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Timestamp: 2020-02-20 22:05:39+00:00

Document:
SENTENCIA | Derecho laboral | Alcalde
Comparece doña CATALINA CARMEN ARANGUIZ BURGOS, chilena, trabajadora, domiciliada en Camino El Rosario, Parcela N° 13 Interior, Comuna de Peñaflor, quien interpone demanda en Procedimiento de Tutela Laboral por Vulneración de Derechos Fundamentales, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ, representada por doña Cathy Barriga Guerra, ambas con domicilio para estos efectos en Avda. 5 de Abril N° 260, Maipú, en base a los siguientes antecedentes.
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SANTIAGO, quince de septiembre de dos mil diecisiete.
PRIMERO: Comparece doña CATALINA CARMEN ARANGUIZ BURGOS, chilena,
trabajadora, domiciliada en Camino El Rosario, Parcela N° 13 Interior, Comuna de
Peñaflor, quien interpone demanda en Procedimiento de Tutela Laboral por Vulneración
de Derechos Fundamentales, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ,
representada por doña Cathy Barriga Guerra, ambas con domicilio para estos efectos en
Avda. 5 de Abril N° 260, Maipú, en base a los siguientes antecedentes.
Señala que comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia
en favor de la demandada el 01 de Agosto del año 2005, bajo el sistema de
contrato a honorarios, en labores de Coordinación al Sistema de Empleo,
Capacitación y Reinserción Laboral destinados a los habitantes más vulnerables
de la comuna, en el Centro de Desarrollo Productivo (CEDEP) dependiente de la
Administración Municipal de la Ilustre Municipalidad de Maipú.
Agrega que el 16 de Diciembre de 2016, la demandada le habría
comunicado, sin expresión de causa alguna, que el contrato que las unía expiraría
a contar del día 31 de Diciembre de 2016.
Alude a que su desvinculación se debió a que con fecha 06 de Diciembre
de 2016, hubo un cambio en la administración de la Ilustre Municipalidad de
Maipú, asumiendo como alcaldesa doña Cathy Barriga Guerra, quien habría
comentado en esa misma fecha, luego de saludarla, ..."Esta Mujer es
Terrible"..."Hay que Sacarla"..., en referencia a su persona, lo que estaría
registrado en una grabación que se habría viralizado en las redes sociales.
Acusa que también la alcaldesa se habría referido a ella, en dialogo con
una concejala, como sigue:
"Y puntualmente usted menciona el caso de Catalina Aránguiz, en donde sí
efectivamente nosotros llegamos al municipio e hicimos un video en donde también se
mencionó una palabra, pero voy a explicar creo que no es el momento, pero ya que lo pone
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en tabla. Esta funcionaría, yo llevo acá casi cinco años viviendo en Maipú, fui
concejera regional. Nunca fui invitada prácticamente a ninguno de los eventos
realizados por el municipio; y cuando yo llegué a muchos de estos eventos, esta
señora reiteradamente me maltrató, incluso me trató de asesina. Creo que
una persona y un elemento de esa categoría, no sé si qué les parece a
ustedes o cada uno de ustedes, no corresponde"..."Las personas que
maltratan a la gente, no tienen cabida en este municipio. Muchas gracias."
Hace presente que lo anterior, también se viralizó en redes sociales y por televisión, lo
que le habría ocasionado un gran impacto, ya que se habría sentido humillada y tratada
despectivamente, ocasionándole esta situación un cuadro de estrés laboral severo.
Agrega que su despido careció de los requisitos legales exigidos, ya que no
se le habrían señalado los hechos ni las causales por el cual dio término a la
relación laboral. Tampoco la demandada habría acreditado los pagos
previsionales de todo el período de la relación laboral.
En relación a su remuneración, señala que esta alcazaba los $2.307.785,
pesos líquidos y que nunca la demandada enteró sus cotizaciones previsionales.
Reclama que en su desvinculación hubo una violación de derechos fundamentales
de conformidad a lo establecido en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo,
en atención al menoscabo laboral del que fue víctima, tanto en relación a su integridad
física como síquica, lo que habría originado un quebrantamiento de su estado de salud.
Cita lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo:"El procedimiento
contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación
laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales
de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política
de la República en su artículo 19, números 1°, inciso primero, siempre que su vulneración
sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4°, 5°, en lo relativo a
la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto,
cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del
Alega los actos vulneratorios descritos, se traducen en una transgresión al artículo
19 N° 1 de nuestra Constitución Política que establece: "La Constitución asegura a todas
las personas: 1° El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona".
Acusa que los actos ejecutados por la Municipalidad demandada y sus
agentes, constituyeron una clara afectación de sus derechos laborales,
garantizados por las normas antes citadas.
En cuanto a las características de la relación laboral que reclama.
Hace presente que el personal contratado a honorarios por la demandada no
queda sujeto a las disposiciones del Estatuto de los Funcionarios Municipales,
precisamente porque no son funcionarios, pero destaca que las labores que ejecutó
para la demandada se desarrollaron bajo subordinación y dependencia, en labores
administrativas que por su naturaleza son habituales en la Municipalidad. Relación
con las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo
consignada en el artículo 7° del Código citado, es decir, aquella relación en la que
concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo
dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha prestación.
Añade que siendo una persona natural que no se encuentra sometida a estatuto
especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa
especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que esa normativa establece
-planta, contrata, suplente-, lo que en la especie acontece, no habría disyuntiva en cuanto
a la aplicación del Código del Trabajo o del Código Civil, conclusión que deriva de que en
el caso se invoca el artículo 4° de la Ley N° 18.833, norma que, sustrayéndose del marco
jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre
la base de honorarios en las condiciones que allí se describen, las que, en general, se
asimilarían al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que,
ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones pertinentes, correspondiendo
subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo, en el evento que se presenten los
rasgos característicos de este tipo de relaciones, como es del caso.
Solicita se interprete correctamente el artículo 1° del Código del Trabajo, en
relación, con el artículo 4° de la Ley N° 18.833, está dada por la vigencia de dicho Código
del Trabajo para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en
la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de
prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la
entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo.
Alega que sede laboral es el único Tribunal habilitado para declarar quien
reúne las características de un trabajador, siendo quien debe decidir dicha
controversia en pronunciamiento sobre el fondo de la disputa, lo que se traduce en la
existencia de una relación laboral bajo las características que se derivan de la
definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.
En cuanto a la nulidad del despido
Reitera que la demandada, con ocasión de su despido, no dio cumplimiento
íntegro y completo a la obligación que imperativamente le impone el inciso 5° del
artículo 162 del Código del Trabajo, el que establece: "Para proceder al despido de un
trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el
artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las
cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del
despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere
efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido,
éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”.
Tampoco habría dado cumplimiento a lo preceptuado en el inciso 6° del artículo
162 del Código del Trabajo, que señala: "Con todo, el empleador podrá convalidar el
despido mediante el pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará
a este mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las
instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago”.
En relación a lo anterior, alega que reclama la aplicación de la "Ley Bustos”.
Hace presente que la omisión en el envío de la Carta de Término de los Servicios
o Carta de Despido en que incurrió el empleador, ha vulnerado la disposición normativa
de los incisos 1° y 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que no indicó por
escrito cuáles fueron los fundamentos de hecho y de derecho para tomar la
decisión drástica de desvincularla de su fuente de trabajo, dejándola en la
indefensión, siendo el despido injustificado.
En cuanto las cotizaciones previsionales.
Destaca que su contrato laboral fue encubierto bajo la apariencia de un
contrato de honorarios, con lo que la demandada no cumplió con la obligación de
enterar las cotizaciones previsionales por las remuneraciones que le pagó durante
el periodo de relación laboral, infringiendo con ello el artículo 58 y 162 inciso 5°,
ambos del Código del Trabajo, además del artículo 19 del Decreto Ley 3.500.
La omisión denunciada no se habría subsanado al momento del despido de
conformidad a lo que dispone el inciso 7° del artículo 162 del Código del Trabajo,
que señala: "Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador
las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo
durante el periodo comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o
entrega de la referida comunicación al trabajador".
