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Timestamp: 2018-04-23 07:44:16+00:00

Document:
FERROAFICIONADOS UNIDOS DE CHILE - Juicio Gricelda Valenzuela contra EFE indemnizacion término contrato - Legales y Financieros
#1 · 11/Sep/2010, 19:16
Procedimiento: De Aplicación General.
Materia: Indemnización convencional por término de contrato.
Demandante: Gricelda Valenzuela Rodríguez.
Demandada: Empresa de los Ferrocarriles del Estado
Rut: 61.216.000-7
Domicilio: Morandé Nº 115, piso 6º Santiago.
Representante legal: Franco Faccilongo Forno
EN LO PRINCIPAL, demanda en Procedimiento de Aplicación General. EN EL PRIMER OTROSI, patrocinio y poder. EN EL SEGUNDO OTROSI, forma de notificación.
GRICELDA VALENZUELA RODRÍGUEZ abogado, con domicilio en calle Montenegro Nº xxxx comuna de Ñuñoa, a US. digo:
Que vengo en interponer demanda en procedimiento de aplicación general en contra de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE, persona jurídica de Derecho Público, legalmente representada por don Franco Faccilongo Forno, ingeniero civil electrónico, ambos con domicilio en esta ciudad, calle Morandé Nº 115, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago.
Esta demanda encuentra fundamento en los siguientes antecedentes:
1.- Ingresé a prestar servicios para la demandada con fecha 1º de septiembre de 1993, contratada para desempeñar las funciones de abogado. Los primeros años debí tramitar juicios de diversa índole, laborales, criminales y ocasionalmente también procesos civiles. A partir del mes de noviembre de 2001, se me destinó a atender los accidentes ocurridos en la vía férrea, tarea para la que debía estar disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.
2.- Durante los 17 años que presté servicios a EFE, desempeñé mis labores con esmero y eficiencia profesional, lo que fue reiteradamente reconocido por la propia demandada. Asimismo, fui Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Profesionales Ferroviarios Nº 7 a partir del año 2002, siendo reelegida sucesivamente los años 2004, 2006 y 2009. Además, el año 2004 fui elegida, en votaciones en las que participaba todo el personal de EFE, miembro del Directorio de la empresa, en representación de los trabajadores, y también reelegida para esa función los años 2006 y 2008. Ambos cargos los desempeñé hasta el día del término de mis servicios para la demandada.
3.- Trabajé para EFE hasta el 16 de agosto del año en curso, día en que puse término a mis servicios por renuncia voluntaria. Esto es, la causal que contempla el artículo 159 Nº 2 del Código del Trabajo. La carta de renuncia, debidamente ratificada ante la notario de Santiago doña María José Bravo Cruz, suplente del titular don Eduardo Diez Morello, fue recepcionada personalmente por el gerente general de la demandada, señor Faccilongo, el día 15 de julio de 2010.
4.- Al día del término de mi contrato, era parte del Contrato Colectivo de fecha 14 de julio de 2008, celebrado entre el Sindicato que yo presidía, de Trabajadores Profesionales Universitarios Nº 7, y EFE, cuya vigencia termina el día 30 de junio de 2011. La cláusula Décimo Quinto de dicho instrumento contempla una indemnización por años de servicio, pactada en los términos que siguen:
"DECIMO QUINTO: INDEMNIZACIÓNES Y OTROS BENEFICIOS.
c) DESAHUCIO LEY 7.998 E INDEMNIZACIÓN.
* INDEMNIZACION
Por el tiempo servido a partir del 6 de Agosto de 1980, o desde la fecha de ingreso si fuere posterior, la Empresa pagará a los trabajadores involucrados en este Contrato Colectivo, cualquiera sea la causa del término de sus servicios, incluida la renuncia del trabajador, con excepción de las causales de caducidad contempladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, una indemnización por años de servicios equivalente a un mes de la última remuneración mensual imponible devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, sin las limitaciones establecidas en los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo. Esta indemnización será incompatible con la establecida en el segundo párrafo, de la letra a) y b) precedente de esta misma cláusula décimo quinto o con las pactadas en los respectivos contratos individuales o con cualquiera otra que exista o se establezca cuyo caso, el trabajador deberá optar por la que más le convenga.
d) BENEFICIO POR TERMINO DE SERVICIOS
Al trabajador que tenga un mínimo de 10 años de servicio efectivos en la Empresa continuos o discontinuos y que termine su contrato de trabajo por cualquier causa con excepción de las causales de caducidad del artículo 160 del Código del Trabajo, la Empresa le otorgará un mejoramiento de su remuneración de un 19% en el mes previo al del cese de servicio y un 10% en el mismo mes en que dejará de pertenecer a la Empresa. Sin perjuicio que durante la vigencia del presente Contrato Colectivo se establezca en algún plan de egreso retiro voluntario un mejoramiento de su remuneración superior a los porcentajes indicados en esta letra.
e) REAJUSTE DE IPC AL PERSONAL QUE CESE EN SERVICIO.
Al trabajador involucrado en este Contrato que cese en sus servicios las causales de caducidad del artículo 160 del Código del Trabajo, a su requerimiento le será reajustada su remuneración en el porcentaje que haya variado el Alza del Indice de Precios al Consumidor I.P.C. determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo suceda o lo reemplace, entre el primer día del mes correspondiente al último reajuste, al último día del mes anterior a la fecha de término de sus servicios.
La aplicación de esta cláusula no implica modificación de los niveles de renta ni ascenso para ningún efecto legal, sino que la mantención del poder adquisitivo de su remuneración al momento del término de sus servicios".
5.- De esta forma, me adeuda la demandada una indemnización por años de servicio que asciende a $ 66.247.895, cantidad que se obtiene de multiplicar el número de años de servicio, 17, por la última remuneración mensual, que fue la suma de $ 3.896.935.-
conforme a lo establecido en las letras d) y e) de la ya transcrita cláusula Décimo Quinta del instrumento colectivo, la remuneración mensual que sirve de base para el cálculo de la indemnización que demando se ha incrementado en un 19% en el mes de julio, y en un 10% adicional en el mes de agosto, ambos del año en curso. Finalmente, se ha reajustado mi remuneración en un 2,4% que es la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor entre el 1º de enero de 2010, fecha del último reajuste convenido colectivamente, y el 31 de julio de este año.
6.- Hago presente a US, que me veo obligada a interponer esta demanda porque el gerente general de la demandada me comunicó, en carta fechada 20 de julio de 2010, que la empresa no me pagaría la indemnización por años de servicio que he referido en los numerandos precedentes. Y ello, señala en su carta, porque EFE "rechaza desde ya, tanto su titularidad respecto del beneficio indemnizatorio invocado por Ud, como asimismo la procedencia del pago alegado, en base a una serie de argumentaciones que se harán valer en su oportunidad". Agrega a continuación que "Lo anterior evidentemente dice relación con la causa seguida en su contra ante el 1º Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT 0- 519-2010".
