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Timestamp: 2019-03-21 06:28:13+00:00

Document:
as20151L392
AUTO SUPREMO Nº 392/2015-RRC-L
Sucre, 29 de julio de 2015
Expediente : La Paz 19/2010
Parte Acusadora : Carmelo Luque Vega
Parte Imputada : Pedro Navarro Condori y otra
Por memorial presentado el 28 de enero de 2010, cursante de fs. 718 a 726, Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 02/2010 de 4 de enero, de fs. 711 a 712 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Carmelo Luque Vega contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 08/2009 de 30 de septiembre (fs. 675 a 680), el Juez Segundo de Partido y de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a los imputados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro, autores de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, condenándolos a la pena de privación de libertad de tres años, a cumplirse en la Penitenciaria Distrital de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ambos de la ciudad de La Paz; más costas a favor del querellante y del Estado, así como resarcimiento del daño civil.
Contra la mencionada Sentencia, tanto por la parte civil Carmelo Luque Vega y los imputados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro (fs. 474 y fs. 476 y vta.), plantearon recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 45/2006 de 20 de julio de 2006 (fs. 536 y vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el cual repuso obrados hasta la audiencia pública de lectura de alegatos inclusive, para que el Juez de la causa, dé aplicación al art. 249 del Código de Procedimiento Penal (CPP) del año de 1972.
Así una vez repuestos los obrados, y previa solicitud de extinción de la acción penal por prescripción que fue rechazada por el Juez de Sentencia y ratificada la decisión en alzada, mediante Sentencia 8/2009 de 30 de septiembre, emitida por el mismo Juez; por la cual, al margen de lo señalado, se determinó declarar a ambos imputados, autores del delito imputado, condenándoles a cumplir la pena de tres años de reclusión, a Pedro Navarro Condori en la Penitenciaria Distrital de San Pedro y a Evarista Guarachi Pari de Navarro en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, de la ciudad de La Paz.
b) Contra la Resolución emitida por el Juez de Sentencia, los imputados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro (fs. 685 y vta.), interpusieron recurso de apelación restringida presentado su fundamentación mediante memorial (fs. 700 a 706 vta.); recurso resuelto por Auto de Vista 02/2010 de 4 de enero (fs. 711 a 712 vta.) dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que confirmó el fallo apelado.
Del memorial de recurso de casación, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
1. Alegan los recurrentes que el Auto de Vista impugnado incurrió en errónea aplicación del art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), provocando la existencia de error in iudicando; puesto que las lesiones provocadas a la víctima fueron ocasionadas por peleas producidas entre dos agrupaciones, no habiéndose identificado de forma directa a sus personas como autores de las mismas, extremo que fue reconocido tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista, cuando sostienen que las riñas fueron recíprocas, así como se desprende de las declaraciones informativas de las víctimas que señalaron no haber tenido problemas anteriores con ellos; y de las demás testificales que señalaron que las peleas fueron entre veinte personas y se limitaron a señalar que el querellante se encontraba sangrando.
De otro lado, alegan que los certificados médicos fueron observados oportunamente, en sentido que el emitido el 17 de febrero de 1999 por el Médico Forense José Hoyos Sánchez, no demuestra que existió lesión en el oído derecho y menos golpe o equimosis; en cambio, el expedido el 23 de julio del año de 1999 por el mismo profesional, refiere todo lo contrario y diagnostica sordera neural profunda y trauma acústico avanzado con hipoacusia neuro sensorial profunda; el mismo que resultó ser solamente una convalidación de un certificado particular logrado por la parte civil, al menos así expresó el forense a tiempo de prestar su declaración en audiencia, denotando que no existió una revisión médico legal. Sin embargo, el Juez de la causa, sin fundamento legal o prueba alguna, en violación de sus derechos, amplió el auto inicial de la instrucción.
Finalmente, señala que los Vocales no tuvieron presente que ante una anterior apelación en la cual, el Tribunal de alzada dispuso la reposición de obrados y ordenó que el Juez dé aplicación a lo previsto por el art. 249 del CPP del año de 1972, disponiendo el reconocimiento médico antes de la Sentencia; es una orden judicial que hasta la fecha no se cumplió por parte del querellante, obstaculizando el normal desarrollo del proceso y retardación de justicia con la negativa de someterse a una nueva revisión mediante junta médica; lo que pone en descubierto que no se realizó un análisis exhaustivo ni una correcta valoración de la prueba de cargo y descargo, conforme manda la sana crítica. Por lo tanto, no se demostró la autoría de los delitos querellados; por lo que, no existe prueba contundente que refleje los hechos; por lo tanto, debió haberse aplicado el in dubio pro reo. Lo que demuestra el incumplimiento de los arts. 120 y 133 del CPP del año de 1972, ya que el Tribunal ad quem ignoró y confundió la valoración de la prueba, manifestando que todos los elementos de juicio que cursan en obrados no han sido enervados por prueba alguna, no obstante que con la prueba literal y testifical, se demostró lo contrario.
2. Agregan que dentro del proceso, solicitaron la extinción de la acción penal, lo que se les rechazó sin objetividad y tampoco se valoraron objetivamente los datos del proceso, el que comenzó con la denuncia de 22 de febrero de 1999 interpuesta por Carmelo Luque Vega, habiendo transcurrido más de nueve años hasta la fecha de presentación de la casación, ello por dilación atribuible al Ministerio Público y a la parte acusadora; y conforme a las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal anterior, las causas tramitadas conforme al sistema antiguo, deben concluir en el plazo máximo de cinco años computables a partir de la publicación de dicha normativa, en coherencia con el entendimiento contenido en las SSCC 0101/2004, 1042/2004, 1534/2003-R y 0418/2000-R; y, los Autos Supremos 83 de 16 de febrero de 2009, 22 de 7 de marzo de 2007 que estarían referidos a la extinción de la acción penal. Lo que denota una mala aplicación de lo previsto por el art. 133 del CPP.
Por lo expuesto, los recurrentes solicitan que el superior en grado, dicte el correspondiente Auto Supremo conforme dispone el art. 307 del CPP.
Radicada la causa en este Tribunal, cumpliendo lo dispuesto por el art. 306 del CPP del año de 1972, por providencia cursante a fs. 737, se dispuso pase a Vista Fiscal, habiendo el Fiscal de Recursos de la Fiscalía General de la República, emitido el Requerimiento cursante de fs. 739 a fs. 741, solicitando se declare infundado el recurso de casación, por haberse interpretado correctamente las disposiciones legales tanto sustantivas como procesales, sin haber vulnerado ni quebrantado los arts. 120 y 133 del CPP.
II.1. Requerimiento de apertura de causa y juicio
Como efecto del requerimiento cursante (fs. 85 vta.), Félix Santiago Ugarte M., Fiscal de Materia en lo Penal, solicitó se dicte Auto de apertura de proceso penal contra Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, tipificado y sancionado por el art. 271 del CP. En virtud a lo cual, el Juez Primero de instrucción en lo Penal de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dispuso se organice proceso penal contra los imputados; y una vez realizadas las declaraciones confesorias, apertura y vista de la causa, se desarrolló el juicio con la continuación de debates, fundamentándose conclusiones en audiencia, para luego dictar la Sentencia 37/2003 que fue leída en audiencia pública de 24 de octubre de 2003, según acta cursante a fs. 466; por la que, se declaró a los imputados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro, autores del delito de Lesiones Graves y Leves, condenándoles a cumplir la pena privativa de libertad de tres años de reclusión. Resolución que recurrida de apelación restringida tanto por la parte civil como por los imputados, mereció el Auto de Vista 45/2006 pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el mismo que repuso obrados hasta la audiencia pública de lectura de alegatos inclusive, para que el Juez de la causa, dé aplicación al art. 249 del CPP del año de 1972.
En virtud a lo señalado, una vez repuestos los obrados, y previa solicitud de extinción de la acción penal por prescripción que fue rechazada por el Juez de Sentencia y ratificada la decisión en alzada, mediante Sentencia 8/2009 30 de septiembre, emitida por el mismo Juez; por la cual, además se determinó declarar a ambos imputados, autores del delito atribuido, condenándoles a cumplir la pena de tres años de reclusión, a Pedro Navarro Condori en la Penitenciaria Distrital de San Pedro y a Evarista Guarachi Pari de Navarro en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, de la ciudad de La Paz. Sentencia contra la cual, los imputados plantearon recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 02/2010 de 4 de enero, que confirmó la determinación asumida; el cual es objeto de casación.
Desarrollado el juicio, el Juez Segundo de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó la Sentencia 8/2009 de 30 de septiembre (fs. 675 a 680) , por la que declaró a los imputados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro, autores de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, sin considerar la Ley Modificatoria 2494 por el espacio y tiempo en que se consumó el delito; y se los condenó a la pena de privación de libertad de tres años a cumplir en la Penitenciaría Distrital de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ambos de la ciudad La Paz, más pago de costas a favor del querellante y del Estado. Asimismo, resolviendo la apelación contra la Resolución que dispuso el rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal rechazada por el Juez de primera instancia, resolvió declarar improbada la misma, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
a) Que el 14 de febrero de 1999, en la zona Ballivián y Nery Fornier en plena vía pública, por motivo de festejar la challa del Carnaval, dos grupos de asociaciones de comerciantes minoristas, uno dirigido por Evarista Guarachi Pari de Navarro y Pedro Navarro Condori y el otro por Alicia Poma de Luque y su esposo Carmelo Luque Vega, festejaban acompañados de conjuntos musicales tradicionales (tarqueada) y a horas 17:30 aproximadamente, empezaron a agredirse físicamente, ocasionando lesiones de consideración en el último de los precitados e impedimento de 31 días; y de las declaraciones testificales de cargo cursantes a fs. 410, 430 y 444 a 450, se aprecia la identificación de los sujetos activos en las agresiones realizadas en contra de la víctima, como Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro.
