Source: http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/argent/natur.htm
Timestamp: 2018-06-22 13:39:56+00:00

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NATURAL RESOURCE ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ARGENTINA
ASPECTOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE REFERENTES A LOS RECURSOS NATURALES EN ARGENTINA
La competencia de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (SAPyA) en la promoción de la utilización y conservación de los recursos naturales destinados a la producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial incluyendo la coordinación y conciliación de los intereses del Gobierno Nacional, las Provincias y los diferentes subsectores fue establecida por la Ley de Ministerios 24.910 de 1992 y el decreto reglamentario 2773/92 y el decreto 1450/96. Dentro de la SAPyA es la Subsecretaría de Agricultura Ganadería y Forestación a través de la Dirección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria la responsable de efectuar propuestas, coordinar la ejecución, analizar la evolución, asesorar sobre pautas a seguir, administrar y coordinar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, procurando la sustentabilidad de los recursos naturales.
Por el sector público participan diferentes direcciones y unidades de la SAGPyA y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Por el sector privado participaron en los programas organizaciones no gubernamentales como INDES, FUNDAPAZ e INCUPO.
La disminución progresiva de los subsidios agrícolas en los últimos años dentro de un marco de importantes ajustes económicos ha producido cambios en la gestión de los agroecosistemas de Argentina. Esta disminución de subsidios a nivel nacional todavía no ha tenido la misma respuesta en el ámbito internacional de los acuerdos de liberalización de precios agrícolas en la Organización Mundial del Comercio. Esto debilita cualquier acción para desarrollar programas de gestión sustentable de los agroecosistemas. Sin embargo y a pesar de la situación internacional desfavorable, se han llevado adelante acciones concretas con diferente énfasis en las 15 áreas de programa de la Agenda 21. En ese sentido, la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (SAPyA) ha desarrollado con otras instituciones nacionales y provinciales programas y proyectos en los cuales se ha compatibilizado el desarrollo rural y la sostenibilidad de los recursos naturales. Entre los programas se cuenta con el Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural), el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), el Programa Social Agropecuario y el Programa de provincias y municipalidades sobre la conservación de suelos. Los programas de fomento de capacidad y tecnología demuestran la priorización de la SAPyA al desarrollo social para una agricultura sostenible. Entre los programas sobre desarrollo sustentable de la SAPyA se destacan:
Programa Federal de Reconversión Productiva para la pequeña y mediana empresa agropecuaria (Cambio Rural) se propone contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural y a la reactivación del proceso de inversión y crecimiento económico del sector. Cambio Rural apunta a que los pequeños y medianos productores agropecuarios se inserten en un proceso de desarrollo sustentable, que implica participar en los mercados en un marco de equidad, promocionando el desarrollo tecnológico que favorezca el uso racional de los recursos naturales y del ambiente;
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) se propone desarrollar, implementar, y poner en marcha en las provincias los mecanismos operativos y financieros para fortalecer y mejorar los servicios que brinda el sector económico agropecuario en sus respectivas jurisdicciones y estimular las inversiones físicas en las provincias que presentan degradación de suelos, la recuperación de áreas de riesgo y drenaje y el manejo integrado de recursos hídricos;
Programa Social Agropecuario se dirige a incrementar los ingresos de los productores minifundistas y promover su participación organizada en las decisiones de políticas, programas y proyectos.
Finanzas de los proyectos o programas:
El monto del Proyecto de Cambio Rural es de aproximadamente US$ 15.000.000 por año;
Los recursos para el PROSAP suman US$ 336.000.000 de los cuales la contribución del Banco Interamericano Desarrollo suma U$S 125.000.000, del Banco Mundial US$ 125.000.000 y de la Nación y las Provincias: US$ 86.000.000;
El Programa Social Agropecuario ha otorgado hasta 1996 un monto total de créditos de U$S 17.387.132. Cabe destacar que el 23% de los titulares de estos créditos fueron mujeres.
Argentina participa a nivel regional en el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico del Cono Sur (PROCISUR/IICA) conjuntamente con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los Subprogramas Recursos Naturales y Sostenibilidad Agrícola y Recursos Genéticos.
La Dirección Nacional de Asuntos Ambientales del Minsiterio de Relaciones Exteriores es el organismo de coordinación y supervisa el cumplimiento de los compromisos en Convenios Internacionales. Los organismos de implementación a nivel nacional son en el caso:
del Protocolo Montreal la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Industria. Asimismo, la Oficina Programa Ozono (OPROZ), cuya dirección la ejercen representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y la Subsecretaría de Industria, tiene a su cargo todas las actividades relacionadas con el Programa Nacional del Ozono en su carácter de órgano de asesoramiento.
de la Convención Marco de las NU sobre el Cambio Climático la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable; las Secretarías de Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las Subsecretarías de Industria y de Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
La Ley 24.040 regula las restricciones al Consumo de Sustancias Controladas del Anexo A del Protocolo de Montreal en lo que respecta al uso de CFCs y establece sanciones, tales como apercibimiento, multas, inhabilitación y clausura de establecimientos en caso de incumplimiento. La Ley 24.051 sobre residuos peligrosos, establece que los residuos que contengan sustancias controladas por el Protocolo de Montreal son considerados como residuos generados, y se incluyen en esta normativa en la categoría sometida a control Y-41, solventes orgánicos halogenados. Argentina tiene cinco estaciones que participan en el Sistema Mundial de Observación del Ozono.
