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Timestamp: 2018-12-10 11:50:25+00:00

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RESOLUCIÓN FINAL Nº 985-2008CPC
Fallo ordena a empresa de telefonía celular indemnizar a un usuario
Dº Del Consumo
Dinair- Lopes(1980) Fundamentos Da Linguística Contemporânea
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Voces: CONTRATO ~ CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ~ JUEGO DE AZAR ~ PREMIO ~ PUBLICIDAD Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario
, sala III(CCivyComRosario)(SalaIII) Fecha: 14/05/2008 Partes: Revoledo, Vanesa Alejandra c. Hipermercados Libertad S.A. Publicado en: LLLitoral 2008 (setiembre), 910 Cita Online: AR/JUR/4313/2008 Hechos: Un cliente cuyo cupón resultó ganador de un sorteo organizado por un supermercado, demandó a éste por incumplimiento del contrato y daños y perjuicios debido a que cuando concurrió a retirar el premio, fue informado de que éste consistía en el derecho a participar en un segundo sorteo por el vehículo que aquél creía haber ganado. El a quo condenó al emplazado a resarcir el daño moral ocasionado, pero rechazó la demanda por incumplimiento contractual puesto que, no advirtió incumplimiento alguno de las obligaciones asumidas. La Cámara condenó al supermercado por ambos supuestos. Sumarios: 1. Resulta procedente la demanda por incumplimiento contractual incoada contra un supermercado por un cliente ganador de un sorteo que cuando concurrió a retirar el premio, fue informado de que éste consistía en el derecho a participar en un segundo sorteo por el vehículo que aquél creía haber ganado, pues visto que el actor debía efectuar una compra mínima para adquirir un cupón que le permitiera participar del sorteo, debe concluirse que ha existido entre las partes un contrato de consumo, proveniente de un mecanismo de publicidad tendiente a captar clientes. 2. Debe admitirse la demanda incoada contra un supermercado por un cliente cuyo cupón resultó ganador de un sorteo, debido a que cuando concurrió a retirar el automóvil que creyó haber ganado se le informó que el premio consistía en el derecho a participar en un segundo sorteo por dicho vehículo, pues si bien en las bases y condiciones se estableció que se trataba de un presorteo, esto no surgía de los cupones ni de la publicidad emitida por el emplazado, ni podía ser inferido de la lectura atenta de éstos. Texto Completo: 2ª Instancia. — Rosario, mayo 14 de 2008. 1ª ¿Es justa la sentencia recurrida? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1ª cuestión. — El doctor Chaumet dijo: 1.1. La actora interpuso demanda por cumplimiento contractual y daños y perjuicios contra Hipermercados Libertad S.A. con el objeto de que se condene a esta última a entregarle un automóvil, o suma equivalente a su valor, y a reparar los daños y perjuicios ocasionados. Afirmó que el 15/12/03 concurrió al Hipermercado y en la entrada se topó con promotoras que le comunicaron sobre el sorteo de diez automóviles a realizarse entre los días 15 y 24 de diciembre (del año 2003) sorteándose uno por día. Agregó que le manifestaron que para participar debía realizar compras de determinados productos por determinado valor ($15), lo que la habilitaría a obtener lo cupones que le permitirían participar del sorteo. La pretendiente aseveró que como consecuencia de esto, y con el afán de poder participar del sorteo, hizo compras por la suma de $26,37. Asimismo relató que ese mismo día, en horas de la tarde, estando en su domicilio, los vecinos le informaron que su cupón había salido sorteado y que había ganado un auto 0 km. Ante esta situación, dijo que fue al Hipermercado donde le indicaron que debía dirigirse a la sección de "Servicio de Atención al Cliente" para ser indicada de los pasos a seguir. Manifestó que fue grande su sorpresa cuando le informaron que en realidad lo que había ganado no era el 0 km., sino el derecho de participar en un segundo sorteo que se realizaría en la ciudad de Córdoba, en la sede central de la demandada. Así, expuso que personalmente empezó una serie de gestiones y reclamos ante el personal del establecimiento que resultaron estériles, ante lo cual efectuó una denuncia en la "Dirección General de Comercio Interior" lo que terminó en una sanción para el Hipermercado Libertad S.A. por haber violado disposiciones contenidas en la ley 24.240 y 22.802. La pretendiente dijo que fue víctima de una publicidad engañosa y que se incumplió con el deber de información, habiéndose omitido dar cuenta de datos fundamentales como lo era el del presorteo, entre otros, lo que le produjo un daño moral que estimó en $10.000.
1.2. La demandada en su escrito de responde negó que a la actora le correspondiese el automóvil reclamado o indemnización alguna. Reconociendo la existencia del sorteo, negó que para participar del mismo había que efectuar indefectiblemente compras por algún valor para acceder a los cupones, así como también que a la actora se le haya informado que de extraerse su cupón se haría acreedora del mencionado automóvil. Además negó falta u omisión alguna en el deber de informar por parte de la empresa. Así, afirmó que las "Bases y Condiciones" del concurso eran claras y precisas en cuanto a que el cupón sorteado participaría de un sorteo en la sede central, y que surgía de dicho reglamento que para hacerse de los cupones no había obligación de compra. Destacó también, que la publicidad decía: "... Consultar bases y condiciones sin obligación de compra en Informes del Supermercado", de lo que se sigue que fue la actora quien al no consultar las bases y condiciones incurrió en un error, en el que la demandada nada tuvo que ver, ya que tanto el reglamento como la publicidad eran claras y precisas. 1.3. El juez a quo hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al Hipermercado Libertad S.A. al pago de $5.000 en concepto de daños y perjuicios, por considerar defectuosa, vaga e imprecisa la información, que, de haber sido adecuada a las circunstancias y exigencias propias de este tipo de relaciones, no hubiese generado una seria y razonable expectativa en la actora de sentirse acreedora del premio. Sin embargo, el sentenciante rechazó la demanda en cuanto al cumplimiento contractual se refiere puesto que no advirtió incumplimiento alguno por parte de la accionada en lo referente a las obligaciones por ésta asumida. 2. Ante dicha resolución, dedujo recurso de apelación la actora al cual adhirió la demandada. 2.1. La recurrente se agravia de que el a quo haya dado por cumplidas las obligaciones contractuales por haber la demandada incluido en el cupón "consultar bases y condiciones sin obligación de compra informe en el hipermercado", no dando otra razón o fundamento, lo que no se condice en modo alguno con el deber de información que exige la ley de defensa del consumidor. Se agravia también de que el sentenciante concluye en un pasaje de su resolución, que la actora no estaba obligada, sino que juega el comprador que quiere jugar. Entiende que el juez no tuvo en cuenta el contexto social en el que estas maniobras publicitarias se desarrollan ni las influencias de las estrategias de marketing y de publicidad sobre los consumidores. En tercer lugar le agravia que el juez de grado funde su rechazo a la pretensión de cumplimiento contractual, en un acta de constatación de la cual surge que la accionada habría cumplido la obligación al haber hecho entrega del automóvil a una clienta de la provincia del Chaco. Expresa que no consta en autos que se le haya hecho efectiva entrega del rodado a dicha cliente, como tampoco en la referida acta. Por último se agravia la recurrente del modo en que el a quo impuso las costas (50% a cada parte) por entender que la demandada debería cargar con la totalidad de las mismas, ya que fue su incumplimiento quien dio lugar al reclamo. 2.2. La demandada, luego de contestar los agravios, procedió a expresar los propios. Se agravia de la sentencia en cuanto la condena a abonar la suma de $5.000, en concepto de daño moral provocado por el incumplimiento del deber de información, entendiendo que el a quo realizó en una interpretación caprichosa y arbitraria de los hechos, al ignorar que la denuncia por publicidad engañosa ante la Dirección de Comercio fue desestimada por dicha autoridad, la que sólo advirtió que en la publicidad se omitió consignar que la participación en el concurso era sin obligación de compra. Explica que el juez no apreció correctamente el hecho de la disponibilidad de las bases y condiciones, afirmando que, en realidad, tanto la recurrente como los testigos admitieron no haber ido a la oficina de atención al cliente. Concluye diciendo que si la actora se hubiese molestado en leer las bases y condiciones tal y como lo mencionaba el cupón, nada de esto hubiese ocurrido, puesto que si bien es cierto que el empresario tiene el deber de informar, no menos cierto es que el consumidor debe evidenciar un interés en recibir dicha información, ya que sin este compromiso le sería muy difícil sino imposible al empresario cumplir con dicho deber. 3. Para poder encuadrar legalmente la relación jurídica existente, y extraer las consecuencias jurídicas aplicables, se impone en este caso analizar someramente las normas que se encuentran en juego. 3.1. Cabe así recordar que los contratos de juego (regulados en los artículos 2052 a 2069 del Código Civil),
se pueden distinguir entre los contratos de juego, apuesta o suerte (que parecen difícilmente calificables como relaciones de consumo), de aquellos sorteos, en apariencia gratuitos, anexos a una contratación onerosa y de consumo. Así es como el artículo 1° del decreto reglamentario de la ley 24.240 (decreto 1798/94), dispone: "Serán considerados asimismo consumidores o usuarios quienes, en función de una eventual contratación a título oneroso, reciban a título gratuito cosas o servicios". En su comentario al artículo 2051 del Código Civil el Dr. Pita sostiene que "a partir del señalado encuadramiento legal cabe determinar la eventual existencia de cláusulas abusivas -así las que impongan exigencias innecesarias o sobreabundantes para entregar el premio- e interpretar el contrato en función de los contenidos de la publicidad, con independencia de las condiciones específicamente fijadas en el billete o cupón" (en, "Código Civil comentado"; direc. Ricardo Luis Lorenzetti, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni; 2006; T. III, p. 15). Asimismo, el artículo 10 de la ley de Lealtad Comercial (22.802), prohíbe el ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la intervención del azar, promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada en todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio. En este sentido se ha dicho que: "El fin que persigue la ley 22.802 es evitar que los consumidores, mediante publicidad poco clara o engañosa, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de mercaderías o la contratación de servicios, protegiéndose, de este modo, el derecho de aquéllos a una información adecuada y veraz, en la relación de consume (art. 42, Const. Nac.)" (CNPEcon., Sala B, 10/2/97, "Banco de Crédito Argentino SA", J.A. del 28/1/98, N° 6074, p. 49, citado por Lorenzetti en: "Consumidores"; Rubinzal-Culzoni; Santa Fe; 2003; p. 139). Señala Lorenzetti que; "El comercio utiliza los más variados medios de publicidad para llegar al público [?] A pesar de la prohibición (del art. 10 de la ley 22.802) la promoción y venta de mercaderías mediante sorteos es común; se trata de bonos gratuitos, redactándose reglamentos que expresamente establecen que no hay obligación de compra, pero lo cierto es que los elementos para participar se incluyen en los envases de los productos, o se entregan al pasar por las cajas de pago y la cantidad de cupones depende del monto de la compra. En consecuencia, la relación jurídica existente entre las partes sólo puede entenderse dentro del contexto del contrato de consumo, base del comercio actual. No se trata de un juego, ni de un contrato gratuito, sino de una forma de publicidad que tiende a la captación de un mayor número de clientes. En tal sentido debe recordarse que el art. 8° de la ley 24.240 [?]. Conforme esa disposición, el consumidor puede exigir todo lo que se le haya ofrecido en la actividad promocional o publicitaria, no pudiendo alegar el empresario que en el contrato no se encuentra recogido lo prometido" (Ibídem, p. 199). También nos precisa que, a pesar de la prohibición de esta ley, "la promoción y venta de mercaderías mediante sorteos es común. Estos sorteos son contratos, efectuados en base a condiciones prerredactadas. Las condiciones generales del sorteo son un aspecto de la publicidad y resulta de aplicación el artículo 8° de la ley 24.240": "Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor". Destaca el autor que, para integrar el contenido publicitario, debe haber oferta, debe haber precisiones: "En estos casos, la publicidad integra el contrato, es decir, es un fenómeno de heterointegración. Si hubiera diferencias entre el contenido