Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060203.htm
Timestamp: 2020-04-02 18:09:22+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Viernes 3 Febrero 2006
Raúl Tristán Periodista Digital 3 Febrero 2006
Touriño se anima: gallego obligatorio, derechos y deberes propios y poder judicial
EFE Libertad Digital 3 Febrero 2006
El padre que acudió al TSJC lamenta que su hijo sea separado de sus compañeros por hacer valer sus derechos
Intentan liquidar la memoria
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 3 Febrero 2006
Cándido responde a Otegi
EDITORIAL Libertad Digital 3 Febrero 2006
La Generalitat advierte de que no cambiará su política lingüística pese al auto del TSJC
Xiana Siccardi La Razón 3 Febrero 2006
Movilización contra el Estado de Derecho
Agapito Maestre Libertad Digital 3 Febrero 2006
De Cádiz a Perpiñán
Jorge Vilches Libertad Digital 3 Febrero 2006
El frustrado abrazo de Vergara-bis
Lorenzo Contreras Estrella Digital 3 Febrero 2006
Alberto II y Juan Carlos I
Pablo Sebastián Estrella Digital 3 Febrero 2006
El coronel Rubalcaba
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 3 Febrero 2006
De Fungairiño al Pérsico, tiempo de preguntas
José Javaloyes Estrella Digital 3 Febrero 2006
Secuestro en el patio nacional
Daniel Martín Estrella Digital 3 Febrero 2006
He firmado para poder opinar
Santi Lucas elsemanaldigitall 3 Febrero 2006
AGLI silenciada y los derechos constitucionales pisoteados
Nota del Editor 3 Febrero 2006
Cataluña defiende su modelo lingüístico y niega que se persiga al castellano
Paco Soto barcelona La Voz 3 Febrero 2006
Editorial El Ideal Gallego 3 Febrero 2006
Valencia y el Tinell
CARLOS HERRERA ABC 3 Febrero 2006 La lengua que discrimina
Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, no sé si el mito bíblico del castigo a la humanidad mediante la confusión de lenguas durante la construcción de la Torre de Babel se quedó sólo en eso, en un mito, o si en realidad alguna vez llegó a tener visos históricos y de realidad. Aunque, si les digo la verdad, estoy empezando a pensar que no fue Yahvé el causante del perpetuo estropicio babélico, sino una diversidad de grupúsculos independentistas-nacionalistas empeñados en marcar sus diferencias para con los otros, su superioridad, su derecho a tener más que los demás y, sobre todo, el deber de los otros de respetarles y favorecerles en su delirio de grandeza.
Sí, y ahí comenzó la madre de la más monumental de las estupideces humanas: el creerse superior a otros, en un mayor grado todavía, sólo por el irrelevante hecho de inventarse una lengua, imponerla y excluir de su particular sociedad a todos aquellos que no entraran al trapo de tener que perder su tiempo en aprender un nuevo idioma, cuando aquel con el cual se entendían cumplía a la perfección sus objetivos: comunicarse.
Gallegos, vascos, catalanes, valencianos, aragoneses... todos reclaman su derecho al bilingüismo, a expresarse en “su lengua madre”, a duplicar los renglones escritos hasta en los prospectos de los medicamentos... Creen con ello que su personalidad histórica como comunidad se ve de ese modo diferenciada, y que alcanza un mayor estaus que el de aquellas comunidades que “carecen de una lengua propia”.
Gaitas. Sí, gaitas, cuando la mayoría de eso que se dicen lenguas o dialectos se han fabricado, en la actualidad, a la medida del etnocentrismo político de las comunidades interesadas en crearlas. ¿acaso el vascuence o el aragonés poseían alguna gramática que unificara a sus hablantes, cuando cada valle hablaba de forma y maneras diferentes, tanto que hasta entre ellos les resultaba difícil llegar a entenderse?.
En Aragón pretenden imponernos, de modo taimado y apelando a que de ese modo se es más aragonés que nadie, que nuestros nombres se escriban y pronuncien en aragonés; se va a poner en marcha una Academia de la Lengua Aragonesa, se borran letreros en castellano para pintarrajearlos en “fabla”... una lengua que todavía está inventándose, y que hablan cuatro interesados en poseer la exclusividad de los derechos aragoneses. Aquel que no hable fabla, aquel que no se exprese en gallego, aquel que no suelte improperios en vasco o en catalán... será menos aragonés, menos gallego, menos vasco o catalán que los escogidos habladores de lenguas tan interesantes... hasta los valencianos luchan por distinguir “su idioma” del de los catalanes...
El hombre moderno debe reconocer sus raíces históricas, estudiarlas y conservarlas, pero debe de ser pragmático. Debemos tender a la simplicidad, al entendimiento universal, a la consecución de una comunicación fluida, sin barreras. Esto es lo que parecen no entender los promotores de la preponderancia de las lenguas minoritarias sobre la lengua española. ¿Qué quieren ustedes?. Lo que están consiguiendo: Cataluña, el País Vasco, Galicia... se están convirtiendo en feudos para una minoría lingüística. Muchos españoles no podemos ir a trabajar a aquellas tierras porque en ellas somos apestados, lerdos, panolis, extranjeros, o tontos que desconocemos su importantísimo idioma. Hasta resulta engorroso el mero hecho de hacer turismo.
Exclusión. Eso es lo único que consiguen.
¿Se imaginan que alguien dijese ahora: volvamos al latín, lengua más antigua y común a todos que el catalán, el valenciano, el gallego... (no digo el euskera, que tiene otros procederes)?. No creo que el común de los mortales consintiera en olvidar el castellano para adentrarse en las oscuridades del latín, lengua que jamás debería desterrarse del sistema educativo, de los ámbitos científicos y culturales, pero que no es lógico “resucitar” para convertirla de nuevo en una lengua viva. Ni siquiera en Roma hablan (fuera del Estado Vaticano) el latín de los clásicos, y otrotanto sucede en Grecia y el griego. Lo mismo se puede aplicar a esas otras lenguas que salpican la geografía hispana: como cultura, como medio de comunicación para el que así lo quiera, bien; la imposición, la obligación forzada, el bilingüismo, la cooficialidad, jamás debería de haberse permitido: es dar carta blanca a los nacionalismos excluyentes, que no desean sino unificar a todos sus ciudadanos bajo su monoteísta criterio rector, anulando a los no acólitos, o sea al resto de los españoles.
Por todo ello, permitir, consentir que un Estatuto de Autonomía imponga el catalán como lengua imprescindible para todo tipo de examen de oposición, o plaza de profesor, o de policía, o de bombero, o de barrendero, o en la Universidad, o en los Ayuntamientos, o... es permitir la destrucción del libre tráfico de personas dentro de nuestro propio país. ¿por qué un catalán puede venir a una Universidad de Aragón a ocupar una cátedra y, sin embargo un aragonés debe demostrar que domina el catalán para hacer lo mismo en Cataluña?. ¿Dónde está la universalidad de la Universidad, dónde la libertad de cátedra, ¿dónde la igualdad entre españoles?. Y no me digan que los aragoneses podrían hacer lo mismo con la fabla... en verdad, espero que ese día no llegue jamás.
¿Se han dado cuenta de que los andaluces hablan un castellano especial, o lo canarios, y no reivindican el idioma canario o el andaluz?. Y todos reconocemos su idiosincrasia, la respetamos, y ellos no nos la imponen, no la utilizan contra los demás.
Respetemos los idiomas, las lenguas, los dialectos. Estudiémoslos, utilicémoslos, sintámonos orgullosos de ellos si queremos, pero no los convirtamos en arma de exclusión, de diferenciación , de prepotente superioridad.
El idioma debe de servir a su fin, que es la comunicación, no lo pervirtamos convirtiéndolo en una herramienta para el nacionalismo destructivo.
(Publicado el jueves 02 de febrero de 2006 en mi columna "Punto Crítico" de Diario Siglo XXI)
DE MOMENTO, UN CALCO DEL ESTATUT
El informe del Consejo Consultivo de Galicia sobre la reforma del Estatuto propone que se considere obligatorio el conocimiento del gallego en campos de la función pública. El presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño explicó que el informe indica que no puede establecerse esa "imposición coercitiva" con carácter universal, pero "abre el camino a que se pueda fijar ese deber genérico y colectivamente acotado a campos públicos", y puso el ejemplo de la enseñanza. También destacó que el dictamen "abre la vía" a la creación de instituciones como el Consejo Gallego de Justicia que sería, dice, el "gobierno del poder judicial".
El presidente gallego entregó el informe a la presidenta del Parlamento de Galicia, Dolores Villarino, que se lo trasladará a los grupos, encargados de iniciar el proceso de reforma del Estatuto de Galicia en el seno de la Cámara.
Respecto a la imposición del gallego, Pérez Touriño agregó que el hecho de que esta obligación se incluya en el Estatuto dependerá de los grupos parlamentarios.
