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Timestamp: 2019-05-20 04:59:20+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 8825 DE NOVIEMBRE 9 DE 1993
SENTENCIA 8825 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 1993
CONTENIDO:DETENCIÓN DOMICILIARIA, PROCEDENCIA
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, DETENCIÓN DOMICILIARIA, PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:267 DE MARZO DE 1994, PÁG.258
Sentencia 8825 de noviembre 9 de 1993
Dr. Gustavo Gómez Velásquez
Radicación: 8825
Santafé de Bogotá, D.C., nueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
El apoderado del procesado C..., solicita con apoyo en el artículo 53 de la Ley 81 de 1993 la sustitución de la detención preventiva que cumple su representado por la detención domiciliaria, ya que se le imputa el delito de tentativa de homicidio cuya pena mínima es la de cinco (5) años y sus características familiares, laborales y vínculos con la comunidad garantizan su comparecencia procesal y no coloca en peligro la sociedad.
El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante sentencia de fecha 29 de marzo del corriente año, condenó a C... a la pena privativa de la libertad de 60 meses de prisión, como autor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa y por lo tanto le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad, en fallo del 19 de mayo siguiente, el que es ahora objeto del recurso extraordinario de casación.
El artículo 396 del Código de Procedimiento Penal, consagra la detención domiciliaria en aquellos delitos cuya pena mínima prevista sea la de dos años de prisión o menos, cuando el juez considere que las características familiares, laborales y vínculos con la comunidad, garantizan su presencia al proceso y que no coloca en peligro a la comunidad. El artículo 53 de la Ley 81 de 1993 extendió dicho beneficio a aquellos punibles cuya pena mínima sea la de 5 años o menos.
Por su parte el artículo 397 establece los casos en que la medida de aseguramiento es la de detención preventiva y efectivamente su sustitución será procedente, de acuerdo con la nueva disposición, en aquellos casos en que se presenten a cabalidad los requisitos que exige el artículo 53 de la Ley 81 de 1993, desde luego, a partir del momento en que se resuelve la situación jurídica del procesado y hasta cuando se profiere la sentencia de primera instancia.
Lo anterior, en virtud de la aplicación del mandato constitucional previsto en el artículo 29 de la Carta Política. Pero una vez dictada providencia en la que se declare la responsabilidad del procesado y se le imponga una pena, sólo será procedente, al proferir la sentencia otorgar el subrogado de la condena de ejecución condicional que implica su suspensión bajo determinadas obligaciones, o el subrogado de la libertad condicional cuando la pena impuesta supera los tres años de prisión y se han satisfecho las dos terceras partes de la sanción entre detención efectiva y las rebajas o redenciones de pena, una vez ejecutoriado el fallo. Si no se da esta ejecutoria y el procesado satisface los requisitos del artículo 72 del Código Penal, lo que procede es el beneficio de libertad provisional conforme lo preceptúa el numeral 2º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.
La finalidad del beneficio consagrado en el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal (artículo 53 de la Ley 81 de 1993) apunta exclusivamente a que el sindicado vaya descontando pena en su domicilio mientras el Estado declara su responsabilidad. Proferida la sentencia de condena y determinada la pena que le corresponde al procesado, en aquellos casos en que el juez considere improcedente la concesión del subrogado previsto en el artículo 68 del Código Penal, tendrá que revocar el beneficio concedido (detención domiciliaria), para hacer efectivo el cumplimiento de la sanción impuesta en el fallo de condena. Esto se afirma sin perjuicio de las excepciones consagradas en los artículos 44 y ss. de la Ley 81 de 1993.
Siendo así que en el presente caso, se declaró responsable a C... por el delito de homicidio en grado de tentativa y que se le impuso como pena la de 60 meses de prisión, negándosele el subrogado previsto en el artículo 68 del estatuto penal, la sustitución de la medida de aseguramiento resulta inconducente y por lo mismo le será negada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, NIEGA al procesado C... la sustitución de la detención preventiva por la de detención domiciliaria que demanda su apoderado.
Juan Manuel Torres Fresneda—Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas—Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo Lombana, Secretario.

References: artículo 53
 artículo 396
 artículo 53
 artículo 397
 artículo 53
 artículo 29
 artículo 72
 artículo 415
 artículo 396
 artículo 68
 artículo 68