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Sentencia A.P. Zaragoza 55/2010 de 11 de marzo. Seguridad e higiene en el trabajo. Lesiones por imprudencia grave. Caída en altura - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Zaragoza 55/2010 de 11 de marzo
Seguridad e higiene en el trabajo: Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de empresario de la construcción al responsable del accidente laboral. Caída del trabajador, extranjero de nacionalidad búlgara, sin autorización para trabajar, por la realización de trabajos en altura sin las medidas de seguridad exigibles. El responsable de seguridad de los operarios hizo dejación de su deber de controlar, supervisar y conjurar de forma efectiva el riesgo. Responsabilidad civil directa: Entidades aseguradoras. Intereses moratorios: Exclusión. Exclusión de la cobertura de las reclamaciones de trabajadores que no estén dados de alta a los efectos del seguro obligatorio de accidentes de trabajo.
ROLLO DE APELACION DELITO 50/10
SENTENCIA NÚM. 55/10
DON JOSÉ RUIZ RAMO
DON MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Y LÓPEZ DE HIERRO
Dª SARA ARRIERO ESPÉS
En Zaragoza, a once de Marzo de dos mil diez.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Procedimiento Abreviado número 242 de 2009, procedente del Juzgado de lo Penal Número Ocho de Zaragoza, rollo número 50 de 2010, seguidas por DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DELITO DE LESIONES POR IMPRUDENCIA GRAVE contra Gustavo con D.N.I. nº NUM000, hijo de Adolfo y de María Carmen, nacido el 2 de enero de 1974, natural de Zaragoza y con domicilio en CARRETERA000 número NUM001, NUM002 NUM003 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), de estado no consta y de profesión empresario, de solvencia no acreditada, sin antecedentes penales, representado por la Procuradora Dª Nuria Ayerra Duesca y defendido por el Letrado Don Javier Contín Gaspar, siendo responsable civil directa FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador Don José Luis Isern Longares y defendida por el Letrado Don Alejandro Rada Pumariño, habiendo sido partes acusadoras el Ministerio Fiscal y como Acusación Particular Ambrosio, representado por el Procurador Don Miguel Ángel Cueva Ruesca y defendido por el Letrado Don Carlos Carreras Ezquerra.
Ha sido Ponente en esta apelación la Ilma. Sra. Magistrada Dª SARA ARRIERO ESPÉS, quien expresa el parecer del Tribunal.
PRIMERO.- En los citados autos recayó sentencia con fecha seis de octubre de dos mil ocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo de condenar y condeno a Gustavo como autor responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores, ya definido, en concurso normativo con un delito de lesiones por imprudencia grave, sin concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con una cuota diaria de 6 €, con aplicación del artículo 53 del C.P. y costas.-. Se le impone la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de empresario de la construcción por un período de UN AÑO.-. En concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a Ambrosio por las lesiones y secuelas sufridas con 20.684,89 € más intereses legales, y al Servicio Aragonés de Salud con 4.217,03 € más intereses legales.-. De dichas cantidades deberá responder la entidad aseguradora FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, como responsable Civil Directa, a quien se le aplicará el interés del 20 % desde la fecha del accidente; declarándose responsable civil subsidiaria a la empresa " Gustavo ".
SEGUNDO.- La sentencia apelada contiene la siguiente relación fáctica: "HECHOS PROBADOS: Que el acusado Gustavo, mayor de edad y sin antecedentes penales, propietario de una empresa del mismo nombre dedicada a la construcción, que tenía concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, en vigor el día 3/9/2007, estaba realizando una obra en una granja de ganado porcino en la localidad de Pinsoro (Zaragoza), en la que prestaba sus servicios en régimen laboral, sin contrato, y sin ser dado de alta en la Seguridad Social, Ambrosio, de nacionalidad búlgara, que contaba con autorización de residencia en España, pero sin autorización para trabajar, de forma que sobre las 8,30 horas de la mañana del día 3/9/07 sufrió la caída, desde unos 6 metros de altura, de un andamio de la referida obra en la que no existían medidas de seguridad para la práctica de trabajos de altura, por lo que se generó una situación de peligro como consecuencia de la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte del acusado. Como consecuencia de la caída, el trabajador accidentado sufrió lesiones consistentes en fractura del fémur izquierdo, contusión en muñeca derecha y contusión nasal que precisaron intervención quirúrgica con material de osteosíntesis, férula nasal, rehabilitación y tratamiento farmacológico, con un tiempo de curación de 129 días, todos ellos impeditivos para su trabajo habitual, de los que 16 estuvo ingresado en el Hospital Clínico "Lozano Blesa" de Zaragoza, ascendiendo los gastos hospitalarios a 4.217,03 € que el SALUD reclama, quedándole como secuelas: material de osteosíntesis en fémur izquierdo; coxalgia izquierda al alcanzar los movimientos máximos de cadera y perjuicio estético ligero". Hechos probados que como tales se aceptan.
