Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/148
Timestamp: 2020-06-02 08:29:29+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 20/1983
SENTENCIA 20/1983, de 15 de marzo
ECLI:ES:TC:1983:20
En el recurso de amparo núm. 245/1982 formulado por don Luis Pulgar Arroyo, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de don Miguel Angel Alonso Ibáñez, dirigido por la Abogada doña Concepción de la Peña Fuentes, contra acuerdo del Ayuntamiento de Zumárraga confirmado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, sobre cese del actor en el cargo de concejal. En el recurso ha comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal y ha sido ponente el Magistrado don Francisco Tomás y Valiente, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El recurrente en amparo, don Miguel Angel Alonso Ibáñez, fue elegido concejal del Ayuntamiento de Zumárraga (Guipúzcoa), en las elecciones del 3 de abril de 1979 a las que concurrió en las listas del Partido Comunista de Euskadi: (en adelante PCEK) en calidad de miembro de dicha formación política.
Subsistente el mandato electoral, el Congreso del PCEK acordó converger «política y organizativamente» con otras formaciones políticas de izquierda para proceder a «la mutua autotransformación» de todas ellas en una nueva organización que habría de denominarse «Euskadiko Eskerra-Izquierda para el Socialismo». El Partido Comunista de España (en adelante PCE) expresó su disconformidad con la línea de actuación del PCEK y promovió el fraccionamiento de esta formación política en dos estructuras escindidas, una de ellas derivada de las previsiones contenidas en los Estatutos del PCEK y otra derivada de las decisiones adoptadas por el Comité Central del PCE el día 22 de octubre de 1981, si bien tanto la una como la otra se autoatribuían pública y contradictoriamente «la legitimación excluyente para representar y administrar los intereses del Partido Comunista de Euskadi» (PCEK). En el primero de estos dos «conjuntos organizativos» corresponde la representación legal del PCEK a don Roberto Lertxundi, mientras que en «la organización escindida» (términos usados aquí siempre en función del relato de los hechos que ofrece el recurrente en su demanda) cumple esa función, entre otras personas don Ramón Ormazábal.
Intentado sin éxito el acuerdo amistoso, la organización del PCEK representada por don Roberto Lertxundi interpuso el 25 de enero de 1982 demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao contra la organización representada por don Ramón Ormazábal, con la pretensión de obtener «la declaración de legitimidad única de la organización demandante para la utilización del nombre, siglas y símbolos del PCEK y para actuar en su nombre y representación pública y privadamente».
2. Días después, ya durante el mes de febrero de 1982, don Juan María Jáuregui Apalategui, por escrito cuya fecha el recurrente desconoce pues afirma que de él nunca se le dio traslado, se dirigió en nombre del PCEK, rama de don Ramón Ormazábal, al Presidente del Ayuntamiento de Zumárraga, interesando de la Corporación Municipal la sustitución de don Miguel Angel Alonso Ibáñez como concejal por haber causado baja en el partido. En el orden del día de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Zumárraga de 11 de marzo de 1982 se incluyó el conocimiento por la Corporación de la solicitud formulada por don Juan María Jáuregui pidiendo la sustitución del hoy recurrente como concejal, en virtud del art. 11.7 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, sobre elecciones locales. Asimismo se incluyó la solicitud de don Roberto Lertxundi manifestando que el concejal don Miguel Angel Alonso Ibáñez «sigue gozando de la plena confianza del Partido Comunista de Euskadi», que en ningún momento se ha planteado la posibilidad de su sustitución, solicitud a la que se acompañaba testimonio judicial de la admisión a trámite de su demanda presentada ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Bilbao.
Abierta la sesión, el concejal don Miguel Angel Alonso Ibáñez fue requerido para que la abandonara durante el debate del asunto que le concernía, respecto al cual se tomó el acuerdo ante la petición de sustitución del concejal don Miguel Angel Alonso Ibáñez «por haber causado baja en el partido» formulada por don Juan María Jáuregui Apalategui «en nombre y representación del Partido Comunista de Euskadi», de «declarar aprobado por mayoría simple el cese del concejal don Miguel Angel Alonso Ibáñez».
4. Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Zumárraga confirmado por la Sentencia de la Audiencia, presentó don Miguel Angel Alonso Ibáñez oportunamente recurso de amparo ante este Tribunal por estimar que el acuerdo municipal de 11 de marzo de 1982 constituye una violación del derecho de igualdad ante la Ley (art. 14 de la C.E.), «así como una violación al derecho al ejercicio, en condiciones de igualdad, de cargos públicos representativos electos mediante sufragio universal reconocido en el art. 23 de la Constitución». Por consiguiente el amparo que se solicita, y que el recurrente formula con toda claridad en el suplico de su demanda, consiste en: a) Declaración de nulidad del acuerdo de 11 de marzo de 1982 del Ayuntamiento de Zumárraga; b) reconocimiento del derecho del demandante a ejercer el cargo público de concejal para el que fue elegido: c) restablecimiento del demandante en su condición de concejal del Ayuntamiento de Zumárraga.
La violación de su derecho de igualdad ante la ley se produjo, a juicio del recurrente, por la abierta discriminación con que, por motivos ideológicos, fueron tratadas por la Corporación municipal las pretensiones planteadas por el recurrente y por don Juan María Jáuregui lo que se puso de manifiesto en la automática aceptación como ciertos de los hechos alegados por el señor Jáuregui, cerrando la posibilidad de conocer las cuestiones alegadas por el hoy recurrente en amparo, quien afirma que la Corporación resolvió de plano y sin atemperar su decisión a un procedimiento administrativo contradictorio.
En las suyas el Fiscal General del Estado comienza afirmando que en el presente recurso no se cuestiona ni la legitimidad de la norma sustantiva (id est, del art. 11.7 de la LEL), ni la regularidad externa del cauce utilizado en el trámite de cese y sustitución: si se entendiera lo contrario, afirma el Fiscal, tendría él que manifestarse al respecto en la misma línea en que lo hizo en el recurso de amparo 144/1982 promovido por doña Cristina Almeida y otros demandantes. Lo que a su juicio se cuestiona esencialmente aquí es la concurrencia de los presupuestos materiales legitimadores del cese y expulsión referidos a la personalidad del órgano decisorio y la legitimidad del acuerdo de expulsión. Así planteado el problema el Fiscal General del Estado entiende que es razonable y obligado que los órganos administrativos, sin esperar a que se resolviera el proceso ordinario pendiente entre las dos ramas del PCEK, analizaran, a los efectos únicos de la aplicación solicitada del art. 11.7 LEL, si concurrían los factores de personalidad del órgano y regularidad externa del acto político previo a la eventual declaración del cese como concejal. Esto es lo que hicieron tanto el Ayuntamiento de Zumárraga como la Audiencia de Pamplona, cuyas resoluciones se basan en entender formalmente correcta y documentalmente justificada la expulsión. Siendo esto así, y como el art. 44.1 b) y el 54 de la LOTC impiden que este Tribunal entre en el conocimiento de los hechos, procede la desestimación del amparo.
El recurrente puntualiza en sus alegaciones que la vulneración del art. 14 de la C.E. se produjo porque la corporación municipal incurrió en un trato discriminatorio al disponer que se ausentara de la sesión el señor Alonso Ibáñez, permitiendo, sin embargo, que permaneciera en ella la señorita Diego Querejeta que representa los intereses de la fracción contraria del mismo partido, y también porque sometió a deliberación la petición del señor Jáuregui pero no la presentada por el señor Lertxundi, una nueva «situación discriminatoria» se produjo por el procedimiento empleado para la adopción del acuerdo, pues el automatismo del procedimiento de dación de cuenta «conduce inexorablemente a una decisión arbitraria».
6. La Sala Segunda, por providencia de 15 de diciembre de 1982, acordó unir a las actuaciones los tres escritos de alegaciones, nombró como ponente de este caso al Magistrado Excmo. Sr. Tomás y Valiente y señaló para la deliberación y fallo de este recurso de amparo el 19 de enero de 1983.
