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Timestamp: 2017-11-19 17:08:47+00:00

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Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos. TÍTULO II. Documentación de las actuaciones inspectoras
Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en diligencias, comunicaciones, informes y actas previas o definitivas.
Tales documentos no son de obligada formalización por la Inspección sino en los términos establecidos por este Reglamento.
Los actuarios podrán también tomar cuantas notas o apuntes estimen convenientes en papeles de su uso personal exclusivo.
Comunicaciones, diligencias e informes
1. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la Inspección de los Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona, en el ejercicio de sus funciones.
2. En las comunicaciones, la Inspección de los Tributos podrá poner hechos o circunstancias en conocimiento de los obligados tributarios interesados en las actuaciones así como efectuar a éstos los requerimientos que procedan.
Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
3. Las comunicaciones una vez firmadas por la Inspección, se notificarán a los interesados con arreglo a Derecho Salvo lo dispuesto para las actuaciones de obtención de información, las comunicaciones serán firmadas por el mismo actuario que las remita.
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su expedición, la identidad de la persona o Entidad y el lugar a los que se dirigen, la identificación y la firma de quien las remita, y los hechos o circunstancias que se comunican o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación se efectúa.
Cuando la comunicación sirva para hacer saber al interesado el inicio de actuaciones inspectoras, se hará constar en ella la interrupción de la prescripción que su notificación, en su caso, suponga.
5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la Inspección un ejemplar.
2. Las diligencias no contienen propuestas de liquidaciones tributarias y pueden bien ser documentos preparatorios de las actas previas o definitivas o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimiento diferente del propiamente inspector, incorporándose en documento independiente la mera propuesta de la Inspección con este fin.
3. En las diligencias constarán el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se extiendan; la identificación de los funcionarios o agentes de la Inspección de los Tributos que suscriban la diligencia; el nombre y apellidos, número del documento nacional de Identidad y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones, y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.
Las diligencias podrán extenderse sin sujeción necesariamente a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuere posible, se extenderán en papel de la Inspección de la correspondiente Delegación de Hacienda o, en su caso, Dirección General.
4. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.
Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras, cuyo resultado se refiere en una diligencia, no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será firmada únicamente por los actuarios y se remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a Derecho.
1. Deberán constar en diligencia los elementos de los hechos imponibles o de su valoración y los demás que determinan la cuantía de la cuotas tributarias que, no debiendo de momento generar liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar para su incorporación al respectivo expediente administrativo.
2. Las diligencias recogerán, asimismo, los resultados de las actuaciones de obtención de información a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento, así como la iniciación de las actuaciones inspectoras en el supuesto a que se refiere el apartado segundo del artículo 30 de este Reglamento.
3. En particular, la Inspección hará constar en diligencia para permitir la incoación del correspondiente expediente administrativo:
a) Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias simples, a efectos de su sanción por los Órganos competentes.
b) Los hechos que conozca la Inspección, a través de cualquiera de sus Órganos, y sean de trascendencia tributaria para otros Órganos de la Administración del Estado o para otras Administraciones Públicas.
c) Los hechos, circunstancias y elementos a que se refiere el apartado segundo del artículo 3.º del Real Decreto 1919/1979, de 29 de junio, por el que se regula el procedimiento especial de declaración de fraude de Ley en materia tributaria, cuando dicho procedimiento se inicie como consecuencia de actuaciones inspectoras.
d) La identidad de quienes sean responsables solidarios o puedan serlo subsidiariamente de la deuda tributaria así como las circunstancias y antecedentes determinantes de tal responsabilidad.
e) Los hechos y circunstancias que permitan la incoación del expediente de revisión a que se refiere el artículo 154 de la Ley General Tributaria.
f) Los hechos determinantes de la incoación de un expediente de cambio de domicilio tributario.
g) Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos públicos y llegue a conocer, en su caso, la Inspección en el curso de sus actuaciones.
h) Los hechos que pudieran infringir la legislación de carácter financiero, cuyo cumplimiento corresponde verificar a la Inspección Financiera dependiente de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria.
i) La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento inspector, así como la índole de éstas.
j) Los hechos que resulten de actuaciones relativas a expedientes de devolución de ingresos indebidos.
1. La Inspección de los Tributos emitirá, de oficio o a petición de terceros, los informes que:
a) Sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico.
b) Le soliciten otros Órganos y servicios de la Administración o los Poderes Legislativos y Judicial en los términos previstos por las leyes.
c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos; en cuyo caso, se fundamentará la conveniencia de emitirlos.
2. En particular, la Inspección deberá emitir informe:
b) Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias o proceda la utilización de métodos indiciarios.
c) Cuando se promueva la iniciación del procedimiento especial de declaración de fraude de ley en materia tributaria.
d) Para recoger los resultados de la comprobación de las regularizaciones o actualizaciones efectuadas por la Empresa.
e) Cuando se solicite autorización para iniciar actuaciones de obtención de información cerca de personas o Entidades que desarrollen actividades bancarias o crediticias y que afecten a movimientos de cuentas u operaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de este Reglamento.
f) Para completar aquellas diligencias que recojan hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tributaria simple, detallando las circunstancias que pudieran servir para graduar en su caso la sanción correspondiente.
g) Con el fin de recoger la propuesta de determinación de la cifra relativa de negocios para su ulterior asignación o de la proporción de tributación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con los regímenes forales de concierto o convenio.
3. Cuando otros Órganos o Servicios de la Administración o los Poderes Legislativo y Judicial soliciten informe de la Inspección, se emitirá, tramitándose, en su caso, a través de la Dirección General competente o de la Delegación de Hacienda que corresponda.
En particular, se solicitará informe a la Inspección:
a) Cuando se reclame el correspondiente expediente por el Tribunal Económico-Administrativo competente ante el que se haya solicitado la condonación graciable de sanciones impuestas con ocasión de actuaciones inspectoras, de acuerdo con el artículo 128 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas. Se solicitará, asimismo, informe por los Órganos económico-administrativos cuando se interponga directamente reclamación contra la liquidación tributaria resultante de un acta de conformidad.
b) Cuando se solicite por una persona o Entidad que desarrolle actividades empresariales el aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias y el Órgano competente para concederlo lo considere preciso en orden al aseguramiento de aquéllas. En este caso, el informe versará acerca de la situación económico-financiera y patrimonial de la Empresa.
Asimismo, habrá de acompañar informe de la Inspección al expediente que se remita al Órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, cuando se hayan apreciado indicios de posible delito contra la Hacienda Pública.
4. Siempre que el actuario lo estime necesario para la aplicación de los tributos podrá emitir informe, justificando la conveniencia de hacerlo.
