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Sentencia A.P. Burgos 47/2008 de 10 de abril. Delitos contra los trabajadores. Prevención de riesgos laborales - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Burgos 47/2008 de 10 de abril
Delitos contra los trabajadores: La Sala confirma la existencia de un delito contra los derechos de los trabajadores por infracción de la normativa sobre riesgos laborales en su modalidad imprudente. Quienes tenían la obligación de velar para que el trabajo de sus operarios se realizara con todas las medidas de seguridad, debieron formarles sobre el riesgo de atrapamiento que el cambio técnico introducido entrañaba y de las precauciones que debían adoptar en caso de necesaria reparación, implantando las medidas de seguridad relatadas y que la empresa de prevención de riesgos proponía con alta prioridad, vulnerando las normas sobre prevención de riesgos laborales. Tal omisión no cabe calificarse de dolosa, al contar la fábrica con plan de seguridad previo a la instalación de la nueva máquina. Falta de lesiones: La concreta lesión del trabajador acaecida, amputación traumática del brazo izquierdo, es calificada de falta de lesiones, participación culposa del propio perjudicado en la casuación del resultado pues intentó desatascarla, sin detener la máquina, conociendo la existencia de un botón al tal fin. Lesión que concurre con el delito contra los trabajadores en concurso ideal.
ROLLO DE APELACION NUM. 220/2007
PROCEDIMIENTO PENAL NUM. 71/2007
JUZGADO DE LO PENAL NUM. 1 DE BURGOS
SENTENCIA n.º 00047/2008
D. JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN
D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN
D. ROGER REDONDO ARGÜELLES
BURGOS, a 10 de Abril de 2008.
La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados expresados, ha visto en segunda
instancia la causa procedente del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Burgos, seguida por un delito CONTRA LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES y una falta de IMPRUDENCIA LEVE CON RESULTADO DE LESIONES, en virtud de recurso de
apelación interpuesto por Valentín, representado por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Miguel
Prieto Casado y defendido por el Letrado D. Cipriano Pampliega García, figurando como apelados, por vía de impugnación del
recurso, el Ministerio Fiscal y D. Carlos María, D. Cornelio, D. Rosendo, la
mercantil HIJOS DE TOMÁS MARTÍN S.L., y LA ESTRELLA S.A DE SEGUROS, representados por la Procuradora Doña Lucía
E. Ruiz Antolín y asistidos del Letrado D. Alejandro Suarez Angulo, habiendo sido designado Ponente el ilmo. Sr. Magistrado D.
LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN, quien expresa el parecer de la Sala.
Primero.-En las diligencias del procedimiento abreviado de referencia por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Burgos, se dictó sentencia de fecha 18 de Junio de 2007, cuya declaración de Hechos Probados y Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
-HECHOS PROBADOS-
"PRIMERA.- Son hechos probados y así se declaran que Rosendo, nacido el 21 de agosto de 1976 con D.N.I. núm. NUM000, Cornelio, nacido el 4 de abril de 1971, con D.N.I. núm. NUM001 y Carlos María, nacido el 13 de abril de 1960 con D.N.I. núm. NUM002, carentes de antecedentes penales, son socios y administradores solidarios de la mercantil "Hijos de Tomás Martín, S.L que tiene una serrería ubicada en la carretera s/n, de la localidad de Doña Santos (Burgos), compuesta por una nave en la cual se encuentran distintas maquinarias para el tratamiento de los troncos de árboles.
Con fecha 1 de abril de 2004 la empresa contrató al trabajador Valentín de 47 años con la categoría de "Ayudante, aserrador", que se convirtió en trabajador indefinido con fecha 30/03/04.
El día 11 de enero de 2005, sobre las 12,00 horas, Valentín, encargado de la línea de canteado de costeros, se encontraba trabajando junto a una máquina canteadora de madera cuando observó que a la entrada de la máquina se había producido un atasco. Para desatascarlo, se acercó al alimentador de la máquina para retirar un costero que se había cruzado, para lo cual saltó a la cinta que se encontraba en movimiento y con la mano, sin parar la máquina, intentó desatascarlo, momento en que uno de los piñones que existen en el alimentador como sujeción y empuje de los tableros, le atrapó en parte del buzo que vestía, empezando a enrollar la ropa y con ella el brazo izquierdo.
La máquina canteadora en la que se produjo el accidente, marca BONANI, contaba con informe favorable de adecuación al R.D. 1215/1997, elaborado por la empresa ITELEVESA en fecha 10/04/04. En diciembre de 2004, se procedió a realizar modificaciones a dicho equipo de trabajo, en concreto, en las sierras y el alimentador de la múltiple (donde se produjo el accidente), comenzando a utilizar la máquina con sus nuevas modificaciones el día 10 de enero de 2005, y si bien la empresa había avisado telefónicamente a ITEVELESA, para que acudiera al centro a realizar la verificación de adecuación de la máquina con sus cambios al R.D. 1219/97, a la fecha del accidente, 11 de enero de 2005, no se había efectuado.
El día del accidente en la inspección ocular practicada por la Guardia Civil no existía señalización del riesgo de atrapamiento en el puesto de control de la máquina sino que se colocó posteriormente por Rosendo al momento de sacar fotografías del lugar.
Con posterioridad al accidente, se instaló un vallado con sistema de enclavamiento en la zona del alimentador de la múltiple, de forma que, para desatascar el alimentador había que abrir la puerta del vallado, momento en que el equipo para automáticamente.
La empresa, a pesar del grave riesgo de atrapamiento que suponía la piña instalada al modificar el equipo de trabajo, no realizó las comprobaciones con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud en cuanto a eliminación de riesgos de atrapamiento con ocasión de la citada modificación, ni adoptó las medidas necesarias desde el inicio de funcionamiento de la modificación (10/01/05) para evitar tales atrapamientos impidiendo el acceso a la zona del interior de la máquina en donde actúa dicha "piña" si está en funcionamiento, preveyendo incluso las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
Practicada la oportuna Inspección de trabajo y Seguridad Social, se estimó que tal conducta por parte de la empresa supone una infracción en materia de Seguridad e higiene en el trabajo, del art. 5.2 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, y del art. 4 apartado 8 del Anexo I del R.D. 1215/97, de 18 de julio por el que se establece las "Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo" en relación con los arts. 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Calificándose dicha infracción como "grave", imputable a los acusados Carlos María, Cornelio y Rosendo como administradores solidarios de la empresa "Hijos de Tomás Martín S.L." a la fecha del accidente (los dos primeros, desde 1998, y el tercero, desde 22/12/2004).
El día anterior del accidente uno de los socios impartió a Valentín instrucciones verbales sobre el manejo de la máquina después de la modificación técnica introducida.
La empresa tenía concertada póliza por responsabilidad civil patronal en la entidad "Cía La Estrella S.A., de Seguros", con límite de cobertura por riesgo y víctima de 90.152 euros.
Como consecuencia del atrapamiento, Valentín sufrió amputación traumática del brazo izquierdo en tercio superior, que precisó para su sanidad además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico, invirtiendo en su curación 286 días, todos ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales de los cuales, permaneció 22 días hospitalizado y restándole como secuelas: amputación del brazo izquierdo 50 puntos), síndrome del miembro fantasma (5 puntos), perjuicio estético importante (20 puntos) y la incapacidad para sus ocupaciones habituales permanente total declarada por el INSS el 16 de noviembre de 2005".
Segundo.-La parte dispositiva en la sentencia recaída en la primera instancia, de fecha 18 de Junio de 2007, dice literalmente:
"FALLO.- Que debo condenar y condeno a Rosendo, Cornelio y Carlos María como autores responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y de una falta de imprudencia leve con resultado de lesiones ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a cada uno de ellos a las penas siguientes: TRES MESES DE PRISION con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE DIEZ DÍAS A RAZÓN DE 6 EUROS DIARIOS y al abono de un tercio de las costas procesales, y a que indemnicen conjunta y solidariamente a Valentín en la cantidad de 122.995,71 euros más los intereses del artículo 576 de la L.E.C y debo condenar y condeno a la Compañía de Seguros LA ESTRELLA como responsable civil directa a que abone a Valentín la cantidad de 90.152 euros (límite de la póliza) más los intereses legales incrementados en un 50% desde el 11 de enero de 2005 (fecha del accidente) hasta su completo pago con el mínimo del 20% para la segunda y siguientes anualidades y debo condenar y condeno a la mercantil "Hijos de Tomás Martín S.L." como responsable civil subsidiario al pago del total de la indemnización.
Notifíquese al Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Burgos) la presente resolución a los efectos del expediente administrativo que se sigue ante él por el accidente laboral objeto del presente procedimiento".
Tercero.-Por el denunciante citado, con la representación y defensa aludidas, frente a dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación en el que se alegaron los fundamentos que se estimaron convenientes, contra lo estimado por la Juzgadora y, admitido en virtud de providencia en la que se dispuso el traslado del escrito de recurso al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, por término de diez días, para que alegaran lo que estimaran oportuno, se remitió seguidamente lo actuado a esta Sección Primera; dándose por recibidos, y turnándose al Ilmo. Sr. Ponente, señalándose para Examen los autos, y quedando pendiente para resolución.
Cuarto.-La presente sentencia ha sido deliberada, votada y minutada en fecha 4 de febrero de 2008, no habiendo sido transcrita en la misma fecha debido a la huelga indefinida sostenida por los funcionarios de la Administración de Justicia de Castilla y León.
II.- HECHOS PROBADOSSe aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida y, en consecuencia, se dan por reproducidos en esta resolución.
IFUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia de Instancia.
Primero.-Una vez emitida sentencia condenatoria con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hechos de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por parte del referido denunciante, fundamentado -según se deduce de su escrito impugnatorio-, en los siguientes motivos:
1.º/ En la concurrencia de error en la apreciación de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, por aplicación errónea de la compensación de culpas y responsabilidades económicas, al considerar el recurrente que la narración de los hechos evidencia que solo la actuación omisiva, negligente y despreocupada de la empresa, y con ello de sus responsables, fue la causa de la producción del accidente de autos, por lo que no cabe la compensación de culpas o responsabilidades establecida en la sentencia recurrida, de 60% y 40%, respectivamente, al tratarse de una intervención y actuación de las partes muy diferente.
2.º/ En la aplicación errónea de la Ley 30/95 y resolución de 7 de Febrero de 2005, relativa a la incapacidad permanente total, al considerar el recurrente que la incapacidad laboral para el trabajo u ocupación de aserrador y física que llevará de por vida el trabajador lesionado, debe llevar a indemnizar en la máxima cantidad prevista legalmente, solicitando al respecto las sumas respectivas de 77.639,12 € recogidas en el Baremo y de 24.000 €.
3.º/ Inaplicación de la Ley 30/95 y Resolución de 7 de Febrero de 2005, relativa a la adecuación del vehículo, al considerar el recurrente que al vivir en un pueblo y precisar de un continuo desplazamiento a pueblos que dispongan de comercios, se hace precisa la adaptación del vehículo a la existencia de una sola mano, por lo que se solicita una indemnización de 20.000 €.