b) De las atestaciones uniformes y contestes de los testigos de cargo, se evidencia que la agresión se produjo con un instrumento musical (tarca) contra la víctima y por parte de los mencionados, el día y hora señalados, provocando lesiones constatadas por los certificados médicos; ratificados por el Médico Forense José Hoyos Sánchez, mediante el certificado de 16 de noviembre de 2006, donde refiere que se produjo sordera total izquierda y se recomienda efectuar lo recomendado por el especialista, uso de prótesis auditiva.
c) En cumplimiento de lo previsto por el art. 243 del DL 10426, valorando las pruebas y todos los elementos de juicio, llegó a la plena convicción que la conducta de los imputados se subsume en el ilícito acusado, previsto y sancionado por el art. 271 primera parte del CP del año de 1972, al haberse probado que los imputados causaron lesiones en la humanidad de Carmelo Luque vega, conforme el certificado médico forense, que diagnosticó sordera que data de hace más de siete años; lo que concuerda con los certificados emitidos el 17 de febrero y 23 de julio, ambos de 1999.
d) La imputada propuso extinción de la acción penal, y en el otrosí pidió prescripción, invocando los arts. 29.II y 30 ambos de la Ley 1970; sin embargo, analizada la solicitud así como el requerimiento fiscal y los datos del proceso, se debe tener presente que el caso de autos se tramita con el antiguo Código de Procedimiento Penal es decir, el DL 10426; por lo que, no corresponde invocar la normativa vigente como es el Código de Procedimiento Penal, siendo aplicable el art. 102 del antiguo Código; por lo tanto, el plazo en el presente caso, computado desde la última actuación no supera lo establecido en el art. 101 del mismo cuerpo legal, en consecuencia persiste la potestad para ejercer la acción; y en consecuencia, no opera la prescripción, no siendo aplicable el art. 100 inc. 3) del DL 10426.
II.3.Del recurso de apelación restringida de la parte acusada.
Los imputados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari de Navarro, plantearon recurso de apelación restringida contra la Sentencia 08/2009 de 30 de septiembre (fs. 675 a 680), bajo los siguientes argumentos:
1) Alegan errónea aplicación del art. 133 del CPP, porque la Sentencia de primera instancia, en sus Considerandos reconoce que las riñas y peleas fueron recíprocas, siendo el resultado de las mismas, las lesiones de Carmelo Luque, Alicia Poma de Luque y Evarista Guarachi Pari de Navarro, tal como se infiere de los certificados médicos.
Agregan que de la Resolución de mérito no se puede inferir que no se hubiere identificado en forma legal a los autores directos del ilícito de Lesiones, ya que el memorial de denuncia acusa contra varias personas, incluyendo a los querellados; extremo ratificado por las declaraciones informativas de la víctima que en forma textual señaló que nunca tuvo problemas anteriores con ellos y que fue agredido por alrededor de veinte personas entre hombres y mujeres. En el informe en conclusiones, tampoco se identifica de forma clara a los autores de los delitos imputados, se señala que sólo conocen que fueron ellos por referencia de las víctimas; pero, siempre sosteniendo que la causa de las agresiones fue la rivalidad y envidia que existe entre las asociaciones; y, de la prueba testifical de cargo, tampoco se puede identificar a sus personas como autores de los ilícitos acusados.
2) El Certificado Médico de 17 de febrero de 1999 expedido por José Hoyos Sánchez, expresa que no existió lesión en el oído derecho menos golpe o equimosis y que no existe señal de daño en el oído; y en el certificado de 23 de julio de 1999 se refiere todo lo contrario, diagnosticando sordera neural profunda con trauma acústico avanzado con hipoacusia neuro sensorial profunda. Documento este último que no tiene relación con el primero, no obstante que fue evacuado por el mismo profesional, el cual se trata de una convalidación a un certificado particular logrado por la parte civil; es decir, no existió una nueva revisión médico legal, menos se utilizó método científico para convalidar o verificar el mismo. Finalmente tampoco se tomó en cuenta la negativa de la víctima de someterse a una nueva revisión mediante junta médica, no obstante que dicho extremo estaba ordenado por las autoridades jurisdiccionales, obstaculizando el normal desarrollo del proceso y provocando retardación de justicia.
Arguyen que lo señalado demuestra que el Juez de la causa no realizó el análisis exhaustivo y la correcta valoración de la prueba de cargo y descargo que implica la sana crítica.
3) Con referencia a la duración del proceso que data de más de nueve años sin que se hasta la fecha existe sentencia ejecutoriada, pese a haberse demostrado la retardación de justicia no atribuible a sus personas; el Juez de la causa incumplió lo establecido por los Autos Supremos 22 de 7 de marzo de 2007 y “83”.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida formulado por los querellados, emitiendo el Auto de Vista 02/2010 de 4 de enero de 2010, confirmando la Sentencia; de acuerdo a los siguientes argumentos:
i) No existe ningún error procedimental que derive en alguna de las causales de nulidad previstas por el art. 297 del CPP del año de 1972 vigente para la causa.
ii) En la formalización de la querella, los denunciantes y querellantes atribuyen el brutal ataque a Pedro Navarro y Evarista Guarachi Pari de Navarro y que dentro de las investigaciones, los nombrados admitieron haber participado en el hecho, comprobado por las diligencias de Policía Judicial, en las cuales, se evidencia que admitieron haber estado presentes en el lugar del hecho y que mantuvieron una reyerta con Alicia Poma de Luque.