Asimismo, los Jefes de los Órganos o unidades con funciones propias de la Inspección, cuando lo juzguen conveniente para completar actuaciones inspectoras, Podrán disponer que se emita informe por los actuarios o emitirlo ellos mismos a la vista del expediente.
La Inspección de los Tributos podrá emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del sujeto pasivo, retenedor o responsable al objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias liquidadas.
5. Cuando los informes de la Inspección complementen la propuesta de liquidación contenida en un acta, recogerán; especialmente, el conjunto de hechos y los fundamentos de Derecho que sustenten aquélla.
1 Son actas aquellos documentos que extiende la Inspección de los Tributos con el fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que estime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo, retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta en concepto de cuota, recargos e intereses de demora o bien declarando correcta la misma.
Las actas son documentos directamente preparatorios de las liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, incorporando una propuesta de tales liquidaciones.e
2 En las actas de la inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:
h) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta o responsable tributario.a
i) La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento incoado como consecuencia del acta y, cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado de aquélla, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. i
3 Cuando sea empresario o profesional el sujeto pasivo, retenedor u obligado a efectuar ingresos a cuenta y respecto de los tributos para los que sea trascendente, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios del interesado, con expresión de los defectos o anomalías advertidos o, por el contrario, que del examen de los mismos cabe deducir racionalmente que no existe anomalía alguna que sea sustancial para la exacción del tributo de que se trate.
4 En relación con cada tributo o concepto impositivo, podrá extenderse una única acta respecto de todo el período objeto de comprobación, al objeto de que la deuda resultante del conjunto de los ejercicios integrantes de dicho período pueda determinarse mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos ejercicios.e
5 La Inspección de los Tributos extenderá sus actas en los modelos oficiales aprobados al efecto por la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si, por su extensión, no pudieran recogerse en el modelo de acta todas las circunstancias que deban constar en ella, se reflejarán en anexo a las mismas; el anexo formará parte del acta a todos los efectos y se formalizará en modelo oficial.
Artículo 49 redactado por la Disposición Final 1ª del R.D. 1930/1998, 11 septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
1. Las actas que extiende la Inspección de los Tributos pueden ser previas o definitivas. Son actas previas las que dan lugar a liquidaciones de carácter provisional, a cuenta de las definitivas que posteriormente se puedan practicar.
a) Cuando, en relación con un mismo tributo e idéntico período, el sujeto pasivo, retenedor o responsable, acepte sólo parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria efectuada por la Inspección de los Tributos. En este caso, se documentará en primer lugar y en un acta previa el resultado de las actuaciones a las que el interesado preste conformidad expresa, instruyéndose acta de disconformidad por los demás conceptos. En cada una de las actas se hará referencia a la formalización de la otra.
La liquidación derivada del acta previa tendrá el carácter de a cuenta de la que como complementaria o definitiva se derive del acta de disconformidad que simultáneamente se incoe.
b) Cuando el hecho imponible pueda ser desagregado a efectos de las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación o cuando por su fraccionamiento territorial deba serlo en los distintos lugares en que se materialice.
c) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.
d) En los supuestos de comprobación abreviada previstos en el artículo 34 de este Reglamento, salvo que a juicio de la Inspección pueda practicarse liquidación definitiva.
3. Tendrán, asimismo, el carácter de previas:
a) Las actas que se incoen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio en tanto no se hayan comprobado las declaraciones-liquidaciones del mismo año natural por ambos impuestos.
b) Las actas que se extiendan cuando la base del tributo objeto de comprobación se determine en función de las bases establecidas para otros, o en ella se computen rendimientos objeto de retención y unas u otros no hayan sido comprobados con carácter definitivo salvo que dichos rendimientos se consideren debidamente acreditados.
c) Las actas que se formalicen en relación con los socios de una sociedad o entidad en régimen de transparencia fiscal, en tanto no se ultime la comprobación de la situación tributaria de la entidad.
d) Las actas formalizadas para recoger separadamente los resultados de actuaciones de comprobación e investigación motivadas por una denuncia Pública, cuando esta pieza separada deba servir en su caso para iniciar el expediente de reconocimiento al denunciante de derechos que la normativa vigente le reconozca.
4. Cuando la Inspección extienda un acta con el carácter de previa deberá hacerlo constar expresamente, señalando las circunstancias determinantes de su incoación con tal carácter y los elementos del hecho imponible o de su valoración a que se haya extendido ya la comprobación inspectora.
5. Las actas previas se tramitarán atendiendo a que el sujeto pasivo, retenedor o responsable haya o no manifestado su conformidad a la propuesta de liquidación contenida en el acta.
1. Son actas sin descubrimiento de deuda aquellas de las que se deriva una liquidación sin deuda a ingresar por el sujeto pasivo o retenedor.
2. Las actas sin descubrimiento de deuda pueden ser de comprobado y conforme o suponer una regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor.
1. Si la Inspección estimase correcta la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor, lo hará constar en acta, en la que detallará los conceptos y períodos a que la conformidad se extiende. Dicha acta se denominará de comprobado y conforme.
Se extenderá acta de comprobado y conforme por todos los períodos impositivos o de declaración o las declaraciones tributarias a que la conformidad se extienda y respecto de cada tributo o concepto objeto de comprobación.
2. Tales actas de comprobado y conforme podrán extenderse en presencia del interesado o de su representante o enviarse por correo certificado con acuse de recibo.
3. Las actas de comprobado y conforme se tramitarán como las de conformidad.
No obstante, el interesado podrá manifestar su disconformidad por entender que no era correcta la liquidación por él formulada. En este caso, el acta de comprobado y conforme, excepcionalmente, se tramitará como un acta de disconformidad. Si el acta se le ha enviado al sujeto pasivo por correo, podrá formular las alegaciones que estime pertinentes dentro de los quince días siguientes a su recepción, tramitándose en otro caso el acta como de conformidad, a partir siempre de la fecha de su notificación.
1. Cuando de la regularización que estime procedente la Inspección de la situación tributaria de un sujeto pasivo o retenedor no resulte deuda tributaria alguna en favor del Tesoro se extenderá acta haciéndose constar en ella la conformidad o disconformidad del interesado y tramitándose el acta conforme a dicha manifestación.
2. Cuando de dicha regularización resulte una cantidad a devolver al interesado, la liquidación derivada del acta que se incoe, servirá para que la Administración inicie de inmediato el correspondiente expediente de devolución de ingresos indebidos. El crédito a favor del interesado tendrá la consideración de reconocido, liquidado y notificado a los efectos previstos en el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación.
