Source: http://www.desapol.com/2018/01/23/legislatura-viii-num-13-1-de-junio-de-2004-toma-en-consideracion-de-proposiciones-de-ley-de-comunidades-autonomas-del-parlamento-de-cataluna-organica-por-la-que-se-modifica-la-ley-organica-6-1/
Timestamp: 2019-04-24 22:06:40+00:00

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Legislatura VIII – Núm. 13, 1 de Junio de 2004 – DESAPOL
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el orden del día con la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas: la del Parlamento de Cataluña, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En representación del Parlament de Catalunya, tiene la palabra la honorable señora Cuenca i Valero, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Cuenca i Valero): Señor presidente, señorías, es un honor para mí… (Continúa su intervención en catalán.—Rumores.)
Señores diputados, dispongo del texto en castellano, que si lo estiman conveniente daré al presidente para su comprensión. En todo caso, solamente eran unas frases al comenzar la exposición y enseguida pasaré a exponerla en lengua castellana para que lo entiendan sus señorías. (La señora diputada entrega a la Presidencia el texto en castellano, que dice lo siguiente: «Es para mí un honor —habiendo sido diputada de esta Cámara durante dos legislaturas— presentar y defender en nombre del Parlamento de Cataluña una proposición de ley que pretende modificar —si merece el voto favorable de SS.SS— la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos lingüísticos de los ciudadanos que accedan a la Justicia, derechos estos vinculados…» La señora diputada continúa su intervención en castellano.)… vinculados al derecho a la tutela efectiva consagrada por la Constitución española en el artículo 24 y, por otra parte, a la adecuación del Poder Judicial o Administración de Justicia al Estado de las autonomías. El Pleno del Parlamento de Cataluña, en sesión de 24 de marzo, aprobó también la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2003, sobre diversos artículos (en realidad muchos artículos, una cuarentena) por considerar que son inconstitucionales, evidentemente, prima facie. En la votación sobre la interposición del recurso de inconstitucionalidad fue aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara excepto el Grupo Parlamentario Popular, y ocurrió lo mismo en la votación con motivo de esta proposición que hoy tengo el honor de presentarles.
Un aspecto de extraordinaria importancia contenido en esta proposición de ley es el tema de la lengua, que vinculamos no a la distribución territorial del poder del Estado sino al ejercicio de un derecho legítimo de los ciudadanos de Cataluña; derecho lingüístico que, por otra parte, ha sido eficaz en el ámbito de las diferentes administraciones públicas, pero no así en el ámbito de la justicia, que ha sido impermeable. El conocimiento de la lengua propia del territorio, en este caso de Cataluña, por parte de los funcionarios que acceden a una plaza en una comunidad autónoma con lengua propia es exigible —y esto es lo que pretendemos con esta proposición— por cuanto la lengua en ese territorio es lengua oficial; pero no sólo por esto sino también por un principio de eficacia y celeridad en la Administración de Justicia.
Otro aspecto —les decía al principio en catalán y como lo repito en castellano yo creo que nadie podrá objetar desconocimiento— es la adecuación del Poder Judicial al Estado autonómico. Saben SS.SS. que el Poder Judicial es el único poder del Estado que no está territorializado. Hablamos con frecuencia de justicia de proximidad, de la conveniencia por tanto de aproximar la justicia a los administrados, pero la Constitución española atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de administración de justicia y, a la vez, establece el principio de unidad jurisdiccional consagrado en el artículo 117.5 de la Constitución española. En base a esto, señorías, ¿no es posible entonces ninguna participación de las comunidades autónomas en la cuestión de la administración de justicia? Tengo que decirles que sí, y por la propia Constitución española que en el artículo 152.1 prevé esta participación, evidentemente, si los estatutos de autonomía de las correspondientes comunidades autónomas así lo prevén. Es cierto que el deslinde competencial no se estableció en los estatutos de autonomía puesto que era un Estado autonómico incipiente y no estaba prevista esta distribución de competencias. En todo caso, la Constitución española lo prevé y de esta manera el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene una cláusula subrogatoria que sitúa al Gobierno autonómico en la misma posición que estaría el Gobierno del Estado en cuanto a competencias en aquellas materias —me refiero a medios personales y materiales— que no son elementos esenciales en la función jurisdiccional ni tampoco del autogobierno del Poder Judicial, y no por ello se rompe la unidad jurisdiccional, como a veces se ha oído decir. Lo reconocen explícitamente y con una doctrina interesante las sentencias —que creo que conocen SS. SS.—52 y 60 de 1990. Nos estamos refiriendo a lo que en estas sentencias también se deslinda y se refiere a la administración de la Administración de Justicia, diferente de la función jurisdiccional o la Administración de Justicia stricto sensu.
A defender este deslinde entre lo que es la Administración de Justicia y la administración de la Administración de Justicia van destinados varios artículos de la proposición que hoy estoy presentando a SS. SS. Dentro de este apartado de la distribución competencial merece atención especial, puesto que no puedo comentar todos los aspectos por el escaso tiempo asignado, lo relativo a los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia. Saben SS. SS. que hay dos tipos de funcionarios, los que llevan a cabo una función jurisdiccional, es decir, los magistrados, jueces y también secretarios de gobierno, que en este caso sería parajurisdiccional, y otro tipo de funcionarios que son el personal al servicio de la Administración de Justicia. Me refiero a estos puesto que sobre los primeros, los magistrados, jueces y secretarios, el Estado tiene competencia exclusiva en su regulación. Me refiero a estos segundos que son cuerpos nacionales única y exclusivamente porque la ley orgánica así los define, y no solamente esto sino que les ha dotado de una naturaleza orgánica. Al conceptuar estos cuerpos de personal al servicio de la Administración de Justicia como nacionales, cuando es una materia conexa que no tiene que ver con la justicia, se vacían de contenido las competencias de las comunidades autónomas; competencias que por otra parte les otorgan los estatutos de autonomía y la Constitución. Por esto, señorías, es por lo que pretendemos modificar esta ley, para que sea respetada tanto la Constitución como los estatutos de autonomía correspondientes, porque creemos que la Ley Orgánica 19/2003, del Poder Judicial, no respeta en este aspecto competencial el apartado 22 del Pacto por la justicia que suscribieron todos los grupos parlamentarios, pacto que señalaba que había que redistribuir las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, siempre que estas competencias fueran asumidas en sus propios estatutos. También los libros blancos de la justicia proponían con esta finalidad, para dotarnos de una justicia más eficaz —decía—, reducir las competencias del Ministerio de Justicia sobre…
El señor PRESIDENTE: Señora Cuenca, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora CUENCA I VALERO: … sobre este personal al servicio de la Administración de justicia; pero la ley orgánica la refuerza. Y entonces pregunto a SS. SS., ¿qué adaptación opera del Poder Judicial al Estado de las autonomías si las comunidades autónomas no pueden materializar ni siquiera sobre este personal ni competencias de ejecución?
Señorías —voy acabando—, el Pacto por la justicia, como decía, fue suscrito por todos los grupos parlamentarios porque todos compartían la necesidad de reformar en profundidad la justicia, su organización, sus métodos, la distribución territorial, pero la ley que había de plasmar el Pacto de la justicia, es decir esta ley orgánica, tuvo un débil grado de concertación no sólo política, con todo y ser muy importante, sino también profesional y socialmente. Tampoco fue avalada esta ley orgánica por las comunidades autónomas, en concreto Cataluña y el País Vasco, y creemos que una reforma de tanto calado, de tanta profundidad, debería haber concitado algo más que la mayoría absoluta cuando ésta únicamente derivaba de un solo grupo de esta Cámara, el Grupo Popular.
Nos encontramos hoy, señorías —acabo, señor presidente—, seis meses después de la aprobación de esta ley, proponiendo una reforma porque consideramos que no protege el derecho lingüístico de los administrados en su relación con la justicia, porque la justicia en este sentido no es eficaz y porque se conculcan las competencias de las comunidades autónomas que, como Cataluña, las han previsto en sus propios estatutos. Señorías, no debería ser difícil —es opinión de esta diputada del Parlamento de Cataluña— la toma en consideración de esta proposición de ley, por cuanto los mismos grupos políticos que han apoyado en el Parlamento de Cataluña esta proposición conforman una más que suficiente mayoría parlamentaria en esta Cámara y, por otra parte, dan también su apoyo al Gobierno socialista. Señoras y señores diputados, espero que esta proposición del Parlamento de Cataluña obtenga los suficientes votos para poder ser tramitada como proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, por su atención. (Aplausos.)
El turno es para la ilustre señora Santos i Arnau, del Grupo Parlamentario Socialistes-Ciutadans pel Canvi. Tiene la palabra.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Santos i Arnau): Señor presidente, señorías, tengo el honor de trasladar y defender en esta Cámara la Resolución 1670/6, del Parlamento de Cataluña, por la que se acordó presentar la proposición de ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985. La proposición que defiendo y que cuenta con el apoyo de una amplísima mayoría del Parlamento de Cataluña se contrae a tres aspectos básicos: el necesario conocimiento de la lengua propia y oficial de la comunidad autónoma por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia que desempeñan sus funciones en ella, la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar de manera más eficiente el personal no judicial de la Administración de Justicia, y la reorganización de la oficina judicial y el papel de los secretarios judiciales. En definitiva, se contrae a la necesaria y pendiente adaptación de la Administración de Justicia a la configuración autonómica del Estado. No es momento ahora de entrar en los múltiples aspectos técnicos de la proposición; tiempo habrá si —como espero— se aprueba su toma en consideración. Baste decir por ahora que nada, ni técnica ni constitucionalmente, impide dichas reformas. Antes bien, se estarían dando los pasos para dar cumplimiento a algunos de los derechos fundamentales, a adecuar también la Administración de Justicia al Estado de las autonomías y mejorar sensiblemente la eficacia del servicio público de la justicia, que en definitiva es de lo que se trata.
