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Timestamp: 2020-08-13 14:40:14+00:00

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Sentencia nº 90 de Suprema Corte de Justicia, del 6 de Mayo de 2015. - Jurisprudencia - VLEX 584487378
Recurrente(s): J.G.P.T., contra la Sentencia núm.00071/13
SENTENCIA TC/0090/15: Expediente núm. TC-05-2013-0179, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por el señor J.G.P.T. contra la Sentencia núm. 00071/13, del dieciocho (18) de julio de 2013, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
SENTENCIA TC/0090/15:
En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los seis (6) días del mes de mayo del año dos mil dos mil quince (2015).
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados M.R.G., P.; L.M.P.M., Primera Sustituta; L.V.S., Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, A.I.B.H., J.P.C.K., V.J.C.P., J.C.D., R.D.F., W.G.R., K.M.J.M. e I.R., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:
La Sentencia núm. 00071/13, del dieciocho (18) de julio del 2013, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega. Dicha decisión rechazó la acción constitucional de amparo interpuesta por J.G.P.T., al considerar que el juez competente y la instancia procesal correspondiente para ordenar la devolución del bien u objeto pretendido lo es el juez de la Instrucción, luego de presentado formal acto conclusivo, donde el juez apoderado determinará la pertinencia o no de esta prueba como parte del proceso.
La preindicada sentencia fue recurrida en revisión por el señor J.G.P.T., mediante instancia del dieciocho (18) de agosto de dos mil trece (2013), a los fines de que dicha decisión sea revocada en todas sus partes.
La notificación de la referida sentencia fue realizada al recurrente mediante acto s/n, de fecha quince (15) de agosto del dos mil trece (2013), instrumentado por el ministerial K.A.G.M., alguacil de estrados de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega.
Pretensiones de los recurrentes en revisión constitucional;
El señor J.G.P.T. interpuso el presente recurso, contra la Sentencia núm. 00071/13, del dieciocho (18) de julio de 2013, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega mediante instancia del diecinueve (19) de agosto de dos mil trece (2013). En su escrito solicita lo siguiente:
Que se declare buena y valida en cuanto a la forma la presente Acción Constitucional de Revisión de A., incoada por el señor J.G.P.T., en contra de la PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA, por estar acorde a las normas procesales vigentes en la Materia;-
Que sea REVISADO y a su vez REVOCADO, el numeral tercero de la sentencia recurrida en revisión y que por vía de consecuencia ordene a la PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA, o cualquier otra autoridad que tenga la guarda del vehículo Tipo de Vehículo:- JEEP; Marca:- CHEVROLET; Modelo:- TAHOE; Año de Fabricación:- 2007; Color:- BLANCO; Pasajero:- 5; Cilindros:- 8; No. Puertas:- 4; Registro y Placa No. G213475, su devolución inmediata al legítimo propietario, señor J.G.P.T., de manera inmediata. Declarando de esta forma la ilegalidad del secuestro del vehículo referido, en fecha 19 de junio de 2013, por ser violatorio al derecho de propiedad artículo 51 de la Constitución de la Republica, y el artículo 69 de la misma carta magna, que establece el debido proceso y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
En caso de que LA PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA, o quien ostente dicho vehículo no cumplan con el mandato de la sentencia, que se les condene de manera conjunta y solidaria al pago de un astreinte por la suma de CINCUENTA MIL PESOS (RD$50,000.00), por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones impuestas.
Librar acta al impetrante, de que hacen todas las reservas de derecho de incoar las acciones, reclamaciones y demandas que sean procedentes para obtener las indemnizaciones civiles a que tienen derecho en contra de la PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA.
Ordenar que la decisión a intervenir sea ejecutoria sobre minuta, sin fianza y no obstante cualquier recurso. Bajo reservas.
Fundamento de la sentencia recurrida;
La Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en su Sentencia núm. 00071/13, del dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), rechazó la acción de amparo sujeta al presente proceso de revisión por los motivos siguientes:
Que después de ponderadas cada una de las piezas aportadas al tribunal, este considera que al impetrante no se le han vulnerado su derecho de propiedad, toda vez que el vehículo que alega es de su propiedad y del cual actúa como guardián y debe asumir responsabilidad, estaba siendo conducido, presuntamente en calidad de préstamo, por el señor M.G.S., el cual resulto fallecido de varios disparos cuando conducía el vehículo en cuestión, resultando también fallecido su acompañante el señor C.E.S. (A) El Muerto, hechos acontecidos en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil trece (2013), es decir hace un mes, y fue al momento del Ministerio Publico dirigirse al lugar de los hechos que traslada el vehículo involucrado en el ilícito hasta sus instalaciones para fines de investigación; que como el Ministerio Publico es el encargado de la investigación debe realizar todas las experticias que considere de lugar y determinar si ese vehículo será sometido o no como prueba; el hecho del Ministerio Publico negarse a devolver el vehículo no constituye una vulneración al derecho de propiedad, porque no ha resultado un hecho controvertido que real y efectivamente en ese vehículo era que se trasladan los occisos al momento del deceso, circunstancia este que ubica a dicho vehículo como un posible elemento de prueba; que con esa cintila es al Ministerio Publico en su fase de investigación a quien le corresponde determina (SIC) la pertinencia yutilidad de dicho elemento de prueba por lo que al estar el vehículo envuelto en un ilícito penal no hay violación de propiedad y se amerita la finalización de las investigaciones por parte del Ministerio Publico;
Que el juez de amparo no puede en modo alguno ser un obstáculo en una investigación de un ilícito penal, pues en este proceso se determinó que la negativa del Ministerio Publico a entregar el vehículo se debe básicamente a que este considera que el vehículo es indispensable para agotar las diligencias de lugar que permitan un mayor esclarecimiento del ilícito investigado, siendo así, el derecho de propiedad del peticionario no ha sido amenazado, ni afectado, ni vulnerado por el Ministerio Publico porque fue el quien presuntamente le presto el vehículo al señor M.G.S.; que el tribunal realiza esta ponderación de una forma objetiva, racional y lógica, pues ese acto del Ministerio Publico de negar la entrega del vehículo no ha sido un acto arbitrio, sino más bien una facultad que le asiste por sus funciones de órgano investigador, por lo que, ese acto no ha vulnerado el derecho de propiedad del impetrante;
Que uno de los fines esenciales de la acción constitucional de amparo es evitar el caos y la inseguridad jurídica, por lo que, el juez de amparo debe apreciar un agravio cierto e incontestable que no sea propio de una ejecución, sino aquel causado por un abuso de poder, que el tribunal considera que no se configura esa acción por parte del Ministerio Publico al negarse a entregar el vehículo, por lo que, procede rechazar las conclusiones vertidas por el impetrante;
Que el impetrante en amparo puede intervenir de manera voluntaria en dicho proceso y solicitar la devolución del mismo cuando se presente acto conclusivo por parte del Ministerio Publico ante el J. de la Instrucción, porque este tribunal determinara la pertinencia o no de esa prueba, si el Ministerio Publico en su investigación determina que ese vehículo es un elemento de prueba.
Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión de amparo;
El señor J.G.P.T. pretende la revocación de la sentencia de amparo objeto del presente recurso de revisión constitucional. Para justificar sus pretensiones, argumenta esencialmente lo siguiente:
A que de acuerdo a las consideraciones y motivaciones plasmada (SIC) en la Sentencia recurrida, se puede apreciar que la M.J., que juzgo la Acción Constitucional de A., es de opinión de que el hecho de que el vehículo objeto de esta instancia pudiere, (que al efecto no lo es), en algún momento ser objeto de experticia por parte del Ministerio Publico, el secuestro y la no entrega del mismo es legítimo;
A que la M.J. que juzgo la acción Constitucional de A., no se percató que el vehículo objeto de la presente acción, no fue ofertado como presupuesto de prueba para sustentar la solicitud de medida de coerción, situación que se contrapone en el sentido lógico de tenerlo en su poder, y la pregunta seria, para que es útil y necesario tenerlo secuestrado, si no es de utilidad en el proceso?
Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional;
En el expediente no consta la notificación del presente recurso, en virtud de las disposiciones del artículo 54.2 de la Ley No. 137-11, lo cual imposibilita que el recurrido haya depositado un escrito de defensa y los documentos que avalen sus posibles pretensiones.
Entre los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso en revisión constitucional, se encuentran los siguientes:
Sentencia núm. 00071/13, de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
Acto de alguacil de fecha quince (15) de agosto de dos mil trece (2013), contentivo de la notificación de la Sentencia núm. 00071/13.
Acto núm. 852-2013, de fecha doce (12) de julio de dos mil trece (2013), dirigido a la Procuraduría Fiscal de La Vega mediante el cual el señor J.G.P. hace formal notificación de documentos de propiedad y proceso verbal tendente a entrega de vehículo tipo J., marca Chevrolet, Modelo Tahoe, del año 2007.
Acto núm. 837-2013, de fecha cinco (5) de julio del año dos mil trece (2013), de oposición a entrega de vehículo a terceras personas, por parte del señor J.G.P.T., a la Procuraduría Fiscal de La Vega.
Instancia de solicitud de entrega de vehículo de fecha cinco (5) de julio del dos mil trece (2013), dirigida a la Encargada del Departamento de Control de Evidencias de la Fiscalía de la Provincia de La Vega, por parte del señor J.G.P.T..
Copia de matrícula No. 4605561, de fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), correspondiente a vehículo tipo J., marca Chevrolet, Modelo Tahoe, del año 2007, placa núm. G213475, a nombre de la señora J.F.T..
Copia del Acto de Venta bajo firma privada suscrito entre la señora J.F.T. y el señor J.G.P.T., de fecha quince (15) de enero de dos mil trece (2013).
Recibo de aplicación de pago núm. 315624, emitida por la empresa Lo J. en fecha veinte (20) de junio del 2013, a nombre del señor J.G.P.T..
Constancia de seguro de fecha quince (15) de enero de dos mil trece (2013), Póliza núm. POL11120825, correspondiente al señor J.G.P., que contiene anexo el texto de la póliza indicada.
7.1. Conforme con los documentos depositados en el expediente y a los argumentos invocados por el recurrente, el presente caso se contrae a que, en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013), en el municipio de La Vega, fue asesinado el ciudadano M.G.S., quien al momento de ser localizado sin vida se encontraba en el interior del vehículo tipo J., marca Chevrolet, Modelo Tahoe, del año 2007, matrícula No. 4605561, placa núm. G213475, registrada a nombre de la señora J.F.T., y sobre el cual el recurrente, J.G.P.T., alega tener propiedad, conforme el acto de compra venta presentado como prueba de dicho derecho.
7.2. En este sentido, el señor J.G.P.T. alega que se le ha vulnerado el derecho de propiedad, así como el derecho a un debido proceso de ley, ambos consagrados por la Constitución, toda vez que, según este, el vehículo del cual alega ser propietario no forma parte del proceso, pues no fue presentado como prueba en la solicitud de medida de coerción contra los imputados del hecho que dio como resultado la incautación de dicho bien. Por esta razón presentó su acción de amparo ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, siendo rechazada la misma mediante Sentencia núm. 00071/13, de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), dictada por la Tercera Sala de la supraindicada cámara, por los motivos expuestos con anterioridad en el cuerpo de la presente decisión.
El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes de la referida ley núm.137-11.
Admisibilidad del recurso de revisión de amparo Para el Tribunal Constitucional el presente recurso de revisión resulta admisible por las siguientes razones: a) La admisibilidad de los recursos de revisión en amparo, se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm.137-11 que, de manera taxativa y específica, la sujeta: () a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
Sobre la admisibilidad, este tribunal fijó su posición respecto de la trascendencia y relevancia en su Sentencia TC/0007/2012, del 22 de marzo de 2012, La especial transcendencia o relevancia constitucional, puesto que tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. a) En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le permitirá al Tribunal Constitucional continuar desarrollando su criterio para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección del derecho de propiedad, como un derecho fundamental protegido por el artículo 51 de la Constitución dominicana.
Sobre el fondo del presente recurso de revisión El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado las piezas que conforman el expediente y los argumentos del recurrente, fundamenta su decisión en lo siguiente:
El presente proceso tiene su origen en la acción de amparo interpuesta por el señor J.G.P.T. contra la Procuraduría Fiscal de La Vega, por esta retenerle el vehículo sobre el cual este alega tener propiedad, tipo J., marca Chevrolet, Modelo Tahoe, año 2007, matrícula No. 4605561, placa No. G213475, registrado a nombre de la señora J.F.T..
Dicha acción de amparo fue resuelta mediante Sentencia núm. 00071/13, del dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), la cual rechazó la acción de la cual se encontraba apoderada, considerando que lo que procedía era que el impetrante en amparo interviniese, de manera voluntaria, en dicho proceso y solicitara la devolución del mismo cuando se presente el acto conclusivo por parte del Ministerio Público.
El recurrente, J.G.P.T., interpuso el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, persiguiendo la nulidad de la Sentencia núm. 00071/13, de fecha dieciocho (18) de julio del dos mil trece (2013), alegando que en la misma se realizó una errónea interpretación de los artículos 51 y 69 de la Constitución, relativos al derecho de propiedad y el derecho al debido proceso.
