Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-23-de-agosto-del-2000
Timestamp: 2020-08-15 18:56:00+00:00

Document:
Registro Oficial. 23 de AGOSTO del 2000
Miércoles, 23 de agosto de 2000
Miércoles 23 de Agosto del 2000
\n 1367 Establécense los valores\n para la recuperación de costos de los servicios otorgados\n por la Dirección General y Subdirección de Extranjería\n del Litoral
\n 1374 Modifícase el\n Reglamento Interno de Contrataciones
\n TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE SUCUMBIOS:
Convócase\n a las ciudadanas y\n ciudadanos ecuatorianos en goce de los derechos políticos,\n domiciliados en la provincia de Sucumbíos a Consulta Popular\n
\n JB-2000-249 Dispónese en la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria que las normas del Capítulo III "Fondo de\n Liquidez" son aplicables a las instituciones financieras\n privadas, más no a las instituciones financieras públicas\n
\n REGULACIONES:
\n BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:
\n 065-2000 Refórmase el Reglamento\n que norma las inversiones financieras del sector público\n
\n 066-2000 Armonízanse\n las normas relativas al canje y desmonetización de especies\n monetarias con las disposiciones de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:
\n 184-2000 Ing. Claudio Cortes\n Rodríguez en contra de Universidad Tecnológica\n Equinoccial
190-2000\n Segundo\n Luis Flores Rodríguez en contra de la Junta Nacional de\n la Vivienda
\n 194-2000 Nelson Sabando Moreira\n en contra del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones\n
\n 197-2000 Vanessa Soledad Castillo Alvarado en\n contra de José Luis Ojeda
\n 198-2000 Carlos Alberto Collaguazo\n Manrique en contra del Consejo Provincial de Imbabura
\n 200-2000 Teófilo López\n Cornejo en contra de Agrícola Santa Ana S.A., AGRASAN\n
\n 204-2000 Carlos Andalecio\n Luzuriaga en contra de la Compañía Exportadora\n Bananera Noboa S. A.
\n 210-2000 Milton René\n Calispa Campos en contra de la Compañía Naviera\n AGMARESA y otro
\n 212-2000 Angel Guerrero Córdova\n en contra de Ximena Trujillo Narváez
\n 213-2000 Carlos Rafael Vera Barreiro en contra\n del Banco del Pichincha, Sucursal Manta
\n 224-2000 Francisco Gonzalo\n Alonzo Pachay en contra del Banco del Pichincha, Sucursal Manta\n
\n 225-2000 José Rommel\n Duche Narváez en contra del Banco del Pichincha C.A.
\n 227-2000 Manuel de Jesús\n Pino Jurado en contra del Ministerio de Obras Públicas\n
\n 240-2000 Ab. Rafael Alberto\n Alcívar Zea en contra de Ia ECAPAG
\n 035\n Cantón Quito: Que sustituye la Sección VI de\n los premios al mérito industrial, del Capítulo\n II, Título III del Libro IV del Código Municipal\n
\n 036 Cantón Quito: Que\n reforma el cuadro No. 1 de la Ordenanza Sustitutiva de la Reglamentación\n Metropolitana de Quito
\n 037 Cantón Quito: Que\n agrega una sección en el Libro IV, Título III,\n Capítulo II del Código Municipal, relacionado con\n la institucionalización del Premio "Capacitación\n Municipal Jacinto Jijón Caamaño"
\n 038 Cantón Quito: Ordenanza\n Sustitutiva del Capítulo IV, para el control de la contaminación\n vehicular, del Título V del Libro II, del Código\n Municipal
\n Provincia\n de Galápagos: Expide\n el Reglamento interno de contratación para la adquisición\n de bienes muebles, ejecución de obras y la prestación\n de servicios no regulados por la Ley de Consultoría
Dr. Leonidas Villagrán Cepeda
\n SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ENCARGADO
Que, los servicios que presta la Dirección de Extranjería\n en la actualidad son gratuitos y generan un costo para el Estado\n a través del Ministerio de Gobierno;
Que, mediante Decrete Supremo No. 2837 de 31 de agosto de\n 1978, publicado en el Registro Oficial No. 720 de 28 de noviembre\n de 1978, se transfieren al Ministerio de Gobierno, las funciones\n relativas a la aplicación y ejecución de las
\n normas y procedimientos asignados al Ministerio de Relaciones\n Exteriores, en la Ley de Extranjería y su reglamento,\n publicados en el Registro Oficial No. 382 del 30 de diciembre\n de 1971;
Que, dicho Decreto Supremo creó en el Ministerio de\n Gobierno la Dirección General de Extranjería; y,\n mediante Acuerdo Ministerial No. 512 de 8 de mayo de 1981, Registro\n Oficial No. 441 de 18 de mayo de 1981, se creó la Subdirección\n General de Extranjería, con sede en la ciudad de Guayaquil;
Que, de conformidad al criterio del Director de Asesoría\n Jurídica, emitido en comunicación DAJ - 2000 de\n 5 de julio 16 del 2000, el Ministerio de Gobierno está\n facultado a recuperar los costos por los servicios que presta\n en base a la norma técnica de control interno No. 138\n - 01, emitida por la Contraloría General del Estado, la\n que, en materia de fijación de ingresos no tributarios,\n faculta a las autoridades institucionales a definir su política\n financiera, de tal manera que los valores que se determinen para\n sus recaudaciones, por lo menos cubran los costos actualizados\n del servicio; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial\n No. 1285 de 9 de junio del 2000, suscrito por el Ministro de\n Gobierno y Policía,
Art. 1. - Establécese los siguientes valores para la\n recuperación de costos de los servicios otorgados por\n la Dirección General de Extranjería y Subdirección\n de Extranjería del Litoral:
CODIGO SERVICIO VALOR
\n DÓLARES
\n 001 Otorgamiento de visa a
\n inmigrante 200
\n 002 Registro de visa 5
\n 003 Transferencia de visa 10
\n 004 Nueva orden de cédula 5
\n 005 Desglose de documentos 5
\n 006 Registro de actividad laboral 50
\n 007 Cambio de actividad 100
\n 008 Cambio de categoría migratoria 150
\n 009 Cancelación de visas (voluntarias) 5
\n 010 Certificaciones 10
\n 011 Certificación de registros 5
\n 012 Cambio de estado civil 15
\n 013 Sustitución de inversión 100
\n 014 Registro por mayoría de edad 5
\n 015 Autorización de actividades lucrativas 50
\n 016 Cambio de amparador 100
Art. 2. - La recaudación proveniente de la entrega\n de los servicios señalados se hará de conformidad\n con las disposiciones legales, políticas y regulaciones\n que sean pertinentes.
Art. 3. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, 28 de julio del 2000.
f) Dr. Leonidas Villagrán Cepeda, Subsecretario de\n Gobierno, encargado.
Quito, 31 de julio del 2000
f) Director Administrativo
\n SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICÍA
Que, de conformidad con el Capítulo XI de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, publicada\n en el Registro Oficial, Suplemento No. 34 de 13 de marzo del\n 2000, y el Art. 59 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, se emitió el Reglamento Interno\n de Contrataciones de esta Cartera de Estado, con Acuerdo 1293\n de fecha 20 de junio del 2000;
Que, es necesario incluir una modificación en el reglamento\n antes mencionado; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial\n No. 1265 de 12 de mayo del 2000, suscrito por el Ministro de\n Gobierno y Policía,
Art. 1. - Reformar los artículos 12 literal c) y 14\n numerales 1, 2, 4 y 5 literal a); sustituyendo los términos:\n Jefe Administrativo y Jefe del Área Administrativa por\n los de: "Jefe Político del Cantón de la Capital\n Provincial," y "de área o Jefe Administrativo",\n por "o Jefe de Departamento", en el caso de los numerales\n 4 y 5, literal a).
Art. 2. - Sustituyese en el Art. 16, los términos o\n el Jefe Administrativo de la Gobernación por "o a\n quien delegue el Gobernador".
Art. 3. - La presente disposición entrará en\n vigencia a partir de esta fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese, dado en Quito, a 9 de agosto del 2000.
f) Dr. Leonidas Villagrán Cepeda, Subsecretario Administrativo,\n Ministerio de Gobierno y Policía.
Quito, 9 de agosto del 2000
EL TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL\n DE SUCUMBIOS
Que, el H. Consejo Provincial de Sucumbíos, en sesión\n del 1 de agosto del 2000, mediante resolución unánime\n se ratificó en la convocatoria a consulta popular a los\n ciudadanos ecuatorianos domiciliados en la provincia de Sucumbíos,\n a fin de que se pronuncien sobre "LA AUTONOMÍA DE\n LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS", decisión comunicada al\n H. Tribunal Provincial Electoral por medio de oficio No. 046\n - SG - HCPS - 00 del 2 de agosto del presente año;
Que, el H. Consejo Provincial de Sucumbíos, de conformidad\n con lo previsto en el artículo 106 de la Constitución\n Política de la República, ha procedido a considerar\n y justificar las circunstancias de carácter trascendental\n para bien de la comunidad de la circunscripción territorial\n de la provincia de Sucumbíos para conocimiento del Tribunal\n Provincial Electoral y proceda a realizar la convocatoria correspondiente;
Que, en atención a la prescripción del Art.\n 107 de la Carta Fundamental del Estado, el Tribunal Provincial\n Electoral de Sucumbíos ha comprobado el cumplimiento de\n los requisitos establecidos en la Constitución y en la\n ley para decidir sobre la legalidad de la convocatoria a consulta\n popular relativa a la "AUTONOMÍA"; y,
En uso de las facultades constitucionales y disposiciones\n legales invocadas,
A las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en goce de los\n derechos políticos, domiciliados en la provincia de Sucumbíos,\n a CONSULTA POPULAR, a fin de que se pronuncien sobre las siguientes\n alternativas:
A) AUTONOMIA PARA SUCUMBIOS. - Dispone usted, se establezca\n la autonomía de la provincia de Sucumbíos, manteniendo\n el carácter unitario del Estado ecuatoriano; por lo mismo\n la provincia será titular permanente e insustituible de\n un Régimen Político, Administrativo, Económico\n y Fiscal que fomente su desarrollo. Para cuyo efecto dictará\n normas legales, leyes, reglamentos que serán aplicados\n dentro de . su jurisdicción. Este régimen autonómico,\n será solidario con las demás provincias del país,\n continuará aportando con parte de sus rentas generales\n en su jurisdicción en beneficio de las demás provincias,\n que no puedan lograrlo con sus propios recursos. El Congreso\n Nacional y el Presidente de la República en un plazo perentorio\n de noventa días procederán a implementar las reformas\n a la Constitución y demás normas legales, de ser\n del caso, para la vigencia plena de este mandato.