iii) Durante el desarrollo del debate, se produjeron pruebas testificales y documentales de cargo, que dieron como resultado la identificación de ambos imputados, como los agresores, además de haberse comprobado el cuerpo e instrumento del delito, como es la sordera neuro sensorial profunda derecha del querellante y sordera total izquierda, provocada con un instrumento musical llamado tarca. Valoración del documento médico legal realizada de conformidad con el art. 249 del DL 10426. Y la prueba de descargo no enerva ni destruye la incriminación que pesa contra los encausados.
iv) La estructura de la Sentencia cumple con la norma que subyace en los arts. 242 y 243 del CPP del año de 1972; toda vez, que el Juez de la causa, observó las reglas y contenidos para pronunciar la resolución final y en cuanto a la subsunción normativa de la conducta de los procesados en el tipo penal de Lesiones Graves y Leves es correcta; por cuanto, en las conductas de los imputados, existen los elementos constitutivos del tipo penal.
v) Tampoco es evidente que la Sentencia apelada no guarde relación con los antecedentes del proceso penal, dado que de su contenido se evidencia que el Juez de la causa realizó una adecuada compulsa de los antecedentes, especialmente contenidos en el informe en conclusiones sobre las diligencias de Policía Judicial, el Certificado Médico Forense y pruebas testificales de cargo y descargo.
vi) Respecto a la supuesta errónea aplicación del art. 133 del CPP, se remiten a lo señalado en el punto III precedente.
vii) En cuanto a la extinción de la acción, dicho reclamo no cumple con las condiciones exigidas para la aplicación de la Sentencia Constitucional 101 de 14 de septiembre de 2004 y menos con el Auto Complementario de 29 de septiembre del mismo año, porque no precisaron los actuados procesales que hubieren provocado la demora judicial. Además que dicho reclamo, resulta extemporáneo.
Con la finalidad de verificar inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad para la tramitación de la causa o para la expedición del fallo; o casos de violación de ley sustantiva en la decisión de la causa; a continuación se analizarán los motivos denunciados por los recurrentes, relativos a la inobservancia de lo prescrito por los arts. 120 y 133 del CPP del año de 1972, al no haberse identificado a los autores directos del hecho; a la supuesta errónea valoración de la prueba y al rechazo ilegal de la petición de extinción de la acción penal por prescripción. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes.
III.1. El recurso de casación en el Código de Procedimiento Penal del año de 1972.
Es preciso resaltar que el presente proceso, tuvo su inicio el 22 de febrero de 1999, por lo que su trámite se sujetó a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal del año de 1972 y la Ley de Organización Judicial de 1993, aplicables al caso pese a que a la fecha, dichas disposiciones legales se encuentran abrogadas.
En previsión de lo dispuesto por el art. 296 del CPP del año de 1972, procede el recurso de nulidad o casación por inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad y por violación de la ley sustantiva en la decisión de la causa; a este efecto, para la procedencia del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 301 y 303 del citado cuerpo legal. En ese sentido, conforme señala el art. 301 del CPP del año de 1972, se debe fundamentar el recurso de casación, cumpliendo con requisitos insoslayables, como es el precisar los motivos del recurso, la cita de las leyes procesales cuya inobservancia se impugna, o citar las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse en el recurso, y señalar en que consiste la vulneración; asimismo, el art. 303 del CPP del año de 1972, establece que el término para interponer el recurso de casación es de diez días, que correrá de momento a momento, desde la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista pertinente. Asimismo, el art. 307 inc. 1) del CPP del año de 1972, refiere que corresponderá la improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 301 del CPP del año de 1972; y , por la presentación extemporánea del recurso.
III.2. Análisis de procedencia.
En el caso de autos, de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue interpuesto dentro del plazo previsto ante la Sala que lo dictó, teniendo en cuenta que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista, el 20 de enero de 2010 a horas 15:24 (fs. 713), presentando su recurso de casación el 28 del mismo mes y año a horas 9:30; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 303 del CPP del año de 1972.