publicitario y el de la oferta, debe interpretarse a favor del consumidor (art. 7°, inc. a, dec. 1798/94)" (op. cit., p. 199). Sigue diciendo Lorenzetti: "Conforme estas disposiciones, el consumidor puede: 1. Plantear la nulidad del sorteo y de la compra en virtud de la violación de una norma de prohibición, fundándose en la existencia de un juego de azar prohibido; 2. No plantear la nulidad y exigir todo lo que se le haya ofrecido en la actividad promocional o publicitaria, no pudiendo alegar el empresario la nulidad en su favor". En efecto, el artículo 10 bis de la ley 24.240 prescribe "que el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan". Por lo expuesto, considero que en el presente caso ha habido un contrato de consumo, proveniente de un mecanismo de publicidad o marketing tendiente a captar clientes, con beneficios para ambas partes (posibilidad de ganar el premio para el consumidor y captación de clientes para el proveedor) y obligaciones mutuas (compra mayor a $ 15 para obtener el cupón para participar del sorteo por parte del consumidor y obligación de entregar el premio en caso de salir sorteado el cupón del consumidor por parte del proveedor).
Si bien en las bases y condiciones se estableció que se trataba de un presorteo, esto no surgía de la publicidad ni de los cupones, y, como la publicidad integra el contrato, debe inferirse que, ante la generalidad de los consumidores (incluida la accionante) la demandada se obligó por el sorteo de un automóvil y la adjudicación del mismo a quien resultara ganador el día señalado. Sin perjuicio de ello, corresponde tener en cuenta que, la lesión al interés del consumidor puede surgir no de la cláusula contractual misma sino de un modo de aplicación de ésta o sencillamente de conductas no descriptas en el contrato pero que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas (Ariza, Ariel, "Más que una reforma. Desplazamientos del Derecho del Consumidor en el Derecho Privado", Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor 2008 (abril), p. 49). Cabe aclarar que si bien en las bases y condiciones se señalaba que no había obligación de compra y se podía entregar un dibujo para obtener el cupón, ello no estaba claro en la publicidad, tal es así que la demandada fue sancionada por la Autoridad de Aplicación en este sentido. 3.2. La publicidad, conceptualiza Lorenzetti, es "una forma de comunicación producida por una persona física o jurídica, pública o privada, con el fin de promover la contratación o el suministro de productos o servicios" (op. cit. "Consumidores" p. 159). La directiva 84/450 de la Unión Europea dispone que es engañosa toda publicidad que "de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y, que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor" (Ibídem, p. 159). En un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, en el cual se sorteaba (de entre cupones que se adjuntaban a productos que contenían la figura de 'Mickey') un viaje a Disney y, al salir sorteado el cupón de un menor, no se lo otorgó el premio por figurar en las bases y condiciones del concurso que para participar se debía ser mayor de edad, se estableció que: "lo relevante es determinar si las mencionadas bases y condiciones fueron debidamente publicadas y podían ser visualizadas fácilmente por los clientes que concurrieron a los locales de la demandada, toda vez que, así como los productos que participaban de la promoción estaban individualizados por la silueta del ratón Mickey -para llamar la atención de los menores-, de ese mismo modo deberían haber estado publicadas las bases y condiciones [?] Así, la publicidad del concurso y la difusión de sus bases, condiciones y reglamentos, deben ser transparente y reflejar realmente la oferta [?] y si por algún motivo se invita o se tienta al público participante acudiendo a una publicidad que no refleja claramente las pautas de la oferta, deberá el organizador asumir aquellas consecuencias (CNCiv. Sala D, del 19/09/06, "Ferola, Karina A. c. Sola Argentina SA y ots.", LA LEY, 2007-A, 555, 45.515-S" (CNCiv., Sala F, "Martínez, Marisol y otro c. Carrefour Argentina SA", 30/08/07 publicado en la ley on line). De los folletos publicitarios y cupones agregados en copia en los presentes autos surge que, al insertar el cupón en la urna del Supermercado, se participaba por el sorteo de un automóvil para los días 15 al 24 de diciembre. La lectura atenta y pormenorizada de los mismos, no hubiese permitido para ninguna persona la posibilidad de inferir que no se estaba participando por un sorteo, sino por un presorteo a realizarse en Córdoba. Si bien en materia de interpretación contractual se está a la intención del autor, en materia de interpretación del mensaje publicitario, interesa la que le dé el consumidor medio (v. Lorenzetti, R. L., op. cit., "Consumidores?, p. 159). Se ha dicho que es cierto que en un sistema apoyado en el comercio, toda publicidad tiende a apartarse en algún grado de la realidad, pero urge que ese apartamiento no escape a las posibilidades del propio control de los recipiendarios de los mensajes. Por ello hay que asegurar al consumidor un sistema de protección que proteja su libertad de elegir, para que en el mayor grado posible no consuma según se establezca desde afuera de sí mismo sino desde su propia interioridad (Ciuro Caldani, Miguel Angel, "La debilidad del consumidor en la sociedad de consumo", en Investigación y Docencia, N° 28, Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 2005, págs. 33). En este sentido se ha dicho que: "Corresponde hacer lugar a la acción de daños y perjuicios deducida por quien ganó un automóvil en un sorteo realizado con el número de la factura que le había sido otorgada al adquirir un electrodoméstico, en virtud de no haberse hecho efectivo su premio toda vez que el proceder de la demandada configura un supuesto de publicidad engañosa destinada a captar la voluntad del cliente indeciso, en clara violación de los artículos 1°, 7° y 8° de la ley 24.240" (CCC de Morón, sala I, 17/3/2006, LLBA, 2006-576, junio). 3.3. Aún fuera del marco de las relaciones de consumo, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que, dos principios básicos rigen, por igual, la interpretación y aplicación de los contratos. El primero de ellos, es que se celebran para ser cumplidos. El segundo es el de buena fe, debiendo las convenciones entre las partes interpretarse y ejecutarse de buena fe y en función de lo que las partes entendieron o pudieron entender.
En el caso la incorporación a la publicidad de la palabra "presorteo" no era una exigencia irrazonable. Por el contrario, la simple lectura del volante agrado a fs. 1 surge con claridad que participando de la "promo" uno podía ganar uno de los 0 Km. que se sortearía entre el 13 y 14 de diciembre diariamente. Es decir que por más que se hubiese realizado una lectura atenta y pormenorizada no había la posibilidad de inferir la existencia del presorteo. La misma calificación vale para la publicidad que en copia obra agregada a fs. 2. El obrar de la demandada fue contrario a la buena fe contractual. En estos casos hay que resaltar al consumidor sobre la base de la actuación no profesional de la persona física (Hernández, Carlos A., Frustagli, Sandra A., "El reciente Código del Consumo italiano. Aportes para reflexionar sobre el Derecho del Consumidor en Argentina", LA LEY, 2006-B, 764). 3.4. El juez a quo cita, para rechazar la demanda por incumplimiento contractual, una sentencia de la Corte Suprema de Mendoza, con voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, sosteniendo que no advirtió incumplimiento alguno por parte de la accionada en lo referente a las obligaciones por ésta asumidas. Creo, que la plataforma fáctica de aquel caso, hacen inaplicable al presente su doctrina ("Supermercado Los Amigos SA s/Rec. Extraordinario de Casación"; LLGran Cuyo, 2002-368). No se dan las mismas razones, no puede utilizarse criterios análogos. Se trataba de la misma modalidad publicitaria, aunque en tal caso, la demandada se negó a otorgar el premio al ganador por haberse consignado en el cupón un documento de identidad diferente del que poseía la actora (cuyos demás datos -nombre, domicilio, teléfono- estaban consignados correctamente). Tal fallo considera que "quien juega se somete a las reglas del juego" y que tales reglas eran simples y estaban impuestas por el oferente en el cupón. La exigencia del empresario no fue abusiva para la Corte mendocina, no se trató de una cláusula obscura ni dudosa: se requería la consignación del nombre y documento de identidad del participante. Por otro lado, aplicó la Ley de Identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional (n° 17.671) que en su artículo 13 establece la obligatoriedad de probar la identidad de las personas con el documento nacional de identidad, sin poder ser suplido por otro documento. Asimismo, señaló la distinguida magistrada, que no hubo ni mala fe contractual, ni campaña publicitaria engañosa. El caso de marras es notoriamente diferente. Por un lado, la demandada realizó publicidad engañosa, haciendo creer a consumidores indeterminados que, comprando en dicho supermercado, y depositando los cupones que obtendrían con la compra en las urnas, participaban por el sorteo de un 0 Km. por día, cuando en realidad, participaban de un sorteo en el cual el premio, en caso de resultar ganador su cupón, sería otro sorteo. Por otro lado, no hubo ningún error esencial por parte del consumidor, que realizó todo lo que se le exigía para participar del sorteo. No resulta razonable tener que acudir a informes y pedir las bases y condiciones del concurso para enterarse de que participaba de un presorteo y no de un sorteo, cuando a la demandada le bastaba agregar una sola palabra en sus avisos publicitarios. Cabe reiterar que de conformidad a la normativa vigente la publicidad, integra el contrato de consumo. El Dr. Mosset Iturraspe nos recuerda que "... es fundamental que la decisión sea de equidad. Vale decir que al dictarla tenga en cuenta el Juzgador las circunstancias del caso: subjetivas y objetivas. La conducta de una y otra de las partes orientada al logro de la finalidad buscada con el contrato o a su frustración, y las circunstancias de tiempo y particularidades de las prestaciones" ("Medios para forzar el cumplimiento", Sta. Fe, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1993, p. 249), 3.5. Con relación a los agravios de la demandada referidos a la condena por daño moral sosteniendo que no hubo publicidad engañosa, que las bases y condiciones estuvieron a disposición de la actora, de acuerdo con lo ya expuesto, carece de relevancia práctica lo que torna abstracto el tratamiento del planteo. 3.6. En función de lo expuesto debe revocarse la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza la demanda por incumplimiento contractual y confirmarse la misma en cuanto acoge la demanda por daño moral. Voto pues parcialmente por la negativa. La doctora Alvarez dijo: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto. 2ª cuestión. — El doctor Chaumet dijo: Atento el resultado de las votaciones que anteceden, corresponde hacer lugar al recurso planteado, revocar parcialmente la sentencia dictada en autos, condenando a la parte demandada a entregar a la actora un automóvil marca Fiat modelo Uno O Km. con la documentación necesaria para inscribirlo a su nombre en el Registro
Nacional de Propiedad Automotor bajo los apercibimientos prescriptos por el art. 265 del CPCC; Costas a la parte demandada (art. 251 del CPCC). Fijar los honorarios profesionales de alzada en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia. La doctora Alvarez dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido voto. El doctor Rodil dijo: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, LOPJ). Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, RESUELVE: 1. Hacer lugar al recurso planteado, revocar parcialmente la sentencia dictada en autos, condenando a la parte demandada a entregar a la actora un automóvil marca Fiat modelo Uno O Km. con la documentación necesaria para inscribirlo a su nombre en el Registro Nacional de Propiedad Automotor bajo los apercibimientos prescriptos por el art. 265 del CPCC; Costas a la parte demandada. 2. Fijar los honorarios profesionales de alzada en el 50% de los que, en definitiva, resulten regulados en primera instancia. — Avelino Rodil. — María del C. Alvarez. — Mario E. Chaumet.
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References: RESOLUCIÓN 
 artículo 1
 artículo 2051
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 10
e contrario
 artículo 13