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Timestamp: 2020-02-27 18:03:46+00:00

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Todo despido injustificado trae consigo daños a la persona que lo sufre [Cas. Lab. 5423-2014, Lima] | LP
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Fundamento destacado: Vigésimo.- En ese contexto, en el caso concreto le corresponde al actor el pago de una indemnización por daño moral; toda vez que dicha indemnización deriva del comportamiento calumnioso del empleador, al haberle imputado la comisión de faltas graves consistentes en haber fraguado operaciones de importación, falsificación de documentos, simulación de importaciones ante terceros y abuso de las facultades conferidas por el empleador, las cuales derivaron no solo en la pérdida de su trabajo, sino también en el menoscabo de su dignidad, honor y reputación como persona, pues se le atribuyó conductas delictivas; lo cual evidencia un comportamiento doloso, orientado a perjudicar al trabajador, con la finalidad de incumplir sus obligaciones laborales; hecho que ha quedado acreditado con los medios probatorios que corren en autos; motivo por el cual las causales referidas a la interpretación errónea del artículo 1318° y la inaplicación del artículo 1330° del Código Civil, devienen en infundadas.
Sumilla.- Existen determinadas circunstancias frente a las cuales el trabajador puede recurrir a la vía judicial solicitando una indemnización por daño moral, debido a que la indemnización tarifada se encuentra prevista para todos aquellos daños ordinarios que se puedan presentar producto del despido arbitrario, no encontrándose comprendidos dentro de la misma, los daños extraordinarios generados por la conducta maliciosa del empleador.
CASACIÓN LABORAL N° 5423-2014, LIMA
Lima, veintisiete de abril de dos mil quince
VISTA; la causa número cinco mil cuatrocientos veintitrés, guión dos mil catorce, guión LIMA; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley; interviniendo como ponente el señor juez supremo Malea Guaylupo con la adhesión de los señores jueces supremos; Arévalo Vela, Mac Rae Thays y Chaves Zapater; y el voto en minoría de la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; Se emite la siguiente sentencia.
Se trata del recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa demandada, Distribuidora Bolivariana S.A., mediante escrito de fecha trece de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas quinientos diecinueve a quinientos cincuenta y siete, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha trece de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y siete a quinientos diecisiete, que confirmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, que corre en fojas trescientos sesenta a trescientos setenta y dos, que declaró fundada en parte la demanda; modificándola en el monto que ordenó pagar; en el proceso seguido por Agapito Fortunato Vásquez Vargas, sobre indemnización por daños y perjuicios.
La parte recurrente invocando los incisos b) y c) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1o de la Ley N° 27021, denuncia como causales de su recurso:
a) infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y del artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) interpretación errónea de los artículos 1318° y 1321° del Código Civil.
c) interpretación errónea del artículo 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
d) inaplicación del artículo 1330° del Código Civil.
e) infracción al Principio Non bis in ídem.
Primero.– En principio, resulta pertinente señalar que el recurso de casación es un medio impugnatorio eminentemente formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1o de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.
Segundo.- En el caso de autos, se aprecia que el recurso de casación reúne los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1o de la Ley N° 27021.
Tercero.- Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales descritas en su artículo 56°, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria calificar estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente.
Cuarto.– Respecto a las causales contenidas en los literales a) y e) se advierte que la parte recurrente no ha cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 58° de la Ley N° 26636, modificada por el artículo 1o de la Ley N° 27021, pues, no ha tenido en cuenta que la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, ni la infracción al principio Non bis in Ídem, no se encuentran contemplados como causales de casación a ser denunciadas al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 26636; en consecuencia, dichas causales devienen en improcedentes.
Quinto.- En cuanto a la causal contenida en el literal c), se debe precisar que la interpretación errónea se presenta cuando el juzgador, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma pertinente al caso, se equivoca al momento de interpretarla, otorgándole un sentido y alcance que no tiene.
En ese sentido, del análisis de la referida causal, se aprecia que la parte impugnante ha cumplido con señalar la norma interpretada erróneamente por el Colegiado de mérito, conforme lo dispone el artículo 56° de la Ley N° 26636, modificado por la Ley N° 27021; no obstante, no ha tenido en cuenta lo dispuesto por el inciso b) del artículo 58° de dicha Ley, esto es, señalar cuál es la correcta interpretación de la misma; limitándose a formular argumentos genéricos, orientados a cuestionar lo decidido por dicha instancia; motivo por el cual la referida causal deviene en improcedente.
Sexto.- Con relación a la causal contenida en el literales b), la parte recurrente ha cumplido con argumentar la correcta interpretación de las normas denunciadas, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modificado por la Ley N° 27021; motivo por el cual dicha causal deviene en procedente.
Sétimo.- Finalmente, respecto a la causal contenida en el literal d), se entiende por inaplicación de una norma de derecho material, cuando el juez ha omitido la aplicación de una norma sustantiva al caso concreto, la cual resulta indispensable para la solución de la controversia, lo que determinaría que la decisión adoptada en la Sentencia resulte diferente a la acogida. En el caso concreto, la recurrente ha cumplido con señalar cuál es la norma inaplicada, y como su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento, conforme lo prevé el literal c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modificado por la Ley N° 27021; motivo por el cual dicha causal debe declararse procedente.
En consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre la denuncia declarada procedente, referida a la interpretación errónea de los artículos 1318°, 1321° y la inaplicación del artículo 1330° del Código Civil.
Mediante escrito de demanda de fecha veinte de setiembre de dos mil siete, que corre en fojas veintinueve a cincuenta y dos, el actor solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios, por la suma de ciento cincuenta mil con 00/100 dólares americanos ($ 150,000.00) o su equivalente en moneda nacional, por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, derivados del despido arbitrario del cual fue objeto.
Noveno.- El Juez del Sexto Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia contenida en la resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, que corre en fojas trescientos sesenta a trescientos setenta y dos, declaró fundada en parte la demanda, ordenando el pago de treinta mil con 00/100 nuevos soles (S/. 30,000.00) por concepto de daño moral; sosteniendo básicamente que al haberse resarcido al demandante con una indemnización por despido arbitrario, no le corresponde percibir suma alguna por concepto de daño emergente y lucro cesante. Asimismo, en relación al daño moral, el despido inmotivado del cual fue objeto el demandante, ha creado una desestabilización emocional, por cuanto pone en duda su capacidad profesional, afectando su autoestima.
El Colegiado de la Tercera Sala Laboral de la referida Corte Superior de Justicia, confirmó en parte la Sentencia apelada; ordenando el pago de ciento treinta mil con 00/100 nuevos soles (S/. 130,000.00), amparando el extremo referido a la existencia de lucro cesante y daño emergente; tras considerar que en el caso de autos ha existido un daño adicional, el cual es consecuencia directa del incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa demandada.
Décimo.- En el caso de autos, se declaró procedente el recurso por interpretación errónea de los artículos 1318°, 1321° y 1330° del Código Civil, los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 1318.- Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación.
El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.
Artículo 1330.- La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso».
Décimo Primero.- Resulta pertinente señalar que para la determinación de la existencia de responsabilidad civil, deben concurrir necesariamente cuatro factores, los que a saber son: la conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y los factores de atribución.
Décimo Segundo.- La conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho.
Por su parte, el daño indemnizable es toda lesión a un interés jurídicamente protegido, se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. El daño patrimonial, es todo menoscabo en los derechos patrimoniales de la persona; mientras que el daño extrapatrimonial, se encuentra referido a las lesiones a los derechos no patrimoniales, dentro de los cuales se encuentran los sentimientos, considerados socialmente dignos o legítimos, y por ende, merecedores de tutela legal, cuya lesión origina un supuesto de daño moral.
El daño moral puede ser concebido como un daño no patrimonial inferido sobre los derechos de la personalidad o en valores, que pertenecen más al ámbito afectivo que af fáctico y económico; en tal sentido, el daño moral abarca todo menoscabo proveniente del incumplimiento de cualquier obligación que se pueda valorar en función de su gravedad objetiva. Asimismo, las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad psicológica y a sus proyectos de vida, originan supuestos de daños extrapatrimoniales, por tratarse de intereses tutelados, reconocidos como derechos no patrimoniales.
Por último, los factores de atribución, los cuales se encuentran constituidos por el dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve.
Décimo Tercero.- Conforme a lo previsto en el artículo 318° del Código Civil, procede con dolo aquel que de forma deliberada incumple una obligación.
Asimismo, el artículo 1321° del referido Código, señala que la indemnización por daños y perjuicios debe ser abonada por quien no ejecuta una obligación por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, quedando comprendido dentro de estos conceptos el daño emergente y lucro cesante, en cuanto son consecuencia inmediata y directa de la inejecución de una obligación.
Por otra parte, conforme al artículo 1330° del citado Código Adjetivo, corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, el acreditar el dolo y la culpa inexcusable.
Décimo Cuarto.- En el caso concreto, el demandante sufrió la ruptura del vínculo laboral de una manera no arreglada a derecho, imputándole la comisión de faltas graves, consistentes en haber fraguado operaciones de importación, falsificación de documentos, simulación de importaciones ante terceros y abuso de las facultades conferidas por el empleador; hechos que no fueron acreditados en su oportunidad; motivo por el cual mediante Sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, que corre en fojas cuatro a nueve, confirmada mediante Sentencia de Vista de fecha quince de junio de dos mil seis, que corre en fojas setenta y cuatro a setenta y siete vuelta, se declaró fundada su demanda, ordenándose el pago de una indemnización por despido arbitrario, la cual adquirió calidad de cosa juzgada al haberse declarado improcedente el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, mediante resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil seis, que corre en fojas setenta y siete a setenta y nueve.
Décimo Quinto.- Al respecto, debemos decir que la indemnización por despido arbitrario ha sido establecida por el artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, como única reparación por el término arbitrario de la relación laboral; lo que resulta concordante con el numeral 1.a) del artículo 12° del Convenio N° 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, suscrito el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos; el cual si bien no ha sido ratificado por el Perú; sin embargo, ha servido de fuente orientadora para la legislación peruana, sobre todo para la regulación del despido en el texto original del Decreto Legislativo N° 728, y que se ha mantenido en el Texto Único Ordenado citado precedentemente.
