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Timestamp: 2018-01-21 14:46:58+00:00

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Práctica 2 - TC y Estatutos autonomía [933] | derecho constitucional (UAB) | Unybook
Práctica 2 - TC y Estatutos autonomía (2014)
Práctica 2 - TC y Estatutos autonomía
Profesora: Helena Vazquez
Facultad de Derecho Relaciones Laborales 1r Curso Nombre: Andrea Apellidos: Garcia Solbas Fecha: 18 de Diciembre de 2012 PRÁCTICA 2: ARTÍCULO “ La Vanguardia” El Estado no puede fijar el 100% de los contenidos de las asignaturas troncales porque es pura y simplemente una vulneración directa de la Constitución, sin posibilidad de lecturas interpretativas. Así se considera desde el Departament d'Ensenyament la intención anunciada por el ministro José Ignacio Wert de que sea el Ejecutivo central el que decida todo el contenido de las asignaturas fundamentales de primaria, ESO y bachillerato.
Una flagrante inconstitucionalidad, se señala, pero donde el Govern ve una nueva trampa, ya que el ministro ha expresado públicamente su intención de centralizar y controlar la totalidad de los contenidos, pero no lo ha incluido de momento en el articulado de la ley orgánica de la calidad de mejora educativa (Lomce) precisamente para "burlar" el dictamen del Consejo de Estado.
Las competencias en educación, tal como establece el texto constitucional y en el Estatut en su artículo 131.3, son compartidas en lo que se refiere a la programación de la enseñanza y al establecimiento de los planes de estudio correspondientes. Así se hizo notar ayer desde la Conselleria de Rigau, que indica que el movimiento político del Gobierno es "tan brutal" que cuesta analizarlo. Es acabar con el principio de competencia compartida en el que, en teoría, se debería basar la articulación del Estado de las autonomías. "No se pueden cargar un principio estatutario avalado por el Tribunal Constitucional", señalaron fuentes de la Conselleria d'Ensenyament.
Sería, según se indica desde el Govern, una grave involución autonómica, la intención de controlar el 100% de los contenidos de las troncales .
Se teme que la intención del ministro sea no establecer este porcentaje del 100% a la hora de definir los contenidos de las materias troncales dentro del articulado de la ley para que no sea tachado de inconstitucional ya en su primer paso, que es la revisión del Consejo de Estado. Y hacerlo después mediante un decreto, que también es recurrible pero que no frenaría la aplicación de la legislación .
PREGUNTAS: 1. Identifica el posible defecto de constitucionalidad de la LO de Mejora Educativa, citado en el texto. (0.5).
El posible defecto de constitucionalidad de la Ley Orgánica de Mejora Educativa, está citado en el párrafo tercero, dónde esta nueva aplicación de mejora en la ley educativa encontramos que el Gobierno invade competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la materia de educación, cuando realmente, esta competencia está compartida entre ambos, es decir, conjuntamente Gobierno y Comunidad Autónoma, Cataluña, realizan las normas sobre la educación.
2. ¿Qué significa que una competencia sea compartida? (0.5).
La competencia compartida es cuando el Estado y las Comunidades Autónomas tienen legitimidad para intervenir sobre la misma materia pero en partes o funciones distintas. Hay diferentes competencias compartidas, ésta la competencia compartida donde el Estado tiene la función legislativa y le da la potestad de ejecutar las normas legisladas a las Comunidades Autónomas, es decir, habrá un ente que dispondrá de potestad legislativa y el otro de potestad ejecutiva. Luego está la competencia compartida de Bases, donde el Estado dictamina unas bases donde la Comunidad Autónoma debe regirse bajo ellas pero podrá realizar la legislación y la ejecución de esta materia.
Esto se verifica a través de la Constitución Española, donde encontramos las competencias que son asumidas por las Comunidades Autónomas y las competencias que son exclusivas para el Estado, se encuentran en el artículo 148 “Todas las competencias que asume la Comunidad Autónoma” y en el artículo 149 “Todas las competencias que son exclusivas del Estado y que ninguna Comunidad Autónoma podrá realizar”.
3. “Tal como establece el texto constitucional y el Estatuto”. ¿Por qué es importante citar ambos textos? ¿Qué papel juegan cada uno en el reparto competencial? (1).
Es importante, citar ambos textos, porque ambos tienen competencia sobre la materia de educación, como se indica en el artículo 131.3 del Estatuto de Catalunya.
Esta materia es compartida entre ambos, la compartición de esta materia se refiere a los temas de programación de la enseñanza y al establecimiento de los planes de estudio.
