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Timestamp: 2017-09-26 19:44:21+00:00

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﻿ CONCEPTO 827 DE MAYO 22 DE 1996
CONCEPTO 827 DE 22 DE MAYO DE 1996
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN. PARA SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, SERVIDOR PÚBLICO TERRITORIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:296 DE AGOSTO DE 1996, PÁG.945
Concepto 827 de mayo 22 de 1996
RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
PARA SERVIDORES PÚBLICOS TERRITORIALES
Dr. Roberto Suárez Franco
Ref.: Transición del régimen pensional de los servidores públicos del nivel territorial (leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993). Radicación 827.
Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis.
El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Orlando Obregón Sabogal, formula a la Sala la siguiente consulta:
“Mediante la Ley 100 de 1993 se creó el sistema de seguridad social integral, cuyo libro primero regula el sistema general de pensiones, aplicable a todos los habitantes del territorio nacional, salvo a quienes a la fecha de entrada en vigencia del sistema habían satisfecho requisitos para pensión o se encontraban pensionados, evento en el cual, se mantendrán los derechos, garantías y prerrogativas conforme a las disposiciones anteriores.
El sistema general de pensiones, para los servidores públicos del nivel nacional, así como para los trabajadores del sector particular, entró a regir el 1º de abril de 1994. En el sector público del nivel territorial debía entrar a regir, a más tardar, el 30 de junio de 1995.
No obstante, el legislador trató de mantener algunos de estos elementos para un grupo de personas a quienes dadas sus especiales características de edad o de tiempo de servicio, podría aplicárseles los elementos del régimen anterior al cual se encontraban afiliados, disponiendo en el artículo 36 de la citada ley lo siguiente:
“Régimen de transición (...).
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema, tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados...”
Por su parte, el artículo 146 de la misma ley señala:
“Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
“También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas...”.
El objeto de la consulta es establecer cuál es el régimen del que se debe tomar la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión de un servidor público del nivel territorial.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto se pregunta:
1. ¿Cuál es el régimen pensional anterior al que se encontraba afiliado un servidor público del nivel territorial?
— ¿El régimen general de pensiones de todo servidor público, regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, artículo 7º sobre pensión de jubilación por aportes?
— ¿O las disposiciones que sobre pensiones tenía cada uno de los departamentos y municipios mediante ordenanzas y acuerdos?
Frente a las previsiones del inciso segundo del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, ¿debe entenderse que las disposiciones municipales o departamentales, quedarán sin vigencia a partir del 23 de diciembre de 1995?
Sobre el tema planteado existen dos tesis:
Primera: El régimen anterior al cual se refiere el artículo 36 de la Ley 100 es el general de los servidores públicos (Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988), pues justamente la Ley 100 de 1993 quiso acabar con la multiplicidad de regímenes y con la desigualdad que su aplicación generaba.
Se afirma que el régimen pensional del servidor público es uniforme y que tratándose del nivel territorial el régimen anterior sería el siguiente: Para quienes a 29 de enero de 1985 tenían 15 años o más de servicios era el contenido en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y para quienes a la misma fecha tenían menos de 15 años, sería el contenido en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, o en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, para efecto de acumular tiempos privados y públicos.
Segunda: El régimen anterior es el consagrado en las disposiciones territoriales, cuya vigencia íntegra se extendió, por disposición legal, hasta el 23 de diciembre de 1995.
En otras palabras, la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición, son los señalados en cada una de las ordenanzas departamentales y acuerdos municipales.
2. ¿Podría el Gobierno Nacional, con base en la facultad del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, expedir un decreto mediante el cual se señale que para los efectos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se entenderá por régimen anterior aplicable el que tenía cada una de las entidades territoriales a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones?”.
1.1. El artículo 76-9 de la Constitución de 1886, consagraba:
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (...).
9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, así como el régimen de sus prestaciones sociales”.
1.2. Según se dispone en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es de orden legal, lo cual se consagra en los siguientes términos:
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, y
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas” (subrayamos).
2.1. Régimen prestacional.
— De conformidad con lo establecido por los decretos 1222 y 1333 de 1986 el régimen pres-tacional de los empleados públicos departamentales y municipales lo determinará la ley.
El artículo 234 del Decreto 1222, consagra: “El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los departamentos es el que establece la ley”.
El artículo 291 del Decreto 1333 prescribe:
“El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales será el que establezca la ley, que también dispondrá lo necesario para que dentro del marco de su autonomía administrativa, los municipios provean el reconocimiento y pago de dichas prestaciones”.
