Source: http://bazica.org/comisin-interamericana-de-derechos-humanos-v3.html?page=22
Timestamp: 2018-06-23 08:07:10+00:00

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CAPÍTULO III EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS - Comisión interamericana de derechos humanos
El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. A través de ella, en las últimas décadas, distintas sociedades del hemisferio han consolidado sistemas democráticos cada vez más asentados y robustos, gracias a la activa participación de sus ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público.
Este activismo ciudadano es justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. El acceso a la información es una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los miembros de una sociedad democrática. A través del acceso a la información pública se pueden proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado, así como luchar contra males como la corrupción y el autoritarismo.
El acceso a la información es también una herramienta particularmente útil para el ejercicio informado de otros derechos como los derechos políticos o los derechos sociales y económicos. Esta situación es especialmente relevante para la protección de sectores sociales marginados o excluidos, que no suelen tener a su disposición mecanismos de información sistemáticos y seguros, que les permitan conocer el alcance de sus derechos y la forma de hacerlos efectivos.
Una ciudadanía activa que exige información debe verse respaldada por una estructura estatal democrática. Costumbres propias del autoritarismo, tales como hacer regla general el secreto de la información del Estado y la publicidad de la información sobre los individuos, repelen el ideal del sistema interamericano de la promoción y fortalecimiento de sociedades y Estados democráticos, en donde la regla general es precisamente la inversa: publicidad de los actos estatales y privacidad de la información de los individuos.
Dada su importancia, la Asamblea General de la OEA ha realizado varios pronunciamientos respecto al derecho de acceso a la información pública, le ha dado el mandato a la Relatoría Especial para hacer seguimiento al tema, y ha instado a los Estados miembros a que adopten las recomendaciones efectuadas por la Relatoría Especial. En 2003, en su resolución 1932 (XXXIII-O/03)1, reiterada en 2004 en la resolución 2057 (XXXIV-O/04)2 y en 2005 en la resolución 2121 (XXXV-O/05)3, la Asamblea General exhortó a la Relatoría Especial a continuar elaborando un capítulo en sus informes anuales sobre la situación del acceso a la información pública en la región. En 2006, a través de la resolución 2252 (XXXVI-O/06)4, entre otros puntos, se encomendó a la Relatoría Especial asesorar a los Estados miembros de la OEA que soliciten apoyo para la elaboración de legislación y mecanismos sobre acceso a la información5.
En 2007 la Asamblea General aprobó la resolución 2288 (XXXVII-O/07)6, que resaltó la importancia del derecho al acceso a la información pública, tomó nota de los informes de la Relatoría Especial sobre la situación del derecho de acceso a la información en la región, instó a los Estados a adaptar su legislación para garantizar este derecho, y encomendó a la Relatoría Especial dar asesoramiento a los Estados miembros en dicha materia7. En 2008, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución 2418 (XXXVIII-O/08)8. Sobre el mismo tema y en 2009, la resolución 2514 (XXXIX-O/09)9 de la Asamblea General de la OEA reiteró nuevamente la importancia del derecho de acceso a la información pública, y encomendó al Departamento de Derecho Internacional redactar, con la colaboración de la Relatoría Especial, el Comité Jurídico Interamericano, el Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad, así como con la cooperación de los Estados Miembros y de la sociedad civil, una Ley Modelo sobre Acceso a la Información y una Guía para su implementación, de conformidad con los estándares internacionales alcanzados en la materia. Para el cumplimiento de este mandato se conformó un grupo de expertos del cual formó parte la Relatoría Especial, que se reunió tres veces durante un año para discutir, editar y finalizar los documentos. Las versiones finales de los dos instrumentos fueron aprobadas por el grupo de expertos en marzo de 2010 y presentadas al Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente en abril de 201010. El Consejo Permanente, en mayo de 2010, elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la Asamblea General, la cual, en junio de 2010 emitió la resolución AG/RES 2607 (XL-O/10)11. A través de dicha resolución se aprobó el texto de la Ley Modelo12 y se reafirmó la importancia de los informes anuales de la Relatoría Especial. Asimismo, en junio de 2011, la Asamblea General aprobó la resolución 2661 (XLI-O/11)13, que entre otros asuntos, encomienda a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para que continúe incluyendo en el informe anual de la CIDH un informe sobre la situación o estado del acceso a la información pública en la región y su efecto en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Los informes de la Relatoría Especial a los que se ha hecho mención, los cuales responden a los mandatos de la Asamblea General, se han concentrado en la fijación de los estándares normativos interamericanos sobre acceso a la información, sistematizando la doctrina y la jurisprudencia interamericana en la materia14.
