Source: https://www.grin.com/document/379024
Timestamp: 2020-01-19 05:27:02+00:00

Document:
La investigación jurídica herramienta eficaz para mejorar la vida ... | Publique su tesina, trabajo final de bachelor o otros trabajos académicos
Página de inicio > Catálogo > Derecho > Derecho público / Derecho constitucional / Derechos fundamentales
La investigación jurídica herramienta eficaz para mejorar la vida social
Libro de memorias del Primer Coloquio de Alumnos de Posgrado en Derecho de la Universidad Interglobal Campus Mérida
Antología , 2017
58 Páginas, Calificación: Libro de Memorias
Doctor Juan Bolio Ortiz (Autor)
Libro sólo a US$ 33,90
Juicio a un Conde
La irracional percepción económica de los legisladores en el Estado de Yucatán, con relación a las responsabilidades asignadas al cargo
Proyecto de Reforma de los Delitos Cibernéticos a la Luz el Pacto Federal
La Alienación Parental y los Métodos de Estudios Psicológicos que Permiten su Determinación
Estudio y resolución a la excepción de prescripción del derecho procesal laboral para conflictos individuales de trabajo
Sustracción de menores. Un recopilado de jurisprudencias tanto históricas como actuales, así como su percepción en los distintos estados de la República desde el siglo pasado a la modernidad
Análisis de la retroactividad de la declaratoria general de inconstitucionalidad en materia penal
El debido proceso penal en los migrantes centroamericanos ilegales en su paso por la frontera de Tapachula
El internamiento preventivo como medida cautelar en el sistema integral de justicia penal para adolescentes
Derecho a la autodeterminación de los territorios del pueblo indígena maya de la población de Caucel, Yucatán
El trabajo Doméstico y de cuidados no remunerado: un impacto negativo en la autonomía femenina
Reflexiones sobre la formulación de la pregunta de investigación
Como perenne producto del Primer Coloquio de Alumnos de Posgrado en Derecho de la Universidad Interglobal “Campus Mérida”, presentamos este libro de memorias que ha pretendido recoger una muestra del estado del arte de la investigación en el campo del Derecho Procesal Constitucional y Control de la Convencionalidad, desde diversos ángulos que los alumnos presentan, se ha pretendido concitar a los diferentes investigadores y demás estudiosos del Derecho en la Universidad y, a partir de esta conjunción en el objetivo de estudiar, conocer y conservar el análisis jurídico, juntar nuestras voces para contribuir a que sea justamente la Universidad Interglobal “Campus Mérida” quien “apropie” esta diversidad de saberes socio-jurídicos, que no solo es la base de todas las cadenas de los Derechos Humanos que soportan nuestro sistema de derecho, sino un activo que hoy más que nunca debe ser parte de la dinámica social y cultural de los yucatecos, pues a partir de su reivindicación como elemento activo de la realidad nacional y factor diferenciador de nuestro mega diverso país, la humanidad en general y el pueblo yucateco en particular, se integrarán a esa cruzada investigativa que debe necesariamente estudiar más, conocer más, conservar más y desarrollar cada vez más relaciones armónicas con nuestras autoridades. Este libro de memorias reúne productos de investigación en las áreas de derecho indígena, derecho parlamentario, derecho de la información, derecho familiar, derechos humanos de los migrantes, derecho penal, derecho de amparo, entre otros. Ponencias que han sido objeto de las diferentes alternativas que el Coloquio ha puesto a disposición de los asistentes para compartir sus experiencias y sus saberes; las cuales involucran presentaciones orales cortas, que se presentaron el 23 de septiembre del 2017 en el Centro Cultural Olimpo del Ayuntamiento de Mérida, que con su apoyo se alcanzó el éxito aquí reflejado.
Mtro. Héctor Joaquín Bolio Ortiz
(Coordinadores) Profesores de la Universidad Interglobal Campus “Mérida
Por medio del presente libro se expone una recopilación sucinta de diversos trabajos de investigación que se desarrollan dentro de la Universidad Interglobal “Campus Mérida”. El libro colectivo alcanza un objetivo altamente esperado, compilar ideas sobre diversos rubros jurídicos muy presentes en nuestra sociedad. Se ha editado un trabajo con doce excelentes investigaciones que buscan dejar su granito de arena en la investigación en derecho en la Península de Yucatán.
