Source: https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/PROYECTOS/2011-SOCIEDADES-CAPITAL.htm
Timestamp: 2020-03-31 19:08:32+00:00

Document:
José Ángel García-Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada
El pasado 25 de febrero el boletín del Congreso de los Diputados publicaba el nuevo Proyecto de reforma de la LSC.
Dicho Proyecto tiene dos finalidades fundamentales:
1ª. Seguir profundizando en la reducción del coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, modernizando al mismo tiempo el derecho de esta clase de sociedades y suprimiendo alguna de las diferencias entre las sociedades anónimas y las limitadas, y
2ª. Trasponer la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de Junio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas.
Para ello se modifican determinados artículos de la LSC y el art. 100 de la Ley de Mercado de Valores.
2. Reformas específicas.
2.1. Contenido de los estatutos de las sociedades de capital.
Se suprime la limitación existente desde la reforma del año 1989 de que en los estatutos de las sociedades anónimas sólo podía establecerse un órgano de administración, de forma que cualquier cambio posterior en la forma de organizar la administración de la sociedad implicaba una necesaria modificación de estatutos. Para ello se reforma el art. 23 e) de la Ley extendiendo a todas las sociedades de capital la facilidad establecida de forma expresa para las sociedades limitadas desde la ley de 1995.
2.2. Aceptación en garantía de las propias acciones.
Se modifica el art. 149.2, aunque más que una modificación se trata de una simple corrección de errores del anterior precepto que se remitía a un apartado del artículo 148 inexistente.
2.3. Régimen sancionador.
El art. 157.1, extiende el régimen sancionador a toda infracción del capítulo V de la Ley relativo a los negocios sobre las propias acciones, unificando al mismo tiempo dicho régimen para las sociedades anónimas y limitadas.
2.4. Plazo de convocatoria de la JG a solicitud de la minoría.
Se modifica el art. 168.2, solucionando una antinomia existente entre los antiguos art. 97 y 100 de la LSA que habían pasado al art. 176 y 168 de la LSC.
Efectivamente, en la primitiva redacción del art. 100 la LSA y de su réplica el 168 de la LSC, no se había tenido en cuenta que una vez modificado el art. 97 de la LSA por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre sobre sociedad anónima europea, ampliando a un mes la antelación para la convocatoria de la junta general, el plazo del primitivo art. 100, 30 días o de su sucesor el 168, un mes, habían quedado desfasados pues era de todo punto imposible que, si la antelación de la convocatoria era de un mes, los administradores convocaran la Junta para celebrarla en el mismo plazo contado desde el requerimiento notarial dirigido a los mismos por la minoría del 5% del capital social. Ahora, casi seis años después, se pone remedio a la contradicción estableciendo que el plazo que tienen los administradores para que la Junta se celebre será el de dos meses contados desde el requerimiento notarial que se les haga.
Se trata de una modificación que obligará a modificar muchos estatutos sociales, pues en casi todos los modelos figuraba este derecho de la minoría y, dado el texto legal, todos ellos establecían el plazo de un mes conforme al art. 100 de la LSA, plazo que aunque con la redacción del nuevo art. 97 de la misma ley era insuficiente, no existía alternativa alguna para su cambio.
2.5. Forma de convocatoria de la Junta General.
Quizás sea la reforma de mayor calado de todo el Proyecto.
Para ello se modifica de nuevo el art. 173 de la LSC, recientemente modificado también por el RDL 13/2010 de 3 de Diciembre.
Conforme a la nueva redacción del precepto podemos señalar cuáles son las características, las formas de convocatoria de la junta general de las sociedades de capital y las excepciones a la forma normal de convocatoria:
2.5.1. Características de la convocatoria:
1ª. Se unifican, como también antes se hacía, las formas de convocatoria de la Junta General de las Sociedades de Capital, con sólo dos excepciones que señalaremos más adelante.
2ª. Se establece que son los estatutos sociales los preferentes a la hora de regular la concreta forma de convocatoria de la Junta General.
3ª. Si los estatutos no regulan la forma de convocatoria, se establece una forma imperativa de convocatoria a través de dos medios publicitarios, pero si uno de esos medios no existiera, se da la posibilidad de publicarlo en otro medio.
2.5.2. Forma de la convocatoria:
Como hemos dicho son los estatutos lo preferentes a la hora de establecer cómo se convocarán las Juntas Generales que celebre la sociedad. Pero los estatutos no son plenamente soberanos a la hora de regular dicha forma de convocatoria sino que deberán ajustarse a alguno de los medios que se establecen en el apartado 2 del precepto.
Estos medios son los siguientes.
1º.) Como preferente la web de la sociedad.
2º.) Caso de que la sociedad carezca de web se podrán establecer alguno de los siguientes medios:
a) En un determinado diario de circulación en la provincia del domicilio de la sociedad.
b) Por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.
c) Si algún socio reside en el extranjero los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieren designado un lugar en territorio nacional para notificaciones.
d) Si los estatutos no establecen nada sobre forma de convocatoria de la Junta, entonces rige el punto 1 del art. 173 que fija como forma de convocatoria la de su publicación en el Borme y en la web de la sociedad y caso de que esta no exista en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social.
2.5.3. Excepciones a esta forma de convocatoria.
Las únicas excepciones establecidas son dos:
--- Una, cuando se trate de sociedades anónimas con acciones al portador en cuyo caso es imperativo que, al menos, que la convocatoria se anuncie en el BORME, y
--- Dos, cuando se trate de sociedades cotizadas pues su forma de convocatoria se rige de forma imperativa por lo dispuesto en el art. 516 de la LSC, también modificado y que después veremos.
2.5.4. Diferencias con la legislación actualmente vigente.
Las diferencias esenciales con el art. 173 vigente son las siguientes:
1ª. Para las sociedades anónimas la forma de convocatoria establecida en el precepto era imperativa, sin que los estatutos pudieran regular una diferente.
2ª. Las sociedades limitadas sí podían establecer en sus estatutos formas supletorias de convocatoria, en términos coincidente con la redacción que el proyecto de Ley propone para el art. 173.
2.5.5. Comentarios a la redacción propuesta.
Atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador de minimizar los costes de funcionamiento de las sociedades anónimas, se extiende a dichas sociedades las facilidades que con anterioridad se concedían a las sociedades limitadas por el art. 46 de la Ley 2/1995 y posteriormente el art. 173 en su redacción dada por el RDL 13/2010.
No obstante la principal novedad del precepto, aparte de la señalada, ya vino establecida por la reforma del RDL 13/2010 y es la necesidad de que la convocatoria se efectúa e través de la web de la sociedad siempre que esta exista. Y ello, tanto si nada se dice en estatutos sobre forma de convocatoria, como si en sustitución de la forma legal se regula dicha forma de convocatoria en los estatutos de la sociedad. Como en tantas otras ocasiones el legislador, velando por el bien de las sociedades y la protección de los accionistas, coarta la libertad de la voluntad de la Junta general y le impone a la sociedad que, si tiene web, necesariamente de forma imperativa, se trate del medio legal o del estatutario supletorio, se utilice la misma como medio para la inserción de la convocatoria de la Junta. Ello, como veremos, puede plantear graves problemas en el momento de la constitución de la sociedad y sobre todo en su funcionamiento posterior.
2.5.5.1. Origen de la convocatoria en la web de la sociedad.
¿Cuál es el origen de la posibilidad de utilizar la web de la sociedad como medio de poner en conocimiento de socios y terceros determinada información relevante de la sociedad?
Su origen está en la Directiva 2009/109/CE.
2.5.5.2. Estudio de la Directiva 109/2009 sobre anuncios en web.
Para ello la Directiva, aunque no con la claridad que sería deseable, establece las siguientes normas de utilización de las web a los efectos de la publicidad exigida en normas legales:
3º. Los Estados miembros pueden exigir, como alternativa, que dicha publicación se realice en cualquier otro sitio web, como los de las asociaciones empresariales o cámaras de comercio. En este caso los Estados miembros velarán porque no se cobre a las sociedades una tarifa específica por dicha publicación.
4º. También es posible la publicación en una plataforma electrónica central prevista en la Directiva y designada por el propio estado. A juicio de Segismundo Álvarez esta plataforma es en todo caso obligatoria, bien para la publicación o bien para constatar la referencia a la web en que se publica el proyecto. Sin embargo, de la lectura de la Directiva, no resulta tan clara la obligatoriedad de esta plataforma central pues parece que es una opción que se da a los Estados miembros que podrán o no hacer uso de ella.
5º.Los Estados miembros pueden exigir a las sociedades que mantengan la información durante un período específico, después de la junta general, en su sitio web o, cuando proceda, en la plataforma electrónica central designada por el Estado miembro de que se trate.
Estas son, en esencia, las condiciones u orientaciones que la Directiva impone a los Estados miembros para que puedan utilizar la web de la sociedad como medio de dar publicidad al proyecto de fusión o escisión de que se trate. No obstante la Directiva no se produce de forma totalmente clara y rotunda, como por otra parte es bastante habitual en las Directivas mercantiles dado que están dirigidas a Estados con legislaciones nacionales muy diferentes, de forma que pudieran existir otras interpretaciones diferentes de la antes expuesta, sobre todo en lo relativo a la necesidad o no de existencia de la plataforma electrónica central y de los medios de seguridad de que deben estar dotadas las web sociales para poder ser utilizadas con la finalidad de insertar anuncios relativos a la sociedad.
En definitiva que ante tales problemas y dificultades y mientras no se solucionen los mismos, las sociedades que quieran utilizar sus web como instrumento publicitario, al menos deberían dar publicidad a dicha web por medio de su constancia en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil y establecer algún medio o medios que les permitiera poder acreditar los extremos anteriores en caso de impugnación de acuerdos sociales.
Cuando después tratemos sobre la forma de acreditar los anuncios en la web volveremos sobre esta cuestión.
