Source: https://www.scribd.com/document/282162/Revista-teorica-Trimestral-4
Timestamp: 2018-06-24 19:11:50+00:00

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Description: Movimiento Ciudadano metropolitano
Proyecto Ciudadano de Nación1 En México, el proyecto neoliberal, la corrupción e impunidad en la administración pública, la inseguridad pública, el desempleo, la desigualdad, la pobreza, la simulación democrática del sistema político y la cerrazón a impulsar la participación ciudadana, han provocado la ruptura del pacto político y social que resultó de la Revolución de 1910., y constituyen el principal obstáculo para el tránsito a la democracia y la justicia en nuestro país. No hay una democracia real; lo existente es una simulación de democracia en la que los legisladores confunden un sistema político parlamentario con la partidocracia y en la que el poder ejecutivo ante su debilidad política e incapacidad de llevar a cabo sus reformas estructurales retorna al presidencialismo autoritario y enfrenta al poder legislativo, produciéndose un estancamiento político y económico que nos está llevando a la ingobernabilidad. “La ausencia de una vida democrática cabal en México, plantea la necesidad impostergable de llevar a cabo la tarea de una refundación nacional, contando para ello con la participación activa, creativa y libre de la sociedad civil mexicana como factor indispensable para el impulso de un nuevo pacto social que promueva, el bienestar, el desarrollo y asegure un futuro de democracia, justicia y libertad para los mexicanos. Las instituciones públicas están en crisis, pues han dejado de estar al servicio de la República, de la sociedad y de la Nación. En Lógica con las políticas de Neoliberalismo que se han aplicado en los últimos sexenios y con una democracia de élites, que no es la democracia del pueblo, le han dado la espalda a México y a los mexicanos. Los gobernantes actuales están al servicio de un grupo económico – político, representante de intereses asociados al capital trasnacional y subordinados al modelo neoliberal, cuyas medidas, como se ha demostrado hasta la saciedad, las dictan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “El neoliberalismo ha demostrado ser inviable y excluyente. La concentración de la riqueza y el poder económico y los apoyos al capital especulativo prevalecen sobre las necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud y empleo de la población mexicana que se hunde cada vez más en la pobreza”. “Sin embargo, los derechos sociales de los mexicanos no pueden ser regulados por el juego de la oferta y la demanda, ni ser objetos de especulación o de mercado, tal y como se pretende o desarrolla en el actual modelo neoliberal”. “Las políticas económicas y sociales excluyentes han agudizado al extremo el problema de la inseguridad pública” y “el gobierno ha cedido la función de la rectoría del desarrollo nacional, que por mandato constitucional le corresponde,
Las propuestas de los asesores zapatistas en el Foro de la Reforma del Estado en la mesa de San Andrés, son la base de este documento.
