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Expte. N°: 10669
- - - - - - - - -VEREDICTO - - - - - - - - - -
En la ciudad de Lanús, a los 26 días del mes de marzo de dos mil trece, reunidos los Sres. Jueces Dres. Jorge Daniel Candis, Miguel Angel Diaz Casas y Luis Alberto Gomez, a fin de pronunciar veredicto en los autos: “ARGUELLO JESICA LUJAN C/NAZABAL MARIA MARTA Y OTRO S/DESPIDO”, Expte. N° 10669, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 incs. d) y e) de la ley 11.653, resolviendo plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Dr. Luis Alberto Gomez, Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Miguel Angel Diaz Casas, las siguientes:
- - - - - - - - - -CUESTIONES DE HECHO - - - - - - - - - -
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Cuáles fueron las modalidades de la relación laboral, fecha de ingreso, y mayor salario percibido?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Existió el intercambio telegráfico relatado en la demanda?
TERCERA CUESTIÓN: ¿Cómo se disolvió el vínculo laboral?
CUARTA CUESTIÓN: ¿Corresponde el pago a la actora de las vacaciones gozadas y no cobradas correspondientes al año 2007 (10 días), vacaciones gozadas y no cobradas correspondientes al año 2008 (10 días), Indemnización por vacaciones no gozadas proporcionales correspondientes al año 2009, sueldo anual complementario año 2007 primer y segundo semestre, sueldo anual complementario año 2008 primer y segundo semestre, sueldo anual complementario proporcional primera cuota año 2009 y haberes trabajados correspondientes al periodo que va desde el 1-10-09 al 14-10-09. Surge acreditado que los mismos hayan sido abonados?
QUINTA CUESTIÓN: ¿Corresponde el pago de diferencias salariales y horas extras por el periodo que surge reclamado según detalle de planilla de liquidación obrante a fjs. 6. En el caso tales créditos se encontrarían adeudados?
SEXTA CUESTIÓN: ¿Corresponde la entrega documentada de los depósitos de los aportes y retenciones en materia previsional, obra social y sindical, certificado de trabajo según las disposiciones de la Ley 24576 y certificación de servicios y remuneraciones (formulario de ANSES P.S.6.2.) en los términos de la Ley 24241 art. 12 inciso g) y j)?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez dijo:
Afirmó la parte actora en el escrito de demanda, que ingresó a laborar a órdenes y dependencia de las demandadas en tareas de servicio doméstico con retiro (5ta. Categoría) a partir del 27 del mes de octubre del año 2005 en labores de limpieza, planchado, cocinar, cuidado de las nietas e hijas de Nazabal y Agustavicius respectivamente, etc., cumpliendo un horario de trabajo asignado de 730 a 1930 horas diariamente de lunes a viernes y percibiendo como remuneración la suma de $ 900 mensuales.
Precisa que las labores cumplidas, eran desarrolladas en la casa de familia de las demandadas, sito en Juan B. Justo – 2º Barrio Obrero – Casa 65 de Lanús, habitada por Nazabal y Agusttavicius, madre e hija respectivamente.
Manifestó que ambas cumplían el rol de empleadoras de la actora.
Señala que su vínculo laboral no se encontraba registrado legalmente y que sus haberes eran percibidos sin recibos de Ley, sin aportes ni contribuciones sociales y previsionales.
Indica que su jornada de labor excedía las 48 horas semanales, al cumplir un horario de 12 horas diarias de lunes a viernes y que jamás se le abonaron por ende las horas extras desarrolladas.
Sostiene que sus haberes eran abonados de manera insuficiente, desde que sus importes lo eran por debajo de los mínimos que en este caso dispone el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de lo cual se generó una importante diferencia salarial que nunca fue regularizada.
Indica que no se le abonaron las vacaciones gozadas de los años 2007 y 2008 como así tampoco el sueldo anual complementario por igual periodo.
Las demandadas no contestaron la demanda, por lo que fue declaradas rebeldes a fjs. 44 y 58, y notificados de la misma a fs. 47 y 59, con las consecuencias procesales que dicha declaración trae aparejadas.
A fs. 61 se decreto la apertura a prueba del proceso y designo audiencia de vista de la causa.
A fjs. 82 se realizó la respectiva audiencia de vista de la causa y ante la incomparecencia de las accionadas a dicho acto, se tuvo por absueltas sus posiciones en rebeldía, a tenor de los pliegos glosados a fs. 4 y 5 agregados a fjs. 80 y 81 respectivamente.
Asimismo, surge acreditado según constancias de fjs. 8, 9 y 11 que se formalizaron actuaciones administrativas ante la instancia del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Delegación Regional Lanús dando origen al expediente n° 21523-20691/10, y en el cual se desarrollaran diferentes audiencias de conciliación, y en especial la formalizada el día 6 de abril del año 2010 en que ambas demandadas por medio de quien las representa: Marcelo Rios Aubel, comparecen invocando la calidad de empleadoras, haciéndolo lo propio también en la oportunidad de hacer el uso de la palabra, reconociendo de esta forma inequívocamente su calidad de empleadoras de la actora en dicha instancia (conf. conforme doctrina SCJBA. L. 44712 del 31-7-90 causa: “Fernandez Marcelino Ricardo contra Otero Jorge Aldo s/Despido Ley 9688”).
La documental señalada se encuentra reconocida como consecuencia de la rebeldía de ambas demandadas.
Por todo lo expuesto, y a tenor de la rebeldía de las accionadas, lo actuado en la instancia de la Delegación Regional Lanús del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la confesional ficta de las mismas conforme los pliegos de fjs. 80 y 81, tengo por acreditado que la actora ingresó a laborar a órdenes y dependencia de las demandadas en la casa de familia de estas últimas, sita en Juan B. Justo – 2º Barrio Obrero – Casa 65 de Lanús, habitada por Nazabal y Agusttavicius, madre e hija respectivamente, habiendo desarrollado tareas de servicio doméstico con retiro (5ta. Categoría) a partir del 27 de octubre del año 2005 en labores de limpieza, planchado, cocinar, cuidado de las nietas e hijas de Nazabal y Agustavicius respectivamente, etc., haciéndolo en un horario de trabajo de 730 horas a 1930 horas diariamente de lunes a viernes, percibiendo como remuneración la suma de $ 900 mensuales.
Asimismo y de acuerdo a lo expresado en el párrafo precedente también tengo por acreditado que ambas demandadas se han comportado como empleadoras de la accionante.
