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Timestamp: 2019-03-24 07:58:27+00:00

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El gota a gota que no cesa de la Dirección General
Llegamos a los 82 cambios de criterio
El gota a gota que no cesa de la Dirección General dictando resoluciones que, cada vez más, potencian la calificación registral y devalúan la función notarial, aun a costa de complicar la vida a los ciudadanos, hace que sea ya imposible transcribir la ristra de resoluciones de las que se ha venido haciendo eco esta Revista. Es por ello que a partir de este número nos limitaremos en esta sección a recoger alguno de los más recientes ejemplos de esta tendencia dictados por nuestro centro directivo, de manera que el lector que desee consultar el listado completo de los ejemplos ya reflejados en los números previos de esta Revista podrá hacerlo a través de la web, www.elnotario.com. En este número incorporamos al largo listado ya publicado tres nuevas resoluciones (que se transcriben con los números 80, 81 y 82), claro reflejo de esta tendencia imparable. La primera efectúa una interpretación claramente contraria a jurisprudencia y doctrina consolidada sobre la equiparación de las adquisiciones financiadas con hipoteca a las compraventas con precio aplazado a los efectos de la aplicación de los artículos 1357 y 1354 del CC. La segunda lleva a cabo una interpretación que contradice la normativa sobre tasación de inmuebles que se hipotecan. Y la tercera nuevamente limita en materia de poderes el juicio notarial de suficiencia de facultades para un supuesto de, cuando menos dudoso, conflicto de intereses.
Además dentro de esta sección de cambios de criterio hemos querido también incluir, como en ocasiones anteriores, la opinión de un autor, Norberto González Sobrino, que comenta la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de mayo de 2014, la cual anula una cuando menos sorprendente Resolución de la Dirección General de fecha 30 de mayo de 2012, que daba la razón a un registrador que exigía para practicar una inscripción el consentimiento de unos supuestos terceros realmente inexistentes, como así ha apreciado la Audiencia, subrayando el autor la oposición de nuestro dentro directivo a la demanda que se interpuso contra la citada resolución y que ha dado lugar a la sentencia ahora comentada.
80) Resolución 27-5-2014.- Interpretación contraria a la doctrina del Tribunal Supremo. Se refiere al supuesto de compraventa de la vivienda familiar, que «fue satisfecha no por precio aplazado sino mediante un precio íntegramente desembolsado al tiempo de la compra, y por tanto privativo, aun cuando el mismo hubiere sido obtenido mediante un préstamo, que también siendo privativo no obstante fue reembolsado al menos parcialmente con caudal ganancial, generándose en consecuencia tan solo un crédito a favor de la sociedad de gananciales que habrá de reembolsarse, conforme al artículo 1358 del código Civil, a costa del caudal propio mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación». Contradice la clara equiparación que, a efectos de la aplicación de los artículos 1357 y 1354 CC, se admite entre los supuestos de adquisición con préstamo hipotecario y los de compraventa con precio aplazado según la doctrina del Tribunal Supremo (cfr. Sentencia de 31-10-1989), de tribunales inferiores (cfr. Auto AP Álava -Sección 1ª-, núm. 53/2005, de 15 marzo; y Sentencias AP Córdoba -Sección 1ª-, núm. 225/2002, de 23 mayo, AP de Murcia -Sección 1ª-, núm. 230/2004, de 13 julio, TSJ de Navarra -Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª-, núm. 5/2005, de 7 junio, y AP de Madrid -Sección 10ª-, núm. 27/2013, de 22 enero); de la Administración tributaria (cfr. resoluciones DGT núms. 1567/2002, de 18 octubre, 1595/2002, de 25 octubre, 191/2003, de 11 febrero, 1790/2003, de 31 octubre, 165/2004, de 5 febrero, y 946/2004, de 14 abril; y Consultas SG de IRPF V0890-06, de 10 de mayo de 2006 y V2681-10, de 14 de diciembre de 2010, entre otras). Asimismo, contradice, sin razón alguna, la solución admitida en la doctrina científica y en la práctica notarial.
81) Resolución 4-6-2014.- Interpretación contra legem de la normativa sobre tasación de inmuebles objeto de hipoteca. Rechaza la inscripción de una escritura de hipoteca sobre una vivienda en construcción en la que, a efectos de la ejecución judicial y la venta extrajudicial, se fijan dos valores de tasación para la finca hipotecada: el valor actual de la finca y el valor que tendría hipotéticamente la finca una vez finalizada la construcción. Contradice las normas aplicables que se refieren expresamente a la posibilidad de esas dos valoraciones [Cfr. la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras -v. arts. 8.2.b), 18.6 y 45, entre otros-, dictada en uso de la habilitación normativa contenida en Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo (art. 37.4) por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario].
82) Resolución 30-6-2014.- Otra interpretación limitativa del valor del juicio notarial de suficiencia en materia de poderes. En contra del criterio de la R. 15-10-2005 (que afirmó que no existiendo norma prohibitiva o limitativa de las actuaciones con parientes no cabe realizar reproche alguno a la actuación representativa y el Registrador debe pasar por el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas) entiende que existe situación de conflicto de intereses entre un apoderado de una cooperativa de crédito, que comparece junto con su esposa deudora hipotecaria de la entidad, con quien se encuentra casado en régimen de separación de bienes, al efecto de novar el contrato de préstamo garantizado con hipoteca, únicamente al efecto de prestar el consentimiento previsto en el artículo 1320 del Código Civil. Aunque indica que dicha Resolución de 2005 fue anulada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de diciembre de 2011, debe tenerse en cuenta que la razón de la anulación fue el carácter extemporáneo de la Resolución anulada.
Además, siguiendo la línea iniciada por la Resolución 22-05-2012 (y seguida por otras como las de 31-05-2012 y 18-12-2012), exige que la expresión del juicio notarial de suficiencia de las facultades del apoderado incluya que se salva el autocontrato o conflicto de intereses. Contradice frontalmente la doctrina reiterada de la Dirección General sobre la interpretación del art. 98 de la Ley 24/2011, según la cual tales extremos son competencia del notario (cfr. las Resoluciones 22-09-2005, 27-11-2006, 28-02-2007, 5-06-2007 y 13-11-2007, entre otras) que había sido confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2011.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1358
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 1320
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución