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Timestamp: 2017-10-22 06:22:56+00:00

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Responsabilidad internacional del estado. | Temas de Derecho
November 19, 2014 lacienciadelderecho	1 Comment
La responsabilidad internacional del Estado es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen en Derecho internacional público del hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado. Estas relaciones se dan entre el Estado infractor, por un lado, y el Estado perjudicado, una pluralidad de Estados o la comunidad internacional en su conjunto, por otro. Por ejemplo, cuando Colombia invadió el territorio ecuatoriano y lo bombardeó para atacar a las FARC.
Se trata de una materia regulada fundamentalmente por el Derecho consuetudinario1 pero que ha sido objeto de la atención de la Comisión de Derecho internacional (CDI). Los casi cuarenta años de trabajo del organismo resultaron en un Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptados por la CDI el 9 de agosto de 2001. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de diciembre de ese mismo año, lo remitió a la atención de los Estados.2
Cuando un sujeto de Derecho Internacional viola una obligación internacional, sin importar la fuente de dicha obligación, se genera responsabilidad internacional. En el Derecho Internacional Clásico consistía en la generación de un daño, siendo a día de hoy suficiente la comisión de un hecho internacionalmente ilícito.3
El proyecto de la CDI (Comisión de Derecho internacional) debe ser entendido como una regulación general, permitiendo la existencia de regímenes especiales que deben ser considerados Lex specialis primando, por tanto, sobre la Lex genera
El artículo 1 del proyecto de la CDI (Comisión de Derecho internacional) enuncia el principio fundamental de que la responsabilidad se deriva de todo hecho internacionalmente ilícito realizado por un Estado. Por lo tanto, en virtud de la comisión del hecho nace la serie de relaciones jurídicas que conforman la responsabilidad internacional. Tradicionalmente se entendía que estas relaciones eran bilaterales, pero se ha aceptado progresivamente que existen hechos que implican responsabilidad incluso respecto la comunidad internacional, por la violación de normas erga omnes.
La ilicitud del acto de un Estado puede excluirse respecto de otro Estado si éste consiente la acción, o si se trata de una contramedida respecto de otro hecho ilícito cometido por el segundo Estado contra el primero. También se excluye si se actúa en el marco de la legítima defensa, recogida en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, existen obligaciones de Derecho humanitario y Derecho internacional de los derechos humanos que deben cumplirse en todo caso, incluso en el ejercicio de la legítima defensa,4 como también deben acatarse las normas de ius cogens.
Adicionalmente, el Estado está obligado a reparar el perjucio causado, tanto material como moral, incluyendo éste el honor, dignidad y prestigio de un Estado.5 El proyecto recoge tres medidas, cada una de las cuales es subsidiaria respecto de las anteriores.
La satisfacción, que puede consistir en “un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal” u otros actos adecuados, siempre que no sean desproporcionados respecto del perjucio ni humillantes para el Estado responsable.
La invocación de la responsabilidad consiste en la adopción de medidas relativamente oficiales, como la presentación de una reclamación o la incoación de un proceso jurisdiccional o cuasijurisdiccional; la mera protesta no debe entenderse como invocación de responsabilidad.6 La invocación deberá notificarse al Estado infractor, pudiendo especificar el comportamiento que debería adoptar éste y la forma que debería adoptar la reparación, según el Estado que reclame.
Además, el artículo 48 del proyecto de la Comisión de Derecho internacional afirma que un Estado podrá invocar la responsabilidad de otro, aunque no pueda entenderse lesionado. Podrá, en primer lugar, si la obligación existe en relación con un grupo de Estados del que el Estado invocante forma parte y ha sido establecida para tutelar un interés colectivo del grupo; en segundo lugar, si la obligación existe frente a la comunidad internacional: es decir, obligaciones erga omnes en sentido estricto. Como ejemplos de esto cabe destacar la prohibición de los actos de agresión y genocidio, el cumplimiento de los “principios y normas relativos a los derechos fundamentales del ser humano, incluida la protección contra la esclavitud y la discriminación racial“;7 también el derecho de los pueblos a la libre determinación.8
Es la realización de un acto que entra dentro de la legalidad internacional, pero no dentro de las buenas prácticas, es decir que son legales en su totalidad pero deben realizarce con responsabilidad.