TERCERO.- Contra dicha sentencia interpusieron sendos recursos de apelación la representación procesal de Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija y la representación procesal del acusado, alegando como motivos de recurso los que constan en sus respectivos escritos y que luego se dirán y, admitido en ambos efectos, se dio traslado tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Audiencia señalándose para votación y fallo del recurso el día 2 de marzo de 2010.
PRIMERO.- Siendo dos los recursos de apelación formulados, por razones de sistemática en la exégesis de la presente resolución, comenzaremos por el interpuesto por la representación procesal del acusado y, ulteriormente desarrollaremos la exposición relativa al recurso formulado por la responsable civil directa, compañía de seguros Fiatc.
Recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Gustavo
El motivo esgrimido por la parte apelante se funda en denunciar un error en la apreciación de la prueba llevada cabo por la Juzgadora "a quo" así como también en invocar como motivo de recurso la infracción de precepto legal, concretamente los artículos 316, 318 y 152 del Código Penal.
En el desarrollo del primer motivo la parte recurrente combate la declaración de hechos probados que se contiene en el "factum" de la sentencia combatida en esta alzada. Expone la parte apelante que se ha llegado a la conclusión de la existencia de una relación laboral en virtud de la sentencia del orden jurisdiccional social que fue aportada en el acto del juicio oral, sosteniendo la parte recurrente que dicha resolución judicial no debe servir de base para tener por acreditada la relación laboral, ni ser vinculante en este orden jurisdiccional penal.
Expresa la parte recurrente que no ha quedado probada la relación laboral, impugnándose expresamente dicha prueba.
Respecto a la restante prueba practicada, la parte apelante sostiene que el Sr. Ambrosio pidió en su día trabajo al Sr. Gustavo, si bien éste le manifestó que no podía contratarle porque no tenía los "papeles" en regla, sosteniendo la parte recurrente que el acusado, aquí apelante, no le permitió trabajar el día en que sufrió las lesiones.
Aduce la parte recurrente que existirían contradicciones en las pruebas testificales, así las del testigo víctima y la del Sr. Eleuterio, trabajador del acusado, sobre la altura del andamio o sobre la forma en que acaecieron los hechos, discrepancias acerca de las personas que se encontraban en la obra, contradicciones que a juicio de la parte recurrente acreditarían que el acusado no permitió trabajar al lesionado, no estando presente en Ejea de los Caballeros cuando éste se montó en la furgoneta conducida por el Sr. Eleuterio, que lo hizo sin permiso del acusado, entrando a la obra también sin dicho consentimiento y, subiendo al andamio sin conocer el acusado, ningún extremo de los hechos.
Se alega también el cumplimiento por parte del acusado-empresario de las medidas de seguridad, combatiendo que la Magistrada Juez "a quo", al valorar la prueba haya dado mayor credibilidad a las declaraciones del testigo, empleado del acusado.
La pretensión sustentada por la parte recurrente radica en sustituir el criterio imparcial de la Juzgadora "a quo", obtenido de la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas, plasmada como conclusión fáctica en los hechos probados que son premisa del fallo recurrido, por su propia, subjetiva y necesariamente interesada apreciación de la prueba, pretensión que no es acogible en esta alzada toda vez que la relación histórica del hecho enjuiciado no debe ser sustituida ni modificada en apelación, salvo cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:
1º) que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba;
2º) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio
3º) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.
Ninguno de los expresados supuestos concurren en el caso enjuiciado, en que la Magistrada Juez de lo Penal valoró correctamente la prueba y plasmó adecuadamente su convicción a la vista del contenido del acta del juicio.
