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Timestamp: 2020-08-10 15:17:27+00:00

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Política criminal y “prevención” - Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario - Universidad externado de Colombia
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Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del deli...
Nora Cristina Osorio Gutiérrez, María del Pilar Salamanca Santos, Laura Elisa Rivera Montealegre and Carlos Andrés Ávila Palacio
Este artículo describe el análisis y evaluación de cinco programas socioeducativos implementados con 1) 162 reclusos, de los cuales 127 son hombres y 35 mujeres; 2) desarrollados en 105 sesiones, 62 con hombres y 43 con mujeres; 3) una investigación de tipo evaluativo, ya que se enfocó en verificar y producir conocimiento científico sobre la efectividad de los programas socioeducativos; 4) se evaluaron y sistematizaron los resultados útiles para los responsables del comité de evaluación y tratamiento del sistema penitenciario; 5) los resultados de la evaluación permiten concluir que la ausencia de programas socioeducativos estructurados y dirigidos a disminuir los riesgos criminógenos dinámicos es una fuente de alto riesgo para conseguir una verdadera resocialización e inserción social. En este sentido, el estudio realizado es un referente inicial para formular programas que promuevan cambios en la conducta delictiva.
This document describes the analysis and assessment of five socio-educational implemented programs with: i) 162 prisoners, from which 127 are men and 35 are female; ii) developed in 105 sessions, 62 with men and 43 females; iii) the research is evaluative of five, as it was led to verify and generate scientific knowledge about the effectiveness of socio-educational programs; iv) the useful results were assessed and systematized by the responsible staff of the evaluation committee and penitentiary system management; v) the results of the assessment lead to conclude that the absence of socio-educational structured programs and directed to diminish the dynamic criminogenic risks, are a source of high risk to obtain a true resocialization and social inclusion. In this sense, the present study is an initial reference for the formulation of programs that foster changes in the criminal behavior.
models, socio-educational, resocialization, reintegration, risks, criminogenic.
modelos, socioeducativo, resocialización, reintegración, riesgos, criminógenos.
1El aumento de la población reclusa es cada vez mayor en Colombia. Por tanto, es necesario reconocer tres razones asociadas a este fenómeno. La primera se relaciona con el sistema jurídico y la probabilidad de restricción en rebaja de penas, la poca obtención de penas alternativas, la escasa aplicación de mecanismos para un regreso escalonado de los excarcelados a la comunidad de la que fueron extraídos y el posible endurecimiento de las penas. En segundo lugar, las condiciones sociales y políticas que atraviesa el país generan un escenario que promueve actos de terrorismo, secuestro, narcotráfico, homicidios, entre otros delitos, y logran poner en el escenario jurídico temas como el endurecimiento de penas para disminuir el índice criminológico.
2La tercera razón atañe al déficit en los juzgados y sistemas penitenciarios en la revisión de expedientes, el seguimiento de condenas, la verificación de los programas implementados y su efectividad en la resocialización e inserción social. De esta manera, reflexionar sobre las estrategias y métodos socioeducativos invita a identificar factores y explicar la delincuencia desde la perspectiva de un fenómeno social teniendo en cuenta 1) el delito como una acción individual, 2) los estilos de pensamiento delictivo, 3) el delincuente y las causas de la delincuencia, 4) la revisión de los sistemas y efectos del control social y la reacción frente al delito y 5) la evaluación de los programas de prevención e intervención de la conducta delictiva. No obstante, parece que dichos factores no suscitaran mayor interés de parte del sistema penal.
3En definitiva, destaca el hecho de que la prisión — desde cualquier punto de vista — es una alternativa que no logra mantener la dignidad de los seres humanos durante la privación de su libertad, pues las intervenciones socioeducativas no logran un efecto significativo, una optimización de niveles de competencias sociales y un desarrollo de competencias cognitivas y ciudadanas. Además, los efectos que la reclusión ocasiona y sucesos vitales como el bajo acceso al empleo, servicios de salud y educación, la pobreza generacional, la transferencia familiar del delito y las dinámicas familiares disruptivas, entre otros, antes del ingreso a la prisión se superponen con los efectos que ocasiona la estancia en ella.
4Así pues, nos encontramos frente a seres humanos que han estado y aún están expuestos a una lesión en su desarrollo y sus procesos de vida humanizados y socializados. Sin embargo, este último aspecto es un problema que rara vez se discute en la esfera pública, dado que la marginalización sistemática a la cual se somete esta población (antes, durante y después de la estancia en prisión) ocasiona una mayor alienación de la realidad y agrava la situación del delito. De acuerdo con los razonamientos anteriores, la delincuencia ha de verse como un problema que nace en la sociedad y en ella misma se debe reorientar su proceso de prevención y penalización, no solo como un problema para aplicar sanciones drásticas, puesto que las evidencias sugieren que la solución no está en la pena.
5Así las cosas, se deducen nuevos criterios para evaluar y asignar las penas y analizar medidas alternativas — y dejar de lado un modelo de justicia retributiva — para dar curso a procesos restaurativos que en el medio y el largo plazo disminuyan factores criminógenos y realicen una transición hacia modelos de resocialización que favorezcan la toma de conciencia en los delincuentes por los hechos cometidos y aumentar el deseo de cambio e inserción social.
6No obstante, la resocialización de los delincuentes en las prisiones requiere voluntad política y jurídica para cumplir con los mandatos de protección a la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de las personas privadas de la libertad, porque el sistema penitenciario no ha logrado esclarecer que su función es desarrollar acciones para garantizar los derechos humanos y promover y facilitar una verdadera resocialización e inserción social a partir de acciones profundas y de largo plazo de parte del Estado y del sistema penitenciario colombiano.
7Este capítulo reconoce, en primera instancia, los aspectos de la normativa jurídica para los penados y los programas socioeducativos que en la actualidad se aplican con dicha población. A continuación se exponen el diseño y ejecución de estrategias y métodos para una mejor inserción social a partir de cinco investigaciones exploratorias, sus resultados y evaluaciones. Por último, se identifican las características que un programa socioeducativo debe tener para ser exitoso y mejorar así la calidad de vida las personas privadas de la libertad.
8Las leyes nacionales e internacionales convergen en que el objetivo principal de la pena debe orientarse a resocializar a los individuos para la vida en libertad y en el sistema intramuros penitenciario, de manera que las funciones de aquella sean de tipo preventivo general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y de protección al condenado, como se cita y describe en los artículos 9.º, 10, 142 y 143 del Código Penitenciario y Carcelario de Colombia; en el artículo 4.º del Código Penal colombiano; el artículo 5.º del Derecho a la Integridad Humana, establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en el artículo 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (leyes 65 de 1993 y 599 de 2000, Pacto de San José de 1969 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976).
9No obstante, el cumplimiento cabal del objetivo que tiene la pena debe estar sustentado y regulado en los principios del sistema de tratamiento progresivo (sp), como se enuncia en el artículo 12 del Código Penitenciario y Carcelario. Por medio del sistema progresivo se busca fortalecer el respeto de los valores humanos y el proceso de reinserción social de manera funcional para la sociedad. De ahí la necesidad de conseguir la participación de los penados en planificar un proyecto de vida, sin dejar de lado la coexistencia de oportunidades institucionales y la orientación de parte de un equipo interdisciplinario que tiene la responsabilidad de observar, clasificar técnica y científicamente y ofrecer un tratamiento diferencial para superar los factores de riesgo y dar cumplimiento a la atención a las necesidades básicas (ley 65 de 1993; Acosta, 1996).
