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Timestamp: 2019-10-19 13:11:18+00:00

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﻿ SENTENCIA SL4222-2017/44643 DE MARZO 1 DE 2017
SENTENCIA SL4222-2017 DE 01 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:LA ACCIÓN DE RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN POR LA INCLUSIÓN O NO DE FACTORES SALARIALES ES IMPRESCRIPTIBLE. ASÍ SE PRECISA RESPECTO DE LA ACCIÓN ENCAMINADA A OBTENER EL REAJUSTE DE LA PENSIÓN POR INCLUSIÓN DE FACTORES SALARIALES, NO ESTÁ SUJETA A LAS REGLAS DE PRESCRIPCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL, PUEDE DEMANDARSE EN CUALQUIER TIEMPO LA REVISIÓN DE LAS PENSIONES. IGUALMENTE, SE ACLARA QUE SI BIEN ES INEXTINGUIBLE POR PRESCRIPCIÓN EL DERECHO AL REAJUSTE DE LA PENSIÓN, SÍ CONTINÚAN SUJETAS A LAS REGLAS GENERALES DE PRESCRIPCIÓN PREVISTAS EN LOS ARTS. 151 DEL C.P.T., 488 DEL C.S.T. Y 41 DEL D. 3135/1968, LAS DIFERENCIAS EN LAS MESADAS ORIGINADAS COMO CONSECUENCIA DE UNA RELIQUIDACIÓN JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, RECURSO DE CASACIÓN, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, PRESCRIPCIÓN, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN
Sentencia SL4222-2017 de marzo 1º de 2017
Radicación: 44643
EXTRACTOS: «IV. El recurso de casación.
Propuesto por la actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
En la demanda con la que lo sustenta, que no fue replicada, la recurrente solicita a la Corte que case la sentencia impugnada, revoque la de primer grado y en su lugar acceda a los pedimentos de la demanda inicial.
Para ello formula un cargo que se resolverá enseguida.
V. Único cargo.
Acusa la sentencia por aplicar indebidamente los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y por infringir directamente los artículos 1º, 36 y 136 del Código Contencioso Administrativo, y 228 de la Constitución Política.
La demostración del cargo se dirige, básicamente, a cuestionar el entendimiento que el Tribunal, siguiendo la jurisprudencia trazada por la Corte, le dio a las normas que regulan la figura de la prescripción en los Códigos Sustantivo del Trabajo y Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social conforme a la sentencia de 15 de julio de 2003, radicación 19.557, pues, en su sentir, por tratarse de una servidora pública —trabajadora oficial—, se le aplican las normas que dice infringidas directamente, así su acción sea de conocimiento de los jueces ordinarios laborales. Lo alegado, porque los actos de la entidad pública no dejan de ser actos administrativos por el solo hecho de reconocer una prestación pensional. En apoyo de su aserto copia los apartes que considera pertinentes de la sentencia de la Corte de 16 de noviembre de 2005, Rad. 25770.
Además, para la recurrente, el entendimiento de la Corte en la jurisprudencia en que apoyó el juez de la alzada su decisión resulta erróneo ante el carácter individual de la pensión, que no social, pues se trata de una prestación que mira a la persona individualmente considerada, “sin importar para nada su actividad con los demás”.
La controversia jurídica que la recurrente plantea contra el fallo del Tribunal de Medellín es posible circunscribirla a dos argumentos: el primero, la pertinencia de la aplicación de normas del derecho ordinario laboral —como las de prescripción— a prestaciones concedidas mediante actos administrativos; y la segunda, la imprescriptibilidad de la acción de revisión o reliquidación de la base económica de la pensión.
En cuanto a lo primero, importa a la Corte decir que ninguna razón asiste a la recurrente, por ser inequívoco que la prescriptibilidad de las acciones de que conoce el juez del trabajo no está soportada en el carácter particular o público —administrativo— del acto que da origen al derecho en disputa, sino simplemente en la naturaleza ‘social’ de las acciones que se promueven ante los jueces ordinarios del trabajo.
