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AP 6427 2014
Radicación n° 44681
Aprobado acta nº 349
Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil catorce (2014)
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por el defensor de MANUEL ALFONSO FORERO SUÁREZ, en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de mayo de 2014, mediante la cual confirmó el fallo emitido por el Juzgado 14° Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de esta ciudad, emitido el 7 de marzo del mismo año, condenando al mencionado procesado como coautor de los delitos de Hurto Calificado, cometido en circunstancias de agravación punitiva y en grado de tentativa, y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en concurso de conductas punibles, a la pena principal de 105 meses de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y prohibición para portar armas de fuego por el mismo término.
El 26 de agosto de 2012, aproximadamente a las 7:30 de la noche, cuando el señor Orlando José Miranda Barreto, empleado de la compañía de Combustibles Líquidos de Colombia, se encontraba distribuyendo gas en intermediaciones de la calle 65A sur con carrera 78C de esta ciudad, fue abordado por tres individuos, entre ellos un menor de edad, quienes provistos de arma de fuego lo despojaron de la suma de COP 700.000.
Inmediatamente después los asaltantes pretendieron huir en el vehículo de placas MQG 969, pero funcionarios de la Policía Nacional, advertidos sobre lo sucedido, lograron interceptar el automotor y capturar a Manuel Alfonso Forero Suárez y a Jonathan Hernando Ramos Pérez, así como a un menor de edad. Personas que fueron señaladas por el señor Miranda Barreto como los asaltantes, lo que motivó un registro al interior del vehículo, hallando debajo de un tapete un revólver Smith & Wesson, calibre 38L, número interno 85696 y externo C112358, con seis cartuchos, respecto del cual ninguno de los capturados tenía permiso para portarlo. Cabe anotar que según la información suministrada por los uniformados, en poder de Jonathan Ramos y Manuel Forero fueron hallados únicamente COP 73.000.
En audiencia preliminar llevada a cabo el 20 de agosto de 2012 ante el Juzgado 24º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad, la Fiscalía 312 Local formuló imputación a MANUEL ALFONSO FORERO SUÁREZ y JONATHAN HERNANDO RAMOS PÉREZ por los delitos de Hurto Calificado, agravado, y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Previo a ello, ante el mismo juez, se produjo la legalización de su captura, ocurrida en situación de flagrancia.
Los imputados se allanaron a los cargos formulados. En su contra no se impuso medida de aseguramiento alguna.
El 13 de noviembre de 2013, previa presentación de escrito por parte de la Fiscalía, ante el Juzgado 14º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, se llevó a cabo la audiencia de individualización de pena y sentencia.
El 6 de mayo de 2013, se emitió el fallo por el mismo juzgado de conocimiento, siendo condenados MANUEL ALFONSO FORERO SUÁREZ y JONATHAN HERNANDO RAMOS PÉREZ, a la pena principal de 105 meses de prisión y a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y prohibición para portar armas de fuego por el mismo término, negándoles el derecho a los subrogados de la condena de ejecución condicional y la sustitutiva de la prisión domiciliaria.
Apelada la decisión por los defensores de ambos acusados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la confirmó íntegramente mediante providencia del 15 de mayo 24 de esta anualidad, la cual fue oportunamente recurrida en casación por los mismos sujetos procesales.
Solamente el defensor de FORERO SUÁREZ presentó la demanda de casación correspondiente, por lo que le fue concedido el recurso extraordinario por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante decisión del 31 de julio de 2014, en la misma que declaró desierto el recurso interpuesto en favor de RAMOS PÉREZ.
El demandante invoca como motivo casacional la violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 31 del Código Penal, «en la medida en que le hizo producir efectos distintos o contrarios a los que emergen de su contenido real».
Aduce el libelista que como el delito de hurto calificado y agravado tiene prevista una pena de 144 a 336 meses de prisión, por su naturaleza resulta ser más grave que el de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cuya pena prevista en la ley es de 108 a 144 meses de prisión.
