Source: http://hispadata.blogspot.com/2014/09/
Timestamp: 2017-06-23 08:40:35+00:00

Document:
A LAS PRUEBAS ME REMITO: septiembre 2014
Desde la óptica estrictamente jurídica, la suspensión de la Ley Catalana de
Consultas y el Decreto de Convocatoria, estaba cantada. Tras el recurso de la
Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional ayer, se limitó a aplicar el
artículo 161.2 de la Constitución y en base a la misma, suspende cuantos actos
o resoluciones hayan podido dictarse así como las restantes actuaciones de
preparación para la convocatoria de dicha consulta y vinculadas a ella. Punto
final. Ha prevalecido el Estado de Derecho y por tanto no hay vuelta de hoja.
En lo que tengo muchas dudas es si además del Estado de Derecho, se ha
aplicado el Estado de la Política. Y digo esto porque la extraordinaria
velocidad del Tribunal Constitucional para resolver, sólo puede entenderse
desde un prisma claramente político. Me sorprende que al igual que siempre se haber
mantenido impasible ante urgencias políticas, ahora resuelva en sólo unas
horas. Entre tanto que mantiene una lentitud exasperante en actuaciones que
afectan a los ciudadanos como son la inconstitucionalidad de la ley de tasas
judiciales, o la inconstitucionalidad de recortes, o los cuatro años que tardó
en pronunciarse sobre el propio Estatuto de Autonomía Catalán, ahora resuelve
sólo en unas horas.
Me sorprende también que la resolución del Tribunal decrete una suspensión
genérica, tanto retroactiva como prospectiva. Tengo la impresión que los
miembros del Tribunal han pretendido dejar un claro “aviso” a los dirigentes
catalanes, al suspender no sólo la ley de consultas y el decreto de
convocatoria, sino también “los actos preparatorios, vinculados y similares”.
Con esta decisión el Tribunal no tiene en cuenta que cada acto administrativo
tiene su tiempo y por seguridad jurídica existen mecanismos de impugnación
concreta para cada uno de los actos. Creo que resumen que por razones políticas
trata de cerrar las puertas a estos actos, antes incluso de que se produzcan.
Concluyo diciendo que no se precisa de amplios conocimientos jurídicos ni
de dotes adivinatorias para saber que el Tribunal, en su momento estimará la
inconstitucionalidad de las resoluciones catalanas que ayer ha suspendido. No
obstante esto, lo que también tengo más que claro, es que la “política” ha
actuado en el Gobierno del Estado, en la Generalitat catalana, en el Consejo de
Estado y en el propio Tribunal Constitucional. Se ha montado un circo político
que probablemente terminará su función en el momento en que se llegue a una
salida negociada del conflicto creado por el Sr. Mas y estoy convencido de que
esa salida será aceptada por el presidente catalán, para evitar que caiga sobre
sus espaldas la estimación del recurso de inconstitucionalidad de sus
A mi juicio, la credibilidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada,
desde el momento que hoy se mueve a toda velocidad por razones políticas, entre
tanto tarda años para resolver cuestiones estrictamente jurídicas que afectan a
EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administraciones Públicas se están convirtiendo en el enemigo contra el que el
ciudadano tiene que coger el escudo y la espada para defenderse.
Con cierta habitualidad, leo
en los medios de comunicación informaciones relativas a incumplimientos de la
legislación vigente por parte de las administraciones públicas. Yo mismo vengo
escribiendo de modo crítico sobre esta prepotencia administrativa, ya que no
puedo soportar que la administración haga de su capa un sayo, incumpliendo la
ley como les venga en gana y en sentido contrario agreda a los ciudadanos con toda
clase de exigencias burocráticas, plazos improrrogables, penalizaciones y sanciones administrativas de todo tipo.
Hace unos días leía en los diarios, y yo escribía, sobre los
retrasos en las prestaciones del salario social que llegaban a casi dos años,
aun cuando el Principado de Asturias, por ley, estaba obligado a resolver el
tres meses. Leía también los manifiestos incumplimientos de la Ley de
Dependencia al ser vulnerados sistemáticamente los derechos de los
dependientes. Ahora leo que los autónomos que trabajan para la Administración,
tardan en cobrar sus facturas más de cien días aun cuando hay una ley que obliga
a que paguen en un plazo no superior a treinta días. Leo también que el Ayuntamiento de Oviedo no
cumple la Ley de Seguridad Vial en cuanto a la normativa de señalización de la
zona azul y que pinta las zonas de aparcamiento con los colores que algún iluminado
propone, porque de lo que se trata es de recaudar más y mejor por las multas de
tráfico. Leo asimismo que en el
Principado de Asturias se adjudican el 65% de las licitaciones, invitando a
empresas amigas, sin someterlas a concurso público.
Esto es indignante. No hay
derecho. En vez de estar al servicio del ciudadano, las Administraciones
Públicas se están convirtiendo en el enemigo contra el que el ciudadano tiene
que coger el escudo y la espada para defenderse. Un día te llega la Agencia Tributaria,
te hace una declaración paralela y te reclama 24,55€. Gastas tiempo el
recopilar documentación, haces un escrito de recurso, lo presentas en el
registro porque entiendes que esta reclamación no es conforme y erre que erre,
la agencia dicta resolución y decreta que la deuda tributaria es de 24,55€ y
que has de pagarla en el plazo de 20 días so pena de incurrir en vía de
apremio. Vas, pagas esa cantidad para
que no te apliquen los recargos de apremio y formulas reclamación al Tribunal
Económico Administrativo que termina dándote la razón, estimando tu pretensión
y declarando que no hay deuda tributaria. En sentido contrario, haces la declaración de la renta que te da un
resultado a devolver. Se pasan todos los plazos y no se produce la devolución. Vas
al mostrador de la Agencia a reclamar y te dice el funcionario, anda, se nos ha
traspapelado. No se preocupe que ahora ponemos esto en marcha para que se lo
devuelvan. Han pasado tres meses pero esa devolución no se ha producido.
Otro día llega La Administración del
Principado y te dice que has de pagar 3000€ por hacerte la acometida al
colector de saneamiento de la casina de fin de semana que tienes en el pueblo.