Así lo recordó la Corte en sentencia de 31 de julio de 2012, Rad. 41.453:
“Ahora bien, al revisar la situación desde la óptica presentada en el ataque, esto es, que en el sub judice no podían aplicarse los artículos 488 de CST y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, precisa recordar que, al punto, tanto la Corte Constitucional(1) como el Consejo de Estado(2), han adoctrinado tesis opuestas a la que sugiere el recurrente.
“En efecto, dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del CST, de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a la(sic) los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:
"(…) Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su status.
En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del CST, 151 del CPL y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no sólo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales’".
Así las cosas, los ingentes argumentos de la censura tendientes a demostrar el error del juez de alzada por apoyar su decisión en los artículos 488 del CST y del 151 del CPT y de la S.S., quedan sin fundamento.
Pero que no le asista razón a la recurrente en el indicado argumento no se traduce en que el segundo corra igual suerte, pues, como se verá, la postura adoptada por la Corte en relación con la prescriptibilidad de la reliquidación de la base económica de la pensión, expresada en la mentada sentencia de 15 de julio de 2003, Rad. 19557, y reiterada en muchedumbre de sentencias, fue revisada y rectificada por la mayoría de la Sala en Sentencia SL8544 de 15 de junio de 2016, Rad. 45050, en los siguientes términos:
“(…) la existencia de renovados y sólidos argumentos en contra del criterio vertido en la sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, Rad. 19557, y en favor de la tesis de la imprescriptibilidad del derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales, imponen hoy a la Sala la rectificación de la postura jurisprudencial atrás reseñada.
Para ese propósito, es conveniente empezar por recordar que, de acuerdo con el artículo 48 de la C.P., la seguridad social es un derecho subjetivo de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que, en tanto derecho subjetivo, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción y, en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.
En la primera hipótesis, es claro que el salario constituye un derecho crediticio sujeto a las reglas generales de prescripción previstas en los artículos 151 del CPT, 488 del CST y 41 del Decreto 3135 de 1968; en la segunda, el salario se redimensiona y adquiere otra calidad, pues deja de ser un derecho patrimonial y se convierte en un elemento jurídico esencial de la pensión.
Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la Sala en el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, 19 mayo 2005, Rad. 23120; CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 28552; CSJ SL, 22 ene. 2013, Rad. 40993; CSJ SL6154-2015).
(1) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos.
De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande - como los que emanan del estado civil de las personas, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, más no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., dic. 18/54). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprenden los estados jurídicos, como el de pensionado.
(2) El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción, y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.
Al respecto, vale la pena recordar y reivindicar los argumentos expuestos por esta corporación en sentencia CSJ SL, 26 mayo 1986, Rad. 0052:
Ahora bien, respecto al fondo del asunto se observa que conforme lo ha definido la jurisprudencia, la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y, además, trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años. Así, en la práctica, el reajuste dispuesto por la Ley 10 de 1972 tiene incidencia en las mesadas del 1º. de enero de 1975 en adelante y, si como ocurrió en este caso sólo vino a reclamarse acerca de tal reajuste el 19 de octubre de 1981, es claro que la incidencia del reajuste prescribió hasta el 19 de octubre de 1978, pero de ahí en adelante tiene toda su eficacia ya que integra la situación legal del jubilado.
(3) La postura jurisprudencial que hoy nuevamente se retoma tiene la bondad de superar una situación de desigualdad procesal en el tratamiento que la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa le venía ofreciendo a las personas que solicitaban la revisión de sus pensiones por defectos o incorrecciones en su liquidación.
En efecto, mientras que una persona puede solicitar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la revisión en cualquier tiempo de los actos administrativos «que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas» (CPACA, art. 164, lit. c), num. 1º), como las pensionales, en la jurisdicción laboral, para que su petición de reajuste pensional por inclusión de factores salariales prospere, tiene que presentar su demanda con arreglo a las reglas generales de prescripción. De manera que, una vez transcurrido el término trienal, va a obtener una respuesta diferente dependiendo de la jurisdicción en que presente su demanda, no obstante que en el fondo se encuentra un mismo problema: el derecho o no al reajuste de una pensión cuantificada incorrectamente por omisión de factores salariales.