10No obstante, todo esfuerzo por un mejor sistema carcelario será vano mientras no exista un control de la sobrepoblación y clasificación efectiva para realizar procesos socioeducativos con las personas privadas de la libertad, pues este exceso de población en el sistema carcelario se da en la medida en que no existe un proceso de resocialización exitoso, razón por la cual reinciden en el crimen y convierten esta situación en un problema cíclico (Acosta, 1996; Naciones Unidas 2013). Así las cosas, cabe mencionar que a mayo de 2014 los establecimientos de reclusión de orden nacional (eron) presentaron una sobrepoblación de 40.792 internos de ambos sexos, que equivalía al 53,3% de hacinamiento (inpec, 2014).
11Las normas internacionales y el sistema penal colombiano tienen como objetivo la resocialización de personas que han sido privadas de la libertad y su reintegración efectiva a la sociedad, bien sea por incidir en actos delictivos o como medida de seguridad dictada por el sistema judicial (Naciones Unidas, 2013).
12Por lo que se refiere a la resocialización social, las Naciones Unidas concibe este proceso como un conjunto de actividades de tipo participativo que ofrecen las instituciones penales, orientadas a promover y potencializar las diversas capacidades y habilidades de los sujetos que han sido privados de la libertad; sobre todo, la atención al reintegro a la comunidad para que durante la permanencia en prisión no reincidan en nuevos actos delictivos (Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2009; Naciones Unidas, 2013).
13Conviene subrayar que la mayoría de las personas que llevan a cabo un acto delictivo tienen dificultades para conseguir una adaptación social. También forman parte de situaciones estigmatizadas y excluyentes de sus familias y comunidades que han dado como resultado un sinnúmero de situaciones para acceder a la educación, al empleo, para la adquisición de una vivienda y construir o reconstruir su capital humano y social (Naciones Unidas, 2013).
14Así pues, la reinserción para efectos de este capítulo se considera un proceso de reintegración social y psicológica dentro de las sociedades, constituido por procesos de resocialización encaminados a recuperar valores, conceptos, prácticas, actitudes y conocimientos que se han perdido a lo largo de la vida delictiva.
15La resocialización en las esferas del delito y del derecho penal se lleva a cabo por medio de programas de intervención individual, con el fin de evitar la presencia de nuevas conductas delictivas y reducir la probabilidad de reincidencia (López, 2010; Naciones Unidas, 2013). En cuanto a este último punto, se encuentran aquellos individuos que después de haber sido condenados vuelven a estar privados de la libertad o han recibido una pena en establecimientos penitenciarios (inpec, 2014).
B. Enfoque de articulación y evaluación de programas
16El modelo comunitario establece que la conducta desadaptada en ningún momento debe considerarse una patología, sino una situación que tiene su origen en la carencia de educación. Sin embargo, hoy se pretende que el modelo psicoterapéutico sustituya al trabajo socioeducativo, ya que persiste la creencia errónea de aplicar una intervención que cure la patología, cuando el verdadero objetivo es aplicar un tratamiento educativo en el que la persona privada de la libertad adquiera nuevas habilidades y competencias para reintegrarse a la sociedad e interiorice conocimientos, actitudes y destrezas educativas, laborales e interpersonales que le permitan relacionarse con el mundo y las demás personas de su contexto (Garrido, 2005; Fernández, 2011; Morales, 2011).
17Como resultado de esta postura emerge el concepto de educación social, el cual se entiende como un fenómeno centrado en el desarrollo de los procesos de adaptación, socialización, adquisición de competencias sociales, formación política ciudadana, prevención y control social de aquellos sujetos que han sido privados de su libertad (Fernández, 2011). La educación social tiene un componente indispensable en sus modelos, el comportamiento prosocial, que pretende desarrollar competencias sociales en el repertorio conductual para lograr el bien común. Su objetivo es que el individuo respete las leyes y desarrolle herramientas para vincularse con otros individuos y actividades que le permitan ser un mejor ciudadano (Garrido, 2005).
18Así pues, el modelo socioeducativo se relaciona con el concepto de prevención y se subdivide en las teorías de la prevención general y la especial. La primera se dirige a la sociedad como conjunto, y tiene por objetivo ejecutar modos que lleven a la intimidación y a la coacción psicológica de los sujetos, para evitar que cometan delitos. Esta teoría afirma que la amenaza de la pena tiene un efecto sobre el posible infractor, por la imposición de la pena a la que se puede ver expuesto. En oposición, la segunda teoría se enfoca en el sujeto que se encuentra inmerso en el delito y en su ejecución; su interés consiste en aplicar la pena y en ejecutar el proceso resocializador de la violación de la norma jurídica (López, 2010).
19En este mismo sentido, la teoría de la prevención especial emerge de la resocialización, ya que esta se centra en el sujeto que ha llevado a cabo un acto delictivo y presenta un deseo de ser reintegrado a la sociedad. Significa, entonces, que por medio de herramientas y aprendizajes se le permite al sujeto adaptarse de nuevo al entorno y a su regulación sociojurídica para que de esta manera no reincida en actos delictivos. Se debe mencionar que esta teoría se fundamenta en una ideología totalmente humanista que concibe a los centros penitenciarios y carcelarios como entidades orientadas a prevenir la delincuencia y resocializar a los reclusos (López, 2010).
20A partir de los postulados de la teoría de la prevención especial se llegó a la conclusión de que para efectos de este marco de investigación el modelo de pensamiento prosocial era el más pertinente. Conviene mencionar que Garrido y López (2005) señalan que este programa tiene un componente educativo, una intervención cognitivo-conductual y un eje multimodal. En el modelo prosocial el objetivo principal es la enseñanza de habilidades cognitivas y valores sociales como fuente de ayuda para contrarrestar los comportamientos antisociales.
21Tal como se ha descrito, la mayor fortaleza de este modelo radica en la reestructuración cognitiva que vivencian los sujetos: se reeduca a las personas que han sido privadas de la libertad por medio de la enseñanza de recursos personales que les permitan vivir de una forma más eficiente y adaptativa en favor de las reglas y leyes que estructuran la sociedad, de manera que exista una compensación en las deficiencias de valores, actitudes y habilidades de razonamiento que dirigen la conducta y que las han llevado a presentar comportamientos delictivos, afectando su papel interno en la comunidad (Garrido y López, 2005).
22Para llevar a cabo esta compensación, el tratamiento socioeducativo debe estructurarse a partir de técnicas cognitivo-conductuales que contengan intervenciones fundamentadas en 1) entrenamiento en habilidades sociales, 2) entrenamiento en resolución de problemas interpersonales, 3) pensamiento crítico, 4) razonamiento crítico, 5) habilidades de negociación, 6) desarrollo de valores y 7) control emocional. De esta manera, la resocialización tendrá como producto principal desarrollar habilidades cognitivas, como ya se señaló, y el razonamiento moral, la resolución de problemas, la empatía, el control de la impulsividad, el pensamiento crítico, el razonamiento abstracto y la conducta de selección, las cuales les permiten a los internos en los centros carcelarios regular y orientar su conducta para no reincidir en el delito (Garrido y López, 2005; López, 2010; Morales, 2011).
