Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016s/se201632004.html
Timestamp: 2019-03-23 01:17:11+00:00

Document:
se201632004
SENTENCIA Nº 004
Expediente : 018/2015
Demandante : Promotora de Eventos S.A. “PROESA”
Resolución impugnada : AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014
VISTOS EN LA SALA.-
La demanda contencioso administrativa de fs. 48 a 51, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1480/2014 de 27 de octubre de 2014 pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la respuesta de fs. 150 a 157, el memorial de apersonamiento del tercero interesado Administración de Aduana interior Tarija de fs. 164 a 168; el decreto de autos de fs. 176, los antecedentes procesales y la emisión de la resolución impugnada.
I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.-
Que, la empresa Promotora de Eventos S.A. (PROESA), representada por José Alejandro de la Parra Rivero, en mérito al Testimonio de Poder Nº 07/2015 de 13 de enero de 2015, otorgado ante la Notaría de fe pública de Primera Clase Nº 48 del Distrito Judicial de La Paz, dentro el plazo previsto por ley, apersonándose interpuso demanda contencioso administrativa contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, señalando como tercero interesado a la Administración de Aduana interior Tarija; y fundamenta en síntesis lo siguiente:
Señala como antecedentes que, en septiembre de 2013, a través del operativo del COA denominado “CHUBI 2013”, mediante acta de comiso Nº 00534, se procedió a decomisar mercancía de propiedad de la empresa que representa; haciéndoseles conocer posteriormente el acta de intervención COARTRJ-C-0806/13 de 2 de octubre de 2013, en el cual admiten que al momento del operativo se presentó como descargo la DUI-C-1379 de 19 de septiembre de 2013; y que pese a que en la etapa de descargos se explicó con claridad que el error en los números de lote de la DUI presentada al momento del operativo era responsabilidad del proveedor, habiendo además, realizado en esta etapa la solicitud expresa ante el SENASAG y las gestiones correspondientes para obtener el certificado fitosanitario que compruebe la inocuidad y salubridad del producto importado; la administración aduanera dicto Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI Nº 0688/13 de 23 de octubre de 2013, declarando probada la comisión de contrabando; por lo que ante esta resolución de aduana, se interpuso recurso de alzada que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba (ARIT), mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0310/2014 de 4 de agosto de 2014, confirmando la resolución de Aduana. Que en mérito a ello se presentó recurso jerárquico reiterando en su argumentación los puntos esenciales, y pese a todo lo expuesto, la AGIT, dictó resolución en grave vulneración a los derechos del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho de petición.
I.2. Fundamentos de la demanda.-
Señaló que en la Resolución demandada se establecen contradicciones, por cuanto iniciando su punto iv. sobre la fundamentación técnica jurídica, identifica con claridad los agravios cometidos por la ARIT en su respectiva resolución; sin embargo, en vulneración al derecho de petición, no se pronuncia sobre la evidente contradicción que existe en las afirmaciones contenidas en la resolución de alzada, omitiendo pronunciarse sobre los puntos específicos de agravio, solapando así la incongruencia ente los fundamentos y la resolución de la ARIT; presumiéndose de esa manera que la AGIT está de acuerdo en que PROESA S.A. cumplió con todas las obligaciones materiales y con el pago de los tributos por la importación de la indicada mercancía, pero que existían errores formales subsanables que suscitaron la presunción de contrabando.
Expresa que existe error en la fundamentación de la resolución de la AGIT al subsumir los hechos del caso a la norma aplicable, violentando el principio de legalidad, siendo que la propia autoridad cae en contradicción en cuanto a la conceptualización que determinó para tipificar la conducta de la empresa dentro del art. 181 inc. b), sin que exista el contrabando propiamente dicho, y al inc. g), toda vez que como se indicó las mercancías si fueron sometidas a un régimen aduanero en el cual se pagaron los tributos; siendo necesario para la subsunción de conductas a tipificaciones penales/administrativas que impongan sanciones, se constaten y prueben además los elementos constitutivos del tipo, que en el caso de contrabando son primordialmente el dolo y la clandestinidad; y sin ello, la Resolución de la AGIT carece de suficiente legalidad para confirmar una resolución viciada desde su nacimiento de nulidad.