Tengo también por probado que no surgen constancias de autos que el vínculo de trabajo de la actora estuviera inscripto legalmente como así tampoco que respecto de las remuneraciones abonadas se hayan efectuado retenciones y contribuciones con destino al sistema de la seguridad social. En ese sentido ninguna prueba se acompañó al proceso.
Los Sres. Jueces Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Miguel Angel Diaz Casas votaron en igual sentido por compartir los fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez dijo:
Una de las consecuencias que tiene la declaración de rebeldía en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, es que acarrea la presunción de reconocimiento de la documentación agregada con la demanda y la recepción del intercambio telegráfico, lo que me libera de mayores comentarios al respecto.
Por lo que se tiene al intercambio telegráfico obrante a fjs. 12, 15, 16, 17 y 18 como auténtico y así también el informe de la entidad postal de fjs. 13 relativo al envío del despacho cablegráfico de fjs. 12.
Sin perjuicio de ello es dable destacar que el cablegrama obrante a fjs. 12 cursado por la accionante fue devuelta por el Correo Argentino con el informe “cerrado/ausente/se dejo aviso de visita” de fecha 7 y 12 de diciembre de 2009 (ver fjs. 13).
Sobre el particular considero que la frustración de su entrega resultó imputable a la negligencia del empleador, quien -inobservando los deberes de diligencia y buena fe- declinó conocer su contenido por no haberla requerido en la oficina postal respectiva, debiendo -por lo tanto- cargar con las consecuencias de su obrar negligente, lo cual autoriza a interpretar que efectivamente ingresó a su esfera jurídica de conocimiento, debiendo -por lo tanto- tenérselo por notificado de la comunicación que la accionante hiciera en fecha 5 de diciembre de 2009. (conforme doctrina SCBA. L. 104.304, "Mendoza, Cristian Damián contra Canosa, Sergio Andrés. Despido", sentencia del 17 de agosto del 2011).
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez Casas dijo:
Queda ahora por determinar la forma en que se produce la ruptura del vínculo laboral.
La actora en fecha 5-12-2009 cursa la C.D. 04762780 0 (ver fjs. 12 – segunda cuestión del veredicto) a Nazabal María Marta con el siguiente tenor:
“…Negándome tareas injustificadamente desde el 14 de octubre de 2009 en represalia por mis permanentes pedidos de que se me abonen los aguinaldos de todo el tiempo laborado y que ilegítimamente no me ha abonado, intímole plazo tres (3) días aclare mi situación laboral y abone el sueldo del mes de octubre que ilegítimamente no me ha abonado y los aguinaldos y vacaciones de todo el tiempo laborado, bajo apercibimiento de considerarme gravemente injuriada y despedida por su exclusiva culpa. Comunicole que hago solidariamente responsable a su hija Luciana Maria Agustavicius por los créditos emergentes de la relación laboral que nos une habida cuenta que viviendo ustedes en la misma yo laboro indistintamente para las dos e incluso uno de mis trabajo es la de cuidar a las hijas de la Sra. Agustavicius que es su hija…”
Que el día 17 de diciembre de 2009 la actora vuelve a cursar a Nazabal Maria Marta la C.D. 04763063 6 (ver fjs. 15 – segunda cuestión del veredicto) con el siguiente tenor:
“…Atento que mi misiva anterior de fecha 5 de diciembre de 2009 me fue devuelta en virtud a que Ud. No la ha retirado del correo, y haciendo efectivas las intimaciones allí vertidas, consíderome gravemente injuriada y despedida por vuestra exclusiva culpa. Intimoles plazo de cinco días abonen haz indemnizatorio derivado del despido incausado, así como el salario del mes de octubre y los aguinaldos y vacaciones por todo el tiempo laborado, todo ello bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en procura de su cobro. Asimismo reitero que hago solidariamente responsable a su hija Luciana María Agustavicius por los créditos emergentes de la relación laboral que nos una habida cuenta que viviendo ustedes en la misma casa, yo laboro indistintamente para las dos e incluso uno de mis trabajos es el de cuidar a las hijas de la Sra. Agustavicius, que es su hija…”
Ulterior a ello, la actora recibe de Maria Marta Nazabal la C.D. 03660210 4 de fecha 23-12-2009 (ver fjs. 16 – segunda cuestión del veredicto) en que rechaza el despacho que la accionante le cursara en fecha 17-12-09, negando haber recibido una misiva fecha el 5-12-2009 y considerando improcedentes los reclamos de Arguello por entender que el vínculo que los unía no se circunscribía a las disposiciones del Decreto 326/56. También entiende mendaz la solidaridad del reclamo que le atribuye a su hija María Austavicius.
La misiva en cuestión es contestada por la actora mediante el envío de la C.D. 03660339 6 de fecha 29-12-2009 en que rechaza las argumentaciones de la contraria, reitera lo expuesto en sus misivas anteriores como los reclamos formulados (ver fjs. 17 – 2da. Cuestión del veredicto).
Nazabal vuelve a responder la última misiva de la accionante con el envío de la C.D. de fecha 12-.1-2010 (obrante a fjs. 18 – 2da. Cuestión del veredicto) en que ratifica la versión expresada en su cablegrama del 23-12-2009, destacando el despacho señalado que “…instruyo a mi letrado patrocinante, Dr. Marcelo Rios Aubel (42491980, a partir del 3 de febrero) para que actúe en mi nombre y representación…”. En el caso la persona mencionada en esta misiva resulta ser coincidente con la presentada en la audiencia de conciliación llevada a cabo el 6 de abril de 2010 en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs. As. Deleg. Reg. L. de Zamora y en representación de las accionadas.
En consecuencia la ruptura del vínculo laboral ocurre por despido indirecto de la actora sucedido el día 17 de diciembre de 2009 conforme surge del despacho que obra a fjs. 15 (primera y segunda cuestión del veredicto).
A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez dijo:
Conforme a lo resuelto en la primera, segunda y tercera cuestión del veredicto corresponde el pago a la actora de las vacaciones gozadas y no cobradas correspondientes al año 2007 (10 días), vacaciones gozadas y no cobradas correspondientes al año 2008 (10 días), Indemnización por vacaciones no gozadas proporcionales correspondientes al año 2009, sueldo anual complementario año 2007 primer y segundo semestre, sueldo anual complementario año 2008 primer y segundo semestre, sueldo anual complementario proporcional primera cuota año 2009 y haberes trabajados correspondientes al periodo que va desde el 1-10-09 al 14-10-09. Asimismo no surge acreditado que los mismos hayan sido abonados, por consiguiente se consideran adeudados los haberes citados.