En razón de lo anterior, hace presente que es la Municipalidad quien debe
acreditar que las cotizaciones previsionales se han pagado íntegramente al
momento del término del contrato y hasta la convalidación del despido.
En cuanto a las prestaciones que se demandan
Alega que los actos vulneratorios en que incurrió la demandada le han
ocasionado un grave y evidente perjuicio, que se traduce en daño, debiendo
recurrir a tratamiento de especialistas, siendo diagnosticada de un severo
Trastorno Adaptativo Mixto y Estrés Laboral.
Alude lo dispuesto en el artículo 2329 del Código Civil que establece "por
regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona,
debe ser reparado por ésta”. Añade que doctrinariamente el daño moral ha sido
definido como "todo menoscabo de un bien no patrimonial o a un interés moral por
quien se encontraba obligado a respetarlo en virtud de un contrato o de otra fuente”.
Solicita que el daño moral que la demandada le ha causado sea indemnizado,
en base a las humillaciones y sufrimientos ocasionados, por la suma de $10.000.000.-
También solicita, en razón de lo dispuesto en el artículo 489 del Código del
Trabajo, el pago de las indemnizaciones que siguen:
1.- Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de: $2.307.785.-
2.- Indemnización por años de servicios correspondientes a 11 años, por $25.385.635.-
3.- En virtud de la letra c) del artículo 168 del Código del Trabajo, el recargo del
80% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a $20.308.508.-
4.- Conforme a lo prescrito en el inciso 3°, parte final del artículo 489 del Código
del Trabajo, la indemnización equivalente a 11 meses de la última remuneración
mensual por $25.385.635.-
5.- Feriado legal/proporcional, por la suma de $3.230.899.-, equivalente a 42 días.
Solicita que la pago de las indemnizaciones antes señaladas se agregue el pago
de las Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral y
las que se deriven de la aplicación de los incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código
del Trabajo, denominada "Ley Bustos", según la liquidación que se practique.
Concluye su petición principal, solicitando se declare la existencia de la relación laboral
que reclama, entre el día 01 de Agosto de 2005 y 31 de Diciembre de 2016, bajo las
características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el
artículo 7° del Código del Trabajo y se condene a la demandada al pago de las
indemnizaciones y prestaciones antes señaladas, más las costas de la causa.
Ante la improbabilidad de que su acción principal no se acogida, subsidiariamente
interpone demanda en contra de la demandada, ya individualizada, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 446, 162, 168 y demás disposiciones pertinentes del Código del
Trabajo, en Procedimiento de Aplicación General Laboral por Nulidad del Despido,
Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas, en base a
los mismos argumentos ya esgrimidos en la petición principal, los que por
economía procesal se dan por íntegramente reproducidos.
En cuanto a la calificación jurídica de la relación laboral.
Hace presente que la ley dispone que el personal contratado a honorarios
no queda sujeto a las disposiciones del Estatuto de los Funcionarios Municipales,
precisamente porque no son funcionarios. Sin perjuicio de que, si los servicios de
una persona son contratados a honorarios, fuera de los casos autorizados por la
ley, no puede invocarse esa misma legalidad quebrantada para asilarse en la
imposibilidad de celebrar contratos de trabajo donde la ley no lo permitiría, porque
ello importaría contrariar el principio de juridicidad que debe gobernar los actos de
la Administración, en el sentido que ésta es la primera llamada a respetar el
bloque normativo fundamental; y el Derecho no puede amparar la desprotección o
precariedad, cuando los servicios se prestan bajo subordinación o dependencia.
Reclama que las labores que prestó para la demandada se desarrollaron bajo
subordinación y dependencia y no bajo una contratación a honorarios conforme con el
artículo 4° de la Ley N° 18.883, porque esta contratación requiere que se trate de
labores accidentales y no habituales del Municipio o de cometidos específicos, lo que
no corresponde a las labores que desarrollo para la municipalidad demandada.
Alega que la premisa está constituida por la aplicación del Código del Trabajo a todas
las vinculaciones de orden laboral habidas entre empleadores y trabajadores, entendiendo por
laboral, en general, a aquellas que reúnan las características que se derivan de la definición
de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código citado, es decir, aquella relación
en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo
dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha prestación, siendo la
existencia de la subordinación y dependencia el elemento esencial y mayormente
determinante y caracterizador de una relación de este tipo.
Añade que la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en
relación, en este caso, con el artículo 4° de la Ley N° 18.833, está dada por la vigencia de
dicho Código del Trabajo para las personas naturales contratadas por la Administración
del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos
contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que
regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el
Código del ramo, por ello este tribunal está facultado para conocer de esta controversia,
debiendo pronunciarse sobre el fondo de la disputa, siendo ello la declaración de la
existencia de una relación laboral bajo las características que se derivan de la definición
de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.
Destaca las cuantiosas diferencias que existen entre un contrato de trabajo y uno a
honorarios, y alega que la demandada fijó las condiciones de trabajo de forma unilateral, no
reconociendo que en la práctica la relación entre las partes se constituyó por elementos
propios de un contrato de trabajo, el que se encuentra normado por el Código del Trabajo.
Reitera que prestó servicios a la Municipalidad por 11 años, de forma
constante, sujeta a una jornada de trabajo y con el cargo de labores de Coordinadora,
no correspondió en la práctica a la ejecución de labores específicas como consultorías
o de asesoría, siendo propias estas últimas de la contratación a honorarios.
Agrega que durante toda la vigencia de la relación que la unió con la
demandada fue objeto de instrucciones por parte de la municipalidad, encontrándose
con la observancia de ésta, con la obligación el cumplir con la jornada de trabajo
pactada en el contrato, claro indicio de existir subordinación y dependencia.
En cuanto al pago de las cotizaciones previsionales.
Acusa que el contrato laboral fue encubierto bajo la apariencia de un contrato de
honorarios, motivo por el cual la a demandada no cumplió con la obligación de enterar las
cotizaciones previsionales por las remuneraciones que le pagó durante el periodo de
relación laboral, infringiendo con ello, lo dispuesto en el artículo 58 y 162 inciso 5°, ambos
del Código del Trabajo, además del artículo 19 del Decreto Ley 3.500.
En razón de lo anterior, solicita que se condene a la demandada al pago de
las remuneraciones que se generen, hasta la convalidación del despido en
relación con el pago previsional que se reclama.
Solicita se declare la existencia de la relación laboral que reclama, entre el 01 de
Agosto de 2005 y 31 de Diciembre de 2016, bajo las características que se derivan de la
definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo,
condenando a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones que siguen:
1.- Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $2.307.785.-
3.- Recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a
$12.692.818.-
4.- Feriado legal y proporcional por la suma de $3.230.899.-
5.- Cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral.
6.- las cotizaciones previsionales y remuneraciones que se deriven de la aplicación de
los incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, denominada "Ley Bustos”.
En mérito de lo expuesto solicita se acoja su de Procedimiento de Aplicación
General Laboral por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de
Prestaciones en contra la Ilustre Municipalidad de Maipú. Declarando que su despido
fue injustificado, adeudándosele las prestaciones antes singularizadas, más los
reajustes e intereses que por ley corresponda, más las costas de la causa.
SEGUNDO: Comparece don JAIME GONZALEZ KAZAZIAN, en representación de la
demandada, ya individualizada, quien contesta la demanda de autos, como sigue.
Señala que la actora efectivamente ingresó a prestar funciones a la I. Municipalidad de
Maipú en el mes de Agosto de 2005, finalizando dichos servicios en el mes de Diciembre
de 2016, en virtud de prestación servicios bajo contrato a honorarios, siendo su
función específica la de: “Aplicar las mejoras propuestas al sistema de empleo,
capacitación y reinserción laboral destinado a los habitantes más vulnerables de la
comuna, evaluar e informar sobre su aplicación”, en el Centro de Desarrollo
Productivo, dependiente de la Administración Municipal.
