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Timestamp: 2017-10-21 03:13:45+00:00

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El Sistema de Control y Evaluación Gubernamental del Paraguay se encuentra definido en la Ley Nº 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”, que en su Título VII “Del Sistema de Control y Evaluación”, Art. Nº 59 señala: “El sistema de control de la Administración Financiera del Estado será externo e interno, y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales”.
El control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la Administración y control posterior a cargo de la Auditoría Interna Institucional y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (Art. 60, Ley Nº 1.535/99).
El Control Externo será realizado mediante las acciones que para tal efecto se ejerzan con posterioridad a la ejecución de las operaciones de los Organismos y Entidades del Estado y estará a cargo de la Contraloría General de la República (Art. 63, Ley Nº 1.535/99).
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Publico, y la Procuraduría General de la República son otros órganos de control establecidos por la Constitución Nacional (1992), con funciones especificas en áreas concretas, sea respecto a los derechos humanos, a la investigación respecto a delitos económicos y corrupción, entre otros, o contra el patrimonio del Estado, y se complementan en sus labores con los órganos ya citados, integrando un sistema de control.
Entre una de las novedades incluidas en la última Constitución del Paraguay (1992) figura la Contraloría general de la República que es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determinada por la Constitución y la ley Goza de autonomía funcional y administrativa. Se compone de un Contralor y un Subcontralor (artículo 281 de la Constitución).
La Ley de su creación es la Nº 276/94 del año 1994, Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República. Con base en el artículo 283 de la Constitución y artículo 9 de la Ley Orgánica, se encuentra entre sus deberes y atribuciones lo siguiente: el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado incluyendo a las entidades que administren los fondos, servicios o bienes públicos; la recepción y el registro de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos; realizar y evaluar las auditoras financieras, administrativas y operativas de los organismos bajo su control y evaluar las auditorias internas y externas de las instituciones bajo su fiscalización y control; y el control de la ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones mencionadas anteriormente; presentar denuncias ante la Justicia y el Poder Ejecutivo de los delitos que tenga en su conocimiento sobre las instituciones bajo su control
Según lo establece el artículo 281 de la Constitución, el Contralor General de la República y el Subcontralor son designados por la Cámara de Diputados (por mayoría absoluta) a partir de ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores de idéntica mayoría. Duran cinco años en el ejercicio de sus funciones, los cuales no deben ser coincidentes con los del mandato presidencial; pueden ser confirmados en el cargo sólo por un período más y durante tal lapso gozan de inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones.
Una figura también nueva en la estructura jurídica del estado paraguayo es la del Defensor del Pueblo establecida en la última Constitución y cuya Ley Orgánica Nº 631 de 1995. Habiéndose nombrado el titular recién en el año 2001 por Resolución Nº 768 de la Cámara de Diputados, sus funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. En ningún caso tiene función judicial ni competencia ejecutiva (artículo 276 de la Constitución).
Según lo establece el artículo 279 de la Constitución y el artículo 10 de la Ley Orgánica, se encuentra las siguientes deberes y atribuciones: recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos que establecen la Constitución y la ley; requerir de las autoridades en sus diversos niveles, información para ejercer sus funciones; y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos; publicar informes sobre la situación de los derecho humanos; denunciar ante el Ministerio Público las violaciones de derechos humanos; actuar para la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
El Defensor del Pueblo goza de autonomía e inamovilidad en el ejercicio de sus funciones. Es nombrado por el Congreso de la República (por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado) para un período de cinco años, pudiendo ser reelecto. Puede ser removido por mal desempeño de sus funciones con el procedimiento de juicio político (artículo 279 de la Constitución).
El Ministerio Público, establecido por la Constitución de 1992 y por la Ley Orgánica del Ministerio Público 1562/00, representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, y goza de la autonomía funcional y administrativa.
Como lo indica en el artículo 13 su Ley Orgánica y el artículo 268 de la Constitución, los deberes y atribuciones incluyen: velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; investigar y procurar la acción penal pública para los hechos punibles, ante los órganos jurisdiccionales; defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas; recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones; y velar por el debido proceso legal.
El Código Procesal Penal (Ley No. 1286/98) subraya las funciones del Ministerio Público; el artículo 18 establece Principio de Legalidad, por la cual el Ministerio Público está obligado a ejercer la acción penal pública siempre que haya indicios fácticos suficientes; el artículo 52 explica que el Ministerio Público dirige la investigación y promueve la acción penal pública; y artículo 53 menciona que el Ministerio Público deberá probar en el Juicio Oral los hechos que fundamentan su acusación.
El Fiscal General del Estado está a cargo del Ministerio Público y ejerce las funciones atribuidas a ello mediante la Constitución y otra legislación. El Fiscal General tiene fiscales adjuntos, agentes fiscales, relatores fiscales y asistentes fiscales para asistir en llevar a cabo las funciones.
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Poder Ejecutivo (con acuerdo del Senado) a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura, tiene inamovilidad en el ejercicio de sus funciones y permanece cinco años en el cargo pudiendo ser reelecto (artículo 269 de la Constitución).
Los agentes fiscales son designados en la misma forma que establece la Constitución para los jueces, duran el mismo tiempo en sus cargos y pueden ser removidos con iguales procedimientos (artículo 270 de la Constitución).
La Procuraduría General de la República, establecido mediante la Constitución de 1992, tiene por objetivo de defender los intereses patrimoniales del Estado. Entre sus funciones se cuenta con la representación y la defensa de los intereses patrimoniales del Estado; dictamina en los casos y con los efectos señalados en las leyes; asesora jurídicamente a la Administración Pública conforme con las leyes (artículos 244 a 245 de la Constitución). La Procuraduría está a cargo de un Procurador General, quien es nombrado y removido por el Presidente de la República.
Consejo Impulsor Del Sistema Nacional De Integridad (CISNI)
El Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad es un órgano autónomo, mixto, abierto, conformado por consejeros ad honorem, referentes de la sociedad civil y por representantes de diferentes poderes del Estado. Fue creado por Decreto Nº 14.778/01 y modificado y según el Decreto Nº 16.735/02 con la finalidad de elaborar el hoy PNI, Plan Nacional de Integridad (ex anticorrupción), en el año 1999 e impulsar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Mejoramiento de la Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República (CGR) suscribió dos resoluciones (noviembre, 2008) que permitirán estandarizar los criterios para el desarrollo de la auditoria gubernamental en el Paraguay, unificando las normas, metodologías e instrumentos a ser aplicados.
Con la primera resolución (Nº 1195/08) se aprueba y adopta el Manual de Auditoria Gubernamental del Paraguay para las instituciones sujetas a la fiscalización y control de la CGR. Este manual será el parámetro para evaluar la calidad de las auditorías internas y externas de todas las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y el control de la CGR.
A través de la segunda resolución (Nº 1196/08), la CGR aprueba y adopta el Manual de Auditoría Gubernamental “Tesareko”, cuyo contenido es un complemento del Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay. “Tesareko” ha tenido dos actualizaciones desde su puesta en vigencia, dispuestas por las Resoluciones CGR Nº 350/2008 y CGR Nº 1207/09 “Por la cual se aprueba la actualización del Manual de Auditoría Gubernamental Tesareko”.
Con la unificación de las normas, metodologías y criterios, la CGR cumple con los objetivos de su Plan Estratégico y su sistema de Gestión de Calidad, promoviendo además una efectiva implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) en las instituciones públicas.
Otro logro alcanzado por la Contraloría en el 2007 es el proyecto denominado “Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC)”, dentro del marco de la Fase I del Programa Umbral Paraguay. El proyecto tiene por objetivo estructurar un modelo de gestión de la calidad por procesos, asociado a la administración de riesgos en varios organismos del Estado, entre ellos la Contraloría General de la República, unificando y fortaleciendo los criterios y las competencias de los equipos de auditoría interna y externa.
El modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay está constituido de un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado. Mediante esta forma de control, se apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública y sus fundamentos son la autorregulación, el autocontrol y la autogestión institucional. Están basados en el precepto de que el interés general prevalece sobre el interés particular y ello genera una escala de principios y valores a ser aplicados por los funcionarios públicos en sus conductas, comportamientos y decisiones en el ejercicio de la función pública.
El Poder Ejecutivo de la Nación, en Decreto Nº 962/08, aprueba y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Paraguay -MECIP, como modelo estándar de control interno para todas las instituciones públicas.
La Resolución No. 425/08 de la CGR establece y adopta el MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la Republica. Asimismo, el artículo 2 resuelve aconsejar a las entidades sujetas a la supervisión de la CGR la adopción, regulación e implementación del MECIP como base para el desarrollo de sus sistemas de Control Interno.
Para más información sobre el MECIP, haga clic aquí.
Mejoramiento del Ministerio Público
Unidades de Delitos Económicos y la Anticorrupción
En 2005 el gobierno de Paraguay y la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmaron un acuerdo para fortalecer el Ministerio Público. Una de los resultados fue la creación mediante la resolución FGC No 2248 de 2007, de las Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Estas Unidades investigan denuncias en materia económica o denuncias por corrupción de funcionarios estatales.
Entre sus competencias, se puede destacar las siguientes: el soborno; el cohecho y el cohecho pasivo agravado; el tráfico de influencias; la extorsión; y el lavado de dinero, entre otros.
Mejoramiento de la Procuraduría General de la República
Unidad Especializada (UE)
En el 2009, se creó mediante el Decreto Nº 2941 esta Unidad Especializada (UE) para recuperar los activos originados en hechos ilícitos o de corrupción que hubieran afectado el patrimonio del Estado paraguayo. La Unidad Especializada está integrada por procuradores delegados y por abogados.
Base Legal y Normativa Vigente
Con la ratificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) (Ley 977/96) el Paraguay sienta las bases para desarrollar una política de transparencia, integridad y combate a la corrupción.
En un principio, la Fiscalía General del Estado (Nota 46/97 recibida el 21 de abril de 1997) es designada como Autoridad Central encargada de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación en la materia. Ésta se modifica en el año 2002 en favor del Consejo Impulsor Del Sistema Nacional De Integridad, CISNI (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 16.735), quien se convierte en la Autoridad Central Consultiva de las Convenciones relativas a la lucha contra la Corrupción en el Paraguay.
A partir de 2002 también se adopta el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). En el 2005 se ratifica la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 2535/05). Este giro en favor del combate a la corrupción está reflejado en las siguientes:
El CISNI, Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad, formalizada por los Decretos del Poder Ejecutivo No. 14.778 (2001) y 15.997 (2002), es creado y designado por el Poder Ejecutivo para elaborar el hoy PNI, Plan Nacional de Integridad (ex Anticorrupción), en el año 1999.
Se trata de un órgano autónomo, mixto, abierto, conformado por consejeros ad honorem, representantes de diferentes poderes del Estado (Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo) y referentes de la sociedad civil (Acuerdo Ciudadano, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Iglesia Católica). También tienen representación los partidos políticos mayoritarios.
