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Timestamp: 2020-07-09 07:19:58+00:00

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Anexo II. Sentencias básicas que desarrollan la doctrina contenida en este libro - La revisión de los actos nulos por inconstitucionalidad de las leyes - Libros y Revistas - VLEX 47095577
Páginas: 619-669
STS de 29 de febrero de 2000.
STS de 13 de junio de 2000.
STS de 15 de julio de 2000.
STS de 29 de febrero de 2000
PRIMERO.- La representación procesal de Juegomatic, SA, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 1997, en el que se resuelve la reclamación formulada por la recurrente de indemnización por responsabilidad del Estado legislador, en el sentido de desestimar la solicitud de indemnización.
SEGUNDO.- En el escrito de demanda presentado por la representación procesal de Juegomatic, SA, se hacen, en síntesis, las siguientes alegaciones:
El 30 de junio de 1990 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/1990, de 29 de junio (RCL 1990\1337 y 1628), sobre Medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria por la que, entre otras cosas, se creaba (artículo 38.2.2) un gravamen complementario sobre la tasa fiscal que gravaba los juegos de suerte. envite o azar, de aplicación a las máquinas recreativas de tipo B, por importe de 233.250 pesetas por máquina, que debía satisfacerse los veinte primeros días del mes de octubre de 1990.
Fracasada la vía contencioso-administrativa, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el 31 de octubre de 1996 (RTC 1996\173) por la que se declaró inconstitucional y nulo el artículo 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio.
Por acuerdo del Consejo de Ministros del día 12 de diciembre de 1997 (expediente I.197/1997), se resolvía desestimar la reclamación sobre la base de la no revisabilidad de procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [RCL 1979\2383 y ApNDL 13575]) y el artículo 158 de la Ley General Tributaria (RCL 1963\2490 y NDL 15243), que imponían a la recurrente el deber jurídico de soportar el perjuicio, además de la falta de prueba de que el daño consistente en el pago de un gravamen no hubiera sido trasladado a terceros.
Se cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, partiendo del daño causado a las empresas en aplicación de la Ley de amnistía 46/1977 (RCL 1977\2204 y ApNDL 479), hasta los producidos a funcionarios a los que fueron de aplicación las Leyes 17/1982 (RCL 1982\1287 y ApNDL 8355), 30/1984 (RCL 1984\2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595) y 6/1985 (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) sobre obligatoriedad de la jubilación a los 65 años y la Ley 53/1984 (RCL 1985\14 y ApNDL 6601) en relación con incompatibilidades, pasando por otros supuestos referentes a las distancias de las gasolineras, a la prohibición de determinada publicidad sobre bebidas alcohólicas, a la eliminación de cupos de pesca o a la descolonización del Sahara.
El Tribunal Supremo declara que en los casos en que la ley vulnera la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) el Poder legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento y la antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1991 [RJ 1991\7784]).
Así, se citan las sentencias de 11 octubre de 1991, 11 de noviembre de 1997 (RJ 1997\8456), 27 de junio de 1994, 13 de febrero 1997 (RTC 1997\28), ésta del Tribunal Constitucional en relación con la Ley 15/1975 reguladora de Espacios Naturales Protegidos (RCL 1975\914 y ApNDL 4859).
Cabe concluir que el Estado debe reparar los daños que cause cuando a través del poder legislativo contraviene mandatos constitucionales promulgando normas antijurídicas. Existe en nuestro Derecho normativa suficiente con base en el artículo 9.3 de la Constitución, sin necesidad de desarrollo normativo expreso, bien acudiendo al soporte del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico (RCL 1957\1058, 1178 y NDL 25852) y hoy artículo 139.1 de la Ley 30/1992 (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), bien al artículo 106.2 de la Constitución o el artículo 1902 del Código Civil. Así ocurre en Derecho comparado
Asimismo se citan los artículos 2, 10, 28, y 30 de la Ley General Tributaria y los artículos 7.2, 1895, y 1902 del Código Civil y los artículos 1 y 121 de la Ley Expropiación Forzosa (RCL 1954\1848 y NDL 12531).
La propia sentencia citada por el acuerdo recurrido afirma que en Derecho comparado se observa que en algún...
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References: artículo 38
 artículo 158
 artículo 9
 artículo 40
 artículo 139
 artículo 106
 artículo 1902

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