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Timestamp: 2019-08-21 02:59:33+00:00

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SOBERANIA POPULAR: 31-may-2011
Gerardo Fernandez Noroña Plantón dentro de Cámara de diputados
Gerardo Fernandez Noroña, la empresa Kasper tiene contratos por 442 millones este año
* Investigan a un funcionario del SAE
* La SFP va por Fajardo Castellanos
* Abren expediente DE-57/2010-T-73
Hace nueve meses, en agosto del año pasado, el secretario Salvador Vega Casillas ordenó el cese fulminante del director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, Adrián Fajardo Castellanos, por burlar una sanción proveniente de la Secretaría de la Función Pública e incurrir en desacato a una inhabilitación que por seis meses aplicó esa dependencia bajo acusaciones de “negligencia administrativa”.
Lo que más molestó al contralor Vega Casillas, fue que Fajardo Castellanos siguió en funciones en la Dirección de Formulación y Seguimiento de Denuncias de la UIF por casi mes y medio en un órgano de inteligencia, como responsable de firmar todas las denuncias penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero, ante las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, lo que significó que durante varias semanas, antes de ser descubierto y cesado, comprometió las investigaciones de toda esa Unidad de Inteligencia y puso en jaque al sistema financiero.
De acuerdo con el expediente de la Función Pública, Fajardo Castellanos es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa.
Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la SFP resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”. Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010.
Pero Fajardo Castellanos hizo caso omiso a la sanción y se mantuvo en el cargo por mes y medio más, hasta que Función Pública lo cesó y resolvió abrirle un nuevo proceso administrativo por delito grave, que lo llevaría, según el secretario Vega Casillas, a una inhabilitación de por lo menos 10 años para laborar en el sector público federal. Además de enfrentar acciones penales en su contra de parte de la Secretaría.
Fajardo Castellanos ahora enfrenta una nueva investigación bajo el expediente DE-57/2010-T-73 abierto en la Secretaría de la Función Pública, tal y como lo advirtió el secretario Salvador Vega Casillas, quien espera aplicar la justicia en ese caso de evidente corrupción y colusión de funcionarios.
Los “amigos” del SAE
Para sorpresa del secretario de la Función Pública, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien presume la protección de Los Pinos, contrató hace apenas unos meses a su amigo Fajardo Castellanos y para protegerlo lo nombró coordinador jurídico de Bienes de la Dirección Ejecutiva de Bienes Inmuebles del SAE, sin importar que hubiera violado una inhabilitación por “negligencia administrativa” cuando se desempeñó como apoderado del mismo SAE.
Antes de esa inhabilitación por 6 meses y ordenada en julio del año pasado, Fajardo Castellanos había sido investigado por otras acciones administrativas en la venta de bienes inmuebles del SAE.
En 2005, la SFP investigó a los dos amigos (Fajardo Castellanos y Monroy Portillo) y ahora compañeros en el SAE, por la venta de un terreno de 2 mil metros cuadrados y un edificio en la ciudad de Tlaxcala. Dicha solicitud de adquisición la hizo el gobierno de ese estado, sin embargo a la firma del contrato de compra-venta, el inmueble se le otorgó a un particular y no al gobierno tlaxcaltense, como estaba previsto.
Cuando se hizo aquella operación irregular, Monroy Portillo se desempeñaba como director corporativo del SAE. Después, como “premio” a su labor, fue designado por el secretario de Hacienda como oficial mayor de esta dependencia, cargo que ocupó hasta junio de 2010.
El 31 de mayo de este mismo año, Monroy Portillo había sido sancionado por la Función Pública por “violar las leyes y normatividad presupuestal” en la Secretaría de Hacienda. Pero ese antecedente negativo no importó a Felipe Calderón para nombrarlo a partir de julio del año pasado como director general del SAE, cargo desde el cual ha rescatado a Fajardo Castellanos y lo ha contratado como coordinador jurídico de Bienes, sin importar la sanción e investigación en su contra que se mantiene abierta en Función Pública.
El motivo del interés de la Presidencia de la República parea controlar al SAE, es que este organismo es el responsable de administrar, operar, custodiar, liquidar y enajenar los bienes que están a disposición del gobierno federal, ni más ni menos. Es decir, opera cuantiosos volúmenes de dinero y bienes que no están dentro del presupuesto público y eso lo convierte en una entidad envidiable para financiar cualquier cosa, incluidas hasta campañas políticas.
El SAE defiende a Fajardo
Consultado sobre el regreso de Fajardo al SAE a pesar de las investigaciones en su contra, este órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda defiende al funcionario:
“De conformidad con la resolución de fecha 30 de junio de 2010, emitida por el Órgano Interno de Control en el SAE, se impuso al C. Adrián Fajardo Castellanos, una sanción consistente en la inhabilitación por el período de seis meses, para el desempeño de cualquier cargo público, y no obstante que esa resolución se encuentra subjúdice por estar impugnada, el C. Adrián Fajardo Castellanos, cumplió con la sanción impuesta y no ejerció empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, por el periodo de seis meses ininterrumpidos, a partir de la fecha de su renuncia, razón por la cual fue contratado, por su amplia experiencia y conocimientos en materia inmobiliaria.
“En efecto, se informó al C. Adrián Fajardo Castellanos la resolución citada, notificación que se efectuó conforme a lo señalado en dicha resolución administrativa. Además de lo anterior, se tuvo conocimiento en esta institución que el C. Adrián Fajardo Castellanos, ha expresado en diversas instancias legales que:
“Por lo que hace al plazo del 5 de julio al 6 de agosto de 2010, no existió causa legal que le impidiera ejercer sus funciones de Director de Formulación y Seguimiento de Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ha reiterado y ofrecido las pruebas de su parte con las que pretende demostrar que en el periodo comprendido del 1° de julio al 11 de agosto de 2010, en que presentó su renuncia voluntaria, no hubo ejecución de la sanción, por parte de la autoridad competente para tal efecto, y pretende demostrar también que la sanción de inhabilitación impuesta en su contra fue contraria a derecho”.
Estas afirmaciones del SAE contradicen lo dicho por el secretario Salvador Vega Casillas, quien asegura que Fajardo Castellanos desacató una resolución de la Función Pública al seguir cobrando un salario en la Secretaría de Hacienda a pesar de estar inhabilitado, lo que motivó que se abriera una nueva investigación en su contra que podría derivar en una inhabilitación por 10 años y enfrentar una acusación penal ante la Procuraduría General de la República. Pero al director del SAE, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, lo que menos le preocupa son las investigaciones de Vega Casillas, de quien ha probado que sus indagatorias le hacen lo que el viento a Juárez.
La historia de Fajardo
Fajardo Castellanos es uno de los funcionarios involucrados en la investigación de en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre Denosa. Esa investigación derivó en que el 18 de agosto la Secretaría de la Función Pública presentara una denuncia penal contra siete servidores públicos y tres particulares, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de fraude.
