Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831529.html
Timestamp: 2019-11-22 05:34:32+00:00

Document:
as201831529
Auto Supremo Nº 529.
Sucre, 02 de octubre de 2018
Expediente: 269/2017-S
Materia: Coactivo Social
Demandante: Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondo de Pensiones
Demandado: Empresa KÁISER Servicios SRL
VISTOS: El recurso de casación de fs. 201 a 203 vta., interpuesto por Jorge Fernando Delius Senzano, en representación de la empresa Káiser Servicios S.R.L. contra el Auto de Vista N° 140 de 19 de octubre de 2016, de fs. 195 a 196 vta., y el Auto Nº 04 de 17 de febrero de 2017, por el que se rechazó la solicitud de aclaración impetrada por la misma empresa, pronunciados por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; dentro del proceso coactivo social seguido a demanda de Futuro de Bolivia S.A., Administradora de Fondo de Pensiones, contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 206 a 208; el Auto Nº 94 de 30 de mayo de 2017, que concedió el recurso; el Auto Supremo Nº 269-A de 05 de julio de 2017, cursante a fs. 218 y vta., por el que se admitió el recurso; y:
Demanda, Sentencia inicial, excepciones y Resolución final:
Planteada la demanda coactiva social de la seguridad social de largo plazo que cursa de fs. 20 a 22 vta., promovida por la empresa Futuro de Bolivia S.A. Administradora de Fondos de Pensiones, sustentando sus pretensiones en los arts. 110 y siguientes de la Ley de Pensiones (LP) Nº 065, el Juez Octavo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Inicial Nº 29/14 de 12 de junio de 2014, cursante de fs. 23 a 24, por la que declaró probada la demanda coactiva social, con costas, disponiendo que la empresa demandada Kaiser Servicios S.R.L., representada legalmente por Jorge Fernando Delius Sensano, pague la obligación demandada en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de remate de bienes embargados, ordenando además, el embargo y la anotación preventiva de los bienes de la empresa coactivada. Habiendo, a solicitud de la entidad coactivante que cursa a fs. 34 y vta., ampliado la ejecución de Bs. 645.152,89.- más 171.861,25.- haciendo un total de Bs. 817.014,14.- bajo apercibimiento de ley, conforme consta el Auto de 29 de julio de 2014 cursante a fs. 35 de obrados.
Una vez citada con la demanda, la Sentencia inicial y su ampliación, la empresa demandada Kaiser Servicios S.R.L., por intermedio de su representante legal Jorge Fernando Delius Sensano, opuso la excepción de pago documentado, conforme consta el escrito de fs. 104 y vta., de obrados.
Cumplido el trámite previsto por ley, el Juez de la causa, emitió la Resolución Final de 08 de junio de 2015, por la que declaró PROBADA la excepción de pago documentado, promovida por la empresa demandada (fs. 138 y vta.), complementándose a pedido de parte, mediante Auto de 28 de septiembre de 2015, con sanción de costas a la empresa demandante (fs. 144).
Recurso de apelación y Auto de Vista
En conocimiento de estas determinaciones la empresa demandante, empresa Futuro de Bolivia S.A., Administradora de Fondos de Pensiones, interpuso recurso de apelación, conforme los fundamentos del escrito que cursa de fs. 164 a 166 de obrados y que fue concedido en efectivo suspensivo y resuelto por Auto de Vista N° 140 de 19 de octubre de 2016, cursante a fs. 195 a 196 vta., por el cual la Sala Social, Contenciosa Tributaria y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, REVOCÓ en parte el Auto Interlocutorio de 08 de junio de 2015 y su Auto Complementario de 28 de septiembre de 2015, declarando PROBADA la excepción de pago documentado de fs. 104 y vta., respecto de los aportes devengados al Seguro Social de Largo Plazo y Aportes Solidarios correspondientes a septiembre de 2013, noviembre de 2013 a febrero de 2014 y marzo de 2014, aportes solidarios de septiembre de 2012, marzo de 2013 a julio de 2013, octubre de 2013, marzo de 2014 a abril de 2014, e IMPROBADA la excepción respecto de los intereses en mora, interés incremental por las contribuciones no pagadas, comisión AFP y el recargo por concepto de gastos judiciales, contenidos en las Notas de Débito de fs. 18 a 32 de obrados, correspondiendo al Juez a quo ejecutar su pago conforme a ley.
Habiendo rechazado por Auto Nº 04 de 17 de febrero de 2017, cursante a fs. 200, la solicitud de fs. 199 de obrados, de aclaración promovida por la empresa demandada.
