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Timestamp: 2019-10-23 08:27:36+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00038 de febrero 23 de 2012
SENTENCIA 2010-00038 DE 23 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL. ANÁLISIS FRENTE AL EJERCICIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y CUMPLIR FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y MANDO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL Y RESPECTO AL INHABILIDAD POR INTERVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, INHABILIDADES DEL CONGRESISTA
Sentencia 2010-00038 de febrero 23 de 2012
Radicación: 11001-03-28-000-2010-00038-00(00100)
Actor: Hugo Alberto Gnecco Arregoces y Hernando José Escobar Medina
Demandado: Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena
Se trata de definir si el elegido violó la prohibición que se le endilga en la demanda, porque para el momento en que se declaró su elección, se encontraba incurso en las causales de inhabilidad previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 179 de la Constitución Política. Tales imputaciones por haber ejercido dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección autoridad administrativa en su calidad de miembro del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, y, así mismo, porque según lo manifiesta el demandante (exp. 2010-0100), el elegido gestionó negocios ante entidades públicas al tramitar en su nombre y en representación de sociedades agrícolas el reconocimiento del incentivo fitosanitario 2009, y porque asegura celebró con el ICA y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convenios para el manejo y la administración de los distritos de riego en la zona bananera.
“(…) Decretar […] la acumulación jurídica de las penas privativas de la libertad dentro de los procesos fallados contra el señor Hugo Alberto Gnecco Arregoces, por el Juzgado Primero y Segundo Penal del Circuito de Santa Marta - Magdalena, en razón de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
“El derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo, con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de ella. El artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”, pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun tratándose de un ciudadano, este ha sido afectado por la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas según decisión judicial. No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse. Luego si quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas presenta una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver (sic) por falta de legitimación del accionante, de lo cual resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia inhibitoria” (resaltado fuera de texto).
Esta situación releva a la Sala de examinar las censuras propuestas en su demanda y la existencia de la violación alegada en contra del acto que declaró la elección del señor Eduardo Díazgranados Abadía, en relación con los planteamientos que este señor adujo.
Asimismo no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno en relación con las coadyuvancias presentadas por los señores Jorge I. Orjuela Arias (fls. 203-208) y Yesid Villarraga (fls. 251-256) en relación con dicha demanda por carecer el señor Hugo Alberto Gnecco de legitimidad por activa para impetrar esta acción de carácter electoral, como ya se explicó.
Por esta razón la Sala se inhibe para decidir de fondo las pretensiones de la demanda radicada bajo el Nº interno 2010 - 0038.
4.2. Otras excepciones.
El apoderado del elegido al dar respuesta al escrito de demanda radicada bajo el Nº 2010-0100, propone a título de excepciones argumentos que en realidad constituyen planteamiento de defensa de la legalidad del acto acusado, por tal motivo se tendrán en consideración al resolver las censuras planteadas y respecto de las cuales se procederá a su estudio a continuación.
El actor señor Hernando José Escobar en su demanda radicada bajo el Nº 2010 - 0100 plantea que la elección como Representante a la Cámara por el departamento del Magdalena del señor Eduardo Díazgranados Agatón es nula porque a su juicio el elegido incurre en las causales de nulidad que contemplan los numerales 2º y 3º del artículo 179 de la Constitución Política, que prohíben a quienes aspiren a ser congresistas:
5.2. Del presunto ejercicio de autoridad administrativa por parte del elegido en su condición de miembro del consejo directivo de la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamag.
El actor alega que el elegido, como miembro de esta Corporación Autónoma Regional del Magdalena, participó de manera regular desde el momento de su designación en calidad de delegado del Presidente de la República y hasta el 22 de enero de 2010 en las sesiones de esta corporación donde se autorizó al director de Corpamag para que suscribiera convenios y contratos, y que en general, adoptó decisiones que corresponden al ejercicio de autoridad administrativa.
1. El señor Díazgranados Abadía fue miembro ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, desde el 15 de septiembre de 2003 y hasta el 28 de enero de 2010, según certificación que obra al folio 001 del cuaderno de pruebas.
2. También se aportaron al proceso entre otros el Acuerdo 8 de 2008, “Por el cual se aprobó el presupuesto de Ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena correspondiente a la vigencia 2009 con recursos propios y se adopta el presupuesto con recursos de la Nación” y las actas de la junta directiva desde el 30 de marzo de 2009 hasta el 14 de marzo de 2010, de las cuales el demandado solo estuvo ausente en la octava reunión celebrada el 22 de diciembre de 2009 (fl. 78, cdno. pbas.).
Ahora bien, mediante la Ley 28 de 1988 se creó la “Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag ”, y por la Resolución 1024 del 14 de septiembre de 1995, proferida por el viceministro del medio ambiente, se aprobaron los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - Corpamag . En relación con la conformación y las funciones asignadas al consejo directivo, esta última resolución prevé lo siguiente:
5 .Disponer de la contratación de créditos externos.
12. Las demás que de acuerdo con la ley y los estatutos le competen”(9).
• En efecto, quien funge como miembro del consejo directivo de Corpamag, en los términos del artículo 74(11) de la Ley 489 de 1998, no adquiere la condición de empleado público, pues aunque ejerce funciones públicas su vinculación con la administración no está precedida de una relación legal y reglamentaria como empleado público, o de una contractual, como trabajador oficial, calidades éstas que por tanto no ostenta.
• Precisamente, por la labor que cumplen los miembros del consejo directivo de Corpamag que no tienen la condición de servidor público, la Resolución 1084 de 1995, le fijó una remuneración a título de honorarios, así:
• La participación del señor Díazgranados Abadía en el consejo directivo de Corpamag no implicó desempeño de empleo público, requisito este sine qua non que contempla la norma constitucional para la estructuración de la prohibición. La inhabilidad parte del presupuesto: “No podrán ser congresistas [...] 2. Quienes hubieran ejercido como empleados públicos jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección”.
“Por otra parte, es gestión de negocios ante entidades públicas la realización de diligencias para la consecución de algo de que pueda derivarse lucro (…)”(15).
“1. Haber intervenido el aspirante en la gestión de negocios, entendida esta, de manera general en el genuino sentido de gestionar, esto es, de “hacer las diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”, y en materia contractual, como aquellas diligencias o actuaciones personales de carácter preparatorio tendientes al perfeccionamiento y celebración del contrato, que para efectos de la inhabilidad cobija por tanto, no solo a quien interviene directamente en la celebración del contrato (contratista), sino también a quienes han intervenido en los trámites precontractuales, no sin precisar que dicha intervención debe haberse efectuado ante entidades públicas del nivel municipal o distrital. (…)”(16).
“(…) 2.2. Las definiciones jurisprudenciales de intervención en la gestión de negocios y en la celebración de contratos.
(…) la Sala considera pertinente distinguir lo que debe entenderse por intervención en la gestión de negocios y por intervención en la celebración de contratos, pues, a diferencia de lo planteado por los impugnantes, no se trata de hipótesis asimilables, siendo, por el contrario, excluyentes.
2. Que se trata de una causal independiente y autónoma de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos (segunda hipótesis del num. 3º del art. 179 de la Carta), definida como la realización de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Que acorde con tal concepto se configura con la sola realización de cualquier tipo de diligencias ante entidad pública, porque no se exige para que el candidato quede incurso en ella, que las actuaciones que adelante ante organismos oficiales necesariamente estén atadas a una pretensión de tipo contractual lucrativo, porque el propósito a lograrse con la gestión bien puede corresponder a una finalidad cualquiera.
Gestión. (Del lat. Gestio. -onis.) Acción y efecto de gestionar.
Negocio. (Del lat. Negotium). 1. Cualquier ocupación, que hacer, o trabajo. 2 Dependencia, pretensión, tratado o agencia. 3. Todo lo que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés. 4. Acción y efecto de negociar. 5. Utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende.
Así, es claro, en el entendido que cuando la ley no distingue no le es dable distinguir al intérprete(18), que la prohibición de gestionar negocios dentro de los (6) meses anteriores a la elección, no se limita o se restringe a la consecución de lucro, esto es, de ganancia o de beneficio patrimonial. El propósito o la intención del que gestiona bien puede consistir también en el logro de otra clase de interés o de beneficio, incluso de naturaleza extrapatrimonial: “Un deseo cualquiera”. Es de resaltar que la causal no contempla la expresión “lucro” sino “negocio”, acepción amplia según su etimología.
“En cuanto al tema de por qué la gestión de negocios inhabilita para presentarse como candidato y para ser elegido, es un tema que muchos de los presentes han tratado y algunos no entienden la razón de ser, básicamente tiene dos cuestiones, uno, es el hecho de evitar que una persona con dineros del Estado, si es contratista, haga las labores de la campaña o a través de hacer la obra en una comunidad que se siente beneficiada, adquiera la influencia necesaria para ser elegida, muchas veces a una comunidad le interesa más que le hagan una obra que cualquier otra cosa y si el contratista atiende esta necesidad insatisfecha de esta comunidad podrá lograr que a través de esa atención, la comunidad estuviera predispuesta a elegirlo, y con eso estaría logrando el efecto con contratos del Estado, incluso con bienes del Estado; adicionalmente no hay duda de que la eventualidad de ser elegido a una corporación crea una situación de ventaja frente a la entidad o empleado público ante la cual una persona está gestionando, si un abogado para poner a cualquier persona, está haciendo una gestión ante cualquier empleado público que considera que muy pronto va a ser elegido, por ejemplo senador, y por consiguiente va tener una influencia sobre su labor en el Estado, es indudable que el ánimo de ese empleado que atiende a quien gestiona es muy distinto que si es un hijo de vecino cualquiera, de tal manera que aquí hay efecto de doble vía, es además de impedir que se utilice la gestión, el contrato, la capacidad a nombre del Estado para actuar sobre la gestión, también se trata de impedir que la hipotética posibilidad de ser elegido cree a su favor unas condiciones frente al Estado que no tendrían los demás de tal manera que hay una razón de equilibrio de una vía y otra”(19) (resaltado fuera del texto).
Y en otra vía, evitar que el candidato que realiza, participa o toma parte en diligencias o ejecuta actuaciones pre o post negociales de cualquier índole ante entidades públicas, utilice o se valga de su condición de candidato al Congreso de la República para conseguir mejor atención, agilidad en los trámites, o materialización y concreción del objeto pretendido, ya para sí o ya para la persona jurídica que representa, recibiendo un tratamiento preferencial de parte del servidor público quien al conocer que se trata de un presunto congresista, considere que en el evento de llegar a ser elegido, le represente la posibilidad de obtener alguna contraprestación.
La atribución relativa a que el demandado gestionó negocios en el período inhabilitante cuando era candidato a la Cámara de Representantes la fundamenta el actor en el hecho que el señor Díazgranados Abadía en calidad de representante legal de las sociedades: Banexco S.A., Cobana S.A. y como miembro de la junta directiva de Asbama y también en su presunta condición de propietario de predios localizados en el departamento del Magdalena fue beneficiado con el “Incentivo Sanitario de Banano 2009” y del “Programa de Coberturas para el año 2009”.
3. Valor económico del apoyo: El MADR reconocerá a los productores un apoyo equivalente al resultado de dividir el presupuesto descrito en el numeral 2º del presente reglamento, descontando los gastos inherentes a la administración de estos recursos, sobre el número total de hectáreas sembradas de plátano debidamente inscritas ante el Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante ICA).
