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Timestamp: 2017-03-29 15:37:28+00:00

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PRINCIPIOS Y ACTOS DE INICIO DEL PROCESO PENAL PowerPoint PPT Presentation
PRINCIPIOS Y ACTOS DE INICIO DEL PROCESO PENAL . JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. El proceso penal es una actividad reglada por normas, las mismas que responden a principios fundamentales. Copyright Complaint
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PRINCIPIOS Y ACTOS DE INICIO DEL PROCESO PENAL JOSÉ ANTONIO NEYRA FLORES PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL El proceso penal es una actividad reglada por normas, las mismas que responden a principios fundamentales. Los principios son criterios de orden jurídico - político que orientan el Proceso Penal en el marco de una política global del Estado en materia penal. Tratados internacionales y principios del Proceso Penal Carta de las Naciones Unidas Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre Declaración Universal de los derechos civiles y políticos Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos La Convención Americana sobre derechos Humanos La Constitución y Principios del Proceso Penal El Proceso Penal es manifestación del control social formal que implementa el Estado. El Proceso Penal debe ser síntesis de las garantías fundamentales de la persona y el derecho de castigar que ostenta el Estado, el Proceso Penal tiende a alcanzar un adecuado equilibrio entre eficacia y garantía en virtud del cual el Proceso Penal s efectué de modo menos gravoso tanto para la partes como para el Estado. La Constitución fundamento de la Reforma La Constitución 1993 en su Art. 139 consagra los Principios básicos como un conjunto de normas que establecen las garantías básicas de la función jurisdiccional y por lo tanto del debido proceso. Necesidad de integrar cada uno de los principios que guían el Proceso Penal con el ordenamiento general que establece la Constitución. Clasificación de los Principios Principios referentes al imputado Juicio Previo No cabe una condena que no sea consecuencia de un Juicio lógico, expresado en una sentencia debidamente motivada. La garantía del Juicio Previo establece una limitación objetiva al poder punitivo del Estado y una limitación subjetiva a ese poder (el Juez como único funcionario habilitado para llevara cabo el Juicio) Significado del Juicio Previo El Juicio en términos constitucionales, significa siempre un Juicio oral, público y contradictorio, implica un contenido procesal es decir también debe haber un proceso que antecede y conduce al Juicio El Juicio previo constituye el punto de máxima eficacia de todas las garantías procesales, la máxima concentración de la fuerza protectora de las garantía de defensa, Inocencia, inviolabilidad e la esfera intima de la persona, inmediación, publicidad, etc. Significado del Juicio Previo La garantía del Juicio Previo implica: a)La reafirmación del papel del Estado como único titular del poder represivo del Estado (justicia penal estatal) y b) La garantía de que nadie puede sufrir pena sin un proceso previo (Prohibición de la justicia privada) La garantía del Juicio Previo posee dos dimensiones: el ejercicio del poder penal del Estado se halla limitado por una forma (Proceso Penal con garantías) y; el Juicio previo supone la existencia de un órgano estatal autorizado para llevarlo a cabo, es decir un Juez natural con autonomía e independencia en el ejercicio de la función. Significado del Juicio Previo Se debe garantizar los Principios de Juez natural y procedimiento predeterminado Juez Natural: garantiza la imparcialidad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, al establecer que debe haber, con anterioridad al hecho punible, un Juez Penal competente. Procedimiento predeterminado: exige la vigencia de un Procedimiento igualmente anterior al hecho, que garantice la imparcialidad del Juzgamiento Obstrucciones a la garantía del Juicio Previo en el Perú Procedimiento escrito Inadecuada producción de la prueba La subsistencia de presunciones y distorsiones (en los procesos a menudo se presume el dolo o la relación causal o más cuando se invierte la carga de la prueba ) La extralimitación de autoridades no judiciales La delegación de funciones. Falta de deliberación. Entre otras. Derecho a la defensa Permite al imputado hacer frente al Sistema Penal en una formal contradicción y con igualdad de armas. El derecho de defensa del imputado consiste en la facultad de poder resistir y contradecir la imputación en el proceso. Un derecho que se materializa en la facultad de ser oído en Juicio, de controlar la prueba de cargo, de invocar y probar los hechos que justifiquen una exclusión o por lo menos una atenuación de la responsabilidad y en general de conseguir lo más favorable al acusado Derecho a la defensa Hay dos clases de defensa: material y técnica. Defensa material.- Se refiere a la autodefensa ejercida de manera directa por el acusado, el cual participa de manera directa en el desarrollo de los actos procesales; defensa técnica.- es realizada por un abogado (a libre elección o gratuito) El derecho de defensa como garantía de un debido proceso comprende derechos derivados: conocer los fundamentos de la imputación; si el imputado se halla detenido, conocer los motivos de su detención. Derecho a la defensa También incluye el derecho a no ser condenado en ausencia, este derecho prohíbe a los Tribunales emitir condena sin antes oír al procesado, esto es hacer uso de su derecho de defensa. Así mismo se reconoce el derecho a una justicia penal gratuita y la defensa de oficio para los imputados insolventes. Comprende también el derecho a impugnar resoluciones judiciales, de presentar pruebas de descargo, derecho de guardar silencia y no ser obligado a declarar en contra su voluntad Reconocimiento a la dignidad humana El imputado por la comisión de un delito por mas grave que sea no pierde de ninguna manera los derechos fundamentales que le son inherentes, solo pueden ser restringidos en casos claramente establecidos, como sucede con el derecho a la libertad individual Conocido también como Principio de humanidad encuentra su mayor obstáculo en la tortura In dubio pro reo El principio de In dubio pro reo tiene como objeto la defensa de la libertad frente a la parcialización que pueda asumir el aparato penal en la persecución de sus fines La condena solo puede fundarse en la certeza y la verdad de lo establecido durante el proceso, de tal manera que la duda necesariamente absolverá al acusado In dubio pro reo El principio de In dubio pro reo debe imperar en todas las situaciones en que lo exijan el derecho de defensa o la tutela de las garantías procesales establecidas en la Constitución y las leyes. El In dubio pro reo se manifiesta en la valoración de la prueba. In dubio pro reo Tiene presencia cuando se presenta una duda que afecte el fondo del proceso Reconocimiento jurisdiccional de la existencia de una duda Se dirige al órgano jurisdiccional como elemento de valoración probatoria Presunción de inocencia Esta presente en todo el proceso penal Exige la actividad probatoria para que se le desvirtué con seguridad Es la garantía para considerar a todo procesado como inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad Diferencias: In dubio pro reo y presunción de inocencia Presunción de inocencia Reconocido a nivel Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El principio de inocencia influye en el proceso penal básicamente en la actividad probatoria, pues impone al órgano estatal de persecución penal la carga de demostrar la culpabilidad del imputado mediante la actuación de pruebas indubitables, correlativamente el imputado no esta obligado a demostrar su Inocencia pues esta se presume Toda persona debe ser tratada como inocente, la situación jurídica de un individuo frente a cualquier imputación es de inocente, mientras no se declare formalmente su culpabilidad El imputado no debe ser tratado como inocente hasta la decisión que pone fin al proceso: condenándolo. La “inocencia” es un concepto genérico toma sentido solo cuando existe la posibilidad de que tal individuo sea culpable de un delito, pues la situación normal de los ciudadanos es la de “libertad” CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA La culpabilidad debe ser construida jurídicamente por los representantes del Estado Tal construcción debe asegurar un grado suficiente de certeza No es al imputado a quien le corresponde construir su inocencia El acusado no debe ser tratado como culpable si el proceso no ha llegado a su fin con sentencia condenatoria No pueden existir partes de culpabilidad que no necesiten ser probadas Excepcionalidad de la detención y la libertad como regla Regla: El imputado debe enfrentar el proceso pena en libertad. Durante el proceso solo es permitido el empleo de la coerción cuando sea indispensable para asegurar los fines del Proceso Penal ante la existencia del peligro procesal. La privación de la libertad es una medida de coerción de utilización excepcional Juzgamiento en un plazo razonable Toda persona tiene derecho a ser juzgada sin demora, lo cual implica que el Estado debe de realizar un Juicio Penal breve y sin dilaciones indebidas, a fin de resolver la condición del imputado y cautelar el interés resarcitorio de la victima. La tardanza en la tramitación y resolución de los procesos penales adquiere especial importancia cuando se ha dispuesto la privación de la libertad del acusado; la dilación indebida incide en el propio resultado del proceso. Juzgamiento en un plazo razonable Principio vinculado estrechamente con el principio de celeridad procesal por tener un objetivo común: La pronta solución de la causa, pero expuestos en distintos ángulos. Principio del plazo razonable.- derecho que le asiste al imputado a que se le juzgue en un periodo de tiempo prudencial; celeridad procesal.- obligación del órgano jurisdiccional de utilizar los medios idóneos que llevan consigo la pronta solución del conflicto Cosa juzgada La persona cuya situación procesal haya sido definida por la sentencia ejecutoriada o auto que tenga la misma fuerza vinculante, no puede ser sometida a un nuevo proceso por el mismo hecho. La autoridad de cosa juzgada o res iudicata, es el principal efecto de la actuación jurisdiccional concretada en la sentencia o en la declaración de certeza. Cosa juzgada Para que la cosa juzgada opere , se requiere tres identidades: identidad de persona, identidad de hechos, identidad de fundamentos (motivo de persecución) Efectos procesales La imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado, lo cual significa que un imputado absuelto en otro proceso no se le puede reabrir otro para condenarlo, solo cuando favorezca al imputado; impide además que una persona pueda ser sometida 2 veces a Proceso Penal por el mismo hecho y motivo (ne bis in idem) Principios referidos a los órganos estatales Juez técnico o