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Timestamp: 2019-02-21 09:46:56+00:00

Document:
Registro Oficial. 25 de MARZO del 2003
Martes, 25 de marzo del 2003 - R. O. No. 47
221 Delégase a la Ministra de Relaciones\n Exteriores, doctora Nina Pecan Vega, para que en nombre y representación\n de la República del Ecuador, suscribe con el Gobierno\n de Italia el "Convenio de Canje de Deuda Externa por Desarrollo"
222 Encomiéndese al Ministerio\n de Relaciones Exteriores la preparación, organización\n y realización de la Primera Reunión de Ministros\n de Estado Ecuador- Perú
0111 Expídese el Instructivo para el\n régimen de importación (consumo) de licores y cervezas
724-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n propuesta por el señor Salvador Pablo Flores Sánchez
0802-2002-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n constitucional propuesta por la doctora Rosa Marlene Puchaicela\n San Martín
817-2002-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n propuesta por el doctor Eduardo Arturo Patiño López
0007-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Johny Mora Rodas
007-2003-HC Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase el recurso de hábeas\n corpus formulado por el abogado Pablo Cornejo Zambrano
0010-HD-2003\n Confirmase la\n resolución venida en grado y niégase el hábeas\n date propuesto por el señor Alejandro Iván Sánchez\n Tello
0013-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Félix Fernando Villón\n Villón y otros
0020-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n presentada por el señor Joffre Díez Sánchez
0053-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el ingeniero Hernán Ramiro Durán\n Pitarque
SEGUNDA\n SALA:
013-2002-RS Confírmase la resolución\n del Consejo Provincial de Esmeraldas
043-2002-HD Revócase la resolución\n de primer nivel y concédese el hábeas data solicitado\n por Teodoro Esteban Ullauni Donoso
048-2002-HD Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase e hábeas data propuesto\n por el señor julio Trinidad Méndez Muñoz\n y otra
052-2002-HD Confírmase la resolución\n subida en grado deséchase el hábeas data solicitado\n por Isidro de Icaza Ponce
0070-2002-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E)\n que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por\n la señora Yahaina Omaira Abad Valverde
184-2002-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el emparo constitucional\n solicitado por Floresmilo Villalta
496-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n señor Angel Alfredo Sarango Sarango y otro
499-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y concédese el amparo solicitado por la\n señora Camita Esmeralda Bahamonde Saltos
576-2002-RA Revócase la resolución\n del Tribunal de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por la señora Mariana Espín Palacios\n
579-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Luis Alfonso Cruz Díaz
584-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y no admitir por improcedente el amparo solicitado\n por la señora Alba Teresa Sánchez Vera
586-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y concédese el amparo constitucional solicitado\n por Judith Ramona Quiroga Zambrano
612-2002-RA Confírmase la resolución\n dictada por el juzgado Sexto de lo Civil de Manabí, que\n niega por improcedente la acción de amparo planteada por\n la señora Gina Grace Rivas Reyes
615-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Holmes Edison Real Garcés
642-2002-RA No admitir la demanda de amparo\n constitucional propuesta por Santiago Lemer Brown Cabeza
651-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n solicitado por la señora Carmen del Pilar Andino
656-2002-RA\n Confirmase la\n resolución subida en grado, niégase el amparo solicitado\n por la señora Maria Gloria Castillo Jiménez
657-2002-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y concédese el amparo solicitado por el\n doctor Luis Ecuador Delgado Pineda
662-2002-RA Revócase a resolución\n del Juez de instancia y concedes el amparo constitucional solicitado\n por el ingeniero Diego Javier Escalante Tafur
670-2002-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por Edgar Geovanny Vega León
676-2002-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y concédese el amparo solicitado por la\n licenciada María Sulay Morales Bosmediano
682-2002-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n planteada por el señor Simón Bolívar Arboleda\n García
685-2002-RA Confírmase la resolución\n subida y niégase el amparo solicitado por la señora\n Laura Consuelo Reyes Cabanillas y otra
688-2002-RA Confórmase la resolución\n subida de primer nivel y concédese el amparo constitucional\n interpuesto por el señor Marcelo Monteros Echeverría
744-2002-RA Confírmase la resolución\n subida de primer nivel y concédese el amparo constitucional\n interpuesto por Cinthya Elizabeth Puwainchir Pitiur
828-2002-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por la\n señora Geomar Peñafiel Mera
ORDENANZAS\n METROPOLITANAS:
0075 Consejo Metropolitano de Quito:\n Que reforma el Título II del Libro Tercero del Código\n Municipal que trata de las tasas relacionado a la creación\n de las tasas de servicios prestados por la Dirección de\n Educación
Nº\n 221
Que los gobiernos de Ecuador e Italia han acordado reducir\n la deuda externa que el Ecuador mantiene con ese país\n y crear un Fondo de Contraparte destinado a financiar proyectos\n de Desarrollo Socio-económico y de Protección del\n Medio Ambiente, acordados conjuntamente dentro de un marco de\n reducción de la pobreza;
Que con este propósito los mencionados gobiernos deben\n suscribir el "Convenio de Canje de Deuda Externa por. Desarrollo"\n que establece los procedimientos que serán aplicados a\n las operaciones bilaterales "DEBT SWAP" de asistencia\n oficial al desarrollo y al Fondo de Contraparte.
