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Timestamp: 2013-05-19 21:05:31+00:00

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NYR. Informe n� 184. BOE de enero de 2010.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 184. (BOE de ENERO de 2010)
Reforma 177 RN
Valencia: Pago impuestos
Blanqueo: Modelo B1
Sorteo Notar�as
F�brica de t�tulos
Presentaci�n Impuestos
Prorroga plazo vencido
Segregaci�n p.h. tumbada
SUBVENCIONES VEH�CULOS. Real Decreto 2031/2009, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesi�n directa de subvenciones para la adquisici�n de veh�culos, Plan 2000 E de apoyo a la renovaci�n del parque de veh�culos durante el a�o 2010. Las ayudas se aplicar�n para la adquisici�n de un veh�culo nuevo o usado, de hasta cinco a�os de antig�edad y 30.000 euros m�ximo, de la categor�a M1 o de la categor�a N1, matriculado en Espa�a y que re�na determinadas caracter�sticas ligadas a la emisi�n de CO2.
La adquisici�n del veh�culo habr� de registrarse en el sistema telem�tico de gesti�n entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010 o hasta llegar a las 200.000 unidades y ser� de aplicaci�n en todo el territorio nacional.
PDF (BOE-A-2010-333 - 6 p�gs. - 198 KB) VER PR�STAMOS
CARTA DE SERVICIOS DGRN. Resoluci�n de 15 de diciembre de 2009, de la Subsecretar�a, por la que se aprueba la actualizaci�n de la Carta de servicios de la Subdirecci�n General del Notariado y de los Registros. Las Cartas de Servicios son documentos en los que los que los �rganos de la Administraci�n P�blica y sus entidades difunden los servicios que prestan y los compromisos de calidad frente al ciudadano.
La redacci�n inicial procede de
Resoluci�n de 2 de julio de 2008. Esta Resoluci�n aprueba su actualizaci�n.
Su texto impreso estar� disponible en las propias dependencias de la DGRN, en los Servicios de Informaci�n y Atenci�n al Ciudadano y Gerencias Territoriales de este Departamento, as� como tambi�n en la Oficina Central de Informaci�n del Ministerio de la Presidencia, en el Consejo General del Notariado y en el Colegio de Registradores.
Su texto digital se encontrar� en
www.mjusticia.es (esta direcci�n) y en www.060.es. Nota: realmente se public� en la Secci�n III. PDF (BOE-A-2010-442 - 1 p�g. - 152 KB)
CATALU�A. Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevenci�n y control ambiental de las actividades. Esta ley tiene por objeto establecer el sistema de intervenci�n administrativa de las actividades con incidencia ambiental, en el que se toman en consideraci�n las afecciones sobre el medio ambiente y las personas. Este sistema de intervenci�n administrativa integra la evaluaci�n de impacto ambiental de las actividades
PDF (BOE-A-2010-563 - 62 p�gs. - 1041 KB)
CASTILLA Y LE�N. Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de medidas financieras. IRPF. Se establece una nueva deducci�n sobre la cuota �ntegra auton�mica por inversi�n en instalaciones de recursos energ�ticos renovables y ahorro de agua, para fomentar estas actuaciones.
ISD. Para la aplicaci�n de las reducciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la referencia al �ltimo periodo impositivo del Impuesto sobre la Renta del causante a efectos de valorar las limitaciones cuantitativas relativas a la base imponible u otros par�metros del IRPF.
ITPYAJD. Se establece una bonificaci�n en la cuota, modalidad �Actos Jur�dicos Documentados� respecto a determinadas operaciones de modificaci�n de pr�stamos y cr�ditos hipotecarios, con objeto de dar el mismo tratamiento a las modificaciones de pr�stamos y cr�ditos:
�Art�culo 35 bis. Bonificaci�n de la cuota tributaria en determinadas operaciones de modificaci�n de pr�stamos y cr�ditos hipotecarios.
1. Se establece una bonificaci�n del 100 por 100 de la cuota tributaria gradual en la modalidad de �Actos Jur�dicos Documentados� prevista en el art�culo 30 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y Le�n en materia de Tributos cedidos por el Estado aplicable a:
a) Las primeras copias de escrituras que documenten la modificaci�n del m�todo o sistema de amortizaci�n y cualesquiera otras condiciones financieras de los pr�stamos hipotecarios a que se refiere el apartado IV) del punto 2 del art�culo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios, siempre que se trate de pr�stamos concedidos para la inversi�n en vivienda habitual.
2. En ning�n caso se aplicar� esta bonificaci�n a la ampliaci�n o reducci�n del capital del pr�stamo o del cr�dito.�
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NAVARRA. Ley Foral 14/2009, de 9 de diciembre, por la que se modifican los art�culos 103 y 104 de la Ley Foral
14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. La reforma viene motivada por la necesidad de adecuar formalmente la definici�n de sociedad p�blica a la regulaci�n y tratamiento en el derecho y jurisprudencia comunitaria.
Son sociedades p�blicas de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos p�blicos aquellas sociedades en las que la participaci�n, directa o indirecta, de la Administraci�n de la Comunidad Foral y/o de sus Organismos -p�blicos represente la mayor�a absoluta de su capital social. Son tambi�n sociedades p�blicas aquellas en las que la Administraci�n de la Comunidad Foral de Navarra y/o sus Organismos p�blicos dispongan de capacidad para nombrar m�s de la mitad de los miembros de sus �rganos de administraci�n, de direcci�n o de vigilancia; o dispongan de la mayor�a de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la sociedad
PDF (BOE-A-2010-595 - 2 p�gs. - 161 KB)
NAVARRA. Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificaci�n administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales. Entre las medidas que se contemplan se encuentran el estudio de cargas administrativas y eliminaci�n de las innecesarias, revisi�n de procedimientos, sustituir algunas licencias por declaraciones responsables o comunicaciones previas, licencias condicionadas, presentaci�n telem�tica de proyectos y visados, etc.
En el plazo m�ximo de seis meses, se pondr� en marcha su portal espec�fico de servicios a las empresas y profesionales en el Portal en Internet del Gobierno de Navarra.
PDF (BOE-A-2010-596 - 9 p�gs. - 223 KB)
EXTREMADURA. Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los extreme�os en el exterior.
La presente Ley tiene por objeto la regulaci�n de la promoci�n, la coordinaci�n y el fortalecimiento de las relaciones de la Comunidad de Extremadura, su sociedad civil y sus instituciones, con las personas, comunidades y entidades extreme�as, de acuerdo con los contenidos de la Ley.
Los extreme�os en el exterior tienen derecho a acceder a las viviendas protegidas, calificadas como tal por la Junta de Extremadura, en situaci�n de igualdad con respecto a los ciudadanos residentes en Extremadura. No se les exigir� a los que hayan retornado a Extremadura y que cumplan con el resto de las condiciones de la convocatoria, la acreditaci�n de ning�n per�odo de residencia previa como requisito para la solicitud.
PDF (BOE-A-2010-597 - 15 p�gs. - 273 KB)
EXTREMADURA. Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de enajenaci�n de viviendas de la Comunidad Aut�noma de Extremadura. Esta Ley sustituye a la Ley 2/1993, de 13 de diciembre, del mismo nombre, para adaptarla a las nuevas condiciones sociales y econ�micas y a la Ley
2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Aut�noma de Extremadura. Entre las novedades que incorpora, cabe destacar la reducci�n de los plazos totales en que se puede formalizar la enajenaci�n de las viviendas; la posibilidad de enajenar los anejos; nuevo criterio a la hora de establecer el importe total final que debe abonar el comprador de la vivienda, o la nueva regulaci�n de la financiaci�n del precio ante el fracaso del sistema de avales.
Objeto de la Ley. Establecer el r�gimen jur�dico aplicable a la enajenaci�n de viviendas de promoci�n p�blica de la Comunidad Aut�noma de Extremadura, regulando las condiciones y requisitos que deben cumplir los adjudicatarios de viviendas de promoci�n p�blica cedidas en arrendamiento, para acceder a la propiedad de las mismas.
�mbito de aplicaci�n. Viviendas que, con el car�cter de bienes de dominio privado, se integran en el Patrimonio de la Comunidad Aut�noma de Extremadura y est�n ocupadas en arrendamiento por personas f�sicas, aunque no estuviera en el contrato previsto la posibilidad de venta ulterior al inquilino, si llevan en el arrendamiento cinco a�os. Se extiende a los anejos de que dispongan las viviendas, est�n o no vinculados a ellas.
Han de ser los arrendatarios actuales, debiendo estar al corriente en el pago de las rentas vencidas y de las obligaciones propias de la comunidad de vecinos. No pueden tener incoado expediente de desahucio.
�rgano competente. La Consejer�a de Vivienda, previa Resoluci�n del Consejero de oferta de venta dirigida al ocupante arrendatario en la que se har�n constar, en su caso, junto con los elementos esenciales de la oferta, las cargas, limitaciones y garant�as voluntarias que hayan de imponerse en la enajenaci�n por el oferente. Pasado un mes sin ser aceptada expresamente la oferta, se entender� revocada.
Calificaci�n de las viviendas.
Estas viviendas y sus anejos ser�n objeto de calificaci�n definitiva como de protecci�n oficial de promoci�n p�blica, cuando sean calificadas como tales por el �rgano competente, siempre que est�n dedicadas a domicilio habitual y permanente y tengan una superficie �til m�xima de 90 metros cuadrados, salvo excepciones. Para ello ser� bastante la referida Resoluci�n de oferta de venta. Esta calificaci�n definitiva a que se refiere el apartado anterior tendr�, salvo a efectos tributarios, car�cter retroactivo, entendi�ndose producida el d�a de la adjudicaci�n de la vivienda a su primer inquilino.
Precio. Tanto el de la vivienda como el de los anejos, ser� fijado en la Resoluci�n de oferta de acuerdo con determinadas condiciones que se enumeran. Se fijan tambi�n determinadas bonificaciones. Abono del precio. Se har� en el momento de otorgar la escritura de venta a trav�s del modelo aprobado por la Consejer�a competente en materia de Hacienda para la recaudaci�n de ingresos producidos por tributos propios, precios p�blicos y otros ingresos, mediante ingreso bancario. Representaci�n. En la escritura representar� a la Consejer�a de Vivienda la persona en quien el Consejero delegue.
Discrecionalidad. La decisi�n de hacer oferta de venta es libre por parte de la Administraci�n, sin que exista derecho alguno de compra a favor de los arrendatarios de un grupo de viviendas que no hayan sido objeto de oferta de venta.
Derecho transitorio. Las ofertas de venta autorizadas y aceptadas antes del 11 de enero de 2010 continuar�n rigi�ndose por la normativa anterior, hasta su formalizaci�n en escritura p�blica.
Entrada en vigor: el 11 de enero de 2010.
PDF (BOE-A-2010-598 - 5 p�gs. - 185 KB)
MUTUAS. Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboraci�n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre.
Este Real Decreto desarrolla f�rmulas de cooperaci�n y colaboraci�n entre mutuas, ofreciendo una regulaci�n m�s detallada de los diferentes aspectos que puede revestir la puesta en com�n de medios por parte de las mutuas. Tambi�n incorpora al Reglamento un
nuevo t�tulo �el III� en el que se regulan las entidades y los centros mancomunados, como instrumentos a trav�s de los cuales pueden las mutuas llevar a cabo la puesta en com�n de medios y se contemplan los aspectos esenciales de dicha puesta en com�n, a los que aqu�llos habr�n de adaptarse y acomodar sus Estatutos.
PDF (BOE-A-2010-654 - 14 p�gs. - 272 KB)
LA RIOJA. Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de La Rioja para el a�o 2010. El t�tulo V, �Normas tributarias�, contiene como novedad m�s rese�able la congelaci�n de las tasas para el a�o 2010.
PDF (BOE-A-2010-656 - 275 p�gs. - 9817 KB) Otros formatos
LA RIOJA. Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el a�o 2010. En esta Ley se pretende incorporar todas las medidas fiscales a aplicar en el ejercicio de 2010. Por lo tanto, el texto unifica las medidas fiscales ya consolidadas y a�ade algunos nuevos beneficios fiscales.
ITPYAJD: - Se mejoran las condiciones tributarias de adquisici�n de la vivienda habitual en La Rioja estableciendo una deducci�n del 20% de la cuota de Actos Jur�dicos Documentados. - Adem�s, se establece una nueva deducci�n del 100% en las escrituras que documenten las mejoras de determinados productos financieros. Art. 23.
- Tambi�n se ha establecido un tipo reducido para las escrituras que documenten las constituciones de garant�as a favor de sociedades de garant�a rec�proca cuyo domicilio fiscal se encuentre en La Rioja (0,3%)
Gesti�n Tributaria. - Se extiende el r�gimen de suspensi�n sin garant�as en los procedimientos de tasaci�n pericial contradictoria del ITPYAJD, que constituye una especialidad procedimental propia de dicho impuesto, a la gesti�n del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en cuya ley no se encuentra prevista expresamente esta clase de suspensi�n. - Se habilita al consejero de Hacienda para que pueda declarar obligatoria la presentaci�n telem�tica de ciertos modelos.
T�tulo IV. Modifica diversas leyes, para adaptarlas a los fines previstos en la ley de presupuestos y a dos normas comunitarias, la Directiva de Servicios y el Reglamento 1606/2002, sobre normas internacionales de contabilidad. Afecta, entre otras materias a:
- La Ley 4/2001, de 2 de julio, de
Cooperativas de La Rioja.
- La Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protecci�n y Desarrollo del
Patrimonio Forestal de La Rioja.
- El cap�tulo VIII establece medidas de simplificaci�n administrativa.
- El cap�tulo XI modifica determinadas normas sobre Administraci�n local.
- El cap�tulo XII incluye medidas liberalizadoras en la legislaci�n de colegios profesionales.
