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Timestamp: 2020-06-06 10:17:55+00:00

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Aplicabilidad de la Falla del Servicio Como Criterio Para Endilgarle Responsabilidad Patrimonial al Estado Colombiano en el Caso de Ataques o Actos Terroristas
#info:eu-repo/semantics/bachelorThesis #Responsabilidad del Estado #actos terroristas #Fallas del servicio #Títulos de imputación
1. APLICABILIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO COMO CRITERIO PARA. ENDILGARLE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO. COLOMBIANO EN EL CASO DE ATAQUES O ACTOS TERRORISTAS. ESMERALDA HERRERA SILVA. Asesor. Iliana Ojeda. Articulo para optar al título de . Especialista en Derecho Administrativo. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. FACULTAD DE DERECHO. MEDELLÍN. 2015. 2. APLICABILIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO COMO CRITERIO PARA ENDILGARLE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO. COLOMBIANO EN EL CASO DE ATAQUES O ACTOS TERRORISTAS1. Esmeralda Elena Herrera Silva2. RESUMEN. El presente escrito expone los elementos jurídicos necesarios para la. configuración de la falla del servicio como título de imputación en los casos de. actos terroristas en Colombia, en consideración a lo anterior, se expone en primer. lugar lo que se entiende por responsabilidad patrimonial del Estado, en segundo. lugar los elementos para su aplicación y finalmente, se analizará la aplicación de. los citados elementos en un caso concreto.. PALABRAS CLAVES. Actos terroristas, falla del servicio, responsabilidad del Estado, títulos de. imputación. . INTRODUCCIÓN. La Responsabilidad del Estado en Colombia en sus diferentes manifestaciones es. producto del desarrollo legislativo, jurisprudencial y doctrinal a lo largo de la. historia; no obstante, es insoslayable mencionar que la Constitución Política de. 1991 ha aportado realizado un notable aporte al proceso de construcción de los. elementos de esta figura.. Para la práctica jurídica en general y sobre el tema específico de Responsabilidad. Extracontractual del Estado se hace urgente ir aclarando algunas zonas de. 1 Artículo para optar al título de especialista en Derecho Administrativo 2 Abogada egresada de la Universidad de Sabaneta, estudiante de la cohorte 20 de la. especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Correo Electrónico: esmeseguros@une.net.co. mailto:esmeseguros@une.net.co mailto:esmeseguros@une.net.co. 3. penumbra interpretativa creadas por la confusa jurisprudencia del Consejo de. Estado en los casos de actos o ataques terroristas.. Es importante aclarar que el presente escrito es de carácter exploratorio y que no. parte de una hipótesis, sino que, tiene una vocación netamente descriptiva del. estado actual del título de imputación escogido en los casos de ataques o actos. terroristas y que tomará como referencia algunas decisiones del órgano de cierre. de la jurisdicción contenciosa sobre otros títulos de imputación, pero con el simple. objetivo de evidenciar algunas contradicciones que se señalarán posteriormente.. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO COLOMBIANO . Actualmente, la responsabilidad del Estado colombiano se deriva del Artículo 90. de la Constitución Política que la consagra en los siguientes términos:. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean. imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de. tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente. culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.. Así las cosas, este régimen de responsabilidad responde también a la vocación. del Estado Social y Democrático de Derecho, cual es cumplir con unos fines. definidos por el constituyente primario en el artículo segundo de la Carta Política.. Es así como el artículo 90 de la Constitución, no es más que la mera consecuencia. de la filosofía que traza la Carta Política, circunscrita por principios y valores. superiores del ordenamiento jurídico, como la dignidad, la igualdad, la libertad, la. justicia, el pluralismo político, la solidaridad, la equidad, el Estado Social de. Derecho, etc. (Gil Botero, 2011, pág. 20).. La responsabilidad del Estado en Colombia puede ser calificada como contractual. o extracontractual, la primera de ellas hace referencia a las reparaciones producto. de los conflictos propios del Estatuto General de la Contratación de la. 4. Administración Pública, consagrado en la Ley 80 de 1993, sus reformas ,. adiciones y otras normas; mientras tanto la responsabilidad extracontractual tiene. como fuente directa la Constitución Política como ya fue expuesto y el mecanismo. idóneo para su reconocimiento es el medio de control de la Reparación Directa. regulado por el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011. En esa medida, según. Celemin y Roa:. Se ha sostenido que el reconocimiento de