(4) Por último, debe subrayarse que la postura de la Sala, antes que atentar contra el principio de la seguridad jurídica, termina afianzándolo, puesto que las condiciones de seguridad y certeza en el derecho existen cuando las normas jurídicas se interpretan y aplican correctamente, en aras de que sean consistentes con las demás disposiciones e instituciones y compatibles con los valores del ordenamiento jurídico en general.
Por todo lo anterior, esta Sala recoge el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia CSJ SL, 15 julio 2003, Rad. 19557 y, en su lugar, postula que la acción encaminada a obtener el reajuste de la pensión por inclusión de factores salariales, no está sujeta a las reglas de prescripción, motivo por el cual, puede demandarse en cualquier tiempo la revisión de las pensiones. Igualmente, se aclara que si bien es inextinguible por prescripción el derecho al reajuste de la pensión, sí continúan sujetas a las reglas generales de prescripción previstas en los artículos 151 del CPT, 488 del CST y 41 del Decreto 3135 de 1968, las diferencias en las mesadas originadas como consecuencia de una reliquidación judicial”.
Al lado de los argumentos teleológicos que expusiera la mayoría de la Sala en la oportunidad señalada, bien vale la pena traer a colación otros más de orden eminentemente jurídicos que afianzan la necesidad de dejar clara la imprescriptibilidad de la acción que tiene por objeto revisar la base económica de la prestación pensional.
Para tal efecto, es bueno empezar por recordar que la prescripción extintiva es una institución del ordenamiento jurídico tendiente a dar estabilidad, firmeza, certidumbre y carácter definitivo a los derechos, propósito que no se logra si no se cumplen con estrictez y justeza los marcos normativos que la regulan, pues de otro modo el resultado producido por su indebida aplicación o su erróneo entendimiento no habrá de ser la seguridad jurídica perseguida por el legislador, sino, cosa bien distinta, la justificada insatisfacción social derivada de la pérdida de oportunidades y derechos que un proceder de tal entidad conlleva.
Esta última es una de las más cardinales razones para que la jurisprudencia y la doctrina consideren que la prescripción extintiva no sea un instituto de interpretación amplia o extensiva, sino todo lo contrario, de interpretación estricta o ‘restrictiva’, predicamento que debe aplicarse con mayor énfasis en el derecho del trabajo, por no estar fundado dicho instituto en este específico campo del derecho en razones últimas de justicia, sino en específicas necesidades de seguridad jurídica.
También, que para que pueda sostenerse que la prescripción extintiva es sólo posible invocarla —conforme a una regla prácticamente universal—, por vía de excepción, esto es, como medio de defensa procesal; y muy ocasionalmente por vía de acción, es decir, como parte del petitum de la demanda judicial.
Además, que se condiciona su aplicación a la alegación expresa por parte del que se beneficia con ella, quien, no obstante, con observación de las disposiciones que en cada ordenamiento la regulan, pueda natural o civilmente renunciarla.
En las materias del derecho del trabajo y la seguridad social, sabido es, como ya se recordó por la Corte en la sentencia atrás citada, que son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: el primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales. Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la ‘exigibilidad’ de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual.
De ese modo, la prescripción extintiva de acciones y derechos en estas materias opera atada no solamente al transcurso de un tiempo de inactividad previsto en la ley, con la posibilidad de ser interrumpido mediante una reclamación formal y singularizada, sino también, a la de la ‘exigibilidad’ de la obligación demandada, entendida ésta como la posibilidad de hacerse efectiva o ejecutable sin necesidad de advenimiento de hecho alguno, pues cuenta con la característica de ser pura y simple; o porque estando sometida a plazo o condición, se ha producido el fenecimiento de aquél o el cumplimiento de ésta.