Los Sres. Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Miguel Angel Diaz Casas votaron en igual sentido por compartir los fundamentos.
A LA QUINTA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez dijo:
Acerca si corresponde y si se adeudan diferencias salariales y horas extras por el periodo que surge reclamado según detalle de planilla de liquidación obrante a fjs. 6, ello será resuelto respectivamente en la definitiva.
Sin perjuicio de ello y conforme lo resuelto en la primera cuestión del veredicto tengo por acreditado que las remuneraciones que ha percibido la actora entre el mes de diciembre del año 2007 y el mes de Septiembre del año 2009 inclusive, son las que surgen en detalle de la liquidación practicada por la actora a fjs. 6 vuelta en el periodo aludido.
A LA SEXTA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez dijo:
Conforme se resolviera en la primera cuestión del veredicto surge acreditado el vínculo de trabajo de la actora para con las demandadas de carácter dependiente.
Asimismo y conforme se votara en dicha cuestión, se demostró que no surgen constancias de autos que el contrato de trabajo de la actora estuviera inscripto legalmente como así tampoco se tuvo por probado que respecto de las remuneraciones abonadas se hayan efectuado retenciones y contribuciones con destino al sistema de la seguridad social.
No obstante lo expuesto y si corresponde o no la entrega documentada de los depósitos de los aportes y retenciones en materia previsional, obra social y sindical, certificado de trabajo según las disposiciones de la Ley 24576 y certificación de servicios y remuneraciones (formulario de ANSES P.S.6.2.) en los términos de la Ley 24241 art. 12 inciso g) y j), ello será resuelto en la definitiva.
En atención al resultado de la votación que antecede, el Tribunal resolvió tener por Veredicto el voto del Sr. Juez de Primer Término en todas sus partes. Con lo que se dio por finalizado el acuerdo, firmando los Sres. Jueces, por ante mí de lo que doy fe.-
Dr. Miguel Angel Diaz Casas Dr. Luis Alberto Gomez
- - - - - - - - - - SENTENCIA - - - - - - - - - -
En la ciudad de Lanús, a los 27 días del mes marzo del dos mil trece, reunido el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Lanús, integrado por los Dres. Jorge Daniel Candis, Miguel Angel Díaz Casas y Luis Alberto Gomez para dictar la SENTENCIA que prescribe el segundo párrafo del art. 47 de la ley 11.653, en los autos caratulados: "ARGUELLO JESICA LUJAN C/NAZABAL MARIA MARTA Y OTRO S/DESPIDO”, Expte. 11653, se procedió a practicar el sorteo de ley, resultando del mismo que el órden de votación es el siguiente: Dr. Luis Alberto Gomez, Dr. Jorge Daniel Candis y Dr. Miguel Angel Diaz Casas.
- - - - - - - - - - ANTECEDENTES - - - - - - - - - -
Que a fs.: 19/29 se presenta la Dra. MARTA JULIA ESCRIBANO en representación de la señorita JESICA LUJÁN ARGUELLO demandando a las señoras MARÍA MARTA NAZABAL y LUCIANA MARÍA AGUSTAVICIUS, con domicilio en la calle Juan B. Justo – 2º Barrio Obrero – Casa 65 - Lanús, manifestando que ingresó a laborar a órdenes y dependencia de las demandadas en tareas de servicio doméstico con retiro (5ta. Categoría) a partir del 27 del mes de octubre del año 2005 en labores de limpieza, planchado, cocinar, cuidado de las nietas e hijas de Nazabal y Agustavicius respectivamente entre otras labores, cumpliendo un horario de trabajo asignado de 730 a 1930 horas diariamente de lunes a viernes y percibiendo como remuneración la suma de $ 900 mensuales.
Como consecuencia de la falta de pago denunciada y la negativa de trabajo que le fue proferida curso sendos cablegramas que desembocaron en el despido indirecto a partir del 17 de diciembre de 2009.
Que formulo una actuación administrativa ante la autoridad laboral de trabajo provincial, y si bien por medio de su representante, comparecieron las accionadas, no se arribó a conciliación alguna, ocurriendo a esta instancia persiguiendo el cobro de los rubros indemnizatorios, diferencias salariales, horas extras, haberes impagos entre demás conceptos que surge de la liquidación practicada a fjs. 6 y 6 vuelta.
Funda en derecho. Ofrece elementos probatorios. Reclama la entrega de constancias de aportes entre otros instrumentos. Peticiona el progreso de la acción con costas.
A fs. 36/37 y 53/55 33/34 se practica traslado de la demanda a las demandadas, declarándoselas rebeldes a fjs. 44 y 58 respectivamente, y notificado de la misma a fs. 47 y 59.
A fs.: 61 se abre a prueba las presentes actuaciones y se designa audiencia de vista de la causa.
A fjs. 82 se realizó la respectiva audiencia de vista de la causa y ante la incomparecencia de las accionadas a dicho acto, considerando las notificaciones de fjs. 72 y 73, se tuvo por absueltas sus posiciones en rebeldía a tenor de los pliegos glosados a fjs. 4 y 5 y agregados a fjs. 80 y 81 respectivamente.
Pronunciándose, acto seguido el veredicto, quedan las presentes actuaciones en estado de dictar sentencia, por lo que el Tribunal resolvió plantear y votar por separado, en el mismo orden guardado para el veredicto, lo siguiente:
- - - - - - - - - -CUESTIONES DE DERECHO - - - - - - - - - -
ÚNICA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda instaurada?
A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA: El Sr. Juez Dr. Luis Alberto Gomez dijo:
Todas las circunstancias fácticas de las que da cuenta el veredicto me permiten adelantar mi opinión favorable al progreso de la acción instaurada, en la forma que se determina.
En cuanto al tratamiento del reclamo, debo decir la gran ventaja del procedimiento oral, que es hacer inmediata la prueba, permitiendo que los jueces puedan observar e interrogar a los testigos, el acento, la actitud, la manera de responder.
La objetividad de la declaración debe ser valorada con estrictez contribuyendo a formar la convicción del juez, cuando resulta particularmente justificada por las circunstancias del caso y por el resto de la prueba, teniendo los jueces de trabajo amplias facultades para decidir respecto del mérito y habilidad de sus manifestaciones.