Que los gobiernos de Ecuador e Italia el 25 de octubre de\n 2001, aceptaron el contenido del "Acuerdo de Cauje de Deuda\n por Desarrollo" con ese país;
Que mediante oficio Nº 6348 de octubre 25 de 2002. el\n Ministerio de Economía y Finanzas, sustentado en el informe\n de la Subsecretaria de Crédito Público, contenido\n en el memorando Nº SCP-CGDP-2002-0356 de 13 de agosto de\n 2002, y en el dictamen de la Procuraduría General del\n Estado, emitido mediante oficio Nº 25241 de 24 de julio\n de 2002, se pronunció favorablemente respecto a los términos\n y condiciones del Proyecto dé "Acuerdo sobre la Conversión\n de la Deuda en Proyectos de Desarrollo" a celebrarse entre\n los gobiernos de las repúblicas del Ecuador e Italia;
Que mediante oficio Nº 28181 de 28 de enero de 2003,\n la Procuraduría General del Estado confirma el dictamen\n anteriormente emitido; y. En ejercicio de las facultades que\n le confiere el artículo Nº 171, numeral 12 de la\n Constitución Política del Ecuador,
Art. 1.- Delegar a la Ministra de Relaciones Exteriores doctora\n Nina Pacari Vega, para que en nombre y representación\n de la República del Ecuador, suscriba con el Gobierno\n de Italia el "Convenio de Canje de Deuda Externa por Desarrollo".
Art. 2.- Crear el Grupo de Trabajo Interministerial de Soporte\n al Comité Técnico del Fondo Valor Producto del\n Canje de Deuda Externa con la República de Italia que\n estará integrado por un delegado de cada una de las carteras\n de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Bienestar\n Social y del Ambiente, y por un delegado del Instituto Ecuatoriano\n de Cooperación Internacional; que tendrá como función\n la recomendación de proyectos susceptibles de financiamiento\n dentro del marco del "Convenio de Canje de Deuda Externa\n por Desarrollo",
Art. 3.- Derogar el Decreto Ejecutivo Nº 3488 de 12 de\n diciembre de 2002, mediante el cual se facultó a encargado\n de negocios ad interim en Italia, Ministro Marco Samaniego, suscribir\n con el Gobierno de Italia el Convenio de Canje de Deuda Externa\n por Desarrollo".
Art. 4.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial encárguense los ministros de Relaciones\n Exteriores y de Economía y Finanzas
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de marzo de 2003.
Que el Comunicado Conjunto adoptado el 16 de enero pasado\n los presidentes del Ecuador y Perú acordaron la realización\n de la Primera Reunión de Ministros de Estado Ecuador -\n Perú a realizarse los días 14 y 15 de marzo de\n 2003 en la ciudad de Guayaquil.
Que el propósito de esta reunión es impulsar\n el nivel de integración en los ámbitos político,\n social y económico; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 9 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República y el literal g) del artículo 11\n del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Artículo Primero: Encomendar al Ministerio de\n Relaciones Exteriores la preparación, organización\n y realización de la Primera Reunión de Ministros\n de Estado Ecuador - Perú.
Artículo Segundo: El Ministerio de Relaciones\n Exteriores se encargará de los aspectos relativos a la\n preparación y desarrollo de los asuntos protocolarios,\n logísticos, sociales y de ceremonial de la reunión,\n y coordinará con los oficiales superiores que designarán\n para el efecto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la\n Comandancia General de Policía, todo lo relativo a la\n seguridad del evento.
Artículo Tercero: El Ministerio de Relaciones\n Exteriores tendrá bajo su responsabilidad la organización\n operativa de la reunión, el manejo de la promoción\n de la misma y la coordinación con los medios de comunicación.
Artículo Cuarto: El Comando Conjunto de las\n Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía designarán\n un Oficial Superior de cada institución quienes serán\n los responsables de los aspectos de seguridad de la reunión.\n Dichos oficiales superiores asesorarán permanentemente\n y hasta el término de la reunión al Ministerio\n de Relaciones Exteriores.
Artículo Quinto: Los gastos que demande la organización\n de la reunión se efectuarán con cargo a las partidas\n números A 1005302000001 servicios generales; A 100530300001\n traslados, instalaciones viáticos y subsistencias; con\n un límite total de USD 50.000,00 (cincuenta mil dólares\n americanos).
Artículo Sexto: La Dirección General\n de Ceremonial y Protocolo del Estado del Ministerio de Relaciones\n Exteriores ejecutará las disposiciones del presente decreto\n de acuerdo a lo previsto en el Decreto Ejecutivo Nº 114\n de 5 de febrero de 2003.
Artículo Séptimo: Encárguese de\n la ejecución del presente decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, a la señorita\n Ministre de Relaciones Exteriores y. al señor Ministro\n de Economía y Finanzas.
Dado en el Palacio en Quito, a 13 de marzo de 2003.
f.) Nina Pecan Vega, Ministre de Relaciones Exteriores.
EL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION
\n ADUANERA ECUATORIANA
Que es misión de la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n dictar las normas necesarias para un eficaz control de las recaudaciones\n fiscales y para evitar delitos aduaneros, cuyo efecto sea perjudicar\n al pueblo ecuatoriano;
Que se hace preciso normar las importaciones y comercialización\n de los licores que ingresan al Ecuador; y,
En ejercicio de la competencia prevista en el numeral del\n Art. III, parágrafo 1, literal ñ) de la Ley Orgánica\n de Aduanas,
Expedir el siguiente: Instructivo para el régimen\n de importación (consumo) de licores y cervezas.
Art. 1.- Las importaciones de productos alcohólicos,\n incluyendo cervezas, se podrán nacionalizar, exclusivamente,\n cuando provengan y sean embarcados desde el país en que\n se producen (origen), previa obtención del registro sanitario,\n inspección preembarque y obtención del respectivo\n certificado de origen extendido por las cámaras de comercio\n del respectivo Estado.
Art. 2.- El producto sólo podrá ser nacionalizado\n si ingrese al país envasado de acuerdo con las regulaciones\n PyM 2001-01, expedidas por el Instituto Nacional de Normalización\n INEN.
Art. 3.- Las importaciones de los productos alcohólicos\n y cervezas que se destinen a consumo deberán, necesaria\n e imprescindiblemente, llevar impuestas en el envase desde el\n lugar de origen y de embarque: a) La etiquete principal (frontal),\n impresa con la leyenda: "Importado por (Nombre del agente\n o representante, en letras mayúsculas), la palabra "Ecuador",\n el número de registro sanitario, el grado alcohólico\n y la capacidad del envase expresado en centímetros cúbicos;\n y, b) En la etiquete secundaria (posterior), en acatamiento al\n Reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor (RO. 287 del 19\n de marzo de 2001), se imprimirá el siguiente mensaje:\n "Advertencia; El consumo excesivo de alcohol limite su capacidad\n de conducir y operar máquinas. Puede causar daños\n en su salud y perjudica a su familia. Ministerio de Salud Pública\n del Ecuador. Venta prohibida a menores de 18 años".\n En el caso de no existir etiquete impresa, se cumplirá\n con el requisito anterior mediante una etiquete colocada en la\n parte posterior, por el propio país de origen.
Art. 4.- Sin excepción, las entidades del sector público\n que importen y/o comercialicen productos alcohólicos y\n cervezas se someterán a la disposición constante\n en el artículo anterior. Las importaciones que efectúen\n los comisariatos de las Fuerzas Armadas deberán tener\n impresa en la etiquete de origen, en su parte principal (frontal)\n además; una franje roja diagonal de 1.5 cm de ancho que\n las distinga. Este producto no se podrá comercializar\n fuera de los comisariatos antes citado.
Art. 5.- Los productos alcohólicos y cervezas importadas,\n que sean objeto de tráfico comercial dentro del país,\n que no acataren las normas contenidas en esta resolución\n serán afectadas por la presunción de haber evadido\n el control aduanero y ser objeto de delito aduanero.
Art. 6.- De la ejecución de la presente resolución\n encárgase los gerentes distritales de la Corporación\n y al Director del servicio de Vigilancia Aduanera, quienes deberán\n coordinar as acciones administrativas de control necesarias con\n otros órganos del sector público y con la Asociación\n de Representantes e Importadores de Licores del Ecuador -ASORILE.
Art. 7.- Publíquese en el Registro Oficial y su vigencia\n será efectiva para todo embarque efectuado después\n del primer la del mes de abril de dos mil tres.
Dado y firmado en Guayaquil, a los 24 días del mes\n de febrero de 2003.
f.) Cpa. Pedro Adolfo Moncayo, Gerente General Corporación\n Aduanera Ecuatoriana.
Magistrado\n ponente: Doctor Hernán\n Salgado Pesantes
No. 724-2002-RA
En el caso signado con el No. 724-2002-RA
El señor Salvador Pablo Flores Sánchez comparece\n ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n Distrito de Quito y formula acción de amparo en contra\n de los señores Intendente General de Policía de\n Pichincha y Comisario Primero del cantón Quito, a fin\n de que se suspendan las consecuencias del acto de desalojo realizado\n por el Comisario Primero del cantón, llevado a cabo el\n 9 de abril de 2002.
