Source: https://www.aireg.es/2017/10/
Timestamp: 2020-04-10 00:21:07+00:00

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AIRE » 2017 » octubre: Asociación Independiente de Registradores
La CNMC conmemora los 10 años de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC)
nota de prensa Competencia cnmc.es
◦En pleno debate sobre la modificación de la LDC, la CNMC impulsa un proceso de reflexión y autocrítica para mejorar su funcionamiento.
◦Se reforzará el análisis económico y jurídico para robustecer las resoluciones y el análisis de los informes periciales durante la instrucción de los expedientes.
◦Se creará una unidad de inteligencia económica para reforzar la investigación de oficio, especialmente en materia de contratación pública.
◦Se publicarán unas indicaciones provisionales sobre el cálculo de multas en aras de una mayor trasparencia.
◦Funcionarios de la CNMC podrán participar como peritos ante los tribunales para reforzar la defensa de las resoluciones de la CNMC en el proceso de revisión judicial.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha celebrado hoy la “Jornada Anual de Competencia 2017: 10 años de aplicación de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia”, en pleno debate sobre la modificación de esta Ley para dotar a la sociedad española de una norma más eficaz y que permita a la CNMC realizar un mejor trabajo.
Actualmente, la CNMC está inmersa en un proceso de reflexión y autocrítica sobre cómo enfocar los retos externos e internos a los que se enfrenta para garantizar la mayor eficacia de las actuaciones de la Autoridad de Competencia. La CNMC reitera que la independencia del poder político (competencias, recursos humanos y financieros) y económico es esencial para su buen funcionamiento.
Revisión judicial de los casos
En el caso de la revisión judicial, a la vista de las recientes sentencias de la Audiencia Nacional, la CNMC centrará su actuación en la interposición de recursos de casación cuando sea necesario. Entre 2015 y 2016, más de un 85% de los casos revisados por el Tribunal Supremo en 2015 y 2016 confirmaron el fondo de las resoluciones de la CNMC.
Además, la CNMC reforzará la solidez jurídica y económica de sus propuestas y de las resoluciones (análisis económico e informes periciales) para facilitar su revisión ante los jueces. Cuando sea oportuno, funcionarios de la CNMC participarán como peritos en las vistas orales.
Asimismo, publicará las directrices que deberán seguir las empresas a la hora de presentar sus informes, reforzará la Asesoría Jurídica y los departamentos de instrucción. Por otra parte, se va a proponer la creación de una unidad de inteligencia económica, al estilo de las existentes en otras autoridades de competencia europeas, para fomentar la investigación de oficio mediante técnicas estadísticas, que incluyen la detección de conductas a través del análisis de los datos, especialmente en el ámbito de la contratación pública (screening y data mining).
Revisión de las multas
Después de la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo que anulaba la comunicación de multas, la CNMC ha revisado el sistema de fijación de multas y lo ha adaptado a las exigencias de dichas sentencias. De esta forma, con el fin de mejorar el sistema y dotarlo de mayor transparencia, la CNMC publicará próximamente unas indicaciones provisionales sobre el cálculo de multas.
Una vez asentadas estas indicaciones, igual que se hizo con el Programa de Clemencia, se aprobará una comunicación formal con directrices para que las empresas tengan mayor seguridad jurídica cuando afrontan un expediente sancionador.
Por otra parte, la CNMC ya ha empezado a incluir en sus propuestas de resolución la propuesta de multa, que permitirá a la empresa imputada disponer de un trámite de alegaciones sobre la multa ante el propio Consejo, y evitará que el debate se plantee por primera vez ante la Audiencia Nacional cuando se recurra un expediente.
La CNMC tiene previsto que próximamente el Consejo de la CNMC celebre vistas orales con cierta regularidad en aquellos asuntos que lo merezcan, contribuyendo a reforzar la transparencia y rendición de cuentas de las actuaciones de la institución.
Además, el Departamento de Control Interno de la CNMC ha preparado un modelo de mapa de riesgos en la contratación pública con la finalidad de conseguir más eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
10añosLDC
Desde la aprobación de la Ley de Defensa de la Competencia en el año 2007, se han desarticulado más de 60 cárteles, que han afectado a casi todos los sectores de la economía española (telecomunicaciones, productos lácteos, pañales para adultos, desvíos ferroviarios, la recogida de residuos urbanos, automóviles, etc.)
La CNMC ha velado por que todas las empresas, también las más poderosas, cumplieran con las reglas del juego, con el control de las fusiones empresariales. La promoción de la Competencia ha sido esencial para impugnar las normas de las AAPP (alojamientos turísticos, las concesiones de transporte, etc.) que entorpecen el buen funcionamiento de los mercados. Su actividad, se ha centrado, además, en mejorar la eficiencia en la contratación pública para evitar las manipulaciones de las licitaciones y en la creación de una “cultura de la competencia” en España.
Jueves, 26 de octubre de 2017 poderjudicial.es
El Tribunal Supremo rechaza la petición de Unidos Podemos de suspensión cautelar de las órdenes de Hacienda sobre Catalunya
El pasado 27 de septiembre, la Sala Tercera rechazó la suspensión cautelarísima de dichas órdenes al no haberse acreditado las circunstancias de especial urgencia exigidas por la ley para adoptar una medida como la solicitada, sin oír a las partes y en 48 horas
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En ComúPodem-Em Marca de suspender de forma cautelar la Orden del Ministerio de Hacienda, de 20 de septiembre, por la que se declara la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017, y otra Orden, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se adoptaron medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Jueves, 26 de octubre de 2017 poderjudidical.es
La Sala señala que no concurren las exigencias para otorgar esta medida al no apreciarse las circunstancias de especial urgencia que requiere la Ley
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha acordado hoy denegar la petición, planteada tanto por la Generalitat de Catalunya como por los miembros del Govern catalán en un recurso conjunto, de suspender el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre, al considerar que se trata del “acto de iniciación de un procedimiento constitucional, el del artículo 155 de la Norma Fundamental, que se dirige al Senado y que en el momento actual sólo se ha iniciado y no produce por ello los efectos jurídicos ‘ad extra’ que sostiene la parte recurrente”.
En sus autos, la Sala argumenta que “en este momento cautelar, y sin prejuzgar lo que pueda acordarse con posterioridad, entendemos patente que la Sala carece de jurisdicción para obstaculizar o impedir el ejercicio por el Senado de sus funciones constitucionales, por lo que no procede acceder a la medida solicitada”.
En la misma línea, el tribunal dice que sin prejuzgar en esta fase cautelar lo que en su día se acuerde, “las alegaciones que se formulan sobre ‘periculum in mora’ tienen carácter prematuro, se refieren a un procedimiento netamente constitucional y no administrativo, y en todo caso, no serían irreversibles en el supuesto de una sentencia estimatoria”.
Comunicado de prensa n.º 112/17
Luxemburgo, 25 de octubre de 2017
Sentencia en el asunto C-106/16
Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.
Polbud es una sociedad constituida en Polonia. Mediante un acuerdo adoptado en 2011, la junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo. Del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a Luxemburgo el lugar de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de Polbud.
Sobre la base de este acuerdo el inicio del procedimiento de liquidación se anotó en el Registro Mercantil polaco y se designó a un liquidador.
En 2013, el domicilio social de Polbud se trasladó a Luxemburgo. Polbud pasó a ser «Consoil Geotechnik Sàrl», sociedad sometida al Derecho luxemburgués. Además, Polbud presentó una solicitud de cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil polaco ante el Tribunal Registral polaco. Su solicitud fue rechazada por éste.
Polbud interpuso recurso contra esta resolución. El Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo de Polonia), que conoce del asunto en casación, pregunta en primer lugar al Tribunal de Justicia si la libertad de establecimiento es aplicable al traslado únicamente del domicilio social de una sociedad constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro, en caso de que dicha sociedad sea transformada en una sociedad regida por el Derecho de este otro Estado miembro sin que se traslade su domicilio efectivo. Seguidamente, el Sąd Najwyższy pregunta si la legislación polaca que supedita la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil a la disolución de la sociedad al término de un procedimiento de liquidación es compatible con la libertad de establecimiento.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia subraya en primer lugar que el Derecho de la Unión reconoce la libertad de establecimiento a toda sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión. Esa libertad comprende en particular el derecho de la sociedad a transformarse en una sociedad sometida a la legislación de otro Estado miembro.
En el presente asunto, la libertad de establecimiento otorga a Polbud el derecho a transformarse en una sociedad regida por el Derecho luxemburgués siempre que cumpla los requisitos para la constitución definidos por la legislación luxemburguesa y, en particular, el criterio adoptado por Luxemburgo para establecer los puntos de conexión de una sociedad con su ordenamiento jurídico nacional.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia considera que una situación en la que una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro desea transformarse en una sociedad sometida al Derecho de otro Estado miembro, respetando el criterio adoptado por el segundo Estado miembro para establecer los puntos de conexión de una sociedad con su ordenamiento jurídico nacional, está comprendida en la libertad de establecimiento, aun cuando esa sociedad ejerza lo fundamental, incluso la totalidad, de sus actividades económicas en el primer Estado miembro. El Tribunal de Justicia recuerda, a este respecto, que el hecho de establecer el domicilio (social o efectivo) de una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado miembro con el fin de disfrutar de una legislación más ventajosa no constituye un abuso en sí mismo. Así, la decisión de trasladar a Luxemburgo únicamente el domicilio social de Polbud, sin que ese traslado afecte al domicilio efectivo de la sociedad no puede, por sí misma, significar que ese traslado quede excluido de la libertad de establecimiento.
El Tribunal de Justicia afirma en segundo lugar que, si bien está autorizada en principio a trasladar su domicilio social a un Estado miembro distinto de Polonia sin perder su personalidad jurídica, con arreglo al Derecho polaco, una sociedad polaca como Polbud sólo puede obtener la cancelación de su inscripción registral tras haber sido liquidada. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, con arreglo al Derecho polaco, las operaciones de liquidación incluyen la terminación de las operaciones en curso, el cobro de los créditos, el cumplimiento de las obligaciones y la liquidación del patrimonio social, la satisfacción o garantía de los derechos de los acreedores, la presentación del balance final relativo a dichas operaciones así como el nombramiento de una persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad en liquidación. El Tribunal de Justicia considera que, al exigir la liquidación de la sociedad, la legislación polaca puede obstaculizar o incluso impedir la transformación transfronteriza de una sociedad. Dicha legislación constituye, por tanto, una restricción a la libertad de establecimiento.
Esta restricción puede estar justificada, en principio, por razones imperiosas de interés general, como la protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores. Sin embargo, la legislación polaca prevé la obligación de liquidar con carácter general, sin tener en cuenta el riesgo real de causar un perjuicio a esos intereses y sin que sea posible optar por medidas menos restrictivas que puedan salvaguardarlos. Según el Tribunal de Justicia, esa obligación va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección de los mencionados intereses.
Por último, respecto al argumento del Gobierno polaco conforme al cual esta legislación está justificada por el objetivo de la lucha contra las prácticas abusivas, el Tribunal de Justicia declara que la legislación polaca es desproporcionada porque la obligación general de llevar a cabo un procedimiento de liquidación equivale a establecer una presunción general de que existe un abuso.
20/10/2017 iefweb.org
El próximo lunes 6 de noviembre, el Instituto de Estudios Financieros (IEF) entregará los X Premios IEF a la Excelencia Financiera en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la académica, a la implicación en divulgación financiera, así como a la transparencia en comunicación.
La ceremonia, que tendrá lugar en el edificio de Foment del Treball (Via Laietana, 32, 08003 Barcelona), empezará a les 19h con la entrega de los premios, los diferentes parlamentos y un pequeño homenaje a los premiados de las 10 ediciones, para acabar con un cóctel a las 20.15h. Los premiados recibirán una pieza única del prestigioso escultor Enric Pladevall.
Los premiados de esta X edición se han hecho públicos justo hoy.
Premio IEF a la Excelencia en la Carrera Profesional
Aristóbulo de Juan, antiguo director general del Banco de España y del Banco Mundial además de ser un importante analista de la crisis bancaria.
Premio IEF a la Excelencia Financiera a la Carrera Académica
Joaquín Trigo, profesor universitario, autor de más de 21 libros y antiguo ejecutivo de Foment del Treball i del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Premio IEF a la Excelencia Financiera en Divulgación
“Valor afegit”, programa de TV3 per su tarea divulgadora durante los últimos 14 años.
Premio IEF a la Excelencia Financiera en Comunicación (Jurado de prensa)
Antoni Brunet, responsable de comunicación de Cellnex, una de las empresas principales de infraestructuras de telecomunicaciones a Europa.
LOS JURADOS: PROFESIONAL Y DE PRENSA
Durante el mes de julio de este año, dos jurados formados por personalidades del mundo económico y del mundo de la prensa económica, han deliberado los premiados de la X edición de los Premios IEF:
Generalitat de Catalunya Sr. Pere Aragonès, secretario de Economía. Presidente Patronato IEF y presidente Jurado
AED (Asociación Española de Directivos) Sr. Xavier Gangonells, director general
Col·legi d ?Economistes de Catalunya Sr. Joan B. Casas, decano
EFPA España (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero- Patrimoniales) Sr. Carlos Tusquets, presidente
Foment del Treball Nacional, Sr. Joan Pujol, secretario general
IEAF, Institut Español de Analistas Financieros, Cirus Andreu, presidente de la delegación de Catalunya
PIMEC (Micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya), Sr. Josep Gonzalez, presidente
Societat Catalana d’Economia, Sr. Eduard Arruga, presidente
IEF (Institut d ?Estudis Financers), Sr. Josep Soler, director general. Secretario del Jurado
Jurado prensa económica
TV3, Albert Closas, Presidente del Jurado
APIEC (Asociación de Periodistas de Información Económica de Cataluña), Agustí Sala, presidente
Ara, Alex Font, redactor responsable de economía
Economía Digital, Manuel Manchón, director general
El Confidencial, Marcos Lamelas, responsable de economía
El Periódico de Cataluña, Olga Grau, redactora responsable de economía
Europa Press, Anna Cristeto, delegada en Cataluña
Expansión, José Orihuel, responsable de redacción
Inversión, Rafael Rubio, presidente del comité editorial
L’Econòmic, Francesc Muñoz, subdirector
La Vanguardia, Eduard Magallon, redactor de finanzas
IEF (Instituto de Estudis Financers), Josep Soler, director general. Secretario del Jurado
Lunes, 23 de octubre de 2017 poderjudicial.es
Carlos Lesmes ha inaugurado en Sevilla las primeras Jornadas de mediación CGPJ-Consejo General de la Abogacía Española. “La historia nos enseña que no hay nunca excesos inocuos en la convivencia de los países y de las sociedades”, dice el presidente del Poder Judicial en referencia a Cataluña
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho hoy, tras expresar su “preocupación y desasosiego” por la situación que se vive en Cataluña, que “quienes creemos en la convivencia dentro de la diferencia, quienes juzgamos que la pluralidad, la diversidad, son patrimonio irrenunciable de las sociedades avanzadas (…), necesitamos, demandamos, que se respeten la Ley y el Estado de Derecho como garantía de esa riqueza que supone la heterogeneidad”.
Lesmes, que ha inaugurado en la sede del Colegio de Abogados de Sevilla las primeras Jornadas de mediación organizadas conjuntamente por el órgano de gobierno de los jueces y el Consejo General de la Abogacía Española, ha señalado que “la historia nos enseña (…) que no hay nunca excesos inocuos en la convivencia de los países y de las sociedades” y ha subrayado que “es el imperio de la Ley, base del Estado de Derecho, el dique de contención de esos excesos”.
“Cuando la retórica se alía para manipular emociones, se abre un inquietante camino que no sabemos a dónde puede conducir” y que corre el riesgo de “convertirse en la conculcación de los derechos individuales y colectivos por aquellos que han abierto ese camino, muchos de los cuales ostentan responsabilidades públicas”, ha añadido el presidente del Poder Judicial, que ha recordado que España “es hoy una sociedad abierta, amante de los elementos que conforman toda pluralidad cultural, ideológica y geográfica dentro del Estado”.
Difundir la mediación
Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas, el presidente del TS y del CGPJ ha explicado que en junio de 2016 el órgano de gobierno de los jueces y el Consejo General de la Abogacía suscribieron un convenio de colaboración para impulsar la mediación como fórmula de solución de conflictos y ha dicho que la necesidad de difundir este sistema “no es caprichosa”, sino que nace de la pertenencia de España a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a la Unión Europea, que ha aprobado importantes directivas en esta materia.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, destacó que la mediación es también hacer justicia y forma parte de la tutela judicial efectiva. En este sentido, abundó en que “la mediación no es un sistema alternativo a la Administración de Justicia, sino complementario”.
18/10/2017 airef.es
•Las hipótesis básicas que sustentan el escenario macroeconómico se consideran factibles y reflejan unos riesgos derivados del entorno exterior equilibrados. Además, el impacto de la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña incorporado a las previsiones oficiales, entre 3-4 décimas del PIB, es prudente y parece contemplar un escenario en el que la crisis institucional sea de relativa corta duración
•La realización de previsiones macroeconómicas en un entorno de inestabilidad política como el actual resulta particularmente compleja y se enfrenta a retos metodológicos que hacen que la incertidumbre asociada a las previsiones sea superior a un ejercicio en condiciones normales
•Con estos condicionantes, la AIReF ha estimado que el componente común para el conjunto de la economía española del shock de incertidumbre tiene un impacto entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB en 2018, dependiendo del grado de permanencia del escenario estresado, por lo que el escenario oficial presenta riesgos a la baja
•Este efecto se traduciría en un deterioro del saldo presupuestario (entre 2 y 5 décimas), a través de unos menores ingresos y el efecto denominador del PIB, lo que a su vez comprometería el cumplimiento del déficit previsto en el Plan para 2018 (2,3% del PIB, una décima por encima del objetivo fijado), reduciendo su factibilidad
•Los riesgos a la baja, además, se materializarán si junto al componente común se incluye el componente idiosincrático asociado a la perturbación en la actividad de Cataluña, que conllevaría también efectos negativos para el resto de España
Intervención del Sr. D. Antonio Tajani
Y en estos tiempos duros y difíciles que vivimos, es necesario más que nunca reivindicar los principios democráticos en los que creemos y en los que se sustenta nuestra vida en común. Son tiempos para la responsabilidad. Nuestros ciudadanos lo merecen. Unos ciudadanos que desean convivir y progresar en paz y que diariamente ofrecen un ejemplo de sacrificio, entrega y compromiso con su país.
Jueves, 19 de octubre de 2017 poderjudicial.es
La Comisión Permanente aprueba una declaración institucional en la que señala que las decisiones adoptadas por la juez “responden exclusivamente a los motivos recogidos” en sus resoluciones
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional en la que exige el máximo respeto a la independencia judicial ante las críticas recibidas por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y señala que las decisiones adoptadas por ésta “responden exclusivamente a los motivos recogidos” en sus resoluciones.
El texto íntegro de la declaración institucional es el siguiente:
“Ante las reiteradas manifestaciones por parte de responsables públicos relativas a que la decisión de adoptar la medida cautelar de prisión provisional de los señores Cuixart y Sànchez obedece a motivos políticos, incluso llegando a calificarles como presos políticos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hace constar:
1. Que en un Estado constitucional como el nuestro, los jueces y tribunales actúan con estricta sujeción a la ley y al Derecho en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad. Por ello, en el presente caso, la decisión adoptada en el seno de un proceso seguido con todas las garantías responde exclusivamente a los motivos recogidos en la propia resolución.
2. Que las manifestaciones mencionadas no tienen más objetivo que dañar la percepción social de la independencia de la magistrada que ha tomado la decisión.
3. Que ante la grave situación en que se está desarrollando el ejercicio de la función jurisdiccional, exigimos el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad.
4. Que la independencia judicial es un instrumento esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho. Por eso quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial manifiesta a la opinión pública y, en particular, a la sociedad catalana que pueden sentirse orgullosas y confiadas en el modelo constitucional de garantías y libertades de España y de la independencia de sus jueces y magistrados”.
La Comisión Permanente requiere a la Generalitat para que deje sin efecto la creación de la Comisión Especial, “específicamente en lo atinente a la investigación de los órganos judiciales», El CGPJ pone el acuerdo de la Generalitat en conocimiento de instancias internacionales con relevancia en la salvaguarda de la independencia judicial como la ONU, la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa y la Comisión Europea
La Sala Tercera estima que ““ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del acuerdo impugnado”
En dos autos, el Supremo no acepta ninguno de los argumentos esgrimidos por la Generalitat para lograr que se suspendiese cautelarmente la decisión del Gobierno y Hacienda. Así, destaca que no existe riesgo de que la no suspensión provoque la pérdida de la finalidad legítima del recurso ni que vaya a causar perjuicios irreparables. “Ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del acuerdo impugnado”, señalan los magistrados.
Resaltan además que el destino de los fondos públicos obtenidos a través del Fondo de Liquídez Autonómico debe ser ajustado a Derecho, “y no es ajustado a Derecho que se destinen a financiar una actividad inconstitucional –el mencionado referéndum ilegal-”, lo que refuerza la apariencia de legalidad del Acuerdo ahora impugnado.
“Ni el perjuicio es irreparable, ni la recurrente prueba esta circunstancia y, porque las medidas adoptadas garantizan el interés general y de terceros al asegurar la prestación de los servicios públicos, y no se impide la reversión de la situación y la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria”, debe rechazarse la medida cautelar, resume uno de los autos. La Sala añade que el interés general y el de terceros, “al asegurar la prestación de los servicios públicos y preservar la estabilidad presupuestaria, exigen que el Acuerdo se cumpla y suspender este Acuerdo perturbaría gravemente y de forma posiblemente irreparable el interés general”.
El Supremo indica además que en el juicio limitado que es propio del examen de la medida cautelar (donde no se prejuzga el fondo del asunto planteado en los recursos) no se aprecia a primera vista de forma clara los alegatos hechos por la Generalitat contra los acuerdos del Gobierno y Hacienda, como una falta de motivación, desproporción y arbitrariedad de las medidas, falta de cobertura legal o sustracción de competencias al Tribunal Constitucional, ni vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat.
El Tribunal Supremo avala el Real Decreto de autoconsumo eléctrico y rechaza que exista un «impuesto al sol»
En primer término, la sentencia considera importante poner de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada. “No hay por tanto, y frente a la expresión que ha hecho fortuna, «impuesto al sol» propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente”, subraya el Supremo.
El alto tribunal estudia la alegación de la entidad recurrente de que el Real Decreto impugnado, en particular los artículos 17 y 18, vulneran el artículo 9.3 de la Ley del Sector Eléctrico, el cual establece que los autoconsumidores ha de pagar «los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que corresponden a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo». En opinión de los recurrentes, los citados preceptos imputan a los autoconsumidores dos cargos adicionales: cargo variable transitorio y cargo fijo, por la energía consumida y la potencia instalada (en ciertos supuestos). Según las citas y explicación de esa parte, se trata de que los autoconsumidores pagarían más que los restantes sujetos por el ahorro de energía que pudieran alcanzar.
