Source: https://www.scribd.com/document/233630991/CODIGO-ALIMENTARIO-ARGENTINO-pdf
Timestamp: 2017-05-27 06:42:10+00:00

Document:
ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadCODIGO-ALIMENTARIO-ARGENTINO.pdfUploaded by Leonardo Sierra LombarderoJurisdictionRegulationFederationJudgeBuenos Aires0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: © All Rights ReservedList price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO.La sanción de la Ley Nº 13.230 (B. O.29-9-04) ha puesto nuevamente sobre el tapete viejas discusiones doctrinarias acerca del ejercicio de atribuciones propias o delegadas por parte de la Provincia a la Nación. Resulta oportuno recordar que el Código Alimentario Argentino tiene por origen el Reglamento Alimentario aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 141/53 (B. O: 19-I-53), para ser aplicado en la Capital Federal y territorios nacionales. Luego, el Decreto Ley Nº 18.284/69 (B. O. 28-VII-69), declaró vigente en todo el territorio de la República, con la denominación de Código Alimentario Argentino, las disposiciones higiénico sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del Reglamento Alimentario aprobado por Decreto Nº 141/53. En el mensaje de elevación del proyecto de ley, se fundamentó la iniciativa en la necesidad de dictar una legislación con alcance nacional, de acuerdo a la recomendación aprobada por el Congreso Argentino de Legislación Alimentaria reunido en Santa Fe, en abril de 1964, con la finalidad de unificar criterios acerca de las condiciones higiénico sanitarias que deben reunir los alimentos, eliminando la incidencia negativa con que la heterogeneidad de las normas provinciales venía gravitando en la circulación de productos alimenticios, restringiendo la expansión del mercado nacional. En esa dirección, el artículo 2º dispuso que "... el Código Alimentario Argentino, esta Ley y sus disposiciones reglamentarias se aplicarán y harán cumplir por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones. Sin perjuicio de ello, la autoridad sanitaria nacional podrá concurrir para hacer cumplir dichas normas en cualquier parte del país". Y en el artículo 3º se delimitaron las respectivas competencias, nacionales o provinciales, en punto a conferir la facultad de autorizar y verificar los productos, "de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen", a la autoridad sanitaria pertinente, los que podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio de la Nación, "... sin perjuicio de la verificación de sus condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la jurisdicción de destino" O sea que el sistema funciona de la siguiente manera: a)las normas resultan de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones; b) la autorización y registro de productos se llevan a cabo por la autoridad sanitaria del lugar donde se produce, elabora o fracciona; c) la jurisdicción de destino posee la facultad de verificar que los productos que llegan a las bocas de expendio, reúnan las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que determina el Código Alimentario. Si bien la asunción por parte de la Nación de la potestad constitucional de legislar la materia, se apoya en las facultades contempladas por el artículo 75 incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional, que le atribuye competencia para "... Reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí" y "... Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias...", cierto es que el tránsito hacia esta nueva legislación trajo aparejado conflictos jurisdiccionales, resueltos con cierta uniformidad por parte de la doctrina y jurisprudencia, con basamento en que tanto la Nación como las provincias tienen por finalidad promover la prosperidad de sus habitantes, entendiendo que se trata de poderes concurrentes entre la Nación y las provincias (Art.75, inciso 18 y 125 de la Constitución Nacional). A título general, es pertinente recordar que las leyes relativas al ejercicio de los poderes de policía constituyen un derecho reservado a las provincias, incluyéndose dentro de los poderes que se han reservado el de proveer lo concerniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos y con tal fin pueden libremente dictar leyes sobre tales materias. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido, en numerosos precedentes, la cuestión vinculada con el poder de policía en materia de comercialización de alimentos y bebidas, destacando que constituyen "el ejercicio de facultades concurrentes de las provincias para intervenir, por vía reglamentaria, en la actividad de ciertas industrias, con fundamento en los poderes de policía para la protección de la salubridad pública" (Fallos 322:2780). Advirtió, no obstante, que "el ejercicio-por las provincias de estas facultades concurrentes, sólo puede considerarse incompatible con las ejercidas por las autoridades nacionales cuando, entre ambas, media una repugnancia efectiva, de modo que el conflicto devenga inconciliable" (fallo cit.). Si bien en líneas generales la preceptiva contenida en el Código Alimentario Argentino en cuanto a las exigencias que deben reunir los productos que se produzcan, elaboren, fraccionen y/o importen no ha sufrido menoscabo por ingerencia legislativa de carácter local, no ocurre lo mismo respecto a las disposiciones que contempla el Decreto Nº 815/99, que establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos. Aún cuando se entiende que dicha norma constituye una disposición reglamentaria del CAA, y en consecuencia, comprendida en la mención que efectúa el artículo 2º de la Ley 18.284, en cuanto a que "... se aplicarán y harán cumplir por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales o de la Municipalidad de Buenos Aires... " , cierto es que la citada norma avanza sobre el poder de policía de la sanidad animal, (Arts.13º y 18º) y en punto a los Establecimientos elaboradores de Productos Lácteos (Art.28º), como respecto a las funciones del Laboratorio Central de Salud Pública, habiendo sostenido la Asesoría General de Gobierno que, aún cuando debe entenderse que el decreto nº 815/99 tiene por finalidad asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino y sus disposiciones se encuentran dirigidas a facilitar la aplicación que de esta materia hace la autoridad sanitaria provincial por efecto de la delegación legislativa ordenada por el artículo 2º de la Ley 18284 (conf. Expte. 2906-12701/99), "... los contenidos emergentes del Decreto Nº 815/99 no deben afectar el marco regulatorio vigente y aplicable sobre la actividad que desarrolla esa jurisdicción en establecimientos elaboradores ubicados en la Provincia de Buenos Aires, con prescindencia que los productos sean destinados al tránsito federal y/o exportación" (conf. expte. 2567-
43/00). Respecto a los contenidos del citado decreto nacional, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una medida de no innovar planteada por Molinos Río de la Plata S.A.C. en el marco de una acción entablada para obtener una declaración de certeza sobre la vigencia del decreto nº 815/99 en el ámbito provincial, ordenando a la Provincia para que se abstenga de registrar los productos de origen animal de tránsito interjurisdiccional fabricados en la provincia, "... pues el decreto nacional 815/99 dispone que el órgano competente para realizar dicho registro es el Servicio de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria." (CSJN, 19/8/04,DJ 29/12/04, 1329,La Ley,05/01/03) Otros conflictos jurídicos se han suscitado a propósito del ejercicio del poder de policía por parte de los Municipios de la provincia de Buenos Aires. En rigor de verdad, el artículo 2º de la Ley 18284 no incluyó a las autoridades sanitarias municipales como autoridades de aplicación de la ley a nivel municipal, y con fundamento en tal exclusión, a mi entender involuntaria, se plantearon conflictos de competencia en algunas ocasiones, anulándose los procedimientos llevados a cabo por inspecciones sanitarias en establecimientos de elaboración y/o de expendio de productos alimenticios. No obstante que, mediante el Decreto Nº 815/99 se establece en el artículo 16º: "Las autoridades sanitarias de cada provincia, Gobierno Autónomo de la CIUDAD DE BUENOS AIRES y municipios serán responsables de aplicar el CAA dentro de sus respectivas jurisdicciones",reafirmando en el artículo 19 la facultad del municipio de efectuar los controles en las bocas de expendio, en la causa Nº 1234/04, caratulada "Eichhorn, Santiago e hijos S.R.L. interpone recurso de apelación en causa nº 28378 del Tribunal de Faltas nº .2", el Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial de Bahía Blanca, consideró que el acta de infracción había sido labrada por una autoridad que no estaba legalmente habilitada, descalificando la norma reglamentaria por cuanto "... un decreto no podría alterar las reglas de competencia establecidas por ley, por el