Source: http://www.seconsultores.es/actualidad/
Timestamp: 2018-10-23 15:55:27+00:00

Document:
Actualidad - SE Consultores
El Pleno del Senado aprobó el pasado 11 de octubre de manera definitiva y por unanimidad la nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. ¿Todavía no conoces las nuevas medidas adoptadas?
CANCELACIÓN REGISTRAL DE SOCIEDAD LIQUIDADA
Mediante junta general universal se acuerda la disolución de una sociedad conforme al artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital, se nombra liquidador, se aprueba el balance final de la liquidación, se reparte el activo resultante y se declara liquidada y extinguida la sociedad, con solicitud de la cancelación de su hoja registral.
El registrador Mercantil deniega inscripción porque dicha sociedad había quedado extinguida y cancelados todos sus asientos en virtud de auto judicial que declaró la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa de la sociedad, acordó su extinción y dispuso la cancelación de su inscripción en los registros públicos y el cierre de las hojas registrales a los efectos concursales. También en la escritura se manifiesta expresamente que los únicos acreedores de la sociedad son los propios socios, renunciando formal y expresamente a sus créditos.
La DGRN revocó la resolución del Registrador, pues si bien la sociedad estaba extinguida por resolución judicial en procedimiento concursal, no por ello carece de personalidad jurídica residual y puede y debe realizar determinados actos respecto de operaciones de liquidación y de sus relaciones con socios y terceros.
Considera la Dirección que en el presente caso, habiéndose hecho constar la extinción de la sociedad con cancelación de la hoja registral como consecuencia del auto de declaración de cierre del concurso de acreedores, es improcedente inscribir una ulterior escritura de extinción de dicha sociedad. No obstante, debe tenerse en cuenta que en el supuesto de este expediente el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al margen del Registro Mercantil.
A estos efectos, el cierre de la hoja registral, por su propia configuración, debe admitir posibles asientos posteriores como los solicitados por el recurrente. En efecto, el nombramiento de liquidador es una vicisitud posterior a la cancelación que interesa a terceros; y, sin duda, las operaciones de liquidación reflejadas en la escritura calificada constituyen otras vicisitudes de la sociedad que interesan también al liquidador, en cuanto comportan un efectivo cumplimiento de su cometido, de suerte que está justificado su reflejo registral «post mortem».
Además, tal constancia registral tiene claro apoyo en la aplicación analógica de lo establecido en el artículo 248, apartados 1 y 2, del Reglamento del Registro Mercantil, respecto de la inscripción -no obstante la cancelación efectuada- del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos socios en caso de activo sobrevenido.
POSIBLE AUMENTO DE LOS CONCURSOS DE ACREEEDORES
Señala el informe que continúa la senda descendente en los acuerdos de refinanciación homologados en 2017, incrementándose incluso su bajada, ya que hasta agosto de 2017 disminuyen un 30%, registrándose tan solo 40 frente a los 57 en 2016. La empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal es la micropyme.
Por ello, dicen que la reforma concursal debería hacer más atractivo y facilitar la resolución de las insolvencias y evitar cierres en economía sumergida.
En caso de que se encuentre en situación de insolvencia, ya que sea persona física o jurídica, póngase en contacto con SE Consultores, le asesoraremos y ofreceremos la mejor solución.
Cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia, es decir, cuando no sea capaz de cumplir sus obligaciones, tiene la obligación legal de solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses.
No obstante, hay una solución previa a la solicitud del concurso. El art. 5 bis de la Ley Concursal permite al deudor, antes de que transcurra el plazo legal para solicitar el concurso, iniciar negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
Para iniciar este procedimiento es necesario comunicar al juzgado competente para la declaración de su concurso, es decir al Juzgado de lo Mercantil del territorio donde la sociedad tenga el centro de sus intereses principales, que se han iniciado las negociaciones. Dicha comunicación debe producirse antes de que finalice el plazo de 2 meses para solicitar el concurso.
De esta forma, realizada la comunicación en plazo, no será exigible al deudor el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario, quedando dicho plazo paralizado.
Una vez que el deudor concursal presenta la documentación necesaria ante el Juzgado de lo Mercantil dispondrá de 3 meses para culminar un acuerdo con sus acreedores concursales. Dicho acuerdo podrá consistir, entre otros, en que éstos condonen o perdonen parte o la totalidad de la deuda.
En caso de llegar a un acuerdo de refinanciación, y éste cumpla los requisitos de la LC éste podrá ser homologado judicialmente.
El principal objetivo de esta homologación judicial es que aquellos acreedores concursales que durante la “negociación” fueron detractores del acuerdo o no lo hubieran firmado, tengan que someterse a los efectos de espera y/o aplazamiento que se hayan negociado, siempre y cuando no estemos ante créditos con una garantía real.
Los requisitos que establece el art. 71 bis de la LC para que el acuerdo pueda ser homologado judicialmente son los siguientes:
Uno de los beneficios que tiene para el deudor el inicio de este expediente es que desde la comunicación al Juzgado del inicio de las comunicaciones no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
Se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1;
Se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación;
Se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio;
En el caso de ejecuciones ya iniciadas, se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas.
Se debe tener en cuenta que lo dispuesto anteriormente no es de aplicación a los acreedores con garantía real, que podrán ejercitar la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía, sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no se haya realizado alguna de las actuaciones indicadas o haya transcurrido el plazo de 3 meses para alcanzar un acuerdo.
Por otro lado, quedan excluidos del régimen mencionado los acreedores de derecho público, que podrán inciar procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos sus créditos.
Como se desprende del presente artículo, el preconcurso de acreedores sirve en primer lugar como vía para ganar tiempo y poder salvar la empresa evitando así instar el concurso de acreedores (siempre y cuando se pueda superar el estado de insolvencia), y en segundo lugar, como una “barrera de protección” frente a los acreedores concursales, ya que tal y como se desprende de lo dispuesto en el art. 15.3 de la LC, durante el periodo que dura el preconcurso, los acreedores concursales no podrán instar el concurso necesario frente al deudor.
Si usted o su empresa se encuentra en situación de insolvencia no dude en ponerse en contacto con SE Consultores, nuestros profesionales le ofrecerán la mejor solución.
No obstante, si quiere vender las participaciones a alguien distinto, antes deberá comunicar su intención de vender y las condiciones de la venta por escrito a los administradores de la sociedad, haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión. Ello es así dado que los socios actuales de la misma tienen un “derecho de adquisición preferente” de sus participaciones.
Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la Junta General podrá acordar que sea la propia sociedad la que adquiera las participaciones
En caso de precisar asesoramiento en relación al tema planteado no dude en ponerse en contacto con SE Consultores.
Contacta con nosotros llamándonos al 948 22 75 85, mandándonos un mail a contacto@seconsultores.com o bien a través de nuestro Formulario de Contacto

References: artículo 368
 resolución 
 resolución 
 artículo 248
 resolución 
 artículo 71