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Timestamp: 2020-01-22 05:03:34+00:00

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﻿ SENTENCIA T-22 DE ENERO 18 DE 2001
SENTENCIA T-22 DE 18 DE ENERO DE 2001
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA. PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD. EN EL CASO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, QUE SU CONDICIÓN DE HABER SUPERADO LA EXPECTATIVA DE VIDA PROMEDIO DE LOS COLOMBIANOS HACE IMPERATIVO CONCEDERLES UN TRATO ESPECIAL, DADA LA ALTA PROBABILIDAD DE QUE LA ESPERA DEL TRÁMITE NORMAL DE UN PROCESO ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SIGNIFIQUE LA IMPOSIBILIDAD DE DISFRUTAR DE SUS DERECHOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD, SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ABUELOS, DERECHOS DE LOS ABUELOS
Sentencia T-22 de enero 18 de 2001
Ref.: Exp. T-372.000
Peticionario: José Joaquín Mejía Figueredo
Tribunal Superior del Distrito de Santafé de Bogotá - Sala Laboral
Bogotá, D.C., dieciocho de enero de dos mil uno.
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger —presidente de la Sala— Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett ha pronunciado la siguiente:
En el proceso de tutela radicado baja el número T-372.000, adelantado por José Joaquín Mejía Figueredo contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto del 31 de octubre de 2000, la Sala Novena de Selección de la Corte Constitucional decidió revisar el expediente de la referencia. Por reparto le correspondió la sustanciación al despacho de la suscrita magistrada.
Habiendo solicitado el reconocimiento de su pensión vitalicia de jubilación ante la entidad demandada, ésta le fue reconocida mediante Resolución 3 de 25 de enero de 2000, en una suma que, según su parecer, no tiene en cuenta la dignidad de su último cargo de congresista, en abierto desconocimiento de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 1359 de 1993. Por el contrario, la resolución hace una indebida interpretación de la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional. En particular, respecto de la afirmación hecha por la Corte según la cual el cálculo de la mesada pensional debe hacerse a partir de lo que el congresista que se va a pensionar, individualmente considerado, efectivamente trabajó durante el último año, y no a partir de lo que ganaría un congresista cualquiera que trabajara todo el año, independientemente de que ello hubiera sido así en el caso particular del congresista que solicita el reconocimiento de su pensión. Aduce que la interpretación hecha por la entidad está sacando de contexto la afirmación hecha por la Corte, que ésta constituye un obiter dicta, y que, por lo tanto, no es obligatoria. Afirma que, por el contrario, el criterio esgrimido por la entidad demandada resulta discriminatorio respecto a los demás congresistas pensionados antes de 1992.
Por otra parte, dice que la resolución reconoce la pensión “a partir de marzo 1º de 1999, desconociendo la retroactividad a tres años a que tenía derecho, por haberlo adquirido desde 1975, sino que por su falta de solicitud, y según las normas; que regulan la materia, prescribieron alrededor de 20 años de pago de dicha asignación pensional, pero no los últimos tres años previos a la solicitud ante el fondo”.
El accionante solicita la protección de los derechos invocados y en consecuencia, que se ordene a la accionada efectuar el reajuste retroactivo de su pensión, en cuantía equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que por todo concepto hubieran devengado los congresistas en el año de 1993. También solicita que se lo afilie al Fondo de Previsión Social del Congreso, “pues en la resolución controvertida (...) no se hace afiliación alguna”.
4. Argumentos del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
A su escrito la entidad demandada anexó la Sentencia C-608 de 1999 así como la certificación de la oficina de personal de Fonprecon, sobre la afiliación del accionante al fondo de previsión socia! del Congreso (fls. 26 y 27).
El apoderado del accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Para refutar los motivos del juzgado esgrimió dos conjuntos de argumentos, que denominó “irregularidades de carácter formal o procesal en la conformación de la sentencia” y “de carácter material o de fondo en la argumentación”.
En primer lugar, observa el accionante que en los antecedentes de la providencia se hace referencia a unos derechos distintos de aquellos que se mencionan en la parte resolutiva. Agrega que existe una inconsistencia adicional entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia. En efecto, sostiene que si la razón por la cual no se concedió la protección solicitada fue la improcedencia de la acción, el a quo ha debido declarar dicha improcedencia, en lugar; de denegar o no tutelar los derechos invocados. Lo anterior lo considera relevante, pues la decisión de no tutelar los derechos implica un estudio del fondo del asunto, el cual no llevó a cabo el juez.
El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá —Sala Laboral—, en Sentencia de junio 20 de 2000 denegó la protección solicitada y en consecuencia confirmó el fallo del juez de primera instancia.