El accionante señala: que el 5 de abril de 2002 el\n Intendente General de Policía de Pichincha dicta una providencia\n comisionando al Comisario Primero del cantón Quito, para\n que ejecute un desalojo ordenado por el INDA mediante providencia\n de 16 de octubre de 1997. Que el desalojo dispuesto por el INDA\n consta en el oficio No. 0000489 DDC-Q, de 18 de septiembre de\n 1997 y el 20 de marzo de 2002 el Director del Distrito Central\n del INDA mediante oficio No. 0000033 se limitó a decir\n que la orden dictada cinco años atrás no ha variado.\n La providencia del INDA primeramente mencionada, se dictó\n en virtud de una denuncie presentada pon el señor Julio\n Adolfo Bravo Nieto en contra de los señores José\n Romo, Nelson Martínez y Adolfo Pullas. Que el 12 de agosto\n de 1997 el señor Bravo Nieto "había dicho"\n que en su propiedad denominada San José de Doñana,\n en Guayllabamba, los antes mencionados ciudadanos invadieron\n 8 hectáreas, junto con otras personas inidentificadas,\n en el sector Noroccidental denominado Llano Seco Alto; al detallar\n los linderos del predio, expresó que su hacienda colindaba\n por el norte con una carretera asfaltada que sirve de camino\n de la Cooperativa Agropecuaria Doñana y con una zanje\n que desemboca en el río Guayllabamba, en tanto que el\n río era lindero oeste de su predio. Que el INDA resolvió\n la denuncie mediante dos providencias: la una de 18 de septiembre\n de 1997 y la otra de 16 de octubre de 1997, en las que se ordenó\n el inmediato desalojo de los invasores y de toda persona ajena\n al predio, pese a que en los considerandos se reiteró\n que el pedido era en contra de los señores José\n Romo, Nelson Martínez, Adolfo Pullas y otros.
Agrega que el Comisario Primero de Policía de Quito\n cumplió con la comisión para que realice el desalojo,\n el 9 de abril de 2002, siendo este acto inconstitucional pues\n el Intendente General de Policía de Pichincha recibió\n una disposición del INDA que se emitió hace cinco\n años y a su vez comisionó al Comisario Primero\n de Policía de Quito para ejecutar la orden recibida; que,\n dado que en materia de Administración Pública y\n según el Art. 59 del Estatuto Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, el delegado actúa bajo\n su responsabilidad, pero el acto se entiende ejecutado pon el\n delegante, el desalojo efectuado por el Comisario Primero de\n Policía de Quito es de responsabilidad de él pero\n de autoría del Intendente General de Policía, quien,\n además, respondió así a una petición\n del INDA.
Añade que quienes acudieron al Intendente General de\n Policía fueron los supuestos herederos del señor\n Julio Adolfo Bravo Nieto, quienes nunca justificaron esa calidad\n además de que se ejecutó una resolución\n para la que el INDA no tiene competencia, pues el predio materia\n del desalojo no es rústico. Señala que la parroquia\n Guayllabamba es suburbana, se encuentra en el Distrito Metropolitano\n de Quito, en el cual, de acuerdo a la Ley de Régimen para\n el Distrito Metropolitano de Quito, solamente existen zonas urbanas\n y suburbanas, no hay zonas rurales. Que con el desalojo practicado\n en contra del accionante no solo se le ha privado de la posesión\n de la tierra en que habitaba con sus hijos, sino de los cultivos\n y bienes que tenía en ella. Que se comparan los linderos\n constantes en la orden de desalojo del año 1997 con los\n linderos del acta de desalojo practicada en mi contra, éstos\n no coinciden, lo que, añadido a lo anteriormente expuesto,\n demuestra que el acto impugnado es ilegítimo.
Los derechos que el accionante considera violados son los\n siguientes: el número 26 del Art. 23 de la Constitución\n pues se le priva del derecho de posesión sin orden de\n Juez competente, y se ejecute un supuesto acto que de existir\n no le fue notificado. Del mismo artículo constitucional,\n el número 23 referente a la propiedad, ya que se le privó\n de bienes propios del accionante que se encontraban dentro del\n predio desalojado; el número 15 (debe referirse al número\n 13) del Art. 24 de la Norma Suprema, pues el acto no se encuentra\n motivado; el número 10 del mismo artículo porque\n se le privó del derecho a la defensa; y, el número\n 7 de la norma citada, pues siendo inocente se le desaloja por\n un acto que no cometió.
El daño que alega el accionante se le ha causado, es\n el haberle privado de los ingresos que obtenía por la\n venta de las cosechas de los productos que sembraba en el predio\n desalojado.
Con estos antecedentes, solicita se suspende el desalojo ejecutado\n por el Comisario Primero del cantón Quito de 9 de abril\n de 2002, comisionado por el Intendente General de Policía\n de Pichincha.
En la audiencia pública el accionante se ratifica en\n los fundamentos de su petición; por su parte, los demandados\n señalan que el acto impugnado es legítimo, ya que\n por medio del mismo se ejecutó una providencia dictada\n por el INDA en el año de 1997 dentro de un trámite\n de invasión la que fue ratificada posteriormente y que\n el Director Distrital Central del INDA de Quito, mediante oficio\n ordenó el desalojo practicado, en atención a una\n petición de la señora Carmen Robles de Bravo, oficio\n en que se señalaba que la resolución del año\n 1997 no había variado que fue ratificada en el año\n 2000 y que debe ser ejecutada.