En relación a la imputación que realiza la actora sobre opiniones de su persona,
proferidas por la señora Alcaldesa, estas habrían llegado a su conocimiento a través de
terceras personas, y consistirían en haber señalado: “esta mujer es terrible, hay que
sacarla", el día 06 de diciembre de 2016, para posteriormente referirse ante el Concejo
Municipal a la actora, quien con anterioridad le había dado malos tratos a la señora Cathy
Barriga, cuando esta última se desempeñaba como Concejera. Alega que tales hechos no
pueden ser constitutivos de vulneración de derechos fundamentales, pues tal como lo
relata la propia actora, esta situación habría ocurrido en un período inferior a 10 días,
específicamente en el mes de diciembre de 2016, para luego poner término a la relación
contractual pactada a honorarios conforme a lo dispuesto en el contrato a honorarios.
En base a lo anterior, no habría existido vulneración alguna de derechos
Alega que, el procedimiento de tutela busca el amparo y protección de ciertos
derechos fundamentales de trabajadores contratados bajo las normas del Código del
Trabajo, circunstancia completamente ajena a la actora, quien se rige por normas de
Derecho Administrativo, de rango Constitucional, como la Ley de Bases Generales de
la Administración del Estado, Estatuto Administrativo, Ley 18883.
Hace presente que las personas contratadas en virtud de contratos a
honorarios, tampoco reciben la calidad de funcionario público, a quienes por extensión
jurisprudencial se le ha dado cierta protección bajo la figura de la tutela laboral.
Por lo anterior solicita el rechazo de la acción de tutela, toda vez que las
supuestas imputaciones de la señora Alcaldesa no son constitutivas de lesión
alguna a la dignidad de la actora, lo anterior, conforme a las normas legales
citadas, y otras pertinentes, arts. 452 y 453 del Código del Trabajo.
En cuanto a la demanda subsidiaria de nulidad del despido, despido
injustificado y cobro de prestaciones laborales
Solicita se rechace la demanda interpuesta en contra de su representada,
en razón del margen normativo que rige la contratación de personal a honorarios y
hace presente que, por mandato y delegación de carácter Constitucional la Ley
18883 en su art 4o inc. 2o dispone que:
“Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el
respectivo contrato y no les serán aplicables ¡as disposiciones de este Estatuto.”
Por su parte el art. 9 del Decreto Ley N°1.263, dispone que: “en los
presupuestos de los servicios públicos se deberán explicitar las dotaciones o
autorizaciones máximas de personal. Para estos efectos, las dotaciones máximas
de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a
honorario y a jornal en aquellos servicios que se contemple esa calidad.”
Enfatiza en que el art. 5o de la Ley 19.896, dispone que las personas contratadas a
honorarios, bajo cualquier forma que se exprese el pago, deberán informar al o los jefes
del Servicio respectivo, a través de la unidad correspondiente, mediante una declaración
jurada simple, si prestan servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública.
En tal caso deberán individualizar al otro Servicio, especificando la calidad jurídica con
que laboran en él, el monto de los emolumentos correspondientes, las tareas contratadas
y la duración de la prestación de sus servicios.
Señala que también el Oficio Circular N°78 de 23 de diciembre de 2002,
del Ministerio de Hacienda, establece modalidades a que deben someterse las
contrataciones a honorarios. Esta circular indicaría que debe establecerse un
sistema de control de incompatibilidades y conflictos de intereses, determinando
también normas de procedencia de los contratos a honorarios, entre ellos:
• Proceden cuando existe imposibilidad de ejecución directa de la prestación por
parte de la institución pública, entendida como la imposibilidad de que con los recursos
humanos propios no se tenga la capacidad técnica o la disponibilidad temporal para ejecutar
eficiente y oportunamente los trabajos encomendados.
• La labor a contratar debe ser útil a la institución, por lo que su omisión o
su deficiente cumplimiento han de acarrear un perjuicio a! logro de sus fines y tareas.
• Las autoridades deben abstenerse de efectuar contrataciones
directivas, o de efectuar pagos de beneficios adicionales al personal de planta y a
contrata por el desempeño de funciones idénticas del cargo que desempeñan.
• Los beneficios adicionales, tales como feriados, licencias, permisos u
otros sólo procederán en la medida que se cumpla con las exigencias legales y
siempre que se concilien con la naturaleza de los servicios y la forma de prestarlos
y se fije una jornada de trabajo.
• Debe determinarse la autoridad a la que le corresponderá controlar el
• La contratación a honorarios procede para la ejecución de
programas, tareas o servicios de naturaleza temporal o cuando la ley autorice
expresamente este tipo de contratos.
• Las personas contratadas bajo esta modalidad se regirán por las
reglas que establezca el respectivo contrato.
Acusa que la Contrataría General de la República ha determinado que este tipo
de contratación constituye una modalidad de prestación de servicios de carácter
transitorio para la administración, en el sentido de que por razones de presupuesto
no puede perdurar más allá del 31 de diciembre de cada año, y que no confiere a
quien la desempeña la calidad de funcionario público.
Añade que el art. 5o de la Ley de Municipalidades dispone que: "para el
esenciales: b) Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal
El art. 6o del mismo cuerpo legal establecería que, "la gestión municipal contará, a
lo menos, con los siguientes instrumentos: c) El presupuesto municipal anual”.
Destaca que la actora nunca hizo uso de su derecho de petición consagrado en la
Constitución Política de la República u otra forma de canal para representar alguna
ilegalidad, o de reclamar por la supuesta ilegalidad en su contratación y al respecto cita lo
dispuesto en la norma antes citada, acerca del Personal, en su Artículo 40 que
dispone:“El Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales regulará la
carrera funcionaría y considerará especialmente el ingreso, los deberes y
derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en
Para los efectos anteriores, se entenderá que son funcionarios municipales
el alcalde, las demás personas que integren la planta de personal de las
municipalidades y los personales a contrata que se consideren en la dotación de
las mismas, fijadas anualmente en el presupuesto municipal.”
Añade que el artículo 49 establece lo que sigue: “Los alcaldes, a través de
un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las
municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus
grados, de conformidad al Título 11 del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de
Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte
ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior estará sometido al trámite de toma
de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.
Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes
2. La disponibilidad presupuestaria, El cálculo de la disponibilidad
presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto
en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de
las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las
unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.
Artículo 50: Las municipalidades se regirán por las normas sobre
Artículo 51:- Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General
de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las
facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y
a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.
Si en el ejercicio de tales facultades la Contraloría General de la República
determina la existencia de actos u omisiones de carácter ilegal podrá instruir el
correspondiente procedimiento disciplinario.
Si como consecuencia de la investigación practicada, la que deberá respetar
las reglas del debido proceso, dicho órgano considerase que se encuentra acreditada
la responsabilidad administrativa del alcalde, deberá remitir los antecedentes al
concejo municipal, para efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 60.
Artículo 52.- En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la
Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos sobre todas
las materias sujetas a su control.
Administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo con las
normas sobre administración financiera del Estado:
Artículo 65. “El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:
a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y
sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y educación, los
programas de inversión correspondientes y las políticas de recursos humanos, de
prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones;
Artículo 66.- La regulación de los procedimientos administrativos de
contratación que realicen las municipalidades se ajustará a la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus reglamentos.
Hace presente que en mérito de lo expuesto la contratación de personas, debe estar
supeditada a normas de carácter público, con estricto apego a las normas constitucionales y
legales antes citadas; dicho de otra forma no le es posible a la administración
mutar a contratación de personal bajo las normas del código del trabajo, toda vez
que no existe norma alguna que la habilite para realizar dicho tipo de
contrataciones, y como bien es sabido: los órganos del estado solo puede actuar
conforme lo dispone la propia constitución y la ley.
Acusa que el actuar en contrario de lo antes señalado, sería estar actuando
fuera de la esfera de sus atribuciones, vulnerando el principio de supremacía
constitucional, y al ordenamiento jurídico administrativo vigente.
Solicita el que la demanda sea rechazada debido a la inexistencia de un vínculo de
naturaleza laboral, en relación con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil.
Reitera que la contratación de la demandante estaba sujeta o condicionada
a la aprobación de un presupuesto anual, hecho o circunstancia ajena a la realidad
Hace presente que la actora se vinculó con la demandada municipalidad
sobre la base de una relación de prestación de servicio a honorarios, regulada por
el Estatuto Administrativo, específicamente en el artículo 4 de la Ley 18.883.