Por tanto, lo que pretende el señor J.G.P.T. es la devolución de un bien, en este caso un vehículo, que se encuentra retenido como parte de las investigaciones de un crimen por parte del Ministerio Público, principal argumento invocado por el J. de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, para rechazar el amparo objeto del presente recurso de revisión.
Tal como expresó el J. de A., y como lo ha sostenido este Tribunal en su Sentencia TC/0058/14 del cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), la solicitud de devolución de un bien retenido o incautado y pasible de ser medio de prueba u objeto de decomiso, debe ser resuelta por el juez de la instrucción al tenor de los artículos 73, 190 y 292 del Código Procesal Penal, los cuales disponen lo siguiente:
Art. 73.- Corresponde a los jueces de la instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado.
Art. 190.- Tan pronto se puede prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Esta devolución puede ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de presentarlos cuando se requiera. Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos pueden ser entregados en depósito a un establecimiento asistencial que los necesite, que sólo pueden utilizarlos para cumplir el servicio que brinda al público. En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se aplican, analógicamente, las reglas civiles respectivas. La decisión del ministerio público referida a la devolución puede ser objetada ante el juez.
Art. 292.- Cuando el J. debe resolver peticiones, excepciones o incidentes en los que se verifique la necesidad de ofrecer prueba o resolver una controversia, convocará a una audiencia dentro de los cinco días de su presentación. En los demás casos resuelve directamente dentro de los tres días de la presentación de la solicitud.
Este Tribunal ha podido constatar que, si bien es cierto que en virtud de todo lo anterior no procedía la devolución del bien solicitado por la vía del amparo, el juez de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, al dictar su decisión del amparo del cual se encontraba apoderado, incurrió en un error procesal conociendo el fondo del asunto toda vez que lo que procedía era declarar la inadmisibilidad de la referida acción por existir otra vía judicial que permitía, de manera efectiva, la protección del derecho fundamental invocado.
Esta situación se encuentra prevista en el numeral 1, del artículo 70, de la Ley núm. 137-11, la cual condiciona la admisibilidad de la acción de amparo a la no existencia de otro mecanismo jurídico para proteger el derecho fundamental que se alega violentado. En tal sentido, el juez de la instrucción es el que cuenta con los mecanismos y los medios más adecuados para determinar la procedencia de la devolución del vehículo solicitado, o bien el juez donde se encontrasen las actuaciones procesales de que se trate.
En consecuencia, este tribunal estima que procede revocar la Sentencia núm. 00071/13 del dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, declarando la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por el señor J.G.P.T., en virtud de las disposiciones de los artículos 73, 190 y 292 del Código Procesal Penal y del numeral 1, del artículo 70, de la Ley núm. 137-11, toda vez que el juez de la instrucción es la vía más efectiva e idónea para tutelar el derecho fundamental cuya vulneración se alega.
Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado V.G.B., en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos particulares de los magistrados Justo P.C.K. y V.J.C.P..
Por las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, el Tribunal Constitucional,
ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de amparo interpuesto por J.G.P.T. contra la Sentencia núm. 00071/13 del dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
DECLARAR inadmisible la acción de amparo incoada por el señor J.G.P.T., el dieciocho (18) de agosto de dos mil trece (2013), en razón de que existe otra vía eficaz para solicitar la devolución del vehículo, que lo es el J. de la Instrucción de la jurisdicción correspondiente o que se encuentre apoderado del proceso principal.
DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y de los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la partes recurrente, señor J.G.P. y a la recurrida Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega.
DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.
Firmada: M.R.G., J.P.; L.M.P.M., J. Primera Sustituta; L.V.S., J. Segundo Sustituto; H.A. de los Santos, J.; A.I.B.H., J.; J.P.C.K., J.; V.J.C.P., J.; J.C.D., J.; R.D.F., J.; W.S.G.R., J.; K.M.J.M., J.; I.R., J.; J.J.R.B., S..
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO JUSTO P.C.K.;
En la especie se ha interpuesto un recurso de revisión de amparo contra la sentencia núm. 00071/13, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013), la cual rechazó la acción de ampaor incoado por el señor J.G.P.T., no otorgando la devolución de un bien mueble que había sido incautado en ocasión de la investigación de un homicidio, fundamentándose en que lo que procedía era que el accionante interviniese de manera voluntaria en dicho proceso penal.
Este Tribunal ha podido constatar que si bien es cierto que en virtud de todo lo anterior no procedía la devolución del bien solicitado por la vía del amparo, el J. de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega, al dictar su decisión del amparo del cual se encontraba apoderado, incurrió en un error procesal al conocer el fondo del asunto toda vez que lo que procedía era declarar la inadmisibilidad de la referida acción por existir otra vía judicial que permitía de manera efectiva la protección del derecho fundamental invocado.
Posterior a la proclamación de la Constitución, se produjo la entrada en vigencia de la Ley No. 137-11 el 15 de junio de 2011, la cual, en su artículo 65, vino a regular el régimen del amparo en los términos siguientes:
4 I..
Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la Ley No. 137-11, cuando establece:
Como hemos dicho previamente, la acción de amparo se encuentra consagrada en los artículos 72, de la Constitución, y 65 de la Ley No. 137-11, ya citados. Dicha ley regula esta acción en todos sus detalles, uno de los cuales, especialmente relevante para el objeto de este voto, es el relativo a la facultad del juez de amparo para inadmitir la acción de la cual ha sido apoderado.
Con relación a esta causal, conviene recordar que la misma constituye una novedad aportada por la nueva Ley No. 137-11; inexistente, pues, en las normas que regularon el amparo previamente -ni en la Ley No. 437-06 ni en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de 1999- y, por tanto, desconocida en la doctrina y la jurisprudencia dominicanas.
10 T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. Cit., p. 44.
Ha dicho S., en este sentido, que "[s]olamente si hay uno mejor que el amparo, es decir, más expeditivo o rápido, o más eficaz, el amparo no será viable. Si hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear este o el otro camino procesal. En la última hipótesis, el amparo se perfila como vía alternativa u opcional para el agraviado."12 Y, en otra parte, también ha precisado el maestro argentino, que No basta pues, que haya una vía procesal (de cualquier índole) para desestimar un pedido de amparo; hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil (y a la vez, farisaico), rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, pues con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate ().13
Por cierto, que dicho criterio tiene implicaciones procesales relevantes. Como ha reconocido el propio S. y hemos citado antes, lo anterior quiere decir que "[s]i hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear este o el otro camino procesal"15, escenario ese en el que "el amparo se perfila como vía alternativa u opcional para el agraviado."16. Lógicamente, tal escenario -en el que, como se aprecia, no hay otra vía judicial más efectiva porque la vía alternativa al amparo y este son igualmente efectivas- implica la inutilidad de la causal de inadmisión por la existencia de otra vía judicial efectiva; es decir, no aplicaría la referida causal de inadmisión. Fue algo como esto, que el Tribunal estableció en su sentencia número TC/0197/13, citada previamente, cuando dijo:
Tal naturaleza hace que la acción de amparo sea admisible, siempre y cuando () no existan vías más efectivas que permitan restaurar el goce de los derechos fundamentales que han sido alegadamente vulnerados en el caso particular. Ello equivale a decir que en el caso de que existiese un proceso o acción de menor o igual efectividad que el amparo, este último debe ser declarado admisible, teniendo el accionante un derecho de opción entre las dos vías.
