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Timestamp: 2019-02-22 23:00:39+00:00

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﻿ SENTENCIA C-9 DE ENERO 17 DE 1995
SENTENCIA C-9 DE 17 DE ENERO DE 1995
CONTENIDO:REBELIÓN, SEDICIÓN Y ASONADA, RAZONES PARA TIPIFICAR ESTOS DELITOS
TEMAS ESPECÍFICOS:ASONADA, REBELIÓN, SEDICIÓN, TIPIFICACIÓN DEL DELITO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:279 DE MARZO DE 1995, PÁG.262
Sentencia C-009 de enero 17 de 1995
REBELIÓN, SEDICIÓN Y ASONADA
RAZONES PARA TIPIFICAR ESTOS DELITOS
EXTRACTOS: «El ciudadano Alexandre Sochandamandou, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 1º y 2º (parciales) del Decreto 1857 de 1989, y los artículos 128, 130 y 131 (parcial) del Decreto 100 de 1980 (Código Penal).
El tenor literal de la norma acusada es el siguiente:
“ART. 125.—Rebelión. (Modificado D.L. 1857/89, art. 1º). Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de cinco (5) a nueve (9) años y en multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales”. (La parte resaltada es la que se demanda).
“ART. 126.—Sedición. (Modificado. D.L. 1857/89, art. 2º). Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en arresto de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales”. (La parte resaltada es la que se demanda).
“ART. 128.—Asonada. Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en arresto de cuatro meses a dos años”.
“ART. 130.—Conspiración. Los que se pongan de acuerdo para cometer delito de rebelión o de sedición, incurrirán por este solo hecho en arresto de cuatro meses a dos años”.
“ART. 131.—Seducción, usurpación y retención ilegal de mando. El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de sedición, sedujere personal de las fuerzas armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de cuatro meses a dos años”. (La parte resaltada es la que se demanda).
El demandante parte del siguiente enunciado:
“A mi juicio, los rebeldes armados y los asonadores se dividen en dos grupos:
1. Los que inspirados en filosofías e ideales políticos altruistas obran en defensa de los predicados constitucionales y luchan contra la injusticia social para el mejoramiento del nivel de vida del pueblo en general.
2. Los que inspirados en intereses antisociales, ejecutan maniobras armadas desestabilizadoras para aumentar —en río revuelto— sus ganancias personales, y los que combinan sus maniobras armadas con el soborno a los funcionarios del gobierno para obtener un mayor poder y lucro.
A los segundos se les debe juzgar como delincuentes concertados cuando cometen delitos contra la seguridad pública y por todas y cada una de las conductas que se tipifiquen como delito en el C.P.
A los primeros NO se les debe penalizar a contrario sensu, el gobierno —como garante de la paz nacional— está en obligación de dialogar con los dirigentes de la comunidad rebelde para negociar con ellos —dentro de los límites constitucionales— el orden prioritario y el cronograma conveniente para atender y solucionar las peticiones que demandan”.
Afirma el actor que los rebeldes y asonadores actúan guiados por la desesperación “de quien ha perdido la esperanza de reivindicar políticamente y por medios pacíficos y tranquilos sus derechos y garantías constitucionales que en su criterio hayan desaparecido”.
Estima que el artículo 1º del Decreto 1857 de 1989, que tipifica el delito de rebelión, es violatorio del preámbulo de la Constitución Política, ya que precisamente la rebelión armada es la vía que el pueblo soberano debe asumir contra un gobierno de hecho, sea civil o militar, que infrinja sus garantías constitucionales. Igualmente sostiene que la citada norma acusada viola los artículos 1º y 113 de la Carta Política, toda vez que la rebelión armada es la conducta que debe asumir el pueblo soberano frente a un gobierno que atente contra el Estado social de derecho, la unidad de la República y la democracia participativa y pluralista. A juicio del demandante esta es la conducta que se debe asumir frente a un gobierno que perturbe el normal funcionamiento de las ramas legislativa y judicial o “incite a la resistencia civil contra alguno de los poderes que hace posible la existencia del Estado social de derecho”.