la responsabilidad se justifica, porque la. administración, siempre mantiene innumerables relaciones jurídicas con los. particulares, presenta una actividad en todos los sectores de la comunidad, tiene. una intervención progresiva en aspectos económicos, culturales, justicia, sanidad,. defensa, fiscales etc…. Y esta intervención puede provocar, y provoca, daños a los. particulares, lo que obliga a la construcción de una teoría de la responsabilidad en. el Derecho Público. (2004, pág. 14). Entre las fuentes de la responsabilidad extracontractual se encuentran: la falla en. el servicio, la expropiación y ocupación de inmuebles, el daño especial, el riesgo. excepcional, el enriquecimiento injusto, la función legislativa y la función. jurisdiccional; se sustentan todas ellas en que los daños que causan las acciones,. omisiones, hechos, operaciones o vías de hecho de la administración no tienen. que ser soportadas por el administrado.. La doctrina se ha encargado de decantar los elementos necesarios para la. imputación de responsabilidad del Estado. Así:. Para que exista la responsabilidad administrativa, es necesario que converjan tres. elementos: actuación de la Administración, daño o perjuicio y nexo causal entre el. daño y la actuación. La actuación de la Administración es un elemento esencial a. la hora de establecer la responsabilidad; la Administración actúa por medio de. 5. actos, hechos, operaciones, vías de hecho y omisiones. (Guerra García, 2009,. pág. 26). La responsabilidad extracontractual del Estado se subdivide a su vez en. responsabilidad objetiva y subjetiva. De la primera habría que mencionar que es. un desarrollo significativo en la doctrina del Derecho Administrativo sobre. responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto para su configuración requiere la. existencia y comprobación de la existencia de un daño antijurídico, entendiendo. por tal aquel perjuicio que el administrado no está en la obligación de soportar y el. nexo de causalidad entre la actuación u omisión de algún agente estatal y dicho. daño.. Respecto de la segunda subclasificación, esto es, de la responsabilidad subjetiva,. habría que mencionar que requiere, además de los elementos anteriormente. mencionados, el dolo o la culpa del agente ocasionador del daño antijurídico.. Sobre esta diferenciación es posible traer a colación las consideraciones de. García Herreros (1997) quien al respecto expone:. Los sistemas que fundamentan la responsabilidad en la culpa o en el riesgo. difieren consecuentemente sobre lo que debe probarse: en el de la. responsabilidad subjetiva es necesario probar no solo el daño y el nexo causal si. no la culpa; en el de la responsabilidad objetiva será necesario probar solo el. perjuicio y la relación de causalidad entre este y la conducta del agente. (Pág.. 307). Claramente el citado autor reduce la diferenciación a términos elementalmente. prácticos, este aspecto es positivo en cuanto las diferencias entre los diversos. tipos de responsabilidad del Estado y los títulos a través de los cuales la misma. puede ser imputada, radican en la práctica del saber jurídico y no son muy. notorias en abstracto.. 6. Teniendo las anteriores anotaciones en cuenta, se retoman los elementos que. configuran la responsabilidad extracontractual del Estado: Daño antijurídico,. actuación u omisión de un agente estatal y nexo de causalidad entre el daño y la. acción u omisión.. DAÑO ANTIJURÍDICO. Podría pensarse que todos los daños antijurídicos son responsabilidad del. Estado, sin embargo esta afirmación no tiene asidero jurídico, precisamente. porque no se aplican de forma correcta los criterios hermenéuticos necesarios . para establecer que es o no un daño antijurídico, a propósito cabe mencionar la. apreciación hecha por De la Cuétara citado por (Consejo de Estado, 2011). El perjuicio que da origen a la responsabilidad es el injusto, el cualificado por la. nota de la antijuridicidad, y sabemos también que esta antijuridicidad hay que. buscarla en el hecho en sí mismo, no en la conducta que lo causa… el derecho es. operativo tan solo dentro de ciertos límites, límites que se derivan de los costes. sociales inherentes a la aplicación de los instrumentos jurídicos. se deduce que,. aun existiendo perjuicios reales que se alejan del ideal de justicia, algunos de ellos. pueden no ser reparables dentro del sistema de derecho que conocemos y, por lo. tanto, no resultan antijurídicos en el sentido técnico del término… la antijuridicidad. de los daños posee unos límites, límites que lo son también de la operatividad del. sistema jurídico. . Partiendo de la premisa de que es imposible establecer una lista de cuáles son los. daños antijurídicos, bastará por ahora con mencionar que para la verificación de. estos se hace necesario demostrar que el daño causado por la actuación de la. administración se ve reflejado en un gravamen que el administrado no está en la. obligación de soportar. En este sentido la doctrina lo ha concebido en los. siguientes términos:. 7. El daño antijurídico se concibió en las distintas ponencias como aquel que causa. un detrimento patrimonial que carece de título jurídico válido y que excede el. conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida. social. Es decir no solo se definió por la carencia de título en el deber de soportar. el daño, sino porque éste excederá la carga normal que debe soportase en. sociedad. Se dejó abierta la discusión de si cualquier daño que careciera de título. jurídico valido tendría que ser indemnizado, o si tan solo debería serlo aquel que a. demás de reunir el requisito anterior, supusiera una anormalidad y gravedad. El. punto que queda pues a la interpretación, es el de determinar si los dos requisitos. son acumulativos o alternativos. (Henao, 2011). NEXO CAUSAL. La Teoría de la causalidad en la sociedad del riesgo adquiere cada vez mayor. importancia, en cuanto al régimen de responsabilidad del Estado, es necesaria. una definición sobre el requisito que deberá cumplirse para que se entienda que. un daño antijurídico es la consecuencia directa de la acción u omisión del. Estado(Consejo de Estado, 2011). El nexo causal es la determinación de que un hecho es la causa de un daño. En. esa medida, en aras de establecer la existencia del nexo causal es necesario. determinar si la conducta imputada a la Administración fue la causa eficiente y. determinante del daño que dicen haber sufrido quienes deciden acudir ante el juez. con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados. (Pág.2). Cuando se habla del nexo causal como requisito para declarar la responsabilidad. del Estado, es necesario saber que no es definitivo, por cuanto éste requiere de. algunos elementos extras para que sea concluyente genere la responsabilidad de. la administración, Escuin Palop (2005) expresa:. 8. El nexo causal se explica a través de la teoría de la causalidad adecuada para la. que no es posible apreciar de forma apriorística y con carácter general las notas o. elementos del nexo causal, ya que puede existir un nexo causal directo, inmediato. y exclusivo de la Administración que no genere la obligación de responder y nexos. indirectos, mediatos y parciales que originen la obligación de indemnizar. Para. determinar la existencia de una causa adecuada la jurisprudencia se fija en si era. de esperar la concurrencia del daño en el curso normal de los acontecimientos;. esto es, si el resultado se corresponde con la acción que lo originó. Es adecuado a. esta y se encuentra en relación causal. (Pág. 867). LA FALLA DEL SERVICIO. La responsabilidad Patrimonial del Estado por Falla del Servicio pertenece a la. subclasificación de responsabilidad extracontractual subjetiva y tiene como. requisitos para su configuración: la ocurrencia de un hecho, que el hecho haya. ocasionado un daño antijurídico y que le sea imputable al Estado. Es decir, los. elementos que fueron anteriormente esbozados.. La figura de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia ha surgido por. vía jurisprudencial, por tal razón, el título de imputación falla del servicio ha. atravesado algunas modificaciones en cuanto al establecimiento de su. aplicabilidad, asunto que será expuesto en otro acápite del presente escrito.. El título objeto de estudio se puede presentar ante la actuación inadecuada de la. entidad estatal y en ese caso será llamada falla en el servicio o por la inexistencia. total de la actuación debida conforme a los fines de la autoridad o entidad estatal,. caso en el cual se denominará falta del servicio. De acuerdo con lo anterior,. El Estado como administrador de los servicios públicos, debe prestarlos en forma. satisfactoria y oportuna; si no se prestan o se prestan en forma defectuosa o. tardía y con ello se ocasiona un perjuicio al administrado, se compromete la. responsabilidad del Estado. Vedel dice: “la falta de servicio consiste en toda falta a. 9. las obligaciones del servicio; resulta imposible, pues, enumerar las diversas faltas. de servicio, porque equivaldría a estudiar las reglas de funcionamiento de todos. servicios. La falta puede consistir, tanto en una acción como en una abstención,. tanto en una actuación voluntaria como en una imprudencia o torpeza. Puede estar. constituida, tanto por una decisión ejecutoria, como por una simple operación. material. Puede consistir tanto en un defecto de organización del servicio como en. un fallo de su funcionamiento.(Giraldo Castaño, 1997, pág. 87). En la práctica jurídica, este título de imputación se ha venido clasificando para dar. lugar a las variantes propias de las circunstancias específicas de casos concretos,. en esa medida, se han gestado: la falla probada, la falla presunta, la falla anónima. y finalmente la falla relativa, esta clasificación se basa en las posibilidad que a. nivel probatorio tienen las partes del proceso jurisdiccional tendiente a la. indemnización del daño causado.. La falla probada es aquella en la cual el administrado que ha sufrido el daño. antijurídico, valiéndose de las herramientas ofrecidas por el ordenamiento jurídico. ha logrado probar el hecho u omisión que le ocasión el daño, y el nexo de. causalidad entre la falla y el daño sufrido. En este caso, se tendrán suficientes. elementos para una aplicación sencilla del título de imputación.. La falla presunta es un caso típico de inversión de la carga de la prueba, ocurre. frecuentemente en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado por. intervenciones médicas mal practicadas o ausencia de las mismas, es expresión. de la teoría de la carga dinámica de la prueba y que no será abordada por no ser. objeto de esta disertación.. Al respecto la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del. Consejo de Estado en Sentencia del 30 de julio de 1992, citada en el Expediente. 73001-23-31-000-1998-00298-01 expresaba. Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de justicia en. general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar de someter al. 10. paciente, normalmente el actor o sus familiares, a la demostración de las. fallas en los servicios y técnicas científicas prestadas por especialistas,. fueran éstos, los que por encontrarse en las mejores condiciones de. conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta. profesional, quienes satisficieran directamente las inquietudes y. cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan. La falla anónima por su parte presenta una actuación irregular o una falta de. prestación del servicio, así mismo existe claramente un daño y un nexo de. causalidad entre tal daño y la falla o falta del servicio; sin embargo se imposibilita. el Medio de Control de Repetición consagrado en el segundo inciso del artículo 90. de la Constitución y desarrollado por la Ley 1437 de 2011, puesto que esta clase. de falla “muestra una actuación irregular de la administración, que no puede. atribuirse ni imputarse a una persona física determinada, pero que se relaciona. directamente con el servicio público” Güechá Medina (2012, página 101). El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección. Tercera, expediente 17.303, sentencia del 25 de febrero de 2009, M.P. Ruth. Stella Correa, dice: “Es cierto que desde hace mucho tiempo la. jurisprudencia de la corporación ha sostenido que la falla del servicio es. anónima, para indicar que no se requiere establecer en el proceso quien fue. el autor material del daño causado; pero esto no significa que no deba. establecerse los hechos a partir de los cuales se pretende imputarle al. mismo ese daño; por lo tanto, no era necesario que en este proceso se. identificara a la persona que dio muerte al menor, pero para poder imputar. ese hecho a la Nación, por haber sido causado por un agente a su servicio. sí era necesario acreditar esa circunstancia”.. Finalmente, la falla relativa hace referencia a la subclasificación de las actividades. que no le son exigibles al estado por salir de los límites normales de su actuación.. El Consejo de Estado lo explica en los siguientes términos:. 11. “la exigencia que debía hacerse al Estado sobre el cumplimiento de sus. obligaciones estaba determinada por la verificación de sus condiciones. materiales reales y no sobre criterios ideales o que apenas estén en vía de. desarrollo, No obstante se ha mantenido la advertencia de que las. condiciones presupuestales no son justificación para el incumplimiento de. las obligaciones de seguridad que corresponde prestar al Estado.” (. Sentencia del 6 de marzo de 2008 Consejo de Estado Sección Tercera). http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109133/eXe_109133/Modulo/MOD. ULO_EXE/leccin_3_falla_en_el_servicio_por_parte_de_la_administracin.h. tml. APLICABILIDAD EN LOS CASOS DE ACTOS TERRORISTAS. La responsabilidad penal individual como consecuencia de actos terroristas se. encuentra definida en la Ley 599 del año 2000 o Código Penal colombiano de la. siguiente manera. Artículo 144 El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado,. realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga. objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de. violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola. conducta en prisión de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos. cincuenta (450) meses, multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto. sesenta y seis (2666.66) a cincuenta mil (50,000) salarios mínimos legales. mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y. funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta. (360) meses.. Exige entonces esta norma para la adecuación jurídica del acto que la conducta. llevada a cabo esté destinada a aterrorizar a la población y que se adelante con. ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Estas condiciones se enmarcan en lo. 12. que a nivel internacional ha sido denominado guerra3 preventiva o legítima. defensa preventiva, de donde se derivan las diversas políticas en pro de la. extinción de este tipo de ataques.. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la. pertinencia de endilgar responsabilidad patrimonial al Estado mediante el título de. imputación de falla del servicio ante la ocurrencia de estos hechos no ha sido. uniforme. Así, los criterios más utilizados para determinar la procedencia de la. indemnización de perjuicios han sido el riesgo excepcional y la falla del servicio. probada, baste decir que la imputación que se haga debe corresponder a cada. caso según los elementos que se puedan probar.. El riesgo excepcional es subclasificado dentro de la responsabilidad. extracontractual objetiva, lo que indica, como ya fue señalado con anterioridad que. está desligado de la necesidad de probar la actuación dolosa o culposa del agente. para estructurar la necesidad de indemnizar.. Esta modalidad de responsabilidad es aplicable en la realización de actividades. peligrosas tales como: manipulación de armas de fuego, construcciones,. enfrentamientos de las fuerzas armadas, conducción de vehículos automotores,. conducción de energía eléctrica, entre otras. En diferentes ocasiones el Consejo. de Estado se ha manifestado sobre la operatividad de esta figura en el siguiente. sentido:. El régimen de riesgo excepcional es una subespecie de los denominados. regímenes objetivos, en los cuales el elemento subjetivo de falla del servicio. no entra en juego y que, por consiguiente, no requiere que el actor pruebe. falencia y que, por tanto, probados el hecho dañoso- vinculado a una. situación de riesgo - el daño antijurídico y la relación causal se configura la. responsabilidad extracontractual, salvo que se demuestre una causa 3 Se recomienda sobre este tema: http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-. 30/seguridad/item/2147-la-llamada-guerra-preventiva-accic3b3n-preventiva-o-legc3adtima-defensa-. preventiva. 13. extraña - hecho exclusivo del tercero o de la víctima y/o fuerza mayor -. (Consejo de Estado, 2001). El “riesgo excepcional” como título jurídico de imputación requiere (i) que se. haya creado un riesgo de naturaleza excepcional, (ii) que el riesgo. excepcional creado finalmente se realice y, (iii) que el riesgo de naturaleza. excepcional que se ha creado y posteriormente realizado haya sido. impuesto de modo perfectamente legal. (Consejo de Estado, 2006). En el caso concreto de los actos o ataques terroristas, será necesario para la. aplicación de este título que el ataque se lleve a cabo como producto de un riesgo. o serie de riesgos creados previamente por el Estado, pero en cumplimiento de. sus deberes legítimos, es decir, en el caso del riesgo excepcional, a diferencia de. la falla del servicio, no existe una acción u omisión inadecuada de la entidad. pública, sino una actuación previa que a fin de cumplir los deberes del Estado,. desencadena un riesgo para la población civil.. A modo de ejemplo piénsese en una comunidad inmersa en una zona del país en. la cual existan enfrentamientos frecuentes entre la Guerrilla y el Ejército. colombiano, cuya cotidianidad está siempre rodeada por la presencia de actores. armados al margen de la ley. Para cumplir con su deber legal de protección de la. seguridad de la comunidad, el Ejército Nacional dispone la creación de un. establecimiento militar en la zona y pocos días después del cumplimiento de tal. iniciativa, la guerrilla ataca el establecimiento militar con una gran cantidad de. explosivos. De estos hechos, se deriva la destrucción de alrededor de 40. viviendas cercanas al establecimiento militar y la muerte de por lo menos 120. civiles.. En el caso de la falla del servicio, o como ha sido aclarado, de la falta del mismo,. no es necesario que el acto o ataque se dirija contra una estructura que se. establece en cumplimiento de los deberes del Estado, contrario a eso, la. responsabilidad patrimonial del Estado por la falla del servicio surge de una. 14. actuación irregular o la carencia de la actuación que se esperaría del agente o. entidad estatal.. En este caso el ejemplo sería una comunidad también inmersa en el conflicto. armado y rodeada por agentes pertenecientes a cierto frente de una organización. guerrillera, algunos de los comandantes de tal estructura guerrillera le han. advertido a ciertos líderes de la comunidad que se encuentran en riesgo de una. inminente toma a su territorio, varias autoridades de la comunidad se comunican. con las directivas de las fuerzas armadas que consideran pertinentes para que. actúen en el caso impidiendo el accionar advertido; sin embargo, no reciben la. ayuda solicitada que, en todo caso es el deber de las fuerzas armadas y como. resultado de la anunciada toma mueren 200 personas. En este caso, es necesario. traer a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado, así:. Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por. acción u omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero debe. analizarse si para la Administración y para las autoridades era previsible. que se desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de. los puntos más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es. la previsión de la generalidad de los hechos (estado de anormalidad del. orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan casi margen para. la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia ordinaria. vivida (Consejo de Estado, citado por: Margaux, 2010, página 120). En el ejemplo hipotético descrito, el Estado no podría alegar la existencia de la. eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de un tercero por. algunas consideraciones del Consejo de Estado, que son recogidas de manera. muy adecuada en Sentencia del 18 de marzo de 2010. Considerar los actos de terrorismo como el hecho exclusivo de un tercero,. en términos del mal llamado nexo de causalidad, implicaría condenar a la. impotencia a la población, dado que quien tiene el deber jurídico de. 15. protegerla, porque tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es el Estado,. encarnado en sus fuerzas militares y de policía. . ESTUDIO DE CASO. Se analizará el Caso de la providencia con radicado 05001-23-24-000-1993-. 00169-01(19426) del 23 de junio de 2010, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero. Expone la sentencia que la demanda instaurada por la hija y la cónyuge de un. patrullero de la Policía Nacional, quien en el año 1991 se encontraba amenazado. por grupos al margen de la ley. En ese mismo año y mientras se encargaba de sus. labores en la plaza de toros la Macarena de la Ciudad de Medellín, falleció como. consecuencia de la explosión de un carro bomba que se encontraba estacionado. entre las patrullas de Policía. Expone el honorable tribunal:. La Sala ha entendido que la afectación de los derechos a la vida e. integridad personal del militar profesional es un riesgo propio del servicio,. que prestan en cumplimiento de operaciones o misiones militares. Al. Estado no se le puede atribuir responsabilidad alguna por la concreción de. esos riesgos, a menos que se demuestre que la lesión o muerte deviene. de una falla del servicio, que consiste en el sometimiento del afectado a un. riesgo mayor que al de sus demás compañeros, con quienes desarrollaba. la misión encomendada (Consejo de Estado). En el caso concreto, la decisión del Consejo de Estado fue negar las pretensiones. del demandante por considerar que los agentes de las fuerzas armadas están. sometidos a ciertos riesgos sobre su vida y su libertad. No obstante, en este caso. se hace necesario un estudio más detallado de los elementos que constituyen. responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio.. En efecto, en el caso expuesto, ocurrió un hecho violento como consecuencia del. conflicto político armado interno de la Nación, fue perpetrado por actores armados. 16. y tuvo como finalidad y consecuencia causar zozobra en la población de un. territorio determinado (Plaza de toros la Macarena).. En el caso objeto de estudio existía un daño antijurídico en la medida en que la. cónyuge y la hija del integrante de las fuerzas armadas no estaban en la. obligación de soportar la muerte de tal integrante de su familia.. Finalmente, existe un nexo de causalidad directo y demostrable del hecho dañoso. y el resultado antijurídico, pues es evidente que no existe ningún otro factor al que. se pueda atribuir la ocurrencia del daño.. En esa medida, resulta un poco extraña la negación por parte del Consejo de. Estado de la responsabilidad a que se hace acreedor el Estado ante la ocurrencia. de estos casos. Sin embargo, esta decisión se corresponde con la siguiente. afirmación de la misma providencia, según la cual, el patrullero . Estaba desarrollando actividades relacionadas con la labor que le había. sido encomendada como miembro de la Policía Nacional. No obra en el. proceso ningún otro medio de prueba que permita deducir algún tipo de. irregularidad en dicha acción, que lleve a concluir que el afectado fue. sometido a un riesgo superior al que normalmente debía soportar.. Por tal razón, resulta de vital importancia siempre que se intente la aplicación del. título de imputación de la falla del servicio por actos terroristas en el caso de los. integrantes de las fuerzas armadas, hacer la adecuación típica más conveniente. para permitir al juzgador y si fuera el caso, a las instancias a las que sea necesario. llegar, establecer la responsabilidad del Estado con base en la falla del servicio. con cada uno de los elementos que la componen.. BIBLIOGRAFÍA. 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