Source: http://jrlagunilla.blogspot.com/2013/
Timestamp: 2017-08-20 02:15:36+00:00

Document:
El Bolo de la Paciencia: 2013
El periódico EL PAÍS de hoy 11 de mayo, publica una encuesta de METROSCOPIA, realizada entre los días 8 y 9 mediante entrevistas a 1000 encuestados de todo el territorio nacional.
El resultado, incluso aplicando el límite de error de +/-3,2 puntos, es demoledor para el PSOE. Si bien es cierto que el PP ha perdido, desde las elecciones de noviembre de 2011, 22,1 puntos porcentuales, es decir, casi la mitad del 44,6% que obtuvo entonces, no es menos cierto que el PSOE ha perdido en ese mismo periodo de tiempo el ¡8,5%!, a pesar de que el resultado de entonces, el 28,7%, ya fue el peor de nuestra reciente historia democrática. Y no olvidemos que el PP gobierna, y nosotros estamos en la oposición.
Esta pérdida de apoyos de los dos principales partidos, está provocando, lógicamente, un incremento de votos en otros partidos, además de un aumento de la abstención.
Así, IU experimenta en el periodo de tiempo entre las elecciones de 2011 y mayo de 2013, un espectacular incremento de intención de voto, pasando del 6,9% que obtuvo entonces, a un 16,6% que obtendría ahora. Es decir un incremento de casi 10 puntos.
A su vez, UPyD, un partido sin historia ni ideología claramente definida y con un origen singular, por no utilizar otros adjetivos más fuertes, pasaría del 4,7% al 13,1%, lo que significa casi ¡triplicar! sus resultados.
A la vista de estas expectativas, podríamos decir que el bipartidismo que ha dominado la política española en estos años de democracia reciente, está llegando a su fin. Lo cual, objetivamente hablando, no es ni bueno ni malo; solo diferente.
Lo que sí es objetivamente un auténtico desastre, al menos para los que aún creemos que el socialismo democrático sigue siendo la mejor solución y freno frente al capitalismo tradicional y el neo liberalismo más reciente, es lo que le está pasando al Partido Socialista Obrero Español. Y lo escribo con todas las palabras completas porque da la sensación de que, a algunos de nuestros dirigentes, se les han olvidado: cada día nos parecemos menos a un partido, somos menos socialistas y obreros, y hemos olvidado lo de español.
Por si perder 8,5 puntos porcentuales en menos de dos años, estando en la oposición, y con las políticas desastrosas y totalmente neo liberales que está implementando el gobierno del PP, fuera poco preocupante, la valoración y percepción que de nuestro líder tienen los ciudadanos, es un auténtico desastre para nuestras aspiraciones de recuperación.
Frente al 9% de españoles que aprueba la labor de oposición que Alfredo Pérez Rubalcaba está realizando, el ¡87% la desaprueba! Pero es que, a mayor abundamiento, Rubalcaba obtiene el más alto porcentaje de rechazo a su gestión entre todos los políticos valorados en la encuesta, incluidos la totalidad de los ministros del gobierno peor valorado en la historia reciente de nuestro país.
Con este panorama tan desolador, ¿a dónde vamos? Algunos llevamos meses repitiendo que esto no puede seguir así ni un día más. Que, si bien es cierta la importancia de las soluciones y proyectos políticos que ofrezcamos a los ciudadanos, no es menos cierto que también son importantes las personas que los ofrezcan. En la última asamblea de mi agrupación, manifesté que en la actualidad, con este nivel de credibilidad de nuestros dirigentes ante la ciudadanía, ya podíamos descubrir la vacuna contra el cáncer, que no nos la compraba ni dios.
Este Partido está enfermo de gravedad. Y ante esta enfermedad no caben ni masajes ni remedios caseros. Necesita de la cirugía más severa y radical que podamos aplicarle. Y además sin miedo ninguno. Peor de lo que estamos, y vamos a estar si no hacemos algo rápidamente, no podemos estar.
Pero mucho me temo que algunos de los dirigentes de mi partido, seguro que salen con el consuelo de que estamos solo a 2,3 puntos del PP.
Realmente lo que estamos es ¡al borde del abismo!, o como decía mi tío Zósimo ¡estamos rejodidos, chaval!
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de abril de 2013 ha emitido un dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que tiene su miga.
Como el citado dictamen está formado por más de 180 páginas, reproduzco aquí algunos de los párrafos del mismo que, a mi personalmente, me parecen más jugosos, aunque solamente sea porque coinciden con lo que muchos pensamos sobre esta ley.
Algunos párrafos del Dictamen que la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de abril de 2013 emite sobre la LOMCE.
El panorama descrito revela una falta de estabilidad en la regulación de las enseñanzas no universitarias durante las últimas décadas que no parece beneficiar a la consecución de una educación de calidad en España. Sería muy deseable que con motivo de esta reforma se tratara de alcanzar un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales a fin de buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema.