La valoración del material probatorio colectado sumado a la inactividad procesal de las accionadas (rebeldía decretada a fs. 48 y 58 y confesional ficta conforme pliego de fs. 80 y 81), permiten al juzgador, determinar la viabilidad de la acción entablada en la forma que se determina más adelante.
Conforme a lo resuelto en la primera, segunda y tercera cuestión del veredicto se acredito que las partes del proceso se encontraban unidas a través de un contrato de trabajo, y en ese sentido las tareas desarrolladas por la actora para las accionadas Nazabal y Agustavicius, en su casa de familia en calidad de servicio doméstico con retiro (5ta. Categoría), y de acuerdo al horario y días de trabajo que se han tenido por demostrado, el vínculo de trabajo en cuestión se encuadro en los alcances del Decreto Ley 326/56 (conf. Art. 1° de dicho régimen).
A su vez y de acuerdo a como se votara en la primera, segunda, tercera y cuarta cuestión del veredicto, entiendo que se han acreditado los extremos de la accionante para darse por despedida, teniendo presente lo establecido por la Excma. SCJBA. en el sentido de que : “valorar la conducta de las partes y analizar si el despido indirecto fue justificado o no, es función que compete privativamente a los tribunales del trabajo” (Sumario 15.188, 26-9-89, entre muchos otros).
En efecto y de acuerdo dispone el art. 1° de la Ley 24487, “el empleador está obligado a recibir las comunicaciones escritas que por asuntos referidos a una relación de trabajo le curse cualquier trabajador que se encuentre vinculado a él por una relación de dependencia”.
En el caso, y como se resolviera en la segunda cuestión del veredicto, se acredito que la parte empleadora eludió la recepción de la primer misiva que le cursara la accionante en fecha 5-12-2009 (ver fjs. 12 y 13) para que se aclare su situación laboral como consecuencia de la negativa de trabajo que le era proferida y la falta de pago de haberes allí denunciados, conminando a que en el plazo de 48 horas ello fuera regularizado respectivamente bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto.
La devolución de la carta documento enviada por la trabajadora a fin de notificar a la parte empleadora las intimaciones antes precitadas, con la observación de "CERRADO CON AVISO" (v. informe del Correo, fs. 13) sin que esta última concurriese oportunamente a tomar conocimiento del despacho epistolar, configura - mala fe o negligencia del receptor por frustrar el perfeccionamiento de notificación, obrando -de esta manera- sin la diligencia, cuidado normal, buena fe, ni lealtad propios de un buen empleador. Fue por su propia voluntad que resignó al derecho de conocer el contenido de la comunicación que se le cursó, lo cual autoriza a interpretar que efectivamente ingresó a su esfera jurídica de conocimiento, debiendo -por lo tanto- tenérselo por notificado de la comunicación cablegráfica tal así fuera resuelto en la segunda cuestión del veredicto (conf. Doctrina SCBA. causa L. 104.304, "Mendoza, Cristian Damián contra Canosa, Sergio Andrés. Despido", sentencia de fecha 17 de agosto de 2011).
A la situación antes descripta se suma la acreditación de la falta de pago de los créditos salariales que fueron objeto de intimación en el primer despacho cablegráfico (cuestión segunda y cuarta del veredicto), tales me refiere al sueldo anual complementario, vacaciones entre otros rubros.
Debo poner de manifiesto llegado a este punto que resulta claro que falta de pago de salarios puede constituir “injuria” pero para que efectivamente lo sea, es necesario que el dependiente exteriorice su voluntad de tenerse por injuriado y que tal decisión llegué a conocimiento del empleador, manifestación de voluntad receptiva, toda vez que de lo contrario, no se ha de perfeccionar el despido indirecto.
Lo expresado, resulta de tal modo, dado que no es la falta de pago de salarios en si misma, la que autoriza la resolución del vínculo laboral, sino el carácter injurioso, que puede tener la conducta o actitud del principal, de cumplir con su obligación o el atraso en la misma, una vez intimado su cumplimiento.
En el caso sometido a la consideración del Tribunal, la trabajadora cumplimentó dichas exigencias, conforme lo que surge del veredicto primero, segundo y tercero, procediendo a reclamar que se le abonaran las acreencias salariales impagas, formulando una manifestación de voluntad que expresa su intención de tenerse por injuriado y la posterior decisión de considerarse despedida, si no se atendía su reclamo.
Pues bien la parte empleadora eludió recepcionar la intimación cablegráfica que le cursara la accionante (ver segunda cuestión del veredicto) conforme al informe que produce el Correo a fjs. 13).
Además de constituir una obligación legal del empleador de recibir las comunicaciones escritas que por asuntos referidos a una relación de trabajo le curse cualquier trabajador que se encuentre vinculado a él por una relación de dependencia (conf. Art. 1° de la Ley 24487), tal conducta configura - mala fe o negligencia del receptor por frustrar el perfeccionamiento de notificación.
En ese sentido la buena fe como principio general del derecho del trabajo y como conducta rectora que debe existir entre las partes unidas mediante un vínculo dependiente, no se encuentra ausente del régimen del servicio doméstico (Art. 11 de la L.C.T., art. 1198 del C.C., art. 39 Constitución Provincial y art. 14 bis C.N.), de ahí que entiendo que quebrantado este principio rector por parte de la empleadora, la resolución adoptada por la trabajadora en fecha 17-12-2009 (ver segunda y tercera cuestión del veredicto) de considerarse en situación de despido indirecto ante la grave injuria que le era proferida, resulta ser totalmente ajustada a derecho (conf. arts. 7 del Decreto-Ley 326/56 y art. 9° del decreto 7979/56), por lo que las consecuencias patrimoniales resultantes de la denuncia del contrato de trabajo, han de ser soportadas por las accionadas (arts. 8 y 9 del Decreto Ley 326/56 y art. 12 del Decreto 7979/56).
Así y conforme a lo resuelto en la cuarta cuestión del veredicto corresponde el pago a la actora de las vacaciones gozadas y no cobradas correspondientes al año 2007 (10 días), vacaciones gozadas y no cobradas correspondientes al año 2008 (10 días), Indemnización por vacaciones no gozadas proporcionales correspondientes al año 2009, sueldo anual complementario año 2007 primer y segundo semestre, sueldo anual complementario año 2008 primer y segundo semestre, sueldo anual complementario proporcional primera cuota año 2009 y haberes trabajados correspondientes al periodo que va desde el 1-10-09 al 14-10-09 (conf. arts. 4 inciso c) ítem 1) y cctes. Del Dec. Ley 326/56, art. 13 del Decreto 7979/56, arts. 1 y 3 de la Ley 23041, arts. 1, 2 y 3 del Decreto 1078/84).
