Source: http://www.jurischile.com/2018/05/seb-declara-competente-tribunal-laboral.html
Timestamp: 2019-03-18 17:37:32+00:00

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JurisChile: Se declara competente a tribunal laboral para resolver reclamo por servicios mínimos
Se declara competente a tribunal laboral para resolver reclamo por servicios mínimos
Primero: Que el abogado don José Alonso Ugolini Tello, en representación convencional de Tecnoglobal S.A., en autos sobre procedimiento de reclamo judicial de resolución administrativa, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, don Alejandro Rivera Muñoz, don Rafael Andrade Díaz (s) y la abogada integrante doña Claudia Chaimovich Guralnik, por haber dictado, con falta y abuso grave, la resolución de tres de enero del año en curso que confirmó la de primera instancia que declaró su incompetencia absoluta para
conocer del asunto en controversia. Explica que dedujo reclamación judicial en procedimiento monitorio laboral en contra de la resolución administrativa dictada por la Dirección Nacional del Trabajo, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto respecto de aquélla que declaró improcedente la solicitud de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Señala que la recurrida opuso la excepción de incompetencia absoluta que fue acogida por los sentenciadores recurridos con falta y abuso grave según lo estima, al considerar que la decisión administrativa cuestionada sólo es reclamable ante el Director Nacional del Trabajo, y por lo tanto, no le es aplicable el artículo 504 del Código del Trabajo, evento en el que resulta ser improcedente la sede intentada. Solicita, en definitiva, se acoja el recurso por haberse incurrido faltas o abusos graves en la dictación de la resolución que se impugna, se la invalide y acogiendo la pretensión del recurso de apelación, se rechace la excepción de incompetencia ya aludida.
Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos –al decidir como lo hicieron– hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que los sentenciadores hicieron de las normas que rigen la procedencia de la reclamación judicial que regula el artículo 504 del Código del Trabajo, en relación con la posibilidad de impugnar judicialmente la decisión administrativa que se pronuncia sobre la calificación de servicios mínimos, concluyendo que tal pronunciamiento sólo es reclamable por vía administrativa ante el Director Nacional del Trabajo, excluyéndose, de ese modo, la sede judicial.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido en contra de la resolución de tres de enero último, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin perjuicio de lo resuelto, actuando esta Corte de oficio tiene presente lo que sigue:
b) El tribunal, con fecha 28 de agosto de 2017, rechazó el reclamo en procedimiento monitorio, resolución que, debidamente impugnada por el recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 500 del Código del Trabajo, dio origen al proceso pertinente citándose a la audiencia de rigor. En esta oportunidad la Dirección Nacional del Trabajo dedujo incidente de incompetencia absoluta del tribunal, el que fue acogido mediante resolución de 5 de octubre último conforme a las razones antes referidas, decisión que, apelada, fue confirmada pura y simplemente por los jueces recurridos, y es ése el pronunciamiento que aquí se analiza. c) Que, como se observa, el fallo reprochado, en tanto hizo suyo íntegramente el de primera instancia, estimó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 360 del Código del Trabajo, los tribunales del trabajo no tienen competencia para conocer del asunto en referencia.
2° Que establecida la cronología de las actuaciones procesales y previo a otra consideración conviene precisar, para la mejor comprensión del presente conflicto, que la Ley N° 20.940 publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 2016, que comenzó a regir el 1 de abril de 2017, introdujo un nuevo texto al Libro IV del Código del Trabajo que regula lo concerniente a la negociación colectiva. En el Título IV del actual texto de este Libro IV, está normado lo relativo al procedimiento de negociación colectiva, y específicamente, en el capítulo VII del citado Título, en sus artículos 359 a 361 regula lo que se denomina las “Limitaciones al ejercicio del derecho a huelga”. En síntesis, en la primera disposición–artículo 359- se consagra la obligación de la comisión negociadora sindical en orden a que durante la huelga y, sin afectar el derecho en su esencia, debe proveer el personal necesario para atender los servicios mínimos de la empresa, con miras a proteger sus bienes corporales e instalaciones y prevenir accidentes, y, a la vez para garantizar los servicios de utilidad pública, atenciones de necesidades básicas de la población, incluyendo las relacionadas con la vida, la seguridad y la salud, así como también para la prevención de daños ambientales y sanitarios, todo ello, considerando el tamaño y características de la empresa. Se añade que el personal destinado a atender estos servicios mínimos se conformará con trabajadores involucrados en la negociación colectiva, y se denominará a este personal como “equipo de emergencia”. A continuación, en el artículo 360 se establece que la calificación para determinar si se trata servicios mínimos, así como el número y competencias de quienes conformarán el equipo de emergencia debe producirse antes del inicio de la negociación colectiva. Se explica que, a propuesta del empleador hecha a todos los sindicatos de la empresa, las partes pueden concordar en ambas calificaciones; pero si ello no se logra, cualquiera de ellas puede requerir la intervención de la Dirección Regional del Trabajo. Se indica luego que la resolución de este organismo debe ser fundada, y –para lo que aquí interesa- en el inciso undécimo del citado artículo 360 se expresa que esta decisión “sólo será reclamable ante la Dirección Nacional del Trabajo”.
