Source: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cumbre-londres-2016/compromisos
Timestamp: 2018-06-24 20:32:05+00:00

Document:
Compromisos - Cumbre de Londres. Medidas en materia de corrupción política - Ministerio de Justicia
Última modificación: 21/05/2018
Los compromisos formulados por España fueron los siguientes:
I. Destapar la corrupción.
1. España mantendrá su compromiso de alcanzar el máximo nivel de transparencia, actualmente garantizada por la Base de Datos de Titularidad Real, registro centralizado de información sobre la titularidad real de las empresas.
Acuerdo del Consejo General del Notariado, de 24 de marzo de 2012, por el que se aprueba la creación del fichero de datos de carácter personal "Base de Datos de Titular Real" (BOE de 28 de abril):
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2012-14348
Informe sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, página 139:
http://www.tesoro.es/sites/default/files/informe_eval_mutua_esp2014.pdf
En su versión original en inglés, página 121:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Report-Spain-2014.pdf
En abril de 2012 se creó la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR). Utiliza la información disponible en el Índice Único Informatizado gestionado por el Consejo General del Notariado añadiendo información sobre titulares reales y transmisiones de participaciones o acciones. La base de datos proporciona dos niveles de información sobre cada sociedad: i) información sobre la titularidad real obtenida por el notario interviniente al aplicar las medidas habituales de diligencia debida (es decir, la declaración de titularidad real, que incluye una copia del documento de identidad del titular real si se identifica al menos un indicador de riesgo), y ii) en el caso de las S.L. (que representan aproximadamente el 93% del total de sociedades constituidas en España), información sobre la titularidad real obtenida al añadir la información sobre sucesivas transferencias de participaciones. Dado que en estas transmisiones es obligatoria la intervención de un notario, esta información está siempre verificada y actualizada.
Su estructura ha sido reconocida como una buena práctica internacional por el informe de evaluación del GAFI de 2014.
La estructura y funcionamiento de la base de datos se revisará cuando se adopte la modificación de la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, actualmente en negociación.
Las modificaciones a realizar, en su caso, dependerán de lo que se decida en esa Directiva. Aún existen muchos temas abiertos, por lo que no es posible precisar a día de hoy los cambios que será necesario realizar. Se están discutiendo cosas como el % de titularidad de acciones para ser considerado titular real, el carácter totalmente público o no del registro, cómo se va a articular el registro de trusts y cuáles se van a inscribir…etc.
Se han firmado 56 acuerdos con otros sujetos obligados en materia de PBC/FT (entidades financieras, aseguradoras, auditores,…). Todos ellos ya están accediendo a la información de la BDTR, habiéndose realizado más de 1.200.000 consultas.
El Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha emitido una certificación donde se especifican las asociaciones de entidades y los sujetos obligados que han firmado acuerdos para acceder a la BDTR. No obstante, por indicación expresa de aquel órgano, no se incluye por contener información de naturaleza confidencial.
El Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha emitido una certificación donde se especifica la relación de solicitudes de información relativa a titular real realizadas desde el 16 de mayo de 2016.
C. 1 Certificado solicitudes BDTR (PDF. 135 KB)
C.1 Certificado solicitudes BDTR 2018 compromiso 1 (PDF. 146 KB)
Profundizando en el compromiso de una mayor trasparencia de las empresas para la lucha eficaz contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, al amparo del artículo 30.3 de la IV Directiva para la prevención del blanqueo (Directiva 2015/849), la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, crea un nuevo formulario llamado de declaración del titular real que deberán presentar todas las sociedades obligadas a depositar cuentas en el Registro Mercantil.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf
2. España mantendrá su compromiso de garantizar que su Unidad de Inteligencia Financiera (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, SEPBLAC), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, tengan acceso pleno y efectivo a la información sobre la titularidad real de las empresas y demás entidades legales registradas en España.
La base de datos de titularidad real comenzó a funcionar en marzo de 2014 y se puso a disposición de las autoridades competentes en abril del mismo año. Las fuerzas y cuerpos de seguridad (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías forales), las Fiscalías Especiales Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el SEBPLAC tienen acceso directo on line mediante un sistema de claves, con resultados facilitados en tiempo real.
Existe el pleno acceso a la base de datos de titulares reales.
El Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha emitido una certificación donde se especifica la relación de organismos con competencias en la investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que aceden a la BDTR.
C. 2 Accesos autorizados ámbito PBCC (PDF. 145 KB)
El Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha emitido una certificación donde se especifica la relación de organismos con competencias en el ámbito de la recuperación y localización de activos que aceden a la BDTR.
C. 2 Accesos autorizados ámbito OOII (PDF. 146 KB)
El Director del Órgano de Colaboración Tributaria del Consejo General del Notariado ha emitido una certificación donde se especifica la relación de organismos con competencias en el ámbito tributario que aceden a la BDTR.
C. 2 Accesos autorizados ámbito tributario (PDF. 135 KB)
Por parte de los Registros Mercantiles se podrá dar una publicidad general de las titularidades reales de las sociedades, tanto a las autoridades públicas de toda clase como a los particulares con el límite de la legislación sobre protección de datos. La publicidad podrá ser on line con base en el Fichero Localizador de Entidades Inscritas.
3. España se compromete a garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado compartan la información sobre la titularidad real disponible en la base de datos central española con sus homólogos de terceros países. Invitamos a otros países a que emprendan un compromiso similar en lo que respecta al intercambio de información sobre titularidad real.
La Oficina de Localización de Activos (OLA de ámbito policial) tiene acceso a la Base de Datos de Titularidades Reales (BDTR) y se proporciona información a las autoridades de los países que lo solicitan. La información sobre titularidad real es compartida a solicitud de las autoridades de terceros países en los mismos términos que cualquier otra información.
