Source: http://campanas-ambientales.blogspot.com/2009/03/
Timestamp: 2017-10-17 18:31:43+00:00

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Campañas Ambientales de Eco Sitio: marzo 2009
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
La persistencia de la contaminación en el Riachuelo muestra que los problemas ecológicos no ocupan un lugar estacado en la agenda de políticas públicas.La Cuenca Matanza-Riachuelo presenta severos problemas de contaminación, los cuales afectan la calidad de vida de diez millones de personas. En diversas oportunidades se formularon promesas de recuperación, las cuales no fueron cumplidas, y esto motivó que se promoviera una acción judicial colectiva reclamando la efectivización de las obras de saneamiento. Ante la pasividad de las autoridades, y en un pronunciamiento muy relevante, la Corte Suprema de Justicia ordenó, en setiembre de 2006, a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia presentar un plan para recuperar la cuenca. Para evitar una nueva frustración, la Corte fijo el año pasado un cronograma que debía ser cumplido por las jurisdicciones obligadas a realizar el saneamiento.
Pero las dilaciones persisten y sólo se concretan actividades superficiales y burocráticas, según la denuncia formulada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y un conjunto de ONGs que promueven la efectivización del saneamiento. Además de inobservancia de actividades de saneamiento, se denuncia también la falta de acceso público a la información de la labor de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, el ente compuesto por las diversas jurisdicciones implicadas y encargado de cumplir con la resolución judicial.
La contaminación del Riachuelo persiste a pesar de la orden de la Corte Suprema de avanzar en la limpieza de la cuenca. Además hay falta de acceso a información oficial sobre el tema.
Minera en Neuquén: Justicia rechaza recursos
Minera: la Justicia rechazó los recursos
El gobierno provincial presentó dos recursos de revocatoria y apelación, tras el fallo judicial que resolvió suspender por segunda vez, la audiencia pública convocada en Loncopué para presentar y debatir el proyecto de explotación minera en Campana Mahuida. Uno de ellos lo presentó la Fiscalía de Estado. El otro lo hizo Cormine (Corporación Minera del Neuquén). Sin embargo, ambos fueron rechazados por la jueza Ivonne San Martín, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en Zapala. Así lo aseguró Cristian Hendrickse, el abogado patrocinante de la comunidad mapuche Mellao-Morales.
«Cormine no es parte en el juicio. Por eso la Justicia rechazó su recurso. Lo mismo hizo con la Fiscalía de Estado, en atención a las normas del derecho ambiental y a la doctrina sentada en el reciente caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Salas contra provincia de Salta- sobre amparo dictado el 26 de marzo de 2009», explicó el abogado.
Además, expresó su satisfacción y destacó la independencia e imparcialidad con que hasta ahora se desenvuelve la jueza. «Vemos con muy buenos ojos que haya hecho caso omiso a la presión de Cormine, organismo provincial que hizo reserva de hacerle juicio político en su presentación», advirtió. A la vez, hizo hincapié sobre el recurso que presentó la Fiscalía de Estado, en el cual se expresa que «el gobierno provincial tiene un principal interés en este proyecto, cuando debería asegurar la imparcialidad en el procedimiento administrativo para su aprobación o rechazo».
Para hoy se espera una gran convocatoria en el monumento a los Pueblos Originarios de Loncopué. Allí se concentrarán a las 19 vecinos autoconvocados, la comunidad Mellao-Morales, las Madres de Plaza de Mayo, obreros de Zanon, representantes del gremio ATEN, la Confederación Mapuche, y las organizaciones ambientalistas que constituyeron recientemente un foro en el seno de la Legislatura Provincial.
Carlos Camargo, que integra a la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), adelantó que se pronunciarán «contra la mina, a favor de la vida». Dijo que rechazarán el emprendimiento minero de Campana Mahuida y cualquier otro que se pretenda instalar en la Provincia, y utilice elementos altamente contaminantes como el cianuro y el acido sulfúrico.
La concentración se movilizará por las calles del pueblo hasta la plaza central donde realizarán un acto. Todo culminará con un festival de música. En tanto, Carmargo anticipó que mañana está previsto otra convocatoria en el gimnasio municipal, donde ratificarán el fallo de la Justicia que suspendió por segunda vez la audiencia pública convocada por el gobierno provincial.
El diputado provincial Rodolfo Canini (UNE-MUN-PS) manifestó su preocupación por las amenazas y las intimidaciones que sufrieron algunas personas en Loncopué, que se oponen al proyecto minero en Campana Mahuida.
«Veo con preocupación el autoritarismo y la violencia del oficialismo con respecto a la defensa del proyecto de minería a cielo abierto de Campana Mahuida», sostuvo el legislador, quien a la vez mencionó varios hechos intimidatorios. Puntualizó que el jueves pasado la directora de la Escuela Nº 50 fue amenazada por un colaborador del intendente de la localidad; y que el mismo día el director provincial de Minería intimidó al supervisor del nivel primario de la zona.
En tanto, señaló que el pasado sábado rompieron los vidrios de un auto de la Confederación Mapuche, a lo que hay que añadirle el pase a archivo «en tiempo record» del proyecto de ley que regulaba la actividad minera.
Audiencia pública por la ley de protección a los glaciares que vetó Cristina Kirchner
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
Piden celeridad en causas contra la Alumbrera
17:54 | Publicado por Eco Sitio | | Editar entrada
Provincia/Región: Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán
Desde el Grupo Ecologista Pro-Eco afirman que los expedientes están paralizados en los tribunales. Piden elevar a juicio oral una causa contra un directivo.
Distintas organizaciones ambientalistas y asociaciones civiles de nuestra región ven con preocupación que las denuncias sobre el accionar contaminante de Minera Alumbrera no tienen eco en la Justicia.
En tal sentido, desde el Grupo Ecologista Pro-Eco reclamaron que se aceleren las causas que se tramitan contra esa empresa de capitales foráneos en los tribunales de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán.
"Vemos con preocupación el hecho de que en la región, a pesar de la cantidad de denuncias y pruebas presentadas contra la empresa, los expedientes están frenados", denunció Myriam Genisans, referente de esa agrupación.