7.- El litigio que menciona el gerente Faccilongo se inició por una demanda de desafuero en mi contra, la que fue acogida por el juez de la instancia. Sin embargo, interpuse en contra de ese fallo un recurso de nulidad, el que se encuentra en trámite en la I. Corte de Apelaciones de Santiago. En realidad SS. se me acusa de una falta que, de ser efectivos los hechos que le sirven de fundamento, no revestía la gravedad suficiente para despedir a una profesional que se desempeñó en forma eficiente y destacada durante 17 años.
8.- Es mas, antes de interponer la demanda de desafuero, EFE me propuso que renunciara voluntariamente, pagándome en tal caso la indemnización que ahora me veo obligada a demandar. Me negué a aceptar esa proposición, porque entendía que, mas que una eventual falta grave a mis obligaciones contractuales, el desafuero se pedía como represalia por una denuncia que yo hiciera, en mi calidad de dirigente sindical, por actuaciones irregulares del fiscal de la empresa. De hecho, se abrió una investigación en la Contraloría Interna de EFE, a propósito de mi denuncia. Pero durante la tramitación del desafuero se inició en mi contra una campaña de hostigamiento, que se manifestó, entre otras cosas, en ignorarme como trabajadora de la Fiscalía. En efecto, el fiscal señor Luis Sánchez ni siquiera contestaba los correos que yo le enviaba, solicitando instrucciones respecto de algunos asuntos que yo atendía.
En estas condiciones, me resultaba imposible seguir prestando servicios en EFE, por lo que decidí renunciar voluntariamente y alejarme de la empresa.
9.- SS. tendrá presente que es evidente que tengo derecho a que se me pague la indemnización que demando. La renuncia voluntaria indemnizada está expresamente contemplada en el instrumento colectivo, y fue presentada en la oportunidad y con las formalidades que establece la ley. La demandada, por su parte, recepcionó la renuncia y la aceptó, dando por terminado mi contrato de trabajo. Fíjese SS. que de inmediato, mediante Oficio G.G. Nº 279, de 27 de julio de 2010, el gerente general, don Franco Faccilongo convocó a todos los trabajadores de la empresa a elecciones para designar al representante de los trabajadores en el Directorio, cargo que yo investía hasta el 16 de agosto de 2010. En esta comunicación, dirigida como está dicho a todo el personal de EFE, el gerente señala:
" 1.- Teniendo presente la renuncia voluntaria de la señora Gricelda Valenzuela Rodríguez a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a contar del 15 de agosto de 2010, quedando consecuentemente vacante la representación de los trabajadores ante el H. Directorio de esta empresa".
"2.- En atención a lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo ...... le corresponde al Gerente General de EFE convocar a elecciones del Representante de los Trabajadores para el próximo período".
Además, hago presente a US, y no es una cuestión menor, que la demandada pidió a la I. Corte de Apelacioens, en el recurso de nulidad interpuesto por mí, que se dictara una orden de no innovar. En concreto, en la letra a) de la parte petitoria del escrito respectivo, solicitó que se declarara "que no se pueda hacer efectiva la intención de renunciar de la actora y que la relación laboral continúe en los mismos términos que en la actualidad, hasta que se resuelva el desfuero de la señora Valenzuela y la procedencia o no de sus indemnizaciones".
En subsidio, esto es, para el caso que se niegue la orden de no innovar señalada precedentemente, solicitada otra orden de no innovar, esta vez para que se ordene "paralizar la extensión del finiquito de la demandada, así como cualquier acción ordinaria o ejecutiva tendiente a perseguir cualquier cobro de indemnización alguna, hasta que no se determine acerca de la procedencia del pago de estas indemnizaciones y beneficios alegados y enunciados por la demandada en su carta de renuncia, de acuerdo a si se accede o no al desafuero solicitado por aplicación de la causal del artículo 106 Nº 7 del Código del Trabajo".
A todo, la I. Corte proveyó con un escueto no ha lugar. Lo que evidentemente iba a ocurrir, dado lo absurdo de la petición.
10.- A propósito del objeto del desafuero, SS. tendrá presente que la pretensión de un litigio de esta naturaleza es obtener del juez del Trabajo la autorización legal necesaria para despedir a un trabajador aforado. Y tal autorización debe ser, al tenor de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 174 del Código del Trabajo, previa al despido. El tenor literal de la norma no deja lugar a dudas. Dicho en otros términos: mientras no tuviera autorización otorgada por una sentencia firme emanada de un tribunal competente, EFE no podía despedirme. Mi contrato de trabajo se encontraba entonces vigente y podía terminar, sin duda, por renuncia voluntaria.
Así las cosas, la demanda de desafuero en mi contra debería ser desestimada, por carecer ahora de objeto.
Y de conformidad a lo dispuesto por las normas legales citadas, artículos 1.545 y siguientes del Código Civil y 446 y siguientes del Código del Trabajo.
RUEGO A US, tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general en contra de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, cuyo representante legal es don Franco Faccilongo Forno, ambos ya individualizados y, en definitiva, declarar:
A.- Que la demandada debe pagarme la indemnización convencional por término de contrato referida en el numerando 4 de esta demanda, por la suma de $ 66.247.895.-
B.- Que la suma ordenada pagar deberá reajustarse e incrementarse con intereses, conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo.
C.- Que la demandada deberá pagar las costas de esta causa.
PRIMER OTROSI: Designa Abogado
SEGUNDO OTROSI: Notificaciones.
#2 · 15/Sep/2010, 20:22
Santiago, nueve de septiembre de dos mil diez.
A lo principal: téngase por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado.
Cítese a las partes a una audiencia preparatoria, para el día 25 de octubre de 2010, a las 9:20 horas, en Sala 3, en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, ubicado en calle Merced 360, Santiago Centro, la que tendrá lugar con las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación.
Las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria.
La demandada deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.
Para los efectos del artículo 433 del Código del Trabajo se autoriza a las partes la tramitación por medios electrónicos.
Al primer otrosí: téngase presente.
Al segundo otrosí: como se pide, notifíquese por correo electrónico y autorícese la realización de actuaciones procesales por esa vía.
Notifíquese al demandante por correo electrónico, a la demandada personalmente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo a través del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o en aquél que el ministro de fe constate fehacientemente en el curso de la diligencia.
RIT O-2632-2010
RUC 10- 4-0038943-3
Proveyó doña Lorena Renate Flores Canevaro, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
V.I.LL.B.
#3 · 24/Sep/2010, 12:38
2º Juzgado De Letras del Trabajo de Santiago
En la causa RUC 10-4-0038943-3, RIT O-2632-2010, en cumplimiento con lo ordenado por resolución del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago con fecha 09/09/2010, se procede a practicar la notificación a Empresa de los Ferrocarriles del Estado, RUT 61216000-7, representado legalmente por don(ña) Franco Faccilongo Forno, domiciliado en Piso 6, Morande Nº 115, comuna de Santiago, en calidad de demandado, con los resultados que se indican a continuación.