En relación con el requisito de conocimiento de la lengua propia y oficial, la proposición plantea efectivamente la necesidad de su conocimiento, y lo hace con escrupulosa prudencia y mesura para los funcionarios, porque lo que se propone no está afectando a los derechos de cuerpo de estos funcionarios, ni a su acceso ni a su asignación ni a su movilidad. Lo que en realidad está afectado por la actual regulación es el ejercicio de derechos lingüísticos de los ciudadanos, el ejercicio de derechos lingüísticos del justiciable, y por tanto se vincula a la tutela judicial efectiva. Sólo un 6 por ciento de los procedimientos y de las sentencias de las casi dos millones de actuaciones judiciales anuales en Cataluña se dictan en catalán, y aún gracias a planes piloto de fomento. En otros ámbitos de las administraciones públicas y con relación al uso y conocimiento de las lenguas se ha sabido encontrar solución y acomodo para los distintos derechos e intereses en presencia —véase lo arbitrado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre—, pero inexplicablemente y pese a mayor razón para aplicarlo la Administración de Justicia ha quedado hasta ahora al margen. Por lo que respecta a la posibilidad de gestionar el personal no judicial por parte de las comunidades autónomas tiene en estos momentos, si cabe, mayor sentido. La nueva regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley 19/2003, lo dificulta de tal manera que incluso priva de virtualidad a los artículos 150 de la Constitución y 18 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Quizá se trate de un problema de enfoque, de dónde poner el énfasis: la justicia como poder o la justicia como servicio público. Nosotros, reconociendo sin ningún género de duda la primera, entendemos que es perentorio poner todos los medios que garanticen la calidad y la eficacia del servicio público de la justicia,
y eso pasa por la inmediación también en la gestión. Cuando proponemos la supresión del modelo de los cuerpos nacionales no ponemos en cuestión la competencia exclusiva del Estado que figura en el artículo 149.1.5 de la Constitución, pero sí afirmamos junto al Tribunal Constitucional en sus sentencias 56 y 62 de 1990 que no es el único modelo admisible constitucionalmente y que un modelo distinto permitiría al Estado y a las comunidades autónomas aplicar la cláusula subrogatoria y en su virtud, sin perjuicio de su estatuto jurídico básico, poder desarrollar una política de personal más acorde a las necesidades y realidades de la comunidad.
He intentado sintetizar —y creo que lo he conseguido— en el escaso tiempo de que dispongo las razones que justifican esta proposición. Para acabar, porque es justo, conveniente, necesario y razonable, sobre todo muy razonable, solicito de SS.SS. un voto favorable a su toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Santos.
La palabra es para el ilustre señor Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ridao i Martin): (Comienza su intervención en catalán.—Rumores.)
Ciertamente, no puede desconocerse que la Constitución consagra o diseña al mismo tiempo que un poder judicial claramente independiente, y por tanto protegido de las vicisitudes políticas más inmediatas, un poder judicial único; un poder judicial único además que es el principal exponente de —diríase— la extrema debilidad del principio federal en la Constitución de 1978; una Constitución que con unas bases fuertemente centralizadas y centralistas consagra el principio de la unidad jurisdiccional, hace una remisión del Poder Judicial a una ley orgánica, integra en un único cuerpo estatal a los jueces, magistrados, secretarios, fiscales, y a partir también de la configuración de una competencia claramente exclusiva del Estado en la Administración de Justicia y en la legislación procesal. Pero ello no quiere decir, como han dicho también las señorías que me han precedido en el uso de la palabra, que las comunidades autónomas, pongamos por caso la Generalitat de Catalunya, no puedan asumir más competencias, o bien que los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial o las distintas funciones jurisdiccionales no puedan adaptarse a las estructuras de nuestro Estado de las autonomías, que es un Estado compuesto en el marco de la Constitución, aunque lo deseable sería que en el marco de una eventual reforma de la Carta Magna este tema pudiera solucionarse. Así lo tiene dicho, por cierto, el Tribunal Constitucional cuando admite la existencia de otras opciones constitucionalmente posibles. De ahí que lo que se pretenda con esta proposición de ley sea, en primer lugar, reforzar las competencias autonómicas conferidas ya por los respectivos estatutos, atendiendo a que el propio Tribunal Constitucional tiene dicho reiteradamente que la administración de la Administración de Justicia no forma parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva del Estado. En segundo lugar, se pretende interiorizar o, si ustedes lo prefieren, territorializar también todo el personal al servicio de la Administración de Justicia incorporándolo a la función pública autonómica, por tanto contra la opción de mantener los actuales cuerpos nacionales, una solución desde luego, al menos desde nuestro punto de vista, totalmente incompatible con las competencias autonómicas y que hoy en día abraza aspectos tan prosaicos como la convocatoria de las distintas vacantes, la selección y formación del personal, la provisión de destinos, el horario, la jornada, el régimen disciplinario, lo que, dicho sea de paso —como reconocía el propio Libro Blanco de la Justicia—, añade una excepcional complejidad al sistema de reparto de funciones o de competencias en esta materia entre el Estado y las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, con esta proposición de ley se propone introducir el requisito del conocimiento tanto de la lengua como del derecho propio de las comunidades autónomas de que disponen para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, y en el caso de jueces y magistrados, sobre los que esta proposición de ley pone especialmente el acento, la introducción del catalán como requisito para cualquier concurso de traslado, la introducción también de programas de formación intensivos y la garantía total para el justiciable de la utilización de la lengua oficial que designen las partes en el procedimiento y, en caso de discrepancia, la lengua propia de la comunidad. Ello es así para poder, en primer lugar, equiparar jurídicamente el trato de las distintas lenguas diferentes del castellano, ni más ni menos el trato que hoy en día las distintas administraciones públicas ya garantizan; en segundo lugar, proteger debidamente los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, de todos los usuarios, de todos los justiciables, porque el derecho del justiciable a escoger libremente la lengua con la que quiere relacionarse con la Administración de Justicia es un derecho fundamental y un derecho que hoy, señorías, no está suficientemente garantizado porque, por ejemplo, los jueces y magistrados no tienen el deber de conocer el catalán, el euskera o el gallego, lo que sin duda explica, por cierto, que en Cataluña el uso del catalán no se corresponda con la realidad sociolingüística del país. Un país donde el 99 por ciento de la población entiende el catalán evidentemente no se compadece, en absoluto, no es posible que se compadezca con la disponibilidad lingüística de la mayoría de oficinas judiciales donde el catalán está bajo mínimos, o que el total de las actuaciones escritas y orales en la Administración de Justicia no llegue al 25 por ciento. Tales objetivos, por tanto, como los diez mandamientos, se encierran básicamente en dos: el primero es mejorar la eficiencia de un servicio público esencial, un servicio público básico en un Estado de derecho para dar también respuesta diligentemente a las exigencias y necesidades de los ciudadanos; en segundo lugar, contribuir modestamente, si ustedes quieren, a fulminar la idea centralista de que la justicia tiene poco o nada que ver con las comunidades autónomas. No en vano hace muy pocos días en esta misma Cámara, en la Comisión de Justicia, el ministro señor López Aguilar anunció su compromiso, en primer lugar, de dar más competencias a los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, una cuestión largamente reivindicada, como ustedes saben, pero al mismo tiempo expresó también su claro deseo de que las distintas lenguas oficiales sean utilizadas, afirmando que en este ámbito hay que ser valientes. Pues bien, lo que no conocemos todavía del señor ministro y de su Gobierno, de la mayoría que le da apoyo, son exactamente los términos de ese coraje, de esa valentía que él exhibía. Por ello, los diputados que hemos presentado esta iniciativa en nombre del Parlamento de Cataluña esperamos que hoy se concrete ese primer paso, que dicho primer paso sea un paso firme y determinado en favor de una justicia más próxima y en favor del respeto y de la igualdad de todas las lenguas oficiales. (Termina su intervención en catalán.) (Aplausos.)