La activista recordó que Minera Alumbrera tiene varias denuncias judiciales en contra en Catamarca y Santiago del Estero por contaminación, pero solamente en Tucumán progresó una demanda penal, iniciada en 1999 por el biólogo Juan González y que terminó con el procesamiento del presidente de la firma Julián Rooney, en 2008, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones. "Esa causa, en la que se confirmó la contaminación del canal derivador de agua DP2 por parte de la Minera, ya estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral y público", agregó Genisans.
Además, aseguró que "los indicios de contaminación por parte de Minera Alumbrera son contundentes en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde todo indica un impacto grave en el dique de Termas de Río Hondo".
Genisans explicó que "además de los estudios que fueron realizados por la Federación Ambiental, como el de enterramiento de materiales contaminantes de esa empresa que se encontraron en Alpachiri, cerca del dique Villa Lola, en el Sur de la provincia, también hay un informe de la Secretaría de Minería de la Nación, el cual por alguna razón desconocida fue retirado de la página de Internet de ese organismo, que confirmó el accionar contaminante de la minera".
Según la dirigente de Pro-ECO, "la investigación más contundente, que cuenta con registro audio visual, sobre el daño ambiental que genera Minera Alumbrera se realizó en los Valles Calchaquíes, donde hay campos que desde hace tres años perdieron totalmente la producción de árboles frutales, además de un notable deterioro de la flora autóctona. Los árboles y las plantas, debido al aire contaminado que proviene de la mina y llega a los campos por efecto de los vientos, se están secando, literalmente, desde sus copas a sus raíces, y no al revés, lo que confirma que el fenómeno no se da por una falta de agua", precisó.
Genisans agregó que "también hay grandes sospechas sobre la contaminación de varios cursos de agua de Catamarca. Y los que no son contaminados, como en el caso de los ríos subterráneos, se terminarán secando, debido a la desmedida extracción de líquido que realiza Minera Alumbrera para poder realizar los procesos de separación de los minerales que se lleva de nuestro país", concluyó.
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Corte Suprema frenó los desmontes en Salta
La Corte Suprema frenó los desmontes en Salta
El máximo tribunal decidió mantener la suspensión de talar bosques en cuatro departamentos de la provincia; pidió a Urtubey que elabore un estudio de impacto ambiental
Ante el riesgo que corren el medio ambiente y el clima en Salta, la Corte decidió mantener en pie la suspensión de talar bosques en cuatro departamentos de la provincia y le ordenó que, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, realice un estudio de impacto ambiental.
Están en juego más de un millón de hectáreas y el clima provincial. Por eso, el máximo tribunal decidió adoptar una medida precautoria para preservar el medio ambiente y ordenó un estudio del impacto acumulativo que la tala tendrá sobre el clima, el paisaje y el ambiente en general, así como sobre las condiciones de vida de sus habitantes.
El máximo tribunal extendió por 90 días la suspensión de tala de bosques y ordenó al gobierno provincial que realice un estudio de "impacto ambiental acumulado" antes de seguir adelante con los desmontes.
Así, el tribunal paralizó virtualmente todos los desmontes, argumentando que "se otorgaron autorizaciones para la tala y desmonte tomando en consideración el impacto ambiental de cada una de ellas, pero no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones".
"La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del día 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo", señalaron los jueces.
El estudio de impacto ambiental acumulativo deberá estar listo en el término de 90 días, será elaborado por el gobierno salteño "en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación" y con "amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada".
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni dictaron el fallo tras advertir que existe "una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras".
"Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior", sostiene el fallo, que aplica un "principio precautorio" en materia ambiental.
Agua Rica se aprobó por presiones corporativas
El proyecto de Agua Rica se aprobó por presiones corporativas
Autor del Artículo: Javier Rodríguez Pardo - MACH - Renace - UAC
Provincia/Región:Catamarca
En octubre de 2008, los diarios catamarqueños y del noroeste argentino informaban que “Minera Agua Rica amenazaba con irse pero que en realidad la cosa olía a presión para que se le apruebe el proyecto de impacto ambiental.” ¿Qué había ocurrido? Que debido a grupos de ciudadanos autoconvocados, el anuncio de eventuales retenciones unilaterales del gobierno y las fluctuaciones desfavorables de los mercados internacionales, le servían de excusa a la transnacional Yamana Canada para “abandonar la actividad industrial minera” en Andalgalá, ciudad que “no le ofrecía seguridad en infraestructura y le retaceaba además la licencia social para operar.”
Canceló contratos laborales, adelantó vacaciones, anunció despidos y canceló compras, pero al mismo tiempo Agua Rica seguía contratando técnicos “especializados” para las labores mineras en Andalgalá.
No se trataba de una sospecha. Para nosotros no había duda alguna. La empresa operó coercitivamente en el gobierno local buscando la aprobación del informe de impacto ambiental; requisito que le falta para comenzar la explotación sistemática de Agua Rica.
Hace unos días (22 y 23 de marzo 2009) una sucesión de noticias originadas en el diario El Ancasti, anunciaban el retiro definitivo de la empresa del proyecto Agua Rica y que concentraría su política minera en yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. La noticia la ratificaba enviando 50 telegramas de despido que empujaron a obreros y familiares damnificados a reclamarle al gobierno de Catamarca la aprobación del informe de impacto ambiental. El escándalo duró poco. El gobierno catamarqueño aprobó el proyecto cuarenta y ocho horas después, tal como le habíamos adelantado al pueblo auto-convocado en asambleas para impedir la explotación, porque el caso era una copia calcada de los movimientos de Barrick Gold en La Rioja.
El escueto comunicado de la Secretaría de Minería de Catamarca sacudió el corazón de miles de luchadores que intentan impedir mayor despojo y contaminación de sus comunidades. El informe de impacto ambiental (IIA) presentado por la empresa Agua Rica para la explotación de los yacimientos mineros de cobre, molibdeno y oro en el departamento de Andalgalá, ya fue aprobado y de ese modo el gobierno local consideró que los impedimentos que hubiere –que son muchos y notorios- se desestimaran.
El proyecto anuncia una inversión de 3.000 millones de dólares, una vida útil de 23 años, con reservas minerales de unos 731 millones de toneladas de cobre, para las arcas transnacionales. El impacto ambiental será tres veces mayor al de La Alumbrera y esto no significa riesgo de opinión ni premonición alguna de nuestra parte: en ningún momento el IIA de Agua Rica pudo corregir el diseño de un proyecto minero contiguo al de La Alumbrera.
La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) le servirá a la empresa para buscar fuentes de financiamiento, tarea con la que chocaba.
