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Timestamp: 2018-07-22 05:15:22+00:00

Document:
Real Decreto 297/2013,de 26 de abril
por José Chico el Mar Jul 16, 2013 9:37 pm
Reunión informativa sobre Real Decreto 297/2013,de 26 de abril sobre Servidumbres Aeronáuticas y Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio
El próximo sábado día 20 de julio a las 10:00 horas tendrá lugar una reunión, con carácter informativo,en la Federación Insular Colombófila de Tenerife donde se informará a los colombófilos y clubes de la zona de San Cristóbal de La Laguna, los cuales se ven especialmente afectados por esta normativa de reciente aparición y de aplicación en las zonas próximas a los aeropuertos.
En Santa Cruz de Tenerife a 16 de julio de 2013
Eduardo J. López Martínez
Re: Real Decreto 297/2013,de 26 de abril
por José Chico el Mar Jul 16, 2013 9:39 pm
ES UNA REUNION DE MENSAJERISTAS PERO OS DIRE LO QUE SE HABLE ALLI
por José Chico el Jue Jul 18, 2013 3:51 pm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5166
por José Chico el Miér Jul 24, 2013 8:33 pm
Real Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.
A lo largo de la semana pasada, varios federados han recibido notificaciones provenientes de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) requiriéndoles el cese inmediato en la realización de la actividad colombófila, (suelta de palomas), apoyándose para ello en el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, sobre Servidumbres Aeronáuticas. El cual pueden dar lectura en este enlace: Real Decreto 297/2013.
El área de Servidumbre Aeronáutica establecida para el Aeropuerto Tenerife Norte, abarca un radio de 2 Km, desde la cabecera de pista, un radio de 2 Km desde el cierre de la misma y la superficie comprendida entre esas dos circunferencias, como se puede ver en la siguiente imagen:
Tras una reunión mantenida con el Jefe del Departamento de Operaciones y Servicios y el Jefe de Seguridad del Aeropuerto de Tenerife Norte, se nos ha indicado que mientras sobrevuelen palomas en el aeropuerto, se seguirá actuando en la clausura de palomares, independientemente de que estos se encuentren en el área determinada o no.
Es por ello, que para evitar que grandes masas de palomas sobrevuelen las áreas cercanas al aeropuerto, deberemos colaborar en la mayor medida posible con las autoridades aeroportuarias.
Por lo tanto se hace necesario tomar una serie de medidas de carácter urgente para el desarrollo de la colombofilia en la isla de Tenerife las cuales eviten la actuación contra los colombófilos que se encuentran dentro del área de servidumbre. Pero que también beneficiarán a los palomares que se encuentran fuera de esa área, pues TODOS LOS PALOMARES DE LA ISLA son susceptibles de recibir una notificación de AESA:
1. Los colombófilos que hayan recibido una notificación deberán comunicarlo a la Federación Insular de manera inmediata. Para poder realizar por parte de esta Federación TODAS las alegaciones correspondientes.
2. Queda prohibido realizar sueltas de entrenamientos de palomas, (en cesta), en una zona de exclusión, comprendida entre el término municipal de Tacoronte y la zona de Guajara (Facultad de Periodismo). En un futuro se podría ampliar.
3. TODO COLOMBÓFILO de la isla de Tenerife, tendrá la OBLIGACIÓN DE PRESENTAR a la Federación Insular Colombófila de Tenerife UN PLAN DE SUELTAS DE ENTRENAMIENTO. El cual deberá ser aprobado por la Federación Insular y enviado al departamento de Operaciones y Servicios del Aeropuerto de Tenerife Norte.
4. Las sueltas de entrenamientos aprobadas por la Federación, deberán realizarse en pequeños grupos (20 ó 25 palomas) separados en intervalos de 10 minutos. Para evitar el paso de grandes grupos de palomas sobre la zona aeroportuaria.
Paralelamente a estas medidas, se está preparando un Plan de erradicación de palomas no federadas, o sin anillas, en colaboración con el Aeropuerto Tenerife Norte, para llevarlo a cabo en zonas próximas al aeropuerto, y en otras zonas donde se puede encontrar este tipo de palomas.
Es muy posible que en los próximos meses se deban complementar las medidas aquí expuestas con otras, las cuales les serán notificadas.