23No obstante, ninguno de los programas o técnicas mencionados tendrá éxito si su planificación y evaluación no tienen en cuenta las particularidades de las personas que se han visto privadas de la libertad, ya que conductas criminales diferentes deben tener programas distintos y adecuados a sus características. Así mismo, hay que tener en cuenta la estabilidad y la continuidad de la conducta antisocial en las diferentes etapas de la vida y por generaciones familiares, que sugieren la complejidad de los factores de riesgo en el desarrollo y persistencia de dicho comportamiento (Garrido y López 2005).
24Por tanto, los programas diseñados de intervención deben ser muy efectivos y exitosos; así se contribuye a la protección social, la prevención de los futuros delitos, la retribución del daño causado y la resocialización (Hernández, 2008). Garrido y López (2005) han señalado que no se deben dirigir esfuerzos en tratamientos o modelos de intervención que funcionen en todos los casos, pues estos no son factibles. Lo que se busca es determinar las características afines que funcionan e implementarlas. Por ello, en el campo de la evaluación de los programas se plantean características de efectividad que posibilitan la prevención o disminución (o ambas) significativa de la reincidencia de los delincuentes.
25Así las cosas, estos autores plantean que los programas efectivos actúan sobre los déficits sociales y personales al mismo tiempo que se promueven sus recursos y habilidades, analizando capacidades cognitivas, afectivas y conductuales y ajustando la intervención a las necesidades identificables. Así mismo, modifican las cogniciones y conductas aprendidas respecto al mundo y el dominio de capacidades de trabajo y sugieren estrategias de vida; esto se logra con soporte didáctico. Dicha intervención debe ser multidimensional (o de amplio aspecto), centrada en modificar ciertas necesidades criminógenas.
26Es interesante señalar que entre las características está en juego el papel de los profesionales, pues deben estar bien entrenados y disponer de información académica suficiente. También deben ser entusiastas y comprometidos con su tarea. En los programas de más efectividad existe un continuo proceso de retroalimentación, reglas claras de conducta, se utiliza el sistema de tutoría, y dicha implementación intenta respetar la integridad del plan de intervención (Garrido y López 2005).
27Otra característica es la perspectiva cognitivo-conductual, la cual establece que los programas con este fundamento de intervención promueven más cambios en los modos de pensamiento y afrontamiento de los procesos de interacción, por medio de la manipulación de las consecuencias (positivas o negativas) y otros determinantes ambientales del comportamiento. Además, los programas efectivos deben tener estructuración clara y directiva, con un fuerte soporte que incluya diversas técnicas, es decir, que sean programas multifacéticos (Garrido y López, 2005).
28Este modelo eficaz busca intervenir en las siguientes categorías: autocontrol-impulsividad, pensamiento abstracto contra pensamiento concreto, rigidez cognitiva, locus de control, solución cognitiva de problemas interpersonales, razonamiento crítico y valores. Para ello, los programas deben intervenir en el autocontrol, metacognición, habilidades sociales, habilidades cognitivas de resolución de problemas interpersonales, pensamiento creativo o lateral, razonamiento crítico, toma de perspectiva social, mejora de los valores y manejo emocional (Garrido y López 2005).
29Estos son los componentes de los programas de pensamiento prosociales. Este paradigma de la competencia social señala que una persona socialmente competente tiene cualidades necesarias para integrarse en la sociedad (o sociedad convencional y no subculturas delictivas en las cuales está integrada) en la que aspira a respetar la ley. Este comportamiento prosocial tiene un estilo de conducta orientado al bien común, procurando también la vinculación con personas y actividades que acaben de sacar lo mejor de la persona. Para esto se deben intervenir las competencias sociales (habilidades sociales, cognitiva y emocionales) y lograr así una vinculación significativa (Garrido, 2005).
30La intervención debe ser individualizada, dado que se necesita focalizar e intervenir los riesgos criminógenos individuales y disminuir la motivación antisocial y los estilos de vida, pues requiere pasar del tratamiento general a uno más específico con objeto de atender necesidades particulares, y a tratamientos que se aceptan como prioritarios por ser más eficaces en la reducción de la delincuencia, aunque sean formas menos ortodoxas y reconocidas.
31Por último, no debe orientarse de forma exclusiva a compensar “déficit en los individuos”, sino también en promover y fomentar los recursos del individuo y del medio con el que lo relaciona. A estos se les llama factores de protección, que son cualidades o actitudes prosociales que dan más opción para abrirse a la vida sin recurrir al delito. Se deben reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección o recursos positivos (Garrido, 2005).
II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS
32El tipo de estudio en el que se apoya esta propuesta es una investigación de tipo evaluativo, entendida la investigación evaluativa como un proceso científico en el que se colecta, analiza e interpreta información para evaluar el diseño, la implementación y resultados de un programa (Rossi y Freeman, 1989; Shadihs, 1998, citados por Bustelo, 2003; y Vega, Torres y Cerna, 2013). Este tipo de investigación emplea métodos para determinar la eficacia y eficiencia de los programas de intervención, establece criterios claros y específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, pruebas y testimonios de una muestra representativa de las encuentros que conforman el programa u objeto para evaluar y traduce dicha información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos para emitir conclusiones.
33Bausela (2004) señala, además, entre las características principales de la investigación evaluativa, la orientación hacia la inmediatez de su utilidad práctica y la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos según el tipo de programa que se ha de evaluar y sus fases. La pertinencia de este tipo de investigación se relaciona con el valorar de los resultados de los programas en razón de los objetivos propuestos para él y las respuestas rápidas y precisas a cuestiones prácticas y preguntas de relevancia social (Bustelo, 2003; Vega, Torres y Cerna, 2013).
34Para efectos de evaluar y producir conocimiento científico, esta investigación se centró en indagar la efectividad de cinco programas socioeducativos implementados a partir de los modelos teóricos en los que se fundamentan los programas y las estrategias socioeducativas de intervención que promueven el fortalecimiento de las capacidades, las actitudes, las emociones, las percepciones y los estilos de interacción de reclusos en el contexto del sistema penitenciario. También se orientó en evaluar y aportar información de calidad para mejorar los programas que se imparten hoy en el complejo penitenciario y carcelario.
35El enfoque metodológico del proyecto requirió cuatro etapas para diseñar y poner en funcionamiento los programas y un metaanálisis para integrar la información y los resultados de tales programas. En la figura 1 se aprecian las cuatro etapas.