DEL RECLAMO DE COBRO DE DIFERENCIAS SALARIALES:
Queda ahora por determinar la petición de cobro de diferencias salariales.
Sostiene la parte actora conforme la liquidación que practica a fjs. 6 en detalle, que entre los meses de diciembre del año 2007 y hasta el mes de Septiembre del año 2009 (excluyo 14 días del mes de octubre del mismo año situación que precedentemente ya fue resuelta), los haberes que percibía eran sensiblemente inferiores a los mínimos que en tal sentido dispone el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (conf. art. 20 del Decreto 7979/56 y Resoluciones del MTESS Nros. 1306/07 y 1538/08).
Pues bien y de acuerdo se ha votado en la quinta cuestión del veredicto, se tuvo por acreditado que las remuneraciones que percibió la actora entre el mes de diciembre del año 2007 y el mes de septiembre del año 2009 inclusive, son las que surgen del detalle de la liquidación practicada a fjs. 6 vuelta en el periodo aludido.
Que comparando los importes percibidos en concepto de sueldos en el lapso citado precedentemente (ver quinta cuestión del veredicto) en relación a los mínimos que han establecido las Resoluciones 1306/07 del MTEySS y 1538/08 del MTEySS para la quinta categoría con retiro, y con vigencia a partir del 1-11-07 en $ 830 mensuales, 1-03-08: $ 906 mensuales y 1-11-08: $ 1142 mensuales, se concluye la existencia de diferencias salariales.
Ahora bien, digamos que los salarios mínimos para el personal de servicio doméstico establecido por las Resoluciones 1306/07 y 1538/08 del MTEySS respectivamente, son de aplicación en todo el territorio de la Nación, con excepción de aquellas provincias que legislen en forma particular sobre la materia (art. 20 y 24 del Decreto 7979/56 y art. 2° de la Resol. 1306/07 del MTEySS y art. 2° Resol. 1538/08 del MTEySS.
En ese sentido el art. 24 del Decreto 7979/56 (reglamentario del Decreto 326/56 estableció que: “…Los señores comisionado federales en las provincias quedan facultados para adoptar las precedentes disposiciones o dictar las reglamentaciones para la aplicación del Decreto-Ley 326/56, en su respectiva jurisdicción y fijar asimismo las retribuciones…”
Veamos, la normativa en cuestión resulta de dudosa constitucionalidad partiendo de la base que delegar en las Provincias por parte de la Nación adoptar o no la legislación laboral de este régimen especial, trasunta las expresas disposiciones del art. 75 inciso 12) de la C.N., en cuanto es atribución del Congreso de la Nación “Dictar los códigos…del Trabajo”.
Por otra parte la reglamentación de la normativa nacional es atribución y facultad privada del Poder Ejecutivo tal lo expresado en el art. 99 inciso 2) de la C.N., de ahí que dejar en manos de las Provincias como lo hace el art. 24 del Dec. 7979/56, de dictar la reglamentación de un régimen laboral como fijar las respectivas remuneraciones, conculca claramente la disposición expresa de nuestra Carta Magna en lo que respecta a las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, la Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto – Ley 24348 del 30 de diciembre de 1957 conforme la disposición del art. 24 del Decreto 7979/56 reglamentó la aplicación del Decreto Ley 326/56, y mediante el artículo 7º estableció para la jurisdicción provincial, las siguientes categorías, cuyas remuneraciones podrán convenirse libremente, en tanto superen los sueldos mínimos en dinero que se fijan en cada caso –el subrayado me pertenece-
Así pues la norma citada estableció para la primera categoría un sueldo mínimo en dinero de pesos 700 moneda nacional; para la segunda categoría, un sueldo mínimo en dinero de pesos 500 moneda nacional y tercera categoría: con un sueldo mínimo en dinero fijado de acuerdo a las siguientes zonas, previendo en el caso para la zona A que comprende entre otras la de Lanús, la suma de pesos 350 moneda nacional; para la cuarta categoría un sueldo mínimo en dinero de pesos 200 moneda nacional y finalmente para la quinta categoría, un sueldo o jornal en dinero a convenir todo el personal con retiro.
Pues bien, la Provincia de Buenos Aires hasta el día de hoy desde la promulgación del Decreto Ley 24348/57 jamás actualizó esos salarios mínimos, quedando sus valores totalmente depreciados.
A contrario de ello y desde la vigencia de este régimen especial, la Nación a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación fue adecuando y actualizando los salarios mínimos de las distintas categorías para todo el territorio nacional.
De ahí que la falta de actualización de los salarios mínimos por parte de la Provincia de Buenos Aires respecto del personal de servicio doméstico desde la vigencia del Decreto Ley 24348/57, constituye una clara violación al derecho de propiedad que emerge del art. 17 de la C.N., ante la falta de adecuación de sus valores tomando en consideración la depreciación que han sufrido esos importes mínimos por más de cincuenta (50) años.
A su vez también la falta de actualización de estos salarios mínimos violenta el principio protectorio en lo que respecta a una remuneración justa, postulado que deviene de nuestro art. 14 bis de la C.N.
Merece destacar que el principio protectorio que el art. 14 bis de la .C.N. le ha dado jerarquía constitucional, no es sólo propiedad exclusiva de los trabajadores incluidos en el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, sino también de todos los dependientes que trabajan por cuenta ajena y en relación de dependencia, incluidos también los trabajadores domésticos.
Concomitante con ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y de manera operativa ha establecido en su art. 7º que los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie”.
La falta de adecuación y actualización de salarios mínimos por más de cincuenta años, dejan de ser condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y mucho menos asegura un salario equitativo.
Por su parte nuestra Carta Magna Provincial en su art. 36 ha establecido con carácter general, que La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, y en ese sentido y en concordancia con ello el art. 57 (Const. Pcial.) ha dispuesto que “Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes, que impongan restricciones que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces.
En esa línea de pensamiento y como mandato que los magistrados hemos recibidos del constituyente de la Provincia de Buenos Aires, se determino que en materia laboral regirán los principios de (entre otros) justicia social, indemnidad y progresividad.