Antes de adoptar una contramedida, todo Estado deberá invocar la responsabilidad del Estado infractor y requerirle que cumpla sus obligaciones. Además, notificará la decisión de adoptar contramedidas y ofrecerá una negociación, salvo que la adopción de aquéllas deba realizarse de inmediato para la defensa de sus derechos.
Responsabilidad del estado como consecuencia de sus actos
Se denomina responsabilidad del Estado a la obligación que pesa sobre éste de reparar los daños causados por el hecho ilícito de sus órganos. La responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo daño causado ilícitamente por él, debe ser reparado de buena fe.
Responsabilidad de los estados por los actos de los particulares
Denegación de justicia en el derecho internacional
La responsabilidad internacional del individuo
El individuo no es sujeto normal de las relaciones regidas por el orden jurídico internacional, aunque excepcionalmente pueda serlo en la medida en que algunas de las reglas del DI le atribuyan derechos y obligaciones de carácter internacional. Salvo supuestos excepcionales, sólo a través del Estado pueden las reglas del DI llegar a afectar al individuo.
En principio, no existe obstáculo para considerar al individuo como sujeto de una conducta que represente en sí misma un hecho internacionalmente ilícito. A este respecto, podemos distinguir con Kelsen entre el individuo-sujeto del hecho ilícito y el sujeto de la responsabilidad, lo que vendría a significar que, no obstante poder el individuo infringir una regla jurídico- internacional que establezca ciertas obligaciones a su cargo, normalmente no será responsable por ello en el plano internacional: sólo excepcionalmente el acto ilícito del individuo puede suscitar su responsabilidad directa en este plano en razón de la índole y de la gravedad del acto.
El individuo tiene capacidad para contraer responsabilidad internacional por hechos ilícitos y, en concreto, existe la posibilidad de su incriminación internacional. No obstante, se ha observado que en la generalidad de los supuestos de los llamados delicta iuris gentium (piratería, trata de esclavos, tráfico de drogas, delitos contra personas internacionalmente protegidas u otros actos terroristas de diversa índole), las sanciones se aplican a los culpables en virtud de reglas internas (dictadas por los Estados en consonancia con sus obligaciones jurídico-internacionales) y a través del ejercicio de la jurisdicción nacional eventualmente ampliada con arreglo a las previsiones de ciertos convenios a los fines de una más eficaz represión de este tipo actos. Es decir, la incriminación no trasciende en tales casos el plano del Derecho interno, por más que se apoye en reglas internacionales convencionales que estipulan una colaboración entre Estados a los citados fines represivos.
No obstante, el aspecto institucional de la sanción es básico en relación con la cuestión de la responsabilidad del individuo en el plano del DI. Este aspecto está ligado al de la existencia de una jurisdicción internacional penal. De ahí la excepcional relevancia de ciertos casos en los que la responsabilidad según el DI se ha imputado directamente al individuo y éste ha sido penado mediante un procedimiento internacional.
Crímenes de guerra y contra la paz y la humanidad
En 1991 la CDI aprobó en primera lectura el proyecto de Código internacional de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, que figura dividido en dos partes:
La parte primera dedicada a la definición de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y a los principios generales aplicables (entre éstos, la responsabilidad penal del individuo, sin perjuicio de la responsabilidad internacional en que pueda incurrir el Estado, la obligación de juzgar a los responsables o conceder la extradición y la no exención de responsabilidad de quien haya actuado como jefe de Estado o de gobierno).
La parte segunda consagrada a recoger, tipificándolos, los crímenes en cuestión: la agresión, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, con el añadido de los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado.
En el seno de las N.U., ante las atrocidades cometidas en ciertos conflictos recientes, se ha tomado la iniciativa de crear tribunales penales internacionales ad hoc, encargados de juzgar conductas individuales que constituyan violaciones graves y flagrantes de principios y reglas internacionales de carácter taxativo.