lego, único o colegiado Independencia Judicial La naturaleza heterocompositiva del Proceso Penal exige como presupuesto indispensable la imparcialidad del órgano jurisdiccional La imparcialidad consistente en en el sometimiento del Juez al derecho y a las atribuciones propiamente jurisdiccionales que la Constitución establece Independencia Judicial Implica la ausencia de todo interés en la resolución del Proceso que no sea la aplicación estricta del ordenamiento jurídico El Juez debe dictar sus fallos con entera libertad, los mismos que no pueden ser desconocidos, ni revisados por otros poderes del Estado. Ninguna autoridad puede avocarse al conocimiento de causas pendientes del órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones Principios referidos al Proceso Legalidad Procesal Se basa en el deber del Estado de perseguir, reprimir y sancionar a través de los órganos competentes, todos los delitos que se cometan en la sociedad DISTINGUIR PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL PENAL La legalidad penal se refiere a que la determinación de tipos penales debe hacerse conforme a la determinación de la ley “nulum crimen nulla poena sine lege”; la legalidad procesal penal tiene que ver con la obligación del Estado de actuar ante toda conducta delictiva Legalidad Procesal Un sistema procesal esta regido por el Principio de legalidad cuando el proceso penal necesariamente ha de iniciarse ante la sospecha de comisión de cualquier delito. No obstante existen excepcionalmente delitos de ejercicio privado de la acción penal, también el principio de oportunidad, el cual consiste en la facultad del Ministerio Público para ejercitar la acción penal atendiendo a ciertos criterios, o los acuerdos reparatorios, Art. 2 CPP modificado por ley 28117 Celeridad Procesal Este principio responde a la exigencia de Juicio breve y sin dilaciones, comprende a su vez los principios de: economía, concentración y simplificación procesal P. de economía.- obtener el mejor resultado con el mínimo esfuerzo, relaciona con el principio de preclusión P. de concentración.- reunir varios actos en un solo procedimiento , en el Juicio Oral se relaciona con los demás principios P. de simplificación procesal, los actos deben realizarse de manera menos gravosa con el empleo de menor actividad procesal posible Publicidad En el procedimiento penal la regla es la publicidad, que constituye una garantía de la administración de justicia., pues permite el control de la imparcialidad, probidad y profesionalidad de los jueces. La garantía de la publicidad alcanza su mayor materilialización en la etapa de Juicio Oral, pues durante la investigación rige el principio de reserva, lo cual no excluye la participación de la defensa. El Principio de Publicidad es un principio de naturaleza política que tiene por fin la fiscalización popular de los jueces Libertad probatoria En el proceso penal no rige ninguna limitación o restricción para el ofrecimiento, incorporación y valoración de los medios de prueba, salvo las que derivan de un permanente respeto a la dignidad humana, y de las que se vinculan con su utilidad, conducencia y pertinencia. Actos de inicio del proceso penal ETAPAS DEL PROCESO PENAL ORDINARIO Investigación Preliminar Instrucción Etapa intermedia Juzgamiento Recurso de nulidad Ejecución La Investigación Preliminar Fiscal Provincial: Titular de la acción penal y responsable de la carga de la prueba. Actualmente el 90% de investigaciones preliminares los realiza la PNP, y sólo en el 10% interviene el Ministerio Público conduciéndolos. Diferencias entre Diligencias Policiales y Atestado Policial: Atestado Policial: Documento técnico- administrativo contiene la opinión del policía investigador, no vale como prueba al igual que opiniones fiscales y judiciales. Rol de la PNP: (Art. 166 de la CPE y LOPN) Prevenir e investigar delitos. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno. El Atestado Policial: contiene 3 partes: a) Introducción b) Cuerpo contenido, incluye el análisis y evaluación de los hechos y c) Conclusiones El Parte Policial: Cuando no se ha establecido la comisión del delito. De conformidad con los Artículos 62 y 72 del CPP las diligencias de la investigación preliminar valen como elementos probatorios si se han llevado a cabo con presencia del Fiscal y Abogado defensor, Se debe agregar: siempre que siempre que se hayan respectado los derechos fundamentales si no se incurriría en prueba prohibida REGLAS DE EXCLUSIÓN La Teoría de las Reglas de la Exclusión: Elimina toda prueba que se haya obtenido violando Derechos Fundamentales de las Personas. Las actuaciones violando derechos fundamentales constituyen prueba prohibida o ilícita y pueden ser excluidas del material probatorio. Se inutilizan para que la policía tenga en cuenta que la verdad no se puede obtener a cualquier precio y que los límites son el respecto a los derechos fundamentales y las Normas Internacionales de Derechos Humanos Hay varias teorías sobre Reglas de Exclusión de Pruebas Prohibidas o Ilícitas. 1) RADICAL : Las elimina. 