Fecha de Audiencia: 25/10/2010
Tipo de Notificación: Personal.
1º intento. Fecha 14/09/2010 Hora 12:10 Código D9.
Certificación: Verificado que el representante legal vive/trabaja ahí (Art. 437 inc 1º CT), entregué copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que recae.
Observaciones: Entregué documentos adjuntos (Escrito de Demanda, Resolución del 09/09/2010) a quien firma.
Se entregó a don(ña) Francisco Vega (Abogado), CI:---- copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaido.
Ernesto Javier Piderit Fernandez
#4 · 16/Nov/2010, 17:26
EN LO PRINCIPAL: CONTESTA DEMANDA
PRIMER OTROSI: ACREDITA REPRESENTACION
SEGUNDO OTROSI : FORMA DE NOTIFICACION
Timbre ingreso : 18 OCT 2010.
DEL TRABAJO DE SANTIAGO
FRANCO FACCILONGO FORNO, Ingeniero Civil Electrónico, cédula nacional de identidad número 5.902.973-8, en mi calidad de Gerente General y en representación de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, en adelante también EFE, persona jurídica de Derecho Público, del giro de transporte, rol único tributario número 61.216.00-7, demandada en autos caratulados "VALENZUELA RODRÍGUEZ GRICELDA CON EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO", a SS. digo:
Que vengo en contestar la demanda interpuesta por doña Gricelda Valenzuela Rodríguez, solicitando su total rechazo por los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:
La actora firma en su demanda que habría prestado servicios para EFE, bajo vínculo de subordinación y dependencia desde el 1 de Septiembre de 1993 para desempeñar funciones de abogado, las cuales desde Noviembre de 2001 en adelante habrían consistido en ser destinada a atender accidentes en la vía férrea.
Señala que durante 17 años se habría desempeñado con esmero y eficiencia, siendo además Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Profesionales Ferroviarios Nº 7 a partir del año 2002 y elegida en 2004 como miembro del directorio de la empresa en representación de los trabajadores. Ambos cargos los habría desempeñado hasta el término de sus servicios.
Señala haber prestado servicios hasta el 16 de Agosto de 2010 fecha en que sus servicios habrían terminado por renuncia voluntaria. Indica que a dicha fecha era parte del Contrato Colectivo celebrado por el sindicato que presidía, vigente en la especie, y que contemplaba beneficios consistentes en una indemnización por años de servicio a todo evento (aun en caso de renuncia voluntaria), sin las limitaciones de los artículos 163 y 172 del Código del Trabajo, además de un mejoramiento remuneracional por los términos de los servicios y reajuste de IPC en razón de lo mismo.
En razón de lo anterior, demanda sus indemnizaciones por años de servicio por un monto de $66.247.895, suma a que se llegaría incorporando en su favor aquellos beneficios detallados precedentemente que según ella le favorecerían.
Narra que demanda tales indemnizaciones en razón que la empresa le habría comunicado con fecha 20 de Julio de 2010 que no le pagaría esta suma por dichos conceptos por cuanto - a juicio de la empresa - no sería titular de tales beneficios indemnizatorios lo que, infiere, se relacionaría con la causa RIT 0-519-2010 seguida en su contra ante el 1º Juzgado del Trabajo de Santiago por desafuero laboral, acogida por el juez de la instancia y que se encontraría con recurso de nulidad vigente por cuanto, según ella, las faltas imputadas no revestirían la gravedad suficiente para autorizar su despido.
Señala que estas mismas indemnizaciones que hoy demanda se le habrían ofrecido por la empresa antes de la demanda de desafuero iniciada en su contra, lo que no habría aceptado. Luego, en un intento por incorporar antecedentes que no invocó en el juicio RIT 0-519-2010, indica que la solicitud de desafuero se debería a represalias en su contra por supuestas denuncias y que durante la tramitación de tal proceso, habría sufrido "una campaña de hostigamientos". Ello habría en definitiva detonado su renuncia y alejamiento de la compañía.
Según la actora, su derecho a recibir la indemnización demandada se ve reafirmada por la recepción que hizo la empresa de su carta de renuncia y por la convocatoria que personalmente yo habría hecho a elecciones para designar un nuevo representante de los trabajadores en el Directorio de la empresa.
Posteriormente hace referencia a una Orden de No Innovar pedida por nuestra defensa a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el recurso de nulidad interpuesto por ella contra el fallo que acogió nuestra solicitud de desafuero. Tras detallar la solicitud no extrae conclusiones ni a favor ni en contra por tal circunstancia, por lo que no se avisora la línea argumental que supuestamente apoya tal circunstancia.
Concluye que la autorización dada por el Juez del Trabajo debe ser previa al despido. Por ello, sin tener autorización dada por sentencia firme, la actora no podía ser despedida, encontrándose su contrato vigente y, por tanto, este podría terminar por renuncia voluntaria, que es lo que en la especie ocurrió, originándose en su opinión las indemnizaciones del caso con los beneficios propios del Contrato Colectivo vigente.
Lo cierto es que muchas de estas afirmaciones son del todo inexactas, razón por la que la demanda interpuesta debe ser rechazada.
2.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE HECHOS CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
Sin perjuicio del desarrollo argumentativo que se hará a continuación, en forma anticipada y en cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 452 del Código del Trabajo, vengo en pronunciarme expresa y concretamente sobre los hechos contenidos y descritos en la demanda.
2.1. HECHOS ACEPTADOS.
Esta parte acepta como efectivos los siguientes hechos:
a) Haber prestado servicios para EFE bajo vínculo de subordinación y dependencia desde el 1 de Septiembre de 1993.
b) Haber sido la actora Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores Profesionales Ferroviarios Nº 7, cargo que ostentaba a la fecha del término de sus servicios.
c) Haber sido elegida en 2004 como miembro del directorio de la empresa en representación de los trabajadores, cargo que ostentaba a la fecha del término de sus servicios.
d) Haber presentado la actora carta de renuncia voluntaria, efectiva a partir del 16 de Agosto de 2010.
e) Haber iniciado EFE en contra de la Sra. Valenzuela, causa RIT 0-519-2010 seguida en su contra ante el 1º Juzgado del Trabajo de Santiago por desafuero laboral.
f) Haber sido acogida la demanda de desafuero por el juez de la instancia, autorizándose por tanto el despido de la actora en razón de su incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
2.2. HECHOS CONTROVERTIDOS.
Esta parte viene en controvertir los siguientes hechos referidos en la demanda, conforme se argumentará y precisará en la parte expositiva de esta contestación:
a) Que estas mismas indemnizaciones que hoy se demandan le hayan sido ofrecidas por la empresa antes de la demanda de desafuero iniciada en su contra.
b) Que las funciones de la actora sean sólo las de atender accidentes ocurridos en la vía férrea.
c) Que la solicitud de desafuero se haya debido a represalias en su contra por supuestas denuncias hechas por ella.
d) Que durante la tramitación de la causa por desafuero (RIT 0-519-2010) haya sufrido "una campaña de hostigamientos" y que ello hubiese detonado su renuncia y alejamiento de la compañía.
e) A la fecha de esta contestación de demanda se controvierte la afirmación en cuanto a que se encontraría la sentencia que concedió el desafuero de la actora, con recurso de nulidad vigente.
f) El supuesto derecho a recibir la indemnización demandada y que esto se vea reafirmado por la recepción que hizo la empresa de su carta de renuncia y por la convocatoria que personalmente yo habría hecho a elecciones para designar un nuevo representante de los trabajadores en el Directorio de la empresa.
g) Ser titular la actora de la acción para demandar las indemnizaciones solicitadas en su libelo, así como aquellos beneficios que supuestamente le favorecerían.
