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Timestamp: 2019-07-20 09:18:32+00:00

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El arraigo social, una de las opciones frente a la denegación del asilo
Por: Beatriz Tobón Vallejo,
El asilo o protección internacional está contemplado en el artículo 13.4 de la Constitución Española como la protección brindada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.
Se concede el derecho de asilo a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.
El procedimiento para solicitar el asilo o protección internacional, una vez que el extranjero está en España, tiene varias fases:
-Primero deberá presentar la solicitud ante la Oficina de Extranjeria o ante la Comisaria de Policía Nacional correspondiente.
-Una vez presentada la petición, las Oficinas de Asilo y Refugio tienen un mes para pronunciarse sobre su admisión o inadmisión a trámite. La mayoría de los casos son admitidos a trámite, pero esta admisión a trámite no significa que han resuelto favorable el fondo del asunto, sobre si procede o no la protección internacional, con ello simplemente se inicia el estudio e investigación del caso, de acuerdo con las alegaciones y pruebas que haya presentado el solicitante.
La solicitud del asilo o protección internacional conlleva la retirada del pasaporte por parte de las autoridades españolas durante todo el periodo de tramitación del caso.
Desde que se inicia el procedimiento, hasta que finalmente se emite una resolución, puede transcurrir un largo período de tiempo entre 2 y 3 años aproximadamente. En el momento de admitirse a trámite la petición de asilo o protección internacional, se expide un documento provisional, que se emite como documento de identificación, el cual se conoce como “Tarjeta Roja”.
La primera tarjeta roja tiene una vigencia de seis meses que autoriza a residir legalmente, pero no autoriza a trabajar, no obstante, si incluye el NIE (Número de Identidad del Extranjero), que le permitirá realizar gestiones tales como la apertura de una cuenta bancaria, solicitar la tarjeta sanitaria, etc.
Transcurridos los seis meses, si aún no se ha obtenido resolución, se deberá renovar esta tarjeta roja por otra, la cual incorporará la mención expresa “Autoriza a Trabajar”. Su vigencia será de seis meses, y se irá renovando hasta que finalmente se resuelva la petición y se emita la resolución definitiva.
Posteriormente después de varias prórrogas de la tarjeta roja, el Ministerio del Interior emite una resolución admitiendo o denegando la solicitud de asilo o protección internacional (asilo o protección subsidiaria). Se trata de un acto administrativo motivado, en el que se explican las razones por las cuales se concede o no el refugio.
En España hay un elevado porcentaje de denegación de las solicitudes de asilo, tres de cada cuatro solicitudes son denegadas. Cada día, 311 personas piden socorro al Gobierno español en busca de asilo y protección internacional. Pero la mayoría no lo consiguen, ya que el 76% de las solicitudes son denegadas, según datos del Ministerio del Interior.
Frente a la resolución que decide desfavorablemente la solicitud de asilo o protección internacional, el extranjero tiene varias opciones:
Si está de conforme con la no concesión de la solicitud de asilo, puede acatarlo y en ese caso se encontraría ya en situación irregular en España y dispondría de 15 días continuos para abandonar de forma voluntaria el país. Si el extranjero no sale del territorio español voluntariamente dentro de dicho plazo, le podrán abrir un procedimiento sancionatorio, que culmine con una orden de expulsión.
Por el contrario, si el extranjero no está de acuerdo con la denegación de su solicitud de asilo, puede presentar un recurso de reposición, dentro del mes natural siguiente a partir de la fecha en que le notificaron la denegatoria. La decisión de este recurso puede tardar varios meses. Si la decisión del recurso es desfavorable, se puede interponer una demanda ante la jurisdicción contencioso- administrativa, que también tardará un tiempo en ser resuelto (aproximadamente entre seis meses y un año), si finalmente la decisión judicial confirma la resolución denegatoria del asilo, podrían abrir un procedimiento de expulsión.
Con lo cual, la expulsión en los dos supuestos mencionados no es automática, sino que se requiere de un procedimiento administrativo adicional, que puede tardar algunos meses más. Así mismo, contra la decisión acordando la expulsión, pueden interponerse los recursos correspondientes.
