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Timestamp: 2017-02-28 07:13:17+00:00

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DECRETO 278/1993, de 9 de noviembre, sobre procedimiento sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad.
Publicado en DOGC núm. 1827 de 29 de Noviembre de 1993
Vigencia desde 30 de Noviembre de 1993
CAPITULO 2. Tramitación del procedimiento sancionador
Período de información previa
SECCION 2. Instrucción del procedimiento
Instrucción y pliego de cargos
Renuncia del infractor
Trámite de audiencia y elevación de la propuesta de resolución
SECCION 3. Resolución del expediente
CAPITULO 3. Procedimiento abreviado
CAPITULO 4. Finalización del procedimiento
Clases de finalización
Finalización por sobreseimiento
L 32/2010 de 1 Oct. CA Cataluña (Autoridad Catalana de Protección de Datos) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que la disposición transitoria segunda de la Ley [CATALUÑA] 32/2010, 1 octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos («D.O.G.C.» 8 octubre), establece que, mientras el Gobierno no apruebe el decreto que regula el procedimiento sancionador en materia de protección de datos, continúa siendo aplicable el procedimiento establecido por el presente Decreto.
Téngase en cuenta que la disposición transitoria segunda de la Ley [CATALUÑA] 32/2010, 1 octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos («D.O.G.C.» 8 octubre), establece que, mientras el Gobierno no apruebe el decreto que regula el procedimiento sancionador en materia de protección de datos, continúa siendo aplicable el procedimiento establecido por el presente Decreto.
Téngase en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley [CATALUÑA] 11/2014, 10 octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia («D.O.G.C.» 17 octubre), que establece que: “Mientras no se apruebe un decreto que regule el procedimiento sancionador en materia antidiscriminatoria, sigue siendo de aplicación el procedimiento establecido por el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad.” Preámbulo
La Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, establece en el título 9 los principios del ejercicio de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador.
Por otra parte, la disposición adicional 3 de la citada Ley prevé la adecuación a este texto legal de las normas reguladoras de los diferentes procedimientos administrativos y dicha adecuación en el caso de los procedimientos sancionadores tiene una relevancia especial atendiendo a la singularidad de su objeto.
Asimismo, la derogación que efectúa esta Ley del procedimiento sancionador establecido en la LPA hace necesario que se apruebe un procedimiento sancionador que deberán aplicar los órganos de la Administración de la Generalitat en aquellos ámbitos o sectores materiales en relación con los que la Generalitat ostenta competencias normativas y que a su vez tendrá carácter supletorio respecto a las disposiciones sectoriales que sean de aplicación.
Por otra parte, se prevé que este procedimiento sea de aplicación supletoria de los entes locales en Catalunya en defecto de procedimientos sancionadores específicos que se prevean en el ordenamiento sectorial o en las ordenanzas locales.
En cuanto al contenido del procedimiento sancionador que prevé el Decreto, es necesario decir que éste establece una tramitación ágil sin que por ello suponga una merma de las garantías del presunto responsable. Asimismo, se prevé un procedimiento abreviado para supuestos tasados que el propio Decreto establece y que por tanto tampoco supone ninguna merma de garantías.
En consecuencia, vistos el informe de la Comisión de gobierno local de Catalunya y el dictamen de la Comisión jurídica asesora, de acuerdo con el Gobierno de la Generalitat,
Objeto y ámbito de aplicación 1.1. El presente Decreto establece el procedimiento administrativo sancionador que deben aplicar los órganos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con los principios establecidos en el título 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y tiene carácter supletorio respecto a las disposiciones de naturaleza sectorial de competencias de la Generalitat que sean de aplicación.
1.2. Este Decreto será de aplicación supletoria de los entes locales de Catalunya en defecto total o parcial de los procedimientos sancionadores específicos previstos en el ordenamiento sectorial o en las ordenanzas locales, excepto las materias en las que el Estado tiene plena competencia normativa.