En relación a los requisitos descritos en los arts. 301 del CPP del año de 1972, se tiene que el presente recurso consta de dos motivos, el primero en el cual se denuncia inobservancia de los arts. 120 y 133 de la normativa adjetiva abrogada, alegándose en el recurso de casación los siguientes aspectos: a) Que, el Auto de Vista no tomo en cuenta que durante la tramitación del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, no se identificó que los recurrentes fueran los autores del ilícito atribuido; habiendo el Tribunal ad quem, realizado un insuficiente análisis de los antecedentes y pruebas de cargo y descargo, conforme manda la sana crítica, entre ellos, los certificados médicos que contienen contradicciones, las que no pudieron ser subsanadas en la audiencia por parte del profesional que los emitió, quien únicamente se limitó a señalar que el último certificado sólo es una convalidación de un certificado médico particular; la prueba testifical de descargo ofrecida fue uniforme en sentido que las agresiones fueron recíprocas; en el memorial de denuncia, la parte civil atribuye lesiones contra varias personas incluidos los ahora recurrentes, extremo ratificado por las declaraciones informativas de las víctimas, quienes señalaron no haber tenido problemas anteriores con los querellados y que fueron alrededor de veinte personas entre hombres y mujeres que los agredieron; de igual forma en el informe en conclusiones tampoco se identifica en forma clara a los autores de los delitos y que el motivo para que se suscite el hecho fue la rivalidad y envidia que existe entre las dos asociaciones, las que se habrían dividido y el estado de ebriedad que se encontraban los protagonistas; con referencia a la prueba testifical de cargo, tampoco demuestra la identificación plena de los autores directos, solo se limitan a señalar que el querellante se encontraba sangrando; y, b) Finalmente, que los Vocales no tomaron en consideración la orden judicial de cumplimiento de lo preceptuado por el art. 249 del CPP del año de 1972. Motivo dividido en dos incisos que merece un análisis de fondo, al haber cumplido con lo prescrito por la normativa procesal con relación a las exigencias en cuanto al contenido del recurso; puesto que se especificó adecuadamente los motivos en los que basa la demanda, así como las normas procesales cuya inobservancia se impugna (arts. 120 y 133 del CPP del año de 1972); indicando en que consiste el presunto quebrantamiento la violación de las mismas; correspondiendo a continuación, en los siguientes fundamentos jurídicos de la presente Resolución, proseguir con la labor de análisis de fondo de lo demandado.
En cuanto al segundo y último motivo denunciado por los recurrentes, referido a la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, puesto que a su criterio, a partir de la denuncia de la causa, hasta la fecha de prestación de la petición transcurrió superabundantemente el término previsto por la normativa penal para aquellos casos, lo que debería ameritar la conclusión de la causa de manera extraordinaria por el transcurso del tiempo.
Sobre este motivo del recurso, es menester precisar que conforme se advirtió anteriormente, el presente proceso fue tramitado con las disposiciones del CPP del año de 1972, siendo por lo tanto aplicable la normativa contenida en su art. 296, la cual dispone que el recurso de nulidad o casación procede en los casos de inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad, para la tramitación de la causa o para la expedición del fallo; y en los casos de violación de la ley sustantiva en la decisión de la causa; a lo que se agrega lo prescrito por el art. 299 del mismo cuerpo legal, que establece que los fallos contra los cuales procede el recurso de ultima ratio son los autos de vista dictados por los tribunales de segunda instancia que confirmen, revoquen o anulen las sentencias de primera instancia, y los que disponen la suspensión condicional de la pena.
En ese marco, conforme señala el art. 301 del CPP del año de 1972, se debe fundamentar la casación, cumpliendo con requisitos necesarios, como es el precisar los motivos del recurso, la cita de las leyes procesales cuya inobservancia se impugna, o citar las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse en el recurso, y señalar en qué consiste la vulneración.
Así en la especie, el motivo que se analiza como es el rechazo a la solicitud de los imputados de extinción de la acción penal por transcurso del tiempo, tanto por el Juez de Sentencia como en alzada, no se encuadra dentro de los fallos contra los cuáles procede el presente recurso, el cual se trata de un tema incidental que culmina con su impugnación; como es el caso, en el que el Auto de Vista impugnado que resolvió declarar sin mérito la apelación contra dicha extinción.
En ese mismo contexto normativo, el art. 307 inc. 1) del CPP del año de 1972, refiere que corresponderá la improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 301 del referido Código; como ocurre en el caso presente; en el cual no se cumplieron los requisitos exigidos en la normativa penal ya referida; inobservancia que tiene como efecto declarar la improcedencia del segundo motivo analizado; por lo tanto, no corresponde ingresar en mayores consideraciones de fondo al respecto.
En cuanto al primer motivo denunciado por los recurrentes se tiene que el mismo guarda relación con la valoración probatoria, pues en la demanda se denuncia inobservancia de lo preceptuado por los arts. 120 y 133 del CPP año de 1972, reclamados como error in iudicando; artículos de los cuales, el primero determina que la primera etapa del juicio, denominada instrucción está constituida por actuaciones públicas de carácter jurisdiccional encaminadas a investigar la verdad acerca de los extremos de imputación penal, asegurar la presencia del imputado y su responsabilidad civil, con el fin de ingresar al proceso y determinar el sobreseimiento; y el segundo, que regula respecto al cuerpo del delito; estableciendo que la base del juicio penal es la comprobación, conforme a derecho, de la existencia de alguna acción y omisión punible. Se tendrá por comprobado el cuerpo del delito, cuando por cualquier medio legal se acrediten los elementos constitutivos del tipo, según lo prescribe la ley penal.
En este mismo contexto normativo, el art. 134 del Código de adjetivo de la materia abrogado, determina que el órgano jurisdiccional admitirá como medios de prueba todos los elementos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del delito atribuido, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado.
