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Timestamp: 2019-07-16 23:05:25+00:00

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Observatorio / Brasil
Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006, Brasil se encuentra en la posición 69 (con un valor de 0.792), en un ranking de 177 países, lo cual corresponde a un desarrollo humano medio.
El Informe Sobre Desarrollo Humano Mundial 2006 coloca a Brasil en la posición 55 entre 136 países (con un valor de 0.789). Este Informe muestra que para el 2004 la esperanza de vida de las mujeres era aproximadamente de siete años superior a la de los hombres (74.8 y 67.0 respectivamente), mientras que respecto a la tasa de alfabetización en adultos se observa al 88%. En torno a la tasa de matrícula combinada se observa una disparidad de cuatro puntos porcentuales que beneficia a las mujeres respecto de la tasa de hombres (88% y 84% respectivamente). Finalmente, en cuanto a los ingresos medios estimados en dólares (PPA), en Brasil se observa que los ingresos de las mujeres representan algo más de la mitad de los ingresos de los hombres (6.004 $ PPA las mujeres y los hombres 10.447).
En el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de 2006, Brasil ocupa la posición número 61 en la clasificación mundial entre 75 países considerados (con un valor de 0,486). Las cifras de éste Informe muestran que mientas las mujeres ocupan el 53% de los puestos profesionales y técnicos, sólo un 34% ocupan puestos de directores, gerentes y administradores. En lo que respecta a la participación política, el porcentaje de mujeres parlamentarias es del 9.1%. Finalmente, si la relación equitativa en los ingresos percibidos entre hombres y mujeres sería 1, en el caso de Brasil es 0,57, lo que indica una cifra aún desfavorable para la mujer (alrededor de la mitad).
En el Informe Nacional de acompañamiento sobre las Metas del Milenio Brasil 2004 se afirma que en este país la formación académica no ha constituido un obstáculo para la conquista de la igualdad de género, pues las mujeres tienen una escolaridad superior a la de los hombres. La discriminación se observa, se detalla, cuando se analizan los indicadores de su participación en el mercado del trabajo y en el alcance político, agravado por la violencia doméstica de que son víctimas.
Más allá de lo anterior, se afirma en el Informe, complica la autonomía de las mujeres una estructura social y cultural que obliga a que los hombres tengan menos niveles educativos “por la presión a que se marchen pronto de casa en busca del trabajo, con lo cual los adolescentes abandonan la escuela”.
Al observar la relación entre el número de estudiantes mujeres y el número de estudiantes hombres en la educación primaria se destaca que ésta proporción entre muchachos y muchachas es estable, en torno al 97% en el 2000. En cuanto a la enseñanza secundaria, la proporción de mujeres es superior, aunque hayan tenido una caída entre 1992 y 2002. Ya en la enseñanza superior se registra una ampliación de la presencia de mujeres con relación a los hombres, esto porque durante la enseñanza secundaria, principalmente, los hombres jóvenes se marchan en busca del trabajo, abandonando la escuela, mientras las mujeres continúan hasta completar el ciclo educativo. Dicha deserción se vuelve todavía más grave cuando se introduce un indicador por raza. Según los datos del 2002 del PNAD (Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios), “entre los individuos de color marrón y negro, el 51,9 % de los hombres y el 49,6 % de las mujeres, entre 18 y 25 años, se incorporaron al mercado de trabajo con 14 años o menos (no quiere decir, necesariamente, que esto provoca la deserción escolar, pero implica una evasión más grande de la escuela)”. Entre las personas de raza blanco llega al 47,7% de los hombres y el 34,3 % en el caso de las mujeres. Estos datos, se aclara en el Informe, “indican que ser un hombre y mujer, sobre todo, ser de color negro o marrón, son factores que complican la permanencia en la escuela”.
Por otra parte, se detalla que el área laboral el aumento de la participación de las mujeres (casadas) en el mercado del trabajo es una tendencia observada de los años 70. En esa década, la industrialización y el desarrollo progresivo por el que atravesó Brasil permitió un fuerte crecimiento económico. La tasa de la participación de la mujer en el mercado laboral es, sin embargo, todavía muy desigual: según el Informe de ODM el crecimiento que se verifica entre 1992 y 2002 son predominantemente urbano y concentrado en el Sudeste y regiones del sur, donde las actividades del servicio son más intensas.
Con relación a la meta ponderada para la región para el ICC, establecida en el 77,75%, Brasil sólo muestra datos del primer años de los tres años considerados, siendo 68.9% en 1995.
En cuanto al indicador de representación en el poder ejecutivo, que incluye cargos de Ministras de Estado o Secretarias Ministeriales nacionales o federales, se observa en Brasil un avance al llegar al tercer año de los considerados, siendo: 5,0% en 1995, 0,0% en el 2000, avanzando a 12,0% en el año 2003, aunque todavía lejano de la paridad.
En torno a la representación en el poder legislativo, que incluye cargos parlamentarios nacionales o federales, los valores se observan avances al llegar al tercer año de los tres considerados: 6,7% en 1995, 5,9% en el 2000 y 9,1 en el 2003.
Respecto al poder local, se observan en Brasil valores que muestran un leve avance, siendo: 3,4% en 1995, 5,5% en el 2000 y 5,7% en el 2003, porcentaje que mantiene a este país distante de la paridad.
Brasil cuenta con una ley de cuotas desde 1997en la que se establece una cuota del 25% de mujeres ser incluidas en su participación para asambleas estatales y la Cámara Federal, lo cual debía aplicarse en la elección 1998. La misma ley especifica un aumento al 30% para todas las elecciones incluyendo municipios a partir de 2000.
Los valores generales de esta área temática para los años 1995, 2000 y 2003 fueron: 75,3%, 78,6% y 77,5% respectivamente; valores aún mantienen a Brasil distante de la meta total ponderada para la región (98,30%), a partir de los indicadores que lo constituyen: 1) Relación de ingresos medios de las mujeres ocupadas respecto de los hombres ocupados; 2) Hogares con jefatura femenina en categoría no pobres; 3) Mujeres alfabetizadas de 15 a 24 años de edad.
Respecto a la relación de ingresos medios, Brasil muestra un avance constante en los años analizados, siendo la meta trazada para la región (100%). Las variaciones en este indicador se observan así: 54,0% en 1995, 64,0% en el 2000, llegando a 63,0% en el 2003, aunque todavía lejos de la meta.
En cuanto al porcentaje de hogares con jefatura femenina en categoría no pobres, siendo la meta regional el 95%, Brasil muestra un retroceso durante el período estudiado: 76,4% en 199574,9% en el 2000, y 73,5% en el 2003.
En torno al tercer indicador, la meta establecida para la región es que el 100% de mujeres de 15 a 24 sean alfabetizadas. Al respecto Brasil también muestra un retroceso al final del período estudiado, siendo: 95,4% en 1995; 96,7% en el 2000, llegando al 95,7% en el 2003.
Según estadísticas de género de la CEPAL, se observa entre otros datos que la tasa de desempleo urbano en el 2002 era del 13.4% para la mujer y del 8.7% para los hombres. Además, se agrega que el ingreso per cápita urbano por mujer era el 50.1% del ingreso per cápita urbano por hombre, siempre en el 2002.
Para analizar esta área retomamos principalmente el ICC relativo a salud de la mujer y derechos sexuales y reproductivos (ver documento). Al respecto, en la evolución general Brasil solo muestra datos de 1995, siendo 96,1%, ello a partir de los indicadores que lo constituyen:
1) Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Para este indicador la meta establecida a escala regional es de 60%. Al respecto no se observan datos en Brasil parta los dos últimos años estudiados, siendo el 70,3 para 1995.
2) Nacidos vivos de madres de 20 o más años. En cuanto a este indicador se estableció una meta regional de 95%, observándose en Brasil leves avances: siendo para 1995 el 78,7%, pasando en el 2000 a 76,6%, pasando a 77,3% en el 2003.
3) Atención institucional al parto. Este uno de los indicadores que muestran mejores valores para Brasil, partiendo de que la meta establecida para este ha sido del 100%: 96,1% (en 1995), 96,6% (en 2000), pasando a 96,5% (en el 2003).
Según el Reporte del Estado brasileño al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, se estima que en Brasil 260 muertes maternas ocurren por cada 100,000 nacimientos vivos. Sin embargo, la magnitud de la mortalidad materna en Brasil es aún desconocida, de acuerdo con los hallazgos de la Comisión Parlamentaria Federal de Investigación (CPFI) sobre la Mortandad Materna, reportada en Agosto del 2001. Esta Comisión informó que “el 98% de los casos de mortalidad materna podían ser evitados y que los índices de mortalidad materna no han disminuido en los últimos quince años, a pesar de las mejoras económicas subsiguientes”.
La CPFI detalló que el 91.5% de los partos son realizados en hospitales públicos. Adicionalmente, el 65.9% de las mujeres que murieron por causas de mortalidad materna dependían totalmente del sistema de salud pública para dar a luz. El informe de la CPFI amplia además que la mortandad materna en Brasil tiene un impacto desproporcionado en la población descendiente de africanos, los mulatos, indígenas, pobres y las mujeres solteras que viven en las regiones más pobres del Brasil, incrementando sus riesgos de morir a causa de una mortandad materna que podría ser evitada.
En Brasil el aborto está regulado en el Código Penal (1940). En este se puntualiza que el aborto será permitido solamente cuando el embarazo es resultado de una violación y cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer gestante. En septiembre de 2005 fue presentado por el Poder Ejecutivo un nuevo proyecto de ley en torno a la despenalización del aborto. La nueva propuesta sugiere que el Sistema Unificado de Salud Pública (SUS) y los planes de salud privados cubran los costos de los abortos contemplados en la propuesta. Aunque el proyecto se empezó a discutir en 2005, la tensión que generó provocó un cambio de estrategia en cuanto a su contenido y una parálisis en el proceso de discusión. Esta ley aún está esperando su aprobación, o desaprobación, pues el 2006 ha sido un año electoral en Brasil, lo cual impidió que la discusión se ampliara y se realizara la votación. El aborto ilegal es castigado con pena que va de uno a cuatro años de prisión para quien provocare el aborto; la pena es mayor si la mujer es menor de 14 años de edad, si no se obtuvo el consentimiento de la mujer o si ella sufre daños en su salud o muere.
Brasil cuenta con un fondo obligatorio de educación para la primera infancia conocido como FUNDEF (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Valorización del Magisterio). La iniciativa, que establece que el 60 % del presupuesto para educación de los gobiernos locales - los estados y municipalidades - deben ser destinados a la educación fundamental o primaria, contribuyó a elevar la tasa neta de ingreso a la educación primaria del 92.7 por ciento en 1994 al 96.4 por ciento el año 2000.
Población analfabeta de
7.457.934
7.593.962
15.051.896
Como publica ISIS Internacional, durante 1999 se registraron 326,793 denuncias en las Delegaciones Especializadas de Atención a la Mujer (DEAMs), de las cuales 107.999 (33,05%) fueron amenazas; 159 fueron asesinatos (0,05%); 113.713 constituyen casos de lesión corporal (34,80%); 4.076 casos de malos tratos (1,25%); 4.697 casos de estupro (1,44%) y 1.242 tentativa de estupro (0,38%), entre otros crímenes.
La investigación titulada Percepción y Reacciones de la Sociedad sobre la Violencia Contra la Mujer, realizada por el Instituto Patricia Galvão y el Ibope, con apoyo del UNIFEM, destaca que en el 2004 el 30% de los entrevistados destacaron tema de violencia contra las mujeres como el problema que más preocupa en la actualidad a los brasileros. En 2006, la cifra subió al 33%. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados no cree que el estado ofrezca soluciones eficaces para esta cuestión, lo que genera una sensación de impunidad a los agresores. El 51% de los entrevistados declaró conocer al menos a una mujer que es o fue agredida por su compañero, además, nueve de cada 10 mujeres recuerdan haber asistido o escuchado campañas contra la violencia hacia la mujer en la TV o por radio.
En su análisis, el Instituto resalta que "la investigación demuestra que la sociedad no ve con claridad la efectiva aplicación de la ley en los casos de violencia contra la mujer por todos los agentes que tienen la responsabilidad de instrumentarla, desarrollándose de esta manera una sensación de impunidad y de ineficacia de los sistemas policial y judicial".
La principal conquista de las mujeres en Brasil con relación a la violencia fue la Constitución Federal promulgada el 5 de octubre de 1988, que en su artículo 226, 8º puntualiza: " El Estado asegurará la asistencia a la familia en la persona de cada uno de los que la integren, creando mecanismos para cohibir la violencia en el ámbito de sus relaciones". Prácticamente todas las Constituciones de los 26 Estados de la Federación – promulgadas después de 1988 – también hacen referencia a la cohibición de la violencia en el ámbito doméstico y familiar, con excepción de sólo tres estados (Pernambuco, Roraima y Alagoas). Sin embargo, hasta hoy no existe una ley específica para prevenir, sancionar y erradicar el crimen de la violencia doméstica, ni incluso una legislación respecto a acciones de tutela en casos de violencia familiar y sexual.
