Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008IE1214&from=DE
Timestamp: 2019-12-11 22:36:29+00:00

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El 27 de septiembre de 2007, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un Dictamen de iniciativa sobre el tema
«Una mejor integración en el mercado interior como factor clave para la cohesión y el crecimiento en las islas».
La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 3 de junio de 2008 (ponente: Sra. GAUCI).
En su 446o Pleno de los días 9 y 10 de julio de 2008 (sesión del 10 de julio de 2008), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 118 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención el presente dictamen.
1. Recomendaciones y conclusiones
El CESE pide a la UE que adopte un enfoque integrado para conseguir una mejor integración de las islas en el mercado interior como factor clave para reforzar la cohesión y el crecimiento de la Unión Europea y, así, realizar plenamente los objetivos de la Agenda de Lisboa revisada. Dicho enfoque integrado se justifica en la medida en que, a pesar de sus diferencias (en particular respecto a su tamaño), las islas afrontan problemas clave comunes.
El CESE recomienda que se establezca un marco integrado de políticas comunitarias que cubra de manera coherente todos los problemas relevantes de las islas europeas.
El CESE destaca que es necesario instaurar una sólida gobernanza para afrontar problemas como la información y la comunicación; la cuantificación y calificación de datos; una visión estratégica común; el establecimiento de redes y agrupaciones; y la participación de la sociedad civil. Así pues, para realizar este objetivo es importante crear condiciones adecuadas para que las instituciones locales insulares puedan evaluar el coste de la insularidad. Por este motivo es necesario que las islas cuenten con servicios estadísticos locales y con indexaciones locales de los precios. Al final, debería surgir una metodología común de evaluación entre todos los servicios estadísticos locales de las islas europeas.
Por lo que respecta a la aplicación, el CESE pide que se evalúe el impacto que tienen en las islas las iniciativas comunitarias en materia de mercado interior; que se incluya un «toque isleño» en todas las políticas de la UE; y se aplique la simplificación de las funciones administrativas, en particular para las PYME.
Puesto que la accesibilidad es una cuestión fundamental para las islas, el CESE quiere destacar la calidad de la Continuidad Territorial. La UE debería desarrollar más esta continuidad, que debe operar desde las islas al continente y no al revés.
El CESE insiste en que la Comisión presente un informe anual al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones y al propio Comité, en el que supervise y evalúe la eficacia de las medidas pertinentes adoptadas para resolver los problemas de las islas europeas. En este contexto, la Comisión debería incluir en dicho informe anual sus propuestas de intervención. Así, se podría decir que el presente dictamen emprende un proceso dinámico a largo plazo.
De conformidad con la definición de Eurostat, una isla debe:
tener una superficie de, al menos, un kilómetro cuadrado;
estar ubicada a un kilómetro de distancia, como mínimo, del continente;
tener una población residente permanente de, al menos, 50 personas;
no tener un vínculo físico permanente con el continente, y
no ser la capital de un Estado miembro de la UE.
No obstante, es preciso revisar y actualizar esta definición, empezando por el simple hecho de que una isla es un territorio al que no se puede llegar a pie. Además, la definición del punto 2.1 no tiene fundamento jurídico y se utiliza solamente como referencia a falta de una mejor definición que tenga en cuenta las nuevas realidades de una Unión Europea ampliada que incluye a Estados miembros insulares.
Además, al definir el concepto de isla se ha de tener presente la Declaración 33 del Tratado de Lisboa con arreglo a la cual: «La Conferencia [Intergubernamental] considera que la expresión “regiones insulares” a que se hace referencia en el artículo 174 puede designar asimismo Estados insulares en su totalidad, siempre que se reúnan las condiciones necesarias».
Actualmente, los territorios insulares de la UE se encuentran en catorce países de la Unión Europea. Unos 21 millones de habitantes insulares residen en las islas de la UE. Estos territorios ofrecen a la UE una presencia económica y geopolítica en casi todos los océanos del mundo y constituyen una frontera activa con muchos continentes.
