Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2011:215:FULL&from=PT
Timestamp: 2019-11-12 11:01:48+00:00

Document:
Diario Oficial C 215/2011
doi:10.3000/1725244X.C_2011.215.spa
Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Irlanda (2011-2015)
Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Italia (2011-2014)
Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia actualizado de Letonia (2011-2014)
Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2011, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Malta (2011-2014)
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datosrelativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) ( 2 )
No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) ( 2 )
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la directiva) ( 2 )
Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunal de distrito de Reykjavik) de fecha 25 de marzo de 2011 en el asunto de Grund, elli- og hjúkrunarheimili contra Lyfjastofnun (Agencia islandesa de Control del Medicamento) (Asunto E-7/11)
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 2 )
Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 2 )
relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Irlanda y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Irlanda (2011-2015)
Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 3,
El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
El 7 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2011/77/UE (3) sobre la concesión por la Unión de ayuda financiera a Irlanda para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado y en el Reglamento (UE) no 407/2010, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (4). El Memorándum de Acuerdo adjunto, firmado el 16 de diciembre de 2010, y su primera actualización establecen las condiciones de política económica a las que se supedita el desembolso de la ayuda financiera. La Decisión de Ejecución 2011/77/UE se modificó mediante la Decisión de Ejecución 2011/326/UE (5). La primera actualización del Memorándum de Acuerdo se firmó el 18 de mayo de 2011.
El 29 de abril de 2011, Irlanda presentó la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2015, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
La crisis causó una importante corrección de los grandes desequilibrios que se habían producido durante el anterior periodo de auge. Entre 2007 y 2010, el PIB real se contrajo en un 12 % y el empleo en casi un 13 %; el desempleo aumentó del 4,6 % en 2007 al 13,6 % en 2010. La crisis acarreó además un grave deterioro de las finanzas públicas; el déficit de las administraciones públicas alcanzó niveles de dos dígitos en 2008 y 2009 y en 2010 ascendió a un 32,4 % del PIB, incluidas medidas de apoyo del sector financiero por importe equivalente a un 20,5 % del PIB. El ratio deuda/PIB aumentó desde un 25 % en 2007 a un 96 % en 2010.
La aplicación del programa de ayuda financiera UE-FMI está ya en marcha. Las medidas presupuestarias acordadas han sido llevadas a la práctica y en 2010 se cumplieron los objetivos presupuestarios; los resultados del primer trimestre de 2011 también se han ajustado a las metas que se proponía el programa de ayuda. Se prevé que el déficit de las administraciones públicas se mantenga por debajo del límite máximo impuesto por el programa de ayuda, a pesar de una revisión a la baja del PIB nominal en 2011. Se han realizado grandes progresos en la reforma del sistema bancario, y se han dado pasos para lograr los objetivos de la reforma estructural.
Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en que se basan las previsiones presupuestarias expuestas en el Programa de Estabilidad es verosímil. La estrategia presupuestaria a medio plazo del Programa de Estabilidad está encaminada a llevar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en el plazo previsto en la Recomendación del Consejo de 3 de diciembre de 2010. El Programa de Estabilidad se propone obtener un déficit del 10 % del PIB en 2011, del 8,6 % en 2012, del 7,2 % en 2013, del 4,7 % en 2014 y del 2,8 % al final del periodo del Programa de Estabilidad, en 2015. Esta senda está respaldada por medidas de saneamiento que suponen un 3,8 % del PIB incluidas en el presupuesto para 2011, seguidas de otras medidas de saneamiento más amplias, del 5,9 % del PIB, en 2012-2014, y un último esfuerzo de saneamiento de más del 1 % del PIB en 2015. El Programa de Estabilidad confirma el objetivo a medio plazo de un – 0,5 % del PIB, que no se alcanzaría en el periodo cubierto por el mismo. Según la última evaluación de la Comisión, la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece estar en peligro. Para mejorar esta situación es necesario alcanzar suficientes superávit primarios a medio plazo y efectuar una reforma del sistema de seguridad social.
Irlanda ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus, compromisos que presentó el 3 de mayo de 2011. Entre ellos están medidas concretas para fomentar la competitividad, incluida una reforma de los mecanismos de fijación de salarios, la apertura a la competencia de determinados servicios profesionales y el fortalecimiento de la investigación y la innovación; para consolidar la estabilidad financiera mediante, en particular, los mecanismos de resolución de crisis; y para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, instaurando un marco presupuestario a medio plazo, reformando el sistema de pensiones y retrasando la edad de jubilación.
La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta, no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Irlanda, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE, incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este contexto, la Comisión insiste en la urgente necesidad de aplicar las medidas previstas para cumplir la Decisión de Ejecución 2011/77/UE.
A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la Recomendación formulada por el Consejo el 7 de diciembre de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Irlanda y su dictamen (6). Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Irlanda.
RECOMIENDA que Irlanda:
Aplique las medidas recogidas en la Decisión de Ejecución 2011/77/UE, modificada por la Decisión de Ejecución 2011/326/UE, y especificada en el Memorándum de Acuerdo de 16 de diciembre de 2010 y su actualización de 18 de mayo de 2011.
(3) DO L 30 de 4.2.2011, p. 34.
(4) DO L 118 de 12.5.2010, p. 1.
(5) DO L 147 de 2.6.2011, p. 17.
(6) Previsto en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1466/97.
relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Italia (2011-2014)
El 6 de mayo de 2011, Italia presentó la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
La economía italiana adolecía de deficiencias estructurales mucho antes de la actual crisis económica y financiera mundial. Entre 2001 y 2007, el crecimiento medio del PIB real fue aproximadamente del 1 %, esto es, apenas la mitad de la media registrada en la zona euro, debido principalmente a un apático crecimiento de la productividad. Al afectar esta evolución a la totalidad del país, las amplias disparidades económicas regionales no disminuyeron. Aunque la economía no se caracterizaba por grandes desequilibrios internos del sector privado, se vio seriamente perjudicada por la crisis mundial. La caída de las exportaciones y, posteriormente, de la inversión originó una pronunciada contracción del PIB real —en torno a un 7 %— entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009. Tras haber disminuido de manera constante en la década anterior, la deuda pública bruta aumentó hasta el 119 % a finales de 2010, reflejo también de la fuerte reducción del PIB. El empleo disminuyó mucho menos, gracias a un régimen promovido por el Gobierno para reducir la jornada laboral, por lo que la tasa de desempleo solo aumentó moderadamente en 2008-2009. Impulsada por las exportaciones, la economía comenzó a recuperarse, si bien con lentitud, en el segundo semestre de 2009. La situación del mercado de trabajo era aún frágil en 2010, con una tasa de desempleo que se estabilizó en torno al 8,5 % al final del año. Dado el elevadísimo ratio de deuda pública, Italia aplicó una política presupuestaria convenientemente prudente durante la crisis, absteniéndose de poner en marcha un programa ambicioso de estímulo presupuestario y manteniendo así el déficit público por debajo de la media de la zona euro en el periodo 2009-2010.
Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basa el programa es verosímil. El programa prevé situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB en 2012, merced a una reducción suplementaria del gasto y a los ingresos adicionales derivados de un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias. Tras la corrección del déficit excesivo, el programa proyecta alcanzar el objetivo a medio plazo de un saldo presupuestario equilibrado en términos estructurales al finalizar su periodo de vigencia (2014), apoyándose para ello en el compromiso de una reducción adicional del gasto primario. De acuerdo con el programa, el ratio de deuda pública alcanzará su nivel máximo en 2011 y disminuirá posteriormente a un ritmo cada vez más rápido, a medida que aumente el superávit primario. El saneamiento presupuestario anual medio previsto en el periodo 2010-2012 supera el 0,5 % del PIB recomendado por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo, y el ritmo de ajuste que se contempla después de 2012 es muy superior a lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Alcanzar los resultados de déficit y deuda antes mencionados exigirá una ejecución estricta del presupuesto y, por otra parte, es necesaria más información sobre las medidas de saneamiento planeadas para 2013 y 2014 a fin de aumentar la credibilidad del programa.
Dada la considerable magnitud de la deuda pública, que representa alrededor del 120 % del PIB en 2011, lograr un saneamiento duradero y creíble y adoptar medidas estructurales que potencien el crecimiento son para Italia prioridades absolutas. Según la última evaluación de la Comisión, el riesgo respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo parece ser de nivel medio. En el periodo anterior a 2012, la consecución de los objetivos de déficit de las administraciones públicas fijados en el Programa de Estabilidad, y, por ende, la corrección del déficit excesivo en 2012, dependen de que se apliquen plenamente las medidas ya adoptadas. Serían necesarias medidas adicionales si, por ejemplo, los ingresos derivados del mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias se revelan inferiores a los presupuestados o si surgen dificultades para restringir los gastos de capital según lo previsto. De cara a 2013-2014, el nuevo marco presupuestario trienal exige que las medidas concretas que sustentarán la labor de saneamiento se adopten antes de octubre de 2011. Si bien el marco presupuestario se ha reforzado considerablemente en los últimos años, la introducción de límites aplicables para los gastos y algunas mejoras complementarias de la supervisión de las cuentas públicas en todos los subsectores de la Administración favorecerían la disciplina presupuestaria y aumentarían la credibilidad de la estrategia presupuestaria a medio plazo.
Pese a una creación de empleo relativamente dinámica durante los años que precedieron a la crisis, el mercado de trabajo de Italia muestra ciertas deficiencias estructurales. Los trabajadores con contratos fijos gozan de más protección que los que están sujetos a contratos atípicos. En lo que atañe a los primeros, los despidos están sometidos a normativa restrictiva y a procedimientos engorrosos. En cuanto a los segundos, debe prestarse atención a la evolución del empleo por cuenta propia, pues podría esconder relaciones laborales dependientes. A pesar de que durante la crisis se han tomado nuevas medidas ad hoc para garantizar los ingresos y la protección de los desempleados, el actual sistema de prestaciones por desempleo sigue estando fragmentado. El desempleo entre los menores de 25 años alcanzó el 27,8 % en 2010, con una distribución desigual en las diferentes partes del país, puesto que el paro juvenil en las regiones del sur era dos veces más alto que en las regiones del norte. El papel de la formación de aprendices y de la formación profesional debe reforzarse aún más. Si bien sería muy útil y necesario, no hay actualmente un sistema único de certificación de cualificaciones y homologación de niveles profesionales y de formación que esté reconocido en todo el país, sino una proliferación de sistemas regionales, lo que no facilita la movilidad laboral y las oportunidades de empleo en toda Italia. La eficacia de los servicios de empleo, en especial en las regiones con un elevado desempleo, puede mejorarse. Finalmente, el trabajo no declarado sigue siendo un fenómeno significativo en Italia.
Adaptar la evolución salarial al crecimiento de la productividad es importante, dada la constante pérdida de competitividad registrada en Italia desde finales de la década de los noventa; en este contexto, la negociación salarial a nivel de empresa puede desempeñar un papel destacado y ayudar, además, a hacer frente a las disparidades regionales del mercado de trabajo. La reforma del marco de negociación llevada a cabo en 2009 instauró, entre otras cosas, la posibilidad de introducir cláusulas de apertura (es decir, desviaciones con respecto al salario sectorial pactado a nivel nacional), pero hasta ahora esta práctica aún no se ha extendido.
La tasa de empleo de las mujeres se sitúa a la zaga de la de los hombres por más de 20 puntos porcentuales de media, con importantes disparidades entre regiones. En 2009, apenas una tercera parte de las mujeres de edad comprendida entre los 20 y los 64 años ocupaban un empleo en las regiones meridionales, debido, tanto a unas tasas de actividad relativamente más bajas, como a un desempleo más alto. La presión impositiva relativamente elevada a la que está sometido el trabajo en Italia reduce los incentivos para la oferta de mano de obra, especialmente en el caso de quienes participan de manera complementaria en los ingresos familiares, y repercute negativamente en la demanda de mano de obra de las empresas. A fin de contribuir a aumentar el empleo de las mujeres, el Programa Nacional de Reforma se basa en el plan adoptado en 2010 para coordinar en todos los niveles de la Administración pública la labor orientada a favorecer la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. El Gobierno introdujo recientemente un incentivo fiscal para las empresas que contratan a trabajadores desfavorecidos, entre los que se incluyen aquellos que trabajan en sectores o profesiones con un desequilibrio de género particularmente marcado, en las regiones con un fuerte desempleo. El programa anuncia también una reforma del sistema tributario, con objeto de desplazar gradualmente la presión impositiva del trabajo al consumo, lo que podría contribuir a un aumento del empleo.
En comparación con los niveles de la UE, el coste de la actividad empresarial en Italia sigue siendo elevado, sobre todo en las regiones meridionales, a pesar de las recientes medidas encaminadas a mejorar el entorno empresarial y fomentar la búsqueda de la eficacia y la responsabilización en la Administración pública. Aún quedan numerosos obstáculos reglamentarios y administrativos por eliminar en los mercados de productos y servicios, sobre todo en el ámbito de los servicios profesionales. En 2009 se introdujo una Ley Anual sobre la Competencia, que pretende ser un instrumento legislativo para mejorar el entorno competitivo y la protección del consumidor, pero que todavía no ha sido adoptada. La dilación de los procedimientos de ejecución de los contratos constituye otra deficiencia del entorno empresarial italiano. Los conductos no bancarios para financiar el crecimiento de las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), siguen siendo comparativamente escasos en Italia. La inversión en fondos propios y el capital riesgo, en particular, desempeñan aún un papel limitado, pese al potencial que encierran para promover la expansión de las empresas, la conquista de nuevos mercados mundiales y un mejor gobierno corporativo.
El gasto en investigación y desarrollo (I+D) ha experimentado un modesto incremento en los diez últimos años, por lo que la intensidad de la I+D sigue siendo baja —situándose en torno al 1,27 % del PIB—, y muy inferior a la media de la UE (1,90 %). Esta diferencia se debe ante todo al bajo nivel de investigación industrial, puesto que la intensidad de la I + D en las empresas representa un 0,64 % del PIB, frente a una media del 1,23 % en EU-27. La intensidad del capital riesgo sigue siendo, asimismo, muy limitada. En el Programa Nacional de Reforma se presentan algunas medidas, entre ellas desgravaciones tributarias por un tiempo limitado para las empresas que invierten en proyectos de investigación realizados por universidades o entidades del sector público. El objetivo fijado en lo que respecta a la intensidad de la I + D, esto es, el 1,53 % del PIB, deriva de la proyección de la media de la tasa de crecimiento anual del periodo 2006-2008 y tiene en cuenta las limitaciones necesarias para el saneamiento presupuestario del país. Dicho objetivo se revisará en 2014.
Italia, que es el tercer mayor beneficiario de los fondos de la política de cohesión de la UE, ha recibido el 8 %, aproximadamente, del presupuesto total asignado a dicha política durante el periodo 2007-2013. Pese a haber transcurrido ya la mitad del periodo de programación, la proporción de los fondos de la UE realmente utilizados representa solo un 16,8 % y es mucho más reducida en las regiones de convergencia del sur.
Italia ha adquirido una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. El Programa Nacional de Reforma menciona algunas medidas que se han adoptado recientemente y traza las grandes líneas de algunos planes de reforma futuros encaminados a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad financiera, a estimular la competitividad y a incrementar el empleo, de conformidad con los principios del Pacto por el Euro Plus. Otro compromiso fundamental adquirido específicamente en respuesta al Pacto es la intención del Gobierno de modificar la Constitución a fin de reforzar la disciplina presupuestaria. Estos factores se han evaluado y tenido en cuenta en las recomendaciones.
La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma de Italia, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Italia, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En este sentido, la Comisión considera que, si bien el plan de saneamiento italiano para el periodo 2011-2014 es creíble hasta 2012, debe venir respaldado por medidas concretas en 2013-2014, de modo que la altísima deuda pública pueda situarse en una senda gradualmente descendente. El Programa Nacional de Reforma presenta una serie completa de iniciativas en todos los ámbitos de la Estrategia Europa 2020, pero se consideran necesarias medidas complementarias para hacer frente a las deficiencias estructurales que vienen registrándose desde hace ya largo tiempo y que la crisis ha exacerbado. A fin de estimular el potencial de crecimiento y creación de empleo de Italia, y contribuir a que las regiones meridionales se nivelen con las demás, conviene adoptar otras medidas en 2011-2012 para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, abrir en mayor medida los mercados de servicios y productos a la competencia, mejorar el entorno empresarial, reforzar la política de investigación e innovación, y promover una utilización más rápida y eficaz de los fondos de cohesión de la UE.