y lo ha dejado en manos del capital, particularmente extranjero, todo ello en detrimento de la soberanía nacional, como se demuestra con la privatización de áreas estratégicas y de bienestar social como la Seguridad Social, la hipoteca de los ingresos petroleros y la puesta en venta de la industria petroquímica”. Por ello los mexicanos reclamamos la transformación del modelo económico que nos ha empobrecido y una Reforma de Estado que tenga como elementos centrales el equilibrio y la independencia de los poderes, y el urgente acotamiento del presidencialismo con una auténtica federalización democrática, para hacer posible la plena vigencia del Estado de Derecho”. Asimismo nos pronunciamos por un nuevo Pacto económico y social que haga realidad la justicia social hoy ausente en la vida nacional, por lo que se requiere un nuevo marco constitucional y un proyecto ciudadano de nación que reconozca el carácter pluricultural de los mexicanos y que haga realidad el derecho de todos a contar con tierra, vivienda, trabajo, alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, libertad, igualdad, justicia, paz, seguridad, combate a la corrupción y a la pobreza y defensa del medio ambiente. “En este pacto económico y social, las organizaciones ciudadanas deben contar con la capacidad de participar en la investigación, planeación, evaluación y fiscalización de las políticas públicas, así como la posibilidad de que inicien procesos de revocación de mandato”. “La vigilancia y supervisión del uso de los recursos públicos es una necesidad que debe satisfacerse mediante mecanismos de contraloría efectiva” y ciudadana, pues la contralorías oficiales, al ser nombradas por el gobernante en turno, no pueden ser juez y parte. Por ello se propone “la construcción de órganos civiles y sociales de planeación, gestión y de contraloría que sean autónomos frente a los poderes y órganos formales de gobierno y de representación política”. Asimismo debe incorporarse a la legislación nacional y estatal la figura de rendición de cuentas de los representantes en los Congresos y de los funcionarios gubernamentales y municipales, en el entendido de que la rendición de cuentas pueda estar normada por informes a la ciudadanía en prensa y/o en actos expresamente convocados para tal efecto, a partir de una petición calificada de los ciudadanos residentes en el ámbito geográfico y jurisdiccional que corresponda. Nuevo modelo económico 1. “Se propone un nuevo modelo económico alternativo basado en la recuperación de la economía reorientando el gasto público y la política monetaria; estimulando el mercado interno y mejorando sustancialmente los ingresos de los trabajadores, en una verdadera política industrial y en apoyo a los procesos innovadores de carácter tecnológico y cultural; redefinir los vínculos con el exterior, replanteando la política mexicana frente a la deuda externa y reorientando la política comercial; definir una
política social integral y prioritaria basada en los derechos de las mayorías”. 2. “Es necesaria la instauración de la democracia en base a un nuevo pacto económico y social entre el Estado y la ciudadanía, donde el Estado se comprometa a desarrollar políticas destinadas a elevar verdaderamente los niveles de bienestar, desarrollo y acceso a la justicia de todos los mexicanos y a fortalecer su participación en las diversas instancias y procesos de toma de decisiones. El nuevo Estado democrático con justicia social debe basarse en los principios de pluralismo, sustentabilidad, integridad, participación, libre determinación y autonomía”. 3. “La nueva sociedad democrática y con justicia debe reconocer no sólo la condición pluriétnica y pluricultural de la nación, sino que debe sustentarse en el principio de libre determinación de sus pueblos originarios, de sus comunidades y conglomerados de reciente formación”. 4. El estado democrático debe reconocer y respetar,”tanto los derechos individuales como los colectivos, y no basarse en definiciones de excepcionalidad o de exclusión. La universalidad de los derechos sociales implica la aplicación de políticas redistributivas desde el Estado. Debe restablecerse el Estado de Derecho”. 5. Las organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen como prioridad impulsar la participación ciudadana en el desarrollo social, deben contar con mayor apoyo del Estado en el financiamiento público para sus actividades y proyectos. Se debe legislar para que este tipo de asociaciones ciudadanas sean reconocidas como de interés público para que puedan ser órganos de consulta y participación en el diseño e implementación de políticas públicas. 6. Se debe incrementar el financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, formas organizativas para impulsar la participación política ciudadana, para que puedan desempeñar exitosamente sus actividades de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, y editorial. 