Las islas, al igual que los Estados miembros, son muy variadas. Por ello, el CESE desearía proponer las siguientes tipologías.
Son distintas desde un punto de vista estructural porque algunas son islas periféricas, mientras que otras son islas ultraperiféricas, cuyas características específicas están establecidas en el Tratado de la UE (párrafo 2 del artículo 299); algunas son pequeñas (unas cuantas tienen una población inferior a 50 personas) mientras que otras son grandes.
También son distintas desde el punto de vista institucional porque algunas son Estados insulares; otras tienen un estatuto regional y unas cuantas, que son islas costeras, forman parte de un ente regional continental.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, las islas presentan características que pueden diferenciarlas profundamente de los territorios continentales en lo que se refiere a la cultura, la educación, el transporte, el medio ambiente, etc. Estos aspectos merecen un detenido análisis, con miras a establecer una política destinada a esos territorios en la que se tengan simultáneamente en cuenta las características comunes y las específicas, las cuales pueden influir en las oportunidades y desafíos de las islas individualmente consideradas. El CESE se propone volver a examinar este asunto.
También comparten características comunes en lo que se refiere, por ejemplo, a la cultura, la educación, el transporte (problemas de costes adicionales) y el medio ambiente.
La Comisión Europea, con su nueva Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (de 20 de noviembre de 2007) (1), ha entablado un debate sobre el futuro del mercado interior; es preciso considerar el lugar que ocupan las islas en esta reflexión.
Desde que se utiliza una nueva metodología de gobernanza (en particular, en el Libro Verde y los libros azules sobre una futura política marítima de la UE), caracterizada por un planteamiento integrado, las cuestiones relativas al mercado interior no se deben tratar separadamente de las regionales. El mercado interior no es un fin en sí mismo, sino que constituye un instrumento al servicio de los territorios y las personas.
Las islas siempre han buscado la manera de desarrollarse en el mercado interior y, como tales, tienen que anticipar los futuros cambios.
La política regional es una herramienta útil para las islas. No obstante, es una herramienta que es preciso desarrollar y mejorar en un marco integrado de la UE para que las islas no sólo sean parte jurídica del mercado interior, sino para que también desempeñen una función más completa en él, tanto en términos económicos como sociales. Con vistas a la futura política de cohesión territorial que la Comisión tendrá de elaborar de conformidad con el Tratado de Lisboa, este aspecto debería formar parte de sus consideraciones.
Dicho marco integrado de las políticas comunitarias no sólo cubre las políticas regional y de cohesión, sino que también cubre, en particular, los siguientes ámbitos políticos: transportes; energía y agua; educación y empleo; investigación, desarrollo tecnológico e innovación; competencia; política industrial; medio ambiente; y agricultura y pesca.
En el contexto actual, será preciso examinar, en primer lugar, la situación de las islas a la luz del 4o Informe sobre la Cohesión.
Aunque las instituciones comunitarias apoyan un enfoque integrado de sus políticas, resulta sorprendente que la Comisión no haga un análisis integrado de las dificultades insulares.
Para la Comisión, la accesibilidad es un «problema particular» que las islas deben afrontar.
La Comisión tiene razón al señalar que el volumen reducido de su población constituye otro problema. En consecuencia, las islas tienen unos mercados locales pequeños, lo que limita la capacidad de crecimiento de las PYME insulares debido a la ausencia de economías de escala. En particular, esto limita su capacidad para conquistar los mercados europeos.
Otra consecuencia es que la mayoría de las islas no pueden depender de su mercado interno (2), que en la mayoría de los casos es demasiado pequeño para sostener una economía «plena» y eficiente. Este mero hecho obliga a las PYME locales a exportar: es su única solución.
Además, hay que tener en cuenta otra serie de dificultades debidas a la desventaja natural de una isla, esto es, todas las dificultades derivadas de su insularidad. El importante coste adicional del transporte reduce sustancialmente su competitividad. Paradójicamente, la situación en la que los costes del transporte pueden «proteger» a los mercados insulares limitando la competencia del continente puede, de hecho, tener como resultado el desarrollo de situaciones de monopolio en las islas.
La insularidad también se caracteriza por los siguientes problemas (que también determinan sus perspectivas de desarrollo a largo plazo):
Los recursos esenciales (como el agua potable, la energía, las materias primas, el espacio vital y el suelo cultivable) son limitados, lo que conduce a un fenómeno de escasez y falta de diversificación económica, además de crear el problema de la actividad única (monocultivo). Esta circunstancia se destacó en el Analysis of the island regions and outermost regions of the European Union (Análisis de las regiones insulares y ultraperiféricas de la Unión Europea) (3), donde se hacía especial hincapié en que la falta de agua potable causa graves problemas en verano en las islas del Mediterráneo cuando hay una gran afluencia de turistas. Se han creado desalinizadoras del agua de mar, pero las tradicionales consumen una gran cantidad de energía. Muchas islas no cuentan con un suministro energético suficiente y han de importar combustibles fósiles o electricidad a través de cables submarinos.
Las consecuencias de los riesgos naturales son más graves: las islas son frágiles desde el punto de vista ecológico.
En lo que se refiere concretamente a la cuestión de la accesibilidad:
En primer lugar, una observación. La Comisión tiene razón cuando dice que las restricciones de accesibilidad pueden implicar en la práctica que el tiempo de desplazamiento en coche o en tren aumente a causa de la travesía marítima. Por lo tanto, los isleños y sus PYME soportan altos costes de transporte, frecuencias de conexión difíciles, riesgos sociales y climáticos como resultado de su situación insular (4).
En segundo lugar, la Comisión también tiene razón al considerar que el «transporte» y las «comunicaciones» son elementos clave para la competitividad de las regiones. Así pues, si el desarrollo de los centros urbanos pasa por la triple accesibilidad (carretera/ferrocarril/avión) (5), este análisis resulta mucho más acertado para las islas, muchas de las cuales tienen también problemas de accesibilidad de HDSL (6). Este problema reviste una dimensión especial debido a que los enlaces y conexiones internacionales a otros centros económicos importantes son criterios prioritarios para determinar la localización de las inversiones (7).
Por último, las islas experimentan grandes dificultades para acceder al gran mercado europeo. Como ya se ha señalado, han de hacer frente a unos costes de transporte elevados y, por consiguiente, las PYME insulares no resultan atractivas. Tampoco pueden contar con los mismos modos de producción que el continente. Debido a los costes de los suministros, no pueden trabajar siguiendo el método «just-in-time» (justo a tiempo). Por lo tanto, los costes de producción son más elevados.
Todos estos elementos ponen de relieve las desventajas que sufren las islas en el mercado interior: no cuentan con todas las condiciones necesarias para aprovecharse de todos los beneficios que ofrece este mercado de unos 500 millones de consumidores.
La UE debería evitar la política del «café para todos» y fomentar el planteamiento integrado antes mencionado. El problema de las islas es complejo, ya que acumulan varias desventajas. Pero también hay que aprovechar sus ventajas, que existen y pueden ser la base de un desarrollo socioeconómico integrado. Por ejemplo: los recursos pesqueros, las fuentes de energía renovables, las actividades económicas vinculadas al turismo, una fuerte identidad cultural, el patrimonio natural y la herencia cultural.
Asimismo, ha de señalarse que en un documento que acompaña a la citada Comunicación sobre el tema «Un mercado único para la Europa del siglo XXI», la Comisión promueve la idea del acceso a los servicios de interés general (SIG) en todo el territorio de la Unión Europea. Como señala la Comisión, es esencial «para la promoción de la cohesión territorial en la UE». Y añade lo siguiente: «Los territorios con una desventaja geográfica o natural, como son las regiones periféricas, las islas, las montañas, las zonas escasamente pobladas y las fronteras exteriores, tienen generalmente dificultades para acceder a los servicios de interés general, debido al alejamiento de los mercados importantes o al coste cada vez mayor de la conexión. Estas dificultades deben tenerse en cuenta». Por lo tanto, la Comisión parece ser muy consciente del problema: pueden concebirse iniciativas en este ámbito.