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tienen la palabra la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Antes de nada, quiero dar la bienvenida a los miembros del Parlament de Catalunya, a los que tenemos que agradecer que hayan traído esta iniciativa porque desde luego se corresponde con el contenido de lo que nosotros, como Eusko Alkartasuna, hemos defendido siempre en los debates sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y en todas y cualesquiera de las iniciativas que se han planteado en esta Cámara relativas a la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en relación con la Administración de Justicia. Por eso la proposición que hoy nos presentan contará con nuestro voto favorable. Y ello es así porque entendemos que el contenido de la misma recoge una buena regulación con respecto al uso de las lenguas en la Administración de Justicia, un tema que hay que regular de forma correcta, acorde con los derechos lingüísticos que los ciudadanos se merecen. También estamos de acuerdo con la regulación que perfila el Parlament de Catalunya en relación con el personal al servicio de la Administración de Justicia y con el modelo de oficina judicial que apuntan en esta iniciativa. En cuanto a los derechos lingüísticos, es evidente que hablan ustedes de los derechos que los ciudadanos y ciudadanas tienen en relación con la Administración de Justicia, como cualquier Administración que tiene que dar un servicio público al ciudadano, pero también hacen referencia al derecho que tienen de defensa, al igual que hablan del principio de una Administración eficaz en relación con esta cuestión. Ya es hora de que se lleve a cabo una regulación acorde con la función que tienen que desarrollar los agentes y operadores que intervienen en el proceso judicial, puesto que ha pasado ya mucho tiempo sin que esto se haga realidad.
Habría que citar aquí el contenido del propio ordenamiento jurídico y no solamente el de los estatutos de autonomía, el de la propia Constitución. Hay que recordar al Gobierno del Estado que tiene que cumplir con los compromisos jurídicos asumidos, con la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias, y que tiene que hacer suya una política de defensa e implantación de estos en todos los ámbitos del poder del Estado. Nosotros hemos defendido siempre esto y así lo hicimos también en el debate de totalidad en relación con la ley que hoy pretendemos modificar, la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
En cuanto a la segunda cuestión, relativa al personal al servicio de la Administración de Justicia, Eusko Alkartasuna defendió en esa tramitación la eliminación del concepto cuerpos nacionales, un concepto totalmente arcaico que no responde a la modernidad de la Administración. Esta fue una de las razones fundamentales en las que basamos nuestra enmienda a la totalidad con respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente en los títulos V y VI. El modelo que se plantea en esta proposición tiene nuestra total conformidad, dado que pone de relieve algo que nunca debió obviarse: las competencias de los estatutos de autonomía, en nuestro caso del Estatuto de Gernika, sobre todo por lo que se refiere a la cláusula subrogatoria que atribuye a las comunidades autónomas, aquellas que tienen competencia, las mismas facultades que se reserva el Gobierno o, en su caso, el Ministerio de Justicia. También nos parece un avance las previsiones que hacen referencia a que los secretarios tengan la consideración de personal al servicio de la Administración de Justicia y a que hay que acotar más adecuadamente sus funciones.
Ustedes nos proponen más cuestiones en las que no vamos a detenernos hoy, en la creencia y en la esperanza de que esta toma en consideración pasará este trámite y podremos, sin lugar a dudas, hacer nuestras aportaciones a una ley con la que no estuvimos de acuerdo en su contenido y no respondía ni responde a
los retos que tiene planteados la Administración de Justicia con relación a cómo organizar la oficina, a cómo debe ser la defensa de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin perjuicio de la lengua en la que se quieran dirigir.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Rodríguez.
Es siempre una satisfacción para el Bloque Nacionalista Galego contar con la presencia de los dignos representantes del Parlamento de Cataluña que, además, vienen siempre a este Congreso de los Diputados con iniciativas de su Parlamento que inciden en el problema del respeto por los derechos humanos —lo digo así— y respeto por la diversidad cultural y lingüística en el Estado español. Es, señora y señores diputados, la tercera vez que se va a debatir en este Congreso, por lo menos desde 1996, una iniciativa que intenta modificar la Ley Orgánica de 1985, del Poder Judicial, precisamente para que todos los ciudadanos del Estado español, sea cualquiera la lengua que tenga como usual, pueda ejercer en esta lengua sus actividades frente a la Administración de Justicia, sin desamparo, sin coerción y sin ningún tipo de represión. Digo que es la tercera vez porque ya en 1997, precisamente a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, se debatió una proposición que intentaba modificar la Ley Orgánica en el siguiente sentido. Decía: Para la provisión de las plazas de presidentes de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias, en aquellas comunidades autónomas que gocen de derecho civil especial o foral así como de idioma oficial propio, el Consejo General del Poder Judicial exigirá como requisito la especialización en estos derechos, civil, especial o foral, y de conocimiento del idioma propio de la comunidad autónoma. Y añadía: Reglamentariamente se determinarán los criterios de valoración del conocimiento del idioma propio y del derecho civil, especial o foral, de las referidas comunidades autónomas a los efectos de determinar si se cumplen los requisitos referidos en el artículo anterior para poder concursar a los órganos jurisdiccionales. Y acababa diciendo. En los concursos para la provisión de plazas en el territorio de aquellas comunidades autónomas que tengan lengua propia, se exigirá como requisito para poder acceder al concurso el conocimiento de ésta en los términos que se establezcan reglamentariamente. No prosperó esta iniciativa, como no prosperó otra nueva —también del Parlamento de Cataluña— en esta dirección en la legislatura anterior. Esperemos que esta vez tengamos éxito, porque es uno de los puntos más sangrantes y una de las deficiencias mayores desde el punto de vista democrático que se está dando en el Estado español. Que la Administración de Justicia, que es la que debe velar por el amparo y respeto de los derechos de todos los ciudadanos, no esté sometida a ese derecho que obliga a respetar la diferencia lingüística es increíble y conculca no solamente los derechos humanos elementales, sino el principio de cooficialidad y también ciertos textos de carácter internacional que el Gobierno español ha firmado, como la denominada Carta europea de lenguas minoritarias.
Concluyo, señorías. Una de las grandes novelas de la literatura gallega del siglo XX es precisamente el interrogatorio de un juez a un acusado de asesinato que pertenece a las clases populares, una novela que fue llevada al cine, no muy afortunadamente, por Gonzalo Suárez y que en español se llamaba algo así como: La diversión o La juerga; en gallego: A Esmorga. Pues bien, nuestro escritor tuvo que recurrir a poner las palabras del magistrado simplemente con un guión y en blanco, solamente para que pudiera ver las respuestas de un hombre de las clases populares que no sabía hablar más que gallego. Así podíamos comprender hasta qué extremo no había diálogo, hasta qué extremo había sordera e indiferencia. Aspiramos a que en el futuro no solamente el juez o el magistrado, sino todas las partes afectadas, al unísono, puedan utilizar la lengua de su parecer con un criterio que se emplea incluso para respetar a los ciudadanos extranjeros en el Estado español. Y, por supuesto, que toda la estructura de la justicia deje de justificar su total falta de interrelación con los gobiernos y las administraciones autonómicas en nombre de que son cuerpos nacionales, algo así como si fueran militares no se sabe al servicio de qué. Son funcionarios al servicio de la sociedad y si algún día llegamos a tener una estructura judicial en el Estado español donde la cúspide, la pirámide sea el Tribunal Superior de Justicia de cada una de las comunidades autónomas, lo lógico es aceptar las propuestas que se hacen de forma mesurada y comedida en esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones.
Mi grupo quiere que nuestras primeras palabras sean de saludo, acogida y bienvenida a los tres representantes del Parlamento de Cataluña que nos traen esta iniciativa cuya toma en consideración mi grupo va a votar favorablemente.
Estamos en esa línea de favor por los siguientes principios. Primero, el principio de solidaridad de comunidad autónoma con comunidad autónoma, con partidos nacionalistas y con los que sienten que el título VIII de la Constitución española cubre perfectamente el principio de constitucionalidad con que llega aquí la iniciativa del Parlamento de Cataluña. Por tanto, por nuestra parte no hay ninguna duda sobre estos derechos que se reconocen a los pueblos, a las nacionalidades del Estado español, sobre estos ajustes en una legalidad del día a día y en lo que demanda la sociedad, basados en los principios constitucionales. Segundo, el principio que ya se empleó en la transición para hacer posible la convivencia a la salida de la dictadura de que había que hacer normal en el ámbito de Gobierno y, por tanto, de la Administración, lo que es normal a nivel de calle, y en la normalidad de las calles de Cataluña, en la lengua conjunta o como se quiera decir, está el catalán en todos sus derechos y principios. Por tanto, nos parece del mejor sentido común y de la mayor naturalidad llevar a esta área de lo que viene reglamentado —en muchos aspectos ya casi se nos ha quedado anticuada la Ley del Poder Judicial de 1985— esta modificación que se pretende. ¿Qué más lógico para esta normalización que el vínculo intermedio, las estructuras del aparato judicial en cualquiera de sus niveles, de magistrado, de jueces, de secretarios de justicia, de personal, tengan la obligación y el derecho de conocer precisamente una lengua vernácula como el catalán para la Administración de Justicia? Es una forma; lo importante para todo ciudadano sería que tengamos una buena justicia, una justicia al servicio del pueblo en todos sus aspectos, de los principios de fondo y de los principios de forma. Por todas esas razones, mi grupo, cómodamente, votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa del Parlamento de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posición del señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, quiero agradecer su presencia, grácias als grups que representen la nostra voluntad, la voluntad també d’ICV, y darles la bienvenida porque nuestro grupo parlamentario es el cuarto grupo que dio apoyo a esta iniciativa, a esta proposición de ley.
