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Timestamp: 2018-08-21 01:57:42+00:00

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﻿ AUTO AL4749-2016/66586 DE JUNIO 15 DE 2016
AUTO AL4749-2016 DE 15 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:RECURSO DE REVISIÓN NO PROCEDE CONTRA SENTENCIA DICTADA EN ACCIÓN DE TUTELA. SE RECUERDA QUE EL MENCIONADO RECURSO SE RECHAZARÁ POR IMPROCEDENTE CUANDO: I) SE FUNDAMENTA EN NORMAS PROCEDIMENTALES QUE NO RESULTAN APLICABLES, CUANDO EXISTE NORMATIVIDAD ESPECÍFICA EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE LO REGULAN, DEPENDIENDO DEL CASO EN CONCRETOII) Y, CUANDO SE HA PUNTUALIZADO QUE EL MISMO NO PROCEDE CONTRA SENTENCIAS PROFERIDAS EN EJERCICIO DE UNA ACCIÓN DE TUTELA, TODA VEZ QUE EL D. 2591/ 1991, ARTS. 33, 34 Y 35, PREVÉ QUE ÉSTAS PODRÁN IMPUGNARSE, Y EN TODO CASO, DEBERÁN SER REMITIDAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO NORMADO POR LA CN. ART. 241-9, DE DONDE PALMARIAMENTE SE EVIDENCIA QUE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL, TALES DECISIONES, TIENEN SU PROPIA REVISIÓN, QUE SE SURTE ANTE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA, JURISDICCIÓN LABORAL, EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, RECURSO DE REVISIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE REVISIÓN
Auto AL4749-2016/66586 de junio 15 de 2016
Rad. 66586
Bogotá, D. C., junio quince de dos mil dieciséis.
Decide la Corte sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto por José Lizardo Valdés Murillo, en nombre propio, contra la providencia de 14 de mayo de 2014, dictada por esta Sala de Casación Laboral, dentro de la acción de tutela instaurada por el recurrente, contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
El 9 de junio de 2014, José Lizardo Valdés Murillo en nombre propio, presentó recurso de revisión «con fundamento en la causal octava del Art 180 (sic) del C.P.C.», contra el fallo de tutela proferido por esta Sala de la Corte, el 14 de mayo del mismo año, dentro de la acción de amparo que instauró contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Como fundamento del recurso, indicó en resumen, que adelantó proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, dentro del cual el Juzgado Once Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá profirió sentencia de primer grado, reconociéndole su calidad de beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el incremento pensional del 14% por personas a cargo; decisión que fue apelada por la parte demandada y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la revocó en su totalidad, razón por la que instauró acción de tutela pues consideró que el citado Tribunal vulneró sus derechos fundamentales con la determinación de segunda instancia, al no tener en cuenta que era beneficiario del régimen de transición y no darle dado aplicación al Acuerdo 49 de 1990.
Adujo que esta Sala de Casación Laboral, el 14 de mayo de 2014, negó el amparo constitucional deprecado, al considerar que la tutela resultaba improcedente contra sentencias judiciales, «salvo que con las actuaciones y omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente derechos de estirpe constitucional» y porque no cumplía con el requisito de inmediatez; decisión con la cual cree se siguen vulnerando sus derechos fundamentales, por lo que ahora pretende la revisión de ese fallo de tutela, con el fin de que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida dentro del citado proceso ordinario laboral.
El recurso extraordinario de revisión aquí instaurado se rechazará por improcedente, en primer lugar, por cuanto el recurrente lo fundamenta en normas del procedimiento civil que no resultan aplicables al caso, por existir normatividad específica en materia laboral y de la seguridad social que lo regulan y, en segundo lugar, porque esta Corporación, ha puntualizado que el mismo no procede contra sentencias proferidas en ejercicio de una acción de tutela, toda vez que el Decreto 2591 de 1991, artículos 33, 34 y 35, prevé que éstas podrán impugnarse, y en todo caso, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo normado por la CN artículo 241-9, de donde palmariamente se evidencia que por disposición constitucional y legal, tales decisiones, tienen su propia revisión, que se surte ante la jurisdicción constitucional, tal como lo reseñó en el proveído de fecha 18 de agosto de 2012, Rad. 43583:
Como el recurso extraordinario de revisión se formula frente a sentencia proferida dentro de una acción de tutela, debe advertirse que el artículo 86 de la Constitución Política consagra dicha acción como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o se encuentren amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares, en los casos expresamente señalados por la ley, y que “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Delimitado así el ámbito constitucional y legal de la acción de tutela, y el medio idóneo de la eventual revisión, corresponde precisar que ese mecanismo es distinto del recurso extraordinario de revisión, consagrado en el artículo 28 de la Ley 712 de 2001, que modificó el 62 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el que, según lo previsto en el artículo 30 idem, procede “contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios”(…).
Así las cosas, resulta claro que el recurso extraordinario de revisión solo procede contra sentencias dictadas en procesos ordinarios, no en acciones de tutela, cuando quiera que se pretendan esgrimir las causales de que trata el artículo (L. 712/2001, art. 31).
Por lo anteriormente expresado, la Sala rechazará por improcedente el recurso extraordinario de revisión propuesto por José Lizardo Valdés Murillo. No hay lugar a imponer la sanción de que trata el artículo 34 de la Ley 712 de 2001.
RECHAZAR por improcedente la demanda de revisión presentada por José Lizardo Valdés Murillo, y ordenar la devolución de la misma y de sus anexos al peticionario.

References: artículo 36
 artículo 241
 artículo 86
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 34