Ésta es la razón por la que la integración de las islas en el mercado interior ha sido problemática desde el Acta Única Europea. Las islas siguen siendo territorios vulnerables. Tal y como se ha señalado anteriormente, la mayoría de ellas no pueden depender de su mercado interno; las PYME insulares han de vender sus productos y servicios en el continente europeo. No obstante, la accesibilidad y las dificultades asociadas a una actividad única menoscaban su competitividad.
Teniendo en cuenta todo esto, el CESE señala la necesidad de incluir en la legislación futura una evaluación específica de todas las propuestas relevantes para las islas. El CESE subraya la necesidad de un planteamiento integrado con respecto a los problemas de las islas, a fin de tomar especialmente en consideración el principio fundamental de proporcionalidad y subsidiariedad que requieren las islas.
4. Un planteamiento integrado basado en las ventajas de las islas europeas
Como ya se ha señalado, el CESE solicita un planteamiento integrado con respecto a los problemas de las islas europeas, acompañado de un marco integrado de políticas comunitarias.
Las islas han de encontrar su lugar en la revisión del mercado interior (8). La Comunicación de 20 de noviembre de 2007 confirma las orientaciones favorables a las PYME mencionadas en el informe intermedio de febrero de 2007.
Debe animarse a las PYME a que participen en actividades transfronterizas. Esta idea implica la existencia de un mecanismo de continuidad territorial que pueda ayudar a los isleños europeos a acceder a mercados tanto a través de su Estado (miembro) continental como a través de otro Estado (miembro) vecino. Existen ejemplos concretos y eficaces de ello. Así, Bornholm, una isla danesa, se beneficia de una conexión marítima subvencionada con fondos públicos con Ystad, en Suecia. También existe continuidad territorial entre la Francia continental y Córcega.
Este instrumento consistente en una conexión marítima subvencionada ha mejorado la calidad de las condiciones de transporte entre estos dos territorios franceses, y sin duda merecería desarrollarse con Italia (habida cuenta de que resulta más fácil para un corso llegar al continente europeo a través de Italia que de Francia). Por este motivo, el CESE considera que sería interesante estudiar la posibilidad de hacer esta práctica extensiva a todas las islas europeas y «europeizar» su uso. Además, la experiencia demuestra que la aplicación de este instrumento debe realizarse desde las islas hacia el continente, y no al revés.
Esta «europeización» del instrumento de continuidad territorial serviría para concretar la integración transfronteriza, como señala la Comisión en su Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo XXI».
Disponer de un mercado interior enfocado a una sociedad basada en el conocimiento que pueda traducirse, entre otras cosas, en difundir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la UE, podría constituir realmente una oportunidad para diversificar las economías insulares.
Debe recordarse que las islas cuentan con un entorno natural favorable a la innovación (por ejemplo, energías renovables, biotecnologías azules, etc.). Sabiendo que, según el citado 4o Informe sobre la Cohesión, los resultados económicos y en materia de innovación están vinculados, las islas disponen de un gran margen de maniobra.
Si se toma en consideración que la mayoría de las islas cuentan con actividades pesqueras, la bioenergía puede interesar a los acuicultores o a los pescadores-marinos. Las políticas públicas han de facilitar los medios para desarrollar estas iniciativas. Las políticas públicas deben ayudar a las islas a desarrollar los recursos marítimos renovables (como la energía maremotriz procedente de las mareas y las corrientes marinas, o, concretamente en el caso de las regiones ultraperiféricas, la energía térmica de los océanos).
En el caso de la agricultura, la flexibilidad en la aplicación de los dos pilares de la PAC deberá poder brindar mayores beneficios a los agricultores insulares.
Estas energías son indispensables para las islas que soportan una alta presión sobre el uso del suelo y cuya dependencia geográfica de los combustibles fósiles frena su desarrollo. Así pues, deberían encontrarse alternativas a esta dependencia en las energías renovables que pueden representar otras fuentes para estos territorios. En este contexto, las islas son lugares extraordinarios para la experimentación y el desarrollo y, de esta manera, pueden ser útiles a Europa. La isla de la Reunión anunció recientemente su deseo de comprometerse con una política consistente en utilizar exclusivamente fuentes renovables; ya se han identificado importantes recursos marinos renovables. La energía eólica constituye otro buen ejemplo. La isla canaria de El Hierro estará abastecida exclusivamente por una combinación de turbinas eólicas y energía hidroeléctrica en 2009.
Disponer de un mercado interior basado en una buena legislación europea (9) implica que es necesario estudiar la manera en que se aplica la legislación europea vigente y comprobar si tiene los efectos inicialmente previstos. En cuanto a los problemas de regulación examinados anteriormente, esta iniciativa tendría sin duda un impacto positivo para las islas. El siguiente proyecto piloto podría realizarse en este sentido: de conformidad con la Directiva sobre los Servicios, antes del 28 de diciembre de 2011 y cada tres años a partir de esa fecha, la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe global sobre la aplicación de esta Directiva. En este sentido, podría adoptarse un planteamiento territorial y podría evaluarse la situación de las islas en comparación con otras regiones.
Todos estos elementos contribuyen a encontrar posibles soluciones para una mejor integración futura de las islas en el mercado interior. Y esta integración se basa en la consecución de dos objetivos: el poder de atracción y la diversificación.
5. Una aplicación adecuada de las políticas en las islas europeas
A fin de lograr los dos objetivos antes mencionados, el CESE considera que una aplicación adecuada de las políticas depende de las iniciativas siguientes.
Garantizar mejores conexiones entre las islas y el continente gracias a políticas de transporte e innovación.
Numerosos empresarios insulares se quejan de los costes adicionales que tienen sus productos cuando llegan a un puerto del continente (debido al transporte). Algunos estudios estiman en un 20 % este coste adicional. No obstante, dado que los productos difieren unos de otros, deberían realizarse estudios precisos (cuya metodología podría basarse en la utilizada para las regiones ultraperiféricas). Así pues, para lograr este objetivo es importante crear las condiciones adecuadas para que las instituciones locales insulares puedan evaluar el coste de la insularidad. Por ello es necesario que las islas cuenten con servicios estadísticos locales y con indexaciones locales de los precios. Al final de este proceso, debería surgir una metodología común de evaluación entre todos los servicios estadísticos locales de las islas europeas.
De una manera más general, las islas necesitan servicios eficaces de interés general.
Habría que adoptar un planteamiento geográfico con respecto a la Iniciativa «Legislar mejor», lo que implica:
Evaluación del impacto en las islas de toda iniciativa de la UE sobre el mercado interior. Y no sólo intersectorial, sino también geográfico. Incluir un «toque isleño» en todas las políticas de la UE.
Flexibilidad al aplicar las normativas de la UE.
Simplificación de las tareas administrativas, y en particular por lo que se refiere al acceso a la financiación por parte de las PYME.
Las autoridades públicas a nivel nacional, regional y local también deberán adoptar este comportamiento.
Por lo tanto, más allá del mero aspecto de simplificación, debe destacarse la necesidad de aplicar estrategias que sean coherentes de un nivel político a otro.
Habría que animar a los funcionarios europeos a seguir períodos de formación en las islas para que puedan comprender la realidad de estos territorios particulares. Así pues, el CESE apoya decididamente el programa «Experiencia empresarial», y pide a las PYME de las islas que soliciten acoger a funcionarios europeos. Esto representa también una oportunidad para que los funcionarios europeos puedan comunicarse directamente, sobre el terreno, con los habitantes de las islas sobre las cuestiones europeas, como se demostró en la reunión del Grupo de estudio celebrada en Ajaccio los días 7 y 8 de abril de 2008. Cuando se celebran reuniones con los ciudadanos de la UE en los Estados miembros, se comprende y se debate mucho mejor la UE y sus políticas.
Habría que hacer hincapié en la importancia que deben tener en el futuro las políticas sobre las ayudas públicas regionales. En este punto concreto, el CESE respalda firmemente las propuestas del informe Musotto, en particular:
flexibilidad en la aplicación de las políticas actuales y futuras en materia de ayudas estatales, pues sin flexibilidad se ocasionarían inaceptables distorsiones del mercado dentro de la UE;
examinar la posibilidad de ampliar un régimen que posibilite conceder ayudas de funcionamiento a todas las regiones insulares que no constituyan Estados insulares ni islas interiores en las próximas directrices sobre ayudas estatales a las regiones.
Se debería reforzar las capacidades de las PYME insulares:
Facilitar el acceso de las PYME a la investigación y la innovación, por ejemplo gracias a herramientas como JEREMIE. Es un hecho que en las islas hay una gran escasez de investigadores, laboratorios y patentes. La investigación de carácter privado es tan deficitaria que sería necesario aumentar la investigación pública. También debería explorarse la idea de establecer zonas francas. En comparación con la situación del continente, las islas están en una posición de inferioridad, excepto en los casos en que las autoridades públicas practican una política activa o en los casos en que un determinado sector tiene tal importancia económica que permite superar un umbral capaz de generar o sostener actividades de investigación. Además, un enfoque así posibilita la preservación de un conocimiento ancestral, que constituye una dimensión de la innovación que no hay que olvidar.
Exportar a terceros países. Cabe recordar que la Comisión, en su informe intermedio sobre la revisión del mercado interior (febrero de 2007), se pronuncia a favor de un futuro mercado interior abierto al mundo entero. Esta posición se confirma en la Comunicación «Un mercado único para la Europea del siglo XXI». En ella la Comisión solicita «ampliar el espacio regulador del mercado único». Esta idea podría concretarse mediante planes de cooperación entre la UE y sus Estados miembros con los países vecinos.
Beneficiarse de una mano de obra altamente cualificada. Las islas se ven afectadas por la emigración de sus jóvenes, que prefieren buscar oportunidades de formación universitaria y de conseguir ingresos elevados en el territorio continental. Aunque el PIB no sea un indicador o criterio perfecto, el 4o Informe sobre la Cohesión señala que su incremento depende de la productividad y de la población activa. El CESE está firmemente convencido de que es preciso fomentar iniciativas encaminadas al desarrollo de universidades y otros centros de educación superior en las islas, dado que son una condición necesaria para ofrecer formación a la población insular. A modo de ejemplo, la Universidad de Córcega, desde su reapertura en 1981, ha podido mejorar cuantitativa y cualitativamente el capital humano regional, gracias al aumento del número de estudiantes. Esta mejora ha tenido como consecuencia la reducción de ciertos desequilibrios del mercado de trabajo y ha supuesto un respaldo a la expansión de algunas empresas y sectores económicos (transformación de alimentos, turismo, TIC, etc.).
Apoyarse en sus rasgos característicos para fomentar el desarrollo más adecuado. A este respecto, la Comisión Europea, en su Libro Verde sobre política marítima, subraya acertadamente que «la diversificación de los productos y servicios del turismo puede ayudar a aumentar la competitividad de los destinos costeros e insulares». Esta diversificación, dado que está en consonancia con una dimensión (no) tecnológica de la innovación y responde a la necesidad de una diversificación global de las actividades económicas de las islas (muchas islas tienen el turismo como única actividad económica), se ve condicionada por los siguientes requisitos:
Elaborar un inventario completo de la situación de cada isla europea.
Confeccionar una lista exhaustiva de las desventajas que supone la insularidad para el turismo.
Determinar el nivel de infraestructura de cada una de las islas.
Favorecer intercambios y contribuir al desarrollo de servicios e infraestructuras hoteleras y de transporte mediante la firma de contratos especiales entre las regiones insulares y la Unión Europea.
Estudiar las posibilidades de ofrecer apoyo y estructuras para facilitar la diversificación del turismo (cultural, rural, arqueológico, juvenil, deportivo, pesquero, turismo de negocios, etc.).
Examinar la propuesta de poner en práctica planes de desarrollo del turismo regional en las islas, como fase previa a las iniciativas de ámbito europeo, y hacerlos obligatorios para que se puedan beneficiar de la financiación europea específica destinada a las regiones insulares de la UE y prevista en la programación de los Fondos Estructurales 2007-2013 dentro del objetivo de «competitividad regional y empleo».
Determinar qué métodos permitirían a las islas hacer del medio ambiente una fuente de actividades económicas (en particular, desarrollar estrategias de atracción del turismo basadas en hoteles ecológicos, restaurantes biológicos, actividades al aire libre, viajes de bioexploración, etc.). Y estas iniciativas se ajustan muy en particular a las empresas artesanales.
6. Gobernanza sólida para tener debidamente en cuenta la situación de las islas europeas
El CESE propone que se lleven a cabo las siguientes propuestas en el proceso legislativo:
Disponer de la mejor información posible sobre la situación de las islas. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de actualizar y agregar las estadísticas sobre las islas, dado que son las herramientas necesarias para adoptar una política pública acertada (a nivel europeo, nacional y regional). Este enfoque debería basarse en una evaluación individualizada que tenga en cuenta, entre otras cosas, la situación socioeconómica específica de las islas. También brindaría la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de los criterios basados en el PIB a la hora de evaluar las dificultades regionales.
Así pues, una condición previa para diseñar y aplicar cualquier política comunitaria relativa a las islas es la existencia de datos estadísticos suficientes y fiables y de indicadores relevantes. Los criterios basados en el PIB, así como los índices de desempleo, son claramente inadecuados, al menos tomados por separado, para poder entender de manera satisfactoria la realidad de los territorios insulares y los intricados mecanismos que los diferencian del resto de la Unión.
Esta situación no es nueva, pero hasta ahora se ha visto velada por el hecho de que, dado que la gran parte de la población insular de la UE recibía de cualquier modo el máximo nivel de ayuda (objetivo 1), en la práctica no tenía mucho sentido abordar un asunto tan complejo. No obstante, el proceso de ampliación y su subsiguiente «efecto estadístico» (es decir, el enriquecimiento relativo de territorios anteriormente menos favorecidos) han puesto de relieve la necesidad de definir la situación y las necesidades de los territorios insulares mediante indicadores estadísticos más adecuados y específicos.
Tal como sugiere el informe Musotto: «el trabajo ulterior debería orientarse hacia la definición de indicadores estadísticos más pertinentes para proporcionar una imagen estadística definida del nivel de desarrollo, y una comprensión satisfactoria de las regiones con desventajas geográficas y naturales acumuladas, como cordilleras y archipiélagos y casos de doble insularidad; […] dichos indicadores deberían permitir también evaluar mejor las diferencias entre dichas regiones y el resto de la UE, así como las disparidades entre las regiones en cuestión».
Disponer de un grupo interservicios para islas en la Comisión al objeto de adoptar un planteamiento integrado cuando se abordan sus dificultades.
El CESE pide a las autoridades públicas locales y a la sociedad civil que cooperen (y, en caso de que ya lo hagan, que mantengan dicha cooperación) para elaborar estrategias de desarrollo comunes. Es necesario que las comunidades insulares tengan un enfoque común de los proyectos dentro de una asociación constructiva.
El CESE opina que, en aras de la buena gobernanza, debería llevarse a cabo una revisión periódica de la situación de las islas, y pide a la Comisión que presente un Informe Anual al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones y al propio Comité en el que supervise y evalúe la eficacia de las medidas pertinentes adoptadas para resolver los problemas de las islas europeas. En este contexto, la Comisión debería incluir en ese informe anual sus propuestas de intervención. Así, se podría decir que el presente dictamen emprende un proceso dinámico a largo plazo.
En conclusión, la cuestión de cómo mejorar la integración de las islas en el mercado interior podría llevar a las partes interesadas a explorar dos vías diferentes con respecto a las anteriormente indicadas:
La cooperación reforzada entre Estados miembros insulares o que tengan islas (Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Suecia). En lo que respecta a las condiciones que deben reunirse para alcanzar el objetivo de adoptar una política europea para las islas, puede parecer que esta solución es imposible de poner en práctica. Por consiguiente, en la medida en que la propuesta debe proceder de los Estados, debería optarse por un enfoque de abajo arriba. Por ello, como se ha dicho antes, es necesario adoptar estrategias de desarrollo a nivel local. En esta perspectiva, los programas operativos (en el marco de los Fondos Estructurales 2007-2013) podrían considerarse como una buena base para el futuro periodo 2014-2020).
El futuro marco jurídico europeo podrá mejorar las soluciones actuales, gracias al Tratado de Lisboa y a la nueva redacción del artículo 158 del Tratado.
El futuro nuevo artículo 158, según ha sido modificado por el Tratado de Lisboa, dice así:
En el párrafo primero, las palabras «cohesión económica y social» se sustituyen por «cohesión económica, social y territorial».
En el párrafo segundo, se suprimen las palabras «o islas» e «incluidas las zonas rurales».
Se añade el nuevo párrafo siguiente: «Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña».
Esta nueva redacción responde al hecho de que, gracias al Tratado de Lisboa (que todavía debe ser ratificado), la dimensión territorial constituye el nuevo elemento de la cohesión europea. Este reconocimiento pone de relieve la voluntad de la UE de tener en cuenta todas las realidades de su territorio. Así, el futuro nuevo artículo 158 es la fijación concreta de dicha voluntad.
Definir la cohesión territorial no es tarea fácil. Ciertamente, el futuro Libro Verde supondrá una excelente ocasión para informarse de los diferentes enfoques que existen. En esta perspectiva, el CESE considera que la reflexión sobre la cohesión territorial está mirando más allá de las puras estadísticas económicas para considerar también la evidente realidad geográfica del territorio y los consiguientes puntos vulnerables que —en algunos territorios— podrían amenazar seriamente a la cohesión económica y social. Trabajar en la cohesión territorial consiste en buscar modos de reforzar la cooperación dentro del territorio de las islas y entre todos los territorios (si bien es cierto que debería apoyarse que haya un incremento de los Fondos Estructurales dedicados a este objetivo para el siguiente programa posterior a 2013), así como reforzar la asociación entre todas las partes interesadas (autoridades públicas y sociedad civil) en la elaboración y aplicación de las correspondientes políticas.
(1) El Observatorio del Mercado Único (OMU) del Comité Económico y Social Europeo está elaborando un dictamen sobre este paquete (INT/409, ponente: Sr. Cassidy, coponentes: Sr. Hencks y Cappellini) y sobre «La dimensión social y medioambiental del mercado único» (INT/416, ponente: Sr. Adamczyk) como complemento del primero. No publicado aún en el DO (adoptado en septiembre de 2008).
(2) Debe señalarse que este punto es reconocido, por suerte, en el 4o Informe sobre la Cohesión en lo que se refiere a las regiones ultraperiféricas (COM(2007) 273 final, p. 50).
(3) Analysis of the island regions and outermost regions of the European Union, Planistat, marzo de 2003.
(4) La Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA), lanzada el 28 de enero de 2008, hará que los pagos transfronterizos resulten igual de fáciles que los pagos nacionales.
(5) 4o Informe sobre la Cohesión (COM(2007) 273 final, p. 65).
(6) High bit-rate digital subscriber line (Línea de abonado digital de alta velocidad binaria).
(7) 4o Informe sobre la Cohesión (COM(2007) 273 final, p. 60).
(8) Véase el Dictamen sobre el tema «Revisión del mercado único», (DO C 93/25 de 27.4.2007).
(9) Véanse los dictámenes sobre los temas «Legislar mejor» (DO C 24/39 de 31.1.2006) y «Mejorar la aplicación de la legislación comunitaria» (DO C 24/52 de 31.1.2006).

References: artículo 29
 artículo 174
 artículo 299
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 158