\n SI NO
A) RENTAS Y SERVICIOS. - Dispone usted que el saldo resultante\n de ingresos bajo cualquier modalidad genere la producción\n petrolera en la provincia de Sucumbíos, después\n de efectuadas las deducciones correspondientes determinadas en\n la ley, se entregue a la provincia un valor no inferior al 25%\n ni superior al 50% para que financie las obras de infraestructura\n vial, salud, educación, turismo y todo lo relacionado\n a la actividad productiva, bajo administración autónoma\n del Gobierno Seccional. Recursos que serán depositados\n en una cuenta especial del Banco Nacional de Fomento.
A) ENTREGA INMEDIATA DE ASIGNACIONES. - Dispone usted, que\n los recursos económicos que legal y constitucionalmente\n corresponden en el presente y en el futuro, a las municipalidades\n de la provincia de Sucumbíos, sean entregadas a través\n de un sistema de acreditación inmediata, oportuna y simultánea\n a la recaudación u obtención de dichos recursos\n financieros por parte del Estado; y que cualquier forma de incumplimiento\n a esta disposición, será motivo de destitución\n de los funcionarios responsables.
A) SUCUMBIOS CON CAPACIDAD OPERATIVA PARA ACTUAR. - Dispone\n usted, que todos los organismos e instituciones de la provincia\n de Sucumbíos dependientes del Ejecutivo, de los organismos\n de control y demás instituciones del Estado, autónomos\n o no, tengan obligatoriamente en el ámbito provincial,\n las mismas capacidades operativas que los organismos e instituciones\n centrales de los cuales dependen.
\n QUINTA:
A) RENTAS Y CONTRIBUCIONES. - Dispone usted, que los impuestos\n y contribuciones establecidos y que se establecieren dentro de\n la Jurisdicción Provincial, tanto para personas naturales;\n jurídicas, nacionales o extranjeras, el 50% sea para la\n provincia y el saldo, luego de las deducciones por servicios\n administrativos sean transferidos al Gobierno Central. Además\n que las personas naturales o jurídicas; nacionales o extranjeras\n que desarrollen actividades comerciales en esta jurisdicción\n fijen domicilio tributario en la provincia a partir de esta fecha.
Los sufragios se receptarán el día domingo 24\n de septiembre del año 2000, desde las 07h00 horas hasta\n las 17h00 horas (cinco de la tarde), debiendo los ciudadanos\n concurrir con su cédula de ciudadanía a la junta\n receptora del voto de la correspondiente parroquia donde consten\n empadronados para ejercer su derecho al voto.
Publíquese esta convocatoria en el Registro Oficial\n y en los diarios de mayor circulación en la provincia\n de Sucumbíos y por cadena de radio y televisión\n de la misma circunscripción territorial.
Dado en la ciudad de Nueva Loja, en la sala de sesiones del\n Tribunal Provincial Electoral de Sucumbíos, a los once\n días del mes de agosto del año dos mil.
f) Sra. Marlene Reinoso Magno, Presidenta.
f) Sr. Arnaldo Orellana Pineda, Vicepresidente.
f) Sr. Yoryhy Zambrano S., Presidente Ocasional.
f) Sr. Cristóbal Celi Macas, Vocal.
f) Ab. Arsenio Oña Vistin, Vocal.
f) Prof. Angel Rojas Granda, Vocal.
f) Prof Eduardo Shiguango Andi, Vocal.
f) Ab. Angel Maldonado Mora, Secretario G.T.P.E.S.
No. JB\n - 2000 - 249
Que en el Subtítulo VI "Riesgos de mercado",\n del Título VII "De los activos y de los límites\n de crédito" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, consta\n el Capítulo III "Fondo de liquidez";
Que, mediante oficio No. FL - 2000 - 011 de 1 de agosto del\n 2000, el economista Leopoldo Báez Carrera, Presidente\n del Fondo de Liquidez, solícita a la Junta Bancaria se\n absuelva la duda presentada respecto a las instituciones que\n formarían parte obligatoriamente del "Fondo de Liquidez";
Que el artículo 2 de la Sección XI "Disposiciones\n finales" del citado capítulo dispone que le corresponde\n a la Junta Bancaria absolver los casos de duda en la aplicación\n de la norma contenida en el Capítulo III;
Que la Junta Bancaria, en sesión celebrada el 10 de\n junio del 2000, interpretó, por resolución unánime,\n las disposiciones contenidas en el Capítulo II "Fondo\n de Liquidez"; y,
Artículo 4. - Las normas del Capítulo III "Fondo\n de liquidez", del Subtítulo VI "Riesgos de mercado",\n del Título VII "De los activos y de los límites\n de crédito" (página 125.2) de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria son aplicables a las instituciones financieras privadas,\n mas no a las instituciones financieras públicas, como\n el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Banco\n del Estado, Corporación Financiera Nacional y Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda.
No son instituciones financieras públicas los bancos\n en reestructuración o saneamiento.
Artículo 2. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los diez días del mes de agosto del año dos mil.
f) Dr. Marco Antonio Guzmán C., Presidente de la Junta\n Bancaria, encargado.
Lo certifico: Quito, Distrito Metropolitano, diez de agosto\n del año dos mil.
f) Julio Maya Rivadeneira, Secretario de la Junta Bancaria.
\n Superintendencia de Bancos, certifico que es fiel copia del original.
f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.
14 de agosto del 2000.
No. 065\n - 2000
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL\n ECUADOR
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
En uso de sus atribuciones, expide la siguiente regulación:
ARTICULO 1. Añádase a continuación del\n cuarto parágrafo del inciso primero del artículo\n 1, del Capítulo II (Reglamento para las Inversiones Financieras\n del Sector Público), del Título Noveno (Depósitos\n e Inversiones Financieras del Sector Público), del Libro\n 1 (Política Monetaria - Crediticia) de la Codificación\n de Regulaciones del Banco Central del Ecuador (Pág. 72.23),\n los siguientes:
- Justificación y certificación de que los recursos\n a invertirse provienen de ingresos generados de su propia gestión.
