Source: https://es.scribd.com/doc/17393691/Jurisprudencia-Sobre-Abuso-Sexual-a-Ninos
Timestamp: 2016-02-06 00:48:37+00:00

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Jurisprudencia Recopilada por: DAS
Asunto: Calificación Jurídica en Casos de niños y Adolescentes. Asunto: Definición del Tipo Penal. Asunto: Abuso Sexual a Niños.
DAS http://www.scribd.com/people/view/6609241-vz-das 15/07/2009
Asunto: Definición del tipo penal
Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte La Sala Nº 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituida por los ciudadanos jueces Juan Carlos Goitía Gómez, Leonardo Parra Useche y María del Carmen Montero (ponente), el 16 de mayo de 2006, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Nonagésimo Octavo Auxiliar del Ministerio Público, ciudadano abogado Lino Antonio Ávila Castillo, en contra de la sentencia dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en función de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, el 3 de marzo de 2006, que condenó al ciudadano Douglas Enrique Rodríguez Azuaje a cumplir la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, más las accesorias correspondientes, por la comisión del delito de abuso sexual de adolescente, tipificado en el artículo 260 en relación con el artículo 259 (segundo aparte), ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y aumentó la pena aplicada en una cuarta parte, quedando en definitiva la pena a cumplir por el mencionado acusado en nueve (9) años, cuatro (4) meses y quince (15) días, más las accesorias correspondientes. Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones interpuso recurso de casación la defensa, ciudadana abogada Belkis Villegas, Defensora Pública Cuadragésima Tercera Penal Suplente. El 14 de julio de 2006, interpuso escrito de contestación al recurso de casación la ciudadana abogada Olimpia Señor de Oronoz, Fiscal Nonagésima Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y solicitó la desestimación del recurso. Se remitió el expediente a la Sala de Casación Penal, el cual fue recibido el 26 de julio de 2006. El 27 de julio de 2006 se dio cuenta en la Sala del expediente y se le asignó la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. El 3 de octubre de 2006 se admitió el recurso de casación y se convocó a una audiencia pública, que tuvo lugar el 31 del mismo mes y año, con la presencia de las partes.
RECURSO DE CASACIÓN ÚNICA DENUNCIA Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la recurrente denunció la violación de ley, por indebida aplicación del primer aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, alegando lo siguiente: Página 2
“…Parte la recurrida de un falso supuesto, al dejar sentado que la sentenciadora de primera instancia fijó en juicio oral y público que el abuso sexual del cual fue objeto la víctima, incluyó penetración vaginal, por lo cual subsumió el hecho en el artículo 260 en concordancia directa con el primer aparte del artículo 250 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cuando en realidad el tribunal de juicio apoyó su fallo en la declaración del Dr Victor Belandria, sobre la base del informe médico practicado, donde se evidenció la imposibilidad desde el punto de vista científico de probar la desfloración, por tratarse de himen elástico. En ese sentido, la sala de la corte de apelaciones no puede subsumir los hechos en un tipo penal distinto, sobre la base de unos hechos que no quedaron acreditados por el Tribunal de juicio, órgano jurisdiccional, a quien le está conferido fijar hechos y circunstancias, en el marco de un juicio oral y público que debe celebrarse dentro de los principios de inmediación, oralidad, concentración y contradicción…”
La Sala para decidir observa: La defensa alegó la indebida aplicación del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ya que, en su concepto, la sentencia recurrida dejó por sentado que: “…la sentenciadora de primera instancia fijó en juicio oral y público que el abuso sexual del cual fue objeto la víctima, incluyó penetración vaginal…”; subsumiendo los hechos en un tipo penal distinto y sobre la base de comprobaciones que no quedaron acreditadas por el Tribunal de Juicio. El Tribunal Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en sentencia del 10 de marzo de 2006, en el Capítulo III, folio veintidós (22) de la Pieza N° 2, estableció lo siguiente: “…Finalizado el debate Oral y Público, este Tribunal Octavo de Juicio actuando como Tribunal unipersonal, considera que quedó plenamente demostrado que el ciudadano Douglas Rodríguez Azuaje, quien en su condición de padrastro abusaba sexualmente de la adolescente (…), desde que ésta contaba con doce años de edad, aproximadamente, introduciéndole los dedos en vagina (sic), penetrándole incluso, tratando de que la misma le hiciera sexo oral, todo ocurrido en muchas oportunidades hasta el año 2004, en que la referida adolescente se vio en la necesidad de contarle a su progenitora lo que venía sucediendo…”. (Resaltado de la Sala).