2) ACTOS DE BUENA FE: 3) DESCUBRIMIENTO INEVITABLE 4) SUPRESIÓN MENTAL HIPOTÉTICA 5) FRUTOS DEL ARBOL ENVENENADO 6) LA PONDERACIÓN DE INTERESES Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares (LEY Nº 27379) CONSIDERACIONES PREVIAS El C de PP 1940 no previo la posibilidad de que durante la Investigación Preliminar fuera posible que el Juez Penal intervenga parta dictar medidas instrumentales restrictivas de derechos o medidas provisionales, básicamente cautelares. Se configuro un Fiscal sin facultades coercitivas. La posibilidad de establecer estas medidas, en la fase de Investigación Preliminar nace con 4 normas con rango de ley, vigentes aún. Decreto Ley Nº 22095, del 2/03/1978, reglamentada por Decretos Supremos Ley 27379, del 21/12/00, cuyo antecedente es el Art. 170 in fine del Código Procesal Penal de 1991 Ley 27697, desarrolla el control y la intervención de comunicaciones y documentos privados Ley 27934, del 12/02/02consolida la potestad coercitiva en sede de Investigación Preliminar para todos los delitos. La Ley 27379, de 21 de diciembre de 2000, su ámbito de aplicación se limita a los delitos graves y a al intervención delictiva de una pluralidad de personas o de una organización criminal Incorpora un total de doce medidas limitativas de derechos: detención Preliminar, comparecencia restrictiva, arraigo, orden de inhibición de disposición de bienes, levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria, exhibición y remisión de información reservada, allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, inmovilización de muebles y clausura temporal de locales. La interceptación telefónica fue eliminada para dar paso a otras medidas mas amplias en otra ley posterior Legitimidad constitucional Problema a esclarecer es la legitimidad constitucional de la limitación de derechos fundamentales en la fase preprocesal. La Constitución se refiere en diversas normas a la limitación de derechos con fines de justicia penal, Ej. Levantamiento del secreto bancario a pedido del Juez, allanamiento de domicilio fuera de los casos de flagrancia, entre otras Para limitar derechos fundamentales con fines del Proceso Penal, es imprescindible la existencia de una orden judicial, escrita y motivada El presupuesto inicial, para conseguir que el Juez, dicte una medida limitativa de derechos es la urgencia y peligro en la demora. Necesidad Imperiosa Convicción de que si no se dicta una medida de coerción específica (proporcional y basada en el Principio de intervención indiciaria), el objeto perseguido se perdería con grave riesgo para la efectividad del procedimiento El sujeto activo de la medida siempre es el Fiscal titular de la investigación y quien debe concederla o denegarla es el Juez. Ámbito de aplicación de la Ley En que casos puede dictarse las medidas limitativas de derechos ? Delitos cometidos por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos. Delitos de Peligro Común, previstos en los artículos 279, 279-A y 279-B del Código Penal; contra la Administración Pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; delitos agravados, previstos en el Decreto Legislativo Nº 896; delitos aduaneros, previstos en la Ley Nº 26461; y delitos tributarios, previstos en el Decreto Legislativo Nº 813, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal. ¿En que casos puede dictarse las medidas limitativas de derechos ? Delitos de Terrorismo, previstos en el Decreto Ley Nº 25475; de Tráfico Ilícito de Drogas, previstos en los artículos 296-A, 296-B, 296-C, 296-D y 297 del Código Penal; de Terrorismo Especial, previstos en el Decreto Legislativo Nº 895, modificado por la Ley Nº 27235; delitos contra la Humanidad, previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV-A del Código Penal; y delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, previstos en los Capítulos I y II del Título XV del Libro Segundo del Código Penal. Medidas limitativas de derechos (Art. 2 ) El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al Juez Penal las siguientes medidas limitativas de derechos: a) Detención preliminar, hasta por el plazo de 15 días. Esta medida se acordará siempre que existan elementos de convicción suficientes para estimar razonablemente que se ha cometido delitos: Con pluralidad de personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos., Que la persona contra quien se dicta ha intervenido en su comisión y que se dará a la fuga u obstaculizará la actividad probatoria. Dictada la orden judicial y efectuada la detención Preliminar (comunicada las razones de la detención, y recibida la declaración del detenido – si hubiere-) Plazo No mayor a 24 horas de la detención El detenido será puesto a disposición del Juez Penal, que en ese acto realizará una Audiencia privada con asistencia del Fiscal y de su defensor a fin de que se verifique su identidad y garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales ¿En caso de error en la individualización del detenido o ausencia de necesidad en la medida como consecuencia de las primeras diligencias realizadas bajo la conducción del Fiscal Provincial?, El Juez Penal ordenará su inmediata libertad mediante resolución inimpugnable, quedando a salvo los recursos que la ley establece para la protección de la honra y buena reputación. El Juez Penal también podrá variar la medida de detención por una de las restricciones establecidas en el artículo 143, a exepción de la caución ¿Cuando la medida de detención debe mantenerse? El Juez Penal autorizará la conducción del detenido al Establecimiento Policial correspondiente, bajo responsabilidad del M.P. e informará al detenido que tiene derecho a solicitar nueva audiencia para reclamar la afectación indebida de su derecho de defensa o de irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, así como para requerir la variación de la medida de detención o su levantamiento. ¿Si el Juez Penal adviertre irregularidades en el Proceso, se