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Timestamp: 2017-04-23 21:59:26+00:00

Document:
Guiadefensacomunitariaagua puebla veracruz by aguaparatodos - issuu
Anaid Paola Velasco Ramírez
Josefa de Regules Ruiz-Funes
Joel Santamaría García
Se recomienda la reproducción parcial o total de esta obra
por cualquier método, incluyendo el fotocopiado, esperando
que con esto se promueva el aprovechamiento sustentable de
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Los derechos humanos, un nuevo paradigma. . . . . . . . 11
1.1.	¿Qué son los derechos humanos? . . . . . . . . . . . . 11
1.2.	Lista de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.	Puntos a destacar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.	Cuestionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5.	Sitios de interés y más información: . . . . . . . . . . 15
¿Qué significa tener derecho humano al agua? . . . . . . . 17
2.1. El agua y sus significados . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.	El derecho humano al agua.
Alcances y contenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3.	Obligaciones del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4.	Puntos a destacar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.	Cuestionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.6.	Sitios de interés y más información: . . . . . . . . . . 23
Las responsabilidades de las autoridades
frente al agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.	Competencias: lo que le toca a cada quien . . . . . . 25
3.2.	Normas comunitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3.	Puntos a destacar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.	Cuestionario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5.	Sitios de interés y más información . . . . . . . . . . . 29
Participar en la toma de decisiones para cuidar
el agua y nuestras comunidades . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1. ¿Qué significa participar
en la toma de decisiones? . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2.	Mecanismos para ejercer el derecho a participar
en la toma de decisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3.	Puntos a destacar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.4.	Cuestionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.5.	Sitios de interés y más información: . . . . . . . . . . 38
Cómo defender el agua y las cuencas
para proteger nuestras comunidades y pueblos . . . . . . 39
5.1.	¿Con qué herramientas legales contamos
para defender el agua y nuestras cuencas? . . . . . . 39
5.2.	Denuncia popular ante la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) . . . . . . . . 40
5.3.	Denuncia popular ante la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) . . . . . . . . . . 42
5.4.	Queja ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) . . . . . . . . . . . . . 44
5.5.	Denuncia de hechos ante el Ministerio Público . . . . 46
5.6.	Cuestionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.7.	Sitios de interés y más información . . . . . . . . . . 48
Estrategia de defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
6.1. Primeros trazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.2.	Construcción de una estrategia de defensa . . . . . . 50
6.3.	Identificación de violaciones
a los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.4.	¿Qué acción o acciones legales tomar? . . . . . . . . . 51
6.5.	Reflexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.7.	Cuestionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.8.	Organizaciones, Universidades,
Colegios de Abogados y Bufetes Jurídicos
al servicio de la sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Anexo: Machote de denuncia popular ante Profepa . . . . 55
Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Las comunidades y las personas estamos unidas íntimamente a nuestro entorno natural.
Para conocerlo podemos clasificarlo en cuencas, que son los territorios por donde fluye el
agua hacia una corriente principal y luego hacia un punto común de salida. Nuestras cuencas tienen límites muy claros –los cerros y las montañas que nos rodean– y el agua que
fluye por ellas pertenece a su territorio.
La forma de las cuencas y la cantidad de agua que hay en ellas determinan el tipo de plantas y animales que pueden vivir allí. Estos ecosistemas influyen en nuestras actividades cotidianas y estas actividades afectan a los ecosistemas. Los impactos ambientales que se
generan pueden disminuir nuestro bienestar y resultar en una afectación a nuestros derechos humanos.
CAPÍTULO 1. LOS DERECHOS HUMANOS, UN NUEVO PARADIGMA
Los siguientes datos pueden ayudarnos a entender la situación del agua en el mundo y en
de la superficie del planeta
3/4 es agua
97.5% de los mares y océanos
está en ríos y lagos (de donde tomamos
0.3% la mayor parte del agua que utilizamos)
está en depósitos subterráneos,
2.2% glaciares y casquetes polares
México es un país con poca disponibilidad de agua, tiene aproximadamente el 0.1 por ciento del agua dulce de todo el mundo, que está distribuida de manera desigual en el territorio.
Al año llueve
México está en el lugar 106 de 122 países en cuanto a calidad del agua:
-	-	sólo 27 por ciento del agua superficial de ríos y lagos es de calidad aceptable y
24 por ciento está muy contaminada.
En el país hay 10.6 millones de personas que no tienen agua potable. Sin embargo, cada
mexicano consume en promedio 360 litros de agua al día.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el agua dulce está repartida de la siguiente forma:
(abasto público)
(hidroeléctricas)
En el manejo del agua prácticamente no ha habido participación de los ciudadanos, lo cual
no ha tenido buenos resultados; lo vemos en el deterioro de nuestras cuencas. Por esto, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó en 1992 la
Declaración de Rio, que propone cambiar la forma de manejar el patrimonio natural. En el
principio 10 se estableció que:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autodades públicas, incluida la información sobre
los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”
Esto es, que para atender mejor los problemas ambientales es necesaria la participación
efectiva de las personas y de las comunidades, para lo cual tienen que:
•	•	•	tener acceso a la información,
participar en la toma de decisiones y
tener acceso a la justicia.
En la democracia participativa, las personas y comunidades son las que marcan el rumbo
del cambio y las autoridades son los agentes que colaboran para que ocurra. En la medida
en que todos conozcamos los derechos humanos y dominemos los mecanismos para conseguir información, participar en la toma de decisiones y lograr la justicia, nuestra influencia en lo que ocurra en los lugares que habitamos será más significativa.
El propósito de este manual es dar información para que todos podamos ser agentes del
cambio y del bienestar en nuestras comunidades, pueblos y ciudades.
UN NUEVO PARADIGMA. En tiempos recientes han surgido conflictos socioambientales, particularmente conflictos
relacionados con el agua. En buena parte están ocurriendo en el campo, en los lugares
donde se encuentra la mayor riqueza natural y cultural del país. En el fondo, lo que estamos
contemplando es una serie de violaciones a nuestros derechos humanos.
Los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales, se refieren a las obligaciones que los Estados tienen para con las personas. En algunas ocasiones se traducen
en prestaciones, como servicios de salud o programas públicos; en otras se trata de abstenciones, es decir, que las autoridades tienen el deber de no interferir en nuestras vidas cotidianas, como en nuestras libertades de asociación y de manifestación de ideas.
Derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos, entendiendo
por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones)
o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma
Los derechos humanos son la herramienta jurídica más avanzada
para proteger los intereses vitales de las personas. Por ello escuchamos que todos somos iguales: somos iguales en cuanto a
derechos fundamentales. Los derechos humanos son los mínimos que las autoridades deben cumplir sin que sea necesario que esté de acuerdo la mayoría.
Además, los derechos fundamentales son el lenguaje más
evolucionado y fino que tiene la humanidad para tender puentes entre todos los pueblos para buscar y construir la paz. Son los
que hacen posible la política del reconocimiento y la generación de espacios para las otras
formas de ser y estar en el mundo. La paz por medio de los derechos humanos significa trabajar por eliminar toda forma de violencia –física, estructural y simbólica.
Universales: todas las personas, de todas las edades, razas o religiones gozan de ellos.
Interdependientes, interrelacionados e indivisibles: todos
los derechos –a la vida, a la salud, a la libertad, a la educación,
al medio ambiente sano– están relacionados. Cuando uno de
estos derechos no se cumple, impide que otro se pueda realizar. Son un conjunto que no puede dividirse y todos son igualmente importantes.
Irrenunciables e intransferibles: ninguna persona puede renunciar a sus derechos humanos ni transferirlos a otra.
Progresivos: para que se realicen es necesario definir un plan
con metas a corto, mediano y largo plazos.
Los derechos fundamentales son la fuente de legitimidad del Estado; son su cimiento, razón
de ser y finalidad. Por lo tanto, estos derechos son en sí mismos un programa de gobierno que,
de no cumplirse, los ciudadanos podemos reclamar judicialmente. Por estas razones, el 10 de
junio de 2011 se reformó nuestra Constitución para incorporarlos expresamente:
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”.
¿Quiénes deben respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos? Las autoridades, todas y cada una de ellas. Los derechos fundamentales son deberes y obligaciones
para todas las autoridades del Estado, que deberán evitar interferir en su ejercicio y goce
(libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de culto, etc.) y deberán hacer todo
lo necesario para garantizarlos (alimentación, salud, agua, medio ambiente, etc.).
Ahora explicaremos los contenidos de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y
no debe realizar acciones
que impidan o restrinjan
el goce de los derechos
No ser fuente de
debe impedir que terceros
menoscaben el disfrute y
privados exploten
equitativa el agua
y/o sus sistemas
debe difundir los
contenidos de los derechos
fundamentales y garantizar
humanos a las personas más
acceso al agua, en
especial los más
Existen dos fuentes principales de los derechos humanos: nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por México. Estos últimos son muy importantes porque es
en el plano internacional donde se reflexiona con mayor seriedad sobre el alcance de estos
derechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes órganos son ejemplos claros de esta situación.
del Estado “
Lo anterior es muy importante para la defensa de nuestros derechos
fundamentales por dos razones; la primera es porque ahí, día a día y
como consecuencia del principio de progresividad, el contenido de
nuestros derechos crece, es decir, se especifican con mayor claridad las obligaciones del Estado; la segunda es que los documentos que expiden los organismos internacionales en muchas
ocasiones equivalen a jurisprudencia, esto es, a una interpretación oficial de lo que los gobiernos deben hacer. Este es el caso de
las Observaciones Generales que continuamente dicta el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Hemos explicado el paradigma de los derechos humanos porque, en
la medida en que lo hagamos nuestro, podremos participar mejor en
los procesos de toma de decisiones y contribuir al bienestar de nuestras
comunidades y a la construcción de una democracia participativa en México.
Los derechos fundamentales son el programa de gobierno que el Estado debe
realizar sin importar banderas y colores políticos; la manera de lograr que esto sea
una realidad es garantizando que las personas tengan información, participen en la toma
de decisiones y tengan acceso a la justicia (Principio 10 de la Declaración de Río). Estos vehículos ya han sido establecidos en el marco jurídico mexicano.
