Source: http://seminariogargarella.blogspot.com.es/2017/02/la-corte-suprema-y-los-alcances-de-las.html?m=1
Timestamp: 2017-05-24 19:41:36+00:00

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Anónimo10:21 a.m.FResponderEliminaragdconsultora10:27 a.m.El problema de tu razonamiento es que no existe mecanismo procesal interno para que la CSJ revoque una sentencia firme sino es a través del cumplimiento de una sentencia de la CorteIDH. Me parece que es una grave retroceso de impacto impredecible y paradigmáticamente en torno a la libertad de expresión. Un gran abrazo, AGD ResponderEliminarAnónimo10:49 a.m.Comparto Roberto. Lo que me llama la atención es el cambio de posición de Highton y Lorenzetti. No han fundado ni mucho menos explicado (es un fallo corto en relación a lo que nos tiene acostumbrado la Corte) su "nueva postura".Lindo temaAndrésResponderEliminarAnónimo10:55 a.m.Muy buena reflexión, RG. Me ha llamado la atención, aunque entiendo, el rechazo radical del "fallo" (no lo es técnicamente, según le leí a Gustavo A.). Me parece que un punto que falta discutir es si acaso el sistema legal argentino tiene formas de cumplir con lo ordenado por la Corte IDH: así, creo, debiera entenderse la distancia a aceptar la orden de "revocar" una sentencia firme. Si una corte le ordena a otra revocar su decisión, es porque aquélla tiene superioridad jerárquica sobre ésta, como una corte de apelaciones respecto de un tribunal de distrito. Ese es un problema de la práctica judicial de la Corte IDH, que efectivamente parece situarse como una cuarta instancia y autoridad final (en el próximo número de I·CON viene un mini debate a partir de mi artículo "The final word?"). Si a la Corte IDH le interesa engancharse en procesos de diálogo judicial, entonces lo que le basta es observar que Argentina es uno de los países que más intensamente adhiere a un monismo interamericano, incluso desde antes de la reforma constitucional del 94. Por lo tanto, en lugar de ordenar que se "revoque" una sentencia firme, dado que esa sentencia se ha dictado con infracción a las obligaciones internacionales de Argentina, la Corte IDH podría —y debiera, creo— amplificar la mejor tradición "interamericanista" que hay en Argentina y decir, "ustedes vean cómo lo hacen, pero háganlo, dado que para ustedes los estandares internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y su jurisprudencia sigue los estándares de la Corte IDH (Ekmekdjian, Mazzeo, Simón, etc)". Eso es diálogo.ResponderEliminarGustavo Arballo11:03 a.m.Me gustó mucho y es verdad que se asume "a libro cerrado" un mecanicismo. Hay margen de discusión. Creo que la decisión de ayer de la Corte (¿es un "fallo"?) no hace nada bien.Agregamos cosas random.1. Contra el fatalismo, efectivamente habrá casos de reafirmación: yo no tengo ninguna duda de que cuando a la Corte Argentina le parezca bien una decisión de la Corte Interamericana, va a decir que se aplica la obligatoriedad. El problema es que no vamos a saber nunca cuándo eso sucede y cuándo no.2. Hay problemas de "ultima palabra" que puede ser necesario afrontar. No veo en el fallo un esfuerzo sincero desde lo político-filosófico ni algo bien construido desde lo técnico. 3. Con respecto al "diálogo jurisprudencial", interesante ángulo Rosattiano, me acuerdo de un sketch de Capusotto en que un oyente llamaba y decía: hay que hacer como Franco que acabó con la falta de diálogo fusilando a sus contradictores. Mas o menos así aborda el tema el fallo. No hay un intento real de sumar valor agregado al tema en cuestión, ni conceptualmente, ni en el caso concreto. Entonces no hay diálogo, sino como decís, soliloquio serial. 4. Hay clase de Educación Física. El profesor es la Corte IDH. Te dice: "quiero que des la vuelta carnero". La mayoría: "nada en la Ley de Educación me dice que estás autorizado a ordenarme a dar vueltas carnero, yo reconozco su autoridad para tomar lista pero voy a hacer en cada caso lo que me parezca como por ejemplo no hacer nada ahora". Maqueda: *da la vuelta carnero*. Acaso piensa: tampoco es que me está pidiendo que me tire a un pozo, el día que eso pase veo. Pero no lo dice. Nacionalistas entusiasmados de la decisión: "muy bien, el profesor no es quién para decirnos que hagamos nada! nadie mejor que nosotros pare decidir!". Gargarella: "veamos si es algo que tiene sentido dar la vuelta carnero, en principio puede que si, capaz algo distinto pueda ser igualmente provechoso, acaso podamos discutirlo en grupo". Capaz que es una postura que suscribiría, pero veo el peligro de que tu opinión/actitud va a variar en función del hecho de si te gusta o no dar vueltas carnero. Rosatti: "yo me voy a quedar parado, pero usted, profesor, haga de cuenta que ya di la vuelta carnero, y esta frase es el adecuado cumplimiento de su orden".ResponderEliminarrg12:11 p.m.andres, no diria que hay un problema serio ahi. pero en todo caso, tenemos que conversar del tema!! abrazoResponderEliminarrg12:17 p.m.gustav arb: 1) totalmente de acuerdo. vivimos y viviremos la discreción. muy serio2) elaborame cuando puedas. claro que hay problemas de ultima palabra, más a la luz del modo en que la mayoría "resuelve la cosa." si decís que en mi razonamiento hay problemas sobre última palabra, tambien lo tomo. veo por dónde ir, pero hay problemas prácticos, claro3) si. igual le abro una ventana de esperanza: a ver, avancemos por ahí. qué me querés decir? confianza de 40 por ciento digamos. puede andar, aunque hoy perezca4) jaja. el problema con el ejemplo es que lo gracioso borra lo profundo. quiero decir, yo pienso el tema en relación con "los grandes problemas", y entonces el ejemplo vuelta carnero ridiculiza todo (obvio que lo decís con la mejor onda, pero se entiende, corre de lugar la reflexión). pensalo en términos de gelman y amnistías. o en relación con colombia, el tratado de paz nuevo, y barrios altos. ahí la cosa, en su trágica dificultad, gana más sentido. pero claro, y libertad expresión en el país de correa, en donde si decís que tal candidato a las elecciones no es bueno vas preso? y sí, estamos más jorobados3)ResponderEliminarMartin Becerra1:11 p.m.Como en varios otros escritos, Gargarella introduce con pasión y argumentación su posición democrática respecto del fundamento de la “soberanía”. ¿Quién/es pueden arbitrar los conflictos en torno de la “soberanía”? La “especialización” de la resolución de las constantes disputas en torno de lo que, abrevio, llamamos “soberanía”, su “funcionarización”, es síntoma de los modos de organización política que vacían al concepto de todo arraigo comunitario-deliberativo y Gargarella se explaya en una didáctica crítica a esa organización (con la que acuerdo plenamente). El hilo de su planteo sobre el fallo es que tanto el voto mayoritario de la Corte Suprema argentina como el de Maqueda, en particular, yerran al omitir esta cuestión y al tensionar sus razonamientos entre la institucionalidad de la Corte argentina o el de la Corte Interamericana DDHH (aunque, es obvio, se halla en un universo paralelo al de los supremos por su ajenidad respecto de la institucionalización de la vida democrática en el país, no obstante coincido