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Timestamp: 2019-12-09 18:54:40+00:00

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Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. TÍTULO IV. De la vigilancia e inspección, y de las infracciones y sanciones
De la vigilancia e inspección, y de las infracciones y sanciones
1. Sin perjuicio de la competencia que ostenten otros órganos, será competente para realizar la inspección y vigilancia de lo previsto en la presente ley el personal designado a estos efectos por el órgano ambiental, que ostentará la condición de agentes de la autoridad en estas materias.
2. En los términos previstos en la legislación vigente y en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia para las materias reguladas por la presente ley, las autoridades competentes y sus agentes podrán acceder identificándose cuando se les requiera, a todo tipo de obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollen las actividades sujetas a Evaluación del Impacto Ambiental. Sus titulares deberán facilitar la realización de las labores de vigilancia y las inspecciones, permitiendo, cuando se precise, la medición o toma de muestras, así como poniendo a su disposición la documentación e información que se requiera. Durante las inspecciones, los funcionarios encargados quienes debidamente acreditados podrán ir acompañados de los expertos designados por el órgano ambiental que se consideren precisos, que estarán sujetos a las normas de confidencialidad.
3. En las actas que levanten los funcionarios encargados de la inspección y vigilancia por la comisión de presuntas infracciones a la presente ley se harán constar las alegaciones que quiera hacer el responsable. Estas actas gozarán de la presunción de certeza en los términos que les atribuye la legislación vigente.
4. Los órganos competentes con atribuciones en materia de evaluación ambiental y sus inspectores y agentes podrán requerir, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local.
1.- Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan los deberes y prohibiciones establecidas por esta ley, de conformidad con la tipificación establecida en el artículo siguiente.
2.- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
3.- Las sanciones por la comisión de infracciones administrativas son las previstas en el Capítulo III del presente Título.
a) La realización o ejecución de un proyecto sin contar con la Declaración del Impacto Ambiental cuando ésta fuere preceptiva, o él incumplimiento de las condiciones impuestas en aquélla, cuando ello tenga por consecuencia un riesgo para la salud humana o un deterioro de las condiciones de habitabilidad de las áreas protegidas o de los ecosistemas.
b) El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clausura, así como de la aplicación de las medidas cautelares o restitutorias derivadas de un procedimiento sancionador.
c) La comisión de una infracción grave cuando haya sido sancionada, con carácter firme, por dos o más infracciones graves en el plazo de tres años.
a) La realización o ejecución de un proyecto sin contar con la Declaración del Impacto Ambiental cuando ésta fuere preceptiva, o él incumplimiento de las condiciones impuestas en aquélla, cuando ello no tenga por consecuencia un riesgo para la salud humana o un deterioro de las condiciones de habitabilidad de las áreas protegidas o de los ecosistemas.
b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación.
c) La obstrucción de la labor de vigilancia e inspección que ejerza el órgano ambiental en las materias reguladas por la presente ley a través de sus autoridades, inspectores o agentes.
d) La comisión de una infracción leve cuando haya sido sancionada, con carácter firme en vía administrativa, por dos o más infracciones leves en el plazo de tres años.
3. Son infracciones leves: El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por la presente ley o norma de evaluación ambiental, cuando ello no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.
Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta ley las personas físicas o jurídicas que:
a) Ejecuten directamente la acción infractora, u ordenen dicha acción cuando el ejecutor se vea obligado a cumplir dicha orden.
b) Sean titulares o promotoras del proyecto que constituya u origine la infracción.
A) Infracciones leves, multa de de 60 a 6.000 euros.
a) Multa de 6.001 a 150.000 euros.
a) Multa de 150.001 a 450.000 euros.
2. El Consejo de Gobierno podrá actualizar, mediante Decreto, las multas previstas en el apartado anterior en la misma cuantía que la variación de los índices de precios al consumo.
1. Asimismo, la comisión de infracciones calificadas graves llevará aparejada la pérdida del derecho a percibir ayudas de cualquier órgano de la Junta de Comunidades para la construcción o funcionamiento del proyecto que haya motivado la infracción durante un plazo de hasta dos años.
En el caso de infracciones muy graves no se podrá percibir ninguna ayuda de la Junta de Comunidades para la construcción del proyecto, ni tampoco para su funcionamiento o ampliación en el plazo de hasta seis años. Las anteriores medidas no serán de aplicación cuando las ayudas tengan como objeto exclusivamente las mejoras de las condiciones medioambientales de la actividad.
