Source: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleLeyes.php?nro_ley=8024
Timestamp: 2020-07-16 17:48:02+00:00

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DETALLE DE LA LEY Nº 8024
Decreto Nº 1139/18 - APRUEBA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 8.024. SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
SISTEMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANAS O DEGRADANTES. DEROGA LEY Nº 7.733.
ARTÍCULO 1°.- Establécese el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos, tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos 18 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22, por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional N° 25.932, demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos, la Ley Nacional N° 26.827 y la Constitución de la Provincia de Salta en el artículo 19 y concordantes.
ART. 2°.- El Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes estará integrado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
ART. 3°.- A los efectos de la presente Ley se entiende por lugar de detención a todo ámbito espacial público, privado o mixto, bajo jurisdicción, control o supervisión provincial o municipal, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, ya sea que estén detenidas, arrestadas, bajo custodia o que se les impida su salida de dicho ámbito, por orden o disposición judicial, administrativa o de cualquier otra autoridad o por su instigación o con su consentimiento expreso o tácito o su aquiescencia. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en el artículo 4°, incisos 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y, en consonancia con su enfoque preventivo, en sentido amplio.
a)	Fortalecimiento del monitoreo. La presente Ley promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. En ninguna circunstancia podrá considerarse que el establecimiento del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes implica una restricción o el debilitamiento de esas capacidades.
b)	Coordinación. Los integrantes del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes actuarán en forma coordinada y articulada.
c)	Complementariedad. Los integrantes del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes actuarán en forma complementaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
d)	Cooperación. Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente Ley.
e)	Independencia funcional. Se debe garantizar la independencia funcional del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
f)	Confidencialidad.
g)	Imparcialidad.
h)	No selectividad.
i)	Universalidad.
j)	Objetividad.
ART. 5°.- Créase el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El mismo lleva a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo; y actúa en todo el territorio de la Provincia, de acuerdo a las competencias y facultades que se establecen en la presente Ley.
ART. 6°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tendrá independencia funcional y autarquía financiera, a cuyos fines se le proveerá de los recursos específicos para la consecución de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente Ley.
ART. 7°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ejercerá sus funciones de manera independiente y autónoma sin recibir instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado, debiendo actuar en forma coordinada y articulada como organismo local complementario del que se constituye en el ámbito nacional como Mecanismo Nacional de Prevención (Ley Nacional N° 26.827 y Decreto reglamentario N° 465/14), y demás normativa legal vigente o la que en el futuro la reemplace.
ART. 8°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes debe estar integrado por cinco (5) miembros, que durarán cuatro (4) años en su cargo y podrán ser reelectos por una sola vez. Los miembros deben ser remunerados por el ejercicio de su función, la que resulta incompatible con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación.
ART. 9°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se integra de la siguiente manera:
a)	Dos (2) miembros designados por las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos reconocidas legalmente.
b)	Un (1) miembro designado por la Cámara de Diputados.
c)	Un (1) miembro designado por la Cámara de Senadores.
d)	Un (1) miembro designado por el Poder Ejecutivo.
Todos los miembros postulados serán designados mediante concurso público de antecedentes y oposición. Deben presentar documentación que avale su honorabilidad e integridad ética socialmente reconocida, trayectoria, conocimientos profesionales y destacada conducta en el fortalecimiento de los valores, principios y prácticas democráticas, con especial énfasis en el resguardo de los derechos de las personas privadas de la libertad y en la prevención de la tortura que le permitan ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de criterio para el desempeño de la función en los términos que exige el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente Ley, y que acrediten no incurrir en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la presente Ley.
ART. 10°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a pluralidad de votos, elige entre sus integrantes un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente. La duración del Presidente, y del Vicepresidente es de cuatro (4) años y pueden ser reelegidos.
ART. 11°.- No pueden integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aquellas personas que han desempeñado cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto; quienes han integrado fuerzas de seguridad y hubieran sido denunciados o tengan antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y aquellas personas respecto de las cuales existen pruebas suficientes de participación en hechos que pueden ser subsumidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
ART. 12°.- Los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cesarán en el ejercicio de sus funciones por las siguientes causales:
a)	Por muerte.
c)	Por vencimiento de su mandato.
d)	Por incapacidad sobreviniente, acreditada fehacientemente.
e)	Por haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme.
f)	Por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
g)	Por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
h)	Por haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente Ley.
En los supuestos previstos por los incisos a), b), c), d) y e) el cese será dispuesto por Resolución del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes dentro del término de setenta y dos (72) horas posteriores a la acreditación de los hechos en que se funda.
En los supuestos previstos por los incisos f), g) y h) el cese se decidirá por resolución fundada del organismo y/o institución que haya designado al integrante que se trate.
ART. 13°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tendrá las siguientes funciones mínimas, sin perjuicio de las enunciadas en la Ley Nacional N° 26.827:
a)	Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención con miras a fortalecer la prevención de hechos contra Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes así como a detectar y denunciar su existencia.
b)	Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración la Constitución Nacional, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Leyes Nacionales, la Constitución de la Provincia de Salta y Leyes Provinciales.
c)	Comunicar a las autoridades provinciales, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que correspondan la existencia de hechos de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados constatados por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
d)	Solicitar la adopción de medidas especiales urgentes para el cese del mal trato y su investigación y para la protección de las víctimas y/o de los denunciantes frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera afectarlos.
e)	Elaborar protocolos de actuación basados en criterios objetivos sobre:
1.	Inspección y visita en establecimientos de detención.
2.	Intervención en procedimientos disciplinarios sustanciados contra agentes de fuerzas de seguridad y/o funcionarios públicos comprendidos con hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
3.	Intervención en procedimientos de designación y/o ascensos de funcionarios públicos que estuvieren comprometidos con hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
f)	Gestionar los convenios institucionales que fueren necesarios para remover obstáculos que impidan el cumplimiento de las funciones del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para que pueda realizar sus funciones en los ámbitos nacionales, provinciales y/o municipales.
