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Timestamp: 2017-07-25 04:48:50+00:00

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Mis rizos: 2012
Publicado el 11/12/2012 Intervención de Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, sobre la Proposición no de Ley presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia y Vasco (EAJ-PNV), relativa a la promoción dentro de la Estrategia de Salud Mental de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio. Pleno 11/12/2012
Toni Cantó: "No puede funcionar nunca una igualdad construida contra los hombres" http://www.youtube.com/watch?v=kqmcN9Y5r0Y&feature=em-uploademail
El lobby feminista ha protestado por la supuesta "eliminación" de la expresión "violencia de género" en el anteproyecto de reforma del Código Penal (CP). Que
nadie se confunda. La ley de violencia de género sigue perfectamente vigente en todos sus términos. Y los delitos introducidos por ella en el Código Penal, también. Simplemente, en los artículos del Código Penal NUNCA se hizo mención expresa al término "violencia de género" (con la excepción, apuntada por el Ministerio, de una alusión en un comentario referido a la suspensión de penas que ahora se ha eliminado al sustituirla -"haciendo una mejora técnica"- por una mención expresa de los artículos del CP implicados). El Código Penal se limita a hablar, en los artículos que introdujo en él la ley de violencia de género, de las agresiones sufridas por una mujer (sexo) a manos de su pareja o ex pareja de sexo
masculino. Y es precisamente eso lo que convierte al Código Penal en un código sexista, pues en ningún momento se menciona en su articulado que
esa clase de agresiones sean merecedoras del agravamiento previsto cuando (y sólo cuando) exista lo que se llama "violencia de género": una
violencia ejercida para someter a una mujer por el hecho de ser mujer. En el Código Penal se agrava la pena al varón respecto a una mujer por el hecho de ser varón.
Sin más. Mucho mejor sería que en esos artículos se aclarase de una vez (y expresamente) qué es lo que un juez debe considerar "violencia de género". Porque el espectáculo servido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y las distintas Audiencias Provinciales, con interpretaciones contradictorias hasta la náusea respecto a la oscurantista definición expresada en el artículo 1.1 de la ley de violencia de género, mantiene a los ciudadanos españoles en la inseguridad jurídica más absoluta desde el mismo día que se aprobó (en diciembre de 2004) la ley de violencia de género y entraron en vigor sus modificaciones del Código Penal vigente.
La Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres para la Salud, Mujeres Juristas Themis
y la Comisión de Malos Tratos han hecho público este martes un documento en el que denuncian, entre otros, que el anteproyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Ministerio de Justicia no incluye el término violencia de género.
Por este motivo, el departamento señala que ha preferido eliminar esta alusión y referenciar la suspensión de condenas a los artículos concretos a los que se refiere, porque en la actualidad se hace necesario acudir a la Ley Integral contra la Violencia de Género para discernir a qué artículos del Código Penal afecta la suspensión de condena. Por ello, consideran que se trata de una mejora técnica. Por su parte, las organizaciones de mujeres recuerdan que el término violencia de género fue introducido de forma explícita por la Ley Integral contra la Violencia de Género y subrayan que la terminología "es una cuestión básica que ha constado muchos años de esfuerzo". "Es fundamental para visibilizar este fenómeno social, no podemos retroceder en ninguno de los avances ya realizados", han añadido.
En todo caso, el ministerio de Justicia precisa que lo que se conoce hasta ahora es el anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal
y que es susceptible de mejoras. Además, subraya que el espíritu de la reforma persigue reforzar la protección de la mujer y que para ello tipifica otros delitos hasta ahora ausentes como el matrimonio forzoso, el hostigamiento o la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas. CRÍTICAS A LA MEDIACIÓN
Por otro lado, las organizaciones critican además la introducción de la mediación como nueva medida para condicionar la suspensión de la ejecución de la pena, una cuestión que estaba "vedada expresamente"
en la Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial, tras la reforma introducida por la LO 1/2004, y el Convenio de Estambul del Consejo de Europa firmado por España y pendiente de ratificación. En relación con esta cuestión, las asociaciones han incidido en que, "dado el desequilibrio de poder entre víctima y agresor en casos de violencia de género", no cabe la mediación, cuyo "principio básico" es la igualdad entre las partes. "El
ejercicio de la mediación en esta casuística pone en riesgo a la víctima, al tiempo que minimiza la acción violenta del perpetrador", han aseverado.
