Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610445.html
Timestamp: 2019-03-22 10:24:23+00:00

Document:
as201610445
AUTO SUPREMO Nº 445/2016-RRC
Sucre, 15 de junio de 2016
Expediente : Oruro 2/2016
Parte Imputada : Herbert Simón Guarachi Colque
Delito : Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito
Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2015, cursante de fs. 134 a 140, Herbert Simón Guarachi Colque, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 26/2015 de 30 de noviembre, de fs. 113 a 120 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, integrada por los Vocales José Romero Soliz y Gregorio Orosco Itamari, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por el presunto delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por la segunda parte del primer parágrafo del art. 261 del Código Penal (CP) modificado por la Ley 264 de 31 de julio de 2012.
a) Por Sentencia 04/2014 de 9 de diciembre (fs. 56 a 63), el Tribunal de Sentencia de las Provincias Pantaleón Dalence y Poopó con asiento en la localidad de Huanuni, del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró al imputado Herbert Simón Guarachi Colque, autor de la comisión del delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por la segunda parte del primer parágrafo del art. 261 del CP, modificado por la Ley 264 de 31 de julio de 2012, imponiéndole la pena de cinco años y cuatro meses de reclusión, con costas y pago de responsabilidad civil en favor del Estado y la víctima, más inhabilitación para conducir de forma definitiva.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Herbert Simón Guarachi Colque, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 65 a 74 vta.), resuelto por Auto de Vista 26/2015 de 30 de noviembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
I.2. Motivo del recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 203/2016-RA de 21 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Argumenta que la Sentencia, adolece de fundamentación respecto a la prueba producida y valorada, además de ser “arbitraria”, en cuanto a la utilización y valoración de los medios de prueba para que le impongan una condena por un hecho que no fue demostrado. Señala que no se menciona las pruebas que condujeron a la conclusión del hecho de tránsito, que no existe los fundamentos de derecho que explique su condena y con qué pruebas. Refiere que ni siquiera se menciona los elementos constitutivos del tipo penal del hecho juzgado y su participación; y que se hace referencia a daños materiales como si fuera elemento constitutivo del tipo penal. Refiere que no explica los motivos por el que se otorga valor probatorio al informe técnico al concluir la existencia de exceso de velocidad, cuando en el informe no se indica a qué velocidad se encontraban los vehículos. Finalmente señala que pese a estar debidamente explicado la falta de fundamentación de la Sentencia, el Tribunal de alzada “sale con que ese vicio contempla tres hipótesis”, cuando el recurrente sólo mencionó la falta de fundamentación, por lo que se vulneró su garantía del debido proceso en su componente de falta de fundamentación. Invoca el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005.
El recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.
Mediante Auto Supremo 203/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 149 a 152, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Herbert Simón Guarachi Colque, para el análisis de fondo de su tercer motivo, identificado precedentemente.
Por Sentencia 04/2014 de 9 de diciembre, el Tribunal de Sentencia de las Provincias Pantaleón Dalence y Poopó con asiento en la localidad de Huanuni, del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declara al imputado Herbert Simón Guarachi Colque, autor de la comisión del delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por la segunda parte del primer parágrafo del art. 261 del CP, modificado por la Ley 264 de 31 de julio de 2012, imponiéndole la pena de cinco años y cuatro meses de reclusión, con costas y pago de responsabilidad civil en favor del Estado y la víctima, más inhabilitación para conducir de forma definitiva, al concluir que el 20 de enero de 2013, se registró una triple colisión por alcance posterior y choque a objeto fijo y vuelco de campana, en la carretera Potosí-Oruro, por inmediaciones del cruce Huanuni, protagonizado por el imputado quien una vez producida la colisión huyó del lugar, habiéndose acreditado que en el momento del hecho se encontraba en estado de ebriedad, provocando un impedimento de 15 días a Margoth Nelly Barohona Miranda.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Herbert Simón Guarachi Colque interpuso recurso de apelación restringida, alegando entre otros motivos, que la resolución del Tribunal de mérito, incurrió en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, por inobservancia de los arts. 124 y 173 del CPP, precisando previa conceptualización de la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, que la Sentencia adolece de una verdadera fundamentación probatoria, resultando arbitraria por condenarle por un hecho que no fue demostrado, por cuanto la resolución apelada habría realizado: i) Una relación resumida de los testimonios de cargo y de descargo, sin señalar qué parte de esa declaración fue tomada en cuenta o si se consideró en su integridad; tampoco, se habría indicado las razones por las cuales se valida una parte de esas declaraciones, demostrándose este hecho en el considerando VI de la Sentencia, que referiría que el hecho de tránsito sucedió el día 20 de enero del 2013 a horas 20:30; empero, el Tribunal de mérito no habría mencionado en qué prueba respalda tal conclusión, siendo este argumento supuestamente una réplica de la enunciación del hecho y la descripción realizada en las pruebas MP-D5 y MPD-11; ii) En la Sentencia no existen fundamentos de derecho que demuestren que el Tribunal de mérito realizó la labor de subsunción de la conducta del imputado al tipo penal previsto por el art. 261 del CP, al extremo de que no se habría realizado mención de los elementos constitutivos del tipo penal y su participación, refiriéndose a la existencia de daños materiales, como si dicho aspecto fuera un elemento constitutivo del tipo penal acusado y sin explicar por qué esas conclusiones llegan a ser parte del hecho antijurídico o no; iii) En el punto referido al voto de los juzgadores sobre la participación del acusado en el hecho, el Tribunal de Sentencia no explicó por qué la vinculación con el hecho registrado por el policía Emilio Sarmiento, quien tuvo conocimiento del arresto su persona después de que ocurrió el mismo en el cruce Huanuni; iv) Cuales son los motivos y circunstancias que llevaron al Tribunal de mérito, al convencimiento de que es autor del hecho por haber resarcido el daño y no por encontrarse detenido preventivamente; v) Cuáles los motivos para otorgar valor probatorio al informe técnico que determinó la existencia de exceso de velocidad; empero, sin precisar la velocidad en la que iban los vehículos que protagonizaron el accidente, cuando los testigos habían indicado que el vehículo que ocasionó el accidente iba a 40 km/hora, dicho informe tampoco detalló qué distancia debió existir entre ambos vehículos y la que existía en el momento del accidente; vi) Por qué motivos se llegó a la conclusión de que el imputado se encontraba en estado de ebriedad, pues si el hecho se produjo a horas 20:30 y el test de alcoholemia se hizo casi dos horas después, cual el fundamento que hace que se llegue a esa conclusión y cuál la explicación para conocer, cómo una persona con ese estado de ebriedad podía haber llegado a Oruro, sano y salvo, pasar el retén y continúe tomando; y, vii) Porqué la declaración de la testigo Margot Nelly Barahona Miranda merece “sobrevalor” en cuanto a los días de impedimento, cuando no existe y no se produjo la prueba consistente en el certificado médico y peor aún con el fin de respaldar esta situación también se había hecho referencia a que dicho certificado fue ofrecido como prueba en la querella, cuando ésta no fue producida en juicio.
La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta a través del Auto de Vista impugnado emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia impugnada, bajo los siguientes argumentos expuestos en el considerando II:
El Tribunal de alzada, haciendo remembranza del motivo de apelación fundado en la existencia del defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, argumenta que el mismo conlleva tres hipótesis: i) Falta de fundamentación de la Sentencia; ii) La motivación sea insuficiente; y, iii) La fundamentación sea contradictoria, para luego referir que el recurrente en su recurso de apelación restringida, alega de manera contradictoria la existencia de las tres hipótesis, haciendo una conceptualización de cada una de ellas, y que como Tribunal de apelación no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias de hechos o pruebas fácticas que fueron sometidas a control oral, al no existir la doble instancia porque el recurso de apelación restringida es un recurso de puro derecho, que se circunscribe a los puntos cuestionados en el recurso, sin que pueda expresarse sobre otros aspectos.
Asimismo, el apelante habría realizado una argumentación repetitiva de los presuntos agravios cuestionados al tenor del art. 398 del CPP, cuestionamientos que ya hubieren sido respondidos con los razonamientos y fundamentos expuestos en los puntos anteriores; por lo que, sería innecesario referirse a las mismas. En cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso, el recurrente no habría señalado en que componente se vulneró este derecho, y en cuanto al Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, refiere que el mismo no es aplicable al caso por tratar de un caso de Tráfico de Sustancias Controladas, donde los hechos fácticos no son similares.
Menciona que la fundamentación es uno de los presupuestos esenciales de la Sentencia, en la que debe realizarse una valoración objetiva de las pruebas conforme lo dispuesto por el art. 173 del CPP y cuya ausencia constituye un defecto absoluto que vulnera la garantía del debido proceso, dicha fundamentación a decir del Tribunal de alzada debe ser: “a) fáctica, probatoria y descriptiva que consiste en la relación circunstanciada real, objetiva del o los hechos ilícitos sometidos a juzgamiento constituyendo la base de la acusación, la judicialización de los elementos probatorios acumulados y descriptiva de los medios probatorios en base a la prueba o evidencias producidas y analizadas en su conjunto, debiendo esa descripción comprender la prueba de cargo y descargo legalmente producida, lo que garantiza la correcta valoración de las probanzas en sentencia y b) jurídica que no es otra cosa que la descripción lógica, objetiva y subjetiva de los elementos constitutivos del delito, (…).” (sic).
El Tribunal de alzada refiere que revisada la Sentencia llega a establecer que ésta: “cuenta con los requisitos exigidos de fundamentación en cuanto se refiere a la motivación fáctica probatoria y descriptiva, porque se refiere en forma específica a todas y cada uno de los medios de prueba incorporados al juicio oral tanto de cargo como de descargo, conforme se evidencia del Considerando V Voto de los Juzgadores Acerca de los motivos de Hecho en la que se Basa la Descripción, Análisis y Valoración de la Prueba, Así como en el Considerando VI.- Motivos de Derecho que Fundamentan la Sentencia (Subsunción), se fijan los hechos y circunstancias del acontecer concreto y se les somete a una calificación jurídica, subsumiendo de ésta manera la conducta del acusado Herbert Simón Guarachi Colque de manera concreta en el tipo penal establecido por el Art. 261 parte segunda del Código Penal modificado por la Ley de Seguridad ciudadana, a continuación los fundamentos de la determinación de la pena y la imposición de la condena. Por lo que como se expresó precedentemente, a lo largo de la resolución recurrida, no se advierte afirmaciones imposibles, hechos no ciertos, o que la prueba demuestre aspectos diferentes, a ello se suma el hecho de que el apelante no ha especificado debidamente el vicio aludido con indicación expresa en qué consistía la falta de fundamentación, insuficiencia o contradicción de la sentencia o en su caso, valoración defectuosa de la prueba en el fallo o en qué consistía y dónde se encuentra, remarcándose, la insuficiencia y contradicción o la falta de uniformidad de las declaraciones, siendo contrariamente que la fundamentación es coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos.” (sic).
Finalmente el Tribunal de apelación, concluye señalando que la pretensión del recurrente es que se revalorice prueba y que el recurrente incumplió con los requisitos previstos por el art. 408 del CPP, al no señalar la aplicación que pretende, omisión que no puede ser suplicada por el Tribunal de apelación, porque significaría obrar de oficio y ultra petita, repitiendo el Tribunal de alzada que la Sentencia cumple con los requisitos sin incurrir en ningún vicio, siendo clara y explícita con los razonamientos lógicos por los que se otorgó la pena fijada, estando conforme a normas sustantivas y adjetivas “sin salir del marco legal y conforme a los numerales 1), 6) y 5) del Código de Procedimiento Penal” (sic); sumado a ello la petición de su recurso de casación sería incoherente, pues habría solicitado se dicte sentencia absolutoria y se aplique lo previsto por el art. 413 primer párrafo o en su defecto en su último párrafo.
En el caso presente, el imputado Herbert Simón Guarachi Colque denuncia que el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso, por falta de fundamentación en la resolución recurrida respecto al motivo alegado en apelación de falta de fundamentación de la sentencia; en cuyo mérito, corresponde analizar y resolver el motivo contenido en el recurso, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 203/2016-RA de 21 de marzo.
Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.”
La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores; y, sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.
III.2. Del precedente invocado y análisis del caso concreto.
El recurrente a tiempo de denunciar falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, dictado dentro del caso seguido por el MP contra RCF, por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: ”Que se consideran defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable, porque genera incertidumbre a la parte acusadora, este defecto, además se inscribe en el inciso 1) del articulo 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva, tribunales que desconociendo sus atribuciones como el de aplicar la ley que se encuentra estatuida en el articulo 116 de la Constitución Política del Estado en los términos que siguen: `La ley determina las atribuciones de los tribunales y juzgados de la República´ y la seguridad jurídica prevista en el articulo 7 inc. a) de la misma Carta Magna.
Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos, sancionado en el articulo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el tribunal de sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el articulo 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio, así se declara”.
Ahora bien, la doctrina glosada se originó en la constatación por parte del Tribunal de casación que el imputado en aquel caso fue encontrado flagrantemente en el bosque en inmediaciones de una comunidad, desenterrando de una fosa, paquetes de droga, aspecto que fue dejado de lado por el Tribunal de Alzada, convalidando la sentencia de primer grado, sin observar que la valoración de la prueba es defectuosa por un lado, y por otra parte; porque la sentencia absolutoria carecía de la fundamentación exigida por el art.124 del CPP, con fundamentos, inconsistentes y al margen de lo previsto por la Ley, específicamente del art. 48 de la Ley 1008; esta precisión, permite advertir la inexistencia de situaciones de hecho similar entre el precedente invocado y el motivo alegado en casación, en los términos previstos por el art. 416 del CPP; por cuanto en el primer caso se abordó la errónea aplicación de una norma sustantiva en la calificación de los hechos, en tanto que el recurrente plantea una problemática generada en la emisión del Auto de Vista recurrido relativa a una supuesta falta de fundamentación por parte del Tribunal de alzada en la resolución de su recurso de apelación restringida, impidiendo a esta Sala de casación ejercer su función unificadora de jurisprudencia.
En ese sentido, es necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo” (las negrillas no cursan en el texto original). Por lo referido, el presente recurso deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Herbert Simón Guarachi Colque, cursante de fs. 134 a 140.

References: resolución 
 resolución 
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 Resolución 
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e contrario
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