Actualmente hay tres formas de intercambio de información con organismos internacionales:
1.- En el ámbito policial: Se solicita información a través de las oficinas de localización y recuperación de activos de cada país. En España hay dos puntos de contacto que reciben las solicitudes de las policías en materia de localización de activos:
- Los países de la Unión Europea y Latinoamérica (Red GAFILAT) solicitan información a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), como punto de contacto de la red de oficinas de localización y recuperación de activos de cada país. En algunos casos, también lo pueden hacer a través de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
- En algunos casos, Europol puede solicitar información a través de la Oficina de Localización de Activos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
2.- En el ámbito judicial: Las solicitudes en materia de recuperación y gestión de activos se realizan a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia.
3.- En el ámbito administrativo: Las solicitudes de órganos administrativos (Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude - OLAF) se canalizan a través de la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda.
El Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha emitido una certificación con información estadística.
C. 3 Estadísticas solicitudes internacionales (PDF. 136 KB)
Los datos más precisos sobre el número de solicitudes atendidas, en función del organismo de origen, así como el de los funcionarios que atienden a las referidas peticiones, si bien constan a las autoridades encargadas del control y cumplimiento de las obligaciones contraídas, no pueden ser facilitados públicamente por razones de seguridad, dado que podrían revelar las características generales de los dispositivos que las Fuerzas de Seguridad del Estado y los organismos de control financieros destinan a la persecución del delito y de las infracciones administrativas. El límite al acceso viene establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno puede consultarse en este enlace: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20131221&tn=1#a14
4. España tomará medidas para asegurar la transparencia de la titularidad y el control de las empresas que intervienen en la compra de propiedades y la contratación pública.
El acceso a la Base de Datos de Titular Real (BDTR) permite conocer el beneficiario final o propietario real de las participaciones de una sociedad española, independientemente de la operación que vaya a realizar.
El Índice Único es la base de datos en la que constan todos los documentos públicos autorizados e intervenidos desde el 1-1-2004. La BDTR se configura como una base de datos independiente del Índice Único, pero se apoya en este para el suministro de la información realizando los cálculos necesarios para saber, no quién es el titular real de cada persona jurídica, que también, sino saber qué personas físicas son titulares de la sociedad, posean o no más del 25%.
Para tener acceso al Registro de la Propiedad es necesario adquirir mediante escritura pública, por lo que las compras de inmuebles mediante pacto o documento privado son muy escasas, y solo se producen en la fase preparatoria de la operación, elevándose a documento público casi el 100% de las operaciones.
Así pues, prácticamente la totalidad de las compras de inmuebles se realizan en documento público y, por tanto, han de ser autorizadas por un notario. También se han de realizar en documento público los préstamos con garantía hipotecaria que se solicitan para obtener la financiación para la operación principal (compra del inmueble). Es decir, el notario es imprescindible en la compra del inmueble y en las operaciones de financiación.
De esta forma cabe afirmar que, en cualquier operación inmobiliaria de más de 15.000 euros en la que intervenga una persona jurídica, el notario deberá consultar la información de la Base de Datos de Titular Real y contrastar ese dato con el representante de la persona jurídica antes de autorizar el documento público.
Además, en aquellas operaciones por debajo de 15.000 euros, con un riesgo superior al promedio (al menos un indicador de riesgo), el notario también deberá consultar la Base de Datos de Titular Real y contrastar ese dato con el representante de la persona jurídica, antes de autorizar el documento público.
En ambos casos, si la titularidad real de la persona jurídica hubiera cambiado, el notario grabará los datos identificativos de los nuevos titulares reales, quedando así la información disponible a partir del mismo momento de la firma de la escritura.
Por medio del Registro de la Propiedad se puede conocer la titularidad de cualquier bien inmueble inscrito en el mismo, siendo su publicidad general para cualquier persona con interés legítimo, y por medio del Registro Mercantil se puede conocer a los socios fundadores de cualquier sociedad y a sus titulares reales.
5. Los Registros españoles de la Propiedad y de Bienes Muebles centralizan toda la información sobre los propietarios de bienes muebles o inmuebles, sin tener en cuenta la ciudadanía del adquiriente. La utilización conjunta de este medio y la información disponible sobre la titularidad real de cada empresa que compra una de estas propiedades han demostrado ser una herramienta muy útil. España acoge con satisfacción la creación de registros centrales transparentes de empresas extranjeras que intervienen en licitaciones públicas y en la compra de propiedades.
http://www.registradores.org/registro-de-la-propiedad/
http://www.registradores.org/registro-de-bienes-muebles/
La publicidad de ambos registros podrá ser on line por medio del fichero localizador de titularidades inscritas (Floti) y del fichero localizador de bienes muebles inscritos (Flomi).
Se adjunta memoria anual y anexo con las estadísticas del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), de 16 de marzo de 2016 a 15 de marzo de 2017, creado por Orden ECC/2420/2015, de 11 de noviembre.
Memoria 2016 CRAB (PDF. 372 KB)
Estadísticas CRAB 1er año (PDF. 122 KB)
Asimismo puede consultarse la Instrucción de 9 de mayo de 2017 de la DGRN sobre interconexión de los registros mercantiles. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5391
6. Como uno de los firmantes de la iniciativa G5, España está totalmente comprometida con el desarrollo de la iniciativa piloto para el intercambio automático de información sobre titularidad real.
El intercambio de información sobre titularidad real entre administraciones tributarias -la iniciativa piloto del G5 (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) plasmada en la carta conjunta de 14 de abril de 2016-, se materializó a los pocos meses, gracias al impulso de los 5 países firmantes de la carta en la aprobación de la Directiva (UE) 2016/2258 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales que, además, por parte de España no precisa de trasposición.
