Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-f-j-l-p-i-t-as-15354777
Timestamp: 2020-02-23 10:47:14+00:00

Document:
STC 207/1998, 26 de Octubre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354777
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.400/1995
1. Hemos declarado que, desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., la interpretación y aplicación de las reglas que regulan las causas de inadmisión de los recursos llevada a cabo por los Jueces y Tribunales sólo puede ser objeto de control constitucional por parte de este Tribunal desde el canon del error patente, la arbitrariedad o la manifiesta irrazonabilidad. Por el contrario, cuando se trata del acceso a la jurisdicción, la vinculación del Juez «ex» art. 24.1 C.E. es más intensa aquí, siendo de plena aplicación el principio de interpretación «pro actione» entendido, no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles normas que la regulan -ya que esta exigencia llevaría al Tribunal Constitucional a entrar en cuestiones de legalidad procesal que corresponden a los Tribunales ordinarios-, sino «como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (STC 88/1997, fundamento jurídico 2.o). En el presente caso, la inadmisión no afecta únicamente al acceso a los recursos sino al acceso a la jurisdicción, con lo que opera plenamente el principio interpretativo «pro actione», de modo que no sólo debemos indagar si la decisión de archivo está incursa en error patente, es arbitraria o manifiestamente irrazonable, sino si por su rigorismo resulta desproporcionada [F.J. 3]. 2. La decisión del Juzgado de lo Social de archivar la demanda de despido se apoyó formalmente en la causa contenida en el art. 81.1 L.P.L. que así lo prevé si no se subsanan los defectos, omisiones o imprecisiones advertidos tras el correspondiente requerimiento judicial. Ahora bien, puesto que los recurrentes alegan ante este Tribunal que con la redacción de un nuevo suplico subsanaron en debida forma el defecto advertido por el órgano judicial, debemos enjuiciar si la resolución recurrida resulta desde la perspectiva del art. 24.1 C.E. una respuesta desproporcionada, teniendo en cuenta la índole del defecto y el cierre del proceso que llevó aparejado. A tal efecto, debe destacarse que la nueva redacción del suplico permitía deducir con meridiana claridad cuál era el contenido de la responsabilidad que demandaban, la readmisión o el pago de las indemnizaciones correspondientes y, en ambos casos, el abono de los salarios de tramitación, y cuál era la razón por la que se demandaba, y que no era otra que la de que, en su caso, se declarasen las responsabilidades que pudieran derivarse de la eventual declaración de nulidad o improcedencia del despido, dado que el art. 44 E.T. establece una responsabilidad solidaria en los casos de sucesión de empresa por un período de tres años respecto a las obligaciones laborales pendientes en el momento de la transmisión. Es de hacer notar, además, que los recurrentes le manifestaron al Juzgado la posible vinculación entre algunas de tales empresas, siendo evidente su intención de evitar que la demanda contra una de ellas impidiese, en su caso, solicitar las correspondientes responsabilidades a las empresas anteriores que también pudieran serlo [F.J. 5]. 3. Si desde la perspectiva constitucional la finalidad del trámite de subsanación debe ser la garantía de la admisión de la demanda, asegurando que concurren todos los requisitos esenciales para poder proceder al debate de la cuestión y a su resolución sobre el fondo, es claro que, desde esa perspectiva, la demanda de los recurrentes permitía con creces este debate y su resolución por el Juzgado. Dicho con las palabras de nuestra STC 118/1987 «... no puede atribuirse la cualidad de defectos insalvables a lo que, en relación con el supuesto concreto debatido, pueda estimarse que son cuestiones de fondo, cuya acogida o rechazo proceda sólo en la Sentencia tras el oportuno debate contradictorio, que pueda celebrarse sin vicio alguno por no faltar en la demanda sus elementos esenciales» (fundamento jurídico 3.o). En definitiva, la trascendencia del supuesto defecto sobre el que el Juzgado fundó su decisión de archivar la demanda podía proyectarse en la fase del debate procesal, pero no en la de la admisión de la demanda, puesto que la finalidad del trámite de subsanación se encontraba cumplida, en tanto aquélla contenía todos los elementos para abordar la cuestión litigiosa y el debate procesal sobre ella resultaba posible, como reconoce el propio Servicio Navarro de Salud en su escrito de alegaciones [F.J. 5]. 4. En definitiva, la decisión del Juzgado de archivar la demanda aparece, desde la perspectiva constitucional, desproporcionada y rigorista, en tanto aquélla contenía todos los elementos esenciales para poder ser tramitada, sin que sufriera la integridad objetiva del proceso ni el derecho a la defensa de las partes, todo ello con independencia de las responsabilidades que en su momento declarase el órgano judicial, una decisión sobre el fondo de la que los recurrentes se han visto injustificadamente privados, con vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva [F.J. 7].
