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⭐ANALES JUDICIALES - AÑO JUDICIAL 2005 SECCIÓN JUDICIAL - SALA PENAL SALA PENAL
ANALES JUDICIALES - AÑO JUDICIAL 2005 SECCIÓN JUDICIAL - SALA PENAL SALA PENAL
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Nicolás Valdéz Aguirre
1 20 212 R. N. Nº HUÁNUCO. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DELITO DE USURPACIÓN El delito de usurpación en la modalidad de despojo es un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes, en cuya virtud, el plazo de prescripción se inicia cuando el agente lleva a cabo el despojo de la posesión, sin que a estos efectos tenga relevancia la permanencia en el predio usurpado y el consiguiente cese del despojo de la posesión o tenencia del inmueble. Lima, trece de abril de dos mil cinco.- VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil, representada por la agraviada AURORA CHAMORRO QUINTANA-GURT, contra la sentencia de vista de fojas tres mil doscientos sesenta y seis, del veintinueve de diciembre de dos mil, que confirmando la de primera instancia de fojas tres mil ciento cuarenta, su fecha siete de marzo de dos mil, declaró fundada la excepción de prescripción y sin objeto pronunciarse sobre la cuestión previa deducida igualmente por el imputado; con lo expuesto por el señor Fiscal Suprema en lo penal; y CONSIDERANDO: Primero: que este Supremo Tribunal conoce del presente recurso de nulidad por haberse declarado fundada la queja de derecho interpuesta por la parte civil según es de verse de la Ejecutoria Suprema de fojas tres mil doscientos noventa y ocho, su fecha veintisiete de septiembre de dos mil uno. Segundo: Que el imputado, antes que la causa culmine con sentencia de primera instancia, dedujo tanto excepción de prescripción -según es de verse del original de fojas mil doscientos quince y de la copia certificada de fojas dos mil ochenta y ocho, del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y sietecuanto cuestión previa conforme aparece del original de fojas mil trescientos y de la copia certificada de fojas dos mil trescientos treinta y 22 233 cinco, del nueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho; que, al respecto, sustentó el primer medio de defensa técnico en que había transcurrido el tiempo necesario para la vigencia de la acción penal y, por ende, que se había extinguido por prescripción la misma; y, en cuanto al segundo medio de defensa técnico, anotó que como se trataba de la imputación de un delito de usurpación de un terreno rústico no se había solicitado informe al órgano competente para determinar si se trataba de un campesino calificado por la Reforma Agraria como beneficiario de ella. Tercero: Que la parte civil en su recurso de nulidad de fojas tres mil doscientos sesenta y nueve sostiene que el delito de usurpación es un delito continuado y, por tanto, el plazo de prescripción quedó interrumpido, el cual debe computarse desde el requerimiento judicial para que el imputado desocupe el bien en el plazo de veinticuatro horas una vez retire su cosecha, lo que no cumplió con hacer, a la vez que el Juez Penal no resolvió la cuestión previa deducida en autos lo que origina la nulidad de lo actuado. Cuarto: Que según la acusación fiscal que corre a fojas quinientos veintisiete se imputa al acusado Salvador Tolentino haber ingresado al predio de la agraviada el doce de noviembre de mil novecientos noventa y tres, construido una vivienda rústica y efectuado diversos sembríos bajo el pretexto de ser beneficiario de la Reforma Agraria y que contaba con la autorización del Ministerio de Agricultura, habiéndose calificado el hecho en el artículo doscientos dos, inciso primero, del Código Penal; que en el curso del proceso se ministró provisionalmente la posesión del predio a favor de la agraviada sin que esa resolución cautelar de fojas ciento cuarenta y nueve, su fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, confirmada por el Superior Jerárquico a fojas cuatrocientos sesenta y nueve, de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se haya ejecutada; que, ahora bien, como ya está claramente establecido por la jurisprudencia más reciente de este Supremo Tribunal -ver, entre otras, la Ejecutoria Suprema del diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, recaída en el expediente número seiscientos noventa y seis guión noventa y tres guión B- el delito de usurpación, en la modalidad de despojo, es un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes, en cuya virtud el plazo de prescripción se inicia con arreglo al artículo ochenta y dos, inciso dos del Código Penal cuando el agente lleva a cabo el despojo de la posesión, sin que a estos efectos tenga relevancia la permanencia en el predio usurpado y el consiguiente cese del despojo de la posesión o tenencia del inmueble; que la no ejecución del auto cautelar de desocupación y ministración provisional del predio a favor de la agraviada no constituye un segundo delito de usurpación tampoco se tipifica un delito de desobediencia a la autoridad en tanto no se cumplen en el presente caso las exigencias del artículo trescientos sesenta y ocho del Código Penal y, por ende, no es de aplicación la causal de interrupción de la acción penal prevista en el tercer párrafo del artículo ochenta y tres del Código acotado; que, en tal virtud, desde la fecha de comisión del delito ha transcurrido con exceso el plazo prescritorio, por lo que ha operado la extinción de la acción penal con arreglo al artículo setenta y ocho inciso primero del Código Penal. Quinto: Que si bien en la parte resolutiva del fallo se declaró expresamente sin objeto el pronunciamiento acerca de la cuestión previa, empero en la parte considerativa octavo fundamento jurídico señaló que la norma penal no contempla expresamente como requisito de procedibilidad la calificación de beneficiario de reforma agraria, lo que como es obvio importó un juicio desestimatorio del medio de defensa en referencia; que aún cuando es claro que deducidas conjuntamente y estando pendiente de resolver excepciones y otros medios de defensa técnica, como cuestiones previas y prejudiciales, todas ellas, en tanto se encuentren expeditas para hacerlo, deben resolverse en una sola decisión salvo que se trate de la excepción de incompetencia o declinatoria de jurisdicción y, en su caso, de naturaleza de juicio aplicación supletoria, en lo pertinente, del artículo cuatrocientos cincuenta del Código Procesal Civil, no es del caso anular la sentencia de vista tanto porque en la sentencia de primera instancia, confirmada por aquella, existe una motivación sobre su infundabilidad, cuanto porque resulta evidente que el proceso penal carece de virtualidad al haber operado la prescripción de la acción penal; que, por consiguiente, no se cumple el requisito de trascendencia y es de aplicación el principio de conservación de las actuaciones establecido en el penúltimo párrafo del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales, en cuya virtud se requiere, amén de la presencia de un concreto defecto procesal, que éste importe además la privación del derecho de defensa y un perjuicio real y efectivo de los intereses afectados por ella, lo que no ocurre en el caso de autos; que a lo expuesto se agrega que ese extremo del fallo de primera instancia no fue recurrido por el imputado; cuya decisión le perjudicaba, y que por eso mismo la parte civil no puede alegar un agravio o la presencia de un gravamen en su contra, lo que constituye un presupuesto subjetivo de todo recurso y, además, un presupuesto general material de la interposición de recursos. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas tres mil doscientos sesenta y seis, del veintinueve de diciembre de dos mil, que confirmando la de primera instancia de fojas tres mil ciento cuarenta, su fecha siete de marzo 24 254 de dos mil, declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el imputado; con lo demás que contiene; y los devolvieron.- SAN MARTIN CASTRO PALACIOS VILLAR LECAROS CORNEJO MOLINA ORDOÑEZ R. N. Nº HUARAZ. LA SECRETARÍA DE LA PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL SUPREMO DOCTOR HUGO SIVINA HURTADO ES COMO SIGUE:... VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil, representada por la agraviada Aurora Chamorro Quintana-Gurt, al haberse declarado fundada la queja de derecho; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Único: Que de la revisión de autos se advierte que en la resolución materia de recurso se ha declarado sin objeto pronunciarse sobre la cuestión previa deducida por el encausado Salvador Tolentino; que este medio especial de defensa técnica constituye un obstáculo no a la prosecución del proceso penal, sino a sus condiciones para la iniciación de la acción penal y por lo tanto el A quo debió resolverla con la sentencia, habiendo incurrido en una causal de nulidad insalvable prevista en el artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales; por este fundamento: mi voto es por que se declare NULO el auto superior de fojas tres mil doscientos sesenta y seis, su fecha veintinueve de diciembre de dos mil, que confirma por mayoría la resolución de primera instancia; y NULA la resolución de primera instancia de fojas tres mil ciento cuarenta, su fecha siete de marzo de dos mil, que declaró fundada la excepción de prescripción y sin objeto pronunciarse sobre la cuestión previa deducida por el procesado Francisco Salvador Tolentino; MANDO: a que el tribunal a quo se pronuncie nuevamente con arreglo a ley; en la instrucción que se le sigue por delito de usurpación en agravio de Aurora Chamorro Quintana-Gurt y los devolvió.