En conocimiento del señalado Auto de Vista y el rechazo de su aclaración, la empresa demandada, Kaiser Servicios S.R.L., por intermedio de su represente legal Jorge Fernando Delius Sensano, por escrito de fs. 201 a 203 vta., interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, argumentando lo siguiente:
En la forma, alega que las resoluciones objeto del recurso, fueron emitidos violando las formas esenciales del proceso, identificando que no correspondía que se declare la radicatoria del expediente en alzada, en aplicación del art. 231 del Código de Procedimiento, Civil (CPC-1975), por ser una norma derogada , correspondiendo aplicar el art. 264 del Código Procesal Civil (CPC-2013) y que a consecuencia de esa omisión, tampoco se cumplió esta última norma citada en su parágrafo I, por la cual, correspondía que se señale día y hora de audiencia para la lectura del Auto de Vista.
También afirma que contiene determinaciones contradictorias, porque ratifica que se declaró probada la excepción de pago; sin embargo, ordenó el pago de las costas y otros gastos judiciales de los importes demandados, infringiendo los arts. 213-II-4), con relación al 218-I, ambos del CPC-2013, violando el debido proceso.
Además que, en la parte resolutiva al ordenar el pago de los gastos judiciales se habría añadido un contenido a la previsión del art. 99 de la LP Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, pues estos gastos no se encuentran especificados en esta norma, usurpando funciones de la Asamblea Legislativa previstos en los arts. 145 y 158 inc. 3) de la Constitución Política del Estado (CPE).
En el fondo, argumenta que se habría incurrido en violación y aplicación indebida de la Constitución Política del Estado y las leyes, reiterando los mismos argumentos del recurso de casación en la forma, conforme a lo siguiente:
Ratifica la aplicación indebida del art. 231 del CPC-1975, alegando que se incurrió también en violación del art. 264 del CPC-2013 y por consiguiente en violación de los arts. 15-I y 30 inc. 6) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y al no haberse sujetado el Tribunal de apelación, al procedimiento previsto por ley, alega que se violó el art. 5 del mismo CPC-2013, incurriendo en similar infracción por la indicada contradicción en la parte resolutiva, argumentando que también se incurrió en violación de los arts. 213-II inc. 4) y 208-I del CPC-2013.
Al ordenar el pago de los gastos judiciales sin haberse sustentado en el proceso, se incurrió en violación de los arts. 117-I de la CPE y 221 y 222 del CPC-2013, porque ninguna persona puede ser condenada sin previo proceso, pues estos gastos se encuentran insertos en las Notas de Débito que se emitieron antes de la citación con la demanda, habiéndose afirmado en el Auto de Vista, que estos gastos son recargos que formarían parte de las Notas de Débito, pese a que no se encuentran previstos en el art. 99 de la LP y no constituyen deuda líquida y exigible, habiendo sido establecida aplicando el art. 29 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley de Pensiones y por tanto este precepto se habría añadió indebidamente al segundo párrafo del art. 110 de la indicada LP, implicando que se habrían usurpado las funciones de la Asamblea Legislativa, previstas en los arts. 145 y 158 inc. 3) de la CPE, quebrantando el art. 410 de la misma norma, porque no podría modificarse la ley mediante un Decreto Supremo (DS); además que el haber ordenado el pago del interés incremental, se quebrantó el art. 325 de la CPE, porque la usura se encuentra prohibida por ser un delito y en el caso presente se autorizó un recargo del 20% sobre el interés por mora.
Solicitó se conceda el recurso de casación ante este Tribunal para que se emita resolución ANULATORIA de la resolución recurrida y se disponga que se pronuncie una nueva resolución conforme a procedimiento y de manera alternativa, se CASE el Auto de Vista, declarando probada en su totalidad la excepción de pago documentado, con costas y costos.
Contestación al recurso de casación:
La entidad coactivante, por escrito de fs. 206 a 208 de obrados, contestó al recurso de casación afirmando que al no estar expresamente previsto en la Ley Nº 065 el recurso de casación no es procedente, más aún si el recurrente no impugnó el Auto de Vista y por consiguiente, carecería de legitimación activa para promover el recurso de casación, por ello es que debió ser rechazado in límine, al tratarse de un proceso de ejecución coactiva que en aplicación del art. 410 de la Ley Nº 439, no admite recurso de casación.