Destaca que los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de La
República, establecen los principios de la supremacía constitucional, legalidad,
jurídica y principio de la legalidad de los actos de la administración, respecto a los
cuales esta Municipalidad está llamada a cumplir en su actuación.
Por lo anterior, la contratación del personal a honorarios no solo constituye
una facultad para la municipalidad sino que también supone un imperativo para el
municipio, toda vez que, en cumplimiento del principio de juridicidad, sus actos
administrativos deben supeditarse al ordenamiento jurídico vigente.
Por su parte la Ley N° 18.575 artículo 2o establece que: "Los órganos de la
administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las Leyes. Deberán
actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les
haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus
potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”, lo que
reafirmaría los presupuestos señalados en las normas antes citadas.
Señala que la Ley N° 18.883, sobre Estatutos Administrativos para
Funcionarios Municipales, establece junto con las normas recién transcritas el
corpus jurídico en la materia y la forma cómo alguien puede prestar servicios para
las municipalidades, siendo estas :
1.- Cargos de planta.
2.- Cargos a contrata.
3.- Contratación a honorarios.
Cita que el artículo 4, de la ley N° 18.883, establece la posibilidad de contratos a
honorarios y dispone: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y
técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban
realizase labores accidentales y que no sean habituales de la municipalidad; mediante
decreto del mismo alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de
honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se
requiera”. Su inciso segundo, agrega que: “además, se podrá contratar sobre la base de
honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas
generales”. Añade que el inciso 3 establece que "las personas contratadas a honorarios
se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables
las disposiciones de este estatuto”.
Destaca que el contrato de honorarios goza de un acto administrativo de
validación que es el decreto aprobatorio del contrato de prestación de servicios a
honorarios, hecho o circunstancia ajena a todo contrato de trabajo.
Reclama que la relación entre la actora y la administración descentralizada del estado
se ha regido por normas de derecho público que excluyen la aplicación de las normas del
Código del Trabajo. Añade que un contrato a honorarios a suma alzada, le está permitido a su
representada en uso de las facultades que le confiere el art. 4 del Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales, es la relación contractual que vinculó a las
partes; por la cual la municipalidad entregó una contraprestación económica
contra la entrega de boleta de honorarios con retención del 10%, cuya vigencia
acordada entre las partes fue pactada hasta el 31 de diciembre del año respectivo,
conforme a lo dispone el régimen legal imperante.
Reclama que resulta indiscutible que el vínculo jurídico que unía a las
partes no es aquél de naturaleza laboral que es esgrimido erróneamente por la
parte contraria, sino que uno de naturaleza administrativo, que escapa de la órbita
del derecho laboral y no resulta aplicable dicha normativa a raíz de una
interpretación subjetiva, antojadiza y arbitraria efectuada por la demandante, ya
que no existe disposición legal alguna que haga "mutar” un contrato a honorarios a
suma alzada en un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo.
En cuanto a las prestaciones que se reclaman señala que estas no pueden
ser concedidas dada la naturaleza jurídica de su vinculación, por lo que en ningún
caso es capaz de generar la nulidad por causa del cese de sus funciones y el
cobro de las prestaciones solicitadas, más teniendo presente que el Estatuto
Administrativo no reconoce indemnizaciones por término de labores.
Al respecto enfatiza en que la sanción establecida en el artículo 162 del
Código del Trabajo, conocida como nulidad del despido y las cotizaciones
solicitadas son improcedentes en casos que, como en la especie, se discute entre
las partes la existencia de un vínculo normado por el Código del Trabajo.
En estos casos, la existencia de una relación de naturaleza laboral nacería
sólo con la sentencia que acoge una demanda de esa naturaleza, por lo que la
obligación de enterar cotizaciones previsionales sólo podría exigirse a partir del
inicio de la relación laboral ya declarada, jamás con anterioridad.
Enfatiza en la I. Municipalidad de Maipú jamás se encontró obligada al pago de
cotizaciones provisionales, ya que no existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes,
por lo que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas. Sin perjuicio de lo anterior, si
se estimase que entre las partes existió una relación laboral, este hecho deberá ser declarado
por sentencia, razón por la cual de todas maneras sería inaplicable en la
especie la sanción prevista por el artículo 162 del Código del Trabajo, ya que esta sanción
ha sido dispuesta para aquellos casos en que el empleador haya retenido las cotizaciones
del trabajador y no las haya enterado en la institución previsional correspondiente.
Concluye reiterando que la vinculación entre los litigantes lo fue a través de
contratos a honorarios válida y legalmente suscritos y oportunamente cumplidos,
constituyéndose éstos en el único estatuto que regía sus relaciones para todos los
Alega que nadie puede aprovecharse de su propio acto para interpretar a su
beneficio convenios libremente suscritos y ejecutados sin pasar a llevar principios
básicos de equidad, por lo que solicita, para el evento improbable que se estime
procedente condenar a su representada al pago de cotizaciones previsionales, en
cualquiera de sus formas, solicita que al momento de practicar las liquidaciones
correspondientes, se proceda a rebajar de la remuneración de la actora las sumas
correspondientes al pago de las cotizaciones.
También, en el escenario antes señalado, solicita se descuenten e la base de cálculo
las suma correspondiente al impuesto que grave la remuneración, en caso que corresponda y
todas las cotizaciones de salud, seguridad social y seguro de cesantía que correspondan.
Lo anterior, en relación a que el Código del Trabajo en sus artículo 58
establece que el empleador deberá deducir de las remuneraciones las cotizaciones de
seguridad social, disposición que es concordante con el artículo 17 del D.L. 3.500 que
establece que son trabajadores afiliados al sistema quienes están obligados a cotizar
en su cuenta de capitalización individual el 10% de sus remuneraciones imponibles.
Reitera la solicitud de rechazo de la demanda en todas sus partes, y en su
caso considerar en la base de cálculo, el hecho o circunstancia de que la actora
percibió las sumas por concepto de devolución del impuesto global complementario
durante todo el período que desempeñó funciones para la Municipalidad, con costas.
TERCERO: En audiencia preparatoria, se fijaron como hechos no controvertidos,
1. Que la demandante prestó servicios para la demandada en calidad de
honorarios mediante la suscripción sucesiva de contratos en dicha calidad desde 01
de agosto de 2005 hasta 31 de diciembre de 2016. Desempeñándose en el Centro
de Desarrollo Productivo Cedep. Que por dichos servicios percibía la suma de
$2.307.785. la que era pagada previo informe y emisión de boletas a honorarios.-
2. Con fecha 06 de diciembre de 2016 se le notificó a la demandante
que no se renovaría su contrato y que se daría término a sus servicios a contar del
3. Que durante la vigencia del vínculo que unió a las partes la
demandada no enteró cotizaciones previsionales.
4. Que con fecha 06 de diciembre de 2016 la alcaldesa doña Cathy Barriga
se refirió a la actora como "esta mujer es terrible” "hay que sacarla” ,dichos que fueron
grabados en un video y subido a las redes sociales por la misma alcaldesa.
5. Que con fecha 13 de diciembre de 2016, se realizó el primer Consejo
Municipal de la nueva administración de la alcaldesa Sra. Barriga el que fue televisado por
el canal de televisión TVEO Maipú en el que ésta última señala “si usted puntualmente
menciona el caso de Carolina Aránguiz en donde si nosotros llegamos al municipio e
hicimos un video en donde también se mencionó una palabra, pero no voy a explicar creo
que no es el momento , pero ya que lo pone en tabla . ésta funcionaria , yo llevo casi
cinco años viviendo en Maipú , fui consejera regional , nunca fue invitada prácticamente a
ninguno delos eventos realizados por el municipio y cuando yo llegue a muchos de estos
eventos, esta señora reiteradamente me maltrató e incluso me trato de asesina , creo que
una persona y un elemento desea categoría no sé si que les parece a ustedes o a cada
uno de ustedes , no corresponde “ Luego también, “ las personas que maltrataron a gente
no tienen cabida en este municipio muchas gracias"
CUARTO: Como hechos controvertidos, se establecieron:
1. Efectividad de existir entre las partes un vínculo de subordinación y
dependencia regidas por los artículos 7° y 8° del Código del trabajo. Hechos
motivos y circunstancias que así lo demuestran.