- SIVINA HURTADO LA PRUEBA La prueba es un medio u objeto que proporciona al juzgador el convencimiento de la existencia de un hecho. Desde un punto de vista objetivo sirve para acreditar un hecho desconocido; y desde un punto de vista subjetivo, es la convicción o certeza que tal medio u objeto produce en la mente del Juez; en efecto, sin la existencia de la prueba no es posible dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, sobretodo del imputado. Lima, catorce de enero del dos mil cinco.- VISTOS; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo doctor Víctor Prado Saldarriaga; de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal Supremo; por los propios fundamentos de la recurrida y CONSIDERANDO además: Primero.- Que la señora Procuradora Pública ha interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia de fojas setecientos cuarentiocho, su fecha veintitrés de enero del dos mil cuatro. Segundo.- Que la recurrente sostiene a fojas setecientos sesentitrés: a) Que realizadas las investigaciones preliminares a nivel policial obran las manifestaciones de diversos testigos que acreditan la comisión de los hechos imputados; b) Que en los debates orales de la Audiencia Pública, el acusado Carlos Arnaldo Salvador Torres, se ha limitado a negar los cargos imputados, sin desvirtuar los mismos; c) Que la conducta desplegada por el procesado se encuadra dentro del delito de terrorismo, mereciendo por ende, una pena acorde a la gravedad del hecho delictivo instruido. Tercero.- Que a efecto de evaluar debidamente el recurso planteado, esta Sala Penal de la Corte Suprema considera hacer las 26 275 siguientes precisiones: a) Que la prueba es un medio u objeto que proporciona al Juzgador el convencimiento de la existencia de un hecho. Desde el punto de vista objetivo sirve para acreditar un hecho desconocido; y desde un punto de vista subjetivo, es la convicción o certeza que tal medio u objeto produce en la mente del Juez; sin la existencia de la prueba no es posible dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, sobretodo del imputado; b) Que de la revisión de lo actuado se advierte que no existen elementos de juicio o medios probatorios suficientes que acrediten la responsabilidad penal del procesado Carlos Arnaldo Salvador Torres en el delito de terrorismo que se le imputa, toda vez que el único elemento de cargo que pesa en su contra es el atestado policial de fojas uno a fojas treinticinco; c) Que, asimismo, en el decurso del proceso ninguno de sus coencausados refiere conocerlo, y ningún testigo lo ha señalado como autor de los hechos sub materia, por lo tanto, no existe prueba alguna que corrobore con certeza la responsabilidad penal del inculpado en la comisión del ilícito investigado; d) Aunado a ello, el inculpado Salvador Torres, durante la etapa de instrucción y en el juicio oral ha negado de modo constante los cargos que se le incriminan, tal como consta en su declaración instructiva a fojas cuatrocientos catorce y en los debates orales a fojas setecientos treintiséis; estando a las consideraciones expuestas; Declaramos: NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas setecientos cuarentiocho, su fecha veintitrés de enero del dos mil cuatro, que absuelve a CARLOS ARNALDO SALVADOR TORRES, de la acusación fiscal por el delito contra la tranquilidad pública - terrorismo, en agravio del Estado, Concejo Distrital de Huanta, Casa Parroquial del Distrito de Huántar y del Colegio Cesar Vallejo Mendoza de Huántar; y RESERVA el juzgamiento de los acusados ausentes Fernando Martínez Acevedo o Fernandino Martínez Acevedo, Eufrasio Martínez Acevedo y Juan Carlos Montes Rodríguez; MANDARON: reiterar las órdenes de ubicación y captura contra los antes mencionados, precisando sus características físicas; con lo demás que contiene; y los devolvieron.- VILLA STEIN VALDEZ ROCA PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA R. N. Nº CALLAO. NO OPERA LA CONFESIÓN ANTE LA FLAGRANCIA DEL DELITO La confesión constituye un acto procesal por el cual el imputado de un delito debe declarar ante la autoridad judicial competente de manera libre, consciente y espontánea ser autor del ilícito penal, declaración que debe ser corroborada con otros medios probatorios; sin embargo, la confesión sincera del imputado no origina efectos de reducción de pena cuando el sujeto es encontrado en delito flagrante, esto es, cometiendo el ilícito penal, con los elementos de prueba suficientes que determinen su autoría, y además cuando las circunstancias de su perpetración evidencian total convicción sobre su responsabilidad. Lima, trece de junio del año dos mil cinco.- VISTOS; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo Víctor Prado Saldarriaga; de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que a fojas treintiocho, del cuadernillo formado en esta instancia, de fecha treintiuno de enero del presente año, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al considerar que no se notificó oportunamente del informe oral concedido al abogado del procesado Gilmar Clever Simbrón Laurente para no vulnerar el derecho de defensa, declaró nula la Ejecutoria Suprema de fecha veinte de agosto del año dos mil cuatro, en el extremo que declaró no haber nulidad en la sentencia que condena a Guido Alvarado Herrera, Juan Virgilio Chávez Daza, Tito Fermín Núñez Sandoval, Williams Ortiz Aguilar y Gilmar Clever Simbrón Laurente como autores del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado; quedando subsistente dicha Ejecutoria Suprema en el extremo que absuelve a Andrés Oliver Ortiz Aguilar de la acusación fiscal por el delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del 28 296 Estado, por tanto, en este extremo se encuentra Ejecutoriada, y esta Sala Penal Suprema sólo se pronunciará sobre la situación jurídica de los procesados Guido Alvarado Herrera, Juan Virgilio Chávez Daza, Tito Fermín Núñez Sandoval, Williams Ortiz Aguilar y Gilmar Clever Simbrón Laurente. Segundo: Que viene en mérito al recurso de nulidad, interpuesto por los encausados, la sentencia de fojas setecientos sesentitrés, su fecha treinta de enero de dos mil cuatro, que los condena como autores del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Tercero: Que se imputa a Guido Alvarado Herrera, Juan Virgilio Chávez Daza, Tito Fermín Núñez Sandoval, Williams Ortiz Aguilar y Gilmar Clever Simbrón Laurente dedicarse a la comercialización y elaboración de pasta básica de cocaína, teniendo como bases de sus acciones ilícitas las ciudades de Ayacucho y Lima. Es así, que el día veintidós de junio de dos mil dos, a la altura del kilómetro mil doscientos de la carretera los Libertadores - Pisco, fueron intervenidos los procesados Williams Ortiz Aguilar y Juan Virgilio Chávez Daza, quienes se desplazaban en un automóvil marca Wolskwagen. Que, al practicarse el registro respectivo, se encontró en el espaldar del asiento posterior del vehículo, treinta paquetes de forma rectangular conteniendo pasta básica de cocaína, con un peso total de treinticuatro kilos con ochocientos setenta y ocho gramos, los que habían sido acondicionados por los co-imputados Ramiro Alvarado Herrera y Gilmer Clever Simbrón Laurente. Cuarto: Que, asimismo, se incrimina al encausado Guido Alvarado Huamán haber recibido el mencionado vehículo en el terminal terrestre de Fiori, el cual iba ser conducido hasta el inmueble ubicado en la manzana «B» lote trece- catorce Urbanización Las Poncianas, en el Distrito de Ventanilla, donde funcionaba un aboratorio para el procesamiento y transformación de pasta básica de cocaína en clorhidrato de cocaína, para su posterior comercialización, es de señalar que dicho inmueble estaba vigilado por Tito Núñez Sandoval. Quinto: Que el evento delictivo se encuentra acreditado: a) Con el acta de Registro domiciliario de fojas ciento treintiséis, del inmueble ubicado en la manzana «B» lote trece- catorce Urbanización Las Poncianas- en el Distrito de Ventanilla, donde se encontraron diversos insumos químicos, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, y se intervino a los procesados Tito Núñez Sandoval y Guido Alvarado Herrera; b) Con el acta de registro e incautación vehicular de fojas ciento cuarentisiete, dando cuenta del hallazgo de treinta paquetes rectangulares precintados, conteniendo una sustancia blanquecina pulvurulenta, interviniéndose en el interior del vehículo a Williams Ortiz Aguilar y Juan Chávez Daza. c) Con el acta de prueba, pesaje y comiso de droga de fojas ciento cincuenta. d) Con el acta de reconocimiento de fojas ciento ochenta donde el inculpado Williams Ortiz Aguilar reconoció a su coprocesado Gilmar Simbrón Laurente como la persona qué acondicionó la droga en el vehículo. e) Con la pericia de análisis de droga de fojas cuatrocientos noventiséis, donde se concluye que la pasta básica de cocaína encontrada en el inmueble ubicado en la manzana «B» lote trece- catorce de la Urbanización Las Poncianas, en el Distrito de Ventanilla, tiene un peso neto de dieciséis kilos con novecientos treinticuatro gramos; f) Con la pericia de análisis de droga de fojas quinientos trece, que concluye que la pasta básica encontrada en el interior