El 20 de enero de 1983, el Pleno, por providencia de esa fecha, acordó recabar para si el recurso interpuesto por don Miguel Angel Alonso Ibáñez contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Zumárraga y confirmado por Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona de fecha 8 de junio de 1982. Para deliberación y votación del recurso, se señaló el día 10 de marzo en curso.
1. El Abogado del Estado, en su escrito de alegaciones, formula como petición principal que declaremos la inadmisión del recurso. Según él, el recurso interpuesto por don Miguel Angel Alonso Ibáñez contra el acuerdo de 11 de marzo de 1982 del Ayuntamiento de Zumárraga fue un recurso contencioso-administrativo, al que incorrectamente calificó como «electoral», y aunque la Audiencia de Pamplona lo admitió y tramitó, lo hizo inspirada por un criterio de conservación de actos y trámites, pero sin que por ello alterase la naturaleza del recurso, que nunca dejó de ser un contencioso-administrativo ordinario, contra cuya resolución por Sentencia de la Sala competente cabe recurso de apelación; y no habiendo cumplido el recurrente con esta carga, no «ha agotado la vía judicial procedente», requisito que le impone el art. 43 de la LOTC y sin cuyo cumplimiento no puede admitirse el recurso de amparo.
Este Tribunal no tiene por qué analizar aquí si el recurso ante la Audiencia de Pamplona debió ser un contencioso-administrativo ordinario o electoral, pues no nos cumple resolver el problema de si su pretensión encajaba o no en los supuestos del art. 73.1 y 2 del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales. Lo cierto es, pues así se colige del texto de la Sentencia de 8 de junio de 1982 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de aquella Audiencia, que el recurso del señor Alonso Ibáñez fue «promovido al amparo de la normativa electoral», que el citado recurrente acudió a aquel Tribunal «interponiendo recurso contencioso-administrativo electoral», y que la Sala «tuvo por iniciado recurso contencioso-administrativo electoral».
2. Antes de entrar en el fondo del asunto procede que resolvamos otro problema, que es el de si deberíamos paralizar este procedimiento hasta que se resuelva por Sentencia firme el iniciado ante la jurisdicción ordinaria por la demanda que presentó don Roberto Lertxundi el 25 de enero de 1982, de la que hicimos mención en el antecedente primero. El art. 91 de la LOTC sólo permite que este Tribunal suspenda un procedimiento que se siga ante él por causa de prejudicialidad penal, mientras que el art. 3 de la misma LOTC extiende la competencia del Tribunal a otras cuestiones prejudiciales o incidentales, pero sólo a los efectos del enjuiciamiento constitucional de la materia de que conoce. En el caso que nos ocupa no siendo penal la posible cuestión prejudicial no tenemos por qué suspender este proceso de amparo (art. 91 de la LOTC) y por otra parte tampoco tenemos que hacer uso de la posibilidad que ofrece el art. 3 de la LOTC, porque la resolución de la cuestión planteada por el señor Lertxundi ante el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao es irrelevante para «el enjuiciamiento constitucional» del caso que nos ocupa, ya que este Tribunal tiene que resolver en amparo sobre los mismos hechos que han constituido la base fáctica de los órganos cuyos actos se impugnan, y que en este caso consisten esencialmente en que el señor Alonso Ibáñez dejó de pertenecer a su partido por decisión de los órganos competentes del mismo, decisión a la que el Ayuntamiento de Zumárraga anudó como consecuencia jurídica la de la pérdida del cargo de concejal. Que estos supuestos de hecho sean o no confirmados en su día cuando la jurisdicción ordinaria resuelva acerca de la legitimidad y titularidad única del Partido Comunista de Euskadi es algo que no debe ocuparnos, pues nuestro único cometido consiste en amparar o no al recurrente en sus derechos del art. 23 bajo el supuesto de que ha sido privado de su cargo de concejal por haber causado baja en su partido por causa ajena y contraria a su voluntad.
3. Planteado en esos términos es claro que el caso presente es sustancialmente idéntico a los ya resueltos por el Pleno de este Tribunal en sus Sentencias de 4 de febrero (RA 374/1981) y 21 de febrero de 1983 (RA 144/1982), casos en los que los concejales allí recurrentes habían sido expulsados de sus respectivos partidos, pues, dentro de los supuestos de hecho aquí acotados, la decisión de los órganos competentes del Partido Comunista de Euskadi (rama de don Ramón Ormazábal, representada ante el Ayuntamiento de Zumárraga por don Juan María Jáuregui Apalategui) de dar de baja en el partido a don Miguel Angel Alonso Ibáñez, equivale a la expulsión del mismo. Por consiguiente la fundamentación del fallo de este recurso de amparo ha de consistir principalmente en una remisión global a los fundamentos jurídicos de aquellas Sentencias, que lo son también de modo tácito y genérico de la presente.
La consecuencia necesaria de todo lo expuesto ha de consistir por fuerza en el otorgamiento del amparo, pues, en efecto, el acuerdo del Ayuntamiento de Zumárraga, al aplicar el art. 11.7 de la LEL y acordar que el señor Alonso Ibáñez, por haber causado baja no por decisión propia sino del órgano tenido por competente, en el partido al que pertenecía y que lo presentó como candidato en las elecciones municipales, debía cesar como concejal de aquella Corporación municipal, aplicó un precepto contrario a la Constitución y derogado por ella, violando al mismo tiempo el derecho del señor Alonso Ibáñez a permanecer en el cargo para el que había sido elegido.
1º. Otorgar parcialmente el amparo y por consiguiente:
1. Declarar la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Zumárraga de 11 de marzo de 1982 por el que se produjo el cese de don Miguel Angel Alonso Ibáñez como concejal de aquella Corporación Municipal.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Díez de Velasco Vallejo a la Sentencia dictada en el recurso de amparo 245/1982.
Don Manuel García-Pelayo y Alonso, don Jerónimo Arozamena Sierra, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Ángel Escudero del Corral, don Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 245-1982
Fecha de resolución 15/03/1983
Siendo el proceso previo al amparo el contencioso-electoral, limitado a saber si era o no aplicable al caso el art. 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, y solicitándose el amparo tanto en la demanda como en el ulterior escrito de alegaciones no sólo por el problema electoral estricto, sino también por violación del art. 14 de la C.E., no se ha cumplido con respecto a esta pretensión el inciso final del art. 43.1 de la LOTC, pues no ha sido depurada en la vía previa, incurriéndose en una causa de inadmisibilidad parcial que, en esta fase del proceso, se convierte en una causa de desestimación, también parcial, del recurso.
El art. 91 de la LOTC sólo permite que este Tribunal suspenda un procedimiento que se siga ante él por causa de prejudicialidad penal, mientras que el art. 3 de la misma LOTC extiende la competencia del Tribunal a otras cuestiones prejudiciales o incidentales, pero sólo a los efectos del enjuiciamiento constitucional de la materia de que conoce.
Siendo la Ley 39/1978, de 17 de julio, anterior a la Constitución, no es necesario que este Tribunal encauce el examen de la conformidad o disconformidad de su art. 11.7 por la vía del art. 55.2 de la LOTC, pues basta, para declararlo derogado, verificar si se opone a algún precepto constitucional de los que reconocen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, y en particular si esa oposición se da respecto al art. 23.1 de la Constitución, es decir, si «cabe considerar constitucionalmente legítima una organización de la representación en la que los representantes puedan ser privados de su función por una decisión que no emana de los propios electores». Como la respuesta es negativa, hay que concluir que el art. 11.7 de la Ley de Elecciones Locales infringe «de manera absolutamente frontal el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes» y también «el de los representantes mismos a mantenerse en sus funciones» (art. 23.2 de la C.E.).
Artículo 73.1, f. 1
Artículo 73.2, f. 1
Artículo 73.5, f. 1
Artículo 11.7, ff. 1, 3, VP
Expulsión de miembros de partidos políticosExpulsión de miembros de partidos políticos, f. 4
Recurso contencioso-electoralRecurso contencioso-electoral, f. 1

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 73

Artículo 73

Artículo 73

Artículo 11