Source: https://es.scribd.com/document/24299597/Ley-Poder-Popular
Timestamp: 2016-07-27 11:59:12+00:00

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Ley Poder Popular
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de estar conciente y alerta para transformar; hay que cambiar individualismo por lo colectivo, la exclusión por la inclusión, competitivo por la solidaridad, el consumismo por lo recreativo, desesperanza por la esperanza, el miedo y el terror por la fe, desprestigio por la dignidad, la malignidad por el amor y el rencor por reconocimiento del otro.
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La participación ciudadana, protagónica y revolucionaria parte de una verdadera praxis coherente con la construcción del nuevo socialismo para que no se divorcien la teoría y la práctica. De lo anterior se desprende que la presente Ley surja en el marco de la consolidación de una soberanía popular, nacida de grupos humanos organizados quienes son la base de la población, sujeto a la dinámica de un proceso de transición suficiente para permitir el desarrollo del ejercicio protagónico hacia estadios superiores, abriendo cauces al torrente de ideas, espacios y acciones concientes plasmados en la Carta Magna. El actual momento histórico que vive la República está determinado por un nuevo proceso constituyente contenido en siete líneas estratégicas, a través de las cuales se busca dimensionar nuevas instancias de gestión en lo territorial, en el marco de las políticas públicas y en función de corregir las enormes distorsiones sociales tanto de exclusión como de injusticia, de ahí el impulso del Estado Comunal, cuyas manifestaciones quedan plasmadas en un poder popular que no se decreta desde arriba, contando con una Ley que coadyuva a que el pueblo libere su potencial creativo bajo espacios de intervención compartida y construyendo su propio destino. El proceso de construcción del poder comunal contribuye a consolidar la soberanía popular, la igualdad, la libertad y la abolición de toda opresión y privilegios, asegura las condiciones materiales y espirituales que permitan el desarrollo productivo y la satisfacción de las necesidades materiales, sociales, culturales, así como otras necesidades colectivas de sus habitantes. De lo anterior se desprende que ese poder comunal estará dirigido a lograr la independencia alimentaria y la diversificación económica, a fin de alcanzar un crecimiento sostenido y el desarrollo endógeno como base sostenible para el fortalecimiento de la economía social, la sustentabilidad fiscal y la inversión en pro de una sociedad equitativa, justa y prospera, que considere las actividades productivas de acuerdo a la vocación y potencial propios de cada región, de ahí que la presente ley promueva
espacios geohumanos como las comunas, donde los ciudadanos y ciudadanas tengan el poder para construir su propia geografía, su historia, así como la formación de autogobiernos y otras expresiones de democracia directa. En la presente Ley se considera al poder popular como la confluencia y el consenso para la acción de todos los movimientos sociales y políticos, y junto a ellos la institucionalidad pública. Apoyarse en las propias fuerzas colectivas y la experiencia acumulada contribuye a elevar la conciencia ciudadana y, con ella, la confianza comunitaria en sus propias capacidades y potencialidades. Ello implica, una valoración de todas las formas de participación de base que vayan apareciendo y junto a ellas dar calor a las nuevas expresiones de gobiernos comunales, que desde el corazón del sentir popular se vayan organizando bajo premisas jurídicas, que sirvan de guía para dar rienda suelta a todo el potencial creativo del pueblo. No son las relaciones jurídicas ni las formas de Estado, sino las relaciones vitales materiales las que constituyen la base de la sociedad, según Carlos Marx; quien sostenía que no se requiere solo de una revolución política, transformadora de las estructuras del Estado; sino también de una profunda revolución social, a lo cual se agrega que, construir un verdadero poder popular implica elevar la conciencia revolucionaria hacia lo que realmente implica o significa el pueblo en ejercicio del Poder. A parte de los artículos 5 y 70, el 62 de la Constitución Bolivariana es el principal detonante jurídico, en cuanto a la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo, aunado qué, la Carta Magna venezolana faculta a los ciudadanos y ciudadanas para el control de la gestión pública, para dar su veredicto en materias de interés nacional, así como revocar mandatos mediante la figura del referendo. En conclusión, el poder popular es el poder constituyente, es decir, la voluntad que configura la forma de organización política de una Nación; el que establece las bases del pacto político, su expresión en la distribución de las ramas del poder público y sus relaciones con el ciudadano. El sujeto del poder constituyente es el pueblo, su único titular, con asiento en la fuente de la legitimidad ampliamente predominante en nuestros días, la legitimidad democrática sustentada en el principio de la soberanía popular.
La presente Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, es el resultado de la impostergable tarea de construir el gobierno del pueblo, teniendo sus premisas jurídicas en la propia Constitución Bolivariana. En su artículo 5, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo; el artículo 39 que señala el ejercicio de la ciudadanía y por ende de los derechos y deberes políticos de los venezolanos y venezolanas; el artículo 51, que sostiene el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia, y de obtener oportuna y adecuada respuesta; el artículo 62 que se refiere al derecho ciudadano de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas; el artículo 66 que señala la obligatoriedad por parte de los representantes de elección popular de rendir cuentas a sus electores; el artículo 70 que enumera los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía; el artículo 118 que se refiere al derecho de los trabajadores y trabajadoras y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo; el 132 que expresa el deber ciudadano en cuanto a su responsabilidad social y a participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país; el artículo 141 que señala el papel de la administración pública al servicio del pueblo, así como los principios que la signan; el artículo 143 que destaca el derecho a la información oportuna y veraz por parte de la administración pública al pueblo; el artículo 158 que señala a la descentralización como política nacional que debe buscar acercar el poder al pueblo; el artículo 166 que ordena la creación del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; el artículo 173 referente a la creación de las entidades locales atendiendo a la iniciativa vecinal o comunitaria; 182 referido a la creación de los consejos locales de planificación pública; el artículo 184 referido a la creación de mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos; el artículo 185 referido a la creación del Consejo Federal de Gobierno; el artículo 300 describe a la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales; 308 relacionado a la protección por parte del Estado a todas las expresiones de asociación comunitaria; 322 referido a la responsabilidad de los venezolanos y venezolanas en cuanto a la seguridad y defensa de la Nación.
La presente Ley se encuentra estructurada por diez capítulos en los cuales encontramos: En el Capitulo I, las Disposiciones Generales, se establecen las normas destinadas a desarrollar, organizar e impulsar los medios de participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de los planes y proyectos en la gestión social, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, y otras formas organizativas del pueblo, en función de garantizar la tutela efectiva del derecho constitucional a su participación libre y democrática, ejercida directa o indirecta, individual o colectivamente, como condición necesaria para lograr la consolidación del poder popular. En el Capitulo II, encontramos los Principios y Medios de Participación; donde se define la participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión social y/o comunitaria como el medio necesario para garantizar su completo desarrollo, las instituciones gubernamentales deberán facilitar las formas, medios y procedimientos para que los derechos de participación se materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna. En el Capitulo III, De la Planificación Pública, referida a la planificación pública como proceso, al objeto, ámbito de aplicación y finalidades de ésta. Igualmente destaca el Sistema Nacional de Planificación como un proceso coordinado y armónico, ejercido con la participación abierta y directa del pueblo. El capitulo IV, Del Poder Popular en la Gestión y Ordenación del Territorio, el cual expresa que las comunidades organizadas podrán incorporarse en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio; la consolidación del territorio de acuerdo a sus particularidades y ventajas comparativas, contando para ello con la activa participación de las organizaciones populares; se insta a estructurar la red de centros poblados de base urbana y rural, así como la incorporación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de ordenación y gestión del territorio. El Capitulo V, De las Organizaciones del Poder Popular, donde se consagran a los Consejos Comunales como instancia de participación, en el ejercicio directo de la soberanía popular, contando con un área geográfica y poblacional determinada; igualmente, se trata a las Comunas, la Unión de Comunas y Ciudades Comunales, las cuales
tendrán como propósito la gobernabilidad de las comunidades, permitiendo al pueblo ejercer el poder en la forma más directa posible; dentro de este contexto se establecen las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias, destinadas al fomento de la soberanía y desarrollo de la economía popular, bajo un alto sentido social; finalmente se consagran las otras formas de Organización del Poder Popular, en función de fortalecer la organización del pueblo en las más diversas y disímiles formas de participación para la toma de decisiones en los ámbitos político, económico, social, ambiental y organizativo para el ejercicio pleno de su soberanía. En el Capitulo VI, De la Corresponsabilidad de las Organizaciones del Poder Popular en la Gestión Social y la Transferencia de Recursos y Servicios, visto como el compromiso compartido derivado de los pactos y acuerdos, que de conformidad con la ley, asumen los gobiernos de las distintas entidades territoriales y las organizaciones del poder popular en el desarrollo de la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de la gestión social. Asimismo, prevé los Convenios de Transferencia de Servicios y Recursos, a través de los cuales la República, los Estados y Municipios, podrán transferir a las comunas la administración y control de servicios, y éstos transferir recursos y servicios a las diferentes organizaciones del poder popular previa demostración de su capacidad para prestarlos. El Capitulo VII, referido a la Propiedad Social, como el derecho sobre entidades y espacios de aprovechamiento económico o con potencialidades para ello, destinados, proyectados o con posibilidades para la satisfacción de necesidades humanas, es de carácter general y participativo y está supeditada al bienestar social colectivo nacional. En el Capitulo VIII, la presente Ley refiere el papel del poder popular en la Seguridad y Defensa de la Nación, describiendo la gran responsabilidad para el binomio Estado-Organizaciones del poder popular de fomentar y preservar la seguridad y defensa integral de la Nación, así como el fomento en todos lo espacios y niveles del país de políticas destinadas a mejorar el bienestar social de todos los venezolanos y venezolanas. El Capítulo IX, relacionado al Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Participación Ciudadana, refiere que dicho órgano está facultado para asistir a los Consejos Comunales, Comunas y demás formas de organización del poder popular en el fomento e impulso
de la participación protagónica del pueblo y la coordinación de éstos con los órganos y entes del Poder Público. El Capitulo X, de las Disposiciones Finales, señala que los medios de participación establecidos en la presente Ley, se aplicarán en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones; que los actos de efectos generales que promuevan el desarrollo urbano y afecten el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado estarán viciados de nulidad absoluta. Asimismo, se establece que toda disposición legal que contravenga el contenido de la presente Ley, quedará derogada. LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y PODER POPULAR CAPITULO I Disposiciones Generales Objeto Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas destinadas a desarrollar, organizar e impulsar los medios de participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de los planes y proyectos en la gestión social y/o comunitaria, orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, y otras formas organizativas del pueblo, garantizando la tutela efectiva del derecho constitucional a su participación libre y democrática para la toma de decisiones en todos sus ámbitos mediante el ejercicio del poder a través de los gobiernos comunales, bajo un modelo de sociedad socialista, de equidad y de justicia. Principios y valores Artículo 2. La participación y organización del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, y se rige por los principios y valores de democracia participativa y protagónica, disciplina, interés colectivo, deber social, respeto, complementariedad y diversidad cultural, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, universalidad, responsabilidad, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad ambiental, igualdad social y de género, equidad, justicia y defensa de la soberanía nacional.
Artículo 3. Las disposiciones de la presente ley son aplicables a todas las manifestaciones del poder popular, expresadas directa o indirectamente por los ciudadanos y ciudadanas o comunidades organizadas en el ámbito del poder público y la sociedad en general, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión social, garantizando el protagonismo del colectivo, en los diferentes niveles del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como en las diversas organizaciones comunales. Sin perjuicio de las demás formas de participación que establezcan otras leyes. Fines de la participación Artículo 4. La participación tiene como fines: 1. Lograr el fortalecimiento del poder popular, en función de consolidar la democracia protagónica revolucionaria y construir las bases de la sociedad socialista, de equidad y justicia social. 2. Reconocer, promover y afianzar el proceso de organización del pueblo para su participación directa y protagónica en la gestión social, transfiriendo el poder a las comunidades a través del impulso de los gobiernos comunales. 3. Fortalecer la cultura de la participación para garantizar el ejercicio de la soberanía popular. 4. Implementar la participación protagónica revolucionaria como una política de Estado en todos sus ámbitos y niveles. 5. Garantizar al ciudadano y ciudadana la información oportuna y veraz que soliciten a los órganos y entes públicos. 6. Sentar las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la gestión y control social para la prestación de un servicio transparente en todos los ámbitos territoriales. 7. Profundizar el carácter corresponsable de la participación y la cogestión. Definiciones Artículo 5. A los efectos de la presente ley se entiende por: • Poder Popular: Es el poder del pueblo organizado, en las más diversas y disímiles formas de participación, para la toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros) para el ejercicio pleno de su soberanía.