del vehículo marca Wolskwagen color amarillo, tiene un peso neto de treinticuatro kilos con cuatrocientos once gramos. Sexto: Que los procesados Williams Ortiz Aguilar, Juan Virgilio Chávez Daza y Tito Fermín Núñez Sandoval solicitan que se les imponga una pena por debajo del mínimo legal por ser confesos; al respecto esta Sala Penal Suprema considera necesario hacer las siguientes precisiones: a) Que la confesión constituye un acto procesal por el cual el imputado de un delito debe declarar ante la autoridad judicial competente de manera libre, consciente y espontánea ser autor del ilícito penal, declaración que debe ser corroborada con otros medios probatorios, conforme lo exige el segundo párrafo del artículo ciento treintiséis del Código de Procedimientos Penales. b) Que, sin embargo, la confesión sincera del imputado no origina efectos de reducción de pena, cuando el sujeto es encontrado en delito flagrante, esto es, cometiendo el ilícito penal, con los elementos de prueba suficientes que determinen su autoría, y además cuando las circunstancias de su perpetración evidencian total convicción sobre su responsabilidad. c) Que en el caso sub judice, los procesados Williams Ortiz Aguilar, Juan Chávez Daza y Tito Núñez Sandoval fueron intervenidos encontrándoseles en su poder pasta básica de cocaína, por lo que su confesión es irrelevante. Séptimo: Que por otro lado, la responsabilidad penal del imputado Guido Alvarado Herrera, se encuentra debidamente acreditada con las actas de intervención obrante en autos, así como con las declaraciones de los inculpados Juan Chávez Daza de fojas setecientos treintidós y Tito Núñez Sandoval de fojas setecientos dieciséis, quienes sindican al precitado como la persona que tenía conocimiento y participó en el traslado de la droga desde la ciudad de Ayacucho hasta Lima. Por estos considerandos Declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas setecientos sesentitrés, su fecha treinta de enero de dos mil cuatro, en el extremo que condena a GUIDO ALVARADO HERRERA, TITO FERMIN NUÑEZ SANDOVAL, JUAN VIRGILIO CHAVEZ DAZA, WILLIAMS ORTIZ AGUILAR y FILMAR CLEVER SIMBRON LAURENTE como autores del delito contra la Salud Pública tráfico ilícito de drogas en agravio del 30 317 Estado, y les impone QUINCE AÑOS de pena privativa de libertad; ciento ochenta días-multa, equivalente al veinticinco por ciento de sus rentas diarias, e inhabilitación por el término de dos años; y fijan en diez mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los sentenciados en forma solidaria a favor del agraviado; reservaron el juzgamiento a los acusados Ramiro Alvarado Herrera, Walter Franklin Pérez Aliaga Susy Beatriz Huamán Huamán y Lissette Huamán Huamán; NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; y, los devolvieron. Intervienen el señor Vocal Supremo Pajares Paredes por impedimento del señor Vocal Supremo Villa Stein; y, el señor Vocal Supremo Molina Ordoñez por impedimento del señor Vocal Supremo Valdez Roca. PAJARES PAREDES MOLINA ORDOÑEZ PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA R. N. Nº CHIMBOTE. EL SUJETO PASIVO EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA En los delitos contra la administración pública, quien asume la condición de sujeto pasivo es el Estado de modo general y de modo específico la entidad estatal directamente afectada; en caso sub judice, se debe considerar que la Asociación agraviada es una institución que no tiene naturaleza pública pues su patrimonio deviene de fondos recaudados de las aportaciones de sus socios; por tanto, la conducta de malversación de caudales públicos que se les imputa a los procesados no se configura por no darse los presupuestos de tipicidad objetiva requerida por la ley. Lima, dos de marzo del dos mil cinco.- VISTOS; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo doctor Víctor Prado Saldarriaga; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo; y CONSIDERANDO: Primero.- Que los condenados Hilarlo Alberto De La Fuente Chávez Arenaza y Pedro Mario Lazo Sandoval han interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia de fojas dos mil novecientos noventisiete, de fecha veinticinco de marzo del dos mil cuatros, en el extremo que los condena como autores de delito contra el patrimonio peculado por extensión, en agravio de la Asociación Casino de la Guardia Civil «Santa Rosa de Lima». Segundo.- Que los recurrentes sostienen a fojas tres mil siete que existe una situación de atipicidad con respecto al delito de peculado por extensión, por el cual han sido condenados. Tercero.- Que a efectos de evaluar el recurso planteado, este Supremo Tribunal precisa: a) Que conforme al auto de apertura de instrucción de fojas mil doscientos veintinueve, y la acusación fiscal de fojas dos mil cuarentiséis, a los citados encausados se les atribuyó 32 338 la comisión del delito de malversación de fondos, previsto y sancionado en el artículo trescientos ochentinueve concordante con el artículo trescientos noventidós del Código Penal; b) Que, sin embargo, de la revisión de la sentencia impugnada se advierte que los procesados Lazo Sandoval, Salazar Rincón y De La Fuente Chávez Arenaza han sido condenados por el delito de peculado por extensión, previsto en el artículo trescientos ochentisiete concordante con el artículo trescientos noventidós del citado cuerpo de leyes, ilícito que no ha sido materia de acusación, por lo que no existe la debida correlación y congruencia entre ésta y la sentencia; Cuarto.- Que, no obstante, lo señalado en el considerando anterior, también es pertinente tener en cuenta lo siguiente: a) Que la tipicidad es una exigencia del principio de legalidad, consistente en la adecuación de la conducta que realiza el sujeto a la descripción legal formulada en abstracto por la ley penal; y en la cual deben materializarse necesariamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; b) Que en los delitos contra la administración publica, quien asume la condición de sujeto pasivo es el Estado de modo general y de manera específica la entidad estatal directamente afectada; c) Que en esta clase de delitos el agente mediante actos u omisiones afecta los caudales o efectos de propiedad estatal; d) Ahora bien, con respecto al concepto de patrimonio público «la moderna conceptualización... engloba tanto bienes de propiedad pública como de propiedad privada, siempre y cuando estos últimos hayan ingresado, circulen o se hallen temporalmente bajo poder de la administración pública en condición de disponibilidad jurídica. Disponibilidad jurídica que, en un sentido amplio significa tanto posibilidad real de asignación de los caudales o efectos a los fines institucionales o de servicio, o bien tan sólo deberes de custodia y vigilancia...» (Ver: ROJAS VARGAS, Fidel: Delitos contra la Administración Pública. Tercera edición. Editora Jurídica Grijley. Lima. Dos mil tres, página trescientos veintidós, trescientos veintitrés). Quinto.- Que resolviendo el caso sub judice, se debe considerar que la Asociación Casino Guardia Civil «Santa Rosa de Lima» de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú, es una institución constituida conforme a la legislación civil; su patrimonio deviene de fondos recaudados de las aportaciones de socios, vía el descuento de planillas, no recibiendo donaciones ni subvenciones en dinero del Estado. Por consiguiente se trata de una persona jurídica que no tiene naturaleza pública, por lo que su administración y servicios se rigen por los estatutos y disposiciones legales propias de las personas jurídicas de derecho privado. Sexto.- Que, en consecuencia, la conducta de malversación caudales públicos que se les imputa no se configura por no darse los presupuestos de tipicidad objetiva requerida por la ley penal. Que estando a los principios de celeridad y eficiencia procesales, se debe declarar nulo el extremo condenatorio relativo al delito de peculado y emitir pronunciamiento de fondo sobre la acción penal incoada por delito de malversación de caudales públicos. En consecuencia, DECLARARON: NULA la sentencia recurrida de fojas dos mil novecientos noventisiete, de fecha veinticinco de marzo del dos mil cuatro, en el extremo que condena a PEDRO MARIO LAZO SANDOVAL, RICHARD JHONNY SALAZAR RINCÓN e HILARIO ALBERTO DE LA FUENTE CHÁVEZ ARENAZA, como autores del delito de peculado por extensión, en agravio de la Asociación Casino de la Guardia Civil «Santa Rosa de Lima» ; FUNDADA DE OFICIO la excepción de naturaleza de acción en el proceso que se sigue contra PEDRO MARIO LAZO SANDOVAL, RICHARD JHONNY SALAZAR RINCÓN e HILARIO ALBERTO DE LA FUENTE CHAVEZ ARENAZA, como autores del delito de malversación de fondos en su modalidad extensiva, en agravio de la Asociación Casino de la Guardia Civil «Santa Rosa de Lima»; MANDARON: archivar definitivamente el proceso, DISPUSIERON: la anulación de los antecedentes penales y judiciales que se hubieren generado, de conformidad con el Decreto Ley número veinte mil quinientos setenta y nueve; NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; y los devolvieron.