FIGURA 1. ETAPAS DEL PROYECTO
A. Etapa I: Análisis crítico-reflexivo
36Esta etapa admitió el acercamiento del equipo de profesionales de la Universidad de Ibagué a las circunstancias de la prisión, para establecer los objetivos de los programas y los estudios exploratorios. Se identificaron las expectativas e intereses de la Dirección del complejo penitenciario y carcelario. También hubo una revisión documental del Código Penitenciario y Carcelario y el Manual de Convivencia del inpec y un reconocimiento de los programas transversales y su modelo pedagógico. Se hicieron entrevistas a funcionarios de la dirección penitenciaria y se realizó un estudio estadístico a partir de una base de datos sobre población, delitos y condenas en hombres y mujeres.
37La etapa comprendió visitas guiadas a los diferentes bloques de la prisión, desarrollo de entrevistas con el personal del Consejo de Tratamiento y Evaluación del complejo penitenciario y de seguridad, revisión de los modelos de intervención y resocialización y de los programas educativos que desarrollan para orientar e intervenir las conductas criminógenas
38En cuanto a los programas de resocialización que imparte el complejo penitenciario y carcelario, se indagó acerca de qué se pretenden con ellos, qué tipo de competencias desarrollan y las características de la población a la que se dirigen. La revisión documental y entrevistas develaron un incipiente soporte empírico y teórico de los programas e insuficiente rigurosidad en el seguimiento, evaluación y sistematización. En lo que se refiere a la existencia de programas como los de este estudio, no se halló ninguno.
B. Etapa II: reflexión teórica y diseño de programas
39En esta etapa se efectuó el análisis y reflexión teórica para determinar los enfoques teóricos, socioeducativos, pedagógicos y criminológicos bajo los cuales se formularon los nuevos programas para la resocialización. Además se determinaron los criterios de selección de los participantes, las hipótesis de trabajo, los propósitos de los programas y el enfoque, la estructura y el diseño. También, la descripción de cada eje, los temas y secuencia didáctica, las competencias, las estrategias según población y delitos, la duración, los instrumentos de evaluación (cuestionario o test y postest), criterios y mecanismos de evaluación y los recursos para la implementación (caja de herramientas).
40Se estructuraron cinco programas socioeducativos implementados a partir de diferentes modelos para realizar una intervención cognitivo-conductual, con el objetivo de que los participantes desarrollaran e internalizaran conductas prosociales para mejorar de manera proporcional las condiciones de vida en prisión y sus competencias para cuando se encontraran de vuelta a la libertad. A continuación se sintetizará el enfoque teórico de cada uno de estos modelos, junto con sus postulados y la importancia que tienen en el proceso de resocialización.
41El programa socioeducativo En tus Zapatos fue diseñado para enseñar a reclusos de ambos géneros a mediar los conflictos intramuros. Se formuló y aplicó según los postulados de la teoría de acción razonada (tar) presentada en 1967 por Fishbein y Ajzen, cuyos postulados establecen que la intención, voluntad y razonamiento orientan la mayoría de las acciones y conductas de los individuos. Por esta razón el programa se centró en aquellas estrategias que conducen a la reflexión de los reclusos para disminuir la norma subjetiva las intenciones y las actitudes conductuales.
42El objetivo del programa Fenix se orientó a explicar cómo los reclusos, mediante un programa socioeducativo, transforman las experiencias negativas vividas en las unidades de tratamiento especial (ute) en una oportunidad para aprender y rehacerse en el aspecto emocional. El modelo teórico de resiliencia ejecutado en el programa establece que los procesos de resiliencia emergen de la interacción continua entre el sujeto, su núcleo familiar y la comunidad, donde se desarrollan herramientas de protección ante las situaciones que se presentan que pueden asumirse de manera positiva o como traumas.
43El programa Habilidades de Afrontamiento en Mujeres y Hombres Homicidas (hamo) buscó desarrollar y potenciar capacidades para solucionar problemas y regular las emociones negativas y la consecuencia de respuestas menos violentas ante situaciones de ira, estrés, frustración y ansiedad durante la estancia en prisión. hamo se apoyó en el modelo transteórico de motivación al cambio de Prochaska, Diclemente y Norcros (1994), que se funda en cinco etapas de cambio, a saber: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, que se dirigen a desarrollar procesos de cambio de carácter cognitivo-conductual como la autoevaluación, las revaluaciones ambientales, el control de estímulos, la administración de eventos y el fortalecimiento de la autoafirmación y de las relaciones de apoyo para lograr cambios en el comportamiento que sean sostenibles largo plazo.
44Dicho programa también adoptó el modelo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1986), el cual identifica los estilos de afrontamiento que las personas utilizan en situaciones estresantes de su vida, a partir de los esfuerzos cognitivos y conductuales, para manejar las demandas del ambiente. Estas estrategias de afrontamiento se dan de dos formas, a saber: a partir de la resolución de problemas y con fundamento en la regulación emocional. Por este motivo complementó el modelo transteórico de motivación al cambio, implementado en este mismo programa, para disminuir el déficit cognitivo-conductual desarrollado por los penados a partir de sus experiencias de vida y de su estadía en prisión.
45El programa R & R, al igual que hamo, se apoyó en el modelo transteórico de motivación al cambio de Prochaska et al. (1994) y en los postulados de justicia restaurativa propuestos por Britto (2010), ya que buscaba desarrollar conductas de responsabilidad y reparación del daño en delincuentes primarios.
46Por último, el programa De Vuelta a la Libertad buscaba establecer el grado de eficacia de un programa socioeducativo orientado a la reinserción social, motivo por el cual se apoyó en el modelo de riesgo, necesidad y disposición a responder (rnr) desarrollado por Andrews y Bonta en la de década del ochenta, que se sustenta en tres principios específicos: 1) el de riesgo, 2) el de necesidades y 3) el de disposición a responder, que se orientan a establecer el tratamiento que debe recibir un infractor de la ley partir de su nivel de su riesgo delictual y, por tanto, a identificar las necesidades criminógenas que pueden modificarse en el proceso de intervención para generar cambios en la conducta de reincidencia a partir de las capacidades cognitivas que requiere el sujeto.
47Los cinco programas de intervención que componen este capítulo presentan un énfasis socioeducativo, ya que en la actualidad el modelo comunitario establece que la conducta delictiva no debe considerarse una patología; al contrario, la condena impuesta puede ser asumida por los sujetos que han cometido actos delictivos primarios o de reinserción como una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y desarrollar competencias sociales y ciudadanas por medio de la educación y así reintegrarse a la sociedad con una probabilidad más baja de reincidir en el delito y convertirse en sujetos competentes para vivir en comunidad al desarrollar conductas prosociales, adquiridas e internalizadas a partir de intervenciones cognitivo-conductuales, que caracterizan a estos modelos.
48La metodología que se adoptó fue de tipo evaluativo, porque tenía como fin colectar, analizar e interpretar información para evaluar el diseño, la puesta en funcionamiento y los resultados de las intervenciones cognitivo-conductuales que se ejecutaron. Se desarrollaron 105 sesiones, 62 con hombres y 43 con mujeres de entre 18 y 60 años, entre agosto de 2012 y noviembre de 2013, con una duración de 45 a 60 minutos. Así mismo, se debe mencionar que cada uno de los programas se encontraba muy bien estructurado y fundamentado en diferentes modelos teóricos, para aprovechar el tiempo de ejecución, dado que las habilidades cognitivas de los internos disminuyen en la medida en que su percepción de estímulos e internalización de conceptos se ve afectada por las condiciones sociales y estructurales de la prisión.
