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Timestamp: 2018-09-22 03:43:36+00:00

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DVB: 2009
La doctrina es casi unánime en afirmar que se trata de un delito de infracción del deber; sin embargo, hay un sector minoritario que se decanta por señalar que se trata de un delito de dominio del hecho. Por nuestra parte consideramos que el tipo de peculado pertenece a los llamados delitos de infracción del deber, por cuanto la imputación jurídico-penal no se fundamenta en el domino del hecho que tiene el sujeto, sino en la infracción de un deber jurídico[1]. Es decir, los elementos típicos surgen de la infracción de un deber normativo especial del agente, independientemente de la forma como se realice dicha infracción. De ahí, que la doctrina señala que el delito de peculado es una figura delictiva que restringe su radio de imputación a determinados sujetos, los cuales necesariamente tienen que reunir la calidad de funcionarios o servidores públicos a fin de que puedan responder como autores.
De lo señalado, se desprende que el delito de peculado es un delito especial impropio[2], lo que significa que las afirmaciones normativas de la autoría no alcanzan a los ciudadanos que están fuera del sistema de la Administración Pública[3]. Si el artículo 387 del CP señala que solo pueden ser autores del delito de peculado los funcionarios o servidores públicos, es lógico sostener que los particulares no pueden ser objeto de imputación jurídico-penal en calidad de autores por el delito de peculado[4], ya que hacerlo implicaría violar el principio de legalidad.
El bien jurídico del delito de peculado no se cuenta dentro de los delitos contra el patrimonio, sino antes bien, como delito cometido contra la administración publica por funcionario público, donde el bien jurídicamente tutelado es la correcta utilización de los fondos o efectos estatales encomendados.
En el delito de peculado el bien jurídico es el normal desarrollo de las actividades de la administración publica[5], garantizando el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de dicha administración y evitando el abuso de poder del que se halla facultado el funcionario o servidor publico que quebranta los deberes de lealtad y probidad.
La Administración Pública es percibida como realidades normativas que están al servicio del ciudadano[6]. Esto significa que el funcionario o servidor público –en su relación con la Administración Pública– debe promover mecanismos que permitan un desarrollo real de los ciudadanos. La lesión de la correcta prestación de servicios posterga las expectativas del ciudadano de acceder a logros concretos dentro del sistema.
Para establecer cuál es el comportamiento lesivo del bien jurídico, debe, en primer lugar, reconocerse el proceso de comunicación asignado respecto de los ciudadanos que lesionan o ponen en peligro las realidades normativas, pues es necesario fijar la relación social concreta en que se desenvuelven los hechos, ello significa evitar que el concepto jurídico que subyace como tutela penal sea un instrumento jurídico vago e inconsistente.
En el caso de la Administración Pública, al parecer, la materialidad surge en el momento que se presta un servicio. Sin embargo, un sector de la doctrina concluye que el fundamento de la responsabilidad jurídico-penal en el delito de peculado radica en la infracción del deber de lealtad que dichos ciudadanos tienen respecto del patrimonio del Estado[7].
Esta tesis no puede ser compartida porque es incompatible con los fundamentos del Estado democrático, ya que en un modelo de Estado, como el descrito, todos los ciudadanos (incluidos los funcionarios públicos), por un lado, no están obligados a guardar lealtad al patrimonio del Estado ni a las normas jurídicas. En un Estado democrático, los ciudadanos pueden discrepar abiertamente con dichas instituciones con la total garantía que sus ámbitos de libertad no serán restringidos[8], ya que dichas conductas son riesgos permitidos por la Constitución y las leyes.
En un Estado democrático, el Derecho Penal no está diseñado para restringir la libertad de los ciudadanos cuando estos son desleales al patrimonio del Estado o a las normas, sino únicamente cuando estos a través de conductas materiales lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos fundamentales[9].
El núcleo típico del injusto de peculado no busca prohibir la deslealtad de los funcionarios o servidores públicos, sino la concreta puesta en peligro o lesión de la correcta prestación de servicios de la Administración Pública.
Por tal razón, la relación entre Derecho Penal y la Administración Pública solo aparecerá en la afirmación del carácter fragmentario y de última ratio Derecho Penal. Esto significa, que la antesala previa a la incriminación penal es el Derecho Administrativo, donde se deben agotar mayoritariamente las opciones jurídicas. Si vencidos estos presupuestos la “conducta” afecta el correcto funcionamiento de la Administración Pública, recién no queda otra alternativa que la aplicación del Derecho Penal[10].
Solo la ley puede garantizar a los funcionarios públicos (y en general a todos los ciudadanos) que sus derechos fundamentales únicamente serán restringidos cuando sus comportamientos tergiversen el correcto funcionamiento de la administración; esto significa que esta posición es fiel respetuosa del principio de lesividad, porque requiere como conditio sine qua non la lesión o puesta en peligro de la correcta prestación de servicios que brinda la Administración Pública, mas no la sola deslealtad.
Un sector de la doctrina considera que estamos frente a un delito de dominio, mientras que otro sector afirma que es un delito de infracción de deber.
Según los lineamientos del dominio del hecho, en el delito de peculado es autor quien tiene el dominio de la acción típica en su fase ejecutiva, luego quien simplemente colabora material o sicológicamente en el hecho es partícipe. Sin embargo, en el seno de la teoría del dominio del hecho hay diversas posiciones o variantes, de las cuales hay dos tesis que merecen ser analizadas:
Teoría De La Ruptura De La Unidad De Imputación; Según esta tesis el punto de partida para delimitar la autoría de la participación se encuentra en la institución jurídica de la incomunicabilidad de las circunstancias (artículo 26 del CP peruano), la cual consagra la exigencia de impedir que la imputación del partícipe extraneus se fundamente en el tipo penal especial de peculado, sino en un delito común.Argumentan que los tipos penales especiales, como el peculado, solamente irradian su campo de acción sobre los funcionarios o servidores públicos, mas no respecto de los particulares. Por tanto, según este planteamiento, los particulares que contribuyen a la realización del delito de peculado, únicamente, responden sobre la base de un delito común, ya sea como autores[11] o partícipes.
Entonces podríamos decir por dicha lógica que cuando un funcionario o servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, con la contribución de un particular, ocurre que el funcionario o servidor público será autor del delito de peculado si ha tenido el dominio, y el extraneus, que no ha tenido el dominio del hecho, será partícipe del delito común (apropiación ilícita). Por el contrario, si el dominio del hecho se encuentra en manos del extraneus, este responderá como autor del delito de apropiación ilícita, mientras que el funcionario o servidor público será partícipe del delito de peculado.
Esta postura, pese a que tiene la ventaja de impedir que los particulares sean considerados autores cuando concurren con un funcionario a la comisión del delito de peculado, tiene grandes deficiencias.
Degenera las reglas de la participación, ya que viola el principio de accesoriedad. En el ejemplo analizado, cuando el funcionario tiene el dominio del hecho, la imputación del particular a título de partícipe por el delito de apropiación ilícita carece de fundamento ya que se sanciona la conducta de este sin que exista un extraneus que tenga el dominio del delito común, es decir, se imputa la participación de un delito inexistente, pues sin autor, no puede haber participación. Lo mismo ocurre cuando al funcionario o servidor público se imputa la participación en el delito de peculado, debido a que es el extraneus es quien tiene el domino del hecho. En dicho supuesto, también se viola el principio de accesoriedad, ya que tampoco existe un autor principal, pues no existe un intraneus que tenga el dominio del hecho de dicho delito.
Esta teoría no protege adecuadamente el bien jurídico objeto de tutela; por el contrario, deja abierta la posibilidad de lesionar la Administración Pública, tanto por los particulares como por los mismos funcionarios.