4.º/ Inaplicación de la Ley 30/95 y Resolución de 7 de Febrero de 2005, relativa al factor de corrección, al considerar que procede aplicar el 7% por tal concepto, en atención al importe de la pensión mensual y a las pagas extras, que supondrán unos 10.355 € anuales, entiendiendo que la indemnización por incapacidad permanente como por adaptación de vehículo son diferentes.
En base a todo ello, interesa se dicte sentencia por la que se proceda a la revocación parcial de la dictada en primera instancia, declarando:
- La obligación de los condenados a abonar al recurrente el 100% de la indemnización solicitada, y no el 60% concedido, y se les condene a indemnizar en las cantidades, ya concedidas, y además en,
- 77.639,12 €, por la incapacidad permanente total, en lugar de los 40.000 euros.
- 20.000 € por la adecuación del vehículo propio.
- E igualmente se le aplique el factor de corrección del 7%.
- Y se le conceda la suma de 24.000 € como complemento a la señalada por el baremo dada la incapacidad que padece y las secuelas que de por vida tendrá.
Segundo.-Así las cosas, el contenido inicial básico del recurso de Apelación se sostiene en la pretensión de desvirtuar las pruebas tenidas en cuenta en la sentencia recurrida, sustituyendo el análisis inmediato, imparcial y fundado de la Juzgadora de instancia por la propia valoración del recurrente, pretendiendo acreditar que existe un error en la apreciación de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, en cuanto a la determinación del daño sufrido por el perjudicado, que ha resultado probado, con incidencia en el quantum indemnizatorio por inaplicación de la Ley 30/95 y Resolución de 7 de Febrero de 2005 relativa a incapacidad permanente total, así como a la adecuación del vehículo y al factor de corrección.
Frente a estas consideraciones procede recordar que toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales viene a sostener que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de Instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en Ia actividad probatoria y apreciar personalmente resultado, así como Ia forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí, que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987 y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderando examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existen en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Más concretamente, podemos decir que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el Juzgador (sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Enero de 1.990)" (sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de Enero de 2.000). En la misma línea entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de Noviembre de 2.001 o la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Mayo de 2.000.
En consecuencia, el grado de credibilidad de los testigos o peritos de cargo haya merecido al juzgador de instancia no puede ser objeto de revisión en esta Alzada, pues este Tribunal de Apelación carece de inmediación para poder analizar el poder de convicción de la prueba subjetiva tenida en cuenta en la sentencia recurrida, salvo que se trate de un error notorio, manifiesto o evidente.
Tercero.-Desde dicha portada básica, el primer motivo de recurso viene residenciado en ese supuesto error en la valoración de la prueba, pero, en este caso, en relación a la imputación al denunciante de un 40% en la causación eficiente del accidente de autos, lo que ha llevado a minorar la responsabilidad civil imputable a los condenados.
A este respecto, considera el recurrente que se ha procedido por la juzgadora de instancia a la aplicación errónea de la compensación de culpas y responsabilidades económicas, en cuanto que la narración de los hechos evidencia que solo la actuación omisiva, negligente y despreocupada de la empresa, y con ello de sus responsables, fue la causa de la producción del accidente de autos, por lo que no cabe la compensación de culpas o responsabilidades establecida en la sentencia recurrida, de 60% y 40%, respectivamente, al tratarse de una intervención y actuación de las partes muy diferente.
Frente a ello, la juzgadora de instancia, en un reflexión coherente, justifica la compensación de culpas en el ámbito civil, al llegar a la conclusión de que existe una coparticipación culposa del perjudicado en la causación del accidente -que se evalúa en un 40%-, imputando a los denunciados el 60% del importe total, argumentando textualmente lo que sigue:
"...En primer término se ha acreditado que la empresa Hijos de Tomás Martín S.L tiene como objeto social, entre otros que no vienen al caso, la tala, aserradero y preparación industrial de la madera según ilustra la copia testimoniada de la escritura de adaptación de sus Estatutos Sociales de fecha 13 de agosto de 1998 (folios 135 y ss.). Entre sus empleados se encontraba Valentín desde el 1 de abril de 2003 con la categoría profesional de ayudante de aserrador en virtud de contrato eventual por circunstancias de producción y que se transformó en indefinido el 30 de marzo de 2004 según ilustran las copias aportadas en autos (folio 20) y la sentencia de fecha 26 de junio de 2006 dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Burgos en los autos 399/06 aportada por la acusación particular en el plenario. Su puesto de trabajo consistía en el manejo de una máquina canteadora de madera comprendiendo también la reparación de sus averías. En este sentido el acusado Rosendo reconoció que "cambiar o arreglar para quitar la tabla cruzada" si estaba en su línea de trabajo" y los otros acusados, Cornelio y Carlos María declararon que se le había advertido a Valentín que para acceder a la máquina tenía que pararla con el botón de ahí que reconocen tácitamente que formaba parte de su puesto de trabajo el contacto directo con la canteadora. También Pedro Jesús, trabajador de la empresa, declaró que el desatascar la máquina era función del que trabaja en el lugar que el croquis aportado por la defensa como número uno y que coincide con el que ocupaba Valentín el día del siniestro. La máquina canteadora marca Bonani había sido revisada por la empresa ITEVELESA que informó de su adecuación al Real Decreto 1215/97 y por tanto del cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud con fecha 10.04.02 y cuya copia testimoniada se aportó a los autos (folios 185 y 186). No obstante lo anterior la canteadora había sido objeto de una modificación en las sierras y el alimentador, de tal suerte que el rodillo fue sustituido por una piña en diciembre de 2004 comenzando su funcionamiento un día antes del accidente (declaración de los acusados y los trabajadores Valentín, Pedro Jesús, Luis Angel y Juan Carlos). A Valentín se le instruyó verbalmente sobre la modificación dos días antes de sufrir el accidente, según reconocen los acusados y el propio trabajador. El día 11 de enero de 2005 Valentín comprobó que se había producido un atasco a la entrada de la máquina al cruzarse un costero, de tal modo que para desatascarlo saltó a la cinta que se encontraba en movimiento y con la mano intentó desatascarlo, cuando uno de los piñones del alimentador le atrapó parcialmente el buzo que vestía enrollándole la ropa y alcanzándole el brazo izquierdo. Hecho que ha sido reconocido por los acusados, Valentín y los demás trabajadores.