49Por último, se debe tener en cuenta que todos los programas se encaminaban a evitar la reincidencia en el delito, pues la población participante era heterogénea, en la medida en que había delincuentes de tipo primario que habían sido reincidentes, sindicados y condenados por diversos delitos como asesinato, robo y expendio de estupefacientes, entre otros.
C. Etapa III: formulación de microproyectos de investigación
50Se formularon cinco proyectos en torno a cada uno de los programas, con el apoyo de estudiantes del programa de Psicología de la Universidad de Ibagué, que desarrollaron sus prácticas profesionales en el complejo penitenciario y carcelario con el acompañamiento de profesionales adscritos al grupo de investigación sociojurídica Horus. En cada microproyecto se puso en funcionamiento un programa y se evaluó el proceso después de la intervención.
D. Etapa IV: Puesta en marcha de los programas socioeducativos
51Esta fase comprendió las siguientes subetapas:
Experiencia piloto. Con los cinco programas se realizó una prueba piloto a fin de analizar aspectos teóricos, enfoques, metodologías, perfil de participantes, espacios físicos y dinámicas administrativas y de seguridad. Así mismo, para ajustar aspectos del diseño de investigaciones, tiempos y perfiles de los profesionales que facilitarían los programas.
Disposición de la infraestructura administrativa, jurídica y de seguridad para poner en marcha de los programas.
Selección de destinatarios de programas. Este momento incluyó la presentación de los programas, la invitación a participar en ellos y la firma del consentimiento informado de parte de los participantes en los programas e investigación.
Preparación de documentos, materiales educativos y formativos, instrumentos y equipos de enlace del área administrativa y de seguridad.
52Los partícipes de los programas fueron 162 penados, de los cuales 127 eran hombres y 35 mujeres. Los beneficiarios — según cada programa — se aprecian en la siguiente descripción:
En Tus Zapatos (ezap) se conformó por un grupo de tres hombres y cinco mujeres de entre 18 y 32 años elegidos de manera intencional por encontrarse aislados en la unidad de tratamiento especial (ute). Los hombres con edades de entre 25 y 30 años, y las mujeres, de 18 a 32 años.
Fénix contó con la participación de quince reclusos de género masculino de la ute de los bloques II y III, con edades comprendidas entre 24 y 39 años, condenados por homicidio, estupefacientes y hurto, con penas desde un mes hasta tres años.
hamo contó con 39 participantes (30 hombres y 9 mujeres) condenados por homicidio, con edades entre los 18 y 30 años, clasificados en fase de máxima seguridad y la asignación aleatoria.
R y R-Responsabilidad y Reparación del Daño se aplicó a un total de 45 penados divididos en dos grupos: en el primero participaron 20 mujeres del bloque IV, secciones A y B, y en el segundo, 25 hombres del bloque I.
¡De Vuelta a la Libertad! contó con la asistencia de 12 penados de entre 27 y 60 años que contaban con beneficio de libertad por 72 horas.
53Para evaluar la eficacia de los programas se determinaron como elementos centrales los siguientes aspectos:
Realizar un metaanálisis de los cinco programas para integrar y analizar las características que hicieron efectivos o no efectivos a los programas, revisar la pertinencia de enfoques teóricos que los fundamentaban, las estrategias socioeducativas y aportes de la intervención para fortalecer las capacidades, las actitudes, las emociones, las percepciones y los estilos de interacción de penados en el contexto penitenciario y carcelario.
Sistematizar y analizar los resultados de los programas en torno a la pregunta de investigación formulada. Para el análisis de los datos se contó con el apoyo de expertos en análisis de datos cualitativos y cuantitativos y programas informáticos.
Analizar resultados cuantitativos y cualitativos para confrontar las hipótesis, evidenciar los principales hallazgos, cotejar las lecciones aprendidas y las prácticas exitosas que emergieron de la ejecución de cada programa.
III. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
54La evaluación y traducción de la información en expresiones valorativas, a partir de los criterios inicialmente establecidos para el análisis de datos y los resultados de investigación de los cinco programas, se orientó hasta consolidar la evidencia empírica y los soportes de la confrontación teórica frente a las aplicaciones y los perfiles de la población con la que se pusieron en funcionamiento las propuestas socioeducativas. También, a categorías referidas en habilidades sociales, entrenamiento en resolución de problemas interpersonales, el pensamiento y razonamiento crítico, las habilidades de negociación y desarrollo de valores y control emocional.
55En un primer momento se aseguró que durante la adopción se conservaran los postulados socioeducativos, el enfoque cognitivo-conductual y el proceso sistemático de recogida y análisis de la información. El objetivo de la evaluación consistió en identificar y suministrar información útil acerca de la efectividad de los programas con los participantes, la eficiencia, su justificación como estrategia de resocialización frente al delito y recomendaciones que permitieran guiar en el futuro la toma de decisiones, solucionar problemas intramuros y promover la comprensión de los fenómenos implicados en la resocialización de reclusos. Los cuatro momentos cubiertos por la evaluación que concurrieron son:
A. La evaluación de contexto
56Los programas se impartieron en un ambiente ceñido a las situaciones que a diario se presentan en la prisión, entre otros: 1) los controles de seguridad que se realizan para neutralizar los motines de los reclusos, en especial teniendo en cuenta las características personales de los participantes; 2) la demanda de cambio de bloques para protegerlos o prevenir actos violentos y el conteo frecuente; 3) la necesidad de obtener citas con el servicio de sanidad y las visitas conyugales; 4) los actos negligentes del personal de custodia para realizar el traslado al lugar de formación; 5) los problemas familiares que alteran la motivación y el estado de ánimo; 6) el consumo de sustancias alucinógenas que no les permite asistir al proceso de formación; 7) los constantes traslados a otras prisiones, y 8) espacios reducidos e improvisados y los horarios previstos por la prisión para las actividades cotidianas.
B. La evaluación de entrada
57Fue útil para formular los programas socioeducativos, prever estructuras metodológicas y las cajas de herramientas. A partir de la información recolectada se planteó el tipo de competencias que se deseaban desarrollar, la tesis de cada microproyecto de investigación y su hipótesis. Luego se concibió la construcción estructurada de los programas teniendo en cuenta la población y la capacidad de interpretación para los participantes con menos nivel educativo, las temáticas, las secuencias didácticas y estrategias de aplicación, los recursos (caja de herramientas) y la evaluación y validación (pretest/postest, sistematización de sesiones, observación directa y entrevistas semiestructuradas).
C. La evaluación de procesos
58Este momento retomó la planificación, la implementación, el pretest, el postest y el análisis de contenido de los materiales de trabajo que emergieron de las sesiones de formación. Para alcanzar los propósitos que se plantearon respecto a los programas socioeducativos, se tuvieron en cuenta los enfoques teóricos, las categorías de análisis y los tipos de estudios, los cuales evidencian una estructura flexible en sus contenidos, tiempos y recursos metodológicos.