El trabajo e intercambio que hicimos con el ingeniero de minas Hugo González se aprecia en la evaluación técnica del informe de Agua Rica hecho de manera independiente por un equipo de profesionales que ha recomendado no autorizar el proyecto de explotación.
Tanto la minera como el gobierno han hecho caso omiso de opiniones independientes y de audiencias públicas orquestadas o nunca realizadas.
Autorizar Agua Rica significa aprobar un nuevo escenario de contiendas y enfrentamientos entre pueblos y cipayos. Tal el futuro que se abre. Para la minera en cambio, el anuncio ha disparado sus acciones bursátiles lo que le permitirá contar con utilidades suficientes para concluir la infraestructura y explotar los yacimientos por un cuarto de siglo. Tampoco ignora que se avecinan bloqueos de caminos y que deberá convivir sin la necesaria licencia social. Sabemos por informes de funcionarios que nos piden reserva que los estudios de factibilidad presentados no permiten la explotación y que el proyecto de Agua Rica se aprobó por las presiones corporativas del sector y del gobierno nacional.
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Se aprobó el exterminio del Oeste catamarqueño
Agua Rica: El Gobierno aprobó el exterminio del Oeste catamarqueño
Autor del Artículo: Asamblea Socioambiental Catamarca
De Vido quiere sacar uranio en Santa Cruz
Fuente: Crítica Digital - Edición del 23/03/2009
Anunció la producción del "mineral estratégico" en el "corto plazo". Una ley apoyada por Cristina en 1991, prohíbe el depósito de elementos radioactivos.
En Santa Cruz rige la ley provincial 2.249, apoyada por Cristina Fernández cuando era diputada en 1991, que prohíbe la explotación de residuos radiactivos que pudieran dañar el medio ambiente.
“En el corto plazo vamos a estar también produciendo uranio, un mineral estratégico para la Argentina, que está llevando adelante integralmente su programa de desarrollo nuclear y necesita uranio producido en el país”, sostuvo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, durante la inauguración de la planta de procesamiento de oro y plata de Minera Triton Argentina, en Manantial Espejo, en el centro de la provincia de Santa Cruz.
El anuncio pasó inadvertido en medio de tanta euforia oficial por el nuevo emprendimiento mineral que se ponía en marcha, gracias “al crecimiento de la actividad minera en Santa Cruz que concentra el 42% de las inversiones que se están realizando en el país”, según De Vido.
Lo cierto es que en Santa Cruz rige la ley provincial 2249 de junio de 1991, promulgada en julio del mismo año por decreto 1324 que en su artículo 1 establece: “Prohíbese en todo el Territorio de la Provincia la instalación de centrales nucleares, depósitos transitorios o permanentes de residuos radioactivos, plantas o establecimientos de cualquier tipo que elaboren o utilicen durante el proceso de producción, elementos que pudieren producir contaminación radioactiva”. En su artículo 2, la normativa también impide “la circulación o transporte por cualquier medio, de residuos radioactivos provenientes de combustible nuclear, de centrales nucleares o de plantas de procesamiento”.
Por aquellos años la actual mandataria Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de diputada provincial del Frente para la Victoria santacruceño, apoyó con su voto aquella iniciativa impulsada por el oficialismo, por lo que el anuncio del ministro De Vido despierta dudas respecto a si se trató de un olvido del funcionario o el gobierno está pensando en modificar la legislación vigente.
De Vido precisó que la explotación de uranio se realizará “en Laguna Sirven, cerca de la localidad de Las Heras” –a unos 60 kilómetros- en el marco de un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que contempla la exploración en otras áreas de la provincia.
No es la primera contradicción, omisión u olvido que sobre la materia demuestran los funcionarios de Santa Cruz. En noviembre pasado, el diputado nacional kirchnerista José Manuel Córdoba presentó el Proyecto de Resolución Nro 6485-D-2008 que expresaba “solicitar al Poder Ejecutivo, considerar la pertinencia de incluir la cuenca inferior del Río Santa Cruz como potencial localización para las próximas instalaciones de generación eléctrica de fuente nuclear, que requerirá el país y que deben planificarse con suficiente anticipación”.
En otros tiempos, como lo demuestra la resolución 047/96, el entonces diputado provincial y actual Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, expresaba: “…Nuestro objetivo era oponernos –tal como se expresa en el proyecto- a la instalación del repositorio nuclear en Gastre. También queríamos que se aludiera a la totalidad de la Patagonia, como un lugar que queremos preservar ecológicamente apto para actividades que preserven el medio ambiente y no solamente para aquellas que puedan agredirlo…”.
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Riachuelo: plazos incumplidos
Otro informe del BM dice que Botnia no contamina
Otro informe del Banco Mundial dice que Botnia no contamina
El trabajo sostiene que no afectó ni el agua ni el aire; escepticismo argentino
El Banco Mundial (BM) divulgó un nuevo informe sobre la fábrica de Botnia en Fray Bentos según el cual, a más de un año de haber comenzado a producir pasta de celulosa, no ha provocado contaminación alguna y el río Uruguay mantiene la misma calidad que tenía antes de que se instalara la planta finlandesa.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, según sus siglas en inglés), un organismo del BM, financió parte de la construcción de esa fábrica pese a las acciones interpuestas por el gobierno argentino en atención a los reclamos de los ambientalistas de Entre Ríos.
Para sostener su aval económico al emprendimiento, que provocó un conflicto diplomático aún abierto entre los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires, la IFC contrató a la consultora ambiental canadiense EcoMetrix Incorporated. Fue el nuevo informe de esta firma, que abarca todo 2008, el que concluyó que el agua del río Uruguay es "de alta calidad" y que los indicadores arrojan datos que superan holgadamente las exigencias fijadas por la comisión binacional del río.
En julio pasado, un primer informe del BM había llegado a la misma conclusión. Y en enero se conoció otro trabajo favorable a la pastera finlandesa, en este caso de un organismo argentino: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). "Según nuestros estudios, hoy Botnia no está contaminando", expresó su presidente, Enrique Martínez.
El gobierno argentino reaccionó ayer con escepticismo ante el nuevo informe del BM. Altas fuentes oficiales manifestaron a La Nacion que el estudio carece de imparcialidad y que la Argentina seguirá con su estrategia en la Corte Internacional de La Haya, donde presentará sus propios informes (de lo que se informa por separado).