Por su parte, la Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Nonagésima Octava Auxiliar del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, señaló: “…al quedar plenamente comprobado en la sentencia que el Abuso Sexual del que fuera objeto la adolescente comportó penetración de los dedos en la vagina, el Juez incurrió en inobservancia del primer aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que establece: ‘Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de cinco (5) a diez (10) años’. Así, la penetración que tipifica el artículo transcrito no sólo se refiere a la practicada con el órgano genital, sino que recoge la que se realiza con cualquier objeto, incluso los dedos de la mano, en consecuencia al quedar acreditada la indebida aplicación del encabezamiento del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y la inobservancia del primer aparte del citado artículo denunciado, esta Sala conforme lo ordena el primer aparte del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal y conforme a las circunstancias fácticas acreditadas en la recurrida procede a dictar sentencia propia modificando la pena impuesta por el A-quo en los siguientes términos: El artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su primer aparte establece una sanción de cinco (5) a diez (10) años de prisión, la cual se impondrá en su término medio conforme a la dosimetría que aplicó el Juez A-quo, aumentada en una cuarta parte conforme lo establece la agravante impuesta por la instancia, quedando en definitiva una pena de nueve (9) años, cuatro (4) meses y quince (15) días, más las accesorias del artículo 16 del Código Penal, pena que deberá cumplir el acusado Douglas Enrique Rodríguez Azuaje en el establecimiento penal que designe el Juez de Primera Instancia en función de Ejecución…”. DAS Página 3
Ahora bien, observa la Sala que el Tribunal de Juicio una vez debatidas las pruebas en el proceso, acreditó que el ciudadano acusado Douglas Enrique Rodríguez Aguaje, abusó sexualmente de la víctima adolescente desde que esta contaba con doce años de edad: “...introduciéndole los dedos en vagina (sic), penetrándole incluso…”, circunstancia ésta, que fue considerada por la Corte de Apelaciones para dictar sentencia propia modificando la pena impuesta al acusado conforme a la aplicación del primer aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Además de lo antes trascrito aparece en la sentencia de juicio lo siguiente: “…no obstante la madre se pudo percatar de lo sucedido por sus propios medios, cuando se ocultó debajo de la cama pudo ver y oír la situación irregular que ocurría entre su hija y su concubino. (omissis) la declaración del experto VICTOR VELANDIA, quien practicó el examen médico legal a la adolescente (…) y concluyó que no hubo desfloración y tenía la presencia de un himen anular tipo elástico (…) que el himen que presenta la adolescente es de base ancha que permite el tacto bidigital, es decir, que permite la penetración de un dedo, dos dedos, de tres dedos, dependiendo de la sutileza con que se realice, no se desgarra comienza a desaparecer con el parto y que en el presente caso tuvo el infortunio de tener un himen elástico, que se puede dar el lujo de extenderse sin romperse…”.
Es oportuno referirse al diccionario de la Real Academia Española, que en su vigésima segunda edición define la acción de penetrar como: “…Dicho de un cuerpo: introducirse en otro (…) Pasar a través de un cuerpo…”. Por otra parte, el artículo 259 de la precitada Ley Orgánica tipifica lo siguiente: “ART.259.- Abuso sexual a niños. Quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos, será penado con prisión de uno a tres años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de cinco a diez años. Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, la pena se aumentará en una cuarta parte.”. Del trascrito artículo y para esta materia en especial, se desprende que el abuso sexual consiste en toda acción de contenido sexual realizada a niños y en cuanto a los adolescentes cuando ésta es inconsentida. Esta actividad sexual ilícita impuesta a niños y adolescentes se configura con la penetración genital mediante el acto sexual propiamente dicho (coito), igualmente mediante la penetración manual o con algún objeto (genital, anal u oral) o masturbación forzada. En concreto, es un acto de significación sexual, que se ejecuta en el contacto corporal con la víctima, o que afecte sus genitales, el ano o la boca de la misma. El bien jurídico protegido en este tipo penal especializado, no es la libertad sexual del individuo, a pesar que así se considera en los delitos sexuales contra adultos, pues en los niños y adolescentes hay limitaciones en sus condiciones naturales para ejercerla. En tal sentido, el bien jurídico protegido en este tipo penal es la formación sana del niño y del adolescente en orden a su libertad sexual futura, pues con este tipo de hechos se lesiona la integridad física, moral y psicológica del niño o adolescente. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el cambio de calificación que realizaron los juzgadores de alzada se encuentra ajustado a derecho, subsumiendo los hechos en el tipo penal contenido en el primer aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y aplicando la pena correspondiente para este tipo penal. En consecuencia, se constata que la Corte de Apelaciones no infringió por indebida aplicación tal disposición legal, ni partió de un falso supuesto para dictar su decisión y por ello se declara sin lugar el presente recurso de casación. Así se decide. DECISIÓN Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensora del ciudadano Douglas Enrique Rodríguez Azuaje. Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente. DAS Página 4
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los treintiún (31) días del mes de octubre de dos mil seis. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. El Magistrado Presidente,
Eladio Ramón Aponte Aponte (Ponente)
Gladys Hernández González ERAA/icar. RC. Exp. N° 06-000351
Asunto: Calificación jurídica en casos de niños y adolescentes
Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES. Dio origen al presente juicio la denuncia hecha el 21 de noviembre de 2001, por la ciudadana LUZ MARINA VERGARA VIERA, ante la Fiscalía especializada para el Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y en la que expuso que sus menores hijos (identidad omitida según lo dispuesto en el Parágrafo Primero del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) de seis y cuatro años respectivamente, habían sido víctima de un delito contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias. En la sentencia del tribunal de juicio constan los hechos siguientes: “... se considera acreditada que los Niños (…), el día de los hechos debatidos en esta Sala de Juicio se encontraban en la casa de la señora María García, madre de los jóvenes adultos acusados, bajo su cuidado. (...) Se comprobó que el hoy joven adulto (…) participó en el delito que hoy nos ocupa, que de manera directa y concluyente participó en el suceso ocurrido el día 15 de Noviembre de 2001, donde los niños (...) resultaron víctimas de la acción delictiva cometida por el joven adulto y se comprobó también que el hoy joven adulto (…) participó en el delito que hoy nos ocupa (...) tal aseveración la determinan los miembros del Tribunal por haberse determinado esa culpabilidad con pruebas concluyentes, la imputación que hacen los niños víctimas hacia los jóvenes adultos son precisas y categóricas, aunado al hecho de que este tipo de delito se busca realizar en la clandestinidad por afectar aspectos de orden sexual, de igual modo la declaración de la representante legal de los niños víctimas, conforman la cadena de sucesos, que implican que si bien ella no fue testigo presencial del hecho, da fe del comportamiento asumido por las hoy víctimas así como las características tanto físicas como emocionales, que presentaron los niños (...) Se acreditó en el debate probatorio la existencia de la amenaza que ejercían los jóvenes adultos sobre la humanidad de los hermanos (…), cuando le indicaban que si decían algo de lo que estaba sucediendo los iban a amarrar en una bolsa negra y los iban a lanzar a una cañada ...”. El Juzgado Primero de Juicio (Mixto) del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Sección Adolescentes, a cargo de la ciudadana juez abogada MASSIEL PARRA DE LEÓN y de los ciudadanos escabinos LUZ MARINA BRICEÑO y MARLÓN MORENO, el 5 de abril de 2006 hizo los pronunciamientos siguientes: 1) Declaró penalmente responsables a los ciudadanos (identidad omitida), venezolano e identificado con la cédula de identidad V-18.650.028 y (identidad omitida), venezolano e identificado con la cédula de identidad V-18.649.946, del delito de VIOLACIÓN FICTA O PRESUNTA, tipificado en el numeral 1 del artículo 374 del Código Penal y les impuso una sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD por un lapso de CINCO AÑOS, para el ciudadano (identidad omitida)y de CUATRO AÑOS para el ciudadano (identidad omitida), según lo estipulado en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; 2) Acordó la detención inmediata del ciudadano (identidad omitida), según lo estipulado en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente acordó mantener la medida cautelar otorgada por el Juzgado Segundo de Control del mismo Circuito Judicial Penal a favor del ciudadano acusado (identidad omitida); y 3) ordenó remitir la causa al Juzgado Primero de Ejecución de la Sección de Adolescentes de ese Circuito Judicial Penal, para que una vez firme ese fallo lo ejecute. La referida decisión se fundamentó en lo siguiente: DAS Página 6
“… Los hechos indicado (sic) en aparte anterior, se corresponden con la comprobación de una acción cometida por los jóvenes adultos (…), acción ejecutada en su libre voluntad de asumir una conducta ilícita, en este caso tipificada en la Ley como delito y en consecuencia antijurídica, de la cual son culpables en virtud de la rreprochabilidad del hecho y de la lesión jurídica causada a las víctimas, hecho punible que se encuadra con el tipo penal de VIOLACIÓN FICTA O PRESUNTA, previsto y sancionado en el ordinal (sic) 1ero.- del artículo 374 del Código Penal Reformado (...) Máxime si analizamos el ordinal (sic) 1ero. Donde el legislador consideró que la víctima menor carece de la capacidad necesaria para discernir de estos hechos, de modo que hasta con su consentimiento ese acto carnal igual se configuraría como violación, todo ello como consecuencia de la falta de acierto que deriva de la ignorancia de la gravedad del hecho por parte de la víctima, situación esta que encuadra en nuestro caso, si tomamos en cuenta que las víctimas al momento del cometimiento de este delito contaban solo contaban (sic) con cuatro y seis años de edad ...”. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación el ciudadano abogado NELSON MONTIEL SOSA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 5454, con el carácter de abogado Defensor de los ciudadanos acusados (identidades omitidas). En dicho recurso planteó cinco denuncias: en la primera denunció la falta de aplicación del artículo 1 del Código Penal y alegó que sus defendidos fueron condenados por un delito que no está contemplado en el Código Penal. En la segunda, señaló la falta de aplicación del numeral 1 del artículo 364 “eiusdem” en relación con el artículo 16 “ibídem” y alegó que la Secretaria que firmó la sentencia no fue la misma que presenció el juicio. En la tercera, denunció la falta de aplicación del artículo 355 del Código Orgánico Procesal Penal, en la fundamentación señaló que la ciudadana LUZ MARINA VERGARA, madre de las víctimas, siempre estuvo presente en las audiencias y sin embargo fue llamada a declarar en calidad de testigo. En la cuarta denuncia, indicó la falta de aplicación de los artículo 320 y 321 del Código Orgánico Procesal Penal y alegó que una de las víctimas señaló, durante la celebración del juicio, a su defendido (identidad omitida) y que el Ministerio Público solicitó que se dejara constancia de tal señalamiento. Y en la quinta, denunció la errónea aplicación del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. La ciudadana abogada JOSEFA PINEDA ARMENTA, Fiscal Trigésima Séptima (Suplente) del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, contestó el recurso de apelación y solicitó a la Corte de Apelaciones