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CAS. LAB. Nº 4219-2016 LIMA Despido fraudulento y reposición - Gaceta Laboral
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CAS. LAB. Nº 4219-2016 LIMA Despido fraudulento y reposición
Marzo 16, 2017 · by	admin ·
CAS. LAB. Nº 4219-2016 LIMA Despido fraudulento y reposición.
PROCESO ORDINARIO.
SUMILLA.- El derecho al debido proceso, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone. Por lo que la sentencia que se emita sin
respetar los parámetros establecidos y las garantías mínimas relativas al debido proceso, así como realizando un análisis valorativo de todos elementos probatorios, y conteniendo una motivación clara y suﬁ ciente, incurre en infracción normativa de carácter procesal. Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número cuatro mil doscientos diecinueve guion dos mil dieciséis, guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Cerámica Lima S.A. CELIMA, mediante escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que corre de fojas doscientos ochenta y seis a doscientos noventa y nueve, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil quince, que corre de fojas doscientos setenta y seis a doscientos ochenta y uno, que conﬁrmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, que corre de fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y cinco, que declaró fundada la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido con la empresa demandada, Cerámica Lima S.A.. – CELIMA; sobre despido fraudulento.
CAUSALES DEL RECURSO La recurrente denuncia como causales de recurso de casación las siguientes: a) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, afectación al derecho reconocido en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú. b) La sentencia de vista vulnera nuestro derecho al debido proceso al no encontrarse debidamente motivada, al amparo del numeral 5º del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.
En principio, resulta pertinente señalar que el recurso de casación es un medio impugnatorio eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modiﬁcado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.
En el caso de autos, se aprecia que el recurso de casación reúne los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo 57º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modiﬁ cado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modiﬁcado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en su artículo 56º, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo este Colegiado Casatoriocaliﬁcar estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente.
Respecto a las causales contenidas en los literales a) y b), debemos decir que de la lectura de la argumentación de estas causales se desprende que la parte recurrente pretende denunciar la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.
Quinto.- En tal sentido, es preciso señalar que pese a que la causal descrita no se encuentra prevista en la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modiﬁcado por el artículo 1º de la Ley Nº 27021; sin embargo, en los casos en que se vulnere ﬂagrantemente este derecho fundamental, como en el caso concreto de autos, este Supremo Tribunal considera necesario admitir de forma excepcional este recurso, en aplicación del artículo 392º-A del Código Procesal Civil, incorporado por la Ley Nº 29364, por la causal de contravención al derecho a un debido proceso en resguardo de la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, tal como son el derecho al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, previstos en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú.
Sexto: Los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, establecen lo siguiente: “(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”.
Infracción del debido proceso Respecto al inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, están necesariamente comprendidos los siguientes: a) Derecho aun juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o material.
Octavo: Infracción a la debida motivación Con relación al inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 007282008-HC, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justiﬁ caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) Deﬁciencias en la motivación externa: justiﬁ cación de las premisas, d) Motivación insuﬁ ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones cualiﬁcadas.
Noveno: En ese sentido, la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido como principio de la administración de justicia por el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, implica que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, al emitir pronunciamiento poniendo ﬁn a un conﬂicto o a una incertidumbre jurídica, deben fundamentar adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre todos los hechos controvertidos, expresando y justiﬁcando objetivamente todas aquellas razones que los conducen a adoptar determinada posición, aplicando la normativa correspondiente al caso concreto; motivación que debe ser adecuada, suﬁciente y congruente, entendiéndose por motivación suﬁciente al mínimo exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la resolución se encuentra debidamente motivada; en consecuencia, la omisión de tales exigencias conllevaría a la emisión de una resolución arbitraria que no se encuentre fundada en derecho; lo que a su vez devendría en una falta de tutela jurisdiccional efectiva.
Décimo: De autos, se advierte que el Colegiado Superior ha ordenado la reposición del actor a consecuencia de un despido fraudulento; más el pago de remuneraciones dejadas de percibir e intereses legales, con costas y costos. Esta Sala Suprema, determina que el despido fraudulento no genera los mismos efectos que el despido nulo previsto en el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; toda vez que en nuestro ordenamiento jurídico laboral no hay norma legal que disponga que ante el despido fraudulento corresponda el pago de remuneraciones devengadas, es decir, conforme el artículo 40º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, solo corresponde ordenar el pago de remuneraciones dejadas de percibir, cuando se trate del despido nulo previsto en el artículo 29º del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, este Tribunal Supremo en reiterada y uniforme jurisprudencia como la recaída en la Casación Nº 23832014-LIMA, de fecha 15 de octubre de 2015, ha establecido que solo en los casos de despido nulo procede el pago de remuneraciones dejadas de percibir.
Décimo Primero: De lo expuesto precedentemente, se determina que la Sala de mérito ha incurrido en motivación insuﬁciente para resolver el presente proceso; por lo que lesiona evidentemente el contenido esencial de la garantía constitucional de la observancia del debido proceso y de la motivación de las resoluciones judiciales contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; en consecuencia, la causal invocada excepcionalmente deviene en fundada. Por las consideraciones expuestas:
FALLO: Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Cerámica Lima S.A. CELIMA, mediante escrito de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que corre de fojas doscientos ochenta y seis a doscientos noventa y nueve, en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil quince, que corre de fojas doscientos setenta y seis a doscientos ochenta y uno,; ORDENARON que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento cumpliendo con fundamentar adecuadamente su decisión con arreglo a ley, y observando las consideraciones que se desprenden de este pronunciamiento; y DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oﬁ cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por el demandante, Homero Pérez Peña, sobre despido fraudulento y reposición;
interviniendo como ponente la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron.
YRIVARREN FALLAQUE,
CHAVES ZAPATER,
DE LA ROSA BEDRIÑANA,
C-1485493-83
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