Source: http://prdjalisco.mx/blog/2016/05/
Timestamp: 2018-01-19 03:27:53+00:00

Document:
mayo 2016 - PRDPRD
Hoy 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. El eje de la celebración es promover el principio de derecho a la salud con que todas las mujeres del mundo deben contar. La intención es crear conciencia de que todas las mujeres, sin importar raza, edad, nacionalidad o credo, tienen derecho a ser cuidadas institucionalmente a lo largo de todos sus ciclos de vida. Parte de la celebración implica también el trabajo político, que consiste en animar iniciativas legislativas para que toda mujer en el mundo, tenga a su alcance el acceso al beneficio de servicos de salud. Puestas en México las metas emanadas de este día, nos damos cuenta de lo lejos que aún estamos para cumplir con este proyecto. Esto si consideramos situaciones como las altas tasas de mortalidad materna, misma que en nuestro país es hasta cuatro veces más alta que en países como Costa Rica. En los mismos términos, problemas como el cáncer de mama representan un agudo reto para el sistema de salud, mismo que requiere nuevos diseños de intervención institucional para prevenirlos. Sin duda, la mejor manera de celebrar este día, es tomar conciencia de que como sociedad estamos en una lucha permanente para garantizar el beneficio de la salud a millones de mexicanas.
Más info en: https://goo.gl/eHZtIM
Fuentes: https://goo.gl/nfp8LI
Tenía el oscuro presentimiento de que aún no había concluido todo
y de que pronto cometería de nuevo algún crimen espantoso,
que borraría con su magnitud el recuerdo de su anterior delito.
Mary W. Shelley en Frankenstein
Mayo de 2016 es el mes con el mayor registro de homicidios en Jalisco desde hace poco más de cuatro años; durante las dos semanas iniciales, diversos medios locales reportan una contabilización de asesinatos que llega a los 43 casos y todo parece indicar que existe una tendencia, lamentablemente, a la alza.
Éste dato podría parecer propio de la sección de nota roja, pero lo cierto es que desde una perspectiva más amplia resulta sintomático de algo profundo y grave que aqueja a nuestra entidad y a su gobernanza: una flagrante e intolerable ineficacia de las políticas avocadas a la prevención del delito y la seguridad pública y de las instituciones encargadas de la procuración y administración de la justicia, lo que termina por generar una escandalosa y evidente situación de impunidad que a su vez se convierte en el más efectivo de los incentivos para continuar delinquiendo e incluso escalar el tipo de fechorías que se cometen y el nivel de violencia asociado con ello.
Como condición estructural, la impunidad propicia una trama de interacciones que alimentan la violencia, provenga ésta de dónde provenga; ya sea del propio gobierno (como han sido los diversos casos documentados en todo el país de abusos y asesinatos cometidos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas que se supone combaten al crimen organizado) o de la delincuencia organizada (como es también el caso de varias entidades federativas).
La prolongación del ejercicio impune de esta violencia, funciona a su vez, como inhibidor de la procuración y administración de la justicia; simplemente porque no existe quien se atreva a investigar, perseguir, capturar y sentenciar a quienes la ejercen, si sabe que en el intento le va la vida de por medio.
La violencia cumple así un doble cometido y cierra el círculo vicioso, por un lado es un mecanismo de intimidación y control político y por el otro es la mejor forma que existe para deslegitimar el orden y las instituciones jurídicas y de seguridad.
Y por si fuera poco, el cuadro se completa con la desconfianza ciudadana en el aparato gubernamental de seguridad dado el inadecuado funcionamiento de las corporaciones policiales (abusos incluidos) y por la ineficiencia que plaga a las instancias judiciales y la corrupción que caracteriza a sus funcionarios públicos.
No olvidemos que en reiteradas ocasiones el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática ha revelado que a nivel nacional alrededor del 94% de los delitos cometidos quedan impunes y que existen entidades del sur del país en las que este porcentaje alcanza los 97 puntos.
Es evidente que los gobiernos estatales y el gobierno federal están rebasados. Máxime cuando los funcionarios encargados de las investigaciones y de la procuración de justicia realizan declaraciones desafortunadas para tratar de relativizar la magnitud del problema como ha sido el caso reiterado del fiscal general de Jalisco o cuando el titular del poder ejecutivo hace reiterados reclamos por el malestar ciudadano.
Es evidente que las personas y las familias no la estamos pasando bien, que el malestar lleva mucho tiempo y tal parece que ninguna de las instituciones que algún alivio o solución deberían proveer se hace cargo de su responsabilidad, ya sea por incapacidad o por desinterés.
Cómo pocas veces, hasta los intelectuales orgánicos que en distintos momentos han gozado de favores por su cercanía con el poder, se han vuelto críticos del estado de cosas que imperan en el país y postulan recuentos históricos que tratan de ubicar en perspectiva el origen de la perenne crisis mexicana. En publicaciones mensuales reconocidas pueden encontrarse un par de ensayos que abordan de forma coherente y hasta convincente como es que hemos arribado a la situación actual de violencia, corrupción e impunidad.