Igualmente argumentó que no son evidentes las causales de nulidad ni las de casación, resultando sólo un recurso dilatorio, puesto que el presente proceso es especial, porque busca el resguardo de los derechos de manera efectiva e inmediata, al no ser controvertidos, citando al efecto los arts. 1 núm. 17, 65 núm. 3 de la Ley Nº 439, afirmando que el recurso de casación en el fondo, reitera los argumentos del recurso de casación en la forma, concluyendo que el pago parcial, no es reconocido por la normativa, ni es fundamento procesal jurídico valido para oponer una excepción de pago y los pagos alegados, fueron efectuados luego de haberse iniciado el presente proceso. Es decir, los gastos judiciales constituyen una obligación ineludible, por ser parte indivisible del título coactivo, por lo que concluyó solicitando que se rechace o declare la improcedencia del recurso de casación y la consiguiente ejecutoria del Auto de Vista, con costas.
Auto que concedió el recurso y Auto Supremo de Admisión:
Por Auto Nº 94 de 30 de mayo de 2017, el Tribunal de alzada, concedió el recurso de casación, conforme consta a fs. 209 de obrados, habiendo sido admitido mediante Auto Supremo Nº 269-A, de 05 de julio de 2017, pronunciado por este Tribunal, conforme consta a fs. 218 de obrados, por lo que se pasa a resolver el recurso interpuesto.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:
Que, mediante la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015, se modificó la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil (CPC-2013), con el siguiente texto: “PRIMERA. (VIGENCIA PLENA). El presente Código entrará en vigencia plena el 6 de febrero de 2016, y será aplicable a los procesos presentados a partir de la fecha de referencia, salvo lo previsto en las disposiciones siguientes”; ahora, la Disposición Transitoria Sexta de este cuerpo adjetivo civil, establece: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”; por consiguiente, a partir del 6 de febrero de 2016, corresponde aplicar a plenitud el CPC-2013 y conforme a la Disposición Transitoria Sexta desarrollada, en los proceso en trámite en esta instancia debe aplicarse dicho procedimiento.
Que, el Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS) en su art. 633, dispone: “A falta de disposiciones expresas, se aplicarán las del Procedimiento Civil”, siendo así, que corresponde al recurso de casación interpuesto proporcionar el tramite establecido en el art. 277-I del CPC-2013, respecto de los requisitos para su admisibilidad, que determina: “Recibidos los obrados, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de diez días, examinará si se cumplieron los requisitos previstos por el Artículo 274 del presente Código, y de no ser así, dictará resolución declarando improcedente el recurso…”; en consecuencia debe examinar si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos exigidos por el art. 274 del CPC-2013.
Por otra parte, para resolver el presente proceso, corresponde recordar la normativa que rigen los procesos coactivos sociales, respecto de cobro de cotizaciones a la Seguridad Social a corto plazo y otras expensas emergentes de entidades de Seguridad Social y las cotizaciones a largo plazo devengadas al Sistema de Reparto, en aplicación de los arts. 61 de la Ley Nº 1732 y 2 del DS Nº 25809 de 08 de junio de 2000, por una parte y por otra, los procesos coactivos sociales, respecto de cobros de cotizaciones devengadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones, respecto de cotizaciones a la Seguridad Social a largo plazo.
En ese entendido, tenemos en primer lugar que respecto de las primeras cotizaciones a la Seguridad Social a corto plazo y otras expensas emergentes de entidades de Seguridad Social y las cotizaciones a largo plazo devengadas al Sistema de Reparto, indicadas líneas arriba, el proceso coactivo social, se encuentra regulado y previsto por el art. 32 del Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, modificatorio del Código de Seguridad Social (CSS) y su Decreto Reglamentario (DR), que determina que al haberse iniciado un proceso coactivo social, en base a una nota de cargo emitida por algún ente de Seguridad Social de cotizaciones a corto plazo, el juez de la causa, examinará el título coactivo y emitirá el Auto de Solvendo, ordenando su citación para su ejecución dentro de tercero día, pudiendo la entidad o persona coactivada, oponer las excepciones dilatorias o reclamos que pudieren favorecerle, debiendo el juez abrir inmediatamente término de prueba de diez días, para que se justifique o desvirtúe la acción y las excepciones opuestas. Luego, mediante auto motivado, el juez, deberá emitir el plazo de tres días, resolución declarando probada o improbada la reclamación o modificar el monto de la nota de cargo.
Contra esta resolución, procede el recurso de apelación, que debe ser resuelto por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia, con la pertinencia de los arts. 213-I y 265-I del CPC-2013 y contra esta determinación, en aplicación de los arts. 229 del CSS y 608 de su DR, se puede formular recurso de casación por falta absoluta de jurisdicción y violación de ley expresa y terminante, que deberá resolverse por el Tribunal Supremo en su Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa.