en la importancia del señalamiento).El balance de la lectura ofrece una suerte de “empate optimista” entre los problemas del fallo y sus méritos que en rigor, el autor sólo sostiene en base a un párrafo clave (el #22, que empieza con “Para cerrar”) en el que Gargarella hace un acto de fe en la “convicción de que la Corte argentina sigue creyendo en el peso y el carácter obligatorio de las decisiones del tribunal interamericano” (convicción sobre la que el texto no ofrece al lector ningún respaldo concreto, y por eso hablo de acto de fe). Otra frase en el mismo sentido “ el tribunal quiso dejar a salvo su propio poder, frente a las decisiones del tribunal internacional, y de ningún modo vaciar de autoridad a la Corte Interamericana”. Todo ese párrafo se sostiene en una interpretación, hermética para el lector, en el que Gargarella extrae conclusiones de las intenciones que ve en la actual composición de la Corte Suprema. El intencionalismo es el talón de Aquiles de los análisis políticos y, al carecer de elementos que permitan al lector compartir o refutar dicha proyección de intenciones, el argumento del texto se debilita. De hecho, tenemos una prueba empírica para someter las creencias al test de su aplicación práctica Y la tenemos en el caso concreto objeto del fallo de la propia Corte argentina (Fontevecchia). En este caso, la esperanzada interpretación de Gargarella acerca de que, puestos ciertos límites respecto de la potestad de la Corte Interamericana para entender en controversias domésticas, la Corte argentina abrirá una razonable ponderación caso por caso (algo que el autor -nuevamente- “confía” en que la actual composición de la Corte hará, pero le preocupa que no lo haga a futuro) no sólo no se produce, sino que se clausura... y todo con la actual composición del tribunal (cuestión que Gargarella critica, como corresponde, en el último párrafo). (sigue comentario a continuación)ResponderEliminarMartin Becerra1:12 p.m.(continúa del anterior)El último párrafo dedicado al voto de Maqueda, que es breve a mi juicio para todo lo que Gargarella puede analizar al respecto por la densidad que tiene el tema, incluye una oración medular: “entiendo que Maqueda acierta al decirle o sugerirle al resto de la Corte que, a través de su decisión, ella pone en jaque indebidamente su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, se contradice con decisiones anteriores, y abre riesgos graves para la protección de derechos humanos eventualmente amenazados en el ámbito interno”. ¡Medular! ¿No corresponde, pues, a la luz de las intervenciones de la Corte Interamericana (en el marco del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), distinguir los planos del análisis entre la discusión (acertada, según Gargarella) de la autoridad de la Corte Interamericana (aunque la discusión sirva a los fines (errados, según Gargarella, de trasladar esa potestad a la Corte argentina), por un lado, y la consecuencia -que el fallo ya demuestra- de que con ello puede obturarse el derecho a una vía recursiva que supere los consensos nacionales de las instituciones pilares del Estado? En su momento, estas instituciones sostenían el consenso de que resultaba imposible juzgar delitos de lesa humanidad. Los cortesanos argentinos no se sustraen a esos consensos, dado que ellos mismos son su fruto maduro.El fallo permite desplegar un análisis de las consecuencias que la aplicación de esta flamante tesis sobre la limitación de la Corte Interamericana hubiese tenido en casos trascendentes para la vida pública argentina en los últimos 20 años. En lugar de confiar en la buena fe, o en el buen criterio, de los cortesanos, el escrutinio de su postura frente al progresivo uso y aceptación de la Convención Americana de DDHH mediada por la Corte Interamericana permitiría una valoración distinta del fallo de la Corte argentina.(perdón por la extensión).Martín BecerraResponderEliminarrg1:17 p.m.martín te contesté por fb básicamente estomira, brevemente: en términos cínicos, y sobre la parte más política, que es donde ponés la atención, lo que digo es que la corte, molesta por la amenaza que huele en la nuca, le grita a la corte interamericana "conmigo no". eso es compatible con decir lo que sugiere en el fallo y lo que dijo otras veces y lo que dirà en el futuro, cuando la corte interamericana condene al presidente tal o cual en la argentina: hay que cumplir. ya lo verás. ahora, eso para mí no es empate en ningún sentido importante, porque lo que está en juego es la discusión democrática, y el mundo que viene prometido es, en el mejor de los casos "yo soy última instancia acá, la corte interm allá -esto es, en relación con la cadh". eso es horrible, para quienes pensamos la cuestión en términos de debate democrático. como horrible es el mundo que ofrece la corte interam (y maqueda y tantos) de "la soberanía es lo que diga la corte interam", ahí está la protección de los derechos. eso no es así, no es cierto empíricamente, no está justificado, y no es aceptable desde un punto devista democráticogracias por el laburo!ResponderEliminarAnónimo1:53 p.m.Todos los comentaristas asumen que la CIDH le ordenó a la CSJN que “revoque” su sentencia firme (pasada en autoridad de cosa juzgada) dictada en el caso “Fontevecchia”, y que la cuestión se reduce a determinar si la CSJN está obligada o no a hacer eso.La primera cuestión pasa por determinar si la CIDH tiene competencia para revocar una sentencia de la CSJN. Si no la tiene, tampoco puede tenerla para “ordenarle” a la CSJN que revoque su propia decisión. Entonces, tal vez lo mejor sea encuadrar la cuestión como una “sugerencia” que la CIDH efectúa a la CSJN en el contexto del tan mentado “diálogo o conversación” jurisprudencial. En este contexto de “diálogo interinstitucional” resulta que lo que la CIDH dijo es que debe “dejarse sin efecto” la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias. Dejar sin efecto no es una expresión técnica y así dejó abierta un amplio campo de posibilidades interpretativas. Una posibilidad es entender que “dejar sin efecto” no puede significar otra cosa que “revocar” la sentencia, como pide la tribuna de constitucionalistas progresistas. Es la solución de Maqueda. Implica rechazar la demanda de Menen. Sería éste, entonces, y no el Estado nacional, quien en última instancia debería devolver el dinero que cobró así como pagar las costas, etc. Esta solución pone muy alto el derecho de libertad de expresión pero se lleva puesto varios otros: autoridad de cosa juzgada, seguridad jurídica, derecho de defensa en juicio, derecho de propiedad, etc. Afortunadamente no leí que nadie haya defendido esta solución del entuerto.Lo que la mayoría de la tribuna de constitucionalistas progresistas pretende es que la sentencia sea revocada, pero que quien pague sea el Estado. Seguramente porque asumen que hacerle pagar a Menem viola sus derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio. Ahora bien, qué significa, en este contexto la expresión “revocar” la sentencia. En puridad, la sentencia sería revocada para Fontevecchia y no para Menen, y el Estado se haría cargo de los costos de esa revocación, para