2. Hechos, motivos y circunstancias que rodearon el término de los servicios.
3. Efectividad que con ocasión del término de los servicios se vulneraron a la
actora las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1, esto es el derecho a la integridad
psíquica de las personas. Hechos, motivos y circunstancias que así lo demuestren.
4. Efectividad que la actora producto de los hechos denunciados sufrió
daños en su caso naturaleza y entidad de los mismos.
5. En su caso, efectividad que a la actora se le adeuda feriado legal por
los últimos dos periodos correspondiente a 42 días.
6. Hechos motivos y circunstancias que rodean la contratación de la
actora durante el tiempo que prestó servicios para la demandada.
7.- Cargo y funciones asociadas a éste que desempeño la actora durante
toda la vigencia.
QUINTO: En audiencia de juicio la parte demandante incorporó los medios de
prueba que siguen:
1. Acta Nº 1.046 del Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Maipú,
sesión ordinaria de fecha 13 de Diciembre del año 2016 (Importa en relación a los
hechos descritos en la demanda de autos desde la página 32 a 33).
2. Informe de evaluación psiquiátrica de doña Catalina Aránguiz Burgos de fecha
16 de Enero del año 2017 emitido por el Médico Psiquiatra Dra. María de los
Ángeles Castillo Carrero.
3. Certificado emitido por Christian Vittori Muñoz, Alcalde de la I. Municipalidad de
Maipú, respecto de la demandante con fecha 22 Enero del año 2013.
4. Certificado emitido por Alfredo Vial Rodríguez, Administrador Municipal de la I.
Municipalidad de Maipú, respecto de la demandante con fecha 10 Diciembre del año 2013.
5. Certificado emitido por Christian Vittori Muñoz, Alcalde de la I. Municipalidad de
Maipú, respecto de la demandante con fecha 11 Marzo del año 2014.
6. Certificado Nº 606 (de antigüedad laboral) emitido por la Jefa del Departamento
de Personal respecto de la demandante, de fecha 1º Diciembre del año 2016.
7. Correo electrónico emitido por Alejandra Bustamante (Administradora Municipal de la I.
Municipalidad de Maipú) para la demandante, con asunto Apoyo con personal para el
proceso de votación, de fecha 1º Diciembre 2015. 8. Correo electrónico emitido por
Alejandra Bustamante (Administradora Municipal de la I. Municipalidad de Maipú) para la
demandante, con asunto Aprobación de presupuesto 2016, de fecha 10 Diciembre 2015.
9. Correo electrónico emitido por Alejandra Bustamante (Administradora Municipal
de la I. Municipalidad de Maipú) para la demandante, con asunto Primer desayuno
empresas, de fecha 11 Marzo 2016.
10. Impresiones de publicaciones de la página web www.municipalidadmaipu.cl
perteneciente a la I. Municipalidad de Maipú, de fechas: 17 Noviembre 2016, 25
Agosto 2016, 30 de junio de 2016, 3 de noviembre de 2015, 30 de abril de 2015,
11 de marzo de 2015, 07 de octubre de 2014.
11. Crónica del periódico “El Maipucino”, página 7 de Octubre del año 2011, Edición Nº
Prestaron declaración don Óscar Burotto Tarky, Rut nº 8.352.358-9 y don
Pedro Blaset Castro, Rut nº 5.799.602-1, quienes lo hicieron legalmente
juramentado y cuyos dichos obran de manera integra en los registros de audio.
1.- Contratos a Honorarios celebrados entre las partes correspondiente al periodo
de contratación que va desde el 1º de Agosto al 31 de diciembre del 2015; del año
2007 y 2015.
- Extracto de Video del Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Maipú de
fecha 13 de Diciembre del año 2016. (Acompañado materialmente en formato digital
“CD” en vuestro Tribunal con fecha 16 Febrero 2017, quedando guardo en custodia)
- Video Completo del Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Maipú de
fecha 13 de Diciembre del año 2016 emitido por TVO Maipú.
- Extracto de Video en Vivo del Facebook de doña Cathy Barriga Guerra de fecha
6 de Diciembre del año 2016. (Acompañado materialmente en formato digital “CD”
con fecha 16 Febrero 2017)
- Video completo en Vivo del Facebook de doña Cathy Barriga Guerra de fecha 6
SEXTO: En su turno, la parte demandada, incorporó los siguientes medios de prueba:
1. Decreto 653
2. Decreto 2770
3. Decreto 5839
4. Contrato A Honorarios, Julio 2006
5. Decreto 6923
6. Contrato A Honorarios 2006
7. Decreto 3994
8. Contrato A Honorarios 2008
9. Contrato A Honorarios 2009
10. Decreto 4964
11. Declaración Jurada Simple
12. Declaración Jurada AFP, Enero 2009
13. Decreto 3206 Del 2008
14. Decreto 1779 De Abril De 2009
15. Decreto 1919
16. Declaración Jurada Simple
17. Contrato A Honorarios 2010
18. Contrato A Honorarios 2011
19. Decreto 1658
20. Contrato A Honorarios 2012
21. Decreto 1197, Año 2013
22. Certificado De Disponibilidad Presupuestaria N°113 Personal Honorarios Suma Alzada.
23. Contrato A Honorarios 2013.
24. Contrato A Honorarios 2014
25. Decreto 5952
26. Contrato A Honorarios 2015
27. Decreto 1149, Año 2016
28. Decreto 8120 De Fecha 28/12/2015, De Aprobación De Presupuesto Municipal
Para El Año 2016, Sobre Contrataciones A Honorarios
29. Contrato A Honorarios 2016
30. Declaración Jurada Simple De Parentesco
31. Instrucciones Para La Ejecución De La Ley De Presupuestos Del Sector
Público Año 2016.
SÉPTIMO: Que como primera cuestión, resulta necesario precisar por parte del
tribunal que la acción de tutela por vulneración de garantías, le resulta aplicable a los
empleados públicos y municipales, así lo ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema
al conocer de diversos recursos de unificación de jurisprudencia, sobre la base de que
no existe un procedimiento de igual entidad en ninguno de los estatutos especiales
que los rige. Que en este caso en particular se da la condición que la actora desarrolló
servicios de manera continua desde el 01 de agosto de 2005 hasta el 31 de diciembre
de 2016, desarrollando funciones en el centro de Desarrollo de Productividad Cedep,
así fue declarado en la audiencia preparatoria por las partes.
OCTAVO: Que, corresponde al tribunal pronunciarse respecto a los hechos a probar
y así, analizados los elementos de convicción allegados a los autos en virtud de las
reglas de la sana crítica, esta sentenciadora llega a las siguientes conclusiones:
a) Que se estableció como un hecho pacífico de la causa que la actora prestó
servicios para la demandada en calidad de honorarios mediante la suscripción
sucesiva de contratos en dicha calidad desde 01 de agosto de 2005 hasta 31 de
diciembre de 2016. Desempeñándose en el Centro de Desarrollo Productivo
Cedep. Que por dichos servicios percibía la suma de $2.307.785. la que era
pagada previo informe y emisión de boletas a honorarios.
b) Que asimismo consta de los distintos contratos a honorarios y decretos aportados,
que desarrolló funciones, como coordinadora de los procesos administrativos en el marco
de los proyectos estratégicos de inversión municipal en el Cedep dependiente de la
administración municipal. Se le asignó también como función el aplicar las mejoras
propuestas al sistema de empleo, capacitación y reinserción laboral destinado a los
habitantes más vulnerables de la comuna. Evaluar e informar sobre su aplicación,
siempre en las dependencias del Cedep. Que tales funciones fueron ratificadas
por los testigos que depusieron en autos.
