Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-122-08.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:03:44+00:00

Document:
C-122-08
Sentencia C-122/08
PRESUNCION DE PATERNIDAD-Posibilidad de utilizar otros medios probatorios diferentes de la prueba de ADN
El numeral primero del mismo artículo 2° de la Ley 1060 de 2006 establece que puede utilizarse cualquier prueba para tratar de desvirtuar la presunción de paternidad. Ciertamente, este numeral indica que no se reputará que el niño fue procreado en el matrimonio o en la unión conyugal “[c]uando el cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre”. Así, pues, el numeral acusado parcialmente, interpretado de manera sistemática, no impide que se acuda a medios de prueba diferentes a la prueba científica para desvirtuar la presunción de paternidad.
PRUEBA DE ADN EN PROCESO DE IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-Mientras no ofrezca certeza absoluta puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador/PRUEBA DE ADN EN PROCESO DE IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD-No se exige que el juez se atenga a lo probado de manera científica.
Referencia: expediente D-6877
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 (parcial) del artículo 2 de la Ley 1060 de 2006
Demandante: Luis Germán Ortega Ruiz
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Luis Germán Ortega Ruiz solicitó a esta Corpo­ración que declare la inexequibilidad parcial del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1060 de 2006, “por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad.”. La demanda fue admitida por el Magistrado ponente mediante auto de 3 de agosto de 2007.
“por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad”
“Artículo 2°.– El artículo 214 del Código Civil quedará así:
“Artículo 214.– El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando el cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre.
“2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.” (se subraya la parte demandada)
1. Luis Germán Ortega Ruiz presentó acción de inconstitucionalidad contra el numeral 2 (parcial) del artículo 2 de la Ley 1060 de 2006, por considerar que la expresión “mediante prueba científica” viola el derecho al debido proceso (art. 29, CP), al darle legislativamente “valor absoluto” a una prueba científica, impidiendo el derecho a la defensa de las personas interesadas, por no tener la posibilidad de controvertirla judicialmente. Dice el actor:
“Así las cosas, es evidente que la norma demandada permite que los medios de prueba diferentes al de la prueba científica, carezcan del mismo valor probatorio, lo cual deriva que, en aquellos casos en donde bien se pueda o no probar la paternidad, con medios de prueba diferentes al científico, llevan a que el juicio de valoración judicial se encuentre únicamente enmarcado en la pruebas científicas para desvirtuar la presunción de paternidad.
“Cabe para lo anterior el siguiente interrogante: ¿En aquellos casos en donde ha sido imposible la práctica de la prueba científica no es viable desvirtuar la presunción de paternidad?”
“El debido proceso incluye no solo la solicitud, decreto y práctica de las pruebas, sino también la valoración de las mismas. De allí que puede determinarse que la valoración legislativa y no judicial de la prueba científica en los procesos judiciales que nos ocupan se torne inconstitucional, no solo, por la preexistencia valorativa de la prueba, sino también, porque ostenta un tratamiento preeminente sobre los demás medios de prueba en este tipo de procesos, por demás de ser la única prueba que logra –según el aparte demandado– desvirtuar la presunción de paternidad.
El legislador parte de la premisa que el resultado de las pruebas científicas de ADN demuestran la certeza del vínculo consanguíneo, situación que no es cierta, pues como ya lo ha abordado en anteriores decisiones la Corte Constitucional, el resultado de dichas pruebas científicas no proporcionan una certeza absoluta, sino una alta probabilidad de certeza. En resumen, no existe un porcentaje del 100% de certeza del vínculo consanguíneo con las pruebas científicas, sino una alta probabilidad de certeza que dependiendo del caso será de 99.9% o 99.99%.[1]
Según el contexto de la norma demandada, solo la prueba científica tiene vocación de desvirtuar la presunción de paternidad, lo que significa que el demandado en un proceso de impugnación [de la] paternidad no podría utilizar otros medios de prueba para controvertir dicha presunción.”
La administración de justicia se caracteriza por la autonomía de los jueces para fallar sus providencias sin apegos y sujeciones respecto a la decisión judicial. De allí que pueda inferirse que no es viable que la ley que nos ocupa, le imponga al juez: 1) la manera de valoración probatoria y 2) le otorgue –a una prueba científica– unos efectos jurídicos que pueden ser igualmente definidos con otros medios de prueba (testimonios, documentos, inspección judicial, entre otras).
Resulta de lo anterior, que en este caso el legislador esta realizando funciones que fueron entregadas estrictamente a la Rama Judicial, preestableciendo valoraciones probatorias que incumben estrictamente en el ámbito de las decisiones judiciales.”
