Source: http://www.parthenon.pe/publico/penal/la-extincion-de-la-persecucion-penal-por-muerte-de-inculpado/
Timestamp: 2020-06-04 20:36:28+00:00

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La extinción de la persecución penal por muerte de inculpado | Parthenon
El propósito de este artículo es señalar cuáles son algunos de los derechos de un difunto (y sus efectos inmediatos) en el ámbito procesal pena,particularmente, en lo tocante a la acción penal y la persecución penal.
En nuestro ordenamiento jurídico, el inicio de la existencia humana comienza con la concepción, mientras que la muerte pone fin a la vida de la persona. Durante ese lapso, la persona natural es titular de una serie de derechos y obligaciones, pero no solamente las personas con vida realizan actos jurídicos (inter vivos); sino también, los muertos realizan actos jurídicos con consecuencias posteriores a su deceso (mortis causa), por ejemplo: una herencia o legado. Cabe mencionar que existen otros derechos de los difuntos que se deben respetar y proteger. Por citar algunos ejemplos: su debido proceso, su honor, reputación y memoria.
Dijimos que la muerte es el hecho que concluye la existencia humana, esta se acredita con el respectivo certificado médico, el cual indica cuáles fueron las causas del deceso. Luego, aquella extinción se publicita mediante la partida de defunción del fallecido.
Si el fallecido hubiera sido investigado, denunciado o procesado, se deberá mostrar a la mayor brevedad la partida de defunción del inculpado, ello con la finalidad de solicitar el cese de la acción penal y de la persecución penal.
Por regla general, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y la persecución penal es una de sus atribuciones, la cual concluye entre otras causas por la muerte del inculpado. En otras palabras, la extinción de la acción penal y de la persecución penal es un límite legal a la actuación del ente persecutor.
La extinción de la acción penal y la persecución penal se encuentra regulada en el artículo 78° del Código Penal de 1991, el cual establece que:
“La acción penal se extingue:
Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia. (…)”
Ahora bien, si el sentenciado se encontrase muerto y hubiese sido condenado, corresponderá que se extinga la ejecución de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 85° del Código Penal de 1991:
“La ejecución de la pena se extingue:
Por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción; (…)”
En cuanto a su naturaleza jurídica, la extinción de la acción penal y de la persecución penal es una garantía procesal y un derecho humano. Asimismo, la extinción es un derecho proveniente de otros derechos constitucionales e internacionales: i) el derecho a la defensa [2] y ii) el derecho al debido proceso [3].
Decimos que la extinción de la acción penal y de la persecución penal forma parte del derecho a la defensa, porque a través de este pedido la parte inculpada (o su defensa) opone resistencia a la parte contraria representada por el Ministerio Público. Respecto al derecho al debido proceso, este derecho abarca también el derecho a un plazo razonable, sin retardos ni dilaciones arbitrarias ni indebidas. Entonces, en lo que atañe al imputado, el derecho a solicitar la extinción de la acción penal y de la persecución penal es un derecho subjetivo fundamental e internacional.
De otro lado, la extinción de la acción penal y de la persecución penal genera la condición de cosa juzgada (res iudicata). El fundamento de ello se encuentra en el silogismo jurídico siguiente:
La muerte del imputado producirá inevitablemente el archivamiento, cese o sobreseimiento (subrayado propio) de la causa penal [4].
El principal efecto jurídico del sobreseimiento definitivo es la finalización del proceso penal, generando la condición de cosa juzgada.
Y a su vez, la relación existente entre el sobreseimiento y la cosa juzgada es de causa a efecto, respectivamente.
Por tanto, la extinción de la acción penal y de la persecución penal produce el efecto de cosa juzgada.
Aquella relación causa-efecto se encuentra contemplada en el numeral 13 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú de 1993:
La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”.
Además, si se efectúa una interpretación sistemática de los dispositivos 78° y 85° del Código Penal de 1991 con el numeral 13 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú de 1993, se puede advertir que el legislador ha equiparado la extinción de la acción penal y de la persecución penal con las atribuciones, potestades y derechos siguientes: la amnistía, el indulto, el derecho de gracia, el sobreseimiento definitivo y la prescripción; los cuales producen también los efectos de cosa juzgada. En conclusión, la extinción de la acción penal y de la persecución penal es una garantía procesal penal y un derecho subjetivo fundamental e internacional, cuyo efecto jurídico procesal es la cosa juzgada.
Ante ello, la defensa técnica del finado deberá anexar la partida de defunción de aquel y solicitar se disponga el cese inmediato de la persecución estatal y el pronto archivamiento del caso penal. En caso contrario se vulneraría una garantía mínima del Derecho Procesal Penal. De otro lado, el archivo del caso penal se aplica únicamente para el sujeto activo de la presunta comisión u omisión de un delito, cuya vida se ha apagado, mas no para los demás implicados en las denuncias, investigaciones, procesos y juicios.
A fin de optimizar una pronta conclusión de los casos penales recomendamos que se implementen las medidas siguientes:
Que, se verifique rigurosamente el control de los plazos de las investigaciones, denuncias y procesos penales.
I. Que, se verifique rigurosamente el control de los plazos de las investigaciones, denuncias y procesos penales.
II. Que, se revise periódicamente la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a fin de verificar cuántos y cuáles de los implicados en las carpetas fiscales y en los expedientes penales siguen con vida.
III. Que, se castigue debidamente a los funcionarios y servidores (policías, fiscales, jueces, funcionarios y secretarios) que irresponsable y dolosamente dilaten los expedientes penales. Las sanciones podrán ser: amonestaciones, suspensiones, despidos e inhabilitaciones.
Por último, a modo de reflexión final, deseamos manifestar que quienes litigamos nos hemos percatado de la situación en que se encuentran muchos fallecidos cuyas investigaciones, denuncias y procesos seguidos en su contra, prolongados indefinidamente, devienen en un tormento eterno.
Fuente imagen: https://psicologiaymente.com/neurociencias/vida-despues-de-muerte-ciencia
[1] Durante el transcurso de la guerra librada por el ejército imperial del Rey-Emperador Carlos V contra los príncipes alemanes protestantes, agrupados en la Liga de Esmacalda, estos últimos fueron vencidos en la batalla de Mühlberg (1547). Enseguida, las victoriosas tropas imperiales se dirigieron hacia la ciudad de Wittenberg, en la cual estaba enterrado Martín Lutero, fallecido el año anterior.
Ante tal superioridad militar, el príncipe elector luterano Juan Federico de Sajonia, capturado en la batalla, se vio obligado a rendir la plaza de Wittenberg. El pacto de rendición obligaba a que la ciudad no fuera entregada al saqueo de las tropas.
Poco después de la entrega de la ciudad, el 23 de mayo, el Rey-Emperador Carlos V entraba cabalgando en ella. Entonces, visitó la tumba de Martín Lutero.
Según cierta tradición luterana, ante la misma tumba hubo peticiones de algunos consejeros del Rey-Emperador Carlos V para que los restos del heresiarca fueran entregados a la hoguera.
Ante semejantes peticiones de quienes le acompañaban, el Rey-Emperador Carlos V respondió con palabras llenas de magnanimidad y tolerancia: «¡Ha encontrado a su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos!»
En:https://www.abc.es/opinion/abci-carlos-ante-tumba-lutero-201809100906_noticia.html
[2] Para el jurista VÍCTOR CUBAS VILLANUEVA: «El derecho de defensa es la facultad de las partes de sostener sus posiciones y de contradecir los fundamentos del contrario».
En:CUBAS VILLANUEVA, Víctor.
2004 El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva, p. 31.
[3] Siguiendo al jurista VÍCTOR CUBAS VILLANUEVA: «El proceso penal debe realizarse en un plazo razonable, para que se resuelva la situación procesal del imputado, quien tiene derecho a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal».
2004 Opus citum, pp. 32-33.
[4] Podemos definir al sobreseimiento como una resolución judicial emitida por un juzgado o tribunal, según la cual el Estado desiste de continuar un proceso contra un imputado por los motivos siguientes: por falta de medios probatorios, porque no existe la suficiente convicción que dicho imputado haya realizado la conducta atribuida, por fallecimiento de aquel, etcétera. De modo tal que, no tiene sentido emitir dictamen acusatorio alguno, ni mucho menos ingresar en la fase del juicio oral (nota del autor).

References: artículo 78
 artículo 85
 artículo 139
 resolución 
 artículo 139
 resolución