Cuando de las actas que documenten los resultados de una misma actuación de comprobación e investigación resulten liquidaciones de distinto signo relativas a un mismo sujeto pasivo o retenedor, una vez éstas firmes, el Delegado de Hacienda, a petición del interesado, acordará en todo caso durante el período voluntario de recaudación la compensación de las deudas y créditos hasta donde alcancen aquéllas. La compensación acordada no perjudicará la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, en su caso, restante.
Las actas de la Inspección de los Tributos serán de conformidad o de disconformidad según que el interesado haya aceptado íntegramente o no la propuesta de liquidación practicada en el acta por la Inspección.
En todo caso, las actas de la Inspección de los Tributos serán firmadas por ambas partes entregándose un ejemplar al interesado. Cuando éste se niegue a suscribir el acta o a recibir un ejemplar de la misma, el acta se tramitará como de disconformidad. Si el interesado no sabe o no puede firmar el acta, el actuario hará constar esta circunstancia. La firma de las actas por la Inspección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 63 de este Reglamento.
1. Cuando ante los criterios expuestos y pruebas aportadas por la Inspección de los Tributos el sujeto pasivo, retenedor o responsable solidario preste su conformidad a la propuesta de liquidación practicada en el acta por la Inspección, ésta lo hará constar así en ella y el interesado se tendrá por notificado de su contenido.
2. Cuando el acta sea de conformidad y con descubrimiento de deuda, el interesado deberá ingresar el importe de la deuda tributaria, bajo apercibimiento de su exacción en vía de apremio en caso de falta de pago, en los plazos previstos en el apartado segundo del artículo 20 del Reglamento General de Recaudación. Será fecha determinante del cómputo de estos plazos aquella en que se entienda producida la liquidación derivada del acta.
Con el ejemplar del acta se hará entrega al interesado de los documentos de ingreso precisos para efectuar el pago de la deuda tributaria.
1 Cuando el sujeto pasivo, retenedor u obligado a ingresar a cuenta o responsable se niegue a suscribir el acta o suscribiéndola no preste su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la misma, se incoará el correspondiente expediente administrativo que se tramitará por el órgano actuante de la Inspección de los Tributos, quedando el interesado advertido en el ejemplar que se le entregue de su derecho a presentar ante dicho órgano las alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que se haya extendido el acta o a su recepción.
2 Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negare a firmar el acta, la Inspección lo hará constar en ella, así como la mención de que se le entrega un ejemplar duplicado. Si dicha persona se negare a recibir el duplicado del acta, el inspector lo hará constar igualmente y, en tal caso, el correspondiente ejemplar le será enviado al interesado, en los tres días siguientes, por alguno de los medios previstos en las disposiciones vigentes.
3 En las actas de disconformidad se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y, sucintamente, los fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización, los cuales serán objeto de desarrollo en un informe ampliatorio elaborado por la Inspección, del cual se dará traslado al sujeto pasivo, retenedor u obligado a ingresar a cuenta o responsable de forma conjunta con las actas. También se recogerá en el cuerpo del acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el interesado o las circunstancias que le impiden prestar la conformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.
Artículo 56 redactado por la Disposición Final 1ª del R.D. 1930/1998, 11 septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
1. Cuando exista prueba preconstituida del hecho imponible de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 146 de la Ley General Tributaria, podrá extenderse acta sin la presencia del obligado tributario o su representante. En el acta se expresarán con el detalle necesario, los hechos y medios de prueba empleados y a la misma se acompañará, en todo caso, informe del actuario.
Existirá prueba preconstituida del hecho imponible, cuando éste pueda reputarse probado, según las reglas de valoración de la prueba contenidas en los artículos 114 a 119 de la Ley General Tributaria.
2. El acta, así como la iniciación del correspondiente expediente se notificarán al obligado tributario, quien en el plazo de quince días podrá alegar ante la Inspección cuanto convenga a su derecho y, en particular, lo que estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud de dicha prueba y sobre la propuesta de liquidación contenida en el acta; o bien, expresar su conformidad sobre una o ambas cuestiones. Durante el plazo de alegaciones, se pondrá de manifiesto el expediente completo al obligado tributario.
A partir de: 7 marzo 2000
La Inspección Podrá determinar que las actas sean extendidas y firmadas bien en la oficina, local de negocio, despacho o vivienda del sujeto pasivo, retenedor o responsable, bien en las oficinas de la Administración Tributaria o del Ayuntamiento en cuyo término hayan tenido lugar las actuaciones.
Tramitación de las diligencias y actas y liquidaciones tributarias derivadas de las últimas
1 Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para hacer constar hechos o circunstancias, conocidos en el curso del procedimiento inspector y relativos al obligado tributario en las mismas actuaciones inspectoras, se incorporarán al respectivo expediente de inmediato.
2 Las diligencias que reflejen los resultados de actuaciones inspectoras de obtención de información se entregarán por los actuarios, conforme a las directrices recibidas, para el análisis de la información obtenida.
3 Las diligencias que extienda la Inspección de los Tributos para permitir la incoación del correspondiente procedimiento o expediente al margen del propio procedimiento inspector se entregarán por el actuario, equipo o unidad de inspección en el plazo de cinco días, adoptando el inspector-jefe las medidas precisas para que se incoen los expedientes que procedan o se dé traslado de las diligencias por el conducto adecuado a las Administraciones u órganos competentes.
4 Cuando una diligencia recoja acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones tributarias simples, se procederá, en su caso, a la iniciación del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo previsto en el capítulo V del Real Decreto por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario .
Artículo 59 redactado por la Disposición Final 1ª del R.D. 1930/1998, 11 septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
1. De acuerdo con la letra c) del artículo 140 de la Ley General Tributaria, la Inspección de los Tributos practicará las liquidaciones tributarias resultantes de las actas que documenten los resultados de sus actuaciones de comprobación e investigación.
Corresponderá al Inspector-Jefe del Organo o dependencia, central o territorial, desde el que se hayan realizado las actuaciones inspectoras dictar los actos administrativos de liquidación tributaria que procedan.
No obstante, el Ministro de Economía y Hacienda podrá disponer que por necesidades del servicio determinados Inspectores-Jefes puedan realizar directamente actuaciones inspectoras, en particular de comprobación e investigación, no pudiendo en tales casos dictar asimismo las liquidaciones tributarias y los demás actos administrativos que procedan. Tales actos administrativos se dictarán, en los términos establecidos en este Reglamento, por otro Inspector-Jefe que se determine al efecto.
2. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al interesado acuerdo del Inspector-Jefe competente por el cual se dicta acto de liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta formulada en el acta, se inicia el expediente administrativo a que se refiere el apartado siguiente, o bien se deja sin eficacia el acta incoada y se ordena completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses.
