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Timestamp: 2019-08-25 11:02:42+00:00

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INICIATIVA DE REFORMA PARA ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, PARA ESTABLECER LA AUTONOMÍA DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y LA CREACIÓN DE UN CONSEJO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. - GRUPO PARLAMENTARIO PRI GUANAJUATO
INICIATIVA DE REFORMA PARA ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, PARA ESTABLECER LA AUTONOMÍA DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y LA CREACIÓN DE UN CONSEJO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
Con la venia del diputado presidente y de las diputadas y los diputados que integran la mesa directiva, compañeros legisladores de este honorable Congreso del Estado de Guanajuato, asistentes que nos acompañan a esta sesión de pleno y quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación.
Las y los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido por los artículos 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman el primer párrafo del artículo 11 y, la denominación del Capítulo Sexto; y, se adicionan dos secciones al Capítulo Sexto, por lo que la actual Sección Única pasa a ser Sección Primera, la Sección Segunda se denomina “Del Consejo de la Fiscalía General del Estado”, integrada por los artículos 95 Bis y 95 Ter, la Sección Tercera se denomina “Del Instituto Estatal de Servicios Periciales”, conformada por los artículos 95 Quáter y 95 Quinquies; de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:
Una asignatura pendiente y un compromiso que tenemos como parte de esta Legislatura en la transición que por mandato constitucional se ha realizado para pasar del esquema de Procuraduría al modelo de Fiscalía General, es el relativo a garantizar que el nuevo órgano se dedique exclusivamente a una Persecución eficiente del delito.
A esos efectos, estimamos de alta trascendencia instituir como organismo público autónomo al Instituto Estatal de Servicios Periciales; y asimismo, que las funciones administrativas relativas al servicio civil de carrera de los servidores públicos que dependan de la Fiscalía General, se desincorporen de su Titular y sean a cargo de un Consejo de la Fiscalía General del Estado.
Por principio de jerarquía normativa y por la importancia de esta temática que busca consolidar el paradigma de la Fiscalía General del Estado como órgano dedicado a la persecución e investigación del delito, es indispensable que la génesis de la Instituto de servicios periciales y la creación de su Consejo, queden contenidos en la Constitución Local.
Consideramos que estos, son pasos muy importantes para transformar verdaderamente el sistema de dirección de la investigación y persecución del delito. La autonomía del Instituto de servicios periciales y la creación del Consejo nos abonan a garantizar el éxito en esa transición.
Sabemos que la función toral de un órgano pericial depende del rigor técnico y la excelencia científica con las cuales se ejerzan las competencias de los expertos que lo componen, a fin de que puedan proporcionar el mayor número de elementos a quienes precisan de su dictaminación, lo mismo para acusar, que para defenderse o para decir la verdad legal.
En este momento y dado lo establecido en la norma, quienes se dedican al Derecho penal en el actual sistema penal acusatorio, se refieren al Ministerio Público (MP) como el órgano que investiga, como el que recaba pruebas; pues atienden a la disposición normativa constitucional plasmada en el primer párrafo del artículo 11 de nuestra Constitución local, la cual citamos: “Artículo 11. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. El Ministerio Público contará entre sus auxiliares con un cuerpo pericial”. Motivo por el cual un primer paso en esta iniciativa que hoy presentamos consiste en reformar dicho párrafo en ese artículo, con la finalidad de posibilitar la creación del Instituto Estatal de Servicios Periciales, eliminando la disposición normativa que establece que el Ministerio Público cuente con este cuerpo pericial que de él depende, redacción que, como tal, abre el camino para armonizar y materializar nuestra propuesta aquí presentada.
En la búsqueda de un cambio de paradigma y no sólo de modificación de la denominación, se pretende aligerar la estructura orgánica de la Fiscalía, para que resulte más eficiente en su función primordial de perseguir e investigar el delito; pero, además, se busca dotar de autonomía a la función pericial para en el marco del modelo penal acusatorio y adversarial, en función de la disposición de los peritos, se encuentren en pie de equidad procesal.
