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Timestamp: 2019-09-19 12:46:25+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 196/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 196/19
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C/ EL ART. 3 Y 12 DE LA LEY N.° 5061/13”. AÑO: 2015 - N.° 55.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores MIRYAM PEÑA CANDIA, ANTONIO FRETES y GLADYS BAREIRO DE MÓDICA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C/ EL ART. 3 Y 12 DE LA LEY N.° 5061/13”, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por abogado Cayo Alberto Busto Coefíier, en nombre y representación de la Caja Mutual de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: El Abog. Cayo Alberto Busto Coeffier, en nombre y representación de la Caja Mutual de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, promueve acción de inconstitucionalidad en contra de los artículo 3° y 12° de la Ley N° 5061/13 “QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARACTER TRIBUTARIO”, en la parte que modifica el artículo 83° num. 4) del Libro III, Título 1 "Impuesto al Valor Agregado" de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO", modificado por la Ley N° 2421/04 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”, y en la parte que deroga la exoneración del Impuesto a la Renta sobre los Ingresos y Excedentes de las Mutuales, establecida en el Art. 84 de la Ley N° 3472/08 de Mutuales; alegando la conculcación del artículo 9, 44, 47, 95, 137, 179 y 181 de la Constitución.
Expresa el accionante que su representada es una entidad civil sin fines de lucro de carácter previsional constituida como una Asociación Reconocida de Utilidad Pública. En tal sentido, manifiesta que no tiene como fin obtener y repartir dividendos, excedentes ni ganancias. Menciona que los aportes de sus afiliados son capitalizados e invertidos en operaciones que generen fondos, para que permitan a éstos y a sus familiares, acceder a un sistema de jubilaciones y pensiones. Expone que la aplicación de los artículos impugnados generarían perjuicios al patrimonio de su mandante, al gravar con el IVA y sus excedentes con el Impuesto a la Renta, lo que significará una erogación dinerada, lo que conlleva a destinar parte de sus ingresos a fines distinto para los cuales fue creada, en total contraposición a lo dispuesto en el Art. 95 de la Constitución.
El Ministerio Público al contestar el traslado de la presente acción, aconseja hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida en los términos del Dictamen N° 416 de fecha 27 de marzo de 2015.
Considerados los puntos expuestos por la parte actora a la luz de las normativas impugnadas, vemos que el agravio se basa exclusivamente en la aplicación del IVA sobre los ingresos de su representada, al igual que la aplicación del Impuesto a la Renta sobre sus excedentes, a este respecto es oportuno transcribir lo establecido en la norma tachada de inconstitucional.
“Artículo 3°.- Modificanse los Artículos 83, 85, 87, 88 y 91 del Libro III, Título 1 “Impuesto al Valor Agregado” de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario”, modificado por la Ley N° 2421/04, los cuales quedan redactados como sigue:
Artículo 12.- “A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes generales o especiales que otorgan exoneraciones o exenciones del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Rentas de las Actividades Agropecuarias, Renta del Pequeño Contribuyente, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Selectivo al Consumo...". En el caso en cuestión, los recurrentes pretenden la declaración de inaplicabilidad de disposiciones legales de rango impositivo al interpretar que las mismas inciden sobre las actividades de su mandante, gravándolas en este caso, con el impuesto al valor agregado. De las constancias de autos y según lo manifestado por los representantes convencionales de la entidad accionante, la misma desarrolla ciertas actividades (préstamo en dinero y financiaciones) que a su criterio deben enmarcarse en la categoría de exoneradas de tal gravamen, por constituir una entidad de naturaleza asociativa, basada en la solidaridad y rentabilidad social, que no persigue fines de lucro. Ante estas actividades, se erige la modificación de la Ley N° 125/91 - con la modificación introducida por Ley 2421/03 - hecha por la Ley N° 5061/13 que establece nuevos parámetros a ser tenidos en cuenta a objeto de estimar como exonerado o no cierto tipo de actividades. Ante tales consideraciones expresadas en la ley modificatoria demanda la actora alegando que de persistir la aplicación impositiva perjudicaría los fines principales de la Mutual, situación que pretende evitar en base a los argumentos esgrimidos.
En efecto, lo que hace la normativa atacada, en su primera parte, es reafirmar la protección establecida en la Constitución, por ello al inicio del numeral 4 comienza citando las entidades y establece cuales son las condiciones para que sus actividades sean consideradas exoneradas. No hay más que observar el contexto general del artículo en estudio para percatarse que de sus términos surge la clara intención del legislador de allanarse a los preceptos constitucionales, aunque haciendo una salvedad encaminada a limitar el otorgamiento de exenciones a las actividades que efectivamente no persigan fines de lucro, independientemente de las instituciones que las realicen, por el simple hecho de mencionarlo en sus estatutos. Lo que persigue la modificación realizada por la Ley 5061/13 es la salvaguarda de la correcta aplicación del precepto constitucional y establece los parámetros dentro de los cuales debe operar la institución, más específicamente cuando establece “salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita”. Por tanto, estarán gravadas las actividades no circunscriptas a dichos parámetros cuya naturaleza constituya la persecución de lucro.