ha afectado el derecho de defensa del imputado o si la medida de detención no se justifica? Mediante resolución inimpugnable, ordenará se comunique al Superior del Fiscal las irregularidades advertidas, declarará concluida las investigaciones preliminares y dispondrá que el Fiscal en el plazo de veinticuatro horas decida la promoción de la acción penal o el archivo de las actuaciones, en el último caso. dictará resolución ordenando la libertad del detenido o variando ésta por una de comparecencia con restricciones. Impedimento de salida del país o de la localidad en donde domicilia el investigado o del lugar que se le fije. Esta medida se acordará, cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad y no sea necesaria ni proporcional una limitación de la libertad más intensa. No durará más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por un plazo igual previo requerimiento fundamentado del Fiscal y resolución motivada del Juez Penal. Esta medida puede incluir a un testigo considerado importante, la misma que se levantará una vez que haya prestado declaración Incautación, Apertura e Interceptación de documentos privados, libros contables, bienes y correspondencia. ¿Cuándo se acuerda esta medida? Esta medida se acordará siempre que existan motivos perentorios para ello y resulte indispensable para asegurar las fuentes de prueba pertinentes al objeto de la investigación. - Tratándose de incautación de documentos privados, libros contables y bienes, se requiere además, que exista peligro de que su libre disponibilidad pueda afectar seriamente el éxito de la investigación y que estén vinculados al delito objeto de investigación. .. continuación Tratándose de incautación de documentos privados, libros contables y bienes, El Fiscal los retendrá hasta la culminación de la investigación preliminar o, en todo caso, por un plazo que no excederá de quince días, prorrogables por un plazo igual, previo requerimiento fundamentado del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez Penal. - Para la interceptación e incautación de correspondencia se exige, que la medida guarde relación con el delito investigado y sea útil. Corresponde exclusivamente al Fiscal Provincial llevar a cabo la diligencia de apertura y examen de correspondencia, a cuyo efecto se levantará el acta correspondiente. El Fiscal Provincial leera para sí el contenido de la correspondencia y si guarda relación con la investigación la retendrá e incorporará a las actuaciones, en caso contrario mantendrá reserva del contenido y dispondrá entrega al destinatario Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en los Registros Públicos (cuando correspondan) Presupuestos: - Fundado peligro de que los bienes del investigado puedan ocultarse o desaparecer o sea posible que se graven o vendan, frustrando de ese modo el pago de la reparación civil. - En delitos con pluralidad de personas o por organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos., La orden de embargo, no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal. Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. El Fiscal Provincial, si decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la necesidad de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. En el caso de levantamiento del secreto bancario, La orden comprenderá las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal podrá solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las cuentas. Está última medida no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez. En el caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado y consistirá en la remisión al Fiscal de información, documentos o declaraciones de carácter tributario. Exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas Siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos. En caso de negativa injustificada, sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la orden, se autorizará la incautación de dicha información, previo requerimiento del Fiscal Provincial y decisión motivada del Juez Penal. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados Diligencia fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración Solo cuando existan motivos razonables para ello. Esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como finalidad la detención de personas o la realización de los secuestros o incautación de bienes vinculados al objeto de investigación. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro. Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales Solo cuando sea indispensable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención de evidencias y retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, levantándose el acta respectiva. (no más de 15 días, prorrogable por plazo igual) La clausura temporal de locales se levantará una vez se realicen las diligencias periciales y de inspección necesarias al efecto, y no pueden durar más de siete días Solicitud Fiscal La solicitud del Fiscal Provincial deberá ser fundamentada y acompañará copia de los elementos de convicción que justifiquen las medidas que requiere para el éxito de la investigación preliminar. El Fiscal deberá indicar el tiempo de duración de las medidas solicitadas y las especificaciones necesarias para concretarlas, en especial qué autoridad o funcionario, policial o de la propia Fiscalía, se encargará de la diligencia de interceptación de correspondencia. JUEZ PENAL Se pronuncia sobre la procedenca o no de la medida. Resolución denegatoria