- VILLA STEIN VALDEZ ROCA PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA 34 359 R. N. Nº LAMBAYEQUE. DIFERENCIA ENTRE DELITOS DE REHUSAMIENTO A LA ENTREGA DE BIENES A LA AUTORIDAD Y PECULADO POR EXTENSIÓN En el delito de peculado por extensión, los verbos rectores alternativos del comportamiento típico son apropiarse y utilizar. Existe apropiación cuando el sujeto activo realiza actos de disposición personal de caudales o efectos de propiedad del Estado y que el agente posee en razón de su cargo para su correcta y diligente administración o custodia; y utilizar es servirse del bien como ejercicio de una ilícita «propiedad» sobre el mismo y que excluye de ella al Estado; mientras que en el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, el verbo rector es el de rehusar, acción que consiste en negarse a entregar explícita o implícitamente dinero, cosas o efectos que fueron puestos bajo la administración o custodia del agente siempre que medie requerimiento de entrega emitido por autoridad competente. Lima, trece de enero del dos mil cinco.- VISTOS; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo; y CONSIDERANDO: Primero.- Que la condenada Ana Teresa Vigil Pérez ha interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia de fojas ciento noventisiete, de fecha veinticuatro de mayo del dos mil cuatro. Segundo.- Que la recurrente sostiene a fojas doscientos seis que el hecho que se le imputa no se subsume en los supuestos contemplados en el artículo trescientos ochentisiete del Código Penal, toda vez que no utilizó como propio ni se apropió de los bienes que le fueron entregados en custodia por razón de su cargo de depositaria judicial, por lo que la denuncia de parte y acusación fiscal son meros argumentos genéricos que no forman convicción sobre la consumación del delito y no ha afectado la presunción de inocencia que la ampara. Tercero.- Que la tipicidad de los hechos imputados es una exigencia procesal vinculada al principio de 36 3710 legalidad penal. Ella consiste en la adecuación de la conducta que se atribuye al imputado a la descripción legal de un delito formulada en abstracto por la ley penal. Cuarto.- Que en el caso sub judice, es de precisar que no se trata de «determinar alternativamente» la figura típica que corresponde a la conducta ilícita de la procesada Vigil Fernández, sino por el contrario, de calificar correctamente el hecho delictivo que se le imputa y subsumirlo en el tipo penal correspondiente, en cumplimiento de las exigencias de legalidad, que deben observarse en todo proceso penal. Quinto: Que en el denominado delito de peculado por extensión «peculado impropio», los verbos rectores alternativos del comportamiento típico son apropiarse y utilizar. Existe apropiación cuando el sujeto activo realiza actos de disposición personal de caudales o efectos de propiedad del Estado y que el agente posee en razón de su cargo para su correcta y diligente administración o custodia; y utilizar es servirse del bien (entiéndase caudal o efecto) como ejercicio de una ilícita «propiedad» sobre el mismo y que excluye e ella al Estado. Sexto.- Que en el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, tipificado por el artículo trescientos noventiuno del Código Penal, el verbo rector es el de rehusar, acción que consiste en negarse a entregar explícita o implícitamente dinero, cosas o efectos que fueron puestos bajo la administración o custodia del agente, siempre que medie requerimiento de entrega emitido por autoridad competente (ver: CREUS, Carlos; Derecho Penal - Parte Especial. Tomo dos. Cuarta edición. Editorial Astrea. Buenos Aires. Mil novecientos noventitrés, página trescientos siete. ABANTO VASQUEZ, Manuel A.: Los delitos contra la Administración Pública en el Código Penal peruano. Segunda Edición. Palestra Editores. Lima. Dos mil tres, página trescientos noventicinco. ROJAS VARGAS, Fidel: Delitos contra la Administración Pública. Tercera edición. Editora Jurídica Grijley. Lima. Dos mil tres, página cuatrocientos cinco). Por tanto, en el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, no hay en el agente un ánimo rem sibi habendi, sino una voluntad específica de desobedecer a la autoridad, por lo que no se configura con tal conducta un delito de peculado. Sétimo: Que resolviendo el caso subjudice, se debe considerar lo siguiente: a) Que se le imputa a la procesada Ana Teresa Vigil Pérez, haber sido requerida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo para que cumpla con poner a disposición los bienes que le fueron entregados en calidad de depositaria judicial, sin embargo y pese a tal requerimiento, la inculpada no ha cumplido con dicho mandato; b) Que conforme al auto de apertura de instrucción de fojas cuarentidós y al auto de enjuiciamiento de fojas ciento treintiuno, la encausada Vigil Pérez fue procesada por el delito de peculado por extensión, previsto y sancionado por el artículo trescientos ochentisiete en concordancia con el artículo trescientos noventidós del Código Penal; no obstante, el comportamiento ilícito realizado por la precitada encausada se adecua al delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad previsto y sancionado por el artículo trescientos noventa y uno del Código sustantivo; c) Que según el artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro, del Código Penal, también se considera funcionario o servidor público a un particular vinculado circunstancial y temporalmente con la administración pública a través de la administración o custodia de dinero o bienes con destino social, o dispuesta por la autoridad competente. d) Que en el supuesto de los administradores o depositarios de dinero o de bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, dichos sujetos, y específicamente los depositarios judiciales, tienen que ser personas particulares designados o nombradas con las formalidades del caso, ya que son mandatos u órdenes de la autoridad y no simples actos contractuales, los que confían a dichos sujetos particulares la administración, custodia o el depósito de los bienes o dinero; e) Que la procesada Vigil Paredes tenía la calidad de depositaria judicial según acta de diligencia de embargo con secuestro conservativo del dieciséis de noviembre del dos mil, obrante a fojas veintisiete; que, en tal condición, la procesada no se apropió ni utilizó como propios los bienes recibidos, sino que, como se ha acreditado en autos, de modo renuente no acató la resolución judicial de requerimiento del veinte de agosto del dos mil uno, que le señalaba que dentro del tercer día de notificada, cumpliera con poner a disposición del Juzgado, los bienes dados en custodia, al como consta en fojas treintitrés. Octavo.- Que la prescripción ordinaria de la acción penal opera en un plazo igual al máximo de la pena fijada por ley para el delito, si es privativa de libertad; y a los dos años si el delito es sancionado con pena no privativa de libertad; sin embargo, cuando el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es interrumpido por actuaciones del Ministerio Público o del órgano judicial, la acción penal prescribe de modo extraordinario, al cumplirse cronológicamente el plazo de prescripción ordinario más la adición de la mitad de dicho plazo, tal como lo dispone el párrafo in fine del artículo ochentitrés del Código Penal. Noveno.- Que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos sub judice, esto es, al tres de setiembre del dos mil uno, y las penas previstas en la ley para el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad conforme al artículo trescientos noventiuno del Código Penal, es de inferir que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha se encuentra vencido en exceso. Que no tratándose 38 3911 de un delito que afecta el patrimonio del Estado, sino el mandato de la autoridad, no es de aplicación el párrafo in fine del artículo ochenta para el cómputo de la prescripción. Décimo.- Que, en consecuencia, habiéndose adecuado la conducta ilícita de la procesada Vigil Pérez al delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, y establecido la diferencia con el delito de peculado por extensión, corresponde otorgar a dicha interpretación jurisprudencial el carácter de precedente vinculante en aplicación de lo autorizado por el inciso uno del artículo trescientos uno - A, del Código de Procedimientos Penales, incorporado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuentinueve; y, estando a las consideraciones antes expuestas; DECLARARON: HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas ciento noventisiete, de fecha veinticuatro de mayo del dos mil cuatro que condena a ANA TERESA VIGIL PÉREZ, por el delito de peculado por extensión, y; REFORMÁNDOLA, DECLARARON: PRESCRITA DE OFICIO la acción penal contra ANA TERESA VIGIL PÉREZ, por el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, en agravio del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo y Repuestos Trujillo Sociedad Anónima representado por Ernesto Naveda Sandoval; MANDARON: archivar definitivamente el proceso, DISPUSIERON: la anulación de los antecedentes penales y judiciales que se hubieren generado; de conformidad con el Decreto Ley número veinte mil quinientos setentinueve; DISPUSIERON: que la presente Ejecutoria Suprema, constituya precedente vinculante en lo concerniente a la distinción típica del delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, frente al delito de peculado por extensión; ORDENARON: que el presente fallo se publique en el diario oficial «El Peruano»; con lo demás que contiene; y los devolvieron.