Sentencia citada en: 803 sentencias, 13 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2.400/95, promovido por don Buenaventura A. U. don Emilio I. M. don José Antonio L. M. don Miguel A. L. M. don José Luis M. M. don Vicente P. M. don Rafael M. M. P. don Félix M. M. P. don Jesús T. P. J. don Javier S. B. y don Francisco J. V. P. representados por la Procuradora de los Tribunales doña Sara Gutiérrez Lorenzo y asistidos por la Letrada doña Arazeli Markotegui Arbizu, contra Auto del Juzgado de lo Social núm. 3 de Navarra, de 8 de mayo de 1995, y contra providencia del mismo Juzgado, de 24 de mayo de 1995. Han comparecido el Ministerio Fiscal, el Servicio Navarro de Salud, representado y asistido por el Letrado don Francisco Negro Roldán, y «Etralux, S.A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 28 de junio de 1995, la Procuradora de los Tribunales doña Sara Gutiérrez Lorenzo interpuso, en nombre y representación de don Buenaventura A. U. don Emilio I. M. don José Antonio L. M. don Miguel A. L. M. don José Luis M. M. don Vicente P. M. don Rafael M. M. P. don Félix M. M. P. don Jesús T. P. G. don Javier S. B. y don Francisco J. V. P. recurso de amparo contra las resoluciones de las que se hace mérito en el encabezamiento.
a) Según se desprende de la demanda por despido con la que se inició el procedimiento judicial, los recurrentes habían venido prestando servicios de mantenimiento en las instalaciones del Hospital Reina Sofía de Tudela, del Servicio Navarro de Salud -Osansubidea-, bajo la cobertura de sucesivos contratos temporales que los vincularon a las distintas empresas adjudicatarias de dicho servicio que se fueron subrogando en él, así como cuando el propio Hospital asumió aquél. La última de las empresas adjudicatarias («Huguet, S.L., de Electricidad») se negó a mantener a los entonces actores en sus puestos de trabajo, lo que motivó la correspondiente reclamación de aquéllos por despido, entendiendo que resultaba de aplicación lo dispuesto en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, E.T.) por haberse producido una sucesión de empresa. Los trabajadores dirigieron su demanda contra las diversas empresas que se habían sucedido en la contrata («Gibesa», «Cles de Mantenimiento Integral, S.A.», «Eulen, S.A.», «Bacer, S.A.», «Etralux, S.A.», y «Huguet, S.L., de Electricidad»), así como contra el Servicio Navarro de Salud-Osansubidea y el organismo autónomo Servicio Regional de Salud-Hospital Reina Sofía de Tudela.
c) En cumplimiento del requerimiento del Juzgado y mediante escrito registrado en éste el día 5 de mayo de 1995, los actores procedieron a subsanar los defectos, haciendo constar en aquél la fecha de efectos del despido y la antigüedad de los actores y aportando el apoderamiento apud acta del representante; desistieron de su demanda contra el mencionado organismo autónomo, así como contra la empresa «Gibesa» y acompañaron la relación de contratos de cada uno de los trabajadores con las empresas demandadas.
Asimismo, incorporaron una nueva redacción del suplico en la que la anterior relación de demandados se sustituía por otra en la que se especificaba que la demanda se dirigía contra las empresas «Bacer, S.A.» y «Etralux, S.A.» como últimas adjudicatarias de la contrata de mantenimiento del Hospital Reina Sofía; contra «Huguet, S.L.», como adjudicataria actual del mantenimiento; contra «Cles de Mantenimiento Integral de Electricidad, S.A.» y «Eulen, S.A.», por haber sido las adjudicatarias hasta 31 de marzo de 1992; finalmente, contra el Servicio Navarro de Salud (Osansubidea), en tanto titular del Hospital de Tudela, por las responsabilidades que pudieran derivarse de lo dispuesto en el art. 44 del E.T. Por lo demás, mantenían la solicitud de que el despido se declarase nulo o, subsidiariamente, improcedente, y la de la condena a las demandadas a que readmitieran a los actores en las condiciones anteriores a producirse el despido o al abono de la indemnización que fijase el Juzgado. En relación a esta última cuestión, los demandantes aclaraban que la empresa «Cles de Mantenimiento Integral, S.A.» y «Eulen, S.A.» habían tenido el mismo domicilio que se expresaba, y que «Bacer, S.A.» y «Etralux, S.A.» tenían el mismo número de identificación fiscal, de la Seguridad Social como empresa y centro de trabajo, así como que en las nóminas de «Etralux» se hacía constar una antigüedad que coincidía con la fecha en que comenzaron a prestar servicios en «Bacer, S.A.».
