población en el reparto de inversiones territorializadas respecto a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero decimos también con absoluta claridad que no nos parece justo que se esté atentando contra el espíritu y la letra de la Constitución por parte de otros estatutos de autonomía que van a entrar en el reparto de inversiones públicas, cuando hablamos del presupuesto general del Estado, que cifran parámetros, por ejemplo, de distribución de inversiones públicas conforme al producto interior bruto. Eso simple y llanamente significa hacer más ricas a las comunidades autónomas más ricas, y más pobres a las comunidades autónomas precisamente más pobres.
Voy terminando, señor presidente, haciendo referencia a algo que es sumamente importante: el presupuesto. El artículo 156 de la Constitución establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El profesor García-Moncó estableció que la autonomía financiera está presente en todo el proceso de desenvolvimiento del gasto público, no solo en la toma de decisión, no solo en lo que significa un crédito presupuestario, sino en la ejecución final del gasto público. De ahí que nosotros valoremos de manera positiva la enmienda transaccional presentada en el artículo 187, cuando hablamos precisamente del principio de unidad presupuestaria, que no es sino una copia literal del apartado 7, del artículo 134 de la Constitución, cuando establece que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, salvo que una ley tributaria sustantiva así lo prevea. El Grupo Parlamentario Socialista sabe que mantenemos enmienda de supresión en lo que concierne al ámbito de las entidades locales, porque lo tratamos en el título III. Siempre nos van a encontrar en la senda de la aplicación del artículo 142 de la Constitución española, que establece que las propias haciendas locales, las entidades locales, deberán disponer para el desempeño de sus funciones de los medios suficientes que se determinen por ley, con la finalidad de que tengan los ingresos de los que nutrirse para hacer frente, desde la participación en los ingresos del Estado -tributos- y de las comunidades autónomas, a las asignaciones que tienen establecidas.
Observen -y con esto termino, señor presidente- que hay algo sumamente importante. El motivo que ha movido fundamentalmente a mi grupo parlamentario a situar las enmiendas en el ámbito de ese título de VI no es sino conseguir el gran objetivo que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía, que lamentablemente a día de hoy no hemos alcanzado: la convergencia real con la Unión Europea. Ustedes saben que el año pasado el Instituto Nacional de Estadística hacía referencia a los datos de producto interior bruto por habitante en la Comunidad Autónoma de Andalucía: la media por español estaba situada en 20.838 euros; la media por andaluz en 16.100 euros. Por tanto, como comprenderán, hoy por hoy nos encontramos en una comunidad autónoma que en todos y cada uno de los balances económicos de carácter regional ocupa no solo los últimos lugares en materia de convergencia europea sino que, al mismo tiempo, pone encima de la mesa grandes desequilibrios desde el punto de vista de su propia economía.
Termino, señor presidente, con una sola referencia -y agradezco su benevolencia con el tiempo- a la afirmación que se ha hecho por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a la deuda histórica.
Conviene recordar a SS.SS. que sería bueno leerse el artículo 36 del decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1996, presupuestos que ejecutó y puso en marcha el Gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de José María Aznar. El Partido Popular de Andalucía puede decir hoy con absoluto orgullo y tranquilidad, en cumplimiento de la aplicación de la disposición adicional segunda, que el único partido y el único Gobierno que ha pagado un anticipo a cuenta con cargo a la deuda histórica ha sido el Gobierno de José María Aznar, que puso 20.000 millones de las antiguas pesetas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Antonia Moro.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Moro Cárdeno): Señorías, comenzaba algún que otro ponente diciendo que este
título tenía una importancia capital, que prácticamente constituía el tercer pilar de lo que realmente es un estatuto de autonomía, salvando este, las competencias el título de derechos; es verdad, porque el marco financiero es la clave de todo lo que puede suponer el desarrollo del autogobierno de una comunidad autónoma. Si tuviera que hacer una síntesis de las intervenciones que he escuchado -salvando alguna, por supuesto-, realmente tengo que decir que prácticamente se ha dicho exactamente lo mismo; todos los grupos, con alguna excepción -lo he dicho anteriormente-, en esencia han coincidido en lo que supone y en lo que dice este título. Quiero resaltar esto porque, como decía el señor Perales al inicio de su intervención, hay algo que al Grupo Parlamentario Socialista le movía especialmente desde el principio, que era la lealtad, la transparencia en la búsqueda de lo que nosotros considerábamos esencial -sobre todo en una materia como esta que, como digo, supone el desarrollo del propio autogobierno-: propiciar entre todos un acuerdo y un consenso. Después de oír las intervenciones de esta mañana probablemente tenga que decir que la síntesis es esa: la coincidencia y el acuerdo en esta materia.
Es verdad, como decía, que si el marco financiero es un tema capital dentro de un estatuto de autonomía, tampoco quiero dejar de valorar, como han hecho también algunos intervinientes, la importancia que tienen otros aspectos que se recogen en este título VI, como son los relativos a la política económica y al empleo. Cuando hicimos en Andalucía una regulación ex novo de estos dos capítulos, realmente estábamos intentando fijar las bases y los criterios para que Andalucía siguiera por la senda de crecimiento, modernizando su economía y al mismo tiempo que siguiera generando empleo. Hicimos hincapié en determinados aspectos, que han sido reiterados una y otra vez en los distintos posicionamientos de los grupos, como son los principios en los que se sustenta esa política económica. También se ha hecho referencia a un tema que me parece crucial y que ya forma parte de la propia consolidación de la política económica en Andalucía, como es la concertación social, así como el empleo, que efectivamente juega un papel relevante, porque no solamente se contempla la materia de empleo, sino que al mismo tiempo se sientan las bases de un compromiso de los poderes públicos con el empleo y, sobre todo, lo que me parece que también hay que destacar, se abordan esos criterios o esas cuestiones que preocupan en cierto modo a los ciudadanos, como son la precariedad, la siniestralidad o la igualdad en el acceso de las mujeres al mercado laboral y a las condiciones laborales. Por tanto, creo que hay que valorar estos dos capítulos.
A lo largo de los debates de ayer -si me permiten esta pequeña reflexión- a veces daba la sensación de que se quería entrar en una especie de competición acerca de qué es lo que se ha aportado y qué es lo que se ha dejado de aportar. Creo que eso es lo de menos, y lo demás, lo importante es que entre todos intentáramos buscar un punto de encuentro y un consenso en determinados aspectos. Y no me refiero a esto de forma gratuita, lo digo porque si bien no voy a entrar en el tema de la competición sí quiero destacar algo, que es la otra palabra: aportación.
La quiero destacar porque creo que es de justicia hacerlo. Estos dos capítulos que conforman el título de política económica y de empleo, en su génesis, en el propio Parlamento de Andalucía, contaron con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, también hubo muchas del Grupo Popular, muchas, y lo saben SS.SS. del Partido Popular.
Efectivamente, en el trámite del Congreso de los Diputados, en la fase de informe y ahora en Comisión, es evidente que se tiende a presentar distintas posturas respecto a ciertos matices, que creo que son matices, incluso algunos posicionamientos ideológicos. Yo lo puedo entender, aunque también me puede sorprender que se haga una especie de enmienda a aspectos que son clave y que conformaron el acuerdo en el propio Parlamento de Andalucía, como era el empleo; pero, como digo, contó con la aportación de todos los grupos parlamentarios. Esto lo conecto con lo que decía anteriormente: creo que se ha trabajado y que se ha intentado propiciar ese punto de encuentro y ese consenso. Tengo que decir -lo repito- que en temas tan cruciales como la política económica y el empleo -quizá en otros no fue posible por ciertos condicionamientos que tampoco viene al caso explicar en este momento- hubo casi un acuerdo ab initio.
Creo que eso había que ponerlo en valor.
Es verdad que el tema básico, central de este título es su cobertura financiera, su financiación, el capítulo de la Hacienda pública. Es evidente que no puede hablarse de desarrollo competencial si no existe una cobertura financiera. Por tanto, hablar de financiación supone también hablar de autogobierno. El objetivo central de este capítulo, dedicado a la Hacienda pública de la comunidad autónoma, el objetivo que se marcó en el Parlamento de Andalucía, donde tuvo su génesis, también por acuerdo en ciertos aspectos, fue buscar y articular los instrumentos, los cauces que permitieran más y mejor financiación para nuestra comunidad, que garantizara la igualdad de derechos y la prestación de servicios básicos entre todos los andaluces, pero también que propiciara y garantizara la igualdad de todos los ciudadanos de cualquier territorio del Estado. Es verdad que cuando hablamos de financiación se habla mucho de solidaridad, lo decía el señor Fernández de Moya, artículo 138 de la Constitución. Es verdad, pero, si se me permite, quiero poner algo en valor, que es a lo que me estoy refiriendo, es decir, si bien un sistema de financiación tiene que ser solidario, por encima de esa solidaridad hay que atender a un principio que creo que es básico, que es el principio de igualdad, que es la expresión de la solidaridad que debe presidir un modelo de financiación. La igualdad de todos los españoles en el acceso a la prestación de los bienes y de los servicios públicos es, como digo, la piedra angular en la que ha de sostenerse todo el edificio de la financiación autonómica, es la expresión de la
solidaridad, y este principio de igualdad es el que corona el artículo con el que se inicia el capítulo de la Hacienda pública. Partiendo de ese principio de igualdad -lo han dicho otros intervinientes y yo lo reitero-, en este Estatuto se ha concebido una regulación sobre la financiación justa, solidaria, equitativa, equilibrada y sobre todo básica -básica por lo que diré después-, basada en una serie de criterios que deben presidir todo sistema de financiación y que se han recogido en el artículo 172. Es cierto que se han producido unas ciertas modificaciones respecto al texto que en su día llegó del Parlamento de Andalucía, pero entendemos que no suponen, en absoluto, una ruptura de la esencia, del compromiso y de la voluntad que quedó fijada en este Estatuto de Autonomía cuando salió del Parlamento de Andalucía.
Realmente se hace difícil hablar de financiación cuando todos los intervinientes han dicho prácticamente lo mismo, porque se reiteran casi todos los argumentos, pero a mí me gustaría hacer hincapié en esos principios, porque supone poner de manifiesto el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista. La autonomía financiera me parece clave en un modelo de financiación, porque no puede existir autonomía política si no hay una verdadera autonomía financiera, y es verdad que las comunidades autónomas tienen mucha autonomía de gasto, pero tienen muy poca autonomía de ingresos. El señor Fernández de Moya hablaba de que si se cedían a las comunidades autónomas determinados impuestos, por ejemplo el IRPF, ello podía beneficiar más a las comunidades ricas que a las pobres, pero que no ocurría lo mismo con la cesión del IVA, no sé si le he entendido bien. No creo que una eventual cesión del impuesto sobre la renta venga a beneficiar más a las comunidades ricas que a las pobres, yo creo que a quien más beneficia es a las comunidades más dinámicas, las que más crecen y, por cierto, Andalucía es de las comunidades que más está creciendo. Hablaba de convergencia. No conozco los índices -seguramente estaremos todavía en un índice inferior-, pero hay que tener en cuenta que Andalucía partió, no de arriba, de abajo y que el esfuerzo que hace Andalucía no lo hace ninguna otra comunidad autónoma, porque no tuvieron el punto de partida que tuvo Andalucía desde el inicio de la autonomía. Hablaba también del IVA. Creo que la cesión del IVA a veces no comporta mucha capacidad para acometer más recursos habida cuenta de que se trata de un impuesto armonizado y que, por tanto, la autonomía financiera que se tiene sobre el mismo es prácticamente nula. Es verdad que se tienen ingresos, pero no se tiene autonomía financiera, que es la capacidad normativa...
El señor PRESIDENTE: Señora Moro, comprendo que tiene mucha amistad con la otra señora diputada, pero si mira un poco al micrófono, las taquígrafas se lo van a agradecer y yo también.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Moro Cárdeno): Perdone, me estoy dirigiendo al señor diputado Fernández de Moya y pierdo el horizonte.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, estamos terminando.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Moro Cárdeno): Sí, termino rápidamente, señor presidente.
Aunque se ha hecho por parte de todos los intervinientes, quería destacar la importancia de este título, sobre todo de esos principios que conforman la base del sistema y por eso he hablado de autonomía financiera, de suficiencia, de nivelación, de solidaridad interterritorial, de responsabilidad fiscal, y quiero dejar algo muy claro. Desde Andalucía, hemos entendido que estos son los criterios que deben ser la base de un buen sistema de financiación autonómica para Andalucía; pero añado algo más, no solo para Andalucía sino para todas las comunidades autónomas. Son unos criterios suficientes para poder trabajar sobre la base de un buen sistema de financiación, repito, común a todas las comunidades autónomas, no solo de la andaluza sino del resto de comunidades, desde la multilateralidad que preside las relaciones en cuanto al establecimiento de distintos sistemas de financiación, amén de determinadas relaciones bilaterales que también se recogen en este título.
Termino, señor presidente. Cuando trajimos este texto desde Andalucía, entendimos que con él estaban cubiertas las necesidades y se respondía a los intereses generales de Andalucía. Hoy, tal como ha quedado este título después de su paso por ponencia y por esta Comisión, reitero que supone un compromiso de atender a las necesidades y al interés de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención hemos terminado el debate del título VI.
Pasamos ahora, como les anuncié, a debatir conjuntamente los títulos VII y VIII, dado que hay escasa materia, pocas enmiendas y pocos artículos.
Para intervenir en el debate de los títulos VII y VIII, tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, dado que la intervención política la he hecho al comienzo del trabajo de esta Comisión esta mañana, haré una intervención muy breve, básicamente para resaltar la importancia del capítulo dedicado a medio ambiente, que es un capítulo singular, ambicioso como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que además no se da frecuentemente ni en los estatutos actuales ni en las propuestas de reforma estatutaria, lo cual demuestra una sensibilidad especial, también para una realidad especial, en relación con el medio ambiente en Andalucía. En ese sentido, si, como he dicho antes, la pelea con la realidad se resuelve a favor del Estatuto de Andalucía, seguramente podremos atajar muchas de las amenazas que en
estos momentos tiene el medio ambiente, que son la especulación urbanística, el cambio climático, etcétera, que amenazan el medio ambiente no solamente a largo plazo sino que hoy ya son una amenaza directa al futuro de nuestro país, al futuro de Andalucía y también al futuro de las personas. Por otra parte, quisiera resaltar la importancia que tiene el capítulo dedicado a los medios de comunicación.
Algunas de nuestras enmiendas pretenden profundizar en el carácter sostenible del Estatuto, son enmiendas muy singulares, tanto las relativas a la cuestión medioambiental como al capítulo de medios de comunicación. En materia de medio ambiente, queremos profundizar aún más en los mecanismos de protección medioambiental y, por ejemplo, planteamos la necesidad de incorporar algo relativo a la incineración y a los productos y elementos genéticamente modificados. En materia de medios de comunicación, creemos que el texto que hoy estamos debatiendo debería avanzar más en lo que tiene que ver con el servicio público por parte de los medios de comunicación privados y lo que se llama la accesibilidad de las organizaciones sociales a los medios de comunicación. En todo caso, tanto el texto relativo a medio ambiente como el relativo a medios de comunicación son textos de máximos que tienen que ver con un Estatuto ambicioso y que nosotros respaldamos.
El señor PRESIDENTE: El grupo Popular me ha solicitado la división del turno en un dúo de Rafaeles. En primer lugar, don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: En este dueto que tenemos esta mañana de Rafaeles del Grupo Popular, en lo que se refiere al título VII nuestro grupo parlamentario valora positivamente, como lo ha hecho el de Izquierda Unida, que en un Estatuto tan importante y relevante como este se dedique todo un título con 12 artículos a regular una preocupación cada vez mayor en las sociedades desarrolladas, y es el mantenimiento del medio ambiente, sobre todo dentro del concepto de desarrollo sostenible.
En ese sentido, a lo largo de estos 12 artículos se pretende que la comunidad autónoma regule, asumiendo sus competencias, asuntos tan importantes y trascendentales como es la contaminación, el tratamiento de los residuos, el uso del suelo, la energía, la biodiversidad o la lucha contra la desertificación, tan importante y relevante en una comunidad autónoma como la nuestra que tiene la provincia -en este caso la que represento Almería- más desertificada de todo el territorio nacional. Por tanto, demuestra de forma indubitable esos cambios sociales y esa preocupación cada día mayor de la sociedad andaluza por el desarrollo sostenible.
Nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas -una de ellas ha sido aceptada- que tienen como objetivo fundamentalmente intentar una mayor integración del texto del Estatuto también en este capítulo, en lo que se refiere a la coordinación de una materia que tiene competencias en otros ámbitos al margen del de la comunidad autónoma, en este caso el Estado, que es quien tiene la competencia de regular la legislación básica medioambiental, así como en la enmienda que hemos presentado al artículo 195 reconocer las competencias de las corporaciones locales, artículo que hace referencia al tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el Estatuto. También en el artículo 196 presentamos una enmienda relevante referida al desarrollo tecnológico y biotecnológico con una referencia a las competencias de la Unión Europea, que como todos ustedes saben las tiene muy importantes en esta materia. Por último, hemos presentado también una enmienda a la fiscalidad -artículo 203-porque existe un concepto, el referido a los incentivos para la defensa del medio ambiente, que no es jurídicamente muy adecuado a los particulares y por ello, pretendíamos que se incluyera también a las empresas. Quizá podríamos alcanzar una enmienda transaccional jurídicamente más adecuada con la referencia a las personas físicas y jurídicas, que incorpora ambos conceptos, y si finalmente el Partido Socialista aceptara esta enmienda transaccional que hago en este momento in voce daríamos una mejor definición al texto y una mayor adecuación a lo que creo es la voluntad del Parlamento andaluz.
El señor PRESIDENTE: Si presenta una enmienda tendría que hacerlo por escrito y ver si hay unanimidad porque, como saben, debe ser presentada antes de las votaciones. Muchas gracias.
Don Rafael Merino tiene la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Con la misma brevedad que mi compañero, respecto al título VIII, referido a los medios de comunicación social, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de supresión que en modo alguno quiere decir que el Grupo Popular propugne la supresión de los medios de comunicación, sino que lo que pretende es suprimir este título VIII que comprende los artículos 204 a 214, ambos inclusive, porque con las enmiendas que hemos presentado a los artículos 10.3.18, 129 y una de adición de un nuevo capítulo al título IV queda perfectamente recogido el contenido relativo a los medios de comunicación. En el texto actual se observa que muchos de estos artículos se remiten a que será el Parlamento de Andalucía el que elabore leyes con posterioridad, y las enmiendas que ha presentado este grupo parlamentario recogen técnicamente mejor el deseo y las aspiraciones de todos los grupos parlamentarios y el espíritu del Estatuto de autonomía. Evidentemente hay que hacer una referencia en este título al artículo 20 de la Constitución, que regula la libertad de expresión y de información sin más límites que los recogidos expresamente en este precepto, y en especial el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, así como a la protección de la juventud y de la infancia.
Respecto a los medios de comunicación de titularidad pública dependientes del Estado o de cualquier comunidad autónoma
o ente local, el apartado 3 del mismo artículo 20 impone expresamente el respeto al pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas existentes en España. Esta exigencia de obligación de rango constitucional es ineludible para los medios de comunicación públicos no solo en su respeto sino incluso en su promoción, y nosotros confiamos en que, con independencia del momento en que entre en vigor el nuevo Estatuto de Andalucía -y no lo decimos por los profesionales sino por los directivos de de los medios públicos de comunicación existentes en Andalucía-, estos principios constitucionales que hemos leído y que reiteramos de la libertad de expresión, del derecho a una información independiente, veraz y plural y del derecho a una participación de todos se lleven a cabo por los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Dell' Olmo.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Dell' Olmo García): Señorías, hemos pasado el ecuador físico y, por supuesto, la integridad del núcleo duro, de los cimientos del Estatuto y, desgraciadamente, el Grupo Parlamentario Andalucista constata que el resultado es manifiestamente insatisfactorio si lo que queríamos era un Estatuto que homologara a Andalucía con quien en este periodo ha reformado el Estatuto y ha marcado nuevamente el límite del autogobierno: Cataluña.
Señorías, hoy es una fecha histórica; hoy se cumplen 25 años del referéndum del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía. Hace 25 años los andaluces y las andaluzas fueron a votar para ratificar un texto que supuso la ilusión de dotarse de unas instituciones de autogobierno, que están hoy día consolidadas, que los ciudadanos sienten como suyas y que suponían situarse en la cabeza de la autonomía en el conjunto del Estado, porque el Estatuto vigente en Andalucía sí era homologable con el que más en aquella época. Hoy no podemos decir lo mismo; hoy, desde luego, se ha hecho una clara apuesta por consolidar la asimetría después de las jornadas precedentes; hoy podemos decir los andalucistas que estamos en las puertas de la consolidación de un Estado asimétrico que dista mucho de lo que el presidente del Gobierno manifestó en esta Cámara y en el Senado en relación con un Estado plurinacional donde se reconozcan las máximas cotas de autogobierno que contempla la Constitución de 1978. Por tanto, para nosotros hoy no en absoluto un día de gloria ni de celebración de esa efemérides de 25 años del referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Señorías, estamos ante una situación que en el transcurso del debate de esta Comisión en el Congreso de los Diputados es difícilmente salvable, por no decir imposible, aunque mantenemos la esperanza y la confianza en que ello se pueda realizar a lo largo de lo que queda de tramitación en las Cortes Generales porque, insisto, este Estatuto no es homologable con el Estatuto de Cataluña.
Adentrándonos en el texto del título relativo a medio ambiente, estamos ante una declaración de principios que todas las fuerzas políticas compartimos porque es una aspiración de la sociedad y sobre todo de los más jóvenes, de aquellos que tienen que tomar el relevo y que cada vez tienen más conciencia de entregar unos ecosistemas al menos en las mismas condiciones que ellos encontraron. Por tanto, sabemos de su trascendencia, pero si no va unida a una financiación adecuada -y acabamos de debatir y vamos a votar un título manifiestamente insatisfactorio desde la perspectiva andalucista-, si no va dotada de una voluntad política, de unas competencias en el máximo constitucional, puede quedar en una cándida declaración de buenos principios, que es lo que nos tememos suceda con este título; un título en el que nos reconocemos en algunos de los artículos a lo largo de todo el proceso tanto de redacción del proyecto como de debate en el Parlamento de Andalucía. Por ejemplo, puedo manifestar que nos reconocemos en ese artículo 202 de protección de los animales o en algunos otros que fueron inspirados desde la perspectiva del Partido Andalucista. Insisto en que es un título que puede quedar en una declaración de buenas intenciones, cosa que lamentaríamos mucho, porque apostamos de verdad por un desarrollo sostenible, por que haya modelos concretos en una nación, Andalucía, donde existen espacios sensibles que son patrimonio no solamente de los andaluces y del conjunto del Estado, sino patrimonios naturales de la humanidad, y por tanto tenemos una obligación y un deber de solidaridad con respecto a esos espacios singulares, a esa biodiversidad que en Andalucía aflora, afortunadamente, con singular importancia.
En relación con los medios de comunicación, fundamentalmente los de titularidad pública, el Partido Andalucista ha hecho hincapié en que se mantenga una especial protección del habla andaluza -y no nos vemos reflejados suficientemente en este texto-, al igual que la apuesta por que esos medios de comunicación sean manifiestamente sensibles en relación con la discapacidad y la integración. En ese sentido, nos gustaría que las nuevas tecnologías que permiten mandar diferentes señales desde la misma banda hagan que la lengua de signos suponga para los sordos andaluces un instrumento de comunicación y de integración a través de sus propios medios de titularidad pública, al igual que la programación audioescrita. Por tanto, desde nuestra perspectiva esos son los aspectos que nos hubiera gustado ver reflejados con mayor claridad y contundencia en el título de medios de comunicación.
Termino como empecé. Lamentamos no poder celebrar hoy una efemérides importante, como es el segundo referéndum de los andaluces en relación con su autonomía, porque les recuerdo que el primero y singular, único, que no se ha repetido en toda la historia constitucional de 1978 fue el que arrancó un 28 de febrero esa
autonomía máxima, y nos tememos que a lo largo de este proceso -insistimos, esperamos todavía las posibilidades de cambio- esa conquista sea traicionada en este Estatuto de autonomía, para nosotros manifiestamente insuficiente.
El señor PRESIDENTE: El señor Romero tiene la palabra.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): La reforma estatutaria andaluza está dando un paso decisivo hoy. Alcanzamos en este momento del debate los títulos VII y VIII del texto propuesto por el Parlamento de Andalucía, y hemos llegado aquí tras superar numerosos obstáculos pero con el convencimiento de que era y es necesaria esta reforma porque permite afrontar los nuevos desafíos de nuestra sociedad en mejores condiciones y con los instrumentos adecuados. Entre las cuestiones que durante este cuarto de siglo que ha pasado tienen hoy un primer plano está la referida al medio ambiente. Se ha dicho en numerosas ocasiones que no había demanda en la sociedad andaluza para la reforma de los estatutos, que la gente no veía en los bares y en los centros de trabajo la necesidad urgente de reformar los estatutos. Teniendo en cuenta que el Estatuto no despierta el seguimiento de Pasión de Gavilanes, por ejemplo, sí está claro que cuando se ve un título completo de medio ambiente que no tenía el Estatuto de Carmona -porque hace 25 años no había esa demanda en la sociedad de aquella época- se justificaría ya sólo por ello la reforma del Estatuto de autonomía, sobre todo porque es una demanda extraordinaria y porque tenemos problemas graves de relación con el medio ambiente. Por tanto, es muy importante adecuarnos a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Por cierto, no comparto la intervención del señor Dell'Olmo cuando dice que está por debajo del Estatuto catalán, porque este título medioambiental es el más avanzado de todos los estatutos de España, y está claro que un título completo, cuando no había ni un artículo en el Estatuto de Carmona, del que se cumplen hoy 25 años de su ratificación en referéndum, es muy importante para el futuro del pueblo andaluz.
Desde nuestra concepción del medio ambiente estimamos que el ser humano no es un elemento separado del ecosistema sino que forma parte de él. Por tanto, nuestra apuesta ambiental no consiste en conseguir un arca de Noé global en la que al menos haya dos ejemplares de distinto sexo de cada especie, no consiste en hacer de la naturaleza un jardín botánico, sino en entender que hoy por hoy la reproducción de la especie humana y su supervivencia en condiciones de dignidad están en cuestión por culpa de la crisis ecológica y de la crisis ambiental. La apuesta neoliberal prefiere que los problemas medioambientales nos afecten a todos los ciudadanos, en lugar de hacer que los que se enriquecen con la producción asuman los costes medioambientales que causan. Es muy importante que como la ley protegió en su momento, tras numerosas luchas, al sector más débil, el trabajador, frente al más fuerte, el capital, también debe ser la ley la que asegure las condiciones de sostenibilidad del sistema, la que proteja al medio ambiente, la que en definitiva asegure la práctica de la solidaridad intergeneracional, en este caso con los andaluces y las andaluzas, que lo serán cuando ninguno de los que estamos aquí estemos ya sobre este planeta, con el futuro que les espera si se sigue haciendo daño al ecosistema y a la naturaleza.
Este título VII sobre medio ambiente, que reconoce una nueva generación de derechos ambientales y en el que se pone a la altura de manera conveniente el tratamiento de otras cuestiones, es un título propio para el medio ambiente que supone que estemos hablando en este momento, repito, del texto estatutario más avanzado de toda España, pero con mucha diferencia en cuestiones medioambientales, y este carácter avanzado no es ajeno en absoluto a las comparecencias de los sectores de la sociedad civil andaluza y a las propuestas llevadas por el Grupo de Izquierda Unida a los trabajos de la Comisión. La lucha contra el cambio climático, las políticas públicas, incluyendo la política económica subordinada al desarrollo sostenible, la apuesta por el transporte colectivo y el ferrocarril, la obligación de luchar contra la especulación urbanística y las zonas masificadas, la agricultura ecológica, la protección del litoral en una Andalucía que tiene 845 kilómetros de costa desde Ayamonte a Mojácar, el fomento de las energías renovables, la eficiencia energética, la fiscalidad ecológica, que es una novedad muy importante que se incorpora y a la que se da rango estatutario, los derechos de los animales y todo lo que figura en el título VII es muy importante para dar nuevos instrumentos a los desafíos de la sociedad moderna y del futuro de Andalucía. Hay un artículo entre ellos que es importante, el 176, que pone de manifiesto la obligatoriedad de los poderes públicos de hacer un uso eficiente y sostenible del suelo, de evitar la especulación urbanística y de potenciar el desarrollo del transporte público colectivo. Se trata de evitar el proceso de urbanización difusa, evitar que la apuesta de nuestra comunidad por el turismo sea la apuesta por la destrucción de la naturaleza y de que haya un turismo compatible con un medio ambiente equilibrado. Los modos de vida, evitar el despilfarro del agua y de la energía y velar por un uso eficiente y sostenible del suelo suponen gestionar la demanda de este bien fundamental y no asumir cualquier modelo urbanístico. Ha saltado a la palestra la mafia y el crimen organizado, el crimen urbanístico de Marbella y las actitudes puestas de manifiesto por la operación Malaya. Hay quien plantea que nos está ocurriendo en España, como dice la canción de Serrat, de Algeciras a Estambul, todo un tsunami de cemento que deteriora nuestro litoral; también están apareciendo en Madrid y en sus cercanías escándalos mayúsculos con el tema de la corrupción urbanística. Ya saben ustedes que la corrupción es un crimen contra el pueblo, un atentado al interés general y un atentado a los derechos
de las generaciones del futuro cuando hacen daños irreparables al medio ambiente.
Nosotros creemos que es un gran título, que es un título que justifica la adecuación de los estatutos a la nueva realidad, que hay que hacer una política compatible con el medio ambiente que luche contra la especulación y el deterioro del litoral, y que garantice un ciclo integral del agua que contribuya al cambio climático. Andalucía tiene unas emisiones contaminantes que Kyoto nos pone en un 15 por ciento para el año 2012, y a estas alturas estamos en un 45 por ciento, muy lejos de cumplir el Protocolo de Kyoto. Por tanto, quedan temas pendientes.
Nosotros presentamos dos enmiendas para que se descarte la incineración como método de tratamiento de residuos y que se proteja en el futuro de los transgénicos porque hacen un daño enorme a todo lo que significa la tradición, la semilla, la soberanía alimentaria, etcétera. Por tanto, en materia medio ambiental vamos bien y tenemos una gran apuesta de futuro.
La fiscalidad ecológica penaliza las actividades económicas que hacen daño al medio ambiente. No vale la idea antigua de que el que contamina paga y puede seguir contaminando cada vez que pueda seguir pagando, sino que el que contamina debe dejar de contaminar y pagar para restaurar lo dañado, porque esa es la deuda que contrae con la sociedad y con las generaciones futuras. Es muy importante que no se haga daño a la naturaleza. Federico Engels decía que cuando el hombre hace daño a la naturaleza, la naturaleza se venga del hombre. Por eso es muy importante tener una relación armónica con el ecosistema.
Estamos muy contentos con este título medioambiental porque es muy vanguardista, muy moderno y muy adecuado a lo que significa dar respuesta a los problemas de la sociedad actual. Cuando a las gentes se les explica este tema en los libros de texto gratuito dicen: Entonces sí que estoy de acuerdo con que se reforme el Estatuto porque vamos a tener más derechos sociales, mejores instrumentos para luchar contra la especulación urbanística, para defender nuestras playas, nuestras costas, nuestro litoral y evitar que sigan sucumbiendo ante la especulación y el deterioro. Por tanto, hay demanda y estamos cumpliendo con la obligación de dirigentes del pueblo, elegidos democráticamente, de atender esa demanda.
