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Timestamp: 2019-04-21 22:58:13+00:00

Document:
Registro Oficial. 18 de SEPTIEMBRE del 2003
Jueves, 18 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 172
\n FUNCIÓN\n LEGISLATIVA
24-160	Proyecto de Ley de Protección\n de los Migrantes Ecuatorianos y sus Familiares.
24-161	Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley General de Puertos y la Ley Reformatoria a la Ley de\n Régimen Administrativo Portuario Reformada
-\n Protocolo entre la República del Ecuador y el Gran Ducado de Luxemburgo\n relativo al Proyecto "Rehabilitación y Equipamiento\n de 30 Dispensarios de Salud" Sante/Ecu-007.
-\n Protocolo entre la República del Ecuador y el Gran Ducado de Luxemburgo\n relativo al Proyecto "Cadena de Frío" EQU/003.
493\n Autorízase\n la realización del evento denominado: "174 Feria\n Internacional de Loja 2003", en las instalaciones del Complejo\n Ferial "Ciudad de Loja", ubicado en la ciudad de Loja,\n del 4 al 21 de septiembre de 2003.
05-2003	Francisco Cayo Pallo y otra\n en contra de la Cooperativa de Vivienda "Agrupación\n Sector 9"
60-2003	Víctor Manuel Quimbita\n y otro en contra de Gregorio Gonzalo Choez
74-2003\n Ingeniero Víctor\n Guillermo López Freire en contra de Cables Eléctricos\n Ecuatorianos CABLEC S.A.
154-2003 Máximo Preciado Méndez\n y otros en contra de Melki Ojeda Ojeda
165-2003\n TRECORPSA en\n contra de Marco Aníbal Adriano Miranda y otra.
170-2003 Ingeniero Diego Cordero Díaz\n y otros en contra de la Compañía Inmobiliaria Heimbach\n Guerrero Cía. Ltda.
171-2003 Mónica Jeaneth Acosta\n Vaca en contra de Martha Alicia Pomasqui Ayala.
172-2003\n Fondo Nacional\n de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de\n Finanzas y Crédito Público (FINANFONDO) en contra\n del Vicariato Apostólico de Esmeraldas dicho plazo, si\n las mercancías no han sido reexportadas o nacionalizadas\n serán declaradas en abandono por parte del Gerente Distrital\n de Aduana de Guayaquil
173-2003\n Fidel Nocano-\n Orozco Agurto y otra e contra de Mariana de Jesús Barrera\n Chiriboga..
174-2003\n Jaime Ernesto\n Gudiño Fierro en contra e Susana del Pilar Gordillo Velásquez
175-2003\n Pedro Caisaguano\n Vega y otra en contra de Javier Tipán y otra.
177-2003 Miguel Urbano Arias Durán\n y otra e contra de los herederos presuntos desconocidos de Digna\n Susana Ordóñez Carrión de Toral.
178-2003\n Centro Agrícola\n Cantonal del Cantó Sucúa en contra de Ricardo Rubio\n López y otros.
180-2003\n Miguel Ángel\n Peñafiel Herrera y otra en contra de José Roberto\n Jerves Viri y otra.
181-2003\n Napoleón\n Ramiro Tipán Paucar en contra de la Cooperativa de Transporte\n "Quito Luz de América"..
183-2003\n Aníbal\n Jovito Ortega Guerra en contra d Luis Alfonso Argoti Solarte\n y otra.
184-2003\n José\n Agnelio Mendoza Solano en contra d Julio Antonio Santos Cabrera.
256-98-RA Que las partes estén\n a lo dispuesto en la resolución dictada por el Pleno de\n este Tribunal el 25 de agosto de 1998 en el caso No 256-98-RA
0655-2002-RA Revócase la resolución\n venida ci grado y deséchase la acción de ampare\n propuesta por el ingeniero Pedro Zambrano Zambrano
001-2003-01 Dictaminase que no existe inconstitucionalidad\n alguna en la Ley Reformatoria a la Ley del Instituto de Crédito\n Educativo y Becas.
0025-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n propuesta por el señor Henry Francisco Álvarez\n Vargas.
0118-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y acéptase el amparo solicitado por la\n doctora Irma Violeta Vargas Gutiérrez
0170-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y concédese la acción de amparo\n constitucional planteada por la Lcda. María Sulay Morales\n Bosmediano
0176-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n Lcdo. Marcelo Santiago Sánchez Albarracín y otros..
0210-2003-RA\n Confirmase la\n resolución del Tribu-nal de instancia y niégase\n el amparo solicitado por el Dr. Julio César Amores Robalino \n \n
NOMBRE:	"DE PROTECCIÓN DE\n LOS MIGRANTES ECUATORIANOS Y SUS FAMILIARES.".
CÓDIGO:	24-160.
AUSPICIO:	H. ANTONIO POSSO SALGADO.
\n INGRESO:	26-08-2003.
\n A COMISIÓN:	09-09-2003.
