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Timestamp: 2019-05-24 17:27:44+00:00

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C-1177 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020008935CC-SENTENCIAC1177200517/11/2005CC-SENTENCIA_C_1177__2005_17/11/2005200089352005SENTENCIA C-1177/05 DENUNCIA PENAL- Naturaleza DENUNCIA PENAL -Características DENUNCIA PENAL -Exoneración del deber de denunciar DENUNCIA PENAL- Concepto/ DENUNCIA PENAL -Acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal/ DENUNCIA PENAL- Acto formal/ DENUNCIA PENAL- Acto debido /DENUNCIA PENAL- Carácter informativo/ DENUNCIA PENAL- No desistible /DENUNCIA Y QUERELLA -Diferencias La denuncia en materia penal es una manifestación de conocimiento mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar, que le consten. Se trata de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula al titular de la acción penal - la Fiscalía - a ejercerla con el propósito de investigar la perpetración de un hecho punible. Es además un acto formal en el sentido que, aunque carece del rigor de una demanda, convoca una mínima carga para su autor en cuanto exige (i) presentación verbal o escrita ante una autoridad pública; (ii) el apremio del juramento; (iii)que recaiga sobre hechos investigables de oficio; (iv)la identificación del autor de la denuncia; iv) la constancia acerca del día y hora de su presentación; (vi) suficiente motivación, en el sentido que contenga una relación clara de los hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos derroteros para la investigación; (vii) la manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. La denuncia es un acto debido en cuanto involucra el ejercicio de un deber jurídico (Art. 95.7 CP) del cual es titular la persona o el servidor público que tuviere conocimiento de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio. El acto de denuncia tiene carácter informativo en cuanto se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la perpetración de una conducta presumiblemente delictuosa, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó y de los presuntos autores o partícipes, si fueren conocidos por el denunciante. A diferencia de la querella, la denuncia no es desistible, ni comporta la posibilidad de retractación en razón a la naturaleza pública de los intereses jurídicos que se encuentran comprometidos, lo que excluye la disponibilidad sobre los mismos por parte del denunciante. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Alcance DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO -Importancia ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Derecho fundamental de aplicación inmediata ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Derechos que compromete marco jurídico de aplicación DENUNCIA PENAL -Autoridades públicas no pueden poner trabas injustificadas a quien desea presentarla ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Configuración legal DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Posibilidad de ser limitado por el legislador DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Límites a configuración legal DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -No es absoluto SENTENCIA INTERPRETATIVA -Aplicación Advierte la Corte que en efecto, la expresión acusada admite más de una interpretación, algunas de las cuales, como la insinuada por la Procuraduría, pueden resultar contrarias a la Constitución. Corresponde en consecuencia a la Corte delimitar el contenido de la disposición acusada fijando el único sentido en el cual ésta se entiende compatible con la Constitución, por lo que procederá a emitir una sentencia interpretativa, condicionando la ejecución de la norma demandada a la interpretación que desarrolla el texto constitucional. DENUNCIA PENAL -Requisitos En atención a las graves implicaciones de orden social, patrimonial, moral y legal que una denuncia penal puede acarrear a determinado o determinados ciudadanos, el legislador ha optado por rodear esta declaración de conocimiento de una serie de requisitos orientados a preservar los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, a precaver las denuncias temerarias, y a proteger el aparato jurisdiccional de usos indebidos. Se trata de unos mínimos requerimientos que, sin obstruir el racional acceso al aparato jurisdiccional, la provean de elementos que permitan establecer el fundamento que reclama no solamente la propia disposición legal, que establece que "En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento", sino la disposición constitucional que supedita la obligatoriedad en el adelantamiento de la acción penal y el desarrollo de la investigación por parte del órgano competente a que (i) "los hechos - puestos en su conocimiento- revistan las características de un delito", y (ii) " medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo". TIPICIDAD OBJETIVA -Concepto DENUNCIA PENAL- Parámetros constitucionales para determinar el fundamento/ TIPO OBJETIVO -Concepto/ DENUNCIA PENAL- Exigencia de que hechos denunciados revistan las características de delito/ DENUNCIA PENAL- Exigencia de carga informativa Son dos los parámetros para determinar el fundamento de una denuncia: (i) Que los hechos revistan las características de un delito, se trata de una exigencia que hace referencia a aspectos meramente descriptivos de la conducta, sin que su constatación involucre elementos valorativos. Es un concepto que responde a lo que en la teoría clásica del delito se ha denominado tipo objetivo, concepto que involucra elementos puramente descriptivos, es decir aquellos componentes de la conducta asequibles a la percepción sensorial, sin que en esa constatación se ingrese en terrenos valorativos. Lo que conduce a afirmar que para la estructuración de este primer elemento de fundamentación basta con que el funcionario investigador constate que la conducta que denuncia se encuentra descrita como delito, perseguible de oficio, sin que le sea permitido ingresar en la consideración de aspectos valorativos. (ii) El segundo parámetro de fundamentación atañe a la suficiente motivación de la denuncia acerca de la existencia del hecho. La expresión "siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo" (Art. 250 CP), impone al denunciante una carga informativa que permita inferir razonablemente que el hecho denunciado efectivamente existió. DENUNCIA ANONIMA -No exclusión absoluta como medio de activación de la justicia penal DENUNCIA PENAL- Advertencia sobre responsabilidad penal en caso de falsedad DENUNCIA PENAL -Autoridad que resuelve inadmisión/ DENUNCIA PENAL -Motivación de la inadmisión/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN PROCESO PENAL -Obligación de notificar la inadmisión de la denuncia al denunciante y al Ministerio Público La eventual inadmisión