Source: http://revistalatinacs.org/n_anteriores/074paper/1320/03es.html
Timestamp: 2020-01-21 17:22:28+00:00

Document:
A Álvarez Berastegi (2019): “Libertad de prensa y violencia en el País Vasco y Colombia RLCS, Revista Latina de Comunicacion Social
10.4185/RLCS-2019-1320 | ISSN 1138-5820 | RLCS, 74-2019 | | |
A Álvarez Berastegi (2019): “Libertad de prensa y violencia en el País Vasco y Colombia
Una aproximación histórica a debates actuales”. Revista Latina de Comunicación Social, 74, pp. 33 a 49.
DOI: 10.4185/RLCS-2019-1320
Libertad de prensa y violencia en el País Vasco y Colombia. Una aproximación histórica a debates actuales
Freedom of the Press and violence in the Basque Country and Colombia. A historical approach to current debates
Amaia Álvarez Berastegi [CV] Investigadora postdoctoral del grupo de investigación HGH en el Departamento de Periodismo de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5826-6552
Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=N4snjpwAAAAJ&hl=es
[ES] Introducción. El presente artículo muestra un análisis histórico comparado en torno a la formulación y evolución de la libertad de prensa durante los últimos 50 años de conflicto violento en Colombia y en el País Vasco. Método. A través de una periodización diacrónica, el trabajo analiza la censura y autocensura existente en ambos contextos desde la formulación liberal de este derecho en el siglo XIX hasta la transición política iniciada en ambos casos en 2011. Resultados. Los dos estudios de caso se encuentran a día de hoy inmersos en una transición política hacia la paz que, además, coincide con la transformación digital de los medios que está revolucionando el periodismo y la manera de interactuar en la red. Conclusiones. El artículo propone incluir la memoria de las violaciones contra la libertad de prensa en el proceso de transformación de los conflictos y reivindica asimismo la necesidad de reformular el concepto de la libertad de expresión en el presente escenario digital.
[EN] Introduction. This article makes a historical comparative analysis of the conceptualisation and development of the freedom of the press in the last 50 years of conflict in Colombia and the Basque Country. Methodology. Through a diachronic examination, this work studies the concepts of censorship and self-censorship in both case studies. The time frame covers the period from the first liberal conceptualisation of the freedom of the press in the 19th century, up until the political transformation of the conflicts initiated in both cases in 2011. Results. Colombia and the Basque Country are currently going through a process of transition from violent conflict to peace. This process, in addition, is taking place at the same time as the digital transition of the Media, which is transforming journalism and the way of interacting on the Internet. Conclusions. This article proposes to include the memory of violations against the freedom of the press in the process of conflict transformation and it also concludes that there is a need to rethink the concept of freedom of speech on the Internet.
[EUS] Sarrera. Ikerketa historiko konparatu baten bitartez, artikulu honek Euskal Herriko eta Kolonbiako gatazken azken 50 urteetan prentsa askatasunak izan duen formulazioa eta bilakaera aztertzen ditu. Metodologia.Lanak azterketa diakronikoa egiten du eta horren bitartez zentsura eta auto-zentsura kasuak konparatzen ditu, XIX.mendeko prentsa askatasunaren formulazio liberaletik hasita gatazka biak eraldatzeko prozesua 2011. urtean hasi zen arte. Emaitzak.Kasu azterketen konparazioak erakusten duenez, Kolonbia eta Euskal Herria bertako gatazkak eraldatzeko prozesua eta hedabideen trantsizio digitala une berdinean gertatzen ari dira. Trantsizio digital horrek kazetaritza egiteko moduak eta herritarrek sarean daukaten interakzioa erabat aldatu du, eta horrek gatazken eraldatze prozesua eragiten du. Ondorioak.Artikulu honek prentsa askatasunaren kontrako erasoen memoria gatazkak eraldatzeko prozesuen baitan kokatzea proposatzen du. Era berean, adierazpen askatasunaren kontzeptua eszenatoki digitalaren barruan berriz ere formulatzeko beharra dagoela ondorioztatzen du.
[ES] Libertad de prensa, Libertad de expresión, Historia de la comunicación comparada, Comunicación y violencia, País Vasco, Colombia.
[EN] Freedom of the press, Freedom of speech, Comparative history of communication, Communication and violence, Basque Country, Colombia.
[EUS] Prensa askatasuna, Adierazpen askatasuna, Komunikazioaren historia konparatua, Komunikazioa eta indarkeria, Euskal Herria, Kolonbia.
[ES] 1. Introducción. 2. Formulación de la libertad de prensa en España y Colombia. 2.1 Siglo XIX: Libertades liberales e independencia. 2.2 Primer tercio del siglo XX: La antesala de la violencia. 3.Confrontación violenta y control mediático. 3.1 Censura durante el Franquismo (1936-1975) y La Violencia (1948-1957). 3.2 Surgimiento de grupos armados: las FARC y ETA. 4.Derechos y libertades constitucionales: 1978 y 199. 1. 5. Los conflictos continúan. 5.1 Procesos de paz fallidos a finales de los 90 5.2 Violencia post 11-S. 6. Paz, digitalización y libertad de expresión. 7. Conclusiones.
[EN] 1. Introduction. 2. Conceptualising freedom of press in Spain and Colombia. 2.1 19th century: Liberal freedoms and independence. 2.2 The first third of the 20th century: the previous stage of the conflict. 3.Violent confrontation and media control. 3.1 Censorship during Franco’s regime (1936-1975) and La Violencia (1948-1957) 3.2 The creation of armed groups: the FARC and ETA 4. Constitutional rights and freedoms: 1978 and 1991. 5. The conflicts continue. 5.1 Failed peace processes in the late 1990s. 5.2 Post 9/11 violence.6. Peace, digitalisation and freedom of speech7. Conclusions. [EUS] 1. Sarrera. 2. Prentsa askatasunaren formulazioaEspainian eta Kolonbian. 2.1 XIX. mendea: Askatasun liberalak eta independentzia. 2.2 XX. mendeko lehen herena: Indarkeriaren aurrekariak. 3.Indarkeriazko gatazka eta komunikabideen kontrola. 3.1 Frankismo garaiko (1936-1975) eta La Violencia (1948-1957) garaietako zentsura. 3.2 Talde armatuen sorrera: FARC eta ETA. 4. Eskubide eta askatasunak konstituzioetan: 1978 y 1991. 5. Gatazkak ez dira etetzen. 5.1 90 hamarkadako bake prozesuen porrota. 5.2 Irailaren 11ko atentatuen ostea. 6. Bakea, digitalizazioa eta adierazpen askatasuna. 7. Ondorioak.
Traducción al inglés de la autora,
supervisada por la traductora Ángela Jones.
La libertad de prensa es uno de los derechos tradicionalmente violados en situaciones de conflicto. La batalla por la información y por influir en la opinión pública cobra una dimensión particular en contextos violentos, y la censura, el cierre de periódicos, la amenaza y violencia contra periodistas forman parte de la dinámica general. Así ha ocurrido también en el País Vasco y Colombia, casos que, si bien difieren en características y dimensiones, comparten las violaciones ejercidas contra la libertad de prensa a lo largo de casi 50 años de confrontación violenta. En 1998, Colombia lideró el ranking mundial de periodistas asesinados y en la actualidad,a pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los ataques no han cesado: en 2018 tres periodistas ecuatorianos fueron asesinados por un grupo disidente de las FARC y en 2017 se documentaron un total de 310 ataques [1] a la libertad de prensa que afectaron a 368 periodistas (Informe FLIP, 2017). Estos datos demuestran las dificultades del proceso de paz colombiano, que sigue debatiéndose entre una situación de conflicto y postconflicto. El caso vasco tampoco encaja en los esquemas tradicionales de pacificación: ETA anunció el cese de la violencia en 2011, pero desde entonces los pasos en clave de paz han sido más bien escasos. ETA se desarmó en 2017 y se disolvió en mayo de 2018. A día de hoy cerca de 300 presos continúan en las cárceles. En total, el conflicto colombiano ha causado cerca de 220,000 muertes (¡Basta Ya!, 2012) y más de 110 periodistas han perdido la vida (Barbeito, 2009). En el caso vasco, el total de muertes es de 1.004 (Carmena et. al., 2013), entre las cuales figuran cinco periodistas (tres a manos de ETA y dos a manos de los GAL) [2].
El artículo explora el desarrollo y violación de la libertad de prensa en el País Vasco y Colombia a través de un análisis histórico comparativo. [3] La estructura se cimienta en la periodización de los antecedentes y el desarrollo de los conflictos partiendo de la propia formulación de la libertad de prensa en el siglo XVIII y analizando las dificultades de su cumplimiento en los diferentes periodos, incluyendo el actual escenario digital. El estudio plantea dos conclusiones: reivindica un tratamiento específico sobre las violaciones a la libertad de prensa en la estrategia de transformación de los conflictos y propone la reformulación de la libertad de expresión en la era digital.
2. Formulación de la libertad de prensa en España y Colombia
La libertad de prensa forma parte del amplio derecho a la libertad de opinión y expresión.[4] Su formulación se remonta a la era de la Ilustración: la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (1791) recoge la libertad de expresión e incluye la prohibición de limitar la libertad de prensa. La revolución francesa también se hizo eco de esta libertad y se incluyó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1793). [5] Su formulación constitucional llegó a España y a Colombia en el siglo XIX. Las pugnas entre liberales y conservadores fueron decisivas en su implementación y en Colombia, además, la expansión de los ideales liberales fue acompañado del proceso de independencia de la monarquía española iniciado en 1810.
2.1 Siglo XIX: Libertades liberales e independencia
En España fueron las Cortes de Cádiz las encargadas en reconocer la libertad de imprenta por primera vez. Lo hicieron primero mediante el Decreto IX de 10 de noviembre de 1810, norma que suprimió el sistema preventivo de la censura propia del Antiguo Régimen (Marcuello Benedicto, 1999). [6] La implementación de los valores ilustrados estuvo sujeta a las pugnas entre liberales y conservadores durante todo el siglo XIX y la libertad de prensa se vio ampliada o reducida en función del grupo que ostentaba el poder. El periodo absolutista de Fernando VII (1813-1833) fue el que más contrajo este derecho y los periodos de poder liberal ampliaron estas libertades (durante el trienio liberal 1820-23, el bienio progresista 1854-56 y el sexenio democrático 1868-1874).
Las luchas entre conservadores y liberales tuvieron un impacto particular en las provincias vascongadas y Navarra, donde se sucedieron tres guerras carlistas que pusieron en juego los derechos históricos de los territorios vascos (los fueros). Con la última guerra carlista, en 1876, se suprimieron formalmente los fueros y se dio comienzo a la época monárquica alfonsina llamada la Restauración. Como en el resto del Estado, los liberales vascos fomentaron la libertad de prensa y la producción de publicaciones periódicas. Los carlistas también disponían de periódicos, aunque de carácter más conservador.
En la misma época en la que las Cortes de Cádiz formulaban la libertad de prensa arrancaron los procesos de independencia en América Latina. El 20 de julio de 1810 se aprobó el acta de independencia de Colombia, que, si bien no constituyó un documento de separación total de la corona española, supuso la primera piedra del largo proceso por la independencia. Un año después, en 1811, se aprobó la que es considerada como primera constitución de Colombia y del mundo hispánico (Vanegas Useche, 2011). Aún bajo el mandato de Fernando VII, la Constitución de Cundinamarca (actual provincia de Bogotá) se promulgó el 4 de abril de 1811. En el Artículo 11 incluyó que “no puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad y propiedad legal”. [7]
La llegada de la imprenta a Colombia (entonces Virreinato de Nueva Granada) a mediados del siglo XVIII [8] resultó fundamental para hacer frente al dominio simbólico de la monarquía (Barredo Ibáñez, 2017). Con la unión de Nueva Granada y Venezuela en 1819 (después se reunieron Panamá, Quito y Guayaquil) se creó la Gran Colombia, que, presidido por el Libertador Simón Bolívar, supuso la primera república independiente (Ospina Sánchez, 1988). En 1831 se disolvió la república y cada territorio continuó su camino. En 1886 se aprobó la primera constitución de la república de Colombia y, aunque fue reformada en numerosas ocasiones, se mantuvo hasta la aprobación de la Constitución actual en 1991. Antes de 1886, en cualquier caso, se tramitaron diversas leyes en clave de ampliación de la libertad de prensa, como la ley de 17 de septiembre de 1821, "sobre extensión de la libertad de la imprenta, y sobre la calificación y castigo de sus abusos" (Cacua Prada, 1968: 995).