Fuente: http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-cor-feministas-denuncian-supresion-termino-violencia-genero-codigo-penal-justicia-alega-mejora-tecnica-20121120203116.html Publicado por
http://projusticia.es/madridnoviembre2012/comunicado-de-prensa-2012.html Como en años anteriores y con motivo del Día internacional de los Derechos del Niño y dado que estos Derechos
son vulnerados constantemente por la legislación y la práctica judicial
actual, convocamos a afectados y simpatizantes a la manifestación anual.
18 de noviembre de 2012. Puerta del Sol - 12 horas - Madrid
http://projusticia.es/madridnoviembre2012/convocantes-2012.html Más información en: http://www.projusticia.es/madridnoviembre2012.html Nos manifestamos contra:
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la
calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos.
Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada "violencia de género", los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido "ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)" o "no valora el trabajo que realiza",
entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico. Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas
sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamientos de ambos miembros de la pareja
coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.
Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas.
Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una
violencia que es bidireccional.
El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, consituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas. Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga
lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún
mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera.
A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el
bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.
Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que
no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.
"Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia
de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento", dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un
absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para
llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.
De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador.
Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por
mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al
divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.
abandonar el domicilio familiar con "lo puesto"; ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes; pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su "ex" disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja. Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el
corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista.
Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad. c) Una situación profundamente injusta En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.
En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece
los datos siguientes: La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DY del 2010).
La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que
en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño
(síndrome de alienación parental), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas,
El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas
(el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los
homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).
Por eso exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género que conculcan, limitan o eliminan derechos fundamentales, como el principio de presunción de inocencia, y libertades como la de educar a tus hijos según tus propias convicciones
éticas y morales. Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no
haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para
ambos progenitores. Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento
capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la manifestación del 18 de noviembre de 2012, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.
http://projusticia.es/madridnoviembre2012/comunicado-de-prensa-2012.html Publicado por
cifras oficiales son las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las que no se registran la causa o los motivos del
suicidio. Hasta 2006, año del repunte en la cifra de suicidios en España (que se mantiene estable desde entonces,
de lo que se deduce que el repunte no se debe a la crisis económica), se publicaba el estado civil de la persona suicidada. Desde 2006 no se publica ese dato.Respecto
a la consideración de los adolescentes o los ancianos como "grupos de riesgo", basta ver los datos del INE (en el enlace colgado aquí) para comprobar que es FALSO que ésos sean los grupos de edad de riesgo.
FALSO que los suicidios tengan como causa fundamental un "trastorno mental". Las personas que padecen una depresión la padecen a menudo por problemas sociales objetivos... Y lo mismo cabe decir de quienes terminan en el alcohol. Si le preguntas a un
psicólogo o a un psiquiatra acerca del suicidio seguramente te dará esa
clase de causas "psicológicas". Pero, ¿por qué no les preguntan a los sociólogos? Es más: ¿a qué se dedican los sociólogos en España?... Es una vergüenza que en un país donde, desde 2008, el suicidio es LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE NO NATURAL (por encima de los accidentes de tráfico), no exista NI UN SOLO ESTUDIO acerca de las causas de ese fenómeno. Una vergüenza. Cada año se suicidan en España unas 3.500 personas, siendo varones aproximadamente el 80% de esos muertos (pincha). Se trata de un problema SOCIOLÓGICO que, hasta que se ha suicidado una señora exconcejal del PSOE que ha sido desahuciada (pincha), no le ha interesado a nadie. Parece que al PSOE le interesa de pronto decir que hay que poner freno a los desahucios y a los suicidios, cuando ha sido un gran promotor de ambas cosas... Lo hace mezclándolas interesadamente (demagógicamente) para arremeter contra el PP, pero no nos llamemos a engaño: el problema del suicidio en España no se debe a los suicidios por los desahucios... Como he dicho antes, el repunte de los suicidios en España se produjo en 2006, y si el suicidio superó en número a los accidentes de tráfico en 2008 fue por la disminución de los muertos en carretera, no por un aumento en los suicidios, cuyo número anual permanece en las mismas escandalosas cifras desde 2006 (antes de la crisis económica).