La Carta del G5 del 14/4/2016 se puede consultar en el enlace:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/516868/G5_letter_DOC140416-14042016124229.pdf
Para dejar claro el éxito de la citada iniciativa del G5, el 5 de julio de 2016 la Comisión presentó la propuesta de modificación de la Directiva 2011/16/UE, cuya aprobación tuvo lugar el 6 de diciembre de 2016.
En la página 7 de la Comunicación de la Comisión Europea relativa a las medidas adicionales encaminadas al refuerzo de la transparencia y a la lucha contra la evasión y la elusión fiscales -documento COM(2016)451 final-, de 5 de julio de 2016, ya se decía:
“A escala de la UE, todos los Estados miembros han aceptado participar en un proyecto piloto lanzado por el Reino Unido, Alemania, España, Italia y Francia para el intercambio de información sobre los titulares reales de las sociedades y fideicomisos8
(8) http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/G5-letter-to-G20-counterparts-regarding-action-on-beneficial-ownership.html
La Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo de 6 de diciembre de 2016 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-82397), cuyos efectos rigen desde el 1 de enero de 2018, no necesitaba de transposición al ordenamiento jurídico español, informándose de ello a la Comisión Europea, ya que tiene su plasmación en el ámbito interno a través de:
- Los artí­culos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
- Y en el artí­culo 56 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15984
Adecuada información o documentación que explique el procedimiento de intercambio de información entre autoridades tributarias puede consultarse asimismo en el BOE de 27 de enero de 2017, en el que se publicó la resolución que aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf
Como se ha señalado, hay tres formas de intercambio de información con organismos internacionales: en el ámbito policial, judicial y administrativo.
Estas tres formas permiten el intercambio de información de manera indirecta a través de las autoridades españolas. Para un posible acceso directo de determinados organismos internacionales a la información contenida en la Base de Datos de Titular Real (BDTR) existen dos opciones:
- Acceso directo a la BDTR con tarjeta de firma electrónica que identifique a las autoridades que van a solicitar información.
- Acceso a la BDTR a través de una plataforma de conexión desde el Registro Mercantil Central Español, que sería el receptor de las solicitudes a través del sistema de interconexión de registros (Art. 7.b.3 de la Directiva 2009/101/CE).
7. España se compromete a desplegar mecanismos de intercambio de información público-privados para mejorar la capacidad de prevenir y detectar el blanqueo de capitales vinculado a la corrupción.
En el ámbito de este compromiso España ya contaba con los siguientes instrumentos normativos:
La Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales. Artículo 43:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
El Acuerdo del Consejo General del Notariado, de 31 de mayo de 2014, por el que se aprobaba la creación del fichero de datos de carácter personal “Base de Datos de Personas de Responsabilidad Pública” (BOE de 30 de julio):
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2014-27648
Y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Artículos 50 a 57
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4742
En mayo de 2014 se creó la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDPRP), identificando a las PRPs y sus allegados de manera ineludible (mediante el NIF).
El 6 de mayo de 2016 se puso plenamente en marcha el Fichero de Titularidades Financieras, una base de datos gestionada por el SEPBLAC en la que se contiene la información de todas las cuentas corrientes, de ahorro, o de valores abiertas en entidades que operan en España.
Y durante 2016 y 2017 se ha completado la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, sobre cuyo contenido se puede obtener información accediendo al documento adjunto.
C. 7 Certificado Contenido BDPRP (PDF. 113 KB)
Es importante destacar que el sistema español de inteligencia financiera se caracteriza precisamente por disponer de eficaces mecanismos de intercambio de información público-privados. Esta fortaleza es reconocida internacionalmente: así, el denominado “Action Plan for anti-money laundering and counter-terrorist finance” publicado conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Finanzas del Reino Unido (disponible en https://www.ifa.org.uk/media/631299/Home-Office-and-HM-Treasury-6-2118-Action_Plan_for_Anti-Money_Laundering__print_.pdf ) señala bajo la rúbrica “What can we learn from international best practice?” que “the Spanish FIU (Sepblac) is seen as working closely with the reporting sector, and provides effective feedback, and useful information on typologies” (página 43).
8. España se compromete a continuar el proceso de mejora de intercambio de información entre el sector financiero y la Unidad de Inteligencia Financiera a fin de proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la información necesaria para detectar y desarticular el lavado de dinero ligado a la corrupción.
El SEPBLAC emite informes y publicaciones sobre indicadores de riesgo en las actividades económicas internacionales que pueden consultarse en el siguiente enlace:
corrupcio_en_las_actividades_economicas_internacionales_indicadores_de_riesgo.pdf
Asimismo existe a disposición del público una Guía orientativa a los sujetos obligados sobre riesgo geográfico en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuyo contenido puede también consultarse en:
guia_riesgo_geografico_en_materia_de_bc-ft_.pdf
El SEPBLAC ha publicado una lista con indicadores de riesgos de corrupción de oficiales extranjeros para asistir la mejora de las comunicaciones por parte de los sujetos obligados en este punto. Y ha iniciado en 2016 un nuevo proceso con las entidades de crédito para mejorar la calidad de las comunicaciones de operativa sospechosa que realizan. Se trata de un ejercicio de naturaleza horizontal, cosa necesaria por cuanto que en el momento de la detección de operaciones no siempre se conoce el delito subyacente cometido que da origen al blanqueo de capitales. Y es que, en la mejora del flujo de información es relevante tanto la cantidad de información recibida como la calidad de la misma, de cara a permitir la adecuada investigación.
La Comisión de Prevención ha adoptado unas orientaciones sobre cómo manejar el riesgo geográfico. En ese documento se valora de manera específica aquellos territorios con altos niveles de corrupción, y se aportan diferentes fuentes para consultar el estado de los diferentes países en esta materia.
