Source: http://www.slideshare.net/enriquedominguez79656/derecho-ecologico-21420853
Timestamp: 2015-04-27 01:10:36+00:00

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Clase 2 fundamentos del orden social
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Desarrollo de la legislación ambiental en MéxicoJosé Manuel Vargas HernándezDirector jurídico del Instituto Nacional de Ecología- Semarnat , Periférico sur 5000Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, México 04530, D. F.Correo-e: jmvargas@ine.gob.mxDesde hace pocas décadas la humanidad ha observado el nacimiento y el desarrollo de una nuevadisciplina jurídica, como resultado de la reacción humana y social a la problemática ambiental,disciplina a la que se le ha denominado Derecho Ambiental, Derecho del Ambiente, DerechoEcológico y Derecho del Entorno, que son las voces más comunes para nombrar al ordenamientojurídico ambiental. (1) Concepto, por demás relativamente nuevo y muy poco explorado por losjuristas, dado el poco interés concedido a esta materia hasta hace poco, el objeto del DerechoAmbiental es regular las conductas humanas y fenómenos para perpetuar la vida y asegurar lacontinuidad de los procesos naturales. (2) Considero que esta joven rama del derecho en Méxicono tarda en alcanzar su autonomía plena, si tomamos en cuenta que constituye la expresiónjurídico-formal moderna de un hecho tan antiguo como la propia aparición del hombre sobre latierra, las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, en las que no es posible concebir una existenciahumana al margen de la naturaleza, o en eterno conflicto con ella.Asimismo los problemas surgen con motivo de las actividades humanas, que se caracterizan, lasmás de las veces, por decisiones intelectivas que se ubican al margen del orden natural, siendoéste un atributo de los ecosistemas que es posible alterar. Es necesario orientar las conductasindividuales y sociales para evitar, en lo posible, las perturbaciones al medio ambiente que van encontra de la lógica ecológica-natural. Don Andrés Molina Enríquez (3) , autor de Los grandesproblemas nacionales , señalaba en 1909 como problemas de la nación mexicana los siguientes: lapropiedad, el crédito territorial, la irrigación, la población y el problema político. Así, los problemasde tipo ambiental reciben un tratamiento científico de parte del autor, sobre todo en el tercerproblema, la irrigación, donde comienza a describir la naturaleza de la vida vegetal. La proteccióndel ambiente ha sido precisada como el conjunto de medidas de toda índole para la preservaciónde los bienes ambientales, o en su caso, el restablecimiento del orden ecológico violado aconsecuencia de una agresión al mismo. (4)Para situar al Derecho ecológico dentro de las diversas ramas del derecho recordemos la divisiónclásica de derecho público y privado. En la actualidad el Derecho Ecológico “cae sustancialmentedentro del Derecho Administrativo” que al mismo tiempo es una rama del Derecho Público (5)Este Derecho Ecológico, integrado por un conjunto de disposiciones de distinto rango y eficacia,constituyen una nueva rama jurídica que ha tenido un significado muy especial: la consagración delas normas jurídicas, reglas e instituciones para la conservación del medio natural y elestablecimiento de nuevas relaciones sociedad-naturaleza. Ramón Martín Mateo (6) sintetizaestas conceptuaciones del Derecho Ambiental y afirma que es aquél que «incide sobre conductasindividuales y sociales para prevenir y remediar las perturbaciones que alteran el equilibrio».Dentro de la división clásica entre Derecho Público y Derecho Privado (7), puede afirmarse que elDerecho Ambiental se ubica en el primero, aunque pueden converger disposiciones de otra 2.
naturaleza en razón de su propio objetivo. Así, la legislación privada no queda excluida tanto en loque hace a relaciones de vecindad de suma trascendencia en la materia, como a la posiblereclamación de compensaciones y reparaciones en caso de daños producidos al entorno. (8)Dentro de este contexto, los componentes principales de la gestión ambiental son: la política, elderecho y la administración ambiental. En consecuencia no sólo comprenden acciones materialespara la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, sinotambién una adecuada planeación, regulación y organización de toda la materia ambiental, estoes, la gestión ambiental supone un conjunto de actos normativos y materiales que buscan unaordenación del ambiente, que van desde la formulación de la política ambiental hasta larealización de acciones materiales que garanticen el propósito general.En cuanto a la política internacional es conveniente destacar la congruencia que México haobservado con los principios del Derecho Internacional y los compromisos adquiridos en materiaambiental, siempre dentro de un marco de respeto a la soberanía nacional y en beneficio de losrecursos naturales y del medio ambiente. La trascendencia de los asuntos ambientales al ámbitointernacional ha motivado que también desde éste ángulo se pretenda conceptualizar al DerechoAmbiental. En este sentido, se le designa como: «El conjunto de normas internacionales queregulan solamente un aspecto de los problemas humanos con el medio ambiente, que es elaspecto de la contaminación en las diferentes zonas o áreas de espacio con las que el ser humanotiene contacto o en las que tiene interés actual o potencial». (9)Este artículo está dirigido, en una fase inicial, hacia las bases constitucionales de la legislaciónambiental y ecológica; posteriormente se realizará una síntesis sobre la misma normatividad,manifestó que los conceptos vertidos en el presente trabajo quedan bajo mi responsabilidad.Consideraciones generalesEs bien sabido que el gobierno mexicano se estructura sobre la base de los principios de unaRepública representativa y federal, compuesta por tres niveles de gobierno que son: el federal, ellocal o estatal y el básico, correspondiente a los municipios. Esto resulta fundamental paraprecisar cómo se distribuyen las competencias en materia ambiental, conforme a la legislaciónmexicana.Fue a principios de 1968 que Suecia propuso una Conferencia sobre el Medio Humano ante elConsejo Económico y Social; con apoyo de este Consejo la Asamblea General, dictó el 3 dediciembre de 1968, su primera resolución sobre Problemas de Medio Humano.(10) Lapreocupación de la comunidad internacional por la degradación del medio ambiente, se reflejó enlas propias Naciones Unidas que acogieron las respuestas internacionales a los problemas demedio ambiente y tras las Conferencias de París de 1968, Londres de 1970, y las reuniones deNueva York, Praga y Ginebra en 1971, tuvo lugar la Conferencia de Estocolmo en 1972. (11) Comoconsecuencia de esta conferencia se crearon organizaciones especializadas, con lo que seinstitucionalizó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con sede enNairobi, Kenia, y se estableció el Día Mundial del Medio Ambiente. Las Naciones Unidas hancreado también, conectados con el PNUMA un Centro Internacional de Formación de CienciasAmbientales (CIFCA) para los países de habla hispana. En la Cumbre de Río de Janeiro (1992), seaprobó la agenda 21, la cual aboga por conducir cambios en el desarrollo de las actividades 3.
económicas, la correspondiente declaración de Río, las Previsiones sobre los bosques, y losConvenios relativos al cambio climático y la biodiversidad. (12)En nuestro país la experiencia ambiental se remonta al 23 de marzo de 1971, cuando se promulgóla Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. (13) En este primermomento, en enero de 1971, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen el artículo 73 fracción XVI 4a, que se otorga al Consejo de Salubridad General las facultadesnecesarias para dictar las medidas para prevenir y combatir la contaminación ambiental. (14)Con fundamento en las disposiciones de dicho ordenamiento se derivaron diversos reglamentos,los que culminaron con el Programa Integral de Saneamiento Ambiental, de mayo de 1980,estudiándose además las funciones de los tres órganos que tuvieron como misión específica laprotección del ambiente: el Consejo de Salubridad; la Comisión Intersecretarial de SaneamientoAmbiental y la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dependiente de la Secretaría deSalubridad y Asistencia.Posteriormente se publicó, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982, la LeyFederal de Protección al Ambiente, que profundizó en más aspectos ambientales que la ley que leantecede, ampliando sus horizontes y específicamente dándole toda la fuerza punitiva de unaregulación que permitió prevalecer el interés público y social en la procuración de un ambientelimpio y sano.El fundamento Constitucional de las normas secundarias que regulan la conducta humana y socialfrente a los recursos naturales y los ecosistemas, se encuentran en los Artículos 25 sexto párrafo,26, 27 tercer párrafo, 73 fracción XVI 4ª y fracción XXIX-G, así como el 115 y 124, que se relacionancon la competencia de los Gobiernos de los Estados y Municipios, y su participación en la temáticaambiental.En el Artículo 25 párrafo sexto Constitucional se establece el postulado del cuidado del medioambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos por los sectores social yprivado. Esta idea fue incorporada a la Constitución Política, mediante Decreto publicado enel Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983.Congruente con lo anterior, el Artículo 26 Constitucional establece que, como una consecuenciade la intervención estatal en la economía de la Nación, “El Estado organizará un sistema deplaneación democrática del desarrollo nacional que imprime solidez, dinamismo, permanencia yequidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social ycultural de la Nación”. Se trató así de concertar acciones que fueran congruentes entre sí para, deesta forma, aprovechar los recursos sustentables del país evitando su sobrexplotación.En el artículo 27 constitucional se plasma la idea de la conservación de los recursos naturalescomo un elemento totalizador de la protección al ambiente. Este concepto ecológico se introducemediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de agosto de 1987.La tercera de estas bases es la contenida en el Artículo 73 fracción XVI 4a. Constitucional, que serefiere a la idea de la prevención y control de la contaminación ambiental, con un conceptoambiental dentro del rubro de salubridad general, dentro del ámbito de competencia de laSecretaría de Salud. 4.
La cuarta base es la referente al Artículo 73 fracción XXIX-G que fue reformada por el mismodecreto que modificó al Artículo 27 tercer párrafo, constituyendo ambos la reforma ecológicaconstitucional. De conformidad con dicho precepto, el Congreso de la Unión tiene la facultad paraexpedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estadosy de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección alambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico.A partir del establecimiento de las bases constitucionales para la protección al ambiente en suconjunto, se puede observar como la Constitución Política distribuye las facultades en esta materiaentre la federación, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, aunqueesta cuestión atañe más específicamente al estudio de la gestión ambiental.Este nuevo esquema de distribución de competencias, la llamada «concurrencia» ha sido objetode critica en el sentido que una “ley secundaria ni sus reglamentos pueden establecer el ámbito decompetencia de gobierno, ya que esto debe estar en la Carta Magna”, 15 pues con ello secontraviene el artículo 124 de la propia Constitución, que establece “Las facultades que no estánexpresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entiendenreservadas a los Estados”.La inclusión formal del tema ambientalEl principio de la conservación de los recursos naturales en general, se incorporó a la ConstituciónPolítica de 1917 como resultado de los profundos cambios con respecto a la Constitución de 1857,en cuanto a las ideas sobre la función social de la propiedad privada, la cual dejó de ser underecho absoluto: esto trajo como consecuencia cambios en el sistema de propiedad privada. Así,la Constitución de 1857 establecía que «la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin suconsentimiento», y otorgaba todo tipo de protección al propietario, por lo que éste podía disponerde sus tierras y aguas conforme a su voluntad y no cabía la protección de los recursos naturales.Por su parte, el sistema de propiedad establecido en la Constitución Política de 1917 descansa enla premisa de que la propiedad de las tierras y las aguas pertenece originariamente a la Nación,que tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedadprivada, pero conservando el dominio de las mismas, así como el de revertir dicho dominio através del derecho de expropiación.El propósito fundamental de los constituyentes fue que en la legislación mexicana «quedaraestablecido como un principio básico, sólido e inalterable, que sobre los derechos individuales a lapropiedad, estuvieran los derechos superiores de la sociedad representada por el Estado, pararegular su repartición, su uso y su conservación...».Esto es, tal como quedó también asentado en el artículo 27, que la Nación tendrá en todo tiempoel derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que requiera el interés público, porlo que en nuestra Constitución quedó explícita la función social de la propiedad privada. Esimportante resaltar que, en este punto, nuestra Carta Magna se anticipó a las Constituciones demuchos otros países.Los párrafos tercero y cuarto de este artículo otorgan a la Nación el dominio inalienable eimprescriptible de todos los recursos naturales del suelo, el subsuelo, la plataforma continental ylos zócalos submarinos de las islas, los mares territoriales y patrimoniales, los ríos y lagos, las 5.
lagunas y los esteros y, en general, la propiedad originaria de todas las tierras y aguas en suespacio geográfico y legal. Una conclusión inmediata de él es la obligación y el derecho que laNación tiene de legislar y regular sobre el empleo y la protección de dichos recursos.De este artículo se desprende, además de la LGEEPA, la Ley de Aguas Nacionales, que regula todolo relativo al uso y protección de las aguas en el territorio nacional, incluyendo diversos aspectosde su posible contaminación.Otras ideas del párrafo tercero del artículo 27 constitucional están ligadas a las anteriores, porejemplo, la disposición en virtud de la cual la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de regularel aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, en beneficio social, conobjeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación.En términos actuales, este párrafo se traduce en el derecho de la Nación para asegurar laconservación de los recursos naturales y consagra la función social de la propiedad privada, puesqueda claro que los atributos propios del dominio pueden ser limitados por razones de interéspúblico. La importancia ambiental de este principio es evidente, pues de él depende la potestaddel Estado para exigir la limitación de ciertos atributos de la propiedad privada.El tercer principio, que también es parte del ya mencionado párrafo tercero, se refiere a laconservación de los recursos naturales y establece, «...que con ese objeto se dictarán las medidasnecesarias para... evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedadpueda sufrir en perjuicio de la sociedad».Teniendo en cuenta la época en que se redactó este artículo, no puede menos que sorprender laclaridad de la concepción ambiental que está implícita en él y la amplitud de su ámbito, sobre todosi se recuerda que este tipo de conceptos se comenzaron a incorporar en las constituciones deotros países latinoamericanos hasta la década de los años 60.Es evidente que las ideas del párrafo tercero de este artículo sobre la distribución equitativa de losrecursos naturales y su conservación están vinculadas entre sí, pues con frecuencia, la inequidaden la distribución acarrea el deterioro o la sobrexplotación de dichos recursos.Por otra parte, la idea de «conservación de los recursos», no se opone al «aprovechamiento dedichos recursos», pues lo que se consagra en la Constitución es el derecho de la Nación de regulardicho aprovechamiento en beneficio social.En estas ideas queda también implícita que, en nuestra Nación, los recursos naturales deben serutilizados racionalmente, esto es, de tal modo que se permita su conservación, lo que puedededucirse del mismo párrafo tercero que impone al Estado el deber de adoptar las medidasnecesarias para evitar la destrucción de los recursos naturales.Cabe mencionar que algunos autores han definido a los recurso naturales como “Todo medio desubsistencia de la gente que éstas obtienen directamente de la naturaleza”, (16) o se ha dado enllamar “recursos a los distintos elementos de los cuales el género humano se sirve para satisfacersus necesidades o exigencias”. (17) 6.
En el régimen Constitucional de los recursos minerales, corresponde a la Nación el dominio directode todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyandepósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos. En el mismo Artículo27 Constitucional se establece el dominio de la Nación sobre estos recursos asignándoles elcarácter de inalienables e imprescriptibles y que la explotación, el uso o el aprovechamiento de losmismos, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, nopodrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lasreglas y condiciones que establezcan las leyes.De esta forma nuestra Constitución establece las bases fundamentales para una política deprotección de los recursos minerales. En efecto, el dominio directo que la Nación tiene sobre estosrecursos le permite controlar en todos sus aspectos la explotación de los mismos, dotando alEjecutivo Federal de la capacidad de velar por la protección de éstos, a través del establecimientode reservas nacionales.Estas normas constitucionales fueron desarrolladas por la Ley Minera, de fecha 26 de junio de1992, y sus modificaciones del 24 de diciembre de 1996 y su reglamento publicado el 29 de marzode 1993. La Ley Minera establece que las personas que se beneficien con minerales o sustanciassujetos a la aplicación de la citada Ley están obligados a “S sujetarse a las disposiciones generales ya las normas técnicas específicas aplicables a la industria minero metalúrgica en materia deequilibrio ecológico y la protección al ambiente” (artículo 37 fracción II).Continuando con la lectura ambiental de este ordenamiento jurídico, nos encontramos concriterios de protección a los recursos naturales no renovables constituidos por los minerales. En elartículo 20 se establece que las obras y trabajos de exploración, dentro de las áreas naturalesprotegidas, únicamente podrán realizarse con autorización de la autoridad que tenga a su cargolas referidas áreas; también el artículo 39 establece que “e n las actividades de exploración,explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar elcuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y lanormatividad en la materia”. Asimismo el derecho para realizar las obras y trabajos de exploracióno de explotación se suspenderá cuando éstos “causen o puedan causar daños a bienes de interéspúblico, afectos a un servicio público o de propiedad privada” (artículo 43 fracción II).En cuanto a los asentamientos humanos, se encuentran regulados con una fuerte improntaambiental, desde 1976. En esta época se reformó la Constitución Política en su Artículo 27 tercerpárrafo, para precisar que la regulación del aprovechamiento de los recursos naturalessusceptibles de apropiación sería hecha en beneficio social, pero fundamentalmente, para vincularesta idea con la de lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condicionesde vida de la población rural y urbana.Como consecuencia de lo anterior, se agregan las medidas necesarias para ordenar losasentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas, y destinos de tierras,aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función,conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con lo que quedaronestablecidos los principios fundamentales que habrían de presidir la ordenación de losasentamientos humanos. La misma reforma constitucional de 1976, estableció un sistema deconcurrencia del gobierno federal, estatal y municipal en materia de asentamientos humanos, que 7.
culminó con la expedición de la Ley General de Asentamiento Humanos, publicada en el DiarioOficial de la Federación del 26 de mayo de 1976.La referida ley de 1976 fue abrogada por la Ley General de Asentamientos Humanos vigente,publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1993, y modificada el 5 de agostode 1994, creándose un sistema en el que destaca la idea del ordenamiento territorial de losasentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tendientes a mejorarel nivel y la calidad de vida de la población urbana y rural, mediante la conservación ymejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos. Establece como causa de utilidadpública la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros depoblación (artículos 3° fracción XIII y 5° fracción VIII).En el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 se publicó la reforma al Artículo 4°Constitucional, en el cual se consagró como una garantía individual el Derecho a la Salud.Esta reforma al campo del Derecho ecológico es el origen de los mayores esfuerzos dirigidos a laprevención y control de la contaminación ambiental para los efectos de la salud humana. Uno delos efectos de las alteraciones ambientales es que son causa directa o indirecta de losdesequilibrios de la persona como ente individual, es decir, pueden alterar el funcionamiento desu organismo y llegar a enfermar o exacerbar padecimientos que el individuo ya tenía. Para elDerecho Ecológico, el derecho de la salud tiene que ver con el manejo de los recursos naturales,entre los que encuentran: el agua, el suelo, el aire, los ecosistemas, entre los más importantes.En el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, se adicionó y reformó el artículo 115constitucional con el fin de dar una transformación al régimen municipal. El carácter ecológico deesta reforma se puede observar en la fracción V que señala: “ Los municipios, en los términos delas leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar lazonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración desus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdiccionesterritoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias ypermisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservasecológicas.”A este conjunto de bases constitucionales se une el artículo 124 Constitucional, estableciendo quetodas las facultades que no se encuentran conferidas expresamente a la Federación se entiendenreservadas para las entidades federativas.Como resultado del proceso de reformas a los artículos 27 y 73 Constitucionales, se abrió el causea una nueva legislación denominada Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1988, y susmodificaciones del 13 de diciembre de 1996. De la exposición de motivos de dicha reforma sedestacan los siguientes propósitos:. Establecer un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de la administración,ejecución y vigilancia ambiental a favor de las autoridades locales.. Ampliar los márgenes legales de participación ciudadana en la gestión ambiental, a través demecanismos como la denuncia popular, el acceso a la información ambiental y la posibilidad de 8.
impugnar por medios jurídicos los actos que dañen al ambiente en contravención de lanormatividad vigente.. Reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, a fin de ampliar la seguridad jurídica dela ciudadanía en materia ambiental.. Incorporar instrumentos económicos de gestión ambiental, al igual que figuras jurídica decumplimiento voluntario de la ley, como las auditorías ambientales.. Fortalecer y enriquecer los instrumentos de política ambiental para que cumplan eficazmentecon su finalidad.. Incorporar definiciones de conceptos hoy considerados fundamentales como los desustentabilidad y biodiversidad, a fin de aplicarlos en las distintas acciones reguladas por el propioordenamiento.. Asegurar la congruencia de la LGEEPA con las leyes sobre normalización, procedimientosadministrativos y organización de la Administración Pública Federal.Para el logro de tales propósitos la reforma se enfocó en los siguientes rubros:Distribución de competencias; instrumentos de política ambiental; biodiversidad; contaminaciónambiental; participación social e información ambiental; responsabilidades, procedimientosadministrativos y sanciones, y denuncia popular.En el mismo Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 1996 se publicó la reforma alCódigo Penal Federal para incluir el Título vigésimo quinto, Capítulo único “Delitos ambientales”.En una reforma más o menos reciente de los artículos 4º quinto párrafo y 25 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, se ve materializado en el primero la garantía deque toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo ybienestar, mientras que en el segundo se incorpora el concepto de sustentable, con lo cual seestablece la base constitucional del desarrollo sustentable en nuestro país (D.O.F. 28 de junio de1999).De igual forma en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre del mismo año se publicóla reforma al artículo 115 Constitucional que otorga a los municipios la prestación de las funcionesy servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento; disposición de sus aguasresiduales y limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, entre otras yla facultad de participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en laelaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, así como celebrarconvenios para la administración y custodia de las zonas federales.Legislación forestal y de faunaDe los preceptos constitucionales referidos, se derivan una serie de cuerpos normativos queregulan materias relacionadas con la protección del ambiente y de los recursos naturales, de los 9.
que destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que son elinstrumento jurídico que regula de manera global los aspectos relacionados con las citadasmaterias. No obstante lo anterior, las Leyes de Aguas Nacionales, de Pesca, la General deDesarrollo Forestal Sustentable, la General de Vida Silvestre, además de contener disposicionesrelativas a la explotación y aprovechamiento de recursos naturales, incluyen regulacionesrelacionadas con la protección y conservación de los mismos.La biodiversidad se encuentra definida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, losecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de losque forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de losecosistemas. La actividad forestal es materia ambiental, ya que los bosques de nuestro país son unrecurso natural, además de que latala de los bosques, si no se basa en los principios de desarrollosustentable, puede llegar a ser fatal, tanto para las personas que dependen de dicha actividad,como para los recursos de nuestro país.En este sentido, la rectoría del Estado sobre los recursos forestales del país se establece en elartículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en elpárrafo tercero que señala que “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a lapropiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, enbeneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, conobjeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograrel desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaciónrural y urbana…”.La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente reglamentaria del artículo 27 y 13fracción XXIX G Constitucional, reconoce como legítimos dueños de los recursos forestales a lospropietarios y poseedores de los terrenos en donde éstos se encuentren, y cuyo aprovechamientoestá sujeto a un régimen de control a través de autorizaciones expedidas por la Secretaría deMedio Ambiente y Recursos Naturales, y a la presentación de avisos e informes por parte de losinteresados. Este ordenamiento establece las bases de la política forestal en el contexto delPrograma Nacional Forestal 2001 – 2006 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 deseptiembre de 2002, en el que “La visión de futuro del sector forestal en el año 2025 es la guíapara los esfuerzos de la sociedad y el gobierno. Esta visión permite comprender que el futuro noes lo que irremediablemente sucederá, sino el producto de una actitud colectiva para imaginar conclaridad cómo se desea que éste sea y decidir las acciones necesarias para hacerlo realidad. Estavisión señala las principales características del sector forestal que queremos construir para afirmarun compromiso de largo plazo con la sociedad mexicana”. en el cual destaca la planeación delaprovechamiento de los recursos forestales, a través del uso de instrumentos como el InventarioNacional Forestal y la zonificación de los terrenos forestales, a fin de propiciar el desarrollosustentable.En esta materia, como en otras, fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Federal, de losEstados y de los Municipios es uno de los propósitos fundamentales que se recogen en la LeyGeneral de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 defebrero de 2003, para lo cual se crea el Servicio Nacional Forestal Nacional, como un organismoque tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios yacciones institucionales para la atención eficiente y concertada del sector forestal. La Federación, 10.
los Estados y los Municipios establecerán las bases de coordinación para su integración. Estaráconformado por:1. El Titular de la Semarnat.2. El Secretario de la Defensa Nacional.3. El Titular de Sagarpa.4. Los gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del D.F.5. El Titular de la Comisión Nacional Forestal.6. El Titular de la Profepa.7. Los titulares de las dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las distintasactividades o materias relacionadas con el sector forestal.Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional, la Ley General de Desarrollo ForestalSustentable se vincula con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, paraarmonizar, en un solo documento las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales yforestaciones con el impacto ambiental por obras y actividades de competencia federal, a fin defacilitar la gestión administrativa de los particulares frente a la autoridad federal, y bajo la directrizde un programa de simplificación administrativa.En el fomento de las actividades productivas en materia forestal, el Ejecutivo Federal a través de laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con fundamento en la Ley General deDesarrollo Forestal Sustentable, ha implementado programas para el desarrollo del sector forestal,como el PRODEFOR y el PRODEPLAN para impulsar el aprovechamiento del bosque nativo y elestablecimiento de plantaciones forestales comerciales, el primero con aportaciones de recursosfinancieros de los gobiernos de los estados para el cumplimiento de sus propósitos.En la conservación de los recursos forestales ha sido activa y siempre oportuna la participación delos gobiernos de los estados y de los municipios en las acciones de combate y control de losincendios forestales, y más aún, en la planeación a corto plazo de las medidas que hagan cada vezmás eficiente la detección, llegada y tiempo de control de los mismos, en beneficio económico yambiental para toda la sociedad.Para lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, la Ley General deDesarrollo Forestal Sustentable y sus disposiciones reglamentarias establecen los documentos ysistemas de control que deberán utilizar los particulares para acreditar la legal procedencia de lasmaterias primas forestales, lo que garantiza una mayor protección de dichos recursos.Asimismo, con un esquema de infracciones y sanciones fortalecido, se permite actuar a laautoridad dentro de un marco jurídico que garantiza una mayor eficacia y contundencia en losactos de inspección y vigilancia de los recursos forestales que rompan la cadena de lo ilícito einhiban la conducta infractora. 11.
Ante la enorme riqueza de recursos forestales con que cuenta el país y la imperiosa necesidad desu protección y preservación, es necesaria, sin duda alguna, la colaboración de los gobiernos de losestados con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competenciapara la asunción de las siguientes funciones:I. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Servicio Nacional Forestal y de lossistemas y esquemas de ventanilla única para la atención eficiente de los usuarios del sector;II. Programar y operar las tareas de prevención, detección y combate de incendios forestales en laentidad, así como los de control de plagas y enfermedades;III. Inspección y vigilancia forestales;IV. Imponer medidas de seguridad y las sanciones a las infracciones que se cometan en materiaforestal;V. Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestalesVI. Otorgar los permisos y avisos para el combate y control de plagas y enfermedades;VII. Recibir los avisos de aprovechamiento de recursos forestales maderables, no maderables, deforestación, y los de plantaciones forestales comerciales;VIII. Autorizar el cambio de uso del suelo de los terrenos de uso forestal;IX. Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables y deplantaciones forestales comerciales;X. Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, así como evaluar y asistir a losservicios técnico forestales; oXI. Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades forestales a que se refiere el artículo 28de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.Lo anterior se establece sin que en ningún momento se pierda la rectoría del Estado sobre losrecursos forestales y, principalmente, sin la necesidad de que los gobiernos de los estados regulenen sus leyes locales materias que se encuentran expresamente otorgadas a la Federación y conello pudieran, en primer lugar, rebasar la esfera de su competencia con consecuencias jurídicasque anulen sus esfuerzos por proteger a los recursos naturales que se encuentran en la entidadfederativa de que se trate, y en segundo lugar, restar eficacia a las acciones del gobierno federal.De la aplicación de esta última disposición se pueden citar importantes convenios celebradosentre el gobierno federal y los gobiernos de los estados con la participación de los municipios,principalmente en materia de inspección y vigilancia, cuyos resultados están teniendo un beneficiopara los dueños y poseedores del recurso forestal y al mismo tiempo la protección del propiorecurso. 12.
