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Timestamp: 2018-07-17 19:36:22+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 3 Diciembre 2015
El TC marca una línea roja al independentismo
EDITORIAL El Mundo 3 Diciembre 2015
Con una diligencia sin precedentes y en tan sólo tres semanas, el Tribunal Constitucional decidió ayer asumir el recurso del Gobierno y declarar nula de pleno de derecho la resolución independentista, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre.
Hay que subrayar que el fallo se ha producido por unanimidad de los 11 magistrados, que desde el primer momento no han tenido dudas de que esa resolución era no ya sólo inconstitucional sino además un desafío al Estado de Derecho, como así lo expresan.
En sus fundamentos, la sentencia del Constitucional empieza por desmontar el argumento del Parlamento catalán de que el texto aprobado era una moción política sin consecuencias jurídicas. El fallo sostiene que sí que las tiene por cuanto proclama la apertura de un proceso constituyente y una hoja de ruta para crear una república independiente.
Tal y como alegaba en el recurso la abogacía del Estado, el Constitucional considera que "en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano y lo es de manera exclusiva e indivisible" de suerte que "ningún órgano del Estado o ninguna fracción de la población" puede arrogarse esa potestad. Igualmente señala que todas las decisiones "están sometidas sin excepción a la Constitución sin que existan espacios libres para el poder político". Por tanto, concluye que la resolución independentista viola los artículos 1, 2, 9 y 168 de la Constitución, además del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La sentencia subraya que resulta una falacia contraponer "legitimidad democrática y legalidad constitucional", puesto que la legitimidad de las leyes y las actuaciones del poder político se sustentan en el acatamiento del ordenamiento jurídico. Sin respeto a la ley, no hay legitimidad posible.
También recuerda que las comunidades autónomas forman parte del Estado y, por tanto, están obligadas a cumplir con sus obligaciones y a garantizar el principio de legalidad. En este caso, asegura la sentencia, se parte no ya de una mala interpretación sino de un "expreso rechazo" a la Constitución por "un poder que se reclama depositario de la soberanía" y niega el vigente ordenamiento "para fundar un nuevo orden político, liberado de toda atadura jurídica".
"La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad", concluye el Constitucional.
Poco o nada se puede añadir a este fallo del Tribunal que desmonta todas las falacias del independentismo catalán y convierte en papel mojado esa resolución. Quien la intente aplicar a partir de hoy habrá cruzado una línea roja y, por tanto, cualquier iniciativa para llevar a la práctica esa declaración será un delito perseguible por la Justicia. Y también hay que recordar que, tras la reforma aprobada hace unos meses, el Constitucional puede suspender a cualquier autoridad o funcionario que vulnere su sentencia.
En este sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación a los alcaldes y concejales de cinco municipios catalanes que se han sumado a la resolución del 9 de noviembre. La Fiscalía considera con razón que se han podido cometer delitos de sedición, prevaricación, desobediencia y otros.
Hasta ahora este tipo de actuaciones habían quedado impunes, pero ha llegado el momento de que el peso de la ley recaiga sobre quienes no la respetan e incluso se jactan de que van a seguir desobedeciéndola pese a lo que ha fallado el Constitucional.
Veremos si mantienen ese actitud cuando sean llamados a declarar por un juez de la Audiencia Nacional.
España quiere morir
Editorial www.gaceta.es 3 Diciembre 2015
Una sociedad puede darse muerte por varias vías. Por disputas entre sus territorios, por ejemplo. O por querellas insalvables entre los grupos que se reparten el poder. O por la convicción de que su vida en común es un error. O, simplemente, por el expeditivo procedimiento de dejar de nacer. En la España actual confluyen los cuatro procedimientos.
Cuando una sociedad decide darse muerte y mantiene esa decisión a lo largo del tiempo, caben muy pocas soluciones. España ha decidido darse muerte. No tiene otra interpretación ese dato del INE según el cual en nuestro país ya hay más muertes que nacimientos. Son datos del primer semestre de 2015. Por la tendencia observada en los últimos años, hay que suponer que el segundo será aún peor. Hasta hoy, los nacimientos entre la población inmigrada compensaba la obstinada esterilidad de los autóctonos. Ahora, sin embargo, incluso eso se ha acabado.