El primer trabajo denominado Juicio a un Conde, es una investigación sobre el Juicio de Residencia de un ex gobernador de Yucatán durante la época colonial, se presenta como parte del trabajo de tesis doctoral del Doctor Juan Pablo Bolio Ortiz y contribuye como coautor el Maestro Héctor Joaquín Bolio Ortiz, a partir de reflexiones y un análisis crítico de gran valor.
El segundo llamado La irracional percepción económica de los legisladores en el Estado de Yucatán, con relación a las responsabilidades asignadas al cargo, presentado por Víctor Manuel Ramírez Gurubel, consiste en una investigación bibliográfica y de antropología social, se entrega a los ciudadanos y estudiosos de la materia, un material que les permite tener una visión más clara y real sobre dos interrogantes importantes en el seno de la sociedad yucateca: Las percepciones económicas que reciben los legisladores ¿Son racionales o irracionales? y, ¿Las responsabilidades que tiene el legislador, son tomadas como parámetros para asignar dichas percepciones económicas? Estas dudas son la base de otras más que se hacen los ciudadanos todos los días, respecto a la actividad legislativa, su comportamiento y la exposición de su riqueza. Preguntas, que no encuentran respuesta porque se carecía de investigación al respecto, no obstante la cantidad de notas periodísticas que existen. El contenido de la investigación tiene su soporte técnico en estudios bibliográficos, legislación, entrevistas y análisis de enfoques teóricos sobre la materia.
Luego continuamos con la investigación de Sandy Gabriela Cen Silva llamada Proyecto de Reforma de los Delitos Cibernéticos a la Luz el Pacto Federal, el objetivo central es plantear la pertinencia de la reforma debida para incorporar los delitos cibernéticos a la luz del pacto federal. Aspectos históricos y relevantes que sirven de gran utilidad y ayuda, para así tener un amplio y profundo conocimiento en base a la materia. El delito cibernético ha ido creciendo más fácilmente a medida que avanza la tecnología y los autores ya no requieren grandes habilidades o técnicas para ser una amenaza. Por ejemplo, las herramientas de software que permiten al, usuario localizar puertos abiertos o anular la protección de contraseña se pueden comprar fácilmente en línea. Lo que no ha crecido fácilmente, por desgracia, es la capacidad para encontrar a los responsables. Con el anonimato que ofrece el ciberespacio, es difícil para las fuerzas del orden identificar y localizar a los delincuentes. Lo que se sabe, sin embargo, es que más de tres cuartas partes de la delincuencia cibernética están hoy vinculadas a la actividad de la delincuencia organizada. El uso indebido de internet sea considerado como delito grave, como instrumento o herramienta para organización de un delito.
Proseguimos con María Concepción Simá Martín, con La Alienación Parental y los Métodos de Estudios Psicológicos que Permiten su Determinación, que expone como la alienación Parental, es un proceso mediante el cual un hijo es programado para conseguir que acabe odiando a uno de los padres, cuando esto es sembrado en el menor, contribuye por su cuenta denigrando al padre alienado, en este proceso el papá o mamá alienadora recurren a comportamientos muy diferentes, los más diversos y creativos; las manifestaciones y los comportamientos pueden ser innumerables. Las conductas alienadoras cuantas más se realicen, mayor probabilidad habrán de que sean exitosas. Desde el origen la familia es importante para el desarrollo social de todo niño, la relación de la familia debe ser estrecha y unida. Este tipo de relación contribuye a que los miembros de la familia aprendan sobre sus caracteres; aprenden a tratar y comunicarse con otros. Es importante que los niños aprendan la historia de su patria, su lengua, sus tradiciones y su familia, esto les permite estar conectados a sus generaciones. La lengua, especialmente, conecta a los abuelos con sus nietos. Todos los niños deben vivir en un lugar donde puedan recibir y dar amor, aprendan a tratar a otros con respeto, y tengan esperanza para el futuro. Una casa no es solamente un lugar donde vivir, sino también un lugar donde todo es cómodo y libre para ser la persona que quiera ser. Sin embargo; en la vida cotidiana, debido a la gran cantidad de familias disfuncionales, y la lucha de poderes por parte de uno o ambos progenitores, son el inicio de conflictos, donde niños, niñas y adolescentes son encausados al consumo de drogas, pandillerismos, diversos conflictos sociales y emociones en busca de una aceptación por identificarse con otros jóvenes; esto debido a frustraciones en que han sido orillados por los mismos progenitores.
El quinto trabajo es el Jorge Enrique Moreno Flores llamado Estudio y Resolución a la Excepción de Prescripción en el Derecho Procesal Laboral para Conflictos Individuales de Trabajo, un trabajo para comenzar a entender la idea que se pretende aportar en el mismo es necesario el estudio del mencionado derecho procesal laboral, en cuanto a su concepto y las diferentes definiciones que le otorgan diversos autores, así como también conforme avancemos en el trabajo hablaremos de lo que contempla la Ley y la constitución en relación al Derecho Procesal Laboral, toda vez que como es sabido por la mayoría de los profesionistas en derecho, la doctrina no basta para entender, comprender y saber los alcances.
El sexto documento es de Adrián Contreras Salas, llamado Sustracción de menores. Un recopilado de jurisprudencias tanto históricas como actuales, así como su percepción en los distintos estados de la República desde el siglo pasado a la modernidad, la idea es presentar un conjunto de criterios jurídicos que siguen los jueces en México en el pasado como en el presente.
La séptima investigación la presenta Miguel Campos Centeno, denominada Análisis de la retroactividad de la declaratoria de inconstitucionalidad en materia penal, consiste en un análisis normativo de los alcances de la declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo en vigor, particularmente en materia penal.
El siguiente trabajo es de Cristina Anahí González Dzib, llamado El debido proceso penal en los migrantes centroamericanos ilegales en su paso por la frontera de Tapachula, la temática se centra en que no es un secreto que hoy en día las personas que emigran de Centroamérica buscando una mejor calidad de vida en su mayoría en su paso por territorio nacional ven vulnerados sus derechos fundamentales y humanos víctimas de bandas criminales así como de extorsión entre otras arbitrariedades. Sin embargo pocas veces se hace una reflexión en torno a ¿Qué pasa cuando uno de esos migrantes comete un delito en territorio mexicano? ¿Se les da el trato debido que establece la ley? y ¿Se deben tomar en cuenta los antecedentes que el individuo en cuestión tenga en su país de origen? Mucho se dice que el debido proceso es un derecho fundamental para todas las personas más aún para el caso de los extranjeros que dicho sea de paso es una cuestión esencial que se le asesore de manera concreta por un connacional según lo establece el artículo 36.1 apartados b) y c) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares así como el 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues representan un medio de defensa contra el ejercicio arbitrario frente al Estado del cual no es un nacional.
Nuestra siguiente colaboración es de Norberto Joel Malta Couoh con El internamiento preventivo como medida cautelar en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se explica cómo en nuestro sistema penal mexicano existe la justicia para adolescentes, el cual se encuentra contemplado en el artículo 18 de nuestra Constitución Mexicana (2017), artículo que establece que se le podrá seguir un proceso a las personas adolecentes mayores de doce años y menores de dieciocho años, sin embargo en el propio artículo 18 constitucional estipula que no merecerán internamiento como medida cautelar los adolescentes menores de 14 años cuando se le siga un proceso por un hecho que la ley considere como delito. De lo anterior surge una gran controversia en el sentido de porqué seguirle un proceso judicial a un joven mayor de doce años y menor a catorce años, sino puede merecer un internamiento como medida al iniciarle un proceso o estar sentenciado sea cual fuere el hecho que cometa que la ley considere como delito, es decir el joven de la edad manifestada podría cometer el hecho más sanguinario que impacte a la sociedad pero no podrá estar internados.
Continuamos con un tema de gran relevancia por Carlos Leonardo González Novelo, llamado Derecho a la autodeterminación de los territorios del pueblo indígena maya de la población de Caucel, Yucatán, el estudio surge a la luz del artículo 2 Constitucional, los efectos, consecuencias y la forma de emplear temas como propiedad, posesión y prescripción vinculados al manejo de la tierra de los mayas de Yucatán, así como la protección de los recursos naturales a la luz de los Derechos Humanos.
Por último se incluyen dos trabajos reflexivos de los Maestros Ramiro Arcila y Rocío del Carmen Manzanilla Mena, el primero lleva por nombre Reflexiones sobre la formulación de la pregunta de investigación y el segundo El trabajo Doméstico y de cuidados no remunerado: un impacto negativo en la autonomía femenina; texto que refleja un gran problema en el contexto socioeconómico mexicano y que sin duda la mirada desde el derecho y la sociología lo hacen pertinente.
Temas cuya divulgación es de suma importancia para poder mejorar las condiciones de vida en el país.