La exigibilidad de la obligación apunta, adicionalmente, a su ejecución instantánea o a su desarrollo en un lapso de tiempo determinado o indeterminado, calificándose en la primera situación la obligación como de ‘tracto único’, en tanto que en el segundo caso como de ‘tracto sucesivo’.
La pensión de naturaleza laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.
Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ es por lo que es dable atribuir la imposibilidad de prescribir el derecho que de ella dimana, pues ésta, como ocurre con el contrato civil de renta vitalicia (C.C., art. 2300) —que en la mayoría de sus características a ésta se asemeja—, no comporta una prestación única de ejecución instantánea, o fraccionada o diferida a su vez en prestaciones parciales y fragmentarias, último caso para el cual es posible acelerar su plazo o caducarlo bajo ciertos supuestos, y, por tanto, hacerla exigible en su totalidad por ser al final una sola, sino, cuestión bastante distinta, una pluralidad de prestaciones que se causan a medida que transcurre la periodicidad por la que están regidas, básicamente, por la sobrevivencia de su titular según se ha dicho, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan a medida que transcurre el tiempo, y no única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto autónomo frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.
Cosa distinta puede decirse de cada una de las prestaciones insatisfechas en su respectivo plazo o fecha, por cuanto habiéndose adquirido por éstas la connotación de ‘exigibles’, el plazo de extinción por vía de la prescripción se cumple al vencimiento del término respecto de cada una de ellas. Esta es la razón para que la Corte haya sostenido insistentemente que si bien la pensión laboral es por naturaleza imprescriptible, las mesadas periódicas sí prescriben, obviamente, en tanto y en cuanto se las tenga como causadas, no satisfechas y se hubiere cumplido el término trienal sin que se persiguiere judicialmente y de manera idónea su respectivo pago.
Lo indicado resulta aplicable a la acción de revisión del contenido económico de la pensión ya reconocida, o de reliquidación de la base salarial de la prestación pensional como también se ha dado usualmente en llamar —que es la de que aquí se trata—, porque establecer el verdadero, legítimo y real quantum o monto de la pensión implica, necesariamente, partir del concepto de ‘exigibilidad’ de la obligación y, por ende, de la consideración de estarse frente a una de tracto sucesivo, cuyos actos periódicos y continuos conservan total autonomía unos de otros.
Luego, como la obligación pensional es de ‘tracto sucesivo’ y, por tanto, generadora del status de pensionado hasta la extinción de tal condición —por regla general hasta su deceso—, claro también resulta que la acción judicial enderezada a establecer el verdadero, legítimo y real monto o quantum de la prestación comparte la misma naturaleza de la orientada al reconocimiento del derecho pensional, de donde no resulta válido sostener que la definición de ese objeto —el de determinar el contenido económico de la prestación—, esté sujeta a un límite en el tiempo, por cuanto la dicha definición sólo se puede entender agotada cuando fenece el derecho, en otras palabras, cuando se pierde la calidad o status jurídico de pensionado, y, excepcionalmente, cuando el mentado objeto ha sido determinado por sentencia judicial con carácter definitivo e inmutable, esto es, con fuerza y autoridad de cosa juzgada.
Entonces, si ha de estimarse la extinción de algún derecho por virtud de la omisión en su ejercicio y el cumplimiento del plazo trienal legalmente determinado en cuanto al contenido económico de la prestación, ello debe circunscribirse o restringirse a lo que en términos estrictos pretende el legislador, que no es más sino el que no se revivan prestaciones causadas y no reclamadas en su total o parcial valor dentro del plazo o término establecido para el efecto, vale decir, a las diferencias de valor de la prestación que debieron cumplirse y disfrutarse con anterioridad al trienio concedido por el legislador para su reclamación.
En suma, tanto la naturaleza de ‘tracto sucesivo’ de la pensión que confiere a su titular un ‘status’ o situación jurídica concreta de orden generalmente vitalicio; como la exigibilidad autónoma de cada una de las prestaciones que la comportan; y que la prescripción extintiva es predicable únicamente de prestaciones periódicas causadas y no discutidas judicialmente en tiempo, emerge indubitable concluir, como lo expresara la mayoría de la Sala en la oportunidad anterior citada, la imprescriptibilidad de la acción de revisión o reliquidación de la base económica de la pensión.