3. Para el demandante, al no garantizar la norma acusada, en los procesos de impugnación de paternidad, una adecuada y justa valoración de las pruebas aportadas al proceso por parte del juez, desconoce el preámbulo de la Carta Política, al atentar contra un orden justo, y el artículo 2° de la misma, en tanto no se protege sustancialmente el derecho al debido proceso.
El Ministerio participó mediante apoderado en el proceso,[2] para presentar dos peticiones. Por un lado, solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, en relación con los cargos de vulneración del preámbulo y artículos 2 y 116 de la Constitución Política. Por otro lado, pide que se declare la exequibilidad del texto acusado, “(…) en el entendido de que en eventos en los cuales el aporte de la prueba científica sea objetivamente imposible, la misma excepción consagrada en la norma objeto de estudio se haga extensiva a otros medios de prueba.”
De igual forma considera este despacho que la acusación formulada por el accionante de vulneración del artículo 2° de la Constitución Política adolece de un grave vicio por el cual debe declararse la Corte inhibida, cual es que el accionante no confronta al norma acusada con el texto constitucional presuntamente vulnerado, dejando su acusación meramente enunciada sin sustento alguno, la cual obedece, seguramente, a sus convicciones, pero no a la formulación que exige la ley en cuanto se refiere a las acciones constitucionales. Es claro que el accionante en ningún momento explica en qué consiste la presunta vulneración de los fines esenciales del Estado y por consiguiente no existe fundamento sobre el cual adelantar juicio de constitucionalidad.
En relación con la acusación de vulneración del artículo 116 superior, cabe repetir lo señalado frente a las anteriores acusaciones, por cuanto la formulación del cargo no cumple con los requisitos que el procedimiento constitucional demanda ya que en ningún momento se expresa en forma clara por el actor las razones objetivas por las cuales, fruto de la confrontación entre el texto acusado y la norma constitucional, considera que se ha vulnerado el ordenamiento superior, correspondiendo, en consecuencia, a la Corte Constitu­cional declararse inhibida nuevamente.”
[…] Colombia es un estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y respetuoso del principio del debido proceso que necesariamente implica que no obstante contar la justicia con esa prueba como uno de los elementos principales de juicio, dentro del mismo deben valorarse en su justa proporción las demás pruebas,[3] inclusive las que contradigan el experticio científico (C-476 de 2005), a fin de garantizar a los asociados el legítimo derecho al debido proceso (C-1104 de 2001).
En este sentido, y teniendo en cuenta que alguna interpretación de la norma puede llevar al absurdo de constreñir derechos de personas que buscan impugnar su filiación a medios de prueba que en ciertos casos objetivos pueden ser de imposible consecución, este Despacho solicita a la Corte Constitucional que declarar el aparte acusado exequible en el entendido de que en eventos en los cuales el aporte de la prueba científica sea objetivamente imposible, la misma excepción consagrada en la norma objeto de estudio se haga extensiva a otros medios de prueba, diferentes de la científica.”
“Para lo que nos concierne, el artículo 2° de la ley 1060 de 2006 modifica el artículo 214 del Código Civil, normativa que regulaba la presunción de paternidad y el evento en el cual el padre podía no reconocer al hijo como suyo. En el nuevo texto, esto es, la ley 1060 se consagró la presunción de paternidad y describió dos formas mediante las cuales se desvirtuaría tal paternidad.
Así las cosas, el fundamento de violación común para todos los artículos superiores que el demandante encuentra vulnerados, esto es, la exclusividad de la prueba científica para desvirtuar la presunción de paternidad se derrumba, pues como quedó visto, no es el único evento que consagra la norma para tal efecto; de otra parte, se tiene que el proceso de impugnación de paternidad es autónomo y diferente a las causales que destruyen la presunción consagrada en el artículo 2° de la ley 1060 de 2006, pues son las resultas de ese debate las que interesan para efectos de derribar al presunción de paternidad.”
3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
“El demandante considera que la única prueba científica para excluir la paternidad es la del ADN y reflexiona sobre el valor de 99.99% como valor de probabilidad para incluir la paternidad.
Como queda dicho, ninguna prueba científica da un resultado del 100% de probabilidad para incluir la paternidad o maternidad, pero todas si pueden dar 100% de certeza de exclusión de la paternidad. (…)
(…) la prueba científica es la única idónea para excluir la paternidad, por lo que el legislador acierta, sin violar la Constitución, al darle valor de plena y exclusiva para desvirtuar la presunción de paternidad o maternidad.”
Para el abogado el problema jurídico es el siguiente: “¿Si el legislador dispone que la prueba científica es la idónea para excluir la paternidad o maternidad, viola uno o varios de los artículos citados por el demandante, al no permitir otros medios de prueba?” A lo cual responde en los siguientes términos: “No viola la Constitución, porque es la única que da certeza del 100% de la exclusión y, además, porque no pudiéndose practicar la prueba, el padre presunto tiene la opción de desvirtuar la presunción, por cualquier otro medio de prueba, como lo enseña el numeral 1 del mismo artículo 214 del CC.”
4. Intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
El Jefe de la Oficina Jurídica del ICBF, José Oberdan Martínez Roble, participó en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de la norma, por considerar que el desconocimiento de la Constitución se deriva de la lectura del demandante y no de la norma acusada. Para el ICBF es claro que “(…) el artículo demandado no excluye ningún medio de prueba para desvirtuar la paternidad. Ciertamente, los desarrollos científicos han venido perfeccionando procedimientos de laboratorio que permiten con una certeza del 99.9% afirmar, no sólo si una persona es hijo o hija de quienes presumiblemente son sus padres, sino también si no lo son.” Para el Instituto es un contrasentido “(…) intentar descartar las pruebas científicas de filiación, para volver a los testimonios o a la ‘vista de parecidos’ o a algún trato evidente que los presuntos padres otorguen a sus hijos, para de allí establecer la paternidad, cuando la prueba de ADN demuestra de manera clara que el 99.9% de los casos quién es el hijo o la hija y de qué padres. Todo lo cual sin perjuicio de la autonomía valorativa de la prueba que corresponde al juez.”
El Procurador General de la Nación intervino en el presente proceso para solicitar a la Corte Constitucional declarar exequible el aparte acusado del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1060 de 2006, frente a los cargos de la demanda, con base en la existencia de cosa juzgada material, según la sentencia C-476 de 2005.[4] El Ministerio Público considera que al declarar la exequibilidad del artículo 3° y el inciso segundo del artículo 8° de la Ley 721 de 2001, analizó la totalidad de los cargos formulados por el demandante contra la expresión ‘mediante prueba científica’ contenida en el artículo 2°, numeral 2, de la Ley 1060 de 2006. Por tanto, considera que puede afirmarse que en el caso de la referencia ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material, y que la Corte Constitucional debe estarse a lo dispuesto en esa ocasión.
3. Como bien lo señala el Procurador General de la Nación en su concepto, la Corte ya se pronunció sobre un problema jurídico semejante en la Sentencia C-476 de 2005.[5] En aquella ocasión, la Corte conoció sobre una demanda presentada contra los artículos 3 y 8 (parcial) de la Ley 721 de 2001, por medio de la cual se modificó la Ley 75 de 1968, con el fin de regular la prueba de ADN en los procesos de filiación. Las normas demandadas preceptúan:
“Artículo 3º. Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente.”
“Artículo 8º. El artículo 14 de la Ley 75 de 1968, quedará así:
“Presentada la demanda por la persona que tenga derecho a hacerlo se le notificará personalmente al demandado o demandada quien dispone de ocho (8) días hábiles para contestarla. Debe advertirse en la notificación sobre los efectos de la renuencia a comparecer a la práctica de esta prueba.
“Con el auto admisorio de la demanda el juez del conocimiento ordenará la práctica de la prueba y con el resultado en firme se procede a dictar sentencia.” (el aparte demandado se subraya)
El actor consideraba que los preceptos acusados le imponían al juez el proferimiento del fallo “con base exclusiva” en la prueba de ADN. Con ello, esa prueba se convertía en “única e incontrovertible.” De esta manera, decía que los ciudadanos se encontraban ante “un peritazgo elevado a la categoría de sentencia”, lo cual, a su vez, implicaba que el juez había sido desplazado “por un auxiliar de la justicia”. Aseguraba, entonces, que el juez estaba obligado a acatar el resultado de la prueba de ADN, sin posibilidad de separarse de ella, lo cual le imponía dictar su sentencia “aún contra su convencimiento racional, conduciéndolo a la declaración muchas veces de una simple verdad formal, en oposición a la certeza moral subjetiva de juez o a la certeza moral objetiva, produciendo en varias ocasiones el divorcio entre la justicia, la verdad material y la decisión, está última reñida con la ética”.
A continuación, afirmaba que algunos genetistas estimaban que esa prueba no era siempre confiable, ya que ella sólo indica un alto grado de probabilidad de paternidad, y en ciertas ocasiones puede presentar inexactitudes en la conclusión.
Por lo tanto, concluía que “la prueba de ADN consagrada como prueba única e incuestionable, viola el debido proceso (artículo 29 C.P.), las funciones judiciales en cabeza de los jueces (artículo 116 C.P.), la autonomía e independencia de la administración de justicia (artículo 228 C.P.) y los derechos fundamentales prevalentes de los niños (artículo 44 C.P.)”.
“5.1. La citada Ley 721 de 2001 dispuso en su artículo 1º, que el artículo 7º de la Ley 75 de 1968 quedará así: “En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%”. Además, el parágrafo 2º de dicho artículo preceptúa que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el presente artículo”.
“En el artículo 2º la Ley 721 de 2001 establece normas para la práctica de la prueba en los casos en que hubieren fallecido el hijo, el presunto padre o la presunta madre de este y luego, en el artículo 3º se dispone que “sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente”, norma esta demandada como inconstitucional en este proceso.
“5.2. Ante todo ha de recordarse por la Corte que una disposición legal que forma parte del cuerpo normativo de una ley, no puede ser interpretada de manera aislada, esto es, como si las demás partes de esa ley no existieran, sino que se impone una interpretación de conjunto, coherente, que impida la distorsión de aquella disposición cuyo sentido se trata de precisar. Además, ha de observarse que de esa manera se permite al intérprete tener en cuenta para fijar el sentido de la ley en su conjunto y de cada uno de sus artículos en particular, la finalidad que con ella se persigue. Es decir, una interpretación armónica rescata la unidad lógico jurídica de la ley y, de manera simultánea, facilita la interpretación teleológica de las normas legales.
“En ese orden de ideas, es claro para la Corte que la Ley 721 de 2001 no da por establecido que existan ya exámenes antropoheredo-biológicos que determinen científicamente y de manera indiscutible la paternidad o la maternidad en relación con una persona en particular. Por ello desde su artículo 1º, que introdujo una nueva redacción al artículo 7º de la Ley 75 de 1968, ordena al juez decretar la práctica de los exámenes en virtud de los cuales se obtenga como resultado un “índice de probabilidad superior al 99.9%” en los procesos adelantados para establecer la una o la otra. Deja pues el legislador la posibilidad de que exista, aunque lo sea en ínfima parte, una posibilidad en contrario, en cuyo caso la filiación, no queda entonces establecida plenamente y con certeza absoluta con la prueba científica ya señalada, aún cuando lo que sí queda establecido es la existencia de una probabilidad en grado tal que se aproxime con inmensa posibilidad de acierto a la realidad.
“Reconoce igualmente la Ley 721 de 2001 que las técnicas de investigación en la biología molecular pueden ser susceptibles de perfeccionamiento, como por lo demás ocurre en todos los terrenos de la ciencia y, por ello, en el parágrafo 2º del artículo 1º se limita a ordenar que “la técnica del ADN con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza” ya indicado, deberá ser utilizada “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades”.
“De lo dicho entonces, hasta ahora, quedan establecidas dos conclusiones: a) la primera, que el legislador no le dio aceptación a la afirmación según la cual mediante exámenes científicos puede darse por establecida de manera indiscutible y sin probabilidades de error la paternidad o la maternidad, sino que, con la prudencia que le es propia a los humanos en materia tan delicada, se limitó a expresar que mediante la práctica de tales exámenes se determina un “índice de probabilidad superior al 99.9%”, que es distinto, como salta a la vista al ciento por ciento. El legislador dejó así abierta la posibilidad del error y respeta, de entrada, la autonomía judicial para la valoración de la prueba; y b) la segunda, que “el uso de los marcadores genéticos” para alcanzar ese porcentaje de certeza puede utilizar distintas técnicas, razón por la cual señala que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA”. Es decir, que tal utilización podrá abandonarse si en el futuro aparecen por los adelantos técnicos científicos otras técnicas que sean superiores. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que los marcadores genéticos en el examen del DNA, así como pueden ser indicativos de un índice de probabilidad de la paternidad o la maternidad superior al 99.9%, sirven igualmente para descartar por completo la relación paterno-filial o materno-filial cuando son negativos.
