Source: http://espanito.com/informe-no-12011.html
Timestamp: 2018-05-22 06:12:34+00:00

Document:
Informe no. 120/11
PETICIÓN 55-05
TEÓFILO SÁNCHEZ MINAYA
El 1º de febrero de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la CIDH” o la “Comisión Interamericana”) recibió una petición presentada en nombre propio por Teófilo Sánchez Minaya (en adelante también “la presunta víctima”) y por la Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (en adelante también “los peticionarios”), en la cual se alega la violación por parte de la República del Perú (en adelante también "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”). Los peticionarios afirmaron que en abril de 1995 el señor Sánchez Minaya fue pasado a la situación de retiro como oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), por medio de una resolución administrativa arbitraria. Señalaron que solamente en diciembre de 2000 la presunta víctima tomó conocimiento de dicha resolución y que en febrero de 2001 la impugnó a través de un recurso administrativo de apelación. Agregaron que en agosto de 2001 el señor Sánchez Minaya presentó una acción de amparo, la cual fue declarada improcedente en base a que el recurso administrativo habría sido formulado fuera del plazo legal. Según los peticionarios, dicho razonamiento se fundamentó en una valoración errónea de las evidencias presentadas durante el proceso judicial.
El Estado sostuvo que la resolución que dispuso el pase a retiro de la presunta víctima se derivó de un proceso disciplinario conducido según las reglas de un debido proceso, en el marco del cual se estableció la comisión de una falta administrativa grave. Añadió que al presentar un recurso de apelación fuera del plazo previsto en la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, la acción de amparo posteriormente invocada por el señor Sánchez Minaya fue declarada improcedente en última instancia por el Tribunal Constitucional. Al respecto, sostuvo que la presunta víctima agotó indebidamente los recursos de la jurisdicción interna y solicitó que la CIDH declare la denuncia inadmisible en virtud del artículo 46.1.a) de la Convención.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que es competente para conocer el reclamo, pero que el mismo es inadmisible por incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46.1.a) y 47.b) de la Convención Americana. La Comisión decidió notificar el presente Informe de Inadmisibilidad a las partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
El 1º de febrero de 2005 la CIDH recibió la petición y le asignó el número 55-05. Los peticionarios presentaron información adicional el 24 de mayo, 2 de junio y 6 de septiembre de 2005, 30 de enero y 17 de julio de 2008. El 21 de agosto de 2009 las partes pertinentes de esa documentación fueron trasladadas al Estado y se le otorgó el plazo de dos meses para que presentara su respuesta, de conformidad con el Reglamento de la CIDH.
El 26 de octubre de 2009 el Estado remitió su respuesta y el 11 de noviembre del mismo año proporcionó los anexos respectivos. Los peticionarios remitieron información adicional el 22 de febrero de 2010. A su vez, el Estado envió un escrito adicional el 30 de abril de 2010.
El 31 de mayo de 2011 la CIDH solicitó información adicional a los peticionarios y al Estado. El 5 de julio de 2011 el Estado remitió la información solicitada. Hasta la fecha de aprobación del presente informe los peticionarios no habían remitido la información requerida.
Afirmaron que el 8 de diciembre de 1993, cuando el señor Sánchez Minaya se encontraba destacado como oficial de la PNP en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, tuvo lugar un asalto a un camión distribuidor de bebidas, resultando en la muerte de un menor y lesiones corporales en el propietario del vehículo. Afirmaron que la presunta víctima fue sometida a un proceso penal por presunta complicidad con los autores de dichos sucesos por los delitos de homicidio y robo agravados. Manifestaron que el 31 de enero de 1994 se le abrió un proceso disciplinario-administrativo y que el 3 de abril de 1995 fue pasado a la situación de retiro por medio de la Resolución Directoral Nº 1262-95-DGPNP-DIPER-PNP. Según lo alegado, el 29 de febrero de 2000 la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Ancash absolvió al señor Sánchez Minaya de los cargos que versaban en su contra en vía judicial y el 24 de agosto de 2000 la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia.
Los peticionarios indicaron que recién en diciembre de 2000 el señor Sánchez Minaya tuvo conocimiento extraoficial de la resolución directoral que le pasó a la situación de retiro, por lo cual solicitó al Director de Personal de la PNP se le notificara de dicha resolución conforme a la ley. Añadieron que ante la ausencia de respuesta por parte de la PNP, el 7 de febrero de 2001 el señor Sánchez Minaya interpuso un recurso administrativo de apelación contra la Resolución Directoral Nº 1262-95-DGPNP-DIPER-PNP, el cual fue declarado infundado el 17 de julio de 2001.
Los peticionarios alegaron que el 21 de agosto de 2001 la presunta víctima interpuso una acción de amparo en la cual solicitó la inaplicabilidad de la citada resolución directoral. De acuerdo con la información presentada, luego de ser conocida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Huaraz y por la Sala Mixta de la Corte Superior de Ancash, el 7 de junio de 2004 el Tribunal Constitucional la declaró improcedente por incumplimiento del plazo establecido en la legislación interna con relación al recurso administrativo de apelación. Los peticionarios argumentaron que dicha decisión se basó en un supuesto de hecho falso, toda vez que la presunta víctima habría tomado conocimiento de la citada resolución directoral solamente en diciembre de 2001, cumpliendo por lo tanto el plazo de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, vigente al momento de interponer la demanda de amparo.
Según los peticionarios, correspondía a la autoridad judicial valorar la ausencia de comprobante de notificación de la resolución que le pasó a la situación de retiro. Destacaron que el artículo 82 del Decreto Supremo 08-94-JUS, vigente en la época de los hechos, disponía que “la notificación defectuosa surtirá efectos legales desde la fecha que el interesado manifieste haberla recibido”[…]. Añadieron que en la sentencia de 7 de junio de 2004 el Tribunal Constitucional “se limitó a referir que los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos ya se habrían cumplido […] sin tener en cuenta que de acuerdo a la normativa interna para que las resoluciones tengan efecto tienen que ser notificadas.”
Los peticionarios indicaron que un funcionario de la PNP vinculado en el mismo proceso penal seguido al señor Sánchez Minaya y pasado a la situación de retiro bajo las mismas circunstancias logró ser reincorporado en situación de actividad luego de obtener una decisión favorable en un proceso ordinario laboral. Al respecto, señalaron que las autoridades judiciales peruanas emitieron pronunciamientos diversos sobre los mismos hechos, concluyendo existir una violación al derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención. Finalmente, afirmaron que al interpretar de forma errónea los plazos procesales establecidos en la legislación interna y basar su decisión en un supuesto de hecho equivocado, las autoridades judiciales incurrieron en una violación a los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 del mencionado instrumento internacional.
Sostuvo que si bien el señor Sánchez Minaya fue absuelto en la vía judicial penal, el proceso disciplinario-administrativo que implicó su pase a retiro tiene alcance y objeto distintos. Señaló que al concluir que la presunta víctima había incurrido en una falta administrativa grave, la PNP dispuso su pase a retiro mediante una decisión fundamentada y con sujeción a las garantías de un debido proceso administrativo.
El Estado efectuó una narración similar a la de los peticionarios sobre el resultado de la demanda judicial de amparo formulada por el señor Sánchez Minaya. Señaló que dicha acción fue declarada improcedente debido al incumplimiento de los plazos del recurso administrativo presentado el 7 de febrero de 2001 contra la resolución directoral que le pasó a la situación de retiro. Manifestó que la improcedencia de la acción de amparo “se basó principalmente en un escrito de queja presentado por el peticionario ante la Defensoría del Pueblo el 13 de diciembre de 1999 [y que] de dicho escrito se puede inferir que el peticionario tuvo conocimiento del contenido de la Resolución Directoral Nº 1262-95-DGPNP-DIPER-PNP […] más de un año antes de presentar su recurso de apelación de fecha 07 de febrero de 2001 ante el Ministerio del Interior1.
Mediante comunicación recibida el 30 de abril de 2010, el Estado anexó la copia de una resolución aclaratoria del Tribunal Constitucional de 23 de julio de 2004, en la cual expresa que instrumentales corrientes en el expediente del proceso de amparo indicarían que el señor Sánchez Minaya tomó conocimiento de la Resolución Directoral Nº 1262-95-DGPNP-DIPER-PNP varios meses antes de presentar el recurso administrativo de apelación el 7 de febrero de 2001.
Por lo anterior, el Estado argumentó que la presunta víctima agotó indebidamente los recursos de la jurisdicción interna, incumpliendo por lo tanto el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención.
Finalmente, en cuanto a la alegada violación del derecho de igualdad ante la ley, el Estado sostuvo que los planteamientos de los peticionarios no se enmarcan en el texto del artículo 24 de la Convención Americana.
Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona natural, respecto a quien el Estado peruano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. Por su parte, Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978. En consecuencia, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar el reclamo.