que lo declara inadmisible por no estar debidamente fundamentado. La Corte Superior del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a cargo de las ciudadanas jueces abogadas ANALEE RAMÍREZ DE ÁLVAREZ (Presidenta), JACQUELINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y MINERVA GONZÁLEZ DE GOW LEE, el 31 de mayo de 2006 declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y de oficio corrigió la calificación jurídica sólo en cuanto a la norma aplicable. Así, modificó la sentencia y aplicó el ordinal 1° del artículo 375 del Código Penal vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos. En la fundamentación del fallo expresó lo siguiente: “... evidencia este Tribunal de Alzada, que tales alegatos, ad initio, son contrarios a los intereses del representado del accionante, y denotan además un claro desconocimiento de la materia penal por parte del defensor (...) la definición ‘VIOLACIÓN FICTA O PRESUNTA’, no constituye un concepto enunciado por el Código Penal de forma directa, sino, que es producto de las distintas tesis que la doctrina y la jurisprudencia, a lo largo de la vigencia de la ley sustantiva penal, han venido produciendo y; en segundo lugar, en virtud del hecho cierto de que ella es originada en razón de la existencia de una presunción legal iure et de iure, que nace cuando el delito es ejecutado en perjuicio de un niño, si atendemos a la clasificación que hace el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (...) se constata que efectivamente, fue la juzgadora y no la representación fiscal, quien aplicó retroactivamente, la actual norma del artículo 374, numeral 1 del Código Penal Venezolano, aún cuando ésta no estaba vigente para el momento de la comisión del delito (...) se indica que la norma aplicable a los mismos, es la relativa al tipo penal de VIOLACIÓN FICTA o PRESUNTA, previsto y castigado en el artículo 375 del Código Penal vigente a la fecha de la comisión de los ilícitos penales (...) es el juez y no otro funcionario interviniente en el proceso, quien tiene dentro de sus potestades jurisdiccionales, la de dirimir el conflicto, pronunciarse sobre los elementos probatorios y dictar la sentencia (...) es claro que la inmediación a que hace referencia el artículo 16 del texto adjetivo penal, sólo puede ser cercenada cuando el juez se encuentra ausente durante toda la audiencia o en parte de ella, inobservado, o no presenciando los actos y la evacuación de las pruebas presentadas por las partes (...) pretender la nulidad de una decisión por el hecho de que el Secretario del Tribunal que presenció el juicio o parte de él, sea otro distinto a aquél que suscribe la decisión, no constituye más que sofisma sin asidero jurídico alguno (...) tanto la representante legal de las víctimas, como ellas mismas, antes de sus declaraciones, sólo estuvieron presentes, tal y como se refleja en el acta de debate y en la propia sentencia accionada, durante Página 7
la exposición de los Expertos: Psic. MARIA INES ALCALA; Psic. EDILIA TELLO; Psic. EMILIO ACOSTA y del Médico Clínico ALEXIS DIAZ, no llegando a escuchar testimonios que de alguna manera u otra proveyeran narraciones relacionadas estrictamente con el acontecimiento o la forma como sucedieron los hechos objeto del presente proceso, de lo cual se deduce que no hay obstáculo alguno para la valoración positiva de los testimonios de las víctimas y su representante (...) indica el apelante, que el menor (...) al momento de rendir su testimonio, entre otras cosas, señaló a uno de los jóvenes acusados, identificándolo como (...) En el caso que nos ocupa, las víctimas en todo momento, tal y como se evidencia del contenido de las actas procesales, conocían a sus agraviantes, circunstancia que hizo prescindible la ejecución del algún acto de reconocimiento previo al juicio oral y privado, ya que el mismo bajo tales premisas, era innecesario (...) El texto adjetivo penal sólo le confiere a la ad quem una potestad revisora de la constitucionalidad y la legalidad, pudiendo únicamente conocer y valorar las pruebas que ante ella se presenten, cuando éstas pretendan demostrar violaciones de derecho en la fase de juicio o en la fase de que se trate, situación que no se plantea en el caso que nos ocupa, ya que el apelante, lejos de indicar detallada y explícitamente dónde incurrió, a su parecer, la juzgadora en violación del artículo 22 señalado, se limitó a contraponer testimonios de cargo y descargo, para tratar de crear en los integrantes de esta Sala, una matriz de opinión sobre los hechos discutidos en el debate contradictorio ...”. Contra ese fallo interpuso recurso de casación el Defensor de los ciudadanos acusados y planteó cuatro denuncias: en la primera, señaló la infracción del artículo 1 del Código Penal, por falta de aplicación; en la segunda, denunció la infracción del numeral 1 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación y del artículo 16 “eiusdem” también por falta de aplicación. En la tercera, denunció la falta de aplicación del artículo 355 del Código Orgánico Procesal Penal y en la cuarta denuncia, indicó la infracción de los artículos 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal. El 30 de junio de 2006 se remitió el expediente a la Sala Penal y se recibió el 10 de julio de 2006. El 11 de julio de 2006 se dio cuenta en Sala y fue designada ponente la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES. El 3 de octubre de 2006 la Sala declaró admisibles la primera, tercera y cuarta denuncia del recurso de casación interpuesto por la Defensa y se convocó a una audiencia pública. El 7de noviembre de 2006 se celebró la audiencia pública y las partes presentaron sus alegatos. Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a decidir en los términos siguientes. RECURSO DE CASACIÓN PRIMERA DENUNCIA Sobre la base del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció que la Corte de Apelaciones infringió por falta de aplicación el artículo 1 del Código Penal. En la fundamentación alegó que el tipo penal de VIOLACIÓN FICTA O PRESUNTA, no está tipificado como delito en el Código Penal y por ello, la Corte de Apelaciones debió declarar la nulidad de la sentencia dictada por el tribunal de juicio y decretar el sobreseimiento de la causa. La Sala, para decidir, observa: En la primera denuncia del recurso de apelación interpuesto por la Defensa de los ciudadanos acusados (identidades omitidas), el recurrente denunció la infracción del artículo 1 del Código Penal e igualmente alegó que sus defendidos fueron condenados por un delito que no está tipificado en el Código Penal. La Corte Superior del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, cuando resolvió esa denuncia del recurso de apelación lo hizo en los términos siguientes: “... evidencia este Tribunal de Alzada, que tales alegatos, ad initio, son contrarios a los intereses del representado del accionante, y denotan además un claro desconocimiento de la materia penal por parte del defensor (...) la definición ‘VIOLACIÓN FICTA O PRESUNTA’, no constituye un concepto enunciado por el Código Penal de forma directa, sino, que es producto de las distintas tesis que la doctrina y la jurisprudencia, a lo largo de la vigencia de la ley sustantiva penal, han venido produciendo y; en segundo lugar, en virtud del hecho cierto de que ella es originada en razón de la existencia de una presunción legal iure et de iure, que nace cuando el delito es ejecutado en perjuicio de un niño, si atendemos a la clasificación que hace el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (...) se constata que efectivamente, fue la juzgadora y no la representación fiscal, quien aplicó retroactivamente, la actual norma del artículo 374, numeral 1 del Código Penal Venezolano, aún cuando ésta no estaba vigente para el momento de la comisión del delito (...) se indica que la norma aplicable a los mismos, es la relativa al tipo penal de VIOLACIÓN FICTA o PRESUNTA, previsto y castigado en el artículo 375 del Código Penal vigente a la fecha de la comisión de los ilícitos penales ...”. 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El artículo 1 del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, estipulaba: “Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente”. El artículo 375 del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos tipificaba el delito de violación del siguiente modo: “El que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona, del uno o del otro sexo, a un acto carnal, será castigado con presidio de cinco a diez años. La misma pena se le aplicará al individuo que tenga un acto carnal con persona de uno u otro sexo, que en el momento del delito: 1º.- No tuviere doce años de edad. 2º.- O que no haya cumplido dieciséis años, si el culpable es un ascendiente, tutor o institutor. 3º.- O que hallándose detenida o condenada, haya sido confiada a la custodia del culpable. 4º.- O que no estuviere en capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental; por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que éste se haya valido”. (Negrillas de la Sala Penal). De la primera parte del artículo se desprende que la violación consiste en obligar a un acto carnal a persona de uno u otro sexo mediante violencias o amenazas. Por otra parte el único aparte del mismo artículo estipulaba que se aplicaría la misma pena a la persona que tuviera un acto carnal con otra persona del mismo u otro sexo, que para el momento del hecho reuniera algunas características y de seguidas las enumeraba, por ejemplo el ordinal 1° señalaba: “No tuviere doce años de edad”, es decir, que al legislador no le interesó que cualquiera de esas personas, que describe en los cuatro ordinales, expresaran su consentimiento, porque los consideró incapaces para consentir ese hecho y, por ello, siempre iba a haber violación como consecuencia directa de la falta de capacidad. Este aparte contenía una presunción “juris et de jure” de esa incapacidad. Este tipo de violación es la conocida como violación ficta o presunta. Por todo lo expuesto no le asiste la razón al recurrente pues ese delito sí estaba tipificado en el Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos por los cuales fueron condenados sus defendidos e incluso también lo está en el actual. Por consiguiente, lo ajustado a Derecho es declarar sin lugar esta denuncia. Así se decide. TERCERA DENUNCIA Con base del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció la falta de aplicación del artículo 355 del Código Orgánico Procesal Penal. En la fundamentación alegó que la ciudadana LUZ MARINA VERGARA, madre de las víctimas en esta causa, estuvo presente en todo el juicio y sin embargo fue llamada a declarar en calidad de testigo. Transcribió parte de la motivación dada por la recurrida cuando declaró sin lugar esa denuncia del recurso de apelación y para finalizar alegó que esa valoración incide en el dispositivo del fallo porque se debió declarar la nulidad de la sentencia del tribunal de juicio, según lo estipulado en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal. La Sala, para decidir, observa: El recurrente planteó esta misma denuncia en el recurso de apelación y la recurrida la resolvió oportunamente como a continuación se transcribe: “... tanto la representante legal de las víctimas, como ellas mismas, antes de sus declaraciones, sólo estuvieron presentes, tal y como se refleja en el acta de debate y en la propia sentencia accionada, durante la exposición de los Expertos: Psic. MARIA INES ALCALA; Psic. EDILIA TELLO; Psic. EMILIO ACOSTA y del Médico Clínico ALEXIS DIAZ, no llegando a escuchar testimonios que de alguna manera u otra proveyeran narraciones relacionadas estrictamente con el acontecimiento o la forma como sucedieron los hechos objeto del presente proceso, de lo cual se deduce que no hay obstáculo alguno para la valoración positiva de los testimonios de las víctimas y su representante ...”. La Sala observa que el juez de instancia y así lo expresó la recurrida, cuidó el orden en el que declararon tanto la representante legal de las víctimas como ellas mismas. Quienes deben estar presentes en el juicio pues el Código Orgánico Procesal Penal las autoriza para ello. Sin embargo, las declaraciones que pudieron haber escuchado de los expertos no aumentó ni modificó el conocimiento que tenían de los hechos por su misma condición de víctimas. Por todo lo expuesto no le asiste la razón al recurrente y, por consiguiente, lo ajustado a Derecho es declarar sin lugar esta denuncia. Así se decide. CUARTA DENUNCIA Sobre la base del artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el Defensor denunció la falta de aplicación de los artículos 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal. En la fundamentación alegó que uno de los niños que resultaron víctimas en esta causa, durante el juicio, señaló a uno de sus defendidos y que el Ministerio Público solicitó que se dejara constancia de que se trataba del ciudadano (identidad omitida). La Sala, para decidir, observa: Los artículos 230 y 231 del Código Orgánico Procesal Penal estipulan respectivamente: Página 9