de una denuncia no se vislumbra, como un acto propio de la nuda liberalidad del funcionario investigador, se trata de una decisión que sólo puede legitimarse por la ausencia, en el caso concreto, de los parámetros constitucionales que condicionan la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal: la posible existencia del hecho, y que el mismo revista las características de un delito investigable de oficio. Adicionalmente, para que la decisión de inadmisión de denuncia resulte acorde con la Constitución, ésta debe ser proferida por el fiscal, a quien la Constitución (Art. 250.8) y la ley (Art. 200 Ley 906/04) le adscriben la función de dirección, coordinación y control jurídico de la indagación e investigación. Se trata de una decisión que está exigida de motivación. Una de las dimensiones del debido proceso es la motivación de los actos o las decisiones de la administración. En el seno de la administración de justicia la validez de las decisiones depende de las razones justificativas en que se soportan, como un desarrollo del principio de legalidad. A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada "en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento" a que tal decisión emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario, despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales. PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD EN MATERIA PENAL -Determinación del fundamento de la denuncia DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Inadmisión de denuncia penal/ DENUNCIA PENAL -Ampliación "por una sola vez" debe entenderse sin perjuicio de los derechos de la víctimas de delitos La afectación del derecho a acceder a la justicia que imponen las expresiones demandadas consiste en exigir del denunciante un mínimo de fundamentación a su declaración de conocimiento, en relación con la existencia del hecho que pone en conocimiento de la autoridad, y las características delictuosas que el mismo debe revestir, este último aspecto entendido como la concurrencia de los elementos que integran el tipo objetivo. La inadmisión, como cualquier decisión proferida en el ámbito de la administración de justicia, deberá ser motivada, proferida por el fiscal, y comunicada al denunciante y al Ministerio Público, y ella no hace tránsito a cosa juzgada, quedando vigente la posibilidad de que vuelva a ser presentada con el fundamento requerido en el sentido establecido en esta sentencia. En cuanto a la ampliación de la denuncia, "por una sola vez", debe entenderse sin perjuicio de los derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las víctimas de los delitos. DENUNCIA PENAL -Fines que persigue la inadmisión/ DENUNCIA PENAL -Finalidad de la norma que establece que la ampliación de la denuncia solo podrá hacerse por una vez La inadmisión de denuncias sin fundamento, y la limitación de la ampliación de denuncia a una oportunidad, persiguen uno o varios de los siguientes objetivos: (i) garantizar que el acceso a la justicia penal, se realice con preservación de su ámbito propio, es decir como recurso extremo para la protección de derechos, cuya violación afecta las condiciones básicas de existencia de una colectividad; (ii) promover el orden social y los derechos fundamentales de los asociados al excluir la temeridad en la formulación de denuncias penales, que representan un alto costo para los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre; (iii) promover el ejercicio responsable del deber constitucional de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia; (iv) preservar el aparato jurisdiccional de usos indebidos que pueden generar dispersión de esfuerzos y recursos, y afectar su efectividad; (v) promover los derechos de las víctimas de los delitos, al establecer presupuestos que propicien desde un comienzo una ruta exitosa para la investigación. FISCALIA GENERAL DE LA NACION -Sometimiento de controles externos DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA- Establecimiento de mínimas cautelas para la formulación de denuncia penal Las mínimas cautelas establecidas por el legislador para la formulación de la denuncia penal en la disposición parcialmente acusada, envuelve el interés, constitucionalmente relevante, de preservar el derecho fundamental a la honra y el buen nombre de informaciones falsas , erróneas o tendenciosas , difundidas sin fundamento . Su preeminencia como derecho de la personalidad vinculado al patrimonio moral y social del individuo, e inherente al concepto de dignidad humana, demanda la especial protección de este derecho por parte de las autoridades públicas. ACCION PENAL -Exigencia de una mínima fundamentación para promoverla ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Concepto de eficiencia DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Limitaciones de modo DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL -Inadmisión de denuncia sin fundamento/ DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL- Ampliación de denuncia "por una sola vez"/ TEST DE RAZONABILIDAD -Aplicación /DENUNCIA PENAL SIN FUNDAMENTO -Inadmisión Encuentra la Corte que (i) las expresiones "en todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento", inciso 2°, y "por una sola vez", inciso 3°, del artículo 69, constituyen un ejercicio legítimo de la potestad del legislador para reglamentar, en términos razonables, el derecho de aceso a la administración de justicia en materia penal; (ii) sometidas las medidas a un juicio de razonabilidad en los términos que lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte, se encontró que las medidas promueven finalidades constitucionalmente legítimas; ellas no imponen cargas excesivamente gravosas e insuperables para los denunciantes; (iii) y las mismas se presentan como idóneas y adecuadas para alcanzar los fines superiores que promueven. Referencia: expediente D-5730
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑOD5730CONSTITUCIONALIDADYaritza Xiobel Colina Ruiz | otrosDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 69, parcial, de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".Identificadores20020008936true20395Versión original20008936Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 69, parcial, de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Advierte la Corte que en efecto, la expresión acusada admite más de una interpretación, algunas de las cuales, como la insinuada por la Procuraduría, pueden resultar contrarias a la Constitución. Corresponde en consecuencia a la Corte delimitar el contenido de la disposición acusada fijando el único sentido en el cual ésta se entiende compatible con la Constitución, por lo que procederá aemitir una sentencia interpretativa, condicionando la ejecución de la norma demandada a la interpretación que desarrolla el texto constitucional.