Precisa la Sala que de acuerdo con la anterior transcripción es en la Ley 101 de 1993 “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero” y en la Resolución 254 de 2009 “Por la cual se establecen incentivos sanitarios para banano, flores, follajes, plátano y camarón del año 2009.” en las que se funda el programa del incentivo sanitario para el plátano, y no en la Ley 1133 de 2007 “Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS.”. Tal aclaración, porque aunque ambas priorizan los apoyos a título de incentivos para el sector agropecuario, la participación del sector y su regulación es diferente.
2. Según informe rendido por la directora de comercio y financiamiento del Ministerio de Agricultura(21) de acuerdo con el listado de “beneficiarios del Incentivo Sanitario de Banano 2009” se encontró que a nombre de un señor “Eduardo Díazgranados A. identificado con la cédula de ciudadanía 4975264” se reconocieron los siguientes apoyos:
479800823 San José Zona Bananera Magdalena 4975264 Eduardo Díazgranados A. 18,06
Floresta Zona Bananera Magdalena 4975264 Eduardo Díazgranados A. 29,91
Golondrina Vieja Zona Bananera Magdalena 4975264 Eduardo Díazgranados A 36,00
3. En el referido listado a nombre de las empresas que representó el elegido según certificados de la Cámara de Comercio de Santa Marta del 20100127 (Banexco S.A. y Cobana S.A.) (fls. 050-057, cdno. de anexos 1), figura la siguiente información:
4. Igualmente obra en el cuaderno de pruebas anexo 2 las siguientes resoluciones expedidas por el ICA - Magdalena que tuvieron por objeto actualizar el registro con el que debe contar un predio dedicado a la producción de fruta fresca para exportación en los términos de la Resolución ICA 1806 de 2004, y que era necesario para efectos de acceder al incentivo sanitario.
16 de septiembre de 2009 elevada por el señor Eduardo Díazgranados Abadía en representación de la compañía Bananera S.A. (Cobana S.A.) Resolución 85 del 18 de septiembre de 2009 “Por la cual se modifica la Resolución 211(22) de junio 22 de 2005, por cambio de propietario y asistente técnico del predio Puerto Rico” (fls. 508 y ss.)
8 de junio de 2005 elevada por el señor Eduardo Díazgranados Abadía en representación de la compañía Exportadores Bananeros de Colombia. Resolución 340 del 30 de agosto de 2005 “Por la cual se ordena el registro del predio Bomba como productor de fruta fresca para exportación, cuyo propietario es Exportadores Bananeros de Colombia” (fls. 511 y ss.)
16 de septiembre de 2009 elevada por el señor Eduardo Díazgranados Abadía en representación de la compañía Bananera S.A. (Cobana S.A.) Resolución 86 del 18 de septiembre de 2009 “Por la cual se modifica la Resolución 48 de mayo 8 de 2007, por nombre del predio, propietario y asistente técnico del predio Sara 1” (fls. 561 y ss.)
3 de mayo de 2007 elevada por el señor Eduardo Díazgranados Abadía en representación de la compañía Bananera S.A. (Cobana S.A.) Resolución 47 del 8 de mayo de 2007 “Por la cual se modifica la Resolución 243 DE enero 30 de 2006, por cambio de asistente técnico del predio Circasia” (fls. 708 y ss.)
• Entonces, el trámite que el demandado debió surtir ante el Ministerio de Agricultura, el ICA o la Bolsa Nacional Agropecuaria para ser beneficiario del “Incentivo sanitario”, en calidad de representante legal de las sociedades Cobana S.A. y Banexco S.A. propietarias de los predios: Sinaí, Circasia, Puerto Rico y Bomba, no se enmarca en la causal de inhabilidad por gestión de negocios, porque:
• Estas características desvirtúan que se esté en presencia de la prohibición gestión de negocios, puesto que propiamente y en estricto sentido, de lo que se trató fue de “aplicar” a un programa fitosanitario del Ministerio de Agricultura para proteger el cultivo de banano. El programa estaba “preestablecido” bajo parámetros respecto de los cuales para acceder al mismo no existía posibilidad de margen alguna de variación de los requisitos por cuenta de su condición de candidato al Congreso de la República, pues en todo caso debía cumplir las exigencias del reglamento(25), ni que esta calidad le pudiera propiciar preeminencia alguna. El demandante no demostró lo contrario.