En este informe de seguimiento la Relatoría Especial pone de presente los aspectos más importantes de la legislación de algunos de los Estados miembros en los cuales se han aprobado leyes de acceso o existen marcos jurídicos reflejados en disposiciones administrativas de carácter general. Siguiendo este criterio, en este informe se presenta un panorama del marco normativo del derecho al acceso a la información que ofrecen las normas especiales sobre la materia en Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Para elaborar este informe se tomaron como referencia los marcos normativos generales sobre acceso a la información, pero no las normas sobre otras materias, ni las disposiciones reglamentarias más específicas. En los Estados federales como México, Argentina, Estados Unidos y Canadá, sólo se analiza el marco jurídico que rige a nivel federal. En un segundo informe de actualización la Relatoría Especial incluirá otros Estados en los cuales se han adoptado recientemente reformas estructurales en la materia. También se hará el seguimiento a la implementación práctica de las leyes existentes. Finalmente, la Relatoría Especial hace notar que en este informe no se analiza la Ley General de Acceso a la Información Pública de Brasil, dado que fue recientemente sancionada, el 18 de noviembre de 2011, por parte de la presidenta Dilma Rousseff15. Sin embargo, una referencia a esta legislación y sus aspectos más importantes ha sido incluida en el Capítulo II del presente Informe Anual 2011.
En este sentido, es importante aclarar que el presente informe se limita a describir el contenido de la legislación de los Estados mencionados. La Relatoría Especial es consciente de que la puesta en práctica de estas leyes requiere políticas sistemáticas de implementación, y que en muchos casos algunos de los aspectos de las leyes no se implementan de manera eficiente, idónea o adecuada. En algunos casos, por ejemplo, las excepciones han sido interpretadas de forma particularmente abierta, o los recursos administrativos o judiciales no operan con la celeridad necesaria para garantizar de manera idónea el derecho. Sin embargo, antes de hacer un estudio sobre la adecuada implementación, parece necesario conocer los marcos jurídicos de cada uno de los Estados. En informes futuros, la Relatoría Especial se concentrará en los asuntos de implementación que requieren mayor atención.
Asimismo, en algunos Estados como México y Chile, la activa e importante actuación de los órganos de aplicación de la ley, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) o el Consejo para la Transparencia, respectivamente, le han dado vida y sentido a las disposiciones de las respectivas leyes, y han ajustado la práctica de las entidades Estatales a los más elevados estándares internacionales. Un estudio de la jurisprudencia de estos órganos resultaría de la mayor importancia para conocer las buenas prácticas en la materia. Este tema necesariamente hará parte de los informes que en materia de implementación deberá realizar en el futuro la Relatoría Especial.
La estructura del presente informe ha sido organizada de forma tal que se resumen los más importantes estándares normativos en materia de acceso a la información y luego se describe brevemente el marco jurídico de los distintos Estados analizados.
La Relatoría Especial espera que este informe pueda servir a los Estados y a la sociedad civil para conocer los distintos marcos normativos, reconocer las mejores prácticas legislativas y ajustar los marcos jurídicos existentes a los más altos estándares en la materia. Asimismo espera que el documento sirva para impulsar las mejores leyes, en los Estados que aún no han aprobado marcos jurídicos para defender el derecho de acceso a la información.

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