De allí que atribuye a error de los falladores no tener en cuenta dicha consideración a la hora de individualizar la pena de conformidad con los criterios del artículo 31 del Código Penal. Yerro que se consolidó en las instancias al partir de la pena de 108 meses correspondiente al delito contra la seguridad pública, aumentando 12 meses más por el delito contra el patrimonio económico, cuando la ecuación debió ser la inversa, esto es, partir de la pena impuesta por el hurto calificado y agravado -24 meses de prisión- para aumentarla hasta en otro tanto por la conducta de porte ilegal de arma de fuego, por lo que la sanción no podía superar los 48 meses de prisión.
Transcendencia del error que se patentiza, según el demandante, en la imposición de una pena desfasada y que no consulta las reglas de dosificación punitiva definidas en la ley.
Además, argumenta el defensor, con la demanda presentada pretende la efectividad del derecho material y la unificación de la jurisprudencia, a fin de que “los jueces respeten el principio de legalidad, respecto al tema jurídico del delito base, que en este caso en particular es el de hurto calificado y agravado, para la dosificación punitiva, en beneficio del condenado”.
Con lo anterior, solicita casar parcialmente el fallo impugnado, para que se imponga la pena correcta al procesado FORERO SUÁREZ.
Debe recordarse que con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, con el cometido de obtener la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios que le fueran inferidos o la unificación de la jurisprudencia, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004.
Atendidos estos criterios, ha señalado la Corte que el libelo impugnatorio no puede ser un escrito de libre elaboración y que al menos debe cumplir con unas mínimas condiciones de admisibilidad, tales como: i) la acreditación del agravio a los derechos o garantías, producido con ocasión de la sentencia; ii) el señalamiento de la causal de casación elegida, con sujeción a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional postulado; y, iii) la determinación de la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 20041.
De acuerdo con los referentes normativos y jurisprudenciales que vienen de reseñarse, advierte la Sala varias falencias en el libelo objeto de estudio, las cuales dan al traste con la pretensión casacional del actor.
Cuando se acude a la ruta de la violación directa de la ley sustancial, el demandante debe aceptar los hechos declarados en el fallo recurrido y abstenerse de cuestionar la valoración probatoria realizada por los juzgadores, por lo cual el debate se circunscribe a la aplicación del derecho, sin que tengan cabida aspectos relacionados con la credibilidad de los elementos de juicio o el acontecer fáctico.
En el presente caso, ciñéndose de manera formal a la lógica que reclama la infracción denunciada, el defensor respeta el mérito suasorio asignado por el sentenciador a los medios de convicción, así como los hechos admitidos en la sentencia, a partir de la aceptación de responsabilidad del acusado, denunciando en el fallo impugnado una interpretación errónea del artículo 31 de Código Penal, que regula el tema del concurso de conductas punibles.
Según el casacionista, al momento de establecer el delito sancionado con la pena más grave conforme a su naturaleza, las instancias aplicaron erróneamente las reglas allí definidas, en tanto adoptaron como la conducta ilícita más grave la de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cuando en realidad lo era el hurto calificado agravado, pues sus penas mínimas previstas en la ley son de 9 y 12 años de prisión, respectivamente.
Sin embargo, el argumento resulta absolutamente sofístico y sólo puede ser argüido, como en este caso por el defensor, a partir de una desatinada lectura del precepto legal y del desconocimiento de la línea jurisprudencial que sobre la materia ha trazado la Corte.
En efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia adoptada por esta Sala en precisar que la determinación del delito más grave sobre el cual se aumentará la pena «hasta otro tanto» en razón del concurso de conductas punibles, no se obtiene de la verificación de los extremos punitivos mínimo y máximo previstos en abstracto en los respectivos tipos penales, sino mediante la individualización judicial que ha de aplicarse en cada uno de los delitos en concurso.