¿Cómo? ¡¡no puede ser!! Yo ya llevo un montón de años pagando un canon de
saneamiento, destinado precisamente a que me hagan esto. He estado pagando por
un servicio que no tenía. Pues nada, nueva batalla de alegaciones, recursos y
tribunales para terminar resolviéndose: Sr contribuyente usted no tiene que
pagar nada por esto. ¡¡coño!! pero si entre abogado y Procurador he tenido que
pagar 2.000€. En sentido contrario, tienes a tu madre inválida, solicitas la
ayuda por dependencia que una Ley te concedes, pasan dos años y sigues
esperando. Igual cuando llegue aprobada la ayuda, tu pobre madre ya habrá
Y para rematar, después te llega el
Ayuntamiento y te pone una multa de 200€ y retirada de 4 puntos del carnet de
conducir, porque te has pasado un semáforo en rojo. Ala, otra vez, alegaciones
por aquí y por alla, el Ayuntamiento erre que erre y, con todo el cabreo del
mundo llegas al Juzgado de lo Contencioso. Este te da la razón, ganas y se
declara la sanción nula. Pero claro, has tenido que pagar 100€ de tasas
judiciales que ya no te serán devueltas y además los honorarios del abogado que
te llevó el asunto. Estos no son cuentos que me invento. Son
situaciones reales que he vivido y vivo, al igual que lo viven multitud de
ciudadanos todos los días. Son situaciones que vas afrontando, enfrentándote
además con la apatía de unos funcionarios, probablemente cabreados por sus
congelaciones salariales o por su falta de estímulos, que, cuanto te acercas al
mostrador, te despachan rápidamente diciéndote: Lo siento.. no trae usted el
modelo –x- cumplimentado. Cumpliméntelo y vuelva otro día y ala a esperar cola
otra vez. Es indignante que, víctima de la voracidad recaudatoria de las
administraciones, estés obligado a pagar puntualmente impuestos, tasas,
sanciones, etc. so pena de que si se te pasen los plazos e incurras en vía de
apremio con los correspondientes recargos y en sentido contrario las
Administraciones incumplan todo, no respeten los plazos, hagan de su capa un
sayo y aquí no pasa nada.
Claro, las Administraciones saben que el
ciudadano de a pie no va a recurrir a los Tribunales, porque además de una
justicia lenta, anquilosada y politizada, va a tener que pagar unas tasas
judiciales y unos honorarios de Abogado y Procurador que harán económicamente
inviable la reclamación. Por tanto, blindadas por esa impotencia del
administrado, decretan, exigen e imponen al ciudadano unas reglas del juego que
ellos mismos incumplen de modo manifiesto todos los días. Su prepotencia
administrativa es desbordante. Lamentable.
Sr. Gallardón: Como usted sabe
mejor que nadie, su gestión al frente del Ministerio de Justicia, cada vez está
más cuestionada. Hasta sus propios compañeros lo están criticando. Lo critican
los Jueces, lo critican los secretarios judiciales, lo critican los abogados y
procuradores y lo critican los ciudadanos de a pie, que hemos visto como con
sus desafortunadas reformas, tenemos cada más difícil obtener una tutela
Empezó usted con una Ley de Tasas
Judiciales que ha apartado de la justicia a los ciudadanos con menos recursos.
Esta Ley ha provocado que muchos jueces plantearan cuestiones de
constitucionalidad y ahora, por lo que sé, el Tribunal Constitucional, movido por el fuerte rechazo social que existe,
se está moviendo para resolver lo más pronto posible sobre la
inconstitucionalidad de esta desastrosa Ley que el Gobierno aprobó a finales de
2012. Sus desatinos prosiguieron con el intento de modificar la Demarcación y
Planta Judicial, que si bien podría ser aceptable en Madrid donde hay buenas
comunicaciones, es totalmente rechazable en las zonas más despobladas. Siguió
con la Ley de Justicia Gratuita que va a provocar serios perjuicios a los
ciudadanos, además de deteriorar un servicio público prestado por los Colegios
de Abogados. Continuó con la privatización del Registro Civil para ponerlo en
manos de los Registradores de la Propiedad, algo que a todas luces podría
beneficiar a esos Registradores, pero que volvería a perjudicar a los
ciudadanos, porque, que yo sepa, los Registradores no van a trabajar gratis y
alguien les tendrá que pagar sus servicios. Siguió con la Ley de Servicios
Profesionales de nefastas consecuencias. En definitiva, todas sus reformas
legislativas y los parches puestos desde su ministerio, sin consultar con Jueces,
Fiscales, Secretarios, Abogados Procuradores, e incluso ciudadanos, nos han llevado a un manifiesto alejamiento
de la administración de justicia para los ciudadanos.
Para impedir el presumible
agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las reformas
introducidas, como de los proyectos en marcha, de modo inmediato usted tiene
que abandonar el cargo para dar paso a otro Ministro que derogue de inmediato
la Ley de Tasas si es que antes no lo hace el Tribunal Constitucional, que
reforme en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial que adecúe la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita y que de una vez por todas aplique la Carta de los
Derechos de los Ciudadanos aprobada por todos los partidos políticos en el año
2002. Ya que usted no lo ha hecho, se
necesita a otra persona que de modo decidido busque un pacto de estado que
lleve a resolver el gran problema de las deficiencias organizativas del sistema
judicial, dotándolo de todos los medios personales y materiales que necesita.
Y, Sr. Gallardón, por si esto
fuera poco, probablemente ahora, con la paralización de la reforma de la Ley
del Aborto, seguro que por motivos electorales, sus propios compañeros en el
Consejo de Ministros, ya le habrán puesto la puntilla definitiva. Así que Sr.
Gallardón, en beneficio de la justicia y por ende de los ciudadanos, deje ya de
amagar mareando la perdiz, para ver si se va a no se va, y lárguese a su casa
Cuando un niño ha sido
educado en la cultura del esfuerzo, habrá estudiado, habrá colaborado con sus padres en las tareas
o cargas familiares, habrá ganado las cosas a pulso y al final probablemente
habrá entrado en el mundo laboral, con las habilidades necesarias para trabajar
con esfuerzo y para acatar las decisiones de su jefe. Por el contrario, cuando
un niño se ha desarrollado sobreprotegido por sus padres, dándole todo lo que él
quiere, lo normal es que llegue a la madurez con la mentalidad de “tengo
derecho”, ignorará los esfuerzos de sus padres, no habrá adquirido la
experiencia del esfuerzo para conseguir las cosas y no habrá alcanzado las
habilidades necesarias para enfrentarse al trabajo remunerado y a un jefe que
va a mandar sobre él. En ambas hipótesis, sin
lugar a duda, cuando los dos niños sean adultos, aunque tengan treinta años o más,
los padres tratarán de ayudarlos si tienen problemas para encontrar un trabajo
y ganarse la vida. El dilema es si verdaderamente vamos a estar ante un
supuesto del joven que pese a sus esfuerzos no encuentra trabajo y por ello
“necesita de ayuda”, o si por el contrario nos encontramos ante un caso de
“parasitismo social”, como ocurre con harta frecuencia.
Hay jóvenes, habitualmente
encasillados en la cultura del no esfuerzo, que ante la negativa de sus padres a seguir
proporcionándoles ayuda, consideran que tiene derecho a exigir y recurren a los
Tribunales para pedir lo que legalmente se llama “prestar alimentos”. Veamos cómo
se las apañan esos Tribunales para resolver el conflicto.
