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Timestamp: 2019-07-16 19:23:20+00:00

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La humanización del sistema penitenciario español | Cultura y humanización del Derecho
6 La humanización del sistema penitenciario español
Retos para la criminología y el derecho penal
La humanización de los métodos punitivos
La pena de prisión, en la actualidad, ocupa una posición central en los sistemas penales modernos, constituyéndose como el método punitivo por excelencia[1]. Sin embargo, no siempre ha desempeñado este rol referencial ya que, hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, salvo excepciones muy limitadas, únicamente fue considerada como un establecimiento donde el delincuente era custodiado hasta ser juzgado o sometido a una pena de diferente naturaleza. En este sentido, durante el Antiguo Régimen, las penas más frecuentes eran de naturaleza corporal, pecuniarias o infamantes, concentrándose en los bienes más valorados por la sociedad del momento, es decir, en el propio cuerpo, las posesiones materiales y el honor[2]. La libertad, por el contrario, todavía no había alcanzado la suficiente significación para que su privación fuese considerada una pena en sí misma[3].
En esta etapa, el proceso penal se caracterizó por ser oculto, desproporcionado y arbitrario, siendo la confesión –generalmente obtenida mediante la tortura- el medio de prueba más frecuente. Empero, la ejecución de la pena –convertida en una ceremonia espectacular- era pública y estaba revestida de grandes dosis de crueldad[4]. El castigo, en estos términos, no solo estaba dirigido al delincuente, sino que también se perseguía involucrar al público en el desarrollo del mismo, de forma que los espectadores visualizaran las consecuencias de atentar contra el poder del soberano.
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el sistema penal experimenta una transformación radical[5]. Por una parte, mientras que el enjuiciamiento deja de ser oculto y se convierte en la parte visible del proceso, la ejecución de la pena alcanza unas cotas de sobriedad y austeridad hasta entonces desconocida. Por otra parte, el castigo, de forma paulatina, deja de ejercerse sobre el cuerpo del delincuente, experimentando un notable retroceso el uso de las penas corporales y la pena de muerte. Ahora, por el contrario, el alma -en sentido foucaultiano- se convierte en el centro de la intervención penal, es decir, comienza a perseguirse la intervención sobre el comportamiento, la voluntad y el pensamiento del sujeto infractor[6]. La prisión, tal y como se concibe en la actualidad, se origina precisamente en este contexto, constituyéndose, rápidamente, como el método punitivo por excelencia de los sistemas penales modernos.
El análisis de la humanización de las prisiones actuales requiere, en primer lugar, prestar especial atención a este proceso de transformación, no desde una visión puramente historicista que persiga el desarrollo exhaustivo de una forma de penalidad a otra, sino desde un enfoque que tenga por finalidad determinar qué factores motivaron el origen, la consolidación y el desarrollo de un método punitivo considerado más humano. En este sentido, el objetivo es determinar en posteriores apartados si tales fundamentos permanecen en la sociedad actual de forma inalterada, si han sido modificados o si, por el contrario, han desaparecido.
Las causas que han motivado el origen y la consolidación de la pena de prisión han sido abordadas, desde perspectivas muy diversas, por numerosos autores. La posición mayoritaria de la doctrina española –fundamentalmente de la mano de García Valdés[7]– ha concedido especial protagonismo a las ideas propias del movimiento ilustrado, al señalar que, como consecuencia directa de esta ideología, durante estos siglos opera un cambio de mentalidad sobre el castigo, materializándose en un creciente rechazo hacia las penas corporales y la pena de muerte. En este sentido, las obras de autores como Beccaria, Howard o Bentham son consideradas especialmente relevantes en el devenir de la reforma penal y penitenciaria.
Por el contrario, otros autores –merecen especial mención las obras de Rusche y Kirchheimer, Melossi y Pavarini, y Foucault- han criticado el excesivo protagonismo que han recibido los reformadores adscritos a la Ilustración, entendiendo que, por el contrario, las causas del origen y la consolidación de la pena de prisión residen en las condiciones materiales de una sociedad dada[8]. Aspectos como la estructura económica, los niveles de desempleo o las necesidades de la sociedad disciplinaria son, según este enfoque, elementos esenciales para explicar la progresiva humanización que han experimentado los métodos punitivos.
De este modo se aprecian dos posturas enfrentadas. Por ello, con el objetivo de esclarecer si tal humanización es consecuencia de la existencia de una ideología concreta o si, por el contrario, son las condiciones materiales las que ejercen un papel determinante en el origen y consolidación de los diferentes sistemas punitivos, es preciso ahondar en este proceso de transformación.