Touriño que recibió este miércoles el dictamen, señaló que el estudio del Consejo no pretende limitar o condicionar el debate estatutario y será un instrumento "extremadamente útil". El presidente de la Xunta apuntó que el documento "refrenda la necesidad" de la reforma de una manera "palmaria y evidente", para dar un "salto en la modernización, el autogobierno y adaptación de los cambios que se han producido". Agregó que el Consejo abre la posibilidad de incorporar nuevas competencias, instituciones, derecho y mecanismos de participación en la Unión Europea.
A juicio del Consejo Consultivo de Galicia, explicó, nada se opone jurídicamente a que el nuevo Estatuto recoja un catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos gallegos, en el que se puede incorporar los "derechos de segunda generación" en los ámbitos económico, social o cultural, y sus mecanismos de protección.
El presidente de la Xunta informó también de que el informe "abre la vía" a la regulación de nuevos derechos y el establecimiento de nuevas instituciones, algunas ya existentes sin rango estatutario, como el Consejo Económico e Social, el propio Consejo Consultivo de Galicia y el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, y otras nuevas, como el Consejo Gallego de Administración Local o el Consejo Gallego de Justicia. El primero regularía la participación de las entidades locales en la comunidad, y el segundo sería el "gobierno del poder judicial".
Pérez Touriño resumió que el informe del Consejo Consultivo responde a las preguntas formuladas sobre competencias y su delimitación, instituciones autonómicas, posibilidad de establecer un catálogo de derechos y deberes y participación de la Comunidad en las decisiones en el seno de la Unión Europea y el ámbito exterior.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CATALUÑA
El padre del niño de siete años de la escuela Feliu i Vegués de Badalona, que recibirá clases en castellano por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha lamentado que el hacer valer este derecho implique que su hijo se escolarice separado del resto de sus compañeros. La dirección del plantel no ha querido hacer declaraciones.
Enrique L. F., padre del menor que denunció que en la escuela de su hijo se impartían todas las clases en catalán, lamentó que por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el niño tenga que escolarizarse separado de sus compañeros. El auto establece que el menor deberá tomar todas las clases en lengua castellana de forma individualizada y recibir clases de catalán durante tres horas y media a la semana.
El padre ha explicado que se decidió a presentar la denuncia porque "mi hijo tiene siete años y hasta el momento no ha hecho ninguna clase en lengua castellana". Aunque ha celebrado que la resolución del TSJC "crea un precedente" y puede provocar que otros padres "pidan que se impartan también todas las materias en castellano", ha lamentado que en el caso de su hijo ello conlleva que, a partir de ahora, recibirá las clases solo, sin compañía de otros alumnos.
Añadió que "si hubieran hecho las preinscripciones como es debido, preguntando a los padres en qué lengua quieren que se escolarice a los pequeños, mi hijo no estaría ahora marginado". Por su parte, la dirección de la escuela Feliu i Vegués, situada en el barrio de Sant Antoni de Llefiá, no ha querido hacer declaraciones y se ha remitido a la rueda de prensa sobre el tema que ha ofrecido esta mañana la consellera de Educación, Marta Cid.
El 3 de febrero de 1979, hoy hace diecisiete años, ETA asesinó en Andoain al guardia civil José Díez Pérez; al día siguiente murió en Tolosa el guardia civil Esteban Sáez Gómez. El próximo lunes 6 de febrero se cumplen 25 años del asesinato por ETA del ingeniero de Lemoiz José María Ryan, ese mismo día hará diez años que Fernando Múgica Herzog fue tiroteado por la banda. El 8 de febrero se cumple el tercer aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtunda. El 9 de febrero de 1976, ETA asesinó al alcalde de Galdakao Víctor Legorburu Iberreche. Un 10 de febrero de 1997 fue asesinado el peluquero Domingo Puente Marín y ese mismo día, ETA asesinó a Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo. Al día siguiente, Francisco Arratibel fue asesinado en el carnaval de Tolosa. El 12 de febrero de 1996 ETA asesinó a Francisco Tomás y Valiente y el 17 febrero de 1997 mató al policía nacional Modesto Rico Pasarín. El 22 de febrero se cumplirán seis años del crimen de Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez Elorza. El 23 de febrero de 1984 fue asesinado el senador socialista Enrique Casas y ese mismo día, pero de 1979, ETA mató en Itziar el guardia civil Benito Arroyo Gutiérrez...
Vayan todos estos nombres en reconocimiento de todas y cada una de las víctimas de la banda terrorista. Febrero es un mes aciago, y el más corto, pero no hay ni un solo día de ni una sola semana de ni un solo mes de ningún año en el que no haya habido una víctima mortal a manos del terrorismo nacionalista vasco.
Todas las personas asesinadas han sido elegidas de forma concienzuda por sus criminales. No les han matado porque sí, ni se puede decir que su muerte carezca de sentido. Los terroristas han asesinado con fines muy precisos. Han asesinado a militares, a policías y guardias civiles cuando en su delirio pensaban que podían derrotar al Estado. Han asesinado a personas como Ryan, porque pensaban que al hacerlo se ganaban el apoyo social de una parte de la población. Han matado a políticos de la UCD, del PP, del PSOE y de UPN, porque querían exterminar, aniquilar, las ideas que ellos representaban. Han asesinado a periodistas y a miembros de plataformas cívicas para frenar la oleada de movilizaciones que amenazaba con romper el estatus de miedo creado por los crímenes. ETA ha empleado durante años una 'didáctica del miedo', consistente en asesinar a uno para atemorizar a mil, en seleccionar a unas víctimas significativas, para que las de su gremio o partido se aterrorizaran y guardaran silencio. El proyecto dictatorial de ETA busca personas silentes, exige que no haya ciudadanos dispuestos a protestar por la injusticia y la barbarie de la muerte, precisa una sociedad agarrotada por el miedo.
Bien, ETA ha fracasado en su intento por crear una sociedad sin ciudadanos. En mayo de 1980 asesinó a Ramón Baglietto, en medio de la indiferencia de tantos vascos que entonces solían rematar a la víctima con la cobarde frase 'algo habrá hecho'. Hoy, gracias a mujeres como Pilar Elías, la viuda del miembro de UCD, o Maite Pagazaurtundua, esa muerte no sale gratis, como querrían sus criminales y como el frente nacionalista desea. El intento de los nacionalistas del PNV y de EA por borrar el pasado criminal de los asesinos de Ramón Baglietto ha fracasado porque donde antes hubo silencio, ahora hay respuesta ciudadana. Los terroristas y sus palmeros, acostumbrados a copar los plenos de los ayuntamientos en los homenajes a los etarras, ven cómo hoy son los cercanos a las víctimas quienes llevan la voz cantante. Pasó hace unos días en Azkoitia y pasó hace tres años en el salón de plenos de Andoain, con motivo del asesinato de Joseba Pagazaurtundua. Pasó de manera insurreccional con Miguel Ángel Blanco, cuando el nacionalismo vasco se asustó y decidió poner a limpio el frente nacionalista para no perder el poder.
Hoy asistimos a una planificada política nacionalista -del PNV, de EA, de Batasuna- para aniquilar el pasado reciente, el presente también, por prestigiar a los asesinos y mandar callar a las víctimas, por establecer que cualquier intento de recuperar la memoria, la dignidad y la justicia es poco menos que un ejercicio de revanchismo. Resulta curioso ver cómo el nacionalismo vasco, que tiene esa querencia obsesiva por recurrir al pasado para explicar nuestras supuestas diferencias porque somos un pueblo prehistórico (Ibarretxe dixit), tenga tantas ganas de borrar un pasado tan reciente que es presente.
Aquí hay una banda que durante cuarenta años ha asesinado a todo lo que se le ponía por delante, a todos los que dificultaban la implantación de su proyecto totalitario de dictadura nacionalista y socialista, de régimen étnicamente puro y estalinista. Han asesinado a los símbolos del poder y de las ideas que querían combatir y han asesinado a los ciudadanos que se sublevaban y, al hacerlo, ejercían un liderazgo sobre el resto de los vascos que rompía la estrategia de la banda.
Aquí no da igual haber sido asesino que víctima, criminal que asesinado o exiliado, terrorista que amante de la libertad. No. Ésta es la maniobra en la que nos encontramos. Se trata de que ETA consiga sin matar lo que no logró cuando asesinaba y que, como siempre ha ocurrido, sea el PNV el que capitalice en más poder político, en más poder económico, los años de muerte que han asolado la vida de este país. Nos quieren meter en la cabeza otra vez que los criminales estaban cargados de razones para matar y que las víctimas eran merecedoras de su muerte y tenían que dar explicaciones por ella; es decir, quieren volver a los ochenta, cuando las víctimas eran asesinadas a mansalva y se morían solas, sin coste político para los criminales, que además otorgaban la hegemonía a los nacionalistas.
