Source: https://jurisprudencia.cladem.org/panama/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:12:50+00:00

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1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en enero de 1985.1
El Comité examinó el informe inicial de Panamá (CEDAW/C/5/Add.9), en sus sesiones 50a. y 55a., celebradas los días 23 y 28 de enero de 1985 (CEDAW/C/SR.50, 55 y 62).
Presentó el informe el representante del Estado Parte, quien afirmó que en Panamá el principio de la igualdad de la mujer había sido incorporado en todas las esferas del derecho y el Gobierno había promovido la aplicación de los derechos de la mujer.
La mujer gozaba de plenos derechos políticos en pie de igualdad con el hombre. La mujer mayor de 18 años de edad tenía el derecho al voto y a ser elegida para cualquier cargo.
En relación con la educación, pese a que todavía existía el analfabetismo, era ligeramente inferior en el caso de la mujer que en el del hombre (el 11,6% en comparación con el 12,9%). Más del 50 % de los estudiantes eran mujeres, y había mujeres estudiando disciplinas tradicionalmente masculinas como la ingeniería y la geología. Ese logro en la esfera de la educación había permitido emplear a muchas mujeres en puestos altamente calificados, por ejemplo, en instituciones gubernamentales, la banca, la industria, el comercio y la gestión de empresas.
En lo referente al empleo de la mujer, era obligatorio pagar el mismo salario por el mismo trabajo; en la práctica, no obstante, el trabajo de la mujer había sido objeto a menudo de una clasificación inferior al del hombre. Aproximadamente una tercera parte de las mujeres trabajadoras estaban empleadas en el sector doméstico.
Había continuado el proceso de migración de la mujer de las zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo. Por lo tanto, el número de desempleadas en las capitales era el doble que el de desempleados; en la capital había un 7% más de mujeres que hombres, mientras que en las zonas rurales la proporción era tan sólo de 89 mujeres por 100 hombres.
El sistema de seguridad social era extensivo a toda la población trabajadora y sus familias, incluidos los niños. El representante declaró que la mujer gozaba de una situación privilegiada ya que podía jubilarse a los 55 años; la edad de jubilación para el hombre eran los 60 años. No existía la discriminación sexual en las pensiones o en las indemnizaciones a víctimas de accidentes de trabajo.
El representante de Panamá declaró que el nuevo Código Penal favorecía a la mujer porque estipulaba sanciones punitivas, incluso con prisión, por incumplimiento de los deberes familiares, situación que había sido bastante frecuente en Panamá donde muchos hombres abandonaban a sus familias.
El Código Civil disponía la protección jurídica de la mujer casada y de la mujer en unión consensual. El Código protegía también y determinaba los derechos de la mujer en caso de divorcio, cuestiones de domicilio y protección de los derechos de los padres y los derechos de los menores, y garantizaba la igualdad de condición de todos los hijos, incluidos los nacidos fuera del matrimonio. El nuevo Código de la Familia y el Menor, que había sido presentado a la Asamblea Legislativa en octubre de 1984, estipulaba una protección incluso más amplia de los derechos de la mujer en lo relativo a la familia.
Se agradeció al representante de Panamá la franca e informativa exposición de la situación de la mujer en Panamá tanto en el informe del Gobierno como en la declaración introductoria que acababa de hacer. Una experta pidió que se hiciera una reseña de la situación económica, social y política del país y de la participación tradicional de la mujer en las organizaciones y movimientos políticos, y que se proporcionara información sobre el número de mujeres vinculadas a los partidos políticos y sobre los cargos que ocupaban en el Gobierno y otros órganos directivos. Una experta preguntó por qué el número de mujeres votantes y elegidas había disminuido y si se habían adoptado medidas encaminadas a incrementar la participación de la mujer en la vida política.
Muchas expertas expresaron su beneplácito por la creación de la Oficina de la Mujer y solicitaron información más detallada. Una experta preguntó si se había establecido algún tipo de cooperación entre esa Oficina y las organizaciones no gubernamentales.