El nombre de Fajardo Castellanos no apareció entre los inculpados directamente en el fraude, pero sí entre los funcionarios inhabilitados por su responsabilidad en no vigilar la operación y así lo dio a conocer la SFP.
Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, y bajo el expediente R/SAE/001/2010, la SFP resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”.
Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010, cuando se cumplirían los seis meses de su inhabilitación, de acuerdo con la resolución publicada en la página de internet de servidores públicos sancionados por la SFP. Ahora regresa al sector público sin que se tome en cuenta el antecedente de su inhabilitación y las causas de esa sanción.
En este caso de corrupción administrativa, todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas o delincuentes de cuello blanco que haya firmado y presentado ante la PGR Fajardo Castellanos, durante los 45 días posteriores a su inhabilitación, prácticamente quedan invalidadas y anuladas, y las personas investigadas pudieron aprovechar esta circunstancia jurídica para eludir la acción de la justicia.
Los otros funcionarios del SAE sancionados y acusados penalmente ante la PGR fueron el director corporativo de Mercadotecnia y Comercialización, José Andrés Casco Flores, con 10 años de inhabilitación y una multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director Ejecutivo de Mercadotecnia, Inteligencia de Mercado y Valuación, Francisco Farfán Bortolini, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el coordinador de Comercialización de Bienes Inmuebles, Gerardo Govea Hernández, 10 años inhabilitado y multa por 4 millones 828 mil 906.41 pesos; el director ejecutivo de Bienes Inmuebles, Salvador Morquecho de Beistegui, suspendido 90 días, y otro apoderado legal del SAE, Fernando Guadalupe Salinas, fue suspendido 90 días.
La historia del fraude se remonta a una dación en pago que recibió Banrural por un adeudo de 14 millones de pesos, correspondiente a una planta vitivinícola en la ciudad de Caborca, Sonora.
En la escritura que formalizó la operación del inmueble se incluye un terreno de 6 hectáreas, otro terreno de 15 hectáreas (servidumbre de paso), una concesión de un pozo de agua y equipamiento industrial.
Para enajenar el bien, el SAE convocó a una subasta pública, pero “olvidó” incluir dos conceptos que le daban un valor mayor al inmueble: el terreno de 15 hectáreas y la concesión del pozo de agua.
Al realizar dicha subasta, el SAE recibió sólo una propuesta de compra y el participante solicitó escriturar el inmueble a una empresa constituida apenas 10 días antes de la publicación de la subasta. El acta de entrega sólo formalizó lo que anunciaba se había vendido, es decir el terreno de 6 hectáreas y la construcción de inmueble, por lo que la empresa privada solicitó al SAE le escriturara el predio en las condiciones en que se encontraba y como fue recibido por Banobras, lo cual incluía las 15 hectáreas y la concesión del pozo.
Los funcionarios del SAE atendieron de inmediato la petición de la empresa privada y le escrituró el terreno como lo solicitaba, lo que significó para el gobierno federal dejar de recibir 4.8 millones de pesos.
Al descubrir el fraude, la SFP presentó denuncia penal ante la PGR por el delito de administración fraudulenta, que prevé una sanción privativa de la libertad de tres a 12 años de prisión, contra 10 personas (siete servidores públicos y tres particulares –Leticia Contreras Guajardo, abogada externa del SAE; Ana Rosa Mariscal Jiménez, representante legal de Denosa; y José Rubén Romero, administrador único de Denosa).
Alto a la violencia, claman en Tecpan
Tecpan, 29 de mayo. “Nosotros hemos perdonado a quien se dice asesinó a nuestro hijo porque queremos guiarnos por el camino de la paz”, dijo Leónides Chávez Ruiz, padre de Jesús Chávez, uno de los jóvenes asesinados junto con el hijo del escritor Javier Sicilia en Cuernavaca, Morelos, en marzo de este año, luego de finalizar la marcha por la paz que organizaron grupos de la Iglesia católica y de la sociedad civil para orar por la paz en el municipio y cesen los homicidios en la región y el estado.
En la marcha, que inició en el panteón municipal a las 5 de la tarde, y en la que los asistentes fueron vestidos de blanco, participaron además de los familiares del joven asesinado en la capital de Morelos, los parientes del ex síndico procurador de este municipio, el perredista Hernán Escamilla Ocampo, quien fue ultimado el 4 de mayo en la comunidad de Papanoa, junto con otra persona que viajaba con él en una camioneta.
Los manifestantes, quienes cargaron una imagen de la virgen de Guadalupe al frente del contingente, recorrieron la avenida principal de la cabecera municipal hasta llegar a la iglesia de San Bartolomé Apóstol, donde se llevó a cabo una misa para pedir por el eterno descanso de los que han sido víctimas de la delincuencia organizada.
Durante la marcha, los familiares de Jesús Chávez portaron pancartas en las que se leía: “Alto a la violencia, queremos paz. Todos los que sufrimos esta clase de violencia exigimos justicia, nos dejan el corazón destrozado con la perdida de un ser querido, no más sangre paz, paz, paz”.
Otras decían: “Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión y protege a las familias”.
En entrevista, Chávez Ruiz explicó que la caminata se hizo el día en que cumplían dos meses de haber sido asesinados los jóvenes en Cuernavaca, entre ellos su hijo Jesús. “Es con el fin de decirle a la gente que todos debemos procurar la paz en nuestros lugares mediante acciones pacíficas que nos lleven a ello”.
Cuando se le preguntó cuál fue su sentimiento al enterarse de la detención de Julio de Jesús El Negro Radilla, presunto asesino de los adolescentes, respondió: “nosotros hemos perdonado a quien se dice asesinó a nuestro hijo porque queremos guiarnos por el camino de la paz. En el seno de mi familia llegamos a la conclusión de que hay personas que hacen ese tipo de cosas sin saber por qué, sabemos que para poder vivir felices y con amor se debe perdonar, por eso nosotros hemos perdonado”.
Dijo que no ha tenido hasta el momento ningún tipo de contacto con el escritor Javier Sicilia, quien promueve este tipo de manifestaciones por todo el país, aunque manifestó que la caminata fue para respaldar la labor del poeta, “porque al igual que él nosotros también queremos un cambio a nivel nacional”.
Súmate a la bienvenida a la caravana de Sicilia el próximo sábado
“No hay caminos para la paz, la paz es el camino”
Pareciera difícil, si no imposible, que en momentos de desolación, incertidumbre y violencia como los que atravesamos hoy los mexicanos pudiera surgir un rayo de esperanza. Sin embargo, esto es lo que ha ocurrido con el movimiento que, sin proponérselo, ha hecho germinar el dolor y la tragedia de un poeta: Javier Sicilia. Un movimiento que ha podido recoger y enlazar tantos gritos de indignación y de rabia hasta ahora dispersos y desarticulados por todo lo largo y ancho del país. Con su convocatoria parece haber encontrado un suelo fértil, un camino tan buscado para lograr la unidad en una causa común: el clamor de justicia, elemental para la convivencia humana.
