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Timestamp: 2017-06-24 13:54:10+00:00

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Reflexiones de un hombre corriente: 2012
"Negociación y Conclusión del Convenio Colectivo: Cuestiones varias" (Esquema)
La presente entrada de nuevo tiene por objeto facilitar el estudio del tema correspondiente a mis alumnos de tutoria. Esta materia se ha visto reformada de manera importante por las recientes reformas laborales, en particular por el Real Decreto Ley 7/2011, de 20 de agosot y por la Ley 3/2012, de 6 de julio, lo que hace que las ediciones anteriores del manual de profesor Borrajo Dacruz hayan quedado obsoletas. Se recomienda encarecidamente que se estudie la asignatura por la vigesimo primera edición correspondiente al año 2012 del citado manual. Si por cualquier causa no pudiera usarse una edición actualizada, puede seguirse el presente esquema y completarlo con la edición disponible y una versión actualizada de los preceptos correspondientes del Estauto de los Trabajadores.
Cómo última advertencia, se señala que el presente esquema tan solo es un intrumento de apoyo al estudio que, en ningún caso, sustituye a los textos y manuales básicos de la asignatura
CONCLUSIÓN DEL CONVENIOS COLECTIVOS: CUESTIONES VARIAS
(Esquema derivado del
Manual del Prof. Borrajo Dacruz)
I) PARTES LEGITIMADAS Y PROCEDIMIENTOS.
1.- Legitimación Negocial
(art. 87 ET)
1.1. Convenios de empresa y de ámbito inferior.
Por el lado social 1.1.1.1.
Al comité de empresa o delegados de personal.
1.1.1.2. A las secciones sindicales
que sumen la mayoría de
los miembros del comité.
1.1.1.2.1. Está legitimación puede excluir a
la del comité de empresa.
Convenios de pluralidad de empresas
Mismas reglas que para convenios sectoriales.
1.1.2. Por el lado
En caso de varias de empresas: la representación de las afectadas.
1.2. Convenios sectoriales.
Por el lado social: sindicatos representativos.
Sindicatos más representativos a nivel nacional.
Sindicatos más representativos a nivel de CC.AA.
Sindicatos con 10% de miembros de comités de empresa o delegados de personal
en el ámbito geográfico y personal del convenio.
Por el lado económico: asociaciones representativas.
1.2.2.1. Que en ámbito geográfico y
funcional cuenten con:
el 10% de los empresarios que den ocupación a igual porcentaje
que den trabajo al 15% de los trabajadores afectados.
Si no existen asociaciones en el ámbito respectivo:
Asociaciones representativas a nivel estatal:
que cuenten con un 10% de empresas o trabajadores.
Asociaciones representativas a nivel de CC.AA.
que cuenten con un 15% de empresas o trabajadores.
1.3. Convenios a nivel estatal
Posibilidad de que en ellos puedan participar sindicatos y asociaciones de
empresarios más representativas a nivel de
2.- Comisión negociadora (art.
88 ET).
Número máximo de miembros por cada lado
2.1.1.1. Quince miembros para
2.1.1.2. Trece miembros para todos
2.1.2. Reglas de
Respeto por el derecho de participación de todas las partes
Representación en función de la representatividad.
Presidente externo: solo en caso de acuerdo.
Asesores: solo en caso de acuerdo.
Los entes sindicales han de representar la mayoría absoluta del comité de empresa.
2.2. Plazo de constitución: un
mes desde la recepción de la comunicación.
3.- Comisión paritaria.
es un órgano colegiado designado en representación de las partes negociadoras
que tiene la finalidad de entender de aquellas cuestiones que establezcan al
efecto las leyes, así como cuantas otras le sean atribuidas en por Acuerdos
intersectoriales o por el propio convenio colectivo.
3.2.1 Intervienen en la
interpretación y aplicación del convenio.
3.2.2 Conciliación y arbitraje en
caso de conflicto o dudas.
4.- Vigencia, renovación y
ultraactividad (Ley 3/2012).
Vigencia y Renovación (art. 86.1 ET)
corresponde a las partes fijar la duración del convenio.
Posibilidad de renegociar el CC por los sujetos legitimados en los artículos 87 y
88 ET.
Posibilidad de adoptar acuerdos parciales que modifiquen parcialmente
Salvo pacto en contrario, los CC se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
Durante la negociación para la renovación se mantiene la vigencia de lo convenio salvo
Ultraactividad: Efectos de la denuncia del convenio.
Concluida su vigencia el convenio puede ser denunciado por cualquiera de
Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que
acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo
pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo
de ámbito
superior que fuera de aplicación.
Supuesto de desacuerdos en la negociación
4.3.1 Acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, establecerán
de aplicación general y directa para solventar de manera
efectiva las
discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento
sin alcanzarse un acuerdo,
4.3.1.1 incluido el compromiso
previo de someter las discrepancias a un arbitraje,
4.3.1.2. el laudo arbitral tendrá la
misma eficacia jurídica que los convenios colectivos
y sólo será recurrible
5.- Acuerdo de inaplicación
del convenio colectivo (art. 82.3 ET tras la Ley 3/2012).
5.1. Presupuestos objetivos que deben ser acreditados
Causas derivadas de la producción.
Materias sobre las que puede versar
Régimen del trabajo a turnos.
Funciones cuando exceden de los límites legales para la movilidad funcional.
5.2.7. Mejoras voluntarias de la acción protectora
Establecimiento de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.
Alcanzado un acuerdo firme, solo puede impugnarse ante la jurisdicción
En caso de desacuerdo:
La comisión del convenio conocerá de la discrepancia.
Si no hay acuerdo debe acudirse a los procedimientos resolutivos
acuerdos interprofesionales. 5.3.2.3.
Si esos procedimientos no fueran aplicables cualquier parte puede someter la discrepancia ante la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
(CCNCC)
o sus homólogos en las CC.AA.
El resultado de los procedimientos o del acuerdo debe comunicarse a la Autoridad Laboral
para su depósito y registro.
II) REGISTRO, PUBLICACIÓN Y CONTROL.
1.- Presentación del convenio
ante la autoridad laboral
1.1. En el plazo de 15 días desde la
1.2. Funciones de registro, depósito y publicación en el B.O.
2. Eficacia del convenio
2.1 Presunción de legitimidad y validez
del convenio durante su vigencia que solo
puede ser destruida por sentencia que
declare su nulidad e ineficiencia.
3.- Impugnación del convenio
3.1. Por la autoridad laboral (AL)
En caso de que la AL considere que conculca la legalidad vigente o lesione
los intereses de terceros, procederá a:
Se dirigirá al órgano competente de la jurisdicción social para que adopte
medidas que procedan.
Podrá detener el trámite de publicación, o realizar dicha publicación
constancia en la Resolución publicada del incidente de su impugnación.
3.2. También podrán impugnarlo:
3.2.1 Representantes legales o
3.2.2 Empresarios que sostengan su
3.2.3. Terceros lesionados de
resultas de la aplicación del convenio.
3.3. Prescripción de la acción de impugnación: 1 año desde que puede
3.4. Procedimiento específico regulado en la Ley de la Jurisdicción Social.
3.5. La carga de la prueba recae sobre quien alega la nulidad.
3.6. La sentencia que anula un CC debe publicarse también en el B.O.
III) EXTENSIÓN Y ADHESIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS
1.- Extensión (art. 92.2 ET).
