Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/4541
Timestamp: 2020-01-20 11:10:27+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 5/2002
SENTENCIA 5/2002, de 14 de enero
(BOE (Official State Gazzete) number 34, of 08 February 2002)
ECLI:ES:TC:2002:5
En el recurso de amparo núm. 5341/98, interpuesto por don Óscar Vaamonde Vázquez, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Jaén Jiménez y asistido por el Letrado don Alberto Holgado Lanillos, en relación con el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de 12 de marzo de 1998 y la providencia del mismo órgano judicial de 4 de noviembre de 1998, denegatorios de suspensión de ejecución de pena privativa de libertad. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El día 10 de diciembre de 1998, don Óscar Vaamonde Vázquez presentó un escrito (suscrito también por quien decía actuar en representación de la Asociación Pre.S.O.S. de Galicia) en el Juzgado de guardia de Santiago de Compostela, que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional, vía correo, el día 16 de diciembre de 1998, solicitando de éste que se le designara Abogado y Procurador de oficio, a fin de poder interponer recurso de amparo contra la que denominaba Resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña de 5 de noviembre de 1998, por la que, según el Sr. Vaamonde, se le denegaba de manera tácita el recurso de súplica formulado frente a Auto de 12 de marzo de 1998, que denegó la suspensión de ejecución de pena privativa de libertad, solicitada al amparo del artículo 80.4 del Código Penal, que se refiere a quienes estén aquejados de enfermedades muy graves con padecimientos incurables.
Tras la correspondiente tramitación, doña María Jesús Jaén Jiménez, Procuradora de los Tribunales, mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia de Madrid el día 20 de marzo de 1999, con entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 23 siguiente, interpuso, en nombre y representación del Sr. Vaamonde Vázquez, con la asistencia letrada de don Alberto Holgado Lanillos, recurso de amparo contra los anteriormente citados Auto de 12 de marzo de 1998 y Resolución de 5 de noviembre de 1998, ambos de la Audiencia Provincial de A Coruña.
a) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña dictó Sentencia el día 5 de diciembre de 1997 (recaída en el rollo núm. 535/97, dimanante de la causa que con el número 39/97 se siguió ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Santiago de Compostela), condenando al hoy recurrente en amparo, don Óscar Vaamonde Vázquez, por conformidad y aceptación de las partes, como autor responsable de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, a las penas de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante igual periodo.
b) Mediante escrito de 10 de diciembre de 1997, dirigido a la citada Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, la Asociación Pre.S.O.S. de Galicia, en representación de su asociado don Óscar Vaamonde Vázquez, solicitó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, por padecimiento de enfermedad grave e incurable, conforme a lo establecido en el artículo 80.4 del Código Penal, exponiendo que el Sr. Vaamonde era V.I.H. positivo, padeciendo la patología denominada SIDA. Además, se encontraba aquejado de una hepatopatía, inflamación constante del hígado con elevación de las transaminasas, siendo positivo al virus de la hepatitis C. Tras expresar las características de su enfermedad, el tratamiento médico al que se hallaba sometido, y otros factores y aspectos relacionados con tales cuestiones, considerando los efectos que generaría su ingreso en prisión (señalando que al tratarse de un enfermo de SIDA, en fase terminal, rodearlo de un ambiente hostil, como es la prisión, significaría condenarlo al sufrimiento en el poco tiempo que le quedare de vida), se citaban la normativa que se consideraba de aplicación y diversas resoluciones judiciales y circulares relacionadas con el supuesto planteado, además de un informe del Defensor del Pueblo. Se acompañaban también distintos documentos, entre ellos un informe de 7 de noviembre de 1997 del Servicio de Medicina Interna, Unidad de Seguimiento del VIH, del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en el que se hacía constar su clasificación en 1993, que era A-3, así como que el paciente no acudía a consulta desde el día 16 de mayo de 1997, por lo que se desconocía su estado actual y si cumplía tratamiento, habiendo faltado a las citas de análisis los días 12 de agosto de 1997 y 22 de octubre de 1997, de manera que era imposible valorar su estado actual y cumplimentación de terapia indicada.
“El beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad precisa, para su concesión, la concurrencia de los requisitos prevenidos en los artículos 80 y siguientes del Código Penal, y en el supuesto de autos y a la vista de los antecedentes del penado, ha de denegarse la concesión de tal beneficio”
c) La Asociación Pre.S.O.S. de Galicia, en defensa de los derechos constitucionales del hoy recurrente en amparo, interpuso recurso de súplica contra el citado Auto de 12 de marzo de 1998, señalando que la denegación de lo solicitado carecía de la fundamentación exigible, añadiendo que la enfermedad padecida determinaba que, en otra causa penal, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santiago estuviere realizando los trámites oportunos a fin de otorgar la suspensión de la ejecución de la pena por padecimiento de enfermedad grave incurable, y acompañando un informe emitido por la Médico-Forense de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción núms. 2 y 5 de Santiago, de 11 de marzo de 1998, en el que se hacía constar que el paciente es un caso franco de SIDA, con inmunodepresión severa, lo que obliga a la administración rigurosa de la medicación, debiendo evitar situaciones o ambientes que agraven todavía más su ya penosa inmunosupresión y alteren su régimen de tratamiento médico, concluyendo que, desde una perspectiva médico-legal, parece absolutamente desaconsejable su ingreso y permanencia en prisión.
“El Fiscal se opone a la concesión del beneficio de la suspensión de la condena.
- Infección por VIH asintomática - - Linfadenopatía generalizada persistente - - Infección aguda por VIH (primaria) con enfermedad acompañante o historia de infección aguda por VIH. - Por tanto no se está en una situación extrema que pueda aconsejar la aplicación del nº 4 del artículo 80 CP y menos cuando del informe mencionado se deduce que el tratamiento seguido por el condenado sufre retrasos al faltar a citas el 12-VIII-97 y el 22-X- 97, y entendemos que en prisión existen los medios adecuados para tratar suficientemente su enfermedad”
“Visto el dictamen del Ministerio Fiscal, no ha lugar a la solicitud formulada por la Asociación Pre.S.O.S. de suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al penado VAAMONDE VAZQUEZ. Requiérase a éste para que, en el plazo de diez días, se constituya en prisión, como viene acordado por auto de fecha 12 de marzo de 1998”
d) El día 5 de noviembre de 1998, el Secretario de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña dirige diligencia al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Decano de Santiago en la que señala:
“En cumplimiento de lo acordado por la Sala en la causa referenciada, seguida contra ÓSCAR VAAMONDE VAZQUEZ por delito de ROBO y CON FUERZA EN LAS COSAS, cúmpleme dirigir a V.I. la presente a fin de que se haga saber al penado arriba mencionado ... que no ha lugar a la solicitud de suspensión de ejecución formulada por la Asociación Pre. S.O.S.; requiérase al mismo para que, en el plazo de diez días, se constituya en prisión, para el cumplimiento de la pena impuesta, bajo apercibimiento de que le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho”
3. La demanda de amparo se dirige frente al Auto de 12 de marzo de 1998 y la que denomina Resolución de 5 de noviembre de 1998 (que se considera como desestimación tácita del recurso de súplica interpuesto frente al anterior Auto), a los que hemos hecho referencia en las letras b) y d) del antecedente 2, sin hacer la más mínima alusión a la providencia de 4 de noviembre de 1998, que hemos citado en la letra c) de tal antecedente 2. Sobre esta base, se entiende que las citadas resoluciones judiciales han vulnerado, por una parte, el derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, reconocido en el artículo 24.1 CE y, por otra parte, sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, pueda ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, consagrados en el artículo 15 CE.
4. Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal Constitucional de 5 de julio de 1999 se acordó requerir atentamente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con lo prevenido en el artículo 88 LOTC, para que en el plazo de diez días remitiera testimonio del rollo 535/97, en el que se dictó Auto de fecha 12 de marzo de 1998.
5. Mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 8 de enero de 2001, se acordó, a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y al recurrente, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieren.
6. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 23 de enero de 2001, el Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones. Comienza por exponer los hechos esenciales del presente supuesto, si bien refiere que el Auto de 12 de marzo de 1998 fue recurrido en súplica, recurso que fue implícitamente desestimado al no resolverse el mismo, si bien se dictó la que denomina Resolución de 5 de noviembre de 1998, por la que se le hizo saber al penado que no había lugar a la suspensión de la ejecución de la pena (de lo que, a juicio del Ministerio Fiscal, implícitamente parece deducirse que el órgano judicial estimó que contra el citado Auto no cabía recurso alguno). No alude, pues, el Ministerio Fiscal a la providencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de 4 de noviembre de 1998.
7. Mediante escrito con entrada en el Registro General de este Tribunal el día 2 de febrero de 2001, el recurrente en amparo formuló sus alegaciones, reiterando, en lo esencial, las contenidas en su demanda de amparo, y solicitando de este Tribunal Constitucional que reconozca que se han lesionado los derechos fundamentales del recurrente a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueda ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, restableciéndole en sus derechos y, a tal fin, anule el Auto de 12 de marzo de 1998 y retrotraiga las actuaciones a fin de que se dicte una nueva resolución adecuada a las exigencias de los derechos constitucionales reconocidos, resolviendo motivadamente sobre la solicitud del recurrente.
8. Por providencia de 10 de enero de 2002 se señaló para votación y fallo de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año, fecha en que ha tenido lugar.
1. Es preciso, ante todo, destacar las peculiares circunstancias que concurren en el presente recurso de amparo. Como resulta de los antecedentes, el demandante, don Óscar Vaamonde Vázquez, solicitó de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad de nueve meses de prisión que le había sido impuesta, amparándose en lo previsto en el artículo 80.4 del Código Penal, en cuanto que consideraba que sufría una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Dicha solicitud fue denegada por el citado órgano judicial mediante Auto de 12 de marzo de 1998. Interpuesto recurso de súplica frente al mismo, emitió el Ministerio Fiscal informe al respecto, oponiéndose al otorgamiento de la considerada suspensión. El órgano judicial dio respuesta al recurso de súplica mediante providencia de 4 de noviembre de 1998, cuyo contenido se recoge en el antecedente 2 c), providencia que fue notificada a la representación procesal del hoy recurrente en amparo, así como al Ministerio Fiscal. Sin embargo, ni éste ni aquél, en los distintos escritos que han presentado en el presente proceso constitucional, hacen la más mínima referencia a dicha providencia de 4 de noviembre, ni al reseñado informe del Ministerio Fiscal, que es citado en la misma. Por el contrario, ambos se centran en la que denominan Resolución de 5 de noviembre de 1998, suscrita por el Secretario del órgano judicial considerado y dirigida al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Decano de Santiago de Compostela, por la que simplemente se procede a dar cumplimiento a lo previamente acordado en la providencia de 4 de noviembre. Tal denominada Resolución es considerada por el recurrente en amparo como la desestimación tácita de su recurso de súplica, y por el Ministerio Fiscal como indicativa de que el órgano judicial estimó que contra el Auto de 12 de marzo de 1998 no cabía recurso alguno, de modo que el recurso de súplica había sido implícitamente desestimado.
2. Sentado lo anterior, hay que precisar que, de acuerdo con lo que exponíamos en la STC 25/2000, de 31 de enero (FJ 1), en un supuesto que guardaba analogía con el presente, el examen de las vulneraciones aducidas ha de iniciarse por la referida al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no obstante lo cual incluso en el análisis de ésta habrá de tenerse presente la denunciada lesión de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, puesto que al haber alegado el recurrente como fundamento de la solicitud de la suspensión de la ejecución de la pena el padecer una enfermedad muy grave e incurable, ambas pretensiones aparecen conectadas.
3. La aplicación de las consideraciones expuestas al supuesto sometido a nuestro examen conduce a estimar, adelantémoslo ya, que no existe vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente derivada del incumplimiento del deber de motivación de las resoluciones judiciales.
