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Timestamp: 2018-11-13 23:24:24+00:00

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derechos indigenas | Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
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mayo 22, 2018 · 12:44
Valentina Rosendo Cantú: combate a la impunidad militar a partir de una sentencia internacional
Las organizaciones defensoras de derechos humanos de la Región Sur de la REDTDT hemos enviado una carta que transcribimos a continuación:
Causa penal: 62/2013. Ref: Caso Valentina Rosendo Cantú
Iliana Fabricia Contreras Perales
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero
Boulevard Vicente Guerrero no. 125 KM, 274 Fraccionamiento la Cortina Chilpancingo, Gro. CP. 39090. Teléfonos: (747) 4942500 ext.1036 conmutador y fax (747) 4942548
Correo electrónico: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C., con domicilio en Privada de las Flores 16, colonia San Antón, Cuernavaca, Morelos, somos una organización que surgimos en 1989 para la defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos de las mujeres indígenas.
En ese sentido, nos dirigimos a usted con el debido respeto a fin de expresarle nuestro profundo interés respecto a la resolución que está próxima a emitir relativa a los hechos de violación y tortura sexual cometidas contra la Señora Valentina Rosendo Cantú, en el 2002, desahogados en la causa penal en referencia.
Desde ese año, la señora Rosendo Cantú buscó acceder a la justicia por vía de las instancias de procuración de justicia mexicana; no obstante, en aquel momento este derecho le fue obstaculizado por las instancias civiles locales, federales y militares. Además de ser revictimizantes y no garantizar su atención médica integral, las instancias nacionales consideraron que el fuero competente para conocer y juzgar los hechos era la justicia castrense, lo que impidió que la señora Rosendo Cantú pudiera acceder a la justicia en México y la llevó a dirigirse al máximo tribunal interamericano para ser escuchada.
Durante todo el proceso, la señora Rosendo Cantú y su familia fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones que impactaron tanto a nivel personal como comunitario, obligándola a salir de su comunidad y desplazarse para el resguardo de ella y su hija.
En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia a favor de la señora Rosendo Cantú en agosto del 2010; en dicha resolución, quedó asentado que la señora Rosendo Cantú fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de las fuerzas armadas en un contexto caracterizado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”[1].
Igualmente, el máximo tribunal regional determinó que se violaron sus derechos a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales.
El impacto de la perseverancia de Valentina Rosendo por acceder a la justicia es invaluable. La sentencia de la Corte IDH ha sentado precedentes respecto de la calificación de la violación sexual como tortura y ha desarrollado a detalle los estándares para juzgar con perspectiva de género y etnicidad; igualmente se han logrado reformas en materia de Amparo y Justicia Militar.
Sin embargo, como es de su información, Valentina ha esperado más de dieciséis años para acceder a la justicia. Los procesos penales que hoy enfrentan los dos imputados en la causa penal en referencia han sido impulsados por ella misma. Primero buscando que las investigaciones fueran remitidas al fuero ordinario y una vez que fueron consignados ante este Juzgado, participando activamente en el proceso; incluso teniendo que enfrentar un careo procesal frente a uno de los procesados, a más de doce años de los hechos y a pesar de todos los obstáculos y amenazas previamente enfrentados.
Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. Este es el primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos.
En virtud de lo anterior, respetuosamente consideramos que ante su inminente resolución, se tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar casos similares con perspectiva de género y etnicidad, así como los desarrollados por la SCJN en el expediente Varios 1396/2011 estableciendo un precedente a nivel nacional. Más importante aún, se tiene la oportunidad de garantizar la protección y el acceso a la justicia a una mujer indígena que por más de una década ha sostenido dignamente su testimonio y su denuncia a pesar de los diversos obstáculos y amenazas para acceder a la justicia.
Por otro lado, la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.
Por lo anterior, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, respetuosos de la independencia judicial, consideramos que este H. Juzgado tiene la oportunidad de emitir una sentencia acorde a los estándares delimitados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de tortura sexual infligida a la señora Rosendo Cantú y que repare el daño que se le ha causado en dieciséis años de búsqueda de justicia.
