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Timestamp: 2020-01-18 00:11:59+00:00

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JAIME LA CRUZ TOLEDO: “NO TODA ENFERMEDAD MENTAL ES UNA INCAPACIDAD ABSOLUTA”
Edición N° 1112
Reconocido psiquiatra señala que una anomalía psíquica no necesariamente hace inimputable al sujeto que comete un delito.
A pesar que el Artículo 20 del Código Penal Peruano señala las causas que eximen de responsabilidad penal al sujeto imputado, el reconocido psiquiatra del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Jaime La Cruz Toledo, refiere que existe desconocimiento muy grande de las ciencias auxiliares del derecho como la neurología, psicología y psiquiatría, así como imprecisión en la legislación, lo cual hace que los encargados de administrar justicia no determinen con exactitud cuáles son las anomalías psíquicas que hacen inimputable a un sujeto.
La Cruz Toledo manifiesta que esta inimputabilidad está relacionada en parte al despegue que tuvo la industria farmacológica a partir de 1990, pues hoy hay fármacos que permiten controlar patologías psiquiátricas que antes eran muy difíciles de tratar. “Ahora vemos esquizofrénicos que trabajan, tienen familia y asumen responsabilidades. Es porque hoy cada fármaco moderno regula un neurotransmisor cerebral”, asevera.
Ya en el campo del Derecho, afirma que el Artículo 20 del Código Penal es muy general, inexacto y gaseoso, pues en su numeral uno señala que está exento de responsabilidad penal “el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto”.
Sin embargo, el código no señala cuáles son las partes de la psiquis ni de qué tipo de conciencia se está hablando (neurológica o psicológica), así como cuáles son los trastornos representativos de esta.
“Dentro de la conciencia neurológica están las epilepsias que tienen un grado de obnubilación de conciencia en la cual los pacientes entran en un estado crepuscular y allí pueden cometer un delito que después no registran en su memoria. Si yo no conozco esto, ¿cómo voy a hacer una correcta administración de la justicia?”, cuestiona.
ÁREAS DE LA PSIQUIS
El psiquiatra manifiesta que existen 12 áreas de la psiquis que pueden verse comprometidas en una anomalía psiquiátrica. Menciona, por ejemplo, la orientación, cuyo trastorno impide que las personas mayores de 75 años puedan ejercer sus derechos civiles; el trastorno por déficit de atención, el cual se ve mayormente en los niños y cuya valoración es útil muchas veces en los casos de tenencia y custodia; los trastornos de la memoria como la demencia, cuyo caso representativo es el Alzheimer, o los trastornos de inteligencia como los retardos que pueden ser leves, moderados o graves.
Además, menciona los trastornos de percepción y pensamiento, los cuales están íntimamente relacionados con los sentidos. Se encuentra aquí el trastorno de ideas delirantes y la psicosis esquizofrénica en la cual los pacientes escuchan voces, ven cosas que no existen o perciben olores extraños, todo lo cual les conlleva una alteración del pensamiento.
Añade los trastornos de afecto, dentro de los cuales está incluida la violencia, el suicidio, las depresiones graves, las angustias, los trastornos de ansiedad generalizada, de pánico, entre otros. Además, menciona a los instintos, dentro de los cuales se encuentran los sexuales, cuyas anomalías más conocidas son las parafilias, disfunciones sexuales no orgánicas, trastornos de identidad de género, entre otros.
Finalmente, menciona los hábitos, cuyas anomalías son las toxicomanías como el alcoholismo, las cuales generan trastornos de la voluntad; y el lenguaje, cuyo trastorno no está relacionado a una patología como tal.
La Cruz Toledo afirma que para determinar si un paciente psiquiátrico tiene una incapacidad absoluta y por lo tanto es inimputable hace falta determinar el grado de menoscabo, el cual le permitirá al juez tener una valoración objetiva de lo incapaz que puede ser el sujeto imputado.
“Un paciente con esquizofrenia paranoide que tiene un menoscabo de 15 % y sigue un tratamiento adecuado es una persona que tranquilamente puede trabajar y mantener un hogar, por lo cual puede hacerse responsable de sus actos. No toda enfermedad mental es una incapacidad absoluta”, sostiene.
Por el contrario, si una persona tiene un grado de menoscabo del 50 % o más, será totalmente dependiente de terceros, por lo que será inimputable.
Explica que el menoscabo para las enfermedades mentales se divide en: leve (hasta el 15 %), donde el paciente puede realizar la mayoría de las actividades diarias; moderado (del 15 % al 45 %), en el cual necesita de la supervisión y dirección de un tercero para ciertas labores; grave (del 50 % al 70 %), el cual necesita de confinamiento; y profundo (hasta el 85 %), donde requiere de asistencia para su propio cuidado.
Sobre el Artículo 20 del Código Penal, explica que los juzgadores deben conocer que cuando el numeral uno señala “anomalía psíquica”, se está haciendo referencia a cualquiera de las 12 áreas de la psiquis que puedan estar comprometidas; cuando menciona “grave alteración de la conciencia”, debe conocer que en la conciencia neurológica están las epilepsias; cuando apunta a “alteraciones de la percepción”, se refiere a los sentidos, cuya enfermedad representativa es la esquizofrenia; y cuando menciona “la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto”, se refiere muchas veces a los retardos mentales o las demencias.
Sobre el Artículo 109 del Código Penal, el cual apunta que quien “mata a otro bajo el imperio de la emoción violenta que las circunstancias hacen excusables, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”, debe evaluarse si se el sujeto presentó estrechamiento de conciencia como el estado crepuscular.
Respecto al Artículo 110, el cual menciona que “la madre que mata a su hijo durante el parto, o bajo la influencia del estado puerperal, será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”, comenta que se debe valorar si realmente se está hablando de una psicosis o de una depresión y para eso se debe aplicar una valoración psicométrica, ya que también podría tratarse de una psicopática disocial que ha matado al bebé e intenta evitar la responsabilidad de sus actos.
Anota que incluso quienes imparten justicia deben tener en cuenta que, según la Clasificación Internacional de Enfermedades – CIE 10, hay un trastorno conocido como ‘facticio’, en el cual el mismo paciente se hace pasar por enfermo. Esta persona puede simular (aparentar algo que no es), disimular (ocultar algo escondido) o pretextar (justificar lo injustificable).
La Cruz Toledo afirma que cuando un abogado pide a uno de sus clientes que se saque una “prueba psicológica” está demostrando un gran desconocimiento de las ciencias auxiliares del Derecho (neurología, psicología y psiquiatría), pues es tan igual como si un médico le ordenase a su paciente que se saque un hemograma, sin especificarle al laboratorista qué es lo que realmente necesita de ese examen (transaminasa, bilirrubina, fosfatasa ácida, etc.).
“Si hablamos de un caso de violación, lo que debo pedirle al psicólogo es que haga una valoración de ansiedad, depresión y personalidad. Allí me debe arrojar por psicometría una medida objetiva de acuerdo a mi teoría del caso que me servirá como evidencia”, explica.
Por eso, el especialista recomienda a los encargados de administrar justicia que dominen estos conceptos de las ciencias auxiliares para que realmente sean un auxilio en los casos que lleven.
En ese sentido, propone que se complemente la legislación existente referida a la participación conceptual psiquiátrica de “anomalía psíquica”, pues es necesario difundir bien lo que significa y comprende.
Asimismo, señala que el Artículo 20 del Código Penal debe corregirse para hacerlo más exacto y preciso respecto a la ubicación del paciente con anomalía psíquica dentro de la calificación del menoscabo.