A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la Recomendación formulada por el Consejo el 2 de diciembre de 2009 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Italia y su dictamen (3) se refleja particularmente en su recomendación 1 recogida a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Italia.
RECOMIENDA que Italia tome medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:
Llevar a cabo el saneamiento presupuestario previsto en 2011 y 2012 para garantizar la corrección del déficit excesivo en línea con las recomendaciones del Consejo formuladas en virtud del procedimiento de déficit excesivo, para así situar la alta tasa de deuda pública en una senda gradualmente descendente. Sobre la base de la legislación recientememte aprobada, aprovechar plenamente las posibles condiciones económicas o presupuestarias más favorables de lo previsto a fin de acelerar la reducción del déficit y de la deuda y prepararse para prevenir desviaciones en la ejecución presupuestaria. Respaldar, con medidas concretas de aquí a octubre de 2011, los objetivos para 2013-2014, y el cumplimiento en 2014 del objetivo a medio plazo previsto, según lo establecido en el nuevo marco presupuestario plurianual. Reforzar aún más el marco mediante la introducción de límites máximos aplicables para los gastos y una supervisión más eficaz de todos los subsectores de la Administración.
Reforzar las medidas para combatir la segmentación del mercado de trabajo, revisando determinados aspectos de la normativa de protección del empleo, incluida la normativa relativa a despidos, y revisando igualmente, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, el sistema de prestaciones por desempleo, actualmente fragmentado. Multiplicar los esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado. Tomar medidas, asimismo, para aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, incrementando la disponibilidad de servicios de guardería en todo el país e incentivando económicamente, de forma neutra para el presupuesto, el trabajo de quienes aportan ingresos complementarios a las familias.
Basándose en el acuerdo de 2009 de reforma del marco de negociación colectiva, y tras consultar a los interlocutores sociales, según la práctica nacional, tomar medidas adicionales para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad, así como las condiciones locales y de la empresa, incluidas cláusulas que autoricen que los convenios de empresa sigan esta línea de actuación.
Ampliar el proceso de apertura a la competencia del sector de servicios, incluso en el ámbito de los servicios profesionales. Adoptar en 2011 la Ley Anual sobre la Competencia, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la autoridad de defensa de la competencia. Reducir la duración de los procedimientos de ejecución del Derecho contractual. Reforzar aún más las medidas para promover el acceso de las PYME a los mercados de capitales, eliminando los obstáculos reglamentarios y reduciendo los costes.
Mejorar el marco para la inversión del sector privado en investigación e innovación, ampliando los actuales incentivos fiscales, creando condiciones más favorables para el capital riesgo y respaldando los sistemas innovadores de contratación pública.
Tomar medidas dirigidas a aumentar, de forma eficiente, los gastos cofinanciados por los fondos de la política de cohesión que propicien el crecimiento, a fin de reducir las persistentes disparidades entre regiones, mejorando para ello la capacidad administrativa y la gobernanza política. Respetar los compromisos contenidos en el marco estratégico nacional de referencia en lo que respecta a la cantidad de recursos y a la calidad del gasto.
relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Letonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia actualizado de Letonia (2011-2014)
Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de la situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 3,
El 20 de enero de 2009, el Consejo adoptó la Decisión 2009/290/CE (2) por la que se concedía asistencia financiera a medio plazo a Letonia por un periodo de tres años conforme a lo dispuesto en el artículo 143 del Tratado. El Memorándum de Entendimiento que la acompañaba, firmado el 28 de enero de 2009, y sus suplementos sucesivos establecen las condiciones de política económica conforme a las cuales se concede la asistencia financiera. La Decisión 2009/290/CE fue modificada el 13 de julio de 2009 por la Decisión 2009/592/CE (3) del Consejo. El último suplemento del Memorándum de Entendimiento se firmó en junio de 2011.
El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (4), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o de Convergencia y en sus programas nacionales de reforma. El Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma de Letonia incluyen una referencia genérica al Pacto por el Euro Plus. Una carta enviada, el 17 de mayo de 2011, al Consejo Europeo destaca compromisos específicos y acciones para 2011, incluidos en los programas, coherentes con los objetivos del Pacto por el Euro Plus.
El 29 de abril de 2011, Letonia presentó la actualización de 2011 de su Programa de Convergencia, relativa al periodo 2011-2014, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
La economía letona creció más rápido que la de cualquier otro Estado miembro entre los años 2000 y 2007, reflejando perspectivas de convergencia, entradas de capital extranjero y una importante demanda de consumo. Sin embargo, debido en parte a una política macroeconómica expansionista, la economía se recalentó. Se acumularon desequilibrios considerables, ilustrados por un déficit de la balanza por cuenta corriente del 22,3 % del PIB en 2007 y del 13,1 % en 2008; como consecuencia de ello, en 2008-2009 la economía experimentó la contracción más acusada de toda la UE. En ese periodo, el PIB real se contrajo un 25 % desde su punto máximo hasta su punto más bajo debido a que, además de una caída de la demanda interna, se produjo un desplome del comercio mundial. La tasa de empleo de Letonia, que anteriormente era una de las más elevadas de la UE (75,8 % en 2008), bajó más de 10 puntos porcentuales con lo que la tasa de desempleo actual, de más del 18 %, es una de las más elevadas de la UE. El déficit de las administraciones públicas fue del 9,7 % en 2009 aunque, gracias a una serie de medidas de saneamiento presupuestario, en 2010 se redujo al 7,7 %. Este resultado incluye importantes medidas de estabilización del sector financiero que supusieron un 1,1 % del PIB en 2009 y un 2,3 % en 2010.
Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera verosímil el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias del Programa de Convergencia, a pesar de que la previsión de inflación para 2011 puede haberse realizado a la baja. La estrategia presupuestaria a medio plazo del Programa de Convergencia busca situar el déficit global de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % en el plazo previsto en la Recomendación del Consejo de 7 de julio de 2009. Teniendo en cuenta las medidas aplicadas desde que se emitió la recomendación para corregir la situación de déficit excesivo y el saneamiento adicional implícito en el Programa de Convergencia actualizado, el ajuste presupuestario previsto para 2011-2012 es el requerido. En vista de la situación de partida, el Programa de Convergencia no prevé que se alcance el objetivo a medio plazo al final del periodo del programa, si bien podría acelerarse el ajuste presupuestario previsto para lograr ese objetivo a medio plazo una vez corregida la situación de déficit excesivo, especialmente en 2013. El proceso de saneamiento presupuestario previsto en el Programa de Convergencia se realizará principalmente por el lado de los gastos. Los objetivos presupuestarios están sometidos a riesgos de revisión a la baja, dado que el Programa de Convergencia no contiene una información completa sobre las medidas que permitirán alcanzar los objetivos fijados. Se espera que esas medidas sean previstas en los próximos presupuestos. La reducción del déficit primario a medio plazo, conforme a lo previsto en el Programa de Convergencia, contribuirá a atenuar los riesgos que pesan sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La Comisión ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma y ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y de la política socioeconómica de Letonia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Así las cosas, la Comisión subraya la necesidad urgente de aplicar las medidas previstas para cumplir la Decisión 2009/290/CE.
RECOMIENDA a Letonia:
Aplicar las medidas establecidas en la Decisión 2009/290/CE, modificada por la Decisión 2009/592/CE, y especificadas con más detalle en el Memorándum de Entendimiento de 20 de enero de 2009 y sus suplementos sucesivos, en particular el último suplemento, de 7 de junio de 2011.
(2) DO L 79 de 25.3.2009, p. 39.
(3) DO L 202 de 4.8.2009, p. 52.
(4) Que se mantienen para 2011 conforme a la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 138 de 26.5.2011, p. 56).
relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de Malta y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de Malta (2011-2014)
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus Programas de Estabilidad o Convergencia y en sus Programas Nacionales de Reforma.
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus Programas de Estabilidad o Convergencia y en sus Programas Nacionales de Reforma.