evitar incurrir responsabilidad internacional. Sería una revocación “sui generis”, oponible erga omnes menos frente al actor que ganó el jucio. ResponderEliminarAnónimo1:54 p.m.Para evitar semejantes desbarajustes teóricos y prácticos puede ser útil aplicar ciertas distinciones básicas: norma individual, norma general, validez y eficacia. Para dejar sin efecto la condena no es necesario privarla de validez (“revocarla”) sino privarla de eficacia. Si Fontevecchia recupera todo lo que le pagó a Menem y le resarcen todos los costos judiciales en que incurrió, con intereses, etc., la condena que se le impuso pierde toda eficacia. La norma individual sigue siendo válida, aunque ineficaz. La CIDH nada dijo acerca de la validez o invalidez de la norma individual. Salvo que se identifique la expresión coloquial “dejar sin efecto” con la expresión técnica “privar de validez”. A la vez, el Estado Argentino a través de las publicaciones ordenadas por la CIDH hace un reconocimiento público de que esa sentencia fue incorrecta por violar el derecho a la libertad de expresión. En términos dworkinianos, el Estado declara que se trató de un “error institucional”. Este tipo de declaración pública conlleva una consecuencia muy importante, a saber, que ya nadie podrá invocar ese caso como “precedente”. La norma individual sigue siendo válida, pero todo el contenido general del fallo –premisas normativas- pierde todo valor como “fuente del derecho”. Se priva de eficacia como “precedente jurisprudencial” (i.e., fuente del derecho) a los argumentos (interpretación de principios y normas constitucionales) utilizados en la sentencia Fontevecchia.Nos queda una norma individual válida pero ineficaz, y una declaración de que los argumentos de principio y normativos utilizados para fundar esa sentencia fueron incorrectos. Es decir, que si alguien entendiera que la sentencia “Fontevechia” creo algún tipo de norma general que sostiene que en caso de conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de un funcionario público prevalece este último, pues bien, esa sentencia ha perdido valor de precedente. Por ello me parece que la decisión de la CSJN es razonable, porque el Estado Argentino hizo todo lo que podía hacer para “dejar sin efecto” los efectos de la sentencia de la CSJN. Si fuera más allá de ello, si la revocara, violaría el principio de proporcionalidad, ya que para hacer prevalecer la libertad de expresión afectaría fuertemente otros derechos constitucionales y principios institucionales contenidos en la Constitución. ResponderEliminarAnónimo2:20 p.m.El fallo prioriza los principios de derecho público de la Constitución por sobre las decisiones y principios que emanen de organismos de derechos humanos. Encima lo hace en un contexto político regresivo en materia de derecho humanos. ¿Lo único que tiene para decir es que las decisiones de la corte idh padecen de déficit democrático? ResponderEliminarJorge Contesse2:26 p.m.La Corte argentina no parece estar diciendo simplemente que cada uno es última palabra en espacios distintos. Revisa si acaso la Corte IDH se ha salido o no de su ámbito de competencias y concluye que sí. Y lo hace leyendo la Convención Americana, no (sólo) la Constitución nacional. O sea, no es que se "desenganche" del sistema; se pone por encima de él. Como dice Gustavo, quedan varias preguntas sin responder, partiendo quizá por la más básica: si la SCJN afirma que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias (hay un "en principio" en ese párrafo que hace ruido), y no se niega su "carácter vinculante" (cons. 20°). ¿cómo es que entones se cumple la decisión de la Corte IDH? Esa respuesta es doméstica, no internacional. Y basta que la Corte IDH diga eso —"uds, vean cómo, pero tienen que hacerlo"— para que el estado mantenga su compromiso frente a obligaciones internacionales y, la Corte IDH no sea vista como amenaza. [Perdón que olvidé poner mi nombre en un post anterior]ResponderEliminarrg2:51 p.m.hola jorge, el que habló explícitamente de la división de tareas es rosatti, que firma por su lado el voto mayoritario. la corte -es mi lectura- lo que hace y hará es decirle a la corte idh "conmigo no," conmigo no te metas. pero no está dispuesta a tirar abajo lo que está. o sea que -es mi crítica- hace mal en defender su primacía del modo en que lo hace, y mal en mantener lo que va a mantener del modo en que lo va e irá haciendoResponderEliminarAnónimo3:25 p.m.Muy bueno Roberto, siempre poniendo la mejor luz en temas tan complejos.Me surgen una duda en torno a lo que entiendo lo medular de tu argumento, "son los propios afectados los que deben decidir, reflexiva y democráticamente, cómo resolver su profundo desacuerdo en la materia" .Sobre la base de tu exposición, entiendo, también es fuertemente cuestionable, no solo "el ultimo intérprete" de los tratados, sino también el propio tratado, que ciertamente es también débil en sus credenciales democráticas. Nuestra constitución nos limita, pero aunque compleja, hay formas de modificarla por canales democráticos. ¿que alternativa real tenemos a un Tratado? ¿Cuanta reflexión en comunidad o discusión democrática hay en la Legislación internacional? Me parece que tu opinión no sólo interpela al intérprete sino también al Legislador Internacional (si es que esto existe). Muchas gracias.P.l ResponderEliminarrg3:53 p.m.si, si, eso también está. en todo caso, sabemos que las leyes tienen una legitimidad "dèbil," pero siempre es relevante la pregunta de "cuàn debil". en nuestra època, el problema es serio, sobre todo a la luz de las expectativas mayores y crecientes sobre lo que exigimos de las normasResponderEliminarDiego Encina5:02 p.m.Interesante artículo profesor! Es coherente en la linea de pensamiento de sus trabajos. Aunque, si bien comparto la opinión de que "nos debemos" (re)discutir la "condición" de "último intérprete" de las normas fundamentales, creo -es mi punto de vista- que su critica transita por una delgada mecha cuando, a saber: por un lado, refiere -apelando a su buen criterio y buena fe ciudadana y humana- que la propia Corte sabrá cuando la decisión de la CIDH resulta obligatoria por la fuerza argumental de su desarrollo discursivo. Resulta ello, creo, de imposible comprobación o refutación incluso, y quedamos los ciudadanos en la propia imposibilidad de conocer, el límite de decisión entre la determinación de la obligatoriedad de un fallo de la CIDH y la de la propia Corte Nacional, sobre todo atendiendo a la subjetiva situación de celos y recelos en pos de demostrar autoridad de los magistrados -de la corte en éste caso-, una suerte así entiendo de, "esperemos a ver que piensan los supremos". Por el otro, y en verdad es ello serio, abre la posibilidad -poco mas o menos probable, según- a reconfigurar institucionalmente, un abánico de posible desprotección de los derechos humanos en ámbito interno, sobre todo atendiendo a "la fuerza de los antecedentes jurisprudenciales" -como una cómica copia del sistema anglosajón de antaño-.Aprovecho de más para saludarlo muy atentamente!!DiegoResponderEliminarVladimir Chorny5:48 p.m.Estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas de lo que escribió Roberto, por lo que sólo me detengo en las que no. (Va en dos partes. Perdonen la extensión)Sobre el fallo:Creo que no se ha dado mucha bola al "margen de apreciación". La Corte lo "importa" del sistema europeo en los párrafos 9-11 y me parece grave por varias razones: i) es una de las diferencias principales del sistema interamericano (SIDH) frente al europeo y ha evitado que países violadores de derechos humanos se amparen en él. La Corte no sólo incorpora una doctrina ajena al sistema sino que lo hace de la peor forma, sumado al argumento de la soberanía nacional y al punto de reivindicar su poder frente a la Corte IDH..Tema de las reparaciones. Con un argumento textualista de la CADH borra de un plumazo uno de los avances más importantes del sistema interamericano: lo que ha avanzado en las formas de reparaciones. Además limita la posibilidad de la reparación a lo simbólico-declarativo y a la indemnización económica, quitando de lado la posibilidad de utilizar la restitutio in integrum ( párrafos 12-15). Luego, en los párrafos 16-19, creo que invierte la lógica de otro de los principios básicos del sistema interamericano (y del derecho internacional en general), que está en los artículos 1 y 2 de la CADH: la obligación de los Estados de adecuar el derecho interno y la imposibilidad de apelar a él para incumplir una obligación internacional adquirida en un tratado (esto lo señala bien Maqueda en el párrafo 4o de su voto). Amparada en su interpretación del artículo 27, la Corte usa la idea de supremacía para dar un carácter secundario a las decisiones de la Corte IDH, porque será la Corte argentina quien decida cuándo una decisión de la Corte IDH está en orden de ser aceptada y cuándo no. Esto es grave porque el sistema interamericano funciona al revés (se podría decir que hay una presunción de legitimidad a la Corte IDH una vez que entra de manera subsidiaria). (Continúa)ResponderEliminarVladimir Chorny5:48 p.m.(Continuación)Sobre lo que escribió Roberto:Creo que da en el clavo cuando habla -en la aclaración iii) sobre la democracia- de tomar en cuenta el contexto democrático de un país y la forma en que sus instituciones resuelven los desacuerdos democráticos. No es lo mismo Uruguay y la amnistía a México y el fuero militar en la Constitución. La deferencia o intervencionismo de la Corte IDH tiene muchísimo sentido de discutirse desde acá, y es algo en lo que se ha quedado muy corta porque (como dice Roberto) ella tampoco es dialógica sino más bien dogmática siendo la "autoridad que tiene la última palabra sobre los derechos humanos en la región". Lo que me parece problemático es partir desde el sentido opuesto (lo que digo en el punto 3). Esto desnaturaliza la forma en que el procedimiento del sistema interamericano funciona.En aclaración i) sobre instituciones, totalmente de acuerdo con rechazar ambas posturas sobre cortes como las intérpretes últimas. Pero acá me parece que importa completar con algo más. Que institucionalmente tiene sentido que la Corte IDH sea no ya la última, pero sí la principal intérprete de la CADH. Los estándares interamericanos han tenido un desarrollo de años que se entiende desde este reconocimiento de autoridad (no de autoridad última) sobre lo que hace. Y los países lo aceptan institucionalmente cuando se vinculan al SIDH. ¿Esto nos obliga a darle la última palabra? No necesariamente, pero sí a darle el peso que respalda su legitimidad. Me parece que el fallo de la Corte se pierde de esto. Yo no soy tan optimista como Roberto porque mi lectura del contexto del sistema interamericano de derechos humanos es pesimista. El año anterior pasó su mayor crisis, hay intentos en muchos frentes de debilitarlo y hay muchas muestras en la región de países que están buscando limitarlo y descafeinarlo. Creo que la Corte IDH tiene un buen dote de legitimidad en cuanto a la defensa e intervención de los derechos que debe tomarse en cuenta para el análisis (esto ha hecho que en el pasado la propia Corte argentina acepte sus determinaciones incluso estando en desacuerdo con ellas, si no me equivoco). Pero esto se da vuelta con este precedente, y podría quedar simplemente así.ResponderEliminarAnónimo6:17 p.m.Probablemente la sentencia que reafirma el poder de la corte suprema se deba al avance y composicion populista de la corte interamericana. Jueces como Zaffaroni revelan una clara intencion partidista, y no es descabellado pensar que el muchos de los jueces designados durante la ultima decada por los paises bananeros vecinos, tambien respondan a la logica populista. Despues todo lo demas son argumentos semanticos, lo mismo que devolverle no se que al pueblo, o que juan pueblo decida no se qué en ultima instancia. Julia.ResponderEliminarDDHH Eduardo Llugdar6:18 p.m.(continuación) De lo dicho, surge que la CoIDH no puede revocar fallos de un tribunal Argentino como una instancia superior o cuarta instancia. Pero si puede y está legitimada, ( y la Argentina lo acepta por sus procedimientos constitucionales y por los órganos que establece la constitución) a declarar que el o un fallo de la CSJN viola DDHH y la Convención Americana, como ocurrió en el caso Bulacio y en el que provoco el fallo comentado. Por ende puede legítimamente y lo hace, declarar la Responsabilidad Internacional de Argentina por la violación, de ddhh por los contenidos de un fallo de la CSJN, aunque no lo revoque porque no es 4ta. instancia. No porque lo diga la CSJN, sino lo dice ella misma conforme el precedente citado del tribunal regional americano. Mientras no cambie el precedente que el Tribunal de San José de Costa Rica considere que no respeta la Convención Americana,la responsabilidad del Estado argentino, por violar derechos humanos no cesará ante la Comunidad Internacional y será considerado país que no respeta los DDHH, como aconteció con Venezuela la que al menos terminó denunciado la CADH. Por lo que si bien no existe una obligación del Tribunal Nacional de cambiar el precedente fijado desde el derecho interno, existe una obligación, ética y moral, basada en el derecho legal y consuetudinario internacional de Pacta sunt servanda y la buena fé, tantas veces invocado por la CSJN para fundar otros fallos basados en le derecho internacional, cuando el derecho interno encuentra obstaculo para tutelar derechos esenciales, como los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, (vg. precedente "Simón", 2004). Lo preocupante también, es que bajo el manto del margen de apreciación nacional, que se alude en el contenido del fallo de la Corte Suprema, se lo haga de modo abusivo, y bajo su pretexto no se respeten garantías fundamentales contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que en definitiva forman parte la misma Constitución Nacional, lo que levaría a un descrédito internacional en la materia, ante la comunidad Internacional, que mucho nos costó recomponer con la democracia. Tratemos de no confundir las cosas, ni confundir a la sociedad. Habrá que ver como evolucionan de aquí en mas los acontecimientos futuros y esperemos no estemos ante la presencia de un doble estándar en derechos humanos, lo que