1.3. Este reglamento es de aplicación directa a los entes locales en los procedimientos sancionadores sobre materias de competencia de la Generalitat, cuyo ejercicio se les ha delegado.
1.4. Quedan excluidos de la aplicación del presente Decreto los procedimientos del ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social.
1.5. Este Decreto tampoco es de aplicación en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de régimen disciplinario de personal y de los que están vinculados por una relación contractual que se regirá por sus normas específicas.
Organos competentes 2.1. Son órganos competentes para acordar la incoación del procedimiento sancionador o, si cabe, el archivo de las actuaciones a que hace referencia el artículo 7 de este Decreto los delegados o jefes de los servicios territoriales de los departamentos y los directores generales o los órganos que en cada caso establezca la normativa vigente.
2.2. Son órganos competentes para la imposición de sanciones o para acordar, en su caso, el sobreseimiento los señalados en la normativa sectorial correspondiente. En defecto de previsión expresa, serán órganos competentes para la imposición de sanciones los que resulten de las normas sobre atribución y ejercicio de competencias que establece el capítulo 1 del título 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2.3. En los entes locales son órganos competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores los presidentes de las entidades locales, excepto que las correspondientes normas de atribución de competencias sean atribuidas a otros órganos.
2.4. Mediante la correspondiente disposición de carácter general, los presidentes de los entes locales pueden desconcentrar en los miembros de la corporación y los órganos plenarios en los presidentes, en las comisiones de gobierno, si cabe, y los miembros corporativos, las competencias sancionadoras que tengan respectivamente atribuidas. La citada disposición deberá ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ente local o en otro medio de publicación pertinente.
En ningún caso los órganos a los que se haya desconcentrado competencias sancionadoras las pueden, a su vez, desconcentrar.
2.5. En todo caso, no se podrán atribuir a un mismo órgano competencias de instrucción y resolución.
Prescripción La prescripción de infracciones y sanciones se rige por las leyes que las establecen y en su defecto, por lo que establece el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Medidas cautelares 4.1. En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para iniciar el expediente puede adoptar, mediante acuerdo motivado que debe notificarse a los interesados, las medidas cautelares de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pueda recaer. Durante la tramitación de procedimiento deben levantarse estas medidas si han desaparecido las causas que motivaron su adopción.
4.2. Las medidas cautelares se ajustarán a la intensidad y a la proporcionalidad, y serán adecuadas a los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto.
Apreciación de delito o falta 5.1. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se aprecia la posible calificación de los hechos perseguidos como constituyentes de delito o falta se debe pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, y suspender el procedimiento administrativo una vez que la autoridad judicial haya incoado el proceso penal que corresponda, si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Asimismo, si la Administración tiene conocimiento por cualquier medio de que se está siguiendo un procedimiento respecto al mismo hecho, sujeto y fundamento, suspenderá la tramitación del procedimiento sancionador.
5.2. La Administración no puede continuar el procedimiento y debe declarar su conclusión y la no exigencia de responsabilidad, si la resolución judicial estima la existencia de delito o falta y se aprecia identidad de sujeto, hecho y fundamento.
5.3. En cualquier caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal en firme vinculan a los órganos administrativos respecto a los procedimientos sancionadores que sustancien. La Administración revisará de oficio las resoluciones administrativas fundamentadas en hechos contradictorios con los declarados probados en la resolución penal, de acuerdo con las normas que regulen los procedimientos de revisión de oficio.
5.4. La sustanciación del proceso penal no impide el mantenimiento de las medidas cautelares, ni tampoco la adopción de aquéllas otras que resulten imprescindibles para el restablecimiento de la situación física alterada o que tiendan a impedir nuevos riesgos para las personas o daños en los bienes o medio protegidos. En este último supuesto se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial responsable del procedimiento penal.