Comparece también la señora Carmen Robles de\n Bravo, como tercera perjudicada, señalando, en lo principal,\n que él predio del cual fue desalojado el accionante es\n de su propiedad, que fue adquirido por compraventa junto con\n su esposo, quien falleció, y que en la resolución\n dictada por el INDA se ordena el desalojo de toda persona ajena\n al predio por lo que el acto impugnado es legitimo y solicita\n que se rechace el amparo.
La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n de Quito concede el amparo, por considerar que el acto impugnado\n es ilegítimo, en virtud de que el mismo ejecuta una orden\n del lNDA organismo que no tiene competencia por tratarse de un\n predio ubicado en la parroquia Guayllabamba que es parte de la\n zona suburbana de Quito no se trata de predio rustico; por otra\n parte aunque el lNDA fuera autoridad competente la resolución\n dictada ordena el desalojo de tres personas y "otros",\n sin que se le haya notificado al accionante violando su derecho\n a la defensa. Agrega la Sala que se viola la seguridad jurídica\n pues se le priva al accionante de la posesión del predio\n desalojado, sin que exista orden de desalojo emitida en su contra.
De la resolución de la Primera Sala del Tribunal de\n lo Contencioso Administrativo -Distrito de Quito presenta recurso\n de apelación la señora Carmen Maria Robles\n Reina vda. de Bravo, en calidad de tercerista perjudicada.
Previo a resolver lo que corresponda con relación a\n la intervención de un tercero perjudicado en la acción\n de amparo, esta Sala hace las siguientes precisiones:
a)	Mediante Resolución No. 179-2000-IP de 11 de octubre\n del año 2000 dictada dentro del caso No. 006-2000-RA la\n mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional consideró\n lo que sigue: ".. . En el Derecho Mexicano se dice que "El\n tercero perjudicado es quien, en términos generales,\n resulta beneficiado con el acto que el quejoso impugna en el\n juicio de amparo y tiene, por lo mismo, interés en que\n tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en\n el mencionado juicio se pronuncie. - Por ello debe ser llamado\n a dicho juicio y tener en éste la oportunidad de probar\n y alegar en su favor, podría decirse que hace causa común\n con la autoridad responsable, que también se empeña\n en que el acto que de ella se combate quede en pie".\n Al respecto afirma Luis Cueva Carrión que ni la Constitución\n ni la Ley del Control Constitucional se refieren en ninguna de\n sus normas al derecho del tercero perjudicado a intervenir en\n el proceso de la acción de amparo constitucional. Empero\n el mismo autor sostiene que "El Tribunal Constitucional\n ha detectado ya este vacío de la Ley y en una de sus resoluciones\n expresa: Que al haber comparecido la Empresa Electrocables CA.,\n a la postre beneficiaria del acto administrativo impugnado y\n perjudicada con la revocatoria dictada por el Juez de lo Civil\n de Guayaquil, advierte la falencia legal producida ya en el texto\n de la Ley del Control Constitucional, y el que hemos hecho referencia\n en otros fallos, puesto que, cuando el acto administrativo creó\n o modificó derechos de terceros, ellos indefectiblemente\n son afectados por la acción contenida en el derecho de\n amparo, de tal suerte que en cuso de que ello ocurra, necesariamente\n deben ser tomados en cuenta en la acción como parte procesal\n (Resolución No. 202-97-RA del Tribunal Constitucional\n en el caso No. 202-97-RA, Bolívar Compañía\n de Seguros SA. Electrocables C.A (Cueva Carrión Luis,\n "El amparo, Teoría, Práctica y jurisprudencia".\n Quito 1998, pág 139. Por tanto si en el artículo\n 48 de la Ley del Control Constitucional se prevé la posibilidad\n de que tanto el ofendido como el perjudicado (que bien\n puede se un tercero) pueden interponer acción de amparo\n constitucional, resultaría ilógico (que bien puede\n ser intercero) pueden interponer acción de amparo constitucional,\n resultaría ilógico pensar que dicho tercero\n perjudicado no pueda intervenir en la defensa el acto impugnado".\n
b)	Que al no existir norma alguna en la Constitución\n ni en la ley del Control Constitucional que haga relación\n al derecho del tercero perjudicado, debemos remitimos de manera\n supletoria a las normas generales previstas en el ordenamiento\n procesal civil que determina: "Apelación es la reclamación\n que alguno de los litigantes u otro interesado hace al Juez o\n tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto\n o sentencia inferior" (Art. 327 del Código de Procedimiento\n Civil). Y agrega el Art. 329 ibídem. "Pueden interponer\n el recurso de apelación las partes que han intervenido\n en el juicio y los que tengan interés inmediato y directo\n en el pleito...." (Lo resaltado es de la sala); y.
c)	Que del análisis del expediente se puede concluir\n que el Tribunal de instancia consideró a la señora\n Carmen Maria Robles Reina -tercera interesada- como parte procesal\n tanto es así que intervino en la respectiva audiencia\n pública convocada por la Primera Sala del Tribunal de\n lo Contencioso Administrativo y que, al sentirse perjudicada\n por la resolución de dicho Tribunal presentó su\n apelación en el término de ley siendo concedido\n legalmente.
Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276, número 3 de la Constitución;
Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez;
Que el presente amparo ha venido a conocimiento de este Tribunal\n en virtud de un recurso de apelación interpuesto por la\n señora Carmen María Robles Reina, como tercerista\n perjudicada; al respecto, esta Sala tiene el criterio de que\n es factible que un tercerista interponga apelación de\n una resolución que le perjudica, tal como lo ha considerado\n también la Primera Sala del Tribunal Distrital Contencioso\n Administrativo;
Que el accionante impugne el desalojo ejecutado en su contra,\n por parte del Comisario Primero del cantón Quito, el 9\n de abril de 2002. Dicho acto tiene como antecedente la comisión\n que hiciera el Intendente General de Policía de Pichincha,\n al Comisario Primero de Policía del cantón Quito\n con fecha 5 de abril de 2002, la cual consta en folio 3 del proceso;\n
Que en la providencia dictada por el Intendente General de\n Policía de Pichincha, se señala como antecedente\n la resolución del Director Distrital Central del INDA\n de 16 de octubre de 1997 y ratificada mediante providencias de\n 28 de enero de 2000 y 20 de mayo de 2002: y. a folio 5 se encuentra\n el oficio No. 0000033 de 20 de marzo de 2002 suscrito por el\n Director del Distrito Central del INDA, mediante el cual señala:\n "Atendiendo la petición de la señora Carmen\n Robles .de Bravo, y en conformidad a la razón sentada\n en la misma, pongo en su conocimiento que la resolución\n dictada por el ex-Director Distrito Central, el /6 de octubre\n de 1997, dentro del expediente Nro. DDC-Q-01369 no ha variado,\n al contrario mediante resolución de 28 de enero del 2000,\n se encuentra ratificada, para mayor ilustración se adjunto\n copias certificadas de la solicitud y de dichas providencias,\n así como copia del oficio Nro. DDC-Q-0000489 remitido\n a dicha Intendencia";
Que a folio 6 del expediente, consta una copia de la denuncia\n presentada por el señor Julio Adolfo Bravo Nieto ante\n el Director Distrital Central del INDA. en contra de los señores\n José Romo, Nelson Martínez, Adolfo Pullas y otros\n solicitando se disponga el desalojo de los mencionados, por ser\n invasores de un lote que se encuentra dentro de un terreno de\n su propiedad;
Que a folio 7 del proceso consta la providencia dietada por\n el INDA con fecha 16 de octubre de 1997 en la cual se resuelve\n ordenar el desalojo de los señores José Ramos.\n Nelson Martínez y Adolfo Pullas, así como de toda\n persona ajena al predio de propiedad de Julio Adolfo Bravo Nieto
Que a folio 21 de los autos se encuentra la copia de una carta\n enviada por el señor Julio Adolfo Bravo Nieto al accionante\n e hijos de fecha 5 de agosto de 1994 en la que se señala\n en su parte inicial: "Por medro de la presente les recuerdo\n las bases sobre las que el señor Salvador Flores ingresó\n a trabajar en mí propiedad en ha sociedad de hecho para\n producir artículos alimenticios para el hogar y para\n los mercados
Que de la comunicación antes mencionada se colige que\n el accionante era trabajador del señor Julio Adolfo Bravo\n Nieto, con quien tenía formada una sociedad de hecho;\n de tal forma que el mencionado señor Bravo Nieto al presentar\n la denuncia de invasión á la que se aludió\n anteriormente no pudo haber incluido al accionante entre los\n "otros" cuya identidad no conocía pero que afirmaba\n eran invasores por lo que la resolución del INDA de octubre\n de 1999 es evidente que no fue dictada en contra del señor\n Salvador Flores:
Que además de lo indicado, llama la atención\n que el Intendente General de Policía de Pichincha a través\n de una comisión, ejecute una resolución del INDA\n ha pedido de dicho organismo, cuando en el oficio de 20 de marzo\n de 2002 suscrito por el Director Distrital Central del INDA de\n Quito anteriormente citado se hace una relación de las\n providencias dictadas por dicha institución con respecto\n trámite de invasión iniciado por solicitud del\n señor Julio Adolfo Bravo Nieto mencionándose que\n la orden de desalojo dispuesta en dicho procedimiento fue ratificada\n y permanece sin variaciones, sin que se le solicite en ninguna\n parte del oficio que proceda a la ejecución de tales providencias,\n todo esto sumado a que el desalojo practicado fue ordenado en\n el año de 1997 es decir hace más de cinco años;
Que a folio 42 del expediente se encuentra el oficio No. 0000489\n de 16 de septiembre de 1997 por medio del cual el Secretario\n del Distrito Central del INDA se dirige al Intendente General\n de Policía de Pichincha adjuntando la resolución\n emitida dentro del trámite No. DDC-Q-0 1369, y solicitando:\n "Se servirá proceder al desalojo ordenad..., y en\n caso de reincidencia no será necesario oficio adicional.
Que adicionalmente a folio 47 del expediente consta un escrito\n presentado por el señor Julio Adolfo Bravo Nieto y su\n abogado, al Director Distrital Central del INDA en el que se\n señala "Me es obligatorio presentar ante Ud. La\n copia Certificada del cumplimiento legal del desalojo de los\n invasores de mi propiedad de Guayllabamba. Con el que queda\n terminado definitivamente el trámite administrativo y\n la recuperación de la propiedad denunciada y tramitada\n con el No 01369"
Que por todo lo señalado anteriormente, esta Sala observa\n que el acto impugnado es ilegítimo, pues fue ejecutado\n para dar cumplimiento a una providencia que ya se había\n ejecutado con anterioridad que además se dictó\n no en contra del accionante sino de otras tres personas, en virtud\n de una denuncia presentada por el dueño del predio desalojado,\n quien como consta de autos, mantenía con el accionante\n una relación laboral y de sociedad, por lo que en el presente\n caso se ha violado el derecho del accionante al debido proceso,\n particularmente a la defensa, ejecutándose un desalojo\n ordenando dentro de un trámite que no había sido\n iniciado en su contra;
Que además se viola el derecho constitucional del accionante\n a la seguridad jurídica pues se pretende que la supuesta\n ejecución de una orden dictada hace cinco años\n por autoridad competente, es legitima bajo el argumento de que\n dicha resolución ordena el desalojo de "toda persona\n ajena al predio" cuando existen en el expediente documentos\n de los cuales se desprende que dicha resolución fue ya\n ejecutada:
Que con el acto ilegitimo dictado por el Intendente General\n de Policía de Pichincha y ejecutado por el Comisario Primero\n de Policía de Quito se causa daño grave e inminente\n al accionante, quien como consta en el expediente tenia cultivos\n y bienes en el predio desalojado que le fueron despojados, dejándole\n en la imposibilidad de obtener los ingresos que dichos bienes\n le generaban;
Que sin embargo de lo señalado anteriormente, cabe\n dejar claro que existen cuestiones relativas a la posesión\n de u; predio y a la sociedad que mantenía el accionante\n con el dueño del mismo, quien falleció que deben\n se debidamente esclarecidas ante la justicia ordinaria, pues\n en amparo no es una acción declarativa de derechos que\n reemplace procedimientos establecidos en nuestra legislación\n por lo que solamente cabe establecer mediante ella, si un acto\n es ilegítimo si se violan o no derecho constitucionales\n de quien la propone y si existe o no daño grave e inminente,\n tal como se ha procedido en el caso presente; y.
Por todo lo señalado y en uso de sus atribuciones constitucionales\n y legales.
1.-	Confirmar la resolución venida en grado y por tanto\n aceptar la acción de amparo propuesta por el señor\n Salvador Pablo Flores Sánchez: en tal virtud se suspenden\n los efectos del desalojo ejecutado por Comisario Primero de Policía\n del cantón Quito, con fecha 9 de abril de 2002.
2.-	Dejar a salvo los derechos de la señora Carmen\n Robles Reina vda. de Bravo, tercerista, para hacerlos valer e\n las instancias pertinentes.
3.-	Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n consiguientes.- Notifíquese".
f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera\n Sala.
f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.
f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.
\n RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida\n y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el\n diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.
f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario Primera Sala.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la\n Sala.
Magistrado ponente:\n Doctor Marco Morales Tobar
No. 0802-2002-RA
En el caso signado con el No. 0802-2002-RA
La doctora Rosa Marlene Puchaicela San Martín comparece\n ante el Juez de lo Civil del cantón Zamora e interpone\n acción de amparo constitucional en contra de la señora\n Rectora de la Unidad Educativa Amazonas, a fin de que se deje\n sin efecto la resolución de 8 de noviembre de 2002 por\n el cual le suspende de las funciones de colectora del plantel\n por un periodo de dos meses sin sueldo.
La accionante manifiesta que no fue citada legalmente con\n el expediente administrativo para poder defenderse de las imputaciones\n y negligencia de la que se le ha acusado. Añade que al\n presentar un reclamo directo a la rectora del plantel para que\n deje insubsistente la sanción administrativa se le niega\n su petitorio de plano.
Indica que al aplicársele la sanción se le ha\n privado del sueldo y del sustento de su persona, y añade\n que la medida se torna más grave puesto que tiene tres\n hijos menores de edad que están recibiendo educación\n básica. Considera que se ha violado su derecho a la defensa\n y al debido proceso, específicamente las garantías\n contempladas en el Art. 24 numerales 7, 10, 11 y 16 de la Constitución\n Política de la República, además del artículo\n 109 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
En la audiencia pública llevada a cabo el día\n 26 de noviembre de 2002, ante el Juez de lo Civil del cantón\n Zamora, la accionante se ratifica en los fundamentos de hecho\n y de derecho de su pretensión. Por su parte, la demandada,\n en lo principal, dice lo siguiente: Que el recurso planteado\n debía orientarse a obtener la declaratoria de ilegitimidad\n del acto de la autoridad de la Administración Pública,\n es decir, su accionar, y no la impugnación de la resolución\n y acción de personal pues, si fuera así, debía\n haber iniciado una acción ante el Juez competente, por\n lo que considera que la acción planteada carece de asidero\n legal; Que las normas legales invocadas por la accionante nada\n tienen que ver con la sanción pecuniaria administrativa,\n pues el Art. 109 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n trata de la cesación definitiva de funciones, al igual\n que el Art. 62 del reglamento a la ley mencionada trata de la\n destitución de los servidores públicos de carrera;\n Que la accionante es una servidora pública dentro del\n servicio civil, sin que posea el certificado de carrera, por\n lo que no goza de los derechos a ellos reservados como es el\n de organizar previamente un sumario administrativo para la imposición\n de sanciones.