4° Que, en efecto, y aun cuando se acude por los jueces al concepto de incompetencia absoluta, lo cierto es, que en estricto rigor se priva a los involucrados, en la especie al recurrente, de su derecho de acceder a la jurisdicción, desatendiendo con ello, entre otros, el principio de inexcusabilidad que nuestra Constitución Política de la República consagra en el artículo 76, texto que reconoce exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. Añade el texto que “reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión”. Esta última prevención es reiterada en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales. El recién referido principio de inexcusabilidad debe necesariamente ser vinculado a la noción de debido proceso y, específicamente con el ejercicio del derecho de acción, en cuanto prerrogativa de naturaleza fundamental que incluye no sólo el acceso a la justicia sino también el amparo y tutela efectiva del derecho sustantivo que se reclama (así lo proponen los profesores Luis Guilherme Marinoni, Alvaro Pérez Ragone, y Raúl Núñez Ojeda, en su obra “Fundamentos del proceso civil. Hacia una teoría de la adjudicación”, de Abeledo Perrot Legal Publishing Chile, 2010, pp 195-206). De esta manera, no es extremo reconducir este concepto a la idea de que la inexcusabilidad, además de expresarse como una prohibición al juez de eludir la decisión de la cuestión que se somete a su conocimiento, también configura la prohibición de apartar del control jurisdiccional cualquier asunto que, cumpliendo las exigencias del artículo 76 de la Constitución Política de la República, deba caer bajo el amparo del órgano jurisdiccional correspondiente, conclusión que se ve claramente reafirmada y complementada con el tenor del inciso segundo del artículo 38 de la carta magna, al señalar que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Ninguna duda cabe que en la especie se está en presencia de un conflicto de relevancia jurídica que genera y hace operativo el poder-deber entregado a los tribunales para conocer de él y de resolverlo por la vía del instrumento denominado proceso, y con efecto de cosa juzgada.
6° Que no obstante que, desde los principios y normas superiores que nos rigen no resulta posible, en concepto de esta Corte, interpretar la frase en comento del texto ya citado como orientada a privar a las partes concernidas de su derecho fundamental a acudir a la jurisdicción, es lo cierto que, llevado el caso a la legislación sectorial y especial del Código del Trabajo se arriba al mismo resultado. En efecto, y partiendo por lo que toca a la competencia absoluta en razón de la materia, el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en plena armonía con lo que se ha dejado dicho en lo que precede, señala expresamente que: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: e) Las reclamaciones que procedan contra las resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social”. Tampoco cabe duda alguna que la materia que ocupa este análisis es de naturaleza laboral, en tanto tiene lugar durante la vigencia de una vinculación de este tipo. Es útil también destacar, a estos efectos, que el artículo 306 del Código del Trabajo en su texto actual dispone que: “Son materia de la negociación colectiva aquellas de interés común de las partes que afecten las relaciones mutuas entre trabajadores y empleadores, especialmente las que se refieran a remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero y, en general, a las condiciones comunes de trabajo”. Es del caso que el problema sub lite, versando sobre un conflicto de origen laboral, llega a esta sede por la vía de impugnar o reclamar de una resolución administrativa, aspecto éste, expresamente previsto en la norma del artículo 420 letra e), arriba transcrito.
8° Que, también en el ejercicio de demarcar el ámbito normativo que fue aplicado a la reclamación materia de autos desde su ingreso al tribunal laboral -antes de la dictación de la resolución atacada-, cabe hacer notar que se dio inicio a su sustanciación con arreglo al procedimiento monitorio, y ello sobre la base de lo dispuesto por el artículo 504 del Código del Trabajo, en tanto preceptúa que: “En todos aquellos casos en que en virtud de este Código u otro cuerpo legal, se establezca reclamación judicial en contra de resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en el artículo 500 y siguientes del presente Código”. Como se aprecia, al aludir a “las reclamaciones que procedan”, el texto recién transcrito evidentemente comprende las relativas a las materias contenidas en la letra e) del artículo 420 del Código del Trabajo, sin dejar de observar esta Corte que, por otra parte, la letra b) del referido artículo 420, guarda también sintonía con lo previsto en los artículos 306 y 399 del mismo cuerpo normativo, lo que reafirma las conclusiones hasta aquí alcanzadas.
Publicado por Darimar Timaure el 5/03/2018 10:14:00 a.m.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 504
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 resolución 
 resolución 
 artículo 500
 resolución 
 artículo 360
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 artículo 76
 artículo 10
 artículo 76
 artículo 38
 artículo 420
 artículo 306
 resolución 
 artículo 420
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 artículo 504
 artículo 500
 artículo 420
 artículo 420