No obstante, dejando aparte los supuestos excepcionales de la creación de órganos y procedimientos internacionales ante los cuales se puede hacer exigible la responsabilidad del individuo en el plano del DI, lo normal es que sea el Derecho interno, a través de órganos y procedimientos estatales, el que se encargue de dilucidar las consecuencias de la comisión por el individuo de delitos internacionales. En el Derecho español, el Código Penal aprobado en 1995 incluye en el Título XXIV del Libro Segundo (“Delitos contra la Comunidad internacional”), un capítulo sobre los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (arts. 608 a 614). Con posterioridad en 2003, se introdujeron algunas modificaciones en dicho Título para incorporar nuevos tipos penales en ese capítulo sobre las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y para incorporar un nuevo capítulo relativo a los “delitos de lesa humanidad”.
El derecho internacional de los derechos humanos establece los principios que los Estados deben respetar al pasar a ser partes en los tratados internacionales, en tal razón, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos en contra de los derechos humanos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos.
Numerosos tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a estos derechos y los han desarrollado internacionalmente.
En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos, y en los que se establecen determinados mecanismos de protección. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo.
El principal instrumento internacional es la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, este no tenía carácter vinculante, por lo que se establecieron el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, establecidos el 16 de diciembre de 1966. Ambos pactos abordan de forma más amplia los derechos enumerados en la Declaración y tienen como característica su carácter vinculante que llevan más lejos la Declaración Universal. La mayoría de los países del mundo son partes en los dos pactos, lo que hace posible supervisar sus prácticas en materia de derechos humanos.
El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” cuenta además con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, de 16 diciembre de 1966, el cual faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. También cuenta con el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte”, del 15 de diciembre de 1989.
Además de la Declaración, los Pactos y sus Protocolos que forman la “Carta Internacional de Derechos Humanos”, existen a nivel internacional más de 80 convenios y declaraciones que abarcan de más específicas acerca de estos derechos.
Algunos de estos documentos han sido la base para crear comités que supervisan su cumplimiento por los Estados Partes.
Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) es un tratado multilateral general que reconoce Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 25 de marzo de 1976.1
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Como la DUDH no se esperaba para imponer obligaciones vinculantes, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó a redactar un par de pactos vinculantes sobre derechos humanos destinada a imponer obligaciones concretas de sus partes.2 Debido a los desacuerdos entre los Estados miembros sobre la importancia relativa de las negativos Civiles y Políticos versus positivos Económicos, Sociales y Culturales, dos pactos fueron creados. Estos fueron presentados a la Asamblea General de la ONU en 1954, y aprobó en 1976.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por su sigla en inglés) es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. A fecha del mes diciembre de 2008, el Pacto tiene 160 partes.1 2 Otros seis países habían firmado, pero aún no han ratificado el Pacto.
El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la última del Primer y Segundo Protocolos Facultativos.3
El Pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.2
El Pacto tiene sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y fue aprobada el 10 de diciembre de 1948.3
Continúa en la redacción de la convención, pero seguía habiendo diferencias significativas entre los miembros de las Naciones Unidas sobre la importancia relativa de negativos Civiles y Políticos versus positivos Económicos, Sociales y Culturales.4 Esto, finalmente, provocó que la convención se dividiera en dos pactos: “uno para contener los derechos civiles y políticos y el otro para contener económicos, sociales y culturales”.5 Cada uno contendrá también un artículo sobre el derecho de todos los pueblos a la libre determinación.6
El primer documento se convirtió en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los proyectos fueron presentados a la Asamblea General de Naciones Unidas para el debate en 1954, y aprobó en 1966.7
Organizaciones internacionales para su protección
La historia de las organizaciones no gubernamentales se remonta hasta el siglo XIX con antecedentes de movimientos contrarios a la esclavitud y movimientos a favor del sufragio femenino. No obstante, fue la Organización de Naciones Unidas la responsable de su popularidad, cuando les asignó un rol de consulta. En los años setenta puede notarse un crecimiento notorio en la aparición de éstas como así también una mejora en los niveles de organización que detentaban, principalmente a causas sociales y políticas. En la actualidad, con el auge del fenómeno de la globalización, el funcionamiento de estas se hace cada vez