El proyecto nacionalista de liquidación de la memoria quiere aniquilar los avances conseguidos por los movimientos cívicos y por los partidos que ponían las víctimas, para dejar establecido que fuera del nacionalismo no hay salvación; es decir, lo que planteaba ETA cuando era una organización que marcaba la agenda con sus asesinatos. No es casual el intento del PNV y de EA por apoyar a los criminales -no sólo en Azkoitia- y ningunear a las víctimas; es lo que han hecho siempre, con la ventaja para ellos de que ahora la burda maniobra puede notarse menos, porque no hay asesinatos.
Frente a esta grosera manipulación hay que dejar claro que las víctimas tienen un significado humano, pero tienen también un significado político: son el símbolo del intento de un proyecto nacionalista totalitario por hacerse con Euskadi y asesinar y neutralizar a quienes se pudieran oponer a ello. Son el símbolo también de la resistencia cívica contra ese exterminio. Esto es lo que está en juego ahora. Parece evidente que si algunos no nos callamos cuando ETA asesinaba, tampoco podemos callarnos ahora que no mata.
Cuando el fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso pidió la prisión incondicional de Arnaldo Otegi, éste preguntó si sabía Conde Pumpido lo que le estaban haciendo; el fiscal general ha respondido depurando a Eduardo Fungairiño. Tras las mentiras iniciales, ha reconocido que la razón ha sido que "la paciencia tiene un límite". Y es que resulta estresante para este gobierno y sus esclavos que fiscales y jueces independientes intenten, nada más y nada menos, que procesar y meter entre rejas a los etarras.
El movimiento responde a un patrón de conducta clásico en el PSOE. Todo posible poder que conteste al suyo ha de ser aniquilado, y la Justicia es el único de los tres poderes del Estado que puede causarle problemas. Siguiendo las técnicas del eje abyecto que ha formado Zapatero con Castro, Chávez y Morales, los socialistas pretenden y han pretendido siempre convertir la Justicia en una extensión del partido prisaico. Su desprecio por los principios de la democracia–grabada en piedra con la famosa expresión de Alfonso Guerra: "Montesquieu ha muerto"– se manifiesta ante cualquier signo de independencia. La semana pasada fue el Consejo de Estado. Hoy es Fungairiño. Quizá mañana sea Grande Marlaska.
Y es que ya depuraron a un juez por meter demasiado la nariz en las trampas contables de Polanco y están procurando poner todas las trampas posibles a Del Olmo para que acepte la versión oficial del 11-M y no investigue demasiado. Ocultar la verdad del mayor atentado terrorista ocurrido en España y pactar con ETA son prioridades importantes para este gobierno y no va a aceptar que nadie les ponga trabas.
La semana pasada, El País ya sacó, en un infame editorial, "Tarjeta Roja" al juez que se enfrenta al sumario con más trampas de la historia judicial en España. La excusa oficial es que está tardando mucho en instruirlo, olvidando –es un decir– las numerosas zancadillas que desde el ministerio del Interior están poniendo a Del Olmo. Pero cuando el portavoz oficial de Polanco se viste de juez, generalmente los días del condenado están contados. Javier Gómez de Liaño, Marino Barbero, Nicolás Redondo Terreros... los ejemplos son incontables.
No se sabe si la famosa tregua de ETA, que el gobierno persigue cueste lo que cueste, llegará finalmente o no. De lo único de lo que podemos estar seguros es que, como las anteriores, será una tregua-trampa que romperá tarde o temprano con bombas, un engaño dirigido a debilitar a España aún más de lo que lo hace Zapatero por cuenta propia. Desgraciadamente, el precio de la trampa lo estamos pagando ya, todos los días, en las calles del País Vasco. Eduardo Fungairiño ha pagado su intento de impedirlo. Otros fiscales, del grupo de los llamados indomables, lo hicieron antes que él. Carmen Tagle fue asesinada por ETA. Los proetarras pueden felicitarse de contar con la colaboración del gobierno para librarse de sus compañeros sin necesidad de empuñar las armas. No sería de extrañar que, a este paso, le encuentren destino a Grande Marlaska en un juzgado de pueblo, siempre que el alcalde no sea del PSOE, claro.
Las asociaciones a favor del bilingüismo auguran que más padres pedirán la escolarización en castellano
Barcelona- La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), hecha pública ayer y que obligaba a la Generalitat a que un niño de 7 años recibiera clases en castellano por petición de su padre, no ha terminado con los problemas de este estudiante, y al mismo tiempo ha sido un impulso para otros padres que se sienten en la misma situación.
El pequeño, matriculado en el centro «Feliu i Veguès» de Badalona, tendrá que estudiar apartado del resto de sus compañeros, cuando la sentencia se haga firme. Puede ocurrir que la Generalitat recurra y que el caso se alargue unos años, pero puede ser que no y que el niño sea apartado de sus compañeros. «Este es el juego disgregador. Que el niño se sienta sancionado y sólo en un aula, apartado de sus amigos, como si hubiera hecho algo malo», explicaba ayer el presidente de Convivencia Cívica Catalana, asociación que ha representado legalmente a los padres del niño.
Pero el dictamen ha provocado, también, que otros padres se hayan animado a pensar en acciones similares. Francisco Caja explicó que la mayor parte de los padres del centro «Feliu i Veguès» son castellanohablantes, pero que prefieren esperar a impulsar reivindicaciones cuando pase «el revuelo». Por su parte, la Asociación por la Tolerancia, presidida por José Domingo, explicó que ayer recibió la llamada de cuatro padres que también quieren que sus hijos sean escolarizados en castellano. Tanto Caja como Domingo están convencidos de que se producirá un aluvión de casos.
A este asunto se refirieron ayer tanto el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, como la titular de Educación, Marta Cid. Ambos aseguraron que el modelo de inmersión lingüística «no cambiará», pese al auto del TSJC ya que es «ejemplar» porque «viene avalado por todas las instancias judiciales, incluido el Supremo y el Constitucional», afirmó Maragall. «La ley se cumplirá, como se ha hecho siempre», dijo, subrayando que «la política lingüística es un espantajo que algunos han agitado cada vez que Cataluña ha querido dar un paso adelante en autogobierno», insistió. La consejera Cid criticó que con este caso «aislado», se ha intentado «politizar» el sistema educativo catalán.
Durante el curso 2004-2005 sólo se escolarizaron en castellano en Cataluña «4 ó 5 alumnos», y en el curso actual también «es mínimo y casi una anécdota», según explicaron a Efe fuentes de la Consejería de Educación de la Generalitat. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, confirmó que en 2005 recibió unas 590 quejas en relación a la enseñanza en castellano en Cataluña. En cambio, su homónimo en territorio catalán, Rafael Ribó, defendía ayer que su institución «constata una excelente convivencia lingüística en Cataluña».
Zapatero no ejerce el poder con mano de hierro, sino que quiere eliminar cualquier otro poder que no sea el de un Ejecutivo, que sólo tiene por objetivo perpetuarse en el cargo a costa del propio Estado de Derecho. El método para alcanzar ese objetivo no es otro que el de la movilización permanente de toda la sociedad. Mantener sobresaltada la sociedad es su horrible arma. La vieja táctica totalitaria, practicada por todos los fascistas y comunistas que en el mundo han sido, aún no es dominada con precisión Zapatero, pero no cesará en su empeño. Lo sucedido con Fungairiño es de libro.
Zapatero persistirá en eliminar todo tipo de institución, o de persona jurídica, que en la estructura del Estado quiera ser autónoma e independiente del poder del Gobierno. Es así de sencillo, pero los ciudadanos, no menos que los hombres de leyes, se engañan pensando que este hombre respetará la independencia de criterio del científico o del jurista. Para Zapatero, el hombre de leyes, o de ciencia que no se identifique con el poder del Gobierno hay que eliminarlo. Ahora, a propósito de la expulsión de Fungairiño de su cargo, mucha gente, incluida toda la prensa, está alarmada porque Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, ha forzado la renuncia del jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es inconcebible, dicen los demócratas, eliminar a un alto funcionario del Estado por cumplir con su deber. Sin embargo, si miramos la cosa con frialdad, la decisión contra Fungairiño se veía venir. No entiendo, pues, el revuelo causado por este ataque a un fiscal serio e independiente, si no es circunstanciándolo en esa "política" de Zapatero de acoso al Estado de Derecho y, sobre todo, de derribo de la idea de mantener la separación de poderes como garantía del Estado democrático.
El caso Fungairiño hemos, pues, de enmarcarlo en la "política" de agitación y golpe permanente contra una sociedad, la española, que no puede tener un momento de sosiego y racionalidad. Lo importante es que nadie sepa a qué atenerse. Vivir en el reino de la pura arbitrariedad. El PSOE de Zapatero huye del pacto tanto como del sentido común. Deja fuera a la oposición de algo vital para todos los españoles, pero se enfrenta a sus propios partidarios, sin querer saber qué representan de verdad Carod o Maragall, con el ánimo de llevar a cabo un juego de ingeniería política totalitaria para ganar las próximas elecciones.