En el título VIII queremos partir de un principio que nos sitúa enfrente de posiciones claramente economicistas: el principio que figura en la Constitución española que tanto se dice defender por algunos bancos de este Congreso de los Diputados y del Parlamento andaluz. Me refiero a las obligaciones públicas de los medios de comunicación, que no se deben circunscribir solo a los medios de titularidad pública sino al conjunto de los medios de comunicación, también a los privados. Este título trata de dar respuesta a ello y fija elementos tremendamente avanzados como blindar la titularidad pública de la Radiotelevisión andaluza, garantizar el acceso de los movimientos sociales a los medios públicos, extender el control parlamentario también a las corporaciones locales por los ayuntamientos a sus televisiones locales. Estamos especialmente contentos con las aportaciones que Izquierda Unida ha realizado en Comisión y que tienen que ver con la defensa de la tradicional cultura andaluza y también las nuevas creaciones, los nuevos creadores andaluces. Siguiendo en nuestra tierra y trabajando por una vanguardia cultural como se ha hecho siempre, a lo largo de la historia, nosotros estamos especialmente contentos con la referencia a la producción cinematográfica porque Andalucía es una tierra de cine y es muy importante que se potencie. Hay un artículo, que el PA ha ignorado, que defiende el acento y el habla andaluza desde los medios de comunicación andaluces. Es decir, ya el andaluz no solo lo van a hablar las chachas de las teleseries, sino que se va a hablar también en la presentación de los telediarios, lo cual es un honor para el pueblo andaluz que ve que no se habla de manera distinta en los medios de comunicación a como se habla en la vida normal y ordinaria, en la convivencia entre andaluces.
Estos dos títulos que hemos puesto sobre la mesa son muy importantes. No he oído bien la intervención del Partido Popular en relación con el título de medios de comunicación que plantea una enmienda de supresión.
Ha aclarado que no quieren suprimir los medios, sino el título en el Estatuto. Nos alegra escuchar esa afirmación porque es importante que sigamos trabajando por el consenso. Cada vez que saludo al señor Arenas, a quien conozco desde hace años de la vida política española y andaluza, le digo: Javier, ¿tienes margen? Y él dice: Tengo margen. Pues si tiene margen hay posibilidades de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha solicitado dividir el tiempo entre dos intervinientes. Tiene en primer lugar la palabra don Carlos Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Voy a hablar del título VII, que trata del medio ambiente. A este título hemos propuesto enmiendas, algunas de las cuales se han transaccionado, se han negociado. Por tanto, hemos avanzado significativamente en un título en el que, es verdad, desde el principio ha imperado un alto grado de consenso a lo largo y ancho del proceso estatutario que hemos recorrido. Desde el Grupo Popular hemos querido dejar claro que se puede avanzar mucho en el desarrollo de un Estatuto moderno que aglutine todas aquellas demandas que los ciudadanos están haciendo por su espacio vital, para la conservación y protección de su medio ambiente. Hemos trabajado lealmente por alcanzar buenas redacciones de un articulado que recoja, con garantías, la importancia de la biodiversidad, la necesidad de un uso sostenible de todos nuestros recursos naturales y el inequívoco mandato a la Administración para la aplicación de medidas destinadas a reducir, reciclar y reutilizar, las clásicas tres erres que quedan consolidadas en el artículo 195.
Señorías, hay en este título constantes remisiones al importante artículo 149 de la Constitución, tal y como aparece en el apartado de desarrollo tecnológico y biotecnológico, y también se plasma la realidad de un problema que es persistente, que aparece año tras año en nuestra tierra, y que ha sido comentado también por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso: los incendios forestales. Incorporamos aquí el mandato de realizar planes de prevención de incendios forestales y de extinción, así como la recuperación medioambiental de las zonas afectadas. El artículo 198 trata de la protección ante la contaminación y cómo los poderes públicos de Andalucía han de protegernos frente a todo tipo de contaminaciones, tales como la del sonido, la del agua, la del aire y la del suelo y, aunque no se enumere, también la del cielo, porque ya hay instrumentos normativos puestos en marcha para evitar la contaminación lumínica que cuentan con el respaldo de la Cámara andaluza. Los trabajos de consenso y de diálogo en los que hemos enmarcado nuestro debate a lo largo de este título y, por qué no decirlo, de todo el texto estatutario han sido forjados en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque, si hay algo que ha sido suficientemente interpretado por los miembros del Tribunal Constitucional, atendiendo a su criterio, ahorramos trabajo y equivocaciones. Sobre esto tan solo quiero señalar, señorías, que como dice la Sentencia 14/2004, de 12 de febrero, del Tribunal Constitucional, el medio ambiente, tal y como ha sido descrito, es un concepto nacido para reconducir a la unidad los diversos componentes de una realidad en peligro. Si este no se hubiera presentado resultaría inimaginable su aparición por meras razones teóricas, científicas o filosóficas ni, por tanto, jurídicas. Los factores desencadenantes han sido la erosión del suelo, su desforestación, su desertización, la contaminación de las aguas marítimas, fluviales o subálveas, así como de la atmósfera por el efecto pernicioso de humos, emanaciones, vertidos y residuos, la extinción de especies enteras o la degeneración de otras y la degradación de la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, la contaminación acústica y otras tantas manifestaciones.
Señorías, en nuestras iniciativas como enmiendas hemos tenido siempre en cuenta el marco competencial del Estado y de la propia comunidad autónoma, siguiendo el principio de lealtad institucional y también el de solidaridad colectiva plasmado por el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, donde se pone de relieve la necesidad de que el Estado fije normas que impongan un encuadramiento de una política global en materia de medio ambiente, dado el alcance no ya nacional sino internacional que tiene esta materia, así como la exigencia de lo que el Tribunal Constitucional denomina como indispensable solidaridad colectiva, a la que se refiere el artículo 45.2. Pero se atribuye también a las comunidades autónomas una competencia propia no solo de ejecución, sino de desarrollo de la legislación básica, y la de imponer medidas adicionales de protección, todo lo cual supone que, dentro del marco de la política global del medio ambiente y del respeto al principio de solidaridad, es constitucionalmente posible una diversidad de regulaciones.
Hay un tema que a nosotros nos parece que tiene mucha relevancia en este título y que ha sido ya puesto de manifiesto por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso: la fiscalidad ambiental. Como es sabido, nuestro grupo defiende una protección del medio ambiente desde el plano positivo, con distintas medidas de incentivación a empresas y a particulares, y en esa línea ha ido nuestra enmienda. Para sanción, señorías, ya existe una normativa tanto penal como en el ámbito del derecho sancionador, al que nos vamos a referir más tarde, así como al de responsabilidad objetiva en la esfera del derecho civil y del derecho mercantil. Hay otras formas de proteger al medio ambiente distintas al de la fiscalidad. Por cierto, algunas de ellas se están utilizando ya en Andalucía y en el resto de la nación. Un ejemplo puede ser la incorporación de las placas solares a las viviendas, solo por poner un ejemplo de actuaciones diferentes y menos espinosas que la fiscalidad ambiental. Decimos esto último -ya para terminar- citando lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en las sentencias 15/1998 y 110/1998, en las que se afirma que las comunidades autónomas pueden adoptar normas administrativas sancionadoras cuando, teniendo competencia en materia sustantiva de que se trate, tales disposiciones se acomoden a las garantías dispuestas en este ámbito del derecho sancionador y no introduzcan divergencias irrazonables -las llama así el Tribunal Constitucional- y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio.
En resumen, señorías, estamos muy agradecidos a los grupos políticos que han realizado acercamientos a nuestras posiciones y, por supuesto, también nos hemos esforzado por acercarnos a las posiciones de otros grupos en una materia que aglutinaba ya muchos puntos en común, y mostramos nuestra absoluta disposición a seguir trabajando en lo poquito que queda del proceso estatutario para conseguir también un gran título en materia de medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don José Luis Sanz.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Sanz Ruiz): Nuestro grupo parlamentario planteó la supresión de este título referente a medios de comunicación social en Andalucía, no porque el tema no nos pareciera importante sino porque lo habíamos incluido en el título IV; de hecho, en ese título van recogidas nuestras enmiendas a este apartado.