De tal modo que «la pena más grave según su naturaleza», viene siendo aquella que, en concreto, posea mayor intensidad punitiva. Veamos:
- (…) El funcionario debe individualizar cada una de las penas concernientes a todas las conductas punibles que entran en concurso. De esta manera, determina cuál es, en el caso concreto, la que considera, según lo presupone la norma, “la pena más grave” (…)2.
- (…) La dosificación de la pena en el concurso de hechos punibles debe efectuarse a partir de la individualización de la que corresponde a cada uno de los delitos en concurso, con el fin de detectar cuál es la que resulta más grave, convirtiéndose ésta en la base que permite llevarla hasta el otro tanto (…)3.
- (…) Es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de la construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales (…)4.
Fue este el criterio empleado por las instancias al dosificar la sanción en el concurso de delitos, pues, el A quo fijó la pena en concreto para el delito de hurto calificado y agravado en 24 meses de prisión (artículos 240-2 y 241-10 del Código Penal, disminuyendo los extremos punitivos por tratarse de una tentativa y por concurrir la circunstancia del artículo 268 ibídem) y, para el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, la determinó en 108 meses de prisión (artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011).
De esta forma, determinó como delito más grave el de la seguridad pública, incrementando la pena en 12 meses por el concursal contra el patrimonio económico, para un total de 120 meses de prisión, que no supera el hasta otro tanto señalado en el artículo 31 del Código Penal, ni excede la suma aritmética de cada una de las sanciones debidamente individualizadas.
Sobre ese guarismo final, fue reconocida la rebaja de 12.5%, por la aceptación de cargos producida en la audiencia de formulación de imputación (artículos 351 y 303 de la Ley 906 de 2004), para imponer como pena definitiva la de 105 meses de prisión.
Pudiéndose determinar que en efecto la pena más alta a imponer –y con ello «más grave según su naturaleza»- es la correspondiente al delito contra la seguridad pública, tal y como lo establecieron los falladores, la censura formulada por el demandante resulta por completo infundada, pues al partir en su argumentación de supuestos errados, no le es posible controvertir la decisión impugnada.
Es suficiente lo anterior para inadmitir el cargo.
De conformidad con lo consignado en precedencia, la Sala inadmitirá la demanda de casación presentada por el defensor de MANUEL ALFONSO FORERO SUÁREZ, no sin antes advertir que revisada la actuación en lo pertinente, no se observó que con ocasión de la sentencia impugnada o dentro de la actuación, hubiese existido violación de derechos o garantías del acusado, como para superar los defectos y decidir de fondo, según el imperativo del inciso 3° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Cabe advertir, para finalizar, que contra la presente decisión procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184 ibídem y con las reglas que ha definido la Sala en pronunciamientos anteriores a la presente decisión5.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor del acusado MANUEL ALFONSO FORERO SUÁREZ, en seguimiento de las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.
1 Entre otros, CSJ AP, 13 de junio de 2007, Rad. 27.537; AP, 25 de julio de 2007, Rad. 27.810.
2 CSJ. SP. 6 Jun. 2012. Rad. 38353.
3 CSJ. SP. 24 Abr. 2003. Rad. 18556.
4 Cfr. CSJ SP. 7 Oct. 1998. Rad. 10987. En el mismo sentido, CSJ SP. 19 Nov. 2003. Rad. 21.589; CSJ SP. 11 Ago. 2004. Rad. 20849; CSJ SP. 16 de Abr. 2008. Rad. 25.304; CSJ AP. 28 Ago. 2013. Rad. 39286; CSJ AP. 1617. 2 Abr. 2014. Rad. 42683, entre otros.
5 CSJ, AP 12 de diciembre 2005, Radicado 24.322.

References: artículo 31
 artículo 31
 artículo 180
 artículo 180
 artículo 31
 artículo 268
 artículo 19
 artículo 31
 artículo 184
 artículo 184