La idea de privar a una persona de libertad y ponerla al servicio de la administración no es una innovación de la pena de prisión, sino que las denominadas casas de trabajo –consideradas por la doctrina de forma unánime como los antecedentes previos de la pena privativa de libertad y surgidas durante los siglos XVI y XVII[9]– ya se basaban precisamente en este modelo de funcionamiento. Estas instituciones, en sus inicios, estaban destinadas a albergar vagos, mendigos, prostitutas y población ociosa, es decir, aquellas categorías sociales que eran consideradas incompatibles, debido fundamentalmente a su escasa capacidad productiva, con el orden social. Su finalidad, en estos términos, residía en convertir a sus moradores, a través de la disciplina y la interiorización de las técnicas de trabajo, en sujetos funcionales al nuevo sistema[10]. Con el paso del tiempo, en estas casas también serían recluidos pequeños delincuentes, constituyéndose como una forma de penalidad alternativa a los castigos corporales. En este sentido, el nacimiento de estas instituciones no puede explicarse por la existencia de una ideología que legitime el abandono de penas más crueles, sino que es necesario recurrir a las exigencias del orden social naciente que, para garantizar el desarrollo económico, precisa la continua incorporación de sus miembros a las relaciones de producción existentes.
Por otra parte, también resulta cuestionable que los reformadores adscritos al movimiento ilustrado defendiesen la idea de que la prisión se convirtiese en la única pena disponible. A pesar de que estos autores criticaron duramente el uso de los castigos corporales y buscaron la progresiva humanización de los sistemas punitivos, ninguno de ellos argumentó que esta exigencia pudiese lograrse a través de la cárcel. Tal y como señala Foucault, “que la prisión pueda como hoy, cubrir, entre la muerte y las penas ligeras, todo el espacio del castigo, es un pensamiento que los reformadores no podían tener inmediatamente”[11]. Beccaria, por ejemplo, señaló en su obra que la cárcel únicamente debía ser considerada como un establecimiento donde custodiar al delincuente[12]. Por el contrario, los reformadores defendieron la existencia de un amplio catálogo de penas, cuyos efectos estuviesen íntimamente relacionados con el daño social generado por el hecho delictivo.
En último lugar, hay que señalar que, tras la aparición de las ideas propias del movimiento ilustrado, la humanización de los métodos punitivos no ha sido un proceso continuo y constante, sino que las condiciones materiales han determinado el desarrollo y el modo de aplicación de las diferentes formas de penalidad. En este sentido, a pesar de la existencia de una ideología que rechaza el uso de los castigos corporales y de la pena de muerte, las cárceles, en ciertos periodos históricos marcados por un contexto económico desfavorable, han adquirido un carácter aún más sombrío del que su propia naturaleza les confiere, convirtiéndose en meros establecimientos de custodia cuya única pretensión es atormentar y castigar al delincuente[13]. Estos cambios, por tanto, no están motivados, al menos inicialmente, por la ausencia de una ideología, sino que la modificación de las condiciones materiales desempeñan un papel fundamental.
De este modo, la humanización de los métodos punitivos no solo depende de la existencia de una ideología que legitime y sustente el abandono de penas más crueles. Por el contrario, las condiciones materiales tienen un carácter determinante en el origen, la consolidación y el desarrollo de los diferentes métodos punitivos. En este sentido, los retos que enfrentan la Criminología y el Derecho Penal no solo están en el propio sistema penitenciario y en la propia ideología que lo sustenta, sino también en las características de la estructura social actual.
La resocialización como finalidad primordial de la pena de prisión
Para poder analizar la humanización del sistema penitenciario actual es necesario determinar cuál es la finalidad perseguida por esta pena, ya que el escenario será muy diferente si el objetivo es castigar al delincuente, incapacitarlo a través de su encierro o perseguir su reeducación y reinserción social.
El artículo 25.2 de la Constitución Española (CE) establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzosos. Por su parte, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) señala en el artículo 1 que
las Instituciones reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
Por último, en términos similares, el artículo 2 del Reglamento Penitenciario (RP) especifica que
la actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penas y la asistencia social de los internos, liberados y familiares.