Con relación a la naturaleza contravencional de errores formales, indica que el comiso definitivo de la mercancía no pude aplicarse como sanción por la comisión de la contravención aduanera denominada contrabando contravencional, prevista en el numeral 4 del art. 160 del Código Tributario que señala que son contravenciones tributarias el contrabando cuando se refiera al último párrafo del art. 181, por la tipificación inmersa en los incs. b) y g) del Código Tributario Boliviano.
Arguye que la supuesta actividad de contrabando con la que la empresa fue sancionada, fue calificada con un valor inferior a los 200.000 UFVs., y mas bien aceptando que se cumplieron todas las obligaciones materiales en su importación, siendo por ello el supuesto acto ilegal calificado como contravención y no como delito, y precisamente por ese hecho fue emitida la resolución que ahora impugna; por lo que en consecuencia el antecedente principal para la presente acción es que la empresa ha sido procesada por una contravención aduanera y no por un delito de ese tipo, lo que define el tipo de procedimiento seguido contra PROESA S.A. limitándolo a uno solamente administrativo, ajeno a todas las facultades concedidas a los jueces y a los procedimientos de tipo jurisdiccional, que tienen una naturaleza diferente, conforme al propio Código Tributario, que discrimina los procedimientos administrativos contravencionales por contrabando de tipo contravencional, de los procesos penales por contrabando delictivo, diferencia que no fue respetada por la autoridad demandada.
Añade que, cada uno de los procedimientos descritos, penal o administrativo, le corresponde un tipo de sanción diferente, las cuales se encuentran detalladas en la Ley General de Aduanas y normas conexas; disponiendo de modo concreto el art. 161 del Código Tributario Boliviano las sanciones por contravenciones, norma complementada por otras como la Disposición Final Octava de modo específico para el ámbito aduanero, sustituyendo el art. 187 de la Ley Nº 1990 con el texto referido a las contravenciones en materia aduanera, por lo que conforme a las indicadas normas, la Administración Aduanera no pude sancionar con el comiso definitivo de toda la mercadería que origine un proceso contravencional, sino sólo hasta el monto de cinco mil UFVs, por contravención; siendo la competencia para sancionar con el comiso de toda la mercadería originadora de un proceso es el juez penal, según las sanciones establecidas en art. 176.
Agrega que de acuerdo a las normas precedentes, por la comisión de delitos tributarios se puede sancionar con el comiso de las mercaderías, sin límite alguno, es decir que este tipo de comiso no tiene una cuantía máxima definida por ley, lo que si ocurre con el comiso en caso de contravención aduanera; mientras que las normas del art. 184 del CTB, respecto a la autoridad competente para sancionar los delitos tributarios y por tanto para imponer la sanción de comiso definitivo sin limite de cuantía conforme al art. 184 relativa a la jurisdicción penal tributaria, por lo que en definitiva, la única autoridad competente para sancionar con el comiso definitivo de toda la mercadería que origine un proceso aduanero es el Tribunal de Sentencia en Materia Tributaria.
I.3. Petitorio.-
En base a estos argumentos solicita que se declare probada la demanda en todas sus partes y en consecuencia se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y por ende también de la resolución de recurso de alzada y la resolución administrativa en contrabando que le preceden y que adolecen de los mismos vicios y defectos, debiendo declarar amparada la mercancía objeto de comiso y contrabando contravencional.
Que habiendo sido observada la demanda con relación a la presentación del original del Testimonio de Constitución de la Promotora de Eventos S.A., subsanada que fue dicha observación, fue admitida la demanda por decreto de fs. 74, habiéndose corrido traslado y citada legalmente la autoridad demandada a fs. 143, y al tercero interesado a fs. 109; apersonándose Daney David Valdivia Coria, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien en tiempo hábil contestó negativamente la demanda por memorial de fs. 150 a 157, expresando los siguientes fundamentos:
Que la Resolución del Recurso Jerárquico se encuentra plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos; y que la Empresa demandante si bien acusa agravios cometidos por la ARIT en su resolución; no precisa o remarca en qué considerando de la fundamentación técnico jurídica de la Resolución Jerárquica identificó dichos agravios, ni señala cuáles son las evidentes contradicciones existentes en las afirmaciones contenidas en la resolución de alzada como expresa en su demanda.