El CISNI realiza un monitoreo sistémico de la ejecución del Plan Nacional de Integridad. En paralelo, tiene como cometido contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Integridad, a través del acercamiento de instancias del sector público y de la sociedad civil con el fin de generar espacios de relacionamiento institucional, enlaces y contactos que permitan la apropiación de herramientas anticorrupción por parte del gobierno.
Su constitución fue formalizada por los Decretos del Poder Ejecutivo de 2001 y 2002 (No: 14.778 y 15.997) para promover la implementación del Plan Nacional Integridad; y para impulsar el cumplimiento de las Convenciones Contra la Corrupción en el Paraguay, incluida la Interamericana, constituyéndose en la Autoridad Central Consultiva, desde 2002 (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 16.735).
Actualmente el CISNI es dirigido por el Procurador General de la República. Entre sus principales logros se cuentan:
Ley Nº 2051/2002 de Contrataciones Públicas.
Cumplir con las demandas de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) mediante la coordinación del Comité Interinstitucional Técnico de Apoyo a la Implementación de la CICC, para la elaboración de Informes, incluido el relativo al grado de adecuación con relación a las normas modelos de la CICC.
Promover la Participación Ciudadana con ocho acuerdos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil, para el control social, la reglamentación de mecanismos tales como la audiencia pública; el acceso a la información; un programa que apunta a una Ley de Participación Ciudadana en pleno desarrollo; y el Programa de Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas por la Integridad, con temas de la Convención ICC, a través del cual el CISNI otorga financiación y asistencia técnica a 10 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, seleccionados en un concurso público.
Determinar las bases para la sostenibilidad de los logros alcanzados por el CISNI/PNI en la lucha contra la corrupción.
Comité Interinstitucional Técnico de Apoyo a la Implementación de las Convenciones (CITAIC)
Creado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 16.735 de marzo de 2002, tiene por finalidad de atender los asuntos y cuestiones relacionados con la implementación y el seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Está integrado por el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), el Ministerio de Hacienda a través de su Dirección General de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público y la Secretaría de la Función Pública.
Plan Nacional De Integridad (2006-2010)
El Plan Nacional de Integridad (PNI), denominado anteriormente Plan Nacional Anticorrupción, surgió a partir de los resultados de las encuestas sobre desempeño institucional, corrupción, factores de gobernabilidad en la percepción de los funcionarios públicos, usuarios de servicios públicos y empresarios privados, realizadas en año 1999 con el financiamiento del Banco Mundial.
La finalidad del PNI es “mejorar los factores institucionales que facilitarán la reducción de la corrupción dentro del sector público, de tal forma a incrementar los niveles de bienestar de la población paraguaya”. El objetivo es la coordinación efectiva de las diversas iniciativas encaradas por el sector público, la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional en torno a una estrategia global.
El Plan Nacional de Integridad fue en un principio organizado en función a cinco ejes estratégicos: (a) reformas institucionales para la modernización y transparencia en la gestión pública; (b) mejoramiento del marco legal; (c) coordinación interinstitucional; (d) participación activa de la sociedad civil; (e) campañas de concienciación en temas de anticorrupción. Fueron priorizadas tres áreas consideradas críticas: (a) justicia; (b) aduanas; (c) contrataciones del Estado.
La actualización del Plan toma como una de sus referencias los objetivos y medidas de las Convenciones, que - desde una perspectiva jurídica – implican por un lado, el cumplimiento de normas legales ya existentes (preventivas como sancionadoras), y por el otro, la elaboración y aprobación de nuevas normas jurídicas.
En este sentido es necesario resaltar que el Paraguay cuenta con un sistema jurídico vigente que relativiza la necesidad de nueva regulación, entre las cuales pueden mencionarse: (i) el Código Penal, que incluye la tipificación y sanción de hechos punibles contra la administración pública; (ii) la Ley de la Función Pública, que regula las prohibiciones para el ejercicio de función pública; (iii) la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, también prioritaria del PNI; (iv) la Ley N° 2523/04 que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias; (v) la Ley N° 2777/05 que prohíbe el nepotismo en la función pública; (vi) Ley N° 2880/06 que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado, entre otras disposiciones legales.
En el ámbito del Poder Judicial, la implementación del PNI 2006-2010 está a cargo de la Oficina de Integridad Institucional de la Corte Suprema de Justicia, creada para el efecto (Acordada No. 472 del 28 de agosto del 2007).
La Secretaría de la Función Pública (SFP) fue creada por la Ley 1626 en el año 2000, tiene rango ministerial y dependencia directa de la Presidencia de la República. Se constituye como el organismo central normativo para mejorar la gestión pública y desarrollar la profesionalización de los funcionarios públicos.
Entre sus atribuciones (art. 96, Ley 1626/00) se incluyen, entre otros; a) formular la política de recursos humanos del sector público para obtener una gestión eficiente y transparente (…); e) capacitar los funcionarios y establecer los planes y programas necesarios.
En su Plan Estratégico Institucional (2009-2013), se destaca como objetivos facilitar la implementación y evaluación de las políticas de gestión y desarrollo de las personas para transforma el Estado; y desarrollar políticas para profesionalizar los trabajadores del sector público y de la gestión pública.
Dirección General De Transparencia y Lucha Contra La Corrupción, Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos
La Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (DDTLC) fue creada por Decreto Nº 1730 del 27 de marzo de 2009, normativa que establece la nueva organización y atribuciones del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es transparentar la gestión pública e impulsar acciones de prevención de la corrupción en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.
La Dirección tiene el objetivo de implementar los estándares internacionales anticorrupción, tanto en materia preventiva como sancionatoria. Entre sus funciones se citan: contribuir a la transparencia de la gestión pública; establecer alianzas estrategias interinstitucionales con los poderes públicos en la lucha anticorrupción; elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción; recibir denuncias donde pudo haber hechos de corrupción y/o irregularidades administrativas de particulares o agentes públicos; derivar las denuncias de hechos de corrupción ante las instancias competentes para su investigación.
La Dirección establece tres dimensiones de actuación: un plan preventivo - fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y mejorar los niveles de institucionalidad y probidad de la gestión administrativa del Estado; un plan sancionatorio - desarrollo de una estrategia que procure reparar el daño social producido por la corrupción y restituir al Estado el dinero apropiado ilícitamente; un plan cultural - desarrollo de una fluida política de difusión social de los impactos y daños producidos por la corrupción.
Dirección General De Integridad (DGI)
Creada el 1 de agosto de 2010, la Dirección busca ser un órgano técnico y especializado en promover el Plan Nacional de Integridad 2006-2010 contra la corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Tiene a su cargo la implementación del Plan Nacional de Integridad y las convenciones internacionales contra la corrupción. En este sentido, la DGI tiene el objetivo de colaborar con el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI) a fin de que la lucha contra la corrupción no quede restringida al espacio del Poder Ejecutivo, sino que se extienda a todas las instancias públicas en el marco del Estado paraguayo.
La Dirección General de Integridad (DGI), inició un proceso participativo para la actualización del Plan Nacional de Integridad 2006-2010 a fin de extender su vigencia hasta el año 2013.
Entre los proyectos de la DGI, se destaca el I Foro Nacional de Lucha contra la Corrupción. Declarada de interés nacional por el Poder Ejecutivo, Decreto No. 5197/2010rganizado con el objetivo de lograr el compromiso de todos los sectores (público, privado y social) para trabajar a favor de un Estado más transparente, más eficiente, que preste mejores servicios a la ciudadanía.
Unidad Técnica de Modernización de la Administración Pública (UTMAP)
Dependiente de la Presidencia de la República, la Unidad es la instancia gubernamental responsable de promover el proyecto de la Modernización de la Administración Pública como política de Estado, estableciendo la programación y priorización de lineamientos estratégicos que permitan el mejoramiento de la gestión pública.
Tiene como objetivo, entre otros: implementar un proceso de modernización de la administración pública; estimular la participación ciudadana en los procesos de gestión del Estado; elaborar un marco normativo con fin de elevar los niveles de transparencia y seguridad jurídica del Estado.
Entre sus proyectos destacan: Modernización de los Sistemas de Comunicación e Información (mediante un convenio con el Gobierno de la República de Corea); Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante la cooperación del Gobierno de México.
El Programa Umbral es una iniciativa del gobierno paraguayo para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho, con apoyo financiero de la Corporación Desafío del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) y administrado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El Paraguay se encuentra finalizando la fase II del programa.
El acuerdo bilateral para el desarrollo fase I fue firmado el 8 de mayo de 2006 entre la MCC del Gobierno de los EE.UU. y el Gobierno del Paraguay (GOP). Esta fase fue implementada entre mayo de 2006 y noviembre de 2008, con diez ejes principales para la lucha contra la corrupción y la informalidad económica.
El objetivo principal del programa fue mejorar los indicadores de MCC en cuanto al control de corrupción, estado de derecho y gobierno efectivo del Paraguay. de manera a hacer elegible al país para la recepción de una donación mayor compacto ofrecido por el Gobierno de los Estados Unidos para apoyar a la lucha contra la pobreza a través de acciones económicas y sustentables.
Para lograr este objetivo, el programa se enfocó en dos áreas principales
1) El eje de combate a la corrupción incluyó los siguientes componentes:
Fortalecer en las siguientes areas: la capacidad investigativa del Ministerio Público; el sistema de control interno y disciplinario del Poder Judicial; la capacidad de control interno de la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y los sistemas de auditoría interna de cinco ministerios; el control y salvaguardia de los Registros Públicos; y aumentar la transparencia y efectividad en el control del Poder Legislativo del gasto público.
2) El eje de formalización de las actividades económicas incluyó los siguientes componentes:
mejorar la eficiencia y la transparencia dentro de la Sub-Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda; Fortalecer la capacidad de investigación interna del Ministerio de Hacienda; Diseñar e implementar ventanillas de simplificación de trámites y centros de atención al cliente.
Entre los logros de la fase I destaca el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), una herramienta que permite un mejor control de la gestión de las instituciones a través de la implementación de mecanismos de control interno y de información financiera. Cinco instituciones ya iniciaron la implementación.
Fase II (Acuerdo Bilateral del Programa Umbral)
La segunda fase del programa se inició en Octubre de 2009. Su principal objetivo es reducir la corrupción y fortalecer el estado de derecho en Paraguay a través de un control más efectivo de los recursos públicos mediante tareas de prevención, control y sanción de hechos de corrupción.
Los esfuerzos están enfocados en las siguientes instituciones:
Ministerio Público: Fortalecimiento de la capacidad investigativa de los fiscales
Corte Suprema de Justicia: Consolidación de los sistemas disciplinarios y de control interno del Poder Judicial
Contraloría General, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud: Mejoramiento del control interno en la administración pública así como en otras 9 instituciones del estado
Dirección Nacional de Aduanas: Facilitación de los trámites de comercio exterior, control interno y lucha contra el contrabando
Ministerio de Industria y Comercio: Mejor protección de los derechos de propiedad intelectual
Ministerio del Interior y Policía Nacional: Mejorar la formación profesional y fortalecer los sistemas de control interno de la Policía Nacional
Al término de los dos años del Programa, se espera contar con un estado con mejor capacidad de controlar la corrupción e instituciones públicas más transparentes, lo cual le permitirá calificar para la cuenta principal de la Corporación Desafío del Milenio y recibir apoyo financiero para acciones gubernamentales tendientes a la reducción de la pobreza a través de un crecimiento económico sustentable.
Curso de capacitación virtual de Ética, Transparencia e Integridad en el Sector Gubernamental
El curso fue presentado en mayo de 2011 por la Oficina de Integridad Institucional de la Corte Suprema con la ayuda técnica del Centro de Estudio Judiciales (CEJ). El curso es dirigido a los directores y jefes del Poder Judicial. El curso tiene por objetivo de orientar al funcionario público para la conducta ética; identificar las diferentes formas de la corrupción y las medidas de prevención y sanción; e implementar un sistema de integridad para la gestión transparente y responsable.
Plan Nacional de Integridad (2006–2010) clic aquí.
Según el Informe Global de la ONU sobre el Gobierno Electrónico de 2005 (GRI), el cual mide el desarrollo y uso del gobierno electrónico para la diseminación de información y la prestación de servicios en 191 países, el Paraguay ocupa la posición 17 entre los 20 países analizados en la Región.
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT)
El 2001 el Ministerio de Industria y Comercio a través del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) asume el rol de promotores oficiales del desarrollo de la Sociedad de la Información en el país. En consistencia con el Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información 2002-2005 (ver abajo), se entiende a la Sociedad de la Información “como un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier información, de forma instantánea, desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera”.
A principios del 2002 es lanzado oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información 2002-2005, logrado con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a través de su Secretaría General, en el marco del Sistema de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo.
El objetivo del Plan es definir una estrategia de desarrollo basada en la creación y el uso productivo de la información y el conocimiento, para la implantación de la Sociedad de la Información en el Paraguay y la inserción de ésta en la Sociedad Global de la Información. Comprende cuatro áreas fundamentales: el acceso a la infraestructura de las comunicaciones; la modernización de la educación; la modernización electrónica del Estado; y la promoción del comercio electrónico y el fomento de las industrias nacionales de tecnologías de la información.
En el área correspondiente al gobierno electrónico, ha sido establecida por Decreto Nº 18.499 del 3 de septiembre de 2002 la Comisión Interinstitucional para desarrollar, promover e implementar la aplicación del Gobierno Electrónico en el Paraguay, cuya coordinación está a cargo de la Secretaría General de Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Se propone tres objetivos: el uso de Internet para la provisión de servicios a ciudadanos y empresas; la organización gubernamental utilizando Internet para conectar empleados, usuarios y proveedores; el uso de las tecnologías digitales para la transformación de las operaciones gubernamentales, incluyendo las relaciones gobierno-gobierno.
Dependiente de la Presidencia de la República, es la instancia gubernamental responsable de promover el proyecto “Modernización de la Administración Pública”, estableciendo la programación y priorización de lineamientos estratégicos que permitan el mejoramiento de la gestión pública.
Entre sus objetivos destaca, entre otros, “instalar un proceso de Modernización de la Administración Pública, aplicando políticas y estrategias especialmente orientadas al desarrollo del Gobierno Electrónico”. En este sentido, dos iniciativas al respecto:
Programa de desarrollo de la estrategia de Gobierno Electrónico: Desarrollado con el BID en el 2009, tiene como objetivo la elaboración de una metodología para el desarrollo del gobierno electrónico; fortalecer la capacidad de gestión para el diseño, coordinación y eventual ejecución de proyectos de gobierno electrónico; desarrollar un proyecto piloto para la promoción del gobierno electrónico en el Paraguay.
Convenio Unión Europea para la Modernización de la Administración Publica en Paraguay: Tiene por objetivo el desarrollo de una base para la modernización de la administración pública paraguaya mediante la simplificación de trámites (Programa Tramiteagil), la reingeniería en 10 ministerios y 12 municipalidades y la creación de una serie de Centros de Acceso Ciudadano.
Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)
Uno de los aspectos referenciados del uso electrónico del estado en relación con los usuarios ha sido el surgido por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas del 2002 que establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objetivo regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas (Art. 1, Ley 2051).
Este sistema informático, a cargo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, permite automatizar las distintas etapas de los procesos de contrataciones, desde la difusión de los requerimientos de bienes, locación, servicios u obras públicas hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales y de la elaboración de datos estadísticos. Además, se publica el marco jurídico del sistema de contrataciones; el Programa Anual de Contrataciones de las entidades del Estado y el presupuesto de cada una; los llamadas a las diferentes modalidades de contratación; las adjudicaciones; el registro de inhabilitados; el Plan Anual de Capacitación; la posibilidad de denunciar irregularidades en los procedimientos de contratación realizados por el Estado.
La Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) (Art.3, Ley 2051), es la autoridad normativa del Sistema y dependiente de la Subsecretaria de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. La unidad es facultada para dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de la ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, pone a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica de acceso masivo, la información sobre las convocatorias, bases y condiciones, el proceso de contratación, las adjudicaciones, cancelaciones, modificaciones, así como cualquier información relacionada, incluyendo los contratos adjudicados, independientemente de la vía o tipo de contratación correspondiente.
Red Metropolitana del Sector Público
Mediante la Dirección General de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda se desarrolló la Red Metropolitana del Sector Público. Es una red de comunicaciones digitales que posee diversos dispositivos informáticos interrelacionados que se conectan para proporcionar comunicación local y remota de datos (de voz, video, datos, etc.) y así facilitar el intercambio de información entre los usuarios de las diferentes instituciones del Estado. Si bien está básicamente orientada para ofrecer acceso a los sistemas de información del Ministerio de Hacienda - conectar a las instituciones de la administración pública para la utilización de los recursos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)- se puede utilizar para diversos y variados tipos de transmisión de datos.
Evolución del proceso de modernización de la administración pública.
La administración de los recursos financieros en el Paraguay ha experimentado unos cambios desde los años 1990. Hasta 1991 todas las operaciones se realizaban de manera centralizada y manual en el Ministerio de Hacienda, y las dependencias que integraban la Administración Pública se circunscribían a ser entes tramitadores para la satisfacción de sus compromisos derivados de la ejecución presupuestaria.
En ese contexto se adopta el denominado Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), que tuvo por objeto agilizar los procesos relacionados con la programación presupuestaria, tesorería, y contabilidad, aunque el enfoque no fue de una centralización total.
No obstante la orientación integral del SIIF, no era posible obtener información consolidada que relacionara distintos procesos, proceso efectuado manualmente. Esta situación lleva a desarrollar entre los años 1995 y 1996 un moderno sistema de gestión e información financiera descentralizado, denominado “Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)”, con la característica de ser totalmente automatizado. Para apoyar la operación del SIAF y lograr una intercomunicación entre todos los organismos y entidades del Estado, se diseña paralelamente una Red de Comunicaciones de fibra óptica, que se constituye como soporte del SIAF a partir de 1997. Esta primera etapa aplica a toda la Administración Central, previéndose su expansión a empresas del Estado, organismos descentralizados y gobiernos departamentales y municipales.
El proceso de transformación y modernización del Estado, se dio de manifiesto con la promulgación de la Ley N° 1535 de Administración Financiera del Estado el 31 de diciembre de 1999 y su Decreto Reglamentario N° 8127 el 30 de marzo del 2000.
Sistema Integrado de Administración Pública (SIAF)
El SIAF es un modelo de gestión financiera pública, desarrollado bajo la teoría general de sistemas y el concepto de sistemas integrados de administración de recursos del Estado. Se estableció mediante la Ley 1535 e integra a los sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad, crédito, deuda pública y control, basados en los principios de centralización normativa y descentralización operativa. El SIAF es obligatorio para los organismos y entidades del Estado.
Los procesos se rigen bajo políticas, normas y lineamientos afines entre sí que operan a través de un sistema de comunicación e información en línea, denominada Red Nacional de Comunicaciones del Sector Público, que intercomunica al Ministerio de Hacienda con las Entidades de las Administración Central. Posibilita la afectación inmediata de las operaciones, disponibilidad continua, consolidación automática y posibilidad de consultar en línea el efecto de las transacciones.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se ha pasado en los últimos años por cambios de estructura funcional. En el año 2004 la Ley Nº 2421, en conjunto con una serie de resoluciones posteriores, otorga el marco legal para impulsar el “Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”. El objetivo es transparentar el sistema impositivo para la formalización económica del país y el pago de impuestos, bajo tres soportes fundamentales: legalidad, igualdad y proporcionalidad.
De esta forma, paralelo al SIAF, también dentro del desarrollo del Ministerio de Hacienda, se encuentra el Sistema de Información de la Subsecretaria de Estado de Tributación (Sistema Marangatu), sistema online que apoya las tareas de los funcionarios y facilita el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes a través de los módulos de: registro de contribuyentes, recepción de declaraciones juradas y de pagos. En materia de control, facilita el seguimiento de las obligaciones de los contribuyentes, entidades recaudadoras y gestión de la administración, a través de los módulos que incluyen: control de cumplimiento y cuenta corriente del contribuyente, fiscalización integral y puntual, recepción de declaraciones informativas, emisión del certificado de cumplimiento tributario, y consultas y estadísticas para el apoyo y seguimiento a la gestión.
La Red se inició en el 2004 con la Red Interamericana de E-Compras Gubernamentales que luego se convirtió en el 2005 en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Se están integradas las instituciones gubernamentales de los países de las Américas. La Red tiene como objetivos de crear un espacio de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las prácticas de compras gubernamentales de la región.
A. Instrumentos e iniciativas Internacionales suscritos por Paraguay
Con la ratificación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) mediante la Ley 977/96, el Paraguay sienta las bases para desarrollar una política de transparencia, integridad y combate a la corrupción.
A partir de 2002 también se adopta el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental, mediante el cual se brinda apoyo a los Estados Miembros en el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención.
En el 2005 se ratifica la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción por Ley 2535/05 y tiene los objetivos siguientes:
1) Prevenir y combatir la corrupción de manera más eficiente y eficaz.
2) Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos.
3) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
B. Programas de Cooperación con Paraguay financiados por Organismos Internacionales
Los principios y objetivos fundacionales de la Organización de Naciones Unidas, fundada en 1945 y compuesta por 192 países de todas las regiones del mundo, se implementan a través de las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, siendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo una de sus agencias de cooperación de mayor importancia e impacto. El PNUD trabaja promoviendo los principios fundamentales del Sistema, a) universalidad y presencia internacional, b) acceso al conocimiento, c) neutralidad, d) transparencia y e) dedicación a las naciones más vulnerables. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD trabaja en Paraguay desde el año 1977, en el marco de cooperación para el PNUD a nivel mundial y de los acuerdos específicos con el Gobierno de Paraguay.
Entre las áreas de focalización destaca la gobernabilidad democrática. En el 2009, el 34% del presupuesto del PNUD se invirtió en la promoción de instituciones democráticas más responsables y sensibles a los ciudadanos.
Plan de Acción del Programa de País (PNUD) (2007-2011)
El Plan de Acción tiene por objetivo de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y aplicar las Convenciones de las Naciones Unidas. Se inició en el 2002 con su primer Plan que terminó en el 2006. El segundo Plan (2007–2011) es una continuación y se focaliza en tres áreas, entre ellos se encuentra “Gobernabilidad y Modernización del Estado” Esta área busca apoyar al fortalecimiento y modernización de las instituciones públicas mediante tres líneas de acción: a) Apoyo a la reforma y modernización de las instituciones del Estado; b) Desarrollo de capacidades nacionales para la formulación e implementación de políticas públicas y estrategias de disminución de la pobreza y las desigualdades sociales; y, c) Apoyo a la creación de mecanismos nacionales de producción y de acceso a la información y el conocimiento.
Innovación Estructural del Poder Ejecutivo (PNUD) (2010–2011)
Este proyecto tiene por objetivo diseñar un Plan de Innovación Estructural del Poder Ejecutivo y elaborar una propuesta de Ley de Organización del Poder Ejecutivo.
Promoción del gobierno de la Seguridad Ciudadana (PNUD) (2009–2011)
El objetivo es de apoyar la formulación de políticas mediante la generación, sistematización y difusión de la información sobre la seguridad ciudadana.
Fortalecimiento de la Unidad Técnica del Gabinete Social (PNUD) (2009–2011)
Tiene por objetivo apoyar la coordinación técnica entre las instituciones del área social mediante el fortalecimiento del funcionamiento de la Unidad Técnica del Gabinete Social. Uno de los resultados esperados es promover mecanismos nacionales de acceso a la información y conocimiento.
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República (PNUD) (2011-)
Apoyo en el desarrollo del marco legal, la estructura organizacional, el plan de capacitación y estrategias de comunicación.
Estrategia del Banco con Paraguay (BID) (2009-2013)
El documento no hace referencia explícita a la a la lucha a la corrupción y fomento de la transparencia. En todo caso, en la priorización por sectores hace mención al fortalecimiento institucional. De la cartera por desembolsar en el periodo 2009-2013 corresponde un 12,6% al área de modernización del Estado.
PR-T1030: Desarrollo de la Estrategia Gobierno Electrónico: Portal de Información Pública (BID) (2006–2007)
El proyecto apoya la formación de una estrategia de Gobierno Digital mediante la institucionalización del gobierno electrónico y el fortalecimiento de la capacitación de gestión de las instituciones y hacer un plan piloto del gobierno digital en la administración fiscal.
En el 2009, se realizó una visita de misión para evaluar las actividades previstas en la operación del proyecto e identificar nuevas demandas y oportunidades en el sector.
TC0203033: Fortalecimiento de la Transparencia y Formalización del Sistema Financiero (BID) (2002)
Apoyar el sistema financiero en materia de supervisión para fortalecer la estructura legal e institucionalidad.
TC0007046: Implementación Plan Nacional Anticorrupción (BID) (2000–2005)
Apoyar el Consejo Impulsor en su implementación del Plan Nacional Anticorrupción y el desarrollo de mecanismos para el seguimiento y control de la sociedad civil.
PR-T1003: Apoyo al Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (BID) (2004–2009)
Apoyar el desarrollo de la institucionalización y gestión de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
PR-L1043: Programa de Modernización de la Gestión Pública (BID) (2009–2010)
Entre los objetivos del proyecto se cuenta mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión del gasto público. El Programa enfoca en cinco áreas: (i) (i) Estabilidad Macroeconómica, (ii) Coordinación y Eficiencia de Políticas Públicas, (iii) Sistemas de Gestión del Gasto Público, (iv) Sistema de Inversión Pública, y (v) Administración de Recursos Humanos del Gobierno Central
PR-L1027: Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal II (PROFOMAF)
El Programa tiene por objetivo mejorar la eficiencia de los ingresos fiscales y del gasto público y está integrado por dos subprogramas; (i) Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna; y (ii) Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público. Entre las actividades del segundo subprograma se incluye la expansión e integración del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos (SINARH) que tiene por objetivo ampliar el control y la transparencia en el proceso de gestión personal.
El Banco a través del Instituto del Banco Mundial (IBM) tuvo un rol importante en la ayuda para definir la Estrategia Anti-corrupción del Paraguay al final de la década de los 90. El proceso se inicia a partir del financiamiento de un estudio sobre desempeño institucional, corrupción, factores de gobernabilidad en la percepción de los funcionarios públicos, usuarios de servicios públicos y empresarios privados. Como resultado, se lograron avances tangibles en las áreas de adquisición pública y aduanas; se dio formación al Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad, CISNI, el cual derivo en el primer Plan Nacional Anticorrupción, hoy Plan Nacional de Integridad.
Estrategia de Alianza con el País para Paraguay (BM) (2009-2013)
La Estrategia de Alianza 2009-2013 detalla un programa alineado a las prioridades de desarrollo determinadas por el Gobierno. Entre ellas destaca: Apoyar la agenda de gobernabilidad, promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad.
En el ámbito de Gobernabilidad, el Banco busca incrementar su asistencia consistente con la prioridad que las autoridades han asignado al área, así como con la selección de Paraguay como parte del piloto para la implementación de la Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción del Banco (GAC por sus siglas en inglés).
En particular, el Banco brindará asistencia a las autoridades en la obtención de resultados concretos en su compromiso con la anticorrupción apoyando su adherencia a la Iniciativa StAR de Recuperación de Activos Robados, un programa conjunto del Banco Mundial y la UNODC. El Banco además apoyará los esfuerzos de las autoridades para aumentar la efectividad de las inversiones públicas, asistiendo con el desarrollo e implementación de un marco de gobernabilidad para todos los proyectos del Banco.
También, en cuanto a rendición de cuentas, el Banco apoyara la iniciativa del gobierno de fortalecimiento de instituciones públicas a través de una serie de Préstamos para el Desarrollo de Políticas (PDP) enfocados en las empresas públicas, iniciando la reforma del servicio civil, y fortaleciendo el sistema de control interno para la administración pública. El mismo se desarrollara mediante una serie de tres préstamos programáticos.
Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción del Banco (GAC Paraguay) (BM)
La estrategia GAC de Paraguay posiciona al Banco como un asesor de preferencia para el Gobierno del Presidente Lugo. El programa piloto busca involucrar al Gobierno en una amplia agenda, destacan los siguientes:
Gobernabilidad: el Banco busca ubicar a la gobernabilidad como una prioridad en la agenda global de políticas públicas. En el 2008 el Banco apoyó la realización de una Conferencia Internacional sobre Gobernabilidad y Desarrollo convocada por el Presidente Lugo con el objetivo de presentar a la comunidad política local experiencias internacionales relevantes respecto a desafíos de gobernabilidad. En paralelo, asiste al gobierno en dos áreas en que ha solicitado asistencias adicionales: (i) facilitar la devolución de activos robados a través de la iniciativa StAr; y (ii) mejorar la capacidad investigativa y punitiva local para manejar la corrupción.
Agenda Fiduciaria del País - derivada principalmente de la Evaluación Fiduciaria Integrada (EFI) del Banco. La EFI provee la base analítica para una agenda de reformas tendientes a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en funciones gubernamentales clave (planificación de la inversión pública, implementación de la reforma de la administración pública, supervisión de las empresas públicas y mecanismos de control mejorados tanto internos como externos).
Agenda específica para sectores y proyectos - destaca en el sector rural el desafío de desarrollo de marcos detallados para introducir transparencia y rendición de cuentas crecientes en proyectos impulsados por la comunidad, asociaciones de usuarios y comunidades más amplias.
Implementación de la EAP anterior (BM) (2003–2007)
Bajo el marco de gobernabilidad y transparencia en el gobierno, la EAP apoyó el deseo del Gobierno de aumentar la confianza en las instituciones del estado mejorando la gobernabilidad y la transparencia en la administración pública. En enmarco de gobernabilidad y transparencia en el gobierno, se realizó el proyecto de modernización del Ministerio de Hacienda. Además, previamente en el 2000, el Instituto del Banco Mundial brindó asesoramiento y entrenamiento a representantes de la sociedad civil sobre la manera en que otros países abordan el tema de la corrupción. Con este apoyo, una Comisión Anti-corrupción patrocinada por el Gobierno (posterior CISNI) desarrolló un plan para combatir la corrupción en tres áreas: aduanas, adquisiciones y poder judicial.
4. Unión Europea (UE)
El Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comisión Europea (CE) y el Paraguay se firmó en 1992. Su artículo 1 estipula que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos constituye un elemento esencial del acuerdo. En el artículo 2, que prevé mecanismos para que la CE pueda contribuir al fortalecimiento de las instituciones del país, se pone de relieve también el apoyo al proceso democrático en Paraguay.
Documento Estrategia País (UE) (2007-2013)
Un eje transversal de la Estrategia País es la “Gobernanza y refuerzo institucional”. Un objetivo del gobierno es mejorar la eficiencia y la transparencia del Estado, mediante la modernización de las instituciones públicas. Una consecuencia fue la creación de la Unidad técnica del Consejo presidencial de modernización de la Administración pública (UTMAP) para elaborar y aprobar un Plan de Acción para la modernización de la Administración pública (PAMAP). La CE brinda apoyo en la consolidación de estas reformas.
Los ejes transversales son en términos generales y a escala nacional, la promoción de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, el medio ambiente y el refuerzo institucional, y a escala birregional, la consolidación del MERCOSUR y el refuerzo de los vínculos UE—MERCOSUR.
5. Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID)
Una de las áreas prioritarias de USAID en Paraguay es el apoyo a la democracia y el estado de derecho mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control de la corrupción. Destacan las acciones en las siguientes áreas:
Entre las actividades del USAID, se destaca tres; primero, el apoyo en formar una nueva estructura del presupuesto para mejorar la transparencia y la distribución de los fondos; segundo, la asistencia técnica para elaborar un Código de Ética Judicial y crear una Oficina de Ética; tercero, la asistencia técnica a la Oficina de Comunicación de la Corte Suprema para promover el acceso a la información pública y la participación ciudadana.
Sociedad Civil y acceso a la información:
Se destaca nuevamente tres actividades; primero, el apoyo a proyectos con el objetivo de promover la transparencia y el acceso a la información en las instituciones públicas; segundo, fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil en aliarse uno con otro y en el control de la gestión pública; tercero, capacitar a periodistas de investigar para cubrir mejor los casos de corrupción.
El enfoque del USAID es de mejorar la prestación de servicios y el nivel de corrupción en la gestión pública a través de fortalecer la comunicación y coordinación intergubernamental y la eficacia administrativa mediante los controles internos.
La fase I del programa se desarrolló entre mayo del 2006 y noviembre del 2008. Consistió en diez ejes principales para la lucha contra la corrupción y la informalidad económica.
El objetivo principal fue mejorar los indicadores de MCC en cuanto al Control de Corrupción, Estado de Derecho y Gobierno Efectivo del Paraguay, de manera a hacer elegible al país para la recepción de una donación mayorpor parte del Gobierno de los Estados Unidos para el apoyo a la lucha contra la pobreza. Para lograr este objetivo, el programa se enfocó en dos áreas principales:
(1) Combate a la Corrupción, compuesto por los siguientes programas: Fortalecimiento de la capacidad investigativa del Ministerio Público; Fortalecimiento del sistema de control interno y disciplinario del Poder Judicial; Fortalecimiento de la capacidad de control interno de la Contraloría General de la República, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y los sistemas de auditoría interna de cinco ministerios; Fortalecimiento del control y salvaguardia de los Registros Públicos; Aumento de la transparencia y efectividad en el control del Poder Legislativo del gasto público.
(2) Formalización de las actividades económicas, compuestos por los siguientes: Mejoramiento de la eficiencia operativa y los niveles de transparencia dentro de la Sub-Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda; Fortalecimiento de los controles fronterizos y aduaneros; Fortalecimiento de la capacidad de investigación interna del Ministerio de Hacienda; Diseño e implementación de ventanillas de simplificación de trámites y centros de atención al cliente; Promoción de la instalación de empresas maquiladoras.
Entre los logros de la fase I destaca el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), una herramienta que permite un mejor control de la gestión de las instituciones a través de la implementación de mecanismos de control interno y de información financiera. Cinco instituciones ya iniciaron la implementación y apuntan a una gestión más transparente y eficiente con menores oportunidades de corrupción.
La fase II del programa va de Octubre de 2009 a noviembre del 2011. Su principal objetivo es reducir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho en Paraguay a través de un control más efectivo de los recursos públicos mediante tareas de prevención, control y sanción de hechos de corrupción.
Ministerio Público (fortalecimiento de la capacidad investigativa de los fiscales)
Corte Suprema de Justicia (consolidación de los sistemas disciplinarios y de control interno del Poder Judicial)
Contraloría General, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud (mejoramiento del control interno en la administración pública así como en otras 9 instituciones del estado)
Dirección Nacional de Aduanas (facilitación de los trámites de comercio exterior, control interno y lucha contra el contrabando)
Ministerio de Industria y Comercio (mejor protección de los derechos de propiedad intelectual)
Ministerio del Interior y Policía Nacional (mejorar la formación profesional y fortalecer los sistemas de control interno de la Policía Nacional)
Reporte de Información sobre Paraguay (Country Data Report for Paraguay, 1996-2009) (Banco Mundial)
Este indicador es el resultado de la opinión de diferentes personas que trabajan en diversos campos del sector público y privado, quienes respondieron a diferentes encuestas aplicadas, tanto en países en vías de desarrollo como industrializados. Las fuentes de información son aportadas por una diversa variedad de institutos de encuestas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que brindan información sobre aspectos relevantes en alguno de los seis ejes específicos, estos son 1) participación ciudadana/rendición de cuentas, 2) estabilidad política/ausencia de violencia, 3) calidad la regulación, 4) eficacia gubernamental, 5) estado de derecho y 6) control de la corrupción.
Indicadores de Gobernabilidad Democrática en el Paraguay (Gobierno de Paraguay y PNUD Paraguay) (2009)
La publicación presenta indicadores a nivel nacional de la primera encuesta nacional sobre la gobernabilidad democrática dentro del marco del Proyecto “Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gobernabilidad Democrática en Paraguay”, con el Congreso y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha encuesta fue aplicada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos en el 2008.
El enfoque de los indicadores fue en las siguientes cuatro componentes: democracia, gobernabilidad, calidad, eficiencia y transparencia de la administración pública e inclusión social. En cuanto al tercer componente, frente a la afirmación, “La Administración pública – entes, ministerios, etc. – funciona bien en el Paraguay” una cuarta de la población (24,1%) estuvo de acuerdo o muy de acuerdo, Además, la publicación identifica los desafíos y hace recomendaciones sobre el monitoreo de la Gobernabilidad Democrática.
Encuesta Nacional de Corrupción (Transparency International) (2008, 2007, 2005, 2004)
La Encuesta Nacional sobre Corrupción tiene como objetivo medir la percepción de la ciudadanía respecto a los niveles de corrupción en la administración pública del Paraguay. El estudio fue realizado de forma anual (entre 2004 y 2008) por el capitulo paraguayo de Transparency International, en conjunto con diversas empresas consultoras.
El cuestionario base es el utilizado por las organizaciones integrantes de TILAC (Transparencia Internacional de Latino América y el Caribe) como instrumento de comparación, entre las diferentes realidades del sistema de corrupción vigente en el continente, si bien sucesivamente modificado en muchos aspectos, tanto en la formulación de las preguntas como en el lenguaje, para adaptarlo a la realidad local de Paraguay.
Herramientas para Medir la Corrupción y la Gobernabilidad en Países Latinoamericanos (Transparency International) (2006)
Este documento, fue elaborado a petición del PNUD, e identifica el conjunto de herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad en Latinoamérica. El mapeo abarca cerca de 100 herramientas en 17 países latinoamericanos, clasificados por tipo (encuestas de opinión, diagnósticos del sector público, encuestas del sector privado, etc.) y país; y a su vez en uni-nacionales y multinacionales. Para el caso del Paraguay, registra las siguientes tres herramientas nacionales y una herramienta multinacional (Escala de victimización de la corrupción):
Índice de Transparencia, Integridad y Eficiencia de la Administración Pública (Transparency International) (2004)
La meta del estudio es evaluar el nivel de transparencia, integridad y eficiencia de las instituciones públicas desde un punto de vista externo, en base a datos objetivos en lugar de subjetivos. La encuesta busca “acompañar” a los ciudadanos/usuarios de servicios públicos en su contacto con las instituciones o en su uso de los servicios públicos que ofrecen las instituciones, y así evaluarlas en función de la medida en que satisfacen la necesidad de los ciudadanos de una administración pública eficiente, íntegra y transparente.
Se evaluaron ocho instituciones públicas, en función de seis indicadores: 1) Eficiencia e integridad de procedimientos burocráticos; 2) Acceso a la información y documentación; 3) Integridad y eficiencia de la institución según informes de auditorías; 4) Integridad de la institución según los “procedimientos preliminares” efectuados como control interno de las autoridades; 5) Información y servicios ofrecidos por la institución a través de su sitio Web; 6) Integridad de la institución de acuerdo a las publicaciones de la prensa.
En el 2008 se llevó a cabo el estudio Índice de Transparencia, Integridad y Eficiencia de 12 empresas públicas (2008).
Diagnósticos de Gobernabilidad de Paraguay (Gobierno de Paraguay, Instituto del Banco Mundial (IBM), Consejo Impulsor del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción en el Paraguay) (1999, 2004)
El estudio consiste en una encuesta doméstica, empresarial y de autoridades públicas, tiene como objeto facilitar el consenso entre actores clave (del gobierno y la sociedad civil), por medio del enfoque en la institución y su desempeño, en lugar del individuo, eliminando así la política del debate. Además, las encuestas se pueden usar para establecer puntos de referencia cuantitativos para monitorear el éxito de las reformas institucionales en curso, y, de ser necesario, reorientarlas para centrar el esfuerzo en las áreas prioritarias.
Debido a que el IBM ejecuta este tipo de diagnóstico de gobernabilidad de manera similar en varios países latinoamericanos, los resultados pueden, en cierta medida, compararse entre países.
Describir los esquemas organizacionales que favorecen el desarrollo de las prácticas corruptas en las instituciones.
Comparar la percepción del usuario sobre el desempeño de las instituciones con las características de gobernabilidad de estas instituciones.
Analizar las características de gobernabilidad de las instituciones y su impacto en los distintos indicadores de corrupción
Responder a tres preguntas básicas: ¿Por qué existen ciertas instituciones con mayor propensión a la corrupción que otras? ¿Cuáles son los incentivos y los mecanismos para la aplicación de incentivos que están vigentes en las instituciones y que facilitan las prácticas corruptas? ¿Cuál es la relación existente entre la percepción de usuarios, agentes y empresarios sobre el desempeño de las instituciones?
Respecto al Paraguay, a fin de concretar reingenierías institucionales efectivas, se recomienda que cada institución cuente con expertos en sistemas de control con conocimientos específicos a la institución en cuestión, siendo que la naturaleza de cada una imposibilita la aplicación de paquetes de sistemas de control de forma genérica y horizontal para todos.
Sistema Nacional de Integridad (Transparency International) (2001)
El Sistema Nacional de Integridad (SNI) está compuesto por las instituciones y práctocas que existen de manera interrelacionada para proteger a la sociedad de la corrupción. Este estudio tiene enfoque integral y analiza las instituciones no por separado sino por su interrelación, interdependencia para ver el nivel de efectividad del conjunto de instituciones. La metodología consiste en una serie de preguntas elaboradas por Transparency International para identificar la corrupción en cada “pilar” del sistema.
Respecto al Sistema Nacional de Integridad Paraguay (2001), la investigación fue realizada mediante entrevistas en profundidad y “Focus Group” utilizando como universo a los tres poderes del Estado, Ministerio Publico e instituciones del Estado, las fuerzas Armadas, la sociedad civil, y los medios de comunicación.
Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial (Banco Mundial) (2009)
Los indicadores que miden la percepción de la gobernabilidad fueron clasificados de la siguiente manera:
Eficacia gubernamental: mide la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos; la administración pública y el nivel de independencia de las instituciones respecto del poder político, los procesos de formulación e implementación de políticas, y la credibilidad del Gobierno en cuanto al cumplimiento de sus compromisos.
Control de la corrupción: mide la magnitud en la cual el poder público es ejercido para la obtención de beneficios privados, incluyendo los pequeños y grandes niveles de corrupción, así como el control del Estado por parte de las élites y los conglomerados privados.
Ésta es una herramienta de análisis que mide el nivel percibido de la corrupción del sector público en aproximadamente 180 países, incluyendo Latinoamérica. El indicador es realizado por la organización Transparencia Internacional y es el resultado de la aplicación de diferentes investigaciones elaboradas por empresas e instituciones del sector público y privado.