Por tanto, del marco jurídico básico que regula la actividad penitenciaria se desprende que la resocialización del penado es la finalidad primordial de la pena de prisión. Este hecho supone un avance en términos humanitarios puesto que, a diferencia de modelos anteriores, la pena no se centra únicamente en el castigo del delincuente o la inocuización del mismo. Sin embargo, para poder determinar el alcance de este término, es preciso advertir dos cuestiones diferentes. En primer lugar, si la resocialización puede ser considerada como la única finalidad de la pena de prisión. Por otra parte, si esta puede ser conceptualizada como un derecho fundamental del penado.
En relación con la primera cuestión, el Tribunal Constitucional ha mantenido una postura clara, al afirmar de forma reiterada que la resocialización no puede considerarse el único fin de la pena. La STC 19/1988, de 16 de febrero, señala que “no se sigue ni que tales fines reeducadores y resocializadores sean los únicos objetivos admisibles de la privación penal de la libertad ni, por lo mismo, que se ha de considerar contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista”. De este modo, se aprecia la coexistencia con otros fines de la pena de naturaleza preventiva general, preventiva especial negativa o meramente retributiva[14].
Por otra parte, la segunda cuestión tiene especial trascendencia, ya que, si la resocialización fuese conceptualizada como un derecho fundamental del penado, sería susceptible de amparo constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha negado esta posibilidad, señalando que el artículo 25.2 CE solo puede ser entendido como un mandato del legislador constituyente dirigido a orientar la política penal y penitenciaria[15].
De este modo, el alcance del término resocialización es limitado. La coexistencia con otros fines de la pena y la imposibilidad de ser considerado como un derecho fundamental dificultan su consecución, poniendo en cuestión también el avance en términos de humanización que representa. Por otra parte, también es preciso tener en cuenta que, a pesar de que la ideología resocializadora nació dotada de profundas dosis de optimismo, desde finales de los años setenta del siglo pasado se encuentra sumida en una profunda crisis, que ha supuesto su progresivo desplazamiento por otras teorías de la pena basadas en la incapacitación del delincuente o en la mera retribución del hecho delictivo. Para comprender esta situación, es necesario señalar los factores que han propiciado tal crisis.
En primer lugar, la resocialización es un concepto ambiguo y falto de contenido, propiciando la existencia de múltiples interpretaciones sobre lo que significa resocializar a una persona. Mientras que algunos autores han entendido que este concepto se refiere a la necesidad de incidir en la escala de valores y personalidad del delincuente, otros han postulado que únicamente se debe dirigir a convertir al delincuente en un individuo capaz de respetar las leyes penales[16]. Ambas posiciones han sido duramente criticadas. En relación con la primera, no parece lógico que, en el seno de una sociedad plural y democrática, donde se reconoce el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, se trate de imponer una determinada escala de valores, siendo ésta una injerencia injustificable en los derechos individuales del penado[17]. Además, este hecho plantearía la problemática de que sucede con aquellos delincuentes que ya detentan tales valores. Por otra parte, en referencia a la segunda interpretación, también ha sido objetada por la modestia que la caracteriza, llegando algunos autores a conformarse con que el penado no salga en peores condiciones de las que entró[18].
En segundo lugar, la crítica más frecuente se ha dirigido hacia el medio en el que se pretende conseguir la resocialización del penado. Las cárceles se configuran como institucionales totales en el sentido que definió Goffman, es decir, un gran número de individuos asilados de la sociedad que, durante un periodo de tiempo prolongado, comparten una rutina mientras dura su encierro[19]. La prisión, en estos términos, se presenta como un medio hostil, anormalizador y excluyente, donde el penado, en mayor o menor medida, experimenta una serie de consecuencias- tales como la pérdida de la capacidad para asumir responsabilidades, el debilitamiento de los vínculos sociales o la interiorización de la subcultura carcelaria- que son enormemente perjudiciales para su vida en libertad[20]. De este modo, la prisión no parece constituirse como el medio idóneo para perseguir la resocialización del penado. En este sentido, se aprecia lo que algunos autores han denominado como la paradoja carcelaria, consistente en la incongruencia que supone tratar de educar a una persona para vivir en libertad privándole de la misma. Como señala Baratta, “no se puede excluir e incluir al mismo tiempo” [21]. Además, haber estado en la cárcel genera un estigma, con todas las dificultades que ello conlleva para perseguir la reinserción efectiva del penado en la sociedad[22].