La FIDH fue establecida en 1922 reuniendo organizaciones de 10 naciones.1 En 2013 es una federación integrada por 178 organizaciones de derechos humanos en más de 100 países.2
Seis prioridades de acción
Promover y proteger los derechos de las mujeres
Promover una justicia efectiva y respetuosa de los Derechos Humanos
Reforzar el respeto de los Derechos Humanos dentro del marco de la globalización económica
Defender los principios democráticos y apoyar a las víctimas en períodos de conflicto
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945nota 4 en San Francisco (California), por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas.1
Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos) es una de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el mundo dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York, EE. UU., y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington, DC.1
Human Rights Watch comenzó en (1976) con la creación de Helsinki Watch, cuyo objetivo era ayudar a los grupos ciudadanos formados en todo el bloque soviético a verificar el cumplimiento gubernamental de los Acuerdos de Helsinki de 1975. Conforme la organización creció, se crearon los Comités de Observación (Watch Committees) para cubrir otras regiones del mundo. En 1988, la organización adoptó formalmente el nombre de Human Rights Watch. Robert L. Bernstein era el presidente de la organización y es uno de los fundadores originales, así como Jeri Laber, entre otros. Advancing Human Rights
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés) es una organización regional no gubernamental sin fines de lucro que protege los derechos humanos en las Américas a través del uso estratégico de las herramientas provistas por el derecho internacional de derechos humanos. La visión de CEJIL es la de un hemisferio completamente democrático, en el que se respeten los derechos y la dignidad de cada individuo. CEJIL utiliza el litigio estratégico y aboga ante el Sistema Americano de Derechos Humanos para responder a varios de los problemas de derechos humanos más urgentes de la región. En ese sentido, la organización le da prioridad a casos paradigmáticos de violaciones endémicas de derechos humanos y trabaja con las poblaciones más discriminadas y excluidas del hemisferio. Varios de estos esfuerzos impulsan cambios sistemáticos a nivel estatal, y sirven como jurisprudencia para la región. El papel de la víctima es central en el trabajo de CEJIL así como el trabajo conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones asociadas con las cuales litigamos, coordinamos esfuerzos y compartimos logros. CEJIL también se esfuerza por despertar el interés de otros defensores de derechos humanos y darles las herramientas para que puedan crear y compartir información, conocimiento y experiencias. CEJIL trabaja desde cuatro oficinas ubicadas en Argentina, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos.
CEJIL tiene estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
La Organización Internacional para las Migraciones es una organización intergubernamental, fundada en 1951, que se ocupa de la problemática de las migraciones. Con sede en Ginebra, cuenta con oficinas locales en más de 100 países. Se trata de una organización creada por tratado por los Estados soberanos, sin embargo, no depende de las Naciones Unidas.
En la actualidad, los Estados miembros son 151y 12 son observadores, con la adición de 76 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM cuenta con una estructura flexible y tiene más de 440 oficinas en 149 países.
Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International, PBI) es una organización no gubernamental, aconfesional e independiente que trabaja para la protección de los derechos humanos y la promoción de la resolución de conflictos a través de la no violencia. PBI reconoce los principios de la no violencia, la independencia, el no partidismo, la no intervención y se activa solo en caso de solicitud expresa por parte de organizaciones locales.
El trabajo de PBI
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) envía observadores internacionales para ser testigos presenciales en regiones en crisis y conflicto. Los grupos de voluntarios protegen con su presencia a personas amenazadas de muerte o secuestro por medio de violencia política. El concepto desarrollado por PBI, que consiste en un acompañamiento de la población civil local contribuye con un gran aporte al fortalecimiento de la posibilidad de hallar soluciones civiles para los conflictos.
Actualmente (2007), Brigadas Internacionales de Paz lleva a cabo proyectos en Colombia, Guatemala, Indonesia, Nepal y México (estado de Guerrero). Además, en el marco de una coalición de paz, la organización está comprometida también en el estado de Chiapas (México). Por otra parte, Brigadas Internacionales de Paz desarrolla y lleva a cabo una labor formativa en el campo de la resolución de conflictos sin violencia (Indonesia, África Central) y en el tratamiento de experiencias traumáticas. Las iniciativas de diálogo y el trabajo general de información entre las partes en conflicto desempeñan un papel importante, como por ejemplo en el caso del diálogo interreligioso en el proyecto SIPAZ en Chiapas. De esta forma, PBI contribuye a la des-escalación y la prevención de la formación de conflictos.