sería verdaderamente grave. En conclusión y a pesar de lo dicho, no deja de ser un fallo inconveniente que puede tener consecuencias similares a lo que aconteció con el caso Gelman vs. Uruguay, sentencia de supervisión de cumplimiento, fallado el 20 de Marzo de 2013 por la Corte Interamericana. Otro inconveniente es que al revocar un fallo propio en el caso "Espósito" y todo lo contrario ahora, respecto de cumplimiento de sentencias de un mismo tribunal internacional, mas allá las diferencia de integración del tribunal nacional estamos en presencia de un estoppel del derecho internacional público, ya abordado por la CoIDH en el caso Abrill Alosilla y otros vs. Perú, del año 2011, fundado en otro principio internacional de la Continuidad Jurídica del Estado parte, mas allá, de quienes eventualmente les corresponda el ejercicio de sus poderes públicos. Nobleza obliga a indagar lo que la CoIDH considera como cuarta instancia, por lo que mi me inclino en lo establecido en el voto razonado del Juez, Eduardo Ferrer Macgregor, quien me merece el mas alto de mis respetos, (por haberlo conocido y cursado algunas clases en la Academia de DDHH de la WCL de American University) como juez ad hoc, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México del año 2010, al resolver una excepción del Estado al respecto.En lo personal, rescato el voto en disidencia del Ministro Maqueda, que sigue una linea coherente a los precedentes anteriores de la CSJN desde "Bulacio", en adelante, contrarios al de esta nueva mayoría en el tema, y respecto al voto de la mayoría, prefiero abrir un compás de espera y ver su evolución posterior.ResponderEliminarAlejandro9:21 p.m.La Corte niega que deba revocar su fallo ("aca mando yo") pero acepta que el Estado este obligado (por la CIDH) a reconocer(a través de los medios) que la Corte se equivocó y que, además, la sociedad (y no las partes) deba reparar los daños causados por su "error"?? Insólito. No entiendo que les preocupa a aquellos que defienden la supremacía de la CIDH.Lo que viene: la Corte muy orgullosa de sus fallos irrevocables y de su autoridad suprema, los medios publicando las sentencias "corregidas" por la CIDH (con las sanciones) y nosotros indemnizando a los perjudicados por las macanas (según la CIDH) de nuestra "Suprema" Corte. Lindo diálogo...ResponderEliminarignatus11:50 a.m.Lo que debieran reconocer, me parece, es que con el mamotreto que hicieron con lo reforma del 94, existe en los hechos, en las instituciones, una cuarta instancia "en las condiciones de su vigencia".Excelentes análisis, saludosResponderEliminarJosep Joan Moreso7:29 p.m.El comentario de Gargarella es, como siempre, oportuno y lleno de sugerencias interesantes. Yo voy a referirme sólo a la cuestión de quién debe tener la ‘última palabra’. Creo que esta cuestión tiene dos dimensiones: una sustantiva, que se refiere a cómo debemos interpretar nuestras Constituciones y nuestros Convenios internacionales para que las decisiones sean correctas. Y otra institucional, de carácter procedimental, referida a cómo y quién tiene la última palabra en el Derecho, quien tiene el poder de dictar la última decisión (que, como los anteriores, puede estar equivocada: Bush v. Gore es considerado por muchos, y por mí mismo también, como una decisión equivocada -de consecuencias terribles para el mundo- pero final.Creo que lo que Roberto dice se refiere a la dimensión sustantiva. Aboga por una concepción de la interpretación del derecho que podemos denominar republicana (cercana al constitucionalismo popular de Kramer y Tushnet por el que ha mostrado simpatías), es decir, lo que la Constitución requiere es aquello que el pueblo, en su aspiración de autogobernarse y como fruto de un diálogo entre todos, acepta y adopta. Aunque tengo parciales simpatías por esta posición, tengo también dudas: una concepción como ésta hace que sea muy difícil sostener que la Constitución americana protege el same sex-marriage, como ha dicho la Corte Suprema, proque por ejemplo el pueblo de California dijo en referéndum lo contrario. Creo que se trata de una posición insuficiente, que nos retrotrae a la concepción de Cardozo, criticada por las razones que apunto. Lo dejo aquí porque toda la teoría jurídica está contenida en este debate.Sin embargo, sea lo que fuere de esta posición, queda la cuestión institucional. Y creo que esto es lo que discute la Corte Suprema argentina en el caso comentado por Roberto. Por razones institucionales, necesitamos en el Derecho poder identificar las decisiones judiciales firmes, con fuerza de res iudicata. Puede haber dudas acerca de algunos casos durante un tiempo, pero necesitamos algo como una regla de reconocimiento apta para identificar las decisiones judiciales últimas. Creo, pero otra vez esto nos llevaría demaisado lejos, que en este caso la Corte argentina se equivoca (con mi amigo Carlos Rosenkrantz incluido) y lleva la razón el juez Maqueda. pero esta es mi opinión, al final la dimensión institucional depende de cómo son las cosas y lo que tiene éxito se consolida (algo así dice Hart en The Concept of Law).ResponderEliminarrg7:37 p.m.ídolo josé juan.mira, me parece a mí que maqueda suscribe una visión muy propia de la dogmática de los derechos humanos en la argentina, que entre otras cosas es insólita e injustificadamente deferente sobre lo que diga un órgano como la corte interamericana, que en muchos sentidos resulta hoy incomprensible (y horroroso cuando uno lo mira de cerca y ve quiénes son algunos de sus miembros). es, en efecto, una discusión para largo, pero me parece que a estas alturas, con nuestras expectativas democráticas y demandas de inclusión, resulta inaceptable de un modo colosal que un grupito de personas que de ningún modo controlamos y a los que desconocemos (como ellos desconocen todo sobre nosotros) se arroguen el derecho de decidir sobre nuestros futuros como lo hacen (porque, otra vez, hay muchas formas/modalidades de decidir, que podrían dar algún sentido y justificación a lo que hoy es intragable. gran abrazo jj, un lujo leerteResponderEliminarJosep Joan Moreso8:06 p.m.Recuerdo lo que dice Hart (p. 149 de la primera edición, 153 de la segunda, ¿por qué cambian las páginas de ediciones que son el mismo texto?): 'Here all that succeeds is success'.Y mañana contesto a Roberto, que estoy en Palermo (Italia) y tengo un seminario mañana por la mañana.ResponderEliminarSebastián Alejandro Rey11:31 p.m.Roberto, recuerdo que muchas de las cuestiones más controversiales del fallo las hemos discutido hace unos años en tu Seminario al analizar el fallo "Gelman". Solo para provocarte van aquí 10 observaciones críticas al reciente fallo de la CSJN desde una perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos:1) El carácter obligatorio “en principio” de las sentencias de la Corte IDHEl carácter obligatorio de las sentencias de los tribunales internacionales deriva del principio de la buena fe y la norma pacta sunt servanda. En el ámbito interamericano, del artículo 67 y 68.1 de la CADH. A eso hay que sumarle la teoría del “control de convencionalidad” que abarca no solo lo establecido en el tratado sino también