Creemos que es importante y muy positiva la noticia de que la primera proposición de ley viene del Parlament de Catalunya y procede de una iniciativa que se ha repetido en esta Cámara en diferentes ocasiones y que, a diferencia de las otras veces, esta vez sea previsible el voto favorable de la Cámara. De hecho, esta proposición de ley trata algo que no está bien resuelto, la relación entre la Administración de Justicia y las comunidades autónomas. Trata y afecta a derechos básicos, a derechos lingüísticos no reconocidos en la Administración de Justicia, en Cataluña en concreto, y al conocimiento del derecho propio. Además, lo hace en circunstancias muy distintas. En la anterior legislatura, en el Parlament de Catalunya la señora Nadal, hoy aquí presente, discutía con Rafael Ribó, diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds en el Parlament de Catalunya, sobre la oportunidad de que prosperase esta proposición de ley y el señor Ribó anunciaba que difícilmente saldría adelante debido a la mayoría existente en el Congreso de los Diputados. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo parlamentario que es el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, valoramos muy positivamente el cambio de circunstancias que hará que una iniciativa discutida de forma diferente, pero de forma reiterada en esta Cámara, sea aprobada de forma definitiva. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar el derecho lingüístico de ciudadanas y ciudadanos que utilizan el servicio de la Administración de Justicia. Se trata del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. De hecho, la fórmula seguramente no es la más exigente, pero supone y expresa un paso adelante importante. Exige el conocimiento del derecho propio, el conocimiento de la lengua en el caso concreto del concurso de traslado. Y esto para nosotros es un paso adelante que equipara jurídicamente las distintas lenguas y que equipara los derechos de los ciudadanos en la elección de las mismas. El segundo objeto es que cabe de forma definitiva la intervención de comunidades autónomas, de acuerdo con el Real Decreto 246/1996, el reglamento orgánico de cuerpos oficiales, auxiliares y de agentes al servicio de la Administración de Justicia. La proposición plantea el control por parte de la oficina judicial de la Generalitat de lo que tiene que ser la Administración de Justicia. De hecho, la política de personal más acorde a las necesidades de la Administración de Justicia necesita de la participación activa, activísima, de la Administración autonómica y, en el caso concreto de Cataluña, de la Generalitat. Esta asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas supone que acabemos de una forma definitiva con una situación de anormalidad en Cataluña. La normalización del catalán, dada en la mayoría de la sociedad, tiene un vacío muy claro. Todos aquellos que hemos participado en la Administración de Justicia lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Aquí ya no basta con las políticas realizadas hasta el momento, no basta con la subvención, no basta con destinar más recursos a esta normalización del catalán. Todo esto ya se ha hecho. Lo que necesitamos, en definitiva, es la adecuación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el estatuto jurídico básico del personal de justicia, de acuerdo con los artículos 150.1 y 122 de la Constitución. Se trata de adecuar este estatuto jurídico básico del personal de justicia a una administración como la de la Generalitat, a una administración donde ha habido un proceso de descentralización y un proceso de asunción de competencias, donde comunidades autónomas tengan capacidad de incidir.
Por todo eso, nuestro grupo va a apoyar la propuesta. Entendemos que esta propuesta es aquello que significa empezar a dar cuerpo al compromiso político del ministro de Justicia, un compromiso político que de lo que hablaba era de la asunción del carácter plurilingüe, también en la Administración de Justicia. Por tanto, creemos muy positivo que hoy la que empieza a marcar los tiempos, la que empieza a dar contenido, la que empieza a definir este carácter plurilingüe también de la Administración de Justicia, la que da contenido al artículo 24 de la Constitución, consagrando el derecho a la tutela judicial efectiva, sea esta proposición de ley. Es por ello que nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds dará apoyo a esta proposición de ley asumiendo el compromiso que adquirimos en el Parlament de Catalunya, anunciando la buena nueva que es que este Parlamento va a apoyar esta iniciativa y evidenciando que las condiciones en que se dio el debate entre la señora Nadal, el señor Ribó, el señor Ridao, el señor Vallés y tantos otros han cambiado y, afortunadamente, una iniciativa reiterada en el Congreso de los Diputados con formas distintas, seguramente con matices también distintos, por primera vez va a prosperar.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra doña Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo quiere comenzar dando la bienvenida a los representantes del Parlament de Cataluña, considerando que vemos con extraordinaria simpatía la iniciativa que hoy nos traen, primero, por el tipo de la misma, es decir, que propone introducir la voluntad de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en el Congreso de los Diputados, y, en segundo lugar, por su contenido, al que también me referiré.
Todos ustedes conocen —ahora que estamos hablando de posibles modificaciones en el texto constitucional o en el Reglamento de esta Cámara— que fue absolutamente novedoso reconocer en el texto constitucional la iniciativa legislativa de las asambleas de las comunidades autónomas. En la regulación constitucional de esta figura late inicialmente una cierta paradoja: si de una parte la potestad de remitir proposiciones de ley, que se reconoce a las asambleas autonómicas, constituye por sí misma una manifestación específica del principio de cooperación, a todos nos parecía que la relación órganos de las comunidades autónomas con los órganos del Estado estaba más bien inspirada en el principio de competencia. Este reconocimiento constitucional se hace en el artículo 87.2 del Reglamento de la Cámara, Reglamento que ahora también estamos hablando de modificar; también se había dado cabida a esta iniciativa. Es interesante ver el fruto que han dado a lo largo de los últimos tiempos estas iniciativas para ver si ahora que hablamos de modificaciones debe o no mantenerse esta posibilidad de ejercicio de la potestad. También hubo divergencias en cuanto al criterio de qué materias podían o no ser objeto de iniciativa legislativa por parte de los órganos de las comunidades autónomas y por fin se decidió que cualquier materia podía ser objeto de iniciativas de esta índole, es decir, también cuando se proponían modificaciones de leyes orgánicas, como es el caso. Ocurre que ésta fue presentada en la legislatura anterior, y también respecto de si sobrevivían de una a otra legislatura ha habido divergencias a lo largo de la historia parlamentaria de esta Cámara. En la I y en la II Legislatura se consideraba caducadas estas iniciativas, sin embargo, con posterioridad, se entendió que no hacía falta que fuesen ratificadas por las correspondientes asambleas de las comunidades autónomas y se permite su pervivencia, una vez vueltas a calificar por el órgano correspondiente cuando comienza la nueva legislatura.
A lo que iba, señorías, ¿qué pasa habitualmente con las iniciativas propuestas a esta Cámara por las asambleas de las comunidades autónomas? En la VII legislatura se presentaron un total de 42, de las que 14 no se tramitaron y han sido trasladadas al próximo Congreso, como dice la base de datos, para ser tramitadas en esta legislatura, puesto que sólo habían sido calificadas; sólo tres de las 42 fueron tomadas en consideración —pero sólo tomadas en consideración, jamás avanzaron más— y éstas sí han caducado al terminar la legislatura; han tenido sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y han terminado decayendo. Finalmente sólo una, del Parlamento gallego, por la que se declara el Parque nacional marítimoterrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, llegó a buen puerto, llegó a ser ley en el Boletín Oficial. Es también curioso que fuese una iniciativa del Parlamento gallego, del mismo color político que el que sustentaba la mayoría parlamentaria en esta Cámara.