La independencia produjo una rápida expansión del periodismo colombiano. Las libertades incluidas en las primeras constituciones supusieron un gran hito en el proceso de implementación de los valores liberales, así como en el proceso de independencia de la corona española. Aunque la revolución liberal española de 1868 aceleró el proceso de paz con Colombia, el reconocimiento oficial de independencia por España y la paz oficial entre ambos países no llegó hasta un acuerdo firmado en París en 1881.
2.2 Primer tercio del siglo XX: La antesala de la violencia
El siglo XX comenzó en España con la Restauración monárquica que mantuvo en vigor la misma constitución 55 años, desde 1876 hasta la llegada de la II República en 1931. En el mismo periodo de tiempo, la prensa se industrializó y dejó de ser un mero instrumento de partido para convertirse en una empresa informativa (Díaz Noci, 2012: 105). En este periodo también se dio un periodo de refortalecimiento del nacionalismo vasco y la cultura vasca y, entre otras expresiones de este renacimiento, en 1919 nació la primera publicación en euskera, la revista mensual Zeruko Argia.
La Restauración conllevó un periodo de menor censura. La ley de 26 de junio de 1883 (Ley de Policía de Imprenta) se mantuvo en vigor hasta 1966 y es considerada como un hito en materia de libertad de expresión (Bel Mallén, 1990: 38). En cualquier caso, la dictadura de Primero de Rivera (1923-1931) supuso un paréntesis en esta tónica y sentó las primeras bases para la posterior dictadura franquista. El Real Decreto de 15 de septiembre de 1923 suprimió, entre otros, el artículo 13 de la Constitución de 1876 que prohibía la censura previa.
El escenario volvió a cambiar el 14 de abril de 1931 con el establecimiento de la
II República. En diciembre de aquel año se proclamó la Constitución de 1931, cuyo Artículo 3 incluyó una visión progresista de la libertad de expresión y de prensa: “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.” A pesar los ideales progresistas, durante la II República continuó formalmente vigente la Ley de Prensa de 1883. Esta ley, junto con la Ley de Defensa de la República, de octubre de 1931, y la posterior Ley de Orden Público de 1933 permitieron al Gobierno republicano suspender o multar a periódicos de derechas y de izquierdas (Díaz Noci, 2012: 166). En febrero de 1936 el Frente Popular ganó las elecciones y el 18 de julio de aquel mismo año se produjo el golpe fascista. Para el 14 de enero de 1937, un decreto del bando golpista creó la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda con el objetivo de “emplear toda la prensa (…) para hacer conocer los hechos del Movimiento Nacional” (Díaz Noci, 2012: 187-188).
En aquella misma década se produjeron varios cambios políticos en Colombia. El siglo XX arrancó con la guerra de los Mil Días (1899-1902) que enfrentó a los liberales y al gobierno conservador. Las luchas entre estos dos sectores marcaron también gran parte del siglo XX. Hasta 1930, los conservadores mantuvieron su hegemonía y en aquella década arrancó la alternancia política entre ambos sectores políticos. El candidato de la Concentración Nacional, Enrique Olaya Herrera, presidió el país desde 1930 hasta 1934, un periodo en el que Colombia sufrió las consecuencias de la crisis del 29 y una guerra contra Perú. Tras su presidencia, el liberal Alfonso López Pumarejo implementó medidas intervencionistas en la línea del New Deal (Sixirei Paredes, 2011).
La libertad de prensa avanzó tímidamente durante el arranque de este periodo. En 1944 Colombia aprobó la Ley de 15 de diciembre por la cual se dictó que la prensa es libre en tiempos de paz. Esta limitación, no obstante, funcionó como mecanismo de recorte de libertades. En aquella misma época surgió un nuevo líder que provenía del partido liberal, Jorge Eliecer Gaitán -- el 9 de abril de 1948-- Gaitán era asesinado en plena calle por un sicario que murió linchado. Tras el asesinato, que ha sido denominado el Bogotazo, liberales y conservadores se enfrentaron violentamente en el periodo conocido como La Violencia. El 9 de noviembre de 1949 se reestableció la censura de prensa (Cacua Prada, 1968: 1034).
3. Confrontación violenta y control mediático
Después de las experiencias progresistas de los años 30, tanto en Colombia como en el Estado español se volvieron a recortar las libertades: en 1939 acabó la guerra civil española y se estableció la dictadura franquista y, en Colombia tras el asesinato de Gaitán (1948) arrancó La Violencia. Asimismo, siguiendo la estela de los movimientos de liberación de la época, en la década de los 60 se formaron ETA y las guerrillas colombianas. Los conflictos violentos modernos en ambos estudios de caso comenzaron en esta misma década.
3.1 Censura durante el Franquismo (1936-1975) y La Violencia (1948-1957)
El aparato franquista puso en marcha su maquinaria de censura en plena guerra civil española. El 22 de abril de 1938 aprobó una ley de prensa para suprimir toda la propaganda republicana y establecer mecanismos de censura previa. En esta misma línea, el Fuero de los Españoles, aprobado en 1945 como “componente del armazón constitucional que el régimen del General Franco quiso crear”, proclamó el “principio de libertad de expresión y a su vez estableció su más absoluta limitación” (Bel Mallen, 1990: 43). El Artículo 12 de este Fuero, de hecho, afirmaba que “todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”. Como en todo régimen dictatorial, la censura fue una de las claves del régimen franquista.
Este marco jurídico de censura absoluta se mantuvo hasta 1966, momento en que se aprobó la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta; la denominada Ley Fraga. Esta iniciativa legislativa se enmarcó en un proceso político dentro del Movimiento encabezado por el entonces Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Según apunta Barrera, esta ley “constituyó una importante avanzadilla en el proceso de apertura o reforma del régimen” (Barrera, 1997). La nueva ley, no obstante, mantuvo el régimen de censura previa y estableció “nuevos mecanismos de control” (Sinova, 2006: 8). En cualquier caso, la ley permitió que algunos periódicos, como el diario Madrid, comenzaran a abordar asuntos hasta entonces censurados. Ruiz Romero (2003) señala: “Las nuevas exigencias internacionales del régimen hicieron más sutiles el control de la política informativa”, pero no hicieron desaparecer los mecanismos de censura y control.