El reporte de EcoMetrix, en tanto, no deja margen para dobles interpretaciones. "Una comparación de los datos de seguimiento antes y después de la puesta en marcha de la planta muestra que la calidad del agua del río Uruguay no ha cambiado como resultado de la fábrica", indica.
Respecto de las emisiones a la atmósfera, dice que "se han mantenido dentro de los límites admisibles de permiso especificado" y que, incluso, "son muy inferiores a las esperadas". El estudio admite, sí, que se han registrado "algunas emisiones de gases" olorosos que estaban previstas y que habían sido advertidas oportunamente.
En referencia a la "calidad del aire ambiente", EcoMetrix afirma que es "muy buena" y que también en ese punto el resultado cumple con las exigencias y es mejor de lo previsto. Con el presidente Tabaré Vázquez en China, en busca de inversiones para el país, su gobierno recibió otro argumento fuerte para la defensa de su postura en el conflicto que mantiene con la Argentina por las plantas de celulosa.
Aunque el juicio en la Corte de La Haya corresponde a una denuncia de la administración Kirchner por lo que se interpretó como una violación del tratado del río compartido, fuentes oficiales uruguayas decían ayer que el estudio permite a las autoridades ambientales de ese país responder que los hechos han confirmado los pronósticos sobre no contaminación.
El resultado también generó tranquilidad en la sede de Botnia, que en los últimos tiempos se había visto sacudida por la repercusión de algunos episodios en su planta o en el entorno de ésta y que desde Gualeguaychú han sido amplificados con críticas a la fábrica.
En ese contexto se inscriben la concentración de algas en el río que generó una mancha en las aguas y la explosión de una cañería durante un proceso de revisión de procedimientos que desprendió gases olorosos y provocó una encendida reacción en la Argentina.
Aunque las autoridades uruguayas han transmitido calma a la población sobre los controles que se hacen en Botnia, la campaña de los ambientalistas entrerrianos, que advierten sobre una posible contaminación a largo plazo, muchas veces genera dudas en uruguayos que viven cerca de la fábrica.
En los hechos, algunas sanciones que el gobierno ha puesto a empresas locales que incurrieron en problemas ambientales no tienen el mismo trascendido que logran versiones lanzadas de Gualeguaychú sobre la base de rumores.
Satisfacción uruguaya
Por eso, el reporte técnico de EcoMetrix fue recibido con satisfacción por autoridades locales y también por la empresa, ya que descarta contaminación mediante efluentes, afectación del aire o de las aguas del río Uruguay.
En el gobierno sostienen que además del impacto positivo que Botnia tiene en la economía local la autorización se concedió porque estaban otorgadas las garantías para que no se produjeran efectos contaminantes.
La preocupación del gobierno se trasladó de escenario: ya no teme que la protesta ambientalista frene la que fue la inversión privada más grande de este país, sino que la inquietud está en el impacto de la crisis internacional.
Hace pocas semanas que la casa matriz de Botnia comunicó en Finlandia que se constató una baja rápida de "la demanda de pulpa" de celulosa, lo que tiró abajo sus precios e incrementó "significativamente el stock de los productores", por lo que dispuso una disminución de "su producción". Pero eso fue aplicado a "la planta de Kaskinen" y a sus "otras plantas finlandesas", con suspensión de personal.
Entretanto, el equipo de abogados y diplomáticos que tiene Uruguay para su defensa contra la Argentina en el juicio de La Haya incorporará el reporte de EcoMetrix para la corporación del Banco Mundial, en el intento de demostrar que la autorización para instalar esta fábrica sobre el río compartido se hizo con la seguridad de todos los controles ambientales necesarios.
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El uranio sin control en Argentina
Autor del Artículo: Agencia OPI Santa Cruz
Hasta el año 2000, de acuerdo a un informe de la Auditoría General de la Nación la Argentina carecía de normas que regularan la problemática relacionada con la actividad minera y concentración de uranio.; no poseía normas atinentes a la gestión de residuos radiactivos en los complejos mineros que permitan su disposición final de acuerdo al marco jurídico fijado por la Ley N°25.018 sobre dichos residuos y no había programas de monitoreo de los complejos minero – fabriles sujetos a regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Los datos recabados por OPI dan cuenta que en 9 años, nada mejoró en este aspecto.
En Argentina la supervisión de los yacimientos mineros-fabril de los minerales de uranio está a cargo la Autoridad Regulatoria Nuclear (sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear) y a partir de allí es dable pensar que en el país toda actividad de este tipo está firmemente regulada y controlada para evitar serios riesgos en la población donde se asienten estos yacimientos de extracción de material radioactivo.
Un documento de auditoría al que tuvo acceso OPI muestra claramente que al menos hasta el año 2000 el país adolecía de todo tipo de control sobre estos aspectos fundamentales de este material estratégico que hay en abundancia bajo el suelo a lo largo y ancho de la Argentina. Las averiguaciones actuales practicadas al respecto, sitúan al país en la misma situación de anomia que en los años `90 y las fuentes señalan que en los casos donde las normas están dictadas, no se aplican.
La AGN integró un equipo de trabajo constituido por el Arq. Andrés Nystorowycz, la Dra. Miriam Ivanega, la Dra. M. Cecilia Rodriguez, el Lic. Juan M. Casavelos, la Lic. Marina Abasto y el Sr. Gustavo Daino para llevar adelante el trabajo de inspección y conclusión a la normativa y su aplicabilidad en el terreno por parte del ente facultado para accionar en tal sentido.
Respecto a la función de supervisión que le corresponde al ARN con relación a la restauración del espacio natural afectado por la actividad minero-fabril de los minerales de uranio, relacionados a los aspectos de seguridad radiológica el informe encontró serias falencias las cuales indican que el país se encuentra ante una situación muy crítica en cuanto a la explotación de minerales estratégicos y no se preserva ni el medio ambiente ni la salud de la población.
Por ejemplo no se cuenta con normativa relacionada a la actividad minera y concentración de uranio, si bien en el compendio elaborado por la ARN - “Normas Regulatorias” del mes de Junio de 1999 se prevé la regulación legal de minería y concentración de uranio, sin embargo, observa la Auditoría “del contenido de la referida codificación no surge (informes anual ARN 1997/2000) que el organismo hubiese dictado la normativa referente a dichas materias”.