En cuanto a las medidas de seguridad que disponía el equipo de trabajo se ha acreditado que existían dos botonaduras que paralizaban el equipo de trabajo, aunque no se determinó si las dos conseguían la parada de la máquina o solo una de ellas, colocadas una junto al puesto de trabajo de Valentín y la otra próxima a la máquina (declaración de los acusados y trabajadores testigos). Por otro lado se ha discutido si en la serrería había carteles de riesgo de atropamiento. Al respecto, los acusados así lo declaran. Los trabajadores testigos no supieron precisar si estaban a la vista el día de los hechos. Las dudas se disipan por la declaración de los agentes de la Guardia Civil n.º NUM003 y NUM004 que relataron que en su primera comparecencia no había ningún cartel que advirtiera del riesgo de atropamiento, y mucho menos en lugar próximo a la máquina, y que se colocó después, lo que explica que se encontrara tan limpio y desprovisto de restos de madera a diferencia de los elementos que componían la instalación que estaban sucios por el contacto de la madera, lo que se comprueba en las fotografías incorporadas a los autos (folios n.º 14 y 15 de los autos). En este particular, Rosendo dijo que el cartel estaba en el suelo y fue él quien lo volvió a poner a la vista de los trabajadores, circunstancia que no cambia las cosas porque no demuestra que estuviera colocado en lugar visible por los trabajadores en el momento del siniestro.
Por otro lado también se ha acreditado que el cambio introducido en la máquina entrañaba un riesgo adicional al existente con anterioridad. En este sentido es esencial el resultado de la prueba pericial de la Inspectora de Trabajo Dña. Beatriz y autora del acta de inspección levantada con ocasión de su visita el 15 de enero de 2005 (obrante a los folios 76 a 78). Expuso que "la piña si suponía un riesgo añadido. El elemento nuevo si fue un riesgo adicional". Y ello es así porque mientras la máquina antes del cambio contaba con un rodillo liso, luego se colocó una piña cuyos dientes favorecían el riesgo de atropamiento. Y además no se comprende que el riesgo fuera el mismo que antes de la modificación cuando los trabajadores, con posterioridad al siniestro laboral, recibieron un cursillo sobre el manejo de la máquina y riesgos que entrañaba, así lo declararon los trabajadores Pedro Jesús, Luis Angel y Juan Carlos.
Así las cosas la cuestión esencial que se plantea es si las medidas de seguridad con las que contaba la máquina a la fecha del accidente, a saber, las dos botonaduras, eran suficientes para prevenir el riesgo de atropamiento. Y la respuesta la encontramos en el informe de la Inspectora de Trabajo según la cual era preciso que la canteadora dispusiera de un vallado y que se colocaran carteles de aviso de riesgo de atropamiento, medidas que sí comprobó la inspectora laboral, pero recuérdese que giró visita a la serrería el 15 de enero de 2005 y por tanto cuatro días después del accidente. Los propios acusados reconocen que el vallado se colocó con posterioridad al accidente por indicación de la empresa de prevención de riesgos y si bien relataron que lo hicieron como medida adicional a las ya existentes que consideraban suficientes debe entenderse que lo hicieron por fines exculpatorios porque la empresa Ibermutuamur en la evaluación de riesgos laborales de la fábrica realizada un día después del siniestro y por tanto tomando en cuenta el cambio de la máquina estimó como riesgo de la canteadora el de atrapamiento por o entre objetos, indicando como medida preventiva "establecer medida de seguridad: no se realizarán operaciones de retirada manual de atascos, limpieza o mantenimiento con las máquinas en marcha. Se dispone de parada de emergencia. Carteles informativos señalizando riesgo de atropamiento cadenas de limitación de acceso a parte en movimiento, limitar acceso a partes móviles de la línea de trabajo mediante vallado con sistema de enclavamiento o similar. Formación e información al trabajador de este riesgo y de procedimientos seguros de trabajo." (folio 222). Y de nuevo en el plan de implantación de medidas preventivas técnicas para el riesgo de atropamiento propuso como medida con alta prioridad "establecer sistema de control para reducir nivel de riesgo: Limitar acceso a alimentador (brazo con piña de sujeción y empuje) mediante vallado con sistema de enclavamiento o similar." (folio 227 de los autos). Por tanto, y coincidiendo con la perito, era una medida absolutamente necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores porque de hecho significaba que con su apertura automáticamente se paralizaba la máquina.
También se ha acreditado que no se dio a los trabajadores la formación, ni siquiera información mínima sobre los nuevos riesgos de la máquina y sobre las medidas de seguridad, lo que después la empresa de prevención consideraba vital e incluso calificó de riesgo alto. En este orden de cosas, los trabajadores coinciden en que se les dio un cursillo con posterioridad al accidente pero no antes, lo que es lógico si tenemos en cuenta que la máquina llevaba operando desde hacía dos días con el brazo con piña instalado. Es más no se había hecho una evaluación de los nuevos riesgos tal y como exigía el plan de prevención (folio 199). Dijo en este particular el acusado Rosendo que se avisó para que acudiera ITALVESA pero sobrevino el accidente antes de su llegada.