Como resultado de todas estas acciones y de actuación más focalizada con entidades y asociaciones en concreto, se ha producido un incremento en el volumen de comunicaciones por operativa sospechosa realizadas por los diferentes sujetos obligados.
Así, se ha producido un incremento en el número de comunicaciones por operativa sospechosa realizadas por bancos, que han pasado de 2406 en 2015 a 2646 en 2016, que puede consultarse en el siguiente enlace:
comunicaciones_por_indicio_parrafo_a)_a_i)_art.2021.pdf
Es importante destacar que el sistema de inteligencia financiera española ha sido evaluado por el GAFI con la máxima calificación (“high effectiveness”), caso único hasta ahora (el Informe de Evaluación Mutua está disponible en http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/mutual_evaluation_report_spain2014.pdf ).
El informe señala precisamente como especialmente robusto el flujo de información entre el sector financiero y el SEPBLAC.
Las estadísticas publicadas en esta materia han sido evaluadas muy positivamente (así, se señala que “the assessment team weighed the following factors heavily: the numerous case examples and statistics demonstrating how the vast majority of SEPBLAC’s analysis is actionable”, página 15).
La publicación de estadísticas de comunicaciones por indicio en periodos inferiores al año no sería útil al estar sujetas a variaciones o picos estacionales.
9. España seguirá promocionando la máxima transparencia en los procedimientos de contratación pública, únicamente limitados por el debido respeto a las obligaciones de confidencialidad derivadas de la legislación de la UE (concretamente, las Directivas más relevantes de la UE).
La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 supone una evolución evidente en el cumplimiento de los compromisos de transparencia en la contratación pública.
Se incrementa el nivel de control de la transparencia y se establecen nuevos cauces de información pública, especialmente a los licitadores, tanto en el marco del procedimiento de selección del contratista como en lo que atañe a la fase de recurso especial. La norma española cumple con los requisitos de transparencia que establecen las directivas comunitarias y mejora el sistema de publicidad al contemplar parámetros de publicación obligatoria por encima del nivel de otros Estados miembros de la UE.
La Ley 9/2017 puede consultarse en este enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
10. España elaborará un sistema de gobernanza dirigido a detectar el incumplimiento o los problemas de carácter sistémico en los procedimientos de contratación pública. Los resultados de esta actividad de vigilancia y supervisión se divulgarán adecuadamente.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen las Directivas en materia de contratación 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece dentro de su Libro Cuarto (artículos 328 a 334) un esquema de tres órganos colegiados (la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de cooperación en materia de contratación pública y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación) con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las citadas Directivas y a las recomendaciones de la Unión Europea, y de combatir las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública.
En este sentido, las principales novedades relativas a estos órganos de gobernanza son las siguientes:
1. Se están desarrollando las actuaciones necesarias para la formación de la estructura y dotación de los puestos de la plantilla de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano encargado de la coordinación de la supervisión de la contratación pública de todos los sectores públicos, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación en esta materia. Su constitución podrá realizarse una vez hayan culminado aquéllas.
2. El pasado 19 de febrero se constituyó, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública, con la participación de los tres niveles territoriales, estatal, autonómico y local, decidiéndose, además, la composición concreta por parte de las Comunidades Autónomas de las cinco secciones a través de las que actuará este órgano.
3. Finalmente, van a comenzar los trabajos de diseño y elaboración de la Estrategia Nacional de Contratación Pública en el seno del Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública, una vez que éste ya se ha constituido y van a comenzar su andadura sus secciones.
En concreto, el apartado 8 del artículo 332 prevé que el informe de supervisión que elabore la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación incluya las siguientes cuestiones:
1. Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, instituciones y poderes con competencia supervisora o jurisdiccional en materia de contratación pública.
2. Información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública o de inseguridad jurídica.
3. Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación, así como sobre los problemas de colusión detectados.
La Ley 9/2017 puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
Para concluir, cabe señalar la aprobación del Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, con el fin de adaptar la estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que establecen las directivas comunitarias en materia de contratación pública y que desarrolla la Ley de Contratos del Sector Público en el Libro IV, Título I, Capítulo III.
Así estos nuevos órganos colegiados se dotan de las funciones requeridas por la Ley, configurando un mínimo esquema organizativo que, sin perjuicio de un posterior desarrollo orgánico y reglamentario, permita iniciar el proceso de dotación y funcionamiento de estos órganos.
11. España se ha incorporado y apoya firmemente la iniciativa Common Reporting Standard como una herramienta esencial para el intercambio automático adecuado de la información de las cuentas financieras para cuestiones fiscales.
En relación a este compromiso, España impulsó como miembro del G5 la adopción del nuevo estándar tanto por la OCDE como en la UE y por los países del G20 y otros, y se comprometió desde el principio a su aplicación temprana.
Asimismo, España forma parte del grupo de 45 países y territorios dependientes que realizaron el primer intercambio automático bajo el nuevo estándar en septiembre de 2017.
Se puede consultar en el siguiente enlace la declaración de España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho Acuerdo (BOE de 9 de septiembre de 2016).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8309
Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289 de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias (BOE del 27 de octubre de 2016).
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9834
12. España seguirá realizando un esfuerzo presupuestario considerable para ayudar a los países en vías de desarrollo a reforzar sus sistemas fiscales para incrementar la movilización de los recursos nacionales. A este fin España da la bienvenida a la Platform for Collaboration on Tax (Plataforma para la Colaboración en materia de Impuestos); continuará facilitando asistencia técnica a los foros regionales en materia tributaria y está colaborando estrechamente para desarrollar la “Creación de Capacidades” coordinada por el Foro sobre Administración Tributaria (FAT – OCDE).