Por otra parte, respecto de las cotizaciones a la Seguridad Social de largo plazo, devengadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones, se encuentran reguladas por las previsiones contenidas en los arts. 106, 110 y siguientes de la Ley de Pensiones Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, por el que se debe efectuar la ejecución Coactiva Social de montos adeudados por concepto de contribuciones, aporte nacional solidario y el interés por mora, el interés incremental y los recargos que correspondan adeudados a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Estas normas determinan de manera que el Título Coactivo, que consiste en la Nota de Débito emitida por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo al Empleador o al Aportante Nacional Solidario, documento que debe contener las contribuciones, aportes, aportes nacionales solidarios, el interés por mora, el interés incremental y los recargos adeudados, constituyéndose en obligaciones de pagar sumas líquidas y exigibles.
El proceso “Coactivo de la Seguridad Social” se instaura por demanda promovida por la Gestora Pública solicitando las medidas precautorias, ante los jueces de Trabajo y Seguridad Social, sobre la base de la Nota de Débito girada por la entidad demandante, contra el Empleador o los Aportantes Nacionales Solidarios que hubiesen incurrido en mora, consiguientemente, verificando la fuerza coactiva del documento aparejado, el Juez del Trabajo y Seguridad Social, debe emitir Sentencia, en un plazo no mayor a veinte (20) días, ordenándose el embargo o la anotación preventiva sobre los bienes del coactivado, otorgándole un plazo de tres (3) días para el pago de la obligación, bajo apercibimiento y en caso de incumplimiento, se lleva el proceso hasta la subasta y remate de los bienes del coactivado.
Éste último, en el plazo de cinco días de la citación con la Sentencia, puede oponer las excepciones de: a) Pago documentado; b) Inexistencia de obligación de pago; y c) Incompetencia, excepciones que deben estar acreditadas documentalmente, mientras que la última se debe demostrar que la autoridad Judicial que está conociendo la acción coactiva de la seguridad social, carece de la facultad para ejercer dicha acción, por razón del territorio.
Opuestas las excepciones, el Juez puede rechazarlas sin sustanciación: Cuando no fueren las específicamente determinadas en la norma, o siendo determinas por la Ley, no fueron opuestas con claridad y precisión, o finalmente cuando no se justificaren con prueba literal o identificación de los medios probatorios a utilizarse.
La resolución que rechace las excepciones y la que se dicte en los casos previstos, precedentemente será apelable en el efecto devolutivo, mientras que si la excepción fuere declarada probada, la resolución será apelable en el efecto suspensivo, art. 111 in fine LP).
En la normativa citada, se advierte de manera clara que en los procesos “Coactivos de la Seguridad Social”, se sustentan en notas de debido emitidas por la Gestora Pública de la Seguridad Social o en su caso por la Administradora de Fondo de Pensiones, las que una vez examinadas cuidadosamente por la Autoridad Jurisdiccional debe emitir una Sentencia (inicial), y luego de opuestas las excepciones, éstas se resuelven mediante una Resolución motivada, que se asimila a una “Sentencia Final”.
Por ello es que contra ésta última determinación procede el recurso de apelación en efecto devolutivo, si fueron desestimadas las excepciones y en efecto suspensivo, si fueren acogidas las excepciones, determinación normativa que tiene lógica, pues no puede proseguirse con la cobranza coactiva mediante el trance de subasta y remate de los bienes del coactivado, hasta mientras se esclarezca la situación jurídica del coactivado, respecto a los montos demandados en su pago en las Notas de Débito.
Este procedimiento establecido en la norma, no puede ser alterado en mérito al principio de legalidad; pues respecto de los procesos coactivos sociales de cobro de aportes y otros derechos devengados a las entidades de Seguridad Social a corto plazo y las cotizaciones a largo plazo devengadas al Sistema de Reparto, existe normativa expresa que se encuentra contenida en los arts. 229 del CSS y 608 de su DR, 61 de la Ley Nº 1732 y 2 del DS Nº 25809 de 08 de junio de 2000, que permiten la procedencia del recurso de casación; mientras que respecto de los cobros coactivos mediante el proceso “Coactivo de la Seguridad Social” respecto de cotizaciones o aportes devengados a la Seguridad Social de largo plazo a las Gestoras Públicas o Administradoras de Fondos de Pensiones, no existe norma alguna que permita la procedencia del trámite de algún recurso de casación emergente contra el Auto de Vista que resuelve en apelación la impugnación efectuada contra la resolución que se resuelve en primera instancia las excepciones opuestas por los coactivados.
