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Timestamp: 2018-08-16 02:12:46+00:00

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ateneo ferrol - RUC
XII XORNADAS DE DOCUMENTACIÓN DO ATENEO FERROLÁN. DOC2015
“Arquivos para a cidadanía. Arquivos da cidadanía”
(Ferrol, 15 outubro 2015)
LOS ARCHIVOS Y LOS CIUDADANOS: ALGUNOS PROBLEMAS DE
Profesor honorario de la UDC
En un mundo globalizado y digital, y refiriéndonos a los estados democráticos, los
archivos han experimentado una transformación, debido a la evolución del propio
concepto de archivo, y sobre todo al uso de las nuevas tecnologías, que inciden tanto en
su propia naturaleza como en el acceso de los ciudadanos a sus documentos, que se hace
más abierto, fácil y transparente. Pero este proceso convive con situaciones y prácticas
que lo dificultan, como la carencia de archivos o de sistemas archivísticos debidamente
conformados en muchas entidades públicas, la separación de grandes masas
documentales, ya de carácter histórico, al uso público, al amparo de las leyes de secretos
oficiales, o la dificultad de acceder a determinados documentos administrativo, por la
existencia de una normativa un tanto confusa y restrictiva, como las denominadas leyes
de transparencia o de procedimiento administrativo. Y por supuesto, a la carencia de
recursos, léase personal, locales o medios económicos, para organizar y
describir adecuadamente los documentos, lo que se traduce muchas veces en
destrucciones arbitrarias, de las que con frecuencia tenemos noticias en la prensa
periódica. Los ciudadanos y los medios de comunicación deberían ser conscientes de
que una buena organización archivística defiende sus derechos a la
información, contribuye a la buena gestión administrativa, y garantiza la reconstrucción
de la historia y la conformación de las identidades nacionales, de clase o de género, de
manera fehaciente.
ACCESO A LOS DOCUMENTOS HIISTÓRICOS / ACCESO A LOS
ARCHIVOS-LEGISLACIÓN
ARCHIVOS-MEMORIA HISTÓRICA / TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVAARCHIVOS
1. LAS TRANSFORMACIONES DE LOS ARCHIVOS
1.1. La ampliación del campo archivístico, y la aplicación de las nuevas tecnologías
a los archivos.
Decíamos ya en 1997, al intervenir en las IV Jornadas Archivísticas de Huelva1, que la
explosión documental experimentada en todo el mundo desarrollado, especialmente a
partir de la Segunda Guerra Mundial, incidió en la documentación archivística, debido a
la que las Administraciones públicas ampliaron sus campos de competencia y actuación
en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, además de en los educativos,
sanitarios y culturales. La introducción de nuevas tecnologías, especialmente las
informáticas, añadieron más posibilidades de condensación de información, pero
desarrollaron exponencialmente las posibilidades de una mayor producción,
introduciendo una mayor complejidad en el tratamiento de los documentos. Nuevos
materiales y soportes documentales, como el microfilm o los documentos digitales, se
añadieron a los tradicionales del papel y pergamino, incidiendo en los problemas de
conservación y organización. Se amplió el campo archivístico con la incorporación,
teórica y práctica, de los archivos administrativos y de los archivos privados, en el
mundo anglosajón, puesto que en los países latinos tal universalismo archivístico ya
existía. Y como consecuencia de esta voluminosa y compleja producción documental
creciente, se generalizó la acumulación del material archivístico en las oficinas de las
Las consecuencias teóricas y prácticas que este tema de la explosión documental ha
generado, han sido la aparición de nuevas especializaciones en el campo de los
archivos, la gestión de documentos y la administración de archivos 2, y la
universalización de la archivística3, entendida como Archivística integrada4, que ha
alcanzado a los organismos internacionales, como la Unesco y el CIA, con programas
de alcance mundial, como Programa General de Información, o el Programa RAMP, o
la propuesta de normas internacionales aplicadas a los archivos5. Subrayemos la
importancia de la gestión documental, que, como se ha afirmado repetidamente, con la
introducción de la informatización, se ha considerado la piedra angular de la
modernización de las Administraciones Públicas6.
Y cuando en una fecha ya tan lejana como 1999 se desarrollaron en Ferrol las III
Xornadas de Anabad-Galicia, en las que se me encomendó la ponencia referida a “Las
nuevas tecnologías al servicio del usuario en los archivos”7, al exponer las
conclusiones, planteaba algunas preguntas, que siguen vigentes: ¿Cuáles de esas nuevas
tecnologías ellas son de aplicación en los archivos?¿Cuál es su futuro en ellos, y cómo
va a influir en el trabajo de los archiveros? ¿Cuáles son las modalidades de servicio en
los archivos que nos interesa resaltar, en relación a las nuevas tecnologías?¿Van a
influir éstas en un servicio más rápido, eficaz y transparente en beneficio de "todos" los
usuarios? ¿Habrá nuevos servicios en función de estas tecnologías? Si el principal
servicio en los archivos es la información que contienen los documentos, a través de la
descripción de los mismos, obtenida de forma presencial o a distancia, la cuestión
parece haberse solventado a través de la información electrónica en la red, a distancia,
de documentos digitalizados o nacidos digitalmente, y acumulados en bases de datos y
de imágenes, descritas conforme a la normativa internacional del CIA. Y también nos
preguntábamos ¿En qué manera afectan las tecnologías a los distintos tipos de usuarios?
Usuarios que son mayoritariamente ciudadanos, añadimos, ¿Estas nuevas tecnologías se
van implantar con criterios democráticos, es decir, en beneficio de la totalidad, o
constituirán herramientas para el apoyo de los más favorecidos por el nivel previo de
información, formación y posibilidades socioeconómicas? Por eso la formación
continua y la formación de los usuarios vienen a ser dos modalidades complementarias
y que apuntan en la misma dirección: la mejor utilización de los servicios para y por los
En resumen, señalábamos los dilemas archivísticos de siempre: conservar frente a
difundir, sistemas abiertos frente a sistemas cerrados, normas archivísticas específicas
frente a normas generales, lo público frente a lo privado, lo oneroso frente a lo gratuito.
Y la tecnología presente en medio de todo ello. Cuestiones de ayer, de hoy, y por lo que
se ve, también del mañana, al menos, del mañana inmediato.
2. INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EL ACCESO DE LOS
CIUDADANOS A LOS ARCHIVOS
2.1. Utilidad y valor de los archivos
“Os arquivos son para usalos”, decíamos en julio de 1980, en un artículo para la revista
A Nosa Terra8. Los archivos se guardan por sus propietarios para utilizar la información
y el testimonio soportados en sus documentos, que es preciso conservar en adecuadas
condiciones físicas e intelectuales. El uso de los archivos, y por tanto el acceso a la
información que contienen9, constituye uno de los temas centrales de la Archivística,
que guarda relación con otros muchos, y con otras materias y disciplinas, desde el
Derecho a la Informática. Ha sido una preocupación continua de los archiveros, y
también de los docentes. No es de extrañar que me haya ocupado de este tema de
manera continuada a lo largo de mi vida profesional, como facultativo de archivos y
como profesor10. Desde la transición democrática me interesó, como a otros colegas, la
relación de los archivos con los “dereitos cidadáns”, y con la ética, traducida
profesionalmente en la obligación de ofrecer a los investigadores noticia de todos los
instrumentos existentes en el archivo de que cada quien fuera responsable, a fin de
evitar secretismos y favoritismos mal entendidos, es decir, en el ejercicio de una
“transparencia” informativa, antes de que este vocablo se pusiera de moda11; y fue el
asunto de la lección escogida para desarrollar en mi proyecto docente como profesor
titular de universidad, y de manera inevitable, continúo con él 12.
Hoy por hoy, la utilidad de los archivos, que es tanto como hablar de su valor13, valor
informativo y testimonial, está ligada a la gestión administrativa, y en el sentir de la
mayoría, a la investigación histórica, y por consiguiente a la información que los
propios archivos ofrecen. Pero la información no depende sólo de perspectivas parciales
o de innovaciones tecnológicas; depende del control de los documentos desde las
oficinas de gestión hasta los archivos históricos, y depende también de la integración de
los archivos en redes y en la formación de bases de datos comunes, no mediatizadas por
filtros personales ni por consideraciones derivadas de la “singularidad” de cada centro14.
Estaríamos entonces ante la globalización de la información de los archivos, fenómeno
que se apoya en la utilización de internet, pero también en unas normas descriptivas
aceptadas por la comunidad archivística internacional para el intercambio de datos, y
previamente, por la comprensión – en el mundo anglosajón, pues en el latino era una
evidencia – de que los “records” y los “archives” son elementos de la misma naturaleza,
y objeto de la denominada por los canadienses Archivística integrada.
2.2. El derecho a la información, uno de los derechos humanos
El derecho a la comunicación y a la información constituye uno de los derechos
humanos. Su ejercicio define a los estados democráticos. Este derecho, inseparable del
de expresión, debe su formulación a los filósofos ilustrados y reformistas del s. XVIII,
aunque podamos encontrar raíces anteriores. Voltaire, Rousseau, Montesquieu,
construirán un entramado teórico que será el bagaje de los revolucionarios franceses. Se
acuñará en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y se
exportará a Norteamérica, cuya Constitución Federal recogerá, en posteriores
enmiendas, el famoso "Bill of Rights" (1791), que limitaba el poder del gobierno federal
y garantizaba los derechos y libertades de las personas; y que de alguna manera va a
configurar el pensamiento de Occidente sobre la cuestión. Por su importante
significado, continúa siendo objeto de estudios y debates15.
La globalización de este derecho se manifestó en la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, por las Naciones Unidas, en 10 de diciembre de 1948, cuyas
esencias se han incorporado a los documentos emitidos por las grandes construcciones
políticas del s. XX, como las Comunidades y Parlamento Europeos16. Se ha definido
como fundamental, el que tiene cualquier persona “a acceder, en condiciones de
igualdad, a toda información en poder de las instituciones públicas sin necesidad de ser
parte interesada, siempre que no vulnere otros derechos, como el de la intimidad de las
personas, la averiguación de los delitos o la seguridad nacional”17.
En España, la libertad de información18 se incluye en todo el proceso de liberalización
de las ideas y formas políticas que va a constituir el caballo de batalla de liberales y
reformadores de los siglos XIX y XX, con las interrupciones y retrocesos que para las
libertades públicas significarán los gobiernos conservadores y las dictaduras, hasta el
advenimiento de la transición política y la instauración del régimen de derechos
consagrado con el texto de la Constitución de 1978.
2.3. El derecho al libre acceso a los archivos
El derecho al libre acceso a los archivos es una conquista del Estado moderno, que ha
tenido una evolución paralela y diacrónica al de la libertad de información. De hecho,
la historia del acceso, que ha contado con períodos luminosos, como determinadas
situaciones del mundo grecorromano - Atenas especialmente- , o en algunas comunas
italianas de la alta Edad Media que funcionaron como repúblicas libres, en general ha
respondido a situaciones de uso patrimonial por la institución productora, y de
secretismo hacia el exterior, roto a veces a favor de determinados y esporádicos
privilegiados. Será otra vez la revolución francesa la que marcará un hito - más teórico
que real, según los tratadistas - en la libertad de acceso a los archivos; y su influencia
cara al exterior será innegable, e irá unido a la creación de los archivos históricos
nacionales, aparecidos con la finalidad exclusiva de favorecer la investigación histórica.
Tras la segunda guerra mundial (1939-1945), se generalizará la creencia de que
distribuir la información al máximo es la mejor manera de evitar concentraciones de
poder. El acceso se convierte en un derecho democrático que permite ejercitar a los
gobiernos la transparencia histórica y la administrativa. El desarrollo del periodismo, las
ciencias históricas y las nuevas categorías de investigadores, acompañarán al desarrollo
del universalismo archivístico, con la ampliación del campo archivístico, la aparición de
nuevos archivos, el nacimiento de organizaciones archivísticas internacionales, y el
desarrollo de nuevas tecnologías. Todo ello presionará exigiendo una mayor apertura.
Los únicos obstáculos serán los legales, psicológicos y materiales propios de las
distintas situaciones nacionales.
Pero la libertad de acceso a los archivos es algo más amplio que la referida a la
documentación exclusivamente histórica. Así lo han entendido los organismos
internacionales y las asociaciones de archiveros y de historiadores, embarcados en una
lucha continua a favor de la mayor apertura de los archivos y documentos
administrativos a los ciudadanos.
