Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-2-agosto-2018-739487497
Timestamp: 2020-02-24 21:32:00+00:00

Document:
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de San Bartolomé de Tirajana n.º 1, por la que se suspende la inscripción de un auto dictado en expediente de dominio para acreditar un exceso de cabida. - Doctrina Administrativa - VLEX 739487497
San Bartolomé de Tirajana, 8 de mayo de 2018.–La registradora, (firma ilegible)
«Primera. Que el Auto judicial que pretende inscribir la parte recurrente establece lo siguiente en su parte dispositiva:
Que estimando la petición formulada por Joos Immobilien und Vermögensverwaltug GBR, declaro justificada la mayor cabida de la finca que aparece inscrita como finca 8137 del Registro de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana Número Uno, que viene descrita en antecedente primero de esta resolución, a efectos de hacer constar en dicha inscripción que la superficie de la finca en cuestión es la de quince mil cuarenta y ocho con treinta y cinco metros cuadrados (15.048.35 m2), en el modo en que se expone en el antecedente segundo de esta resolución.
Se ha solicitado por la demandante que la finca descrita en el punto anterior sea modificada en cuanto a su cabida en los términos expuestos en el hecho séptimo de la demanda, que son los siguientes:
Norte, resto de la parcela tres y calle; Sur, risco grande orilla arriba, Naciente, resto de la parcela tres y risco grande orilla arriba; Poniente, risco grande orilla arriba y barranquillo.
Segunda. Que los defectos 1.º y 2.º del Registro de la Propiedad número Uno de San Bartolomé de Tirajana no tienen soporte jurídico y han de decaer, pues se oponen al criterio expreso de esta Dirección General de Registros y Notariado, plasmado entre otras, en su Resolución de 10 septiembre 2003 RJ 2003\6273, y Resolución de 10 de mayo de 2002 [RJ 2002, 8569], conforme a las cuales no pueden oponerse dudas sobre la identidad de la finca cuando ya existe una opinión de un juez, ni puede ponerse en duda la parte dispositiva del auto, por el mero hecho de que no mencione a alguna/s de los posibles colindantes.
Tercera. Que el defecto 3.º ha de decaer igualmente, en base al motivo que la misma Registradora de la Propiedad reconoce expresamente en el texto del mismo, pues la regulación por la cual se le requiere aportar certificación catastral o base gráfica se basa en una redacción de la ley hipotecaria que es posterior a la que se ampara el expediente de dominio por exceso de cabida («El expediente de dominio se inició en el año 2013, resultándole por ello aplicable la legislación hipotecaria anterior a la entrada en vigor de la Ley 13/2015. Antes no se exigía expresamente por el Reglamento Hipotecario la certificación catastral descriptiva y gráfica»). En conclusión, la redacción legislativa a la que alude el Registro de la Propiedad no ha de afectar al auto judicial ni a la inscripción que en virtud del mismo se pretende».
Constituye el objeto de este recurso decidir si puede inscribirse el testimonio de un auto judicial dictado en expediente de dominio para la inscripción de un exceso de cabida. La registradora opone como defectos que impiden la inscripción que falta la citación en el expediente a los titulares colindantes; que existen dudas fundadas de identidad de la finca y que no se aporta certificación catastral coincidente con la finca ni una base gráfica alternativa de la misma. En relación a los dos primeros defectos, es relevante destacar que la calificación matiza que al solicitarse la certificación para iniciar el expediente de dominio no se especificó que era ésta la finalidad de dicha certificación, de modo que no se expresaron en ella otros colindantes registrales que resultan de los archivos del Registro ni las dudas de identidad que ahora se exponen.
Debe determinarse primeramente la legislación aplicable al presente supuesto. A tal efecto, hay que tener en cuenta la disposición transitoria única de la Ley 13/2015, de 24 de junio, la cual señala que «todos los procedimientos regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria, así como los derivados de los supuestos de doble inmatriculación que se encuentren iniciados a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución definitiva conforme a la normativa anterior. (…)». Por tanto, en el presente caso es de aplicación el artículo 201 de la Ley Hipotecaria en la redacción dada antes de la reforma operada por la citada Ley 13/2015, de 24 de junio.
Debe tratarse conjuntamente la resolución de los dos primeros defectos, considerando la circunstancia advertida en la calificación relativa a la omisión en la solicitud de la finalidad de la certificación para el inicio del procedimiento.
En relación al segundo defecto, sobre existencia de dudas de identidad, debe partirse del principio, ampliamente repetido en otras Resoluciones (vid. las citadas en el «Vistos») de que: a) la registración de un exceso de cabida stricto sensu sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la global descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente, es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originariamente registrados; b) que fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según el Registro corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esta última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca registral preexistente; c) que para la registración del exceso de cabida es preciso que no existan dudas sobre la identidad de la finca (cfr. artículo 298, inciso último, del Reglamento Hipotecario), y d) que las dudas sobre la identidad de la finca deben estar justificadas, es decir, fundamentadas en criterios objetivos y razonados.
Es igualmente doctrina reiterada de este Centro Directivo que las dudas del registrador no pueden impedir la inscripción, en vía de principios, en los supuestos de expediente de dominio (véanse Resoluciones de 10 de mayo de 2002, 10 de septiembre de 2003, 28 de abril de 2005, 7 de julio de 2006, 11 de diciembre de 2010 y 4 de mayo de 2011), pues, en este último caso se trata de un juicio que corresponde exclusivamente al juez, por ser éste quien dentro del procedimiento goza de los mayores elementos probatorios para efectuarlo, y de los resortes para hacerlo con las mayores garantías.
Si estas dudas no se han expresado por el registrador al expedir la certificación, no puede pretender plantearlas al presentarse a inscripción el auto judicial aprobatorio del expediente de dominio (cfr. Resolución de 4 de febrero de 2012, reiterada en las de 25 de noviembre de 2013, 27 de marzo 2014, 17 de junio, 27 de julio y 9 de octubre de 2015 y 4 y 25 de enero y 1 de junio de 2017), salvo que en tal momento, y con carácter de excepción a la citada regla general, el registrador tenga no ya dudas, sino la certeza de que la finca que se pretende inmatricular o el exceso que se pretende acreditar ya esté inmatriculado, en cuyo caso debe primar la exigencia institucional de evitar tales situaciones, dada la quiebra que la solución contraria supondría del sistema de seguridad jurídica que debe proporcionar el Registro de la Propiedad, incluso en el caso de haberse expedido una certificación errónea (cfr. Resoluciones de 7 de noviembre de 2000, 29 de mayo de 2002 y 11 de junio y 25 de noviembre de 2013).
También se ha señalado como salvedad a tal regla general aquellos casos en que el registrador que emitió la certificación inicial que permitió iniciar el expediente sea distinto de quien va a practicar la inscripción, pues el juicio sobre la existencia o no de dudas es personal del registrador y no puede vincular a un registrador distinto que se aparte de él por causas justificadas (cfr. Resoluciones de 3 de junio de 2013, 27 de marzo de 2014 y 10 de agosto de 2015). Esto último debe entenderse siempre y cuando no conste que se haya practicado y esté vigente la correspondiente anotación preventiva que advierte el inicio de este procedimiento, ya que dicho asiento se encontraría bajo la salvaguardia de los tribunales, publicando, siquiera de forma provisional, la inmatriculación o nueva descripción pretendida de la finca y con vocación de convertirse en definitiva cuando concluya el procedimiento. Por ello, no podrá el registrador, en tal caso, oponer dudas que pudieran poner en entredicho la anotación practicada.
En el caso de este expediente, el auto objeto de calificación señala que se ha procedido a la citación de doña I. K. en calidad de propietaria de los predios colindantes.
En cuanto al tercer defecto, se plantea si es preceptiva la aportación de certificación catastral o, al menos, representación gráfica alternativa, al tratarse de un exceso de cabida superior a la quinta parte de la cabida inscrita, por lo que, según afirma la registradora en base a la Resolución de esta Dirección General de 6 de mayo de 2013, se asimila a un supuesto de inmatriculación.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 201
 resolución 
 artículo 298
 Resolución 
 Resolución