Hay una doctrina que emana
de una sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Marzo de 2001 y que dice que una
persona que haya finalizado estudios universitarios, con buena salud y de unos
30 años de edad, no va a tener derecho a alimentos, ya que es un claro caso de
“parasitismo social”. Es cierto que en 2001 había una sociedad moderna, con
oportunidades y con posibilidades de empleo, mientras que ahora nos encontramos
en una profunda crisis económica y con unas altas tasas de desempleo donde un
título universitario no da garantía de encontrar un trabajo. Ahora,
hace aun poco tiempo, el día 4 de Julio, la Audiencia Provincial de La Coruña
ha dictado una sentencia, en la que, aun aceptando la doctrina del parasitismo,
establece la obligación del padre, de seguir abonando alimentos a su hija mayor
de 30 años, al no encontrar esta un trabajo estable que le permita la
independencia económica. Esta sentencia, aun cuando reconoce y acata la
doctrina del Tribunal Supremo sobre el “parasitismo social”, se pronuncia
concediendo el derecho a alimentos, dada la nueva situación económica y de
desempleo que hoy tenemos y que en el 2001 no había, puesto que la hija no tuvo
posibilidad concreta de encontrar un trabajo que le permitiese una
independencia económica, ya que las remuneraciones obtenidas por trabajos
esporádicos que tenía, no eran suficientes para su autonomía. La doctrina
jurisprudencial ha venido estableciendo sistemáticamente que «para que cese la
obligación de prestación alimenticia, es preciso que el ejercicio de una
profesión, oficio o industria sea una posibilidad concreta y eficaz según las
circunstancias, no una mera capacidad subjetiva». Por desgracia, son conocidos por todos,
los casos de matrimonios más o menos jóvenes, con hijos pequeños, que se ven
obligados a recogerse en casa de sus padres o abuelos, y a su costa, por
hallarse en desempleo, no poder pagar la hipoteca, etcétera. O los jóvenes que
se había independizado y tienen que volver a casa de sus padres porque ya no
ganan para pagar un alquiler. La situación de los padres ya jubilados, que
tienen que acoger a hijos y nietos, viviendo todos de la pensión de aquellos,
no solo ha sido objeto de múltiples espacios en los medios de comunicación,
sino incluso de anuncios publicitarios. En todos estos casos, evidentemente
surge la solidaridad familiar, nadie cuestiona la necesidad de ayudar y los
Tribunales no tienen que intervenir.
El gran problema es cuando uno de esos
jóvenes, normalmente educados en la cultura del no esfuerzo, considera que
“tiene derecho” y recurre presto a los Tribunales a exigir ese derecho, como ha
ocurrido en la sentencia dictada en ese Juzgado de la Coruña. Yo no voy a
cuestionar la decisión judicial. Lo que si cuestiono es si ese Juez tuvo ante
si alguna prueba del comportamiento social de la chica que reclamaba, para
determinar si había parasitismo social o no. Por lo que he leído, esa chica
terminó la carrera con 30 años de edad, lo que me da lugar a entender que muy
aplicada con sus estudios no debió de ser. ¿Se investigó sobre sus actividades
para encontrar un empleo? ¿se investigó sobre su vida social?. ¿se investigó
sobre el tipo de móvil que tenía y los costos del mismo? Ya sé que estas son
informaciones muy difíciles de conseguir y si se consiguen pueden ser tachadas
de subjetividad, porque lógicamente, si se interroga a alguna de sus amigas
sobre las copas que tomaban por la noche, probablemente la respuesta sería que
nunca salían, e igual daría que sus padres manifestaran supuestamente, que siempre llegaba a casa a
He aquí por tanto el gran dilema
¿Cuándo estamos ante un supuesto del hijo que necesita ayuda y que el padre,
mírese por donde se mire, está obligado a ayudar? O ¿Cuándo estamos ante el
supuesto de un parásito social que no le gusta mucho trabajar y que exige ayuda
a sus padres?. Yo resolvería este dilema
diciendo: El que en verdad necesita ayuda, no va a recurrir a los Tribunales.
El parásito social si lo hará. Igual me equivoco.
Ayer, moviéndome por
Facebook, me encontré con uno de los muchos mensajes que circulan por la red
social y que decía “Para qué compras en
las grandes superficies y das beneficios a empresas multinacionales, de las que
no sabes quienes son sus dueños, ni dónde están. Compra en las tiendas de tu
barrio y así ayudarás a los autónomos que tienes al lado de tu casa.” ¡Caramba!
reflexionando sobre esto, sin hacer ninguna valoración de a quien iban los
beneficios de mis compras, me di cuenta de que en mi casa, se seguía al pie de
la letra esta recomendación, ya que para las compras domésticas, recurrimos de
modo habitual a las tiendas de al lado, donde conseguimos casi todo lo que
necesitamos para nuestra intendencia diaria. Resulta cómodo, tienes un servicio
personalizado, te tratan realmente bien y hasta son tus amigos. Para las compras habituales
de carne, charcutería, vino, productos de limpieza o higiene, te bajas a Riodi
donde te atienden con gran esmero, pulcritud y servicio. Dado que ya conocen
tus gustos y preferencias, hasta te aconsejan sobre determinados productos que
les acaban de llegar y que te pueden interesar. Además, aunque sean pocos los
productos que te llevas, te facilitan la labor subiéndote a casa las bolsas de
la compra. Si lo que necesitas es pescado, pues nada, te vas un poco más allá a
ver a María la joyera (digo joyera porque en vez de pescado, lo que vende son
joyas pisciformes) y le compras esa merluza que te encargó tu mujer, bueno, o
terminas desobedeciendo a tu mujer y sales de allí con ese pez que te miró mal
en el expositor y viendo la mirada cómplice de María le dijiste, pónmelo.
Además, para que no esperes, le dejas el encargo, te va limpiando o cortando el
pez, te vas a hacer tus cosas y a la vuelta a casa, ya recoges la bolsa y te la
Y para todo lo demás te vas al Trampolín. Quiero
comentar especialmente y quizá con mucho énfasis, lo que pasa en esta tiendina
que yo suelo llamar “la casa de socorro”, porque probablemente, aunque sus
dueños ni tan siquiera sean conscientes de ello, están practicando un márketing
comercial digno de ser estudiado en las escuelas de negocios. El Trampolín era
una tiendina pequeñita, situada al lado de un cine, que vendía chuches. De
pronto el cine cerró y esto obligó a que los dueños de modo urgente a dar un
giro radical a su negocio y llegaron a lo que hoy es. Sus dueños Chelo y Jovino,
son unas personas buenas donde las haya, muy trabajadoras y muy singulares.