Conscientes de que su resolución reflejará su compromiso con la impartición de justicia en México y de sus compromisos internacionales, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más distinguidas consideraciones.
Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.
[1] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La presencia del Ejército cumpliendo labores policiales en el estado de Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables.
Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña en el estado de Guerrero. Valentina es sobreviviente de tortura sexual cometida por elementos del Ejército en el 2002. En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en la que señaló que había quedado plenamente probado que había sido víctima de graves violaciones de derechos humanos – incluida tortura sexual – en un contexto marcado por la pobreza, discriminación y lo que el tribunal denominó “violencia institucional castrense”.[1]
No sobra mencionar, que Valentina Rosendo Cantú ha exigido justicia durante dieciséis años de la mano de Inés Fernández Ortega – mujer indígena Me’phaa sobreviviente de tortura sexual – cuyo caso ha sido igualmente resuelto por la Corte IDH y en el que, al igual que en el caso de Valentina, elementos del ejército enfrentan cargos en la jurisdicción ordinaria, la cual aún se encuentra en proceso de integración.
En el año 2002, Valentina residía en la Comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero; tenía apenas 17 años y una hija de 3 meses de edad y no hablaba español. Valentina fue torturada sexualmente en febrero de 2002 por elementos del Ejército – en específico del 41 Batallón de Infantería en Guerrero – quienes llevaban detenido a una persona e interrogaron a Valentina respecto de nombres de personas de la comunidad. Tras ser agredida, Valentina inició un difícil camino, caracterizado por la negligencia, el encubrimiento y la discriminación por parte de las autoridades estatales y federales. En el ámbito de la justicia, a pesar de que denunció los hechos inmediatamente, las investigaciones fueron parciales y poco diligentes. De igual forma, se le negó atención efectiva a servicios integrales de salud, por parte de las instancias estatales en su condición de mujeres víctimas de violencia, lo que a la postre se tradujo en graves afectaciones para su salud física y emocional. Valentina tuvo que enfrentarse a la discriminación que las mujeres víctimas de violencia sexual experimentan, la cual se agravó por su identidad indígena y por ser menor de edad al momento de denunciar: no contó con servicios de traducción y en todas las ocasiones en las que acudía para exigir justicia se enfrentaba a un proceso de revictimización en virtud de que era constantemente cuestionada por los hechos que describía. Aunado a ello, las autoridades civiles permitieron que las indagatorias abiertas fueran derivadas hacia el fuero militar, donde la falta de independencia e imparcialidad característica de las instancias que lo conforman propició que la impunidad prevaleciera, a pesar de que se impugnara infructuosamente esa decisión a través del juicio de amparo. Además, Valentina al atreverse a denunciar lo ocurrido tuvo significativas implicaciones, enfrentando estigmatización y amenazas derivada de hacer públicos los hechos y los riesgos por alzar la voz contra el Ejército.
Proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y retorno de la competencia al fuero civil
Debido a la falta de avances en la investigación a nivel nacional y dado que ésta se estaba desahogando en un fuero que no era competente o independiente, Valentina decidió llevar su caso a instancias internacionales.[2]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia en octubre de 2010 en la que determinó que se violaron los derechos en de Valentina Rosendo: a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; y al debido proceso y las garantías judiciales. Asimismo, determinó que México incumplió su obligación de adecuar el marco jurídico nacional a los parámetros derivados de los tratados internacionales. Como consecuencia, la sentencias contiene 16 medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.
Desde la emisión de la sentencia la Corte IDH ha emitido 3 resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento en el caso[3]. Los avances en el cumplimiento de algunas reparaciones ordenadas por el Tribunal, son principalmente resultado de la participación activa de Valentina Rosendo Cantú y sus representantes para impulsar el diálogo con el Estado mexicano; ejemplo de ello, son los procesos judiciales en el fuero ordinario contra dos elementos del ejército por los crímenes cometidos en contra la Señora Rosendo, hecho inédito en el país, sobre el que nos referimos a continuación.