podrá ser apelada en el plazo de 24 horas, que será resuelta sin trámite previo por la Sala Penal Superior en igual plazo. (trámites serán absolutamente reservados y su registro se producirá luego de culminado el incidente, sin que pueda identificarse a la persona afectada) JUEZ PENAL Si se dicta resolución autoritativa, fijará con toda precisión el tiempo de duración de las medidas, el mismo que no podrá exceder de 90 días, prorrogables por igual término. La resolución se transcribirá al Fiscal y en el oficio respectivo, que será reservado, se indicará el nombre de la persona investigada y los demás datos necesarios para concretar la diligencia. El Juez Penal, en cualquier momento podrá solicitar al Fiscal Provincial informe acerca de la ejecución de las medidas ordenadas. Una vez ejecutadas las medidas solicitadas, sin perjuicio que el Fiscal Provincial decida la promoción de la acción penal o el archivo de las investigaciones, el Juez Penal inmediatamente las pondrá en conocimiento del afectado, quien en el plazo de tres días podrá interponer recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución autoritativa. MEDIDAS EN EL PROCESO PENAL Las medidas establecidas en el artículo 2 de la presente Ley, con excepción de la DETENCIÓN PRELIMINAR podrán realizarse en el curso del proceso penal. En este caso serán ordenadas, dirigidas y controladas por el Juez Penal. Indemnización Los afectados, en caso se determine que las medidas urgentes dictadas con motivo de la aplicación de la presente Ley carecieron de fundamento legal o se ejecutaron fuera de los motivos y procedimientos legalmente establecidos, tendrán derecho a una indemnización, bajo los alcances de la Ley Nº 24973, que será reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de 30 (treinta) días. Ley que regula la intervención de la policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito (ley Nº 27934) Actuación de la Policía en la investigación preliminar Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera inmediata la dirección de la investigación debido a circunstancias de carácter geográfico o de cualquier otra naturaleza, la Policía Nacional del Perú dejando constancia de dicha situación dará cuenta al Ministerio Público dentro de las veinticuatro horas de iniciada la investigación más el término de la distancia de ser el caso y podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones: Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en vídeo y demás operaciones técnicas o científicas. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrante delito, informándoles una vez detenidos y asegurados de cuando menos los siguientes derechos: a) A que se presuma su inocencia en tanto no haya sido declarada judicialmente su responsabilidad. b) A que se le respete su integridad física y psíquica. c) A ser examinado por un médico legista o quien haga sus veces. A ser defendido por un abogado. A ser informado de las razones de su detención A comunicarse con su familia o su abogado u otra persona de su elección. Inmovilizar los documentos, libros contables, fotografías y todo elemento material que pueda servir a la investigación, (cuidando de no afectar el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados) Allanar y/o ingresar en locales de uso público o abiertos al público, en caso de delito flagrante. Efectuar, bajo inventario, las incautaciones necesarias en los casos de delito flagrante o peligro inminente de su perpetración. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la Criminalística para ponerla a disposición del Fiscal. Actividades para realizarse por parte del Ministerio Público durante la investigación prelimina En casos de urgencia y peligro en la demora, antes de iniciarse formalmente la investigación, el Fiscal podrá solicitar al Juez Penal, dicte motivadamente y por escrito, la detención preliminar hasta por veinticuatro horas cuando no se da el supuesto de flagrancia. Iniciada la investigación preliminar, exista o no flagrancia, el Fiscal podrá pedir al Juez Penal la emisión de las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Penal Orden de detención. Ejecución Habiendo ordenado el Juez Penal la detención preventiva solicitada por el Fiscal ésta deberá ser puesta en conocimiento de la Policía Nacional del Perú a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato. Concepto de flagrancia Se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo Art. 4 Concepto de flagrancia Se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. Las partes tienen derecho a conocer e intervenir en diligencias policiales corroborado por el D.L. 959 (17/08/2004) que al modificar el Art. 14 del D.L. 17537 (Ley de Procuradores o de Defensa del Estado en Juicio) también autoriza a Procuradores que conozcan e intervengan en diligencias de Investigación Preliminar e incluso deben ser notificados de estas por Policía. La investigación es reservada. ALTERNATIVAS DEL FISCAL PROVINCIAL AL CALIFICAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Requisitos a evaluar: “elementos de procedibilidad” Que el hecho constituya delito.