Frecuentemente, cuando están atendiendo a los clientes, riñen entre ellos y
consiguen que nosotros los clientes entremos en el conflicto y mediemos en
favor de Chelo si la cliente es una mujer, o a favor de Jovino si el cliente es
un hombre. (se hacen notar. Gran regla del márketing). Cuando paso por delante
paseando a mi perra, hago un gesto y digo: “Una especial de la casa” y cuando
vuelvo del paseo entro y ya tengo una chapata preparada con el grado de cocción
que a mí me gusta. Si quiero un periódico o una revista, allí la tengo. Si las
tiendas ya están cerradas y necesito una botella de leche, de aceite o unos
ajos, allí los tengo. Si quiero unos huevos de aldea, allí me los consiguen. Si
quiero unas patatas de buena calidad, ellos me las proporcionan. Si quiero
fruta, allí tengo la mejor. Una empanada para ir de excursión, un croissant
para desayunar, allí hay. Desde las 8 de la mañana hasta casi las 11 de la
noche, allí están al pie del cañón. Y si faltara poco, aplican,
probablemente también sin saberlo, una de las máximas del marketing que es “la
fidelización del cliente”. Adoran las mascotas y todos los perros del barrio
pasan por allí en busca del trozo de empanada o de cualquier otra cosa que
Chelo y Jovino les dan. Si pasas con un niño, sale de allí con una chuche. Y
ojo que un niño o un perro van a tener preferencia frente a cualquier cliente
(el cliente que espere que pa eso ye de la casa). ¿qué más se puede pedir?
En resumen, aunque los
productos puedan ser algo más caros, porque en esas tiendas de barrio no te vas
a encontrar con las ofertas de las grandes superficies, al menos a mí me
interesa pagar ese sobreprecio, por la comodidad y la calidad del servicio que
recibo en ellas. Y además, de paso, contribuyo a que esas personas autónomas
que trabajan mucho y muy duro, puedan ganarse la vida, porque además, en
definitiva estos negocios son las que contribuyen a sustentar nuestra economía. Publicado por
joven senegalés se enfrenta a una pena de dos años de prisión por vender CDs en
Probablemente, cualquier
lector que me conozca, dirá que no puedo ser imparcial en estos temas, debido a
las actividades que realizo en la fundación Cauce ayudando entre otros, a senegaleses. No obstante, deseo dar mi opinión sobre lo
que está pasando con estas gentes, que llegan a Asturias en busca de trabajo y
de una vida mejor, pero que después de siete u ocho años entre nosotros,
malviviendo y ganándose la vida como pueden, terminan siendo deportados y en el
peor de los casos condenados a prisión, por vender CDs piratas, algo que
constituye un delito contra la propiedad intelectual, tras la última reforma
del Código Penal. Después de algunos años
tratando con senegaleses, me he formado una clara opinión sobre ellos: Son
gentes educadas, bien aseadas, trabajadoras y muy solidarias. (No he conocido a
ninguno que, a excepción de la venta de copias de CD, consideradas delito en
algunos casos, hayan cometido delitos de cualquier naturaleza). No vienen
buscando limosna ni ayudas sociales, ya que son orgullosos y quieren ganarse la
vida trabajando. Cuando vienen a pedirnos ayuda para encontrar un trabajo, al
ver su calamitoso estado físico, les ofrecemos un lote de alimentos. ¿Sabe
amigo lector lo que suelen decirnos?: “No, gracias, déselo a otro que lo necesite
más que yo”. Antes encontraban empleo en la construcción y trabajaban duro,
pero la crisis del ladrillo hizo que perdieran el empleo. Hoy en día, la gran
mayoría, como tienen habilidades para ello, suelen dedicarse a la venta
ambulante en los bares, en la calle (top manta) o en los mercados. ¿Hacen daño o molestan a
alguien? Parece ser que sí. De un año a esta parte, el Gobierno español llegó a
algún inconfesable acuerdo con el Gobierno senegalés y como consecuencia del
mismo, más o menos cada dos meses, se pasan instrucciones a la Comisaría de
Policía para que proceda a la detención de un cupo de senegaleses que han de
ser enviados al aeropuerto de Barajas para llenar un avión y proceder a su
deportación masiva. Se calcula que en este último año han sido deportados 5000
senegaleses por el simple delito de “no tener papeles”. ¡¡Qué casualidad!! Con
nosotros, en Asturias, conviven
empadronados más de cuatro mil sin papeles de múltiples nacionalidades y
algunos de ellos imputados por determinados delitos, pero hete aquí que la
Policía, para repatriar, a los que busca es a los senegaleses, no a otros,
aunque estén imputados por algo. Como
consecuencia de estas deportaciones selectivas, se ha dado un grotesco caso que
conozco, en el que detienen a un chico que convivía aquí con su mujer e hijo de
dos años. Al ser detenido, pasa aviso a su mujer y esta rápidamente se persona
en la Comisaría para que también la deporten a ella y a su hija de dos años, ya
que sin el marido ella no hacía nada aquí. ¿Resultado final de esta detención?:
El marido deportado y la mujer con su hijo pequeño aquí, abandonada a su
suerte. Ella tampoco tenía papeles,
pero, claro, el cupo ya se había llenado y no cabían más en el avión. Bah, es una simple cuestión administrativa. Y ante
los procedimientos administrativos, para qué hablar de problemas solidarios.
Ahora, entre tanto se fleta
otro avión para la deportación masiva, sigue la caza del senegalés pero con
otros procedimientos. En el pasado mes de Abril, mi amigo Talla, es detenido en
un bar tratando de vender el lote de CDs que habitualmente portan los
senegaleses y que previamente tuvo que comprar a una organización mafiosa. La
Policía levanta atestado, lo pone a disposición judicial y se le abren
diligencias previas. Talla interpone recurso de reforma para que el asunto
fuese declarado falta, pero la Audiencia Provincial resuelve diciendo que en
virtud del informe emitido por la “Asociación de Gestión de los derechos
intelectuales, AGEDI” el proceso debe seguir adelante, no como falta si no como
delito. Resultado final: Talla es imputado y mañana deberá de comparecer el en
Juzgado, en calidad de imputado por un delito contra la propiedad intelectual.