De los países incluidos en el estudio, Paraguay ocupa el lugar 146 y tiene una puntuación de 2,2. Dinamarca, Nueva Zelandia y Singapur ostentan el primer lugar a nivel mundial con una puntuación de 9,3 y Somalia el último lugar con una puntuación de 1,1. En América Latina por su parte, el país con mejor ubicación es Chile, colocado en el lugar 21 con una puntuación de 7,2 y el que tiene ubicación más baja es Venezuela ubicado en el lugar 164 con una puntuación de 2.0.
Respecto al Paraguay, se encuentra ubicado en el noveno lugar con una puntuación de 37 en relación a la percepción sobre el progreso en la reducción de la corrupción. Además, Paraguay quedó con una puntuación de 16 ante la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses. El promedio fue 11 y en primer lugar quedaron Brasil y Costa Rica con una puntuación de 26 y El Salvador y México comparten el último lugar con una puntuación de 2.
Con base en lo anterior, el Paraguay, en términos de democracia, mercado y transparencia, se encuentra ubicado en el puesto 87 de los 169 países que integran el índice.
Respecto al Paraguay, destacan, entre otros, la serie de estudios y encuestas sobre la Cultura Política en el Paraguay (2010, 2008, 2006; 1996) y los Valores y Comportamientos Democráticos en el Paraguay (1998).
Barómetro Global de la Corrupción (Transparency International) (2010)
Iniciado en el 2003 y realizado por la organización Gallup Internactional, el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International (el Barómetro), a petición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una encuesta multipaís sobre las experiencias y opiniones de la corrupción. El Barómetro analiza las opiniones del público en general acerca de los niveles de corrupción en sus países y los esfuerzos que realizan los respectivos gobiernos para combatir la corrupción. Tiene por objetivo la identificación y presentación de las herramientas internacionales, nacionales y locales que miden la corrupción y la buena gobernabilidad.
El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros y los esfuerzos que realizan los respectivos gobiernos para combatirla. Este informe se diferencia del estudio “Índice de Percepción de la Corrupción”, ya que este último está basado, principalmente, en percepciones del sector privado, mientras que el Barómetro se enfoca en las percepciones y opiniones del sector público.
El Barómetro 2010 sondea, entre otros, la frecuencia de los sobornos, las razones que dieron lugar al pago de estos y las actitudes observadas respecto de la denuncia de hechos de corrupción. El Paraguay no fue evaluado en la edición del año 2010, si bien sí lo fue en el 2005 y 2006.
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) es una organización fundada en el año 1988 con el objetivo de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a ser protagonistas del desarrollo del país a través de la incidencia en el proceso de toma de decisión pública.
El CIRD ha cobrado presencia mediante trabajos de asistencia y cooperación con diversas instituciones públicas -Poder Legislativo, Ministerio de Industria y Comercio, Salud Pública y Bienestar Social, Educación y Culto, Municipalidades y Gobernaciones- focalizado en promocionar la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
Entre sus áreas de acción destacan el fortalecimiento de la sociedad civil mediante la movilización de recursos y transferencia de información, útil y oportuna a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil; la promoción de la cultura política y gobernabilidad a través del diálogo y la medición de indicadores de cultura política y gobernabilidad democrática en el Paraguay; y el incremento del capital social por medio de la promoción de la confianza y reciprocidad social basado en la capacidad de negociación y colaboración entre actores sociales, públicos y privadas, nacionales e internacionales.
Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable (GEAM)
GEAM, fundada en el año 2007, es una organización que apuesta al fortalecimiento de la democracia en el Paraguay propiciando reformas que permitan una gestión eficiente y transparente del Estado.
Entre sus áreas de acción se citan:
Integridad y transparencia: Brinda la cooperación y asistencia técnica a instancias nacional y local de gobierno en la implementación de iniciativas que reduzcan la discrecionalidad y el prebendarismo en la administración pública. En este sentido, promueve mecanismos para el acceso a la información pública; la profesionalización del funcionario y la implementación de la carrera del servicio civil; la rendición de cuentas de los gobernantes y de los partidos políticos; y la regulación del financiamiento político.
Entre sus acciones se encuentran espacios de debate ciudadano sobre asuntos públicos, la capacitación continua de líderes políticos, autoridades y funcionarios, así como la construcción de herramientas para un mejor desempeño de sus funciones y el mejoramiento de la gobernanza y gobernabilidad.
Gobernabilidad y Gobiernos locales: La GEAM realiza trabajos con los gobiernos locales –municipal y departamental- con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales y la calidad de servicios a las comunidades. Desarrolla actividades para la promoción de estructuras organizativas adecuadas; la definición de funciones y procedimientos para el mejoramiento de servicios; y para el equilibrio de las finanzas publicas de las administraciones locales.
Reformas normativas y gubernamentales: Focalizado en el proceso de descentralización, GEAM trabaja en la instalación de capacidades y consolidación de los gobiernos locales como receptores de nuevas funciones y recursos. En este sentido, colabora con diversas experiencias que generan condiciones para la descentralización gradual a través de reformas normativas, con propuestas de leyes elaboradas en base a la participación de actores diversos y presentadas al Parlamento Nacional para su estudio.
Semillas para la Democracia es una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objetivos mejorar la calidad de la democracia mediante la promoción de la participación ciudadana, la equidad social y un ejercicio responsable del gobierno. Sus áreas de acción son la justicia, la comunicación e incidencia, y la participación ciudadana.
Entre sus proyectos más recientes destacan:
Participación Ciudadana en Políticas Públicas: Ya en su tercera etapa, desarrollado a nivel departamental y municipal, tiene por objetivo la promoción de la participación pública para la consolidación de espacios políticos compartidos, a través de la capacitación de la ciudadanía en el conocimiento de las funciones, obligaciones, atribuciones de los gobiernos locales.
Proyecto “municipales.com.py”: en consideración del contexto electoral del año 2011, esta iniciativa busca contribuir a los espacios de diálogo entre los candidatos (as) políticos y la ciudadanía a través de la combinación de nuevas herramientas tecnológicas con estrategias políticas.
Una Superintendencia activa para una justicia más transparente: tiene como objetivo, a través del acceso a la información y seguimiento constante, potenciar los procesos disciplinarios y de control del Poder Judicial.
Transparencia Electoral e Independencia Judicial: cuenta con tres componentes "Costo social de la utilización de bienes públicos en campañas electorales", "Una ciudadanía activa con Jueces Éticos-2da. Parte" y el "Mirador ciudadano al proceso de selección de jueces”.
Construyendo Capacidades en Gobiernos Locales y Ciudadanía Organizada: Esta propuesta promueve la participación pública a través de la capacitación en temas que permitan a los gobiernos locales y a la ciudadanía organizada reforzar su capacidad para conocer las funciones del municipio, sus obligaciones, atribuciones, ejecución presupuestaria, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y las Contralorías Ciudadanas.
Incidencia en Políticas Públicas desde las Contralorías Ciudadanas: Esta iniciativa pretende contribuir al fortalecimiento del sistema democrático mediante la promoción para la participación ciudadana en la resolución de sus problemas, apoyando el desarrollo de sus capacidades de demanda con el objetivo de generar cambios sustentables.
Para más información sobre los proyectos recientes, haga clic aquí.
Fundada en el año 1990, Decidamos es una asociación sin fines de lucro, que orienta su trabajo hacia la búsqueda del desarrollo de valores que fortalezcan la democracia como proceso político, económico, social y cultural, apuntando a la consolidación de un Estado social, democrático, de derecho. Impulsa la participación de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y en sus capacidades de incidir en la formulación, gestión e implementación de políticas públicas.
Tiene por objetivo promocionar la participación ciudadana en la gestión y el control de las actividades y decisiones gubernamentales, así como contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, organizada y pluralista, respetuosa de los derechos humanos.
En este sentido destacan tres áreas de acción: ciudadanía y derechos humanos, a través de la formación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos; fortalecimiento de organizaciones sociales para la potenciación de su rol como agente social de cambio; y presencia en las diferentes etapas de políticas públicas a través de la capacitación, espacios de debate y asistencia técnica a organizaciones sociales.
Fundada en el año 2007, es una asociación sin fines de lucro dedicada al fortalecimiento del sistema judicial del Paraguay, que nace con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho en Paraguay. El Centro focaliza esfuerzos en la promoción de las instituciones del sistema judicial, el ejercicio responsable del gobierno judicial, y la participación ciudadana.
En este sentido, son áreas de acción el favorecimiento al acceso a la justicia, la prevención de conflictos sociales y el fortalecimiento de una cultura de paz; la defensa de los derechos humanos, el compromiso de los poderes públicos con el establecimiento de un sistema de administración de justicia acorde al diseño constitucional; la gestión judicial según estándares de eficacia, eficiencia y transparencia; y la anticorrupción orientada al fortalecimiento de áreas, estrategias y herramientas de transparencia en el gobierno paraguayo.
A partir de ello, se citan proyectos como “Disminuir la corrupción para combatir la Pobreza”; “Líneas de acción del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho”; “Desarrollo del Mapa de Transparencia del Poder Judicial que la Corte Suprema”; “Primera Encuesta Nacional Ética en el Sistema de Justicia”; y la “Campaña de Declaración Jurada de Bienes”.
El Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho es una organización de la sociedad civil constituida en el 2006 con el objetivo de promover acciones y programas que fortalezcan y consoliden el estado de derecho en Paraguay.
Entre sus objetivos destacan el fortalecimiento de la gobernabilidad, la generación de estrategias anticorrupción y la promoción de la transparencia de gestión en las instituciones públicas.
En este sentido, se citan proyectos como “Diagnóstico de la Organización y Procedimientos de las Unidades de Delitos Económicos y Anticorrupción”; “Aporte Ciudadano al Fortalecimiento de la Capacidad del Estado para luchar contra la Corrupción”; y “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Contraloría General de la República (CGR)”.
Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Fundada en el año 1994, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, constituido por abogados, jueces, fiscales y otros profesionales de las ciencias sociales. Tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de un sistema de administración de justicia propio del estado social y democrático de derecho, desarrollar alternativas para la resolución de conflictos de violencia estatal y social, y la promoción de la participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas y control de los actos de gobierno.
Destaca la serie de publicaciones respecto a la democracia, estado de derecho, transparencia y anticorrupción.
Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político
Formado en el año 2007, el Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político reúne a personas y representantes de organizaciones civiles y políticas, para impulsar mecanismos que transparenten los fondos que reciben los partidos políticos y regulen el uso que hacen de ellos. A partir de este cometido se promueven debates públicos para el fomento de mejoras en el marco normativo y la presentación de propuestas éticas sobre el financiamiento político.