Dice el peticionario que la rebelión es la vía idónea para combatir un gobierno que no actúa en aras del interés general, ni mantiene la participación en condiciones de igualdad de los ciudadanos en la vida de la Nación, o que “sometiera la independencia de sus decisiones políticas en el orden interno, a los intereses nacionales de otros gobiernos o que en las soluciones de fuerza utilizara, dentro del territorio nacional, equipo bélico o de inteligencia (armamento, radares, etc.) operado por efectivos del ejército de otro país o se apoyara en sus operaciones militares contra nacionales colombianos, en la participación directa de las fuerzas militares o policíacas extranjeras. La función prioritaria del gobierno —dice el actor—, NO es defender la C.N. sino cumplirla, mientras que la función primordial del pueblo SI es defender la C.N. para hacerla cumplir”.
Estima el demandante que los rebeldes armados únicamente cometen delitos cuando en sus acciones violen los derechos humanos, atenten contra la riqueza económica del país o contra la vida, honra y bienes de la población civil.
En relación con el artículo 128 del Código Penal, considera que es violatorio de los artículos 3º y 6º de la Constitución Política, ya que “la asonada es un derecho al que, para hacerse escuchar, puede recurrir el pueblo soberano, que inspirado en la filosofía o ideal político altruista, obre en defensa de los predicados constitucionales y luche por el mejoramiento del nivel de vida del pueblo en general, cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales por un estilo de gobierno que ejecute u omita los actos propios de sus funciones”.
Igualmente, considera el actor que el artículo 130 del Código Penal debe ser declarado inexequible, toda vez que es violatorio de los artículo 38, 40 numeral 3º y 112 de la Constitución Política, “porque cualquier gobierno incómodo con la oposición y abusando de su poder podría, por motivaciones políticas, fabricar pruebas idóneas de conspiración para encarcelar a la diligencia política de sus opositores adversarios, y maltratarlos y vejarlos y manipular a los medios de comunicación para, de esta manera, descalificar sus actividades proselitistas y su proyecto político”.
Así mismo, considera que el artículo 130 del Código Penal viola los artículos 20 y 73 superiores, ya que, según él, quien difunda sus ideas y pensamientos, o desempeñe una actividad periodística, “y por la fuerza de los argumentos que determinaran su oposición al gobierno, tuviera la mala suerte de seducir a cualquier persona de las fuerzas armadas que lo escuchara, podría ser convicto, con pruebas fabricadas por los funcionarios del Estado”. Manifiesta que se debe declarar también inexequible la expresión “mediante el empleo de las armas” contenida en el artículo 2º del Decreto 1857 de 1989, ya que con ella se excluyen otras conductas que son igualmente atentatorias contra el régimen constitucional o legal vigente. “Al declarar la inexequibilidad de la parte demandada —dice el demandante— este artículo podrá incluir otras conductas que tipifican ampliamente este delito, p. ej., es sabido que existen ciertos dignatarios del Estado que, como en la época colonial cuando se predicaba el “se obedece pero no se cumple”, hoy manifiestan con relativa frecuencia que aceptan las decisiones judiciales pero que no las comparten” (resaltado del actor).
Concluye el actor que “los actos de fuerza del pueblo (rebelión armada y asonada) deben interpretarse como un castigo infligido al Gobierno Nacional, por su negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
Por dirigirse la demanda contra una disposición que hace parte de un decreto con fuerza de ley, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política.
Dado que, de una parte, la argumentación esgrimida por el demandante no se basa en fundamentos de índole jurídica surgidos del cotejo de las normas acusadas con otras supuestamente contrarias de la Constitución Política, sino en situaciones meramente hipotéticas, y que por otra parte, la normatividad acusada se encuentra prescrita bajo el contexto del Estado de derecho vigente, la Corte no considera del caso entrar a analizar las circunstancias bajo las cuales puede configurarse el derecho a la rebelión, tal como lo han reconocido y estudiado diversas e importantes corrientes filosóficas a través de los tiempos, y como está expresamente reconocido en la actualidad en el preámbulo de la Declaración universal de los derechos humanos de 1948. En consecuencia, considera la Corte que la inconsistencia de los argumentos esgrimidos por el acusado, la releva de entrar en tales consideraciones en la presente sentencia. Sea como fuere, lo cierto es que, la rebelión no puede justificarse dentro del marco de un Estado de derecho.