Todo este largo proceso desde la solicitud de asilo y su resolución denegatoria y los recursos interpuestos, transcurren cerca de tres años, tiempo suficiente para que el extranjero pueda optar por solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (arraigo social).
De igual forma los ciudadanos venezolanos que hayan solicitado el asilo y les haya sido rechazado, tienen la posibilidad de solicitar la autorización de residencia por razones humanitarias. Todo gracias a que según las recomendaciones de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR o UNHCR), los venezolanos a los cuales se les deniega el asilo podrán solicitar que les sea concedida este tipo de residencia por motivos humanitarios de protección internacional, teniendo especialmente en cuenta la opinión de ACNUR sobre la condición de vulnerabilidad que sufren actualmente los nacionales de Venezuela.
Nueve aspectos a tener en cuenta si viajas fuera de España en verano
Desde el 28 de mayo no es necesaria la vecindad civil balear para registrarse como pareja estable en el registro de Baleares
Por: Margarita Palos Nadal
Abogado Colegiado 1242 del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares CL. Cerdanya 5 / 07012 / Palma
Tel. 971 71 91 22
(cita previa de lunes a sábado)
El 28 de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial de les Illes Balears, la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears. Dicha Ley incluye una disposición adicional decimocuarta que modifica la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables. Dicha modificación legal ha entrado en vigor el 28 de mayo pasado.
A veces el legislador aprovecha una modificación legal para incluir otra de una Ley distinta, es una técnica legislativa muy habitual. Pero a veces dichas modificaciones pueden pasar asi desapercibidas.
Desde la publicación de la modificación podemos distinguir entre inscripciones obligatorias y voluntarias.
El contenido de la misma se refiere a que deben inscribirse necesariamente en el Registro de Parejas Estables de las Illes Balears las declaraciones formales de constitución de parejas estables, las modificaciones y las extinciones, cualquiera que sea su causa. En este sentido, por ejemplo, una declaración de constitución de pareja estable realizada ante notario deberá ser inscrita en el Registro de Parejas estables.
Desde el 28 de mayo no es necesaria la vecindad civil balear para la inscripción en el Registro de Parejas Estables, ni que uno de los dos miembros sea español. Incluso, los nuevos impresos distinguen las dos posibilidades la inscripción con vecindad civil balear y la inscripción sin el requisito de la vecindad civil balear.
La modificación legal se refiere también a la posibilidad de inscribirse voluntariamente en el Registro de Parejas estables aquellas parejas cuyos miembros no cumplan el requisito de que como mínimo uno de los dos miembros ostente la vecindad civil en las Illes Balears. Podrán solicitar su inscripción mientras tengan los requisitos de capacidad previstos en la Ley de 18/2001 no teniendo ningún impedimento que les impida la inscripción. Ahora bien, en este caso no quedará la pareja sometida al derecho civil balear, sino a la normativa general que afecte a las parejas estables, y tampoco la inscripción tendrá carácter constitutivo. Ambos miembros de la pareja tendrán que tener vecindad administrativa ( empadronados ) en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
La vecindad civil balear sólo la pueden adquirir los españoles y hasta ahora sólo se podían inscribir si uno de los miembros de la pareja era español y llevaba empadronado los últimos diez años en Baleares o bien adquiría la vecindad civil voluntariamente.
Con la modificación legislativa pueden inscribirse voluntariamente en el Registro parejas cuyos dos miembros sean extranjeros, ya que en las inscripciones voluntarias como hemos dicho no es requisito ser español ni tener la vecindad civil balear.
En todos los casos las parejas declaran que no son parientes y no forman pareja estable registrada con ninguna otra persona en el Registro de Parejas Estables de Baleares, cualquier registro municipal o autonómico del resto de España.
Para no dar lugar a equívocos desde ahora manifestamos que la inscripción voluntaria de una pareja de extranjeros, por ejemplo uno/a residente en régimen general ( no comunitario ) y otro/a en situación de irregularidad no comportará la regularización del extranjero salvo que se cumplan en su caso los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000.
Les mantendremos informados más adelante una vez que se clarifique la exacta trascendencia de esta modificación legislativa que ha entrado en vigor el 28 de mayo pasado a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears ( BOIB ).