En este sentido, se plantea elevar el tema a debate público en el interés de generar una corriente de opinión ciudadana que impulse, a su vez, la construcción de prácticas políticas más íntegras y transparentes. Se propone trabajar para mejorar y ampliar la normativa existente, en los artículos referentes al financiamiento político y de campañas electorales, y paralelamente, promover la conciencia ciudadana para el control del origen y destino de los fondos utilizados por los partidos políticos.
Asociación Civil con Capacidad Restringida Sin Fines de Lucro Tierra Nueva
Tierra Viva es una organización sin fines de lucro que ha ido creciendo a través de los años. Fundada en el 1998, a partir del año 2004 incluye como eje fundamental de acción el fortalecimiento de la democracia a través de la participación ciudadana, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población. A partir del 2007, inicia trabajos en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, en pos de la construcción de una ciudadanía con desarrollo humano a nivel nacional.
Sus principales áreas de acción tienen por objetivo la promoción de la participación ciudadana y el acceso a la información pública para el fomento de la transparencia y la integridad pública, como parte de un proceso de involucramiento en el seguimiento de políticas públicas. En este sentido, destaca el proyecto ciudadano “Lo nuestro”, diseñado con el propósito fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la veeduría ciudadana como mecanismo de control anticorrupción.
Constitución Política de la Republica del Paraguay
La Constitución Política del Paraguay establece como mecanismo de control un sistema conformado por la Contraloría General de la República (artículo 283), la Defensoría del Pueblo (artículo 264), el Ministerio Publico (artículo 268), y la Procuraduría General de la República (artículo 246), con funciones especificas, sea respecto a los derechos humanos, económicos y corrupción, o contra el patrimonio del Estado.
Por su parte, el artículo 45, “De los derechos y garantías no enunciados”, precisa que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella”. Es decir que “la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.
Ley 1160/97 (Código Penal de 1997)
El Código Penal del Paraguay establece en el Libro II, Título VIII, los hechos punibles en el ámbito de la administración pública. En ella especifica los hechos contra la administración de justicia (capítulo I); contra la administración pública (capítulo II); y contra el ejercicio de funciones públicas (capítulo III).
Ley 1286-98 (Código Procesal Penal)
A diferencia con el Código Penal, que rige la normativa penal de un país -doctrina, política criminal del Estado- basados en un sistema de principios establecidos en la Constitución, el Código Procesal Penal establece principios básicos del modo en que el proceso penal será evaluado y regido.
En este sentido, es el Ministerio Publico (artículo 268 de la Constitución; artículo 14 del Código Procesal Penal) el encargado de velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal pública, y ejercer la acción penal cuando lo determine la ley.
Ley 276/94 (Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República)
La Ley 276/94 establece en su artículo 1 que la Contraloría General de la República es el organismo de control exterior y posterior de las actividades económicas y financieras del Estado, de los Departamentos y de las Municipalidades. La Ley delimita los objetivos (artículo 2), los deberes y atribuciones (artículo 9), la composición (artículo 3) de la CGR y las responsabilidades y sanciones (artículos 39 y 40).
Ley Orgánica 631/1995 (Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo)
14 de noviembre de 1995.
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece las funciones, atribuciones y deberes del Defensor y del Pueblo y sus Adjuntos. Además, la ley elabora sobre el proceso de quejas referidas a la administración pública y estipula la responsabilidad de los organismos públicos involucrados en las quejas presentadas.
La designación del Defensor del Pueblo fue efectiva en octubre del año 2001 por la Resolución Nº 768/2001 de la Honorable Cámara de Diputados.
Ley 1535/99 (De Administración Financiera del Estado)
La Ley 1.535/99 tiene por objetivo, según reza en su artículo 1, regular la administración financiera del Estado, que comprende el conjunto de sistemas, las normas básicas y los procedimientos administrativos a los que se ajustarán sus distintos organismos y dependencias para programar, gestionar, registrar, controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos.
El artículo 2 establece el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), obligatorio para todos los organismos y entidades del Estado, con el objetivo de implementar un sistema de administración e información financiera dinámico, que integre y armonice las tareas derivadas de la administración de los recursos asignados, estableciendo los mecanismos de supervisión, evaluación y control de gestión, necesarios para el buen funcionamiento del sistema. En este sentido, el artículo 36 referente a la rendición de cuentas, determinar que las oficinas, funcionarios y agentes perceptores de recursos públicos presentarán a la autoridad correspondiente la rendición de cuentas de los ingresos obtenidos, en la forma, tiempo y lugar que establezca la reglamentación.
Respecto al sistema de control y evaluación, el Título VII señala que este será externo e interno, y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales.
Esta Ley está reglamentada por el Decreto No. 8127/00.
El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias; la Banca Central del Estado; los gobiernos departamentales; las Entes autónomos y autárquicos; las entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales; las universidades nacionales; el Consejo de la Magistratura; el Ministerio Público; la Justicia Electoral; el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; la Defensoría del Pueblo; y la Contraloría General de la República.
Ley Orgánica 1562/2000 (Ley Orgánica del Ministerio Público)
La Ley 1562/00 establece en su artículo 1 que el Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social. El artículo 5 especifica la atribución para la acción de oficio, sin necesidad de solicitud o impulso, salvo los hechos punibles que requieran instancia de parte. Asimismo, destacar que la obligación de protección a quienes por colaborar con la administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño, sobre todo respecto a hechos punibles vinculados con el crimen organizado o violaciones a los Derechos Humanos (artículo 10).
Ley 1626/2000 (De La Función Pública)
Esta Ley, que crea la Secretaría de la Función Pública (SFP) (artículo 93) con rango ministerial y dependencia directa de la Presidencia de la República, tiene por objeto regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado. Establece los principios (artículo 12), obligaciones y prohibiciones (artículo 57) con que se regirán los funcionarios públicos.
La Administración Central, los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado.
Ley 1682/2001 (Que Reglamenta la Información de Carácter Privado)
Descripción (Ley modificada)
Según establece el artículo 1, esta Ley tiene por objeto regular la recolección, almacenamiento, distribución, publicación, modificación, destrucción, duración y en general, el tratamiento de datos personales contenidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico de tratamiento de datos públicos o privados destinados a dar informes, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares. La Ley establece las condiciones de acceso a los datos personales (artículo 6) y las responsabilidades de las personas que suministran la información (artículos 7 y 8). El artículo 10 aborda las sanciones por el incumplimiento de la Ley.
Los artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 9º y 10º fueron modificados por la Ley 1969/2002 en setiembre de 2002.
Ley 1728 (De Transparencia Administrativa)
Esta ley tiene por objeto promover la transparencia de la gestión pública y garantizar el acceso a la información relacionada con los actos administrativos y de gobierno, de conformidad con el principio de publicidad de la administración pública (artículo 1). En este sentido, el artículo 2 establece la posibilidad de recurrir al Tribunal de Cuentas en caso de que una solicitud de acceso a información, o a documentos de carácter público, fuera rechazada o la respuesta considerada no satisfactoria.
Esta ley fue derogada por el Poder Ejecutivo en fecha 24 de setiembre de 2001.
Los órganos pertenecientes a la administración central, los descentralizados, entes autónomos, autárquicos, empresas y sociedades comerciales con participación estatal mayoritaria, entidades binacionales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, gobiernos departamentales, municipales y de la Contraloría General de la Republica. Así también, las empresas privadas que suministren servicios públicos.
Ley 2.051 (De Contrataciones Públicas)
La ley establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas (articulo 1). El artículo 4 determina los principios que deben regir los procesos de contrataciones públicas: a) economía y eficiencia; b) igualdad y libre competencia; c) transparencia y publicidad; d) simplificación y modernización administrativa; y e) descentralización de funciones. El procedimiento de la licitación pública se establece en los capítulos segundo y tercero.
El Administración Central, sus reparticiones y dependencias y la Administración Descentralizada y las municipalidades; la Banca Central del Estado; los gobiernos departamentales; las entes autónomos, autárquicos y de superintendencia; las entidades públicas de seguridad social, las empresas públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales; las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario; las universidades nacionales.
Ley Nº 2523/2004 (Que Previene, Tipifica y Sanciona el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el Tráfico De Influencias)
Esta ley, que complementa el artículo 57 del Código Penal tiene por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias (articulo 1). El artículo 3 define el hecho punible de enriquecimiento ilícito y establece una pena privativa de libertad de hasta diez años.
Toda persona que cumple función pública en cualquier entidad gubernamental en todos los niveles del gobierno.
Ley N° 2777/2005 (Que Prohíbe el Nepotismo en la Función Pública)
La Ley 2777/05 establece en su artículo 1 la imposibilidad de nombrar en cargos públicos de designación directa, no electiva, a parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos se efectúen en el marco de un concurso público de oposición.
El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del Estado, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los Presidentes de los entes autárquicos y descentralizados y los gobernadores e intendentes.
Resolución CGR Nº 1195/08 (Por la Cual se Aprueba y Dispone el Uso del Manual de Auditoría Gubernamental para las Instituciones Públicas Sujetas a la Fiscalización y Control de la Contraloría General de la República)
La Resolución 1195/08, de la Contraloría General de la Republica, aprueba y dispone el uso del Manual de Auditoría Gubernamental, a ser utilizado como base y parámetro a efectos de la evaluación de la calidad de las auditorías internas y externas de las instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República. Así también, establece la obligatoriedad de uso del mencionado manual a dichas instituciones públicas.
Instituciones públicas sujetas a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República
Resolución CGR Nº 1196/08 actualizada mediante Resolución CGR Nº 0350/09
19 de Marzo de 2009 (actualización)
Mediante esta resolución la Contraloría General de la Republica, aprueba y adopta para uso interno el Manual de Auditoria Gubernamental, denominado “Tesarekó”.
No existe en el Paraguay una ley de acceso a la información pública de alcance nacional sino normas constitucionales y espacios institucionales creados. Las normas jurídicas sobre las que cualquier habitante puede fundar una solicitud de acceso a la información pública ante las reparticiones públicas del gobierno se basan en los siguientes artículos constitucionales artículo 28: del derecho a informarse; artículo 40 del derecho a peticionar a las autoridades; y artículo 45: de los derechos y garantías no enunciados.
En todo caso, más aun, es necesario precisar significativas involuciones, siendo que hubo en su momento cierta normativa, la Ley 1728 de Transparencia Administrativa de Paraguay del 2001, durante el mandato del presidente González Macchi (1998-2003), derogada el 24 de setiembre del mismo año. Esta ley tuvo por objeto promover la transparencia de la gestión pública y garantizar el acceso a la información relacionada con los actos administrativos y de gobierno, de conformidad con el principio de publicidad de la administración pública, y establecer el procedimiento administrativo orientado a la solicitud, examen y copia de los documentos requeridos (artículo 1).
Más allá de eso, en la actualidad existen fuentes de información pública según institución y tipo de información en cuestión. Destacan los portales de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y su Subsecretaría de Estado de Tributación, así como las correspondientes a ambas cámaras del Congreso Nacional, diputados y senadores, Contraloría General de la República, entre otros.