En este último supuesto, el resultado de las actuaciones complementarias se documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a su naturaleza.
3. Si el Inspector-Jefe observase en la propuesta de liquidación formulada en el acta error en la apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de las normas jurídicas, acordará de forma motivada la iniciación del correspondiente expediente administrativo, notificándolo al interesado dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado anterior.
El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, dentro de los quince días siguientes a la notificación de acuerdo adoptado.
Transcurrido el plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se dictará la liquidación que corresponda.
4. Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.
Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, el Inspector-Jefe podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el Inspector-Jefe dentro del mes siguiente.
5. Cuando el acta sea de prueba preconstituida, el Inspector-Jefe dictará el acto administrativo que proceda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.
Número 5 del artículo 60 derogado por el número 2 de la Disposición Derogatoria Única del R.D. 136/2000, 4 febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las garantías prestadas para suspender la ejecución de las deudas tributarias y al régimen de actuaciones de la inspección de los tributos y se adapta a las previsiones de dicha Ley el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria («B.O.E.» 16 febrero).
6. Los Inspectores-Jefes podrán delegar las facultades a que se refieren los apartados anteriores en los términos que se establezcan por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Asimismo, por el Ministerio de Economía y Hacienda:
a) Se desarrollará lo dispuesto en este artículo adaptándolo a la estructura y funciones de los distintos Órganos centrales y territoriales con competencias en el ámbito de la Inspección de los Tributos.
b) Se especificarán los titulares de los Órganos con competencias inspectoras que han de tener la consideración de Inspectores-Jefes, a los efectos de este Reglamento.
1 Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta contenida en un acta de conformidad y los demás actos de liquidación dictados por la Inspección de los Tributos serán reclamables en vía económico-administrativa, previo el recurso de reposición ante el inspector-jefe, si el interesado decidiera interponerlo.
2 En ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario los hechos y los elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que dio su conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho.
Si el interesado hubiese comparecido mediante representante e impugnase la liquidación derivada de un acta por falta o insuficiencia del poder o alegase esta circunstancia acerca de un acta de disconformidad, la liquidación o el acta serán válidas si las actuaciones inspectoras se han practicado observando lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento.
Artículo 61 redactado por la Disposición Final 1ª del R.D. 1930/1998, 11 septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
1. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos.
2. Las actas y diligencias formalizadas con arreglo a las leyes hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización y resulten de su constancia personal para los actuarios.
3. Los actos administrativos cuyo contenido consista en una liquidación tributaria derivada de un acta de la Inspección de los Tributos gozan de presunción de legalidad, conforme al artículo 8.º de la Ley General Tributaria, y por ello son inmediatamente ejecutivos, aunque pueden suspenderse sus efectos, cuando así lo acuerde el Órgano competente, si contra ellos se interpone recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.
1. Las diligencias de la Inspección de los Tributos serán suscritas por los funcionarios o el personal que practique las actuaciones de las que resulten los hechos o circunstancias que se reflejan en aquéllas; o bien, por el Jefe del Equipo o Unidad o el actuario designado al efecto que intervenga en la práctica de tales actuaciones dirigiendo las mismas.
2. Las actas de la Inspección de los Tributos serán firmadas:
a) Por el funcionario o los funcionarios que conjuntamente hayan realizado las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación.
b) Por el actuario o los actuarios que desempeñen un puesto de trabajo de nivel jerárquico superior cuando las actuaciones las hayan realizado en colaboración con distintos funcionarios o personal. En su caso, los resultados de lo instruido individualmente por cada actuario se documentarán en diligencia, suscribiéndose inicialmente el acta en base al conjunto de las actuaciones así practicadas.
Imposición de sanciones tributarias
1 Cuando en el curso del procedimiento de comprobación e investigación se hubieran puesto de manifiesto hechos o circunstancias que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias graves, se procederá a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo previsto en el capítulo V del Real Decreto por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y, en particular, cuando proceda, por lo previsto en el artículo 34 del citado Real Decreto para la tramitación abreviada.
2 A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será competente para acordar la iniciación del expediente sancionador el funcionario, equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuación de comprobación e investigación, con autorización del Inspector-Jefe, quien, en su caso, podrá conceder esta autorización en cualquier momento del procedimiento de comprobación e investigación.
3 La tramitación e instrucción de la propuesta de resolución del expediente podrá encomendarse al funcionario, equipo o unidad a que se refiere el apartado anterior o a otro funcionario, equipo o unidad distinto en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias del caso. En el caso de actuaciones encomendadas a un equipo o unidad, la propuesta será suscrita por el jefe del mismo.
4 Será competente para resolver el expediente sancionador el inspector-jefe.
5 La intervención como representante en el procedimiento sancionador requerirá su acreditación a tal efecto en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 27 de este Reglamento.
6 A efectos de la documentación del expediente sancionador, se incorporarán formalmente al mismo mediante diligencia los datos, pruebas o circunstancias que obren o que hayan sido obtenidos en el expediente instruido con ocasión de las actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria del presunto infractor.
7 Si el contribuyente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, hubiera prestado su conformidad a la propuesta de regularización relativa a la cuota tributaria, recargos e intereses de demora que se le hubiera formulado, en la resolución del expediente sancionador se aplicará una reducción del 30 por 100 del importe de la sanción que, finalmente, se imponga.
8 Con ocasión de la sustanciación del trámite de audiencia, el presunto infractor deberá manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución del expediente sancionador que se le formule, advirtiéndosele de que, de no pronunciarse expresamente al respecto, se considerará que ha manifestado su disconformidad.
9 En el supuesto de que el contribuyente interponga recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación resultante del acta de regularización de su situación tributaria relativa a la cuota, recargos e intereses de demora, firmada en conformidad, quedará sin efecto la reducción por conformidad inicialmente aplicada.
10 Contra el acuerdo de imposición de sanciones cabrá la interposición de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
11 La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida, sin perjuicio de los intereses de demora que procedan, sin necesidad de aportar garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, sin que puedan aquéllas ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.
Capítulo III bis del Título II introducido por la Disposición Final 1.ª del R.D. 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
A partir de: 29 octubre 2004
Artículo 63 bis derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario («B.O.E.» 28 octubre).
1 Cuando los hechos o antecedentes puestos de manifiesto por la Inspección de los Tributos pudiesen ser constitutivos de una infracción tributaria simple, se procederá, en su caso, a la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo dispuesto en el capítulo V del Real Decreto por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
2 A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, serán órganos competentes para acordar la iniciación del expediente sancionador y para su resolución los Directores generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la esfera central, y los Delegados especiales y Delegados de dicha Agencia, así como los Administradores y Administradores de Aduanas e Impuestos Especiales de la misma y los Delegados del Ministerio de Economía y Hacienda, en la esfera territorial. En cuanto a la tramitación e instrucción del expediente, la misma podrá encomendarse al actuario que desarrolló las actuaciones en cuyo procedimiento se pusieron de manifiesto los hechos o actuaciones que pudiesen ser constitutivos de infracción tributaria simple.