En el presente caso la sentencia de fecha once de mayo de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de lo Social número Cinco de Zaragoza, en el primero de sus fundamentos jurídicos expone que se acredita la existencia de una relación laboral entre el trabajador y la empresa demandada, sin que esta última hubiese concertado contrato de trabajo por escrito ni hubiese dado de alta al trabajador en la Seguridad Social, exponiendo asimismo que el accidente del actor, atendidas las circunstancias en que se produjo debe ser calificado como laboral. Y, si bien es cierto que dicha sentencia se produjo en el ámbito laboral y en aras al cobro de las prestaciones derivadas de dicho accidente de trabajo por incapacidad temporal, es claro que tras la prueba practicada se llegó a la conclusión en dicho procedimiento que la relación entre el acusado y el lesionado era laboral, pese a no haber sido suscrito contrato de trabajo ni haber sido dado de alta el trabajador en el régimen general de la Seguridad Social.
Tal prueba documental debe ser tenida en cuenta y, resulta de trascendental importancia, puesto que confirma la existencia de la relación laboral entre el acusado, como empleador o empresario y el trabajador lesionado en un accidente de trabajo.
Pero además de dicha prueba, en el acto del juicio, con sujeción a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, prestó declaración tanto el testigo lesionado, Ambrosio, como el trabajador del acusado que en aquellos momentos trabajaba en la obra en la granja porcina de la localidad de Pinsoro.
El perjudicado o lesionado expuso que no tenía los papeles y que el Sr. Gustavo le dijo que le iba a pagar a razón de 8 € la hora, exponiendo sus cometidos laborales y, manifestando quiénes se encontraban trabajando en la obra, así como explicando la caída que sufrió y el tiempo que llevaba trabajando.
El testigo Eleuterio expuso como estando los dos encima del andamio, Ambrosio se cayó, exponiendo que no había medidas de seguridad, así como que fue el acusado quién le dijo que se llevara a quien luego resultó lesionado para trabajar, incidiendo en que el empresario lo vio trabajando allí.
También el hijo del lesionado expuso que conocía que su padre trabajaba con Gustavo, a quien llamó, si bien éste negó que trabajase el trabajador lesionado para él.
Los policías locales de Ejea de los Caballeros, hicieron gestiones y localizaron a Gustavo, manifestando que el lesionado al principio estaba temeroso a manifestar con claridad para quién trabajaba.
Tras dicho acervo probatorio, resulta que la valoración de la prueba practicada por la Magistrada Juez "a quo" en la sentencia sometida a censura es adecuada, correcta y ajustada a las reglas de la lógica, siendo las versiones dadas por el perjudicado y por el trabajador que se encontraba en la obra coincidentes en lo sustancial, no apreciándose que existan contradicciones en extremos nucleares o esenciales.
Además, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, expone que conforme al principio de libre valoración de la prueba, la Juez "a quo" puede dar relevancia, bien a las declaraciones de instrucción o a las expuestas en el acto del juicio oral.
Resulta además inverosímil y pugna contra las más elementales reglas de la lógica la versión sostenida por el acusado, en su descargo, y en el ejercicio legítimo del derecho de defensa, no siendo creíble que una persona se traslade desde Ejea a una obra o tajo en otra localidad en un vehículo y se ponga a trabajar, sin seguir instrucciones del empresario ni haberlo concertado previamente, máxime cuando el otro trabajador, al declarar como testigo expuso que fue el empresario quien manifestó que lo llevara para emplearlo en la obra.
El motivo de recurso debe ser desestimado.
SEGUNDO.- Enlazando dicho motivo con el anteriormente formulado, la parte apelante invoca incorrecta aplicación de los artículos 316, 318 y 152 del Código Penal, al exponer que no se cumplen ninguno de los presupuestos o elementos de dichos tipos delictivos, exponiendo que a lo sumo existiría una mera imprudencia, siendo aplicable el artículo 317 del Código Penal.
Por lo que se refiere al delito de lesiones por imprudencia grave, expone el recurrente que no se ha acreditado que la obra incumpliera con las condiciones reglamentarias exigidas, ni con las medidas de seguridad.
La condena del acusado por el delito del artículo 316 del C.P. está justificada. La Jurisprudencia es clara al referir que el bien jurídico del artículo 316 del C.P. es la seguridad en el trabajo que por disposición normativa debe proteger al trabajador de sus propias negligencias o imprudencias no temerarias (artículo 15.4 de la L.P.R.L.). Y es que el bien jurídico protegido está constituido por la seguridad en el trabajo vinculada a la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores. La seguridad en el trabajo se constituye en un bien jurídico autónomo relacionado con el deber de velar por esa seguridad, lo que comporta que al no ser disponible el correlativo derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo seguras, resulta irrelevante el consentimiento del trabajador o la aceptación tácita o explícita del riesgo. En este sentido, entre otras muchas, la SAP de León de 27 de abril de dos mil cinco (JUR 2005\113671), Sevilla de 24 de marzo de dos mil cuatro (ARP 2004\168) con mención de la STS 5 de septiembre de 2001 (RJ 2001\8340).