7. Sólo a través de una ciudadanía conciente es posible construir una sociedad democrática. La concepción individual que es parte de la definición tradicional de ciudadano encuentra formas de superarse en la idea de sociedad civil, espacio en el que se crea conciencia y proyectos colectivos, no rígidos ni autoritarios. Ella es el sujeto del cambio. Reforma del Estado “La democracia y la justicia son asuntos vitales. La democracia es inseparable de la libertad, no puede ser reducida a cuestiones de técnicas y procedimientos electorales, sino que incluye a la cultura del consenso, la moral y la justicia social. Implica necesariamente la transformación del modelo económico que nos ha empobrecido y pulverizado socialmente; que ha propiciado la creciente 4
corrupción e irresponsabilidad en la función pública; que ha eliminado las políticas de beneficio social y que ha hecho añicos la soberanía nacional”. “La transición a la democracia no puede ser resultado de negociaciones copulares y excluyentes, ni de alternancias pactadas, sino de un proceso de lucha entorno a un abanico de temas, tácticas y estrategias. La instauración de la democracia en México no radica en que el poder cambie de manos, sino en una profunda transformación de la forma en que se concibe y se ejerce el poder. Políticamente esta transformación se ha iniciado ya a partir de la emergencia de una sociedad civil organizada y la construcción de un Movimiento Ciudadano. 1. “…es necesaria la creación de nuevos mecanismo de participación ciudadana, por lo que es necesario modificar el marco jurídico federal y de los estados a fin de establecer las instituciones del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la rendición de cuentas y la revocación de mandato”. 2. “El Plan Nacional de Desarrollo debe ser elaborado y discutido por el Legislativo, para lo cual habrá de reformarse los Artículos 26 7 73 constitucionales”. 3. “El régimen mexicano se ha caracterizado por un manejo discrecional del Ejecutivo de todos los recursos públicos, configurándose un verdadero patrimonialismo presidencialista, por lo que es urgente reformar el Artículo 89 Constitucional a fine de impedir esta situación. Asimismo, es necesario limitar los gastos descomunales del Ejecutivo en sus requerimientos personales y en la permanente campaña política que ha tenido para promover su imagen y la del sistema. En lo sucesivo, dichos gastos deben ser restringidos a lo ordenado por el Congreso de la Unión”. 4. “El presidente de la República debe ser sujeto de plenas responsabilidades, por lo que es necesario reformar el Artículo 108 Constitucional para establecer la posibilidad de Juicio político al presidente en turno, a los ex presidentes, a los secretarios y ex secretarios de Estado, y a todo alto funcionario de la Federación, sin que exista término de prescripción alguno cuando cometan cualquier tipo de delito, falten a sus responsabilidades legales o violenten cualquier norma de la República, sin necesidad de que se evalúe la gravedad del delito”. 5. “Las fortunas de todos los ex presidentes y actuales funcionarios de la Federación deben ser investigados por el Congreso de la Unión, a fin de recuperar para la Nación todos aquellos bienes mal habidos”. 6. “La Cámara de Diputados debe aprobar en el futuro, por mayoría calificada, los nombramientos de Secretarios de Estado y directores de organismos públicos descentralizados, salvo los nombramientos de los Secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina Nacional y de Relaciones exteriores, que serán ratificados por el Senado de la República, lo que implica modificar los Artículos 74 y 76 Constitucionales”. 5
7. “El Poder Legislativo debe recobrar su autonomía, y en este sentido un mecanismo que puede garantizar el libre voto a conciencia y no por disciplina de partido, es el del voto secreto de los legisladores de ambas cámaras, por lo que es necesario reformar la Ley Orgánica del Congreso General y el reglamento Interno del Congreso”. 8. “La subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo proviene en principio del mecanismo de designación de sus integrantes. En lo sucesivo, los nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser hechos sin la intervención del presidente de la República, dejando esta atribución exclusivamente al Senado, previa discusión de las propuestas hechas por la ciudadanía. Para ello habrán de reformarse los artículos 76 y 96 constitucionales, y adicionar el artículo 35”. 9. “El Ministerio Público Federal no puede continuar bajo el control del Ejecutivo Federal y debe pasar a ser una institución autónoma, reformándose el artículo 21 Constitucional”. 