Hago esta reflexión, señorías, para que valoremos si el sentido inicial que tenía la inclusión en la Constitución y la inclusión en el Reglamento de esta Cámara de la iniciativa de los parlamentos de las comunidades autónomas tiene hoy igual alcance. Parecería como que se intenta que puedan llegar a ser normas lo que se propone desde instancias autonómicas, y vemos que esto, porque la estadística nos lo acredita, no es así. Cierto es que hay que acreditar que también existe —el paso del tiempo lo ha evidenciado— un importantísimo interés político. Puede ocurrir que la postura sostenida por unas formaciones políticas en el Parlamento autonómico no vaya a ser idéntica a la sostenida en este Parlamento, en estas Cortes Generales, y por tanto también existe un interés político de evidenciar que lo que voto allí no soy capaz de sostenerlo luego en el Congreso de los Diputados. Interés político indudable, pero distinto del de la institución inicialmente prevista en el Reglamento de estas Cortes Generales y en la Constitución, que era el de poner en marcha la maquinaria parlamentaria, que, como he acreditado con los resultados reales, no ocurre en la práctica. Buen tema para que podamos reflexionarlo. He indicado que mi formación política veía con extraordinario interés el contenido de la iniciativa, puesto que se trata de hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la Administración de Justicia, y para ello es preciso dar nueva redacción a preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en lo que hace referencia a dos aspectos importantes; primero, la utilización de la lengua dentro del propio proceso, y segundo, la valoración que de la lengua se hace en la selección y provisión. Cierto es que las referencias que hay en la iniciativa a la Ley Orgánica del Poder Judicial son a la dicción de esta ley, anterior a la última modificación que sufrió por la Ley 19/2003, no en el artículo 231, cuando se habla del uso de las lenguas en los procesos, pero sí en lo que hace referencia a selección y provisión. En lo que ha quedado establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial hoy vigente, para el acceso y la provisión, la lengua se interpreta simplemente como requisito, si bien para el acceso en algunos casos y en función de la valoración de los puestos de trabajo que se pueda hacer puede convertirse en requisito; en la proposición siempre es requisito tanto para el acceso como para la provisión, postura que a la formación política a la que represento le parece bien. Nos parece que la dicción de la iniciativa tiene problemas, es de difícil plasmación y puede tener dificultades en aquellos casos en los que en la circunscripción haya un único juez conocedor de la lengua en lo que hace referencia a la predeterminación del juez puesto que, por hablar del caso vasco, puede darse el supuesto que haya uno solo euskaldun, pero también están en juego otros derechos fundamentales como la inmediatez, por ejemplo, si va a existir traducción o también el valor que de cara al derecho de defensa tiene la viva voz del acusado a la que ha dado validez la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que hace referencia a la propia utilización por el interesado de su derecho de defensa en el idioma en el que se sienta más cómodo, sin interferencia de traducciones. Propone la iniciativa consecuencias muy extensas que hay que pensar bien, pero en este trámite únicamente estamos hablando de que tenga entrada en la Cámara y que luego pueda ser debatido, analizado y sometido a todos los juicios que nos parezcan oportunos, tanto de constitucionalidad como de valoración en relación con las concretas circunstancias o los mapas sociolingüísticos de cada una de las comunidades. Quizá haya que valorar también que sería preciso residenciar en las propias comunidades autónomas, mucho más cercanas y titulares del derecho de la normalización lingüística, la regulación del uso de lenguas distintas del castellano también en los procedimientos judiciales, si como es nuestra querencia, por ejemplo, no existiesen los cuerpos nacionales, fuesen cuerpos propios de la comunidad autónoma y fuese posible establecer los perfiles lingüísticos adecuados a cada una de las plazas. A este respecto quiero manifestar que me sorprendió enormemente que, en su primera comparecencia, el señor ministro de Justicia hiciese referencia a la utilización de lenguas distintas del castellano, pero no se refiriese para nada a su uso en los procedimientos judiciales; solamente habló de la legislación registral. A los procedimientos judiciales, insisto, no hubo referencia alguna. Sorprende todavía más cuando en fecha muy reciente, creo que el jueves pasado, se produjo en esta Cámara la dación de cuentas de quienes son miembros por parte del Estado español en la Oficina Europea que vela por que se cumpla la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias —por cierto, reunión a la que no asistió ningún representante del Partido Socialista—, en la que tuvieron a bien dar cuenta de cómo se va valorando la aplicación del cumplimiento de esa Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias en España en aquellos lugares donde hay lenguas distintas del castellano. Pues bien, la valoración que se hace respecto del euskera en los procedimientos judiciales indica dudas respecto de la propia regulación en este momento, pero sobre todo marca un cierto retroceso en relación con momentos anteriores. Nos sorprende, por tanto, que las autoridades que en este momento velan por el cumplimiento de estas normativas no hayan tenido un mayor cuidado, una mayor diligencia o siquiera una mayor predisposición a contemplar el asunto cuando se hizo gala de su exposición en la primera comparecencia ante el Congreso.
En los dos aspectos de iniciativa legislativa traída a la Cámara por un parlamento de una comunidad autónoma y en la vertiente del contenido concreto de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a expresarse también en los procedimientos judiciales en lengua distinta del castellano, la iniciativa traída por el Parlament de Catalunya es vista, insisto, con extraordinaria simpatía por el Grupo Vasco y, como ya he anunciado desde el principio, va a tener nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: President, señorías, els recorde que en aquesta intervenció hauré de parlarlos en castellá, perquè els drets lingüístics dels catalano-parlants, del país valenciá no ens són reconeguts en aquesta Cámara. Estem convençuts que ben aviat posaru fí a aquesta injustícia.
Señorías, la Administración de justicia es un servicio público esencial y el objetivo de esta proposición de ley es precisamente mejorar la eficiencia de este importante servicio. La reforma afecta a aspectos de gran importancia social y política en aquellos territorios del Estado que tienen reconocida lengua oficial distinta del castellano, así como en aquellos territorios que tengan reconocida la cláusula subrogatoria referente a la gestión de la Administración de justicia, donde al día de hoy consideramos que el servicio público de la justicia puede calificarse de deficiente.
La reforma propuesta abarca tres aspectos importantes que pueden contribuir a hacer efectivos y a garantizar los derechos y libertades de los justiciables, y en nuestra opinión a mejorar la eficiencia de la Administración de justicia. En primer lugar, nos referiremos al requisito de conocimiento de la lengua y del derecho propio de la comunidad autónoma que ha de tener el personal al servicio de la Administración de justicia. Poco a poco las normas relativas a la Función pública estatal y autonómicas han ido incorporando regulaciones en este sentido, estableciendo que a la hora de la selección del personal se ha de prevenir, entre otros aspectos, la capacidad del personal para cubrir puestos de trabajo en los territorios con dos lenguas oficiales, es decir una determinada competencia lingüística en las dos lenguas oficiales. También la jurisprudencia, que especialmente durante la última década ha admitido esta exigencia de conocimientos lingüísticos, no ya como mérito sino como requisito; siendo de otra manera, es decir si los funcionarios públicos de la Administración de justicia no tienen conocimiento de las lenguas oficiales, nos encontramos ante la paradoja que la propia Administración de justicia no puede garantizar los derechos lingüísticos de su ciudadanía ni tampoco el propio sistema de doble oficialidad. Es así como ha funcionado la Administración de justicia en el aspecto del conocimiento de la lengua que ha de tener el personal al servicio de esa Administración de justicia. No se han tomado las medidas oportunas ni se ha reformado la legislación pertinente para garantizar que en los procesos penales, civiles, administrativas, laborales o sociales, a petición de una de las partes los órganos jurisdiccionales tramiten todo el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias. En concreto no se ha hecho nada para alterar las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que son objeto de esta proposición, que en la cuestión lingüística ha quedado legitimada por la sentencia del Tribunal Constitucional 105/2000, incumpliendo el apartado i) del artículo 9.1 a), b) y c) de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, siendo más flagrante el incumplimiento en los territorios con lenguas regionales o minoritarias que no son oficiales. Por esta causa, y tal como hacía referencia la exposición de motivos de la proposición de ley objeto de este punto del orden del día, presentada por el Parlamento de Cataluña, desde Esquerra Republicana, grupo que promovió esta misma proposición en el Parlamento de Cataluña, creemos indispensable dar nueva redacción a los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1.o de julio, del Poder Judicial, que hace referencia al conocimiento y uso de las lenguas oficiales por parte de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y el conjunto del personal al servicio de la Administración de justicia destinado en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, con especial incidencia en los artículos 231 y 341. Se trata de un paliativo a la situación actual, dado que lo procedente sería una territorialización de los procesos selectivos, pero con una primera garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía nos parece muy adecuado el hecho de que para la previsión de que en una asignación forzosa te destinen a una comunidad con lengua propia, la proposición establezca que el conocimiento de la lengua propia se considere como mérito, mientras que si se trata de una solicitud de destino voluntario, los conocimientos de la lengua propia sean considerados como requisito de capacidad. Todo ello no puede desligarse de la necesaria promoción e inversión en la adecuada formación y capacidad lingüística del personal al servicio de la Administración de justicia. Por lo que se refiere a este primer punto que abarca la proposición, promoveremos desde estos escaños todas aquellas propuestas que garanticen el derecho lingüístico de la ciudadanía como derecho vinculado a la tutela judicial efectiva como principio fundamental que ha de regir en la Administración de justicia.
En segundo lugar, la proposición apunta una serie de propuestas referidas a la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar de forma más eficiente el personal no judicial de la Administración de justicia. Este personal es una pieza clave en el funcionamiento de servicio, pero la actual situación estatutaria que se encuentra en los cuerpos estatales dificulta frecuentemente una gestión adecuada de sus capacidades y disponibilidad.
Estamos dispuestos también a promover una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suprima el carácter estatal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, atribuyendo de esta forma la posibilidad a las comunidades autónomas que hayan adoptado las denominadas cláusulas subrogatorias en materia de gestión y administración de la justicia, las facultades que se atribuyan al Gobierno.
Apoyamos también una ampliación de competencias que supondría una asunción de competencias legislativas respecto del personal al servicio de la Administración de justicia en las comunidades autónomas con la denominada cláusula subrogatoria en materia de justicia, para que puedan asumir con garantía de éxito más rendimiento y mayor eficacia en el trato con el personal no judicial de la Administración de justicia, y en consecuencia una nueva redacción de los artículos afectados en los títulos I, III y IV del libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge la proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña.
En tercer lugar, también creemos oportuna una nueva organización de la oficina judicial y una redefinición de las funciones de la figura del secretario judicial, dado que la organización y la gestión de la oficina judicial ha de quedar, también desde nuestro punto de vista, en otras manos.
En los tres casos a los que hemos hecho referencia las reformas hacen una apuesta por una mayor eficacia del sistema de la Administración de justicia. Por todo ello respaldamos y votamos a favor de la proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña. Creemos necesario, tal como recoge la proposición objeto de debate, que esta Cámara inste al Gobierno para que presente un proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se dé nueva redacción a todo el libro VI de la citada Ley, con la finalidad de regular el estatuto básico del personal al servicio de la Administración de justicia en los términos y principios apuntados en la proposición.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la ilustre diputada María Eugenia Cuenca, a la ilustre diputada Lidia Santos, y al ilustre diputado Joan Ridao, dignos representantes del Parlament de nuestro país, del Parlament de Catalunya, i que han vingut avui a presentar la proposició de lley sobre reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En nomt Convergència i Unió sigueu benvingut al Congres dels Diputats.