1.1 Por el acuerdo de extensión la
vigencia de un CC alcanza a aquellos ámbitos
(territorial, sectorial o
empresarial) incluidos expresamente en el acuerdo de extensión.
1.2. Órganos competentes:
Departamentos competentes de las CC.AA.
1.3. Causa del acuerdo de extensión: 1.3.1.“por los perjuicios derivados para
los mismos de la imposibilidad de suscribir en
dicho ámbito un convenio
colectivo” regular, debida a la ausencia de partes legitimadas
1.4. Legitimados para iniciar el procedimiento: 1.4.1. quienes estén
legitimados para promover la negociación colectiva en ese ámbito.
1.5. Procedimiento: RD 718/2005, de 20 de junio
Plazo para resolver: tres meses. El silencio tiene efecto negativo.
Se inicia siempre a instancia de parte.
Informe preceptivo de la CCNCC o de su homólogo autonómico.
La extensión se agota con la extinción del CC de referencia.
A la resolución administrativa de extensión le son de aplicación las reglas
sobre registro depósito y publicación para los CC regulares.
2.- Adhesión de convenios
2.1 Las partes legitimadas para negociar un CC también pueden acordar
adherirse a la
totalidad de un CC en vigor.
Se trata de una negociación colectiva abreviada.
Deben respetarse las reglas relativas a la legitimación para negociar y a la unidad
apropiada de negociación.
Lo normal es adherirse a un convenio de ámbito igual o superior al que
solas podrían alcanzar.
2.2. Alcanzado el acuerdo lo comunicaran a la
AL para su registro, depósito y publicación.
acuerdo de inaplicacion,
Reflexiones sobre la nueva regulación de las tasas judiciales
(Artículo también publicado en el blog "Hay Derecho")
Hace pocos días compartí mesa y
mantel con algunos de los eminentes juristas que participan en las actividades del Foro de la Sociedad Civil
y la opinión, matices aparte, sobre la situación de la Justicia en España era unánime. Resulta
descorazonador para quienes aún creemos algo en aquello de la “constans et perpetua voluntas ius suum
cuique tribuendi” que según pasan los años en vez de mejorar, se va a peor
y que cada reforma que se acomete o bien esta abocada desde un principio a ser
inefectiva o, directamente, tiende –por activa o por pasiva- a restringir los
derechos de los más vulnerables a padecer injusticias.
Ahora, tras aceptar que la
justicia está colapsada, en vez de acudir a instrumentos o soluciones que
satisfagan esa demanda de justicia, se decide abordar el problema recurriendo a
mecanismos –basados exclusivamente en criterios economicistas- tendentes a
reducirla introduciendo dificultades en su acceso. Al fin y al cabo, como
señala con frialdad la exposición de motivos, “el derecho a la tutela judicial
efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata
de dos realidades jurídicas diferentes”. En definitiva, el que quiera justicia
que la pague, tal y cómo diría un castizo.
La reciente aprobación por las
Cortes General de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulandeterminadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y delInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE de 21 de noviembre),
que reinstaura para las personas físicas las tasas judiciales en la mayoría de
las instancias judiciales, supone echar un bidón de gasolina al incendio ya
descontrolado que asola la administración de la Justicia en España y disminuye
aún más la, cada vez más insólita posibilidad, de que el ciudadano de a pie
pueda alcanzar una tutela judicial efectiva de sus derechos. Se trata de un
elemento añadido que contribuye a menoscabar lo que constituye uno de los
principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, según dice el artículo
1.1. de nuestra Constitución.
Resulta además paradójico que
instituciones cuyo encaje constitucional se encuentra en el Capítulo III del
Título I de la Constitución, dedicado a los principios rectores de la política
social y económica (algunos tan importantes como la universalización de la asistencia
sanitaria o las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social,
pero otros menos vitales como el derecho del acceso a la cultura por los
ciudadanos), resulten un pozo sin fondo para los recursos públicos a base
subsidios y subvenciones y, sin embargo, la financiación de la actividad
administrativa para garantizar el cumplimiento de un derecho calificado como fundamental
deba ser cofinanciada por los usuarios a través de unas tasas que, en algunos
casos, resultan desproporcionadas.
El agravante de la imposición de
la tasa para las personas físicas o de su incremento para las personas jurídicas
viene a unirse a otros problemas seculares como es la interminable duración de
los procesos judiciales -extendido ya a todos los órdenes jurisdiccionales y a
casi todas las instancias-, la cada vez más deficiente calidad de muchas
resoluciones judiciales o el problema de la politización de determinadas
instancias judiciales y del propio CGPJ. Si se me permite la comparación, ¿alguien
aceptaría que la solución para resolver los problemas del transito por una carretera atestada que, sin señalización
y llena de baches, es la única vía disponible para poder llegar de un
sitio a otro, puede ser el establecimiento de un peaje para su uso?.
El ansia de justicia por parte
del hombre es un impulso primario y si las estructuras del Estado se vuelven
ineficaces en su consecución, terminarán siendo sustituidas en la sociedad por
otros medios. Algunos de estos instrumentos pueden ser impulsados y controlados
por el propio Estado, así, podemos prever a medio plazo un considerable
incremento del recurso a la mediación y al arbitraje privados que, a la vista
de los costes introducidos ahora para la justicia ordinaria pueden llegar a ser
más competitivos si se atiende a un cálculo global de coste/beneficio.
Los juzgados de la Plaza de Castilla
Sin embargo, la inaccesibilidad
para muchos de conseguir la tutela efectiva de sus derechos puede también afectar
a la propia legitimidad de las instituciones oficiales, favoreciendo la aparición
de sistemas marginales de resolución de conflictos basados en el uso de la
fuerza y que, la historia nos lo ha mostrado muchas veces, pueden terminar
consolidando estructuras paralelas de poder que escapan al ámbito de actuación
del Estado pero resultan ser tan peligrosas para el orden establecido como aceptadas por una parte de la sociedad.
Es cierto que este parche que supone la reforma incrementará de alguna manera los ingresos fiscales; es posible también que reduzca en algo el número de determinado tipo de litigios y, finalmente, es probable que contribuya a aumentar el volumen de negocio en el sector de la mediación y del arbitraje. Sin embargo es muy dudoso que esta reforma sea positiva para la percepción entre la ciudadanía de que tenemos una sistema judicial fiable y para la consecución final de un ideal de justicia en nuestro país. Eso solo podrá conseguirse si se abordan con valentía los auténticos retos que tiene nuestro sistema: resolver la fragmentación de la administración de justicia ahora repartida entre diecinueve administraciones distintas, abordar la revolución tecnológica pendiente, incrementar sustancialmente el número de magistrados, jueces y secretarios judiciales y, por supuesto, reforzar su independencia respecto del poder, tanto político como económico.