III. El camino a la justicia en México a raíz de una sentencia internacional
En su sentencia, la Corte IDH resolvió[4] que el Estado debía conducir las investigaciones de manera eficaz para determinar dentro de un plazo razonable las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias previstas por la ley, respecto de las autoridades involucradas con las violaciones a derechos humanos sufridas por la señora Rosendo Cantú. De la misma forma, la Corte estableció que la investigación debía ser efectuada por la jurisdicción penal ordinaria competente, con la debida perspectiva de género y de diversidad cultural, así como con todas las condiciones de seguridad que posibiliten una amplia participación de las víctimas.
No obstante, el camino para acceder a la justicia en México no fue acucioso, sino que continuó recayendo en la fortaleza de Valentina. Por cerca de dos años después de la emisión de la sentencia, el caso continuó en el fuero militar, a pesar de las múltiples solicitudes formales de la Señora Cantú. Fue hasta el 12 de agosto de 2012, que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, habían sido remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Después de esta notificación, Valentina y sus representantes colaboraron estrechamente con la PGR para que se consolidara las acusaciones en contra de los perpetradores, incluso teniendo que enfrentarse una vez más a una serie de peritajes y colaborar en inspecciones de la PGR.
Consecuentemente, en octubre de 2013, la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) consignó ante la Justicia Federal la averiguación previa PGR/FEVIMTRA-C/110/2011 iniciada por los delitos de tortura, violación y abuso de autoridad, cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú, solicitando las respectivas órdenes de aprehensión de dos personas (un elemento del Ejército en activo y uno fuera del mismo). Tras la consignación y hasta la fecha la causa penal 62/2013 está radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Chilpancingo, Guerrero.
Entre noviembre diciembre de 2013 los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a procesos. El primer imputado, responsable de los delitos cometidos contra Valentina Rosendo Cantú, fue detenido el 25 de noviembre de 2013 y se dictó auto de formal prisión en su contra el 28 de noviembre de 2013, dentro de la causa penal 62/2013, por lo que permanece recluido en un centro reclusión de Chilpancingo desde esas fechas, dado que ya no se encuentra en activo en el Ejército. Posteriormente, fue aprehendido un segundo imputado en dicha causa, quien por tener calidad de militar en activo fue recluido en la Prisión Militar 1-A, ubicada dentro del Campo Militar 1, ubicado en el Distrito Federal. Precisamente, por encontrarse en dicho recinto, el expediente fue enviado al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para que este órgano desahogara el término constitucional y determinara la situación jurídica del acusado. Fue así que el 29 de diciembre de 2013, se dictó auto de formal prisión también en contra de este segundo probable responsable.
Los imputados recurrieron el auto de formal prisión en su contra, a través de un recurso de apelación que se radicó en el toca penal 57/2014, resolviéndose el 10 de marzo de 2014, por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en Chilpancingo, Guerrero, que confirmó el mismo. Inconformes, ambos procesados interpusieron un amparo indirecto en contra de la confirmación del auto de formal prisión el cual recayó en el Segundo Tribunal Unitario, en Acapulco, Guerrero en el expediente 17/2014.
En diciembre del 2014, el Tribunal Unitario negó el amparo solicitado, por lo que como último recurso contra el auto de formal prisión, los imputados interpusieron un recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, radicando en el expediente 223/2014, confirmando la negativa de amparo, el 9 de julio de 2015, quedando con ello agotado el último recurso legal para impugnar el auto de formal prisión en su contra.
Al igual que durante la consolidación de las acusaciones ya durante el proceso judicial, Valentina tuvo que enfrentarse a nuevos procesos revictimizantes, a pesar de que siempre se buscó que Valentina tuviera condiciones de seguridad, dignas y no revictimizantes. Por ejemplo, en abril del 2014, se sostuvo un careo procesal frente a uno de los inculpados; Valentina con fortaleza, sostuvo su testimonio en la diligencia procesal; tal y como lo hizo frente a instancias internacionales.