Las encuestas, sin embargo, auguran lo peor a Zapatero, pero él, en vez de corregirse democráticamente, persiste con tozudez en su política aventurera. Sólo le interesa la movilización permanente, el hiperactivismo y la decisión irracional. Cualquier cosa es buena excepto que la ciudadanía sepa a qué atenerse. Cuando en una sociedad puede pasar cualquier cosa, y mañana nadie puede prever cuál es la medida que nos tiene guardada Zapatero, está al borde del abismo. De este abismo, por suerte para nosotros, tampoco se salva el PSOE de Zapatero. En efecto, porque vivimos agazapados, casi como animales, ante el próximo zarpazo de Zapatero, quizá cualquier día le estalle delante de su cara un movimiento ciudadano, surgido de lo mejor de la sociedad civil, que exija ya "elecciones anticipadas". Sí: "elecciones anticipadas" ya o desaparición del poco estado democrático que nos queda. Sí, sin duda alguna, estamos asistiendo a un proceso acelerado de encanallamiento social, que quizá le explote a Zapatero delante de su cara. Es nuestra última esperanza para superar la incertidumbre ciudadana, o sea, lo que nadie sabe a ciencia cierta qué ha pactado con los nacionalistas, o qué está ofreciendo a los asesinos de ETA para que hagan una declaración de fin de su actividad asesina.
En cualquier caso, la secuencia que conduce a Fungairiño a renunciar a su cargo es terrorífica. Significa una puñalada al Estado de Derecho y la independencia futura de juicio de un fiscal. La explicación dada por Conde-Pumpido contra la autonomía de criterios de los fiscales no puede ser más perversa: necesito en ese cargo gente que sintonice conmigo perfectamente, que no haya posibilidad de disfunción alguna. O sea, quien no siga mi dogma, que me ha sido dictado por el Gobierno que me ha puesto en el cargo, despídase de la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ahora que el PP se ha puesto a recoger firmas para promover ese referéndum que nunca se convocará, de nuevo se vuelve a percibir lo complicado de la situación política. El objetivo de la recogida no es la consulta a la nación española, sino presentar al Gobierno y sus aliados algunos millones de firmas. El envite es arriesgado, pues tendría que ser un total, verificado y limpio, que hiciera temblar a Zapatero; es decir, que casi equiparara al número de votos del PP, o que llegara al rechazo al Estatuto estimado en las encuestas.
El inicio de la campaña en Cádiz es todo un símbolo que merece la pena explotar. La reforma del Estatuto de Cataluña es una reforma de la Constitución de 1978. El problema no está en la resistencia a las reformas, sino en los medios empleados para llevarla a cabo y, también, en que supone la quiebra evidente de dos pilares constitucionales: la igualdad y la soberanía nacional. La elección de Cádiz debería mostrar la diferencia que existe entre una Constitución y una Carta Otorgada. Porque ésta es la clave.
La diferencia está en el reconocimiento del sujeto de la soberanía y en la vía para la reforma o redacción constitucional. El asunto no es baladí, ya que marca indudablemente el contenido. Para la elaboración de una Constitución, la nación soberana, consciente del proceso político en el que vive, elige para la ocasión a sus representantes. Finalmente, tras debates públicos, el texto redactado por los diputados es sometido a referéndum nacional. Aquellos hombres reunidos en Cádiz para hacer una Constitución, tuvieron bien presente el origen del poder, las normas del constitucionalismo y el cometido que tenían. Y así lo expresaron en el artículo 3: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales". No se puede decir más, con menos palabras.
Otra cosa es una Carta Otorgada, por ejemplo, aquel Estatuto de Bayona, de 1808, que el rey impuesto, José I Bonaparte, quiso dar a los españoles. Una Junta Nacional, elegida por el Rey y reunida en aquella localidad francesa, se abrogó la representación de los españoles para darle su "ley fundamental". La nación no fue consciente del proceso, no eligió a nadie para elaborar aquella "Constitución", ni se le consultó si aceptaba o no aquel cambio.
Aquí está la importancia del símbolo gaditano: el protagonismo de la nación en la creación, conservación y modificación de su Constitución. Y así se ha seguido para la de 1978: una norma perfectamente democrática, conseguida con un consenso histórico, fundada en principios tan contemporáneos como la igualdad y la libertad, y que ha sido, sobre todo, un proyecto colectivo de la nación.
Los pactos secretos para la modificación de nuestras normas de convivencia y, en definitiva, de la Constitución del 78, se han iniciado, no en Bayona, como en 1808, sino en otra localidad francesa: Perpiñán. Porque este pacto con los nacionalistas y el fin suave de ETA obligan a la creación de un Estado nuevo para el que hay que amoldar, o subvertir, el texto constitucional. Y todo sin contar con el sujeto que hizo posible esa norma: la nación soberana.
La dimisión obligada del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha sorprendido incluso en ambientes judiciales y fiscales que no deberían haberse visto en tal estado de perplejidad. Quienes en ese mundo sabían cuáles eran las relaciones de Fungairiño con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, podían haber esperado ese acontecimiento hasta cierto punto, y quienes desconocían las trastiendas del asunto fuera de tal marco habrán podido superar cualquier estupefacción después de las interpretaciones y versiones que se han publicado. Las relaciones de ambos personajes eran objetivamente malas. Y cuando al dimisionario le han preguntado por sus discrepancias con Conde-Pumpido, su respuesta ha sido evasiva. Dijo Fungairiño que “con los fiscales generales nunca hay discrepancias, por eso son fiscales generales”, pero en realidad debió responder: “Por algo son fiscales generales”. O sea, sometimiento a la autoridad por el principio de subordinación.
Se ha hablado de inactividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y excarcelaciones prematuras de terroristas de Al Qaeda, pero las verdaderas causas de la mala relación entre Fungairiño y Conde-Pumpido tienen más bien otros orígenes. En primer lugar, y como detonante inmediato, el congreso de Batasuna, que no se celebró en las condiciones previstas porque el ahora dimisionario puso trabas a unos preparativos que en el fondo contaban con la “benevolencia” del fiscal general y, casi nada digamos, con el amparo encubierto del presidente Zapatero, que valoró la Ley de Partidos como “muy restrictiva” pese a que contemplaba una operación propagandística de un partido ilegalizado.
Hay fundamento para sospechar que Fungairiño, con su actitud, estaba frustrando una política de acercamiento a ETA por parte del Gobierno, con Conde-Pumpido en el papel de comisionado para el diálogo conducente a una tregua que permitiría a ZP pasar a la historia como pacificador, previo pago del precio correspondiente. La pacificación, el abrazo de Vergara-bis, “como sea”, según el estilo del presidente.
En tal sentido, Fungairiño era un “aguafiestas” que había dejado en evidencia a su superior jerárquico, éste siempre a las órdenes de la Moncloa. Tener que resignarse a ceder los trastos de las previsiones y voluntades sobre aquel congreso batasuno al juez Grande-Marlasca fue para Pumpido demasiada mortificación. El fiscal general, buen conocedor del País Vasco, donde estuvo destinado un tiempo, competía en esa experiencia con el propio Fungairiño, que no se andaba con remilgos, como “conservador” que es frente al “progresista” que le ha destituido por vía de falsa dimisión. En el fracaso de la política indulgente había lógicamente salpicaduras para Zapatero, el del criterio amplio frente a las normas “restrictivas”.
Lo que más perjudica a la imagen de Conde-Pumpido como sospechoso de andar buscando componendas con Batasuna es aquel comentario que formuló Arnaldo Otegi cuando, pedida para él prisión incondicional por dos fiscales de la Audiencia, preguntó: “¿Pero esto lo sabe el fiscal general?”. Es palmario que el fiscal general está metido en andanzas políticas que rebasan su cometido específico, como ya sucediera en los tiempos de Eligio Hernández, aquel antecesor suyo de los tiempos felipistas que, a causa de sus aficiones a la lucha libre, fue conocido por el apelativo de “el Pollo del Pinar”.
Fungairiño no cuenta con las simpatías de El País, que ha recordado, en su informe sobre el caso de la dimisión, la mala relación que mantenía con el juez Baltasar Garzón. Pero el periódico de Polanco no ha querido recordar ciertos detalles. Por ejemplo, que en la denuncia que Fungairiño formuló contra Baltasar Garzón, por la postura de éste en el “caso Sogecable”, se beneficiaba el juez Javier Gómez de Liaño, que había querido meter en la cárcel a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián. Garzón se abstuvo en la posterior causa de recusación contra Liaño, que acabó como acabó por sus audacias frente a determinado poder. O sea, no prestó a su colega el apoyo que necesitaba. Y entonces Fungairiño dijo a favor de Liaño que había sido víctima de una conspiración para delinquir. No se lo han perdonado.
El Rey Alberto II de Bélgica ha pronunciado un discurso en el que ha advertido a los dirigentes políticos de su país sobre los graves riesgos y consecuencias del separatismo regional o de la ruptura de Bélgica en dos Estados, flamenco y valón, afirmando ante los gobernantes que “la respuesta ante este estado de cosas no reside en replegarse sobre sí mismo en cada región; tampoco en el desarrollo de subnacionalismos, ni en el separatismo explícito o disimulado”.