El Estado de derecho tiene sus propios mecanismos de conservación, distintos a los de la rebelión, la sedición y la asonada. Es ilógico pensar que pueda legitimarse una actitud de fuerza contra los instrumentos racionales y razonables que la humanidad ha puesto al servicio de la paz perpetua, en el seno mismo del Estado racional, es decir, del Estado inspirado en la ratio iuris. La fuerza la tiene la misma sociedad en forma de Estado, por lo tanto no hay por qué dividir esa fuerza y desproporcionar la expresión de una oposición, empleando para ésta la ofensiva armada, que en última instancia afecta al pueblo jurídicamente organizado. En aras del orden no puede introducirse su antinomia: el desorden. En aras de la paz no puede legitimarse la violencia, porque el fin siempre exige medios proporcionados a él. En el marco constitucional de un Estado donde existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad como son el estatuto de la oposición, la revocatoria del mandato, el principio de la soberanía popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, entre otros, no hay motivo razonable para señalar que es legítima la confrontación armada y mucho menos actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Los correctivos a las fallas en el manejo del poder político tienen que ser de derecho y no de hecho. La vía de hecho no puede, bajo ningún aspecto, conducir al restablecimiento del orden, no sólo por falta de legitimidad in causa para ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de derecho, un medio inadecuado, desproporcionado y generador de desorden.
Por las razones anteriormente expuestas, la Corte considera que los motivos aducidos por el actor carecen de consistencia jurídica, pues jamás la fuerza puede ser factor de legitimidad, sino más bien un elemento de defensa de ésta. Las pretensiones del demandante son injustificadas, por cuanto la vigencia del Estado de derecho suprime las causas de la rebelión legítima, y cesando la causa desaparece el efecto. Es así como las garantías constitucionales que tienen todos los habitantes en el territorio del Estado colombiano, hacen que no tenga principio de razón suficiente una rebelión en nuestro sistema democrático, en el que prevalece el interés general en busca del bien común y del orden social justo. Hay cauces jurídicos para expresar la inconformidad, y sistemas eficaces de control político, propios de una democracia participativa y fundada en el pluralismo.
Los artículos demandados tipifican los llamados delitos políticos. Sobre su naturaleza, ha dicho la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:
“Comparte la Sala el criterio de su colaborador fiscal sobre que el delito político tiene que serlo objetiva y subjetivamente: la expresión así lo indica, esto es, que el bien, interés o derecho jurídicamente tutelado en las ocurrencias en que acontece es lo político, vale decir, la organización del Estado, el buen funcionamiento del gobierno; y, además, los móviles que deben guiar al delincuente tienen que ser, consecuencialmente, los de buscar el mejoramiento en la dirección de los intereses públicos. Tal es el sentido natural y obvio del vocablo.
Mas, también ese es el sentido obvio y natural de las expresiones que la ley emplea para consagrar los delitos políticos, cuando requiere el propósito específico de derrocar al gobierno legítimo, o de cambiar en todo o en parte el régimen constitucional existente, o de impedir el funcionamiento normal del régimen constitucional o legal vigentes, o de turbar el pacífico desarrollo de las actividades sociales. Y eso es lo que en forma patente acredita también la circunstancia de que las infracciones comunes que se realicen durante un movimiento subversivo, tales como incendio, homicidio y lesiones causadas fuera de un combate y, en general, los actos de ferocidad y barbarie, se sancionan por separado, acumulando, por excepción, las penas (artículos 188 del Código de Justicia Militar y 141 y 143 del Código Penal)(1).
El delito político es aquel que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención.
3.2. Las normas acusadas.
3.2.1. La rebelión.
Cabe anotar que el texto acusado (art. 125 del Decreto 100 de 1980) confunde rebelión con revolución, pues modificar el régimen constitucional o legal vigente implica una actitud revolucionaria. Al respecto, conviene aclarar dos cosas: primera, no puede abarcar el género revolución ni el género rebelión, sino solamente las modalidades no ajustadas a derecho, es decir, las que no cumplen con los requisitos concurrentes enunciados; segunda, se refiere exclusivamente a la rebelión armada y por ende también a la revolución armada, sin principio de legitimación in causa, estudiada. Bajo esta interpretación, se procederá a declarar su exequibilidad.
3.2.2. La sedición.
La sedición implica una conducta antijurídica, por cuanto impide que los poderes públicos cumplan su función constitucional, bien sea de una ley, sentencia, decreto o cualquier otra medida obligatoria. Se trata de impedir el funcionamiento del orden jurídico, mediante la coacción armada.
Mediante la sedición ya no se persigue derrocar al Gobierno Nacional, ni suprimir el régimen constitucional o legal vigente, sino perturbar la operatividad jurídica; desde luego esta conducta tiene que ser tipificada, por cuanto en un Estado de derecho es incompatible la coexistencia de dos fuerzas armadas antagónicas, y, además, como se ha dicho, no puede legitimarse la fuerza contra el derecho.
Es común la concurrencia de la rebelión y de la sedición, por cuanto ambos son delitos políticos, y requieren de grupos de personas como agentes; además suponen el levantamiento armado. Sin embargo, cabe hacer entre los dos tipos penales, una diferencia: la rebelión, propiamente hablando, busca una sustitución de la clase dirigente, total o parcialmente. (Si lo que se intenta es el cambio de sistema, se está en presencia de una revolución). En cambio, la sedición ataca la operatividad de los poderes públicos, impidiendo el desarrollo constitucional o legal.
Dentro de un régimen de garantías individuales y sociales, como el nuestro, no tiene cabida, en absoluto, la sedición, porque sería legitimar una conducta que hace inoperante la finalidad misma del Estado, y es inconcebible consagrar el reconocimiento de un derecho que va en contra de un deber fundamental y prevalente.
Las mismas observaciones hechas sobre el artículo anterior, son válidas en este evento. Aquí la diferencia es temporal, pues se refiere a la transitoriedad de la acción y del efecto.
3.2.3 La asonada.
Como lo sostiene el tratadista Luis Carlos Pérez(2), el delito de asonada tiene modalidades que aparentemente lo distinguen de los políticos, porque si éstos radican en el ataque al orden legal establecido, o a los actos de sus representantes, “no se ve cómo los amotinados puedan cometerlos amenazando a los particulares. Sin embargo hay que tener en cuenta que la Constitución ampara la tranquilidad colectiva y que todo ataque contra ella afecta sus normas previsoras. Además, no puede decirse que la acción correspondiente constituya delito común”. Agrega el autor citado:
“En cualquier caso la asonada tiene un carácter más restringido y a veces particular. Su objeto no es el ordenamiento jurídico nacional, ni el poder supremo, ni el desconocimiento de alguna providencia, sino la ruptura de la normalidad social en muchos lugares a la vez o en uno solo. Es decir, que puede tener caracteres nacionales, regionales o locales”(3).
El artículo 128 de la ley sub examine tipifica no la simple reunión o tumulto, sino que especifica más aún la conducta, pues proscribe la exigencia violenta, lo cual es apenas obvio, ya que dentro de un Estado de derecho no se puede tolerar el empleo de la violencia —que es la situación resultante de la negación del derecho—. ¿Cómo puede un Estado de derecho permitir las vías de hecho? ¿Cómo legitimar actos por fuera de los cauces que la Constitución brinda para restablecer el orden, cuando este, por algún motivo, no está incólume o funcionando? La asonada, además, presenta varios inconvenientes jurídicos, en estricto sentido, a saber:
Por un lado, no tiene razón de ser, por cuanto con la consagración constitucional de la democracia participativa, con mecanismos eficaces para ello, no hay cabida para generar el desorden, a través de la asonada, lo cual impide la misma participación ciudadana institucionalizada. También contradice uno de los fines del Estado, como lo es el orden político, social y económico justo. La asonada, al impedir la tranquilidad, priva a los miembros de la sociedad civil de uno de sus derechos fundamentales, cual es la tranquilidad, además de desvertebrar la seguridad; al hacerlo, es injusta, luego tal conducta es incompatible con el orden social justo. Admitiendo, en gracia de discusión, que se trata de la expresión contra una injusticia, no hay legitimación in causa para la violencia, pues la justicia no admite como medio idóneo para su conservación su antinomia, es decir, la injusticia. Finalmente, contra la tranquilidad ciudadana no hay pretensión válida ya que los ataques a la población civil están expresamente prohibidos por los convenios de Ginebra de 1949.