Administracion de justicia,
estado social y democratico de derecho,
Esquema del tema "Convenios colectivos regulares"
La presente entrada tiene por objeto facilitar el estudio del tema correspondiente a mis alumnos de tutoria. Esta materia se ha visto reformada de manera importante por las recientes reformas laborales lo que hace que las ediciones anteriores del manual de profesor Borrajo Dacruz hayan quedado obsoletas. Se recomienda encarecidamente que se estudie la asignatura por la vigesima edición correspondiente al año 2012del citado manual. Si por cualquier causa no pudiera usarse una edición actualizada, puede seguirse el presente esquema y completarlo con la edición disponible y una versión actualizada de los preceptos correspondientes del Estauto de los Trabajadores.
Cómo última advertencia, se señala que el presente esquema tan solo es un intrumento de apoyo al estudio que, en ningún caso, sustituye a los textos y manuales básicos de la asignatura.
COLECTIVOS REGULARES
(Esquema derivado de la 20ª edición del manual del Prof. Borrajo Dacruz)
I) DEFINICIÓN LEGAL Y ELEMENTOS.
Concepto. (Art. 82.1 ET): Los convenios colectivos (CC) regulares son el resultado de la
negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los
empresarios, en virtud de su autonomía colectiva, y se formalizan como un
acuerdo libremente adoptado para regular las condiciones de trabajo y de
productividad en un ámbito determinado
1.1. Rasgos definitorios:
1.1.1. Es un pacto,
contrato o acuerdo.
1.1.2. Una y otra parte son
representaciones (excepción en los acuerdos de
1.1.3. Efectos normativos:
1.1.3.1 Obligan a las partes y a las empresas y trabajadores individualmente considerados.
Su objeto es la regulación de las condiciones de trabajo y de productividad. 1.2.
Fundamento: la “autonomía colectiva normativa” del art. 37.1 CE
II) CLASES
1.- Convenios ordinarios y
1.1. Convenios ordinarios son de
aplicación directa e inmediata a las relaciones de trabajo y materias conexas;
sus destinatarios son los empleadores y los prestadores del servicio
1.2. Convenios marco, establecen el
cuadro dentro del cual se desenvolverán ulteriores convenios ordinarios.
2. Según sus
ámbitos de vigencia
2.1. Por su ámbito territorial
2.1.1 un convenio puede ser
local, comarcal, provincial, interprovincial, del
ámbito territorial de una comunidad autónoma, nacional o internacional.
2.2. Por su ámbito funcional: 2.2.1. De ámbito empresarial:
La reforma del RD Ley 7/2011, reforzó la presencia
2.2.1.1. Las secciones sindicales pueden excluir a la representación
unitaria si en conjunto suman la mayoría del comité de empresa.
2.2.2. De ámbito
supraempresarial: Existen diversas modalidades:
2.2.2.1 (sectoriales,
subsectoriales, de grupos de empresas, etc).
2.2.3.- De ámbito
intraempresarial: el denominado CC de grupo profesional o CC franja).
2.3. Por su ámbito personal: 2.2.1 puede realizarse en
función de su categoría profesional.
2.2.2. Distinguir entre
trabajadores fijos y temporales es inconstitucional.
2.2.3 Figuras del contratado
“fuera de convenio”.
III) EFICACIA JURÍDICA Y ÁMBITO PERSONAL DE
1.- Regla
general: El CC regular es el CC normativo de eficacia personal general.
1.1 Obliga a todos los
comprendidos en su ámbito.
1.1.1. Tanto si están o no de acuerdo individualmente (STCT de 1 de
marzo de 1985).
1.2. Art. 82.3 ET Ley 3/2012: “Los CC regulados
en esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de
su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.
1.3. Vinculan a las empresas que no estén
afiliadas a las organizaciones pactantes.
1.4. Su eficacia deriva de representación
colectiva institucional (STS 23-11-92).
1.5. Vinculan a los trabajadores de nuevo
1.6. Vincula a pensionistas
beneficiados con planes de mejora cuyos beneficios pueden verse afectados por
modificaciones en convenios colectivos posteriores (STS 18 de julio de 2003 y
de inaplicación (antigua cláusula de descuelgue).
2.1. Excepción por las recientes
reformas legales (Ley 3/2012).
2.1.2. Se analiza en el siguiente tema del programa. 2.2. Necesidad de cumplir determinados
requisitos para su validez.
3.- Potenciación
del CC de empresa tras la reforma de Ley 3/2012
3.1. Se podrá negociar en cualquier
momento de la vigencia de los CC de ámbito superior.
3.2. Tendrá prioridad aplicativa respecto
a éste en determinadas materias.
3.3. Extensión de esta eficacia a los CC
de grupos de empresas.
2.3.1 Pero estos no puede
priorizarse respecto de los CC de empresa.
Flexibilización de la intangibilidad de la vigencia del convenio colectivo:
4.1. Art. 86.1 ET (Ley 3/2012): Durante la vigencia del
CC, los sujetos que reúnan los requisitos
de legitimación previstos en los arts. 87 y 88 ET, podrán negociar su revisión.
IV) CONTENIDO FORMAL Y MATERIAL
1.1. Regla general: libertad de pactos
con respeto a las leyes:
1.2. Pueden
regular las distintas materias que afecten a las condiciones de trabajo y al
ámbito de las relaciones den los trabajadores y sus organizaciones asociativas
con el empresario y las asociaciones empresariales.
1.3. Aspectos
económicos: fijación del salario, tanto base como complementos.
Aspectos laborales: clasificación profesional, antigüedad, promoción
profesional, etc
1.5. Aspectos
sindicales: cláusulas de consolidación sindical créditos horarios
suplementarios, etc.
1.6. Mejoras
en materia de protección social: Complementos retributivos a la IT
Contenido formal mínimo (art. 85.3 Ley 2/2012):
2.1. Determinación de las partes que
lo acuerdan.
2.2. Ámbito personal, funcional,
territorial y temporal.
2.3. Procedimiento para solventar
discrepancias en los procesos para acordar
la inaplicación del CC.
2.4. Forma y condiciones de denuncia del
convenio y plazo mínimo para ello.
2.5.Designación de una comisión paritaria de las partes para entender de las
cuestiones previstas legalmente y de aquellas otras previstas en el propio CC y
el establecimiento de un procedimiento para la resolución extrajudicial de las
discrepancias que surjan en su seno.
3.1 Forma escrita.
3.2. Publicación en el B.O. correspondiente
según su ámbito territorial. V) CONTENIDO OBLIGACIONAL: EL DEBER DE PAZ SOCIAL
acuerdo de un CC implica un contenido obligacional que vincula a las partes
negociadoras y signatarias:
1.1.- Deber de ejecución del convenio.
1.2.- Deber de influencia sobre los
obligados por el contenido normativo.
1.3.- Deber de paz social: las partes se
comprometen a no suscitar conflictos durante
2.- Especial
mención al deber de paz social.
2.1. Los sindicatos asumen el compromiso
de este deber y deja en suspenso el
ejercicio colectivo del derecho de huelga mientras esté vigente el CC.
2.2. Dos tipos de deber
2.2.1. Un deber relativo, pues
se refiere solo a las materias reguladas por el
2.2.2. Un deber absoluto pues
alcanza a todo conflicto que pretenda alterar
lo establecido en el CC.
VI) LAS CLÁUSULAS DE PROTECCION SINDICAL
1.- El descuento de las cuotas sindicales.
Paso de ser un elemento de los CC., a ser una obligación legal.
La cláusula de agencia o canon de negociación
Declarada inconstitucional por la jurisprudencia española.