En la especie, de la revisión de los aspectos demandados por los recurrentes con relación a la valoración de los elementos de prueba, la cual, a decir de éstos, dio como resultado, la emisión de la Sentencia condenatoria y del Auto de alzada confirmatorio, ilegales; se tiene que respecto al fallo de primera instancia, el Juez de Sentencia procedió a realizar un detalle y análisis pormenorizado de los antecedentes procesales relativos al hecho, sustentado todas las pruebas ofrecidas oportunamente, remitiéndose primero al Auto inicial de la instrucción, el cual previo requerimiento fiscal y presentación de certificado médico, fue instruido el 9 de abril de 1999 contra Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari, por encontrarse los hechos denunciados incursos dentro de las sanciones previstas por los arts. 271 segunda parte (Lesiones Leves) con relación a la primera parte del art. 272 (agravación), ambos del CP. Ampliado posteriormente mediante Resolución 448/99 de 30 de agosto de 1999, contra los imputados por el delito establecido en el art. 271 Primera Parte (Lesiones Graves) del CP, en virtud al nuevo certificado médico presentado que amplía el impedimento hasta treinta y un días.
Así una vez vencido el plazo, se emitió requerimiento en conclusiones y recibidas las declaraciones confesorias de los imputados que fueron coincidentes con las indagaciones de la Policía Judicial, se pronunció el Auto Final de Procesamiento contra los querellados, el que fue confirmado en alzada. Posterior a lo cual, se determinó la apertura del periodo de debates, instancia en la cual, el médico forense se ratificó en forma extensa en su certificado médico, aclarando que por el examen practicado por el médico especialista en otorrinolaringología particular Ricardo Cajías, se diagnosticó trauma acústico avanzado con hipoacusia neuro sensorial profunda y que se efectuaron controles médicos posteriores; asimismo, se realizó una evaluación sobre la prueba testifical de cargo, alegando que Regina Alanoca Paucara vio que doña Evarista y don Pedro Navarro le golpearon a don Carmelo Luque con sus instrumentos musicales, y que este último estaba sangrando; declaración reiterada a petición del Juzgador. Por otra parte, en su declaración testifical, Marina Rivera Apaza, afirmó que vio que el querellado agredió a la parte civil con una tarca. Por último el Juez de la causa dio publicidad a las pruebas literales de cargo, identificando las mismas, señalando a continuación que las más relevantes son los certificados médicos forenses, el último de ellos específico al señalar que por el control de la especialidad se reporta la existencia de un trauma acústico avanzado con hipoacusia neoro sensorial profunda, provocando treinta y un días de impedimento.
En cuanto a las pruebas de descargo señala que la testigo Yola Bertha Mamani de Quispe, vio que estaban challando sus puestos y peleas en el lugar de los hechos que eran de dos grupos y se metieron el querellante y su esposa y que la pelea la iniciaron todos los músicos que tocaban las tarcas, que eran unos quince. A su turno Paulina Quispe Ortiz señaló que participaron como cincuenta personas en la pelea, que a ella también la golpearon y que Carmelo Luque Vega estaba ensangrentado.
Refiere que cursa el requerimiento en conclusiones y los alegatos de las partes, los que se dan publicidad.
Una vez realizada la relación descrita precedentemente, concluye la Sentencia previa descripción de los antecedentes del hecho que aproximadamente a horas 17:30 se produjeron agresiones físicas entre dirigentes y afiliados de ambas asociaciones; dando lugar a lesiones de consideración conforme se aprecia del certificado médico, puesto que el día de los hechos, la víctima quedó sangrando con muestras de gravedad sobre su integridad física.
Agregando que de las declaraciones uniformes y contestes testificales de cargo de Regina Alanoca Paucara y Marina Rivera Apaza, quienes manifestaron haber presenciado el hecho, se aprecia la identificación de los sujetos activos en las agresiones realizadas contra la víctima, siendo éstos Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari, que propinaron una golpiza a Carmelo Luque Vega con un instrumento musical denominado tarca, provocando lesiones de consideración en su integridad, constatadas por los certificados médicos forenses.
Fundamenta que en cumplimiento de la Resolución 45/2006 de 20 de julio, emitida por la Sala Penal Segunda, se procedió a realizar el reconocimiento del damnificado Carmelo Luque Vega, en aplicación de lo previsto por el art. 249 del CPP del año de 1972, otorgándosele el correspondiente certificado médico forense, donde refiere sordera total izquierda.
Así, arriba a la conclusión que en cumplimiento de lo previsto por el art. 243 del CPP del año de 1972, se llega a la plena convicción de que la conducta de Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi de Navarro, se subsume al ilícito acusado, previsto y sancionado por el art. 271 primera parte del CP; en el comprendido que se probó que ambos causaron lesiones de consideración en la humanidad de Carmelo Luque Vega, conforme se desprende del certificado médico forense que ratifica el otorgado por un médico especialista particular.
Del contenido recientemente relatado, que fue extraído de manera textual de la Sentencia se puede evidenciar que el Juez de instancia, procedió a emitir un fallo con el mejor criterio jurídico, realizando una correcta calificación de la conducta de los procesados Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari, valorando de manera integral el conjunto de medios probatorios aportados al proceso, guiado por la sana y prudente crítica, siendo incensurable dicha conducta en apelación y menos en casación, recurso de última ratio en el que, de manera reiterativa se demandaron los mismos extremos, pretendiendo un nuevo control de legalidad sobre el fallo de mérito; no obstante, que como quedó demostrado, el Juzgador aplicó adecuadamente la condena de acuerdo al detalle de antecedentes otorgados y pruebas razonablemente valoradas en la misma Sentencia, la cual asciende a tres años de reclusión de libertad; toda vez, que todos los actuados procesales, declaraciones informativas, testificales como confesorias, certificados médicos forenses y diligencias de Policía Judicial, guardan coherencia y relación entre ellas, lo que fue demostrado en el fallo de sentencia; por cuanto, en su fundamentación refleja dicho extremo.
En ese orden, ante la presentación del recurso de apelación restringida por los ahora recurrentes, dio lugar a la emisión del el Auto de Vista 02/2010 de 4 de enero, por el cual, el Tribunal de alzada, de manera adecuada, haciendo valer lo resuelto en Sentencia, confirmó la determinación, bajo argumentos sólidos, iniciando el análisis con un resumen de las actuaciones procesales relevantes dentro del proceso penal, otorgando a continuación una visión detallada de los antecedentes del hecho, así como de los puntos apelados, para a continuación, dar respuesta a todos ellos, concluyendo en que en obrados no existe ningún error procedimental que derive en alguna de las causales de nulidad previstas en el art. 297 del CPP del año de 1972 vigente para la causa.
Agrega que tanto de la denuncia, como del memorial de formalización de la querella, se establece que el 14 de febrero de 1999, aproximadamente a horas 17:30, Carmelo Luque Vega y Alicia Poma de Luque se encontraban en la calle Fornier de la zona Ballivián trasladándose a su domicilio, cuando observaron a un grupo de personas que se encontraban tocando tarqueada, entre ellos, los imputados, quienes sin motivo alguno, empezaron a golpearles con la intención de victimizarlos, dejándolos en estado lamentable, como se evidencia de los certificados médicos y forenses. En la formalización de la querella, el querellante atribuye el brutal ataque a Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari, quienes dentro de las investigaciones, admitieron haber participado en el hecho y tenido una reyerta con la esposa de la víctima; hecho que alega se encuentra comprobado por las diligencias de Policía Judicial.
Argumenta más adelante, que durante el desarrollo del debate, se produjeron pruebas testificales y documentales de cargo que fueron valoradas de conformidad con el resultado de la identificación de Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari como los agresores del querellante, además de haberse comprobado el cuerpo e instrumento del delito consistente en la lesión sufrida por Carmelo Luque Vega que según el certificado médico forense expedido por José Hoyos Vega el 16 de noviembre de 2006, se determinó sordera neuro sensorial profunda derecha, sordera total izquierda, provocada con un instrumento musical llamado tarca. Valoración que fue realizada conforme al mandato contenido en el art. 249 del CPP del año de 1972.
En cuanto a las pruebas de descargo ofrecidas consistentes en declaraciones testificales, refiere a la pelea producida el 14 de febrero de 1999, y revelan que Carmelo Luque estaba ensangrentado; en cuanto a las pruebas documentales cursantes en obrados, como son la querella, declaración informativa policial de la víctima, solicitud de antecedentes y la de “fs. 181-182” no enervan ni destruyen la incriminación que pesa contra los encausados.
Concluyendo, que la estructura y contenido de la Sentencia cumple con la normativa que subyace en los arts. 242 y 243 del CPP del año de 1972; toda vez, que el Juez de la causa, observó estrictamente las reglas y contenidos para pronunciar la resolución final y en cuanto a la subsunción normativa de la conducta de los procesados en el tipo penal de Lesiones Graves y Leves es correcta, dado que en la misma existen los elementos constitutivos del referido tipo penal. Señala que no es evidente que la Sentencia apelada no guarde relación con los antecedentes del proceso, puesto que de su contenido se establece una adecuada compulsa de antecedentes, especialmente los contenidos en el informe en conclusiones sobre diligencias de Policía Judicial, certificado médico forense y las pruebas testificales de cargo y descargo. Así determina que la denuncia de errónea aplicación del art. 133 del CPP del año de 1972 no es evidente, pues por lo señalado con relación a la valoración probatoria demuestra que la citada normativa fue interpretada y aplicada correctamente.
De lo relatado se desprende que el Tribunal de alzada, al pronunciar la Resolución recurrida confirmando la Sentencia, procedió a actuar con el correcto criterio jurídico, al igual que el inferior, demostró que la calificación realizada en el fallo de mérito, con relación a la conducta de los imputados fue expresa en la demostración de concurrencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal. Acreditó igualmente que la valoración del conjunto los medios de prueba aportados al proceso realizada por la autoridad jurisdiccional de sentencia, se guió por la sana y prudente crítica, detallando adecuadamente cada uno de ellos, excluyendo cualquier posibilidad de duda razonable en el caso que pudiera favorecer a los querellados, tal como pretenden en el presente recurso.