El valor probatorio del testimonio de Valentina continúa siendo la pieza central del proceso, tal y como lo definió la Corte Interamericana en su sentencia. Así, una vez agotados todos los recursos, el 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR presentó sus conclusiones acusatorias en contra de los dos procesados por los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú.
Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica. El primer caso de tortura sexual cometida por elementos del Ejército, derivado de una sentencia internacional, está a punto de resolverse en el fuero ordinario y bajo un encuadre de los delitos correctos. La Juez de primera instancia tiene la oportunidad de desarrollar los estándares emitidos por la propia Corte IDH sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente a nivel nacional. No sobra mencionar que para Valentina Rosendo, los procesos penales contra los perpetradores son clave para su acceso a la justicia, por lo que no será hasta que se cuente con sentencias firmes que las reparaciones en materia de justicia se considerarán como cumplidas.
La eminente resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo Cantú, llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, así como su regulación en un nuevo marco normativo que ha sido criticado por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos.
Por todo lo anterior, a dieciséis años de los hechos y a ocho años de la emisión de las sentencias de la Corte IDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, la próxima resolución tiene un significado que va más allá de la obligación estatal respecto el acceso a la justicia de Valentina, sino que marca un camino para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ella vivió, no vuelvan a ocurrir.
Para obtener más información, favor de escribir a:
internacional@tlachinollan.org
[1]. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 (de aquí en adelante Rosendo Cantú y otra Vs. México), párr. 71. La sentencia de la Corte IDH está disponible en: http://www.corteidh.or.cr
[2] La petición individual se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2003. La Comisión rindió su informe de admisibilidad durante el 2006 y otorgó una audiencia de fondo en octubre de 2007. Después de emitir su informe de fondo, la Comisión decidió someter los casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2009.
[3] Las resoluciones de cumplimiento de fecha 25 de noviembre del 2010, 21 de noviembre de 2014 y 17 de abril del 2015, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm
[4] Corte IDH- Resolutivo 10.
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octubre 13, 2014 · 10:22
Resistencias frente a la barbarie capitalista neoliberal.
Porque resistir es vivir. No perder la esperanza. No callar. No aceptar. No Claudicar. Así lo hemos asumimos miles de personas en el país que hemos salido a las calles a protestar por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos a manos de policías y la masacre de normalistas en Ayotzinapa. Así lo asumimos quienes marchamos contra el olvido en fechas que se suman al calendario casi cotidiano del memorial de la resistencia, como el 12 de octubre de la dignidad indígena, y antes el 2 de octubre de la Plaza de las Tres Culturas y ahora el 26 de septiembre de Ayotzinapa, no menos que un 11 de octubre del golpe al SME. Memorial del dolor y de la indignación que provoca el abuso del poder, en esta historia de impunidad y complicidad de los dueños del poder que desatan toda la violencia institucional para criminalizar a los movimientos sociales para imponer el neoliberalismo capitalista con la fuerza de las metralletas y la lógica del autoritarismo.
A cinco años del golpe calderonista en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestra solidaridad fraterna con la División Cuernavaca Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha sabido resistir y mantener la lucha a casi 100 años de su fundación, como uno de los sindicatos más combativos y conscientes de la clase obrera en México. Por el derecho al empleo y la re inserción laboral de los 16599 trabajadores y trabajadoras, ni un paso atrás.
Ayotzinapa nos duele, como nos duele todo México. Los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Como sociedad organizada no aceptaremos otro resultado. Esta situación nos compete, no nos podemos acostumbrar a las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, agresiones a jóvenes y la existencia de fosas clandestinas, exijamos justicia. El 15 de octubre, día de acción global por Ayotzinapa, se hará una concentración masiva en la PGR y en los estados se hará lo mismo en diferentes edificios gubernamentales. El 22 de octubre, día de acción global por Ayotiznapa, en el distrito federal se llevará a cabo una movilización a las 6 de la tarde con veladoras del ángel al zócalo, de igual manera se invita a los estados a que hagan lo mismo y a los distintos países a que organicen esta jornada. En ambos casos la exigencia es la presentación con vida, el castigo a los culpables y la solidaridad con las normales rurales.