Finalmente, con relación a la impugnación del artículo 12, vemos que el mismo establece la derogación de ciertas disposiciones que guardan relación con las modificaciones realizadas. Sobre este punto en cuestión, una norma que establezca derogaciones es una atribución propia y constitucional del Poder Legislativo en base a lo que establece la Ley Fundamental en su artículo 202: "Son deberes y atribuciones del Congreso:... 2) Dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución”, por lo que no se observa conculcación de norma constitucional, correspondiendo el rechazo en este sentido.
A su tumo la Doctora PEÑA CANDIA dijo: Adhiero al voto del preopinante Dr. Fretes, en el sentido de rechazar la presente acción de inconstitucionalidad y amplio conforme a los siguientes fundamentos:
LA CAJA MUTUAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUSTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, representada por el Abg. Cayo Busto, impugna de inconstitucionalidad los Arts. 3° y 12 de la Ley N° 5061/2013, "Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 'Que establece el nuevo régimen tributario’ y dispone otras medidas de carácter tributario, en la parte que modifica el artículo 83 numeral 4) de la ley 125 del 9 de enero de 1992 'Que establece el nuevo régimen tributario’, y en la parte que - deroga la exoneración del impuesto a la renta sobre los ingresos y excedentes de las mutuales, establecidas en el artículo 84 de la ley 3472/2008 de las mutuales".
El accionante reputa inconstitucionales las normas impugnadas por ser supuestamente lesivas del Art. 95 de la Constitución, concretamente, en cuanto este artículo estatuye que: “...los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos; estarán disponibles para éste objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”. En ese aspecto, explica el accionante que la CAJA MUTUAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUSTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN -en adelante, la Caja- se trata de una entidad autárquica, pública y de seguridad social, creada con el objeto de cumplir una función social de gran relevancia, como lo es la concesión de jubilaciones, pensiones y subsidios a sus afiliados. Señala el accionante que si ya de por sí es difícil la situación económica por la que atraviesa la Caja para cumplir con los fines de su creación, las disposiciones impugnadas de inconstitucionalidad empeoran esta situación, al no exonerar del pago de tributos a los préstamos concedidos por la Caja a sus afiliados, lo que ocasiona un grave perjuicio económico y operativo a ésta, dado que, según refiere, actualmente están vigentes varios contratos con sus afiliados, en los que no se adicionó el IVA sobre los intereses devengados por dichos préstamos y que, al convertirse, según los artículos impugnados, en una actividad gravada por el mencionado impuesto, los ingresos de la Caja disminuirán considerablemente y resultarán insuficientes para los compromisos futuros que deba afrontar la Institución y, concretamente, para el cumplimiento de su finalidad social. Por todo ello, solicita a ésta Sala que haga lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declare inaplicables, con relación a la Caja, los artículos impugnados.
El Fiscal Adjunto, Federico Espinosa, recomienda a esta Sala Constitucional el acogimiento de la presente acción de inconstitucionalidad, en los términos del Dictamen que obra a fs. 35-40.
En cuanto a las disposiciones impugnadas de inconstitucionalidad -Arts. 3° y 12 de la ley N° 5061/2013- debe hacerse notar que el artículo 3° de dicha ley es modificatorio de varios artículos de la Ley 125/92 (Arts. 83, 85, 87, 88 y 91), y, si bien el accionante no especifica que parte de la norma es atacada, de los términos en que fue planteada la presente acción, se advierte que los agravios del mismo se circunscriben a la modificación normativa dispuesta por el artículo impugnado concretamente con respecto al Art. 83 de la ley 125/92, en cuanto guarda relación con, gravar con tributos las actividades de prestación de servicios o enajenación de bienes que realice la Caja y que no se hallen comprendidas en las exoneraciones dispuestas. Pues bien, en lo pertinente a los agravios del accionante, el Art. 3 de la ley 5061/2013, expresa:
“Artículo 3°. Modificanse los Artículos 83, 85, 87, 88 y 91 del Libro III, Título 1 “Impuesto al Valor Agregado” de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO", modificado por la Ley N° 2421/04, los cuales quedan redactados como sigue:
4) Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, federaciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmente, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas. La exoneración prevista en el presente numeral no se aplicará en los casos de enajenaciones de bienes o de prestación de servicios relativos a la realización de las actividades económicas mencionadas en los incisos a), d), e) y f) del Artículo 2° de la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO" y sus modificaciones, así como tampoco en las actividades reguladas por la Ley N° 1034/83 "DEL COMERCIANTE", salvo que la enajenación de bienes o la prestación de servicios se realicen de manera gratuita.
La reglamentación establecerá los términos y condiciones aplicables al presente numeral.”
Por otra parte, el Art. 12 de la Ley N° 5061/2013 -también impugnado dispone:
"Artículo 12. A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes generales o especiales que otorgan exoneraciones o exenciones del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Rentas de las Actividades Agropecuarias, Renta del Pequeño Contribuyente, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Selectivo al Consumo, excepto las exenciones contempladas en:
5) La Ley N° 110/92 "QUE DETERMINA EL RÉGIMEN DE LAS FRANQUICIAS DE CARÁCTER DIPLOMATICO Y CONSULAR".
7) La Ley N° 3180/07 "DE MINERÍA".
a) Ley N° 523/95 "QUE AUTORIZA Y ESTABLECE EL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS".-
b) Ley N° 60/90 "QUE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, EL DECRETO - LEY N° 27, DE FECHA 31 DE MARZO DE 1990, "POR EL CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL DECRETO - LEY N° 19, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 1989 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES PARA LA INVERSIÓN DE CAPITAL DE ORIGEN NACIONAL Y EXTRANJERO".
e) Ley N° 4427/12 "QUE ESTABLECE INCENTIVOS para la producción, DESARROLLO O ENSAMBLAJE DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA", fi Ley N° 4903/13 "DE PARQUES INDUSTRIALES".
g) Ley N° 4601/12 "DE INCENTIVOS A LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS".
En atención a las alegaciones del accionante, con relación a la impugnación del Art. 3° de la Ley N° 5061/2013 "QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1992 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARACTER TRIBUTARIO", debemos realizar el enjuiciamiento de constitucionalidad de dicha norma a la luz de los Principios Constitucionales de la Tributación.
Al respecto, y previo al estudio de fondo de la cuestión particular, tenemos que las principales normas constitucionales que delimitan la potestad tributaria del Estado son las contenidas en los Arts. 44, 179, 180 y 181, que, respectivamente, establecen: Art. 44 "Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas"; Art. 179 "Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la lev determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario''. Art. 180 "No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocidad"; y el Art. 181 "La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación u su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes 14 a las condiciones generales de la economía del país"(lo subrayado es mío).
El deber de contribuir -dispuesto por las normas constitucionales arriba transcriptas- está dirigido a proporcionar ingresos económico-financieros al Estado, y ello fundamenta la constitucionalización de ese deber. Es así que el deber de los habitantes de la República de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no es más que el deber de sujeción a las leyes y al ordenamiento jurídico. Los tributos, por tanto, derivan de un vínculo obligacional de Derecho Público. Al decir de García Añoveros "Cuando se establece el deber de contribuir en una Constitución se está estableciendo unas limitaciones al ejercicio del poder tributario del Estado. Limitaciones que tienen su base en la idea de capacidad contributiva".
En consecuencia, la regla es que todos los habitantes contribuyan al Fisco sobre la base de la igualdad (Art. 181 C.N.); por lo que la exoneración es siempre una excepción a la regla y responde a diferentes razones, ya sea a mecanismos para garantizar la igualdad de las personas al exonerar del tributo a aquellas que no posean capacidad económica, o bien a políticas de Estado de diversa índole.
Dicho deber de contribuir es configurado, en lo tocante a la materia imponible a los sujetos obligados y al carácter del sistema tributario, por medio de la ley ordinaria, de acuerdo a la capacidad contributiva y dentro de los límites constitucionales de un sistema tributario justo (Arts. 44 y 179 C.N.). El Principio de Legalidad es, pues, el eje cardinal y el soporte de todo el sistema tributario, al determinar el sujeto acreedor, los sujetos obligados o deudores, el hecho imponible y el objeto de la obligación tributaria. De allí que, en materia tributaria, la Constitución Nacional establece los principios rectores estáticos del sistema tributado, pero deja reservada a la ley, que es dinámica y eminentemente modificable, la regulación del mismo.
En efecto, cuando la Constitución Nacional pretende establecer un blindaj1 tributario o inmunidad fiscal a una respectiva actividad -que en condicione ordinarias estaría gravada, por constituir un hecho generador del tributo- o a un determinado sujeto -que en condiciones normales sería contribuyente o sujeto obligado al pago del tributo-, lo establece en sus propias disposiciones.
Constituye un ejemplo de ello el Art. 64 de la Ley Suprema, que estatuye: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, E extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cual serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas asimismo, estarán exentas de tributo..." (lo subrayado es mío).
Ahora bien, cuando en el sistema tributario se desea establecer u exoneración de determinados tributos a favor de una actividad o persona, para fomento y desarrollo, la norma constitucional deja este mecanismo reservado a ley. Cabe en este punto recalcar que las leyes tributarios son modificables conforme la política económica-financiera que se persiga.