Confío en que, bien
defendido por la Letrada que ha designado, el Magistrado que tenga que
resolver, acogiéndose a la abundante jurisprudencia existente, entienda que no
hay infracción penal alguna, dada la escasísima entidad del teórico perjuicio
que Talla ha causado a los titulares de esos derechos de autor, llamados en este
caso AGEDI, y por la escasísima magnitud del beneficio obtenido (50 céntimos en
cada CD vendido). Si uno de los principios básicos de la rama punitiva del
derecho, es el principio de la intervención mínima del derecho penal, por qué el Ministerio del Interior se empeña
en criminalizar este tipo de ventas. Por qué colapsamos los Juzgados con este
tipo de cosas y en sentido contrario, dejamos que todas las tramas de
corrupción sigan impunes y sin que ninguno de esos ladrones políticos y de
guante blanco que han robado el dinero de los ciudadanos, ni tan siquiera entren
en prisión. Ante flagrantes delitos, ni tan siquiera la Fiscalía solicita la
aplicación de medidas cautelares. Por el contrario sí que está presto para
acusar y condenar a un pobre senegalés que vende CDs piratas.
Que nadie me malinterprete,
que yo no estoy defendiendo la venta de copias falsas, que lo que estoy
denunciando aquí es que si lo que se están vendiendo son copias de películas en
su mayor parte americanas, que AGEDI persiga a las tramas organizadas que
duplican burdamente estas películas y que se forran vendiéndoselas después a
los senegaleses, o que vayan a la vía administrativa a defender sus derechos
sobre la propiedad intelectual. Pero caramba, si la copia falsa vendida es de
una película americana, por ejemplo de la Metro, por qué AGEDI tiene que acusar
a un senegalés, si sus socios son españoles y nada tienen que ver con los que
rodaron la película en América. En definitiva, por qué malgastamos dineros
públicos colapsando a los Juzgados penales para que dictaminen si esas ventas
son delito o simplemente son un medio de subsistencia. Por qué no utilizamos a
la Policía para perseguir a esas mafias organizadas que copian los CDs y que
son las que realmente se lucran. Por qué no despenalizar las ventas de estas
pobres gentes, y hacer que esas poderosas organizaciones que defienden los
derechos de autor, vayan a la vía administrativa para defender sus derechos.
Caramba para eso han luchado y han conseguido la Ley Sinde.
Concluyo diciendo que, aun
cuando critico abiertamente los atentados contra la propiedad intelectual que
es algo que ha de respetarse, considero que vender esas burdas falsificaciones
de películas copiadas en un CD, provoca un escasísimo perjuicio a los titulares
de los derechos de autor, que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera
son españoles (por tanto ni AGEDA, ni ASGAE ni sociedades parecidas tendrían
legitimidad para exigir perjuicios) y considero también que dan a los
senegaleses un escasísimo beneficio, y tienen que subsistir malamente con estas
ventas, en vez de pedir limosna, algo que a todas luces debería de ser excluido
de las penas que actualmente prevé el artículo 270 del Código Penal, que
debería de ser modificado. Publicado por
NOS ESTAMOS OLVIDANDO DE LOS ARTICULOS 154 Y 155 DEL CODIGO CIVIL.
En el diario El Comercio de ayer leía la noticia de
que un vecino de Avilés se enfrentaba a once meses de cárcel por dar un bofetón
a su hijo menor. Hoy leo que la Magistrada ha dictado sentencia in voce,
absolviendo a ese ciudadano. No voy a
entrar en la valoración de lo que ha ocurrido en ese procedimiento judicial y
si la acusación del Ministerio Fiscal estaba fundada en derecho o no. Lo que si voy a entrar es en la valoración de
si tanta permisividad y tanta sobreprotección de los niños, no nos va a llevar
a una generación de jóvenes maleducados, desobedientes y en algunos casos
violentos con sus padres, como a veces se lee en las noticias.
Antes, cuando un niño se encabritaba
porque no quería lentejas, sus padres lo forzaban a tomarlas. Lo habitual era
que el niño se quedaba sin comer y las lentejas se le guardaban para que las
tomara a la cena o a la comida del día siguiente. Ahora ya no pasa esto. El
niño dice ¡no! y tras fracasar el intento de los padres para convencerlo de que
las lentejas son buenas, le retiran el plato, le fríen un filetito y aquí no
Antes, cuando un niño llegaba a casa y
decía que el profe le había dado una reprimenda o lo había castigado, los
padres le lanzaban una reprimenda aun mayor, porque el profe tenía razón.
Ahora, si el niño llega a casa y dice que lo han castigado, inmediatamente sus
padres lo cogen de la mano y se van al colegio a pillar al desalmado profesor
para ponerle las peras al cuarto.Antes, cuando un niño se pasaba de la
raya, le dabas un pescozón y aquí no pasó nada. Ahora, los padres tienen que
tener mucho cuidado no vaya a ser que el niño decida denunciarlos al defensor
del menor.Antes, los jóvenes menores de 18 años,
eran menores con todas las consecuencias y por ello, permanecían bajo la
potestad de sus padres. Ahora ya pueden practicar el sexo cuando les venga en
gana, pueden abortar, o pueden adquirir la píldora del día después, que no pasa
Pero claro, si los padres ahora actuaran
como se actuaba en mi época, seguro que se nos tacharía de retrógrados, de
carcas, de dictadores. Ahora son los propios gobernantes los que presumiendo de
progresía, quieren permitir que las niñas aborten sin permiso, que adquieran la
píldora incluso sin receta, que pasen de curso aunque tengan un montón de
asignaturas pendientes, y que en definitiva los niños sean intocables. Y claro,
Ante esta situación, creo que más que
nunca, se impone que pasemos revista a nuestro Código Civil en lo que se
refiere a la rúbrica de las relaciones paterno-filiales. Sus
preceptos están plenamente vigentes, y deberíamos de recordarlos para evitar
tanto desajuste y tanta falacia. Y más aún para recordar algunos políticos, que tener una Ley que permita el aborto de las
menores sin el consentimiento de los padres, va frontalmente en contra de
El artículo 154, nos dice: Los hijos no
emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad
se ejercerá siempre en beneficio de los hijos de acuerdo con su personalidad, y
1. Velar por ellos, tenerlos en su
compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2. Representarlos y administrar sus
Si los hijos tuvieren suficiente juicio
deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los
padres podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos.
El artículo 155 nos dice: Los hijos
deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su
potestad y respetarles siempre. Contribuir equitativamente,
según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras
convivan con ella.
Se trata de dos artículos que hablan
meridianamente claro. Son los padres los que tienen el derecho y el deber de
educarlos y darles una formación integral. Los padres tienen el derecho de
corregir a sus hijos y ese pescozón dado a tiempo, entra abiertamente en el
ámbito de esa corrección moderada. Los hijos tienen la obligación de obedecer y
de respetarles y esto evidentemente va en contra de un aborto sin
consentimiento paterno. En este caso la reforma actual hace obligatoria “la
participación de los titulares de la patria potestad”, ya sean padres o
tutores, para dar el consentimiento informado y libre. Probablemente, si los ciudadanos y mejor aún
los gobernantes, tuviéremos presentes estos preceptos del Código Civil, las
cosas hoy serían muy diferentes. Y en todo caso, si pese a todo, quieren seguir
adelante con esas políticas de total permisividad, que tengan el valor de
afrontar la reforma del Código Civil. A ver si se atreven.
