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Timestamp: 2018-12-10 00:28:12+00:00

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﻿ AUTO 2 DE MARZO 3 DE 2005
AUTO 2 DE 03 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:HONORARIOS FIJADOS AL APODERADO DEL PROCESO. SE DEMANDA SU EJECUCIÓN ANTE LOS JUECES LABORALES DEL CIRCUITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:HONORARIOS DEL ABOGADO, PROCEDIMIENTO LABORAL, COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:401 DE MAYO DE 2005, PG.647
Auto 2 de marzo 3 de 2005
HONORARIOS FIJADOS AL APODERADO DEL PROCESO
SE DEMANDA SU EJECUCIÓN ANTE LOS JUECES LABORALES DEL CIRCUITO
Exp. 11-001-02-30-022-2005-00002
Bogotá D.C., tres de marzo de dos mil cinco.
Resuelve la Corte lo pertinente en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo (Casanare), para conocer del proceso ejecutivo de pago de honorarios profesionales de María Elena Jara Gutiérrez contra Rosmira Delgado Rodríguez.
1. Dan cuenta el expediente y algunas pruebas allegadas por la corporación, que dentro del sucesorio de Edinson Delgado Omaña, la doctora María Elena Jara Gutiérrez actuó como apoderada de Rosmira y Luisa Fernanda Delgado Rodríguez y que ante la revocación del poder por parte de estas últimas, la abogada a través de sendos incidentes, solicitó y obtuvo por parte del juez de conocimiento, esto es, el Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, la regulación de sus honorarios profesionales por la labor cumplida hasta ese momento de manera individual respecto de cada una de ellas, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil (fls. 3 y 4, cdno. 1). Pero al pretender el cobro ejecutivo apoyada en los artículos 334 y 335 del Código de Procedimiento Civil, el referido funcionario se negó a librar mandamiento de pago porque en su criterio tal atribución es de los jueces laborales del circuito (fls. 9 y 10, cdno. 2).
2. Particularmente en relación con Rosmira Delgado Rodríguez, la abogada formuló frente a tal decisión recurso de reposición, el cual le fue resuelto de manera adversa, concediéndole en consecuencia el de apelación que interpuso como subsidiario de aquél (fls. 5 y 6, cdno. 2). El juez de segunda instancia confirmó la providencia recurrida, luego de considerar que si bien el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, estaba previsto para el cobro de condenas reconocidas mediante sentencias y autos proferidos con anterioridad a estas últimas, ello era procedente sólo respecto de las partes y no de terceros ajenos al proceso, como son los apoderados judiciales.
4. (sic) En acatamiento de tal decisión, la doctora Jara Gutiérrez presentó la correspondiente demanda ejecutiva ante el reparto de los juzgados laborales del Circuito de Bogotá, correspondiéndole al número once (11) de esta especialidad, el cual, por auto de 23 de septiembre de 2004 (fl. 19, cdno. 2), dispuso su devolución al Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, en su criterio el competente para adelantar dicho trámite a la luz del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. Este último rehusó nuevamente la atribución y planteó colisión negativa de competencia, con el argumento de que sobre el asunto ya hubo pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial (fls. 8 y 9, cdno. 1).
Suscitado en tales términos el conflicto, el expediente se remitió a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y esta a su vez le dio traslado a la Sala Plena para su resolución definitiva.
5. Es de aclarar que la demanda ejecutiva contra Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, correspondió al Juzgado Doce Laboral del Circuito, el cual asumió la competencia y al afecto libró el mandamiento de pago correspondiente, ordenando además, como medida cautelar, el embargo y retención de los bienes de la sucesión. Esta su última actuación, dispuesta mediante auto del 11 de octubre de 2004 (fls. 1 a 14, cdno. del juzgado allegado en copias).
La Corte decidirá el conflicto suscitado entre los juzgados Once Laboral del Circuito de Bogotá y el Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo (Casanare), en aplicación del principio según el cual corresponde a la Sala Plena resolver los conflictos de competencia que no estén atribuidos a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 30, artículo 17 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el inciso 1º del artículo 18 ibídem, que le atribuye expresamente dicha competencia de manera residual, pues no existe norma expresa que asigne a otra autoridad la solución de los mismos, amén de que no hay superior jerárquico común a los funcionarios en conflicto.
Conviene precisar de antemano, que la controversia aquí generada se circunscribe a determinar si el cobro ejecutivo de honorarios profesionales compete exclusivamente a la jurisdicción laboral o al juez de conocimiento que previamente los ha regulado.
Para resolver el asunto, es preciso acudir al artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, que dispone:
“La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (...) 6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y “pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive” (negrilla fuera del texto).
Ello es así porque la pretensión de quien reclama sus honorarios no es otra que el cobro de una remuneración por servicios personales de carácter privado, sin que ninguna incidencia tenga para el efecto la índole del contrato del cual provenga pues, lo esencial aquí, reitérese, es que la acreencia cuya satisfacción forzada se procura, constituye sin lugar a dudas, la remuneración o retribución por el servicio personal prestado. Y es que, valga la aclaración, el carácter de “remuneración por servicios personales” no es atribuible solamente al salario propiamente dicho, esto es, aquel que se recibe en virtud de un vínculo laboral, sino también, los honorarios profesionales derivados de la prestación de un servicio personal, sea cual sea la relación de que provenga. Por tal razón, su cobro también compete exclusivamente a la jurisdicción laboral.
En el sub judice, a la profesional del derecho sólo le resta obtener el pago de sus honorarios profesionales pues, como quedó visto, en forma acertada el juez de conocimiento, mediante incidente y previa solicitud, ya los reguló teniendo en cuenta que dicho trámite se cumplió dentro de los términos previstos en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, importa aclarar en este punto que la competencia para conocer de la “regulación”, si bien en principio está atribuida expresamente a la jurisdicción laboral, lo cierto es que ella también puede asumirla el juez de conocimiento, siempre y cuando la solicitud sea oportuna, es decir, que se presente dentro de los 30 días siguientes a que alude el referido artículo 69 ibídem. En conclusión, el abogado revocado tiene en tales circunstancias la doble opción de acudir, bien ante el juez del proceso —si lo hace dentro del término previsto en la ley— o bien ante el juez laboral, sin que ello indique desbordamiento orgánico alguno.
Situación diferente se da frente al pago de los honorarios, cuya competencia sí es exclusiva de los jueces laborales del circuito, como así se deduce de la preceptiva del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001.
Ahora bien, resulta oportuno señalar que el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003, al cual acudieron los juzgados en conflicto para sustentar su negativa de asumir el conocimiento del asunto, no es aplicable a este último por las razones que a continuación se señalan.
Establece el precepto citado que:
“Cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez de conocimiento, para que adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada”.
Y en el inciso tercero dispone:
“De igual forma se procederá para solicitar la ejecución por las sumas que hayan sido liquidadas y aprobadas en el proceso, a favor de la misma parte por condenas en firme anteriores a la sentencia”.
De la norma se colige que si bien la intención del legislador fue la de implantar el principio según el cual el juez de conocimiento es el juez de la ejecución, salvo algunas excepciones, ello sin embargo se encuentra supeditado a ciertas condiciones, como así se deduce de la misma. De un lado, dispone que la condena provenga de una sentencia; y del otro, aunque prevé que también pueden cobrarse condenas en firme autorizadas antes de la sentencia, tal debe entenderse siempre y cuando favorezcan única y exclusivamente a las “partes” del proceso.
Circunstancias que aquí no se dan pues, recuérdese, aunque quien demanda la ejecución de honorarios profesionales obtuvo el reconocimiento de los mismos antes de la sentencia, ella no ostenta, sin embargo la calidad de “parte” a que se contrae la norma, sino el de apoderada de una de ellas.
En este orden de ideas, como el asunto puesto a consideración de la Corte se circunscribe a la obtención del pago de honorarios profesionales de la abogada María Elena Jara Gutiérrez, es preciso concluir que el conflicto se dirimirá atribuyendo la competencia al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, al cual se remitirá el expediente para que imparta el trámite pertinente.
Dirimir el conflicto en el sentido de declarar que es el Juez Once Laboral del Circuito de Bogotá, el competente para asumir el conocimiento del cobro ejecutivo a que se refiere este proveído.
Remítase copia de esta decisión al Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo (Casanare), para su información.
Magistrados: Carlos Isaac Nacer, Presidente—Manuel I. Ardina Velásquez, aclaro voto—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Sigilfredo de Jesús Espinosa Pérez—Herman Galán Castellanos—Alfredo Gómez Quintero—Carlos I. Jaramillo Jaramillo—Édgar Lombana Trujillo—Eduardo López Villegas—Pedro Octavio Munar Cadena—Luis Javier Osorio López—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés——Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla—Camilo H. Tarquino Gallego—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Isaura Vargas Díaz—Edgardo Villamil Portilla—Manuel Isidro Ardila Velásquez.
Comparto enteramente la decisión adoptada por la Corte en este asunto. Por lo mismo, las líneas que siguen van dirigidas no más que a aclarar mi posición frente a parte de la sustentación del proveído.
En este caso no se necesitaba más que saber quién conoce de un ejecutivo por honorarios profesionales de un abogado. Y está bien que se asigne a la jurisdicción laboral, pues, casi sobra decirlo, la prestación de un servicio como el del abogado, ostenta claro sabor laboral. Debe primar la especialidad, ciertamente. Cómo disentir de tan clara fundamentación. Hasta ahí de acuerdo. Manifesté que esa era la respuesta no sólo evidente y puntual sino también necesaria.
Más como se incurrió en el alargamiento de tocar otros puntos, justamente es, en lo que de más está, donde brota mi disensión. Quiso la Corte, en efecto, ir más allá del proceso ejecutivo (el objeto de este conflicto), y fue a parar al proceso que tiene por objeto el reconocimiento, regulación, o, en fin, como se le quiera motejar, de tales honorarios profesionales. Y puntualizó al respecto que para ello, ahí sí, están facultadas dos jurisdicciones, a saber: la civil (para no hablar más que lo hace al caso) y la laboral. Es ahí donde echo en falta la coherencia que es de rigor en los pronunciamientos judiciales, y a fortiori en los de la Corte. Porque si para el ejecutivo se reclama la presencia e intervención del juez especializado (laboral), razones de simple coherencia proclaman que también, y tanto más si se quiere, para el pertinente trámite de conocimiento. Digo que tanto más, habida consideración que, en estrictez, es más delicado, jurídicamente hablando, investigar y decidir la existencia misma del derecho, que el hecho del cobro forzoso a que luego haya lugar. Al punto me es inevitable pensar cuánto va de decir el derecho, al de hacerlo cumplir. Pero el criterio paradojal de laCorte es que con ahínco reclama la presencia del juez laboral para cobrar, más no para decir el derecho. El adjetivo sobrepujando al sustantivo.
Y lo más curioso es que ambas cosas las deriva la Corte partiendo de una misma norma jurídica. Cita al efecto el artículo 2º de la Ley 712 de 2001 del Código de Procedimiento Laboral, donde no sólo se habla de pago, sino también del reconocimiento de los honorarios. Es decir, abreva en la misma fuente para concluir de manera diversa. No hay duda: proveído variopinto.
Y ninguna justificación es la de simplemente afirmar, como allí se hace, que para el reconocimiento existe tanto normatividad civil (CPC., art. 69), como laboral (el citado artículo de la L. 712). Pero no hace cuenta la Corte que para el pago hay también normas en lo civil, como el artículo 335 que dice que las cosas que allí se reconocen se ejecutan ahí. De modo de pensar que eso sólo no bastaba para tan categórica conclusión.
Es así que no puedo compartir esa motivación específica. Pues para mí tengo, ya como colofón, que cobrar no es más importante que decir cuánto vale el trabajo. Esa, sencillamente, no es la marcha natural de las cosas.

References: artículo 69
 artículo 335
 artículo 335
 resolución 
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 335
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 335