“Reconocimiento del imputado. Cuando el Ministerio Público estime necesario el reconocimiento del imputado, pedirá al juez la práctica de esta diligencia. En tal caso se solicitará previamente al testigo que haya de efectuarlo la descripción del imputado y de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo conoce o lo ha visto anteriormente, cuidando que no reciba indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer. (...) Forma. La diligencia de reconocimiento se practica poniendo la persona que debe ser reconocida a la vista de quien haya de verificarlo, acompañada de por lo menos otras tres de aspecto exterior semejante. El que practica el reconocimiento, previo juramento o promesa, manifestará si se encuentra entre las personas que forman la rueda o grupo, aquella a quien se haya referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es. El juez cuidará que la diligencia se lleve a efecto en condiciones que no representen riesgos o molestias para el reconocedor”. En relación con esta denuncia la recurrida motivó lo siguiente: “... indica el apelante, que el menor (...) al momento de rendir su testimonio, entre otras cosas, señaló a uno de los jóvenes acusados, identificándolo como (...) En este orden de ideas, es pertinente para este Tribunal Colegiado destacar, que el reconocimiento en rueda de imputados, previsto en los artículos 230 y 231 del texto adjetivo penal, se encuentra circunscrito única y exclusivamente a la fase de investigación, a la cual hace referencia el artículo 280 ejusdem. Ahora bien, su finalidad no es otra, que la de lograr generar la concurrencia de los indicios mínimos de presunción objetiva delictiva y, de determinar, a prima facie, la identificación nominal de los presuntos sujetos activos del delito, así como su grado de participación en el hecho punible que se les atribuye (...) En virtud de ello, la exigencia de tal diligencia de investigación, depende, entre otras cosas, de la mayor o menor duda que haya acerca de la identidad de los entes criminógenos a los cuales se pretenda someter a proceso judicial. En el caso que nos ocupa, las víctimas en todo momento, tal y como se evidencia del contenido de las actas procesales, conocían a sus agraviantes, circunstancia que hizo prescindible la ejecución del algún acto de reconocimiento previo al juicio oral y privado, ya que el mismo bajo tales premisas, era innecesario ...”. Aún cuando este reconocimiento pertenece a la fase de investigación, la recurrida dio oportuna y motivada respuesta al recurrente, quien también planteó esta denuncia en el recurso de apelación. Por ello, no le asiste la razón al recurrente porque la realización de esta prueba, en el presente caso, era innecesaria pues las víctimas no tenían dudas acerca de quienes fueron sus agresores y así lo resolvió la recurrida. Por todo lo expuesto lo ajustado a Derecho es declarar sin lugar esta denuncia. Así se decide. No obstante la declaratoria sin lugar del recurso de casación interpuesto por la Defensa, la Sala Penal procede a corregir la calificación jurídica dada a los hechos que dieron origen a este juicio. El Juzgado Primero de Juicio (Mixto) del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Sección Adolescentes, Declaró penalmente responsables a los ciudadanos (identidades omitidas), del delito de VIOLACIÓN FICTA O PRESUNTA, tipificado en el numeral 1 del artículo 374 del Código Penal y les impuso una sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD por un lapso de CINCO AÑOS, para el ciudadano (identidad omitida) y de CUATRO AÑOS para el ciudadano (identidad omitida), según lo estipulado en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. La Corte Superior del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la Defensa de los ciudadanos acusados y de oficio modificó la calificación jurídica sólo en cuanto a la norma correspondiente con los hechos, pues el juez de juicio aplicó el numeral 1 del artículo 374 del Código Penal vigente, cuando los hechos ocurrieron antes de la reforma actual, por ello, aplicó el ordinal 1° del artículo 375 del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos. Ahora bien, la Sala Penal constató que el Ministerio Público tipificó los hechos como VIOLACIÓN PRESUNTA, tipificados en el ordinal 1° del artículo 375 del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos y el juez de juicio acogió esa calificación e incluso la Corte de Apelaciones, cuando se debió aplicar el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO DE NIÑO, tipificado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en relación con el artículo 217 “eiusdem” pues las víctimas fueron dos niños de 4 y 6 años. Por consiguiente, la Sala corrige la calificación de los hechos (acreditados en juicio) y da a los mismos la de ABUSO SEXUAL AGRAVADO DE NIÑO, tipificado en el artículo 259 la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en relación con el artículo 217 “eiusdem”. Esta corrección de la calificación jurídica no afecta la pena impuesta a los ciudadanos (identidades omitidas), quienes eran adolescentes para la fecha en que ocurrieron los hechos; pero tal y como quedó establecido en la sentencia N° 589 del 6 de octubre de 2005, con ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, de no hacerse esta corrección se DAS Página 10
crearía un precedente y de haber sido los autores mayores de edad al momento de cometer el hecho, esta calificación dada por el Ministerio Público y confirmada por los juzgados de instancia sí influiría notablemente en la pena a imponer y esto constituiría una injusticia.