Profesor Universidad Interglobal
El juicio de residencia tuvo sus comienzos en el derecho romano. En el Digesto, en el Código y en las Novelas de Justiniano se encontraban preceptos reguladores de la obligación que pesaba sobre los funcionarios del Estado de responder judicialmente, de su gestión.[1]
Se ha señalado que el primer texto legal que se conoce donde se encuentran rasgos distintivos de la residencia, fue una constitución del año 475, expedida por Zenón, emperador de Oriente, por la que obligaba a los jueces y a otros magistrados del Imperio que hubieran sido sustituidos, a permanecer cincuenta días en los lugares que administraron, sin ocultarse, a fin de que a todos los habitantes quedara expedita la libre facultad de promover querella por sus hurtos y crímenes.[2]
El juicio de residencia representó una forma de expresar la justicia de los gobernantes para con los gobernados, la oportunidad de los gobernados de poner en la silla de los acusados a los gobernantes, un mecanismo idóneo para demostrar que los oficiales basaron sus gestiones en el concepto de justicia, que las Siete Partidas expresaron así:
Según departieron los antiguos sabios, justicia tanto deseo como cosa en que se encierran todos los derechos de cualquier naturaleza que sean. Y los mandamientos de la justicia y del derecho son tres: el primero es que el hombre viva honestamente en cuanto en sí, el segundo, que no haga mal ni daño a otro; el tercero, que dé su derecho a cada uno. Y aquel que cumple estos tres mandamientos hace lo que debe a Dios y así mismo y a los hombres con quienes vive, y cumple y mantiene la justicia.[3]
El poder que tuvieron los juicios de residencia puede ser entendido, pues, como práctica jurídica y como representación de las relaciones en el seno de la sociedad. Fue una herramienta estipulada por las leyes que sirvió para regular el control de los gobernantes en el ejercicio del poder político, administrativo y judicial.
En el medievo el juicio de residencia fue planeado sólo contra autoridades en su función de jueces. En la partida tercera se instauró una disposición que dijo:
Que los jueces, al ser instituidos tales, han de prestar juramento de cumplir sus deberes de jueces, como entre otros, juzgar bien o lealmente y no recibir don ni promisión de hombre ninguno, que haya instruido pleito entre ellos y después de tomar juramento por los jueces se les deben tomar fiadores y recabo de que prometan y se obligan, cuando al término de su función judicial dejasen sus oficios de jueces, a permanecer durante cincuenta días, en los lugares sobre qué juzgasen, por hacer derecho a todos. Que los jueces después que hayan terminado sus oficios deben cumplir así haciendo dar pregón cada día públicamente que si alguno tuviere querella hagan que les cumplieren el derecho.[4]
Las Siete Partidas eran un intento ambicioso de Alfonso X de promulgar un nuevo código general, una enciclopedia de derecho, cuyas siete partes cubrían desde el derecho eclesiástico hasta el derecho público, derecho de familia, procesos jurídicos, derecho civil y mercantil, derecho penal. Entre otras cosas, las Siete Partidas, representaron una doctrina en que el rey era el legislador supremo, el vicario de Dios en asuntos temporales. Las Partidas fueron oficialmente promulgadas sesenta años después en el Ordenamiento de Alcalá de 1348, como derecho supletorio.[5]
Para el derecho castellano, el juicio de residencia se trató de un procedimiento de control de la actuación de aquellos que tuvieron oficios públicos (especialmente los de administración de justicia) al término de los mismos, que permitía averiguar cuáles de esos sujetos ofrecían suficiente confianza para adjudicarles nuevos cargos, e igualmente, reparar los daños que hubieran podido ocasionar a los particulares en el desempeño de sus funciones.[6]
Más adelante, otras leyes regularon el juicio de residencia, entre ellas el Ordenamiento de Alcalá de 1348, las Cortes de Toledo de 1480 y la Pragmática para corregidores y jueces de 1500, dictada en Sevilla.[7] Todos estos documentos se compilarían en 1806 en la Novísima Recopilación de Leyes, que es una fuente esencial para comprender la configuración de los procesos judiciales de residencia en el derecho castellano.
El Ordenamiento de Alcalá del siglo XIV, estableció como obligatorias las fianzas por parte de los jueces residenciados.[8] Una norma muy interesante en cuanto al proceso judicial de residencia fue dictada en 1553 relativa a que en las sentencias de residencia no habría recurso de suplicación, salvo dos casos: si en la sentencia hubo privación de oficio perpetuo o si hubo condenación de pena corporal.[9] La sentencia corría a cargo del juez de residencia y en algunos casos el Consejo se encargaba de su ejecución.