El problema tiene nombres propios, es decir, culpables: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Sus políticas han penalizado sin tregua la natalidad y han desmantelado la familia. Por asociación, habría que incluir en la nómina de responsables a los poderes locales que han secundado esas políticas. Y por extensión, a los españoles que las han votado. Aunque quizás habría que apuntar, de manera aún más señalada, a todos los que, desde el poder y fuera de él, han difundido un ideal de vida contrario a la natalidad: los que han convencido a la sociedad española de que la maternidad es un obstáculo para la realización personal, de que tener muchos hijos –más de dos- es cosa de “conejos”, de que la emancipación personal consiste en vivir libre de todo lazo conyugal o paternal (del lazo fiscal no suelen decir nada), de que la familia es una institución negativa en sí misma. Hoy todos esos prejuicios forman parte de la cultura social común. Las ideas tienen consecuencias. Algunas veces, consecuencias mortales.
¿Soluciones? No las ignora nadie: fomentar la natalidad con bonificaciones fiscales adecuadas, limitar la opción por el aborto, ayudar –económica y socialmente- a las familias estables, proteger legalmente el lazo conyugal, facilitar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, expulsar de nuestra legislación la ideología de género, etc. No hay recetas mágicas. Todo está inventado. Pero, en España, los últimos gobiernos que adoptaron políticas de ese corte fueron los de Franco. El resultado, cuarenta años después, son esas cifras terribles del INE: España se extingue por falta de españoles.
Lo peor es que, a juzgar por los programas electorales de los principales partidos, la eutanasia política de España es uno de los pocos asuntos sobre los que existe un amplio consenso. Desde el PP hasta Podemos, pasando por Ciudadanos, el PSOE y las formaciones separatistas, todos nuestros partidos mayoritarios son abortistas, todos son homosexualistas, todos secundan la estéril ideología de género, todos ignoran –o incluso persiguen- a la familia natural, todos desprecian la natalidad, todos apuestan por un país de viejos sin relevo. Ni siquiera les arredra la evidencia de que nadie pagará sus pensiones. Seremos cada vez más viejos y cada vez más pobres. Enhorabuena, padres de la patria. Estáis matando a vuestra hija.
Montoro vuelve a pagar; los separatistas, a desobedecer
EDITORIAL Libertad Digital 3 Diciembre 2015
No contento con la infame disposición del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de entregar 3.034 millones de euros adicionales del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la sediciosa Administración regional de Cataluña, el consejero de Economía de ésta, Andreu Mas-Colell, se permitía este martes amenazar al Gobierno de Rajoy con presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo por la supuesta condicionalidad y fraccionamiento en el desembolso de dicho monto, del que el Gobierno entregaba hace unos días los primeros 345 millones. Además, el consejero nacionalista, en tono chulesco, se dirigió personalmente a la vicepresidenta Saenz de Santamaría ("en castellano para que me entienda") para exigirle que pagara de inmediato.
Ni que decir tiene que dicho recurso contencioso-administrativo no hubiera tenido recorrido alguno, por la sencilla razón que los Fondos de Liquidez Autonómica no son más que una financiación extraordinaria que el Gobierno reparte con absoluta discrecionalidad entre las ya de por sí bien nutridas comunidades autónomas; discrecionalidad de la que la Administración catalana viene siendo, además, la gran beneficiaria desde que inició su rebelión, en el año 2012.