Lo cierto es que los problemas están ahí y cotidianamente los padecemos; los diagnósticos siempre serán esclarecedores y aportarán elementos valiosos para la discusión y el análisis pero ahora urge trabajar en soluciones viables que frenen la violencia, eliminen la corrupción y desaparezcan la impunidad, antes de que sea demasiado tarde; y el tema es demasiado serio para dejarlo en manos de quienes una y otra vez han demostrado su incapacidad.
Conservatorio Exigencia de Derechos por el respeto de las Diversidades LGBTTTI
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesbofia, Transfobia, el Comité Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaria de la Diversidad invitan al Conservatorio Exigencia de Derechos por el respeto de las Diversidades LGBTTTI.
En las mesas de trabajo denominadas: La importancia de las leyes contra la discriminación, Sexualidades Diversas y No a la Discriminación, participan Paty Betancourt de la Red Mexicana de Mujeres Trans; Luis Guzmán de CODISE A.C; Juan Carlos Becerra de Unión Diversa de Jalisco; Manuel Alfredo Oropeza, Coordinador de la Diversidad del PRD Nacional, Gerardo León de la Cruz, Secretario de la Diversidad, la diputada Mónica Almeida López, el diputado Saúl Galindo Plazola. Para inaugurar el evento estará presente nuestro presidente, Raúl Vargas López, acompañado por miembros del Comité Ejecutivo Estatal.
Los resultados de este conservatorio abrirán la pauta para crear futuras iniciativas que serán promovidas por los diputados del PRD, en aras de crear leyes incluyentes. La cita es este viernes 20 de mayo a las 19.30hrs en el Centro Cultural Independencia ubicado en la calle Independencia #744 esquina Mezquitán, Colonia Centro.
¡No nos venda espejitos, Presidente!
Decir que sí, cuando todas y todos dicen que no, requiere valentía. Oponerse a cualquier tipo de discriminación, por convicciones y no por oportunismo, demuestra integridad. No somos pocos los que llevamos años y años luchando por la igualdad. No somos pocas ni pocos los que alertábamos de que una sociedad democrática no podía tener a ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda. No fuimos pocos, pero en definitiva, éramos una minoría en comparación con los priistas y panistas que se oponían a todo lo que representara mayor igualdad y libertad para la población LGBTTTI en nuestro país. Es la coalición conservadora PRI-PAN la que ha tenido a esta comunidad como ciudadanas y ciudadanos de segunda.
En el Día Internacional contra la Homofobia, la Presidencia de la República ha presentado distintas iniciativas a favor de la población LGBTTTI. Causas por las que Organizaciones de la Sociedad Civil y el PRD se han dejado la piel durante décadas. ¿Qué decía el Presidente cuando los medios documentaban casos de odio contra los homosexuales? ¿Qué decía el Presidente cuando en campaña le preguntaban por el matrimonio igualitario? Simple, se escabullía porque pensaba que perdía votos. Hay que decirlo con todas sus letras: el Presidente se suma a la extensión del derecho humano del matrimonio a todas las parejas sin importar su preferencia sexual, sólo cuando entiende que los conservadores, han perdido la batalla jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido más que clara en el asunto: impedir que las personas del mismo sexo se casen es en sí mismo, un acto de discriminación. Hoy la Presidencia sólo acata lo que la Corte ya decidió y no hay vuelta atrás.
Nos alegra que el Presidente se sume a una agenda que Organizaciones de la Sociedad Civil han defendido durante décadas. Mientras hablemos de libertades e igualdad, el PRD será un aliado de quien sea, no escatimaremos ningún apoyo, pero le decimos al Presidente que estaremos muy atentos para que la letra en la ley trascienda en hechos y en acciones en favor de todos los derechos de todas y todos. El matrimonio igualitario es un derecho humano, que incluye todo desde la adopción hasta el acceso a la seguridad social, no cederemos ni un ápice cuando hablamos de los derechos de la población LGBTTTI.
El paso del tiempo nos da la razón a los perredistas. Hace casi una década estábamos aprobando en la capital del país, el derecho de toda capitalinas y capitalino, sin importar su preferencia sexual, a acceder al matrimonio. Fuimos una isla en el país, y el PRI se dedicó a torpedear en los estados cualquier propuesta que incluyera más derechos y libertades. Estimada lectora y lector, no compre espejitos: el PRI y el PAN siempre se ha confabulado para excluir a la comunidad LGBTTTI y perpetuar la discriminación en la ley contra aquellas y aquellos que son distintos. Celebramos que el Presidente de sume a algo que ya no podía detener. Pero no podemos olvidar que el mérito es de la ciudadanía que siempre ha presionado por un México de iguales.
