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Timestamp: 2020-08-15 12:54:08+00:00

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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 110 LJCA PARA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE ALARMA 20-4-2020 – Jiménez Shaw Abogados
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 110 LJCA PARA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA TRAS EL ESTADO DE ALARMA
1.- El régimen vigente de la extensión de efectos del art. 110, y su diferencia con el pleito-testigo. 2
2.- La medida 5.1. del “Primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma” elaborado por el CGPJ. 5
Otros criterios y contrapropuestas para el plan de choque. 6
3.1. El Consejo General de la Abogacía Española. 6
3.2. La contrapropuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura. 6
3.3. El criterio de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) 8
3.4. Propuestas de Emilio Aparicio Santamaría. 8
4.- La necesaria colaboración de la Administración. 9
5.- Síntesis y conclusiones sobre la posible modificación del artículo 110. 10
Desde que el 1 de abril, el BOE publicó el Real Decreto Ley 11/2020, en cuya Disposición adicional decimonovena “Agilización procesal”, se contemplaba un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil, con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis, se han conocido varias propuestas en este sentido.
La citada disposición adicional novena pretende que esta aprobación se produzca una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo, y prevé que se lleve a cabo por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días desde el final del estado de alarma. A día de hoy, parece que se prorrogará al menos hasta el día 9 de mayo, por lo que estaríamos a tiempo de alguna propuesta en este sentido.
La lectura del primer documento de trabajo del Consejo General del Poder Judicial sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia, recoge entre las modificaciones que atañen a la jurisdicción contenciosa, en primer término, una modificación de los artículos relativos al pleito testigo y a la extensión de efectos.
Estando de acuerdo con que uno de los mecanismos que puede agilizar el funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa es en concreto la extensión de efectos de la sentencia prevista en el artículo 110 LJCA, el examen de esta propuesta del CGPJ resulta, sin embargo, decepcionante por varias razones que se abordarán.
Procede entonces, examinar lo dispuesto en el derecho vigente a día de hoy sobre la extensión de efectos prevista en el artículo 110, comenzando por distinguirla del mecanismo del pleito testigo regulado en los artículos 37.2 y 111 de la Ley.
1.- El régimen vigente de la extensión de efectos del art. 110, y su diferencia con el pleito-testigo.
Dos de las novedades que se incluyeron en la LJCA de 1998 estaban precisamente encaminadas a evitar los pleitos en masa. De un lado, el pleito testigo, y de otra parte el mecanismo previsto en el artículo 110. En ambos se puede producir una extensión de efectos de una sentencia a otros supuestos muy similares, pero se trata de soluciones diferentes.
En efecto, el pleito testigo es un mecanismo que juega cuando ya existen procesos que podrían ser acumulados, como alternativa precisamente a la acumulación, tramitando uno o varios con carácter preferente y suspendiendo los demás. Resuelto el pleito testigo por sentencia firme, se notificará en los procesos suspendidos para que puedan solicitar, bien la extensión de efectos prevista en el artículo 111 –caso de sentencia estimatoria-, o bien si la sentencia fuera desestimatoria, la continuación del procedimiento o el desistimiento. El artículo 111 únicamente añade que la extensión de efectos no procede si hay causas de inadmisibilidad del recurso o la doctrina fuera contraria a la jurisprudencia.
Por el contrario, en el artículo 110 se plantea un sistema diferente, que opera cuando ya se ha dictado sentencia firme, lo cual es muy relevante porque se planteará únicamente con sentencias estimatorias lo que supone un importante ahorro de procesos.
Si bien en origen la solicitud de extensión de efectos prevista en el artículo 110 se producía en sede administrativa[1], una interpretación restrictiva de este precepto dio lugar a una modificación legal que lo llevó directamente a la fase de ejecución de sentencia, por lo que ya hace tiempo que se plantea ante el órgano judicial que dictó la sentencia cuyos efectos se pretende extender.