En cuanto a la novedosa condicionalidad impuesta a esos 3.034 millones adicionales, que se suman a los 8.258 que el Gobierno de Rajoy ya ha desembolsado a la Generalidad a lo largo del 2015, no se trata más que de un artero maquillaje con el que el Ejecutivo central encubre el hecho de que sigue financiando, de manera indirecta pero decisiva, el proceso golpista y secesionista que se está produciendo en Cataluña desde 2012. Y esto es seguiría siendo así porque, aunque la Generalidad acreditase fehacientemente que hasta el último euro proveniente del FLA ha sido dedicado a servicios públicos esenciales –por ejemplo, el pago a farmacias–, lo único que quedaría acreditado es que la Administración autonómica está dedicando parte de sus cuantiosos recursos ordinarios no a esos servicios públicos esenciales, sino al oneroso proceso de construcción nacional.
No hay que olvidar que las comunidades autónomas, al margen de los fondos extraordinarios del FLA, ya manejan de manera ordinaria más porcentaje del dinero del contribuyente que ninguna otra Administración regional del mundo. Si pese a ello no tienen suficiente no es sólo por una cuestión de mala gestión, también porque incurren en gastos que desbordan sus competencias. El caso de Cataluña, con la abierta pretensión de crear un Estado propio en forma de República, es el más paradigmático.
Sentar las bases de un Estado propio y conseguir que una mayoría de catalanes deje de sentirse española, al margen de su obvia y radical inconstitucionalidad, cuesta mucho dinero. ¿Alguien se cree que la multitud de empresas deficitarias, fundaciones y demás chiringitos que tejen la red clientelar del secesionismo catalán la está sosteniendo el bolsillo de los separatistas? ¿Alguien se cree que las numerosas embajadas que Mas utiliza, según confesión propia, a la internacionalización del conflicto las paga de su bolsillo el presidente catalán? ¿Piensa alguien que el Consejo Asesor para la Transición Nacional –institución creada en 2012 y cuyas ilegales pretensiones no disimula ni en el nombre– lo sostienen voluntariamente los separatistas? ¿Y qué decir de la Agencia Tributaria propia, a la que la Diputación de Barcelona, a instancias de la CUP, va a empezar a pagar el IVA y el IRPF? ¿Y qué decir de la TV3, carísima maquinaria propagandística que los golpistas catalanes utilizan como "herramienta de construcción nacional"?
La única condición digna de tal nombre para conceder un solo euro más a la sediciosa Administración regional catalana, o para evitar su intervención al amparo del artículo 155 de la Constitución, sería la que ya era exigible en 2012: el solemne y público compromiso de la Generalidad de renunciar a sus ilegales pretensiones separatistas. Sin embargo, el único pronunciamiento institucional de la Generalidad que se ha escuchado este miércoles –día en que Montoro ha accedido vergonzosamente a pagar de una tacada el resto de esos 3034 millones que le exigían los separatistas– ha sido el de la vicepresidenta y portavoz Neus Munté, que se ha comprometido a seguir haciendo caso omiso a las sentencias del Tribunal Constitucional, empezando por la dictada este mismo miércoles.
Nunca un delito ha sido tan grave y tan financiado a cargo del contribuyente como este proceso secesionista catalán que está dejando en papel mojado todo el ordenamiento jurídico.
Montoro inyecta 3.034 millones al proceso separatista
Pablo Planas Libertad Digital 3 Diciembre 2015
La rapidez con la que el Tribunal Constitucional ha despachado la proclama separatista del parlamento catalán contrasta con la lentitud deliberativa de la CUP. Se subraya en Cataluña que estamos ante la sentencia más rápida de la historia del TC. No ha pasado ni un mes de la soflama, otro 9-N, mientras que el fallo sobre la inconstitucionalidad de diversos puntos del Estatuto catalán llevó más de seis años. No es una mala noticia para Artur Mas, al que, por otro lado, las sentencias le dejan impávido. El panfleto parlamentario que proclamaba el comienzo del "estado catalán independiente en forma de república catalana" y la desobediencia a los tribunales era un truño, un apaño para ablandar a la CUP cuyo recorrido ha sido el de la papelera más cercana.