Colombia también sufrió la censura durante un periodo similar. La etapa de La Violencia (1948-1958) causó entre 200.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas. Según Acuña Rodríguez (2013: 243), durante este periodo la censura fue una estrategia de los gobiernos para ocultar la grave situación de orden público que vivía el país durante La Violencia. El militar Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953 y estableció nuevos mecanismos de control. Para ello creó un nuevo organismo estatal: la ODIPE (Oficina de información y propaganda del Estado), a través de la cual “popularizó” su imagen “a tal punto que Rojas Pinilla se convirtió en una imagen omnipresente que permeó diversas actividades oficiales y cotidianas de la población colombiana” (García-Villamarín, 2017). El mandatario militar legisló la censura a través de decretos de estado de sitio y clausuró dos de los principales periódicos liberales, El Tiempo y El Espectador [9] (Sixirei Paredes, 2011: 56). El periodo de la Violencia culminó en 1958 con un acuerdo de alternancia entre partidos. [10]
3.2 Surgimiento de grupos armados: las FARC y ETA
El inicio de los conflictos modernos en el País Vasco y Colombia se ubica tradicionalmente en la década de los 60, precisamente en el periodo en que surgieron varios de los grupos armados. Euskadi eta Askatasuna (ETA) se creó durante el franquismo a través de un grupo de estudiantes universitarios que querían marcar distancias con el nacionalismo moderado del PNV. En 1959, ETA celebró su primera asamblea y el primer atentado mortal se produjo en 1968. En la última etapa del franquismo y la transición a la democracia convivieron varios grupos armados que se oponían a la dictadura y reivindicaban libertades democráticas; además de ETA, existían los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCA o CCAA) y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre(Grapo), estos últimos organizados a nivel estatal. Durante el mismo periodo también existieron grupos organizados de extrema derecha, como la Triple A y el Batallón Vasco Español. En los años 80, además, se crearon los Grupos de Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo violento vinculado al gobierno del PSOE, entonces liderado por Felipe González.
El origen de las guerrillas en Colombia está ligado a las bandas activas de campesinos armados existían en el país desde el periodo de La Violencia. El asesinato de Gaitán se considera como uno de los detonantes del surgimiento de estos grupos. Se calcula que en 1964 existían al menos 100 grupos de este tipo y muchos de ellos trataron de dar el salto a la lucha revolucionaria siguiendo el ejemplo cubano. En 1964 se creó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en 1966 se crearon las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionariasde Colombia-Ejército del Pueblo).
A la confrontación armada entre las guerrillas de izquierda y el Ejército colombiano en la década de los 60 se sumaron los grupos paramilitares. El entonces presidente de Colombia Guillermo León Valencia aprobó en sendos decretos de 1965 y 1968 la legalización de los grupos paramilitares como “defensa civil”. Existen dos relaciones entre los actores del conflicto armado colombiano: las referidas al gobierno y la guerrilla, y las relaciones entre el narcotráfico y los grupos guerrilleros y paramilitares (Calderón Rojas, 2016: 62). Los grupos gubernamentales, además, han tenido conexiones con grupos paramilitares y el narcotráfico.
Tanto en Colombia como en el País Vasco, la violencia de los actores armados, estatales y no estatales, ha generado una constante amenaza contra periodistas y, por ende, contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos que se vieron mermados a través de mecanismos de censura y autocensura (Barbeito, FLIP, 2009: 47: Roldán et al., 2008:).
4. Derechos y libertades constitucionales: 1978 y 1991
La formulación jurídica actual de la libertad de prensa en España y Colombia se introdujo a través de las constituciones de 1978 y 1991, respectivamente. Ambos textos tienen aspectos en común dado que Colombia adoptó la Constitución española como modelo. La libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa, está recogida en ambos textos de manera clara e inequívoca. Este derecho, de todos modos, fue violando antes y después de la aprobación de las respectivas constituciones.
La Constitución española, de 1978, se aprobó en el contexto de la transición de la dictadura a la democracia. Desde que el dictador Francisco Franco falleciera en 1975, se tramitaron varias medidas legislativas de manera progresiva para reformar el sistema y acercarse a un modelo democrático. Entre ellas, las medidas más conocidas aprobadas en el periodo entre 1975 y 1978 fueron las leyes de amnistía y reforma política, las cuales permitieron la liberación de presos políticos encarcelados por su oposición al régimen franquista y la legalización de algunos partidos políticos (principalmente el Partido Comunista de España). Otra de las herramientas legislativas que se adoptaron en este sentido fue el Real Decreto-Ley 24/1977 de 1 de abril, que derogaba la ley de prensa de 1966 y estaba dirigido a eliminar la censura previa y reconocer la libertad de expresión y de prensa. [11] Al mismo tiempo también desaparecía un ministerio tan poco propio de regímenes dictatoriales como el de Información y Turismo.
En su redacción, la redacción de la Constitución de 1978 se asemeja a los estándares internacionales en derechos humanos e incorpora expresa y sistemática el ordenamiento internacional. La libertad de expresión y de prensa son incluidas en el apartado referido a los derechos fundamentales y libertades públicas, el Artículo 20, el cual reconoce el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” (Punto 1.a). La Constitución elimina explícitamente todo tipo de censura previa (Punto 2) y establece los límites de estas libertades en la protección del derecho “al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” (Punto 4). [12]
La transición española fue un periodo de gran agitación social y violencia política, y también fueron los años más duros del conflicto vasco.[13] El primer periodista asesinado es de este periodo: ETA asesinó en 1978 a José María Portell, director de la Hoja del Lunes de Bilbao y redactor jefe de la Gaceta del Norte (28 junio 1978).[14] Cinco años después, en 1985, los GAL asesinaron al corresponsal de Egin Xabier Galdeano (30 marzo 1985) y cuatro años después al periodista y diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza (20 de noviembre de 1989).
A diferencia de la Constitución española, la colombiana de 1991 no modificó el régimen político del país, que era democrático antes y después de su aprobación. En cualquier caso, el texto constitucional tuvo como objeto ahondar en la calidad democrática del país, que se encontraba en pleno conflicto y había fracasado en su primer intento para establecer un proceso de paz. La Constitución, además, se aprobó en un escenario en el que Colombia era uno de los países con el índice de homicidios más alto del mundo como consecuencia del conflicto interno y la expansión de los cárteles del narcotráfico (destacaron el cártel de Medellín y el de Cali). En 1986, por ejemplo, sicarios a órdenes del capo del narcotráfico, Pablo Escobar, asesinaran frente a la sede del diario a su entonces director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza (17 de diciembre 1986).
La década de los años 80 fue muy intensa. [15] En un contexto de guerras del narcotráfico y enfrentamientos entre guerrillas y el ejército, en 1985 Colombia vivió una de sus crisis más profundas de su historia, la toma del Palacio de Justicia. Los guerrilleros del M19 tomaron este edificio, ubicado en el centro de Bogotá, y retuvieron a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes. La desastrosa gestión del ejército y la policía culminó 27 horas después con un balance de 98 fallecidos y once desaparecidos. La masacre se produjo en un contexto en el que el gobierno colombiano de Belisario Betancurt negociaba acuerdos de paz con el M19 y las FARC. El proceso con el M19 llegó a un acuerdo y el grupo se desmovilizó en 1990. Las conversaciones de paz en 1984 y 1985 entre el Gobierno y las FARC -en las que la guerrilla logró “por primera vez una amplia visibilidad televisiva” (de la Roche, 2005: 4)- no fueron tan fructíferas. De hecho, el partido creado por grupos cercanos a las FARC, Unión Patriótica, fue exterminado en los años 80 y 90: más de 3.500 militantes murieron a manos de grupos paramilitares, narcotraficantes y miembros del ejército en unas masacres que han sido calificadas de genocidio político (Cepeda Castro, 2006).
La Constitución política de 1991 se aprobó en este contexto de violencia. El artículo 20 de la Constitución “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”El mismo artículo también señala que los medios son “libres y tienen responsabilidad social”, garantiza el “derecho a la rectificación en condiciones de equidad” y afirma que “no habrá censura”. [16] Los años más oscuros del conflicto armado aún estaban por llegar y los ataques a la libertad de prensa, al igual que en el caso español, no cesaron con la entrada en vigor de la Constitución.
5. Los conflictos continúan
Los años más oscuros de los conflictos en Colombia y el País Vasco se sufrieron después de la aprobación de los textos constitucionales. Junto con la escalada de la violencia también llegaron los diversos intentos de pacificación, todos ellos fallidos hasta la etapa reciente. Después del fracaso de los procesos de paz de finales de los 90, en ambos casos volvió a darse un nuevo pico de violencia que se vio acentuado en el escenario de guerra contra el terrorismo posterior al atentado del 11 de septiembre de 2001. En la misma etapa, la televisión se expandió de manera vertiginosa, el oficio periodístico se profesionalizó y los medios comenzaron su proceso de digitalización.
5.1.Procesos de paz fallidos a finales de los 90
La caída del muro de Berlín dio inicio a una década en la que proliferaron numerosos conflictos y procesos de paz a nivel internacional. Colombia y el País Vasco siguieron la estela de casos como Sudáfrica e Irlanda del Norte, aunque no gozaron de la misma suerte. Ya habían fracasado otros intentos para promover la paz: en Colombia se habían organizado conversaciones de paz con las FARC en los 80 y en el País Vasco las primeras conversaciones de paz entre ETA y el Gobierno español se produjeron entre 1987 y 1989 en Argel.
En Colombia, la violencia de los narcos contra el periodismo fue particularmente violenta en los años 80. A finales de los años 90, sin embargo, el país ocupó los primeros puestos de asesinatos contra periodistas a nivel mundial (CNMH, 2015: 95). En 1997, el país asistió a un nuevo intento de pacificación con las conversaciones entre las FARC y el presidente conservador Andrés Pastrana. En el marco de estas conversaciones, llevadas a cabo en la zona desmilitarizada de El Caguán, Pastrana estableció varias zonas de distensión que pasaron a ser controladas por las FARC. [17] En 1999 el Gobierno y las FARC dieron a conocer un primer acuerdo, la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, y en 2000 llevaron las conversaciones a Europa. En este periodo, el Gobierno introdujo el Plan Colombia, que años después pasaría a ser una de las piezas angulares de la gestión del conflicto y la intervención de Estados Unidos en el mismo. Para 2002, las negociaciones se encontraban en situación de crisis: el proceso de paz se rompió y comenzó una nueva etapa que se caracterizó por los secuestros de las FARC y la política de violencia y mano dura ejercida por Álvaro Uribe, quien llegó a la presidencia de Colombia en 2002 y ejerció ese cargo hasta 2010. [18]
El País Vasco también asistió a un proceso de paz fallido. El denominado proceso de Lizarra-Garazi arrancó en 1998 con un acuerdo entre partidos, sindicatos y otros colectivos nacionalistas y de izquierdas. El acuerdo tomó como referencia las conversaciones llevadas a cabo en Irlanda del Norte (Mess, 2003) y propuso un proceso de diálogo y negociación. ETA anunció un alto el fuego indefinido días después del anuncio del acuerdo de Lizarra-Garazi, el 16 de septiembre de 1998, y el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, inició una serie de diálogos con ETA en Zúrich. Las negociaciones culminaron con la misma suerte que en Colombia y el proceso se rompió en diciembre de 1999.
Antes del proceso de Lizarra Garazi, ETA había aprobado la estrategia que comúnmente se denomina como socialización del sufrimiento y que consistió en ampliar los ataques a sectores que no estuvieran ligados únicamente con la policía o el ejército. Dentro de esta estrategia, que se materializó en las ponencias Oldartzen (1994) y Txinaurriak (1995) se amenazó directamente a periodistas. En el año 2000, ETA asesinó al columnista de El Mundo y miembro del Foro de Ermua, José Luis López de Lacalle (7 de mayo de 2000) y en el año 2001 al director financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga (5 mayo 2001).
El mismo año que arrancó el proceso de paz de Lizarra-Garazi (1998) se produjo uno de los primeros ataques más severos a la libertad de prensa en la etapa democrática: el cierre del diario Egin y la radio Egin Irratia. En 1998, sin sentencia firme y de manera preventiva, cautelar, la Guardia Civil cerró Egin y Egin Irratia, medios de ideología independentista vasca. En 2001, además, se clausuró la revista Ardi Beltza y dos años más tarde, en 2003, el esquema se repitió con el cierre del diario en euskera Euskaldunon Egunkaria. Todos los casos se realizaron dentro de una lógica inconstitucional de la clausura preventiva (De la Cuesta y Muñagorri, 2008). Años después, en el caso de Egunkaria, los detenidos fueron absueltos de su vinculación con ETA en una sentencia del 2010 y en 2009 el Tribunal Supremo reconoció la ilicitud de su cierre del cierre de Egin en 2009.
5.2.Violencia post 11-S
En una etapa en la que se avanzaba en la profesionalización mediática, los conflictos en el País Vasco y Colombia se recrudecieron y la censura y autocensura mediática se incrementaron. Con la entrada del nuevo milenio la violencia volvió a escalar. Según los datos de la Unidad de Víctimas, los años con más víctimas en Colombia se produjeron entre 2000 y 2003 y, aunque el periodo con mayor número de asesinatos en el País Vasco fueran los años de la transición a la democracia, a partir del año 2000 hubo otro pico de violencia. En el año 2000, por ejemplo, 23 personas murieron a manos de ETA.
La presidencia de Uribe (2002-2010) estuvo marcada por la implementación del Plan Colombia (acuerdo económico y militar entre Estados Unidos y Colombia) y el proceso de desmovilización de paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz, que se planteó eufemísticamente como un proceso de justicia transicional. El Plan Colombia (Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado) fue un acuerdo concebido en 1999 durante el proceso de paz de Pastrana y suscrito entre Estados Unidos y Colombia para promover la paz y la lucha contra el narcotráfico. Tras los atentados del 11 de septiembre y la llegada de Uribe a la presidencia, el Plan Colombia quedó bajo la gestión de Uribe y George W. Bush y se utilizó para aplicar la doctrina de seguridad nacional de EEUU. Así, el Plan tuvo un enfoque militar y se opuso a cualquier solución dialogada al conflicto. Por otro lado, la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) fue el instrumento diseñado por Uribe para, en teoría, desmovilizar grupos paramilitares. El origen de la ley radica en el acuerdo que en 2003 firmaron las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno y afectaba a cerca de 30.000 paramilitares. No obstante, el acuerdo sirvió para otorgar beneficios en las penas en casos de que se reconociera el delito y no garantizó los derechos de las víctimas. Además, tras el proceso los grupos de paramilitares se reorganizaron en nuevas bandas que tomaron el nombre de BACRIM (bandas criminales).
Mientras en Colombia se ponía en marcha la Ley de Justicia y Paz, en el País Vasco se inició un nuevo intento de pacificación. El llamado proceso de Loiola se materializó, por un lado, en una serie de contactos entre el gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, en Ginebra, y, por otro lado, representantes del PSE (Partido Socialista de Euskadi), el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y la antigua Batasuna (la izquierda independentista) se reunieron en el santuario de Loiola en el País Vasco (Murua, 2010). ETA anunció un alto el fuego en 2005 que duró hasta diciembre de 2006, momento en el que hizo estallar una bomba en el aeropuerto de Madrid tras la que murieron dos personas. En un nuevo periodo de violencia, ETA continuó atacando a medios de comunicación: en 2008 colocó sendos artefactos contra la sede de El Correo y EiTB. En lo referido a la cobertura periodística, Ramírez de la Piscina et al. (2016) se refieren a este periodo como el “periodismo de trincheras” y destacan la polarización y la crispación política existente.
Mientras los intentos de pacificación en Colombia y el País Vasco fracasaban, el espacio comunicativo se sumergió en un proceso de cambio constante ligado a la digitalización mediática. Las libertades asociadas históricamente a la prensa comenzaron paulatinamente a ser reguladas en un contexto de digitalización y enmarcadas en las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación).[19]
6. Paz, digitalización y libertad de expresión
En el último periodo de los conflictos en Colombia y en el País Vasco destacan la transición política a un escenario de paz y la transición digital de los medios. El estado actual de la libertad de expresión y la libertad de prensa se enmarca en este contexto cambiante y se enfrenta a nuevos retos y mecanismos de censura asociados con la era digital. Las redes sociales se han convertido en uno de los instrumentos más utilizados para hacer política y los medios tradicionales luchan por abrirse un hueco en este espacio que comparten con sus audiencias (García-Perdomo, 2017).
La fase actual del proceso de paz en Colombia arrancó en 2011 con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través de la cual se reconoció la existencia del conflicto armado. Desde 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos mostró la voluntad de dar un giro a la política de Uribe y buscar una salida negociada al conflicto. En 2012 anunciaron las conversaciones de paz y tras varios años de reuniones en La Habana, el proceso de negociación finalizó con un el acuerdo final suscrito en Cartagena por el gobierno de Santos y las FARC el 26 de septiembre de 2016. [20] No obstante, poco después de la firma y en contra de todos los pronósticos, el plebiscito convocado para el 2 de octubre de ese mismo año otorgó la mayoría a los contrarios al acuerdo y el gobierno y las FARC se vieron obligados a modificar el texto. El nuevo acuerdo final se firmó el 28 de noviembre de 2016. El nuevo texto incorporó varias de las demandas de los partidarios del no en el plebiscito y modificó varios aspectos de la Jurisdicción Especial Para la Paz. Un aspecto crítico para la libertad de prensa que sí mantuvo el acuerdo fueron las medidas recogidas sobre la democratización del espacio comunicativo: el acuerdo reconoce la falta de pluralidad informativa en Colombia y recoge el compromiso para regular la publicidad institucional, conceder nuevas licencias para radios comunitarias, promover la capacitación técnica de trabajadores de medios comunitarios y la apertura de nuevos espacios en emisoras y canales institucionales para divulgar el trabajo de movimientos sociales y fomentar la cultura de la paz.[21]
En el País Vasco la última fase del conflicto arrancó en octubre de 2011 con el anuncio de ETA del final de su actividad armada. Desde entonces se han dado varios pasos por la paz: el partido político de la izquierda independentista Sortu fue legalizado en 2011, ETA se desarmó en 2017 y anunció su disolución en 2018, y el gobierno vasco y el navarro han aprobado varias iniciativas para reconocer y reparar a todas las víctimas del conflicto (Álvarez Berastegi, 2017). El gobierno español, por su parte, ha mantenido la política antiterrorista previa a 2011 y no ha modificado su discurso y estrategia en torno al nuevo escenario. [22] Tampoco se ha dado una solución al problema de los presos (en 2018 había 287 presos ligados al conflicto vasco). Teniendo en cuenta la ausencia de un proceso de paz oficial, no podemos hablar de un acuerdo de paz como tal en el contexto vasco. Existen, no obstante, una serie de acuerdos y programas, unos institucionales y otros promovidos desde la sociedad civil, que tienen como objeto impulsar la transición hacia la paz. En el ámbito social destaca la labor del Foro Social por la Paz y en el plano institucional el Gobierno vasco y el navarro ha llevado a cabo diversas iniciativas de paz y convivencia. En el terreno mediático cabe destacar el acuerdo marco de colaboración suscrito en 2014 entre la administración general de la Comunidad Autónoma Vasca y el ente público Euskal Irrati Telebista (EiTB) que tuvo como objeto compartir, diseñar, y desarrollar los ejes de actuación del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco.
En este mismo periodo está ocurriendo un fenómeno paradójico tanto en Colombia como en España: se avanza en leyes de transparencia sobre información pública, [23] mientras se retrocede en libertades a través de nuevas formas de censura, sobre todo en Internet. Las nuevas formas de censura en el Estado español se regularon en 2015 a través de varias reformas del Código Penal y la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza. Con el sustento jurídico de esta ley se han sancionado comentarios en Twitter, letras de canciones e incluso eslóganes de camisetas con penas de cárcel. [24] En Colombia no existe una legislación concreta sobre las nuevas formas de censura, aunque sí existen batallas judiciales que apuntan en esta dirección. El caso de amenazas contra el caricaturista Matador en la campaña electoral de 2018 supuso uno de los casos con mayor eco mediático. [25] Si bien las nuevas formas de censura afectan a una temática variada, tanto en Colombia como en el País Vasco están comúnmente asociadas con los conflictos violentos: se sancionan comentarios u opiniones que supuestamente son ofensivos para las víctimas y las críticas a políticos relacionados con grupos armados. La censura institucional y las amenazas directas en las redes están a la orden del día. Así, en un contexto de transición mediática y política, el qué y cómo contar el pasado de la violencia se regula a través de los nuevos límites a la libertad de expresión, muchas veces establecidos en el formato digital.
La esfera pública, por lo tanto, está estrechamente ligada al espacio digital. Cada vez resulta más complicado discernir las voces periodísticas de las voces ciudadanas y la censura contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa se encuentra cada vez más entrelazada. En suma, en este último periodo de pacificación y digitalización en Colombia y el País Vasco se están abriendo nuevas posibilidades para favorecer la “visualización de denuncias civiles y denuncias acalladas” (Juárez Rodríguez, 2014: 264), pero, a su vez, también se están estableciendo nuevas formas de control sobre los relatos y los discursos relacionados con la violencia
Las diferencias entre el conflicto colombiano y el vasco son evidentes y numerosas. Difieren las dimensiones de los conflictos, la realidad socio-política en la que han transcurrido (o transcurren) y el diseño de los procesos para su transformación. De todos modos, la comparativa de dos casos con ciertos parámetros similares puede servir para comprender mejor realidad histórica y los debates actuales. Una de las cuestiones clave en la que coinciden estos dos estudios de caso se refiere al diseño de las batallas por el relato del pasado, el llamado meta-conflicto, el conflicto sobre cómo definir el conflicto (O’Leary y MacGarry, 1995). Tanto en Colombia como en el País Vasco conviven, por un lado, los grupos políticos que niegan las raíces políticas del mismo y rechazan una solución negociada y, por otro lado, los sectores que apuestan por el diálogo en el marco de un proceso de paz (Batista, 1999; Whitfield, 2014; Murua, 2015).
Al analizar la evolución de la libertad de prensa en el País Vasco y en Colombia, este artículo ha estudiado cómo los altibajos relativos a este derecho se produjeron ya desde su formulación constitucional en el siglo XIX. En el siglo XX, además, las situaciones de guerra y dictadura acrecentaron la censura previa y establecieron mecanismos de control mediático. Después, con el surgimiento de los conflictos modernos en los años 60, las medidas de censura se propagaron en ambos casos. El análisis histórico demuestra asimismo que la incorporación de estas libertades en los textos constitucionales no garantiza por sí mismo su cumplimiento.
En cualquier caso, la contribución del artículo radica en las intersecciones que ha hallado entre la libertad de prensa y la transformación de los conflictos. Por un lado, los mecanismos más recientes de censura demuestran que las nuevas formas de control establecidas en la red requieren de una reformulación de la libertad de expresión que garantice su cumplimiento en el nuevo escenario digital. Las luces de alarma deberían dispararse con las nuevas medidas de censura y recorte de libertades, sobre todo en el caso español desde la aprobación de la ley mordaza, pero también en el caso colombiano, por ejemplo, por las resoluciones de la Corte Constitucional sobre la censura y regulación de Internet (Informe FLIP, 2017: 12-15). Aunque estos retos no se ciñen únicamente a escenarios de conflicto o postconflicto, adquieren una envergadura aún más notoria en situaciones donde se están realizando esfuerzos por democratizar la sociedad y promover la paz.
El escenario de transición política debe considerar medidas concretas relativas al espacio comunicativo. A pesar de que el Acuerdo de Paz en Colombia recoge aspectos específicos para democratizar el espacio informativo, no incluye de manera expresa medidas sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. En 2017, el gobierno colombiano descartó, además, la elaboración de un decreto para garantizar la libertad de expresión que había anunciado en 2012. No obstante, el necesario debate sobre estos derechos y libertades en la era digital debería insertarse en el proceso de transición política, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los mecanismos de censura actuales se refieren a temáticas relacionadas con el conflicto y están ligadas a la construcción de los relatos del pasado. La libertad de prensa y la calidad democrática “se alimentan mutuamente” (Idoiaga y Ramírez de la Piscina, 2002: 286) y, en definitiva, “el termómetro de libertad de prensa será directamente proporcional a las garantías democráticas” establecidas durante el proceso de transformación de los conflictos (Bock Ruiz et al. 2016: 4).
Junto con el debate sobre estas libertades en la actualidad, el proceso de justicia transicional y construcción de la memoria en Colombia y el País Vasco debería considerar los ataques a la libertad de prensa en el pasado e incluir medidas de reparación, memoria y garantías de no repetición específicas sobre estas violaciones. En el año 2013, por ejemplo, Colombia acogió el primer acto de reparación institucional simbólico para recordar a los periodistas asesinados durante el conflicto. En cualquier caso, el programa diseñado para implementar reparaciones colectivas sobre la libertad de prensa se paralizó posteriormente (Informe FLIP, 2017: 9). Los códigos de conducta y criterios para periodistas sobre cómo cubrir eventos durante y después del conflicto (testimonios de la comisión de la verdad, exhumaciones o conmemoraciones, por ejemplo) resultan asimismo necesarios (Newman et al., 2018).
En suma, existen dos elementos entrelazados ligados al conflicto y a la libertad de prensa: 1) el debate sobre la libertad de expresión en el escenario post-conflicto y en la era digital, y 2) la necesidad de recordar las consecuencias de la censura. El análisis de la evolución de la libertad de prensa demuestra las dificultades para implementar este derecho en las sociedades democráticas e ilustra la falta de adecuación del marco jurídico con la realidad. La transformación digital, además, ha generado nuevos retos en este sentido.
Investigación financiada. Este artículo es producto del proyecto de Investigación titulado “El papel de los medios de comunicación en la construcción de la memoria política. Colombia y el País Vasco en perspectiva comparada”, financiado por la Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, dentro de la convocatoria de especialización de personal investigador doctor en la UPV/EHU 2017
[1] Entre los ataques se encuentran el asesinato, la agresión física, la amenaza y la obstrucción al acceso de la información, entre otros.
[2] En el marco del conflicto vasco, los grupos armados independentistas y/o de izquierdas fueron responsables de 837 muertes, las fuerzas de seguridad ocasionaron 94 víctimas de este tipo y los grupos parapoliciales y de extrema derecha causaron 73 muertes (Carmena et al., 2013). Además, entre 1960 y 2014 se produjeron 4,113 casos de tortura en dependencias policiales (Etxeberria et al,. 2017). En el caso colombiano las cifras son sustancialmente más altas. El Registro Único de Victimas calcula que la cifra total es de 8,6 millones, de los cuales la mayoría son víctimas del desplazamiento forzado, en torno 7,6 millones de personas. El número de asesinados es de 220.000, el de desaparecidos asciende a casi 170.000 y el de secuestrados a más de 36.000. Según los datos recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el periodo entre 1958 y 2012 el 81% de los asesinados eran civiles y aproximadamente el 60% del total de víctimas mortales fueron causadas por grupos armados. La población total de Colombia es de 48 millones de personas y la del País Vasco es de tres millones (incluyendo las dos administraciones en el Estado español y la parte del País Vasco francés).
[3] Los estudios académicos que han comparado Colombia y el País Vasco son todavía muy escasos y en su mayoría se han centrado en las conexiones entre las FARC y ETA (en 2010 la Audiencia Nacional española realizó una investigación ligada a esta conexión) y en el marco que ambos casos comparten en lo relativo a la transición hacia la paz (Fisas, 2015; Ugalde Zubiri y Freytter-Florián, 2014).
[4]El artículo 19 de la declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
[5] La declaración se integró en la Constitución de 1793, que refirió a la libertad de prensa apuntando que el “pueblo francés” tiene el “derecho a manifestar sus ideas y opiniones, sea a través de la prensa, sea a través de cualquier otro medio”.
[6] Después, la Constitución de Cádiz incluyó en su artículo 371 que “todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”.
[7] La Constitución de Antioquia, del 3 de mayo de 1812, estuvo más cerca de la formulación francesa de la libertad de expresión y reconoció directamente la libertad de prensa en su Artículo 3: “La libertad de la imprenta es el más firme apoyo de un gobierno sabio y liberal”.
[8] La imprenta llegó al País Vasco en el siglo XVI.
[9] El Espectador fue clausurado por la publicación de un artículo de Gabriel García Márquez, en 1955.
[10] A pesar del rígido control mediático y la censura previa, en este periodo del siglo XX también se produjo un enorme avance en la tecnología mediática tanto en Colombia como en el Estado español. La televisión pública, una de las grandes revoluciones en el ámbito mediático, llegó en pleno franquismo a España y en la etapa de Rojas Pinillas a Colombia. El 28 de octubre de 1956 comenzaron las emisiones regulares de Televisión Española (TVE) y la televisión pública llegó a Colombia en 1954.
[11] Artículo 1 del Decreto-Ley 24/1977: “La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de impresos gráficos o sonoros, no tendrá más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general”.
[12] En esta misma línea, el Artículo 55 de la Constitución afirma que en casos en los que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, varios derechos pueden ser suspendidos, entre ellos, los recogidos en el Artículo 20. Asimismo, el texto constitucional incluye avances en el desarrollo del derecho a la información y, a través del artículo 148, señala que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias que directamente o indirectamente afectan a la información. A través del desarrollo de este artículo, varias comunidades autónomas crearon entidades de radiotelevisión pública, entre ellas la Comunidad Autónoma Vasca, donde se creó Euskal Irrati Telebista (EITB) en 1982.
[13] El referéndum para ratificar la Constitución española, en 1978, se realizó en un contexto de tumulto político. Aunque los resultados fueron favorables para el sí, en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa la abstención fue del 55,34% y en Navarra del 33,37%. Los partidos nacionalistas habían llamado a la abstención o al voto contrario.
[14] Dos años después, en 1980, ETA atentó contra el director de Diario de Navarra, José Javier Uranga.
[15] A la violencia política y la ligada a las drogas, aquel año se sumó la tragedia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en Armero. El suceso se recuerda por las trágicas imágenes televisadas de la niña de 13 años Omayra Sánchez Garzón, que murió tras estar atrapada tres días en el lodo. En el desastre murieron más de 25.000 personas.
[16] Al igual que en la Constitución española, se establecen los límites a la libertad de expresión en el derecho al honor y la intimidad (Artículo 15).
[17] En el mismo periodo de las conversaciones de El Caguán, el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia redoblaron sus actividades.
[18] En las elecciones presidenciales celebradas el 17 de junio de 2018 resultó ganador Iván Duque, el candidato del uribismo.
[19] En 2009 se aprobó en Colombia la Ley 1341, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En España en 2002 se aprobó la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Ambas iniciativas legislativas ilustran el desarrollo tecnológico de la década, que afectó directamente al sector comunicativo.
[20] Además de con las FARC, Santos (a quien concedieron el Premio Nobel de la Paz en 2016) también inició conversaciones con el ELN en Quito en 2017, aunque sufrieron altibajos ya en 2018.
[21] El Acuerdo Final recoge estos aspectos en su apartado 2.2.3.
[22] En mayo de 2018 cambió el gobierno en Madrid, y está por clarificar la actitud en este sentido del nuevo presidente del PSOE, Pedro Sánchez.
[23] En 2013 se aprobó en España la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En 2014, el congreso colombiano aprobó una ley similar; la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014). El Parlamento vasco también inició en 2017 el debate de la Proposición de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. En cualquier caso, las leyes relativas a documentos clasificados o leyes de secretos establecen los límites de este marco sobre transparencia.
[24] Esta ley incluye 44 conductas, calificadas de muy graves, graves o leves, sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros. Utilizar las redes sociales para iniciar una manifestación es una de las conductas sancionables.
[25] La tutela judicial presentada contra el caricaturista fue finalmente rechazada.
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 Artículo 1
 Artículo 55
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