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Timestamp: 2018-03-20 04:28:55+00:00

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Compartimos el texto completo del Recurso legal presentado por la Unidad Popular al Poder Ejecutivo para que de marcha atrás con su decreto represivo hacia la movilización callejera. Este recurso fue firmado en nombre de la UP por: Ricardo Cohen, Dip. Eduardo Rubio, Gonzalo Abella, Gustavo López, Fernando Vázquez, Carlos Bacigalupo y presentado el jueves 6 de abril en Torre Ejecutiva.
Recomendamos su lectura a la militancia para contar con argumentos contra este decreto reaccionario.
Este recurso se suma a los ya presentados por varios Sindicatos, así como a la movilización de miles en la tarde del mismo jueves 6, bajo la consigna: “No al decreto represivo, las calles son del pueblo. Menos recursos para la represión, mas presupuesto para la Educación“.
Suma: Recurso administrativo de revocación
Señores integrantes del Poder Ejecutivo
Nos presentamos a ustedes y decimos.
Que venimos en tiempo y forma a interponer recurso administrativo de revocación contra el decreto 76/017 sancionado en Consejo de Ministros de 20 de marzo del 2017, publicado en el Diario Oficial el día 27 de marzo del 2017 por las siguientes razones y fundamentos.
El presente decreto es inconstitucional por tratarse de una materia donde la administración no es competente. Las limitaciones a los derechos fundamentales establecidos en la Sección II de la Constitución de la República y a aquellos que sin estar explicitados forman parte de la misma por la cláusula del artículo 72 de la Carta, sólo pueden ser limitados por ley (en su sentido orgánico – formal) motivada en razones de interés general. Este doble requisito lo establece el artículo 7 de la Constitución por lo que en definitiva, la limitación a los derechos humanos fundamentales es reserva legal. En tal sentido queda vedado a la Administración la restricción de tales derechos, aun pretendiendo invocar normas legales con ánimo de establecer que se está aplicando o reglamentando una ley.
En la especie, el decreto que se impugna no guarda relación con las leyes que cita. En primer lugar, la ley 18.191 regula las condiciones en las cuales se debe desarrollar el tránsito en forma segura, la finalidad de dicha ley es la de promover la seguridad vial en la lucha por evitar los siniestros de tránsito, protegiendo el orden y la seguridad públicos desde el punto de vista del desarrollo del tránsito vehicular y peatonal de forma reglada. Y como bien establece esa ley “contribuye”, es decir que aporta desde su ámbito objetivo – específico de aplicación desde la materia que regula (el tránsito) al orden y la seguridad. Además donde hay un corte total de calle, no hay tránsito, mal una manifestación callejera puede comprometer el orden y la seguridad. En segundo lugar se cita la Ley 18.315 de Procedimiento Policial, el artículo 2 de dicha ley establece las facultades del personal policial ejecutivo (observación, información, prevención, disuasión y represión) en el marco de la persecución del delito. Esta ley contribuye al orden y seguridad públicos desde la prevención y represión de los delitos. No está tipificada en la ley penal el corte de calle, ruta o camino en forma total o parcial como delito, mal entonces se puede hablar de que este decreto es aplicación de la Ley de Procedimiento Policial.
Estos desarrollos son extensibles a la Ley Orgánica Policial, en este caso se quiere asociar la potestad que se concede a la Policía Nacional de dispersar concentraciones (que entraría en el concepto de represión) con los cometidos señalados en el artículo 4, lo cual incluso si fuera así, sería incompatible con lo establecido en el artículo 3 que encomienda a la Policía la protección del libre ejercicio de derechos y libertades. El decreto que se impugna, da potestad para dispersar concentraciones pacíficas en el ejercicio del derecho de reunión, mientras que la Ley Orgánica Policial solo habilita la intervención en caso de que la reunión haya perdido el carácter pacífico (art. 3 literal F) Esta incongruencia que surge de confrontar la parte expositiva del decreto, con la norma de la ley 19.315 demuestra que en este tercer el decreto tampoco tiene asidero legal.
En resumidas cuentas, este decreto no reglamenta ninguna ley y de manera oblicua o indirecta busca la prohibición de los cortes voluntarios de rutas, calles y caminos a través de un decreto del Poder Ejecutivo y por medio de la atribución a la Policía de dispersar las distintas concentraciones pacíficas de personas. Se evita así el trámite y la discusión parlamentaria para indirectamente restringir derechos fundamentales. Es posible adaptar al caso una máxima que se aplica al Derecho Civil respecto a prohibiciones a los particulares: no es posible hacer indirectamente lo que la ley (en este caso la Constitución) no habilita directamente. Aquí se está hablando de limitaciones al poder de la Administración y en general al ejercicio de los poderes públicos respecto a limitar derechos fundamentales.
La reserva legal garantizada en la Constitución, es reforzada por el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es eje transversal donde específicamente en la enumeración de derechos se habla de reserva legal en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En tal sentido en una vieja consulta por parte del Estado uruguayo evacuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1986 (Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1896): “la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.
Por ello, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. A través de este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder”. En la consulta, la Corte concluye: que “la palabra leyes (…) significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes(…) Lo anterior se deduciría del principio de legalidad, que se encuentra en casi todas las constituciones americanas elaboradas desde finales del Siglo XVIII, que es consubstancial con la idea y el desarrollo del derecho en el mundo democrático y que tiene como corolario la aceptación de la llamada reserva de ley, de acuerdo con la cual los derechos fundamentales sólo pueden ser restringidos por ley, en cuanto expresión legítima de la voluntad de la nación.
La reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad, dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos”.
Del análisis de la falta del primer requisito que establece el artículo 7 de la Constitución de la República sobre limitaciones a los derechos fundamentales, es decir la limitación por un acto legislativo, dispensa del análisis del interés general del fundamento de la norma reglamentaria.
Para concluir este primer capítulo, recordamos que el artículo 10 de la Constitución en su inciso 2° establece que ningún habitante puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. Adoptando el sentido orgánico formal del término “ley” y contextualizándolo a la limitación de los derechos fundamentales, esta disposición constitucional refuerza la garantía de reserva legal que establece el artículo 7. En buen romance, nadie puede ser privado por decreto, de reunirse pacíficamente cuando la ley no lo prohíbe.
El decreto que se impugna, también es inconstitucional por atacar los derechos de libertad en sus manifestaciones de reunión, asociación, expresión y una manifestación de estos últimos que es el derecho a la protesta social.
Todos estos derechos pertenecen a lo que se denominan derechos humanos de 1° generación, son los derechos civiles y políticos y se derivan del derecho de libertad. A su vez derivan de la forma republicana de gobierno como lo establece el artículo 72 de la Constitución.
La libertad de expresión o el derecho de expresión “es el derecho de transmitir a los demás y a recibir de los demás lo que se piensa o lo que se cree sobre cualquier materia” (Barbagelata, Aníbal Luis “Derechos Fundamentales” pag 82, 2° Ed. FCU 2000). Este derecho se ejerce individual o colectivamente a través de los usos y recursos más variados, desde la palabra oralmente pronunciada, textos, pancartas, imágenes, etc. Tradicionalmente se lo contrapone a la previa censura, en el caso de este decreto, está bien claro que la potestad de dispersar una concentración de personas para ejercer el derecho de reunión que más adelante se reseñará, impide el ejercicio del derecho de expresión. Esto es así porque la finalidad de las personas de concentrarse en un lugar público es para poder expresarse colectivamente sobre alguna problemática que las afecta.
El mismo autor sobre el derecho de reunión indica que es “el derecho que tienen los individuos de agruparse de modo voluntario y transitorio para un fin determinado”. Más adelante el autor mencionado dice que “el derecho de reunión es fundamental para el desarrollo democrático de los pueblos, (…) es una necesidad indiscutible en los Estados Democráticos” (Barbagelata, ob. cit. pág 83). Este derecho de reunión reconocido en el artículo 38 de la Constitución y establece el doble requisito antes mencionado para su limitación.
El decreto no afecta el derecho de asociación como tal, en el sentido de que no prohíbe el agrupamiento organizado, pero sí en cuanto al ejercicio de actividades en la vía pública para la consecución de los fines lícitos de ese agrupamiento. Pues el ejercicio del derecho de asociación va emparentado con el regular ejercicio del derecho de reunión recientemente reseñado. El derecho de reunión puede subsistir sin necesidad de ejercer el derecho de asociación, pero éste se ve menoscabado si se coarta la libertad de reunión.
El derecho a la protesta social se da como una manifestación de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación. “La protesta social pacífica, como una manifestación del derecho de reunión, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades, así como para la fijación de posiciones y planes de acción respecto de los derechos humanos. La CIDH ha señalado que sin el pleno goce de este derecho, difícilmente puede ejercerse la defensa de los derechos humanos y, en consecuencia, los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora sea impedido de reunirse y manifestarse públicamente en forma pacífica, lo cual incluye tanto participar en la conducción de la manifestación como integrante de ella. El derecho a realizar manifestaciones públicas estará protegido por la Convención siempre que se ejercite en forma pacífica y sin armas.” (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Protesta Social y DDHH Estándares Internacionales y Nacionales” 2014). La vulneración del derecho a la protesta social abarca a todo tipo de agrupamiento o asociación, inclusive sindical. Es práctica corriente el corte de calles por parte de organizaciones barriales, sociales, estudiantiles, sindicales en sus distintas variantes (marchas, piquetes, actividades culturales, propaganda, agitación, etc). En el caso de los sindicatos se puede realizar en forma conjunta o no con el ejercicio del derecho de huelga. En el caso de este último tipo de organización, se está afectando además la libertad sindical (art. 57 Constitución) como sucedió el día 23 de marzo con la detención de afiliados al sindicato de transportistas de carga en Conchillas.
Este derecho integra la Constitución por vía del artículo 72 y por tanto solo puede ser limitado por una ley fundada en el interés general. El decreto afecta directamente el derecho a ejercer la protesta social de forma pacífica al afectar los derechos de reunión y asociación así como el de expresión.
El decreto impugnado, va contra los estándares de protección y promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional contraviniendo las normas constitucionales así como la normativa internacional que por tratarse sobre Derechos Humanos también forma parte de nuestro sistema constitucional.
El decreto en cuestión nos causa agravio en tanto ataca normas y principios inherentes a la forma republicana de gobierno y el ataque a derechos humanos fundamentales de primera generación derivados del derecho de libertad (dentro de la gama de derechos civiles y políticos) cuyo ejercicio forma parte de la actividad política pública y que se expresan en el cuerpo del escrito. Como integrantes y partícipes de la vida política, es natural el ejercicio de los derechos arriba mencionados, así como lo es para todo ciudadano, sindicato u organización ya que este decreto afecta las libertades públicas.
En definitiva conviene a nuestro interés, así como al interés de todos los ciudadanos de la República, la revocación del decreto 76/017 por la afectación a las libertades públicas y a los derechos humanos reseñados en violación del texto constitucional.
Aunque se trate de un asunto de puro derecho, ofrecemos como prueba documental a fin de acreditar el cumplimiento del plazo constitucional:
A) Página 3 del Diario Oficial del día 27 de marzo del 2017.
Fundamos nuestro derecho en los artículos 7; 10; 38; 39; 72 y 317 de la Constitución de la República, en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo en los artículos 147; 152 y 166 del Decreto 500/991 de 3 de octubre de 1991.
Por los motivos expresados al Poder Ejecutivo Pedimos:
1 Que nos tenga por presentados, por denunciado el domicilio, por constituido el domicilio electrónico y por interpuesto el recurso de revocación en tiempo y forma.
2 Que en definitiva, revoque dejando sin efecto el decreto 76/017 de 20 de marzo del 2017, publicado en el Diario Oficial el día 27 de marzo del 2017.
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References: artículo 72
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 72
 artículo 38
 artículo 72
 artículo 29
 artículo 30