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Timestamp: 2018-11-19 18:13:11+00:00

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SENTENCIA 43086 DE 14 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:NO ES POSIBLE INOBSERVAR LAS NORMAS LABORALES APLICABLES A ADMINISTRADORES O GERENTES DE LAS SOCIEDADES. SE SEÑALA QUE, EL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE REMOVER O REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES O ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES, EN CUALQUIER TIEMPO, REMOCIÓN ENTENDIDA COMO CAMBIO DE POSICIÓN, CARGO, RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD, O INCLUSO LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJOY LA REVOCATORIA COMO UN ACTO DE DEJAR SIN EFECTOS EL MANDATO O LA RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA CUAL SE CONCEDIÓ UNA FACULTAD O ATRIBUTO. NO OBSTANTE, EN EL CASO DE LA REMOCIÓN CON TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA DEBE REGIRSE POR LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LABORALES RESPECTIVAS, QUE TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES PARTICULARES SON LAS DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. CON LO CUAL, SI SE TRATA DE UN CONTRATO A TÉRMINO FIJO, NO SE PUEDE DESCONOCER LAS NORMAS QUE REGLAMENTAN ESTE TIPO DE RELACIÓN JURÍDICA, LAS CUALES PREVÉN UN PRE AVISO PARA SU TERMINACIÓN CON ANTERIORIDAD DE 30 DÍAS A SU PRORROGA, SO PENA DE QUE SEA ENTENDIDO COMO TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA Y SE INDEMNICE CON FORME A LO ESTABLECIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, TERMINACIÓN DEL MANDATO COMERCIAL, MANDATO COMERCIAL, GERENTE SOCIETARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:510 DE JUNIO DE 2014, PÁG.1071
Pretende que se case la sentencia del ad quem, y en sede de instancia “revoque totalmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C. - Sala Laboral de Descongestión, y en su lugar se absuelva a la demandada”.
Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, aplicación indebida “del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990. Y como consecuencia, se da aplicación indebida del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo”.
Para demostrar el cargo, dijo que el ad quem no observó que el contrato de trabajo en discusión recae sobre el gerente de una sociedad anónima, quién desempeñaba un cargo de confianza y responsabilidad sobre los bienes y obligaciones de la empresa. Afirmó que “No es cierto que el contrato se haya prorrogado por un período igual, la Sala Laboral del Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogotá, se equivocó al ignorar los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, y los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá; y para dictar sentencia, se apoyó en normas ajenas al caso en estudio, como lo es el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, profiriendo un fallo apartado de la realidad jurídica”.
En la oposición se indicó que los argumentos esbozados por el recurrente para demostrar la acusación “constituyen evidentemente asuntos de hecho, incompatibles con la vía directa que eligió el recurrente para su primera censura, deficiencia que impone ineludiblemente el rechazo del cargo”. Manifestó además que el ad quem se refirió a los artículos 46 y 64 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que no puede darse lógicamente la aplicación indebida directa que denuncia el recurrente. Remató diciendo que:
No es cierto que el sentenciador acusado haya considerado que los gerentes de las personas jurídicas sean inamovibles de conformidad a muestra legislación laboral. Es obvio que dichos trabajadores pueden removerse de acuerdo a los estatutos de las personas jurídicas que gerencian o de acuerdo a los contratos de trabajo que celebren. Solo que, si no existe justa causa para esa remoción o despido, el empleador deberá pagar la indemnización correspondiente.
En la demostración del cargo, enfatizó que el cargo del actor era de confianza, y por tal motivo fue elegido como gerente, pero igualmente la junta directiva de la demandada no lo reeligió para un nuevo período de dos años, lo que no implicaba que dicho organismo le tuviera que avisar con 30 días de anticipación que su nombramiento no se prorrogaba, “porque ese procedimiento era innecesario e inaplicable por la calidad de empleado de confianza de la empresa, y por expresa disposición de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio”, normas que de haberse aplicado, hubiese variado la decisión.
Finalizó afirmando que “No obstante que el segundo cargo también está formulado por la vía directa, la recurrente pretende demostrarlo mediante el examen del registro de la Cámara de Comercio, de los estatutos de Corabastos y del contrato escrito de trabajo que celebraron las partes. Pero como la acusación por vía directa no admite controversia entre la censura y la sentencia respecto a los hechos fijados por el sentenciador y las pruebas que examinó para dicha fijación, el cargo tampoco puede ser recibido por la h. Corte Suprema”.