Encontramos que el papel que juegan ambos es diferente, ya que, se trata de una competencia asumida por la Comunidad Autónoma, pero que al mismo tiempo está regida por unas bases realizadas por el Gobierno, ya que, cada Comunidad Autónoma le dará más importancia a unas materias o a otras, en el caso de Catalunya, que hay una materia que se establece como básica y obligatoria que es el idioma, el catalán. Esto hace que haya repercusiones a la hora de repartir competencialmente las funciones o sectores de la materia, como en este caso es la educación.
No obstante, es el Estatut de Cataluña, quién tiene la competencia para indicar el horario que se establecerá para aprender esta lengua, la manera en que se evaluará, y demás funciones.
4. ¿En qué partes de la CE se consolida el Estado de las Autonomías? (1). Defínelo.
El Estado de las Autonomías se consolida en la Constitución a través de la formación de las Comunidades Autónomas, que estás están reconocidas en la Constitución y podemos encontrar su formación en el Título Octavo, Capítulo Tercero, desde el artículo 143 hasta el 158.
Cómo se expresa en el artículo 143 haciendo referencia también al artículo 2 de la CE, todas las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse como Comunidad Autónoma con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos Estatutos. Como indica el artículo 145 “Los Estatutos podrán prever sus requisitos y términos en que las CA podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y presentación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente Cortes Generales, los demás necesitaran autorización de las Cortes.” La elaboración de este Estatuto lo marca el artículo 146 que como indica será creado a través de una asamblea compuesta por miembros de la diputación de las provincias afectadas y por diputados y senadores, para su tramitación como ley.
Por lo tanto, se reconoce constitucionalmente la formación de Comunidades Autónomas donde cada una de ellas tendrá su propio Estatuto como indica en el artículo 147 que dice que: “dentro de los términos de la CE, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”, por lo tanto, entendemos que el Estatuto de Autonomía al ser reconocido como constitucional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico, teniendo potestad sobre ciertas materias o sus funciones y regulará esas normas en su Comunidad Autónoma. Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas son las numeradas en el artículo 148 y deberán ir a concorde con el Estatuto, el Estatuto no podrá ser inconstitucional deberá regirse sobre el marco de la Constitución. Transcurrido un tiempo la Comunidad Autónoma podrá asumir más competencias pero dentro del marco establecido en el artículo 149 que son las competencias reservadas exclusivamente al Estado.
5. ¿Cómo el TC puede “avalar” un principio estatutario? Forma. (0.5).
El Tribunal Constitucional puede avalar el principio estatutario porqué este principio estatutario está avalado por la Constitución Española de 1978.
La Constitución Española garantiza una serie de competencias a la Comunidad Autónoma, en este caso Cataluña, estas competencias que se les otorga se establecen por medio de un texto legal, en este caso el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es por ello, que si la Constitución otorga una serie de competencias específicas a la Comunidad Autónoma, no se les puede privar de las mismas. Por eso el Tribunal Constitucional avala por medio de la Constitución lo establecido en el Estatuto ya que encontramos en la misma este principio estatutario.
Cabe destacar el artículo 147.1 de la Constitución Española, comprendido en el Título VIII, Capítulo tercero, este reza de la siguiente manera: “1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”.
Según este precepto de la Constitución Española, que hace referencia al repartimiento de competencias Estado-CCAA, la Comunidad Autónoma tiene la competencia otorgada por el texto constitutivo.
6. Si la LOMCE finalmente entrara en vigor, ¿qué mecanismos de defensa contra la norma tendría el Gobierno catalán? ¿Por qué? Justifica la respuesta (1).
Con la entrada en vigor de la LOMCE, los estatutos de la Comunidad Autónoma Catalana se sentirían atacados, ya que se invadiría parte de la materia a la que tienen competencia, los mecanismos de defensa que podría interponer el Gobierno catalán sería a través de la vía de control que realiza el Tribunal Constitucional para garantizar o establecer que normas son constitucionales, ya que es el único órgano competente que puede declarar si una norma es constitucional o no. Esta vía de control sería el recurso de inconstitucionalidad, ya que se encarga de las normas con rango de ley, en este caso, de leyes orgánicas como es la LOMCE y de los Estatutos Autonómicos, como los de Cataluña.
La norma a la que nos estamos enfrentando se ha realizada por Ley Orgánica, por lo tanto, este recurso se interpondrá para definir si esta ley es constitucional o no. El proceso lo llevará al cabo el/los legitimiado/os que pueden interponer este recurso que son o la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Cataluña o su Gobierno Autonómico, interpondrá el recurso 3 meses después de la publicación, si se ha admitido este pasará al órgano que la dictó para que este pueda formular alegaciones y tendrá un plazo de 15 días. Entonces, una vez realizado este procedimiento el Tribunal Constitucional intervendrá aceptando como constitucional o no la norma en un máximo de 30 días, puede declarar inconstitucional algunos preceptos los cuales no serán publicados y se marcaran como nulos, los demás serán aceptados y publicados, se publicaran también en el BOE, teniendo así votos particulares, donde no podrá interponerse recurso alguno. El efecto que puede producir esta sentencia se denomina “erga omnes” su significado se refiere a que vincula a todos los poderes públicos.