#5 · 16/Nov/2010, 17:32
3.- HECHOS Y ANTECEDENTES GENERALES.
Antes de entrar de lleno a la contestación de la demanda interpuesta, es importante que SS. tome conocimiento de ciertas circunstancias que servirán para ilustrar mejor este asunto.
La actora, de manera muy conveniente, sólo ha señalado la existencia de un juicio de desafuero en su contra, sin indicar su contenido ni fundamento y sólo someramente ha señalado que habría sido acogida la solicitud mediante sentencia de instancia.
Se hace por tanto sumamente necesario que SS. entienda en su real dimensión el contenido y fundamentos de dicha acción incoada contra la Sra. Valenzuela.
En su calidad de abogado dependiente de la Fiscalía de EFE, la Sra. Valenzuela debía desempeñar (y desempeñaba), múltiples funciones propias de una abogada de dicha Fiscalía, como por ejemplo revisar documentos, informes, emitir opiniones jurídicas, resolver consultas legales, y en general todas las labores propias de su profesión y que le fueran encargados especialmente por el Sr. Fiscal de EFE o en subsidio por el Sr. Abogado Jefe de la Fiscalía. Entre sus múltiples funciones, todas de gran importancia, había una de particular relevancia, cuál era el llevar adelante en su calidad de abogado patrocinante, la representación de EFE en juicios de carácter civiles voluntarios, particularmente referidos a expropiaciones.
La Sra. Valenzuela, tal como todo otro abogado de la Fiscalía de EFE debía dar cuenta oportuna y permanente a otros profesionales - evidentemente a sus superiores jerárquicos de la Fiscalía - del estado de los asuntos que estaban a su cargo. Tal obligación de informar se hacía más necesaria 2 veces al año, de manera semestral (Junio y Diciembre), fechas en las que EFE debe informar el estado de los asuntos pendientes al SEP (Sistema de Empresas Públicas), ente controlador y supervisor de empresas públicas como EFE. Así las cosas, era en base a lo informado por ella, que se supervisaban los asuntos encomendados a esta abogada, asumiendo la Empresa la veracidad de tales informaciones.
Fue en este contexto que la actora se le encargó la representación de la Empresa en el procedimiento de "Consignación de Indemnización Provisional por Expropiación", seguido por el SERVIU Metropolitano en contra de EFE, causa Rol V-180-2007, seguido ante el 24 Juzgado de Civil de Santiago (sic). Ello, por cuanto el SERVIU Metropolitano, en virtud de Resolución 956 de fecha 13 de Noviembre de 2007 y de acuerdo con sus facultades contenidas en el DS 355 y DL 2186 ordenó la expropiación parcial de un inmueble ubicado en Balmaceda s/n, comuna de Quinta Normal, fijándose como monto de indemnización la suma de $220.899.738.-
Tras la notificación de rigor a EFE, la empresa solicitó mediante escrito de fecha 18 de junio de 2008 el giro de cheque por la suma de $220.899.738. En dicho escrito compareció Luis Sánchez Castellón, Abogado y Fiscal, en representación de EFE, designando como única abogada patrocinante y apoderada a la trabajadora Gricelda Valenzuela Rodríguez, siendo ella siempre la única abogada encargada directamente de la defensa de los intereses de EFE en dicho procedimiento voluntario, no existiendo ningún otro abogado o apoderado encargado de este asunto.
Para ese entonces EFE estaba ad-portas de dejar de ser propietario del inmueble, así como también poseedor, por lo que sólo le restaba gestionar la obtención de la compensación indemnizatoria de más de $220 millones, giro que la Sra. Valenzuela, debía obtener, toda vez que la suma ya estaba consignada en poder del Tribunal.
Previo a la toma de posesión material del inmueble, el expediente fue extraviado, lo cual no fue advertido por la Sra. Valenzuela, principal interesada, toda vez que debía ser ella quien debía obtener el giro de la suma ya consignada. De este modo una primera falta de acuciosidad de la demandante fue el no haber advertido el extravío del expediente, dejando transcurrir más de 3 meses sin hacer diligencia o presentación alguna. Tras la reconstitución del expediente en cuestión, la Sra. Valenzuela continuó sin tomar cartas en el asunto y no sólo no insistió en la solicitud de giro del cheque por el monto consignado, sino que derechamente dejó de tramitar el juicio, de estar atenta a él, de revisar su estado materialmente y ver las presentaciones y resoluciones vertidas en él y notificadas por el estado diario a las partes.
Por ello no advirtió que tras la reconstitución del expediente de fecha 09 de Octubre de 2008, en el mes de Noviembre de 2008 un compareciente presentó documentación que al parecer lo acreditaba (falsamente) como dueño de la propiedad expropiada, solicitando que se girara la suma consignada a su nombre. Con fecha 27 de Noviembre de 2008, más de 45 días después que se había reconstituido el expediente extraviado, el 24º Juzgado Civil de Santiago ordenó el giro del cheque por la suma consignada a nombre de Claudio Bernasconi Fernández en representación de Ingeniería y Construcción CCR Ltda. quien con fecha 09 de Diciembre de 2008 retiró el cheque por la suma consignada de $220.899.738. Quedaba así esta empresa sin el inmueble ni la indemnización otorgada que debía la actora recuperar.
Por si esta situación y faltas no fueran suficientemente graves, se vieron agravadas ya no tan sólo por la pérdida patrimonial de la compañía, sino que además por la falta de veracidad de las informaciones dadas por la Sra. Valenzuela a EFE. en efecto cada vez que ella informó el estado de la causa, lo hizo señalándonos que se encontraba pendiente el giro de dineros consignados por el SERVIU a favor de EFE. Jamás informó que un tercero había hecho valer supuestos derechos, ni menos que este había solicitado y obtenido el giro de los dineros pertenecientes a EFE. Nunca informó verazmente el estado de la causa, las presentaciones y resoluciones allí dictadas, pese a la importancia y cuantía del asunto encomendado, y pese a que todas y cada una de las resoluciones emanadas del Tribunal fueron notificadas por el estado diario y aparecían tanto en el sistema computacional de seguimiento de causas del tribunal.