Así el mecanismo previsto en el artículo 110 se enmarca a día de hoy como una solicitud que se formula directamente como incidente de ejecución de una sentencia dictada tan solo en tres materias: personal, tributaria o de unidad de mercado, y permite que comparezcan en ese proceso personas que se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo, y soliciten que se extiendan los efectos de esa sentencia a su supuesto.
El procedimiento consiste en que el interesado se dirija al órgano jurisdiccional que dictó la sentencia ya firme, y mediante escrito razonado en que se pone de relieve el cumplimiento de los requisitos, le pida que mediante un Auto se le extiendan los efectos. La tramitación se hace como un incidente, sin vista, requiriéndose de la Administración un informe sobre la viabilidad de la petición, del que se da traslado a la parte para alegaciones y finalmente se dicta el Auto. El Auto extenderá los efectos de la sentencia si se cumplen los requisitos.
Estos requisitos, además de la identidad de situaciones jurídicas son: que no debe haber transcurrido más de un año desde que se notificó la sentencia a las partes (hay que entender que se refiere a la firmeza), y que el órgano jurisdiccional debe ser competente por razón del territorio.
No cabe extender efectos si existe cosa juzgada, o la doctrina es contraria a la jurisprudencia, o si para el solicitante existe acto consentido y firme.
Con estos requisitos, en la práctica no es tan fácil poder solicitar extensión de efectos de una sentencia.
En primer término, la sentencia debe reconocer una situación jurídica individualizada, lo que no siempre ocurre. Es cierto que muchos de estos casos son provocados –es decir, en un colectivo, se seleccionan uno o dos supuestos para plantear el contencioso y acudir luego a la extensión de efectos con los restantes- supuesto en que, sin duda, el suplico se hace solicitando dicho reconocimiento. Sin embargo, cuando en el suplico no se ha planteado expresamente que se reconozca un derecho, se dificulta acudir a este mecanismo.
Tampoco debe haber pasado más de un año de la sentencia, lo que unido a que no cabe en el caso de actos firmes por no haber sido recurridos, supone una dificultad práctica importante. En efecto, si se trata de situaciones jurídicas idénticas lo más probable es que tengan origen en una actuación con múltiples destinatarios, y habida cuenta los breves plazos de recurso, es difícil que uno de los afectados tenga ya sentencia, y los demás, habiendo agotado los recursos administrativos, no estén aún en la tesitura de tener que haber planteado un proceso contencioso-administrativo.
Dados estos requisitos, un campo abonado para plantear la extensión de efectos es el de los casos en que se produce silencio ante el recurso administrativo, y también en el tributario en el caso de impuestos periódicos, pues es doctrina ya consolidada que hay situaciones idénticas aunque se trate de diferentes ejercicios fiscales; y, de otro lado los Tribunales económico-administrativos tardan bastante tiempo en resolver. Por ello es posible que haya sentencia para un interesado, y otros en la misma situación estén aún pendientes de resolución de la reclamación económico-administrativa correspondiente a ejercicios fiscales posteriores, por lo que no habrían consentido la resolución.
Si además se considera que puede haber litispendencia si se acude a la vía de art. 110 cuando ya existe un proceso sobre esa resolución en concreto[2], el juego de este mecanismo queda aún más limitado. Es decir, si ante una resolución desestimatoria del recurso en vía administrativa, el interesado se tiene que plantear si acudir al proceso jurisdiccional, o a la vía de la extensión de efectos de otra sentencia, es muy posible que opte por la primera, para lo que tiene un plazo de tan solo dos meses, ante una hipotética desestimación de la extensión de efectos.