En este caso no consta la existencia de una formación adecuada en el trabajador, máxime tratándose de un tajo en altura, de los más arriesgados en la construcción, debiendo tenerse en cuenta que el acusado, responsable de la seguridad de sus operarios hizo dejación de su deber de controlar, supervisar y conjurar de forma efectiva el riesgo. Ha quedado acreditado además que los trabajadores ni llevaban arnés anticaída, ni caso, ni existían medidas de seguridad por lo que la conducta del empresario se incardina en el artículo 316 del Código Penal.
En el presente caso, si bien el testigo Sr. Eleuterio, expuso que solamente debía subir al andamio él y el trabajador accidentado, aquí acusador particular subió a ayudarle al andamio, no entendemos que tal acción del perjudicado tenga relevancia suficiente para interrumpir el nexo causal.
El artículo 316 del C.P. tipifica la modalidad dolosa de quien estando legalmente obligado y con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, no facilite los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Por su parte el artículo 317 reserva la pena inferior en grado cuando el delito se cometa por imprudencia grave.
La diferencia entre la modalidad dolosa y culposa fue objeto de estudio en la STS de 26 de julio de 2000 que viene a decir: " Es cierto que el elemento normativo consistente en la infracción de las normas de prevención no exige legalmente dosis de gravedad alguna, a diferencia del peligro y de la comisión por imprudencia, y precisamente por ello una cosa es la falta de prevención del riesgo equivalente a la omisión de las medidas necesarias y adecuadas exigidas conforme a la legislación laboral y otra distinta su insuficiencia o defectuosidad, lo que debe dar lugar a los dos tipos de comisión previstos, radicando su diferencia en el elemento subjetivo: conciencia del peligro cuando se trata del tipo doloso, y a pesar de ello se omiten las medidas adecuadas y necesarias, e infracción del deber del cuidado por ausencia de todas las previsibles exigibles al garante de la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 14.2 Ley 31/1995)".
El empresario incurre en la modalidad dolosa si es consciente del peligro o, por su formación, condiciones específicas o circunstancias concurrentes, no puede dejar de representárselo, a pesar de lo cual omite las medidas necesarias que hubieran podido evitarlo. En la modalidad culposa, la falta de previsión del riesgo o la ausencia de diligencia en su obligada percepción han tenido una repercusión menor pues, de haber obrado con diligencia, las medidas de seguridad no hubieran sido tan defectuosas o incompletas.
En el supuesto de autos concurre la modalidad dolosa, al existir carencia de medidas de seguridad adecuadas, no omisión o carácter defectuoso de algunas de ellas. Y en tal extremo han coincidido tanto el perjudicado como el otro trabajador que prestaba sus servicios laborales en la obra.
No se estima que se haya incurrido en infracción de precepto legal, siendo correctamente aplicados los preceptos penales en los que se basa la condena.
TERCERO.- Se enuncian también los principios de presunción de inocencia e "in dubio pro reo".
De la doctrina reiterada del TS se destacan las siguientes precisiones: a) el derecho a la presunción de inocencia comporta que todo acusado está amparado por una verdad interina de inocencia que no tiene que ser demostrada por él, toda vez que es la acusación la que tiene que probar su culpabilidad entendida como participación en un hecho real aparentemente delictivo; b) la presunción de inocencia sólo es desvirtuada cuanto el Tribunal competente declara la culpabilidad del acusado tras un juicio con todas las garantías; c) únicamente cabe hacer dicha declaración sobre la base de una actividad probatoria que tenga sentido de cargo y en cuya práctica no se hayan vulnerado, directa o indirectamente, los derechos fundamentales y libertades públicas; d) la actividad probatoria capaz de enervar la presunción de inocencia se ha de celebrar en el acto del juicio oral, en condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, si bien es admisible, a estos efectos, que las diligencias sumariales practicadas con las debidas garantías sean introducidas y reproducidas, dentro de ciertos límites, en el juicio oral; e) el derecho a la presunción de inocencia no ha desapoderado a los Jueces y Tribunales de la facultad de apreciar en conciencia la prueba que se hubiera celebrado en su presencia; f) como consecuencia de aquella facultad -que viene impuesta por la inmediación en que se encuentra el Tribunal de instancia en relación con la prueba-la función del Tribunal de apelación, cuando ante él se invoca el derecho a que nos referimos, tiene que limitarse a verificar la existencia de una actividad probatoria, con sentido de cargo, practicada con todas las garantías y no invalidada por la vulneración de un derecho fundamental o libertad pública, sin que esta Sala realizada una revisión de las actuaciones judiciales haya advertido infracción de las anteriores precisiones; por lo que el motivo debe rechazarse.