Décimo Sexto.- Conforme a lo expuesto, resulta pertinente señalar que todo despido injustificado, trae consigo daños a la persona que lo sufre, por cuanto de una manera u otra, deja de percibir remuneraciones y queda en el desamparo económico; más aún en un país como el nuestro donde los puestos de trabajo son escasos.
Décimo Sétimo.- En tal sentido, para evitar que el trabajador afectado por un despido arbitrario tenga que recurrir a la vía judicial para discutir sobre la existencia o no, de daños y perjuicios en su contra, incluido el daño moral, es que la ley ha considerado establecer una indemnización tarifada, que comprende los daños patrimoniales; así como, los extrapatrimoniales originados por el despido.
En consecuencia, el Colegiado de mérito al reconocer el pago de una indemnización por lucro cesante y daño emergente, ha incurrido en una interpretación errónea del artículo 1321° del Código Civil, pues no ha considerado que la indemnización tarifada prevista por el artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, la cual le fue reconocida al actor mediante sentencia judicial, cubre la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por el trabajador; motivo por el cual la causal denunciada deviene en fundada.
Décimo Octavo.- Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado Supremo considera que existen determinadas circunstancias frente a las cuales el trabajador puede recurrir a la vía judicial solicitando una indemnización por daño moral, debido a que la indemnización tarifada se encuentra prevista para todos aquellos daños ordinarios que se puedan presentar producto del despido arbitrario, no encontrándose comprendidos dentro de la misma, los daños extraordinarios generados por la conducta maliciosa del empleador; esto es, aquella conducta que genera una afectación especialmente dañosa sobre la dignidad, el honor y la reputación del trabajador.
Décimo Noveno.- En ese contexto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, al resolver la Casación N° 399-99 LIMA, mediante Ejecutoria Suprema de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, en su Cuarto Considerando, ha establecido lo siguiente:
«Cuarto.- Que, las legislaciones modernas acogen restringidamente el daño moral por las dificultades que ella presenta como el determinar el quantum de la reparación, la valoración de los sentimientos para estos no sean objeto de tráfico pecuniario, sin embargo en nuestro caso el daño moral se encuentra embuido bajo los alcances del Artícuio mil novecientos ochenta y cuatro del Código Civil, esto es que queda limitado a la posibilidad de iniciar una acción de reparación por daño moral al caso de un acto ilícito, que como hemos analizado en el primer considerando de esta resolución no se da en estos actuados, toda vez que la reparación reviste de un carácter francamente excepcional procediendo solamente cuando el incumplimiento fuere totalmente malicioso, es decir cuando por sus propias características resulta de un verdadero acto ilícito, como sería el daño moral probado por la falsa denuncia del empleador, quien habría imputado a su trabajador sin fundamento alguno la comisión de un hecho delictuoso, pues como sustentan Katez de Echazarreta, lo que se ordena indemnizar no es el despido sino las consecuencias de su abusiva publicidad; hipótesis éstas que no han acontecido en los actuados”.
En conclusión, este Colegiado Supremo considera pertinente dejar en claro que todo despido arbitrario, declarado como tal por un juez competente, no origina per se una indemnización por daños y perjuicios distinta a la prevista en la vía laboral, si es que no se establece y acredita la conducta dañina, agravada por la actitud maliciosa del exempleador.
Vigésimo.- En ese contexto, en el caso concreto le corresponde al actor el pago de una indemnización por daño moral; toda vez que dicha indemnización deriva del comportamiento calumnioso del empleador, al haberle imputado la comisión de faltas graves consistentes en haber fraguado operaciones de importación, falsificación de documentos, simulación de importaciones ante terceros y abuso de las facultades conferidas por el empleador, las cuales derivaron no solo en la pérdida de su trabajo, sino también en el menoscabo de su dignidad, honor y reputación como persona, pues se le atribuyó conductas delictivas; lo cual evidencia un comportamiento doloso, orientado a perjudicar al trabajador, con la finalidad de incumplir sus obligaciones laborales; hecho que ha quedado acreditado con los medios probatorios que corren en autos; motivo por el cual las causales referidas a la interpretación errónea del artículo 1318° y la inaplicación del artículo 1330° del Código Civil, devienen en infundadas.
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, Distribuidora Bolivariana S.A., mediante escrito de fecha trece de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas quinientos diecinueve a quinientos cincuenta y siete; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha trece de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y siete a quinientos diecisiete; v actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, que corre en fojas trescientos sesenta a trescientos setenta y dos, que declaró fundada en parte la demanda, ordenando el pago de treinta mil con 00/100 nuevos soles (S/. 30,000.00) por concepto de indemnización por daño moral, y lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Agapito Fortunato Vásquez Vargas, sobre indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron.
[VÍDEO] Conferencia magistral de José Domingo Pérez sobre colaboración eficaz en delitos de corrupción de funcionarios

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 artículo 1330
 resolución 
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 artículo 56
 artículo 1
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 34
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 artículo 56
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 artículo 57
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 artículo 58
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Artículo 1318

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 artículo 318
 artículo 1321
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