principio de prelación normativa (art.31 CN) ...". Sin perjuicio de que por las razones que adelante señalaré, la Ley 13.230 tuvo el efecto contrario al deseado, a mi modo de ver la Ley 18.284/69 no permite otra interpretación que la que resulta de los principios del derecho constitucional, según los cuales el Gobierno nacional ha asumido la regulación de las actividades relacionadas con la alimentación, sanitarias, de comercialización, etc., en la medida que esas circunstancias exigieron esa regulación federal, respetando el poder de policía local y las normas provinciales vinculadas a la distribución de competencias a favor de los Municipios. En ese sentido, el artículo 192 inciso 4 de la Constitución Provincial confiere a los municipios atribuciones respecto al "ornato y salubridad", y el artículo 27º (texto según Dec-Ley 9117/78, confiere a la función deliberativa municipal reglamentar: "... 10)La elaboración, transporte, expendio y consumo de materias o artículos alimentarios, exigiendo el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que establezcan las normas de aplicación, así como también el certificado de salud de las personas que intervengan en dichos procesos". De manera que la omisión incurrida en la redacción del artículo 2º de la Ley, carece de relevancia jurídica ya que las competencias provinciales y municipales preexisten por imperio de la Constitución Nacional (Art.121, 122 y 123 de la Constitución Nacional), de lo que se sigue que no resulta, en mi opinión, jurídicamente sustentable sostener que existe vacío legislativo que impida al Municipio ejercer el control en la aplicación del Código Alimentario. Ahora bien, si así se encontraba planteado el panorama hasta la fecha de sanción de la Ley 13.230, las disposiciones de esta ley trastocaron en gran medida los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales que en forma sucinta he dejado expresado más arriba. En oportunidad de tratar el proyecto de ley elevado en consulta por la Comisión de Salud Pública del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual la Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional nº 18.284, la Asesoría General de Gobierno emitió dictamen en el Expte. 2900-36.330/02, advirtiendo que "... el tratamiento legislativo del proyecto traído a consideración resultaría jurídicamente inocuo". Se sostuvo entonces que "... la Nación ha producido dicha norma en virtud de las facultades contempladas en el artículo 75 incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional, que le atribuye competencia para "Reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí" y Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, respectivamente, en el marco de la llamada policía de la prosperidad, velando por el interés general de todos los habitantes del país. Por otra parte y en virtud de lo previsto en el artículo 125 de nuestra Carta Magna las provincias pueden "promover su industria" lo cual implicaría potestades que se han reservado para su adelanto y bienestar, tratándose de poderes concurrentes entre la Nación y las provincias, específicamente en orden a lo estatuido en el inciso 18 del artículo 75 antes trascripto.". Es que como ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia, "... La ley 18.284 es una ley nacional cuya aplicación se ha encomendado a los gobiernos provinciales (artículo 110, Constitución Nacional). Sabido es que en nuestro sistema los Arts. 86 y 100 atribuyen a los órganos federales la competencia para la aplicación de las leyes nacionales salvo: a), la aplicación judicial de los Códigos que el artículo 67, inc.11 de la Constitución confía a las administraciones de justicia provinciales; b) las leyes nacionales cuya aplicación se encomiende a los gobiernos provinciales (art.110, Constitución nacional), ya sea mediante una ley o por un decreto del Gobierno nacional (Art..67, inc.28 y 86 inc.2º, Constitución Nacional)". (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires* 10/11/81* Molinos Río de la Plata c/Provincia de Buenos Aires). No obstante el criterio sostenido por este Organismo Asesor, la ley fue sancionada el 19 de agosto de 2004, y consta de siete artículos ,cuyo análisis a continuación se realiza. El artículo 1º dispone que la Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley nacional Nº 18.284, Código Alimentario Argentino. La primera reflexión que merece esta disposición, surge a propósito de la terminología empleada; la técnica legislativa conduce a interpretar que "adherir" es extender la aplicación de la ley al territorio provincial, por lo que esto plantea el interrogante de si se trata de una reivindicación de la potestad provincial de legislar esta materia. Como antes hemos señalado, la Ley 18.284 no invitó a las provincias a adherirse a sus disposiciones, sino que las declaró vigente en todo el territorio de la república, receptando la voluntad de los representantes de las provincias reunidos en el Congreso celebrado en 1964 en Santa Fe. Por otra parte, transcurridos casi treinta y cinco años de su aplicación en territorio provincial, cualquier lego en la materia podría pensar que durante ese período se ha aplicado una norma cuya validez y vigencia podría ahora ser puesta en duda. Lamentablemente no se conoce que haya habido debate parlamentario que pudiera haber arrojado luz a la finalidad perseguida por el legislador, ya que el proyecto fue tratado sobre tablas. En mi opinión, la iniciativa fue producto de la confusión que originaron algunos precedentes judiciales que desconocieron la competencia municipal para fiscalizar a nivel local las condiciones bromatológicas de los alimentos, y ello se explica con la redacción dada al artículo 3º, según el cual "La autoridad de aplicación realizará una permanente fiscalización de la presente Ley ejerciendo directamente la supervisión técnica-
administrativa, y convendrá con los municipios las tareas de contralor, procediendo a delegarlas dentro de sus jurisdicciones...". Precisamente este artículo tuvo el efecto no deseado: por cuanto si ya se discutía la facultad municipal por haber omitido la Ley 18.284 su expresa mención, la necesidad de instrumentar un convenio de delegación de facultades para que el Municipio actúe, tuvo rápida acogida, en la resolución de los recursos de apelación planteados contra decisiones administrativas dictadas en el ámbito municipal por parte de los Jueces de Faltas, o el Intendente en los casos que no se hubieren creado esos institutos. En efecto, en la causa "Eichhorn ..." ya citada, el juez en lo correccional sostuvo: "... En consecuencia, y hasta tanto no se reglamente la ley provincial designando la autoridad de aplicación y no se produzca la delegación de la provincia en el municipio de Bahía Blanca, los inspectores de éste y los Jueces de Faltas carecen de competencia para intervenir en cuestiones regladas por el CAA" Mediante el Decreto Nro. 2.697/05 (B.O.27/11/05), el Poder Ejecutivo reglamenta la aplicación de la ley, designando autoridades de aplicación a los Ministerios de Asuntos Agrarios y de Salud, creando una Comisión de Vinculación entre ambos de carácter técnico-consultivo y aprobando el texto de un Convenio Tipo, sobre la base del cual se delegarán en las respectivas jurisdicciones , "... la ejecución de las tareas de trámites administrativos, analíticas, de capacitación y de fiscalización sanitaria ...". En la actualidad, se vienen celebrando convenios con los distintos municipios y se cumplen jornadas de capacitación técnica, elaborándose manuales de procedimiento. Pero la ley contiene otra disposición cuya aplicación resultará inconstitucional, sin perjuicio de merecer el calificativo de absurda. En efecto, el artículo 5º dispone: "La autoridad de aplicación conocerá en grado de apelación los reclamos que recaigan sobre actos administrativos emanados por el/los municipios en ejercicio de las facultades delegadas, de acuerdo a los que establece la normativa de procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires". Es evidente que no se ha percatado el legislador que el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Administración, se inscribe en lo que se denomina derecho penal administrativo que tiene naturaleza procesal penal, y debe estar sometido al control judicial de los actos administrativos que participan de dicho carácter. En ese sentido, la ley 18.284 a la que la Provincia se "adhiere" establece en el artículo 12: "Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria competente dicte en virtud de esta ley, podrá interponerse recurso de apelación para ante tribunal competente, según la jurisdicción en que se hayan dictado, con expresión concreta de agravios y dentro de los cinco (5) días de notificarse de la resolución administrativa. En caso de multas, el recurso se otorgará previo ingreso del treinta por ciento (30%) de su importe, cantidad que será reintegrada en caso de prosperar la apelación. Cuando