Pero ahí tenemos a todos los partidos del Congreso haciendo el paripé de que se preocupan por el suicidio... Claro, es que se ha publicado (la prensa también es culpable de publicar lo que le conviene sólo cuando le conviene y de la manera que le conviene) que se han suicidado recientemente tres o cuatro personas por los desahucios, y eso ha hecho mucho ruido en el contexto de crisis y de corruptelas bancarias y desahucios que padecemos. Gran ocasión para instrumentalizar el asunto del suicidio y tratar de sacar algún provecho político. Pero el suicidio les importa muy poco a casi todos los partidos políticos y a la prensa que les hace el juego (recordemos el infumable reportaje publicado por EL PAÍS en septiembre de 2011). Así que seguirá siendo cosa suya evitarlo como pueda cuando se vea hasta el cuello con sus problemas sociales y solo, querido lector... ¿O es que por fin los políticos y los sociólogos españoles van a estudiar la lacra del suicidio como merece ser estudiada la principal causa de muerte no natural en España? Cuando se publique algo serio al respecto, hablaremos de ello. Hasta entonces esto seguirá siendo una vergüenza. El Congreso debatirá medidas para prevenir el suicidio
Además, propone desarrollar campañas de visibilización, sensibilización
y concienciación contempladas en la estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, vigente hasta 2013.
En la exposición de motivos, la iniciativa indica que en España se suicidan nueve personas al día y plantea la necesidad de "dar una mayor claridad definitoria a la hora de clasificar
los suicidios para poder abordar con mayor eficacia el problema".
Recuerda que las cifras oficiales son las ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las que no se registran la causa o los
motivos del suicidio.
"La prevención funciona", señalan los grupos, que apuestan por la colaboración entre el Gobierno y
las comunidades autónomas para adoptar medidas de prevención tendentes a
evitar esas prácticas prestando una atención más especializada a los grupos más vulnerables.
La proposición no de ley indica que más del 90 por ciento de los casos de suicidio están asociados a trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia o el
consumo excesivo de alcohol, por lo que reclama facilitar a los familiares y cuidadores de personas con enfermedad mental grave consejos
y estrategias de actuación básicas para abordar y prevenir el suicidio en el entorno familiar. Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Congreso-debatira-medidas-prevenir-suicidio_0_68593239.html Publicado por
Aprobada una enmienda de UPyD para responsabilizar penalmente a partidos políticos y sindicatos Publicado el 07/11/2012 por upydmedia
Tras la aprobación de esa enmienda de UPyD, sin embargo, los dirigentes de CiU y otros partidos nacionalistas que se mofan de las leyes democráticamente aprobadas en España, de las resoluciones judiciales y de la mismísima Constitución que vela por los derechos de todos los españoles pueden estar tranquilos, ya que el PP ha impedido que se aprobase otra enmienda de UPyD que proponía restablecer el castigo penal de cárcel para quien haga convocatorias ilegales de referéndums (pincha). El PP ha preferido seguir permitiendo que la Constitución y la legalidad sean incumplidas a placer por partidos políticos y personas jurídicas de esa manera, pues sus responsables sólo se enfrentan, como delincuentes, a una hipotética y nada disuasoria pena de inhabilitación (pincha). Olvida el PP (lo mismo que quienes piensan como el PP en ese punto) que sin respeto a la legalidad democrática no hay democracia posible. Y si no es un olvido...entonces ha de ser que la democracia les trae el pairo. Respecto a los dirigentes de IU, que han votado a favor de la enmienda aprobada pero lo han hecho tras mostrar (en la línea del PP) una injustificable condescendencia con los que incumplen las leyes y la Constitución impunemente desde CiU o ERC, tienen sus propios motivos para reflexionar... Los responsables de IU deberían revisar su último programa electoral (pincha) en lo relativo a quienes denuncian interferencias parentales (es una advertencia...). Hay ahí difamaciones evidentes, que podrían constituir un presunto delito de injurias y calumnias...Lo mismo cabe advertir a las asociaciones feministas acostumbradas a difamar a sus críticos con absoluta impunidad, pese a que ya antes de esta enmienda eran condenables penalmente. Como personas jurídicas que son, pueden ser condenadas por vía penal y les conviene no olvidarlo con la alegría que lo hacen, porque la impunidad tiene un límite y un final en el tiempo.