CAPITULO 2Tramitación del procedimiento sancionador
SECCION 1Iniciación del procedimiento
Formas de iniciación El procedimiento se inicia de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente por orden superior, por petición razonada de otros órganos a partir de las actas levantadas por los servicios de inspección o por denuncia presentada por cualquier persona.
Período de información previa Antes del acuerdo de inicio del expediente, el órgano competente puede abrir u ordenar un período de información previa con la finalidad de esclarecer las circunstancias de los hechos y de los sujetos responsables.
Toma de muestras Si hay toma de muestras las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos finalizan después de haberse practicado el análisis inicial. La solicitud de la práctica de análisis contradictorio, así como si cabe, el acuerdo por el que se decide la práctica del análisis dirimente, determinan la suspensión de los términos de caducidad hasta el momento en que la Administración tenga conocimiento de los resultados.
Iniciación 9.1. En el acuerdo de iniciación del expediente se nombra a un instructor y, si cabe, un secretario.
9.2. El nombramiento de instructor en los entes locales también puede recaer en funcionarios de otra corporación local y excepcionalmente en funcionarios de la Generalitat de Catalunya, por cualquiera de los mecanismos previstos en la normativa sobre asistencia.
SECCION 2Instrucción del procedimiento
Instrucción y pliego de cargos 10.1. El instructor ordena de oficio, si cabe, la práctica de las pruebas y actuaciones que conduzcan a la determinación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción y a la vista de las actuaciones practicadas formula el pliego de cargos con el siguiente contenido:
La identificación de las personas o entidades presuntamente responsables.
La exposición de los hechos imputados.
La infracción o infracciones que estos hechos puedan constituir, con indicación de su normativa reguladora.
Las sanciones de aplicación.
La autoridad competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye la competencia.
Si cabe, la exposición de los daños y perjuicios que puedan haberse ocasionado.
Las medidas de carácter provisional que, si cabe, se adopten.
10.2. No se formulará pliego de cargos y se ordenará el sobreseimiento del expediente y el archivo de las actuaciones cuando de las diligencias y de las pruebas practicadas resulte acreditada la existencia de infracción o responsabilidad. Esta resolución se notificará a los interesados.
10.3. El pliego de cargos junto con el acuerdo de iniciación del expediente sancionador se debe notificar a los interesados, otorgándoles un plazo como mínimo de 10 días para formular alegaciones y proponer las pruebas de las que se intenten valer para la defensa de sus derechos o intereses.
Renuncia del infractor Si el inculpado reconoce voluntariamente su responsabilidad, el instructor eleva el expediente al órgano competente para resolver, sin perjuicio de que pueda continuar su tramitación si hay indicios razonables de fraude o encubrimiento de otras personas o entidades.
Práctica de la prueba 12.1. El instructor, si cabe, ordena la práctica de la prueba o pruebas propuestas. Los gastos que de ellas se deriven irán a cargo de quien las propone.
12.2. El instructor sólo puede declarar improcedentes las pruebas propuestas cuando no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. La declaración de improcedencia de la prueba deberá ser motivada.
Propuesta de resolución Transcurrido el plazo señalado en el artículo 10.3 y después de la eventual práctica de la prueba, el instructor formula la correspondiente propuesta de resolución que debe tener el siguiente contenido:
Los hechos que se imputan al expedientado.
La calificación de la infracción o infracciones que constituyen estos hechos y su normativa reguladora.
La sanción o sanciones a imponer, con indicación de su cuantía si consisten en multas y los preceptos que los establecen.
Si cabe, los pronunciamientos relativos a la existencia y reparación de daños y perjuicios que hayan resultado acreditados.
El órgano competente para imponer la sanción y la normativa que le otorga la competencia.
Trámite de audiencia y elevación de la propuesta de resolución 14.1. La propuesta de resolución deberá notificarse a los interesados para que en el plazo de 10 días puedan presentar alegaciones.
14.2. Una vez cumplidos los trámites anteriores el instructor eleva el expediente al órgano competente para su resolución.