• En el asunto bajo examen, se insiste, no es posible predicar debido a la naturaleza y características del programa que el proceso de postulación al reconocimiento del incentivo fitosanitario hubiese dotado al aspirante a la Cámara de Representantes de una condición preeminente y preponderante frente al electorado, pues de un lado, el reconocimiento del apoyo fue para los productores de banano, en su condición de tales, y para acceder al mismo el Ministerio solicitó la acreditación de unos especiales requisitos a los que se hizo mención atrás.
• Ahora bien, en cuanto al otro cargo atinente a que el demandado incurrió en “gestión de negocios” ante el ICA alegado en el acápite concepto de violación de la demanda, (fl. 11), el cual se explica de manera vaga e indeterminada, la Sala logra advertir con las pruebas documentales allegadas al proceso que el cargo se refiere a diligencias que llevó a cabo el demandado en condición de representante legal de Cobana S.A. ante el ICA - Magdalena, concernientes a que esa entidad expidiera las resoluciones 85 y 86. Con estos actos administrativos se actualizaron los datos que la entidad reporta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respecto de productores de fruta fresca para exportación. Se verifica que consistió en un trámite indispensable respecto de predios inscritos como productores de banano, exigencia requerida a fin de postularlos a obtener el incentivo sanitario. Por tanto, para este reproche aplican los mismos razonamientos en relación con el trámite de incentivos para los productores de banano, en el sentido de no tipificar dentro de la prohibición “gestión de negocios”, por los motivos explicados cuando se analizó el cargo principal.
• No es la teleología de la inhabilidad que se impida al candidato realizar actuaciones administrativas con el propósito de obtener o reclamar un derecho, sino evitar que éste se aproveche de la condición de aspirante al Congreso de la República para acceder a beneficios que le reportan provecho y preeminencia frente al electorado que lo percibe, por cuenta de acciones que le permitan ser calificado como un efectivo gestor de reclamos comunitarios, de una parte, o, de la otra, que en virtud del trámite del ante el Estado pueda obtener ventajas que produzcan desequilibrio en la contienda electoral respecto de los demás candidatos.
• No es ésta la situación que se presente en el sub examine. En el expediente reposan algunas facturas de venta en las que se certifica que los predios beneficiarios del incentivo y de propiedad de Banexco S.A. y Cobana S.A. acreditaron la realización de fumigaciones a sus terrenos para controlar el manejo de la enfermedad de la Sigatoka Negra, lo que permite inferir que respecto de ello hay claridad sobre la destinación del apoyo económico otorgado. Además, en el propio reglamento se prescribe que:
“[…] el ICA podrá en cualquier momento de manera selectiva verificar in situ la veracidad de los informes técnicos presentados por el productor. En caso de encontrar inconsistencias en la información proporcionada, no se procederá al pago del ISP 2009. En caso de que éste haya sido pagado, se procederá a adelantar los trámites tendientes a la recuperación de los recursos, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar”.
• En relación con el reproche que al folio 10(26) del resumen de los hechos se efectúa en la demanda, consistente en que el demandado en su condición de miembro principal de la junta directiva de Asbama, celebró convenios con el “Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA” para el “manejo y la administración de los distritos de riego de la zona bananera”, que dice el demandante beneficiaron a los predios de su propiedad, respecto del cual en el memorial de alegatos de conclusión estima se acreditó, porque como integrante del consejo directivo se desempeñó como “superior inmediato del director Corpamag(27), la Sala declarará no probada esta censura. Lo anterior, por cuanto del certificado de representación y existencia visible a los folios 58 a 63 del cuaderno numero 1º de anexos de la demanda no se acredita: i) la calidad de miembro de la junta directiva de Asbama (Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira), ii) la celebración de los convenios a los que alude de “administración de distritos de riego” y iii) tampoco que ostentará la representación legal de dicha asociación.