El Juez de lo Civil de Zamora resuelve inadmitir la acción\n de amparo presentada por la Dra. Rosa Marlene Puchaicela Sanmartín\n por falta de juramento.
Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso de conformidad con lo que dispone el artículo 276\n número 3 de la Constitución, en concordancia con\n los artículos 12 número 3, y 62 de la Ley del Control\n Constitucional;
Que con respecto a la resolución del Juez de instancia\n que inadmite la acción de amparo propuesta en este caso,\n por falta de juramento, cabe recordar el principio jurídico\n que señala que no se sacrificará la justicia por\n la sola omisión de formalidades;
Que el Art. 57 de la Ley del Control Constitucional dice:\n "Se prohíbe la presentación de más\n de un recurso de amparo sobre la misma materia y con el mismo\n objeto, ante más de un juez o tribunal. Al efecto, quien\n promueva un recurso de amparo deberá declarar bajo juramento\n en el escrito de presentación del mismo, que no se ha\n presentado otro u otros sobre la misma materia o sobre el mismo\n objeto ante otro juez o tribunal"; y el segundo inciso añade:\n "Sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal,\n la violación a esta prohibición será sancionada\n con el archivo de todos los recursos de amparo y la imposición\n de la sanción prevista en el artículo anterior";
Que del análisis del artículo citado se tiene\n que la prohibición versa sobre el hecho de presentar dos\n o más acciones de amparo sobre la misma materia y con\n el mismo objeto, siendo el juramento un instrumento que viabilice\n garantizar esta prohibición, por lo que se convierte en\n una formalidad de garantía de la norma sustantiva; en\n la especie no se ha demostrado que la accionante haya presentado\n dos o más acciones respecto a la sanción administrativa\n que le fuera impuesta, por lo que el problema central a dilucidar\n no es si procedió a realizar el juramento correspondiente,\n sino si ha violado la prohibición contenida en el Art.\n 57 de la Ley de Control Constitucional, hecho que volvemos a\n mencionar, no aparece que haya sucedido, por lo que no procede\n el archivo de la acción de amparo presentada;
Que por otro lado, el Art. 51 del Reglamento de Trámite\n de Expedientes en el Tribunal Constitucional dice: "Causales\n para la inadmisión.- El amparo no será admitido\n en los siguientes casos: 1.- Por falta de legitimación\n activa del proponente; y, 2.- Por incompetencia del juez cuya\n resolución se ha apelado"; de lo que se tiene\n que la falta de juramento en la demanda no da lugar a la inadmisión\n de la acción según ha procedido el Juez de instancia,\n quien no debió calificarla de clara y completa conforme\n lo hizo (folio lO) sino mandar a completarla, en lugar de esperar\n hasta la finalización del proceso para inadmitirla;
Que del texto constitucional del artículo 95 y de la\n normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional\n se establece de manera concluyente que la acción de amparo\n constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo,\n b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional,\n c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio\n del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos\n para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse\n presentes simultáneamente y de manera unívoca;
Que un acto se toma ilegitimo cuando ha sido dictado por una\n autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo\n haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados\n por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento\n o suficiente motivación;
Que la demandada, según puede verse en su actuación\n en la audiencia pública, asegura con razón no haber\n seguido el sumario administrativo puesto que este es una garantía\n prevista exclusivamente para los funcionarios de carrera, calidad\n de la que no goza la hoy demandante; pero en base a este fundamento\n procede a sancionar administrativamente a la señora Rosa\n Puchaicela sin darle la oportunidad de defenderse, situación\n que no es admitida dentro del ordenamiento jurídico conforme\n veremos a continuación;
Que el Art. 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa dice: "Reconócese el derecho\n de los servidores para no ser sancionados sin antes proporcionárseles\n la oportunidad de justificarse "; y el segundo inciso añade:\n "Para imponer a un servidor que no sea de carrera cualquiera\n de las sanciones previstas en el Art. 62 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa se les escuchará previamente\n en audiencia de lo cual se dejará constancia escrita";
Que del análisis del proceso no aparece que la hoy\n demandante, señora Rosa Puchaicela, haya sido escuchada\n en audiencia previamente a ser sancionada, de lo que se deduce\n que no tuvo la oportunidad de justificarse debidamente conforme\n el mandato de la ley;
Que el Art. 24 numeral 10 de la Const

References: resolución 
 resolución 
 artículo 171
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
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 resolución 
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 resolución 
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 resolución 
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 resolución 
 artículo 276
 resolución 
 resolución 
 artículo 95