A más del respaldo legal que consta en la Declaración\n Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional\n de Derechos Civiles y Políticos (1966), en sus artículos\n 13 y 12, respectivamente, todos los estados firmantes de la\n declaración y protocolo, asumieron y tienen la obligación\n de adecuar los términos legales necesarios, para que estos\n derechos no queden únicamente en el papel, en la declaración\n oficial, sino que sean en la práctica, respetados y ejercidos.
Existe la necesidad urgente de políticas de Estado\n para proteger a nuestros connacionales fuera de las fronteras.\n Es obligación del Congreso Nacional, en el ámbito\n de su competencia, expedir los instrumentos jurídicos\n que viabilicen el pleno ejercicio de los derechos humanos de\n todos los ecuatorianos.
Se reconoce la gravedad del problema, tanto en los países\n de tránsito, como en los países de destino; los\n migrantes ecuatorianos están en problemas de vulnerabilidad\n extrema que afecta a su estado físico, psicológico\n y su identidad cultural. La marginación, la clandestinización\n de la población migrante, la negación de sus derechos\n fundamentales, los vuelven más débiles y sujetos\n al abuso en el trabajo privado.
NOMBRE:	"REFORMATORIA A LA LEY\n GENERAL DE PUERTOS Y LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN\n ADMINIS-TRATIVO PORTUARIO REFORMADA.".
CÓDIGO:	24-161.
AUSPICIO:	H.H. RAFAEL ERAZO, LUIS VILLACÍS.
\n INGRESO: 26-08-2003.
Es deber del Estado impulsar mediante la descentralización\n y desconcentración, el desarrollo armónico del\n país, el fortalecimiento de la participación ciudadana\n en las entidades seccionales autónomas, por consiguiente\n el gobierno transferirá progresivamente funciones, atribuciones,\n competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales.
Para desarrollar los puertos en la actualidad, es necesario\n que los directorios de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Manta,\n Guayaquil y Puerto Bolívar, estén integrados por\n los municipios de las ciudades donde se encuentran ubicados dichos\n puertos, cuanto más si dichos organismos seccionales son\n los planificadores de la ciudad, por donde circulan las mercancías\n y productos que se importan y exportan.
En las diferentes jurisdicciones de puertos se encuentran\n constituidas asociaciones pesqueras artesanales e industriales,\n debiendo por tanto ser partícipe de las políticas\n que se dictan en las entidades de administración portuaria\n del país.
Protocolo entre la República del Ecuador y el Gran\n Ducado de Luxemburgo relativo al Proyecto "Rehabilitación\n y Equipamiento de 30 Dispensarios de Salud" Sante/Ecu-007
El Gobierno de la República del Ecuador, representado\n por, S.E. Mentór Villagómez, Embajador extraordinario\n y plenipotenciario, de una parte; y,
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, representado por,\n señor Charles GOERENS, Ministro de Cooperación\n y Acción Humanitaria, de otra parte,
Visto el Acuerdo General de Cooperación entre la República\n del Ecuador y el Gran Ducado de Luxemburgo, firmado en Luxemburgo\n el 10 de mayo de 1994,
El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n del Gran Ducado de Luxemburgo, se comprometen a colaborar en\n miras a la realización de un proyecto de desarrollo en\n el sector de la salud, tal como se describe en el documento de\n proyecto "SANTE/ECU-007 Rehabilitación y Equipamiento\n de 30 dispensarios de salud" que forma parte integral del\n presente Protocolo.
El Gobierno de la República del Ecuador designa al\n Ministerio de Salud para ejecutar las obligaciones que incumben\n al Gobierno de la República del Ecuador por la aplicación\n del presente Protocolo.
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo otorga mandato a\n su Misión de Cooperación en Quito para ejecutar\n las obligaciones correspondientes al Gobierno del Gran Ducado\n de Luxemburgo que se derivan de la aplicación del presente\n Protocolo.
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo se compromete a\n financiar el presente proyecto de cooperación mediante\n un aporte financiero máximo de 1'050.000,- (Un millón\n cincuenta mil) dólares americanos.
El Gobierno de la República del Ecuador participa al\n presente proyecto de cooperación con el apoyo logístico\n durante la ejecución del proyecto y con la asignación\n del personal médico a los respectivos dispensarios, garantizando\n el buen funcionamiento de los mismos.
El Gobierno de la República del Ecuador otorga exoneración\n de todo derecho e impuesto para la importación de los\n bienes necesarios para la realización de este proyecto,\n esto, conforme al artículo V del Acuerdo General de Cooperación\n firmado el 10 de mayo de 1994.
La realización del proyecto descrito en el artículo\n 1 se hace en el marco del Acuerdo General de Cooperación\n firmado el 10 de mayo de 1994. Las disposiciones de dicho acuerdo\n se aplican integralmente al proyecto al que se refiere el presente\n Protocolo.
