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Timestamp: 2019-02-16 03:59:01+00:00

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AUTO 2013-00857 DE 14 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:DETERMINACIÓN DE ESTAMPILLAS NO PUEDE EXIGIR LIQUIDACIÓN DE AFORO. SE REITERA QUE COMO NO EXISTE LA OBLIGACIÓN FORMAL DE DECLARAR LAS ESTAMPILLAS, LA DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ESTE TRIBUTO NO PUEDE APLICAR EL PROCEDIMIENTO PREVIO PREVISTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE AFORO. ADEMÁS SE EXPLICA QUE DICHA LIQUIDACIÓN ES EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN, PARA SUPLIR LA FALTA DE DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE TENGA TAL OBLIGACIÓN. DE ESE MODO, SI NO HAY OBLIGACIÓN DE DECLARAR NO PUEDE EXIGIRSE ESA LIQUIDACIÓN NI EL EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, MUNICIPIO, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTO, IMPUESTO DE TIMBRE, RECURSO DE APELACIÓN, LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO
Auto 2013-00857/21582 de mayo 14 de 2015
Rad.: 680012331000-2013-00857-01 (21582)
Asunto: Revoca la providencia apelada - niega la solicitud de suspensión provisional
1.1.1. Conforme con lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, esta jurisdicción podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.
1.1.3. Sobre el particular, esta corporación ha precisado que la nueva regulación de la suspensión provisional establecida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescinde de la “manifiesta infracción” exigida en la antigua legislación, y “presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”(1). Esta es una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que ello habilita al juez para realizar un estudio de una manera más amplia que la prevista en la legislación anterior(2).
Es decir, se amplió, “en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el juez de lo contencioso administrativo a la hora de definir sobre la procedencia” de la medida cautelar(3).
1.2. Ahora bien, conforme con los artículos 229 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial, con el artículo 231 ibídem, si se trata de la suspensión provisional, los únicos presupuestos materiales para su decreto son la violación de normas superiores y la prueba sumaria del perjuicio, si se busca el restablecimiento del derecho.
Otros requisitos como el fumus boni iuris o el periculum in mora o la ponderación de intereses públicos, etc., son propios de otros tipos de medidas cautelares, pero no, se repite, de la suspensión provisional.
2. Los actos administrativos suspendidos por el tribunal.
El Tribunal Administrativo de Santander suspendió de manera provisional los efectos de los siguientes actos administrativos:
La Resolución 1044 del 21 de junio de 2012, expedida por la secretaría de hacienda del municipio de Bucaramanga, mediante la cual se profirió “[l]iquidación oficial de aforo de los tributos de las estampillas de previsión social municipal, pro cultura y pro bienestar del adulto mayor”, a cargo de la sociedad Metrocinco Plus S.A., por el periodo comprendido “Desde octubre de 2010, hasta los periodos del año 2011”, por la suma total de $ 984.852.071,02, con ocasión del contrato de concesión uno para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte masivo, suscrito con la sociedad Metrolínea S.A.
La Resolución 762 del 18 de abril de 2013, por la cual se confirmó la anterior liquidación de aforo.
3. La obligación formal de declarar el tributo - estampilla
3.1. En lo que tiene que ver con el procedimiento tributario aplicable en el municipio de Bucaramanga, el artículo 250 del Acuerdo 44 de 2008 dispuso la remisión de los procedimientos al estatuto tributario nacional en los siguientes términos:
Conforme con esta norma y para el caso concreto, el municipio de Bucaramanga deberá aplicar los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional para los siguientes efectos: (i) administración, (ii) determinación, (iii) discusión, (iv) cobro, (v) devoluciones y (vi) régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos administrados por ese ente territorial y podrá (i) disminuir el monto de las sanciones y (ii) simplificar el término de la aplicación de los procedimientos antes citados.
3.2. Respecto de la regla que consagra que el procedimiento tributario nacional se aplique también como procedimiento tributario territorial, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1114 de 2003 expuso que “nada se opone a que el Congreso determine el procedimiento tributario a aplicar en tales entidades. Mucho más si con esa decisión se promueven mecanismos adecuados de recaudo y se facilitan condiciones equitativas para los administrados, circunstancias estas que optimizan el principio de eficiencia del tributo y que potencian la realización de uno de los derechos contenidos en el principio de autonomía de las entidades territoriales, cual es el de participar en las rentas nacionales”(4), porque la finalidad de esta norma es unificar a nivel nacional el régimen procedimental.
3.3. Entonces, si las entidades territoriales deben adecuar los procedimientos del orden nacional (E.T., Libro V) a los tributos territoriales, es claro que con el fin de determinar el tributo en su jurisdicción, dichos entes podrán practicar liquidaciones oficiales, en ejercicio de la facultad de fiscalización e investigación que le asiste a la administración, para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.
3.4. Esas liquidaciones oficiales se podrán expedir para (i) verificar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes respecto de los tributos del orden territorial o corregir los errores de las declaraciones privadas (v. gr. liquidación oficial de revisión y de corrección aritmética) o (ii) para suplir su falta adelantando, para tal fin, las investigaciones necesarias para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias en su jurisdicción, no declarados (v. gr. liquidación de aforo).
