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Timestamp: 2017-01-20 13:51:24+00:00

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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado y establece:
I. Los sujetos de responsabilidades en el servicio público tanto estatal como municipal;
IX. La indemnización por daños ocasionados por los servidores públicos, y
Artículo 2°.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos mencionados en el Artículo 105 de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que recauden, manejen, administren o resguarden recursos económicos estatales, municipales o federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus Municipios.
Artículo 3°.- Para los efectos y aplicación de la presente Ley, son Autoridades Competentes:
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
III. La Contraloría Interna, a la que se denominará la Contraloría;
IV. Los Ayuntamientos, los Presidentes Municipales y los órganos de control interno de las Administraciones Públicas Municipales;
V. La Auditoría Superior del Estado;
Artículo 4°.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley y las responsabilidades de carácter penal o civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una misma conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Artículo 5°.- Cuando. la Comisión Estatal de Derechos Humanos detecte actos u omisiones que ameriten ser sancionados en los términos de esta Ley, lo hará del conocimiento de las Autoridades Competentes, para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Artículo 6o.- En la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, se establecerán los órganos estatales y municipales competentes para substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y para la aplicación de sanciones a los miembros de las instituciones policíacas, de tránsito y de readaptación social, en los términos de esta Ley.
Los órganos previstos en el párrafo anterior remitirán a la Contraloría copia de las resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones por responsabilidad administrativa, a efecto de inscribirlas en el registro de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados.
Artículo 7°.- Las Autoridades Competentes, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, podrán emplear indistintamente los siguientes medios de apremio y correcciones disciplinarias:
II. Auxilio de la fuerza pública;
Artículo 8°.- Para todo lo no previsto en esta Ley se observarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, a excepción del Título Segundo, para el cual se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales.
PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACION DE PROCEDENCIA
Artículo 9°.- Son sujetos de Juicio Político los servidores públicos que se señalan en el Artículo 110 de la Constitución Política del Estado.
Artículo 10.- Es. procedente el Juicio Político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior dañen gravemente los intereses públicos fundamentales.
Artículo 11.- Dañan gravemente los intereses públicos fundamentales:
IV. Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal y demás normatividad aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, incluyendo los recursos señalados en el Artículo 2° de esta Ley;
V. El ataque al ejercicio de sufragio;
VI. La usurpación de atribuciones;
VII. Cualquier acción u omisión intencional que origine una infracción a la Constitución Política Local o a las leyes estatales, cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus Municipios o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VIII. Provocar en forma dolosa las causas de suspensión o desaparición de los Ayuntamientos o de suspensión o revocación de alguno de sus miembros, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal;
IX. Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y las leyes que de ellas emanen.
Artículo 12.- Igualmente, procede el Juicio Político contra el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, Consejeros de la Judicatura Estatal por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en los términos del Artículo 110 de la propia Constitución Federal.
DEL PROCEDIMIENTO Y SANCIONES EN EL JUICIO POLÍTICO
(REFORMADO, P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 2010)
Artículo 13.- Se concede acción popular para formular por escrito denuncias ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley, las cuales deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y fundarse en elementos de prueba que hagan presumir la ilicitud de la conducta del servidor público. Cuando se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notificación personal al denunciante, para que los satisfaga en un plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la denuncia.
El ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o manifiesten hechos falsos, será responsable en los términos que establecen las leyes respectivas
Artículo 14.- El Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y después de la conclusión de sus funciones en los términos del Artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Las sanciones correspondientes se aplicarán en el período que señale la propia Constitución.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal.
Artículo 15.- Corresponde. al Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al Juicio Político actuando como órgano investigador y de acusación, y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia fungir como jurado de sentencia.
Artículo 16.- El Congreso del Estado substanciará el procedimiento del Juicio Político por conducto de la Comisión Jurisdiccional, la cual se integrará y funcionará de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.
Artículo 17.- Presentada la denuncia ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado y ratificada dentro de los tres días hábiles siguientes al de su presentación, ésta se turnará con la documentación que la acompañe a la Asamblea del Congreso, para que el Pleno proceda a la integración de la Comisión Jurisdiccional.
La Comisión Jurisdiccional, dentro del término de cinco días hábiles, determinará:
I. Si el denunciado es servidor público en los términos del Artículo 9° de la presente Ley;
II. Si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida daña gravemente los intereses públicos fundamentales; y
III. Si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.
Artículo 18.- Si la denuncia no satisface los requisitos señalados en las tres fracciones del Artículo 17, la Comisión Jurisdiccional emitirá un dictamen en el que se establezca la improcedencia de la denuncia. El dictamen será turnado al Pleno del Congreso para su resolución definitiva, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de remisión.
Si la Comisión Jurisdiccional resuelve que la denuncia es procedente, emplazará al denunciado para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga, compareciendo o informando por escrito a su elección, el día y hora señalados en la propia notificación. En todo emplazamiento deberá correrse traslado al denunciado con copias de la denuncia y de los demás documentos que la integren.
El servidor público denunciado podrá nombrar un defensor que lo represente en todas las diligencias del procedimiento o en su defecto contará con un defensor de la Coordinación de Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado designado por el propio Congreso.
Artículo 19.- La Comisión Jurisdiccional, con vista de lo manifestado por el denunciado en su informe o comparecencia, practicará las diligencias e investigaciones necesarias y notificará al denunciante y al denunciado la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, la cual deberá desahogarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Lo anterior será aplicable en lo conducente, aún si el denunciado no manifiesta lo que a su derecho covenga dentro del término concedido para tal efecto.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Comisión Jurisdiccional emitirá el dictamen correspondiente.
Artículo 20.- Si de las constancias existentes se desprende que el denunciado no es responsable de los actos u omisiones imputados, la Comisión Jurisdiccional en su dictamen propondrá a la Asamblea se declare no ha lugar a proceder en contra del servidor público.
Artículo 21.- Si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión Jurisdiccional establecerá en su dictamen:
I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado, y
II. La propuesta de sanción que deba imponerse.
Artículo 22.- Emitido el dictamen fundado y motivado por la Comisión Jurisdiccional se convocará dentro de los dos días hábiles siguientes a la Asamblea del Congreso del Estado para la celebración de Sesión Plenaria, en la cual una vez analizado en segunda audiencia el dictamen y las constancias existentes, y escuchando al servidor público denunciado o a su defensor, el Pleno declarará por no menos de las dos terceras partes de sus miembros, si ha lugar a procedimiento ulterior.
Artículo 23.- En. caso de que el Congreso del Estado declare que ha lugar a procedimiento ulterior, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá remitirse el expediente que contenga la acusación y todas las constancias del procedimiento. La Comisión Jurisdiccional Instructora continuará el procedimiento correspondiente ante el propio Tribunal.
Lo señalado en el presente Artículo será aplicable si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace la declaratoria correspondiente, en los términos del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los servidores públicos y por las causas a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.
Artículo 24.- El Tribunal Superior de Justicia, una vez recibido el expediente y dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, dictará el auto de radicación correspondiente y lo notificará personalmente o por oficio a la Comisión Jurisdiccional y al acusado, para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.
Artículo 25.- Transcurrido el término señalado en el Artículo anterior y dentro de los diez días hábiles siguientes, el Tribunal Superior de Justicia en Pleno erigido en Jurado de Sentencia, dictará por mayoría absoluta de votos resolución absolutoria o condenatoria y, en su caso, la sanción correspondiente.
Si la resolución del Tribunal es absolutoria se denegará la declaración de inhabilitación y/o destitución.
Artículo 26.- Si la resolución del Tribunal es condenatoria, se sancionará al servidor público, si está en funciones, con destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones públicas por un período de uno hasta veinte años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.
La resolución se notificará personalmente o por oficio al acusado y se comunicará al Congreso del Estado para su publicación en el Periódico Oficial.
Artículo 27.- Toda resolución del Tribunal que establezca que la denuncia fue producida con falsedad, deberá condenar al denunciante, cuando este sea un particular, a cubrir los honorarios y gastos ocasionados por gestiones, pruebas y actuaciones a cargo del denunciado.
La presente disposición deberá hacerse del conocimiento del denunciante al momento en que este ratifique su denuncia.
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE PROCEDENCIA
Artículo 28.- Cualquier ciudadano podrá presentar ante el Congreso del Estado denuncia o querella, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos mencionados en el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado. Igualmente se podrá iniciar este procedimiento a solicitud del Ministerio Público.
Artículo 29.- Cuando se presente denuncia o querella por cualquier ciudadano o por requerimiento del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba, cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal, y a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos mencionados en el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado, se actuará, en lo correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo anterior de esta Ley.
La Comisión Jurisdiccional una vez practicadas, previa audiencia del acusado, todas las diligencias conducentes para establecer la probable existencia del delito, la presunta responsabilidad y la subsistencia o no del fuero constitucional, rendirá un dictamen en un plazo que no excederá de diez días hábiles.
Al día siguiente de emitido el dictamen, se convocará para que dentro de los siguientes dos días hábiles se reúna la Asamblea Plenaria del Congreso del Estado, a fin de que ésta, con base en el dictamen y en las constancias del caso y una vez escuchados los argumentos del acusado o de su defensor, del denunciante o en su caso del Ministerio Público, proceda a declarar por mayoría absoluta de sus miembros, si ha o no lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
Artículo 30.- En el caso de que la Asamblea Plenaria del Congreso del Estado efectúe la declaración para proceder penalmente, el servidor público será privado del fuero, y quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los Tribunales competentes.
La propia Asamblea, a través de la Comisión Jurisdiccional, notificará dicha declaración mediante oficio al inculpado, al denunciante o querellante y al Ministerio Público, quien podrá solicitar las medidas precautorias conducentes, de conformidad con la legislación penal.
Artículo 31.- Si a juicio de la Comisión Jurisdiccional, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo notificará de inmediato a la Asamblea Plenaria del Congreso del Estado, para que ésta confirme la improcedencia o resuelva si se continúa el procedimiento.
Artículo 32.- En caso de que la Asamblea Plenaria del Congreso del Estado declare que no ha lugar para proceder penalmente contra un servidor público, no se podrá seguir un procedimiento ulterior por la misma causa mientras subsista el fuero.
