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Timestamp: 2017-06-26 20:40:53+00:00

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Estudio Quiénes Somos La Firma Nuestra Formade Trabajo La DinámicaActual Staff Servicios Noticias Clientes Propiedades Ventas Alquiler Contacto Abandono	Creado en Jueves, 20 Diciembre 2012 15:28	Dra. Julia Staricco Campodónico- Juez Letrado de Aduanas.
A). NORMATIVA.- El Abandono no infraccional, se encuentra regulado en el Código Aduanero Uruguayo (Decreto- Ley 15.691, del 7 de diciembre de 1984), en los artículos 121 y 122, con las modificaciones introducidas por la ley 16.736 y la ley 18.719 artículos 304 y 312.
B). TIPO DE PROCEDIMIENTO – NATURALEZA JURÍDICA
Atento a la regulación normativa dada al procedimiento por abandono no infraccional y estando a la distinción entre procedimiento contencioso y voluntario, se debe concluir que nos encontramos ante un procedimiento esencialmente voluntario.
Couture y Arlas[1], enseñaban que la expresión “jurisdicción voluntaria” es de antigua raigambre y que un texto antiguo (Marciano, Digesto 1,16,21) denomino jurisdicción voluntaria a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes y en los cuales la decisión del juez no causa perjuicio a persona conocida.
C). SUJETOS INTERVINIENTES
A) Juzgado letrado de Aduana o en el interior Juzgados letrados con competencia en materia aduanera
c) Denunciante d) Eventuales terceros intervinientes (rematadores, depositarios, dna)
e) Dueño, depositantes o consignatario de la mercadería
El articulo 312[2] de la ley 18.719 expresa que :“La solicitud de abandono en los casos previstos en el artículo 121 del Decreto-Ley Nº 15.691, del 7 de diciembre de 1984, con la modificación introducida por el literal d) del artículo 181 de la Ley Nº 16.736, deL 5 de enero de 1996, se realizará por parte interesada…”
En sentido estrictamente procesal, partes son los sujetos activos del proceso, ya que sobre ellos recae el derecho de iniciarlo y determinar su objeto. Tradicionalmente se ha definido el concepto de parte como aquel que pide en nombre propio o en cuyo nombre se solicita la actuación de una voluntad de ley (Actor, demandante, Ministerio Público, etc.) y aquel frente a quien es pedida (reo, demandado, imputado, etc.). La calidad de parte es esencialmente procesal y está dada por una determinada posición en el proceso.
Al tratarse de un proceso de naturaleza voluntaria, el concepto de parte se restringirá al caso que nos ocupa, a aquella que, como sujeto activo presenta la solicitud de abandono. El Dr. Ángel Landoni, expresaba: “Que en cuanto a las partes, desde ya podemos señalar que la noción de parte procesal, sólo es aplicable a los procesos contenciosos, ya que en los de jurisdicción voluntaria solamente lo hay interesados”[3], por ende, cuando hablamos de proceso voluntario, debemos de hablar de interesados.
Las mismas se encuentran expresamente establecidas en el Código Aduanero Uruguayo, con las modificaciones y agregados introducidos por el artículo 304 de la ley 18.719. Las causales de solicitud y en virtud de la promulgación de la Ley de Presupuesto, han quedado circunscriptas a las siguientes situaciones:
a) Cuando los dueños o consignatarios declaren, por escrito, su decisión de abandonarlas
b) Cuando por deterioro u otro motivo grave no puedan ser conservadas en depósito y el dueño no proceda a despacharlas, después de ocho días hábiles de notificado, o publicado el aviso en el Diario Oficial y otro de circulación general, por el término de diez días
c) Cuando después de despachadas no las retirase el despachante pasados cinco días hábiles de ser notificado personalmente
d) Cuando hayan transcurrido diez días corridos de la notificación al consignatario, propietario, depositante o notificado que la mercadería ha permanecido en depósito aduanero, sin dársele nuevo destino. La notificación en estos casos y en los previstos en los incisos de este artículo se hará por telegrama colacionado, comunicación judicial, notificación notarial o por cualquier otro medio fehaciente y si no se conociere el domicilio de estas personas se publicará un aviso en el Diario Oficial y en otro, por un solo día
e) Cuando los depositantes, propietarios o consignatarios de las mercaderías que se encuentren depositadas, contenerizadas o no en los depósitos, intra o extra portuarios, no hayan abonado el servicio de almacenaje o precio del depósito, por un período superior a los noventa días calendarios"
La LP en el – Art.312, sustituyó la redacción del art. 122 del decreto – ley 15.691, estableciendo que el proceso relativo al abandono no infraccional regulado por el Art. 121 del CAU, se podrá tramitar ante los Juzgados Letrados de 1ª Instancia con competencia en asuntos aduaneros, con excepción de Montevideo y Canelones, correspondiendo dentro de dicha jurisdicción territorial al Juzgado Letrado de Aduana, o ante la Dirección Nacional de Aduanas. En este aspecto la norma promulgada amplía la competencia y la jurisdicción para iniciar los procesos por abandono no infraccional, siendo a elección del gestionante el optar por ocurrir a la Sede Judicial, o en su defecto ante la Dirección Nacional de Aduanas, no existiendo a este respecto competencia en relación a la cuantía del asunto.