- Evaluar existencia elementos del delito: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. b) Que la acción penal no haya prescrito. (criterios según artículos 80 y 83 del CP. o Art. 21 del CP) c) Debida individualización del imputado: (Art. 77 del CPP. y Art. 94 de la LOMP) Leyes de Homonimia: Ley 27411 y 28121 Directivas del PJ, MP, PNP. Artículo 136 del CPP contenido : Orden de Detención ALTERNATIVAS DEL FISCAL PROVINCIAL AL CALIFICAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: Formalizar denuncia: si se cumplen requisitos: a + b + c 2) Archivar denuncia: si faltase a, b ó c; en este caso el archivo puede ser definitivo o provisional y se puede recurrir en queja al Fiscal Superior. Ampliación de la Investigación: si faltan elementos probatorios o establecer la identidad del imputado. Información que debe analizar el Fiscal Provincial: - Atestado o Parte Policial o - Denuncia de Parte Fiscal Superior: a) Fundada queja ordena a Fiscal Provincial denuncie ante el Juez b) Infundada queja ordena archivo de denuncia. Alternativas del Juez Penal al calificar la denuncia Fiscal si se dan los requisitos de procesabilidad: El hecho constituya delito No haya prescrito la acción penal Indivilización del presunto autor Abrir Instrucción cuando se dan los requisitos a+b+c No Abrir Instrucción si faltasen los requisitos a, b ó c; en este caso se puede apelar la decisión del Juez. Devuelve la denuncia si faltase un requisito de procedibilidad. Actuar Diligencias Previas: sólo en delitos de acción privada JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL CASO UMBERT SANDOVALPrincipio Acusatorio y dictamen Fiscal provincial no acusatorio, ratificado por superior jerárquico. EXP. Nº2005-2006-PHC/TC-LIMA FUND. 7: “...de acuerdo a la ya reseñada característica del principio acusatorio, la falta de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria, máxime si el fiscal tuvo la opción, en vez de acusar, de solicitar la ampliación de la instrucción. En caso el fiscal decida no acusar, y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (en el caso del proceso sumario), al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso debe llegar a su fin...” CASO UMBERT SANDOVALContenido del Principio Acusatorio EXP. Nº2005-2006-PHC/TC-LIMA FUND. 5“... La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada, c)que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad...” CASO UMBERT SANDOVALPrincipio Acusatorio y dictamen Fiscal provincial no acusatorio, ratificado por superior jerárquico. EXP. Nº2005-2006-PHC/TC-LIMA FUND. 7: “...de acuerdo a la ya reseñada característica del principio acusatorio, la falta de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria, máxime si el fiscal tuvo la opción, en vez de acusar, de solicitar la ampliación de la instrucción. En caso el fiscal decida no acusar, y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (en el caso del proceso sumario), al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso debe llegar a su fin...” CASO UMBERT SANDOVALContenido del Principio Acusatorio EXP. Nº2005-2006-PHC/TC-LIMA FUND. 5“... La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada, c)que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad...” CASO MARGARITA TOLEDOCalificación específica del tipo penal en el auto de apertura de instrucción, principio acusatorio y derecho de defensa. EXP. Nº3390-2005-PHC/TC- LIMA. Fund. 14: “... el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, CASO MARGARITA TOLEDOCalificación específica del tipo penal en el auto de apertura de instrucción, principio acusatorio y derecho de defensa. continuación .....toda vez que, al no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce...” CASO TINEO SILVA (TERRORISMO)Valor del atestado policial EXP. Nº 010-2002-AI/TC “... el atestado policial no tiene, ni ha tenido en el pasado, el carácter de prueba plena. Excepcionalmente, el artículo 62° del mismo cuerpo adjetivo le ha conferido la calidad de elemento probatorio, siempre que en la investigación policial hubiera intervenido el representante del Ministerio Público, en cuyo caso su apreciación se sujeta a la norma anteriormente indicada. (...) cualquier sentencia condenatoria que se pudiera expedir no sólo puede sustentarse en la versión del atestado policial, sino que debe ser corroborada con otros tipos o medios de pruebas ...” CASO LUKSIC CRAIG Carácter de la investigación realizada por el Congreso EXP. Nº 979-2001-HC/TC- LIMA FUND. Nº 2 “... A) las investigaciones realizadas por el Congreso de la Republica solo tienen el carácter de referencial mas no incriminatorio, pues dicho órgano representativo (...)carece de facultades de juzgamiento penal y, como tal, sus conclusiones y recomendaciones no tienen el carácter obligatorio o vinculante respecto de lo que en su momento puedan decidir las autoridades judiciales...” CASO TRAICIÓN A LA PATRIAFunciones la Policía en la investigación del delito EXP. 005-2001-AITC- LIMA Fund. 2: “... El otorgamiento de atribuciones tales como incomunicación del detenido a solicitud de la policía nacional, otorgándole abogado defensor al imputado si el detenido no lo designa, la investigación del delito por la PNP con la intervención del Ministerio Publico, la obligación del Ministerio publico de incluir en la denuncia penal la petición de ampliación de la investigación, a solicitud de la PNP, ..... CASO TRAICIÓN A LA PATRIAFunciones la Policía en la investigación del delito Continuación la obligación del Juez de aceptar dicha petición y la designación de abogado de oficio a la persona detenida por parte de la PNP, trasladan a la PNP atribuciones que competen al MP ... encargado de la conducción del proceso en la fase prejurisdiccional. La PNP desarrolla una función meramente ejecutiva y, por ende, subordinada funcionalmente, en lo que a la investigación del delito se refiere, al MP...” CASO GONZALES