d) Por Auto, de 5 de mayo de 1995, el Juzgado ordenó el archivo de la demanda con base en el art. 81 L.P.L., en tanto «(...) la parte demandante no ha dado cumplimiento a lo pedido en la resolución de fecha 15 de abril de 1995, al no expresar la responsabilidad de cada demandada en el suplico».
e) El Auto fue recurrido en reposición por los actores, mediante escrito registrado en el Juzgado el 23 de mayo. Manifestaban en él cómo, a su juicio, se había subsanado el defecto mencionado, en tanto la responsabilidad de cada una de las demandadas quedaba definida por lo dispuesto en el art. 44 E.T., cuya literalidad reproducían en el escrito y de la que se desprende que el cambio de titularidad de la empresa no determina por sí misma la extinción de la relación laboral, sino que el nuevo empresario queda subrogado en los derechos y obligaciones del anterior, respondiendo ambos solidariamente y durante tres años de las obligaciones laborales surgidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. Poniendo en relación el citado precepto con el caso, los demandantes estimaban que cabía determinar claramente la responsabilidad de las empresas: La de «Huguet, S.L.», como última adjudicataria, que era la que se había negado a mantener a los actores en su puesto de trabajo y sobre la que, en consecuencia, habría de recaer la obligación de readmitir o indemnizar si el despido se declaraba nulo o improcedente; la de las demás empresas porque habían contratado a los trabajadores durante los tres años anteriores al despido, por lo que podían tener responsabilidades de las que deberían responder a tenor del art. 44 E.T.; y el Servicio Navarro de Salud puesto que, siendo el titular del servicio, sería responsable y debería readmitir caso de que la contrata quedase sin efecto y no se produjera una nueva adjudicación.
f) Por providencia, de 24 de mayo de 1995, el Juzgado de lo Social acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 377 L.E.C., que no había lugar a proveer sobre el recurso de reposición, al no haberse citado el precepto que se consideraba infringido, indicando que contra esta nueva resolución no cabía recurso alguno.
En relación a la primera de las disposiciones, alegan que la decisión de tener por no subsanado el defecto consistente en no determinar en el suplico la responsabilidad de cada una de las empresas demandadas, les ha producido indefensión y ha lesionado su derecho a la tutela judicial, ya que si bien es cierto que sobre la parte demandante recae la carga procesal de determinar la legitimación pasiva de la parte demandada y que tal voluntad no puede ser suplida por el órgano judicial (según ha mantenido el Tribunal Constitucional en su STC 101/1993), entienden que del suplico que se proponía en el escrito de subsanación de la demanda, así como del contenido del escrito inicial, se deducían claramente tanto los sujetos contra los que se dirigía aquélla como la responsabilidad de cada una de las empresas, que podía definirse al haberse manifestado que se aplicara lo dispuesto en el art. 44 E.T. Como ya hicieran los recurrentes ante el Juzgado de lo Social, reproducen dicho precepto y reiteran que la responsabilidad laboral establecida en él cuando se producen cambios de titularidad de la empresa, aplicada al caso, justificaba la demanda contra «Huguet, S.L. de Electricidad» como última adjudicataria de la contrata y empresa que denegó el derecho de los trabajadores a continuar prestando servicios, así como frente a las anteriores, que se habían sucedido en aquélla durante los tres años previos al despido, y el Servicio Navarro de Salud como titular de aquél y que podría resultar responsable para el caso de que la contrata quedara sin efecto.