Bajo esa óptica, los peritos ya no deben corresponder al cuerpo orgánico de la institución denominada fiscalía, ya no deben depender del MP, como lo prevé hoy el artículo 11 de la constitución local, pero tampoco de la Fiscalía General del Estado.
El perito no debe actuar bajo la subordinación del MP, sino estar al servicio de las partes y deberse a la cientificidad como única brújula de su actuación; y para garantizar su independencia, y su autonomía técnica y de gestión, deben de tener cierta inamovilidad y las debidas salvaguardas administrativas en cuanto a ingreso, basificación, promoción, carrera, capacitación y actualización continua que permitan tener un cuerpo de auténticos científicos y expertos en las distintas áreas y disciplinas, no sólo como los legistas de antaño, sino en todos los ámbitos de la criminalística, cuyo desarrollo se ha diversificado exponencialmente.
En atención a lo anterior, proponemos las adiciones tanto al texto del Capítulo Sexto en su denominación para titularse “De la Fiscalía General del Estado y del Instituto Estatal de Servicios Periciales”; y la adición de una “Sección Tercera” denominada “Del Instituto Estatal de Servicios Periciales”, adicionando a esta Sección los artículos 95 Quáter y 95 Quinquíes, con lo cual se consumaría el establecimiento del Instituto Estatal de Servicios Periciales como organismo público autónomo, estableciéndose, además, las condiciones de su integración y sus atribuciones con que debe contar este organismo.
Por otra parte, como ya hemos venido introduciendo al inicio de esta parte expositiva, consideramos que, en esta transformación de modelo de Procuraduría a Fiscalía General, deben existir dos tipos de entes, el sustantivo operativo a la función persecutoria e investigadora del delito; y el administrativo, que se encargue del desahogo de tareas adjetivas importantes que también requieren de tiempo y talento en su aplicación para el correcto funcionamiento de este sistema. Aspectos no sólo administrativos, sino presupuestales, de control, disciplinarios, académicos, de capacitación; y en su caso, de transparencia y acceso a la información pública, que proponemos se manejen y atiendan directamente por un Consejo de la Fiscalía, siendo necesario precisarlo en la Constitución, que determinen las reformas y adiciones a la Ley.
Hoy en día estos temas tienen una importancia relevante, que requieren tiempo y dedicación exhaustiva, que deben desagregarse de la labor sustantiva del fiscal; y concentrarse, para su atención ideal, en la actuación de un Consejo.
No resulta efectivo ni es correcto que todas las funciones se concentran en una sola persona ni en un solo órgano, por dos razones: la primera, relacionada con la capacidad física; la segunda, con evitar figuras dictatoriales que de acuerdo a la historia han derivado en actos arbitrarios que dañan la sociedad y el correcto funcionamiento de una institución.
Por ese motivo, esta iniciativa adiciona la Sección Segunda, con un nuevo título denominado “Del Consejo de la Fiscalía General del Estado”, adicionando, además, a esta Sección, los artículos 95 Bis y 95 Ter, ambas propuestas con la finalidad de establecer constitucionalmente tanto la forma cómo se debe integrar el Consejo, y las atribuciones que deben corresponderle.
Importante es mencionar respecto a la integración, que se proponen 5 integrantes para este cuerpo colegiado, para facilitar los resultados de las distintas votaciones que recaigan a los Acuerdos que tomen. El titular de la Fiscalía será parte integrante de este Consejo, así como un Fiscal Especializado, con la finalidad de que provean insumos necesarios a la toma de decisiones al seno del consejo, que lleven a él directamente requerimientos, necesidades y compromisos del desempeño de sus actividades y conocer también directamente las temáticas y alternativas de respuesta que se planteen en dicho Consejo. Se prioriza que en su integración, este órgano Colegiado se ciudadanice en su conformación con personas ajenas a la institución, pero profesionales en las tareas a desarrollar, como es la tendencia que este Poder Legislativo ha procurado en sus diferentes reformas; y por ende, se cuente con personas capaces y profesionales que sean seleccionadas y designadas por el Congreso del Estado a través de una Convocatoria Pública, garantizando con ello la transparencia de los procesos e involucren en esta responsabilidad al Congreso Local.
