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Timestamp: 2019-10-17 15:34:30+00:00

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STC 9/2008, 21 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 35754750
STC 9/2008, 21 de Enero de 2008
Fecha de Resolución: 21 de Enero de 2008
Número de Recurso: 4375-2005
Recurso de amparo 4375-2005. Promovido por don V.B. frente al Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid que confirmó la denegación de su solicitud de asistencia jurídica gratuita para actuar como acusación particular en unas diligencias previas por delito de estafa. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia penal) y a la asistencia letrada: denegación de la justicia gratuita, con nombramiento de abogado y procurador de oficio, al denunciante de un delito para personarse en causa penal como acusación particular.
Sentencia citada en: 176 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
STC 9/2008, de 21 de enero de 2008
En el recurso de amparo núm. 4375-2005, promovido por don V.B., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle y defendido por el Abogado don Reinhard Konig, contra el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 9 de mayo de 2005, que desestimó la impugnación contra la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid, de 22 de febrero de 2005, dictada en el expediente 3548-2004, por la que le fue denegada al recurrente su solicitud de asistencia jurídica gratuita. Han intervenido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 13 de junio de 2005, la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León en Valladolid remitió un escrito de don V.B., asistido por el Abogado don Reinhard Konig, en el que manifiesta su voluntad de interponer recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento. En el mismo se solicita el nombramiento de un Procurador del turno de oficio y se aporta un escrito del Abogado, en el que renuncia expresamente a sus honorarios. Posteriormente, y por el mismo procedimiento, se remitió al Tribunal un escrito, registrado el día 1 de agosto de 2005, en el que el Abogado don Reinhard Konig, en nombre y representación de don V.B., formula demanda de amparo y reitera la solicitud de nombramiento de Procurador de oficio que le represente.
Los fundamentos de hecho del recurso son los siguientes:
El recurrente, que había formulado una denuncia ante la policía por delito de estafa, solicitó el día 26 de mayo de 2005 asistencia jurídica gratuita para personarse como acusación particular en las diligencias previas núm. 698-2004, abiertas en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Valladolid.
El Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid emitió el día 14 de diciembre de 2005 un dictamen, denegando la designación de Abogado de oficio, exponiendo como motivo que “la acusación la ejecuta el Ministerio Fiscal (acción pública)”.
Por Auto de 9 de mayo de 2005, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid desestimó la impugnación de la anterior resolución, con la siguiente fundamentación:
La impugnación realizada por V.B., ante la negativa de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de no reconocerle tal supuesto derecho, no puede encontrar acogida favorable.
No se considera, por tanto, que el no reconocimiento del derecho vulnere el art. 14 de la Constitución española, toda vez que una cosa es la obligación legal de ofrecer acciones a los perjudicados para que puedan mostrarse parte en la causa, y otra distinta es que lo hagan de forma gratuita; deberán hacerlo mediante Abogado y Procurador de su libre designación conforme establece el precepto anteriormente señalado
El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con los derechos a la defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), y a la justicia gratuita (art. 119 CE).
Por providencia de 25 de mayo de 2007, la Sección Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid para que el plazo de diez días remitieran testimonio de los autos núm. 229-2005 y del expediente núm. 3548-2004. Igualmente se acordó dar traslado de la demanda al Abogado del Estado, para que pudiera personarse en el plazo de diez días, si lo estimase procedente.
El día 30 de mayo de 2007 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Abogado del Estado, por el que se personaba en el presente recurso.
Una vez recibidas las actuaciones, a través de una diligencia de ordenación de 25 de junio de 2007 se dio vista de las mismas a la parte recurrente, al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado por término de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el día 6 de julio de 2007, interesando la desestimación del recurso de amparo.