Ahora bien, si aún no se ha producido la desestimación expresa del recurso administrativo pertinente -o en materia tributaria, de la reclamación económico-administrativa si fuera obligatoria-, una vez superada la importante dificultad de cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 110, el procedimiento es breve y sencillo, y tan solo se retrasa en la mayor parte de los casos por la tardanza de la Administración en remitir el informe de viabilidad. Por cierto que en la redacción inicial de este precepto, no se solicitaba informe, sino las actuaciones, y si no se recibían en el plazo de 20 días, se resolvía sin más mediante Auto[3]. Considero adecuado que se solicite informe, si bien, como más adelante se verá, parece preferible que la no remisión en el plazo de 20 días debería dar lugar a que por el órgano jurisdiccional se dictara el Auto sin más demora. Sobre todo si la solicitud se planteó previamente ante la propia Administración y esta dio la callada por respuesta.
Al resultar este procedimiento rápido y ágil, se entiende que puede ser una buena medida a adoptar en el plan de choque la de suprimir parte de los requisitos que dificultan el acceso al mismo, y ello aunque no se trate de una medida coyuntural, sino llamada a quedarse y continuar colaborando a desatascar la jurisdicción contenciosa.
La modificación de este precepto permitirá a su vez corregir la obsolescencia de alguno de los apartados, como la alusión que se mantiene a día de hoy al recurso de casación en interés de la ley (art. 110.6).
Sentado lo anterior procede examinar la propuesta del Consejo General del Poder Judicial a este respecto, así como algunas otras que se han pronunciado sobre la misma.
2.- La medida 5.1. del “Primer documento de trabajo sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma” elaborado por el CGPJ.
La medida 5.1. del primer documento de trabajo aborda conjuntamente la reforma de los artículos 37.2, 111 y también la del artículo 110, pero centra la justificación en la de los dos primeros.
Si bien con carácter general las medidas que ahora propone el CGPJ están inspiradas en la propuesta elaborada en 2013 por la Sección Especial para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, como bien ha señalado Emilio Aparicio[4], y eso ocurre con la modificación de los artículos 37 y 111, no sucede lo mismo con el artículo 110, para el que la propuesta de 2013 proponía que se solicitase a la Administración, como en la redacción originaria del precepto, y solo si ésta no atendía lo pedido, se acudiera al órgano judicial que dictó la sentencia.
El CGPJ se limita a proponer que en el art. 110.1 se sustituya la referencia a las materias específicas (tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado) por lo siguiente: “Cuando se aprecie identidad de objeto”. Dado que todas las justificaciones del documento en este punto 5.1. se refieren a la modificación del pleito testigo, la que nos ocupa se encuentra ayuna de motivación.
La expresión “identidad de objeto” alude sin duda a la empleada en el artículo 37.2 “recursos con idéntico objeto”, y en consecuencia sería aplicable la interpretación que se ha hecho de ese precepto, que remite a su vez al artículo sobre acumulación (es preciso que se trate de un mismo acto, disposición o actuación, o que sean reproducción confirmación o ejecución, o exista cualquier conexión directa) lo que parece poco acertado, porque la referencia a idéntico objeto -se entienda éste como la resolución o disposición impugnada, o como la pretensión sobre dicho acto o disposición-, dificultará sin duda su empleo.
Es decir, si en la actualidad se pueden tramitar por la vía del artículo 110 los supuestos de resoluciones similares a la anulada por la sentencia (por ejemplo, se deniega la misma reducción de la base imponible, es decir la contemplada en un mismo precepto, con un fundamento similar) al exigirse ahora una identidad de objeto, en lugar de una identidad de situación jurídica, se podrá dudar la idoneidad del mecanismo. Y ante la posibilidad de cosechar un Auto de inadmisión o desestimación, se acuda a la impugnación ordinaria, con el consiguiente incremento de la litigiosidad y del colapso que se pretendía evitar.
Así pues, lo que parece una ampliación del ámbito objetivo del artículo 110, se torna en una restricción.
Al no proponer ninguna otra modificación, por ejemplo relativa a la supresión de alguno de los requisitos que impiden su empleo en muchos otros supuestos, resulta totalmente inútil, es más parece restrictiva y tendrá el efecto contrario, a no ser que se interprete en sentido amplio.