En atención a las graves implicaciones de orden social, patrimonial, moral y legal que una denuncia penal puede acarrear a determinado o determinados ciudadanos, el legislador ha optado por rodear esta declaración de conocimiento de una serie de requisitos orientados a preservar los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, a precaver las denuncias temerarias, y a proteger el aparato jurisdiccional de usos indebidos. Se trata de unos mínimos requerimientos que, sin obstruir el racional acceso al aparato jurisdiccional, la provean de elementos que permitan establecer el fundamento que reclama no solamente la propia disposición legal, que establece que "En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento", sino la disposición constitucional que supedita la obligatoriedad en el adelantamiento de la acción penal y el desarrollo de la investigación por parte del órgano competente a que (i) "los hechos - puestos en su conocimiento- revistan las características de un delito", y (ii) " medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo".
Son dos los parámetros para determinar el fundamento de una denuncia: (i) Que los hechos revistan las características de un delito, se trata de una exigencia que hace referencia a aspectos meramente descriptivos de la conducta, sin que su constatación involucre elementos valorativos. Es un concepto que responde a lo que en la teoría clásica del delito se ha denominado tipo objetivo, concepto que involucra elementos puramente descriptivos, es decir aquellos componentes de la conducta asequibles a la percepción sensorial, sin que en esa constatación se ingrese en terrenos valorativos. Lo que conduce a afirmar que para la estructuración de este primer elemento de fundamentación basta con que el funcionario investigador constate que la conducta que denuncia se encuentra descrita como delito, perseguible de oficio, sin que le sea permitido ingresar en la consideración de aspectos valorativos. (ii) El segundo parámetro de fundamentación atañe a la suficiente motivación de la denuncia acerca de la existencia del hecho. La expresión "siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo" (Art. 250 CP), impone al denunciante una carga informativa que permita inferir razonablemente que el hecho denunciado efectivamente existió.
La eventual inadmisión de una denuncia no se vislumbra, como un acto propio de la nuda liberalidad del funcionario investigador, se trata de una decisión que sólo puede legitimarse por la ausencia, en el caso concreto, de los parámetros constitucionales que condicionan la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal: la posible existencia del hecho, y que el mismo revista las características de un delito investigable de oficio.Adicionalmente, para que la decisión de inadmisión de denuncia resulte acorde con la Constitución, ésta debe ser proferida por el fiscal, a quien la Constitución (Art. 250.8) y la ley (Art. 200 Ley 906/04) le adscriben la función de dirección, coordinación y control jurídico de la indagación e investigación. Se trata de una decisión que está exigida de motivación. Una de las dimensiones del debido proceso es la motivación de los actos o las decisiones de la administración. En el seno de la administración de justicia la validez de las decisiones depende de las razones justificativas en que se soportan, como un desarrollo del principio de legalidad.A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada "en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento" a que tal decisión emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario, despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Inadmisión de denuncia penal/DENUNCIA PENAL-Ampliación "por una sola vez" debe entenderse sin perjuicio de los derechos de la víctimas de delitos
La afectación del derecho a acceder a la justicia que imponen las expresiones demandadas consiste en exigir del denunciante un mínimo de fundamentación a su declaración de conocimiento, en relación con la existencia del hecho que pone en conocimiento de la autoridad, y las características delictuosas que el mismo debe revestir, este último aspecto entendido como la concurrencia de los elementos que integran el tipo objetivo. La inadmisión, como cualquier decisión proferida en el ámbito de la administración de justicia, deberá ser motivada, proferida por el fiscal, y comunicada al denunciante y al Ministerio Público, y ella no hace tránsito a cosa juzgada, quedando vigente la posibilidad de que vuelva a ser presentada con el fundamento requerido en el sentido establecido en esta sentencia. En cuanto a la ampliación de la denuncia, "por una sola vez", debe entenderse sin perjuicio de los derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las víctimas de los delitos.
Las mínimas cautelas establecidas por el legislador para la formulación de la denuncia penal en la disposición parcialmente acusada, envuelve el interés, constitucionalmente relevante, de preservar el derecho fundamentalala honra y el buen nombre de informaciones falsas, erróneas otendenciosas, difundidas sin fundamento.Su preeminencia como derecho de la personalidad vinculado al patrimonio moral y social del individuo, e inherente al concepto de dignidad humana, demanda la especial protección de este derecho por parte de las autoridades públicas.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL-Inadmisión de denuncia sin fundamento/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL-Ampliación de denuncia "por una sola vez"/TEST DE RAZONABILIDAD-Aplicación/DENUNCIA PENAL SIN FUNDAMENTO-Inadmisión
Encuentra la Corte que (i) las expresiones "en todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento", inciso 2°, y "por una sola vez", inciso 3°, del artículo 69, constituyen un ejercicio legítimo de la potestad del legislador para reglamentar, en términos razonables, el derecho de aceso a la administración de justicia en materia penal; (ii) sometidas las medidas a un juicio de razonabilidad en los términos que lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte, se encontró que las medidas promueven finalidades constitucionalmente legítimas; ellas no imponen cargas excesivamente gravosas e insuperables para los denunciantes; (iii) y las mismas se presentan como idóneas y adecuadas para alcanzar los fines superiores que promueven.