Hay algo que distingue a Sicilia de todos los “líderes”, “dirigentes” o “mecenas”: el hecho de no ser él un político; por lo tanto, no busca encabezar ni escalar puestos con el fin de alcanzar el poder. Poeta al fin, no podía estar más alejado de lo que caracteriza a un político: el uso de la palabra para engañar, controlar, enriquecerse, dominar. Todo lo contrario. Fue el azar o el destino lo que lo enfrentó de pronto a una de las situaciones más dolorosas, como él mismo lo ha expresado. Un dolor para el que ni siquiera existe un nombre en el diccionario: la pérdida de un hijo, de la manera más deshumanizada y cruel.
Y sin embargo no es el odio y la venganza lo que lo mueve en este movimiento que crece día con día, por reconocerse miles de personas en él, sean afectadas directamente o no, pues todos nos sentimos alterados en nuestro acontecer cotidiano, en la atmósfera que respiramos, cada vez más alejada de la estatura humana que buscamos. El movimiento de Sicilia ha abierto la posibilidad de fortalecer la organización ciudadana: único camino para la reconstitución del tejido social de México, pues la mayoría de la población estamos convencidos de que no hay nada que esperar de la clase política ni de la empresarial, tan abismalmente distantes de la sociedad civil. Un ejemplo candente y actual es el de Cherán, donde están dadas todas las evidencias de una magna injusticia contra el pueblo y su territorio, ante el silencio y desinterés de las autoridades, sea por incapacidad o por complicidad con el crimen organizado. Y qué decir, por otra parte, de la delincuencia misma, que curiosamente se las ha arreglado para que sus bienes y cuentas bancarias ¡no hayan sido tocados! ¿De qué privilegios gozarán?
Cada vez resulta más claro que el único camino es la organización ciudadana con miras a pasar de la resistencia a la acción, de manera pacífica, pero firme y decidida. Por ello, esperamos que el pacto de los seis puntos que propone Sicilia y que se piensa firmar en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ser la ciudad más asediada y herida de nuestro territorio, constituya una vía plausible para un cambio. El reto para este pacto es lograr una organización permanente, que unifique todas las protestas y rebeldías multiplicadas para que no termine como los anteriores intentos de interlocución con el gobierno, o sea, en una falta de cumplimiento, en un control y manipulación mediática que acalle el clamor de las mayorías provocando que vuelva a reinar el desánimo y la apatía. En ese sentido, hay en este pacto un aspecto que le puede dar fuerza y contundencia: su condicionamiento y firmeza al declarar que si no cumple el gobierno lo acordado, habrá desobediencia civil y boicot electoral. Argumentos que pueden resultar indeseables y hasta amenazantes para los gobernantes, siempre y cuando se logre una considerable movilización y organización de la opinión pública que enlace a los sectores y grupos que están “hasta la madre” en todos los rincones del país, de aquí a 2012, fecha en la que toda la clase política tiene puesta su mirada.
Quizá esta idea pueda parecer demasiado optimista, pero últimamente se ha visto que las sorpresas son posibles... no sólo en Medio Oriente, o ahora en España, ¡sino por doquier! Estos últimos meses han sorprendido al mundo entero. Pareciera haber surgido un clamor universal contra los efectos de la globalización exigiendo que se nos devuelva y se respete lo más elemental: ¡el derecho a tener derechos!
Recibamos, pues, a la Caravana de Sicilia en su arribo a nuestra Morelia el próximo sábado 4 de junio por la tarde/noche con el apoyo y entusiasmo que se merece. Estemos alertas en los periódicos y/o medios para conocer la hora y el lugar de su llegada, para brindar con ellos con un vaso de agua fresca y unos tamales, y desearles feliz camino... y que siga creciendo este movimiento, abriendo futuro para tod@s los que buscamos recuperar a nuestro México, ¡hoy tan desfigurado!
Competencia desleal por presunto trato preferencial de Pemex a Braskem-Idesa
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA - LUNES, MAYO 30, 2011
Coatzacoalcos, Ver.- Grupos de defensa de los energéticos en todo el país exigen al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que haga público el acuerdo que signó Petróleos Mexicanos (Pemex) con el consorcio Braskem-Idesa para la venta de gas natural para generar etileno, ya que se presume que se le dio un trato preferencial con cifras menores a las que vende a la petroquímica secundaria.
De acuerdo con la información del expediente, varios técnicos y profesionistas relacionados con la industria petroquímica han realizado peticiones para conocer la llamada fórmula de precios que aplicó para asegurar la construcción del Proyecto Etileno XXI, en Coatzacoalcos.
Desde hace ocho meses solicitaron al IFAI entregar la "fórmula con la que Pemex Gas les va a vender el gas etano al consorcio Braskem e Idesa y el contrato ya firmado", con lo que esperan comprobar que se fijó un precio más bajo.
José de la Cruz Chung, representante de esta agrupación, señaló que esto significa una “competencia desleal” en lo que incurre Pemex Gas, al entregarle el gas etano más barato a la iniciativa privada en el proyecto Etileno XXI, que a la propia Pemex Petroquímica.
“Este esquema tiene como propósito y objetivo producir la mayor cantidad posible de polietileno en México, compitiendo, desplazando y dejando fuera del mercado a las plantas que mantiene a Pemex Petroquímica en el sur de Veracruz, ya que este mercado es uno de los más rentables a nivel mundial, por la alta demanda de los plásticos”.
De acuerdo con el precio de referencia establecido por la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), el gas se mantiene en 3.90 dólares por millar de pies cúbicos y en los últimos cinco años, el precio medio anual ha fluctuado entre dos y cuatro dólares, lo que ha permitido a los complejos petroquímicos ir creciendo en los últimos años.
Los grupos disidentes informaron que después de varias prorrogas y recursos de revisión el IFAI dio el fallo y giró la orden para que Pemex Gas entregue la información a dos ciudadanos que solicitaron el acceso al contrato bajo los folios: 185 770 002 7110 expediente 3429/10 y 185 770 002 7010 Expediente 7644/10.
Sin embargo, las empresas privadas se ampararon en el Tribunal de materia administrativa del Distrito Federal, el consorcio Braskem-Idesa amenazó con retirar su participación en el proyecto Etileno XXI si se hace pública esa información.
Por lo que ahora los grupos de defensa de los energéticos llaman a todos los ciudadanos para que se realice una resistencia ante el IFAI para que se libere la información, ya que la empresa no se puede amparar ante cada petición ciudadana.