36.1.1.3. En su sentencia TC/0156/13 estableció que: El derecho a la indemnización reclamada depende () de que las empleadas públicas demuestren que fueron "cesadas" en sus funciones de manera injustificada. Por lo cual resulta que en la especie no se trata simplemente de que la institución demandada este obligada a pagar la referida indemnización en un plazo establecido, sino que dicho pago está condicionado a que se demuestre que el "cese" de las funciones fue ordenado de manera arbitraria. La prueba del "cese" injustificado de funciones debe hacerse por ante la vía ordinaria, en particular, por ante el Tribunal Superior Administrativo, por tratarse de una cuestión cuya solución adecuada requiere el agotamiento de los procedimientos de prueba ordinarios. () Corresponde, pues, el juez ordinario, y no al de amparo, establecer cuando procede el pago de impuestos.
36.1.1.4. En su sentencia TC/0225/13 estableció que la ilegalidad de una resolución o la rescisión de un contrato intervenido por organismos públicos con un particular debe ser ventilada ante la jurisdicción contenciosa administrativa en materia ordinaria, a la cual corresponde dirimir la indicada litis, tal como lo señala el artículo 165 de la Constitución de la República.
36.1.1.5. En su sentencia TC/0234/13 estableció quelas alegadas irregularidades imputadas a la autorización de la construcción de la referida envasadora de gas no pueden examinarse ni decidirse por la via del juez de amparo, ya que en la misma se sigue un "proceso breve", en el cual el debate sobre los medios de prueba no tienen el mismo alcance que en los procedimientos ordinarios.
36.1.3.3. En su sentencia TC/0269/13, en la que estableció quees responsabilidad de la jurisdicción ordinaria el conocimiento relativo a las nulidades que se plantean en contra de las irregularidades de los actos que puedan surgir en un proceso de partición. Es por ello que () si bien la es inadmisible, no es por ser notoriamente improcedente, sino por la aplicación del artículo 70.1 de la mencionada ley, que lo es por existir otra vía efectiva para la solución del caso, al tratarse de una reclamación para conocer de las excepciones de nulidad de los actos surgidos en una controversia, como en la especie. Concluimos, pues, que la competencia de la presente le corresponde al Tribunal de Primera Instancia en materia civil ordinaria.
17 Se refiere al Código de Procedimiento Civil.
36.1.4.1. En su sentencia TC/0084/12, en relación con la devolución de un bien incautado -en ese caso, un vehículo-, en virtud del artículo 190 del Código Procesal Penal ocasión en la que, además, afirmó que el J. de la Instrucción cuenta con los mecanismos y los medios más adecuados para determinar la procedencia o improcedencia de la entrega o devolución de un bien mueble que ha sido incautado como cuerpo del delito. Es dicho juez, además, quien está en condiciones de dictar una decisión en un plazo razonable y que se corresponda con la naturaleza del caso. () Debemos destacar, por otra parte, que el juez de amparo no está en condiciones de determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión del accionante, ya que tal decisión supone establecer si la investigación permitirá prescindir del secuestro del referido vehículo; aspecto penal que corresponde resolver a la jurisdicción especializada en la materia.
36.2.1. En su sentencia TC/0030/12, ya citada, estableció que
el procedimiento previsto para la acción de amparo es sumario, lo cual impide que una materia como la que nos ocupa pueda instruirse de manera más efectiva que la ordinaria. Corresponde,pues, al juez ordinario, y no el de amparo, establecer cuando procede el pago de impuestos.
36.3.4. En su sentencia TC/0245/13, que el juez de amparo no está en condiciones de determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión del accionante, ya que la demanda en producción de elementos de prueba debe ser ventilada ante la jurisdicción apoderada del asunto, según las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 56 de la Ley No. 834, que en este caso lo es la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros.
Respecto de la causal 3), conviene recordar que, contrario a la causal 1), ella era conocida en la doctrina nacional, toda vez que se encontraba consagrada en las normas que regularon el amparo previamente, es decir la Ley No. 437-06, del 30 de noviembre de 2006, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, del 24 de febrero de 1999, si bien en esta última usaba el concepto "ostensiblemente improcedente". Tuvo, sin embargo, poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial, por lo que, respecto de ella, el reto es parecido al que presenta el desarrollo de la noción contenida en la causal 1) para la doctrina y la jurisprudencia nacionales, en particular para el Tribunal Constitucional dominicano.
La improcedencia significa que algo no es procedente. Es la calidad "de aquello que carece de fundamento jurídico adecuado, o que por contener errores o contradicciones con la razón, o haber sido presentado fuera de los plazos oportunos, no puede ser admitido o tramitado."18 Se trata de un concepto que tiene raigambre jurídico- procesal. En la especie, se refiere a una causal de inadmisibilidad prevista por la Ley No. 137-11, en relación con la acción de amparo. La inadmisibilidad, por su parte, constituye una "[c]ondición que tiene un trámite, una demanda, una acción u otro procedimiento judicial, que ha sido calificado como no viable por el funcionario o juzgador a cargo, por problemas de forma o fallas jurídicas"19.
En la actualidad, la noción de notoriamente improcedente es vaga, abierta e imprecisa. Ella, sin embargo, se puede definir y solo se puede definir, subrayamos- a la lectura de los artículos 72, de la Constitución, y 65, de la Ley No. 137-11, cuyos términos conviene recordar en este momento:
Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
Sentencia TC/0090/15. Expediente núm. TC-05-2013-0026, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo incoado
por el señor J.G.P.T., contra la Sentencia núm. 00071/13, de fecha dieciocho (18) de julio del 2013,
dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. ().
Y lo mismo ocurre cuando la acción de amparo procura el cumplimiento o ejecución de una sentencia, posibilidad está que ha sido excluida por el referido artículo 72 pues el mismo solo se refiere a la posibilidad de "hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo", esa acción ha de ser, también, notoriamente improcedente.
51.1. Toda acción en la que no se verifique la vulneración de un derecho fundamental. Fue esa la orientación de su sentencia TC/0210/13, cuando explicó que
en la especie no se verifica vulneración de derecho fundamental alguno, ya que las pretensiones de la recurrente tienen como fundamento la solicitud de pago de indemnizaciones complementarias, así como de la ejecución de pago de salarios, cuestiones que escapan a la naturaleza del amparo.