España valora positivamente la Plataforma para la Colaboración en materia de Impuestos, creada por el FMI, la OCDE, Naciones Unidas y el Banco Mundial. La Plataforma es un instrumento para el desarrollo de capacidades en el ámbito internacional, ha sido presentada en diversos foros y supone la elaboración de diferentes instrumentos para facilitar las buenas prácticas en las asistencias técnicas internacionales. La participación de España en todos los foros en los que se ha presentado implica por nuestra parte la aceptación de los instrumentos y herramientas previstas en la misma.
En el enlace siguiente puede consultarse una actualización de las actividades de la Plataforma:
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Featured/G20/G20-Documents/Hamburg_Background-documents/Update-Activities-Platform-Collaboration-Tax.pdf?__blob=publicationFile&v=3
En el enlace siguiente puede consultarse una herramienta que contribuye a la consecución de los objetivos de la Plataforma, y en la cual se puede comprobar un ejemplo de la participación de España:
http://www.tiwb.org/resources/publications/tax-inspectors-without-borders-annual-report-2016-2017-WEB.pdf
Mediante las aportaciones financieras a los OOII en los que participa España (OCDE, CIAT, IOTA) y asimismo a través de diversos programas bilaterales se contribuye a esa finalidad de capacitar a las administraciones tributarias de otros países.
En este sentido se han efectuado las siguientes aportaciones:
- OCDE: 25.000€ en 2016 y en 2017.
El trabajo de la OCDE en materia tributaria se desarrolla, principalmente, a través del Comité de Asuntos Fiscales (CFA) cuyo objetivo es el desarrollo de una serie de estándares o convenciones en diversas materias relacionadas con la imposición internacional, y del Foro de Administraciones Tributarias (FTA), cuyo objetivo específico es promover el diálogo entre las administraciones tributarias e identificar las buenas prácticas de las mismas.
http://www.oecd.org/tax/
- CIAT: 80.792$ EEUU en 2016 y en 2017.
La misión de este organismo es promover la cooperación internacional y el intercambio de experiencias e información y prestar servicios de asistencia técnica, estudios y capacitación, contribuyendo así al fortalecimiento de las administraciones tributarias de sus países miembros.
- IOTA: 42.900€ en 2016 y en 2017.
La misión de esta organización es contribuir al progreso de las administraciones tributarias europeas mediante soluciones prácticas, reforzando la colaboración y facilitando el intercambio de experiencias.
- Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con fines tributarios: 46.251,02 € en 2016 y 45.434,35€ en 2017.
Estas contribuciones además de cubrir los gastos de funcionamiento y sufragar las actividades que ha de desarrollar para evaluar en los países y jurisdicciones participantes el cumplimiento efectivo de los estándares acordados, se financia la asistencia técnica a los países y jurisdicciones miembros menos desarrollados.
En el Foro de Administraciones Tributarias de la OCDE (FTA), al que asiste la AEAT, se realiza un seguimiento de las actuaciones que se van realizando, propiciando la coordinación necesaria. Para ello se ha creado la “FTA Capacity Building Network” en el que está representada la AEAT.
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
A título de ejemplo, España ha participado en el Knowledge Sharing Platform Stakeholder Workshop (Ottawa, 5 a 7 de abril de 2017). Se adjunta el resumen de la reunión.
Anexo I (PDF. 148 KB)
En la publicación de la OCDE Tax Administrations and Capacity Building. A collective challenge, que puede consultarse en este enlace https://www.oecd.org/tax/tax-administrations-and-capacity-building-9789264256637-en.htm, se menciona la participación de España en la página 7:
The study was commissioned by the forum on Tax Administration (FTA) and co-sponsored by the Commissioner of the Canada Revenue Agency, Mr. Andrew Treusch, and the Commissioner of China’s State Administration of Taxation, Mr. Wang Jun. It has been prepared in collaboration with a task team from Australia, Hungary, Ireland, Japan, Spain, Netherlands, New Zealand, United Kingdom and the United States with support from the OECD Secretariat. The project has further benefited from input and feedback from the FTA membership via a survey.
Asimismo, se indica expresamente la participación española en los siguientes ejemplos:
Cuadro 2.6. Spain’s AEOI pilot with Colombia
Cuadro 3.1. Spain and the EUROsociAL Programme
13. España apoya el desarrollo de un compromiso global para informar públicamente, país por país, sobre los datos fiscales de las grandes multinacionales.
La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales fue adoptada por la Comisión Europea el 12 de abril de 2016 y puede consultarse en este enlace:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0198
El estado de situación de este expediente aparece reflejado en el documento 13685/1/17 de fecha 19 de diciembre de 2017, que figura en el enlace siguiente:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13685-2017-REV-1/en/pdf
En estos momentos, continua la negociación en el Consejo, sin que quepa anticipar cuando se podrá alcanzar una orientación general.
El plan de la actual presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea es dar continuidad a la discusión en el correspondiente grupo de trabajo.
Los avances de España están necesariamente vinculados al progreso de los trabajos que se están realizando en el marco de la UE.
II. Castigar a los corruptos y apoyar a quienes han padecido la corrupción.
14. España se compromete a implementar disposiciones estrictas del Código Penal en la lucha contra la corrupción.
Por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se reforzó la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública. Con carácter general, se elevaron las penas de inhabilitación previstas para este tipo de delitos, y se añadió la imposición de penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, se introdujeron nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos. Y se ampliaron los plazos de prescripción en los supuestos más graves en los que se prevé que la inhabilitación tenga una duración máxima de al menos diez años.
Debe significarse que dado que la Ley Orgánica 1/2015 entró en vigor el 1 de julio de 2015, no es esperable ni razonable condenas firmes por hechos cometidos con posterioridad a esa fecha al no haber transcurrido suficientes plazos de instrucción y enjuiciamiento.