“5.3. En ese orden de ideas, ha de entenderse que el artículo 3º de la Ley 721 de 2001 no puede ser interpretado como si en él se instituyera una prueba única para decidir los procesos de investigación de la paternidad o la maternidad, consistente en la obtención de la “información de la prueba de ADN” con la cual habría que proferir el fallo correspondiente, salvo en aquellos casos en que dicha prueba no hubiere sido posible incorporarla al proceso, hipótesis en la cual, por excepción, podría recurrirse “a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente” en los procesos de filiación. Tal interpretación no guardaría la debida armonía con el artículo 1º, inciso 1º y su parágrafo 2º, pues en el primero se reconoce que las pruebas científicas deben decretarse de oficio cuando “determinen índice de probabilidad superior al 99.9%” en relación con la paternidad o maternidad que se investiga, al paso que en parágrafo 2º citado se indica cuál es la técnica que debe utilizarse en esos exámenes científicos mientras no existan otros que “ofrezcan mejores posibilidades” para alcanzar “el porcentaje de certeza” a que se refiere la norma en cuestión. De esta suerte conforme al propio texto de la ley, el Estado reconoce que la “información de la prueba de ADN” no es completa, absoluta, con ella no se alcanza a plenitud la certeza, sino tan solo un “porcentaje” de ella. Y, entonces, si ello es así, el texto del artículo 3º de la Ley 721 de 2001 no impide que en el estado actual de la ciencia, además de las pruebas científicas sobre el ADN pueda recurrirse tanto a las pruebas testimoniales, como a las documentales y a otros medios de prueba, pues la “información de la prueba de ADN” no arroja certeza absoluta sino tan solo una altísima probabilidad de paternidad o maternidad. Ello significa, entonces, que mientras la situación no varíe hasta tal punto que la información de la prueba de ADN sea inequívoca y ofrezca certeza absoluta, puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador, interpretación que resulta acorde con la finalidad de la ley y que sirve para armonizar sus distintas disposiciones.
“Así, no puede afirmarse válidamente que el legislador optó por un regreso a la tarifa legal de pruebas para imponerle al juez certeza legal en lugar de la certeza judicial, como tampoco resulta de recibo concluir que se le impide al juzgador apreciar la prueba científica que se ha aludido con exclusión de las demás pues, al contrario, si esa prueba avanzada y de alto valor científico llega a establecer tan solo un alto “porcentaje de certeza” que constituye “índice de probabilidad” que incluso podría ser muy cercano al ciento por ciento, la práctica y la valoración de otros medios de prueba permiten una recta administración de justicia que no resulta violatoria del debido proceso ni en desmedro de la autonomía judicial.
“No puede el perito sustituir al juez del Estado, pues el dictamen es un medio de prueba que jamás puede confundirse con la sentencia. Una es la labor del auxiliar de la administración de justicia y otra muy distinta la que corresponde al juez que en ejercicio de la competencia que se le asigna por la ley para el efecto al dictar sentencia manifiesta la voluntad del Estado para el caso concreto y conforme a la ley. Por ello el dictamen pericial a que se refiere la Ley 721 de 2001 se encuentra sometido, como cualquier otro, a las formalidades y a los requisitos de fondo exigidos por la ley y rige respecto del mismo el derecho de contradicción y la necesidad de la publicidad de la prueba, sin los cuales carece de validez. (…)”
Con base en lo anterior, la Corte decidió declarar exequibles las normas demandadas, “conforme a los términos señalados en el numeral 5º de la parte motiva de esta sentencia.”
Para contestar el primer argumento es suficiente mencionar que el numeral primero del mismo artículo 2° de la Ley 1060 de 2006 establece que puede utilizarse cualquier prueba para tratar de desvirtuar la presunción de paternidad. Ciertamente, este numeral indica que no se reputará que el niño fue procreado en el matrimonio o en la unión conyugal “[c]uando el cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre.” Así, pues, la afirmación del actor no se corresponde con la normatividad jurídica. Entonces, el numeral acusado parcialmente, interpretado de manera sistemática, no impide que se acuda a medios de prueba diferentes a la prueba científica para desvirtuar la presunción de paternidad.
Como se pudo observar en la reseña de la sentencia C-476 de 2005, el problema que plantea el actor ya fue resuelto por la Corte. Allí la Corte encontró que la misma ley 721 de 2001 establecía que la prueba de ADN brindaba un índice de probabilidad superior al 99.9%, lo cual supone que no existe una certeza absoluta acerca de la corrección del resultado y que, por consiguiente, existe la posibilidad de que el peritaje esté equivocado. Por eso, la Corte afirmó que “mientras la situación no varíe hasta tal punto que la información de la prueba de ADN sea inequívoca y ofrezca certeza absoluta, puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador, interpretación que resulta acorde con la finalidad de la ley y que sirve para armonizar sus distintas disposiciones.”
Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “mediante prueba científica”, contenida en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1060 de 2006, por los cargos analizados.
[1] La demanda hace referencia a la sentencia C-476 de 2005.
[2] El abogado Fernando Gómez Mejía.
[3] La demanda cita la página 49 del Manual de Derecho Probatorio del profesor Jairo Parra Quijano, para sustentar su posición.
[4] Procuraduría General de la Nación, Concepto N° 4381, septiembre 21 de 2007.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2