Sin duda se ha pretendido una homogeneización de las dos extensiones de efectos contempladas en la LJCA, la del pleito testigo y la que se produce en fase de ejecución de sentencia, pero por lo expuesto, parece que se ha venido a restringir la regulada en el artículo 110.
3. Otros criterios y contrapropuestas para el plan de choque.
3.1. El Consejo General de la Abogacía Española
El 6 de abril está fechado un primer documento elaborado por el CGAE, con 5 propuestas, pero no figura ninguna correspondiente al orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Una vez conocido el Plan de choque del CGPJ, al que se ha hecho referencia más arriba, se elaboró en el seno del CGAE un informe de alegaciones al mismo, al que se dio publicidad el 14 de abril, en el que se abordan las medidas relativas a la jurisdicción contencioso administrativa: Aportaciones del CGAE
Pero, en línea con todo su planteamiento acerca de que desborda lo que debe ser un plan de choque, tampoco plantea una contrapropuesta.
En general, en relación con la medida 5.1. se considera: “NO ES MEDIDA DE CHOQUE. OPINIÓN. PUEDE ESTAR BIEN. PERO NO PARA AHORA.”
Sobre la propuesta de modificación del artículo 110.1 en particular se indica que “puede ser excesiva al pretenderse una generalización de supuestos. No parece una medida contemplada para agilizar el funcionamiento de la administración de justicia con motivo del Covid-19 sino, más bien, acometer una modificación legislativa con vocación de permanencia por los trámites de urgencia, sin someterse a consideraciones de todos los operadores jurídicos”
3.2. La contrapropuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
En la página web de la Asociación Profesional de la Magistratura se recoge a partir del 15 de abril su contrapropuesta al plan de choque del CGPJ.
En este informe se empieza por criticar en general la referencia a la identidad de objeto como requisito de las extensiones de efectos, porque en supuestos expropiatorios o de responsabilidad patrimonial no se dará, “porque cada uno de ellos presentará una diferente situación fáctica que forma parte de su pretensión, y exigirá su definición en el caso concreto. La declaración de responsabilidad patrimonial pasa, no sólo por la determinación de existencia de la misma, que siempre ha de declararse por referencia a cada interesado, sino por la determinación de la concreta existencia de daño y su cuantificación, esto es, situaciones fácticas necesitadas de prueba.”
Lo anterior resulta muy acertado. Aunque se está refiriendo al pleito testigo, procede aludir a este planteamiento, ya que la propuesta del CGPJ, como se ha visto, pretendía acercar ambos mecanismos.
Asimismo parece correcto lo que señala este informe en el sentido siguiente: “los asuntos derivados del COVID-19 van a ser asuntos no repetitivos, pero con cuestiones comunes. Esto es lo que hay que tratar y darle una solución procesal, y para esto no vale el pleito testigo tal como está concebido en la LJCA, ni ninguna de las medidas del Plan de Choque.”
En concreto sobre el artículo 110, la APM recoge:
Se debería eliminar el requisito de reconocimiento de situación jurídica individualizada de la sentencia respecto de la que se pretendan extender los efectos por cuando ello hace inviable, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la extensión de sentencias que se limiten a anular los actos o resoluciones administrativas impugnadas.
Se debería aligerar el requisito de la identidad jurídica exigida en la actual redacción que impide la aplicación de la extensión de efectos a aquellos casos en que el recurrente no esté en idéntica situación procesal (mismo órgano judicial) que el que lo fue del pleito cuyos efectos se pretenden extender. Convendría que sólo sea necesario acreditar que los hechos, fundamentos y pretensiones sean similares.
También se propone modificar la letra c) del apartado 5 del art. 110 para evitar tener que alcanzar instancias judiciales si se quiere obtener la extensión de efectos, de modo que bastase con haber recurrido en vía administrativa al momento de solicitar la extensión de efectos. Esta medida aligerará la carga de órganos administrativos y judiciales.
