Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S81-03.html
Timestamp: 2018-02-22 05:10:08+00:00

Document:
Cruz Avila Mondragon v. Mexico, Caso 12.287, Informe No. 81/03, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2 en 359 (2003).
INFORME N° 81/03
1. El 16 de mayo de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (COSYDDHAC y CEJIL, en adelante, conjuntamente, “los peticionarios”), en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (“el Estado”) por la privación arbitraria de libertad, tortura y desaparición forzada de Cruz Ávila Mondragón, hechos que habrían sucedido a partir del 1º de febrero de 1999. Los peticionarios imputan igualmente responsabilidad internacional al Estado mexicano por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.
2. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”): derecho a la vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías judiciales (artículo 8); y protección judicial (artículo 25) en conexión con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento internacional y las correspondientes disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Alegan igualmente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana. El Estado mexicano sostiene que no se configuran violaciones de la Convención Americana, pues no se han demostrado los hechos de la denuncia; alega igualmente que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.
7. Alegan los peticionarios que se aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(a) de la Convención Americana debido a la ineficacia del amparo y de la investigación penal, ya que la desaparición forzada no está tipificada como delito en México. Manifiestan igualmente que los familiares plantearon una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) aunque sabían que no era necesario agotarlo, ya que tenían “el propósito de intensificar la búsqueda del paradero de Cruz Ávila y de esclarecer los hechos en que se dio su desaparición”. La recomendación de la CEDH respecto al caso fue posteriormente rechazada por la Procuraduría General del Estado de Chihuahua (“PGJC”).
8. En cuanto al plazo de presentación, los peticionarios afirman que se encuentran “dentro de la oportunidad que se requiere para presentar la petición”, ya que “la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, contra la cual no opera el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 46.1.b” de la Convención Americana”.[5]
9. En respuesta a la denuncia, el Estado mexicano ofrece su versión de los hechos, según la cual Cruz Ávila Mondragón y Misael Labra Domínguez fueron detenidos el 1º de febrero de 1999 en la ciudad de Chihuahua, “acusados de haber pretendido robar una escalera metálica”. Agrega que fueron remitidos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la PGJC, donde “cumplieron un arresto de 36 horas” y que “toda vez que no se presentó denuncia formal para integrar la averiguación previa, ambas personas fueron liberadas el 3 de febrero de 1999”.
10. El Estado mexicano indica que el señor Misael Labra Domínguez incurrió en múltiples contradicciones y omisiones en sus declaraciones ante la Procuraduría General de Justicia de Morelos (“PGJM”), por lo que se “dificulta el esclarecimiento de los hechos”. En tal sentido, sostiene el Estado que el señor Labra Domínguez no pudo haber visto cuando golpeaban a Cruz Ávila Mondragón, pues se hallaba en otra celda sin contacto visual con la de éste. Según la versión dada por Labra Domínguez a la PGJM, Ávila Mondragón fue liberado el 2 de febrero de 1999 y regresó a preguntar por aquél; el Estado afirma que esto no es posible puesto que “ambos tenían que cumplir el arresto de 36 horas, por si se presentaba la parte acusadora a iniciar la denuncia formal”.[6] Sostiene además que Labra Domínguez omitió indicar que tanto él como el señor Ávila Mondragón estaban intoxicados en el momento de su arresto.[7]
16. Las partes en el presente asunto coinciden en cuanto a que los recursos internos no han sido agotados en México. Sin embargo, hay controversia entre el Estado y los peticionarios respecto a la aplicabilidad de las excepciones a dicho requisito, por lo que corresponde a la Comisión Interamericana pronunciarse al respecto.
17. Los peticionarios sostienen que el Estado mexicano “no ofrece recurso alguno con la capacidad de resolver un caso de desaparición forzada como el de Cruz Ávila”. Alegan que los mecanismos que podrían intentarse en este tipo de casos son el amparo y la denuncia penal, pero que en México ninguno de ellos resulta idóneo. Respecto al primero de dichos recursos --que de acuerdo a la información disponible en el expediente no fue interpuesto en México respecto al presente caso-- los peticionarios afirman:
19. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que “hasta que no concluyan las investigaciones por parte de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Chihuahua y Morelos, los recursos internos siguen operando y, por lo tanto, no es posible presentar ninguna excepción al respecto”.[12] En cada una de sus comunicaciones posteriores, el Estado mexicano actualiza un relato de las gestiones realizadas en ambas investigaciones.[13] Asimismo, el Estado menciona los trámites ante la CEDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Alude finalmente a la realización de un “procedimiento administrativo contra el funcionario responsable de la pérdida de la papeleta correspondiente a las pertenencias del Sr. Ávila Mondragón”.[14]
20. Cuando un Estado alega que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, tiene a su cargo señalar cuáles deben agotarse y demostrar su efectividad.[15] En tal caso, pasa a los peticionarios la carga procesal de demostrar que dichos recursos fueron agotados o que se configura alguna de las excepciones del artículo 46(2) de la Convención Americana.
22. A la luz de todo lo expresado más arriba, y de las constancias del expediente de este asunto, la Comisión Interamericana establece --a efectos de la admisibilidad-- que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplica al presente asunto la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.
23. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos consagrados en la Convención Americana, tales como el debido proceso y la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25.[17]
24. Sin embargo, el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es de contenido autónomo respecto a las normas sustantivas de la Convención Americana. Por lo tanto, la determinación sobre la aplicabilidad de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos al asunto analizado en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un parámetro de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 del instrumento internacional citado. Las causas y efectos que han impedido el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna en México respecto a la materia del presente caso serán analizados en el informe que adopte la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.

References: artículo 46
 artículo 46
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