Source: https://tc.vlex.es/vid/-247484
Timestamp: 2019-09-16 14:06:32+00:00

Document:
STC 44/2005, 28 de Febrero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 247484
STC 44/2005, 28 de Febrero de 2005
Número de Recurso: 820-2003
Sentencia citada en: 164 sentencias, 8 artículos doctrinales, 2 temas prácticos
El día 13 de febrero de 2003 se presentó ante este Tribunal por el Procurador Sr. Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de la entidad Copisa Constructora Pirenaica, S.A., un escrito promoviendo recurso de amparo contra las resoluciones judiciales de que se hace mérito en el encabezamiento de la Sentencia.
De la demanda de amparo y de las actuaciones seguidas en el caso resulta lo siguiente:
El día 2 de agosto de 2001 el Consejo de Gobierno de Cantabria acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Copisa Constructora Pirenaica, S. A., contra la Resolución del Consejero de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones de 2 de marzo de 2001, confirmando esta última Resolución mediante la que la recurrente fue sancionada con multa de 10.000.000 pesetas como responsable de una infracción del art. 48.8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. El Acuerdo del Consejo de Gobierno hacía constar que agotaba la vía administrativa y que contra el mismo "cabe imponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación". La entidad sancionada fue notificada el 17 de agosto de 2001.
El día 7 de septiembre de 2001 Copisa Constructora Pirenaica, S.A., interpone recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander, siendo turnado al Juzgado núm. 3. Por Auto de fecha de 9 de octubre siguiente el referido órgano judicial admite a trámite el recurso contencioso-administrativo, siguiendo el proceso su curso hasta que, evacuado el trámite de conclusiones, el Juzgado dispone oír a las partes sobre si dicho órgano era competente para conocer del proceso. La recurrente alegó que la competencia objetiva la tenía el Juzgado "en méritos de los dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que establece que corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocer de los recursos, entre otros, 'contra las resoluciones de los órganos superiores [de una Comunidad Autónoma] cuando confirmen íntegramente los dictados por aquéllos en vía de recurso'". Después el Juzgado de Santander dicta Auto de 8 de julio de 2002 declarando su falta de competencia para conocer el proceso, "por corresponder su enjuiciamiento a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a la que se remitirán las actuaciones", ello "de conformidad con el art. 8.2 b) y 10.1 a) de la LJCA", "toda vez que el objeto del [recurso], una sanción en materia de seguridad e higiene, no se encuentra entre los enumerados en el art. 10.2 b)".
La demandante presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sendos escritos de personación registrados a 26 de julio y a 2 de septiembre de 2002. El día 15 de octubre de 2002 dicha Sala dicta Auto en que declara su competencia para conocer y fallar del recurso contencioso-administrativo, al tiempo que da trasladado a las partes para que aleguen sobre la posible extemporaneidad del recurso.
Con fecha de 18 de noviembre de 2002 la Sala de lo Contencioso-Administrativo pronuncia Auto en el que acuerda la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por extemporáneo —art. 51 d) LJCA— al haber transcurrido el plazo de dos meses que para la interposición estable el art. 46.1 LJCA. Dice el Auto de inadmisión que "la Resolución del Gobierno de Cantabria sometida a revisión jurisdiccional fue recurrida en plazo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, si bien dicho recurso se interpuso erróneamente ante órgano jurisdiccional distinto del señalado en la Resolución impugnada, que clara y directamente, en aplicación de las reglas de competencia contenidas en el art. 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitía al recurrente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en indicación del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo que cabía contra aquélla" (fundamento segundo). Sigue el Auto con que "desoyendo tan clara instrucción de recursos, el recurrente, asistido de Letrado, como es preceptivo, interpone el recurso contencioso- administrativo ante órgano jerárquicamente incompetente, de tal modo que, una vez declarada su incompetencia funcional por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y remitidas las actuaciones a esta Sala ..., había transcurrido el plazo legal de dos meses para la formulación de aquél, computados a partir de la notificación al recurrente del acto administrativo impugnado, siempre y cuando no se considerase que dicha interposición errónea del recurso interrumpe el plazo de dos meses, que se reabriría de nuevo ante la Sala, una vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo declarase su competencia y emplazase a las partes para comparecer ante este Tribunal" (fundamento tercero).
El referido Auto de inadmisión fue impugnado en súplica por la recurrente Copisa Constructora Pirenaica, S.A. La súplica fue desestimada por Auto de la Sala de Cantabria de 9 de enero de 2003, en el que se confirma el recurrido en todos sus términos.