c) Que a su vez en los referidos contratos a honorarios si bien señala que no se encontraba
sujeta a horario, la regulación es contradictoria, en tanto se lee en la clausula cuarta: "deberá
cumplir sus funciones en el horario que de acuerdo a las necesidades del servicio determine la
Dirección respectiva, el cual no podrá superar las 44 horas semanales distribuidas de lunes a
viernes, salvo en los casos en que por la naturaleza de las tareas encomendadas y la
necesidad del servicio, se requiera que el ejecutor preste servicios en una jornada distinta, la
cual será definida por el supervisor e informada debidamente"
d) Que también se acuerda que estaría sujeta a una evaluación de desempeño, conforme
a las directrices establecidas en la Política de Recursos Humanosdel Municipio,
sancionada mediante decreto Alcaldicio N° 6436 de fecha 11 de octubre de 2011.
e) Que asimismo, la actora en este caso se obliga a entregar para su aprobación
mensualmente un informe de avance o cumplimiento, cuya visación habilitará el
pago de sus honorarios. Asimismo, se acuerda que se compromete a cumplir las
orientaciones e instrucciones verbales y escritas que le imparta el supervisor.
f) Que el testimonio de los testigos aportados, no vienen sino a ratificar lo ya
señalado, toda vez que ambos se encuentran contestes en que la actora cumplía
jornada de trabajo, registraba asistencia, obedecía instrucciones, tenía un lugar
destinado a cumplir sus funciones en dependencias de la demandada, todo lo cual
les consta por haber sido compañeros de trabajo de esta.
g) Que la actora además de acuerdo a su contrato, tenía derecho a seguro de accidentes
que sufriera con ocasión de la tarea encomendada. Acceso a viáticos en caso que debiera
desplazarse en atención a su función. Al uso de equipos computacionales de la
demandada y de internet. Compensación de la jornada trabajada en exceso con permisos
de igual extensión que las horas servidas, derecho a 15 días hábiles de descanso luego
de un año de servicios, permiso pagado de 5 días hábiles continuos en caso de contraer
matrimonio; además contaba con medio día de permiso para someterse a exámenes de
mamografía. Podía demás ausentarse hasta por 6 días hábiles con goce de honorarios,
pudiendo fraccionarlos en medio día. Contaba además con permiso para ausentarse por 7
días corridos en caso de fallecimiento del cónyuge, y de 3 días hábiles por muerte del hijo
en periodo de gestación, del padre o la madre. Le asistía además el derecho a presentar
licencias médicas y hacer uso del permiso pre natal de 6 semanas y 12 semanas por post
natal, además de poder presentar licencias por enfermedad del hijo menor de un año y
derecho de amamantamiento, además de jardín infantil.
NOVENO: Que cabe tener presente, que la controversia planteada en autos corresponde
a la existencia del vínculo laboral que reclama la parte demandante en el libelo respecto
de su ex empleador demandado en el presente proceso. Al respecto cabe tener presente
que la parte demandante plantea en su acción que el vínculo que lo unió con la entidad
edilicia demandada fue continuo y en los términos contemplados por el legislador en el
artículo 7° del Código del Trabajo, acreditándose una serie de indicios de la subordinación
y dependencia en su caso que desarrolla en la exposición del libelo. Por su parte la
demandada evacuó el trámite de contestación de la demanda, controvirtiendo la
naturaleza de los servicios, sosteniendo que el contrato suscrito por las partes, y que da
origen a estos autos, no se encuentra regulado por las normas del Código del Trabajo, por
expresa disposición del artículo 1° de dicho cuerpo legal, en relación con lo dispuesto en
el artículo 4° de la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto para funcionarios municipales.
Al efecto, ha quedado establecido como un hecho de la causa, que la parte demandante
suscribió contratos de honorarios con la entidad edilicia demandada a partir del 01 de
agosto de 2005, y de manera continua hasta el año 2016, para desempeñar las labores
especificadas en cada uno de los contratos, referidas a la coordinación en el centro de
desarrollo de productividad, dependiente de la administración Municipal, fijándose en
dichos instrumentos contractuales como plazo de vencimiento los días 31 de diciembre de
cada año respectivo de suscripción. Por otra parte, ha quedado establecido también, que
dicha vinculación entre las partes fue continua en el tiempo, sin perjuicio de los períodos
establecidos en los distintos instrumentos contractuales suscritos, cuestión que es
reconocida por el municipio y así se convino en la audiencia preparatoria.
Que la actoras en mérito del contrato pactado extendió boletas de honorarios en forma
mensual por los servicios prestados, todas por sumas iguales o que se condicen con el pago
de las regalías o aguinaldos también acordados en los mismos, sino que también del hecho de
haber otorgado a la demandante una vez cumplido el primer año de servicios el derecho a
hacer uso de feriado legal durante cada anualidad cumplida posterior a ese año, derecho que
fue expresamente pactado entre las partes, incluso en cada uno de los contratos a honorarios
suscritos entre las mismas. Que esta prerrogativa que no le resultaría obligatoria en el caso de
que efectivamente se hubiese tratado de una relación a honorario regida por el artículo 4° de
la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales,
atendido que en dicha norma se establece claramente que, “las personas contratadas a
honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no le serán
aplicables las disposiciones de este Estatuto”; precisamente en dicho estamento legal se
contempla el beneficio de feriado legal y su reglamentación para los funcionarios de planta, sin
embargo, el demandante no gozada de dicha calidad, e igualmente la demandada le
reconoció dicho derecho en los distintos contratos suscritos.
DÉCIMO: Que en consecuencia, del mérito de la prueba citada precedentemente
unido al principio de la primacía de la realidad es posible concluir que esta relación
contractual a honorarios, se puede calificar como una relación de subordinación y
dependencia y en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo.
Que así ha quedado acreditado que la relación contractual que unió a las partes, se
desenvolvió con elementos propios de una relación de naturaleza laboral, otorgándose
derechos propios de aquella, como son el descanso anual, permisos administrativos,
feriados, licencia médica y principalmente, la existencia de elementos propios de un
vínculo de subordinación y dependencia, como serían las instrucciones y una jornada
para desarrollar sus funciones, como consta en los respectivos comprobantes; la
entrega de instrucciones para ejecutar su labor, como asimismo la obligación de rendir
cuenta de su cometido, además de su evaluación.
Que la convicción la logra el tribunal a través del propio mérito de las cláusulas
pactadas entre las partes acerca del carácter laboral de la relación que los vinculó durante
el periodo reclamado, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, ello en razón
de establecer la supervisión de los servicios desarrollados por el actor, tal como queda
consignado en la cláusula segunda de cada contrato suscrito, sino que también queda
refrendado con el hecho de que para el pago del “honorario” mensual le fue requerido
además de la emisión de la boleta respectiva, un informe mensual previo de su respectivo
supervisor, tal como es establecido en su contrato también.” Lo anterior no es más que
evidenciador del ejercicio de la potestad de mando y dirección que el legislador establece
en el ámbito del desarrollo de una relación de naturaleza laboral.
Lo anterior se ve reafirmado, con el mérito de la contradictoria cláusula cuarta pactada entre
las partes en los distintos instrumentos contractuales, relativa a la obligación o no de
encontrarse sujeto a control de horario, ya que de su sola lectura se desprende claramente
que su redacción es absolutamente contradictoria, ya que por una parte establece que, “para
el cumplimiento de la labor encomendada, el ejecutor no estará sujeto a control horario; sin
embargo, deberá cumplir sus funciones en el horario que de acuerdo a las necesidades del
servicio determine la Dirección respectiva, el cual no podrá superar las 44 horas semanales,
distribuidas de lunes a viernes, salvo en los casos en que por la naturaleza de las tareas
encomendadas y la necesidad del servicio, se requiera que el ejecutor preste sus servicios en
una jornada distinta, la cual será definida por el supervisor e informada debidamente.”. Al
efecto cabe tener presente que si bien la demandada no obligó a la demandante en el
desempeño de sus funciones a registrar su asistencia, de la prueba rendida por la parte
demandante, en especial la testimonial, se concluye que efectivamente este se encontraba
obligada a cumplir un determinado horario de trabajo, testigos que fueron o son
dependientes de la demandada y por tanto conocían el detalle del horario de la actora,
les contaba que esta si prestaba servicios en una determinada jornada de trabajo,
debiendo tenerse especialmente presente en el caso de autos, que las labores
encomendadas a la demandante eran las de coordinación, implementación de
mejoras en un departamento sensible pues se encontraba dirigido a la búsqueda de
empleo y reinserción laboral de los habitantes más vulnerables de la comuna.