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 69, parcial, de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Los ciudadanos Yaritza Xiobel Colina Ruíz, Viviana Andrea Correa, María Fernanda López Martínez, Hans Cristhian Idárraga Valencia, Miguel Fernando Marín Ramos, Liliana Carolina Montoya Fajardo, Mario Andrés Posso Nieto, Ángela Patricia Almeida Chamorro, Yurani Trinidad López Lenis, Carlos Mauricio Noguera Salazar, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandaron la inexequibilidad del artículo 69, parcial, de la Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Artículo 69.Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La denuncia, la querella o la petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la recibe advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.
La denuncia solo podrá ampliarsepor una sola vez a instancia del denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación.
Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encausar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente".
Considera que se restringe el ámbito del mismo precepto constitucional al establecer la posibilidad de ampliación de denuncia "por una sola vez", hipótesis que impide que el denunciante que ya ha cumplido con ese rasero legal, ponga en conocimiento de la autoridad nuevos hechos o datos adquiridos con posterioridad y que resultarían útiles para la investigación.
1.2. Respecto de la limitación de la ampliación de denuncia a"una sola vez" aduce que cuando en el denunciante no concurre la calidad de víctima, su actuación se contrae al momento de la denuncia y su ampliación, lo cual no obsta para que pueda acudir al proceso en calidad de testigo o aportar las pruebas de que tenga conocimiento. Si se trata de la víctima, adquiere la condición de interviniente y puede en consecuencia acceder al proceso en las oportunidades previstas para el efecto.
2.2. A cerca de la limitación de la ampliación de denuncia"por una sola vez", dice textualmente la Fiscalía:
"(…) ampliar la denuncia y limitar esta actividad a una ocasión, no constituye restricción maligna y tanta (sic) que atropelle o desconozca la Constitución Política. Se pretende responsabilizar al denunciante para que desde la primera comparecencia sea bien explícito e integral en su denuncia y adquiera verdadera conciencia de su rol. Volverse el denunciante un contertulio del funcionario sobre la denuncia; o atosigarlo con cambios, recambios, mudanzas, correcciones o ampliaciones, deslustran la manifestación, entorpecen la justicia y no deja de suscitar desconfianza en la persona que incurren en esa impropiedad y conflictos con el estamento fiscal." (Fol. 6 de la intervención del Fiscal General de la Nación (E))
Sobre esa base concluye que la limitación aparece como "sensata y productiva".
A juicio de esta entidad se debe declarar la inexequibilidad de la expresión "En todo caso, se inadmitirán las denuncias sin fundamento" del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por infringir los artículos 2°, 23, 29, 95-7, 228, 229 y 230 de la Constitución. En cuanto a la expresión "por una sola vez", considera se debe declarar su exequibilidad.
3.4. Sobre la posibilidad de ampliación de la denuncia "por una sola vez", sustenta su exequibilidad en la consideración de que ello no obstaculiza ni restringe el derecho de acceso a la justicia; por el contrario tal opción sirve al propósito de que exista claridad y certeza sobre los supuestos básicos del hecho que será indagado, generando estabilidad en las actuaciones de la autoridad, lo cual fortalece el mencionado derecho fundamental.
En cuanto a la expresión que limita la ampliación de la denuncia"por una sola vez", la juzga acorde con principios constitucionales que propugnan por que el proceso sea ágil, eficaz y justo.
La representante del Ministerio Público solicita la inexequibilidad del inciso 2° del artículo 69, y la exequibilidad de la expresión"por una sola vez"del inciso 3°.
Considera que la hipótesis del inciso 2° no puede estar amparada por los mismos criterios de discrecionalidad que respaldan el principio de oportunidad, ni justificarse con argumentos como el de la racionalización de la intervención penal. En cuanto a lo primero, por que esta determinación no está sometida al juez de control de garantías, y no puede hablarse de disposición de la acción penal cuando aún no se dan los presupuestos para establecer si habría lugar a acción penal, y en cuanto a lo segundo, por que el proceso se basa en el principio de la obligatoriedad que impone al fiscal el deber de adelantar, en todo caso, una labor investigativa o de verificación del contenido de lanotitia críminis, a fin de establecer si concurren los motivos y circunstancias a que alude el inciso 1° del artículo 250 de la Carta.
En cuanto a la expresión"por una sola vez" del inciso 3°, para la Procuraduría ésta resulta acorde a la Constitución, en cuanto atiende la necesidad de racionalizar y organizar el acceso de los particulares a la administración de justicia. A diferencia de lo que acontece con el inciso 2°, en este evento la expresión demandada no impide a la persona poner en conocimiento de las autoridades un hecho presuntamente delictivo, sino que fija las condiciones para el ejercicio de su derecho de acción.
- ¿La potestad que el legislador asigna al órgano investigador en el inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004 para inadmitir las denuncias sin fundamento, constituye una restricción inconstitucional al derecho de acceso a la administración de justicia (Art.229 CP) .
- ¿La limitación que introdujo el legislador en el inciso 3° de la misma disposición, respecto de la ampliación de denuncia, limitándola a"una sola vez", infringe el derecho a un debido proceso, y restringe indebidamente el acceso a la administración de justicia .
- El alcance de la expresión "sin fundamento". Determinación del sentido compatible con la Constitución.
Este derecho se garantiza también mediante la posibilidad de presentar denuncias en materia penal, respecto de lo cual ha dicho la Corte que: "Las autoridades públicas no pueden poner trabas injustificadas a la persona que desea interponer una denuncia penal con el fin de que sea investigada la ocurrencia de un delito"[15]. Se vulnera el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, cuando se incurre en una dilación injustificada para recibir una denuncia penal, o se hacen exigencias formales que el denunciante no se encuentra en condiciones personales de cumplir, las cuales sacrifican la efectividad del derecho de acceso a la justicia penal.
" Ciertamente, en virtud de la cláusula general de competencia, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales".[16]
"(...)(E)l derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, "este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie"[17]. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia.
(...) (E)n virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial".[18]
De donde deviene que el derecho de acceso a la administración de justicia no es, como parecen entenderlo los demandantes, un derecho absoluto. Como se indicó puede ser objeto de limitaciones y condicionamientos en su regulación legal. Lo que corresponde en consecuencia es determinar (i) el sentido constitucional de la expresión "sin fundamento", y (ii) si las limitaciones y condicionamientos que impone el legislador resultan constitucionalmente razonables, o si por el contrario son excesivas, carentes de razonabilidad, y por lo tanto contrarias a la Carta. Estos aspectos serán analizados en los siguientes apartes de esta sentencia.
3. La inadmisión de las denuncias sin fundamento y su ampliación por una sola vez, constituyen limitaciones constitucionalmente razonables, al derecho de acceso a la justicia
Corresponde a la Corte determinar si dicha limitación es inconstitucional o si encuentra justificación razonable en preceptos superiores. Para hacerlo, esta Corporación procederá a caracterizar el grado de afectación que medidas como la inadmisión de la denuncia sin fundamento, y la limitación de la ampliación de la misma, a una sola vez, introduce en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Para el análisis de este primer aspecto es preciso determinar el alcance de la expresión "sin fundamento" que se inserta en la norma. Analizará así mismo la razonabilidad de las limitaciones establecidas por el legislador, teniendo en cuenta los fines que podrían justificarlas, así como el medio que las normas demandadas prevén para el cumplimiento de esos fines, y la relación existente entre esos fines y los medios por los que optó el legislador para alcanzarlos[19].
La principal censura que tanto demandantes como intervinientes formulan contra la expresión "en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento" del inciso 2° del artículo 69, radica en las incertidumbres que introduce la expresión "sin fundamento".
La Defensoría del Pueblo señala al respecto que "La norma no define lo que debe entenderse por denuncias sin fundamento, con lo cual se deja al funcionario un margen de discrecionalidad que desdice de la precisión y exactitud que debe existir en las consagración de las funciones y actividades a cargo de los servidores encargados de impartir justicia" (…) "(D)ejar a discreción del funcionario lo que debe entenderse por ¨fundamento¨ sin duda contraría la garantía de protección y seguridad que debe dispensarse a los asociados"[20].
Similares preocupaciones expresa la Procuraduría General de la Nación en su intervención al señalar que la expresión acusada es violatoria del principio de legalidad en razón a que "no precisa cuál es o en qué consiste el fundamento de una denuncia, es decir, de qué debe adolecer una denuncia para provocar su inadmisión, omisión conceptual que permite el abuso o uso caprichoso y arbitrario de la facultad consagrada en el inciso 2° demandado" (…) No puede decirse que el fundamento, cuya ausencia sanciona la norma con la inadmisión, es el relato pormenorizado de los hechos conocidos por el denunciante, pues de acuerdo con la redacción del precepto acusado, pueden presentarse eventos en que a pesar de hacerse tal relato, el fiscal ¨en todo caso¨ considere que la denuncia carece de fundamento y decida su inadmisión"[21].
Así las cosas, establece el artículo 250 de la Constitución, que uno de los medios[23] a través de los cuales puede llegar a conocimiento del fiscal un hecho que "revista las características de un delito", y respecto del cual adquiere la obligación de adelantar la acción y realizar la correspondiente investigación, es la denuncia.
El inicio de la acción y el adelantamiento de la correspondiente investigación de un hecho probablemente delictuoso, se producirán "siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo" (Art.250CP). Este condicionamiento proyecta sus efectos sobre la reglamentación legal de la denuncia como forma de comunicación a la autoridad de la notitia críminis.
Se trata de unos mínimos requerimientos que, sin obstruir el racional acceso al aparato jurisdiccional, la provean de elementos que permitan establecer el fundamento que reclama no solamente la propia disposición legal, que establece que "En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento", sino la disposición constitucional que supedita la obligatoriedad en el adelantamiento de la acción penal y el desarrollo de la investigación por parte del órgano competente a que (i) "los hechos - puestos en su conocimiento- revistan las características de un delito", y (ii) " medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo".(Art. 250 CP).
En reciente decisión, mediante un pronunciamiento de constitucionalidad condicionada la Corte estableció el sentido constitucional de la expresión "motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito" contenida en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, y que resulta aplicable a este extremo de fundamentación de la denuncia. Consideró la Corte que cuando la ley hace referencia a "motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito", la expresión alude a aquellos elementos objetivos que configuran el tipo penal, esto es, los que corresponden a la tipicidad objetiva.[26]
(ii) El segundo parámetro de fundamentación atañe a la suficiente motivación de la denuncia acerca de la existencia del hecho. La expresión "siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo" (Art. 250 CP), impone al denunciante una carga informativa que permita inferir razonablemente que el hecho denunciado efectivamente existió. No se trata de trasladar al denunciante la carga probatoria sobre la materialidad del hecho, la cual evidentemente reposa en la agencia investigadora, sino de comprometerlo con un deber elemental de rodear de credibilidad su declaración de conocimiento y de aportar información, no pruebas, que permitan construir una hipótesis de investigación.