Señorías, éste no es el primer debate que se produce en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en los aspectos que hoy nos plantean los diputados del Parlament de Catalunya. Es un debate que ha sido ya recurrente en esta Cámara, lo ha sido a iniciativa de otros grupos parlamentarios y muy específicamente a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hemos traído reiteradas veces a este hemiciclo lo que plantea esta proposición de ley en su primer aspecto. En su primer aspecto impulsa los derechos lingüísticos de los ciudadanos con una lengua oficial propia distinta a la lengua castellana. En Cataluña tenemos una lengua oficial propia, el catalán, hablada por millones de ciudadanos para quienes es su lengua oficial propia, y ese traslado de la lengua oficial propia se ha producido en otros ámbitos de la Administración pública y en cambio no se ha producido de manera adecuada en el ámbito de la Administración de justicia, en el ámbito del Poder Judicial. Es, señorías, una asignatura pendiente. La normalización lingüística, el ser en definitiva un país normal en el ámbito de la Administración de justicia, es una asignatura pendiente en lo que respecta a los derechos lingüísticos de los ciudadanos que acuden a un servicio público como la justicia y quieren hacerlo utilizando su lengua oficial propia. De ahí que debamos modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debemos exigir como requisito por parte del personal al servicio de la Administración de justicia —por parte de los jueces, magistrados, fiscales y médicos forenses— que piden su destino en una comunidad autónoma con lengua oficial, que tengan conocimiento de esa lengua oficial. Hacerlo, señorías, no es más que reconocer el ejercicio de un derecho fundamental. Estamos hablando de un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución que reconoce de forma solemne el derecho a la tutela judicial efectiva, la posibilidad de acudir ante la Administración de justicia en amparo de nuestros derechos. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho que tiene cualquier ciudadano, sea cual sea la lengua oficial propia de ese ciudadano. Por tanto, también debemos amparar a los ciudadanos que acuden a la Administración de justicia con su lengua oficial propia —en el caso de Cataluña, si acuden expresándose en catalán— para que puedan seguir todo el proceso en lengua catalana. Por tanto, esta reforma en cuanto al ámbito lingüístico era necesaria y tiene el apoyo absoluto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como lo ha tenido siempre que se ha planteado aquí, porque —repito— es un debate recurrente que hemos tenido ocasión de celebrar en otras legislaturas.
El segundo aspecto de la propuesta que hoy defiende el Parlament de Catalunya ante el Congreso de los Diputados viene referido a la propia organización de la oficina judicial. Alguien podría decir —y se ha afirmado ya por parte de otros portavoces— que razones de eficacia y razones de mayor agilidad en el funcionamiento de la oficina harían aconsejable el hecho de suprimir el carácter nacional del personal al servicio de la Administración de justicia. Es cierto. Incluso el Libro Blanco de la justicia, que se elaboró desde el Consejo General del Poder Judicial hace ya dos legislaturas, decía que era un elemento de mayor agilidad, pero no nos engañemos, no hablamos simplemente de una Administración de justicia más ágil y que cumpla mejor sus objetivos; hablamos también del cumplimiento de las previsiones estatutarias. En muchos estatutos existe lo que se llama la cláusula subrogatoria, cláusula que ampara al Gobierno autonómico para que en el ejercicio de su ámbito territorial pueda tener aquellas competencias que tiene el Ministerio de Justicia en las comunidades autónomas donde no existe esa cláusula subrogatoria. Por tanto estamos —si me permiten decirlo así—, ante un imperativo estatutario. Debemos dar plena potencialidad a las cláusulas subrogatorias. Por eso no sólo razones de eficiencia sino también de mayor autogobierno aconsejan que las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de personal al servicio de la Administración de justicia, tengan la posibilidad de arbitrar sus propios cuerpos de personal al servicio de la Administración de justicia para lograr una mayor eficiencia del sistema, pero también un mayor autogobierno de esas comunidades autónomas. Por tanto, el segundo aspecto tiene también claramente la aprobación por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como la tiene un tercer aspecto de la proposición de ley: dar unas potestades distintas a los secretarios judiciales, unas potestades de impulso del proceso. Esto es importante para el mejor ejercicio de su función y por la propia calidad de lo que representan los secretarios judiciales. Desde esta Cámara tenemos que trasladar un mensaje a un personal, los secretarios judiciales, que forman parte del Poder Judicial y que están altamente cualificados en sus funciones. Debemos impulsar esas funciones dándoles ese carácter más jurídico a su realización profesional. En esta línea va también la proposición de ley que hoy plantea el Parlament de Catalunya. Por tanto, sí desde Convergència i Unió a todos los aspectos de la misma. También quiero hacer una petición a la Cámara. Hoy esperamos que esa amplia mayoría que votó a favor de la proposición de ley en el Parlament de Catalunya durante su tramitación en el año 2003, se traslade al Pleno del Congreso de los Diputados; esperamos hoy que los votos a favor sirvan para algo esencial, para que no entre esta proposición en la lista de proposiciones rechazadas y que obtenga el voto favorable a su toma en consideración. Somos conscientes que una vez tomada en consideración se abrirá un plazo de enmiendas, porque no podemos negar en absoluto la capacidad de enmienda que tienen el Congreso de los Diputados y el Senado. Desde Convergència i Unió, y sin negar esa posibilidad de enmienda, hacemos un ruego a los grupos parlamentarios que hoy van a dar su voto favorable a la toma en consideración: que a través de las enmiendas no se diluya el contenido básico de la propuesta que hoy nos presenta el Parlament de Catalunya. Si hoy nos atrevemos a aceptar con un sí la toma en consideración de esta proposición de ley, pedimos evidentemente que no se renuncie a la capacidad de enmienda, que no pongamos después agua al vino a lo que es el texto esencial y nuclear de esta proposición de ley. Esperamos que se pueda tener un debate en esta Cámara con las enmiendas que presenten los distintos grupos, enmiendas que respeten la esencia del propio texto que hoy nos presenta el Parlament de Catalunya. Este es el ánimo que guiará también la propia actuación parlamentaria de Convergència i Unió.
Solicitamos una reflexión, que también hacía la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría, para que esto no quede en una vía muerta. Existe una tendencia. De momento hoy salvamos el debate, de momento hoy la tomamos en consideración, pero después queda en esa vía muerta, van pasando los meses y la Comisión de Justicia no agiliza la tramitación de esta proposición de ley. Pedimos que esto no ocurra, que se abra un plazo de enmiendas, que podamos tener un debate sereno y sosegado, pero que no situemos esta proposición de ley en una vía muerta que al final no llegue nunca a verse publicada como ley orgánica definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Pedimos enmiendas constructivas que no diluyan el sentido del texto y pedimos también que esta proposición de ley no caiga en esa vía muerta.
Termino ya con una última reflexión, que la realizaba también la portavoz del Grupo Vasco, doña Margarita Uría. Es cierto que las proposiciones de ley de las comunidades autónomas que no han sido debatidas aún no decaen cuando se disuelven las Cámaras, y en la siguiente legislatura vuelven a estar en calendario, tal como le ha ocurrido a la que hoy tramitamos. Sin embargo, el Reglamento penaliza aquellas que sí son tomadas en consideración y curiosamente si una proposición es tomada en consideración y no llega a ser aprobada de forma definitiva, cuando se disuelvan las Cortes Generales de aquí a cuatro años caduca totalmente esa iniciativa. Esta es una anomalía reglamentaria que esperamos superar en los trabajos de reforma del Reglamento del Congreso. Estamos convencidos que esto no ocurrirá en la proposición de ley que hoy se ha presentado de forma tan positiva por los diputados al Parlament de Catalunya.
Muchas gracias a todos. Moltes gràcies. (Aplausos.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, no por reiterada es menos sincera la bienvenida del Grupo Parlamentario Popular a los representantes del Parlament de Cataluña, a la honorable señora Cuenca, al ilustre diputado señor Ridao y a la ilustre diputada señora Santos, que representan esta tarde en esta Cámara a la primera institución de Cataluña, al Parlament.
Creo conveniente constatar, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, que estamos ante una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin duda ante una reforma de gran calado, ante una reforma importante, porque en definitiva es una reforma que afecta a preceptos fundamentales para el buen funcionamiento de la Administración de justicia. Esta valoración, que se ha hecho por parte de todos los intervinientes, me permite iniciar una reflexión que sin duda habrá de extenderse a otras materias, porque la realidad ha dejado en evidencia el engaño, repito, señorías, el engaño del Partido Socialista cuando nos habla de su voluntad de dialogar, y esto es especialmente grave en el ámbito de la justicia.
Señoras y señores diputados, la justicia, la solución a los problemas de la justicia no puede limitarse a las actuaciones de un Gobierno ni a los pactos que legítimamente se pueden establecer para tener Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni pueden responder a parches, a reformas fragmentadas, a improvisaciones imprudentes, como hemos visto hacer por parte del ministro de Justicia, que lamento por cierto que esta tarde no nos acompañe en una sesión realmente importante, porque se debate una reforma importante para el mundo de la justicia. La reforma de la justicia requiere alcanzar un acuerdo sobre el diseño de un modelo de conjunto, de globalidad, porque precisamente eso es lo que puede dar coherencia a las reformas. Por tanto, señorías, lo importante, con serlo y mucho, no es tanto la votación de hoy sino la constatación de que el Partido Socialista no tiene un modelo para hacer de la justicia un verdadero servicio público de calidad. Estamos hablando de un poder del Estado y de un servicio básico, que en definitiva lo que hace es tutelar, afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos.
¿No creen ustedes, señorías, que antes de plantear alegremente la disolución de los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, debería abordarse en el marco de una reforma global o de las reformas anunciadas también por el señor Zapatero, por el presidente del Gobierno respecto al modelo territorial de plasmación del Estado de las autonomías en el servicio público de la justicia? ¿No creen ustedes que sería mucho más razonable abordar una reflexión respecto a cuál es el modelo, antes de decidir como digo de forma improvisada, con una improvisación completamente imprudente, la desaparición de los cuerpos nacionales?
El señor ministro de Justicia nos ha obsequiado ya con alguna actuación de estas características. El ministro de Justicia no ha sido ajeno al frenesí mediático que ha embargado al Gobierno Zapatero. El ministro de Justicia comparece y presenta la reforma López Aguilar, una reforma que, por cierto —llamo su atención—, deja en manos del Gobierno la libertad de los ciudadanos cuando sustituye al juez por el fiscal en la instrucción; en definitiva improvisación, falta de modelo. Por tanto, es el momento de pedirles solemnemente, como hicimos en la Comisión de Justicia, que demuestren ustedes su voluntad de dialogar, su voluntad de llegar a acuerdos, su voluntad de integrar un modelo que permita realmente alcanzar un servicio público de calidad.
Esta propuesta de diálogo, de consenso, la hacemos hoy solemnemente desde esta tribuna. Lamento que no esté el ministro de Justicia, hay un miembro del Gobierno y espero que lo traslade al responsable, no es una propuesta utópica, es una propuesta factible porque ustedes saben perfectamente que para el Partido Popular la justicia es una cuestión de Estado —lo demostramos la pasada legislatura— y les garantizo que si ustedes desde el Gobierno abordan la justicia precisamente desde esta perspectiva, podrán contar con el apoyo sin fisuras del Partido Popular. Esta propuesta debería ser para ustedes también una cuestión de Estado, porque en definitiva para que el país funcione razonablemente, para que se cumplan los postulados constitucionales de igualdad y de seguridad, la Administración de justicia debe ser un servicio público de calidad, un servicio público ágil y eficaz en la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ustedes han confundido reiteradamente en las intervenciones que se han producido aquí el concepto de tutela judicial efectiva con el concepto de derechos lingüísticos de los ciudadanos. Ha habido una confusión entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Creo sinceramente que porque hay responsabilidades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es quien ha mandado esta iniciativa, que no han sido asumidas y a las que luego me referiré. Estamos, como decía, ante una reforma parcial que no responde a ningún modelo, que responde a la improvisación constante y permanente del Gobierno. Se pretende suprimir el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia y atribuir correlativamente a las comunidades autónomas la posibilidad de crear esos cuerpos propios. Eso afecta al estatuto y régimen jurídico de los funcionarios, afecta a todo; afecta a la selección, la formación, la provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, afecta a horarios y jornada laboral y régimen disciplinario. Les pondré un ejemplo, el Tribunal Constitucional está en Madrid, ¿qué les parecería a ustedes si desde la Comunidad Autónoma de Madrid se fijaran los horarios del Tribunal Constitucional? Es exactamente el mismo planteamiento que se está haciendo en esta propuesta.
No quiero dejar de referirme a una sentencia, porque compartimos con todos los proponentes que para hablar de los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, y es una sentencia importante; es una sentencia a mi juicio capital, es la sentencia 56/1990. Se ha repetido. Es la sentencia según la cual el Tribunal Constitucional nos dice: el legislador eligió un modelo de cuerpos nacionales, pero el legislador podía haber elegido otro modelo. Y es cierto. La sentencia 56/1990 dice exactamente esto. No obstante, quiero llamar su atención sobre que esa sentencia importante y capital no dice exclusivamente eso, dice mucho más. Les recomiendo leer el fundamento jurídico décimo en su totalidad, porque sigue diciendo que la decisión tomada por el legislador viene fundamentada, viene justificada por cuanto tales cuerpos, aunque no forman estrictamente parte de la Administración de justicia, como se ha dicho en el sentido del artículo 149.1.5.a de la Constitución, su actuación es imprescindible para la actividad de aquella Administración y para el cumplimiento de sus funciones. Es por tanto su consideración como cuerpos nacionales, insiste el Tribunal Constitucional, (no es una reflexión del Grupo Popular, insiste en esa sentencia que se invoca, pero que se invoca parcialmente), que el establecimiento de ese régimen común responde precisamente a la garantía de homogeneidad en todas las comunidades autónomas respecto a algo muy importante en nuestro sistema, señorías, que son los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de justicia cualquiera que sea el territorio en que esas relaciones tengan lugar. Este es precisamente el sentido que el Partido Popular ha manifestado reiteradamente en esta cuestión. Consideramos que si la función judicial a la que sirven estos funcionarios se caracteriza precisamente por la unidad jurisdiccional, es conveniente también que su estatuto profesional se estructure con este criterio, porque ello es sin duda la mejor garantía para conseguirlo. La mejor garantía es que los cuerpos nacionales se mantengan como tales, por el siguiente razonamiento: porque la unidad jurisdiccional no es sólo la unidad de los diversos órdenes en que se estructura la justicia, sino que también es unidad jurisdiccional territorial, orgánica y funcional y eso es perfectamente compatible con el Estado autonómico. Esto es así porque está basado en que la igualdad no es un principio etéreo, utópico o ideal, la igualdad es un principio básico material en el acceso de los ciudadanos a la justicia con independencia del territorio en el que se encuentren.
La otra propuesta destacada que han defendido SS.SS. es el conocimiento de la lengua y del derecho propios de las comunidades autónomas que dispongan de ellos y que deje de ser mérito —mérito preferente, por cierto, que no se ha mencionado— para pasar a ser un requisito preceptivo. Ustedes saben que el Grupo Popular ha manifestado reiteradamente su preocupación por el hecho de que sea precisamente la Administración de Justicia uno de los ámbitos más impermeables a la cooficialidad de las lenguas, a eso que llamamos la realidad sociolingüística de España. Es indudable esa falta de equilibrio en la utilización de las lenguas. Se han dado datos y son ciertos. Sólo un 6 por ciento de las actuaciones que se realizan en Cataluña usan la lengua catalana, y ese déficit sin duda pasa por un conocimiento de las lenguas propias, de las lenguas cooficiales. Hay actuaciones de fomento, de promoción, de impulso de las lenguas, que son responsabilidades propias de las comunidades autónomas, y en este caso propias de la comunidad autónoma proponente de la reforma, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Les voy a dar datos. Si hay un elemento importante para promover el uso de la lengua en el ámbito de la Justicia en Cataluña son las becas para formación de jueces y fiscales. En el año 1990 se dieron 60 becas, 60 becas se dieron también en el año 2003 y 30 becas son las que ha dado el Gobierno de Cataluña para mejorar la cooficialidad de las lenguas en el ámbito de la justicia. Realmente hemos pasado de la nada a la miseria y hemos vuelto de la miseria a la nada en las políticas de promoción del uso del catalán en la Justicia por parte del Gobierno tripartito. Por tanto, señorías, como coartada intentar esconder la falta de políticas activas por parte del Gobierno de la Generalitat en la promoción de la lengua en el ámbito judicial está bien, pero en definitiva compartimos el análisis de lo que creemos…
El señor PRESIDENTE: Señoría, fíjese que ha excedido su tiempo ya.
La señora NADAL I AYMERICH: Termino ya.
En cualquier caso no se orienta, como digo, en la dirección adecuada.
Termino, señor presidente, señoras y señores diputados, como he empezado. Demuestren ustedes que la Justicia no está entre los damnificados de la falta de diálogo y de la improvisación imprudente del Gobierno socialista. Además les garantizo que eso tiene otra ventaja: van a poder ustedes demostrar que tienen un talante de lo mejorcito si así lo hacen. Se lo digo porque hay reformas de gran envergadura, tanto desde la dimensión jurisdiccional como desde la dimensión administrativa, que deben ser abordadas por todos, también por el Grupo Popular. Rectifiquen y dialoguen; dialoguen con todos, no lleven ustedes la demagogia, esa obsesión compulsiva de apartar al Grupo Popular hasta la frontera del puro disparate.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Gracias por su benevolencia, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ilustres diputados del Parlamento de Cataluña, sirvan estas mis primeras palabras en la presente legislatura para seguir el rito habitual de dar la bienvenida a los representantes del Parlamento de Cataluña a esta Cámara. Sin duda, alguna de SS.SS. comprenderá que la intención del saludo sea en esta ocasión especialmente cálida y efusiva, pero no desde luego cualitativamente distinta a la que he dado siempre que en representación de mi grupo he tenido la ocasión de hablar desde esta tribuna a favor de la toma en consideración de las propuestas del Parlamento de Cataluña y de los otros parlamentos autónomos, por cuanto nuestro grupo tiene como conducta habitual votar favorablemente la toma en consideración de estas propuestas, incluso a veces con independencia de su contenido. ¿Por qué? Porque consideramos que esta vía de iniciativa legislativa es de enorme importancia no sólo por el contenido, sino simbólica de lo que es la realidad de la España autonómica, de la España políticamente plural, con distintas instituciones, con distintas posibilidades de iniciativa parlamentaria, que es nuestro modelo actual. Por ello, señorías, en la inmensa mayoría de ocasiones el Grupo Socialista ha votado favorablemente la toma en consideración de las propuestas autonómicas, como así haremos en esta ocasión.