Llama sin embargo la atención que tanto en el bloque de asignaturas troncales -en segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato- como en el bloque de asignaturas específicas -en todas las etapas educativas- se incluyan como materias o áreas de oferta voluntaria para las Administrativas educativas (“En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes”) algunas que, por su trascendencia académica, acaso debieran ser ofertadas obligatoriamente a fin de garantizar el acceso a una formación de calidad en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Durante la tramitación del expediente se han recibido numerosas alegaciones de los sectores interesados mostrando su preocupación por la pérdida de importancia de materias o áreas ubicadas indistintamente en los ámbitos científico, humanístico, social o artístico. No parece que puedan aducirse motivos presupuestarios en contra de la oferta obligatoria de tales asignaturas, teniendo en cuenta que el anteproyecto admite incluso que las Administraciones educativas competentes puedan ofertar a los alumnos "algún área más" dentro del denominado bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. En todo caso, de existir razones, presupuestarias o de otra índole, que impidan la oferta obligatoria de todas las asignaturas, sería preferible reducir su número, otorgando tal carácter únicamente a las más importantes, sin perjuicio de que las Administraciones educativas puedan añadir otras.
En el anteproyecto desaparece tal asignatura como obligatoria. Se prevé una asignatura llamada “valores culturales y sociales” (en ningún caso deberían ser valores culturales y sociales, sino éticos y sociales) en Educación Primaria (proyectado art. 18.3.b.) y “valores éticos” en cada curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (proyectados arts. 24.3.b. y 25.4.b.) en todos los casos como específica obligatoria aunque alternativa a la asignatura de religión, y se añade (solo para el cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria), que se cuidará, en todas las materias, “el emprendimiento y la educación cívica y constitucional”.
Cabe plantearse el caso de aquellos alumnos que hayan aprobado la ESO por la opción de enseñanzas aplicadas y que, no teniendo aún 17 años decidan cursar formación profesional. Debería arbitrarse algún medio para que, al menos hasta que cumplan los 17 años desarrollen alguna formación profesional de modo que al cumplirlos puedan pasar a cursar ya la formación profesional de grado medio conforme permite el proyectado artículo 41.2 c.) y d.).
No se explica la razón por la que no se mantiene la posibilidad de acceder a esta formación mediante prueba de acceso con solo dieciocho años de edad en determinados casos.
El legislador español en el marco de su libertad no ha excluido la educación – en la trasposición de la Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004- del ámbito de aplicación de la prohibición de la discriminación por razón de sexo, y tampoco ha establecido una justificación objetiva y razonable que permita valorar, en su caso, los motivos por los que se podría admitir una educación diferenciada que garantice la igualdad de oportunidades como señala la Convención de la UNESCO.
El anteproyecto de Ley Orgánica sometido a consulta, en cuanto condiciona la financiación del modelo de educación diferenciada de los centros docentes sostenidos con fondos públicos a que “la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960” debe, con arreglo a la jurisprudencia más extendida, contener alguna previsión que justifique de forma objetiva y razonable la educación diferenciada, previsión que permita valorar los motivos y las razones por los que aplicando la excepción a la coeducación se favorece la igualdad de oportunidades. Estamos ante una opción que requiere la debida justificación dada la importante alteración que supone respecto del modelo elegido hasta ahora, más si cabe teniendo en cuenta que se trata de regular el régimen en centros financiados con fondos públicos -lo que exige un mayor cuidado en la toma de decisiones-.
De ahí que la segregación en la escuela por alguno de los motivos prohibidos por el artículo 14 de la Constitución o el artículo 6.1 del CEDH es una excepción que requiere de una especial justificación por parte del legislador si cabe mayor, cuando se trata de centros financiados con recursos públicos y más cuando el sistema público se ha orientado desde un primer momento hacia la inclusión y la supresión de toda forma de discriminación por razón de sexo, también en la escuela.
En definitiva el anteproyecto de Ley Orgánica debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, todo ello sin perjuicio del resto de requisitos establecidos para los conciertos. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución
El principio de igualdad efectiva de hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la solución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, reconocidos como principios fundamentales de la educación, exigen conocer, comprender y respetar lo que es diferente en las primeras etapas de la vida.
La educación mixta permite fomentar esos valores y su extensión ha constituido, sin duda, un avance en el tratamiento de la igualdad de género que es constitutivo de democracia y que más allá de su reconocimiento legal y constitucional está lejos de ser una realidad.
La gestión de los Centros, que hoy se vehicula mediante la implicación activa de la comunidad educativa a través de un sistema de cooperación y corresponsabilidad en la organización y toma de decisiones que dan contenido al derecho de participación democrática, queda limitada a la declaración sobre su intervención en el “control y gestión de los centros”. A su vez el Consejo Escolar pierde, con el anteproyecto, el carácter de órgano de gobierno, al pasar a tener meramente funciones de información, propuesta y consulta.