1.2. Lista de derechos humanos
al acceso a
1.3. Puntos a destacar
•	Los derechos humanos se refieren a nuestros intereses vitales
•	Obligan a las autoridades a respetarlos, protegerlos, promoverlos y
•	Son el cimiento, razón de ser y finalidad del Estado
•	Los encontramos en la Constitución y en los tratados internacionales
•	Los documentos de fuente internacional, como las Observaciones Generales,
son interpretaciones oficiales de las obligaciones de los Estados
•	Los derechos humanos pueden ser reclamados en los tribunales, es decir, son
1.4. Cuestionario
•	¿A quiénes obligan y cuáles son las obligaciones que imponen?
•	¿Por qué decimos que los derechos humanos son la fuente de la legitimidad
•	¿Dónde están contenidos los derechos humanos?
1.5. Sitios de interés y más información:
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ONU_comentariogeneralagua.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Right_to_Water/
Pdf_doct/SP_Relationship_between_the_enjoyment_of_ESCR.pdf
2.1. El agua y sus significados
El agua es la fuente de vida en el planeta, su buen uso y conservación garantizan la existencia y continuidad de ecosistemas sanos y de una vida digna.
Los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula contienen cargas
opuestas, por lo que moléculas de agua vecinas se atraen entre
sí. La atracción electrostática entre el hidrógeno y el oxígeno
en las moléculas adyacentes se llama enlace de hidrógeno.
Esta estructura permite que muchas moléculas iguales se
unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que
constituyen el líquido que da a la vida a nuestro planeta.
“Agua: sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación
de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie
terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos
y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y
aparece en compuestos naturales”
CAPÍTULO 2. ¿QUÉ SIGNIFICA TENER DERECHO HUMANO AL AGUA?
ún arbol contiene
una papa contiene
una medusa de mar contiene
El agua puede ser apreciada en distintas dimensiones: ambiental, social, económica, espiritual y cultural.
En el plano ambiental, el agua es fundamental para la vida y la conservación de los ecosistemas.
En torno a la gestión del agua se construyen relaciones individuales, de familia, de comunidad y con la naturaleza.
El agua es un bien económico puesto que, siendo limitado y escaso, lo
usamos en actividades productivas como la agricultura, la ganadería
Para las religiones del mundo, el agua es sagrada. Constituye una
experiencia fundante y una referencia al cosmos, a lo divino.
El agua es también fuente de inspiración para la generación de expresiones culturales, como la poesía.
“(…) Era de noche.
lo que el dulce río
lo que dicen los cuadros
ni los libros (…),
pero sé lo que dicen los ríos.
idioma que yo tengo…”
Todos los pueblos han forjado sus identidades culturales en torno a la
disponibilidad de agua en los ecosistemas donde viven, por lo que reconocer el agua como bien sociocultural significa considerarla un elemento
indispensable del patrimonio de todas las personas y de todos los pueblos.
El agua es un bien común: pertenece y debe responder a los intereses de todos los integrantes de una comunidad.
En esta guía estudiaremos al agua como un derecho fundamental por virtud del cual todas
las autoridades del Estado están obligadas a realizar acciones para garantizar el bienestar
El derecho humano al agua fue recientemente reconocido, a partir de que el Comité
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU determinara que es indispensable
para asegurar un nivel de vida adecuado y que está indisolublemente asociado a los derechos a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
Los instrumentos legales más importantes donde se encuentra este derecho son:
•	Los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
•	La Observación General no. 15 “El derecho al agua”, expedida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU en 2002.
“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso
personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre
es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir
el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene
personal y doméstica”.
•	La Resolución 64/292 “El derecho humano al agua y el saneamiento”, expedida por la Asamblea General de la ONU el
•	El artículo cuarto, párrafo quinto de nuestra Constitución
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
En la reforma constitucional se reconoce además el papel fundamental de la participación
ciudadana en la gestión del agua.
2.2. El derecho humano al agua. Alcances y contenidos
Según la Observación General no. 15 de la ONU, los elementos de este derecho son:
Disponibilidad: el abastecimiento de agua debe ser continuo y
suficiente para los usos personal y doméstico de cada persona.
Se considera suficiente a la cantidad de agua que satisface las necesidades básicas: beber, saneamiento personal, preparación de
alimentos, limpieza del hogar e higiene personal. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que una cantidad adecuada es
entre 50 y 100 litros diarios por persona. Sin embargo, algunas
personas o grupos sociales necesitan más en función de la salud,
el clima y las condiciones de trabajo.
Calidad: el agua para uso personal y doméstico no debe contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan
afectar la salud de las personas. Debe tener un color, olor y gusto
aceptables para cada uso. Estos estándares se aplican a todas las
fuentes de agua, incluyendo pipas y pozos.
Accesibilidad: el agua y sus instalaciones y servicios deben estar
al alcance de toda la población tanto física como económicamente. La accesibilidad física implica que el acceso al agua debe ser
seguro, a no más de 1000 metros de distancia del hogar y el tiempo de desplazamiento para tomarla no debe superar los 30 minutos cuando no se provea dentro del hogar. La accesibilidad
económica se refiere a que los costos asociados con el abastecimiento de agua no deben poner en riesgo el ejercicio de otros derechos fundamentales. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) ha señalado que el costo por el servicio de
abastecimiento de agua potable no debería superar el 3% de los
Si bien el derecho humano al agua es para todos, los organismos internacionales han hecho
énfasis en que los Estados deben dar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho: mujeres, niños,
grupos minoritarios, pueblos indígenas, refugiados y desplazados internos, entre otros.
2.3. Obligaciones del Estado
En el capítulo primero explicamos de manera breve el significado de las obligaciones del
Estado de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Ahora desarrollaremos las obligaciones que el derecho humano al agua le impone a las autoridades. Esto
nos permitirá identificar las omisiones y fallas en las acciones del gobierno con respecto a
El derecho humano al agua es de aplicación progresiva. Esto significa que el Estado puede
ir cumpliendo en el tiempo este derecho con base en los recursos con los que cuenta, para
lo cual deberá desarrollar un plan de acción. Las autoridades deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y que están a su alcance para garantizar el ejercicio del derecho al agua. Es importante distinguir las situaciones en las que las autoridades no pueden
garantizar el derecho humano al agua por falta de capacidad económica, material, técnica,
etc., de aquellas en las que no quieren garantizar este derecho fundamental por falta de voluntad política. En cualquiera de estos casos, existe un conjunto de obligaciones básicas
que el Estado no debe dejar de cumplir:
Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea
suficiente y apta para uso personal y doméstico.
Asegurar el derecho de acceso al agua, las instalaciones y servicios de
agua para todos, en especial a los grupos vulnerables o marginados.
Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que
proporcionen suficiente y regularmente agua salubre, que tengan
una cantidad suficiente de salidas de agua y que se encuentren a una
distancia no mayor a mil metros del hogar.
Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las
personas tengan que acudir a obtener agua.
Velar por una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de agua.
Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales
sobre el agua para toda la población. Estos deberán ser elaborados y
periódicamente revisados con base en un proceso
Poner en marcha programas de agua destinados
a sectores concretos y de costo relativamente bajo
para proteger a los grupos vulnerables y marginados.
Vigilar el grado de realización del derecho al agua.
Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar
las enfermedades asociadas con el agua.
Además de estas obligaciones básicas, existen otras obligaciones específicas que los
Estados deben cumplir respecto al derecho humano al agua:
Ejemplos de violación
-	Negar o restringir el acceso al agua potable en
No deben obstaculizar el ejercicio del derecho al
-	Inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas
tradicionales de distribución de agua.
Durante los conflictos armados, situaciones
de emergencia y desastres naturales, deben
proteger instalaciones y reservas de agua
-	Reducir la disponibilidad o contaminar el agua.
-	Limitar el acceso a los servicios a
infraestructuras de suministro de agua.
-	Aumentar las tarifas del agua de manera
desproporcionada o discriminatoria.
Deben impedir que terceros (individuos, empresas
o grupos) interfieran con el disfrute del ejercicio
del derecho humano al agua. Por lo tanto, deben
adoptar las medidas (legislativas o de otro tipo)
necesarias para asegurar el derecho humano al
-	No promulgar o hacer cumplir leyes para evitar
la contaminación y la extracción no equitativa
-	No regular y controlar eficazmente los servicios
de suministro agua.
Si el servicio de suministro de agua es explotado
o está controlado por terceros, deben impedir
que estos limiten el acceso físico al agua en
condiciones de igualdad y a un costo razonable.
-	No proteger los sistemas de distribución de
agua (redes, pozos, etc.) de la intromisión
indebida, del daño y la destrucción.
Deben adoptar las medidas necesarias para el
pleno ejercicio del derecho, a través de:
Facilitar a los particulares y a las comunidades
ejercer el derecho humano al agua.
-	No adoptar o ejecutar una política nacional
de agua encaminada a garantizar a todos el
Promover y adoptar medidas necesarias para que
se difunda información adecuada acerca del uso,
la protección de las fuentes y los métodos para
-	Asignar fondos insuficientes o asignarlos en
forma que impida que personas o grupos,
en especial los vulnerables o marginados,
disfruten del derecho al agua.
Garantizar el derecho humano al agua a
los particulares o grupos que no estén en
condiciones —por razones ajenas a su
voluntad— de ejercer por sí mismos ese derecho
con los medios a su disposición.
-	No utilizar al máximo los recursos disponibles
para que se cumpla el derecho al agua.
El derecho humano al agua implica que todas las personas tienen derecho a tener servicios
de agua potable en cantidad y calidad suficiente para uso personal y doméstico y que los
Estados tienen el deber de satisfacerlo. En caso de incumplimiento y/o violación, las personas deben tener recursos judiciales efectivos que les permitan obtener una reparación
2.4. Puntos a destacar
•	El agua es un bien común y un derecho humano que está íntimamente ligado
con los derechos a la salud y la alimentación.