- Certificación de que los recursos a ser invertidos,\n no provienen de asignaciones del Presupuesto General del Estado.
- Certificación de la entidad de que el monto de la\n solicitud de inversión no compromete su gestión\n y desenvolvimiento operativo y financiero.
ARTICULO 2. Esta regulación entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dada, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 2\n de agosto del 2000.
El Presidente, f) José Luis Icaza. El Secretario General,\n f) Dr. Manuel Castro Murillo.
Secretaría General, Directorio Banco Central del Ecuador.
Es copia del documento que reposa en los archivos del Directorio.
f) Dr. Manuel Castro Murillo, Secretario General.
No. 066\n ­ 2000
Que el artículo 1 de la Ley de Régimen Monetario\n y Banco del Estado, reformado por el artículo 1 de la\n Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 de 13\n de marzo del 2000, establece que: "A partir de la vigencia\n de esta ley, el Banco Central del Ecuador canjeará los\n sucres en circulación por dólares de los Estados\n Unidos de América a una relación fija e inalterable\n de veinticinco mil sucres por cada dólar. En consecuencia,\n el Banco Central del Ecuador canjeará los dólares\n que le sean requeridos a la relación del cambio establecida,\n retirando de circulación los sucres recibidos";
\n Que la Disposición Transitoria Décimo Primera de\n la Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n reformada, determina que: "El período durante el\n cual el Banco Central del Ecuador canjeará los billetes\n sucres en circulación por dólares de los Estados\n Unidos de América, en las condiciones establecidas en\n el artículo 1 de la Ley de Régimen Monetario y\n Banco del Estado, deberá realizarse durante los ciento\n ochenta (180) días a partir de la vigencia de la presente\n Ley. - El Presidente de la República mediante Decreto\n Ejecutivo, podrá ampliar este plazo hasta por ciento ochenta\n (180) días adicionales"; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la letra c) del\n artículo 88 de la Ley de Régimen Monetario y Banco\n del Estado, en concordancia con lo previsto en la Disposición\n Transitoria Décimo Primera de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador reformada, expide la siguiente regulación.
ARTICULO 1. Incorpórase como Título Duodécimo\n del Libro 1 (Política Monetaria - Crediticia) de la Codificación\n de Regulaciones del Banco Central del Ecuador (Pág. 73.6)\n el siguiente:
"TITULO DÉCIMO SEGUNDO: CANJE DE BILLETES Y MONEDAS\n SUCRES EN CIRCULACIÓN.
Artículo 1. El plazo de ciento ochenta (180) días\n previsto en la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, para el canje de los billetes sucres y las monedas\n de las denominaciones de S/. 100, 500, y 1.000, en circulación,\n que efectúa el Banco Central del Ecuador, se contará\n a partir del 13 de marzo del 2000, fecha de promulgación\n de dicha Ley en el Registro Oficial, luego de lo cual dejarán\n de tener poder liberatorio y solo podrán ser cambiados\n por su valor nominal y sin cargo de ninguna clase en las cajas\n del Banco Central o de sus corresponsales en el sistema financiero\n nacional en el plazo de seis meses, esto es hasta el 9 de marzo\n del 2001. Concluido este último plazo, las especies no\n cambiadas perderán su valor y quedarán desmonetizadas.
Artículo 2. En el caso que el Presidente de la República\n amplíe el plazo establecido en la Disposición Transitoria\n Décimo Primera de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, las fechas y plazos determinados\n en el artículo anterior se prorrogaran automáticamente.".
ARTICULO 2. Sin perjuicio de la publicación de la presente\n regulación en el Registro Oficial, el Gerente General\n del Banco Central del Ecuador dispondrá su divulgación\n en los medios de información que considere conveniente.
ARTICULO 3. La presente regulación entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada, en Quito, Distrito Metropolitano, el 2 de agosto del\n 2000.
El Presidente, f) José Luis Icaza.
El Secretario General, f) Dr. Manuel Castro Murillo.
Secretaría General. Directorio Banco Central del Ecuador.
No. 184\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE ING. CLAUDIO\n CORTES CONTRA UTE.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL
Quito, junio 6 del 2000; las 10h00.