Acerca de los desahucios y del derecho a una vivienda digna.
La magnitud que está adquiriendo el número de
desahucios ha convertido esta cuestión en un asunto de interés nacional que, al
parecer, ya merece la atención de los principales partidos políticos. Así PP y
PSOE llevan días valorando y negociando la adopción de posibles soluciones que
hace solo un par de años rechazaban desdeñosamente cuando eran propuestas por otros
partidos minoritarios como UPyD. Esperemos que la rivalidad política no impida que surja
una solución de consenso que beneficie en cierta medida a todos, tal y como
exige la sociedad española. Que la gravedad de la situación haya alcanzado la
dimensión actual se debe a la confluencia de diversos factores, principalmente
la pérdida de ingresos de una gran parte de las familias -en muchos casos de
manera drástica al persistir una situación de desempleo crónico que ya hace que
en muchas casas no entre ningún sueldo- y un excesivo –y a veces imprudente-
endeudamiento privado al adquirir viviendas a un valor desproporcionado con la
aquiescencia de una bancos prestatarios excesivamente laxos en la gestión de
Efectivamente, sin descartar que en muchos casos
los compradores se han podido hipotecar obviando "la diligencia propia de
un buen padre de familia", lo cierto es que el incremento en los precios
de compra-venta de los inmuebles tras concluir los efectos del "boom"
demográfico y del crecimiento de la población debido a la inmigración y, en
particular, a partir de mediados de la pasada década -cuando ya superaba
ampliamente el valor real del bien- continuó siendo inflado artificialmente por
la propia operativa bancaria y por unas pocas empresas de tasación vinculadas a
los bancos en una suerte de huida hacia adelante que también debería generar
que, con independencia de las responsabilidades personales exigibles, compartan
con los deudores una parte de los costes derivados de esa locura colectiva que
fue la burbuja inmobiliaria. No es aceptable que siempre pierdan los mismos.
Circunstancias extraordinarias requieren medidas
de la misma naturaleza y, de igual forma que se están adoptando medidas
específicas y novedosas para rescatar al sector bancario de una crisis que
contribuyeron a crear parece necesario articular instrumentos que vayan más allá
de la legislación vigente para salvaguardar el derecho a una vivienda digna que
tienen los ciudadanos y que, no olvidemos, se trata de un derecho recogido en la Constitución. Así, el artículo 47 de nuestra Carta Magna
establece que “todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Se trata
de un derecho que constitucionalmente tiene el mismo rango que, por ejemplo, el
derecho a la salud o el derecho a un sistema público de seguridad social. Sin
embargo, mientras que en el desarrollo normativo que posibilita la prestación
de los servicios públicos derivados de estos derechos se ha restringido al
máximo la posibilidad de que sean gestionados favoreciendo la participación con
ánimo de lucro de entidades privadas, en el ámbito de la vivienda, al
contrario, el ánimo de lucro de los operadores económicos del sector
(constructores, bancos, tasadoras, etc…) ha sido especialmente amparado desde
los poderes públicos y eso tiene mucho que ver con la realidad que ahora
padecemos. En cualquier caso, no es tampoco ahora el momento
de adoptar medidas drásticas que perjudiquen la credibilidad internacional de
nuestro país ni de establecer medidas retroactivas generalizadas que, primando
los impagos, terminen perjudicando tanto a los bancos como a los “buenos
pagadores” y, por ende, dificulten una futura recuperación económica. Pero es
necesario adoptar medidas que eviten que miles de familias carezcan de una
vivienda digna. Una utilización razonable de la figura de la dación en pago, el
recurso a la institución jurídica del comodato durante periodos de carencia
pactados entre deudores y acreedores, la conversión de los prestamos
hipotecarios ejecutados en contratos de alquiler, la utilización de una parte
de los inmuebles del denominado “banco malo” en viviendas destinadas al
alquiler social, son diversas opciones que pueden permitir abordar una
estrategia con diversos tipos de soluciones en función de la naturaleza del problema concreto a resolver.
La invocación a la sensatez y a la cordura,
siendo también necesaria, no debe tampoco servir de coartada para no hacer nada
o para adoptar solo medidas cosméticas. Tampoco parece que haya sido una
solución efectiva el reconducir este problema al ámbito de la responsabilidad
social corporativa del sector bancario mediante el recurso a un Código ético de
En este sentido, si bien la legislación
hipotecaria española nos ha dado seguridad jurídica y ha sido útil durante
muchos años, también es cierto que la evolución de las circunstancias socio-económicas
súbitamente ha cambiado tanto como para requerir su modificación. No debemos rasgarnos
las vestiduras por ello. Tan demagógico es pretender su total transformación en
aras de una cierta colectivización del derecho de propiedad como defender a ultranza
su mantenimiento en defensa de una seguridad jurídica y de una liquidez
crediticia que, a la postre, solo beneficiaría a un determinado sector
Es más, no olvidemos que la realidad siempre
termina superando las barreras legales que la quieren constreñir. Si el acceso
de los ciudadanos a la vivienda vuelve a ser un problema social relevante que
afecte a un sector numeroso de la población nos volveremos a reencontrar con
fenómenos como la ocupación irregular de viviendas o, aún peor, con el resurgimiento
de fenómenos como el chabolismo, casi olvidado en nuestro país y que tanto
esfuerzo ha costado erradicar. Los problemas de inseguridad, insalubridad y
marginalidad a lo que ello nos podría llevar fácilmente nos puede hacer
retroceder décadas en nuestros niveles de desarrollo. El problema al que nos
enfrentamos, señores, no es baladí.
Post Scriptum: Tras la publicación de este artículo el gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde, aun sin el apoyo del PSOE adelanta algunas medidas que tendentes a hacer frente a esta situación. Es un primer paso que merece una valoración positiva, sin perjuicio de que estas soluciones puedan ser mejoradas a lo largo de la tramitación del proyecto de Ley que se va a presentar a las Cortes a continuación.
codigos de conducta,
Pocas cosas tan emocionantes e
intensas para un padre como abrazar por vez primera a su hijo recién nacido. Da
igual que se haya vivido esa experiencia en otras ocasiones. El nacimiento de
cada uno de ellos es un acontecimiento único. Son muchas las sensaciones que se
agolpan en un instante: el alivio tras comprobar que el bebe tiene todo lo que
tiene que tener y parece bien formado; la alegría al ver que el parto ha
concluido y la madre descansa por fin sana y salva después del descomunal
esfuerzo; la felicidad compartida de ese fruto en común junto con un
indefinible sentimiento de orgullo; la satisfactoria sensación, nada más oler
al bebe, de que entre nosotros ya existe un vínculo indestructible; la
esperanza de poder llegar a verlo convertido en un hombre hecho, derecho y de
provecho…; pero, al mismo tiempo, una inevitable y difusa preocupación por lo
que el futuro le deparará a ese niño que ahora se tiene entre los brazos y el incipiente
peso por la responsabilidad de tener que hacer todo lo posible para sacarlo
adelante. En definitiva un cóctel complejo de emociones, que tal vez pueda
resumirse en una palabra: amor. Junto a estas reflexiones más
intimas también cabe señalar una más de agradecimiento a todo el personal
sanitario que en los servicios correspondientes del Hospital de Torrejón nos
han atendido durante el parto y otra más general de satisfacción por el buen
funcionamiento y la calidad de la asistencia que hemos recibido durante este
proceso por parte de la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid,
incluyendo las facilidades para la libre elección de centro.