51.3. Toda acción que se interponga con la finalidad de proteger derechos que no sean fundamentales. Tal fue el sentido de su sentencia TC/0031/14, cuando señaló
que cuando la acción de amparo se interpone con la finalidad de proteger derechos subjetivos cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los procesos comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria- es notoriamente improcedente.
51.4. Muy ligada a la anterior es decir, al propósito de proteger derechos que no sean fundamentales-, toda acción que se refiera a una cuestión de legalidad ordinaria. Tal fue el contenido de su sentencia citada en el párrafo anterior, pero también, y aun antes de esa, de su sentencia TC/0017/13, en la que decidió
desestimar la acción de amparo por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, competencia de los jueces ordinarios. En efecto, tanto la doctrina como la propia jurisprudencia constitucional comparada han manifestado que la determinación del hecho, la interpretación y aplicación del derecho, son competencias que corresponden al juez ordinario por lo que el juez constitucional limita el ámbito de su actuación a la comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una vulneración a un derecho constitucional. Este Tribunal es de criterio que la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal.
Tal fue el contenido, también, de su sentencia TC/0187/13, cuando concluyó en que el asunto correspondía
ser discutido por ante los tribunales ordinarios. Dichos tribunales podrán determinar el momento de obtención de las pruebas y, particularmente, la legalidad de las mismas y su uso. En caso de que dicho tribunal determine la ilegalidad de la obtención de las mismas, podrá ordenar su exclusión del eventual proceso. Finalmente, una de las causas de inadmisibilidad () es que la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, lo cual resulta, entre otros casos, cuando se pretende resolver por la vía del amparo asuntos que han sido designados a la vía ordinaria.
51.5. Toda acción que se refiera a un asunto que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria. Tal fue el contenido de su sentencia TC/0074/14, cuando estableció que
tratándose de un asunto que se encuentra ante la jurisdicción ordinaria en materia penal, y donde se ha emitido la Sentencia núm. (), que condeno al recurrente a veinte (20) años de reclusión mayor, accionar en amparo para obtener los mismos fines resulta notoriamente improcedente; máxime cuando cualquier violación que se haya cometido en el proceso puede ser reclamada y subsanada mediante los recursos, ante las jurisdicciones de alzada.
51.6.2. En igual sentido, mediante su sentencia TC/0254/13 concluyó en que
51.6.3. En su sentencia TC/0276/13 estableció que
En medio de un proceso penal, en el que un tercero reclama la propiedad de un vehículo que se encuentra a nombre del procesado y que ha sido objeto de una venta condicional a la luz de la referida ley numero 483-, un juez de amparo, cuya competencia se limita a la comprobación de que en la aplicación del derecho se haya producido una vulneración a un derecho fundamental, no debe asumir el rol que corresponde a la función jurisdiccional. () Ciertamente, la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria, pues tales casos escapan al control del juez de amparo, ya que el control de la legalidad de los actos y conductas antijurídicas puede ser intentado a través de las vías que la justicia ordinaria ha organizado para ello.
51.7. Toda acción que procure la ejecución de una sentencia. Así, este Tribunal ha confirmado, mediante su sentencia TC/0147/13,
que no es procedente la acción de amparo que procura la ejecución de una decisión judicial, en virtud de que la figura de amparo está reservada única y exclusivamente para tutelar derechos fundamentales, independientemente de que el legislador haya contemplado la figura de "amparo de cumplimiento", la cual se encuentra consagrada en el artículo 104 de la Ley núm. 137-111, cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, por lo que el juez de amparo, al estar apoderado de una acción cuya finalidad era la ejecución de una decisión judicial, no podía ordenar su cumplimiento.
54.2. En virtud de un asunto de índole laboral de carácter administrativo, el Tribunal, mediante su sentencia TC/0156/13, entendió que la prueba del mismo debía "hacerse por ante la vía ordinaria, en particular por ante el Tribunal Superior Administrativo, por tratarse de una cuestión cuya solución adecuada requiere el agotamiento de los procedimientos de prueba ordinarios"; y, consecuentemente, declaró inadmisible la acción por existir otra vía judicial efectiva. Y, sin embargo, posteriormente, en su sentencia TC/0210/13, mediante la cual resolvió unas pretensiones que tenían "como fundamento la solicitud de pago de indemnizaciones complementarias, así como la ejecución de pago de salarios", el Tribunal afirmó que esas eran cuestiones que no configuraban la vulneración de un derecho fundamental y que escapaban "a la naturaleza del amparo", y decidió, pues, declarar inadmisible la acción de amparo por ser notoriamente improcedente. 54.3. En virtud de que el asunto correspondía resolverlo a la jurisdicción ordinaria, el Tribunal ha inadmitido la acción por existir otra vía judicial la vía ordinaria- (los casos citados y detallados más arriba, entre los criterios de afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía; entre los que destacamos: TC/0097/13, TC/0156/13, TC/0075/13, TC/0245/13 y TC/0260/13). En otros casos similares, sin embargo, el Tribunal, fundado en la misma razón es decir, por "tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, competencia de los jueces ordinarios" (TC/0017/13)-, ha decidido inadmitir la acción por ser notoriamente improcedente. 54.4. Por otra parte, es resaltante que, con frecuencia, en las decisiones de inadmisión por existir otra vía judicial efectiva, el Tribunal parece fundarlas en la existencia de otra vía que es la que tiene atribución para conocer y solventar la cuestión, más que en la constatación de otra vía más efectiva. Es decir, la decisión respecto de la otra vía judicial más efectiva es tomada, mas por un asunto vinculado a la competencia de atribución incluso de carácter territorial- que por la constatación de una mayor efectividad de esa otra vía; de tal forma que parecen asimilarse la inadmisión con la incompetencia. Esto, por supuesto, desnaturaliza la decisión de la que hablamos, toda vez que derivar un asunto a otra vía judicial, por ser esta la competente, es asunto sustancialmente diferente a derivarlo por tratarse de una vía judicial más efectiva. 54.5. Como se sabe, en efecto, la competencia de atribución o territorial- y la admisibilidad no son sinónimos, sino dos conceptos autónomos, aplicables a situaciones sustancialmente diferentes. En la primera situación, el tribunal no ejerce una opción por una vía judicial más efectiva sino que, simplemente, no tiene la atribución para conocer de la cuestión y debe, por tanto, derivarla a la vía o jurisdicción a la que la ley de manera expresa le ha otorgado dicha atribución. En el segundo escenario, el tribunal de amparo y la otra vía judicial, en atribuciones distintas a la de amparo, ambos pueden conocer de la cuestión, pero la otra vía es identificada como más efectiva que la del amparo. La atribución se concibe como la potestad concedida por disposición de la ley a un órgano para que resuelva determinados asuntos.