Que dicha labor no se condice con una relación de naturaleza civil como se pretende
sostener por la demandada, sino que más bien con una de carácter laboral, supeditada a
las instrucciones y supervisión directa. Lo anterior, incluso se reafirma del hecho que el
ejecutor del servicio, como es denominada la actora en los aludidos contratos, según lo
pactado, se vea obligada a justificar sus inasistencias mediante certificado médico cuando
se traten de problemas de salud, estableciendo que la omisión de lo anterior, será
considerada su inasistencia injustificada como un incumplimiento grave de las
obligaciones de dicho contrato, o incluso haciendo referencia a la posibilidad de ser objeto
de amonestación por dicho incumplimiento, por ende, no cabe sino concluir que las partes
estuvieron vinculadas en el período discutido por un vínculo de naturaleza laboral, de
conformidad a los termino de lo establecido en el artículo séptimo del Código del Trabajo,
y así será declarado en la parte resolutiva, más aun si se tiene presente que en el artículo
4° de la Ley N° 18.883, antes aludido, se establece expresamente que, “Podrán
contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior
o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que
no sean las habituales de la municipalidad, mediante decreto del alcalde.”. Y “además, se
podrá contratar sobre la base honorarios, la prestación de servicios para cometidos
específicos, conforme a las normas generales.”; de lo cual no puede concluirse que los
servicios desarrollados por la demandante en un periodo continuo de casi 11 años, no
pueden ser considerados que se encuadran en labores accidentales o no habituales de la
Municipalidad, ni menos para fines específicos, ya que estos se encuadran en una
actividad normal y necesaria para la entidad edilicia, cual es, la de otorgar apoyo social a
sus vecinos en desarrollo de políticas públicas.
DÉCIMO PRIMERO: Que habiéndose establecido la existencia del vínculo laboral,
cabe tener presente entonces que la alegación sobre la improcedencia de la
acción de tutela resulta innecesaria.
Que los hechos que alega la actora como fundamento de su acción no han sido
controvertidos por la demandada, es más han quedado expresamente como hechos pacíficos
en la audiencia preparatoria. Que por su parte el tribunal ha podido verificar el tenor de los
mismo mediante la exhibición en juicio de los videos en que se transmitió por medio de la red
social Facebook y en particular con la opción de transmisión en vivo (live), de fecha 6 de
diciembre de 2016, la que había sido reproducida 13.700 veces y compartida por diversos
usuarios 144 veces. Que respecto a los dichos proferidos en el concejo municipal, se dieron
luego de la intervención de la concejala Marcela Silva, en donde expone el caso del video que
"anda circulando" y que atañe a la funcionaria Aránguiz y hace presente que si bien entiende
que existe una nueva administración, "deben cuidarse las formas". Plantea además se ocupe
algún criterio para desvincular que no sea arbitrario, postula como ejemplo disponer de los
cargos de aquellos que han entrado más recientemente al servicios incluso mediante un
cuoteo político. El tribunal pudo verificar que la alcaldesa Cathy Barriga en ambos episodios
tanto el 6 de diciembre al recorrer las instalaciones cuando estaba asumiendo el cargo como
en el concejo del día 13 de diciembre que fue transmitido en vivo por el canal comunal TVEO,
se refirió a la actora en los términos que fueron fijados como no controvertidos y que
corresponden a una transcripción textual.
Que a juicio del tribunal la acción de la alcaldesa resultó imprudente afectando de
manera directa a la actora en la forma en cómo se refirió a ella, afirmando en el
concejo que la actora en varias ocasiones antes de que asumiera y siendo concejera,
la trató mal e indicando que la acusó de asesina. Luego, agregó que la gente mal
tratadora no tiene cabida en el municipio. Haciendo alusión al final de su alocución en
el concejo, aprovechando como indica la presencia de vecinos de la pregunta "¿No sé
qué les parece a ustedes?" buscando apoyo en el público sobre sus dichos, lo que
logra pues se escuchan una serie de aplausos y gritos a su favor.
Con esta acción la alcaldesa no sólo denostó a la trabajadora, sino que simplemente echo a
tierra su imagen pública, cuestión no menor pues la demandante no tuvo posibilidad alguna
de defenderse, quedando expuesta ante la sociedad de manera dramática. Que sumado a
ello no puede perderse de vista que la alcaldesa no sólo oficia como empleador sino que
es la autoridad política de mayor relevancia en la comuna, quien estaba recién asumiendo
tal responsabilidad. Estos dichos se dieron en el primer concejo municipal, lo que
provocaba aun mayor expectación, basta con revisar el resto del video, donde está lleno
de preguntas por partes de los concejales sobre qué cosas y cómo se iban a definir
distintos puntos por parte de la nueva administración, sobre todo cuando existió un
cambio de sector político a la cabeza de la municipalidad. La publicidad e incidencia de
los dichos de la alcaldesa, quedan además acreditados con las 13.700 reproducciones
que ha tenido dicho video ( 6 de diciembre Facebook) y que ciertamente aumenta con el
paso del tiempo, en definitiva se "viraliza", esto es, una información presente en una red
social de acceso público y que además de poder visualizarla cualquiera usuario puede
además compartirla aumentando de manera exponencial el acceso y difusión de la
misma. Sumado a ello, si bien la concejala Silva fue cauta en su exposición al no detallara
el contenido del video sino sólo mencionar a la actora, fue precisamente la alcaldesa,
quien al tomar la palabra, se detuvo a exponer su versión sobre episodios que habría
tenido con la trabajadora previo a asumir su cargo y fundada en circunstancias en donde
no podía dar opinión del trabajo de la demandante, pues corresponde al eventual trato
referido en actividades, que no precisa a que correspondían.
Que lo anterior resulta reprochable, pués se emite una opinión sin importar que la
sesión del concejo municipal se estaba transmitiendo en vivo, es decir, contaban con
la mayor difusión para toda la comunidad y quien quisiera verlos en línea, por lo que
es evidente el daño a la imagen ocasionado. Sumado a ello se descalifica infiriendo
acusaciones graves en contra de la actora. Indicando que serían aquellas razones las
que motivarían su salida del municipio por cuanto, en su opinión personas mal
tratadoras no tenían cabida y así finalmente se concretó tres días después con la
comunicación de su salida mediante la no renovación de su contrato.
DÉCIMO SEGUNDO: Que la actora alega que se ha visto vulnerada en su integridad
física y psíquica, para acreditar aquello aportó al proceso prueba documental
correspondiente al informe de evaluación siquiátrica emitido por la doctora María de los
Ángeles Castillo, en donde se expone que la actora luego de luego de ver el video del seis
de diciembre y la transcripción, envió toda la información al nuevo administrador de la
comuna por WhatsApp, "le dije que yo no merecía ese trato, pero él no contestó". Los días
siguientes continuó realizando su trabajo en el proyecto de navidad, " el nuevo
administrador me informó que no había presupuesto para el 2016, y después de explicarle
que eso se ha hecho por muchos años, para ayudar a los pobladores de la comunidad…,
me dijo que solicitaría una modificación presupuestaria durante el concejo Municipal
agendado para el 13/12/2016". Que luego el documento se detiene en detallar los dichos
de la alcaldesa en la reunión del 13 de diciembre y agrega "Varias personas me llamaron
por teléfono y por WhatsApp debido a que todo esto se había escuchado por los parlantes
de la Municipalidad, todo el mundo lo estaba escuchando, yo no podía creerlo". Luego
refiere que "Lo único que hacía era llorar, no podía pensar, ni concentrarme en mi trabajo,
no podía manejar… la gente se me acercaba a preguntarme ¿qué pasaba? Sabía que era
una venganza:" Explica que: "5 años antes, cuando el marido de Cathy Barriga era
candidato la alcaldía y ella participó en evento institucional con cosas de belleza: allí le
solicité que no continuara repartiendo propaganda política de su marido porque ese
evento no era político, unas horas después vino Joaquín Lavín Jr, mientras Cathy Barriga
lloraba, me increpó porque supuestamente yo había tratado mal a su esposa, la había
maltratado, y me amenazó diciendo - voy a hacer todo lo posible para que te echen- y yo
le respondí- por gente como tú, viví en el exilio."