En segundo lugar, solicitan el amparo frente a la providencia del mismo Juzgado que declaró no haber lugar a resolver el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior por no haberse citado el precepto infringido, tal como dispone el art. 377 L.E.C. Invocan la doctrina constitucional sobre la interpretación de los requisitos formales desde la efectividad del derecho a la tutela judicial (citan y reproducen parcialmente nuestras SSTC 175/1988, 109/1991 y 18/1993), insistiendo en que tales formalidades procesales, según dicha doctrina, no pueden ser entendidas como obstáculos encaminados a dificultar el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, ni interpretadas de modo desproporcionado respecto a las finalidades para las que se establecen, teniendo en cuenta las consecuencias que se derivan de ello. En su caso, entienden que la falta de cita de la norma infringida no suponía una infracción de garantías sustantivas del proceso que perjudicaran la identidad objetiva de aquél o las expectativas legítimas de la contraparte, pues en el escrito se manifestaba que se interponía recurso de reposición y de su contenido se deducía claramente que lo combatido era la decisión de tener por no subsanada la demanda, así como la alegación que se hacía de la inobservancia del art. 24.1 C.E.
4. La Sección Cuarta por providencia de 15 de abril de 1996, y al amparo de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder a los demandantes y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para formular alegaciones en relación a la posible causa de inadmisión consistente en carecer la demanda de contenido que requiriese una resolución de fondo por parte del Tribunal Constitucional [art. 50.1 c) LOTC]. Asimismo, se requirió a los demandantes para que acreditasen la representación de la Procuradora Sra. Gutiérrez Lorenzo, mediante los correspondientes poderes notariales o apud acta otorgados en este Tribunal.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de mayo de 1996, los recurrentes alegan contra la referida causa de inadmisión de la demanda. En primer lugar, reiteran que la demanda judicial por despido tenía por objeto dilucidar si, a tenor de lo dispuesto en el art. 44 E.T., se había producido o no una sucesión de empresas y si, como consecuencia de ello, la decisión adoptada por la última adjudicataria del servicio de mantenimiento («Huguet, S.L. de Electricidad») en el sentido de no mantener en vigor los contratos de trabajo de los actores constituía un despido nulo o, en su caso, improcedente. Siendo éste el objeto de litigio, era preciso también tener en cuenta que, según dispone el art. 80.1 b) L.P.L., la demanda debía dirigirse igualmente contra todos aquellos interesados en el proceso, invocando la doctrina según la cual por tales deben entenderse todas las personas que puedan resultar afectadas por el pronunciamiento que recaiga, debiendo evitarse no sólo la indefensión que supondría tal afectación sin haber tenido oportunidad de ser oídos en el proceso, sino también la de abrir eventualmente un nuevo procedimiento que, en su caso, aboque a una decisión contradictoria.
7. La Sección Cuarta por providencia de 17 de junio de 1996, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como requerir al Juzgado de lo Social núm. 3 de Navarra la remisión del testimonio de las correspondientes actuaciones, interesando al tiempo el emplazamiento para comparecer, si así lo deseaban, de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de los recurrentes.
8. La Sección Cuarta por providencia de 10 de octubre de 1996, acordó tener por personados y parte en el procedimiento de amparo al Servicio Navarro de Salud, representado por el Letrado de la Comunidad Foral de Navarra don Francisco N. R. y a la empresa «Etralux, S.A.», representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén. Igualmente, se acordó conceder un plazo común de veinte días a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
9. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 6 de noviembre de 1996, los recurrentes comienzan precisando que la lesión que reprochan al Auto del Juzgado de lo Social no es la de declarar la caducidad de la acción por despido -en clara referencia a lo manifestado por el Fiscal en su escrito de alegaciones al cumplimentar el trámite del art. 50.3 LOTC-, sino la de no tener por subsanado un defecto que, a su juicio, se había cumplimentado sobradamente teniendo en cuenta que los demandantes habían suministrado toda la información que poseían sobre las empresas a las que podía afectar la decisión judicial que hubiera de recaer. Reiteran los recurrentes que ellos ignoraban las relaciones reales e internas entre las distintas empresas como para determinar en el escrito de la demanda la responsabilidad que imputaban a cada una, una responsabilidad que, insisten, sólo podía determinarse en el acto del juicio y a través de la correspondiente prueba, ilustrando sus afirmaciones con la referencia a un procedimiento anterior en el que, demandada la última empresa adjudicataria («Huguet, S.L.»), se había declarado judicialmente la responsabilidad también de la anterior («Etralux, S.A.»), lo que evidencia, según los recurrentes, la imposibilidad de determinar con carácter previo las supuestas responsabilidades. Por ello se llamó al proceso a todas aquellas empresas a las que pudiera afectar la cuestión debatida, dejando para el momento del juicio y, posteriormente, a la decisión del Juzgador, la determinación de las estrictas responsabilidades que a cada una pudieran o no corresponderle, puesto que en cualquier caso, las que los demandantes fijaran en la demanda no vinculaban al órgano judicial en sus conclusiones.