El 12 de enero de 2017 el CGPJ presentó los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción. El repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc. Su creación tuvo su origen en el convenio firmado por el CGPJ y T1 España el 2 de julio de 2014. Su contenido y resultados pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Informacion--general/
Asimismo, se adjunta un cuadro orientativo con las penas correspondientes a delitos de corrupción, con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, así como a algunos otros delitos, que sirven como ejemplo de la gravedad de las penas que se imponen.
Delitos relativos a la corrupción (PDF. 24 KB)
Por último, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2016, publicada en 2017, en el año 2015, la Fiscalía Anticorrupción intervino en 371 procedimientos, y promovió el dictado de 22 sentencias; en el año 2016, el número de procedimientos se elevó a 524 y el de sentencias a 29. El auge del número de procedimientos tiene su razón de ser, no en un incremento real de la delincuencia competencia de esta Fiscalía, sino en la desmembración de determinados procesos penales ya existentes en numerosas piezas separadas, al objeto de simplificar su tramitación.
La memoria de la Fiscalía puede consultarse en el enlace:
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/memorias_fiscalia_general_estado
15. España se compromete a estudiar la forma de compartir la información sobre licitantes corruptos transfronterizos.
En el artículo 86 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE se establecen los mecanismos de cooperación administrativa. En concreto:
Artículo 86. Cooperación administrativa
1. Los Estados miembros se prestarán asistencia recíproca y tomarán medidas para cooperar de forma eficaz entre sí, con el fin de garantizar el intercambio de información sobre las cuestiones mencionadas en los artículos 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 y 69. Deberán garantizar la confidencialidad de la información que intercambien.
2. Las autoridades competentes de todos los Estados miembros implicados intercambiarán información cumpliendo la legislación en materia de protección de datos personales establecida en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
3. A más tardar el 18 de abril de 2015 se pondrá en marcha un proyecto piloto destinado a comprobar si la utilización del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), establecido por el Reglamento (UE) nº 1024/2012, resulta adecuada para el intercambio de la información requerida por la presente Directiva.
Las cuestiones que afectan a la corrupción se introducen en la Directiva en el artículo 57.1, por lo que la información disponible y utilizable integrada en los dispositivos de regulación de la contratación pública (prohibiciones de contratar publicadas e inscritas en los Registros oficiales de licitadores y Empresas Clasificadas -tanto de ámbito estatal como autonómico-) deben ser objeto de la cooperación administrativa prevista en el citado artículo 86.
La Dirección General de Patrimonio del Estado participa como responsable nacional en el IMI sin que hasta la fecha, entre los intercambios de información solicitados, se haya suscitado ninguna cuestión relativa a licitadores corruptos transfronterizos.
La Ley de Contratos del Sector Público introduce mecanismos para mejorar la transparencia en la contratación pública como requisito previo para incrementar la competencia, asumiendo que la trazabilidad y transparencia en la toma de decisiones es fundamental para una eficiente operativa de los procedimientos, incluida la lucha eficaz contra la corrupción y el fraude.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
16. España se compromete a aplicar estrictamente su legislación de recuperación de activos, incluso mediante el decomiso en ausencia de condena, el decomiso ampliado y el decomiso a terceros.
En 2015 se revisó la regulación del decomiso al objeto de facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. Las novedades afectan especialmente al decomiso sin sentencia, al decomiso ampliado y al decomiso de bienes de terceros.
Ese mismo año se creó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). La Memoria de la ORGA de 2016 incorpora como anexo estadístico información cuantitativa sobre las actuaciones realizadas ese año, lo que ofrece una perspectiva objetiva y mensurable de su actividad.
Se incluye a continuación una nota sobre la actividad de la ORGA en materia de transparencia con enlaces, entre otros documentos, a la citada Memoria de 2016.
Nota Transparencia ORGA (DOC. 57 KB)
También se recoge una segunda nota que refleja las 28 actividades de formación o de difusión en las que ha participado el personal al servicio de la ORGA desde la creación de esta Oficina. Todas estas acciones han permitido una amplia y adecuada presentación de las novedades en materia de recuperación de activos introducidas en la legislación española en el año 2015.
Cursos y ponencias ORGA (PDF. 32 KB)
17. España se compromete a desarrollar plenamente las funciones para las que se creó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos de forma que se convierta en un pilar de la lucha contra el delito.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), establecida mediante Real Decreto 948/2015, ha sido creada con todas las capacidades y expectativas para integrarse eficientemente en el esquema internacional de recuperación de activos, estando operativa en este ámbito desde el 1 de junio de 2016 para el intercambio de información y buenas prácticas.
Desde el 1 de enero de 2017, la ORGA está en pleno funcionamiento operativo en todo el territorio del Estado.
· Plan de Acción 2017
· Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia por la que se desarrolla el procedimiento de gestión de activos por la ORGA y su régimen económico16 de septiembre de 2016
· Orden JUS/1534/2016, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos. Fichero 144
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8849
· Acuerdo de colaboración a efectos de regular la interrelación del personal del Ministerio del Interior con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y de coordinación y apoyo para el desarrollo de sus funciones, firmado en Madrid el 20 de junio de 2016 por la Secretaria de Estado de Justicia y el Secretario de Estado de Seguridad
· Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la apertura de su cuenta de depósitos y consignaciones
· Plan de Acción 2016
· Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
· Disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Dentro del apartado “Normativa y Planes de Acción” del enlace http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/oficina-recuperacion-gestion figuran todos los documentos reseñados a excepción del acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior, cuya firma puede constatarse en apartado “Convenios” (donde se enumeran también los 19 convenios firmados por la ORGA desde el 19 de mayo de 2016).
18. España apoya la elaboración de directrices internacionalmente acordadas para la administración transparente y responsable de la devolución de activos robados.