Durante el periodo de suplicación, al condenado no se le permitía ofrecer más pruebas. El juez de residencia debió estudiar los mismos autos y acuerdos del juicio.[10] Ello significó que los juicios de residencia de forma general de acuerdo al derecho castellano sólo tuvieron dos instancias la primera ante el propio juez de residencia y la segunda a causa del recurso de apelación o suplicación.
Otras estipulaciones señalaron la obligación de los jueces de residencia de tomar las cuentas de las penas de cámara de los gobiernos, requisito que se volvería indispensable en las residencias indianas, como medios preparatorios del juicio.[11]
El 9 de junio de 1500, Fernando e Isabel dictaron la célebre instrucción de corregidores y de jueces de residencia, en las que se sistematizó y organizó el juicio de residencia en forma no efectuada hasta entonces.[12] En esta norma se distinguieron las dos partes del juicio: la primera consistente en un procedimiento de oficio con carácter secreto, y la segunda, pública, para sustanciar las quejas procedentes de los particulares.[13]
Podemos decir que el juicio de residencia se afinó en la parte procesal a partir de esta real pragmática, supuso el perfeccionamiento normativo de la institución. Se desarrollaron temas como las instrucciones de tipo procesal, las pruebas, los testigos, la confesión, la pesquisa secreta, la acción social, la acción privada, la recaudación de las penas de cámara y las incompatibilidades que afectaban a las autoridades.
En esta tónica se observa que el juicio de residencia en la práctica se desarrolló a la par del encuentro con el Nuevo Mundo, cuestión que es de suma relevancia, pues deja de manifiesto cómo el esplendor de estos juicios se da precisamente durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
En el derecho castellano, antes de iniciarse un juicio, los jueces de residencia estaban obligados a poner una tabla o edicto público sobre los costos que debieron percibir ellos y sus oficiales de acuerdo a los aranceles reales.[14] Desde 1566, se determinó que las Audiencias conocieran las apelaciones por causas de residencia, cuestión bastante observada en la práctica, aunque algunas regiones en América acudieron directamente al Consejo Real y Suprema de Indias.[15]
El título 5 del libro 4 de la Novísima Recopilación de Leyes de España contiene un apartado denominado “de las residencias y modo de proceder a su determinación en el Consejo”. Este apartado señala un mandamiento en el sentido que desde 1544 hubiese una tabla de todas las residencias “que se tomasen a los jueces y oficiales de justicia”.[16].
En esas mismas ordenanzas de Consejo se mandó que ninguna residencia se empezara a ver sin que primero hubiera sido analizada por los fiscales del Consejo de Castilla. Igualmente se ordenó que en el área del Consejo hubiera siempre un libro donde se asentarían las consultas de las residencias, con el día, mes y año en que se examinaren, estipulando que ninguna pudiera ser analizada sin que las condenaciones que en ella se hubieren señalado se notifiquen a las partes como cosa juzgada.[17]
Una real cédula dictada el 31 de diciembre de 1593 en Madrid por Felipe II, más adelante recopilada en pragmática en 1610, estipuló:
Y para que mejor y más cumplidamente se guarden, cumplan y ejecuten todas las dichas nuestras leyes pragmáticas, mandamos a las justicias de estos nuestros reinos, que no habiendo denunciado o habiéndolo y no prosiguiendo las causas, procedan de oficio a la ejecución de penas de ellas, y las ejecuten en los transgresores irremisiblemente sin dispensación ni moderación alguna, y que no haciéndolo y cumpliendo así, se les haga carga particular, en las residencias que se les tomaren, de la omisión y negligencia que en ellos hayan tenido y sean castigados con el rigor necesario y de ello vayan particularmente encargados los jueces que se las fueren a tomar.[18]
Por ello, dentro de los juicios muchas de las cuestiones a investigar consistían en saber qué tanto habían ejecutado las sanciones y penas los jueces locales.
En este sentido, los juicios de residencia se planearon en el derecho castellano para que funcionen como instrumentos de centralización político-administrativa y judicial, así como de dominación política por parte de la Corona. El objetivo fundamental consistió en el control y la intervención sobre los gobiernos regionales y locales.
Las residencias evidencian, por una parte, la autoridad y el poder tanto del rey como de la Corona y, por otra, la complejidad de los vínculos y relaciones establecidas en el interior de las localidades y sus capitales provinciales en el marco de normas, códigos y valores propios de la sociedad; además, constituyeron el instrumento idóneo para afianzar la justicia, fortalecer y legitimar el gobierno español.[19]
Un doctrinario del derecho, José Serapio Mojarrieta, manifestaba en 1848 la necesidad de los juicios de residencia y la principal causa de porqué la Corona las instauró en territorio indiano: “La distancia que separa la Península española de sus posesiones ultramarinas, y la necesidad de atender a la conservación de estas, hicieron precisa la extensión de autoridad y facultades concedidas a sus principales gobernantes”.[20] Por esta razón, desde que las posesiones ultramarinas fueron incorporadas a la Corona de Castilla, se creó la saludable institución de los juicios de residencia.[21]
El 12 de mayo de 1654, el fiscal del Consejo de Indias exigió que se despache la real provisión para tomar la residencia al Conde de Peñalba García Baldes de Osorio y a los que auxiliaron en su gobierno, Martín Robles y Pedro Sáenz Izquierdo, pues por alguna razón todavía estaba pendiente el proceso judicial.
[1] Ots Capdequi, J. M., “El juicio de residencia en la historia del derecho indiano”, p. 556
[2] Mariluz Urquijo, J. M., Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, pp.6-7
[3] Partida 3, titulo 1, ley 3, Siete Partidas del rey Alfonso X 1256 a 1265, IURIS DIGITAL.
[4] Partida 3, título 4, ley 6, Siete Partidas del rey Alfonso X 1256 a 1265, IURIS DIGITAL.
[5] Molina Martín del Campo, E., “El derecho castellano y la narrativa colonial”, p. 620
[6] Collantes de Terán de la Hera, M. J., El juicio de residencia en castilla, pp.151-152
[7] Mariluz Urquijo, Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, pp. 8-11
[8] IURIS DIGITAL, ley 3, título 1, libro 11, Novísima Recopilación de Leyes de España 1806, Archivo de la Real Jurisprudencia y Derecho de España.
[9] IURIS DIGITAL, ley 9, título 21, libro 11, Novísima Recopilación de Leyes de España 1806.
[10] IURIS DIGITAL, ley 7, título 10, libro 11, Novísima Recopilación de Leyes de España 1806.
[11] IURIS DIGITAL, ley 7, título 90, libro 12, Novísima Recopilación de Leyes de España 1806.
[12] Jiménez Pelayo, A., “Funcionarios ante la justicia”…, p. 82
[13] Fernández Delgado, M. A., y Soberanes Fernández, J. L., “Antecedentes históricos de la responsabilidad de los servidores públicos en México”, pp.14-15
[14] IURIS DIGITAL, ley 1, título 35, libro 11 Novísima Recopilación de Leyes de España 1806
[15] IURIS DIGITAL, ley 10, título 2, libro 2 Novísima Recopilación de Leyes de España 1806
[16] IURIS DIGITAL, título 5, libro 4 Novísima Recopilación de Leyes de España 1806.
[17] IURIS DIGITAL, leyes 1, 2,3 y 11, título 11, libro 4, Novísima Recopilación de Leyes de España 1806.
[18] IURIS DIGITAL, ley 10, título 3, libro 3, Novísima Recopilación de Leyes de España 1806.
[19] Berbesí de Salazar, L., y Vázquez de Ferrer, B., “Juicios de residencia en el gobierno provincial de Maracaibo, 1765-1810”, p. 477
[20] Mojarrieta, J. S., Ensayo sobre los juicios de residencia (1848), p. 2
[21] Ibídem, p. 37
Final del extracto de 58 páginas
V379024
9783668556850
9783668556867
libro, primer, coloquio, alumnos, posgrado, derecho, universidad, interglobal, campus, mérida, jurídico
Doctor Juan Bolio Ortiz (Autor), 2017, La investigación jurídica herramienta eficaz para mejorar la vida social, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379024
La Gimnástica Deportiva como Herramie...
Derecho - Derecho procesal civil
La doctrina jurídica. Definición Dedo...
Contexto y Muestreo en la Investigaci...
Aspectos Diferenciales de la Investig...
Programa de Capacitación Fundamentado...
Der Manier-Begriff in Cennino Cennini...
Il Libro del Cortegiano - Das Buch vo...
Extracto de 58 Páginas

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 2