PDF (BOE-A-2010-657 - 56 p�gs. - 959 KB) Otros formatos
*SEGURIDAD SOCIAL. Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotizaci�n a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garant�a Salarial y Formaci�n Profesional, contenidas en la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2010. Base de cotizaci�n. El modo de determinarla para el r�gimen general se regula en el art. 1.
Topes. El tope m�ximo ser� de 3.198,00 euros mensuales. El m�nimo, para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional no podr� ser inferior a 738,90 euros mensuales. Pero la base m�nima, dependiendo de la categor�a puede llegar a los 1031,0 euros.
Presupuestos para 2010, donde hay un cuadro seg�n C�digos CNAE
Incapacidad temporal. La obligaci�n de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los per�odos de descanso por maternidad o paternidad, aunque �stos supongan una causa de suspensi�n de la relaci�n laboral. Ver art. 6
Aut�nomos. Tipo de cotizaci�n: el 29,80 por 100. Base m�nima de cotizaci�n: 841,80 euros mensuales. Base m�xima: 3.198,00 euros mensuales. Ver m�s en el art. 14.
Empleados de hogar. Base de cotizaci�n: 738,90 euros mensuales. Tipo de cotizaci�n: 22,00 por 100. Cuando proceda la distribuci�n del tipo de cotizaci�n se�alado anteriormente, ser� a cargo del empleador el 18,30 por 100 y del empleado de hogar el 3,70 por 100. Cuando el empleado de hogar preste sus servicios con car�cter parcial o discontinuo a uno o m�s empleadores ser� de su exclusivo cargo el tipo de cotizaci�n. Adem�s, durante el a�o 2010, hay una cotizaci�n adicional equivalente al 0,1 por 100, aplicado sobre la base �nica de cotizaci�n, la cual, en el caso de trabajadores a tiempo completo, ser� por cuenta exclusiva del empleador.
Habr� una cuota �nica mensual de 35,92 euros por contingencias comunes, de los que 29,95 euros ser�n a cargo del empresario y 5,97 euros a cargo del trabajador, y de 4,12 euros por contingencias profesionales, a cargo del empresario. La cotizaci�n al Fondo de Garant�a Salarial consistir� en una cuota mensual de 2,28 euros, a cargo del empresario. A efectos de cotizaci�n por Formaci�n Profesional, se abonar� una cuota mensual de 1,25 euros, de los que 1,10 euros corresponder�n al empresario y 0,15 euros al trabajador.
Efectos: desde el 1� de enero de 2010.
PDF (BOE-A-2010-729 - 27 p�gs. - 486 KB) Otros formatos
CATALU�A. Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del S�ndic de Greuges. Esta Ley regula la instituci�n del S�ndic de Greuges (Defensor del Pueblo), que tiene la funci�n de proteger y defender los derechos y libertades constitucionales y estatutarios.
Se trata de un �rgano de car�cter unipersonal, que goza de autonom�a reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria. Es elegido por el Parlamento, al que debe presentar anualmente un informe sobre su actuaci�n.
PDF (BOE-A-2010-735 - 27 p�gs. - 406 KB) Otros formatos
CATALU�A. Ley 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Catalu�a para 2010. Las normas tributarias, establecidas en el t�tulo V, hacen referencia al gravamen de protecci�n civil de Catalu�a, al canon del agua y a la actualizaci�n de las tasas con tipo de cuant�a fija.
PDF (BOE-A-2010-736 - 42 p�gs. - 1005 KB) Otros formatos
CATALU�A. Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas. IRPF. Se crean dos nuevas deducciones de la cuota �ntegra del tributo en la parte correspondiente a la comunidad aut�noma. - Una, en concepto de inversi�n por haber invertido en la adquisici�n de acciones o participaciones sociales de entidades nuevas o de creaci�n reciente. - Otra, por haber invertido en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansi�n del Mercado Alternativo Burs�til.
ISD. Se modifica en la secci�n segunda (arts. 22 al 29). Afecta a:
- Reducciones personales, para personas de la tercera edad, para adquisici�n de vivienda habitual. Para ver su aplicaci�n progresiva, consultar la Disposici�n adicional octava
- Situaciones convivenciales de ayuda mutua.
- Proyecto de ley de regulaci�n del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo deber� presentar el Gobierno al Parlamento antes del 31 de enero de 2010.
Gesti�n. - Se ampl�a a dos a�os el aplazamiento para satisfacer el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- En la autoliquidaci�n del impuesto correspondiente a operaciones societarias de constituci�n y ampliaci�n de capital en que los suscriptores quieran aplicar las deducciones, aprobadas por la Generalidad en el IRPF, por inversi�n en acciones o participaciones de empresas nuevas o de creaci�n reciente y por inversi�n en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansi�n del Mercado Alternativo Burs�til, deben hacerse constar los datos identificativos de los suscriptores y el importe del capital suscrito por cada uno de ellos.
Patrimonio. Se incluyen modificaciones puntuales a la Ley de Patrimonio de la Generalidad. Algunas se refieren a la actualizaci�n en el mercado de determinados importes, y otras persiguen m�s eficacia en los procedimientos de tramitaci�n, como por ejemplo en el de subasta. Alquileres. Hay cambios en la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el dep�sito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y de modificaci�n de la Ley 24/1991, de la vivienda. Esta modificaci�n afecta el importe de la infracci�n en el incumplimiento de los dep�sitos de fianzas.
Urbanismo. Se modifica el Decreto legislativo 1/2005, de urbanismo. Ver arts. 48 al 51.
PDF (BOE-A-2010-737 - 58 p�gs. - 932 KB) Otros formatos
CONTROL TRIBUTARIO. Resoluci�n de 12 de enero de 2010, de la Direcci�n General de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2010 El Plan General de Control constituye un instrumento fundamental en la planificaci�n de las actuaciones de control tributario y aduanero que la Agencia Tributaria va a realizar anualmente. El Plan detalla la cuant�a y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar para alcanzar los objetivos fijados del ejercicio. El art�culo 116 de la Ley General Tributaria establece la obligaci�n de elaborarlo anualmente, y le atribuye car�cter reservado, salvo en lo que afecta a las directrices generales que lo informan, las cuales son publicadas en el Bolet�n Oficial del Estado. Las directrices generales del Plan detallan las �reas de riesgo fiscal de atenci�n preferente, clasificadas, de acuerdo con la naturaleza del control a efectuar, en control intensivo,
control extensivo y control en la fase recaudatoria. Se completan adem�s, con otros dos apartados, en los que se recogen las principales l�neas de actuaci�n coordinada entre los diferentes tipos de control, y las actuaciones prioritarias a desarrollar en colaboraci�n con las Administraciones tributarias auton�micas en el marco del control de los
tributos cedidos. Finalmente, se explican las l�neas b�sicas de la estructura del Plan General de Control y de los cuatro planes parciales que lo integran.
Como novedades normativas m�s importantes para 2010 destacan:
- Se intenta aliviar las consecuencias de la actual crisis econ�mica, con medidas como la recogida en la Orden
EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el l�mite exento de la obligaci�n de aportar garant�a en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros.
- Las recientes modificaciones del Reglamento de gesti�n e inspecci�n tributaria tienen por objeto facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones, al tiempo que introducen nuevas v�as de informaci�n a la Agencia para un mejor control de las obligaciones tributarias.
- Para este a�o se prev� la aprobaci�n de la Ley de Econom�a Sostenible, donde est� previsto introducir modificaciones en la normativa tributaria.
- El derecho de los ciudadanos a
relacionarse por medios electr�nicos con las Administraciones p�blicas establecido en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos, se podr� ejercitar a partir de 1 de enero de 2010. Los ciudadanos podr�n hacer uso de esta facultad tambi�n en relaci�n con los procedimientos de control de la Agencia Tributaria.
PDF (BOE-A-2010-833 - 18 p�gs. - 301 KB) Otros formatos
**MEDIDAS TRIBUTARIAS: MEDIOS DE PAGO Y OTRAS.
Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificaci�n de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicaci�n de los tributos y de modificaci�n de otras normas con contenido tributario. Este Real Decreto, entre otras medidas, da nueva redacci�n al art�culo 177 del Reglamento Notarial.
Objetivos generales del Decreto:
- Modificar el
Reglamento de Gesti�n e Inspecci�n, para adaptarlo en relaci�n con determinadas obligaciones formales que en �l se regulan, afectando especialmente a los deberes de informaci�n.
- Concretar determinados efectos que pueden derivarse del empleo de medios electr�nicos.
Reglamento de Gesti�n e Inspecci�n. - Se modifican varios preceptos para dar un tratamiento normativo adecuado a aquellos supuestos de creaci�n de entidades con la �nica finalidad de transmitir posteriormente sus acciones, participaciones o t�tulos representativos de los fondos propios a terceros, especialmente en el marco de pol�ticas de promoci�n empresarial y fomento de la actividad econ�mica. En este sentido, se pospone el c�mputo del plazo para el inicio de la actividad de la entidad, a efectos de la revocaci�n del n�mero de identificaci�n fiscal, y, a cambio, se establece la obligaci�n de facilitar determinada informaci�n censal. Hay normas transitorias.
- Se exonera de la obligaci�n de presentar la declaraci�n censal de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a todas aquellas personas o entidades que puedan utilizar y utilicen el Documento �nico Electr�nico para el inicio de su actividad econ�mica.
- Se introduce una modificaci�n de car�cter t�cnico que afecta a la imputaci�n temporal de la obligaci�n de informar, en la declaraci�n anual de operaciones con terceros, sobre las cantidades superiores a 6.000 euros que se perciban en met�lico. La modificaci�n consiste en especificar el momento y la forma en que el obligado tributario debe declarar aquellas cantidades en met�lico derivadas de operaciones incluidas en la declaraci�n anual correspondiente, pero percibidas tras la presentaci�n de dicha declaraci�n. - Se establece un l�mite de seis mil euros a la declaraci�n informativa anual de saldos a 31 de diciembre de cr�ditos o prestamos concedidos por las entidades de cr�dito a sus clientes.
- Las entidades crediticias deber�n informar de las cantidades que entreguen o reciban en met�lico por importe superior a 3.000 euros, as� como de las operaciones realizadas por empresarios o profesionales adheridos al sistema de cobros mediante tarjeta de cr�dito o d�bito cuando el importe neto anual de dichos cobros exceda de 3.000 euros. Ver m�s adelante modelos 170 y 171.
- Respecto de los planes de previsi�n social empresarial, se exime a las empresas que instrumenten compromisos por pensiones a trav�s de dichos planes de informar al respecto.
- Se modifica la redacci�n de uno de los supuestos de interrupci�n justificada del plazo de resoluci�n de los procedimientos tributarios para atender adecuadamente el derecho reconocido a los ciudadanos en el art�culo 6.2.b de la
Ley de acceso electr�nico a los servicios p�blicos, de no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones p�blicas. El objetivo es que quede claro que en dicho supuesto reglamentario tambi�n se incluyen las interrupciones derivadas de la solicitud de esos datos o documentos, por medios electr�nicos, por parte de la Administraci�n tributaria a otros �rganos de la misma o de otra Administraci�n, como consecuencia del ejercicio por el obligado tributario del mencionado derecho. - Se introduce un nuevo art�culo destinado a adaptar el r�gimen de notificaciones al nuevo contexto que supone la
Ley de acceso electr�nico a los servicios p�blicos, y, en virtud del cual, se regula la posible atribuci�n de una direcci�n electr�nica, por cada Administraci�n tributaria, a efectos de notificaciones tributarias, a entidades y personas f�sicas que pertenezcan a determinados colectivos que, por raz�n de su capacidad econ�mica o t�cnica, dedicaci�n profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnol�gicos precisos. Cualquier Administraci�n tributaria podr� utilizar la direcci�n electr�nica previamente asignada por otra Administraci�n tributaria, previo el correspondiente convenio de colaboraci�n, que ser� objeto de publicidad oficial. Fuera de estos casos, para que la notificaci�n se practique utilizando alg�n medio electr�nico, se requerir� que el interesado haya se�alado dicho medio como preferente o haya consentido su utilizaci�n.
- Se recoge, en el �mbito del procedimiento de rectificaci�n de autoliquidaciones, la posibilidad de que un procedimiento de esta naturaleza pueda finalizar como consecuencia del inicio de un procedimiento de aplicaci�n de los tributos distinto por parte de la Administraci�n tributaria;
- Se otorga a los �rganos de inspecci�n la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para la ejecuci�n, haciendo uso de las facultades previstas en el art�culo 142 de la
A) Exposici�n de motivos:
- La reforma del art. 177 RN es �a los efectos de concretar, en relaci�n con determinados medios de pago, qu� datos concretos deber�n quedar incorporados en el documento p�blico, ya sea a trav�s de acreditaci�n documental, ya sea v�a manifestaci�n ante el Notario, constancia que implicar� que dicho medio de pago se deba entender suficientemente identificado, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad del instrumento p�blico.�
- �Por otra parte, y en conexi�n con lo anterior, se establece una especificaci�n en lo relativo a la obligaci�n de comunicaci�n por parte del Consejo General del Notariado hacia la Administraci�n tributaria de los supuestos en los que no exista identificaci�n de las cuentas de cargo y abono cuando el medio de pago sea la transferencia o la domiciliaci�n bancarias.
ART�CULO 177: REDACCI�N HASTA EL 19/01/2010
ART�CULO 177 DEL REGLAMENTO NOTARIAL: NUEVA REDACCI�N
En las escrituras p�blicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a t�tulo oneroso el dominio y los dem�s derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificar�n, cuando la contraprestaci�n consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes, en los t�rminos previstos en el art�culo 24 de la Ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.� Se expresar�n por los comparecientes los importes satisfechos en met�lico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
2.� El Notario incorporar� testimonio de los cheques y dem�s instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura. Los comparecientes deber�n, asimismo, manifestar los datos a que se refiere el art�culo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y dem�s instrumentos de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del otorgamiento, expresando adem�s su numeraci�n y el c�digo de la cuenta de cargo. En caso de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de cr�dito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el compareciente que efect�e el pago deber� manifestar el c�digo de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en met�lico. De todas estas manifestaciones quedar� constancia en la escritura.
3.� En caso de pago por transferencia o domiciliaci�n, los comparecientes deber�n manifestar los datos correspondientes a los c�digos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
En caso de que los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos citados anteriormente, el Notario har� constar en la escritura esta circunstancia, y advertir� verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 254 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia.
Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deber� incorporar la declaraci�n previa del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes cuando proceda presentar �sta en los t�rminos previstos en la normativa de prevenci�n del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaraci�n por el obligado a ello, el Notario har� constar dicha circunstancia en la escritura y lo comunicar� al �rgano correspondiente del Consejo General del Notariado.
En el marco del art�culo 17.3 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, el Consejo General del Notariado proporcionar� a la Agencia Estatal de la Administraci�n Tributaria informaci�n, en particular, en el caso de pagos por transferencia o domiciliaci�n, cuando no se hubieran comunicado al Notario las cuentas de cargo y abono.
En el caso de que los comparecientes se negasen a identificar los medios de pago empleados, el Notario advertir� verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del art�culo 254 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia en la escritura.
A los efectos previstos en el p�rrafo anterior, se entender�n identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestaci�n, los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque ser� suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se tratara de transferencia se entender� suficientemente identificada, aunque no se aporten los c�digos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria.
B) Prontuario de urgencia redactado por Jorge L�pez Navarro, Notario de Alicante:
..- Si se trata de met�lico, los comparecientes manifestaran los importes satisfechos, bien sean anteriores o al tiempo de la firma, y habr� que indicar la fecha. (No es preciso justificar la cuenta o medio de pago de precios aplazados)
..- Si se trata de cheques pagados antes de la escritura o entregados al tiempo de la firma: se unir� testimonio indicando su numeraci�n y el c�digo de la cuenta de cargo; y si se trata de cheques bancarios, bien anteriores o posteriores a la firma, se indicar� el c�digo de la cuenta de cargo a la que se aportaron los fondos o si se libraron contra la entrega de met�lico, y de todo ello quedar� constancia en la escritura.
..- Si se hace por transferencia bancaria o domiciliaci�n los comparecientes deben manifestar los c�digos de la cuenta de cargo y abono y de quedar constancia en la escritura. Ver, de todos modos, lo que se indica a continuaci�n sobre la transferencia.
- Si los comparecientes se niegan a identificar los medios de pago, el notario advertir� y deber� constar en la escritura la advertencia de que no se han acreditado y que por tanto conforme al art 254 de la Ley Hipotecaria no ser� inscribible en el Registro de la Propiedad hasta que no se identifiquen los medios de pago.
- No obstante lo anterior, se entender�n identificados los medios de pago cuando en la escritura consten bien documentalmente o por manifestaciones de los interesados los siguientes datos: - Si el medio de pago fuera cheque: librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe.
- Si fue transferencia estar� identificado aunque no se aporten los c�digos de las cuentas de cargo y abono, si constan: el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora, y la ordenante y receptora o beneficiaria.
En todos los casos, trat�ndose de met�lico o cheques bancarios al portador deber� presentarse el modelo S-1 si el importe excede de 100.000 euros para los residentes..Nota de Fernando Goma: El modelo S-1 ha de aportarse cuando el pago sea de m�s de 100.000 euros en los residentes. La obligaci�n de presentar el modelo S1 para pagos superiores a 10.000 respecto de los no residentes, creo que ha desaparecido, porque, aunque esta cifra estaba efectivamente mencionada en la orden
EHA/1439/2006, en su art. 1. Pero esa Orden fue concretada espec�ficamente para los notarios por otra, la Orden
EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el �mbito de la prevenci�n del blanqueo de capitales, en la cual solamente se menciona la cifra de 100.000 (en su art. 5). De hecho, la comunicaci�n de la OCP 2/2008 indica expresamente que que el S-1 solamente ha que solicitarlo cuando la cuant�a sea igual o superior a 100.000, sin m�s distinciones, a diferencia de la comunicaci�n anterior 1/2007, que citaba las 2, y que ha quedado suprimida.
Novedades que se introducen: Creo que consisten en que ya no basta con unir testimonio de los cheques o transferencia, sino que en la escritura deben de constar todos los datos indicados expresamente. Adem�s en caso de no poderse acreditar los medios de pago, se da la salida de que se indican por manifestaci�n de los comparecientes en la escritura con los datos antes se�alados.
Entrada en vigor: el 20 de enero de 2010. Ver periodos anteriores.
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ANDALUC�A. Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a para el a�o 2010. En el T�tulo V se prev� el incremento del importe de las tasas de cuant�a fija de la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a en un 1% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 2009.
Se habilita a la Consejer�a de Econom�a y Hacienda para dictar las normas necesarias para la expedici�n de facturas por medios electr�nicos cuando los destinatarios sean la Administraci�n de la Junta de Andaluc�a o sus entidades vinculadas o dependientes.
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UNIDADES LEGALES DE MEDIDA. Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. La ley b�sica sobre la materia es la Ley
3/1985, de 18 de marzo, de Metrolog�a, donde se determina que el sistema legal de unidades de medida vigente en Espa�a es el Sistema Internacional de Unidades (SI) adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y vigente en la Uni�n Europea. Ahora se definen las unidades, sus nombres y s�mbolos, as� como las reglas para la formaci�n de sus m�ltiplos y subm�ltiplos.
�stas son las unidades SI b�sicas:
Tiempo, duraci�n.
Temperatura termodin�mica.
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CANTABRIA. Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de Cantabria para el a�o 2010.
Por el ITPYAJD se prev�n unos ingresos potenciales de 177 millones de euros pero con un beneficio fiscal del 18,4% sobre dicha cantidad.
Por Sucesiones y Donaciones, unos ingresos de 45 millones y un beneficio fiscal del 205,3% sobre dicha cantidad.
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CANTABRIA. Ley 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. IRPF. Se modifica la deducci�n por cuidado de familiares exceptuando a los menores de tres a�os del requisito de convivencia con el contribuyente m�s de 183 d�as del a�o natural y adem�s se actualiza el requisito relativo a la no obligatoriedad de presentaci�n de declaraci�n por el Impuesto sobre Patrimonio.
ISD. - En las transmisiones �mortis causa� ente los parientes mas pr�ximos, se introduce una bonificaci�n auton�mica sobre la cuota tributaria que variar�, en funci�n de la base imponible recibida por cada causahabiente y con un limite de base imponible susceptible de bonificaci�n de 325.000 euros, entre el 90% y el 99% en las adquisiciones �mortis causa� de los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II, asimil�ndose a la figura de c�nyuges a las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho, suprimi�ndose el actual sistema de coeficientes multiplicadores espec�ficos para los Grupos I y II.
- En donaciones de vivienda, se establece una bonificaci�n auton�mica de entre el 90% y el 99% de la cuota tributaria si se adquiere la primera vivienda que constituir� la residencia habitual del donatario, o del terreno para construirla, realizada a descendientes y adoptados. Esta bonificaci�n requiere el cumplimiento de una serie de requisitos tendentes a garantizar la equidad en la aplicaci�n de la misma.
- Igualmente, se establece una bonificaci�n auton�mica del 99% de la cuota tributaria, hasta los primeros 100.000 euros donados, a la transmisi�n gratuita �inter vivos� de met�lico destinado a la adquisici�n de la primera vivienda, o del terreno para construirla, hasta los primeros 30.000 euros, que vaya a constituir adem�s la residencia habitual del donatario realizada a descendientes y adoptados.
- Se instaura una bonificaci�n auton�mica del 95 % de la cuota tributaria hasta los primeros 60.000 euros donados en las transmisiones gratuitas �inter vivos� de met�lico a descendientes y adoptados para la puesta en marcha de una actividad econ�mica o para la adquisici�n de una ya existente o de participaciones en determinadas entidades.
ITPYAJD. - Se ampl�an los supuestos de hecho que pueden acogerse a los tipos reducidos establecidos en el art�culo 7, apartados 3, 4 y 5, del Decreto Legislativo
62/2008, de 19 de junio. - En cuanto al tipo de gravamen reducido al que tributan las adquisiciones de vivienda que vayan a constituir la residencia habitual, realizadas por personas con minusval�a, se extiende la aplicaci�n del tipo reducido a cada sujeto pasivo que concurra en la adquisici�n y en funci�n de su participaci�n, cuando uno de ellos sea discapacitado.
- Los tipos reducidos establecidos en el art�culo 7, apartados 3, 4 y 5, del Decreto Legislativo
62/2008, de 19 de junio, ser�n aplicables cuando la vivienda adquirida no supere un valor real de 300.000 euros, tributando al tipo que corresponda el resto del valor real de la vivienda.
- Se crea un tipo de gravamen del 8% aplicable en las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, para el tramo del valor comprobado que supere la cuant�a de 300.000 euros o de 30.000 euros en el caso de bienes inmuebles destinados a garaje, salvo en el caso de los garajes vinculados con la vivienda y con un m�ximo de dos. - Se equipara el tipo impositivo en la constituci�n de concesiones administrativas al tipo de gravamen del 7% establecido para las transmisiones patrimoniales.
Urbanismo. Se modifica la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenaci�n Territorial y R�gimen Urban�stico del Suelo de Cantabria. Se trata de corregir deficiencias observadas pues, por un lado, instrumentos de ordenaci�n territorial como los planes especiales del medio rural y los cat�logos que llevan incorporados, quedaban escasamente definidos en su concepci�n y tramitaci�n y, por otro lado, en planes generales que no han sido evaluados ambientalmente se calificaban suelos de especial protecci�n que en realidad no ten�an esta caracterizaci�n y por ello no se pod�a actuar en ellos directamente a trav�s de los proyectos singulares de inter�s regional lo que invalidaba estos instrumentos sin una motivaci�n realista.
PDF (BOE-A-2010-931 - 113 p�gs. - 2603 KB) Otros formatos
ILLES BALEARS. Decreto 88/2009, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de d�as inh�biles para el a�o 2010 a efectos de plazos administrativos. PDF (BOE-A-2010-1012 - 2 p�gs. - 161 KB)
SERBIA. Convenio entre el Reino de Espa�a y la Rep�blica de Serbia para evitar la doble imposici�n en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y Protocolo, hecho en Madrid el 9 de marzo de 2009. Este convenio afecta en Serbia a los siguientes impuestos:
- el Impuesto sobre la Renta de Sociedades;
- el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas;
- el Impuesto sobre el Patrimonio.
Este convenio afecta en Espa�a a los siguientes impuestos:
- el Impuesto sobre el Patrimonio; y
- los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio;
PDF (BOE-A-2010-1083 - 17 p�gs. - 288 KB) Otros formatos
EXTREMADURA. Ley 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut�noma de Extremadura para 2010. AJD: La disposici�n adicional cuarta regula el tipo de gravamen reducido en la modalidad de Actos Jur�dicos Documentados para adquisici�n y financiaci�n de viviendas medias Durante el a�o 2010 se aplicar� el tipo de gravamen del 0,1 por 100 a las escrituras p�blicas que documenten las adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda habitual del sujeto pasivo, as� como la constituci�n de pr�stamos hipotecarios destinados a su financiaci�n, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1. Que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 23 del D. Legislativo
1/2006, de 12 de diciembre.
3. Que se trate de viviendas con protecci�n p�blica y calificadas como viviendas medias.
Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. Por la disposici�n adicional quinta, con efectos exclusivos para las declaraciones correspondientes al ejercicio 2009, sobre la cuota �ntegra de este impuesto se aplicar� una bonificaci�n del 100 por 100 a todos los sujetos pasivos. No habr� obligaci�n de presentar la declaraci�n de bienes.
Tasas. Se actualizan en un 1%.
PDF (BOE-A-2010-1086 - 36 p�gs. - 636 KB) Otros formatos
VALENCIA. Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gesti�n administrativa y financiera, y de organizaci�n de la Generalitat. Tasas: En el cap�tulo I se realiza una amplia modificaci�n de la
Ley de Tasas de la Generalitat.
IRPF. - Se modifica la escala auton�mica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general, adapt�ndola al porcentaje de cesi�n del impuesto a la Comunitat Valenciana y manteni�ndose, al mismo tiempo, la rebaja de 0,25 puntos porcentuales establecida por la Generalitat, y que afecta al conjunto de los tramos de la escala.
- Var�a la referencia que en el art�culo tercero de la ley se efect�a al porcentaje de las deducciones establecidas en la normativa estatal del impuesto que minoran la cuota �ntegra auton�mica para determinar la cuota l�quida auton�mica, estableci�ndose una remisi�n general al porcentaje previsto, a tal efecto, por la citada normativa estatal reguladora del IRPF.
- Se crea una nueva deducci�n, consistente en el 10 por 100 del importe de la cuota �ntegra auton�mica, una vez deducidas de esta �ltima el resto de las minoraciones. Dicha deducci�n resultar� aplicable a los contribuyentes con dos o m�s descendientes que den lugar al m�nimo correspondiente por este concepto, siempre que la suma de las bases imponibles de todos los miembros de la familia sea de hasta 24.000 euros.
Patrimonio. Quedan sin contenido el cap�tulo I del t�tulo II y los art�culos octavo y noveno de la Ley 13/1997, relativos al Impuesto sobre el Patrimonio.