- VILLA STEIN VALDEZ ROCA PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA R. N. Nº CUSCO. LÍMITES A LA DESVINCULACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL La desvinculación de la correlación entre la acusación y sentencia constituye una modificación de la calificación jurídico penal. La posibilidad que tiene la sala para plantear la modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación es hasta antes de la sentencia. Asimismo la sentencia condenatoria no podrá introducir hechos que constituyan circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que incrementen la punibilidad y no hubieran sido objeto del escrito de acusación. Lima, veintidós de febrero del dos mil cinco.- VISTOS; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo doctor Víctor Prado Saldarriaga; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo; y CONSIDERANDO: Primero.- Que la Parte Civil, la señora Fiscal Superior y el condenado Mauro Hancoo Halire, han interpuesto recurso de nulidad, contra la sentencia de fojas mil novecientos treintitrés, de fecha dos de agosto del dos mil cuatro, que absuelve a Mauro Hancco Halire por los delitos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito; y lo condena por los delitos de peculado doloso y colusión ilegal, en agravio del Estado y el Municipio Provincial de Acomayo. Segundo.- Que de la revisión pertinente de los actuados, se advierte que se ha incurrido en vicios procesales graves que acarrean nulidad, de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos noventinueve del Código de Procedimientos Penales. Tercero: Que, en ese sentido, se detecta que en la sentencia recurrida el Colegiado ha condenado al procesado Mauro Hancco Halire por el delito de colusión, previsto y sancionado en el artículo trescientos ochenticuatro del Código Penal. Sin embargo, tal ilícito no le ha 40 4112 sido imputado, conforme se aprecia de la acusación fiscal acumulada de fojas mil trescientos sesentitrés y del auto de enjuiciamiento de fojas mil trescientos sesentiséis. Cuarto: Que la Sala subsume los hechos imputados con ocasión del Contrato de Compra - Venta de dos vehículos marca Toyota modelo Coaster, dentro del delito de colusión ilegal, invocando el «Principio de Determinación Alternativa» y argumentando que se ha tenido en cuenta que los hechos y las pruebas permanecen inmutables, que el bien jurídico protegido es el mismo y no se ha limitado de modo alguno el derecho de defensa que le asiste al justiciable. Quinto.- Que al respecto, este Supremo Tribunal precisa: a) Que la desvinculación de la acusación fiscal, denominada anteriormente «determinación alternativa», era definida como un mecanismo de readecuación legal, sin embargo, en puridad, lo que se buscaba era calificar correctamente el hecho delictivo que se le imputaba al procesado y subsumirlo en el tipo penal correspondiente, esto, en cumplimiento de las exigencias de legalidad que debían observarse en todo proceso penal; b) Que para la aplicación de la «determinación alternativa» se requería la presencia de cuatro presupuestos básicos: i) homogeneidad del bien jurídico; ii) inmutabilidad de los hechos y pruebas; iii) preservación del derecho de defensa y; iv) coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo; c) Que conjuntamente con tales presupuestos, era requisito indispensable que la «determinación alternativa» no se aplique en perjuicio del procesado, esto en virtud al principio de favorabilidad. Sexto: Que el inciso uno del artículo doscientos ochenticinco - A, del Código de Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo número novecientos cincuentinueve, establece que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento o en su caso, en la acusación complementaria a que hace referencia el artículo doscientos ochentitrés del citado cuerpo de leyes. Sétimo.- Que, por otro lado, es importante resaltar: a) Que en la ciudad de Trujillo, con fecha once de diciembre del año dos mil cuatro, los Vocales Superiores integrantes de las Salas Penales de la República, se reunieron en Sesión de Sala Plena Jurisdiccional Nacional Penal con el objeto de debatir temas relacionados a la aplicación de la norma penal, procesal y penitenciaria; b) Que entre los problemas jurisprudenciales sometidos a consideración del Pleno, se encontraba el de la desvinculación de la acusación fiscal y el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional. Octavo: Que el citado Pleno Jurisdiccional de Trujillo, acordó los siguientes criterios: a) Que la desvinculación de la correlación entre acusación y sentencia constituye una modificación de la calificación jurídico penal. La posibilidad que tiene la Sala para plantear la modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación es hasta antes de la sentencia, debiendo preservarse plenamente la posibilidad procesal de contradicción; b) Que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación, en ese sentido el Tribunal no puede introducir hechos que constituyan circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que incrementen la punibilidad y no hubieren sido objeto del escrito de acusación. Noveno: Que la tipicidad de los hechos imputados es una exigencia procesal vinculada al principio de legalidad penal. Ella constituye una garantía fundamental de todo proceso penal que consiste en la adecuación de la conducta que se atribuye al imputado a la descripción legal de un delito formulada en abstracto por la ley penal. Décimo: Que, en el caso de autos dicha garantía no ha sido observada por el Colegiado, pues, de la secuela del proceso se aprecian indicios razonables sobre la comisión del delito de colusión ilegal que deben ser debatidos en audiencia, por lo que se hace necesario un nuevo juicio oral al respecto. Por lo expuesto, y en aplicación de lo prescrito en el inciso uno del artículo doscientos noventiocho y en el artículo doscientos noventinueve del precitado Código Adjetivo; DECLARARON NULA la sentencia recurrida de fojas mil novecientos treintitrés, de fecha dos de agosto del dos mil cuatro, que absuelve a Mauro Hancco Halire, por los delitos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito; y lo condena por los delitos de peculado doloso y colusión ilegal, en agravio del Estado y el Municipio Provincial de Acomayo; NULO el auto de enjuiciamiento de fojas mil trescientos sesentiséis; e INSUBSISTENTE el dictamen fiscal de fojas mil trescientos sesentitrés; MANDARON ampliar la instrucción por el término perentorio de veinte días, debiendo remitirse los autos al Fiscal Provincial para que al amparo de sus atribuciones según la Ley Orgánica del Ministerio Público se pronuncie sobre el delito de colusión ilegal; en el proceso seguido en contra de Mauro Hancco Halire por los delitos de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, peculado doloso y concusión, en agravio del Estado y el Municipio Provincial de Acomayo; con lo demás que contiene y los devolvieron.- VILLA STEIN VALDEZ ROCA PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA 42 4313 R. N. Nº ANCASH. EL ERROR DE PROHIBICIÓN Las condiciones para establecer el reproche penal consiste en que el agente tenga la posibilidad de conocer la desaprobación del hecho, por el contrario si el agente actuó con un error de antijuricidad, es decir un error sobre la prohibición del hecho pues cree que actúa lícitamente o cuando ni siquiera se plantea la licitud o ilicitud de su acto, la culpabilidad desaparece; en efecto, en el caso de autos el procesado siguió cobrando su pensión de cesantía creyendo que era un derecho irrenunciable, careciendo del conocimiento de la desaprobación jurídico penal de tal hecho, produciéndose entonces el denominado error de prohibición indirecto. Lima, veintiséis de mayo del dos mil cinco.- VISTOS; actuando como ponente el señor Vocal Supremo Raúl Alfonso Valdez Roca; con lo expuesto por la fiscal supremo en lo Penal, viene en recurso de nulidad la sentencia de fojas seiscientos cuarentidós, su fecha veintidós de junio del dos mil cuatro, interpuesto por el condenado Pastor Custodio Toscano Leiva en el acta final de fojas seiscientos cuarentinueve y por el fiscal superior; y CONSIDERANDO: Primero.- Que el citado procesado alega en su recurso de nulidad que se desempeñó como Alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz y en tal condición percibió la remuneración de Alcalde y de cesante de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo, creyendo que no existía ninguna incompatibilidad al respecto; agrega que no se ha tomado en cuenta para efectos de dictarse la sentencia que el dinero indebidamente cobrado, se le viene descontando de su sueldo de la citada universidad a su solicitud. Segundo: Que el fiscal superior argumenta en su impugnación que la Sala Superior no ha tenido en cuenta los principios establecidos en los artículos cuarenta y cinco y cuarentiséis del Código Penal de la norma adjetiva, que establece criterios para determinar la pena entre los que 44 4514 se ubica la importancia de los deberes infringidos, que si ello es así la pena impuesta en la sanción es poco benigna en función a la gravedad de los hechos materia de proceso. Tercero: Que el derecho penal tiene como principio rector que es fragmentario y de última ratio y ello implica, que sólo se deben sancionar las conductas que realmente lesionen bienes jurídicos tutelados. Cuarto.