Casi desde el primer momento
nuestra opción fue la de acudir al sistema público de salud. Inicialmente, nos
correspondía dar a luz en “La Paz”, cuya fama en neonatología inspira
mucha confianza, sin embargo mi mujer tenía particular interés por dar a luz,
si las circunstancias lo permitían, siguiendo un protocolo de parto poco
instrumentalizado. Después de informarnos comprobamos que era una opción que a
pesar de ser muy minoritaria (no más del 15% de las madres optan por esta forma
de dar a luz y en muchos casos las circunstancias concurrentes lo impiden), se
ofrece como posible en algunos centros sanitarios a los que nos era posible
acudir tras realizar una solicitud de cambio de centro que, según pudimos comprobar
más tarde, se resolvió sin problemas antes del día previsto para la salida de
cuentas. También nos enteramos de que en los hospitales de la Comunidad de
Madrid se realizan sesiones informativas donde se explican a las futuras madres
cual va a ser el procedimiento a seguir, te muestran las instalaciones y
aclaran dudas e inquietudes.
Tras acudir a varias de esas
sesiones, elegimos ir al Hospital de Torrejón, un centro de reciente
inauguración donde un equipo joven e ilusionado nos transmitió en esa sesión
informativa un gran entusiasmo por su trabajo y nos mostró unos paritorios
amplios y bien dotados, uno de ellos, incluso con la bañera de partos donde
finalmente nacería nuestro hijo. La tramitación administrativa del cambio fue
sencilla y llegado el día señalado todo estaba preparado. La totalidad del
personal fue atento y respetuoso con nuestras decisiones durante el proceso
asistencial, que resultó un poco más largo de lo esperado, pero en todo momento
nos sentimos asistidos y apoyados. Tras el parto, nos trasladaron a una
habitación individual donde permanecimos las siguientes 48 horas.
Aunque el usuario no lo percibe
pues existe una uniformidad de imagen con el resto de los centros sanitarios
del SNS en Madrid, el Hospital de Torrejón, es uno de esos centros fruto
de la colaboración publico-privada que en alguna ocasión hemos tratado en este
blog. Un claro ejemplo de que existen muchas maneras de prestar
satisfactoriamente al ciudadano un mismo servicio público.
En estos días en que existe
bastante polémica acerca de la forma en la que se gestionan los centros
sanitarios del Sistema Nacional de Salud, no estaría de más que por parte de
los poderes públicos se hiciera un esfuerzo por explicar mejor que lo que se pretende
privatizar no es la sanidad pública como servicio público en si mismo, sino tan
solo la manera de gestionarla y, al mismo tiempo, que quienes defienden sus,
por otra parte legítimos derechos laborales, no pretendan confundir a la opinión
pública generando alarmismos tan innecesarios como interesados.
En mi opinión, si queremos que
nuestros hijos puedan disfrutar en el futuro de unas prestaciones como las que
disponemos actualmente, va a ser necesario innovar y cambiar la gestión de los
servicios para reducir los costes con el menor impacto en la calidad de la
asistencia. Si no lo hacemos así, probablemente el sistema decaerá como ha
sucedido en otros países previamente.
seguirdad social,
En las elecciones, lo normal es que solo conozcamos a los candidatos que
lideran las listas electorales por la imagen que de ellos proyectan los medios
de comunicación, convenientemente filtrada por asesores de imagen y expertos en
hacer que se muestren de manera más favorecedora y nos cuenten justo aquello que su público
objetivo queremos escuchar. Rara es la vez que uno tiene ocasión de conocer personalmente
a un candidato y de tratarlo ya sea por motivos profesionales o personales. Tanto por mis inquietudes como por mi trabajo, he tenido la oportunidad
de conocer a algunos/as y casi siempre me han terminado decepcionando. Pueden llegar
a ser grandes seductores que en un primer momento te deslumbran y dan una
cierta sensación de brillantez pero, al menos en mi caso el efecto de esa
seducción tiende a desvanecerse pronto.
Siempre existen excepciones, y la que ahora me viene a la cabeza me
produce cierta contrariedad pues para una vez que conozco bien la valía de uno
de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Galicia y he
tenido ocasión de participar de su estilo de gestión directiva, resulta que ya no
estoy empadronado allí y no puedo votarle.
Coincidí con Alberto Núñez cuando yo era un funcionario casi recién ingresado
y él estaba comenzando su carrera directiva, aun antes de iniciar su carrera
política. Él era un joven y brillante Secretario General del SERGAS y quería
reforzar sus servicios jurídicos para lo cual, favoreció que Letrados de la
Administración de la Seguridad Social pudieran integrarse en la Administración gallega.
Varios compañeros aprovechamos esa oportunidad que suponía una promoción
profesional. También volvimos a coincidir cuando reingresé en Madrid como Letrado
en la Asesoría Jurídica del INSALUD, siendo él Presidente de ese organismo. Más
tarde, cuando le nombraron Presidente de Correos y a mí me nombraron Director del Servicio Jurídico
de la Seguridad Social, nuestras carreras se separaron y ya no han vuelto a
coincidir. Si bien, nunca llegué a ser un colaborador directo sino un letrado más
dentro de las asesorías jurídicas de los organismos que Alberto dirigía, si que
pude percibir y apreciar su estilo de dirección y, las veces que despachamos
juntos, su cercanía para con la gente de su entorno. Uno tenía la tranquilidad
de poder desempeñar su trabajo, que no pocas veces comportaba la realización de
tareas de control de legalidad, sin temor a recibir presiones que en otras
ocasiones han sido tan frecuentes. Respetaba nuestra opinión y la profesionalidad de los técnicos y funcionarios.
Existía en su equipo de entonces una ausencia de sectarismo que hacía que gente
de muy diversas procedencias ideológicas colaborará lealmente con él en la
gestión de los asuntos públicos que lideraba. Muchos de los que entonces ya participaban
en su equipo han seguido desempeñando diversos puestos de carácter directivo en
la Xunta de Galicia durante esta legislatura: Nestor, José Mª, Cristina,
Alfredo, José Ramón, el añorado Roberto… Tanto por lo que he seguido por la prensa como por alguna
conversación que he mantenido con alguno de
ellos parece que están luchando muy duro para gestionar estos tiempos difíciles
con eficacia y poder seguir adelante. Conociendo su talento y su capacidad de
trabajo me consta que harán todo lo que esté en su mano por mantener el barco a
flote. Mis circunstancias personales me impiden retornar a Galicia pero saben
que, como antiguos compañeros, tienen todo mi apoyo moral desde la distancia.
Gestionar en estos momentos complicados es tan expuesto como difícil, pues
es sabido que es más fácil solucionar problemas con el lubricante de los fondos
públicos, sin embargo parece que en Galicia se está haciendo y es significativo
que sea una de las pocas comunidades autónomas que no hayan tenido de acudir al
fondo de rescate previsto desde el Gobierno de España. Siempre existen ámbitos que pueden ser mejorados y, como puede verse en
la prensa cada poco, Galicia tampoco es una isla ajena a las dinámicas perversas que
afectan a toda España en estos tiempos, pero teniendo en cuenta las
circunstancias y las alternativas, en mi fuero interno deseo que Alberto Núñez tenga
oportunidad de seguir dirigiendo la Xunta durante la siguiente legislatura. Seguro
que a Galicia le va mejor así que con un nuevo gobierno de aluvión.