Las múltiples razones consignadas anteriormente, que ahora conducirían naturalmente a la casación del fallo atacado; sin embargo, en esta oportunidad eso no es posible, por cuanto, aun cuando por razones distintas, la Corte en sede de instancia llegaría al mismo resultado infructuoso respecto de la pretensión medular de la demanda con la cual se inició el pleito de incluir algunos pagos devengados en el último año de servicios en la base económica de su pensión, debiéndose, de contera, mantener la decisión absolutoria de primer grado.
Ello es así, porque siendo indiscutible que la pensión reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social a la demandante Uribe Lucía del Socorro Echeverri, mediante Resolución 14870 de 28 de diciembre de 1994 (fls. 9 a 11), y reliquidada por Resolución 430 de 26 de enero de 1996 (fls. 12 a 14), no fue la llamada ‘pensión gracia’ aducida por la demandada en su contestación al libelo inicial del pleito (fl. 3), esto es, por haber prestado sus servicios como “maestra de escuela primaria oficial por un término no menor de 20 años” a que se refería la Ley 114 de 1913, sino que lo fue por haberle prestado sus servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por más de 20 años (fl. 9) —del 8 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1994—, fuera de los que había cumplido a la Universidad de Antioquia entre el 1º de agosto de 1964 y el 22 de enero de 1973 (ibídem), es decir como empleada oficial para aquella época, al amparo de las leyes 33 y 62 de 1985, “aplicando el 75% sobre el salario promedio de 12 meses” (ibídem), por estar cobijada por el régimen de transición allí señalado (D. 1848/69, art. 75), y al cumplimiento de la edad de 50 años —el 16 de octubre de 1992 (ibídem)—, lo cierto es que la base económica de su pensión está constituida por el promedio de los factores salariales de su remuneración sobre los cuales efectuó aportes a la caja de previsión, no sobre todo lo que hubiere percibido o devengado en la última anualidad, como desatinadamente lo persiguió en su demanda para lo cual aportó la certificación de folios 18 a 23 del expediente, y que no podían ser otros distintos a los enlistados en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, en la forma como fue modificado por la Ley 62 del mismo año, en los siguientes términos:
"Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio",
Para ello basta traer a colación lo anotado por la Corte en un caso similar al presente, en Sentencia SL8597 de 7 de julio de 2015, Rad. 48000, así:
“(…) esta corporación ha indicado de tiempo atrás que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en desarrollo del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, que es la base normativa de la pensión otorgada al demandante, señaló de manera taxativa los factores salariales a tener en cuenta a la hora de liquidar el promedio del salario que sirvió para los aportes en el último año de servicios, al consagrar que “…la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio”, de modo tal que solo estos factores sirven para la base de los aportes, siendo que cuando la norma se refiere a que “En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes” está haciendo clara referencia a aquéllos y no a otros que se pudieran entender por una interpretación extensiva, pues lo cierto es que la lista del artículo 1º de la Ley 62 de 1985 es taxativa y cerrada y no permite la inclusión de elementos diferentes a los contemplados allí.
Sobre este punto particular, en la sentencia CSJ SL486-2013, en la que se citó la providencia CSJ SL, 29 mayo 2012, rad. 44206, esta Sala recordó:
(…) según lo atrás expuesto, la inteligencia que el censor propone dar a tales normas es equivocada, pues de una interpretación sistemática de los artículos contenidos en la Ley 33 de 1985, con las modificaciones introducidas con la Ley 66 del mismo año, sin duda alguna, se infiere que el legislador sí estableció taxativamente los factores salariales sobre los cuales se debía aportar para tener derecho a la pensión, y, por ende, el IBL se debe determinar con base en dichos factores; la expresión de que <…las pensiones siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes>, no hace cosa distinta que reafirmar la obligatoriedad de tales factores y de los aportes para efectos de establecer el IBL. Lo anterior concuerda con lo dicho por esta Sala en la Sentencia 26659 de 2005:
<Estima la Sala que no tiene relevancia el hecho de que en las referidas disposiciones se haga referencia a los factores para la liquidación de aportes a las Caja de Previsión y en este caso el actor no haya aportado a ninguna de ellas, pues de todos modos el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 62 de 1985 hacía alusión a que ‘En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes’.
