Source: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228238/20200424
Timestamp: 2020-07-14 14:43:06+00:00

Document:
BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD - Resolución 93/2020
Resolución 93/2020
RESOL-2020-93-APN-DE#AND
VISTO el Expediente EX-2020-27227420-APN-DE#AND, las Leyes N° 27.044, 26.657, 26.378, el artículo 9° de la Ley N° 13.478 y sus normas modificatorias, el Código Civil y Comercial de la Nación, los Decretos N° 432 del 15 de mayo de 1997 y N° 698 del 5 de septiembre de 2017; y
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378, con jerarquía constitucional otorgada por la Ley N° 27.044, reconoce en su Preámbulo que la discapacidad es un concepto en constante evolución, resaltando la función que cumplen las barreras como elemento constituyente de la construcción social de la misma.
Que el artículo 1°, segundo párrafo, de la citada Convención señala que la discapacidad se construye cuando las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, al interactuar con diversas barreras (materiales, actitudinales, comunicacionales, etc. ), se ven impedidas de ejercer, disfrutar y gozar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones que los demás.
Que por el artículo 4°, apartado 1, inciso a) de la mencionada Convención, el Estado Argentino se obligó a “Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”.
Que, asimismo, en los términos del artículo 8, apartado 1, inciso b) del mencionado acuerdo, el Estado Argentino se obligó a luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida.
Que, el artículo 12 de la Convención citada establece que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás, pudiendo contar con los apoyos necesarios para hacerlos efectivos, y que los Estados asegurarán que, en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1° y 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, toda normativa debe ser interpretada y fundada en los términos de los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.
Que el artículo 15 del mencionado Código expresa que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio.
Que, asimismo, los artículos 25 y 27 del citado cuerpo legal, determinan que la mayoría de edad se adquiere al cumplir DIECIOCHO (18) años de edad, o por emancipación por matrimonio.
Que el artículo 43 del Código, establece la posibilidad de solicitar una medida de apoyo judicial o extrajudicial al ejercicio de la capacidad que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general, con la función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos.
Que la Ley N° 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, establece en su artículo 10° que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión.
Que en el mismo sentido, el artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la comunicación “… incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizadas y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso”.
Que, asimismo, indica que por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Que la Ley Nº 13.478, en su artículo 9°, y sus normas modificatorias, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar en las condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión e imposibilitada para trabajar.
Que el Decreto N° 432/97, reglamentario del artículo 9° de la mencionada ley, estableció los requisitos para la tramitación, otorgamiento, liquidación, suspensión y caducidad de las prestaciones no contributivas por invalidez.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Punto 7° del Anexo del citado Decreto reglamentario, se acordó que la liquidación y pago de las pensiones se realiza a través de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) por medio de las entidades pagadoras correspondientes.
Que por Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional.
Que, dentro de sus competencias, la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD comunica a los padres, tutores o guardadores de los menores de edad, titulares de derecho de una Pensión No Contributiva por Invalidez, que cesará la autorización para que perciban la prestación en nombre de su representado, cuando alcancen los DIECIOCHO (18) años de edad.
Que, esta práctica, trae aparejada el inicio de los procedimientos de interdicción, que a partir del Código Civil y Comercial de la Nación se denominan restricción de la capacidad jurídica o procedimientos de determinación de la capacidad jurídica, según la jurisdicción.
Que ello implica la contratación de abogados/as o la designación de defensores judiciales, así como un extenso procedimiento de evaluación médica, social e interdisciplinaria, que incluye exposición de pruebas testimoniales y ambientales, entre otras, así como gastos que resultan una carga desproporcionada en términos de igualdad en el ejercicio de los derechos humanos; y que ocasiona, como consecuencia, la inmediata inscripción de la anotación de inhibición general de bienes.
Que este procedimiento jurisdiccional resulta invasivo y violatorio del derecho humano de la persona que accede a una Pensión No Contributiva por Invalidez, ya que conlleva estar sujeto a un proceso judicial para toda la vida.
Que, solicitar la realización de un procedimiento de determinación de capacidad jurídica a los titulares de derecho de una Pensión No Contributiva por Invalidez por el sólo hecho de adquirir la mayoría de edad resulta un acto de discriminación en razón de la discapacidad.
Que la persona con discapacidad mayor de edad tiene derecho a notificarse personalmente de los actos administrativos a ellos referidos, con los apoyos extrajudiciales que establece el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, en caso de corresponder.
Que a tales fines, es obligación del Estado Nacional garantizar la accesibilidad de la comunicación mediante medios aumentativos y alternativos de comunicación, para que la persona con discapacidad mayor de edad pueda comprender el trámite a realizar y las consecuencias del mismo.
Que en el mismo sentido se ha pronunciado la Gerencia Previsional de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL mediante el dictado la Circular N° 35 del 10 de Julio de 2008 sobre Tramitación de los beneficios de pensión para personas con discapacidad, el que en su punto d) expresa: “…si el discapacitado se presenta en forma personal sin la ayuda de familiares, dándose a entender en forma verbal y/o por escrito, se recibirá la documentación proporcionada por éste y con ajuste a las normas detalladas en la página web de ANSES (http://www.anses.gov.ar), ello según lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la ley 26.378”.
Que deviene necesario establecer criterios que resulten adecuados a las convenciones internacionales suscriptas por la República Argentina, así como a las leyes de carácter interno, en relación a la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, titulares de derecho de una Pensión No Contributiva por Invalidez, que alcancen la mayoría de edad.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 698/2017, N° 868/2017, N° 160/2018 y N° 70/20.
e. 24/04/2020 N° 17735/20 v. 24/04/2020

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 43
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 43
 artículo 12