la sanción apelada fuera alguna de las previstas en los incisos c) y d) del Art.9, el recurso se considerará con efecto suspensivo, salvo que a juicio de la autoridad sanitaria pueda de ello resultar riesgo grave para la salud de la población". Siguiendo la hermenéutica que establece la ley nacional, los recursos de apelación deberían ser resueltos, en el ámbito municipal, conforme al procedimiento estatuido por el Decreto Ley Nº 8751/77, Código de Faltas, atribuyéndose a la Justicia Municipal de Faltas el conocimiento y decisión de las causas contravencionales y reservando al Juez en lo Correccional el control de legalidad a través del recurso de apelación. Esto no es nada nuevo puesto que como ya se mencionó, desde la vigencia del CCA la función jurisdiccional administrativa en materia de infracciones a la legislación alimentaria ha sido llevada a cabo en los 134 municipios por la justicia municipal, que asegura mediante el procedimiento instituido al efecto, las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso. En cuanto al control judicial de las decisiones administrativas dictadas por la autoridad de aplicación, la ley provincial nada ha establecido al respecto, con lo que podría entenderse que no ha sido intención del legislador modificar competencias. Sin embargo, esta pudo ser la oportunidad para sentar criterios correctos acerca de la competencia para revisar sanciones administrativas. En efecto, en el ámbito provincial se encuentra discutida la competencia judicial, a raíz de la defectuosa redacción dada al artículo 12 de la reglamentación de la ley, en tanto este dispuso: "El recurso de apelación, previsto en el artículo 12 de la Ley 18.284, contra las decisiones administrativas firmes de la autoridad sanitaria nacional, deberá interponerse ante la Secretaría de Estado de Salud Pública para ante los jueces de Primera Instancia en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal y juzgados federales en jurisdicción provincial". Cuando por aplicación de esta normativa se han concedido recursos de apelación ante el Juez Federal de Turno por parte del Ministerio de Salud, no todos los jueces federales aceptan declararse competentes, por cuanto se sostiene que la Ley 18.284 no es una norma de naturaleza federal y que cuando se trata de actos administrativos emanados del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la cuestión en debate reviste naturaleza pública local. "La competencia de la justicia local no es como consecuencia del ordenamiento constitucional cuya economía veda- como modo de preservar las autonomías de los estados locales- a los tribunales nacionales juzgar sobre aquellas instituciones, salvo la alegada violación fundamental o de normas de derecho federal, circunstancia esta que no alteraría la competencia de la justicia local para conocer en el asunto, pues las mismas siempre encontraron adecuada tutela en la vía del recurso previsto en el artículo 14 de la ley 48 (Fallos 310:2841;311:1597, entre otros)". Esta cita corresponde a la causa Nº 115.949, caratulada "Los Cinco Hispanos c/Mrio. De Salud s/Ordinario", sentencia del Juzgado Federal de San Martín, de fecha 19 de octubre de 2005. No obstante la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Scarpati Hnos s/apela multa de fecha 4/08/88 (T.311,p.1330)" ha dicho: "El conocimiento y decisión de las causas regidas por leyes de policía federal de alcance nacional, dictadas por el Congreso Nacional como consecuencia de la facultad que le otorga el artículo 67, inc.16 de la ley Fundamental, corresponde a los tribunales federales, por lo que el recurso previsto en el artículo 12 de la ley 18.284 (Código Alimentario Nacional), interpuesto contra una decisión administrativa firme de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, debe sustanciarse ante el magistrado federal con jurisdicción sobre el lugar de comisión de la infracción". Y en similar dirección, se pronunció la Suprema Corte de Justicia Provincial, declarando la incompetencia para entender en una demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, que procuraba anular un acto administrativo emanado de la Dirección de Laboratorio Central de Salud Pública del ex Ministerio de Bienestar Social, al señalar que la reglamentación del artículo 12 de la Ley 18.284, debe interpretarse a partir de que existe delegación de facultades a los funcionarios provinciales y los actos desempeñados por estos funcionarios en el ejercicio de las funciones