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Timestamp: 2019-12-13 11:07:47+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 14/06/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 40
- Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. ("BOE" núm. 126, de 26 de mayo de 2012). (Número de expediente 130/000020) ... (Página4)
- Proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 8-1, de 10 de abril de 2012. (Número de expediente 121/000007) ... (Página17)
- Resoluciones 137 y 138 de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por las que se enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 45, de 11 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000031) ... (Página24)
Sección Cortes Generales", serie A, número 45, de 11 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000031) ... (Página24)
- Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 46, de 11 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000032) ... (Página24)
- Acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 47, de 11 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000033) ... (Página24)
- Propuesta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de creación de una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 97, de 25 de mayo de 2012. (Número de expediente 158/000007) ... (Página26)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación) ... (Página26)
Enmiendas del Senado (Votación) ... (Página27)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación) ... (Página27)
Propuestas de creación de subcomisiones (Votación) ... (Página28)
- Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 46, de 11 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000032)
Reconstrucción y Desarrollo, por las que se enmiendan los artículos 1 y 18 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre de 2011 ... (Página24)
Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011 ... (Página24)
Acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011 ... (Página24)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de creación de subcomisiones ... (Página26)
Propuesta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de creación de una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad ... (Página26)
La Presidencia informa de que ya que reglamentariamente este punto pasa directamente a votación, al finalizar la misma dará turno de explicación de voto.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se aprueba por 205 votos a favor más 1 voto telemático, 111 en contra y 3 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se aprueba por 322 votos a favor.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital (procedente del Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo).
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, todos ellos son aprobados.
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de creación de una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad, se aprueba por 207 votos a favor más 1 voto telemático, 9 en contra y 102 abstenciones.
En turno de explicación de voto intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista; Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.
- REAL DECRETO-LEY 19/2012, DE 25 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS. (Número de expediente 130/000020).
En primer lugar vamos a examinar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Para presentar el real decreto tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar en esta Cámara para su tramitación como proyecto de ley el Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, aprobado el pasado 25 de mayo en Consejo de Ministros. Señorías, el sector del comercio minorista es un sector de importancia capital para la economía española. Por darles solo algunos datos, les diré que representa el 5% del valor añadido bruto, está compuesto casi por 450.000 empresas y emplea a 1,8 millones de personas. Como consecuencia del estancamiento del consumo producido por la crisis económica, el comercio minorista ha registrado un descenso acumulado de las ventas en los últimos cinco años de un 22,6%. Tal como hemos manifestado desde el Ministerio de Economía y Competitividad en repetidas ocasiones, la crisis de ventas del comercio minorista es algo que nos preocupa enormemente. Señorías, por ello, desde que asumimos la responsabilidad de Gobierno, hemos decidido actuar para combatir la crisis que atraviesa el sector y en este sentido estamos llevando a cabo una batería de medidas específicas de apoyo al comercio minorista dirigidas principalmente a facilitar al pequeño comercio el acceso a la financiación, fomentar la innovación y el comercio electrónico y definir modelos de futuro para las zonas urbanas comerciales.
Señorías, el Real Decreto-ley 19/2012 afronta uno de los tradicionales problemas clave del comercio. Me refiero a la lentitud de las diferentes administraciones a la hora de otorgar licencias de apertura que permitan a los comerciantes empezar a operar en sus establecimientos en un plazo de tiempo razonable. Como seguramente sabrán sus señorías, en la actualidad muchos pequeños comercios se ven obligados a esperar largos periodos de tiempo la respuesta de la Administración para poder abrir su negocio. Este hecho ocasiona graves perjuicios económicos al sector, ya que el comerciante, una vez realizada su inversión inicial y mientras continúa abonando en muchos casos el alquiler, no puede empezar a operar hasta que no se le autorice a abrir. Este lapso de tiempo supone, por un lado, importantes costes, que son en muchas ocasiones inasumibles, y, por otro, puede inducir a conductas indeseables como el hecho de abrir sin licencia. Esta circunstancia es más acusada en España que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Por desgracia, somos uno de los países que más trámites burocráticos exige a sus administrados para abrir un negocio. Según el estudio del Banco Mundial Doing Business 2012, España es el segundo país de la OCDE en el que es necesario realizar más trámites burocráticos para abrir un negocio. Esta preocupante posición hace indispensable la adopción de medidas de simplificación administrativa. No nos podemos permitir ser uno de los países que impone una mayor carga burocrática a los emprendedores.
Señorías, quiero añadir que esta medida es positiva y necesaria en cualquier momento, pero en un contexto de crisis como el actual se hace a juicio del Gobierno más urgente e indispensable que nunca. En estos momentos España necesita emprendedores, necesita nuevas empresas que creen empleo y que inicien la recuperación económica. Por ello nuestra obligación es sustentar a todos aquellos que quieren emprender, apoyarlos con intensidad y eliminar las barreras administrativas que coarten su voluntad de crear un negocio. Esta medida quiere evitar que decisiones de inversión, como son las aperturas de establecimientos comerciales, se vean postergadas o en muchos casos anuladas con motivo de la lentitud de las administraciones. El obstáculo del tiempo, señorías, opera como un grave factor disuasorio al emprendimiento y eso es algo contra lo que debemos luchar desde las administraciones públicas. Con la aprobación de este real decreto-ley queremos impulsar y dinamizar la actividad comercial minorista. La necesidad acuciante que tiene la economía española de recuperar la actividad económica y de generar empleo es la que justifica la urgente y extraordinaria necesidad de este real decreto-ley. Quiero destacar por último que este real decreto-ley contribuye también al cumplimiento de la estrategia Europa 2020, por la que se propone la reducción de las cargas administrativas, la mejora del entorno empresarial y la promoción del espíritu empresarial.
Paso, señorías, a detallarles el contenido de este real decreto-ley. En líneas generales esta norma sustituye las licencias de apertura por declaraciones responsables. Esta medida se aplicará para aquellos establecimientos del sector comercial minorista y prestadores de determinados servicios cuyo umbral de superficie no supere los 300 metros cuadrados. Este real decreto-ley establece que no es ni necesario ni proporcional exigir licencias previas a los referidos establecimientos en atención a su dimensión y a la tipología de actividades, al tener estas una incidencia mínima en materia de seguridad ciudadana, salud pública, protección medioambiental o similares.
En concreto, se sustituyen, además de las licencias de apertura, las licencias de instalación, las de funcionamiento, las de actividad y las de obras de acondicionamiento. Se sustituyen también las licencias que sean requeridas para efectuar el cambio de titularidad de las actividades comerciales y de servicios descritos en este real decreto-ley. Se establece además la sustitución por declaraciones responsables de todas aquellas licencias similares que, con independencia de su denominación, sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad. El objetivo de esta ampliación es abarcar la gran heterogeneidad de licencias que pueden obstaculizar la apertura. Sin embargo, se exceptúan expresamente las licencias para obras de edificación o las que alteren la configuración arquitectónica de los edificios de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación. El motivo es que en estos casos el Gobierno considera justificada la obtención de licencia previa para estas obras debido a su envergadura y a su impacto.
Señorías, como podrán ver, este real decreto-ley busca la sustitución por declaraciones responsables de una amplia tipología de licencias que obstaculizan la apertura y el ejercicio de la actividad, exceptuando únicamente aquellas que por su naturaleza justifican un control previo por parte de la Administración. El real decreto-ley contiene un anexo donde se incluyen las actividades comerciales y de servicios que entran en su ámbito de aplicación. Se trata de actividades cuyo ejercicio no supone una amenaza para el medio ambiente, la salud o la seguridad ciudadana. Las actividades comprenden, entre otras, tiendas de alimentación, panaderías, textil, herbolarios, peleterías, librerías, tiendas de electrónica y un largo etcétera que pueden consultar en el texto.
En cuanto a los servicios, también se ha seguido el criterio de incluir aquellos cuya apertura no necesita, a nuestro entender, ser sometida a un control previo, atendiendo a juicios de proporcionalidad y necesidad. Los servicios incluidos son, entre otros, las agencias de viajes, actividades de promoción inmobiliaria, reparación de ropa y zurcido, reparación de calzados, peluquerías, etcétera. En total estamos hablando de 53 epígrafes de comercio minorista, 17 epígrafes de servicios y 4 de industria artesanal, clasificados de acuerdo con el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas. Llegados a este punto, señorías, me gustaría añadir que el colectivo de empresas del sector de servicios al que se dirige esta media asciende a 290.000. Se excluyen por otro lado la hostelería, las farmacias y con carácter general los establecimientos que vendan o utilicen productos que por su naturaleza puedan presentar algún peligro tanto para el público como para el medio ambiente. Se excluyen también todas aquellas actividades que en su ejercicio tengan un impacto debidamente justificado y proporcionado en su patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
En cuanto a una posible ampliación de su ámbito de aplicación, el real decreto-ley establece la obligación del Gobierno de revisar en el plazo de un año tanto el catálogo de actividades como el umbral de superficie. De este modo evaluaremos el funcionamiento de esta medida y, en función de los resultados, decidiremos si ampliamos o no su ámbito de aplicación. En cualquier caso, las comunidades autónomas y las entidades locales pueden aumentar el ámbito de aplicación si lo estiman conveniente, ya que esta norma solo establece unos mínimos obligatorios.
Señorías, deben tener en cuenta que lo más significativo de esta norma no es únicamente su ámbito de aplicación, sino que con ella queremos realizar en España un cambio en la cultura administrativa. Este cambio de cultura consiste en que el control administrativo, en lugar de ejercerse de forma previa a la apertura de los comercios, pasa a ejercerse a posteriori. Ello supone que el administrado ya no tendrá que esperar a que las autoridades competentes determinen si el establecimiento comercial es apto para abrir, sino que será el propio interesado quien manifieste, bajo su responsabilidad y con el apoyo de los técnicos competentes que le ayuden a elaborar la declaración responsable, que el local que pretende abrir cumple con la normativa vigente. Este cambio en la cultura administrativa se basa en la confianza de las administraciones y de sus administrados. Se basa en considerar a los emprendedores adultos responsables, que en caso de abrir un local velarán, por su propio interés, por el cumplimiento de la normativa, sin necesidad de que la Administración les someta a una revisión anterior para determinar si han sido o no diligentes al abrir el local.
Las administraciones considerarán suficiente por parte del empresario la declaración jurada de que cumple con la normativa. Estamos convencidos de que el empresario será diligente, ya que las potestades de inspección y sanción permanecen plenamente inalteradas, y en caso de que sus manifestaciones sean falsas o inexactas, será el empresario el responsable. Como no podía ser de otra manera, los interesados deberán cumplir con la normativa estatal, municipal o autonómica a la que están sometidos los establecimientos comerciales, exactamente del mismo modo a como venían haciéndolo hasta ahora. En este sentido quiero resaltar que lo dispuesto en este real decreto-ley no supone ninguna injerencia en las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que estos mantienen plenamente su soberanía en cuanto a la normativa que deben cumplir los establecimientos comerciales. Lo único que hace esta norma, en el ejercicio de las competencias atribuidas al Gobierno en materia de bases y de coordinación de la planificación general de la actividad económica, es impedir que la verificación de estos requisitos a priori se convierta en condición necesaria para la apertura de los establecimientos comprendidos en este real decreto-ley. El contenido de la declaración responsable deberá adecuarse en todo caso a lo establecido en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, donde se contempla esta figura jurídica. En esta línea el Ministerio de Economía y Competitividad ya está trabajando en la elaboración de un modelo de declaración responsable y en una ordenanza tipo para facilitar la aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley tanto a ayuntamientos como a particulares.
En cuanto al impacto fiscal de esta medida, querría resaltar su neutralidad, ya que la recaudación se mantiene intacta para las entidades locales. Para ello, el real decreto-ley contiene una modificación del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para garantizar que, en los casos en los que el otorgamiento de una licencia constituya un hecho imponible, el tributo correspondiente se asimile también a la presentación de una declaración responsable. De hecho, confiamos en que este nuevo sistema anime la apertura o regularización de nuevos locales, lo que podría suponer en última instancia un aumento de la recaudación local al aumentar el número de hechos imponibles. Otro punto deseable, señorías, es que se habilita la colaboración público-privada para la gestión indirecta de la comprobación de los requisitos, verificación, inspección y control, de tal modo que los ayuntamientos que venían utilizando este sistema para la certificación de licencias previas puedan adaptarlo al modelo de declaraciones responsables.
Por último, señorías, en cuanto al régimen transitorio, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones afectadas por este real decreto-ley se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, el interesado podrá optar con anterioridad a la resolución del procedimiento en curso por desistir de su solicitud y, de este modo, acogerse a la aplicación de la nueva normativa.
Señorías, en este real decreto-ley se incluye también un mecanismo de apoyo a la exportación para las industrias de defensa destinado a permitir una participación más activa del Gobierno a través del Ministerio de Defensa en la gestión de los programas destinados a la exportación de material de defensa. En un mercado tan complejo como este son pocos los Gobiernos que no solicitan que sus adquisiciones vayan acompañadas de algún tipo de respaldo por parte de los ministerios de Defensa de los países cuyas empresas suministran dicho material. Es más, muchos de los potenciales clientes solamente cierran acuerdos con el Gobierno del país de origen, depositando en este la realización de las actividades de gestión de los programas en todas sus fases hasta la entrega del material. La ausencia hasta ahora de este tipo de mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico colocaba a nuestra industria estratégica, tanto en términos de defensa como en cuanto a empleo cualificado de I+D+i, en una situación de desventaja competitiva, ya que muchos de sus potenciales clientes han venido cerrando las puertas a las ofertas de las empresas españolas, al tiempo que solicitaban, sin éxito, una implicación directa del Ministerio de Defensa. El título que se introduce en el real decreto-ley viene a suplir esta carencia en una etapa crucial para el sector español industrial de la defensa caracterizada por una contracción del gasto español en defensa, un aumento de la demanda internacional del material de defensa y una creciente competencia internacional en los procesos de adjudicación de grandes programas por ciertas potencias emergentes.
La normativa que se aprueba adapta en primer lugar al ordenamiento jurídico español instituciones tradicionales en el derecho comparado relativas a la gestión de programas de material de defensa con destino a la exportación. En segundo lugar, dota al Ministerio de Defensa de instrumentos eficaces, flexibles y adaptables a la necesidad de la demanda internacional para cada caso. En tercer lugar, evita la responsabilidad patrimonial de la Hacienda pública española por razón de obligaciones que, por su naturaleza, únicamente deben corresponder o bien a los contratistas o bien a los Gobiernos adquirientes. La fórmula prevista en este mecanismo se encuadra en los llamados contratos Gobierno a Gobierno, reconocida en nuestro ordenamiento en el artículo 7.1. g) de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Debe tenerse en cuenta que la legislación que se está promoviendo no modifica la normativa vigente en materia de control de comercio exterior de material de defensa. El Gobierno en ningún caso se convierte en exportador ni tampoco acepta ninguna responsabilidad ni coste. De hecho, el acuerdo prevé que los posibles gastos en los que puedan incurrir las administraciones públicas al gestionar los programas destinados a la exportación sean compensados por vía contractual. En definitiva, con la aprobación de este Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, se soluciona una desventaja competitiva que padecía la industria española de material de defensa y se habilita un instrumento de colaboración e interlocución del Gobierno de España con los clientes y las empresas exportadoras, a imagen y semejanza de lo que ya venían realizando y de lo que ya tenían incorporado en su ordenamiento jurídico y en sus prácticas comerciales la mayor parte de nuestros socios y aliados.
Señorías, el Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios tiene como objetivo dinamizar el trámite de apertura de un nuevo establecimiento. España necesita medidas que faciliten a los emprendedores crear negocios y, de esta manera, crear empleo y generar riqueza. Esta medida avanza en dicha dirección. Creemos que es necesaria y por eso les pido su apoyo para la tramitación como proyecto de ley de este real decreto-ley que hoy les he presentado en esta Cámara.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa). Pasamos pues a la fijación de posiciones, en primer lugar por parte del Grupo Mixto, y la primera interviniente será la señora Barkos.
Señor ministro, nos presenta hoy el Real Decreto-ley 19/2012, cuyo objetivo primero, y así viene recogido en la exposición de motivos, no es otro que el de apoyar al comercio minorista. Estamos absolutamente de acuerdo no diré que con el total de las medidas que nos proponen en el título I, pero nos parece más que razonable la propuesta que se nos hace desde el Gobierno en este sentido. Sin embargo, el real decreto, que tiene quince artículos, tiene un título II referido al apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa, y de los quince artículos, diez están referidos estricta y exactamente a lo que se especifica en el epígrafe de dicho título II. Aquí se ha detenido menos prolijamente, ha sido una exposición mucho más breve y, en nuestro caso, no sé si decir también que es el título que menos nos gusta, el desarrollo, desde luego, en el caso de Geroa Bai, que más nos disgusta. He de explicar por qué. No es cierto que las exportaciones de material de defensa necesiten una ayuda, no al menos si atendemos al volumen de la cantidad que se ha venido produciendo en estos últimos años. Cito, y lo hago de memoria, un informe recientemente facilitado por el Ministerio de Defensa que recoge que entre el año 2007 y el año 2011 las exportaciones del material de defensa han pasado de 400 millones de euros a 2.400 millones aproximadamente, entre el año 2007 y el año 2011. No parece por lo tanto que este sea un sector que necesite o requiera de un aspecto tan detallado, tan concreto, tan conciso, pero sobre todo tan facilitador de la actuación, máxime cuando organismos internacionales de la entidad de Amnistía Internacional nos están llamando al conjunto de los miembros de la comunidad internacional a ser mucho más estrictos, muchos más mirados en estos aspectos, con el objetivo final, con el objetivo básico, parece evidente, precisamente de todo lo contrario, de constreñir por lo tanto el comercio exterior, la exportación de material de defensa, en definitiva, de armamento.
En cualquier caso, con respecto del título I, manifestaba nuestro encuentro con el objetivo final y así recogido de manera declarada en la exposición de motivos de dicho título. Si acaso, me gustaría señalar la reticencia que desde algunos colectivos farmacéuticos se ha apuntado en que el requerimiento del precio más bajo sea propuesto por un laboratorio capaz de abastecer a todo el mercado y, por lo tanto, se produzcan serios problemas de stock, y queríamos dejar constancia de ello en la tribuna. Lo dicho, encuentro en el título I, desencuentro absoluto en el título II. La posición de Geroa Bai, y esta es la fijación de posición, presidenta, será una abstención sobre el real decreto. Pediremos la tramitación como proyecto de ley y por supuesto a esta sí votaremos a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracia, señora Barkos.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Salvador.
Señorías, si tengo tiempo, haré cinco apuntes en tres minutos. El primero tiene que ser obligado sobre el uso extendido del real decreto-ley. En la pasada legislatura en cuarenta y ocho meses tramitamos cincuenta y seis, en esta, en menos de seis, hemos tramitado ya con este diecinueve. Es verdad que el artículo 86 habla de que es un instrumento para una extraordinaria y urgente necesidad, es verdad que la necesidad es urgente, pero la necesidad ya está pasando de ser extraordinaria a ser algo ordinario y lo cierto es que también se habilita para que el Estado pueda dictar disposiciones legislativas provisionales, y no hay sin duda más provisionalidad que la de que se recojan en este real decreto modificaciones a tres de los que hemos aprobado hace escasamente dos meses, lo cual da lugar a una figura nueva, un real decreto-ley de acompañamiento. No seré yo quien ponga reparos jurídicos, porque ciertamente vivimos en el servicio de urgencias y los servicios de urgencias tienen sus excepcionalidades. Se lo dejaré al señor Olabarría, que seguro que hace algún comentario sobre el particular.
En todo caso, lo que pretende el real decreto-ley es eliminar barreras burocráticas y, si yo he interpretado bien su exposición, se trata de una desregularización de alguna manera. Pretende trasladar la responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas de una Administración sancionadora, como hasta ahora, que tienen la función de que la hagamos respetar, y dejarlo en el uso responsable que cada ciudadano haga de su libertad. Creo que este real decreto tiene más miga de lo que parece y entendería que la izquierda no lo apoyara, porque ellos siempre han dicho que lo que ha causado la crisis, entre otros y sobre todo, es la desregularización, que es como echarle la culpa al bisturí o al escáner frente a un error médico.
En tercer lugar, más importante incluso que la agilización de los trámites o de eliminar barreras, es crear en España una auténtica cultura del emprendimiento, porque se pueden eliminar las vallas de una carrera, pero si no aparece al final ningún corredor o este no sabe ni quiere competir, desde luego no habremos cumplido el objetivo y creo que ese es más importante que este que estamos tramitando hoy en todo caso.
En cuarto lugar, el real decreto tiene unos límites en su contenido que es respetar el régimen de las comunidades autónomas. Creo que así lo hace, que no es pretensión del Gobierno sacrificar en el altar de la extraordinaria
y urgente necesidad el diseño competencial entre el Estado central y las comunidades autónomas.
Por último, a quienes desde plataformas políticas independentistas hoy en algunas comunidades como la mía defienden que España es un lastre, frente a las reformas que tenemos que hacer, frente al estado de necesidad en el que vivimos, les recordaría una frase que dice que uno solo puede ir más rápido, pero juntos, unidos todos, podemos llegar más lejos.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, España es uno de los países de la Unión Europea con una regulación de horarios comerciales más laxa, en esto, sí, a niveles de Alemania. No obstante, la ampliación de los horarios comerciales no ayuda en absoluto al aumento y a la consolidación de los establecimientos de comercio al detalle, al contrario, beneficia a las grandes superficies en detrimento del pequeño negocio. He aquí, señorías, una de las grandes contradicciones de esta derecha ejemplificada por el Partido Popular y a veces por Convergència i Unió, esta derecha que se llena la boca de hablar de pequeñas y medianas empresas, pero que a la hora de la verdad aprueba medidas que benefician a las grandes superficies y perjudican a los comercios tradicionales.
Hay que decir que los horarios comerciales tampoco determinan una mejora en los precios ni generan un volumen de negocio más grande. De hecho, la suma del paro más la brutal desconfianza en la economía dan como resultado la poca capacidad consumidora de las familias. Si a esta poca capacidad consumidora le sumamos la liberalización de los horarios comerciales, el resultado no es el aumento del volumen de negocio, sino que el resultado es únicamente un desplazamiento de las ventas a otros días de la semana. Además, por extensión, refuerza el desplazamiento de los pequeños y medianos negocios a las grandes superficies, que de hecho son las que de entrada pueden soportar mejor los costes de una ampliación del horario comercial.
Asimismo es importante señalar que una mayor libertad horaria no garantiza ni mucho menos la creación de puestos de trabajo, pero tampoco garantiza la salvaguarda de los que ya existen, especialmente en un comercio minorista donde la ocupación ha resistido mejor que en las grandes superficies. De hecho, es absolutamente gráfica la comparación entre Madrid, abanderada por la liberalización de los horarios comerciales, y Cataluña, donde tengo que decir que desde Esquerra Republicana, al frente de la Conselleria de Comerç, se apostó por un comercio potente de proximidad. Fíjense, Madrid perdió en el cuarto trimestre de 2011 un 13,7% de la ocupación del sector minorista respecto del mismo periodo de 2008, lo que supone el doble de la media española, mientras que Cataluña solo perdió en 0,10%. Y si hablamos de la evolución de la facturación del comercio al detalle, vemos que Madrid perdió en el periodo de 2008-2010 un 17,34% del volumen de negocio, que representa tres veces más que el de Cataluña y el doble de la media española. Defendemos pues un modelo comercial catalán de éxito, un modelo catalán de éxito que apostó por una oferta ordenada, por una oferta compatible, variada y de calidad y que ha facilitado la capacidad de elección por parte de todo tipo de consumidores y a la vez ha cohesionado nuestros pueblos y nuestras ciudades, y lo que no puede ser, señorías, es que ahora ustedes lo quieran dinamitar con el fin de favorecer a las grandes empresas comerciales de este país.
Señorías, los ciudadanos y comerciantes no necesitan una liberalización de horarios comerciales que pueda producir el cierre definitivo de las empresas pequeñas, también de las pequeñas cadenas, lo que sí necesita la ciudadanía es una verdadera conciliación de la vida laboral y personal para poder comprar en horarios europeos.
Finalmente, hemos de criticar que uno de los pilares para el crecimiento comercial español sea la venta de armamento, y más si tenemos en cuenta el incumplimiento de la ley en su artículo 8 y vendemos armas a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos o donde existe conflicto real o potencial, como es el caso de Arabia Saudí, al que se plantea la venta millonaria de armamento. Tengo que decirles que personalmente no me siento nada bien pensando que parte del futuro comercial español depende de algunas guerras y del sufrimiento y muerte que causa el armamento que vendamos.
Acabo, como muchas veces empieza nuestra formación política, diciendo que queremos juicio a Bankia y a los culpables de la crisis.
Señor ministro, salvo por el hecho de que en la denominación del propio real decreto aparece de medidas urgentes no soy capaz de observar la urgencia del mismo, al menos no lo soy analizando estrictamente el contenido del decreto; un contenido heterogéneo, un popurrí de medidas cuya cohesión y coexistencia entre ellas es inexistente o, al menos en mi opinión, inexplicable. La única explicación que se me ocurre es que el Gobierno tiene una idea, un apretón con algún tema concreto, y aprovecha el viaje para sacar los temas que tiene en el cajón y aprobarlos con carácter de urgencia, saltándose el trámite parlamentario. No son formas -y así lo criticamos
habitualmente-, no son maneras, y cada vez ocurre más, señor ministro, muchas, yo diría que demasiadas en esta legislatura. Desde el Grupo Vasco habitualmente lo denunciamos y hoy también lo queremos hacer. No digo que discrepemos en el contenido de las medidas -o de todas las medidas al menos- que contiene el real decreto, pero no estamos conformes con el procedimiento. Si hasta ahora hemos vivido con un determinado sistema de licencias -en algunos lugares al menos- para la apertura de establecimientos, podían haber esperado un poco más y haberlo resuelto mediante un proyecto de ley y no a través de un real decreto-ley, que es el decimonoveno de este año y el vigésimo en esta corta legislatura. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia.)
En lo relativo al título I de medidas urgentes de impulso al comercio, se marca un doble objetivo; por un lado, reducir las cargas administrativas que dificultan el comercio y, por otro, dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de apertura. Quisiera, brevemente, fijar la posición del Grupo Vasco en relación con ambas cuestiones. En primer lugar, comparto la idea del real decreto-ley de que es necesario reducir las cargas que conllevan la obtención de licencias y agilizar al máximo los trámites en los ayuntamientos. En el caso de Bilbao, que conozco, por ejemplo, esa tramitación se prolongaba en su día seis meses de media y se producía al final la apertura sin la licencia correspondiente. Por ello, en diciembre del año 2010 se aprobó una ordenanza sobre las licencias y consultas urbanísticas y su tramitación, uno de cuyos objetivos básicos fue precisamente lo que a través de este real decreto-ley pretende resolver ahora el Gobierno. Así, en el artículo 1.2 de dicha ordenanza podemos leer lo siguiente: La apertura de establecimientos o el ejercicio de algún uso pormenorizado no precisará de licencia una vez obtenidas la de la actividad clasificada y de obras cuando sean necesarias. No obstante, antes de la puesta en marcha del mismo, habrá de comunicarse al ayuntamiento mediante una declaración responsable sobre la naturaleza de la actividad prevista y el cumplimiento de la normativa vigente, según se dispone en los artículos 77 y siguientes de la ordenanza. Lo que quiere decir es que el que ha querido resolver esta cuestión lo ha podido hacer y lo ha hecho. Entiendo que la solución a esto es la puesta en marcha de la ventanilla única, la eliminación de algunos trámites burocráticos y una resolución rápida de la solicitud, entre otras cuestiones. En cuanto al segundo objetivo, tengo serias dudas de que esta medida sirva para dinamizar el sector y crear empleo, más bien, en mi opinión, sirve para que se introduzcan nuevos operadores que carecen de los conocimientos necesarios para la gestión en estas empresas, generando una competencia desleal con los ya establecidos y, en definitiva, perjudicando al sector.
En este momento, en nuestra opinión, el sector tiene tres grandes problemas. En primer lugar, serias carencias en la gestión; en segundo lugar, dificultades de acceso a la financiación; y, en tercer lugar, reorientación en el planteamiento de su actual formato comercial. Estos problemas, señor ministro, no se resuelven facilitando el acceso al sector libremente, ya que ni favorece la recuperación económica actual ni facilita la actividad. A nuestro juicio, más bien contribuye a seguir atomizando el sector. Hay que recordar que el número de comercios por cada mil habitantes en el Estado español está en quince, mientras que en el resto de Europa está en nueve por cada mil habitantes. ¿Qué queremos, un sector saneado y competitivo o un sector atomizado y en declive, o el único objetivo real es el aumento de la recaudación? Por poner un ejemplo, en la flexibilización de las licencias se debería modificar en la dirección de aceptar el acceso al sector de nuevos formatos comerciales que, por ejemplo, combinen actividades diferentes como libros y textil, hostelería y alimentación, etcétera; aspectos que en la mayoría de las ciudades europeas están recogidos y facilitan el acceso de nuevos formatos que, estos sí, sirven para dinamizar el sector, hacerlo más atractivo y responder a las necesidades de los consumidores.
Estas medidas son consecuencia de la aplicación de la Directiva europea de Servicios, concretamente en lo que se refiere a la libertad de mercado, aspecto que nuestro grupo no comparte del todo porque conlleva, a nuestro juicio, una anarquía sectorial que perjudica claramente la competitividad del sector comercial, a los empresarios de verdad, a los verdaderos emprendedores y, en definitiva, al servicio que se ofrece a los consumidores que, en mi opinión, pueden ser los auténticos perjudicados por las medidas.
A pesar de lo anterior y con los matices realizados, no creemos que sean rechazables estas medidas. Al contrario, es positivo apoyarlas. Nuestro grupo, sin embargo, tiene una reserva importante, aunque el ministro ya lo ha aclarado, al analizar los aspectos competenciales, que es el abuso que se hace habitualmente, no solo en este real decreto-ley, del artículo 149 de la Constitución apelando siempre a la ordenación general de economía. No tendríamos mayores reparos en votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley si el mismo se tramita -como parece ser y ha anunciado el ministro- como proyecto de ley. De tal manera, podemos preservar y acordar una serie de enmiendas que resuelvan la cuestión competencial y que sirvan para delimitar claramente los ámbitos que se derivan de los estatutos de autonomía. Tampoco nos oponemos al contenido del titulo II de apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio de Defensa. Al margen de otras consideraciones respetables que han sido ya realizadas en esta Cámara, creemos que existiendo, como existe, un sector industrial en el ámbito de la defensa es obligación del Gobierno facilitar el comercio de las exportaciones del sector como ocurre en otros ámbitos productivos. No tenemos tampoco excesivos reparos en el resto del contenido del real decreto-ley, salvo en lo que hace referencia a la disposición final tercera, relativa a la denominada amnistía fiscal, que espero que en el
proceso de tramitación como proyecto de ley podamos corregirlo debidamente. Sin embargo, como decía antes, dado que el señor ministro nos ha comentado que se va a tramitar como proyecto de ley, queremos dar un margen de confianza al Gobierno, por lo que vamos a votar favorablemente, a la espera de poder corregir los temas que hemos planteado en el proceso de tramitación.
Señor ministro, señorías, el real decreto que se nos presenta es muy variopinto, muy heterogéneo, como han señalado otros oradores. Son temas, además, con muy escasa relación entre sí. El principal asunto que se trae a debate se corresponde con el título I, la liberalización del comercio. Aquí, efectivamente, España tiene un problema. El Banco Mundial elabora un índice conocido como el Doing Business o índice de facilidad de hacer negocios y en este índice del Banco Mundial aparece que España necesita cuatro veces el número de días para emprender un negocio que el que se utiliza en países como Estados Unidos o Francia y más del doble que en la OCDE, y solo seis menos que Uganda, un país que algunos tienen ahora en mente por otros asuntos. En el número de procedimientos pasa algo parecido, hacen falta diez procedimientos para abrir un negocio en España frente a la mitad en la OCDE o seis en países como Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Esto hace que en el ranquin global de este indicador, de un total de 183 países, España ocupe el número 133, y eso que hemos mejorado porque el año pasado estábamos en el 148, con lo que efectivamente hay un problema por lo difícil que resulta abrir un negocio en España. Eso está correlacionado con otros indicadores muy importantes, como el del World Economic Forum, que elabora un índice de competitividad. Hay una alta correlación entre la situación de los países en el índice de facilidad de hacer negocios, en el índice de competitividad, y lo que hoy estamos tratando es una medida de mejora de la competitividad. Hay también otra alta correlación con los indicadores de la OCDE sobre regulación. En realidad, todo es parte de la misma cadena. Los países con mucha regulación tienen dificultades para abrir negocios y eso perjudica su competitividad. Es una medida importante la que aquí discutimos.
La solución propuesta nos parece inteligente, nos parece un buen atajo dado la regulación que hay en España. Es permitir que se inicie la actividad, confiar en la responsabilidad del empresario y que la declaración responsable sustituya la licencia para empezar a funcionar en locales de menos de 300 metros cuadrados, dejando el control administrativo a posteriori. Nos parece una buena medida y la apoyamos, pero con dos cualificaciones. El control a posteriori es importante; no pensemos que una vez abierto, nos olvidamos. El control a posteriori es importante y la inspección tiene que tener medios. No estamos seguros de que la colaboración privada en la inspección sea la mejor fórmula, que es lo que aquí parece que se propone, y además las sanciones tendrán que ser disuasorias porque si no puede existir el incentivo de empezar a funcionar y pensar que, si compensa, ya se pagará la sanción en su momento. Estamos de acuerdo con este atajo, pero no olvidemos la segunda etapa, que es que ese control a posteriori sea efectivo y evite la ley de la jungla. Por otro lado, tampoco olvidemos el problema de fondo, que es la regulación, la proliferación legislativa con efectos económicos, algo que Unión Progreso y Democracia ha venido denunciando desde su creación, que otros grupos han negado y que el Partido Popular ha contribuido a que exista en las comunidades autónomas y ayuntamientos que gobierna porque allí también se legisla en temas con consecuencias económicas con el mismo entusiasmo que en otras comunidades y en otros ayuntamientos. Esa proliferación legislativa es el problema de fondo. Esto puede ser un atajo, pero habría que ir al fondo del problema alguna vez, homogenizar esa legislación, simplificarla y recordar cuando se legisla que eso tiene efectos económicos y efectos sobre la facilidad de emprender negocios en el país. Por tanto, bien la declaración responsable, pero cuidado con el control a posteriori, y en algún momento vayamos también a los asuntos de fondo que con este atajo se intentan sortear.
Junto a este asunto principal, que es el que da título al real decreto, como decía anteriormente, hay otra variedad de asuntos muy heterogéneos, por ejemplo, en el título II, asuntos de defensa para facilitar la exportación. Lo que se propone es que el Ministerio de Defensa gestione estos proyectos de exportación, el suministro y el mantenimiento en representación del Gobierno extranjero comprador sin coste ni responsabilidad para el ministerio, actuando como un agente, como un intermediario, gestionando una cuenta que ese Gobierno extranjero abriría. Es un sistema que funciona en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido y, por tanto, nos parece bien porque el sector de defensa es importante, con contenido tecnológico que exporta, y España necesita en este momento exportar, pero de nuevo con cualificaciones. Estamos de acuerdo, pero con cualificaciones.
Si el Gobierno español va a estar involucrado, aunque sea como intermediario, habría que exigir mayor transparencia en este tipo de contratos, mayor control parlamentario y, sobre todo, mayor control sobre el uso final que estas armas vayan a tener. Siempre habría que hacerlo, pero si el Gobierno interviene como intermediario, mucho más. Por tanto, de acuerdo con lo que se propone, pero no olvidemos otras cuestiones, como es la transparencia que tiene que acompañar a estas actuaciones
y el control sobre el destino final de las armas que se exporten.
Un tercer bloque de temas tiene que ver con asuntos de hacienda. En la disposición final primera se habla del impuesto sobre construcciones. Este impuesto se pagaba al hilo de la concesión de la licencia y si esta ahora se sustituye por una declaración responsable, tiene lógica que el pago del impuesto se ligue no a la licencia, sino a esa declaración responsable para que no se aplace el pago del impuesto. Es una medida lógica ligada al título I.
En cuanto a las multas de tráfico, que la notificación electrónica, que se tenía que realizar obligatoriamente a partir del 25 de mayo de 2012, se aplace dos años. Si no se puede cumplir la fecha prevista habrá que aplazarlo, pero el señor ministro debería haber explicado por qué este aplazamiento, por qué no se ha podido cumplir la fecha prevista para que los ayuntamientos notifiquen las multas de tráfico por medios electrónicos.
La disposición final tercera está ligada a la famosa amnistía fiscal -que no se puede llamar por su nombre- e indica dos cosas: la precipitación con que se ha aprobado -ahora hay que corregir un error- y las condiciones ventajosas que se conceden a los defraudadores. El fondo del asunto es que los defraudadores salen tan bien parados -solo tienen que pagar el 10%- que les podría compensar aflorar bienes, incluso a un precio artificialmente alto, pagar ese 10% y luego vender con pérdidas, generando unas minusvalías que les permitirían pagar menos en impuestos, como el impuesto sobre sociedades al 30% o el IRPF al 52%. Es tan favorable el trato al defraudador que el ministerio se ha dado cuenta de que podría aflorar, pagar el 10% a precios altos y luego generar minusvalías. Ya sabe nuestra opinión sobre la amnistía: profundamente errónea. Esto pone de relieve dos cosas: la precipitación con que se ha aprobado -ahora hay que corregir errores- y el trato tan favorable que se daba a los defraudadores, tanto que les permitiría este tipo de prácticas que ahora se quieren evitar.
A continuación están los asuntos de salud. Una nueva corrección de errores del Gobierno. Se da cuenta de que las deducciones y descuentos que pedían a las farmacias en los medicamentos eran demasiado altos y mejora la situación de las farmacias pequeñas. Nos alegramos de que se mejore esa situación, pero se está corrigiendo un error que el propio Gobierno ha generado hace pocas semanas.
En general nos parece bien el contenido del real decreto. La medida principal, la liberalización de comercios, es importante y las otras mejoran la situación, aunque bien es cierto que mejoran situaciones que el propio Gobierno había empeorado. Pero no querría terminar sin unirme a los comentarios de otros diputados sobre las formas. En democracia las formas también son importantes, no solo el fondo de los reales decretos. Llevamos diecinueve reales decretos en esta legislatura, que no lleva tantos meses, y esos reales decretos están llenos de erratas -en el real decreto siguiente se suele corregir el anterior- y no siempre son temas de urgencia, no siempre está justificado por asuntos de urgencia el recurso de esta figura y, para remate, en algunos, como el actual, se mezclan temas totalmente variopintos. No vemos por qué un grupo parlamentario tiene que tener la misma posición sobre la liberalización del comercio, la exportación de materiales de defensa o la amnistía fiscal, con lo que se hace imposible el debate y deteriora la calidad democrática de nuestro país. Esto se une a otra serie de acontecimientos recientes, como es la negativa del Gobierno a crear comisiones de investigación sobre lo sucedido en el sistema bancario y a realizar un debate en la Cámara sobre el rescate del país que tuvo lugar el sábado pasado o la actitud del señor presidente del Gobierno ayer afirmando que hay grupos parlamentarios que él no escucha porque considera que no son importantes o que cree que no tienen absolutamente ninguna propuesta que hacer. Nosotros creemos que las formas son importantes, no solo el fondo, y les anuncio que a partir de ahora mi partido a la hora de decidir su voto tendrá muy en cuenta no solo el contenido de los reales decretos, sino también las formas. Les ruego que tengan esto en cuenta para entender cómo mi partido votará sobre las propuestas que aquí se traigan. La calidad democrática y las formas en una democracia también son importantes.
Señorías, a partir de ahora nuestro grupo va a poner en evidencia en cada intervención la necesidad de que el presidente del Gobierno comparezca en esta Cámara para explicar la situación de intervención real que sufre nuestro país. Debe hacerlo por respeto a los ciudadanos, que tienen derecho a que su presidente les explique la situación real de nuestra economía. No debe esconderse más, sino venir a esta Cámara a dar explicaciones como corresponde a cualquier presidente de un país democrático. Vamos a repetirlo en cada intervención hasta que el presidente decida venir a esta Cámara, y lo tendrá que hacer más pronto que tarde.
Hoy se nos presenta para su convalidación un nuevo real decreto. Como ya se ha dicho, este Gobierno, cuando el presidente no acude a dar explicaciones, se esconde detrás de los reales decretos, quizá porque añoren otros tiempos en los que se gobernaba exclusivamente a base de reales decretos. Este es un real decreto curioso en el que se mezclan temas muy diversos y, por tanto, es muy complicado decidir a la hora de la votación. Nos parece grave no solo que se mezclen, sino que unos se escondan detrás de otros. Voy a intentar explicar algunos elementos y clarificar luego nuestra postura final.
Es un decreto curioso que empieza por intentar resolver un problema real, el problema que tienen muchos pequeños empresarios y comerciantes, que ven como una losa el tiempo que tardan en tramitar las licencias de apertura. Es un problema real que tenía que haberse corregido haciendo funcionar la Administración, porque lo que usted hace, señor ministro, es reconocer que en este país no funciona la Administración y, además, tira la toalla. Las licencias de apertura no son un capricho, sino un método para evitar problemas y situaciones que luego sufre el ciudadano. Ese es su objetivo y usted coge el camino -que probablemente tengamos que coger todos- de tirar la toalla y reconocer que la Administración es incapaz de cumplir los plazos, cuando todos sabemos que lo que no sobra precisamente en la Administración es personal. Por tanto, aquí está fallando algo y ustedes escogen un camino sobre el que nosotros tenemos dudas. Es verdad que se hace una declaración, pero a estas alturas pensar que solo eso va a hacer que los problemas de ruido y de humo no se produzcan, nos parece algo más que ilusorio. Ante un problema real que en algunos casos se convierte en un impedimento o en una situación alegal de muchos pequeños empresarios, ustedes escogen un camino simple pero que nos genera muchas dudas.
La gran novedad de este real decreto es que usted convierte al Estado en intermediario en el comercio de armas. Para nosotros, eso es algo más que una novedad, es algo que nos preocupa y que no compartimos. No lo compartimos porque situar al Estado como intermediario -por utilizar una palabra que no ofenda a nadie- en el comercio de armas significa darle un papel que no le puede corresponder nunca a un Estado. No nos vale que otros países lo hagan. El Estado español no tiene por qué ser intermediario entre una empresa que vende armas y un país que quiere comprarlas. Pero también nos parece grave que ustedes sigan considerando que la industria de las armas tiene que ser uno de los pilares para que este país salga de la crisis. No somos unos ilusos, sabemos que hay empresas que se dedican a la venta de armas y que hay trabajadores que dependen de ellas; no somos unos ilusos ni nos tiramos al monte, otra cosa es que nos gustaría transformarlas en empresas de otro tipo. Defendemos el mantenimiento de determinadas empresas que fabrican armas, pero de ahí a que a partir de ahora sea el Estado el que firme los contratos de exportación de armas va un camino que no queremos recorrer. La crisis no lo justifica todo ni puede servir para ampararlo todo. No puede servir para decirle al mundo que hay que salir de la crisis produciendo y vendiendo más armas. No, señor ministro, por ahí no vamos porque la paz no se construye haciendo del comercio de armas el eje fundamental o estratégico de nuestra economía. Las armas se producen para usarlas, y alentar que la salida de la crisis está ligada a la venta de armas nos lleva a otras soluciones que no queremos ni pensar. Esta crisis no se va a resolver usando las armas, y alguien puede estar pensando en ello, señor ministro, usted lo sabe igual que yo. Nos parece que es un mal camino, nos parece que el papel del Gobierno español tenía que ser el que tiene por ley, que es garantizar que no hay doble uso, garantizar que las armas que se venden no sirven para países que no respetan los derechos humanos y que pueden servir para incentivar conflictos. A estas alturas tenemos muchas dudas de que su Gobierno lo esté haciendo; tenemos muchas dudas, y así lo plantearemos en la Comisión correspondiente, porque no es un ejemplo la venta de armas a Arabia Saudí, por mucho intermediario regio que tenga. En estos momentos, el Gobierno español está dispuesto a olvidar que ese comercio de armas puede facilitar violaciones de derechos humanos, favorecer el surgimiento de conflictos o agravar los ya existentes. Eso es lo que ustedes nos plantean con esta parte del real decreto que camuflan. Hay muchos pequeños empresarios que están esperando recibirlo, por eso nos parece injusto que ustedes se sitúen en esta mezcla de elementos que no tienen nada que ver, incluso podemos pensar que lo que ustedes intentan es que pase desapercibido un tema que va a tener respuesta social, porque usted lo sitúa en el lado de lo militarista frente a quienes defendemos que en este momento hay que ir hacia otro mundo, que no es precisamente al que ustedes nos llevan.
Por último -ya lo ha dicho otro portavoz-, quisiera recordarle el debate de la amnistía fiscal. Ustedes tienen problemas, no saben cómo resolverlos y cogen los peores caminos. Ustedes no quieren investigar a la banca, no quieren investigar dónde está el gran fraude en este país, en la banca; sin embargo, son tremendamente blandos con los poderosos. Están siendo muy duros con los débiles, a los que les quitan pisos y sufren el paro, pero luego son muy blandos con los poderosos, tanto que a veces se pasan y tienen que volver sobre sus propios pasos para resolver algún entuerto. Por eso, se tienen que repensar la amnistía fiscal, se tienen que repensar el camino que llevan, porque no va hacia ninguna parte. Quizá por eso el presidente no venga a dar la cara, quizá está esperando que se queme el Gobierno para que luego él pueda cambiarlo de aquí a unos meses y seguir sin quemarse. Es un mal camino pensar en el propio beneficio y no en el interés general del país, del Estado.
Este es un real decreto contradictorio, que resuelve, aunque con dudas, un problema, pero en el apartado militar no puede merecer nunca nuestro apoyo.
Señoras y señores diputados, señor ministro, partimos de la base de que la economía real, la economía española, la economía productiva real necesita diariamente de buenas noticias, y hoy la iniciativa parlamentaria, este
real decreto que trae para su convalidación el Gobierno, es una buena noticia para un determinado sector, el sector comercial minorista, que representa una parte muy importante de la economía productiva española. Todos aquellos emprendedores, futuros emprendedores, jóvenes emprendedores, trabajadores autónomos que quieren convertirse en empresarios van a tener la posibilidad de eliminar todas aquellas trabas administrativas que le pudieran interponer las corporaciones locales para abrir un negocio inmediatamente a través de una declaración responsable. Es cierto que en algunas comunidades autónomas y en algunos municipios esto ya existe, pero entendemos como una buena noticia una legislación de este tipo que facilite la eliminación de trabas para que un emprendedor pueda poner en marcha su capacidad innovadora para abrir un negocio inmediatamente. Por tanto, bienvenidas sean a esta Cámara todas aquellas buenas noticias que puedan mejorar el entorno negativo en que se está desarrollando no solamente la economía española sino también una parte importante de la economía europea e internacional. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Señor ministro, a nosotros no se nos caen los anillos por reconocer las buenas noticias, por reconocer aquellas iniciativas parlamentarias que van en esta dirección. Es una buena noticia, una noticia eficaz que va a facilitar que el nivel vocacional de los emprendedores pueda incrementarse en nuestro país, pero no es una legislación suficiente para fomentar este espíritu empresarial desde la visión de la emprendeduría. Nos ha gustado que usted también haya reconocido que este real decreto se va a tramitar a través de la Comisión pertinente como proyecto de ley en la que todos los grupos parlamentarios podremos aportar todas aquellas ideas innovadoras que puedan complementar y perfeccionar esta iniciativa, que calificamos como muy positiva.
Entendemos, señor ministro, que el Gobierno en su momento se comprometió a traer a esta Cámara una ley de emprendeduría. No solamente estamos de acuerdo con esta iniciativa parlamentaria sino que hemos planteado ya una proposición de ley para que esta ley de emprendeduría sea una realidad en esta Cámara. Lamentablemente no contó con los votos de su grupo parlamentario, pero el compromiso por su parte era que antes de que finalizara este periodo de sesiones el Gobierno la presentaría en esta Cámara para que se pudiera debatir como proyecto de ley. Estamos impacientes ante esta reiterada promesa por parte del presidente del Gobierno porque sinceramente una iniciativa como la de hoy -que calificamos, repito, de positiva- tiene que ir acompañada de una ley de emprendeduría para facilitar que todas aquellas personas que tengan vocación empresarial, que tengan la posibilidad de ser en un futuro emprendedores, de generar riqueza, tienen que tener medidas como estas, pero han de ir acompañadas necesariamente de todos aquellos aspectos que van ligados a la financiación de la apertura de los negocios o a la financiación de todas aquellas personas que tienen muchísimas ideas, que son brillantes, que tienen una capacidad intelectual importante pero que no tienen recursos económicos a su disposición. Hay mecanismos financieros, y usted los conoce perfectamente, como los business angels, cuya aprobación en una ley de emprendeduría es básica y fundamental para que estas ideas vayan acompañadas de medidas financieras que faciliten que todas aquellas personas que tengan ideas dispongan también de instrumentos financieros para poder desarrollar sus negocios. Aprovechando que esta iniciativa la vamos a tramitar como proyecto de ley y que tiene por objeto potenciar y desarrollar la actividad comercial, hemos presentado una iniciativa parlamentaria en la Comisión de Economía y Competitividad sobre la base de la reactivación de la actividad comercial a través de las diferentes asociaciones de comerciantes, que hemos catalogado como aquellas asociaciones que desarrollan todos aquellos establecimientos o centros comerciales abiertos, los CCA, o los centros urbanos comerciales, los CUC, que no dejan de ser ideas brillantes que se han puesto en marcha en países anglosajones, concretamente Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Estas asociaciones, que se denominan en el argot internacional business improvement district, los BID, son mecanismos que fomentan la colaboración público-privada, que se facilita a través de estas asociaciones que desarrollan los centros comerciales abiertos o los centros urbanos comerciales, y dotan a las asociaciones de comerciantes que estimulan dichas actividades comerciales de mecanismos financieros importantes para poder desarrollar sus actividades de gestión y promoción en centros urbanos, para que puedan competir también con las grandes superficies. En estos momentos usted sabe perfectamente, señor ministro, que las subvenciones para las diferentes áreas comerciales, dada la precaria situación de las economías o de las finanzas de las corporaciones locales, irán disminuyendo en el futuro y es fundamental que la iniciativa pública provea de instrumentos financieros importantes a las asociaciones privadas para poder desarrollar con gran intensidad los ejes comerciales urbanos.
Nosotros entendemos que quizás esta medida -ya hemos repetido en varias ocasiones que es muy positiva- tendría que ser complementada con todos aquellos aspectos dirigidos a incrementar las actividades comerciales, a estimular el incremento de actividades económicas en los ejes comerciales urbanos y a potenciar y promocionar esta colaboración público-privada, que no deja de ser un instrumento eficaz para que los emprendedores, los futuros comerciantes, los futuros empresarios que se quieran dedicar al mundo del comercio tengan instrumentos para que sus negocios finalmente obtengan buenos resultados. Por lo tanto, señor ministro, independientemente de que vayamos a plantear estas enmiendas, calificamos este proyecto de muy positivo, lo calificamos también de gran noticia para la economía productiva real, la economía productiva del comercio, del pequeño y mediano comercio, del pequeño emprendedor, del empresario autónomo, que seguramente recibirá
esta buena noticia que necesariamente tendría que ir acompañada de estos estímulos, de estos mecanismos financieros, presupuestarios, fiscales y administrativos, para que finalmente estos negocios puedan ser calificados de éxito.
Hay dos o tres aspectos más que ustedes han planteado en este real decreto-ley. Todos aquellos aspectos que pretenden incrementar los márgenes de las farmacias que están ubicadas en pequeñas poblaciones son una reivindicación de Convergència i Unió que han incorporado aquí y es una manera de que la sanidad pueda llegar a todos los municipios del Estado español, incluso a los más pequeños, por lo tanto, también es buena noticia. Con respecto a algunas críticas que se han vertido en esta Cámara en relación con el comercio de armas, nosotros entendemos que justamente lo que ustedes han planteado en este real decreto es que a través de la garantía del Estado determinadas operaciones se puedan realizar entre diferentes países, y hay ya mecanismos importantes en esta Cámara, en la Comisión de Defensa, para que exista un control real y transparente para que no se produzcan abusos.
Nosotros vamos a votar, señor ministro, señoras y señores diputados, favorablemente esta iniciativa.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gallego Arriola.
La señora GALLEGO ARRIOLA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el real decreto-ley que hoy presenta el Gobierno viene seguido de una serie de iniciativas legislativas de la pasada legislatura socialista como consecuencia de las trasposición de la Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior. Todos la conocemos, es la comúnmente denominada Ley paraguas, Ley ómnibus o la Ley de modificación de ordenación del comercio minorista. La medida más significativa para favorecer el dinamismo empresarial se tradujo en la eliminación con carácter general de la autorización comercial para el inicio de la actividad; todo ello con el objeto de dinamizar en beneficio del crecimiento económico y del empleo y en línea con la estrategia europea 2020. La última ley que se aprobó con el Gobierno socialista fue la conocida Ley de Economía Sostenible, que consiste en un conjunto de medidas que pretenden modernizar la economía española principalmente en tres sectores: el sector financiero, el sector empresarial y el sector medioambiental. Su objetivo es situar la economía española sobre los cimientos del conocimiento y la innovación con herramientas respetuosas con el medioambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y han sido debatidas, consensuadas y defendidas públicamente como proyectos de ley para poder hacer las modificaciones oportunas. El real decreto de hoy sigue la línea de reducir las cargas administrativas que obstaculicen o dificulten el comercio minorista para contribuir a dinamizar el sector en el actual contexto de crisis económica y caída del consumo. Ya había trabajo hecho, este real decreto no aparece de repente ni de la nada.
Entrando en el contenido de este decreto, vemos que es un refrito que mezcla muchas materias que afectan a diferentes ministerios -Hacienda, Sanidad y Defensa-, y observamos que existe demasiada presión para aprobar algo que quizás pueda dar problemas a posteriori, si no lo corregimos previamente, y que al final van a ser los ciudadanos, los vecinos de los ayuntamientos, los que van a salir perjudicados y serán los paganos de una mal llamada agilidad administrativa. Porque este real decreto afecta de forma muy directa a las entidades locales, que son las que tienen las competencias en las licencias municipales y en los establecimientos comerciales, y vamos a desgranar aspectos que nos parecen mejorables. En primer lugar, el ámbito de aplicación que está recogido en el artículo 2 del título I: se aplicará a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios en cualquier parte del territorio nacional cuya superficie de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados. Se eliminan y suprimen los supuestos de autorización en licencia municipal previa motivados por la protección del medioambiente, de la seguridad o la salud pública. Llama la atención que se limiten los metros cuadrados y, sin embargo, no se le dé importancia a la existencia de razones que pueden afectar al interés general, como son los factores medioambientales, de seguridad o de salud pública. Es verdad que en el anexo están las actividades incluidas en el ámbito de aplicación y que, según la memoria normativa, son actividades que se consideran inocuas pero muy variadas, y lo que el real decreto considera inocuo los vecinos de un ayuntamiento o el propio ayuntamiento no lo consideran. Por ejemplo, en la agrupación 97, servicios personales, está el grupo 971, donde se agrupan lavanderías, tintorerías u otros servicios similares, y en la agrupación 64 está el grupo 642, donde se agrupa el comercio al por menor de carnes, despojos o productos derivados, ejemplos en los que creemos que, para evitar problemas, sería necesaria alguna autocorrección relacionada con la salud o con el medioambiente, porque estoy segura de que si aquí hay alcaldes o alcaldesas, entenderán las dificultades y el trabajo que da a posteriori un establecimiento que no ha sido suficientemente regulado. Por lo tanto, proponemos que se establezca un mínimo común denominador en todo el territorio nacional para evitar la desigualdad.
Luego hay una serie de disposiciones, como la disposición adicional primera, dentro de las acciones de colaboración con las administraciones públicas, que habla de modelos de comunicación previa y declaración
responsable, que van a sustituir a las licencias, de tal forma que el Estado va a promover con la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, la elaboración de dichos modelos, así como la elaboración de una ordenanza tipo en materia de actos e intervención municipal. Está claro que esa ordenanza tiene que adaptarse a los ayuntamientos para que no pierdan ingresos, como sucedió con la supresión del IAE en la época del Gobierno de Aznar. No parece haber existido mucha comunicación con los ayuntamientos ni coordinación. Creemos que la maquinaria administrativa de las entidades locales debe adaptarse o perjudicará a los ciudadanos y se perderán muchas empresas. Por tanto, les emplazamos, señor ministro, a consensuar ya disposiciones con los que van a estar directamente afectados, los ayuntamientos.
Hay una disposición adicional segunda que trata sobre la habilitación de las entidades colaboradoras. Esto quiere decir que para el desempeño de la actividad de comprobación de requisitos y circunstancias requeridas, las corporaciones locales competentes podrán recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración legalmente acreditadas a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de comprobación. Con la que está cayendo les proponen a las entidades que recurran a la colaboración privada. Por una parte les están apretando las tuercas, pero, por otra, les dicen que gasten por encima de sus posibilidades. Aunque ya sabemos que es opcional, hay muchos ayuntamientos que van a tener que contratar este tipo de entidades porque no van a poder hacer una buena labor de control. Cuidado con eso. Seguimos insistiendo como otros compañeros de otros grupos en lo precipitado de este real decreto y en la mezcla que tiene, porque han tenido que improvisar y modificar muchos decretos.
Hay una disposición que nos llama muchísimo la atención, la disposición final tercera, que se refiere a la amnistía fiscal para grandes defraudadores, donde añaden dos nuevos apartados, de los que el apartado 6, sobre todo, no tiene desperdicio. Voy a leerlo textualmente: Cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real se podrá considerar titular a este último, siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, es decir, en el lenguaje coloquial estamos hablando de testaferros. Los testaferros se describen como aquellas personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos, de tal modo que, a pesar de la suplantación, estas personas encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude como, por ejemplo, evadir impuestos. Estamos hablando de que el bien jurídico a proteger es el defraudador, al que, encima, se le está alargando el plazo hasta el 31 de diciembre para que ponga al día sus asuntos. Esta modificación que quieren meter aquí fue dictaminada por el Consejo de Estado, el cual declaró que este párrafo debía ser suprimido. Lo que ustedes han suprimido en el Decreto-ley de la amnistía fiscal intentan colarlo de rondón en este real decreto que estamos discutiendo ahora. Por tanto, el Grupo Socialista rechaza de plano esta medida, que pertenece al ámbito de la amnistía fiscal para grandes defraudadores, porque carece de toda justificación ética y política, porque está castigando al cumplidor y beneficia al incumplidor, porque está perjudicando a los buenos contribuyentes que se ven defraudados por el Estado. El Partido Socialista ya ha anunciado la impugnación global de dicha amnistía. Por tanto, les pedimos que retiren este apartado del real decreto sobre medidas liberalizadoras del comercio porque no todo vale. Rechazamos la disposición final tercera sobre la amnistía fiscal a grandes defraudadores y el Grupo Socialista lo va a impugnar de forma global. Por favor, supriman esta disposición. No podemos aprobar este decreto-ley si ustedes no retiran el apartado correspondiente a la amnistía fiscal.
En definitiva, por una parte, estamos de acuerdo en favorecer la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas, porque el Partido Socialista lo llevaba en su programa electoral. Consideramos positiva esta supresión de cargas administrativas porque es lo que ya se estaba haciendo en la anterior legislatura. Observamos que el decreto es improvisado y precipitado en un afán del Gobierno por dar agilidad, pero mezcla muchas materias. No podemos aprobar el decreto-ley ni el apartado referido a la amnistía fiscal. Por tanto, el Grupo Socialista estará negociando hasta última hora para que ustedes supriman esa disposición final tercera.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Juste.
La señora JUSTE PICÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, se presenta a esta Cámara para su convalidación el Real Decreto-ley 19/2012, de Medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, aprobado el pasado 25 de mayo en Consejo de Ministros. Señorías, portavoces, confío que en mi, a ser posible, breve intervención pueda aclararles todas sus dudas y consigamos todos -ya he visto que va a haber alguna excepción- apoyar esta nueva norma. Y digo todos porque hoy más que nunca los españoles necesitan que estemos unidos, tirando de la misma cuerda y yendo todos en la misma dirección. Dada la actual coyuntura económica, el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, y a demanda de empresarios y emprendedores, ha puesto en marcha una serie de medidas urgentes para revitalizar y apoyar el tejido productivo. El 64% de la población activa en España se centra en los servicios; para entendernos, en el pequeño y mediano empresario, el que tiene la idea de abrir un negocio y vender sus productos para ejercer una actividad;
ese pequeño empresario, emprendedor o no, que quiere trabajar, que arriesga su patrimonio y sus ideas para abrir su comercio y porque tiene problemas y por la complejidad en los trámites administrativos y en el tiempo de resolución, tarda o incluso no puede llevarlo a cabo. Facilitando la creación de empresas de comercio, de puesta en marcha de proyectos, se podrá generar más empleo, bienestar y riqueza para el conjunto de la sociedad.
Señorías, es importante señalar que cuidamos y cuidaremos las formas. La Constitución española permite al Gobierno dictar decretos- leyes solo en el caso de extraordinaria y urgente necesidad. Y este es el caso que nos ocupa, ya que responde a una petición que en todos los foros de empresarios nos repiten constantemente: que les facilitemos el trabajo, que les dejemos trabajar. Esta ley recoge una serie de medidas específicas que van a garantizar el crecimiento económico, potenciar la iniciativa empresarial y fomentar la creación de empleo. Es por eso que desde hace años, y como bien decía la portavoz señora Gallego, se viene trabajando en normas que agilicen la apertura de establecimientos comerciales. La Directiva de Servicios, la Bolkestein; la Ley 25/2009, en la que ya se incorpora el régimen de declaración responsable y comunicación previa; la Ley 1/2010, de 1 de marzo, que modifica la de 1996, de ordenación del comercio minorista, y otras que ya citado, y, por supuesto, llegando a este real decreto que acaba de presentar el señor ministro. El alcance de este último -no voy a entrar en mucho detalle, señor ministro, porque usted lo ha explicado en todo su contenido- es fundamentalmente fijar un marco con carácter de regulación básica, fijar las bases de la actividad económica y el procedimiento administrativo común, garantizando la igualdad de trámites en todas las comunidades autónomas. El objetivo de este real decreto, señora Gallego, es fijar procedimientos comunes y la igualdad de trámites para todas las comunidades. Señora Gallego, llevamos ya dos reuniones con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y Provincias, para conseguir aclarar y poder trabajar en este decreto-ley; y varias reuniones ha mantenido el secretario de Estado con la Mesa de directores generales de comercio. No tiene sentido que un empresario que quiera abrir un negocio en Galicia necesite conocer la legislación que se ha aplicado en esa comunidad autónoma y que cuando quiera abrir su segunda tienda en Murcia tenga que llevar a cabo una serie de trámites diferentes para la misma actividad. Eso lo único que genera es inseguridad al empresario y una enorme desmotivación por no saber a qué legislación tiene que atenerse a la hora de abrir su negocio ya que las trabas administrativas son muy diferentes. Por lo tanto, el objetivo de este real decreto es apoyar al comercio minorista a través de una reducción del 25% de las cargas administrativas y facilitar el acceso a la actividad económica. Como bien nos ha trasladado el señor Anchuelo, el Banco Mundial elabora un informe anual de las trabas que existen en nuestro país, pero me gustaría insistir. Este informe nos dice que nosotros necesitamos en España un procedimiento con una media de diez días para abrir un negocio y la media de los treinta y cuatro países de la OCDE es de la mitad. La media de días que tardamos en abrir un negocio en España es de veintiocho, en la OCDE es de do e. En España se tardan ciento ochenta y dos días en conseguir los permisos de obra y, en la OCDE, ciento cincuenta y dos. Los datos hablan por sí solos y esta es nuestra realidad. En estos momentos en los que el consumo viene sufriendo durante varios años consecutivos fuertes caídas y teniendo en cuenta que el comercio minorista representa el 10,8% del PIB nacional, el Gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para ayudar a acabar con estas estadísticas. Esta liberalización de cargas administrativas supone ajustar el marco normativo de nuestro país al de otros Estados de la Unión Europea en los que la agilidad y la reducción de plazos para la puesta en marcha de una actividad económica ha servido de estímulo a los operadores económicos.
Tengamos en cuenta que las medidas de este real decreto se dirigen sobre todo a las pymes y micropymes comerciales y de servicios complementarios que constituyeron en el año 2011 el 96,5% de las empresas que desarrollan su actividad en este sector. Normalmente, establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300 metros cuadrados. Por supuesto -y queremos insistir-, tal y como nos ha dicho el ministro, el real decreto no supone ninguna injerencia en las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que mantiene sus competencias intactas en cuanto a la normativa que deben cumplir los establecimientos comerciales. Querría destacar, señorías, que en ningún caso esta norma supone una merma de los ingresos fiscales de los ayuntamientos o de los organismos o entidades. El Gobierno, al igual que nuestras empresas, es consciente de la crucial importancia que para el crecimiento, el empleo, la prosperidad y el bienestar supone una Administración y una gestión eficaz y eficiente. No podemos consentirnos que sigan descendiendo las ventas y siga disminuyendo el empleo. Por todo ello, señorías, debemos habilitar todos los mecanismos legales posibles que contribuyan al impulso y la dinamización de la actividad comercial, al incremento de la competitividad y la productividad del sector y a la generación de inversión y empleo. Son muchas las confederaciones, asociaciones, consejos, alcaldes, incluso políticos que se han manifestado públicamente a favor de este real decreto, no voy a pasar e enumerárselos.
Señorías, sería ingenuo por mi parte desconocer que la iniciativa legislativa que hoy debatimos contiene un aspecto -como ustedes han dicho- de especial relevancia, y me refiero a aquellas disposiciones que afectan a la exportación el material de defensa y que tiene como protagonista al ministerio del ramo. Señora Barkos, me sorprende en su discurso que no recuerde que en el
debate de presupuestos hablamos de recortes de gastos y también hablamos de invertir para construir regatas. Cuando hablamos de la industria de defensa es muy importante, señorías, recordarles que dejemos a un lado determinados prejuicios ideológicos. Por el contrario, quisiera recordarles que este es un sector más de nuestro entramado industrial que proporciona trabajo a decenas de miles de españoles, que sustenta la economía de miles de familias, que lo hace también a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y que, por si ello fuera poco, además buena parte de los mismos son de extraordinaria calidad. La industria militar es puntera cuando hablamos de desarrollo tecnológico, de I+D+i con aplicación no solo en el campo de la defensa sino también en el civil. Y, por último, que estamos hablando de industrias estratégicas para la defensa nacional. No les descubro nada si les afirmo que buena parte del sector ha dependido para su supervivencia de los contratos y encargos de los distintos gobiernos de nuestro país. Del mismo modo, sus señorías son plenamente conscientes de que las políticas de austeridad, consecuencia de la gravísima crisis económica que padecemos, junto a la competencia de nuestros socios occidentales, afectan extraordinariamente a lo que podríamos denominar mercados tradicionales de estas industrias. Su continuidad, pues, depende en buena medida de su capacidad para abrir nuevos mercados y captar clientes fuera de los circuitos habituales. Ahí, señorías, entra en juego la iniciativa legislativa que hoy se somete a su consideración. Esta medida de fomento de la exportación preserva un sector industrial del que en gran parte depende la defensa nacional. Pero hay dos aspectos en los que me gustaría insistir y que considero de interés. Estamos utilizando instrumentos que, a día de hoy, ya utilizan los países de nuestro entorno, tanto Reino Unido como Alemania y también Estados Unidos, sin hablar de Suecia o Francia, cuyas empresas de defensa o son públicas directamente o están participadas mayoritariamente por el Estado. Por último, señorías, como ya nos ha aclarado el ministro, la legislación que se está promoviendo no modifica para nada la normativa vigente en materia de control del comercio exterior.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Juste, tiene que terminar.
La señora JUSTE PICÓN: Gracias, presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario considera que el contexto económico actual exige realizar los mayores esfuerzos para apoyar al comercio y dinamizar las exportaciones, en definitiva, ser más competitivos. Por todo ello, apoya decididamente el real decreto propuesto por el señor ministro y le damos las gracias por haberlo tramitado como proyecto de ley. Ministro, estamos convencidos de que haber decidido que nos llegara como proyecto de ley nos permitirá alcanzar más acuerdos e incorporar iniciativas que nos han trasladado los portavoces.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Juste.
- PROYECTO DE LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE FUSIONES Y ESCISIONES DE SOCIEDADES DE CAPITAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/2012, DE 16 DE MARZO). (Número de expediente 121/000007).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Finalizado este tema, pasemos a examinar el siguiente punto del orden del día, correspondiente a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
Iba a saludar al señor ministro, pero ya que abandona el hemiciclo, dése por saludado.
Quiero comentar que acometemos el debate de las enmiendas del Senado de una iniciativa legislativa que tiene varias características que le aportan relevancia, o singularidad cuando menos. En primer lugar, señora presidenta, estamos debatiendo un proyecto de ley, que sí es una singularidad en esta legislatura en que la fórmula habitual de legislar es la del real decreto-ley. Llevamos ya veinte reales decretos-leyes aprobados y convalidados, de los denominados técnicamente reales decretos-leyes almanaque, en tanto en cuanto son reales decretos que regulan materias diversas, heterogéneas, que nada tienen que ver entre sí. Un ejemplo paradigmático a resaltar es el que hemos debatido esta mañana y que regulaba materias farmacéuticas, materias vinculadas a la defensa, materias vinculadas al comercio minorista, etcétera. La invocación -como ha dicho la portavoz del Partido Popular en el anterior real decreto-ley- a las razones de urgencia y de extraordinaria necesidad que prevé el artículo 86 de la Constitución no es que sea discutible, es que es manifiestamente falsa en la mayoría de las ocasiones. Desde luego, es falsa desde la perspectiva de lo que preconiza el contenido esencial del artículo 86 de la Constitución que estamos vaciando de contenido, estamos derogando de facto, y la jurisprudencia constitucional que regula este contenido esencial del artículo 86 de la Constitución en lo relativo a la habilitación al Gobierno para aprobar tantos reales decretos-leyes -llevamos veinte ya en esta legislatura-. En este caso hemos atenuado parcialmente el daño y se está debatiendo como proyecto de ley.
En segundo lugar, este proyecto de ley es relevante porque ha adquirido una dimensión más trascendente de la original, de la que se consignaba en un proyecto de ley que tiene una denominación tan compleja como la que sigue: proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de capital. El real decreto-ley, que se llamaba de la misma manera, ha adquirido una relevancia sobrevenida en el Senado en virtud de una serie de transacciones aceptadas por el Partido Popular en exclusiva; bueno en exclusiva no, con nosotros, con nuestro apoyo. Voy a explicar las razones, señora presidenta. En este proyecto de ley, afortunadamente, no sé si por una reflexión lúcida de los portavoces o de los senadores del Grupo Popular o por imperativo de una directiva comunitaria que se tenía que trasponer, en concreto la Directiva 2009/109 del Parlamento Europeo y del Consejo -no de una, sino de varias que no estaban traspuestas, sabe Dios por qué razones-, en virtud de los requerimientos de esta directiva hemos podido evitar una patología que ya mi grupo parlamentario denunció en la anterior legislatura cuando se aprobó, y presentamos la correspondiente enmienda al respecto, o se reformó la Ley de Sociedades de Capital y la Ley del Mercado de Valores.
Estábamos muy preocupados y seguimos estándolo -ahora menos tras las incorporaciones producidas en el Senado a este proyecto de ley- por las agresiones o los ataques especulativos de unas empresas a otras, bien por el descenso o por la cuantía de su valor en el mercado de valores, del valor de sus acciones en el mercado de valores. Esta cuantía de su valor en el mercado de valores puede obedecer a distintas circunstancias, a circunstancias espontáneas vinculadas a la evolución del propio mercado de valores o circunstancias que están tipificadas de forma muy adecuada, en nuestra opinión, en lo que se ha incorporado en la disposición final primera, artículo 527.3; es decir, que los precios de los valores de la oferta presenten índices razonables de manipulación, que se haya producido un expediente disciplinario contra la empresa en cuestión o confiscaciones de sus propios bienes. Este descenso del valor en Bolsa de las acciones y la otra patología que se pretende evitar con las incorporaciones que, en virtud de los requerimientos de la directiva, se han incorporado en el Senado a las disposiciones adicionales primera y segunda, que es la vulnerabilidad de aquellas empresas en donde los lotes accionariales son de dimensión pequeña, luego son muy vulnerables o muy accesibles a empresas de superior dimensión, que mediante operaciones o ataques especulativos pueden apoderarse de la mayoría del capital, lo que nosotros ya denunciamos en la legislatura pasada con una enmienda que adquirió, incluso, señora presidenta, una dimensión nominal, la llamada enmienda Florentino; si alguien no sabe a quién nos estamos refiriendo es a Florentino Pérez, presidente de ACS, y sus ataques especulativos contra la empresa Iberdrola. Mi compañero Pedro Azpiazu defendió brillantemente esta enmienda que no fructificó. Se producía esta situación y otras situaciones chuscas que podríamos citar aquí. Ataques especulativos que en este momento se dificultan en tanto en cuanto se prevén tres mecanismos de neutralización para estas operaciones especulativas o ataques especulativos de empresas que bien por la reducción de su valor en Bolsa o por el carácter fraccionario de los accionistas minoritarios, son vulnerables a ataques especulativos de esta naturaleza.
Las medidas de neutralización, que nos parecen acertadas, son las contenidas en la disposición adicional primera, artículo 527, artículo 60 ter, y son tres, fundamentalmente, las tres consignadas por el artículo 1: a) la ineficacia, durante el plazo de aceptación de la oferta, de las restricciones a la transmisibilidad de valores previstas en los pactos parasociales referidos a dicha sociedad -ya sé que algunas de las personas que están aquí entienden perfectamente lo que estoy diciendo-; b) la ineficacia, en la junta general de accionistas que decida sobre las posibles medidas de defensa a que se refiere el artículo 60 bis.1 de esta ley, de las restricciones al derecho de voto previstas en los estatutos de la sociedad afectada y en los pactos parasociales referidos a dicha sociedad -seguramente muchos diputados saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo como mecanismo de defensa o neutralización-; y la c) la ineficacia de las restricciones contempladas en la letra a) anterior y de las que siendo de las previstas en la letra b) anterior se contengan en pactos parasociales cuando tras una oferta pública de adquisición el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 70% del capital que confiera dichos derechos de voto.
Ya con estas cautelas y estos elementos de neutralización, con todos los respetos a don Florentino Pérez y a los que intenten operaciones especulativas de captación de empresas prevaliéndose o de su bajo valor en bolsa o del carácter fraccionario de su estructura accionarial, van a verse en la imposibilidad material de hacerlo y se van a evitar situaciones que califiqué, señora presidenta, de chuscas, como las de algunas empresas que han tenido que recurrir a la ayuda, como los clubes de fútbol, de fondos cataríes para evitar la penetración especulativa, ilegítima e injusta de empresas que se dedican a esta actividad, precisamente a la captación de empresas que son vulnerables coyuntural o estructuralmente por las razones indicadas. Como esto se ha conseguido, lo siento por don Florentino Pérez y sus homónimos, pero ya no va a ser posible este tipo de operaciones. Por tanto, sea por un acto de lucidez del Partido Popular en el debate en el Senado o sea por los requerimientos de la directiva a la que antes nos hemos referido y todas las anteriores no traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico, vamos a votar a favor y, por qué no decírselo, felicitando -que es una cosa que no va a ser frecuente en esta legislatura ni ha sido frecuente hasta ahora- al Grupo Popular por su visión y por su lucidez a la hora de apreciar estas patologías de nuestro mercado de valores y felicitando, sobre todo, a las instituciones comunitarias que han
elaborado una directiva que protege las situaciones de vulnerabilidad que antes indicamos. Este es un real decreto-ley que se ha convertido en un proyecto de ley y miren la bondad que dimana de poder debatir los reales decretos-leyes en forma de proyecto de ley. Debatiendo los reales decretos-leyes en forma de proyecto de ley se pueden arreglar patologías y cuestiones muy importantes, señora presidenta. Señores del Grupo Popular, tomen en cuenta esta última mención que les estoy diciendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
El señor Olabarría nos ha dado cuenta del complejo nombre de esta ley que viene del Senado y ha enfatizado además la complejidad del nombre, pero, realmente -siendo muy cierto y, por tanto, no tengo que referirme ya a ello- el nombre de la ley es muy complejo, pero el asunto que debatimos es muy sencillo. Estamos otra vez con la enmienda Florentino, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Estamos hablando del mismo asunto del que hablamos hace un año para tomar la decisión contraria que tomamos hace un año y con una forma de abordar el tema muy similar, por no decir idéntica a como lo abordamos también sobre esta misma cuestión el año pasado, exactamente en julio del año pasado. Lo que no debatimos en la Cámara ni en la Comisión que en este sentido tenía capacidad normativa plena, se negocia, en el sentido de negocio, en un despacho y según vaya el aire, según a quien se quiere favorecer y según sea la mayoría parlamentaria, se modifica la regulación de las sociedades en una dirección o en otra; es decir, todo lo contrario de lo que requiere el mínimo respeto a la mínima seguridad jurídica de un país.
Fue profético nuestro monarca. El rey dijo -como recordaba García de Enterría el otro día- hace unos días en Chile que las inversiones huyen de los países que no garantizan la seguridad jurídica. No debía saber el rey lo que estábamos a punto de perpetrar en esta sesión porque acababan de perpetrarlo en un despacho antes de hacer lo propio en el Senado. Señorías, esto es un bodrio jurídico y un atropello político. Es impresentable que no se respeten ni las reglas ni la seguridad jurídica ni las normas, que todo lo que tiene que ver con algo tan complejo como el nombre y como el contenido que detallaba el señor Olabarría termine arreglándose y negociándose en unos despachos y modificándose al albur de aquellos que en un momento o en otro tienen una mayoría parlamentaria. Este grupo parlamentario quiere denunciar esta cuestión porque nos parece realmente impresentable.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
Señorías, comienzo mi intervención como mis compañeros de grupo parlamentario, exigiendo la inmediata comparecencia del presidente del Gobierno ante esta Cámara, por respeto al Parlamento, en relación con la intervención o crédito blando y por respeto también a la Constitución. El presidente del Gobierno y el Gobierno no están legitimados para hacer cesiones de competencias en esta materia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamazares, le llamo a la cuestión por respeto a la Cámara. (Aplausos).
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino.
Y también por respeto a los ciudadanos.
Paso ahora a hablar de la simplificación de las informaciones y documentación de fusiones y de escisiones de sociedades de capital. Resulta que vamos a mejorar la información en esta materia supuestamente, pero no damos información a esta Cámara. Esta Cámara está amordazada.
Señorías, mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa. Inicialmente no habíamos votado en contra porque no estamos en contra de la simplificación de las obligaciones de información; ahora bien, además del mecanismo de decreto, que ya se ha convertido casi en un uso habitual, estamos en lo que podríamos llamar una democracia de excepción en materia económica, porque casi todas sus normas son decretos y, si son tramitados como proyectos de ley como este, se hacen, como podríamos decir, de manera exprés y cuando no nos damos cuenta por la puerta de atrás aparece una enmienda que no tiene nada que ver con el decreto. La enmienda que ha presentado el Gobierno es la principal demostración de que se ha producido un rescate en este país. ¿Y por qué es una demostración de que se ha producido un rescate? Porque en el Senado de forma subrepticia y de tapadillo, con el rechazo de los grupos del Senado, el Gobierno introduce una enmienda en relación con las opas hostiles. ¿Cuál es el sentido de esta modificación? Pues el sentido de esta modificación, contraria a la que hicimos hace muy poco tiempo en esta Cámara al servicio de Florentino, es defender las empresas españolas de posibles opas hostiles en condiciones excepcionales. Lo primero que cabe preguntarse es si el Gobierno considera que la situación actual tiene condiciones excepcionales o no. La vicepresidenta del Gobierno consideraba que sí, que todo lo que hacía el Gobierno los viernes negros era por condiciones excepcionales y por razones de urgencia. En los últimos tiempos dicen que las razones de urgencia y las condiciones excepcionales
las estamos planteando nosotros; sin embargo, el Gobierno, que dice que no son condiciones excepcionales, actúa como si tales condiciones excepcionales existieran y aquí adopta una decisión que nos parece muy grave, a la que se ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD, y que es inaceptable. Hace poco tiempo este país se escandalizaba por iniciativas de países latinoamericanos con respecto a nuestras empresas y se proclamaba la necesidad de la seguridad jurídica. Pues bien, este proyecto -no sé cómo llamarle- o esta modificación legal que viene del Senado es un monumento a la inseguridad jurídica por parte de nuestro país.
Esta iniciativa tiene el siguiente contenido. La forma es inaceptable -lo he dicho antes-, tanto la forma del decreto habitual como una enmienda del Senado, que no tiene nada que ver con la iniciativa legislativa y que cambia dicha iniciativa hurtando a los grupos parlamentarios siquiera un procedimiento exprés de enmiendas. Pues bien, tenemos que opinar sobre una enmienda que es en sí misma una ley, un proyecto legislativo. Reforma las opas hostiles no pactadas lanzadas desde el extranjero o utilizando una sociedad española como plataforma, y lo hace en el siguiente sentido. En primer lugar, se recuperan de la famosa Ley Florentino los blindajes en las sociedades cotizadas que se habían suprimido, que se adoptaron entonces, pero no llegaron a ejecutarse -de hecho, ninguna sociedad cotizada suprimió los blindajes; es decir, fue más una política de imagen, como tantas otras, que una política efectiva-, por lo que el significado real se esta reforma en este punto es que las sociedades ya no estarán obligadas a modificar sus estatutos en los próximos meses. Con ello se permite que los estatutos de las sociedades cotizadas sigan limitando el derecho de voto al 10% del capital, sea cual sea el porcentaje de acciones que ostenten en la sociedad; es decir, si tienes el 29%, tus votos valen el 10%. Esto protege el statu quo vigente en cada empresa, señorías. Ese es el primer planteamiento de blindaje. Da la impresión de que en la guerra económica los términos también son términos de guerra: en primer lugar, legislación de excepción; ahora, legislación preventiva para prevenir opas hostiles; y el primer procedimiento, el blindaje de las sociedades cotizadas frente a estas opas hostiles.
El segundo procedimiento es lo que se denomina neutralización de las medidas defensivas ante una opa hostil; y seguimos en el lenguaje puramente bélico. Está previsto, aunque de manera distinta, en el artículo 11 de la Directiva sobre opas y es posible que la Comisión Europea nos abra un expediente por infracción del derecho comunitario precisamente por esta ley. Pero se gana tiempo, se evitan opas hostiles y se lanza la pelota hacia delante, lo que suele ser un procedimiento habitual en los tiempos en que vivimos. La limitación del derecho de voto no opera si, como consecuencia de una opa, alguien alcanza el 70% del capital social. Esto significa que las administraciones cambien los estatutos que tiene esa empresa tienen que lanzar una opa y conseguir un 70% del capital social de esta sociedad.
El tercer instrumento que se utiliza es la introducción de un criterio que se llama el de fuerza mayor; y seguimos con los términos bélicos. Se introduce un criterio de precio mínimo obligatorio para la opa cuando se den circunstancias excepcionales. Lo importante está en el artículo 61.5 b) y c) de esta ley. En el apartado b) habla de circunstancias excepcionales y de fuerza mayor. No lo decimos nosotros, lo dice el Gobierno. ¿Lo es un rescate bancario con intervención en España? El Partido Popular parece que sí lo tiene claro porque ni uno ni otro son ordinarios y son de fuerza mayor. Se acude a ellos cuando no se puede más y se va a rastras. Señorías, otra cosa será lo que digan los tribunales, tanto españoles como europeos. El apartado c) habla de expropiaciones y confiscaciones -por lo que parece una dedicatoria a Repsol y Red Eléctrica de España- y mezcla caóticamente todo. ¿Qué significa alteración significativa del valor real del patrimonio? ¿Cuánto debe alterarse para ser significativa? ¿Se refleja en libros o en cuentas anuales? Si la expropiación es pactada y se cobra el justiprecio, ¿también se aplica? ¿Se aplicará a las concesiones de autopistas y a los bancos acreedores si se nacionalizan las autopistas de peaje ruinosas? Todo esto parece que se deja en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, como dije antes, es un monumento a la inseguridad jurídica.
En resumen, señorías, desde el punto de vista de la defensa de los capitales españoles, las enmiendas son, al parecer, positivas porque se orientan a mantener el statu quo frente a la ofensiva de empresas que pretendan comprar empresas españolas por cuatro -podríamos decir- perras, por cuatro euros. Sin embargo, han sido introducidas con la idea de impedir que tras la depreciación de la Bolsa y de los activos, como consecuencia del rescate de la banca española -no en vano esta enmienda se presenta el 4 de junio y se pretende su aplicación previa incluso a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado- y de la intervención de la economía española, se puedan malvender las grandes empresas cotizadas. Por otra parte, técnicamente las enmiendas son muy malas. Esta legislación de excepción o exprés nos lleva a una malísima legislación, a una legislación chapucera. Estas son un monumento también a la chapuza. Las enmiendas no son buenas, están mal redactadas y deben escribirse de nuevo para que digan lo que quieren decir; si no, el artículo 60 dice lo contrario de lo que quiere decir. Por tanto, además de todas las cuestiones que he planteado, esta también nos parece importante.
Señorías, termino diciendo que mi grupo no votó en contra de la iniciativa en un primer momento porque era favorable a una mayor información. Pero esta iniciativa, que es un cambio de ley, una ley ad hoc y -como dije antes- un monumento a la falta de rigor y a la inseguridad jurídica, no vamos a votarla favorablemente. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Ciuró.
Concluimos hoy la tramitación del proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, procedente del Real Decreto 9/2012, de 16 de marzo. Ha sido una tramitación ciertamente ágil, en la cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó varias enmiendas, las cuales fueron aceptadas con notable éxito. Quiero destacar aquí el talante del Grupo Popular al aceptar estas enmiendas, puesto que se comprendía que las mismas iban en la dirección que perseguía el real decreto, que era la simplificación y clarificación de las posibles dudas que suscitaba la trasposición de la directiva y, a la vez, ayudar a la clarificación de artículos relativos a la sociedad de capital que presentaban conflictos de interpretación y, por tanto, aumentaban la litigiosidad. En este sentido, quiero destacar la moratoria pactada del artículo 348 bis, el cual, dadas las actuales circunstancias económica, propicia que las empresas no vean dificultades a la hora de llevar adelante sus objetos sociales, debido a que la actual crisis económica conlleva una dificultad de acceso al crédito. Por tanto, mediante la aplicación de la moratoria que prevé el artículo 348 conseguimos que las empresas pudiesen llevar adelante su objeto social con fondos propios, sin tener que recurrir a endeudamiento a terceros.
Finalmente, quisiera decir que el voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta tramitación será positivo, puesto que estamos de acuerdo con las enmiendas presentadas por el Partido Popular en el Senado, cuyo fondo no es otro que la protección de las compañías del Estado ante eventuales opas que pudieran alterar el control de las compañías de aquel tenedor de porcentajes teóricos de control, así como preservar en la actual crisis económica el valor de las empresas, evitando adquisiciones a precios anormalmente reducidos. Por todo ello, nuestro voto será afirmativo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Moya.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: Señora presidenta, señorías, subo por primera vez a esta tribuna para posicionar a mi grupo parlamentario en cuanto a las enmiendas o propuestas presentadas en el Senado durante el trámite del proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital; proyecto de ley procedente del Real Decreto 9/2012, de 16 de marzo.
El objetivo de este real decreto, tramitado como proyecto del ley, es evitar que la sociedades de capital españolas tengan un régimen legal mucho más riguroso para sus fusiones y escisiones que las sociedades sometidas a legislaciones de los demás Estados miembros de la Unión Europea, lo que tiene un efecto negativo en la competitividad de nuestras empresas. Además, la Unión Europea ha emprendido una política de simplificación del derecho de las sociedades de capital que persigue la reducción de costes y la simplificación de tareas, objetivo que en la situación actual es muy importante. El trámite de este proyecto de ley tendría que haber sido muy sencillo, tanto en su paso por el Congreso como por el Senado, ya que se trata de la trasposición de una directiva europea; el consenso y la normalidad hubiese sido lo esperado. En el Congreso se revisó, se hicieron enmiendas, se valoraron con amplio consenso y se remitieron al Senado. ¿Pero qué ha pasado después? Según el Boletín de las Cortes Generales del Senado, se presentaron doce enmiendas, dentro del plazo de enmiendas, por distintos grupos, no por el Grupo Parlamentario Popular, pero no se admitió ninguna. Lo que se nos remite para el debate son propuestas, según consta en el informe del letrado y en el informe de la ponencia, que literalmente nos dice: La ponencia, por mayoría, con el voto a favor de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular y el voto en contra de los ponentes de los Grupos Parlamentarios Socialista, Convergència i Unió y Entesa pel Progrés de Catalunya, acuerda incorporar al texto del proyecto de ley el contenido de las tres propuestas presentadas en este mismo trámite por los ponentes del Grupo Parlamentario Popular. Es decir, las propuestas se hicieron de forma extemporánea y burlando el procedimiento reglamentario. Ha sido la imposición de su mayoría absoluta para hacer las normas y las gestiones a su capricho, sin respetar plazos y sin el más mínimo respeto al resto de los grupos. Señorías, el Senado, el Congreso y todas las instituciones deben de ser ejemplo de ética en sus comportamientos, ejemplo de valores en el respeto a los demás miembros de la Cámara (Aplausos), porque en definitiva es respeto a los ciudadanos, a la ciudadanía que es a la que representamos. No podemos tener crisis de valores donde debe estar el origen de los valores y la mayor defensa de ellos.
Este proyecto de ley supone la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Ha adoptado la forma de Real Decreto-ley 9/2012 tramitado como proyecto de ley para incorporar la Directiva europea 2009/109, que modifica parte de las directivas anteriores de derecho societario, casi una veintena que no les voy a enumerar, en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de fusiones y escisiones. Sin embargo, la reforma que nos plantean ahora va más allá de la trasposición de la directiva. El resultado ha sido la modificación de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, pero la misma vía se ha utilizado para modificar algunas normas del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y algunos artículos de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Mi grupo quiere manifestar, en primer lugar, que el procedimiento seguido para la presentación de estas propuestas no ha dejado margen para el estudio, valoración y reflexión del contenido. Por eso, se presentó un voto particular en el Senado para volver al texto del Congreso y, por tanto, rechazar las propuestas a modo de enmiendas incorporadas subrepticiamente en la ponencia, ya que seguimos creyendo que el texto consensuado en el Congreso responde a los objetivos planteados para el trámite de este proyecto de ley. Hay que recordar que hay jurisprudencia muy reciente del Tribunal Constitucional por vulneración del ejercicio de cargo parlamentario. En segundo lugar, y recordando que enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica la modificación de algo preexistente cuyo objeto y naturaleza ha sido determinado ya con anterioridad, la enmienda no puede servir para dar vida a una realidad nueva que debe nacer también de una nueva iniciativa. Por ello, por coherencia, votaremos en contra de estas propuestas y por responsabilidad le instamos a que se presenten siguiendo los reglamentos para permitir el debate y el consenso de las mejores medidas posibles. Si hay una iniciativa importante se hace al menos con el acuerdo de los dos grupos mayoritarios. Estas últimas palabras no son mías, sino del señor Astarloa ayer en su intervención aquí, en el Pleno. Yo añadiría: con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por eso les invito a ello.
Quiero hacer referencia a mis compañeras del Grupo Parlamentario Socialista que me han asesorado y me han ayudado en esta intervención y a nuestra asesora María Victoria Domínguez por su ayuda y asesoramiento. Además, quiero terminar con una petición: Por favor, no rescaten solo a los bancos, no miren solo hacia arriba; miren hacia abajo y lancen también salvavidas a todas las personas que se ahogan en el mar de la pobreza. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molinero.
El señor MOLINERO HOYOS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al señor Olabarría y concretamente al PNV; a la señora Díez, de Unión Progreso y Democracia, y a la señora Ciuró, del Grupo Catalán, por el voto a favor que han mostrado desde el primer momento.
Señorías, comparezco ante ustedes para solicitar el voto incluso a aquellos partidos que desde el primer momento han mostrado su inclinación por votar en contra principalmente por el procedimiento que se ha seguido más que por el fondo. Pido el voto favorable para la aprobación definitiva del proyecto de ley, en donde se incluyen tres enmiendas procedentes del Senado que modifican varios artículos de la Ley de Sociedades de Capital. Como sus señorías conocen, el 23 de mayo de 2011 la Comisión de Justicia del Congreso con capacidad legislativa plena aprobó por unanimidad el proyecto de ley pasándolo a continuación al Senado, donde también ha sido aprobado por unanimidad incluyendo tres enmiendas muy importantes, con el objetivo principalmente de dotar de mecanismos de protección a las sociedades frente a movimientos especulativos.
Quiero explicarles que el proyecto de ley aprobado en su día por la Comisión de Justicia del Congreso era la trasposición al ordenamiento de la Directiva 2009/109 del Parlamento y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, y tenía un doble objetivo: por un lado, simplificar el número y contenido de los documentos que han de ser puestos a disposición de los socios en materia de fusiones y escisiones; y por otro, simplificar la obligación de informar a los socios a través de la página web, pero con una particularidad, responsabilizando a los administradores del contenido de esa página web. Además, la Comisión de Justicia fue más allá de la simple trasposición de la directiva y, comprendiendo la situación económica del país, las dificultades de financiación de las empresas y el bajo consumo actual, decidió por unanimidad introducir una disposición transitoria en donde acordaba suspender temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2014 los efectos del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, suspender el derecho de separación de los socios por falta de dividendos. El fin de esta disposición transitoria no era otro que permitir la capitalización de las sociedades. Sin embargo, la difícil situación económica que estamos padeciendo junto a la depreciación de muchos de los valores de la Bolsa, convierten a nuestras empresas en un blanco perfecto para los inversores no deseados, poniendo en peligro los intereses tanto de los accionistas minoritarios como de las sociedades, principalmente respecto al arraigo de esas sociedades dentro de nuestro territorio nacional y que necesitamos para nuestro desarrollo.
Ante esta situación excepcional, el Senado, valorando excepcionalmente la misma y con gran acierto, ha introducido tres enmiendas, a fin de dotar de mecanismos de protección a esas sociedades y a esos accionistas. La primera enmienda la introduce mediante una disposición adicional primera, que modifica varios artículos de la Ley de Sociedades de Capital y además modifica la Ley del Mercado de Valores. Es una norma positiva, es una norma que no prohíbe, es una norma que no impone nada, sino que permite a las sociedades, a través de sus juntas generales, que puedan tomar medidas de autodefensa, aprobando cláusulas limitativas del derecho de voto de los socios, para evitar
principalmente que el titular de un paquete minoritario o especialmente significativo de acciones, pero que no es mayoritario y que no lo ha adquirido a través de la formulación de una oferta pública de adquisición, controle esa sociedad basándose en el absentismo que suele darse normalmente en este tipo de sociedades por los socios minoritarios. Ese es uno de los fines principales y el porqué de las medidas. Estas cláusulas estatutarias de blindaje están generalizadas dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El informe que se encargó por la Unión Europea en el año 2007 venía a decir que el 44% de las sociedades y empresas, de 464 que se consultaron y analizaron, tenían dentro de sus ordenamientos y estatutos cláusulas de blindaje. Ante esta decisión, la Unión Europea consideró no adoptar ninguna medida y, en consecuencia, las mismas perviven dentro de los diferentes ordenamientos jurídicos de cada uno de los países. No obstante, con el objeto de evitar que los límites del derecho de voto disuadan a potenciales inversores a formular una oferta pública de adquisición -que al formularla, como ustedes muy bien saben, beneficiaría a todos los accionistas-, las enmiendas aprobadas en el Senado disponen de una excepción, y es que dichas limitaciones del derecho de voto pierden su eficacia cuando, tras una oferta pública de adquisición, el oferente devenga como titular de acciones un porcentaje igual o superior al 70% del capital social; en ese caso se establece la excepción y desaparece la limitación del derecho de los socios.
Como habrán podido advertir sus señorías con la lectura de las enmiendas introducidas en el proyecto de ley, en el régimen anterior se preveía una neutralización opcional de estas limitaciones; sin embargo, en el nuevo texto se prevé la pérdida de eficacia automática de las cláusulas estatutarias que establezcan limitaciones en los supuestos de adquisición de un porcentaje igual o superior al 70% del capital. Es decir, en el nuevo texto pierden definitivamente la eficacia jurídica la limitación de esos derechos desde el momento en que se formula una oferta de adquisición igual o superior al 70%. Con esta medida, y en contestación al distinguido diputado, señor Llamazares, la enmienda sigue estrictamente lo dispuesto en la Directiva 2004/25, de la Comunidad Europea, del Parlamento y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición. Por lo tanto, estamos dentro de lo que es el contexto legal de lo dispuesto en la directiva europea. En definitiva, a través de esta enmienda se consigue que las empresas puedan impedir que un accionista con un porcentaje de valores significativo -sin alcanzar la mayoría, pero significativo- pueda controlar por sí mismo la sociedad, pero a la vez se deja el resquicio, se abre la puerta para que ante una oferta pública de adquisición puedan beneficiarse el resto de los accionistas, de los socios.
La segunda enmienda, introducida como disposición adicional segunda, también modifica la Ley del Mercado de Valores para dar una mayor protección a las sociedades en supuestos y circunstancias extraordinarias, como por ejemplo pueden ser catástrofes naturales, situaciones de guerra o calamidades, o también en casos de situaciones de fuerza mayor, expropiaciones o confiscaciones, como últimamente estamos viendo. En estos casos excepcionales, en estos casos extraordinarios, lo que la enmienda propone es que en la oferta pública de empleo -tanto en la oferta pública como en las obligatorias- el oferente esté obligado a presentar un informe por un experto independiente para fijarse el precio porque, como sabe muy bien, en estos casos de circunstancias excepcionales los precios caen de una manera radical. Así pues, se trata de que se presente un informe de un experto independiente para fijarse el precio y que el precio ofrecido tenga como límite inferior el precio equitativo del mercado. O sea, que se contemple el precio que tenía esa acción el año anterior, el precio contable, es decir, que se puedan disponer de varios parámetros para llegar al precio justo.
La tercera enmienda no tiene, ni más ni menos, que una coherencia y conexión con las otras dos enmiendas presentadas. Por tanto, poco puedo decir sobre la misma, ya que se tramita como una disposición transitoria.
Señoras y señores diputados, todos conocemos la actual situación económica del país, todos sabemos cómo hemos llegado a la misma, no hace falta ahora mismo recordar nada. Solo sabemos que se está produciendo una bajada importantísima en los valores de las sociedades españolas y que estamos obligados, por responsabilidad política y por sentido común -como lo quieran llamar-, a proteger a nuestras empresas, a proteger a nuestros accionistas, a proteger el desarrollo de nuestro país. La única manera que tenemos es impidiendo que los movimientos especulativos invadan nuestras sociedades, se apoderen de ellas y nos dejen sin beneficios. Podremos discutir...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Molinero, tiene que finalizar.
El señor MOLINERO HOYOS: Enseguida termino, señora presidenta.
Podemos discutir en estricta polémica parlamentaria el procedimiento seguido, sobre la urgencia o necesidad de las enmiendas, pero tenemos que partir de una base: que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia, que ha sido aprobado por unanimidad en el Senado y que, por encima de cualquier tramitación, están los intereses de los accionistas y de nuestras empresas. Por tanto, les agradecería que reconsiderasen la postura y votaran a favor de la misma.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Molinero.
- RESOLUCIONES 137 Y 138 DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, POR LAS QUE SE ENMIENDAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 18 DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, ADOPTADAS EN LONDRES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000031).
- ACUERDO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMÚN PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ENTIDAD ÚNICA SUPERVISORA DE LAS SUBASTAS, HECHO EN MADRID EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000032).
- ACUERDO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMÚN PARA LA CONTRATACIÓN DE PLATAFORMAS COMUNES DE SUBASTAS, HECHO EN MADRID EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000033).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente del 110/000031 al 110/000033. Algún grupo ha pedido intervenir antes de pasar a la votación. En primer lugar, tiene la palabra el señor Nuet de La Izquierda Plural.
El señor NUET PUJALS: Discutimos, señoras y señores diputados, estos tres tratados internacionales con la prima a 550, igual alguno de ustedes me rectifica porque está en 551; en un momento en el que el 15-M acaba de presentar una querella contra Rato en la Audiencia Nacional y el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, sigue sin comparecer en esta Cámara y sin dar la confianza, como mínimo, a los diputados y diputadas que merecemos explicaciones. (Aplausos).
Respecto a los tres tratados, quiero anunciar que, en primer lugar, vamos a votar a favor de los dos tratados sobre sistema de subastas del mercado de emisiones de CO2, pero queremos que conste que no estamos de acuerdo con el mecanismo. Este mecanismo es absolutamente mejorable. Tenemos la experiencia del Kioto I, donde ya se aplicó el sistema de negociación mercantilizada de los derechos de emisión de CO2. Tenemos que decir que la experiencia no es positiva, pero no tenemos una alternativa inmediata, por lo que vamos a votar a favor, ya que nos preocupa que la alternativa sea nada y que, por tanto, la emisión de CO2 no tenga ningún tipo de control. Realmente, la mercantilización, repito, y la negociación mercantil de los derechos de emisión es un mecanismo poco serio frente a la gravedad del tema que estamos discutiendo.
En segundo lugar, vamos a votar en contra del tratado del Banco Europeo de Reconstrucción. Votaremos en contra porque no compartimos el sesgo ideológico que de alguna forma define los objetivos de este banco. Les voy a leer simplemente un enunciado. Dice: El banco tiene por objetivo favorecer la transición a una economía abierta de mercado y promover la iniciativa privada y empresarial en los países de Europa central y del este que suscriban y apliquen los principios de la democracia multipartidista, el pluralismo y la economía de mercado. En las mismas condiciones, el objetivo del banco podrá desarrollarse también en Mongolia y en países miembros del Mediterráneo meridional y oriental. Por tanto, sesgo ideológico que no compartimos. Podríamos estar hablando también de cooperación, de solidaridad, de soberanía, de multiculturalidad; pero no, estas expresiones no están; la expresión que destaca con letras de neón bien iluminadas es negocio, negocio y negocio. Por tanto, es un banco dedicado de forma clara al negocio y, además, un banco como mecanismo complementario de injerencia y de intervención militar. Entendemos que Oriente Próximo está caliente, que tenemos Libia muy cercana, y que, por tanto, este banco precisamente va detrás de los tanques y de los aviones para que las empresas multinacionales y los intereses económicos que han destruido alguno de estos países puedan, como mínimo, hacer el negocio de su reconstrucción. Por tanto, se trata de complementar de alguna forma la estrategia de la OTAN, estrategia discutida por la OTAN en sus cumbres de Lisboa y de Chicago. En consecuencia, vamos a votar en contra de este mecanismo, de este banco de reconstrucción, que no es un banco de reconstrucción, que es un banco de pillaje para hacer el negocio una vez hemos destruido.
Acabo. Quiero mostrarle al portavoz en la Comisión de Exteriores del Partido Popular, al señor Beneyto -que es un caballero- nuestra solidaridad y decirle, señor Beneyto, que decir la verdad siempre es bueno y que la verdad es revolucionaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Xuclà.
Señorías, hoy sometemos a discusión y a votación tres convenios internacionales. Uno referido a Banco Europeo de Reconstrucción, y los otros dos, a un mecanismo europeo para comunitarizar las cargas de la emisión de CO2 entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Señorías, en unos días, en unas semanas, en las que a la Unión Europea, en las que a Europa, precisamente le falta agilidad para dar respuesta a la
crisis económica y para dar una respuesta rápida para estabilizar la zona euro, este tratado internacional es el que nos permite avanzar y comunitarizar las cargas, las responsabilidades, la dimensión europea, la profundización no intergubernamental, sino federal, de la Unión Europea, es una muy buena noticia. Me sorprenden los argumentos, que no voy a replicar porque este turno de convenios internacionales, señora presidenta, señorías, no tiene que ser un turno de réplica a un determinado grupo parlamentario. Nosotros votamos con convicción y celebrando que en estos días complicados para Europa, nosotros, los europeos, seamos capaces de avanzar en la construcción europea en el ámbito de la comunitarización de las cargas de emisión entre todos los Estados miembros. Señorías, si este es un aspecto importante, mucho más relevante es la ratificación del primer tratado, por el cual se amplía el ámbito de actuación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Señorías, en su momento el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo fue creado -como se ha apuntado por parte de la persona que me ha precedido en el uso de la palabra- para ayudar a los países del este y del centro de Europa que salían de la barbarie y del totalitarismo del comunismo a acceder a la democracia y a la libertad. Señorías, nosotros que queremos para los otros lo mejor de lo que tenemos nosotros, que es la democracia y que es la libertad, como hicimos en aquel momento el ejercicio de ampliar la base de actuación del Banco Europeo de Reconstrucción a los países que -como diría Václav Havel- salieron del comunismo para volver a la historia ahora, estamos satisfechos de poder decir que se han producido unas primaveras árabes, que la libertad, que la democracia que recuperaron aquellos que sufrieron el comunismo, también de forma más perfecta o imperfecta ha llegado a la ribera sur del Mediterráneo. Además, la Unión para el Mediterráneo que se había planteado la construcción de un banco euromediterráneo de inversiones, al final la recomendación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea ha sido la de no constituir expresamente otra estructura -la estructura de un banco euromediterráneo de reconstrucción para que los países de la ribera norte del Mediterráneo ayudemos a los países de la ribera sur del Mediterráneo-, sino la de utilizar un instrumento que ya tenemos, como es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para que tenga un nuevo ámbito de actuación en estas democracias incipientes que de Túnez a otras primaveras árabes tienen que convertirse en democracias consolidadas.
Señora presidenta, señorías, con convicción, con debate -estos debates de tratados internacionales sirven para constatar pareceres profundamente distintos- vamos a votar favorablemente estos tratados internacionales.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
Intervengo para anunciar nuestro voto favorable a los tres dictámenes y a los tratados internacionales a los que se han referido los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Primero, quiero mostrar nuestra visión positiva al tratado que va a posibilitar la ampliación geográfica a los países del Mediterráneo sur de las actividades del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y que va a permitir aprobar de manera inmediata proyectos en estos países del sur del Mediterráneo por valor de 1.000 millones de euros del fondo especial. Con ello, sin duda, vamos a apoyar decisivamente también el proceso de democratización iniciado en la Primavera Árabe. También quiero valorar positivamente los otros dos tratados, que van a significar también la contratación de una entidad única supervisora en la Unión Europea de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Como se ha dicho, es una acción comunitaria y, por tanto, queremos valorarla en un momento en que la unión política europea también está en cuestión. Nos parecen muy positivas estas medidas que son básicamente para la lucha contra el cambio climático y que evitan la creación de 27 plataformas distintas en la Unión Europea, creando una plataforma única. Por ello, vamos a votar favorablemente estos dictámenes y los tratados que subyacen en el debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sáez Jubero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se presenta para su convalidación por esta Cámara tres acuerdos internacionales. Como ocurre con los acuerdos internacionales, muchas veces tienen un aspecto formal, pero el contenido es de una enorme relevancia. Estamos hablando en esta ocasión del acuerdo por el cual se modifica el tratado constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD, y dos acuerdos que hacen referencia a los derechos de emisión por gases producidos por efecto invernadero. Los tres tratados tienen en estos momentos una dimensión internacional que no puede escapársele a la Cámara. En primer lugar, la modificación de los dos artículos del BERD hará posible que este Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, cuya experiencia a la hora de facilitar la transición de los países del este de Europa hacia economías de mercado y democracias multipartidistas
está fuera de toda duda, pueda ampliar su ámbito geográfico de acción a los países del Mediterráneo meridional y oriental y a Mongolia.
Señorías, las primaveras árabes están en un momento álgido, nadie puede vaticinar lo que vaya a suceder con ellas. En cada uno de los países el desarrollo está siendo diferenciado y con esa diferenciación es preciso que los observadores occidentales califiquen y evalúen lo que está sucediendo. Pero como ya ha dicho un gran arabista, el profesor Albert Hourani, no cabe duda de que las primaveras árabes siguen siendo una gran esperanza, la gran esperanza para millones de personas que pueden en estos momentos, por primera vez, expresar libremente su voto en elecciones libres. (Rumores). Occidente debe ayudar con el seguimiento de estos procesos mediante el diálogo político, mediante los mecanismos de observación de elecciones, mediante el diálogo intercultural y también mediante la financiación, sin imposiciones, sin pedagogismos, pero, señor Nuet (Rumores), no estamos hablando de una actividad de sesgo ideológico, estamos hablando...(Rumores). Presidenta...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por favor, ocupen sus escaños con un cierto silencio. (Pausa).
Continúe, señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Estamos hablando de una actividad que va a favorecer el tránsito de estos países hacia economías de mercado y, sí, señor Nuet, las economías de mercado no son el único elemento, pero sin duda son un elemento fundamental de las democracias multipartidistas.
Por lo que hace referencia al acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas y por lo que hace referencia al acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas, únicamente me referiré a dos puntos. (Rumores). El primero, que España será, tras Italia, el Estado miembro que mayor volumen de derechos de emisión subastará a través de las plataformas comunes, estimando un ingreso en 2012-2013 de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales. (Rumores). Es, por tanto, de vital importancia que estos acuerdos sean aprobados en el día de hoy por esta Cámara. (Rumores). Efectivamente, lo que hacen es implementar el Protocolo de Kioto en el ámbito comunitario. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por favor, guarden silencio. (Pausa).
El señor BENEYTO PÉREZ: Los tres acuerdos vienen a la Cámara por el artículo 94.1.e) de la Constitución, que obliga a que sea tramitación parlamentaria para aquellos acuerdos internacionales que tengan efectos financieros.
Más allá de su aspecto formal -y con ello acabo- el tratado del BERD y los dos tratados referentes a las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero tienen, cada uno en su ámbito -en el ámbito internacional, en el ámbito comunitario-, una particular relevancia, tanto en relación con lo que está ocurriendo en estos momentos en la Unión Europea -es interesante observar que se trata de acuerdos internacionales que, sin embargo, van a estar sometidos al Tribunal de Justicia, este marco que está utilizando en los últimos tiempos la Unión Europea-, como también por lo que hace referencia al BERD porque, como digo, estas enmiendas facilitarán el proceso de las primaveras árabes, esperemos que hacia plenas democracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Beneyto.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA SANITARIO Y DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBERÁN ACOMETERSE PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD. (Número de expediente 158/000007).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): El último punto del orden del día es el relativo a la propuesta de la Comisión de Sanidad y servicios sociales de creación de una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Dado que según el Reglamento se tiene que votar en el Pleno sin debate ninguno, inmediatamente después de la votación tendrá lugar la explicación de voto que algunos grupos parlamentarios han solicitado. Por lo tanto, pasamos a las votaciones.
Por favor, ruego silencio, vamos a votar. Ocupen sus escaños. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.
Debo decir que, por segunda vez, se va a celebrar también la votación telemática de doña Olga Iglesias Fontal, que ha justificado convenientemente su no asistencia pero que sí ha tramitado su voto. Por lo tanto, se contará con él.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Presentes, 319; a favor, 205, más 1 voto telemático, 206; en contra, 111; abstenciones, 3. Queda aprobado.
¿Algún grupo solicita su tramitación como proyecto de ley? (Asentimiento). Se somete a votación la tramitación como proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley en trámite de urgencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vamos a votar las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones en sociedades de capital.
Se ha solicitado votación separada y, por lo tanto, vamos a votar en primer lugar la enmienda al artículo 1.3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 302; en contra, 10; abstenciones, 6.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 202; en contra, 110; abstenciones, 7.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Se ha solicitado la votación separada. En primer lugar, el punto 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 303; en contra, 12; abstenciones, 4.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Puntos 29 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 316; abstenciones, 3.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobados.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN).
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA SANITARIO Y DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBERÁN ACOMETERSE PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD. (Número de expediente 158/000007).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por último, pasamos a la votación de la propuesta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de creación de una subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
Inmediatamente después de la votación se procederá a la explicación de voto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Presentes 318; a favor, 207, más el voto telemático, 208; en contra, 9; abstenciones, 102. Queda aprobado.
Finalizadas todas las votaciones, pasamos ya a la explicación de voto de los diferentes grupos que quieren hacerlo sobre la creación de esta subcomisión.
En primer lugar, por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría. (Rumores). Ruego a los señores diputados que abandonen el hemiciclo en silencio.
Nosotros hemos votado a favor de la creación de esta subcomisión sencillamente porque lo consideramos pertinente.
Señor Cantó. (Rumores). Por favor, abandonen el hemiciclo en silencio.
Nosotros también hemos votado a favor, entre otras cosas, porque nos gustaría poder hablar de lo que consideramos que debería ser una competencia del Estado y también para hablar de cuál es la forma de hacer sanidad, el sistema que está creando Convergència i Unió en Cataluña. Esta podría ser una buena oportunidad para discutir sobre nuestros diferentes puntos de vista.
Por La Izquierda Plural, señor Llamazares.
Mi grupo parlamentario ha pedido la explicación de voto porque, si bien inicialmente somos favorables al pacto de Estado por la sanidad, sin embargo, vamos a votar en contra de esta propuesta. Vamos a votar en contra porque, al igual que en la guerra, también en la guerra económica lo primero que muere es la verdad y esta propuesta es una propuesta cínica. En primer lugar, no pretende el pacto porque hasta ahora en materia sanitaria solo hemos vivido la imposición, no el pacto. En segundo lugar, no pretende la sostenibilidad, señorías, porque cuando hablan de sostenibilidad todos los ciudadanos se echan la mano a la cartera porque saben que van a recortar un sistema como el sistema sanitario. En tercer lugar, cuando hablan de reformas estructurales no están hablando de defender el modelo universal, están hablando de cambiar el modelo como han hecho en el Decreto 16/2012.
Por todas estas razones, señorías, no votaremos esta iniciativa, y, vuelvo a repetir, el señor Rajoy, aunque se escape, tiene que comparecer en esta Cámara para explicar el recorte. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Catalán, señora Tarruella.
Nuestro voto es a favor porque fuimos los proponentes de la creación de esta subcomisión. Además, creemos que en estos momentos es importante que todos logremos aparcar las discrepancias e intentemos salvar nuestro Sistema Nacional de Salud porque más que nunca necesitamos trabajar en esta subcomisión y llegar a acuerdos. Nos lo piden los profesionales y nos lo pide la gente de la calle. Entendemos que algunos grupos tengan sus discrepancias por la forma en que se ha tramitado el decreto sanitario de medidas urgentes, compartimos que tenía que haber habido mucho más diálogo, pero tenemos que superar esta fase, llegar a acuerdos y, sobre todo, dialogar. También indicamos que si vemos que en la creación de esta subcomisión el diálogo verdadero y las ganas de recoger las propuestas que en ella se debatan no se dieran por parte del grupo mayoritario, lógicamente entonces ya hablaríamos de abandonar la Comisión. Nuestro espíritu es llegar al consenso, entre todos buscar las soluciones, aparcar lo que nos separa y, sobre todo, intentar salvar nuestro Sistema Nacional de Salud,
que es lo que la gente quiere, que no peleemos y que trabajemos todos juntos para salvarlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Olmos. (El señor Tardà i Coma pide la palabra). Perdón, señor Martínez Olmos.
Señor Tardà, dígame.
El Grupo Mixto también tenía turno.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, en cualquier caso, le daré ahora la palabra, no se preocupe.
El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez Olmos.
Intervengo para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó esta propuesta apoyamos la iniciativa incluso desde una posición del Grupo Parlamentario Socialista de escepticismo, de que realmente el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular estuvieran en disposición de llegar a un pacto de Estado por la Sanidad. Posteriormente, en nuestra opinión, han ocurrido hechos realmente graves en la sanidad española, como ha sido la tramitación y aprobación por esta Cámara del Real Decreto-ley 16/2012 sin atender las peticiones de mi grupo de que se tramitara posteriormente como proyecto de ley. Este real decreto-ley ha supuesto un cambio importante en el modelo sanitario, un cambio con consecuencias graves, hasta el punto de que el Gobierno está rectificando algunas de las chapuzas jurídicas incorporadas en ese real decreto-ley, fundamentalmente por la presión del Grupo Parlamentario Socialista.
Tenemos serias dudas de que esta subcomisión vaya a poder llegar a acuerdos, pues hasta ahora lo que hemos visto ha sido al Gobierno utilizando el rodillo parlamentario, pero hemos estado hablando con los diferentes grupos parlamentarios, también con el Grupo Parlamentario Popular, y no queremos dejar la puerta cerrada a la posibilidad de un acuerdo que pueda incluso modificar algunas de las cuestiones que se han aprobado en el Real Decreto-ley 16/2012. Esta es la razón por la cual el Grupo Parlamentario Socialista no cierra la puerta al diálogo, pero lo hacemos con escepticismo. Es una abstención vigilante a la mayoría parlamentaria, con una mano tendida, y espero que el Grupo Parlamentario Popular atienda la posición del Partido Socialista, que tiene experiencia de gobierno -gobierna en varias comunidades autónomas- y propuestas para hacer sostenible la sanidad pública sin que se deteriore la calidad de cara a los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Olmos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cervera Taulet.
El señor CERVERA TAULET: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular, como no puede ser de otra manera, aplaude la creación de la subcomisión. Una subcomisión que trate de sostenibilidad del sistema sanitario o de un sistema universal y de calidad para todos los españoles no puede ser más que un paso más en ese pacto que desde el primer día tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Sanidad han planteado, un pacto entre todas las fuerzas políticas que ayude a elaborar esa ley de servicios básicos y que garantice un modelo universal público y de calidad del bienestar social de los españoles. Por tanto, apoyamos la medida.
Desde el primer día el ministerio ha hablado de diálogo, de consenso y de pacto y va a poner todo su empeño en que así sea. Se ha elaborado un decreto-ley que se está desarrollando y que era un reclamo urgente de las comunidades autónomas, pero todo lo que se trabaje en la subcomisión del Pacto por la sostenibilidad más el diálogo directo que tenga el Gobierno con los grupos parlamentarios ayudará -estoy convencido- con la voluntad de todos a hacer desaparecer el escepticismo y la vigilancia que algunos grupos han expresado, a mantener el espíritu de consenso y diálogo que otros grupos han pedido y sobre todo a garantizar lo que queremos todos, un sistema sanitario de calidad en el futuro para todos los españoles.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cervera.
Ya en su momento, ante la amenaza que suponía para el sistema público sanitario el real decreto-ley, en la Comisión de Sanidad pedimos a los grupos parlamentarios, y muy especialmente al Grupo Socialista, que abandonáramos la Comisión porque antes se tenía que constituir esta subcomisión para analizar los problemas que tiene el sistema y posteriormente proceder a legislar, es decir, hacer justamente lo que no ha hecho el Gobierno, que lo que ha hecho ha sido poner el carro delante de los caballos. En aquel momento los grupos parlamentarios no respondieron al llamamiento que hicimos y lo lamentamos, pero, ante
el hachazo al sistema público sanitario, todo diálogo es necesario. Así, pues, vamos a votar favorablemente la creación de esa subcomisión, pero entendemos que las cosas se han hecho rematadamente mal y cuando las cosas se hacen rematadamente mal es porque responden a un interés, en este caso a acabar o a debilitar el sistema público sanitario, cosa que nosotros denunciamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Habida cuenta de que esta subcomisión ha sido ya votada y la explicación de voto ha sido posterior a la votación, terminado y finalizado el Pleno, se levanta la sesión.

References: real decreto 
 Real Decreto 

artículo 71
 resolución 
 artículo 7
 artículo 86
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 8
 real decreto 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 149
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
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real decreto 
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 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 2
 real decreto 
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 real decreto 
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 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 527
 artículo 527
 artículo 60
 artículo 1
 artículo 60
 artículo 11
 artículo 61
 artículo 60
 Real Decreto 
 artículo 348
 artículo 348
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 348
 artículo 94
 artículo 1