La jurisprudencia especializada ha señalado que "una denuncia penal no puede considerarse tal si carece de un mínimo de motivación, es decir que en ella se debe consignar en qué consistió el atropello, qué hecho o hechos son los que deben ser investigados"[27], aportando elementos que permitan encauzar las pesquisas bajo una directriz clara, por un derrotero específico o hacia una hipótesis verificable[28]. No honra este supuesto de fundamentación, la denuncia que en lugar de posibilitar la clarificación de los hechos puestos en conocimiento de las autoridades, por sí misma obstruye los canales de acceso a la verdad de lo sucedido[29].
De donde deviene que los parámetros que orientan la determinación de si una denuncia posee fundamento o carece de él, provienen de la propia Constitución y son desarrollados por la Ley. Conforme a la Constitución, como se indicó, el primer elemento para determinar el fundamento de una denuncia es la calificación de la conducta denunciada, en un nivel muy provisional, objetivo y sin requerimientos de orden dogmático, la cual debe "revestir las características de un delito", es decir, tener apariencia delictuosa, estar descrita en la ley como delito[30]. El segundo elemento atañe a la sustentación mínima que una declaración incriminatoria debe registrar en el sentido que aporte información suficiente que permita al órgano investigador (Fiscalía, Corte Suprema o Comisión de Acusaciones, en su caso) inferir que el hecho efectivamente tuvo ocurrencia y establecer un derrotero, apalancarse en la denuncia como punto de partida para el adelantamiento de las pesquisas correspondientes.
Los requisitos que para la denuncia establece el artículo 69 del nuevo estatuto procesal desarrollan esos dos parámetros constitucionales a los que se ha hecho referencia, estableciendo los canales a través de los cuales el denunciante debe proveer de fundamento a su denuncia. En tal sentido, se preocupó el legislador por que el medio por el cual se trasmite la notitia críminis permita la identificación de su autor, como una forma de responsabilizar al ciudadano en el ejercicio de su deber de colaboración con la administración de justicia y en la activación de su derecho acción, si fuere el caso. Ello no significa sin embargo, que los escritos anónimos sean excluidos de manera absoluta como medios de activación de la justicia penal, lo serán en la medida que "no suministren evidencias o datos concretos que permitan encausar la investigación" (Art. 69 inc. 4°).
La relación detallada de los hechos como requisito de la denuncia, no constituye en sí misma su fundamento, como lo entiende algún interviniente, se limita a proveer al investigador de los elementos para establecer si aquella tiene fundamento o carece de él. La manifestación que se impone al denunciante en el sentido de si le consta que los mismos hechos hubieren sido puestos en conocimiento de otro funcionario, tiene un propósito de racionalización del uso de los recursos investigativos que, de una parte evite paralelismos inconvenientes, y de otra, permita un mejor aprovechamiento de la información que repose en las agencias investigadoras. La advertencia al denunciante de que la falsa denuncia implica responsabilidad penal, lleva implícita la exigencia del juramento en la declaración incriminatoria, para efectos de vincular de manera eficaz al deponente a los objetivos de prevención general que incorporan los artículos 435 y 436 del Código Penal, los cuales insertan en su estructuración, como exigencia típica, el elemento bajojuramento. Este requerimiento, unido a los anteriores, permite al investigador forjarse una idea sobre la seriedad de la denuncia.
A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada "en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento" a que tal decisión emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario, despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales.
En cuanto a la restricción de la ampliación de la denuncia "por una sola vez"(inciso 3° artículo 69), a instancia del denunciante o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación, encuentra la Corte que la disposición se limita a fijar las condiciones para el ejercicio del derecho de acción, preservando la posibilidad de que el denunciante, una vez formulada la correspondiente denuncia acuda ante la autoridad, por una sola vez, para aportar información adicional sobre aspectos trascendentes para la investigación. Se trata de una medida que desarrolla las funciones de dirección y control de la investigación que la Constitución (Arts. 250 y 251 CP) radica en la Fiscalía General de la Nación.
En resumen, la afectación del derecho a acceder a la justicia que imponen las expresiones demandadas consiste en exigir del denunciante un mínimo de fundamentación a su declaración de conocimiento, en relación con la existencia del hecho que pone en conocimiento de la autoridad, y las características delictuosas que el mismo debe revestir, este último aspecto entendido como la concurrencia de los elementos que integran el tipo objetivo. La inadmisión, como cualquier decisión proferida en el ámbito de la administración de justicia, deberá ser motivada, proferida por el fiscal, y comunicada al denunciante y al Ministerio Público, y ella no hace tránsito a cosa juzgada, quedando vigente la posibilidad de que vuelva a ser presentada con el fundamento requerido en el sentido establecido en esta sentencia. En cuanto a la ampliación de la denuncia, "por una sola vez", debe entenderse sin perjuicio de los derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las víctimas de los delitos.