En cuanto a la infracción del principio "in dubio pro reo" dicho principio, complementario del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no implica, como a veces se pretende, que basta cualquier duda para impedir la condena. Partiendo de la base de la existencia de prueba de cargo válidamente practicada, la duda que determinará la aplicación del principio general de derecho señalado será sólo aquella que pueda considerarse razonable, esto es, que encuentre un fundamento probatorio o lógico suficiente para admitir la posibilidad cierta de que los hechos ocurrieron de modo distinto al que resulte de la prueba.
Pues bien, la duda que trata de crear el acusado sobre la forma en que ocurren los hechos no alcanza tal grado de razonabilidad.
Debiendo partirse de la falta de error en la apreciación de la prueba, -no se aprecia lo contrario- y por ende, de la existencia de prueba suficiente para que no haya duda acerca de la culpabilidad del acusado, en los hechos declarados probados, procede en consecuencia el rechazo del motivo.
Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación formulado por la representación procesal de Gustavo.
CUARTO.- Recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
Se alega por la parte recurrente infracción del contenido de la póliza de seguro, exponiendo que el riesgo no estaba asegurado, así como que resultaría inaplicable el artículo 125 TGLSS.
Se aduce por la parte apelante que se incorporaron a los autos las condiciones particulares y las generales de la póliza.
Se expone que en las condiciones generales se excluyen de cobertura las reclamaciones de trabajadores que no estén dados de alta a los efectos del seguro obligatorio de accidentes de trabajo.
Manifiesta la compañía de seguros que el asegurado Gustavo no presentó declaración de siniestro, ni tras el accidente ni en ningún momento posterior, siendo en diciembre de 2008 cuando el Juzgado de Instrucción número Dos de Ejea de los Caballeros le comunicó la existencia del accidente. De ello colige la parte apelante que el acusado conocía de la exclusión.
Arguye la parte apelante que la cláusula sería delimitadora del riesgo y no limitativa de los derechos del asegurado, resultando de aplicación además la normativa de la Ley del Contrato de Seguro.
Entendemos que la cláusula que recoge las exclusiones es una verdadera causa limitativa de derechos, por lo que teniendo carácter lesivo para el asegurado debe ser expresamente aceptada (vid. SAP Burgos, de 6 -11-2007, Sección 1ª). La referida cláusula y teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro actúa restringiendo intensamente los derechos de los asegurados. Dicha cláusula debió ser expresamente aceptada, debiendo traerse a colación algunas sentencias del Tribunal Supremo como la de 17 de octubre de 2007 que señala que: "Esta Sala se ha referido reiteradamente a la distinción de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado -que están sujetas al requisito de la específica aceptación por escrito por parte de éste, que impone el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro -, respecto de aquéllas otras que tienen por objeto delimitar el riesgo, susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y con indicación de las cuales basta con que conste su aceptación por dicho asegurado. Según la STS de 16 de octubre de 2000 (RJ 2000/9195), "la cláusula limitativa opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido, y la cláusula de exclusión de riesgo es la que especifica qué clase de ellos se ha constituido en objeto del contrato. Esta distinción ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Sala (STS de 16 de mayo de 2000 [RJ 2000\3579 ] y las que cita)".
Las cláusulas delimitadoras del riesgo son aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando qué riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, y hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el reciproco deber de atenderla; la jurisprudencia mayoritaria declara que son cláusulas delimitativas aquellas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial (SSTS 2 de febrero de 2001 [RJ 2001\3959], 14 de mayo de 2004 [RJ 2004\2742] y 17 de marzo de 2006 [RJ 2006\5639 ]); ello permite distinguir lo que es la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada, de las cláusulas del contrato que limitan los derechos de los asegurados, una vez que ya se ha concretado el objeto del seguro, por cuanto nada tienen que ver con estas, sino con las delimitativas, en cuanto pertenecen al ámbito de la autonomía de la voluntad, constituyen la causa del contrato y el régimen de los derechos y obligaciones del asegurador, y no están sujetas a los requisitos impuestos por la Ley a las limitativas, conforme el artículo 3, puesto que la exigencia de este precepto no se refiere a una condición general o a sus cláusulas excluyentes de la responsabilidad de la aseguradora, sino a aquéllas que son limitativas de los derechos de los asegurados".