Por todo ello reiteran que la decisión de aquél de archivar la demanda por no haber especificado la responsabilidad de cada empresa no es más que un puro formalismo, no determinante de la respuesta sobre el fondo del asunto, que ha impedido ésta con la consiguiente vulneración del art. 24.1 C.E.
10. Por escrito registrado en este Tribunal el día 14 de noviembre de 1996, el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén expone, en nombre y representación de la empresa «Etralux, S.A.», las alegaciones con las que esta entidad propone la desestimación del recurso de amparo. La empresa no discute, antes bien afirma, que el art. 81 L.P.L. obliga al órgano judicial a advertir a la parte de los defectos, omisiones e imprecisiones en que se haya podido incurrir al redactar la demanda, a fin de que proceda a su subsanación en plazo, un trámite que no es una mera facultad del juzgador sino una actividad de necesaria observancia hasta el punto de que la jurisprudencia social ha declarado la no existencia en el proceso laboral de la excepción de defecto en el modo de proponer la demanda. Sin embargo, también el art. 80.1 d) L.P.L. exige que la demanda se formule en los términos adecuados al contenido de la pretensión ejercitada y, en el caso presente, tratándose de una demanda de despido formulada contra un conjunto de empresas con las que los demandantes se habían encontrado en diversa relación contractual a lo largo del tiempo, era evidente que resultaba esencial que se fijara en la demanda lo que se pedía en relación a cada una de ellas y que debía haberse diferenciado detalladamente el contenido de la pretensión relativa a cada una, ya que del art. 44 E.T. sólo se deduce la responsabilidad solidaria sobre las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión, mientras que la que se exigía de «Huguet, S.L.» por despido era posterior a aquel momento. Desde tal perspectiva, el archivo de la demanda resultaba obligado en aplicación de los preceptos procesales laborales.
11. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 15 de noviembre de 1996, presentó sus alegaciones el Servicio Navarro de Salud, a través de su Letrado y representante don Francisco N. R. También el mencionado organismo propone la desestimación del recurso, si bien advirtiendo que la proposición lo es en tanto considera que carece de legitimación pasiva en el proceso por despido, remitiéndose en cuanto al fondo de las manifestaciones de los recurrentes a lo que decida este Tribunal, al no poder oponerse frontalmente a aquéllas. Y es que, si bien entiende que la prudencia podría haber aconsejado a aquéllos a realizar una mayor especificación en el suplico de la demanda de las responsabilidades de cada empresa, a la luz del art. 80.1 L.P.L., entiende que formalmente se había realizado la subsanación. El archivo de la demanda como efecto de la falta de subsanación previsto legalmente debe restringirse a los casos en que aquélla no se haya producido en absoluto y se carezca de los requisitos que posibiliten un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sea mayor o menor el grado de fundamentación de la petición, criterio con arreglo al cual en este caso se podría haber terminado absolviendo a la Administración que alega, pero no a inadmitir la demanda, ya que se disponía de los elementos necesarios para dictar una Sentencia sobre el fondo, puesto que de otra forma se puede llegar a subjetivizar la excepcional medida del archivo de la demanda al remitir en cada caso al órgano judicial la exigencia de los elementos que considere precisos a limine, siendo así que la legislación laboral procesal sigue eximiendo a la demanda de fundamentación en Derecho.
1. Los recurrentes solicitan el amparo de este Tribunal, en primer término, contra el Auto del Juzgado de lo Social que archivó la demanda por despido que habían dirigido frente a una pluralidad de empresas, adjudicatarias sucesivas del servicio de mantenimiento del organismo autónomo Servicio Regional de Salud-Hospital Reina Sofía de Tudela. El órgano judicial fundó su decisión de archivo en la falta de subsanación del defecto consistente en no expresar en el suplico la responsabilidad de cada una de las demandadas. Por otra parte, el recurso impugna también la providencia del mismo Juzgado que inadmitió posteriormente el recurso de reposición interpuesto contra el mencionado archivo, por no haber citado en el escrito el precepto legal infringido, tal como dispone el art. 377 L.E.C.