La solicitud de suspensión de ejecución de la pena formulada por el hoy recurrente en amparo se apoyó en el artículo 80.4 del Código Penal, a cuyo tenor “Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo”. Del precepto se desprende con toda claridad que el otorgamiento de la suspensión exige, como primer e inexorable requisito, que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Ciertamente, como resulta de la STC 25/2000 (FJ 4), los órganos judiciales sentenciadores cuentan con un amplio margen valorativo para la apreciación de si el penado está aquejado de una enfermedad que pueda ser calificada como muy grave y de si le ocasiona padecimientos incurables. Pero si el órgano judicial llega, de forma jurídicamente regular, a la conclusión de que tal presupuesto para el otorgamiento de la suspensión no existe, simplemente no podrá otorgar la suspensión. Y debe recordarse que en la STC 25/2000 (FJ 6) pusimos de manifiesto también que este Tribunal Constitucional no puede afirmar ni cuestionar la concurrencia en cada caso de una enfermedad grave que ocasiona padecimientos incurables, ni tampoco imaginar las razones que podrían avalar una u otra hipótesis, al constituir su apreciación tarea atribuida a los Tribunales ordinarios, a los que sólo debemos exigir, como señalábamos, para satisfacer las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que expresen su decisión al respecto de forma motivada y razonable, sin caer en la arbitrariedad o en el error patente.
Pues bien, parece claro para este Tribunal que cuando la Audiencia Provincial de A Coruña utiliza la expresión “visto el dictamen del Ministerio Fiscal”, para inmediatamente resolver sobre la solicitud formulada en el recurso de súplica, sin ninguna otra consideración, está apoyándose en el contenido del citado dictamen, haciendo suyos en su integridad los razonamientos del mismo, que quedan así incorporados, por remisión, al contenido de la resolución judicial, que viene de esta manera a satisfacer las exigencias de motivación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente. En este sentido, cabe añadir que no nos encontramos ante un supuesto semejante a los que fueron objeto de las SSTC 55/1999, de 12 de abril, FJ 4, y 164/1999, de 27 de septiembre, FJ 3 (en los que, por lo demás, venía también implícitamente a admitirse la corrección constitucional de la motivación por remisión al informe del Ministerio Fiscal), en cuanto que en aquéllos, como expresamente señalan las citadas Sentencias, las resoluciones judiciales denegatorias del beneficio contenían solamente una mera alusión al informe emitido por el Ministerio Fiscal, y sin que la misma pudiera tener el alcance de incorporación fundamentadora que en el presente caso concurre, pues en el decidido por la STC 55/1999, el dictamen del Ministerio público no aparecía en las actuaciones remitidas, y en el resuelto por la STC 164/1999, el informe evacuado se limitaba a señalar la oposición a la concesión del beneficio sin razonamiento alguno justificativo de tal criterio, por lo que en estos casos, a diferencia del que ahora enjuiciamos, el órgano judicial no pudo tener en cuenta, a la hora de fundamentar su decisión, los criterios previamente emitidos por el Ministerio público ni, por tanto, incorporarlos a la resolución judicial para apoyar en ellos la denegación del beneficio solicitado.
4. Descartada la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, hemos de pronunciarnos sobre si el Auto de 12 de marzo de 1998 y la providencia de 4 de noviembre de 1998 han vulnerado, según aduce la demanda de amparo, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral del recurrente, con interdicción de torturas y penas o tratos inhumanos o degradantes, reconocidos en el artículo 15 CE. No obstante, el análisis de esta cuestión exige que expresemos una serie de consideraciones previas, máxime habida cuenta de que, al resolver sobre la supuesta lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, hemos debido tener ya en cuenta que las decisiones judiciales afectaban a los citados derechos fundamentales consagrados en el artículo 15 CE.