Teoría De La Unidad De Imputación; Esta teoría sostiene que el extraneus, no puede ser autor del delito especial, pero sí puede ser partícipe de dicho delito, pues si los principios que determinan la autoría y la participación nos dicen que es autor quien tiene el dominio y partícipe quien solo colabora, no hay ningún impedimento para que los extraneus respondan como partícipes de un delito especial.En dicha concepción tanto los extraneus como los intraneus responderían, o bien por el delito común o bien por el delito especial, según quien tenga el dominio del hecho sea el extraneus o el funcionario; pero de ninguna manera pueden responder por delitos distintos. En ese sentido, si en el delito de peculado, el dominio del hecho lo tiene el funcionario, este será autor, mientras que el particular sería partícipe del mismo delito. Contrario sensu, si el dominio del hecho lo tiene el extraneus, este sería autor de un delito común, y el intraneus partícipe del mismo ilícito.
Asimismo, esta teoría sortea las falencias dogmáticas que aquejan a la teoría de la ruptura de la unidad de imputación, pues no viola el principio de accesoriedad, ya que reconoce la existencia de un autor –sea en el delito especial o en el delito común– como conditio sine qua non de la participación.
Sin embargo, no tiene una respuesta eficaz sobre los comportamientos omisivos de los funcionarios o servidores públicos, ya que, según sus criterios de imputación, en dichos supuestos los intraneus solo responderían como partícipes, y los que responderían como autores serían los extraneus. Así, por ejemplo, si un funcionario o servidor público, en forma dolosa, deja que un tercero se apropie o utilice caudales que están destinados a fines asistenciales y que se encuentran bajo su tutela, por razón de su cargo, solo respondería como partícipe del delito de apropiación ilícita agravada, pues el autor de dicho delito sería el particular.
Teoría De Infracción De Deber
En lo que respecta al delito de peculado, este tipo penal es de carácter especial impropio, por lo que solo los funcionarios o servidores públicos pueden ser objeto de una imputación jurídico-penal a título de autores. Esto se debe a que el artículo 387 del CP se refiere a aquellos sujetos que pertenecen a un determinado círculo de ciudadanos.
El problema surge cuando se trata de determinar si los extraneus pueden ser considerados partícipes. Al respecto, los partidarios de la teoría de la infracción del deber sostienen que los ciudadanos particulares que colaboran con el intraneus en la comisión del delito de peculado responden jurídico-penalmente como partícipes de dicho delito, independientemente de quien haya tenido el dominio del hecho durante la comisión del hecho delictivo.
Este planteamiento no es del todo correcto, porque si bien es cierto que el delito de peculado es un delito de infracción de deber y, por lo tanto, la autoría se fundamenta en la infracción de un deber por parte del sujeto especial, también es cierto que la participación de los extraneus no se fundamenta en la infracción de un deber, ya que:
Los ciudadanos particulares que no ocupan una posición tutelar dentro de la Administración Pública no tienen deberes positivos, pues dichos deberes son propios de los funcionarios y servidores públicos. Es decir, los particulares no tienen el deber positivo de tutelar la correcta Administración Pública, sino únicamente el deber negativo de no dañarla.
La tesis que afirma que la imputación de los particulares como partícipes se debe a que infringen un deber positivo mediato, que surge de la infracción del deber por parte del sujeto especial, violando el principio de responsabilidad por el hecho propio, ya que se está trasladando al particular cualidades que pertenecen únicamente al funcionario, y con ello, se lo hace responsable por un hecho que no le pertenece (en este caso por el hecho del funcionario), mas no del suyo.
Si fuera posible que el extraneus, a través de la infracción del deber del funcionario, adquiriese un deber positivo mediato, entonces no respondería como partícipe, sino como autor. Porque la infracción de un deber positivo (mediato o inmediato) fundamenta la autoría, mas no la participación.
Lo sustentado por dicha concepción viola el principio de legalidad, pues mediante la asignación de deberes positivos al extraneus se está convirtiendo a este en funcionario y, por lo tanto, en autor, mas no en partícipe, lo cual es inaceptable, porque la ley señala que los extraneus no pueden ser autores.
[1] ROXIN, Claus; Autoría y dominioo del hecho en Derecho Penal; Barcelona, Editorial Marcial Pons, Edición 1998, p. 383: La consecuencia inmediata que surge, al considerar que el delito de peculado es un delito de dominio, es que el extraneus también puede ser autor de dicho injusto. No obstante, esto no es posible por exigencias del principio de legalidad, el cual impide que los ciudadanos que no son funcionarios o servidores públicos sean considerados como autores del delito de peculado cuando lesionan un bien jurídico tutelado por el artículo 387..