La normativa, de acuerdo a lo establecido, debería garantizar la seguridad para la población de las construcciones e instalaciones mineras a clausurar, la restauración del medio ambiente circundante y la adopción de medidas tendientes a evitar la contaminación de los cursos de aguas superficiales, subterráneas y de suelos, preceptos los cuales la ARN no ha cumplido.
Otro de los aspectos observados es que no se han elaborado normas sobre la gestión de desechos o residuos radiactivos. Se debe destacar al respecto que la Ley 25.018 señala la necesidad de la gestión de los residuos radiactivos, sin embargo en el 2000 la AGN denunció que hasta ese momento esta norma no había sido reglamentada.
“Es importante estipular requisitos básicos para la gestión de desechos de manera de garantizar que cualquier problema relacionado a radiaciones quede limitado. Las medidas deberían garantizar que los desechos sólidos permanecerán bajo control adecuado y que se controlará la liberación de radón a la atmósfera y de los otros elementos contaminantes al medio ambiente circundante•, indica en forma terminante el informe.
Sucede que el propio Organismo observa que la norma básica de seguridad radiológica es “una norma general” y que no hay normas específicas para la concentración de uranio, de allí el llamado de atención.
Luego el informe avanza sobre la inexistencia de un programa de monitoreo de las instalaciones sujetas a regulación de la ARN y sobre el particular añade “En la toma de muestras en los monitoreos de las instalaciones se observa falta de regularidad. La extracción de muestras es aleatoria en tiempo y en espacio, en un mismo año no se extraen muestras de todas las estaciones de muestreo o en algunas estaciones transcurren años entre la toma de una muestra y otra”.
Sobre este punto la AGN observa “El Ente afirma efectuar campañas de monitoreo, lo que este Grupo de Auditoría ha observado es que no existe un Programa de Monitoreo, ya que de la simple observación de las distintas campañas surge que las mismas son aleatorias tanto en el tiempo como en el espacio. Es dable destacar que, para obtener series de datos que resulten fiables, las mismas tiene que cumplir ciertos requisitos de homogeneidad, como la frecuencia en la que se efectúa, la estacionalidad: lluvia, nieve, niebla, escarcha, humedad relativa, vientos, y otros. Como muestra de este planteo podemos referirnos a las consideraciones vertidas en el documento Contaminación radiactiva en Mendoza. Caso Malargüe (Dirección de Saneamiento y Control Ambiental de la Pcia. De Mendoza) donde se recomienda hacer el seguimiento de las emanaciones del radón en enerofebrero- marzo por tratarse de la época que por la disminución de la humedad se produce el mayor desprendimiento”.
A continuación resalta “durante el trabajo de auditoría se observó que no hay coordinación entre los organismos que tienen competencia en materia de actividad minera nuclear (ARN, autoridades mineras provinciales y otros) ni con otros organismos nacionales también relacionados con la actividad minera. La ARN tampoco recibe ni solicita informes aprobados por la autoridad minera correspondiente, relacionados con los proyectos de recomposición exigidos por el art.17 de la Ley 24585 Título Complementario de la Protección Ambiental para la Actividad Minera”.
En lo que hace específicamente al objeto de auditoría, en el año 1998 se sancionó la Ley N° 25.018 sobre el Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (sin reglamentar). Esta ley define como residuo radiactivo a todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas no puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo a los límites establecidos por la Autoridad
Regulatoria Nuclear. La mencionada ley establece:
• artículo 9° que “la CNEA, deberá elaborar un Plan Estratégico de Gestión de Residuos
Radiactivos, que incluirá el Programa Nacional de Gestión de Residuos radiactivos que se crea en el artículo 10 de esta ley. Este plan deberá ser enviado al Poder Ejecutivo Nacional, quien previa consulta a la ARN, será enviado al Congreso Nacional para su aprobación”.
• artículo 10 inciso j) :que mediante el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos se deberá “gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear y privada incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones, los derivados de la minería de uranio, y los que provengan de yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicios”.
• artículo 11. “El Programa nacional de Gestión de Residuos Radiactivos incorporará la recuperación de sitios afectados por la actividad de extracción, molienda, concentración, tratamiento y elaboración de minerales radiactivos procedentes de yacimientos de explotación y sus respectivos establecimientos fabriles, así como de yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicios””
Normas Regulatorias elaboradas por la ARN
Las normas regulatorias de la ARN se encuentran en un compendio elaborado en junio de 1999. Entre las normas de regulación que elabora la ARN, se destaca la Norma Básica de Seguridad Radiológica (AR 10.1.1) que tiene como objetivo lograr un nivel apropiado de protección de las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.
En dicha norma se cuantifican los límites de dosis radiactivas aceptadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear ya sea por ingestión o inhalación (de todas las vías de irradiación en conjunto) tanto para trabajadores como para la comunidad. Asimismo, puntualiza las situaciones en las cuales la Autoridad Regulatoria Nuclear tiene intervención y las prácticas que son controladas por dicho organismo. Define también los criterios para la gestión de residuos radiactivos sólidos, aclarando: “Los residuos radiactivos sólidos deben mantenerse aislados de la biosfera el tiempo necesario para que hayan decaído suficientemente, utilizando –cuando sea necesario- barreras geológicas y de ingeniería con grados de independencia y redundancia adecuados, a satisfacción de la Autoridad Regulatoria.” (pág. 11/165, AR 10.1.1. Norma Básica de Seguridad Radiológica).
Complejos Minero – Fabriles
Los complejos minero - fabriles son instalaciones que explotan, procesan y preparan los minerales de uranio para que luego puedan ser transformados en concentrado comercial de uranio que será utilizado por las centrales nucleares.
Realizada la extracción del mineral de uranio se procede a concentrarlo. El material es triturado y depositado formando pilas dentro de las instalaciones de los complejos minero fabriles.
Mediante una solución diluida de ácido sulfúrico, se realiza la recuperación de uranio de esas pilas, para luego precipitarlo con amoníaco gaseoso, obteniéndose diuranato de amonio. Este producto es triturado, ya que debe adecuarse a tamaños especificados, y envasado en tambores que serán enviados a la planta de conversión de dióxido de uranio.