Participación Ciudadana: El derecho y el deber consciente de los ciudadanos y ciudadanas a involucrarse de manera individual o colectiva en la formación, ejecución, control, planificación y evaluación de la gestión social en el ejercicio del poder popular. Presupuesto Participativo: Mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos. Todo ello con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y sus organizaciones. Diagnóstico Participativo: El proceso que permite identificar, ordenar, jerarquizar y explicar los problemas que afectan a las comunidades, frente una realidad social en la que se requiere intervenir en un momento determinado con la participación directa del pueblo, a fin de formular el presupuesto participativo. Organizaciones del poder popular: Diversas formas organizativas del pueblo, construidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos, que agrupan a ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover bienestar colectivo, logrando que a través de la participación las personas involucradas crezcan en conciencia política. Las organizaciones del poder popular se caracterizan por ser gestionadas y controladas democráticamente. Consejos Comunales: Instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales, populares y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas, de acuerdo con lo establecido en su Ley respectiva. Asamblea de Ciudadanos: Máxima instancia de participación de la comunidad, conformada por la reunión de personas para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad y demás formas de organización comunal. Comuna: Entidad locales conformada por el conjunto de comunidades, que poseen un ámbito geográfico, una memoria histórica compartida, gentilicio, usos, costumbres, rasgos culturales que los identifica e intereses comunes que se reconocen en el territorio que ocupan y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica, como expresión del poder popular y en correspondencia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Comunidad: Congregación de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí y comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole. Es el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia. Estado Comunal: Conjunto de Comunas que bajo su organización política y de gobierno, permite mediante el ejercicio directo del poder por parte del pueblo, la construcción de un modelo de sociedad que diversifique y fortalezca la economía social para alcanzar un crecimiento sostenido y el desarrollo endógeno, la sostenibilidad fiscal, el ahorro y la inversión, para la construcción de una sociedad socialista, de equidad y de justicia. La célula fundamental del Estado Comunal son las Comunas, constituidas en todos los espacios de la geografía nacional. Propiedad Social: Derecho sobre entidades y espacios de aprovechamiento económico o con potencialidades para ello, destinado a satisfacer necesidades humanas de carácter general y participativo, supeditada al bienestar social colectivo nacional. Control Social: Mecanismo a través del cual todo ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participan en la vigilancia, seguimiento y control de la gestión social y comunitaria, en la ejecución de programas, planes y proyectos en la prestación de los servicios, así como en la conducta de los funcionarios públicos para prevenir y proponer correctivos. Unión de Comunas: Asociación de comunas que tiene como propósito estrategias conjuntas, en función de promover políticas de Estado en su espacio geográfico sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad y defensa. Cogestión: Proceso mediante el cual las comunidades organizadas conjuntamente con el Estado, convienen la gestión y ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar su calidad de vida. Autogestión: Conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios. Planificación participativa y protagónica: Nueva cultura de participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos
públicos propiciando el diseño, formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas en todos sus ámbitos. Poder Público: Conjunto de órganos e instituciones del Estado con capacidad jurídica y legitima, para ejercer en forma eficaz, mediante la coactividad, las acciones y cometidos que le son conferidas por la Constitución de un Estado. Instancias de atención ciudadana: Órganos y entes de la administración pública, así como aquellas instancias del poder popular, encargados de atender a los ciudadanos y ciudadanas y proveer toda la información y atención que requieran, para la solución de problemas o necesidades colectivas, promoviendo el logro consensual de actividades solidarias participativas. Entidad Local: Demarcación territorial, que acuerdo con el carácter político-administrativo que le asigne la ley respectiva, podrá contar con una forma de gobierno que le permita al pueblo ejercer el poder en la forma más directa posible, y en función de un modelo de sociedad socialista de equidad y justicia. Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social y comunitaria, para el bienestar colectivo. Referendo: Medios de participación y protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas en ejercicio directo de su soberanía política, expresada mediante: a) Referéndum Consultivo en materias de trascendencia nacional, estadal, municipal y parroquial. b) Referéndum Revocatorio de cargos y magistraturas de elección popular. c) Referéndum Aprobatorio de leyes, tratados, convenios o acuerdos internacionales. d) Referéndum Abrogatorio de leyes y decretos con fuerza de ley. Sistema Microfinanciero: Conjunto de órganos y entes del Poder Público y demás organizaciones de carácter privado que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros fomenten, promocionen, intermedien o financien tanto a los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas comunitarias y demás organizaciones del poder popular conforme a su ley respectiva. Ordenación del territorio: Estrategia política del Estado para orientar la distribución espacial del desarrollo, la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, así como la localización y organización de la red de centros poblados de base urbana y rural.
Organizaciones Socioproductivas Comunitarias: Unidades originadas en el seno de la comunidad, que a través de una economía basada en la producción, transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios tienen como finalidad satisfacer las necesidades de sus miembros y de la comunidad en general. Seguridad de la Nación: Condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías del pueblo, de las instituciones y cada una de las personas que conforman el Estado, con proyección generacional, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos. CAPITULO II De los Principios y Medios de Participación Sección I De los Principios de la Participación
Promoción de la Participación Ciudadana Artículo 6. La participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para garantizar su completo desarrollo tanto individual como colectivo. Las instituciones gubernamentales deberán promover y garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión social y comunitaria, facilitando las formas, medios y procedimientos para que ésta se materialice de manera efectiva, suficiente y oportuna. Derecho a la Información Artículo 7. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener información general y específica sobre las políticas, planes, decisiones, actuaciones, presupuesto, proyectos y cualesquiera otras del ámbito de la actividad pública. Igualmente, tienen derecho a formular peticiones y propuestas; y a recibir oportuna y adecuada respuesta; a la asistencia y apoyo de las autoridades en sus actividades para la capacitación, formación y educación a los fines del desarrollo y consolidación de la cultura de participación protagónica revolucionaria en los asuntos públicos, sin más limitaciones que las dictadas por el interés colectivo y la salvaguarda del patrimonio público.