En 1985, se crearon las Delegaciones Especializadas de Atención a la Mujer (DEAMs). Hoy día son 307 las DEAMs funcionando en todos el territorio brasileño. São Paulo concentra el 40,7% de ellas, y Minas Gerais, el 13%. Estas constituyen la principal política pública de prevención y combate a la violencia contra las mujeres.
En el ámbito de las leyes federales, se pueden destacar entre otras:
Decreto Legislativo Nº 26 (1994), que aprobó el texto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, firmado por la República Federativa del Brasil, en Nueva York, el 31 de marzo de 1981, y que revocó el Decreto Legislativo Nº 93, de 1983.
Ley Nº 8.930 del 6 de septiembre de 1994, que otorga una nueva redacción al artículo 1º de la Ley Nº 8.072 / 90 sobre delitos sórdidos (artículo 5º, XLIII de la Constitución Federal), incluyendo a la violación sexual en la relación de crímenes.
Decreto Legislativo Nº 107 (1995) que aprobó el texto de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en Belém do Pará, el 9 de junio de 1994.
Ley 9.099 del 26 de septiembre de 1995 que dispone sobre los Juzgados Especiales Civiles y Penales, regulando el artículo 98, I de la Constitución Federal. Esta ley alteró la regulación procesal de delitos cuya pena máxima no supera 1 año, entre ellos, la lesión corporal menor y la amenaza, los dos crímenes de mayor ocurrencia en el ámbito familiar.
Ley Nº 9.318 del 05 de diciembre de 1996 que agregó al acápite "h" del inciso II del artículo 61 del Código Penal (circunstancias agravantes ) la expresión "mujer embarazada".
Ley 9.455 del 07 de abril de 1997 que define los delitos de tortura, al establecer en el inciso II del artículo 1º que constituye delito de tortura "someter a alguien, bajo su custodia, poder o autoridad, con empleo de violencia o grave amenaza, a intenso sufrimiento físico o mental, como forma de aplicar castigo personal o medida de carácter preventivo". La pena aumenta cuando el crimen es cometido contra una gestante (artículo 1º, II ). Cabe destacar que esta ley no fue creada con la intención de proteger a la mujer víctima de violencia doméstica, aunque pudo ser utilizada en ese sentido.
Ley 9.520 del 27 de noviembre de 1997 que revocó el artículo 35 y su párrafo único contenido en el Decreto-Ley no 3.689 / 41 (Código de Procedimientos Penales) referente al ejercicio del derecho de queja por parte de la mujer. Tal artículo disponía que la mujer casada no podría ejercer el derecho de queja sin el consentimiento del marido, salvo cuando estuviese separada de él o cuando la queja fuese contra él.
Ley 9.807 del 13 de julio de 1999 que dispone sobre protección y auxilio a las víctimas de la violencia y testigos amenazados. Es importante destacar que tal ley no fue promulgada buscando la protección específica de la mujer, pero es un instrumento que nos parece valioso y que deberá ser estudiado y analizado con profundidad para buscar su aplicabilidad en la problemática en cuestión.
Norma Técnica del Ministerio de Salud de 1998 para Prevención y Tratamiento de los Agravios resultantes de la violencia Sexual contra Mujeres y Adolescentes Siendo el Código Penal el único recurso legal para procesar y castigar la práctica de cualquier tipo de violencia, incluida la violencia de género, cabe enumerar los principales delitos allí previstos que ocurren comúnmente en el ámbito familiar y doméstico. Ellos son:
Delitos contra la persona: lesión corporal: artículo 129.
Delitos contra la libertad individual. Constreñimiento ilegal: artículo 146; amenaza: artículo 147; secuestro y cárcel privada: artículo 148;
Delitos contra las costumbres: violación sexual, artículo 213; atentado violento al pudor: artículo 214; posesión sexual mediante fraude: artículo 215; atentado al pudor mediante fraude: artículo 216.
Delitos de seducción y corrupción de menores: seducción, artículo 217; corrupción de menores, artículo 218;
Delitos de lenocinio y tráfico de mujeres: mediación para servir a la lujuria de terceros, artículo 227, 1º; favorecimiento de la prostitución, artículo 228, 1º; proxenetismo, artículo 230, 1º.

References: artículo 226
 artículo 1
 artículo 98
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 129
 artículo 146
 artículo 147
 artículo 148
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 215
 artículo 216
 artículo 217
 artículo 218
 artículo 227
 artículo 228
 artículo 230