Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd667-1999.html
Timestamp: 2020-07-14 23:21:29+00:00

Document:
Real Decreto 667/1999, de 23 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles
Artículo único Modificación del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Efectos retroactivos de la disposición adicional tercera
La aplicación del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles, ha puesto de manifiesto a lo largo de sus más de cinco años de vigencia, por una parte, la conveniencia de modificar algunos de sus preceptos para agilizar y mejorar la gestión de dichas pensiones y, por otra, la necesidad de establecer otros nuevos que regulen determinadas lagunas existentes en materia de protección a los españoles sin recursos que retornan definitivamente a España.
Entre las modificaciones que se introducen, cabe destacar la previsión de que la facultad de retener parte de la pensión a favor del centro asistencial donde el interesado estuviese acogido quedará limitada únicamente a los supuestos en que el mantenimiento de dicho centro esté subvencionado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado español, previéndose asimismo los límites de dicha retención.
Se prevé igualmente el procedimiento a seguir para agilizar, con las debidas garantías, el abono de las mensualidades devengadas y no percibidas por fallecimiento del beneficiario, estableciéndose la posibilidad de que el cobro de dichas cantidades se solicite en beneficio de la comunidad hereditaria.
Por otra parte, y a fin de conseguir una gestión más eficaz de las pensiones, se flexibiliza el plazo -limitado hasta ahora al primer trimestre de cada año- en que los beneficiarios deben presentar la documentación que acredite que reúnen los requisitos para continuar percibiendo la pensión que tuvieran reconocida.
Dentro de las medidas previstas para evitar el fraude en la percepción de las pensiones asistenciales, se establece la facultad de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones de comprobar, en cualquier momento, el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la pensión asistencial y declarar, en su caso, la obligación del interesado de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. Asimismo, se prevé la posibilidad de que, cuando el deudor continúe siendo beneficiario de la pensión asistencial objeto de reintegro o de cualquier otra pensión pública, se pueda proceder a deducir dichas cantidades de la pensión que viniera percibiendo el interesado.
Por último, se añade una nueva disposición adicional para establecer un mecanismo de protección en favor de los emigrantes que retornen a España, dando cumplimiento al mandato constitucional dirigido a que los poderes públicos orienten su política hacia el retorno de los españoles en el exterior y en respuesta a las reiteradas peticiones efectuadas por el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Emigración para que el derecho a las pensiones asistenciales por ancianidad no se extinga por razón del retorno.
A tal fin, la referida disposición establece que los emigrantes españoles que al retornar a España carezcan de recursos suficientes pero no puedan causar derecho a una pensión de jubilación en su modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social al no tener, por su propia condición de emigrantes, los períodos de residencia exigidos, puedan mantener el derecho a la pensión asistencial que tenían reconocida, que se les abonará en la cuantía establecida en España para la pensión de jubilación no contributiva, hasta que alcancen derecho a una pensión del sistema de Seguridad Social o a otra pensión pública, prestación o subsidio de cualquier Administración pública.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oído el Consejo General de la Emigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de abril de 1999,
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles:
1. El artículo 1 queda redactado así:
La concesión de pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, se regulará por lo dispuesto en el presente Real Decreto.»
2. El apartado 2 del artículo 4 se redacta como sigue:
«2. Cuando el beneficiario de la pensión se encuentre acogido en un centro asistencial cuyo mantenimiento esté subvencionado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado español, la Dirección General de Ordenación de las Migraciones podrá abonar una parte de la pensión a un representante autorizado del centro para participar en el coste de la financiación de los gastos de estancia del interesado, entregando el resto directamente al mismo.
En ningún caso la cantidad abonada en concepto de gastos de estancia al centro de acogida podrá ser superior al coste real de los mismos ni al 75 por 100 del importe de la pensión asistencial que se halle establecido para el país de que se trate.»
3. Se añade un nuevo artículo 10 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 10 bis. Abono de mensualidades devengadas y no percibidas.
Ello sin perjuicio del derecho que sobre las cantidades devengadas pudiera corresponder al cónyuge superviviente en función del régimen económico matrimonial que tuvieran establecido o que les correspondiera legalmente.»
4. El artículo 11 tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 11. Incompatibilidades entre prestaciones.
La condición de beneficiario de la pensión asistencial por ancianidad es incompatible con la percepción de una pensión del Sistema de Seguridad Social u otra pensión pública, prestación o subsidio reconocido por cualquier Administración pública española siempre que la cuantía de la pensión, prestación o subsidio supere la establecida para la base de cálculo de la pensión asistencial del país de que se trate.»
5. El apartado 2 del artículo 12 tendrá la siguiente redacción:
«2. Los beneficiarios de las pensiones deberán presentar todos los años, en el plazo que reglamentariamente se establezca, la fe de vida y una declaración de los ingresos o rentas computables de la respectiva unidad económica familiar, referidos al año inmediatamente anterior.
Incumplida dicha obligación y previo requerimiento al beneficiario, con advertencia expresa de las consecuencias del incumplimiento, el organismo gestor procederá de forma cautelar a suspender el pago de la prestación.»
6. Se añade un nuevo artículo 12 bis, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 12 bis. Comprobación del cumplimiento de los requisitos y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
3. Cuando el perceptor de las cantidades indebidamente percibidas, como consecuencia de la revisión de la pensión a que se refiere el apartado 1 de este artículo, perdiese el derecho a la misma, pero fuera beneficiario de cualquier otra pensión pública, se dará traslado al órgano que la tenga a su cargo a efectos de que éste practique, en su caso, el oportuno descuento sobre la misma.»
7. El párrafo a) del artículo 13 tendrá la siguiente redacción:
«Retorno a España, salvo que concurran las circunstancias a que se refiere la disposición adicional tercera de este Real Decreto.»
8. La disposición adicional primera queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera. Españoles que emigraron durante el período 1936-1942.
El pago de dichas pensiones se efectuará con la periodicidad que reglamentariamente se determine y con cargo al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.»
9. Se añade una nueva disposición adicional tercera:
«Disposición adicional tercera. Emigrantes españoles retornados.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo que se dispone en el presente Real Decreto.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13