Que, la Resolución Jerárquica de manera clara señaló que del análisis realizado en sede administrativa como en instancia recursiva de alzada jerárquica, se evidencia que la documentación de descargo ofrecida por el sujeto pasivo en la etapa administrativa no ampara la mercancía, por lo que se infiere que la administración aduanera y la ARIT analizaron y valoraron la documentación presentada, tomando la convicción de que los mismos no desvirtúan la comisión del ilícito contravencional acusado por la administración aduanera, por lo que su conducta se adecúa a las previsiones establecidas por el inc. b) art. 181 de la Ley Nº 2492, en cuyo contexto no se evidencia vulneración a garantías constitucionales y falta de valoración de las pruebas de descargo.
Que la Resolución Jerárquica estableció la normativa aplicable al contrabando señalada en el art. 181 de la Ley Nº 2492, Código Tributario; y que conforme señala el art. 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, en cuyo sentido la DUI es el único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en él se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación. Asimismo, el art. 101, del Reglamento de la Ley General de Aduanas, establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en tal sentido, la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. Sin embargo, el demandante omite por completo señalar la normativa o legislación aplicable al presente caso, tratando de confundir al Tribunal, realizando una interpretación equivocada de la Resolución de Directorio RD Nº 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 que aprobó el manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, por lo que considera importante resaltar el párrafo IV del art. 181 el cual señala como diferenciar entre el delito de contrabando y contrabando contravencional, a través del tributo omitido y el art. 160 de la Ley Nº 2492 determina las clases de contravenciones tributarias, señalando en su numeral 4 del contrabando contravencional como un tipo de contravención tributaria; por lo que la tipificación establecida en la Resolución Sancionatoria en aplicación de la normativa citada, es correcta.
Luego de realizar una exposición de antecedentes desde el Acta de Comiso Nº 000534, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013; acota que corresponde a la instancia Jerárquica comprobar si la Administración aduanera, así como la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, realizaron una correcta y adecuada valoración y compulsa de los antecedentes, verificando si la conducta se adecúa a las previsiones establecidas por el inc. b) del art. 181 de la Ley Nº 2492, de ahí que luego de la compulsa efectuada en sede administrativa, como en instancia recursiva de alzada y jerárquica, se evidenció que la documentación de descargo ofrecida por el sujeto pasivo en la etapa administrativa, no ampara la mercancía, por lo que se infiere que la Administración Aduanera y la ARIT analizaron y valoraron la documentación presentada, tomando la convicción de que los mismos no desvirtúan la Comisión del ilícito contravencional acusado por la Administración Aduanera, consiguientemente su conducta se adecúa a las previsiones establecidas por el inc. b) art. 181 de la Ley Nº 2492, Código Tributario, en cuyo contexto no se evidencia vulneración a garantías constitucionales y falta de valoración de las pruebas de descargo, presentadas en sede administrativa y en instancia de alzada; señalando que se puede verificar que los argumentos del demandante no son evidentes, de modo que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014, fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que ratifica todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Jerárquica impugnada.
Posteriormente señala la línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria contenida en el Sistema de Doctrina Tributaria SIDOT V.2, transcribiendo párrafos de la STG-RJ/0332/2007; y jurisprudencia establecida en cuanto a la tipicidad en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0498/2011-R de 25 de abril de 2011, y como caso análogo la Sentencia Nº 296/2013 de 2 de agosto de 2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
II.1. Petitorio.-
En mérito a los fundamentos expuestos solicitó se declare improbada la demanda contencioso administrativa, interpuesta por Promotora de Eventos S.A. (PROESA) representada por José Alejandro de la Parra Rivero, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014.
INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO Y SU PETITORIO.
Por memorial de fs. 164 a 168 se apersonan Marco Antonio López Zamora y Jorge Luis Querejazu Paz en representación del tercero interesado Administración de Aduana Interior Tarija, habiendo sido admitida su personería y dispuesto se acumule al expediente el memorial presentado para su consideración oportuna.
Que, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, consiguientemente, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la entidad demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad de Impugnación Tributaria.
De la compulsa de los datos procesales, así como de la Resolución Administrativa impugnada, se establece los siguientes hechos:
Revisando lo obrado y el anexo adjunto al proceso, se verifica que conforme al Acta de Intervención Contravencional Nº COARTRJ-C-0806/13 operativo Chubi 2013 (fs. 24 a 4 del anexo), en fecha 20 de septiembre de 2013, en el puesto de control de la localidad de “La Mamora” del departamento de Tarija, el COA interceptaron el camión marca Volvo, con placa de control 1590 KTY, constatando la existencia de cajas conteniendo chocolates Chubi y Sapito con Nº de Lote 218-1 M1, 061-3 y otros, de procedencia extranjera; habiendo presentado en ese momento el conductor la DUI C-1379 de 19 de septiembre de 2013, factura de exportación Nº 023968, CRT Nº 169-2013, Certificado de SENASAG Nº 0107034,Certificado de Seguro, MIC, DTA Nº 175/13, certificado de Lotes, Guía de despacho Nº 0906534, que no correspondía; y presumiéndose el ilícito de contrabando procedieron al Comiso Preventivo de la mercancía que fue trasladada a depósitos Aduaneros Bolivianos para su inventariación, valoración e investigación, otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos.
De la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013, se desprende que luego del proceso administrativo por contrabando, contravencional iniciado el 8 de octubre de 2013, se estableció que la mercancía decomisada no se encuentra amparada por la documentación de descargo DUI 2013/641/C-1379 de 19 de septiembre de 2013, puesto que incumple con el art. 101 del Reglamento da la Ley General de Aduanas, la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, el FAX AN-GNNGC-DVANC-F-001/2012 y la Resolución de Directorio 01-001-08 de 17 de enero de 2008 “Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de Mercancías”, adecuándose en consecuencia la conducta incurrida por José Luis Nina Espinoza y PROESA S.A. representada por José Alejandro de la Parra Rivero, a la tipificación prevista por el art. 160 numeral 4 y el art. 181 inc. b, del Código Tributario Boliviano, resolviendo por tanto: Declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, en consecuencia, el decomiso definitivo de la mercancía a favor del Estado de la mercadería descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-0806/2013 de 20 de septiembre de 2013, imponiendo una multa de UFV’s 16.679,24, equivalente al cincuenta por ciento del valor de la mercancía en sustitución al comiso del medio de transporte camión marca Volvo, tipo F-12, con placa de control 1590-KTY, el cual previo pago en el Banco será devuelto a su propietario.
Contra la Resolución Sancionatoria, José Alejandro de la Parra Rivero en representación de PROESA S.A., interpuso Recurso de Alzada (fs. 14-16 del anexo), que luego del trámite correspondiente mereció la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0310/2014 de 4 de agosto de 2014 (fs. 138-149), que CONFIRMÓ la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013 emitida por la Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional.
Que, presentado de fs. 152 a 153, Recurso Jerárquico, por parte de PROESA S.A., se emitió Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014 (fs. 174 a 183 del anexo) resolviendo CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0310/2014 de 4 de agosto de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013 emitida por la Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional.
En mérito a dicha confirmación, Promotora de Eventos S.A. (PROESA), representada por José Alejandro de la Parra Rivero, demandó conforme se tiene expuesto, en proceso contencioso administrativo, pidiendo se declare probada la demanda en todas sus partes, y en consecuencia se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014 y por ende también la resolución de recurso de alzada y la resolución administrativa que le preceden.
Por memorial de fs. 173 a 175 la empresa demandante presentó su réplica, y habiendo sido presentada fuera de plazo, se emitió a fs. 176, proveído de autos para sentencia.