VISTOS: En el juicio seguido por el Ing. Claudio Cortes Rodríguez\n en contra de la Universidad Tecnológica Equinoccial en\n la persona del doctor Alvaro Trueba Barahona, Rector y representante\n de dicha universidad así como por sus propios derechos,\n la Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito al confirmar el\n fallo dictado por el Juez Cuarto del Trabajo, acepta parcialmente\n la acción intentada. - De este pronunciamiento, el demandante\n interpone recurso de casación. Una vez radicada, por sorteo,\n la competencia en esta Sala, para resolver se considera: PRIMERO.\n - El recurrente impugna la decisión aduciendo que se han\n infringido los Arts. 5, 7 (569) 590 del Código del Trabajo\n fundando su censura en la causal Ira. del Art. 3 de la Ley de\n Casación; SEGUNDO. - El Art. 590 del Código del\n Trabajo, textualmente, dice: "Criterio judicial y juramento\n deferido. - En general, en esta clase de juicios, el Juez y los\n tribunales apreciarán las pruebas conforme a las reglas\n de la sana crítica, debiendo deferir al juramento del\n trabajador cuantas veces éste necesite probar el tiempo\n de servicios y la remuneración percibida, siempre que\n del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente\n para comprobar tales particulares"; por su parte, el Art.\n 119 del Código de Procedimiento Civil, establece que "la\n prueba deberá ser apreciada en conjunto de acuerdo a las\n reglas de la sana crítica...". En el caso, el actor\n en el escrito de demanda no señaló la fecha de\n inicio de la relación contractual y en el juramento deferido\n afirmó que fue desde "los primeros días de\n enero de 1982" lo cual no coincide con el aviso de entrada\n para la afiliación en el 11355, firmado por el propio\n demandante, fs. 44 en que consta que ingresó el 6 de julio\n de 1984; sin embargo, la Corte Superior determina la iniciación\n del vinculo laboral el 17 de enero de 1984, criterio con el cual\n comparte este Tribunal; TERCERO. - En relación con el\n visto bueno en contra del Ing. Claudio Cortes, es indispensable\n precisar lo que sigue: a) La solicitud del doctor Alvaro Trueba\n Barahona, Rector y representante legal de la Universidad Tecnológica\n Equinoccial en la cual, inclusive pidió la suspensión\n inmediata de las relaciones laborales, fue presentada el ocho\n de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a las diez\n horas; b) La resolución del Inspector del Trabajo se expidió\n el 15 de julio de 1996, a más de los diez meses de iniciado\n el trámite y siendo extemporánea, la Corte Superior\n al confirmar el fallo del Juez resolvió que se había\n producido el despido intempestivo del trabajador. Como la entidad\n empleadora consignó el valor de una remuneración\n mensual, la misma que ha sido retirada por la UTE, como aparece\n de fs. 75, el trabajador debió permanecer suspendido tan\n solo durante un mes, pero no es posible que permanezca por un\n lapso mayor pues, ello produciría una distorsión\n del Art. 600 actual 619 del cuerpo de leyes de la materia, en\n perjuicio del trabajador. En consecuencia el demandante desde\n el 8 de septiembre de 1995 hasta el 15 de julio de 1996 ha permanecido\n sin percibir remuneraciones sufriendo un gravísimo detrimento\n en su economía; CUARTO. - Atento lo manifestado en el\n considerando anterior y según lo previsto en los Arts.\n 4 y 7 del Código del Trabajo, al actor le corresponden:\n Las remuneraciones del 8 de septiembre de 1995 al 15 de julio\n de 1996, con más el triple de recargo en el último\n trimestre; así como las partes proporcionales de las décimo\n tercera, décimo cuarta, décimo quinta y décimo\n sexta, remuneraciones, bonificación complementaria y compensación\n salarial en el periodo antes indicado e intereses. - En tal virtud,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se acepta la impugnación formulada y en consecuencia,\n al casarse la sentencia pronunciada por la Cuarta Sala de la\n Corte Superior de Quito. se dispone que la Universidad Tecnológica\n Equinoccial por medio de su representante legal pague al Ing.\n Claudio Cortes Rodríguez, los rubros a los que se refiere\n el considerando cuarto de este fallo. - Sin costas. - Actúe\n el Secretario de la Segunda Sala de lo Laboral y Social por licencia\n de la titular de ésta. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco\n Dávila, Hugo Quintana Coello.
Es fiel copia de su original. - Quito, 27 de junio del 2000.
f) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte\n Suprema de Justicia.
No. 190\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE SEGUNDO FLORES\n CONTRA LA JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA.
Quito, julio 3 del 2000; las 09h40.
VISTOS: En el juicio seguido por Segundo Luis Flores Rodríguez\n en contra de la Junta Nacional de la Vivienda en las personas\n del Ing. Francisco Albornoz Casares, Arq. Guillermo Pérez\n y Arq. Manuel Torres Véliz, Ministro Subsecretario y Director\n Regional 3 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, respectivamente,\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil, al revocar\n la sentencia dictada por el Juez Primero del Trabajo, declara\n sin lugar la demanda. De este pronunciamiento, el demandante\n interpone recurso de casación. - Una vez radicada, por\n sorteo, la competencia en esta Sala, para resolver se considera:\n PRIMERO. - El recurrente impugna la decisión, aduciendo\n que se han infringido los Arts. 5, 189 (188), 185 del Código\n del Trabajo, el Art. 198 del Código de Procedimiento Civil,\n el Art. 1588 del Código Civil; los Arts. 9 y 11 del Cuarto\n Contrato Colectivo, fundando su censura en la causal 1ra., del\n Art. 3 de la Ley de Casación; SEGUNDO. - El actor al fundamentar\n su recurso sostiene que no se ha tomado en cuenta en la sentencia\n el acta transaccional de la que aparece que la relación\n contractual concluyó por voluntad unilateral de la entidad\n demandada la cual le pagó una indemnización que\n no cubre los derechos que le corresponden por el despido intempestivo;\n TERCERO. - El acta transaccional constante a fs. 47, 48 demuestra\n que el trabajador fue despedido intempestivamente y como consecuencia\n de ello, la Junta Nacional de la Vivienda, entregó como\n indemnización a Luis Flores Rodríguez la suma de\n S/. 4'790.170,oo; CUARTO. - El juramento deferido rendido por\n el trabajador, fs. 46 establece que el accionante ha prestado\n servicios del 6 de agosto de 1985 al 25 de junio de 1993, siendo\n su último sueldo, doscientos ochenta mil sucres, datos\n que se tomarán en cuenta para el cálculo de las\n indemnizaciones a que hubiere lugar; QUINTO. - El accionante\n no ha acreditado su calidad de miembro de la directiva del sindicato\n de trabajadores. - Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n al aceptarse el recurso de casación interpuesto por el\n actor, se dispone que los demandados le paguen las indemnizaciones\n previstas en el Art. 188 del Código Laboral, bonificación\n del Art. 185 ibidem; así como las precisadas en los Arts.\n 9 y 11 del Cuarto Contrato Colectivo, debiéndose descontar\n la suma de S/. 4'790. 170 recibida por el demandante como se\n desprende del acta de fs. 47, 48. - Actúe el Secretario\n de la Segunda Sala de lo Laboral y Social por licencia de la\n titular de esta Sala. Notifíquese y devuélvase.