2.5.5.3. Aclaraciones al sistema para poder convocar Juntas Generales en la web de la sociedad.
Lo que finalmente nos tenemos que preguntar es, si dentro de las facultades de la DG, entra la posibilidad de establecer, por medio de una Instrucción, normas aclaratorias de preceptos legales, fijando requisitos para la aplicación de determinada exigencia legal. Solo con una interpretación muy amplia de los preceptos citados en la propia Instrucción, uno de los cuales incluso es erróneo, podemos considerar que la DG actúa dentro de sus competencias. Parece que lo más adecuado hubiera sido, confesando de antemano nuestra ignorancia del derecho administrativo, un RD a su propuesta para, dentro del art. 158 o 195 del RRM, o en precepto bis, tan del gusto de nuestros legisladores, se hubiera incluido una norma de semejante contenido. Quizás por razones de urgencia no se ha hecho así o se ha querido aprovechar la Instrucción aclaratoria del art. 5 del RDL 13/2010, para incluir una norma en el sentido que examinamos. Pero para lo que sí tiene competencia la DG es para decirnos, a todos los operadores jurídicos y especialmente a los registradores mercantiles, que si una sociedad cumple los requisitos de la Instrucción, en cuanto a su página web, si el registrador, en uso de su independencia calificadora, que no puede ser afectada por la Instrucción, rechaza la inscripción de los acuerdos derivados de una Junta convocada en web con cumplimiento de los requisitos de la Instrucción, en el caso de que se planteara recurso ante ella, su resolución estará indudablemente inspirada en la Instrucción.
2.5.5.3. Forma de acreditar las publicaciones efectuadas en la web de la sociedad.
2.5.5.5.1. Necesidad de su acreditación.
2.5.5.5.2. Concreta forma de acreditarlo.
2.5.5.5.3. Su posible utilización con otras finalidades.
Una vez hecha constar la web en la hoja de la sociedad, su utilidad no sólo será para convocar Juntas Generales, sino que podrá ser utilizada por la sociedad para todos aquellos supuestos en que la LSC, u otras normas que así lo establezcan o permitan, exijan que determinados actos de la sociedad sean objeto de publicación en la web de la misma como sistema preferente a la utilización de otros medios de publicidad. En concreto será posible su utilización en los supuestos del art. 289, suprimido en la actual reforma, en el 319 y 333.2 sobre publicidad de reducción de capital, y en el 369 sobre disolución, también suprimida la publicación por la reforma que resumimos.
2.6. Contenido de la convocatoria.
Se reforma el art. 174 de la LSC sobre contenido de la convocatoria en un doble sentido:
--- de una parte se unifica el régimen para todas las sociedades de capital, cuando antes dicho artículo contenía dos apartados, uno para anónimas, y otro para limitadas, y
--- se extiende a la sociedad anónima la exigencia de que la convocatoria debe expresar el nombre y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.
Es decir el nuevo artículo 174 exige que en todo caso la convocatoria exprese el nombre de la sociedad, la fecha y la hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el nombre y cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.
La exigencia de que conste el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria es una novedad importante para anónimas y limitadas. Antes sólo se exigía, para limitadas, que constara el nombre de la persona que realizaba la convocatoria. Indirectamente se podría saber el cargo por consulta al RM y de esta forma saber también si dicha persona era o no competente para la realización de la convocatoria. Ahora debe constar expresamente y será uno de los puntos en que a partir de la vigencia de la reforma los asesores mercantiles deberán poner especial cuidado para evitar incorrecciones formales del anuncio de la sociedad de que se trate.
¿Cuál debe ser la trascendencia de la omisión de dicho cargo? Es decir si en una convocatoria de Junta General se omite el cargo de la persona que firme, ¿quiere ello decir que la convocatoria estará mal hecha? Creemos que no, que a la omisión de dicho cargo no debe dársele la trascendencia de que la sociedad deba realizar otra convocatoria o de que los acuerdos sean impugnables por los socios o que los mismos, en su caso, no sean inscribibles en el RM. Si consta el nombre de la persona, de forma indirecta, como hemos apuntado antes, se sabrá el cargo que ocupa en la sociedad y las facultades que tiene para hacer la convocatoria, con sólo consultar la hoja de la sociedad en el RM. Y quid, ¿si consta el cargo pero no el nombre? Creemos que en este caso la convocatoria no está bien realizada. Es decir si en el anuncio sólo consta que la convocatoria la hace el administrador, realmente no sabemos quien la está haciendo, aunque el RM nos pueda decir quién es el administrador en el momento de hacer la convocatoria, en la realidad esa persona puede ser distinta por tratarse de un administrador de hecho o por tratarse de un administrador cuyo nombramiento, por la causa que sea, no ha tenido acceso al registro.