La empresa sólo por terceras personas, a más de un año de haberse producido el giro de los dineros a que tenía derecho, y por razones fortuitas pudo finalmente conocer las circunstancias ya descritas, ignoradas y ocultadas por la hoy demandante.
Tras una larga y acuciosa investigación, donde se resguardaron los derechos de la actora, dejándola hacer sus descargos, finalmente se concluyó en la necesidad de solicitar su desafuero por la gravedad de sus faltas e incumplimientos, el daño causado y la vulneración a principios básicos como la lealtad, fidelidad y buena fe.
Todo lo anterior fue acreditado debidamente al punto que con fecha 22 de Junio de 2009 (sic) en la causa 0-519-2010, la jueza del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago doña ANGELICA PEREZ CASTRO concedió el desafuero solicitado, autorizando la desvinculación de la trabajadora Sra. Valenzuela Rodríguez.
La magistrado señala categóricamente en el considerando DECIMO de la sentencia referida: "Que de los hechos referidos se desprende que la trabajadora incumplió gravemente las obligaciones que impone el contrato, a saber ser abogado del área jurídica de la demandada, quien estaba obligada a desarrollar las tareas específicas inherentes a su cargo, según lo determine la reglamentación y su empleador, por cuanto el mismo no sólo obliga a aquello que las partes han establecido en aquel, sino además a las labores que son inherentes a la función que desempeñan como también a su contenido ético, que importa como ya se dijo no sólo aquello a lo que las partes expresamente han concurrido con su manifestación de voluntad, sino que también a aquellas obligaciones que devienen de la propia naturaleza de una relación de este tipo, como sería en el caso concreto aquellas asumidas en virtud de una representación judicial y el principio de buena fe contractual, hecho que reviste la entidad exigida por la ley, atendido la situación de que la actora habiendo tomado conocimiento de una situación irregular en la tramitación del proceso ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, no la puso en conocimiento de su superior jerárquico a quien debía dar cuenta en forma directa de su gestión, tan pronto tuvo conocimiento de ello, lo que ocurrió al menos en el primer semestre de 2009, quién sólo se enteró de aquello por intermedio de otras personas más de un año después de la ocurrencia de los hechos, lo que originó que a esta fecha el Serviu Metropolitano se encuentre desde hace más de un año en posesión material e inscrita de un inmueble tasado en más de $200.000.000 y que la demandante a la fecha no haya enterado en arcas fiscales tal suma de dinero." (Sic).
Es por todo ello que con fecha 22 de JUNIO de 2010, SE ACOGIÓ la demanda interpuesta por esta parte en contra de GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ y en consecuencia se autorizó a poner fin a su contrato de trabajo, sin derecho a indemnización alguna.
Contra dicho fallo, la entonces parte demandada - hoy demandante - interpuso Recurso de Nulidad con fecha 6 de JULIO de 2010. Este, además de lo infundado, fue sólo parte de una maniobra tendiente a permitir que la demandada pudiese presentar su renuncia de acuerdo a la estrategia diseñada por ella y su defensa.
Tal recurso hemos afirmado es parte de una maniobra tendiente a permitir con tiempo la renuncia de la actora, toda vez que se produce pocos días antes de la presentación de dicha renuncia de la actora a sus funciones. La falta de objeto y real voluntad de solicitar la nulidad del fallo de primera instancia, queda absolutamente demostrado, de momento que finalmente la misma parte recurrente - demandada en dichos autos y hoy demandante - terminó por desistirse de él el mismo día que iba a ser conocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
Así queda reflejado en resolución de 4 de Octubre de 2010 que indica "Vistos y oídos los intervinientes: Habiendo comparecido a estrados los abogados de ambas partes y habiéndose desistido la parte recurrente del recurso interpuesto y, a mayor abundamiento, habiendo sido aceptado tal desistimiento por la contraria, se tiene a la recurrente por desistida del recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de veintidós de julio de dos mil diez, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo".
Con esto queda absolutamente claro que la real finalidad del recurso de nulidad no era cuestionar el fallo de instancia, sino que ganar con ello el tiempo necesario para permitir que, dentro de la estrategia seguida por la demandada en dichos autos, la Sra Valenzuela presentara su renuncia, lo que ocurrió precisamente a los pocos días del fallo de instancia con fecha 15 de Julio de 2010, incluso antes que el recurso de nulidad fuese declarado admisible por la Iltma. Corte de Apelaciones, lo que ocurrió recién el día 3 de Agosto de 2010. Así, ya a la fecha de la declaración de admisibilidad del recurso, este carecía de objeto en atención a que la Sra. Valenzuela ya había renunciado a sus funciones. El recurso había cumplido ya su objetivo de impedir que la sentencia causara ejecutoria, no permitiendo por tanto que se cursara el despido de la Sra. Valenzuela y dilatar el tiempo suficiente para permitirle presentar su renuncia.
#6 · 16/Nov/2010, 17:52
4.- ARGUMENTACIONES DE HECHO Y DERECHO:
Como ya se ha indicado, EFE dispone desde el día 22 de Junio de 2010, de una sentencia definitiva laboral de desafuero sindical, que le autoriza expresamente a proceder al despido y poner término al contrato de trabajo en cuestión, en virtud de la causal del artículo 160 Nº 7, del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, la que legalmente no da derecho a indemnización.
Cabe hacer presente que la causal referida, conforme a lo expresamente estipulado en el Contrato Colectivo invocado por la actora y que sustenta su libelo, excluye la procedencia de la indemnización convencional contenida en la cláusula 15, del citado contrato.
4.1. CAUSAL DE TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO:
Encontrándose pendientes los efectos de la sentencia de desafuero indicada, con motivo de la interposición del recurso de nulidad de fecha 6 de Julio de 2010, doña Gricelda Valenzuela Rodríguez presentó renuncia voluntaria de fecha 15 de Julio de 2010. La causal referida es de aquellas que haría procedente el pago de la indemnización convenicional contenida en la cláusula 15 del Contrato Colectivo.
Este es un primer aspecto que SS. deberá tener en consideración, ya que si bien el desafuero otorgado autoriza al despido, no es el despido propiamente tal. Por ello es que el contrato no ha podido terminar de esa manera.
Tampoco puede desconocerse que la trabajadora en un evidente y desesperado intento de paralizar o hacer inútil el juicio de desafuero, e incluso la suerte o resultas de su propio recurso de nulidad  del que finalmente se desistió , intenta directamente perseguir por medio de la renuncia, el beneficio patrimonial aparejado a ella, representado por la indemnización del Contrato Colectivo.
De lo anterior, puede concluirse que la terminación del contrato de trabajo en el caso de la especie, se ha producido por renuncia, lo que no significa de modo alguno que ella haga necesariamente que sea aplicable a su respecto en su beneficio patrimonial la cláusula de la indemnización del Contrato Colectivo. Así las cosas, en ese específico punto  que no es de orden constitucional sino que una cuestión netamente del orden contractual  la renuncia está por entero sometida a los principios generales del ordenamiento laboral y civil.
4.2. EJECUCION DE BUENA FE DEL CONTRATO COLECTIVO, PROHIBICIÓN DEL FRAUDE A LA LEY Y DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.
Resulta indiscutido que el principio de ejecución de buena fe, contenido en el artículo 1.546 del Código Civil, es aplicable al contrato de trabajo, lo que en la jurisprudencia del orden laboral se ha construido bajo la nomenclatura del denominado contenido ético de la relación laboral.
En tal sentido, la Excma. Corte Suprema ha sentado el principio que en todo contrato de trabajo: "... se deben entender incorporadas a aquél las normas de honradez inherentes a toda actividad humana, aun cuando no exista texto expreso que así lo imponga, dado que la honradez no puede quedar sujeta a la existencia o no de una disposición expresa que la establezca.. ". .
En efecto, y de conformidad con el señalado precepto del orden civil, que resulta aplicable en materia laboral, no solo por lo dicho, sino que por constituir de manera innegable una parte esencial del espíritu general de la legislación, a decir del Art. 24 del Código Civil  el contrato no solo obliga a lo que éste expresa sino todo lo que emana de su naturaleza, acorde a las leyes que le son aplicables y las exigencias de la buena fe.
Dentro de esas leyes se entienden necesariamente incorporadas, como parte de la ejecución de buena fe, las reglas del desafuero de los artículos 174 y 243 del Código del Trabajo, cuyo contenido es esencialmente de protección de la actividad sindical y no son propias del juzgamiento del incumplimiento grave de obligaciones laborales, materia esta última regida por el artículo 160 Nº 7 del citado Código.
De otra parte, el Código Civil dispone claramente en su artículo 1.467 que: "No puede haber obligación sin una causa real y lícita", principio también aplicable al ordenamiento laboral, de lo que se concluye que para que sea legalmente procedente el pago de la indemnización que contempla la cláusula décimo quinta del Contrato Colectivo sub lite, debe reunir los requisitos de tener causa y ésta debe ser una causa lícita.
En el mismo, sentido expresa el artículo 1.445 del Código Civil, que para que una persona se obligue a otra en razón de un acto o declaración de voluntad, es necesario: "4º que tenga causa lícita".
Ahora bien, con la renuncia presentada por doña Gricelda Valenzuela Rodríguez al contrato de trabajo, ella lograba, mediante el sometimiento aparente a la figura, un efecto claramente pernicioso e indeseado por la ley, cual es obtener un provecho indebido a partir del propio dolo o malicia, en virtud de existir falta de causa o, en su defecto de una causa ilícita para que se le pague la indemnización que se reclama a EFE.
Estas maniobras o figuras ejecutadas por la abogada en cuestión, respetan la letra de la ley, pero violan su espíritu constituyendo la forma precisa de un fraude a la ley.
Desde antiguo y a lo largo de todas las épocas, la doctrina del Derecho Civil ha conocido y, a la vez, repulsado del fraude a la ley, como se advierte ya en los juristas clásicos del Derecho Romano, en los términos siguientes: Ulpiano afirma que "comete fraude a la ley el que hace aquello que si bien la ley no prohíbe, sin embargo, no lo quiere" y Paulo señala: "actúa en fraude a la ley quien, salvando sus palabras, esquiva su sentido".
El mismo Código Civil se refiere en su artículo 11 al problema del fraude a la ley y en su Mensaje hace clara conciencia del problema general que reportan ".. los abusos que introduce la mala fe, fecunda en arbitrios para eludir las precauciones legales".
Por su parte, en todo fraude el autor del mismo persigue producir un efecto prohibido valiéndose del empleo de otras figuras lícitas en sí, esto es, eludiendo el estatuto verdaderamente aplicable al acto o contrato realizado, asilándose en otro estatuto legal y tan solo en apariencia legítimo, pues provoca una infracción encubierta al estatuto eludido.
En tal sentido, don Víctor Vial del Río en su conocida obra sobre el Acto Jurídico, señala que existe fraude cuando se ejecutan "procedimientos en sí lícitos o en maniobras jurídicas a veces ingeniosas que tienen la apariencia de legalidad y que, sin embargo, permiten realizar lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena".
De este modo, el fraude a la ley es eminentemente un fraude legal, esto es, que se somete a la ley para precisamente perseguir su burla. Es conocido el adagio jurídico que se atribuye a Cicerón del "summum ius, summa iniuiria", o sea, "donde hay demasiado derecho, hay demasiada injusticia". A tal respecto, nos parece que los razonamientos esgrimidos en la demanda de cobro de indemnización de la trabajadora, en nuestra opinión, son un ejemplo palmario de argumentos puramente legalistas, pero sin una real sustancia o acogida en el derecho.
Respecto de los requisitos del fraude a la ley sostiene la doctrina que esta figura se verifica concurriendo los elementos siguientes: I) Actos jurídicos en sí lícitos (o, al menos, con apariencia de licitud, pues el fraude todo el corrompe), para distinguirlos de la violación manifestada o patente de la ley o también estos últimos, conocidos como actos contra legem; II) Existencia de una ley imperativa y/o prohibitiva defraudada; y III) Intencionalidad o elemento subjetivo.
En los hechos de la especie, ciertamente, estos elementos concurren pues:
i) la renuncia en si, constituye una figura lícita pero con ella, la trabajadora pretende eludir los efectos del desafuero ya declarado y en suspenso, con burla de los derechos sustantivos y procesales de EFE, bajo la legislación laboral;
ii) Existe adicionalmente a las reglas del desafuero sindical, que son obviamente prohibitivas, una ley prohibitivas adicional, que impide dar legitimidad a obligaciones sin una causa real y lícita (art. 1467 del Código Civil) y en general, se prohíbe asignar valor a los actos o contratos, cuando ellos se invocan con fraude o falta de causa y, por último,
iii) Hay en la aludida renuncia, una clara intencionalidad o ánimo defraudatorio, que en este caso resulta evidente, atendido que la trabajadora quiere  finalmente  excluir los efectos del desafuero ya declarado por sentencia definitiva en lo laboral.
Este ánimo defraudatorio se ampara en maniobras legales pero ilícitas, sin fundamento mayor que el ánimo de torcer la Ley. Ello queda reflejado palmariamente al advertir que, como parte de esta maniobra, la hoy demandante, en el juicio de desafuero, interpuso un Recurso de Nulidad con fecha 6 de Julio de 2010 que, sin perjuicio de lo infundado, tuvo sólo por objeto permitir dar lugar a otras maniobras también defraudatorias parte de una estrategia global.
De otro modo no puede explicarse que dicho recurso de nulidad se presente pocos días antes de la presentación de la renuncia de la actora a sus funciones y que en definitiva termine por ser absolutamente inconducente en razón del desistimiento que hizo la recurrente el mismo día que iba a ser conocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
Como se ha dicho, con esto queda absolutamente claro que la real finalidad del recurso de nulidad no era cuestionar el fallo de instancia, sino que ganar con ello el tiempo necesario para permitir que, dentro de la estrategia seguida por la demandada en dichos autos, la Sra. Valenzuela presentara su renuncia., lo que ocurrió precisamente a los pocos días del fallo de instancia con fecha 15 de Julio de 2010, incluso antes que el recurso de nulidad fuese declarado admisible por al Iltma. Corte de Apelaciones, lo que ocurrió recién el día 3 de Agosto de 2010. Así, ya a la fecha de la declaración de admisibilidad del recurso, este carecía de objeto en atención a que la Sra. Valenzuela ya había renunciado a sus funciones. El recurso había cumplido ya su objetivo de impedir que la sentencia causara ejecutoria, no permitiendo por tanto que se cursara el despido de la Sra. Valenzuela y dilatar el tiempo suficiente para permitirle presentar su renuncia. Es por ello que después, cumplido tal ilegítimo objetivo, simplemente se desistió del Recurso de Nulidad interpuesto.
Pretende obtener la Sra. Valenzuela con estas maniobras torcidas y fraudulentas un provecho patrimonial o enriquecimiento ilícito o sin causa que, en este estado de cosas, resulta absolutamente ilegítimo pues se extrae a partir de su propia conducta dolosa, su burla a los derechos emanados del proceso de desafuero y el sometimiento a la justicia, lo que repugna a los más elementales criterios y principios del ordenamiento vigente. SS. debe actuar como dique de contención a tales cuestionables objetivos, rechazando esta demanda.
Por último, citamos las preclaras palabras que en este sentido se pronuncia don Fernando Fueyo Laneri en su artículo "El Fraude a la Ley", revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo LXXXVIII, Nº 2, Año 1991, quien explica los alcances de la figura en comento, en los términos siguientes:
"Debe empezarse por remarcar algo que resulta importantísimo en el tratamiento del fraude a la ley, aplicable no solo a la hipótesis determinada de acto o contrato. En la configuración de esta materia es esencial y preponderante considerar el ordenamiento jurídico como un todo, con variedad de normas, existiendo en ciertos casos al menos dos capaces de regular la relación jurídica respectiva.
Por lo mismo, es reputada fraudulenta la sumisión a una norma llevada a cabo con el propósito de obtener un resultado prohibido o, al menos, imperativamente contrario al conjunto o sistema del ordenamiento, obrándose al respecto a despecho de la norma o normas que debieron regir naturalmente.
Tomando el camino de una decisión, si frente a la norma elegida aparece otra tratada de eludir, deberá aplicarse esta última. A la ficción creada artificialmente, con un deliberado propósito fraudulento y con aprovechamiento de sus consecuencias, se tendrá que responder corriendo el velo y alumbrado la verdad, la legalidad, la defensa del orden público y otros conceptos y valores determinados, la licitud, la conducta con arreglo a la corrección, la moralidad.
De lo expuesto se desprende que la consecuencia que se produce no queda circunscrita a la ineficacia o nulidad del acto o contrato a través del cual se pretendió logra un resultado fraudulento y provechoso, sino que ha de comprender, también la efectiva aplicación de la norma debida que se encuentra comprendida, mediante la búsqueda e interpretación inteligentes, en el conjunto o sistema del ordenamiento; reitero, aunque no queden excluidas ciertas consecuencias anulatorias.
a) El acto o contrato que aparece celebrado conforme a una normativa impropia por elección con fraude, dejará de estar regida por aquélla.
b) Se estimará que el acto subsiste, como sano, pero regido por otra normativa, la debida. Alternativamente, se declarará ineficaz o nulo dicho acto contrato fraudulento en el evento de no poder subsistir con válido por aplicación de las reglas generales.".
#7 · 16/Nov/2010, 18:04
4.3. PROFUNDIZACIÓN EN EL FRAUDE A LA LEY Y SUS CONSECUENCIAS.
Esta parte ha señalado que el proceder de la actora y en especial su renuncia debe enmarcarse dentro de la figura del fraude a la ley y el abuso del derecho. Tal renuncia no debe ser admitida en cuanto a los efectos ilegítimos que persigue, esto es, la obtención de la indemnización convencional pactada en el contrato colectivo, por cuanto ha habido abuso de derecho y fraude a la ley.
Si bien ninguna de estas figuras se encuentra recogida en detalle normativamente por nuestro ordenamiento - salvo los articulados precitados- , en una concepción del Derecho que lo concibe como un conjunto de normas y principios, en la que estos últimos tienen una innegable función prescriptiva (se traducen en mandatos, permisiones y prohibiciones), se la debe reconocer para superar las deficiencias del formalismo jurídico que postula - erradamente - que el sistema de reglas predetermina la solución de todos los casos, sin que para la solución de esos casos sea necesario jamás la ponderación de razones fundadas en valores del ordenamiento, por parte del juez.
La aceptación de que en el orden normativo se contemplan ilícitos bajo tales figuras, supone entonces reconocer conflictos que se definen por la defraudación de un principio o valor del sistema jurídico y que tal ilícito se materializa precisamente recurriéndose a actos formalmente válidos que normalmente se ajustan a permisiones justificadas por el legislador, pero que "en determinados casos presenten propiedades no previstas por el legislador, (y pueden caer) fuera del alcance justificativo de los principios que justifican esas permisiones (ATIENZA "Ilícitos Atípicos", 2006).
En otros términos, se trata de acciones, prima facie permitidas, por constituir casos de ejercicio de un derecho, pero que resultan sin embargo prohibidas por abusivas y por defraudas un principio. Los principios - en condiciones de aplicación determinadas -, entonces actúan como límites a la permisión de la regla y a sus consecuencias.
De lo anterior, se colige que es un presupuesto fáctico en las instituciones que se invocan (abuso y fraude) la validez del acto respecto del que se postula - por infracción a un principio o valor del ordenamiento jurídico.
Queda excluida entonces de la cuestión fáctica, cualquier extremo relativo a la existencia o procedencia de la renuncia de la Sra. Valenzuela, radicando la controversia en dicho ámbito y posterior pronunciamiento en derecho, sobre las condiciones que justifican negarle eficacia a dicho acto jurídico, en la especie la renuncia de la actora y procedencia de las indemnizaciones demandadas.
Es por ello que ATIENZA señala que "el uso de un poder normativo en condiciones tales que ese uso resulta prohibido, o con alcance asimismo prohibido determina no la inexistencia del resultado (lo que podemos llamar nulidad constitutiva), sino su irregularidad (lo que podemos llamar su nulidad regulativa), lo que implica - salvo en el caso de los órganos de última instancia - que un órgano de control tiene el deber de anularlo o en todo o en parte (según el alcance de la irregularidad)".
