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Timestamp: 2017-12-16 22:29:28+00:00

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Decreto ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas urgentes para la aplicación en las Islas Baleares de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO LEY 2/2014, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA APLICACIÓN EN LAS ISLAS BALEARES DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (BOIB 160 DE 22)
I. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre ( RCL 2013, 1877 ) , de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, modifica, entre otras, la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799 y 1372) , reguladora de las bases del régimen local.
Por todo ello, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 21 de noviembre de 2014, se dicta el siguiente Decreto ley:
Artículo 1. Competencias propias de las entidades locales
2. Las entidades locales de las Illes Balears seguirán ejerciendo las competencias atribuidas por las leyes de la Comunidad Autónoma anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre ( RCL 2013, 1877 ) , de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, de conformidad con lo dispuesto por la norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, según lo establecido por el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799 y 1372) , reguladora de las bases del régimen local. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por este Decreto ley.
Artículo 2. Delegación de competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a las entidades locales de las Illes Balears
2. Las entidades locales de las Illes Balears ejercerán las competencias delegadas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que tenían atribuidas en el momento de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre ( RCL 2013, 1877 ) , de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en los términos que se fijen en la delegación.
Artículo 3. Ejercicio de las competencias de las entidades locales distintas a las propias o a las atribuidas por delegación
4. No es necesaria la solicitud de los informes mencionados en caso de que las competencias sean ejercidas por la entidad local con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 ( RCL 2013, 1877 ) , de conformidad con la normativa vigente estatal o autonómica. En este caso, se podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades siempre que, conforme a una valoración previa de la misma entidad local, no se incurra en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público y disponga de una financiación suficiente.
Artículo 4. Informe de inexistencia de duplicidades
Artículo 5. Procedimiento para la emisión de los informes previos
Artículo 6. Competencias que las entidades locales ejercían en materia de salud, servicios sociales, enseñanza e inspección sanitaria
1. Las competencias que, previamente a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 ( RCL 2013, 1877 ) , se preveían como propias de los municipios en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud e inspección sanitaria, en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como aquéllas otras en materia de educación a las que se refieren la disposición adicional decimoquinta y transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en el Estatuto de autonomía, la normativa autonómica sobre régimen local y las leyes sectoriales autonómicas, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y según establezcan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales.
2. El resto de competencias en estas materias atribuidas a las entidades locales de las Illes Balears por la legislación de la Comunidad Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 continuarán siendo ejercidas por éstas, de conformidad con las previsiones de la norma de atribución y en los términos establecidos por el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799 y 1372) , reguladora de las bases del régimen local.
Artículo 7. Adaptación de convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación en los que se financien competencias delegadas
1. Según lo establecido por el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799 y 1372) , reguladora de las bases de régimen bis local, el convenio, acuerdo o instrumento de cooperación ya suscrito entre la administración autonómica y una entidad local que lleve aparejado cualquier tipo de financiación destinada a satisfacer el ejercicio de competencias delegadas tiene que añadir, mediante adenda, una cláusula de garantía de cumplimiento de las obligaciones financieras o de compromisos de pago, que consiste en la autorización a la Administración general del Estado para aplicar retenciones en las transferencias que le corresponden a las Illes Balears por aplicación de su sistema de financiación, en los términos que en dicha cláusula se establezcan.
2. Previamente a la aprobación de esta adenda será preceptivo el informe de la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio. Este informe se tiene que emitir en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud y se deberá pronunciar sobre la cláusula de garantía referida en el anterior apartado y, especialmente, sobre los plazos máximos de pago previos a la aplicación de dicha cláusula.
Artículo 8. Adaptación de convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación en los que se financien competencias distintas a las propias y a las delegadas
Disposición Transitoria única. Régimen transitorio del personal laboral propio de los consorcios
1. El personal que, a la entrada en vigor del presente Decreto ley, preste servicios en un consorcio como personal laboral fijo propio, sin que proceda de ninguna de las administraciones consorciadas, puede continuar ocupando el mismo puesto de trabajo y mantener las mismas condiciones laborales y económicas que le eran de aplicación.
4. Las roduzcan, si no se decide su amortización personal vacantes que se p , únicamente podrán ser cubiertas por funcionario, de carrera o interino, o por personal laboral procedente de alguna de las administraciones consorciadas, excepto los consorcios que inicien o estén inmersos en un proceso de modificación, fusión o extinción, los cuales conservarán el mismo régimen jurídico de personal hasta que les sea de aplicación la normativa que les corresponda, de conformidad con la naturaleza jurídica de la nueva personificación, en su caso.
Disposición Final primera. Revisión

References: Artículo 1
 artículo 7

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 7

Artículo 7
 artículo 57

Artículo 8