En tercer lugar, teniendo en cuenta el carácter criminógeno de la sociedad actual, también se critica que la resocialización concentre todos sus esfuerzos en el sujeto infractor, obviando si determinados condicionamientos sociales pudieron favorecer la comisión del hecho delictivo. Por este motivo, algunos autores han señalado que, en ocasiones, es la sociedad la que debería ser resocializada y no el individuo. En un sentido similar, también se ha planteado la pertinencia de reinsertar a los penados en una sociedad que por sí misma genera delincuencia. En estos términos, Muñoz Conde se ha cuestionado la pertinencia de resocializar a un delincuente contra la propiedad en una sociedad que es injusta en la distribución de recursos[23]
En último lugar, este fin se persigue a través de medios claramente insuficientes, tanto humanos como materiales. En relación con los primeros, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de los 24915 trabajadores que desempeñaban sus funciones en diciembre del 2013, sólo el 5,45% de los empleados estaban destinados al área de tratamiento[24], encontrándose estos profesionales desbordados y sin capacidad para atender a la totalidad de la población penitenciaria. Por otra parte, teniendo en cuenta que España posee uno de los índices de encarcelamiento más elevados de Europa Occidental, los medios materiales también son muy escasos, existiendo notables dificultades para acceder a puestos de trabajo o cursos de formación, limitándose aún más el potencial resocializador de este medio.
En definitiva, la ideología resocializadora se encuentra sumida en una profunda crisis que ha motivado su progresivo desplazamiento por otras finalidades de la pena, especialmente referidas a la incapacitación del delincuente a través de su encierro o a la retribución del hecho delictivo. La humanización de las prisiones, en estos términos, queda seriamente comprometida.
Especial referencia al régimen cerrado. El abandono definitivo del ideal resocializador
Como se ha podido apreciar, la prisión, al estar configurada como un entorno anormalizador, hostil y excluyente, no se presenta como el medio más idóneo para perseguir la resocialización del penado. Esta realidad encuentra su máxima expresión en determinadas parcelas de la actividad penitenciaria, donde las consecuencias psicosociales experimentadas por el penado se multiplican exponencialmente.
En este sentido, es importante destacar que, dentro del sistema penitenciario español, existen tres regímenes de vida diferentes: ordinario, abierto y cerrado. En relación con el primero, el régimen ordinario se aplica a los penados clasificados en segundo grado, es decir, aquellos sujetos que pueden mantener una convivencia ordenada, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en situación de semilibertad. En estos establecimientos, según el artículo 76.1 RP, los principios de seguridad, orden y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada. En todo caso, se garantizan ocho horas de descanso nocturno, un mínimo de dos horas para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios y tiempo suficiente para atender tanto a las actividades terapéuticas y culturales como a los contactos con el mundo exterior.
Por otra parte, el régimen abierto se corresponde con la clasificación en tercer grado de tratamiento, siendo destinados a estos establecimientos aquellos penados que están capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. El artículo 81 RP establece que el régimen de estos Establecimientos será el necesario para lograr una convivencia normal en toda la colectividad civil, fomentando la responsabilidad y siendo la norma general la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira su funcionamiento. En esta modalidad, el objetivo principal es potenciar las capacidades de inserción social del interno, rigiéndose para ello por los principios de atenuación de las medidas de control, fomento de la responsabilidad del interno y persecución de la normalización e integración social del condenado.
Por último, tal y como establece el artículo 10 LOGP, el régimen cerrado está reservado para los clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes anteriores, pudiendo también ser destinados, con carácter excepcional, los internos preventivos que presenten tales características. En este sentido, el artículo 102.5 RP establece una serie de requisitos para valorar tales cualidades, entre los que destacan la naturaleza del hecho o hechos delictivos cometidos, la pertenencia a organizaciones terroristas o criminales, la participación en motines o la comisión de faltas disciplinarias graves o muy graves de forma reiterada. En virtud del artículo 90 RP, esta modalidad se cumplirá en celdas individuales, caracterizándose por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos.
Dentro del régimen cerrado existen dos modalidades de cumplimiento diferenciadas, los departamentos especiales y los centros o módulos cerrados. Mientras que a los primeros son destinados aquellos internos clasificados en primer grado que han sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, poniendo en peligro la vida o la integridad física de funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la institución, los segundos son reservados para los penados que muestran una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes. En consonancia con el artículo 93.1 RP, en los departamentos especiales existen las siguientes normas. En primer lugar, los penados disfrutarán de un mínimo de tres horas diarias de patio, pudiendo prorrogarse hasta tres horas más para la realización de actividades programadas. Por otra parte, existirá la obligación de practicar registros y cacheos diarios, pudiendo llegar, en aquellos casos en los que se precise, a efectuarse cacheos con desnudo integral. En tercer lugar, en las salidas al patio, no podrán permanecer más de dos internos juntos. Por último, los programas de tratamiento, de carácter genérico, serán ajustados a las necesidades regimentales y estarán destinados a lograr la progresiva adaptación del interno a la vida en régimen ordinario. En relación con los módulos o centros cerrados, el artículo 94 RP establece que los internos disfrutarán de cuatro horas de patio, pudiendo prorrogarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas.
La dureza de las condiciones del régimen cerrado implica que las consecuencias experimentadas por el penado sean mucho mayores que en los regímenes ordinario y abierto. En este sentido, algunos autores han destacado que las duras características de estas modalidades, especialmente relacionadas con el aislamiento, la incomunicación, las constantes violaciones de la intimidad o la humillación derivada de los cacheos integrales, propician verdaderas situaciones de tortura psicológica[25]
Otra de las problemáticas añadidas reside en la ausencia de un límite temporal que regule el tiempo máximo que un interno puede estar destinado a este este régimen. El artículo 92 RP establece que, para la reasignación de modalidades, se ponderarán factores como el interés por la participación y colaboración con las actividades programadas, la cancelación de sanciones o su ausencia durante periodos prolongados de tiempo o la existencia de una adecuada relación con los demás. Sin embargo, en la práctica, en casos inexistencia de actividades programadas, el único factor teniendo en cuenta es la ausencia de sanciones. Este hecho genera graves problemas ya en un contexto tan desfavorable, donde los roles de interno y funcionario alcanzan su máxima significación, es difícil que el penado tenga un comportamiento modélico, lo que supone que pueda pasar largas temporadas en este régimen, aumentándose aún más el potencial destructivo de este medio. Tal y como se cuestiona Ríos Martín, “¿se puede esperar que una persona encerrada veintitrés horas al día tenga un comportamiento modélico?”[26]
En definitiva, el régimen cerrado supone un claro rechazo a los principios de reeducación y reinserción social, configurándose como un medio que persigue la inocuización del delincuente a través de su encierro. Además, los estudios empíricos existentes muestran una relación entre esta modalidad de cumplimiento y una mayor reincidencia[27].
Como se ha podido apreciar en las páginas precedentes, la ideología resocializadora se encuentra sumida en una profunda crisis, teniendo una especial incidencia en determinadas parcelas de la actividad penitenciaria, donde la reeducación y la reinserción social del penado se han abandonado de forma definitiva. La humanización de las prisiones, en estos términos, queda seriamente comprometida, al ser sustituida la resocialización por otros fines de la pena basados en criterios puramente retributivos o directamente encaminados a perseguir la inocuización del delincuente a través de su encierro. En este sentido, en aras de preservar y conseguir una mayor humanización de las prisiones actuales, la Criminología y el Derecho Penal actual enfrentan los siguientes retos:
En primer lugar, el concepto de resocialización debe ser dotado de un contenido claro y preciso ya que, hasta entonces, seguirán existiendo múltiples interpretaciones sobre lo que significa resocializar a una persona, algunas de ellas susceptibles de ser consideradas inconstitucionales. Además, es preciso desvincular este término, como sucede en la actualidad, de una noción simplista de delincuencia que asocie delito y exclusión social, siendo incapaz de responder a determinados fenómenos delictivos, resultando la delincuencia de cuello blanco un ejemplo paradigmático.
Por otra parte, es necesario mejorar las condiciones de vida en los centros penitenciarios, sobre todo a través de la potenciación de aquellos regímenes que resultan menos lesivos para el individuo En caso contrario, las cárceles seguirán configurándose como entornos anormalizadores, excluyentes y hostiles, donde el penado experimenta una serie de consecuencias que, en vez de contribuir a la consecución de su reeducación y reinserción social, son altamente perjudiciales para la vida en libertad, propiciando que, en muchas ocasiones, el sujeto privado de libertad retorne a la sociedad en condiciones peores que cuando entró en prisión.
En tercer lugar, la atención no solo debe centrarse en el sujeto infractor, sino que también resulta conveniente cuestionar si las contradicciones provenientes de la estructura social pudieron favorecer la comisión del hecho delictivo y, en caso afirmativo, actuar también sobre estos factores. La modificación de estos condicionamientos sociales no solo permite evitar que el penado, cuando alcance la libertad total, se encuentre sometido a las mismas presiones criminógenas, sino sobre todo el diseño de intervenciones sociales encaminadas a prevenir la aparición del delito y la actuación del sistema penal.
Por último, no es posible perseguir la reeducación y la reinserción social del penado a través de equipos técnicos que se encuentran saturados y sin ninguna capacidad de atender a la totalidad de la población penitenciaria. Tampoco con medios materiales insuficientes, donde las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo o a un curso de formación son muy reducidas, limitándose aún más el potencial reintegrador de este medio. En este sentido, para que la resocialización deje de ser considerada un proyecto utópico e inviable, es estrictamente necesario que los medios destinados a tal fin sean suficientes y acordes a la complejidad que su consecución entraña.
Sin embargo, los retos que enfrentan la Criminología y el Derecho Penal actual en la búsqueda de la humanización de las prisiones actuales no solo residen en las crisis de la ideología resocializadora, sino también en las características propias de la estructura social. Tal y como fue establecido en el primer apartado de este capítulo, la humanización de los métodos punitivos no solo depende de la existencia de una ideología que legitime y sustente el abandono de penas más crueles, sino que son las condiciones materiales las que determinar el origen, la consolidación y el desarrollo de los diferentes métodos punitivos.
En este sentido, es preciso destacar que desde finales de los años setenta del siglo pasado, momento histórico en el que se inicia la crisis de la resocialización, se ha iniciado el tránsito desde una sociedad incluyente hacia otra de carácter excluyente[28]. Este hecho ha propiciado que, debido a profundos cambios en las relaciones económicas, como, por ejemplo, la aparición de fenómenos estructurales como el desempleo masivo, la precarización del mercado laboral, el proceso de desindustrialización o las consecuencias de la globalización, exista una considerable parte de la población que se ha quedado fuera del orden social y sin capacidad de reintegrarse de forma efectiva.
Esta nueva composición de la estructura social entra en colisión con los fundamentos que motivaron el origen y la consolidación de la pena de prisión. Hasta finales de los años setenta, salvo periodos muy concretos y limitados en el tiempo, la pena de prisión encontró una sociedad de tipo incluyente que precisaba la continua incorporación de sus miembros. La resocialización, en estos términos, era considerada necesaria ya que, en condiciones favorables, el desarrollo económico precisaba la asimilación de toda la fuerza de trabajo disponible. En otras palabras, la creación y el mantenimiento de un ejército de reserva era una condición necesaria para garantizar el progreso económico.
Sin embargo, los cambios acaecidos en la modernidad tardía –expresión referida a las profundas transformaciones que experimentan los países occidentales después de la década de los años setenta- modificaron esta situación de forma radical, de forma que el progreso económico, debido a las modificaciones sucedidas en la forma de concebir el trabajo, ya no precisa la continua incorporación de sus miembros. Por el contrario, la creación y el mantenimiento de un ejército reserva ya no sólo es considera innecesaria, sino también costosa y perjudicial[29]. En este contexto, la resocialización es desplazada por otras necesidades, esencialmente referidas a la exigencia de separar, excluir y ocultar a aquellos que se han quedado fuera del orden social.
Por tanto, la humanización de las prisiones no solo queda comprometida por la crisis que experimenta la ideología resocializadora, sino también por la existencia de una sociedad de carácter excluyente que no tiene capacidad de absorción. En este sentido, los retos no solo residen en las necesidades circunscritas al sistema penitenciario mencionado anteriormente. Por el contrario, la consecución de una sociedad de tipo incluyente que sea compatible con la ideología resocializadora es uno de los mayores desafíos que enfrenta la Criminología y el Derecho Penal en la actualidad.
La proclamación de la resocialización como finalidad primordial de la pena de prisión supone un avance en términos humanitarios ya que, a diferencia de modelos anteriores, el objetivo no reside únicamente en perseguir la incapacitación del delincuente a través de su encierro o en la mera retribución del hecho delictivo. Sin embargo, desde los años setenta del siglo pasado, esta ideología se encuentra sumida en una profunda crisis, siendo sustituida, de forma paulatina, por otros proyectos que, presuntamente, gozan de una mayor viabilidad y efectividad. La humanización de las prisiones, en estos términos, queda seriamente comprometida.
En este sentido, la Criminología y el Derecho Penal, en aras de preservar y perseguir una mayor humanización de las prisiones actuales, enfrentan una serie de retos en dos planos diferenciados, no solo circunscritos a las necesarias reformas que debe acometer el sistema penitenciario, sino también relacionados con la consecución de una sociedad incluyente que sea más justa y tenga capacidad para absorber a la totalidad de sus miembros.
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