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Timestamp: 2017-04-26 13:51:57+00:00

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Ley 6/1986, de 15 de diciembre, de arrendamientos históricos valencianos (Vigente hasta el 12 de Diciembre de 2002).
Publicado en DOCV núm. 489 de 18 de Diciembre de 1986
Vigencia desde 19 de Diciembre de 1986. Esta revisión vigente desde 19 de Diciembre de 1986 hasta 12 de Diciembre de 2002
Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 6/1986, 15 diciembre, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 3/2013, 26 julio, de la Generalitat, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias («D.O.C.V.» 31 julio) el 20 de agosto de 2013.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo conlo establecido por la Consitutición y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO No hay noticia exacta de lo que aconteció en el antiguo Reino de Valencia durante el siglo XVIII en el tema de la adaptación al Derecho castellano de una serie de Instituciones que venían siendo regidas, desde cinco siglos antes, por el desaparecido Derecho Foral, borrado de golpe, al menos sobre el papel, por los Decretos de nueva planta. En parte, por carecer de estudios sobre colecciones de sentencias de la Real Audiencia y sobre Protocolos notariales. En parte, también, por el sistema de fundamentación de las sentencias durante el antiguo régimen.
No obstante lo anterior, consuetudinariamente y en la práctica habitual y cotidiana quedaron al menos vestigios o retazos del antiguo régimen foral, en buena medida amparados por el sistema de libertad de pactos y de formas que históricamente ha caracterizado el Derecho castellano.
En este sentido hay que hacer notar que el ilustre Polígrafo don Gregorio Mayans y Síscar se quejaba, bien entrado el siglo XVIII, de la carencia en la Real Audiencia de Valencia de Oidores expertos en el Derecho Foral Valenciano.
El sistema de cultivo de la tierra, apoyado en un específico contrato que parece pertenecer al género, ciertamente indefinido e impreciso, de los arrendamientos (la «locatio-conductio» de los romanos), llama la atención, ya bien entrado el siglo XIX, de un estudioso como Joaquín Costa, que se refiere a él como un caso de «colectivismo agrario» y lo incorpora, bajo texto de un estudioso local (Soriano), al volumen colectivo «Derecho consuetudinario y Economía popular de España». No se pronuncia este ilustre autor ni sobre el origen de este contrato ni sobre la integridad de su contenido. Se limita a subrayar algunas peculiaridades y a poner de relieve su especialidad en relación con los tipos contenidos en las Leyes del Derecho Común vigente en aquel tiempo.
No cabe duda que en la actualidad la competencia para legislar sobre arrendamientos rústicos deriva, fundamentalmente, del artículo 149.1, regla octava, de la Constitución, en la que se establece, como excepción al principio de competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, que corresponde a las Comunidades Autónomas «la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan».
Aprobada la Ley de Arrendamientos Rústicos por el Pleno del Congreso, según publicación del «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de fecha 31 de diciembre de 1980, serie A, número 28-IV, en la discusión sobre la disposición transitoria primera se fijó por parte de los diversos grupos parlamentarios la necesidad de una regulación específica para los arrendamientos objeto de esta Ley.
Dicho proyecto de Ley fue presentado, enmendado, discutido y dictaminado el texto en ponencia y editado, para su discusión en pleno, en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» con fecha de 13 de mayo de 1982, número 134-II.1, de 29 de mayo de 1985. La disolución de las Cortes Generales en agosto de 1982 dejó congelado, entre otros, este proyecto, que las Cortes Valencianas abordan hoy.
Promulgado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, su artículo 31.2 atribuye a la Generalitat Valenciana la competencia exclusiva para la «conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano».
Forzoso resulta señalar que el arrendamiento histórico valenciano, desde los estudios de Monforte, de Garrido, de Soriano, de Costa, etcétera, quedó significado como relación jurídica de origen contractual por la que se cede indefinidamente el uso y disfrute de una finca rústica para la explotación agrícola. Y en este mismo sentido la Ley recoge esta conceptuación.
Por último, señalar tres notas de caracterización existentes en el texto de la Ley. En primer lugar, la configuración del arrendamiento histórico valenciano como contrato para la Empresa en el que va a ser elemento primordial el trabajo del arrendatario, y que vendrá a aclarar el tratamiento que a Ley otorga a los supuestos tanto de expropiación de la finca sobre la que recae dicho arrendamiento, como aquellos otros de cese de actividad agraria que sean consecuencia de modificación en la calificación del suelo en el que se asienta la finca. En segundo lugar, el sistema que garantiza la continuidad de la explotación agraria, configurando un supuesto de sucesión especial o las posibilidades de subrogación en el cultivo. Y finalmente la duración indefinida del plazo o tiempo de la relación arrendaticia, que no significa, como nunca significó la quiebra del principio de temporalidad consustancial al derecho, de arrendamiento, toda vez que el propietario puede reclamar para sí el cultivo personal y directo de la finca.