3 En lo relativo a la regulación de la representación, los recursos procedentes contra el acuerdo de imposición de sanción y la suspensión de la ejecución de la misma, se estará a lo dispuesto en el artículo 63 bis de este Reglamento.
1 Cuando en el curso de las actuaciones desarrolladas por la Inspección de los Tributos se pusiesen de manifiesto hechos o circunstancias que, recogidas en una diligencia o en un acta, pudiesen determinar la imposición de sanciones no pecuniarias por infracciones tributarias simples o graves, se procederá a la iniciación, en su caso, del correspondiente expediente sancionador, cuya tramitación y resolución se regirá por lo previsto en el capítulo V del Real Decreto por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.
2 A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, los actuarios propondrán la iniciación del expediente sancionador mediante moción dirigida al inspector-jefe, quien, si lo estima procedente, lo elevará, en su caso, al órgano competente para acordar la iniciación del mismo, acompañada de testimonio de la diligencia o del acta extendida y de los demás antecedentes.
3 A los efectos de lo previsto en el apartado 1, serán órganos competentes para acordar y resolver el expediente sancionador los que correspondan de los contemplados en el artículo 27 del Real Decreto por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, en función de la naturaleza de la sanción propuesta.
4 En todo caso, la iniciación del expediente de imposición de las sanciones no pecuniarias se realizará, en su caso, una vez que haya adquirido firmeza la resolución del expediente administrativo del que se derive aquél.
5 En lo relativo a la regulación de la representación, la interposición de recursos o reclamaciones contra la sanción impuesta y la suspensión de la ejecución de la misma, se estará a lo dispuesto en el artículo 63 bis de este Reglamento.
1. El régimen de estimación indirecta de bases tributarias será subsidiario de los regímenes de determinación directa o estimación objetiva singular de bases, así como del régimen de estimación objetiva singular de cuotas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se aplicará cuando la Administración no pueda conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de las cuotas o rendimientos por alguna de las siguientes causas:
a) Que el sujeto pasivo o retenedor no haya presentado sus declaraciones o las presentadas no permitan a la Administración la estimación directa u objetiva de las bases o rendimientos.
b) Que el sujeto pasivo o retenedor ofrezca resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora.
d) Que por causa de fuerza mayor se haya producido la desaparición de los libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos.
Letra d) del número 1 del artículo 64 anulada por sentencia del Tribunal Supremo 22 enero 1993 (Sala 3ª, Sección 2ª). TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 22 Ene. 1993 (Rec. 250/1986) OM 10 May. 1993 (cumplimiento de la Sentencia TS 22 Ene. 1993 dictada en recursos contra el RD 939/1986 de 25 Abr., por el que se aprueba el Regl. General de Inspección de los Tributos)
Se presumirá la omisión de los libros y registros contables cuando no se exhiban a requerimiento de la Inspección de los Tributos.
d) Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documentación facilitada por el interesado no pueda verificarse la declaración o determinar con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.
e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, con arreglo al apartado segundo del artículo 118 de la Ley General Tributaria, que la contabilidad es incorrecta.
3. Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias, la Inspección de los Tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones informe razonado sobre:
b) Situación de la contabilidad y registros obligatorios del interesado.
c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos, de entre los señalados en el artículo 50 de la Ley General Tributaria.
d) Cálculos y estimaciones efectuadas en base a los medios efectivamente elegidos, incluso técnicas de muestreo.
4. El acta incoada incorporará la correspondiente propuesta de liquidación y se tramitará según su naturaleza.
5. Contra la liquidación tributaria resultante del acta, el interesado podrá interponer reclamación económico-administrativa, previo recurso de reposición en su caso. En la reclamación o recurso interpuesto el interesado podrá alegar cuanto estime conveniente a su derecho y plantear la procedencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.
1. Podrán utilizarse métodos indiciarios para la determinación total o parcial de la base imponible en los regímenes de estimación directa u objetiva singular, cuando las normas reguladoras de los distintos tributos establezcan presunciones o señalen criterios de valoración de determinados elementos de la base imponible, que exijan la realización de operaciones de cuantificación fundadas en signos, índices o módulos.
2. Cuando la Inspección de los Tributos haya de utilizar estos métodos indiciarios deberá adjuntar en todo caso al acta incoada informe razonado acerca de la justificación del empleo de tales métodos y de los criterios o módulos utilizados.
3. Cuando la estimación indiciaria comprenda actuaciones de valoración, será de aplicación lo dispuesto respecto de las mismas en este Reglamento.
1. Cuando la Inspección de los Tributos aprecie la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador de carácter administrativo por los mismos hechos mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la Autoridad Judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.
2. Si los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el artículo 349 del Código Penal, la Inspección hará constar en diligencia los hechos y circunstancias determinantes a su juicio de la posible responsabilidad penal.
Si el presunto delito se hallase tipificado en el artículo 350 bis del Código Penal, la Inspección dictará, en su caso, los actos de liquidación que procedan, pero se abstendrá de iniciar el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones simples constituidas por los mismos hechos. La Inspección se limitará a hacer constar en diligencia tales hechos o circunstancias.
La sanción de la Autoridad Judicial excluirá la imposición de sanción administrativa practicando únicamente la Inspección las liquidaciones que procedan en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados, incluyendo los intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización de plazo voluntario de pago y el día en que se practiquen las liquidaciones.
Si la Autoridad Judicial no apreciase la existencia de delito, la Inspección continuará el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados. Para ello, la Inspección dictará las liquidaciones que procedan, incluyendo la sanción correspondiente, o bien iniciará el expediente para la imposición de sanción por infracción simple.
3. La Inspección de los Tributos pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal a través de los Directores generales o Delegados de Hacienda especiales correspondientes, según la naturaleza del Órgano actuante.
Los Delegados de Hacienda especiales y los Directores generales, remitirán las actuaciones o acordarán de forma motivada la continuación de las actuaciones administrativas.
La remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción para la práctica de las liquidaciones administrativas y la imposición de sanciones tributarias.
4. La Inspección de los Tributos auxiliará a la Autoridad Judicial practicando cuantas diligencias ésta le encomiende.
5. Cuando el procedimiento por delitos contra la Hacienda Pública se inicie sin haber intervenido la Inspección de los Tributos, una vez se presente la Autoridad Judicial para formar sumario cesarán las actuaciones que pudiera estar desarrollando la Inspección por los mismos hechos, poniendo a disposición de aquélla los documentos resultantes de lo actuado.