“Recomiendo a los abogados que así como tienen su Código Penal y Civil siempre a la mano, también tengan su libro de las CIE 10 para que conozcan cuáles son las enfermedades mentales”, sentencia.
SI NO SE CUMPLE CON LEY DE EXPROPIACIÓN: COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO AFIRMAN QUE PROMOVERÁN REVOCATORIA DE MARCOS GASCO
Firme. El secretario general del Sindicato de Comerciantes del Interior del Mercado Modelo, Felipe Cieza Gálvez, manifestó que si el alcalde de la ciudad, Marcos Gasco Arrobas, insiste en no dar cumplimiento a la Ley de Expropiación de las 36 tiendas del centro de abastos, privatizadas hace 20 años, promoverán el proceso de revocatoria en su contra.
En la gestión de David Cornejo Chinguel el Congreso de la República aprobó y promulgó la ley que ordena la expropiación de 36 puestos al interior del Mercado Modelo de Chiclayo y declara la construcción de un nuevo centro de abastos como una obra de interés y necesidad pública.
Para efectuar la expropiación, expertos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tasaron el valor comercial de las tiendas para estimar el justiprecio a pagar, monto que para el exalcalde era excesivo por lo que ordenó una nueva tasación. Sin embargo, el plazo de la ley, inicialmente de dos años, se venció sin que se logre el objetivo, por lo que el Congreso de la República aprobó una prórroga por 24 meses más.
Empero, el alcalde de la provincia, Marcos Gasco Arrobas, ha precisado que no tiene interés en ejecutar los efectos de la ley de expropiación, sino que más bien apuesta por la privatización total del mercado.
Frente a ello, los comerciantes del interior del establecimiento han alzado su voz de protesta, advirtiendo que si la autoridad municipal no cumple con la expropiación deberán afrontar el proceso de revocatoria que estos iniciarán en su contra.
“No entendemos la posición del señor Marcos Gasco Arrobas, porque como burgomaestre él tiene la obligación moral de cumplir con lo que ordena la Ley Orgánica de Municipalidades, lo cual es retomar el proceso iniciado en la época de David Cornejo Chinguel al amparo de la ley de expropiación. El alcalde, en varios medios, ha expresado su interés de privatizar el mercado y esto no ha caído bien a los miles de comerciantes”, manifiesta el dirigente.
HISTORIA DE LA PRIVATIZACIÓN
En 1998, al amparo de la Ley de Privatización de Mercados, 36 comerciantes del Mercado Modelo adquirieron igual número de tiendas convirtiéndose en dueños del 19.5 % del centro de abastos, cuya propiedad pasó a ser compartida con el municipio, con una declaratoria de fábrica de 1996.
Sin embargo, como explica Cieza Gálvez, en el 2003 estos inscribieron ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, potestad como propietarios del 49 % del mercado sustentándose en una declaratoria de fábrica actualizada ante la inacción municipal,
Por tal razón, cuando correspondió tasar el justiprecio a pagar a los comerciantes se hizo sobre la base del 49 % de la propiedad, arrojando el monto de 28 millones de soles.
Cieza Gálvez refiere que de este modo los propietarios de las 36 tiendas asumieron el control de 13 puestos más, además del local de la comisaría y la administración del mercado.
Siendo el municipio copropietario del centro de abastos con los comerciantes de las 36 tiendas, el mecanismo para que la comuna recupere la titularidad sobre los espacios inscritos a nombre de estos es la expropiación, a fin de tener nuevamente el control total del centro de abastos para gestionar su modernización.
“De dónde aparecieron como propietarios del 49 % si lo que compraron fue el 19 %, por eso es que nosotros nos opusimos a que se pague la tasación ascendente a 28 millones de soles y le exigimos al exalcalde David Cornejo que se revise el procedimiento a fin de cautelar el patrimonio de la ciudad. Si esto pasó es porque el municipio siempre ha descuidado los trámites y nunca se asumió una defensa correcta de los intereses de la institución a través de la procuraduría”, asevera.
JUNTA NO INSCRITA
Otra muestra de la inacción municipal respecto al Mercado Modelo es que nunca se inscribió en registros públicos la junta de propietarios, con ventaja del municipio al ser el accionista mayoritario, que se instaló con apoyo de la fuerza pública en el 2011, en atención a un mandato del Tribunal Constitucional que ordenó la formulación de un nuevo reglamento interno del centro de expendio.
“Si se hubiera inscrito en registros públicos, esa sería la junta que actualmente dirigiría los destinos del Mercado Modelo”, manifiesta.
Uno de los argumentos que esgrimen los comerciantes que compraron las 36 tiendas es que en 20 años de copropiedad el municipio nunca les reconoció los dividendos que les correspondían por el cobro de merced conductiva, concesión de baños y parqueo. Se estima que la deuda asciende a más de 20 millones de soles.
“Esa es la debilidad de una autoridad improvisada. Si el alcalde tuviera la capacidad suficiente buscaría el mecanismo para calcular qué es lo que les corresponde exactamente a los 36 propietarios y qué es lo que le corresponde a la municipalidad. Esos cálculos que hacen los comerciantes incluyen a las áreas atribuidas en un 30 % y no a lo que originalmente compraron. También se debe tener en cuenta que estos dejaron de pagar sus impuestos a la municipalidad y, por lo tanto, hay mucho dinero que deducir de ese monto millonario que ellos argumentan. Asumiendo que el monto sea impagable, eso no tiene nada que ver con la ley de expropiación. El alcalde tiene la obligación de implementarla”, manifiesta Felipe Cieza.
La prórroga dada sobre la ley de expropiación vence en mayo del 2020, pero a ese plazo podría sumarse un año más, debido a que la Ley General de Expropiaciones señala que el tiempo máximo es de cinco años.
POSTURA EDIL
“El alcalde Gasco se ha declarado prácticamente un enemigo de los comerciantes y está al lado de los 36 propietarios, tan es así que incluso ha retirado al personal de limpieza del mercado, lo que es algo grave. Ahora lo que pasa, es que la Junta de Propietarios dice que por amistad con el alcalde y considerando la situación álgida de la municipalidad va a apoyar con la limpieza, pero el trasfondo es otro: captar la administración del Mercado Modelo”, señala Cieza Gálvez.
El dirigente denuncia que los propietarios de las 36 tiendas han construido instalaciones de metal sobre los puestos, lo que constituye un peligro inminente para vendedores y usuarios.
“Es lamentable que el alcalde se haga de la vista gorda y que Defensa Civil tampoco actúe”, indica.
Al interior del mercado laboran a diario aproximadamente 470 comerciantes (sin contar a los 36 propietarios), quienes pagan 42 soles mensuales al municipio de Chiclayo por merced conductiva.
“El pago de la merced conductiva no incluye los servicios básicos. Todos aportamos al sindicato para el pago del servicio de agua potable y alcantarillado, en tanto el servicio de energía eléctrica se ha independizado por cada puesto”, explica.
Cieza Gálvez reconoce que existe un porcentaje de morosidad respecto a la merced conductiva, de lo que se valdría la autoridad municipal para desatenderse de la responsabilidad que le corresponde sobre el mercado, aduciendo que este genera pérdidas a la comuna.
Otro problema del mercado es la falta de saneamiento físico legal de los puestos que se ubican en lo que se conoce como las plataformas Balta, Arica, Pardo y Cuglievan, debido a que estos no aparecen inscritos en registros públicos, mas sí están reconocidos por la municipalidad con la Ordenanza N° 017 del 2005.