Creía y sigue creyendo sigue nuestro grupo parlamentario que en este título se hacía necesario un debate sobre la adecuación constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución,
como bien ha explicado mi compañero el diputado Rafael Merino. Respecto a los medios de comunicación de titularidad pública, este mismo artículo 20, en su apartado 3, impone expresamente el respeto al pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Es esta exigencia una obligación de rango constitucional ineludible para los medios de comunicación públicas, no solo en su respeto sino incluso en su promoción, pero que no es exigible a los medios de comunicación de titularidad privada. De este debate deducimos que no es bienvenida una permanente intromisión de control en los medios de titularidad privados y tampoco en los públicos de manera partidista, dicho sea de paso. De ahí nuestro desacuerdo con los artículos 204 y 214. Por ello, nuestro grupo se ha esforzado en realizar propuestas para plasmar en el Estatuto la voluntad en unos medios de comunicación sociales para que las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía garanticen la imparcialidad, la pluralidad y la veracidad informativa de los medios públicos autonómicos. Para que esos mismos medios orienten su actividad a la promoción de los valores culturales y educativos andaluces, hemos propuesto unos medios de comunicación públicos que estén adscritos al Parlamento de Andalucía. Consideramos que hay aspectos que no se han recogido suficientemente. Nos hubiera gustado que el articulado de este título incidiera más en temas importantes que en Andalucía adquieren una especial relevancia. El texto debería resaltar aún más el papel que deben jugar las instituciones de la Comunidad Autónoma andaluza por garantizar esa imparcialidad, esa pluralidad y esa veracidad que se debe exigir a cualquier medio público de comunicación. Hubiera sido también conveniente incidir en el papel que esos medios de comunicación públicos tienen en la promoción de los valores culturales y de los valores educativos en Andalucía.
Señorías, en una sociedad tan amplia, tan variada y tan plural como la andaluza, las asociaciones políticas, culturales y sociales juegan o deberían jugar un papel fundamental que estamos obligados a potenciar, para lo cual hubiese sido conveniente garantizar aún más el derecho de esas asociaciones a acceder libremente a los medios públicos de comunicación. Para todo esto lo ideal hubiera sido que en una comunidad autónoma como la andaluza, con el papel vertebrador que los medios públicos están obligados a jugar, dependieran estos del Parlamento de Andalucía y no del Gobierno andaluz. En Andalucía señorías, no sobran medidas que enriquezcan el sistema democrático. Si de verdad hay algo que ha pasado de ser necesario a ser urgente en Andalucía, es la elección del director general de la televisión pública por el Parlamento andaluz. Si bien es cierto que esto ha quedado recogido en el texto, lo cual ya es un avance, seguimos pensando que lo ideal para dar una mayor garantía democrática es que la elección del director general hubiera sido por dos tercios de la Cámara andaluza. De cualquier forma, es cierto que el clima del debate, tanto en este título como en otros, ha sido positivo y que hemos sido capaces de llegar a algunos acuerdos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Pilar Gómez Casero.
La señora GÓMEZ CASERO: Quiero dejar constancia, al principio de mi intervención, de la emoción que siento por intervenir en esta casa de las libertades defendiendo el instrumento más valioso que ha tenido mi tierra para desarrollarse y que es el nuevo Estatuto, justamente hoy cuando se cumplen 25 años del Estatuto de Carmona. Hemos venido a hablar de ese Estatuto, no de otros estatutos que han pasado o que están pasando por esta Cámara. Tampoco hemos venido a hablar de la Constitución. Nosotros no necesitamos recordarnos continuamente el afecto que le tenemos a la Constitución española, ni necesitamos escenificar autos de fe. La mejor muestra de la apuesta que los y las socialistas hicimos y seguimos haciendo por el texto constituyente la representa aquí el presidente de esta Comisión, que fue precisamente uno de los negociadores para la redacción definitiva. Luego, sin catarsis y sin golpes de pecho, pensamos y elaboramos iniciativas en el marco de la norma suprema de manera refleja, y no vamos a estar continuamente reiterando nuestra conformidad porque nos sentimos cómodos, nos sentimos confortables y nos sentimos a gusto en este espacio constitucional y no le vamos a dar más vueltas.
Volviendo al Estatuto, si este Estatuto de Carmona que tenemos vigente ha conseguido que Andalucía en estos 25 años se haya puesto a la cabeza de España en convergencia, en creación de puestos de trabajo, en saneamiento de deuda pública y haya superado atrasos seculares, el que estamos elaborando ahora va a ser el Estatuto del bienestar y de los derechos para Andalucía. Precisamente uno de los más demandados por la ciudadanía en este momento es el que se refiere a un hábitat saludable, a un entorno reconocible y a un crecimiento respetuoso y compatible con la naturaleza.
Señorías, el proyecto de Estatuto que estamos debatiendo es el más verde y el más valiente adalid de la calidad de vida de cuantos han visto ustedes en esta Cámara, desde el hecho de tener su propio título, que ya se ha dicho aquí, pasando por la defensa de la agricultura ecológica, por la protección ante la contaminación acústica, por la necesidad de desarrollar el transporte colectivo o la protección del litoral hasta las medidas de fiscalidad ecológica preventivas, correctoras y compensatorias del daño ambiental. En Andalucía entendemos que la sostenibilidad, que es un principio que impregna de forma horizontal todo el texto del proyecto de Estatuto, requiere un esfuerzo colectivo, de la misma manera que sus efectos nos van a beneficiar a todos por igual; un esfuerzo por compatibilizar la actividad económica y la óptima calidad ambiental; un esfuerzo por usar responsablemente el agua en una comunidad altamente deficitaria,
y un esfuerzo por prevenir los incendios que arrasan nuestros montes y por recuperarlos cuando eso ha ocurrido. El fantasma de la desertización es una amenaza concreta y evidente en algunas zonas de Andalucía hoy. Evitar la especulación y el urbanismo incontrolado requiere también un uso eficiente del suelo que nos va a ser exigido a los andaluces y a las andaluzas por el nuevo Estatuto. Los parques naturales andaluces dan cobijo a especies animales propias que corren el peligro de desaparecer.
Los linces de Doñana, los buitres leonados o los quebrantahuesos de las sierras de Cádiz o de Cazorla merecen un lugar en el nuevo Estatuto como elementos capitales de nuestro ecosistema. La regulación por ley de medidas de protección les dará la garantía de supervivencia. Aquí termino, señorías, la parte de la intervención relativa a medio ambiente.
A continuación paso a la defensa del título VIII, relativo a medios de comunicación social, un tema que, como ven, también nos ha merecido a las diputadas y a los diputados andaluces la importancia suficiente como para darle un tratamiento específico. Señorías, empezaré por el artículo 204 que se refiere al derecho a la información, donde reiteramos -como ya está recogido en la ley de creación de nuestra radio y televisión de Andalucía, por ejemplo, hablando de los medios públicos- la libertad de expresión y el derecho a la información independiente, veraz y plural, e introducimos en este Estatuto que todos los medios públicos que emiten en Andalucía y que emiten para Andalucía se sometan a esos valores constitucionales que defendemos. Señorías, voy a resaltar algunos artículos por no alargarme más, especialmente el artículo 209, relativo al fomento de la cultura andaluza, de las nuevas creaciones, a la producción cinematográfica y el 210 referente al reconocimiento y al uso de la modalidad lingüística andaluza. Señorías, si alguna singularidad tiene nuestra cultura es precisamente el mestizaje. La consolidación de una identidad a partir de una proceso de ósmosis sin renunciar a lo adquirido, ni deconstruir ninguna aportación cultural de los pueblos que históricamente nos han precedido y nos han hecho que seamos hoy lo que somos. Por tanto, señorías, nuestra lengua es universal, nuestra cultura es universal y queremos en el Estatuto la protección de esos elementos singulares y universales que tenemos.
Quiero resaltar también y finalmente el tema del control parlamentario. El presidente, señor Chaves, en el discurso de investidura prometió que antes de terminar esta legislatura habría un director o directora general de nuestros medios públicos de radio y televisión elegidos por el Parlamento. En ello estamos y el Estatuto lo ratifica, para que siempre, a partir de ahora, tenga que ser así y lo hacemos mediante una comisión parlamentaria, eligiendo ese director o directora general en el Parlamento y ampliando ese procedimiento en las televisiones públicas de las corporaciones locales para que sea el Pleno de las mismas el que lo haga.