1. Cuando la Inspección de los Tributos del Estado incoe un acta por el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, en virtud de lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 12 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, dicha acta se remitirá directamente por la Inspección al Órgano competente de la Inspección de la Comunidad Autónoma respectiva, por el cual se ejercerán las funciones a que se refiere el artículo 60 de este Reglamento.
2. Cuando la Inspección de los Tributos del Estado conozca hechos o circunstancias con trascendencia tributaria para otras Administraciones, lo hará constar en diligencia de acuerdo con la letra b) del apartado tercero del artículo 47 de este Reglamento.
Dicha diligencia se remitirá directamente el Órgano competente de la Administración Pública correspondiente.
3. Asimismo, cuando la Inspección de una Comunidad Autónoma conozca hechos o circunstancias de idéntica naturaleza actuará conforme a lo previsto en el apartado anterior respecto de la Administración Pública interesada.
4. Los resultados de las actuaciones de la Inspección de los Tributos del Estado realizadas a requerimiento de una Comunidad Autónoma fuera del territorio de esta se documentarán en diligencia o en acta según proceda. El acta tendrá el carácter de previa, cuando recoja elementos desagregados del hecho imponible y se tramitará conforme a lo previsto del modo general en este Reglamento. De dicha acta y de la liquidación, en su caso parcial, que de ella resulte se dará traslado a la Comunidad Autónoma interesada.
1. Si la Inspección de los Tributos advierte que realmente no concurrieron en su momento los requisitos comprobados definitivamente en el expediente para la concesión de un determinado beneficio fiscal, iniciará el expediente de revisión que proceda de acuerdo con los artículos 153, 154 o 159 de la Ley General Tributaria.
Número 1 del artículo 68 anulado por sentencia del Tribunal Supremo 22 enero 1993 (Sala 3ª, Sección 2ª), en cuanto hace referencia al artículo 153 de la Ley General tributaria. TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 22 Ene. 1993 (Rec. 250/1986) OM 10 May. 1993 (cumplimiento de la Sentencia TS 22 Ene. 1993 dictada en recursos contra el RD 939/1986 de 25 Abr., por el que se aprueba el Regl. General de Inspección de los Tributos)
2. La concesión o disfrute de beneficios fiscales de cualquier naturaleza mediante acuerdo o resolución expresa e individualizada se entenderá provisional cuando esté condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el expediente. Salvo disposición expresa en contrario de una Ley, si la Inspección comprueba que no han concurrido tales condiciones o requisitos, practicará de inmediato las liquidaciones que procedan, reputándose revocado o no concedido dicho beneficio fiscal.
3. En sus actuaciones de comprobación e investigación, la Inspección verificará la correcta aplicación por los sujetos pasivos en sus declaraciones-liquidaciones de cualesquiera reducciones, deducciones, exenciones u otros beneficios fiscales y practicará las liquidaciones que procedan.
1 De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 58 de la Ley General Tributaria, se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.
2 La Inspección de los Tributos incluirá estos intereses de demora en las propuestas de liquidación consignadas en las actas y en las liquidaciones tributarias que practique.
3 A estos efectos, si el acta fuese de conformidad, el día en que se entiende practicada la liquidación se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento.
Tratándose de actas de disconformidad, se liquidarán intereses de demora hasta el día en que el inspector-jefe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de este Reglamento, practique la liquidación que corresponda o, si ésta no se hubiera practicado en el plazo previsto en el apartado 4 de dicho artículo, hasta el día en que finalice dicho plazo.
Artículo 69 redactado por la Disposición Final 1ª del R.D. 1930/1998, 11 septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
1. Las actuaciones de valoración realizadas como trámite en un procedimiento ajeno a la Inspección se documentarán a través de un informe, extendiéndose también las diligencias que procedan.
2. Si en el curso de actuaciones de comprobación e investigación han de efectuarse otras de valoración, éstas se documentarán de acuerdo con el apartado anterior incorporándose sus resultado a las actas que procedan por las primeras, sin perjuicio del derecho del interesado a manifestar su disconformidad respecto de la propuesta de liquidación formulada en el acta, instando entonces la corrección de los valores incorporados, así como a impugnar las liquidaciones correspondientes alegando cuanto convenga a su derecho y, en particular, la improcedencia de las valoraciones realizadas.
1. Se podrá extender acta para recoger la propuesta de liquidación dirigida a exigir el pago de la deuda tributaria directamente del responsable solidario:
a) Cuando éste haya tenido intervención o conocimiento inmediato del hecho imponible y hayan podido practicarse con él las actuaciones dirigidas a determinar la deuda tributaria.
b) Cuando la inspección ya conozca los hechos y disponga de los elementos de prueba precisos para determinar la deuda tributaria y establecer el supuesto de responsabilidad, incluso por haberlos obtenido cerca del sujeto pasivo o retenedor.
2. Las actas de conformidad y las liquidaciones resultantes de las distintas actas de la Inspección suscritas con el sujeto pasivo o retenedor se notificarán a los responsables solidarios, cuyas circunstancias consten con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del apartado tercero del artículo 47 de este Reglamento. Si las actas se hubiesen extendido ante un responsable solidario, la notificación anterior se practicará respecto del sujeto pasivo o retenedor y, en su caso, los demás responsables solidarios.
3. Las actuaciones dirigidas a exigir el pago de la deuda tributaria directamente de cualquiera de los responsables solidarios no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás o contra el mismo sujeto pasivo o retenedor, mientras no resulte cobrada la deuda tributaria por completo.
4. Cada uno de los obligados solidariamente frente a la Hacienda Pública podrá utilizar, cuando se le reclame el pago de la deuda tributaria, todos los motivos de impugnación que deriven de la liquidación practicada o de la misma responsabilidad a él exigida.
Ultimada por la Inspección de los Tributos una actuación de comprobación e investigación respecto de un grupo de Sociedades en régimen de declaración consolidada, el Órgano actuante de aquélla practicará la liquidación que proceda conforme a lo dispuesto en el capítulo tercero del título segundo de este Reglamento y determinará así la base y la cuota consolidadas.
Las liquidaciones tributarias resultantes de las actas incoadas se le practicarán al grupo de Sociedades en su condición de sujeto pasivo, sin perjuicio de la condición de la Sociedad dominante como representante del grupo y sujeto infractor por las infracciones tributarias cometidas en el régimen de declaración consolidada.