cómo éste ha sido interpretado por quienes tienen competencia para aplicarlo.Highton en “Casal” y esta última y Lorenzetti en “Mazzeo” y “Rodríguez Pereyra” reconocieron que los órganos judiciales de los países que han ratificado la CADH están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado.O ambos magistrados dieron un golpe de timón dejando de lado sus posiciones previas o solo estaban dispuestos a cumplir las sentencias interamericanas con las que acordaban -aunque no lo explicitasen de este modo-.2) El control de los jueces nacionales de la competencia de la Corte IDH para dictar fallosAl momento de obligarse internacionalmente el Estado nada dijo explícitamente con relación a las potestades remediales del tribunal. Por ende acá se dicute si los jueces nacionales son los intérpretes del artículo 63 de la CADH y no el órgano de aplicación que el Estado aceptó crear para hacerlo. Acá tienen en contra a la doctrina y a décadas de jurisprudencia interamericana. A modo de ejemplo, en Cabrera García y Montiel Flores, México argumentó que ya había realizado el control de convencionalidad de conformidad con el tratado pero la Corte le dijo, "eso lo chequeo yo que soy la última intérprete del tratado" y lo condenó.3) El “error” de la Corte IDH al disponer la restitución como forma de reparaciónEl art 63 habla de "reparar" las consecuencias de la violación de derechos. Parece descabellado que los jueces pretendan que en el tratado aparezcan especificadas todas las formas de reparación que el Tribunal podría aplicar. Por otra parte, está ampliamente reconocido en el derecho internacional que la reparación “es el término genérico que comprende las diferentes formas como un estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido". Si bien es cierto que si la victima está muerta la restitución es imposible, en este caso era fácil restablecer la situación anterior a las condenas civiles. Además la CSJN desconoce la jurisprudencia constante del tribunal interamericano que cuando se lo pidieron y encontró violación de derechos ordenó desde la ejecución de una sentencia hasta que se deje sin efecto una sentencia o un proceso.Lo grave es que un tribunal internacional le dice que su sentencia constituye un hecho internacionalmente ilícito y la Corte doméstica no la quiere dejar sin efecto por lo que genera un nuevo hecho ilícito. En el caso que se comenta no parece muy grave porque se habla de una indemnización civil pero si la condena fuese por tener a alguien privado de la libertad, la solución que la CSJN parece proponer es que se publique la sentencia del tribunal internacional, la víctima cobre su indemnización pero siga privada de la libertad. Un auténtico contrasentido.ResponderEliminarSebastián Alejandro Rey11:34 p.m.4) La subsidiariedad del Sistema Interamericano y la fórmula de la “cuarta instancia”Toda vez que para acudir al sistema interamericano, por su carácter complementario, se deben agotar los recursos de la jurisdicción interna, puede concluirse que en todo caso que un estado ha sido condenado, su Poder Judicial o ha cometido directamente la violación de derechos o no la ha remediado. La fórmula de la cuarta instancia se ha utilizado como forma de declarar inadmisible grandes cantidades de denuncias donde los peticionarios solo manifiestan su disconformidad con lo resuelto en sede interna. Distinto es el supuesto que se trataba en “Fontevecchia y D’Amico” donde justamente lo resuelto en sede interna es lo que viola el artículo 13 de la CADH.5) El margen de apreciación nacionalEl tribunal europeo lo ha utilizado cuando una determinada circunstancia o derecho se encuentra regulado de manera diversa en los estados europeos, por ejemplo, en materia de símbolos religiosos en espacios públicos, regulación del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. El problema radica en que la Corte IDH tenía profusa y concordante jurisprudencia en materia de libertad de expresión y reparaciones en casos de sentencias domésticas violatorias de derechos convencionales. Por ende, no hay mucho margen porque hay consenso. Además, el margen de apreciación nacional no puede abarcar la posibilidad de mantener vigente la causal del hecho internacionalmente ilícito, puesto que de lo contrario la violación de derechos humanos se continuaría produciendo.6) Los principios de derecho público de la Constitución y la soberanía nacionalYa era hora de discutir el contenido del artículo 27 de la Constitución Nacional, frecuentemente olvidado en las aulas al momento de explicar la “pirámide de Kelsen” argentina -con la excepción de Gutiérrez Posse-.Llama la atención que las únicas fuentes que los magistrados utilizan para sostener la “tradición jurídica nacional” sobre la materia sea de hace un siglo, previas a la Segunda Guerra Mundial y al surgimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que implicó una redefinición de la soberanía estatal dado que se comenzaron a adoptar tratados que creaban mecanismos específicos para su protección. La supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno dejó de estar en duda hace más de 40 años. Si los jueces consideran que el término “reparación” del artículo 63 de la CADH era demasiado indeterminado -porque permitía que razonablemente se lo interprete permitiendo ordenar la restitución o cesación del hecho ilícito- y podría afectar un principio de derecho público -la Supremacía de la Corte Suprema y sus sentencias- la solución no es incumplir la sentencia sino la nulidad del tratado. Algo impensado.7) Las sentencias de la CSJN tienen autoridad de cosa juzgadaLo curioso es que Lorenzetti y Highton no dan ninguna explicación de por qué se apartan de lo que sostuvieron en “Mazzeo” cuando afirmaron que “a partir de lo resuelto por la Corte IDH en el Caso Barrios Altos han quedado establecidas fuertes restricciones a las posibilidades de invocar la defensa de cosa juzgada para obstaculizar la persecución penal respecto de conductas como [las aquí investigadas]”.La CSJN sigue siendo suprema puertas adentro y únicamente dejo de tener la última palabra en lo que hace a la interpretación de los derechos reconocidos en el tratado que el estado voluntariamente ratificó en ejercicio de su soberanía y cumpliendo los requisitos que la Constitución Nacional establece para obligarse internacionalmente.ResponderEliminarSebastián Alejandro Rey11:35 p.m.8) La Reforma Constitucional de 1994 y la jerarquía de la Convención AmericanaLa interpretación propuesta por la CSJN tiene el problema que entra en contradicción con la constante jurisprudencia del tribunal en el sentido de que hubo un juicio constituyente que implicó que el tratado es arreglado a los principios de derecho público de la Constitución y la complementa. Como sostuvo Boggiano, “no es dable adoptar una hermenéutica asaz dogmática del art. 27 de la Constitución Nacional con prescindencia de las valoraciones históricas que obligan a tomar en cuenta los nuevos desarrollos del derecho internacional” . En lugar de sostener que la sentencia de la Corte IDH viola el artículo 27 de la CN, la Corte Suprema debió utilizar una interpretación que adecue la Constitución