Artículo 33.- Cuando se haya iniciado proceso penal en contra de alguno de los servidores públicos mencionados en el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado, sin haber agotado el procedimiento para la declaración de procedencia establecido en este Capítulo, el Congreso del Estado o en su caso la Diputación Permanente librará oficio al Juez o Tribunal que conozca del asunto a fin de que se suspenda el procedimiento.
Artículo 34.- En lo concerniente al Gobernador del Estado, sólo habrá lugar a acusarlo en los términos del Artículo 106 de la Constitución Política del Estado, en cuyo caso se resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Artículo 35.- El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no cabe la gracia del indulto.
Artículo 36.- Si el delito que se impute a algún servidor público se hubiere cometido antes de que ejerza el cargo, se estará al procedimiento establecido en los Artículos anteriores de este Capítulo.
Artículo 37.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los señalados en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 38.- Para proceder penalmente por la comisión de delitos de orden federal, contra el Gobernador del Estado, Diputados Locales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, Consejeros de la Judicatura Estatal, en los términos del Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado al recibir de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la declaración correspondiente procederá, conforme a sus atribuciones y en los términos de esta Ley, al retiro del fuero que la Constitución del Estado otorga a tales servidores públicos y a la separación del cargo en tanto esté sujeto a proceso penal.
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPÍTULOS II Y III DE ESTE TÍTULO
Artículo 39.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del Estado y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia son inatacables.
Artículo 40.- El Congreso del Estado enviará a la Comisión Jurisdiccional respectiva las denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se le presenten.
Artículo 41.- No podrán dispensarse los trámites establecidos en los Capítulos II y III de este Título.
Artículo 42.- El Congreso del Estado o el Tribunal Superior de Justicia del Estado, no podrán erigirse en órgano de acusación o jurado de sentencia, respectivamente, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público ha sido citado.
Artículo 43.- No votarán los Diputados que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público. Tampoco podrán hacerlo los Diputados que hayan aceptado el cargo de defensor, aún cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercerlo.
Artículo 44.- En el Juicio Político los acuerdos y determinaciones del Congreso del Estado o del Tribunal Superior de Justicia, se tomarán en sesión pública o secreta, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general.
Artículo 45.- El Congreso del Estado para el debido cumplimiento de sus atribuciones y para hacer respetar sus determinaciones, podrá emplear los medios de apremio señalados en esta Ley, mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva.
Artículo 46.- Las declaraciones o resoluciones dictadas por el Congreso del Estado y por el Tribunal Superior de Justicia, se comunicarán al Ejecutivo del Estado para efecto de su publicación en su caso, en el Periódico Oficial del Estado; al Ministerio Público, al servidor público o a quien hubiere hecho la acusación y, en su caso, se harán también del conocimiento del órgano público al que pertenezca el acusado.
De igual forma se comunicarán a la Contraloría a efecto de su inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados.
Artículo 47.- En el caso de las declaratorias a que hacen referencia los Artículos 110 y 111 de la Constitución Federal, se aplicarán en lo conducente las disposiciones previstas en este Título.
Artículo 48.- En todo lo no previsto en este Título se observarán supletoriamente en lo aplicable las reglas que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.
RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LOS SUJETOS DE RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 49.- Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el Artículo 2° de esta Ley.
II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos;
III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que están afectos;
(REFORMADA, P.O. 29 DE JUNIO DE 2013)
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la revelación, el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de aquéllas;
V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos y particulares las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, conductas abusivas, violencia, vejaciones o insultos;
VII. Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
VIII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública Estatal o Municipal en que preste sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba.
Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a cualesquiera de las autoridades señaladas en el Artículo 3° de la presente Ley, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la autoridad que corresponda, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior jerárquico acerca de este acto;
IX. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o después de concluido el período para el cual se le designó o de haber sido cesado, suspendido o destituido por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, o ejerza funciones que no le correspondan, o las abandone sin causa justificada.
Abstenerse, cuando ha sido nombrado por tiempo limitado, de continuar ejerciendo sus funciones después de cumplido el término para el cual se le nombró, excepto en los casos en que las leyes o normas establezcan la obligación de esperar a que se presente el substituto;
X. Abstenerse de autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un período de 365 días calendario, así como de otorgar indebidamente licencia, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan; o por cualquier pretexto, obtener de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio;
XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba;
XII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
XIV. Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;
XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero u objeto mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Para los efectos del párrafo anterior no se considera a los que reciba el servidor público en una o más ocasiones de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a doscientas veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado;
XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado o Municipio le otorgan por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;
XVII. Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII. Cuando al asumir el servidor público el cargo o comisión de que se trate ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública alguna de las personas comprendidas dentro de la restricción prevista en esta fracción, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por estos últimos. En este caso el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir en cualquier forma respecto de la promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para éstos;
XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad las manifestaciones de bienes, inicial, anual y de conclusión de cargo, en los términos establecidos por esta Ley;
XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de las autoridades señaladas en el Artículo 3° de la presente Ley, conforme a la competencia de éstas;
XX. Supervisar que los servidores públicos que le estén subordinados cumplan con las disposiciones de este Artículo; e informar por escrito ante el superior jerárquico u órgano de control interno, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas, sistemas y procedimientos administrativos y de control establecidos o que al efecto se expidan, conforme a las leyes en la materia;
XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que ésta pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan;
XXIII.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, o sea miembro de la sociedad controladora de la misma, sin la autorización previa y específica de la Contraloría cuando sea procedente, a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia u organismo del sector paraestatal de la Administración Pública Estatal o Municipal.
XXIV. Cumplir con la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros del despacho a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas y ordenamientos aplicables que al efecto se expidan;
XXV. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales o municipales, o por irregularidades en el manejo, administración, ejercicio o pago de recursos económicos y del gasto público del Estado o Municipios; o de los transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o sus Municipios;
XXVI. Abstenerse de impedir, por sí o por interpósita persona, o inhibir utilizando cualquier medio de intimidación, la formulación de quejas y denuncias; o con motivo de las mismas realizar cualquier conducta injusta u omitir una causa justa y debida que lesione los intereses de los quejosos o denunciantes o de las personas que guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo con éstos. Así mismo, de desestimar, rezagar o desechar queja o denuncia en contra de algún servidor público, cuando ésta reúna los requisitos y formalidades establecidas en la presente Ley o mostrar parcialidad en el trámite de la misma;
XXVII. Abstenerse de otorgar en contravención a las leyes, normas, sistemas y procedimientos establecidos, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, estimaciones, franquicias, exenciones, finiquitos o liquidaciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y prestación de servicios de cualquier naturaleza; colocación o transferencia de fondos y valores con recursos económicos públicos o su otorgamiento indebido, sin la documentación comprobatoria o los asientos contables, bancarios y financieros correspondientes;
XXVIII. Custodiar, vigilar, proteger, conservar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión y evitar que en cualquier forma se propicien daños, pérdidas o sustracciones a los mismos, incluyendo la automatización de la información de sistemas y programas de informática que se establezcan, así como llevar los catálogos y actualizar inventarios de dichos bienes y sistemas de informática, conforme a las normas y procedimientos establecidos en las leyes de la materia;
XXIX. Abstenerse de otorgar por sí o por interpósita persona, contratos de prestación de servicios profesionales, civiles, mercantiles, laborales, de servicios relacionados con la obra pública, asesorías y consultorías o de cualquier otra naturaleza que sean remunerables a sabiendas de que no se prestará o se incumplirá con el servicio contratado, o éste fuere innecesario. Igualmente deberá abstenerse de otorgar, permitir o autorizar concesiones de prestación de servicios públicos, permisos, licencias, autorizaciones de contenido económico, franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre contribuciones fiscales o sobre precios y tarifas de bienes y servicios prestados por la Administración Pública Estatal o Municipal sin observar las disposiciones legales aplicables en la materia correspondiente, que produzcan beneficios económicos al propio servidor público, a terceros o a las personas señaladas en la fracción XIII de este Artículo;
XXX. Abstenerse de expedir cualquier identificación o constancia en la que se acredite como servidor público a cualquier persona que no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicho documento;
XXXI. Abstenerse de utilizar la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público para realizar por sí o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido para él o alguna de las personas mencionadas en la fracción XIII de este Artículo. Esta prevención es aplicable al servidor público hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;
XXXII. Abstenerse de promover o gestionar por sí o por interpósita persona la tramitación o resolución de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios para sí, a terceros o para cualquiera de las personas señaladas en la fracción XIII de este Artículo. Así como aceptar o ejercer consignas, presiones, encomiendas, comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona que no corresponda a su situación laboral o administrativa; o inmiscuirse en funciones que no le competan por disposición de Ley, y produzcan beneficios para sí o para terceros;
XXXIII. Abstenerse de solicitar o recibir indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones;
XXXIV. Abstenerse de utilizar fondos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de terceros, o con el fin de denigrar a cualquier persona;
XXXV. Abstenerse de distraer o desviar recursos económicos públicos, bienes muebles o inmuebles o cualquier otro bien o derecho perteneciente al Estado o Municipio, ya sea para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa; o hiciere un pago ilegal;
XXXVI. Abstenerse de aumentar su patrimonio ilícitamente, o no comprobar la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto a los cuales se conduzca como dueño;
XXXVII.-Proporcionar o suministrar oportunamente los datos, la información y los documentos relacionados con la administración y ejercicio de las finanzas públicas, y no obstaculizar la práctica de visitas, inspecciones o auditorías y el acceso a los archivos, que le requieran las autoridades competentes en las formas, términos y condiciones señaladas en la Ley de Administración Financiera para el Estado y la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Nuevo León;
XXXVIII. Formular las observaciones pertinentes e informar a sus jefes inmediatos sobre las irregularidades o los ilícitos detectados, que puedan dar origen al fincamiento y determinación de responsabilidades, o a la presentación de denuncias penales, derivadas de las inspecciones, revisiones o auditorías internas o externas que se practiquen conforme a sus funciones en los procedimientos de fiscalización, control y evaluación gubernamental;
XXXIX. Abstenerse de retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia y procuración de justicia, o negar de igual forma el uso de la fuerza pública legalmente requerida para prestar servicios de auxilio, o violar intencionalmente los procedimientos judiciales en el ejercicio de la administración y procuración de justicia;
XL. Abstenerse de consentir o intervenir en la ejecución de infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley que Regula las Características, Uso y Difusión del Escudo del Estado de Nuevo León;
XLI. Abstenerse, en el caso de servidores públicos del Poder Judicial o de los Tribunales Administrativos, de ser abogado de terceros, apoderado en negocios ajenos, asesor, árbitro de derecho o arbitrador; de tener cargo o empleo alguno en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, o en los Municipios, o de particulares, salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. Dichos impedimentos serán también aplicables a los servidores públicos del Poder Judicial y de Tribunales Administrativos que gocen de licencia;
XLII. Informar por escrito a su superior jerárquico cuando tenga conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de hechos en los que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses del Gobierno del Estado o Municipio; o evitarlo si está dentro de sus facultades;
XLIII. Abstenerse de realizar acciones tendientes a obtener fondos, valores o bienes, que no se le hayan confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente para sí, para terceros o para las personas señaladas en la fracción XIII de este Artículo; XLIV. Abstenerse de coaligarse para tomar medidas contrarias a una Ley o Reglamento, impedir su ejecución, o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender las actividades normales de la Administración Pública Estatal o Municipal;
XLV. Abstenerse de dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen; o dictar resolución de fondo o sentencia incidental o definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la Ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado, u omitir dictar resolución de trámite, de fondo o sentencia definitiva, dentro de los términos legales establecidos; así como admitir a trámite promociones notoriamente infundadas que impliquen retraso en los procedimientos judiciales o administrativos; e impedir que las partes en controversia ejerzan los derechos que legalmente les correspondan por parcialidad con alguna de las mismas;
XLVI. Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación de persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito y ejercitar la acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella o detener o retener a un individuo por más tiempo del señalado en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XLVII. Abstenerse de hacer declarar al inculpado usando la incomunicación, intimidación o tortura; de no otorgar la libertad caucional si procede legalmente; de no tomar la declaración preparatoria o dictar auto de formal prisión o libertad en los plazos legalmente establecidos; o de prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la Ley;
XLVIII. Abstenerse de imponer gabelas o contribuciones, o cobros indebidos en cualquiera de los lugares de detención o internamiento de las personas; ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la Ley, o realizar la aprehensión de un individuo en contravención a las disposiciones constitucionales establecidas;
XLIX. Abstenerse de iniciar un proceso penal contra un servidor que goza de fuero constitucional, sin haber retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por esta Ley;
(F. DE E., P.O. 19 DE MARZO DE 1997)
L. Abstenerse por sí o por interpósita persona de rematar bienes en litigio o del patrimonio del Estado o Municipios a favor de sí mismos o de las personas señaladas en la fracción XIII de este Artículo, en cuyo juicio o procedimiento hubieren intervenido; de admitir o nombrar un depositario o entregar a éste bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;
LI. Abstenerse de dar a conocer indebidamente al demandado o acusado, las providencias de embargo, las órdenes de aprehensión y actos reservados por la Ley decretados en su contra; de nombrar síndico o interventor en concurso o quiebra a personas que sean deudores o acreedores de los mismos, abogados o personas que tengan parentesco con las personas afectadas;
LII. Abstenerse de permitir indebidamente la salida temporal de personas que están recluidas, y no ordenar la libertad de procesados decretando su sujeción a proceso, cuando el acusado tenga la modalidad de una pena alternativa o pena no privativa de la libertad;
LIII. Abstenerse de emplear violencia para hacer efectivo un derecho, o pretender el mismo con violencia innecesaria en el ejercicio de su encargo;
LIV. Abstenerse de emitir opinión a terceros o a cualesquiera de las partes, que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;
LV. Abstenerse de ejecutar cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Constitución Local, debiendo conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos;
LVI. Observar, en las funciones encomendadas de seguridad pública, tránsito, procuración y administración de justicia, la eficaz prestación de auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o a las que hayan sido víctimas de algún delito; así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho;
LVII. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo, o abstenerse de desempeñar sus funciones con actitud despótica o de prepotencia;
LVIII. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos de sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, deberá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;
LIX. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario o delimitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en el ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
LX. Observar en las funciones de seguridad pública, tránsito, administración y procuración de justicia, el cuidado de la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición de la autoridad competente, así como atender con la diligencia encomendada, en operativos de coordinación con otras autoridades, y brindarles en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
LXI. Preservar el secreto de los asuntos de seguridad pública que por razón del desempeño de su función conozcan, con las excepciones que determine la Ley;
LXII.- Cumplir con las obligaciones y abstenerse de cometer las prohibiciones señaladas en la Ley Orgánica de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado, la Ley Seguridad Pública del Estado, y demás leyes, convenios o Acuerdos de Coordinación que se establezcan y que por razón de su encargo, empleo o comisión se le hayan encomendado a su función;
(REFORMADA P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2005)
LXIII.- Desempeñar su función pública sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas por la Ley. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción; (REFORMADA, P.O. 29 DE JUNIO DE 2013)
LXIV.- Abstenerse de otorgar licencias o permisos en materia de desarrollo urbano en contravención a las leyes, normas, sistemas y procedimientos establecidos en zonas de riesgo. En los demás casos, se estará a lo que establezcan las demás disposiciones de esta Ley;
LXV.- Abstenerse de colaborar, participar, encubrir o facilitar la distribución, venta o comercialización de bebidas alcohólicas en contravención de las disposiciones establecidas en la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León;
LXVI.- Denunciar ante la autoridad competente las conductas relacionadas con actos de corrupción,
(ADICIONADA [REFORMADA], P.O. 15 DE ABRIL DE 2016)
LXVII.- Abstenerse de asignar o permitir la asignación de funciones de policía a persona que no cuente con Certificado con efectos de Patente Policial expedido por la Universidad de Ciencias de la Seguridad, la contravención a las disposiciones de Ley y las violaciones sistemáticas a esta fracción se considerarán graves; y
LXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o administrativas.
(ADICIONADO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2013)
Artículo 50 Bis.- Se considerarán como actos de corrupción, los actos u omisiones cometidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones o funciones que contravengan cualquier obligación de las señaladas en el Artículo 50 de la presente Ley, siempre que obtenga o pretenda obtener un beneficio de valor económico o de cualquier otro tipo, tales como dadivas, favores o ventajas, para sí mismo o para un tercero, o aceptar la promesa de tales beneficios, a cambio de realizar o abstenerse de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones.
DE LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 51.- Se incurre en responsabilidad administrativa por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generales a que se refiere el Artículo anterior y dará lugar a la instrucción del procedimiento de responsabilidades establecido en esta Ley y, en su caso, a la sanción correspondiente, independientemente de las obligaciones específicas inherentes a su empleo, cargo o comisión y de los derechos y obligaciones laborales de los servidores públicos.
Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos establecidas en este Título serán de naturaleza disciplinaria, administrativa y económica.
Artículo 53.- Las sanciones disciplinarias consistirán en el apercibimiento y en la amonestación.
El apercibimiento es la llamada de atención dirigida al responsable, conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida. La amonestación es la advertencia hecha al infractor, sobre las consecuencias de la conducta cometida, excitándolo a la enmienda y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de reincidencia.
Ambas sanciones podrán ser públicas o privadas. Las públicas se harán constar en el expediente personal del sancionado y se inscribirán en el Registro señalado en el artículo 94 de esta Ley. Las privadas se comunicarán de manera verbal o por escrito y no se harán constar en el expediente y registro antes aludidos.
Artículo 54.- Las sanciones administrativas consistirán en:
IV.- (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004.)
Artículo 55.- Las sanciones económicas consistirán en resarcitorias y multas.
Las sanciones resarcitorias tienen como propósito reparar o indemnizar los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal. La multa es la sanción pecuniaria que se impone por la infracción de cualquiera de las disposiciones de la presente Ley, sin el propósito de resarcir los daños y perjuicios causados.
Artículo 56.- Las sanciones económicas se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, de acuerdo a su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día que fue impuesta, conforme al siguiente procedimiento:
I. La cantidad líquida de la sanción económica impuesta se dividirá entre el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado el día de su imposición y,
II. El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado al día del pago de la sanción.
Artículo 57.- Para la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias y económicas, independientemente de la individualización de los aspectos y circunstancias señalados en el Artículo 86 de esta Ley, la autoridad competente se sujetará a los siguientes lineamientos:
I.- Cuando exista lucro o beneficio personal o de las personas señaladas en la fracción XIII del artículo 50 de esta Ley y simultáneamente daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una multa de hasta dos tantos del lucro o beneficio obtenido y una sanción resarcitoria equivalente hasta el monto de los daños y perjuicios causados. En este caso se impondrá además, la destitución y la inhabilitación hasta de veinte años;
II.- Cuando exista lucro o beneficio personal y no existan daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una multa de hasta dos tantos del lucro o beneficio obtenido o suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres meses. En los casos graves se podrá imponer además la destitución del cargo o la inhabilitación de hasta de diez años;
III.- Cuando no exista lucro o beneficio personal pero si existan daños y perjuicios al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá una sanción resarcitoria equivalente al monto de los daños o perjuicios causados. En los casos graves se podrá imponer además, la destitución del cargo o la inhabilitación hasta de diez años; y (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
IV.- Cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público que establece el artículo 50 de esta ley, que no implique lucro o beneficio personal ni daño o perjuicio al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá el apercibimiento o la amonestación o una multa de hasta noventa veces la percepción diaria del empleo, cargo o comisión del servidor público. En los casos graves se podrá imponer además, la suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres meses o la destitución o inhabilitación del cargo hasta de diez años.
(ADICIONADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2013)
Cuando la revelación de información a que hace referencia la fracción IV del Artículo 50 de esta Ley, tenga relación con datos personales de denunciantes de actos de corrupción o testigos, la falta se considerará grave.
V. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
VI. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
VII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
VIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
IX. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
(REFORMADO P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2005)
Artículo 58.- A quien cometa las infracciones señaladas en la fracción LXIV del artículo 50 de esta Ley, se impondrá una multa de uno hasta cuatro tantos del lucro o beneficio obtenido y una sanción resarcitoria equivalente hasta el monto de los daños y perjuicios causados. En este caso se impondrá además, la destitución y la inhabilitación para el desempeño de un empleo, cargo o comisión públicos hasta de veinte años.
Artículo 59.- Cuando el incumplimiento de obligaciones sea cometido por servidores públicos miembros de alguna corporación de seguridad pública, de readaptación social, o de vialidad y de tránsito, las sanciones previstas serán aumentadas hasta en una mitad, sin exceder del máximo establecido para las mismas, cuando sean cometidas con dolo.
Artículo 60.- (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Artículo 61.- El incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público será considerado grave cuando sea cometido con dolo.
Artículo 62.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el Artículo 50 de esta Ley y que causen con dolo daños y perjuicios al Erario Público Estatal o Municipal, adicionalmente serán sancionados con una multa de cincuenta a trescientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado elevado al mes de la fecha de la infracción.
DE LOS SUPERIORES JERARQUICOS Y SU COMPETENCIA
Artículo 63.- Para los efectos de este Título, en el Poder Ejecutivo del Estado se entenderá por superior jerárquico:
I. Al Gobernador del Estado, tratándose de Titulares de las Dependencias, Organismos y Entidades de la Administración Pública del Estado, Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado y Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quienes serán sancionados por las faltas, infracciones, acciones u omisiones por responsabilidad administrativa, de conformidad con los procedimientos establecidos por esta Ley;
II. Al Titular de la Dependencia de la Administración Pública del Estado correspondiente o al Director General o equivalente de los organismos paraestatales, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos o a quien éstos designen, quienes aplicarán las sanciones a los servidores públicos adscritos a los mismos y cuya imposición les atribuye esta Ley;
III. Al Presidente del Tribunal de Arbitraje, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones de responsabilidad administrativa cometidas por los servidores públicos adscritos al mismo;
IV. Al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, respecto de los Presidentes de las Juntas Especiales y demás servidores públicos adscritos a las mismas.
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Los superiores jerárquicos podrán delegar en sus subalternos todas aquéllas facultades que resulten necesarias para el trámite de las quejas, denuncias, recomendaciones y demás documentales que señalen irregularidades en contra de servidores públicos, así como para la substanciación del procedimiento de responsabilidad respectivo, incluidos los medios de defensa señalados en esta Ley. Se reservan expresamente a los superiores jerárquicos la facultad de emitir la Resolución correspondiente, incluida aquélla que resulte de la interposición del recurso respectivo.
Artículo 64.- La Contraloría aplicará las sanciones correspondientes a los Comisarios, Titulares y a los servidores públicos adscritos a los órganos de control interno de las dependencias, entidades y organismos paraestatales de la Administración Pública Estatal, cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.
Artículo 65.- Cuando los Titulares de las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Estatal estimen que la responsabilidad de un servidor público amerite una sanción económica superior a dos mil veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, remitirán a la Contraloría las actuaciones que hayan realizado, para que ésta determine la sanción correspondiente.
Artículo 66.- El Titular de la dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública Estatal, al tener conocimiento de hechos que pudieran implicar responsabilidad penal de los servidores de la propia dependencia, entidad u organismo, darán vista de ellos a la Contraloría y al Ministerio Público para que éstos conozcan de los mismos.
Artículo 67.- Cuando por motivo de las funciones que realice la Contraloría resultare responsabilidad de servidores públicos, informará de ello al superior jerárquico de éstos para que inicien el procedimiento de responsabilidad y en su momento proceda a su determinación y sanción correspondiente, si fuera de su competencia. (ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Tratándose de responsabilidades cuyo conocimiento sea competencia del Gobernador del Estado como superior jerárquico, la Contraloría será quien conozca directamente del asunto.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la responsabilidad se derive por el incumplimiento de las obligaciones del responsable de la Contraloría, y será el Gobernador del Estado o el servidor público al que éste le delegue dicha atribución, quien conozca del procedimiento de responsabilidades.
Artículo 68.- En el Poder Legislativo será superior jerárquico, para los efectos de esta Ley, la Asamblea en Pleno del Congreso del Estado tratándose de los Diputados. Para el resto de los servidores públicos del Poder Legislativo, lo será la Comisión de Coordinación y Régimen Interno. En la Auditoría Superior del Estado el superior jerárquico será el Auditor General y sobre éste el Pleno del Congreso.
El Auditor General en representación del Congreso del Estado, fincará y determinará responsabilidades a los servidores públicos estatales y municipales, así como a toda persona física o moral imputable, que con dolo o culpa cause daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o a sus organismos y entidades del sector paraestatal, o no dé cumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, en relación al gasto público, fiscal, obra pública, adquisiciones y demás materias relacionadas con aspectos presupuestales.
(REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
Artículo 69.- Será superior jerárquico, para los efectos de esta Ley:
(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
I.- En el Poder Judicial, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para los Magistrados adscritos al mismo y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para los Jueces de Primera Instancia, así como Secretarios de Juzgados, Actuarios y demás miembros del Poder Judicial cuyo nombramiento no deba ser realizado por el propio Tribunal, salvo lo que disponga su Ley Orgánica.
II. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Pleno, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones de responsabilidad administrativa cometidas por los Magistrados y demás servidores públicos adscritos al mismo en los términos de la Ley Orgánica correspondiente.
III. En la Comisión Estatal Electoral, el Pleno, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones de responsabilidad administrativa cometidas por los Comisionados Ciudadanos, Coordinador Técnico y demás servidores públicos adscritos al mismo en los términos de la Ley Electoral.
IV. En el Tribunal Estatal Electoral, el Pleno, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones de responsabilidad administrativa cometidas por los Magistrados y demás servidores públicos adscritos al mismo en los términos de la Ley Electoral.
V. En la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el Pleno, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones que puedan ser motivo de responsabilidad administrativa cometidas por los Comisionados y demás servidores públicos adscritos a la misma, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
(REFORMADA, [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
VI. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Pleno, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones que puedan ser motivo de responsabilidad administrativa cometidas por el Presidente, los Visitadores y el Titular de la Secretaría Ejecutiva; y respecto de los demás servidores públicos adscritos a la misma lo será el Presidente de la Comisión, en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Artículo 70.- En los Municipios se entenderá por superior jerárquico, para los efectos de esta Ley, el Ayuntamiento en Pleno, tratándose de los servidores públicos municipales de elección popular; y al Presidente Municipal para los demás servidores públicos municipales, quien se podrá auxiliar en los procedimientos de responsabilidades por los Síndicos o por los órganos de control interno municipal. El Congreso del Estado aplicará las sanciones en los términos del artículo 63 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
(ADICIONADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 25 DE JUNIO DE 2014)
Para los casos en que los Municipios cuenten con un Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, se entenderá por superior jerárquico el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, respecto a las faltas, infracciones, acciones u omisiones de responsabilidad administrativa cometidas por los Magistrados del Tribunal Municipal de lo Contencioso Administrativo; y para los demás servidores públicos adscritos al Tribunal, lo será el Magistrado Presidente. Artículo 71.- Si de las acciones de inspección y vigilancia que realicen las autoridades competentes, se detectan conductas susceptibles de responsabilidad administrativa de servidores públicos adscritos a un Poder distinto al que éstas pertenecen o, en su caso, a un Municipio, se solicitará la promoción del fincamiento de responsabilidad administrativa ante el superior jerárquico que corresponda.
Artículo 72.- Para la aplicación de las sanciones que establece este Capítulo, tratándose del Poder Ejecutivo, se observará lo siguiente:
I. La amonestación pública o privada, el apercibimiento público o privado y la suspensión en el empleo, cargo o comisión públicos por un período no mayor de tres meses, serán aplicadas por el superior jerárquico;
II. La destitución del empleo, cargo o comisión públicos, se demandará por el superior jerárquico de acuerdo a los procedimientos correspondientes y tomando en cuenta la naturaleza de la relación contractual así como el nivel del servidor público, en los términos de las leyes respectivas;
III. La Contraloría podrá aplicar la suspensión o destitución a que se refieren las fracciones I y II, en los casos en que el superior jerárquico no lo haga, notificando a éste lo conducente, independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir el superior jerárquico;
IV. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicable por resolución que dicte la Contraloría o los superiores jerárquicos competentes de acuerdo con lo que establece esta Ley, atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción; y
V. Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando el monto no exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, y por la Contraloría cuando sean superiores a dicho monto, excepto las sanciones que corresponda aplicar al Titular del Ejecutivo Estatal, quien podrá hacerlo independientemente de su monto, en los términos de esta Ley. El cobro de las sanciones económicas se hará efectivo por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
(REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2009)
Artículo 73.- En los Poderes Legislativo y Judicial y en los Municipios, las sanciones por responsabilidad administrativa serán aplicadas por el superior jerárquico, excepto las de carácter económico cuyo monto exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, las cuales serán aplicadas respectivamente por la Asamblea en Pleno del Congreso del Estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tratándose de los Magistrados y del personal adscrito al propio Tribunal y el Consejo de la Judicatura respecto de los demás servidores del Poder Judicial, y por los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias. El cobro de dichas sanciones se hará efectivo por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y Tesorerías Municipales, según corresponda.
Artículo 74.- Las autoridades señaladas en el Artículo 3° de esta ley en la esfera de sus respectivas competencias, podrá abstenerse con causa justificada de sancionar al infractor, por una sola vez, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado no exceda de doscientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado.
Artículo 75.- Las autoridades señaladas en el Artículo 3° de esta Ley, podrán dispensar las sanciones económicas en los términos del Artículo que antecede.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o las Tesorerías Municipales, de acuerdo a sus respectivas competencias, podrán cancelar los créditos derivados de la determinación de responsabilidades que no excedan de cien veces el salario diario mínimo vigente en la capital del Estado, en razón de la incosteabilidad práctica de cobro, notificándole dicha circunstancia a la autoridad que haya determinado la sanción.
Artículo 76.- Las autoridades señaladas en el Artículo 3° de esta Ley, establecerán módulos u oficinas a los que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del ámbito de su competencia, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento de responsabilidades correspondiente.
Artículo 77.- Las autoridades señaladas en el Artículo anterior tiene la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a quien las promueva.
Artículo 78.- La Contraloría establecerá las normas y los procedimientos para la debida atención y resolución de las quejas y denuncias presentadas contra los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
Artículo 79.- El Poder Legislativo y el Poder Judicial establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar responsabilidades de sus servidores públicos, derivadas del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 50 de esta Ley, así como para aplicar las sanciones contempladas en el presente Capítulo, por conducto de su superior jerárquico, en los términos de sus correspondientes Leyes Orgánicas y sus respectivos Reglamentos.
Los Ayuntamientos y los Presidentes Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los órganos y sistemas respectivos y aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a su Ley Orgánica y sus Reglamentos.
Artículo 80.- Los servidores públicos deberán denunciar por escrito a la Contraloría o a las Autoridades Competentes, los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos subordinados o superiores inmediatos.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Artículo 81.- En lo que respecta a las entidades y organismos del sector paraestatal, la denuncia a que se refiere el Artículo anterior se presentará ante el Director o su equivalente, quien enviará a la Contraloría copia de la denuncia cuando a su juicio y tomando en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados, la Contraloría deba conocer del asunto o participar en las investigaciones.
Tratándose de denuncias por faltas administrativas en contra de servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial o de los Municipios, se presentarán ante sus respectivos superiores jerárquicos.
Artículo 82.- Las quejas o denuncias deberán presentarse bajo protesta de decir verdad por comparecencia o por escrito. La persona que presente por escrito la queja o denuncia deberá ser citada para que la ratifique, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo así y de no presentar en un término de cinco días hábiles elementos de prueba que hagan presumir la existencia de los hechos referidos en su promoción, se desechará la queja o denuncia correspondiente, quedando a salvo los derechos de iniciar el procedimiento de oficio.
En caso de que el quejoso o denunciante cumpla con lo previsto en este Artículo, se procederá a iniciar el procedimiento de responsabilidades.
Artículo 83.- Las sanciones administrativas y económicas se impondrán conforme al siguiente procedimiento:
I.- Se notificará por la autoridad competente el acuerdo de inicio del procedimiento a el servidor público, haciéndole saber la infracción o infracciones que se le imputa;
II.- En el mismo acuerdo de inicio se señalará el lugar, día y hora para la verificación de una audiencia que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación. Se le indicará al presunto responsable que en la audiencia podrá alegar verbal o por escrito lo que a su derecho convenga respecto a la infracción o infracciones que se le imputa, y tendrá derecho a ofrecer las pruebas de su intención. La autoridad podrá fijar un término no mayor de diez días para el desahogo de las pruebas;
III.- En cualquier momento, previo o posterior al acuerdo de inicio al que se refiere la fracción anterior, se podrá determinar la suspensión temporal de su cargo, empleo o comisión, al presunto responsable si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, previa autorización de quien haya hecho la designación del servidor público;
IV.- Si celebrada la audiencia se advierten elementos que impliquen la configuración de otras causales de responsabilidad administrativa del presunto responsable o de otros servidores públicos, se podrá disponer la práctica de investigaciones y mediante diverso acuerdo de inicio fundado y motivado se emplazará para otra u otras audiencias, con las mismas formalidades señaladas en la fracción II de este Artículo;
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
V.- Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca del asunto resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad y en su caso se impondrán al infractor las sanciones correspondientes, debiéndose notificar la resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al servidor público responsable, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia u organismo del sector paraestatal y al superior jerárquico.
Artículo 84.- La suspensión temporal a que se refiere la fracción II del Artículo anterior no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la autoridad competente hará constar esta salvedad.
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior interrumpe los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio.
Artículo 85.- Las sanciones disciplinarias se impondrán en un sólo acto por el superior jerárquico, sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en esta Ley.
De la misma manera se llevará a cabo la aplicación de sanciones disciplinarias que impongan los Poderes Legislativo y Judicial, sin perjuicio de lo que establezcan sus respectivas Leyes Orgánicas.
Lo anterior es aplicable, en lo conducente, tratándose de sanciones disciplinarias impuestas por los Municipios respecto de los servidores públicos adscritos a los mismos.
Artículo 86.- La autoridad competente impondrá las sanciones por responsabilidad administrativa tomando en consideración los siguientes aspectos y circunstancias:
I.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de las obligaciones;
II.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
V.- La antigüedad en el servicio; (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
VI.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público;
VII.- El tipo de actuación negligente o imprudencial, o dolosa, y
VIII.-	Su colaboración, falta de la misma u obstaculización en el proceso investigatorio.
Artículo 87.- Para el estudio, análisis y desahogo de los trámites y procedimientos de responsabilidad administrativa establecidos en el presente Título, se deberá tomar en consideración si el responsable obró con culpa o dolo y si la infracción fué instantánea, permanente, continua o continuada, de conformidad con la legislación penal.
Artículo 88.- El Titular de la dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública Estatal o Municipal que corresponda a la adscripción del servidor público sujeto al procedimiento de responsabilidades, podrá designar un representante que asista a las diligencias, a quien se le dará vista de todas las actuaciones.
Artículo 89.- Se levantará Acta Circunstanciada en todas las diligencias que se practiquen, con dos testigos de asistencia, recabando las firmas de quienes participen o intervengan en ellas, haciéndose los apercibimientos en términos de Ley de las sanciones en que incurren quienes declaren con falsedad ante autoridad competente.
La falta o negativa de firmas de los presuntos responsables en las Actas Circunstanciadas, no invalidarán el contenido y alcance de las mismas.
Artículo 90.- Constarán por escrito las Resoluciones, Acuerdos y Actas Circunstanciadas que se dicten durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Artículo 91.- Cuando durante la instrucción del procedimiento correspondiente el servidor público confesare su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar resolución, salvo que la autoridad que conozca del asunto disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. (ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión o que el servidor público colabore en la investigación o proporcione información útil para el esclarecimiento de los hechos o identificación del servidor o servidores públicos que participaron en la comisión del incumplimiento de las obligaciones, se podrá reducir al infractor hasta un tercio de la sanción aplicable.
En todo caso deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción.
Artículo 92.- El ejercicio de las facultades para imponer las sanciones que esta Ley prevé, prescriben:
I.- En un año, si el lucro obtenido o el daño o perjuicio causado por el infractor no excede de quince veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado; o si la responsabilidad no pudiese ser cuantificada en dinero;
II.- En dos años, si el lucro obtenido o el daño o perjuicio excede a quince veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado y el incumplimiento a cargo del servidor público no es considerado grave; y
III.- En tres años, si el incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público es considerado grave.
Artículo 93.- El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la responsabilidad administrativa si la conducta objeto de infracción fue instantánea, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter permanente o continuo o bien a partir de la fecha de la última acción u omisión si fuese de carácter continuado.
La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de responsabilidades respectivo, el cual deberá concluirse en los términos previstos por esta Ley y no podrá exceder de dos años contados a partir de la fecha de inicio del mismo, término en el cual se encuentran computados los periodos que se decreten como vacacionales, de conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado.
La prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y sea legalmente notificado al presunto responsable en forma personal o de conformidad con las reglas correspondientes.
En todo momento la Contraloría o el superior jerárquico podrán hacer valer la prescripción de oficio.
Artículo 94.- La Contraloría establecerá el Registro de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados, en el cual se inscribirán las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias públicas, administrativas y económicas, conforme a la presente Ley, llevando por separado las de inhabilitación.
Las Autoridades Competentes de los Poderes Judicial y Legislativo y de los Municipios, remitirán a la Contraloría las resoluciones que impongan dichas sanciones, para su inscripción en el Registro antes citado, en los términos señalados.
Artículo 95.- Toda persona que vaya a incorporarse al servicio público deberá acreditar, mediante constancia expedida por la Contraloría y para los efectos administrativos conducentes, que no ha sido sancionada con inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas.
Para que una persona sancionada con la inhabilitación en los términos de esta Ley, pueda desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, una vez transcurrido el plazo de inhabilitación impuesto, se requerirá autorización de la Contraloría, la cual deberá ser solicitada por el Titular de la dependencia o Director General o equivalente del organismo o entidad paraestatal de que se trate. En el ámbito municipal corresponde al Presidente Municipal solicitar la autorización al Ayuntamiento.
La autorización para los servidores públicos del Poder Legislativo corresponde ser otorgada por la Asamblea en Pleno del Congreso del Estado y en el Poder Judicial correspondiente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, al Consejo de la Judicatura, previa solicitud de los interesados.
Del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas con Sanciones Económicas y de su Ejecución
Artículo 96.- Las Autoridades Competentes en funciones de auditoría, fiscalización, control, vigilancia e inspección, actuando directamente o a través de sus órganos de control interno, y una vez concluidas éstas, podrán levantar acuerdos fundados y motivados cuando detecten irregularidades por actos u omisiones cometidos por servidores públicos estatales y municipales en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores y de recursos económicos estatales, municipales o federales que sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación y los Municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal.
Artículo 97.- Las responsabilidades a que alude el Artículo anterior se fincarán en forma directa a los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades respectivas y en forma subsidiaria a los servidores que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado los actos irregulares en forma dolosa y con ello se afecten los recursos económicos a que se refiere el Artículo citado.
De resultar responsabilidades de proveedores o contratistas y en general de cualquier particular involucrado, en virtud de los actos o contratos que realicen con el Estado o Municipios, se promoverán las acciones y sanciones que correspondan conforme a la legislación aplicable en la materia.
Las Autoridades Competentes promoverán el aseguramiento de bienes o el embargo precautorio a los bienes de los responsables para garantizar en forma individual el importe de los pliegos preventivos, a reserva de la calificación o constitución definitiva de la responsabilidad que impongan las mismas.
Artículo 98.- El procedimiento de responsabilidades para la aplicación de sanciones económicas, tendrá por objeto reparar o indemnizar los daños y perjuicios que se causen a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, al ser afectados los recursos estatales, municipales o federales que sean transferidos, descentralizados, convenidos o concertados, así como al patrimonio de las dependencias y organismos del sector paraestatal.
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Estatal o Municipal según corresponda y se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y Tesorerías Municipales, según el caso, mediante el procedimiento económico-coactivo, y para efectos de su ejecución tendrán la prelación que corresponda, en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables.
Artículo 99.- El fincamiento o determinación de las responsabilidades que regula este Capítulo se tramitará de conformidad con el procedimiento administrativo señalado en el Artículo 83 de esta Ley, constituyendo el acuerdo de inicio que deberá estar fundado y motivado, como el primer acto de dicho procedimiento.
La resolución, debidamente fundada y motivada, se comunicará por escrito al afectado y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o Tesorerías Municipales, cuando así corresponda, para el cobro de la cantidad líquida de la sanción económica impuesta.
Son aplicables estas disposiciones a los servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los Municipios.
Artículo 100.- (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
De la Indemnización por Daños y Prejuicios Ocasionados
por los Servidores Públicos
Artículo 101.- El Estado es subsidiariamente responsable de la reparación de los daños causados a particulares por los servidores públicos sancionados administrativamente con motivo de la aplicación de esta Ley o sentenciados penalmente por delitos cometidos en el desempeño de su encargo. El Titular del Ejecutivo del Estado a propuesta de la Contraloría, en el primer caso, y de la Procuraduría General de Justicia en el segundo, podrá subrogarse al cumplimiento de esta responsabilidad en cualquier momento.