1. Cuando la Inspección de los Tributos aprecie la existencia de infracciones simples o graves al comprobar la situación tributaria de un sujeto pasivo que al cometerse tales infracciones carecía de suficiente capacidad de obrar en el orden tributario, se incoará expediente sancionador separado en relación con el representante legal, si lo hubiese, del incapaz, en su condición de sujeto infractor.
2. Constará en acta la propuesta correspondiente en orden a sancionar las infracciones graves apreciadas en los supuestos previstos en los apartados primero y segundo del artículo 88 de la Ley General Tributaria, así como cuando sea sujeto infractor una persona o Entidad distinta del sujeto pasivo o retenedor.
Cuando se proponga la imposición de sanciones o se liquiden deudas tributarias en relación con una persona o Entidad, pero como consecuencia del resultado de actuaciones inspectoras cerca de un tercero, aquélla no habrá sido interesada en estas actuaciones pero, en el periodo de alegaciones o al impugnar los correspondientes actos administrativos, podrá oponer todos los motivos de impugnación que estime procedentes, incluso los referentes a la conformidad con el Ordenamiento jurídico de los actos dictados con aquel tercero.
3. Constará en acta, que se tramitará según su naturaleza, la propuesta de la Inspección para la imposición de las sanciones especiales a que se refiere el apartado primero del artículo 20 de la Ley de Impuestos Especiales.
4. La Inspección de los Tributos recogerá en diligencias los hechos constitutivos, en su caso, de las infracciones tipificadas en el artículo 35 de la Ley de Impuestos Especiales. Estas diligencias reflejarán las circunstancias previstas y se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 2442/1985, de 27 de diciembre. Para el descubrimiento de estas infracciones la Inspección gozará tanto de las facultades previstas en general en este Reglamento como de las que le otorga especialmente el artículo 104 del citado Reglamento de los Impuestos Especiales.
Artículo 74 derogado por la letra d) del número 2 de la Disposicion Derogatoria Única del R.D. 1930/1998, 11 septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el R.D. 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos («B.O.E.» 12 septiembre).Vigencia: 13 septiembre 1998
1. Cuando, en el curso de sus actuaciones, la Inspección compruebe que se falsearon las condiciones exigidas en su momento para la concesión de una subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o se ocultaron aquéllas que hubiesen impedido su reconocimiento o bien que en el desarrollo de una actividad subvencionada se han incumplido las condiciones establecidas alterándose los fines para los que la subvención fue concedida, lo hará constar en las correspondientes diligencias proponiendo, en su caso, la incoación de los expedientes o el ejercicio de las acciones que procedan con arreglo al Ordenamiento vigente. La Inspección podrá extender también las comunicaciones e informes que sean convenientes.
2. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 350 del Código Penal, la Administración pasará el tanto de culpa al Órgano Judicial competente o remitirá las actuaciones al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir procedimiento sancionador alguno mientras el Ministerio Fiscal no devuelva las actuaciones o, en su caso, la Autoridad Judicial no dicte sentencia o auto de sobreseimiento firmes.
El procedimiento sancionador de las infracciones administrativas de contrabando se regirá por su legislación específica.
Los Inspectores de los Tributos, cuando actúen en el ámbito de aplicación de los Impuestos de Aduanas, tendrán el carácter de autoridad, de modo igual que los Jefes de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos Especiales, los Administradores de Aduanas y de Puertos Francos y los Interventores de Territorios Francos.
Este Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de los regímenes forales de concierto o convenio.
En el caso del procedimiento de comprobación preferente a que se refiere el artículo 344 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, durante el plazo a que se refiere el apartado cuarto de dicho precepto, la Inspección emitirá informe si estima correcta la declaración de rentas obtenidas. En otro caso, la Inspección incoará las actas que procedan que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.
Cuando las actuaciones no puedan concluirse por causa imputable al representante o a la Entidad no residente, la Inspección hará constar en diligencia tal circunstancia, quedando interrumpido el plazo señalado en el párrafo anterior.
Los Inspectores-Jefes dictarán cuantos actos administrativos de liquidación o de otra naturaleza se deriven de la presentación de una denuncia pública con arreglo a la normativa vigente.
Las notificaciones de la Inspección de los Tributos que no se practiquen en el curso de las mismas actuaciones se realizarán en la forma prevista en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones generales de Derecho Administrativo que sean de aplicación.
En particular, dichas notificaciones podrán practicarse por un funcionario o por personal de la Administración de la Hacienda Pública siempre que quede constancia de la recepción, de la fecha y de la identidad del acto notificado. Si la notificación se realizase por medio de oficio o carta remitidos a través de los servicios públicos postales se procederá en la forma prevista en el artículo 207 del Reglamento de los Servicios de Correos, aprobado por Decreto 1653/1964, de 14 de mayo.
Cuando no conste el domicilio de la persona o Entidad que deba ser notificada o por haberlo cambiado se ignore el paradero de aquélla, la notificación se hará fijándola en el sitio público de costumbre, si lo hubiere, e insertando el acto notificado en el «Boletín Oficial de la provincia. También podrá acordarse que se publique el acto notificado en el «Boletín Oficial del Estado» o en otros diarios oficiales si se juzga necesario.
1. Los artículos 5.º y 7.º del Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias quedan redactados del siguiente modo:
«Artículo 5 procedimiento para la imposición de multas pecuniarias fijas
La imposición de multas pecuniarias fijas, cuando no se realice como consecuencia de una diligencia extendida por la Inspección de los Tributos, se realizará mediante moción o propuesta motivada del funcionario competente o del titular de la unidad administrativa en que se tramite el expediente del que se derive el de sanción.»
«Artículo 7 Actas y diligencias de la Inspección de los Tributos
Cuando la Inspección de los Tributos haga constar en sus actas o diligencias acciones u omisiones constitutivas, en su caso, de infracciones tributarias simples o graves, el procedimiento para sancionar tales infracciones se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos para la tramitación de tales actas o diligencias.»
2. El apartado tercero del Artículo 9.º de dicho Real Decreto queda redactado así:
«3. En la imposición de multas fijas o proporcionales como consecuencia de actuaciones de la Inspección de los Tributos, se dará audiencia a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos para la tramitación de las actas y diligencias.
En particular, las actas de conformidad no requieren audiencia ulterior en su tramitación sin perjuicio de los recursos procedentes contra las liquidaciones derivadas de las mismas. No obstante, si como consecuencia de un acta de conformidad se inicia un expediente sancionador distinto e independiente, se dará audiencia en el mismo al sujeto infractor.»
Las actuaciones inspectoras relativas al Impuesto sobre Sucesiones se regirán por lo dispuesto en este Reglamento.
Lo dispuesto en este Reglamento será de aplicación a las actuaciones de la Inspección de los Tributos posteriores a su entrada en vigor y, en particular, a los documentos que se formalicen después de dicha fecha.