10. “Los militares son ciudadanos mexicanos titulares de todos los derechos que consagra la Constitución, y es pertinente por lo mismo crear el Ombudsman o Defensor de los Derechos Humanos de los integrantes del Ejército Mexicano y la Marina…” 11. “El número tan importante de modificaciones constitucionales que se requieren para que nuestra Carta Magna recupere su espíritu original nos presenta ante la necesidad de que se convoque a un Congreso Constituyente, para que éste se avoque a la tarea de una profunda reforma constitucional”. Nuevo Federalismo y Fortalecimiento Municipal. “El régimen federal mexicano se sustenta en el pacto federal, que constituye la esencia misma de la Constitución Mexicana. México surgió como una Nación independiente por la libre unión de estados independientes que aceptaron voluntariamente unirse en una Federación, tal y como lo expresa el Artrículo 40 Constitucional. El régimen presidencialista, sustentado en un partido de Estado que se desarrolló a partir de 1929, fue haciendo nulos sin embargo los fundamentos del federalismo pues se desarrolló desde entonces una fuerte tendencia a la centralización económica y política. La Constitución fue reformada por voluntad presidencial para conferirle nuevas atribuciones al gobierno federal, lo que implícitamente significaba dotar de mayores atribuciones al Ejecutivo. El sistema político trastocó por consiguiente los fundamentos del régimen federal, y partió del supuesto de que la Federación tenía todas las atribuciones y los Estados solamente aquellas que le eran delegadas, siendo que el marco constitucional supone lo contrario. El Municipio libre, que es un fundamento central de nuestro sistema republicano y uno de loos anhelos más sentidos de la ciudadanía, ha sido cancelado por el centralismo; por la reiterada violación de la voluntad popular
expresada en las urnas y por la organización autoritaria y vertical de los ayuntamientos, que excluyen la participación ciudadana”. “El Municipio Libre no ha existido más que en la letra de la Constitución, porque en la práctica ha estado subordinado a los gobernadores y al gobierno federal; y los ayuntamientos han reproducido en su interior el modelo presidencialista vertical, cancelando los espacios de participación ciudadana. Los Municipios no han podido ser libres, además, por carecer de una autonomía financiera y estar supeditados a la discrecionalidad presidencial que ha dispuesto de los recursos públicos por razones políticas o personales, de manera absolutamente patrimonialista”. “La reconstrucción de la República federal exige hacer vigente tanto la reforma municipal como la comunitaria. Reformar al municipio sólo significa dar vida al precepto constitucional que sostiene la existencia del Municipio Libre. Sin embargo para dar cabal sustento a esta entidad política es indispensable abordar una serie de cuestiones cuya finalidad esencial es la de crear condiciones reales para la reproducción de la vida política y social, capaz de permitir la gestión directa de los ciudadanos”. “Con el objetivo de hacer reales el Federalismo y el Municipio Libre, tal como lo prevé nuestra Constitución Política, se hacen las siguientes propuestas: 1. “Los estados de la Federación requieren contar con una verdadera autonomía financiera y para ello es menester adicionar los Artículos 73, 74, 115 y 116 Constitucionales, a fin de que en lo sucesivo por ley éstos puedan contar con un 30% de la recaudación impositiva, y que se destine a los municipios el 40% de la misma, quedando el 30% restante para la Federación”. 2. “El Distrito federal debe transformarse en una entidad política autónoma, que sea el Estado 32 de la Federación, para lo cual es menester convocar a un Congreso Constituyente que expida la Constitución Política de esta nueva entidad…”, (reestableciendo “el régimen municipal suprimido por la contrarreforma legislativa de 1928”). 3. “Para garantizar el precepto constitucional de Municipio Libre, es necesario emprender una vasta Reforma del artículo 115 Constitucional, para ampliar los ámbitos de competencia de esta institución en lo político, social, económico, fiscal y cultural. Dicha reforma sólo puede llevarse a cabo creando previamente las condiciones para garantizar la expresión ciudadana en todos los municipios del país”. 4. “La nueva vida política municipal supone una ampliación de las formas de participación ciudadana, adicionando el texto del artículo 115 a fin de crear nuevas instituciones políticas, como el referéndum, para garantizar la expresión de los habitante de los municipios en el marco normativo; el plebiscito, para sancionar las políticas del ayuntamiento; la iniciativa popular, para iniciar el proceso hacia una nueva normatividad; la acción popular, para que el órgano jurisdiccional juzgue la constitucionalidad de los actos de las autoridades municipales, en casos diferentes a los de
violación a las garantías individuales. El nuevo marco legal del municipio debe prever también, y de manera muy importante, los mecanismos jurídicos para la revocación de mandato de las autoridades municipales, como un proceso iniciado y decidido por los ciudadanos, sin la intervención de los Congresos locales”. 5. “Es necesario crear y fortalecer las formas institucionales de participación ciudadana en los Ayuntamientos, modificando su actual funcionamiento de tipo presidencialista. Para ello se requiere que las autoridades de las localidades o agencias que componen los municipios sean electas por sus pobladores, y no designadas por los presidentes municipales. Es necesaria la integración de Consejos Municipales y de Cabildos abiertos, representativos de los diversos núcleos de pobladores del municipio, que deben tener la obligación de informar de manera periódica y pública sobre los planes y programas y la situación financiera de los municipios, todo lo cual supone modificar los artículos 115 y 116 Constitucionales”. 6. “El Municipio Libre debe tener una plena autonomía en la planeación y administración de sus recursos…”, con la participación por ley de las representaciones ciudadanas y las organizaciones de la sociedad civil. 7. “Los municipios deben alcanzar un fortalecimiento de su hacienda, y para tal efecto es necesario que puedan recaudar directamente y de manera proporcional los ingresos provenientes de los siguientes rubros: a) Explotación y exploración petrolera. b) Minería. c) Aprovechamientos forestales. d) Actividad pesquera. e) Centros turísticos. f) Generación de energía eléctrica. g) Puentes internacionales. h) Puertos marítimos. i) Aeropuertos.. j) Centros históricos. Es necesario que la ciudadanía tenga conocimiento de la cuenta pública, por lo que por ley tanto el gobierno estatal como municipal deben darla a conocer escrita con un lenguaje claro y accesible. En consecuencia, es necesario reformar los artículos 73, 74 y 115 Constitucionales, así como la Ley de Coordinación Fiscal.”
Reforma Electoral “La democracia sigue siendo un reclamo insatisfecho de los mexicanos, y en consecuencia, las autoridades a todos los niveles han carecido históricamente de una legitimidad en nuestro país”. “La transición a la Democracia no podrá darse en México si no se define un (sistema) de partidos democrático y un (sistema) electoral confiable, y esto sólo será posible en la medida en que se…””… desmantele el actual sistema electoral y clientelar, fraudulento, de derroche y de coacción económica y financiera y si, finalmente, no se abre un espacio de participación a los ciudadanos que no se restrinja la vida política al monopolio que actualmente tienen los partidos políticos” (para postular candidaturas a los puestos de representación popular). “Las reformas electorales que se han hecho sexenalmente, lejos de abrir el paso hacia un proceso de transición a la democracia, sólo han introducido cambios que no afectan en lo esencial el sistema electoral autoritario, y únicamente lo revitalizan en un intento de legitimarlo”. Además hay que agregar que los ciudadanos están “sometidos a toda una serie de presiones y distorsiones de parte de los medios de comunicación, antes, durante y después de las campañas electorales, lo que les impide formarse un criterio objetivo sobre las propuestas de los candidatos y de los partidos”. “Las políticas sociales del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales han estado, por otra parte, determinadas con criterios partidistas y electorales, y las autoridades han hecho de éstas, instrumentos de coacción y presión sobre los ciudadanos, tanto en el medio urbano como en el rural”, (especialmente en éste último). Por eso “la afirmación del gobierno (y los partidos políticos), en el sentido de que se vive un proceso de continuo perfeccionamiento de nuestra leyes electorales y de que el problema de la imparcialidad y autonomía de las instituciones es un asunto superado, por lo que sólo resta superar el problema de la equidad en la competencia electoral (y en la transparencia en el manejo del financiamiento público que otorga el IFE a los partidos políticos para sus gastos ordinarios y de campaña), es negada continuamente por la realidad. México sigue viviendo, tanto a nivel federal como local, una profunda insatisfacción democrática que se manifiesta en (60% de abstencionismo electoral) y en conflictos previos y posteriores a la elección, y que muestran la necesidad de realizar una reforma electoral profunda”. 1. La “…única manera de garantizar plenamente la autonomía de las autoridades electorales…” será eligiendo a los consejeros ciudadanos “por sufragio universal directo y secreto, de entre aquellos ciudadanos de honorabilidad reconocida que no sedan miembros de partidos políticos”.
2. La vida política del país no puede ser monopolio de los partidos políticos, que son sólo una parte en el proceso de elección de autoridades representativas, por lo que deben reconocerse sin restricciones los derechos políticos ciudadanos, reformándose el Artículo 41 Constitucional, y estableciéndose el principio y los mecanismos para las candidaturas ciudadanas, desde el nivel municipal hasta la presidencia de la República”. 3. “… Debe prohibirse el uso expreso o mañoso de todos los símbolos o colores patrios en los emblemas, propaganda y campañas electorales de los partidos políticos”. 4. El derroche de recursos ha constituido uno de los elementos fundamentales para la perversión del sistema electoral mexicano, por lo que es urgente limitar al máximo los gastos de campaña de candidatos y de partidos, sobre la base de los principios de equidad y austeridad, retirando el financiamiento público a los partidos políticos y estableciendo un tope máximo de financiamiento privado para las campañas”. 5. “La creación de un padrón electoral confiable es una demanda fundamental de la sociedad”. 6. “La legitimidad de una elección es mucho más clara cuando el funcionario electo tiene una mayoría absoluta del voto ciudadano, por lo que es necesario reformar el Artículo 41 Constitucional para establecer el principio de la segunda vuelta en todas las elecciones, sobre la base de que participarían en ésta los dos candidatos que hubiesen obtenido mayor número de votos...” 7. “Los ciudadanos no pueden elegir libremente a sus candidatos de prevalecer las actuales estructuras de comunicación social monopólicas, por lo que es urgente una profunda reforma en la materia reglamentándose el Derecho a la información consagrado en el Artículo 6 Constitucional y reformándose la Ley General de Vías de Comunicación, la Ley de Imprenta y la Ley de Radio y Televisión, bajo el criterio de que las informaciones no pueden tener un sesgo político ni de propaganda gubernamental, como ha sido el caso hasta ahora, y garantizándose el acceso de la ciudadanía a los medios y la expresión plural de éstos”. 8. “La Comisión de ilícitos electorales debe permitir la anulación de la elección cuando éstos se comprueben en al menos el 5 por ciento de las casillas electorales instaladas”. 9. “Revisión profunda del Código Penal Federal que establezca penas sin derecho a fianza ni a libertad provisional y la posibilidad de la cancelación de la participación electoral del partido, por todos aquellos delitos electorales considerados como graves”. 10. Que los dictámenes de los observadores electorales tengan validez tanto para la autoridad electoral como para el Tribunal Federal Electoral.
Democracia participativa. La crisis política de México proviene del hecho de que no hemos tenido a lo largo de este siglo un verdadero régimen representativo, republicano, democrático y federal. El país vive en particular una crisis de la representación política determinada porque el sistema político de gobierno se ha sobrepuesto a nuestro régimen constitucional. La ausencia de vida democrática, ahogada por un sistema político de coexistencia entre la partidocracia y un presidencialismo neoliberal y autoritario, producto de una alternancia en el poder, que demuestra que el poder no se toma sino se construye. MOVIMIENTO CIUDADANO METROPOLITANO. Por la comisión redactora del Proyecto Ciudadano de Nación JOSE LUIS ORTEGA PEREZ
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References: Artículo 89
 Artículo 108
 artículo 35
 artículo 21
 artículo 115
 artículo 115
 Artículo 41
 Artículo 41
 Artículo 6