Que existen denuncias falsas por violencia de género es una obviedad (pincha), si tenemos en cuenta que se presentan anualmente centenares de miles de denuncias y en su mayoría son archivadas antes de juicio alguno. No hace falta, pues, indagar en las denuncias que llegan a juicio y terminan con sentencia exculpatoria. El lobby suele decir en el primer caso que las denuncias son archivadas porque las mujeres retiran la denuncia, pero eso sólo ocurre en el 10% de los casos... Y para las sentencias exculpatorias el lobby siempre aduce que una absolución no implica que el acusado sea inocente y se trate de una denuncia falsa. Esto es cierto, pero lo inaceptable es que prácticamente nunca se investigue si se trata de una denuncia falsa (pincha) o no se trata de eso. Por otra parte, tengamos en cuenta que la motivación para presentar una denuncia falsa es muy alta, pues trae consigo muchos beneficios (ventajas en los divorcios contenciosos y ante la disputa por la custodia de los hijos; ayudas económicas; papeles para extranjeras; satisfacción perversa, despecho, venganza, etc.), mientras que apenas existe problema alguno para una mujer que sea condenada por denuncia falsa (cosa que apenas sucede porque nunca se investiga tal cosa, como he dicho). La condena máxima es de dos años de cárcel, con lo que en ningún caso ingresará en prisión si no tiene antecedentes penales, y la única pena consistirá en una simple multa de menor cuantía... Mucho que ganar y nada que perder.
José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro del Consejo de Estado, ha alertado (pincha) respecto a que “en la legislación sobre violencia de género hay una serie
de puntos muy preocupantes” y de que “hay medidas que fomentan la denuncia falsa”. También puso como ejemplo el hecho de que “se den preferencias para ocupar viviendas de protección oficial por ser víctima
de este tipo de violencia, también sin necesidad de una condena”. Asimismo, recordó el caso de una red, recientemente desmantelada por la Guardia Civil, que presentaba denuncias por violencia doméstica para cobrar ayudas. La trama ofrecía a inmigrantes regularizar su situación y
acceder a ayudas públicas. A los hombres les ofertaban entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores. Resultará muy interesante ver la cara de quienes niegan que existan denuncias falsas de mujeres desaprensivas, alentadas por abogadas y psicólogas de asociaciones del lobby feminista (negocio) con la indiferencia de las instituciones, cuando lean que "existen hasta redes que las organizan" para proporcionar papeles a mujeres que carecen de ellos y cobrar ayudas, contratando para ese fin a falsos maltratadores que hacen el papelón...
Aumento de denuncias por violencia de género La investigación se inició después del verano, al detectarse un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes ante la Guardia Civil de El Ejido, en las que coincidían una serie de características y patrones comunes.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/06/andalucia/1352193401.html IAM desconoce si alguna de las falsas mujeres maltratadas se ha acogido a los servicios de la Junta
ALMERÍA, 6 (EUROPA PRESS) El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Junta de Andalucía ha afirmado este lunes que desconoce si alguna de las mujeres que presentaron falsas denuncias por supuestos malos tratos para recibir ayudas públicas en el marco de la operación 'Pomelo' han sido o no acogidas en la red de centros del Servicio de Atención Integral y Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. En un comunicado, el IAM ha afirmado que ha tenido conocimiento de dicha operación, que ha permitido la detención de 18 personas de origen marroquí presuntamente vinculadas a la organización, a través de los medios de comunicación, por lo que "aún no cuenta con ningún otro dato aportado por las fuentes de la investigación". En este sentido, desde el Gobierno andaluz afirman que no se puede comprobar aún si alguna de las nueve mujeres detenidas solicitó ayudas económicas dentro del programa de subvenciones del IAM para víctimas con escasos ingresos económicos.
Ante esto, la Junta de Andalucía, y en concreto el IAM, ha trasladado públicamente su disposición la Guardia Civil y la Justicia para colaborar "en lo que se precise", con el objetivo final de "frenar cualquier tipo de delito y abuso por parte de red criminal de unos recursos imprescindibles para la población más vulnerable". "La persecución de tales delitos no debe suponer jamás una justificación para la pérdida de credibilidad de las verdaderas mujeres víctimas de violencia de género, ni para poner en juicio la eficacia de las herramientas legales y recursos asistenciales puestos en marcha para la atención de este colectivo y de los menores a su cargo, especialmente vulnerable que, recordemos, está en riesgo extremo de muerte", apunta el organismo. Por otra parte, el IAM y la Junta celebran la persecución de todas aquellas personas que quieran aprovecharse de los recursos disponibles, "imprescindibles para salir del horror del maltrato", para "las verdaderas víctimas de violencia de género". Igualmente, recuerda que según los datos anuales de la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas tienen "una casi nula representación en las estadísticas de denuncias por violencia de género, al representar sólo el 0,01 por ciento de las mismas". Fuente: http://www.que.es/madrid/201211061746-desconoce-alguna-falsas-mujeres-maltratadas-epi.html
La picaresca dispara las denuncias falsas por maltrato ROSALINA MORENO La Gaceta
La ley da preferencia para ocupar viviendas de protección oficial a víctimas de este tipo de violencia sin necesidad de una condena. “La mujer que se enfrente a un desahucio basta con que denuncie un maltrato, por pequeño que sea, para que no la echen, sin necesidad de que haya condena. Incluso con la colaboración de su pareja”, explicó ayer a LA GACETA José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
y miembro del Consejo de Estado. Se pronunció en este sentido en referencia al Real Decreto Ley de Medidas de Protección de los Deudores Hipotecarios, que entró en vigor el pasado día 16, por el que se suspende un desahucio en hogares donde haya víctimas de violencia doméstica y que este sea su domicilio principal.