La nueva norma innova con relación al procedimiento a seguir en cuanto al abandono no infraccional. El artículo 312 de la LP, instala un proceso de carácter voluntario, por el cual el gestionante de la solicitud e interesado persigue la declaración de abandono no infraccional de una mercadería, con el dictado de una resolución de carácter meramente declarativo. Como expresamos anteriormente, la norma faculta al interesado a presentar la solicitud de declaración de abandono en forma indistinta ante el Poder Judicial o ante la Dirección Nacional de Aduanas. Dicha solicitud deberá de ceñirse: “… con las normas generales relativas a la demanda, acompañando los medios de prueba de la hipótesis de abandono correspondiente”. – (Artículos 117 y ss de la ley 15.892 – en adelante CGP). El proceso voluntario se encuentra regulado por los artículos 402 y ss del CGP. En cuanto a los sujetos el Articulo 403 del CGP[6], enseña que con la iniciación del procedimiento se notificará a todos los sujetos interesados en el asunto, cuando así lo dispusiera la ley o se estimare por el Tribunal y el artículo 404,[7] que establece el procedimiento, ordena en el Inciso 2 que sobre la admisibilidad se oirá al Ministerio Público, a las personas designadas y la misma vía se seguirá de existir oposición de terceros, por lo que se entiende que de la solicitud se deberá de notificar al propietario o al depositario de la mercadería en su caso, a los efectos de guardar las debidas garantías del correspondiente proceso y el fiel cumplimiento de las normas procesales, que regulan este tipo de procedimiento voluntario.
Controlada en principio por la Sede actuante o por la DNA, la admisibilidad y regularidad de las actuaciones, corresponde otorgar traslado al Ministerio Público por el término de seis días hábiles “… se oirá al Ministerio Público, por el término de seis días hábiles.” Otorgado el traslado, en principio, al Ministerio Público podrá optar por dos posturas procesales: a). Deducir oposición y en cuyo caso la cuestión se deberá resolver por la vía incidental; o b). De lo contrario no deducir oposición y en cuyo caso la Autoridad interviniente declarará el abandono no infraccional de la mercadería. Corresponde en este estadio y para el caso de existencia de oposición, cuestionarse en cuál sería o podría ser el fundamento de la oposición. El Ministerio Público podrá deducir oposición por entender que no se configuran los requisitos de admisibilidad de la pretensión, advertir que falta el cumplimiento de algún extremo, o en su defecto podrá oponerse cuando entienda que se podría haber configurado la existencia de una presunción de infracción aduanera en relación a la mercadería cuyo abandono se solicita y así lo expresa la redacción dada. En casos de declaración de abandono no infraccional de la mercadería y con referencia a la competencia el Ministerio Público, el mismo ha sostenido en forma pacífica que “la intervención del Juzgado y de la Fiscalía, lo es a los solos efectos de determinar si existe infracción aduanera, única de su competencia. La ley es clara en cuanto a que la competencia del Juzgado de Aduana es “en asuntos relativos a infracciones aduaneras” (Arts. 257 y 260 de la ley 13.318), las que están definidas en el Art.245 de la citada ley…”[8] [9]. En el caso del Ministerio Público, dicho extremo lo edicta la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, el Fiscal Letrado de Hacienda y Aduana (Fiscal actuante en la especie), sólo tendrá competencia para actuar en los casos en que exista una “infracción aduanera”.
A partir de la entrada en vigencia del Art. 312 de la LP la competencia del Ministerio Público también fue ampliada, pues, en el caso en estudio y ante la hipótesis de solicitud de la aplicación de la normas de marras, no nos encontramos ante una presunción o hipótesis de infracción aduanera e igual y preceptivamente va a intervenir el Ministerio Público, no como parte, porque es proceso voluntario, pero sí como un tercero preceptivo en el proceso. Y como tal, puede no sólo oponerse, sino que también advertir o dar cuenta de la falta de algún requisito para hacer lugar a la solicitud de abandono.
Luego de resuelta la oposición o subsanadas las observaciones hechas por el Ministerio Público, debe resolverse, por parte del Tribunal, sobre la pretensión deducida.
Corresponde entonces ingresar a analizar el carácter y eficacia de la resolución dictada por el Tribunal. En dicho aspecto, el Artículo 405 del CGP[10], nos sitúa y enseña cuál es la eficacia de la presente resolución, siendo éstas siempre revisables en el mismo o en otro proceso de igual índole, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.
En la jurisdicción voluntaria, por consiguiente NO HAY COSA JUZGADA, pudiendo las providencias dictadas en dichos procesos ser revisadas y modificadas, si nuevos hechos no tenidos en cuenta, influyen en tal sentido en el convencimiento del Juez, durante el mismo proceso o en otro de igual índole, por ende las mismas no causan estado. Se dejan así a salvo los derechos adquiridos de buena fe por terceros, al amparode la primera resolución dictada.[11] Sin perjuicio de lo expresado, debe tenerse presente que estas providencias tienen igualmente efecto general y corresponde a todos su acatamiento, como actos de autoridad pública de la que emanan. Esto les otorga una presunción de regularidad.
En cuanto a la recurribilidad de las providencias dictadas en el decurso del proceso voluntario, el Articulo 403. 1 del CGP, expresa que las providencias que se pronuncien sólo serán susceptibles del recurso de reposición, salvo la definitiva que ponga fin al procedimiento, la que podrá recurrirse mediante apelación sin efecto suspensivo.
En este último caso corresponde distinguir cuál será el órgano de alzada. Para aquellos expedientes que se tramiten ante la Dirección Nacional de Aduanas, el órgano de alzada será el Juzgado Letrado de Aduanas o el Juzgado Letrado en lo Civil con competencia Aduanera. En aquellos casos que se tramiten ante el Juzgado Letrado de Aduana o Juzgado Letrados en lo Civil con competencia Aduanera, las apelaciones se gestionarán ante los Tribunales de Apelaciones en lo Civil.
A modo de suma, en aplicación de la norma citada y lo establecido por el Artículo 406 del mismo cuerpo normativo, se desprende la siguiente vía recursiva: a). Contra providencias dictadas en dichos procesos: Sólo procederá el Recurso de Reposición ante el mismo Tribunal, el cual tendrá amplias facultades para encauzar el trámite en forma, en ejercicio de sus poderes de dirección.
b). Contra providencias definitivas (las que ponen fin al procedimiento): Procederá el Recurso de Apelación sin efecto suspensivo (es decir, con efecto devolutivo). Es una apelación unilateral, el Tribunal deberá adoptar la estructura bilateral del recurso a la exigencia de la unilateralidad, suprimiendo las oportunidades que tengan razón de ser en la presencia de la contraparte, ahora ausente.
G). DESTINO ADUANERO
Continuando con la línea argumental y conforme a lo previsto en la norma enunciada, en total coincidencia con lo expuesto por el Dr. Pablo Labandera [12], una vez “declarada la mercadería en abandono”, a la misma se le podrán atribuir dos “destinos aduaneros”, en base a lo oportunamente solicitado y probado por el interesado correspondiente. En dicho sentido la mercadería, podrá ser subastada o bien destruida, con las salvedades – en éste último caso – que marca la norma promulgada.
Para el caso en que se proceda al remate de la mercadería declarada formalmente en abandono no infraccional, la norma expresa que la “subasta se realizará conforme a lo establecido en el artículo 387 del Código General del Proceso”, tomándose como valor base de ella “las dos terceras partes del valor en aduana el que, a tales efectos, fijará la Dirección Nacional de Aduanas”.
En este aspecto, la norma no innova en cuanto a la forma de producirse la subasta, toda la mercadería en situación de abandono no infraccional que proceda a rematar la Dirección Nacional de Aduanas por intermedio de la Comisión de Remates, se realizará sobre las pautas estatuidas por la norma de marras, debiéndose ajustar, a partir de la vigencia del Art. 312 LP, en un todo a lo dispuesto por el Art. 387 del CGP.
Para el supuesto de configurarse la hipótesis prevista en la norma en estudio, - resolución de declaración de abandono no infraccional- y que la mercadería debiera ser destruida, corresponde realizar determinadas puntualizaciones. En primer término y por un error de técnica legislativa se consignó que: “En caso que la mercadería abandonada deba ser destruida, ya sea porque se encuentra vencida, porque su comercialización está prohibida o por cualquier otra razón similar, la sede judicial interviniente, una vez decretado el abandono no infraccional, adoptará las medidas necesarias para que se proceda a la destrucción de la mercadería referida”.
Como bien se observa, el Legislador, facultó únicamente a proceder en la situación prescripta –destrucción de mercadería en situación de abandono no infraccional-, a “la sede judicial interviniente”, lo que acarreará situaciones poco prácticas, en el desarrollo del proceso y la culminación del mismo. Obsérvese, una solicitud de abandono conforme a lo dispuesto en el Art. 121 y ss, del CAU, en la redacción dada por la ley 18.719, incoada ante la Dirección Nacional de Aduanas, en la cual, luego de instruido el trámite respectivo se dicte resolución declarando ala mercadería en situación de abandono no infraccional y que la misma deba ser destruida. En dicho aspecto, por un lado, la Dirección Nacional de Aduanas, no podrá proceder a la destrucción ya que la misma no es una Sede Judicial, pero por otro, tampoco la Sede Judicial intervino en el procedimiento. Porende, resulta es una hipótesis jurídica debiéndose proceder a la interpretación armónica de la norma, conforme lo establecido por los Arts. 17 y ss del Código Civil[13].
Si se interpretara la norma de forma piedeletrista en el caso planteado, luego de dictada la resolución que pone fin al procedimiento y si se debiera destruir la mercadería, se debería remitir el expediente a la Sede Judicial que correspondiere para que ésta dispusiera la destrucción y lleve adelante la misma. También se podría interpretar la norma en un sentido más amplio, sin violentarla, en cuanto a que la intensión del Legislador no fue la de suprimir las facultades de la Dirección Nacional de Aduanas, sobre los cometidos que ésta venia cumpliendo, pudiéndose concluir que, correspondería interpretarlaen el sentido de darle competencia para la destrucción a cualquiera de las dos Sedes intervinientes.
En el mismo andarivel de pensamiento, es preciso recordar la práctica llevada a cabo hasta el dictado de la presente norma.
La Dirección Nacional de Aduanas, por intermedio de la Comisión de Remates, procedía a la destrucción de las mercaderías vencidas, o aquellas en que su comercialización estuviera prohibida o que previo informe del Organismo correspondiente se ordenará su destrucción. Dicho mecanismo llevado a cabo por la DNA, por intermedio de la Comisión de Remates, muchas veces fue y es utilizado en cumplimiento de órdenes judiciales, de mercaderías incautadas a la orden del Juzgado correspondiente, el cual previa puesta a disposición de la mercadería a la orden de la DNA, solicitaba que la misma procediera a la destrucción. Indudablemente el error involuntario en la redacción de la norma de marras y el giro utilizado, no fue el adecuado, debiendo haberse utilizado el giro: “autoridad jurisdiccional interviniente” o uno similar.
En el mismo plano y como un segundo aspecto de no menor trascendencia, la norma preceptúa que la mercadería ya abandonada, solamente podrá ser destruida “porque se encuentra vencida, porque su comercialización está prohibida o por cualquier otra razón similar,” esto en consonancia con lo dispuesto en la ley Nº 17.743, con las excepciones dispuestas por el Art. 8 de dicho cuerpo legal[14]. H. DESTINO DEL PRODUCIDO LÍQUIDO DEL REMATE
En relación a este aspecto el Art. 312 LP, establece que “El producido de la subasta se destinará a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas”.-
Con referencia al giro utilizado y según una interpretación integral de la novel norma promulgada, habrá de entenderse que, cuando se refiere a “el producido de la subasta”, debe pensarse el producido líquido de la subasta luego de realizadas todas las deducciones que correspondan conforme a la ley.
I. EL PAGO DE TRIBUTOS la Autoridad Competente se comprobase la existencia de una infracción”. Situándonos en la hipótesis de mercadería declarada en abandono no infraccional y que pueda ser rematada y exonerado el propietario de la mercadería de la obligación de abonar los tributos a la importación, corresponde preguntarnos si la misma, para ser ingresada a plaza debe abonar los gravámenes que cargan a la importación o no.
Resulta por demás claro que dicha mercadería, teniéndose presente su situación para ingresar a plaza, deba pagar todos los tributos que gravan a la importación. Observemos por un momento las distintas causales en las cuales procede la solicitud de abandono no infraccional. En dicho sentido la norma expresa: “Se considerarán abandonadas las mercaderías en los siguientes casos:
a) Cuando los dueños o consignatarios declaren por escrito su decisión de abandonarl.
b) Cuando por deterioro u otro motivo grave no les permitan ser conservadas en depósito y el dueño no proceda a despacharlas después de ocho días hábiles de notificado o publicado el aviso en el Diario Oficial y otro de circulación general, por el término de diez días
c) Cuando después de despachadas no las retirase el despachante pasados cinco días hábiles de ser notificado personalmente “d) Cuando hayan transcurrido diez días corridos de la notificación al consignatario, propietario, depositante o notificado que la mercadería ha permanecido en depósito aduanero, sin dársele nuevo destino. La notificación en estos casos y en los previstos en los incisos de este artículo se hará por telegrama colacionado, comunicación judicial, notificación notarial o por cualquier otro medio fehaciente y si no se conociere el domicilio de estas personas se publicará un aviso en el Diario Oficial y en otro, por un solo día
e) Cuando los depositantes, propietarios o consignatarios de las mercaderías que se encuentren depositadas, contenerizadas o no en los depósitos intra o extra portuarios no hayan abonado el servicio de almacenaje o precio del depósito, por un período superior a los noventa días calendarios” Las distintas hipótesis hacen referencia a mercaderías y bienes que se encuentran colocadas en los depósitos aduaneros fiscales, intra o exta portuarios, playa de contenedores, etc. Se trata en la especie de mercancías que arribaron al país y que se encontraban, según lo expresado, en un exclave[Wu1] aduanero, amparadas por diversa normativa, como ser, los artículos 56, 94 y 104 Código Aduanero[15], los artículos 2 y 3 de la ley 16.246 (Ley de Puertos)[16].
Con relación a la noción de exclaves aduaneros corresponde recordar que, a partir de la entrada en vigencia de la ley de Puertos – ley 16.246-, el Puerto de Montevideo, pasó a regirse por una reglamentación especial, la que ha dado en llamarse de Puerto Libre. La doctrina acepta que, a partir de la sanción de la ley, los puertos libres constituyen exclaves aduaneros. Dichos bienes, se encuentran en una situación jurídica de “Transito”, a los efectos aduaneros y al situarse en principio en exclaves aduaneros (Art.6 del CAU), no corresponde dentro de los mismos el pago de tributos.