Es cierto que la inadmisión del recurso de reposición por no citar el precepto infringido puede constituir una lesión autónoma del derecho a la tutela judicial efectiva, si nos atenemos a la jurisprudencia de este Tribunal tanto en relación a la interpretación que debe presidir la exigencia del art. 377 L.E.C. (SSTC 69/1987, 113/1988, 162/1990, 213/1993, 172/1995, 127/1997, 4/1998 y 64/1998), como respecto de las consecuencias de la omisión de cita del precepto infringido cuando del escrito del recurso se deduce con toda claridad la cuestión que se somete al órgano judicial, sin necesidad de que éste reconstruya de oficio el objeto de aquél (SSTC 18/1993, 294/1993, 256/1994 y 93/1997). Pero en el presente supuesto, es de observar que esta segunda lesión del art. 24.1 C.E. no sólo se habría producido con posterioridad a la primera y principal que se alega (el cierre del acceso al proceso) sino que, para el caso de que efectivamente el archivo haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, la lesión del acceso a los recursos habría contribuido, además, a dejar sin reparar aquella otra.
En efecto, hemos declarado que, desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., la interpretación y aplicación de las reglas que regulan las causas de inadmisión de los recursos llevada a cabo por los jueces y Tribunales sólo puede ser objeto de control constitucional por parte de este Tribunal desde el canon del error patente, la arbitrariedad o la manifiesta irrazonabilidad. Por el contrario, cuando se trata del acceso a la jurisdicción la vinculación del juez ex art. 24.1 C.E. es más intensa, aquí siendo de plena aplicación el principio de interpretación pro actione entendido, no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles normas que la regulan -ya que esta exigencia llevaría al Tribunal Constitucional a entrar en cuestiones de legalidad procesal que corresponden a los Tribunales ordinarios-, sino «como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican» (STC 88/1997, fundamento jurídico 2.).
4. En el presente caso, los recurrentes presentaron demanda por despido contra la última de las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento del organismo autónomo Servicio Regional de Salud-Hospital Reina Sofía de Tudela, por haberse negado aquélla a seguir manteniendo a los entonces actores en sus puestos de trabajo. Los trabajadores consideraron que tal negativa constituía un despido, por aplicación de lo dispuesto en el art. 44 E.T., a tenor del cual, cuando se produce una sucesión de empresa no se extinguen los contratos de trabajo, sino que la nueva titular se subroga en los derechos y obligaciones laborales de la anterior, quedando ambas obligadas a responder solidariamente durante tres años por las responsabilidades laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. Los actores dirigieron su demanda solicitando la nulidad o improcedencia del despido no sólo contra la empresa adjudicataria del servicio en el momento de aquél, sino contra otras empresas, adjudicatarias también durante los tres años anteriores y para las que habían prestado igualmente servicios mediante sucesivos contratos.
El órgano judicial, como se ha relatado en los antecedentes, requirió a los actores para que subsanasen varios defectos de la demanda, entre ellos para que concretasen en el suplico la responsabilidad de cada demandada. En su escrito de subsanación, aquéllos incorporaron una nueva redacción del suplico en la que, manteniendo la solicitud de que el despido se declarase nulo o improcedente, se especificaba que se demandaba a «Huguet, S.L.» como adjudicataria actual del servicio, a «Bacer, S.A.» y «Etralux, S.A.» como últimas adjudicatarias y a «Cles de Mantenimiento, S.A.» y «Eulen, S.A.» por haberlo sido hasta el 31 de marzo de 1992, así como al Servicio Navarro de Salud como titular del Hospital de Tudela, «todo ello por las responsabilidades que pudieran derivarse de lo dispuesto en el art. 44 E.T.» y concretando su petición en que «se condene a las demandadas a readmitir a los actores en las mismas condiciones que regían antes de producirse los despidos, o se les abone la indemnización en la cuantía que se fija por ese Juzgado y, en ambos casos, que se abonen los salarios de tramitación». También aclararon los actores, aportando los datos pertinentes, que algunas de estas empresas podían en realidad ser la misma y haberse producido un mero cambio de denominación. Sin embargo, el Juzgado de lo Social, decidió archivar la demanda por no haberse expresado la responsabilidad de cada demandada en el suplico, decisión judicial que no contenía mayores precisiones sobre qué otros datos hubieran debido aportarse. Esta decisión, como ya se ha referido, fue revocada, al inadmitirse el recurso de reposición interpuesto contra ella.