PRD, PT y Convergencia en el estado rechazan propuesta de agenda común
Refrendan que por ningún motivo aceptarán el planteamiento del sector empresarial
En respuesta a la propuesta lanzada por el empresariado local para que todos los partidos políticos elaboren una agenda común a promover en el proceso electoral y que sentaría las bases para el próximo gobierno, las dirigencias estatales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia anunciaron que elaborarán a cuenta propia una agenda de trabajo común con los diferentes sectores de la sociedad michoacana, un “ejercicio dialéctico” en el que se precisarán coincidencias y diferencias y dará como resultado una “enriquecida plataforma electoral”.
Los partidos coaligados en el Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) subrayaron que la izquierda mexicana es la principal impulsora de las políticas públicas participativas y destacaron su convencimiento de que la participación ciudadana “es la columna vertebral de toda democracia”.
El pronunciamiento de las tres fuerzas políticas se dio un día después de que el dirigente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva, se manifestara a favor de elaborar una agenda común, pero en contra de una alianza tripartita con PAN y PRI.
Sobre esa alianza, las direcciones de PRD, PT y Convergencia en la entidad advirtieron que defenderán el derecho constitucional y las garantías individuales establecidas en la Constitución que permiten a todos los ciudadanos votar y ser votados y de “salvaguardar el principio de la democracia resguardando siempre los avances logrados para la construcción de la misma”.
Además, enfatizaron que el Dia representa por sí mismo una candidatura común ya constituida y en ciernes de verse fortalecida con organizaciones, instituciones, sindicatos y sectores sociales.
Se trata, reiteraron a través de un comunicado conjunto, de una candidatura común que además de emanar del respeto de las disposiciones constitucionales y apegarse al marco de la legalidad, defiende los principios de la democracia y el derecho logrado por el pueblo de elegir a sus gobernantes. El candidato conjunto, remarcaron, será un perredista surgido de la elección interna de ese partido, a celebrarse el próximo 26 de junio.
Asimismo, las dirigencias de PRD, PT y Convergencia aseveraron que en Michoacán existe gobernabilidad y, por consecuencia, las condiciones necesarias para la organización y el desarrollo del proceso electoral local, en el que se elegirán diputados, presidentes municipales, así como al titular del Ejecutivo. Y nosotros, indicaron, “colaboraremos para que dicho proceso se desarrolle en un ámbito de tranquilidad, civilidad, transparencia e igualdad, impulsando la participación ciudadana y dando certeza jurídica al proceso de elección”.
Conagua, sin argumentos ante dictamen del INAH, dice el cura Gabriel Espinosa
El padre Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se siente más animado con el dictamen técnico que elaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y cuyas conclusiones señalan que el poblado representa un hito urbano histórico que debe conservarse.
De cara a la mesa resolutiva que sostendrán en breves días con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el sacerdote señala que dicho documento refuerza los argumentos de quienes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo que inundaría a los tres poblados, y deja al desnudo que el proyecto es ya una imposición de los funcionarios.
“Las autoridades se están quedando sin argumentos, esto se nota como una imposición, o sea proyectos impuestos en donde no se consulta a nadie o se consultan los intereses de unas cuántas personas”, comenta.
“Seguiremos diciendo no a la presa El Zapotillo porque no es un proyecto sustentable, no es un proyecto que genere vida, sino que más bien está generando muerte, está generando un despilfarro de los recursos que tenemos los mexicanos en obras que no son para beneficio de los pueblos”, puntualiza.
La Jornada Jalisco dio a conocer en su edición del 26 de mayo del 2011 el contenido del dictamen técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que se advierte que el 70 por ciento del territorio urbano de esta población es patrimonio cultural y es un hito urbano histórico cuyo valor obliga al Estado mexicano a conservarlo. El documento, pese a que ya ha sido difundido ampliamente por radiodifusoras, televisoras y diarios locales y nacionales, continúa en la clasificación de documentos reservados por un acuerdo entre la Conagua y el INAH.
El padre Gabriel se enteró de la existencia de ese dictamen el 15 de abril pasado, un día después de que se llevara a cabo la tercera mesa de diálogo entre habitantes y autoridades. Le exigió una copia a la titular del INAH, Angélica Peregrina, quien a su vez le negó el documento. Dice que se informó del contenido cuando los medios de comunicación comenzaron a hablar de ello.
“Hay contubernio, hay complicidad entre autoridades federales de distintos poderes y creo que eso va en contra de la Ley de Transparencia, de la búsqueda de los intereses comunes”, indica.
El sacerdote, avecindado en la comunidad de La Magdalena en el municipio de Zapopan, cuya parroquia está a su cargo, añade que ocurrió lo mismo con el dictamen del INAH y la recomendación 35/2009 que giró la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) a la Conagua para suspender la construcción de la presa: ambas fueron ocultadas “para que no se descubran sus canalladas”.
El padre refiere que no es el único documento que se ha escondido, hasta la fecha la Conagua sigue sin presentar la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto y el cambio de uso de suelo. La Conagua anunció que pediría al INAH una revisión a su dictamen. Espinosa Íñiguez añade que se trata ya de una terquedad de las autoridades porque no tienen más argumentos.
“No necesitamos nuevas presas, sino nuevas formas de administrar el agua, de cuidarla para que llegue a todos y para siempre, no solamente soluciones chatas, soluciones miopes”.
Aparece muerto el ecologista Silva, secuestrado el viernes
Denuncia Felipe Torres que la PGR no hizo nada por evitar el crimen
Zihuatanejo , 29 de mayo. El campesino ecologista de la sierra de Petatlán, Adrián Silva, cuya desaparición ocurrió el viernes y se denunció el sábado, fue encontrado asesinado más tarde, a las 8:40 de la noche, en un lugar conocido como Parotitas, informó Felipe Torres Cruz.
Felipe Torres –hermano de Javier Torres Cruz, otro campesino ecologista que fue asesinado en abril–, señaló que los homicidas de Silva son un hombre que identificó como Chano Arreola, y la familia Bautista, a quienes vinculó con la tala ilegal de los bosques de la zona, y que al activista lo acribillaron al menos 10 hombres.
Detalló que una hora antes de que se perpetrara el homicidio se comunicó por teléfono con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en la región Costa Grande, Armando Millán, para pedirle ayuda y que solicitara apoyo militar para evitar que mataran a Silva, sin embargo, no llegó ninguna autoridad a la zona.
“Levantaron a Adrián Silva y a las 8:40 (de la noche) lo mataron; una hora antes yo hablé con el licenciado Millán para decirle, pero no lo evitaron”, reclamó Torres.
Mencionó que el punto donde mataron a Adrián Silva fue en Parotitas, cerca de El Zapotillal y la comunidad Rancho Nuevo.
También denunció que aunado a la apatía oficial, ahora le fabrican delitos, ya que sabe que en la agencia del Ministerio Público de Petatlán, un hombre identificado como Alberto Bravo ha pedido que se emitan órdenes de aprehensión contra él, acusándolo del asesinato de Adrián Silva, y también ha buscado “al coronel del 19 batallón”, con sede en Petatlán, para atacarlo.
El ecologista sospecha que las acciones tienen la intención de que se le retiren las medidas cautelares que solicitó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) para la familia Torres Cruz, ante los constantes embates y agresiones que han sufrido, “nos quieren matar, ya lo dijeron, nos quieren matar a mí y a mi familia, eso es lo que van a hacer, les pedimos ayuda”.
Agregó que “el gobierno lo sabe, ellos saben todo, saben quiénes mataron a Adrián Silva, quienes son los talamontes, quienes están matando gente inocente, ellos saben quiénes son y no han hecho nada, y nosotros no nos vamos a salir porque no somos los que causamos el problema, el gobierno sabe quiénes son los culpables”.
Ante lo peligroso de la situación, pidió a las organizaciones sociales y medios de comunicación que acudan a La Morena, para dar más información y sepan los riesgos en los que tienen que vivir los habitantes de esa comunidad serrana.
Recordó el asesinato de su hermano Javier, perpetrado el 18 de abril y denunciado al día siguiente. Indicó que cuando encontraron el cuerpo se dieron cuenta que le habían robado su teléfono móvil, “y hemos sabido que están amenazando a los líderes de las organizaciones con que tenía contacto mi hermano, como el Tadeco, el CCTI, y hasta a Derechos Humanos han hablado para difamar, e incluso le dicen a (Javier) Monroy (Hernández, coordinador del Tadeco), que si no le para lo van a matar”.
Explotan a indígenas como en la época de la Colonia; sólo les pagan parcialmente
FERNANDO INÉS CARMONA - LUNES, MAYO 30, 2011
Zongolica, Ver.- Como en los tiempos de la Colonia, los indígenas de esta serranía son explotados en las fincas cafetaleras. El pago del jornal, desde hace dos meses, es parcial. Una presunta crisis económica del propietario de una finca es la causa, sin embargo el empresario abre cafeterías en los municipios de la zona centro del estado.
Antonio Quiahua Flores, trabajador de la finca Coyametla, advierte de las condiciones laborales a las que son sometidos los mismos trabajadores. Acusa al empresario Humberto Zavaleta, “quien está incurriendo en explotación laboral, pues tiene más de dos meses que no paga completo el salario”.
Hay condiciones de explotación en el trabajo, pero las condiciones en las que se vive en la sierra de Zongolica hace que la clase trabajadora acepte laborar de esta forma, “los trabajadores estamos entre la espada y la pared, debido a que en esta región no existen otras fuentes de empleo, por ello tenemos que soportar la humillación y la falta de prestaciones sociales a que, como trabajador, tienen derecho. Estamos en la indefensión total”.
Considera que el mismo empresario abusa de la necesidad de los mismos trabajadores, “en la sierra no hay empleo, los pocos que hay son bajo esta condición, es decir salarios bajos, sin prestaciones laborales, tampoco seguro social y mucho menos Infonavit, pero la necesidad de trabajo hace que se acepte el trato con tal de tener dinero en casa”.
Ahora bien, ante este escenario exhortó que las autoridades laborales, estatal o federal, inspeccionen las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de las fincas cafetaleras de la sierra de Zongolica, “porque condiciones como éstas se ejecutan en todos los campos de café. La explotación y el abuso de los trabajadores es la constante que se tiene en esta zona de la sierra”.
“Ojalá y vengan pronto y constaten la explotación de la que son objetos los productores de café en las fincas que se localizan en esta región”.
En el contexto regional, dicen, “la sierra de Zongolica es una de las regiones con mayor producción del grano aromático, no sólo en el estado, sino a nivel nacional y con una gran calidad debido a la altura sobre el nivel del mar y aun cuando la producción ya bajó sensiblemente, con respecto a años anteriores”.
Lo grave de esto, dice, es que de acuerdo con informes que los mismos trabajadores han obtenido, “el empresario abrió cafeterías con el nombre Coyametla, tanto en Orizaba como en Córdoba y Fortín, y ello contradice la versión del cafetalero de no tener dinero para pagar incompleto los salarios”.
“Los trabajadores ya no soportamos más esta situación, debido a que el empresario Humberto Zavaleta dice no tener dinero y por otro lado está abriendo más cafeterías en la región de Orizaba y Córdoba a costilla de la explotación de sus trabajadores del campo”.
“Nos argumenta que no tiene recursos económicos para cumplir con el pago puntual de sus sueldos, y simplemente les abona una parte”.
Realizan el Foro Indigena del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente
Bajo el lema “Somos la raíz del pueblo de pie y en lucha”, se llevó a cabo el Primer Foro Indígena del Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente en las instalaciones del Inpojuve, con la participación de representantes de las tres Etnias del estado.
Más allá del discurso oficial sobre el indigenismo y las tardías declaraciones del diputado local José Guadalupe Rivera sobre la explotación laboral de que son objeto los habitantes de los pueblos originarios de la entidad, la realidad que viven los hablantes Nahuas, Tének y Pames se ha tornado en verdadera pesadilla, como lo manifestaron una y otra vez en sus intervenciones hechas en el Foro Indígena del pasado domingo.
Tal es el caso del desastre ocasionado por los incendios en el Centro Ceremonial de los Voladores de Talmaletón, del municipio de Tancanhuitz, donde el arqueólogo francés Goyguy, evidenció hace años en una escuela los rituales indígenas, haciendo una recopilación de danzas como el de Los Voladores, La Malinche y otros, que han despertado el interés turístico y académico.
Los incendios han convertido en cenizas el museo, el Bohío de artesanías, la escuelita de jóvenes donde se rescataba por medio de platicas la cosmovisión; en fin todas las instalaciones en las que ha puesto todo su entusismo y laboriosidad Benigno Robles, han sido prácticamente afectadas junto con la pérdida de casas y cosechas que mantienen a la población Tének en una grave situación de miseria.
En tampacán y la Huasteca Sur en general, no están mejor, relata el indígena Nahuatl Nicasio Martiniano Dolores, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa “Lalazj Kemej”, cuyos productores de naranja esperan un escenario terrible debido a la prolongada sequía que reducirá drásticamente la producción de naranja, así como el tamaño y calidad del cítrico.
“Si a eso se le agrega la red caminata existente por falta de mantenimiento, la falta de personal médico en los centros de salud y carencia de oportunidades para los jóvenes, quienes por mil pesos al mes se enrolan en la delincuencia y la miseria que vivimos los indígenas, ya se imaginará Usted cual es nuestra situación sin respuestas concretas de los gobernantes”, concluye el dirigente de la Organización Campesina e Indígena de la Huasteca Sur (OCIHS).
Por su parte, no confirman Hermelinda Montero Mar, indígena de habla Xi’ou (Pame) y María del Rocío Hernández Sánchez, representante del Movimiento Indígena Campesino y Popular (Movicap) del municipio de Axtla, que la discriminación de las mujeres y la violencia contra ellas se mantienen; las jóvenes tienen que aventurarse en busca de empleo a pesar de todos los riesgos que hoy existen por la inseguridad que asola la Huasteca y la Zona Media.
Aunque las mujeres hoy empezamos a organizarnos desde las comunidades, “los hombres poco a poco van perdiendo el miedo y ya muestran más interés por los problemas y nos dan permiso para luchar, cosa que antes no nos permitían”. Rematan las dirigentes.
Como invitados al foro, los indígenas Otomíes de la Comunidad de Sombrerete, municipio de Cadereyta, Querétaro; allá cerquita de le Sierra Gorda, José Martínez Hernández y Benito Martínez, nos relatan la parcialidad de las autoridades del Juzgado de Distrito Distrito de Querétaro, a favor del Ejido de Charco Frio, que demandó una restitución de 50 hectáreas a nuestra comunidad donde nos presentaron un supuesto convenio conciliatorio que nosotros nunca firmamos, toda vez que nosotros presentamos un titulo de 1724 que no nos han querido respetar. Sin embargo la comunidad se mantiene unida y en lucha nos dice Benito Martínez, quien además demanda apoyo e inversiones para que los jóvenes se ocupen y se desarrollen en la explotación del mármol que abunda en la comunidad.
Entre los resolutivos más relevantes aprobados por el Foro, destacan la lucha por acabar con las limitaciones las autoridades de todos los niveles imponen a las comunidades; por lo que el ejercicio de la autonomía debe ser una práctica cotidiana.
Luchar por el respeto a la cultura, tradiciones, arte, el ejercicio de la medicina tradicional, el derecho indígena y los usos y costumbres de las comunidades.
Educación bilingüe obligatoria con maestros bilingües, no pago de cuotas escolares y apoyos desde preescolar hasta preparatoria con útiles escolares, uniformes y libros.
Hoy se manifiestan para dar a conocer sus peticiones al gobierno y harán lo mismo dentro de unos días frente a los palacios municipales de población indígena, así lo acordaron los 150 delegados asistentes.
La crisis alimentaria mundial es el inicio de la debacle global del sistema capitalista: Bartra
“La crisis alimentaria mundial es resultado de la degradación y escasez de las condiciones naturales y sociales de la existencia humana, del encarecimiento de los recursos vitales y del cambio climático pero, en gran medida, es provocado hasta en 50 por ciento por la especulación financiera que obliga a más de mil millones de personas a dormir con el estomago vacío”, aseveró Armando Bartra.
Lo anterior, aseveró, es el comienzo de la debacle global del sistema capitalista.
Bartra estuvo en Puebla la tarde del viernes para ofrecer una conferencia magistral como cierre de las actividades del octavo Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER) “Campesinos y Procesos Rurales: Diversidad, Disputas y Alternativas”, que tuvo como sede a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco y coordinador del suplemento La Jornada del Campo, de La Jornada, informó que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 1992 se calculaba que en el mundo había 848 millones de personas que se iban a dormir mal comidos.
En 2008 la cifra aumentó a 930 millones de personas, y para 2011 el número de hambrientos ya rebasa los mil millones.
Planteó que la crisis actual no es una crisis de coyuntura, sino de época, pues confluyen el agotamiento del modelo neoliberal de desarrollo, del sistema económico capitalista y del orden civilizatorio urbano e industrial.
Del encarecimiento de los alimentos aseveró que es provocado por un capitalismo que trata como mercancías al hombre y a la naturaleza, y se expresa en la especulación del dinero en las periódicas contradicciones internas del sistema económico; por lo tanto, afirmó que el proceso que se vive es una fractura de orden civilizatorio y en ella confluyen, señaló, el cambio climático, la encrucijada energética, el aumento de la pobreza, el descrédito de la política, las pandemias y las guerras.
Ante un abarrotado Salón Barroco del edificio Carolino, expuso que la crisis alimentaria es un eufemismo para referirse al hambre, flagelo que la modernidad no erradicó, y que en el tercer milenio aseveró arremete encarnizado y global.
En vez de abundancia, el investigador señaló que el capitalismo trajo escases, pero de fondo la inaccesibilidad a los alimentos que sustentan nuestra reproducción biológica.
Hay quien dice –refirió– que hay comida en abundancia, pero no llega a la gente o le llega cara por la única razón de que los fondos de inversión y las trasnacionales agroalimentarias especulan con el hambre.
Citó que el director general de la FAO habla de una especulación exacerbada por la liberalización de los mercados, apreciación que confirma ampliamente que en el inicio de la crisis alimentaria, en 2008, Monsanto aumentó sus rendimientos 44 por ciento y Syngenta 28 por ciento.
Algunos sostienen, indicó, que la escasez relativa de alimentos es un invento, una ficción, un mito destinado a cubrir la verdadera causa de la carestía, que es la especulación; por lo tanto, la subida de los precios de los alimentos, abundó, está relacionada con el encarecimiento del petróleo y no con una baja de la producción, pues hay comida suficiente para alimentar a todos adecuadamente si fuera distribuida bajo otros patrones de consumo.
El especialista en desarrollo rural dijo convencido que la crisis no es de escases, no surge de un desequilibro real por una menor oferta y una mayor demanda. “No es un problema de producción, sino de acceso a los alimentos, y aquí en México la crisis alimentaria no es más que un problema de la estructura de comercio”.
También admitió que además de la serie de factores no especulativos que impactan sobre la oferta, la demanda y el precio de los alimentos está el cambio climático que provoca pérdidas agropecuarias, así como que una gran parte de las cosechas, de las tierras y las aguas se destina a la producción de agrocombustibles.
Debido a ello, expresó que las políticas del capitalismo canalla llevaron a México a que desmantelara una parte de su producción interna de alimentos, manifestándose en hambrunas y carestía por el creciente uso no directamente alimentario de algunas cosechas (empleo en forrajes y biocombustibles), y por la especulación resultante del oligopolio trasnacional que domina en la rama.
En el fondo de la crisis alimentaria, reveló, está la erosión histórica de la sociedad y la naturaleza operada por un capitalismo que no sólo es explotador, sino socialmente injusto y tecnológicamente insostenible.
Expuso que la magnitud del atolladero en que nos encontramos evidencia la imposibilidad de sostener el modelo inspirador del capitalismo salvaje de las últimas décadas, pero también resulta impresentable un sistema económico que no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría y, sin embargo, periódicamente tiene que autodestruir su capacidad productiva sobrante. “Y cómo no poner en entredicho a la civilización industrial cuando la debacle ambiental y energética da cuenta de la sustantiva insostenibilidad de un modo de producir y consumir que hoy por hoy devora 25 por ciento más recursos de los que la naturaleza puede reponer”. Y afirmó que no saldremos del atolladero alimentario por una vía posneoliberal, sino solamente a través de un gran cambio de rumbo.
En los pasados cuatro años, informó, 115 millones se sumaron a los desnutridos, y hoy uno de cada seis seres humanos está hambriento; pero en el contexto de la crisis de escasez, que amenaza repetir el libreto de las viejas crisis agrícolas, confirmó que “enfrentamos un severo margallate económico del tipo de los que padece periódicamente el sistema: una crisis de las que llaman de sobreproducción o más adecuadamente de subconsumo”, por lo que Armando Bartra advirtió que el contraste entre la presunta capacidad excesiva del sistema y las carencias de la gente será aún mayor en el futuro, en la medida en que se profundicen los efectos del cambio climático.
“Agravamiento por demás inevitable, pues el medio ambiental es un desbarajuste de incubación prolongada cuyo despliegue será duradero por más que hagamos para atenuarlo”, concluyó el profesor e investigador.
Desapariciones forzadas siguen vigentes en México: especialistas de la Ibero
Activistas y académicos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla expresaron su rechazo hacia los crímenes impunes contra personas inocentes, las desapariciones forzadas y los secuestros, pues continúan vigentes en el territorio mexicano. Incluso, durante la mesa redonda “Los crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de la Delincuencia Organizada”, coincidieron en señalar que las bandas del crimen organizado que operan en México presionan a los poderes del estado para obtener su propio beneficio.
José Gerardo Palomo González, coordinador de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero, puntualizó que el principal error de las administraciones federales es presentar a la delincuencia organizada como un problema que se enfrenta con el uso de las fuerzas armadas.
El académico destacó que la intervención de la milicia en las calles no solucionará el problema; por el contrario, apuntó que una situación de tal magnitud debe solucionarse con la intervención de los poderes judiciales y legislativos.
“La delincuencia organizada ha hecho su labor a través de la corrupción para lograr que las instituciones públicas del estado no hicieran nada, o bien hicieran muy poco respecto al problema. Por lo tanto, este fenómeno violento que conocemos en nuestro país y en otras regiones no pudo haberse desarrollado sin una determinada cobertura política” comentó Gerardo Palomo.
Al respecto, óscar Arturo Castro Soto, director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla, señaló que entre los problemas que derivan de la corrupción con las autoridades y las bandas del crimen organizado están: los movimientos migratorios ilegales y el secuestro por trata y tráfico de personas.
De acuerdo con el académico, la ausencia de estos seres de sus núcleos familiares por circunstancias violentas o ilegales, existiendo presencia o participación de un agente del estado, se puede tipificar ya como una desaparición forzada.
Por su parte, Israel Sampedro Morales, coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que la mayor consecuencia de las desapariciones forzadas es el impacto psicosocial que tienen sobre la sociedad, ya que vulneran los aspectos psicológicos de las familias afectadas y generan miedo y terror en el público en general.
Indicó que el “empecinamiento de Felipe Calderón para continuar con la absurda guerra contra el narcotráfico” está avalando actividades fascistas como la militarización de diferentes ámbitos de la sociedad y de estructuras de gobierno, el despliegue de elementos policiacos en el país; la ejecución de estados de sitios temporales en las franjas fronterizas del norte y sur del país y la militarización de urbes y comunidades rurales.
Foro permanente de la ONU exige al Estado mexicano respetar los derechos indígenas
Los grandes proyectos sólo ocasionan despojo y más pobreza para estos pueblos: Ucizoni y AMAP
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandó al gobierno de México reconocer al pueblo wixárika, su territorio y garantizar el respeto del sitio sagrado de Wirikuta, amenazado por los trabajos de exploración que la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corps lleva a cabo en la zona.
Durante la sesión del Foro Permanente, que depende del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU, y que concluyó este 27 de mayo, los relatores del organismo advirtieron de la preocupación que existe en la ONU en temas que ponen en riesgo a los pueblos indígenas por la ausencia del reconocimiento de la consulta, resaltando los referentes a las industrias extractivas, la mercantilización del agua, los desplazamientos forzados por los megaproyectos o conflictos armados y la extinción de las lenguas indígenas.
La presidenta del Foro, Mirna Cunningham, señaló que las continuas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas “no son nada nuevo” y están “especialmente vinculadas a la explotación de las grandes corporaciones en la extracción minera”, por lo que se hizo un emplazamiento al gobierno de México a respetar y garantizar los derechos humanos de los indígenas y se les valide su derecho a la tierra, a los territorios, a los recursos naturales y a la consulta.
En este tenor, se puso de ejemplo a las corporaciones mineras canadienses que han obtenido cientos de concesiones para la explotación de minerales sin el consentimiento de las comunidades indígenas dueñas del territorio, así como las regiones indígenas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y Veracruz, donde se proyecta la construcción de nuevas represas que significarán la desaparición de comunidades enteras para imponer un megaproyecto eólico.
“Enfrentamos enemigos muy poderosos, enfrentamos al gobierno mexicano y a sus socios del gran capital financiero trasnacional, quienes están dispuestos a todo con tal de apoderarse de las tierras y recursos de nuestros pueblos. Nos han perseguido, han militarizado nuestros territorios, han criminalizado a nuestros representantes y en algunos casos los han asesinado. Es por ello que la Unión de comunidades indígenas de la zona norte del istmo (Ucizoni) y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) por este medio le hacemos un llamado para que intervenga ante el gobierno mexicano para que nos sea reconocido el derecho de nuestros pueblos a ser consultados de acuerdo a nuestra costumbre y en nuestras lengua, le pedimos que frente a proyectos de inversión y políticas públicas sea escuchada la palabra de nuestras comunidades”, señalaron los representantes indígenas.
Además los representantes de los grupos indígenas plantearon la necesidad de que la ONU se mantenga pendiente para que sus derechos no se vean vulnerados por el avance de las industrias extractivas, pues según una misiva enviada por la Ucizoni y la AMAP, los territorios indígenas de México “han sido escenario de grandes proyectos que sólo han ocasionado despojos y más pobreza para estos pueblos”, dando como resultado que en los últimos 100 años, comunidades enteras hayan desaparecido en nombre del progreso.
Ante estas demandas, los relatores internacionales alertaron de graves riesgos para los pueblos indígenas, ante la negativa de los gobiernos a reconocer los derechos de éstos, cuestión que calificaron como preocupante, por lo que el foro permanente acordó crear la primera iniciativa interagencial para promover y proteger las garantías fundamentales de los pueblos indígenas, a la cual se le denominó Alianza de la ONU para los Pueblos Indígenas (UNIPP, por sus siglas en inglés), teniendo como objetivo fortalecer las instituciones de esas comunidades y promover su participación en los gobiernos locales y nacionales.
Asimismo se llamó a los pueblos indígenas a seguir trabajando para lograr que sus derechos sean recogidos en las constituciones, puesto que “necesitan ese tipo de estructuras para seguir creciendo y aumentar su participación”, mientras que a los países se les pidió armonizar sus leyes locales con las internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Bajo un puente, albergue improvisado para migrantes; ahí oran y se abastecen
Coatzacoalcos, Ver.- Debajo de un puente, cada mes, católicos y migrantes se juntan para pedir por “los que van en camino” hacia el norte y la libren de la violencia, mientras los habitantes de colonias establecidas cerca de las vías del tren miran impasibles el tránsito de los centroamericanos.