En materia de vida silvestre, la preservación, la protección y el aprovechamiento de la flora y faunasilvestre se encuentran regulados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente la cual incorporó en el Título Segundo, Capítulo III denominado “Flora y Fauna Silvestre”,los criterios de sustentabilidad de los recursos flora y fauna silvestres, los cuales deberánconsiderarse en el otorgamiento de concesiones, permisos y en general, de toda clase deautorizaciones para el aprovechamiento, posesión, administración, conservación, repoblación,propagación y desarrollo de dichos recursos naturales.En este sentido, el aprovechamiento extractivo y no extractivo de la flora y la fauna silvestre enactividades económicas se encuentra sujeto a un régimen de autorizaciones y licencias expedidaspor la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ), cuando los particularesgaranticen su reproducción controlada o desarrollo en cautiverio o semicautiverio o cuando la tasade explotación sea menor a la de renovación natural de las poblaciones, de acuerdo con lasnormas oficiales mexicanas que al efecto expida la Semarnat .Congruente con lo anterior, la Semarnat expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-2001,que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo enla República Mexicana mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecerlos criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies opoblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción (D.O.F. 6 de marzo de2002).Asimismo, para realizar la colecta de especies de flora y fauna silvestre con fines de investigacióncientífica, los interesados deberán obtener autorización expedida por la Semarnat, y quedaránsujetos a los términos y formalidades que se establezcan en las normas oficiales mexicanas que seexpidan.Cabe señalar que para el aprovechamiento de flora y fauna silvestre, los titulares de lasautorizaciones requieren del consentimiento expreso del propietario o legítimo poseedor delpredio en que éstas se encuentren.En México la conservación, protección, aprovechamiento y desarrollo de la fauna silvestre es unamateria concurrente entre la Federación, los estados y municipios en el ámbito de sus respectivascompetencias de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, la cual tiene por objetoestablecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de losmunicipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación yaprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la RepúblicaMexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.El ejercicio de la actividad cinegética dentro del territorio mexicano se encuentra regulado por unconjunto de disposiciones que se articulan entre sí, para brindar seguridad al turismo cinegético ygarantizar el aprovechamiento sustentable del recurso fauna. Para precisar el alcance de susdisposiciones se define lo que se deberá entender por licencia de caza: el documento mediante elcual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por susconocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de lasregulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional. 13.
También se define por vida silvestre a “los organismos que subsisten sujetos a los procesos deevolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblacionesmenores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.”(Fracción XLI, artículo 3°).La Ley General de Vida Silvestre reconoce que las actividades de conservación y aprovechamientosustentable de la vida silvestre se respetarán, conservarán y mantendrán los conocimientos,innovaciones y prácticas de las comunidades rurales que entrañen estilos tradicionales de vidapertinentes para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat yse promoverá su aplicación más amplia con la aprobación y la participación de quienes poseanesos conocimientos, innovaciones y prácticas. Asimismo, se fomentará que los beneficiosderivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartanequitativamente.La Ley General de Vida Silvestre confiere a la hoy Secretaría de Medio Ambiente y RecursosNaturales, la facultad de organizar los cuerpos de inspección y vigilancia del cumplimiento de lasdisposiciones en la materia. Las autoridades federales, locales y municipales deberán concurrirpara el logro del objetivo de la ley, así como de la difusión de la enseñanza especializada y de losconocimientos necesarios para la conservación y fomento de la fauna silvestre.Congruente con lo anterior se presento un paquete de iniciativa de reformas a la legislaciónambiental, que culminó con reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente, Ley Forestal y Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley General de Vida Silvestre,publicadas las tres primeras en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2001, y laúltima el 10 de enero de 2002, cuyo propósito principal es reforzar los mecanismos decoordinación para fortalecer la capacidad de gestión ambiental de los gobiernos de los estados yde los municipios en los asuntos de competencia federal.Aunado a lo anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 2002, elDecreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal y Federal deProcedimientos Penales, en el apartado correspondiente a los “Delitos Contra el Ambiente y laGestión Ambiental”.También se reformó la Ley de Planeación (D.O.F. 23 de mayo de 2002) para dar una mayorconsistencia a la planeación nacional del desarrollo con la inclusión de las variables ambiental,económica, sociales y culturales.A principios de 2003 se publicó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D.O.F. 25 defebrero de 2003). Dicho ordenamiento tiene por objeto regular y fomentar la conservación,protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de losecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materiaforestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. Entre susprincipales aportaciones se encuentran:Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país.Promover la organización, capacidad operativa, integralidad y profesionalizaciónde las instituciones públicas de la Federación, Estados, Distrito Federal yMunicipios, para el desarrollo forestal sustentable; y 14.
Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de loslugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas.Definir los criterios de la política forestal, entre muchos otros.Cabe mencionar que el 8 de septiembre de 2003 se publico en el Diario Oficial de la Federación lanueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que tiene por objetogarantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollosustentable a través de la prevención de la generación, la valoración y la gestión integral de losresiduos sólidos urbanos y de manera especial; prevenir la contaminación de sitios con estosresiduos y llevar a cabo su remediación.La modificación al marco jurídico ambiental tiene entre otros propósitos establecer las bases parallevar a cabo un proceso de descentralización ordenado, gradual y efectivo de diversos asuntosambientales en favor de los gobiernos locales; ampliar los márgenes de la participación social en lagestión ambiental, fundamentalmente en la toma de decisiones, el acceso a la informaciónambiental y el derecho al ejercicio de acciones para impugnar los actos de autoridad; fortalecer yenriquecer los instrumentos de la política en la materia; reducir los márgenes de discrecionalidadde la autoridad; ampliar la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental e incorporarconceptos fundamentales como los de sustentabilidad y biodiversidad, a fin de aplicarlos a lasdistintas acciones reguladas por el propio ordenamiento, así como el cumplimiento de loscompromisos asumidos por nuestro país en los tratados y convenciones internacionales en lamateria.Actualmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente cuenta condisposiciones reglamentarias en las siguientes materias:Impacto Ambiental (Nuevo reglamento publicado en el D.O.F. el 30 de mayo de2000 abrogó al reglamento del 7 de junio de 1988).Residuos Peligrosos (Publicado en el D.O.F., 25 de noviembre de 1988).Contaminación Originada por la Emisión del Ruido (Publicado en el D.O.F., 6 dediciembre de 1982).Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (Publicada en el D.O.F., 25de noviembre de 1988).Prevención y Control de la Contaminación Generada por los VehículosAutomotores que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de su ZonaConurbada (Publicado en el D.O.F., 25 de noviembre 1998).Para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. (Publicado enel D.O.F., 7 de abril de 1993).Áreas Naturales Protegidas (Nuevo reglamento publicado en el D.O.F. de 30 denoviembre de 2000).Auditoría Ambiental (Nuevo reglamento publicado en el D.O.F. de 29 denoviembre de 2000.Como puede notarse, en México se ha tenido un avance legislativo en materia ambiental, y en losúltimos años se ha hecho un esfuerzo por renovar el marco jurídico ambiental, mismo que seintegra con la legislación sectorial que a continuación se señala:Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que abrogó a la Ley Forestal 15.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los ResiduosLey de Pesca.Ley General de Vida Silvestre que abrogó a la Ley Federal de Caza.Ley de Aguas Nacionales.Ley General de Bienes Nacionales.Ley General de SaludLey Federal de Sanidad VegetalLey Federal del Mar.Ley Minera.Ley General de Asentamientos Humanos.Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.Nuevo Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y RecursosNaturales (Antes Sedue, Sedesol, Semarnap hoy Semarnat D.O.F. 21 de enero de2003).En este contexto, la materia ambiental presenta un desarrollo importante dentro del SistemaJurídico Mexicano; sin embargo, aún no es suficiente para salvaguardar nuestra riqueza natural ygarantizar la protección al ambiente que constantemente exige una revisión minuciosa de suscontenidos en temas como el acceso a los recursos genéticos, el uso de la biotecnología y labioseguridad, el adecuado manejo de los residuos peligrosos, el riesgo ambiental; tópicos que seenlistan como puntos importantes en las agendas nacional e internacional.Notas(1) Paulo Alfonso Leme Machado indica que para designar al Derecho Ambiental se utilizan lasexpresiones «Derecho del medio Ambiente» o «Derecho del Ambiente», siendo la más apropiadaésta última, como expresión más auténtica en virtud de su procedencia latina y el estado más puroque guarda con el italiano y francés, igualado al término inglés «environment», igualmente, señalaque «Derecho del Entorno» es otra de las formas de llamar a este Derecho (citado en Pigretti1979: 194).(2) Brañes 1987: 26,(3) Molina Enríquez 1983: 151.(4) Millán López 1975: 152.(5) Baquero Rojas 1997: 3.(6) Martín Mateo 1977: 79.(7)«Derecho Público es el que se compone de las leyes establecidas para la utilidad común de lospueblos considerados como los cuerpos políticos, a diferencia del Derecho Privado, que tiene porobjeto la utilidad de cada persona considerada en particular e independientemente del cuerposocial». Escriche 1977: 320.(8) Martín Mateo, Ramón, op. cit .: 88. 16.
(9) Citado en Szekely 1976: 100.(10) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 1973.(11) Bustamente 1995: 25.(12) Jaquenod de Zsögön 1996: 49.(13) Zarkin Cortés 2000: 51.(14) García Saavedra et al. 1997: 84.(15) García Saavedra et al. 1997: 133.(16) Gutiérrez Nájera 1998: 1.(17) Pigretti 1997: 11.BibliografíaBaquero Rojas, Edgard 1997. Introducción al derecho ecológico . Colección Textos JurídicosUniversitarios. Editorial Harla, México.Brañes, Raúl 1987. Derecho Ambiental Mexicano . Segunda edición. Editorial Fundación UniversoVeintiuno, México.Bustamente Aksina, Jorge 1995. Derecho ambiental. Fundamentación y normativa . EditorialAberaldo Perrot, Buenos Aires.Diario Oficial de la Federación 2002 (6 de marzo). Segunda sección. Segob, México.Escriche, Joaquín 1977. Diccionario de legislación y jurisprudencia . Tomo II. Editorial Temis,Bogotá, Colombia.García Saavedra, José David y A. Jaimes Rodríguez. Derecho ecológico mexicano . Editorial UniSon,México.Gutiérrez Nájera, Raquel 1998. Introducción al estudio del derecho ambiental . Editorial Porrúa,México.Jaquenod de Zsögön, Silvia 1996. Iniciación al derecho ambiental . Editorial Dykinson, Madrid.Martín Mateo, Ramón 1977. Derecho ambiental . Instituto de Estudios de Administración Local,Madrid, España. 17.
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 Artículo 25
 Artículo 26
 artículo 27
 Artículo 73
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 Artículo 27
 artículo 124
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 artículo 39
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 Artículo 4
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 artículo 3