Derechos de la Participación en la Gestión Social Artículo 8. A los efectos de la presente Ley, los derechos de participación en la gestión social se ejercen mediante actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas y del pueblo organizado, a través de sus distintas expresiones, entre otras:
1. Promoviendo conjuntamente con el gobierno respectivo, los planes de desarrollo, los mecanismos para la aplicación de la iniciativa legislativa y, en especial, la formulación y ejecución del presupuesto; la aprobación y ejecución de obras y servicios, los contenidos del informe de gestión y la rendición de cuentas de los proyectos aprobados y ejecutados, en términos comprensibles a los ciudadanos y ciudadanas.
2. Presentando y discutiendo propuestas comunitarias prioritarias en la elaboración del presupuesto de inversión de obras y servicios, a cuyo efecto el gobierno respectivo establecerá mecanismos suficientes y oportunos. 3. Participando en la toma de decisiones desde las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, a cuyos efectos las instituciones públicas en todos los ámbitos de gestión de gobierno territorial, generarán mecanismos de negociación, espacios de información suficiente y necesaria, así como instancias de evaluación. Medios de Participación Artículo 9. Los medios de participación serán desarrollados tomando en consideración la realidad y condiciones de cada ámbito territorial y poblacional, mediante los instrumentos jurídicos correspondientes para hacer efectivo su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presente Ley y otras normas. Derecho a gestionar y requerir los servicios públicos Artículo 10. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a requerir y utilizar los servicios públicos y a participar en la formación de los planes y proyectos para su dotación, ejecución, gestión y evaluación. Igualmente, de forma organizada, tienen derecho a la gestión de los servicios públicos conforme a la legislación vigente respectiva. Asimismo, están obligados a contribuir al mantenimiento, preservación y mejora de la calidad de los mismos. Sección II De los Medios de Participación
Artículo 11. Los medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, son aquellos a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, para expresar su voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. Los medios de participación son, entre otros, los siguientes: 1. Cabildos abiertos. 2. Asambleas de ciudadanos y ciudadanas. 3. Consultas públicas. 4. Presupuesto participativo. 5. Control social. 6. Referendos. 7. Iniciativa legislativa. 8. Medios de comunicación social alternativos. 9. Instancias de atención ciudadana. 10. Autogestión. 11. Cogestión. 12. La planificación participativa y protagónica en la gestión social y comunitaria. El enunciado de estos medios específicos no excluye el reconocimiento y desarrollo de otras formas de participación en la vida política, económica, social y cultural del pueblo. A tales efectos la ley respectiva determinará la normativa por la cual se desarrollaran dichas iniciativas. Del interés legitimo de ejercer la participación Artículo 12. El ciudadano o ciudadana, a través de sus organizaciones así como individualmente, tiene el derecho y el deber de utilizar los medios de participación establecidos en la presente Ley.
Cabildos Abiertos Articulo 13. La iniciativa para convocar a cabildos abiertos corresponde al Concejo Municipal, a las Juntas Parroquiales, al alcalde o alcaldesa y a los ciudadanos y ciudadanas, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes; de conformidad con lo establecido en la Ley respectiva. Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos Articulo 14. Es la máxima instancia en toma de decisiones y de consulta de las expresiones organizativas del pueblo, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad respectiva y otras formas de organización popular. La constitución, funciones, toma de decisiones y quórum de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, serán regulados por la Ley respectiva. Del Presupuesto Participativo Artículo 15. El presupuesto participativo como mecanismo para deliberar y decidir en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión, se llevará a cabo con el concurso de los consejos locales de planificación pública, las comunas, los consejos comunales y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas de las comunidades y demás formas organizativas del poder popular. Su reglamentación se hará con base a las realidades, naturaleza y expectativas de cada comunidad, tomando en cuenta la legislación vigente. Del Control Social Articulo 16. El control social deberá ser ejercido de manera obligatoria por las comunidades y demás formas organizativas del poder popular en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión social y comunitaria.
Las instituciones públicas están en el deber de promover el ejercicio del control social, garantizando las condiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de sus objetivos. Todo lo referente a la organización, funciones y propósitos del control social, será regulado por su ley respectiva.
De los Referendos Articulo 17. La solicitud y validez del referendo consultivo, revocatorio, abrogatorio o aprobatorio, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la normativa legal que rige la materia; La organización, administración,
dirección y vigilancia de todos los actos relativos a los procesos de referendos corresponde al Poder Electoral. De la Iniciativa Legislativa Articulo 18. Toda iniciativa legislativa requerida por el pueblo en todas sus manifestaciones, y en un número no menor del cero como uno por ciento (0,1%) de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral, será regulada por la ley respectiva. Medios de comunicación social alternativos Articulo 19. Los medios de comunicación alternativos, se constituyen en una herramienta comunicacional del poder popular al servicio del cual estarán, en función de promover la organización del pueblo. La Cogestión Artículo 20. Toda acción que propenda a la participación de los trabajadores en la gestión empresarial, basado en el entendimiento común de los actores en cuanto a sus logros, deberá ser estimulada por la acción gubernamental. La Autogestión Artículo 21. El pueblo tiene el derecho y el deber a organizarse y movilizarse para solucionar problemas de interés común. Las comunidades tenderán a ser autogestionarias promoviendo la asociación en función del bienestar colectivo. La ley establecerá las reglas para el ejercicio de estas figuras participativas. De la planificación en la gestión Social y Comunitaria Artículo 22. Los órganos y entes del poder público, incorporarán a sus discusiones a los ciudadanos y ciudadanas, a través de las diversas instancias de participación popular, en el ejercicio de su derecho a la participación en la formulación, ejecución, seguimiento y control de la gestión social y comunitaria. CAPÍTULO III De la Planificación Pública La Planificación Pública como Proceso Artículo 23. La planificación pública como proceso, formula planes y proyectos con vistas a su ejecución racional y sistemática, en el marco de un sistema orgánico nacional, que permita la coordinación y cooperación interinstitucionales, intersectorial e intergubernamental, así como la
participación activa y protagónica del pueblo en función de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones planificadas, de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Objeto Artículo 24. La planificación pública debe garantizar un sistema social de participación, que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la consolidación del poder popular y la transformación del país. Ámbito de Aplicación Artículo 25. La planificación pública tendrá su ámbito de aplicación en todas las instancias de participación popular y los entes u órganos que conforman el Poder Público: popular, municipal, estadal y nacional, así como en aquellos que determine la ley respectiva. Finalidades Artículo 26. La planificación pública tiene por finalidad: 1. Establecer un Sistema Nacional de Planificación que permita el logro de los objetivos estratégicos del desarrollo económico y social de la Nación. 2. Garantizar la participación popular en la planificación pública. 3. Fortalecer la capacidad del Estado y la sociedad en función de los objetivos estratégicos de desarrollo económico y social de la Nación. 4. Forjar un Estado transparente, eficaz, eficiente y efectivo. 5. Promover espacios para el ejercicio de la democracia directa, participativa, y protagónica, como base para la consolidación del Estado de equidad y justicia social. 6. Las demás que le determine la Constitución y la ley respectiva Sistema Nacional de Planificación Artículo 27. Se crea un Sistema Nacional de Planificación que tendrá como objetivos contribuir a la optimización de los procesos de definición, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, a la efectividad, eficacia y eficiencia en el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la consolidación del poder popular. Integración del Sistema Nacional de Planificación
Artículo 28. Integran el Sistema Nacional de Planificación: 1. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación pública, sin menoscabo de la prerrogativa de autoorganización que le corresponde conforme a la Constitución. 2. Los órganos de planificación y coordinación de políticas públicas, establecidos en la Ley respectiva. 3. Las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales con las atribuciones para intervenir en los procesos de planificación de los órganos y entes del Poder Público sujetos a las disposiciones de la Ley respectiva. 4. Los ciudadanos y ciudadanas, a través de las instancias de participación popular, en el ejercicio de su derecho a participar en los procesos de la planificación pública. Planificación Participativa Artículo 29. Los órganos y entes del Poder Público, durante la etapa de elaboración de los planes respectivos, incorporarán a sus discusiones a los ciudadanos y ciudadanas, a través de los Consejos Comunales, Comunas, Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás organizaciones del poder popular, en el ejercicio de su derecho a la participación en la formulación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas. CAPÍTULO IV Del Poder Popular en la Gestión y Ordenación del Territorio Ámbito Artículo 30. Las comunidades organizadas podrán incorporarse en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, desde el inicio de la elaboración de los planes, en los términos establecidos en la correspondiente ley y los que establezcan las respectivas coordinaciones con los organismos públicos y privados encargados o responsables del plan, promoviendo la inversión pública y privada, y la dotación de las infraestructuras, equipamientos y servicios, necesarios para la consolidación de los asentamientos humanos y la localización de las actividades productivas, con base en los recursos disponibles y las ventajas comparativas asociadas a su localización.
La ley respectiva preverá la designación de un vocero o vocera, para que ejerza las funciones en materia de ordenación y gestión del territorio, el cual actuará según las orientaciones de la organización comunitaria correspondiente. Principios Artículo 31. Todas las actividades y disposiciones que regulan el proceso de gestión de la ordenación del territorio, se realizaran bajo los principios de: Soberanía Nacional, Equilibrio territorial, Desarrollo endógeno, Desarrollo sustentable, Precaución, Corresponsabilidad, Prevención de riesgos, Responsabilidad por los daños, Seguridad y defensa. Funciones Artículo 32. Son funciones de la ordenación del territorio: 1. Consolidar el territorio de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas, realidades ecológicas, socioculturales, geopolíticas y potencialidades
2. Participar en la ordenación turística integral a nivel nacional, regional, estadal, municipal y comunal. 3. Estructurar la red de centros poblados de base urbana y rural.
4. Incentivar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales. 5. Contribuir a la demarcación de los hábitats y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar su integridad cultural, social y económica de acuerdo a la Ley que rige la materia. 6. Promover las acciones y regulaciones tendientes al desarrollo de regiones, distritos productivos, zonas especiales de desarrollo, y centros poblados, a través de la planificación, gestión y mejoramiento de la calidad de vida. 7. Promover la generación de condiciones óptimas para el desarrollo urbano sustentable. Derecho a la información
Articulo 33. Se reconoce a cada persona el derecho a la información sobre la ordenación y la gestión del territorio, el Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas en la legislación que regule el ordenamiento territorial y en los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten.
Mecanismos de información pública Artículo 34. Las autoridades ambientales deberán incorporar a los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la ordenación y gestión del territorio contemplados en la legislación que regule la ordenación del territorio, mediante mecanismos idóneos y dispositivos de intercambio de información, y todos aquellos que el organismo responsable del plan considere para facilitar la incorporación de las comunidades organizadas y a particulares interesados.
CAPÍTULO V De las Organizaciones del Poder Popular Sección I Consejos Comunales Ámbito Articulo 35. El consejo comunal como instancia de participación, articulación e integración, en el ejercicio directo de la soberanía popular y en su relación con los órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, contará con un área geográfica y poblacional determinada por la ley respectiva y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las particularidades de cada comunidad. Principios Artículo 36. Los Consejos Comunales se rigen por los principios y valores de participación, solidaridad, democracia, colectivismo, integración, ayuda mutua, celeridad, coordinación, cooperación, corresponsabilidad social, rendición de cuentas, compromiso, bien común, territorialidad humanismo, transparencia, ética, trabajo voluntario, honestidad, eficacia, eficiencia, control social, libertad, paz internacional, equidad, justicia e igualdad social y de género. Funciones Artículo 37. Los consejos comunales tienen como funciones: 1. Ejercer directamente la gestión de las políticas públicas dentro de su comunidad. 2. Garantizar el cumplimiento del ciclo comunal. 3. Velar que los planes comunitarios estén debidamente articulados con los planes de desarrollo municipal, estadal y nacional. 4. Impulsar como instancias del Poder Comunal, el ejercicio individual y colectivo de la participación protagónica de todos los habitantes de su comunidad, en la construcción de la sociedad de equidad y justicia social. 5. Promover y coordinar con el Consejo Local de Planificación Pública el diagnóstico participativo. 6. Vigilar que el mecanismo del presupuesto participativo, sea el resultado de la consolidación de los requerimientos formulados por la comunidad respectiva en el Plan Municipal de Desarrollo. 7. Ejercer la contraloría social.