— Mediante la Ley 4ª de 1992, expedida con fundamento en el artículo 150, numeral 19-e-f de la Carta, se “señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales”.
En relación con los servidores de las entidades territoriales, el artículo 12 de la citada ley preceptúa:
PAR.—El gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden Nacional” (se subraya).
2.2. Régimen pensional.
Las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4ª de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y 71 de 1988 y sus decretos reglamentarios “contienen los derechos mínimos en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles” (art. 11, Ley 71/88).
— La Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron medidas en relación con las prestaciones sociales para el sector público, fijó los requisitos para el reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación en los siguientes términos:
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfrutan de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta (60) años salvo las excepciones que, por vía general, establezca el gobierno.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
PAR. 3º—En todo caso, los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley”.
— La Ley 71 de 1988 modificó los topes de edad y aportes para acceder a la pensión de jubilación, estableciendo en el artículo 7º:
“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón o cincuenta y cinco años (55) o más si es mujer. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas”.
El parágrafo del citado artículo que permitía continuar aplicando las normas de los regímenes vigentes a las personas que a la fecha de vigencia de la ley (19 de diciembre de 1988), tuvieran 10 años o más de afiliación en una o varias entidades de previsión y 50 años o más de edad en el caso de los hombres y 45 o más para las mujeres, fue derogado por el artículo 33 literal e de la Ley 100 de 1993.
Es decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988 no hay excepciones en consideración al tiempo de servicio para que proceda la aplicación de las normas pertinentes de regímenes anteriores.
Por lo tanto, para el reconocimiento de la pensión de jubilación, deberán demostrarse los requisitos que fija la ley como son, 20 años de aportes y 60 años de edad para los hombres y 55 para las mujeres.
Por el contrario, a los empleados oficiales que a la fecha de la vigencia de la Ley 33 de 1985, cumplieron 15 años continuos o discontinuos de servicio, se les aplican las normas sobre jubilación que regían con anterioridad a ésta (par. 2º).
2.3. Sistema general de pensiones.
La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, fija en el artículo 11, el campo de aplicación en materia de pensiones, en los siguientes términos:
“El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.
Lo anterior sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes” (subrayamos).
2.4. Situaciones jurídicas definidas.
— El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al fijar el régimen de transición para acceder a la pensión de vejez, señala:
“... Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubieren cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos (...)”.
— El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 deja a salvo las situaciones jurídicas definidas o que se definan dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la ley, con base en disposiciones departamentales, municipales o distritales, en materia pensional extralegal.
Consagra el artículo 146:
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas. Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.
2.5. Incorporación al sistema general de pen siones.
Mediante los decretos 691 y 695 de 1994 se incorporaron los servidores públicos al sistema general de pensiones. Los artículos 1º del Decreto 691 y 7º del 695 respectivamente que en su texto son iguales consagran:
“Incorporación de servidores públicos. Incor-pórase al sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos:
a) Los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas (...).
El sistema general de pensiones para los servidores públicos departamentales, municipales y distritales y de sus entidades descentralizadas, entró a regir el 30 de junio de 1995, tal como se señala en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2º del Decreto 691 de 1995.
2.6. Vigencia del sistema general de pensio nes.
El Decreto 1068 de 1995 reglamenta la vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital, de la siguiente manera:
“Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones para los servidores públicos del orden departamental, distrital y municipal, incorporados de conformidad con lo dispuesto en el literal a del artículo 1º del Decreto 691 de 29 de marzo de 1994, entrará a regir el 30 de junio de 1995, siempre que la entrada en vigencia del sistema no haya sido decretada con anterioridad por el gobernador o alcalde.
A partir de la fecha de la vigencia del sistema de que trata el presente artículo, las pensiones de vejez, de invalidez por riesgo común, al igual que las demás prestaciones contempladas en el sistema, de los servidores públicos mencionados en el inciso anterior, se regirá íntegra y exclusivamente por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten”.
Y el artículo 10 sobre situaciones jurídicas consolidadas, señala:
“Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones departamentales, municipales o distritales. Las situaciones jurídicas de carácter individual, definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con base en disposiciones departamentales, distritales y municipales, en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas la-boralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas”.
1. La competencia para fijar el régimen de prestaciones sociales de los empleados departamentales y municipales es de orden estrictamente legal. Tal prescripción encuentra su fundamento en el artículo 150, numeral 19 (literales e y f) de la Carta, según el cual corresponde al Congreso “Fijar el régimen salarial y pres-tacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales”; en igual sentido está asignándole al Congreso la competencia de adoptar el régimen económico salarial de los empleados públicos.