ART. 14°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tendrá las siguientes facultades mínimas, sin perjuicio de las enumeradas en la Ley Nacional N° 26.827:
a)	Acceder a información o documentación referida a los centros públicos y/o privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, así como a archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde conste información sobre personas privadas de libertad y/o sobre sus condiciones de detención y/o sobre el funcionamiento de los lugares de encierro.
b)	Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el lugar que considere más conveniente.
c)	Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales y a toda autoridad competente, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que corresponda, la adopción de medidas urgentes para la protección de personas privadas de libertad cuando en virtud de sus declaraciones, pudieran ser víctimas de agresiones, castigos, represalias, o perjuicios de cualquier tipo, o cuando a criterio del/los mecanismo/s local/es, existieren elementos que indiquen un acontecimiento inminente de carácter dañoso que pudiera afectarles por cualquier motivo.
d)	Promover acciones judiciales, incluyendo medidas cautelares, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines, pudiendo presentarse como querellante o particular damnificado, según la jurisdicción de que se trate.
e)	Establecer vínculos de cooperación y coordinación con las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que realicen visitas y/o monitoreen la situación de lugares de detención en el territorio de su competencia. La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas.
f)	Designar a los representantes de la Provincia para integrar el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura.
ART. 15°.- El patrimonio del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se integrará con:
a)	Las partidas que anualmente determina la Ley de Presupuesto que no serán inferiores al 0.5 % del presupuesto anual del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta.
b)	Todo tipo de bienes muebles e inmuebles del Estado que resulten afectados a sus misiones y funciones por decisión administrativa.
c)	Todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, legados, herencias, donaciones, bienes muebles o inmuebles, programas de actividades o transferencias que reciba bajo cualquier título, de organismos internacionales de Derechos Humanos.
d)	Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo, que pueda serle asignado en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.
Art. 16°.- El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes contará con una Secretaría Ejecutiva.
El titular de la Secretaría Ejecutiva será designado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través de un concurso público de antecedentes y un mecanismo de participación amplio que respete las reglas de publicidad, transparencia y legitimidad que surgen del procedimiento dispuesto en esta Ley para la designación de los miembros del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Serán criterios para la selección del Secretario Ejecutivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:
a)	Integridad ética, el compromiso con los valores democráticos en la reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo, en el derecho de las personas privadas de libertad y la prevención de la tortura.
b)	Capacidad de mantener independencia de criterio para el desempeño de la función en los términos que exige el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la presente Ley.
c)	No incurrir en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la presente Ley.
ART. 17°.- El Secretario Ejecutivo tendrá dedicación exclusiva y cargo rentado. Durará en su cargo cuatro (4) años y puede ser reelegible por un (1) período. El ejercicio del cargo es incompatible con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia referida a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Son funciones del Secretario Ejecutivo, organizar el registro y administración de todos los insumos necesarios para el adecuado funcionamiento del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le asigna la misma.
A solicitud del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Secretaría Ejecutiva debe convocar a sesionar al Consejo Consultivo al menos dos (2) veces al año. La convocatoria se debe hacer cinco (5) días antes, indicando lugar y fecha de la sesión.
ART. 18°.- Créase el Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que actúa como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento permanente del Mecanismo Provincial, cuya participación es ad honorem y que tiene las siguientes funciones:
a)	Conocer los informes públicos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
b)	Proponer al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes las acciones a seguir para suplir las falencias que se detecten.
c)	Colaborar con el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a solicitud de éste, en el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones generales o específicas de prevención de la tortura y los malos tratos y en la construcción de consensos y acuerdos interinstitucionales para su efectiva implementación.
ART. 19°.- El Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes está conformado por:
a)	Un (1) representante del Poder Judicial de la Provincia de Salta, designado por la Corte de Justicia de la Provincia.
b)	Un (1) representante del Ministerio Público Provincial, designado por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.
c)	Un (1) Diputado Provincial, elegido por la Cámara de Diputados.
d)	Un (1) Senador Provincial, elegido por la Cámara de Senadores.
e)	Un (1) representante del Poder Ejecutivo Provincial.
f)	Un (1) representante del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.
g)	Un (1) abogado elegido por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
h)	Un (1) representante de la Universidad Nacional de Salta elegido por el Consejo Superior.
i)	Dos (2) representantes de Organizaciones de Derechos Humanos Provinciales, de destacada trayectoria en la promoción y fortalecimiento de los Derechos Humanos en la Provincia.
ART. 20°.- Podrán participar de las sesiones del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes todas aquellas personas o instituciones, públicas o privadas, que acrediten antecedentes en el trabajo, estudio e investigación con personas privadas de la libertad, prevención de la tortura y los malos tratos. Para participar en las sesiones deberán acreditarse previamente.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en Sesión del día veinticinco del mes de julio del año dos mil diecisiete.
Miguel Angel Isa	Dr. Manuel Santiago Godoy
CÁMARA DE SENADORES- SALTA	CÁMARA DE DIPUTADOS
Dr. Luis Guillermo López Mirau Dr. Pedro Mellado
CÁMARA DE SENADORES - SALTA CÁMARA DE DIPUTADOS
Salta, 14 de agosto de 2.017
Expediente N° 91-34727/2015 Preexistente
ARTÍCULO 1°. Téngase por Ley de la Provincia N° 8.024 cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 75
 artículo 19
 artículo 4
 Resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 1