Es fiel copia de su original. - Quito, 12 de julio del 2000.
No. 194\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE NELSON SABANDO\n CONTRA EL MOP.
Quito, junio 21 del 2000; las 09h30.
VISTOS: A fojas 30 y vuelta del segundo cuaderno la Tercera\n Sala de la Corte Superior de Portoviejo dictó sentencia\n confirmando a su turno el fallo parcialmente estimatorio de la\n demanda pronunciado en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo\n con este pronunciamiento el ingeniero José Macchiavello\n Almeida, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones,\n planteó recurso de casación. Todo lo relatado ocurre\n dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral\n sigue Nelson Sabando Moreira en contra de la mencionada Secretaria\n de Estado en las interpuestas personas de los ingenieros Pedro\n J. López T. y Euclides Andrade, titular y subsecretario\n de la misma a la época del emplazamiento. Encontrándose\n radicada la competencia en esta Sala, habiéndose dado\n cumplimiento a lo prevenido en el artículo 11 de la ley\n de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir, para\n hacerlo se considera: PRIMERO.- El ingeniero José Macchiavello\n Almeida al exteriorizar su rechazo y oposición contra\n la sentencia de instancia a la que tilda de ilegal y errónea,\n manifiesta que cii aquella se han infringido los artículo\n 181 y 571 del Código del Trabajo. Funda su impugnación\n en las causales 1ra., 3ra. y 5ta., del artículo 3 de la\n Ley de Casación. SEGUNDO. - De la extensa argumentación\n que en defensa de su interés procesal realiza el recurrente,\n se destaca: a) Que la vinculación laboral que existió\n con el ahora actor terminó mediante la suscripción\n del acta de finiquito, documento que se detalla en 14 rubros\n que componen la liquidación, la misma que fue aceptada\n por Sabando Moreira sin objeción alguna y que por estar,\n como se puede advertir debidamente pormenorizada y otorgada ante\n el Inspector del Trabajo, no puede ser objeto de impugnación\n como indebidamente lo hace el reclamante, la cual ha sido acogida\n en el nivel inferior infringiéndose así lo dispuesto\n en el artículo 571 del Código Laboral. b) Que en\n lo concerniente a la reclamación fundamental del demandador,\n ésta se basa en la diferencia que existe con relación\n a la garantía de estabilidad acordada en la cláusula\n 7ma., del Séptimo Contrato Colectivo vigente en dicho\n Ministerio que prevé que ella es de 48 meses, contados\n a partir del 11 de marzo de 1992 y que habiéndose producido\n la separación de Nelson Sabando Moreira en el mes de noviembre\n de 1993, éste se benefició con 20 meses, consecuentemente\n le faltaban únicamente 28 meses para completar tal estabilidad,\n los mismos que le fueron cancelados en la forma que para el efecto\n prescribe el artículo 181 del Código del Trabajo;\n esto es, pagando al trabajador el 50% de la remuneración\n total por todo el tiempo de estabilidad pactado en dicho contrato\n colectivo, lo cual debiendo ser tomado en cuenta para rechazar\n la demanda, no ha sido observado por los justiciadores de alzada.\n c) Por último, el recurrente expresa que la decisión\n del Tribunal ad - quem viola el precepto 'Actor Sequitor Forum\n Rei", ya que teniendo el Ministro de Obras Públicas\n su domicilio como tal en la ciudad de Quito, cualquier reclamación\n como es el caso, de la presente debió promovérsela\n ante los jueces de esa jurisdicción territorial lo cual\n acarrea la nulidad de la presente causa. TERCERO. - Resumida\n en los términos que han quedado consignados en los considerandos\n precedentes la acusación que endereza el Ministro de Obras\n Públicas contra el fallo dictado por el Tribunal ad -\n quem, este Juzgado pluripersonal en orden a solventar la controversia\n y luego de examinar y confrontar los recaudos procesales pertinentes,\n formula las siguientes precisiones: a) Si bien es un principio\n universal de derecho el que se contiene en el aforismo Actor\n Sequitor Forum Reí, por el cual el actor debe plantear\n su demanda en el domicilio del reo, no es menos cierto, que de\n acuerdo con lo que señala el artículo 585 del Código\n del Trabajo en las demandas contra el Estado - y este es el caso\n - ellas "deberán ser citadas al Procurador General\n del Estado, o a uno de los Agentes Fiscales de la respectiva\n provincia". En la especie, tal cosa ha acontecido, por tanto\n se rechaza la pretendida alegación de nulidad que ha esgrimido\n la parte accionada. b) En otro orden y en lo relativo a la reclamación\n de que se le pague la diferencia de 34 meses de estabilidad que\n no le fueron liquidados, tal aspiración carece en lo absoluto\n de sustento; pues, de conformidad con el acta de finiquito, ambas\n partes están contestes en que cuando se produjo el despido\n intempestivo del actor ya se habían cumplido 20 meses\n de dicho periodo de estabilidad que abarcan el lapso comprendido\n entre marzo de 1993 y noviembre de 1994. Por último, lo\n único que quedaba por cumplirse de aquella eran 28 meses,\n que han sido satisfechos al actor en la forma que prescribe el\n artículo 181 inciso 2do. del Código del Trabajo;\n esto es la razón de 50% de la remuneración total\n por todo el tiempo que falta para el cabal cumplimiento de aquella.\n No es demás consignar, que el criterio que aquí\n queda sentado es el mismo que en casos similares viene sosteniendo\n este Tribunal. Por las consideraciones que preceden y sin que\n sea menester añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso\n de casación promovido por la parte demandada y en tal\n virtud, se revoca la sentencia dictada por la Sala de Apelación\n y se declara sin lugar la demanda. Actúe el Secretario\n de la Segunda Sala de lo Laboral y Social por licencia de la\n titular de esta Sala. Publíquese, notifíquese y\n devuélvase.