54.5.1. Conviene recordar, en este sentido, que la Ley No. 137-11 establece, en su artículo 72, que el tribunal competente para conocer de una acción de amparo será "el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado"; y, en el párrafo I de dicho artículo, que:
En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor
afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado.
54.5.3. En este sentido, la única excepción que consagra la Ley No. 137-11 respecto de esta atribución se encuentra en su artículo 75, al establecer que "la acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa". En tal caso, independientemente de cuál sea el derecho alegadamente vulnerado, lo mismo si es por un acto que por una omisión de la administración, la competencia será de la jurisdicción contenciosa administrativa.
en lo que se refiere a la acción de amparo, la referida Ley número 137-11, en sus artículos 72 y
74, establece que quien conoce de dicha acción es el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado, y en aquellos lugares en que el dicho tribunal se encuentra dividido en cámaras o salas, o en que hayan jurisdicciones especializadas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado. Si se trata de una acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, el artículo 75 de la referida ley nos indica que será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
54.5.7. En ese mismo sentido, en el caso ya citado en el cual se interpuso una acción de amparo directamente ante el Tribunal Constitucional por alegada violación al derecho de propiedad por parte de la Procuraduría Fiscal de la provincia D., este Tribunal se declaró incompetente e indicó que la jurisdicción competente lo era la jurisdicción civil. De manera expresa indicó, en la referida sentencia TC/0004/13, que en el caso que nos ocupa, la acción de amparo ha sido incoada como consecuencia de una demanda en partición de bienes cuyo procedimiento regula el derecho común. ()En tal virtud, la jurisdicción competente, ratione materiae y ratione loci, para conocer del amparo es la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial D., por ante el cual procede remitir para que conozca del conflicto, en la forma prevista por ley que rige la materia. Es decir, no se tomó en cuenta que el amparo fuera incoado en contra de una actuación de la Procuraduría Fiscal, sino que se trataba de asuntos relacionados con bienes muebles, y en este caso lo que alegaba la accionante era violación a su derecho de propiedad. 54.6. Si se analizan las sentencias citadas antes entre los criterios de afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía judicial, se podrá apreciar que cuando el Tribunal deriva la cuestión: 54.6.1. A la vía contencioso- administrativa, lo hace en virtud de que el artículo 165 de la Constitución "faculta al Tribunal Superior Administrativo para conocer y resolver () los conflictos surgidos entre la administración pública y los particulares"21; o bien, porque "la ilegalidad de una resolución o la rescisión de un contrato intervenido por organismos públicos con un particular debe ser ventilada ante la jurisdicción contenciosa administrativa en materia ordinaria"22. 54.6.2. A la vía inmobiliaria, lo hace porque correspondía al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original "salvaguardar el derecho fundamental de la propiedad, supuestamente conculcado"23; o bien, porque corresponde "a la jurisdicción inmobiliaria en atribuciones ordinaria", que es la "competente para determinar cuál es el real y efectivo titular de la propiedad"24.
54.6.3. A la vía civil, lo hace porque "es responsabilidad de la jurisdicción ordinaria el conocimiento relativo a las nulidades que se plantean en contra de las irregularidades de los actos que puedan surgir en un proceso de partición"25, por lo que "la competencia de la presente le corresponde al Tribunal de Primera Instancia en materia civil ordinaria"26. 54.6.4. A la vía penal (juez de instrucción), lo hace porque la acción tiene un contenido penal; o bien, porque corresponde al juez de instrucción determinar la procedencia de unas devoluciones de bienes que son cuerpos de delito en procesos penales en curso.
54.6.5. En fin que, en estos casos, en los que el Tribunal parece fundar su decisión de inadmisión por existir otra vía judicial efectiva, en virtud de la competencia de atribución de la otra vía y, por tanto, de la incompetencia del juez de amparo-. Si, en realidad, se trata de un asunto de competencia de atribución, el Tribunal ha debido fundar tales decisiones de inadmisión en la notoria improcedencia de la acción. 55. Se aprecia, en suma, imprecisión, inconsistencia e incoherencia en las decisiones del Tribunal respecto de estas causales de inadmisión de la acción de amparo, consagradas por el artículo 70 de la Ley No. 137-11, lo que señalamos con el mayor respeto, sólo con el ánimo de subrayar la necesidad a la que nos hemos referido en estas páginas- de aguzar la mirada, para precisar mejor el uso de estas causales de inadmisión, contenidas en los artículos 70.1 y 70.3 de la Ley No. 137-11. 56. En lo que se refiere a las decisiones de inadmisión por existir otra vía judicial efectiva, el Tribunal debería precisar y enfatizar más la existencia de otra vía judicial efectiva como fundamento de su opción y desterrar la percepción de que en tales casos ejerce dicha opción por un asunto de competencia de atribución. 57. Pareciera, en este sentido, que el Tribunal ha sido más consistente y coherente en sus decisiones de inadmisión de la acción por ser notoriamente improcedente, que en aquellas en las que ha decidido la inadmisión por existir otra vía judicial efectiva.
Una segunda cuestión es que el análisis para determinar la existencia de otra vía judicial efectiva debe realizarse comparando la vía del amparo con esa otra vía. Como ya se ha dicho, habría que determinar la existencia de otra vía más efectiva que la del amparo, énfasis este que, como hemos pretendido evidenciar más arriba, no siempre se ha hecho al aplicar esta causal de
inadmisión. En este sentido, hay que tener presente que la opción por otra vía judicial más efectiva ha de tomarse entre dos vías que son efectivas, que no en virtud de que el juez de amparo no posea la atribución para conocer de la cuestión que se le ha planteado, no solo porque se desnaturaliza tal decisión, sino también porque, en tal escenario, lo pertinente sería, entonces, decidir la inadmisión de la acción por su notoria improcedencia.
Como hemos dicho antes, la evaluación de la notoria improcedencia debe hacerse, también, a la luz del artículo 65 de la Ley No. 137-11, que reza:
De su lectura, en efecto, se colige que, cuando dicha acción se interpone con la finalidad (i) de proteger derechos que no sean fundamentales -derechos subjetivos, cuya protección se garantiza mediante los procesos comunes, regidos por la legalidad ordinaria-, (ii) de proteger derechos fundamentales como el de la libertad protegido especialmente por el habeas corpus y excluido taxativamente por el referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo, (iii) de proteger derechos fundamentales como el de la autodeterminación informativa protegido especialmente por el habeas data y excluido taxativamente por el artículo 65 del ámbito de la acción de amparo-, o (iv) de hacer cumplir o ejecutar una sentencia -lo que también ha sido excluido por el referido artículo 72-, esa acción no cumple con los presupuestos establecidos en el texto constitucional señalado y, consecuentemente, debe ser declarada inadmisible por ser notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 70.3 de la Ley No. 137-11.
