Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/363
Timestamp: 2019-12-16 12:50:29+00:00

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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 110/1984
SENTENCIA 110/1984, de 26 de noviembre
ECLI:ES:TC:1984:110
En el recurso de amparo núm. 575/1983, promovido por don Fernando Garrido Falla, representado por el Procurador don Francisco Sánchez Sanz, asumiendo la dirección letrada el propio recurrente, contra acuerdo de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria, y Sentencia del Tribunal Supremo que la confirmó. En el recurso han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha 3 de agosto de 1983, el Procurador de los Tribunales don Francisco Sánchez Sanz, en nombre y representación de don Fernando Garrido Falla, presenta demanda de amparo constitucional, en que suplica se anule la resolución de 10 de marzo de 1983 de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria autorizando la investigación de las operaciones activas y pasivas del recurrente en determinadas Entidades bancarias y de crédito; así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1983, que declaraba conforme a Derecho tal resolución. Suplica igualmente se impongan las costas en todo el procedimiento seguido a la Administración demandada. Por escrito de 5 de septiembre de 1983 solicita la suspensión del acto administrativo impugnado.
A) Con fecha 10 de marzo de 1983, la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria dictó una resolución por la que acordaba estimar procedente la investigación de las operaciones activas y pasivas que afectasen a determinadas Entidades bancarias y de ahorro, y de las que figurase como titular el hoy demandante de amparo, don Fernando Garrido Falla.
Una primera observación es que desde este punto de vista el recurso no se plantea tanto frente a una presunta vulneración actual del derecho a la intimidad como en previsión de vulneraciones futuras y eventuales. Pero el recurso de amparo no tiene carácter cautelar, y este Tribunal no puede pronunciarse sobre lesiones de un derecho fundamental que aún no se ha producido. Sin embargo, y dada la índole de las alegaciones que hace el recurrente sobre el contenido de la LRF y el derecho a la intimidad, no resulta superfluo formular algunas observaciones sobre esta cuestión. El argumento central del recurrente es que la LRF y la resolución que se basa en ella permite una inspección ilimitada y total de las cuentas corrientes y de sus antecedentes, lo que autorizaría a la Inspección a entrar sin limitación alguna en la vida privada del contribuyente, en forma tal que no es ya que afecte en modo más o menos directo a su derecho a la intimidad, sino que en realidad invade su contenido esencial, pues lo hace prácticamente desaparecer. Según el recurrente, una norma que confiriese tan extraordinarias facultades a la Administración sería inconstitucional aunque se encontrase en una Ley Orgánica, pues estaría en contradicción con lo dispuesto en el art. 53.1 de la Constitución. Estos argumentos no son convincentes. Es cierto que la LRF permite investigar los saldos y movimientos de las cuentas, así como los documentos y demás antecedentes relativos a los mismos (arts. 45 de la LRF) y la Orden ministerial de 14 de enero de 1978 dice que en los casos que se proceda a la investigación «podrá la Inspección exigir al obligado a colaborar la aportación de todos los datos, antecedentes y circunstancias que, referentes al sujeto investigado, existan en cualquiera de sus oficinas en el plazo total máximo de quince días desde que así se le pidiere» [regla 5.ª, C) de la citada Orden ministerial) ]. Pero no es exacto afirmar que la Ley y la Orden ministerial citadas otorgan unas facultades ilimitadas a la Inspección. La Ley prevé para la investigación de las cuentas bancarias un conjunto de requisitos, como son:
a) la autorización ha de proceder de ciertos órganos que se enumeran taxativamente (LRF, art. 42.1); b) en la autorización deben precisarse una serie de extremos, tales como las cuentas y operaciones que han de ser investigados, los sujetos pasivos interesados, la fecha en que la actuación debe practicarse y el alcance de la investigación (ibidem); c) la investigación se llevará a cabo según procedimientos específicos y, en su caso, con citación del interesado y en presencia del director de la Entidad bancaria de que se trate (LRF, art. 42.2); d) los datos o informaciones sólo podrán utilizarse a los fines tributarios y de denuncia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos monetarios o de cualesquiera otros delitos públicos; e) se recuerda con especial energía el deber de sigilo que pesa sobre todas las autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los datos revelados en la investigación, sigilo que ha de ser «estricto y completo» y que está especialmente protegido porque la infracción del deber de guardarlo será considerado siempre falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales que pudieran corresponder (LRF, art. 42.3). Y la Orden ministerial, en la parte citada, aparte de fijar un plazo para la aportación de datos y antecedentes, advierte, como no podía menos, que la petición de esos datos y antecedentes se realizará en «los límites legales establecidos», entre los que hay que contar, naturalmente, los que impone la Constitución.
Contra Resolución de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria autorizando la investigación de las operaciones activas y pasivas del recurrente en determinadas entidades bancarias y de crédito, así comocontra la Sentencia del Tribunal Supremo que declaró conforme a Derecho tal resolución
El avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado a extender la protección de la vida privada más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia que es o puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada.
El derecho a la intimidad está limitado, aparte de por otros derechos fundamentales, por la necesidad de preservar otros bienes constitucionalmente protegidos. El conocimiento de las cuentas bancarias puede ser necesario para proteger el bien constitucionalmente protegido que es la distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos. Pero esta actividad pública debe realizarse con ciertas garantías, entre las que merece especial mención el deber de sigilo que pesa sobre quienes tengan conocimiento por razón de su cargo de los datos descubiertos en la investigación.
Las injerencias en la intimidad no pueden ser arbitrarias o ilegales, como dice el art. 17.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Ley sólo puede autorizar esas intromisiones por «imperativos de interés público».
La posibilidad de exigir las certificaciones del movimiento de las cuentas no viola en sí el secreto profesional, así como tampoco el simple conocimiento del nombre del cliente y de las cantidades pagadas por él en concepto de honorarios.
No hay en la Constitución una consagración explícita y reforzada del secreto bancario, como la hay del secreto profesional.
Artículo 263, f. 10
Artículo 360, f. 10
En general, ff. 3, 6, 8
Artículo 42 apartados 1 a 3, f. 6
Orden del Ministerio de Hacienda, de 14 de enero de 1978. Regulación de la obligación de Entidades de Crédito de colaborar con la Administración Tributaria
Regla 5 a), f. 1
Regla 5 c), f. 6
Artículo 18.1, ff. 1, 3, 8, 11, 12
Artículo 24.2, ff. 1, 2, 10
Contenido del derecho a la intimidadContenido del derecho a la intimidad, f. 3
Deber del contribuyente de aportar datosDeber del contribuyente de aportar datos, f. 2
Deberes de los contribuyentesDeberes de los contribuyentes, f. 2
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Intimidad económicaIntimidad económica, f. 3
Liquidaciones tributariasLiquidaciones tributarias, f. 2
Inspección financieraInspección financiera, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Investigación de operaciones bancariasInvestigación de operaciones bancarias, f. 3
Secreto bancarioSecreto bancario, Límites, f. 11
Secreto profesionalSecreto profesional, Naturaleza, f. 10

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución

Artículo 263

Artículo 360

Artículo 42

Artículo 18

Artículo 24