El artículo 3º de la ley de Puertos establece que, durante la permanencia en el recinto aduanero portuario, las mercaderías estarán exentas de todo los tributos y recargos aplicables a la importación o en ocasión de la misma y cuando fueran introducidas desde el Puerto al territorio nacional aduanero se considerarán importaciones y deberán cumplir los trámites y pagos que correspondan. Ahora bien, en consecuencia, obtenida una sentencia declarativa de abandono no infraccional al momento del ingreso de los bienes al territorio aduanero nacional, deben de tributar conforme al régimen general. Dicha mercadería deberá pagar todos los tributos que gravan a la importación (Tributos Aduaneros y aquellos recaudados por la D.G.I.).- En resolución dictada por el Juzgado Letrado de Aduanas, recaía en expediente 442-297/2006, la Sede Letrada expuso: “Asimismo, en virtud de los incisos segundo y tercero del artículo 3, el traspaso de los bienes por encima de los límites del Puerto, desde el mismo al “territorio aduanero nacional” se considera una importación y el traspaso inverso se considera una exportación. La norma refiere al ingreso “desde el Puerto al territorio aduanero nacional. Esto, porque el traspaso de los bienes por encima de dichos limites en un sentido o en otro, se considera ingreso o egreso de bienes del territorio aduanero nacional (importación o exportación)”[17]
Se plantea la interrogante sobre qué base de cálculo se computarán los tributos, siendo en principio una buena solución que se establezca en los edictos que los gravámenes se abonarán conforme a las normas de valoración de las mercaderías en aduana. Estobrindaría certeza y seguridad jurídica a los compradores.
J. QUIÉN PAGA LOS TRIBUTOS Y CÓMO SE PAGAN
Los tributos deben ser abonados por el mejor postor, o en el caso que hubiera cesión de los derechos amejor postor, por aquel que pretenda introducir los bienes adquiridos a plaza. En cuanto a la forma de pago, se entiende que se deberá tramitar un DUA (Documento Único Aduanero) de Importación, debiéndose abonar la totalidad de los tributos, de igual modo que se abona cualquier otra importación de mercaderías. K. ESTUDIO DE DOS HIPÓTESIS.
El presente trabajo busca conforme a lo expresado anteriormente entre otros aspectos, exponer la experiencia práctica recogida en estos años y proyectar la misma hacia la futura aplicación del nuevo régimen estatuido por la norma en estudio.
Las hipótesis que nos planteamos son: a). Solicitud de Abandono No Infraccional por los titulares de los depósitos
b). Abandono No Infraccional en caso de desinterés de los denunciantes en el pago de los tributos, en la etapa de ejecución de sentencia En cuanto a la primera de las situaciones - Solicitud de Abandono No Infraccional por los titulares de los depósitos- debemos tener presente la realidad actual de los locales intraportuarios, los cuales tienen un importante número de mercaderías, técnicamente, en situación de abandono, siendo en principio, los primeros interesados en la aplicación de la norma objeto de estudio y esto en sustento en dos pilares básicos, tales como: (a). Recuperar el monto adeudado por concepto de depósito y (b). Poder tener libre sus locales para albergar más mercadería.
La norma promulgada nada dice con relación al cobro de lo adeudado por concepto de depósitopor parte de los custodios, lo cual hubiera sido loable que al menos se expresará sobre dicho extremo, tal como se encontraba redactado en el proyecto original y el que establecía, medularmente, que del saldo líquido hasta el 50% podía ser destinado al pago de lo adeudado por concepto de depósito y gastos accesorios. [18]
Al no existir una norma expresa que solucione dicho extremo, se deberá recurrir a las normas que regulan el contrato de depósito, en el Código Civil y, si correspondiera, en el Código de Comercio. Sin el ánimo de ingresar al estudio pormenorizado de dicha situación por exceder el objetivo del presente trabajo, en principio y sin querer adelantar una posición general con respecto al derecho de los depositarios al cobro de lo adeudado y debiendo observarse cada situación en particular, un estudio armónico de las normas del Código Civil sobre contrato de depósito, podría habilitar a los mismos (depositarios), en vía incidental, a solicitar que se le abone por dicho concepto, de los fondos líquidos resultantes de la almoneda. Creemos que la solución al punto en estudio es de vital importancia, ya que plasmaría la aplicación de un procedimiento que en la práctica se encuentra inactivo, por la incertidumbre que le genera a los depositarios en cuanto a su derecho al cobro de lo adeudado y por otro lado, la aplicación del nuevo sistema generaría un mayor control por parte de la DNA, sobre las mercancías a rematar, un mayor ingreso tributario en todos los aspectos para las arcas del Estado. La segunda hipótesis que nos planteamos es aquella que resulta de la declaración de Abandono No Infraccional con posterioridad al dictado de la sentencia de condena estando la misma en autoridad de cosa juzgada, luego de intimado al condenado al pago de los tributos sin que el mismo los abone e intimados los denunciantes al pago de ellos, bajo apercibimiento de declarar la mercadería en abandono no infraccional, estos no son abonado. Este caso esmuy común y se puede observar diariamente en la tramitación de los procesos por presuntas infracciones aduaneras.
Dicha hipótesis encuentra su sustento entre otros en lo resuelto por sentencia No. 7/2009, del TAC de 7º Turno, quien ha expresado que: “… según lo reconoce la propia apelante, el art.121 del C. Aduanero dispone que exista abandono – entre otras hipótesis- siempre que los bienes no hayan sido retirados o no se hayan pagado los tributos respectivos. Justamente, en el caso en examen se dieron estos supuestos, habida cuenta que la mercadería no pudo ser retirada por la denunciante porque no pagó los tributos correspondientes, pese a que se le requirió. Finalmente el Tribunal considera que la decisión adoptada en el grado anterior encarta en la previsión del Art. 283 lit.” a” de la ley 13318… en tal marco, el Sr. Juez a quo, a iniciativa del representante del Ministerio Público y Fiscal, tomó una clara medida a fin de garantizar el pago de los tributos debidos: intimar el pago bajo apercibimiento de declarar la mercadería en abandono, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 121 del C. Aduanero…”[19]. Ahora bien, según lo dicho, la hipótesis planteada resulta a consecuencia de un procedimiento iniciado por la presunta infracción aduanera y la declaración de abandono conforme a lo establecido en el Art. 121 y ss del CAU, lo es a consecuencia del desinterés de los denunciantes, por lo cual corresponde preguntarse si es correcto que, a partir de la resolución de abandono no infraccional se tramite el procedimiento prescripto por el Art. 312 LP.- Se entiende que no es oportuno en dichos casos seguir el procedimiento estatuido por el Art. 312 ed jus dem y esto atento a que el mismo estáinstaurado para los temas en que “la solicitud de abandono prevista en el Articulo 121… se realizará por parte interesada…” y en el cuestión que nos ocupa no se cumple con dicho presupuesto, siendo a consecuencia de una resolución de carácter jurisdiccional.
Como consideraciones finales se entienden:
· Que la norma vigente ha avanzado en algunos aspectos, tales como, establecer un procedimiento para la tramitación del abandono no infraccional
· Que hubiera sido loable incursionar en otros ámbitos, tales como, establecer un procedimiento claro para el pago de los tributos
· Que será de vital importancia establecer una base jurídica sobre el derecho de los depositarios al cobro de lo adeudado por piso, siendo este extremo el verdadero desafío ante la ausencia de una norma expresa, con relación al tema que nos ocupa
[1]I.U.D.P. Curso de Derecho Procesal. Tomo V. Volumen II. Pág. 369
[2]Artículo 312.- Sustituyese el artículo 122 del Decreto-Ley Nº 15.691, de 7 de diciembre de 1984, (Código Aduanero) en la redacción dada por el artículo 220 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:
"ARTÍCULO 122.- El abandono eximirá al dueño de la mercadería de la obligación de abonar los tributos impagos de importación, salvo que a juicio de la Autoridad Competente, se comprobase la existencia de una infracción.
El proceso relativo al abandono no infraccional previsto en el artículo 121 del Decreto-Ley Nº 15.691, de 7 de diciembre de 1984, con la modificación introducida por el literal d) del artículo 181 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se podrá tramitar ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia, con excepción de Montevideo y de Canelones, Juzgado Letrado de Aduana o en su defecto, en los Juzgados Letrados con competencia en asuntos relativos a los asuntos aduaneros o ante la Dirección Nacional de Aduanas, indistintamente.
La solicitud de abandono en los casos previstos en el artículo 121 del Decreto-Ley Nº 15.691, de 7 de diciembre de 1984, con la modificación introducida por el literal d) del artículo 181 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se realizará por parte interesada, conforme con las normas generales relativas a la demanda, acompañando los medios de prueba de la hipótesis de abandono correspondiente, luego de lo cual, se oirá al Ministerio Público, por el término de seis días hábiles.
Si mediare oposición, se resolverá la cuestión por vía incidental. De no existir oposición, la autoridad interviniente declarará el abandono no infraccional de la mercadería, y ordenará su remate sobre la base de las dos terceras partes del valor en aduana, el que a tales efectos fijará la Dirección Nacional de Aduanas, designándose al rematador correspondiente.
La subasta se realizará conforme a lo establecido en el artículo 387 del Código General del Proceso.
El producido de la subasta se destinará a financiar gastos de funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas.
En caso de que la mercadería abandonada deba ser destruida, ya sea porque se encuentra vencida, porque su comercialización está prohibida o por cualquier otra razón similar, la sede judicial interviniente, una vez decretado el abandono no infraccional, adoptará las medidas necesarias para que se proceda a la destrucción de la mercadería referida. Las boletas de compra de mercaderías en estos remates y en todas las subastas de mercaderías o efectos, en materia aduanera, tendrán un plazo de validez y vigencia de sesenta días, contados a partir de la fecha de efectuada la referida subasta".
[3] Conforme Ángel Landoni Sosa. Código general del Proceso. Comentado… Volumen I. Año 2002. Pág. 79. [4]Redacción dada por el Art. 304 de la ley 18719)
[5]Redacción dada por el Art. 304 de la ley 18719).
[6]Ley 15.892. Articulo 403 – Sujetos- 403.1 Los procesos voluntarios se tramitarán ante los tribunales competentes, según la materia, para la primera instancia.
Las providencias que en ellos se pronuncien sólo serán susceptibles del recurso de reposición, salvo la definitiva que ponga fin al procedimiento, la que podrá recurrirse mediante apelación sin efecto suspensivo. 403.2 La iniciación del procedimiento se notificará a todo sujeto interesado en el asunto, cuando así lo disponga la ley o se estimare por el tribunal que, por la naturaleza del asunto, corresponde o conviene tal intervención. 403.3 En todo proceso voluntario intervendrá preceptivamente el Ministerio Público.
[7] Ley 15892. Articulo 404 – Procedimiento – 404.1 La solicitud se presentará por parte interesada, conforme con las normas generales relativas a la demanda, acompañando los medios de prueba de que piense valerse e indicando toda persona que, en su concepto, pueda estar interesada en el diligenciamiento del asunto.
404.2 Sobre la admisibilidad de la solicitud, se oirá al Ministerio Público y a las personas designadas, por el término fijado para los incidentes; si mediare oposición, se resolverá la cuestión por vía incidental. La misma vía se seguirá, de existir oposición de tercero, en cuyo caso, si el tribunal considera que ella plantea una cuestión de tal importancia que obsta a todo pronunciamiento en la jurisdicción voluntaria, clausurará el proceso, y mandará que los interesados promuevan las demandas que entiendan pertinentes. 404.3 Resuelta favorablemente la admisión del proceso voluntario, el tribunal convocará a los interesados y al Ministerio Público a la audiencia, que se celebrará aunque sólo concurra el que inició el proceso. En la misma el tribunal interrogará al interesado sobre los objetivos de la solicitud y hará lo propio con otras personas que puedan estar interesadas en ella, y dispondrá el diligenciamiento de la prueba ofrecida, con citación de todos los interesados, fijando audiencia complementaria de prueba si fuere necesario. Al concluir la audiencia se oirá al interesado y a los otros sujetos que concurran, para la conclusión de causa.
404.4 Se oirá al Ministerio Público, si hubiere concurrido a la audiencia.
404.5 El tribunal resolverá aprobando o rechazando la información producida o declarando lo que corresponda, según el objeto del procedimiento, pronunciando resolución según lo dispuesto por el artículo343.7. 404.6 Serán de aplicación al proceso voluntario, en lo pertinente, las disposiciones del Libro I y las del Libro II sobre procesos contenciosos
[8] Conforme Dictamen Fiscal No.456 de 4/6/2009
[9] Juzgado Letrado de Aduana “Fisco c/Rilcomar S.A. – Abandono. Ficha. 442-252/2008- Resolución 2164/2009, del 16/7/2009.- [10] Ley 15.982 - Articulo 405 –
405.1 Salvo disposición legal en contrario, las providencias de jurisdicción voluntaria pueden ser siempre revisadas en el mismo o en otro proceso de igual índole, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe. 405.2 Todo aquel que considere perjudicial para su interés lo establecido en el proceso voluntario, podrá promover el pertinente proceso contencioso. La sentencia definitiva que se pronuncie en el mismo, prevalecerá, entre las partes, sobre lo resuelto en el proceso voluntario, ya sea que aquel proceso se haya promovido antes, durante o después que este último.- (Nota. Se consagra aquí el principio de prevalencia del proceso contencioso sobre el voluntario).-
[11]Ejemplo: Se protege el derecho del adquirente en el remate.-
[12] Dr. Pablo Labandera “Modificaciones Introducidas por la Ley de Presupuesto en Materia de Derecho Aduanero. Primera Aproximación a la Problemática Generada.”
[13] Artículo 17 del Código Civil- “Cuando el sentido de la ley, es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su sanción”
[14]Ley. 17.743 Artículo 8º.- Exceptuase de lo dispuesto en la presente ley, los bienes adulterados, falsificados, vencidos o copiados, los que continuarán rigiéndose por las normas jurídicas aplicables
[15]Art. 56.- Tránsito. Definición.- Se entiende por tránsito aduanero, el régimen por el cual las mercaderías que se encuentran sometidas a control de la Aduana, son transportadas dentro del territorio aduanero, estén o no destinadas al extranjero
Art. 94.- Movilización.- Las mercaderías introducidas en zonas francas, puertos francos y depósitos francos y los productos elaborados en aquéllas, podrán ser reembarcados libremente en cualquier tiempo.
Cuando fueren introducidas al país desde las zonas francas, puertos francos y depósitos francos las mercaderías existentes en ellos o los productos elaborados en aquéllas, abonarán los tributos y demás gravámenes fiscales y recargos correspondientes como si procedieren directamente del exterior
Art. 104.- Mercaderías en tránsito.- Las mercaderías extranjeras que se movilicen en tránsito aduanero a través del territorio aduanero nacional podrán desembarcarse y reembarcarse, entrar y salir, en cualquier momento, libres de tributos de importación o exportación y de cualquier impuesto interno creado o a crearse.