Una parte de la doctrina dominicana se refiere a este asunto y afirma que, por su lado, el artículo 65 de la Ley No. 137-11 establece lo que denomina como "presupuestos esenciales de procedencia"28, los cuales deben cumplirse para que la acción de amparo sea admisible.
28 T. de Sosa, F.; P.S., Y.. El amparo como proceso subsidiario: crítica al voto disidente de la TC/0007/12. En: Crónica jurisprudencial dominicana; E.F.; año I, número I; enero-marzo 2012; p. 33.
Así, la acreditación de dichos presupuestos constituyen "un ´primer filtro´ que debe sortear el amparista, por lo que en ausencia de cualquiera de éstos, la acción de amparo ´resulta notoriamente improcedente´ conforme el artículo 70.3 de la LOTCPC"; todo, sin perjuicio de que este "primer filtro" incluya, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia del artículo 44 de la Ley No. 834 aplicada por este colegiado constitucional en virtud del principio de supletoriedad, razones de inadmisión como las de "cosa juzgada", "falta de objeto", entre otras.
No es posible, en efecto, que una acción de amparo que cumpla con los "presupuestos esenciales de procedencia" no sea efectiva para atender la petición que a través de ella formula el amparista. En otras palabras, al concluir que una acción de amparo cumple con los referidos "presupuestos esenciales de procedencia", se estará concluyendo, al mismo tiempo, en que dicha acción resulta efectiva para atender el asunto contenido en ella; tal conclusión implicará "automáticamente que el amparo constituye una vía efectiva para proteger el derecho alegadamente vulnerado o amenazado".30 Por tanto, en esas condiciones, la acción de amparo debe ser admitida. No tiene sentido, en efecto, el análisis de la efectividad de otra vía judicial, en comparación con la del amparo, si la acción de que se trata es improcedente.
En tal sentido, [e]l establecimiento de la causa de inadmisibilidad relativa a la existencia de otras vías judiciales que permitan obtener la protección efectiva del derecho fundamental lesionado constituye una suerte de ´segundo filtro´ para habilitar la procedencia del amparo, luego de que la evaluación de la pretensión del amparista haya superado el ´primer filtro´.32
De manera que, en efecto, para determinar la admisibilidad de la acción de amparo, debe tomarse en cuenta y verificarse -así, en este orden específico:
Que la acción de amparo no esté prescrita (artículo 70.2 Ley No. 137-11);
Que los referidos "presupuestos esenciales de procedencia" se cumplan (artículos 72, constitucional, y 65 y 70.3 de la Ley No. 137-11) y que, asimismo, no exista otra causa de inadmisibilidad de derecho común (artículo 44 de la Ley No. 834); y
Finalmente, que no exista una vía judicial más efectiva para remediar la violación (artículo 70.1 de la Ley No. 137-11).
32 T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. cit., p. 45.
Resulta importante subrayar que, como hemos dicho reiteradamente en estas líneas, el amparo busca remediar y/o subsanar violaciones o amenazas a derechos fundamentales, de manera que la actuación del juez de amparo está limitada, conforme los términos del artículo 91 de la Ley No. 137-11, a "prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio".
Es al J. ordinario al que compete la interpretación de la legalidad ordinaria y su decisión debe ser asumida por este Tribunal y no puede ser sustituida por otra diferente en un recurso de amparo cuando ello no viene reclamado por la necesidad de ajustarla a la Constitución.38
Como hemos dicho, en la especie la mayoría del Tribunal Constitucional revocó una sentencia que había rechazado una acción de amparo incoada para obtener la devolución de un bien vehículo de motor incautado en ocasión de un proceso de investigación penal.
El Tribunal Constitucional estableció que existía una vía más efectiva para obtener la devolución de los objetos secuestrados razón por la cual decide inadmitir la acción de amparo-, esto es,
Este Tribunal ha podido constatar que si bien es cierto que en virtud de todo lo anterior no procedía la devolución del bien solicitado por la vía del amparo, el J. de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, al dictar su decisión del amparo del cual se encontraba apoderado, incurrió en un error procesal al conocer el fondo del asunto toda vez que lo que procedía era declarar la inadmisibilidad de la referida acción por existir otra vía judicial que permitía de manera efectiva la protección del derecho fundamental.
Como hemos visto, ya el Tribunal Constitucional se había referido a este tema en varias sentencias. Así como en tales casos, en el presente estamos de acuerdo en que, real y efectivamente, el juez de amparo no puede conocer la acción y que, por ende, esta debe ser declarada inadmisible. No obstante, tal y como lo afirmamos previamente, no compartimos que dicha inadmisión sea en virtud de la existencia de otra vía efectiva, conforme los términos del artículo 70.1, sino por tratarse de una acción notoriamente improcedente, conforme los términos del artículo 70.3.
En efecto, en la especie, la notoria improcedencia se deriva de la naturaleza misma de la cuestión que es, si se ausculta bien, impropia del ámbito del amparo y atinente a la legalidad ordinaria.
En este sentido, tal y como explicamos hace pocos párrafos, la causal de inadmisibilidad del artículo 70.1 constituye una especie de "segundo filtro", el cual sólo deberá examinarse una vez que la acción de amparo haya pasado el "primer filtro", esto es, el de los "presupuestos esenciales de procedencia", de conformidad con los artículos 72, constitucional, y 65 de la Ley No. 137-11.
En la especie, como en las sentencias parecidas citadas previamente, el Tribunal se refiere al hecho de que el juez de amparo no puede conocer de la petición de devolución de un bien incautado en ocasión de un proceso penal, ya que esto corresponde al J. de la Instrucción y al Ministerio Público, todo en virtud del artículo 190 del Código Procesal Penal43.
43 A propósito de esto, hemos de aclarar que, aunque ciertamente el artículo 190 del Código Procesal Penal establece que la decisión del Ministerio Público sobre la devolución de bien incautado puede ser objetada ante un juez, dicho texto no menciona específicamente qué juez.
Lógicamente, se impone reconocer que el juez de la instrucción como juez de las garantías es el que, naturalmente, tiene más aptitud para resolver esta cuestión, sin perjuicio de reconocer, igualmente, que, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso, podría ser, también, el juez de la instrucción o cualquier otro juez como, por ejemplo, el presidente del Tribunal Colegiado, de conformidad con el artículo 305 del Código Procesal Penal el que resuelva la cuestión.