“Son áreas comunes del mercado, pero que ya están ocupadas. Por eso es necesario que se realice el saneamiento físico legal, que se elabore un nuevo catastro y que se registre la existencia de las cuatro plataformas. Esto debe ser aprobado en sesión de concejo, inscrito en registros públicos e incluso se tiene que seguir un proceso judicial por la copropiedad. Si se hace el saneamiento físico legal se incrementaría el accionariado a favor de la municipalidad frente a los 36 propietarios”, indica.
DEFENSA DEL MERCADO
Felipe Cieza manifiesta que cansados de pedirle acción al alcalde, pese a que le han enviado la documentación integral sobre la problemática del mercado, han realizado una masiva marcha, para exigir que se cumpla con la ley de expropiación.
Los comerciantes han enviado una carta notarial a la autoridad esperando que recapacite.
“Si no lo hace, nosotros como ciudadanos haremos uso de nuestro derecho de promover la revocatoria del alcalde al cumplirse el primer año de su gestión. Definitivamente lo vamos a hacer. Cuando él era candidato a todos nos extendía la mano, lo hemos recibido en el local sindical, le dimo nuestro apoyo y ahora dice que no nos conoce. Si el señor Gasco no recapacita nos vamos a la revocatoria”, enfatiza.
REGIDORA DE LA MPCH FELIPA OROSCO NUNTON: BUSCAMOS EMPODERAR A LAS MUJERES EN SU LUCHA POR LA IGUALDAD
La regidora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Felipa Roxana Orosco Nuntón, accedió a una entrevista con Expresión en la que da cuenta de su labor fiscalizadora en los primeros cuatro meses en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la que desde su posición trabaja en pro del bienestar de las poblaciones vulnerables como mujeres víctimas de maltrato, niños, adolescentes y adultos mayores con habilidades diferentes.
¿Qué destaca de los cuatro primeros meses de la gestión que encabeza el alcalde Marcos Gasco Arrobas?
Han transcurrido 120 días de labor municipal en Chiclayo y aún hay mucho por hacer. Sin embargo, la labor realizada por Marcos Gasco desde que asumió la gestión edil a la fecha es ardua, pues no solo trabaja coordinadamente con sus funcionarios, sino también con la población, ya se han desarrollado diversas acciones por la ciudad.
Por ejemplo, estos últimos días la municipalidad ha realizado operativos inopinados a restaurantes, empresas de transportes y fábricas de alimentos a fin de garantizar que las condiciones sean óptimas para los usuarios.
Además, recientemente el alcalde gestionó ante el ministro de economía, Carlos Oliva, un rescate financiero para el municipio chiclayano y así resolver la difícil situación económica que desde hace tiempo se ha vuelto insostenible para la ciudad.
Otra de sus acciones con apoyo de la inversión privada fue la entrega de 50 sillas de ruedas para personas con discapacidad física permanente y de escasos recursos económicos. Asimismo, se realizó con rotundo éxito el programa 'Incubadora de empresas', que promueve la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para incentivar el emprendedorismo en los chiclayanos con ganas de marcar su propio camino empresarial.
Somos conscientes de que es un largo camino y aún hay mucho por hacer para mejorar la ciudad, pero las metas ya están trazadas y existe un enorme compromiso.
¿Cuál es su postura sobre la designación de Veolia como la empresa encargada de recoger los residuos sólidos de Chiclayo?
La designación de Veolia para el recojo de la basura es un asunto que ha sido evaluado de manera correcta por parte de nuestra autoridad edil, ya que el objetivo es mantener la ciudad limpia y estamos a puertas de lograrlo.
No creo que dicha situación genere problemas a la administración de Gasco. El desarrollo de Chiclayo no solo es tarea del alcalde y sus regidores, sino que es una tarea de todos, empezando porque debemos tener más cultura y educación respecto al manejo de los residuos sólidos, debemos ser conscientes en pagar nuestros impuestos, porque de ellos se ejecutan las obras que necesita la ciudad.
El alcalde está permanentemente en diversos puntos de la ciudad, en operativos, en fiscalizaciones, en reuniones y visitas a ministros y funcionarios del Banco Mundial a fin de contar con mayor presupuesto para ejecutar obras para nuestra ciudad.
¿Fue un error la selección que hizo el alcalde sobre sus profesionales y personal de apoyo?
Respecto a la selección de los profesionales en el cargo de las gerencias y subgerencias, el alcalde Marcos Gasco realizó el respectivo cruce de información en torno a los currículos y experiencia de quienes deben estar en los diversos cargos municipales, cumpliendo con lo que exige la ley.
Sin embargo, se han tenido que hacer cambios de funcionarios porque no cumplían con el perfil determinado y es posible que muchos de ellos le hayan mentido al burgomaestre, que hayan burlado la confianza de nuestra autoridad edil y para no contravenir con la ley, hoy por hoy, se solicita su cambio inmediato.
La designación de Cristian Rosenthal como gerente general de la municipalidad creo que fue un error en tanto el señor estaba con una condena del Poder Judicial, de modo que debió ser consciente que su situación legal comprometía el mejor desempeño del trabajo en la comuna chiclayana. Este es un tema que ha quedado zanjado, sin embargo sobre este error superado vamos cimentando mejor nuestro trabajo municipal.
¿Para usted cual es el mayor problema que afronta la MPCH?
Hay varios problemas, pero considero que lo que reclama con justicia la ciudadanía es tener una ciudad limpia, ordenada, que se hagan sus veredas, pistas, que se ordene el tránsito, el comercio ambulatorio, que se transparenten todas sus acciones, para lograrlo hay que recuperar la credibilidad de la ciudadanía para que paguen sus impuestos y con ello tener los fondos necesarios y hacer las obras que demandan todos los chiclayanos.
¿El pasado 8 de febrero se realizó una sesión ordinaria ¿cuáles fueron los pedidos?
Uno de los pedidos fue solicitar al señor alcalde Marcos Gasco la firma de un convenio con la Escuela Nacional de Administración Publica para la capacitación de los trabajadores de la municipalidad.
Asimismo solicitar al gerente municipal la propuesta de una comisión de tránsito a SERVIR, cuyo sustento es que los trabajadores municipales no están debidamente capacitados para ejercer en las áreas correspondientes y es urgente e importante potenciar su experiencia y trayectoria profesional para un mejor desempeño y pensando en los usuarios que a diario acuden a la Municipalidad de Chiclayo.
En calidad de regidora he asistido a la Escuela Nacional de Administración Publica - ENAP, siendo atendida por Mirtha Arrieta Castillo, Gestora de Información Académica, para solicitar la firma de un convenio a fin de capacitar a todos los trabajadores de la municipalidad de Chiclayo.
La segunda petición apunta a modernizar la administración pública para mejorar los servicios que se proveen a la ciudadanía mediante la instalación de un régimen basado en la meritocracia. He conversado con Maruxa Deza y Liliana Machuca, funcionarias de SERVIR, para informarnos sobre el estado de nuestra Municipalidad de Chiclayo y uno de nuestros deberes es enviar una solicitud para iniciar la gestión, hecho que se ha realizado.
Además, con Mirtha Arrieta Castillo se logró una reunión con la Viceministra de la Mujer, Cecilia Esther Aldave Ruiz, para efectos de trabajar articuladamente con los Viceministerios de la Mujer y proponer iniciativas de políticas públicas a favor de la mujer y niñez.