59En lo referente a los temas de los talleres, la secuencia, los materiales y las metodologías utilizadas, conviene señalar que la sistematización, la observación participante y la evaluación de los registros de las actividades se centraron en hallar elementos de la reflexión y reconocimiento que a corto plazo realizaron los participantes de modificar las distorsiones y pensamientos automáticos en torno al delito y el desarrollo de la capacidad para afrontar en forma asertiva nuevas situaciones problema en el contexto penitenciario.
60Cada programa contó con una “caja de herramientas” validada por una experta en pedagogía para su ejecución. Las metodologías planificadas estuvieron acorde a los planteamientos teóricos y etapas de cada programa. Así mismo, el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las hipótesis, aspectos por mejorar de las sesiones en réplicas futuras, hallazgos principales y lecciones aprendidas.
D. La evaluación del producto/resultados
61Tras dos meses de finalizar la fase de implementación de los programas se realizó una evaluación para valorar los cambios en el comportamiento de los participantes mediante un postest. Se aplicaron de nuevo las escalas y el cuestionario que se diligenciaron al comienzo del programa y el de autoevaluación del programa. La evaluación se realizó in situ y con observadores externos a los programas. Se registraron los aportes y reflexiones personales de los participantes acerca de sus comportamientos. A partir del trabajo adelantado, también se identificaron algunos indicadores acerca de la capacidad de reflexión frente a las conductas antisociales y se formalizó una entrevista de evaluación de impacto, a fin de conocer los cambios en el comportamiento que evidenciaron guardias, representantes de derechos humanos y administrativos de la prisión.
62El análisis de resultados integra información obtenida de aplicar a los participantes y facilitadores los instrumentos diseñados para evaluar los programas socioeducativos implementados en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (coiba), como las encuestas y entrevistas semiestructuradas en formato escrito. Estos instrumentos brindaron información sobre el programa y el clima social.
63Esta categoría brinda información sobre el desarrollo de las actividades, los recursos utilizados en las diferentes sesiones, el manejo de las sesiones de parte de las facilitadoras y el tiempo estipulado para cada programa.
64Un 86% de los reclusos coincide en afirmar que participó con entusiasmo en las diferentes actividades organizadas para cada una de las sesiones. Acorde con la experiencia vivida, la mayoría de los reclusos subrayan que las actividades de trabajo en grupo y exponerlas les generaron mayor interés, tales como exposiciones, discusiones de casos, trabajo en grupo, conversatorios, síntesis de opiniones, debates, dramatizados, karaokes y entrevistas. Otra actividad llamativa para los internos fueron los videos.
65Ahora bien, el 92% de los reclusos consideran que estas actividades son útiles para su vida diaria porque les aportaron conocimiento y desarrollaron capacidades para controlar los impulsos y manejar emociones y sentimientos. Las técnicas que se emplearon, por ejemplo, la de relación y detención del pensamiento, les ayudaron a comprender la resolución de problemas y trabajar en grupo, a resolver conflictos y hacer uso de los estilos de afrontamiento, reconocer las situaciones y motivos que las personas tienen para actuar.
66En general, un 90% de los reclusos afirman que los materiales utilizados para desarrollar las actividades fueron claros, variados y llamativos (89%); las actividades que se le realizaron en las sesiones les parecieron agradables, les dejaron enseñanzas para la vida cotidiana y consideran que es necesario seguir contando con personal muy calificado y con personas como las que facilitaron los procesos. Por otra parte, el 95% de los asistentes consideran que los facilitadores fueron claros en sus exposiciones y que mostraron dominio de los temas abordados en las diferentes sesiones (90%).
67En cuanto a la duración de cada sesión, un 45% considera que es suficiente; algunas veces un 40% y un 15% expresa que no lo es. La mayoría de los reclusos manifiestan que para aprovechar mejor las actividades y los programas, el número de sesiones y la intensidad de cada una sea mayor. Esta apreciación es compartida por las facilitadoras.
B. Clima social
68Esta categoría arroja información sobre la participación de los asistentes en las actividades programadas para cada sesión: si se sienten a gusto de participar y aportar con ideas u opiniones y si respetan los puntos de vista de otras personas. También la interacción entre los participantes, si cooperan en la realización de las actividades de grupo y participan con entusiasmo en las diferentes sesiones.
69La mayoría de los reclusos (80%) manifiestan que participaron de forma activa en las actividades diseñadas para desarrollar los programas. Un 57% de los participantes manifestó que en las sesiones se atrevió a compartir sus experiencias u opiniones (o ambas), sin que importara que no fueran compartidas por los demás compañeros; un 39% algunas veces y nunca 4%, porque sienten que algunos de sus compañeros no les generan confianza para hablar de sí mismos, o por el temor a hablar en público. Por otra parte, un 85% de los reclusos manifestó que les gustó participar en las sesiones, y un 15%, que algunas veces.
70Un 66% expresó que el espacio de las sesiones facilitó el compartir más con los compañeros de grupo, y algunas veces en un 34%. La mayoría de los reclusos manifiesta que cooperaron en la realización de las actividades de grupo (87%), un 86% considera que participó con entusiasmo en las diferentes sesiones y un 14% algunas veces.
C. Características que hicieron efectivos los programas
71Esta categoría evalúo la adquisición de nuevos conocimientos mediante las diferentes actividades ejecutadas en las sesiones y si estos conocimientos los han aplicado cuando lo han considerado necesario. Así mismo, explora actitudes de respeto ante las opiniones de los demás y de acatamiento a las normas o reglas establecidas para desarrollar las actividades; también si a medida que se desarrollan las sesiones los participantes tuvieron mayor confianza en los compañeros y si el recluso se siente como una persona más valiosa.
72Un 89% de los participantes expresa que la experiencia en los programas les permitió adquirir nuevos conocimientos, mientras que un 11% alude que algunas veces. Estos conocimientos adquiridos durante las sesiones los han aplicado cuando es necesario. El 71% afirma que mejoró la forma de afrontar los problemas y tomar la decisión de cambio de los compartimentos violentos ante situaciones de ira, estrés, hostilidad y frustración. También, disminución de las conductas agresivas, ocasionadas por riñas. Según los reclusos, hay mayor conciencia de que ellos son los únicos agentes de cambio, responsables de sus actos y las consecuencias derivadas de ello. El 29% reportó que algunas veces hace uso del saber ganado.
73La experiencia en el desarrollo de las actividades propició una actitud de respeto hacia estos espacios y las opiniones de los demás compañeros (89%); un 11% manifiesta que algunas veces. De igual forma, el 96% manifestó haber seguido y respetado las normas o reglas establecidas para desarrollar las actividades
74Respecto a si tienen confianza en sus compañeros, un 44% manifiesta que siempre; algunas veces, un 49%, y nunca, 1%, porque sienten que algunos de sus compañeros no les generan confianza para hablar de sí mismos. Por otra parte, el 95% de los reclusos manifestaron verse a sí mismos como personas más valiosas que reconocen sus errores y que piensan en el futuro.