Dado que en el informe se indicaba que los panameños de más de 18 años de edad eran ciudadanos de la República, se pidieron aclaraciones sobre la condición jurídica de los menores de 18 años.
Varias expertas preguntaron si la prostitución se refería sólo a la prostituta o si incluía a los clientes y al proxeneta. Se pidió que se esclareciera la expresión “mujeres de reconocida mala vida”. Una experta preguntó por qué había tal abundancia de normas sobre la prostitución si no era un delito. Otra experta preguntó por qué la aplicación de medidas y sanciones relativamente rigurosas a la prostitución femenina iba aparejada con un trato liberal a los depravados y corruptores de menores. Se opinó que aunque las prostitutas eran objeto de vigilancia policial, restricciones y sanciones, no se prestaba atención a la cuestión de los programas adecuados de rehabilitación social. Una experta preguntó si la prostitución estaba relacionada con el alcoholismo y el uso indebido de drogas y, en caso afirmativo, en qué medida.
Algunas expertas destacaron que la discriminación subsistía pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno. Se formularon preguntas sobre las medidas adoptadas para aplicar y garantizar la observancia de la reglamentación jurídica vigente que garantizaba la igualdad, especialmente en las esferas del empleo y la educación. También se solicitaron datos comparativos que reflejaran los cambios experimentados por la mujer en materia de alfabetismo, educación y empleo durante un período dado de tiempo (por ejemplo, un año, cinco años, etc.).
Una experta dijo que si bien había menos analfabetismo entre las mujeres y en ciertas profesiones liberales había más mujeres estudiantes que hombres, la mujer no gozaba de igualdad en materia de oportunidades: el desempleo afectaba con mayor frecuencia a la mujer, y ésta recibía salarios más bajos y tropezaba con problemas graves para alcanzar los niveles directivos. La experta indicó que no compartía plenamente la afirmación de que el modo más fácil de establecer la igualdad de remuneración consistiría en mejorar la formación profesional e institucional de la mujer. Si bien la formación profesional era importante, el verdadero obstáculo radicaba en los perjuicios tradicionales.
Se solicitó más información sobre las estudiantes universitarias y sus perspectivas de carrera. Algunas expertas pidieron más información sobre el analfabetismo, en particular entre las mujeres indígenas, y sobre los programas de alfabetización para la mujer, y preguntaron por qué muchos niños no asistían a la escuela a pesar de que la enseñanza era gratuita. Muchas expertas pidieron información estadística pormenorizada sobre la matrícula femenina y masculina, el abandono de la escuela y el rendimiento escolar en diferentes niveles de la enseñanza, y preguntaron cuál era el porcentaje de mujeres en la enseñanza técnica.
Se formularon preguntas con respecto a la situación jurídica de las funcionarias de la administración pública y sobre el número de mujeres que se desempeñaban como profesionales, incluidas las ocupaciones judiciales. Una experta preguntó cuál era el significado de la expresión “jornada de trabajo mixta” y pidió más información sobre los medios de que disponían las funcionarias públicas en materia de apelación de decisiones administrativas.
Una experta preguntó si la tasa de desempleo entre las mujeres había aumentado. Otra experta preguntó si las empleadas particulares, en particular las empleadas domésticas, tenían acceso a la seguridad social y si podían pertenecer a sindicatos.
Se formularon algunas preguntas sobre el creciente número de mujeres que se incorporaban a la fuerza de trabajo y se preguntó si ello era resultado de la necesidad económica o del deseo de las mujeres de participar en pie de igualdad en la vida económica, política y social.
Algunas expertas opinaron que el hecho de que las mujeres no pudieran desempeñar diversos empleos debido a “la naturaleza física de la mujer” era una forma de discriminación y opinaron que toda decisión al respecto debía corresponder a las propias mujeres. También preguntaron por qué se consideraba que el trabajo nocturno no era apto para las mujeres.
