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Timestamp: 2019-12-09 15:39:14+00:00

Document:
1.Justificación del proyecto
Marco legal que sustenta el Bachillerato Popular
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN N° 33 (2007)
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PCIA. DE SANTA FÉ – DISPOSICIÓN 0350/94
La Vuelta del Paraguayo y el acceso a la educación
2. Fundamento político-pedagógico
Dimensiones significativas del aprendizaje
Estrategias metodológicas-pedagógicas
3. Régimen de ingreso y promoción
4. Currícula
Fundamentación del tipo de currícula
6. Estructura Educativa
Asamblea de educadores/as
Grupos pedagógicos por Áreas
La vitalidad de una escuela se mide por su sensibilidad frente a las vicisitudes de la vida misma.
Los bachilleratos populares surgen como respuesta a la intensa crisis del año 2001, a la constante desvalorización del sistema educativo argentino durante la década del ‘90 y a la implantación de la noción de la educación como mercancía.
Las demandas por el derecho a la educación fueron tomadas por organizaciones sociales, quienes supieron enriquecerlas con nuevas y diferentes formas de interpretar el proceso de aprendizaje. Es el caso de los bachilleratos llevados adelante por el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) en los barrios de Villa Soldati, Villa Crespo, Barracas al Sur de la ciudad de Buenos Aires, los que cuentan con la habilitación del ente de gobierno, otorgan títulos oficiales y permiten el acceso de jóvenes, adultos y adultas a la continuación de sus estudios, junto a mejores y mayores oportunidades laborales.
Los bachilleratos populares se presentan como una alternativa educativa que apunta a la auto-conformación integral de sus actores/as, construyendo, a partir de la participación colectiva, un camino para edificar nuevas relaciones sociales, igualitarias, justas, libres y solidarias. La educación, entonces, es entendida y practicada como un intercambio, un mutuo aprendizaje y una metamorfosis educativo-cultural por parte de los sectores subalternos que fortalecen, a través de la educación, su autonomía.
El acceso a la educación es un derecho para todos y todas. A pesar de ello, muchos territorios aún quedan excluidos del mismo, como de tantos otros. Frente a esta situación se plantea la necesidad de un espacio que responda a los intereses de los barrios, de sus coyunturas, de sus fuentes de trabajo y de su recreación colectiva.
En el barrio la Vuelta del Paraguayo de la ciudad de Santa Fe aproximadamente 60 personas (33 personas dentro de la franja etaria que va de los 16 años a los 30 años y 27 personas de entre 30 y 50 años) se encuentran excluidas de la posibilidad de recibir educación media, así como de una escuela que se vincule con su territorio.
En el entendimiento de que no se puede pensar un proceso educativo desvinculado de las exigencias de la sociedad, de la cual debe ser expresión y motor del espacio concreto donde este se lleva adelante, creemos en la necesidad de una escuela media en el barrio La Vuelta del Paraguayo. Bajo la premisa de que el territorio no es sólo el terreno, sino también las relaciones sociales que allí se asientan, articulan y lo integran como paisaje en la necesaria relación hombre-naturaleza, de la que no puede prescindir.
En este sentido el aspecto territorial juega un papel central en la conformación identitaria de los sujetos/as y de los grupos sociales de los que forman parte. Así, la identidad colectiva de un territorio puede jugar un papel de promoción del desarrollo económico, social y ambiental, y la escuela como institución puede convertirse en el motor y otorgarle sentido a la identidad local de este territorio.
El territorio de la Vuelta del Paraguayo se encuentra fuera de los alcances de la urbanización, y todo lo que esta conlleva: ausencia de servicios básicos (transporte, alumbrado público, red eléctrica, red de agua, espacios verdes, recolección de residuos, etc.), obras de infraestructura, viviendas, terraplén/defensa contra inundaciones. Estas características son esenciales para poder identificar y marcar la pertinencia del desarrollo de un Bachillerato Popular inicialmente en este barrio. La falta de servicios como el transporte público y los obstáculos que la lluvia y las reiteradas inundaciones marcan en este territorio, impiden a niños/as, jóvenes y adultos/as poder asistir regularmente a la escuela y trabajos que quedan alejados de allí.
Educación para todos y todas,
educación en todas las condiciones,
desde y hasta cada punta del país.
LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN N° 26.206 (2006)
En 2006, el Poder Legislativo nacional aprobó una nueva Ley Nacional de Educación, la N°26.206. Esta modificación implicó cambios en dos cuestiones que impactan en los Bachilleratos Populares.