al tratado tal como ha sido interpretada por la Corte IDH en su jurisprudencia, y no la que la oponga.9) La falta de intervención de Menem en el proceso ante la Corte IDHEste argumento ya había sido esbozado por la mayoría de los jueces del tribunal en “Cantos” para no cumplir la sentencia interamericana. Pero la propia Highton sostuvo en “Espósito” que “con independencia de que en la decisión de la Corte Interamericana se hayan considerado -entre otros elementos- hechos reconocidos por el gobierno argentino en el marco de un procedimiento de derecho internacional del que no participó el acusado, resulta un deber insoslayable de esta Corte, como parte del Estado argentino, y en el marco de su potestad jurisdiccional, cumplir con los deberes impuestos al Estado por la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos”. Carece de sentido que tanto Menem como Espósito hubieran participado del proceso en Costa Rica, porque la violación de los derechos de las víctimas las había cometido el Poder Judicial. Sin embargo si se considera que las características del litigio internacional afectan los derechos de quienes no son oídos en dicho procedimiento, la única solución posible es que el estado denuncie el tratado.10) El diálogo jurisprudencial entre los tribunales propuesto por RosattiParecería que comenzar diciendo que no cumplirán sus sentencias no es la mejor manera de ir contra una jurisprudencia del tribunal interamericano que cuenta con 20 años de constancia y concordancia.El fallo de la CSJN generará un gran desprestigio de la Argentina ante el sistema interamericano. El estado será advertido en el procedimiento de Supervisión de cumplimiento de la sentencia que no puede elegir qué partes de la sentencia cumplirá y cuáles no. Sin embargo, el incumplimiento del estado no traerá consecuencias prácticas dado que uno de los más grandes déficits del sistema interamericano tiene que ver con la falta de mecanismos que obliguen a los estados a cumplir las sentencias de la Corte IDH, a diferencia de lo que ocurre con su par europeo.A mediano plazo, la sentencia de la CSJN puede ser peligrosa en la medida de que jueces y fiscales comiencen a dejar de lado los estándares internacionales, so pretexto de una supuesta vulneración a los principios de derecho público constitucionales.ResponderEliminarrg9:23 a.m.Hola Alejandro, mil gracias. Ya estaba cambiando de pàgina, pero algunas cosas prontas:1) El principio de buena fe y el pacta sunt servanda pueden decir esto o lo contrario. no pienso, como estado, que actuo de mala fe, sino con la mejor intenciòn cuando me pregunto sobre el alcance del poder de la corte interamericana. el art. 67 de la cadh no dice nada relevante en el tema, y el 68 es compatible con que te digan "claro, en la medida en que no se exceda de su competencia y jurisdiccion"2) El hecho de que el Estado "nada dijo" no vale como argumento, menos respecto de una cuestión que no era obvia al principio y que merece ser objeto de discusión3) no veo por què no se puede considerar que fue un error, sin necesidad de exigir que se especifiquen todas las formas de reparaciòn. pueden no estar, y puedo equivocarme o excederme al escoger alguna que creì disponible4) no veo por què ni dònde està el argumento5) sì reivindico el margen de apreciaciòn, de un modo no vacìo ni cualunqista ni manipulador, como algunos podrìan querer (pienso mismo en europa)6) si7) ok8) no me convence, ni entrarìa en la bùsqueda de la intenciòn del constituyente, imposible. y el arg. de boggiano asì no me interesa: es desarrollo històrico la llegada de hitler y trump, pero eso no me dice que deba cambiar nada, màs bien lo contrario9) no me preocupa10) sì, usa una idea inatractiva de diàlogo. necesita desarrollar y precisar sino parece que vacìa de contenidogracias!ResponderEliminarSebastián Alejandro Rey10:56 a.m.1) Es evidente que nadie puede dictar sentencias si no tiene competencia. El problema es quien define si tiene competencia o no cuando el Estado no la cuestionó ni en el litigio internacional y la sentencia es definitiva e inapelable. 2) No estoy de acuerdo. Creo que el contenido del termino reparación en el derecho internacional es bastante obvio. Si el estado tenía dudas -algo que no ocurriò hasta ahora- debía manifestarlas al ratificar el tratado no 30 años después. Fijate que son varios los casos donde Argentina recibió esta reparación y nunca la objetó.3) No veo como puede estar equivocada una reparación destinada a poner fin al hecho ilícito internacional y poner fin a la violación del derecho. Y no se me ocurre otra forma de terminar con la responsabilidad del estado por dictar una sentencia que no sea dejar sin efecto la sentencia civil. Ademas es grave que la CSJN desconozca todas las sentencias que existen sobre este tema de la Corte IDH o las ningunee.4) Si es el Poder judicial el que viola el derecho humano, la única alternativa para ver si efectivamente hubo violación es mirar el proceso interno y revisar la sentencia. Eso no es cuarta instancia como parecería sugerir la CSJN. Hay una mala lectura de lo que la cuarta instancia significa. Es sacar trabajo y tirar al tacho denuncias irrelevantes. En el 100% de las sentencias de la Corte IDH se revisó procesos internos y en los casos que hubo sentencias que violaban el derecho se ordenó dejarla sin efecto.8) Lo que digo es que si la CSJN va a cambiar 20 años de jurisprudencia, e incluso dos jueces ir contra sus propios votos respecto a la reforma hay que dar mas argumentos. AbrazoResponderEliminarrg11:03 a.m.capaz que lo que no puede hacer es decir, específicamente, invalide (o cosas por el estilo), entonces no hay problema con que ordene ciertas reparaciones, sin darle contenido especìfico. es el aprendizaje mutuo acerca del alcance de las propias competencias y poderes, a la luz de los principios que organizan nuestro trabajo (democracia, respeto de libertades bàsicas, etc). entonces, reparar no està mal, pero capaz sì dar una orden màs especìfica. sobre la actuaciòn del propio poder judicial (del que yo siempre serè crìtico) tambièn creo que la conversaciòn debe seguir, a menos que tengamos razones para pensar que el poder judicial del caso haya salido de pista, para decirlo asì (creo que venezuela anda por ahì afuera). si el poder judicial en general funciona, la corte idh tiene que ser màs deferente, y el poder judicial nacional debe seguir repensàndose mientras tanto (por eso en mi opiniòn critico tanto a la corte idh como a la nacional: creo que hoy son ambas "limitadoras" màs que promotoras de la conversaciòn extendidaResponderEliminarSebastián Alejandro Rey11:34 a.m.Estoy de acuerdo. El problema principal que la CSJN no resuelve es qué alternativa hay a no dejar sin efecto la sentencia interna. Porque es un contrasentido que la victima cobre indemnización por la violación de derecho pero la sentencia siga produciendo efectos jurídicos. En materia penal seria una locura que le paguen pero siga privado de la libertad. Personalmente no se me ocurra otra alternativa en estos casos.ResponderEliminarAnónimo6:42 p.m.Rg, Lorenzetti y Highton en Carranza Latrubesse:9°) Que, en consecuencia, cabe concluir que la CorteInteramericana, aun cuando ha declarado la trascendencia de lasrecomendaciones que pudiera efectuar la Comisión y, a su vez,alentado a los Estados a cumplir con ellas sobre la base delprincipio pacta sunt servanda, no establece respecto de las mismasun criterio de obligatoriedad so pena de incurrir en responsabilidadinternacional del Estado que eventualmente incumpliere,criterio que si, en cambio, reserva para los fallos del Tribunal,derivado de lo prescripto en el articulo 68.1 de la ConvenciónAmericana, en cuyo articulado no existe disposición análogaalguna referida a las recomendaciones.10) Que, por otra parte, idéntica opinión ha trasuntadoesta Corte, en cuanto a que, conforme surge de la propiaConvención, las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias,sosteniendo que ello surge de manera expresa de laConvención; que a la Comisión únicamente se le reconoce su competenciaen actuaciones relativas a la interpretación o aplicaciónde la Convención; y que si bien \.'