El trámite de Perú y Uruguay, dos de los países que tienen convenio bilateral de pensiones con España, está funcionando eficientemente
Perú y Uruguay son los dos países que mejor están funcionando en este momento en el convenio bilateral de España de pensiones del tiempo trabajado en el país de origen sumado a lo que se haya cotizado aquí. Así lo ha confirmado Patricia Oteiza, directora de la empresa Pensiones por Convenio Bilateral (PCB).
Y es que desde PCB se han alcanzado convenios de colaboración con abogados peruanos y uruguayos para comenzar a realizar los trámites de gente residente en Baleares que está ad portas de la jubilación en España, o simplemente, personas que aunque no han llegado a la edad quieren revisar que los aportes realizados en su país de origen correspondan a la realidad de lo que cotizaron.
Los casos que está tramitando PCB con ciudadanos peruanos están llegando a feliz puerto. Tal es la situación de Laura Beatriz Smith Poppe, que se jubiló en seis meses por el convenio bilateral entre su país de origen y España. En este sentido, ella cumplía con los requisitos exigidos en ambos territorios, es decir, el aporte mínimo en Perú de 20 años y la edad mínima de 65 años y en España la cotización de 15 años con una edad también de 65 años.
“Estamos notando en este último tiempo que el sistema burocrático de papeleo en Perú y Uruguay está funcionando eficientemente además de acelerar los trámites, es una gran ventaja para los ciudadanos de estos países que tienen la intención de jubilarse o por lo menos de enterarse de los aportes realizados en sus países”, dice Oteiza.
De la misma forma, en PCB ya se han sacado adelante varios expedientes de personas que han cotizado en sus países de origen y en España. “para nosotros es satisfactorio afirmar que después de tres años nuestros clientes comienzan a jubilarse aplicando el convenio bilateral de España con sus países de origen”, comenta Patricia Oteiza, directora de PCB.
Patricia pone como ejemplo a la ciudadana argentina, María Cristina Rodríguez que se jubiló en mayo. “Se adelantó con éxito la tramitación de su jubilación en ambos países, y ahora ella puede afirmar que disfruta del derecho a su pensión”.
Muchas personas desconocen que España tiene un convenio reciproco de pensiones con la mayoría de países de Latinoamérica, lo que en la práctica equivale a que las personas que hayan cotizado en ambos países tengan derecho a la reunificación de los tiempos.
Sin embargo, es recomendable comenzar a realizar las averiguaciones con antelación, anticiparse a la pensión es la mejor forma de asegurar lo que ha trabajado durante toda la vida, pues no faltan los inconvenientes burocráticos que requieren de tiempo para solucionarlos.
Se suelen presentar casos, dice Oteiza, de personas a las que no les aparecen los años cotizados en sus países, por lo que es necesario antes de cumplir la edad de jubilación adelantarse a cualquier tipo de inconveniente que surja. No se puede perder ningún año cotizado y es necesario afrontar cualquier eventualidad que surja, merced a los convenios de colaboración de PCB con abogados especializados en pensiones.
PCB tiene convenios con abogados en Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia para comenzar a hacer los trámites de allí, especialmente estando pendiente de que los años que aparezcan en el historial laboral correspondan a lo que realmente se ha cotizado.
En estos momentos Lucía Rodríguez, originaria de Bolivia, ha comenzado a realizar sus gestiones con PCB tramitaciones para unificar los tiempos de trabajo cotizados en el país del altiplano y España.
Afirma que ha acudido a PCB gracias a las recomendaciones de personas que ya han obtenido su pensión, a tenor de la eficiente respuesta que han recibido conocidos suyos.
Vale resaltar que PCB ofrece asesoría jurídica en derecho de extranjería, laboral, civil , penal y familiar.
En el derecho de extranjería se trabaja en solicitudes de renovaciones de tarjetas y permisos de residencia, nacionalidades, arraigos sociales y familiares y reagrupaciones familiares, entre otros trámites.
Dirección de PCB:
calle Sant Miguel 30, cuarto A, Palma. Contacto 628 47 89 14/ 971 720 860 (con cita previa).