¿Tengo derecho a decidir? Yo no he nacido
por mi propia decisión, sino por el acuerdo de mis padres que decidieron
engendrarme. Cuando estoy en casa quiero decidir, pero resulta que mi mujer
también quiere hacerlo y entonces, buscando la paz familiar, discutimos,
pactamos y llegamos a una decisión consensuada. Tengo dos hijos y ellos también
quieren decidir, discuten, no se ponen de acuerdo entre ellos y menos aun con
mi mujer y conmigo. Nuevamente se impone la necesidad de discutir y llegar a
acuerdos consensuados entre todos.
Además de todo esto vivo en una casa donde
hay muchos vecinos y cada cierto tiempo nos reunimos en la Comunidad de
Propietarios. Y, claro yo quiero decidir una cosa, pero si la mayoría no está
de acuerdo, tengo que acatar esa decisión. Si desde estas células familiares y
vecinales, pasamos al Ayuntamiento, a la Provincia, a la Comunidad Autónoma, al
Estado, a la Comunidad Europea... mi derecho a decidir queda integrado en el
derecho a la representación que doy con mi voto en las correspondiente
¿qué está ocurriendo entonces?. Que yo
tengo derecho a decidir y que por tanto me gustaría decidir los impuestos que
voy a pagar, o la educación que quiero, o el tipo de servicios públicos que
espero, las leyes que a mi me interesaría promulgar, etc. Pero, el gran
problema es que mi derecho a decidir tiene límites, condiciones y reglas
democráticas (mi derecho termina donde empieza el derecho de la persona que
tengo en frente). Y además de todo esto, como libre y voluntariamente he votado
y he dado un derecho de representación, tengo que atenerme a las reglas
Dicho esto, deseo hacer alusión a lo que
propone Artur Mas y que consiste en el derecho a decidir del pueblo catalán,
sin límites ni condiciones. Imaginemos que hipotéticamente el pueblo catalán
decidiera apartarse del estado español para incorporarse como estado autónomo,
a la Comunidad Europea. ¿no creen Vdes. que lo que estará haciendo entonces, es
enajenar su derecho a decidir, para trasladarlo al derecho de decisión que
corresponde a Bruselas?.
Porque claro, me imagino que dentro de ese
derecho de decisión estará el acatar las Directivas Comunitarias, o las
decisiones del Banco Central Europeo, o en definitiva todas las decisiones que
se adopten en el Parlamento Europeo. O, estoy yo equivocado y lo que el el Sr.
Mas pretende, es dar la espalda a las decisiones comunitarias y fijar a su
libre albedrío, por ejemplo el precio del petróleo, o las políticas agrícolas y
pesqueras, o el mercado eléctrico, o los tipos de interés del Banco Central
Europeo, etc.etc. porque para eso no es necesario integrarse en Europa.
Tal y como lo veo yo, lo que pretende el
Sr.Mas, es decidir el futuro del pueblo catalán, en soledad, sin ningún tipo de
interferencia externa, y dando la espalda al 50% o mas de la sociedad catalana
que está pagando sus impuestos en los territorios históricos y que también
quiere decidir, pero quiere hacerlo junto con otros ciudadanos españoles que
viven en Asturias, en Aragón, en Castilla, o en Castalapaya de Arriba.
Tengo la sensación que lo que pretende el
nacionalismo es que se reconozca que solo ellos son el pueblo catalán y que
cuando alcancen el derecho a decidir van a ser magnánimos y comprensivos con los
otros ciudadanos que quieren su futuro unido al de otros ciudadanos españoles.
Y para ello, hasta nos van a dejar hablar español, pero eso sí, en la escuela
obligatorio parlar catala. Resulta evidente que, el derecho a decidir que se
persigue, implica impedir, recortar y condicionar la libertad de otros, y esto
a todas luces no es justo. ¿por qué de una vez por todas, en vez de
tanto hablar del derecho a decidir, empezamos a hablar del derecho que tenemos
todos los ciudadanos a una convivencia pacífica, a que se respete el derecho a
ser y a pensar de modo diferente, a pactar y a negociar democráticamente?.
Concluyo diciendo, mi derecho a decidir
termina donde empieza el derecho a decidir de la persona que tengo en frente.
Otra cosa sería imponer mi derecho al de otros.
plataforma de afectados por las preferentes estudia la posibilidad de demandar
a Liberbank por despilfarrar recursos públicos.
Hace ya un tiempo, he venido
leyendo noticias relativas a las actitudes que Liberbank estaba manteniendo con
sus clientes afectados por el ya superconocido escándalo de las
preferentes. De modo sintético, en una
de esas noticias se decía que esta entidad “se recapitaliza utilizando a los
afectados por el fraude de las preferentes y las subordinadas, continuando el
expolio a decenas de miles de ahorradores”. Liberbank pretendía canjear los
productos tóxicos que las Cajas de Ahorro que la integran, habían comercializado
de modo fraudulento. En otra noticia se decía literalmente que “Cajastur hizo
la emisión más grande de productos tóxicos dentro de todas las Cajas integradas
en Liberbank”. Bajo un supuesto “plan de fidelización” la entidad les animaba a
que desistieran de su derecho a una demanda judicial, a cambio de mantener sus
títulos durante dos años, sin garantías de recuperar su dinero en efectivo. La
última de las noticias que leí decía “Caja Cantabria, cinco engaños
consecutivos para sus clientes”. Los afectados por las preferentes ya han
iniciado las demandas judiciales para defender sus derechos. Cuando empezaron a dictarse
reiteradas sentencias condenando a entidades por la comercialización
fraudulenta de estos productos, muchas cajas y bancos implicados en la
comercialización, se movieron para buscar transacciones amistosas con sus
clientes que evitaran litigios judiciales. Pero, Liberbank no hizo nada, miró
para otro lado y provocó que los afectados empezaran a formular demandas ante
los Tribunales de modo masivo.
que ya empiezan a notificarse sentencias de estas demandas formuladas.