Precisamente la falta de adecuación de los salarios mínimos para el personal doméstico que ha determinado el art. 7º del Decreto 24348/57 avasallan las normas de nuestra Carta Magna Provincial antes citadas y además van a contramano de los principios que hacen a la justicia social, a la indemnidad y a la progresividad.
El régimen del servicio doméstico no es una isla en el Derecho del Trabajo a pesar de estar excluido del régimen general de la L.C.T., toda vez que las concepciones que hacen al trabajo humano, al principio protectorio, a los principios generales del derecho del trabajo, a la equidad, al no abuso de derecho, a la justicia social, a un trabajo digno y decente, son de plena aplicación a este régimen específico.
Por ende pretender considerar si existen diferencias salariales en el reclamo tomando en el caso importes mínimos que se establecieron en el año 1957 y que hasta el día de hoy no han sido actualizados implicaría conculcar las conceptos antes enunciadas como también elementales principios que derivan de la Carta Magna tanto nacional como provincial antes enunciadas, lo que implica que frente a ello me deba abstener de aplicarlas si se precisamente se encuentran en oposición con los principios y concepciones antes explicitadas.
Se ha dicho que la facultad de los magistrados de examinar la compatibilidad entre las normas inferiores y la Constitución Nacional con una formula que resulta hoy ya clásica en su jurisprudencia: “es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derecho consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos””Tal atribución es un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyentes y legislativo ordinario” (CJSN Fallos 33:162(
Queda palmariamente demostrado que aplicar la regla del art. 7° del Decreto Ley 24348/57 sobre la base de importes que desde la promulgación de la norma y hasta el día de hoy no fueron actualizados para comparar si existen diferencias salariales en el reclamo de la litis, irroga al contendiente un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiesto de garantías constitucionales (conf. CJSN. R. 401.XLIII “Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y Otra c/Ejercito Argentino s/Daños y perjuicios, fallo del 27-11-2012)
Por las consideraciones señaladas propongo declarar de oficio la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de los valores de los salarios mínimos para el personal de servicio doméstico determinados en el art. 7º del Decreto Ley 24348/57 considerando la falta de actualización y adecuación de sus importes desde la entrada en vigencia de esa norma provincial hasta el día de hoy (art. 14 bis, 17, 28, 75 inciso 22, 31 y cctes de la C.N., art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, arts. 36, 39, 57 de la Constitución Provincial), y adoptar en la especie la aplicación de los salarios mínimos para la 5ta. Categoría para el personal de servicio doméstico con retiro que ha previsto la Resolución 1306/07 del MTEySS que estableció para el mes de diciembre de 2007 un salario mínimo de $ 830 mensuales y para el mes de marzo de 2008 de $ 906 mensuales y de la Resolución 1538/08 del MTEySS que ha dispuesto también para dicha categoría laboral un salario mínimo mensual de $ 1142 con vigencia a partir del mes de noviembre de 2008.
LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES:
Periodo percibió debió percibir diferencia
Diciembre/07 700 830 130
Enero/08 700 830 130
Febrero “ 750 830 80
Marzo “ 750 906 156
Abril “ 850 906 56
Mayo 2008 850 906 56
Junio “ 850 906 56
Julio “ 850 906 56
Agosto “ 850 906 56
Septiembre “ 850 906 56
Octubre “ 850 906 56
Noviembre “ 900 1142 242
Diciembre “ 900 1142 242
Enero 2009 900 1142 242
Febrero “ 900 1142 242
Marzo “ 900 1142 242
Abril “ 900 1142 242
Mayo “ 900 1142 242
Junio “ 900 1142 242
Julio “ 900 1142 242
Agosto “ 900 1142 242
Septiembre “ 900 1142 242
Totales 18750 22300 3550
Las diferencias salariales resultantes entre lo percibido por la actora y lo que debería haber percibido conforme las escalas mínimas para 5ta. Categoría establecidas por las Resoluciones 1306/07 y 1538/08 ambas del MTESS asciende a $ 3550 (Pesos tres mil quinientos cincuenta).
DEL RECLAMO POR HORAS EXTRAS:
La parte actora reclama el pago de horas extras por igual periodo a la petición de diferencias salariales en razón de haber cumplido una jornada de 730 a 1930 horas diariamente de lunes a viernes.
Si bien y conforme a lo votado en la cuestión primera del veredicto se acredito el horario citado, es menester poner de resalto que los trabajadores incluidos en el estatuto del servicio doméstico se encuentran excluidos régimen de jornada legal del trabajo establecido por Ley 11544.
Por otra parte el régimen específico y sólo para los trabajadores sin retiro habla de una incipiente jornada máxima legal, cuando se refiere a que las personas empleadas en el servicio doméstico sin retiro gozaran de un reposo diario nocturno de 9 horas consecutivas y además de un descanso diario de 3 horas entre sus tareas matutinas y vespertinas, lo que lleva a concluir que la jornada máxima legal no podría superar las 12 (doce) horas diarias (conf. art. 4° inciso a) del Decreto-Ley 326/56), situación que reitero es de aplicación para aquellos dependientes sin retiro, no habiendo previsto la norma cual sería en el caso la jornada máxima legal de los trabajadores sin retiro, máxime que la propia L.C.T., ha excluido la aplicación supletoria al régimen en cuestión (art. 2 LCT.)
Atento a ello el reclamo de horas extraordinarias debe ser rechazado (art. 1ro. Ley 11544, art. 2 LCT, art. 4° inciso a) del Dec. Ley 326/56 y art. 499 del C.C.) con costas (art. 19 de la Ley 11653) pero con los alcances del art. 22 de la propia Ley 11653.
DEL CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL PREAVISO Y LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO:
Tal como se resolviera en el respectivo veredicto y precedentemente, se propuso hacer lugar al reclamo por cobro del preaviso e indemnización por antigüedad relativo al despido indirecto sucedido el día 17 de diciembre de 2009.
Ahora bien, para el cálculo de la indemnización por falta de preaviso determina el art. 12° del Decreto 7979/56 que se adoptará el sueldo en dinero del último mes.
Que proyectando lo resuelto acerca del reclamo por diferencias salariales, propongo tomar como referencia para su calculo (10 días) los valores mínimos que se encontraban vigentes para la quinta categoría de servicio doméstico con retiro desde el 1-11-2009 conforme a la Resolución 1002/09 del MTESS que fijo un salario mínimo de $ 1347 mensuales.