[2] VILLA STEIN, Javier; Derecho Penal Parte General; Lima, Editorial San Marcos, Edición 2000, p.520: “Estamos ante un delito especial propio cuando el tipo solo puede ser realizarlo excluyentemente una persona especialmente calificada, ejemplo, el tipo de peculado del artículo 387 que solo lo puede realizar un funcionario o servidor público”.
ROXIN, Claus; Derecho Penal Parte General; Madrid, Editorial Civitas, Edición 1997, p. 338: “En los delitos especiales propios solo puede ser autor quien reúna determinada cualidad (“cualificación de autor”). Además en estos delitos por regla general la cualidad de autor consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que, en estos casos, es mejor hablar de delitos de infracción de deber (los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo), en los que solo puede ser autor el que infringe su deber especial, derivado de una posición especial”.
[3] GIMBERNAT ORDEIG, Enrique; Autor y Complice en Derecho Penal, Madrid, Edición 1966, p. 228
[4] MORILLAS CUEVA, Lorenzo; Compendio de Derecho Penal Español; Barcelona, Editorial Marcial Pons, Edición 2000, p. 826
[5] ABANTO VÁSQUEZ, Manuel; La Autoria y Participación en los delitos de infracción de deber; en; Resvista Penal Nº 14, 2004, p.12, señala el autor: “Tradicionalmente se ha entendido que el bien jurídico tutelado por esta parte del Derecho Penal sería la Administración Pública por sí misma, con cualidades como prestigio, dignidad, etc. Modernamente, con un entendimiento distinto del concepto de bien jurídico, se sostiene que en este ámbito lo que interesa proteger es el “normal funcionamiento de los órganos de gobierno”, la “regularidad funcional de los órganos del Estado” o el correcto funcionamiento de la Administración Pública”.
[6] OLAIZO NOGALES, Inés; El delito de Cohecho; Valencia, Edición 1999, p. 87: “El bien jurídico es el buen funcionamiento de la Administración Pública, entendido como la imparcialidad, legalidad y objetividad, o atención a los intereses de la sociedad en la actuación administrativa (aquí lo fundamental es la relación entre el funcionario y los ciudadanos o administrados).
[7] GARCÍA MORALES, Oscar; El Delito de Malversación (apropiación, utilización temporal y administración desleal de caudales públicos); Aranzadi, Edición 1999, p. 34
En el Perú, REAÑO PESCHIERA, José Leandro; Formas de Intervención en los Delitos de Peculado y Tráfico de Influencias; Lima, Editorial Juristas Editores, Edición 2004, p. 34
[8] SALAZAR SÁNCHEZ, Nelson; El Principio de Legalidad en el Estado Democrático de Derecho; en: Revista Peruana de Ciencias Penales Nº14; 2004, pp. 464-465
[9] ROXIN, Claus; La evolución de la política criminal, del Derecho Penal y el Proceso penal; Valencia, 2000, p. 21: “Solo se selecciona, de las conductas socialmente dañosas, aquellas que se presentan como intolerables e igualmente los intereses sociales que aparezcan vitales para la colectividad. Aquí reside el carácter necesariamente fragmentario del Derecho Penal”.
Asimismo, GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio; Derecho Penal (Introducción); Madrid, Edición 2000, pp. 378-379: “El principio de intervención mínima expresa gráficamente un ulterior límite político criminal al ius puniendi. Un límite coherente con la lógica del Estado social, que busca el mayor bien estar con el menor coste social, de acuerdo con un postulado utilitarista. El Derecho Penal debe hacer presencia en los conflictos sociales solo cuando sea estrictamente necesario e imprescindible, nada más. Porque no se trata de proteger todos los bienes jurídicos de cualquier clase de peligro que les amenace, ni de hacerlo utilizando los resortes más poderosos y devastadores del Estado, sino de programar un control razonable de la criminalidad, seleccionando los objetos medios e instrumentos. El Derecho Penal es la última ratio, no la solución al problema del crimen; como sucede con cualquier técnica de intervención traumática, de efectos irreversibles, solo cabe acudir a la misma en casos de estricta necesidad, para defender los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves, y solo cuando no ofrezcan garantías de éxito las restantes estrategias de naturaleza no penal”.
