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Timestamp: 2019-10-17 20:11:04+00:00

Document:
STS 562/2018, 10 de Octubre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 743524961
Número de Recurso: 2833/2015
Número de Resolución: 562/2018
PÓLIZA DEL SEGURO. DEBER DE DECLARACIÓN DEL RIESGO. CONSUMO DE DROGAS. La falta de concreción del cuestionario debe operar en contra del asegurador, pues a éste le incumben las consecuencias de la presentación de una declaración o cuestionario de salud excesivamente ambiguo o genérico, ya que el art. 10 LCS exonera al tomador-asegurado de su deber de declarar el riesgo tanto en los casos de falta de cuestionario como en los casos, como el presente, en que el cuestionario sea tan genérico que la valoración del riesgo no vaya a depender de las circunstancias comprendidas en él o por las que fue preguntado el asegurado. Se estima el recurso de casación.
Sentencia núm. 562/2018
Número del procedimiento: 2833/2015
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, sección 11.ª
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2833/2015
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por el demandante D. Pedro Miguel, representado por el procurador D. Ignacio Melchor de Oruña bajo la dirección letrada de D. Roberto Toro Pujol, contra la sentencia dictada el 9 de julio de 2015 por la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación n.º 791/2013, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.º 416/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Rubí sobre indemnización por seguro de vida con cobertura de incapacidad. Ha sido parte recurrida la aseguradora demandada Bansabadell Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, representada por la procuradora D.ª Blanca M.ª Grande Pesquero bajo la dirección letrada de D. Antonio Duelo Riu.
El 30 de abril de 2012 se presentó demanda interpuesta por D. Pedro Miguel contra la aseguradora Bansabadell Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, solicitando se dictara sentencia por la que:
[...] se declare la obligación de la demandada de abonar al actor la suma de 18.030,36 euros junto al interés previsto en el artículo 20 de la LCS y al pago de las costas
Repartida la demanda al Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Rubí, dando lugar a las actuaciones n.º 416/2012 de juicio ordinario, y emplazada la demandada, esta compareció y contestó a la demanda solicitando su íntegra desestimación con imposición de costas al demandante.
Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el juez titular del mencionado juzgado dictó sentencia el 12 de abril de 2013 desestimando la demanda con condena en costas al demandante.
Interpuesto por el demandante contra dicha sentencia recurso de apelación, al que se opuso la demandada y que se tramitó con el n.º 791/2013 de la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, esta dictó sentencia el 9 de julio de 2015 desestimando el recurso y confirmando la sentencia apelada con imposición de las costas de la segunda instancia al apelante.
Contra la sentencia de segunda instancia el demandante-apelante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
El recurso extraordinario por infracción procesal se articuló en dos motivos, formulados al amparo de los ordinales 2.º y 4.º del artículo 469.1 LEC, con los siguientes enunciados:
PRIMERO.- Por infracción procesal al amparo artículo 469.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 217, 218.2 y 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Indebida aplicación de la técnica de la prueba de presunciones y/o falta de lógica en el razonamiento a partir del cual la audiencia considera que las preguntas que figuran en el cuestionario de salud fueron realizadas al Sr. Pedro Miguel por el empleado de la entidad bancaria.
»SEGUNDO.- Por infracción procesal al amparo artículo 469.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE. Valoración de la prueba manifiestamente arbitraria, ilógica y absurda».
El recurso de casación, formulado al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC por existencia de interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala, se articuló en tres motivos (denominados «infracciones») con los siguientes enunciados:
PRIMERA.- Infracción del artículo 10 de la LCS así como de la jurisprudencia que lo aplica e interpreta en cuanto a la necesidad de que el cuestionario sea cumplimentado por el asegurado. Sentencias del Tribunal Supremo núm. 374/2007 (Sala de lo Civil, sección 1), de 4 de abril [RJ 200711608], núm. 276/2009 de 20 de abril [RJ 2009 \4726], núm. 1373/2008 de 4 de enero [RJ 2008\2923], núm. 339/2001 de 6 abril [RJ 2001\4784], núm. 1234/2003 de 31 diciembre. [RJ 2004\366].