Todas estas modificaciones parecen oportunas, y también la última que se trascribe íntegramente
Para concluir con este precepto, llamamos la atención acerca de la oportunidad y conveniencia de introducir un nuevo apartado para conceder al órgano revisor la facultad de extender, de oficio, los efectos de una sentencia al recurso que conozca si concurren los requisitos establecidos en el mismo artículo. Con ello se evitaría tramitar íntegramente el recurso contencioso-administrativo y aligerar la carga de los órganos judiciales. Esto sucede, con frecuencia y en un número importante de asuntos, en recursos en materia de personal seguidos ante Juzgados Contencioso-Administrativos.
Como se verá más adelante en las conclusiones, esta parece una aportación de relevancia, que debería ser también atendida.
3.3. El criterio de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)
Dado que el ámbito tributario es uno de los que se contemplan en el artículo 110, aparece como relevante el planteamiento que pueda hacer la AEDAF, que ha llevado a cabo una Propuesta de reformas en el proceso contencioso-administrativo, en la que se presta atención a la reforma del artículo 110 LJCA recogida en la medida 5.1. del Plan de Choque del CGPJ, a la que denomina “Resurrección” de la extensión de efectos de las sentencias (artículo 110 LJCA).
La AEDAF lamente que la medida propuesta por el Consejo General del Poder Judicial se limite a eliminar la acotación objetiva actual, y propone que se vuelva a la redacción originaria del precepto, que fue modificada a resultas de una jurisprudencia restrictiva del Tribunal Supremo.
Además sugiere que:
Se elimine la restricción prevista en el art. 110.5.c) que impide que se acojan quienes no recurrieron el acto o la resolución que lo confirmó en vía administrativa, y que produce una llamada a la litigación, aunque comprende las dificultades dogmáticas de aceptar que se extienda una sentencia a quien se aquietó en su momento.
Se suprima el requisito de que la sentencia reconozca una situación jurídica individualizada, bastando que la estimación anule la liquidación o la sanción.
Se suprima el requisito de la competencia territorial, debería bastar la existencia de identidad de situación jurídica.
En suma un planteamiento similar al que se acaba de examinar de la APM, y que compartimos.
3.4. Propuestas de Emilio Aparicio Santamaría
El abogado administrativista Emilio Aparicio llevó a cabo un fantástico primer análisis de las propuestas del CGPJ para el orden contencioso-administrativo en el Almacén de Derecho, el día 9 de abril: “Primera aproximación a las medidas organizativas y procesales para el orden contencioso-administrativo, ala vista del primer documento de trabajo del CGPJ. “
Y enseguida, el 14 de abril ha expuesto brillantemente “Algunas ideas para mejorar las medidas procesales propuestas por el CGPJ para el orden contencioso-administrativo” en su propio blog “In dubio pro administrado”.
Este autor, al que ya se ha aludido más arriba en tanto puso de manifiesto la inspiración del CGPJ en la propuesta de reforma de la LJCA de 2013[5], lleva a cabo un análisis conjunto de las medidas previstas en los artículos 37, 110 y 111, y respecto del precepto que nos ocupa, plantea la necesidad de las siguientes reformas:
De una parte, sugiere que la identidad jurídica a la que se refiere el artículo 110.1 a) LJCA sea entendida como situación jurídica material y no procesal. “Esto es, tiene que ser indiferente que los interesados se hayan aquietado o no frente al acto administrativo, pues de lo contrario lo que se está incentivando es que los afectados se vean en la necesidad de recurrir esos actos administrativos, lo que generará el efecto inverso al buscado.”
Y en la misma línea propone la supresión del artículo 110.5 c) LJCA, en tanto se ha revelado contraproducente, pues da lugar a la duplicidad: de un lado se impugna el acuerdo y de otra parte se solicita la extensión de efectos[6].
Totalmente de acuerdo en la conveniencia de suprimir el requisito de que no se haya consentido, si bien, ante la dificultad de conseguir una modificación en este sentido, tal vez haya que hacer hincapié en otras soluciones, que recojo a continuación.
4.- La necesaria colaboración de la Administración
Este apartado es una novedad que no se incluía en una primera redacción, pero las conversaciones con unos y otros, e incluso un clarificador post de Chaves “El triaje administrativo para atajar la avalancha”, me han dado pistas para hacer hincapié en algo que parece esencial para descargar la jurisdicción contencioso-administrativa, y es la colaboración de la Administración
En efecto, carece de sentido que la Administración, en ocasiones, haga oídos sordos a las resoluciones judiciales y continúe dictando actos en el mismo sentido que otros ya anulados, o resolviendo recursos en sentido desestimatorio en contra del criterio de los tribunales. Sucede.
En estos casos el interesado se encuentra en la tesitura de recurrir, incluso en vía contencioso-administrativa con el consiguiente esfuerzo en tiempo y dinero y colaborando al colapso de esta jurisdicción.
Para evitarlo, se podría modificar la Ley 39/2015 de Procedimiento, y establecer en el artículo 22 un nuevo supuesto de suspensión del plazo máximo para resolver: cuando se conozca que se está pendiente de sentencia en supuesto sustancialmente idéntico.
Asimismo convendría, para el supuesto de los recursos administrativos, modificar el artículo 120 de la misma Ley, que prevé la suspensión cuando se deban resolver recursos que traer causa de un mismo acto y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra el mismo. Pues bien, se trataría de ampliar el supuesto, de forma que abarcase también el caso de actos sustancialmente iguales.
Ya en sede judicial, y aun cuando lo que se va a señalar aplique fundamentalmente a los pleitos testigo, conviene también que se exija de forma contundente el cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 LJCA, y la Administración ponga en conocimiento del órgano jurisdiccional la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación. Es más, en el caso de pleitos masa, probablemente se ayudaría a la agilidad del funcionamiento judicial que la Administración fuera capaz de organizarlos y remitir los datos ordenados al órgano jurisdiccional que conoce para que éste adopte las medidas oportunas. Tal vez la solución para estos casos sería la modificación del artículo 38 de la LJCA, imponiendo unas obligaciones más amplias a la Administración, en el sentido de remitir la información organizada, que faciliten el enjuiciamiento en estos casos.
5.- Síntesis y conclusiones sobre la posible modificación del artículo 110.
Todo lo expuesto se puede sintetizar como sigue:
La propuesta de la Sección Especial que data de 2013 apostaba por volver a la solicitud de extensión de efectos a la Administración, y solo en caso de que no se resuelva en plazo o se desestime, tiene sentido acudir al órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, abriendo el pertinente incidente. En esta línea también el informe de la AEDAF.
Esta debería ser una de las modificaciones necesarias, en tanto da la oportunidad a la Administración de resolver, y si realmente se aprovechara, podría ayudar a descongestionar los órganos judiciales.
Sin perjuicio de lo anterior, que obligaría a una modificación del precepto más amplia, en la que se aclarara la compatibilidad de dicha solicitud con el régimen de recursos administrativos, conviene reflexionar sobre el resto de reformas propuestas.
La propuesta del CGPJ, que pretende sustituir las tres materias a las que se reduce a día de hoy el ámbito del artículo 110, por una supuesta ampliación a los supuestos en que se aprecie identidad de objeto, debe ser descartada en tanto el objeto ha de entenderse como el mismo acto, actuación o disposición, con lo que quedaría limitada, en lugar de ampliada la figura. En este sentido se propone que el precepto aluda a “idéntica situación jurídica”, y se aclare que se refiera a situación jurídico material, no procesal.
Debe aceptarse la propuesta de la APM y la AEDAF en el sentido de eliminar el requisito de que exista reconocimiento de una situación jurídica individualizada en la sentencia.