Manzanares alertó de que “en la legislación sobre violencia de género hay una serie de puntos muy preocupantes” y de que “hay medidas que fomentan la denuncia falsa”. También puso como ejemplo el hecho de que “se den preferencias para ocupar viviendas de protección oficial por ser
víctima de este tipo de violencia, también sin necesidad de una condena”. Asimismo, recordó el caso de una red, recientemente desmantelada por la Guardia Civil, que presentaba denuncias por violencia doméstica para cobrar ayudas. La trama ofrecía a inmigrantes regularizar su situación y acceder a ayudas públicas. A los hombres les ofertaban entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.
Javier Pérez Roldán, abogado especialista en derecho de familia, también considera que con la medida de paralizar los desahucios se está “creando una bolsa de fraude”. Asimismo, este letrado califica de “nefasta” la Ley contra Violencia de Género. Explica que estos dan origen a juicios rápidos, a los tres días tiene lugar la vista definitiva, lo que causa que los abogados no tengan tiempo para preparar
la defensa y recabar pruebas. Además, apuntó que “ese tipo de procedimientos tienden a criminalizar al denunciado sin necesidad de ninguna otra prueba que la declaración de la denunciante para condenarlo”.
Pérez Roldán también hizo hincapié en que tras un juicio rápido se le suele imponer una orden de alejamiento al hombre y fijarse unas medidas civiles que consisten en dar la custodia a la madre e imponer una pensión para el padre. “Después, en el procedimiento civil muchas veces te encuentras con informes de equipos psicosociales que dicen que el niño tiene mayor vinculación con el padre, pero que por los meses transcurridos ya está habituado a la vida con la madre y que no conviene
cambiarle de hábitos. También ocurre que cuando se acuerda una orden de
alejamiento, los puntos de encuentros están saturados y en ocasiones los niños están nueve meses sin ver a su padre”, informó.
Pérez Roldán lamenta que el ministro de Justicia sólo haya hablado de que modificará la ley para que las custodias compartidas no necesiten del informe del fiscal y, sin embargo, “mantenga que no se pueda otorgar
cuando exista violencia de género, lo que favorece que muchas mujeres denuncien para evitar su otorgamiento”.
Por su parte, José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del CGPJ, manifestó que “en su momento el CGPJ advirtió de que era una norma hecha desde los puntos de vista unilaterales de la ideología del feminismo de género y que meter esa cara ideológica en una
norma penal y una norma procesal podría producir resultados contraproducentes”. Un millón de casos
Del total de delitos instruidos, la mayoría fueron por lesiones y malos
tratos (656.212 casos). Los casos por maltrato habitual ascienden a 101.900, con un incremento del 140% desde 2005. En estos siete años han dictado, además, 236.686 órdenes de alejamiento y han acordado 141.465 medidas civiles cautelares mientras se tramitaba la causa.
Del total de medidas civiles, 14.496 correspondieron a la suspensión de
la guardia y custodia de los hijos menores; 6.932 a la suspensión del régimen de visitas también de los hijos; y 709 a la suspensión de la patria potestad.
El próximo martes el PP defenderá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar una cartera de
servicios sociales básicos y comunes a todas las comunidades para asistir a las víctimas de violencia machista y a sus hijos, una “lacra social” que este año arrastra más de 40 víctimas.