En cuanto a la jubilación de la mujer a una edad más temprana, en opinión de una experta el informe reflejaba una situación de protección excesiva e incluso de discriminación. Además, se preguntó por qué se hacía referencia a la esperanza media de vida, en vista especialmente de que, en general, las mujeres vivían más y debían recibir asistencia y reeducación profesional para poder continuar en el trabajo.
Se preguntó qué medidas adoptaría el Gobierno para poner fin a la discriminación de la mujer en el empleo, eliminar los conceptos estereotipados, modificar la orientación profesional y aplicar el principio de igual remuneración por igual trabajo. Una experta preguntó si ese principio se había incorporado al ordenamiento legal o si figuraba únicamente en la Constitución.
Las expertas preguntaron si las mujeres podían presentar reclamaciones ante los tribunales y si se estaba examinando algún caso, especialmente en lo relativo a discriminaciones en el empleo, como, por ejemplo, la expulsión del trabajo. Se preguntó además si cabía revocar por decisión judicial la decisión de un empleador.
Muchas expertas pidieron aclaraciones adicionales respecto a la licencia de maternidad. Una experta preguntó si era posible distribuir las 14 semanas de la licencia total de maternidad de modo distinto al especificado en el Código Laboral (6 semanas antes y 8 semanas después del parto) y si era frecuente que las mujeres reanudasen su trabajo tras la licencia de maternidad. Se planteó la cuestión de si estaban expuestas a sanciones las mujeres que trabajaban durante la licencia de maternidad previa al parto. Se preguntó también por qué se prohibía trabajar horas extraordinarias o de noche a las mujeres embarazadas que estaban dispuestas a hacerlo. Se hicieron preguntas sobre cómo se protegía del despido en la práctica a la mujer embarazada, sobre el alcance del término “causa justificada” de despido y sobre la financiación de la licencia de maternidad.
Una experta preguntó si los reglamentos vigentes sobre licencia de maternidad y prestaciones de maternidad no podrían ser contraproducentes, dada la posibilidad de que los empresarios se mostrasen reacios a emplear mujeres, y preguntó si los empleadores cumplían esas disposiciones. Una experta señaló la disposición relativa al descanso de lactancia.
Se preguntó si la natalidad estaba descendiendo debido a alguna política concreta y a la planificación familiar y si se adoptaría alguna política destinada a aumentar la natalidad. Se pidieron aclaraciones sobre las condiciones en que una mujer podía abortar.
Una experta preguntó si se había efectuado algún progreso en la realización del proyecto para la Provincia de Colón y si había algún otro proyecto destinado a prestar asistencia a la mujer rural y a crear oportunidades para su empleo en zonas rurales.
Respecto a la legislación familiar, se hicieron preguntas sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, el divorcio y la separación. Algunas expertas pidieron aclaraciones adicionales sobre las causas de divorcio e hicieron preguntas sobre el adulterio y el concubinato.
Algunas expertas preguntaron sobre las sanciones impuestas a la esposa que no quisiese seguir a su marido y si las mujeres estaban enteradas de que a tenor del artículo 83 del Código Civil, ambos cónyuges deberían fijar de común acuerdo su domicilio y que únicamente en ausencia de ese acuerdo se interpretaría que la esposa había adoptado el domicilio del marido.
Algunas expertas preguntaron si las sanciones por incumplimiento de los deberes familiares eran las mismas para esposas y maridos. Una experta puso en duda que en caso de negligencia total en el cumplimiento de esos deberes, la pena de prisión pudiese ayudar a la mujer o a las familias necesitadas.
Una experta preguntó por qué las viudas no podían volver a casarse durante los 300 días siguientes a la muerte del marido y si se adoptaban medidas para persuadir a los jóvenes que estuviesen legalmente autorizados a contraer matrimonio a aplazar su matrimonio y proseguir su educación.
Respecto de la protección de la familia, se pidieron aclaraciones adicionales sobre la situación jurídica y material de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Una experta preguntó si una mujer soltera podía adoptar niños.