DECISIÓN Por las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: 1) declara SIN LUGAR la primera, tercera y cuarta denuncia del recurso de casación interpuesto por la Defensa de los ciudadanos acusados (identidades omitidas), contra el fallo dictado el 31 de mayo de 2006 por la Corte Superior del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; y 2) de OFICIO corrige la calificación jurídica dada a los hechos en este juicio por el tribunal de instancia del tipo penal de VIOLACIÓN PRESUNTA (sin incidir en el “quántum” de la pena aplicada) por lo tipificado en el artículo 259 la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en relación con el artículo 217 “eiusdem” a saber “ABUSO” SEXUAL AGRAVADO DE NIÑO. Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a SIETE días del mes de NOVIEMBRE de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Magistrado Presidente, ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
El Magistrado Vicepresidente, HÉCTOR CORONADO FLORES La Magistrada, BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN La Magistrada, DEYANIRA NIEVES BASTIDAS La Magistrada, MIRIAM MORANDY MIJARES Ponente La Secretaria, GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Exp. 06-330 MMM.
Asunto: Abuso sexual a niños
Ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS. Comenzó el presente juicio con la denuncia hecha el 14 de diciembre de 2003 ante la sede del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre por la adolescente MARY CARMEN NÚÑEZ FUENTES, donde indicó que su hermana Z.N.F, de 11 años de edad, había sido “raptada”. Posteriormente se encontró a esta niña y manifestó que ALBERT JOSÉ NORIEGA la violó. En efecto, consta en el fallo del Tribunal (Mixto) Cuarto de Juicio de del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre lo siguiente: “Quedo (sic) plenamente demostrado en el debate oral y Privado que el acusado ALBERT JOSE NORIEGA, en fecha 14-12-03, siendo aproximadamente las tres de la madrugada en Pantoño, Municipio Rivero del Estado Sucre, el acusado se introdujo en la residencia de la niña ZULEMA NUÑEZ, quien se encontraba durmiendo con sus tres hermanos menores, se levanto (sic) a orinar, cuando es sorprendida por el acusado, quien con la cara tapada se introduce en la vivienda, la toma por los cabellos, la somete y amenaza con un cuchillo, la saca por el fondo de la casa, esta comienza a gritar y pedir auxilio, este (sic) la arrastra hacia la montaña, y allí atándola por sus manos y los pies, le rompe la bata que esta (sic) tenia (sic) puesta; le quita la bluma, la mordió en ambas mejillas, y a (sic) amenazándola con un cuchillo, procedió a abusar sexualmente de ella, con su rostro descubierto; luego la niña logra desamarrarse las ataduras, le quita el cuchillo al acusado, le da un golpe en la nuca al acusado con el mago (sic) del cuchillo y logra escapar…”. El Tribunal (Mixto) Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, a cargo de la ciudadana juez abogada GILDA MATA CARIACO (Presidenta) y las ciudadanas escabinas MARY ALCOBA y DAISY GARCÍA, el 2 de diciembre de 2004 condenó al ciudadano ALBERT JOSÉ NORIEGA, venezolano e indocumentado, a cumplir la pena de SIETE AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN, por cometer el delito de ABUSO (sic) SEXUAL A NIÑO, tipificado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Contra dicho fallo ejerció recurso de apelación la ciudadana abogada LIL VARGAS, Defensora del ciudadano acusado. La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, a cargo de los ciudadanos jueces abogados CECILIA YASELLI FIGUEREDO (Presidenta y Ponente), CARMEN BELÉN GUARATA y DOUGLAS RUMBOS RUÍZ, el 30 de junio de 2005 declaró SIN LUGAR el recurso y confirmó el fallo del juzgado de juicio. Contra ese fallo interpuso recurso de casación el ciudadano abogado JESÚS MARDEN AMARO ALCALÁ, Defensor del ciudadano acusado. El 31 de agosto de 2005 se remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Se recibió el 23 de septiembre del mismo año y se dio cuenta en Sala. DAS El 29 de septiembre de 2005 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS. Página 12
Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes. RECURSO DE CASACIÓN ÚNICA DENUNCIA Con apoyo en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la Defensa alegó una violación de ley por falta de aplicación del artículo 173 “eiusdem” y del numeral 4 del artículo 364 “ibídem”, así como denunció la inmotivación de la sentencia dictada por el juzgado de juicio acerca de la valoración de las pruebas. La Sala, para decidir, observa: El recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia (en este caso la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio público) sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones. El artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto contra las decisiones de las cortes de apelaciones que resuelvan el recurso de apelación sin ordenar la celebración de un nuevo juicio, o contra las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación. En el presente caso el recurrente atribuyó los supuestos vicios a la sentencia de primera instancia y no a la corte de apelaciones, como indica el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Por todo ello lo procedente y ajustado a Derecho es desestimar el recurso de casación por manifiestamente infundado y según el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. No obstante la decisión anterior el Tribunal Supremo de Justicia, en orden a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución, ha revisado el expediente para saber si se vulneraron los derechos de las partes o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en su provecho y también en aras de la Justicia y constató que los hechos fueron tipificados por el Ministerio Público en su acusación, y acogidos por el juzgado de juicio en la sentencia, como ABUSO (sic) SEXUAL DE NIÑO, tipificado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en este caso la víctima fue una niña de 11 años de edad, circunstancia que agrava el hecho según lo establecido en el artículo 217 “eiusdem”. El mencionado artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente indica lo siguiente: “Artículo 217. Agravante. Constituye circunstancia agravante de todo hecho punible, a los efectos del cálculo de la pena, que la víctima sea niño o adolescente”. Subrayado de la Sala. De igual forma se observa que el ciudadano acusado, al momento de perpetrar el delito, era menor de veintiún años y dicha atenuante no fue tomada en cuenta por el juzgado de juicio cuando realizó el cálculo de la pena, tal como lo estipula el ordinal 1° del artículo 74 del Código Penal. Por consiguiente, la Sala Penal de oficio y en interés de la ley y la justicia corrige la calificación jurídica de los hechos establecidos por el tribunal de juicio y da a los mismos la de ABUSO (sic) SEXUAL AGRAVADO DE NIÑO, tipificado en el artículo 259 la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en relación con el artículo 217 “eiusdem”. Este ajuste de la calificación jurídica no incide en la pena impuesta al ciudadano acusado, porque al aplicar por una parte la agravante contemplada en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y por la otra la atenuante del ordinal 1° del artículo 74 del Código Penal, la pena aplicable al ciudadano acusado queda igual, es decir, en siete años y seis meses de prisión. La Sala Penal exhorta tanto al Ministerio Público como a los jueces de instancia a que cumplan con lo ordenado en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente cuando las víctimas sean niños o adolescentes. ADVERTENCIA El artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece: “Artículo 259.-Abuso Sexual a niños. Quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos, será penado con prisión de uno a tres años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal u oral, la prisión será de cinco a diez años.