Lic. Veronica B. Juárez Piña
Secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo del CEN del PRD
Caminemos juntos en la Igualdad
17 de mayo de 2016, el avance de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersex parecieran que van garantizando poco a poco en la República Mexicana. Pero cuando pasa por Jalisco, somos conscientes que el paso es lento o inexistente.
Este día se hace alusión a la lucha de activistas, organizaciones, instituciones y gobiernos que se suman al esfuerzo de concientizar, crear una sociedad sin etiquetas y reduciendo la discriminación.
Desde la Secretaria de la Diversidad del PRD Jalisco trabajaremos en conjunto con la fracción del PRD en el Congreso del Estado de Jalisco para que se armonicen los artículos 58 ,60 y 67 Bis y se cumpla en garantías de Derechos la resolución de la SCJN (28/2015).
Por ello exhortamos a los legisladores, activistas, organizaciones, instituciones educativas a construir la agenda de la Diversidad Sexual en Jalisco.
Debemos garantizar el registro de nacimiento de hijos de parejas homoparentales, el derecho a la adopción debe ser universal, en Jalisco las mujeres y hombres Trans deben de tener una ley de identidad de género que les reconozca su identidad y además se necesita asegurar que los de servicios de salud para la población Trans sean libres de discriminación, incluyendo servicios de hormonización y de procedimientos de reafirmación de género.
Caminemos juntos en la Igualdad.
Gerardo León de la Cruz
Secretario de la Diversidad
Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia
Todos los derechos para todas las personas: Exhorto sobre los derechos del matrimonio
Iniciativa de Acuerdo Legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado para que emita las reformas a los reglamentos, lineamientos, formatos y procedimientos administrativos así como implementar las medidas de capacitación de los funcionarios a efecto de que se empleen todos los actos jurídicos pertinentes con la finalidad de que las personas que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos, además de todos los derechos de ésta figura jurídica, dando así cabal cumplimiento a la sentencia correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 28/2015, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO DE LA LXI LEGISLATURA
Con fundamento en la facultad que me otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I y 150 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; la que suscribe Diputada Mónica Almeida López Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática me permito poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa de acuerdo legislativo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al C. Gobernador Constitucional del Estado, para que emita las reformas a los reglamentos, lineamientos, formatos y procedimientos administrativos así como implementar las medidas de capacitación de los funcionarios a efecto de que se empleen todos los actos jurídicos pertinentes con la finalidad de que las personas que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos, además de todos los derechos de ésta figura jurídica; y se remita denuncia de esta LXI Legislatura al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015, de conformidad con la siguiente:
Hace algunos días se dio testimonio en los medios de comunicación de la negativa por parte de los registros civiles de Guadalajara y Zapopan en donde éstos no permitieron el registro de un menor, ya que los que buscaban ejercer la patria potestad sobre dicha persona eran dos personas del mismo género que habían contraído matrimonio.
Los argumentos utilizados en ese momento por parte de los diversos oficiales consistieron en que la legislación vigente no prevé los supuestos para que personas del mismo género que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos, por lo que hace falta que el legislador reforme las diversas disposiciones aplicables al caso para que esto ocurra, según su percepción.
Cabe destacar que con fecha 26 de enero del año 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de aquellos artículos del Código Civil que impedían que las personas del mismo género pudieran acceder a la institución del matrimonio, satisfaciendo así lo que es parte del Derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, convalidando una vez más que las personas no tienen por qué sufrir discriminación alguna.
Esta sentencia, producto de la acción de inconstitucionalidad 28/2015, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío, fue aprobada por la totalidad de los integrantes de nuestro Tribunal Constitucional, en lo que ha sido un acto jurídico sin precedentes para coadyuvar a consolidar nuestra democracia constitucional. Esto se debe a que se mostró que la Corte también puede ejercer funciones de legislador negativo, ya que la sentencia no ordena que se reforme Ley alguna.
En la doctrina existe, como bien lo señalan los Constitucionalistas Eduardo Ferrer Mc-Gregor y Fernando Sánchez Gil, una sentencia de invalidación por reducción textual[1], la cual tiene como finalidad reducir aquellos conceptos y vocablos de un artículo o serie de artículos para que una norma sea apegada a la Constitución. Dicho mecanismo responde al principio de interpretación conforme al Derecho Constitucional; por el cual, toda disposición, en su aplicación, debe de buscar aquella interpretación que sea más acorde con el ordenamiento Constitucional.
En el caso actual, la Suprema Corte, ejerce su labor de contrapeso, legislando, ya que para tal efecto la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite que esto ocurra siempre que las sentencias cuenten con el aval de la mayoría de los ministros (artículo 42 del referido ordenamiento jurídico), situación que aconteció.