Fuente: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/picaresca-dispara-denuncias-falsas-por-maltrato-20121124 Publicado por
El juez Serrano recurrirá ahora al Tribunal Constitucional. Veremos qué sucede allí (pincha). El Supremo confirma la expulsión de la carrera del juez Serrano
El Alto Tribunal rechaza el incidente de nulidad contra la sentencia que le inhabilitó por diez años tras cambiar
el régimen de visitas a un niño para que saliera en una procesión
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que expulsó de la carrera
al juez de Familia Francisco Serrano, al castigar con diez años de inhabilitación la decisión del magistrado de cambiar el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una procesión. El Alto
Tribunal ha dictado un auto en el que rechaza el incidente de nulidad planteado por la defensa del juez contra la sentencia que elevó de dos a
diez años de inhabilitación la condena al juez, al atribuirle un delito
de prevaricación dolosa y no culposa, como había considerado inicialmente la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).El abogado de Serrano, Miguel García Diéguez, planteó el incidente de nulidad, como paso previo para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y en el mismo alegó que la sentencia del Supremo vulneró los derechos fundamentales del magistrado a
la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y los
principios de contradicción, inmediación y oralidad, así como el derecho de defensa. Entre las "irregularidades" denunciadas por el juez Serrano destacaba que el ponente de la causa se convirtió en "juez y parte" al subsanar un defecto "insubsanable" en el planteamiento
del abogado de la acusación particular que representaba a la madre del menor, por cuanto el TSJA le condenó por prevaricación culposa "cuando nadie lo había pedido" y que el Supremo no le escuchó a la hora de agravar la condena en la segunda instancia. El Supremo concluye que "la defensa ha podido, y lo ha hecho, defenderse de la imputación casacional
formalizada por la acusación particular conociendo el sentido y alcance
de la misma".Sobre la indefensión alegada por no haberle tomado
declaración, el Alto Tribunal indica que "la sentencia no ha realizado una revaloración de la prueba, pues el hecho probado no ha sido modificado, aunque sí se ha efectuado una valoración de la inferencia sobre la concurrencia del tipo subjetivo en el delito de prevaricación",
y añade que por eso "se dispuso la presencia del acusado en la vista de
la casación". Los magistrados añaden que esa presencia fue solicitada por la defensa y no se limitó a "ocupar un lugar entre el público, sino que se dispuso su ubicación en estrados" junto a su letrado.La Sala tampoco considera que haya "divergencias relevantes" entre el relato de hechos probados que recoge la sentencia del TSJA y la del Supremo, por lo que confirma el fallo, desestima el incidente e impone las costas al juez. El auto señala que el "fundamento preliminar" del fallo del Supremo "sólo pretende la clarificación de un relato para facilitar la argumentación subsiguiente y su contenido no puede suponer una modificación del hecho probado que ha sido respetado".
Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1388003/supremo/confirma/la/inhabilitacion/anos/juez/serrano.html Publicado por
Serrano pide una investigación sobre quién filtró desde el CGPJ información "reservada"
FRANCISCO SERRANO CASTRO: "HE SIDO VÍCTIMA DEL PENSAMIENTO ÚNICO, USADO COMO AVISO A NAVEGANTES PARA EL RESTO DE LOS JUECES"
El juez condenado por prevaricación publica el libro 'La Dictadura de Género' Francisco Serrano: "He sido víctima del pensamiento único, usado como aviso a navegantes para el resto de jueces" "¿El Tribunal Supremo considera de la misma gravedad lo mío que lo de los jueces Garzón o Urquía?" Voluntariamnete o no, el juez Francisco Serrano se convirtió en uno de los rostros de los contrarios a la discriminación positiva, en favor de las mujeres, establecida en la justicia a la hora de litigios de pareja.
La carrera del juez quedó truncada tras ser primero condenado a dos años de inhabilitación, pena que - posteriormente - el Tribunal Supremo elevó a 10 años de inhabilitación. En su libro 'La Dictadura de
Género' editado por la editorial Almazara, el ya ex juez Serrano pretende hacer una denuncia pública osbre las llamadas políticas de 'igualdad' y de 'violencia de género' y su reflejo en leyes que, a juicio del autor, son perniciosas para su objetivo fundamental: la justicia y la igualdad. El ex juez ha atendido a Periodista Digital para hablar un poco de la intencionalidad del libro y de algunas
cuestiones sobre su caso: ¿Por qué ha querido publicar un libro con su odisea? El libro se divide en dos partes, en una cuento con datos, con rigor, con detalle, con información precisa todo lo que es el origen y las consecuencias que está teniendo no solamente en España sino para toda la
sociedad lo que es esa dictadura de género que supone una ideología perversa, de una perversión moral, que nos están estafando a la sociedad
y específicamente a las mujeres y en segundo ligar, claro, como toda dictadura, como todo totalitarismo, lo que hace es siempre perseguir al que disiente. Como el mensaje que yo transmito es un mensaje muy claro, muy difícil de rebatir, porque además tiene argumentos y no se basa en cuestiones de mera ideología y de meros eslóganes, lo que han hecho no es matar al mensaje, sino matar al mensajero. ¿Y cómo lo han matado? Pues a base de inventarse expedientes disciplinarios y procedimientos judiciales, que no tienen nada que ver con cuestiones jurídicas sino de índole jurídica. Porque lo que está claro es que a
mi cuando la condena que he tenido por dictaminar que un niño salga en la Semana Santa, yo ya estaba condenado no cuando se inició el procedimiento, antes del inicio estaba ya condenado, desde que empecé a oponerme y a hacer crítica fundada sobre lo que suponía esa dictadura de
género. De hecho ya me amenazaron de que por ese pensamiento desligado,
o sea, muy propio de la doctrina estalinista, yo no podía seguir siendo
juez. O sea, un juez que defiende la independencia, la objetividad, la imparcialidad, el no sectarismo, se convierte en un enemigo precisamente
para esa inquisición, para esa doctrina de pensamiento único.
¿Se considera una víctima del pensamiento único? Totalmente. No solamente yo sino que a través de mi se espera atemorizar a otros jueces como un aviso a navegantes.
En el 2012 ha habido tres condenas destacadas contra jueces por prevaricación en el Tribunal Supremo: la del juez Garzón por pinchar las
conversaciones de abogados, la del juez Urquía por el caso Malaya y la suya. ¿Qué reflexión el merece estar en ese grupo? Es que resulta tan evidente... yo creo que para todo el mundo está claro que la condena
que yo he sufrido... que lo que sí que es palmario, esperpéntico y grosero es la condena del Supremo contra mí. Y digo lo de palmario, esperpéntico y grosero porque son los términos que ha usado el TS en su condena contra mí. Salvo los sinvergüenzas que están detrás de mi condena, creo que hay muy poca gente que pueda considerar que una resolución que autorice a un niño a ir a un paso de semana santa es una resolución grosera o palmaria.
Usted en su resolución falló a favor de lo que le pedía el niño de asistir a una procesión de semana santa frente a lo que solicitaba la madre... Ya había habido resoluciones así antes. En este caso, lo pidió el abuelo un día antes de la fiesta. Por eso había razones de urgencia. (...) ¿Que no les gustó a los del TS mi resolución? Vale, a mí tampoco me gusta las suyas. Pero se debe analizar desde la jurisdicción civil, no la penal. Y la Audiencia de Sevilla, que es la jurisdicción civil aquí, dijo que la resolución estaba bien adoptada, porque había razones de urgencia que justificaban esa resolución sin oír a la madre. Y el tribunal del TS que me juzga
resulta que hasta asesora al abogado de la acusación y me condenan a mí
sin oírme. Y da como hechos probados meras sospechas, una señora dice lo que ha ocurrido en un sitio en el que ella no estaba. Es algo muy esperpéntico. Pero yo ya estaba condenado no desde que me pusieron la demanda, desde el primer día que empecé a criticar la dictadura de género. A mí ya me advirtieron que iba a ir a por mí. Pero pensé que
iba a pasar nada, porque llevaba mi juzgado muy al día. Pero mi padre me advirtió que buscarían lo que fuera o directamente se lo inventarían,
que fue lo que hicieron.
Si usted hubiera dictado exactamente esa misma resolución, pero no hubiera concedido antes todas aquellas entrevistas significándose en contra de 'la dictadura de género' ¿cree que no hubiera pasado nada? No habría pasado absolutamente nada. Estoy convencido yo, y está convencido todo el mundo. En el año 2006 adopté una misma decisión, pero en esa ocasión no era una procesión habitual, sino la procesión de los gitanos, que es de 12 horas y no pasó
absolutamente nada. ¿Le pasó algo a la juez de Elche que en 2009 dictó una resolución idéntica a la mía? ¿Le ha pasado algo a la Audiencia de Sevilla que ratificó mi resolución?
Según la sentencia, mi resolución era 'grosera, esperpéntica y palmaria'. Para que fuera eso, tendría que ser una resolución que no tuviera explicación posible en derecho. En mi caso ha habido varios votos particulares de jueces que no coinciden por su nombramiento, que son nombramiento discrecional, con precisamente aquellos jueces que sí coinciden por su nombramiento con aquel sector político que me había amenazado. ¡Que casualidad! Los jueces, cuyo nombramientos político -
discrecional que sí coincide con el nombramiento político de los jueces
que me condenan resulta que dice que soy inocente y los magistrados de la Audiencia de Sevilla que están ahí por escalafón, por cuestiones meramente profesionales, dicen que la resolución está ajustada a la legalidad. No estamos hablando ya de si mi resolución era justa o injusta, sino si estaba ajustada a la legalidad o no. Y yo me pregunto: ¿como una resolución legal puede ser injusta?