La acción de los organismos internacionales ha ido a favor de la liberalización de los
archivos. Así, el Consejo Internacional de Archivos, desde su creación en 1948,
estableció entre sus objetivos la lucha por esta liberalización y defenderá los acuerdos
adoptados en la CITRA de Lisboa de 1959 (acceso en diferentes países), en el Congreso
Internacional Extraordinario de Washington de 1966 (apertura de los archivos a la
investigación), en la CITRA de Copenhague de 1967, y de Edimburgo de 1998, y en el
VI Congreso Internacional de Madrid, de 1968. Y la Unesco ha apoyado en todo
momento esta postura. No hay más que ver, por otro lado, la bibliografía sobre el tema
incluida en sus publicaciones, desde el Programa RAMP (Records and Archives
Management Program)19.
Para hacer frente a las posibles deficiencias que las disposiciones legales y los usos
administrativos de los distintos países presentan, el Consejo Internacional de Archivos
(CIA) estudió la propuesta de una ley de acceso a los archivos20, siguiendo la
recomendación 13/2000 del Consejo de Europa, con las limitaciones pertinentes que
garantizasen los derechos de terceros, y protegiesen los intereses públicos y privados,
pero sometiendo las restricciones a principios procedimentales y limitaciones en el
tiempo. Las asociaciones de archiveros, como la ANABAD, han señalado las
deficiencias de funcionamiento del sistema archivístico, en relación al acceso, desde la
normativa hasta los medios humanos.
Las instituciones europeas han legislado también en esta materia, tanto en lo relativo a
la apertura de los archivos históricos de la Unión Europea (Reglamento nº 354/83 del
Consejo, de 1 de febrero de 1983), como en el acceso público a la documentación de la
Comisión (Decisión de 8/02/94), o la recomendación 13 del (2000), ya señalada, con
principios éticos sobre el acceso21. Pero la norma más importante es el Convenio del
Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos de 27 de noviembre de 2008,
abierto a la firma de adhesión de los países miembros desde 2009.
2.4. La legislación española en materia de acceso a los archivos: leyes de
procedimiento administrativo, leyes de transparencia, leyes sobre el patrimonio
En España es evidente la influencia francesa en la legislación de acceso, a todo lo largo
del s. XIX y XX, desde la promulgación de las Reglas para franquear los archivos a las
personas estudiosas, de 1844; pero el máximo desarrollo de este derecho se enmarca en
el texto constitucional de 1978, punto de partida de nuestro ordenamiento jurídico, y las
normas que lo desenvuelven: la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (BOE nº
155, 29 junio 1985; corrección de errores en BOE nº 296, de 11 de diciembre), el Real
Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la ley anterior, y la ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LPRJ-PAC) (BOE nº 285 de 27 de noviembre); y el R.D. 263/1996, de 16 de febrero
de 1996, del Ministerio de Administraciones Públicas (BOE nº 52 de 29 marzo 1996)
que la desarrolla y que regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado; la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal
(LOARTAD) (BOE 31 de diciembre); y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, que han tenido su repercusión en las
Por su parte, el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, establece el Sistema
Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos de la Administración General del
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
Especialmente la LPHE del 85 ha desarrollado los aspectos culturales del acceso a los
archivos, principalmente históricos, en tanto la LRJ-PAC del 92, ha regulado
cuidadosamente el acceso a los archivos administrativos, tanto de oficinas como
centrales, por parte de la ciudadanía22. Veamos con detalle.
3. ACCESO Y ACCESIBILIDAD. TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACCESO.
El acceso, que debe ser garantizado normativamente, como una plasmación más del
derecho a la libertad de información, como todos los derechos, no es absoluto, debe
limitarse para garantizar la seguridad del estado, la intimidad de las personas, y el
secreto industrial. Además, acceso no es lo mismo que accesibilidad23, pues no basta
con legislar, es preciso garantizar los medios humanos, financieros y materiales para
que el acceso a la documentación pueda ejercerse.
Podemos organizar y ejemplificar las dificultades del acceso:
a) en relación a ciertos tipos de documentos, muy en conexión con el uso de las nuevas
tecnologías, y en el campo de la seguridad nacional y el orden público; la privacidad de
las personas, y los secretos legales;
b) en relación a la gestión de los archivos, según la reglamentación interna y las normas
y usos de los mismos, que concretamos en asuntos como el calendario y los horarios, la
protección física de los documentos, la reprografía, las tasas y los precios públicos de
los servicios, y otras distintas modalidades de potenciar o dificultar el acceso, según las
diversas sensibilidades;
y c) en relación a ciertos tipos de archivos, privados los unos, de figuras públicas pero
sustraídos al libre acceso, los otros, y configurados por documentos especiales,
audiovisuales e informáticos los demás, que presentan, cada uno de ellos problemas
3.1. Acceso de los ciudadanos a los documentos históricos: leyes de patrimonio
Cuando hablamos de patrimonio, que es un tema muy amplio, hay que precisar en el
tipo de patrimonio a que nos referimos, natural, etnográfico, arqueológico, etc. etc. Si
nos centramos en el patrimonio bibliográfico y documental, el primero es objeto del
libre comercio y de su la acumulación por parte de particulares, entidades y
fundaciones, y mucho menos por los museos públicos, siempre escasos de recursos, y su
consideración como tal patrimonio debe de ir precedida de una declaración formal de
acuerdo con las normas existentes. El patrimonio documental está formado, como bien
saben, por documentos, reunidos o no en archivos, que forman parte del patrimonio
histórico español: Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, art. 48. 1; su
composición se indica en el art. 49. Este patrimonio documental, especialmente el de
carácter público, tiene la especial consideración de patrimonio desde su producción por
parte de los organismos públicos, y sólo puede dejar de serlo mediante su desafectación,
tras su valoración por las comisiones pertinentes de acuerdo con la normativa vigente, lo
que permitiría incluso su destrucción.
Hablamos de los documentos administrativos de hoy, que serán históricos el día de
mañana, y que exigen la existencia de depósitos. Es decir, hablamos de los documentos
administrativos de hoy, que serán históricos el día de mañana, y que exigen la existencia
de depósitos archivísticos dotados de archiveros, formando sistemas de archivos, que
permitan el flujo documental, que los encaminen a los archivos históricos. Es la
salvaguarda de las actas públicas, que son parte de nuestro patrimonio. Casi nada de
todo esto existe, aunque esté previsto sobre el papel, e incluido en los sucesivos decretos
y anteproyectos de ley que se han ido sucediendo en el ámbito autonómico.
La vertiente cultural del acceso a los archivos es abordada en el texto constitucional en
los artículos 44 y 46, y es desarrollada en Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español
(LPHE): Art. 44.1. "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la
cultura, a la que todos tienen derecho“. Art. 44.2. "Promoverán la ciencia y la
investigación científica y técnica en beneficio del interés general". Art. 46. "Los
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que
lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad".
Las restricciones al libre acceso se explicitan en el art. 57 de la LPHE: "Con carácter
general, tales documentos, concluida su tramitación y depositados en los archivos
centrales de las correspondientes entidades de Derecho Público, serán de libre
consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos
Oficiales o no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley, o
que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa
del Estado o la averiguación de los delitos""No obstante lo dispuesto, cabrá solicitar
autorización administrativa para tener acceso a los documentos excluidos de consulta
pública"."Los documentos que contengan datos personales de carácter político,
procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las
personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen,
no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años de su muerte, si
su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los
documentos".
Precisamente este apartado fue alegado por el historiador Rainer Zorn para que se le
permitiera consultar documentos de más de 50 años de antigüedad, denegados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y relativos a repatriación de nazis en la postguerra. La
Audiencia Nacional obligó al ministerio a facilitar la información, con fines de estudio e
investigación, con algunas excepciones referidas a la seguridad de las personas, a su
honor y a su intimidad. Constituyó un precedente de interés24.
El art. 62 de la LPHE indica otras razones para la restricción del acceso, de
conservación de los documentos, o función de la institución: "La Administración del
Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Archivos,
Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por
razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados, o de la función de la
propia institución puedan establecerse".
En resumen, el acceso en la LPHE exige que los documentos estén registrados y
depositados en archivos centrales, y respecto a los datos personales ha sido denominada
de los 3 pasos: la existencia del interesado exige la autorización de éste; 25 años del
documento cuando se sepa la fecha de su fallecimiento; y 50 cuando se ignore.
Un paso importante en este proceso se ha dado con el Real Decreto 1164/2002, de 8 de
noviembre, por el que se regula la conservación del Patrimonio Documental de valor
histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración
General del Estado y sus Organismos públicos y la conservación de documentos
administrativos en soporte distinto al original, que tendrá importantes repercusiones
futuras en los archivos históricos.
Encontramos aquí paradoja apuntada por el profesor Marchán, de lo que significa la
modificación del valor de autenticidad, ligada a la tradición documental de los
diplomatistas, del que se desprendía el valor histórico, desde el momento en que
aceptamos que las copias digitales son poseedoras del mismo valor que los originales.
En resumen, el libre acceso a los archivos es un derecho que se enmarca en el de la
libertad de expresión e información, que supone a su vez libertad de investigar, de
opinar y de difundir las ideas; pero que como todos los derechos tiene sus límites en los
derechos de terceros que pudieran ser lesionados por un ejercicio indiscriminado del
mismo. Ocaña ha efectuado una revisión crítica de la legislación vigente en materia de
archivos, y encuentra una serie de problemas: la dificultad de regular el acceso a la
información desde los organismos competentes en materia de cultura, en un escenario
en que los derechos democráticos individuales adquieren más protagonismo frente a los
derechos colectivos (investigador, periodista, político); la inutilidad de la Comisión
Superior Calificadora de Documentos Administrativos en cuanto al acceso y las
denegaciones de documentos por los órganos inferiores que vinculan con sus informes a
los superiores; y a la necesidad de superar la dicotomía archivo administrativo - archivo
histórico por parte de los archiveros, que deben ser garantes del derecho a la
información en los archivos que tutelan, por parte de los ciudadanos. Indica también la
conveniencia de promulgar una Ley del derecho a la información de los ciudadanos, que
establezca plazos claros e improrrogables, que evite a los profesionales de archivo la
interpretación de la intencionalidad del usuario respecto al uso de la documentación,
que considere el derecho de acceso en toda su dimensión democrática, y que se
complete también con una Ley de archivos, conveniencia esta última que ya se ha
cumplido25.
3.2. Restricciones al uso de documentos y archivos históricos
La ley restringe el acceso a cierto tipo de documentos: por seguridad nacional, orden
público, privacidad de las personas, secretos legales. Digamos algo sobre la ley de
Secretos Oficiales y su repercusión en los archivos.
3.2.1. La ley de secretos oficiales
Secretos oficiales y clasificación de documentos
Ya Marc Bloch criticaba en 1941 los obstáculos para el conocimiento histórico “”La
négligence, que égare les documentos; et plus dangereuse encore, la pasion du secret”26
Un secreto es una información a la que no se tiene acceso. Su esencia estriba no tanto en
la prohibición de difundirlo como en la de conocerlo. Por eso el ordenamiento jurídico
reprime la acción de conseguirse una información que el Estado quiere mantener
reservada. A veces se impide la difusión de materias declaradas secretas, pero siempre
es el origen de la información, la manera en que llegan a manos de los informadores lo
que determina la licitud de poseerlas y difundirlas27.
La ley de secretos y el derecho a la privacidad sirven para proteger a las personas para
una exposición a la luz pública no deseada de sus pensamientos y decisiones28.
Este es un tema de especial interés para los periodistas y los investigadores del mundo
contemporáneo. No es de extrañar que haya sido objeto de atención de tratados o
congresos sobre archivos y derechos humanos, en general, o de reuniones científicas
específicas como el Congreso Internacional sobre “el acceso y la desclasificación de
documentos”29.
De siempre, los estados han acumulado documentación en sus archivos, que se
consideraban propiedad de los gobernantes, y de acceso restringido. Se trataba de
archivos secretos, calificativo que continúan teniendo algunos de los más importantes
del mundo como el Archivo Secreto Vaticano. Será a partir de la Revolución Francesa,
como hemos indicado, cuando se inicie un proceso de apertura de los archivos
históricos, que continuará dejando en la zona oscura los archivos administrativos, y
especialmente los ligados a la seguridad y defensa nacional, especialmente en tiempos
de guerra30. En el siglo XX vimos la perversión de esta función de uso de la información
y el secreto a otras funciones para la obtención, procesamiento, organización y consulta
de grandes volúmenes de información, con fines de control, vigilancia y represión
política y policial de la población, por parte de los regímenes fascistas y socialistas. La
fijación de actuaciones y procedimientos, y presión sobre los individuos detenidos para
obtener información, dio a la represión masiva un carácter científico. La combinación
perversa entre mecanización y organización taylorista de la información, dice Navarro
Bonilla31, y la actividad genocida basada en leyes raciales, posibilitó el exterminio
masivo, al tiempo que renovaron los archivos y las técnicas de gestión documental.