[10] Op. Cit. OLAIZO NOGALES, Inés; 1999, p. 64
[11] Op. cit. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique; 1966, p. 253: “El extraneus que realizando actos ejecutivos colabore con el autor en sentido estricto en la comisión de un delito especial impropio responderá como autor del delito común”.
PRESUPUESTOS DOCTRINALES PARA EL PROCESO DE LA REFORMA
Para que se lleve a cabo la reforma constitucional deben observarse de manera previa algunos juicios de valor sobre su necesidad y oportunidad, así como también aspectos como los plazos, las restricciones, y disposiciones.
El legislador no puede relegar el tener que justificar el carácter de la reforma en el momento de discutir la probabilidad de una enmienda. Tal necesidad se da desde cuatro consideraciones:
La existencia de una grave crisis de legalidad.
La presencia excesiva de usos políticos o interpretaciones normativas constitucionales ocasionadas por el fenómeno de las mutaciones.
La subordinación de los preceptos constitucionales a las exigencias de quien depende la decisión política.
La existencia de contradicciones entre los mandatos de la Constitución y las exigencias sociales.
La Oportunidad De La Reforma Constitucional
Apunta a las circunstancias políticas adecuadas para llevar adelante el proceso de revisión constitucional, siendo el momento propicio aquel en que existen las condiciones sociales y materiales que permitan a los ciudadanos y organizaciones políticas en general el manifestarse con pleno albedrío.
Por lo tano no son tiempos de reforma aquellos que coinciden con convulsiones políticas, guerra exterior
El Plazo De Espera Para La Reforma Constitucional
Se da cuando el legislador constituyente ordena que su obra no sea sometida a ningún cambio antes del vencimiento de un plazo o lapso de tiempo preestablecido, de esta manera se pretende que la Constitución se consolide enraizándose con la realidad y que el pueblo se familiarice con sus postulados.
Se plantea la existencia de un tiempo de examen exigido por la Constitución, a fin de compararla o contrastarla con la realidad.
Aquellas que tienen por finalidad librar radicalmente a determinadas normas constitucionales de cualquier tipo de modificaciones, lo cual quiere decir que existen preceptos que no son materia reformable. Son el resguardo de la legitimidad constitucional, ya que preservan los supuestos ideológicos y valorativos en que descansa el régimen político.
Las disposiciones de intangibilidad articulada; Son aquellas que se sustraen expresamente a cualquier enmienda, por medio de su prohibición constitucional. La doctrina ha establecido que están referidos básicamente a la inderogabilidad de la declaración de derechos, la división de los órganos del poder estatal y la irreversibilidad de la forma de gobierno. Por ejemplo en la parte in fine del artículo 84 de la Constitución francesa de 1958 se dispone: “La forma republicana de Gobierno no puede ser objeto de revisión”. En nuestro ordenamiento constitucional, las encontramos en el artículo 12 de la Constitución de Cádiz (1812), que estableció que la religión de la nación fuese perpetuamente la católica, apostólica y romana; en el articulo 183 de la Constitución de 1939, que fijó la inalterabilidad de la forma de gobierno popular representativa fundada en la división e independización de los poderes; y en el articulo 142 de la Constitución de 1933, en donde dispone: “No hay reelección inmediata. Esta prohibición no puede ser reformada ni derogada”
Las disposiciones de intangibilidad implícita; Son las que permiten garantizar determinados valores fundamentales de la Constitución, expresados literalmente en ella ya que se trata de criterios sustantivos inmanentes e inherentes al propio texto. La prohibición de reforma se genera a partir del espíritu o telos de la constitución, sin que explícitamente aparezca una proclamación detallada en una pauta jurídica. Se trata de impedir que el legislador constitucional transgreda las delimitaciones que le son impuestas por los principios y valores insertos en una Constitución.