Presentaci�n ITPAJD e ISD. Se transcribe �ntegro el texto por su inter�s:
�Disposici�n Adicional Novena. Requisitos para la acreditaci�n de la presentaci�n y el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ante la Generalitat.
1. La acreditaci�n de la presentaci�n de documentos y autoliquidaciones, as� como del pago de deudas tributarias, que resulten procedentes por los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, cuando deban llevarse a cabo ante la Generalitat, para permitir la admisi�n de documentos sujetos a los citados impuestos por autoridades, funcionarios, oficinas o dependencias administrativas y la producci�n de efectos de los mismos en Juzgados, Tribunales, oficinas o registros p�blicos, o a cualquier otro efecto previsto en las disposiciones vigentes, se efectuar� mediante justificante expedido por la Administraci�n tributaria de la Generalitat, en el que conste la presentaci�n del documento y el pago del tributo, o la declaraci�n de no sujeci�n o del beneficio fiscal aplicable.
A los efectos de la expedici�n del justificante al que se refiere el p�rrafo anterior, el pago del tributo deber� constar efectuado mediante ingreso a favor de la Generalitat, en cuentas de titularidad de la misma, y a trav�s de los modelos de declaraci�n e ingreso habilitados, a tal fin, por la Conseller�a competente en materia de Hacienda.
2. En el supuesto de declaraciones tributarias cuya presentaci�n, y, en su caso, pago, se hayan llevado a cabo por
medios telem�ticos habilitados por la Generalitat, la acreditaci�n de tales circunstancias se considerar� efectuada conforme a lo establecido en el apartado 1 o por los procedimientos espec�ficamente previstos, a tal efecto, mediante Orden del Conseller competente en materia de Hacienda.�
Asistencia Jur�dica. El cap�tulo XV contiene dos modificaciones de la Ley
10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jur�dica a la Generalitat.
PDF (BOE-A-2010-1279 - 54 p�gs. - 965 KB) Otros formatos
Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010. El t�tulo VI, �De las normas tributarias�, actualiza en un 1 por ciento los tipos aplicables a las tasas propias y otros ingresos de la Generalitat.
PDF (BOE-A-2010-1280 - 153 p�gs. - 3073 KB) Otros formatos
ADMINISTRACI�N ELECTR�NICA. Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el �mbito de la Administraci�n Electr�nica. El Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de informaci�n prestar�n sus servicios y custodiar�n la informaci�n de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la informaci�n pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. El presente real decreto tiene por objeto regular dicho Esquema Nacional de Seguridad establecido en el art�culo 42 de la
Ley de Servicios P�blicos Electr�nicos, y determinar la pol�tica de seguridad que se ha de aplicar en la utilizaci�n de los medios electr�nicos a los que se refiere la citada ley.
El Esquema Nacional de Seguridad est� constituido por los principios b�sicos y requisitos m�nimos requeridos para una protecci�n adecuada de la informaci�n. Ser� aplicado por las Administraciones p�blicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservaci�n de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electr�nicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
PDF (BOE-A-2010-1330 - 50 p�gs. - 1130 KB) Otros formatos
ADMINISTRACI�N ELECTR�NICA. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el �mbito de la Administraci�n Electr�nica. La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de informaci�n y de los procedimientos a los que �stos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de informaci�n y conocimiento entre ellos.
La finalidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad es la creaci�n de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad t�cnica, sem�ntica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones p�blicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a trav�s del acceso electr�nico a los servicios p�blicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.
El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Interoperabilidad establecido en el art�culo 42 de la
Ley de Servicios P�blicos Electr�nicos.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprender� los criterios y recomendaciones de seguridad, normalizaci�n y conservaci�n de la informaci�n, de los formatos y de las aplicaciones que deber�n ser tenidos en cuenta por las Administraciones p�blicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, sem�ntica y t�cnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminaci�n a los ciudadanos por raz�n de su elecci�n tecnol�gica.
Se aplicar� a las Administraciones P�blicas y a los ciudadanos en sus relaciones con las mismas. PDF (BOE-A-2010-1331 - 18 p�gs. - 311 KB) Otros formatos
MODELO 170. Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 170 de declaraci�n de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gesti�n de cobros a trav�s de tarjetas de cr�dito o de d�bito, as� como los dise�os f�sicos y l�gicos para la presentaci�n en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentaci�n telem�tica.
Las obligaciones de informaci�n de car�cter general recogidas en los art�culos 93, 94 y 95 de la
Ley General Tributaria se desarrollan por el cap�tulo V del t�tulo II del
Reglamento de Gesti�n e Inspecci�n. El Real Decreto 1/2010 a�ade un nuevo art�culo 38 bis al Reglamento por el que se establece la obligaci�n de las entidades bancarias o de cr�dito y las dem�s entidades que presten el servicio de gesti�n de cobros a trav�s de tarjetas de cr�dito o de d�bito a empresarios y profesionales establecidos en Espa�a, de presentar una declaraci�n informativa anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos a este sistema cuando el importe neto anual de los mencionados cobros exceda de 3.000 euros, siendo �ste el modelo ahora aprobado. Personas obligadas: las entidades bancarias o de cr�dito y dem�s entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, presten el servicio de gesti�n de cobros a trav�s de tarjetas de cr�dito o de d�bito a empresarios o profesionales establecidos en Espa�a.
Plazo: del 1 al 31 de marzo, las operaciones correspondientes al a�o anterior.
PDF (BOE-A-2010-1392 - 26 p�gs. - 452 KB) Otros formatos
MODELO 171. Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de declaraci�n informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, as� como los dise�os f�sicos y l�gicos para la presentaci�n en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentaci�n telem�tica.
Reglamento de Gesti�n e Inspecci�n. El Real Decreto 1/2010 a�ade un nuevo art�culo 38 bis al Reglamento por el que se establece la obligaci�n de las entidades de cr�dito y las dem�s entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tr�fico bancario o crediticio, de presentar una declaraci�n informativa anual de las imposiciones, disposiciones de fondos y cobros de cualquier documento, que se realicen en moneda met�lica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio f�sico o electr�nico utilizado, est�n denominados en euros o en otra moneda.
Personas obligadas: las entidades de cr�dito y las dem�s entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tr�fico bancario o crediticio.
IRPF E IVA. Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el a�o 2010 el m�todo de estimaci�n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y el r�gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor A�adido. El art�culo 32 del
Reglamento del IRPF y el art�culo 37 del
Reglamento del IVA establecen que el m�todo de estimaci�n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y el r�gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor A�adido se aplicar� a las actividades que determine el Ministro de Econom�a y Hacienda. Esta Orden tiene por objeto dar cumplimiento para el ejercicio 2010 a los mandatos contenidos en los mencionados preceptos reglamentarios. En relaci�n con el IVA, la presente Orden incorpora la revisi�n de los m�dulos a fin de actualizar su importe en paralelo a la subida de tipos impositivos (al 8% el reducido y al 18%, el ordinario) dispuesta por el art�culo 79 de la Ley de Presupuestos, que ser� efectiva a partir del 1� de julio de 2010. Para simplificar los c�lculos, se ha dispuesto una tabla �nica que incorpora el aumento de tipos distribuido a lo largo de todo el a�o, evitando de esa forma la utilizaci�n de dos tablas, una hasta el 30 de junio con los m�dulos sin aumento y otra desde esa fecha hasta el 31 de diciembre, con la totalidad del incremento previsto.
Con el objetivo de diferir financieramente el impacto del aumento de tipos, se dispone la utilizaci�n de la tabla aprobada para el ejercicio 2009 para el c�lculo de las cuotas trimestrales, debiendo utilizarse la derivada de la presente Orden para el c�lculo de la cuota correspondiente al cuarto trimestre, efectu�ndose entonces la regularizaci�n que corresponda con los nuevos m�dulos.
PDF (BOE-A-2010-1394 - 89 p�gs. - 1560 KB) Otros formatos
ILLES BALEARS. Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Aut�noma de las Illes Balears para el a�o 2010. Patrimonio. Se a�ade una disposici�n adicional a la
Ley del Patrimonio de las Illes Balears, al efecto de autorizar al Gobierno de las Illes Balears para que realice las actuaciones necesarias para que un ente instrumental de la comunidad aut�noma (de derecho p�blico o de derecho privado) se encargue de la gesti�n patrimonial de la Administraci�n de la comunidad aut�noma, en todas las vertientes propias del tr�fico inmobiliario y de la gesti�n urban�stica, de manera que, mediante un �nico ente, se realicen todas las actividades de car�cter empresarial que, actualmente desempe�an tres.
PDF (BOE-A-2010-1401 - 47 p�gs. - 3223 KB) Otros formatos
NOTAR�AS. Resoluci�n de 30 de diciembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos para tomar parte en la oposici�n libre para obtener el t�tulo de notario, convocada por Resoluci�n de 24 de septiembre de 2009. PDF (BOE-A-2010-487 - 1 p�g. - 156 KB)
TRIBUNAL NOTAR�AS. Orden JUS/5/2010, de 12 de enero, por la que se nombran los Tribunales calificadores de la oposici�n libre para obtener el t�tulo de Notario convocada por Resoluci�n de 24 de septiembre de 2009. Se acuerda la actuaci�n simult�nea de
dos Tribunales calificadores, con sedes en La Coru�a y en Madrid.
Tribunal n.� 1 con sede en A Coru�a
- Presidente: Don Jos� Manuel Amigo V�zquez, Decano del Ilustre Colegio Notarial de A Coru�a.
- Don Francisco Manuel Ord��ez Arm�n, Notario de A Coru�a.
- Don Jos� Ignacio Garc�a Moratilla, Registrador de A Coru�a n.� 1.
- Do�a Consuelo Castro Rey, Abogada del Estado. Jefe en la Comunidad Aut�noma de Galicia.
- Don Miguel �ngel P�rez �lvarez, Catedr�tico de Derecho Civil de la Universidad de A Coru�a.
- Don Pablo �ngel Sande Garc�a, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Galicia.
- Secretario: Don V�ctor Jos� Pe�n Rama, Notario de A Coru�a.
Tribunal n.� 2 con sede en Madrid
- Presidente: Don Jos� Manuel Garc�a Collantes, Censor 1.� de la Junta Directiva del C. N. de Madrid.
- Don Jos� Carlos S�nchez Gonz�lez, Notario de Madrid adscrito a la DGRN.
- Do�a Carmen Gal�n L�pez, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense.
- Don Rafael Calvo Gonz�lez-Vallinas, Registrador de San Sebasti�n de los Reyes n.� 1.
- Do�a Cristina Vidal Otero, Abogada del Estado ante la Audiencia Nacional.
- Don Jes�s Celestino Rueda L�pez, Magistrado (civil) de la Audiencia Provincial de Madrid.
- Secretaria: Do�a M.� Nieves Gonz�lez de Ech�varri y D�az, Notaria de Chinch�n.
Los Tribunales no podr�n constituirse ni actuar sin la asistencia de cinco de sus miembros. En ausencia del presidente o del secretario, har� sus veces el vocal notario. Si el tribunal se hubiera constituido con varios notarios, la ausencia del presidente se cubrir� por el secretario, y la de �ste, por un vocal registrador.
PDF (BOE-A-2010-566 - 2 p�gs. - 162 KB) Otros formatos NOTAR�AS: SORTEO Y TRIBUNALES. Resoluci�n de 15 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, por la que se ordena la constituci�n de los Tribunales de la oposici�n para obtener el t�tulo de notario convocada por Resoluci�n de 24 de septiembre de 2009, y se anuncia el sorteo de los opositores y el comienzo de los ejercicios. Tribunales: Los miembros nombrados que los componen han de constituir los dos Tribunales y formular declaraci�n de compatibilidad. Se fijan, como fecha y lugar, el d�a 29 de enero de 2010, a las 12:30 horas, en la sede de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, Pza. Jacinto Benavente, 3, Madrid, 1.� planta.
Sorteo: - Fecha y lugar: Se celebrar� independiente para cada turno el d�a 29 de enero, a las 13:00 horas, en la citada sede de la DGRN, Pza. Jacinto Benavente, 3, Madrid, 1.� planta.
- Tribunal de A Coru�a: Es el n�mero 1. Ante �l actuar�n los opositores del turno general comprendidos entre los n�meros de sorteo 1 al 434, ambos inclusive. Proveer� 45 plazas.
- Tribunal de Madrid: Es el n�mero 2. Ante �l actuar�n los opositores del turno general comprendidos entre los n�meros de sorteo 435 al 868, ambos inclusive. Proveer� otras 45 plazas. - Opositor con el n�mero 869: Se sortear� su adscripci�n a uno u otro Tribunal. - Turno de discapacidad. Tan s�lo se han presentado 5 personas para diez plazas, que no podr�n acumularse a las del turno general. Los dos primeros del sorteo ir�n a A Coru�a; los dos siguientes, a Madrid, y el quinto se sortear�. Ser�n llamados una vez concluya el primer llamamiento del turno general. Comienzo de la oposici�n: el d�a 8 de marzo de 2010, a las 10:00 horas (se corrigi� el error en la hora), en los locales de los Ilustres Colegios Notariales de A Coru�a y Madrid.
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El Notario de Villaviciosa de Od�n, don Luis Morales Rodr�guez. El Notario de Palma, don Rafael Zaragoza Tafalla. El Notario de Madrid, don Pedro Fernando Conde Mart�n de Hijas. Don Carlos Tom�s P�rez Giralda, Registrador de la Propiedad de Las Rozas de Madrid n� 1. Don Francisco Mesa Mart�n, Registrador de la Propiedad de Mijas n� 2. El Notario de Madrid, don Juan Ignacio Garmendia Miangolarra. El Notario de San Sebasti�n de los Reyes, don Miguel Morales Montoto. El Notario de Getafe, don Joaqu�n Pulido Cordero. El Notario de Zamora, don Antonio Hern�ndez Rodr�guez-Calvo. RESOLUCIONES PROPIEDAD:
1. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDAR EL TRACTO: POSIBLE ERROR EN LA FINCA. NO CABE ENTRAR EN EL FONDO DEL FALLO. Resoluci�n de 20 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Pola de Laviana, a practicar la inscripci�n derivada de un auto reca�do en un procedimiento de expediente de dominio para la reanudaci�n del tracto sucesivo interrumpido.
Vinculante. Hechos: el expediente afecta a tres fincas, respecto de una de las cuales, la registradora considera que existe error y realmente ten�a que haber sido objeto del expediente otra finca distinta, pues aquella afectada por el expediente est� bien inscrita a favor de los titulares registrales actuales no perteneciendo al promoviente.
El registrador deniega la inscripci�n de esa tercera finca por estimar incongruente la parte dispositiva de la resoluci�n judicial bas�ndose en los hechos que relaciona. El interesado recurre alegando que el auto es inscribible y que la calificaci�n excede el art. 100 del Reglamento Hipotecario.
La DGRN parte de los l�mites que existen en la calificaci�n de los documentos judiciales, que ha de circunscribirse a lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento Hipotecario, sin entrar a valorar si la decisi�n jurisdiccional es acertada o no. Entiende el Centro Directivo que la registradora entra en el fondo del asunto por lo que revoca la nota ordenando que inscriba el testimonio del auto en sus propios t�rminos. (JFME)
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Otros formatos 2. MANDAMIENTO DE EMBARGO: PRIORIDAD REGISTRAL. Resoluci�n de 5 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Movimientos de Tierras L�pez Santaella S.L. contra la nota de calificaci�n de la registradora de la propiedad de Albu�ol, por la que se suspende una anotaci�n preventiva de embargo. Hechos: Se present� un mandamiento de embargo por telefax, pero, al no aportarse copia f�sica en diez d�as, el asiento de presentaci�n caduc� (art. 418 RH). Tras este asiento se present� una compraventa que se inscribi�. Y ahora, se presenta copia f�sica del mandamiento de embargo referido.
La registradora suspende la anotaci�n por no encontrarse la finca inscrita a favor de la persona contra la que se decreta el embargo vulnerando el principio de tracto sucesivo.
La DGRN confirma su criterio en aplicaci�n de los principios de prioridad y tracto sucesivo. La circunstancia de que en el momento de adoptarse la resoluci�n judicial la finca a�n perteneciera al deudor, no basta para tomar la anotaci�n preventiva de embargo, pues el momento en el que se debe cumplir el tracto sucesivo es el de la presentaci�n en el Registro del t�tulo cuya inscripci�n se pretende o despu�s si durante la vigencia del asiento de presentaci�n se aportan los t�tulos intermedios; por lo que no basta con que se cumpliera el tracto sucesivo en el momento de la fecha del auto ordenando la anotaci�n. (JFME)
PDF (BOE-A-2010-340 - 3 p�gs. - 169 KB)
3. SENTENCIA DE EJECUCI�N INCOHERENTE CON DERECHO EMBARGADO. Resoluci�n de 6 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n de la registradora de la propiedad de M�laga n�mero 15, por la que se suspende la inscripci�n de la ejecutoria de una sentencia. Hechos: Se presenta para inscribir testimonio de sentencia firme en la que se adjudica la mitad indivisa de una finca inscrita con car�cter ganancial. La anotaci�n del embargo ordenada en el procedimiento, al haber fallecido el c�nyuge no deudor, no se tom� sobre una mitad indivisa, sino sobre los derechos que pudieran corresponder al c�nyuge deudor en la liquidaci�n de la sociedad conyugal.
La registradora exige la inscripci�n previa del t�tulo correspondiente a la liquidaci�n de la sociedad ganancial.
La interesada recurri� alegando que el embargo se trab� sobre la mitad indivisa que pertenec�a a la esposa por disoluci�n autom�tica de la sociedad de gananciales
La DGRN confirma la calificaci�n, porque, disuelta pero no liquidada la sociedad de gananciales, no corresponde a los c�nyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que la integran y de la que puedan disponer separadamente, sino que la participaci�n de aqu�llos se predica globalmente respecto de la masa ganancial. S�lo cuando concluyan las operaciones liquidatorias, esta cuota sobre el todo ceder� su lugar a las titularidades singulares y concretas que a cada uno de ellos se le adjudiquen en las operaciones liquidatorias.
El Centro Directivo distingue did�cticamente, tres hip�tesis:
1.-El embargo de bienes concretos de la sociedad ganancial en liquidaci�n, que requiere que las actuaciones procesales respectivas se sigan contra todos los titulares. 2.- El embargo de la cuota global que a un c�nyuge corresponde en esa masa patrimonial, que puede practicarse en actuaciones judiciales seguidas s�lo contra el c�nyuge deudor, y cuyo reflejo registral se realizar� mediante su anotaci�n �sobre los inmuebles o derechos que se especifique en el mandamiento judicial en la parte que corresponda al derecho del deudor� Y,
3.- El embargo de los derechos que puedan corresponder a un c�nyuge sobre un concreto bien ganancial una vez disuelta la sociedad conyugal, supuesto distinto del anterior, ya que puede ocurrir que en la liquidaci�n el bien no sea adjudicado al c�nyuge deudor, con lo que la traba quedar� absolutamente est�ril; en cambio, si se embarga la cuota global, y los bienes sobre los que se anota no se atribuyen al deudor, �stos quedar�n libres, pero el embargo se proyectar� sobre los que se le hayan adjudicado a �ste en pago de su derecho (de modo que s�lo queda est�ril la anotaci�n, pero no la traba). Lo que no cabe nunca es el embargo de mitad indivisa del bien, pues mientras no est� liquidada la sociedad de gananciales y aunque haya disoluci�n por fallecimiento de uno de los c�nyuges, no existen cuotas indivisas sobre bienes concretos.
En el caso concreto nos encontramos con el segundo de los supuestos analizados. En �l no cabe la adjudicaci�n de la mitad indivisa de un bien, pues, pendiente la liquidaci�n de la sociedad, no existen cuotas indivisas sobre bienes concretos. Lo que s� podr�a haberse adjudicado �la parte que al c�nyuge le correspondiera en la liquidaci�n�.
Para hacer efectivas las deudas de la masa antes de su liquidaci�n -y cumplir con el principio de tracto sucesivo a efectos de inscribir el remate-, han de ser demandados y condenados en el procedimiento todos los que seg�n el Registro ostentaren la completa titularidad o la plena representaci�n de esa masa patrimonial. En este supuesto, la inscripci�n a favor del rematante se practicar�a sin necesidad de previa inscripci�n de unas adjudicaciones que ni se hab�an realizado ni se van ya a realizar, en lo que al bien ejecutado se refiere. (JFME) PDF (BOE-A-2010-341 - 4 p�gs. - 177 KB)
4. ERROR DE CONCEPTO: RECTIFICACI�N SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR REGISTRAL. Resoluci�n de 9 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de La L�nea de la Concepci�n, por la que se suspende la rectificaci�n por error de una nota marginal de cancelaci�n de condici�n resolutoria.
Se plantea si procede rectificar una nota marginal en la que se cancel� por error una condici�n resolutoria en garant�a de precio aplazado, ya que la escritura que provoc� dicho asiento rese�aba un pago parcial y no de la totalidad del precio.
La Direcci�n resuelve que estamos ante un error de concepto, pero que hay dos procedimientos para su rectificaci�n: a) el que exige el acuerdo un�nime de los interesados y del Registrador o, en su defecto, resoluci�n judicial y, b) el que permite la rectificaci�n de oficio por parte del Registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o, trat�ndose de asientos de presentaci�n y notas, cuando la inscripci�n principal respectiva baste para darlo a conocer. �Esta modalidad de rectificaci�n se infiere del p�rrafo 1� del art. 217 LH, conforme al cual Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificar�n sin el acuerdo un�nime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial que lo ordene, de donde se deduce que resultando claramente el error de los propios asientos el Registrador no precisa del consentimiento de los interesados para proceder a su rectificaci�n. (STS de de febrero de 1.999)
No considera necesario el consentimiento del titular registral, para lo que tiene en cuenta: a) que la condici�n resolutoria, como elemento accidental del negocio, no opera autom�ticamente en sede registral ni en su cumplimiento ni en su incumplimiento; b) que resulta de los asientos del Registro que la condici�n garantizaba el precio aplazado en su totalidad y que solo se entreg� una parte y en consecuencia que no se ha producido el hecho que permitir�a solicitar la cancelaci�n de la condici�n; e) que, al margen del pago, tan s�lo se admit�a en la escritura de dos modos de cancelarla: escritura otorgada por la parte vendedora, o acta notarial en la que se acredite que se han avalado las cantidades y ninguno de cuyos documentos se present� en el Registro; f) que la nota marginal que hubiera debido practicarse no es la de cancelaci�n de la condici�n resolutoria por su incumplimiento del art. 56 RH sino una nota de pago parcial del art. 58 del mismo Reglamento.
En base a todo lo cual concluye que no hay ning�n obst�culo para la rectificaci�n, rectificaci�n que no surtir� efecto frente a terceros sino desde la fecha en que se verifique (arts. 40 y 220 LH). (MN) PDF (BOE-A-2010-342 - 6 p�gs. - 189 KB)�
5. SENTENCIA EN DECLARATIVO ORDINARIO: CANCELACI�N E INSCRIPCI�N A FAVOR DEL DEMANDANTE NO ES INMATRICULACI�N. Resoluci�n de 10 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Molina de Arag�n, a practicar la cancelaci�n de asientos y la inscripci�n de dominio ordenado en una sentencia reca�da en el seno de un procedimiento declarativo ordinario.
Se plantea si una sentencia dictada en un procedimiento declarativo es t�tulo h�bil para la cancelaci�n de las inscripciones declaradas nulas y para la inscripci�n del pleno dominio a favor de la demandante. La registradora alega que como el asiento que se ordena cancelar es una inmatriculaci�n la inscripci�n a favor de la demandante tiene naturaleza inmatriculadora, y ser� necesario aportar el t�tulo id�neo para las inmatriculaciones, esto es, acudir a la v�a de los arts. 199 y 205 LH y 298 de su Reglamento, acompa�ado de la pertinente certificaci�n catastral, y que sin dichos requisitos no podr� procederse a la cancelaci�n del asiento que se declare como contradictorio dado que al tratarse de una inscripci�n primera supondr�a la �desinmatriculaci�n� de la finca. El documento presentado es id�neo para llevar a cabo la cancelaci�n pero siempre y cuando pueda procederse a la inscripci�n a favor del demandante como consecuencia de la presentaci�n de los documentos subsanatorios indicados.
estima el recurso y revoca la nota porque no estamos ante una inmatriculaci�n propiamente dicha, se trata de cancelar una inmatriculaci�n y proceder a la inscripci�n a favor del actor en lo que formalmente ser� una inscripci�n segunda, por lo que no son exigibles los requisitos de la inmatriculaci�n de la finca.
Pero, adem�s, aunque as� fuera, es doctrina reiterada del Centro, que en juicio declarativo ordinario es posible la inmatriculaci�n de fincas sin necesidad de acudir a los procedimientos de inmatriculaci�n espec�ficos del art�culo 205 de la Ley y 298 del Reglamento Hipotecario, cuyas garant�as (fundamentalmente consistentes en el doble t�tulo p�blico sucesivo y la publicaci�n de edictos con suspensi�n de efectos de dos a�os) s�lo se aplican a los casos de inmatriculaci�n por t�tulo p�blico notarial, y no a expedientes de dominio ni a certificaciones administrativas, como tampoco son aplicables a los t�tulos de reparcelaci�n urban�stica. Y lo mismo las sentencias dictadas en juicios declarativos, que son instrumento eficaz para la inmatriculaci�n de las fincas � en base al art. 40 letra a) LH, que lo considera un supuesto independiente y apto para la rectificaci�n de la inexactitud registral por falta de acceso de alguna relaci�n jur�dica inmobiliaria �, aunque s� ser�a exigible, por serlo para todo supuesto de inmatriculaci�n desde la Ley 13/1996, la certificaci�n catastral. (MN) PDF (BOE-A-2010-343 - 3 p�gs. - 170 KB)
6. RECTIFICACI�N DE ERROR AL PRACTICAR CANCELACI�N TOTAL EN VEZ DE PARCIAL. Resoluci�n de 11 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto en representaci�n de Roc�o Alto, S.A. contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de La L�nea de la Concepci�n, por la que se suspende la rectificaci�n por error de una nota marginal de cancelaci�n de condici�n resolutoria. (MN)
Id�ntica a la de 9 de noviembre, rese�ada con el n�mero 4. (MN)
PDF (BOE-A-2010-344 - 6 p�gs. - 191 KB)
Otros formatos 7. IDENTIFICACI�N DE MEDIOS DE PAGO EN PRECIO APLAZADO. Resoluci�n de 12 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Murcia n�mero 8, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de compraventa. Vinculante.
En caso de que parte del precio quede aplazado en una compraventa se plantea la cuesti�n de si ha de identificarse ahora en la escritura el medio de pago futuro, como exige el registrador, o no, como piensa el recurrente.
Resuelve la DGRN que la identificaci�n de los medios de pago en la escritura de compraventa est� referida a los que se hayan efectuado en el momento de la compraventa o antes, pero no a los pagos futuros o aplazados. Respecto de estos �ltimos deja planteada la cuesti�n de su posible identificaci�n en la carta de pago futura, a efectos de su constancia por nota marginal en el Registro.
COMENTARIO.- De acuerdo con el criterio de la DGRN por obvio, pues no cabe imaginar c�mo podr�a el comprador identificar ahora el cheque con el que pagar� al vendedor en el futuro, por ejemplo. Cuando llegue ese momento de pago futuro entiendo que habr� que acreditarlo siempre ante notario en la escritura de Carta de Pago, con independencia de que se quiera hacerlo constar as� en el Registro por nota marginal o no. (AFS)
PDF (BOE-A-2010-345 - 4 p�gs. - 179 KB)
9. INMATRICULACI�N: F�BRICA DE T�TULOS. DISCREPANCIAS CON CATASTRO. Resoluci�n de 16 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Arz�a, don Jos� Mar�a Gamallo Aller, contra la negativa de la registradora de la propiedad de C�ceres n�mero 2, a la inmatriculaci�n de determinadas fincas. En una primera escritura los c�nyuges disuelven su sociedad de gananciales y se adjudican determinados bienes por mitad. Pocos d�as despu�s vuelven a pactar el r�gimen de gananciales y aportan esos mismos bienes a la sociedad de gananciales. La registradora considera que ambos t�tulos son instrumentales ad hoc, para la inmatriculaci�n. Alega el notario que el fraude no puede presumirse.
Resuelve la DGRN desestimando el recurso, pues considera que, aunque la mera sospecha de fraude no debe de suspender la inscripci�n, es claro en el presente caso que son t�tulos instrumentales para la inmatriculaci�n; Recalca que no se cumple con la finalidad del legislador del requisito del doble t�tulo, cuando la situaci�n final de titularidad de las fincas en el �ltimo t�tulo es la misma que la inicial, como en este caso.
Reitera por otro lado que es necesaria la total coincidencia con el certificado catastral de la finca a inmatricular. (AFS) PDF (BOE-A-2010-347 - 5 p�gs. - 188 KB)
Otros formatos 10. PRESENTACI�N PARA PAGO DE IMPUESTOS. CONFESI�N DE PRIVATIVIDAD. Resoluci�n de 17 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valladolid n�mero 5, a la inscripci�n de una disoluci�n de condominio. Se plantea la cuesti�n de si es necesario acreditar el pago de impuestos con car�cter previo a la inscripci�n o basta con acreditar la presentaci�n. Resuelve la DGRN en este �ltimo sentido interpretando as� los art�culos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria.
En cuanto al fondo del asunto, consta inscrito un bien inicialmente a favor de dos personas, en cuanto a uno de ellos con car�cter privativo por confesi�n. Ahora se disuelve la comunidad y se adjudica la totalidad a uno de ellos compensando en met�lico al otro, y con la confesi�n del c�nyuge que el bien adjudicado es privativo, pues el dinero empleado en la compensaci�n es tambi�n privativo ya que procede de un cr�dito de la sociedad de gananciales contra �ste. La registradora encuentra una contradicci�n entre esta atribuci�n de privatividad por confesi�n y la anterior privatividad de la mitad, que consta en el Registro tambi�n por confesi�n, aunque su razonamiento sobre esa posible contradicci�n no se alcanza a entender bien, al menos con los datos que constan publicados. Se�ala la DGRN que los bienes privativos pueden ser confesados, cuando no se ha acreditado la privatividad, o acreditados; y a�ade que los confesados pueden convertirse en privativos acreditados en cualquier momento .En el presente caso no aprecia tal contradicci�n, pues la confesi�n de privatividad en la disoluci�n complementa la primera confesi�n, y ambas partes est�n de acuerdo en que la mitad del bien ahora adjudicado es privativa por confesi�n, por lo que ordena la inscripci�n. (AFS) PDF (BOE-A-2010-348 - 4 p�gs. - 175 KB)
11. USO EN CONVENIO REGULADOR: NO SIEMPRE ES USO DE VIVIENDA FAMILIAR. Resoluci�n de 18 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n�mero 2 de Sevilla, a la inscripci�n de un pretendido derecho de uso de vivienda familiar. En un convenio regulador de matrimonio se pacta que las hijas comunes del matrimonio, junto con su madre, tendr�n su domicilio habitual en la vivienda que fuera domicilio conyugal, privativa del padre mientras no sean independientes patrimonialmente y siempre que no contraiga la madre nuevo matrimonio o viva maritalmente con otra persona. La cuesti�n que se plantea es si se trata o no de la atribuci�n del uso de la vivienda familiar de los arts 90 y 96 CC y por tanto, si debe inscribirse en el Registro.
La Direcci�n confirma la calificaci�n del Registrador y revoca el recurso: Entiende, reiterando su propia doctrina, que el derecho de uso de la vivienda familiar no es ni un derecho real ni personal, pues tal clasificaci�n se refiere a los derechos de tipo patrimonial, sino que es un derecho de car�cter familiar. Tal car�cter impone consecuencias especiales como es su duraci�n (que puede ser variable), o la disociaci�n entre el inter�s protegido por el derecho (el inter�s familiar y la facilitaci�n de la convivencia entre los hijos y el c�nyuge a quien se atribuye su custodia) y la titularidad del mismo (es exclusivamente del c�nyuge a cuyo favor se atribuye) y como consecuencia es a tal c�nyuge a quien se atribuye exclusivamente la situaci�n de poder en que el derecho consiste, ya que la limitaci�n a la disposici�n de la vivienda se remueve con su solo consentimiento. En consecuencia, no es necesario que se establezca titularidad alguna a favor de los hijos que son beneficiarios pero no titulares del derecho.
Lo que se plantea es determinar s� lo que se est� constituyendo en este caso es el derecho de uso de la vivienda familiar tipificado legalmente o una simple declaraci�n de intenciones o una obligaci�n sin repercusi�n frente a terceros. Concluye que no se constituye el derecho al uso de la vivienda tipificado legalmente e inscribible en el Registro bas�ndose en las dudas en cuanto a los efectos que de tal derecho se derivar�n, as� como el hecho de no atribuirse al c�nyuge, que es el verdadero titular del derecho configurado por el C�digo Civil. (MN) PDF (BOE-A-2010-349 - 3 p�gs. - 171 KB)
*12. USUFRUCTO CONDICIONADO A LA VIDA DE PERSONA DISTINTA DEL USUFRUCTUARIO. CONFIGURACI�N. Resoluci�n de 19 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Pedro-Jos� Bartolom� Fuentes, notario de Madrid, contra la negativa del registrador de la propiedad n� 5 de dicha ciudad, a la pr�ctica de una rectificaci�n del Registro.
Supuesto planteado: En una escritura la due�a �nica y enajenante de la nuda propiedad de una vivienda, Carmen, se reserva el usufructo vitalicio mientras no fallezcan ella y una hermana suya, Josefina, (que no comparece). La inscripci�n se practica constituy�ndose un usufructo vitalicio conjunto y sucesivo a favor de ambas hermanas. Ahora se vuelve a presentar la escritura con una diligencia en la que, compareciendo el adquirente y las dos hermanas, se pide que se cancele la inscripci�n del usufructo a favor de la hermana, pues ella no es titular sino s�lo persona cuya vida es determinante de la duraci�n de tal usufructo.
El registrador suspende la inscripci�n porque entiende que no cabe inscribir el usufructo vitalicio a favor de do�a Carmen H. L. [...] con la duraci�n pactada, porque la duraci�n de un usufructo vitalicio es la de la vida del usufructuario y, adem�s, resultar�a que si la titular, Carmen, falleciese antes que su hermana tendr�amos inscrito un usufructo sin titular.
La Direcci�n confirma la calificaci�n ya que, por la v�a de la rectificaci�n no puede tener acceso al Registro un derecho que no podr�a haber accedido al mismo por v�a directa. Sostiene que tiene raz�n el Registrador cuando dice que la �nica interpretaci�n coherente con el t�tulo fue la que se hizo en la inscripci�n, ya que, si do�a Josefina sobreviviera a su hermana, tal derecho, tal y como se ha constituido, subsistir�a sin que se supiera qui�n es su titular (pues alguno debe tener), puesto que no se consolida con la nuda propiedad. Podr�a entenderse que el usufructo se incluyera en el caudal hereditario de la hermana premuerta, pero tal consecuencia deber�a preverse con claridad en la escritura.
Tambi�n recuerda el Centro Directivo que no puede realizarse inscripci�n a favor de una persona que no presta consentimiento.
Se solicita anotaci�n preventiva de suspensi�n, a lo que la Direcci�n responde que no procede al carecer de inter�s en este supuesto, ya que, suspendido el plazo de caducidad del asiento de presentaci�n como consecuencia del recurso, no existe raz�n para que el mismo asiento quede suspendido tambi�n por la pr�ctica de la anotaci�n. (MN)
PDF (BOE-A-2010-350 - 3 p�gs. - 172 KB)
13. PLAZO PARA RECURRIR. ANTIG�EDAD DE LA OBRA. Resoluci�n de 21 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de San Vicente del Raspeig, don Francisco Jos� Rom�n Ayll�n, contra la negativa del registrador de la propiedad de Alicante n�mero 3, a la constancia registral de la antig�edad de la construcci�n de una finca. (AFS)
Una primera cuesti�n es si el plazo para recurrir, habiendo calificaci�n sustitutoria se cuenta desde que se notifica la segunda calificaci�n o desde que se notifica la primera. Resuelva la DGRN que es desde que se notifica la segunda calificaci�n sustitutoria, que hay que notificar tambi�n al notario autorizante.
En cuanto al fondo, el registrador aprecia contradicci�n entre una primer certificado t�cnico que se�ala que la edificaci�n tiene m�s de cinco a�os y un segundo certificado que dice que es anterior al a�o 2000. Tambi�n aprecia contradicci�n en el hecho de que en el Catastro no aparezca dada de alta la edificaci�n. Resuelve la DGRN que no hay tal contradicci�n pues el segundo certificado complementa o precisa el primero, y en cuanto a la acreditaci�n de la existencia de la edificaci�n
basta con que conste en el certificado t�cnico, aunque no conste en el Catastro. (AFS)
PDF (BOE-A-2010-351 - 3 p�gs. - 170 KB)
**14. PR�RROGA TRAS VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL PR�STAMO. Resoluci�n de 24 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, don Juan Carlos Caballer�a G�mez, contra la negativa del registrador de la propiedad de Torrijos, a inscribir una escritura de novaci�n modificativa de pr�stamo hipotecario. Vinculante.
Se ampl�a el plazo de duraci�n de un pr�stamo con garant�a hipotecaria, una vez vencido su plazo inicial de duraci�n, d�ndole car�cter retroactivo.
El registrador entiende que, al haber vencido el plazo del pr�stamo, la novaci�n supone el nacimiento de una nueva obligaci�n y por tanto hay que constituir una nueva hipoteca. El notario alega que estamos ante una novaci�n modificativa que no supone la extinci�n de ninguna obligaci�n.
La DGRN estima el recurso, pues se�ala que la alteraci�n de plazo es una novaci�n modificativa, ya que, para que fuera extintiva, habr�a de constar expresamente la voluntad de las partes en tal sentido o que la obligaci�n modificada sea incompatible con la anterior; a�ade que la propia ley Hipotecaria admite la posibilidad de variaciones de la obligaci�n garantizada que tienen valor inter partes, aunque no perjudican a tercero mientras no consten inscritas en el Registro de la Propiedad.
COMENTARIO.- El hecho de que el plazo del pr�stamo est� vencido no significa que la obligaci�n de pago, de devoluci�n del pr�stamo, est� extinguida mientras no se pague. Es decir, la obligaci�n de devolver el pr�stamo sigue existiendo y por tanto puede ser modificada, as� como la hipoteca, que le es accesoria. Cuesti�n distinta es que la inscripci�n de la escritura de pr�rroga est� sujeta al principio de prioridad registral y por tanto no perjudicar� a terceros que hayan inscrito su derecho antes, entre la inscripci�n de la hipoteca inicial y la hipoteca modificada. (AFS)
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Rectificaci�n de errores.
15. NULIDAD DE UNA DIVISI�N MATERIAL. POSIBILIDAD DE CANCELACI�N PARCIAL. Resoluci�n de 20 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Chipiona, a practicar la cancelaci�n de asientos ordenada en el seno de un procedimiento judicial.
Se plantea si es inscribible un mandamiento judicial que ordena la cancelaci�n de las inscripciones registrales correspondientes a las nuevas fincas creadas en virtud de t�tulo de divisi�n que ha sido declarado nulo judicialmente, conserv�ndose como �nica inscripci�n v�lida la de la finca matriz ilegalmente dividida.
La registradora deniega la inscripci�n por figurar inscritas dos de las fincas creadas � una s�lo en cuanto a la nuda propiedad � a nombre de personas distintas de aquellas contra las que se dirige el procedimiento. El recurrente alega que s�lo pretende que se cancelen las inscripciones correspondientes a las restantes fincas, sobre las que adem�s en su d�a se hab�a anotado la demanda. La Direcci�n revoca la nota en cuanto a las restantes fincas y admite la cancelaci�n parcial bas�ndose en el principio de rogaci�n y la solicitud del presentante y en que adem�s constaba la Anotaci�n de Demanda sobre esas fincas, por lo que si exist�a un problema que imped�a la constataci�n registral parcial de la demanda deber�a haberse planteado entonces y no en el momento de la presentaci�n de la sentencia.
Respecto a la alegaci�n de la registradora de que la demanda se formula por la Comunidad de Propietarios� sin que se expresen sus circunstancias personales lo que vulnerar�a el principio de especialidad y los arts. 9 LH y 51 RH; tambi�n revoca la nota por entender que no es obst�culo para proceder a la cancelaci�n si las mismas pueden obtenerse de los Libros del Registro, donde ya consta la anotaci�n preventiva de demanda del procedimiento judicial, y el asiento a cancelar est� identificado perfectamente por los datos referentes al t�tulo que lo motiv�. (MN)
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16. EMBARGO CONTRA PERSONA DEL MISMO NOMBRE Y DISTINTO DNI. Resoluci�n de 23 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., contra la nota negativa del registrador de la propiedad de Cuenca, a anotar preventivamente un embargo. Hechos: Se solicita la pr�ctica de anotaci�n preventiva de embargo sobre diversas fincas.
El registrador deniega la realizaci�n de algunas de ellas por �estar inscritas a favor de persona distinta de los demandados; aunque con igual nombre el marido pero distinto DNI y esposa.�.
El recurrente alega que coincid�an los DNI que aparec�an en la p�liza con los de las notas simples registrales, lo cual es reconocido por el registrador (parece que por error del programa inform�tico o del usuario del mismo), pero habi�ndose notificado, en todo caso a una persona distinta de la esposa titular registral.
La DGRN confirma la calificaci�n, pues, al no coincidir ni el DNI ni la esposa, se incumple el principio de tracto sucesivo. Los asientos registrales han de prevalecer sobre la publicidad formal que se pueda expedir, incluso cuando se trata de certificaciones, todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad civil en que haya podido incurrir el Registrador por los gastos ocasionados como consecuencia de ese error -aunque pudiera ser imputable al programa inform�tico-, y siempre que se prueben en el procedimiento adecuado para ello. (JFME)
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*17. SEGREGACI�N EN PROPIEDAD HORIZONTAL TUMBADA. LICENCIA SI EL SUELO NO ES ELEMENTO COM�N. Resoluci�n de 3 de diciembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santa Cruz de Tenerife, don Javier Mart�nez del Moral, contra la negativa del registrador de la propiedad n� 4 de Santa Cruz de Tenerife, a la inscripci�n de una escritura de segregaci�n.
Hechos: Se trata de una escritura de segregaci�n que afecta a una de las fincas que forman un complejo urban�stico. La finca est� compuesta por una casa y una peque�a instalaci�n deportiva, con una cuota en el complejo del 55%. La propietaria, haciendo uso de la facultad estatutaria que se lo permite, segrega la casa y distribuye la cuota del 55% entre esos dos elementos formados �casa e instalaci�n deportiva-.
El registrador suspende la inscripci�n por estimar que, en el fondo, se lleva a cabo una segregaci�n del terreno, por lo que es preciso que se acredite el otorgamiento de la licencia que estuviese prevista por la legislaci�n urban�stica aplicable -en este caso la canaria- o la declaraci�n municipal de su innecesariedad que deber� testimoniarse literalmente en el documento. Considera que tambi�n se necesita licencia al modificarse el n�mero de entidades susceptibles de uso independiente.
El notario autorizante recurri� alegando que �la normativa sustantiva viene constituida por el Decreto Legislativo de Canarias 1/2000, el cual sujeta a licencia �las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualquier otro acto de divisi�n de fincas o predios� salvo que proceda de una reparcelaci�n o de una junta de compensaci�n; que se trata de una propiedad horizontal en que uno de los elementos, adem�s de estar destinado a vivienda, cuenta con un local para actividades deportivas; y que si algo caracteriza a la propiedad horizontal es el mantenimiento del terreno como unidad, por lo que el acto calificado est� fuera de los actos regulados en el art�culo 166.1.a) del Decreto Legislativo 1/2000, de Canarias�.
El defecto se subsan� a posteriori, pero, al no retirar el recurso el notario, la DGRN resuelve a efectos doctrinales, confirmando la calificaci�n. Para ello solicit� que se le acreditara si, seg�n los estatutos el suelo es elemento com�n o no, resultando que s�lo lo es el camino de acceso. Reconoce lo imprecisa que es la definici�n de parcelaci�n urban�stica (posibilidad de formar un n�cleo de poblaci�n en la forma que reglamentariamente se estableciera), recuerda la obligaci�n legal que tienen notarios y registradores de exigir que se les acreditase la obtenci�n de licencia o una declaraci�n de innecesariedad para autorizar e inscribir escrituras de divisi�n de terrenos, y que hay que acudir a la legislaci�n sustantiva, que es la auton�mica, para dilucidar los casos en que se necesita la licencia. Como norma sustantiva, est� La Ley del Suelo de Canarias,
Decreto Legislativo 1/2000, en el que, entre los actos sujetos a licencia, enumera su art�culo 166.1 �las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualquier otro acto de divisi�n de fincas o predios�, salvo que proceda de una reparcelaci�n o de una junta de compensaci�n�.
La Ley de Propiedad Horizontal se aplica tambi�n a los complejos inmobiliarios, pero ello no los convierte en propiedades horizontales. En el caso presente, a pesar de denominarse �propiedad horizontal tumbada�, estamos realmente ante un complejo inmobiliario en el que el suelo �con la excepci�n del camino de acceso aqu� no tocado- no es un elemento com�n.
En los complejos inmobiliarios, la formaci�n de las fincas que pasan a ser elementos privativos, en cuanto crean nuevos espacios del suelo objeto de propiedad totalmente separada a las que se vincula en comunidad ob rem otros elementos, que pueden ser tambi�n porciones de suelo c�mo otras parcelas o viales, ha de equipararse a una parcelaci�n a los efectos de exigir para su inscripci�n la correspondiente licencia si la normativa sustantiva aplicable exige tal requisito.
Por el contrario, la propiedad horizontal propiamente tal, aunque sea tumbada, desde el momento en que mantiene la unidad jur�dica de la finca �o derecho de vuelo� que le sirve de soporte no puede equipararse al supuesto anterior pues no hay divisi�n o fraccionamiento jur�dico del terreno al que pueda calificarse como parcelaci�n pues no hay alteraci�n de forma, superficie o linderos. Notas: Hay veces que es muy dif�cil dilucidar si una divisi�n horizontal tumbada es impropia como en el caso presente o bien si de trata de una verdadera divisi�n horizontal. �El suelo que hay debajo de cada chalet adosado, pareado o independiente pertenece en exclusiva a su due�o? �Y el vuelo? La creencia del propietario normalmente es la de tener la plena propiedad y que lo que ampl�e es suyo. Al respecto, ser�a muy conveniente que las normas estatutarias declararan expresamente una cosa o la otra para evitar equ�vocos.
Por otra parte, en el resoluci�n no se entra en otro punto interesante de la nota de calificaci�n: la necesidad de licencia al modificarse el n�mero de entidades susceptibles de uso independiente y la trascendencia de esa licencia a los efectos de suspender o no la inscripci�n, conectando la legislaci�n sustantiva con la adjetiva (art 53 a) del
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*18. OBRA NUEVA ART 52 R DTO 1093/1997. IDENTIFICACI�N DEL TERRENO SOBRE EL QUE DESCANSA. (SUELO RUSTICO DE ESPECIAL PROTECCI�N). Resoluci�n de 4 de diciembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Jos� Manuel Cartagena Fern�ndez, notario de Alicante, contra la negativa del registrador de la propiedad n� 3 de Alicante, a la inscripci�n de una declaraci�n de obra nueva.
Hechos: Se formaliza escritura de obra nueva con m�s de 30 a�os de antig�edad sobre terreno r�stico (art 52 RDto 1093/1997), acompa�ada de certificado t�cnico, que acredita la construcci�n sobre una finca, cuyos linderos concuerdan con los del Registro, identificando el t�cnico los linderos por los nombres registrales de los colindantes, e indic�ndose que se encuentra en el paraje �Camino del Barranco 28, Ptda Verdeg�s�, en tanto el certificado catastral la finca se sit�a en �DS Verdegas 64� y en ella no figura construcci�n alguna.
Registrador: Rechaza la inscripci�n, por los siguientes motivos:
1.- Ning�n dato acredita que la finca est� situada en el Camino del Barranco 28, ya que seg�n el certificado catastral lo est� en DS (diseminados) 64.
2.- La certificaci�n del arquitecto no es documento fehaciente que acredite la situaci�n de la finca, por tanto no se pueden tomar en cuenta dichas certificaciones, ya que no se determina que la finca sobre la que se declara la obra nueva es la registral, sita en la Partida de Verdegas.
3.- No se acredita mediante documento fehaciente que la vivienda declarada no se haya construido sobre suelo no urbanizable de especial protecci�n.
4.- La Ley Urban�stica Valenciana/2005 relativa a obras sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones establece que el plazo de prescripci�n de las sanciones urban�sticas ser� de 4 a�os, salvo que se hubieran ejecutado en zona verde, viales, o sobre suelo no urbanizable protegido, respecto de los que no existe plazo de prescripci�n, en cuanto a la posibilidad de restauraci�n de la legalidad y reparaci�n al estado anterior de los bienes.
Notario: Impugna la calificaci�n manifestando que el lugar donde el arquitecto sit�a la obra nueva no es preciso que concuerde con los datos registrales (creo que debe querer decir que no concuerden en la realidad y en el Registro el nombre de la Partida o Paraje) por cuanto �stos no se actualizan y pueden no coincidir, y lo mismo ocurre con el certificado catastral (parece que quiere decir que no est� actualizado).
Que no se precisa adem�s la aportaci�n del certificado catastral para esta declaraci�n de obra. Y que la exigencia de documento fehaciente que la vivienda no est� en suelo no urbanizable protegido, es un requisito que no exige la ley.
Desestima el recurso ya que indica que es necesaria para las obras nuevas que carecen de licencia y certificado de t�cnico, una serie de requisitos, entre ellos que se acredite bien por certificado del Catastro, certificado t�cnico o acta notarial, la terminaci�n de la obra en fecha determinada y su descripci�n coincidente con el t�tulo, lo que debe asegurar la inexistencia de duda en cuanto a que la edificaci�n que se describe es la misma respecto de la que se acredita su terminaci�n, que se demuestre que ha transcurrido el plazo de prescripci�n de la acci�n urban�stica, y que se pruebe dicha antig�edad y que no existe divergencia en cuanto a d�nde est� situada la edificaci�n.
En este supuesto el arquitecto no identifica suficientemente la finca, ya que se hace s�lo por los nombres de los titulares colindantes, cosa de la que el arquitecto no tiene conocimiento ni especial competencia, divergiendo en cuanto al nombre del pago o paraje, circunstancia que s� puede ser conocida por dicho profesional. Y si a ello se agrega las divergencias seg�n el Registrador entre el paraje descrito y los mapas catastrales y se agregan las denuncias efectuadas por autoridades de la zona, que exige extremar el celo en caso de registraci�n de obras por prescripci�n de la acci�n de restablecimiento de la legalidad el recuso debe decaer.
COMENTARIO: El tema objeto del recurso es de una gran importancia jur�dica y pr�ctica, por lo que es criticable, a mi juicio, que la DG lo resuelva en apenas dos p�rrafos, omitiendo adem�s el dar una soluci�n a todos los defectos alegados por el Sr Registrador.
La realidad de cada d�a, nos demuestra que, por razones que no son del caso, han proliferado, en los terrenos no urbanizables, aleda�os de las grandes ciudades, muchas construcciones ilegales, que no re�nen ciertamente los m�nimos requisitos legales. Como conozco el problema, una de esas zonas cercanas al casco urbano de Alicante y de San Vicente del Raspeig es la llamada �Partida de Verdeg�s�, plagada de peque�os huertos familiares y de edificaciones fuera de ordenaci�n, donde la ubicaci�n de cada una de ellas est� determinada, junto a un camino o carretera de acceso �nico, por un sencillo n�mero de orden colocado por el Ayuntamiento, y donde los pagos o lugares se conocen por distintos nombres, en cuanto a su correcta ubicaci�n.
A pesar de que lo ideal hubiera sido exigir desde el principio la adecuaci�n de todas estas construcciones a la legalidad urban�stica, lo cierto es que el Reglamento Hipotecario Urban�stico 1093/1997 estim� que era preferible llevarlas al Registro siempre que cumplieran los requisitos que exige el art�culo 52. En tal sentido en la propia exposici�n de motivos del Dto se dice �al hablar de la declaraci�n de obra nueva que para evitar una regulaci�n incompleta, se han previsto otros extremos, as� la posibilidad de licencias obtenidas por acto administrativo presunto�o la inscripci�n de construcciones respecto de las cuales no cabe adoptar medidas de disciplina�, es decir el citado Decreto ha admitido que, dichas obras nuevas irregulares, o sea que no tengan licencia, ni proyecto, ni intervenci�n t�cnica y est�n en el terreno que est�n, accedan al Registro con todas sus deficiencias, en lugar de quedarse fuera del mismo, y ello siempre que haya transcurrido el plazo de prescripci�n de las acciones de disciplina (4 a�os en esta Comunidad) sin que la Autoridad Urban�stica haya tomado medidas de restablecimiento. La vigencia de dicho R Dto cuya duda suscit� la Ley del Suelo de 2007, fue resuelta en sentido positivo por la Resoluci�n Circular de la DG de 26 de julio de 2007.
Pero paso a examinar la soluci�n dada por la DG y los argumentos del Sr Registrador:
1.- A pesar de que no estoy totalmente de acuerdo, ya que, por las razones que indico, la Partida de Verdeg�s es una Barriada cuasi-rural de Alicante, en la que es muy dif�cil delimitar la ubicaci�n por pagos o partidas de cada vivienda, participo, finalmente, del criterio de la DG de que evidentemente deber�a haberse delimitado con absoluta claridad la ubicaci�n de la parcela. Quiz� hubiera sido necesario acompa�ar alg�n otro documento, incluso un acta notarial de notoriedad. Todo ello nos lleva a demandar la exigencia inmediata, imprescindible en pleno siglo XXI, de una coordinaci�n Catastro-Registro, a la que ya se refiere la nueva Ley de Econom�a Sostenible, y a la que ya se ha referido en alguna entrevista reciente el nuevo Presidente del Colegio de Registradores Alfonso Candau P�rez..
2.- La certificaci�n del arquitecto no es documento fehaciente que acredite la situaci�n de la finca. Bien eso es cierto, pero para el art 52 del citado R Dto le basta a los efectos de llevar a cabo la declaraci�n de obra nueva, y ya en bastantes Rs la DG ha defendido este extremo, incluso ha llegado a establecer
(Rs 21 noviembre de 2009, n� 13 de este informe) que el hecho de que la obra no figure en el Catastro despu�s de 9 a�os no es determinante para rechazar la inscripci�n, ya que la construcci�n se acredita mediante otro medio legalmente admitido (certificado t�cnico).
3.- Quiz� la cuesti�n m�s discutible planteada es la de que no se acredita por el notario que la vivienda no se haya construido en suelo no urbanizable protegido, ya que respecto del mismo la Ley Urban�stica Valenciana establece que no cuenta la prescripci�n, por lo que no se puede acreditar el transcurso del plazo de la acci�n de restauraci�n de la legalidad urban�stica. En este tema no entra la DG y lo �nico que hace es alegarlo como un argumento m�s para exigir la perfecta identificaci�n de la ubicaci�n de la vivienda.
Yo comprendo el prurito del Registrador por que las obras nueves que accedan al Registro est�n rodeadas de todas las exigencias legales, pero estimo que dicho extremo no es exigible. Parto del hecho de que todas estas obras nuevas del art 52 del R Dto dicho, conoce que tales obras nuevas no gozan de los requisitos exigidos por la legalidad urban�stica (ni licencia, ni proyecto, ni seguro decenal, ni fin de obra y as� etc...). Por tanto lo �nico que hace la norma es admitirlas en el Registro (incluso de forma provisional) porque de acuerdo con lo que dice la LUV pueden ser derruidas por el Ayuntamiento; o sea que la inscripci�n ni legitima, ni legaliza la construcci�n, al contrario es el inicio de un camino que puede llevar a su derrupci�n, desde el momento en que el Registrador lo va a comunicar (art 54) al Ayuntamiento correspondiente, que es a quien corresponde el control de la disciplina urban�stica, y que tiene las armas necesarias para actuar. El Registrador s�lo puede exigir el cumplimiento de los requisitos del art 52, pero ni uno m�s, ya que el hecho de que la finca se encuentre o no en un suelo de una categor�a u otra, no es algo que le afecte, desde el momento que su responsabilidad acaba en el momento en que lo pone en conocimiento de la Corporaci�n Local, y estimula su actuaci�n. Por ello la ley exige adem�s que no exista anotaci�n preventiva de incoaci�n de expediente por infracci�n en el Registro de la Propiedad, es decir se cierra el c�rculo: de un lado no debe existir anotaci�n y de otro, una vez inscrita la obra, se notifica al Ayuntamiento para que, en su caso, act�e, pero la pol�tica de control de la disciplina corresponde a la Corporaci�n Local. Lo correcto evidentemente ser�a que en las distintas fincas registrales figurara su calificaci�n urban�stica, donde previa conexi�n con el Catastro se pudiera saber en cada momento la calificaci�n urban�stica de la finca en cuesti�n.
En cuanto a la referencia a la ley Urban�stica Valenciana esta indica que no se produce la prescripci�n de la acci�n de restauraci�n de la legalidad en cuanto a las construcciones sitas en terreno urbanizable protegido, pero aparte de lo dicho y de que la disciplina corresponde al Ayuntamiento, dicha ley entra en vigor el d�a 1 de enero de 2006, por lo que dif�cilmente se podr� aplicar a una construcci�n que llevaba edificada, seg�n la Rs, m�s de 30 a�os.
PDF (BOE-A-2010-857 - 3 p�gs. - 171 KB) Otros formatos 19. ADICI�N A ESCRITURA. RECTIFICACI�N DEL CAR�CTER PRESUNTIVAMENTE GANANCIAL DE LA FINCA, POR MANIFESTACI�N DE PRECIO PRIVATIVO CONFESADO. Resoluci�n de 5 de diciembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almu��car, a hacer constar el car�cter privativo de una finca.
Hechos: Se formaliza una escritura de compraventa en la que comparecen la vendedora y el comprador y su esposa. La finca se inscribe con el car�cter de presuntivamente ganancial. Unos d�as despu�s se presenta una copia de la escritura por el comprador, en la que como una adici�n a la escritura se indica �Don� manifiesta que el dinero con que realiza la compra es de su exclusiva pertenencia, lo que asevera su esposa por ser cierto y solicita su inscripci�n como privativo�
La Registradora rechaza la inscripci�n pero no por defectos formales, sino porque estima que la inscripci�n que se solicita del bien es como bien privativo confesado, pero no como �privativo puro� y que adem�s es necesaria la intervenci�n de todos los interesados.
La Direcci�n General �corta por lo sano� y a la vista de que por la Registradora no se han alegado defectos de forma en cuanto a la instrumentaci�n de la modificaci�n,
entiende que la adici�n corresponde a una rectificaci�n que ya figuraba en la escritura matriz original, y puesto que la esposa ya compareci� en la primera copia presentada, no se precisa una nueva comparecencia, por cuanto la adici�n se entiende que formaba parte de dicha matriz, y o bien no constaba en la copia autorizada que se present� a inscribir o bien no fue tenida en cuenta a la hora de despachar la copia�. En fin que ordena la inscripci�n de la finca como privativa por precio confesado.
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8. SOCIEDADES PROFESIONALES: NO SOCIOS PUEDEN SER ADMINISTRADORES. NO ES PRECISO INDICAR EN ESTATUTOS QUE EL CONSEJERO DELEGADO DEBE SER SOCIO PROFESIONAL. Resoluci�n de 14 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de C�rdoba, don Pedro Antonio Vidal P�rez, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de C�rdoba, a inscribir una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales de "Jim�nez y Wals Asesores, S.L.P.". Vinculante.
Hechos: Se suspende una escritura de adaptaci�n de estatutos de una sociedad limitada a la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, entre otros, por un doble motivo:
1. Por considerar que todos los administradores deben ser socios y las � partes socios profesionales.
2. Por estimar que en la regulaci�n del Consejo, al hablar de los Consejeros Delegados, debe especificarse que estos deben ser en todo caso socios profesionales.
Se recurre por el Notario autorizante alegando que, salvo lo dispuesto para los socios profesionales, un no socio puede ser administrador de una sociedad profesional y que el hecho de regular el consejo y el nombramiento de Consejeros Delegados, no implica que en estatutos deba especificarse que el Consejero Delegado debe ser socio profesional.
Doctrina: La DG, recogiendo los argumento del recurrente, revoca la nota de calificaci�n pues los estatutos deben interpretarse por lo que resulte del conjunto de todos ellos, recordando al mismo tiempo su doctrina establecida en otras resoluciones (cfr. Resoluciones de 16-9-1958,4-3-1981 y 3-2-1989 de que �no es necesario reproducir en los estatutos sociales reglas fundamentales id�nticas a las legales cuando en los mismos estatutos se haga constar la remisi�n a la Ley�, cosa que se hac�a en los estatutos cuestionados en su art. 1.
Comentario: En cuanto a la primera cuesti�n planteada por la resoluci�n, sobre si un no socio puede ser administrador de una sociedad profesional, es algo que, respetando la regla del art. 4.3 de la Ley 272007, depender� de la forma social adoptada por la sociedad. Por tanto si esa forma social es la de sociedad an�nima o limitada es clara su posibilidad.
En cuanto a la segunda cuesti�n que resuelve la resoluci�n reproducimos a continuaci�n nuestros comentarios, cuando tuvimos noticias de que hab�a surgido el problema de los Consejeros Delegados en algunos RRMM, incluidos en el Informe de Agosto para los RRMM publicado en esta web:
�Como cuesti�n de inter�s, traemos a colaci�n ciertos problemas surgidos con algunos RRMM en orden a
la inscripci�n del modelo de estatutos de sociedad profesional publicado en esta web bajo el t�tulo de �nuevo modelo de estatutos de sociedad profesional�. En dicho modelo y en su art. 9 B), punto 5 se dec�a: �5.- En todo caso el administrador �nico, los administradores solidarios o las tres cuartas partes por exceso del �rgano de administraci�n, deber�n ser socios profesionales�. Pues bien en algunos RRMM, al parecer, se ha estimado que dicho p�rrafo es incompleto y que deber�a hacer tambi�n referencia a que en todo caso el Consejero Delegado, si existe, debe tener forzosamente tambi�n la condici�n de socio profesional, tal y como dispone el art. 4.3 de la Ley 2/2007. Respetando plenamente la calificaci�n efectuada por dichos RRMM, a mi juicio es excesivamente rigurosa y no se ajusta a los principios por lo que debe regirse la calificaci�n de los estatutos sociales.
Como sabemos los estatutos son la primera ley a la que debe ajustarse el funcionamiento de la sociedad y s�lo en defecto de regulaci�n estatutaria entrar� la regulaci�n legal. Ni que decir tiene que los estatutos deben respetar las normas de car�cter imperativo contenidas en la Ley. Por otra parte es doctrina de la DGRN, ampliamente reiterada, que cuando se regule una materia en estatutos, dicha regulaci�n debe ser completa, pues en otro caso en lo omitido no entrar�a la regulaci�n legal. Pues bien para que existiera el defecto en dicho punto de los estatutos de la sociedad deber�a regularse el Consejo de Administraci�n, lo que no se hace, pues
el Consejo aparece regulado en el punto 1 del mismo art�culo que provoca estos comentarios.
Por tanto estimamos que la redacci�n del punto 5 del art. 9 de los estatutos es correcta pues en el mismo no se regula el Consejo, sino simplemente la cualidad de profesionales que deben revestir los integrantes del �rgano de administraci�n de la sociedad, siendo el Consejo uno de dichos �rganos.
Se pudiera aducir contra ello que entonces es en el punto 1 de dicho art�culo, cuando, al regular el consejo, se debiera haber incluido la norma de que el Consejero Delegado, en todo caso, debe ser socio profesional. Tampoco ello es as� en la tesis que defendemos pues si bien se regula el Consejo, incluyendo el qu�rum necesario para el nombramiento de Consejeros Delegados, en ning�n lugar de dicha regulaci�n se hace referencia a la cualidad que deben tener dichos consejeros delegados y por tanto, como no se regula el car�cter de dichos CD, seg�n la tesis de la DGRN, entrar�a a regir la Ley que es la que exige que el CD sea socio profesional.
No obstante para evitar dudas y devoluciones innecesarias de escrituras, no hay ning�n inconveniente en modificar el modelo incluyendo en el apartado 5 del art. 9 la necesidad de que el Consejero Delegado, en todo caso, sea socio profesional. Dicho p�rrafo quedar�a con la siguiente redacci�n: �5.- En todo caso el administrador �nico, los administradores solidarios, los Consejeros Delegados, en el caso de que existan, o las tres cuartas partes por exceso del �rgano de administraci�n, deber�n ser socios profesionales�. Aunque quiz�s lo m�s adecuado ser�a incluir dicha prevenci�n en la regulaci�n que se hace del Consejo en general�. (JAGV)
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Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el de 2008. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
1. IDENTIFICACI�N DE LOS MEDIOS DE PAGO Y BLANQUEO DE CAPITALES. En una escritura de compraventa otorgada en 2009 se manifiesta a los efectos de identificaci�n y constancia del medio de pago conforme a la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, que con anterioridad al otorgamiento, en fecha 28 de diciembre de 2004 se han entregado 135.000 � en efectivo met�lico. Se plantea si hay que hacer alguna referencia al modelo S1.
El art. 3.9 de la Ley 1/1993 de 28 de diciembre, que establece determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales dispone que los sujetos obligados seg�n el art. 2 tienen, entre otras, la obligaci�n de �9. Declarar el origen, destino y tenencia de los fondos en los supuestos se�alados en el apartado 4 del art�culo 2 de esta Ley, en la forma y con las excepciones que reglamentariamente se determinen.�
El art. 24 de la Ley del Notariado en su redacci�n conforme al art. 6.3 de la Ley 36/2006, dispone que �el Notario deber� incorporar la declaraci�n previa del movimiento de los medios de pago aportadas por los comparecientes cuando proceda presentar �sta en los t�rminos previstos en la legislaci�n de prevenci�n del blanqueo de capitales�.
El apartado octavo de la Orden EHA/1439/2006, de 3 mayo 2006, dispone que �Toda autoridad o funcionario, incluidos los de arancel, se cerciorar� del cumplimiento de la presente Orden y pondr� en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias los posibles incumplimientos.�
Sin embargo, dicha Orden no entr� en vigor hasta febrero de 2007, por lo que conforme a la disposici�n transitoria primera de la misma, �la obligaci�n de declaraci�n establecida en el art�culo 3.9 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, deber� ser cumplida mediante la presentaci�n del modelo B1 ante los �rganos mencionados en el art�culo 4 de la Orden del Ministro de Econom�a y Hacienda de 27 de diciembre de 1991 (RCL 1991\3033 y RCL 1992, 116), de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (RCL 1991\3013), sobre transacciones econ�micas con el exterior. En el caso de movimientos por territorio nacional, el declarante indicar� en el apartado relativo a �pa�s de origen o destino� la localidad de origen y la localidad de destino del movimiento.� El
l�mite para dicho modelo B1 era de 80.500 y no de 100.000 �.
Conforme a dichos preceptos, por tanto, y tal como vimos en la sesi�n de
28 de junio de 2007, no procede denegaci�n por falta de presentaci�n del modelo, sino que, tras la correspondiente calificaci�n y apreciado, en su caso, el incumplimiento, �nicamente deber� realizarse comunicaci�n del mismo al Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
La Orotava, Santa F�, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Bolta�a, a 7 de febrero de 2010.
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