A pesar de las historias de violencia que saben que existe en México, de manera diaria llegan a este municipio grupos de 40 a 100 personas que se aventuran a cruzar México sin la ayuda de un pollero, a través del tren o caminando desde Chiapas.
Todos los días después de las 14 horas, grupos de migrantes llegan hasta el llamado “puente de la Avenida 1” donde los laicos de diferentes comunidades de la Iglesia católica los apoyan con comida y agua, antes de seguir su viaje. Tamales, arroz, frijoles, pollo, todo sirve para matar el hambre y recuperar fuerzas para continuar hacia Estados Unidos, mientras esperan el tren y huyen de las redadas que realizan los grupos de polleros.
Las embajadas de Guatemala y El Salvador que operan desde la estación migratoria de Acayucan les entregan bolsas con agua, suero y galletas saladas y en caso de necesitarlo les realizan algún trámite o llamada para notificar que están bien a sus familiares.
También los laicos que trabajan en las brigadas de apoyo levantan datos sobre cada migrante que ayudan, pues es la única forma de llevar un registro de cuántos de ellos llegan hasta la frontera o se “perdieron” en el camino.
Esta infraestructura municipal que conecta a las colonias bajas del municipio les sirve como refugio mientras esperan la salida del tren hasta Medias Aguas y de ahí hacia el centro o norte del país. Los migrantes, en su mayoría hondureños que huyen de las condiciones de pobreza y represión que se acentuaron después del golpe de estado contra Manuel Zelaya, llegan cansados a esperar el tren que los acercará a su sueño, aunque tienen que esperar la corrida que transporta granos, porque cuando salen los productos “químicos” se tienen que enfrentar a los “federales” que los resguardan.
Todos tienen características en común, son pobres, tienen familias numerosas y el dinero apenas les alcanza para comer; los más jóvenes, ninis, como les llamarían en México, quieren ganar dólares, pasarla bien y evitar a los grupos de la delincuencia que los invitan a participar con ellos.
La mayoría de los migrantes tiene entre los 16 y 24 años de edad, aunque también transitan hombres mayores, quienes por las circunstancias del camino que emprendieron se vuelven los padres de esta nueva familia, las mujeres rara vez llegan tan lejos solas.
Migrar no está en el plan de Dios
Cada fin de mes, la infraestructura es una iglesia abierta para rezar por “los que van en camino y no saben si llegaran a su destino”, dijo el padre David, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en este municipio.
Además de la comida, sacerdotes y laicos tratan de darles ánimo en su lucha y acompañarlos, aunque sea “con oraciones”, mientras que la población de las colonias Progreso y Paz y Constituyentes los miran casi con desdén, encerrados en sus casas.
En la misa especial que se realiza cada fin de mes, el padre Amado les reiteró que “todos los seres humanos merecemos el respeto a la vida y solo es Dios quien la da o la quita. Las condiciones de vida no son justas para todo, hay mucha pobreza en todos los países y eso es producto de la mala distribución de los bienes y la riqueza, generada por el egoísmo del ser humano que no busca compartir con los que más tienen. No es el plan de Dios que tengan que salir de sus casas –dijo el sacerdote– eso es solo fruto del egoísmo”.
Para estos hombres, que poco saben de los términos económicos sobre la distribución de la riqueza, sólo piensan que sus familias no tienen qué comer y tienen miedo de “quedarse” en el camino, por eso oran casi con desesperación.
Uno de los migrantes platicó: “llevamos varios días caminando por caminos que no conocemos porque el tren ya no llego hasta la ciudad, solo así libramos las redadas de los secuestradores, la verdad es que a veces si hay ganas de regresarse, pero con que Dios este en nuestro camino, con eso esperamos librarla”.
Zelaya pidió a Lobo garantizar a los hondureños el derecho a la participación
El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya se mostró satisfecho por la reunión que sostuvo este sábado con el mandatario Porfirio Lobo luego de su regreso al país tras dos años del golpe de Estado. En el encuentro Zelaya le planteó crear un escenario para que los ciudadanos gocen de participación y pueda elegir libremente su propio destino.
Desde su casa, ubicada en Tegucipaglpa (capital), Zelaya expresó que con la aceptación de este pacto de “reconciliación”, el presidente Lobo “ha demostrado sus buenas intenciones” y su orientación democrática para que “la sociedad encuentre un espacio de participación”.
Tras el encuentro donde participaron representantes de países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Argentina y El Salvador, Zelaya aseveró que la madurez de los pueblos quedó en evidencia.
“Se está hablando de diálogo, de instrumentos pacíficos (…). Hoy se está viendo el camino correcto. Mi discurso en esa reunión fue que los tiempos cambian y estamos obligados a seguir con los cambios (…). Una crisis política genera soluciones para el debate, hay un proceso de cambio dirigido por los pueblos y no podemos negarnos a eso”, dijo el ex Presidente de Honduras.
En ese sentido, aseguró que con la llegada a su Patria y posterior encuentro con Porfirio Lobo, se cumple la primera etapa del proceso posterior al golpe de Estado.
“Hemos logrado un acuerdo con el gobierno que sucedió al golpe de Estado. Aunque todos los países pedían la restitución del gobierno, pero no se logró. Lo que tenemos es un proceso de reconciliación”, destacó.
Asimismo aprovechó para agradecer nuevamente a los gobernntes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, por ser mediadores claves en este proceso.
Elecciones libres será el siguiente objetivo
Zelaya precisó que luego de cerrar la primera fase, trabajará para que en Honduras se celebren elecciones libres. “El pueblo hondureño lo que quiere es participar, que le den espacios, que puedan ser sujeto de su propio destino y eso es lo que está logrando este acuerdo suscrito”.
Zelaya culminó la entrevista asegurando que desde este domingo comenzará a trabajar por el pueblo. “Esta primera etapa se terminó, ahora a trabajar, organizarnos y a hacer política”.
Zelaya llegó a Honduras, a través de un vuelo directo desde Managua (Nicaragua), acompañado por los cancilleres de Venezuela, Nicolás Maduro; el de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso; el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton; y la senadora colombiana, Piedad Córdoba.
Tras permanecer exiliado de Honduras después de ser derrocado en un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, Zelaya fue recibido en su país por cientos de seguidores que se agolparon en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa, para celebrar el triunfo de la democracia.
El retorno de Zelaya se produce luego de culminar un proceso de mediación encabezado por los gobiernos de Venezuela y Colombia, para resolver la crisis hondureña y un plan simultáneo para reintegrar a Honduras a la OEA, de donde fue expulsada tras el golpe de Estado.
Funte: TeleSur
Publicado por Albarranag en 8:43 No hay comentarios:
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