En la Argentina se instalaron numerosos complejos minero - fabriles. Actualmente sólo se encuentra en operación el de San Rafael. Los complejos minero - fabriles cerrados se detallan a continuación:
Pichiñán, Chubut CNEA 1981
Tonco, Salta CNEA. 1981
Los Gigantes Córdoba Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A. 1982
Malargüe, Mendoza CNEA 1993
La Estela San Luis, URANCO S.A. 1990
Los Colorados, La Rioja URANCO S.A. 1996
Habitantes fluorescentes: riesgo ambiental y peligrosidad de las pilas de residuos radiactivos.
Dentro de los predios mineros fabriles se localizan pilas de residuos sólidos muy contaminantes para el medio ambiente. Estas pilas están compuestas no sólo por elementos radiactivos sino también por materiales no radiactivos y químicos (ácido sulfúrico o amoníaco), necesarios para realizar la concentración de uranio.
El peligro latente de una disposición inadecuada, radica en la ausencia de una plataforma impermeable que posibilite la separación de este material con el medio físico circundante evitando, de esa manera, la contaminación de los recursos (Problemas del Medio Ambiente en la Provincia de Mendoza – Robledo y Mannino, ECOGEO, Mendoza 1997, pág. 101 y 102).
Favorecidos por la lluvia, se infiltran o escurren por el terreno las sustancias tóxicas (ácido sulfúrico, amoníaco, elementos radiactivos, etc.) contaminando el suelo con el que están en contacto directo y las aguas subterráneas y superficiales con las que podrían entrar en contacto.
La contaminación incluye también la atmosférica ya que algunos materiales radiactivos se desintegran en gas radón. Por lo tanto, la contaminación producida por estas pilas abarca la radiación a la que se ve sometida la población producto del acopio de elementos radiactivos, y la contaminación del medio ambiente con compuestos químicos, utilizados para concentrar el uranio.
Uno de los operadores, la CNEA, -que es supervisado por la Autoridad Regulatoria Nuclear- a través de sus propuestas de mitigación (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio, Cap. 5.2. – Octubre 1998) respecto a las colas de mineral, producto de trabajos experimentales de lixiviación de minerales de uranio que se encuentran ubicados en la ex planta Córdoba, propone como parte de la remediación desplazar las escombreras de mineral de uranio existentes a aproximadamente 100km. (al ex complejo minero-fabril Los Gigantes) en camiones de 15tn. de capacidad útil, con caja metálica con buen estado de hermeticidad, volquete y con cubierta estanca para evitar posibles voladuras del material transportado, a razón de 27 viajes diarios, de lunes a viernes durante un lapso que va de 7 a 8 meses.
Con respecto a la contaminación atmosférica por emisión de elementos radiactivos, la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) alerta sobre la peligrosidad que representa la dispersión atmosférica de las pilas de residuos y la inhalación de radón y de sus productos de desintegración por parte de la población ya que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. La EPA (United States Environmental Protection Agency) coincide con esta apreciación y enuncia la peligrosidad de poner en contacto a la población con fuentes radiactivas. Se ha dividido a la radiación en: exposición aguda y exposición crónica.
Se refiere a una gran y única exposición o también a una serie de dosis ocurridas en un corto período de tiempo. Los grandes picos de radiación pueden ocurrir por un accidente o por alguna práctica médica particular. En la mayoría de los casos, una exposición grande puede causar efectos inmediatos o retrasados. Para los humanos y también los animales, grandes picos de exposición puede causar un desarrollo rápido de enfermedades tales como desórdenes gastrointestinales, infecciones bacterianas, anemia, pérdida de fluidos corporales.
Entre los efectos retardados se pueden enumerar, cataratas, esterilidad temporal, cáncer, efectos genéticos. Niveles de radiación extremadamente altos pueden provocar la muerte en el término de horas, días o semanas. Este tipo de radiación está asociada con los posibles accidentes que pueden ocurrir en alguna central nuclear.
La exposición crónica es continua y se refiere a bajos niveles de radiación durante un largo período de tiempo. La exposición crónica es considerada por la EPA como productora de efectos que sólo pueden ser observados algún tiempo posterior a la exposición inicial. Esta incluye efectos genéticos y otros efectos como cáncer, lesiones cancerígenas, tumores benignos, cataratas, cambios en la piel y defectos congénitos.
Esta radiación se asocia a la exposición a la que puede verse sometida la población como consecuencia de vivir cerca de un foco de radiación ya sea natural o artificial.
Monitoreo ambiental de los complejos minero – fabriles
La ubicación de pilas constituidas por residuos sólidos del mineral tratado, sin el adecuado control dentro de los complejos minero – fabriles, puede ocasionar contaminación del medio ambiente la que a su vez, podría afectar la salud de la población. Esta es la razón por la cual la ARN lleva a cabo monitoreos dentro y en los alrededores de los complejos minero-fabriles cerrados asociados a la explotación y procesamiento de los minerales de uranio.
El objetivo de estos monitoreos es evaluar la contaminación radiológica ambiental producida por la operación de estas plantas.
Durante los monitoreos se extraen muestras de aguas superficiales y subterráneas aguas arriba y abajo de los complejos, del suelo (hasta 0.4 mt. de profundidad) y de los sedimentos (arenas subterráneas embebidas en agua) que componen los acuíferos y emanaciones de gas radón. Se realizan determinaciones de uranio natural y de radio 226.
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Tomarán muestras en el Riachuelo
Tomarán muestras en el Riachuelo para establecer nivel de contaminación
La tarea se iniciará mañana a las 12 por parte de un cuerpo colegiado designado por la Corte Suprema de la Nación. Es una de las medidas iniciales para controlar el plan de saneamiento de esa cuenca
El cuerpo colegiado encargado de controlar la aplicación del plan del saneamiento del río Matanza-Riachuelo tomará mañana muestras de agua, para establecer el nivel de contaminación de la Cuenca, informó la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La dependencia precisó en un comunicado que las extracciones serán realizadas a las 12 desde la embarcación "Doña Chela", ubicada en la segunda hilera de naves de la Vuelta de Rocha, en el barrio porteño de La Boca.
El cuerpo colegiado fue designado el año último por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como contralor del plan de saneamiento que debe aplicar la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), compuesta por funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños.
Protestaron por Botnia en el Día Mundial del Agua
Ambientalistas protestaron frente Botnia en el Día Mundial del Agua
Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y vecinos entrerrianos llevaron a cabo ayer una nueva protesta acuática para repudiar el funcionamiento de la planta procesadora de celulosa finlandesa Botnia. Lo hicieron en ocasión del marco del Día Mundial del Agua.