Si el culpable ejerce sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia, la pena se aumentará en una cuarta parte”.
La Sala Penal advierte que el término “abuso”, contenido en el título del artículo arriba transcrito, no se ajusta con exactitud a la conducta antijurídica allí tipificada pues, según el Diccionario de la Real Academia Española, “abuso” es lo siguiente: “... Acción y efecto de abusar ...”. “Abusar” se define allí como: “... Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien ...”; y cuando se refiere específicamente a la acepción “... abusos sexuales (...) Delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento ...”. El delito sexual más grave que se puede cometer contra los niños es la violación y precisamente éste, puesto que implica violencia en su forma más característica y propia, es el delito que no está tipificado completa y adecuadamente en este artículo 259 “eiusdem” porque, como se demuestra en la transcripción precedente, el término “abuso” excluye todo tipo de violencia (física o moral) y sólo incluiría (porque hasta esto es discutible cuando sí medie consentimiento) la denominada violación presunta por causa de la minoridad de las víctimas. Incluso el ambiguo término “abuso”, en relación con lo sexual, se refiere a actos distintos al coito (indispensable para que haya violación) y a pesar de que a renglón seguido ese artículo se refiera a “actos sexuales”: y buena prueba de esto es que a esta expresión, que por lo común se identifica más propiamente con el coito, se le da una latitud excesiva y en todo caso inusual pues con ella se habla también de la “fellatio” o “penetración oral”, lo cual es doblemente absurdo: por la pena (ya que con excesiva severidad se le parangona con la pena aplicable a las verdaderas violaciones que suponen la cópula) y por la antífrasis evidente: Se debe hablar y se habla de penetración es en términos de coito. Por todo ello, la Sala hace un llamado a la Asamblea Nacional para que en una futura reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente considere modificar el título del señalado artículo, de manera que sea cónsono con la acción antijurídica. DECISIÓN Sobre la base de los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes: 1) Desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la Defensa del ciudadano acusado ALBERT JOSÉ NORIEGA, contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2005 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre. 2) Corrige la subsunción del tipo penal de “ABUSO (sic) SEXUAL DE NIÑO” (sin incidir en el “quántum” de la pena aplicada), establecido por el tribunal de juicio, según el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y condena al ciudadano acusado ALBERT JOSÉ NORIEGA por el delito de “ABUSO” SEXUAL DE NIÑO AGRAVADO, tipificado en el artículo 259 “eiusdem” en conexión con el artículo 217 de la misma ley. Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los DIE CI SIE TE (1 7 ) d í as d el m e s d e N OV IE M BRE de dos mil cinco. Años 195° de la Independencia y 146º de la Federación. Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente. El Magistrado Presidente, ELADIO RAMÓN APONTE APONTE El Magistrado Vicepresidente, HÉCTOR CORONADO FLORES El Magistrado, ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS Ponente La Magistrada, BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN DAS La Magistrada, DEYANIRA NIEVES BASTIDAS Página 14
Jurisprudencia Sobre Abuso Sexual a Niños La Secretaria, GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Exp. 05-404 AAF/sd

References: artículo 260
 artículo 259
 artículo 460
 artículo 259
 artículo 260
 artículo 250
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 457
 artículo 259
 artículo 16
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 65
 artículo 374
 artículo 628
 artículo 367
 artículo 374
 artículo 1
 artículo 364
 artículo 16
 artículo 355
 artículo 320
 artículo 22
 artículo 375
 artículo 2
 artículo 374
 artículo 375
 artículo 16
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 364
 artículo 16
 artículo 355
 artículo 460
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 374
 artículo 375
 artículo 1
 artículo 375
 artículo 460
 artículo 355
 artículo 191
 artículo 460
 artículo 280
 artículo 374
 artículo 628
 artículo 374
 artículo 375
 artículo 375
 artículo 259
 artículo 217
 artículo 259
 artículo 217
 artículo 259
 artículo 217
 artículo 259
 artículo 460
 artículo 173
 artículo 364
 artículo 459
 artículo 459
 artículo 465
 artículo 257
 artículo 259
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 74
 artículo 259
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 74
 artículo 217
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 259
 artículo 217