SECCION 3Resolución del expediente
Resolución 15.1. El órgano competente dictará la resolución del expediente, que deberá ser motivada, y decidirá sobre todas las cuestiones que planteen los interesados y las que deriven del expediente.
15.2. En la resolución no se podrán aceptar hechos diferentes de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
15.3. La resolución, además de incluir los elementos exigidos legalmente para este tipo de actos, deberá contener los hechos, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas, la sanción o sanciones que se imponen, el órgano competente para imponerlas y la normativa de aplicación en cada caso. Asimismo, se hará referencia, si cabe, a los pronunciamientos necesarios sobre la exigencia al infractor para la reposición de la situación alterada a su estado original y sobre la eventual indemnización por los daños y perjuicios causados.
Caducidad del expediente Si no recae resolución expresa transcurridos seis meses desde el inicio del expediente, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad que establece el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, excepto en los supuestos en los que el procedimiento se haya paralizado por causas imputables a los interesados o cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 5 de este Decreto.
Efectos de la resolución 17.1. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa son ejecutivas y contra las mismas no cabe ningún recurso administrativo ordinario.
17.2. Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa no serán ejecutivas hasta que haya recaído resolución del recurso ordinario o haya transcurrido el plazo para su interposición sin que ésta se haya producido.
En estos supuestos las resoluciones podrán adoptar las disposiciones cautelares necesarias para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutivas.
CAPITULO 3Procedimiento abreviado
Instrucción del procedimiento 18.1. En el caso de infracciones que deban calificarse como leves o cuando les corresponda una sanción pecuniaria inferior a 100.000 pesetas puede seguirse, para instruir el expediente sancionador, el procedimiento abreviado a que se refiere este artículo, si se trata de una infracción flagrante y los hechos han sido recogidos en el acta correspondiente o bien en la denuncia de la autoridad competente.
18.2. Una vez dictado el acuerdo de iniciación, el instructor, a la vista de las actuaciones practicadas, formula la propuesta de resolución.
18.3. La propuesta de resolución, donde se deben exponer los hechos imputados al expedientado, las infracciones que éstos puedan constituir, las sanciones de aplicación, la autoridad competente para resolver y la normativa que le otorga la competencia, se notifica a los interesados junto con el acuerdo de iniciación y la indicación de que se trata de un procedimiento abreviado, a fin de que en el plazo de 10 días puedan proponer las pruebas de las que se intenten valer y alegar aquello que consideren conveniente en defensa de sus derechos o intereses.
18.4. Transcurrido el plazo anterior y después de la eventual práctica de la prueba, el instructor, sin ningún otro trámite, eleva el expediente al órgano competente para resolver.
18.5. En todo caso, el órgano competente podrá proponer o acordar que se siga el procedimiento ordinario.
CAPITULO 4Finalización del procedimiento
Clases de finalización El procedimiento sancionador acaba:
a) Por resolución sancionadora, que debe contener los puntos indicados en el artículo 15.
b) Por resolución motivada por la que se acuerde el sobreseimiento.
c) Por caducidad del procedimiento.
Finalización por sobreseimiento 20.1. Procede el sobreseimiento:
a) Cuando los hechos no son constitutivos de infracción administrativa.
b) Cuando no existan indicios racionales de haberse producido los hechos que han sido la causa de la iniciación del procedimiento.
c) Cuando no se ha acreditado la existencia de responsabilidad, o bien se ha producido su extinción. Si el procedimiento se dirige contra una pluralidad de personas, la resolución de sobreseimiento sólo afecta a aquéllas en quien concurren las citadas circunstancias.
20.2. A efectos de lo que establece el apartado anterior, la extinción de la responsabilidad se produce, en todo caso, por la prescripción de la infracción.
Los expedientes sancionadores que estén en tramitación en el momento de la entrada en vigor del presente Decreto se adecuarán a sus disposiciones por lo que se refiere a los trámites posteriores.

References: resolución

 Resolución 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 resolución 
 resolución