Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700399.html
Timestamp: 2019-03-21 05:40:26+00:00

Document:
se201700399
SENTENCIA: 399/2017.
EXPEDIENTE: 315/2014.
PARTES: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 17, en la que la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) representado legalmente por Luis Felipe Guzmán Sanjines, impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre, emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, la contestación a la demanda de fs. 41 a 44, replica de fs. 62 a 63, apersonamiento del tercero interesado de fs. 68 a 72, dúplica de fs. 76 a 77, los antecedentes del proceso.
Que el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Orden de Verificación Nº 0011OVI00642 operativo 720 “Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA” verifico las obligaciones impositivas de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008.
En fecha 8 de abril de 2009, la ex Superintendencia se apersona ante la Administración Tributaria para colaborar y presentar la documentación que se le requirió, que después del proceso de verificación el SIN emite la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/1219/2012 de 6 de diciembre de 2012, por el presunto incumplimiento de deberes formales, otorgándole 30 días para que presente pruebas y descargos.
El 17 de enero de 2013, la ATT presento incidente de nulidad y sin perjuicio presenta descargos, incidente que no mereció respuesta. El SIN La Paz de forma arbitraria continúo con el proceso y emite la Resolución Determinativa Nº 0583/2013 de 31 de mayo, sancionando a la ATT con 3000 UFV por el incumplimiento al deber formal relacionado con la entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos.
Resolución Determinativa fue confirmada por Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1009/2013 de 14 de octubre, y Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre.
El demandante transcribe e expone una serie de normativas referidas al derecho a la impugnación, a la defensa, al debido proceso, sometimiento a la Ley y lo medios de notificación que existen en materia tributaria, como también indica que de los fundamentos expuesto en el recurso jerárquico respecto a la nulidad no fueron respondidos en la resolución jerárquica, lo cual vulnero flagrantemente el principio de congruencia y sometimiento pleno a la Ley, bajo los cuales se rige la actividad administrativa que deben contener todo acto administrativo, que debe existir congruencia entre la acción que se pretende sancionar y la aplicación de la sanción, lo que genero indefensión a la ATT.
La resolución jerárquica acepta que existió un error formal en la transcripción de datos del representante legal, en consideración al DS. 29894 de 7 de septiembre de 2013 y el DS. 0071 de 9 de abril de 2009, que crea a la Autoridad de Regulación, Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, y que el art. 138 del DS. 29894 extingue como personas jurídicas a las Superintendencias del Sistema de Regulación Sectorial, donde se encontraban las Superintendencias de Telecomunicaciones y Transporte, por su parte la AGIT señala a favor del SIN que la presunta contravención fue cometida y configurada por la ATT cuando de manera totalmente contradictoria la Resolución determinativa sanciona e íntima al contribuyente Superintendencia de Telecomunicaciones, que es totalmente distinta a la Autoridad y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, que debió ser a quien se le inicie el procedimiento, ya que a criterio de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria fue quien cometió la contravención, lo que no fue considerado por el jerárquico, lo que vulnero la seguridad jurídica y el debido proceso.
También indica que corresponde declarar la nulidad de la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GDLPZDAF/SVI/VC/1219/2012 de 6 de diciembre de 2013, por no haberse establecido adecuadamente los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, toda vez que la Administración Tributaria no ha observado lo determinado por el art. 96 de la Ley Nº 2492, referente a los requisitos que debe cumplir la emisión de la Vista de Cargo.
Concluyó solicitando se declare probada la presente demanda contenciosa administrativa, y se proceda a la revocatoria total la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2295/2013, y consecuentemente, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 1009/2013, y declarar la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-0088-2012, o en su caso anular obrados hasta el vicio más antiguo.
Daney David Valdivia Coria en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda por memorial presentado el 12 de febrero de 2015, que cursa de fs. 41 a 44, señalando lo siguiente:
No obstante que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre, se encuentra plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnicos-jurídicos.
Que la AIT en ningún momento vulnero el principio de congruencia y sometimiento a la Ley, ya que los argumentos de la demanda son generales que no detallan de manera minuciosa de qué manera se hubiera vulnerado lo denunciado, y que el DS. 0071, crea a las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los sectores de Telecomunicaciones y Transportes, entre otros, que dispuso las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex superintendencias sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no contravengan en lo dispuesto por la C.P.E.
Que de la verificación interna a la Superintendencia de Telecomunicaciones de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 del IVA, gestión en la cual continuaba dicha Superintendencia, que de acuerdo al art. 22 de la Ley Nº 2492, esta institución pública contaba con la calidad de sujeto pasivo, empero por mandato del art. 4 del DS. 0071correspondia que la ATT, tal como lo hizo, se apersone en el proceso de verificación, al haber asumido las obligaciones de la extinta Superintendencia de Telecomunicaciones, y siendo que el actual ente regulador en telecomunicaciones y transportes se apersono, es evidente que las notificaciones cumplieron su finalidad, por lo que no se causó indefensión alguna a la ATT.
Que respecto al incumplimiento al deber formal se produjo dentro del proceso de Verificación Interna y si la ATT estaba obligada a asumir las obligaciones, no presento toda la documentación requerida, incurrió en la contravención cometida dentro del proceso de verificación, que inicialmente se inició en contra de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que en aplicación del art. 4 del DS. Nº 0071 la ATT deberá asumir defensa, al respecto cita la SC. Nº 0287/2003-R de 11 de marzo. Así también manifiesta que la Vista de Cargo contiene todos los requisitos exigidos en el art. 18 del DS. Nº 27310, y que de la indicación del tributo y periodos fiscales se encuentran ausentes, toda vez que al calificar una sanción no corresponde que se consigne en la Vista de Cargo, por lo que si se estaría sancionando por Omisión de Pago, esto no es cierto ya que en los hechos al no haberse determinado tributo omitido, no puede existir omisión de pago, por lo que este error material no amerita la nulidad de la Vista de Cargo, lo que la Resolución Determinativa aclara, que como respaldo señala la S.C. Nº 1786/2004-R de 12 de noviembre.
Concluye su fundamento solicitando se declare IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte - ATT, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Que el 28 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notifico mediante cedula a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI0642 modalidad Verificación de Crédito Fiscal de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 del IVA, de las facturas declaradas por el contribuyente.
El 31 de agosto de 2012, la ATT, presentó nota solicitando prorroga de plazo para la presentación de la documentación requerida, por lo que el 11 de septiembre de 2012, el contribuyente presento a la Administración Tributaria facturas originales y fotocopias de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008.
La ATT fue notificada con la Vista de Cargo CITE: Nº SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/1219/2012 de 6 de diciembre, que establece la multa por incumplimiento a deberes formales de 3.000 UFV, por la omisión de presentación de toda la información y documentación requerida.
El 17 de enero de 2013, la ATT formulo incidente de nulidad por estar en desacuerdo con la deuda establecida en la Vista de Cargo, porque la misma no cumpliría con lo establecido con el art. 96 de la Ley 2492, misma que por Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/331/2013 de 24 de enero de 2013, ratifica la deuda tributaria determinada de 3.000 UFV, importe equivalente a la multa por incumplimiento a deberes formales y recomienda la prosecución del trámite correspondiente.
En fecha 28 de junio de 2013, la Superintendencia de Telecomunicaciones fue notificada mediante cedula con la Resolución Determinativa Nº 0583/2013 de 31 de mayo, que sanciona por incumplimiento a deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos por los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 con una multa de 3.000 UFV en aplicación del Anexo “A”, sub numeral 4.1 de la RND Nº 10-0037—07.
La ATT contra la Resolución Determinativa interpuso recurso de Alzada que por Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 10 de septiembre, confirmo la Resolución Determinativa, por lo que la ATT contra dicha Resolución de Alzada interpuso Recurso Jerárquico que mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre, también confirma la Resolución de Alzada y consecuentemente la Resolución Determinativa.
Si la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, responde a todos los puntos impugnados por la ATT; si la ATT es quien debe asumir por la sanción impuesta por la Administración Tributaria; y si la Vista de Caro: cumplió con los requisitos establecidos en el art. 96 de la Ley Nº 2492.
Que, la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, reviste características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución esta atribuido por mandato de los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos sucedidos en fase administrativa y realizar control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Que establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo y reconocido la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, primeramente debemos realizar las siguientes apreciaciones de orden legal:
Que los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341) establece que: I. “Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior”. II. “No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”. La anterior norma es complementada con el artículo 55 del Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo que expresamente dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. De tal forma, se puede disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, siempre y cuando se haya ocasionado indefensión a los administrados o se lesione el interés público.
Así también, la Sentencia Constitucional Nº 0275/2012 de 4 de junio de 2012, ha establecido que toda resolución sea jurisdiccional o administrativa a fin de garantizar el debido proceso, exige a la autoridad administrativa exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte afectada por la Resolución Administrativa sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final y si quiere, posteriormente poder impugnar esa resolución, la citada Sentencia Constitucional expresamente señala"…La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.