Por lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, concordados con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para revisar la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.
2.1. La existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
La Corte Constitucional ha sido enfática al establecer que como principio general la tutela resulta improcedente cuando el accionante dispone de otros mecanismos de defensa judicial lo suficientemente eficaces para dar una protección efectiva a los derechos fundamentales vulnerados (1) .
(1) En este sentido ver, entre otras, las sentencias: T-509 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), T-518 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández), T-520 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-526 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), T-C-013 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Por otra parte, ha afirmado que la efectividad de los mecanismos de defensa judicial que hagan improcedente la tutela debe ser estudiada a partir de las circunstancias concretas en las que se encuentre el peticionario (2) . En el caso de las personas de la tercera edad, la Corte ha establecido que su condición de haber superado la expectativa de vida promedio de los colombianos hace imperativo concederles un trato especial; dada la alta probabilidad de que la espera del trámite normal de un proceso ante la justicia ordinaria o contencioso administrativa signifique la imposibilidad de disfrutar de sus derechos. Ésta jurisprudencia ha sido reiterada, particularmente, cuando la imposibilidad de disfrutar de ciertos derechos económicos o sociales compromete otros de carácter fundamental (3) .
(2) En este sentido ver, entre otras, las sentencias T-536 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez), T-372 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-569 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-593 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-595 de 1992 (José Gregorio Hernández Galindo), T-613 de 1992 (Alejandro Martínez Caballero), T-043 de 1993 (Ciro Angarita Barón), T-101 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-106 de 1993 (Antonio Barrera Carbonell), T-119 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-120 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-148 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-162 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-181 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-190 de 1993 (Eduardo Cifuentes Muñoz), T-199 de 1993 (Carlos Gaviria Díaz), T-212 de 1993 (Alejandro Martínez Caballero), T-239 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-247 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-290 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-305 de 1993 (Hernando Herrera Vergara), T-381 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-420 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-441 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-005 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-006 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-242 de 1994 (Alejandro Martínez Caballero), T-253 de 1994 (Vladimiro Naranjo Mesa), T-325 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-431 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-554 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-580 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-007 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-554 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-246 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-311 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-372 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-437 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-001 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-114 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-166 de 1997 (José Gregorio Hernández Galindo), T-384 de 1998 (Alfredo Beltrán Sierra), T-672 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1000 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1004 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1006 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(3) En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-427 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-159 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-200 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-235 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-239 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-307 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-441 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-174 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-290 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-298 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-404 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-430 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-144 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-288 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-339 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-065 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-224 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-571 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-143 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En el caso particular de la pensión de los congresistas que han llegado a la tercera edad, esta corporación ha concedido el reajuste de las pensiones en aquellos casos, y esencialmente, en la medida en que la aplicación de un régimen diferencial implique una discriminación que carezca de un fundamento objetivo, implementado de manera razonable, aplicando, en este campo específico, su jurisprudencia sobre el derecho a la igualdad (4) . Dicha jurisprudencia, siguiendo la máxima aristotélica según la cual "la igualdad se predica entre los iguales", ha establecido que, para que sea posible un juicio de igualdad, es necesario que las situaciones entre las que se presenta una presunta discriminación, sean comparables.
(4) Ver específicamente en lo relacionado con los congresistas, sentencias T-456 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-463 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz). En cuanto a los magistrados de las altas Cortes, ver T-214 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-1752 de 2000 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
Con todo, este principio no debe entenderse de manera absoluta. Su relatividad se debe a que la seguridad social es un servicio público, y que, como tal, está regido también por los de continuidad y universalidad, los cuales, en materia del servicio público de seguridad social, se traducen en el principio de solidaridad. Éstos amplían la libertad de configuración del legislador, hasta el punto de permitirle establecer regímenes diferentes entre personas que realizaron las mismas labores durante su vida, con la única diferencia de haberse pensionado en momentos distintos. Ello, con el propósito de asegurar que los recursos del respectivo sistema de pensiones sean suficientes para cubrir; permanentemente las mesadas de toda la población pensionada. Sería contrario a la finalidad del Estado social de derecho garantizar a ciertas personas prestaciones sociales que impliquen que este servicio no pueda cubrir al resto de la población pensionada, o que el sistema no va a poder cubrir a toda la población en un futuro. La Corte lo ha entendido de este modo y así lo ha expresado en una sentencia de constitucionalidad en la que se analizó si el legislador está obligado a preservar determinados beneficios prestacionales de orden legal a quienes se pensionen de un mismo cargo, pero durante la vigencia de normas distintas. En aquella oportunidad, haciendo el análisis respecto del derecho a la igualdad, afirmó que el alcance dado al derecho a la seguridad social está limitado por la necesidad de amoldarse a situaciones sociales y demográficas variables:
"En consecuencia, el único entendimiento razonable del principio constitucional consagrado en el primer inciso del artículo 13 de la Carta, ofrece una permisión al legislador para que, en ejercicio de sus funciones naturales y en desarrollo de principios esenciales de todo Estado democrático, produzca dentro del ordenamiento jurídico, las mutaciones necesarias para afrontar nuevas necesidades sociales con arreglo a sus propias valoraciones. Y ello, incluso, cuando tal mutación implique otorgar un tratamiento diferenciado a personas o grupos de personas cuya única circunstancia diferenciadora consiste en vincularse al momento en el cual se adoptan o derogan las sucesivas regulaciones".