Las partes podrán, si lo consideran necesario y justificado,\n realizar, de común acuerdo, modificaciones en la ubicación\n de los dispensarios de salud objetos del proyecto. Dichas modificaciones\n serán analizadas entre el Ministerio de Salud Pública,\n el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional\n -INECI-, y la Misión de Cooperación de Luxemburgo\n en Quito.
Todos los puntos no tratados en el presente Protocolo se ajustarán\n a los procedimientos definidos en el Acuerdo General de Cooperación\n mencionado en el artículo IV.
El presente Protocolo entrará en vigencia en la fecha\n de su firma y terminará en la fecha de la finalización\n del proyecto previsto en el artículo 1.
Firmado en Luxemburgo en cuatro ejemplares, dos ejemplares\n en idioma español y dos ejemplares en idioma francés,\n el día 26 de febrero de 2003.
f.) Mentór Villagómez, Embajador extraordinario\n y plenipotenciario.
f.) Charles Goerens, Ministro de Cooperación y Acción\n Humanitaria.
Quito, a 9 de junio de 2003.
Protocolo entre la República del Ecuador y el Gran\n Ducado de Luxemburgo relativo al Proyecto "Cadena de Frío"\n EQU/003
El Gobierno de la República del Ecuador, representado\n por S.E. Mentór Villagómez, Embajador extraordinario\n y plenipotenciario, de una parte; y,
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, representado por\n señor Charles GOERENS, Ministro de Cooperación\n y Acción Humanitaria, de otra parte,
El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n del Gran Ducado de Luxemburgo, se comprometen a colaborar en\n miras a la realización de un proyecto de desarrollo en\n el sector de la salud, tal como se describe en el documento de\n Proyecto "EQU/003 Cadena de Frío" que forma\n parte integral del presente Protocolo.
El Gobierno de la República del Ecuador designa al\n Ministerio de Salud Pública para ejecutar las obligaciones\n que incumben al Gobierno de la República del Ecuador por\n la aplicación del presente Protocolo. El PAl (Programa\n Ampliado de Inmunizaciones) es responsable de los aspectos operacionales.
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo otorga mandato a\n Lux-Development S.A. para ejecutar las obligaciones correspondientes\n al Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo que se derivan de la\n aplicación del presente Protocolo.
El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo se compromete a\n financiar el presente proyecto de cooperación mediante\n un aporte financiero máximo de 2'435.000,- (dos millones\n cuatro cientos treinta y cinco mil) Euros.
El Gobierno de la República del Ecuador participa al\n presente proyecto de cooperación con el apoyo logístico\n durante la ejecución del proyecto, tal como descrito en\n el documento de proyecto mencionado en el artículo 1.
El Gobierno de la República del Ecuador otorga exoneración\n de todo derecho e impuesto (IVA e ICE), para la importación\n de los bienes necesarios a la realización de este proyecto,\n esto, conforme al artículo V del Acuerdo General de Cooperación\n firmado el 10 de mayo de 1994, y exonera los contratos de servicios\n profesionales y suministros de todos los impuestos y tasas nacionales\n y municipales.
La realización del proyecto descrito en el artículo\n I se hace en el marco del Acuerdo General de Cooperación\n firmado el 10 de mayo de 1994. Las disposiciones de dicho acuerdo\n se aplican integralmente al proyecto al que se refiere el presente\n Protocolo.
Todos los puntos no tratados en el presente Protocolo se ajustarán\n a los procedimientos definidos en el Acuerdo General de Cooperación\n mencionado en el artículo anterior.
El presente Protocolo entrará en vigencia en la fecha\n de su firma y finaliza en la fecha de la finalización\n del proyecto previsto en el artículo 1.
Firmado en Luxemburgo en dos ejemplares, un ejemplar en idioma\n español y un ejemplar en idioma francés, el 26\n del mes de febrero del año 2003.
f.) Mentor Villagómez, Embajador extraordinario y plenipotenciario.
Quito; a 9 de junio de 2003.
Que mediante comunicación ingresada con hoja de trámite\n No. 03-054 19, suscrita por el señor Ing. Leonardo Rojas\n Morillo, Gerente del Comité de Ferias de Loja, solicita\n la autorización para que se declare Zona Primaria Aduanera\n a las instalaciones del Complejo Ferial "CIUDAD DE LOJA",\n ubicado en la ciudad de Loja, local donde se realizará\n la feria internacional denominada 174 FERIA INTERNACIONAL DE\n LOJA 2003, la misma que se llevará a cabo durante los\n días del 4 al 21 de septiembre de 2003;
Que para el efecto mediante oficio No. 2272-GGA-CAE-2003 del\n 29 de agosto de 2003, suscrito por el Econ. Marco Arias Rivadeneira,\n Gerente de Gestión Aduanera, remite el informe técnico\n de inspección física e informe previo correspondiente\n a la autorización de la 174 Feria Internacional de Loja\n 2003, constante en oficio No. 026/MAQ/2003 del 29 de agosto de\n 2003, elaborado por la Ing. Maria Luisa Álvarez Q., funcionaria\n de dicha unidad, mediante el cual se determina que el Complejo\n Ferial Ciudad de Loja, cumple con los requisitos para la autorización\n de funcionamiento como Lona Primaria Aduanera en razón\n de la feria denominada 174 Feria Internacional de Loja 2003;
En uso de la facultad determinada en el literal e) de la segunda\n disposición operativa del artículo 111 de la Ley\n Orgánica de Aduanas; y en virtud del informe jurídico\n constante en oficio No. 3685-2003-GAJ-CAE,
Art. 1.- Autorizar la realización del evento denominado:\n "114 FERIA INTERNACIONAL DE LOJA 2003", al amparo del\n régimen especial aduanero de ferias internacionales, a\n las instalaciones del Complejo Ferial "CIUDAD DE LOJA",\n ubicado en la ciudad de Loja, el mismo que se llevará\n a cabo durante los días del 4 al 21 de septiembre de 2003.
