Source: https://www.idluam.org/blog/ts-procedimiento-sancionador-2/
Timestamp: 2020-06-07 03:24:43+00:00

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By IDL-UAM13 abril, 2020 No Comments
STS 325/2020. El acto sancionador que sustituye uno anulado por sentencia no se enmarca en un procedimiento administrativo sancionador, sino en el de ejecución de sentencias.
STS 325/2020, de 5 de marzo. La empresa SUMINISTROS MARVAL S.L. interpone recurso de casación frente a la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado por la mercantil contra la resolución de la CNMC que le impuso una multa como responsable de una infracción del art. 1 LDC en ejecución de la sentencia del TS de 28 de julio de 2016.
La AN desestimó la sentencia considerando que el nuevo acto no podía computarse a los efectos de duración del procedimiento sancionador, el cual habría caducado, ya que la nueva resolución de la CMNC no es un nuevo procedimiento administrativo sancionador, sino un acto para la ejecución de la sentencia del TS de 26 de julio de 2016.
En primer lugar, el TS recuerda su doctrina establecida en la sentencia del 30 de septiembre de 2019. La nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de acuerdo con los criterios de la sentencia que anuló el acto anterior debe llevarse a cabo con los plazos establecidos para la ejecución de las sentencias (art. 104 LJCA). Según el TS, no son de aplicación los plazos del procedimiento administrativo sancionador dado que el cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora no exige que se inicie un nuevo procedimiento. Por lo tanto no es un acto que ponga fin al procedimiento sancionador, sino un acto dictado en ejecución de sentencia.
Dictada la nueva resolución por la CMNC la parte puede impugnarla en el incidente de ejecución de sentencia (arts. 103.4 y 5 y 109 LJCA), no siendo necesario un recurso contencioso-administrativo.
Sin embargo, concluye el TS que, aunque no sea un acto administrativo, ello no supone la ausencia de plazo para dictar la resolución que fija la nueva cuantía. En primer lugar, se impone el límite general de la figura de la prescripción de la infracción y, aparte, la ejecución de las sentencias debe llevarse a cabo en los plazos establecidos (art. 104 LJCA). Y, por último, el TS establece que si los plazos son incumplidos se puede instar su ejecución forzosa o la ejecución subsidiaria (arts. 104.2, 108 y 109 LJCA). Pero en ningún caso supondrá una retroacción del procedimiento y la tramitación de uno nuevo, sino que se trata de un acto de ejecución de sentencia al que no se le aplican las normas del procedimiento administrativo sobre caducidad.
Por todo ello, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por SUMINISTROS MARVAL S.L.
Texto completo en CENDOJ (STS 743/2020 – ECLI:ES:TS:2020:743).
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