En consecuencia, ni las asambleas departamentales ni los concejos municipales pueden arrogarse competencia en estas materias, la cual es privativa del Congreso e indelegable por mandato constitucional.
Cuando aún se hallaba vigente la Constitución de 1886 la fijación de las escalas de remuneración y el régimen prestacional era igualmente de competencia del Congreso. El ordinal 9º del artículo 76 de dicho estatuto defería en el Congreso “fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”.
Por lo tanto adolecieron de ilegalidad las reglamentaciones que reconocieron prestaciones sociales por fuera de la ley o de las convenciones colectivas de trabajo.
Sobre este particular, el Consejo de Estado sostuvo:
“En lo que concierne a la nulidad de la disposición atacada estima la Sala que para llegar a la conclusión de que ella es abiertamente ilegal e inconstitucional, basta tener en cuenta que el régimen de las prestaciones sociales, tanto las nacionales como las concernientes a las entidades territoriales, es de orden legal, de conformidad con la Constitución Nacional.
Finalmente, se debe anotar que los servidores departamentales y municipales, al igual que los de las otras entidades territoriales, están sometidos, en cuanto al régimen de sus prestaciones sociales, a disposiciones legales y reglamentarias dictadas por el Congreso y por el Gobierno Nacional, como son entre otras, las pertinentes de la Ley 6ª de 1945, decretos 1600, artículo 12 y 2767 del mismo año, Ley 65 de 1946, Ley 24 de 1947, artículo 1º, Ley 72 de 1947, artículo 21, Decreto 1160 de 1947, Decreto 2921 de 1948, Ley 4ª de 1976, Ley 21 de 1982, esta última sobre subsidio familiar, artículo 3º de la Ley 5ª de 1969, que sustituyó al 9º de la Ley 48 de 1962, etc. En cuanto a su situación de empleados públicos rige para ellos el Decreto Extraordinario 1732 de 1960, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3074 del mismo año.
Las normas legales y reglamentarias que establecen prestaciones sociales para los empleados oficiales al servicio de las entidades territoriales, y determinan los hechos que las originan, los elementos que las estructuran, la forma de liquidarlas, la cuantía de las mismas, etc., no pueden ser modificadas mediante ordenanzas de las asambleas y acuerdos de los concejos, sino por medio de una ley o un decreto expedido por el Presidente de la República, de conformidad con las facultades constitucionales y legales” (Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de noviembre 17 de 1982).
2. No obstante, algunas entidades territoriales reglamentaron, mediante ordenanzas o acuerdos, ciertas prestaciones sociales, tal como sucedió con la pensión de jubilación.
A esta normatividad, la Ley 100 de 1993 le concedió plena vigencia. Sobre el particular la Sala en concepto reciente sostuvo:
“La Ley 100 de 1993, en su artículo 146 se ocupa de las situaciones jurídicas de carácter individual configuradas por el reconocimiento de pensiones de jubilación, con base en disposiciones municipales o departamentales, a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a esas entidades territoriales o a sus organismos descentralizados. Esas disposiciones se dictaron por algunas asambleas departamentales y concejos municipales sin competencia para hacerlo. El mismo artículo 146 califica de extralegales aquellas disposiciones en materia de pensiones de jubilación. Por tanto no puede hablarse de derechos adquiridos, sino de situaciones de hecho, a las cuales la Ley 100 de manera curiosa les da eficacia legal. La consecuencia que la ley da a esas situaciones individuales no significa que las disposiciones departamentales y municipales quedan purificadas de los vicios jurídicos que las afectan. Este no puede ser el significado y alcance de la mencionada norma, porque la infracción de la Carta Política no la sanea una ley. Por esto esta Sala expresó en consulta absuelta el 7 de septiembre de 1995 que ella “consagra una extraña excepción frente a las normas constitucionales que rigen el sistema prestacional” (Radicación 720)”.
El artículo 146 contempla tres hipótesis diferentes:
“a) Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993; b) la situación de quienes con anterioridad a la vigencia del artículo 146 hayan cumplido los requisitos exigidos en las disposiciones departamentales o municipales para pensionarse; y c) la situación de quienes cumplan, dentro de los dos años siguientes a la vigencia del artículo 146, los requisitos exigidos para pensionarse por esas disposiciones departamentales o municipales.