Artículo 102.- Los particulares ofendidos o quien los represente podrán solicitar al Titular del Ejecutivo, por conducto de la Contraloría el pago de la reparación del daño a que se refiere el Artículo anterior.
Artículo 103.- El pago de la indemnización que haga el Ejecutivo determina la subrogación en favor del Estado de los derechos a la reparación del daño que tenga el particular ofendido.
Artículo 104.- Las resoluciones emitidas conforme a esta Ley y las sentencias dictadas por autoridad jurisdiccional competente que determinen alguna obligación de pago para el Estado o los Municipios, deberán hacerse con cargo a las partidas de gastos generales, extraordinarias o sus equivalentes, en los términos de la Ley de Administración Financiera del Estado.
Artículo 105.- Contra las resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad administrativa procede el recurso de revocación.
Artículo 106.- Si la resolución impone sanciones disciplinarias, el servidor público sancionado podrá solicitar su revocación al momento de que se notifique la resolución o al día hábil siguiente, ante la autoridad que la haya dictado, quien resolverá de plano.
Artículo 107.- Si la resolución impone sanciones administrativas o económicas, el servidor público sancionado podrá interponer recurso de revocación ante la autoridad que hubiese emitido la resolución, el cual se tramitará en la forma siguiente:
I. Se interpondrá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida, mediante escrito en el que se expresarán los agravios; y
II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y citará a una audiencia que tendrá verificativo dentro de los cinco días hábiles siguientes, en la cual el servidor público podrá alegar lo que a su derecho convenga. En un plazo igual, la autoridad resolverá el recurso.
Artículo 108.-Al interponer el recurso señalado en los Artículos anteriores se podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la resolución, la cual se decretará conforme a las siguientes reglas:
I. Tratándose de sanciones económicas, cuando su pago se garantice en los términos del Código Fiscal del Estado; y
II. Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:
a) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra del recurrente; y
b) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.
Artículo 109.- El recurso señalado en el artículo 105 de esta Ley, se podrá interponer por el servidor público afectado ante la Autoridad que dictó la resolución o directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 110.- La ejecución de las sanciones administrativas y económicas impuestas en resolución firme, se llevará a cabo en los términos que disponga la propia resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación surtirán sus efectos al notificarse la resolución correspondiente.
DE LOS REGISTROS DE MANIFESTACION DE BIENES
Y DE OBSEQUIOS Y DONACIONES A SERVIDORES PUBLICOS
Del Registro de la Manifestación de Bienes de los Servidores Públicos
Artículo 111.- En la Legislatura del Estado, tiene la obligación de presentar manifestación de bienes, los Diputados, el Oficial Mayor, el Tesorero y Directores, el personal de la Auditoría Superior del Estado desde el Auditor General hasta el nivel Directivo.
Artículo 112.- En el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de presentar manifestación de bienes, todos los servidores públicos de la Administración Pública Central y de la Administración Pública Paraestatal, desde el nivel Jefatura de Departamento, titulares de unidades administrativas o Gerencias, Coordinadores, Sub-Directores, Directores, Secretarios Técnicos, Presidentes de Corporaciones, Subsecretarios, Titulares de las Agencias, Secretarios, y el Gobernador del Estado. También tendrán la misma obligación aquellos servidores públicos que bajo su responsabilidad con cualquier carácter manejen, recauden, administren o resguarden fondos, valores y recursos estatales, municipales, transferidos, descentralizados, convenidos y concertados. Asimismo, los servidores públicos que tengan el carácter de asesores y de secretarios particulares o de auxilio directo con el titular de las dependencias y entidades paraestatales.
(ADICIONADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Cuando un servidor público sea designado encargado del despacho de los cargos o empleos mencionados en esta Ley, también estará obligado a presentar su declaración correspondiente. (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Tendrán la obligación prevista en éste Artículo, en la Procuraduría General de Justicia los Subprocuradores, Directores, Coordinadores, Agentes de Ministerio Público, Secretarios y Delegados, Policías Ministeriales y Peritos, cuando tengan el carácter de servidores públicos.
(ADICIONADO CUARTO PARRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Asimismo, en los Tribunales Administrativos y del Trabajo, los Magistrados, Presidentes, Secretarios y Actuarios, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefe de Departamento y Peritos cuando tengan carácter de servidores públicos.
Artículo 113.- En el ámbito del Poder Ejecutivo, tiene obligación de presentar manifestación de bienes, además de los servidores públicos señalados en el Artículo anterior, todos aquellos que determine el titular de la Contraloría o el Procurador General de Justicia, mediante acuerdo debidamente motivado y fundado.
Artículo 114.- En el Poder Judicial, tiene la obligación de presentar manifestación de bienes, los Magistrados, los Consejeros del Consejo de la Judicatura, Visitadores, miembros del Instituto de la Judicatura, Jueces, Secretarios, Actuarios, de cualquier categoría o designación y los Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefe de Departamento que administren y vigilen recursos del Poder Judicial.
Artículo 114 Bis.- En la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tienen obligación de presentar manifestación de bienes, los Comisionados, los Magistrados, Secretarios, los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Departamento, Visitadores, así como aquellos que en su caso bajo su responsabilidad manejen, recauden o administren recursos públicos.
Artículo 115.- En los Ayuntamientos, tienen la obligación de presentar manifestación de bienes, los Presidentes Municipales, los Secretarios, Tesoreros, Regidores, Síndicos, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Departamento así como aquellos que bajo su responsabilidad manejen, recauden o administren fondos y recursos económicos.
Artículo 116.- Además de los servidores públicos mencionados en los Artículos precedentes, tendrán la obligación de presentar manifestación de bienes quienes hasta nivel Directivo tengan a su cargo una o más de las funciones siguientes:
I. Inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y administración de justicia y readaptación social;
II. Representación legal titular o delegada para realizar actos de dominio, de administración general o de ejercicio presupuestal;
III. Manejo de fondos estatales, municipales, transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación y Municipios;
IV. Custodia de bienes y valores;
V. Atención o resolución de trámites directos con el público para determinar, autorizar o efectuar pagos de cualquier índole para obtener licencias o autorizaciones;
VI. Adquisición, enajenación o comercialización de bienes y servicios; y
VII. Efectuar o recibir pago de cualquier índole.
Artículo 117.- Los servidores públicos que tengan la obligación de presentar manifestación de bienes deberán hacerlo ante la Contraloría bajo protesta de decir verdad y de conformidad con los plazos establecidos en este Capítulo.
Artículo 118.- La Contraloría llevará un Registro Estatal de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado y Municipios, en el cual se integrarán las manifestaciones de bienes de los servidores públicos obligados a su presentación en los términos de esta Ley.
La Contraloría elaborará los instructivos y formatos de las manifestaciones de bienes, así como el sistema y procedimientos de control correspondientes.
La información que obtenga la Contraloría respecto de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos, quedará bajo su estricta responsabilidad y confidencialidad, salvo el caso en que un particular demuestre interés jurídico y previa determinación de las autoridades judiciales.
Artículo 119.- Los Poderes Legislativo y Judicial así como los Municipios, comunicarán mediante documento, soporte magnético o cualquier otro medio que disponga a la Contraloría en forma mensual, qué servidores públicos están obligados a presentar la manifestación de bienes por tener a su cargo una o más de las funciones señaladas en el Artículo 116, así como las altas, bajas y cambios correspondientes.
La Oficialía Mayor de Gobierno y los titulares de las entidades u organismos paraestatales, deberán comunicar mediante documento, soporte magnético o cualquier otro medio que disponga a la Contraloría en forma mensual, las altas, bajas y cambios correspondientes de los servidores públicos.
Artículo 120.- El servidor público que en su manifestación de bienes faltare a la verdad en relación con lo que está obligado a declarar de conformidad con el presente ordenamiento, será sancionado en los términos de esta Ley.
Artículo 121.- La manifestación de bienes deberá presentarse en los siguientes plazos:
I. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la toma de posesión;
II. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del encargo; y
III. Anualmente, tratándose de declaraciones modificatorias del patrimonio, durante el mes de octubre del año posterior al que se declara para servidores públicos estatales y municipales.
Artículo 122.- Si transcurridos los plazos a que hacen referencia las fracciones I y III del Artículo anterior no se hubiese presentado la manifestación correspondiente sin causa justificada, previa audiencia que se le conceda al servidor público por tres días, la Contraloría aplicará al servidor público una multa de hasta sesenta días del salario diario que tenga asignado, bajo el apercibimiento en el primer caso, que de no rendir su manifestación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sanción, se le aplicarán invariablemente las sanciones establecidas en el Artículo 57 de esta Ley, por medio del superior jerárquico en los términos de esta Ley.
En el caso de que se omita la manifestación señalada en la fracción II del Artículo anterior, la Contraloría procederá a la investigación del patrimonio del infractor en los términos de esta Ley, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en el Artículo 57 de esta Ley y, adicionalmente, una multa de hasta sesenta días del último sueldo base presupuestal percibido por el servidor público. Igual multa se aplicará cuando la presentación de esta declaración se haga de manera extemporánea.
Artículo 123.- La Contraloría remitirá a la Secretaría General de Gobierno un listado en los meses de Junio y Diciembre del año correspondiente que contenga el nombre de los servidores públicos que han cumplido con su obligación de presentar la manifestación de bienes dentro de los plazos establecidos por esta Ley, para que proceda a su envío para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 124.- En las manifestaciones tanto inicial como de separación de cargo, se señalarán los bienes inmuebles, muebles, valores, créditos a favor y obligaciones a cargo del servidor público, de su cónyuge y de sus dependientes económicos, señalando además la fecha y el valor de adquisición.
En las manifestaciones patrimoniales anuales, se señalarán las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición así como los obsequios y donaciones recibidos por el servidor público.
(REFORMADO, P.O. 03 DE JULIO DE 2010)
Artículo 125.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público de la Administración Pública Estatal, la Contraloría, fundando y motivando su determinación, hará inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público tal situación.
La Contraloría a efecto de fincar responsabilidad administrativa, la cual será autónoma de la responsabilidad penal, podrá practicar visitas de inspección y auditorías, en las cuales se dará cuenta al servidor público de los hechos que las motivan, y se presentarán las actas en que dichas actuaciones consten, para que exponga lo que a su derecho convenga en el término de cinco días hábiles.
En el ámbito de los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionalmente Autónomos, así como en los Municipios, los órganos de vigilancia o control interno correspondientes ejercerán las atribuciones previstas en esta Ley.
Artículo 126.- Todas las Actas Circunstanciadas que se levanten con motivo de las visitas de inspección deberán ser firmadas por el servidor público y por dos testigos de asistencia que para tal efecto se designen, mismos que serán nombrados por el encargado de la visita o auditoría, cuando el visitado se niegue a nombrarlos. Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el contenido, alcance y valor probatorio que, en su caso, posea dicho documento.
Artículo 127.- El servidor público visitado podrá interponer su inconformidad ante la Contraloría contra los hechos contenidos en los acuerdos fundados y motivados, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de aquéllas, en el que expresará los motivos de su inconformidad y acompañará las pruebas que estime necesarias; dicha inconformidad será resuelta por la Contraloría en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su presentación.
Artículo 128.- En los casos en que la Contraloría detecte indicios de probable responsabilidad penal por el delito de enriquecimiento ilícito, hará inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público tal situación, acompañando las constancias y demás elementos de prueba con los que cuente. En este supuesto, la Contraloría deberá actuar como coadyuvante del Ministerio Público.
Artículo 129.- Para los efectos de esta Ley y en lo conducente del Código Penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o de los cuales se conduzcan como dueños, aquellos bienes que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos, salvo que acredite que los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público.
Artículo 130.- Los órganos de vigilancia o control interno de los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionalmente Autónomos y los Municipios, al tener conocimiento de que algún servidor público está en el supuesto de probable responsabilidad penal por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, darán vista al Ministerio Público de tal situación.
Del Registro de Obsequios
y Donaciones a Servidores Públicos
Artículo 131.- Para los efectos de la fracción XV del Artículo 50 de esta Ley, los servidores públicos que durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión y un año después de concluida su función pública, reciban por sí o por interpósita persona, dinero, donaciones, regalos o cualquier otro beneficio en general para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del Artículo señalado, que procedan de cualquier persona física o moral con la que pudiera determinarse conflicto de intereses, cuando el valor acumulado en el año sea superior a doscientas veces al salario mínimo vigente en la capital del Estado en el momento de su recepción, deberán entregarlos al órgano de control de su adscripción, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la fecha en que los reciban.
Los obsequios y donaciones que reciban los servidores públicos deberán ser declarados por éstos en la declaración de situación patrimonial anual, señalando el valor unitario de cada obsequio.
El incumplimiento de lo dispuesto en este Artículo será equiparable al Cohecho y será sancionado en los términos de la legislación penal.
Artículo 132.- Para los efectos del Artículo que antecede, el órgano de control de cada Poder y de los Municipios, llevará un registro de los obsequios, donaciones o beneficios en general que reciban los servidores públicos cuyo monto sea superior al establecido, o sean de los estrictamente prohibidos.
Artículo 133.- Los órganos de control interno pondrán los bienes que reciban los servidores públicos que rebasen el monto establecido en el Artículo 131 de esta Ley, a disposición de dependencias, entidades u organismos del Estado y de los Municipios que correspondan, según su naturaleza y características específicas, de conformidad con los siguientes lineamientos:
I. Tratándose de bienes muebles no perecederos, se remitirán a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o Tesorerías Municipales según corresponda, para su remate y aplicación a las partidas presupuestales para la beneficencia pública.
II. Tratándose de bienes muebles perecederos, se remitirán al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el cual dispondrá de ellos en hospitales, asilos o cualquier otra dependencia de la misma Institución, de conformidad a sus políticas internas. Los bienes históricos, artísticos o culturales, se enviarán a la Secretaría de Educación a fin de que ésta los administre en los términos de la legislación aplicable.
III. Tratándose de efectivo, valores o títulos sobre bienes muebles o inmuebles, se enviarían a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o Tesorerías Municipales, según corresponda.
IV. Tratándose de armas de fuego y municiones, se observará lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 134.- Las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Estatal mencionadas en el Artículo que antecede llevarán un registro de todos los bienes que reciban, quedando la Contraloría, en ejercicio de sus funciones, facultada para inspeccionar y vigilar el registro y destino de los mismos, así como los asientos contables a fin de comprobar su correcta disposición y el cumplimiento de las normas aplicables en la materia.
En el ámbito de los Municipios, corresponderá a los síndicos u órganos de control interno dar cumplimiento a lo establecido en el presente Artículo, poniendo los bienes a disposición de las instancias Municipales equivalentes.
En los Poderes Legislativo y Judicial, corresponderá a la Auditoría Superior del Estado y al órgano de vigilancia y disciplina que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial respectivamente, dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el presente Artículo.
Artículo 135.- Los obsequios y donaciones que se hagan en contravención a lo dispuesto por este Capítulo, se entenderán cedidos al patrimonio del Estado o Municipios.
De los Acuerdos de Coordinación
en Materia de Responsabilidades
Artículo 136.- El Estado y los Municipios, de conformidad con la Constitución Política del Estado y sus respectivas Leyes Orgánicas de Administración Pública, podrán celebrar entre sí, dentro de su ámbito de competencia, convenios o acuerdos de coordinación con la Federación para fortalecer la planeación y los programas de Gobierno en materia de responsabilidades.
Artículo 137.- La Federación, el Estado y los Municipios se auxiliarán en el desarrollo de las actividades sustantivas en materia de responsabilidades tales como recibir la ratificación de las denuncias de acuerdo a su competencia, notificar los acuerdos y la resolución a las personas que residan en su jurisdicción conforme a lo establecido por esta Ley así como intercambiar información oportunamente de las observaciones e irregularidades detectadas con motivo de las revisiones que practiquen, a efecto de que se actúe con diligencia y prontitud en el desahogo de los procedimientos de responsabilidad.
Artículo 138.- Los Acuerdos de Coordinación se sujetarán a los programas de Gobierno en materia de responsabilidades de los servidores públicos y tendrán como objetivo:
I. Promover y realizar acciones tendientes a prevenir, combatir y en su caso sancionar la corrupción e impunidad, intercambiar información en esta materia para los efectos de capacitación, así como a dignificar la imagen del servidor público;
II. Fortalecer los mecanismos de atención y participación de la ciudadanía, con la finalidad de proporcionarle un servicio eficaz y oportuno de orientación y atención de quejas y denuncias, reforzando los mecanismos de recepción, atención y resolución a fin de que las autoridades actúen conforme a las atribuciones en sus respectivas esferas de competencia en materia de responsabilidades;
III. Promover acciones para prevenir y sancionar las conductas de los servidores públicos que trasgredan las disposiciones jurídicas aplicables a la ejecución del Convenio de Desarrollo Social y Acuerdos y Convenios del proceso de federalización, la descentralización de funciones, bienes, responsabilidades y recursos federales al Estado y a los Municipios;
IV. Impulsar con los Municipios la instrumentación o fortalecimiento de los subsistemas municipales de control y evaluación en materia de responsabilidades, a fin de intercambiar la asesoría y apoyo técnico necesario para el mejoramiento de los sistemas y procedimientos en dicha materia;
V. Establecer conjuntamente un sistema de información suficiente y oportuno, a fin de mantener una permanente y adecuada colaboración en el intercambio de datos y documentación para la inscripción en el registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
VI. Promover acciones de apoyo para proporcionar recíprocamente la información conducente que permita llevar el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias;
VII. Colaborar en la instrumentación de medidas preventivas para combatir los actos de corrupción e impunidad, incorporando las acciones de capacitación de personal que se realicen en el ámbito regional y la temática del Código Etico de Conducta de Servidor Público, a fin de crear conciencia de su vocación de servicio y responsabilidad pública;
VIII. Llevar a cabo programas y acciones de Gobierno relacionados con la asesoría y capacitación del personal encargado de sustanciar los procedimientos de responsabilidad que señala esta Ley;
IX. Desahogar oportunamente los exhortos y excitativas de las autoridades competentes para la substanciación de procedimientos de responsabilidades y para el cumplimiento de sanciones; y
X. Aquellos objetivos de naturaleza análoga tendientes a propiciar la eficiencia en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en materia de responsabilidades.
(ADICIONADO CON ELCAPITULO Y ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
TÍTULO OCTAVO (ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
CAPÍTULO ÚNICO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR EL
ADECUADO EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO
Artículo 139.- Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, estatales y municipales considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En el establecimiento de las acciones referidas, las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emitan la Contraloría y los Ayuntamientos. Los Poderes Legislativo y Judicial harán lo correspondiente dentro del ámbito de su competencia. (ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004)
Artículo 140.- Con el fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los servidores públicos a su cargo, el Titular del Ejecutivo y los Ayuntamientos, con sujeción a lo previsto en el artículo 139 de esta Ley, emitirán un Código de Ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad. El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos.
Artículo 141.- Las dependencias y entidades a que se hace referencia en el artículo 139 de esta Ley, deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan establecido conforme a este Capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes.
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el 21 de diciembre de 1984, excepto para los efectos del Artículo Tercero Transitorio, y se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan a la presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos para determinar responsabilidades administrativas que se encuentren en trámite, serán resueltos de conformidad con la Ley de Responsabilidades que se abroga.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los veintidós días del mes de Enero de mil novecientos noventa y siete.- PRESIDENTE: DIP. ARMANDO LEAL RIOS.- DIP. SECRETARIO: JUAN DE DIOS ESPARZA MARTINEZ.- DIP. SECRETARIO: HERIBERTO CANO QUINTANILLA.- Rúbricas.-
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento. Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su Capital, a los veinticuatro días del mes de Enero de mil novecientos noventa y siete.
EL C. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2000
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor 30-treinta días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de enero de 1983 y sus reformas, así como cualquiera otras disposiciones que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de esta Ley, dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
P.O. 15 DE JULIO DE 2002.
P.O. 14 JULIO DE 2004.
Artículo Segundo.- El Honorable Congreso del Estado emitirá la convocatoria respectiva a la brevedad posible, para la elección del Comisionado Supernumerario de la Comisión de Acceso a la Información Pública.
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004. DEC. 162
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 1o de enero del año 2005.
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2004. DEC. 222
Artículo Segundo.- Los procedimientos para determinar responsabilidades administrativas que se encuentren en trámite al iniciar la vigencia de este Decreto, serán resueltos conforme a las disposiciones que estuvieran vigentes al momento del inicio de dichos procedimientos, sin perjuicio de la aplicación retroactiva en beneficio.
Artículo Tercero.- Los servidores públicos que ocupen los cargos, empleos o comisiones que el presente Decreto establece como nuevos obligados a presentar la manifestación de bienes, tendrán que cumplir con dicha obligación dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto. Artículo Cuarto.- El Titular del Ejecutivo dispondrá lo conducente al igual que los Ayuntamientos para emitir, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, el Código de Ética, en términos de lo dispuesto en el artículo 140 de esta Ley.
P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2005.
P.O. 25 DE ENERO DE 2006.
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 10 DE FEBRERO DE 2006.
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- El artículo 22 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León entrará en vigor el día 15 de febrero de 2006.
Artículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado y las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, deberán expedir, en un término que no exceda de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones reglamentarias que regulen el servicio comunitario.
Artículo Cuarto.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir en un plazo no mayor a 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Reglamento del Consejo Estatal de Salud, en el cual deberán regularse las funciones del Consejo y sus Comisiones, así como la integración de éstas.
Artículo Quinto.- Se concede a las personas físicas y morales que transporten con fines comerciales bebidas alcohólicas dentro del Estado de Nuevo León, un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para obtener la Autorización de Transporte de Bebidas Alcohólicas expedida por la Secretaría de Salud, en los términos de las disposiciones de este Decreto.
P.O. 27 DE JUNIO DE 2007 (DEC. 94)
P.O. 27 DE JULIO DE 2009. DEC. 404
P.O. 03 DE JULIO DE 2010. DEC. 76
P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 2010. DEC. 116
P.O. 29 DE JUNIO DE 2013. DEC. 68
P.O. 25 DE JUNIO DE 2014. DEC. 161 ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. DEC. 153