Protocolo Montreal: El marco de política general para la eliminación de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO) se desarrollará dentro de la actual política económica del país. El gobierno no impondrá soluciones tecnológicas únicas para la sustitución y eliminación del consumo de las SAO. Cada industria decidirá dentro de un marco general de economía y competitividad la alternativa que adoptará para su reconversión. La función del gobierno será la de orientar e informar sobre los aspectos esenciales que puedan presentarse en la adopción y adaptación de tecnologías a las condiciones locales. La reconversión de la industria deberá tener en cuenta al competitividad en mercados internos y externos. El gobierno argentino se ha propuesto:
Reducir y eliminar del consumo de las SAO de los Anexos A y B con anterioridad las fechas límites establecidas por el Protocol;
Minimizar y compensar el costo social de la aplicación del Protocolo, apoyando la sustitución de las SAO;
Procurar que el comercio exterior no se vea afectado por restricciones impuestas al producto industrial que contenga SAO;
Tener en cuenta en la consideración de las alternativas los aspectos ambientales, de la salud y seguridad humana, la viabilidad técnica y económica y la disponibilidad comercial;
Procurar que no se produzcan distorsiones en el mercado cuyas consecuencias deban ser soportadas por la sociedad en su conjunto;
Convención de Viena: Argentina lleva adelante actividades para de investigación referidas a los efectos del agotamiento de la capa de ozono de conformidad con el Artículo 3 del Convenio;
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: Argentina ha comenzado a elaborar el primer inventario nacional de gases de efecto invernadero, analizar la vulnerabilidad del sector agrícola, de las costas marinas, y de los oasis y analizar modelos de mitigación. Asimismo desarrolla actividades en el ámbito del Instituto Interamericano para el Cambio Climático (IAI).
Los Grupos principales que participan son:
Protocolo Montreal: Los preproyectos serán presentados por la industria al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para la preparación, conjuntamente con las agencias de implementación, de los proyectos de reconversión. El INTI consultará a la OPROZ para que los envie a las Secretarías para su aprobación;
Convención Marco de las NU sobre el Cambio Climático: El grupo de asesoramiento científico-técnico está a cargo de la Comisión Nacional de Cambio Global integrado por representantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Institutos Antártico Argentino y de Tecnología Agropecuario, Servicios de Hidrografía Naval y Meteorológico Nacional, Dirección Nacional de Asuntos Ambientales, Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Las actividades del proyecto mencionado en el punto 2 incluyen institutos dependientes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Ciencias Atmósfericas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Cuestiones sobre fomento de capacidad y tecnología:
Protocolo Montreal: Para la reconversión industrial se cuenta con alrededor de 40 proyectos aprobados por el fondo multilateral del Protocolo de Montreal en los sectores de refrigeración domestica; aire acondicionado de los automóviles; espumas y halones;
Convención Marco de las NU sobre el Cambio Climático: Se cuenta con el Proyecto de estudio país de Cambio Climático financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF); en el mismo participan las instituciones incluidas en el punto 3 los objetivos del mismo estan desciptos en el informe sobre la situación describido anteriormente.
Finanzas en el sector atmosférico:
Protocolo Montreal: Para la reconversión industrial prevista en el programa país se ha recibido U$S 45.000.000 del fondo multilateral;
Convención de Viena: Argentina percibe la necesidad que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente financie en forma concesional las actividades establecidas por el Artículo 3 de la Convención; y,
Convención Marco de las NU sobre el Cambio Climático: El proyecto del GEF mencionado en el punto 2 cuenta con un monto asignado de U$S 1.000.000 y esta cofinanciado por el gobierno argentino., y por el Proyecto de Estudio País de USA. Aún no existen acciones directas para la disminución de la emisión.
Sin embargo la introducción de las inversiones para grandes obras de infraestructura como las hidráulicas, la ampliación de la red de gas natural y la del transporte (reconversión de nafta a gas y electrificación de ferrocarriles) y los proyectos para mejorar la gestión en agricultura (reconversión de técnicas de gestión como sistemas de rotación) para la sustitución de gases nocivos, se llegaría a la conclusión que Argentina ha invertido, desde 1970, apoximadamente más de U$S 120.000 mill. sólo en obras hidráulicas.
El Protocolo de Montreal (1987) fue ratificado por Argentina en 1990, la Enmienda de Londres (1990) en 1992, y la Enmienda de Copenhague (1992) en 1995. El último informe a la Secretaría del Protocolo de Montreal se preparó en 1995. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue ratificada en 1994. La primera comunicación nacional se encuentra en preparación por el mismo grupo de expertos que están preparando el estudio país a requerimiento de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de conformidad a lo establecido por la Convención. En la Convención Marco de las NU sobre el Cambio Climático Argentina participa en el Instituto Interamericano para el Cambio Climático Mundial (IAI) y preside el tema sobre cambio climático del Grupo de Valdivia formado por Argentina, Australia, Brasil, Chile. Nueva Zelandia, Sudáfrica y Uruguay y en el Mercosur formado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y dos miembros asociados, Bolivia y Chile.
Convenio sobre la Diversidad Biológica: Las instituciones responsables a nivel nacional son la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo las secretarías provinciales similares tienen competencia en la materia. También participan Universidades e Institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Organizaciones no Gubernamentales.
CITES: A nivel nacional la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible es responsable por el CITES. Participan en acciones la Gendarmería Nacional, Policia Aeronáutica, Universidades e Institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Ha preparado y se encuentra en trámite avanzado la normativa que implementa la CITES. La red de policia de aeropuertos es la encargada de controlar el transporte de animales de confromidad con la reglamentación vigente de IATA. Además policía aeronáutica diseñó e implementó el Sistema Informatizado para asistir a la gendarmería y policia aeronáutica en la identificación de especies en los aeropuertos y los controles de frontera.