Esto implica que no existe necesidad de legislar para armonizar, ya que dicha labor se efectuó precisamente a través de la Suprema Corte, cuyos efectos se dan al momento de la notificación, situación que queda de manifiesto de la lectura de la sentencia pero sobre todo de los tres resolutivos que a continuación se citan para efectos de esclarecer el asunto que nos ocupa:
“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la porción normativa que indica ‘el hombre y la mujer’ del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco; y por vía de consecuencia, se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258, en la porción normativa que indica ‘un hombre y una mujer’, y 267 bis, en la porción normativa que señala ‘El hombre y la mujer’, también del Código Civil del Estado de Jalisco; declaraciones de invalidez que surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.” [2]
Resulta, por ende, que es incompatible y violatorio en nuestro Estado Constitucional de Derecho los hechos que se han manifestado por diversos medios de comunicación en donde se muestra una negativa de los servidores públicos a tomar las medidas necesarias atendiendo al hecho en cuestión alegando que la ley les impide; e inclusive, que no cuentan hasta la fecha con un formato adecuado.
Esto se desprende por el hecho de que el Poder Ejecutivo en su momento, e inclusive, a nivel municipal en Guadalajara, empezaron a girar instrucciones en los diversos registros civiles para permitir que las personas del mismo género pudieran contraer matrimonio, aun cuando la sentencia no había sido notificada al Congreso del Estado para que surtiera sus efectos correspondientes.
Atendiendo al principio pro homine, contemplado en los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que hoy son parte de nuestro régimen constitucional debido a la reforma a nuestra Carta Magna del 6 y 10 de junio del año 2011[3], éstos siempre se deben de interpretar y aplicar en aquello que más beneficie a la persona, individual o colectivamente.
Atendiendo a la directriz del gobierno, fue pertinente el permitir que las personas del mismo género pudieran acceder al matrimonio, a pesar que no existía obligación legal, aunque sí constitucional, para que esto pudiera ocurrir. Es decir, el Gobierno del Estado y por ende municipal, ejercieron un control de convencionalidad de derechos humanos, en donde, frente a una ley que a todas luces viola el principio de igualdad, al discriminar a un sector de la población sin justificación alguna, dejaron de aplicarla.
Siguiendo esta línea de argumentación, resulta entonces incompatible que por un lado el Poder Ejecutivo niegue, utilizando el mismo principio de legalidad que desconoció en su momento, para impedir que las personas del mismo género puedan hacer pleno goce de sus derechos humanos. Esta aserción se robustece si analizamos la institución jurídica del matrimonio.
El concepto de matrimonio es ambiguo. Es decir, puede contemplar diversas acepciones o significados atendiendo a cada contexto sociocultural e histórico determinado. A su vez, los alcances de dicho concepto pueden variar conforme a valores, así como la finalidad o utilidad que cada grupo social considere pertinente, de allí que no se puede alegar un sentido unívoco que sea permanente para todos los tiempos.
El sentido común que se le otorgó en el pasado, como una institución que se forma sólo entre un hombre y una mujer con la única finalidad de concebir fue una acepción que predomino por bastante tiempo, pero no por ello implica que debe prevalecer en el contexto actual.
El Ministro Aguilar Morales, señaló que “no hay una disposición constitucional que defina al matrimonio de una forma determinada; de tal manera que constitucionalmente no hay una parámetro que seguir y, por lo tanto, se puede establecer con otros principios. ¿Cuáles son estos otros principios? Precisamente los principios de no discriminación y de libre desarrollo de la personalidad; con base en ello, si bien es cierto que el legislador tiene una amplia libertad para legislar en estas materias, también lo es que no lo puede hacerlo cuando esto afecta derechos humanos y derechos sustantivos de las personas.” [4]
Parte de los derechos de todo matrimonio, es poder tener hijos si así lo desean las parejas, situación que además ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se cita uno de los criterios jurisprudenciales más reciente para fortalecer el argumento en cuestión:
“MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS DEL MISMO GÉNERO DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.
El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo género el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas del mismo género de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales.”[5]
Atendiendo a la acción de inconstitucionalidad 28/2015 menciona que: “lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto a realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.” [6]
La Corte se manifiesta en que a las personas del mismo género no tiene por qué negárseles la posibilidad de tener hijos; y en caso de tenerlos, tampoco debe de existir impedimentos para su registro, mucho menos cuando ya el propio Gobierno del Estado mostró que a pesar de que no había Ley que lo facultara, con base en una aplicación de control de convencionalidad, logró que dichas personas accedieran a la institución del matrimonio. Por lo tanto, en el caso mencionado el criterio de legalidad, es a todas luces inoperante, transgrediendo y violentando nuestro régimen jurídico constitucional, por no decir que arbitrario.
Inclusive, atendiendo al concepto de “progenitor”, contemplado en la legislación civil y del ordenamiento jurídico del registro civil que podría resultar en conflicto ante la posibilidad de que personas del mismo género puedan registrar a sus hijos, tampoco justifica la actitud del Gobierno del Estado, que debería acatar el principio pro homine y máxima expansión de los derechos humanos, así como de las diversas acepciones que contempla dicho término.