España presta su apoyo a los trabajos que en esta materia se realicen en los correspondientes foros internacionales en los que ha presentado y continuará presentando la experiencia española.
En ejecución de este compromiso España ha participado en las siguientes reuniones:
- Reunión Anual de Puntos Focales para la Recuperación de Activos. EUROPOL, La Haya, 30/06-01/07/2016.
- Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Recuperación de Activos. ONUDD, Viena, 25-26/08/2016.
- GAFILAT:
+ Mayo 2016: XIII Reunión de puntos de contacto de la Red Regional de recuperación de activos de GAFILAT (RRAG)
+ Mayo 2017: XIV Reunión de puntos de contacto de la Red Regional de recuperación de activos de GAFILAT (RRAG)
- Reuniones ARO (Oficina de Recuperación de Activos) UE 2016:
+ Junio: XIII Reunión Plataforma ARO de la UE, Bruselas
+ Septiembre: Subgrupo de la Plataforma ARO-UE, Bruselas
+ Octubre: Reunión de la Plataforma ARO de la UE, Rumania
También se ha asistido al XI periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre recuperación de activos, que se reunió en Viena los días 24 y 25 de agosto de 2017, y se prevé participar en el XII periodo de sesiones, que tendrá lugar en Viena del 6 al 7 de junio de 2018
Se incluye a continuación una nota sobre los foros y reuniones internacionales en los que han participado representantes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), con información sobre el objeto de estas reuniones, así como la correspondiente documentación.
Resumen foros y reuniones internacionales ORGA (DOC. 127 KB)
Documentación foros y reuniones internacionales ORGA 2017 (PDF. 17,21 MB)
Documentación foros y reuniones internacionales ORGA 2018 (PDF. 1,22 MB)
19. España está dispuesta a participar en el Foro Mundial para la Recuperación de Activos.
España intervino en el Foro Mundial para la Recuperación de Activos (Washington DC, 4 a 6 de diciembre de 2017), que se centró en Nigeria, Sri Lanka, Túnez y Ucrania, y que reunió a más de 300 participantes procedentes de 26 jurisdicciones, así como a representantes de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de medios de comunicación.
Los asistentes confirmaron su compromiso con la agenda global en materia de recuperación de activos, compartieron buenas prácticas, proporcionaron capacitación técnica a los profesionales de la recuperación de activos y apoyaron iniciativas destinadas a la formación y al desarrollo de capacidades.
El Foro permitió también la celebración de más de 80 reuniones tanto bilaterales como con participación de múltiples jurisdicciones para avanzar en importantes casos de recuperación de activos relativos a los cuatro países antes mencionados.
Se incluyen a continuación el orden del día y el comunicado del Foro
Orden del día (PDF. 243 KB)
Comunicado GFAR (PDF. 596 KB)
20. Desde el pasado 6 de mayo, está totalmente operativa en España una central de datos de cuentas bancarias (Fichero de Titularidades Financieras). Sin perjuicio de esta importante mejora, España seguirá con su compromiso de desarrollar las herramientas adecuadas para reforzar la capacidad de rastrear y recuperar los activos robados.
El Fichero de Titularidades Financieras está operativo. Las Unidades policiales especializadas en esta materia tienen acceso a distintas bases de datos a fin de poder realizar las correspondientes investigaciones patrimoniales de personas físicas y jurídicas sometidas a investigación policial y en su caso la oportuna localización de bienes y activos para un posterior decomiso por parte de la Autoridad Judicial.
Los miembros de estas Unidades reciben cursos de alta especialización impartidos por expertos pertenecientes a Policía Nacional, Guardia Civil, magistrados, fiscalías especializadas, Consejo General del Poder Judicial, AEAT, SEPBLAC, Órganos de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado y del Colegio de Registradores de España, ….
El CITCO ha organizados los siguientes cursos durante 2016 y 2017:
- IV Curso de Especialización en metodología en la investigación policial del blanqueo de capitales. Importancia de la investigación patrimonial y la recuperación de activos. Madrid, 11 a 15 de abril de 2016.
- V Curso de Especialización en la investigación policial del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Importancia de la investigación patrimonial y la recuperación de activos. Málaga, 6 a 10 de junio de 2016.
- VI Curso de Especialización en la Investigación policial del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Importancia de la investigación patrimonial y la recuperación de activos, Madrid, 3 a 7 de abril de 2017.
La celebración del VII curso en la misma materia tuvo lugar durante el segundo semestre de 2017.
Se están estudiando reformas legislativas para que la ORGA pueda acceder al fichero de titularidades financieras.
21. España acoge favorablemente la iniciativa del Reino Unido de crear un International Anti-Corruption Coordination Center, (IACCC, Centro Internacional de Coordinación de la Lucha contra la Corrupción), de carácter independiente; y manifiesta su voluntad de colaborar con este Centro, así como la disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de seguir combatiendo la corrupción de gran envergadura y de impulsar la cooperación internacional.
España valora positivamente la iniciativa de establecer este Centro, que fue inaugurado el día 5 de julio de 2017, y está expectante de cuál va a ser su desarrollo.
El Centro se ubica en la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido y reúne a agentes especializados en el cumplimiento de la ley para hacer frente a denuncias de gran corrupción puesto que, si bien ya existe una importante cooperación internacional para hacer frente a los delitos graves de carácter transnacional, no se han coordinado medidas específicas contra la corrupción de gran envergadura.
Se espera que el nuevo Centro permita mejorar el intercambio de información, ayudar a los países que han sufrido corrupción a gran escala y llevar ante la justicia a las élites corruptas.
Son miembros del IACCC agencias policiales de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Reino Unido y EEUU.
III. Eliminar la cultura de corrupción dondequiera que exista.
22. España apoyará la International Sport Integrity Partnership (Alianza Internacional para la Integridad del Deporte).
España apoya esta iniciativa y una delegación del Consejo Superior de Deportes (CSD) asistió a la segunda reunión del Partnership Against Corruption in Sport (denominación actual del International Sport Integrity Partnership), celebrada en la sede de la OCDE, en París, los días 14 y 15 de diciembre de 2017.
España, a través del Consejo Superior de Deportes, centra sus acciones sobre la integridad en el deporte en tres ámbitos fundamentales:
Prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia
La labor principal se desarrolla por medio de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, regulada en el Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo.
La Comisión, que se reúne todas las semanas (los jueves), propone sanciones y sus resoluciones que son publicadas en su web. Además, el CSD emite un comunicado de prensa inmediatamente después de cada reunión.
http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/5ViolDep/comision-estatal-contra-la-violencia-el-racismo-la-xenofobia-y-la-intolerancia-en-el-deporte/documentacion-general-memorias-informes-estadisticas/
- Pleno: treinta y tres miembros, designados de la forma siguiente:
- Comisión Permanente:
Además, se mantienen reuniones periódicas (una media de 6 al año) con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Amaño de partidos (match fixing)
España es signataria del Convenio del Consejo de Europa sobre amaño de partidos. Está muy avanzado el proceso de elaboración de la Plataforma Nacional por la Integridad en el Deporte y las Apuestas, que el Convenio contempla, pues está prácticamente ultimada una Orden Ministerial por la que se crea y regula la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas. Mientras tanto, la actuación del Gobierno en la lucha contra los amaños de partidos se centra en seguir respaldando las investigaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las inspecciones sobre las apuestas deportivas de la Dirección General del Juego, y las iniciativas de sensibilización o formación sobre la problemática de la manipulación de competiciones apoyadas por el CSD u otras entidades deportivas.
En febrero de 2017, el Parlamento español aprobó por una importante mayoría el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1674
Con ello se puso fin a la situación de “no cumplimiento” declarada por la WADA por no haber transpuesto a su legislación nacional el Código Mundial Antidopaje de 2015 y permitió, además, la reapertura del laboratorio antidopaje de Madrid (abril de 2017).
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que depende del CSD, aprueba y ejecuta anualmente su plan anual antidopaje para la realización de controles.
España fue el país anfitrión de la reunión anual del grupo CAHAMA (46 países) del Consejo de Europa, los días 14 y 15 de septiembre de 2017. En esta reunión se fijó la posición europea para las negociaciones del nuevo Código Mundial Antidopaje.
23. España estimulará el buen gobierno en las organizaciones deportivas nacionales.
Las organizaciones deportivas nacionales son las Federaciones, que ejercen funciones públicas delegadas. Concretamente:
“Las Federaciones deportivas españolas, además de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas, ejercen bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
Artículo 3.1 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-30862
El Consejo Superior de Deportes (CSD) controla el ejercicio de estas funciones públicas delegadas mediante la aprobación de:
- los reglamentos de competición
- los reglamentos electorales de las Federaciones, asegurando su adecuación a la legalidad,
- los estatutos de las Federaciones, que son publicados en el BOE.
La Federaciones están obligadas a cumplir los principios de publicidad activa de acuerdo con lo que se establece en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, a través de cada una de sus páginas web.
El CSD ha publicado un manual para el cumplimiento con el acceso a la información y buen gobierno, dirigido a las Federaciones deportivas. Además, ha impartido un curso de formación en cada una de ellas.
http://estaticos.csd.gob.es/prensa/ley_transparencia.pdf
Actualmente todas las Federaciones cumplen con los principios de publicidad activa.
Control de los fondos públicos de las Federaciones mediante la aplicación de la normativa deportiva y de la Ley general de subvenciones.
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-25037
Todas las convocatorias de subvenciones son publicadas en el BOE (extracto) y en la página web del CSD y son remitidas a la base de datos nacional de subvenciones.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publica anualmente un anuario de estadísticas deportivas nacionales:
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte/AED-2017/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2017.pdf
Además, existe un Código de buen gobierno de las Federaciones deportivas españolas, que puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/codigo-de-buen-gobierno.pdf
24. España está dispuesta a participar en una asociación de profesionales sobre integridad institucional, coordinada por la OCDE.
España mantiene su disponibilidad y está pendiente de que la OCDE active la iniciativa.
25. España se compromete a participar en una Plataforma de Innovación que facilite la adopción de nuevos enfoques y tecnologías para combatir la corrupción.
España mantiene su disponibilidad y está pendiente de que esta iniciativa emprenda su andadura.
26. España trabajará con otros países, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para acelerar la aplicación de las disposiciones voluntarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Informe sobre el examen del Reino de España sobre la aplicación del Capítulo III “Penalización y aplicación de la ley” y del Capítulo IV “Cooperación internacional” de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2013_06_28_Spain_Final_Country_Report.pdf
La generalidad de las disposiciones voluntarias de esta Convención está recogida en el ordenamiento jurídico español por lo que en las reuniones de la COSP y de los grupos de trabajo creados por la misma España ha estado apoyando y seguirá apoyando este debate.
La postura nacional siempre ha sido de apoyar la efectiva aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Corrupción en su conjunto, sin hacer distinción en razón de su carácter vinculante o voluntario, tal como se pudo comprobar durante el primer ciclo de revisión de la aplicación de la misma. Nuestra acción viene marcada por aplicar efectivamente lo dispuesto en la Convención.

References: artículo 30
 artículo 14
 Real Decreto 
 resolución 
 Artículo 43
 Real Decreto 
 artículo 332
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 86

Artículo 86
 artículo 57
 artículo 86
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 3
 Real Decreto