A nivel nacional la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica necesita de un marco intersectorial. La Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable, cuyo establecimiento se encuentra en trámite avanzado, proporcionará el marco que permitirá implementar el Convenio en forma integral. Para ello se requieren acciones identificadas en tres categorias: legal, institucional y técnica:
Legal: El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece las facultades concurrentes de la Nación y las Provincias de preservar los recursos naturales y la diversidad biológica sin alterar por ello las jurisdicciones locales, entre ellas la del Artículo 124 que establece que las Provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Este regimen federal sobre los recursos naturales responsabiliza a las autoridades locales de la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos. Adicionalmente el Artículo 75, inciso 17 reconoce el domino comunitario de la tierra de los pueblos indígenas argentinos y en este momento se están cumpliendo con las primeras etapas de su implementación. Aún falta la implementación del Arículo 8(j) del Convenio relativo al aporte de dichos pueblos en materia de conservación y uso sostenible de los recursos genéticos. En Argentina la población indígena cuenta con unos 10.000 habitantes, que no sólo poseen conocimientos de las propiedades medicinales de la flora nativa, sino también han domesticado razas de maní, maíz, papa, batata o camote, poroto o frijoles, zapallos, y cultivos andinos como amaranto, quinoa, oca, ulluco entre otras, incluyendo también camélidos, cobayo, y otros animales de la fauna nativa;
Institucional: Se está tramitando el establecimiento de una estructura que integre las diferentes agencias de gobierno que armonicen los intereses de los diferentes organismos de conformidad con el Artículo 6 del Convenio para potenciar las acciones tendientes a conservar y usar en forma sostenible los recursos biológicos y evitar las duplicaciones de esfuerzos; y,
Técnica: La implementación técnica del Convenio en Argentina esta en una etapa más avanzada que las anteriores. El país posee información sobre sus recursos biológicos en diferentes institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidades, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e institutos agrícolas provinciales y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Asimismo, el INTA conserva ex situ, multiplica y caracteriza variedades de cereales y oleaginosas. También existen proyectos financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones y por otras agencias para proteger y multiplicar especies vegetales nativas tanto herbáceas como forestales en peligro de extinción o de utilidad comercial. Asimismo se cuenta con proyectos de reproducción y manejo sostenible de especies animales especialmente mamíferos y reptiles nativos comercializables. Con referencia a las áreas protegidas se cuenta con El Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica. Su preparación y puesta en marcha ha estado a cargo de dos organizaciones no gubernamentales de Argentina y de Estados Unidos y ha sido financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. También Argentina ha solicitado un pequeño fondo de la misma institución para financiar el estudio para implementar el Artículo 6 del Convenio y la preparación del informe que el país deberá presentar a la 4 reunión de la Conferencia de las Partes sobre los avances de la implementación del Convenio de conformidad con el Artículo 26. Por último cabe mencionar el proyecto de la Red Nacional de Parques Nacionales, áreas protegidas y reservas provinciales y privadas a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Este proyecto ha sido aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y es de importancia porque permitirá coordinar las actividades de manejo y conservación de un área de 28.000 Km² que incluye los 22 parque nacionales del país. A los proyectos mencionados se suman las actividades relacionadas por la Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) descripta en el capítulo 16 del informe.
Existen programas de capacitación mediante talleres y seminarios nacionales e internacionales donde participan la gendarmería nacional, policia aeronáutica. También colabora la Universidad de Gainesville de La Florida, USA.
Argentina es asistida por dos proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente con el Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica al cual se le ha renovado el financiamiento por US$ 7.000.000. Se ha aprobado el proyecto para la conservación de la Diversidad Biológica por US$ 10.100.000.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado en 1994. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) fue ratificado en 1982 y el último informe fue presentado a la 9 reunión de la Conferencia de las Partes en 1993. Argentina ha sido sede de la 3 reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en Buenos Aires en noviembre de 1996. Argentina es miembro del Comité Permanente de CITES desde 1994 y ha sido reelegida por dos años más representado a la región de América del Sur, Central y el Caribe. Argentina participa en convenios interinstitucionales como el de protección de la Vicuña con Chile, Bolivia, Perú y Ecuador y el de manejo y protección del Huemul con Chile. Asimismo forma parte del Grupo de Valdivia formado por Argentina, Australia, Brasil, Chile. Nueva Zelandia, Sudáfrica y Uruguay y en el Mercosur formado por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable es el punto focal nacional y por lo tanto encargada de la implementación y coordinación de las acciones del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN), el cual ha sido establecido como prioridad ambiental para 1997 por el Presidente de la Nación. Para llevar a cabo este programa se ha creado un Comité Provisorio Nacional integrado por representantes de organismos públicos nacionales y provinciales, de las ONG, y del sector académico científico.
Desde 1993 la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable ha asistido a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las negociaciones cuya finalidad fue la de elaborar la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave y/o Desertificación, en particular Africa. Ella fue ratificada por la ley 24.701en 1996.
Otros grupos activos son: La Dirección de Conservación del Suelo SRNyDS, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria SAPIA, Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Aridas y Centro Regional de Zonas Semiáridas del Consejo Nacional de Investigaciones Cinetíficas y Técnicas, Institutos y áreas de investigación de las Universidades Nacionales, Organismos ambientales provinciales y la Red de ONGs en Desertificación de Argentina.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, como punto focal en desertificación de la Argentina, inicia en 1995 la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación coordinando una discusión amplia con todas las instituciones y organismos públicos nacionales y provinciales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de productores relacionadas con el problema, con la finalidad de contribuir a una gestión más sustentable de las zonas áridas, semáridas y subhúmedas secas de la República Argentina. El interés por este programa no sólo tuvo repercusión a nivel nacional, sino también fue apoyado a nivel provincial y local. En ese sentido, varias legislaturas provinciales locales han expresado su interés por dicho programa. Este interés de los gobiernos provinciales es de singular importancia porque, de acuerdo al Artículo 41 de la Constitución Nacional, los estados provinciales ejercen jurisdicción primaria sobre los recursos naturales. El PAN promueve sus actividades a través del:
Componente Lucha contra la Desertificación de la República Argentina del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (BID/SRNDS);
Proyecto de Desarrollo Sustentable en Zonas Aridas u Semiáridas de la República Argentina para prevenir y controlar la Desertificación Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Gesellschaft fur Technische Zusammen Arbeit (GTZ);
Proyectos de indicadores y monitoreo de desertificación en la Argentina.
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en Africa se ratificó en 1996. El PAN cuenta con financiación nacional de los organismos intervinientes y apoyo internacional de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Programa das Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Oficina de Estadística se la Naciones Unidas (UNSO) y los proyectos de lucha contra la desertificación la financiación de GTZ (Alemania), Banco Mundial, BID (en gestión) entre los más importantes. Los instrumentos de cooperación a nival regional son los siguientes:
El Programa Subregional de Desarrollo Sustentable del Gran Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay);
Asistencia técnica interinstitucional a varios países de América Latina para la implementación del Convenio; y,
Acuerdo de Cooperación Ambiental con la República de Haití.
La Dirección de Suelos y Recursos Forestales Nativos de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS) tiene responsabilidad a nivel nacional en materia de conservación, restauración y protección de las masas forestales nativas y, como organismo autárquico, la Administración de Parques Nacionales. Los bosques cultivados son competencia de la Dirección de Producción Forestal de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación - SAPyA (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos). Las provincias tienen en su estructura áreas con competencia forestal, con diferentes niveles jerárquicos, en función de la importancia relativa del sector.
En noviembre de 1995 se lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Forestal estructurado sobre dos bases fundamentales:
Desregulación de aquellas actividades vinculadas a las forestaciones industriales; y,
Mantenimiento y perfeccionamiento de normas y regulaciones que persiguen la defensa de la Riqueza Forestal Nativa. A tal fin y en lo referente a las forestaciones industriales, se eliminaron todas aquellas regulaciones de carácter legal y económico que dificultaban la participación del capital privado en este sector.
Además de los organismos oficiales existe un extenso grupo de cámaras empresariales y organismos no gubernamentales con diverso grado de representatividad. Así también, las Universidades oficiales y privadas y centros e institutos de investigación.
Se está negociando con el Banco Mundial un proyecto de bosques nativos y áreas protegidas para crear el sistema nacional de información forestal, apoyar la investigacion sobre bosques nativos y proponer un nuevo marco de política y legislación forestal en bosques nativos y el fortalecimiento institucional de la administración de Parques Nacionales. La Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (SAPyA), dentro del programa de uso industrial de bosques, está tomando medidas para implantarlos en ecosistemas sin montes naturales. Entre las medidas cabe destacar:
establecer la áreas forestadas en sitios sin masas arboreas nativas;
conceder subsidios a los pequeños propietarios que viven en las cercanías de los bosques nativos para evitar la degradación de los mismos, mediante la creación de una oferta alternativa de leña; y,
otorgar subsidios para plantar hasta 10 ha de especies nativas.
El Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas, elaborado con el Banco Mundial, incluye el componente "Generación y Diseminación de Información e Investigación" que aportará financiamiento para actividades relacionadas al aumento de la capacidad y la cobertura de falta de información para el área de las masas forestales nativas, a través de la reforma del marco político, legal y regulatorio, el Inventario Nacional de Bosques Nativos y Areas Protegidas y la investigación aplicada para la mejora del manejo y conservación de los bosques nativos. Asimismo el Proyecto Forestal de Desarrollo de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación se estructura sobre tres componentes:
generación y diseminación de investigaciones e informacioanes; y,
apoyo a pequeños productores para la conservación ambiental.
Argentina se ha caracterizado por un avance de la frontera agrícola ganadera a expensas de las masas forestales nativas. La consecuencia ha sido una severa erosión del suelo en algunas regiones, la pérdida de capital forestal nativo y una disminución de la diversidad biológica y particularmente de recursos genéticos, que no ha sido suficientemente evaluada. De las aproximadamente 20 millones de hectareas de masas forestales nativas en aptitud maderera, la Argentina recibe sólo el 7% de la renta anual potencial. Asimismo, definir la situación del país en lo que a deforestación se refiere resulta dificultoso y los pocos datos disponibles, si bien no permiten definir con exactitud la magnitud del proceso, posibilitan inferir una preocupante tendencia decreciente en la superficie de las masas forestales nativas. A lo anterior se debe agregar el largo plazo, propio de la actividad forestal, que desalienta llevar adelante proyectos de resultados poco visibles en el corto plazo; como así también existe un generalizado desconocimiento sobre el potencial que en materia de producción forestal tiene la Argentina.
La SRNyDS tiene a su cargo dos proyectos: el primero de US$ 30 millones del banco Mundial en los sectores de áreas protegidas, bosques nativos y cultivados durante un período de cinco años. El segundo es de US$ 10 mill. Del Fondo Mundial para el Medio Ambiente para parques nativos y áreas protegidas. La SAPyA, también, tiene a cargo otro proyecto del Banco Mundial de US$ 26 millones, de los cuales el Banco aporta US$ 16 millones y el resto es aporte local para la producción industrial de madera. Este proyecto reune requisitos que tienden a la protección del bosque nativo.
A través de convenios y actas acuerdo con diversos países se enmarcan diversas acciones referidas a la temática forestal. Como ejemplo se cita la carta de intención para el establecimiento de una Red de Bosques Modelo en la Argentina con el Secretariado Internacional de Bosques Modelo del Canadá y el Memorandum de entendimiento sobre cooperación ambiental con el Ministerio de Medio Ambiente del Canadá. En el ámbito regional se trabaja en un convenio marco con la República de Chile y en el Subgrupo de Medio Ambiente del Acuerdo Mercosur. Asimismo Argentina forma parte del grupo de trabajo para establecer criterios e indicadores para la conservación y manejo sustentable de los bosques boreales conocido como: " Proceso de Montreal."
A nivel nacional el organismo responsable es la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Nacional de Recursos Hídricos. En las provincias existen organismos con rangos similares. A nivel regional, se están creando Comités de Cuenca con funciones no ejecutivas. Desde hace 5 años, al efectivizarse las privatizaciones, ha delegado las funciones operativas y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento a los permisionarios. Para comunidades menores a los 10.000 Hab. y zonas rurales, estas funciones las ejercen las cooperativas que brindan el servicio. La privatización de servicios está acompañada de un marco progresivo de decentralización donde la responsabilidad recae en las provincias y éstas los delegan operativamente a los municipios. Adicionalmente a nivel regional, los Comités de Cuenca son los encargados del planeamiento y gestión en áreas próximas a los recursos hídricos.