La entidad sancionada dedujo recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional, pues considera que las decisiones judiciales de inadmisión le han producido lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), a la defensa (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), vulnerando asimismo el principio de conservación de las actuaciones judiciales practicadas, el pro actione y los de legalidad y seguridad jurídica (art. 9.3 CE). La demandante alega que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria computa el plazo de interposición del recurso contencioso- administrativo sin tener en consideración todas las actuaciones judiciales practicadas, dado que el curso del proceso debía continuar y no iniciarse de nuevo. Por ello los Autos de inadmisión infringen los preceptos legales de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que, de conformidad con sus arts. 7.3 y 51.6, caso de que se pronuncie declaración de incompetencia, deberá remitirse el proceso al órgano que se estime competente para que, ante él, siga su curso. Así el art. 7.3 LJCA no condiciona la remisión y la continuación del procedimiento ante el órgano competente en modo alguno; no exige que el acto administrativo originario impugnado remitiera para la interposición del recurso contencioso a un órgano u otro, ni que no hayan transcurrido dos meses desde la notificación del acto administrativo. Y la propia STC 78/1991 invocada por la Sala, al hilo de la doctrina de la STC 22/1985, establece que los principios de favorecimiento de la acción y de conservación de los actos procesales no permiten privar del beneficio previsto en el referido art. 7.3.
La Sección Tercera de este Tribunal, mediante providencia de 5 de febrero de 2004, acordó en los términos del art. 50.3 LOTC, conceder a la demandante y al Ministerio Fiscal plazo común de diez días para que alegaran lo que tuviesen por conveniente con relación a la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal a 20 de febrero de 2004, interesó la admisión a trámite del recurso de amparo. Lo considera articulado conforme a las previsiones del art. 44 LOTC, como quiera que la presunción de inocencia que invoca la demandante todavía no ha sido analizada en sede judicial y, en consecuencia, no se agotado dicha vía, siendo que las demás menciones, además de no establecer por sí solas derechos fundamentales, no constituyen sino una reiteración de la queja de que las resoluciones recurridas han obviado, injustificadamente, el pronunciamiento sobre la pretensión de fondo. Señala el Fiscal que, si bien podría no ser contraria a la tutela judicial efectiva una resolución de inadmisión por extemporaneidad fundada en la interposición del recurso contencioso- administrativo ante un órgano judicial manifiestamente incompetente, no es esto lo que ocurre en el presente caso. Aquí la Administración demandada no suscitó la incompetencia objetiva del Juzgado, sino que fue éste el que abrió de oficio el incidente cuando el proceso estaba prácticamente culminado, y, una vez se declaró incompetente, emplazó a las partes para su personación ante la Sala, lo que así hicieron en tiempo y forma. El carácter no manifiesto o evidente de la competencia de cada órgano, el hecho de que la indicación de recursos procedentes y órgano ante los que han de interponerse no vincula a las partes, y que en consecuencia —y a diferencia de lo que dice el primer Auto— no puede hablarse de indiligencia de la parte, se traduce para el Fiscal en que las resoluciones judiciales impugnadas incurran en una auténtica falta de fundamentación y en un formalismo enervante para acordar la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, vedando injustificadamente a la recurrente un pronunciamiento sobre el fondo de su pretensión.
En escrito registrado a 24 de febrero de 2004 la recurrente reiteró las alegaciones vertidas en su demanda de amparo para interesar su admisión.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó, por providencia de 27 de mayo de 2004, admitir a trámite la demanda de amparo y que se dirigiese comunicación a la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones de Cantabria a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente núm. 413-2000. Igualmente se dispuso comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario 810-2002, debiendo previamente emplazar, para que en diez días pudieran comparecer si lo deseaban en el recurso de amparo, a quienes habían sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Por providencia de 15 de julio de 2004 la Sala Segunda de este Tribunal tuvo por personados y parte al Abogado del Estado y al Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, en la representación que ostentan respectivamente. Asimismo dispuso dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo de veinte días, dentro de los cuales podían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme al art. 52.1 LOTC.
El Abogado del Estado dedujo alegaciones en escrito fechado a 26 de julio de 2004, solicitando la denegación del amparo. Afirma que el único derecho que podría entenderse violado es el de acceder a la jurisdicción para obtener una respuesta de fondo (art. 24.1 CE); más correctamente, el derecho a que las causas legales de inadmisión se apliquen de manera razonable y sin excesos rigoristas (SSTC 179/2003, FJ 2; y 188/2003, FJ 4), pues la invocación a no padecer indefensión es redundante y carece de toda base aducir el derecho a la presunción de inocencia, dado que la inadmisión por extemporaneidad no puede considerarse la culminación de un procedimiento punitivo y sancionador en sentido propio (SSTC 30/1992, FJ 7; 5/2004, FJ 9; y 57/2004, FJ 2). Rechaza que pueda decirse que el Auto de inadmisibilidad haya incurrido en error patente o interpretación arbitraria, pues no incurre en error fáctico incontrovertible del que dependa la decisión adoptada, sino que simplemente efectúa una interpretación del art. 7.3 LJCA y de la doctrina de las SSTC 22/1985, de 15 de febrero, FJ 4, y 78/1991, de 15 de abril, que está perfectamente dentro de los márgenes de lo razonable, con independencia de lo que se opine de su mayor o menor rigor.
El Ministerio Fiscal, por su parte, presentó escrito de 28 de julio de 2004 por el que solicitó el otorgamiento de amparo, reproduciendo en esencia las alegaciones contenidas en su anterior escrito de 20 de febrero de 2004.
El Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria dedujo sus alegaciones mediante escrito registrado el día 14 de septiembre de 2004. Interesó la desestimación del recurso de amparo, pues considera que la recurrente no fue lesionada en su derecho a la tutela judicial efectiva. Aduce que la Resolución del Consejo de Gobierno de Cantabria reunía todos los requisitos que para su notificación establece el art. 89 LPC, y que la indicación del órgano judicial competente para conocer del recurso contencioso-administrativo se hizo de conformidad con las reglas de competencia de los arts. 8 y 10, en relación con el art. 14 LJCA. El plazo para deducir el recurso contencioso-administrativo ante el órgano establecido por una norma imperativa, toda vez que no estamos hablando de un fuero electivo, no puede quedar sine die a expensas de lo que el reclamante haga deambulando por otras jurisdicciones u otros órganos judiciales, que no son los marcados por la ley, pudiendo así demorar a sus anchas la firmeza de los actos administrativos. Ello compromete el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), habida cuenta que los requisitos legales que condicionan la válida interposición de recursos son de obligado cumplimiento para quien los promueva, siendo en este punto los órganos judiciales los garantes del orden procesal y los "que han de hacer efectivas las consecuencias que la Ley anuda a su incumplimiento, que en este caso, se traducen en la inadmisibilidad del recurso" (STC 58/1989, recogida en STS de 26 de diciembre de 2000). Por lo tanto, pese a que la actora, bajo su riesgo y ventura, y apartándose del mandato legal y de la indicación establecida a pie de resolución, haya decidido acudir a otro órgano no competente, ello no es obstáculo para que opere la caducidad.
La entidad demandante presentó su escrito de alegaciones el día 18 de octubre de 2004, solicitando el amparo constitucional en los términos interesados anteriormente en su escrito de demanda.
Por providencia de fecha 24 de febrero de 2005 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional se señaló el día 28 del mismo mes y año para deliberación y fallo.
La presente demanda de amparo se dirige frente a dos Autos, fechados a 18 de noviembre de 2002 y a 9 de enero de 2003, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (procedimiento ordinario núm. 810-2002). Mediante los Autos antedichos quedó inadmitido por extemporáneo [art. 51 d) de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa: LJCA] el recurso contencioso-administrativo que la hoy demandante de amparo había interpuesto contra la resolución del Consejo de Gobierno de Cantabria confirmatoria de otra en la que fue sancionada con multa de 10.000.000 pesetas, como responsable de una infracción de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Aunque la demandante invoque diversos derechos fundamentales la médula de su impugnación se sitúa en la privación de su derecho a obtener una decisión judicial sobre el fondo de sus pretensiones procesales, y es por tal privación por lo que reclama el amparo de este Tribunal. De ahí que el marco constitucional adecuado para el examen de las quejas sea el del derecho de acceso al proceso o a la jurisdicción, ínsito en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) alegado por la demandante, debiendo tenerse en este caso como una alegación meramente instrumental de la anterior la que hace del derecho de defensa, y como inadecuada o prematura la del derecho a la presunción de inocencia —en función de los actos que la demandante considera que lo lesionan—, ya que si, por un lado, los Autos impugnados no contienen una decisión sancionadora —con una "finalidad represiva retributiva o de castigo" (SSTC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 3, y 132/2001, de 8 de junio, FJ 3)—, por otro lado, la inadmisión del recurso contencioso-administrativo excluyó el enjuiciamiento judicial de la resolución sancionadora cuestionada en el proceso, lo que impide en este momento cualquier consideración de este Tribunal respecto de dicha resolución, pues ello contrariaría la subsidiariedad propia del amparo constitucional (43.1, in fine, LOTC y SSTC 191/2001, de 1 de octubre, FF JJ 1 y 7; y 184/2004, de 2 noviembre, FJ 1).