La buena noticia del día para Mas es que el ministro Montoro, un amigo, se ha rilado y soltará del tirón los más de tres mil millones de euros que necesita la Generalidad para acabar el año del golpe, la república, la fuga de empresas, los recortes y los impagos sanitarios. Cuando hace algo más de una semana el Gobierno cerró el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y pidió las facturas para liberar cada céntimo de euro, el president apareció más desencajado que tras una reunión con Anna Gabriel, la jefa de la CUP. "La autonomía ha muerto", proclamó. Sólo le faltó enseñar el forro de los bolsillos para mostrar la crudeza y el impacto de la medida. El FLA es más potente que una negativa de la CUP y que una sentencia tras otra del Tribunal Constitucional. Aquel anuncio del ministro de Hacienda fue como si la Guardia Civil registrara los despachos de Mas y de Mas-Colell (el que habla español para pedir dinero) o como si una columna de blindados asomara por la Diagonal. De repente, el no del FLA había bajado las ínfulas de Mas al mínimo y desmontado el gran chiringo del proceso.
Si lo del TC ha sido rápido, lo de Montoro, un visto y no visto. Un malentendido zanjado en menos una semana. El Gobierno había actuado al fin en Cataluña. Parecía imposible. Y es imposible. En lo que tarda en llegar una transferencia tendrá Mas la cantidad exacta de 3.034 millones de euros. El comatoso proceso puede revivir. Ya sólo falta que el astucias, en uno de sus trucos del almendruco de última hora, consiga la bendición de la CUP.
Antonio García Fuentes Periodista Digital 3 Diciembre 2015
'dios, honor y patria'
Polonia se convierte en adalid del movimiento identitario europeo
Desde la desaparición de la bandera de la UE en ruedas de prensa a macromanifestaciones con el lema 'Dios, honor y patria', Polonia se está convirtiendo en la peor pesadilla de Bruselas.
Carlos Esteban www.gaceta.es 3 Diciembre 2015
Cuando el mes pasado Polonia eligió en las urnas el primer parlamento europeo sin representación de izquierdas y dio una mayoría al partido ultranacionalista Ley y Justicia de Beata Szydło, el húngaro Viktor Orbán dejó de ser el principal o, al menos, único quebradero de cabeza de Bruselas.
Lo de Polonia es peor, mil veces peor. El partido de Szydło, a diferencia del Fidesz de Viktor Orbán, es explícitamente antiUE y agresivamente nacionalista. Polonia está viviendo el resurgir de un patriotismo que nunca ha estado mucho tiempo ausente del espíritu polaco. El objetivo no es ya Bruselas: es, en general, todo el omnipresente discurso mundialista y enemigo de las fronteras nacionales que con tanto entusiasmo adoptan los gobiernos y que reciben con creciente recelo los pueblos en Occidente.
Polonia, una nación mártir que sus vecinos se han repartido tres veces a lo largo de su historia, no ha parado de hacer gestos desde las pasadas elecciones con un mensaje muy claro: Polonia es para los polacos y no admitirá injerencias de nadie: ni de Bruselas, ni de la ONU ni de quienes le urgen a que reciba refugiados de Oriente Medio en su suelo.
El pasado 12, en el aniversario de la independencia de Polonia después de la Primera Guerra Mundial, 50.000 polacos marcharon por las calles de Varsovia al grito, tan poco del gusto progresista, de "Dios, honor y patria" y abrumadoramente dedicados a quemar banderas de la Unión Europea.
La islamización de Europa fue otra de las bestias negras de estos descendientes de Jan Sobieski, el libertador de Viena, aunque el número de musulmanes en tierras polacas es prácticamente inexistente y ya se han negado a recibir refugiados, en desafío a la Comisión.
La marcha fue un verdadero hito, un mar de banderas rojiblancas, pero no ha sido ni el único desafío de estos días por parte de Polonia al mundialismo... Ni por parte del mundialismo a Polonia.
El pasado día 25, la primer ministro, Beata Szydło, dio una rueda de prensa en la que casi más importante que lo que dijo fue el marco en el que lo dijo. Como es habitual en los líderes políticos de la UE, la anterior jefa de Gobierno comparecía ante los periodistas en las ocasiones oficiales con las banderas polaca y europea de fondo. Pero, en esta ocasión, la enseña azul y su círculo de estrellas había desaparecido por completo, sustituida... por más banderas polacas.