Relativo a la indemnización por despido la citada norma reglamentaria establece para fijar su cálculo que se hará “conforme al promedio del sueldo en dinero de los dos últimos años, o del percibido durante el periodo de servicios cuando fuere menor”.
Considero y propongo también proyectar lo decidido acerca de las diferencias salariales a la indemnización por despido, y sobre la base de los salarios mínimos que sobre el particular ha establecido el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación en dicho periodo (diciembre 2007 a diciembre 2009) mediante las Resoluciones 1306/07, 1538/08 y 1002/09, que han previsto para la quinta categoría un salario mínimo de $ 830 mensuales para Diciembre de 2007, $ 906 para marzo de 2008, $ 1142 para Noviembre de 2008 y $ 1347 para Noviembre de 2009, estableciendo en dicho promedio la correspondiente incidencia del sueldo anual complementario en dicho periodo.
Entiendo que ajustar su cálculo a lo que literalmente dispone la norma es decir tomando como base la remuneración “percibida”, constituiría un enriquecimiento sin causa pues se ha acreditado en la litis que la actora percibió un salario inferior a los mínimos vigentes, en tanto y que pese a que la norma alude al haber “percibido” –en tanto el espíritu de la ley- que debe rastrearse en procura de una aplicación racional, que aventa el riesgo de un formalismo paralizante, como así también el propósito que tuvo el legislador al que se debe asignar pleno efecto, en armonía con la Ley Suprema y el resto del orden jurídico.
En esa inteligencia, considero en mi opinión personal que realizada una interpretación valorativa de lo que la norma en cuestión, jurídicamente, ha querido mandar es posible establecer que el módulo para el cálculo de la indemnización por despido es la remuneración “que se debió percibir” y que el distracto frustró pues, un excesivo apego al texto del artículo referido no sólo permitiría el indebido beneficio del empleador-deudor sino que, también, dejaría librada la determinación del importe del resarcimiento al exclusivo arbitrio del moroso (conforme CNAT., Sala VIII , febrero 28 de 1992, “Acosta de Magallanes, Victoria c. Reisin, Boris”, CARPETAS DT, 3431).
Sin duda este y otros fundamentos fue lo que llevaron al legislador en el año 2004 al sancionar y promulgar la Ley de Reordenamiento Laboral n° 25877 cuando estableció que para el cálculo de la indemnización por antigüedad prevista en el art. 245 de la L.C.T. debe ser la devengada y no la percibida.
En este avance importante que ha tenido la normativa laboral en la última década, y en la misma línea de pensamiento continúo al promulgarse la Ley 26727 estableciendo un nuevo régimen laboral para el trabajo agrario, y en cuanto a indemnizaciones por despido se refiere la normativa remitió su aplicación al régimen de la L.C.T.
Recientemente y sin que aun exista promulgación ambas Cámaras han sancionado el nuevo Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares que sustituiría al actual Decreto Ley 326/56, y precisamente en su art. 48, ha dispuesto que para el cálculo de la indemnización por antigüedad se adoptada como base la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor.
Lo propuesto tiene su apoyo en el imperativo que nace del art. 14 bis de la C.N., cuando se refiere a la protección del despido arbitrario, directiva que el constituyente ha dado al legislador para determinar la protección más adecuada cuando sobrevenga el distracto laboral, y precisamente tomar como base para el cálculo las remuneraciones percibidas, cuando precisamente y como sucede en esta litis, los salarios abonados resultan ser inferiores a los mínimos establecidos, es dejar al pleno arbitrio del empleador la forma de reparar el despido y otorgarle un beneficio que el constituyente no le ha dado.
Por otra parte es deber de los jueces de la Provincia de Buenos Aires por mandato del art. 39 inciso 3° que en materia laboral rigen los principios de justicia social, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador.
Considero en la especie que adoptar para el cálculo de la indemnización por despido literalmente lo indicado en el art. 12 del Decreto 7979/56 sería desnaturalizar los principios antes enunciados.
Por lo expuesto y conforme he señalado al inicio propongo proyectar lo decidido acerca de las diferencias salariales a la indemnización por despido, y sobre la base de los salarios mínimos que sobre el particular ha establecido el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación en dicho periodo (diciembre 2007 a diciembre 2009) mediante las Resoluciones 1306/07, 1538/08 y 1002/09, que han previsto para la quinta categoría un salario mínimo de $ 830 mensuales para Diciembre de 2007, $ 906 para marzo de 2008, $ 1142 para Noviembre de 2008 y $ 1347 para Noviembre de 2009, estableciendo en dicho promedio la correspondiente incidencia del sueldo anual complementario en dicho periodo.
Adoptando lo precedentemente expuesto, propongo como salario promedio para el cálculo de la indemnización por despido, el importe de $ 1151.
Por último la liquidación correspondiente a vacaciones y sueldo anual complementario como haberes del mes de octubre de 2009 se adopta en el caso los salarios mínimos que al efecto ha determinado el Ministerio de Trabajo de la Nación en las resoluciones precedentes que estaban vigentes al momento del derecho de la percepción de tales créditos.
LIQUIDACIÓN FINAL QUE SE PROPONE:
Considerando lo resuelto, propongo la siguiente liquidación final de los rubros que prosperan con las salvedades y aclaraciones señaladas teniendo en consideración lo determinado en veredicto y precedentemente y lo indicado en el art. 44 inciso e) segundo párrafo de la Ley 11653:
1) Diferencias salariales de acuerdo a lo resuelto y
liquidación específica: $ 3550
2) Vacaciones gozadas y no cobradas año 2007 10 días $ 332
3) Vacaciones gozadas y no cobradas año 2008 10 días $ 456
4) Vacaciones proporcionales año 2009 (fracción: 9,58) $ 516
5) Sueldo anual complementario 1er. Semestre año 2007$ 415
6) Sueldo anual complementario 2do. Semestre año 2007$ 415
7) Sueldo anual complementario 1er. Semestre año 2008 $ 453
8) Sueldo anual complementario 2do. Semestre año 2008$ 571
9) Sueldo anual complementario 1er. Semestre año 2009$ 571
10) Sueldo anual complementario proporcional
2do. Semestre/09 $ 617
11) Haberes trabajados impagos del 1-10-09 al 14-10-09 $ 532
11) Indemnización por despido ($ 1151 : 2 = 575,50 x 4 =)$ 2302
12) Indemnización por falta de preaviso: 10 días $ 449
TOTAL $ 11279
La suma de condena que propongo asciende a PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 11279) a la que deberá adicionársele los intereses pertinentes desde el despido (fecha: 17 de diciembre de 2009) hasta el efectivo pago, a calcularse de acuerdo a la tasa de interés establecida en el artículo 48 de la Ley 11653 según texto Ley 14399.