Las fuerzas de paz de PBI ha actuado en Guatemala (1983-1999), El Salvador (1987-1992), Sri Lanka (1989-1998), Norteamérica (1991-1999), Timor Oriental (1999-2002) y Haití (1995-2000). Asimismo, tuvieron presencia por medio de acciones cortas en el norte de Nicaragua, África Central (2004-2005) y en la Audiencia Mundial del Uranio (World Uranium Hearing) de 1992 en Salzburgo. PBI fue también una de las organizaciones que integraron el Grupo de Paz para los Balcanes (1994-2001).
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, todas las personas tienen una función que desempeñar en la realización de los derechos humanos. Deben reconocer y respetar la función de quienes trabajan para proteger los derechos humanos, y pedir a sus representantes políticos que garanticen que los derechos establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos se respetan y se apoyan.
Pese a ello, en países del mundo entero, gobiernos, fuerzas de seguridad, intereses empresariales, grupos armados o dirigentes religiosos ponen obstáculos al trabajo en pro de los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos desafía las estructuras de poder político, económico o cultural existentes, y es preciso proteger el statu quo social.
No obstante, existen en los ámbitos estatal, regional e internacional mecanismos que ofrecen salvaguardias a quienes trabajan para proteger y promover los derechos humanos.
Perú es Estado Parte del Estatuto desde el 10 de noviembre de 2001.
El 28 de octubre de 2005 México fue el centésimo país en ratificar el Estatuto.
El instrumento constitutivo de la Corte Penal internacional es conocido como Estatuto de Roma, porque se adoptó en esa ciudad italiana el 17 de julio de 1998, durante la “Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional“.
La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos (“el Estado anfitrión”).
La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones
* El genocidio es un delito internacional que comprende «cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal» estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo».1 2
El término fue acuñado y definido por primera vez por el jurista judeo-polaco Raphael Lemkin, que en 1939 había huido de la persecución nazi y encontrado asilo en Estados Unidos. En su libro El poder del Eje en la Europa ocupada publicado en 1944 definió así el genocidio:3
Crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
crímenes de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios son considerados crímenes de guerra.1
El 1 de julio de 2002, empezó a funcionar la Corte Penal Internacional en La Haya, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha. Este tribunal, establecido por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5 a los crímenes de guerra.
Crimen de agresión: El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecido en 1998 y en vigor desde el año 2002, tipificó cuatro delitos para la competencia de la Corte. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueron definidos en los artículos 6, 7 y 8, respectivamente, dejando el crimen de agresión como el único tipo penal sin definir.
Esta situación irregular de configurar un tipo penal sin que sea estrictamente definido (lo que en terminología jurídica se denomina “tipo penal abierto”) existió entre los años 2002, año en que el Estatuto de Roma entró en vigor, y 2010. El 11 de junio de ese año la Asamblea de Estados Miembros de la Corte Penal Internacional aprobó por consenso la Resolución RC/Res.6, la cual define el crimen de agresión y de conformidad con los artículos 121 y 123 del Estatuto de Roma, por lo que se trata de una enmienda al Estatuto, y con ello, aplicable a todos sus miembros.
La Resolución 6 agrega un artículo 8 bis que establece que “una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.”
Así mismo, dice que “por “acto de agresión” se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:” y enumera una serie de siete clases de actos que constituyen el tipo penal al que nos referimos, entre los que se incluyen:
La invasión de un Estado por otro;
El ataque (por fuera de lo establecido en el Art. 51 de la Carta de la ONU) de fuerzas armadas de un Estado contra otras de otro Estado o contra la población civil de éste;
Toda ocupación militar que derive de los actos anteriores y que implique el uso de la fuerza;
El bombardeo;
El bloqueo de puertos o de costas de un Estado;
La utilización de las fuerzas armadas de un Estado que ese encuentren en un Estado extranjero con acuerdo de éste pero que exceda las condiciones pactadas entre ambos Estados incluyendo toda prolongación de la presencia en el territorio extranjero de fuerzas militares de un Estado foráneo;
La disposición de un territorio propio de un Estado para que otro Estado pueda agredir a un tercero;
O el envío por parte de un Estado de grupos irregulares (generalmente denominados “paramilitares”) o mercenarios que lleven a cabo actos armados contra otro Estado.