Toda su acusación se basa en una casualidad. El abogado que llevó mi denuncia contra Inmaculada Montalbán, que es la que dijo que a mí me tenían que echar de la carrera judicial por mis declaraciones contra 'la
dictadura del género', resultó que era también el abogado padre del niño del paso de semana santa, el reclamo que aquel caso, recuerdo, no me lo hizo el padre del niño, me lo hizo el abuelo. Y se han basado en eso para decir que aquí había una complot pseudo-masónico para que el
niño pudiera ir a la procesión. (irónico) Fíjate en la importancia de la medida, al mismo nivel que lo de Garzón o lo de Urquía, es de la misma gravedad. Cuando la gente oye lo de los 10 años de inhabilitación se piensa que es algo más grave. ¡Es que no hay nada!
Foro Judicial Independiente, que me está respaldando. Ten en cuenta que
para un juez lo peor es la prevaricación, ningún juez apoyaría a un prevaricador. Y a mí hay 100 jueces que están poniendo dinero para ayudarme a pagar la multa, porque creen esos jueces - que tienen un sentimiento de justicia innato - que esa sentencia ha sido injusta.
De los jueces que le han condenado, dos de ellos son destacados miembros
de 'Jueces para la Democracia', Perfecto Andrés y Saavedra Sí, sí, son de ese sector que ya me había señalado con el dedo.
Otra represaliada por el sistema. Otra represalidada. Aquí no ha quedado títere con cabeza. A una juez de Santander también la han expedientado por eso. En el libro reflejo toda la estrategia y toda la maquinaria que ha puesto en marcha la Dictadura del género.
También hubo una persecución política contra una persona que tenía unos
planteamientos y un ideario de tipo religioso. Pero a nadie le pueden condenar por lo que piense, sino por los contenidos de sus resoluciones y
su resolución, por la que fue condenado, que era perfectamente defendible en derecho, porque por el razonamiento por el que le condenaron, no habría ningún juez en España que quedaría libre de condena. Lo que pasa es que el caso Calamita y el caso mío han sido dos paréntesis por presiones de tipo político sobre lo que es el ejercicio imparcial e independiente de lo que es la jurisdicción.
Yo espero que lo anule el Tribunal Constitucional, porque aquí ha habido violación de derechos fundamentales. Todos los que dicen que yo había hecho llorar a la madre porque estuviera sin el niño un día porque
estaba en la procesión... yo creo que el daño que he sufrido tanto yo como mi familia por ser inhabilitado por 10 años. Y si no Estrasburgo.
Ya han sacado a concurso la plaza del juzgado. Ya han conseguido el objetivo que pretendían: echarme del juzgado de familia. Yo voy a ejercer ahora el ejercicio de la abogacía. Me va a ir económicamente mejor, porque ya me conoce mucha gente en España. La filosofía y los principios que yo mantengo coinciden con la mayoría de gente de este país. Yo ya, por razones de dignidad, no volveré al juzgado, prefiero ser un abogado libre de presiones políticas y no un esclavo del miedo. Los jueces en materia de familia son objetos de presiones políticas intolerables.
Yo tengo claro quienes son, pero si ahora mismo dijera quienes son, podría haber lío. Yo soy una persona que tiene rigor, a diferencia de otros profesionales que condenan sin rigor y en base a meras sospechas. Yo aunque tengo sospechas, casi convicciones, no me puedo pronunciar. No
quiero apuntar a nadie que se pueda ver aludida y diga que la estoy difamando. Lo que se tendría que hacer es una investigación profunda
para decir quién ha sido desde el CGPJ la persona que ha filtrado información reservada al abogado de la acusación para que la utilizara en mi contra en el procedimiento. Si se sabe quién esa persona, de ahí podremos tirar del hilo que nos ayudaría a saber cuales han sido las presiones políticas que han causado que un juez haya sido condenado por permitir que un niño salga en una procesión de Semana Santa.
Fuente: http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2012/10/31/francisco-serrano-he-sido-victima-del-pensamiento-unico-usado-como-aviso-navegantes-para-resto-jueces.shtml

References: artículo 1
 Real Decreto 
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