Por supuesto, el símbolo no pasó inadvertido y los periodistas preguntaron. Szydło respondió que está encantada con que Polonia siga siendo miembro de la Unión Europea y de la OTAN, pero que para las cuestiones nacionales la única bandera que cuenta es la polaca, y en las futuras comparecencias ante la prensa "lucirán solo las más hermosas banderas polacas rojiblancas".
Y si Szydło dice estar "encantada" de pertenecer a la UE, lo de la eurozona lo ve mucho, pero mucho más lejano. Polonia no se incorporará al euro mientras la zona siga en riesgo de implosión. Lo ha dicho el gobernador de su banco central y ex primer ministro, Marek Belka, que expresó su temor a que la crisis griega haya deteriorado gravemente la confianza en la moneda única. "Uno no se lanza de cabeza en una casa incendiada cuando todavía humea. No es una conducta prudente", ha declarado. "Mientras la eurozona tenga problemas con algunos de sus miembros, no esperen que nos mostremos muy entusiastas por unirnos".
En cuanto al contraataque -los intentos de la ideología dominante por quebrar la empecinada resistencia ideológica polaca-, este mismo mes Naciones Unidas ha publicado un documento en el que urge al gobierno polaco a ampliar el acceso al aborto a las menores de edad, combatir los "estereotipos de género" y encarcelar a los homófobos.
El documento, emitido por el orwelliano Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, ha provocado enorme indignación entre los líderes políticos polacos. La prensa arremetió contra esta injerencia, calificándola de "absurda" y acusándola de estar redactada por políticos de izquierdas. Bartosz Lewandowski, del Instituto de Cultura Jurídica Ordo Iuris, tachó de "esquizofrénico" al propio comité, añadiendo: “Es una extraña situación cuando el Comité para los Derechos del Niño exige que se garantice que pueda matarse a estos niños. Tenemos aquí otro ejemplo de cómo las organizaciones europeas e internacionales están pensadas para servir un propósito específico”.
Polonia está recogiendo el testigo de Hungría y convirtiéndose en el adalid de los movimientos identitarios en Europa y bestia negra de las élites mediáticas de Occidente. Pero el Gobierno de Ley y Justicia tiene, a ojos de nuestros mandarines, un rasgo que lo salva de la condenación total: su histórica rusofobia. Rusia ha sido, junto con Alemania y aún más que Alemania, el enemigo secular de Polonia, y ser nacionalista polaco es casi sinónimo de odiar todo lo que venga de Moscú. De hecho, el partido de Szydło ha sido tan enfático en su entusiasmo atlantista como en sus críticas a las injerencias de Bruselas.
Esa brecha insalvable entre dos países tan opuestos a las tesis mundialistas da un respiro a sus críticos. Hasta ahora.
El pasado sábado, para preocupación de los medios convencionales, residentes de Varsovia organizaron una protesta frente a la embajada de Turquía para protestar por el derribo del avión ruso por parte de las fuerzas turcas, lo que interpretan como un acto de apoyo al terrorismo yijadista. "Al derribar un avión ruso, Turquía confima su apoyo a los intereses de la organización terrorista del Estado Islámico", declaró a la agencia rusa de noticias Mateusz Piskorski, líder del partido Autodefensa de la República, que asistió a las protestas.