que le acuerda la ley, deben equipararse a los de los funcionarios ordinarios de la Nación (Causa B-48.103, "Molinos Río de la Plata contra Poder Ejecutivo, Demanda contencioso administrativa", DJJ, Nº 9117, 12 de marzo de 1982). A mi entender, el fuero federal no debiera ser la justicia competente para entender en los recursos de apelación contra las decisiones que impongan sanciones en materia del Código Alimentario, ya que como ya se ha señalado, el artículo 12 de la ley sólo impuso la necesidad del recurso de apelación ante el Tribunal "competente", y la competencia de los jueces provinciales es la resultante del ejercicio del poder de policía que le corresponde a la provincia; de manera que la reglamentación del recurso atribuyendo competencia a la justicia federal, no responde a dichos principios ni posee la norma jerarquía normativa para alterar la competencia judicial. Por eso decimos que se perdió la oportunidad de establecer reglas de procedimiento que arrojen mayor claridad al justiciable, puesto que el artículo 5º de la Ley que comentamos, no sólo incurre en error grosero en esta materia, sino que también se desentiende del conflicto de competencia federal u ordinario que promueve la aplicación del CAA. En mi opinión, la urgente reforma legislativa que es necesario realizar a la ley 13.230 impone cuando menos, reformular la disposición del artículo 5º, estableciendo el procedimiento del Decreto Ley Nº 8751/77 para el ámbito municipal, y legislando el procedimiento específico a aplicar en jurisdicción provincial, ya que unido a la cuestión de la competencia, también subsisten falencias en el procedimiento que aplica la provincia de Buenos Aires. En efecto, hasta la entrada en vigencia de la Ley 11.922 que aprueba el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, se aplicaba en el procedimiento tendiente a la verificación, fiscalización, sustanciación de los sumarios y procedimiento recursivo, el Título IV del Libro V-Procedimiento en los Juicios sobre Faltas (Ley 3.589 y modif..,T.O. por Decreto Nº 1.174/86, Art..424 a 430). Al quedar dichas normas derogadas, se produjo un vacío normativo que pretendió resolverse mediante el Decreto Nº 3707/98 (B.O.20/10/98) que aprueba el procedimiento que se aplicará a las faltas o transgresiones a las leyes y reglamentaciones provinciales y/o nacionales que carezcan de un procedimiento específico para su aplicación. Si bien no es tema de este trabajo analizar sus disposiciones, corresponde señalar a título general que el mismo contiene normas vinculadas a los requisitos y forma del acta de comprobación de la infracción, plazo para el descargo y para la resolución por parte de la Administración, y un recurso de apelación ante Juez en lo Correccional de turno con competencia en el lugar donde se cometió la infracción. No obstante que, el artículo 7º dispone "Dése cuenta a la Honorable Legislatura", no se ha producido su ratificación legislativa, lo que supone la subsistencia de un vicio de legalidad que lo afecta, por tratarse de una materia reservada a la Honorable Legislatura. Actualmente, este procedimiento se aplica a las infracciones a la Ley de Farmacia, Ley de Medicamentos, Ley de Protección a las Fuentes de provisión y cursos receptores de agua y a la atmósfera, Reglamento de Establecimientos Asistencias y de Recreación, (Decreto Nº 3280/90), y también al procedimiento de constatación de las infracciones al Código Alimentario, con la excepción de que frente al recurso de apelación, el Ministerio de Salud lo concede ante el Juez Federal de turno, conforme lo dispone el artículo 12 del texto ordenado de la reglamentación aprobado por el Decreto Nº 2126/77. La materia a legislar debería incluir también, una normativa uniforme en materia de requisitos de la apelación, ya que debido a la coexistencia de normas de naturaleza sancionatoria, existe un tratamiento diferenciado que no se justifica mantener por cuanto supone la imposición de cargas más gravosas. En esa dirección, cabe mencionar, por ejemplo, que cuando se trata de apelaciones de multa por infracciones a la ley de Farmacias o Medicamentos, no se requiere el previo pago del importe de la multa. En materia alimentaria, el CAA impone satisfacer el 30% de la multa como requisito para la concesión del recurso, y según el Decreto Ley Nº 8841/77 que se aplica a las faltas y contravenciones en materia de establecimientos privados sometidos al control del Ministerio de Salud, debe satisfacerse