Otro mecanismo que podría utilizar el Gobierno es el de conflicto de competencia positivo, ya que ambos órganos promueven que la competencia es suya, cuando en realidad esta competencia es compartida, pero uno intenta invadir parte de competencia que está regulando el otro órgano. En este caso la interpondría la Comunidad Catalana, primeramente requerirá al Gobierno, para no entrar en conflicto, si el órgano no acepta el requerimiento o no contesta, entonces la Comunidad Autónoma Catalana podrá interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional tras 1 mes. Se dará entonces el traslado al Gobierno o CCAA para que estas presenten sus alegaciones, en un término de 20 días. Al tratarse de un proceso de la CCAA quedará suspendido hasta que se decida el conflicto de la competencia.
7. Explica la frase: “también es recurrible pero no frenaría la aplicación de la legislación”. ¿Por qué? (0.5).
Como indica la frase, “también es recurrible pero no frenaría la aplicación de la legislación”, significa que aun recurriendo, que recurrir es el acto contra el que cabe interponer un recurso, la legislación de esta norma con fuerza de ley seguiría produciendo efectos, es decir, no se frenaría su funcionamiento ni los actos que tuviesen que ver con ella, hasta que se verifique o se proclame si esa norma es constitucional o no, si es inconstitucional se anulará, por lo tanto la norma dejará de producir efectos. Si tan sólo hay preceptos inconstitucionales, esos preceptos se anularan y no podrán producir ya más efectos. Por última instancia, si todo el texto es constitucional la norma quedará igual.
8. ¿Si se tratara de una norma infralegal autonómica sucedería lo mismo? (0.5) Si se tratará de una norma infralegal no sucedería lo mismo que con el recurso de inconstitucionalidad, ya que, a diferencia del recurso; la norma infralegal se le suspendería la eficacia de legislación, es decir, mientras se interpone este control, la legislación dejaría de producir efectos y no se podrá utilizar esta norma. Esta frenada de legislación se realiza una vez interpuesto el acto recurrido, de manera automática se suspende de los efectos de la misma hasta un máximo de 5 meses. Una vez se haya aclarado si la norma es constitucional o no, la norma podrá volver a producir efectos.
9. Cita otra ejemplo de control de constitucionalidad de esta norma, que pueda darse a posteriori. (0.5) Otro control de constitucionalidad que puede darse a posteriori sería la cuestión de constitucionalidad, ya que tan solo puede interponerse esta cuestión cuando haya terminado el proceso en el plazo para dictar Sentencia. Esta cuestión, se traslada a las partes para que realicen sus alegaciones y posteriormente se traslada al Tribunal Constitucional. Se debe dar constancia de la, norma que se cuestiona, el artículo constitucional infringido, y como se influencia la norma al proceso. Tras la admisión se publicará en el BOE para nuevas alegaciones con un término de 15 días. El TC le comunica la sentencia al poder judicial que éste debe resolver el caso conforme ella.
TOTAL: 6 TEXTO B: “ El Estatut de Autonomía de Cataluña y su interpretación por el TC”, José Carlos Remotti Carbonell.2011 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ESTATUT DE CATALUNYA, LO 6/2006, de 19 de julio.
1. ¿Por qué se utiliza un recurso de inconstitucionalidad en este caso? Justifica. (0.5) Se utiliza el recurso de inconstitucionalidad porque es el mecanismo de control que puede interponer los legitimados, en este caso el Gobierno, para debatir si el Estatuto, que es una norma con fuerza de ley es inconstitucional o no. Este recurso lo pueden interponer los legitimados tres meses después de su publicación, no obstante, no dejará de producir efectos hasta que se proclame si es constitucional o no este precepto o norma. Puede aprobarse entero o por preceptos, los preceptos que sean inconstitucionales serán nulos y dejarán de producir efectos.
¿Por qué el Estatut debe ser constitucional? (0.5).
El “Estatut” debe ser constitucional porque como indica el artículo 147 de la Constitución Española, el Estatuto es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y el Estado la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. La aprobación de que el Estatuto forme parte del ordenamiento jurídico se lleva a cabo a través de Ley Orgánica.
Por lo tanto, al ser la norma institucional básica de cada Comunidad, debe regirse a unas normas y no puede ir en contra de éstas.
3. ¿Por qué se pone en duda la constitucionalidad del artículo 35.1 EAC? (0.5).
Se pone en duda la constitucionalidad del artículo 35.1 del Estatuto Autonómico de Cataluña porqué se puede interpretar que la mención del catalán priva al castellano de la condición de poder ser la lengua vehicular y de aprendizaje en Cataluña, cuando tan sólo se está mencionando que el catalán será la lengua vehicular y de aprendizaje de los estudios tanto universitarios como no, aun así sin eliminar el castellano, ya que cada centro o profesor será libre de impartir las clases con la lengua que se quiera.
4. El texto puede dividirse en cuatro argumentos que llevan al fallo. Menciona esas cuatro ideas (1).
Las cuatro ideas que se mencionan en el texto son las siguientes; en primer lugar, el párrafo primero nos habla de que la utilización de la lengua catalana no es obligatorio en entidades privas, empresas o establecimientos abiertos al público, ni imponer la obligación individual del uso de cualquier lengua oficial, sino que las personas deben tener el derecho de ser atendidos con cualquiera de la lengua oficial que ellos mismos utilicen, tan sólo puede exigir una de las lenguas en relaciones entre poderes públicos o ciudadanos. Segundo lugar encontramos la idea de que hay una competencia compartida entre Estado y Comunidad Autónoma sobre la materia lingüística, es decir, ambos pueden incidir sobre la materia respetando el reparto constitucional.
En tercer lugar, ningún derecho ya sea de opción lingüística o sobre la normalización pueden amparar que las enseñanzas se impartan en una sola lengua exclusivamente, ya que ambas lenguas son objeto de aprendizaje y medio normal de comunicación en el conjunto y proceso educativo. Y por último encontramos la idea que se expone se refiere a que tanto la lengua catalana como la castellana tienen condición de ser lenguas vehiculares y de aprendizaje en la educación, es decir, en el Estatut aunque sólo se incida en el catalán no actuará como única lengua sino que lo hará conjuntamente con el castellano.
5. ¿Qué tipo de interpretación aplica el TC para salvar la constitucionalidad del artículo? (0.5) La atribución que declara el Tribunal Constitucional para salvar la constitucionalidad del artículo es a través de la interpretación del texto al mencionar que el enunciado del artículo 35.1 del Estatut de Autonomía de Cataluña no es inconstitucional, ya que su interpretación en el sentido de que con la mención del idioma catalán no quiere privar o anular el castellano de la condición de poder ser lengua vehicular o de aprendizaje, a más, no es inconstitucional porque como indica la Constitución no se desprende en ningún caso el derecho de recibir enseñanza en solo una de las lenguas cooficiales en la comunidad autónoma, sino que es a la elección de los interesados. A más es una materia que esta compartida entre Estado y Comunidad Autónoma, el Estado tiene la legislación básica y la Cataluña debe regirse bajo ese marco, y son los que están facultados para regular el empleo de las dos lenguas cooficiales en los casos en que se dé esta circunstancia.
6. ¿Qué efectos tiene la Sentencia del TC sobre la norma recurrida y el resto del ordenamiento jurídico? (1).
La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma recurrida y el resto del ordenamiento jurídico español tendrá efectos de cosa juzgada, es decir, que según reza el principio “non bis in ídem” no puede ser juzgada una misma cosa dos veces. Es por ello que al haber sido juzgado ya no podrá volver a plantearse el mismo litigio. Podemos añadir que al encontrarnos ante una sentencia del Tribunal Constitucional ésta es de carácter firme, es decir, no cabe recurso en contra. Es por todo esto que producirá efectos “erga omnes”, ante todos los poderes públicos, y no podrá ser objeto de un mismo litigio.
Tal y como se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil 13/2006 no cabe recurso en contra de sentencias firmes. Sólo caben, en una serie de casos excepcionales, que no son aplicables al caso en cuestión. Solo podría revisarse la sentencia en el supuesto de que ocurriese uno de los motivos tasados por Ley, pero no se da ninguno de los casos que establece la LEC de los artículos 509 al 516.
En referencia a los efectos que produce ante el ordenamiento jurídico cabe decir que este tipo de sentencias son firmes por lo tanto es inadmitible que se pueda recurrir sobre la sentencia, ya que, al ser dictada firmemente no cabe recurso alguno.
TOTAL: 4 puntos ...
Derecho constitucional - Tema 9 El Estatuto de Autonomía y el Ordenamiento autonómico (2014) Apunte

References: artículo 131
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 131
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 2
 artículo 145
 artículo 146
 artículo 147
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 35
 artículo 35
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