Otro aspecto a destacar es la conformación de una Comisión integrada por Carlos Montenegro, Andrés Purihuamán y quien le habla la que está trabajando para reactivar la Mancomunidad Mochica y el incremento presupuestal del Vaso de Leche para apoyar a más beneficiarios.
Después del desatino y la ignorancia de dos ministros respecto a la historia de Lambayeque, con miras al Bicentenario, usted sentó una firme posición y envió una carta a la ministra de cultura, Ulla Holquist Pachas ¿qué reclamaba en ella?
Me pareció incómodo el mal trato que recibimos por parte de los ministros del centralismo Limeño. Uno llegó a Trujillo y dijo que estaba agradecido de estar en la Ciudad de la Amistad y otro ministro llegó a Chiclayo más despistado a decir que estaba en la ciudad donde se dio el grito libertario.
En resumen, en la carta se reclamó que nos respeten como lambayecanos, respeten nuestra historia y otorgarle el lugar que merece a Lambayeque en el Bicentenario y por la eternidad.
No cabe duda que la chispa revolucionaria independentista surgió en Lambayeque, la tierra natal del Prócer de la Independencia, Juan Manuel Iturregui y Aguilarte, quien fue uno de los benefactores y estrategas, junto al Coronel Pascual Saco Oliveros y Juan del Carmen Casos, quien ostentaba el cargo de Coronel del batallón cívico de Lambayeque.
Ellos, junto a un puñado de lambayecanos elaboraron el plan para insurrecionar la entonces Intendencia de Trujillo, debiendo empezar en Lambayeque el 12 de diciembre de 1820.
La historia de Lambayeque es rica y extensa; y al parecer ambos ministros olvidaron la posición de un gran sector de historiadores, cultores y estudiosos de esta materia, que consideran a Lambayeque motor principal por su entrega y por los recursos inmensos que proporcionó a la patria antes y después de la independencia, hasta sellarla el 9 de diciembre de 1824.
Entonces, a la ministra le hice llegar no solo mi malestar, sino el de todos los chiclayanos y lambayecanos.
Hace dos meses celebramos el día de la mujer ¿qué medidas se están tomando para afianzar su lucha y erradicar la violencia de género de la que son víctima?
Reconocidas o anónimas, solas o acompañadas, hace un mes conmemoramos la lucha de la mujer y su participación en la sociedad por la igualdad de género.
Aunque a lo largo de los años la mujer ha ganado derechos y libertades, aún queda un amplio camino por recorrer y uno de los problemas más grandes es combatir la violencia de género.
No solo el 8 de marzo es un día para condenar el machismo y reivindicar que todos tenemos los mismo derechos y libertades y dentro de tanto caos es oportuno, debemos hacerlo con firmeza todos los días, y hora a tras hora creo debemos saludar y felicitar a todas las mujeres del Perú, en especial a las mujeres lambayecanas por su esfuerzo y sacrificio. Cada día debemos decir: No a la violencia, es hora del cambio.
Es importante hablar de estos temas y alzar la voz cuando es necesario, pero también implica tomar acción. Entonces, una de las medidas que hemos tomado es escuchar la problemática de las mujeres de todos los distritos de nuestra provincia de Chiclayo, haciendo un diagnóstico real, estamos llegando a conclusiones concretas para aplicar nuestro trabajo e ir superando esta problemática, queremos que nuestras mujeres se quieran, se amen, que no permitan que nadie les falte el respeto, por eso queremos empoderarlas y buscar resultados en su permanente lucha por la igualdad y equidad de género. Las mujeres no somos más que los hombres, no queremos ser diferentes, queremos un trato igualitario porque sabemos pensar, trabajar, discernir como los varones, nuestra búsqueda por el equilibrio de derechos debe ser sostenido.
Por ello el pasado 25 de febrero las regidoras de todos los distritos nos reunimos precisamente para tratar temas de la lucha contra la violencia de género y actualmente hemos conformado una Mesa de Diálogo para trabajar de manera articulada.
¿Le preocupan los feminicidios en nuestro país?
Estoy muy preocupada por la vida y la salud de mujeres que son violentadas y asesinadas, creo que las leyes en el país deben endurecerse para castigar a quienes cometen feminicidios en lo que va del año se registran 55 casos entre enero y mayo. Es necesario concientizar a ciudadanos y autoridades frente a esta imparable ola de crímenes de género, que durante el 2018 cobró 149 víctimas.
Ha propuesto la creación de un albergue para mujeres violentadas.
Así es. Tenemos el objetivo de crear un albergue temporal para mujeres violentadas en las que esté presente la orientación psicológica, médica y de atención personalizada, porque los casos de violencia tienen diversos motivos. En Sesión de Concejo he solicitado que una de las casas incautadas se destinen para este objetivo, soy consciente que el proceso demorará pero ya está planteado y haremos el seguimiento de esta solicitud.
Los niños con habilidades diferentes son de su interés, ¿qué hacer para evitar su vulnerabilidad?
Cuando un niño con discapacidad intelectual o física o con habilidades diferentes tiene la oportunidad de recibir educación especial y de calidad se le abren las puertas. Entonces, para contribuir con ellos doné mi primer sueldo para la adquisición de material de psicomotricidad para los menores con habilidades diferentes integrantes de la asociación 'Ángel Mary Valero'.
Dicha asociación está al mando de Hilda Marleny Portero López, quien trabaja con personas de gran corazón que ayudan desinteresadamente en la recuperación de aquellos niños que no tienen la capacidad económica de afrontar las terapias de psicomotricidad. En esa oportunidad nos acompañó el Padre Miguel Mory, con quien conocimos de primera mano las carencias de cada uno de los niños y adultos que no tienen los medios suficientes para ser estimulados con terapias.
Además, me comprometí en buscar ayuda y en los próximos días estaré viajando a España como parte de una comitiva del municipio chiclayano a fin de coordinar con Ongs en temas relacionados con el empoderamiento de la mujer, la niñez y el adulto mayor.
· Felipa Roxana Orosco Nuntón es Contadora Público Colegiada.
· Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en la Universidad Pacífico.
· Nació en el distrito de Santa Rosa un 14 de marzo, es casada y madre de dos hermosos niños Víctor y Felipe.
· Conforma tres Comisiones Municipales: Asuntos Sociales, Mujer - Desarrollo y Urbanismo y Medio Ambiente.
NOS RATIFICADOS: CONTRATO DE LA MPCH CON VEOLIA ES IRREGULAR
La empresa beneficiada por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, con un contrato directo de más de un millón 800 mil soles para el recojo de la basura, cursó a Expresión una carta notarial demandando la rectificación de la información propalada en la Edición N° 1111, referida a los cuestionamientos que pesan sobre esta por la celebración del acuerdo con la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuando no contaba con el Registro como Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente. Acciones de la propia compañía nos permiten ratificarnos.
La carta firmada por Adolfo Pulgar Soarez, gerente jurídico de Veolia Servicios Perú SAC, señala que lo informado por Expresión “genera juicios de valor negativos” contra la empresa y “afectan el normal desenvolvimiento del contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Chiclayo”.
“Rechazamos absolutamente estas expresiones por afectar nuestra buena reputación e internar posicionarnos con sus lectores como si nuestra empresa hubiera contratado con la municipalidad sin contar con registro de operaciones”, dice la misiva.
CONTRATO SIN REGISTRO
Al respecto, Expresión responde que es así. El contrato entre Veolia Servicios Perú SAC y la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue suscrito el 22 de abril pasado, fecha en la cual la empresa carecía del Registro de Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente.
Esto se confirma porque el registro recién fue expedido a favor de la compañía el 24 de abril, tal como consta en el documento que la misma empresa hizo circular el jueves 2 de mayo, adjuntando una nota de prensa señalando que sí contaba con la autorización del Ministerio del Ambiente. El registro inicialmente le fue negado a Veolia por el incumplimiento de requisitos, con la Resolución Directoral N° 0034-2019, de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, el 17 de enero de este año.
CONTRADICCIÓN DE PULGAR
Es más, el propio Adolfo Pulgar Soarez, a través de Magda Quesquén Sánchez, hizo llegar el 30 de abril, vía correo electrónico, a los medios de comunicación una nota de prensa (bajo el formato de pregunta – respuesta), en el que señala que Veolia no tenía el registro ante el Ministerio del Ambiente.
En párrafo final de dicho documento adjunto señala textualmente: “Nosotros tenemos autorización de Digesa, tal cual nos pide la norma. La autorización es de EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos) y es por 5 años. En la actualidad estamos tramitando la autorización de EO (Empresa Operadora) porque las funciones de Digesa han sido asumidas por Minam (Ministerio del Ambiente), pero no significa que permisos anteriores no sean válido”.
Si el registro fue obtenido el 24 de abril, dos días después de la suscripción del contrato con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿por qué el gerente jurídico de la empresa señaló el 30 de abril en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación que dicho documento estaba en trámite?
EL CERTIFICADO DE DIGESA
Como refiere la respuesta del propio Pulgar Soarez, la defensa de la municipalidad y de Veolia al contrato se centró en la existencia del documento emitido el 3 de enero del 2018 por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud a nombre de la contratista, cuyo numeral cuarto indica enfáticamente que: "El registro tiene vigencia de cuatro (04) años y no constituye autorización de funcionamiento u operación".
Tal como se indica, el registro de la DIGESA no era suficiente para que Veolia se convierta en operadora de residuos sólidos, contraviniendo lo señalado por la Ley de Gestión de Residuos Sólidos que exige el registro ante el Ministerio del Ambiente para que una empresa alcance la condición de operadora.
SOBRE EL REGISTRO DE DIGESA
El mismo 2 de mayo, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, recibió el Oficio N° 001158-2019, dirigido por la gerente regional de Salud de Lambayeque, María Esther Collantes Santisteban, dándole a conocer el Informe N° 000027-2019-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-PLOV, en el que se señala que se estaba infringiendo con el Artículo 135 de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, pues Veolia (como continúa haciéndolo) vertía residuos en lugares no autorizados (pampas de Reque), lo que constituye en una infracción muy grave.
Pero además, que para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos las empresas deben inscribirse previamente en el Registro del Ministerio del Ambiente como operadoras. No tener tal condición se constituye en una infracción grave.
“Veolia Servicios Perú SAC asume tener un Registro de Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos basados en la Ley 27314, modificada por el Decreto Legislativo N| 1065 y su reglamento aprobado con D.S. N° 057-2004-PCM, cuando esta ley ha sido derogada, encontrándose en vigencia la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos con D.L 1278 y su reglamento con D.S. N° 014-2017-MINAM, con fecha 21 de diciembre del 2017, dado que los registros emitidos no serían válidos debido a que se ha emitido fechas posteriores a la ley vigente, puesto que se ha aplicado una ley y su reglamento derogados”, señala el informe de la Dirección de Salud Ambiental canalizado a través de la Gerencia Regional de Salud.
HECHO IRREGULAR
Llama la atención que en su carta notarial Veolia no señale absolutamente nada sobre la irregular calificación que recibió cuando se suscribió el Acta de Buena Pro del proceso de adjudicación directa, el 5 de abril pasado.
En dicho documento, el subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Siadén Ortega, señaló que había recibido copias simples del Registro Autoritativo por parte de Veolia como Operadora de Residuos Sólidos expedido por el Ministerio del Ambiente, lo cual es falso, pues como se ha explicado la empresa obtuvo dicho registro recién el 24 de abril.
Pulgar Soarez refiere en la carta que si este medio no procede a rectificarse sobre la información difundida procederá a tomar las acciones legales, lo cual consideramos como una amenaza directa a la libertad de expresión e información, más aún porque el contenido en el informe publicado por Expresión se ajusta a los hechos y documentos existentes.
Al cierre de esta edición se conoció de una denuncia presentada por los regidores de oposición de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible contra el alcalde, los funcionarios involucrados en la contratación de Veolia y los regidores que aprobaron la declaratoria del desabastecimiento inminente del servicios de residuos sólidos y la posterior adopción de un acuerdo rectificatorio.
El contrato entre la MPCH y Veolia no está publicado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
EL OLMOS: PROCESOS POR SIETE MILLONES DE SOLES SON DECLARADOS NULOS AD PORTAS DE SER ADJUDICADOS
Tres obras para reconstrucción de pistas y puentes son postergadas en su ejecución.
Tal parece que la reconstrucción de pistas y puentes producto del daño causado por el Fenómeno El Niño, que azotó la parte norte del país, entre ellas el distrito de Olmos, no se hará realidad en esta jurisdicción.
Así se tiene que el 26 de marzo se convocaron dos Procedimientos Públicos de Contratación Especial - PEC, bajo la fundamentación legal de la Ley de Reconstrucción con Cambios - RCC, siendo el primero el signado con el N° 1 convocado para la “Renovación del Tramo 1-1438, Calle San Francisco, desde San Jorge hasta la calle Santa Isabel en la localidad de Olmos”, cuyo monto de inversión aprobado supera el millón 687 mil soles.
Según el cronograma del proceso, la Buena Pro estuvo programada para su otorgamiento el 11 de abril del presente año, procedimiento que tuvo que ser suspendido debido a la advertencia por parte del área usuaria de serios errores en la elaboración del Expediente Técnico, lo cual generó que el gerente municipal, José Luis Farfán Maza, emitiera la Resolución N° 157-2019-MDO/GM, resolviendo declarar nulo de oficio el proceso convocado, retrotrayendo el mismo hasta la etapa de los actos preparatorios; es decir, hasta la reformulación del expediente técnico.
En las mismas condiciones, bajo la misma fundamentación y la misma decisión resolutiva del anterior procedimiento, la Gerencia Municipal de la comuna decidió mediante la Resolución N° 159-2019-MDO/GM declarar nulo el Procedimiento Público de Contratación Especial N” 2, el cual fue convocado en la misma fecha del proceso anterior (26.03.2019), para la realización de los trabajos de “Renovación de Pista en la reconstrucción del Tramo 1-1139 en la Calle San José, desde la Calle Santa Cecilia hasta Tarata”, por un monto superior al millón 100 mil soles, cuya adjudicación debió realizarse igualmente el día 11 de abril del año en curso, en este caso a las 2:00 p.m., el cual hasta la actualidad se encuentra suspendido por las razones esbozadas en la resolución aludida; es decir, no haber reformulado el expediente técnico del proyecto.
Como sino fuera suficiente y dando muestras de una gestión ineficiente por parte de los encargados de realizar los procesos de contratación en el ayuntamiento de la “Capital del Limón”, la Gerencia Municipal el día 30 de abril del año presente emitió la Resolución N° 226-2019-MDO/GM, mediante la cual declaró la Nulidad de Oficio del Proceso Público de Contratación Especial N° 03-2019-MDO, convocado el 12 de abril de este año, con la finalidad de ejecutar los trabajos de “Renovación de tres puentes peatonales sobre el río Valle Viejo en la localidad de Olmos”, con un monto de inversión de más de cuatro millones de soles, el cual - según el cronograma establecido - debió ser adjudicado el 30 de abril del presente año.
La nulidad deviene de la Acción de Supervisión de Oficio por parte de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, que advirtió una serie de transgresiones flagrantes a las Bases Estándar aprobadas por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios - RCC, razón por la cual se decidió declarar de oficio la nulidad del proceso convocado, considerando igualmente que el mismo se retrotraiga hasta la etapa de los actos preparatorios; es decir, hasta la elaboración de las bases con la finalidad de corregir los vicios advertidos para luego realizar una segunda convocatoria en los plazos previstos.
Para este proceso el cuestionado alcalde Willy Serrato Puse nombró el Comité de Selección presidido por Paul Giuliano Sánchez Olano e integrado por José Manuel Távara Alban y Víctor Eduardo Sánchez Torres.
APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
Los expedientes técnicos de los tres proyectos que hasta hoy no pueden ser adjudicados y, por ende, iniciados en su ejecución, fueron aprobados mediante sendas resoluciones emitidas por la gestión del exalcalde Juan Mío Sánchez, quien terminó vacado y con una serie de cuestionamientos que hoy en día son materia de investigación.
EN CASO LOS WACHITURROS: SUPREMA ADMITE CASACIÓN A FAVOR DE EDWIN OVIEDO
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República admitió el Recurso de Casación N° 292-2019/Lambayeque en el caso “Los Wachiturros”, con el que se verá la situación del empresario Edwin Oviedo Picchotito, quien afronta una prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra en el proceso que se le sigue por los delitos de asociación ilícita en agravio del Estado, homicidio calificado en agravio de Percy Waldemar Farro Witte y Manuel Rimarachín Cascos, fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la azcuarera Tumán, y cohecho pasivo propio, peculado y encubrimiento real en agravio del Estado.
El recurso de casación interpuesto por la defensa Oviedo Picchotito es contra el auto de vista de fojas 480, del 31 de diciembre del 2018, que confirmó el mandato de prisión preventiva expedido en su contra el 6 de diciembre del año pasado.
La ponencia de la casación a favor de Edwin Oviedo estuvo sustentada por el magistrado César San Martín Castro, quien fundamentó que conforme al artículo 430, inciso 6, del Código Procesal Penal, correspondía al Supremo Tribunal decidir si el auto concesorio del recurso de casación está arreglado a derecho; y, por tanto, si procede conocer el fondo del asunto.
Asimismo fundamentó que en el presente caso,se trata de un auto que estimó un requerimiento de prisión preventiva. No se cumple, entonces, el presupuesto objetivo del recurso de casación previsto en el artículo 427, apartado 1), del Código Procesal Penal, ello con independencia de la gravedad de los delitos objeto del proceso penal: homicidio calificado, asociación ilícita, entre otros. Siendo así, es de rigor examinar si se cumplió con invocar el acceso excepcional al recurso de casación, si este se justificó adecuadamente con una argumentación específica y si, en efecto, la materia excepcional que plantea tiene especial trascendencia o interés casacional.
César San Martín también alegó que la defensa del encausado Oviedo Picchotito en su escrito de recurso de casación, de 15 de enero del 2019, mencionó el acceso excepcional al recurso de casación y citó, al efecto, el artículo 427, apartado 4, del Código Procesal Penal. Invocó la causal de casación específica de inobservancia de precepto constitucional (artículo 429, inciso 1, del Código Procesal Penal). Planteó cuatro temas excepcionales: la desacumulación, ex artículo 51 del Código Procesal Penal, genera como efecto la separación de procesos independientes, cada uno con su propio objeto (imputados, hechos, agraviados); el proceso cautelar (de coerción), específicamente de prisión preventiva, no puede extender sus efectos a otros procesos, sino del que emerge; la transcripción de la fiscalía de la declaración del colaborador debe ser objeto de control de licitud por la sala; y, la corroboración de las informaciones de los colaboradores debe ser sobre datos nucleares de la imputación y con pruebas no sospechosas.
Asimismo refirió que el artículo 430, apartado 3, del Código Procesal Penal exige, como presupuesto procesal formal, que se precisen las razones específicas necesarias para sostener el acceso excepcional del recurso de casación, las cuales, por lo demás, deben estar dirigidas a un ámbito de carácter general vinculado a una infracción normativa -que trascienda el caso concreto y se proyecte a la generalidad (ius constitutionis)-, y asimismo estas deben guardar coherencia con los motivos de casación planteados. El juicio de especial relevancia debe partir de la propuesta fundamentada del impugnante.
San Martín, magistrado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso, refirió que los cuatro planteamientos del imputado recurrente tienen un alcance general, más allá del caso concreto, y son especialmente relevantes. Es de analizar, atento a lo que argumentó la impugnación del imputado, si el procedimiento de prisión de preventiva surgió del específico proceso penal declarativo de condena (alcances del principio de instrumentalidad en el proceso de coerción) y, en caso contrario, como se trata de un proceso global que luego dio lugar a varios expedientes fiscales -con interferencias de una resolución cautelar en sede de un proceso constitucional de garantías, luego revocada-, si se incurrió en una causal de nulidad absoluta sobre la base de una posible indefensión material producida.
De otro lado, es de examinar, al utilizarse declaraciones realizadas en procesos especiales de colaboración eficaz en trámite, si estas se incorporaron sin afectar derechos de los afectados por sus informaciones, y si se está o no en presencia de pruebas ilícitas o defectuosas, así como si el conjunto de información de cargo -de excluirse estas últimas- supera el estándar de convicción que requiere la prisión preventiva.
En consecuencia, ha de dilucidarse si es del caso que el Tribunal Superior debió anular el auto de prisión preventiva y, en su caso, descartada la nulidad, desde el ‘fumus comissi delicti’, dilucidar si los actos de investigación incorporados al procedimiento de prisión preventiva son legítimos o lícitos y suficientes. La perspectiva del presente análisis -motivo casacional-, sin duda, es de carácter constitucional, si se inobservó el derecho del procedimiento debido (debido proceso), y las garantías de defensa y de tutela jurisdiccional.
BIEN CONCEDIDO
En consecuencia, los magistrados César San Martín Castro, Figueroa Navarro, Príncipe Trujillo, Sequeiros Vargas y Magdalena Chávez Mella decidieron declarar “bien concedido el recurso de casación”, por la causal de inobservancia de precepto constitucional, interpuesto por la defensa del encausado Edwin Oviedo Picchotito contra el auto de vista de fojas cuatrocientos ochenta, de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que confirmando el auto de primera instancia de fojas doscientos setenta y dos, de seis de diciembre de dos mil dieciocho, declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses dictado en su contra.
Los magistrados ordenaron que el expediente permanezca en Secretaría por el plazo de diez días para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si lo estiman conveniente, alegatos ampliatorios.
POR VICIOS COMETIDOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN: COMUNA DE FERREÑAFE ANULA BUENA PRO DE OBRAS DE PISTAS Y VEREDAS
Proyecto de la reconstrucción está valorizado en más de nueve millones de soles.