Las Restricciones Heterónomas
Son aquellas que derivan de normas jurídicas ajenas a la Constitución en sí mismas. Son externas al Derecho nacional, aunque este las admita, reciba e incorpora. Así tenemos los tratados de paz los acuerdos de guerra.
La iniciativa para la reforma puede tener su origen:
En el Gobierno, es habitual en los regimenes autoritarios y cesaristas
En le Parlamento, fue la previsión generalizada en las Constituciones demo liberales que privilegien el papel del legislador.
Iniciativa compartida por el Congreso y el Parlamento. Es la formula más utilizada por el Constitucionalismo democrático surgido de la segunda posguerra. Inspirada en una regla propia del Parlamentarismo para la iniciativa legislativa, esta fórmula es seguida por las constituciones de Francia, Alemania y España.
Iniciativa compartida por el pueblo y el Parlamento, se trata de la forma más democrática de iniciar el proceso de reforma constitucional, ya que permita la participación directa del titular de la soberanía a través de la presentación de un número determinado de firmas. Es el caso de la Constitución Suiza en donde la reforma puede promoverse por una de las cámaras o por cincuenta mil ciudadanos[1] y de las Constituciones de algunos estados alemanes.
Elaboración Y Aprobación De La Reforma
El grado de rigidez varia de una Constitución a otra, pero todas tratan de conciliar la necesidad de proteger el texto constitucional de posibles abusos reformadores con la pretensión de no impedir las modificaciones indispensables. Las constituciones distinguen la reforma constitucional de la reforma de una ley ordinaria en aspectos orgánicos y procesales.
Aspecto Orgánico; Esta es la revisión propiamente dicha que puede encomendarse al mismo órgano legislativo ordinario, existe cuando la Constitución atribuye la competencia para su reforma a un órgano especial elegido o formado ad hoc[2], al que únicamente se encomienda esa función, tenemos el caso de la Asamblea Constituyente o el Congreso. Adoptan este sistema países como Ecuador, Perú, Italia, Suiza.
Aspecto Procesal; Se presenta cuando la Constitución prevé un procedimiento especial para la adopción de la reforma no es el órgano que la aprueba sino en su tramitación. En este sentido, la Constitución puede exigir:
Que la reforma sea adoptada en idéntico término por las dos Cámaras del Parlamento
Que la reforma sea aprobada por una mayoria cualificada en el Parlamento.
Que la reforma sea ratificada por el pueblo mediante referéndum que puede ser obligatorio
Que la reforma sea ratificada por los Estados miembros en el supuesto de un Estado Federal.
Cuando la revisión no se atribuye a un órgano especial, la proposición de enmienda suele involucrar el contenido de la reforma que se promueve. En cambio, si la reforma queda reservada a un órgano expresamente instalado para ello, la proposición se limita a declarar la necesidad de la revisión e el todo o en algún de las apartes de la Constitución, es decir que en el primer caso la proposición lleva en si un proyecto de enmienda, mientras que en el segundo se ciñe solo a postular y, a los sumo, a señalar que los puntos que se derivan de la revisión.
Su Aprobación Definitiva
Algunas Constituciones que después de adoptada la reforma sea sometida a referéndum, vale decir, la aprobación o rechazo de cada legislatura en los Estados que hacen parte de la federación. Por ejemplo en los Estados Unidos, la reforma empieza a regir solo cuando ha sido ratificada por la mayoría de las legislaturas de los Estados que hacen parte de la Federación.[3]
[1] MIRANDA REYNOSO Jaime; Derecho Constitucional; Arequipa, Editorial GIJUS, Primera Edición 2003, p. 194
[2] Locución Latina, Para esto. Se emplea para significar que una cosa es adecuada para un objeto o fin determinado. Más frecuentemente indica que un nombramiento o designación ha sido hecha para actuar en un caso concreto.
[3] ORTIZ CASTRO, José Iván; Aproximación al Estado (Derecho Constitucional General); Medellín, Editorial Universidad de Medellín, Quinta Edición 2005, p. 158

References: artículo 387
 artículo 387
 artículo 387
 artículo 387
in fine
 artículo 84
 artículo 12