75Se reconoce que las estrategias, actividades y ejercicios reflexivos aplicados en los programas arrojaron resultados significativos en los procesos de cambio de los participantes y hubieran podido tener mayor incidencia, de no ser por las concepciones negativas arraigadas en algunos participantes sobre la forma de solucionar las situaciones difíciles y que dificultan el buen desarrollo de habilidades cognitivas e instrumentales que les permitan afrontar tales situaciones sin llegar a la comisión de actos violentos.
76Para mayor efectividad en la adopción de los programas se sugiere presentarlos a los tenientes, dragoneantes y guardias encargados de cada uno de los bloques donde se ejecuten, el nombre del programa, los objetivos y el apoyo que se requiere de ellos; así mismo, darles a conocer el cronograma, el lugar y los nombres de los participantes donde se llevará a cabo la intervención, para así facilitar los procesos.
D. Características o situaciones que influyeron en la efectividad de los programas
77Se logró articular, sintetizar y analizar los resultados de investigación de los cinco programas para consolidar la evidencia empírica y los soportes de la confrontación teórica frente a las aplicaciones en las problemáticas estudiadas y los perfiles de la población con la que se implementaron las propuestas socioeducativas. De igual forma, mediante el análisis de resultados cuantitativos y cualitativos se confrontaron las hipótesis propuestas, se evidenciaron los principales hallazgos, las lecciones aprendidas y las prácticas exitosas que emergieron de implementar cada programa.
78Los resultados indican que los programas cuentan con contenidos, metodologías y estrategias que conducen a la reflexión de los reclusos para disminuir la norma subjetiva, las intenciones y las actitudes conductuales.
79Se monitoreó y sistematizó el enfoque del modelo de Andrews y Bonta y el análisis de los factores de riesgo criminógenos en el desarrollo de cada encuentro de formación del programa. Los resultados evidencian que los cambios cognitivo-conductuales con las intervenciones realizadas lograron reconocimiento de factores protectores y procesos de reflexión, pero no se evidenció una reducción del riesgo de reincidencia. Se registraron cambios en el manejo de la ira, la restructuración cognitiva, el control de impulsos, en las conductas resilientes y de comunicación.
80Además, los hallazgos permiten concluir que la ausencia de un programa de reinserción social, estructurado y dirigido a disminuir los riesgos criminógenos dinámicos es una fuente de alto riesgo relacionada con las dificultades para conseguir una verdadera resocialización e inserción social de los reclusos. Para la efectividad en un programa de intervención se deben tener en cuenta las trayectorias de los sujetos y las variables externas: contexto, amigos y las comunidades receptoras, el tiempo de aplicación y un tiempo para medir el efecto. Se logró comprobar que cuando el núcleo familiar, los amigos y la comunidad no conviven bajos normas sociales estables y bien consolidadas, presentan altas probabilidades de riesgo para el inicio, permanencia y reincidencia en el delito.
81La evaluación cuantitativa de los programas evidencia que los reclusos varones jóvenes no reportan un cambio significativo en la norma subjetiva. Sin embargo, en la medición que se realizó a la intención mediante entrevistas y diálogos con ellos se logra observar y comprobar que las actitudes emergen de un contexto particular: una prisión de máxima seguridad en la que el tiempo de las condenas supera los diez años; las carreras delictivas y el delito por el cual se encuentran allí han consolidado rasgos en su personalidad; las condiciones de convivencia están marcadas por el hacinamiento y las experiencias individuales durante la estancia en prisión los lleva a considerar que asumir actitudes y comportamiento diferentes les ocasiona riesgo. Es decir, que factores como los citados son elementos importantes al determinar la eficacia.
82La estancia en la unidad de tratamiento especial (ute) lleva a los reclusos a bloquear procesos de aprendizaje y afianzar estados emocionales no adecuados; dentro de estos se identificaron: irritabilidad, indecisión y sentimientos de inferioridad y desconfianza, entre otros. Lo anterior dio pie a desarrollar estrategias como ejercicios de respiración, asumir la situación actual, pensar antes de actuar y fortalecer la autoestima para lograr de esta forma un cambio positivo que lleva al interno a mejorar habilidades sociales para mejorar relaciones interpersonales y desarrollar destrezas para enfrentar las diferentes situaciones cotidianas.
83La experiencia de trabajo permitió evidenciar que el programa socioeducativo con énfasis en factores resilientes brinda herramientas para identificar características de personalidad, estados emocionales que faciliten afrontar situaciones de adversidad, desarrollar habilidades que ayuden a tener una mejor convivencia dentro de las ute, realizar reestructuración cognitiva con el fin de eliminar pensamientos negativos por unos más adaptativos manteniendo un equilibrio en su vida actual. Así mismo busca fortalecer la autoestima y el autoconcepto para desarrollar destrezas a las diferentes situaciones cotidianas, logrando así que los reclusos sean de aprehender, de resistir y rehacerse ante la adversidad.
84El análisis de los resultados permite establecer que los participantes en hamo presentan un déficit en la habilidad para solucionar los problemas, regular sus emociones y pensar antes de cometer un acto violento, ante situaciones estresantes, en concordancia con lo expresado por Kirchner (2003) y Kirchner, Forns, Muñoz y Pereda (2008), en tanto señalan la dificultad de los reclusos para utilizar habilidades de afrontamiento asertivas. En este mismo contexto, Garrido, Stangeland y Redondo (2006), citados por Redondo y Pueyo (2009), plantean que los delitos y actos violentos como el homicidio constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés y tensión.
85Algunas de las características de personalidad más sobresalientes en los participantes de hamo son la impulsividad, la ausencia de miedo y la búsqueda de sensaciones, tal como subrayan González, Huerta, Islas y Meade (2008), Atehortúa et al. (2008), como características usuales en los homicidas que se relacionan con la dificultad para llevar a cabo estrategias de afrontamiento asertivas en la resolución de sus problemas.
86Los estilos de relación guardia-recluso suscitan estrés, ya que el modelo administrativo funciona para crear un imaginario de violencia, y así se afianzan las representaciones cognitivas erradas. Estos resultados contradicen los hallazgos de Wilson, Bouffard y Mackenzie (2005); Lipsey, Landenberger y Wilson (2007); Garrido (2003); Wan (2012) y Ross (1999). No obstante, cabe aclarar que se desconoce el tipo de delito desde el cual miden la reincidencia delictual los estudios mencionados.
87En consecuencia, resulta complejo establecer una relación entre los resultados de hamo y los estudios de los autores referidos, dado que el delito de homicidio es de enorme repercusión social y una de las demostraciones de los actos más violentos que se puede explicar por un proceso de aprendizaje sociocultural y situaciones de necesidad, riesgo, deseo y gusto.
88Además, el consumo de sustancias psicoactivas en los participantes es una característica que sobresale en los delincuentes homicidas, según Atehortúa et al. (2008), los esquemas disfuncionales frente a las ventajas de emitir conductas violentas en la prisión, de acuerdo con Ruiz y Expósito (2008), y la necesidad de sobrevivencia de responder de forma violenta a las situaciones difíciles, por ser la prisión un entorno disruptivo, amenazante y peligroso que dificulta expresar las estrategias aprendidas, como lo exponen Dechiara, Furlani, Gutiérrez y Kratje (2009), y dificulta desarrollar la capacidad de solucionar problemas en los participantes.
89El programa socioeducativo validó la efectividad de los postulados del modelo clínico transteórico de Prochaska y Diclemente con los delincuentes primarios del coiba que participaron en el estudio y exploró cambios en el comportamiento delictivo, desarrollo de conductas de responsabilidad y reparación por el daño causado en las víctimas apoyados en un modelo de motivación (Prochaska et al., 1994). Para ello, el proceso y las metodologías indujeron a reconocer los errores del pasado y mejorar para un escenarios futuro (Sampedro, 2010; Ward y Langlands, 2009).
90Para lograr cambios cognitivo-conductuales específicos de justicia restaurativa y conseguir una respuesta eficaz a la prevención del delito se necesitan programas socioeducativos que promuevan la armonía social, la dignidad e igualdad de todas las personas involucradas en un hecho delictivo y la recuperación psico-emocional tanto de hombres y mujeres delincuentes, que les brinden un futuro más favorable y con los que puedan satisfacer sus necesidades (Rul y Castañer, 2011).
91La resocialización, en las sociedades actuales, tiene como objetivo principal llevar a cabo un proceso de transformación en los individuos que se encuentran internos en centros carcelarios y penitenciarios, de manera que se prevenga la reinserción delictual y se consiga tener sujetos productivos socialmente cuando se encuentren de vuelta a la libertad.
92Por consiguiente, el desarrollo y la aplicación de los programas e intervenciones socioeducativas cobran vital importancia dentro de la vida en prisión, pues les permite a los internos adquirir nuevas habilidades y competencias a partir de tratamientos educativos; esto les concederá la posibilidad de reintegrarse de forma menos traumática y abrupta a la sociedad de la cual han sido apartados por los daños, delitos o faltas que han cometido contra ella y de la cual en su momento podrían ser víctimas o lo han sido.
93Así pues, la educación social promoverá la adquisición e internalización de aquellos procesos de adaptación, socialización, formación ciudadana y control social que les permitirán a los internos adquirir cogniciones y conductas prosociales orientadas a promover y propiciar el bien social de las personas que componen su comunidad y disminuir los actos orientados a obtener el bien particular, que pueden tener como consecuencia el desacato a las normas y valores sociales y la vulneración y violación de derechos de otros ciudadanos.
94En consecuencia, se puede entonces concluir que los modelos socioeducativos se relacionan con la teoría de la prevención especial, en la que el fin último es lograr que la pena impuesta sea vista como un proceso resocializador y preventivo respecto a la reinserción delictiva y que además permita la reintegración a la sociedad de quienes han violado la norma jurídica y de una u otra manera los derechos humanos, fundamentales o constitucionales de otros ciudadanos.
95Por último, es de gran importancia acentuar que la eficacia de los modelos socioeducativos se relaciona con las intervenciones cognitivo-conductuales que los componen, ya que permiten la enseñanza e interiorización de habilidades cognitivas y de valores sociales para contrarrestar los comportamientos antisociales y reforzar la adquisición y el mantenimiento de conductas prosociales que permitan vivir de una manera más eficiente y adaptativa según las reglas y leyes que estructuran la sociedad.
Los factores de alto riesgo hallados en estos estudios han de constituirse en reconocer la probabilidad de ocurrencia; por tanto, deben ser asumidos por el centro penitenciario para ejecutar programas dirigidos a mitigarlos. Para ello se requiere adoptar un modelo que permita evaluar los resultados de los programas, proyectos o actividades desarrolladas por el equipo psicosocial y que se ejecuten desde la Unidad de Tratamiento y Evaluación Penitenciaria a partir de reinserción social. Los procesos de preparación para la desvinculación del sistema penitenciario ha de seguir desarrollos formativos rigurosos a fin de disponer de una reinserción social con familia, amigos y comunidades mediante procedimientos de articulación interinstitucional.
Mejorar las prácticas que el equipo psicosocial tiene en los procesos de reincorporación social de expenados reclusos con sus familias, amigos y comunidad. Para ello, es necesario que de manera permanente se indague la percepción que los penados tienen de su reintegración a la sociedad.
Es esencial que los programas que se les imparten a los internos sean aplicados con el personal de guardia y administrativos en forma simultánea, a fin de conseguir mayor efectividad y crear de manera progresiva una cultura carcelaria enfocada en la verdadera resocialización.
Se debe modificar el modelo de resocialización penitenciario, puesto que se requieren programas muy estructurados que se orienten a evitar la reincidencia en el delito. Así mismo, hay que crear mecanismos para mantener el cambio y seguimiento a los compromisos de resocialización y establecer un modelo de interacción intramuros que se apoye en el desarrollo de conductas responsables que consiga menor dependencia de la guardia de seguridad y modelos de autorregulación.
Teniendo en cuenta que los programas fueron pilotos, se debe ampliar la cobertura con una muestra mayor, a fin de vislumbrar los verdaderos alcances y beneficios y enriquecer las cajas de herramientas diseñadas y utilizadas para lograr los objetivos propuestos.
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Directora del grupo de investigación sociojurídico horus-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Correo electrónico: nora.osorio@unibague.edu.co
Capítulo 7. Efectos de un programa socioeducativo en justicia restaurativa con internos por hurto in Política criminal y abolicionismo, hacia una cultura restaurativa, Universidad externado de Colombia, 2018
Investigadora grupo sociojurídico horus-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Correo electrónico: pilar.salamanca@unibague.edu.co
Psicóloga de la Universidad de Ibagué. Integrante del semillero del grupo de investigación sociojurídico horus-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. lauraelisariveram@gmail.com
Psicólogo de la Universidad de Ibagué. Integrante del semillero grupo de investigación sociojurídico horus-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Correo electrónico: carlosandres.ap@hotmail.com
Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del delito: constr...
OSORIO GUTIÉRREZ, Nora Cristina ; et al. Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario In: Política criminal y “prevención” [online]. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2015 (generated 10 août 2020). Available on the Internet: <http://books.openedition.org/uec/1162>. ISBN: 9789587724226. DOI: https://doi.org/10.4000/books.uec.1162.
Osorio Gutiérrez, N. C., Salamanca Santos, M. d. P., Rivera Montealegre, L. E., & Ávila Palacio, C. A. 2015. Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario. In Política criminal y “prevención”. Universidad externado de Colombia. doi:10.4000/books.uec.1162
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SIERRA RAMIREZ, Carol ; et al. Política criminal y “prevención”. New edition [online]. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2015 (generated 10 août 2020). Available on the Internet: <http://books.openedition.org/uec/1116>. ISBN: 9789587724226. DOI: https://doi.org/10.4000/books.uec.1116.
Sierra Ramirez, C., Camacho Deily, N. R., Triana Sánchez, J. L., Ávila Palacio, C. A., Rivera Montealegre, L. E., Salamanca Santos, M. d. P., … Gutiérrez Quevedo, M. 2015. Política criminal y “prevención”. Universidad externado de Colombia. doi:10.4000/books.uec.1116
Sierra Ramirez, Carol, et al.. Política criminal y “prevención”. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2015. Web. <http://books.openedition.org/uec/1116>.
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References: artículo 4
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 12
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