Source: http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/impugnacion-tasacion-costas_11_895180001.html
Timestamp: 2018-05-25 18:32:13+00:00

Document:
Tras la relevante modificación en los criterios para la imposición de las costas procesales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo introducida por el art.3.11 L 37/2011 de 10 octubre de Medidas de Agilización Procesal (1), las cuestiones referentes a la tasación de las costas e impugnación de las mismas devienen habituales en el quehacer diario de los Juzgados y Tribunales de dicho orden. Es por ello que en este artículo analizaremos los problemas que se suscitan en los procedimientos de impugnación de las mismas por indebidos y/o excesivos. Así, siendo conscientes que en esta materia -como en tantas otras- la realidad supera a la imaginación, trataremos cuestiones como el Impuesto del Valor Añadido en las minutas de los profesionales, el desglose de las partidas que las integran, la libertad del Tribunal para fijar la cuantía de las costas en lo que se refiere a la cuantía de los honorarios de abogados y peritos, sin resultar vinculado por los informes del Colegio de Abogados de Madrid, ni del Secretario, ni por las Normas Orientadoras Colegiales, la inexistencia del automatismo en la aplicación de honorarios y a la ponderación de los mismos de conformidad con otros criterios, la incidencia de la limitación de los honorarios en vía de tasación de costas cuando el Tribunal ha hecho uso de la facultad del art.139.3 L 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), así como si dicha limitación es aplicable también a las minutas de los Procuradores, impugnación por excesivos los derechos de los Procuradores, la aplicabilidad a las minutas de los Procuradores del RDL 5/2010, de 31 marzo, de ordenación económica, partidas incluidas y excluidas, (...).
El art.245 LEC lleva por rúbrica Impugnación de la tasación de costas. Este precepto viene a dar carta de naturaleza a cuestiones suscitadas bajo la vigencia de la LEC 1881 y que ante el silencio de ésta venían siendo resueltas por los Juzgados y Tribunales. Así, se recoge expresamente la posibilidad de que la parte acreedora de las costas procesales pueda impugnar la tasación de costas procesales cuando se excluyan o se reduzcan alguno o varios de los conceptos reclamados, impugnación que se sustanciará por el trámite de indebidas -en este caso, por conceptos debidos, a juicio del impugnante, indebidamente excluidos o reducidos en la tasación de costas practicada por el Secretario Judicial-, dando solución uniforme a los problemas suscitados en la práctica por la ausencia de regulación, que se solventaba en la mayoría de las ocasiones con la imposibilidad de impugnar la tasación de costas a pesar de ver excluidos o reducidos partidas o conceptos, no teniendo otra vía la parte para obtener dichas cantidades excluidas de la tasación que acudir al juicio declarativo correspondiente, mientras que en algunos casos sí se accedía a la impugnación de la tasación por parte del beneficiado con las costas. También el criterio jurisprudencial según el cual en el escrito de impugnación habrían de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta, con la consecuencia de inadmisión a trámite de la impugnación en caso contrario, ahora mediante decreto del Secretario Judicial (2). Por último, la posibilidad a la que se refiere el apartado segundo de la impugnación de la tasación por el concepto de excesivas se circunscribe expresamente a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, por lo que, a sensu contrario, esta regulación se viene a hacer eco de una doctrina jurisprudencial pacífica y reiterada según la cual no cabe dicha impugnación respecto a los profesionales que perciben sus honorarios por arancel, como es el caso de los Procuradores, en tanto que sus derechos son el resultado de la aplicación de las normas arancelarias a las que están sujetos. Sobre esto último y la posibilidad o no de impugnación por excesivos de los derechos del Procurador volveremos al final de este Capítulo, al examinar el Auto de la Sec. 3ª de la Sala Tercera del TS 19-7-11 y el posterior del Pleno de dicha Sala 5-3-13, así como la STC 108/2013, de 6 mayo -EDJ 2013/75416-.
[[QUOTE2: "Plazo de impugnación de la tasación de costas"]]
[[QUOTE1: "Subsanación por la parte de su solicitud de tasación de costas "]]
En primer lugar, la subsanación por la parte de su solicitud de tasación de costas sólo será posible siempre que no se haya practicado la tasación (LEC art. 244.2 -EDL 2000/77463-) y que se circunscriba a la aportación de factura o justificante de los conceptos reclamados. Así el Secretario Judicial podrá requerir a la parte para que aporte el documento justificativo de algún concepto incluido en la minuta o en la solicitud de tasación, posibilitando que el solicitante complete la documentación acompañada con su solicitud, dando así cumplimiento al mandato que en tal sentido imponen a los Tribunales los art.243.3 LOPJ y 231 LEC y evitando una impugnación posterior de la tasación de costas. Mas no puede acudirse a dicho remedio para que se modifiquen la solicitud o minutas aportadas o se presenten otras nuevas excluyendo aquellas partidas o conceptos que se estimen incorrectos; es decir, no cabe un requerimiento previo a la práctica de la tasación de costas procesales para que aporten nueva solicitud o minuta -a fin de que acomoden las mismas, por ejemplo, al arancel aplicable, a la cuantía del proceso, a las actuaciones que no sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, etc.-, sino que el Secretario Judicial deberá realizar el oportuno control de legalidad de las partidas minutadas y practicar la tasación de costas procesales, que podrá ser impugnada por cualquiera de las partes.
[[QUOTE1: "Errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento"]]
[[QUOTE2: "Al límite previsto en el art.394.3 LEC"]]
Para concluir con la limitación prevista en el art.394.3 LEC -EDL 2000/77463-, tres cosas más. La primera, dado que, como analizaremos adelante, ha venido siendo doctrina jurisprudencial de la Sala 3ª del Alto Tribunal -a la que luego nos referiremos- que la partida correspondiente al IVA debe ser excluida de la minuta a efectos de la tasación de las costas procesales, no tenía juego en el Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo la polémica acerca de si el límite objeto de estudio se aplica con o sin exclusión de dicho tributo (7). En todo caso, dicha cuestión ha sido resuelta por la L 42/2015, de 5 octubre, de reforma de la LEC, que modifica el apartado segundo del art. 243, estableciendo que «no se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394» (8).
[[QUOTE1: "Motivos en que pueden fundarse la impugnación de la tasación de costas por el concepto de indebidas"]]
[[QUOTE2: "Impugnación de la tasación de costas por el concepto de excesivas"]]
[[QUOTE1: "Profesionales que perciben sus honorarios por arancel, como es el caso de los Procuradores"]]
Para finalizar, abordaremos la cuestión antes apuntada y suscitada por la doctrina contenida en el Auto de la Sec. 3ª de la Sala Tercera del TS 19-7-11 (Rec. 3337/07; Pte: Excmo. Sr. Campos Sánchez-Bordona) -EDJ 2011/155503-, respecto al criterio tradicional de excluir del incidente en concepto de exclusivos a los profesionales que perciben sus honorarios por arancel, como es el caso de los Procuradores. En dicho Auto, además de resolver la impugnación de los honorarios del letrado por excesivos -considerándolos desproporcionados (18) y reduciendo los mismos de 243.576 euros a 25.000 euros-, se plantea la cuestión suscitada por el Abogado del Estado en base a la novedad legislativa que ha supuso el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo -EDL 2010/18632-, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, propugnando que no se realice una aplicación estricta de la vigente normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales (el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre) sino que se aplique al caso de autos el criterio de proporcionalidad y que se modere el importe de la cantidad que, bajo la cobertura de condena en costas, puede exigir el Procurador en este caso. Y la Sala dijo que "considera, en efecto, "manifiestamente desproporcionada" en el caso de autos la percepción, por parte del Procurador, de unos derechos arancelarios cuyo importe asciende a 106.769,27 euros, tanto más cuanto que los honorarios del Letrado -obviamente, de mayor relevancia jurídica para el éxito de los intereses de la parte a la que éste defiende y aquél representa- han sido reducidos a la cifra de 25.000 euros.
Meses después, la STC, Constitucional, Sec. 1ª, 6-5-13 (Rec. 7128/11; Pte: Excmo. Sr. Ollero Tassara) -EDJ 2013/75416-, vino a resolver el recurso de amparo interpuesto por el Ilustre Consejo General de Procuradores de España, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y don Ramón Rodríguez Nogueira, contra el Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 15-11-11, dictado en recurso de casación núm. 3337/2007 -EDJ 2011/272367-, por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra el Auto 19-7-11, que resolvió recurso de revisión contra el decreto del Secretario Judicial de dicha Sección de 28 de junio de 2010, desestimatorio de la impugnación de la tasación de costas formulada por el Estado. Las vulneraciones de derechos denunciadas en la demanda se agrupaban en torno a los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (CE art. 24.1) y a la igualdad en la aplicación de la ley (CE art.14), rechazando éste último al no ser válido el término de comparación propuesto. Como indica el Tribunal, el otro motivo es que constituye el núcleo del recurso de amparo. Comienza diciendo que no era aplicable en la revisión de la tasación de las costas la facultad que reconoce el art.139.3 LJCA -EDL 1998/44323-, estando circunscrito su al momento de la imposición de las costas, sin que pueda realizarse en un momento posterior, recordando que así lo ha reconocido el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Auto 5-3-13 comentado -EDJ 2013/27852-. A continuación, afirma que los art.242.4 y 245.2 LEC -EDL 2000/77463- no prevén la posible impugnación por «excesivos» de los derechos de los profesionales sometidos a arancel: consecuentemente, no cabe impugnar los derechos de los Procuradores por excesivos, sólo los honorarios de los Abogados, manteniendo así el criterio tradicional en la materia. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional rechaza el cambio de criterio en el sistema de retribución de los derechos de los procuradores que se fijan por arancel basado en una interpretación «contra legem» de lo dispuesto en la disp.adic. única RDL 5/2010 -EDL 2010/18632-, pues, cuando lo que contiene es un «principio de limitación» o «tope máximo» que no puede superar la cantidad a percibir por el Procurador en concepto de derechos, el Tribunal Supremo hace derivar un «principio de proporcionalidad». En consecuencia, rechaza el principio de proporcionalidad aplicado, otorga el amparo solicitado y anula los Autos de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 19-7-11 y 15-11-11 (22) .
23.- Esta resolución contó con el Voto Particular de los mismos ocho Magistrados que lo formularon respecto de sendos ATS 5-3-13 (tres Magistrados también formularon Voto Particular al ATS 11-7-13, Rec. 2742/10 -EDJ 2013/155324-). Por su interés, merece poner de manifiesto las razones fundamentales de tales Votos Particulares. Así, ponían de manifiesto sus autores que la Sala no puede admitir una aplicación de una norma sin rango de ley (el RD 1373/2003 -EDL 2003/120494-, por el que se aprueba el arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales) que aboque a, y legitime, un resultado tan manifiestamente ilógico, atendidas las funciones de uno y otro profesional en el proceso, como era el allí alcanzado. Conclusión que es plenamente aplicable al presente supuesto que todavía es mayor (25.000 euros a favor del abogado, 106.769 euros a favor del procurador) la desproporción entre los derechos arancelarios de un profesional y los honorarios del otro. El resultado, insisto, carece de toda justificación en los servicios prestados por ambos en el mismo recurso de casación (siendo, como es obvio, más relevantes desde el punto de vista jurídico los relativos a la defensa que los de mera representación procesal de la parte) además de ser injustificadamente gravoso para la parte condenada en costas. Y continúa que, incluso si la reducción de los derechos arancelarios no pudiese ser fundamentada en la aplicación del RDL 5/2010 -EDL 2010/18632- o del art.139.3 LJCA -EDL 1998/44323-, existían motivos suficientes y relevantes para la decisión del litigio -que el Pleno de la Sala no entró a valorar en un sentido ni en otro en los autos objeto de discrepancia-. En síntesis, son las dos siguientes. Primera, que la posible incompatibilidad del régimen de los derechos arancelarios de los procuradores regulado por el RD 1373/2003 «con los artículos 101 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -EDL 1992/17993-, y más precisamente, con "los requisitos de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere el artículo 15.3 de la Directiva 2006/123/CE" había sido ya planteada mediante auto de 1 de marzo de 2012 por la Audiencia Provincial de Barcelona ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una serie de cuestiones prejudiciales correspondientes al asunto C-364/12. Es cierto que dichas cuestiones fueron ulteriormente retiradas -pues las partes del litigio principal llegaron a una transacción en cuanto al pago de las costas- pero también lo es que análogas cuestiones han sido nuevamente planteadas al Tribunal de Justicia por otro órgano jurisdiccional español en el asunto C-276/13. Y segunda, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera la falta de proporcionalidad de las costas procesales excesivas, en el contexto del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, como un posible elemento obstativo y disuasorio del acceso a los tribunales contraria a aquel precepto. Más en concreto, las costas procesales desproporcionadas a las circunstancias de cada caso -y a estos efectos resulta irrelevante que su cálculo se haya hecho conforme a una norma reglamentaria nacional- pueden constituir una restricción injustificada o una vulneración del "derecho al juez" en términos contrarios al artículo 6.1. de aquel Convenio.»

References: artículo 394
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 6