Y como bien lo señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia de 29 de abril de 2004, Rad. 2287-03, ‘la estipulación final del artículo 1º de la Ley 62 citada, sobre la liquidación de la pensión de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, no significa una exclusión para los casos en que la entidad no haya efectuado los descuentos por tal concepto, sino la obligación, para los empleados de régimen especial, de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional, de manera que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento la entidad de previsión efectúe los descuentos pertinentes’.>.
Con base en este criterio, lo cierto es que la entidad demandada tuvo en cuenta para la liquidación del promedio pensional los factores de asignación básica, horas extras, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, primas de servicios, vacaciones y antigüedad y salario en especie, elementos que claramente establece el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, de modo tal que al no incluir los desayunos, la bonificación semestral, las vacaciones y la bonificación por retiro, que están siendo pretendidos con el presente juicio por el demandante, la entidad no desconoció, bajo ninguna circunstancia, las normas aplicables a la pensión del citado, pues estos aspectos no están contemplados expresamente por el legislador para liquidar su promedio pensional, tal como se dijo en líneas anteriores. En cuanto a la pretendida sobre-remuneración, que según la constancia de folio 14-15 ascendió a $523.145.43, se observa con claridad que la entidad demandada sí la tuvo en cuenta para fijar el monto pensional, por cuanto en el valor de $1.495.569.28 que fijó como asignación básica, la incluyó junto con los sueldos mensuales de $588.974.87 y $383.449, que correspondieron a los periodos comprendidos entre el 2 de enero de 1990 y el 31 de agosto del mismo año y del 1º de septiembre de 1990 al 1º de enero de 1991, respectivamente, por lo que, en este punto particular, tampoco hay lugar a reliquidar la cuantía de la pensión como lo aduce el demandante.
Finalmente, para la Sala tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento del recurrente, en cuanto a que la entidad apreció erróneamente la Resolución 40195 de 1993 en la que constaba que la entidad liquidó la prestación con la veinteava parte de la prima de antigüedad, toda vez que no puede existir una valoración indebida sobre un punto frente al cual el fallador de segundo grado en ningún momento se pronunció, pues tal como lo dejan ver sus consideraciones, resulta claro que el Tribunal no hizo análisis alguno frente al tema, de modo que no pudo haber incurrido en el defecto fáctico endilgado hoy por la censura, máxime que como lo dejan ver el escrito de la demanda inicial de folios 1 a 7 del cuaderno principal y del agotamiento de la vía gubernativa de folios 11 a 13, el demandante no propuso como controversia la omisión de la totalidad de la prima de antigüedad y, por ende, no pretendió de manera expresa y concreta la inclusión de la misma por un valor superior al fijado por la entidad demandada, siendo, entonces, que se trata de un tema ajeno al núcleo inicial de la presente litis”.
Conforme a lo expuesto, el cargo, aunque fundado, no prospera.
No hay lugar a costas, porque no hubo réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 27 de agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso que Lucía del Socorro Echeverri Uribe, promovió contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal. E.I.C.E.
1 Corte Constitucional, Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, Referencia: Expediente D-2391, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 165 de 1941. Actor: David López Suárez. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
2 Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la sección segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo de 1960, del 24 de febrero y julio 1º de 1961, del 21 de septiembre de 1982, del 2 de diciembre de 1982. Igualmente, la sentencia del 19 de noviembre de 1982 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C. P. Carlos Betancur Jaramillo.

References: artículo 4
 artículo 151
 artículo 151
 artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 4