Relacionado con el problema anterior está el problema de quien debe firmar la convocatoria cuando el órgano de administración existente es el de Consejo. Si existe Consejero Delegado con todas las facultades, salvo las indelegables, la convocatoria podrá ser realizada por dicho Consejero Delegado, según doctrina de la DG. Pero si no existe Consejero Delegado es obvio que la convocatoria la tiene que acordar el Consejo de Administración. ¿Cómo se expresará ello en el anuncio de convocatoria? La forma más adecuada será expresar que se convoca por acuerdo del Consejo de administración firmando la convocatoria sólo el Secretario a cuyo cargo está el libro de actas del Consejo en donde constará el acuerdo pertinente. Pero ¿y si sólo consta en la convocatoria el nombre del secretario sin más especificaciones? Parece que en este caso, por el principio de conservación de los acuerdos sociales, mientras no sean objeto de impugnación, debe presumirse que si la convocatoria la firma el Secretario expresando nombre y cargo o sólo nombre, debe presumirse que si la convoca es porque al estar a su cargo el Libro de actas en el mismo consta el acuerdo correspondiente. Y ¿si la firma sólo el Presidente? Este supuesto es más que dudoso. El Presidente, como tal, ni tiene la facultad de convocar la Junta, salvo delegación expresa inscrita en el RM, ni tiene a su cargo el Libro de Actas de la sociedad, ni puede certificar del mismo. Por ello en este caso nos inclinamos a considerar que la convocatoria está mal realizada, salvo que se acredite de forma fehaciente lo contrario, aportando por ejemplo el acuerdo del Consejo convocando Junta. Por tanto si no se acredita el acuerdo del Consejo convocando la Junta, los acuerdos adoptados en dicha Junta no serían inscribibles en el registro mercantil. Por ello es aconsejable que firme la convocatoria el Presidente o el Secretario, se exprese en la antefirma que lo hacen por acuerdo del Consejo de Administración.
Queda sólo el problema de la administración mancomunada. Habrá que estar a la forma de actuación que conste en estatutos. Si son sólo dos los administradores mancomunados, o más, pero actuando dos de ellos, lo normal es que la convocatoria aparezca firmada por ambos. Quizás también sería admisible que la convocatoria aparezca firmada por uno sólo pero expresando también que cuenta con el acuerdo y la conformidad del otro administrador mancomunado.
Por último diremos que si se trata de convocatoria judicial, en los supuestos en que sea procedente, deberá constar la referencia al auto en que se ha acordado la misma. Y cuando no sean los administradores los que convoquen la Junta, sino que sea el Comisario del Sindicato de Obligacionistas, que según parte de la doctrina puede convocar la Junta en algún supuesto, o el liquidador, también deberá expresarse dicho cargo en el anuncio de convocatoria.
Obviamente estos requisitos, de expresión de la persona y cargo que realiza la convocatoria, son de constancia obligatoria, en los términos antes expuestos, aunque la convocatoria se realice a través de la web de la sociedad
2.7. Segundas convocatorias.
Se modifica el apartado 3 del art. 177, aclarando varios puntos que pudieran ser dudosos en su interpretación y modificando el plazo de antelación de la convocatoria.
Como sabemos el art. 177.3 es el que establece que 3. Si la junta general debidamente convocada no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y con ocho de antelación a la fecha de la reunión.
El nuevo artículo 177.3 aclara que la Junta puede ser de cualquier clase, es decir no sólo la ordinaria sino también la extraordinaria, que en la nueva convocatoria debe constar el mismo orden del día y que la antelación debe ser de diez días en lugar de ocho. La aclaración más importante es la relativa a que debe constar de nuevo el orden del día y que este debe ser idéntico al del anuncio en primera convocatoria. Se hace para evitar dudas pues, con la antigua redacción que se limitaba a decir que la nueva convocatoria se haría con los mismo requisitos, pudiera hacer pensar que bastaba con convocarla por remisión al primer anuncio y así a veces se veían algunos anuncios en la prensa. Ahora el segundo anuncio, sin perjuicio de hacer constar que la convocatoria se hace por no haberse podido celebrar la Junta en 1ª convocatoria, debe repetir el contenido, a nuestro juicio íntegro, es decir también con el posible derecho de información del accionista, del primer anuncio publicado.
2.8. Derecho de información del accionista.
Sobre este punto se modifica el apartado 4 del art. 197 que al regular el derecho de información del accionista establecía que 4. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. Ahora se aclara que los estatutos pueden fijar un porcentaje menor siempre que sea superior al 5% del capital social.
Con la antigua redacción y dado que se trataba de una ampliación de los derechos de los minoritarios, los estatutos podrían fijar el porcentaje que a bien tuvieran para que no proceda la denegación del derecho de información de los accionistas. Ahora se le pone un límite a los estatutos y si establecen un porcentaje inferior al 25% este porcentaje no puede ser en ningún caso inferior al 5% del capital social.
2.9. Administrador persona jurídica.
Se introduce un nuevo precepto, el art. 212 bis que quizás sea uno de los de más trascendentes de toda la reforma.
Antes la regulación del administrador persona jurídica venía exclusivamente hecha en el RRM a través de su artículo 143 que bajo el epígrafe de Nombramiento de administrador persona jurídica, establecía
1. En caso de administrador persona jurídica, no procederá la inscripción del nombramiento en tanto no conste la identidad de la persona física que aquélla haya designado como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
2. En caso de reelección del administrador persona jurídica, el representante anteriormente designado continuará en el ejercicio de las funciones propias del cargo, en tanto no se proceda expresamente a su sustitución.
En el proyecto de reforma se establece la siguiente doctrina:
--- sólo se puede designar una persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo
--- la persona natural está sometida a los mismos deberes y responsabilidad que el propio administrador, es decir y como dice el precepto como si ejerciera el cargo en su propio nombre.
--- esta responsabilidad es solidaria con la persona jurídica designada administradora.
--- la revocación del representante no surte efecto mientras no se designe la persona que la sustituya.
Quizás uno de los fenómenos más frecuentes de los últimos años haya sido, sobre todo en las grandes empresas o corporaciones mercantiles e industriales, el nombramiento de personas jurídicas como consejeros de las sociedades. Prescindiendo de la intencionalidad o propósitos que llevaran a las sociedades a efectuar dichos nombramientos, lo cierto es que su generalización reclamaba una regulación legal en la que se estableciera, de forma clara, cuál era la responsabilidad del representante físico nombrado por la persona jurídica para el ejercicio del cargo. En la forma en que se ha hecho, es decir estableciendo una responsabilidad solidaria de la persona física y de la persona jurídica, es claro que dichos nombramientos quedan desincentivados, cuando no eliminados casi totalmente, pues si con el nombramiento de la persona jurídica no se evita la responsabilidad como administrador de la persona física, que quizás era lo que se buscaba, no va a merecer la pena efectuarlos. Por ello quizás estos nombramientos queden ahora limitados a los casos reales en que a una sociedad le interesa ser nombrada ella administradora y no su administrador o un apoderado de la misma.
No obstante todavía puede ser interesante el nombramiento de personas jurídicas por dos motivos:
1. El desligar la administración de la sociedad de la persona física y de sus posible avatares, como enfermedades o fallecimiento pues ante este evento la sociedad administradora puede acudir a su sustitución, sin necesidad de un nuevo nombramiento por la junta general de la sociedad que lo nombrara, y
2. Porque puede ser interesante, a la persona jurídica nombrada administradora, quedar ligada de forma solidaria a la efectiva asunción de responsabilidad, para ella o para sus representantes orgánicos, mediante el nombramiento de una persona física que los represente con carácter voluntario, es decir mediante apoderamiento. También es interesante la nueva norma pues de esta forma, al imponer sobre el representante físico la misma responsabilidad que si él fuera el administrador, su actuación será más prudente que si su responsabilidad se le pudiera exigir sólo por la persona jurídica que el nombró.
En el nuevo precepto se solucionan dos cuestiones importantes, la primera de las cuales había originado dudas en los intérpretes del RRM:
a) Si era posible o no la designación de más de una persona como representante físico de una sociedad. De forma clara establece el nuevo precepto que sólo es posible el nombramiento de una sola persona natural.
b) Soluciona el problema de qué ocurría si la persona física representante era revocada de su cargo pero no se nombraba ninguna otra que la sustituyera. Ahora esa revocación no surtirá efecto alguno, hasta el nombramiento de la que la sustituya. No se comprenden, lógicamente, los casos de fallecimiento o renuncia voluntaria, sin perjuicio en este último caso de que la persona física renunciante, para hacer constar su cese deba notificar la renuncia a la persona jurídica que la nombró (Cfr. Art. 147 del RRM). En estos casos sería la persona jurídica nombrada administradora, la que debe proceder a subsanar la falta, pudiendo incurrir en responsabilidad si no lo hace. Queda en el aire el problema de la situación en que queda la persona física representante, que ha sido nombrada por su cargo orgánico en la sociedad consejera, si es cesada de dicho cargo. Lógicamente desde ese momento carece de facultades para representar a la persona jurídica, pero su cese y nombramiento de quien le sustituya sigue siendo de la persona jurídica administradora.
2.10. Convocatoria del Consejo de Administración.
El antiguo artículo 246 de la LSC, bajo la rúbrica de Convocatoria del consejo de administración decía simplemente que, en la sociedad anónima el consejo de administración será convocado por el presidente o el que haga sus veces.
El nuevo art. 246 de la LSC, manteniendo que la convocatoria del Consejo se hace por el Presidente o el que haga sus veces, introduce dos variaciones muy importantes.
De una parte ahora se va a aplicar a todas las sociedades de capital, es decir no sólo a la sociedad anónima, sino también a la limitada y comanditaria por acciones.
Por otra parte establece la posibilidad de que si un tercio de los consejeros solicita al presidente que convoque el Consejo y este no lo hace en el plazo de un mes, dichos consejeros quedan facultados para convocarlo fijando el orden del día y con la limitación de que la celebración del Consejo debe ser en la misma localidad donde radique el domicilio social.
Con relación a la sociedad limitada el cambio es importante pues si según el art. 245 de la LSC, en caso de consejo, los estatutos deben establecer de forma imperativa las reglas de convocatoria, estas reglas, en cuanto a la competencia para su convocatoria, deberán atemperarse al nuevo art. 246 que es imperativo. Por tanto ya nada podrá establecerse en los estatutos de una sociedad limitada sobre quién es el competente para convocar el consejo pues ello se regula en la propia Ley. Las reglas de convocatoria deberán limitarse por tanto a la forma y antelación en que deba hacerse dicha convocatoria, pero no a la persona que debe hacerla que será en todo caso la indicada por el art. 246.
En cuanto a la forma supletoria de convocatoria por un tercio de los Consejeros, es una precisión importante que evitará la paralización del órgano o la judicialización de la convocatoria cuando el Presidente, sin motivo, se niegue a convocarlo. Sin embargo el precepto sigue cometiendo el error de no especificar si en caso de fracciones de consejeros el cómputo se hará por exceso o por defecto. Es decir que si el número de consejeros no es múltiplo de 3, siempre nos quedarán fracciones de consejeros que no sabremos como tenerlos en cuanta, si despreciando las fracciones o redondeando al número superior. Todavía se está a tiempo, en la discusión parlamentaria y por vía de enmienda, de solucionar el problema, pero si no se hace a nuestro juicio y dado que se pretende incrementar los derechos de los Consejeros y de evitar la paralización del órgano, el cómputo siempre debe hacerse por defecto, es decir despreciando las fracciones de consejeros. Así en los consejos de 3 a 5 miembros bastará con que lo pide un solo consejero.
Esta norma debe provocar modificaciones en los modelos de estatutos y en muchos de los estatutos de sociedades ya inscritas, pues en casi todas ellos se establecían normas sobre el particular, normalmente no coincidentes con lo que va a establecer el nuevo 246.
2.10. Nombramiento de auditores y prórroga tácita.
Se modifica el art. 264.1 sobre nombramiento de auditores. La modificación se limita a sustituir la referencia a las posibles prórrogas de los auditores, una vez finalizado el período inicial, por plazo de tres años, por una remisión a la legislación específica reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas.
Por tanto el precepto que en la actualidad debemos tener en cuanta es el art. 8.1 quater de la Ley de Auditoría de cuentas (L. 19/1998, de 12 de julio) introducido por la L. 12/2010, de 30 de junio, de modificación, entre otras leyes, de la Ley de Auditoría de cuentas para su adaptación a la normativa comunitaria. Dispone dicho precepto que Los auditores serán contratados por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados por periodos máximos sucesivos de tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial. Si a la finalización del periodo de contratación inicial o de prórroga del mismo, ni el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría ni la entidad auditada manifestaren su voluntad en contrario, el contrato quedará tácitamente prorrogado por un plazo de tres años.
Como vemos el precepto introduce la llamada prórroga tácita del nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Pese a ello entendemos que, a efectos registrales, esa prórroga tácita del nombramiento del auditor por un plazo de tres años más debe hacerse constar en todo caso en la hoja registral, pues en otro supuesto habría de entender caducado el nombramiento inscrito al haber transcurrido el período para el que se realizó el nombramiento.
Esta prórroga tácita debe hacerse constar en el registro por declaración del órgano de administración o por su constancia en acuerdo de la Junta General. Incluso podrá hacerse constar por declaración en la misma Junta General aprobatoria de las cuentas que hayan de depositarse con el informe del auditor prorrogado. En este último caso, al acompañarse el informe de auditoría, no sería necesaria la aceptación expresa del auditor pues la confección del informe equivale a su aceptación tácita.
Aunque el art. 8 quáter habla de prórroga por tres años, si hubiera pasado el período inicial y existiera una prórroga expresa por un solo año, entendemos que la prórroga tácita debe producirse por el mismo período de tiempo y por tanto, a efectos registrales, será necesaria la declaración anual del órgano de administración o el acuerdo de la Junta para su constancia en la hoja de la sociedad.
2.11. Depósito de cuentas. Legitimación de firmas.
Aunque no de forma excesivamente clara, respecto de la certificación aprobatoria de las cuentas anuales para su depósito en el RM, suprime la legitimación de las firmas de la persona o personas que expidan la certificación. A partir de su entrada en vigor sólo será necesaria la legitimación de la firmas en la certificación cuando no conste impreso el nombre del administrador bajo la firma o esta no fuera legible.
Supone esta modificación una simplificación en el depósito de cuentas anuales de las sociedades que será bien recibida por los empresarios y sus asesores. A cambio se creará inseguridad en la efectiva aprobación de las cuentas anuales pues si la firma no está legitimada y el que figura como firmante niega la autoría de la firma, deberá probarse por otros medios que la firma era la suya.
También se modifica el art. 281, suprimiendo, con la misma finalidad señalada anteriormente, la necesidad de que el hecho del depósito sea publicado en el Borme. La finalidad de esta norma está también en conseguir un efectivo abaratamiento del depósito al suprimir una tasa que obligatoriamente debía pagar el empresario. Aunque es un cambio trascendente, a efectos prácticos, el cambio no es sustancial pues, normalmente, si se desea saber si una sociedad ha depositados o no sus cuentas anuales y cuales ha depositado, se acude al Registro Mercantil competente que será el que tanto antes como en el futuro de forma exclusiva suministre dicha información.
2.12. Exclusión de socios.
Se modifica el art. 281 en el sentido de extender a todas las sociedades de capital la posibilidad que, antes legalmente sólo existía para las sociedades limitadas, de que con el consentimiento de todos los socios puedan incorporarse a los estatutos causas de exclusión o modificarse o suprimirse las que figurasen en ellos con anterioridad.
Supone una gran innovación para las sociedades anónimas, pues tradicionalmente se consideraba que en estas sociedades no podían existir causas de exclusión, dado su carácter eminentemente capitalista. Significa un paso más en el acercamiento de la sociedad anónima a la limitada.
2.13. Causas de disolución.
Transitando por el mismo camino de acercamiento de regímenes jurídicos el nuevo art. 363 extiende a la sociedad anónima, como causa de disolución, la falta de actividad o actividades que constituyan el objeto social. Se estima que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
También es cambio importante la reducción a más de un año la inactividad para que la sociedad caiga en causa de disolución, pues antes este plazo era de tres años.
Quizás se consiga con ello la disolución de más sociedades inactivas.
2.14. Publicidad de la disolución.
Se vuelve a modificar el art. 369, ya modificado por el RDL 13/2010, suprimiendo toda publicidad ajena al Registro Mercantil.
Ahora ya el precepto dice claramente que lo único que se publica en el Borme es la inscripción, a cuyo efecto el registrador mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y sin coste adicional alguno, la inscripción de la disolución al Borme, para su publicación.
2.15. Nombramiento de liquidadores.
Se modifica el art. 376 unificando la doctrina para el nombramiento de liquidadores a todas las sociedades de capital.
El régimen para todas ellas es el siguiente:
--- En primer lugar hay que estar a lo que digan los estatutos de la sociedad.
--- Si estos nada dicen o en la medida que lo digan, los liquidadores los nombra la Junta general.
--- Si no los nombra, los administradores quedan convertidos en liquidadores.
Se suprime además una norma, ya clásica desde 1951 en las sociedades anónimas, y que había dado lugar a amplias discusiones doctrinales. Es la relativa a que en las sociedades anónimas el número de liquidadores siempre tenía que ser impar. Su finalidad estaba en evitar desacuerdos y empates en momentos tan graves y delicados para la sociedad como son los de la liquidación de su haber social.
2.16. Deber de enajenación de bienes sociales.
Se modifica el art. 387 suprimiendo su párrafo segundo que exigía para las sociedades anónimas que la enajenación de inmuebles se tenía que realizar en pública subasta.
Norma también clásica desde 1951, interpretada por la jurisprudencia del TS y de la DGRN en el sentido de que los socios en Junta Universal y por unanimidad podían dispensar de la subasta pública, pero que cuando no se daban esta circunstancia planteaba serios problemas a la sociedad en liquidación.
Por tanto a partir de ahora los inmuebles se enajenaran por los liquidadores sin sujeción a requisito alguno.
2.17. Deber de información de los socios.
Se modifica el punto 2 del art. 388 suprimiendo la obligación que tenían los liquidadores de publicar en el Borme un estado anual de las cuentas y un informe pormenorizado de la liquidación, si la liquidación se prolongaba por un plazo superior al de la aprobación de las cuentas anuales.
Está en la línea simplificadora de las últimas modificaciones de la LSC, evitando un coste sobreañadido a la liquidación de la sociedad. Aunque dicha norma podía ser interpretada estimando que se cumplía dicho requisito depositando las cuentas de la liquidación en el RM y este publicando el hecho del depósito en el Borme.
2.18. Responsabilidad de los liquidadores.
Se modifica el art. 397 unificando el régimen para todas las sociedades de capital, pues antes era distinto según se tratara de sociedad anónima o de sociedad limitada.
Ahora el precepto dice que los liquidadores serán responsables ante los socios y de los acreedores (sic) de cualquier perjuicio que les hubieren causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo.
La regulación que ha prevalecido es la de las sociedades limitadas.
3. Sociedades cotizadas.
Hay una nueva renumeración de artículos, añadiendo una nueva sección, la segunda del capítulo 6º, para regular el funcionamiento de las Juntas Generales de estas sociedades.
3.1 Funcionamiento de la Junta General de la sociedad cotizada.
Las normas más interesantes que se establecen en los artículos 514 a 524 son las siguientes:
--- Igualdad de trato a todos los accionistas que se encuentren en idénticas condiciones. Art. 514.
--- Si la sociedad ofrece de forma efectiva la posibilidad de votar por medios electrónicos a todos los socios, se reduce el plazo de antelación de convocatoria de las Juntas Extraordinarias a 15 días. Ello requiere acuerdo expreso en junta ordinaria con el voto de 2/3 del capital y sólo rige para la siguiente junta. Art. 515.
--- La convocatoria de las Juntas se hará, al menos, por estos medios de forma cumulativa:
· Borme o uno de los diarios de mayor circulación en España.
· La web de la CNMV.
· La web de la sociedad convocante.
Se aclara, como cuestión importante, aplicable también a las sociedades normales, que el anuncio en la web debe estar accesible desde el primer día de la publicación hasta el día de la celebración de la Junta. Art. 516.
--- Se regula con gran detalle el contenido de la convocatoria. Art. 517.
--- También se regula el derecho a completar el orden del día por los accionistas que representen al menos el 5% del capital social. Muy grande se queda este tanto por cuento para la gran mayoría de las sociedades cotizadas, salvo agrupación de acciones. Art. 518.
--- Igualmente se regula con detalle el ejercicio del derecho de información del accionista. Art. 519.
No difiere en muchos del de los accionistas de sociedades no cotizadas. Como especial novedad se establece que el administrador no tendrá obligación de proporcionar dicha información si la misma está en la web de la sociedad bajo el formato de pregunta-respuesta.
--- También se regula lo que llama la participación a distancia. Art. 520.
El derecho de voto se puede ejercitar directamente o por correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice la identidad del sujeto y la seguridad de la comunicación. Para ello se puede retransmitir en tiempo real la JG, o establecer una comunicación bidireccional o un mecanismo para ejercer el voto, si necesidad de representante.
Aquí encaja perfectamente la regulación de las Juntas por videoconferencia. Creemos que esta regulación se puede extender a las sociedades normales.
--- También se regula la representación del accionista en la JG. Art. 521.
Declara nula cualquier limitación a la posibilidad de que el accionista se haga representar por cualquier persona. El representante debe estar dotado de las correspondientes instrucciones que debe conservar durante un año. La representación se puede dar por escrito o por medios electrónicos. Una persona puede tener la representación de varios accionistas con votos en distinto sentido.
--- Regula el conflicto de intereses del representante. Art. 522.
El representante debe informar de la existencia del conflicto al accionista representado. Si el conflicto surge con posterioridad a su nombramiento y no tiene instrucciones sobre el sentido de su voto, debe abstenerse en la votación. Se regulan supuestos en que se presume que existe el conflicto de intereses.
--- También se regulan las relaciones entre el intermediario financiero y sus clientes a los efectos del ejercicio de voto. Art. 523.
Es posible dicha representación, con cumplimiento de determinadas condiciones por el intermediario financiero.
--- Regulación del resultado de las votaciones. Art. 524.
Cada punto del orden del día sebe ser objeto de votación separada. Se deben determinar el número de acciones que emiten los votos válidos, el capital que representan, el número total de votos válidos, a favor, en contra y de las abstenciones.
Los acuerdos se publicarán en la web de la sociedad dentro de los 5 días siguientes a la Junta general.
4.1. Se modifica también la DA 7ª de la LSC sobre competencias supervisoras de la CNMV, en el sentido de atribuirle competencia para supervisar el cumplimiento de parte de las anteriores normas en cuanto afectan a los derechos de los accionistas.
4.2. Se deroga el art. 289 de la LSC que como sabemos, tras su reforma por el RDL 13/2010 establecía que En las sociedades anónimas el acuerdo de cambio de denominación, de domicilio, de sustitución o cualquier otra modificación del objeto social se publicarán en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, se anunciarán en dos periódicos de gran circulación en la provincia o provincias respectivas. Sin esta publicidad no podrán inscribirse en el Registro Mercantil.
Por tanto en el momento en que entre en vigor la reforma ya no será necesaria la publicidad de los acuerdos sociales comprendidos en dicho artículo. Se trataba de una publicidad, en estos momentos, carente de sentido, pues de ella no se derivaba ningún derecho ni a favor de los socios, ni a favor de los acreedores. Su origen estaba en la Ley de 1951, sin que fuera suprimida en 1989 o en posteriores reformas, quizás por no tener claro el legislador la falta de utilidad de dicha noticia puramente publicitaria.
4.3 También se deroga el art. 527 sobre derecho especial de información en la sociedad cotizado, regulado ya en la forma que hemos visto.
4.4. Se añaden tres párrafos al art. 100 de la Ley 24/1988 sobre mercado de valores, estableciendo que constituyen infracciones graves el incumplimiento de las normas sobre publicidad de la convocatoria, la omisión en el reglamento de la Junta general de la regulación de la participación a distancia y la no publicación en la web de la sociedad del resultado de las votaciones.
Jose Angel García Valdecasas
Registro Mercantil de Granada.
PÁGINA SOCIEDADES DE CAPITAL
Visita nº desde el 9 de junio de 2011.

References: artículo 148
 resolución 
 artículo 174
 artículo 177
 artículo 143
 artículo 246