Primero, se establece la obligatoriedad de la educación secundaria, razón por la cual el Estado tiene la obligación de asegurar las condiciones para que todos y todas terminemos el nivel medio. En este sentido, entonces, los Bachilleratos Populares son una alternativa para quienes el entramado educativo estatal no ofrece respuestas y quedan fuera del ejercicio del derecho a una educación secundaria gratuita. En este sentido, se expresa en el Artículo 4° de la ley:
ARTÍCULO 4. El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
En segundo lugar, se introduce una nueva figura legal que es pensada a partir de las experiencias de escuelas propuestas por las organizaciones sociales en distintos lugares del país, que se denominan Escuelas de Gestión Social.
ARTÍCULO 13. El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social.
En la letra de esta ley no se explaya más allá de su enunciación y de marcar que éstas se encuentran en la misma condición legal que los establecimientos educativos de gestión estatal y los de gestión privada.
ARTÍCULO 14. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación.
En la década del ’90, desde el Estado Nacional traspasaron las escuelas primarias y secundarias (tanto estatales como privadas) a los Estado provinciales, quedando a su cargo las cuestiones administrativas, financieras y educativas. Esto no se modificó con la Ley de 2006, por lo que la manera en que se implementan estas nuevas categorías educativas depende (dentro de los límites que fija esta norma nacional) de la decisión política del Estado provincial.
ARTÍCULO 121. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, deben:
[…] e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a los criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley.
[ARTÍCULO 65. La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca.]
Las definiciones sobre la Gestión Social quedaron a cargo del Consejo Federal de Educación, específicamente como responsable de acordar los criterios para el encuadramiento legal de las instituciones educativas de gestión cooperativa y social:
ARTÍCULO 140. El Consejo Federal de Educación acordará los criterios generales y comunes para orientar, previo análisis y relevamiento de la situación en cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones educativas de gestión cooperativa y social y las normas que regirán su reconocimiento, autorización y supervisión.
En cuanto a las escuelas de gestión social, el Consejo emitió una resolución en 2007 “con el voto afirmativo de todos los miembros de esta Asamblea Federal, a excepción de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Salta, Jujuy, Chaco y Entre Ríos, por ausencia de sus representantes”. Este documento es importante porque, primero, la provincia de Santa Fe aprobó esta resolución en ese momento y, segundo, establecen parámetros que nos permiten enmarcarnos como escuela de gestión social.
La resolución comienza con un recorrido histórico muy acotado, pero reconociendo su construcción desde espacios no-estatales ni partidarios
Se trata de nuevas configuraciones institucionales en el sistema educativo. Surgieron en los últimos años, como respuesta política de sectores sociales afectados por la crisis, que generaron diferentes experiencias organizativas, ante las consiguientes restricciones a las que la acción del Estado se vio sometida.
En este documento, también, se reconocen características muy particulares de los Bachilleratos: a) gratuitas y abiertas, b) enfocadas en poblaciones vulnerables, c) innovaciones en cuanto a la manera de gestionar la escuela, d) plantearse como meta la permanencia de los estudiantes, e) métodos de enseñanzas anclados en el territorio donde trabajan, f) la horizontalidad en las relaciones al interior
Se las visualiza como espacios de inclusión social con un fuerte acento en los aspectos comunitarios y en su capacidad de generar innovaciones en las formas de gestión, para garantizar la permanencia de la población en el sistema educativo.
Se trata de escuelas que, por las características de su situación geográfica y por la matrícula que atienden, buscan desarrollar metodologías de trabajo adecuadas al contexto social y cultural de los territorios en los que se insertan. Otra de las particularidades de estas instituciones está asociada a las formas organizativas que adoptan en relación a las necesidades de su propia gestión, adecuando el funcionamiento institucional a las realidades en las que están inmersas y a los proyectos socio-educativos que desarrollan.
La horizontalidad en las relaciones entre los actores que forman parte de estas escuelas y la gestión comunitaria son características distintivas de las escuelas de gestión social. Concurrentemente a estas peculiaridades, se caracterizan por la conformación de equipos de gestión colegiada, que deciden aspectos sustantivos para su funcionamiento, tales como el nombramiento de su personal directivo y docente.
También es importante que marca la acentuación de la desigualdad educativa que produce que el Estado no reconozca a las escuelas de gestión social.
El panorama actual revela que, al estar desvinculadas del Estado y del sistema educativo, las escuelas de gestión social han comenzado a sufrir las consecuencias de ese aislamiento. Una de los problemas derivados de la falta de reconocimiento es la situación paradójica en la que se encuentran respecto de sus alumnos y egresados: originadas para propender a la inclusión social y educativa, los títulos que expidan carecen de validez nacional, lo cual impide su sustentabilidad académica, en tanto no pueden garantizar credenciales que permitan a sus egresados proseguir otros estudios o ingresar al mercado formal de trabajo. La falta de reconocimiento académico e institucional constituye, a la vez, un obstáculo para su sustentabilidad económica, por la imposibilidad legal de generar recursos para su financiamiento.
En la sección “Líneas para su definición”, se comienza estableciendo que el marco legal debe diferenciarlas de las escuelas de gestión privada y de las de gestión estatal. Así, pasando en limpio se establece
La gestión social se distingue, también, de los otros tipos de gestión educativa por tratarse de escuelas que cuentan con:
• una gestión escolar promovida por organizaciones de la sociedad civil, sin fines lucrativos y orientada al trabajo con población en situación de vulnerabilidad social, a partir de acciones innovadoras para la inclusión y permanencia de esos grupos en el sistema educativo.
• la capacidad de desarrollar, a partir de la construcción de un proyecto institucional, formas de gestión que promueven estrategias de retención de población con dificultades para permanecer en otro tipo de establecimientos del sistema educativo.
• una gestión comunitaria en lo que hace al gobierno escolar y a la implementación de proyectos socioeducativos.
LEY PROVINCIAL Nº 6.427.
Esta normativa es la que garantiza y regula el funcionamiento de establecimientos creados por iniciativa privada. Esta Ley (y su Decreto Reglamentario N° 2880/89) no especifica una definición de las mismas, sino que enumera quiénes pueden gestionarlas:
Artículo 11. Sólo se otorgará autorización a las instituciones cuyos propietarios sean:
a) Personas de existencia visible que acrediten antecedentes vinculados a la educación;
b) Sociedades Comerciales y entes cooperativos inscriptos legalmente, sociedades civiles, Asociaciones Civiles y fundaciones con personería jurídica, cuyos fines sean la promoción de actividades culturales, educativas o científicas y cuyos integrantes sean docentes o personas vinculadas a la educación (1 )
c) La Iglesia Católica como persona de derecho público por medio de sus curias y parroquias;
d) Las órdenes, congregaciones o corporaciones religiosas e institutos seculares reconocidos o admitidos.
A su vez, diferencia a la gestión privada en dos tipos:
Artículo 8º Los establecimientos de enseñanza privada se clasifican en:
a) Autorizados: aquellos que cuenten con la facultad de expedir certificados de estudio.
b) Incorporados: aquellos que además de las facultades conferidas por el inciso a), gozan del beneficio del aporte estatal previsto por la presente ley.
Asimismo, se enumeran los requisitos que deben cumplir estos establecimientos para ser aprobados;
ARTÍCULO 9. El Estado autorizará el funcionamiento de los establecimientos de enseñanza a que se refiere el inciso a) del artículo anterior [Autorizados], siempre que éstos llenen los siguientes requisitos:
a) Personal escolar con título habilitante debidamente registrado;
b) Local adecuado para el tipo de enseñanza a impartir;
c) Muebles y material didáctico adecuado;
d) Régimen de ingreso y promoción de alumnos, planes y régimen de estudios igual a la enseñanza oficial como mínimo;
e) Independientemente de las exigencias previstas en el inciso d), los establecimientos de enseñanza privada podrán proponer con carácter experimental, modificaciones en el sistema de calificaciones, promociones, regímenes disciplinarios y de asistencia, planes y programas, previa autorización del Servicio Provincial de Enseñanza Privada.
ARTÍCULO 10. Para obtener el beneficio del inciso b) del artículo 8º [Incorporados], además de los requisitos establecidos en el inciso a), deberá contar con una año de funcionamiento desde la fecha de autorización y el previo informe favorable de la inspección, teniendo en cuenta la necesidad de nuevos establecimientos escolares en la zona.
Habiendo expuesto todas estas razones, derechos y formas que el Estado nos reconoce, no vemos ningún impedimento en la legalidad de este proyecto.

References: RESOLUCIÓN 
 Artículo 4

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 121
 artículo 65

ARTÍCULO 140
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine

Artículo 11

Artículo 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10
 artículo 8