Se preguntó si el nuevo código modificaría la regulación actual de los derechos paternos, que en su formulación actual discriminaba contra la mujer, y se expresó la esperanza de que el nuevo código de la familia entrara pronto en vigor y pusiera fin a la desigualdad de derechos dentro de la familia. El código contribuiría además a modificar las actitudes negativas estereotipadas hacia la mujer. Muchas expertas mencionaron la importancia de la aplicación de las normas relativas a la patria potestad y a la violencia en la familia.
El representante de Panamá respondió haciendo una reseña de las más importantes características históricas, económicas, sociales y geográficas del país, que habían influido en la situación de su población. Subrayó que su carácter de país de tránsito se debía a la construcción de un ferrocarril interoceánico y del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX, situando el país en un tipo de economía dependiente como país de exportación terciaría, mientras que la población estaba reducida a la agricultura de subsistencia. También mencionó el fenómeno de la migración de trabajadores y su repercusión en la situación social del país, que había tenido que afrontar condiciones deplorables de subdesarrollo. La Constitución de 1946, que establecía la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, inició también el proceso de modernización de las instituciones gubernamentales.
El representante de Panamá declaró que en su país no había tribunales con competencia para conocer de los casos de discriminación. En la actualidad los derechos de la mujer se respetaban en un 50%. Explicó que la creación de la Oficina de Promoción de la Mujer constituía el primer esfuerzo a nivel gubernamental para crear un órgano especial para la formación y la promoción de la mujer. En lo concerniente a la pregunta de por qué seguían en vigor disposiciones discriminatorias, el representante creía que el Gobierno se proponía corregir esa situación, aunque también pensaba que las organizaciones no gubernamentales y la Oficina de Promoción de la Mujer debían ejercer presión en ese sentido.
El representante de Panamá explicó que la prostitución y la trata de mujeres blancas guardaban relación con la situación de tránsito del país. A pesar de las disposiciones y sanciones legales, no podían eliminarse esas plagas. Se castigaba la prostitución, la explotación y el proxenetismo, pero no tenían carácter de delitos, sino de infracciones que eran de la competencia de la policía. Era de esperar que el Código Penal de 1983 corrigiera esa situación.
En lo referente a la participación política de la mujer, explicó que a pesar del reconocimiento pleno de los derechos de la mujer aún era limitada su participación electoral. Esto se debía probablemente a que la mujer no tenía conciencia cabal de esos derechos. Aunque el 54% de las mujeres trabajaba en los servicios, hacia 1975 habían comenzado a introducirse en el campo técnico y en el campo político. El representante presentó un desglose estadístico de los cargos políticos que ocupaba la mujer panameña.
La ciudadanía, con todos los derechos civiles y políticos conexos, se adquiría a los 18 años. Los padres estaban obligados a mantener a sus hijos hasta los 18 años, y hasta los 25, si cursaban estudios.
En la esfera de la educación, la mujer tenía los mismos derechos que el hombre e igual acceso a todos los campos de estudio. Desde la primera Constitución promulgada en 1903, la enseñanza primaria era obligatoria y gratuita. En el decenio de 1970 se habían adoptado medidas para extender la enseñanza a las zonas rurales. En 1980, el 84,1% de todas las jóvenes recibían algún tipo de enseñanza. En cuanto a la enseñanza preescolar, en Panamá existían servicios privados o públicos destinados al cuidado de los niños. El Estado subvencionaba a las instituciones públicas. El representante de Panamá también proporcionó datos estadísticos sobre la situación de la enseñanza a diversos niveles. Aunque no contaba con información específica sobre las jóvenes, dijo que últimamente había aumentado la tasa global de deserción escolar. En los niveles primario y secundario era mayor el porcentaje de varones, y las jóvenes seguían eligiendo los estudios tradicionales. Aunque la tasa de analfabetismo entre las mujeres era más elevada que entre los hombres, recientemente se había intensificado la educación para mujeres adultas.