- Que se le imputa al procesado Pastor Custodio Toscano Leyva, Alcalde Provincial de Carhuaz durante el período de mil novecientos noventiséis a mil novecientos noventiocho, haber percibido simultáneamente la remuneración que le correspondía por este cargo además de una pensión de cesantía como trabajador administrativo de la Universidad Santiago Antunez de Mayolo, desde el año de mil novecientos noventicinco, estando prohibido de hacerlo, por cuanto el artículo veintidós de la Ley orgánica de Municipalidades modificado por ley veintiséis mil trescientos diecisiete, estipula que los alcaldes podrán optar entre la remuneración municipal o función pública o la de la privada. Quinto.- Que con la pericia contable de fojas trescientos ochentiséis ratificado por sus otorgantes a fojas cuatrocientos diez, se establece que el procesado percibió durante el ejercicio de su cargo, por concepto de bonificaciones, escolaridad, vacaciones no gozadas, navidad y fiestas patrias durante el período de gestión como alcalde la suma de sesenta mil seiscientos cincuentitrés nuevos soles ochentitrés céntimos, esto sin haber renunciado a la pensión que percibía de la universidad, de los cuales son deducibles el total de beneficios al monto de seis mil cuatrocientos diecinueve nuevos soles y cincuentiséis céntimos, de los cuales se hizo pagar en forma indebida, vacaciones truncas, entre otros beneficios que no le correspondían, aprovechando su condición de alcalde; asimismo percibió la suma de dieciséis mil novecientos noventiocho nuevos soles con ochentiún céntimos, como cesante de la Universidad Santiago Antunez de Mayolo. Sexto: Que en el delito de peculado, el sujeto activo debe tener dominio sobre la posesión material de los bienes que administra, debido a sus funciones, que están inmersos en este tipo penal verbos rectores tales como «Administrar» como sinónimo de facultad de disponer los bienes; «Percibir» recibir bienes de la administración pública, para ingresarlos o regresarlos a ella; «custodiar» entendida como la tenencia y vigilancia sobre los bienes públicos realizada como función administrativa, señala Manuel Abanto Vásquez 1 que no basta que la custodia sea ocasional, sino que debe tratarse de una «custodia funcionarial». Sétimo.- Que si bien el procesado en su condición de agente intraneus de la administración pública, tuvo la posibilidad de apropiarse del dinero del Estado, con lo cual se configuraría el delito de peculado, empero debe tenerse en cuenta que el dinero percibido como Alcalde por ley le correspondía, que en cuanto a la remuneración como cesante administrativo de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, lo cual asciende a dieciséis mil novecientos noventiocho nuevos soles con ochentiun céntimos, alega que actuó sin dolo en la creencia que su actuar era lícito y le correspondía percibir dicho monto por un tiempo ya trabajado; que al respecto la doctrina en materia penal señala que las condiciones para establecer el reproche penal consiste en que el agente tenga la posibilidad de conocer la desaprobación de hecho, lo que tradicionalmente se conoce como el conocimiento de la antijuricidad. Por el contrario, si el agente actuó con un error en la antijuricidad, es decir, un error sobre la prohibición del hecho la culpabilidad desaparece. El conocimiento de la antijuricidad está referido a que el autor sepa o pueda sospechar que su hecho cometido esta jurídicamente prohibido. El error de prohibición se da cuando el autor cree que actúa lícitamente o cuando ni siquiera se plantea la licitud o ilicitud de su acto; que en el caso de autos si bien el procesado siguió cobrando su pensión de cesantía, creyendo que era un derecho irrenunciable; sin embargo carece totalmente del conocimiento de la desaprobación jurídico penal del hecho; por cuanto en este caso se produce el denominado error de prohibición indirecto; es decir que el agente supone causa de justificación, de inculpabilidad o una excusa absolutoria que el ordenamiento jurídico no contiene; por cuanto si bien percibió esta doble remuneración; lo hizo creyendo que es un derecho que le correspondía por ende no se dan los elementos objetivos y subjetivos del delito de peculado, máxime si se tiene en cuenta que a fojas cuatrocientos setenticinco obra una solicitud del procesado Pastor Custodio Toscano Leyva, solicitando el descuento mediante Planilla Única, de la suma pagada desde el año de mil novecientos noventiséis a mil novecientos noventiocho, corroborado con la Resolución Rectoral de fojas cuatrocientos setentiséis de fecha diecisiete de setiembre de dos mil uno, que se autoriza a la Oficina de Personal de la citada casa de estudios el descuento del veinticinco por ciento de la pensión que percibió en mérito a su solicitud. Octavo.- Que en cuanto al delito de concusión que se le imputa previsto en el artículo trescientos ochentitrés del Código Penal, cuyo nomen juris también es «pago indebido» y «exacción ilegal» establece que comete este delito «el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede la tarifa legal, será reprimido...»; que la imputación respecto a este delito estriba en el hecho que en su condición de alcalde, se hizo pagar beneficios que por ley no le correspondían, es decir que la conducta del sujeto activo debe estar dirigida a compeler la voluntad de otra persona para obtener un beneficio, señala Rojas 2 «Que la exacción alude a una exigencia indebida y arbitraria que puede ser 1 Manuel Abanto Vasquez (2003), «Detitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Editorial Palestra Editores, Lima Perú, página Rojas Vargas Fidel, (2001) Código Penal Editorial Idemsa, Lima Perú, pág15 explícita o encubierta (implícita) en la primera el agente no oculta a la víctima que le está exigiendo algo arbitrariamente y puede decirse por tanto que lo «extorsiona» con un acto de autoridad injusto. En la segunda oculta la arbitrariedad bajo una mentirosa procedencia jurídica de lo que exige, engaña al sujeto pasivo sobre la dimensión de su deber con respecto a lo que debe entregar en ambos casos media un abuso de autoridad con el cual el funcionario coloca a la víctima ante la opción de entrega o de afrontar otras consecuencias»; en consecuencia en la concusión, quién ostenta el poder y se vale de él para hacerlo exige a la víctima prestar la cosa como consecuencia del terror infundido y no por otra causa, que no se ha llegado a establecer que el procesado haya compelido a los servidores de la municipalidad a pagar beneficios que no le correspondían. Noveno.- Que la responsabilidad penal debe estar corroborada con medios idóneos y suficientes, de lo contrario se afectaría el principio constitucional de la presunción de inocencia señalado en el punto «e» del inciso veinticuatro del artículo segundo de la Constitución Política del Estado, que en el caso in comento no ha quedado establecida en forma fehaciente la comisión de los hechos punibles, por lo que resulta procedente su absolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenticuatro del Código de Procedimientos Penales, en consecuencia: Declararon HABER NULIDAD en la sentencia de fojas seiscientos cuarentidós, su fecha veintidós de junio del dos mil cuatro que Condena a Pastor Custodio Toscano Leiva como autor del delito contra la administración pública- peculado y concusión en agravio del Estado y del Concejo Provincial de Carhuaz, a tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, Inhabilitación por el plazo de un año y el pago de Quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado; Reformándola ABSOLVIERON a PASTOR CUSTODIO TOSCAZO LEIVA de la acusación fiscal por el delito contra la administración pública - Peculado y concusión en agravio del Estado y del Concejo Provincial de Carhuaz; DISPUSIERON la anulación de sus antecedentes penales y judiciales que se hayan generado.;como consecuencia del presente proceso; y los devolvieron.- VILLA STEIN VALDEZ ROCA PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA R. N. Nº LIMA. INAPLICACIÓN DE LA REFORMA PEYORATIVA Lima, once de febrero de dos mil cinco.- La ley veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro introdujo entre otras instituciones la interdicción de la reforma peyorativa, en virtud de la cual si el recurso solo proviene por el imputado, el tribunal ad quem no podrá agravar su situación jurídica imponiéndole, entre otras alternativas, una pena más grave que la impuesta por el tribunal a quo; sin embargo, cuando se trata de impugnaciones mixtas o cruzadas en la que existe un «recurso acusatorio» paralelamente al del imputado, el tribunal ad quem puede aumentar la pena impuesta, «cuando ésta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito». VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado PEDRO JORGE ASTETE SUÁREZ contra el auto superior de fojas mil ochenta y cuatro, del dieciséis de junio de dos mil cuatro; que declara improcedente la solicitud de adecuación de pena de fojas mil cincuenta y ocho; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que el sentenciado ASTETE SUÁREZ en su recurso formalizado de fojas mil ochenta y ocho cuestiona los fundamentos de la resolución que desestima su solicitud de adecuación de pena porque estima que el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, sólo permite elevar la pena en un recurso de nulidad cuando ésta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito, las que no fueron apreciadas debidamente al emitirse, en última instancia, sentencia en su contra; igualmente, entiende que conforme a la Disposición Transitoria Única de la citada Ley procede que el Superior