En cuanto a las dos primeras hipótesis se entiende que el alcance de la norma comprende la situación que surgió, con arreglo a esas disposiciones, bien que haya sido reconocida la pensión de jubilación o que esté pendiente su reconocimiento, pero no incluye las meras expectativas, como es el caso de quienes a la vigencia de la norma no tenían consolidada una situación concreta...” (Radicación 790 de abril 22 de 1996).
A partir del 30 de junio de 1995 cuando entró a regir el sistema general de pensiones, el régimen de prestaciones sociales tal como se halla reglamentado quedó sometido “íntegra y exclusivamente” a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 (D. 1068/95, art.1º). Sin embargo, se exceptuaron aquellas situaciones ya consolidadas a la fecha de vigencia de la ley, esto es, aquellas en que se habrían cumplido todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, las cuales se reconocen y liquidan de acuerdo a las condiciones de favorabilidad consagradas en la legislación anterior (arts. 36 y 146 de la Ley 100 de 1993 y 10 del Decreto 1068 de 1995).
En este orden de ideas, el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993 al que se encontraba afiliado un servidor público de nivel territorial, es el consagrado en disposiciones departamentales o municipales, esto es, en ordenanzas o acuerdos vigentes para la época, siempre y cuando se hubieran cumplido o se cumplan dentro de los dos años siguientes a la vigencia de aquella, los requisitos que tales disposiciones establecen para acceder a la pensión de jubilación y ésta se haya reconocido o esté pendiente su reconocimiento.
Quienes a la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenían su situación jurídica consolidada, en la forma indicada, el régimen aplicable es el contenido en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.
A los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de la Ley 33 de 1985 (20 de enero) habrían cumplido 15 años continuos o disconti-nuos, se les aplican las normas sobre jubilación que para entonces regían. Quienes tenían menos de 15 años, quedan sometidos al régimen previsto por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. A partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988 los empleados y trabajadores oficiales deben acreditar los requisitos de 20 años de aportes y 60 años de edad si se trata de varón o de 55 si son mujeres, de conformidad con lo señalado en el artículo 7º. En tal eventualidad no hay lugar a la aplicación de regímenes anteriores por cuanto la Ley 100 de 1993 derogó el parágrafo del citado artículo 7º que consagraba una excepción para continuar aplicando normas anteriores (art. 33 Ley 100 de 1993).
1. El régimen sobre pensiones de jubilación, anterior a la Ley 100 de 1993 y al que se encontraban afiliados los servidores públicos del nivel territorial, es el consagrado en disposiciones departamentales o municipales, siempre que se hubieran cumplido integralmente o se cumplan dentro de los dos años siguientes a la vigencia de aquella, los requisitos que tales disposiciones establecen para acceder a la pensión de jubilación y ésta o se hubiere reconocido o estuviere pendiente su reconocimiento.
Para quienes a la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenían consolidada su situación jurídica, en la forma indicada, el régimen aplicable es el contenido en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988. Lo mismo para los jubilados que hubieren definido su situación jurídica en departamentos y municipios en donde no se expidieron disposiciones sobre esta materia.
2. En cuanto al interrogante sobre la vigencia de disposiciones departamentales o municipales, frente a las previsiones del inciso 2º del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, la Sala observa:
La Constitución expresamente prohíbe a las corporaciones públicas territoriales arrogarse funciones en lo pertinente a prestaciones sociales, pues éstas son competencia exclusiva de una ley marco, tal como lo dispone el artículo 150, numeral 19, letra f. Sin embargo, el citado artículo 146 extendió por dos años a partir de su vigencia (es decir, hasta el 23 de diciembre de 1995), el reconocimiento de “situaciones jurídicas individuales definidas” con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, o que se definan dentro de los dos años siguientes a partir de la fecha de su promulgación.
Los estatutos que se hubieren expedido con posterioridad a la fecha indicada, y sobre pensiones de jubilación, carecen de valor.
3. La expedición de un decreto por parte del Gobierno Nacional, mediante el cual se adopte como régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993, el que existía en cada una de las entidades territoriales, no se ajusta al sentido de la Ley 4ª de 1992, por cuanto no se ciñe a los principios allí establecidos; las corporaciones que los expidieron carecían de competencia para ello (art. 10 ibídem).
Transcríbase al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Igualmente envíese copia al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

References: artículo 36
 artículo 146
 artículo 7
 artículo 146
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 36
 artículo 76
 artículo 150
 artículo 234
 artículo 291
 artículo 150
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 279
 artículo 36
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 151
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 150
 artículo 76
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 65
 artículo 1
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 146
 artículo 150
 artículo 146