"En punto a los derechos sociales, la regla anterior resulta particularmente relevante. En efecto, el desarrollo progresivo de las normas que consagran derechos prestacionales, ampliando el radio de los beneficiarios o el beneficio otorgado, disminuyendo o aumentando requisitos para acceder al mismo, obligan, necesariamente, al legislador, a establecer fechas ciertas y determinadas a partir de las cuales entra en vigencia la nueva reglamentación. Esto se justifica, no sólo por evidentes restricciones presupuestales, sino para garantizar, entre otros, el principio de seguridad jurídica." (resaltado fuera de texto original) Sentencia C-613 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En una reciente sentencia de tutela, esta misma Sala, en idéntico sentido, afirmó:
“Aun así, a pesar de que existe una correlación innegable entre el reconocimiento del trabajo realizado y el monto de la pensión de jubilación, consideración de interés general, en concordancia con el deber de solidaridad, hacen que sea necesario matizar esta equivalencia. Por un lado, debido a cuestiones de tipo financiero (5) que le dan estabilidad al sistema, y que están encaminadas a realizar los principios constitucionales de eficacia y eficiencia y, en particular, a asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Por otro lado, este principio de equivalencia entre trabajo y pensión se ve restringido por razones de justicia distributiva que propenden por darle universalidad y mejorar la prestación del servicio o, lo que es igual, por desarrollar progresivamente los alcances del derecho a la seguridad social". Sentencia T-1752 de 2000 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
(5) Ver en este sentido las consideraciones de la Corte respecto al establecimiento de un tope máximo para las pensiones, Sentencia C-157 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz).
Es necesario entonces, lograr conciliar el principio según el cual “a trabajo igual pensión igual", con los principios de continuidad y universalidad de los servicios públicos.
En el caso de la pensión de los congresistas que ocupa a la Sala, esta armonización adquiere una importancia especial. No sólo por cuanto ellos devengan las más altas pensiones dentro de la estructura actual de los sistemas de prestaciones de los servidores del Estado, y tienen un régimen especial más favorable, sino porque el mecanismo de las suplencias, y la posibilidad de que los suplentes se pensionen como congresistas aumenta las erogaciones que debe hacer el fondo de previsión social del Congreso.
"ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.
PAR.—La liquidación de las pensiones reajustes y sustituciones se hará teniendo encuentra el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste o la sustitución respectiva”.
"Declárense EXEQUIBLES, en los términos de esta sentencia, el literal ll) del artículo 2º y el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992".
"Aunque, a juicio de la corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad legislativa, debe precisarse que una cosa es el último año de ingresos como punto de referencia para la liquidación de las cuantías de pensiones, reajustes y sustituciones —lo que se aviene a la Carta— y otra muy distinta entender que el concepto de ingreso mensual promedio pueda referirse a la totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a todos los miembros del Congreso".
"En efecto, lo razonable, dentro de criterios de justicia, es que el indicado promedio se establezca en relación directa y específica con la situación del congresista individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha recibido en su caso, durante el último año. Y ello por cuanto sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un mínimo equilibrio, afectando el postulado de la Igualdad el hecho de que se pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses. En tal caso, el promedio de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido en su carácter de miembro del Congreso por el tiempo en que haya ejercido y lo que había devengado dentro del año con anterioridad a ese ejercicio” (resaltado fuera de texto).
Finalmente, esta Sala pudo constatar, conforme a la certificación expedida por la jefe de la oficina de planeación y sistemas del fondo de previsión social del Congreso, que aparece a folios 26 y 27 del expediente, que la afiliación del accionante a dicho fondo ya se efectuó. Por lo tanto, la Sala desestimará la pretensión del accionante de ordenar su afiliación.
Por lo anterior, se denegara la protección solicitada, y se confirmará la decisión revisada, por los argumentos expresados en la presente sentencia.
1. CONFIRMAR íntegramente la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y en consecuencia, DENEGAR la protección de los derechos invocados por el accionante.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 17