Ciudadanos, Podemos y UPyD
Manuel Muela www.vozpopuli.com 3 Diciembre 2015
Aunque llevamos más de un año en campaña electoral, ahora que se inicia formalmente la de las elecciones generales conviene fijarse en lo que proponen los partidos nuevos, porque las obras completas de los viejos son sobradamente conocidas por el pueblo español. Para ello, he leído sus programas y, teniendo en cuenta que la crisis española es tanto institucional como económica y social, me he fijado en lo que se propone sobre esos asuntos en dichos programas. Los tres partidos coinciden básicamente en el diagnóstico de los males patrios e incluso en algunas de las propuestas para resolverlos, pero puede que por la costumbre de vivir en un país sin proyecto nacional, todas adolecen de la visión de conjunto que sería deseable en un momento como este. Sin embargo, esa cualidad negativa se podría superar si en las Cortes venideras se lograra el ensamblaje inteligente de las iniciativas de estos tres grupos políticos que, vista la situación de la política española y que no se pueden pedir peras al olmo, creo que llenarían aceptablemente los agujeros de fracaso e insatisfacción creados por los que han dominado la gobernación de España casi cuarenta años.
Ciudadanos un proyecto para la España urbana
En el proceso de rejuvenecimiento del centro derecha español, Ciudadanos aparece como la alternativa más firme al Partido Popular, aunque sus mensajes principales se dirigen a los segmentos urbanos que habían dado apoyo a ese partido desde 1996, cuando descabalgó del poder al PSOE. Y es esa visión parcial del proyecto de Ciudadanos, que elude en sus propuestas a los mayores y al mundo rural, la que puede evitar la debacle del actual partido del gobierno. Los hombres de Ciudadanos formulan cambios institucionales como la supresión del Senado y del Consejo General del Poder Judicial, amén de las Diputaciones Provinciales que, junto con la revisión de las leyes electorales, implican reformas constitucionales que, en su caso, le obligarán a entenderse con los partidos nuevos a la búsqueda del ensamblaje al que me he referido al principio.
Los asuntos sociales y económicos los enmarcan dentro del deseo de mejorar la educación de los españoles para ir modelando la sociedad avanzada que deseamos con el fin de superar los males que nos han traído el clientelismo político y el capitalismo castizo o “capitalismo de amiguetes” en expresión del mentor económico de la formación, Luis Garicano. Lógicamente, sus propuestas en el ámbito fiscal y laboral pretenden clarificar los diferentes regímenes tributarios, sin variar las figuras impositivas existentes y sin aliviar la carga fiscal que pesa sobre nosotros, así como simplificar la contratación laboral, haciendo hincapié en una propuesta original y creo que positiva para cambiar en serio los hábitos horarios de nuestras empresas con el fin de adecuarlos al mundo desarrollado y hacer posible la mejora de la conciliación y de la vida familiar de la que tanto se habla y tan poco se practica.
Podemos y su New Deal para España
El programa de Podemos es muy extenso, pretende atar muchos cabos, quizás demasiados para empezar, aunque hay que reconocer el esfuerzo de sus autores que se demuestra con la inclusión de una memoria económica sobre cómo se obtendrán los recursos para financiar las diferentes propuestas de gasto. También se nota el peso de los expertos provenientes de la función pública y del mundo universitario, como es lógico en un partido que se nutre de esos perfiles. La realidad dirá hasta dónde se pueden colmar las expectativas de un proyecto muy enfocado a los aspectos sociales, sin descuidar los propósitos de aumentar el crecimiento de la economía sobre la base de las iniciativas públicas, cosa explicable ante la desertización imperante en el ámbito de la iniciativa privada. La duda es cómo obtener ingresos de un entramado social y empresarial bastante esquilmado desde que llegaron las vacas flacas, si la economía española continúa con su atonía inversora, porque, no hay que engañarse, de los llamados ricos y de las grandes empresas se obtendrán migajas.
En materia institucional, también se adentran en las revisiones constitucionales, dicen que para garantizar determinados derechos de carácter social en la Constitución y para lograr el mejor acomodo de las regiones en lo que denominan Estado plurinacional. En mi opinión, esto último puede deberse a los compromisos electorales fraguados en Cataluña y Galicia y supone agudizar el debilitamiento del propio Estado, en contradicción con el ambicioso proyecto que se pretende ejecutar para todo el país desde el Poder Público central; porque, si los gobiernos centrales se las ven y se las desean para ejecutar las políticas públicas con diecisiete gobiernos autonómicos que disponen de la llave de muchas de ellas, ya me explicarán si entramos en una deriva de corte confederal. Por otra parte, lo del referéndum constitucional previo parece una propuesta inteligente para obviar democráticamente la rigidez ante los cambios contenida en la Constitución.