Así las cosas estamos en condiciones de afirmar que se produjo una omisión en la adopción de las medidas esenciales de prevención del riesgo de atrapamiento de los trabajadores que tenían el puesto de trabajo en la manipulación de la máquina canteadora y que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario -art. 14.2 - infringiendo las normas de seguridad e higiene en el trabajo previstas en el art. 4 y apartado 8 del punto del Anexo I del Real Decreto 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, tal y como informó la inspección de trabajo en el acta redactada por la anterior perito y que motivó la correspondiente sanción laboral conforme al art. 5.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto que aprueba el TR de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social.
Por otro lado los autores son los tres acusados porque la mercantil Hijos de Tomás Martín S.L es una empresa familiar donde los anteriores son sus administradores solidarios (escrituras públicas de fecha 13.08.98 y 22.12.04 obrantes a los folios 135 y ss.) y a la vez encargados directos de la actividad, según su propia declaración, y por tanto en esta posición de garantes, tenían la obligación de velar para que el trabajo de sus operarios se realizara con todas las medidas de seguridad, informando y formando a los trabajadores del concreto riesgo que la función laboral precisara, haciendo cumplir a los operarios a sus órdenes las normas de seguridad, impartiendo diligentemente las instrucciones oportunas a fin de que el trabajo se realice con las adecuadas medidas de seguridad de cuantos trabajadores participen en la ejecución de los diversos trabajos sujetos a riesgos que es preciso evitar, poniendo a contribución cuantas precisiones y experiencias técnicas sean concurrentes a tal fin, y en concreto para los trabajadores adscritos a la línea de trabajo de la máquina canteadora debieron formarles sobre el riesgo de atropamiento que el cambio técnico introducido entrañaba y de las precauciones que debían adoptar en caso de necesaria reparación, implantando las medidas de seguridad relatadas y que la empresa de prevención de riesgos proponía con alta prioridad, lo que no hicieron dado que ni siquiera evaluaron los riesgos del cambio de la máquina, que retrasaron tras el accidente sufrido por uno de los trabajadores, vulnerando las normas sobre prevención de riesgos laborales - arts.14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regulador del derecho del trabajador a la protección frente a los riesgos laborales y el correlativo deber del empresario ha proporcionársela que se completa en el art.15 regulador de los principios de la acción preventiva entre los que contempla la evaluación los riesgos que no se puedan evitar y la planificación de la prevención.-
En lo que a la imprudencia se refiere no se nos escapa que la conducta de los acusados no puede tildarse de dolosa y ello porque contaban con un plan de seguridad para la fábrica, habían encargado, como lo habían hecho en abril de 2002 la verificación por empresa competente de la máquina tras la modificación instalada, circunstancias que demuestran que no expusieron voluntariamente a los trabajadores afectos a la canteadora al riesgo de atrapamiento sino que confiaron que el cambio no entrañaba riesgo añadido al que existía con anterioridad y que las medidas de seguridad existentes hasta la fecha, esto es, botones de parada de la máquina, eran suficientes para prevenir cualquier riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Es más la máquina se había puesto en funcionamiento con el brazo con piña hacía dos días y hasta el momento del accidente no se percataron que entrañaba un riesgo adicional que exigiese adoptar nueva medidas de seguridad, de ahí que, como sostiene el Ministerio Fiscal, la conducta de los acusados es subsumible en el tipo de riesgo imprudente del art. 317 CP.
Además se ha acreditado que la omisión imprudente de los acusados llevó aparejado el resultado de una grave lesión para el concreto trabajador Valentín. En efecto sufrió amputación traumática del brazo izquierdo en tercio superior, que precisó para su sanidad además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico en atención al informe de sanidad emitido por la médico forense Dña. Milagros (folios 88 a 90) y que no fue impugnado por ninguna de las partes.
Por tanto, la infracción de riesgo para la totalidad de los trabajadores convive con la infracción imprudente por las lesiones que sufrió un trabajador concreto en la modalidad de concurso ideal del art. 77.1 del CP (SSTS de
Por tanto, la Juez "a quo", al valorar la prueba, asienta su convicción cognoscitiva en los siguientes elementos probatorios:
1.º/ La declaración de los inculpados que reconocieron que se le había advertido a Valentín que para acceder a la máquina tenía que pararla con el botón.
2.º/ La declaración de los acusados y los trabajadores Valentín, Pedro Jesús, Luis Angel y Juan Carlos), al manifestar que el rodillo, pese a haber sido revisada la máquina el 10.04.02, fue sustituido por una piña en diciembre de 2004, comenzando su funcionamiento un día antes del accidente.
3.º/ Las declaraciones efectuadas por los acusados y el propio trabajador, al reconocer que a Valentín se le instruyó verbalmente sobre la modificación dos días antes de sufrir el accidente,
4.º/ El hecho reconocido por los acusados, Valentín y los demás trabajadores relativo a que el día 11 de enero de 2005 Valentín comprobó que se había producido un atasco a la entrada de la máquina al cruzarse un costero, de tal modo que para desatascarlo saltó a la cinta que se encontraba en movimiento y con la mano intentó desatascarlo, cuando uno de los piñones del alimentador le atrapó parcialmente el buzo que vestía enrollándole la ropa y alcanzándole el brazo izquierdo.
5.º/ Además, hay que tener en cuenta según lo agentes de la Guardia Civil intervinientes, a excepción de las dos botonaduras, no había ningún cartel que advirtiera del riesgo de atropamiento, y que, tal y como señaló la Inspectora de Trabajo que realizó el acta de inspección, el elemento nuevo colocado en Diciembre de 2004 si supuso un riesgo adicional, sin que los trabajadores hubieran recibido un curso adicional sobre el manejo de la máquina, algo que verificaron con posterioridad al siniestro.
6.º/ A ello hay que añadir que, de dicha prueba pericial, se desprende que no se había efectuado un plan de prevención del riesgo de atrapamiento de los trabajadores que tenían el puesto de manipulación de la máquina canteadora, y que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario -art. 14.2 - infringiendo las normas de seguridad e higiene en el trabajo previstas en el art. 4 y apartado 8 del punto del Anexo I del Real Decreto 1215/97 de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
De todo ello, la Juzgadora de instancia llega a la conclusión siguiente, "que se califique de leve la imprudencia que disciplina el art. 621.3 CP se debe a la participación culposa del propio perjudicado en la casuación del resultado lesivo pues no se nos escapa que con independencia de la obligación del empresario de instruir al trabajador de los riesgos de su trabajo y dotarle de las medidas de seguridad para su prevención, en el caso de autos, se ha acreditado, que disponía de al menos un botón cuya función era parar la máquina, y sin embargo no lo accionó, y cuyo manejo conocía desde abril de 2003. De tal modo que acceder a la máquina, incluso subiendo a una banda que se encontraba en movimiento, sin ser desactivada entrañaba un riesgo que es comprensible para cualquier persona. Así lo declararon los acusados, los trabajadores que depusieron como testigos y el propio perjudicado que dijo que "todas las máquinas son peligrosas". Y aunque Valentín manifestó que no desactivó la máquina porque no tenían esa costumbre, sus compañeros no dijeron lo mismo. No obstante lo anterior, el accidente no se causó por la culpa exclusiva del trabajador como pretende la defensa para entender que el nexo causal desaparece sino que su conducta coadyuva a la causación del resultado en el que necesariamente intervino la imprevisión de los administradores en la evaluación del nuevo riesgo, la omisión de su deber de información del trabajador y de aplicación de las medidas de seguridad necesarias y que forma parte de la imprudencia leve del tipo del que se les acusa que justifica su reproche penal.
Así pues, resulta evidente cómo existe una notable diferencia entre la valoración que hace el recurrente de la prueba y la que realiza la juzgadora "a quo". Sin embargo, y pese a que parece considerar erróneo todo el razonamiento lógico y deductivo llevado a cabo por la Juzgadora de instancia, no ha conseguido señalar en qué contradicciones, arbitrariedades o disquisiciones faltas de lógica ha incurrido al valorar las pruebas tenidas en cuenta para conformar el juicio de certeza que se predica en la sentencia recurrida, viniendo únicamente a resaltar que parece un contrasentido condenar a los empresarios por un delito contra los Derechos de los Trabajadores, y a la par imputar un 40% de la causalidad eficiente al propio trabajador.
Dos circunstancias deben señalarse al recurrente a este respecto.
En primer lugar, que el Tribunal de apelación no puede entrar en el análisis del juicio de veracidad hecho por la "juez a quo" y que deberá de respetarse al máximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observación directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, limitándose la revisión del juicio lógico desarrollado en la valoración conjunta de la prueba.
De otro lado, en segundo lugar, debe señalar esta Sala que comparte íntegramente la valoración realizada por la juzgadora de instancia, no ya por la apreciación de la veracidad de los testimonios verificada por la misma y que se realizó en base al principio de inmediación del que la Sala carece, sino también por la propia aplicación de la lógica y las normas de la sana crítica y experiencia, en la determinación de la concurrencia causal de culpas determinante del desgraciado accidente de autos.
Como se ha dicho, no es facultad de esta Sala revisar la apreciación hecha por la juez "a quo" de la prueba recibida en el acto del juicio oral, en la medida en que aquélla dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que de la misma tuvo con exclusividad la juzgadora de instancia.
Cabe recordar al respecto el contenido de la imprudencia, en general, según la constante jurisprudencia del T.S. al establecer que "en toda infracción imprudente o culposa, la responsabilidad y el reproche culpabilístico reposan y descasan, no en la malicia, sino en la ligereza, el abandono o el descuido del infractor, constituyendo su esencia la falta de previsión, la omisión de precauciones y la conducta antisocial del agente, distinguiéndose un elemento psicológico consistente en la acción u omisión voluntaria pero no maliciosa, causante de un resultado lesivo o dañoso, cuyo resultado, no previsto por el sujeto activo, era, sin embargo, fácilmente previsible, prevenible y evitable, con tal de que, dicho sujeto, se hubiese conducido "in comittendo" ó "in omittendo" con la debida diligencia".
Y, en relación a la graduación de tal imprudencia tiene señalado el Alto Tribunal que "Entre otros problemas de interpretación de la norma que el delito imprudente suscita, aparece el de interpretar la diferente calificación ahora adoptada de la imprudencia, en grave y leve, y su posible relación comparativa con las anteriores imprudencia temeraria y simple. Parece ser que el concepto de imprudencia grave equivale al anterior de imprudencia temeraria, es decir que requiere para su existencia una conducta en que se omita la adopción de las cautelas más elementales. Ello traslada el problema al de evaluar el grado de omisión de deberes objetivos de cuidado, exigible por normas sociales establecidas para la protección de bienes, generalmente estimados como valiosos y dignos de protección y a que, además de esa conformidad objetiva, haya de tenerse en cuenta, en cada caso concreto, si la exigencia general es aplicable al individuo que se juzga, atendiendo a sus circunstancias intelectuales y al ámbito de sus conocimientos generales según su grado de información cultural, o de aquellos especiales alcanzados tras una especial preparación y facultación en las reglas de conocimientos especializados (médicos, técnicos, etc.)".STTS 9-06-1999".