El 28 de abril de 2011, Malta presentó su Programa Nacional de Reforma para 2011, y el 29 de abril, la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2014. Con objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
Cuando se desencadenó la crisis económica, las exportaciones y la inversión se desplomaron y el PIB real se contrajo en un 3,4 % en 2009. El empleo se redujo sólo ligeramente, gracias entre otras cosas a la intervención pública. Con una fuerte recuperación de las exportaciones y de la inversión empresarial en 2010, la actividad económica de Malta repuntó con fuerza ese mismo año, y las cifras de desempleo empezaron a descender. Dado el elevado nivel de deuda pública (61,5 % del PIB en 2008), el Gobierno se abstuvo de emprender un gran programa de estímulo fiscal, y el déficit de las administraciones públicas en 2009 (3,7 % del PIB) permaneció por debajo del nivel correspondiente al conjunto de la zona del euro. En 2010, los coeficientes de déficit y deuda públicos se mantuvieron en general estables.
Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo opina que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias es ligeramente optimista, especialmente en los últimos años del periodo cubierto por el Programa de Estabilidad. A partir del 3,6 % del PIB en 2010, el Programa de Estabilidad contempla reducir el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del Tratado en 2011. Con posterioridad, el gradual avance hacia el objetivo a medio plazo de una situación de equilibrio en términos estructurales deberá apoyarse en un compromiso de saneamiento sostenible, centrado principalmente en el gasto. Sin embargo, el Programa de Estabilidad no proyecta alcanzar dicho objetivo dentro de su horizonte de programación. Se prevé que la deuda pública descenderá desde un máximo del 68 % del PIB en 2010 al 63,7 % en 2014, gracias a un saldo primario positivo y en proceso de mejora. El esfuerzo medio anual de ajuste estructural durante el periodo 2012-2014, calculado por la Comisión, coincide a grandes líneas con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, las cifras presupuestarias podrían resultar peores que los objetivos fijados debido a posibles desviaciones del gasto y a la falta de información sobre las medidas que deberán sustentar el esfuerzo de saneamiento después de 2011.
Proseguir el saneamiento presupuestario para alcanzar el objetivo a medio plazo es un reto fundamental para Malta. Aunque el presupuesto de 2011 aplica medidas para corregir el déficit excesivo en ese año, serán necesarias actuaciones suplementarias en caso de desviación. La estrategia de saneamiento a medio plazo, que todavía no está sustentada en medidas concretas, ganaría credibilidad de utilizarse un marco presupuestario plurianual más robusto. El carácter no vinculante de los objetivos plurianuales, que implica un horizonte de planificación presupuestaria relativamente próximo, constituye una deficiencia fundamental. El Programa de Estabilidad señala que se está considerando la introducción de una regla en materia de gasto.
Según la última evaluación de la Comisión, el riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas es elevado, dado que el efecto presupuestario a largo plazo del envejecimiento de la población, incluidas las pensiones, es significativamente mayor en Malta que en la media de la UE. Además, la participación de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral es muy baja, debido a una edad de jubilación que sigue siendo relativamente temprana, un uso frecuente de planes de jubilación anticipada y una participación muy reducida de las trabajadoras mayores. La reforma del sistema de pensiones de 2006 comenzó a abordar la sostenibilidad al retrasar la edad de jubilación, aunque de manera muy gradual, y abordó la idoneidad de las futuras pensiones, en particular a través de unos sistemas de indexación más generosos y de la introducción de una pensión mínima nacional garantizada. En el Programa Nacional de Reforma se mencionan las consultas que se están celebrando actualmente en torno a las propuestas para una nueva reforma presentadas por el Grupo de Trabajo sobre las Pensiones, que incluyen el establecimiento de un vínculo expreso entre la edad de jubilación y la esperanza de vida y la introducción de un segundo pilar de pensiones obligatorio y un tercer pilar voluntario. Sin embargo, el Programa Nacional de Reforma no propone una estrategia activa y global en materia de envejecimiento de la población que acompañe a los cambios legislativos en curso y previstos. El trabajo no declarado plantea un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. El Gobierno presenta algunas medidas para abordar ese problema en el Programa Nacional de Reforma, aunque no hay propuestas de revisión del sistema de impuestos y de prestaciones para hacer que el trabajo resulte económicamente rentable. Fomentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo constituye otro importante desafío para Malta, dado que su tasa de empleo femenino es la más baja de la UE. En el Programa Nacional de Reforma, el Gobierno ha propuesto un número importante de iniciativas en relación con el trabajo de las mujeres. Su aplicación y efectos se deben evaluar en 2012.
En los últimos años Malta ha experimentado una fuerte restructuración industrial, con la sustitución de una manufactura intensiva en mano de obra por nuevas actividades de alto valor añadido. Ello ha provocado un desfase entre la demanda y la oferta de cualificaciones en el mercado laboral, que evidencia la necesidad de proveer las competencias necesarias para los nuevos sectores, especialmente a través de la educación superior, en un esfuerzo para diversificar en mayor medida la base económica del país.
Malta registra el índice más elevado de abandono escolar de la UE, que se situaba en el 36,8 % en 2009, frente a un 14,4 % de media de la UE. El país adolece también de un bajo porcentaje de población entre 30 y 34 años con un nivel educativo superior o equivalente (21,1 %, frente a la media de la UE del 32,3 % en 2009). Malta aspira a reducir el abandono escolar al 29 % y a incrementar hasta el 33 %, de aquí a 2020, el número de personas entre 30 y 34 años con un título de educación superior o equivalente. En 2011, el país introdujo medidas para canalizar a los alumnos en riesgo de abandono escolar hacia vías profesionales interesantes a través de la formación profesional o las segundas oportunidades de aprendizaje.
Malta es uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea que aplica un mecanismo generalizado de indexación de los salarios. Los incrementos salariales están vinculados a un mecanismo obligatorio de adaptación al coste de la vida que hace aumentar los salarios en función de la evolución de la inflación registrada, si bien en cuantía proporcionalmente mayor a medida que se desciende por la escala salarial. Sumado al salario mínimo, este mecanismo puede contribuir a la pérdida de competitividad de los sectores que utilizan intensivamente mano de obra. La cuestión es muy pertinente en vista de los recientes incrementos de los precios de la energía, que podrían generar una espiral de precios y salarios.
Malta depende casi totalmente del petróleo importado para sus necesidades energéticas, lo que hace a su economía vulnerable a las oscilaciones del precio del crudo. Sumado a la inadecuación del sistema energético maltés, este fenómeno puede estar originando problemas en los ámbitos de la creación de empresas y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Aprovechar las posibilidades de producción de energía a partir de fuentes renovables podría suponer la doble ventaja de mejorar la competitividad y alcanzar los objetivos energéticos y climáticos. Sin embargo, la información facilitada en el Programa Nacional de Reforma sobre las medidas en materia energética es limitada, lo que dificulta evaluar su viabilidad y su eficacia en términos de costes.
Malta ha contraído una serie de compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus. Esos compromisos se centran en dos áreas del Pacto: la competitividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por lo que respecta al aspecto presupuestario, se trata de fortalecer la responsabilidad y la transparencia del marco presupuestario, y considerar la introducción de mecanismos en busca de una mayor disciplina en la ejecución presupuestaria. En cuanto a la productividad, se proponen medidas para mejorar el entorno empresarial y las condiciones de financiación de las empresas, así como para impulsar la competencia en los servicios, especialmente las telecomunicaciones. A pesar de que figuran en el Programa Nacional de Reforma, los compromisos del Pacto por el Euro Plus no abordan las cuestiones del empleo y la estabilidad financiera. Aunque las autoridades se concentran en el aumento de la productividad, no reconocen que el actual mecanismo de indexación salarial afecta a la competitividad de Malta. Los compromisos del Pacto por el Euro Plus se han valorado y tenido en cuenta en las recomendaciones.
La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma de Malta, así como sus compromisos en el marco del Pacto por el Euro Plus, y ha tenido en cuenta, no solamente su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Malta, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. En vista de lo anterior, la Comisión considera que, aunque el avance previsto hacia el objetivo a medio plazo es adecuado, existen importantes riesgos para la estrategia de saneamiento, por no encontrarse esta última respaldada por medidas concretas y porque podría producirse una desviación del gasto, como ha sucedido en el pasado. Además, el carácter no vinculante del marco presupuestario a medio plazo puede no ser favorable a la disciplina presupuestaria. El coste relativamente alto a largo plazo del envejecimiento de la población, en especial por lo que respecta al gasto en pensiones, representa un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de Malta. El Programa Nacional de Reforma reconoce los principales desafíos estructurales a los que se enfrenta la economía maltesa, aunque se justificaría una mayor atención a determinadas cuestiones, especialmente un mejor uso del potencial de mano de obra de la economía, la revisión y la toma de medidas para reformar el mecanismo de fijación de los salarios a fin de adecuar mejor la evolución salarial a la de la productividad, y la diversificación energética.
A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 16 de febrero de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Malta, y su dictamen (3) se refleja particularmente en sus recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Malta.
RECOMIENDA que Malta tome medidas en el periodo 2011-2012 a fin de:
Garantizar la corrección del déficit excesivo en 2011, conforme a las recomendaciones del procedimiento de déficit excesivo, y estar preparada para tomar medidas suplementarias para prevenir posibles desviaciones, y adoptar iniciativas concretas en apoyo del objetivo de déficit para 2012. Encaminar la alta tasa de deuda pública hacia una senda descendente y asegurar un progreso adecuado hacia el objetivo a medio plazo. A fin de hacer más creíble la estrategia de saneamiento a medio plazo, definir las medidas generales necesarias a partir de 2013, incorporar los objetivos presupuestarios a un marco plurianual vinculante y basado en reglas, y mejorar la vigilancia de la ejecución presupuestaria.
Tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otras, acelerando el retraso progresivo de la edad de jubilación y vinculándola a la esperanza de vida. Acompañar el incremento de la edad legal de jubilación con una estrategia global activa en materia de envejecimiento de la población, desincentivar los planes de jubilación anticipada y fomentar los planes de pensiones privados.
Orientar en mayor medida los resultados de la educación a las necesidades del mercado de trabajo, en especial haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a la educación superior y haciendo más eficaz el sistema de formación profesional. Tomar más medidas para reducir el abandono escolar, determinando, analizando y midiendo sus causas antes de que finalice 2012, y creando un mecanismo de vigilancia e información periódica sobre los resultados de dichas medidas.
Revisar y tomar las medidas necesarias para reformar el mecanismo de negociación y de indexación salarial, en consulta con los interlocutores sociales y según los usos nacionales, a fin de garantizar que el crecimiento de los salarios refleje en mayor medida la evolución de la productividad del trabajo y la competitividad.
Redoblar los esfuerzos para reducir la dependencia de Malta de las importaciones de petróleo, impulsando las inversiones en energías renovables y aprovechando al máximo los fondos de la Unión Europea disponibles para mejorar las infraestructuras y fomentar la eficiencia energética.
Vista la solicitud de dictamen, hecha de conformidad con el apartado 2 del artículo 28 del Reglamento (CE) no 45/2001 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), que la Comisión remitió el 5 de enero de 2011;
El 22 de diciembre de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión (en lo sucesivo, «la propuesta»), que unifica y sustituye dos propuestas previas de la Comisión sobre la revisión del Reglamento Financiero (Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 (3) del Consejo; en lo sucesivo, «el RF»). Estas dos propuestas son, por una parte, la revisión trienal del RF y, por otra, la revisión del RF para armonizarlo con el Tratado de Lisboa (4).
El 5 de enero de 2011, la propuesta fue remitida al Supervisor Europeo de Protección de Datos (en lo sucesivo, «el SEPD»), de conformidad con el apartado 2 del artículo 28 del Reglamento (CE) no 45/2001. Antes de la adopción de la propuesta, el SEPD fue consultado de manera informal. El SEPD recomienda que el legislador incluya también una referencia a dicha consulta en el preámbulo del reglamento propuesto.
La propuesta tiene ciertas implicaciones en materia de protección de datos, tanto a escala europea como a escala nacional, que se analizarán en el presente dictamen.
En la propuesta pueden encontrarse referencias a los instrumentos europeos pertinentes en materia de protección de datos. Sin embargo, tal como se indica en el presente dictamen, es preciso un mayor desarrollo y clarificación para asegurar el pleno cumplimiento del marco jurídico en materia de protección de datos.
II.1. Referencias genéricas a las normas europeas pertinentes en materia de protección de datos
La propuesta de reglamento comprende diversas cuestiones que implican el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y agencias de la Unión, así como por parte de las entidades de los Estados miembros. A continuación, se analizarán de forma más detallada dichas operaciones de tratamiento. Al procesar datos personales, las instituciones, órganos y agencias de la Unión están sujetos a las normas en materia de protección de datos establecidas en el Reglamento (CE) no 45/2001. Las entidades que actúan a escala nacional están sujetas a las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE del correspondiente Estado miembro.
El SEPD comprueba con satisfacción que en la propuesta se encuentran referencias a uno o a ambos instrumentos. (5) Sin embargo, estas referencias no son sistemáticas ni constantes a lo largo de la misma. Por tanto, el SEPD anima al legislador a que adopte un enfoque más global respecto de esta cuestión en el reglamento.
El SEPD recomienda al legislador que incluya la siguiente referencia a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001 en el preámbulo del Reglamento:
«Las disposiciones del presente Reglamento se entienden sin perjuicio de los requerimientos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, y del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.».
Asimismo, el SEPD recomienda incluir una referencia a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001 en la letra f) del apartado 2 del artículo 57, al igual que se ha hecho en el apartado 3 del artículo 31 de la propuesta.
II.2. Prevención, detección y corrección de fraudes e irregularidades
El artículo 28 de la propuesta versa sobre el control interno de la ejecución del presupuesto. En la letra d) del apartado 2 se prevé que a efectos de la ejecución del presupuesto, el control interno ha sido concebido para ofrecer garantías razonables respecto de la consecución de la prevención, detección y corrección de fraudes e irregularidades.
En los casos de ejecución indirecta del presupuesto por parte de la Comisión mediante gestión compartida con los Estados miembros o con personas y entidades distintas de los Estados miembros, el apartado 2 del artículo 56 y el apartado 3 del artículo 57 establecen, respectivamente, que los Estados miembros y las personas y entidades prevendrán, detectarán y corregirán las irregularidades y el fraude al realizar tareas relacionadas con la ejecución del presupuesto. Por supuesto, tales medidas deberán respetar plenamente las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE.
En este sentido, la letra f) del apartado 4 del artículo 56, (la cual debería ser la letra e) del apartado 4, según el orden lógico de los subapartados) establece que los organismos acreditados por los Estados miembros, que son los únicos responsables de la buena gestión y control de los fondos «garantizarán una protección de los datos personales que satisfaga los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE.». El SEPD recomienda reforzar dicha referencia, modificándola de la siguiente manera: «garantizarán que los tratamientos de datos personales cumplen las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE».
En lo que respecta a las entidades y personas distintas de los Estados miembros, la letra f) del apartado 2 del artículo 57 establece que estas entidades y personas «garantizarán una protección razonable de los datos personales.». El SEPD critica enérgicamente esta frase, ya que parece dejar margen para una aplicación menos estricta de las normas de protección de datos. El SEPD recomienda, por tanto, sustituir también esta frase por la siguiente: «garantizarán que los tratamientos de datos personales cumplen las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE».
II.3. Denunciantes
El apartado 8 del artículo 63 de la propuesta contempla el fenómeno de la «denuncia de irregularidades». Dicha disposición establece que los agentes tienen la obligación de informar al ordenador (o a la instancia especializada en irregularidades financieras establecida con arreglo al apartado 6 del artículo 70 de la propuesta) en caso de que consideren que una decisión cuya aplicación le impone su superior es irregular o contraria al principio de buena gestión financiera o a las normas profesionales que ha de respetar. En caso de actividad ilegal, fraude o corrupción que puedan ir en detrimento de los intereses de la Unión, informarán a las autoridades e instancias designadas por la legislación vigente.
El SEPD desea señalar el hecho de que los denunciantes están en una posición delicada. Las personas que reciben dicha información deben garantizar que mantendrán la confidencialidad de la identidad del denunciante, en particular respecto de la persona a quien se imputa la irregularidad sobre la que se informa (6). Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante no sólo protege a la persona que proporciona la información sino que también asegura la eficiencia del propio sistema de denuncia de irregularidades. Sin las garantías suficientes relativas a la confidencialidad, los miembros del personal se sentirán menos predispuestos a comunicar actividades irregulares o ilegales.