Los pueblos originarios de Morelos resisten. Sobreviven en el olvido y la miseria ante políticas neoliberales que los usan como parapeto de sus programas asistencialistas. La inmensa mayoría de los habitantes de los pueblos padecen elevados niveles de pobreza, marginación, desempleo, desnutrición, analfabetismo. Durante siglos los pueblos indígenas han mantenido sus raíces sociales comunitarias, su defensa de la tierra y del territorio, frente al avance depredador del capitalismo que todo lo privatiza. La mayoría de las tierras comunales y ejidales están bajo ataque: los megaproyectos industrializadores y de desarrollo urbano crecen bajo gobiernos que aplican la ley de la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Desde las reformas salinistas del artículo 27 hasta las reformas actuales de la oligarquía dominante y sus partidos integrantes del supuestamente ya desaparecido “Pacto por México”, se vive una ofensiva mayor contra los bienes comunes, contra los derechos comunitarios y las grandes reservas de todo tipo de riquezas naturales que se encuentran precisamente en donde viven los pueblos indígenas. El desarrollo capitalista es más excluyente que nunca. Y más depredador y extractivista. Pretenden acabar en el menor tiempo posible con los recursos naturales para elevar sus ganancias y despojar a los pueblos de sus tierras y territorios. En este proceso de sometimiento de la economía nacional al imperialismo norteamericano. Las reformas constitucionales y las leyes secundarias son los instrumentos legales para garantizar el despojo. A la vez que se impone un modelo autoritario, antidemocrático y vertical, altamente centralizado con una lógica policíaca y militarista, en los diferentes niveles de gobierno, tratan de utilizar a los pueblos indígenas como objeto de decoración, y envían iniciativas de leyes para supuestamente crear municipios indígenas cuando no se toman en cuenta las iniciativas de ley indígena que los propios pueblos han elaborado y presentado durante muchos años atrás. Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, nos solidarizamos con sus justas y legítimas demandas. Por la libertad inmediata de todas y todos los presos indígenas, alto a la represión y criminalización de los movimientos sociales en defensa de la tierra y del territorio, presentación con vida de los estudiantes ¡vivos los llevaron, vivos los queremos!
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abril 7, 2014 · 11:21
El zapatismo contra neoliberalismo.
José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla
El aniversario del asesinato de Zapata es escenario de lucha por la herencia del zapatismo en Morelos. El gobierno estatal y federal lucran con la historia para justificar sus políticas neoliberales que han hundido al campo en la crisis, en la miseria, en la falta de precios para los productos del campo y en la apertura al capital extranjero mediante el TLC. La nueva reforma al campo sólo prefigura nuevos ataques al campesinado, acordes a las reformas estructurales privatizadoras. La situación que se vive en el campo mexicano es de descapitalización, falta de inversión pública en infraestructura productiva, de riego, ausencia de caminos rurales, miseria, marginación y desprecio. A lo largo de sexenios, a los pequeños productores se han destinado programas asistencialistas que, representan apoyos miserables en comparación con los recursos a los que acceden las transnacionales, los empresarios y los grandes agricultores. La reforma no busca garantizar la soberanía alimentaria porque se adecúa a las necesidades de las trasnacionales, que vienen por las tierras comunales y ejidales para sus megaproyectos. En México, en numerosos casos, los megaproyectos son implementados por empresas e industrias, tanto paraestatales, nacionales como extranjeras o por el Estado mismo, en áreas rurales y forestales, así como en territorios sagrados de pueblos indígenas, sin informar ni consultar a las comunidades indígenas o campesinas, destruyendo su territorio, sobrexplotando los recursos naturales y contaminando el medio ambiente. También ha aumentado la persecución en contra de defensores ambientales, 30 de los cuales han sido asesinados en los últimos años y otros presos o torturados sino exiliados de sus comunidades de origen por las amenazas y agresiones sufridas a manos de las empresas, gobiernos locales o integrantes del crimen organizado. Entre 2009 y 2012 se documentaron más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 entidades federativas del país, la mayoría ligados a proyectos de desarrollos mineros y forestales. Prácticamente todas estas agresiones permanecen hasta ahora en la impunidad. En México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire son realidades que ponen en riesgo a millones de personas. N o hay desarrollo humano posible sin respeto a los derechos humanos de los pueblos en Morelos. Existen muchos temas pendientes en materia de derechos y garantías que reconozcan plenamente a la ciudadanía de las diversas luchas en defensa de la tierra en Morelos, como en los municipios de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo, los que interpusieron controversias constitucionales en el año 2002 ante la SCJN en contra de la reforma indígena. Un debate que muestra los límites en la comprensión del significado de los derechos de los pueblos indígenas, que están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos, instrumentos legales vigentes en México, como la Constitución en su artículo 2 de nuestro ordenamiento supremo. Actualmente, en las tierras de Tepoztlan, en enero pasado el INAH anuncia oficialmente la destrucción del territorio como operadores de las grandes transnacionales, con la destrucción de las ruinas de Tlaxomolco se avala la destrucción de los vestigios arqueológicos, se privilegió la investigación sobre la conservación. La lucha contra las reformas neoliberales y privatizadoras coloca a los pueblos ante una ofensiva del capital privado que pretende ir a fondo en una política de devastación de los recursos naturales para obtener ganancias inmediatas a costa de enajenar el futuro de generaciones enteras. Las empresas privadas trasnacionales son las principales beneficiadas de esta entrega de los recursos naturales. Mientras existe una infraestructura subutilizada para la generación de energía eléctrica, a través de la CFE se pretende realizar el Proyecto Integral Morelos (PIM) que implica un gasoducto de 160 km, 92 % del trayecto en zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 km y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos de la Cuenca del Balsas. Actualmente la política energética que se ha implementado en el país, además de las afectaciones ambientales, a la economía local y la salud, genera un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado, un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz, más de tres millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas por autofraude. La defensa de las tierras, el territorio y la autonomía de los pueblos, permiten evitar los efectos catastróficos del desarrollo capitalista salvaje que es altamente depredador. Ninguna obra de alto impacto puede ser construida sin tomar en cuenta los efectos ambientes, sociales, económicos y culturales que pueda tener en los pueblos y comunidades. En Morelos los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se han convertido en polos opuestos, cuando se requiere respetar los derechos de los pueblos más que nunca, en este aniversario de Zapata, nuevamente la dramática realidad del campesinado choca contra la demagogia gubernamental, por lo que defender la tierra, tiene que ver directamente con la capacidad por luchar de manera independiente por justicia y libertad.
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agosto 16, 2012 · 12:18
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO DE TEPOZTLAN CONTRA AMPLIACION AUTOPISTA.
Las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales estamos enterados de la lucha que el pueblo de Tepoztlan esta llevando a cabo en defensa de su tierra y territorio, frente a proyectos devastadores ambientalmente como la ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera a Cuautla, por lo que consideramos necesario emitir un PUNTO DE ACUERDO con los siguientes considerandos:
Nuestras organizaciones incluimos en nuestro programa de lucha una clara definición de lucha contra los proyectos que destruyen el medio ambiente y no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas.
Reconocemos que el pueblo de Tepoztlan ha sabido resistir los proyectos privatizadores y neoliberales que pretenden imponerse por encima de la voluntad popular en beneficio de unos cuantos, como fue en su momento el Teleférico y el Club de Golf.
Por tal motivo, expresamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo de Tepoztlan y exigimos a las autoridades estatales y federales brinden todas las garantías al pueblo para que sea salvaguardado su derecho a decidir y a contar con toda la información sobre el proyecto de ampliación a 4 carriles de la autopista La Pera a Cuautla.
Nos comprometemos a participar en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades en las acciones de solidaridad, en la perspectiva de la unificación de las luchas en contra de la destrucción del medio ambiente y por el respeto a los derechos de los pueblos.
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 artículo 27
 artículo 2