A este Tribunal Constitucional, por tanto, en supuestos como el que nos ocupa, en que se ven afectados derechos fundamentales y libertades públicas, tan sólo le corresponde (además, por supuesto, de comprobar que la interpretación del precepto asumida por el órgano judicial es conforme con la Constitución, por respetar las exigencias del derecho fundamental considerado, habiendo aquél realizado correctamente, en su caso, la ponderación de los derechos o bienes en posible conflicto) verificar, por un lado, que el órgano judicial ha identificado adecuadamente el contenido del derecho o libertad y que, al adoptar la resolución pertinente, ha tenido presente esa exigencia de entender en ese caso concreto y aplicar el precepto de la manera que mejor permita la efectividad del derecho fundamental de acuerdo con ese contenido previamente definido. Este es el sentido de la STC 160/1997, de 2 de octubre (FJ 4), cuando puso de manifiesto que la Constitución, y muy particularmente los derechos fundamentales, inspiran y alientan todo nuestro ordenamiento, hasta sus últimas o más modestas manifestaciones, pero sin que ello pueda implicar el que este Tribunal esté llamado a imponer su criterio, determinando, hasta el último extremo, la medida en que todas y cada una de las interpretaciones de la legalidad deben quedar influidas por los contenidos constitucionales, ya que, en caso contrario, el ámbito de las “garantías constitucionales” (artículo 123.1 CE), que marca el límite de nuestra jurisdicción, se extendería a la interpretación de todo el ordenamiento, porque una cosa es la garantía de los derechos fundamentales y otra, necesariamente muy distinta, la de la máxima irradiación de los contenidos constitucionales en todos y cada uno de los supuestos de interpretación de la legalidad: esto último puede no ocurrir sin que ello implique siempre la vulneración de un derecho fundamental.
Denegar el amparo solicitado por don Óscar Vaamonde Vázquez.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 34 ] 08/02/2002
Type and record number Recurso de amparo 5341-1998
Date of the decision 14/01/2002
Promovido por don Óscar Vaamonde Vázquez respecto a las resoluciones de la Audiencia Provincial de A Coruña que denegaron la suspensión de una pena de prisión.
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad: resolución motivada y razonable sobre la ejecución de una pena de prisión, cuando el reo alega padecer una enfermedad muy grave e incurable (SSTC 25/2000 y 48/1996).
Los órganos judiciales sentenciadores cuentan con un amplio margen valorativo para la apreciación de si el penado está aquejado de una enfermedad que pueda ser calificada como muy grave y de si le ocasiona padecimientos incurables (STC 25/2000) [FJ 3].
Cuando la Audiencia Provincial utiliza la expresión «visto el dictamen del Ministerio Fiscal», para inmediatamente resolver sobre la solicitud formulada en el recurso de súplica, hace suyos en su integridad los razonamientos del mismo, que quedan así incorporados, por remisión, al contenido de la resolución judicial, que viene de esta manera a satisfacer las exigencias de motivación [FJ 3].
Distingue las SSTC 55/1999 y 164/1999 [FJ 3].
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige siempre que las resoluciones judiciales sean motivadas y fundadas en Derecho (STC 214/2000) [FJ 2].
El órgano judicial expone una concreta fundamentación, plenamente razonable, en torno a la inexistencia de riesgo grave y cierto para la vida e integridad, tanto física como moral, del recurrente, identificando adecuadamente el contenido de los correspondientes derechos fundamentales [FJ 4].
No corresponde a este Tribunal reconstruir de oficio las demandas (SSTC 281/2000, 21/2001) [FJ 1].
Artículo 80.4, ff. 1, 3, 4
Alegación de derechos fundamentalesAlegación de derechos fundamentales, f. 2
Canon de motivación reforzadoCanon de motivación reforzado, f. 2
Derecho a la integridad física y moralDerecho a la integridad física y moral, f. 4
Derecho a la protección de la saludDerecho a la protección de la salud, f. 4
Derecho a la vidaDerecho a la vida, Respetado, f. 4
Enfermedad del penadoEnfermedad del penado, f. 4
Fundamentación de la demanda de amparoFundamentación de la demanda de amparo, f. 1
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Respetado, ff. 2, 3
Motivación de las resoluciones judiciales por remisiónMotivación de las resoluciones judiciales por remisión, ff. 2, 3
Suspensión de la pena por enfermedad grave e incurableSuspensión de la pena por enfermedad grave e incurable, f. 4
STC 55/1999STC 55/1999, Distingue, f. 3
STC 164/1999STC 164/1999, Distingue, f. 3

References: Resolución 
 artículo 80
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 Resolución 
 artículo 24
 artículo 15
 artículo 88
 artículo 52
 Resolución 
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 artículo 80
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 artículo 15
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