En el presente caso, la cláusula expresada es una cláusula limitativa de derechos del asegurado, sin que aparezca expresa y específicamente aceptada.
A mayor abundamiento, el seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de terceros perjudicados, de suerte que, las compañías aseguradoras deben responder frente al tercero perjudicado por mor del artículo 76 y 117 del Código Penal, no pudiendo oponer al perjudicado eventuales limitaciones derivadas de relaciones entre aseguradora y asegurado.
Por ello el motivo debe ser desestimado.
QUINTO.- Se alega improcedencia de la imposición de intereses del 20 % desde la fecha del siniestro, así como infracción del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro y de la jurisprudencia que lo interpreta.
Dividimos la exposición de los dos submotivos.
En primer término se impugna la defectuosa aplicación del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, puesto que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que la imposición de los intereses se produce por tramos: el interés legal incrementado en un 50% durante los dos primeros años tras el accidente y el 20 % una vez transcurrido dicho plazo. En este extremo, tiene razón la parte recurrente.
Aduce la parte apelante que no se deberían imponer los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, puesto que no conoció de ello la compañía de seguros, al no haber declarado el siniestro el asegurado, por lo que únicamente debería tenerse en cuenta el momento en que la aseguradora conoce del evento dañoso, es decir desde diciembre de 2008.
También se denuncia la infracción del artículo 20.8 y de la jurisprudencia que lo interpreta, que sostiene que cuando nos encontramos ante una controversia que afecta a la cobertura de la póliza no entran en juego los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, por hallarnos ante una causa justificada de la falta de pago de la indemnización.
Examinados los autos consta que el día 26 de noviembre de 2008 (folio 102), se remitió exhorto para dar cuenta a la representante de la entidad Fiatc del estado que presentaban las actuaciones, siendo notificada la aseguradora el dos de diciembre de dos mil ocho. El accidente había tenido lugar el día 3 de septiembre de 2008.
No cabe reprochar mora a la aseguradora cuando por las circunstancias concurrentes en el siniestro, o por la actitud del asegurado o, incluso por la propia cobertura de la póliza surge una incertidumbre o se produce una controversia que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes, al respecto, en tanto dicha incertidumbre sobre la cobertura del seguro no resulta razonablemente despejada.
En el presente caso, la pretensión de la aseguradora, en orden a la exclusión de los intereses moratorios debe de ser estimado, habida cuenta que la relación laboral ha tenido que ser fijada por órganos de la jurisdicción social, que ni siquiera el inspector de trabajo efectuó actuaciones al respecto, concurriendo dudas justificadas que impiden la aplicación de los intereses moratorios, teniendo en cuenta además, que no se le comunicó por el tomador y asegurado la existencia del siniestro, sino que lo conoció, prácticamente ya pasados tres meses, o casi cuando se iban a cumplir, por la intervención del Juzgado.
En consecuencia, procede la estimación del recurso, en el sentido de no imponer a la compañía aseguradora los intereses moratorios, sino los legales, desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia.
SEXTO.- Las costas de esta alzada se declaran de oficio.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación del Código Penal, el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Que DESESTIMANDO INTEGRAMENTE el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Gustavo y ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación formulado por FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, REVOCAMOS PARCIALMENTE la sentencia dictada con fecha 6 de octubre de 2009 por la Ilma. Sra. Magistrado Juez de lo Penal número Ocho de Zaragoza, en las Diligencias de Procedimiento Abreviado número 242 de 2009, en el único sentido de excluir para la Compañía Aseguradora FIATC, los intereses moratorios del artículo 20 de la L.C.S., debiendo aplicarse en su lugar los intereses legales, desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia.
SE CONFIRMAN los restantes pronunciamientos contenidos en la sentencia apelada que no se opongan a los presentes.

References: artículo 53
 resolución 
 artículo 317
 artículo 316
 artículo 316
 artículo 316
 artículo 316
 artículo 317
in dubio
in dubio
 artículo 125
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 76
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 795
 artículo 20