De seguir el parámetro obligado en derechos humanos, ya que así lo mandata la Constitución, y atendiendo al referido principio pro homine en donde se debe interpretar y aplicar siempre aquella concepción que más garantice éstos, la autoridad fácilmente pudo optar por la primera o tercera acepción de la palabra, emitiendo para tal efecto las órdenes y demás actos jurídicos para que las oficinas del registro civil permitieran que las personas que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos.
Lamentablemente ocurrió todo lo contrario, se negó un derecho al parecer por una actitud discriminatoria por parte de las autoridades jaliscienses; y por otro lado, se puso en franca desventaja por dicho suceso y de manera injustificada, a un hijo de un integrante de un matrimonio. Más grave es el hecho de que el Gobierno del Estado no haya sancionado a las autoridades por ello, ni haya tomado medidas en el asunto, amparándose en una legalidad nefasta que contraviene derechos humanos.
Como legisladores no podemos hacer otra cosa que no se desprenda de nuestra protesta de ley, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como nuestro ordenamiento jurídico constitucional estatal. Si hemos de ser congruentes con nuestras obligaciones en materia de derechos humanos, por ser éstos parte de nuestra Constitución Federal y Local, y ante las directrices y demás lineamientos por los que se ha pronunciado la Corte, es nuestro deber tomar medidas para que estas acciones cesen, y toda la población pueda gozar de estas prerrogativas, ya que de lo contrario, también estamos restándole legitimidad a nuestra democracia constitucional, a nuestro Estado Social de Derecho.
Es por ello que invito a todos los que integramos esta LXI Legislatura a sumarse al exhorto que presento ante esta asamblea con los siguientes objetivos:
Primero.-Exhortar al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría General de Gobierno, emita las reformas a los reglamentos, lineamientos, formatos y procedimientos administrativos así como implementar las medidas de capacitación de los funcionarios a efecto de que se empleen todos los actos jurídicos pertinentes con la finalidad de que las personas que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos, además de todos los derechos de ésta figura jurídica, dando así cabal cumplimiento a la sentencia correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 28/2015, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Segundo.-Se emita denuncia por parte de este H. Congreso del Estado, a través de su Dirección Jurídica, ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las autoridades que correspondan por aplicar una norma que se ha declarado inválida, para los efectos legales correspondientes, mostrando así que nosotros daremos fiel cumplimento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I y 150 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; someto a consideración de esta Asamblea Legislativa bajo los términos, propongo la siguiente:
Primero.-Gírese atento y respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado, el Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, para que emita las reformas a los reglamentos, lineamientos, formatos y procedimientos administrativos así como implementar las medidas de capacitación de los funcionarios a efecto de que se empleen todos los actos jurídicos pertinentes con la finalidad de que las personas que hayan contraído matrimonio puedan registrar a sus hijos, además de todos los derechos de ésta figura jurídica, dando así cabal cumplimiento a la sentencia correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 28/2015, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Segundo.-Instrúyase a la Dirección Jurídica de este H. Congreso del Estado de Jalisco, emita denuncia, de conformidad con lo contemplado en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de las autoridades que han sido omisas en acatar la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 28/2015.
Atentamente, Guadalajara, Jalisco a 12 de mayo de 2016
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
[1]Eduardo Ferrer Mc-Gregor, Fernando Sánchez Gil. (2011). El Control Abstracto de Inconstitucionalidad de Leyes en México. Tipología de Resoluciones. En El Control del Poder. Homenaje a Diego Valadés(594-617). México: Porrúa.
[2]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 28/2015. (enero 2016) Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=181118
[3]Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en Orden Cronológico. (mayo 2016) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
[4]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 28/2015. (enero 2016) disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=181118
[5]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. (diciembre 2015) disponible en: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=matrimonio%2520tener%2520hijos&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=49&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2010677&Hit=1&IDs=2010677,2010270,2008543,2007456,2006965,2006534,2005339,2003916,2003464,2003217,2003308,2003019,2003076,2002698,160570,160551,161265,161869,161883,163515&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
[6]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 28/2015. (enero 2016) disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=181118
Otra propuesta gubernamental insuficiente y desfasada
En: http://www.cronicajalisco.com/notas/2016/66931.html
Una vez más las medidas anunciadas por el gobierno del estado para salir al paso de un problema son insuficientes, desfasadas y carentes de mecanismos de control, seguimiento y evaluación. En esta ocasión se trata de la llamada “Iniciativa Integral para Mejorar la Calidad del Aire” cuya aplicación se contempla, principalmente, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La propuesta incluye un programa de verificación vehicular con un sistema anticorrupción, la formación de un Fondo Ambiental para destinar recursos a proyectos en beneficio del medio ambiente y el fortalecimiento y renovación de infraestructura del sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco (además de lo que llaman Programa de Movilidad Escolar, creación de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y la reestructuración del actual Centro Oficial de Mediciones, que no son más que declaraciones de buenas intenciones y medidas burocráticas que no representan en realidad ningún aporte significativo ni tangible a la solución del grave problema del deterioro de la calidad de vida en la capital jalisciense).