Expuestos los antecedentes administrativos, se establece que el motivo de la Litis, tiene relación con las supuestas vulneraciones que se hubieran producido al pronunciar la Resolución Jerárquica impugnada, respecto a los siguientes puntos:
1) Que el Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico vulneró el derecho a la petición al no pronunciarse sobre la contradicción que existe en las afirmaciones contenidas en la resolución de alzada; y, el principio de legalidad, debido al error de la AGIT en la fundamentación, al subsumir los hechos del caso a la norma aplicable, al tipificar la conducta dentro del inc. b) del art. 181 del Código Tributario, sin que exista el contrabando propiamente dicho y al inc. g) toda vez que la mercancía fue sometida a un régimen aduanero en el que se pagaron los tributos.
2) Que la Administración Tributaria no puede sancionar con el comiso definitivo de toda la mercadería que origine un proceso contravencional, sino sólo hasta el monto de cinco mil UFV’s por contravención; y que la competencia para sancionar con el comiso de toda la mercadería que origine un proceso aduanero es el Tribunal de Sentencia en Materia Tributaria.
VI.1. Sobre la vulneración al derecho de petición.-
El representante de la empresa demandante acusa vulneración al derecho de petición, por no haberse pronunciado en la resolución de recurso jerárquico sobre la contradicción existente en las afirmaciones contenidas en la resolución de alzada; sin embargo, no especifica cuáles son las contradicciones contenidas en la Resolución de Alzada, ni los puntos de agravio que considera fueron omitidos. En ese contexto, cabe hacer notar que, así como es deber del juez administrativo el fundamentar sus decisiones, el accionante en el contencioso administrativo tiene la carga de demostrar con argumentos adecuados la posible equivocación en la que aquél habría incurrido.
Asimismo, debe tenerse presente que el Derecho a la petición, se encuentra consagrado constitucionalmente, conforme estatuye el art. 24: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.”
Al respecto, la Sentencia Constitucional 1352/2011-R, de 30 de septiembre de 2011 señala “La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0090/2011-R de 21 de febrero, determinó que: `La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado.
Bajo ese mismo razonamiento la SC 0195/2010-R de 24 de mayo, señaló: “…el núcleo esencial de este derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado” y refiriéndose a la respuesta agregó que: “…no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada'’(SC 1068/2010-R de 23 de agosto).
Siguiendo ese razonamiento, la SC 0810/2010-R de 2 de agosto, expresó que: “…las SSCC 1541/2002-R, 1121/2003-R, entre otras, han determinado la obligación por parte de los funcionarios públicos de informar sobre el estado de un trámite a efectos de observar el derecho de petición, señalando que la respuesta por parte del funcionario “no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley”
De acuerdo a lo expuesto, se concluye que “el derecho de petición involucra una respuesta fundamentada, en base a los puntos exigidos por el requirente, ya sea en forma negativa o positiva, por cuanto no se puede pretender que ante las solicitudes de los individuos la autoridad pública deba decir siempre en forma positiva lo que se le pide; sin embargo, está en la obligación de absolver las inquietudes planteadas de manera formal y fidedigna.” (las negrillas son añadidas).
De la lectura de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014, impugnada, se verifica que ésta, contiene afirmaciones claras y resuelve uno por uno los puntos expuestos en el Recurso Jerárquico, dando explicaciones sobre las conclusiones que sostiene, no encontrándose contradicción alguna entre los fundamentos y la resolución; debiendo además tenerse presente que, no existen razonamientos concretos en la demanda, respecto a la vulneración del derecho a Petición en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/ 1480/2014, pues, para impugnarla en la vía contencioso administrativa no sólo vasta afirmar vulneración a un derecho, y contradicciones argumentadas en sede administrativa, sino que el accionante debe expresar en que consiste la incongruencia que aduce y demostrar con razonamientos normativos las argumentaciones por los cuales cree que los fundamentos que aduce, son suficientes para revocar la resolución jerárquica que demanda en proceso contencioso administrativo.
VI.2. Con relación a la vulneración del principio de legalidad.-
Con relación a la vulneración del principio de legalidad, que expresa el demandante, al considerar “…que hay un evidente error en la fundamentación de la AGIT en su resolución al subsumir los hechos de este caso a la norma aplicable…”, referida a la conceptualización que ha determinado para tipificar la conducta de la empresa dentro del art. 181 inc. b) del Código Tributario, sin que exista el contrabando propiamente dicho, y al inc. g) de la misma norma, toda vez que ya se tiene indicado que las mercancías fueron sometidas a un régimen aduanero en el cual se pagaron tributos.
Al respecto, cabe referirse al principio de legalidad, previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado, y del cual el Tribunal Constitucional a través de la SC 0275/2010 de 7 de junio, ha señalado que: “(…) es un principio procesal de la jurisdicción ordinaria; al respecto este Tribunal a través de la SC 0919/2006-R de 18 de septiembre, que a su vez citó a la SC 0062/2002 de 31 de julio, estableció que: 'el principio general de legalidad, como elemento esencial del Estado de Derecho”(...) “en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley”.
Por otra parte, la Ley Nº 2341 del Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, dispone que la vía administrativa está sometida a los Principios de Legalidad, Tipicidad, Presunción de Inocencia, Proporcionalidad, Procedimiento Punitivo e Irretroactividad, que permiten al administrado asumir una defensa concreta ante la facultad sancionadora del Estado, y en su art. 72 con relación al Principio de Legalidad señala que: “Las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias aplicables.”
En mérito a ello, revisada la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014, se verifica que ésta realizó a través de su fundamentación técnico-jurídica, el análisis correspondiente de manera razonada, respondiendo a los puntos que, en el recurso jerárquico se expusieron como agravios. Asimismo, revisado tanto el expediente, como el anexo de antecedentes, se comprueba que se siguieron todos los pasos que corresponden al procedimiento, emitiéndose luego del comiso preventivo de la mercancía y vehículo medio de transporte, el acta de intervención contravencional, y posteriormente se emitió la Resolución sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013 que fueron de conocimiento de la empresa demandante (fs. 2-10 del anexo); y en la vía administrativa se siguieron todas las instancias desde la interposición del recurso de alzada hasta la dictación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre de 2014, que ahora es objeto del presente proceso contencioso administrativo, verificándose que en todo este proceso desarrollado se respetaron las garantías establecidas por ley; habiendo sido impuestas las sanciones administrativas tomando en cuenta la infracción determinada, y aplicándose las normas aplicables al caso concreto.
Con relación al art. 181 inc. b) del Código Tributario, por el cual se califica como contravención aduanera por contrabando la conducta de la empresa, la Resolución de Recurso Jerárquico de manera adecuada estableció: “En consecuencia, por todo lo argumentado precedentemente, se evidencia que la mercancía incautada no está amparada, debido a que el Nº de Lote especifico de la mercancía descrita en los ítems 1 al 6 del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0806/2013 de 2 de octubre de 2013, está consignada físicamente en la mercancía: sin embargo, no figura en la documentación de respaldo de la DUI C-1379. Incumpliendo lo dispuesto por el Artículo 101 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, haciéndose pasible a la aplicación de los Artículos 181, Inciso b) y 160, Numeral 4 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0310/2014, de 4 de agosto de 2014, que ratificó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2014, de 23 de octubre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Comiso Definitivo del total de la mercancía detallada en la precitada Acta de Intervención contravencional.”, adecuándose la tipificación establecida en la Resolución Sancionatoria prevista en el art. 181 inc. b) del Código Tributario, a los conceptos contenidos en el Glosario de Términos aduaneros y de comercio exterior, establecidos en el anexo de la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1990 que a la letra señalan: “CONTRAVENCIÓN ADUANERA: Es todo acto u omisión que infringe o quebrante la legislación aduanera, siempre que no constituya delito aduanero.” y: “CONTRABANDO: Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana”.
Respecto al inc. g) del art. 181 del Código Tributario, que además señala el demandante como tipificado en la conducta de la empresa; debe tenerse presente que, de la lectura de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013, se tiene que estableció que la conducta incurrida por la empresa demandante se adecua a la tipificación prevista por el art. 160 numeral 4 y art6. 181 inc. b) del Código Tributario, no habiendo señalado en ningún momento el inc. g) que aduce el demandante, resultando imprecisa su demanda al respecto.
De lo fundamentado precedentemente, se concluye no ser evidente la contradicción que aduce la empresa demandante en sentido de que se tipificó la conducta de la empresa dentro del art. 181 inc. b) sin que exista el contrabando propiamente dicho; por cuanto, como se verificó en instancia administrativa, se llegó a comprobar la infracción, calificándose y declarándose probada la comisión de contravención aduanera por contrabando.
VI.3. En relación a que la Administración Tributaria no puede sancionar con el comiso definitivo de toda la mercadería.-
Respecto a la aseveración que realiza el demandante, expresando que la Administración Tributaria no puede sancionar con el comiso definitivo de toda la mercadería dentro el proceso contravencional, sino sólo hasta el monto de cinco mil UFV’s por contravención; y que la competencia para sancionar con el comiso de toda la mercadería que origine un proceso aduanero es el Tribunal de Sentencia en Materia Tributaria.
Es menester expresar que el art. 160 de la Ley Nº 2492 que clasifica las contravenciones tributarias, en su numeral 4, indica como una de ellas al: “Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181”; siendo la tipificación establecida en la Resolución Sancionatoria correcta por cuanto del análisis de los antecedentes se estableció que la mercancía decomisada no se encontraba amparada por la documentación de descargo DUI 2013/641/C-1379 de 19 de septiembre de 2013, puesto que incumplió con el art. 101 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CCD-010/08, el FAX AN-GNNGC-DVANC-F-001/2012 y la Resolución de Directorio 01-001-08 de 17 de enero de 2008” Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de Mercancías”.
Debe tenerse presente además, que la Resolución Sancionatoria consideró lo determinado en la última parte del art. 181 del Código Tributario que establece que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a UFV’s 200.000, la conducta será considerada contravención tributaria. Por ese motivo, expresó que la conducta incurrida por la ahora demandante se adecuó a la tipificación prevista en el art. 160 numeral 4 y el art. 181 inc. b) del Código Tributario, resultando como consecuencia el comiso definitivo de la mercancía a favor del Estado.
Se entiende por tanto que la Resolución Sancionatoria adecuadamente calificó como contravención la conducta y no así como delito, siendo correcta dicha determinación y el procedimiento que se siguió; por cuanto, esta conducta contravencional va contra el bien jurídico protegido que es la potestad de la administración tributaria de cobrar los tributos; en cambio, el art. 187 de la Ley 1990, que pretende el demandante sea utilizada como norma complementaria al art. 161 del Código Tributario, si bien indica respecto a las contravenciones en materia aduanera, estas refieren al ámbito netamente administrativo, estando por tanto dirigido a los operadores aduaneros y no así a los que portan o transportan las mercaderías.
VI.1. Conclusiones.-
En este entendido, es correcta la conclusión a la que arribó la Autoridad de Impugnación Tributaria al confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0310/2014 de 4 de agosto de 2014, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013 emitida por la Administración Aduanera.
En consecuencia, del análisis efectuado se advierte que no existe violación a principio alguno, tampoco conculcación de normas legales en la resolución jerárquica emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia que realizó correcta valoración e interpretación en sus fundamentos técnico jurídicos que se ajusta a derecho; más aún si lo afirmado en la demanda tampoco desvirtúa de manera concluyente los fundamentos de la resolución impugnada, conforme se tiene anotado precedentemente.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil de 1975, en concordancia con los arts. 2,2 y 4 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso-administrativa de fojas 48 a 51 interpuesta por Promotora de Eventos S.A. (PROESA), por consiguiente mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1480/2014 de 27 de octubre 2014 dictada por el Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i..

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