Partiendo del sentido atribuido por la Corte a la expresión"en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento", y del sentido natural de la expresión "por una sola vez" referida a la ampliación de la denuncia, corresponde analizar si las medidas que tales expresiones introducen al derecho de acceso a la administración de justicia pretenden fines constitucionalmente legítimos, y si las mismas resultan idóneas para alcanzarlos.
En efecto, la inadmisión de denuncias sin fundamento, y la limitación de la ampliación de denuncia a una oportunidad, persiguen uno o varios de los siguientes objetivos:(i) garantizar que el acceso a la justicia penal, se realice con preservación de su ámbito propio, es decir como recurso extremo para la protección de derechos, cuya violación afecta las condiciones básicas de existencia de una colectividad; (ii) promover el orden social y los derechos fundamentales de los asociados al excluir la temeridad en la formulación de denuncias penales, que representan un alto costo para los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre; (iii) promover el ejercicio responsable del deber constitucional de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia; (iv) preservar el aparato jurisdiccional de usos indebidos que pueden generar dispersión de esfuerzos y recursos, y afectar su efectividad; (v) promover los derechos de las víctimas de los delitos, al establecer presupuestos que propicien desde un comienzo una ruta exitosa para la investigación.
En primer lugar, como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corte, "si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ella sólo puede acudirse como último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado"[35].
Sobre el particular puso de presente la Corte que (…) "el buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta (…) la obligación para las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto. Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador"[36].
En quinto lugar, ha destacado la Corte que los derechos de las víctimas y perjudicados de los delitos, "exige que los recursos judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los responsables[37]". Es indudable que se contribuye de manera más eficaz a la promoción de un orden justo respetuoso del complejo de derechos que protege a las víctimas y perjudicados en el proceso penal, la exigencia, desde un comienzo, de una información básica relativa a la existencia del hecho y su posible carácter delictivo, que permita enrutar la investigación en orden al esclarecimiento de la verdad, y no la aceptación como denuncia, de cualquier tipo de información, carente de elementales ingredientes fácticos que permitan la estructuración de una hipótesis de investigación.
La limitación (bajo la interpretación dada por la Corte) que establece el artículo 69 al derecho fundamental a acceder a la admistración de justicia a través del acto de denuncia, corresponde a aquellas que la jurisprudencia ha denominado "límites de tiempo, modo o lugar que sujetan el ejercicio de los derechos al cumplimiento de determinadas condiciones[38]". En el asunto bajo exámen se trata de una restricción que pertenece a la categoría de las limitaciones de modo, respecto de las cuales, en varias oportunidades, la Corte Constitucional ha declarado su exequibilidad, tal como ocurrió en eventos como la exigencia de acudir a la jurisdicción mediante abogado, o condicionar el acceso a la justicia al cumplimiento de determinados presupuestos de técnica jurídica[39].
Concluye así la Corte que la expresión"En todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento" del inciso 2° del artíuclo 69 es compatible con la Constitución, siempre y cuando se entienda que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
Así entendida la primera expresión demandada, encuentra la Corte que(i) las expresiones "en todo caso se indamitirán las denuncias sin fundamento", inciso 2°, y "por una sola vez", inciso 3°, del artículo 69, constituyen un ejercicio legítimo de la potestad del legislador para reglamentar, en términos razonables, el derecho de aceso a la administración de justicia en materia penal; (ii) sometidas las medidas a un juicio de razonabilidad en los términos que lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte, se encontró que las medidas promueven finalidades constitucionalmente legítimas; ellas no imponen cargas excesivamente gravosas e insuperables para los denunciantes; (iii) y las mismas se presentan como idóneas y adecuadas para alcanzar los fines superiores que promueven. En conseceuncia, se declarará su constitucionalidad en el sentido establecido en este fallo.
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión "En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento", del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la expresión "por una sola vez", de los incisos 2° y 3° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados en esta sentencia.
Exequible la expresión ... (inciso 2 ) Artículo 69 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]El artículo 67 de la Ley 906 de 2004 establece que el deber de denunciar radica en "Toda persona".
[2]Aunque el artículo 69 de la Ley 906 de 2004, a diferencia del artículo 29 de la ley 600 de 2000, no prevé de manera explícita el requisito de que la denuncia se formule "bajo juramento", tal requisito es deducible no solamente de la naturaleza incriminatoria del acto, que por ende genera responsabilidades, sino del segmento final del artículo 69 que señala que "quien la recibe (la denuncia) advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal". En concordancia con este precepto los artículos 435 y 436 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) contemplan los delitos de falsa denuncia, y falsa denuncia contra persona determinada, los cuales exigen para su estructuración el elemento normativo "bajo juramento".
[3]Por principio las conductas punibles son investigables de oficio, a menos que se trate de aquellas infracciones respecto de las cuales la propia ley establece la necesidad de la querella o de la petición especial como presupuestos de procesabilidad, lo cual obedece a razones de política criminal orientadas a flexibilizar la respuesta punitiva respecto de la lesión de bines jurídicos a los que se le reconoce cierto carácter disponible (querella), o a regular el ejercicio de la acción penal cuando se encuentran involucrados aspectos de extraterritorialidad (petición especial).
[4] El derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que "(...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla" Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24. Cfr. C-1195 de 2001, MP, Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5]Cfr. C-426 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil.
[7]Cfr., entre otras, las Sentencias T-006/92, C-059/93, T-538/94, C-037/96,C-215/99 y C-1195/2001.
[8]Corte Constitucional, Sentencia T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell. En este fallo, la Corte sostuvo que el "acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso".