Les llevó casi tres años darse cuenta que el sistema de verificación vehicular no sirve en Jalisco. La pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo les llevará corregir esta situación? La idea de revivir el programa de verificación vehicular y erradicar todo el sistema de corrupción que se ha creado a su alrededor omite la primera medida básica: retirar las concesiones a quienes hasta ahora han demostrado ser incapaces de llevar a cabo el cumplimiento de las disposiciones marcadas por ley para la verificación de los vehículos que circulan por la ciudad y mejorar los mecanismos de selección para nuevos concesionarios.
Además, los datos en los que se basa parte importante de la exposición de motivos de la iniciativa, corresponden al Inventario Nacional de Emisiones que se publicó en 2008 (y que se realizó en 2007); es decir, la información de que dispone la propia autoridad estatal en materia ambiental tiene una antigüedad de 9 años, lapso en el que el número de vehículos y los tiempos promedios de recorrido (y por lo tanto, la cantidad de combustibles de origen fósil quemados) se han modificado sustancialmente, por lo que los volúmenes de emisiones deben ser considerablemente mayores, lo que se traduce en la necesidad de medidas más agresivas y que vayan al origen del problema.
Desde el arranque del programa de verificación se han registrado niveles de cumplimiento que son inferiores al 34 por ciento del parque vehicular registrado, como la propia Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADES) reconoce. La conclusión obvia de este dato es que no existe una conciencia entre la ciudadanía de la importancia que tiene mantener en buenas condiciones operativas los vehículos personales o familiares, que los incentivos para hacerlo son inexistentes o insuficientes y que los mecanismos de sanción son inoperantes.
Razones por las que el sólo mejoramiento de las especificaciones técnicas de la prueba (prueba dinámica), la ampliación el número de gases contaminantes que se registran y cuantifican (la inclusión de óxidos de nitrógeno que son los principales responsables de la contaminación por ozono, en la que por cierto, Guadalajara es la segunda metrópolis del país que mantiene los niveles más altos de este contaminante) y capacitar y certificar a los talleres y técnicos que apliquen la prueba, son en el mejor de los casos, medidas necesarias pero insuficientes.
Hace falta abordar el tema desde una perspectiva realmente integral (que atienda y resuelva los múltiples factores que están en el origen del problema y que no sólo sea un amontonamiento de ocurrencias) que se haga cargo de dar sustentabilidad a la satisfacción de las necesidades de movilidad de quienes habitamos en la ZMG.
Por principio de cuentas debería mejorarse el sistema de transporte público (lo que implicaría hacer frente a la red de intereses entretejidos en las concesiones, los cuáles llegan hasta personajes políticos de gran peso en el ámbito local). Guadalajara es una de las ciudades del país cuyo sistema de transporte público es de los más caros para la ciudadanía y de los que peor calidad de servicio ofrecen. Mientras que prestigiadas instituciones educativas y de investigación recomiendan a los gobiernos ampliar considerablemente la oferta de rutas de transporte público basadas en el uso de vehículos eléctricos como una medida efectiva para la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, el gobierno de Jalisco sustituye los últimos trolebuses (en pésimas condiciones de conservación) con camiones que usan combustibles de origen fósil, es decir, vamos al revés.
También es necesario mejorar la calidad y la cantidad de la información que se brinda a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que para la salud de todos tiene la enorme cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera por los vehículos.
Hacer efectivas las sanciones, para todos sin excepción, en caso de intentar evadir la correcta revisión del vehículo.
Generar incentivos que realmente motiven a la ciudadanía a cumplir con la revisión (por ejemplo: desde descuentos en el pago del trámite de renovación de licencia o en el pago del refrendo por cumplimiento y aprobación de la verificación), que hagan atractiva la adquisición de vehículos cuya huella de carbono sea lo más pequeña posible (estructuración de subsidios reales para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos) y más aún, medidas que desalienten el uso del vehículo particular como primera alternativa de movilidad.
En cuanto al fortalecimiento y renovación de infraestructura del sistema de monitoreo atmosférico de Jalisco el énfasis debiera estar en varios aspectos fundamentales que no son mencionados en la iniciativa gubernamental, por ejemplo: cobertura del 100% de la Zona Metropolitana de Guadalajara, publicidad directa e inmediata y permanente de los indicadores de calidad del aíre para conocimiento de la ciudadanía, revisión de la norma oficial mexicana que define el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire y en su caso la adopción de una mejor metodología para cuantificar y calificar el estado del aire respirable en la capital (a nivel nacional expertos del Instituto Nacional de Salud Pública plantean la necesidad de un nuevo y mejor indicador dado que en la actualidad existe un error de concepto entre los índices de calidad del aire y propiamente las unidades de medición en partes por millón (ppm) sobre el tema de contaminación atmosférica. Los índices de calidad del aire se distinguen porque desajustan las unidades de medición universalmente más aceptadas, produciendo confusión. Por tanto, sólo debería considerarse el grado de contaminación en términos relativos) y sobre todo las medidas contingentes que se tomarán en caso de que el indicar llegue a los niveles que representan riesgos para la salud.