Concretamente en estos últimos días en Santander se han dictado cinco
sentencias que condenan a devolver del orden de 130.000€ por participaciones
preferentes comercializadas por Caja Cantabria. Son las primeras. Los
diferentes fallos aprecian manifiesta temeridad en la actitud de la Caja que
pese a los intentos de conciliación previa, no se allanó a las demandas y no
intentó ningún acuerdo amistoso que evitara el proceso, sabiendo como sabía que
había reiterada jurisprudencia que declaraba nulos de pleno derecho estos
contratos. Concretamente, una de las
resoluciones, en sus fundamentos aprecia “causa torpe” ya que las tres clientes
afectadas, ni siquiera suscribieron, consintieron a conocieron la contratación
de sus preferentes. Recoge la sentencia que fue Caja Cantabria quien las
adquirió “unilateralmente” cargando su compra en la cuenta corriente de las
afectadas, sin ni tan siquiera comunicárselo, utilizando para ello, de “forma
irregular y no autorizada” de un contrato de gestión de valores suscrito muchos
años antes de la fecha de compra de estas participaciones. Considera el juzgador que la Caja se aprovechó
de la confianza que en ella tenían sus clientas y “suplantó su consentimiento”
para suscribir con el dinero que tenían en un depósito a plazo fijo, un
producto de alto riesgo del que sólo se beneficiaba la Caja. En todas las sentencias, por causas como no
tener experiencia financiera, estar aquejado de una enfermedad degenerativa,
ser analfabeto o causas parecidas, Caja
Cantabria resultó condenada a devolver el dinero con el interés legal devengado
desde la suscripción del producto, además de imponerle las costas causadas en
A la vista de estas primeras
sentencias a las que seguirán otras muchas, no alcanzo a entender qué intereses
puede haber el Liberbank para que no pegue un giro radical a su política y
empiece a perseguir transacciones amistosas con los perjudicados que hayan
reclamado o vayan a reclamar. He leído que la Plataforma de Afectados por las
Preferentes, está estudiando la posibilidad de demandar a Liberbank, por
despilfarrar recursos públicos al hacer caso omiso a la reiterada
jurisprudencia que existe.
Yo, sin dudar, animo a
cualquier afectado, a que se lance y presente una querella contra los
dirigentes de Liberbank, ya que sabiendo como saben que van a ser condenados,
malgastan de modo negligente o incluso doloso, los escasos recursos de una maltrecha
Administración de Justicia, a la que se le resta el tiempo que emplea para dar
coscorrones a la contumacia de Liberbank. Juegan también con el sufrimiento de
sus antiguos clientes, que se ven obligados a ir al Juzgado y a esperar un año
para que un Juez termine dándoles la razón, como no puede ser de otro modo.
Toda una tomadora de pelo tanto para los afectados, como incluso para los
ciudadanos a los que se les está hurtando la posibilidad de tener una
administración de justicia más rápida.
Reacciones: MIRA LO QUE LE PASA A ESTA CHICA
Como veo que cada día son mas los vídeos virales que se comparten en la red, y que los usuarios de Facebook pasan por alto el peligro que representan, vuelvo a reproducir lo que ya he escrito hace mas de seis meses para ver si al menos consigo concienciar a alguno de mis amigos.
Supongo que cualquier usuario de la red social, en un momento u otro se habrá encontrado en su muro con el aviso de que un amigo ha compartido un enlace a un vídeo. Yo hoy he recibido uno con la foto sugerente de la chica de la foto y con una indicación: Si eres hombre mira esto y si eres mujer nunca hagas esto. Otro también con una foto sugerente dice: Pone una cámara oculta a su mujer y mira lo que pasa.
Pues cuidado, porque atraído por algo tan sugerente o morboso, vas a intentar ver ese vídeo y al hacer clik en el enlace, se te va a pedir que lo compartas en tu muro de Facebook para verlo.
Como somos de gatillo fácil con el ratón, no leeremos nada, nos lanzaremos a tratar de verlo y lo que estaremos haciendo es el juego a una empresa sin escrúpulos que nos manejará como conejillos de indias para sus agresivas campañas de márketing viral. En el caso de este vídeo de hoy, si antes de compartir hubiéramos visto la letra pequeña que como está tan escondida casi ni se ve, habríamos descubierto que al hacer clik "estaremos aceptando el uso de galletas o cookies que permitirán proporcionar referencias y datos personales, así como marcas web beacons (archivos electrónicos gráficos) que permitirán contabilizar los accesos a diferentes sitios. Igualmente aceptará páginas, promociones, micrositios, tiendas virtuales, encuestas, patrocinadores, publicistas y servicios comerciales en conjunto con otros servicios compartidos propios o de terceros que recibirán la información que este sitio les podrá revelar de toda la información proporcionada por usted. Nosotros estudiaremos las preferencias de nuestros usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico y otras informaciones de conjunto para comprender mejor a quienes nos visitan y qué necesitan. Este rastro de las preferencias nos ayudará a enviarle a Vd. los avisos publicitarios mas relevantes".
Así que, amigo mio, cuidado con el clik rápido. No nos movamos por anzuelos de vídeos morbosos o sensacionalistas, seamos prudentes, sopesemos las decisiones y no nos tiremos a una piscina que no va a tener agua.... Insisto en la prudencia.
ESTAMOS ANTE UN CLARO DETERIORO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La fragilidad de
la justicia ante los ciudadanos, cada vez es mayor. Se está generando una clara
pérdida de derechos constitucionales, cuales son la tutela judicial efectiva o
el derecho a una justicia gratuita. Correlativamente, se está produciendo un
empeoramiento en las condiciones de los abogados que prestan sus servicios en
el turno de oficio y una importante degradación de los medios personales y
materiales puestos al servicio de la administración de justicia. La Ley de Tasas
Judiciales, que aparta de la justicia a los ciudadanos con menos recursos, la
modificación de la Demarcación y Planta Judicial, la Ley de Justicia Gratuita
que va a provocar serios perjuicios para los ciudadanos, además de deteriorar
un servicio público prestado por los Colegios de Abogados, la privatización del
Registro Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la imposición de costas en
los procedimientos Contencioso-Administrativos, o la Ley de Servicios
Profesionales, son reformas legislativas que van a provocar un alejamiento aun
mayor de la administración de justicia para los ciudadanos, que no van a ser iguales
ante la ley, por cuanto que su acceso quedará más limitado para los ciudadanos
tenemos que hablar, aun a riesgo de ser injusto con muchos jueces o fiscales,
de la manifiesta politización de la Justicia. Hay clara politización desde el
momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (órgano que controla el
funcionamiento de los Tribunales), hay un número de jueces elegidos por los
partidos políticos, en razón a su afinidad política o ideológica. Si bien es
cierto que hay muchos jueces que mantienen su neutralidad política, también es
cierto que en los altos puestos de la judicatura, se están colocando jueces
sistema injusto que genera una sólida protección para personas que ostentan el
poder político e incluso económico, de la que no gozamos todos los demás
ciudadanos. Este sistema, permite que estas personas aforadas terminen con sus
procesos judiciales en Tribunales, donde el Consejo General del Poder Judicial
ha colocado a los Magistrados que les conviene. Es evidente que las reformas
judiciales realizadas en los últimos 25 años, han sido dirigidas a conseguir
una mayor politización tanto del Consejo General del Poder Judicial, como de la
contrario, los gobernantes tanto del PSOE como del PP, igual que han luchado y
luchan para alcanzar una mayor politización del sistema, han dejado a un lado la necesidad de
modernizar la administración de justicia, dotándola de más y mejores medios
tanto materiales como personales, con sistemas procesales más modernos e
informatizados. Han dejado a un lado también la necesidad de valorar el curriculum
de los jueces, magistrados y fiscales, no por su afinidad política o
ideológica, sino por el mérito, capacidad profesional e imparcialidad a la que
se hayan hecho acreedores en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Como ha dicho
recientemente el Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Viada, en un artículo
publicado en un medio de prensa nacional, “la justicia ha sido colonizada por
el poder político que ha conseguido que esta aparezca revestida de la respetabilidad
que confiere la intervención de unos pocos jueces y fiscales que tienen a ver
de manera natural los problemas jurídicos, de la misma manera que la ven
aquellos que los eligen”.