Es fiel copia de su original. - Quito, 4 de julio del 2000.
No. 197\n - 2000
JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE VANESSA\n CASTILLO CONTRA JOSE OJEDA.
Quito, julio 25 del 2000; las 08h30.
VISTOS: A fin de resolver el recurso de casación interpuesto\n por el demandado de la sentencia dictada por la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Loja que al confirmar el\n fallo de la Jueza Segunda del Trabajo, acepta parcialmente la\n acción propuesta por Vanessa Soledad Castillo Alvarado\n en contra de José Luis Ojeda, por sus propios derechos\n y los que representa del Centro de Apoyo Juvenil Ecuatoriano\n y una vez radicada, por sorteo, la competencia en esta Sala,\n se considera: PRIMERO. - El demandado censura la resolución,\n aduciendo que la misma viola el Art. 8 del Código del\n Trabajo; fundando su impugnación en la causal 1ra. del\n Art. 3 de la Ley de Casación; SEGUNDO. - Analizada la\n sentencia, este Tribunal concluye que en la misma no existen\n los errores denunciados; toda vez que, al contrario se aprecia\n que la resolución ha sido pronunciada de acuerdo con las\n constancias procesales, lo cual ha llevado a quienes la suscribieron\n a la convicción de la existencia de la relación\n contractual (fojas 15 del primer cuaderno); y, en razón\n de que el empleador no cumplió oportunamente con sus obligaciones\n en los términos del Art. 42 numeral 10 del Código\n del Trabajo, debe satisfacer los rubros conforme a la decisión\n adoptada; TERCERO. - Según lo establecido en el Art. 119\n del Código Procesal Civil, la prueba debe ser apreciada\n en conjunto, como así lo ha hecho la Sala de instancia.\n En 'tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha la impugnación.\n Actúe el Secretario de la Segunda Sala de lo Laboral y\n Social por licencia de la titular de esta Sala. Notifíquese\n y devuélvase.
Quito, 17 de julio del 2000.
No. 198\n - 2000
JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE CARLOS COLLAHUAZO\n CONTRA CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL
Quito, julio 17 del 2000; las 09h20.
VISTOS: De fojas 4 a 5 del segundo cuaderno la Primera Sala\n de la Corte Superior de Ibarra dictó sentencia revocando\n a su tumo el fallo estimatorio de la demanda emitido en el primer\n nivel jurisdiccional y en su lugar desestimó la acción.\n En desacuerdo con este pronunciamiento el actor planteó\n recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del\n juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue Carlos\n Alberto Collahuazo Manrique en contra del Consejo Provincial\n de Imbabura en las interpuestas personas del licenciado Gustavo\n Pareja Cisneros; Prefecto y del doctor Arturo Terán Almeida,\n Procurador Síndico, respectivamente. Encontrándose\n radicada la competencia en esta Sala de conformidad con la razón\n actuarial que obra a fojas 1 del presente cuaderno, habiéndose\n dado cumplimiento a lo estatuido en el artículo 11 de\n la ley de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - El actor al patentizar\n su rechazo y oposición contra la decisión de instancia\n manifiesta que en aquella se han infringido los artículos\n 52 de la Ley de Modernización del Estado en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 27 de dicho ordenamiento\n jurídico; así como también, los numerales\n 3, 4, 6 y 14 del artículo 35 de la Carta Política\n del Estado, en armonía, con lo señalado en el artículo\n 4 del Código del Trabajo. Funda su impugnación\n en las causales Ira. y 3ra. del artículo 3 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - Al argumentar en favor de su pretensión,\n manifiesta el recurrente en un memorial inconexo y a duras penas\n entendible, que los magistrados de la Sala de Apelación\n expresan para denegarle lo que peticiona en su demanda que el\n recurrente no ha suscrito con la entidad demandada una acta de\n finiquito sino una liquidación de haberes. Que tal actitud\n equivocada viola los derechos que consagran en su favor la Constitución\n y el Código del Trabajo, cuyas normas aplicables al caso,\n según su criterio, ha determinado anteriormente, razón\n por la cual pide se revise de manera minuciosa el proceso y se\n acepte la reclamación que ha enderezado. TERCERO. - Resumida\n en los términos que han quedado consignados en el considerando\n inmediato anterior la inconformidad del actor, este Tribunal\n ha procedido a cotejarla con la sentencia emitida por la Sala\n de Alzada y luego de hacerlo concluye en que no ha lugar a la\n pretensión del accionante. Esta Sala sustenta su convicción\n en las siguientes puntualizaciones: a) Consta de autos (fojas\n 17 del primer cuaderno) que la relación que existió\n entre los ahora contendientes terminó por la renuncia\n que para acogerse a los beneficios de la jubilación presentó\n el actor. b) Que a consecuencia de dicha dimisión, el\n actor es beneficiario, tanto de la jubilación que otorga\n el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como de la jubilación\n patronal respectiva; e) Por tanto, no es verdad que Carlos Alberto\n Collahuazo Manrique haya dimitido sus labores, para acogerse\n a los dictados de la Ley de Modernización. Por tanto,\n es temeraria y carente de todo fundamento la afirmación\n que en este sentido ha efectuado el casacionista. En suma, sí\n el ahora demandante, libre y voluntariamente se separó\n de sus funciones, insístase en decirlo, porque deseaba\n obtener la jubilación, mal puede reclamar los beneficios\n legales derivados de la Ley de Modernización a los que\n carece absolutamente de derecho. Por las, consideraciones que\n preceden y sin que, sea necesario añadir otras, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación planteado. Con Costas.\n Actúe el Secretario de la Segunda Sala de lo Laboral y\n Social por licencia de la titular de ésta. Publíquese,\n notifíquese y devuélvase.