3.2.4 Conspiración y seducción.
Los artículos 130 y 131 acusados son apenas una extensión necesaria de las anteriores disposiciones encontradas exequibles por esta Corporación. Así, el artículo 130 consagra una de las formas lógicas de prevenir el delito al tipificar la preparación de este. Obviamente si se penaliza el fin, también los acuerdos ordenados por los agentes para su consumación deben castigarse, por cuanto son unas conductas antisociales y desestabilizadoras del orden público.
En cuanto al artículo 131, encuentra la Corte que sería absurdo que el Estado permitiera que se adelantara una labor de propagación del delito dentro de sus Fuerzas Armadas, que tienen una finalidad muy clara de asegurar el orden y mantener las libertades públicas, aún con la fuerza. ¿Qué razón jurídica puede aducirse para permitir que se haga la apología del delito y seducción hacia él con el personal de las Fuerzas Armadas? La tipificación del artículo 131 acusado es apenas la consecuencia lógica de mantener la paz pública y asegurar los derechos de los asociados; que esperan una garantía plena y total en sus Fuerzas Armadas.
El propósito, se repite, es el de la rebelión y sedición ilegítimas y armadas.
4. Razón de ser de las disposiciones acusadas: en el Estado de derecho el poder público es el mo nopolizador de la coerción material.
El Estado moderno, que se configuró a partir de los siglos XV y XVI, al producirse el desplazamiento de ciertas funciones básicas que antes eran detentadas por los diversos estamentos, a manos de una autoridad central, no es compatible con la dispersión de la fuerza. Una de las funciones naturales del Estado es la de protección y seguridad de los asociados (cfr. art. 2º C.P.), la cual se logra mediante los sistemas de coerción material: fuerza armada institucional, policía, sistema carcelario y penitenciario, jueces y tribunales. Así, una de las características del poder público en el moderno Estado de derecho es el de detentar exclusivamente los medios de coerción material, con lo cual se garantiza que las reglas de derecho sean cumplidas por todos los asociados.
Como consecuencia de lo anterior, por una parte sólo el Estado puede poseer fuerzas armadas y, por otra, sólo él puede administrar justicia. Lógicamente, de acuerdo con este argumento, carecen de legitimidad los llamados grupos de autodefensa armada, por cuanto en realidad constituyen un paramilitarismo, incompatible con la estructura del Estado de derecho. Tanto las fuerzas armadas —incluyendo en éstas a la policía y a los organismos de seguridad—, como los tribunales y juzgados, son instituciones políticas que hacen parte del poder público; su formación, estructura, funciones y, en general, su organización básica, deben estar debidamente consagradas en la Constitución. Por otra parte, el Estado no debe tolerar la existencia de grupos o sectores armados por fuera de los ejércitos regulares y demás instituciones oficiales de defensa. La existencia, pues, de grupos paramilitares o de autodefensa, o de cuadrillas armadas, implica una amenaza contra la estabilidad institucional y un desconocimiento del Estado de derecho.
Es por lo anterior que esta Corporación procederá a declarar la exequibilidad de los artículos demandados, por no reñir con el espíritu de la Carta Política.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º y 2º (parciales) del Decreto 1857 de 1989, y los artículos 128, 130 y 131 (parcial) del Decreto 100 de 1980 (Código Penal).
Cópiese, publíquese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».
(Sentencia C-009 de enero 17 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

References: artículo 241
 artículo 1
 artículo 128
 artículo 130
 artículo 38
 artículo 130
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 128
 artículo 130
 artículo 131
 artículo 131