Estos dos primeros cargos se estudiaran en forma conjunta por cuanto se apoyan en el mismo marco normativo, utilizan la misma vía de ataque, y persiguen el mismo propósito, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Dada la vía de ataque escogida, de puro derecho, se da por sentado que el actor laboró para la demandada entre el 8 de julio de 2000 y el 7 de julio de 2002, a través de un contrato de trabajo a término fijo de dos años en el cargo de gerente de la accionada, contrato de trabajo que fue preavisado por la llamada a juicio el 5 de julio de 2002, de no existir ánimo para su prorroga. Teniendo en cuenta todo lo señalado, la discusión se centra en establecer si había o no necesidad de dar el preaviso de terminación del contrato de trabajo a término fijo; por ende si dicho contrato se prorrogó o no, por un período también de dos años, y si se debe o no reconocer la respectiva indemnización por despido sin justa causa dentro de un contrato a término fijo.
Los dos primeros cargos, se formularon por la vía directa, el primero por aplicación indebida de los artículos 46 subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990, y 64 del Código Sustantivo de Trabajo, sendero de puro derecho que significa que el juzgador de segunda instancia a pesar de entender en forma adecuada la hermenéutica de dichas normas, la utilizó para un hecho no prevista en ella, con lo que de paso dejó de aplicar los artículos 198 y 440 del Código de Comercio. Y en el segundo por falta de aplicación, entendiéndose como infracción directa, de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio.
Así las cosas, al no controvertirse que el empleador preaviso extemporáneamente la terminación o no renovación del contrato de trabajo, ya que comunicó —jun. 11/2002— tal decisión en tiempo inferior a un mes de expirar el plazo inicialmente pactado —jul. 7/2002—, en estricta aplicación de lo previsto en el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990, se concluye que sobre este operó la renovación por un período idéntico, esto es, a partir del 8 de julio de 2002 y hasta el 7 de julio de 2004. Y comoquiera que la corporación demandada finiquitó anticipada e injustamente ese nexo contractual, conforme los lineamientos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo es oportuno condenar, a título de indemnización, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo de prorroga...
Dice el censor que el ad quem debió aplicar los artículos 198 y 440 del Código de Comercio. Pues bien la primera de las normas señaladas, hace parte de las disposiciones sobre el contrato de sociedad, en el capítulo de administradores, y especialmente a la elección y remoción de los administradores de las personas jurídicas, para precisar que los administradores deben ser elegidos por la asamblea o junta de socios, facultad delegable a las juntas directivas elegida por la asamblea general, indicando que esa elección se hará por los períodos determinados en los estatutos, “sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores (...) o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes”. La segunda norma, integrada a las reglas que regulan la sociedad anónima, en el aparte de la representación legal, muestra la obligación de este tipo de sociedades de tener por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes designados por la junta directiva para períodos determinados, “quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo (...)”.
A más de lo anterior, existen normas expresas en el Código Sustantivo de Trabajo, diseñadas para lograr la justicia en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, y otorgar una protección especial a estos últimos, que regulan las modalidades, la forma, la duración, los modos y causales de terminación de los contratos de trabajo, e incluso la tasa de indemnización en los eventos de despido sin justa causa para cada tipo de contrato de trabajo, y en forma específica para los contratos pactados a término fijo establece el previo aviso no menor de 30 días antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, para comunicar la determinación de no prorrogar el contrato, a riesgo de entenderse renovado por un período igual al inicialmente pactado (artículo 46, subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990), tanto que si la terminación se hace efectiva sin el cumplimiento de este trámite, el retiro se considera sin justa causa y se prevé una tasa de indemnización equivalente al valor de los salarios del tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato, incluido el de la prorroga (artículo 64 del CST, modificado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, vigente para la época de los hechos).
Fuerza concluir entonces, que el ad quem en tanto el vínculo entre las partes se regía por un contrato de trabajo, no se equivocó cuando aplicó al caso concreto las normas del Código Sustantivo de Trabajo relacionadas con los contratos a término fijo, su forma de terminación, y la tasa de indemnización en los eventos de despido sin justa causa.
En la demostración del cargo afirmó que la citada norma hace improcedente la acción de reintegro laboral cuando se presente despido o remoción de los administradores de una sociedad, que fue lo que le sucedió al actor, pues una sentencia condenatoria al pago de salarios por otro período igual de dos años sería tanto como otorgarle el reintegro, el cual es impropio.
Textualmente dijo que “Acuso la sentencia impugnada en la modalidad de violación, por la vía directa, por falta de aplicación de los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”, artículos cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo”.
Para demostrar el cargo, indicó que las disposiciones estatutarias van de conformidad con las normas comerciales; en consecuencia, el gerente de la sociedad puede ser removido libremente, sin preaviso de terminación, normas que son ley para las partes, la cual incluye el régimen del gerente general de la sociedad, lo que excluye la aplicación del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo.