La Sala contesta: “No tiene razón la recurrente cuando afirma que se imponen a los autoconsumidores cargos que no pagan los consumidores ordinarios. La cuestión es que la metodología adoptada para los cargos debidos a los costes del sistema y la función de respaldo del sistema incluye como factor de cálculo la totalidad de la energía consumida, incluyendo por tanto la autoconsumida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley, que prevé la posibilidad de que el Gobierno establezca reglamentariamente reducciones en los peajes, cargos y costes no peninsulares «cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes de dichos sistemas», posibilidad que se reitera en los artículos 17.6 y 18.5 del Reglamento impugnado”.
Desayuno informativo de Fórum Europa
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reclamado al Gobierno catalán la vuelta a la ley y al Estado de derecho en el marco de la legalidad de la Constitución como único medio para acabar con la «incertidumbre, inestabilidad y miedo» que están afectando profundamente a la economía de esa comunidad.
Rafael Catalá ha propuesto «practicar el diálogo, no exigirlo, en el marco de la legalidad, de la Constitución y en el Congreso de los Diputados, donde mejor puede hacerse en una democracia».
En su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el titular de Justicia ha subrayado la necesidad de reforzar el ordenamiento jurídico como pieza clave del desarrollo económico y progreso social que aporta ventajas competitivas a la propia sociedad y sus ciudadanos. Frente a esa idea, ha advertido que el mensaje de ilegalidad lanzado desde algunas instancias de Cataluña se está traduciendo «en grandes perjuicios económicos».
Como ejemplo de esa realidad, se ha referido a las alertas de recesión lanzadas por parte de las agencias de rating, así como a la fuga masiva de empresas de Cataluña o a la dramática disminución de reservas hoteleras en Barcelona. Son todos ellos indicadores, ha dicho, que inciden aún más en una situación económica marcada por la caída de las inversiones en un 10% durante el segundo trimestre del año en Cataluña frente al ascenso del 13% registrado en España.
En este encuentro informativo, el ministro ha recordado la necesidad de actuar de forma inmediata en la gran reforma estructural de la Justicia española, encauzada ya gracias al acuerdo unánime de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados plasmado en un compromiso de Estrategia Nacional de Justicia.
Para Rafael Catalá, existen unas líneas de actuación muy precisas en las que trabajar, como son la dotación de mejores medios para los profesionales de la Justicia, la reforma del proceso penal para ajustarlo a las nuevas necesidades del siglo XXI, la mejora del proceso civil, la completa transformación digital del servicio, el aumento de la percepción del carácter independiente de la Justicia, su adaptación a las personas y la realidad social actual y el perfeccionamiento de un ordenamiento jurídico que proporcione estabilidad económica.
Respecto a los medios a disposición de la Justicia, el ministro ha resaltado el incremento en un 7,7% de los presupuestos de su departamento, así como el aumento del 86% en las cantidades destinadas a la mejora de infraestructuras, tecnologías y equipamientos. La creación de 16 nuevas plazas de magistrado en la segunda instancia penal, las 100 nuevas plazas de jueces y fiscales previstas para este mismo ejercicio y los 93 nuevos órganos y plazas judiciales recientemente aprobados en Consejo de Ministros son muestras del compromiso adoptado en este sentido por parte del Gobierno.
En relación con el proceso penal, Catalá se ha mostrado convencido de la necesidad de contar con nuevas reglas procesales que permitan más celeridad y eficacia en la persecución del delito, otorgando todo el protagonismo al juicio oral. Y en ese sentido, entiende que sería un importante paso que el peso de la investigación recayera en el Ministerio Fiscal, como ocurre en los países de nuestro entorno, contando con un juez de garantías.
El proceso civil puede alcanzar mayores cotas de rapidez, ha dicho el ministro, especialmente en el ámbito de las comunicaciones y notificaciones. De ahí, la necesidad de contar con las nuevas tecnologías para agilizar los trámites y facilitar el trabajo de todos los profesionales, generalizando la regulación de notificaciones y certificaciones electrónicas, lo que supondría el fin de las copias en papel.