Argentina en los últimos 5 años ha llevado adelante una política de mejoramiento de agua potable en la cual se incluye: construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento, instalación de medidores para la distribución de agua potable comenzando por las zonas críticas, formación de comités de cuencas, privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Participan diversos organismos técnicos del sector público tales como el Instituto Nacional del Agua (INA ex-INCYTH), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidades y organismos técnicos provinciales. También en el tema de seguimiento de epidemiológicos relacionado a la calidad de agua participa la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria (DINES).
Existen diversos programas para el desarrollo y promoción de la participación comunitaria para racionalizar el uso del agua potable. Estos programas son desarrollados y ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) que tiene como objetivo solucionar problemas de saneamiento básico mediante la asistencia técnica, financiera y de promoción social a las comunidades que se lo soliciten. Entre los programas puestos en marcha recientemente se identifiacan los siguientes:
Programa de Agua Potable y Saneamiento, VI Etapa (Préstamo BID 857-OC/AR), para la ejecución de obras de agua potable y saneamiento en loscalidades con poblaciones entre 500 y 15.000 habitantes. Apoyo a entes prestadores de servicios en aspectos administrativos, financieros y operativos;
Programa Nacional de Optimización, Rehabilitación y Ampliación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Claocal (PRONAPAC), con financiación BID-Banco Mundial y destinado a poblaciones de más de 15.000 habitantes con el propósito de transformar a las entidades de saneamiento en empresas eficientes e impulsar su privatización; y,
Programa de Ayuda Social para la provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (PASPAyS), destinado a satisfacer necesidades básicas de grupos humanos en condiciones de extrema necesidad (comunidades aisladas, grupos indígenas, pequeños asentamientos) en zonas rurales de menos de 500 habitantes y con problemas emergentes del cólera endémico y otras enfermedades de transmisión hídrica.
Aún se carece de un sistema nacional de recopilación de datos por ese motivo se planea crear el Sistema Nacional de Información de Saneamiento para agua potable y saneamiento a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hidricos.
Las acciones de mejoramiento de agua potable se reflejan en el nivel de inversión el cual sumaba: US$ 103.000.000 para agua potable y 57.000.000 para saneamiento de promedio hasta 1990. Para el período 1990-95 se llega a 515.000.000 y 285.000.000 para los mismos rubros de modo que el incremento de inversión ha sido de más del 80%.
Existen diversos convenios con países limítrofes, para los Ríos Pilcomayo (Paraguay), Bermejo (Bolivia), Cuenca del Plata (Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia), Uruguay (Comisión Administradora del Río Uruguay). También el Instituto Europeo encargado de la Administración de Recursos Hídricos presta su asistencia par a la confección de documentos guías sobre aspectos legales, técnicos y financieros. Con el gobierno de Israel se ha desarrollado un proyecto para el desarrolllo de nuevas áreas de riego para zonas áridas.
Las responsabilidades de las decisiones sobre los temas de ordenación están por el momento a cargo de diversos organismos como la Subsecretaría de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Obras y Servicios Públicos del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. No existe aún ninguna instancia de decisiones intersectoriales de carácter formal, las mismas se establecen de modo informal o de manera ad hoc, como la comisión para preparar la segunda reunión de la Conferencia Intergubernamental sobre el Habitat, que se estableció por un decreto presidencial especial.
El nuevo artículo 75 inciso 19 incluido en la reforma de la Constitución de 1994 establece el marco legal para implementar una política de planificación y ordenación de los recursos de la tierra. El Senado será la Cámara de origen de manera de asegurar que la planificación, uso y gestión del habitat que comprende los factores económicos, sociales, ambientales e institucionales tengan un enfoque integral y federal de la ordenación de los recursos de la tierra.
Los proyectos y programas descriptos en seguida no sólo han sido desarrollados también con la participación de lo gobiernos provinciales y/o municipales. Diferentes organismos del gobierno nacional, las provincias y los municipios como la secretarías de agricultura y/o asuntos ambientales desarrollan programas como conservación y gestión sostenible del suelo, vivienda y asentamientos urbanos y rurales. Las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable cuentan con programas y proyectos en los que se integran los temas de asentamientos humanos y medio ambiente, agricultura y manejo y conservación de suelos y gestión sostenible de áreas protegidas. Si bien estos programas no han sido elaborados en un marco conceptual intersectorial ellos han integrado la componente ambiental y se espera que resultarán en el futuro la bases prácticas de integración del tema ambiental en la planificación social, económica e institucional.
Si bien no existe aún una definición normativa clara en el orden nacional que establezca el rol de las distintas áreas en el poder Ejecutivo Nacional en razón de que aún no se ha establecido la Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable que será encargada de definirlas, pueden por el momento identificarse varios organismos responsables en esta materia. En primer lugar, teniendo en cuenta que en las zonas montañosas se encuentran las fronteras del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tiene intervención en todos los aspectos vinculados a ellos en razón de su competencia específica en esta materia. Asimismo, de existir obligaciones internacionales asimilados específicamente a la protección de los ecosistemas montañosos frágiles dicho Ministerio es también responsable por ser competente en lo que respecta al seguimiento y monitoreo de la obligaciones internacionales. Además la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo que respecta a la utilización sustentable de los ecosistemas montañosos, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en lo quese refiere a la conservación y utilización de los bosques nativos y la Subsecretaría de Minería en lo que respecta a la preservación ambiental que pueda ser afectada por la explotación minera. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el Arículo 41 de la Constitución Nacional que asigna resposabilidad primaria a las provincias en materiade protección y utilización de los recursos naturales. Otros organismos son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección de Fauna y Flora de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, Instituto Argentino de las Zonas Aridas (IADIZA) y los organimos provinciales designados en forma ad hoc por los gobiernos provinciales para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de explotación minera de conformidad con la ley 24585/95.
La ley 24585/95 que establece la normativa de la protección ambiental para la actividad minera y regula dicha actividad en ambientes de montaña.
Sin embargo el país cuenta con regulaciones, programas y proyectos a nivel nacional y provincial que regulan y atienden la conservación y uso sustentable de dichos ecosistemas.
El Programa Social Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación cuyos objetivos principales incluyen aspectos sociales, económicos y de gestión sostenible de los agroecosistemas frágiles de montaña es destacable. Este programa atiende a los pequeños productores y comunidades indígenas que habitan el noroeste argentino incluyendo regiones de tierras altas como la Puna, mediana como la Quebrada de Humahuaca y bajas como el Chaco Jujeño. Es interesante señalar que dependiendo de la altura el impacto ambiental es diferente. En la Puna se identifican la erosión eólica e hídrica, desertificación, sobrepastoreo y uso intensivo del arbustal. El impacto en estos casos es sobre los pisos ecológicos más bajos, en particular en los colectores y cabeceras de cuencas. En las regiones de mediana altura el impacto es la torrencialidad del agua que afecta cosechas estivales y en las regiones más bajas de Yungas y Chaco Serrano, la salinización, crecientes aluvionales y deforestación son las causales más comunes del deterioro del agroecosistema. A este programa se le suma el programa de cria sostenible de camélidos nativos para lana desarrollado por la Dirección de Fauna y Flora de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Este programa incluye además de la Puna Jujeña los ecosistemas de la cordillera pedemontana andina de la Provincia de Río Negro en la región patagónica del país.
Argentina posee un eje montañoso de más de 3000 Km representado principalmente por la Cordillera de los Andes y toda la región se caracteriza por numerosos ecosistemas de gran importancia tales como fuentes de agua, producción agrícola, explotación minera creciente, entre otros usos. No existe aún información integrada de todos los aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales clasificados bajo ecosistema frágiles de montaña. Tampoco se cuenta con un programa nacional de ecosistemas frágiles de montaña.
La SAPyA coordina el Programa de Apoyo a la Producción de Pelos Finos de Camélidos Argentinos con financiamiento de la Unión Europea (U$S 200.000 en la etapa 1992-1995 y U$S 104.000 en la 1995-1997).
La Dirección de Fauna y Flora de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable es el respresentante del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña firmado por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del Misnieterio de Economía y Obras y Servicios Públicas son los organismos que desarrollan planes, programas y proyectos para la conservación y uso sustentable de los recursos marinos.
La Subsecretaría de Pesca, Dirección de Recursos Ictícolas y Acuícolas, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Camaras Empresariales, Sindicatos, Prefectura Naval Argentina, Armada Argentina, Centro Patagónico (CENPAT) y Centro Austral de Investigación Científica (CADIC) ambos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y ONGs tales como Fundación Patagonia Natural son los grupos que ponen en marcha las actividades de uso y conservación de los recursos marinos y costeros.
La Escuela Nacional de Pesca, la Universidad Tecnológica Nacional (Ingeniería pesquera), Programa de Inspección y Control (Capacitación de inspectores), y el Programa de Monitoreo Satelital de la Flota Pesquera por Satélite (Capcitación de operadores) son las instituciones encargadas del fomento y capacitación en el tema de pesca y conservación de fauna.
Para Argentina, el estudio y protección de los océanos, en el marco de las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y el Capítulo 17 de la Agenda 21, tiene una importancia natural. Sus intereses en este ámbito se han concentrado tradicionalmente en la campo de la investigación científica, el intercambio de datos oceanográficos, y la capacitación y transferencia de tecnología marina. Adicionalmente, comienza a explorarse la posibilidad de incursionar en la prestación de servicios oceanográficos, tales como los desarrollados en el marco del Sistema Mundial de Observación de los Océanos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue ratificada en 1995. A fin de promover estos diversos intereses, la Argentina participa activamente en los órganos y programas de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), de la que es miembro desde su creación en 1960. Esta participación es coordinada internamente en forma conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación -esta última, a través de la Representación Científica de la Argentina ante la COI. En el orden regional, expertos de la Argentina, Brasil y Uruguay participan desde el año 1993 en el Programa Subregional para el Atlántico Sudoccidental Superior (ASOS), esquema desinstitucionalizado de cooperación en materia oceanográfica que ha abordado con éxito actividades científicas tales como el estudio de las algas nocivas, los riesgos de la erosión costera marina y el estudio de las corrientes oceánicas. Argentina cuenta con acuerdo en materia de pesca con la Unión Europea. También desarrolla proyectos con el Instituto Interamericano para la Cooperación Agricultura (IICA).
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Instituto Argentino de Seguridad y Calidad Vegetal (IASCAV) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio de Salud y Acción Social; Subecretarías de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable son los organismos responsables de la decisiones sobre sustancias peligrosas.
La manipulación de los productos químicos como insumo industrial están regulados, en cuanto a sus riesgos a la salud, por normativas de higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas establecen los lineamientos permisibles (CMP) en aire y las condiciones de seguridad para su manipulación (Ley N 19587/Decreto Reglamentario 351/79). Existen también disposiciones para sustancias cancerígenas (Disp. 1/95) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con respecto al transporte, existe la normativa regional de productos peligrosos en el acuerdo parcial del Mercosur (vegente desde 1/01/96) que sigue las directivas del código de transporte de mercancias peligrosas de Naciones Unidas. En cuanto a los riesgos ambientales también existen normativas para emisiones gaseosas, parámetros de vuelco con cursos de agua y contaminación de suelos. Aún no existen regulaciones sobre rotulado y/o etiquetado identificando riesgos, ni tampoco las recomendaciones de seguridad para su uso y disposición. Sin embargo a partir de 1992 se observa una demanda creciente entre los proveedores y productores de sustancias químicas de identificar e informar al consumidor sobre los riesgos ambientales y toxicológicos de dichos productos para la comercialización (rotulado y hojas de seguridad). En cuanto a los plaguicidas existen regulaciones para su registro, rotulación y etiquetado, condiciones de uso y autorizaciones para la venta y comercialización original.
Las Universidades, Institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) son los grupos encargados de las actividades específicas.
Se desarrollan cursos de capacitación en organismos estatales y privados y en universidades sobre los aspectos vinculados a la problemática.
Los estudios, análisis, ensayos y asistencia técnica se brindan principalmente en organismos técnicos decentralizados del estado como: Universidades, Institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Hay un Acuerdo Sectorial sobre Transporte de Mercancias Peligrosas del MERCOSUR.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS) es el órgano de aplicación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley 24051/92). En los niveles provinciales suelen existir más de un organismo con posibilidad de control, lo que ocasiona superposición de jurisdicciones con los municipios lo que conlleva la posibilidad del incumplimiento de normas vigentes al plantearse problemas de competencia entre las distintas jurisdicciones. También es atribución y responsabilidad de los municipios la gestión de los desechos sólidos urbanos y como consecuencia de la reforma estatal se ha generalizado la práctica de contratar algunos servicios, como ser la recolección, construcción y operación de rellenos sanitarios. Existen casos de prestación por el sector privado de servicios de barrido y limpieza (ej: Ciudad de Buenos Aires), pero en su mayoría permanecen bajo la autoridad municipal. Existe una experiencia relevante en el ámbito del Gran Buenos Aires mediante la cual 27 municipios del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires han constituido una sociedad interjurisdiccional bajo condiciones de derecho privado denominada Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) cuya actividad principal es la disposición final por relleno sanitario. Su órgano de conducción es un directorio y su fuente de financiamiento la provisión de servicios. En cuanto a los desechos peligrosos los organismos nacionales y provinciales se han reservado la actividad ejecutiva de emitir normas o de proponerlas para su sanción legislativa, y ejercer el control y registro de la actividad.
El reciclaje es escaso; esta práctica no está incorporada masivamente a los sistemas de gestión y sólo se cuenta con experiencias pilotos en la ciudad de Buenos Aires, ej.:contenedores individuales, contenedores en esquina, contenedores de hierro frente a escuelas, para el reciclaje de papel y vidrio. Estas experiencias no han resultado todavía rentables por lo que continua la práctica del "cirujeo" o comercialización para el reciclado a pequeña escala. En la ciudad de Córdoba se creó una "Cooperativa de Cirujas" para la separación de materiales; aunque todavía no se cuenta con información fidedigna, se cree que la práctica del cirujeo esta muy generalizada. También existen programas de reciclaje en centros urbanos con población menor a los 100.000 habitantes. Es importante destacar que aún los empredimientos de reciclaje de desechos son aislados y locales del sector público y/o privado y es dificil evaluarlos porque se carece de un programa nacional de inversiones sobre la materia.
Entre la información con que cuenta se debe destacar que en Argentina sólo existen Estaciones de Transferencia en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de tres plantas similares distribuidas estrategicamente (baricentro) de las zonas de recolección. Son del tipo electrohidráulico con compactación a pistón y el material compactado se dispone en cuatro rellenos sanitarios realizados con la mejor tecnología actual. Contempla aislamiento del suelo, recolección del líquido lixiviado, control de emisión de gases, monitoreo de aguas subterráneas y superficiales, técnicas de clausura y monitoreo posterior, control de ingreso de residuos. Tampoco existen datos a nivel nacional sobre los desechos generados por la industria, aunque algunas provincias como la de Buenos Aires estima que se generan 590 millones de metros cúbicos de desechos líquidos, 655.000 tn/año semi-sólidos y 260.000 tn/año de sólidos. Si los desechos se clasifican por industrias, las químicas, petroquímicas y del petróleo generan generan el 30% de los desechos totales. Las metalúrgicas y siderúrgicas el 51%, y las restantes el 19% donde se incluyen entre otros: plásticos, agroquímicos, pigmentos, electrónicas, cerámicas, asbestos, textil, cuero, maderera, papel, farmacéutica. La generación anual de desechos peligrosos en la provincia de Buenos Aires se estima entre 50.000 y 100.000 tn. Los Centros de Salud (residuos patogénicos) se estima que generan unos 155.822 kg y un máximo de 233.733 kg por día. Con respecto a los desechos industriales no halogenados, Argentina posee incineradores adecuados en las provincias de: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Esta información es parcial pero muestra un interés creciente tanto a nivel provincial de desarrollar un sistema de gestión de desechos tanto a nivel doméstico como industrial.
A nivel superior existen especializaciones de postgrado en ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental y gestión ambiental pero se carece de cursos de capacitación en el medio. Diversas instituciones se encargan del desarrollo de proyectos de capacitación como el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, su similares de Rosario, Luján, La Plata, etc.; Universidades Privadas tales como: UCA, ITBA, El Salvador y Belgrano; la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud) el citado CEAMSE, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), la IWSA (Asociación Internacional de Residuos Sólidos), la REMAR (Red Argentina de Manejo Ambiental de Residuos) con la participación entre otros del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INA) de la SRNDS. Como ejemplo se cita el curso modular de tres semanas de duración, enfocando aspectos técnicos de las actividades de recolección, disposición de desechos domiciliarios y peligrosos, y aspectos gerenciales de dichos servicios. REMAR tiene entre sus actividades diversos proyectos tales como gestión de desechos de la industrias textiles y curtiembres, agrotóxicos, acabado de metales, y hospitalarios, entre otros con el fin de realizar la transferencia de tecnología al sector generador de desechos.
Argentina carece de datos e indicadores a nivel nacional que permita planificar una gestión integrada para disponer de los desechos sólidos y aguas cloacales. Por ese motivo se ha creado la Red Argentina de Manejo Ambiental de Residuos con el fin de contribuir a la solución de problemas y formar un centro de información especializada. Por el momento se cuenta con la información de la CEAMSE que recibe información de los municipios del Gran Buenos Aires.