Sin embargo, la protección de la confidencialidad de la identidad del denunciante no es absoluta, ya que tras una primera investigación interna, pueden existir posteriormente trámites procesales o judiciales que requieran que se revele la identidad del mismo, por ejemplo, a las autoridades judiciales. Por tanto, deberían respetarse las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales (7).
También pueden existir situaciones en que la persona denunciada por una irregularidad esté autorizada a conocer el nombre del denunciante. Esto es posible si dicha persona precisa conocer la identidad del denunciante para iniciar acciones legales contra el mismo, siempre que haya quedado acreditado que el denunciante presentó maliciosamente una declaración falsa contra la persona denunciada (8).
El SEPD recomienda que se modifique la actual propuesta y se garantice la confidencialidad de la identidad de los denunciantes durante la investigación, siempre que esto no sea contrario a las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales y siempre que la persona denunciada por una irregularidad no tenga derecho a conocer la identidad del denunciante a fin de iniciar un proceso judicial contra él, en el caso de que haya quedado acreditado que dicho denunciante presentó maliciosamente una declaración falsa contra ella.
II.4. Publicación de la información relativa a los perceptores de fondos procedentes del presupuesto
Según el apartado 2 del artículo 31 (publicación de los nombres de los perceptores de fondos de la Unión y otros datos), la Comisión facilitará, del modo más adecuado, la información relativa a los perceptores de fondos procedentes del presupuesto de que disponga en caso de que ejecute el presupuesto directamente o mediante delegación.
En el apartado 3 del artículo 31 se establece que dicha información «se facilitará teniendo debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad, en particular la protección de datos personales según lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, y los requisitos de seguridad, atendiendo a las características específicas de cada uno de los modos de gestión, […] y, en su caso, de conformidad con las normas sectoriales pertinentes.».
El Tribunal de Justicia Europeo (en lo sucesivo, el «TJE») trató la cuestión de la publicación de la identidad de los receptores de los fondos de la Unión en su sentencia de noviembre de 2010 en el asunto Schecke y Eifert (9). Sin entrar en los detalles del asunto, debe destacarse que el TJE evaluó detenidamente si la legislación europea, que incluía la obligación de comunicar la información, era conforme con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta de la Unión Europea»).
El TJE estudió el fin para el que la información se comunicó y, por consiguiente, la proporcionalidad de la medida. El TJE consideró que, antes de divulgar información sobre una persona física, las instituciones están obligadas a poner en la balanza, por una parte, el interés de la Unión en la divulgación y, por otra, la lesión de los derechos reconocidos en la Carta (10). El TJE subrayó que las excepciones a la protección de los datos de carácter personal y las limitaciones de dicha protección deben establecerse sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario (11).
El TJE consideró que las instituciones deberían estudiar distintas formas de publicación para encontrar una que respete el objetivo de dicha publicación y, al mismo tiempo, sea menos lesiva para el derecho de los beneficiarios al respeto a la vida privada en general, y para la protección de los datos de carácter personal en particular (12). En el contexto específico de dicho caso, el TJE hizo referencia a la limitación de la publicación de los datos nominales de los beneficiarios en función de los períodos durante los cuales hubieran percibido ayudas, de la frecuencia de éstas o, incluso, del tipo y magnitud de las mismas (13).
El SEPD hace hincapié una vez más en que el papel de la protección de datos y de la intimidad no es evitar el acceso público a la información siempre que estén implicados datos personales ni imponer limitaciones indebidas a la transparencia de la administración europea. El SEPD apoya la opinión de que el principio de transparencia «permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático», y que la publicación en Internet de los datos nominales de los beneficiarios, si se hace de manera adecuada, «contribuye a que la Administración utilice apropiadamente los fondos públicos» y «refuerza el control público sobre la utilización de las cantidades de que se trata» (14).
Basándose en lo anterior, el SEPD desea subrayar que las consideraciones del TJE mencionadas en los apartados anteriores son directamente pertinentes para la propuesta actual ya que, a pesar de que dicha propuesta hace referencia a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001, no asegura que la publicación prevista cumpla los requisitos que el TJE explica en el asunto Schecke. En este sentido, debe subrayarse que el TJE no solo consideró inválido el Reglamento de la Comisión que incluía disposiciones sobre la publicación de información sobre los beneficiarios de los fondos agrícolas (15), sino también la disposición del Reglamento que constituye el fundamento jurídico del mismo y que incluía un requisito genérico de divulgación de la información, siempre que afectase a beneficiarios que fueran personas físicas (16).
El SEPD tiene serias dudas acerca de si la propuesta actual cumple los criterios especificados por el TJE en el asunto Schecke, ya que ni el artículo 31 ni los artículos cercanos a éste incluyen un fin claro y bien definido para el que esté prevista la publicación de la información personal. Además, no queda claro el momento ni el formato con el que se divulgará la información. Por tanto, no puede valorarse si se alcanza el adecuado equilibrio entre los diversos intereses implicados ni comprobar, tal como subraya de forma explícita el TJE en el asunto Schecke, si la publicación será proporcional. Asimismo, tampoco queda claro el modo en que se garantizarán los derechos de los interesados que resulten afectados.
Incluso si se ha previsto una legislación de aplicación — lo cual no se ha establecido de manera clara — las aclaraciones básicas que se acaban de citar deberían incluirse en el fundamento jurídico que el RF se supone que es respecto de la comunicación de dichos datos.
El SEPD recomienda asimismo al legislador que aclare el fin y que explique la necesidad de la comunicación prevista, para indicar de qué modo y en qué medida se producirá la divulgación de los datos personales, para garantizar que los datos únicamente se comunican si esto resulta proporcional y para asegurarse de que los interesados pueden invocar los derechos contemplados en la legislación en materia de protección de datos.
II.5. Publicación de las decisiones o sumarios de las mismas relativas a sanciones administrativas o financieras
El artículo 103 de la propuesta contempla la posibilidad de que el órgano de contratación pueda imponer sanciones administrativas o financieras (a) a los contratistas, candidatos o licitadores en los casos en que hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el órgano de contratación para poder participar en el procedimiento de contratación o no hayan facilitado dicha información (véase la letra b) del artículo 101) o (b) a los contratistas que hayan sido declarados culpables de incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en virtud de un contrato financiado por el presupuesto.
El apartado 1 del artículo 103, establece que se deberá dar a la persona interesada la oportunidad de presentar sus observaciones. Según el apartado 2 del artículo 103, las sanciones podrán consistir en la exclusión de la persona en cuestión de los contratos y subvenciones financiados por el presupuesto por un período máximo de diez años, y/o la imposición de una sanción pecuniaria por un importe no superior a la cuantía del contrato en cuestión.
Si se compara con la situación actual, un elemento que resulta nuevo en la propuesta es la posibilidad de que la institución mencionada en el apartado 3 del artículo 103, pueda publicar las decisiones o sumarios de las mismas indicando el nombre del operador económico, una breve descripción de los hechos, la duración de la exclusión o el importe de las sanciones pecuniarias.
En la medida en que esto implique la divulgación de información relativa a personas físicas, la disposición plantea algunas cuestiones desde el punto de vista de la protección de datos. En primer lugar, queda claro que la publicación no es obligatoria gracias al uso del término «podrá», aunque esto deja sin contestar toda una serie de cuestiones para las que el texto de la propuesta no aporta mayor claridad. Como por ejemplo, cuál es el fin de la comunicación, cuáles son los criterios sobre los que la institución interesada adopta su decisión a este respecto, durante cuánto tiempo estará disponible la información y a través de qué medio, quién comprobará que la información sigue siendo correcta y la mantendrá actualizada, o quién informará sobre la divulgación a la persona interesada. Todas estas preguntas hacen referencia a los requisitos de la calidad de los datos, contemplados en el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001.
Debe hacerse hincapié en el hecho de que la publicación de dicha información tiene un impacto negativo adicional sobre la persona interesada. La publicación únicamente deberá permitirse si resulta estrictamente necesaria para el fin previsto. Resultan también aquí pertinentes los comentarios que anteriormente se han incluido en el apartado II.4 en el contexto del fallo del TJE en el asunto Schecke.