el 100% de la multa en forma previa a la concesión del recurso. Por último, considero de interés a los fines de esta exposición comentar, que en la causa Nº 10.916 tramitada ante el Tribunal de Casación Penal, caratulada "Recurso de Casación interpuesto por el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires en causa nº 545 seguida a Balestrino Pedro e Hijos S.A.C.I.", se rechazó la legitimación del Fisco Provincial para obtener la revisión de un fallo dictado por el Juez en lo Correccional que intervenía en grado de apelación contra una sanción pecuniaria impuesta por el Ministerio de Salud. En dicho fallo, se sostuvo que en el Decreto Nro.3707/98, ninguna de las partes en ese tipo de procesos, (se trate de personas físicas o de personas jurídicas o de la misma autoridad administrativa), se encuentra facultada para recurrir esa decisión del Juez Correccional que interviene como alzada (voto del Dr.Natiello). Se agregó que, tratándose en el caso de personas jurídicas, no se encuentra prevista legalmente la persecución en sentido jurídico penal de las personas jurídicas. Dr. Mario Enrique Puente Relator Delegado ante Ministerio de Salud E-Mail: salud@asesoria.gba.gov.ar Documents Similar To CODIGO-ALIMENTARIO-ARGENTINO.pdfSkip carouselDerecho Constitucional y Administrativo ORIGINAL[1]Legitim Condicion de Ciudadano Inseguridad CS TP ConstitucionLibro Cpo PublicoJerarquía de Los Tratados InternacionalesLas Reformas ConstitucionalesConstitución de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresDerecho argentino-DelfinoProyecto_Faltas_PBADerecho Procesal Laboral 3er ParcialConstitución Argentina.pdfDEC_C_000000_1919_04_02-88182-93Omega y ArgenovaDoc1ACCIONSchaniderman Fallo CorteLA COMPETENCIA EN ACCIONES POPULARES SE DETERMINADA POR EL ORIGEN DE LA AFECTACIÓN DEL DERECHO COLECTIVOteoria general del proceso......Convencion Interamericana Sobre Restitucion1.-Convencion Inter American A Sobre Exhortos o Cartas RogatoriasCompañía Arenera Río Lujándrecho laboralDerecho Procesal Civil (Completo) (1)Derecho Procesal Civil (completo).doc.pdfDerecho Procesal Civil (Completo). El Derecho Procesal Penal.Conferencia Competencia Arbitramento 2013 Emilio GarciaNéstor Humberto MartínezBoletin Virtual Tributario 2010 IMore From Leonardo Sierra LombarderoSkip carouselO´Reilly 2010 Arsenic contamination of natural waters in San Juan and La PampaCarraro 2013 Arsenic Anomalies in Shallow Venetian Plain Italy GroundwaterSophocleous 2002 Interactions Between Groundwater and Surface Water the State of the Science!!Drewnik 2014 Mineral Composition vs Soil Forming Processes in Loess SoilsStahl 2014 Detecting Well Casing Leaks in Bangladesh Using Salt Spiking MethodPolitis2016 The Arrival of Homo sapiens into the Southern Cone at 14,000 Years AgoAs2016 Programme Book FINAL-Web Version 20-JUL-2016Loma Negra LamaliMehmood 2014I Iron Oxides Minerals in Soils Derived From17485- Regular Student MembershipIron Oxides Minerals in Soils Derived from Different Parent MaterialsCurso Internacional de Hidrología Subterránea VERSIÓN A DISTANCIA - SEMIPRESENCIALMagnetita 085-1436Regiones hidrogeologicas de Neuquen..pdf3D Electrical Resistivity Imaging as a Tool ForHIDROGEOLOGOS 1992-2102Practica SedimentariasPOLITO- A New Software for Lithology ColumnsElemental and Oxide Percent CONVERTFgdc Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization Fgdcgeostdtm11a2_web_allThornton 2001 Principles and Practice for the Collection of Representative Groundwater SamplesDe Carlo 2013 Characterization of a Dismissed Landfill via Electrical Resistivity Tomography and Mise-à-la-masse Method (1)Herron 1990 Geological applications of geochemical well logging.pdfTitov 2004Water Content and Porosity Estimated From Ground-penetrating Radar and ResistivityWorthington the Uses and Abuses of the Archie Equations 1 the Formation Factor-porosity RelationshipNeutrons for Biologists a Beginner’s Guide, Or Why You Should Consider Using NeutronsUses of Energy Minerals and Changing TechniquesGalan Mineralogia AplicadaGalan Mineralogia Aplicada

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 75
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 192
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 75
 artículo 125
 artículo 75
 artículo 67
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 artículo 5
 artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 67
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 7
 artículo 12