En cuanto al Fondo Ambiental, la idea no deja de ser cuestionable en tanto no existan reglas claras del uso de los recursos que ahí se reciban. Reunir dinero en un Fondo sin especificar los mecanismos de aplicación, evaluación y seguimiento se parece en mucho el viejo esquema de crear fideicomisos que han sido fuente de escándalos de corrupción en el pasado reciente por todo el país.
Finalmente, en el mundo, la vanguardia de la discusión sobre las ciudades se centra en propiciar que sea la comunidad quien desarrolle a imagine alternativas para los modelos que hoy predominan sobre desarrollo urbano, y se centren en crear ‘ciudades para las personas’ ambientalmente sostenibles.
Y para ello, existen definiciones y características de las ‘ciudades sostenibles’. A fines de los noventa, David Satterthwaite, experto clave en esta materia, propuso las características de una ciudad “exitosa”. Sostuvo que una ciudad necesita garantizar ambientes saludables de trabajo y de vida, y suministrar infraestructura de servicios básicos como agua potable, saneamiento y gestión de residuos. También señaló que —en concordancia con los principios básicos del desarrollo sostenible— una ciudad requiere existir en equilibrio con los sistemas ambientales (por ejemplo garantizando el balance de los niveles freáticos y una baja contaminación ambiental) y satisfacer todas las necesidades de sus residentes.
La sostenibilidad urbana incluye el diseño y la planificación espacial para hacer de la ciudad un lugar ‘amigable con las personas’ lo que implica desde sistemas de transporte accesibles para todos hasta una regulación adecuada del uso del suelo y la creación de verdaderos sistemas de gestión de los servicios básicos.
La propuesta del gobierno de Jalisco se queda corta, pues resulta insuficiente para resolver el grave problema de contaminación atmosférica de la ZMG. Se limita a lo que algunos definen como medidas ambientalistas y abandona la visión holística del problema de sostenibilidad de la ciudad.
La inexistente política pública para la atención del adulto mayor
Hace unos días, el secretario de salud de Jalisco, Antonio Cruces Mada, declaró que este lunes tendría lugar la colocación de la primera piedra del Hospital Geriátrico de Jalisco. Tal como se anunció, ese día se efectuó dicha ceremonia. Sin embargo, y a diferencia de otros momentos fundacionales, la noticia sobre dicho evento se ha dispersado por la falta de solidez comunicativa –dar cuenta a la sociedad del suceso-. Y es que el proyecto hospitalario que lleva múltiples anuncios de arranque (al menos dos con profusa difusión mediática) y que hasta ahora sólo existe en el papel y en las declaraciones hechas a la prensa.
El primer anuncio de la construcción se dio en marzo de 2013, en una gira de trabajo por Jalisco del presidente Enrique Peña Nieto; en aquel momento se dijó que sería construido el Hospital Geriátrico de la Zona Metropolitana de Guadalajara como uno de los 15 compromisos del gobierno de la república con nuestra entidad. Pasaron los meses y nunca se concretó el arranque del proyecto.
Año y medio después, en agosto de 2014, el entonces secretario de salud de Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, hizo publico que finalmente la federación había dado luz verde para la construcción del hospital y que las obras arrancarían en enero de 2015 y concluirían a principios de 2016. Nada ocurrió. La nueva fecha de inicio se fijó para este lunes, día en que se llevó a cabo la ceremonia de la colocación de la primera piedra, y es ahí que caben las siguientes preguntas: ¿Se dará continuidad inmediata a la construcción del hospital hasta concluirlo? o ¿La colocación de la primera piedra será sólo un evento mediático para aparentar, una vez más, que algo se hace desde los gobiernos estatal y federal? Si consideramos la forma dilatada y poco seria con que dicho proyecto se ha anunciado, y que en un afan de cumplimento vano el gobierno ha estando efectuando sólo amagos, es de entenderse el escepticismo desatado en la sociedad, quien observa como la colocación de esa primer piedra el pasado lunes, es tan sólo parte de una teatralización política que busca el impacto momentáneo ante obras que probablemente no continuaran.
No puede pasarse por alto que a lo largo de las administraciones priístas en diversas partes del país, han sido diversos los casos de colocaciones de primeras piedras cuyos proyectos nunca llegaron a concretarse y que en algunas ocasiones esto se debió al uso indebido o al desvió del presupuesto asignado.