En consecuencia, conforme se tiene expuesto, la revisión de valoración de todos y cada uno de los elementos probatorios por parte del Juez de instancia, se ajusta correctamente a las normas contenidas en los arts. 120, 133, 134 y 135 del Código de Procedimiento Penal de 1972; de ahí, que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso que se analiza, en sentido que en el proceso penal tramitado contra los recurrentes, en ningún momento se los habría identificado de forma directa como autores del ilícito penal denunciado supuestamente como consecuencia de la errónea valoración probatoria.
De otro lado, en cuanto a la denuncia sobre una posible contradicción de los certificados médicos presentados y suscritos por el mismo profesional médico forense, puesto que el primero de ellos, emitido el 17 de febrero de 1999, a decir de los impugnantes, no habría demostrado lesión en el oído derecho y menos golpe o equimosis; en cambio en el expedido el 23 de julio del mismo año, diagnosticó sordera neural profunda y trauma acústico avanzado con hipoacusia neuro sensorial profunda; este último, que señalan, resultó ser solamente una convalidación de otro informe médico particular logrado por la parte civil, tal como declaró el forense en audiencia.
Al respecto, de la revisión del cuaderno procesal, se tiene que la primera Sentencia emitida dentro del proceso penal que daba como resultado la condenatoria de los querellados, por la comisión del delito atribuido y que fue repuesta en apelación por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en razón a que el Juez de la causa no dio aplicación a lo dispuesto por el art. 249 del CPP del año de 1972, al no haberse realizado un reconocimiento médico por peritos antes de su pronunciamiento; lo que fue acatado tanto por el querellante, quien de manera expresa y reiterada solicitó ser sometido a auscultación médica, mediante memoriales que cursan a fs. 544 y vta., 547, 556 y 562, atendidos por el Juez de la causa, quien señaló audiencia de reconocimiento médico, la que se llevó a cabo en presencia de ambas partes, disponiéndose un nuevo informe evacuado por el profesional forense.
En cumplimiento a dicha orden judicial, el 29 de enero de 2007, el médico forense José Hoyos Sánchez, expidió un informe expresando que se procedió a la primera valoración médico legal de la víctima el 17 de febrero de 1999, se la amplió el 18 del mismo mes y año; y a requerimiento fiscal, el 23 de julio del citado año, se determinó que se evidenció una complicación sobreviniente a las lesiones sufridas el día de los sucesos y por contar con un certificado médico de 14 de junio de 1999 otorgado por el medico Ricardo Cajías, quien diagnosticó trauma acústico avanzado con hipoacusia neuro sensorial Profunda de Predominio Derecho, se convalidó el mismo mediante el examen clínico realizado del 23 de julio de 1999.
Señala además el 4 de junio de 2003, se procedió a una nueva valoración médico legal, en la que se determinó que no existía mejoría en el aspecto auditivo, informe reiterado previa valoración médica, por tercera vez el 16 de noviembre de 2006, confirmándose el diagnóstico indicado y el certificado médico otorgado por Juan José Martínez el 16 de octubre de 2006. Por lo que se concluye, que habiendo concordancia en el diagnóstico auditivo de dos especialistas que sostienen lo mismo, considera por demás efectuar otra valoración médico legal.
Entonces, de lo relatado es posible inferir que se dio cumplimiento a la disposición emanada por el primer Tribunal de alzada, acudiendo al médico forense, quien ratificó el diagnóstico en base a fundamentos sólidos contenidos en su informe, dando paso a la dictación de la Sentencia por parte del Juez de la causa, no siendo evidente que no hubiera tomado en cuenta el incumplimiento a lo dispuesto en la anterior apelación que concluyó con una Resolución que ordenó reposición de obrados y cumplimiento de lo previsto por el art. 249 del CPP del año de 1972 y menos que el sujeto procesal se hubiera negado a practicarse el mismo; al contrario, éste fue insistente en solicitar otra revisión médica.
Razones suficientes para considerar que el recurso deviene en infundado por no evidenciarse errónea aplicación de los arts. 120 y 133 del CPP del año de 1972; es más, los jueces de grado, durante la tramitación de la presente causa observaron correctamente la normativa procesal pertinente en el ejercicio pleno de la facultad conferida por el art. 135 del CPP del año de 1972, efectuando una adecuada valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, conforme a las reglas de la sana crítica y prudente arbitrio, incensurable en casación.
En consecuencia, el Tribunal de alzada al confirmar la Sentencia impugnada ha obrado correctamente tanto en la calificación del hecho como en la determinación judicial de la pena, en cuyo mérito, no vulneró ninguna norma legal, menos las acusadas de infringidas, consiguientemente, resulta no ser procedente lo impetrado, porque se demostró fehacientemente la adecuación de la conducta de los procesados al delito endilgado y la correcta valoración probatoria, por lo que, corresponde resolver el Recurso de Casación en la forma prevista en el art. 307 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal antiguo.
La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del inc. 2) del art. 307 del CPP.1972, de acuerdo con el Requerimiento Fiscal de 739 a 741; declara INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Pedro Navarro Condori y Evarista Guarachi Pari, cursante de fs. 718 a 726 vta.

References: Resolución 
in dubio
 Resolución 
 Resolución 
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