SEGUNDA.- Infracción de los artículos 3 y 10.3 de la LCS así como de la jurisprudencia que los interpreta en cuanto a la valoración del riesgo y al canon de precisión y claridad con el que deben estar redactadas las preguntas del cuestionario de salud y su incidencia en la calificación de dolo del asegurado y sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, sección 1ª), de 31 de diciembre de 2003, de 31 de mayo de 2006, de 4 de enero de 2008, y de 20 de abril de 2009.
»Infracción del artículo 10 de la ley LCS por inaplicación de la pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo, que configura el deber del tomador o asegurado como un deber de respuesta, liberándole de la carga de valorar lo que es relevante de lo que no lo es, ya que esta carga corresponde a la aseguradora, que refleja mediante preguntas en el cuestionario previo lo que considera relevante: sentencias del TS 2 de diciembre de 1997 ( RJ 1997, 8773), 7 de febrero de 2001 ( RJ 2001, 1164), 30 de enero de 2003 ( RJ 2003, 932), de 31 mayo de 2004. [RJ 2004\3554]
»TERCERA.- Vulneración de los artículos 10 y 89 de la LCS y 1269 del CC, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta, relativa a la apreciación del dolo, y a la incontestabilidad del contrato determinante de que el único motivo de denegación sea el dolo, en contraposición a la culpa grave.
» Sentencias Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 787/1996 de 30 septiembre de 1996, de 11 junio 2007 y 29 de abril de 2008».
Recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma ambas partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, los recursos fueron admitidos por auto de 4 de abril de 2018, a continuación de lo cual la demandada-recurrida presentó escrito de oposición solicitando su desestimación tanto por ser inadmisibles como por razones de fondo, con imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de 16 de septiembre del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 3 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Del informe médico emitido con fecha 4 de marzo de 2009 a solicitud del ICAM de Barcelona por el Dr. Ricardo, especialista en psiquiatría (folio 36 de las actuaciones de primera instancia), en el que, dentro del apartado «antecedentes patológicos personales», constaba:
A) Somáticos: Infarto del miocardio, hace nueve años. Diabetes. Angor péctoris. Operado de pólipos en las cuerdas bucales. Dislipemia.
B) Psiquiátricos: El paciente padece depresión que atribuye al hecho de que no cobra desde el pasado mes de octubre de 2008. Reconoce que ha sido consumidor de drogas -cocaína, heroína y otras sustancias tóxicas- durante 26 años, aunque afirma que actualmente ha cumplido un año sin consumir dichos tóxicos.
Del informe médico de alta emitido el 4 de agosto de 2009 por la Unidad de Hemodinámica del Hospital del Vall dHebron de Barcelona, con ocasión de la práctica de un cateterismo cardiaco, en el que constaba:
Paciente de 56 años, con antecedentes de consumo de tóxicos y otros factores de riesgo cardiovascular mal controlados, y cardiopatía isquémica que debutó en 1999 como IAM en relación con consumo de cocaína [...]
Del informe emitido el 10 de noviembre de 2009 por una especialista en psiquiatría (Dra. Amparo) a raíz de un cuadro depresivo (folio 38 de las actuaciones de primera instancia) en el que constaba:
Paciente de 57 años de edad que visito desde junio de este mismo año para tratamiento de un cuadro depresivo refractario al tratamiento farmacológico.
Tiene antecedentes personales de policonsumo de tóxicos de 26 años de evolución (alcohol, cocaína, heroína esnifada, cannabis...) y probable dependencia de sustancias psicoactivas. Refiere ya no consumir nada desde noviembre del 2008 [...]».
Trastorno depresivo y trastorno de adaptación con clínica que interfiere en el funcionalismo global del paciente a pesar del tratamiento médico; trastorno por consumo de tóxicos, actualmente en remisión total; hipoacusia de transmisión O.D. con pérdida del 70% e hipoacusia neurosensorial O.I. con pérdida del 25%; episodios de dolor torácico en estudio; pérdidas de memoria pendiente de completar estudio
Informe médico donde consten sus antecedentes patológicos y la fecha de diagnóstico, así como la de sus hábitos tóxicos.
Histórico de periodos de incapacidad temporal emitido por el INSS (las bajas laborales)
Informe médico donde consten sus antecedentes patológicos y la fecha de su diagnóstico
Informe de los ingresos hospitalarios (por infarto de miocardio)».
- La aseguradora demandada se opuso a la demanda alegando, en síntesis: (i) que la póliza se suscribió a resultas de la solicitud de seguro cursada por el asegurado días antes, con la que se acompañó un cuestionario de salud (al dorso) en virtud del cual fue preguntado «de forma directa, clara, y sin que precisase de conocimiento técnico o médico alguno», a) sobre si padecía o había padecido alguna enfermedad que le hubiera obligado a interrumpir su actividad laboral durante más de quince días seguidos en los últimos dos años, b) sobre si se encontraba en esa fecha de baja laboral o accidente, si había recibido consejo médico para someterse a alguna intervención quirúrgica, examen médico, control o prueba próximamente, o si padecía alguna dolencia que tuviera que ser consultada con un médico, y c) sobre si padecía alguna alteración, en concreto psíquica, si tomaba medicamentos o si estaba sometido a control médico; (ii) que estas tres preguntas fueron respondidas negativamente, firmando en la antefirma del citado documento, donde aparecía resaltado en negrita un texto según el cual el asegurado decía conocer y aceptar que dicha declaración de salud era la base para que se pudiera valorar el riesgo; (iii) que la aseguradora tuvo conocimiento después de producirse el siniestro de que el asegurado había mentido y ocultado antecedentes personales por policonsumo de tóxicos de 26 años de evolución; (iv) que en consecuencia la aseguradora no estaba obligada al pago de la indemnización, tanto en virtud del art. 10 LCS, por haber infringido el asegurado su deber de declarar el riesgo, como en virtud del art. 4 LCS, que determina la nulidad del seguro cuando el siniestro ya se ha producido; (v) que en todo caso el siniestro carecía de cobertura en virtud de la cláusula contenida en la propia póliza por la que se excluían las invalideces causadas por cualquier trastorno mental o psicológico; y (vi) que de estimarse la reclamación, no procedería condenar al pago de intereses de demora por haber sido necesario acudir a la vía judicial.
- La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda,
- La sentencia de segunda instancia, desestimando el recurso de apelación del demandante, confirmó la sentencia apelada, imponiéndole las costas de su recurso.
- El demandante interpuso contra dicha sentencia recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por interés casacional fundado en infracción de las normas y de la doctrina jurisprudencial sobre el deber del tomador de declarar el riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que le pregunte el asegurador.
- En su oposición a los recursos, además de razones de fondo la parte recurrida ha alegado causas de inadmisibilidad que deben examinarse con carácter preliminar, comenzando, como indica la recurrida, por las que afectan al recurso de casación por interés casacional, pues de conformidad con la regla 5.ª del apdo. 1. DF. 16.ª LEC, la inadmisión del recurso de casación determinaría la del recurso extraordinario por infracción procesal (en este sentido se pronunció en un caso semejante la sentencia 222/2017, de 5 de abril, a la que luego se hará referencia).
Como causas de inadmisión del recurso de casación la parte recurrida opone la inexistencia de interés casacional.
El recurso se articula en dos motivos.