Palabras muy claras del monarca belga que muy bien podrían —o deberían— haber sido repetidas por el Rey Juan Carlos I sobre la situación española a la que nos ha llevado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo de su partido el PSOE y medios afines de comunicación que tienen también su cota de responsabilidad en esta crisis. En esta confusa antesala de cambios históricos —de estatutos, de sistema político, de Constitución o de régimen— en la que todos estamos sin saber por qué, o a cuento de qué, salvo por la pequeña ambición de Zapatero de pagar con pedazos de soberanía nacional la oportunidad de permanecer unos años más en el poder. Porque lo de la consolidación final de la “España plural” ya ha fracasado una vez que los nacionalistas catalanes consideran insuficiente el Estatuto, y los españolistas, inaceptable.
Lo de Bélgica se veía venir desde hace muchos años por causa de unos dirigentes políticos del nacionalismo extremo de Flandes que han sumado a su ambición la xenofobia, cuando no la idiotez o el disparate. Lo de España es más grave porque ha estallado de pronto como si del despertar de un viejo volcán se tratase tomando a los ciudadanos por sorpresa.
Después de unos limitados ajustes del Estatuto de Cataluña (que sigue siendo inconstitucional; de lo contrario, que el Gobierno lo exponga al Tribunal Constitucional antes de someterlo a referéndum en Cataluña), Estatuto que el PSOE nunca debió permitir que se aprobara como tal en el Parlamento catalán y mucho menos admitirlo a trámite en el Congreso de los Diputados de Madrid, se nos dice que no pasa nada. Que no va a pasar nada, que esto es lo normal y democrático, pero todos sabemos que, por la locura de unos pocos liderados por Carod y Maragall, se han abierto de una manera inopinada y al margen de la soberanía nacional un proceso de cambio de régimen y unas compuertas que ni en Cataluña ni en País Vasco nadie podrá volver a cerrar y que, para más escarnio, incluyen iniciativas que van en contra de las libertades y derechos fundamentales de las personas, lo que agrava con su involución democrática —y desde luego nada progresista— semejante situación.
Y ¿qué hace el Jefe del Estado ante semejante alarma social? Pues el Rey calla, a pesar de que la Constitución le otorga la función moderadora. Lo más que ha llegado a decir es que hay que defender el consenso constitucional de 1978, una velada petición al Gobierno de Zapatero para que no excluya al PP de semejantes iniciativas que afectan a todos los españoles. Y ¿por qué no dice el Rey algo más, o de manera mucho más explícita? No se sabe. A lo mejor teme que le acusen de entrometerse en el debate político —como le ocurrió al teniente general Mena, que sí se saltó las ordenanzas y que carecía de mandato constitucional para ello—, o piensa que si lo hace se activará el debate de la república —que de una manera dispar empieza a emerger en España— por parte de los nacionalismos periféricos y de la izquierda comprometida en torno al modelo del Pacto del Tinell (todos juntos contra el PP) hacia no se sabe dónde.
No hace falta ser del PP para adivinar los riesgos que a corto o medio plazo incluye este disparate del Estatuto catalán. Y puede incluso que el PP también tenga su cuota de responsabilidad a la vista del Estatuto valenciano, en el que se apoya la ruptura de la unidad judicial de España, que es otro invento y otra exigencia de los nacionalistas, por encima de la soberanía nacional. No en vano el concepto que el PP tiene de la democracia es muy parecido al del PSOE, la partitocracia.
Las carencias democráticas (no separación de los poderes del Estado) y de representatividad (listas cerradas en manos de los partidos) han abonado esta crisis que estalla cuando tenemos en el primer sillón de la Moncloa a un gobernante débil que sólo piensa en perpetuarse en el poder y que no sabe a dónde va. Su modelo de Estado, de estatutos, solidaridad, etc., no existe, depende de lo que vaya saliendo, primero con Carod-Rovira, luego con Artur Mas.
En efecto, el líder de CiU, el simple jefe de un partido regional que está en la oposición de su propia Autonomía, dicta a todos los españoles cómo debe ser nuestro modelo de financiación, las cotas de solidaridad, el sistema judicial, fiscal, la política exterior, la de enseñanza, etcétera. E incluso nos impone, entre otras muchas cosas, la obligación de estudiar el catalán si queremos instalarnos en Cataluña. Porque si los españoles no nos tragamos todo esto que manda el señor Mas (o antes los Carod y Maragall) y no se le hace caso, CiU retirará el Estatuto y Zapatero habrá fracasado y perderá las elecciones ¿Y el Rey no tiene nada que decir sobre todo esto?
A lo mejor, puestos en lo peor o metidos hasta el fondo en la vía fatalista de “a lo hecho, pecho”, alguien en el entorno del palacio de la Zarzuela ha pensado que el futuro de la Corona puede ser, dada la facilidad con la que ya se habla de un Estado federal o confederal, algo parecido al modelo de la Commonwealth. De ahí el especial cuidado que en esa alta institución se tiene con los nacionalistas y su entorno, sus medios de comunicación, entidades culturales, empresariales y financieras, etc. Pero se equivoca quien haga semejantes cálculos, como se equivocaron con el Rey Fernando VII quienes en Cádiz —otra vez de moda— defendieron la Constitución de 1812.
Porque si hay que abrir el debate constitucional y romper el consenso y el pacto de 1978, eso deberá hacerse ahora, sin franquismo ni amenazas internas, de otra manera para llegar sin dilaciones hacia la democracia plena y la representatividad directa y total en todos los escalones del Estado. Para de esta manera garantizar la soberanía y la unidad nacional en elecciones estatales con sufragio universal directo —e integrador de todas las Autonomías— en lo que al poder ejecutivo del Estado de refiere. Y este modelo de democracia, y de transparencia en la gestión pública, la representación, la independencia judicial y la separación de los poderes del Estado es el que no quieren ni soportan los nacionalistas, porque ellos necesitan el recorte de libertades y el acoso social y cultural para imponer sus dictados, como hoy día está ocurriendo. Pero no sólo en sus territorios sino, y ello es lo más grave, en todo el mapa nacional. Ante la complicidad interesada de unos y el gran silencio de otros que deberían empezar a hablar.
Después de haber luchado en Vietnam como si fuera Rambo al mando del comando Rubalcaba, por tierra, mar y aire frente a los periódicos demócratas que denunciaban el crimen de Estado y la corrupción, el comandante Rubalcaba ha ascendido en el escalafón y se ha convertido en el hombre fuerte del PSOE, en el cruce de caminos que unen el despacho de Zapatero con el despacho de Polanco, y de vez en cuando con el despacho de González, aunque este último actúa en la sombra porque no quiere saber nada del falto de la Moncloa. También hace Rubalcaba sus pinitos con Alfonso Guerra, huye de Bono y trae por la calle de la amargura a Zaplana, a quien le ha cogido la medida y la distancia y siempre le gana en los 100 metros lisos, que fue su especialidad.
Tenemos un presidente que va a Ceuta y Melilla y no se atreve a hablar de España para que no se enfade Mohamed. Que no se atreve a decir que España es una sola nación para que no se enfaden Carod, Mas y Maragall. Que no se atreve a reunirse con los dirigentes catalanes porque les prometió una cosa, que era apoyar todo lo que ellos dijeran, y ahora los que verdaderamente mandan en el regimiento actual le han prohibido decir sí a todo y han tenido que rectificar una parte de la maldad.
El falto de la Moncloa sigue pensando que él es un genio y que va a arreglar la España plural, el terrorismo de ETA, la alianza de civilizaciones, la crisis de América Latina, el Oriente Próximo y el futuro de Cuba sólo con su santa presencia, que ya no es tan santa porque se le ha visto la peana y porque al final otros se han tenido que remangar la camisa o las enaguas, Rubalcaba o De la Vega, para intentar arreglar los destrozos de este chico de León que llegó por carambola al PSOE y después de una grave crisis nacional al Gobierno de la nación.
Siempre se ha dicho que los ministros de defensa los pone el Rey. Pues se puede decir que a Rubalcaba se lo pusieron a Zapatero en el Congreso de los Diputados desde el despacho de Gobelas, donde de vez en cuando habita Felipe González. Pero lo que no sabía nadie, ni el propio Rubalcaba, es que iba a ser la estrella del ecuador de la legislatura, entre otras cosas porque Zapatero no tenía a nadie en el Gobierno (y mucho menos al charnego Sevilla) que le arreglara el follón del Estatuto catalán, que no tiene arreglo se pongan como se pongan. Y el coronel Rubalcaba por aquí, el coronel Rubalcaba por allá, en reuniones de Moncloa, en reuniones parlamentarias, en los hoteles al anochecer, en las cafeterías de madrugada... y así está el hombre, que se ha quedado en los huesos de tanto ir y venir, y que presume de ser el tercer león de la puerta de las Cortes, aunque para sus adentros seguro que presume mucho más porque está convencido de que es el que mueve los hilos del momento político actual.