La tramitación de las actas incoadas y de los expedientes iniciados al margen de las actuaciones inspectoras por diligencias formalizadas antes de la vigencia de este Reglamento se efectuará con arreglo a las disposiciones concernientes hasta entonces en vigor.
La aplicación de las reglas anteriores se efectuará con independencia de la fecha de iniciación de las actuaciones inspectoras y de los períodos a que se extiendan las mismas.
Los expedientes de estimación indirecta de bases imponibles iniciados a partir de la vigencia de este Reglamento se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el mismo.
En aquellos supuestos en que resulten aún de aplicación las normas de la Ley General Tributaria vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de aquélla, las correspondientes actas y diligencias de la Inspección de los Tributos se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento sin perjuicio de las siguientes especialidades:
a) Las referencias efectuadas a las infracciones graves deberán entenderse hechas a las de omisión o defraudación según proceda.
b) En las actas se recogerán los criterios de graduación de las sanciones utilizados, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 545/1976, de 24 de febrero.
c) Las sanciones propuestas serán objeto de condonación automática cuando el sujeto pasivo, retenedor o responsable preste su conformidad a la propuesta de regularización que se le formule. Cuando el interesado interponga recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra una liquidación tributaria que comprenda una sanción objeto de condonación automática, al recibir el recurso o remitir el expediente al Tribunal la Inspección dictará acto administrativo de liquidación exigiendo la parte condonada de la sanción.
d) Los intereses de demora se exigirán hasta la fecha del acta.
e) No serán de aplicación los preceptos de este Reglamento relativos a la imposición de sanciones no consistentes en multa o consistentes en multa pecuniaria proporcional no graduable.
La gestión de la desgravación fiscal a la exportación continuará desarrollándose con arreglo al procedimiento regulado en el artículo 13 del Decreto 1255/1970, de 16 de abril.
Tendrán el carácter de previas las actas incoadas respecto del Impuesto sobre el lujo en tanto no haya sido objeto de comprobación la cifra de ventas de la Empresa a efectos de los Impuestos Generales sobre ventas o sobre los beneficios empresariales.
El presente Reglamento entrará en vigor el día 1 de junio de 1986.
Además de las que procedan por autorizaciones contenidas en el articulado de este Reglamento, el Ministro de Economía y Hacienda deberá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de aquél, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno en los términos previstos en el apartado segundo del artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias anteriores y desde la entrada en vigor del presente Reglamento quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo dispuesto en él.
- La Real Orden de 13 de julio de 1926, con las modificaciones introducidas por la Real Orden de 19 de noviembre del mismo año, por la que se aprobó el Reglamento de la Inspección, salvo lo dispuesto en los artículos 73, 74, 88 y 89.
- La Real Orden de 23 de septiembre de 1927 sobre habilitación de horas en la Inspección de algunas industrias, a efectos de la Contribución Industrial.
- La Real Orden de 23 de septiembre de 1927 sobre modo de iniciar su actuación los inspectores del Tributo y acta de invitación.
- La Real Orden de 4 de febrero de 1928 sobre inspección en establecimientos dependientes de los ramos de Guerra y Marina.
- La Orden de 15 de junio de 1934 sobre ejercicio de la Inspección de los Tributos.
- El Decreto de 5 de diciembre de 1941 sobre coordinación de los servicios de Sello y Timbre con el Impuesto de Derechos Reales.
- La Orden de 31 de marzo de 1943 sobre actas de invitación a las Corporaciones Locales.
- El Decreto de 26 de mayo de 1943 sobre coordinación de la Inspección de los Tributos.
- La Orden de 10 de abril de 1954 sobre normas de inspección.
- La Orden de 18 de diciembre de 1954 sobre actas de invitación.
- La Orden de 14 de febrero de 1958 sobre régimen de coordinación de la Inspección de los Tributos.
- El Decreto 2137/1965, de 8 de julio, sobre actuaciones de la Inspección y la Orden de 16 de agosto de 1965.
- La Orden de 13 de julio de 1966 sobre actas de rectificación en el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.
- La Orden de 31 de mayo de 1968 por la que se desarrollaban los artículos 21 y 22 del Decreto-ley de 27 de noviembre de 1967.
- La Orden de 20 de mayo de 1969 sobre inspección de la Tasa Fiscal por rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
- El Decreto 2062/1974, de 4 de julio, sobre funcionamiento de la Inspección de Aduanas, y la Orden de 10 de abril de 1975.
- El Decreto 1920/1976, de 16 de julio, sobre régimen de determinadas liquidaciones tributarias, así como la Orden de 22 de noviembre de 1976.
- El Real Decreto 2077/1984, de 31 de octubre, sobre régimen de determinadas actuaciones de la Inspección de los Tributos y de las liquidaciones tributarias derivadas de las mismas.
- La Orden de 23 de diciembre de 1971 sobre inspección de los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- La Orden de 28 de febrero de 1976 sobre tramitación de actas de constancia de hechos en relación con los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- La Orden de 31 de enero de 1977 por la que se aprueban los modelos de actas de la Inspección en los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
C) Los artículos 296 y 297; así como los apartados primero, segundo y tercero del artículo 162 y el apartado segundo del artículo 266 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre.
- El apartado cuarto del artículo noveno del Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias.
- Los artículos 4.º, 7.º, 8.º, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 del Real Decreto 1547/1982, de 9 de julio, por el que se desarrolló parcialmente la Ley 34/1980, de reforma del procedimiento tributario.
3. Se entenderán, en particular, modificados con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento:
A) Los artículos 168, 169 y 344 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
B) Los artículos 83 y 84 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre.
C) Los apartados primero y segundo del artículo cuarto del Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias.

References: artículo 12
 artículo 30
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 154
 artículo 38
 artículo 128

Artículo 49
 artículo 34
 artículo 65
 artículo 63
 artículo 20

Artículo 56
 artículo 146
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 59
 artículo 140
 artículo 60
 artículo 27

Artículo 61
 artículo 8
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 34
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 21
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

Artículo 63
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 63
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 118
 artículo 50
 artículo 349
 artículo 350
 artículo 12
 artículo 60
 artículo 47
 artículo 68
 artículo 153
 resolución 
 artículo 58
 artículo 60
 artículo 60

Artículo 69
 artículo 47
 artículo 88
 artículo 20
 artículo 35
 artículo 105
 Real Decreto 
 artículo 104

Artículo 74
 artículo 350
 artículo 344
 Real Decreto 
 artículo 80
 artículo 207
 Real Decreto 
 Artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 130
 Real Decreto 
 artículo 162
 artículo 266
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