3.5. Sin embargo, el ejercicio de dicha potestad parte de una premisa indispensable: que exista el deber o la facultad de presentar una liquidación, lo que no ocurre en todos los casos de causación de los impuestos.
Eso explica, entonces, que la determinación oficial de los tributos a cargo de un contribuyente pueda hacerse, según el caso, mediante una liquidación de aforo propiamente dicha o de un acto administrativo que apunte a la misma finalidad, pero sin que pueda identificarse con aquella.
3.6. En la práctica, el cumplimiento de la regla de unificación a nivel nacional del régimen procedimental en materia tributaria tiene la dificultad que en la estructura de los procedimientos tributarios para la aplicación de los impuestos nacionales el punto de partida es la declaración, lo que no ocurre con todos los tributos del orden territorial: algunos son liquidados por la propia administración, como es el caso de las estampillas, en las que por su naturaleza, no es posible que el contribuyente presente una declaración, es decir, no existe la obligación formal o facultad de presentar la declaración privada por concepto de estampillas.
Esta conclusión la corrobora el artículo 272 del Acuerdo 44 de 2008, que prevé que los contribuyentes, responsables y agentes de retención en la fuente en el municipio de Bucaramanga deberán presentar las siguientes declaraciones tributarias: a) declaración anual del impuesto de industria y comercio servicios, avisos y tableros, b) declaración mensual de retención en la fuente de industria y comercio, c) declaración bimensual optativa de industria y comercio, d) declaración sugerida para los contribuyentes del sistema especial del impuesto de industria y comercio, e) declaración mensual de la sobretasa a la gasolina motor y f) declaración del impuesto de espectáculos públicos.
3.7. Por eso, la sociedad Metrocinco Plus S.A. no está obligada a cumplir con la obligación formal de declarar las estampillas a la previsión social municipal, pro cultura y pro bienestar del adulto mayor, en el municipio de Bucaramanga y por los periodos en discusión, porque tal deber formal no está dentro de los que son propios de este tipo de gravamen.
4. Como no existe la obligación formal de declarar las estampillas, en la determinación y liquidación de este tributo no es aplicable el procedimiento previo previsto para la liquidación de aforo.
Luego, no le asiste razón al tribunal al afirmar que con la expedición del acto administrativo denominado “Liquidación oficial de aforo”, el municipio de Bucaramanga inobservó el procedimiento establecido en los artículos 715 a 717 del estatuto tributario y 348 a 350 del Acuerdo 44 de 2008, que en su orden se refieren al emplazamiento previo por no declarar, a la consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento y a la liquidación de aforo, porque, se repite, la sociedad Metrocinco Plus S.A. no debía cumplir con la obligación formal de declarar; de manera que, técnicamente hablando, esta clase de liquidación —la de aforo—, que se expide para suplir la falta de declaración por parte del contribuyente, siempre y cuando esté obligado a hacerlo, no puede configurarse en el caso concreto.
Sin embargo, aclara la Sala que esta circunstancia no implica la inexistencia o invalidez de la decisión de la administración, mediante la cual se determinó de manera oficial la obligación sustancial con cargo a la parte actora, independientemente que se le haya denominado liquidación de aforo.
Lo cierto es que el acto de determinación del tributo es de carácter administrativo, manifestación de la facultad de fiscalización de la administración, en el que se determina el tributo a cargo del contribuyente, máxime, si se tiene en cuenta que es el contenido del acto y los efectos que genera, el aspecto primordial a tener en cuenta en el presente asunto, más que su denominación.
Por lo anterior, no es acertado concluir que los actos administrativos enjuiciados desconocieron el procedimiento previo a la liquidación de aforo, previsto en las normas del orden local y nacional y, menos aún, que se haya generado un perjuicio irremediable a la sociedad actora, como lo sostuvo el tribunal.
Adicionalmente, observa la Sala que la parte demandante afirma que al acto de determinación del tributo le antecedió un acto previo que la administración denominó oficio persuasivo, que no se aporta en esta actuación, pero que debe obrar en los antecedentes administrativos; por lo tanto, tendrá que ser analizado en la sentencia, para determinar si con su expedición se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste al contribuyente.
En este orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple con los presupuestos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos demandados; en consecuencia, se impone revocar la providencia apelada.
1. REVÓCASE la providencia del 18 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de las resoluciones 1044 del 21 de junio de 2012 y 762 del 18 de abril de 2013, expedidas por la secretaría de hacienda del municipio de Bucaramanga.
En su lugar, NIÉGASE la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados.
(1) Cfr. Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Exp. 2012-00290-00.
(2) Cfr. Sección Cuarta, auto del 29 de enero de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 2012-00057-00 (19798).
(3) Cfr, Sala Plena, auto del 17 de marzo de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Exp. 2014-03799-00.

References: artículo 238
 artículo 231
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 250
 artículo 272
 artículo 231