Art. 2.- De conformidad con lo establecido en los artículos\n 68 y 135 de la Ley Orgánica de Aduanas y de su Reglamento\n General respectivamente, declárese, como Zona Primaria\n Aduanera, sujeta a la potestad aduanera, a las instalaciones\n del Complejo Ferial "CIUDAD DE LOJA", ubicado en la\n ciudad de Loja, mientras dure el evento, de conformidad con las\n condiciones previstas en la presente resolución.
Art. 3.- Las mercancías a importarse con destino al\n recinto ferial, ingresarán al país bajo el régimen\n especial aduanero de ferias internacionales con suspensión\n del pago de tributos, debiendo para el efecto, venir manifestadas\n a este régimen, ser plenamente identificables y, además,\n constar con la leyenda "174 FERIA INTERNACIONAL DE LOJA\n 2003".
Art. 4.- En forma previa al despacho de las mercancías\n y aceptación del presente régimen especial por\n el Gerente Distrital de Aduana de Loia, las importaciones o exportaciones\n deberán satisfacer la tasa de control prevista para la\n importación temporal con reexportación en el mismo\n estado vigente a la fecha de presentación del servicio\n aduanero. Cuando las mercancías admitidas a la presente\n feria internacional, cuenten con el auspicio oficial de gobiernos\n extranjeros u organismos internacionales, siempre que dicho auspicio,\n sea certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no\n están sujetas al pago de la tasa de control, de conformidad\n con el Acuerdo Ministerial No. 268, publicado en el R.O. No.\n 221 de fecha 28 de junio de 1989.
Art. 5.- La Gerencia Distrital de Aduana de Loia, supervisará\n la realización de la feria, tendiente a comprobar y exigir\n el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias previstas\n en el articulo 135 del Reglamento a la Ley Orgánica de\n Aduanas.
Art. 6.- Corresponde al Gerente Distrital de Aduana de Loia,\n conceder la importación temporal con reexportación\n en el mismo estado de las mercancías con destino final\n a la feria en mención, cuyo plazo de permanencia será\n el de la duración del evento descrito en el artículo\n primero de la presente resolución, más quince días\n adicionales, después de finalizados los mismos, de conformidad\n con el articulo 136 del Reglamento de la Ley Orgánica\n de Aduanas en vigencia.
Las importaciones que se realicen dentro del plazo autorizado\n en el inciso anterior, deberán reexportarse o nacionalizarse,\n previo el cumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica\n de Aduanas y su reglamento. Las mercancías que no han\n sido nacionalizadas o reexportadas dentro de los plazos previstos,\n deberán ser puestas a órdenes del Gerente Distrital\n de Aduana de Loia o permanecer en el recinto ferial, bajo potestad\n de la autoridad aduanera con las debidas seguridades. Fenecido\n dicho plazo, si las mercancías no han sido reexportadas\n o nacionales serán declaradas en abandono por parte del\n Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil.
\n Art. 7.- Prohíbase al Gerente Distrital de Aduana de Loja,\n aceptar la declaración aduanera al régimen especial\n de ferias internacionales, respecto de mercancías que\n ingresen al país con posterioridad a los plazos fijados\n en el articulo primero de la presente resolución. Su incumplimiento\n ocasionará responsabilidades administrativas, de conformidad\n con las normas pertinentes determinadas en la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y Ley Orgánica de Aduanas\n y su reglamento vigente.
Art. 9.- De existir eventuales pérdidas, daños\n o extravíos de las mercancías importadas al amparo\n del presente régimen, por incumplimiento de lo establecido\n en la presente resolución, se fijará las responsabilidades\n administrativas civiles y/o penales a que diere lugar en contra\n de los representantes legales de la feria.
Art. 10.- Las muestras perecibles y artículos de propaganda\n promoción y decoración, tales como, afiches y productos\n de degustación, ingresarán al país bajo\n el régimen de consumo libre de tributos, siempre que sean\n muestras sin valor comercial y en cantidades no comerciales,\n las mismas que deberán ser aprobadas por el Gerente Distrital\n de Aduana de Loia.