Tal como está redactado actualmente, el texto propuesto en el apartado 3 del artículo 103, no cumple totalmente los requisitos de la legislación en materia de protección de datos. El SEPD recomienda por tanto al legislador que aclare el fin y explique la necesidad de la comunicación prevista, que indique de qué modo y en qué medida se producirá la divulgación de los datos personales, que garantice que los datos únicamente se comunicarán si esto resulta proporcional y que asegure que los interesados pueden invocar los derechos contemplados en la legislación en materia de protección de datos.
II.6. La base de datos central en materia de exclusión
La propuesta también supone la creación de una base de datos central en materia de exclusión (en lo sucesivo, la «base de datos central») que contendrá información detallada sobre los candidatos y licitadores excluidos de la participación en licitaciones (véase el artículo 102). Esta base de datos ya existe sobre la base del RF actual y su funcionamiento se aborda con más detalle en el Reglamento (CE) no 1302/2008. Las operaciones de tratamiento de datos personales que se realizan en el marco de la base de datos central fueron analizadas por el SEPD en el Dictamen de Control Previo de 26 de mayo de 2010 (17).
Son varios los destinatarios de los datos recogidos en la base de datos central. En función de quien acceda a la base de datos, se aplicará el artículo 7, 8 o 9 del Reglamento (CE) no 45/2001.
El SEPD llegó a la conclusión en el dictamen de control previo citado anteriormente de que la práctica actual relativa a la aplicación del artículo 7 (consulta de la base de datos por parte de otras instituciones y agencias de la Unión) y el artículo 8 (consulta de la base de datos central por parte de las autoridades y determinados órganos de los Estados miembros) eran conformes con el Reglamento (CE) no 45/2001.
A esta conclusión no puede llegarse, no obstante, en relación con la transmisión de datos a las autoridades de países terceros, regulada por el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001, que trata sobre las transmisiones de datos a las autoridades de terceros países y/o a organizaciones internacionales. En el apartado 2 del artículo 102, se establece que los terceros países también podrán acceder a la base de datos central.
El apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001 establece que «los datos personales sólo se podrán transmitir a destinatarios distintos de las instituciones y los organismos comunitarios y no sujetos al Derecho nacional adoptado en aplicación de la Directiva 95/46/CE cuando se garantice un nivel de protección suficiente en el país del destinatario o en la organización internacional destinataria, y los datos se transmitan exclusivamente para permitir el ejercicio de las tareas que son competencia del responsable del tratamiento.». No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9, el apartado 6 de dicho artículo permite la transmisión de datos a países que no proporcionan una protección adecuada si «la transmisión es necesaria o requerida legalmente por razones importantes de interés público (…)».
En el dictamen de control previo citado anteriormente, el SEPD hizo hincapié en que era necesario llevar a cabo más acciones para garantizar que en caso de transmisión a un tercer país u organización, el destinatario proporciona un nivel de protección adecuado. El SEPD desea subrayar que un análisis de la adecuación debe estar basado en una evaluación individualizada y que deberá incluir un análisis exhaustivo de las circunstancias que rodean una operación de transmisión de datos o un conjunto de operaciones de transmisión de datos. El RF no puede eximir a la Comisión del cumplimiento de dicha obligación. De igual modo, una transmisión que esté basada en una de las excepciones previstas en el artículo 9 también deberá estar basada en una evaluación individualizada.
A este respecto, el SEPD recomienda al legislador que añada otro apartado al artículo 102 que trate de manera específica sobre la protección de datos personales. El apartado podría comenzar con la primera frase ya incluida en el apartado 1 del artículo 102, esto es que «la Comisión creará y gestionará una base de datos central, de conformidad con las normas de la Unión sobre tratamiento de datos personales», a la que se debería añadir que únicamente se permitirá el acceso por parte de las autoridades de terceros países cuando cumplan las condiciones que se establecen en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001.
La presente propuesta tiene ciertas implicaciones en materia de protección de datos, tanto a escala europea como a escala nacional, que se han analizado en el presente dictamen. En la propuesta pueden encontrarse referencias a los instrumentos europeos en materia de protección de datos pertinentes. Sin embargo, tal como se ha indicado en el presente dictamen, es preciso un mayor desarrollo y clarificación para asegurar el pleno cumplimiento del marco jurídico en materia de protección de datos. El SEPD recomienda las siguientes acciones:
incluir una referencia en el preámbulo del Reglamento a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001;
incluir una referencia a la Directiva 95/46/CE y al Reglamento (CE) no 45/2001 en la letra f) del apartado 2 del artículo 57, al igual que se ha hecho en el apartado 3 del artículo 31 de la propuesta;
reforzar la referencia a la Directiva 95/46/CE en la letra f) del apartado 4 del artículo 56, (el cual debería ser la letra e) del apartado 4, según el orden lógico de los subapartados) cambiándola por «garantizarán que los tratamientos de datos personales cumplen las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE»;
sustituir la frase de la letra f) del apartado 2 del artículo 57, «garantizarán una protección razonable de los datos personales» por «garantizarán que los tratamientos de datos personales cumplen las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE»;
garantizar en el apartado 8 del artículo 63, la confidencialidad de la identidad de los denunciantes durante la investigación, siempre que esto no sea contrario a las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales y la persona denunciada por una irregularidad no tenga derecho a conocer dicha identidad a fin de iniciar un procedimiento judicial contra el denunciante, si ha quedado acreditado que dicho denunciante presentó maliciosamente una declaración falsa contra el denunciado;
en el artículo 31, aclarar el fin y explicar la necesidad de la comunicación de la información prevista sobre los perceptores de fondos procedentes del presupuesto, indicar de qué modo y en qué medida se producirá la divulgación de los datos personales, garantizar que los datos únicamente se comunican si esto resulta proporcional y asegurarse de que los interesados puedan invocar los derechos contemplados en la legislación en materia de protección de datos;
mejorar el apartado 3 del artículo 103, que trata sobre la publicación de las decisiones o sumarios de las mismas relativas a sanciones administrativas o financieras aclarando el fin y la explicación de la necesidad de la comunicación prevista, indicar de qué modo y en qué medida se producirá la divulgación de los datos personales, garantizar que los datos únicamente se comunican si esto resulta proporcional y asegurarse de que los interesados puedan invocar los derechos contemplados en la legislación en materia de protección de datos;
añadir otro apartado al artículo 102 que trate sobre la protección de los datos personales estableciendo que únicamente se permitirá el acceso por parte de las autoridades de terceros países cuando se cumplan las condiciones que se establecen en el artículo 9 del Reglamento (CE) no 45/2001 y tras una evaluación individualizada.
(4) Véanse los documentos COM(2010) 260 final y COM(2010) 71 final, respectivamente.
(5) Véanse el artículo 31, apartado 3, y el artículo 56, apartado 4, de la propuesta. Asimismo, se incluye una referencia genérica a los «requisitos en materia de protección de datos» en el considerando 36, a la «protección de los datos personales» en el artículo 57, apartado 2, letra f), y a las «normas de la Unión sobre tratamiento de datos personales», en el artículo 102, apartado 1.
(6) El SEPD ya subrayó la importancia de conservar la confidencialidad de la identidad del denunciante en una carta enviada al Defensor del Pueblo Europeo el 30 de julio de 2010, en el asunto 2010-0458, que puede consultarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu). Asimismo, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 ya subrayó este aspecto en su Dictamen 1/2006, de 1 de febrero de 2006, relativo a la aplicación de las normas sobre protección de datos de la UE a los sistemas internos de denuncia de irregularidades en los ámbitos de la contabilidad, controles de auditoría internos, cuestiones de auditoría, lucha contra la corrupción y delitos financieros y bancarios, que puede consultarse en su sitio web: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm).
(7) Véanse también el Dictamen de Control Previo del SEPD de 23 de junio de 2006 relativo a las investigaciones internas de la OLAF (asunto 2005-0418), y el Dictamen de Control Previo de 4 de octubre de 2007 relativo a las investigaciones externas de la OLAF (asuntos 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72), que pueden encontrarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu).
(8) Véase también en este sentido el citado Dictamen 1/2006 del Grupo de Trabajo del Artículo 29.
(9) Sentencia del TJE de 9 de noviembre de 2010, Schecke y Eifert, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09.
(10) TJE, Schecke, ap. 85.
(11) TJE, Schecke, ap. 86.
(12) TJE, Schecke, ap. 81.
(13) Véase la nota a pie de página 12.
(14) TJE, Schecke, apartados 68, 69, 75 y 76.
(15) Reglamento (CE) no 259/2008 de la Comisión, DO L 76 de 19.3.2008, p. 28.
(16) Artículo 44 bis del Reglamento (CE) no 1290/205, DO L 209 de 11.8.2005, p. 1, modificado.
(17) Véase el Dictamen de Control Previo del SEPD de 26 de mayo de 2010 relativo al tratamiento de datos de carácter personal respecto de la «inscripción de un interesado en la base de datos central en materia de exclusión» (asunto 2009-0681), que puede encontrarse en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu).
Desarrollo sectorial, Protección del medio ambiente
Gasto anual previsto —
Importe total de la ayuda prevista 83,9 millones LVL
Promoción de la cultura, Conservación del patrimonio, Desarrollo regional
Gasto anual previsto 10 millones DKK
Importe total de la ayuda prevista 10 millones DKK
Gasto anual previsto 8,3 millones EUR
Importe total de la ayuda prevista 8,3 millones EUR
Transporte terrestre y transporte por tubería
Importe total de la ayuda prevista 14 960 000 EUR
Importe total de la ayuda prevista 3,9 millones LVL
(Asunto COMP/M.6274 — Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe)
El 14 de julio de 2011, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:
en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6274. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.
(Asunto COMP/M.6265 — CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen)
en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6265. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.
Comunicación de la Comisión relativa a la fecha de aplicación de los protocolos sobre las normas de origen que establecen la acumulación diagonal del origen entre la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia (1) y Turquía
A efectos del establecimiento de la acumulación diagonal del origen entre la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía, la Unión Europea y los países interesados se comunican recíprocamente, por intermediación de la Comisión Europea, las normas de origen vigentes con los demás países.
En el cuadro que figura a continuación, elaborado a partir de los datos notificados por los países interesados, se ofrece una panorámica de los protocolos sobre normas de origen que prevén la acumulación diagonal, precisando la fecha a partir de la cual resulta efectiva la citada acumulación. Dicho cuadro sustituye al anterior (DO C 225 de 20.8.2010, p. 4).
Cabe recordar que la acumulación sólo será aplicable si los países de fabricación final y de destino final han celebrado acuerdos de libre comercio, que establezcan normas idénticas en materia de origen, con todos los países que intervengan en la adquisición del carácter de originario, esto es, con todos los países de los que las materias utilizadas son originarias. Las materias originarias de un país que no haya celebrado un acuerdo con los países de fabricación final y destino final se considerarán no originarias.
Cabe recordar asimismo que las materias originarias de Turquía que entran en el ámbito de la unión aduanera UE-Turquía pueden incorporarse como materias originarias a efectos de la acumulación diagonal entre la Unión Europea y los países participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación con los que esté vigente un protocolo de origen.
A continuación, se facilitan los códigos ISO-alfa-2 de los países que figuran en el cuadro:
Fecha de aplicación de los Protocolos sobre las normas de origen que establecen la acumulación diagonal entre la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía
(1) Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia son los países que participan en el Proceso de Estabilización y Asociación.
(2) Código ISO 3166. Código provisional que debe entenderse sin perjuicio de la nomenclatura definitiva para ese país, que se acordará tras la conclusión de las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
(3) Por lo que respecta a las mercancías que entran en el ámbito de la unión aduanera UE-Turquía, la fecha de aplicación es el 27 de julio de 2006.
Petición de un dictamen consultivo al Tribunal de la AELC por Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunal de distrito de Reykjavik) de fecha 25 de marzo de 2011 en el asunto de Grund, elli- og hjúkrunarheimili contra Lyfjastofnun (Agencia islandesa de Control del Medicamento)
(Asunto E-7/11)
Mediante carta de 25 de marzo 2011, recibida en la Secretaría del Tribunal el 31 de marzo de 2011, el Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunal de distrito de Reykjavik) solicitó al Tribunal de la AELC un dictamen consultivo en el asunto Grund, elli- og hjúkrunarheimili (residencia de ancianos medicalizada) contra Lyfjastofnun (Agencia islandesa de Control del Medicamento), sobre las siguientes cuestiones:
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y, si procede, cualquier otro acto legislativo del EEE, como los artículos 11 a 13 de la parte dispositiva del texto principal del Acuerdo EEE sobre la libre circulación de mercancías, ¿serán interpretados en el sentido de que una institución de atención sanitaria como la demandante, que presta atención sanitaria y servicios médicos, no podría importar, para su consumo por las personas ingresadas en dicha institución, medicamentos procedentes de Noruega a los que se haya concedido autorización nacional de comercialización noruega, cubierta por una autorización nacional de comercialización islandesa para medicamentos con la misma denominación, si dichas autorizaciones fueron concedidas antes de la entrada en vigor de la Directiva 2001/83/CE?;
en caso afirmativo, ¿cómo podría una institución de atención sanitaria como la denunciante, que alega que los medicamentos importados de otra parte contratante del Acuerdo EEE disponen de autorización de comercialización islandesa, demostrar que esto es efectivamente así? El artículo 51, apartado 1, in fine, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ¿se interpretará en el sentido de que la institución sanitaria deberá presentar un acta de control a la parte demandada en tanto que autoridad de control competente? ¿Podrían establecerse requisitos menos exigentes en lo que respecta a la carga de la prueba relativa a la importación de medicamentos de Noruega, si los productos no van a venderse, ni distribuirse, ni comercializarse en otros lugares de Islandia, sino que van a ser utilizados únicamente por las personas ingresadas en la institución sanitaria en cuestión?;
las autoridades competentes tienen discreción ilimitada para conceder exenciones y, en su caso, decidir a quién, en virtud del artículo 63, apartado 3, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en el caso de medicamentos importados por una institución sanitaria como la denunciante cuando los productos no se destinan a la automedicación, sino que un farmacéutico empleado por la institución sanitaria los prepara y entrega a los pacientes en cajas especialmente diseñadas a estos efectos?.
(Asunto COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux)
El 12 de julio de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas CVC Capital Partners SICAV-FIS SA (Luxemburgo) y Ande Investissements SA (Luxemburgo) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la empresa Delachaux SA (Francia) mediante la adquisición de acciones.
CVC Capital Partners SICAV-FIS: asesoramiento y gestión de inversiones en nombre de fondos de inversiones («CVC Funds»). CVC Funds tiene una participación mayoritaria en diversas empresas de distintos sectores, como el químico, los servicios públicos, las manufacturas, la venta al por menor y la distribución, sobre todo en Europa y la región de Asia y el Pacífico,
Ande Investissements SA: adquisición de participaciones, administración, gestión y desarrollo. En la actualidad, Ande posee y se ocupa principalmente de las acciones de la familia de André Delachaux en el grupo Delachaux,
Delachaux SA: manufactura y producción de sistemas de fijación de raíles y de soldadura, sistemas de generación de electricidad y de transmisión de datos, productos magnéticos, cableado y cromado.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6295 — CVC/Ande/Delachaux, a la siguiente dirección:
(Asunto COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions)
El 13 de julio de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa MEIF II Luxembourg Holdings Sàrl («MEIF II», Luxemburgo), bajo el control de Macquarie Group Limited («Macquarie Group», Australia), adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de la empresa Airwave Solutions Limited («Airwave», Reino Unido) mediante la adquisición de acciones.
MEIF II y Macquarie Group: servicios de banca, finanzas, asesoramiento, inversiones y gestión de fondos,
Airwave: tecnología de comunicaciones para información móvil.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6309 — Macquarie Group/Airwave Solutions, a la siguiente dirección:

References: artículo 5
 resolución 
 artículo 126
 artículo 5
 artículo 126
 artículo 9
 artículo 143
 artículo 126
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 57
 artículo 31
 artículo 28
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 63
 artículo 70
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 103
 artículo 101
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 103
 artículo 102
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 102
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 9
 artículo 57
 artículo 31
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 63
 artículo 31
 artículo 103
 artículo 102
 artículo 9
 artículo 31
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 102
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 44
 artículo 6
 artículo 51
in fine
 artículo 63
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3