Una vez delimitado el objeto de nuestro enjuiciamiento constitucional, ha de recordarse ahora la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual, al abordar la tarea de examinar ex art. 24.1 CE las resoluciones judiciales que cierran el acceso a la jurisdicción y, por tanto, impeditivas de la obtención de una primera respuesta judicial sobre el fondo de los derechos e intereses sometidos a tutela, despliega su máxima eficacia el principio pro actione, exigiéndose por su virtud que los órganos judiciales, cuando interpreten los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 158/2000, de 12 de junio, FJ 5; 252/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 72/2002, de 8 de abril, FJ 2; 188/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 219/2003, de 15 de diciembre, FJ 2; 220/2003, de 15 de diciembre, FJ 3; 142/2004, de 13 de septiembre, FJ 2, entre otras muchas).
Con el fin de comprobar si en el presente caso la interpretación de los requisitos procesales de admisión sustentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo incumplió las exigencias del derecho de acceso a la jurisdicción del art. 24.1 CE, como denuncia la demandante, o si, por el contrario, la privación de la decisión judicial sobre el fondo de sus pretensiones encontró su causa en la negligencia de la parte u otra conducta procesal impropia, se hace precisa una indagación en el fundamento legal de la decisión judicial que supuso el cierre del proceso que se había promovido. Aunque conforme al art. 117.3 CE no corresponda a este Tribunal Constitucional, y sí a los órganos del Poder Judicial, la verificación de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales, resulta obligado el examen de la normativa que establezca la causa legal de terminación del proceso aplicada, sólo en la medida imprescindible para efectuar el juicio de constitucionalidad sobre la decisión judicial desde la perspectiva del art. 24.1 CE. A este respecto hemos afirmado que la inadmisión basada en un motivo inexistente constituye no sólo una ilegalidad sino también una lesión que afecta al derecho reconocido en el art. 24.1 CE (SSTC 43/1992, de 30 de marzo, FJ 3; 261/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 172/2002, de 30 de septiembre, FJ 5).
La STC 78/1991, de 15 de abril, a la que aluden los Autos de inadmisión, y mediante la que este Tribunal resolvió un supuesto análogo al que ahora se nos plantea (si bien que relativo a una previa falta de competencia territorial), supone, desde luego, una referencia ineludible para resolver el presente recurso de amparo. En ella se señaló al art. 8.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 —del que es trasunto el vigente art. 7.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio— como uno de los expedientes que el Ordenamiento ofrece para propiciar la rectificación o subsanación de los defectos de que puedan estar aquejados los actos procesales y con el que se hace posible "la reorientación del recurso interpuesto ante el órgano incompetente hacia el que ostente la competencia ... en tal sentido expresa un principio de favorecimiento de la acción y de conservación de los actos procesales, que resulta inherente, desde luego, al derecho enunciado en el art. 24.1 CE" (FJ 3). La Sala de Cantabria que dictó los Autos que ahora se impugnan dice no haber ignorado la doctrina constitucional de nuestra STC 78/1991; sin embargo la consecuencia que de la misma extrae en su aplicación de los preceptos legales, determinante de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la demandante, no resulta conciliable con la tutela judicial efectiva de esta última.
En definitiva, no es constitucionalmente admisible que la Sala de Cantabria considere como fecha de interposición del recurso contencioso-administrativo la del recibimiento del mismo en ella, y no la de la interposición ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, porque tal criterio carente de fundamento legal alguno y contrario al principio pro actione condujo a que la demandante fuera privada de su derecho de acceder al proceso, contenido primario del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Por ello procede que este Tribunal estime la petición de amparo de la demandante, declare la nulidad de los Autos impugnados como vulneradores de su derecho a la tutela judicial efectiva y ordene que se retrotraigan las actuaciones procesales a fin de que se dicte una nueva resolución judicial conforme con el contenido del derecho fundamental vulnerado.
Restablecerla en la integridad de su derecho y a tal fin anular los Autos de 18 de noviembre de 2002 y de 9 de enero de 2003 dictados por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (procedimiento ordinario 810- 2002), retrotrayendo las actuaciones del proceso al momento anterior del pronunciamiento del primero de los Autos indicados, a fin de que se dicte una nueva resolución conforme con el contenido del derecho fundamental vulnerado.
STSJ Cantabria , 5 de Julio de 2000
STSJ Cataluña 842/2009, 30 de Enero de 2009
STSJ Galicia 81/2009, 4 de Febrero de 2009

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución