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Timestamp: 2019-07-19 20:58:23+00:00

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Aplicación de beneficios fiscales:
Las asociaciones declaradas de utilidad pública dedicadas a la protección, asistencia o integración social de la infancia, de la juventud, de la tercera edad, de personas con minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enfermedades en fase terminal con los requisitos establecidos en el párrafo b) anterior.
Las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que en su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales.
Las operaciones societarias a que se refiere el artículo 57 anterior, a las que sea aplicable el régimen especial establecido en el Título I de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas.
La transmisión de solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial; las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con viviendas de protección oficial en cuanto al gravamen sobre actos jurídicos documentados; la primera transmisión ínter vivos del dominio de las viviendas de protección oficial, siempre que tenga lugar dentro de los seis años siguientes a la fecha de su calificación definitiva; los Préstamos hipotecarios o no, solicitados para su construcción antes de la calificación definitiva; la Constitución, ampliación de capital, fusión y escisión de sociedades cuando la sociedad resultante de estas operaciones tenga por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en régimen de protección oficial.
Los depósitos en efectivo y los Préstamos , cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se extenderá a la transmisión posterior de los Títulos que documenten el depósito o el préstamo, así como al gravamen sobre actos jurídicos documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representantivos de capitales ajenos por los que se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento.
Con independencia de las exenciones a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores, se aplicarán en sus propios términos y con los requisitos y condiciones en cada caso exigidos, los beneficios fiscales que para este impuesto establecen las siguientes disposiciones:
El Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales, con la modificación introducida por la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.
La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.
Los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, en Cajas de Ahorros y en Cooperativas de Crédito continuarán disfrutando en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la exención establecida en el Real Decreto-Ley 4/1980, de 28 de marzo, y en el Real Decreto-Ley 18/1982, de 24 de septiembre, por razón de su Constitución, de su Funcionamiento y de los Actos y Operaciones que realicen en el Cumplimiento de sus Fines.
La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.
La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
La Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Los beneficios fiscales no se aplicarán, en ningún caso, a las letras de cambio, a los documentos que suplan a éstas o realicen función de giro, ni a las escrituras, actas o testimonios notariales gravados por el artículo 71.
Artículo 89. Concesión de exenciones subjetivas.
1. Para la aplicación de la exención subjetiva prevista en el artículo 88.I.a), b) y c), de este Reglamento, habrá de incoarse ante el Ministerio de Economía y Hacienda un expediente de solicitud de exención en el que, necesariamente, deberán justificarse los siguientes extremos:
Inscripción de la fundación en el registro correspondiente.
A efectos de la debida clasificación, informe favorable del órgano de Protectorado correspondiente de que el establecimiento o fundación cumple con alguno de los fines señalados en el artículo 88.I.a).b) de este Reglamento o, tratándose de asociaciones, la declaración de utilidad pública de la asociación solicitante.
Gratuidad de los cargos de los patronos o representantes legales.
Compromiso de rendir cuentas a la Administración.
En dicho expediente se aportará copia auténtica de los Estatutos y Reglamentos por los que se rija la entidad que solicita el beneficio y éste se concederá sometido a la condición del mantenimiento de las circunstancias que justificaron la concesión previa de la exención.
2. Las distintas oficinas liquidadoras y la Inspección Financiera y Tributaria podrán, por vía de comprobación o por vía de inspección, periódicamente, solicitar justificación del mantenimiento de los extremos apuntados.
3. La revocación de la exención subjetiva a que se refiere este artículo, originada por el incumplimiento de los requisitos a que se encuentra subordinada, se efectuará por el Ministerio de Economía y Hacienda, previo expediente en que se justifique tal incumplimiento y tramitado con audiencia de la entidad interesada.
Artículo 90. Exenciones a entidades religiosas.
Para la aplicación de las exenciones establecidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 y en los Acuerdos de Cooperación del Estado con las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión Islámica de España, aprobados, respectivamente, por las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, se seguirá el siguiente procedimiento:
Cuando la condición de sujeto pasivo concurra en la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, Ordenes y Congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada de la Iglesia católica, o en las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, en las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, en la Comisión Islámica de España o en sus Comunidades miembros, la exención se aplicará directamente al presentar la autoliquidación correspondiente. Con la autoliquidación se acompañará la documentación necesaria para que la exención pueda ser comprobada por la oficina gestora competente.
Cuando la condición de sujeto pasivo concurra en las asociaciones y entidades que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas, hospitalarias o de asistencia social, la concesión de la exención requerirá su previo reconocimiento por acuerdo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, previo expediente tramitado al efecto a instancia del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto.
En este expediente, la entidad solicitante deberá acreditar necesariamente:
Su naturaleza y fines, mediante certificación expedida por la autoridad eclesiástica o religiosa competente.
A estos efectos, serán autoridades competentes:
El Obispo de la Diócesis correspondiente al lugar donde se encuentre domiciliada la entidad.
La Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
La Secretaría General de la Federación de Comunidades Israelitas de España.
La Comisión Islámica de España.
La inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, mediante certificación literal del mismo.
El destino, mediante cualquier medio de prueba, de los bienes y derechos adquiridos a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas, hospitalarias y de asistencia social.
5. Cuando el valor comprobado exceda en más del 100 % del declarado, la Administración pública tendrá derecho a adquirir para sí los bienes y derechos transmitidos, derecho que sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de firmeza de la liquidación del impuesto. Siempre que se haga efectivo este derecho, se devolverá el importe del impuesto pagado por la transmisión de que se trate. A la ocupación de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio, integrado exclusivamente por el valor declarado.

References: artículo 57
 artículo 71

Artículo 89
 artículo 88
 artículo 88

Artículo 90
 artículo 5