Los dos motivos del recurso deben ser desestimados por las siguientes razones:
) El motivo primero, porque su formulación es formalmente deficiente ( art. 473.2. 1.º LEC en relación con art. 469.1 LEC), fundamentalmente por adolecer de una patente falta de claridad expositiva al acumular como fundamento del mismo infracciones procesales heterogéneas entre sí, ya que se citan los arts. 217 y 218.2 LEC, que son normas reguladoras de la sentencia, la primera sobre la carga de la prueba y la segunda sobre el deber de motivación, junto con el art. 386.1 LEC, sobre la prueba de presunciones, que deberían haberse denunciado en motivos independientes (en este sentido, entre las más recientes, sentencias 205/2018, de 11 de abril, 273/2018, de 10 de mayo, y 426/2018, de 4 de julio)
) Además, el mismo motivo primero carece manifiestamente de fundamento ( art. 473.2. 2.º LEC), pues a la citada falta de claridad expositiva se suma, por un lado, la confusión entre valoración probatoria y motivación de esa valoración, ya que el ordinal 2.º del art. 469.1 LEC -invocado por la parte recurrente- es el cauce adecuado para denunciar la falta de motivación de la valoración probatoria o una mera apariencia de motivación que la vicie de arbitrariedad, con fundamento en la infracción del art. 218.2 LEC ( sentencias 589/2014, de 3 de noviembre, y 313/2014, de 18 de junio, con cita de otras anteriores), pero no para la revisión probatoria -que es lo que verdaderamente subyace en el motivo-, que solo cabe al amparo del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC; y por otro lado, que la pretensión de revisar la prueba ni tan siquiera respeta los requisitos exigibles, pues aparte de que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario, entre otros requisitos, que se trate de un error fáctico, -material o de hecho- (es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión) y que sea patente, manifiesto, evidente o notorio e inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, el motivo también desconoce que no cabe invocar infracciones relativas a la prueba de presunciones cuando ni se ha propuesto su aplicación ni el tribunal ha fundado sus conclusiones de hecho en dicha prueba sino en las pruebas practicadas (en este sentido, sentencias 647/2014, de 26 de noviembre, 141/2016, de 9 de marzo, y 542/2017, de 4 de octubre, esta última dictada en un caso semejante), que es lo que ha acontecido en el presente caso porque las conclusiones fácticas de la sentencia recurrida se fundan en una prueba directa como es la documental, con especial relevancia de la documentación médica.
) En cuanto al motivo segundo, también carece manifiestamente de fundamento. Partiendo de lo anteriormente expuesto acerca de que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional y de que la excepcional revisión de la valoración probatoria del tribunal sentenciador se encuentra limitada a la existencia de error patente, arbitrariedad o infracción de norma tasada de prueba y exige que ese error, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a través de las actuaciones judiciales, necesariamente deba «referirse a la valoración de un medio de prueba en concreto, lo que obliga a la parte recurrente a exponer cómo, dónde o cuándo se ha producido el error» ( sentencia 161/2018, de 21 de marzo), es doctrina reiterada que no cabe plantear la revisión de la valoración probatoria con la mera cita como infringido del art. 24 de la Constitución sin mayor concreción, -es decir, sin identificar con precisión en qué consiste la supuesta indefensión material-, ni cabe acoger pretensiones dirigidas a revisar la valoración de la prueba en su conjunto para sustituir el criterio del tribunal sentenciador por el propio de la parte recurrente ( sentencia 550/2017, de 11 de octubre, con cita de la de pleno 503/2017, de 15 de septiembre), y menos aún cuando lo que se presenta como una valoración arbitraria, ilógica o no racional de la prueba encierra tan solo la mera disconformidad de la parte recurrente con los razonamientos determinantes del fallo y cuando, por su desarrollo argumental, el motivo carece de autonomía o sustantividad propia respecto de las cuestiones de fondo que son objeto del recurso de casación, dado que su finalidad última no es otra que cuestionar el juicio de valor sobre la existencia o no de dolo o culpa grave, que es un juicio de naturaleza jurídica por más que deba sustentarse en los hechos probados ( sentencia 542/2017, de 4 de octubre).
) En definitiva, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado por incurrir sus motivos en las causas de inadmisión de incumplimiento de los requisitos del escrito de interposición ( art. 473.2. 1.º en relación con art. 469.1, ambos de la LEC) y carencia manifiesta de fundamento ( art. 473.2. 2.º LEC), que en sentencia deben apreciarse como causas de desestimación (entre las más recientes, sentencias 653/2017, de 29 de noviembre, y la citada 273/2018, de 10 de mayo, en un caso que también se refería a un seguro de vida y en el que también se suscitaba controversia en casación acerca de la interpretación del art. 10 LCS).
El recurso de casación se articula en tres motivos cuya relación entre sí justifica su examen y resolución conjunta.
) Del núcleo de la argumentación del recurso se desprende que la controversia se centra en si la declaración de estado de salud que figura en la póliza suscrita por el demandante en 1999 constituye o no una declaración eficaz a la hora de poder concluir que hubo ocultación maliciosa de enfermedades anteriores conocidas y, por tanto, dolo (como apreció la sentencia recurrida) o, al menos, culpa grave del asegurado que libere al asegurador de su obligación de pago con arreglo al art. 10 LCS y la jurisprudencia que lo interpreta.