References: Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 105

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 Artículo 110

Artículo 10

Artículo 11
 Artículo 2

Artículo 12
 Artículo 110

Artículo 13
 Artículo 11

Artículo 14
 Artículo 116

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 Artículo 9

Artículo 18
 Artículo 17
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Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 Artículo 110
 Artículo 12

Artículo 24

Artículo 25
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Artículo 26
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 resolución 

Artículo 27
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Artículo 28
 Artículo 112

Artículo 29
 Artículo 112

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 Artículo 112

Artículo 34
 Artículo 106

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 Artículo 112

Artículo 38
 Artículo 111

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
 Artículo 2
 Artículo 3
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 Artículo 3
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 Artículo 16

Artículo 50
 Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 94

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57
 Artículo 86
 artículo 50
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 Artículo 50

Artículo 58
 artículo 50

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62
 Artículo 50

Artículo 63
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Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 63
 Artículo 71

Artículo 72
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Artículo 73

Artículo 74
 Artículo 3

Artículo 75
 Artículo 3

Artículo 76
 Artículo 3

Artículo 77

Artículo 78
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Artículo 79
 Artículo 50

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83
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Artículo 84
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Artículo 85

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Artículo 88

Artículo 89

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Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99
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Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106
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Artículo 107
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Artículo 108
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Artículo 109
 artículo 105
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Artículo 110
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Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

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Artículo 115

Artículo 116
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Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119
 Artículo 116

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122
 Artículo 57
 Artículo 57

Artículo 123
 Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131
 Artículo 50

Artículo 132

Artículo 133
 Artículo 131

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137
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Artículo 138
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Artículo 139

Artículo 140
 artículo 139

Artículo 141
 artículo 139
 artículo 140
 artículo 22