No obstante, los pretendidos niveles de la autonomía proyectada al no ir acompañados de una mayor participación, implicación y responsabilidad de toda la comunidad educativa en el control, seguimiento de los objetivos institucionales de los centros, análisis internos de los problemas y soluciones a través de los proyectos innovadores, pueden resentirse, ya que cuando el modelo de gestión se basa en la atribución de todas las decisiones a un órgano unipersonal sin participación activa del resto de la comunidad educativa, la autonomía se limita ya que el control se ejerce por agentes y órganos ajenos al centro lo que sin duda incrementa la dependencia de otras instancias.
Pero para que la autonomía de los centros escolares contribuya a la mejora de la calidad de la educación debe llevar aparejada mayor capacidad organizativa, pedagógica y de gestión económica que permita el desarrollo de proyectos educativos, la atención al alumnado, la elaboración de planes de convivencia y por supuesto, alcance a todos los escolares.
Buen ejemplo de ello es el art. 124.1 que establece que “los centros elaborarán un plan de convivencia…”. Plan que en todo caso debería realizarse con una participación importante y efectiva de las asociaciones de padres de alumnos. El éxito de un plan de convivencia va ligado al protagonismo en su elaboración, de los actores implicados.
Nada tiene que objetar el Consejo de Estado a que en el nuevo modelo de organización y funcionamiento, configurado en el anteproyecto, se refuercen y potencien las capacidades de decisión y de dirección del Centro, lo que debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o co-decisión en la comunidad educativa, Consejo Escolar y Claustro de profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gestión y ejercer el control.
La novedad es la ya mencionada supresión del requisito de un “año de antigüedad” en el centro para ser candidato a Director. El Consejo de Estado entiende que los candidatos que acumulan un determinado periodo de antigüedad en el centro tienen un mejor conocimiento de los problemas que afectan a su funcionamiento. Por tal razón, la antigüedad debería mantenerse como requisito o ser valorada al menos como un mérito para la selección de Director.
También en relación con los requisitos para ser Director (participar concretamente en el concurso de méritos a que se refiere el artículo 134.1 a.), se establece que para concursar se debe estar en servicio activo. No parece que ello deba ser una exigencia, pues no se corresponde con la legislación general; de hecho una reincorporación funcionarial al servicio activo puede tener que producirse precisamente participando en concursos funcionariales. Otra cosa es que se pueda otorgar más valor al hecho de estar ya en servicio activo.
En cuanto al procedimiento de selección del Director, el anteproyecto reduce la presencia de representantes del centro en la comisión de selección y añade nuevos criterios de selección:
El Consejo de Estado considera que debería, en aras del principio de participación democrática, sopesarse seriamente esa reducción, que no se corresponde ciertamente con el principio de autonomía de los centros que el anteproyecto dice tratar de potenciar.
En la propuesta, los centros educativos perderán la representación mayoritaria que actualmente ostentan en la comisión de selección del Director en beneficio de las Administraciones educativas. El anteproyecto entra en este punto en abierta contradicción con “el aumento de la autonomía de los centros” que la exposición de motivos (apartado VII) menciona como uno de los principios inspiradores de la reforma.
El anteproyecto elimina la “preferencia” actualmente atribuida a las candidaturas de profesores del centro (artículo 134.5). Esta preferencia debería, a la vista de lo señalado, mantenerse, o al menos no debería ser un obstáculo para que en la propia norma se dejara constancia de la valoración especial que merece el trabajo previo y la labor docente desarrollada por los profesores del propio centro que aspiran a la condición de Director.
Mención aparte merece la desaparición de la expresa previsión vigente de que “la selección del director será decidida democráticamente por la comisión” (artículo 134.4). Dado que la comisión de selección es un órgano pluripersonal, la regla de la mayoría parece el único criterio admisible en la toma de decisiones. Aunque el silencio de la norma a este respecto puede entenderse como remisión a los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podría efectuarse una expresa remisión a la misma.
Sin embargo, el cambio en el modelo de enseñanza religiosa se trasluce con ocasión de la regulación de las diferentes etapas educativas, en las que se configura un retroceso respecto a la situación actual.
1. Adquiere mayor peso, al tener una carga horaria similar al resto de materias en Primaria y en ESO donde se configura como una asignatura específica fija con una alternativa.
2. Los alumnos podrán optar en Educación Primaria entre “Religión” o “Valores Culturales y Sociales” (no debería hablarse de valores culturales sino de valores éticos y sociales) y, en Educación Secundaria Obligatoria, entre “Religión” o “Valores Éticos”, mientras que en Bachillerato se contempla la “Religión” como optativa conjuntamente con otras doce materias en el primer curso y con otras quince materias en el segundo.
Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la “Religión” la materia de “Valores Culturales y Sociales”, o “Valores éticos”, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación.

References: artículo 41
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 134