La situación en la que nos encontramos es de EXTREMA GRAVEDAD para TODOS los colombófilos y para la supervivencia de la colombofilia en esta isla, por lo que se solicita la máxima colaboración de TODOS los federados en el cumplimiento de las medidas que se tomen, que siempre se hace pensando en el colectivo.
por José Chico el Mar Jul 30, 2013 5:59 am
La Operación Crisálida, liderada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) junto con agentes de Navarra y Tenerife y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, se ha saldado con la intervención de 123 ejemplares, 11 de ellos en varios aeropuertos nacionales. La Guardia Civil no ha concretado si se trata de las rapaces del aeropuerto de Castellón, pero Aena reconoce que en sus aeropuertos se han retenido cinco ejemplares (cuatro en Tenerife Sur y uno en Tenerife Norte), por lo que quedarían seis que estarían destinados a terminales externas a la red de Aena, como es el caso del de Castellón. La red estatal ha facilitado, a requerimiento del juzgado, la relación de todos los contratos en vigor con la empresa de Fernando Olmos y prestará “especial atención
por José Chico el Vie Ago 09, 2013 6:56 pm
Por medio de la presente se pone en conocimiento de los Sres. Colombófilos afectados por la resolución adoptada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el sentido de prohibirles soltar las palomas de sus palomares, todo ello, como consecuencia de parte o denuncia interpuesta por AENA, que, esta Federación Canaria de Colombofilia a la vista de los perjuicio ocasionado a estos Sres. colombófilos y a la Colombofilia de la Isla de Tenerife, presentará de inmediato, recurso de reposición ante la mentada agencia estatal. Se da la circunstancia, que no se ha probado que las palomas ubicadas en estos palomares con más de veinte y treinta años de antigüedad, sean las que invadan la zona de servidumbre aeronáutica del aeropuerto de Tenerife-Norte, estando más que probado que las palomas urbanas y zuritas, tórtolas y cernícalos son las aves que invaden con alguna frecuencia a este aeropuerto.
Se trabaja con la entusiasta mediación de los Excelentísimos Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, para lograr se convoque una reunión con esta Agencia de Seguridad Aérea, donde se pueda condicionar la situación después de detenido análisis del problema, cosa que le agradecemos a nuestras instituciones, infinitamente.
Las Palmas de Gran Canaria,7 de Agosto de 2013.
por José Chico el Jue Ago 22, 2013 6:28 am
DON PERO TOLEDO ROBAYNA, mayor de edad, de esta vecindad, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle León y Castillo, 26/28, 3º, en concepto de Presidente de la FEDERACIÓN CANARIA DE COLOMBOFILIA, de la misma dirección y domicilio, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea comparezco y tengo el honor de exponer:
Que el pasado 5 de los corrientes, varios federados que practican el deporte de la colombofilia en la Ciudad de La Laguna (Tenerife) han recibido el requerimiento del Coordinador de Seguridad de Aeropuertos, cuya fotocopia acompaño para una mejor situación del problema que plantea.
Ante las exigencias que contiene, esta Federación Canaria de Colombofilia se considera en la obligación -por imposición de sus estatutos- de formular, en defensa de sus federados y de acuerdo con la legalidad, las siguientes consideraciones:
En primer lugar, hacer notar que la propia denominación del asunto (Requeri-miento imposibilidad de invasión zona servidumbre aeronáutica aeropuerto Tenerife Norte) define precisamente la cuestión: imposibilidad de que las palomas mensajeras de los federados que tienen palomares relativamente próximos al aeropuertos de Los Rodeos (Tenerife Norte) puedan perturbar cualquier cosa en la zona de seguridad aeronáutica. Sobre ello, hay pruebas y argumentos contundentes que desvirtúan la iniciativa administrativa expuesta sólo sobre la posibilidad de que las instalaciones y la actividad “podrían poner en riesgo la operación de las aeronaves”. Resulta que, por un lado, los palomares de los requeridos tienen una antigüedad mínima de veinte (20) años, como se acreditará si fuera pertinente. Y si durante tan extenso periodo temporal, coincidiendo además con los años de mayor tráfico aéreo del aeropuerto de Los Rodeos y superior número de palomares federados, no se tuvo como riesgosa su actividad deportiva, en la actualidad, por lo menos, el ejercicio de la misma actividad carece razonablemente de características que puedan hacer suponer un aumento del peligro que, sin documentar, se alude en el requerimiento. Por otro lado, tratando de la misma cuestión, hace ahora justamente un año tuvimos una entrevista con los responsables de la materia de esa Agencia, que concluyó, sin nada exponer ni nada tratar, con la promesa de que seríamos llamados para, en su caso, discutir las medidas correctoras sobre los riesgos precisos que fueran señalados. Un año, aunque no es tanto tiempo como el de la antigüedad de los palomares, sí es más que suficiente para, de haber existido seriamente una posibilidad de riesgo para el tráfico aéreo, adoptar decisiones primeramente consensuadas y, de fallar el consenso, por las vías expeditivas con que cuenta la Administración Pública. La falta de interés de los responsables de la seguridad aérea del aeropuerto, expuesta durante ese tiempo, acredita la ausencia de riesgo por el ejercicio del deporte de la paloma mensajera.
Abunda en esta consideración la circunstancia de que, citando el requerimiento el artículo 10.1.d) del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, señala como fundamento del mismo “las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimientos del aeródromo” imputadas a los requeridos, como titulares o propietarios de palomas mensajeras federadas. La confusión salta a la vista en tanto que con base en el citado precepto no se puede prohibir la tenencia de animales domésticos, ya que el legislador, al introducir en la norma el concepto de fauna, se había de estar refiriendo al que establece la Real Academia de la Lengua, es decir, “conjunto de todas las especies animales”, lo que, para su racional aplicación, exige concreciones reglamentarias que no pueden quedar al arbitrio de los funcionarios.
Y, tratando de la fauna, en el caso concreto la única que podría afectar con peligro a la actividad de las aeronaves habría de ser la derivada de la existencia de una fauna formada por palomas y tórtolas que viven libremente en el entorno restringido por razón de que la base fundamental de su alimentación la encuentran en los silos de trigo situados al Sur del aeropuerto. Por el contrario, las palomas anilladas que pertenecen a palomares federados no vuelan todas los horas ni todos los días y normalmente lo hacen sobre rutas concretas respecto de cada palomar. Desde el punto de vista de una ortodoxia legalista, la actividad en los referidos silos sería la única con cabida lógica en la causa de la acusación del requerimiento, que se ha transcrito anteriormente en cursiva.
Sobre estas razonables consideraciones debía versar la reunión propuesta en junio del pasado año, ya que, como se señala en el propio requerimiento, la norma legal no tiende exclusivamente a prohibir, sino que, en función del respeto a los derechos de los ciudadanos que impone el artículo 41.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aconseja efectos menos drásticos y lesivos, como limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la zona protegida y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas, en lo que sigue la consolidada doctrina del Tribunal Supremo que no se cita por ociosa. Esta alternativa recibe su espaldarazo normativo en el número 2 del citado artículo 10 al detallar que “las actividades y usos existentes y de nueva implantación podrán prohibirse o limitarse, quedando en este último caso su ejercicio condicionado al cumplimiento de las medidas de mitigación que se determinen, lo que, de acuerdo con el principio general de respeto a los derechos, implica una exigencia de valoración de los presuntos peligros, sin que, en ningún caso, pueda resultar admisible el “podrían poner en riesgo la operación” en que se funda el requerimiento.
En otro orden de cosas, a los efectos puramente legales de la cuestión, procede señalar que nos encontramos ante un puro requerimiento huérfano de una resolución administrativa que lo sustente, con el que la Administración actuante puede estar incurriendo en desviación de poder si sólo se considera sus aspectos administrativos e, incluso, en prevaricación si se repara en que por las circunstancias precedentes no resulta arriesgado el atribuírle la calificación de acto injusto, al soslayar el evidente contenido económico establecido por la propia norma que se invoca para requerir. La inexistencia de una resolución administrativa debidamente motivada en la que debieron quedar reseñados los recursos que cabían contra la misma convierte, por tanto, el requerimiento en un acto arbitrario de la Administración, que atenta gravemente contra el principio de confianza legítima que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, establecida, entre otras, en la sentencia de 18 de diciembre de 2007, consiste en que “el principio de buena fe o confianza legítima, principio que tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán (Sentencia de 14-5-1956 del Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín), y que constituye en la actualidad, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22-3-1961 y 13-7-1965 (asunto Lemmerz-Werk), un principio general del Derecho Comunitario, que finalmente ha sido objeto de recepción por nuestro Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación ( Ley 4/99, de reforma de la Ley 30/92, art. 3.1.2). Así, la STS de 10-5-99, recuerda "la doctrina sobre el principio de protección de la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, y que comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho en otros términos, la virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma y, cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento...”