8. Garantizar que los recursos financieros que les sean asignados por el Sistema Microfinanciero se ejecuten de acuerdo a los proyectos y planes, debidamente aprobados, por las asambleas de ciudadanos y ciudadanas. 9. Las demás funciones que les determine la ley respectiva. Sección II Las Comunas, la Unión de Comunas y Ciudades Comunales Objeto de las Comunas Artículo 38. La comuna tiene como propósito el mayor compromiso de los ciudadanos y ciudadanas en la planificación, elaboración del presupuesto y la gobernabilidad de las comunidades, permitiendo al pueblo ejercer el poder en la forma más directa posible. Así mismo Contribuye a sentar las bases de un nuevo modelo productivo y de distribución de bienes y servicios de contenido social. Ámbito Articulo 39. La comuna estará conformada por un conglomerado social de varias comunidades, que poseen un ámbito geográfico, una memoria histórica compartida, gentilicio, usos, costumbres, intereses comunes y rasgos culturales que los identifican. En el marco de las políticas de Estado, la comuna se ocupará de aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad y defensa de sus comunidades. Naturaleza Articulo 40. En cada Comuna se elaborará un Plan Comunal de Desarrollo, en el cual se establecerán los proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; tomando en cuenta los múltiples patrones de ocupación del territorio, de acuerdo a su cultura, geografía, historia, economía y ecología, así como de la concentración demográfica del asentamiento humano. Dicho plan se elaborará y llevará a cabo mediante la intervención planificada y coordinada con las comunidades, promoviendo junto al pueblo el ejercicio directo del poder. Principios Artículo 41. Las Comunas se regirán bajo los principios de participación popular, justicia, solidaridad, viabilidad, equidad, perfectibilidad, cooperación, interés público, corresponsabilidad, cogobernabilidad, rendición
de cuentas, celeridad, eficacia, eficiencia, soberanía nacional, equidad social y territorial. Finalidades Artículo 42. Las comunas tendrán como finalidades, entre otras: 1. Contribuir a la consolidación del Estado comunal social, de equidad y de justicia. 2. Promover espacios para el ejercicio de la democracia directa, participativa, protagónica, como base para la consolidación del Estado de equidad y justicia social. 3. Coordinar, a través de sus respectivos gobiernos la elaboración y puesta en práctica de planes de producción para la comunidad. 4. Ser un factor integrador y dinamizador del desarrollo territorial. 5. Reconocer a la entidad local, bajo una visión sistémica de integración nacional. 6. Impulsar formas de participación en cuanto a la planificación local. 7. Promover mecanismos para la formación e información de las comunidades. 8. Todas aquellas determinadas en la Constitución y la presente Ley. De la organización Artículo 43. Las comunas deberán organizarse, a partir del ámbito geográfico determinado por el conjunto de comunidades que la conforman, y de acuerdo con lo establecido en la ley respectiva. Deberán contar con un gobierno que promueva junto al pueblo el ejercicio directo del poder, con el propósito de construir las sólidas bases que sustenten el Estado de equidad y justicia social. La ley respectiva determinará los parámetros que en los órdenes geográfico y poblacional, prevalecerán para la conformación de una comuna. Del Estado y La Comuna Artículo 44. La comuna es la unidad funcional, tanto política como administrativa para la conformación del Estado Comunal. A los efectos, el gobierno nacional planificará, articulará y coordinará la acción conjunta de las comunas y los sistemas o asociaciones de varias comunas, a efectos de mantener coherencia con estrategias y políticas de carácter nacional. De la Unión de Comunas Artículo 45. Las comunas podrán constituirse en asociaciones, tomando en cuenta los ejes geográficos o territoriales que se disponga en la ley, teniendo
como propósitos estrategias conjuntas en función de promover políticas de Estado en su espacio geográfico en cuanto a aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad y defensa. La ley respectiva determinará todo lo concerniente a la organización, funcionamiento y competencias de la unión de comunas. Ciudad Comunal Artículo 46. Es el Sistema de unión de comunas, que dentro de un eje geográfico y territorial definido poseen una memoria histórica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con intereses comunes, agrupadas entre sí con fines político-administrativos, que persiguen un modelo de sociedad socialista de equidad y de justicia, tomando en cuenta la coherencia con los lineamientos y políticas establecidos a nivel nacional. La ley respectiva determinará todo lo concerniente a la organización, funcionamiento y competencias de la ciudad comunal. Sección III De las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias Ámbito Artículo 47. Las organizaciones socioproductivas comunitarias, en el ejercicio directo de la soberanía y desarrollo de la economía popular, llevarán adelante sus actividades en función a sus potencialidades, recursos y necesidades, garantizando las aspiraciones de la comunidad y sus integrantes. Formas Artículo 49. Las organizaciones socioproductivas comunitarias adoptarán las siguientes formas: empresa de propiedad social directa o comunal, empresa de propiedad social indirecta, empresa de producción social, empresa de distribución social, empresa de autogestión, unidad productiva familiar, grupos de intercambio solidario o grupo de trueque comunitario y se regularán de conformidad con lo previsto en su ley respectiva. Principios Artículo 50. Las organizaciones socioproductivas comunitarias se rigen por los principios de participación, solidaridad, democracia, cooperación, corresponsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, honestidad,
eficacia, eficiencia, control social, libertad, sustentabilidad, equidad, justicia e igualdad social y de género, asociación abierta y voluntaria, formación y educación, respeto y fomento de las tradiciones, diversidad cultural, articulación del trabajo en redes socioproductivas, cultura ecológica y preponderancia de intereses comunes sobre los individuales. Funciones Artículo 51. Las organizaciones socioproductivas comunitarias tienen como funciones: 1. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos socioproductivos dirigidos a consolidar el desarrollo integral de la colectividad en general, en coordinación con las demás formas de organización del poder popular. 2. Promover y ejercer la participación y protagonismo del pueblo en el desarrollo de las actividades socioproductivas surgidas del seno de la comunidad. 3. Ejecutar actividades de producción, transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios en beneficio de las comunidades. 4. Fomentar, promover e implementar el desarrollo de actividades socioeconómicas y políticas, culturales, ecológicas para la comunidad, con preferencia en el ámbito local y comunal, respetando los principios y valores contenidos en su ley respectiva. 5. Dar primacía a las personas y al trabajo sobre el capital en la distribución de sus excedentes, garantizando la igualdad de derechos y obligaciones para sus miembros. Sección IV De otras formas de Organización del Poder Popular Objeto Artículo 52. Las organizaciones del poder popular tendrán por objeto consolidar la organización del pueblo en las más diversas y disímiles formas de participación, para la toma de decisiones en los ámbitos político, económico, social, ambiental y organizativo, para el ejercicio pleno de su soberanía. Su organización y funcionamiento serán determinados en la Ley respectiva