[9]Cfr. Sentencia C-426 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil.
[10]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-597/92, MP, Ciro Angarita Barón, SU-067/93, MP, Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz; T-451/93, MP, Jorge Arango Mejía; T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell.
[11]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T-275/94, MP: Alejandro Martínez Caballero, T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell, T-502/97, MP: Hernando Herrera Vergara, C-652/97, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742/99, MP: José Gregorio Hernández
[12]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399/93, MP, José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-416/94, MP, Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP, Hernando Herrera Vergara.
[13]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399/93, MP, José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP, Hernando Herrera Vergara; C-1195 de 2001, MP, Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda.
[14]Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046/93, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093/93, MP, Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-301/93, MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544/93, MP, Antonio Barrera Carbonell, T-268/96, MP, Antonio Barrera Carbonell., C-742/99, MP, José Gregorio Hernández.
[15]Ver, Sentencias T-470 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, y T- 547 de 1993, MP Alejandro Martínez Caballero.
[16]Sentencia C- 426 de 2002 y C-428/2002, MP, Rodrigo Escobar Gil. En similar sentido, la sentencia C-1043/2000, MP Álvaro Tafur Galvis.
[17]Corte Constitucional, Sentencia C- 351/94, MP, Hernando Herrera Vergara.
[18] Corte Constitucional, Sentencia C-652/97, MP, Vladimiro Naranjo Mesa. En este fallo la Corte encontró conforme a la Carta el establecimiento de plazos perentorios para el ejercicio de determinados recursos procesales en casos de violencia intrafamiliar, vencidos los cuales ya no era posible interponerlos pues "existe un interés general por parte del Estado y de la sociedad para que los procesos judiciales se surtan en forma oportuna y diligente".
[19]En relación con la aplicación del test de razonabilidad ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional, C-530/93, C-112/00, C-093/01 y C-204/01, MP, Alejandro Martínez Caballero; C-022/96, MP, Carlos Gaviria Díaz; C-557/01, C-673/01, C-1195/01 MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[20]Fol. 8, intervención de la Defensoría del Pueblo.
[21]Fol. 7, intervención de la Procuraduría General de la Nación.
[24]Sobre este requisito remitirse a la nota de pie de página No. 2 de esta sentencia.
[25]Cfr. E. Beling, y M.E. Mayer, citados por K. Roxín en Derecho Penal, parte general Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito, Civitas, 1997, pag. 281.
[26]Cfr. Sentencia C-1154 de 2005, MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicación 23017, auto de diciembre 1° de 2004. En esta oportunidad la Corporación inadmitió una denuncia penal en la cual su autor se limitó a exponer una generalizada y crítica opinión acerca de las políticas estatales, en los ámbitos económicos, de salud, educación, medio ambiente, en las últimas décadas, señalando que: "Por todo eso deben responder los presidentes y congresistas de los últimos 54 años, (…) lo mismo que los 13 ministros de hacienda y todos los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales del país, por el manejo de los presupuestos y por el endeudamiento." A lo que respondió la Corte que: "Examinada la denuncia formulada (…) puede percibirse que se trata de un escrito superficial, contentivo de meras y simples generalidades, en el cual no aparece fundamento atendible capaz de excitar la atención del órgano jurisdiccional. De manera escueta, simplemente se dedica a hacer un recuento de situaciones de la vida del país con las que se muestra inconforme, tildándolas como merecedoras de severa sanción, pero sin que concrete en quién puede recaer la responsabilidad, o sin que aparezca especificación del acto o comportamiento que resulte susceptible de investigarse, y sin que aporte el menor elemento que permita encauzar en una directriz clara, en una hipótesis verificable, cualquier pesquisa. Nada deja explícito el denunciante, se reitera, en orden a dirigir una eventual investigación por un derrotero específico; al contrario, lo que enseña es un desacuerdo global con la adopción de políticas desarrolladas por diferentes estamentos institucionales, que no tienen un peso más significativo que el de sus propias opiniones, aunque respetables, insuficientes para dinamizar el aparato jurisdiccional."
[29]Cfr. Ib. Rad. 21586, auto de diciembre 3 de 2003.
[30]O como lo señaló la Corte en la sentencia C-1154 de 2005, " la expresión ¨motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito ¨ corresponden a tipicidad objetiva".
[31]Expresión que como lo estableció la Corte (C-1154 de 2005), hace referencia a la concurrencia de los elementos que estructuran el tipo objetivo.
[32]Crf. C-1154 de 2005.
[33]Sobre la compatibilidad del principio de autonomía de la Fiscalía General de la Nación con los controles externos a sus acciones y omisiones derivadas de otros principios de estirpe constitucional, se pueden consultar las sentencias C-395 de 1994; C-620 de 2001; C-1228 de 2001; C- 805 de 2002.
[34]Teniendo en cuenta para la estructuración de este elemento únicamente el aspecto objetivo del tipo.
[35]Sentencia C-647 de 2001, MP Alfredo Beltrán Sierra.
[36]Sentencia C- 482 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil.
[37]Entre otras, las sentencias C-228 de 2002, MP, Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-695 de 2002, MP, Jaime Córdoba Triviño.
[38]Corte Constitucional, Sentencia C-557/01, MP, Manuel José Cepeda Espinosa.
[39]Ver entre otras, la sentencia C-037/96, MP, Vladimiro Naranjo Mesa.

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