Con Resolución de Alcaldía N° 209-2019, del 2 de mayo, la titular de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro de la obra “Mejoramiento de pistas y veredas del cercado urbano y unidades vecinales de la ciudad de Ferreñafe (Primer avance), retrotrayendo el proceso al estado de evaluación de propuestas, debido a vicios detectados en el desempeño del Comité de Selección. La obra
La decisión se sustenta en el Informe Legal N° 151-2019-MPF/GAJ, del 30 de abril, referido al Proceso de Contratación Pública Especial N° 001-2019.
El expediente técnico de la obra se aprobó en febrero pasado y el 2 de abril se aprobó el expediente de contratación, otorgándose la buena pro al Consorcio Ferreñafe, integrado por las empresas Inversiones La Vía del Perú SAC, A+A Contratistas Generales SRL y Constructora Erwi SAC, para la ejecución.
Empero, el 23 de abril el jefe de la Comisión de Control del Órgano de Control Institucional – OCI, del municipio, Manuel Tantaleán Santa Cruz, emitió el Reporte de Avance Ante Situaciones Adversas N° 001-2019, detectando que durante el control concurrente se había identificado dos hechos irregularidades que ameritaban adoptar acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos.
Básicamente se cuestionó que el Comité de Selección, el día de la evaluación y calificación de propuestas, en el que se presentaron ocho empresas como postoras, procedió a la verificación de los documentos obligatorios (anexos) requeridos en las bases integradas, determinándose que el Consorcio Amazonas (uno de los ofertantes), no fue admitido por no cumplir con el Anexo 05, el Consorcio Oriente por no cumplir con el Anexo 04, el Consorcio Ferreñafe (integrado por las empresas Servicios de Ingeniería y Ferretería de la Industria Minería EIRL, Murcia Murcia SAC y San Agustín EIRL), por no cumplir con el Anexo 05, la empresa Murgisa Servicios Generales SRL, no fue admitida por no cumplir con el Anexo 04, al igual que la empresa 3F Constructora EIRL, el Consorcio Bolognesi y el Consorcio Luna.
Solo fue admitido el Consorcio Ferreñafe al que se le otorgó la buena pro. De acuerdo a lo detectado por OCI, el mencionado Anexo 04 está referido a la declaración jurada de cumplimiento del requerimiento del expediente técnico. Sin embargo, para el Comité de Selección las cinco empresas que – según su evaluación – no cumplieron con dicho anexo no habían pagado el derecho de participante y como tal no habían podido acceder al contenido del expediente técnico de la obra, por lo que consideró que la declaración jurada presentada era falta o incorrecta.
Empero, en ningún extremo de las bases integradas del proceso se señaló que los postores debían adjuntar el recibo de pago u otro documento que acredite la adquisición del expediente técnico, por lo que con el pronunciamiento del Comité de Selección se infringió los principios que contempla el Artículo 2 de la Ley 30225, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; es decir, los principios de igualdad de trato, competencia, y el principio de equidad.
El costo de la copia digital (CD) del expediente técnico era, según las bases, 10 soles.
Del mismo modo se habría infringido el principio de presunción de veracidad, lo que afectaba el procedimiento de selección.
Otro hallazgo del Órgano de Control Institucional es que no se cumplió con la publicación dentro del plazo legal de los documentos consistentes en la presentación, evaluación, calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro, por lo que se infringe el Artículo 41 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
De esta manera quedó acreditada la ocurrencia de vicios en el proceso, en la etapa de evaluación y calificación.
Por estas consideraciones, Muro Mesones declaró nulo el otorgamiento de la buena a favor del Consorcio Ferreñafe, retrotrayendo el proceso a la fase de evaluación y calificación, dejando establecida la autonomía del Comité de Selección para evaluar con minuciosidad las ofertas. Asimismo, con su resolución remitió copias de todo lo actuado a la Secretaría Técnica de la municipalidad a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar.
El Comité de Selección está integrado por Javier Bernal Bernal (presidente), Humberto Colchado Rojas y César Pérez Carlos.
FUE INAUGURADO HACE NUEVE AÑOS: CUERPO MÉDICO DEL HOSPITAL LUIS HEYSEN DENUNCIA QUE OBRA AÚN TIENE OBSERVACIONES
Equipos de la central de esterilización se dañan con frecuencia.
Doctores muchas veces deben operar usando la luz de la linterna de los celulares.
El Hospital Luis Heysen Inchaústegui fue inaugurado hace nueve años. Sin embargo, el presidente del Cuerpo Médico, Manuel Soria Alvarado, revela que persisten cuatro observaciones que nunca fueron subsanadas por el Consorcio Omega Norte, responsable de la construcción, a pesar que en el 2017 la obra fue entregada formalmente a EsSalud.
La construcción del hospital de categoría II-1 inició en el 2008, tras hacerse el consorcio Omega Norte con la Licitación Pública N° 183-927. La obra fue supervisada por el Consorcio Ata-Kukova e inaugurada en febrero del 2010, siendo presidente Alan García Pérez.
El nosocomio fue concebido como un centro referencial para descargar la cantidad de pacientes que se atienden en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.
OBSERVACIONES SIN SUBSANAR
Sin embargo, cinco años después de inaugurada, la obra que costó 38 millones 10 mil 974.43 soles aún tenía 176 observaciones sin levantar, tal como informó Expresión en su edición Nº 916. Entre esas observaciones destacaban rajaduras en los pisos, falta de obras de mejoramiento en las salas de operaciones, ductos de drenajes, hundimientos en la parte periférica del hospital y filtraciones en el sótano.
Además, había fallas técnicas en los ascensores y la Sala de Vigilancia Intensiva funcionaba con dificultadas por desperfectos con el aire acondicionado. Sumado a eso, los equipos de esterilización tampoco operaban adecuadamente debido a que frecuentemente se descalibraban.
Soria Alvarado comenta que siete años después de su inauguración, el consorcio Omega Norte logró levantar casi todas las observaciones de una forma apresurada, aunque quedaron cuatro que nunca se llegaron a subsanar. A pesar de eso, la Presidencia Ejecutiva de EsSalud le dio el visto bueno a la obra y la recepcionó en el 2017.
Apunta que una de estas observaciones es el hundimiento del terreno, el cual se presenta en los ambientes contiguos a emergencia y en la parte posterior del hospital donde entran los carros para abastecer el gas. Señala que este es un problema de estructura, motivo por el cual cada dos o tres meses deben picar y parchar el terreno, lo que genera problemas con los desagües.
Añade que otra observación sin subsanar es la referida a la central de esterilización, lo cual genera que los equipos sean llevados continuamente a esterilizar al Hospital Naylamp, generando a la larga un gasto mayor. Se suma a esto el mal funcionamiento del aire acondicionado en Sala de Operaciones y los ambientes de Hospitalización y Emergencia.
“Nosotros lo que pedimos en su momento era que se ejecuten las sanciones pecuniarias contra el Consorcio Omega por estos problemas, pues fue una obra cuya inauguración se adelantó por razones de orden político”, sostiene.
Soria Alvarado manifiesta que con el paso del tiempo son otras las carencias que se han hecho notar en el hospital. Por ejemplo, algo que urge es la renovación tecnológica, pues a partir del quinto año los equipos médicos entran en una etapa de desuso tecnológico.
Menciona el caso del tomógrafo, el cual lo utilizan las 24 horas del día e incluso da servicio a los pacientes del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo cuando el de este nosocomio se malogra. Señala también al ecógrafo y al sistema de rayos X, los cuales necesitan mantenimiento.