) El primer argumento ha de ser desestimado por no respetar los hechos probados, que han de considerarse incólumes en casación tras haberse desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal.
) En cambio, conforme a la jurisprudencia de esta sala sí procede estimar el segundo de los argumentos.
) Así, se ha negado la existencia de ocultación en casos de cuestionarios (o declaraciones de salud) demasiado genéricos o ambiguos, con preguntas sobre la salud general del asegurado claramente estereotipadas que no permitieron al asegurado vincular dichos antecedentes con la enfermedad causante del siniestro (entre las más recientes, sentencias 157/2016, de 16 de marzo, 222/2017, de 5 de abril, y la citada 323/2018).
En definitiva, la falta de concreción del cuestionario debe operar en contra del asegurador, pues a este incumben las consecuencias de la presentación de una declaración o cuestionario de salud excesivamente ambiguo o genérico, ya que el art. 10 LCS, en su párrafo primero, exonera al tomador-asegurado de su deber de declarar el riesgo tanto en los casos de falta de cuestionario cuanto en los casos, como el presente, en que el cuestionario sea tan genérico que la valoración del riesgo no vaya a depender de las circunstancias comprendida en él o por las que fue preguntado el asegurado
) En sentido contrario, las sentencias 72/2016, de 17 de febrero, 726/2016, de 12 de diciembre, y 542/2017, de 4 de octubre, apreciaron la existencia de ocultación dolosa (las dos primeras) o, al menos, gravemente negligente (la última).
) El presente caso se corresponde con los del primer grupo de sentencias.
La estimación del recurso de casación determina que proceda casar la sentencia recurrida y en su lugar, en funciones de instancia, estimar el recurso de apelación interpuesto en su día por el demandante, revocar la sentencia de primera instancia y estimar íntegramente la demanda, condenando a la entidad demandada a pagar al demandante la suma de 18.030,36 euros, incrementada con los intereses de demora del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro (resolución de 6 de agosto de 2010) y hasta su completo pago ( sentencia 70/2018, de 7 de febrero), calculados durante los dos primeros años siguientes al siniestro al tipo legal más un 50% y a partir de ese momento al tipo del 20% si aquel no resulta superior ( sentencia de pleno 251/2007, de 1 de marzo , seguida, entre otras, por las sentencias 632/2011, de 20 de septiembre, 165/2012, de 12 de marzo, 736/2016, de 21 de diciembre, y 222/2017, de 5 de abril).
Conforme al art. 398.2 LEC no procede imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación, y conforme a los arts. 398.1 y 394.1 LEC procede imponer a la parte recurrente las del recurso extraordinario por infracción procesal.
Conforme a la d. adicional 15.ª 8 LOPJ procede devolver a la parte recurrente el depósito constituido para recurrir en casación, y conforme a la d. adicional 15.ª 9 LOPJ procede la pérdida del depósito constituido para recurrir por infracción procesal.
- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por el demandante D. Pedro Miguel contra la sentencia dictada el 9 de julio de 2015 por la sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación n.º 791/2013.
- Estimar el recurso de casación interpuesto contra la misma sentencia por dicho demandante.
- Casar la sentencia recurrida para, en su lugar y con estimación del recurso de apelación interpuesto en su día por el demandante, revocar la sentencia de primera instancia y estimar íntegramente la demanda, condenando a la demandada a pagar al demandante la suma de 18.030,36 euros incrementada con los intereses del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro y hasta su completo pago, calculados durante los dos primeros años siguientes al siniestro al tipo legal más un 50% y a partir de ese momento al tipo del 20% si aquel no resultase superior.
- Imponer a la parte recurrente las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, no imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación ni las de la segunda instancia e imponer a la parte demandada las costas de la primera instancia.
- Y devolver a la parte recurrente el depósito constituido para recurrir en casación, con pérdida del constituido para recurrir por infracción procesal.

References: artículo 20
 artículo 469
 artículo 469
 artículo 469
 artículo 24
 artículo 477
 artículo 10
 artículo 10
 resolución