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Timestamp: 2019-09-15 23:04:43+00:00

Document:
Registro Oficial No. 639 - Miércoles 22 de Julio de 2009 SUPLEMENTO
-.......... Ley Reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional
\n1524-2008-RA Revócase la resolución adoptada por la Jueza Segundo de lo Civil de Pichincha y acéptase el amparo solicitado por Angel Marcelo Oswaldo Ron Torres
Oficio Nº T.4413-SGJ-09-1754
Luego de la respectiva aprobación por parte de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, y de conformidad con lo que disponen los artículos 137 de la Constitución de la República, y 29 del Mandato Constituyente Nº 23 de Conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, remito a usted la “LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFON DEL MAGISTERIO NACIONAL”, debidamente sancionada, en original y en copia certificada, así como el certificado de discusión, para su correspondiente publicación en el Registro Oficial.
En mi calidad de Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, certifico que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFON DEL MAGISTERIO NACIONAL, fue discutido y aprobado en las siguientes fechas:
PRIMER DEBATE: 16-Jun-2009.
SEGUNDO DEBATE: 14-Jul-2009.
Quito, 14 de julio de 2009
LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION
Que, el Art. 26 de la Carta Magna señala: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;
Que, el inciso primero del Art. 232 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “No podrán ser ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas en que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan...”;
Que, el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador dispone en su inciso primero: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”;
Que, el inciso segundo del Art. 344 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional que formulará la política nacional de educación, asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.”;
Que, el Art. 349 de la Carta Magna, prescribe: “El Estado garantizará al personal docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”;
Que, el Art. 326 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Se prohíbe la paralización de los Servicios Públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La Ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”;
Que, el Gobierno Nacional tiene como uno de sus propósitos fundamentales impulsar el reordenamiento de la administración pública en sus distintos ámbitos: administrativo, económico, social, educativo, para lo cual está adoptando políticas que promueven la eficacia, eficiencia y mejoramiento del sistema educativo;
Que, es imperativo aplicar el principio de alternancia de los funcionarios que desempeñan cargos directivos en los establecimientos educativos, por lo que se debe establecer períodos fijos de gestión para estos cargos en los distintos niveles del sistema, propiciando así la aplicación de la norma constitucional de igualdad de oportunidades de acceso;
Que, la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, fue publicada en el Registro Oficial Nº 501 de 16 de agosto de 1990, y a través de sus disposiciones establece la Carrera Docente fijando los requisitos de ingreso, ascensos, cambios y promociones; determinando que los docentes que ingresen en el sistema educativo deberán iniciarse trabajando en las zonas rurales;
Que, es necesario introducir reformas a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, a fin de que guarden armonía con las disposiciones constitucionales; y,
Artículo 1.-Sustitúyase el literal g) del artículo 5 por el siguiente: “A comisión de servicio sin sueldo para el Presidente, Secretario y Tesorero nacionales de la Unión Nacional de educadores -UNE-, por el tiempo para el cual fuera elegido.”.
Artículo 2.- A continuación del último literal del artículo 7, agréguese un literal f) que señale lo siguiente:
“Otros títulos académicos de tercer nivel de formación que otorgan las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior, vinculado con la asignatura que el sistema educativo requiera, siempre que no participen profesionales docentes de dicha especialidad.”
Artículo. 3.- Al artículo 10 añádase el siguiente inciso:
“Los docentes, previo al ejercicio profesional en el sistema educativo nacional, deberán realizar un año de servicio rural, labor que será remunerada de acuerdo con el presupuesto destinado para tal efecto. Los profesionales referidos en el literal agregado al Art. 7 por la presente reforma, no están obligados a este servicio rural, pero si deberán aprobar los programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente, de acuerdo al reglamento de la presente ley.”
Artículo 4.-Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente:
“Art. 11.-Todos los docentes ingresarán al sistema educativo nacional mediante concurso público de méritos y oposición. Puntaje adicional se concederá a aquel docente concursante que tenga su domicilio más próximo al lugar de la vacante por la que se concursa, así como al docente que haya laborado en el sector rural por tres años o más.”
Artículo 5.-Suprímase el numeral 2 del literal b) del artículo 12.
Artículo 6.-Al artículo 13, añádase el siguiente inciso:
“Los directivos de todos los establecimientos educativos durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los respectivos concursos públicos de méritos y oposición. Podrán ser removidos de su función directiva por la autoridad educativa nacional en caso de desacato y/o falta grave, que serán definidos en el reglamento respectivo. En caso de remoción del directivo, se convocará a concurso público de méritos y oposición en un plazo perentorio de 30 días. El nuevo Directivo será posesionado en un plazo que no exceda de 60 días contados a partir de la convocatoria a concurso. El Directivo removido, será reincorporado a sus funciones anteriores, si la falta que motivó su remoción no fuera considerada grave”.
Artículo 7.-Deróguese el segundo inciso del artículo innumerado agregado a continuación del artículo 30, por Decreto Ley de Emergencia Nº 3, publicado en Registro Oficial 298 de 18 de octubre de 1993.
Artículo 8.-Deróguese el literal d) del artículo 36 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y agréguese un inciso al final del artículo que diga: “El Jefe de Escalafón, no será parte de la carrera docente y será de libre nombramiento y remoción del Ministro de Educación.”.
Artículo 9.-En el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 36 por Ley Nº 47, publicada en Registro Oficial 331 de 7 de diciembre de 1993, realícese las siguientes reformas:
a) Elimínese la frase “y de la Unión Nacional de Educadores”;
b) Sustitúyase la coma a continuación de la frase “Los delegados del Subsecretario” por la letra “y”; y,
c) Elimínese la frase “y deberán ser maestros”.
Artículo 10.-Deróguese el literal ch) del artículo 37 y agréguese un inciso al final del artículo que diga: “El Jefe del Departamento de Supervisión y el Jefe de Escalafón, no serán parte de la carrera docente y serán de libre nombramiento y remoción del Ministro de Educación.”
Artículo 11.-Agréguese un literal indeterminado al artículo 38 que dirá lo siguiente:
“...) Haber obtenido la nota de insuficiente en la evaluación docente en dos oportunidades. Evaluación que se desarrollará bajo los principios de publicidad de contenidos, parámetros de evaluación, procesos de impugnación y recalificación, respetando los derechos constitucionales y legales del docente evaluado”.
Artículo 12.-Sustitúyase el artículo 45 por el siguiente:
“Art. 45.- Los profesionales de la educación tendrán derecho al ascenso de categoría cada cuatro años de servicio para los docentes que trabajen en el sector urbano y cada tres años para quienes trabajen en sectores rurales.
Es requisito para el ascenso de categoría el haber aprobado los cursos establecidos por el Ministerio de Educación a través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional.
Aquellos profesionales de la educación que buscando la excelencia académica aprobaren estudios de maestría o doctorado de cuarto nivel relacionados con su especialidad y funciones, podrán optar por el ascenso de categoría o por el adicional a partir del siguiente año fiscal y no deberán esperar la culminación del período mencionado en el primer inciso de este artículo.
Los docentes, educadores populares y otras personas que desempeñen labores educativas, tienen derechos a cursos gratuitos de capacitación y / o mejoramiento profesional.”.
Artículo 13.-Agréguese a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional el siguiente artículo innumerado:
“ARTICULO INNUMERADO.- Los docentes observarán el artículo 326, numeral 15 de la Constitución de la República, en lo relacionado al servicio público de la educación, su incumplimiento podrá ser sancionado, previo el proceso sumarial correspondiente”.
PRIMERA.-El inciso añadido en el artículo tercero de la presente reforma, deberá ser cumplido, a partir del ejercicio fiscal del año 2010, por las personas que se titularen como profesionales en el año 2009.
SEGUNDA.-Las personas que están bajo el régimen de educación popular, podrán ingresar al Magisterio, cumpliendo los requisitos de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.
DISPOSICION FINAL.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial y deroga las disposiciones legales que se le opongan.
Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de julio de dos mil nueve.
f.) Dr. Francisco Vergara O.; Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.
Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a veinte de julio de dos mil nueve.
Sancionase y promúlguese.-
RESOLUCIÓN No. 1524-2008-RA
Juez Constitucional Ponente: Dr. Miguel Ángel Naranjo.
Ángel Marcelo Oswaldo Ron Torres, interpone acción de amparo constitucional ante el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, en contra del doctor Roberto Gómez Mera, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de los señores ministros miembros del Pleno de la ex Corte Suprema de Justicia. En lo principal el accionante manifiesta que mediante publicación realizada en el Diario El Comercio, el Tribunal Supremo Electoral convocó a los colegios nominadores integrados por los ministros de lo tribunales distritales de lo contencioso administrativo y de lo fiscal, de las cortes superiores de justicia, de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador y de los Presidentes de los Colegios de Abogados del Ecuador, legalmente reconocidos a fin de que seleccionen una lista de hasta cinco candidatos para Vocales Suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura en representación de los referidos colegios electorales que serán designados por la Corte Suprema de Justicia, en la forma prescrita en el inciso segundo del artículo 2, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura. Que, en atención a la referida convocatoria se presentaron siete aspirantes a saber: doctores Marcelo Ron Torres, Deysi Aveiga Soledispa, Fabián Villarruel, Martha Moreno, Marco Tulio Cordero, Hernán Marín y Juan Pacheco. Que, una vez verificados los requisitos establecidos en el reglamento, los siete aspirantes rindieron la prueba escrita ante los delegados del Colegio Electoral. Que, al haber cumplido con los requisitos de la convocatoria y del Reglamento, en el que se indica que la calificación mínima será de 15/20, para continuar en el concurso, caso contrario quedarán automáticamente excluidos del mismo, los doctores Marco Tulio Cordero, Deysi Aveiga y Marcelo Ron Torres, obtuvieron las más altas calificaciones, y por tanto debían ser proclamados ganadores del concurso de méritos y oposición del Colegio Electoral de los Colegios de Abogados del País. Que, sin respetar las calificaciones y los méritos obtenidos, se procede a enviar la nómina de los aspirantes a la ex Corte Suprema de Justicia para la designación, inobservando el reglamento del concurso, incluyéndose a dos profesionales quienes no obtuvieron la calificación mínima de quince puntos para continuar con el proceso. Que, con fecha 12 de septiembre del 2007, la ex Corte Suprema de Justicia procede a nombrar al Dr. Eduardo Hernán Marín Proaño y Dr. Juan Luís Pacheco Barros, primer vocal alterno y segundo vocal alterno respectivamente, del Consejo de la Judicatura, alternos del titular doctor Bolívar Andrade Ormaza, constituyéndose este acto administrativo en ilegal e improcedente, violando flagrantemente los preceptos constitucionales; acto emitido en perjuicio del accionante. Que, se verifica la falta de juricidad y legalidad del acto administrativo de nombramiento y posesión realizado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al no cumplirse con las disposiciones reglamentarias y constitucionales. Que, con fundamento en lo que dispone el Art. 95 de la Constitución Política de 1998, solicita se suspenda en forma definitiva los efectos lesivos de la resolución recurrida, al igual que el acto mencionado, a fin de que se deje sin efecto la nominación de los profesionales que no cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento y la ley. En la audiencia pública realizada el 22 de octubre de 2008, comparece el doctor Marco Torres Guzmán, en representación del doctor Roberto Gómez Mera, Presidente de la ex Corte Suprema de Justicia, y del Pleno de la misma, y manifiesta que existe falta de legitimación pasiva, puesto que no se cuenta con los doctores Eduardo Hernán Marín y Juan Luís Pacheco Barron, designados Primer Vocal Alterno y Segundo Vocal Alterno, respectivamente, del Consejo de la Judicatura y del titular doctor Bolívar Andrade Ormaza, realizado en la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de septiembre de 2007. Que, la acción propuesta no cumple los requisitos enunciados en el artículo 95 de la Constitución Política de 1998, y en el artículo 46 de la Ley de Control Constitucional, puesto que el acto impugnado es legítimo, en razón de que la designación se realizó de entre los candidatos declarados idóneos por el Tribunal Supremo Electoral, incluidos en la lista enviada a la ex Corte Suprema de Justicia. Que, no es obligación del Pleno sujetarse a la ubicación en la que consta en la lista, pues en cuyo caso no se hubiera necesitado que el Pleno realice las designaciones, sino que el Tribunal Supremo Electoral extienda los nombramientos. Que, la simple enunciación de los derechos y garantías constitucionales que hace el accionante en su demanda no constituye prueba de violación alguna de tales derechos. Que, no puede alegarse daño alguno, en la medida en la que se deriva de un acto legítimo expedido por autoridad competente, con el cumplimiento de los requisitos formales y materiales. Por lo expuesto, los accionados solicitan que la acción planteada sea inadmitida. Con lo expuesto, el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Pichincha, con fecha 23 de octubre del 2008, resuelve negar la acción de amparo constitucional propuesta por el recurrente. Radicada la competencia en la Segunda Sala por el Sorteo de rigor, para resolver se realizan las siguientes:
PRIMERA.-Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el Art. 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008 y la Resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 451 de 22 de octubre de 2008. SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución del presente caso,

References: resolución 

Artículo 1
 artículo 5

Artículo 2
 artículo 7
 artículo 10

Artículo 4
 artículo 11

Artículo 5
 artículo 12

Artículo 6
 artículo 13

Artículo 7
 artículo 30

Artículo 8
 artículo 36

Artículo 9
 artículo 36

Artículo 10
 artículo 37

Artículo 11
 artículo 38

Artículo 12
 artículo 45

Artículo 13
 artículo 326

RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 95
 artículo 46
 Resolución 
 resolución