• Ahora bien, la documental que remitió Corpomag frente a los contratos que celebró durante los meses de julio a diciembre del 2009 y que obran a los folios 129 y siguientes del cuaderno 1 de pruebas, permite identificar que están referidos a: i) “reducción del riego de desabastecimiento de agua para el consumo humano y la interrupción de los servicios de acueducto y alcantarillado en las cuencas de los ríos Manzanares, Gaira, Ariguani y Fundación; ciénagas de Buena Vista, Zapayan y Cerro de San Antonio; y Caños Plato y Schiller” (contrato de obra pública Nº 001/2009 celebrado con la unión temporal Dragados del Magdalena) y ii) “La recuperación de la cuenca baja del río manzanares del K 15 + 200 al km 32 + 000” (contrato de obra pública Nº 002/2009 celebrado con el Consorcio Recuperación del Río Manzanares 2010). Ninguno de ellos concierne al objeto que manifiesta el actor en el escrito de demanda relativo a la “administración distritos de riego” como constitutivo de la inhabilidad que plantea.
“[…] me permito informar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo no abrió el programa de coberturas para el año 2009. Adicionalmente, se buscó en los registros del programa de los años 2006, 2007 y 2008, sin encontrar al señor Eduardo Días (sic) Granados Abadía como beneficiario del mismo”.
(12) Entre otras: i) la adición del presupuesto de ingresos y gastos y el compromiso de recursos con vigencia futura, ii) aprobó una reforma a la estructura administrativa y iii) autorizó la suscripción de contratos de obra pública, (fl. 108)
(13) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 13 de septiembre de 2007, expediente 11001-03-28-000-2006-00045-00(3979-3986) Actor: Humphrey Roa Sarmiento y otro. Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento de Boyacá.
(15) Ver entre otros los expedientes radicación 3656 de 2005 y 3581 de 2005.
(16) C.E., sentencia del 28-09-06, expediente 2005-00712-01 (4052).
(17) C.E., sentencia del 3-02-06, expediente 2003-02974-01 (3867).
(18) Articulo 27 Código Civil. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (…).
(19) Antecedentes artículo 179 Asamblea Nacional Constituyente, págs. 28 y 29.
(21) folio 326, cdno. ppal.
(22) “Por la cual se ordena el registro del predio puerto rico como productor de fruta fresca para exportación, cuyo propietario es bananos de Sara Bretaña S.A.”.
(25) El numeral 5º del citado reglamento prevé los requisitos que debe cumplir el postulante para el pago del mismo; así:
5.1. Entrega del informe técnico ante el ICA: Entregar entre el 21 de septiembre y el 28 de septiembre de 2009 al correo electrónico incentivo.banano@ica.gov.co, un informe técnico de acuerdo con los requisitos previstos en el literal f del artículo tercero de la Resolución ICA 1806 de 2004. Para este reglamento se tendrá en cuenta lo concerniente al nivel epidemiológico de la Sigatoka Negra, tomado del reporte que mensualmente presentan al ICA los productores. Este nivel posicionado hasta un grado 2 del necrosamiento posicionado hasta en la quinta hoja más joven de un promedio de 20 plantas próximas a parir y hasta dos semanas de parido el racimo, evaluadas por hectárea, sobre el total del área registrada.
Las facturas deben tener una vigencia menor o igual a 180 días calendario contados a partir de la fecha de expedición de la factura. Por último, el registro de las facturas deberá ser realizado a través de una firma comisionista de la BNA y el costo del mismo debe ser asumido por el productor.
5.6. Radicar la documentación en la BNA: Para el pago del apoyo, los productores válidamente inscritos deben radicar físicamente en la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), en cualquier oficina nacional o en los puntos establecidos por dicha entidad, entre el día 5 de octubre de 2009 y el 16 de octubre de 2009, los documentos descritos en los numerales 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5.

References: artículo 179
 artículo 40
 artículo 241
 artículo 179
 Resolución 
 resolución 
 artículo 74
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 179
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