Una manifestación del principio de reserva de ley con relación a las exoneraciones, lo encontramos en el Art. 84 de la Carta Magna, que dispone: "El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico ti exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en competencias internacionales” (lo subrayado es mío).
Ahora bien, con respecto al fondo de la cuestión particular debatida en la presente acción - exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en las enajenaciones de bien y prestación de servicios a favor de entidades con personería jurídica sin fines de lucro dedicadas a brindar prestaciones de seguridad social-, ella debe ser estudiada a la luz de lo dispuesto por el Art. 95 de la Constitución Nacional, que prescribe: "El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio".
En términos claros y concisos, lo que pretende el accionante es que su mandante -en su carácter de entidad autárquica, pública y dedicada al cumplimiento de fines en el marco de la seguridad social- se vea beneficiada por la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) al realizar actividades económicas, concretamente aquellas enunciadas en la Ley N° 125/91 como actividades comerciales, industriales y de servicios, y en la Ley N° 1034/83 "Del Comerciante" como actos de comercio.
Al respecto, la norma constitucional autoriza en modo expreso la constitución de entidades privadas que presten servicios de seguridad social, cuya constitución y funcionamiento serán con supervisión del Estado y en respeto de las normas vigentes en la materia. Asimismo, manda que los recursos financieros de estas entidades no podrán ser desviados de sus fines específicos y deberán ser destinad(al cumplimiento del objeto para el cual fueron creadas, esto es, fines estrictamente relativos a la prestación de servicios de seguridad social.
Ahora bien, la Constitución Nacional, en el in fine del artículo transcripto, establece una salvedad a la regla de la indisponibilidad de los recursos económicos para otros fines que no sean los propios de las instituciones en cuestión: permite que ellas, sean públicas o privadas, puedan realizar las inversiones lucrativas, que consideren provechosas para acrecentar su patrimonio. Entonces, la misma Ley Suprema establece que se le dará un tratamiento diferente a esas inversiones realizadas por las mentadas entidades, respecto de la generalidad de sus recursos económicos que deben ser destinados indefectiblemente a los fines de seguridad social.
En el caso de la accionante, es el Art. 3° de la Ley N° 5061/2013 el que establece, una exención tributaria a su favor y bajo ciertos requisitos, al establecer que: «Se exoneran: ...4) Las enajenaciones de bienes y los servicios prestados por las asociaciones, federaciones, fundaciones, mutuales y demás entidades con personería jurídica que se dediquen a la asistencia médica, social, caridad, beneficencia, literaria, artística, gremial, deportiva, científica, religiosa, educativa, reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por Ley y los partidos políticos reconocidos legalmente, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, los que deben tener como único destino los fines para los que fueron creadas" (las negritas son mías).
Esta norma dispone una exoneración objetiva a favor de entidades sin fines de lucro, siempre que las enajenaciones de bienes o las prestaciones de servicios de que se trate estén destinadas únicamente al cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas. No obstante, ello no implica que las operaciones de inversión realizadas por tales entidades estén beneficiadas con las mismas exenciones, puesto que la norma es clara al disponer que no se exonera del tributo al sujeto obligado sino en cuanto realice ciertas actividades en particular.
Al no existir tal inmunidad tributaria en la Constitución Nacional para las entidades dedicadas a la seguridad social, sino una exoneración dispuesta únicamente por ley, entra en aplicación la potestad tributaria del Estado, entendida ésta como "la posibilidad jurídica del Estado, de exigir contribuciones con respecto apersonas o bienes que se hallan en su jurisdicción”2 fallándose aquellas comprendidas dentro de lo que conocemos como sistema tributario general, en cumplimiento del deber de contribuir que alcanza a todos los miembros de la sociedad (personas físicas y jurídicas).
No está demás recalcar, que cuando la situación de duda o incertidumbre se plantea a nivel infraconstitucional, en relación a la interpretación de normas ordinarias, son los juzgadores ordinarios los que tienen competencia para ejercer la labor de exégesis y aplicación de una u otra al caso concreto sometido a su decisión. Ello, salvo que involucró algún posible conflicto entre la norma ordinaria y un precepto de rango constitucional, en cuyo caso es competente esta Sala para ejercer el control de constitucionalidad. Se habilita igualmente la competencia de esta Sala cuando la cuestión hermenéutica involucra cláusulas constitucionales, de conformidad con lo que prescribe el Art. 542 in fine del C.P.C.
Voto en ese sentido.
A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA manifestó que se adhiere al voto de la Ministra, Doctora PEÑA CANDIA, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto; firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 5 de Abril de 2019.

References: artículo 3
 artículo 83
 artículo 9
in fine

Artículo 12
 artículo 12
 artículo 202
 artículo 83
 artículo 84
 artículo 3
 Artículo 2
in fine
in fine
in fine
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