Art. 12.. En caso de conflictos, los representantes legales\n y organizadores de la feria, se someterán, en lo administrativo,\n a las decisiones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n y, para las controversias por las infracciones constitutivas\n de delito aduanero, a las decisiones de los jueces competentes\n en esta materia.
Dado y firmado en Guayaquil, a 3 de septiembre de 2003.
f.) Crnl. EMC Guillermo Vásconez Hurtado, Gerente General,\n Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Corporación Aduanera Ecuatoriana.- Secretaria General.-
Certifico que es fiel copia de su original.- f.) Bernardita\n Abarca de Cabal, Secretaria General de la CAE.
N0 05-2003
ACTORES:	Francisco Cayo Pallo e Hilda\n Graciela Sánchez Correa.
DEMANDADOS:	Juan Eduardo Santana Poveda\n en su calidad de Gerente y representante legal y Quintiliano\n David Arboleda Cevallos en su calidad de Presidente de la Cooperativa\n de Vivienda "Agrupación Sector 9".
Quito, 21 de enero de 2003; a las 10h00.
VISTOS (220-2002): En el juicio ordinario que por nulidad\n de escritura ratificatoria sigue Francisco Cayo Pallo e Hilda\n Graciela Sánchez Correa contra Juan Eduardo Santana Poveda\n en su calidad de Gerente y representante legal, y Quintiliano\n David Arboleda Cevallos en su calidad de Presidente de la Cooperativa\n de Vivienda "Agrupación Sector 9", la parte\n actora interpone recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Cuarta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito,\n mediante la cual confirma la dictada por el Juez Cuarto de lo\n Civil de Pichincha que declara sin lugar la demanda. Radicada\n que ha sido la competencia en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley,\n para resolver, se considera: PRIMERO.- Respecto de los requisitos\n que obligatoriamente debe contener el escrito de interposición\n del recurso de casación el Art. 6 de la ley de la materia\n dispone: "1. Indicación de la sentencia o auto recurridos\n con individualización del proceso en que se dictó\n y las partes procesales; 2. Las normas de derecho que se estiman\n infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan\n omitido; 3. La determinación de las causales en que se\n funda; 4. Los fundamentos en que se apoya el recurso" SEGUNDO.-\n A fojas 103 del cuaderno de segundo nivel consta el escrito de\n interposición del recurso de casación, el mismo\n que no cumple debidamente con los requisitos obligatorios expuestos\n en el Art. 6 de la Ley de Casación, pues si bien los recurrentes\n basan su recurso en la causal primera del Art. 3 ibídem\n y nominan como infringidos los artículos 192 de la Constitución\n Política y 284 del Código de Procedimiento Civil,\n no individualizan con precisión el vicio recaído\n en las normas legales que consideran infringidas, al contrario,\n acusan, sobre la misma norma legal dos vicios aplicación\n indebida y falta de aplicación de las normas de Derecho...",\n tomando en cuenta que éstos por su naturaleza son excluyentes,\n ya que no pueden decir los recurrentes que hay indebida aplicación\n de una norma y al mismo tiempo que hay falta de aplicación,\n criterios diferentes y aún opuestos de violación\n de la ley sustancial, puesto que cada uno de ellos procede de\n fuentes distintas, conforme así se ha pronunciado la Sala\n en las resoluciones No. 243-02, publicada en el Registro Oficial\n No. 741 dé 9 de enero de 2003 y No. 246-02 del Registro\n Oficial No. 742 de 10 de enero de 2003.- Por tanto y sin ser\n necesaria otra consideración, la Tercera Sala de lo Civil\n y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso\n de casación.- Agréguense a los autos los escritos\n y anexo que anteceden.- Tómese en cuenta la autorización\n dada a los doctores Marco Terán, Silvia Canelos, Edwin\n Román y Roberto Moreno, así como los domicilios\n judiciales señalados por Francisco Cayo, Hilda Sánchez,\n Juan Santana, en su calidad de Gerente y representante legal\n y David Arboleda en su calidad de Presidente de la Cooperativa\n de Vivienda "Agrupación Sector 9". Además,\n téngase en consideración la nueva designación\n de Gerente de la Cooperativa "Agrupación Sector 9"\n en la persona de Juan Santana Poveda.- Notifíquese y devuélvase.
Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 21 de enero\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
Quito, 19 de mayo de 2003; a las 10h37.
VISTOS (220-2002): No han variado los argumentos legales que\n tuvo la Sala para rechazar el recurso de casación, por\n lo tanto se niega la petición de revocatoria solicitada\n por Hilda Graciela Sánchez Correa y Francisco Cayo Pallo.-\n Notifíquese.
Es fiel copia del original.- Certifico.- Quito, 19 de mayo\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
No 60-2003
ACTORES:	Víctor Manuel Quimbita\n y Dr. León P. Ortiz.
DEMANDADO:	Gregorio Gonzalo Chóez.
Quito, 27 de febrero de 2003; a las\n 11h22.