Un caso particular es el que ocurre con los equipos de cialíticas (luces) en Sala de Operaciones, los cuales constantemente se malogran, ocasionando que los médicos cirujanos muchas veces deban apoyarse con las linternas de los celulares en las intervenciones.
“Muchas veces tenemos problemas hasta con las pinzas y demás instrumentos, los cuales a veces no tienen filo, obligándonos a usar métodos artesanales para devolverles la viabilidad. Esto definitivamente pone en riesgo la integridad del paciente y la capacidad del mismo profesional de la salud”, explica.
Por si fuera poco, señala que venían trabajando con dos endoscopios digestivos que eran de la generación más antigua, los mismos que hace dos semanas fueron robados.
Por otro lado, el galeno señala que hace falta también mayor recurso humano en este centro referencial, sobre todo en cuanto a personal de enfermería y auxiliares. Afirma que actualmente son 77 enfermeras las que laboran en el nosocomio y necesitan por lo menos 35 más para atender la demanda y 40 técnicas auxiliares de enfermería.
Manifiesta que actualmente trabajan 97 médicos, quienes están en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Nº 726 y Contratación por Administración de Servicios – CAS, además de 15 médicos que laboran por Servicios No Personales – SNP. Estos galenos son fundamentalmente de las especialidades de oncología, urología, medicina intensiva, medicina interna y gastroenterología.
Afirma que debe dársele también prioridad a los médicos especialistas, sobre todo del área de emergencia, toda vez que antes atendían dos médicos en medicina interna junto a dos cirujanos y hoy por la demanda se necesita que como mínimo atiendan entre cuatro a cinco médicos para ver adecuadamente todas las áreas, incluso desde el triaje.
Además, señala que a los 15 médicos que trabajan bajo la modalidad de Servicios No Personales se les adeudan sus remuneraciones desde octubre del año pasado, por lo que urge que se les brinde sostenibilidad laboral.
Actualmente, el Hospital Luis Heysen registra en promedio 800 atenciones diarias en consulta externa, mientras que en el centro quirúrgico se realizan alrededor de 450 operaciones de mediana complejidad todos los meses.
Las especialidades de mayor demanda son ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Dentro de medicina interna las especialidades que más se atienden son endocrinología y cardiología, mientras que en cirugía las de mayor demanda son cirugía general, traumatología, otorrinolaringología, oftalmología y urología.
DESALOJO DEL HOSPITAL NAYLAMP
Manuel Soria, quien también secretario del Frente de Defensa de los Intereses de la Seguridad Social en Lambayeque, señala que el desalojo de la mitad del Hospital Naylamp que funciona en un edificio de cuatro pisos propiedad de la Oficina de Normalización Provisional – ONP, también perjudica a los pacientes del Hospital Luis Heysen Inchaústegui.
Esto se debe a que al pasar el Hospital Naylamp de tener una categoría I-2 para convertirse en un policlínico, lo que se pretende es trasladar a sus pacientes hacia el Almanzor Aguinaga y el Luis Heysen, aumentando el número de camas en estos nosocomios, lo cual “constituye un atropello ilegal y antitécnico”.
Explica que en el Hospital Heysen se pretende colocar 60 camas en los ambientes de refugio, lo cual viola la norma técnica del Instituto de Defensa Civil – INDECI, la que señala que en estas áreas no puede instalarse nada, pues están destinadas a una emergencia, tales como el incendio que ocurrió en el Hospital Almanzor Aguinaga en febrero de este año o el que tuvo lugar en el Hospital Arzobispo Loayza en Lima a fines de abril.
A pesar de que no existe un informe técnico que dé viabilidad a lo planteado, afirma que ya se han instalado estas camas en los ambientes de refugio del Hospital Heysen, las cuales aún no se encuentran operativas.
“Pretenden implementar un plan apresurado para parchar la crisis del Hospital Naylamp, cuyo resultado en estos días ha sido simplemente el caos. Ya no se puede transitar por los pasillos de emergencia porque los pacientes están inhumanamente atiborrados en los ambientes, lo cual es un peligro e incluso un delito”, sostiene.
En virtud de lo antes mencionado, los profesionales de la salud convocan a una mesa de diálogo de alto nivel para analizar y proponer soluciones a la realidad por la que atraviesa el seguro social en Lambayeque.
EN EL PEOT: OCI DETECTA TRASGRESIÓN A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
El Órgano de Control Institucional – OCI, del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 001-2019-OCI/0610-00, sobre el “Proceso de Servicios Honorarios Profesionales N° 2019-38: Contratación de un profesional especialista de administración para la unidad de personal”, detectando una trasgresión a lo señalado a la Ley de Contrataciones del Estado.
El informe fue elevado al gerente general de la entidad, Leopoldo Fernández León, por el jefe del OCI, Jorge Burga Ludeña, a través del Oficio N° 000063-2019-GR.LAMB/PEOT-40, el 23 de abril pasado.
Tras la revisión de la documentación existente en relación al rubro: “Oportunidades laborales”, el Órgano de Control Institucional – OCI, advirtió que en el Proceso de Servicios Honorarios Profesionales N° 2019-38, para la contratación de un profesionales especialista de administración para la Unidad de Personal, en el área de Recursos Humanos, se suscribió un contrato de tres meses para la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo de Personal con una remuneración de dos mil 500 soles mensuales.
La convocatoria para la contratación fue publicada el 29 de marzo manteniéndose vigente hasta el 1 de abril. El 2 de abril se desarrolló la recepción de los currículos de los postulantes y al día siguiente se publicaron los resultados (clasificados). El jueves 4 de abril se procedió a la entrevista personal y al día siguiente la publicación de los resultados finales, para el lunes 8 de abril realizarse la firma del contrato y el inicio del servicio.
Los resultados de la evaluación curricular fueron suscritos por los jefes de la Unidad de Personal y de la Unidad de Abastecimiento, quedando seleccionado para la entrevista personal el postulante identificado como Hebert Zubiate Deza, quien fue seleccionado para la contratación.
HALLAZGO DEL OCI
Pese a que el cronograma de la contratación señaló que la firma del contrato debía darse el 8 de abril, Zubiate Deza no firmó el documento, según confirmó el Órgano de Control Institucional hasta el 23 del mes pasado.
Lo que sí se determinó es que el beneficiado resulta ser hijo de la trabajadora Kelly del Carmen Deza Campos, quien labora en el área de Personal.
“El OCI de la entidad ha efectuado la revisión de la documentación contenida en el legajo personal de la señora Kelly del Carmen Deza Campos, servidora pública de la Entidad (laborando actualmente en la Unidad de Personal), habiendo encontrado que el participante Hebert Zubiate Deza, identificado con DNI N° 73259629, es su hijo, evidenciándose con esto que el participante seleccionado para suscribir contrato con la entidad tiene un pariente en primer grado de consanguinidad en la entidad”, señala el informe.
Tal situación confirma que Zubiate Deza se encuentra impedido para contratar con el Proyecto Especial Olmos Tinajones, conforme a lo establecido en el inciso h) del Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Como ha resaltado el OCI, La Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, a través de la Opinión N° 006-2019/DTN, del 11 de enero de este año, ilustra lo relacionado a los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista.
Ante ello, el jefe de la Órgano de Control Institucional recomendó al gerente general del PEOT que se adopten las medidas preventivas que corresponden con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proceso de Servicios Honorarios Profesionales N° 2019-38.

References: Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 20
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 20
 Resolución 
 Artículo 135
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 430
 artículo 427
 artículo 427
 artículo 51
 artículo 430
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 41
 resolución 
 Artículo 11