UPyD honrados y ambiciosos con la igualdad
Los de UPyD han sido preteridos por los medios de comunicación, creo que de forma injustificada a la vista de lo que hay, y por eso me refiero a ellos que, además, son los que tienen más trabajado y evaluado en términos económicos su proyecto de modificación de la arquitectura del Estado español. De entrada, proponen que el Poder Central recupere para sí y en exclusiva las competencias en Justicia, Sanidad y Educación, lo que supone el vaciamiento competencial de las Comunidades Autónomas, que sería el primer paso para justificar su abrogación. La desaparición del Senado y la supresión de los conciertos vasco y navarro son otros hitos en el camino del adelgazamiento institucional y de defensa de la igualdad entre españoles, que redundarán en lo que importa, que es la eficacia de los poderes públicos.
Tampoco descuidan la crisis social y sus orígenes económicos, aunque no entran en el tema de las políticas europeas, sí lo hacen los de Podemos, que, a mi juicio, son políticas, cuyo cambio sería determinante para mejorar el estado de cosas de España, porque, sin negociar y exigir en el seno de las instituciones europeas, resulta ilusorio pensar en el golpe de timón que necesitan las finanzas del país, sobre todo la deuda, y el mantenimiento del bienestar de los españoles. De ahí que me llame la atención que UPyD, al igual que Ciudadanos, eludan una realidad que es notoria y desde luego de obligado conocimiento para aquellos que pretenden gobernar España.
En fin, creo que los cambios constitucionales no son el bálsamo de Fierabrás y que deberían servir para fortalecer y no para debilitar al Estado. Igualmente, el aumento de las cargas fiscales indica falta de iniciativa para administrar mejor los gastos, que es lo que una nación empobrecida demanda. Son mis deducciones al hilo de las pinceladas sobre los propósitos de tres grupos políticos llamados a entenderse para superar la crisis española. Su buena voluntad está fuera de duda como también lo está su temor reverencial a llamar a las cosas por su nombre y no reconocer abiertamente que el Estado requiere una refundación y que nuestras relaciones con la Unión Monetaria deben ordenase sobre el reconocimiento de los estragos que se han causado y la exigencia de su revisión en beneficio del pueblo español. Los electores decidirán.
Luis Riestra www.vozpopuli.com 3 Diciembre 2015
Huntington también mantiene la hipótesis de que los estados-nación serán los principales actores del conflicto, pero como aquí queremos ser más socialdemócratas que nadie, padecemos un verdadero experimento social por parte de unos aprendices de brujo que desconocen, incluso desprecian, las verdades elementales de las Ciencias Sociales e insisten en su “proyecto de país”y de “transformación social”, algo que, como todo experimento, tiene sus cobayas, Usted y yo, víctimas de una partitocracia ruinosa. Ahora vayan y voten las listas de partido con la ilusión del “cambio” y sigan con su futbol, que la “casta” les necesita animados para que “la noria” siga girando, hasta que descarrile. Pásenlo bien.
El 'procés' en los minutos basura
Cristina Losada Libertad Digital 3 Diciembre 2015
Nada más conocerse la sentencia del TC que anula la resolución aprobada el 9 de noviembre por el parlamento catalán con las campanillas de los acontecimientos históricos, preguntaron a Francesco Homs si eso alteraba la estrategia del procés. De ninguna manera, vino a responder el exconsejero y exportavoz del gobierno catalán, ahora candidato de la ex Convergencia en las generales. La vida del procés sigue igual, pudo haber dicho parafraseando al filósofo Iglesias, el otro (y mejor) cantante. Naturalmente. Si hay algo inmutable es el procés. Si hay algún inmovilista en la móvil España está justo ahí, en la determinación, la tenacidad y la obstinación separatista en romperla. Y, sin embargo, casi nada de esto es cierto.
La estrategia del procés ya se ha alterado, diga lo que diga Homs. Para percibirlo bastaba, por ejemplo, leer a renglón seguido las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del gobierno catalán, Neus Monté. Después de lanzar los rayos y truenos habituales contra el Constitucional y el Gobierno español, Monté quiso manifestar la firme voluntad de mantener la resolución parlamentaria caiga quien caiga. Lo que hizo, en realidad, fue manifestar la voluntad de no caer: de evitar las consecuencias que tendría desobedecer la sentencia. Consecuencias que incluyen la suspensión de las autoridades y cargos públicos responsables del incumplimiento.
"Mantenemos los efectos políticos de la declaración que aprobó un parlamento legalmente constituido y con una mayoría absoluta", dijo exactamente Monté. Pero la gracia de aquella resolución no estaba en la retórica, ciertamente tosca, sino en que al proclamar la inauguración "del proceso de creación del Estado catalán en forma de república" mandataba la tramitación de tres leyes y aseguraba que no se supeditaría el procés a las decisiones del Estado español, y menos aún a las del TC.
La bravata iba acompañada, por tanto, del anuncio de actuaciones que debían traducirse en leyes y en vulneración de la ley. Llevaba, en fin, el anuncio de efectos jurídicos. Sin esa parte esencial, ¿qué queda? Un desafío, sí, una vulneración de competencias, también. Pero no será el "solemne inicio" ni el año cero de la república catalana independiente, por mucho que al aprobarla se pusieran en pie y cantaran Els Segadors. "Efectos políticos" es prácticamente igual a nada, y los instigadores del procés lo saben. Habrá que comprobarlo en los meses venideros, pero este repliegue a los "efectos políticos" es un quiero y no puedo propio de una retirada.
Se dice muchas veces, y las apariencias tienden a certificarlo, que los únicos que tienen una estrategia precisa son los nacionalistas, en particular los separatistas catalanes. Frente a su claridad de propósito y su incansable acción para alcanzarlo, el Gobierno, el Estado y los partidos no secesionistas semejan perdidos, puramente a la defensiva, como púgiles sonados. Algo de verdad hay en ello, pero muchos de los movimientos de Mas y sus compañeros de viaje estos años han sido erráticos o errados. La resolución del 9-N entra en cualquiera de las dos categorías, igual que la convocatoria anticipada de elecciones que está en la raíz de la resolución.
Con ese documento se trataba no sólo de satisfacer las ansias insurreccionales de la CUP, también de asegurar, contra toda evidencia, que el 27-S había dado un mandato inequívoco, indiscutible, masivo, para proceder a la ruptura con España. Era una hoja de parra para tapar un fracaso. Y, bueno, como es propio de la casa, para ver si colaba. ¡Artur, el astut! Aunque lo interesante no es únicamente el fracaso del pretendido plebiscito. Es que dicho fracaso muestra que el separatismo ya no da más de sí en términos de apoyo electoral y, por tanto, social.
Las entrañas del fracaso las exponía Joaquim Coll en un artículo que glosaba el estudio realizado por el Observatorio Electoral de Cataluña para Societat Civil Catalana. El dato importante era que el aumento de la participación registrado el 27-S, esto es, la abstención movilizada, benefició sustancialmente a los partidos no separatistas. La conclusión de Coll a la vista de los datos es que "el separatismo ha agotado sus caladeros electorales". Después de tres años de hipermovilización, de constantes campañas, manifas y propaganda por la ruptura, no obtuvieron la mayoría en votos que deseaban y esperaban. Llegaron a su techo, y es insuficiente.
El procés está por ello en sus minutos basura. No se ha agotado aún el tiempo reglamentario y los jugadores tienen que seguir haciendo como que juegan. Los entrenadores sacan a los sustitutos para que se vayan fogueando. Los fans más devotos confían en que ocurra un milagro. Pero todo el mundo mira el reloj y el público, ¡ay!, empieza a abandonar la grada.

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