El INA es responsable de la organización del Centro Sudamericano de Capacitación y Transferencia de Tecnología sobre manejo racional de desechos peligrosos (Convenio de Basilea). Esta capacitación es especialmente escasa en municipios con poca cantidad de habitantes, es la capacitación de los cuadros medios y superiores responsables de la gestión global del servicio.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable conjuntamente con los organismos provinciales pertinentes son las autoridades de aplicación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051).
El Artículo 41 de la Constitución Nacional prohibe la importación desechos peligrosos. Además la exportación de dichos desechos se realiza de conformidad con el Convenio de Basilea y sus enmiendas.
Entre los grupos principales involucrados se cuenta: el Instituto Nacional del Agua (INA, ex-INCYTH) dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable; Red Nacional de Manejos de Residuos (REMAR/AIDIS-Argentina); ONGs como Greenpeace; Instituto Argentino de Siderurgía (IAS); Unión Industrial Argentina (UIA); Instituto de Nacional de Tecnología Industrial (INTI) e Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
La capacitación está a cargo del Instituto Nacional del Agua (INA, exINCYTH) el cual también es sede del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología para América del Sur del Convenio de Basilea.
El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación fue ratificado por la República Argentina en 1991.
El sector público asume la responsabilidad de la gestión inocua y ecológicamente segura de estos residuos y la ejerce a través del Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN) del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que establece los requerimientos de seguridad para la gestión de los residuos radiactivos, así como los límites para la exención de los residuos del control regulatorio, y fiscaliza su complimiento. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) realiza todas las etapas para la gestión de los residuos radiactivos que incluyen la recolección, segregación, tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento interino y disposición final de los mismos y el control institucional de las instalaciones. Para ello debe desarrollar las tecnologías, procesos e instalaciones que le permitan hacer una gestión ecológicamente segura de los materiales involucrados. En los grandes generadores de residuos se incluye la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) entre los pequeños, los institutos de investigación científica; hospitales e industrias del sector público y privado.
El ENREN tiene en estado avanzado de elaboración una norma regulatoria relativa a la gestión segura de residuos radiactivos que especificará los criterios aplicables de la Norma Básica de Seguridad Radiológica vigente (Norma AR 10.1.1. del ENREN). No se realizan movimientos transfronterizos de desechos radiactivos; de hecho, su ingreso al país está prohibido por la Ley de Residuos Peligrosos. En los que hace al transporte de dichos residuos se aplica el Reglamento de Transporte del Organismo Internacional de Energía Atómica, de carácter mandatorio en la Argentina.
En toda esta amplia gama de actividades se generan residuos radiactivos de distintas características físicas y químicas que contienen radionucleidos con diferente tipo de emisión y nivel de radiactividad. El sector público asume la responsabilidad de la gestión inocua y ecológicamente segura de estos residuos y la ejerce a través de una organización que cumple las funciones que de ella se derivan. A efectos de diseñar una estrategia de gestión adecuada, los residuos radiactivos producidos en todo el país son clasificados en las tres siguientes clases:
Residuos de baja actividad (período corto y período largo);
Residuos de media actividad (período corto y período largo); y,
Para el tratamiento, acondicionamiento y disposición final de residuos de baja actividad y período corto y para el almacenamiento interino de residuos de media actividad y fuentes selladas en desuso existe un Area de Gestión en el Centro Atómico Ezeiza. Los elementos combustibles irradiados se almacenan en piletas de decaimiento y/o silos de almacenamiento en seco, en el emplazamiento de las centrales nucleares. Se los considera un recurso energético potencialmente explotable y aún no se ha decidido su destino final. La CNEA tiene un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radioactivos que contempla todas las tareas de gestión y además la investigación, desarrollo y puesta a punto de procesos, procedimientos e instalaciones para el tratamiento, almacenamiento y disposición final de los residuos, poniéndose énfasis en la interrelación de las distintas etapas desde la generación de los residuos, a los efectos de lograr una minimización de los volúmenes finales.
La actividad nuclear en la Argentina comienza oficialmente con la creación de la CNEA el 17 de mayo de 1950 y desde esa época se han desarrollado todas las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos, incluyendo la producción de energía nucleoeléctrica. En la actualidad existen en el país dos centrales nucleares en operación, la Central Nuclear Atucha I en la Provincia de Buenos Aires, con un potencia de 357 Mwe, y la Central Nuclear Embalse en la Provincia de Córdoba, con 648 Mwe. Ambas centrales utilizan combustible de uranio natural moderado con agua pesada. Para la provisión del combustible se han desarrollado las distintas etapas del ciclo del combustible, que incluyen la minería y tratamiento del mineral de uranio, la producción y refinación del concentrado, la conversión a dióxido de uranio y la fabricación del elemento combustible. Dependiendo de las actividades, las tareas pueden ser realizadas por empresas públicas o privadas. La CNEA tiene además tres Centros Atómicos: los Centros Atómicos Ezeiza y Constituyentes en la Provincia deBuenos Aires y el Centro Atómico Bariloche en la Provincia de Río Negro, donde se desarrollan tareas de investigación y desarrollo en distintas ramas de la ciencia y la tecnología nuclear. En los tres existen en operación reactores para investigación en el primero se suma también la producción de radioisótopos. Además, el país es productor y exportador de Cobalto 60 para usos médicos e industriales.
En centros de investigación, universidades, hospitales e industrias en todo el país se emplean técnicas que utilizan radioisótopos en fuentes abiertas y cerradas. El ENREN participa en un estudio internacional, bajo la conducción del Organismo Internacional de Energía Atómica, relativo al modelado de la migración de radionucleidos al medio ambiente en reservorios de baja actividad.
El país participa activamente en la elaboración, bajo el patrocinio del Organismo Internacional de Energía Atómica, de la Convención sobre la Gestión Segura de los Residuos Radiactivos cuya finalización se encuentra próxima y cuyas disposiciones tienen relación con prácticamente todos los aspectos contemplados en el Programa 21.

References: Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 41
 Artículo 124
 Artículo 75
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 26
 Artículo 41
 artículo 75
 Artículo 41