•	El derecho humano al agua está contenido en los artículos 11 y 12 del PIDESC,
en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU, en el artículo
4 constitucional y en la Observación General no.15 del Comité de Derechos
•	Obligaciones del Estado: (i) Respetar: no injerir directa o indirectamente en el
ejercicio del derecho al agua, (ii) Proteger: impedir a terceros interferir con el
disfrute del ejercicio del derecho humano al agua, y (iii) Cumplir: adoptar las
medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho.
•	¿En qué dimensiones podemos identificar la importancia del agua?
•	¿Por qué decimos que el agua es un bien común?
•	¿Qué es el derecho humano al agua?
•	¿Qué significa que el agua sea accesible?
•	¿Cuáles son las obligaciones básicas del Estado en términos del derecho humano al agua?
•	Proporciona un ejemplo de una violación a la obligación del Estado de
2.6. Sitios de interés y más información:
http://www.comda.org.mx/files/documentos/Observaciongeneral15-agua.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/
dv/201/201101/20110124_302garesolution64-292_es.pdf
http://www.mx.boell.org/web/agua.html
AUTORIDADES FRENTE AL AGUA
3.1. Competencias: lo que le toca a cada quien
Para la defensa comunitaria del agua es importante saber cuáles son las competencias o
responsabilidades de cada autoridad: lo que le toca hacer a cada a quien.
GOBIERNO DE L
México está organizado en un sistema federal que se divide en tres órdenes de gobierno: Federación, Estados
y Municipios. Conforme a lo dispuesto por la
Constitución, cada nivel de gobierno tiene funNO FEDER
ciones propias. En el sistema federal no es
que una autoridad sea superior a otra, sino
que hacen cosas distintas: los municipios
realizan acciones que tienen que ver con el
día a día de las personas (problemas coCONSTITUCIÓN
tidianos), mientras que la Federación es
responsable de asuntos de relevancia nacional (por ejemplo, la construcción de carreteras entre los Estados).
La Constitución es el documento jurídico más
importante al que debemos acudir si queremos
saber qué le toca a cada autoridad. Los artículos
donde se hace la distribución de competencias son el
27, el 73 fracción XVII y el 115. Como el agua y el medio ambiente están íntimamente vinculados, igual lo están los derechos fundamentales al agua y
al medio ambiente sano, por lo que otros documentos legales donde también podemos encontrar distribución de competencias son la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del
Esta es una lista breve de lo que le toca a cada autoridad:
CAPÍTULO 3. LAS RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES FRENTE AL AGUA
Formulación y conducción de la
política ambiental federal
Plan Nacional de Desarrollo, Plan
Nacional Hídrico, Programas de
ordenamiento ecológico nacional
(art. 28 LGEEPA)
Establecimeinto de áreas naturales
Establecimiento de zonas de veda,
perforación de pozos, títulos de
política ambiental estatal
Plan Estatal de Desarrollo y
Ecológico Estatal
Planes de desarrollo urbano y
(proyectos locales)
Licencias de construcción y de
alcantarillado, tratamiento y
Autorizaciones de conjuntos
Creación de zonas de reserva
Actividades consideradas como no
Recolección, manejo, tratamiento
y disposición de residuos que
no estén considerados como
Limpia, recolección, traslado,
Calles, parques, jardines y
Cada orden de gobierno tiene funciones bien definidas con respecto al agua, aunque claramente las autoridades que más inciden en nuestro bienestar con sus decisiones son la
Conagua y los municipios. Por ello es vital que estas autoridades desempeñen su papel con
pleno respeto a nuestros derechos humanos.
Fomenta la protección,
de los ecosistemas y recursos
naturales y bienes y servicios
ambientales para propiciar
su aprovechamiento y
Administra las aguas nacionales a través de
los derechos de uso del agua y descargas
Sanciona a las personas
físicas y morales que violen
la Ley General del Equilibrio
Propone los proyectos de
ley, reglamentos, decretos y
acuerdos relativos al sector
Evalúa y dictamina las
ambiental de proyectos de
Formula la política hídrica y la propone al
Presidente a través de la SEMARNAT.
Define la disponibilidad del agua a nivel de
cuencas y acuíferos.
Da trámite a las quejas y
denuncias que recibe de la
Financia y mantiene la mayor parte de
infraestructura hidráulica en el país.
Emite recomendaciones.
Otorga los títulos de concesión, asignación
y permisos de descarga. Administra el
Registro Público de Derechos del Agua.
Fomenta y apoya los servicios públicos
urbanos y rurales de agua potable,
alcantarillado, saneamiento, recirculación
y reúso.
Vigila el cumplimiento y aplicación de la
A través de su Sexta
Visitaduría atiende
quejas sobre hechos u
omisiones sobre cuestiones
Comisiones Estatales de Aguas
Impulsan la coordinación entre los municipios y
el gobierno federal. Sus funciones cambian de
Estado a Estado pero de manera general, apoyan
a los municipios con asistencia técnica.
Prestan el servicio de agua potable en caso de
que el municipio no lo pueda dar.
vde los Estados
Responsable de prestar el servicio de agua
Para defender un caso, podemos abordarlo desde diferentes aristas. Por ejemplo, en el caso de un río contaminado
por un tiradero a cielo abierto podemos, por una parte,
presentar una denuncia ante el municipio por el tiradero a cielo abierto –la Ley ordena que la basura debe
ser separada y confinada en un relleno sanitario– y por
la otra, denunciar ante Conagua la contaminación del
río. Es muy importante tener esto presente para diseñar una estrategia legal que pueda ir por varios caminos para lograr un mismo fin: la conservación del agua y
el respeto de nuestros derechos fundamentales.
Además, como la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento es de competencia exclusiva del municipio, esta autoridad juega un papel fundamental en el cumplimiento del derecho humano al agua –en la distribución de agua como
servicio público y su posterior tratamiento a fin de evitar la contaminación.
La interdependencia entre el agua, los ecosistemas y las personas implica la interdependencia de derechos (agua, medio ambiente sano) y de autoridades. El acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes, como ordena la Observación General no. 15, es un
indicador de ecosistemas sanos, por lo que la conservación y protección de los ecosistemas
es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno.
Finalmente, el marco jurídico del agua en el país está por cambiar pues el Congreso de la Unión
tendrá que expedir la Ley General de Aguas en función de la reforma constitucional mencionada en el capítulo anterior. Esperamos que esta ley establezca un régimen más horizontal, descentralizado y ciudadanizado, es decir, mucho más sustentable, democrático y participativo.
En el apartado anterior referimos el marco jurídico que regula “oficialmente” al agua. Este
marco se complementa con otro: las normas comunitarias. La Constitución reconoce que
México es un país pluricultural, es decir, que en el territorio nacional habitan varios pueblos
con usos y costumbres distintos. En la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se reconocieron importantes derechos fundamentales para
los pueblos indígenas y comunidades equiparables (campesinos, pescadores, recolectores, etc.): a la identidad cultural, a la autonomía, al territorio, al acceso a los recursos natu-
OS	TAD
Esta situación abre posibilidades para la defensa comunitaria del agua. Como dentro de los territorios de los pueblos y comunidades se aplican los usos y costumbres que el
grupo haya determinado, si las autoridades (federales, estatales o municipales) quisieran tomar alguna decisión sobre un cuerpo
de agua dentro del territorio de algún pueblo, estarían obligadas a realizar una consulta para obtener su consentimiento previo, libre e informado de conformidad con los siguientes principios:
(i)	La consulta debe ser previa. Debe realizarse durante las primeras etapas del
plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no
hasta que surge la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.
(ii)	La consulta debe ser culturalmente adecuada. El deber estatal de consultar a
los pueblos indígenas y comunidades equiparables debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de
(iii)	La consulta debe ser informada. Los procesos de otorgamiento exigen que
se dé información precisa sobre la naturaleza y consecuencias del proyecto a las comunidades consultadas antes de y durante la consulta. Debe buscarse que conozcan los posibles riesgos, incluidos los socioculturales y los
(iv)	La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Debe
garantizarse, mediante procedimientos claros de consulta, que se obtenga el
consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para realizar los
proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto en el territorio de un pueblo y/o comunidad sea tramitado y decidido con participación
y en consulta con los pueblos interesados, para obtener su consentimiento y
eventual participación en los beneficios.
Según el artículo segundo de la Constitución, los
usos y costumbres de los pueblos son ley dentro
de sus territorios. En otras palabras, los pueblos y
comunidades de México tienen el derecho a gestionar su agua conforme a normas comunitarias.
Una norma comunitaria es cualquier acuerdo colectivo explícito entre los miembros de una comunidad cuyo incumplimiento implique una sanción.
rales y obtener el consentimiento previo, libre e informado
de estos pueblos y comunidades para realizar actividades que puedan afectarlos.
3.3. Puntos a destacar
•	El sistema federal es un esquema mediante el cual se distribuyen funciones
•	En el sistema federal no hay autoridad superior, sino que las autoridades
hacen cosas distintas.
•	La Constitución es el documento más importante donde se encuentra la distribución de competencias o funciones.
•	La Conagua y los municipios tienen un papel preponderante en la satisfacción
del derecho humano al agua.
•	La interdependencia del agua y los ecosistemas refleja la interdependencia
del derecho al agua y el derecho al medio ambiente sano.
•	Los pueblos y comunidades también poseen sus normas comunitarias que
rigen el uso del agua y que deben ser respetadas.
•	¿Qué es el sistema federal?
•	¿Qué tipo de problemas resuelven los municipios?
•	¿Cuál es la autoridad encargada de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento?
•	En caso de contaminación de un río ¿a qué autoridad podría acudir para denunciar el hecho?
•	Explica brevemente en qué consiste el sistema de normas comunitarias
•	¿Cuáles son los principios que deben respetarse al realizar una consulta a un
pueblo y/o comunidad?