Mecanismos estatales
Según la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y otras normas internacionales y regionales de derechos humanos, los gobiernos son responsables de toda violación contra defensores y defensoras de los derechos humanos perpetrada por sus propios agentes, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad.
Los Estados deben introducir medidas para prevenir las violaciones contra quienes defienden los derechos humanos. Si se reciben denuncias de tales violaciones, deben llevar a cabo investigaciones imparciales sin demora y otorgar reparación a las víctimas. Esto incluye la adopción de leyes y procedimientos administrativos que garanticen los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que defienden esos mismos derechos.
Los Estados tienen asimismo el deber de impedir las acciones de particulares, empresas u otros agentes no estatales que amenacen, ataquen o traten de obstaculizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos.
Si el Estado no actúa para prevenir, investigar y castigar esos abusos, podrá ser obligado a rendir cuentas en virtud del derecho internacional.
Pese a estas obligaciones, los defensores y defensoras de derechos humanos son frecuentemente blanco de la represión o la inacción gubernamental cuando sufren amenazas de agentes no gubernamentales. Su trabajo puede llevarlos a desvelar verdades incómodas sobre políticas gubernamentales, o a respaldar los derechos de personas marginadas u opositores políticos. Sin embargo, esto no legitima de ninguna manera los abusos contra quienes defienden los derechos humanos.
Las instituciones nacionales de derechos humanos deben actuar de forma independiente y deben recibir recursos suficientes para no depender del control económico o de otro tipo del Estado.
Desde la adopción en 1998 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, África, Europa y América han establecido mecanismos regionales para respaldar y proteger a quienes defienden los derechos humanos en estas regiones.
Esta cooperación intergubernamental ha promovido una comprensión más profunda del contexto al que se enfrentan los defensores y defensoras en una región determinada, y ha ayudado a los gobiernos a dar respuestas adecuadas. Sin embargo, sigue sin aprovecharse todo el potencial de protección regional.
Asia y Oriente Medio carecen de este tipo de mecanismos tanto para la protección de los derechos humanos en general como para la de sus defensores y defensoras en particular.
En 2004, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) adoptó una resolución sobre la protección de las personas que defienden los derechos humanos en África. En ella se instaba a los Estados miembros a hacer plenamente efectiva la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. La ACHPR es un mecanismo independiente de vigilancia perteneciente a la Unión Africana. Su trabajo incluye la promoción y protección de los derechos humanos y la interpretación de las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
En 2004, la ACHPR nombró un relator especial sobre los defensores de los derechos humanos encargado de fortalecer la protección de los derechos de defensores y defensoras de toda África. Hasta ahora, el trabajo de esta oficina ha sido limitado, pero iniciativas recientes han hecho concebir esperanzas de que puedan redoblarse los esfuerzos regionales relacionados con quienes defienden los derechos humanos en África. Esas iniciativas incluyen:
un comunicado de prensa en el que se insta al gobierno de Guinea a proteger a quienes defienden los derechos humanos;
una misión prevista a Argelia.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha comprometido repetidamente en nombre de los gobiernos de América a respetar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Cada año, desde 1999, ha adoptado resoluciones a este respecto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un mecanismo independiente de la OEA y se creó para promover y proteger los derechos humanos en toda América. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
observar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros;
sensibilizar sobre los derechos humanos;
tratar casos de abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados contra quienes defienden estos derechos.
Su trabajo en favor de las personas que defienden los derechos humanos se coordina a través de una Unidad de Defensores de Derechos Humanos especialmente designada, que vigila la situación de los defensores y defensoras en la región, la analiza e informa sobre ella.
Esta unidad también asesora a la CIDH sobre peticiones individuales de medidas cautelares para defensores y defensoras, unas medidas que se pueden ordenar cuando una persona corre peligro de sufrir “daños graves e irreparables” a consecuencia de la violación de sus derechos.
Las peticiones las realizan personas o grupos que denuncian violaciones de derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos de derechos humanos.
Las medidas cautelares incluyen tanto medidas de seguridad como investigaciones sobre las amenazas u otras violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, para abordar las causas fundamentales del problema e impedir que se repita. En 2005 se ordenaron medidas cautelares en 11 casos relacionados con defensores y defensoras de los derechos humanos.
Cuando los Estados miembros no cumplen las recomendaciones de la Comisión, ésta puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La región de Asia carece de un órgano intergubernamental oficial de derechos humanos o un instrumento de derechos humanos ratificado en el ámbito regional. Por ello, la sociedad civil de esta región ha intervenido en ocasiones para difundir y defender los derechos humanos en la región. Pero el activismo de las ONG no puede reemplazar la necesidad de un mecanismo intergubernamental.
El Consejo de Europa no cuenta con un mecanismo específico para la protección de quienes defienden los derechos humanos, pero el comisario de Derechos Humanos se encarga, como parte de su mandato, de promover la sensibilización y el respeto por los derechos humanos en los 46 Estados miembros de dicho Consejo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte del mecanismo que vela por que los Estados cumplan con las obligaciones contraídas en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Recibe, a través uno de los Estados Contratantes, casos de Estados y personas, organizaciones no gubernamentales o grupos de personas.
El Tribunal tiene poder para ordenar el pago de indemnizaciones, señalar medidas individuales o generales (por ejemplo, la reapertura de procedimientos en el ámbito nacional) y, en casos excepcionales, dictar medidas cautelares o provisionales, normalmente cuando existe peligro inminente de daño físico.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), compuesta por 55 Estados de Europa, Asia Central y Norteamérica, hace un fuerte hincapié en los derechos humanos y en el establecimiento del Estado de derecho en el Cáucaso y en Asia Central.
La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE se centra especialmente en las ONG y las personas que defienden los derechos humanos. Su trabajo consiste también en reunir legislación, aportar conocimientos especializados a proyectos de legislación y compartir buenas prácticas de aplicación sobre la libertad de reunión y otros derechos aplicables al trabajo de quienes defienden los derechos humanos.
En 2004, la Unión Europea (UE) adoptó el documento Garantizar la protección – Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos (PDF). Estas directrices expresan el compromiso de la UE de redoblar sus esfuerzos por respaldar y proteger a quienes defienden los derechos humanos en terceros países e identifican cinco formas prácticas de lograrlo:
observar la situación de quienes defienden los derechos humanos e informar al respecto;
respaldar y proteger a quienes defienden los derechos humanos;
promover en los foros multilaterales la actividad de los defensores y defensoras;
respaldar los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU;
prestar apoyo mediante otros programas de la UE, incluidos los relativos a las políticas de desarrollo.
Desde enero hasta junio de 2006, la UE emprendió una revisión de la aplicación de las directrices, que ayudó a identificar algunas de las medidas necesarias para garantizar una mejor aplicación. He aquí las conclusiones de esa revisión (PDF).
Delegaciones de la UE y sus datos de contacto.
Los países de la región de Oriente Medio y el Norte de África carecen de un órgano intergubernamental unificado y oficial sobre derechos humanos o de un instrumento de derechos humanos ratificado en el ámbito regional, pero existen otras asociaciones e instrumentos que se aplican a diversos países de la región.
La Carta Árabe de Derechos Humanos ha sido ratificada por Argelia, Bahréin, Jordania y Libia. Entre sus disposiciones se encuentra la creación de un comité de expertos encargado de vigilar su aplicación mediante el examen de los informes de los Estados y la formulación de recomendaciones. La Carta no incluye un mecanismo para la presentación de denuncias individuales. Su disposición relativa al establecimiento de un Tribunal Árabe de Justicia encargado de las violaciones de derechos humanos no se ha puesto en práctica.
Gobiernos de todo el mundo han reconocido la importante función desempeñada por los defensores y defensoras de los derechos humanos y se han comprometido a protegerlos. Durante el último decenio, la comunidad internacional ha acordado un marco internacional que reconoce el papel de todas las personas en la defensa de los derechos humanos. También se ha reconocido que la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de actuar de forma autónoma para proteger los derechos humanos.
Aunque los compromisos sobre el papel no siempre se han hecho realidad, este marco ofrece nuevas oportunidades para la protección de quienes defienden los derechos humanos.
En las Naciones Unidas hay numerosos órganos de derechos humanos, y todos ellos son pertinentes para el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Entre ellos se encuentran el Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental, y los mecanismos expertos, que son los procedimientos especiales y los órganos de vigilancia de los tratados. La ONU designó una representante especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, en virtud de las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
En 2006 la Asamblea General de la ONU creó el Consejo de Derechos Humanos, nuevo órgano político que se encarga de los derechos humanos y que sustituye a la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos. Para ello debe, entre otras cosas:
abordar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos;
contribuir a la prevención de las violaciones de derechos humanos;
responder sin demora a las emergencias en materia de derechos humanos.
La ONU ha elaborado un útil manual para las ONG que explica con detalle la manera de trabajar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos se adoptó el 9 de diciembre de 1998, víspera del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto indica el grado de reconocimiento existente entre los Estados miembros de la ONU respecto a que los ideales consagrados en la Declaración Universal sólo pueden hacerse realidad si todas las personas participan en su aplicación y si quienes trabajan para promoverlos pueden hacerlo sin injerencias, obstáculos, intimidaciones o amenazas.
Los gobiernos determinaron que los esfuerzos de los defensores y defensoras de los derechos humanos por observar la situación, analizarla y proponer mejoras no sólo son compatibles con la obligación de los Estados de cumplir las leyes y normas de derechos humanos nacionales e internacionales, sino que contribuyen en gran medida a lograr este fin.
La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos pide a los gobiernos que protejan los derechos que son fundamentales para el trabajo de defensores y defensoras. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a la acción colectiva y al activismo pacífico para lograr cambios, así como el derecho a recibir y difundir información y a establecer comunicación con organizaciones nacionales e internacionales, quedan todos reconocidos como fundamentales para quienes defienden los derechos humanos.
Las personas que defienden los derechos humanos a menudo se ponen en peligro por criticar al Estado o a otros agentes poderosos. Por ello, los gobiernos están obligados a garantizar que quienes defienden los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin injerencias, obstáculos, discriminación o temor a represalias.
Cuando se producen denuncias de abusos de este tipo, los defensores y defensoras tienen derecho a que su denuncia sea examinada por una autoridad judicial o de otro tipo que sea independiente, imparcial y competente, y, cuando se concluya que se ha producido una violación, tienen derecho a obtener reparación.
La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos establece además que los gobiernos deben promover el conocimiento de los derechos humanos, mediante, entre otras cosas:
la difusión de información relacionada con los derechos humanos;
el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos.
La extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó a los gobiernos a hacer efectiva la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos e informar de sus esfuerzos. También instó a todos los órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU a tener en cuenta las disposiciones de dicha Declaración.
Relatoría especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos
En el año 2000, el secretario general de la ONU nombró a Hina Jilani, abogada paquistaní y activista de los derechos humanos, primera representante especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, para que contribuyera a aplicar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En abril de 2008, el nuevo mandato pasó a llamarse relatoría especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y se designó a una nueva titular: Margaret Sekaggya, abogada y profesora universitaria de Uganda. El mandato de esta relatora especial incluye:
elaborar informes;
visitar países para adquirir un conocimiento más completo de la situación a la que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en países específicos;
emprender acciones individuales sobre casos de violación de los derechos humanos;
formular recomendaciones para mejorar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Cuando los defensores y defensoras corren un peligro particular, la relatora especial puede emprender acciones urgentes en su favor. Para ello, normalmente depende de la información proporcionada por defensores y defensoras locales u organizaciones internacionales que trabajan en su favor.
Desde el año 2000, la relatora especial ha enviado más de 1.500 comunicaciones a gobiernos, planteando su preocupación por defensores y defensoras en situación de riesgo, y ha visitado 10 países. Sin embargo, no todos los países han cooperado sin reservas: 21 no han cursado invitaciones para permitir una visita, mientras que otros no han respondido a las comunicaciones de la relatora especial.
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