Debería ser suficiente acreditar que los hechos, fundamentos y pretensiones sean similares, como señala la propia APM.
Es más, en el caso de actos de órganos de la Administración General del Estado no parece necesario que el órgano jurisdiccional tenga competencia territorial. Por ejemplo, si se trata de un tributo de gestión exclusiva del Estado, debería ser posible que la sentencia sobre un acto de la AEAT que se haya dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pueda extender a un acto idéntico de gestión de la Administración tributaria de Teruel.
Por lo que se refiere a la necesidad de no haber consentido el acto administrativo, parece interesante y prudente la solución de la APM que propone que baste con haber recurrido en vía administrativa al momento de solicitar la extensión de efectos, sin que sea preciso que contra la desestimación expresa del recurso se haya acudido a la vía judicial, porque esto, como hemos visto, impide la utilización de la vía de la extensión de efectos. Ahora bien, pretender que se haga una excepción con el acto consentido se me antoja tan difícil, que la solución podría estar en que la Administración, al amparo de lo que podrían disponer los artículos 22 y 120 de la Ley 30/2015 convenientemente modificados, suspendiese el procedimiento, bien en vía de instancia –art. 22- bien en vía de recurso –art. 120- hasta que se dictara sentencia en asunto sustancialmente idéntico.
Resulta excesivamente breve el límite de un año desde la última notificación de la sentencia, o incluso desde su firmeza, que sería lo correcto. Se debería ampliar al menos a cuatro años, para que se trate de una sentencia relativamente reciente.
Desde un punto de vista procedimental, la ausencia de remisión en el plazo de 20 días del informe sobre viabilidad debería entenderse como aceptación por la Administración de la extensión, por lo que el órgano jurisdiccional podrá dictar sin más el Auto, extendiendo o no en función de que entienda cumplidos los requisitos. No cabe duda que el Juez o Tribunal podrán preferir esperar a la recepción del informe, pero ante la posibilidad de que no se espere, la Administración no retrasará este envío, como ocurre en la actualidad.
Convendría asumir la propuesta de la APM e incluir en la LJCA que el propio órgano jurisdiccional podrá extender, de oficio, los efectos de una sentencia al recurso que conozca si concurren los requisitos.
En general, la colaboración de las Administraciones redundará sin duda en la descongestión de esta jurisdicción. Parece una obviedad pero no está de más recordarlo. Si para ello es preciso modificar esta y otras leyes, será preciso hacerlo.
Por último, cuando se aborde la modificación de la LJCA se debe aprovechar para suprimir la remisión al artículo 99 que lleva a cabo el apartado 5.b) in fine, pues dicho precepto está derogado, y la referencia al recurso de casación en interés de ley (art. 110.6), que ya no existe.
Confiemos en que el Ministerio de Justicia se tome en serio el reto que supone el Plan de choque que debe elaborar y tras oír a los sectores afectados, acuda a la implementación de mecanismos que, como el que nos ocupa, pueden ayudar en buena medida a la consecución del objetivo.
[1] Contra la desestimación expresa o presunta de la solicitud se acudía al órgano jurisdiccional en el plazo de 2 meses.
[2] Auto TS 27-5-2010 Rec. 1698/2008
[3] La redacción inicial del art. 110.4 era la siguiente: 4. Antes de resolver, el Juez o Tribunal de la ejecución recabará de la Administración las actuaciones referentes al incidente planteado y, si se recibieran en los veinte días siguientes, ordenará que se pongan de manifiesto a las partes por plazo común de tres días. En otro caso, resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.
[4] Como ha puesto de manifiesto Emilio Aparicio Santamaría en sus publicaciones a las que se aludirá más adelante.
[5] Vid nota 3
[6] Considero que a día de hoy esto no es posible al entenderse que existe litispendencia, pero lo cierto es que el efecto es de ineficacia de la regulación actual.
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