La propuesta de 4 años en el cargo para los integrantes del Consejo, salvo el Titular de la Fiscalía sin posibilidad de reelección, responde al modelo que se sigue en el Poder Judicial del Estado, además de que con ello se evitan cotos de poder y excepciones de insana lealtad en el período de 9 años que dura el titular de la Fiscalía. Por último, se igualan los salarios propuestos para los Consejeros Ciudadanos Especializados a los equivalentes en el tabulador que corresponde a los fiscales especializados, por considerar que tendrán una labor permanente y profesional en el desempeño de sus actividades, con lo cual pretendemos se dediquen de tiempo completo a esta actividad y sea un medio laboral que desempeñen profesionalmente.
Por último, se considera oportuno determinar en el Artículo segundo Transitorio el plazo para que este Congreso del Estado lleve a cabo los ajustes a las leyes que se verán impactadas con las reformas constitucionales aquí planteadas; en el entendido que, al tratarse de normas complejas, el plazo de 180 días para contar con los cuerpos normativos reformados o inéditos, serían los adecuados para tal fin.
Y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:
De aprobarse las reformas y adiciones aquí planteadas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato tendría impacto jurídico en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; así como en la elaboración de una Ley orgánica del Instituto Estatal de Servicios Periciales, a efecto de armonizar las reformas con el marco normativo actual en esta materia.
Por una parte, contribuye a dividir y eficientar funciones administrativas en la Fiscalía general del estado; dividir funciones adjetivas a favor de un cuerpo colegiado de decisión; y por otra, eficientiza las labores administrativas periciales en el sistema penal acusatorio adversarial permitiendo la autonomía plena de los servicios periciales y forenses. Con lo cual se brinda certeza jurídica constitucional en la creación de ambas figuras.
PRESUPUESTARIO:
Con fundamento en los artículos 275 y 276 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se solicita encargar a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas realice el impacto técnico presupuestario que significaría la creación tanto del Consejo de la Fiscalía, como del Instituto Estatal de Servicios Periciales, al carecer este Grupo Parlamentario de los recursos para esta tarea.
Garantiza a la sociedad que el sistema de persecución de los delitos en el estado cuente con mayor eficiencia en su actuar y se obtengan mejores resultados a favor de la ciudadanía en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial.
Se contará con un área independiente y autónoma de la Fiscalía respecto a los servicios periciales que respondan no de manera exclusiva al Ministerio Público, sino a la sociedad en su conjunto, a todas las partes que intervienen en el proceso penal.
Se complementan figuras jurídicas constitucionales que brindan mayores certezas para su consolidación en este sistema penal acusatorio que benefician el entorno social.
Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:
ÚNICO. Se reforman el primer párrafo del artículo 11 y, la denominación del Capítulo Sexto; se adicionan dos secciones al Capítulo Sexto, por lo que la actual Sección Única pasa a ser Sección Primera, la Sección Segunda se denomina “Del Consejo de la Fiscalía General del Estado”, integrada por los artículos 95 Bis y 95 Ter, la Sección Tercera se denomina “Del Instituto Estatal de Servicios Periciales”, conformada por los artículos 95 Quáter y 95 Quinquies; de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:
“Artículo 11. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. El Ministerio Público tendrá el apoyo técnico en la investigación y persecución del delito, del Instituto Estatal de Servicios Periciales.
El ejercicio …
El Ministerio Público …
La seguridad pública …
Las instituciones …
y del Instituto Estatal de Servicios Periciales
“ARTÍCULO 95.- El Ministerio Público …”
Del Consejo de la Fiscalía General del Estado
Artículo 95 bis. Para el mejor desempeño de sus funciones, la administración, vigilancia y disciplina de la Fiscalía General del Estado, estarán a cargo del Consejo de la Fiscalía en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución y establezcan las leyes.
El Consejo de la Fiscalía será un órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El titular de la Fiscalía General del estado podrá solicitar al Consejo la expedición de acuerdos generales para asegurar un adecuado ejercicio de sus facultades. La ley establecerá las funciones y atribuciones, así como los términos y procedimientos para su ejercicio.
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones, teniendo el Fiscal voto dirimente para el caso de empate. Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cuatro años en su cargo y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
El Consejo se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será el titular de la Fiscalía General del Estado, quien también lo será del Consejo; un Consejero de entre los Fiscales especializados; y tres Consejeros Ciudadanos que no deberán ocupar ningún cargo o empleo como servidor público, designados mediante convocatoria pública, contar con ciudadanía mexicana, de preferencia guanajuatenses, en pleno ejercicio de sus derechos, que gocen de reconocido prestigio social, con experiencia en administración de personal, en procesos jurídicos penales, y auditoría; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República o del Estado y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.
Quienes integren el Consejo serán designados por el Congreso del Estado. su órgano de gobierno emitirá una convocatoria pública, y presentará al Pleno del Congreso el acuerdo que contendrá hasta tres propuestas para cada puesto del Consejo. El Pleno del Congreso del Estado o la Diputación Permanente durante los periodos de receso, designará por mayoría calificada a quien ocupe el cargo. La remuneración económica salarial de estos Consejeros Ciudadanos será la misma prevista en el nivel tabular equivalente a los titulares de las Fiscalías especializadas.
El Consejo contará con un Secretario Técnico, cuya función será asesorar y elaborar las actas de las sesiones del Consejo y las demás que le atribuya la ley.
Artículo 95 ter. El Consejo será competente para:
Elaborar, modificar, adicionar, suprimir y publicar los reglamentos, acuerdos y disposiciones generales para normar el adecuado ejercicio de las actividades de la Fiscalía;
Aprobar su reglamento interno, así como las reformas al mismo;
Opinar sobre los lineamientos generales para la actuación de la Fiscalía;
Administrar el servicio profesional de carrera;
Analizar y opinar sobre los asuntos que se ventilen en la Fiscalía;
Opinar sobre las políticas generales que en materia de persecución e investigación del delito habrá de seguir la Fiscalía General del estado;
Asesorar en la elaboración del plan anual de trabajo de la Fiscalía;
Aumentar o disminuir el número de Agencias Ministeriales de la fiscalía;
Determinar la adscripción, cambio de adscripción y ceses del personal de la Fiscalía, dar curso a las renuncias que se presenten y decidir el cese de personal;
Imponer a los servidores públicos de la fiscalía las sanciones que procedan conforme a la Ley, previa garantía de audiencia y defensa;
Conceder licencias al personal de la Fiscalía hasta por doce meses;
Adoptar las providencias para el eficiente manejo administrativo de la Fiscalía;
Expedir su reglamento interno remitiéndolo al periódico oficial del Gobierno del Estado para su publicación;
Expedir los manuales de organización y procedimientos de las Agencias;
Opinar sobre el informe que el Fiscal General enviará al Congreso del Estado;
Conocer, opinar y aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía que le presente el titular de la Fiscalía;
Ejercer el presupuesto de egresos;
Informar trimestralmente al titular de la Fiscalía sobre el ejercicio del presupuesto de egresos;
Inspeccionar, fiscalizar y vigilar el funcionamiento de las agencias investigadoras y conciliadoras y la conducta de los agentes ministeriales;
Establecer, con arreglo a la Ley, los criterios, lineamientos y procedimientos para el desempeño y la evaluación de los servidores públicos de la Fiscalía;
Ordenar la práctica de auditorías de desempeño, calidad, administrativas y financieras en las Agencias de la Fiscalía; así como en las Fiscalías especializadas; y;XXII. Conocer y aprobar la información financiera y la cuenta pública de la Fiscalía General del Estado que se deberá presentar al Congreso del Estado.,
Los Consejeros que hayan formado parte del Consejo, concluyan o no su encargo, no podrán formar parte de la fiscalía, en áreas sustantivas o administrativas, ni ser contratados bajo algún régimen de prestación de servicios, durante los tres años siguientes al término de su función.
Del Instituto Estatal de Servicios Periciales
Artículo 95 Quáter. El Instituto Estatal de Servicios Periciales es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con facultad reglamentaria, así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna. Quien, a través de su personal especializado, se erigen como el órgano estatal técnico y científico que tiene a su cargo la elaboración de informes y dictámenes periciales en las diversas especialidades forenses con apego a la Ley, que se requieran en el sistema penal acusatorio adversarial.
El Instituto Estatal de Servicios Periciales será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos y las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Artículo 95 Quinquíes. El Instituto Estatal de Servicios Periciales contará con las siguientes atribuciones, las cuales ejecutará a través de su personal:
Realizar la búsqueda, preservación y obtención de indicios forenses;
Coordinar, eficientar y supervisar el funcionamiento de los servicios periciales;
Formular dictámenes e informes periciales requeridos en el sistema acusatorio penal adversarial;
Elaborar opiniones especializadas fundamentando sus dictámenes en procedimientos científicos o técnicos según corresponda;
Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas de la Fiscalía General, respecto de las especialidades con que cuente, así como a otras instancias públicas que lo requieran, en el ámbito de su competencia;
Atender las solicitudes que conforme a derecho realicen el Ministerio Público, o el inculpado y los Agentes de Investigación Criminal;
Diseñar y aplicar los procedimientos y protocolos para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, de las huellas o vestigios del hecho delictivo y de los instrumentos, objetos o productos del delito para asegurar su integridad a través de la cadena de custodia;
Dirigir el Laboratorio Central de Servicios Periciales y atender las bodegas o almacenes de evidencias en cuanto a las técnicas de manejo y preservación de las sustancias y bienes materia de custodia;
Proponer el equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales y promover la cooperación en la materia, con la Fiscalía General de la República, de los Estados, así como con otras instituciones;
Operar bancos de datos criminalísticos y compartir la información con unidades específicas del Ministerio Público, los Agentes de Investigación Criminal y demás unidades de información y análisis;
Elaborar y actualizar las guías, manuales y protocolos para la formulación de dictámenes periciales;
Realizar las funciones a que se refiere el artículo 18 de la Constitución General y 13 de la Constitución Local, respecto de las personas que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, que hubieren cometido conductas tipificadas como delito por las leyes penales, dentro de su ámbito de competencia;
Diseñar y establecer los requisitos mínimos de intervención por especialidad y para la generación de dictámenes e informes, así como emitir, en coordinación con las unidades administrativas competentes, guías, protocolos y manuales técnicos que deban observarse en la intervención pericial, dentro del marco de la autonomía técnica de los peritos, velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos que establecen las leyes del procedimiento, así como con las normas científicas y técnicas;
Certificar a los profesionales, así como a los expertos en las diversas áreas del conocimiento, arte, técnica u oficio que colaboren como peritos independientes o habilitarlos como peritos oficiales; y
Las demás que se señalen en la legislación correspondiente.
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Artículo Segundo.- El Congreso del Estado tendrá un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de armonizar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y para expedir la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Servicios Periciales.
Artículo Tercero.- El Congreso del Estado tendrá un plazo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor el decreto que armoniza la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a efecto de integrar el Consejo de la Fiscalía General del Estado.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Guanajuato, a 23 de mayo del año 2019.
Diputada Maestra Celeste Gómez Fragoso
Diputada Licenciada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno
Diputado Licenciado José Huerta Aboytes
Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores
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References: artículo 56
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 209
 artículo 11

Artículo 95

Artículo 95

Artículo 95

Artículo 95
 artículo 18