[16] Ley 16.246 - Artículo 2: La circulación de mercaderías en el Puerto de Montevideo será libre. No se exigirán para ello autorizaciones ni trámites formales. Las actividades que se cumplan en dicho puerto no significarán modificaciones de la naturaleza del producto o mercaderías y quedarán limitadas a operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. El destino de las mercaderías que ingresen al puerto podrá ser cambiado libremente. No estarán sujetos en ningún caso a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias previas. Ley 16.246 Artículo 3: Durante su permanencia en el recinto aduanero portuario, las mercaderías estarán exentas de todos los tributos y recargos aplicables a la importación o en ocasión de la misma. Cuándo fueran introducidas desde el Puerto de Montevideo al territorio aduanero nacional, se considerarán importaciones o despachos de entrada procedentes del exterior a todos los efectos y deberán cumplir los trámites y pagos que correspondan.
Las mercaderías nacionales o nacionalizadas para ser introducidas al Puerto de Montevideo, deberán ajustarse a las normas que rigen para la exportación o para el despacho de salida del país. [17] Resolución 1667/2008 del 18/06/2008. Juzgado Letrado de Aduana, autos caratulados “Fisco c/Infractor desconocido. Imputación de Infracción Aduanera”. Ficha. 442-197/2006.-
[18] Proyecto de ley - abandono.-
“Artículo….- “Sustituyese el artículo 122 del Decreto – Ley Nº 15.691 de 7 de diciembre de 1984, por el siguiente:
El abandono eximirá al dueño de la mercadería de la obligación de abonar los tributos impagos de importación, salvo que a juicio de la Autoridad Competente, se comprobase la existencia de una infracción.
El proceso relativo al abandono no infraccional previsto en el artículo 121 del Decreto – Ley Nº 15.691 de 7 de diciembre de 1984, se tramitará ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia, con excepción de Montevideo y Canelones, Juzgado Letrado de Aduana o, en su defecto, en los Juzgados Letrados con competencia en asuntos relativos a los asuntos aduaneros.
La solicitud de abandono en los casos previstos en el artículo 121 del Decreto – Ley Nº 15.691 de 7 de diciembre de 1984, se realizará por parte interesada, conforme con las normas generales relativas a la demanda, acompañando los medios de prueba de la hipótesis de abandono correspondiente, luego de lo cual, se oirá al Ministerio Público, por el término de 6 (seis) días hábiles, a los únicos efectos de que controle si en la especie existe indicio o prueba de la comisión de una infracción fiscal aduanera.
Si mediare oposición, se resolverá la cuestión por vía incidental.
De no existir oposición, el Tribunal declarará el abandono no infraccional de la mercadería, y ordenará su remate sobre la base de las dos terceras partes de la tasación que a tales efectos realizará la Dirección Nacional de Aduanas, designando a tales efectos, al rematador correspondiente.
Si la mercadería subastada fuera a ser introducida a plaza en forma definitiva, del producido del remate, se destinará un 20% (veinte por ciento) a Rentas Generales por concepto de tributos a la importación, un 30% (treinta por ciento) a la Dirección Nacional de Aduanas para gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, y un 50 % (cincuenta por ciento) al interesado, por concepto de depósito y gastos accesorios, siempre que el porcentaje correspondiente sea igual o inferior a la suma liquidada. En caso contrario, y si existiere excedente, el mismo será vertido a Rentas Generales.
Si por el contrario, la mercadería rematada, sea reembarcada fuera del territorio nacional, se destinará un 50 % (cincuenta por ciento) a la Dirección Nacional de Aduanas, para gastos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, y un 50 % (cincuenta por ciento) al interesado, por concepto de depósito y gastos accesorios, siempre que el porcentaje correspondiente sea igual o inferior a la suma liquidada. En caso contrario, y si existiere excedente, también en este caso, el mismo será vertido a Rentas Generales.
En tal sentido, la Sede controlará y homologará la liquidación correspondiente, que el interesado deberá acompañar al momento de presentar la solicitud de abandono y ulterior remate de la mercadería abandonada.
En caso de que la mercadería abandonada deba ser destruida, ya sea porque se encuentra vencida, porque su comercialización está prohibida o por cualquier otra razón similar, la Autoridad interviniente, una vez decretado el abandono no infraccional, adoptará las medidas necesarias para que se proceda a la destrucción de la mercadería referida”.
[19] Cfme. TAC. 7º Turno. Sentencia No.7/2009. Recaída en 2ª instancia. Autos caratulados “Fisco y Otra c/ Enrique Pedroza. Imputación de Infracción Aduanera. I.U.E. 18-60/1995
[Wu1]Término que desconozco
[5][4]El Art. 312 LP, enseña que: “El abandono eximirá al dueño de la mercadería de la obligación de abonar los tributos impagos de importación, salvo que a juicio de Estudio Jurídico Sica, Rubin & Asociados - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

References: artículo 121
 artículo 181
 artículo 304
 artículo 312
 resolución 
 artículo 404
 resolución 
 Artículo 405
 resolución 
 Artículo 406
 artículo 387
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 artículo 220
 artículo 121
 artículo 181
 artículo 121
 artículo 181
 artículo 387
 resolución 
 artículo343
 Resolución 
 Artículo 17
 Artículo 8
 Artículo 2
 Artículo 3
 Resolución 
 artículo 122
 artículo 121
 artículo 121