2. En el supuesto de que la sanción conlleve el cierre del establecimiento o suspensión de la actividad, se incorporará al expediente sancionador un informe del órgano competente por razón de la materia.
Si el cierre o la suspensión tuvieran carácter temporal, se computará a efectos de su cumplimiento el tiempo en que hubiera estado cerrado o suspendido como medida cautelar.
2. En ningún caso en un mismo sujeto se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos bienes jurídicos protegidos con arreglo a esta ley, debiéndose en este caso imponerse únicamente la sanción de la infracción más grave.
3. No se considerará que existe duplicidad de sanciones cuando una misma actuación infrinja varias normas de protección ambiental con distinto objeto, o cuando concurra la infracción de normas de protección ambiental y de normas de índole sectorial encaminadas a la protección de bienes o valores distintos.
1. En la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta como factores agravantes:
b) La afección cualitativa y cuantitativa y los perjuicios causados a los espacios y recursos naturales.
c) El riesgo objetivo de contaminación del medio ambiente.
d) El carácter irreversible del daño.
e) Las circunstancias del responsable, su intencionalidad, el ánimo de lucro, el grado de participación y el beneficio obtenido.
f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarado por resolución firme. De apreciarse esta circunstancia, el importe de las multas podrá aumentarse un 50 por cien, sin exceder en ningún caso del límite más alto fijado para las infracciones muy graves.
2. En ningún caso la sanción pecuniaria impuesta podrá ser igual o inferior al beneficio que resulte de la comisión de la infracción, pudiéndose incrementar su cuantía hasta el doble del mismo, aunque ello suponga superar las sanciones máximas previstas en esta ley.
3. Se considerará como factor atenuante la rapidez y eficacia con que el infractor haya adoptado por voluntad propia medidas para evitar o disminuir los daños y perjuicios derivados de la infracción, así como el inmediato y eficaz cumplimiento de las medidas cautelares que se hubiesen impuesto a este respecto por el instructor del expediente u órgano competente para resolver.
Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley deben ser destinados a la protección del medio ambiente.
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño o las alteraciones causadas sobre el medio ambiente y los recursos naturales, en la forma que le indique el órgano ambiental.
El órgano ambiental valorará los citados daños previa tasación contradictoria, con intervención del órgano sustantivo si el titular del proyecto o actividad infractores no prestara su conformidad a aquélla.
La competencia para incoar e instruir los expedientes sancionadores a las infracciones a que se refiere la presente ley recaerá sobre el órgano ambiental de la Junta de Comunidades, sin perjuicio de la que corresponda a la Administración del Estado sobre materias de su competencia.
1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado la iniciación del procedimiento, el instructor o el que lo resuelve, podrán adoptar medidas cautelares para evitar la continuación de la infracción o el agravamiento del daño causado.
Dichas medidas serán congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a su gravedad, pudiendo incluir la suspensión de la actividad que haya motivado la infracción. Las medidas adoptadas serán ejecutivas.
2. Antes del inicio del procedimiento, el órgano competente para la iniciación del procedimiento o su resolución podrán adoptar medidas cautelares en los casos de urgencia y en aquellos en que el alcance de los intereses públicos afectados lo requiera.
3. Cuando la infracción afecte a actividades para las que el órgano sustantivo no sea la Consejería competente en materia de medio ambiente, el instructor dará cuenta de la apertura del expediente a dicho órgano para que ejercite sus competencias sancionadoras por razón de la materia si hubiera lugar.
Se dará igualmente cuenta al órgano sustantivo de las medidas cautelares que se hayan adoptado, sin perjuicio de las que adicionalmente pudiera adoptar éste en el ejercicio de sus competencias.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente, y cuando se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de la multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la administración podrá continuar el expediente sancionador con base en los hechos que la jurisdicción competente haya declarados probados.
La competencia para la imposición de las sanciones a que se refiere esta ley corresponde:
a) A los Delegados Provinciales de la Consejería competente, cuando su cuantía no sobrepase los 6.000 euros.
b) Al Director General competente, cuando su cuantía este comprendida entre 6.001 euros a 60.000 euros, y se imponga el cierre del establecimiento o suspensión de la actividad, total o parcial, por un plazo máximo de dos años.
c) Al Consejero competente en materia de medio ambiente, cuando su cuantía este comprendida entre 60.001 euros y 150.000 euros, y se imponga el cierre del establecimiento o suspensión de la actividad, total o parcial, hasta por cuatro años o clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento o actividad.
d) Al Consejo de Gobierno, cuando la cuantía sea superior a 150.000 euros.
Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tres meses para cumplir lo ordenado, por cuantías que no excederán los 3.000 euros por multa.
1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán: las muy graves en el plazo de cinco años, las graves en el plazo de dos años y las leves en el plazo de seis meses.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido. En infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial de cómputo será la de finalización de la actividad o del último acto en que la infracción se consume.
1. Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán:
a) Al año las impuestas por infracciones leves,
b) A los dos años las impuestas por infracciones graves, y
c) A los cinco años las impuestas por infracciones muy graves.
3. Interrumpirá el plazo de prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél permaneciera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
4. El deber de restituir las cosas y la realidad biofísica a su estado inicial prescribirá en el plazo que determine la legislación civil.
1. Los infractores cuya sanción sea firme se inscribirán en un registro de infractores, de carácter público y dependiente del órgano ambiental. En el registro se reflejarán los datos identificativos del infractor, la tipificación de la infracción, así como cuantas medidas, sanciones, multas, indemnizaciones e inhabilitaciones se impusieran.
2. Los infractores que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la cancelación automática de sus antecedentes y a ser dados de baja en el registro, siempre que haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción. A partir de la cancelación de la inscripción, los datos sólo podrán ser utilizados por la Consejería para fines estadísticos.
Las personas interesadas, a los efectos de esta ley, podrán exigir ante los órganos administrativos y, de acuerdo con la legislación estatal, ante los tribunales la observancia de lo establecido en esta ley y en las disposiciones que se dicten en su desarrollo y aplicación.
Para lo no previsto en esta ley, en materia de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente será de aplicación lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, o en la legislación básica estatal que la sustituya.
El órgano ambiental de la Junta de Comunidades facilitará el libre acceso público a la información sobre el estado de tramitación de los expedientes de Evaluación Ambiental, mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación disponibles.
El Consejo de Gobierno, en el ámbito de la Administración Autonómica, podrá en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir a un proyecto determinado del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. En tales casos, se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación. El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se pondrá a disposición de las personas interesadas la siguiente información:
1.º La decisión de exclusión y los motivos que la justifican.
2.º La información relativa al examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
La regulación que se prevé en esta ley constituye el régimen común sobre la evaluación del impacto ambiental de proyectos y la evaluación ambiental de planes y programas aplicables a todos los procedimientos sectoriales en donde deban incardinarse los trámites ambientales referidos. El régimen general opera sin perjuicio del mantenimiento de las especialidades que sean compatibles con el mismo y que vengan establecidas en cada ámbito de regulación sectorial específico.
Las actividades que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental conforme a lo previsto en esta ley no serán sometidas a la calificación de las Comisiones Provinciales de Saneamiento, regulada en el Título II del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
A los proyectos sometidos al trámite de Evaluación del Impacto Ambiental antes de la entrada en vigor de esta ley, se les aplicará la legislación vigente en el momento de presentación de la solicitud. No obstante el promotor podrá solicitar su tramitación de acuerdo a esta ley.
Queda expresamente derogada la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental, y se entenderán derogadas las disposiciones contenidazas en normas de igual o inferior rango en materia de Evaluación del Impacto Ambiental que se opongan a lo que dispone esta ley.
a) Desarrollar reglamentariamente el procedimiento general de Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos y el de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
b) Establecer reglamentariamente, en el marco de la legislación básica y de la presente ley, el procedimiento adecuado para la aplicación coordinada del régimen de Evaluación del Impacto Ambiental y de la Autorización Ambiental Integrada, según la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y demás normativa comunitaria o nacional concordante.
c) Ampliar los supuestos de proyectos, planes y programas que deban ser objeto de evaluación ambiental.
Proyectos que deberán someterse a una evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en esta ley.
f) Los siguientes proyectos correspondientes a actividades que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos, se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha:
4.ª Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática.
8.ª Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
c) Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces, zonas húmedas, o áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.
e) Prestamos cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado a)
1.º Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, al menos, 50 MW.
e) Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente, con potencia térmica superior a 50 MW.
f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20 MW. O superficie ocupada superior a 100 hectáreas.
g) Tuberías para el transporte de gas y petróleo con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros, y una longitud superior a 10 kilómetros cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
h) Construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 kilómetros, cualquier voltaje y longitud superior a 3 kilómetros cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
i) Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos mayores de 100.000 toneladas.
j) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 25 o más aerogeneradores o que se encuentren a menos de 2 km. de otro parque eólico, o tengan más de 10 aerogeneradores cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
k) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica, así como la rehabilitación de antiguas instalaciones para su nueva puesta en marcha.
b) Tuberías para el transporte de productos químicos con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros, y una longitud superior a 10 kilómetros cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
c) Construcción de aeropuertos y aeródromos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al menos, 2.100 metros, así como los que se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha
e) Proyectos de urbanizaciones así como complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros o establecimientos comerciales, individuales o colectivos, y de aparcamientos, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
f) Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
g) Parques temáticos, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
c) Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia, excluidos los trasvases de agua potable por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
1.º Que la operación tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua movilizada sea superior a 10.000.000 de metros cúbicos al año.
2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 1 por 100 de dicho flujo.
3.º En todos los demás casos, cuando alguna de las obras inherentes figure entre las comprendidas en este Anexo I.
d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes, así como las que se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
f) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
g) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuya la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos [definidos en el artículo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos], así como las de aprovechamiento o eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o almacenamiento bajo tierra (como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos).
b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 2006/12/CE), con una capacidad superior a 75 toneladas diarias o 4 tn/hora.
d) Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el apartado anterior, así como de residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud, cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, y a superficies superiores a 10 hectáreas cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
b) Instalaciones para la utilización confinada de organismos modificados genéticamente y proyectos sobre la liberación intencionada en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
c) Instalaciones para el tratamiento de superficie de materiales de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlatados, limpiarlos o impregnarlos; con una capacidad de consumo de más de 150 kg, de disolventes por hora o más de 200 toneladas/año.
d) Vallados y/o Cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.
e) Campos de Golf.
f) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente Anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente Anexo
Proyectos que serán sometidos cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso
a) Proyectos de concentración parcelaria (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
c) Proyectos para destinar áreas semi-naturales a la explotación agrícola intensiva no incluidos en el Anexo I.
d) Talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas (Proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones.
f) Instalaciones de acuicultura.
g) Instalaciones para la cría intensiva de ganado no incluidas en el Anexo I, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
- Que la actividad se desarrolle en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 100 metros de cauces o humedales.
- Que la actividad se desarrolle en un área protegida en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
- Que la actividad se desarrolle a una distancia inferior a 500 metros del suelo urbano o urbanizable.
a) Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 tm/día.
b) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, envasado y enlatado de productos animales y vegetales, elaboración de vino, tratamiento y transformación de la leche, fabricación de cerveza y malta, elaboración de confituras y almíbares, instalaciones industriales para la fabricación de féculas, fabricas de harina de pescado y aceite de pescado y fábricas de azúcar, cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente, o cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros suelo urbano o urbanizable de uso no industrial.
3.ª Que en edificación ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
c) Industrias alcoholeras.
d) Tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos a partir de:
d) Explotaciones (no incluidas en el Anexo I) que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicos/año o en zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 hectáreas.
e) El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como la declaración de aguas minerales y termales.
f) Explotación subterránea de recursos mineros (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
g) Extracción de rocas, minerales o áridos mediante dragados fluviales.
h) Plantas para aprovechamiento de aguas minerales y termales.
i) Plantas de tratamiento o clasificación de áridos y de residuos de construcción y demolición.
j) Plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico.
a) Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
b) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica (cuando, según lo establecido en el Anexo I, no lo exija cualquiera de las obras que constituyen la instalación).
c) Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 toneladas.
d) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 metros cúbicos.
e) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos (que no estén incluidas en el Anexo I).
f) Instalaciones industriales para transporte de gas, vapor y agua caliente (no incluidas en el Anexo I), de longitud superior a 3 kilómetros, y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
g) Oleoductos de longitud superior a 3 kilómetros, y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h) Líneas eléctricas aéreas (no incluidas en el Anexo I) de longitud superior a 3 kilómetros y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
i) Instalaciones industriales de combustión para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (no incluidas en el Anexo I) cuando tengan una potencia térmica superior a 5 MW o cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
j) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas.
k) Centrales eólicas y aerogeneradores de baja potencia conectados a líneas o subestaciones de distribución, o parques eólicos no incluidos en el Anexo I.
d) Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
e) Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
f) Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
g) Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h) Los proyectos incluidos en los epígrafes siguientes cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
- Estén situados fuera de polígonos industriales.
- Que se encuentre a menos de 500 metros suelo urbano o urbanizable de uso no industrial.