VISTOS (35-2003): En el juicio ordinario que por reivindicación\n sigue Víctor Manuel Quimbita y Dr. León P. Ortiz\n a Gregorio Gonzalo Chóez, la parte actora deduce recurso\n de hecho ante la negativa al recurso de casación que interpusiera\n de la sentencia pronunciada por la Corte Superior de Justicia\n de Esmeraldas, mediante la cual confirma la dictada por la Jueza\n Cuarta de lo Civil de Esmeraldas que rechaza la demanda. Radicada\n que ha sido la competencia en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley,\n para resolver, se considera: PRIMERO.- Respecto de los requisitos\n que obligatoriamente debe contener el escrito de interposición\n del recurso de casación, el Art. 6 de la ley de la materia\n dispone: "1. Indicación de la sentencia o auto recurridos\n con individualización del proceso en que se dictó\n y las partes procesales; 2. Las normas de derecho que se estiman\n infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan\n omitido; 3. La determinación de las causales en que se\n funda; 4. Los fundamentos en que se apoya el recurso.".\n SEGUNDO.- De fojas 40, 41 y 42 del cuaderno de segundo nivel\n consta el escrito de interposición del recurso de casación,\n el mismo que no cumple con todos los requisitos especificados\n en la ley de la materia, pues si bien el recurrente nomina como\n infringidos los artículos 953, 954, 955 y 957 y 959 del\n Código Civil, los Arts. 119, 120, 121, 168, 169, 211,\n 246, 247, 248 y 1067 del Código de Procedimiento y los\n Arts. 22, 23 numerales 3, 23, 26 y 27; 24 numerales 10, 13 y\n 17 y finalmente los Arts. 30, 192, 272 y 273 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, no concretan\n ni precisan con cuál de los vicios previstos en cada una\n de las causales y que para el efecto menciona la misma ley, ya\n que dado el carácter formal del recurso de casación\n era su obligación puntualizar no solo las normas legales\n que estiman han sido infringidas sino que deben también\n precisar respecto de cada norma la causal bajo la cual se ha\n producido la infracción de la ley y el vicio con el cual\n se ha incurrido en ella es decir por: aplicación indebida\n (1), falta de aplicación (2) o errónea interpretación\n (3), elementos que son necesarios para determinar en qué\n medida se ha infringido la ley. Por tanto la Tercera Sala de\n lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, rechaza\n el recurso de casación interpuesto por Víctor Manuel\n Quimbita y Dr. León P. Ortiz. Tómese en cuenta\n la autorización dada al Dr. Vicente Puente Egas y domicilio\n judicial señalado por el demandado.- Notifíquese\n y devuélvase.
Es fiel copia del original.- Certifico.- Quito, 27 de febrero\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
N0 74-2003
ACTOR:	Ing. Víctor Guillermo\n López Freire.
DEMANDADO:	Ing. Patricio Rodríguez\n Rojas, en su calidad de representante legal de Cables Eléctricos\n Ecuatorianos CABLEC S.A.
Quito, 17 de marzo de 2003; a las 10h01.
VISTOS (42-2003): En el juicio verbal sumario que por incumplimiento\n de contrato sigue el Ing. Víctor Guillermo López\n Freire al Ing. Patricio Rodríguez Rojas en su calidad\n de representante legal de Cables Eléctricos Ecuatorianos,\n CABLEC S.A., el actor deduce recurso de hecho ante la negativa\n del de casación que interpusiera contra el auto de nulidad\n pronunciado por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, mediante el cual confirma el dictado por el Juez\n Segundo de Inquilinato de Guayaquil que declara ". . . la\n nulidad de todo lo actuado desde fojas 08 . Radicada la competencia\n de la causa en la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la\n Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley, para resolver\n se considera: PRIMERO.- Es una característica del procedimiento\n de casación que tenga una fase previa en la cual se analiza\n la admisibilidad del recurso para dar trámite al mismo,\n luego de cuya fase se inicia el estudio de fondo; este procedimiento\n permite juzgar si el recurso reúne todos los requisitos\n indispensables para ser tratado, tal y como lo dispone el Art.\n 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación, publicada\n en el R.O. N0 39 de 8 de abril de 1997. SEGUNDO.- El Art. 2 de\n la Ley de Casación establece en su inciso primero: "Procedencia:\n El recurso de casación procede contra las sentencias y\n autos pues pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados\n por las cortes superiores, por los tribunales distritales de\n lo fiscal y delo contencioso Administrativo". A fojas 9\n del cuaderno de segundo nivel, consta que el recurrente interpone\n recurso de casación de un auto que "...confirma en\n todas sus partes el auto de nulidad apelado , situación\n jurídica que limita la procedencia de este recurso extraordinario,\n pues, la resolución que no tiene alcance definitivo, no\n es susceptible de casación. La doctrina extranjera, al\n respecto opina: "...Se ha declarado, por otra parte, que\n no es definitiva la resolución que pronuncia la nulidad\n de actuaciones porque la resolución que decide una cuestión\n vinculada con la nulidad de ciertas actuaciones no pone fin al\n pleito ni impide su prosecución;..." (El Recurso\n de Casación, Fernando de la Rúa, página\n 423). El Dr. Jorge Zavala Egas en su artículo "La\n Ley de Casación: principales postulados", publicado\n en el libro "La Casación Estudios sobre la Ley No.