Para conseguirlo, apuesta por completar el proceso de transformación digital de la Justicia, gracias al que se han realizado sustanciales avances y «se han llegado a realizar 300.000 comunicaciones electrónicas diarias». Desde el Ministerio se han afrontado importantes inversiones que han supuesto, entre 2014 y 2017, la multiplicación por cuatro de las dotaciones presupuestarias en tecnología, así como diversas actuaciones para informatizar juzgados en toda España.
Entre las preocupaciones expresadas por el ministro se encuentra la mejora de la percepción ciudadana de la Justicia como un servicio independiente, profesional, abierto y transparente. Así como el empeño de colocar a la Justicia en un lugar cercano a la realidad social y eficaz frente a los problemas que esta plantea.
«Necesitamos una Justicia que cuide y proteja a quienes más lo necesitan», ha señalado Catalá, quien se ha mostrado confiado en poder sacar adelante la reforma del Código Penal y su actual regulación de la omisión del deber de socorro en el ámbito de la seguridad vial. Asimismo, ha animado a explorar las medidas necesarias para reforzar la lucha contra la violencia de género y para ello, se ha comprometido a colaborar con el cumplimiento del Pacto de Estado suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas en todo lo que atañe al Ministerio de Justicia.
Lunes, 16 de octubre de 2017 poderjudicial.es
Se mantienen los lanzamientos en las mismas cifras del segundo trimestre de 2016 y descienden en un -2.8% los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. En cuanto a los concursos, en Aragón aumentan los presentados por personas naturales no empresarios en un 50% y los despidos experimentan un aumento del 0,5%
Por provincias el número total de lanzamientos practicados en este periodo analizado en de 428 en Zaragoza, 63 en Huesca y 30 en Teruel. En Teruel los lanzamientos por ejecución hipotecaria han descendido un 30% mientras que en Huesca el descenso ha sido de un 22.5%. No ocurre lo mismo en la provincia de Zaragoza donde se han incrementado un 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Para Huesca y Teruel se registran mayores descensos en los lanzamientos por LAU donde decrecen, respectivamente, un 29,7% y un 33,3 % mientras que en Zaragoza aumentan en 6,7%.
Por lo que a lo concursos se refiere, en Aragón se mantiene el número con un total de 34 presentados. Esta cifra es igual a la registrada en el segundo trimestre del 2016. Dentro del total de concursos, aumentan sin embargo los presentados por personas naturales no empresarios que pasan de los 12 de 2016 a los 35 en este segundo trimestre de 2017.
octubre 4, 2017 Notas de prensa – registradores.org
◾Al plenario de los registradores mercantiles europeos asisten representantes de una veintena de países
4.10.’17.- El decano del Colegio de Registradores de España Gonzalo Aguilera, ha resaltado la función trascendental de los registradores mercantiles para incrementar la transparencia en el mercado y en las transacciones comerciales. En este sentido, el decano, durante la inauguración de la reunión en Madrid de European Commerce Registers Forum, (ECRF),se ha referido a la última Directiva contra el Blanqueo de Capitales, que introduce, entre otras modificaciones, la necesidad de identificar a todas las personas físicas que ejercen control mediante la propiedad u otros medios, de una persona jurídica.
Gonzalo Aguilera ha resaltado la importancia de los Registros Mercantiles, de los que ha dicho que “son un instrumento esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado”. En este sentido, Aguilera se ha referido a hechos pasados como el escándalo de los papeles de Panama, donde la opacidad societaria facilitada por los paraísos fiscales dio lugar a una gran crisis internacional y puso de manifiesto la necesidad de atajar la delincuencia en el blanqueo de capitales, “identificando al titular real y de esta forma evitando territorios de riesgo”.
Jueves, 28 de septiembre de 2017 poderjudicial.es
La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha estimado el recurso presentado contra la aprobación del acuerdo del Plenario del Ayuntamiento de Barcelona sobre la Modificación del Plan Especial de establecimientos de concurrencia pública, hotelería y otras actividades en Ciutat Vella y da por anulada la obligación de obtener la baja de una o varias licencias existentes de plazas hoteleras en número igual o superior a la nueva actividad hotelera.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de octubre de 2017.

References: resolución 
 artículo 155
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9