- Ocupen una superficie superior a 1 hectárea.
h.1.) Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero, fusión primaria o secundaria, incluidas las instalaciones de fundición continúa. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.2.) Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos (Proyectos no incluidos en el Anexo I):
i. laminado en caliente,
ii. forjado con martillos,
iii. aplicación de capas protectoras de metal fundido.
h.3.) Fundiciones de metales ferrosos (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.4.) Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.). (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.5.) Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.6.) Instalaciones para la fabricación de cemento. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.7.) Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.8.) Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
h.9.) Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana (Proyectos no incluidos en el Anexo I), excepto las industrias artesanas.
h.10.) Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
d) Instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos con capacidad superior a 100 metros cúbicos.
Los proyectos incluidos en los epígrafes siguientes cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
b) Plantas industriales para la producción de papel y cartón (proyectos no incluidos en el Anexo I).
c) Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles (proyectos no incluidos en el Anexo I).
d) Plantas para el curtido de pieles y cueros (proyectos no incluidos en el Anexo I).
e) Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa (proyectos no incluidos en el Anexo I).
b) Planes, proyectos y actuaciones que desarrollan los planes sometidos a Evaluación Ambiental, tal como establece el Título III de esta ley, proyectos de urbanizaciones, así como la construcción de centros o establecimientos comerciales, individuales o colectivos, y aparcamientos. (proyectos no incluidos en el Anexo I).
f) Helipuertos.
g) Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias (proyectos no incluidos en el anejo 1), en los casos:
1. Cuando modifiquen el trazado en una longitud acumulada de más de 10 kilómetros y no estuviesen previstas en el planeamiento urbanístico vigente.
2. Cuando afecten a tramos que atraviesen terrenos de pendiente superior al 25 por 100 en una longitud acumulada igual o superior a 5 kilómetros, siempre que sobre estos tramos se plantee una ampliación de la anchura de la plataforma igual o superior a 3 metros, o bien una modificación del eje de la carretera superior al 25 por 100 de su longitud.
3. En todos los casos que se realicen en áreas protegidas.
h) Construcción de caminos afectando a terrenos cubiertos de vegetación natural a lo largo de más de 2 kilómetros, y en todos los casos que se realicen en áreas protegidas.
i) Urbanizaciones de vacaciones así como complejos hoteleros y construcciones asociadas, fuera de las áreas urbanas. (Proyectos no incluidos en el Anexo I).
b) Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el Anexo I). Proyectos y acciones para el trasvase, cesiones de recursos hídricos al amparo del texto refundido de la Ley de Aguas o cualquier tipo de transferencia. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el Anexo I).
c) Construcción de vías navegables, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no se encuentren entre los supuestos contemplados en el Anexo I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
d) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros cúbicos/día.
e) Obras de limpieza o desaterramiento que impliquen el vaciado de embalses.
f) Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no incluidos en el Anexo I), superiores a 2000 habitantes equivalentes.
g) Instalaciones de conducción de agua de longitud (proyectos no incluidos en el Anexo I), superior a 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 1 metros cúbicos/segundo, o de cualquier longitud cuando discurra total o parcialmente por áreas protegidas ambientalmente.
h) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla (proyectos no incluidos en el Anexo I), siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1º Presas que se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente.
2º Proyectos de construcción o rehabilitación de presas que impliquen la desviación, por sí solas o sinérgicamente con otros, de más del 25% del caudal instantáneo o del caudal medio anual del río o supongan un salto superior a 2 metros.
3º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 100.000 metros cúbicos.
b) Depósitos de lodos.
c) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos el de vehículos desechados y centros de descontaminación de vehículos.
d) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
f) Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el Anexo I).
g) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.
h) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el Anexo I).
i) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
2.ª Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o acuíferos subterráneos.
5.ª Afección a áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
j) Los proyectos del Anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.
k) Instalaciones para eliminación de residuos (proyectos no incluidos en el Anexo I).
l) Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm (proyectos no incluidos en el Anexo I).
m) Actuaciones que impliquen la eliminación de cubierta vegetal natural que afecten a longitudes superiores a 1000 metros en total o en acumulación de tramos.
n) Aquellos proyectos que concurran varias acciones que están relacionadas en los Anexos pero que por su dimensión queden excluidos de ser sometidos a Evaluación del Impacto Ambiental (efecto sinérgico).
o) Cualquier otro tipo de actividad no especificada en el presente Anexo que pueda afectar a áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
p) Cambios o transformaciones de cultivo cuando se desarrollen en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha que entrañen riesgos ambientales.
Criterios de selección contemplados en el artículo 5.1.2
2. Zonas de policía.
5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.
La información que deberá contener el informe de sostenibilidad ambiental previsto en el artículo 32 será, como mínimo, la siguiente:
i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 34.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 32
 artículo 34