De la precedente jurisprudencia constitucional mencionada, se establece, que el derecho a la defensa contiene entre otros derechos a una decisión fundada o dicho de otra forma a una Resolución Administrativa motivada o justificada, que implica exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte afectada por la Resolución Administrativa sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final y posteriormente poder impugnar esa resolución. Sobre la falta de motivación de la resolución administrativa (sobre todo en materia de sanciones administrativas), la Sentencia Constitucional 0873/2013 de 20 de junio de 2013 ha fijado con claridad que esta falta implica la lesión al derecho a la defensa y por ello señala: “La insuficiente motivación y fundamentación de las resoluciones administrativas en sede administrativa implica lesión del derecho a la defensa, por cuanto se da lugar a incertidumbre al procesado respecto al por qué de determinada sanción, tal cual ha ocurrido en autos”.
También debe considerarse que el principio de congruencia aplicada a una resolución administrativa o judicial, es muy importante, ya que este responde a la pretensión jurídica o a la expresión de agravios formulados por las partes, que debe ir reflejado en la resolución que resuelve el litigio, ya que la falta de relación entre lo resuelto con lo solicitado o impugnado, que además este debe coincidir con la relación de los hechos que dieron lugar al acto impugnado, ocasiona la vulneración del principio procesal de congruencia, y que la resolución sea ultra petita e ingrese en un per saltum de instancia.
En el caso de autos, el demandante acusa que sus fundamentos expuestos no fueron desvirtuados en la Resolución de Recurso Jerárquico, respecto a la nulidad presentada, ante lo manifestado por el recurrente, de la revisión de obrados se puede evidenciar que la Resolución Jerárquica tal como lo manifiesta el demandante efectivamente responde sobre lo acusado, aclarando además sobre la existencia de la deuda tributaria que solo sería de 3.000 UFV por el incumplimiento al deber formal y no por Omisión de Pago, que obviamente sería un error, pero que este no podría ser considerado como una causal de nulidad, ya que no reuniría los requisitos exigidos por el art. 36 de la Ley Nº 2341, que pese a la aclaración realizada por la AGIT en su Resolución, no existe confusión en la sanción impuesta por la Administración Tributaria como tampoco provocaría vulneración de derecho alguno del administrado.
Respecto a la responsabilidad de la ATT para asumir la sanción impuesta por la Administración Tributaria, este aspecto también fue aclarado en la Resolución de Recurso Jerárquico, en el punto IV.1.2, y como se había manifestado evidentemente el D.S. 0071 de 9 de abril de 2009, en su art. 1º establece: a) “Crear las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los sectores de: Transportes y Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y Tierra; Pensiones; y Empresas; determinar su estructura organizativa; definir competencias y atribuciones; y b) Establecer el proceso de extinción de las superintendencias generales y sectoriales, y reglamentar las transferencias de activos, pasivos, recursos humanos, recursos presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones”.
Debiendo considerarse que si bien por Orden de Verificación Nº 0011OVI00642 de 14 de febrero de 2011, la Administración Tributaria realizo la verificación de las obligaciones impositivas de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones de los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, en la fecha que se inició este proceso de fiscalización, la Superintendencia de Telecomunicaciones ya había sido extinguida por efectos del DS. 0071 de 9 de abril de 2009, por lo cual le correspondía asumir este proceso a la ATT, por lo que se notificó a la ATT con el proceso de fiscalización, lo cual no puede ser desconocido, ni ser utilizado como motivo de nulidad.
Finalmente, respecto a los requisitos que debería contener la Vista de Cargo CITE: Nº SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/1219/2012 de 6 de diciembre, evidentemente el art. 96-I de la Ley Nº 2492, establece: I. “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”, se observa que estos requisitos si han sido cumplidos por la Administración Tributaria, y si bien el demandante observa que en la Vista de Cargo figura de la sanción por Omisión de Pago, debe considerarse que tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa consta una multa de 3.000 UFV por el incumplimiento de deberes formales por la no presentación de documentación requerida, y no consigna una determinación de tributo omitido por lo que obviamente no podría existir Omisión de Pago, si evidentemente existe un error este es un error material que no puede ameritar la nulidad de la Vista de Cargo, ya que el contenido de la misma y su interpretación aclara en que sanción incurrió la ATT.
Que a mérito del análisis expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, al pronunciar la Resolución impugnada, no infringió ninguna norma legal, al contrario realizó correcta valoración de los antecedentes en su argumentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho, más aún si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente, los fundamentos de la resolución impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena a del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 6 de la Ley Nº 620 del 29 de diciembre de 2014 y lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 17, y en su mérito se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2295/2013 de 30 de diciembre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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 artículo 36
 artículo 55
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