A partir del de 13/12/2016, la paciente comienza con angustia, llanto incontenible,
aislamiento social, cansancio progresivo, insomnio inicialmente de conciliación y después
mixto. A pesar de ello continuó trabajando y el 16 de diciembre la llamaron de RRHH para
informarle que su contrato no se renovaría por lo que trabajaría hasta el 31 de diciembre.
Señala que un compañero de trabajo le agendó una hora con psiquiatróa "yo no estaba en
condiciones de manejar, solo lloraba y tenía mucha angustia; recuerdo que me llevaron y mi
hija me fue a buscar…cada vez que hablo de eso me dan ganas de llorar. La psiquiatría me
dijo mi diagnóstico, me indicó un medicamento para dormir que no recuerda el nombre y me
dijo que me fuera a mi casa a descansar, me dio licencia por unos
días". Refiere seguir recibiendo muestras de apoyo de sus compañeros, le dieron
un ramo de flores: "lloramos juntos, ellos lamentan todo lo sucedido y a mí me
parece todo muy injusto; lloro por mi dignidad, esto podría haberse producido pero
de una manera distinta, no con calumnias": el documento concluye que :" la
paciente se vio sometida a un estrés laboral severo el mes de diciembre de 2016,
motivos por los cuales comenzó a presentar angustia, llanto incontenible,
aislamiento social, cansancio progresivo, insomnio inicialmente de conciliación y
después mixto, miedo de estar sola en la calle y conducir su vehículo."
Que de lo anterior, sin perjuicio de entender que corresponde a un documento y no a un
peritaje, sirve para ilustrar al tribunal la angustia que padeció la actora por los
acontecimientos que funda su demanda, los que sumados a las máximas de la
experiencia y reglas de la lógica, que suponen que al verse un sujeto expuesto de manera
pública infringiendo sobre su personas acusaciones u opiniones negativas, provoca un
sentimiento de vergüenza, miedo e incluso pánico por el rechazo y cuestionamiento que
sufre por el resto y la pérdida de su imagen. Que evidentemente los hechos acaecidos
que culminan con su salida dañaron profundamente su integridad síquica.
Que a juicio del tribunal la prueba aportada por la demandante dan cuenta de la
vulneración que reclama, especialmente sobre su integridad psíquica,
provocándole a la demanda un menoscabo y angustia al verse expuesta de
manera tan evidente e injustificada por la alcaldesa.
Que como se ha dicho luego del primer video realizado el día 6 de diciembre y lo dicho
en el consejo municipal de fecha 13 de diciembre, devino su termino de contrato del cual
fue comunicada el 16 de diciembre. Que en buenas cuentas, estas actuaciones previas
con son más que la razón de su desvinculación, las que quedaron en evidencia por la
publicidad con que se realizan las actuaciones de la autoridad edilicia.
Que así las cosas, el tribunal ha logrado convicción de que la demandada vulneró la
garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República y así
será condenada en lo resolutivo de esta sentencia, ordenándose el pago de la
indemnización especial prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo.
Que sumado a ello se ordenará también el pago de la indemnización por años
de servicios incrementada en un 50% al no haber cumplido las formalidades
legales y la sustitutiva del aviso previo.
DECIMO TERCERO: Que en relación al feriado legal reclamado en el libelo, habiéndose
establecido la existencia del vínculo laboral entre las partes, y la obligación de otorgar
feriado legal, este será otorgado pues no existe constancia en autos del uso de tal
beneficio a pesar de haberse pactado en el contrato a honorarios por el cual se regían.
DÉCIMO CUARTO: Que respecto a las cotizaciones previsionales, de Salud y AFC de la
actora, atendido que no fueron pagadas durante toda la vigencia del vínculo existente
entre las partes por la demandada, y en virtud de lo resuelto precedentemente, se
accederá al pago de dichas prestaciones como se dirá en lo resolutivo de la sentencia.
Que en tanto, en relación a la acción de la nulidad del despido, y de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5° y siguientes del Código del Trabajo, no
habiéndose retenido por la demandada durante la vigencia de la relación monto
alguno de su remuneración por dicho concepto, y entendiendo esta juez que dicha
sanción resulta aplicable, solo en el evento de existir retención y no pago, se
rechazará lo solicitado por dicho concepto.
DÉCIMO QUINTO: Que en tanto respecto del feriado legal que reclama la actora,
sin perjuicio que en los contratos a honorarios se establecía el derecho hacer uso
de este, no habiéndose acreditado por la demandada haber otorgado o
compensado dicho concepto y de acuerdo a lo previsto en el artículo 67 del
Código del Trabajo, se hará lugar a ello según se dirá en lo resolutivo de este fallo.
DÉCIMO SEXTO: Que para efectos del cálculo de las indemnizaciones, a la luz de
lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, se tendrá como
remuneración de la actora la suma de $ 2.307.785.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, respecto a la demanda por daño moral que se pretende
esta será desestimada, entendiendo esta sentenciadora que la indemnización del
artículo 489 del Código del ramo comprende precisamente este tipo de daño, por
lo que otorgarla significaría un doble pago.
Que dado lo expuesto no se emitirá pronunciamiento respecto a la demandada
DÉCIMO OCTAVO: Que la prueba ha sido valorada de acuerdo a las reglas de la
Que los demás antecedentes allegados a los autos, a los cuales no se ha hecho
mención expresa en nada alteran lo concluido.
Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 1, 5,
7, 8, 9, 10, 63, 159, 162, 163, 168, 172, 173, 446 y siguientes, 456, 457, 458, 459,
489 y siguientes del Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, SE DECLARA:
I. Que entre las partes existió una relación laboral entre el 01 de agosto de 2005
y el 31 de diciembre de 2016.
II. Que se acoge la demanda interpuesta por doña Catalina Carmen Aránguiz Burgos,
por vulneración de la garantía de integridad física y psíquica contemplada en el artículo 19
N° 1 de la Constitución Política de la República con ocasión de su despido interpuesta en
contra de la Ilustre Municipalidad de Maipú, representada legalmente por doña Cathy
Barriga Guerra y en consecuencia, se declara que el despido que afectó a la actora fue
vulneratorio, condenándose a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:
a) $13.846.710, por concepto de indemnización prevista en el inciso 3 del
artículo 489, equivalente a seis remuneraciones.
b) $2.307.785, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.
c) $25.385.635, por concepto de indemnización por años de servicios
correspondientes a 11 años.
d) $12.692.817, por concepto de recargo legal del 50%, en atención a lo
dispuesto en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo.
e) $3.230.899, por concepto de feriado legal/proporcional, por la suma de
equivalente a 42 días.
III.- Que las cantidades señaladas precedentemente se pagarán con los reajustes e
intereses que se indican en el artículo 173 del Código del Trabajo, según corresponda.
IV. Que la demandada deberá enterar en los organismos previsionales, pertinentes las
cotizaciones previsionales, aportes de salud y de seguro de cesantía, por todo el período
trabajado, esto es, entre el 01 de agosto de 2005 hasta 31 de diciembre de 2016, para
tales efectos deberá informar la actora, al quinto día de ejecutoriada que sea la sentencia
las instituciones a las que se encuentra afiliada, cumplido aquello, se ordena despachar
carta certificada a los organismos previsionales correspondientes, con la finalidad que
inicien el cobro de dichos conceptos, en la etapa de cumplimiento incidental del fallo.
V. Que en lo demás se rechaza la demanda de
autos.-VI. Que cada parte pagará sus costas.
VII. Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo dispuesto en
ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los
antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Asimismo
remítase copia de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro
Regístrese, notifíquese, hágase devolución de los documentos, ejecutoriada que se
encuentre la presente sentencia y archívense los antecedentes en su oportunidad procesal.
RIT : T-179-2017
RUC : 17- 4-0007661-8
Pronunciada por don (ña) GLORIA MARCELA CARDENAS QUINTERO,
Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
En Santiago a quince de septiembre de dos mil diecisiete, se notificó por el estado
diario la sentencia precedente.
Correo Electrónico jlabsantiago1@pjud.clA contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde
al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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