necesita una profunda transformación. Necesita un Pacto de Estado de todos los
partidos políticos para que mediante rigurosos análisis efectuados por quienes
conocen en profundidad el día a día de los Tribunales, desde el Tribunal
Supremo hasta el más modesto Juzgado de Paz, se dejen a un lado definitivamente
todos esos parches, iniciativas absurdas carentes de rigor, se deje a un lado
la injerencia política que recorta y en muchos casos impide el acceso de los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucionalmente
reconocido. Ya basta de palabrería
política hueca. Los políticos tienen que reconocer que así no se puede seguir,
que la administración de justicia es un desastre, que los procedimientos
judiciales son arcaicos, que la lentitud es exasperante, que muchos edificios
judiciales se caen, que sus medios materiales son escasísimos.
A mi juicio, esa
profunda transformación, que la Justicia necesita de modo urgente, ha de pasar
por un Pacto de Estado entre los partidos políticos, para que, oyendo a jueces,
fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y
usuarios, se inicien los procesos de reforma. Este pacto de estado ha de
recoger la independencia de los jueces y del Consejo General del Poder
Judicial, así como una Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.
presumible agravamiento de la situación, tanto por la ineficacia de las
reformas acometidas como de los proyectos en marcha, de modo inmediato, entre
otras muchas cosas, como objetivo prioritario debería de derogarse la Ley de
Tasas que de modo manifiesto ha establecido una justicia para ricos y otra para
pobres, impidiendo a muchos ciudadanos el acceso a la misma. Debería de
reformarse en profundidad la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debería de
adecuarse la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Debería de resolverse de una vez por todas el
problema de las deficiencias organizativas del sistema judicial eliminando las
sobrecargas de trabajo de los juzgados. Debería por último mejorarse el servicio a los justiciables, aplicando
la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los
partidos políticos el 16 de Abril de 2002.
regional viene hablando con cierta frecuencia de las listas de espera para
percibir el salario social. En unas informaciones se habla de la trampa
burocrática de esta prestación, en el Comercio se recogen opiniones de ONGs y
de algún diputado de Foro. Todo lo que se dice y muchas cosas más, yo lo
sé de primera mano, porque es uno de los caballos de batalla con los que
peleamos en la asesoría jurídica que algunos voluntarios realizamos en la
Fundación Cauce.
ha de decirse que el Principado de Asturias promulgó la Ley 4/2005 de
Salario Social Básico, que tiene como objeto desarrollar el derecho
fundamental de la persona a los recursos y prestaciones suficientes para vivir
de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000,
que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama el
reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos
suficientes. El salario social se concibe mediante esta
Ley, como una prestación económica periódica que garantiza, a las
personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas, el complemento de sus ingresos hasta unos límites que en cada caso son
calculados según el tamaño de la unidad económica de convivencia independiente.
estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo
a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio
después de haber presentado su solicitud, aun no hayan percibido la prestación
a la que son acreedores. Como excusa los Consejeros y los políticos de
turno, dicen que no tienen un buen programa informático (desde hace mucho
tiempo tienen presupuestado uno nuevo en 125.000€), que tienen pocos
recursos humanos, que el trámite administrativo es muy complicado, que tras el
caso Marea los controles administrativos son mayores, etc.etc.
señores políticos, qué quieren que les diga, a mí al menos no me pueden engañar
con todas esas absurdas justificaciones. Se trata sólo de que tengan auténtica
voluntad política para hacer que esos pobres ciudadanos totalmente desamparados
puedan cobrar lo más pronto posible esa ayuda que tanto necesitan y que una Ley
les concede, o al menos que como máximo la cobren el el plazo de los tres
meses que la misma Ley establece.
que no tienen personal, ¿por qué no trasladan a algunos de esos muchos
enchufados que tienen colocados en ese montón de empresas públicas que apenas
tienen actividad?. Si dicen que tienen muchos controles administrativos, ¿por
qué no controlan a los sindicatos UGT o CCOO para que les justifiquen los
dineros que han recibido de la Administración del Principado cuando saben
claramente que los están destinando a otros fines distintos para los que se los
dieron?. Si dicen que no tienen dinero para crear un buen programa informático
¿qué han hecho con las partidas presupuestarias que tenían previstas para el?.
Señores políticos asturianos de todo tipo y condición, si verdaderamente
tuvieran un poco de sensibilidad, en modo alguno podrían permitir que haya un
gran número de ciudadanos inmersos en la pobreza más absoluta, sin ningún tipo
de ingresos, con hijos menores a su cargo y que como único recurso tienen el de
ir a las ONGs a pedir esa ayuda básica que las administraciones públicas les
niegan con cualquier tipo de excusas. Si tuvieren un poco ya no digo de sensibilidad,
sino de dignidad, por qué en vez de dedicarse a defender sus prebendas y sus
privilegios, no se dedican a presionar para que esta Ley del Salario Social se
cumpla en toda su extensión..
Probablemente ahora ustedes estarán iniciando sus actividades políticas tras
unas agradables vacaciones que seguro necesitarían para descansar, agotados por
su gran actividad política, pero, entre tanto, otros muchos ciudadanos
están esperando a que Vdes hagan algo para cobrar ese salario social que tienen
solicitado desde hace mucho más de un año y que por su pasividad y dejación de
funciones, no van a poner tener. Y como consecuencia de eso sólo podrán contar,
si es que pueden, con el paquete de lentejas que les haya dado alguna ONG, para
Qué pena....Ustedes quejándose del estrés postvacacional y los demandantes del
salario social, con todo su estrés y frustración por no tener trabajo y no
poder llevarse nada a la boca, que se espabilen y se arreglen como puedan.... Su
pasividad es lamentable, por no aplicar otro calificativo más duro que sí se lo

References: artículo 161
 resolución 
 resolución 
 artículo 270
 artículo 154
 artículo 155