Cuando llegó el Plan Ibarretxe a Madrid Zapatero pronunció uno de esos discursos con los que permanentemente niega a España como en Ceuta y Melilla y tuvo que salir Rubalcaba a arreglar el desastre y a animar la bancada socialista, que hay días que está a punto de abandonar. Y ahora con lo del Estatuto catalán más de lo mismo y más Rubalcaba metido en negociaciones, dándole explicaciones al PP y en su ratos libres cursillos a la prensa, lo cual es muy de agradecer, pero lo que demuestra también es que es el único o uno de los pocos que trabajan en el PSOE y además el que lleva las riendas de la situación, riendas que primero perdió Maragall, luego Zapatero, luego Carod y que ahora comparte también con Artur Mas.
Que Rubalcaba es pérfido, malvado, manipulador, intrigante y muchas cosas más es bien posible. Como es seguro que tiene la manga muy ancha y que le importa un rábano que España sea nación o nación de naciones. Él es el coronel de los boinas verdes de PSOE y si le dicen que hay que tomar la cota 348 y cruzar la delgada línea roja va, la cruza y toma la cota sea una operación de izquierda, derecha, financiera, política o existencial. El coronel Rubalcaba está a la orden pero se ha situado de tal manera en el epicentro del poder que puede empezar a ser peligroso incluso para Zapatero y su entorno político y ministros como Pepiño, Caldera, Alonso, porque Rubalcaba ya es el hombre que sabe demasiado y que tiene todos los hilos de la situación en su mano.
Y cuando se tiene al alcance tanto poder, y aunque Rubalcaba va de humillado por los pasillos del Congreso, siempre cabe ante el espejo hacerse la misma pregunta: ¿por qué Zapatero y no yo? Y no le falta razón.
Eso es seguramente lo mismo que piensan algunos en el PP, como Zaplana; pero el valenciano, mejor dicho, el murciano, no le llega a los talones a Rubalcaba, que lo ha convertido en su juguete favorito y que lo maneja como Mel Ferrer manejaba a sus muñecos en la inolvidable película Lilí. Zaplana es el muñeco preferido de Rubalcaba, lo cabrea, le hace reír, le hace llorar, le toma el pelo en los debates de procedimiento en los políticos, en los sociales y le gana por la mano en los mediáticos. Zaplana es un bizcocho para Rubalcaba, quien además sabe que el valenciano, es decir, el murciano, o mejor dicho, el de Cartagena, o más bien habría que decir el Benidorm, no le dura un asalto y, si se empeñara en ello, podría salir muy mal parado porque tiene el techo de cristal.
Rubalcaba no es un arcángel pero existe, está lleno de maldades y de habilidad y ahora mismo manda en el PSOE y en el Gobierno como el que más.
Qué límite es más importante, el de la paciencia del fiscal general del Estado (entiéndase del Gobierno) ante el ejercicio de las propias responsabilidades por parte del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, o el límite establecido y definido por la ley al que se atenía el destituido Eduardo Fungairiño?
Cuando como ahora, por presión de los nacionalismos, el criterio de oportunidad prevalece sistémicamente, como ocurre con este Gobierno, sobre el principio de legalidad, el sistema se desplaza a la velocidad de la luz desde el Estado de Derecho a la arbitrariedad política y a la inseguridad jurídica. En crisis los presupuestos capitales de la democracia, por consecuencia de esto, se configura y establece un régimen distinto: de dictadura oligárquica. Es régimen partitocrático, constituido por el partido gobernante y la alianza de partidos que le apoyan en el Parlamento.
Se quiera reconocer o no, se opera subrepticiamente una sustitución de régimen. El principio de legalidad y constitucionalidad entra en barrena. Queda establecido el riesgo de que ocurra cualquier cosa al esfumarse las garantías de la ley. El Partido Comunista de las Tierras Vascas ya está en el Parlamento de Vitoria; el fiscal Eduardo Fungairiño, en su casa, y expedito el camino para alfombrar con la ley la indignidad de negociar con ETA (con todas sus armas bajo la mesa) el desanclaje de Vasconia y la progresiva exoneración penal de los asesinos.
Otra pregunta. ¿Cómo se puede saltar por el ministro de Defensa, sin cambio alguno de énfasis, de la afirmación aquella de que fue un golpe de viento lo que abatió el helicóptero español en Afganistán a esta insinuación de ahora sobre un fallo del piloto del helicóptero? Porque se impone la evidencia de que el Cougar fue derribado por francotiradores afganos, de idéntica manera a como derribaban los de los soviéticos cuando la URSS perdió allí su guerra, pues de guerra es la situación que en Afganistán subsiste y de guerra es la misión de la fragata Álvaro de Bazán en el golfo Pérsico. No importa que ambas misiones sean ilegales, por realizarse sin el plácet parlamentario, como se estableció por ley salida del actual Gobierno.
En estos casos, como en el de Fungairiño, ha prevalecido el principio de oportunidad política (enmendar ilegalmente el error de la retirada de Iraq de las tropas que se encontraban legalmente allí) sobre el principio de legalidad, contra las proclamas de honestidad y las promesas de transparencia.
Una pregunta más, puesto que es tiempo de ellas. ¿A qué contexto de igualdad se refería el presidente Rodríguez en Ceuta cuando dijo que la igualdad “es el único camino que hace a los hombres libres”? No se referirá a los españoles, puesto que después de sus impulsados acuerdos con los nacionalistas catalanes, y de los que esperan con los nacionalistas vascos, unos españoles seremos más iguales que otros, como en la granja orwelliana. Pero es que precisamente es ahí donde se ha solido desembocar cuando se ha hecho prevalecer el principio de igualdad sobre el principio de libertad. Por eso se habla de dos contrapuestos paradigmas: el de las democracias para la igualdad, donde abrevaron los totalitarismos del siglo XX, y el de las democracias para las libertades, que son, como esta que tenemos, las que han prevalecido, con todas las imperfecciones que se quiera.
Y ya que estamos de preguntas salidas de ahora mismo, no está de más recordar la que sobre la libertad le hizo a Lenin, en Moscú, el socialista español Fernando de los Ríos. El autor de la Revolución Bolchevique y campeón de la igualdad comunista le respondió aquello de ¿libertad para qué? Pues eso. ¿Legalidad para qué?, podría parafrasear el presidente Rodríguez si se le preguntara por lo que ahora pasa, desde “los “comunistas de las tierras vascas” y sus mandantes con los que se negocia, al fiscal Fungairiño y las actuales misiones bélicas en Afganistán y en Iraq. Pues eso también. Que sin legalidad no hay libertad ni tampoco seguridad. ¿No habrá modo de cortar esta deriva, tanta arbitrariedad, antes de que lleguemos a un punto de no retorno? ¿Dónde está el árbitro —institucional, político o social— para este desencuentro nacional? jose@javaloyes.net
Durante los debates que el todavía joven edificio del Congreso acogió para la creación de la Constitución de 1869, el tema de la libertad de credo ocupó largas jornadas de discursos y argumentaciones. Quizás el más brillante fue aquel de don Emilio Castelar que ha pasado al olvido histórico con el título “Grande es el Dios del Sinaí”, una pieza que todavía se estudia en aquellos lares donde la oratoria es algo más que un bien escaso y proscrito. Tan bien estuvo Castelar aquella tarde, que incluso algunos carcundas se cambiaron de bando y comprendieron por fin los beneficios de la libertad de conciencia.
Ciento treinta y siete años más tarde, en torno a uno de los asuntos más importantes de la Historia de eso que Fernando el Católico terminó, con la anexión de Navarra, de conformar, asistimos a espectáculos mucho menos enriquecedores que el ofrecido por el Demóstenes del XIX. Ayer, después de una reunión a puerta cerrada de dos horas de duración, Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba dieron su versión del asunto, de forma contradictoria y sin confrontar afirmaciones, sin hacer un mínimo amago de careo público.
Y lo peor es que el tema —en teoría, que a lo mejor jugaron a los barcos— sobre el que hablaron fue el acuerdo firmado, de forma secreta, por el Gobierno y CiU acerca de un texto que ha ido pasando de despacho a despacho sin que los ciudadanos, los únicos y auténticos poseedores de la soberanía nacional, hayan tenido más noticia que aquella que les han querido dar sus representantes. Ya decía Rousseau, que prefería hablar de delegados, que “en el instante en que un pueblo se da representantes, ya no es libre, ya no es”.
Y lo peor de todo es que, ante la inflación, el paro, la inseguridad ciudadana, las hipotecas y el resto de problemas reales, a la mayoría de los españoles le importa un huevo lo que suceda con el Estatut. Para muchos, incluso, como si se quieren meter los derechos históricos por su bolsillo, y hartarse de avaricia y poder, que lo importante es llegar a fin de mes con un mínimo de dignidad. El espectáculo que nuestros queridos políticos “no” nos están ofreciendo se sitúa a medio camino de un surrealista patio de colegio y un auténtico secuestro de la Democracia.
Dos personas cualesquiera, designados por sus respectivos partidos, se ven, se saludan, se ríen, cierran las puertas y dos horas más tarde se contradicen con desparpajo y convicción. No se sabe si de ideas, lealtades o necesidad, pero convicción al fin y al cabo. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué dijeron realmente cuando estaban a solas? ¿Por qué hablan a escondidas? ¿Tan peligroso es para la unidad nacional el famoso Estatut? ¿Tan necesario es aprobarlo cueste lo que cueste? ¿Por qué nadie hace un estudio serio de los efectos que tendrá la nueva norma sobre la economía, la sociedad y el bienestar españoles? ¿En qué se diferencia la norma valenciana de la catalana? Para estas cosas se crearon los parlamentos. De estas cosas, en la actualidad, sólo se habla en las tertulias de televisiones y radios, con gente tan imparcial y capaz como Arturo Valls, Javier Nart, Enric Sopena o Curri Valenzuela.
Y escribo esto la misma semana en la que se han hecho públicos los sueldos de los diputados, menores de lo esperado, desmedidos en cuanto a esfuerzo y méritos. Pase lo que pase durante esos vis a vis del tipo Zaplana-Rubalcaba, sean lúdicos, eróticos o políticos, sus señorías acudirán al Congreso a apretar el botón que su jefe de pandilla ordene. Un insulto fáctico a la democracia, resultado consecuente con nuestra ley electoral —que algunos quieren tocar vía Estatuto, que las normas estatutarias, según se ve, sirven para tocarlo todo— e inevitable del bipartidismo impuesto y despótico que impera en nuestro sistema.
Llega hasta tal punto el hastío, que ya da igual cómo quiera desmembrar cada uno a la Nación española, a ese gran país de inepcias políticas, nirvanas vivenciales y paisanaje apolítico. El caso es que ya ni siquiera se preocupan en guardar las formas, y lo único que parece importar es quién ganará las próximas elecciones. Cataluña quizás algún día se independice y se iguale a Irlanda en la UE, el País Vasco a Lituania; quizás algún día los diputados voten vía Internet para ahorrarse el dinero de las dietas; quizás algún día hasta nos arrebaten el irrenunciable derecho al pataleo. Pero eso no parece importarle a nadie, ni a los de Ferraz ni a los de Génova, ni a catalanes ni vascos, ni a mandamases ni a ciudadanos. El mismo Rousseau, otro de la historia del olvido, escribió en El contrato social, esa obrita despreciada por cada acto político español, que: “Tan pronto como alguien dice de los asuntos del Estado: “¿a mí qué me importa?”, hay que contar con que el Estado está perdido”. dmago2003@yahoo.es
Ya lo decía ayer en este Palique, lo que de verdad importa hay que atenderlo pronto, cuanto antes. Por eso, he aceptado enseguida la invitación de Mariano Rajoy y del PP y he firmado la solicitud democrática para ser tenido en cuenta en mi propio país, he firmado la exigencia de opinar sobre lo que me influye de una manera directa, he seguido el cauce cívico para expresar mi preocupación por la posible quiebra de la igualdad entre todos los españoles. He firmado una instancia formal al presidente del Gobierno para que nos pregunte a todos los españoles lo que ahora está resolviendo en secreto con y para unos pocos. No he firmado contra nada ni contra nadie. He firmado a favor de la transparencia y de la libertad. He firmado, ni más ni menos que lo que pone en el papel. Que sí, que considero conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en acceso a las prestaciones públicas. Eso es lo que avalo.
He firmado mi desacuerdo con un proceso irresponsable de reformas estatutarias que hace añicos, a espaldas de los ciudadanos, el consenso social sobre lo que es España y sobre el modelo territorial que se deriva de la Constitución del 78. Parece que mucha gente piensa lo mismo y se apresura a rubricarlo. No hace falta un número determinado de firmas para tener éxito en esta demanda, pero cuantas más peticiones expresas de decidir se manifiesten será mucho mejor para obligar a rectificar al Gobierno. No he firmado una "obviedad", ni una "ilegalidad", como las ha calificado la vicepresidenta Fernández de la Vega.
El apretado lorenzomilanismo rampante está tratando, igual que todo el partido socialista en tromba, de desacreditar a toda costa la iniciativa popular, de sembrar las dudas más absurdas sobre la limpieza en la recogida de las firmas, de descalificar su trascendencia política y su alcance constitucional. En el fondo, les asusta la avalancha democrática, les da pánico un empuje ciudadano masivo, les aterra el reproche social superlativo, la corriente extraordinaria de cordura, la reivindicación vigorosa del derecho a opinar.
SUMÁNDOSE AL DE LA AVT
Movimientos cívicos preparan actos de apoyo al fiscal Fungairiño
Elsemanaldigital. 3 Febrero 2006
La decisión de Cándido Conde-Pumpido de forzar la dimisión del hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional comienza a producir un fuerte rechazo no sólo profesional sino también social.
3 de febrero de 2006. Diversos movimientos cívicos han empezado a movilizarse para organizar con suma discreción actos que sirvan de homenaje y reconocimiento al forzado a dimitir fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. El malestar existente en amplios sectores de la opinión pública, no solamente de la carrera fiscal, por la astracanada protagonizada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha llevado a varios colectivos a plantearse una especie de "acto de desagravio".
La Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrará un acto en homenaje a Fungairiño el próximo martes a las 12.00 horas en el Monumento a la Constitución de 1978, en Madrid. El objetivo no es otro que, de manera pública y notoria, se aprecie el respaldo a la labor desempañada durante un cuarto de siglo por Fungairiño. Según han confirmado a Elsemanaldigital.com fuentes solventes, el deseo expreso de estas asociaciones es evitar por todos los medios que se vaya casi en soledad, arropado simplemente por un puñado de amigos que acompañen en el adiós de la Audiencia Nacional al que ha sido jefe de filas de los llamados "fiscales indomables" y gran experto en materia antiterrorista.
Es más, los hay quienes ya se están moviendo para agasajar a Fungairiño con una multitudinaria cena-homenaje a la que asistan destacados representantes de la vida judicial, política, económica, mediática y social. En definitiva, lo más granado de la Villa y Corte. Y sin duda, no cabrá ni un alfiler. Será el tiempo de los elogios y de las palmadas en la espalda. Pero tampoco faltarán, al menos sotto voce, las críticas a un fiscal general del Estado decidido a barrer todos los obstáculos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su apuesta negociadora con ETA.
A pesar de que la determinante lucha de Eduardo Fungairiño contra la banda asesina le ha costado el cargo (quienes han trabajado junto a él alaban su capacidad para citar de memoria la fecha de detención de cualquier etarra contenida en sumarios de más de 10.000 folios), en la mente de muchos queda la convicción de que si Baltasar Garzón fue, en su día y a ratos, el paradigma del "juez estrella", Fungairiño ha sido hasta el último minuto el "galáctico de los fiscales".
El TC ve en tres meses el recurso del Estatut y retrasa año y medio uno contra ERC
En el PP temen que haya «intencionalidad política» en la fecha elegida para darlo a conocer
C. Morodo La Razón 3 Febrero 2006
Madrid- El Tribunal Constitucional ha examinado en tres meses el recurso de amparo interpuesto el pasado 2 de noviembre por los «populares» contra la tramitación por la Cámara Baja de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña, mientras que en espera lleva un año y medio otro recurso también de amparo presentado asimismo por el PP, el 13 de agosto de 2004, contra la formación del grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, al considerar que no cumplía los requisitos mínimos que fija el Reglamento de la Cámara. Esquerra no obtuvo el 5 por ciento de los votos en toda España ni el 15 por ciento de todas las circunscripciones.
El TC acordó el miércoles dar un plazo de diez días al fiscal y al Grupo Popular para que presenten alegaciones en relación con la admisión o no del citado recurso sobre el Estatut, y en el que los diputados «populares» sostenían que la decisión de la Mesa de tramitar como reforma estatutaria la propuesta procedente del Parlamento catalán, en lugar de como modificación constitucional, suponía una vulneración de un derecho fundamental. En concreto, el recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el «derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes». Fuentes jurídicas ya han avanzado que el recurso será desestimado, una noticia que se conoce coincidiendo temporalmente con la decisión de Mariano Rajoy de impulsar una gran campaña de recogida de firmas en apoyo de que todos los españoles sean consultados sobre el proyecto catalán, por ser una reforma constitucional encubierta.
La urgencia en la tramitación de este recurso, frente al retraso en atender una demanda que afecta a la pervivencia durante una legislatura de un grupo que podría ser inconstitucional -y que se está dedicando a promover en su mayoría iniciativas «que van contra la idea de España»-, unido a la fecha elegida para darlo a conocer, ha despertado más de una alarma en el principal partido de la oposición, que teme «intencionalidad política» detrás del «movimiento». El recurso de amparo por el Estatut no tiene nada que ver con la iniciativa promovida por PNV y EA para paralizar el Pleno en el que se debatió el «plan Ibarretxe» y forzar su negociación en la sede de la soberanía nacional. Obligadamente, se resolvió antes de la sesión plenaria.