A partir de: 12 diciembre 2002 Artículo 2 redactado por la disposición adicional 1ª.1 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 8/2002, 5 diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana («D.O.G.V.» 11 diciembre).
Párrafo 2º del artículo 2 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 121/1992, 28 septiembre («B.O.E.» 29 octubre).
Uno. El cultivador que pretenda el reconocimiento al que se refiere el artículo anterior deberá aportar y acreditar ante la referida Administración, junto a su instancia, dictamen pericial de especialista en el que se recoja la oportuna investigación histórico-jurídica.
Producida la firmeza de dicha declaración de reconocimiento se subvencionará por la Administración el coste del referido dictamen.
Inciso final "la resolución recaída podrá también ser objeto de impugnación en vía administrativa" del número 2º del artículo 3 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 121/1992, 28 septiembre («B.O.E.» 29 octubre).
El arrendamiento histórico valenciano, una vez sea resuelto su reconocimiento, tendrá la conceptuación de contrato de duración indefinida, por lo que el propietario de la tierra de cultivo cede ésta para su incorporación a la explotación agraria del cultivador, quien satisfará a aquél, en contraprestación, la merced correspondiente
Uno. Si se produjese la expropiación total o parcial de la finca sobre la que recaiga el arrendamiento histórico se entenderán las actuaciones e indemnizaciones separadamente con el propietario y con el cultivador, en reconocimiento de sus respectivas titularidades dominical y empresarial agraria.
Dos. Si como consecuencia de modificación en la calificación del suelo en el que se asiente la finca sobre la que recaiga el arrendamiento histórico debe cesar la actividad agraria del cultivador, el plus valor de la enajenación del suelo urbanizable será asignado, respectivamente, al propietario y al titular del cultivo del modo siguiente: En los casos contemplados en el apartado uno del artículo 3.º, el 50 por 100 para cada uno de ellos, y en los del apartado segundo del artículo 3.º dicha asignación será del 60 por 100 para el propietario y el 40 por 100 para el cultivador.
A partir de: 12 diciembre 2002 Número 2 del artículo 5 redactado por la disposición adicional 1ª.2 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 8/2002, 5 diciembre, de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana («D.O.G.V.» 11 diciembre).
Para el caso de que el propietario recabe para sí el cultivo de la finca la compensación que deberá abonar el propietario al titular del cultivo en los arrendamientos históricos declarados será la determinada en el párrafo dos del artículo anterior. Corresponderá a la jurisdicción ordinaria, en caso de desacuerdo de las partes, determinar la valoración del plus valor generado. A estos efectos el juez ponderará las circunstancias de continuidad de la explotación de cultivador y la situación de necesidad del propietario.
La Administración Agraria Autonómica facilitará a los jueces que sustancien las causas derivadas de los artículos 5.º, 6.º y 7.º de esta Ley cuantas determinaciones le sean solicitadas por éstos, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que regulen esta función de cooperación.
Uno. En garantía de la continuidad de la explotación agraria se configura como un supuesto de sucesión especial la institución de herencia o legado del derecho al cultivo en el que previamente se haya producido la declaración de reconocimiento de arrendamiento histórico.
Tendrá la condición de causahabiente el sucesor que expresamente haya determinado como cultivador por el causante, y en su defecto las personas a las que se refiere el artículo 79 de la Ley de Arrendamientos Rústicos vigente.
Dos. Con igual fundamento podrá el que resulte ser declarado titular de un arrendamiento histórico designar ante la Administración Agraria Autonómica a aquel de entre sus futuros herederos que, en los casos de imposibilidad personal del cultivo de su explotación, deba de sustituirle. Dicha designación será notificada por la expresada Administración al dueño de la finca.
También como garantía de la continuidad de la explotación y para el caso de fallecimiento del declarado arrendatario histórico, si el cultivo no pudiera ser realizado por el cónyuge supérstite y los hijos menores de edad se entenderá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 31 de diciembre de 1980, que se ha producido por ministerio de la Ley la correspondiente cesión, y a instancia del cónyuge viudo o, en su caso, de la persona que ejerza la tutela, curatela o defensa judicial, la Administración Agraria Autonómica concederá, bajo las condiciones pertinentes, la oportuna subrogación, que será notificada al propietario de la finca, quien podrá oponerse a la misma.
La presente Ley será objeto de posterior desarrollo reglamentario, en el que se concretarán específicamente los aspectos contenidos en los artículos 2.º, 3.º, 4.º, 8.º, 9.º y 10. Se concretará en dicho desarrollo reglamentario el reconocimiento del contenido y efectos de la tradicional «llibreta», de acuerdo con la costumbre valenciana.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Los arrendamientos cuyos titulares, durante el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, soliciten la declaración de reconocimiento de arrendamiento histórico, quedarán exceptuados del régimen general contenido en la vigente Ley 83/1980, de 31 de diciembre, y disposiciones complementarias en cuanto duración y extensión, en tanto no recaiga resolución firme en contrario.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos alos que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

References: artículo 149
 artículo 31
 Artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 79
 artículo 71
 resolución