Algunas reflexiones no jurídicas sobre una posible secesión catalana
La cuestión catalana resurge con fuerza
como otro factor de la gravísima crisis institucional que atravesamos y uno no
puede sino asombrase por la capacidad autodestructiva de la que, a veces,
hacemos gala. Seguramente este proceso será objeto de estudio por las
universidades del futuro como un ejemplo exitoso de ingeniería social. Y ello a pesar de que la
integración de lo catalán en lo español ha sido durante siglos una evidencia tan
obvia que, sin conocer la evolución de los últimos años, resultaría inexplicable
que pueda haberse manipulado y alterado una realidad social e histórica en la forma en la
que los nacionalistas han conseguido hacerlo. Máxime si tenemos en cuenta el peso demográfico
que en Cataluña tienen los descendientes de los emigrantes llegados desde otros
puntos de España durante la segunda mitad del siglo veinte, la participación
determinante que han tenido los catalanes en el desarrollo económico y social de
España y su influencia en la consolidación de una verdadera clase media española. Una
modesta anécdota familiar podría bastar para explicar, a mi modo de ver, la
manera en la que lo catalán está inmerso en lo español.
Desde finales del siglo XVIII y
hasta mediados del XIX, se produjo en Galicia un importante flujo de
inmigración de capitanes, mercaderes, industriales y artesanos catalanes, que
ya desde la época de Cornide ha sido tratado por diversos historiadores que han
llegado a cifrarla en unas 15.000 personas y a los que se denomina
genéricamente “fomentadores catalanes”. Allí, no sin cierta resistencia inicial
de las fuerzas vivas (lo que diera lugar a numerosos pleitos) y haciendo honor
a su fama de industriosos y trabajadores, introdujeron nuevas artes de pesca e
incorporaron técnicas industriales para conservar la sardina lo que abrió la
posibilidad de entrar en nuevos mercados y supuso un notable impulso a la pesca
gallega al tiempo que trastocaba la estructura social de la región,
favoreciendo la aparición de un nuevo tipo de burguesía.
Entre estos inmigrantes catalanes
se encontraban los antepasados directos de mi abuela Celia Vidal. Sus
descendientes se asentaron allí y sucesivamente participaron en la sociedad
gallega y española. Así, algunas generaciones más tarde, mi tatarabuelo Manuel
Vidal Boullosa fue un próspero empresario que promovió obra pública y privada
en Galicia y, entre otras iniciativas, participó en 1900 en la sociedad que
promovió la construcción de una de las primeras fábricas de luz de Galicia. Por
su parte, mi bisabuelo, Manuel Vidal Valente, accedió a la Administración civil
como funcionario del Cuerpo General de Administración de Hacienda Pública,
donde, ya en Madrid, llegó a ser Jefe de Personal del Ministerio de Hacienda
y vocal del entonces recién creado Tribunal Económico Administrativo Central, iniciando
una tradición de abogados y funcionarios públicos que continuaron su hijo
Atilano Vidal Adán, registrador de la propiedad, su nieto Manuel Vidal Estévez,
mi padre José Mª Pérez Vidal y que, aunque ya se haya perdido el apellido,
en cierto modo continúa conmigo.
El resultado es una familia
española de clase media como tantas otras, con múltiples orígenes, gallegos,
leoneses, asturianos, catalanes…, a la que cada vez le cuesta más entender la deriva secesionista que, a buen seguro, solo beneficiará a unos pocos si llega
a consumarse.
Sin embargo, no nos queda sino
reconocer que los últimos acontecimientos han roto todos los tabúes que
restaban por saltar acerca de una posible secesión catalana. Es imposible
ignorar las masas congregadas en la pasada celebración de la Diada pidiendo la
independencia, ni el nuevo chantaje del Presidente Más reclamando un régimen
fiscal inaceptable para el resto de las regiones españolas.
Ahora, prestigiosos economistas
presentan informes calculando los costes y beneficios que tendría tal secesión
y catedráticos en distintas áreas del Derecho (constitucional, administrativo,
internacional público), valoran las posibles vías jurídicas para articular este
proceso. Pero aunque casi todos los análisis advierten que el resultado sería
una enorme pérdida para todo el mundo, excepto para algunos privilegiados
miembros de la oligarquía económica y política catalana; solo unos pocos
plantean alternativas para una continuidad nacional en un régimen de igualdad,
que pasan desde algunas posturas tan razonables como la adopción de una ley
como la canadiense, bien resumida en los artículos de Fernando Rodriguez Prieto, a otras tan radicales como difíciles de llevar a la práctica, como
pudiera ser una imposición por la fuerza militar de la legalidad vigente en
En cualquier caso, lo que resulta
evidente es que estamos en medio de un Rubicón, en el que si no remamos todos
en la misma dirección –incluidos los catalanes-, llegado cierto punto puede no
haber marcha atrás. La historia nos enseña que este tipo de dinámicas
autodestructivas, una vez que se inician es difícil prever como terminan y la
deriva nacionalista y la eventual secesión de Cataluña podría llegar a suponer
también un peligro real para la continuidad de nuestro actual sistema
constitucional en el resto de la Nación. S.M. el Rey, consciente de
esta amenaza y ejerciendo como poder moderador, ya ha expuesto su posición rotunda por la unidad y la concordia
en la carta que ha publicado en su página web.
España y la Europa de la que
formamos parte, se encuentran en medio de una crisis tanto económica como
institucional en la que la cooperación leal entre todos es imprescindible para
poder superarla. Pero cuando la lealtad
solo alcanza hasta donde llega la conveniencia, entonces no merece tal nombre,
y la elección por los nacionalistas de este preciso momento para profundizar en
su aspiración independentista es percibida por muchos –dentro y fuera de
nuestras fronteras- como una profunda deslealtad de los dirigentes catalanes
que recuerda a otras anteriores como la tan bien reflejada por J.H. Elliot en
su obra “La rebelión de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España
(1598-1640)”.