Es fiel copia de su original. - Quito, 25 de julio del 2000.
No. 200\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE TEOFILO LOPEZ\n CONTRA AGRASAN.
Quito, julio 5 del 2000; las 09h00.
VISTOS: En el juicio seguido por Teófilo López\n Cornejo en contra de Carlos Vásconez Pareja, por sus propios\n derechos y los que representa de Agrícola Santa Ana SA.,\n AGRASAN, aduciendo haber prestado servicios en la hacienda Santa\n Ana, la Segunda Sala de la Corte Superior de Guayaquil al confirmar\n la sentencia del Juez Primero del Trabajo, declara sin lugar\n la demanda. - De este pronunciamiento, el actor interpone recurso\n de casación. - Una vez radicada, por sorteo, la competencia\n en esta Sala, se considera: PRIMERO. - El recurrente estima infringidos\n los Arts. 4 - 5 - 7 - 135 y 569 del Código del Trabajo;\n 35 numerales 4 y 6; 50 numeral 2 de la Constitución; y\n 119 - 120 - 121 - 123 - 169 numeral 2 - 174 - 211 - 212 ­\n 220 y 294 del Código de Procedimiento Civil; fundando\n su impugnación en las causales 1era., 2da., 3era. y 4ta.,\n del Art. 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Es indispensable\n al juicio laboral y obviamente presupuesto originario del mismo,\n la existencia de contrato en los términos establecidos\n en el Art. 8 del Código de la materia. TERCERO. - Conforme\n a la norma citada, los elementos que lo configuran son: prestación\n de servicios lícitos del trabajador en beneficio del empleador,\n dependencia dentro de la actividad que cumple; y, remuneración\n que no es otra cosa que la retribución de quien, beneficiándose\n con el trabajo debe pagarla; CUARTO. - El acto:; afirma que prestó\n servicios en la hacienda Santa Ana desde enero de mil novecientos\n setenta al veintidós de junio de mil novecientos noventa\n y seis, sin señalar cuáles fueron las remuneraciones\n percibidas, reclamando sin cuantificar los rubros a que se contraen\n sus pretensiones, limitándose a indicar que la cuantía\n la fija en ciento ochenta millones de sucres. QUINTO. - Efectuada\n la confrontación entre la sentencia recurrida y las actuaciones\n a que se refiere la impugnación, no se advierte contravención\n de las normas citadas por el recurrente, toda vez que, el Art.\n 119 del Código de Procedimiento Civil, establece que la\n prueba debe ser apreciada en conjunto, dicha norma indica además\n que se lo hará "de acuerdo con las reglas de la sana\n crítica..." facultad que se otorga a los jueces para\n analizar las justificaciones apodadas por los contendientes.\n SEXTO. - En el caso, quienes fallaron en segunda instancia, han\n precisado en su resolución al confirmar el fallo de primer\n nivel que el accionante no ha acreditado la relación laboral.\n SÉPTIMO. Resulta inverosímil que un trabajador\n que afirma haber prestado servicios por más de veinte\n y cinco años, no haya reclamado oportunamente sus beneficios\n sociales. En tal virtud, al no existir los errores denunciados\n por el actor en su impugnación, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha\n el recurso interpuesto. - Actúe el Secretario de la Segunda\n Sala de lo Laboral y Social por licencia de la titular de ésta.\n Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco\n Dávila y Hugo Quintana Coello.
Es fiel copia de su original. - Quito, 18 de julio del 2000.
204 -\n 2000
JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE CARLOS LUZURIAGA\n CONTRA EXPORTADORA NOBOA.
Quito, junio 21 del 2000; las 08h50.
VISTOS: De fojas 3 a 4 del segundo cuaderno la Primera Sala\n de la Corte Superior de Machala dictó sentencia revocando\n a su turno el fallo parcialmente estimatorio de la demanda emitido\n en el Primer Nivel Jurisdiccional y en su lugar declaró\n sin lugar la acción. En desacuerdo con esta resolución\n el accionante planteó recurso de casación. Todo\n lo relatado ocurre dentro del juicio que por reclamaciones de\n índole laboral sigue Carlos Andalecio Luzuriaga en contra\n de la compañía Exportadora Bananera Noboa S.A.,\n en la interpuesta persona de su Gerente y representante legal\n José Betancourt Sáenz a quien igualmente emplazó\n por sus propios y

References: resolución 
 artículo 106
 artículo 2
 resolución 

Artículo 4

Artículo 2
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 88

Artículo 1

Artículo 2
 resolución 
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 571
 artículo 181
 artículo 585
 artículo 181
 resolución 
 artículo 11
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 3
 resolución