Pues bien, si desde la perspectiva constitucional la finalidad del trámite de subsanación debe ser la garantía de la admisión de la demanda asegurando que concurren todos los requisitos esenciales para poder proceder al debate de la cuestión y a su resolución sobre el fondo, es claro que, desde esa perspectiva, la demanda de los recurrentes permitía con creces este debate y su resolución por el Juzgado. En ella se indicaba claramente el objeto de la pretensión (la calificación del despido, con las consecuencias legales pertinentes en orden a la readmisión o el pago de indemnizaciones y el abono de los salarios de tramitación), las partes demandadas (que incluían no sólo a la empresa que se negó a mantener a los actores en sus puestos de trabajo, sino también a anteriores adjudicatarias del servicio durante los tres años procedentes) y el precepto legal que apoyaba la pretensión (art. 44 E.T. y la extensión de responsabilidades laborales previstas en él). A partir de tales elementos, determinar si las eventuales responsabilidades sobre la readmisión de los trabajadores o el pago de la indemnización, previa calificación del despido, debían recaer en la empresa que los despidió o habían de ampliarse a otras, era una cuestión que afectaba ya al debate sobre el fondo del asunto y que, en cuanto tal, no impedía conocer la pretensión ni resolver sobre ella. Dicho con las palabras de nuestra STC 118/1987 «(...) no puede atribuirse la cualidad de defectos insalvables a lo que, en relación con el supuesto concreto debatido, pueda estimarse que son cuestiones de fondo, cuya acogida o rechazo proceda sólo en la Sentencia tras el oportuno debate contradictorio, que pueda celebrarse sin vicio alguno por no faltar en la demanda sus elementos esenciales» (fundamento jurídico 3.).
6. La admisión de la demanda por despido de los recurrentes tampoco afectaba al derecho de defensa de las empresas demandadas, un límite que este Tribunal ha considerado infranqueable para la aplicación en estos supuestos del principio pro actione (SSTC 216/1989, 25/1991, 154/1992, 120/1993 y 112/1997). En efecto, de la redacción del nuevo suplico podía deducirse claramente que la pretensión les podía afectar para el supuesto de que las responsabilidades descritas en el art. 44 E.T. fueran, en su caso, aplicadas por el órgano judicial al despido, de modo que no se producía un desconocimiento de la cuestión litigiosa que impidiese, en términos constitucionales, su derecho de defensa. Por otro lado, éste resultaba perfectamente ejercitable en el procedimiento, en el cual podía alegar la excepción de falta de legitimación pasiva o, en su caso, la improcedencia legal de responsabilidades por inaplicación del repetido art. 44 E.T., cuestiones todas ellas a debatir contradictoriamente en el procedimiento y sobre las que el órgano judicial podría pronunciarse en su resolución sobre el fondo, sin que estuviera en cuestión la correcta constitución de la relación jurídico procesal, sino sólo la especificación de las responsabilidades de las demandadas por aplicación de aquel precepto.
Procede, pues, estimar el recurso de amparo por esta razón, siendo innecesario todo pronunciamiento sobre la inadmisión del recurso de reposición interpuesto contra el archivo, ya que, como declaramos en nuestra STC 112/1997, aun cuando aquélla pudiera constituir una segunda lesión del art. 24.1 C.E., no presentaría una relevancia autónoma desde el momento en que el derecho vulnerado en primer lugar, tanto en el orden lógico como en el material, y respecto del cual se ha solicitado el amparo, ha sido el del acceso al proceso, como hemos razonado en el fundamento jurídico 2., y esta vulneración determina la anulación de las resoluciones judiciales recaídas con posterioridad.
1. Declarar que el Auto del Juzgado de lo Social núm. 3 de Navarra, de 8 de mayo de 1995, ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.).
2. Restablecerles en su derecho y, a tal efecto, anular el Auto del Juzgado de lo Social núm. 3 de Navarra, de 8 de mayo de 1995, así como la providencia del mismo Juzgado, de 24 de mayo de 1995, y retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al archivo de la demanda para que por el Juzgado se dicte la resolución que en Derecho proceda.
STC 185/2009, 7 de Septiembre de 2009
SAP Sevilla 333/2012, 21 de Junio de 2012
STSJ Navarra 364/2007, 30 de Mayo de 2007

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