Entonces, como recuerda Elliot,
al final de la guerra de los treinta años, la monarquía hispánica se encontraba
al límite de su resistencia económica, las guerras europeas comenzaron a
amenazar las propias fronteras de la península y en 1638 los franceses del
cardenal Richelieu sitiaron Fuenterrabía. En ese momento, sobre la base de la
proclamada Unión de Armas, gente de todos los dominios peninsulares de Felipe
IV acudieron en ayuda de dicha población vasca, aprobándose en las respectivas
Cortes las correspondientes levas excepto en Cataluña, cuyas Cortes rechazaron
repetidamente aportar hombres para ninguna campaña. Incluso cuando en 1640 los
franceses probaron a atacar la propia Cataluña, tampoco se alistaron tropas
locales para la defensa, lo que obligó a traer soldados reclutados en otros
lugares, tropas que al no ser adecuadamente mantenidas por la autoridades
tuvieron que buscarse el sustento sobre el terreno, lo que dio origen a los
roces y desmanes que prendieron en un descontento popular latente, redundaron
en la celebre insurrección de los “segadors”,
tuvieron su punto culminante con el célebre Corpus de sangre, el asesinato del
Virrey de Cataluña y, por último, en la traición de las Cortes catalanas que,
tras una efímera república de siete días juraron lealtad al enemigo, el Rey de
Francia, provocando una guerra que asolaría el norte de Aragón y la propia
Sin embargo, esas historias lejanas ahora parecían quedar lejos y la mayoría no terminamos de entender como, después de una andadura tan
exitosa como la que hemos compartido juntos durante los últimos tiempos, puede
haber quienes prefieran restar a seguir sumando. Lo que hemos conseguido en el
plano de las libertades, del bienestar social, del orden público y en tantas
otras áreas del saber, la cultura etc…, difícilmente lo hubiera conseguido
Cataluña por separado. Basta contemplar en que se ha quedado Portugal a pesar
que al independizarse disponía de las riquezas de todo un imperio colonial.
España es lo que es, en lo bueno y en lo malo, por la conjunción de todas sus
partes y viendo lo que hay por esos mundos, podemos estar orgullosos de lo
conseguido hasta ahora, sin perjuicio de que todo podría ser manifiestamente mejorado.
Pero efectivamente, la rivalidad
y los agravios recíprocos -unas veces reales, otras ficticios- nos han llevado a
tal punto que si no hacemos pronto algo que lo remedie, la “fatiga mutua” en
esta convivencia de la que hablaba el Presidente de la Generalitat en su
anterior visita a Madrid, puede que comience a ser real y que cada vez sea
mayor el número de españoles residentes fuera de Cataluña que duden acerca de
la bondad de mantener una unión tan complicada.
Llegados a ese extremo, que nadie
se llame a engaño. Si la ruptura se llegara producir, Dios no lo quiera, aunque sea en los mejores términos, dejaremos
de ser socios para ser competidores y en la correspondiente negociación habrá que
regatear hasta la última peseta –nunca mejor dicho-, pues como dicen en las
diversas tierras de mis mayores: “Roto el cesto, se acabó el parentesco” y
“Amiguiños, moito, pero a vaquiña polo que vale”.
El otro día ordenando armarios,
aparecieron como salidas de un túnel del tiempo varias prendas de mi viejo
uniforme del ejército. Resulta increíble que después de tantos años y mudanzas aún las conserve pero ahí estaban: camisetas, camisas y la chupita
verde oliva con la bandera española en la manga y la galleta con mi apellido,
los galones de cabo y el escudo del arma de intendencia. No intenté
probármelas, han pasado veinticinco años y casi otros tantos kilos desde
entonces, pero he comenzado a recordar situaciones y momentos de aquellos días. Yo tenía 24 años y la carrera de Derecho terminada. Corría el año 1987 y aún faltaba una década para que se suprimiera el servicio militar obligatorio.
Cuando después del periodo de instrucción en Campo Soto, llegamos a Ceuta en el
trasbordador y vimos que la banda de música de la Legión nos recibía en el
muelle al ritmo de una marcha militar, ya tendríamos que habernos hecho a la idea
de que la cosa iba en serio. Teóricamente, mi destino, por
mediación de un conocido de mi familia, era la Jefatura de Intendencia, que se
suponía un lugar tranquilo y cómodo. Como universitario lo normal sería pasar
un aburrido año metido en una oficina. Sin embargo una reorganización de los
efectivos de la plaza había transformado esa jefatura en la Unidad de
abastecimiento y servicios generales I/23, una especie de cajón de sastre
donde, además de las tareas organizativas y de intendencia propias (almacén,
panadería militar, etc) teníamos encomendadas tareas de seguridad en
la custodia de varias instalaciones. Éramos pocos, no más de cuarenta y, aunque
en teoría yo estaba destinado a oficinas, unos días
pasaba la mañana con un capitán de oficinas militares escribiendo a máquina pero
otros tocaba descargar un barco o vaciar y reordenar un almacén. Por si eso fuera poco, pronto nos
encomendarían la tarea más agobiante de todas.
La vigilancia de los polvorines de
la plaza estaba encomendada a la gente del Tercio, pero en aquellos días, por alguna
razón desconocida (las malas lenguas decían que se había descubierto la
desaparición de armas y municiones) se decidió que debíamos realizar ese servicio. Correspondió a nuestra unidad la custodia del polvorín del Pintor, una
antigua batería en cuyos búnkers y galerías subterráneas se almacenaba munición
para armas ligeras, granadas de mano y los antiguos pepinos de las viejas
piezas de artillería de la batería original ya inutilizadas. Durante el día un
pelotón formado por un suboficial, dos cabos y ocho soldados manteníamos la
guardia, y de noche, llegaba un refuerzo con cuatro soldados más del Tabor de
Regulares. Dos o tres días a la semana nos tocaba quedarnos allí en turnos de
24 horas. No había descanso. Se salía de la guardia a las ocho de la mañana y
había que incorporarse al servicio diurno que tocara con normalidad. Esta
misión también provocó que cuando la actividad lo permitía, realizaramos ejercicios de instrucción y de tiro con cierta regularidad. Nuestro cuartel estaba dentro del
casco urbano de Ceuta, en la
calle Brull, lo cual no dejaba de ser una ventaja, pero el
estado de las instalaciones era lamentable. Se trataba de unos barracones
construidos en los tiempos de la guerra de Africa y desde entonces, en el mejor de los
casos se fueron reformando, con más voluntad que acierto, por los propios
soldados con oficios que allí eran destinados y algunos peones civiles. En
algunas partes los edificios ya estaban en ruinas y el sistema eléctrico no
hubiera superado la más leve inspección. Afortunadamente, había un pabellón
reformado que al llegar nosotros empezó a utilizarse como el alojamiento de la
“compañía”. Al menos las paredes estaban bien encaladas y la puerta cerraba
bien, pero en él estaban dispuestas, sin solución de continuidad, las literas y
taquillas para los cuarenta chavales que andábamos por allí. Más tarde los
cuatro cabos ocupamos un pequeño cuarto anexo. Las letrinas –cubículos con un
simple agujero en el suelo- y las duchas se encontraban al otro lado de un
patio empedrado y llegar a ellas, durante un tiempo, tuvo su peligro, pues de
noche era el territorio de una enorme rata que vivía en el desagüe y a la que
nos llevo varios días conseguir dar caza. En una de las esquinas del patio se
encontraba la cantina, que era “gestionada” cada tres meses por uno de los suboficiales destinados en la unidad y en otra, junto a la parte
semiderruida, estaba el “teleclub”, donde echábamos las horas cuando andábamos
libres de servicio. La antigua “compañía” hacía las veces de comedor donde, al no existir una cocina,
dábamos cuenta de las raciones que traían del cercano “Parque de Artillería”,
sede principal de la Agrupación de Apoyo Logístico 23 (AALOG 23) a la que
pertenecíamos.
acontecimientos del año anterior en Melilla con los incidentes promovidos por un
tal Mohamed Dudú seguían estando recientes y mantenían un aire enrarecido en el
ambiente. Por ese motivo, nadie
podía salir de Ceuta salvo durante los escasos permisos concedidos para ir a la península. Es más, para la tropa de reemplazo que no fuera ceutí no solo era imposible obtener pases de “pernocta” ni
siquiera en fin de semana, sino que teníamos órdenes de salir a la calle siempre vestidos de uniforme, incluso cuando
estuviéramos libres de servicio.