Para terminar, la Sentencia del TS de fecha 27 Febrero de 2.001 establece que " La gravedad de una imprudencia depende, ante todo, de la gravedad de la infracción de la norma de cuidado que ha dado lugar a la producción de un resultado objetivamente ilícito. El desvalor de la acción es directamente proporcional a la gravedad de la infracción de la norma de cuidado. De la que rige en cada caso, se derivan dos deberes de cuidado, que algún sector de la doctrina ha caracterizado como interno y externo. El deber de cuidado interno obliga a prever el peligro que con ciertas acciones y en determinadas situaciones se pude crear. El deber de cuidado externo obliga a comportarse de forma que el peligro advertido no se materialice en una lesión concreta".
Dicha Doctrina es de plena vigencia al supuesto de autos porque, resulta obvio que, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, el delito contra el Derecho de los Trabajadores objeto de condena, previsto en los art. 316 y 317 CP, descansa en la infracción de riesgo para todos los trabajadores de la empresa, por vulneración de las normas sobre prevención de riesgos laborales -art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -, y la indemnización lo es a su vez en la infracción imprudente cometida por las lesiones que sufrió el concreto trabajador, en la modalidad de concurso ideal del art. 77.1 del CP., con la falta de imprudencia leve con resultado de lesiones del art. 621.3 CP.
Sabido es, que no cabe en lo penal la llamada "compensación de culpas", de procedencia "ius privativista", que es en cambio obligado en el campo público del "ius puniendi", donde la relación de causalidad toma especial relieve como pieza clave de la imputación objetiva del resultado, valorar las conductas concurrentes, tanto desde el lado activo de la infracción, -autor-, como desde el lado pasivo -víctima-, para calibrar la respectiva relevancia de las mismas en el plano causal, de suerte que si la actuación del sujeto pasivo se muestra como causa decisiva y eficiente del resultado, habrá de reputarse la del sujeto activo como accidental y fortuita, como, igualmente, si ambas conductas, las del imputado y la de la víctima se muestran con la misma potencia o virtualidad, o la de esta última viene revestida de una influencia causal, aunque de menor entidad, debe reprocharse al primero la imprudente acción, aunque adecuando el grado de su culpa a la mayor o menor eficacia causal de su intervención, lo que permitirá absorberla y/o degradarla en el ámbito de la responsabilidad penal y compensarla en el de la civil.
Y esto es lo que ocurre en el supuesto ahora examinado, en el que, a la vista de la conducta imprudente también materializada por el trabajador perjudicadorla, omitiendo los elementales deberes objetivos de cuidado, -al saltar a la cinta de la máquina canteadora que se encontraba en movimiento para desatasca, y que le hubieran llevado a dar el botón de seguridad de la misma-, cabe concluir en la Sala comparte el criterio de que procede la degradación de la responsabilidad penal de los empresarios inculpados, hasta rebajarla a la falta de imprudencia leve anunciada, pero eso si compensando ambas culpabilidades causales en cuanto a la cuestión civil, siendo de destacar que la determinación del grado de eficiencia causal, es decir, si es un 40% o un 60% u otra cantidad es de libre facultad soberana de la juzgadora de instancia.
En efecto, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones, haciéndose eco de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal que realice el Tribunal Penal de instancia, fijando el alcance material del "quantum" de las responsabilidades civiles por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, en daño emergente y lucro cesante, no puede ser sometida a la censura de una segunda instancia, por actuar como una cuestión totalmente autónoma y de la discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha venido a señalar la constante jurisprudencia del T.S. que únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero nunca el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza (sentencias del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 1.975, 5 de Noviembre de 1.977, 16 de Mayo de 1.978, 30 de Abril de 1.986, 21 de Mayo de 1.991, 5 de Junio de 1.998 y 1 de Septiembre de 1.999. Es decir, que la cantidad indemnizatoria únicamente será objeto de fiscalización en segunda o ulteriores instancias cuando: a) exista error en la valoración de las pruebas que hubieran determinado la fijación del "quantum indemnizatorio", indemnizando conceptos no susceptibles de indemnización o por cuantía superior a la acreditada por la correspondiente prueba de parte y b) que se indemnice por cuantía superior a la solicitada por las partes, en virtud del principio acusatorio que rige nuestro derecho procesal penal y del principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el ejercicio de las acciones civiles, bien independientes, bien acumuladas a las penales correspondientes. Dichas cuantías indemnizatorias serán fijadas sin sujeción a la normas e indemnizaciones que en sentido estricto fijan las normas laborales, civiles o de otra índole no penal, siendo perfectamente compatibles con las concedidas y disfrutadas en dicho ámbito.
Pues bien, revisado el juicio lógico realizado por la Juez de instancia, esta Sala no encuentra ningún argumento falto de lógica o incompatible con la razón y la sana experiencia, sino que debe confirmarse la valoración probatoria realizada por la Juez de instancia, por lo que procede desestimar dicho motivo de recurso.
Cuarto.-Así las cosas, y en congruencia con la línea argumental que viene manteniendo el recurrente, debemos entrar en el análisis del siguiente motivo de recurso que alude a la supuesta aplicación errónea de la Ley 30/95 y resolución de 7 de Febrero de 2005, relativa a la incapacidad permanente total, al considerar el recurrente que la incapacidad laboral para el trabajo u ocupación de aserrador y física que llevará de por vida el trabajador lesionado, debe llevar a indemnizar en la máxima cantidad prevista legalmente, solicitando al respecto las sumas respectivas de 77.639,12 € recogidas en el Baremo y de 24.000 €.
A este respecto, la Juzgadora de instancia argumenta que, "...asimismo se suma el importe 40.000 euros por la incapacidad permanente total para su profesión habitual que fue declarada por el INSS el 16 de noviembre de 2005 (folio 253). Sin embargo no es procedente el importe que por este concepto solicita Valentín de 77.639,12 euros que es el máximo que contempla la tabla IV dado que el propio Valentín reconoce ser quien realiza sus labores domésticas e incluso que circula con su vehículo después de la adaptación realizada, de modo que siendo el mínimo de la tabla 15.527,82 euros la cantidad solicitada por el Ministerio Fiscal se considera ajustada a las nuevas circunstancias que debe afrontar Valentín y que en esencia supone la limitación para realizar el mismo trabajo que venía desarrollando con anterioridad según la resolución administrativa citada...; y en último término la cantidad de 24.000 euros no tiene cobertura legal porque además de estar incluida en las secuelas el daño moral según reza el título de la TABLA III, el hecho de que se aplique el baremo con carácter orientativo no justifica incremento alguno porque no se han acreditado circunstancias que no son valoradas en el baremo que permitan una indemnización adicional".
Dicha cantidad debe mantenerse por esta Sala, no solo porque su determinación es facultad soberana de la juzgadora de instancia, sino porque no se observa ningún error manifiesto en su cuantificación, al concederse una cantidad media prevista en el baremo aplicado, máxime cuando se ha imputado al condenado el 40% de la causalidad eficiente en el accidente de autos, razones que también llevan a desestimar el presente motivo de recurso.
Quinto.-El siguiente motivo de recurso vertebra sobre una supuesta Inaplicación de la Ley 30/95 y Resolución de 7 de Febrero de 2005, relativa a la adecuación del vehículo, al considerar el recurrente que al vivir en un pueblo y precisar de un continuo desplazamiento a pueblos que dispongan de comercios, se hace precisa la adaptación del vehículo a la existencia de una sola mano, por lo que se solicita una indemnización de 20.000 €.
Dicha petición fue desestimada por la juzgadora de instancia argumentando que, "...Por el contrario no es procedente la indemnización solicitada por el actor civil en los conceptos de adecuación de vehículo propio porque no ha sido acreditado dado que la factura que se aportó en el plenario comprende varios conceptos de los cuales no se ha practicado prueba pericial determinante de ser su origen el siniestro.".
El motivo debe ser desestimado por las mismas razones argumentadas en el fundamento jurídico anterior.
Sexto.-Finalmente, como último motivo de recurso, el recurrente invoca una supuesta Inaplicación de la Ley 30/95 y Resolución de 7 de Febrero de 2005, relativa al factor de corrección, al considerar que procede aplicar el 7% por tal concepto, en atención al importe de la pensión mensual y a las pagas extras, que supondrán unos 10.355 € anuales, entiendiendo que la indemnización por incapacidad permanente como por adaptación de vehículo son diferentes.
También la juzgadora desestima dicha pretensión argumentando textualmente que, "en el factor de corrección del 7% porque ya se ha corregido la indemnización por secuelas en el importe de 40.000 euros por la incapacidad permanente total mientras que según jurisprudencia del TC no es aplicable el factor de corrección para el periodo de curación...".
Dicho pronunciamiento también debe mantenerse por las mismas razones esgrimidas en los fundamentos precedentes, ya que, en definitiva, es claro que noo estamos ante un error de valoración judicial de la prueba practicada ni de la legislación aplicable, sino ante un vano intento de sustituir dicha valoración libre, racional, imparcial y motivada por la propia de parte, claramente parcial; máxime cuando en esta segunda instancia no se ha propuesto ni practicado prueba alguna con virtualidad eficiente como para enervar la libre valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia, en base a la inmediación desgajada de la valoración cognoscitiva de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de ahí que proceda desestimar dicho motivo de recurso.
En conclusión, debe tenerse en cuenta que las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral son valoradas libre, racional y motivadamente de forma amplia por la Juzgadora de instancia en la que concurre el principio de inmediación del que esta Sala carece en la presente apelación, sin que se aprecie error alguna en dicha valoración, ni en la interpretación que se hace de la Ley 30/95 y la Resolución de 7 de Febrero de 2005, razón por la cual debe ser desestimado el recurso interpuesto y confirmada en todos sus pronunciamientos la Sentencia recurrida.
Séptimo.-De conformidad con lo preceptuado en el artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberán resolverse sobre el pago de las costas procesales", procediendo la imposición de costas procesales aL recurrente al haberse desestimado el recurso de apelación formulado, conforme preceptúa el artículo 901 L.E.Criminal, aplicando analógicamente (Art. 4 Código Civil).
Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.
Debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Miguel Prieto Casado, en nombre y representación de D. Valentín, contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Burgos, en la causa num. 71/2007, de 18 de Junio de 2007, CONFIRMÁNDOSE en su integridad la expresada resolución, imponiéndose las costas de esta alzada al recurrente.
Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario de revisión.
Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.
Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y partes personadas en el modo y forma previsto en la ley.
Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. D. LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMÓN, Ponente que ha sido de esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital, en el día de su fecha. Doy fé.

References: artículo 576
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 Resolución 
 artículo 741
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 Real Decreto 
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 artículo 239
 artículo 901