Señorías, en cuanto al espacio radioeléctrico -y volviendo al tema que antes les decía de la Constitución- lo que pretendemos y dejamos claro en este artículo es que se consulte a Andalucía cuando se planifique o haya un cambio en la planificación o en el sistema de comunicaciones o en el uso de nuestro espacio radioeléctrico. Otro elemento que introducimos en el Estatuto y que quiero resaltar también es el control financiero. Ahora mismo la empresa pública que tenemos, Radio y Televisión de Andalucía, es la empresa pública más fiscalizada de España en este momento, pero queremos que tenga más control.
Finalmente, señorías, si el Estatuto de 1981 facultaba a la comunidad autónoma para regular, crear y mantener su propia televisión, el vigente Estatuto asegura una radiotelevisión y, en general, unos medios de comunicación de calidad, plurales y respetuosos con todos los colectivos sociales, comprometidos con los valores constitucionales y la cultura propia, controlados por el Parlamento, garantes de la participación social y colocados en lo que se refiere a la radiotelevisión de Andalucía, ahora mismo, cuando estamos en proceso de aprobación de esta norma estatutaria, a la cabeza de todos los demás medios públicos autonómicos en audiencia, en saneamiento financiero y en grado de identificación con sus ciudadanos y sus ciudadanas.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista también ha solicitado dividir el turno en dos. En primer lugar, habla el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor presidente, en primer lugar, quiero manifestar que estoy bastante de acuerdo con la mayor parte de las intervenciones referidas al título de medio ambiente y solamente quería hacer algunas precisiones. La primera y más importante es que creo que es primordial poner de manifiesto en esta tranquila mañana de debate que precisamente el título de medio ambiente hace una apuesta clara, de manera moderna y comprometida por uno de los retos más serios y de mayor envergadura que tiene el ser humano en este momento. No cabe ninguna duda de que uno de los retos actuales más importantes es administrar bien los recursos naturales, que se anunciaba como un riesgo y que ahora es un riesgo real. La Comunidad Autónoma de Andalucía, sus veinticinco años y lo que se plasma en este texto es útil para hacer un ejercicio político que tiene importancia, que es equilibrar -como intenté hacer en la primera intervención- la autoestima de los andaluces. Hay una buena política medioambiental en Andalucía y existe un compromiso importante planteado. Por tanto, eso hay que reconocerlo y admitirlo. Incluso existen razones históricas que se han presentado en algunas ocasiones como un gran perjuicio para los andaluces y que pueden devenir ahora en una buena política medioambiental. El hecho de que la industrialización y el desarrollo económico llegaran a Andalucía más tarde que a otras comunidades autónomas no cabe duda que fue una penalización económica para los andaluces. Ahora hay espacios naturales que podemos administrar
en el litoral -cada vez menos- y en otros lugares que podemos convertirlos en elementos muy importantes de la conservación medioambiental. Por tanto, la política medioambiental en Andalucía es buena para equilibrar la autoestima. Los andaluces podemos tener la tendencia de castigarnos de manera periódica, de zaherirnos, de dolernos y otras veces de ensalzarnos en exceso. Por tanto, la política medioambiental va bien para equilibrar la autoestima, porque hay cosas que se han hecho bien en los últimos años, tanto en los ayuntamientos de todos los colores y de todos los partidos como también en la Administración autonómica. Es verdad que no todo se ha hecho bien ni es ideal, pero tenemos una política en la que podemos exhibir cosas de vanguardia y cosas que se han hecho razonablemente bien. Este texto que se propone hoy viene en la misma dirección. Nos parece muy bien como Grupo Parlamentario Socialista lo que han dicho otros grupos, lo ha dicho el señor Romero y otros intervinientes, que vamos muy bien en el tema medioambiental y que hay políticas muy modernas y muy vanguardistas. Nosotros hacemos una apuesta, que todos los grupos van a apoyar, por el uso sostenible de los recursos.
No puedo emplear ni un minuto más en destacar la importancia que tiene lo que estamos comprobando todos los días: la apuesta por la agricultura ecológica, la protección del litoral por razones de supervivencia, el turismo sostenible, la tecnología limpia y la energía limpia y la importancia del ciclo integral del agua. Ustedes saben que el agua -como lo hemos visto en los debates en ponencia, y es un debate recurrente- es un factor de primordial importancia para el desarrollo humano y, por tanto, el ciclo integral se convierte en un elemento primordial para la política económica en Andalucía y para la política medioambiental. Hoy en Andalucía hay una buena política que hay que mejorar. Evidentemente cualquier otro grupo político que gobernara en Andalucía no estaría de acuerdo con la totalidad de lo que se ha hecho, pero creo que podemos concluir que hay una buena política en general, aunque cada grupo político lo haría de una forma sustancial o matizadamente distinta, como es lógico.
En otro de los temas en los que hay una apuesta clara es en la lucha contra los incendios. No quiero abrir una polémica, pero Andalucía cuenta desde hace varios años con uno de los sistemas de prevención y de lucha contra los incendios de los mejores de España. Todos los grupos podrían plantear también políticas distintas, pero la realidad de los hechos es que hay un buen sistema, que es costoso económicamente, pero que es de los que mejor funciona en España y esto es algo admitido objetivamente por quienes se dedican a esta especialidad de la lucha contra incendios.
Sobre el tema de la penalización de la contaminación y la fiscalidad, lo que hemos hecho ha sido defender la necesidad de incentivos y de medidas fiscales, referenciar la petición de algún grupo parlamentario en el marco de la ley orgánica, que se refiere al artículo 157.3 de la Constitución española. Por parte del Grupo Parlamentario Popular se nos ha insinuado -no se ha formalizado porque no la hemos podido admitir- una enmienda para que las políticas de incentivos se dirijan a empresas o a personas físicas o jurídicas. Hemos hecho la consulta y se nos confirma que los "particulares adecuados", desde el punto de vista jurídico, engloba de manera precisa y perfecta la petición que hacía el Grupo Parlamentario Popular, por lo cual no podemos admitirla. En medio ambiente, con el respeto -como no podía ser de otra manera- a las posiciones de todos los grupos, consideramos que si tuvieran la responsabilidad de Gobierno cada grupo no haría las cosas como el Partido Socialista, que ha gobernado en los últimos años, pero oyendo a los portavoces parlamentarios creemos que es una política que se plasma en el texto estatutario en el que, salvo matices, hay un acuerdo muy amplio y, desde mi punto de vista, satisfactorio.
El señor PRESIDENTE: Para terminar el turno tiene la palabra el señor Torres Vela.
El señor TORRES VELA: En primer lugar, presentaré una enmienda transaccional a la enmienda número 32 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que pretende introducir en el artículo 205, junto a la obligación de los medios audiovisuales de comunicación de respetar los derechos, libertades y valores constitucionales, y en especial la juventud y la infancia, que se velará por el cumplimiento del principio de igualdad de género como un elemento esencial que, desde nuestra perspectiva, necesita especial protección e impulso.