Principios Artículo 53. Las organizaciones del poder popular se regirán bajo los principios de participación popular, solidaridad, viabilidad, responsabilidad, credibilidad, honestidad, perfectibilidad, cooperación, interés público, corresponsabilidad y rendición de cuentas. Finalidades Artículo 54. Las organizaciones del Poder Popular tendrán como finalidades: 1. Consolidar la Democracia Participativa y Protagónica, en función de la insurgencia del poder popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, de equidad y justicia social. 2. Coadyuvar a las iniciativas locales para el impulso de empresas de producción social, núcleos de desarrollo socialista, polos agrarios, así como las iniciativas del Ejecutivo en coordinación y con estrecha vinculación a los grandes objetivos de desarrollo nacional. 3. Promover la unión, la solidaridad, el sentido colectivo y el mayor consenso posible dentro de sus áreas de influencia. 4. Fomentar el desarrollo de las tradiciones culturales de las comunidades. 5. Ejercer el control social. 6. Involucrar a los habitantes de una determinada área geográfica para que se interesen por los problemas que aquejan a su comunidad y estén dispuestos a proponer soluciones y participar en la ejecución de las mismas. Poder Público y Organización del Poder Popular Artículo 55. Todas las instancias del Poder Público deberán favorecer la constitución y desarrollo de las diversas formas de organización del poder popular, destinadas a la defensa de los intereses colectivos. CAPÍTULO VI De la Corresponsabilidad de las Organizaciones del Poder Popular en la Gestión Social y la Transferencia de Recursos y Servicios Sección I De la Corresponsabilidad
De la Corresponsabilidad Artículo 57. Corresponsabilidad es el compromiso compartido derivado de los pactos y acuerdos, que de conformidad con la ley, asumen los gobiernos de las distintas entidades territoriales y las organizaciones del poder popular en el desarrollo de la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de la gestión social. Ejercicio de la Corresponsabilidad Artículo 58. La corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Participación Corresponsable Artículo 59. Las organizaciones del poder popular, tienen el deber de participar corresponsablemente en los planes de defensa de la nación y de seguridad de las personas y bienes, formulados por los distintos órganos y entes del Estado, de acuerdo con la Constitución y las Leyes.
Sección II Sobre los Convenios de Transferencia de Servicios y Recursos Transferencia a las Comunas Artículo 60. La República, los estados y municipios podrán transferir a las comunas la administración y control de servicios, atribuidos a estos por la Constitución y las leyes respectivas, con fundamento en el principio de corresponsabilidad en la gestión social. Transferencia a las Organizaciones populares Artículo 61. Los gobiernos de las comunas podrán transferir recursos y servicios a las diferentes organizaciones del poder popular previa demostración de su capacidad para prestarlos. A tales efectos, las organizaciones del poder popular harán las solicitudes formales respectivas, y cumplirán con los requisitos establecidos en las leyes que regulan la materia. Financiamiento de Proyectos Artículo 62. El Estado a través del Sistema Microfinanciero podrá proporcionar recursos financieros y no financieros para la ejecución de los proyectos desarrollados por los consejos comunales, comunas,
organizaciones socioproductivas comunitarias y demás organizaciones del poder popular. Políticas Públicas socialmente responsables Artículo 63. Es obligación del Estado en el marco del proceso de transferencia de servicios y recursos a las comunas y demás organizaciones del poder popular, formular, crear y ejecutar políticas públicas socialmente responsables, cuyos fines primordiales se centren en el desarrollo integral de las personas, y la preservación del medio ambiente para el logro de la felicidad suprema del pueblo. De la reversión de la transferencia Artículo 64. La República, los estados y municipios podrán intervenir y reasumir la prestación del servicio transferido a la comuna o a las organizaciones del poder popular, cuando no se preste en los lapsos establecidos en el convenio o se preste deficientemente. Regulación de la corresponsabilidad y la transferencia Artículo 65. Todo lo referente a la corresponsabilidad de las organizaciones del poder popular en la gestión social, así como la supervisión y reversión, a que hubiere lugar, y los procedimientos de transferencias de servicios a las comunas y demás organizaciones del poder popular, serán regulados por las leyes respectivas. CAPÍTULO VII Propiedad Social La Propiedad Social Artículo 66. La propiedad social es el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinados a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales para el desarrollo de una vida plena y la producción de obras, bienes o servicios, que por derecho y naturaleza propia le corresponde. Principios Artículo 67. La propiedad social tiene como principios generales los siguientes: 1. Dotar a los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas comunitarias y demás organizaciones del poder popular, de medios y factores de producción que garanticen la
satisfacción de las necesidades humanas esenciales y el ejercicio de la soberanía nacional. 2. Promover el trabajo social productivo y la transformación socialista, en forma consciente y en correspondencia con el compromiso del pueblo en la construcción del Poder Popular. 3. Fomentar el trabajo y la educación como factores esenciales para la producción de bienes, obras y servicios, la generación de riqueza social y fuente generadora de conocimiento científico y tecnológico conforme al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. 4. La igualdad, equidad y justicia social. 5. La cultura ecológica para la preservación y protección sustentable y sostenible del ambiente. Finalidades Artículo 68. La propiedad social tendrá las siguientes finalidades: 1. Promover el impulso del modelo socio productivo nacional y la construcción comunal y solidaria de la economía popular, prevaleciendo en ello el trabajo y la educación como factores esenciales y los intereses de la población sobre la reproducción del capital. 2. Estimular la constitución y registro de las organizaciones socioproductivas comunitarias. empresas de las