1. Agotamiento de los recursos internos y caracterización de los hechos
El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. El artículo 47.b) del mismo instrumento establece que la Comisión declarará inadmisible una petición cuando en ella no se expongan hechos que tiendan a caracterizar una violación a derechos garantizados en la Convención.
La presente petición plantea la violación a derechos protegidos en la Convención a raíz de una actuación supuestamente arbitraria por parte de las autoridades judiciales que conocieron una acción de amparo interpuesta por el señor Sánchez Minaya el 21 de agosto de 2001. Se alega que en la sentencia dictada el 7 de junio de 2004 el Tribunal Constitucional empleó criterios que contravienen las evidencias presentadas en juicio y que transgreden la legislación procesal pertinente. Concretamente, se aduce que el Tribunal Constitucional no valoró correctamente los elementos de hecho que demostrarían que el señor Sánchez Minaya tomó conocimiento de la resolución directoral que le pasó a la situación de retiro solamente en diciembre de 2000.
De acuerdo con la información presentada por las partes, el Tribunal Constitucional fundamentó su decisión, en lo pertinente, de la siguiente forma:
Al interponer el actor ante el Ministerio del Interior el recurso de apelación el 7 de febrero de 2001, contra la Resolución Directoral que lo pasa a retiro, lo hizo después de más de 5 años de haber sido expedida ésta, y después de más de un año de haber tomado conocimiento de la misma, como es de verse de fojas 100; esta conducta administrativa evidentemente es una maniobra meramente dilatoria y notoriamente improcedente, puesto que contraviene el artículo 99º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, vigente en ese entonces; menester es subrayar, asimismo, que no puede existir una prórroga arbitraria de los plazos, ni que éstos puedan quedar al arbitrio de la parte2.
La información disponible indica que en resolución de 23 de julio de 2004 sobre solicitud de aclaración formulada por el señor Sánchez Minaya, el mismo tribunal expresó lo siguiente:
2. Que este Colegiado declaró improcedente la demanda interpuesta esencialmente por considerar que la resolución administrativa mediante la cual se pasó al retiro al recurrente fue cuestionada, vía recurso de apelación, después de cinco años de haberse tomado conocimiento de la misma, lo que supone que había adquirido calidad de cosa decidida y no podía, por tanto, ser recurrida en sede administrativa.
3. Que las consideraciones precedentes se sustentan en instrumentales corrientes en el expediente, como las de fojas 2 de autos (Resolución Directoral Nº 1262-95-DG-PNP-DIPER-PNP, del 3 de abril de 1995), 39 a 40 (Recurso de Apelación del 7 de febrero de 2001) y, sobre todo, la de fojas 98 a 100 del Cuadernillo Especial ante el Tribunal Constitucional (Queja presentada ante la Defensoría del Pueblo con fecha 13 de diciembre de 1999).
4. Que, por consiguiente, queda claro que la demanda presentada es manifiestamente improcedente: careciendo de todo asidero la solicitud de aclaración o corrección formulada3.
La citada resolución del Tribunal Constitucional sobre solicitud de aclaración fue proporcionada por el Estado peruano en comunicación recibida por la CIDH el 30 de abril de 2010. El 17 de mayo del mismo año dicha comunicación fue trasladada a los peticionarios, sin que hubiesen presentado observaciones. El 31 de mayo de 2011 la CIDH les solicitó información adicional en los términos transcritos a continuación. Hasta la fecha de aprobación del presente informe los peticionarios no habían enviado una respuesta.
[…] para que la CIDH cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión sobre la petición de referencia, solicito a ustedes tengan a bien enviar a esta Secretaría:
1. la forma y fecha exacta en la cual el señor Teofilo Sánchez Minaya conoció el contenido de la resolución directoral que le pasó a la situación de retiro; y
2. la copia simple de la queja presentada el 13 de diciembre de 1999 a la Defensoría del Pueblo, conforme se menciona en la resolución aclaratoria dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 23 de junio de 2004, en el proceso de amparo con expediente Nº 220-2002-AA/TC.
En el marco del sistema de peticiones previsto en el artículo 44 de la Convención Americana, la CIDH es competente para analizar la compatibilidad de leyes, políticas o prácticas con los derechos de una persona bajo el referido instrumento internacional. Sin embargo, la presente petición sostiene que en las resoluciones de 7 de junio y 23 de julio de 2004 el Tribunal Constitucional valoró de forma equivocada los elementos de hecho traídos a su conocimiento e interpretó erróneamente los alcances de la legislación procesal pertinente. Sobre tales planteamientos, la CIDH ratifica su doctrina según la cual no le corresponde reemplazar las autoridades judiciales internas en la interpretación del alcance de las normas de derecho procesal y material aplicables4. La CIDH ha aseverado que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales dentro de los límites de su competencia5.