3.5. Sitios de interés y más información
http://www.conagua.gob.mx/Repda.aspx?n1=5&n2=37&n3=115
https://es-es.facebook.com/pages/Red-Mexicana-de-CuencasHidrográficas/342897832453572
http://www.fanmexico.net/
Y NUESTRAS COMUNIDADES
4.1. ¿Qué significa participar en la toma de decisiones?
La esencia de la democracia es permitir que las personas participen en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
Por medio de la participación se plantean soluciones a los problemas de interés general, y
se mejora la calidad de la representación política y directa, lo que repercute directamente
en el bienestar de nuestras personas, comunidades y pueblos. El derecho a la participación
es un derecho humano indispensable para la construcción de una sociedad democrática y
toda autoridad está obligada a respetarlo, protegerlo, promoverlo y garantizarlo.
En nuestro país, cualquier persona puede participar en la toma de decisiones mediante el ejercicio de sus derechos políticos a votar y ser
votado (democracia representativa) y mediante el ejercicio del derecho a participar en la adopción de las decisiones cotidianas en
su comunidad (democracia participativa). En este capítulo abordaremos el segundo sistema.
El Principio 10 de la Declaración de Río busca abordar los problemas
socioambientales a través de la democracia participativa, garantizando a las
personas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia para construir soluciones más justas y compartir la responsabilidad sobre lo que
sucede en nuestras comunidades.
La democracia participativa busca la corresponsabilidad de las personas y los pueblos en la
toma de decisiones y, si bien en el país no se encuentra desarrollada, su germen está contenido en los artículos:
2, apartado B fracción IX, 26 y 35 fracción VIII de la Constitución,
23.1 inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
25 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
CAPÍTULO 4. PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES PARA CUIDAR EL AGUA Y NUESTRAS COMUNIDADES
La democracia participativa es la primera línea de defensa de los derechos fundamentales y garantiza la igualdad de las personas, pues
abre las puertas a grupos que tradicionalmente han sido excluidos del ámbito de las decisiones (mujeres, pueblos indígenas,
etc.). La participación no es un sinónimo de reunión ni de opinión,
se trata más bien de influir de manera efectiva en las decisiones
Para que el derecho a la participación sea efectivo, es indispensable establecer mecanismos para garantizar su existencia.
4.2. Mecanismos para ejercer el derecho a participar en la toma de decisiones
Los legisladores han desarrollado algunos mecanismos para canalizar nuestra participación. Estos instrumentos están contenidos en diversos ordenamientos jurídicos como la
Constitución Federal, las Constituciones locales de Puebla y Veracruz, el Convenio 169 de
la OIT, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley no. 62
Estatal de Protección al Ambiente para el Estado de Veracruz-Llave, la Ley no. 9 Orgánica
del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Puebla, Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave, Ley de Agua y Saneamiento del
Estado de Puebla y la Ley Agraria.
la consulta previa para la obtención del consentimiento previo, libre e informado
de los pueblos indígenas y comunidades equiparables (campesinos, comunidades
afrodescendientes)
la consulta pública y reuniones públicas de información dentro del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental (EIA)
los comités municipales / consejos de participación ciudadana
los comités comunitarios del agua
las juntas de pobladores.
Consulta previa para la obtención del consentimiento previo,
libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades
1.	¿En qué consiste?
En México hay muchos pueblos que se rigen por
usos y costumbres distintos a los de las personas
de las ciudades. Por esto las autoridades, antes de
tomar una decisión legislativa o administrativa que
pueda afectar a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, estarán obligadas a hacer una consulta previa para obtener su acuerdo o su consentimiento.
El objetivo de la consulta previa es llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento
del pueblo y/o comunidad. La consulta debe ser
.	previa a la toma de cualquier decisión,
.	culturalmente adecuada,
.	informada,
.	de buena fe y
.	con la finalidad de llegar a un acuerdo o el consentimiento.
Únicamente las autoridades pueden hacer la consulta previa. Las empresas no están
facultadas para ello por lo cual, si llegaran a hacer alguna, ésta sería nula.
El Estado no sólo debe consultar sino obtener el consentimiento previo, libre e informado de nuestros pueblos y comunidades para instrumentar planes de desarrollo o
de inversión a gran escala que puedan tener impacto dentro de sus territorios.
La consulta previa debe de servir para establecer un diálogo genuino entre las partes
basado en el respeto mutuo, la buena fe y el deseo sincero de llegar a un consenso.
Por lo tanto, hacer consultas meramente informativas o después de otorgar los permisos –particularmente la autorización de impacto ambiental– significa lesionar este
2.	¿Cómo usarla?
En nuestra región, debido a la abundancia de agua, el Estado y el sector privado
pretenden desarrollar varios megaproyectos –mineras e hidroeléctricas– en los territorios de los pueblos indígenas y campesinos que tendrán importantes impactos socioculturales y ambientales.
Según el Convenio 169, la OIT, la Corte Interamericana y la Primera Sala de la Suprema
Corte, la consulta previa tiene que hacerse antes de tomar una decisión. El procedimiento
debería ser: 1) el gobierno, en comunicación con el pueblo interesado, diseña el mecanismo para realizar la consulta, 2) el gobierno hace la consulta, 3) se otorgan los permisos y
se ejecuta el proyecto y 4) el gobierno debe hacer evaluaciones periódicas del funcionamiento de los mecanismos de consulta con la participación de los pueblos interesados​​.
Para hacer valer este derecho tenemos que estar atentos a lo que ocurre en nuestros
territorios. Si detectamos alguna actividad u obra de la que no se nos haya informado, en ese momento hay que presentar un oficio ante las autoridades (municipales,
estatales o federales) solicitando que se haga de manera inmediata la consulta previa y se suspendan las obras y/o actividades mientras tanto.
Es fundamental estar organizados para desarrollar e instrumentar una estrategia a
seguir. Los pueblos y comunidades pueden optar por adelantarse y consultarse a sí
mismos sobre si queren un proyecto determinado o esperar a que el gobierno haga
3.	Ubicación en la Ley
Artículos segundo apartado B fracción IX de la Constitución Federal y sexto del Convenio
169 de la OIT. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los casos
Awas Tigni vs Nicaragua, Sawhoyomaxa vs Paraguay, Yakye Axa vs Paraguay, Pueblo
Saramka vs Surinam, y Sarayaku vs Ecuador y la sentencia de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 631/2012.
Es el derecho humano a establecer un diálogo directo y franco con las autoridades para solicitar
determinadas acciones o prestaciones y recibir
-	-	La petición ha de formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. El
escrito debe estar dirigido a una autoridad determinada, señalar domicilio
para recibir la respuesta y llevar el sello de recibido de la oficialía de partes.
La autoridad debe responder en breve término (el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y resolverla1). La respuesta deberá ser congruente con lo solicitado y enviada al domicilio señalado. La autoridad no está
obligada a resolver a favor de nuestra petición, pero sí a darnos una respuesta conforme a lo pedido.
2.	¿Cómo usarlo?
Para ejercer este derecho basta con preparar un oficio dirigido a la autoridad competente, que indique el domicilio para recibir la respuesta y contenga una petición expresada en términos claros.
Si la autoridad no responde a nuestro oficio de petición, podemos iniciar un juicio de
amparo con el fin de obtener la respuesta solicitada.
Artículos octavo de la Constitución Federal, séptimo de la Constitución de Veracruz y
138 de la Constitución de Puebla.
1 El artículo 7 de la Constitución de Veracruz señala como plazo para la respuesta 45 días hábiles y el artículo 138 de la Constitución de
Puebla señala un plazo de 8 días hábiles.
Consulta pública y reuniones públicas de información dentro del
Los proyectos que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos
para proteger el ambiente y restaurar los ecosistemas
(presas, acueductos, granjas acuícolas, proyectos portuarios, carreteras, fraccionamientos, desarrollos turísticos, etc.) serán
sometidos ante la autoridad ambiental a evaluación de impacto ambiental. En este
procedimiento las personas tenemos derecho a conocer la información del proyecto
y a participar con observaciones y comentarios en dos momentos concretos: la consulta pública y la reunión pública de información.
2.	¿Cómo utilizarlas?
En el caso federal, una vez que la autoridad recibe un proyecto que será sometido a
evaluación de impacto ambiental, debe poner la información correspondiente a disposición del público en general (esto generalmente quiere decir que se puede consultar el expediente tanto en la oficina de la autoridad como en Internet). La empresa
y la autoridad tienen la obligación de difundir por medios electrónicos e impresos
que el proyecto ha sido presentado. A partir de este hecho, tenemos 10 días para solicitar que el proyecto se someta a consulta pública; si esto se acuerda por la autoridad, tendremos 20 días para presentar observaciones y/o medidas de mitigación.
Además, si la autoridad considera que el proyecto puede generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, puede convocar a una
reunión pública de información en la que el dueño del proyecto exponga de viva voz
y las personas hagan comentarios y preguntas.
En el caso veracruzano, el procedimiento es muy similar excepto que el término para
solicitar la consulta pública es de 15 días.
Artículos 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 43
de la Ley no. 62 de Protección Ambiental para el Estado de Veracruz. En los proyectos sometidos a evaluación ante la autoridad poblana no existe esta posibilidad de participar.
Es un mecanismo para ejercer el derecho a la participación en la
toma de decisiones a nivel municipal en el Estado de Veracruz
respecto de asuntos que, por su naturaleza, afecten el interés
público del municipio. Esto es, que las decisiones de relevancia se someten a votación en la comunidad.
Los ciudadanos, es decir, las personas que pueden votar, pueden solicitar al ayuntamiento que tome algún tipo de decisión. Los requisitos son:
-	-	presentar una solicitud por escrito que se ajuste a los principios constitucionales (derechos humanos), donde se expongan los motivos, se indique el
texto que se somete a consulta y se designe un representante común
la solicitud debe ser firmada por al menos el 0.5% de los ciudadanos del municipio e incluir copias de las credenciales para votar de los firmantes.
La consulta popular requiere gran esfuerzo de organización, por lo que hay que escoger con mucho cuidado el tema objeto de la consulta. Por el reto que implica, hasta
el momento no ha sido un instrumento ampliamente utilizado por las personas, comunidades y pueblos.