Quisiera volver al debate sobre la proposición de ley aprobada en la anterior legislatura por el Parlamento de Cataluña; y digo volver al debate porque lo cierto es que se trata de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, cosa que parecía no tener muy clara la anterior interviniente en una mezcla absolutamente propia de otras culturas y de otros ámbitos, no del democrático, en la mezcla entre los partidos que puedan tener una mayoría u otra, las instituciones, etcétera. Estamos aquí debatiendo algo enormemente serio, algo enormemente importante: la aportación a la voluntad legislativa del conjunto del país de las decisiones de un parlamento autónomo. Ello es de una importancia transcendental y no puede en absoluto confundirse porque engañamos o intentamos engañar al pueblo con proposiciones de un grupo parlamentario de este Congreso o con propuestas del Gobierno del Estado. En ello vamos a centrar nuestra intervención.
Señorías, el contenido esencial de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña coincide de una forma absoluta con la voluntad de nuestro grupo parlamentario, con la voluntad de mi partido, con la voluntad expresada también en nuestros programas electorales y con la voluntad del Gobierno, al cual apoyamos, puesta claramente de manifiesto en la comparecencia del martes pasado, 26 de mayo, recién cumplida la semana, por el ministro de Justicia en la Comisión de Justicia de esta Cámara. Allí Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, dijo exactamente que había que abordar el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la Administración de Justicia con coraje; con coraje, señorías, vamos a abordarlo. Por ello, teniendo en cuenta que no se trata sólo de una manifestación simplemente expositiva del artículo 3 de la Constitución, sino que este artículo 3 de la Constitución debe interpretarse necesariamente a tenor de lo que establece el artículo 10 de la propia Carta Magna, de acuerdo con el contenido de los convenios y tratados internacionales de los que España es parte, debemos tener en cuenta la aplicación al caso de la Carta europea de las denominadas lenguas regionales y minoritarias, posiblemente la mayoría de ellas lenguas minorizadas… (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, lo lamento. Señorías, tomen asiento, por favor, y en la medida de lo posible guarden silencio.
Continúe, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía que la Carta europea aprobada por el Consejo de Europa en noviembre de 1992, de las denominadas lenguas regionales y minoritarias, —en su mayor parte no minoritarias sino minorizadas—, que fue ratificada por España el 9 de abril de 2001, por tanto, es un texto internacional que obliga al Estado español, establece una serie de obligaciones en los procesos civiles, penales y contencioso administrativos —hay que decir que la Carta no habla de los procesos sociales porque no es un instrumento técnico muy extendido en Europa, es más bien peculiar español—, así como de obligaciones lingüísticas que realmente no han quedado cubiertas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de diciembre de 2003. Además de esta Carta europea existe también, señorías, y les consta, porque en este Pleno se trató su contenido y hubo la decisión de adherirse, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, hecha en Barcelona en junio de 1996, que también establece derechos de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Por tanto, la aportación del Parlamento de Cataluña, a la que votaremos favorablemente, como lo hicimos a las aportaciones del Parlamento balear y del Parlamento de Cataluña en ocasiones anteriores, nos da la posibilidad de establecer de una vez un paso adelante importante en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Abre posibilidades fundamentales, porque no sólo hay que tener en cuenta el artículo 10 de la Constitución, señorías, sino también el artículo 9.2, que establece la obligación de todos los poderes públicos de remover los obstáculos que existan a la igualdad de las personas, los individuos y los grupos. Existe un obstáculo a la igualdad de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, que es la posibilidad de dirigirse en su lengua propia a los órganos de esta Administración, de este servicio público, y este obstáculo le corresponde al legislador estatal removerlo, modificando la ley para hacerlo posible.
Existe también otra posible desigualdad: el derecho de los funcionarios de la Administración de Justicia, de cualquiera de sus cuerpos, a ocupar un puesto determinado. La posible desigualdad que aquí existiera debe removerse conjuntamente por el Estado y por las administraciones autónomas, estableciendo las condiciones necesarias y precisas de tiempo, cursos, medios técnicos, becas, fomento de la población opositora para determinadas plazas que hagan posible que los funcionarios puedan también competir en igualdad de condiciones bajo el principio del mérito y capacidad para ocupar estas plazas. Todo ello, que está apuntado en la proposición, proposición sensata, yo diría incluso que modesta. Yo reclamaba ya la sensatez sobre este tema en 1998 discutiendo una proposición del Parlamento balear, y quiero poner de manifiesto que el Parlamento de Cataluña fija, como no se había hecho antes, el grado de conocimiento de las lenguas que son precisas para decir que es necesario el conocimiento suficiente para poder ser útil en el empleo jurisdiccional, para entender y ser entendido por los justiciables; ello nos permite, decía, abrir una tramitación que pueda completar realmente el tema. Hay otros aspectos del contenido de la proposición que pretende modificar la Ley 6/1985, que ya está a modificada y que, por tanto, han resultado obsoletos. La Ley Orgánica 19/2003, del Poder Judicial, de 23 de diciembre, recoge varias de las proposiciones del Parlamento de Cataluña en un sentido similar o coincidente, aunque no exactamente igual. Por ello vamos a tener que examinarlas con más cuidado para ver cuáles quedan vigentes y cuáles ya están subsumidas en el contenido de la Ley Orgánica 19/2003. Hay un aspecto que no quiero pasar por alto, que es el de los institutos de medicina legal y toxicología, en los cuales pueden hacerse mejoras técnicas en la proposición, y que vamos a proponer en la tramitación.
Por último, para no hurtar nada en este debate, he de referirme a la cuestión referente al carácter nacional o no de los cuerpos de la Administración de Justicia. Este tema, señorías, fue largamente discutido con motivo de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tuvo como final la repetida Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Se trató de una negociación y discusión larga, laboriosa, prolija, que llegó a unos equilibrios que están aún por desarrollar en la práctica. En aquel momento mantuvimos como consecuencia de esta complicada serie de negociación prelegislativa el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos. En este momento, con la Ley Orgánica del Poder Judicial recién aprobada, sin tiempo para haber probado su funcionamiento en la práctica, sin tiempo para ver cuáles pueden ser las disfunciones entre la dirección que compete a las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia y con el carácter nacional de determinados cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, no vamos a modificar el criterio. Por tanto, advierto, aviso a la Cámara que en el transcurso de la tramitación legislativa de la proposición que hoy vemos vamos a presentar enmiendas en el sentido que acabo de decir. Consideramos que no es el momento adecuado para esa modificación. Cualquier posibilidad es legítima, es constitucional —lo ha dicho el Tribunal Constitucional—, es una opción del legislador estatal; sobre esta opción discutiremos, pero quiero poner de manifiesto, para evitar cualquier tipo de equívoco, cuál es nuestra postura al respecto.
Concluyo, señorías. Vamos, como he anunciado reiteradamente, a votar a favor de la toma en consideración. Con ello vamos a romper una larga y nefasta tradición de esta Cámara. En la legislatura anterior el grupo mayoritario votó a favor de la toma en consideración de las dignas proposiciones de los parlamentos autónomos y sólo votó en contra en una ocasión de las 11 en que discutimos, en la última, en aquella en que tenía el pleno convencimiento de que la disolución de las cámaras iba a hacer absolutamente imposible la tramitación de la proposición. Nosotros, en el momento liminar de esta legislatura, en la primera proposición que se plantea por un Parlamento autónomo, en la número 125.1 de esta legislatura, vamos a votar a favor. Vamos, por tanto, a permitir con nuestro voto decisivo en esta Cámara que el conjunto de los diputados del Congreso pueda discutir sobre estos aspectos, y lo vamos a hacer desde ya. Vamos a abrir el período de presentación de enmiendas, como corresponde reglamentariamente, y vamos a dar cumplimiento —me alegro de ello— a esa esperanza manifestada por muchos de los intervinientes de que esta proposición se tome en consideración.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, concluya.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Vamos a hacerlo —tranquilícese, señor Jané— porque el ministro de Justicia también anunció el 26 de mayo en su comparecencia que íbamos a tratar la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta legislatura, algo que vamos a llevar a cabo con el máximo consenso posible, como pretendemos siempre. Por ello, señorías, con el convencimiento de que vamos a dar un paso enorme, decisivo, en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en este aspecto, para que puedan expresarse en su propia lengua ante la Administración de Justicia, vamos a dar y pedimos el voto favorable a esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación sobre la toma o no en consideración de la proposición de ley de las comunidades autónomas del Parlamento de Cataluña, orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985, del Poder Judicial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 174; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: La Cámara toma en consideración la proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña.
Tagged Cataluña, Congreso Diputados, Corpus, Debate, Democracia, Diario de Sesiones, Poder Judicial, Política, Proposición de Ley

References: artículo 24
 artículo 117
 artículo 152
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 149
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 87
 artículo 231
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 149
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 9