Por lo anterior, la Comisión concluye que la alegada violación a los derechos protegidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en vista de una supuesta actuación irregular de las autoridades judiciales peruanas no satisface el requisito previsto en el artículo 47.b) de la Convención.
La CIDH ha señalado que para que puedan brindar al Estado la oportunidad de subsanar la alegada violación a derechos convencionales antes de que sea planteada a una instancia internacional, los recursos judiciales incoados por las presuntas víctimas deben cumplir con los requisitos razonables de procedibilidad establecidos en la legislación interna6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la efectividad de un recurso judicial implica que, potencialmente, cuando se cumplan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia establecidos en la legislación interna, el órgano judicial evalúe sus méritos7.
Dado que la acción de amparo interpuesta el 21 de agosto de 2001 fue desestimada debido al incumplimiento de exigencias procesales previstas en la legislación peruana, y ante la ausencia de alegatos concretos sobre la eventual incompatibilidad de dicha legislación con la Convención Americana, la CIDH concluye que la presunta víctima no agotó debidamente los recursos formulados ante los órganos de la jurisdicción interna. En ese sentido, la CIDH considera que la presente petición no satisface el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención.
La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Convención8.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible por incumplimiento del requisito establecido en los artículos 46.1.a) y 47.b) de la Convención Americana, y en consecuencia,
Declarar inadmisible la presente petición por incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46.1.a) y 47.b) de la Convención Americana.
1 Aunque el 17 de mayo de 2010 la CIDH trasladó la citada comunicación del Estado peruano a los peticionarios, éstos no presentaron observación y tampoco aclararon el contenido de la queja ante la Defensoría del Pueblo de fecha 13 de diciembre de 1999.
2 Petición inicial recibida por la CIDH el 1 de febrero de 2005, anexos, sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de junio de 2004, expediente No. 220-2002-AA/TC, párrafo único de sección de fundamento.
3 Comunicación del Estado recibida el 30 de abril de 2010, anexos, Resolución del Tribunal Constitucional de 23 de julio de 2004, expediente No. 220-2002-AA/TC, párrafo 2 a 4.
4 CIDH, Informe Nº 79/10, Petición 12.119, Inadmisibilidad, Asociación de Jubilados Petroleros del Perú – Área Metropolitana de Lima y Callao, Perú, 12 de julio de 2010, párrs. 41 y 42; Informe Nº 27/07, Petición 12.217, Inadmisibilidad, José Antonio Aguilar Angeletti, Perú, 9 de marzo de 2007, párrs. 41 y 43 e Informe Nº 39/05, Petición 792-01, Inadmisibilidad, Carlos Iparraguirre y Luz Amada Vásquez de Iparraguirre, Perú, 9 de marzo de 2005, párrs. 52 y 54.
5 CIDH, Informe Nº 45/04, Petición 369-01, Inadmisibilidad, Luis Guillermo Bedoya de Vivanco, Perú, 13 de octubre de 2004, párr. 41; Informe Nº 16/03, Petición 346-01, Inadmisibilidad, Edison Rodrigo Toledo Echeverría, Ecuador, 20 de febrero de 2003, párr. 38; Informe Nº 122/01, Petición 15-00, Inadmisibilidad, Wilma Rosa Posadas, Argentina, 10 de octubre de 2001, párr. 10 e Informe Nº 39/96, Caso 11.673, Inadmisibilidad, Santiago Marzioni, Argentina, 15 de octubre de 1996, párr. 71.
6 CIDH, Informe Nº 18/11, Petición 871-03, Inadmisibilidad, Víctor Eladio Lara Bolívar, Perú, 23 de marzo de 2011, párr. 27.
7 Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 94; y Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 126.
8 CIDH, Informe Nº 14/10, Petición 3576-02, Inadmisibilidad, Trabajadores Despedidos de Lanificio del Perú S.A., Perú, 16 de marzo de 2010, párr. 35; Informe Nº 135/09, Petición 291-05, Inadmisibilidad, Jaime Salinas Sedó, Perú, 12 de noviembre de 2009, párr. 37 e Informe Nº 42/09, Petición 443-03, Inadmisibilidad, David José Ríos Martínez, Perú, 27 de marzo de 2009, párr. 38.

References: resolución 
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 artículo 46
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 artículo 82
 artículo 24
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 artículo 44
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 artículo 47
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 artículo 99
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