.l.os jueces de un estadono están obligados a ceñir sus decisiones a lo establecido enlos informes emitidos por la Comisión ..e.xiste el deber de tomaren consideración su contenido ..". (Fallos: 321: 3555, considerandos8°, 9° Y 13; postura ratificada en Fallos: 323:4130, considerando 6)"S. ResponderEliminarAnónimo11:10 a.m.Muy bueno el post de RG; su profundidad está demostrada en la cantidad y calidad de los comentarios, que dejan poco lugar para otros aportes. En recuerdo de las reflexiones que me provocaron las paradojas del fallo Espósito, aprovecho para preguntar si la jerarquía constitucional de la convención, con "las condiciones de su vigencia" integradas ademas por las decisiones de la CIDH, no ha dejado de todas maneras a salvo, como ámbito propio de la CSJN -27, 116 CN-, el juicio -"conocimiento y decisión"- sobre el debido cumplimiento de la condición también prevista en el artículo 75 inciso 22, es decir que ni los tratados ni las convenciones ni -especialmente- la interpretación que de ellos hacen los organismos internacionales "derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos". Independientemente de la discusión sobre la soberanía, no parece adecuado a esa norma ni a la interpretación auténtica de la constituyente de 1994 concebir a la CIDH como una suerte de asamblea constituyente permanente e incuestionable -"indialogable"- de todos los Estados miembros del sistema. IRV.ResponderEliminarApio Claudio9:57 a.m.Un corta reflexión no habiendo sido parte la actora en el proceso ante la Comisión, puede esta ordenar revocar un fallo que afirmaba que habia sido violada su intimidad y le había otorgado una indemnización? No se está violando su derecho a la defensa? No podría la actora plantear que el fallo viola sus derechos fundamentales al honor y a la propiedad (tiene que devolver indemnizaciòn) y recurrir ante la Comisión planteando la nulidad? ¿ Hay alguna instancia superior?ResponderEliminarAnónimo12:53 p.m.Hola Robert. La popularidad de Mauri cae en picada, caída libre. El peronismo comienza a saborear la situación y obviamente va a explotar al máximo todos los errores políticos del macrismo. Lindo, lindo se está poniendo esto. Están todos los chacales reagrupándose y te digo más, Cristina comienza a medir bien de nuevo en las encuestas. Sería un milagro que llegue al fin del mandato el macri-ceosismo. No sé cómo van a remontar la situación pero creo que ya es irremontable. El próximo gobierno es peronista de acá a la china y listo, Argentina fue a parar a los caños para siempre. Tenemos 40% de pobres, este tendría que ser un país de izquierda y no van a sacar ni un 10%, si sacaran un 10% sería una fiesta. Qué lástima que la torpeza política de Macri esté tapando toda la corrupción de los kerner. Nunca entendí el "roban pero hacen" y menos aún que los argentinos sean tan indiferentes a la corrupción. Este país no tiene arreglo. Saludos. ResponderEliminarAnónimo2:34 p.m.Sabsay:http://noticiasyprotagonistas.com/entrevistas/ResponderEliminarAnónimo6:09 p.m.Estimado Anonimo de 12.53Lo de Macri no es torpeza política: es estar haciendo lo que vino a hacer. Es una pena que los que lo votaron pensando en un cambio, se equivocaran tan fiero y no lo vieran venir. No por ellos solamente, sino por que todos (de modo singular las generaciones futuras que aún no votan) estamos (y seguiremos) pagando las consecuencias de ese voto en terminos de endeudamiento, deficit fiscal, alejamiento de los aliados internacionales reales con que historicamente debería contar la Argentina, la liquidación de la pequeña y mediana empresa, el desempleo, el aumento del nivel de inflación, la subejecución del presupuesto de educación y salud, la regresión de las políticas de inversión en CyT, etc. A todo eso, cabe agregar la inmensa degradación institucional, la persecución política (en todos los niveles, no solo los máximos), el animo represivo, la inversión de las políticas de derechos humanos y su propia corrupción. Esta, inmensa e inmediatamente expresada. Como no la hubo antes. Sin embargo la corrupción M es solo la punta visible (y no la mas importante) de sus políticas públicas, que son las que comprometen el futuro. Volviendo al tema de la entrada: algún comentario sobre la postura, interesante para legos como yo, expresada por EZ en pagina 12?ResponderEliminarAnónimo12:42 p.m.Este fallo sólo recibe críticas y desaprobación, y de gente calificada: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/21/mexico/1487711948_755709.htmlhttp://www.diariojudicial.com/nota/77466/corte/la-corte-bajo-fuego-amigo.htmlEs incomprensible el cambio de rumbo de Lorenzetti y Highton, sin fundamentación ni explicación.ResponderEliminarAnónimo1:38 a.m.penoso fallo de la Corte, cada vez que pienso que hace poco estaban Zafaron, Argibay y Petrachi no lo puedo creer como en esto también la Argentina es peor que hace 4 años. Y la verdad que espero cosas aun peores de esta CortesaludosLoroResponderEliminarAnónimo11:07 a.m.Roberto, perdón si es una tontería, pero porque te preguntas si MAqueda es "el nuevo fayt"?GraciasAntonioResponderEliminarAnónimo8:20 a.m.http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/64958/la-corte-sienta-una-grave-jurisprudencia-en-litigios-laboralesResponderEliminarAnónimo3:23 p.m.Anónimo 8:20: Que los trabajadores estatales tienen que ir al fuero "contencioso-admin" es viejo, eso lo viene diciendo hace rato la CSJN.ResponderEliminarUnknown11:31 a.m.Estimado Profesor, comparto un ensayo en que comento la polémica resolución y me adhiero parcialmente a la fórmula sugerida por ud. Como de costumbre, su análisis es de lo más razonable que he leído sobre el fallo de la Corte Suprema.https://dplfblog.com/2017/03/10/entre-el-sofisma-argumentativo-y-el-chovinismo-forense-a-proposito-de-la-decision-de-la-corte-suprema-argentina-en-el-caso-fontevecchia-y-damico/ Le saluda un ex alumno del Máster de la Universidad de Génova.Daniel C.ResponderEliminarAgregar un comentarioCargar más...

References: resolución 
sui generis
 artículo 27
 artículo 67
 artículo 63
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 63
 artículo 27
 artículo 75
 resolución