Es sin duda muy vergonzoso que un asunto de extrema urgencia como lo es un centro de atención especializada para adultos mayores, semeje tanto a esos planes ficticios que de pronto exhibe el gobierno de la república para simular un falso dinamismo institucional. Es por ello que la primera piedra del pasado lunes, sólo tendrá un significado no sólo hasta ver terminada la obra, sino, hasta que esta sea funcional, que genere bienestar social.
Lo cierto es que este tipo de dilaciones y yerros son claros indicadores de que la política pública tanto a nivel estatal como federal dirigida a la atención de los adultos mayores es prácticamente inexistente. Bajo un enfoque completamente equivocado se trata a los adultos mayores como personas minusválidas y se les ofrecen servicios de mala calidad, inconexos y de corte completamente asistencial.
El énfasis de las políticas para la tercera edad a nivel internacional, se ha puesto en la defensa y respeto de sus derechos humanos, en la atención integral de su salud, en la reinserción laboral plena y voluntaria, en la oferta de opciones sólidas para la continuidad o el inicio de sus estudios y para la práctica formal de actividades deportivas, artísticas y recreativas hasta el nivel de formar equipos competitivos, orquestas, colectivos artísticos, etcétera.
Mientras tanto, en nuestro país y en nuestro estado las ocurrencias para atender a los adultos mayores van desde la oferta de descuentos en un sistema de transporte público de mala calidad y que carece de las adaptaciones necesarias para brindar un buen servicio a las personas mayores, llegando hasta su confinamiento en asilos donde la falta de profesionalización del personal, el trato deficiente y el abandono son las constantes.
En cuanto a la atención de la salud de los adultos mayores, los servicios médicos son accesibles para menos del 40 por ciento de la población que rebasa los 65 años y se trata de servicios inadecuados, dispersos e inconexos para abordar el cuadro epidemiológico del adulto mayor, es decir, se carece de una perspectiva integral que atienda de manera holística a nuestros ancianos. El restante 60 por ciento de los adultos mayores que están al margen, en los hechos, de la atención que ofrecen los servicios públicos de salud, simplemente son abandonados a su suerte.
Y el asunto empeora aún más conforme se abre un poco la revisión de otros aspectos de la vida de las personas; por ejemplo, en el tema de las pensiones tras la jubilación, menos del 16 por ciento de los adultos mayores en México gozan de una pensión formal y alrededor del 64 por ciento reciben una raquítica pensión universal que resulta insuficiente para adquirir sólo la cuarta parte de la canasta básica.
En materia de educación, en México y en Jalisco se carece por completo de un proyecto, una iniciativa o alguna institución dedicada a la atención de los adultos mayores; en contraste en otras latitudes se cuenta con universidades especializadas en la atención de personas de la tercera edad que los apoyan para que completen el nivel de estudios que deseen incluida una amplia oferta de estudios para posgraduados.
Y ni que decir sobre la parte deportiva, artística y recreativa; mientras que en las pocas e improvisadas instancias que atienden a los adultos mayores en México y en Jalisco ponen a los viejos a jugar cachabol, en otros países las actividades en que participan los adultos mayores son organizadas de forma profesional hasta el punto de formar equipos competitivos, orquestas, colectivos artísticos (de pintura y escritura), etcétera.
A pesar de que nuestro país aún puede considerarse como un país de jóvenes (de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática existen poco más de 33 millones de niñas y niños menores de 15 años y 30 millones de mexicanos tienen entre 15 y 29 años de edad) no debe perderse de vista el proceso de envejecimiento de la población, ni debe soslayarse la urgente necesidad de instaurar políticas públicas de mediano y largo plazo, para hacer valer los derechos de los adultos mayores.
El Estado debe obligarse a proponer políticas cada vez más amplias, que demanden no sólo la cooperación interinstitucional y la transversalidad en los tres niveles de gobierno, sino que requieran de la participación de otros sectores interesados en el tema como lo son la iniciativa privada y la sociedad civil organizada. Debe formarse un nuevo enfoque de la política pública y humanista para los adultos mayores, esto a partir de crear proyectos e iniciativas más proactivas que reactivas, que estructuren nuevas instituciones y modifiquen la actual práctica asistencialista gubernamental.
Los problemas que acarrea el proceso de envejecimiento demográfico en México serán cada vez comunes y de no cambiar el actual enfoque, las soluciones provenientes de las instituciones gubernamentales seguirán siendo parciales e insuficientes, así que para lograr una sociedad justa para todas las edades será indispensable que se cree y fortalezca una nueva institución rectora en el tema, con presupuesto y recursos técnicos propios, suficientes y adecuados, que le permitan actuar con rapidez, eficiencia y profundidad. Una institución con la fuerza y la calidad moral para convocar y establecer acuerdos con todos los sectores involucrados, a fin de colocar el tema del respeto de los derechos de los adultos mayores como una prioridad en la agenda de gobierno y en la agenda de la sociedad y no sólo como un adorno más en los discursos políticos.

References: resolución 
 artículo 28
 artículo 105
 artículo 260
 resolución 
 artículo 47
 artículo 105