Proyecto de Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental
A fin de confirmar la finalidad del proyecto y para conjurar cualquier interpretación que pudiera afectar la libertad de expresión, el artículo 2 prevé que ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo.
Redactado conforme a las mejores prácticas internacionales se ha previsto la creación de un órgano garante del derecho de acceso a la información pública, el Comité de Acceso Ciudadano a la Información, órgano independiente cuyos integrantes son elegidos mediante un procedimiento público en el que participan ambas cámaras del Congreso y el Presidente de la República, gozan de autonomía e inamovilidad y sólo pueden ser removidos por el procedimiento del juicio político por mal desempeño de sus funciones (artículos 26 a 33).
En consideración del rol importante de promoción desplegado en los últimos años por la Defensoría del Pueblo, se regula legalmente la existencia del Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, con el objeto coadyuvar a garantizar el efectivo goce del derecho de acceso a la información pública por medio de asistencia jurídica gratuita a todas las personas que lo soliciten, particularmente los integrantes de grupos vulnerables (artículos 34 a 37).
En cuanto al alcance del proyecto de ley, se establece que toda repartición pública, de cualquier poder del Estado, centralizada o descentralizada, inclusive gobiernos locales, son fuentes públicas de información. Igualmente, prevé la forma en la que los representantes y funcionarios de las entidades binacionales (Itaipu Binacional con el Brasil, y Entidad Binacional Yacyreta con la Argentina) deberán facilitar el ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública (artículo 8).
Se establecen sanciones de suspensión, destitución e inhabilitación para los funcionarios que, por incumplir con la ley, menoscaben individual o colectivamente el derecho de acceso a la información, para quienes no fundamenten adecuadamente una negativa de acceso a la información y/o nieguen injustificadamente la entrega de información (artículos 38 y 39).
En noviembre del 2010 la Cámara de Diputados postergó sin fecha la presentación del proyecto de ley. El proyecto es promovido por el Grupo Impulso de Acceso a la Información Pública (GIAI) que nuclea a unas 17 organizaciones privadas además del Ministerio de Obras Públicas.
Buscando evitar limitar la tarea de la prensa, el proyecto establece en el artículo segundo que “ninguna disposición de esta ley podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”.
El marco legal a nivel subnacional
A diferencia de la normativa a nivel nacional, el derecho a la información pública ha sido acogido y reglamentado a nivel de legislaciones de gobiernos subnacionales, específicamente a través de ordenanzas municipales. Asunción, la capital del país, fue el primer municipio en tomar la iniciativa en 1996. En el 2010, con la sanción y promulgación de la Ley 3966 Orgánica Municipal se da un paso considerable mediante la incorporación de la norma establecida en el artículo 68 de la sección “De La Participación Ciudadana”, que establece: “La Municipalidad estará obligada a proporcionar toda información pública que haya creado u obtenido, de conformidad al Artículo 28 “Del derecho a informarse” de la Constitución Nacional, dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser mayor de quince días”.
El marco legal a nivel internacional
En el caso del derecho nacional paraguayo también impone el reconocimiento del derecho deacceso, siendo que en virtud de lapropia Constitución nacional, los tratados internacionales debidamente ratificadosintegran el «derecho positivo nacional» y prevalecen, en caso de conflicto, sobre lasleyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones nacionales como explica el artículo 137 de la Constitución Nacional.
Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) (1948)
La Declaración establece en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental. Paraguay, como miembro de la Organización de Naciones Unidas, suscribe a la Declaración.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) (1966)
Ratificado por el Paraguay en 1992 (Ley N° 5/92), el Pacto garantiza el derecho a la libertad de opinión y expresión también en su artículo 19, en términos muy similares a los de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica (OEA) (1969)
El Estado Paraguayo, mediante la Ley 1/89 de 1971, primera promulgó en la transición y tras la caída de la dictadura, ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Por el artículo 13 se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión el que implica tanto la libertad en la búsqueda, recepción como en la difusión de información e ideas sin estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades posteriores de acuerdo con lo que se establezca en las leyes en forma expresa en mérito a la necesidad de resguardar el respeto a los derechos o reputación de otras personas o proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) (2000)
Se reconoce y reafirma la necesidad de protección de la libertad de expresión en todas sus posibles manifestaciones y que es indispensable para el desarrollo democrático. Se indica especialmente el derecho de acceso a la información en tanto derecho fundamental, la necesidad de prohibición legal de la censura previa y la no inhibición para con las investigaciones y difusión de informaciones de público interés en razón de la existencia de leyes de protección de datos entre otros aspectos. La falta de consagración de un derecho explícito de acceso constituye una excepción en la región, entre ellos el Paraguay.
Carta Democrática Interamericana (OEA) (2001)
A través de los artículos 4º y 6º se establece el carácter fundamental de la transparencia de las actividades administrativas, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos, el respeto por los derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa, la participación ciudadana y el respeto al Estado de Derecho para la democracia.
Declaración y Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de Quebec (OEA) (2001)
Se avanza en la necesidad de ampliar la efectividad de las libertades individuales y los derechos fundamentales mediante los compromisos que se contienen en la Declaración.
Por su parte, el Plan de Acción contiene específicamente el compromiso de desenvolvimiento de acciones tendentes al abordaje integral de la transparencia, la promoción de la buena gestión gubernamental, lucha contra la corrupción y el apoyo a las acciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con la libertad de expresión. Entre los señalamientos establecidos se destacan la planificación de acciones y el intercambio de experiencias y prácticas de cooperación entre las diferentes entidades nacionales y el desarrollo de programas de capacitación, apoyo financiero y técnico.
Resolución de la Reunión de Medio Año; Acceso a la Información (Sociedad Interamericana de Prensa) (2008)
En su reunión llevada a cabo en Caracas, Venezuela, entre 28 y el 30 de marzo de 2008, la Sociedad Interamericana de Prensa resolvió, entre otras cosas: “Alentar a los legisladores de Argentina, Brasil y Paraguay a volver a presentar y promover nuevos proyectos de ley de Acceso a la Información”.
Resolución AG/RES 2607 (XL-O/10) “Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública” y su Guía de Implementación (OEA) (2010)
Por medio de esta resolución se aprueba la “Ley Modelo de Acceso a la Información” en la cual se establece un amplio catálogo de definiciones, determinación del alcance y los mecanismos de interpretación, especificaciones en relación con los derechos comprendidos dentro de aquél de acceso a la información. Asimismo se establecen medidas denominadas “para promover la apertura” vinculadas con diferentes mecanismos de publicidad, así como se determinan los tipos de información clave, los procedimientos para obtener la información – solicitud, período de respuesta, prórrogas, entre otros -, la existencia de excepciones en la divulgación de la información, los recursos, las autoridades de contraloría en la materia y los mecanismos de promoción y verificación de cumplimiento.
Instituciones rectores del acceso a la información pública
Desde 2007, la Defensoría del Pueblo cuenta con un Centro de Acceso a la Información Pública que brinda asistencia a las personas que pretendan solicitar acceso a la información pública y, eventualmente, inicia acciones ante el Poder Judicial, basado en invocaciones a normas constitucionales supranacionales. Esta institución es legalmente regulada en el proyecto de ley en estudio.
Desde su creación en febrero de 2007, el CAIP ha prestado asesoramiento en temas de acceso a la información pública a cerca de 100 ciudadanos. Ha habido cerca de 40 solicitudes de acceso a la información y siete casos han sido llevados a la justicia.
Iniciativas gubernamentales e iniciativas promovidas por la sociedad civil para promocionar/educar sobre el derecho de acceso a la información pública
La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información investigó y publicó el reporte ‘Saber Más’, en el Día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública. El informe trata de la situación actual del derecho a la información pública en Latinoamérica. Las áreas de trabajo con que cuenta esta organización son: a) Programas de asistencia ciudadana, b) Área de Archivos, c) Área de Comunicación y Activismo, d) Área de investigación, e) Consultorías.
La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información es una coalición regional sin personería jurídica que cuyos integrantes trabajan para lograr la finalidad social de la misma al amparo del derecho a la libertad de asociación (artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Se trata de un mecanismo interlocutor entre la sociedad civil, OEA, y gobiernos latinoamericanos en asuntos relacionados a la libertad de la expresión y acceso a la información pública y dedicada a defender y promover los estándares internacionales alcanzados. Por parte del Paraguay integra el Instituto de Derecho y Economía Ambiental – IDEA.
Desde el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una de las organizaciones que había impulsado en 2006 el proyecto de ley de libre acceso a la información pública y la única organización paraguaya con experiencia en litigio estratégico en defensa del interés público, propuso prestar asistencia jurídica gratuita a todo ciudadano que estuviera dispuesto a ejercer su derecho constitucional de acceso a la información pública. Para ello, se firmó un convenio con el Defensor del Pueblo (13 de febrero de 2007) y se creó un Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) dentro de la Defensoría del Pueblo.
Así, el Defensor del Pueblo asumiría la representación de los ciudadanos a los que se les había negado el acceso a información pública y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) prestaría el asesoramiento jurídico y, eventualmente, el patrocinio letrado en los casos que se llevaran a la justicia.
Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI)
El Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública , establecido en el 2004 tiene como objetivo hacer efectivo el derecho del libre acceso a la información pública y está formada de 23 organizaciones que se aliaron para la promoción y establecimiento de una ley de acceso a la información pública en el Paraguay, llamado “Acceso a la Información Pública: como un derecho ciudadano”. Entre las 23 organizaciones se incluye al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), el Instituto Prensa y Libertad, Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales (INECIP) e IDEA.
Destacan otras iniciativas de las organizaciones de la GIAI como la página www.aquieneselegimos.org.py, impulsada por el CIRD, y apoyado por la Fundación AVINA, que propicia el diálogo constructivo entre autoridades y ciudadanía, y ha obtenido más de 90.000 visitas, 1.500 consultas y comentarios ciudadanos y unas 230 respuestas oficiales de las autoridades nacionales.
Es una red de organizaciones no-gubernamentales y de periodistas de Latinoamérica, incluyendo a Paraguay, que trabajan en la promoción del derecho de acceso a la información pública y el fortalecimiento de las normas en la materia como instrumento periodístico.
Desarrollan, en el Paraguay, entre otros, seminarios sobre el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a los datos públicos que se encuentran en manos del Estado.

References: artículo 283
 artículo 9
 artículo 281
 Resolución 
 artículo 279
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 268
 artículo 18
 artículo 52
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
in fine
 resolución 
in fine
in fine
in fine
 resolución 
in Fine
in fine
 artículo 45
 artículo 14
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 57
 artículo 3
 artículo 1

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 40
 artículo 45
 artículo 2
 artículo 68
 Artículo 28
 artículo 137
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 13

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 22