ARRIVASPLATAAvocamiento Indebido EXP. Nº2521-2005-PHC/TC FUND. 5 “... el TC ha sostenido que la figura del avocamiento indebido supone, por su propia naturaleza, que se desplace al juez del juzgamiento de una determinada causa y, que, en su lugar, el proceso se resuelva por una autoridad distinta, cualquiera que sea su clase...” FUND. 8 “... Si bien la ley penal de la materia no configura nítidamente los perfiles de la investigación preliminar fiscal, pues la ley no fija plazos, procedimientos, ni limitaciones precisas, no cabe duda de que, en cuanto a la extensión de la actividad investigadora del Ministerio Público, ésta debe cesar una vez que el juez penal asuma jurisdicción (sic) sobre los hechos...” CASO CANTUARIAS SALAVERRYPrincipios que orientan la actividad Fiscal Previa al inicio del proceso penal EXP. Nº 6167-2005-PHC/TC- LIMA FUND. 31. Principio de legalidad en la función constitucional: “... El fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la causa pública en el proceso penal. En efecto, el respeto de este principio implica que el Ministerio Público ejercite la acción penal por todo hecho que revista los caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor se ejecuta en función de la justicia y teniendo como parámetros la Constitución y la Ley. CASO CANTUARIAS SALAVERRY Principios que orientan la actividad Fiscal Previa al inicio del proceso penal EXP. Nº 6167-2005-PHC/TC- LIMA FUND. 30. Principio de interdicción de la arbitrariedad: “... El grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elemento suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. CASO CANTUARIAS SALAVERRYPrincipios que orientan la actividad Fiscal previa al inicio del proceso penal EXP. Nº 6167-2005-PHC/TC- LIMA FUND. 32. Debido Proceso y tutela jurisdiccional. “... Al respecto este colegiado ha reconocido que el debido proceso se proyecta también al ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, es decir, en aquella cuya dirección compete al Ministerio Público. Por tanto las garantías previstas en el Art. 4 del Código Procesal Constitucional será aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles a su naturaleza y fines...” CASO GENERAL ELECTRICMotivación del auto de apertura de instrucción Exp. Nº 8125-2005-PHC/TC – LIMA. Fundamento 16: “ ... la obligación del juez penal al abrir instrucción, no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se el dirigen , sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa clara y expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, y no como en el presente caso en que se advierte una acusación genérica e impersonalizada, que limita o impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa...” Sentencia del Tribunal Constitucional Contenido: Ne bis in idem: Prohibición de persecución penal múltiple (CASO NELSON JACOB) EXP. N.° 8123-2005-PHC/TC F.16. El inciso 2 del artículo 139 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada F. 17 el inciso 13 del mismo artículo 139 de la Ley Fundamental: “. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada” EXP. N.° 8123-2005-PHC/TC F. 20. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe 1/95. Caso 11,006 Alan García Pérez c/ Perú, ha sostenido que "(..) "sentencia firme" (…) no debe interpretarse restrictivamente, es decir limitada al significado que se le atribuya en el derecho interno de los Estados. (..), "sentencia" debe interpretarse como todo acto procesal de contenido típicamente jurisdiccional, y "sentencia firme" como aquella expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada" Triple identidad: persecución penal multiple PARA EL NE BIS IN IDEM PROCESAL. Identidad de la persona perseguida Identidad del objeto de persecución Identidad de la causa de persecución F. 28. A) identidad de la persona perseguida : Nelson Jacob Gurmanaparece comprendido en diversas denuncias promovidas por el denunciante Guillermo Gonzales Neumann, las mismas que fueron materia de distintas resoluciones fiscales y judiciales de clausura de la persecución penal, no obstante lo cual resulta finalmente instruido por el delito de estafa … continuación b) Identidad del objeto de persecución, (…) el Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima decidió abrir instrucción al beneficiario por el delito de estafa, sobre la base de los mismos hechos cuya delictuosidad fue oportunamente desvirtuada por diversas instancias de persecución penal nacional. La imputación ha sido idéntica tanto en las persecuciones anteriormente archivadas por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima (f. 35) y la Sala Corporativa de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima indebida doble valoración de los presupuestos que configurarían la conducta ilícita atribuida al beneficiario. C) la identidad de la causa de persecución El fundamento están referidos en su totalidad a bienes jurídicos patrimoniales, como así se aprecia de los delitos (estafa, apropiación ilícita, fraude en la administración de las personas jurídicas) que fueron materia de las denuncias de parte, y de las resoluciones de archivo dictadas tanto en sede fiscal como judicial. Related Presentations
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in fine
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 artículo 143
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 artículo 2
 Artículo 136
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 artículo 62
 artículo 139
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