En lo concerniente al empleo, el representante de Panamá dijo que en su país se practicaba la discriminación en materia de salarios en detrimento de la mujer y sin darle ninguna posibilidad de recurso. Suministró algunos datos estadísticos sobre la población económicamente activa y sobre los porcentajes de empleo y desempleo, y dijo que el 26,6% de las mujeres estaban empleadas, en comparación con el 73,4% de los hombres. Aunque las condiciones de trabajo eran las mismas para ambos sexos, las posibilidades de ascenso no eran iguales. Las empleadas domésticas representaban el porcentaje más elevado de mujeres, a saber, el 54%, y no habían formado sindicatos ni estaban protegidas por las normas de seguridad social. La mujer panameña participaba en el mercado de trabajo por diversas razones: para llegar a ser económicamente independiente, para aumentar el presupuesto familiar o por necesidad económica cuando debía mantener a su familia por sí sola.
La licencia de maternidad era uno de los derechos más importantes de la mujer en Panamá. Consistía en una licencia remunerada de seis semanas antes del parto y ocho semanas después del parto y era obligatorio. Si se descubría que una mujer en goce de licencia de maternidad trabajaba debía devolver el subsidio. Sólo se permitía el despido de una mujer embarazada en ciertas circunstancias muy graves, tales como falta de honradez o ausencia injustificada. La protección de la maternidad se extendía a todas las mujeres asalariadas del sector público y del sector privado y también a las empleadas domésticas. En este último caso, la licencia de maternidad corría a cargo del empleador y en todas los demás estaba a cargo de los servicios de seguridad social.
Por “jornada de trabajo mixta” se entendía una modalidad de trabajo que consistía en horas consecutivas de trabajo durante el día y durante la noche.
Al declarar algunos trabajos no adecuados para la mujer, la legislación panameña seguía los convenios pertinentes de la OIT.
En lo referente a las vacaciones, todo trabajador, sin distinción de sexo, tenía derecho a un día de licencia para cada 11 días de trabajo y, al término de un año a 30 días de licencia.
En cuanto a las disposiciones relativas al descanso de lactancia y a las guarderías, el representante de Panamá dijo que actualmente ninguna empresa contaba con las instalaciones necesarias para cumplir esas disposiciones.
El representante declaró que, salvo por razones terapéuticas o cuando la mujer era víctima de violación, el aborto estaba prohibido. Explicó que durante los 20 últimos años la tasa de fecundidad había disminuido en el país y la esperanza de vida había aumentado.
Con respecto al uso y abuso de la mujer como objeto sexual en los medios de comunicación de masas, el representante dijo que cabía esperar algunos progresos en un futuro próximo.
La mujer rural sólo tenía acceso limitado al sector laboral productivo y, dado que en el país predominaba el sector de los servicios, los esfuerzos desplegados para diversificar la economía no habían tenido éxito. En lo concerniente al papel de la mujer rural, se hacían esfuerzos para reconocer la importancia de su contribución económica como miembro integrante de la familia.
A propósito del tratamiento jurídico de las personas culpables de consumir o elaborar drogas, o dedicarse al tráfico de drogas, el representante de Panamá dijo que los traficantes eran condenados a penas más severas que los consumidores, a quienes se consideraba víctimas de la toxicomanía.
El representante explicó que la disposición por la que se prohibía a la mujer divorciada contraer matrimonio durante los 300 días posteriores a la fecha del divorcio tenía por objeto proteger a la mujer divorciada que estuviera embarazada en el momento de la separación. Sin embargo, en la práctica, no se ejercía ese control. Cabía esperar que el nuevo Código de la Familia y el Menor eliminaran completamente todo vestigio de discriminaciones en las relaciones conyugales. En caso de desacuerdo entre los cónyuges con respecto a la fijación del domicilio, normalmente la mujer tenía que seguir al marido. En las actuaciones de divorcio ambos cónyuges tenían que contar con el asesoramiento de un abogado.
Las personas solteras sin distinción de sexo podían adoptar un niño, siempre que éste fuera del mismo sexo que el adoptante. Si uno de los cónyuges deseaba adoptar un niño, era necesario el consentimiento del otro.
Mientras que en la ley anterior sólo el marido estaba obligado a pagar alimentos, la nueva ley estipulaba la obligación recíproca de ambos cónyuges. El nuevo Código de la familia fijaba la edad mínima para contraer matrimonio en 15 años para las jóvenes y 16 para los jóvenes.
El representante concluyó diciendo que los esfuerzos de muchas organizaciones de mujeres en su país habían movido al Gobierno a tomar medidas para mejorar la condición de la mujer. Las preguntas pendientes de respuesta se contestarían en el próximo informe.
2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer informe presentados por el Estado adoptadas el 30 de junio de 1998.2
El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Panamá (CEDAW/C/PAN/2-3) en sus sesiones 392ª y 393ª celebradas el 30 de junio de 1998 (véanse CEDAW/C/SR.392 y 393).
Esferas de preocupación y recomendaciones del Comité3
Preocupa al Comité que ni en la constitución de la República de Panamá ni en ninguna otra disposición legislativa figure una clara mención específica a la eliminación de la discriminación contra la mujer.
El Comité recomienda que se revise toda la legislación a fin de que en ella se disponga expresamente la eliminación de la discriminación contra la mujer.
El Comité observa con preocupación la nula difusión y divulgación de la Convención en distintos niveles de la sociedad panameña.
El Comité recomienda que se inicie una campaña intensa de difusión, educación y capacitación sobre los principios de la Convención, particularmente dirigida a jueces, abogados, periodistas, maestros y a las mujeres de Panamá.
El Comité solicita que en el próximo informe se entreguen estadísticas por sexo, para poder conocer los resultados de la programación que se ha planteado y se espera realizar.
El Comité expresa su profunda preocupación por la situación general de la trabajadora en Panamá. No obstante las disposiciones legales que garantizan salario igual por igual trabajo, esto no ocurre realmente; la mujer sigue siendo discriminada en el lugar de trabajo. Igualmente, la mujer no tiene una protección efectiva en cuanto a la licencia de la maternidad y para la lactancia. La mujer, a pesar de que tiene una educación en muchos casos superior a la del hombre, no representa más del 28% de la población económicamente activa.
El Comité recomienda que el mecanismo nacional inicie una campaña que garantice la igualdad de tratamiento en el lugar de trabajo. Recomienda también que se aplique enérgicamente la legislación relativa a la licencia de maternidad y para la lactancia a fin de garantizar la protección debida de la mujer.
Preocupa al Comité que sean analfabetas el 53% de las mujeres, en su mayoría mujeres indígenas. Igualmente el Comité nota con preocupación la persistencia de los estereotipos de género cuya consecuencia es que un gran número de muchachas interrumpen sus estudios para contraer matrimonio o dedicarse al trabajo en el hogar.
El Comité recomienda con carácter urgente al Gobierno de Panamá que inicie una campaña intensa de educación con el fin de velar por que todas las muchachas y mujeres panameñas completen su instrucción y reducir marcadamente el número de niñas adolescentes que abandonen la escuela antes de terminar para dedicarse al trabajo no especializado o para contraer matrimonio.
El Comité se muestra muy preocupado respecto al tratamiento de la salud reproductiva de las mujeres en Panamá, así como por un aparente retroceso en el tratamiento del derecho a un aborto en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación. El Comité recomienda que se tomen medidas multidisciplinarias para garantizar una atención especial a las víctimas de la violencia sexual, medidas que deben ser comprender la atención legal y psicológica de la víctima. Asimismo, recomienda que se conceda la oportunidad a las mujeres panameñas que resulten embarazadas al ser violadas de poner fin a su embarazo.
El Comité recomienda que se ofrezcan programas de capacitación para líderes políticos y alienta la incorporación masiva de las mujeres a la actividad democrática y a la toma de decisiones.
El Comité observa con preocupación el tratamiento discriminatorio que se efectúa para las mujeres que ejercen la prostitución en Panamá, más aún que una prostituta difícilmente pueda defenderse acusando legalmente en caso de ser violada, puesto que aun ahora el Código habla del requisito de la “castidad y virtud de la víctima” para poder tener derecho a proponer una acción legal de esta naturaleza.
El Comité recomienda que se redoblen los esfuerzos para eliminar los estereotipos arraigados.
El Comité pide que se dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en Panamá, a fin de que la población de Panamá y especialmente sus funcionarios públicos y políticos conozcan las medidas que se han adoptado a fin de garantizar la igualdad de facto de la mujer y las demás medidas que se requieren al respecto. Además, el Comité pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, especialmente entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
3º Observaciones finales sobre los informes del cuarto al séptimo presentados por el Estado adoptadas el 1 de febrero de 2010.4
Principales esferas de preocupación y recomendaciones5
Si bien recuerda la obligación del Estado parte de aplicar en forma sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención, el Comité considera que el Estado parte debería prestar atención prioritaria a las inquietudes y recomendaciones señaladas en las presentes observaciones finales. Por consiguiente, exhorta al Estado parte a que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y a que indique en su próximo informe periódico las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. También lo exhorta a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes y otras estructuras gubernamentales en todos los niveles, al Parlamento y al poder judicial, a fin de garantizar su aplicación efectiva.
Si bien reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a su Parlamento nacional a que, de conformidad con su mandato y reglamento, y cuando proceda, adopte las medidas necesarias respecto de la aplicación de las presentes observaciones finales y el próximo proceso de presentación de informes con arreglo a la Convención.
El Comité acoge con beneplácito la Ley núm. 4 de 1999 y la incorporación al derecho interno de una definición de discriminación en consonancia con la Convención. El Comité acoge también con satisfacción el gran número de leyes que se han promulgado en el Estado parte para fomentar la igualdad entre los géneros y la no discriminación. Sin embargo, el Comité lamenta que muchas de esas leyes no se hayan puesto en práctica eficazmente. Si bien acoge con beneplácito la continuación del diálogo sobre el femicidio en el Estado parte, el Comité está preocupado por el hecho de que esa cuestión no se haya tratado suficientemente en las leyes penales y de otro tipo, y porque no haya datos fiables sobre los femicidios en el Estado parte.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias y asigne recursos suficientes para aplicar tanto de jure como de facto todas las medidas jurídicas encaminadas a garantizar la igualdad entre los géneros y la no discriminación. En ese sentido, exhorta al Estado parte a que asigne recursos financieros y humanos suficientes para supervisar y evaluar la aplicación de esas medidas jurídicas. El Comité insta también al Estado parte a que adopte medidas para ocuparse del femicidio en el Código Penal y otras leyes pertinentes en un plazo claro, y a que recopile datos fiables sobre los femicidios.
El Comité insta al Estado parte a que ponga más empeño en la formulación y el fortalecimiento de amplios programas de toma de conciencia para mejorar la comprensión y el apoyo en materia de igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los estratos de la sociedad. Dichas medidas deben tener como objetivo modificar las actitudes estereotipadas y las normas culturales sobre las responsabilidades y las funciones del hombre y la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la vida política y la sociedad, de conformidad con el apartado f. del artículo 2 y el apartado a. del artículo 5 de la Convención. El Comité también insta al Estado parte a que transforme su reconocimiento del problema de las múltiples formas de discriminación en una estrategia global para eliminar los estereotipos de género relativos a la mujer en general y, en particular, a la discriminación contra las mujeres especificadas en el párrafo 22. Dicha estrategia podría incluir programas de toma de conciencia en los planes de estudios, la capacitación de maestros y la sensibilización de los medios de difusión y el público en general, incluida la adopción de medidas destinadas concretamente a los hombres y los niños varones.
El Comité pide al Estado parte que adopte las medidas necesarias para eliminar la discriminación en el empleo y la segregación ocupacional. El Comité insta al Estado parte a que aplique medidas y leyes apropiadas que garanticen el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, de conformidad con el apartado d. del artículo 11 de la Convención y el Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité pide al Estado parte que incluya en su próximo informe periódico datos desglosados por sexo sobre el trabajo infantil, salarios, pensiones y derechos de seguridad social. El Comité insta también al Estado parte a que adopte medidas eficaces para combatir el acoso sexual y garantizar los derechos por maternidad.
El Comité insta al Estado parte a que mejore el acceso a los servicios de salud para todas las mujeres y en particular para los grupos de mujeres más vulnerables, como las indígenas, las afro descendientes y las de ascendencia asiática. También insta al Estado parte a que adopte sin dilación medidas eficaces para resolver el problema de la elevada tasa de mortalidad materna garantizando la atención médica adecuada durante el embarazo, el parto y el posparto, y asegurando el acceso a las instalaciones de atención de la salud y a asistencia médica prestada por personal capacitado en todas las zonas del país, en particular en las zonas rurales. El Comité insta al Estado parte a que establezca reglamentos para ejecutar las leyes vigentes relativas al derecho de las mujeres al aborto y que otorgue a las mujeres acceso a servicios de calidad para el tratamiento de complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo. Invita al Ministerio de Salud a que emprenda una investigación o un estudio a fondo sobre los abortos en condiciones de riesgo y sus efectos para la salud de la mujer, sobre todo la mortalidad materna, que servirá como base para la adopción de medidas legislativas y normativas. Asimismo, insta al Estado parte a que facilite un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, que incluya las consecuencias de las leyes restrictivas en materia de aborto. Recomienda además que el Estado parte establezca programas que incluyan medidas para concienciar a las víctimas acerca de la importancia de recibir tratamiento médico cuando ha sido objeto de una agresión sexual y de denunciar el incidente.
Se invita al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, proporcione información y datos estadísticos detallados sobre la situación de los grupos de mujeres vulnerables, tales como las refugiadas, las de zonas rurales, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad y otras que afrontan múltiples formas de discriminación.
En consonancia con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que figuran en sus observaciones finales sobre Panamá, presentadas en su 36° período de sesiones (CRC/C/15/Add.233), el Comité exhorta al Estado parte a que elimine las disposiciones jurídicas discriminatorias sobre asuntos relacionados con la familia y el matrimonio a fin de ajustar su legislación a la Convención. En particular, el Comité insta al Estado parte a que eleve la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años tanto para los hombres como para las mujeres, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención, la recomendación general núm. 21 del Comité y el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas necesarias para que los bienes intangibles, como los fondos de pensión y de ahorro, se reconozcan como parte de los bienes conyugales.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para establecer un sistema amplio y unificado de datos desglosados por sexo en todas las esferas que abarca la Convención. El Comité recomienda también al Estado parte que en su próximo informe incluya datos y análisis estadísticos, desglosados por sexo y por zonas rurales y urbanas, e indique los efectos de las medidas adoptadas y los resultados logrados a fin de ilustrar en forma más amplia la situación de las mujeres en diversos ámbitos, en particular respecto de la cuestión de la violencia. El Comité invita al Estado parte a que preste particular atención a la reunión de datos relativos a los grupos de mujeres más vulnerables, incluidas las mujeres de zonas rurales y las indígenas, las migrantes y las trabajadoras domésticas, en particular las niñas. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
El Comité hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable aplicación plena y efectiva de la Convención. Insta al Estado parte a que incorpore la perspectiva de género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar dichos Objetivos, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité señala que la adhesión de los Estados a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos6 potencia que la mujer disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, el Comité alienta al Estado parte a que ratifique los instrumentos en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Comité pide que se dé amplia difusión en Panamá a las presentes observaciones finales para que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. El Comité pide también al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 13 y 41 supra. El Comité pide también al Estado parte que considere la posibilidad de solicitar cooperación y asistencias técnicas, como servicios de asesoramiento, en caso necesario y cuando proceda, a fin de aplicar las recomendaciones anteriores. Fecha del próximo informe y directrices para la presentación de informes
El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico en febrero de 2014.
Suplemento No. 45 (A/40/45), 1985↩
Suplemento No. 38 (A/53/38/Rev.1), 1998↩
CEDAW/C/PAN/CO/7, 5 de febrero de 2010↩
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.↩

References: artículo 83
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 18