Así, el desafío para SS. será el indagar no acerca de la validez o procedencia de la renuncia de la actora, sino que si existen - como lo postula esta parte - condiciones o antecedentes que justifiquen estimar que la misma ha sido cursada en fraude a la ley y abuso del derecho, ajena a una real voluntad de renunciar y únicamente para proveerse de indemnizaciones improcedentes. Ello justificaría negarle eficacia a tal renuncia respecto de sus efectos jurídicos normales, en la especie, la procedencia de las indemnizaciones convencionales demandadas.
En efecto, los hechos descritos por esta parte en el punto número 2 de esta contestación, así como aquellos reconocidos por la propia demandante en su libelo, dejan ver la verdadera finalidad de renuncia fue la de defraudar la ley. La propia cronología de los hechos - sentencia que otorga desafuero por incumplimiento grave, recurso de nulidad, renuncia, admisibilidad del recurso y desistimiento del mismo para ante la Iltma. Corte de Apelaciones - impone concluir que en los hechos no se advierte ninguna voluntad real de la actora con miras a una renuncia efectiva. De hecho en el propio juicio o-519-2010 (ingreso en Corte 968-2010) al declarar ella misma manifiesta una voluntad en contrario. Esta simulación ("disconformidad entre la voluntad real y aquella declarada") con fines evidentemente defraudatorios es la que SS. está llamado a develar y sancionar.
4.4. INTERES O DERECHO LEGITIMO.
Como SS. sabe, es presupuesto necesario de toda demanda por amparo jurisdiccional, la invocación de un interés o derecho legítimo, esto es, que sea reconocido por el ordenamiento.
Tal reconocimiento, en un sistema normativo que se reconoce regido por normas y principios, no se agota en una cuestión puramente formal como podría ser la procedencia de la presentación de la renuncia por parte de la actora o bien su contenido, debiendo tenerse presente el uso instrumental desviado que se le pretende dar.
4.5. DE LA ACERTADA INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA DECIMOQUINTA DEL INSTRUMENTO COLECTIVO QUE OTORGA LA INDEMNIZACIÓN RECLAMADA.
La cláusula decimoquinta del contrato colectivo invocado por la actora para reclamar la indemnización que pretende, efectivamente establece el derecho para el trabajador que renuncia voluntariamente a su trabajo, a percibir una indemnización con motivo de dicha terminación.
Sin embargo, dicha cláusula establece una excepción que SS. en su calidad de intérprete de la misma, deberá tener en cuenta al resolver el asunto controvertido. Precisamente, dicha excepción, es el haber incurrido el trabajador que pretende dicha indemnización en cualquiera de las causales del artículo 160 del Código del Trabajo.
Como ya se ha expuesto previamente, hoy existe una sentencia firme, dictada en los autos RIT 0-519-2010 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ha establecido una verdad procesal inmodificable, cual es, que la demandante de estos autos, incurrió en la causal del Nº 7 del Artículo 160 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Y dicho incumplimiento, se verificó y fue hecho valer por esta parte en el juicio de desafuero, con anterioridad a que la trabajadora presentara la renuncia en la cual funda su acción.
Así las cosas, y haciendo una acertada interpretación de las normas contractuales, conforme los preceptos establecidos en los artículos 1560 y sgtes. del Código Civil sobre interpretación de los contratos, SS. deberá declara en la sentencia definitiva, que la actora, al haber incurrido en la causal de caducidad establecida en el Nº 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, no tiene derecho a las indemnizaciones que pretende en su demanda.
Conforme a lo expuesto en los acápites precedentes, es posible arribar a las siguientes conclusiones:
1.- La terminación del contrato de trabajo, se ha producido por renuncia de la trabajadora. Tal decisión que contraria la voluntad real de la Sra. Valenzuela, es parte de un diseño mayor, una estrategia defraudatoria;
2.- Los efectos que esa renuncia produzca en el Contrato Colectivo, constituyen una cuestión del orden laboral y civil, que debe quedar sometida a los principios de la ejecución de buena fe del contrato, la prohibición del fraude a la ley y del enriquecimiento sin causa o ilícito.
3.- En la especie, concurren en la renuncia elementos típicos de una maniobra ingeniosa y calculada que, sometiéndose formalmente a la ley, lo que pretende es violentar su espíritu y precaverse tanto de una herramienta que hace ilusorios los derechos sustantivos y procesales de EFE en el juicio de desafuero, además de perseguir un pago o beneficio indemnizatorio, por medios ilegítimos, reñidos con la buena fe que debe imperar en la ejecución y cumplimiento del contrato.
4.- No es posible reconocer en la renuncia tantas veces mencionada, más que un cumplimiento formal de una o prerrogativa que constituye un estado de situación (término de relación laboral) que genera efectos jurídicos (pago de indemnizaciones), pero se impone negar frente a terceros (empresa) los efectos previstos por el legislador y por las partes contratantes en el contrato colectivo, para aquellos casos donde - como en la especie - ha existido un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, según lo ha declarado un Tribunal de la República;
5.- SS. deberá advertir que esta renuncia se aparta de la fidelidad legítima prevista por el legislador para servir un propósito ajeno, cual es valerse de un argumento para reclamar indemnizaciones vedadas en razón de los graves incumplimientos contractuales de la demandante, defraudando valores jurídicos reconocidos por nuestro ordenamiento.
Ante esto la demandante carece de un título legítimo que la provea de acción y que sustente su reclamo de las indemnizaciones demandadas. Con su pretendida renuncia - que contraría su propia voluntad y tuerce la ley - se vulnera también la prohibición que - en el nivel de los principios - contempla el ordenamiento de beneficiarse de las consecuencias o efectos de conductas dolosas.
6.- Por todas las argumentaciones de hecho y derecho y por los antecedentes planteados, especialmente los principios que informan nuestro ordenamiento jurídico, SS. no puede sino rechazar la demanda interpuesta, con costas.
Y en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 452 y siguientes del Código del Ramo, además de los señalados en el cuerpo del presente escrito, Ruego a SS. tener por contestada la demanda, y en definitiva, rechazarla en todas sus partes por infundada e improcedente, declarando que la renuncia presentada por la actora no le otorga derecho a percibir la indemnización que pretende en su demanda. Con costas conforme se ha dicho precedentemente.
PRIMER OTROSI: Acompaña documento.
Tres Firmas ilegibles.
Juicio Luis Salgado Incumplimiento contrato laboral EFE
26/Jul/2010, 16:16
Ferroviarios_Activos 2 591 29/Jul/2010, 12:07
Inmobiliaria Nueva Vía S.A. INVIA Termino de Contrato con EFE
17/Nov/2008, 11:30
el-mastike 2 2k 21/Nov/2008, 22:58

References: artículo 159
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 106
 artículo 174
 artículo 63
 artículo 433
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 452
 Resolución 
 resolución 
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 160
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 11
e contrario
 artículo 160
 Artículo 160
 artículo 160