CONSTANCIAS DE APORTES Y CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS..
Conforme se resolviera en la sexta cuestión del veredicto, no surgen constancias de autos que el contrato de trabajo de la actora estuviera inscripto legalmente como así tampoco se tuvo por probado que respecto de las remuneraciones abonadas se han efectuado retenciones y contribuciones con destino al sistema de la seguridad social.
Ahora bien, la parte actora reclama la entrega documentada de los depósitos de los aportes y retenciones en materia de seguridad social, el certificado de trabajo de acuerdo a las disposiciones de la Ley 24576 y la certificación de servicios y remuneraciones que al efecto disponen el art. 12 inciso g) y j) de la Ley 24241.
Al respecto, la L.C.T. en su artículo 2do. Ha excluido de sus disposiciones al personal de servicio doméstico y por ende no resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 24576 incorporada al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.
No obstante lo expuesto y mediante Ley 25239 se ha establecido un régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico de carácter obligatorio y para lo cual los dadores de trabajo de estos empleados, deben ingresar mensualmente de las remuneraciones que abonan, los correspondientes aportes del trabajador con destino a la seguridad social.
De lo expuesto se infiere claramente la obligación del empleador de suministrar al trabajador constancia documentada de los aportes y retenciones que en materia de seguridad social deba efectuar, y así sucede lo propio con la certificación de servicios y remuneraciones que si bien dicho instrumento se vincula con una exigencia del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, en el caso la normativa especial de regulación no ha excluido dicha exigencia.
Por las consideraciones señaladas habiendo sido reclamados tanto la constancia documentada de aportes y contribuciones y la certificación de servicios y remuneraciones, corresponde su entrega (conf. art. 1 y 3 Ley 25239 y art. 12 inciso g) de la Ley 24241), los que deberán ser agregados a los autos para ser retirados por la accio­nante, dentro del plazo de diez días de notificada la sentencia, bajo apercibimiento de aplicar "astreintes" a favor de la actora (art. 666 bis C. Civil).
Las costas del proceso propongo se impongan a las demandadas de manera solidaria, que han resultado vencidas respecto de los rubros en progreso, ello en virtud del principio objetivo de la derrota. (art. 19 Ley 11.653). Respecto de aquellos que no han tenido favorable acogida, las costas se imponen a la parte actora de conformidad con lo indicado en el art. 19 y 22 de la Ley 11653.
Con lo que terminó el ACUERDO POR UNANIMIDAD firmando los Señores Jueces por ante mí de lo que doy fé.
REG SENT.- .............
FOLIO SENT.- ...............
REG HON.- .....................
FOLIO HON.- ................
- - - - - - - - - FALLO - - - - - - - - - -
Expte. N° 10669
Lanús, 27 de marzo de 2013
AUTOS Y VISTOS: Lo resuelto en el Acuerdo precedente, este Tribunal del Trabajo Nº 2 de Lanús, RESUELVE:
1.- Declarar de oficio la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de los valores de los salarios mínimos para el personal de servicio doméstico determinados en el art. 7º del Decreto Ley 24348/57 atento los fundamentos que se esgrimen en el decisorio.
2.- Rechazar la demanda instaurada por JESICA LUJÁN ARGUELLO contra MARÍA MARTA NAZABAL y LUCIANA MARÍA AGUSTAVICIUS, por los reclamos referidos al cobro de horas extras, ello conforme a los fundamentos y derecho del decisorio con costas (art. 19 y 22 de la Ley 11653).
3.- Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por JESICA LUJÁN ARGUELLO contra MARÍA MARTA NAZABAL y LUCIANA MARÍA AGUSTAVICIUS, condenándolas a ambas de manera solidaria a abonar a la actora, dentro del plazo legal de diez días de notificada la presente, la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 11279), con basamento en los rubros y el derecho referenciado, en la liquidación practicada en la parte dispositiva de la sentencia.
4.- El capital sentenciado llevará intereses desde su exigibilidad, 17 de diciembre de 2009, calculados conforme la tasa establecida en el art. 48 de la Ley 11653 según texto Ley 14399.
5.- La suma que resulte de la liquidación a practicarse conforme lo expuesto, deberá ser depositada por las demandadas dentro de los diez días de notificado el presente decisorio, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Lanús, a cuenta de estos autos; caso contrario, se le impondrá a las incumplientes un interés punitorio del 1,5% mensual, a contar desde el momento que la sentencia quede firme (art. 622, 2º párrafo del Código Civil).
6.- Condenar a MARÍA MARTA NAZABAL y LUCIANA MARÍA AGUSTAVICIUS de manera solidaria a hacerle entrega a la actora y dentro del plazo de diez días de notificada la sentencia y bajo apercibimiento de aplicar astreintes (art. 666 bis C.C.), la constancia documentada de aportes y contribuciones y la certificación de servicios y remuneraciones (conf. art. 1 y 3 Ley 25239 y art. 12 inciso g) de la Ley 24241), los que deberán ser agregados a los autos para ser retirados por la accio­nante.
7.- Costas a la demandada vencida de los rubros en progreso (art. 19 de la Ley 11653), a cuyo efecto regúlense los honorarios de la Dra. MARTA JULIA ESCRIBANO en la suma de $ 4842 (PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS), con más el 10%, art. 14 Ley 4717 modif. 8455 y 10268, conforme con los arts. 14, 16, 21, 23, 28 y 51 Ley .8904 e IVA si correspondiere.
REGÍSTRESE, PRACTIQUESE LIQUIDACIÓN, NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.-
Expte. Nº 10669
Liquidación practica el Actuario según el art. 48 de la Ley 11653:
 Tasa de Justicia $ 532
 Tasa Caja de Abogados $ 53
 Capital $ 11279
Intereses TASA ACTIVA desde el 17-12-2009
Al 27/03/2013 $ 12935
 Honorarios Dra. Escribano $ 4842
 Aporte Legal $ 484
 TOTAL $ 30125
Importa la presente liquidación la suma de PESOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 30125).
De la liquidación practicada por el Actuario, traslado a la partes por el término de 5 (cinco) días (art. 48, Ley 11653). NOTIFÍQUESE CON COPIAS.-
Lanús, 27 de marzo de 2013.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 2