en grado revoque la última resolución emitida y que disponga la adecuación de pena a la dictada en primera instancia. Segundo: Que de 48 4916 autos aparece que luego que este Supremo Tribunal mediante Ejecutoria de fojas seiscientos cincuenta y nueve, fechada el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, anuló una primera sentencia dictada contra el imputado, posteriormente se dictó otra a fojas novecientos sesenta y cinco, fechada el veintiséis de setiembre de dos mil uno, que condenó al recurrente Astete Suárez por tráfico ilícito de drogas artículo doscientos noventa y siete inciso séptimo del Código Penal a doce años de pena privativa de libertad, extremo que fue impugnado tanto por el Fiscal cuando por su parte; que esta Suprema Sala mediante Ejecutoria Suprema de fojas novecientos ochenta y ocho, su fecha veintiuno de mayo de dos mil dos, declaró haber nulidad en esta última sentencia en cuanto a la pena impuesta y la elevó a dieciocho años de pena privativa de libertad; que el sentenciado Astete Suárez por escrito de fojas mil cincuenta y ocho, del veintinueve de setiembre de dos mil tres, invocando la Disposición Transitoria Única de la Ley veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, modificatoria del artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, solicitó la adecuación de pena en tanto que, a su juicio, le corresponde la pena dictada en primera instancia, cuya denegatoria es materia de grado. Tercero: Que el artículo único de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro modificó el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales introduciendo, entre otras instituciones, la interdicción de la reforma peyorativa, en virtud de la cual si el recurso sólo proviene por el imputado el tribunal ad quem no podrá agravar su situación jurídica imponiéndole, entre otras alternativas más gravosas, una pena más grave que la impuesta por el Tribunal a quo: la pena no puede ser modificada en perjuicio del acusado, en la clase y extensión de sus consecuencias jurídicas; que, sin embargo, cuando se trata de impugnaciones mixtas o cruzadas en la que existe un «recurso acusatorio» paralelamente al del imputado, el tribunal ad quem puede aumentar la pena impuesta, «cuando ésta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito»; que esta atribución de aumentar la pena o de disminuirla en su caso, según corresponda autoriza al tribunal ad quem a valorar los hechos y circunstancias de la causa para subsumirlos adecuadamente en el orden a sus debidas consecuencias jurídicas. Cuarto: Que, en el caso de autos, la Sala Penal Suprema que absolvió el grado estaba facultada para aumentar la pena en tanto que el Fiscal Superior había recurrido respecto al extremo del quantum de la pena impuesta a Astete Suárez; que, siendo así, no es del caso volver a revisar dicha valoración a fin de estimar si fue correcta o no, pues ello infringiría la garantía constitucional de la cosa juzgada; que la Disposición Transitoria Única de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro incorpora el principio de retroactividad benigna en la medida en que el tribunal ad quem al absolver un grado se haya excedido en sus poderes de revisión según los marcos jurídicos del nuevo artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, que por lo demás en ese ámbito es la única posibilidad de revisar la cosa juzgada; que este supuesto no se presenta en el caso de autos pues, como ya se indicó, el recurso fue interpuesto por el imputado y por el Fiscal Superior. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en el auto superior de fojas mil ochenta y cuatro, del dieciséis de junio de dos mil cuatro, que declara improcedente la solicitud de adecuación de pena de fojas mil cincuenta y ocho formulada por el sentenciado Pedro Jorge Astete Suárez; con lo demás que contiene; y, habiéndose impuesto la pena cuestionada antes de la entrada en vigor de la Ley número veintiocho mil dos: DEJARON a salvo su derecho para solicitar si así lo considera pertinente la sustitución de pena con arreglo al artículo sexto del Código Penal; en el proceso que se le siguió por delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado; y los devolvieron.- SAN MARTIN CASTRO PALACIOS VILLAR QUINTANILLA CHACON LECAROS CORNEJO MOLINA ORDOÑEZ 50 5117 R. N. Nº UCAYALI. PRESUPUESTOS BÁSICOS PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD POR VIOLACIÓN La doctrina y la jurisprudencia han esbozado que para determinar la responsabilidad penal por violación debe existir un presupuesto temporal, esto es, no debe haber un intervalo de tiempo considerable y pronunciado entre el último acto comisivo del delito y la fecha de la denuncia; asimismo señalan que debe haber un presupuesto lógico entre la declaración de la agraviada sobre los hechos y las circunstancias de tiempo y lugar; exigen además que la víctima mantenga coherentemente sus afirmaciones tanto respecto al hecho como al autor; y por último consideran necesario que haya pruebas sobre la versión de la agraviada. Lima, dieciséis de junio de dos mil cinco.- VISTOS; actuando como ponente el señor Vocal Supremo Raúl Alfonso Valdez Roca, con lo expuesto por la Señora Fiscal Supremo viene el recurso de nulidad, la sentencia de fojas ciento cuarentiuno su fecha seis de octubre de dos mil cuatro, interpuesto por el Fiscal Superior; y CONSIDERANDO además: Primero.- Que alega el Señor Fiscal Superior que en autos existen suficientes elementos probatorios que acreditan la responsabilidad penal del imputado, esto es, las referenciales vertidas por el menor agraviado, señalando que el hecho no sólo se cometió una vez sino que se realizó hasta en siete oportunidades sin importarle el grado de dependencia (tío de a víctima), ni la minoría de edad que ostentaba el perjudicado; que además la materialidad del delito se encuentra acreditada con el Certificado Médico Legal de fojas nueve ratificado a fojas sesentitrés que concluye con el diagnóstico «coito contra natura antiguo» de otro lado tenemos el informe psicológico que arroja «coito contra natura positivo antiguo» «abuso sexual y transtorno depresivo» como es de verse de fojas 52 5318 once, así como la minoría de edad del menor se acredita con la partida de nacimiento de fojas sesenticinco y con lo cual queda establecido que el menor en el año de mil novecientos noventicinco, fecha de la primera violación, contaba con siete años de edad, que el procesado no ha podido desvirtuar la sindicación en su contra, además debe tenerse en cuenta que el hecho que el agraviado en el juicio oral se haya negado a declarar no enerva de modo alguno la incriminación que se le hace a nivel preliminar, máxime si el procesado en primera instancia ha reconocido que el menor mostraba inclinaciones homosexuales lo que hace advertir que éste aprovecho de tales manifestaciones para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Segundo: Que se le imputa al procesado Rafael Picota Díaz, haber abusado sexualmente de su sobrino menor el agraviado, en distintas oportunidades desde el año de mil novecientos noventicinco, en circunstancias que éste acudía a la vivienda de su agresor ubicada en el Jirón Miguel Grau número quinientos ocho Yarinacocha para visitar a su tía Claudia Mori Valera (esposa de aquél) o para pedirle algunos efectos de los que se carecía en su casa, siendo el caso que Picota Díaz aprovechando la ausencia de su esposa e hijos condujo a la víctima a uno de sus dormitorios en donde procedió a ultrajarlo; Tercero: Que de lo actuado se concluye que si bien es cierto que se ha vulnerado el bien jurídico «indemnidad sexual», conforme se colige del Certificado Médico Legal de fojas nueve ratificado a fojas sesentitrés que concluye con el diagnóstico «coito contra natura antiguo» de otro lado tenemos el informe psicológico que arroja «coito contra natura positivo antiguo» abuso sexual y trastorno depresivo como es de verse de fojas once, así como la minoría de edad del menor agraviado se acredita con la partida de nacimiento de fojas sesenticinco; sin embargo estos requisitos de tipicidad objetiva, por sí solos no conllevan al juzgador a concluir que el acusado Picota Díaz, sea el autor del hecho punible; por cuanto para efectos de arribar a la convicción de que en autos fluye la responsabilidad penal de un imputado se hace necesario que ésta sea el resultado de un análisis crítico, lógico y jurídico de las pruebas reales, históricas, documentales y directas que hayan sido aportadas durante el proceso judicial por los sujetos procesales. Cuarto.