Nos encontramos, por tanto, dos situaciones muy diferentes, que afectan a documentos
útiles para construir, y en muchos casos reconstruir, la historia que afecta a las víctimas
de situaciones represivas: los archivos de la seguridad y defensa del estado; y los
archivos creados por regímenes autoritarios con finalidades específicamente represivas.
En este último caso, en las políticas de memoria y reparación se contemplan dos
posibilidades32: a) su integración en instituciones archivísticas del Estado, lo que
permite su integración en el sistema archivístico correspondiente, su incorporación al
patrimonio documental, y se garantiza su mejor tratamiento y conservación, y b) su
integración en organismos especializados creados “ex novo”, donde su priorizan sus
objetivos, pueden disponer de recursos adecuados con mayor rapidez, pero pueden
adolecer de visión archivística y tienden a mezclar los conceptos de archivo y centro de
documentación de manera indiscriminada33. Tanto la UNESCO como el CIA y las
instituciones europeas han elaborado políticas en relación a los archivos de estos
regímenes represivos, propuestas por un grupo de expertos entre los que estuvo el
español González Quintana, en 1995, cuyas conclusiones se publicaron en las revistas
Janus, Comma y Anabad34; el Informe Joinet, de 1998, para la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidad, titulado Principios para la
protección y la promoción de Derechos Humanos, fue actualizado por Diane Orentlicher
En los regímenes comunistas, la Stasi35 llegó a contar con más de 90.000 funcionarios a
tiempo completo, 1 por cada 180 ciudadano, y más de 173 “informadores no oficiales”,
(se inspiró en la KGB soviética, que sólo contó con 1 por cada 500 ciudadanos) lo que
explica el volumen de la información que recogió en sus archivos, unos 200 kms. de
documentos, accesibles mediante ficheros nominales. Han pasado a depender de una
Comisión Federal que los tutela. El acceso a los expedientes de funcionarios y
colaboradores es libre, pero no así a los de las víctimas, que requieren permiso de los
afectados, o con los nombres borrados. Con mayor o peor fortuna, los archivos de las
policías secretas de los países del Este se han ido abriendo a la consulta, aunque
Albania, Rusia y los países creados a partir de la desintegración de la Unión Soviética
mantienen políticas secretistas.36
En los países latinoamericanos, varios proyectos han surgido para la organización y
acceso de los archivos de los regímenes represivos de área. No nos vamos a detener en
su relación, porque excede a la extensión de nuestro trabajo37.
En cuanto a los archivos y documentos de las instituciones de seguridad y defensa del
Estado, protegidos por las leyes de seguridad, cabe el procedimiento de la
desclasificación que ha sido definida como el “procedimiento por el que se hacen
públicos y accesibles documentos que habían sido clasificados como secretos o
reservados”38
Clasificación y desclasificación en los Estados Unidos
Todos los gobiernos tienden a recoger información y mantenerla en secreto, y tanto más
cuanto más autoritario sea y cuanto mayor sea su desarrollo tecnológico. En los EEUU,
hay una cultura del secretismo y de censura en ámbitos gubernativos; enormes masas de
documentos secretos son custodiados por la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, el
Departamento de Defensa y la Casa Blanca, entre otras instituciones o agencias de todos
los niveles de la Administración.
La práctica de desclasificación de documentos en los EEUU es quizás la más
conocida39. Se fundamenta en la Ley de libre acceso a la información (Feedom of
Information Act – FOIA, de 4 de julio de 1966, reformada y actualizada en 1974, tras el
escándalo del Watergate, y siempre con reticencias de la Presidencia y de sectores del
Congreso, y en 1996, para facilitar el acceso a información en soporte electrónico. La
ley, entre otras cuestiones relativas a la obligación de las agencias de publicar
documentos sobre sus planes y gestión, les ordena responder a peticiones de cualquier
individuo en un plazo de 20 días, razonadas y mediante pago de los costos, para que
información secreta sea revisada para su desclasificación. La FOIA regula nueve
excepciones al ejercicio del derecho de acceso a determinadas materias (por razones de
defensa nacional o política; relacionadas con la normativa interna de personal y
procedimientos de las agencias; excluidas de acceso por ley; relativas al secreto
comercial; documentos internos de las agencias; expedientes con datos de carácter
personal; documentos relativos a la aplicación de las leyes; información financiera,
geofísica y geológica). En casos de discrepancia deciden los tribunales, como ocurrió
con la interpretación de si la ley afectaba a la documentación electrónica. La
clasificación respecto a la seguridad nacional corresponde al ejecutivo. Un cambio de
atmósfera se vivió de la era Regan que se podría definir como “todo documento está
clasificado a menos que se pruebe lo contrario”, a la de Clinton, donde el espíritu era
“Todo documento está desclasificado a menos que se pruebe lo contrario”, y se
determinó que los documentos no podrían ser clasificados por más de 25 años, por lo
que entre 1993 y 2001 se vivió una “primavera de acceso a la información en los
EEUU”. Hay anualmente más de un millón de peticiones de FOIA, siendo el mayor
usuario la empresa privada.
La desclasificación ha sido notablemente impulsada por los historiadores del National
Security Archives, de la Universidad George Washington, organización que trabaja para
lograr la desclasificación de documentos confidenciales del gobierno norteamericano,
para ponerlos a disposición de la prensa y de los ciudadanos, pues se mueve en la
creencia de que la democracia requiere una población informada y más franqueza y
menos secretos por parte del gobierno. Ha creado un repositorio de más de tres millones
de documentos desclasificados, conseguidos por investigadores e instituciones, de los
que unos 100.000 documentos organizados en 30 colecciones de documentos,
catalogados y puestos o a la venta, y de consulta gratuita en sala. De ellos, unos 5.000 se
ofrecen en su web40.
Pero junto a estas prácticas aperturistas, hubo otras en sentido contrario, en el National
Archives and Records Administration, que permitió a la CIA y a la USA Air Force,
reclasificar secretamente más de 25.000 documentos antes abiertos al público, como
también hizo la Smithsonian Institution, desde 1995 a 2006. Fueron denunciadas por
historiadores y por la American Historical Association, por responder más a intereses
comerciales, a falsos secretos, e incluso a errores respecto a documentos que ya habían
sido publicados o utilizados por investigadores.
Secretos Oficiales en España
La Constitución española, en su artículo 105. b), alude a la prohibición genérica de
acceder a los documentos que afectan a la seguridad y a la defensa del Estado. Y en su
virtud, la Ley 48/1978 regula los denominados “secretos oficiales”. Restricción a la
libertad de información, frente a los derechos de acceso, que hay que garantizar. Para
que una información sea secreta o reservada la finalidad perseguida debe ser legítima
constitucionalmente. La declaración se reserva al Consejo de Ministros y para los temas
de defensa a la Junta de Jefes del Estado Mayor. El Código Penal recoge en su art. 588
el delito de “revelación de secretos oficiales”, que prohíbe procurarse o revelar
información calificada como tal41.
En realidad, es básicamente la anterior Ley de Secretos Oficiales de 196842, que
utilizaba un lenguaje expeditivo, propio de la época, para indicar que “los intereses
fundamentales de la nación y que constituyen los verdaderos secretos oficiales” ya se
encontraban protegidos con anterioridad con “sanciones penales que, tanto en el Código
Penal Común como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la máxima severidad”,
pero esta sanción penal “especialmente represiva”, sólo evitaba “de manera indirecta el
descubrimiento o revelación de secretos”. Por ello, y para “asegurar su protección
efectiva”, la ley estableció cinco principios, todavía vigentes:
 1. “tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias
así declaradas por ley”.
 2. “podrán ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos,
informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas
pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.
 3. “la calificación corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros y a la
Junta de Jefes de Estado Mayor”
 4. “la cancelación de cualquiera de las calificaciones será dispuesta por el
órgano que hizo la respectiva declaración.
 5. Los incumplimientos serán sancionados “conforme a las Leyes penales, y por
vía disciplinaria como falta muy grave”.
Y finalmente, afirma que es necesario habilitar un procedimiento para “notificar a los
medios de información la declaración de materia clasificada cuando se prevea que esta
puede llegar a conocimiento de ellos”.
La mayor cantidad de documentos clasificados corresponde a los archivos de Defensa.43
Su desclasificación exige gran cantidad de trámites y trabas burocráticas, pues ha de
confeccionarse una relación individualizada de los documentos, lo que exige tiempo y
personal cualificado. Es el caso de las mil cajas de la Sección de Información del Estado
Mayor Central del Ejército (1905-1979).44
A iniciativa de Carme Chacón, el Ministerio de Defensa ultimó un proyecto de dar a
conocer en bloque 10.000 documentos de la Guerra Civil, el franquismo, y el conflicto
de Ifni, de 1936 a 1968, clasificados, pero “cuya difusión no planteaba ya riesgos para la
seguridad nacional, defensa del Estado, ni la intimidad de las personas”, y que se
guardaban en los archivos militares: ocho archivos históricos de los Ejércitos y 17
archivos intermedios, correspondientes a los cuarteles generales y las circunscripciones
militares, a los que se sumaba el recién creado Archivo General e Histórico de la
Defensa. El proyecto quedó aparcado por la inminencia de las elecciones, pero la
llegada del Partido Popular al gobierno abortó la operación. Pedro Morenés, el nuevo
titular de Defensa bloqueó la desclasificación al considerar que no era “una prioridad”
de su departamento, y que requería un “extraordinario trabajo”, que sólo contribuiría a
generar ruido mediático. Argumentos que, según el historiador Ángel Viñas, son
insostenibles, pues el trabajo ya estaba hecho, y que deja nuestra historia contemporánea
en manos de investigadores extranjeros, o supeditada al uso de documentos
desclasificados de EEUU o Gran Bretaña45.
En el caso de los archivos en que se guardan documentos secretos por razones de
seguridad del Estado e intimidad de las personas, entre otros motivos, en muchas
ocasiones el secreto no está debidamente justificado por los poderes públicos, que van
acumulando información reservada sin proceder a su revisión periódica. Corresponde a
los ciudadanos, organizaciones sociales, periodista, archiveros e investigadores el
presionar para que, con las garantías debidas a terceros, se abran a la consulta. Plazos
razonables de carácter general para la revisión de las clasificaciones por bloques, y
desclasificaciones puntuales a petición de individuos o colectivos ciudadanos
interesados, contribuirían a remediar el oscurantismo a que los poderes públicos son tan
aficionados en materia de acceso a los documentos.
3.2.2. Archivos y memoria histórica
Identidades y documentos de archivo
“Yo sé quien soy..”, decía don Quijote a su vecino Pedro Alonso, “... y se que puedo
ser no sólo los que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia, y aún todos los
nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí
hicieron se aventajarán las mías”46. Esta frase sobre el propio conocimiento del hidalgo
manchego ha dado origen a ríos de tinta47.
Somos lo que somos, lo que imaginamos ser, y lo que los demás imaginan que somos. Y
para reconstruir estas ontologías contamos con documentos de archivo de todo tipo, que
nos acercan en mayor o menor medida a los actos o a las esencias de cada persona.
Documentos de origen administrativo de carácter textual, pero que también pueden ser
de representación física, como los de imagen y sonido, o documentos que, aunque
podamos localizar también en archivos, son más de transmisión ideológica e intelectual:
cartas, misivas, memorias, creaciones literarias o científicas y por lo tanto propios de
bibliotecas. Todos ellos nos sirven para reconstruir las identidades individuales, las
biografías nuestras o de nuestros antepasados.
Identidades individuales que rehechas a partir de un conjunto de pertenencias que se
superponen las unas a las otras, a veces de forma contradictora: Identidades biológicas,
de sexo, edad, raza; identidades intelectuales: de lengua, religión, ideología política,
nivel cultural; identidades socioeconómicas: estatus, profesión, clase social, etc.
Identidades que no tienen el mismo valor ni en el tiempo ni en las personas. “Mi lengua
es mi territorio”, dice el escritor48. Y así podríamos continuar.
Los documentos de archivos nos permiten trazar, reconstruir, completar, las biografías
individuales, o bien construir, crear, complementar, las historias colectivas,
administrativas, corporativas, de los pueblos y sus instituciones.
Así, si no disponemos del archivo de Fulano o Zutano, que permanece, si no ha sido
destruido, en manos de sus sucesores, parientes y en algunos casos amigos o
instituciones con las que se relacionó, podemos completar en buena medida su itinerario
biográfico a partir de los rastros documentales que ha dejando por las instituciones o
administraciones que a lo largo de la vida de todos nosotros van tomando cuenta de
nuestros actos: registro civil, en los libros de nacimientos, bodas heterosexuales u
homosexuales, separaciones, o defunciones, que sirven para certificar nuestra condición
de ciudadanos y nuestro estado civil y biológico, desde que vemos la luz hasta que
cerramos los ojos definitivamente.
Nuestro curso educativo y profesional irá asimismo dejando rastros documentales a
partir de los expedientes y registros de guarderías, colegios, institutos, universidades o
escuelas, para una vez egresados y con un título de nivel académico variable según
nuestros recursos económicos y capacidades intelectuales, nos enfrentemos al mundo
laboral, conde comenzaremos otro itinerario más estable en el caso de los funcionarios,
- aunque no exento de peripecias, generalmente por motivos políticos – y más sujeto a
riesgos, si nos enfrentamos al ámbito de lo privado, y donde el éxito económico también
dejará su huella en empresas, bancos, cajas de ahorro, fundaciones y otras instituciones
donde los tiburones del mercado y de las finanzas muestran su lado amable, fomentando
el arte o la cultura,
Archivos públicos en donde se registran, inscriben, anotan e insertan datos que
describen nuestra salud, en historias clínicas, informatizadas o no, bienestar económico,
reflejado en nuestras declaraciones de la renta, éxitos académicos, en nuestros
expedientes universitarios, cargos públicos en la política, administración, ejército,
justicia, o asociaciones y corporaciones profesionales,
Pero también Archivos privados, de familias, iglesias (no sólo la católica),
asociaciones, fundaciones y empresas, que a lo largo del tiempo han acumulado valiosos
patrimonios documentales. Así se ha señalado con los centros gallegos en el exterior,
que a menudo se alojan en espectaculares edificios de gran valor artístico, como el de
La Habana, y acumulan colecciones artísticas de pintura gallega del s. XX, como el de
Buenos Aires, y en todos los casos, ricos archivos con informaciones relevantes sobre la
emigración, trascendiendo del tema de los gallegos, y siendo una fuente documental de
la diáspora europea a América en palabras de Carlos Sixirei, subdirector general de
Centros e Comunidades Galegas49.
El programa Memoria del Mundo, creado en 1992 por la Unesco para otorgar una
consideración especial al patrimonio documental de más relieve, ha sido ampliado a los
de asociaciones y organizaciones privadas en atención a su importancia para la defensa
de los derechos humanos50. Debemos recordar también que el patrimonio documental
constituye un bien cultural, y como tal ha de ser protegido y en caso de confiscación en
conflictos bélicos, devuelto a sus propietarios legítimos, como proclaman las
Convenciones de La Haya de 1954 y 1999, y la Recomendación 14(2005 del Consejo de
Todos estos documentos, custodiados en archivos y registros, sean públicos o privados,
con el paso del tiempo, pierden o debilitan su valor administrativo inmediato, legal,
contable, jurídico, militar, judicial, etc., y adquieren o refuerzan otros valores
informativos, evidenciales, que nos hablan de la vida de la institución o corporación, de
sus funciones, actividades y peripecias históricas mientras perduran
Memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica
Y todos estos archivos y registros, con el paso del tiempo, dejar de tener un valor
administrativo directo para los ciudadanos cuyas actuaciones testimonia, y pasan, son
transferidos, o debieran ser transferidos, y aquí entramos en políticas archivísticas, a
otros archivos cuya función es custodiar la memoria no individual, sino colectiva,
porque la suma de todos los testimonios de las personas afectadas constituyen un
conjunto de informaciones que sirven para elaborar las identidades colectivas,
constituyen la memoria de la nación, sea cual sea el sentido que se quiera dar a la
palabra nación y sirven para construir, deconstruir y reconstruir las respectivas historias
colectivas, de la nación, de la región, de la localidad, de las mujeres, de la infancia, de
las enfermedades, de los esclavos, de los marginados.
Pero la información sobre vida y muerte, producción y conservación, memoria
individual y memoria colectiva, sólo es transmisible si está registrada en un soporte
perdurable, en un documento, literario, administrativo, jurídico, legal, judicial, que de
El concepto de memoria ha sido objeto de debates que han intentado clarificarlo y
definir sus límites52. De entrada, no es lo mismo memoria que historia. La memoria está
en permanente construcción, según Pierre Nora, en dialéctica continua entre el recuerdo
y la amnesia. La historia es la reconstrucción de aquello que ya no existe,
Me pregunto si hay alguna memoria que no sea histórica53. La nuestra, nuestra memoria
individual, así como la de nuestra existencia, se prolonga en la memoria de los otros,
hasta que con el tiempo se difumina y acaba perdiéndose, tras tres o cuatro
generaciones. Recordamos a nuestros abuelos, tal vez algún dicho o anécdota de los
bisabuelos, si acaso, y poco más. Por eso la importancia de los soportes documentales.
Por eso tan necesaria la reconstrucción histórica, y la elaboración literaria o artística 54.
Las memorias personales están a medio camino entre ambas. Sin memoria histórica no
hay identidad, decía Václav Havel55, el dramaturgo y ex presidente de la República
Checa, que ha plasmado las suyas en un libro de memorias56 para dejar un testimonio de
su trayectoria intelectual y política a las nuevas generaciones.
Pero además de las memorias individuales, existen las memorias colectivas57, que son
las interpretaciones que hacen las personas, o determinados grupos sociales, de
determinados hechos históricos, vividos, muchas veces traumáticos, referidos a golpes
de estado, guerras civiles, terror, violaciones de los derechos humanos, represiones, etc.,
que es asimilada por la mayoría, o por un grupo social, que coincide en su repulsa de
estos hechos, y en una forma de lucha contra las dictaduras y posteriormente contra la
impunidad. Esta memoria colectiva se basa en la historia vivida (experiencias, lecturas,
conocimientos heredados), y constituye un instrumento de análisis de los recuerdos
socialmente compartidos.
La memoria histórica, según Santos Juliá, tendría un carácter más científico, y
proporcionaría conocimientos que se irían acumulando y permitiría reconstruir el
pasado de manera sabia y abstracta, con carácter crítico, laico y sin límites. En España,
el concepto se vincula a la revisión de la guerra civil, el franquismo y la transición
política, y su periodización ha seguido diferentes criterios, desde el punto de vista de
Aróstegui o de Espinosa58. Y los temas tratados van desde los asesinatos, a los
encarcelamientos o a las depuraciones de funcionarios59. No hay que olvidar que los
propios archiveros sufrirían, como muchos otros españoles, las medidas represivas del
nacional-catolicismo60.
Los archivos policíacos y la dignidad de las víctimas
Pero las concentraciones archivísticas no siempre tienen estos fines tan explícitos, tan
normales, digamos, al servicio del poder legítimamente establecido, y en ocasiones
sirven para fines más espúreos. Así, en períodos de dictaduras surgen en Europa
archivos policiales, de la Pide, la Stasi, la Gestapo, en Portugal, en Italia, en Alemania,
en España, en la Unión Soviética (recordemos la conmovedora película La vida de los
otros) con registros nuevos, donde la información sobre los enemigos declarados o
potenciales, disidentes, y población susceptible de ser ideológicamente diferente, o
sospechosa de serlo, se registra, se inscribe y anota.
Además, las vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a los
derechos personales, políticos, sociales, económicos y culturales, llevan aparejadas
frecuentemente confiscaciones y despojos patrimoniales, y ataques a las identidades
individuales y colectivas que posteriormente deben ser reconstruidas. El patrimonio
documental que testimonia estas violaciones constituye una memoria colectiva que debe
protegerse y conservarse. Es, por excelencia, un espacio de resistencia.
En ocasiones contadas, surgen monstruos documentales, como el Depósito de la Guerra
Civil, con documentos requisados, incautados, nacionalizados, pero sin un
procedimiento judicial o legal preestablecido, y relativos a miembros de partidos
políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, o profesionales como maestros o
profesores que pueden transmitir valores peligrosos para el nuevo régimen que se
establece por la razón de la fuerza; muchos de carácter privado, pero también
procedentes de registros y fondos archivísticos públicos, sobre todo de las
administraciones del período republicano. Sobre esta colección documental, porque así
puede considerarse inicialmente, se generó una actividad policíaca informativa, que creó
un archivo apoyado en los testimonios reunidos, que sirvió para dar informaciones sobre
miles de españoles durante más de medio siglo. Configuran sus documentos un
monumento a la infamia cuyo valor testimonial transciende, con mucho, al derecho de
propiedad aducido para recuperar porciones del mismo, por determinadas instituciones
Depósito guerra civil
Mencionemos, de pasada, que la labor informativa del reconvertido depósito
documental en Archivo de la Guerra Civil (mal nombre, pues no era tal cosa, sino más
bien el de la Represión de la época franquista), ha servido también para devolver el
honor, y añadir alguna pequeña compensación a los combatientes, presos y encarcelados
durante y después de la guerra civil del 36. Hoy, transformado en Centro Documental de
la Memoria Histórica, cumple una función muy diferente de aquella para la que fue
creado61. Así, gestiona el “Portal de víctimas de la Guerra Civil y represaliados del
franquismo”, en cumplimiento de uno de los mandatos más significativos de la Ley de
la Memoria Histórica62; la base de datos sobre “Militares y miembros de las fuerzas de
orden público al servicio de la república (1936-1939)”63; y la base de datos sobre
“Desaparecidos del ejército de tierra de la República Española (1936-1939)”64
Cuestión esta muy interesante de la reutilización de la documentación histórica con
fines de gestión administrativa inmediata, que no es la primera y tampoco será la última
que se produce, como hemos visto que sucede con otros documentos como el catastro
de ensenada, los pleitos, los catálogos y los expedientes de montes en la recuperación de
la propiedad comunitaria de los mismos65.
Las atendidas reclamaciones de documentos de la Generalitat de Cataluña son un
precedente aducido por otras comunidades autónomas para hacer las suyas. Así piensa
hacer la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, que dice reclamará para sus
archivos documentos relativos a Galicia de la época de la Guerra Civil, menos que los
trasladados allí procedentes de otras comunidades “puesto que Galicia estuvo desde el
principio de la Guerra Civil en el bando nacional y, por lo tanto, no hubo incautación”66.
Creemos que las decisiones políticas sobre traslado de documentos del patrimonio
nacional deben basarse en las normas y procedimientos iguales para todas las personas e
instituciones, pero al margen de esta consideración, también hay que aclarar que,
aunque en menor número, en Galicia también hubo incautaciones, de las que dimos
cuenta en su momento, y que contribuimos a incorporar a archivos históricos67 . La más
sonada de todas fue la del archivo y biblioteca de Casares Quiroga, una de las
principales figuras del mundo político de la Segunda República68. El intento de borrar –
sin éxito – hasta el menor rastro de su existencia, tuvo una de sus manifestaciones
paradigmáticas en la actuación del Gobernador Civil de A Coruña, José María de
Arellano, quien solicitó al Presidente de la Audiencia coruñesa, el 20 de noviembre de
1937, que tachara su nombre del Registro Civil y de las actas del Colegio de Abogados.
Este objetivo no se consiguió más que parcialmente, y durante una etapa determinada69,
por la imposibilidad de borrar las numerosas huellas documentales y bibliográficas que
testimoniaban su existencia.
Otros documentos, cuyo acceso puede servir para investigar, con fines de localizar y
exhumar a los desaparecidos en la Guerra Civil, como piden las 22 asociaciones de la
Memoria histórica, que ha entregado a Garzón los nombres de 130.137 víctimas y datos
sobre su paradero, cifras que no parece que vayan a ser definitivas 70pues ya se baraja la
de 143.35371. En Galicia se calcula que unas 1.900 personas fueron detenidas,
torturadas, fusiladas y enterradas lejos de su lugar de origen, sin juicio, aproximaciones
realizadas a partir de las actas de defunción de los registros civiles y de los expedientes
del archivo militar de Ferrol; y en total, las víctimas podrían ascender a unas 7.000 en el
período comprendido entre 1936 y 195072.
Proyectos interuniversitarios como el de “As vítimas, as voces e os lugares”, dirigido
por Lourenzo Fernández Prieto73, da también cifras escalofriantes: más de 16.000
represaliados, 4.396 asesinados, y una cartografía con 305 espacios de represión, 26
fosas y 11 fondeaderos de cadáveres, y un fondo oral de 417 entrevistas, que constituye
el más importante sobre la Guerra Civil74. Para cumplir los objetivos de este proyecto75,
sus investigadores visitaron los archivos dependientes del Ministerio de Defensa, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General de
Prisiones. Partiendo de los archivos militares de Galicia y de los registros civiles de los
315 ayuntamientos existentes en 1936-1939, complementados con libros de registro de
prisiones, libros de cementerio, archivos municipales y memorias inéditas de
represaliados. Fundamentalmente, las causas militares incoadas desde 1936, tanto las
relativas a los fondos de Tierra como a los de Marina, todas ellas guardadas en Ferrol y
dependientes de la IV Región Militar con capitanía en A Coruña; los libros de
defunciones de la totalidad de los municipios gallegos, dependientes de los partidos
judiciales correspondientes, y de los presos gubernativos de la provincia de Ourense. Se
ha elaborado un importante fondo de fuente oral, y se revisaron la mayoría de las
publicaciones sobre el tema en Galicia relativas a la guerra, represión, huidos y
guerrilla76. De manera experimental, fueron visitados otros centros de documentación
del estado y de América: registros de defunciones de los ayuntamientos limítrofes con
Galicia de la provincia de Zamora y de la de Guipúzcoa, el Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca y la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, y se realizaron
catas en el Archivo del Reino de Galicia (A Coruña) y en los archivos municipales de
Betanzos, A Coruña y Tui.
Numerosos proyectos sobre “memoria histórica” se han desarrollado en toda España,
como el Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña77.
En este contexto se compiló un Informe sobre archivos y sus condiciones de acceso en
el marco de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra
Civil y el Franquismo, Madrid, julio 2006, 60+93 p., que concreta la normativa al
objetivo señalado. Las restricciones al acceso a numerosos archivos, como el de la
originó en 2005 quejas de Amnistía
Internacional (Informe Víctimas de la guerra civil y del régimen franquista: el desastre
de los archivos, la privatización de la verdad), y del grupo Nizkor (informe Archivos e
impunidad)78
Sin duda, la legislación podría haber apoyado más vigorosamente estos proyectos. La
Ley 52/2007, de 26 de diciembre de la Memoria Histórica, por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, y la restitución de los derechos a las
víctimas de la guerra civil y el franquismo, aprobada por el Congreso de los Diputados
el 31 de octubre de 2007, partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el
Consejo de Ministros el día 28 de julio de 2006 durante el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislaturas) como Presidente del Gobierno, se ha
mostrado insuficiente en relación a la exhumación de las fosas.
A este intento de esclarecer un capítulo oculto de nuestro pasado remoto hay una
oposición cerrada de algunos personajes públicos. Hay, como afirma el historiador
Ángel Viñas, un miedo al conocimiento histórico. Y aunque los archivos de Defensa, en
los que se remansan los expedientes de miles y miles de causas judiciales, y de consejos
de guerra, con datos de la represión efectuada por el aparato militar, en general, la
apertura de fondos sobre la guerra civil ha alcanzado un grado notable, y con lo que hay
disponible cabe triturar la mayor parte de las interpretaciones aducidas por los
servidores de la dictadura y por el Ministerio de Información sobre su génesis y
desarrollo79
3.3. Acceso de los ciudadanos a los documentos administrativos: leyes de
procedimiento administrativo y de transparencia
3.3.1. Leyes de procedimiento administrativo
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (LRJ-PAC) garantiza el acceso a
los archivos de oficina por las personas interesadas, y establece la condición de
“interesado” y la de terceros legítimamente interesados en la comunicación de
Ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (BOE 2 de octubre), de
Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas; y la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 2 de octubre), que entrarán en
vigor al año de su publicación en el BOE, y que también han derogado la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOE
23 junio de 2007).
La Ley 30/92, que nos interesa, establece el derecho del ciudadano “A conocer en
cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan
la condición de interesados y obtener copias de los documentos contenidos en ellos”.
(Art. 35.a). El Art. 31 establece la condición de interesado así: Se consideran
interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares
de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado
el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte Aquéllos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos
puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto
no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones
representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos
cole5tivos en los términos que la Ley reconozca. Cuando la condición de interesado
derivase de alguna relación jurídica transmitible, el derecho habiente sucederá en tal
condición cualquiera que sea el estado del procedimiento”. La condición de interesado
se amplía al caso de terceros, además de los titulares, que tengan un interés legítimo y
directo en su contenido (Art. 37. 3.) El acceso a los documentos de carácter nominativo
que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los
procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o
disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus
titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.(Art. 37.3.). Así
mismo señala el artículo 37. 1 el derecho de acceso de todos los ciudadanos a la
documentación ya tramitada que les afecte.
En consecuencia, en los archivos de oficina, los ciudadanos pueden conocer en
condición de interesados y obtener copia de los documentos en ellos contenidos.
Recordemos que el acceso de los representantes públicos a los archivos de su entidad,
en el ámbito local, es un derecho expresamente reconocido en el art. 77 de la ley 7/85,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; pero la sentencia 9/02/1995 del Tribunal
Supremo ha marcado líneas para evitar conductas abusivas por parte de los concejales80.
También es de aplicación en los Archivos Centrales, que son los que custodian, salvo
excepciones, los expedientes correspondientes a procedimientos terminados, el
mencionado artículo 37 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
En este artículo se recogen también los límites al derecho, prohibiendo el acceso a cierto
tipo de documentos, que contengan información sobre actuaciones del Gobierno del
Estado o las Comunidades Autónomas no sujetas a Derecho Administrativo, sobre
Defensa Nacional y Seguridad del Estado, averiguación de los delitos, secreto comercial
o industrial, y actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria; Se
establece un régimen de acceso especial para los investigadores; el procedimiento exige
la solicitud del interesado al archivo, que se remitirá con un informe del archivero al
órgano competente, que autorizará o no el acceso. En el caso de los ciudadanos la
petición de la documentación ha de ser individualizada; el acceso conlleva el derecho
de obtener copias o certificaciones, previo pago de las exacciones legales.
Se regirán por sus disposiciones específicas: a) El acceso a los archivos sometidos a la
normativa sobre materias clasificadas81; b) El acceso a documentos y expedientes que
contengan datos sanitarios personales de los pacientes82; c) Los archivos regulados por
la legislación del régimen electoral83; d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente
estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública84; e) El Registro Civil y
el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso
esté regulado por una Ley; f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de
las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de
Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de
Comunidad Autónoma o de una Corporación Local; g) La consulta de fondos
documentales existentes en los Archivos Históricos
El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea
afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, a tal fin,
formular petición individualizada de los documentos que se deseen consultar, sin que
quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud
genérica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los
solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural
relevante, se podrá autorizar el acceso directo a aquéllos a la consulta de los
expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad de las personas.
El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos
cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las
exacciones que se hallen legalmente establecidas.
Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos obrantes en poder
de las Administraciones Públicas sujetos a un régimen de especial publicidad por
afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta
por los particulares.
Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas
planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una
interpretación del derecho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que
puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administración
En relación con esto, los límites de acceso a los documentos que contengan datos
referentes a la intimidad de las personas vienen impuestos, con carácter general, por La
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal85,
así como sus disposiciones de desarrollo, y las similares en el ámbito de las
comunidades autónomas (Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Regulación del Uso de la
Informática en el Tratamiento de Datos Personales) afectan muy directamente a la
accesibilidad de los documentos en esta fase del Archivo.
Evidentemente, la obligación de una periódica publicación de los documentos oficiales
implica la obligación de la administración de describir y difundir sus fondos
documentales, pues no se puede solicitar la consulta de lo que no se sabe que exista.
3.3.2. Leyes de transparencia administrativa
La Administración electrónica y las leyes de transparencia
Transparencia administrativa y buen gobierno86 hacen referencia directa al sistema
político representativo, y son el conjunto de medidas que tienen por objeto en una
sociedad avanzada, facilitar y hacer efectiva la rendición de cuentas, mediante la
evaluación de las tareas de las instituciones, de los procedimientos y las prácticas que
determinan cómo se ejerce el poder, cómo participan los ciudadanos en la adopción de
las decisiones públicas, y cómo estas decisiones se toman de acuerdo con el interés
general87. Una gran parte de estas medidas hacen referencia a las personas, al dinero, a
la información y a los documentos, y por consiguiente a problemas en relación con el
acceso de los ciudadanos a esa información y a esos documentos, y los límites a ese
acceso, tanto en la etapa procedimental, como en la archivística, que es la que nos
interesa especialmente. El intento de los gobiernos democráticos de identificarse con sus
ciudadanos ha significado la introducción de la transparencia administrativa en sus
actuaciones, que muestra a éstos el quién, cómo y cuándo de la gestión que les afecta,
siempre respetando su privacidad de los gestores.
Un aspecto singular de la transparencia administrativa es la denominada administración
electrónica. El término administración electrónica está estrechamente relacionado con
otros vocablos, cuyas diferencias son muy sutiles. Así hablamos de administración en
línea, administración a distancia, administración digital, gobierno electrónico, gobierno
en línea, e-governance, e-government, democracia digital, etc.88
Su objetivo final es conseguir que todos los ciudadanos puedan acceder telemáticamente
de forma habitual y natural a los servicios públicos. Para ello es preciso incrementar el
uso de los medios tecnológicos y la oferta de servicios en el área telemática de la
La Unión Europea ha introducido en el ordenamiento comunitario una serie de normas
que garantizan esta transparencia, y concretamente el derecho de acceso a la
documentación de las administraciones públicas89. A este comportamiento no es ajena la
larga tradición de apertura y transparencia de determinados estados europeos, como los
Países Bajos, Dinamarca y Suecia90. El Consejo, la Comisión, y el Parlamento
Europeos han aprobado diversas normas desarrollando este derecho y estableciendo
excepciones relativas a la protección del interés público (seguridad pública, relaciones
internacionales, estabilidad monetaria, procedimientos judiciales, actividades de
inspección e investigación), protección del individuo y de la intimidad, protección del
secreto en materia comercial e industrial, protección de los intereses financieros de la
Comunidad, protección de la confidencialidad solicitada por la persona física o jurídica
que haya proporcionado alguno de los datos contenidos en ese documento o exigida por
la legislación del Estado miembro que haya facilitado alguno de los datos. Así mismo se
ha legislado sobre la apertura de los archivos históricos de las instituciones europeas 91.
Normas que han tenido su repercusión obligada sobre los estados miembros de la
La Declaración 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7
de febrero de 1992, decía: “La Conferencia estima que la transparencia del proceso de
decisión refuerza el carácter democrático de las Instituciones, así como la confianza
del público en la Administración. La Conferencia recomienda, por consiguiente, que la
Comisión presente al Consejo, a más tardar en 1993, un informe sobre las medidas
destinadas a mejorar el acceso del público a la información de que disponen las
En consecuencia, entre otras medidas, el Consejo y la Comisión aprobaron, el 6 de
diciembre de 1993, un Código de Conducta (DO L 340 de 31.12.1993), relativo al
acceso del público a sus documentos, en el que se establecían excepciones relativas a la
protección del interés público (seguridad pública, relaciones internacionales, estabilidad
monetaria, procedimientos judiciales, actividades de inspección e investigación),
protección del individuo y de la intimidad, protección del secreto en materia comercial e
industrial, protección de los intereses financieros de la Comunidad, protección de la
confidencialidad solicitada por la persona física o jurídica que haya proporcionado
alguno de los datos contenidos en ese documento o exigida por la legislación del Estado
miembro que haya facilitado alguno de los datos.
El Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos en Europa,
en el Convenio 205, reconoce el derecho sin necesidad de acreditar interés alguno a toda
persona, sin discriminación alguna. Establece en su artículo 10 que “por su propia
iniciativa y cuando sea conveniente, las autoridades públicas tomarán las medidas
necesarias para poner a disposición de todos los documentos públicos en su poder para
promover la transparencia y la eficacia de la administración y para fomentar la
participación informada del público en materias del interés general”.
La Comisión Europea envió en diciembre de 2011 una comunicación al Parlamento
Europeo sobre “Datos abiertos: Un motor para la innovación, ele crecimiento y la
gobernanza transparente”, donde presente a la información como una fuente de mejora
de la eficiencia de las administraciones y de importantes beneficios económicos.
El Parlamento Europeo, por su parte, adoptó un sistema similar en julio de 1997:
97/632/CE, CECA, EURATOM: Decisión del Parlamento Europeo de 10 de julio de
1997 relativa al acceso del público a los documentos del PE (DO L 263 de 25.09.1997).
Y el tratado de la Unión Europea introducía en su art. 1 el concepto de apertura en
relación a sus decisiones; y la modificación al Tratado, en el Tratado de Amsterdam, en
su art. 255, establecía el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión, disponiendo que cada una de las instituciones elaboraría
en su reglamento interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos.
Pese al consenso existente sobre la importancia de la transparencia, son pocos los países
– Suecia, Francia, tal vez, donde el secreto pasó a ser una excepción, y no la regla - que
tienen o han implementado una estrategia clara e integrada para la construcción de un
Estado o de una Administración más transparentes. La transparencia sigue ocupando un
papel central en el discurso político, periodístico o científico, y un papel segundario, o
instrumental, en la práctica.
En España, esa transparencia fue prometida en la Ley 30/92, que significó un impulso
de renovación de las administraciones públicas, y el comienzo de la administración
electrónica, al disponer la utilización de las TIC para el desarrollo de su actividad y
ejercicio de sus competencias, pero también para el ejercicio de sus derechos por parte
Diversos planes y compromisos de los sucesivos gobiernos popular y socialista, con
distinto éxito, han hecho avanzar esta peculiar administración, analizada a través de
observatorios y estudios, y que visibilizamos a través de los portales de los ciudadanos.
La transparencia, señalada como principal medida contra la corrupción, tiene también su
manifestación en estos medios, que pretendemos analizar.
En Galicia, la Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y buenas prácticas de la
Administración pública gallega (DOG 14 julio 2006), intentó impulsar el proceso de
racionalización y transparencia en la actividad de la Administración, con la finalidad de
eliminar su imagen de opacidad e inaccesibilidad, “que genera desconfianza en la
La prensa diaria se desayunaba el día 13 de abril de 2007 92con la noticia de la
aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de acceso electrónico de los
ciudadanos a las administraciones públicas, con el apoyo de todos los grupos excepto
PP, CiU, PNV y Mixto, que se abstuvieron, y que pasará seguidamente al Senado. Esta
ley establece el nacimiento de la e-Administración, a partir del 1 de enero de 2010, en
que todos los trámites relacionados con la Administración central, podrán realizarse por
Internet, desde casa, desde la oficina, o con un móvil conectado a la red. El texto
incorporó, a última hora, una enmienda para que el acceso electrónico pueda hacerse a
través de un software libre (programas informáticos gratuitos), sin necesidad de
comprárselo a una de las empresas del sector. Se crea también la figura del Defensor del
usuario electrónico, que canalizará las reclamaciones.
La ley obliga a todas las administraciones, pero sólo compromete a la central, pues
comunidades autónomas y ayuntamientos prestarán sus servicios desde enero de 2010
“siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”, lo que fue solicitado
por los gobiernos autónomos y locales, porque algunos necesitan tiempo para dotarse de
recurso, y se supone que los irán incorporando progresivamente.
Precisamente la lucha contra la corrupción ha sido señalada como uno de los retos
principales por parte de las ONG, en la gestión de sus fondos y en el destino de los
mismos, como representantes y expertos de las mismas han señalado recientemente93, y
que parece confirmar lo sucedido con Inservida y Anesvad. Rresulta insuficiente e
incoherente el que sea una entidad privada no lucrativa como la Fundación Lealtad la
que se dedique a realizar análisis de conducta sobre principios de transparencia y buenas
prácticas de las ONG que voluntariamente se someten a su juicio, y que el control de las
administraciones públicas, a las que deben presentar sus cuentas anuales (en órganos
públicos dependientes de cada comunidad autónoma; o en el Protectorado de
Fundaciones, en caso de que se trate de una fundación) sea ineficaz por que el volumen
de trabajo rebasa en muchas ocasiones la capacidad de supervisión
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (BOE 10-12-2013), declara solemnemente el derecho de acceso a la
información pública (art. 12), y tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la
actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a
aquella actividad y establecer las obligaciones que deben cubrir los responsables
públicos. Se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público
estatal, y a otras instituciones como la Casa del Rey, el Consejo General del Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco
de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y
Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a
Pero esta ley fija los límites al derecho de acceso, en una larga lista (art. 14) en la que se
incluye la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública,
los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, la
confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisiones, la protección
del medio ambiente, etc. Cuestiones, por otro lado, contempladas en las normas
anteriores relativas al acceso (Ley 30/92 y Ley 16/85). Pero se ha perdido la
oportunidad de homologar la legislación española con la de los países democráticos, en
materia de clasificación y desclasificación de documentos, pues no establece un
procedimiento para la desclasificación, ni señala plazos temporales para la publicación
de secretos de Estado. Es más, se mantiene la Ley de Secretos Oficiales de 1968,
modificada en 1978, poco antes de aprobar la Constitución, para dar encaje legal al uso
de los fondos reservados94.
Una interpretación de esta ley la ve aplicable a los archivos de oficina o gestión; pero no
existen reglas que estructuren los sistemas archivísticos; por lo que se entiende que no
es una regla general contra las específicas, sino más bien complementaria de las
existentes en materia de acceso. Sin embargo es de destacar la degradación que hace del
artº 57 de la L16/1985 del PHE sobre protección de datos personales: para los
especialmente protegidos se exige consentimiento del interesado; para los meramente
identificativos, se muestra favorable; y para el resto, resolverá el órgano pertinente, con
el menor perjuicio a los afectados. Esto introduce una enorme complejidad en la
tramitación a las peticiones de información.
Para Sérgio Pratas95, el acceso a la información administrativa se enfrenta a varias y
significativas oportunidades y amenazas. Oportunidades: las derivadas del uso y
difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y la emergencia
de un nuevo modelo de Administración, la Administración receptiva a la ciudadanía.
Mientras que las amenazas son más numerosas: la “resistencia natural” del poder a la
transparencia respecto a sus “dominados”; la resistencia de la cultura nacional y
organizacional al acceso; la “privatización” de la Administración, y la obsolescencia del
control de la burocracia tradicional; el uso de la “amenaza terrorista” para reforzar el
“secreto de Estado” y las “clasificaciones” abusivas; y finalmente, la comercialización
de la información administrativa.
Como dice Patricio Hernández96, si lo que únicamente se persigue es engrosar en
nuestro ordenamiento jurídico diversas normas en cuyo enunciado figure la palabra
“transparencia”, podríamos darnos con contentos con la entrada en vigor de la citada
Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Pero el acceso a una ruidosa marea de datos no asegura a la ciudadanía
una mayor ni mejor información sobre los asuntos públicos. Sería mejor centrar el
debate en el derecho de acceso a los archivos y a documentos, fiables y auténticos, en
soporte electrónico o papel, que produce la Administración.
Transparencia administrativa y páginas web de las Administraciones97.
Planteamos ahora los problemas relativos a la la información que se puede obtener, o las
acciones que se pueden realizar a través de las páginas web de las administraciones
públicas, o de las instituciones archivísticas.
En el caso de las administraciones públicas, la obtención de información, la prestación
de determinados servicios, la descarga de formularios, la cumplimentación de
formularios vía electrónica (conectados, suponemos con algún registro telemático), la
posibilidad de enviar documentos para participar en procedimientos determinados, o la
más remota posibilidad de realizar trámites completos por vía telemática son algunas de
las posibilidades que se plantean al ciudadano.
En el caso de los archivos históricos, predomina la información sobre la actuación.
Informaciones de carácter general, que incluyen con frecuencia cuadros de clasificación,
más o menos desarrollados, acceso a bases de datos descriptivas, con ayuda de
buscadores, más raras veces con acceso a los catálogos de descripción documental,
bibliografía sobre el centro, acceso a bases de datos bibliográficas de las bibliotecas
especializadas, formularios para la petición de servicios (consultas, reprografía), correo
para solicitar información o servicios. Todas estas posibilidades existen, en mayor o
Cerdá nos dice los conceptos clave a barajar para que los archivos estén presentes en la
red: socialización, desintermediación, desmaterialización, visibilidad y accesibilidad;
los principios generales y los diseños de contenido98.
Dentro de las páginas web de las administraciones ocupan un lugar relevante los
portales, que han sido definidos como “un punto de entrada común a una colección de
recursos electrónicos integrados, donde se ofrecen una serie de servicios
complementarios, tales como búsqueda interna, personalización, herramientas de
comunicación, servicios de información con tecnología push y otros servicios
específicos asociados a la tipología del portal”99
Las páginas web del Ministerio de Cultura tienen una gran relevancia al respecto. A
través de su web institucional se da acceso a PARES100 [antes Archivos Españoles en
Red (AER)], proyecto, según la misma página indica, destinado a la difusión en Internet
del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de centros. Se
autodefine como dinámico y abierto, que constantemente incorpora información
procedente de los archivos para su difusión en Internet a todo tipo de usuarios, y que
permite el acceso a bases de datos descriptivas de documentos y a bancos de imágenes
digitalizadas de los mismos, superando las barreras tradicionales del acceso a los
archivos y facilitando a cualquier persona el acceso remoto vía Internet, de forma libre y
gratuita, las 24 horas del día. Entre las bases de datos de nuestro interés, citemos la de
Españoles deportados a campos nazis, de 1840 a 1845, con más de 8.000 registros;
Militares y miembros de las Fuerzas del Orden Público al servicio de la II República,
de 1936-1939, con datos de los diarios oficiales; y Muertos y desaparecidos del Ejército
de Tierra de la República, causantes del derecho de percepción de pensión por muerte,
desaparición o inutilidad, durante la Guerra Civil101.
Además, la página del MC funciona como un portal de archivos, en relación a los
archivos que gestiona, presentando además acceso a los archivos cuya gestión se
transfirió en su día mayoritariamente a las comunidades autónomas, mediante los
convenios correspondientes.102
Las leyes de transparencia y los archivos
A través de las leyes de transparencia, los archiveros, que eran los guardianes de los
secretos de Estado, se han convertido en los agentes de apertura de sus expedientes.
Están llamados a cumplir un papel esencial en la aplicación del principio de
transparencia, y a su través, de la participación en la toma de decisiones, considerada un
elemento clave de la democracia contemporánea y un factor que facilite la intervención
de la “sociedad civil” en la vida política.
Ahora bien, desde una perspectiva archivística, que contempla el ciclo de vida completo
de los documentos, y va más allá del mero acceso legal, la transparencia exige la
accesibilidad a los documentos electrónicos una vez han sido tramitados por las
administraciones, con las debidas garantías frente a terceros. Y exige también medidas
para su almacenamiento y conservación, durante el tiempo que legalmente deban
custodiarse, que en el caso de los documentos con valor histórico deberán ser
permanentes. Cuestiones todas ellas olvidadas o preteridas, con frecuencia, por las
administraciones públicas, que es preciso señalar desde los foros profesionales, y que se
reflejarían asimismo en los mencionados portales103.
En la Conferencia anual del CIA, Bruselas, 23-24 noviembre 2013, Anne Thurston 104
señalaba que los archivos son la base para el éxito de los objetivos de desarrollo a escala
mundial. El éxito de numerosos objetivos depende del modo en que los gobiernos
gestionan su información. La transparencia, y la responsabilidad de los gobiernos,
exigen reconocer que las informaciones contenidas en los archivos son precisas, fiables,
y protegidas por todos los medios posibles. Y esto debe hacerse para proteger la
integridad de los archivos y los derechos de los ciudadanos. Proteger los archivos y las
informaciones y ponerlas a disposición de las necesidades mundiales, es necesario
comunicarlo para que nuestra profesión sea considerada un actor principal en este
3.4. Restricciones administrativas al uso público de documentos y archivos
La ley establece el acceso a archivos y registros administrativos, así como los límites a
que este derecho está sujeto. Pero se dan ciertos casos en que este derecho no puede
ejercitarse, por la inexistencia, ocultación, o privatización de ciertos archivos.
Una buena noticia para los archivos gallegos nos daban el día 18 de septiembre de 2008
en que el Consello da Xunta de Galicia aprobaba el Proxecto de Lei de arquivos e do
patrimonio documental de Galicia105, que iniciaba así su peripecia parlamentaria, hasta
su aprobación definitiva.. Decíamos : esperamos que en este trayecto no pierda
demasiado plumaje, no solo por la opinión de los políticos, muy respetable, pero no
siempre acertada, sino también por los tiempos económicos que corren. Es norma muy
importante, porque establece unos criterios estrictos para la protección de este
patrimonio, y estructura el sistema de archivos de Galicia, garantizando el flujo de
documentos, desde las oficinas públicas donde se producen, hasta su depósito en
archivos de custodia permanente, tras ser valorados, seleccionados para ser eliminados o
conservados, según que contengan algún tipo de valor permanente, útil e importante
para la ciudadanía, la ciencia y la cultura. Garantiza esta ley la adecuada protección del
Patrimonio documental, y el acceso de los ciudadanos a los documentos que soportan y
son testimonio de sus derechos y deberes, así como los de la Administración, en el
marco que establecen la Constitución Española y la normativa más específica al caso106.
Su peripecia parlamentaria fue interrumpida bruscamente por el cambio de gobierno, y
tuvo que esperar hasta ser aprobada con ligeras modificaciones: LEY 7/2014, de 26 de
septiembre, de archivos y documentos de Galicia.
Pero curiosamente, aparte de ciertas lecturas no muy correctas del texto del
anteproyecto, lo que más llamó la atención de la prensa periódica era la posibilidad de
que la Iglesia quedase obligada a permitir el acceso a sus archivos107. Acceso a los
archivos que, de manera tajante, fue negado a los historiadores implicados en los
proyectos de la Memoria histórica, porque decían que – y es el caso del Sr. Arzobispo
de Santiago ¿o fue el de Madrid? – les preocupaban más los vivos que los muertos. A
mí, personalmente, me ocurre como al Sr. Arzobispo de Santiago, (o al de Madrid), al
que preocupaban más los vivos que los muertos, y por eso precisamente, creo que a los
muertos enterrados de mala manera hay que desenterrarlos, identificarlos si es posible, y
volverlos a enterrar con la dignidad debida, para que los vivos que son sus deudos
puedan descansar tranquilos y participar de esa dignidad.
El censo de archivos de la provincia de Lugo, coordinado por Luis Martínez en los años
en que coincidió bajo mi dirección, como subdirector, en el Archivo del Reino de
Galicia, tenía como resultado sorprendente, el que sólo en unos pocos municipios se
declaraba la existencia de archivos municipales. Tenían razón, no eran archivos, sólo
depósitos de documentos descontrolados y sin personal que los atendiera. Otro caso,
más grave, y no publicitado, son los aproximadamente 50 kms. de documentos que las
consellerías de la Xunta de Galicia tienen repartidos en múltiples depósitos en Santiago,
y cuyo control escapa a los archiveros del sistema108. En el ámbito de la administración
central, López Wehrli señala la existencia de un número considerable de archivos
militares que se han mantenido fuera del conocimiento común de investigadores y
usuarios, y que tampoco aparecen en la Guía de archivos militares españoles (Madrid:
Ministerio de Defensa, 1995)109
Pero la falta de información se ha debido en muchos casos a una identificación
inadecuada de los fondos110, o a la falta de los instrumentos de descripción adecuados
que sirven de intermediarios entre el ciudadano (a veces investigador) y los
documentos, y en algunos casos, a la ocultación de estos instrumentos. Por eso hemos
sido partidarios de publicitar “todos” los instrumentos existentes en los centros
archivísticos, para conocimiento del investigador, junto con el cuadro de clasificación
de los fondos, para poder elucidar cuáles están descritos y cuáles no, y por tanto,
conocer cuáles son sus llaves de acceso111. Los medios electrónicos facilitan esta
información, que es la contribución básica de los archiveros a la transparencia
informativa. Para la época y temas que nos ocupan, algunos centros han efectuado un
esfuerzo, para elaborar guías de fuentes u otros instrumentos de orientación al
investigador sobre las fuentes de utilidad para el estudio de la Guerra y potsguerra112.
En relación a ciertos tipos de archivos, privados o privatizados, constituye un ejemplo
paradigmático el caso de los papeles de Francisco Franco, que detenta la Fundación
Francisco Franco, conocido como ejemplo, pero no en cuanto a su contenido.
En cuanto a la destrucción de documentos113, y sin tener en cuenta las destrucciones de
documentos fruto de expurgos más o menos reglados, o los destruidos o dañados
durante la contienda del 36, han desaparecido en buena medida los de las Jefaturas
Provinciales del Movimiento, Falange y Sección Femenina, en un momento de pánico
de sus responsables ante la transición política. Por desidia, se perdieron buen número de
documentos de los Gobiernos Civiles114, y una parte considerable de los de la
4. LOS ARCHIVOS Y LOS ARCHIVEROS EN LAS SOCIEDADES
DEMOCRÁTICAS: NUEVOS PROBLEMAS, NUEVAS FUNCIONES
Las transformaciones habidas en nuestro mundo en las últimas décadas son tan
formidables, que escapan a nuestra comprensión. La revolución democrática, con la
incorporación de los países del Este; la revolución liberal, con el triunfo del libre
mercado sobre cualquier otra opción económica; la revolución “in Gobernance", con la
superación de los gobiernos nacionales en aras de de instituciones supranacionales; y la
revolución de la información, son manifestaciones de este cambio115 . El valor de los
archivos (del gobierno, de organizaciones, de empresas) está en la información que
custodian, que es un bien, que los archiveros deben seleccionar y preservar en el
“contexto de su creación”, preservando su valor evidencial, y mantener el testimonio de
la actividad del productor, y en una sociedad democrática, garantizando el derecho del
ciudadano a acceder a estos archivos, como tradicionalmente se ha hecho. En el mundo
contemporáneo, “as politicas de arquivo, e os arquivos, se constituem como recursos
estratégicos para a modernização da gestão pública e para o fortalecimento da sociedade
democrática”116.
En 1994, Michael Swift, en su contribución al II congreso de Castilla y León, señalaba
que las nuevas tareas deberían girar en torno a la preservación de esa información, que
testimonia las actividades de nuestras instituciones, y a garantizar su acceso. Cosa nada
nueva, pues ya Olga Gallego y yo afirmábamos en 1985, sin pretender originalidad, que
los archivos “se conservan para servir de referencia como testemuño e información…
utilizándoos como probas de dereitos ou como información de antecedentes. Para que
este servicio sexa o mellor posible, os documentos deben ser ben conservados, e
tratados de acordo cos principios e técnicas propias”117.
Estas son las nuevas tareas a que se refería Swift118.
1. Realzar nuestro conocimiento y habilidad para asegurarnos un lugar en la
administración de los documentos modernos, con la adopción de criterios comunes para
la descripción, la valoración y el acceso a la información, especialmente la electrónica
2. Trabajar en la convergencia de las funciones archivísticas tradicionales y las de
3. Dominar la tecnología electrónica, en el campo de los documentos electrónicos y su
4. Prestar más atención a la gestión administrativa de las instituciones, para ser vistos
como competentes gestores, familiarizados con técnicas actuales y usando cuidadosa y
prudentemente los recursos que nos son asignados.
5. Desarrollar un renovado interés por la ética profesional. Equidad, justicia y derechos
de los individuos están involucrados en muchas de nuestras decisiones.
6. Dedicar más tiempo a las tareas de defensa de los intereses de los archivos, sumando
esfuerzos con las asociaciones profesionales, frente a la administración y la sociedad en
general, demostrando que el uso de los archivos afecta al público en general y
proporcionamos servicios tanto al público tradicional como a los nuevos usuarios, a los
investigadores y a los estudiantes, por muy variadas razones, y no sólo de investigación
histórica. Y finalmente difundir el trabajo de los archivos por medio de la prensa, radio,
televisión, puertas abiertas, exposiciones etc.
En 1998, Le Pottier, traído a colación en el 2001 por Rivas, remachaba estas
consideraciones indicando que los archivos deberían implicarse en políticas y técnicas
de calidad total de procedimientos y servicios; tanto por mejorarlos como por
promocionar su imagen en la sociedad, recurriendo al marketing. Para ello, señalaba la
utilidad de relacionarse con los media, con los centros de enseñanza y con las nuevas
tecnologías, para responder a las nuevas necesidades de los usuarios, desplegando los
servicios en todos los sectores de la documentación y de la información.119
Pasado un decenio desde el II Congreso de Castilla y León, siguen vigentes los ejes
fundamentales de la profesión, en relación a la custodia, servicio y tratamiento de los
documentos, con la especial relevancia que ha adquirido la normalización de la
descripción, con la creación de comisiones y grupos de trabajo, como la CNEDA y el
grupo de trabajo de autoridades de Aragón, por citar algunos relevantes; y sobre todo,
la que están adquiriendo los documentos electrónicos y su gestión, así como la gestión
electrónica de los documentos tradiciones digitalizados, que cada vez irán adquiriendo
mayor volumen y complejidad. Mencionemos la aplicación de los modelos de requisitos
Moreq120, para la gestión de documentos electrónicos, y el desarrollo del Portal de
Archivos Españoles (PARES)121 proyecto del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental
Español conservado en su red de centros, que incorpora información procedente de los
archivos para su difusión en Internet, y permite el acceso a bases de datos descriptivas
de documentos y a bancos de imágenes digitalizadas de los mismos.
La cooperación se presenta como un campo a desarrollar por parte de los archivos y los
archiveros. En la 40ª CITRA, en Canadá, ya en el 2007, se hacía referencia, por parte de
Carlos Couture a la necesidad de formar especialistas competentes en todos los niveles
académicos, que se ocupen de las funciones archivísticas a lo largo del ciclo vital de los
documentos, desde los archivos de gestión a los definitivos, y que estos excelentes
profesionales se agrupen en asociaciones profesionales, a nivel local, nacional e
internacional.122 Pero la cooperación tiene múltiples aspectos, no todos beneficiosos
para los archivos, pese a lo que puedan sugerir los responsables de la Biblioteca y
Archivo de Canadá y de Québec, tras su fusión, al afirmar que la institución canadiense
ha escogido la integración de sus funciones, mientras que la quebecois ha preferido la
armonización, dentro de un análisis e inspiración común, que no sabemos lo que quiere
decir123. Y como novedad que curiosamente nos hace establecer un paralelismo con los
procesos de convergencia de los años 80, se está planteando la colaboración entre
archivos, bibliotecas y museos, en objetivos y necesidades comunes, especialmente en
el campo de la difusión, la preservación y la digitalización de documentos sobre temas
comunes, en un contexto explicativo que en el caso de los archivos precisa no oscurecer
el principio de procedencia124.
Volvamos al principio, a la sociedad actual y a la supervivencia de los archivos. La
crisis actual, originada por el descontrol financiero y la corrupción, resultado de un
liberalismo económico sin control político, ha transformado, mediante los recortes en
sanidad, educación y salarios, la próspera sociedad anterior, partícipe del estado de
bienestar, en otra más pobre, más injusta, más ignorante. Las organizaciones continúan
su evolución haciéndose más globales y más tecnificadas, y por supuesto, los archivos
continuarán existiendo mientras sus productores precisen de sus antecedentes como
garantías de derechos y deberes, e información para la toma de decisiones, por no
mencionar la información general, de carácter orgánico, que ofrecen a un número mayor
y más variado de usuarios. Archivos que exigen a sus archiveros conocimientos
específicos de archivística y gestión de documentos, y también de gestión
administrativa, informática, conservación, técnicas fotográficas y de digitalización,
marketing y otras muchas materias, imposibles de condensar en una sola persona.
Hablamos por tanto de equipos de especialistas, que en las grandes instituciones
archivísticas ya existen, o deberían existir, pero que las pequeñas organizaciones
empresariales, asociativas, y de la administración pública no pueden permitirse, y todas
estas funciones recaerán en archiveros que deberán tener conocimientos, aunque sean
superficiales, de todas esas materias. El peligro para los responsable de los centros, en
las grandes instituciones, está en la interferencia política en sus nombramientos, que
tienden a buscar figuras de la cultura, la academia, o el periodismo, o técnicos dóciles a
la ideología del momento; mientras que en las pequeñas organizaciones el peligro está
más ligado a la interferencia de otros especialistas de materias que inciden en los
archivos, o generalistas del campo de las ciencias de la información y la documentación,
léase bibliotecarios, documentalistas, periodistas o informáticos. No hay que asustarse,
es una evolución que viene desde los escribas, los secretarios y juristas, los humanistas e
historiadores, responsables en su momento de los archivos. Hoy, el archivero es un
especialista, cuyo eje de formación es la archivística, y el resto de sus conocimientos
accesorios complementarios, pero necesarios para asegurar su presencia, y su utilidad y
2 INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EL ACCESO DE LOS
procedimiento administrativo, de transparencia, y del patrimonio histórico
3. ACCESO Y ACCESIBILIDAD. TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACCESO
- Secretos oficiales y clasificación de documentos
- Clasificación y desclasificación en los Estados Unidos
- Secretos Oficiales en España
- La Administración electrónica y las leyes de transparencia
- Transparencia administrativa y páginas web de las Administraciones125.
- Las leyes de transparencia y los archivos
IV JORNADAS ARCHIVÍSTICAS: LA PERDURABILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS NUEVOS
SOPORTE DOCUMENTALES (Huelva, 8-10 octubre 1997). “El Archivero ante los nuevos soportes”.
ALGUNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE GESTIÓN DE DOCUMENTOS:
- FERNÁNDEZ GIL, Paloma. “Racionalización de la gestión administrativa: identificación y tratamiento de
documentos en los archivos de oficina”. AABADOM. Oviedo, 2 (1994) 11-19.
- LEBLOND, Denis. “Gestión documentaire, su en sommes-nous?” Archives. Quebec, vol. 18, 1 (1986) 3-8
- HEDSTROM, Margaret. “Descriptive practices for electronic records: deciding what is essential and
imagining that is possible”. Archivaria. Vancouver, 36 (1993) 53-63.
- PETILLAT, Christine. “Les archives contemporaines ou l’arrivée du flux au quotidien” / Christine Petillat et
Hélène Prax.- En: La PRATIQUE archivistique française / sous la direction de Jean Favier; assisté de Danièle
Neirinck.- Paris: Archives Nationales, 1993.- 630 p.- p. 231-312.:
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Para una primera aproximación, conf. J.A. D [José Antonio Durán]. “Casares”. Gran Enciclopedia Gallega, Gijón:
Silverio Cañada, D.L. 1976, t. 5 Canta-Castro, pp. 168-170.
El texto dice así: “Siendo indigno de figurar en el Registro oficial de nacimientos que lleva en el Juzgado municipal
instituido para “seres humanos” y no para alimañas, el nombre de Santiago Casares Quiroga, someto a su consideración
la procedencia de que se cursen las órdenes oportunas para que el folio “oprobioso” del Registro municipal de esta
ciudad en que se halla inscrito su nacimiento, se haga desaparecer; y en este sentido espero me comunicará V.E. la
prestación de ese obligado homenaje a la España “una, grande y libre de Franco”.- “En el acta del colegio de Abogados
y en cuantos libros figure el nombre repugnante de Casares Quiroga, deberá procederse, asimismo, a borrarlo en forma
que las generaciones futuras no encuentren más vestigio suyo que “su ficha antropométrica de forajido”.- “Dios guarde
a V. E. muchos años.- La Coruña, 20 de noviembre de 1937.- Segundo Año Triunfal.- El Gobernador Civil, José María
de Arellano”. Recogido por PARRILLA, José Antonio. Casares Quiroga y la Coruña de su época. 1900-1936. A
Coruña: Ayuntamiento, 1995, p. 132.
JUNQUERA, Natalia. “Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero”. El País, lunes, 22
septiembre 2008, p. 16.
JUNQUERA, Natalia. “Las familias de desaparecidos de la guerra piden una disculpa al Estado”. El País, martes, 23
septiembre 2008, p. 14.
FERNÁNDEZ, María. “La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados”. El País,
viernes, 19 septiembre 2008.
Para el proyecto, V.: http://www.nomesevoces.net/gl/ (11-03-2014).- PANTALEÓN, X.: “Imagen, memoria e
historia; el proyecto Nomes e Voces”, comunicación presentada a las III Jornadas "Archivo y Memoria", celebradas en
Madrid en febrero de 2008.
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HERVELLA GARCÍA, Gustavo, DOMÍNGUEZ ALMANSA, Andrés, SOMOZA CAYADO, Antonio e
FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo: Los archivos para el estudio de la represión franquista en Galicia. La experiencia
del Proxecto de Investigación Interuniversitario “As vítimas, os nomes e as voces”, nas xornadas organizadas pola
Fundacion de Ferrocarriles Españoles. 10 noviembre 2010.
http://www.nomesevoces.net/gl/resultado/los-archivos-para-el-estudio-de-la-represion-franquista-en-galicia-laexperiencia-del-proxecto-de-investigacion-interuniversitario-as-vitimas-os-nomes-e-as-voces/ (Consulta 11-03-2014).
En el proyecto se citan las de: WOUTERS, M. 1936: Os primeiros días. Vigo: Xerais, 1993.- SOUTO BLANCO,
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RODRÍGUEZ, J. Ourense, 1936-1939. Alzamento, guerra e represión. Sada: Ediciós do Castro, 2004; las varias obras
de LAMELA GARCÍA, Luis. “Foucellas", el riguroso relato de una lucha antifranquista, (1936-1952), Sada: Ediciós do
Castro, 1992; Crónica de una represión en la "Costa da Morte": Cée, Vimianzo, Ponte do Porto, Corcubión, Fisterra,
Zas. Sada: Ediciós do Castro, 1995; Estampas da injusticia: la guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos
originados en la represión. Sada: Ediciós do Castro, 1998 entre otros. Además, los trabajos anteriores de FERNÁNDEZ,
C. El Alzamiento de 1936 en Galicia: Datos para una historia de la Guerra civil. Sada: Ediciós do Castro, 1982 y MÁIZ,
B. Galicia na Segunda República e baixo o Franquismo: 1930-1976, Vigo: Xerais, 1988; y sobre la guerrilla
antifranquista y el fenómeno de los huidos: HEINEM, H. A guerrilla antifranquista en Galicia, Vigo: Xerais, 1980;
FREIXANES, V. O Fresco. Memorias dun fuxido. Vigo: Xerais, 1981; y REIGOSA, Carlos. Fuxidos de sona. Vigo:
Xerais, 1989.
GUIXÉ, Jordi. “El Memorial Democrático, despliegue de una institución de memoria: espacios y archivos de la
memoria”, en COLOMER ARCAS, M. Asumpció (coord..). EL acceso y la desclasificación de los documentos: actas
del Congreso Internacional de Archivos y Derechos Humanos. [Sarrià de Ter, Gerona] : Ayuntamiento de Sarrià de Ter,
D.L. 2009, pp. 169-196.
Conf. ALBERCH I FUGUERAS, Ramón. Archivos y derechos humanos. Gijón (Asturias): Trea, 2008, p. 87 y nota
76, y p.116.
VIÑAS, Ángel. “El miedo al conocimiento histórico”. El País, viernes, 5 septiembre 2008, p. 27.
PEDRO GARCÍA, Concepción de; FERNRÁNDEZ DEL TORCO ALONSO, Juan Manuel. "El acceso de los
ciudadanos a los archivos", en CONGRESO NACIONAL DE ANABAD (Toledo, 7º, 22-24 abril 1999). Actas …
Información y derechos de los ciudadanos. Teoría y realidad en el XX aniversario de la Constitución. Boletín de la
Anabad XLXIX, 3-4 (1999) 213-222.
La Ley de Secretos Oficiales (Ley 48/1978 de 7 de octubre) establece que la declaración de materias clasificadas
corresponde al Consejo de Ministros y Junta de Jefes de Estado Mayor, y no afecta ni al Congreso ni al Senado, que
podrán acceder por la vía reglamentaria.
Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril) establece el derecho de los usuarios a la confidencialidad de
toda la información relacionada con su proceso y su estancia en instituciones públicas y privadas que colaboren con el
sistema público.
Ley orgánica de Régimen Electoral General (Ley 5/1985 de 19 de junio, que señala en su sección IV la forma de
acceso a los datos contenidos en el censo electoral y prohibe toda información particularizada sobre datos personales,
excepto a los jueces.
Ley de la Función Estadística Pública (Ley 12/1989 de 9 de mayo, que regula lo relativo al secreto estadístico.
Esta Ley ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, y existe una Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados encargada de su modificación."CUADRA, B. de la. "El PP quiere derogar la ley de Datos, recurrida ante el
Constitucional”. El País, jueves, 16 septiembre 1999, p. 29.
Seguimos en este epígrafe a LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “El acceso a los archivos y la desclasificación de los
documentos”, en las Jornadas “El Papel de los Archivos en la defensa de los derechos humanos y la Memoria
Histórica”. Madrid, 4 y 5 de abril 2014.
GRUP DE TREBALL BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA. Informe sobre bon govern i
transparencia administrativa. 27 de juliol de 2005. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2005, p. 24. Este grupo hizo
una serie de recomendación para la implementación de la transparencia administrativa del mayor interés, pero cuya
glosa excede de las posibilidades de este trabajo, y dirigidas tanto a la administración como a las empresas
ZAMBRANO SILVA, Salvador. Administración electrónica y transparencia administrativa: mesa redonda
celebrada en el marco de las 9as. Jornadas de Documentación de FESABID (Madrid, 14-15 de abril de 2005) [en
línea]. Disponible en:
http://www.fesabid.org/madrid2005/descargas/presentaciones/mesas/zambrano_salvador.pdf
3/11/2014].
ABIEGA PICATOSTE, María. La documentación de la Unión Europea. Madrid: Colex, 2000, pp. 37-38.
En vísperas de la revisión del Tratado de la Unión Europea, la Comisión y la Representación Permanente de Suecia
ante la Unión Europea organizaron, el 22 de noviembre de 1995, en Bruselas, un seminario conjunto sobre “Apertura y
transparencia en la Unión Europea, que reunió a representantes de los estados miembros, las instituciones europeas y los
medios de comunicación, y se transmitió en directo por “Europa por satélite” a las estaciones de televisión de toda
Europa y a las oficinas de la Unión Europea en los Estados miembros. V. el “Prefacio” de Colette Flesch, Directora
General, en Libro blanco sobre la administración electrónica y la protección de datos personales. [Madrid]: Instituto
Nacional de Administración Pública, [2003] p. 3.
V.G.C. “Aprobada la ley que instaura la ‘e-Administración’ a partir de 2010”. El País (viernes 13 abril 2007)
“Mas transparencia”. El País (miércoles, 11 abril 2007)
Dos trabajos de curso, bajo la dirección del que suscribe, en la materia “Administración y Procedimiento
Administrativo Electrónico”, en el Master Ciencias Documentales en el entorno digital de la UDC (curso 2012-13),
hicieron un enjundioso estudio comparativo del anteproyecto con otras leyes de transparencia: FEAL RODRÍGUEZ,
María del Pilar. "Anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Contexto
legal y conceptual, incidencia en la Administración electrónica, estudio comparativo y debate público” [1.241 KB]. y
RODRIGUEZ SEOANE, Gerardo J. "Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Breve comparación del proyecto español con la ley chilena, otras leyes latinoamericanas , y con la realidad
europea." [191 KB] : http://hum90.cdf.udc.es/ahdi/investigadores-as-jovenes/index.php (consulta 13 abril 2014)
PRATAS, Sérgio. Transparência do Estado, Administração aberta e Internet. Lisboa: INA Editora, 2013, pp. 88-89.
FERNÁNDEZ, Patricio. “Archivos públicos y secreto de Estado”. El País. Opinión (sábado, 8 marzo 2014) 27.
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http://www.amigosdelagn.org.ar/49.pdf (04/11/2010).
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administración electrónica” en Jornadas andaluzas de documentación (3. 2003. Sevilla). Jadoc. 03 Sevilla 20-21-22 nov.
03. Organizaciones electrónicas. Situación actual y perspectivas de la e-documentación. Sevilla: Asociación Andaluza
de Documentalistas, 2003, pp. 343-353, conf. p. 346.
http://www.mcu.es/archivos/CE/PARES.html (Consulta 13-03-2014).
http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html (15-03-2014).
Este estudio se incluyó en LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “75 aniversario de la creación de los Archivos Históricos
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Documentalistas, LVII, n. 1 (enero-marzo 2007) 11-83.
LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Transparencia administrativa y administración electrónica: los portales ciudadanos”
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y 11 de 2007).
“Discurs d’ouverture: les archivistes doivent jour leur rôle ». Flash. ICA, nº 27 (mars 2014) 4-5
http://www.xunta.es/periodico/1809consello.pdf (consulta 30/09/2008).
El acceso a los archivos españoles está regulado por: la Constitución de 1978, punto de partida de nuestro actual
ordenamiento jurídico; la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155, 29 junio 1985; corrección de
errores en BOE nº 296, de 11 de diciembre), el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la ley anterior, y la ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPRJ-PAC)
(BOE nº 285 de 27 de noviembre); y el R.D. 263/1996, de 16 de febrero de 1996, del Ministerio de Administraciones
Públicas (BOE nº 52 de 29 marzo 1996) que la desarrolla y que regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado; la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LOARTAD) (BOE 31 de diciembre); y Ley
VILLAMOR, Luís. “La Xunta obliga a la Iglesia a facilitar el acceso a todos sus archivos”. La Voz de Galicia,
viernes, 19 septiembre 2008, p. 6.- “La Xunta obligará por ley a la Iglesia a facilitar el acceso público a sus archivos”.
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LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Dorado, el Presidente y los documentos de la Xunta de Galicia”. Blog de Anabad Galicia.
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(20 mayo 2013).
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http://www.xunta.es/conselle/cultura/patrimonio/arquivo%20reino/index/html/
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100% INFORME DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE ARCHIVOS 2014 PRIMER TRIMESTRE 1
PROLOGO A LA CADENA DE TRANSFORMACION DE LOS
ley de transparencia y acceso a la información pública y

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 10
 Resolución 
 Real Decreto