Artículos 34 fracción VII de la Constitución de Veracruz, 16 fracciones I y II de la Ley
no. 9 Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave y 12 a 15 de la Ley
76 de refrendo, plebiscito e iniciativa popular.
Comités municipales / consejos de participación ciudadana
Para colaborar con nuestros ayuntamientos, el legislativo veracruzano estableció los comités municipales y el poblano los
consejos de participación ciudadana, instancias que tratan de
canalizar la participación ciudadana al interior de la estructura
municipal para mejorar la calidad y efectividad del gobierno.
La legislación poblana es clara al señalar que las funciones de estos consejos son:
a)	coadyuvar en el cumplimiento de los planes y programas municipales,
b)	promover la participación ciudadana y
c)	proponer al ayuntamiento actividades y acciones.
Pueden existir tantos comités / consejos como el municipio lo requiera.
La legislación aplicable no es clara respecto de cómo participar en estos comités /
consejos, por lo cual se recomienda:
-	-	presentar una solicitud al ayuntamiento ya sea para pedir que se constituya
un comité / consejo o solicitar la incorporación a uno ya existente y
participar en las convocatorias que emitan los ayuntamientos.
Artículos 16 fracción III de la Ley no. 9 Orgánica del Municipio Libre para el Estado de
Veracruz-Llave y 188 a 193 de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Puebla.
Comités comunitarios del agua / Patronatos
En Veracruz, una buena parte de los sistemas de agua potable
en el campo son creados y administrados por las comunidades y pueblos y se denominan comités comunitarios del
agua; en Puebla esto mismo se hace mediante los patronatos y juntas. Estos sistemas de autogestión son vitales
y se rigen en buena parte por usos y costumbres.
2.	¿Cómo usarlos?
Participar en la comunidad y solicitar, según sea el caso, la incorporación a la asociación de usuarios del agua y/o al comité comunitario. En Puebla para formar parte del
patronato se requiere autorización del Ayuntamiento.
Usos y costumbres en Veracruz y artículos 30 y 31 de la Ley de Agua y Saneamiento
Juntas de pobladores y comisiones
Es un órgano de participación integrado por ejidatarios y
avecindados creado para trabajar en la elaboración de
propuestas relacionadas con la problemática comunitaria, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios.
La asamblea ejidal debe normar este órgano y las comisiones que considere necesarias a través de su reglamento pero, de
acuerdo con la Ley Agraria, a las juntas de pobladores les corresponde opinar ante
los municipios respecto de los servicios municipales (agua, alcantarillado, saneamiento), informar el estado de las escuelas, mercados, hospitales o clínicas y, en
general, todo aquello que dentro del asentamiento humano sea de interés de los
2.	¿Cómo usarlas?
Cualquier ejidatario o avecindado puede solicitar a la asamblea ejidal la constitución
de una junta de pobladores o alguna comisión, conforme a los usos y costumbres de
Artículos 41 y 42 de la Ley Agraria.
4.3. Puntos a destacar
•	La participación es un derecho humano que nos permite contribuir a mejorar
el bienestar de nuestras familias, comunidades y pueblos. Implica la posibilidad de intervenir de manera individual o colectiva en las decisiones públicas.
•	La democracia participativa pretende acercar el ejercicio de poder a las comunidades y, por lo mismo, es la primera línea de defensa de los derechos
•	Para que el derecho a la participación sea efectivo, requiere procedimientos
o mecanismos establecidos en la Ley o los usos y costumbres de nuestras
•	Los mecanismos que hemos estudiado y que están disponibles en las regiones de Puebla y Veracruz son: la consulta previa para la obtención del consentimiento previo, libre e informado; el derecho de petición; la consulta pública y
reuniones públicas de información en la Evaluación de Impacto Ambiental; las
consultas populares; los comités municipales / consejos de participación ciudadana; los comités comunitarios del agua y las juntas de pobladores.
•	¿Qué es la democracia?
•	¿Qué es la democracia participativa?
•	¿Cuáles son los mecanismos para participar en la toma de decisiones?
•	¿Cuáles son los principios que rigen la consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado?
•	¿Cuáles son los elementos del derecho de petición?
•	¿Qué es la iniciativa popular?
•	¿Qué son los comités comunitarios del agua?
•	¿Qué son las juntas de pobladores?
4.5. Sitios de interés y más información:
http://www.civilisac.org/derechos-de-la-sociedad-civil/derecho-a-la-participacion/estandares/de-los-derechos-a-la-consulta-y-a-la-incidencia
publication/wcms_205230.pdf
http://consultaprevia.org.mx/
5.1. ¿Con qué herramientas legales contamos para defender
el agua y nuestras cuencas?
En los capítulos primero y segundo referimos un cambio importante en el planteamiento del tema del agua. El régimen de derechos humanos, la Obligación General no. 15 y el
Principio 10 de Río nos guiarán en la defensa del agua y de nuestras cuencas porque todos
tenemos derecho al agua, a un medio ambiente sano y a tener acceso a la justicia.
Mediante el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones podemos evitar o manejar los conflictos que pueden surgir en torno
a nuestro derecho al agua. Sin embargo, habrá ocasiones en que, aun
estando informados y participando en el proceso de toma de decisiones, se origine un conflicto y tengamos que salir a defender
nuestra cuenca y el agua.
La defensa debe entenderse como los últimos peldaños
de una escalera donde el objetivo es la reparación del daño.
El primero y segundo peldaños son el acceso a la información y
nuestro involucramiento en el proceso de decisión, los siguientes
son las acciones legales que decidamos echar a andar para alcanzar
Para la defensa, ¿necesitamos abogado? En algunas ocasiones pero, con lo expuesto en
esta guía, podremos construir un caso desde los primeros peldaños, en los que aún no hace
falta un representante. En este capítulo hablaremos de las acciones legales que nuestras
comunidades y pueblos pueden utilizar sin recurrir a un abogado.
El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos al agua y al medio ambiente
sano. Esta obligación incluye establecer los mecanismos jurídicos para que los ciudadanos
puedan exigir el cumplimiento de estos derechos fundamentales.
CAPÍTULO 5. CÓMO DEFENDER EL AGUA Y LAS CUENCAS PARA PROTEGER NUESTRAS COMUNIDADES Y PUEBLOS
Párrafo 26 de la Obligación General no. 15:
“La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las
medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta
obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en
grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico
nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes…”.
El Estado debe tener instituciones encargadas de desarrollar e implantar medidas progresivas para el pleno ejercicio del derecho humano al agua, adoptar una estrategia y un plan
nacional, hacer asequible el agua y facilitar el acceso al agua.
Como México es una federación, la obligación incluye el deber de coordinar las acciones de
Los instrumentos que estudiaremos para la defensa de nuestras aguas y cuencas en este
capítulo son las denuncias populares ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la queja ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y la denuncia de hechos ante el Ministerio Público. La comunidad puede usar estos instrumentos sin necesidad de recurrir a un abogado.
Acciones de defensa que sí necesitarían la participación de un abogado son el juicio de amparo, el juicio de nulidad, las acciones colectivas, la acción de responsabilidad por daño
ambiental y los juicios agrarios, entre otras.
5.2. Denuncia popular ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
La Conagua pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Es el órgano superior en materia hídrica y se encarga de la administración y vigilancia
de las aguas nacionales. Realiza su trabajo en dos esferas, la nacional y la regional,
esta última a través de los llamados Organismos de Cuenca1.
La Conagua es una autoridad muy importante en el derecho humano al agua pues
determina el Plan Nacional Hídrico, expide los títulos de concesión y asignación,
emite normas, ejecuta proyectos estratégicos, hace programas, da mantenimiento a
obras hidráulicas y vigila el cumplimiento
1 Véase http://www.conagua.gob.mx/ocb/Contenido.aspx?n1=1&n2=156
Si queremos denunciar la contaminación de un cuerpo de agua (por ejemplo, un río) deberemos acudir a la Conagua.
Cualquier persona u organización que conozca cualquier acto y/o hecho que pueda provocar daño a los cuerpos de agua.
Artículo 124 BIS. Toda persona, grupos
sociales, organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales, asociaciones y sociedades,
podrán recurrir a la denuncia popular en los
términos del Capítulo VII de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
cuando se cometan actos que produzcan o
puedan producir desequilibrios o daños a los
recursos hídricos o sus bienes inherentes.
Cualquier hecho o acto que produzca o pueda producir desequilibrios o daños a los recursos hídricos o sus bienes inherentes (cauces, riberas, playas y obras de infraestructura hidráulica pagadas por el gobierno federal).
¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el escrito de denuncia?
•	Datos de la persona u organización que denuncia: domicilio, teléfono, correo
electrónico y el nombre del representante legal en caso de que sea persona
•	Descripción del problema, es decir, los hechos que deben de investigarse.
•	Datos o información que permitan identificar al responsable de los hechos.
•	Las pruebas que se tengan.
¿Dónde debemos presentar la denuncia?
•	Internet: http://www.conagua.gob.mx/ContactanosMail.aspx?Id=quejas.ci@
•	Correo electrónico: quejas.ci@conagua.gob.mx
•	Oficinas centrales de la Conagua en el Distrito Federal o las oficinas de los
Clavijero No. 19 Col. Centro, C.P.
91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 841 6060
Nueva Bélgica esquina con Pedro de
Alvarado S/N., Col. Reforma, C.P. 62260
Tel. (777) 311 30 22
•	La Conagua hará todas las diligencias necesarias para comprobar la existencia de actos y hechos denunciados.
•	El denunciante podrá colaborar con la Conagua aportando pruebas, documentación e información pertinente.
•	Si la Conagua considera que los actos y hechos no causan desequilibrio ecológico o daño ambiental, lo notificará a los denunciantes para que éstos formulen observaciones.
•	Presentar una denuncia popular ante Conagua no impide que se ejerzan otras
5.3. Denuncia popular ante la Procuraduría Federal
La Profepa pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y tiene por objeto velar por
que se cumpla la legislación ambiental a nivel federal. Sus
atribuciones están establecidas en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Aguas
Nacionales y el Reglamento Interior de la SEMARNAT.
La Profepa es la autoridad encargada de recibir, atender e investigar las denuncias que se
presenten por actividades, actos o daños que se realicen en las cuencas (no únicamente
en el cuerpo de agua sino en todos los ecosistemas que conforman la cuenca). Para lograr
esto, la Profepa está obligada a asesorar a las personas que quieran presentar una denuncia popular. También puede emitir recomendaciones a las demás autoridades por pro violaciones a la legislación ambiental.
Cualquier persona u organización que conozca cualquier acto y/o hecho que pueda provocar desequilibrio ecológico y daño ambiental.
Artículo 189. Toda persona, grupos sociales,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones
y sociedades podrán denunciar ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o
ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión
que produzca o pueda producir desequilibrio
ecológico o daños al ambiente o a los recursos
naturales, o contravenga las disposiciones de la
presente Ley y de los demás ordenamientos que
regulen materias relacionadas con la protección
al ambiente y la preservación y restauración del
Artículo 124 BIS. Toda persona, grupos sociales,
organizaciones ciudadanas o no gubernamentales,
asociaciones y sociedades, podrán recurrir a la
denuncia popular en los términos del Capítulo
VII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, cuando se cometan actos
que produzcan o puedan producir desequilibrios
o daños a los recursos hídricos o sus bienes
Hechos que atentan contra el equilibrio ecológico y/o que violentan la ley ambiental, por
•	•	•	•	•	•	Deforestación.
Afectaciones en áreas naturales protegidas federales.
Derrame y disposición de líquidos, sólidos, materiales y residuos peligrosos
en los cuerpos de agua de jurisdicción federal.
Descarga de aguas residuales industriales a los cuerpos de agua de jurisdicción federal.
Alteración de la infraestructura, alumbramiento, extracción y disposición de
aguas del suelo.
Suministro de aguas para consumo humano por debajo de las normas de calidad.
a)	Internet: http://www.profepa.gob.mx/
b)	Correo electrónico: denuncias@profepa.gob.mx
c)	Módulo de Atención de Denuncias Ambientales o Delegación Federal en nuestro Estado, que por lo general se encuentran en la capital.
Delegación PROFEPA en Puebla
5 de Febrero 11, Centro, 91000 Xalapa
Enríquez, Veracruz
Tel. 01 (228) 817 3161
5 Poniente, No. 1303, Edif. Papillón piso 5°
al 8°, Col. Centro, 72000, Puebla, Pue.
Tel. 01 (222) 246 67 02
•	La Profepa hará todas las diligencias necesarias para comprobar la existencia
de actos y hechos denunciados. Si lo considera pertinente, la Profepa podrá
iniciar un procedimiento de inspección y vigilancia.
•	El denunciante podrá colaborar con la Profepa aportando pruebas, documentación e información pertinente.
•	La Profepa está facultada para clausurar las obras.
•	Si la investigación concluye señalando como responsables a autoridades, la
Profepa emitirá una recomendación.
•	Si la Profepa considera que los actos y hechos no causan desequilibrio ecológico o daño ambiental, lo notificará a los denunciantes para que estos formulen observaciones.
•	Presentar una denuncia popular ante la Profepa no impide que se ejerzan
otras acciones legales.
5.4. Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
La CNDH es el organismo creado desde la Constitución para
proteger los derechos humanos. Su importancia radica en la
investigación y documentación que hace de los casos, además
de la expedición de recomendaciones. Esta Comisión también
puede investigar, de oficio o a petición de parte, hechos que constituyan violaciones graves a los derechos fundamentales.
¿Quién puede quejarse?
Cualquier persona que, en lo individual o en su comunidad, haya sufrido alguna violación
a sus derechos fundamentales.
Artículo 25. Cualquier persona podrá denunciar
presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir
ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar,
ya sea directamente o por medio de representante,
quejas contra dichas violaciones.
Cuando los interesados estén privados de su libertad
o se desconozca su paradero, los hechos se podrán
denunciar por los parientes o vecinos de los afectados,
inclusive por menores de edad.
constituidas podrán acudir ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos para denunciar las violaciones
de derechos humanos respecto de personas que por sus
condiciones físicas, mentales, económicas y culturales,
no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de
De cualquier violación a los derechos humanos; en nuestro caso, los derechos al agua y al
medio ambiente sano. Como el agua y la cuenca están íntimamente vinculadas con la identidad de nuestras comunidades y pueblos, cuando estas son dañadas podemos denunciar
la violación de otros derechos: a la identidad cultural, al territorio y al acceso a los recursos naturales.
•	Estar dirigido al titular de la CNDH
•	Especificar los datos de identificación de la persona afectada: nombre, domicilio y, de ser posible, un número telefónico.
•	Identificar a la autoridad o servidor público responsable de la violación a
•	Explicar los hechos constitutivos de la violación.
•	De ser posible, incluir pruebas.
¿Dónde debemos presentar la queja?
La queja puede presentarse por escrito en las instalaciones de la CNDH ubicadas en:
En casos urgentes, la queja puede presentarse por cualquier medio de comunicación electrónica (correo o fax) o telefónica.
Tel. 56 81 81 25 extensiones 1127 y 1129;
Coordinación de Guardias (atención
las 24 horas) 56 81 51 12 ó 56 81 81 25
1123 y 1242.
Larga distancia gratuita 01 800 715 2000
•	La queja sólo puede presentarse dentro del plazo de un año contado a partir de
que ocurrieron los hechos o de que se conocieron. Sin embargo, el plazo podrá
ser ampliado cuando se trate de violaciones graves a consideración de la CNDH.
•	Interponer una queja no impide que se intenten otras acciones legales.
•	Para hacer la investigación, la CNDH puede realizar visitas de inspección, llamar a comparecer a testigos y practicar estudios periciales.
•	Para evitar que los derechos humanos se sigan transgrediendo, la CNDH
puede ordenar medidas cautelares, esto es, órdenes dirigidas a las autoridades para evitar que se continúe con la lesión.
5.5. Denuncia de hechos ante el Ministerio Público
Los hechos y actos de que hemos descrito en los apartados anteriores –aquéllos que producen desequilibrio ecológico, daño
ambiental y violación a los derechos humanos– también pueden ser delitos. El catálogo de delitos ambientales está en los
artículos 414 a 423 del Código Penal Federal. A continuación
se exponen los dos artículos que se refieren específicamente
a delitos contra los cuerpos de agua.
Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve
años de prisión y de trescientos a tres mil días
multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas
de prevención o seguridad, realice actividades de
producción, almacenamiento, tráfico, importación
o exportación, transporte, abandono, desecho,
descarga, o realice cualquier otra actividad con
sustancias consideradas peligrosas por sus
tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas,
lo ordene o autorice, que cause un daño a los
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los
ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al
subsuelo o al ambiente.
Artículo 416. Se impondrá pena de uno a nueve años
de prisión y de trescientos a tres mil días multa,
al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre,
lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos
químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes
en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos,
cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de
agua de competencia federal, que cause un riesgo
de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a
la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o
Cuando se trate de aguas que se encuentren
depositadas, fluyan en o hacia una área natural
protegida, la prisión se elevará hasta tres años más
y la pena económica hasta mil días multa.
Toda persona que conozca de un delito ambiental está obligada a denunciarlo; todas las
personas de una comunidad donde se sufre un daño ambiental se consideran víctimas.
Artículo 222. Deber de denunciar. Toda persona
a quien le conste que se ha cometido un hecho
probablemente constitutivo de un delito está
obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público
y en caso de urgencia ante cualquier agente de la
Artículo 54. Toda persona que tenga
conocimiento de la comisión de un delito contra
el ambiente podrá denunciarlo directamente ante
el Ministerio Público…
Artículo 56. Atento a lo dispuesto por el párrafo
cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará
víctima de los delitos contra el ambiente a
toda persona habitante de la comunidad
posiblemente afectada por el ilícito cuando se
constituya como denunciante ante el Ministerio
•	La denuncia puede presentarse por cualquier medio y debe contener:
•	Datos de identificación del denunciante: nombre, domicilio y, de ser posible,
•	Narración de los hechos, actos u omisiones.
•	Señalamiento de quién o quiénes son los presuntos responsables, es decir,
quiénes habrían cometido el delito.
En el Ministerio Público de la Federación, que es la autoridad encargada de investigar el
caso y, en su momento, de ejercer la acción penal ante un juez. Esta autoridad pertenece a
la Procuraduría General de la República (PGR) y tiene oficinas en las principales ciudades
de Veracruz y Puebla.
PGR en Xalapa
Adolfo Ruiz Cortines 1201
Ferrer Guardia, 91120 Xalapa,
Tel. 01 (228) 815 7470
Km 2.5 Recta Puebla a Cholula,
Fraccionamiento Ex Hacienda
Zavaleta, 72150, Puebla, Pue.
Tel. 01 (222) 223 81 02
La denuncia puede presentarse también por:
•	•	•	Teléfono llamando al 066 o 089 (denuncias anónimas).
Internet, en http://www.pgr.gob.mx/denuncia/denuncia.asp
Correo electrónico: http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.
asp?mail=15
•	El objetivo de esta acción es, por una parte, sancionar a los responsables con
la privación de su libertad y por otra, la reparación de los daños causados. Sin
embargo, para lograr lo anterior hace falta pasar por los procedimientos de
averiguación previa (investigación del ministerio público) y juicio penal ante
el poder judicial. Lo anterior hace lenta esta vía de acceso a la justicia.
•	Presentada la denuncia, los denunciantes deberán ir a ratificarla.
•	El ministerio público está obligado a recabar las pruebas necesarias para el caso.
•	El conflicto puede resolverse por medio de soluciones alternas, como un
5.6. Cuestionario
•	¿Con qué acciones legales contamos y podemos ejercer sin un abogado?
•	¿Qué se puede denunciar ante la Conagua, la Profepa, la CNDH y el ministerio
•	¿Cuál es el tiempo límite para presentar una queja ante la CNDH?
•	¿Qué personas pueden denunciar ante el Ministerio Público?
•	¿Quién puede clausurar?
•	¿Qué autoridades dictan recomendaciones?
5.7. Sitios de interés y más información
http://www.conagua.gob.mx/ContactanosMail.aspx?Id=quejas.ci@conagua.gob.mx
http://www.veracruz.gob.mx/justicia/servicio/directorio-de-oficinas/
6.1. Primeros trazos
Al abordar los problemas y conflictos que se suscitan en torno al agua, las cuencas y el
medio ambiente es importante considerar que los hechos controvertidos pueden ser estudiados desde diferentes aristas legales; esto nos permite construir estrategias para defender lo nuestro.
Como los derechos fundamentales son el corazón del Estado y las autoridades se deben a
ellos, al familiarizarnos con estos derechos y su contenido podremos participar de mejor
manera en la toma de decisiones.
Los conflictos socioambientales –y muy particularmente los relacionados con el agua– tienen una historia; conocerla resulta indispensable para involucrarnos de mejor manera. Una
manera de prevenir los conflictos es utilizar el acceso a la información pública gubernamental y participar en los procesos de toma de decisiones; a esto lo llamamos democracia
El ejercicio de nuestros derechos humanos nos
permite construir estrategias de defensa más
amplias y, por lo mismo, más completas. La
democracia participativa implica contar con
información suficiente de manera previa,
organización social y una red de comunicación. En otras palabras, necesitamos
trabajar en equipo con las personas de
nuestras comunidades y pueblos, con
organizaciones de la sociedad civil, etc.
El ejercicio activo de los derechos humanos significa que éstos pasan de ser simples derechos en papel a derechos vivos.
CAPÍTULO 6. ESTRATEGIA DE DEFENSA
6.2. Construcción de una estrategia de defensa
Para construir un plan o una ruta a seguir para la defensa del agua y nuestros derechos es
indispensable que nos respondamos los siguientes cuestionamientos:
•	•	•	•	•	¿Qué queremos?
¿Cuál sería una solución aceptable al conflicto?
¿A qué o a quiénes nos enfrentamos?
Las respuestas a estas preguntas orientarán nuestros pasos y nos permitirán buscar aliados potenciales. Identificar el objetivo y las posibles soluciones que se quieren lograr
ayudará a darle rumbo y medios a la defensa de nuestro caso. Lo anterior representa un importante ejercicio de diálogo comunitario y de apertura democrática.
Para obtener las respuestas es necesario hacer un mapeo de actores, así como una lista de características de nuestra situación que
pueden ser favorables a nuestra causa. Por ejemplo: si somos
un ejido o no, si somos propietarios o no, si hay un bosque en
el predio, si estamos organizados o no, si tenemos relación
con una universidad o centro de investigaciones (que nos ayude
a generar pruebas técnico-científicas), si tenemos relación con otros
colectivos sociales, con abogados, con actores políticos, etc.
Por ejemplo, si pertenecemos a un ejido o bienes comunales y
la comunidad está unida, tendríamos que considerar recorrer el
camino de la defensa agraria por las ventajas legales que el marco jurídico concede a la propiedad social. El mapeo muestra además dónde
y en qué grupos debemos hacer campañas de información para apuntalar
nuestra posición y con qué organizaciones locales, nacionales o internacionales podemos
construir alianzas para fortalecer nuestra causa.
Es necesario definir las tareas a realizar y asignar responsables. Es de particular importancia
documentar el caso y constituir un comité jurídico encargado de todo lo relativo a la acción
–presentar documentos, integrar archivos, dar seguimiento, hablar con funcionarios, etc. La
estrategia que se elabore debe incluir un componente político, es decir, debemos acercarnos a las autoridades que podrían estar sensibles o cercanas a nuestra causa –el presidente
municipal, nuestro diputado local, etc. Otro componente indispensable de la estrategia es la
difusión en medios de comunicación; es de vital importancia comunicar a la opinión pública
nuestro caso, las razones por las que actuamos y las acciones legales que se han interpuesto. De ser el caso, compartir con el público las victorias legales que se obtengan.
6.3. Identificación de violaciones a los derechos humanos
Lo siguiente es analizar cómo los hechos o el proyecto a combatir transgreden nuestros derechos humanos, particularmente el derecho al agua, para lo cual la Observación General
no. 15 es nuestra brújula.
Este análisis nos permitirá identificar, por una parte, la información que necesitamos para
obtener pruebas y documentar el caso, y por otra, la vía legal o la acción a interponer. En
otras palabras, identificada la controversia y el tema de fondo, conviene preguntarse ¿qué
derecho o derechos están siendo violentados? La Constitución Federal ordena que toda autoridad debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales, por lo
que cualquier violación a los derechos humanos significa transgredirla. Además, el derecho
humano al agua implica importantes obligaciones para las autoridades y está estrechamente vinculado con otros derechos: al medio ambiente sano, a la salud, a la identidad cultural,
a la alimentación adecuada y a la vivienda digna, por mencionar algunos. Reflexionar sobre
los otros derechos involucrados significa ampliar nuestra esfera de acción.
Por ejemplo, si en nuestra casa, comunidad y/o pueblo no hay agua o un tercero está interfiriendo con nuestro abasto, deberemos:
(i)	obtener documentos y fotografías respecto a cómo carecemos de agua o cómo
un tercero impide nuestro acceso y
(ii)	interponer una queja ante la CNDH por la omisión de la autoridad de garantizar nuestro acceso al agua, porque el desabasto es una falta de la autoridad.
En el caso de la interferencia de un particular, lo que se reclama es la omisión
de la autoridad de impedir y/o tolerar dicho comportamiento.
6.4. ¿Qué acción o acciones legales tomar?
No existe una regla general pues cada caso es único, pero la elección de la acción depende
directamente de nuestras fortalezas. También pueden intentarse varias acciones a la vez.
Lo realmente importante es identificar qué es lo que queremos conseguir. Si queremos documentar el caso, lo mejor será acudir a la CNDH; si requerimos que se detenga la contaminación o destrucción de un cuerpo de agua, deberemos acudir a Profepa o Conagua para
solicitar la clausura; si queremos que se sancione a los responsables de un delito y la reparación, deberemos presentar una denuncia al Ministerio Público; si lo que buscamos es sentar un precedente, deberemos buscar la recomendación de la CNDH o de Profepa.
6.5. Reflexiones
Somos los ciudadanos, las comunidades y los pueblos la piedra angular de nuestra democracia y de nuestro Estado. La construcción de procesos duraderos de bienestar y paz para todos
requiere el respeto irrestricto a los derechos humanos y el diálogo entre todas las partes.
Aunque la falta de abogados es un problema, nunca ha sido impedimento para salir a la defensa de nuestras causas.
Además, diferentes instituciones como universidades, barras y colegios de abogados y algunas organizaciones de la sociedad civil prestan servicios de asesoría jurídica de manera
gratuita; sus direcciones electrónicas están en el apartado de sitios de interés.
6.7. Cuestionario
•	¿Cuáles son los elementos que debe abarcar una estrategia de defensa?
•	Si están dragando el estero vecino a nuestro pueblo, ¿qué información necesitamos y qué acción debemos intentar?
•	¿Qué documentos requerimos y ante quién debemos acudir si una fábrica está
contaminando el río de nuestra comunidad?
•	En el caso mencionado en la pregunta anterior ¿qué otros derechos humanos
se están violentando?
6.8. Organizaciones, universidades, colegios de abogados y bufetes jurídicos
Atlixco 138, Col. Condesa, 06130, México, D.F.
Teléfono 01 (55) 52 86 33 23
Constitución 11, local 2, Col. Centro, 91500, Coatepec,
Teléfono 01 (228) 129 92 96
Organización de Litigio Estratégico
de Derechos Humanos, A.C.
(LITIGA OLE)
https://www.facebook.com/pages/LitigaOLE/138832806147949?sk=info
Cerrada de Alberto Zamora 21, Col. Villa Coyoacán.
Teléfono 01 (55) 55 54 30 01
Red de Abogados Pro Bono
Bufete Jurídico de la UNAM
http://www.sinfronteras.org.mx/index.php/es/red-deabogados-pro-bono-de-sin-fronteras
Ciudad Universitaria Planta baja del Edificio anexo B de Facultad de
Derecho, México, D.F. Teléfono 01 (55) 56 22 16 84
http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/bufete.
Bufete Jurídico Gratuito de la
Teléfono 01 (229) 923-2950 al 53, ext. 5105 y 6199
http://www.ver.ucc.mx/noticias/noticia.php?folio=914
Bufete Jurídico Gratuito de la UV
Poniente 7 número 1383, Orizaba, Ver. en el Edificio
Teléfono 01(272) 725 88 76 y 726 10 81
Correos electrónicos: malkut22@hotmail.com o is_
estrada@hormail.com
Teléfono 01 (228)8178789
Correo electrónico: asistencialuv@hotmail.com
Bufete Jurídico Asistencial de la UV
http://www.facebook.com/bufetejuridicoasistencial.uv http://juridicoasistencialuv.blogspot.mx/2011/07/
asistencial-uv.html
Ignacio Ellacuría de la Universidad
Blvd. del Niño Poblano No. 2901, Unidad Territorial
Atlixcáyotl, 72197, Puebla, Puebla
Teléfono 01 (222) 229 07 71
http://www.iberopuebla.edu.mx/microSitios/IDHIE/
Bufete Jurídico Gratuito del Instituto
de Ciencia Jurídicas de Puebla A.C.
Av. 3 Oriente No. 1611, Col. Azcárate, 72000, Puebla,
Teléfono 01 (222) 234 87 66
http://www.icipuebla.com/bufete.html
Instituto Federal de Defensoría
Blvd. Manuel Ávila Camacho 151, entre Doblado y
Sporting, Xalapa, Veracruz
Teléfono 01 (228) 843 89 82 y 168 12 29
http://www.ifdp.cjf.gob.mx
POPULAR ANTE PROFEPA
_________ (NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA DENUNCIA),
autorizando en forma conjunta o separada para todos los efectos
legales, en términos de los artículos 189, 193 de la Ley General
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 19 de la Ley
Federal de Procedimientos Administrativo a los C. Licenciados en
Derecho (NOMBRE DE LOS ABOGADOS AUTORIZADOS, PARA
RECIBIR NOTIFICACIONES, PRESENTAR ESCRITOS Y REVISAR
EL EXPEDIENTE)_____, así como a (NOMBRE DE LAS PERSONAS
AUTORIZADAS PARA PODER RECIBIR NOTIFICACIONES, REVISAR EL
EXPEDIENTE) ______, señalando como domicilio para oír y recibir todo
tipo de notificaciones el ubicado en (DOMICILIO)______, así como el
correo electrónico (CORREO ELECTRÓNICO)____, con el debido respeto
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1, 4 y
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, 204
y demás relativos y aplicables de la Ley General de Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (LGEEPA) vengo a presentar formal
DENUNCIA POPULAR, en contra de quien resulte responsable, por los
hechos, actos y omisiones que han producido y continúan produciendo
desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales,
además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos
que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, que a continuación se manifiestan en los
(NARRAR LOS HECHOS DE FORMA CLARA Y CONCISA DE LO QUE SE
ESTÁ DENUNCIANDO TENIENDO CUIDADO DE SEÑALAR LA UBICACIÓN)
A. Incumplimiento del artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Equilibrio y la
Protección al Ambiente (LGEEPA), pues no se encuentra garantizado el
derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar, además del daño al ambiente, recursos naturales y
desequilibrio ecológico que acontece.
Los hechos denunciados configuran actos que han producido, producen
y producirán desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos
naturales y contravienen las disposiciones de la Constitución General,
(LGEEPA) y los tratados internacionales, en virtud de lo siguiente:
El artículo 4º constitucional, consagra el derecho que tiene toda persona
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, regulando
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección
al medio ambiente en el territorio nacional, derecho que se encuentra
reconocido, además, en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”1.
En este sentido, la protección del medio ambiente y los recursos
naturales es de tal importancia, que significa el “interés social” de la
sociedad mexicana e implica y justifica, en cuanto resulten indisponibles,
restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar
y mantener ese interés, precisa y puntualmente, en las leyes que
establecen el orden público.
Con esto, no sólo se protege el derecho de las personas a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, sino también el
adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la preservación
y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable,
por tanto, la protección del medio ambiente así como la necesidad de
proteger los recursos naturales y la preservación y restauración del
equilibrio ecológico son principios fundamentales y constituyen un
Se contravienen las disposiciones de la LGEEPA, pues ésta señala que
es de orden público y de interés social, garantizar el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y
bienestar, preservar, restaurar y mejorar el ambiente y la biodiversidad,
lo que en el presente caso no está sucediendo.
La Ley señala la importancia de la preservación y, en su caso, la
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de
manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y
las actividades de la sociedad, con la preservación de los ecosistemas.
1 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
Es evidente, en la región no se están llevando a cabo acciones de
prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo,
como lo marca la legislación ambiental, por el contrario, existe una
clara flagrancia de afectación a los ecosistemas e incumplimiento de la
B. (EN ESTE PUNTO, DEPENDIENTE DE LO QUE SE ESTÉ DENUNCIANDO,
SE PONE:)
Alta contaminación ha ocasionando un daño al ambiente, contaminación
en la atmósfera, agua y suelo, así como a los recursos naturales y un
desequilibrio ecológico y daño grave a la salud.
(CUANDO SE TRATA DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA)
De acuerdo con el Capítulo III del Título Cuarto de la LGEEPA, se debe
prevenir y controlar la contaminación del agua y de los ecosistemas
acuáticos, pues es fundamental para evitar que se reduzca su
disponibilidad y, para proteger los ecosistemas del país, siendo, de acuerdo
al artículo 117 una responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad,
prevenir la contaminación de ríos, cuencas, depósitos y corrientes de agua,
aguas del subsuelo, etc. Por otra parte, el aprovechamiento del agua en
actividades productivas susceptibles de producir contaminación, conlleva
la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en
condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para
mantener el equilibrio de los ecosistemas.
Resulta imperativo la prevención y control de la contaminación del
agua para proteger los ecosistemas, su disponibilidad y utilización en
otras actividades lo que en el caso que nos ocupa no sucede, puesto
que ____ (señalar cómo se encuentra el río o lago – color del agua
inusual, olores, muerte de peces, etc.).
Ahora bien, el artículo 118 de la LGEEPA, establece los criterios de
prevención y control de la contaminación del agua, que deben ser
considerados para la clasificación de cuerpos receptores de descarga
de aguas, de acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y la
carga contaminante que éstos puedan recibir, el río y sus afluentes,
se encuentran sobrecargados, ya que no tienen capacidad de
asimilación o dilución, por lo que no deben seguir recibiendo descargas
contaminadas sin el tratamiento previo y eficiente.
No se está realizando un tratamiento previo eficiente y eficaz de las aguas
que se desechan, con lo que se incumple con lo dispuesto en el numeral
121 de la LGEEPA que señala que no se puede descargar o infiltrar en un
cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas que contengan
contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la
autoridad competente, de donde se deduce que la contaminación de los
cauces de los ríos, es resultado de la falta de cumplimiento de la ley por
parte de las empresas involucradas y de la nula o ineficiente vigilancia
ambiental de las autoridades competentes (locales y federales) en lo
relativo al tratamiento y descarga de aguas residuales.
Igualmente, se infringe el numeral 122 de la LGEEPA que señala que
TODAS LAS AGUAS provenientes de USOS PÚBLICOS URBANOS y
las de USOS INDUSTRIALES o agropecuarios que se descarguen, se
infiltren y se derramen, deben reunir las condiciones para prevenir la
contaminación de los cuerpos receptores para que no interfieran en
los procesos de depuración de las aguas, no se causen trastornos o
alteraciones en el correcto aprovechamiento, o en el funcionamiento
adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas,
cauces, y demás depósitos, lo que de acuerdo a los hechos es claro que
se ha incumplido en su totalidad, pues como ya se mencionó, el proceso
de depuración se encuentra rebasado, existen trastornos y alteraciones,
hay poca flora y nula fauna y hay un problema grave de salud pública
derivado de los contaminantes que se encuentran en el agua.
Se contraviene lo dispuesto en el artículo 124, pues es claro en señalar
que cuando las fuentes de abastecimiento de agua se encuentren
afectadas, se deberá negar el permiso o autorización correspondiente,
o revocará y, en su caso, se ordenará la suspensión del suministro,
situación que contrario a lo establecido por la norma, no ha ocurrido,
lo que está repercutiendo gravemente en la capacidad de la cuenca,
ocasionando daños graves, desequilibrio ecológico y problemas en la
Finalmente, de conformidad con el artículo 88 de la LGEEPA que señala
que para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas
acuáticos se deben considerar una serie de criterios para la protección
y equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo
hidrológico, para que no se afecte el equilibrio ecológico y mantener la
integridad y el equilibrio de los elementos naturales, considerando la
protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento
de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga
de los acuíferos, la SEMARNAT debe realizar las acciones necesarias para
evitar y, en su caso, controlar los procesos de eutroficación, salinización
y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales
(artículo 93 de la LGEEPA), obligación que la autoridad ambiental federal
ha incumplido, por lo que se pide su pronta intervención.
(EL PÁRRAFO QUE SIGUE SIEMPRE SE PONE PARA TERMINAR LA
En virtud de lo antes expuesto, en términos del artículo 204 de la LGEEPA,
se requiere que se formule un dictamen técnico, pues en virtud de las
infracciones referidas, los daños y perjuicios ocasionados en la cuenca, al
ecosistema y a la salud humana, la situación es grave y existe un peligro
inminente de que el daño y deterioro grave, por lo que es necesario que
lo antes posible se comiencen a realizar las acciones tendientes a la
restauración de la zona, para que se recupere la capacidad de asimilación
y de dilución del río y se busque sanear la cuenca para beneficio de los
habitantes, la agricultura y ganadería y del ecosistema.
La inspección Ocular, consistente en el recorrido que esta dependencia
realice a la zona donde se encuentra la contaminación señalada.
La presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que
beneficie a esclarecer el dicho del denunciante.
a esta H. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicito se
(si se presenta ante una Delegación o la Secretaría Local de Medio
Ambiente, se cambia el nombre)
PRIMERO. Se me tenga por presentada, interponiendo denuncia
popular en contra de quien resulte responsable, por los hechos, actos
y omisiones que han producido desequilibrio ecológico, daños al
ambiente y a los recursos naturales, además de por haber contravenido
las disposiciones legales y demás ordenamientos que se describen en
el cuerpo del presente escrito.
SEGUNDO. Efectuar las visitas de inspección necesarias a efecto de
constatar el impacto ambiental y el desequilibrio ecológico grave de
______(lugar de los hechos que se denuncian) y formular el dictamen
TERCERO. Que derivado de las ilegalidades e irregularidades que se
encuentren, se sirva imponer las medidas de seguridad y las sanciones
administrativas correspondientes contempladas en la LGEEPA.
CUARTO. Que de estar en presencia de la comisión de algún delito
ambiental, se dé vista al Ministerio Público para que proceda en
QUINTO. Que se respete la Coadyuvancia reconocida en la LGEEPA, y
se nos permita participar activamente en la resolución del presente
(lugar de presentación de la denuncia) a _______(fecha).
(NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA DENUNCIA)
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Guiadefensacomunitariaagua puebla veracruz

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo
4
 artículo 7
 artículo 138

Artículo 124

Artículo 189

Artículo 124

Artículo 25

Artículo 414

Artículo 416

Artículo 222

Artículo 54

Artículo 56
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 117
 artículo 118
 artículo 124
e contrario
 artículo 88
 artículo 204
 resolución