La actividad, llevada a cabo en el balneario Ñandubaysal, frente al complejo industrial ubicado en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, incluyó unos 200 nadadores y numerosas embarcaciones, que rechazaron con pancartas y con carteles la actividad de la papelera en la orilla oriental del río Uruguay, que es compartido por la Argentina y por Uruguay.
El hecho de que la protesta se haya desarrollado en el marco del Día Mundial del Agua es un nuevo intento por reforzar el repudio a la instalación y el funcionamiento de la pastera finlandesa, que -según afirmaron- consume diariamente 80 millones de litros de agua.
Según confirmaron fuentes de la Asamblea, los nadadores que participaron de la actividad forman parte del grupo Quinto Estilo, compuesto por guardavidas bonaerenses y por buzos.
Por el Día del Agua, los ambientalistas también le reclamaron este viernes al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, un análisis técnico sólido y serio sobre el estado del río Uruguay. A la vez, los asambleístas le pidieron al funcionario nacional una serie de precisiones sobre los incidentes ocurridos durante enero y febrero en la papelera ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Bibiloni apoya abiertamente a las mineras
Lejos del reclamo de las ONG ambientalistas, Bibiloni defiende a la minería “rentable y sustentable"
Mientras que organizaciones ambientalistas se oponen a las explotaciones mineras químicas y radioactivas, el secretario de Medio Ambiente de la Nación inculcó el desarrollo de la actividad minera sustentable con el mínimo impacto ambiental. No descartó cambios en el Código Minero y propuso la realización de un congreso multisectorial que defina qué política minera se quiere para el país. Bibiloni adelantó que un nuevo proyecto sobre los glaciares tomará estado parlamentario aunque nada se dijo sobre el resguardo de las explotaciones mineras en este aspecto.
No lleva tres meses en su gestión, paro ya marcó una postura que promete acentuar las diferencias entre su gestión política y las causas de lucha que protagonizan las organizaciones sociales ambientalistas del país. Entre las discrepancias, tal vez la problemática minera sea la que lleve la bandera del rechazo que protagonizarán las ONG.
Mientras que las entidades ecologistas reclaman lisa y llanamente el fin de la minería tanto química como radiactiva en todas sus modalidades (a cielo abierto o por galerías), el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni se encargó se aclarar cuál es su postura con respecto a la industria minera.
El viernes, en su paso por Tucumán, -en el marco del lanzamiento del Plan de Producción Más Limpia (ver video aparte) y la entrega de fondos a la provincia para actividades destinadas a la cuenca Salí-Dulce (ver nota relacionada)- el funcionario nacional sostuvo que su gestión apuntará a la generación de políticas sectoriales que apunten a un “discurso único” con el emanado desde la gestión de la repudiada Secretaría de Minería de la Nación, a cargo de Jorge Mayoral.
Bibiloni defendió la vigencia de una actividad minera sustentable en el país cuya cadena de producción minimice el impacto ambiental desde su origen.
Consultado por primerafuente si podría impulsarse una reforma del polémico Código Minero Nacional, el funcionario optó por no descartar esta posibilidad debido a que, según su criterio, “los congresos pueden actuar como puntos de inflexión en los cambios de normativas vigentes”.
De esta forma, el secretario de Medio Ambiente dirigió toda la expectativa hacia la realización de lo que él denominó como “un gran congreso sobre minería” en el que se discutirá qué tipo políticas en esta área se quiere para Argentina”.
“Se organizará un congreso del que formarán parte todas las provincias andinas y mineras para debatir que minería se necesita el país; en qué condiciones queremos esta industria y los recaudos de apalancamiento por contingencias y fideicomisos por cierre de minas”, analizó Bibiloni en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno.
A su criterio, se hace necesaria una política minera “que permita generar riquezas y empleos a las provincias y que implique la culminación de la actividad minera con fideicomisos”. “Queremos que en la etapa de rentabilidad los fondos no se vayan sino que se queden en el país”, agregó.
Consultado sobre qué características tendrá el “congreso” que se anuncia, el reemplazante de Romina Picolotti abogó por un “debate científico y político, con apertura comunitaria y con la ponderación de los factores económicos concurrentes”.
“Invitaremos a las provincias mineras, a científicos, a la Cámara Minera, a los sindicatos de trabajadores mineros y a la CGT porque está demostrado que los procesos ambientales generan rentabilidad y son una oportunidad para generar transferencia de recursos” .
Sin certezas de que los glaciares se salven del avance minero
Consultado por primerafuente sobre si una nueva ley de protección de los glaciares hará referencia explícita a su resguardo de las explotaciones mineras, Bibiloni se limitó a adelantar que se “buscará una nueva ley fruto del consenso”.
“Nos reunimos con diputados y senadores para definir un proyecto superador que en poco tiempo ya tendrá estado parlamentario”, adelantó.
La trampa de la emergencia forestal de Chaco
La Ley de Emergencia Forestal de Chaco es una “trampa” para evitar la aplicación de los criterios de la Ley de Bosques y demorar el ordenamiento territorial
La organización ambientalista Greenpeace denunció esta mañana que la provincia del Chaco está dilatando el proceso de ordenamiento territorial de los bosques nativos y evade la implementación de la Ley de Bosques con una nueva ley de Emergencia Forestal, que permitirá seguir otorgando permisos de uso de los bosques por fuera de los criterios establecidos por la ley nacional.
Greenpeace señaló además que la Ley de Emergencia Forestal va en contra del sentido de la moratoria estipulada por la Ley 26.331 y generará un caos en el proceso de ordenamiento territorial, ya que en 180 días se podrán habilitar desarrollos forestales por fuera de los criterios que marca la Ley.
El proyecto de Emergencia Forestal votado por la Legislatura provincial declara la emergencia forestal de la provincia y extiende por 180 días el otorgamiento de permisos para la actividad forestal que, por la demora en realizar el ordenamiento territorial, llevaba a la provincia a acatar la moratoria. Si bien la norma no incluye el otorgamiento de permisos de desmontes, Greenpeace considera que el otorgamiento “masivo y a mansalva” de permisos para la actividad forestal no solo genera un cambio constante en el mapa que la provincia pretende ordenar, sino que además evade los criterios ecológicos y de protección que la Ley exige ser tenidos en cuenta para la confección de la zonificación de los bosques y el uso de los mismos.
“Nada indica que la provincia no entregue de manera masiva e indiscriminada permisos para la actividad forestal de manera especulativa antes de “pintar” el mapa de ordenamiento territorial. Esta mal llamada Ley de Emergencia Forestal solo beneficia la dilatación del proceso de ordenamiento territorial y de la plena puesta en vigencia de la Ley 26.331, señaló Noemí Cruz, Coordinadora de Biodiversidad del NOA de Greenpeace. “Además esta norma contradice el dictado de la Ley nacional, que sabiamente establece moratorias a los desmontes primero y a los desarrollos forestales después de un año, si la provincia no ha establecido el ordenamiento de sus bosques”, agregó Cruz.
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen, en forma participativa, un ordenamiento territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo al pasar un año de la promulgación, la Ley establece que si las provincias no han realizado y aprobado su ordenamiento territorial de los bosques la moratoria abarcará a todas alas actividades, incluyendo los desarrollos forestales.
“La sanción de esta nueva Ley no soluciona el problema de los bosques ni del aprovechamiento sustentable, todo lo contrario, es claramente un artilugio para demorar el proceso de ordenamiento de los bosques y en el plazo de 180 días otorgar permisos indiscriminadamente, evadiendo la Ley 26.331”, señaló Cruz.
Días atrás la organización ambientalista difundió en conferencia de prensa la Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que establece 1.085.179 hectáreas para la Categoría I (rojo, áreas protegidas), 4.507.880 hectáreas para la Categoría II (amarillo, aprovechamiento sustentable) y 619.495 hectáreas para la Categoría III (verde, permite su desmonte parcial o total). (1)
“A diferencia del Ordenamiento Territorial presentado por el Poder Ejecutivo, con esta propuesta quedan protegidos gran parte de los bosques nativos de la provincia. El objetivo es que la explotación de los recursos forestales de la provincia se haga de manera sustentable”, señaló María Eugenia Testa coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
“La propuesta de ordenamiento territorial presentada por el Poder Ejecutivo debe incorporar las observaciones de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades indígenas y campesinas”, afirmó Testa.
Minería aprobó el informe de Agua Rica
La declaración de Impacto Ambiental había sido presentada en julio de 2007. Ahora, la empresa fue autorizada a iniciar la actividad en medio de una polémica porque antes anunció la reducción de personal y la paralización de la actividad.
La Secretaría de Minería aprobó ayer el informe de impacto ambiental que la empresa Agua Rica presentó en julio de 2007. Veinte meses después, el Estado dio luz verde al proyecto que la empresa presentó y que contempla las distintas etapas para la explotación del yacimiento ubicado en Andalgalá.
La autorización llegó en medio de una encendida polémica porque el martes pasado la empresa minera anunció que a partir de abril reducirá personal y las tareas que se venían desarrollando por un proceso de "stand by" como consecuencia de la crisis internacional y la baja en los precios de los metales.
Algunos sectores vinculados a la comunidad de Andalgalá responsabilizaron al secretario de Minería de la Provincia, José Sinner, al considerar que demoró la aprobación del informe de impacto ambiental y Agua Rica perdió la posibilidad de conseguir inversores para un proyecto que demandaría una inversión de 3.000 millones de dólares, aproximadamente. Concejales, comerciantes y proveedores expresaron públicamente su malestar y directamente culparon al funcionario por los empleados que quedarán desocupados a partir de abril.
Aunque no hubo mayor explicación oficial, Sinner desestimó las acusaciones y sólo dijo que había etapas que debían cumplirse antes de certificar el proyecto por la responsabilidad que implica la puesta en marcha de un proyecto minero. "Que hayamos aprobado la Declaración de Impacto Ambiental hoy (por ayer) no tiene nada que ver ni con los tiempos electorales de la provincia ni con los anuncios de Minera Agua Rica que dieron cuenta de que el proyecto ingresaba en `stand by´. Pero sí hemos sido prudentes en el proceso aprobatorio para definir con cuidado aspectos del desarrollo sustentable de Agua Rica", afirmó Sinner en declaraciones a una publicación especializada.
Para comunicar la decisión del organismo se emitió un breve comunicado que señalaba: "La secretaria de Estado de Minería ha emitido la Resolución Nº 035/09 otorgando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a minera Agua Rica, para la etapa de explotación, la que constituye las condiciones bajo las que se acepta el proyecto y a las que debe ajustarse la empresa. Ésta establece las condiciones que debe cumplir la empresa para la ejecución del mismo".
Más adelante informa que en el proceso de evaluación del informe participaron los distintos departamentos que componen la Secretaría de Estado de Minería (Unidad de Gestión Ambiental, Producción y otros), organismos públicos provinciales que son autoridades de aplicación en temáticas específicas tales como la dirección de Antropología, Secretaría del Agua y del Ambiente, Vialidad Provincial, consultores externos (contratados ad-hoc). Además, el informe también tuvo la aprobación del Consejo Consultivo Minero público provincial.
También confirma que la Declaración de Impacto Ambiental incluye obligaciones y compromisos que deberá asumir la empresa tanto en la faz técnica como los aspectos socio-económicos y culturales.
La decisión de la empresa Agua Rica de paralizar su actividad en la Provincia generó cruces entre funcionarios del Gobierno y representantes de la empresa y fue tema de preocupación para el gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Según trascendió, el primer mandatario provincial recibirá al presidente de Yamana, Hernán Vera, a mitad de la próxima semana, una reunión que ya estaba agendada.
La estrategia del Gobierno provincial es intimar a la empresa a cumplir compromisos asumidos en la Provincia hasta la puesta en marcha de la inversión. El martes pasado, el titular de la secretaría de Minería realizó declaraciones a Radio Ancasti. En esa oportunidad fue consultado por el prolongado tiempo que llevó la evaluación del informe de impacto ambiental. Hay que recordar que en julio de 2007, Sinner había expresado en declaraciones públicas que la aprobación demandaría 6 meses. "Nosotros consideramos prudente no resolver la aprobación del mismo hasta tanto se analicen y ratifiquen algunos puntos de distintos temas ambientales. Se defina más claramente lo que hace al desarrollo sustentable de la zona por el proyecto y además corregir la redacción de la DIA para que resulte interpretable por todo el mundo. Incluso lo que más nos interesa es la sustentabilidad del proyecto", aseguró.
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References: resolución 
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 Resolución