Agilización de nacionalidades
Por Betariz Tobón
Ante el elevado número de solicitudes de nacionalidad española por residencia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y los pocos funcionarios encargados de este tipo de expedientes, se ha formado un gran atasco, y en la actualidad se están resolviendo solicitudes presentadas en el año 2016, en concreto hay un promedio de 400.000 expedientes pendientes y cada año se acumulan a esa cifra 80.000 solicitudes más y tan solo 5 funcionarios al frente de estos procedimientos.
En noviembre de 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se propuso poner fin a ese atasco administrativo y preparó un plan de choque para resolver los 360.000 expedientes pendientes en ese momento.
Se estudiaron posibles soluciones y las medidas más adecuadas para llevarlo a cabo, entre ellas la contratación de unos 100 funcionarios para evacuar todas las solicitudes pendientes de resolver.
Lastimosamente este “Plan Choque” no se ha podido llevar a cabo debido a que no se aprobaron los presupuestos generales del Estado.
Y mientras tanto, los solicitantes siguen esperando una media de 3 años en que le sea resuelto su expediente de nacionalidad.
El 15 de octubre de 2015 entró en vigor el nuevo procedimiento de solicitud de nacionalidad española por residencia, cuyo expediente se presenta de forma telemática, adjuntando todos los documentos requeridos debidamente digitalizados.
Y en su regulación legal se establece un plazo máximo de resolución de un año.
El artículo 11.3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, establece: “El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y el Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados”.
Frente a esta situación, el solicitante de la nacionalidad, tiene la opción de acudir a la vía judicial y reclamar legalmente después de un año de tramitación, ésta presunta denegación de la nacionalidad española (o silencio administrativo negativo) e interponer un Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional, requiriendo para este trámite de Abogado y Procurador, pero teniendo en cuenta que si la solicitud de nacionalidad española fue presentada de forma correcta, una vez interpuesto este Recurso, se resolverá en el término de 4 meses, concediéndole la nacionalidad española al interesado y terminando el procedimiento judicial por satisfacción extraprocesal.
Es preciso mencionar que se deben cumplir una serie de requisitos para la interposición de este recurso entre ellos:
-Que se haya presentado bajo el nuevo procedimiento y que transcurriera un año desde la fecha de su presentación.
- Comprobar que se cumplían con los requisitos cuando se hizo la solicitud de nacionalidad española. Es decir, cumplir el plazo de residencia legal requerido en el momento de la solicitud y que la condición de “residente legal” no se haya interrumpido en ningún momento, es decir que no exista situación de irregularidad sobrevenida y que las salidas del territorio español no se hayan prolongado más del tiempo permitido.
-Que la documentación exigida se haya presentado de forma completa (certificado de nacimiento y certificado de antecedentes penales debidamente apostillados o legalizados y en su caso traducidos; haber superado los exámenes de nacionalidad, pasaporte completo. Y que toda la documentación presentada esté en vigor en el momento de la presentación.
-No tener antecedentes penales ni policiales ni ninguna causa penal abierta a fecha actual. Y no sólo al momento de la presentación de la solicitud, sino durante todo el proceso de nacionalidad, si se tuviera algún tipo de antecedentes se deberán cancelar antes de la interposición del recurso.
Por ello la importancia de haber presentado correctamente el expediente, toda vez que en este tipo de procedimiento judicial no se pueden subsanar los errores de forma o de incumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de la presentación vía telemática o en las oficinas de Registro, y la consecuencia inmediata de interponer esta demanda y que el expediente presente algún tipo de error, es la denegación de la nacionalidad, siendo el demandante (solicitante de la nacionalidad) condenado al pago de todos los gastos y costas procesales.
En la actualidad los expedientes que se están resolviendo son los correspondientes al año 2016, por tanto, la interposición de este recurso es una excelente oportunidad para impulsar las solicitudes de nacionalidad, teniendo en cuenta la poca celeridad y el grave retardo en resolver por parte de la Administración; acudir a la vía judicial a través de este recurso es la forma más ágil y eficaz para obtener una resolución favorable a su solicitud de nacionalidad española por residencia.
Si requiere de presentar su solicitud de nacionalidad española, revisión de su expediente o interposición del Recurso Contencioso Administrativo, puede contactar con nosotros (o acudir a nuestros servicios).

References: artículo 13
 resolución 
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 resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
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