3. Garantizar que la actividad de los medios de producción de propiedad social esté orientada fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades sociales de la población. 4. Promover y apoyar la coordinación entre la Administración Pública, en sus diferentes niveles, para el desarrollo de la propiedad social. Carácter Artículo 69. La propiedad social es de carácter general, participativo y estratégico, en función de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras; la preservación de la integridad territorial de la República, su seguridad y soberanía. Prevalencia del Interés General
Artículo 70. En la propiedad social prevalece el interés general sobre cualquier otro, y sus actividades u operaciones se desarrollan mediante la planificación centralizada del Estado en función de potenciar su desarrollo político, económico y social. CAPÍTULO VIII Del Poder Popular en la Seguridad y Defensa de la Nación Ámbito Artículo 71. La Seguridad y Defensa de la Nación abarca el territorio y demás espacios geográficos de la República, así como los ciudadanos y ciudadanas, y los extranjeros que se encuentren en él. Igualmente, contempla a los venezolanos y venezolanas, y bienes fuera del ámbito nacional, pertenecientes a la República.
Principios Artículo 72. La seguridad y defensa de la Nación a los fines de esta Ley, se regirá por los principios de corresponsabilidad, independencia, igualdad, paz, libertad, justicia, democracia, soberanía, integridad territorial y desarrollo integral de la Nación. De la Corresponsabilidad Artículo 73. El Estado y las organizaciones del poder popular son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la Nación, así como en las distintas actividades que realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes. Pueblos Indígenas Artículo 74. Los pueblos indígenas como parte integrante del pueblo venezolano, único, soberano e indivisible, participarán activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.
Desarrollo Integral Artículo 75. La calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas es objetivo fundamental para la seguridad y defensa del Estado venezolano, fomentando en todos lo espacios y niveles nacional, estadal, municipal y comunal, el desarrollo integral, sustentable, productivo y sostenible, garantizando la participación de las organizaciones del poder popular, y así otorgar el mayor bienestar al pueblo. CAPÍTULO IX Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Participación Ciudadana Coordinación Artículo 76. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana asistirá a los Consejos Comunales, las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de organización del poder popular en el fomento e impulso de la participación protagónica y el desarrollo de la economía comunal así como la coordinación entre éstos con los órganos y entes del Poder Público. Competencias Artículo 77. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 1. Diseñar y efectuar el seguimiento de las políticas, lineamientos, planes y estrategias que deberán observar los órganos y entes del Poder Público en todo lo relacionado con los Consejos Comunales, las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de organización del poder popular. Llevar y mantener actualizado el registro de los Consejos Comunales. Coadyuvar en la elaboración de los planes y programas realizados por los Consejos Comunales, las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de organización del poder popular, tendentes al impulso de la economía participativa en todas sus expresiones. Diseñar e instrumentar mecanismos de enlace entre los órganos y entes del Poder Público y los Consejos Comunales, las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de
organización del poder popular, para el desarrollo de la economía comunal. Establecer las políticas para el fomento de la economía comunal, promoviendo el protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas, y demás formas y expresiones organizativas del poder popular. Promover la formación de los Consejos Comunales, las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de organización del poder popular como espacios de participación protagónica en los asuntos públicos nacionales, estadales, municipales y comunales. Diseñar y coordinar los sistemas de información y procedimientos referidos a la aplicación de la presente Ley y demás instrumentos legales relacionados con la materia. Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación y adiestramiento sobre el alcance, objeto y fines de los medios de participación ciudadana, conjuntamente con los órganos y entes del Poder Público. Recabar, sistematizar, divulgar y suministrar la información proveniente de los órganos y entes del Poder Público relacionada con el financiamiento y características de los proyectos de las Comunas, los Consejos Comunales, las organizaciones socioproductivas comunitarias y demás formas de organización popular. Promover los proyectos sociales que fomenten e impulsen el desarrollo endógeno de las comunidades. Asistir técnicamente a los Consejos Comunales en la elaboración de las fases del Ciclo Comunal. Establecer, en coordinación con la Contraloría General de la República, los mecanismos para orientar a las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de organización del poder popular, en la correcta administración de los recursos públicos y las actividades de contraloría social. Aquellas que determinen la demás leyes, decretos y reglamentos que rigen sobre la materia.
Simplificación de trámites Artículo 78. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana articulará los mecanismos para facilitar y simplificar toda tramitación ante los órganos y entes del Poder Público, relacionados con los Consejos Comunales, las Comunas, las Organizaciones Socioproductivas Comunitarias y demás formas de organización del poder popular a los fines de mejorar las relaciones de la
Administración Pública con las diversas expresiones de participación ciudadana. Coordinación Artículo 79. El Ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana asistirá a las Comunas, Consejos Comunales y demás formas de organización del poder popular en el fomento e impulso de la participación protagónica y ejercicio de la coordinación entre éstos, los órganos y entes del Poder Público. CAPÍTULO X Disposiciones Finales PRIMERA. El ejercicio de los medios de participación establecidos en la presente Ley, se aplicará en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. SEGUNDA. Los actos de efectos generales que afecten el desarrollo urbano y la conservación ambiental del ámbito local, deberán ser consultados previamente por las autoridades comunales a las instancias del pueblo organizado. En caso contrario, estarán viciados de nulidad absoluta. TERCERA. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones legales que contravengan el contenido de la presente Ley.
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