La inexistencia de normativa respecto sobre el particular, emerge de la naturaleza de los procesos de ejecución, que generalmente por sus propias características, se sustancian en mérito a un documento que tiene fuerza coactiva, en el que no se discute derechos controvertidos, sino sumas líquidas y exigibles identificadas en documentos específicos, como son por ejemplo en los procesos objeto de este Auto Supremo, las Notas de Débito, emitidas por las Administradoras de Fondo de Pensiones.
Conforme se advierte de los datos del proceso, la Administradora de Fondo de Pensiones “Futuro de Bolivia”, promovió el presente proceso coactivo social de largo plazo, en mérito a las previsiones de los arts. 110 y siguientes de la LP, (fs. 20 a 21 vta.), habiendo el juez a quo, emitido la Sentencia (inicial) el 12 de junio de 2014, que fue complementada y aplicada por Auto de 29 de julio de 2014, en mérito a las previsiones de los arts. 111 a 116 de la LP (fs. 23 a 24 y 35 respectivamente), demandando el pago de Bs. 817.014,14.- en mérito las Notas de Débitos Nos. 1-01-2014-00966 y 1-07-2014-01536 cursante a fs. 18 y 23 de obrados.
Opuesta la excepción de pago de fs. 104 y vta., en aplicación del arts. 111 de la LP, fue tramitada conforme a procedimiento, habiendo sido resuelta mediante el Auto Definitivo de 08 de junio de 2015, declarándosela PROBADA (fs. 138 y vta.), determinación que conforme a norma, fue impugnada oportunamente (fs. 164 a 166), concediéndose el recurso de apelación en efecto suspensivo conforme se constata en el Auto de 25 de febrero de 2016 (fs. 188), recurso que fue absuelto, previo sorteo, por el Tribunal ad quem, conforme consta el Auto de Vista Nº 140 de 19 de octubre de 2016, (fs. 195 a 196), rechazándose la solicitud de aclaración impetrada por representante de la empresa coactivada, mediante Auto Nº 04 de 17 de febrero de 2017, cursante a fs. 200.
Contra esta determinación, el representante de la empresa coactivada, promovió recurso de casación, conforme consta el escrito de 01 de marzo de 2017, cursante de fs. 201 a 203 y vta. de obrados, que previo el trámite de rigor, fue indebidamente concedido por el Tribunal ad quem, en mérito al Auto Nº 94 de 30 de mayo de 23017, sin advertir que contra las resoluciones emitidas en segunda instancia, dentro de los procesos Coactivos Sociales promovidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones, respecto de cotizaciones de largo plazo, en mérito a las previsiones de la Ley de Pensiones aplicables al caso Nº 065 de 10 de diciembre de 2006, no se encuentra previsto este recurso extraordinario, conforme se relacionó en la doctrina aplicable al caso, desarrollada líneas arriba.
Sin embargo, pese a esa tramitación errónea, este Tribunal, incurriendo en una errónea interpretación de las normas procesales que regulan el caso, aplicó indebidamente el art. 174-I del CPC-2013, admitiendo el recurso de casación, mediante Auto Supremo Nº 218-A de 05 de julio de 2017, disponiendo que se prosiga con la causa en espera de turno para sorteo, sin advertir que se estaba incurriendo en nulidad absoluta de estos actos procesales, por falta de jurisdicción y competencia enmarcados en el art. 123 de la CPE, que deben ser enmendadas de oficio, conforme permiten los arts. 17-I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 105-II y 106-I del CPC-2013, aplicables por permisión de la norma remisiva prevista por el art. 252 del Código Procesal del Trabajo, al ser el presente proceso un proceso coactivo social enmarcado a las previsiones del art. 43 inc. c) de ésta última norma adjetiva.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE, 17-I, 42-I-1 de la LOJ, 105-II, 106-I del CPC-2013 ANULA obrados hasta fs. 218 de obrados y cumpliendo las previsiones del art. 277-I) del CPC-2013, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 201 a 203 vta., interpuesto por la Jorge Fernando Delius Senzano, en representación de la empresa Káiser Servicios S.R.L. contra el Auto de Vista N° 140 de 19 de octubre de 2016, de fs. 195 a 196 vta., y el Auto Nº 04 de 17 de febrero de 2017, pronunciados por la Sala Social Contencioso Tributario y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas.
Se regula el honorario del abogado de la entidad coactivante, en Bs. 1000, que mandará pagar el Juez a quo.
Regístrese, notifíquese y cúmplase.-

References: Resolución 
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 Artículo 274
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in fine
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