Si alguien se extraña de que los medios gallegos nos silencien, sólo hay que ver el nulo eco de la conferencia del sábado 28 de Enero sobre Educación y Nacionalismo, historia de un modelo (terrorífico), y no precisamente por falta de espacio debido a importantes eventos informativos, dado el permanente nulo interés de la mayoría de sus páginas, sólo tiene que leer el tratamiento que da La Voz de Galicia al modélico modelo lingüístico catalán y el editorial de El Ideal Gallego defendiendo su lengua y una cultura diferenciadora, propia y singular (los lusistas deben estar partiéndose de risa).
Asegura que hay una campaña orquestada contra la enseñanza del catalán en la escuela
La consejera de Educación dice que la sentencia de Badalona es un caso aislado
El Defensor del Pueblo ha recibido 500 denuncias, y su homólogo catalán, ninguna
(Firma: Paco Soto | Lugar: barcelona) La Voz 3 Febrero 2006
La consejera de Educación de la Generalitat catalana, Marta Cid, compareció ayer en una rueda de prensa en Barcelona para negar tajantemente que haya problemas lingüísticos y que se margine el castellano en las escuelas catalanas. Dijo que se había puesto en marcha una campaña de «politización interesada» para acabar con el modelo que se aplica en Cataluña desde 1983 y que «ha tenido unos resultados excelentes». Cid quiso aclarar que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un centro escolar de Badalona a impartir clases en castellano a un alumno es un «caso aislado» que se refiere a un colegio «concreto».
En contra de lo que aseguran algunas asociaciones de Cataluña, como Convivencia Cívica catalana, la consejera de Educación, que no quiso utilizar el castellano en la rueda de prensa, aseguró que la Generalitat garantiza a través de su ley de normalización lingüística la igualdad de derechos a todos los alumnos catalanes. Recordó Marta Cid que la normativa cuenta con el apoyo del TSJC y del Tribunal Constitucional, además del Consejo de Europa, que en un informe realizado en septiembre del 2005 destacó el «excelente modelo lingüístico que se emplea en la escuela catalana».
Por ello, la consejera de Educación aseguró que la Generalitat de Cataluña seguirá «trabajando en la misma línea» y «garantizará los derechos de todos» con «firmeza y cumpliendo la ley». A su juicio, «ninguna sentencia cuestiona el modelo», y «nadie pone en duda» el sistema escolar catalán, salvo los sectores que «buscan instrumentalizar» el auto del Tribunal Superior en virtud de una campaña para acabar con un modelo asumido desde 1983 con normalidad, y que prepara a los alumnos para «vivir en una sociedad con dos lenguas oficiales».
Cid afirmó que esos sectores quieren provocar «enfrentamientos por la lengua» en el seno de las escuelas catalanas, e incluso «segregar a los alumnos por razón de su lengua».
Por su parte, el consejero jefe de la Generalitat, Josep Bargalló, negó también que hubiese una «persecución del castellano» en Cataluña, y reafirmó la voluntad del Ejecutivo autonómico de cumplir la ley y de mantener el actual sistema de inmersión lingüística en los centros escolares de la comunidad. El consejero Bargalló quiso dejar claro que «hace muchos años que en Cataluña se acabó con la historia de la persecución lingüística».
El futuro Estatuto de Galicia, al igual que el catalán, podrá incluir la obligatoriedad de conocer el gallego. Sin embargo, según el Consello Consultivo, esta imposición sólo podrá realizarse a los funcionarios. En el fondo, se trata de que cualquier ciudadano que acuda a los servicios de la Administración pueda hacerlo en el idioma que prefiera de los dos que serán cooficiales en la comunidad autónoma.
Recientemente, dirigentes catalanes aseguraron que del polémico artículo que recogía esta obligación en su proyecto de Estatut, se podía extraer que esa limitación, la de los funcionarios, también existe. Sin embargo, quienes se encargaron de la redacción del texto prefirieron, en lugar de aclarar y acotar la norma a los funcionarios, poner que la obligación de conocer el catalán afectaba a todos los residentes. Curiosamente, en otros puntos del articulado sí llegaron a estar discutiendo hasta cinco horas sobre la conveniencia o no de incluir una coma.
El problema radica en que hay quienes quieren convertir el uso del idioma en motivo de conflicto. El lenguaje, vehículo de comunicación, no puede transformarse en arma de unos intereses oscuros y ladinos. Por suerte, en Galicia, el nivel de conocimiento de su lengua es muy elevado, mucho más que el que se da en otros casos, como el del euskera, el catalán o el valenciano. Pese a ello, cualquier medida que sirva no sólo para conservar el idioma, sino para propiciar su uso y garantizar su futuro tiene que ser apoyada sin ambages por la sociedad gallega, puesto que ningún pueblo puede renunciar a la riqueza que supone tener una lengua y una cultura diferenciadora, propia y singular.
Por CARLOS HERRERA ABC 3 Febrero 2006
EL fascismo difuso que destilan algunas de las esporas del «Pacto del Tinell», ése según el cual nunca se deberá ni se podrá pactar con el Partido Popular en ninguna instancia del Estado, acaba de evidenciarse de forma explícita en el amago de ruptura del acuerdo que las dos principales fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana establecieron para sacar adelante su renovado estatuto. Como saben, PP y PSOE, Camps y Pla, sacudiéndose de encima viejos malditismos cainitas atribuidos a la relación entre valencianos de distinto signo, acordaron los pormayores y pormenores de un nuevo marco estatutario que sirviese de instrumento para el continuo desarrollo de una comunidad, de por sí, extraordinariamente activa y en constante crecimiento. Cuando la mirada siempre recelosa del nacionalismo vecino recayó en ese trato de viejos regantes, se activó la cláusula maldita que escribieron en Barcelona aquéllos que han diseñado el futuro del país en función de la exclusión de un importante número de españoles representados por el centro derecha español. ¿A qué aspiran Rodríguez y sus huestes?: a anular por completo la existencia de una realidad liberal conservadora en el espectro político; según sus planes, el futuro estaría diseñado por un fuerte partido de izquierda oportunista que establecería pactos con formaciones nacionalistas de diverso signo, a las que alimentaría con las regalías necesarias para mantenerse en el poder todo el tiempo necesario.
No sería menester ningún pacto estatal, dado que la Administración Central del Estado se adelgazaría lo suficiente como para tener a todos los demás contentos y permanecería lo imprescindiblemente vertical como para mantener la necesidad de un partido de corte nacional que aunara las reivindicaciones territoriales. Así, el machito del poder sería prácticamente eterno. Ése es el Tinell. Los partidos que conforman el inquietante pacto de privilegiados que se llama «Galeusca» -de tenebroso recuerdo histórico- han advertido claramente al PSOE de que no se pueden hacer excepciones. Mucho menos en Valencia, tierra a la que los independentistas catalanes han pretendido estrangular obligando al gobierno recién elegido a cerrar el grifo del agua. Un par de excusas despreciables -reducir el tanto por ciento exigible para la representación parlamentaria y redefinir el idioma de la Comunidad- han servido para desestabilizar el futuro de una tierra que a algunos mediocres les inspira temor: no sabemos hasta dónde pueden llegar Valencia y su obstinación por el progreso y la modernidad, pero es cierto que su proyección actual resulta absolutamente espectacular; tanto que aquéllos que aspiran al tutelaje eterno y al pancatalanismo de pacotilla utilizan estratagemas miserables para frenar una expansión social que puede acabar sacándoles los colores.
Que unos alborotadores colaboracionistas entren en la Cortes Valencianas no puede ser motivo de desacuerdo. Que el idioma que se habla en la Comunidad deje de llamarse valenciano por imposición de unos vecinos que quieren que todo se llame catalán a toda costa, tampoco. Lo que se habla en Cataluña y lo que se habla en Valencia deriva del mismo tronco, no tengo duda alguna. Desde luego a mí me suena a lo mismo. Sólo que cada uno lo llama como quiera, los catalanes, catalán, y los valencianos, valenciano. Puestos a pedir unidad nominativa, ¿por qué en lugar de los valencianos reconocer que hablan catalán no reconocen los catalanes que hablan valenciano? Todo es tan absurdo, en cualquier caso, que no merece la pena detenerse en ello. Si el PSOE de Pla y Ciscar comete el inmenso error de traicionar su pacto para dar gusto a los que suscribieron la ignominia del Tinell, se aboca a un desprestigio político en su territorio de tal magnitud que habrán de pagarlo muy caro. Sólo por ello, además de por elemental lealtad a la tierra a la que pertenecen -que no desafía, por cierto, al conjunto de los españoles-, deberían considerarlo tranquilamente. www.carlosherrera.com

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 3
 artículo 23