Me referiré también brevemente a una enmienda de supresión del Grupo Popular que no he acabo de entender muy bien a través de ninguna de las dos intervenciones formuladas. En la del señor Merino -a quien agradezco el tono- propone la supresión, con lo cual lo que está proponiendo en este momento en el que estamos es que los medios de comunicación dejen de ser regulados en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Propone la no regulación porque la vuelta atrás ha pasado; lo que queda ya son las disposiciones adicionales y transitorias. Propone la no regulación y desde mi punto de vista esa es una posición peligrosa, y voy a tratar de explicarlo. ¿Cuáles son los problemas que tiene el título VIII para que tenga que ser suprimido? El señor Sanz se ha referido a ello y de su intervención deduzco dónde están los miedos. Dice que los miedos están en los artículos 204 y 214. Les voy a leer a SS.SS. el artículo 204.2: Todos los medios de comunicación andaluces, públicos y privados, están sujetos a los valores constitucionales. ¿Qué miedo hay a que los valores constitucionales sean también principios rectores de los medios de comunicación? Si los valores constitucionales están en el artículo 1, donde figuran como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; si los valores constitucionales están en el artículo 20 como el derecho a la libertad de expresión, artículo 20.a, o el derecho a la información veraz, en
el 20.d, derecho que nunca se menciona y está en la Constitución. El ejercicio de estos derechos no pueden restringirse a censura previa, está en la Constitución. ¿A cuál de esas cosas se oponen ustedes para justificar a partir de ahí la supresión? Como no me creo que ustedes se opongan a esto, tengo que buscar -y perdónenmelo- una intención, y sobre esa intención le haré una reflexión. Todo poder está en la lógica de intentar no ser regulado; es la lógica del poder. En la economía, en la política, todos quieren no ser regulados, pero la lógica de la democracia es la lógica de la limitación de todo poder, de que todo poder tenga los contrapesos necesarios para que no tenga la tentación absoluta de convertirse en omnímodo y eso vale también, señor Sanz, aunque sé que no es lo políticamente correcto en este momento, para los medios de comunicación, que mi paisano Francisco Ayala ya calificó hace tiempo como el primer poder del Estado.
Salvo esos artículos y el Consejo Audiovisual recogido en el artículo 204, el resto de los artículos del título se refieren a los medios públicos y establecen la limitación de los valores constitucionales y establecen limitaciones sobre las posibilidades de denominación e incluso de elección avanzada de los nuevos miembros, del director de Canal Sur Televisión, etcétera. Y no me traigan de nuevo -y vuelvo a repetirlo y lo pido una vez más por favor- los elementos de coyuntura política a un debate que es estatutario y centrado en valores políticos constitucionales y estatutarios. ¿O acaso tenemos miedo de que el pluralismo político que tiene que estar en los órganos de control de los medios públicos de comunicación de la comunidad autónoma también estén los locales? ¿Tenemos miedo por alguna referencia? Vamos a defender esos valores y vamos a defender la regulación que hace este título, que es tremendamente respetuosa con la Constitución y con las competencias asumidas por la comunidad autónoma.
Termino, señor presidente, con una brevísima referencia a una intervención enfática que ha hecho el señor Del Olmo en la que, desde mi punto de vista, pretendía consolidar una posición de su fuerza política. Con todo el afecto que le tengo, señor Del Olmo, le diré que el derecho a equivocarse es un derecho que tiene toda persona, todo colectivo e incluso diría que es un gran derecho constitucional que nosotros respetamos. Hace 25 años, como usted ha mencionado, su fuerza política tuvo un comportamiento errático, tan errático que la verdad política de ese comportamiento la sancionó los únicos que establecen la verdad política, que son los andaluces. Ahora ustedes pueden volver a situarse en esa posición, tienen derecho a hacerlo, pero también es su responsabilidad, y mañana no busquen responsabilidades fuera que solo las tienen dentro.
El señor PRESIDENTE: Como hemos calculado, a la una hemos terminado.
Tenemos cinco minutos de descanso para que lleguen todos los diputados.
Dentro de cinco minutos comenzamos la votación (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas correspondientes al título VI, economía, empleo y hacienda, que afectan a los artículos 154 a 191.
Han sido presentadas cuatro enmiendas transaccionales que vamos a votar en primer lugar. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado que se vote separadamente la enmienda transaccional que afecta al artículo 180.3.
Señora Caballero.
La señora CABALLERO CUBILLO: Pedimos votación separada de la transaccional que afecta al artículo 181, apartado 4, letra c) bis.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Caballero.
Votamos en primer lugar la enmienda transaccional que afecta al artículo 180.3.
Votación de la Comisión Constitucional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 13.
Votamos ahora la enmienda transaccional que afecta al artículo 181.4.
Votación de la Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.
Votamos ahora las otras dos enmiendas transaccionales, que afectan al artículo 172, apartado 2, letra f) y al artículo 172, apartado 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad en la Comisión y por mayoría en la delegación.
Votamos ahora la enmienda número 29, del Grupo de Izquierda Unida, más el voto particular.
La señora GONZÁLEZ MODINO: Pedimos votación separada del voto particular.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 29, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.
Votamos ahora el voto particular de Izquierda Unida, que afecta al artículo 172.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.
Votamos las nueve enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, una.
Votamos ahora conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 26.
Tenemos que votar ahora el dictamen de los artículos desde el 154 al 191.
Votamos por separado el párrafo tres del artículo 180.
Votamos ahora el conjunto de los artículos, desde el 154 al 191, excluido el párrafo tres del artículo 180.
Votos a favor de la Comisión Constitucional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad en la Comisión y por mayoría en la delegación. Con esto hemos votado el título VI.
Pasamos a la votación del título VII. En primer lugar, dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, las números 30 y 31.
Votamos ahora las cinco enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular.
Procedemos ahora a votar los artículos correspondientes al título VII, que van desde el artículo 192 al 203. Ha sido solicitada la votación separada del artículo 203.
Votamos el artículo 203.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.
Votamos el conjunto de los artículos que van desde el 192 al 202, porque el 203 acabamos de votarlo.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad de la Comisión Constitucional y por mayoría de la Delegación del Parlamento de Andalucía.
Hemos votado por completo las enmiendas y el dictamen del título VII.
Pasamos al título VIII. En primer lugar, hay una enmienda transaccional que afecta al artículo 205.
Señor Romero.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Romero Ruiz): Señor presidente, quiero dejar constancia de que, ante la transaccional a nuestra enmienda número 32 al artículo 205, retiramos nuestra enmienda y aceptamos la transaccional.
El señor PRESIDENTE: La verdad es que, si se lo ha dicho el señor Llamazares, lo acepto; si no, no, porque la enmienda corresponde al grupo parlamentario de la Comisión. ¿Es así, señor Llamazares? (Asentimiento.)
Queda retirada.
Muchas gracias por su intervención mediadora, señor Romero. (Risas.)
Votamos la enmienda transaccional al artículo 205.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39.
Como ha sido retirada la 32, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, solo nos queda votar, de enmiendas, la 280, del Grupo Parlamentario Popular.
Nos queda ahora votar el dictamen de los artículos que van del 204 al 214.
Hay una petición de votar separadamente el artículo 204.1, el artículo 213 y el artículo 214, todos en una sola votación.
¿Señora González?
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Modino): Proponemos la separación del artículo 205; solo.
Como es una petición menor, en el sentido de que es menor el número de los artículos acumulados, empezamos por votar el dictamen del artículo 205.
Votación de la Comisión Constitucional. (Pausa.) Votación de la Delegación del Parlamento de Andalucía. (Pausa.)
El artículo 205 es aprobado por unanimidad de la Comisión Constitucional y de la Delegación del Parlamento de Andalucía.
Votamos ahora el bloque de tres artículos que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular, 204.1, 213 y 214.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Procede ahora votar el resto de los artículos -que son pocos, por cierto-, que van del 204 al 214, salvo los cuatro que hemos votado separadamente.
Con esto hemos terminado las votaciones de los títulos que hemos debatido hoy.
Vamos a suspender la sesión. Quedan convocados para el próximo martes, a las once de la mañana.

References: artículo 154
 artículo 172
 artículo 157
 artículo 31
 artículo 138
 artículo 178
 artículo 85
 artículo 180
 artículo 180
 artículo 172
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 172
 artículo 180
 artículo 85
 artículo 181
 artículo 172
 artículo 158
 artículo 157
 artículo 138
 artículo 157
 artículo 138
 artículo 2
 artículo 206
 artículo 159
 artículo 172
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 154
 artículo 162
 artículo 18
 artículo 168
 artículo 172
 artículo 158
 artículo 156
 artículo 187
 artículo 134
 artículo 142
 artículo 36
 artículo 138
 artículo 172
 artículo 195
 artículo 196
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 202
 artículo 195
 artículo 149
 artículo 198
 artículo 45
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 204
 artículo 209
 artículo 157
 artículo 205
 artículo 204
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 204
 artículo 180
 artículo 181
 artículo 180
 artículo 181
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 172
 artículo 180
 artículo 180
 artículo 192
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 204
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 205