En esta línea, es claro que la cuestión exige el inicio de un expediente en el que, con audiencia de los interesados, se exponga con precisión la delimitación de la zona protegida y las razones empíricas que justifiquen la razón de la medida. En cuanto al primer condicionante, lo habrá de ser conforme dispone el artículo 27 del repetido Real Decreto 297/2013, coincidente con la que se haya establecido mediante la oportuna resolución del Consejo de Ministros y siempre ajustándose a las prescripciones del artículo 26. En lo que respecta al segundo, el expediente debe contar ineludiblemente con el pertinente informe expedido por técnico competente. Siendo todo ello trámite previo al requerimiento y no estando acreditado que se haya notificado a ningún interesado la delimitación de la zona de protección ni el inicio del expediente para llevar a cabo las prohibiciones que se pretende, esta Federación se ve forzada a denunciar el incumplimiento de tales trámites, reclamando la nulidad y retirada del requerimiento.
En lo tocante al texto, procede puntualizar que en cuanto afecta al tema tratado el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, no es absolutamente aplicable en tanto que el artículo 10 y el apartado 6 del artículo 6 fueron modificados por el anteriormente invocado Real Decreto 297/2013, de 26 de abril. Igualmente, que el apartado 3 del citado artículo 10 dispone que el establecimiento de las prohibiciones o limitaciones a que se refieren los epígrafes anteriores se ajustará a lo dispuesto en el artículo 26 del presente real decreto en el caso de las actividades o usos del suelo existentes y en el apartado 4 que “serán indemnizables las prohibiciones o limitaciones que incidan sobre actividades en ejercicio y afecten a derechos ya patrimonializados”, circunstancias que se desprecian mediante el requerimiento que se comenta y que lleva a la conclusión de que para que la Dirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea pueda estar legitimada a llevar a efecto las sorpresivas actuaciones que comentamos, debió comenzar de la misma forma con que la norma impone la delimitación de zonas de protección, es decir con el pertinente Real Decreto comprensivo de la declaración de utilidad pública e interés social que exigen los artículos 9 y 13, en relación con el 12, de la Ley de Expropiación Forzosa, teniéndose en cuenta que el artículo 10 dispone que “la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.”
Toda vez que el requerimiento concluye, además, citando genéricamente la Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea para, con referencia a su artículo 33.3ª, fundamentar la advertencia de incoación de expediente sancionador por presunto incumplimiento de las obligaciones enumeradas en éste, cabe señalar que ninguno de los miembros de esta Federación cumple las condiciones del artículo 32, por lo cual, no perteneciendo a ninguno de los grupos de personal exhaustivamente relacionados, no puede darse incumplimiento alguno.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la Federación Canaria de Colombofilia quiere recordar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el talante deportivo de todos sus federados y la labor que sin desmayo llevan a cabo al servicio de la Naturaleza y la Ecología, así como su voluntad de colaborar sin condiciones con cuanto redunde en beneficio de la Sociedad, entre ello el cumplimiento de todas las normas y medidas que estén dirigidas a la seguridad, siempre dentro del marco normativo que nos viene impuesto por la Constitución y el Ordenamiento Jurídico del Estado. Desde esta perspectiva, cuente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que estamos dispuestos a analizar las condiciones objetivas que concurran en cada palomar en la zona de protección del aeropuerto de Tenerife-Norte que haya sido aprobada de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, y que serán rigurosamente acatadas las medidas que procedan para la eliminación de cualquier riesgo para la navegación aérea, incluso el cierre de la actividad, previa la correspondiente indemnización conforme establece la Ley de Expropiación Forzosa.
La Federación Canaria le Colombofilia agradece de antemano la comprensión que está segura de recibir de parte de las autoridades de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en relación con el problema planteado por la práctica del deporte de la paloma mensajera.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de agosto de 2013

References: Real Decreto 
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 resolución 
 artículo 10
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 artículo 41
 artículo 10
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 resolución 
 artículo 27
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 artículo 26
 artículo 10
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 artículo 10
 artículo 26
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 artículo 10
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