En ese entorno, es lógico que el
ambiente en el cuartel no fuera demasiado bueno. Al ser un lugar
pequeño, los miembros de los diferentes reemplazos eran poco numerosos
y, por ello, las tradicionales novatadas a los guripas por parte de los
veteranos “abuelos” y “bisas” –“no me quedan meses me quedan días”- que en
otros cuarteles eran tremendas, aquí se limitaban a bromas más o menos
divertidas; pero, en cualquier caso, se mantenía una jerarquía informal que, por la
ausencia e inhibición de los mandos, llegaba a prevalecer sobre la de los cabos pertenecientes a
reemplazos más recientes, lo que generaba conflictos. Además, el
consumo de drogas en las propias instalaciones y durante el servicio por un grupo pequeño, pero
recalcitrante, encabezado por un par de auténticos delincuentes (uno de
ellos fue detenido algunos meses después de licenciarse por atraco a mano
armada) dio lugar a momentos de tensión y a que, incluso, se llegara a las manos en alguna ocasión. El stress acumulado por la lejanía del hogar, el exceso de trabajo, el poco sueño y las
cada vez más frecuentes guardias, provocaba que todos solieramos estar de un pésimo
la noche, en aquel cuartel no permanecía ningún oficial ni suboficial quedando como único responsable
el “cabo del día” una vez que, a eso de las seis de la tarde, se marchara el
último mando. La consecuencia inevitable era que la retreta no se cumplía y la guardía nocturna era un paripé. De
hecho, era un run run conocido en la plaza que la cantina de nuestro cuartel
era la última en cerrar en todo Ceuta y no era extraño ver de madrugada entre
los clientes, a los integrantes de una patrulla nocturna de la policía militar.
Así, a pesar del cansancio, muchas
noches se convertían en fiestas interminables donde el “costo”, el
whisky y el coñac eran consumidos a ritmo de flamenco, rumba y rock duro. En el
colmo del despropósito y del despelote, una noche –el día de la patrona del
arma de intendencia para más rechifla- y bajo el auspicio de un sargento, se hizo una colecta para llevar un par de putas al cuartel que atendieron con sorprendente entusiasmo a media
guarnición, mientras la otra mitad asistía entre asqueda y atónita al espectáculo. Algunos hartos de emborracharse siempre en el mismo sitio se
escapaban del cuartel para ir de discoteca y volvían en un estado
lamentable o escoltados por la PM a la mañana siguiente. Eran farras salvajes, patéticas y
sin medida que, no pocas veces, terminaban en bronca. Aún recuerdo aquella
noche en que uno de los soldados al que apodaban “el sevillano”, bastante
bebido, había intentado ligar de forma grosera con una chica ceutí en una disco cercana. Varios amigos
de la ofendida le echaron de malas maneras del local y a él, tan indignado como ebrio
y magullado, no se le ocurrió otra cosa que subirse al cuartel, meterse en el
cuarto de guardia, agarrar un CETME cargado y marchar de vuelta con la intención de ajustar cuentas vociferando como un energúmeno. Podía no ser una fanfarronada, pocos días antes habiamos conocido la noticia de que un legionario había ametrallado un bar en la barriada del Principe, también por un asunto de faldas. El cabo de guardia, que estaba en la cantina medio borracho, salio corriendo detrás de él, bajando por la
calle y gritando con los brazos extendidos
“¡Sevillano! ¡Sevillano! ¡Vuelve que te pierdes!”. Su cara desencajada era todo un poema. Al
final, entre varios, consiguieron que soltara el arma y que regresara sin que el
asunto pasara a mayores. El fortín del Desnarigado
No todos los compañeros estábamos
cómodos en medio de esa espiral autodestructiva y unos pocos optamos por intentar mantener un
espíritu algo más saludable y deportivo. Por mi parte, conseguí un permiso
vespertino para acudir todas las tardes a un curso de programación en Basic, lo
que me alejaba aunque fuera momentáneamente del sórdido ambiente cuartelero.
Varios compañeros, a los que me unía cuando podía, iniciaron la costumbre de salir a correr varias tardes a la semana, haciendo un
recorrido de varios kilómetros rodeando la península de la Almina por la carretera
que rodea al monte Hacho; y en verano, también bajábamos a bañarnos en una cala
junto al fuerte del “Desnarigado”. En el día a día, cambiamos el whisky por la
cerveza y, de vez en cuando, empezamos a organizar en el comedor unas meriendas con el pan que sobraba en la panadería militar y las latas de conserva de las raciones de campaña que quedaban pasadas de fecha y se suponía que había
que destruir aunque, en su mayor parte, estaban en perfecto estado. Todo ello, junto con la lectura y el video,
ayudaba a hacer más llevadero el interminable paso de los días.
En esas condiciones los accidentes "laborales" eran relativamente frecuentes. Durante mi periodo de servicio en Ceuta tres soldados fallecieron en accidentes, uno más se suicidó y, en mi entorno cercano, al menos tres personas volvieron a casa con lesiones permanentes de cierta consideración aunque no invalidantes. Afortunadamente, yo casi no tuve percances -apenas un par de cicatrices- y lo que me viene ahora a la memoria son las anécdotas más amables:
el día que comenzamos el curso de cabos y nos hicieron barrer el helipuerto
militar…, justo antes de que aterrizaran los helicópteros y volvieran de dejar
todas las pistas llenas de polvo y tierra; la historia del soldado artista que
convirtió una torre en ruinas del recinto en su estudio de pintura particular;
la madrugada en que nos despertaron porque un centinela había sorprendido y
disparado a un extraño intentando penetrar en el recinto de uno de los
polvorines; la policía militar bajando del camión y entrando con sus porras en
el “Tokio” para resolver una pelea al más puro estilo de película americana; la
noche en que me ordenaron escoltar al comandante de día en su inspección por
los cuarteles cercanos a la frontera; el día que un pobre desgraciado empezó a
amontonar cajas junto al murallón del polvorín y lo eché de malas maneras con el
arma en ristre; las veces en que también yo me escapé del cuartel para ir de
juerga nocturna… Fue un año intenso, difícil y lleno de
experiencias, unas más duras que otras, algunas realmente absurdas; que aunque
en su mayor parte preferiría no tener que repetir, si es cierto que, de otro
modo, no hubiera tenido ocasión de vivir.
Experiencia de vida que, visto con la perspectiva que dan los años transcurridos, de una manera u
otra, además de contribuir a forjar mi carácter y mi forma de ser, también me enseñaron
a saber distinguir entre lo que, al menos para mi, es correcto e incorrecto, a comprobar
lo difícil que, en determinadas circunstancias, resulta elegir entre una cosa y otra, y el coste personal que puede llegar a suponer hacer lo que uno considera correcto en medio de un ambiente hostil. Vivencias que,
en cualquier caso, me prepararon para afrontar mejor algunas de las
dificultades con las que todos nos vamos topando por la vida. Publicado por
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References: Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 artículo
1
 resolución 
 resolución 
 artículo 47