- Que de otro lado si bien el agraviado imputa al procesado la comisión del hecho punible, sin embargo no ha precisado la fecha exacta del evento delictivo, señalando que éstos han tenido lugar desde que tenía siete años de edad; sin embargo debe tenerse en cuenta que al no haberse denunciado en forma oportuna las pruebas han perdido espontaneidad, validez y eficacia; además que el certificado médico legal arroja «violación antigua», la misma que no guarda relación con la fecha de interposición de la acción penal, ello sumada a la negativa coherente y uniforme del procesado, se suma el hecho que en la doctrina y jurisprudencia, se han esbozado presupuestos para determinar la responsabilidad penal por violación; esto es: a: Que exista un presupuesto temporal, es decir que no debe existir un intervalo de tiempo considerable y pronunciado entre el último acto comisivo del delito y la fecha de la denuncia; b: Que haya un presupuesto lógico, que se debe dar entre la declaración de la agraviada, respecto al hecho punible, con las circunstancias de tiempo y lugar, así como respecto a la relación de autoría que deben ser regulares y uniformes; c: Se exige también, que la víctima mantenga coherentemente sus afirmaciones tanto respecto al hecho como al autor; requisito jurídico relacionado a la relevancia de la declaración de la agraviada, pues se supone que la declaración de la víctima ha de aportar suficiente información respecto a cómo ocurrieron los hechos y que las características del autor sean lo suficientemente idóneas para acreditar su plena identidad; y d: Que haya comunidad de pruebas, a fin de que la versión de la agraviada sea corroborada con el certificado médico legal y el reconocimiento sicológico; que aplicando estos presupuestos al término del proceso, la imputación sea contundente respecto a que la víctima fue violada en su indemnidad sexual, toda vez que tratándose de menores de edad, no siempre pueden expresarla libremente. Quinto: Que en el presente caso, ante la deficiencia en los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público y de la parte agraviada, resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal del sindicado, por lo que cabe absolverlo en aplicación del principio del «in dubio pro reo», más aún si reiterada jurisprudencia señala que la sola imputación contra un procesado, sin prueba que lo corrobore, no es motivo suficiente para imponer una sentencia condenatoria, por lo que se llega al convencimiento que la sentencia recurrida se encuentra arreglada a ley; por estas consideraciones. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas ciento cuarentiuno su fecha seis de octubre de dos mil cuatro, que ABSUELVE de la acusación fiscal a RAFAEL PICOTA DÍAZ por el delito de violación de la libertad sexual - violación sexual de menor en agravio del menor identificado con clave J.R.V. con lo demás que contiene; y los devolvieron.- VILLA STEIN VALDEZ ROCA PONCE DE MIER QUINTANILLA QUISPE PRADO SALDARRIAGA 54 5519 R. N. Nº TUMBES. IMPUTACIÓN POR DELITO CULPOSO La imputación por delito culposo o imprudente, no sólo puede recaer en el ejecutor material del hecho inmediato, sino también en todo aquel que dispone u ordena su realización sin adoptar las precauciones de rigor, o incluso en todo aquel que tiene el deber de control sobre una fuente de peligro y la obligación de adoptar o prever medidas necesarias para evitar el resultado lesivo; en efecto, en estos delitos el núcleo del tipo del injusto consiste en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería haber sido realizada. Lima, veinte de enero del año dos mil cinco.- VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el señor Fiscal Superior contra el auto de fojas seiscientos cincuenta y siete, de fecha treinta de octubre de dos mil tres, que declara no ha lugar a la apertura de instrucción contra Miguel Enrique Rojas García por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud homicidio culposo y lesiones culposas graves- en agravio de Luis Jesús Muñoz García y otros; y CONSIDERANDO: Primero: Que esta Suprema Sala conoce del presente recurso de nulidad por haberse declarado fundado el recurso de queja por presuntas irregularidades procesales relacionadas con la aplicación del art ículo set enta y siete del Código de Procedimientos Penales, según es de verse de la Ejecutoria Suprema de fojas setecientos seis, su fecha veintitrés de Septiembre de dos mil cuatro. Segundo: Que según la denuncia formalizada del Fiscal Provincial de fojas quinientos cincuenta y nueve se imputa a Miguel Enrique Rojas García, General de Brigada Ejército Peruano y Comandante General de la Primera Brigada de Infantería Reforzada 56 5720 de Tumbes, la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas graves -artículos ciento once, tercer párrafo, y ciento veinticuatro, cuarto párrafo del Código Penal- con motivo de la explosión que se produjo en el Polvorín (pertrechos militares) del Cuartel «Veinticuatro de Julio -Tablazo - Tumbes» bajo su comando, cuando se realizaban labores de conteo de material bélico almacenado y probablemente por una indebida manipulación y por personal militar sin las calificaciones para hacerlo, a consecuencia de la cual fallecieron siete efectivos del Ejército Peruano y un menor de edad vecino de la localidad, sufrió la amputación de la pierna derecha; que también se indica que las primeras diligencias de la Fiscalía fueron impedidas por el Comando militar de la Zona, al punto de no haber dejado ingresar al personal fiscal a las instalaciones del Cuartel y no haber prestado declaración en la investigación preliminar; que, en efecto, las anotaciones realizadas en el Atestado Policial de fojas una y el Parte Policial de fojas cuatrocientos noventicinco y las actas fiscales dan cuenta de la imposibilidad de realizar mayores indagaciones por una objetiva negativa de quien comandaba la Primera Brigada de Infantería Reforzada de Tumbes, lo que incluso destacó el Responsable de la Defensoría del Pueblo mediante oficios número veintidós-diecinueve cero tres-dp-t del seis de Febrero de dos mil tres, de fojas cuatrocientos ochenta y número trescientos treintitrés-diecisiete-cero tres-dp-t, del doce de Agosto de dos mil tres de fojas seiscientos dieciocho, Tercero: Que el Juez del Primer Juzgado Penal de Tumbes en la resolución denegatoria de la apertura de la instrucción de fojas quinientos sesentitrés, obviando que en el Atestado Policial y en la propia denuncia fiscal se señalaba que la explosión tendría su fuente en la manipulación de material explosivo por personal presuntamente sin las exigencias de calificación necesaria, precisó que la denuncia fiscal no hace mención alguna a la responsabilidad que recaería sobre el denunciado, que no tiene información alguna que determine la causa de la explosión y la investigación es deficiente -omitiendo tomar en cuenta que la autoridad militar no permitió al Ministerio Público ahondar en las investigaciones-, y que el tipo penal de homicidio culposo requiere de la acción directa del responsable que desencadena la muerte de las personas, sea por impericia o por imprudencia, lo que no sucede con el denunciado; que en el auto de vista de fojas seiscientos cincuentisiete, de fecha treinta de octubre de dos mil tres, se agrega que no se impidió las investigaciones - pese a las constataciones existentes!-, que no se ha establecido que el denunciado tuvo alguna intervención en el cambio de mandos o tuvo conocimiento que el polvorín se encontraba en estado de peligro, tanto más si recién tenía una semana de haber asumido el mando. Cuarto: Que, ahora bien, cuando se expidieron las resoluciones cuestionadas estaba vigente el artículo setenta y siete del Código de Procedimientos Penales en su texto fijado por la Ley número veinticuatro mil trescientos ochentiocho, del seis de diciembre de mil novecientos ochenticinco, que disponía que sólo se abrirá instrucción si el hecho denunciado constituye delito, si se ha individualizado a su presunto autor y si la acción penal no ha prescrito; que el carácter típico, de injusto penal, del hecho denunciado por el Ministerio Público, requiere por parte del Juez Penal que realice un juicio de subsunción entre el hecho imputado- que emerge del tenor de la denuncia y de los recaudos que se acompañan- y las exigencias normativas del tipo penal correspondiente, aquel que fluya real o fundadamente de los cargos formulados por el Ministerio Público, de suerte que incluso puede desvincularse, con la sola exigencia del respeto al principio acusatorio, del delito concretamente denunciado. Quinto: Que en el caso de autos personal militar, presumiblemente sin experiencia o sin adoptar las medidas de seguridad y de cuidado que el caso exigía, produjo una explosión al manipular indebidamente pertrechos militares con resultado muerte y lesiones graves a varias personas; que la imputación por delito culposo o imprudente no sólo puede recaer en el ejecutor material del hecho inmediato -los que efectivamente manipularon los pertrechos militares-, sino también en todo aquel que dispone u ordena su realización sin adoptar las precauciones de rigor, o incluso en todo aquel que tiene el deber de control sobre una fuente de peligro y la obligación consiguiente de adoptar o prever las medidas preventivas necesarias para evitar el resultado lesivo; que en estos delitos el núcleo del tipo del injusto consiste en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que era necesario observar. Sexto: Que precisamente corresponde al proceso penal y, en última instancia, al juez determinar -por las propias características del tipo culposo- si el imputado lesionó el deber de cuidado y si específicamente esa conducta -desvalora de la acciónprodujo el resultado prohibido desvalora de resultado-; que, sin embargo, a los efectos de dictar el procesamiento penal, que es la primera resolución judicial mediante la cual se aprueba la promoción de la acción penal por el Ministerio Público, sólo se requiere la sindicación razonada correspondiente y, ahora ya con total claridad, 58 59 Mostrar más
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 ARTÍCULO 116
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 ARTÍCULO 16

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