\n 27"- opina que la característica de final en cuanto\n al punto en discusión, aunque no definitivo, del auto\n de nulidad no resuelve el problema de fondo de la litis, condición\n esta última sine qua non para la procedencia del recurso\n extraordinario de casación. TERCERO.- El auto de nulidad\n no ataca al tema principal materia del juicio, sino que sus efectos\n alcanzan solamente a la parte procesal cuando los jueces han\n observado que se han omitido determinadas solemnidades procesales,\n y siempre que dichas violaciones hubiesen influido o pudieren\n influir en la decisión de la causa, características\n que convierten al auto recurrido en final, no así en definitivo,\n conforme se explica en el considerando segundo; por tanto y en\n virtud de lo anteriormente expuesto solamente procede el recurso\n extraordinario de casación de las sentencias y autos dictados\n dentro de los procesos de conocimiento que pongan fin a los mismos\n produciendo efecto de cosa juzgada sustancial y formal, de manera\n que no pueda renovarse la litis entre las mismas partes, ni demandarse\n entre éstas la misma cosa, cantidad o hecho, fundándose\n en la misma causa, razón o derecho. En consecuencia, la\n Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia,\n rechaza el recurso de hecho y consecuentemente el de casación\n interpuesto por el lng. Guillermo López Freire.- Notifíquese\n y devuélvase.
Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 17 de marzo\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
No 154-2003
ACTORES:	Máximo Preciado Méndez\n y otros.
DEMANDADO:	Melki Ojeda Ojeda.
Quito, 24 de junio de 2003; a las 09h05.
VISTOS (143-2003): En el juicio ordinario que por consignación\n sigue Máximo Preciado Méndez y otros contra Melki\n Ojeda Ojeda, el demandado interpone recurso de casación\n contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Machala, mediante la cual revoca la sentencia\n dictada por el Juez Primero de lo Civil de El Oro que desecha\n la demanda. Radicada que ha sido la competencia en la Tercera\n Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia\n en virtud del sorteo de ley, para resolver se considera: PRIMERO.-Respecto\n de los requisitos que obligatoriamente debe contener el escrito\n de interposición del recurso de casación, el Art.\n 6 de la ley de la materia dispone: "Indicación de\n la sentencia o auto recurridos con individualización del\n proceso en que se dictó y las partes procesales; 2. Las\n normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades\n del procedimiento que se hayan omitido; 3. La determinación\n de las causales en que se funda; 4. Los fundamentos en qué\n apoya el recurso.". SEGUNDO.- A fojas 30, 31, 32 y 33 consta\n el escrito de interposición del recurso de casación,\n el mismo que no cumple con los requisitos obligatorios expuestos\n en el Art. 6 de la ley de la materia, pues si bien el recurrente\n nomina como infringidos los artículos 33, 126, 127, 119,\n 120, 121, 144 y 147 del Código de Procedimiento Civil\n no determina con precisión las causales en las que basa\n su recurso incumpliendo el requisito tercero del Art. 6 de la\n Ley de Casación. TERCERO.- Por otro lado si bien el recurrente\n afirma que se han violado los artículos referentes a la\n valoración de la prueba, (entendiendo que quiso apoyar\n su pretensión en la causal tercera del Art. 3 de la ley\n de la materia) debió justificar conforme a derecho, la\n infracción de los "preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba", y como consecuencia\n de ello, la infracción de normas de derecho (que no las\n menciona), sea por equivocada aplicación o por la no aplicación\n de las mismas. Por estas consideraciones, la Tercera Sala de\n lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia rechaza\n el recurso de hecho y por ende el de casación interpuesto\n por Melki Ojeda Ojeda.- Notifíquese y devuélvase.
La foja que antecede es fiel copia de su original.- Certifico.-Quito,\n 24 de junio de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
Quito, 21 de julio de 2003; alas 09h30.
VISTOS (143-2003): Agréguese al proceso los escritos\n que anteceden; conforme al Art. 293 del Código de Procedimiento\n Civil mencionado por el demandado en su escrito de 30 de junio\n del año 2003, los autos pueden revocarse por el mismo\n Juez que los pronuncia, silo solicita alguna de las partes dentro\n del término de tres días; y, consta del proceso\n que el auto dictado por la Sala ha sido notificado el 24 de junio\n de 2003, por lo que la solicitud de revocatoria pedida por Melki\n Ojeda Ojeda es extemporánea. De oficio esta Sala corrige\n el error deslizado en el auto notificado el 24 de junio de 2003\n en el sentido de que el recurso que rechaza es evidentemente\n el de casación y no el de hecho como involuntariamente\n se dijo en el auto en mención.- Notifíquese.
Es fiel copia de su original.- Certifico.- Quito, 21 de julio\n de 2003.- f.) Secretaria Relatora.
N0 165-2003
ACTOR:	Roberto Cristóbal Maldonado\n Sevilla, en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal\n de TRECORPSA.
DEMANDADOS:	Marco Aníbal Adriano\n Miranda y Diana de Lourdes Yubailli Barreno.
Quito, 3 de julio de 2003; a las 10h35.
VISTOS (160-2002): Roberto Cristóbal Maldonado Sevilla,\n en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de TRECORPSA\n dice que su representada celebró el contrato que acompaña,\n para alquiler de vehículo, en el que se estipuló\n el plazo de un año a partir del 1 de enero de 1998, por\n la suma de dos millones de sucres mensuales. Prosigue manifestando\n que: "Es hasta la fecha Señor Juez que no se ha cumplido\n la entrega del vehículo pese a 135 múltiples requerimientos\n efectuados, así como los pagos acordados, por lo que concurro\n ante su autoridad y en juicio ver al sumario demando a los cónyuges\n Marco Aníbal Adriano Miranda y Diana de Lourdes Yubailli\n Barreno a lo siguiente: a) A la entrega inmediata del automotor\n ... b) Al pago de los cánones de alquiler calculados hasta\n la entrega efectiva del auto c) El pago de los intereses ...\n d) ... el lucro cesante y daño emergente ocasionados por\n la falta de entrega... e) . . . las costas procesales".\n El señor Juez Segundo de lo Civil de Latacunga acepta\n la demanda en lo que a Marco Aníbal Adriano Miranda se\n refiere, pero no condena a Diana de Lourdes Yubailli Barreno,\n por no ser "parte del contrato en referencia", "..\n .y se dispone que el demandado señor Marco Aníbal\n Adriano Miranda pague el canon estipulado en la cláusula\n segunda del contrato de alquiler de vehículo por el valor\n de dos millones de sucres mensuales o su equivalente en dólares,\n desde la fecha de su celebración hasta la entrega del\n vehículo, 1 de enero de 1998 y 14 de Diciembre de 2001,\n respectivamente, más los intereses legales vigentes".\n La Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Latacunga\n confirma en todas sus partes la decisión de primer nivel.\n Marco Aníbal Adriano Miranda ha interpuesto recurso de\n casación contra el pronunciamiento de dicho Tribunal.\n Invoca la causal primera del Art. 3 de la ley de la materia.\n Sostiene que hay falta de aplicación del Art. 1600 del\n Código Civil y que se incumple lo que dispone el Art.\n 66 del Código de Procedimiento Civil lo propio que el\n Art. 71 ibídem. La contraparte contestó en los\n términos del escrito que obra a fojas 4 de este cuaderno.\n Con estos antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO.-\n El Art. 1600 del Código Civil prescribe que: "Se\n debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor\n se ha constituido en mora, o, si la obligación es de por\n hacer, desde el momento de la contravención; aunque en\n el caso no se trata concretamente de perjuicios, el autor de\n la impugnación los equipara a los intereses que los fallos\n pronunciados le obligan a satisfacer. SEGUNDO.- Es dudoso si\n las pensiones de arrendamiento no satisfechas producen intereses.\n En todo caso la Sala concuerda con el tratadista Ramón\n Meza Barros que, en su Manual de Derecho Civil, De las Obligaciones,\n Editorial Jurídica de Chile, p. 301 sostiene: "Regla\n Aplicable a las rentas, cánones y pensiones periódicas.-\n El Art. 1559 concluye que la regla anterior se aplica a toda\n especie de rentas, cánones o pensiones periódicas.\n Dicho de otro modo, las rentas, cánones o pensiones atrasadas\n no producen intereses. Por lo tanto, por vía de ejemplo,\n el arrendador no tiene derecho a cobrar intereses al arrendatario\n sobre las rentas de arrendamiento que ese se encuentre en mora\n de pagar. Las rentas, cánones y pensiones periódicas,\n así como los intereses, son frutos civiles y la ley los\n somete al mismo tratamiento.". TERCERO.- El autor de la\n impugnación sostiene también que se incumple lo\n que disponen los Arts. 66 y 71 del Código de Procedimiento\n Civil en lo relativo a la cuantía, que en la demanda se\n la hace constar como indeterminada; pero olvida que este punto\n no fue controvertido, ni siquiera mencionado, y la Ley de Casación\n en la causal primera que él invoca habla de "Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, en la sentencia o auto"; lo cual no ocurre\n en la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la H. Corte\n Superior de Justicia de Latacunga. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se casa la parte pertinente del fallo recurrido y se comité\n la condena al pago de intereses. Sin costas ni multa.- Notifíquese.
Las dos fojas que anteceden son fiel copia de su original.
Quito, 3 de julio de 2003.
N0 170-2003
ACTORES:	Ing. Diego Cordero Díaz,\n Ing. Jacinto Aguilar

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 111
 resolución 
 resolución 
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