XV.(sic) La réplica
Dijo que este cargo también debe ser rechazado, por cuanto “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 87-1 y 90-5-a del CPTSS, el recurso extraordinario procede en el proceso ordinario laboral solamente cuando se considera que la sentencia acusada es infractora de una disposición legal sustantiva de orden nacional. Y, como es apenas obvio, esa preceptiva obedece al mandato legal (CPC, art. 365) conforme al cual el recurso extraordinario de casación tiene como finalidad primordial la de unificar la jurisprudencia nacional, objetivo este que no se cumpliría si la h. Corte se dedicara a fijar el contenido, el alcance o la hermenéutica de los estatutos, normas particulares privadas mutables o cambiantes a voluntad de sus redactores, que expiden para su funcionamiento las personas jurídicas que actúan como partes en los juicios del trabajo”.
Señaló que “Acuso la sentencia impugnada en la modalidad de violación indirecta, en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio; y por falta de aplicación de los estatutos de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”, artículos cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo”.
1. No dar por demostrado, estándolo, por falta de apreciación del oficio de 5 de julio de 2002, visto folio 24, donde se le informa al actor sobre la terminación de su período de la Sociedad Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “Corabastos”.
2. No dar por demostrado, estándolo, por falta de apreciación de la respuesta del actor en el interrogatorio de parte, a la pregunta 3, cuando se le interroga sobre su reelección de gerente, y este responde que la junta directiva no cumplió con los estatutos, y que convocaron a gerente y él no pudo asistir.
Acerca del primero de los errores expresó que la sociedad demandada, específicamente su junta directiva, tenía la potestad legal de no renovar el contrato de trabajo con el demandante, y revocarlo en cualquier momento, lo que efectivamente hizo, sin necesidad de hacer uso del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, sino aplicando los artículos 198 y 440 del Código de Comercio
También incurrió el contradictor en error cuando acusó la sentencia por violación indirecta de la ley, debido a “la falta de aplicación” [léase infracción directa] de los artículos 198 y 440 del Código de Comercio, y de los estatutos de Corabastos, cláusulas 47 y 48, cuando es claro que por regla general la única modalidad que se puede invocar cuando el ataque se enfila por la vía indirecta es la aplicación indebida, mas no la infracción directa. Sobre el particular se pronunció la sentencia CSJ SL, 19 abr. 2004, rad. 21526, en los siguientes términos:
1. Le asiste razón al opositor en relación con la deficiencia técnica que le imputa al cargo, por cuanto en él no se expresa la modalidad de violación en que incurrió el ad quem, pues la sentencia fue acusada por “Violación indirecta de la ley por error de hecho derivado de apreciación errónea de la prueba, violándose el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y el artículo 1º del D.L. 797/49”.
Ahora bien, la jurisprudencia laboral ha aceptado en asuntos excepcionalísimos que por la vía indirecta se pueda acusar la sentencia por “falta de aplicación” de un precepto, como modalidad de aplicación indebida, pero solo cuando el error ostensible de hecho, conlleva a que se inaplique la disposición legal que convenía al caso.
Con todo, del documento visible a folio 24 del expediente, calendado 5 de julio de 2002, suscrito por el presidente delegado de la junta directiva de Corabastos, y dirigido al demandante, a través del cual se le comunicó la terminación del período para el que fue elegido como gerente general de la corporación, lo único que se demuestra es, que por decisión de la junta directiva de la misma fecha, solo hasta el 7 de julio de 2002, dos días después, “ostentará la calidad de representante legal de la sociedad”, dándole instrucciones para hacer entrega del cargo a unos miembros de la citada junta directiva. Lo que ratifica la conclusión del ad quem consistente en que el preaviso no había sido comunicado con la anterioridad de 30 días exigida por la ley para no prorrogar el contrato de trabajo pactado a término fijo. Así mismo, del interrogatorio de parte que rindió el demandante en la audiencia del 9 de noviembre de 2005 ante el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, y especialmente de la respuesta a la tercera pregunta, no puede deducirse confesión en los términos del 195 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ya que al preguntársele “Diga como es cierto sí o no que mediante cesión de junta directiva 483 del 5 de julio de 2002, su cargo como gerente de Corabastos no fue reelegido” contestó que “No es cierto y aclaro que esa cesión (sic) de junta directiva no habría cumplido con los estatutos y el mismo día convocaron al gerente y no pude asistir”. Lo que de hecho no demuestra la terminación del contrato de acuerdo a la ley.
De esta suerte, al no estar demostrada la comisión de los errores que se le endilgaron a la sentencia el cargo tampoco prospera
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor del demandante, señalándose como agencias en derecho la suma de $ 6.300.000.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de julio de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió RAÚL ANTONIO TOBÓN OROZCO en contra de la CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 64
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 64
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 145