El día 30 de julio de 2007 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del recurso, al considerar vulnerados los derechos del recurrente a la asistencia letrada (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El entendimiento de que en los procesos penales por delitos perseguibles de oficio, al representar los intereses de los perjudicados el Ministerio Fiscal, la intervención de la acusación particular no es preceptiva, por lo que la intervención de Abogado y Procurador tampoco lo es, confunde la posibilidad de los perjudicados de querer o no mostrarse parte y ejercitar acciones, con la necesidad de que para mostrarse parte hayan de estar representados por Procurador y asistidos por Letrado ineludiblemente. El que no sea preceptivo el ejercicio de la acción, que por lo demás en ningún orden jurisdiccional suele serlo, no puede conllevar a entender que tal voluntariedad del ejercicio implique la inexistencia de derecho a la asistencia jurídica gratuita
A través de una diligencia de ordenación de fecha 14 de septiembre de 2007 se hace constar que no se ha recibido escrito de alegaciones de la Procuradora Montserrat Sorribes Calle, quedando el recurso de amparo pendiente para deliberación cuando por turno corresponda.
Por providencia de 17 de enero de 2008 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
El recurso de amparo se dirige contra el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 9 de mayo de 2005, que desestimó la impugnación contra la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid, de 22 de febrero de 2005, dictada en el expediente 3548-2004, por la que le fue denegada al recurrente su solicitud de asistencia jurídica gratuita para personarse como perjudicado en las diligencias previas 2219-2004.
Este Tribunal tiene declarado que la gratuidad de la asistencia jurídica consagrada en el art. 119 CE es instrumento y concreción de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la igualdad de armas procesales y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), y que no sólo consagra una garantía de los intereses de los justiciables, sino también de los intereses generales de la justicia, ya que tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una Sentencia ajustada a Derecho y, por ello, indirectamente, coadyuva al ejercicio de la función jurisdiccional (SSTC 16/1994, de 20 de enero, FJ 3; 97/2001, de 5 de abril, FJ 5; 182/2002, de 14 de octubre, FJ 3;187/2004, de 2 de noviembre, FJ 3; 217/2007, de 8 de octubre, FJ 5).
Por otra parte, y centrándonos en los elementos de interés para la resolución del presente caso, hemos de tener en cuenta que, si bien la Constitución no otorga ningún derecho fundamental a obtener condenas penales, ello no implica que la víctima del delito no tenga derecho, en los términos que prevea la legislación procesal pertinente, a acudir a un procedimiento judicial para la defensa de los mismos; y tampoco comporta que en el seno de dicho proceso no puedan verse lesionados sus derechos. Por ello, este Tribunal ha configurado el derecho de acción penal esencialmente como un ius ut procedatur, es decir, estrictamente como manifestación específica del derecho a la jurisdicción, que ha de enjuiciarse en sede de amparo constitucional desde la perspectiva del art. 24.1 CE y al que, desde luego, son aplicables las garantías del art. 24.2 CE (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4; 81/2002, de 22 de abril, FJ 2; 93/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 21/2005, de 1 de febrero, FJ 4; 176/2006, de 5 de junio, FJ 2).
La aplicación de la doctrina que acaba de exponerse al presente caso nos lleva a concluir que, como sostienen tanto el demandante de amparo como el Ministerio Fiscal, la interpretación del art. 6.3 de la Ley de asistencia jurídica gratuita que realizan las resoluciones recurridas —y que sirve de ratio decidendi para denegar la solicitud de asistencia jurídica gratuita tanto a la resolución administrativa previa, como a la resolución judicial que rechaza la impugnación contra aquélla— carece de base legal y resulta constitucionalmente inaceptable.
Otorgar el amparo solicitado por don V.B. y, en consecuencia:
Reconocer sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la defensa y asistencia letrada (art. 24.2 CE).
Anular el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 9 de mayo de 2005, que desestimó la impugnación contra la Resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid, de 22 de febrero de 2005, dictada en el expediente 3548-2004.
Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse el referido Auto, a fin de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales que se declaran reconocidos.
STSJ Murcia , 26 de Diciembre de 2001
SAP Murcia 96/2007, 12 de Abril de 2007
STSJ Andalucía , 29 de Enero de 2001
STS 877/2016, 22 de Noviembre de 2016
SAP Burgos 145/2007, 23 de Mayo de 2007

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