Es que, en efecto, si nos colocáramos en ese último por demás, hipotético- escenario, "no sólo se estaría impidiendo una protección acorde con la especial significación e importancia del objeto protegido"44, sino también, y todavía peor, se estaría promoviendo una igualación jurídica "entre un proceso constitucional y un proceso judicial ordinario, con la consecuente desnaturalización del primero de los mencionados"45 y, en ese mismo sentido, se estaría potenciando una pobre utilidad, cuando no una total inutilidad de la acción de amparo o, todavía más, la sustitución de la acción de amparo por acciones ordinarias.
44 T. de Sosa, F.; P.S., Y.. Op. Cit., p. 46.
45 I..
Firmado: Justo P.C.K., J..
VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO V.J.C.P.:
En ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales46, con la máxima consideración respecto a la mayoría del Pleno, tenemos a bien emitir en la especie el presente voto particular, que atañe a nuestro desacuerdo con la precedente sentencia en dos aspectos: de una parte, respecto a la denegación al juez de amparo de conocer el fondo del asunto, aunque se verifique la existencia de una causal de inadmisión (A); y, de otra parte, porque de todas maneras la inadmisibilidad no se justificaba por la existencia de otra vía, sino por la notoria improcedencia de la acción de amparo (B).
46 En ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, de acuerdo con los artículos 186 in fine de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales núm. 137-11 (en lo adelante, "Ley núm. 137-11").
El J. de amparo tiene la facultad de conocer del fondo de la acción aunque se verifique una causal de inadmisibilidad.
En la especie, el Tribunal Constitucional revocó la decisión del juez de amparo por considerar que este debió declarar inadmisible la acción por la existencia de otra vía, con base en el siguiente razonamiento:
Dicha acción de amparo fue resuelta mediante Sentencia núm. 00071/13 del dieciocho (18) de julio de 2013, la cual rechazó la acción de la cual se encontraba apoderada, considerando que lo que procedía era que el impetrante en amparo interviniese de manera voluntaria en dicho proceso y solicitara la devolución del mismo cuando se presente acto conclusivo por parte del Ministerio Público.
El recurrente, J.G.P.T., interpuso el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, persiguiendo la nulidad de la Sentencia núm. 00071/13 de fecha dieciocho (18) de julio del 2013, alegando que en la misma se realizó una errónea interpretación de los artículos 51 y 69 de la Constitución, relativos al derecho a la propiedad y derecho al debido proceso.
Por tanto, lo que pretende el señor J.G.P. es la devolución de un bien, en este caso un vehículo, que se encuentra retenido como parte de las investigaciones de un crimen por parte de Ministerio Público, principal argumento invocado por el J. de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega para rechazar el amparo objeto del presente recurso de revisión.
Tal como expresó el J. de A., y como lo ha sostenido este tribunal en su Sentencia TC/0058/14 del cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014), la solicitud de devolución de un bien retenido o incautado y pasible de ser medio de prueba u objeto de decomiso debe ser resuelta por el juez de la instrucción al tenor de los artículos 73, 190 y 292 del Código Procesal Penal, los cuales disponen lo siguiente: []
Este Tribunal ha podido constatar que si bien es cierto que en virtud de todo lo anterior no procedía la devolución del bien solicitado por la vía del amparo, el J. de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega, al dictar su decisión del amparo del cual se encontraba apoderado, incurrió en un error procesal al conocer el fondo del asunto toda vez que lo que procedía era declarar la inadmisibilidad de la referida acción por existir otra vía judicial que permitía de manera efectiva la protección del derecho fundamental invocado. []
En consecuencia, este tribunal estima que procede revocar la Sentencia núm. 00071/13 del dieciocho (18) de julio del 2013 dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega declarando la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por el señor J.G.P.T. en virtud de las disposiciones de los artículos 73, 190 y 292 del Código Procesal Penal y del numeral 1 del artículo 70 de la Ley núm. 137-11, toda vez que el juez de la instrucción es la vía más efectiva e idónea para tutelar el derecho fundamental cuya vulneración se alega.
Como se infiere del precedente literal f), el Tribunal Constitucional prácticamente otorga aquiescencia a la decisión del juez de amparo que rechazó la pretensión del amparista de que le fuera devuelto su vehículo; y ello, pese a que, a juicio de este colegiado, lo que debió hacer fue declarar la inadmisibilidad por la existencia de otra vía. Estimamos que con este razonamiento el tribunal ha desconocido que, conforme lo establece el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, el juez de amparo tiene la facultad de decidir entre pronunciarse sobre el fondo o declarar la inadmisibilidad del mismo, si se verifica alguna de las causales previstas en la disposición legal indicada.
En efecto, el indicado artículo 70 establece que el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá47 dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:
Cuando existan otras vías que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.
Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.
47 El subrayado es nuestro.
La mera literalidad del texto denota con evidencia difícilmente refutable que el uso del tiempo verbal podrá no se incluyó por azar en la disposición aludida, sino que manifiesta un designio legislativo expreso y preciso: otorgar un margen de apreciación en favor del juez para permitirle pronunciarse sobre el fondo del asunto incluso en la eventualidad de que resulten configuradas una o más de las causales contenidas en dicho texto. De la naturaleza indubitable de este propósito se infiere que si el legislador hubiese querido disponer la solución opuesta, o sea, el obligatorio pronunciamiento de la inadmisión, habría manifestado que el juez deberá dictaminarla, en vez de que podrá declararla, como taxativamente indica dicho texto. Obviamente, mediante el empleo del verbo poder48, en el futuro simple podrá, se pretendió dar carácter prioritario a la tutela de derechos fundamentales frente al mero cumplimiento de formalidades procesales, en concordancia con los principios consagrados en el artículo 72 de la Constitución49.
En este orden de ideas, debemos observar que el párrafo capital de esta prescripción legislativa no plantea al juez, en la hipótesis considerada, un mandato perentorio de inadmitir el amparo, sino una simple posibilidad de declararlo inadmisible. Se trata, en consecuencia, de una potestad que somete a su arbitrio soberano una alternativa: de una parte, inadmitir la acción; o, de otra parte, acogerla, instruirla y fallarla. N., en efecto, que el análisis lógico-jurídico del mencionado artículo 70 establece la siguiente secuencia:
48 "Tener expedita la facultad de o potencia de hacer algo" (Diccionario de la lengua española, precitado, tomo II, p. 1791).
49 « Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo».
Que incumbe al juez a cargo de una petición de amparo la obligación de instruir el proceso y pronunciarse sobre el fondo del mismo50;
50 Si, obviamente, satisface los presupuestos de procedencia que se desprenden de los artículos 72 de la Constitución y 65 de la LOTCPC.
Que, facultativamente, él podrá descartar este resultado, decidiendo en cambio pronunciar la inadmisión de la acción; y
Que podrá optar por esta última solución en caso de existencia de otras vías judiciales efectivas51, de extemporaneidad de la acción,52 o de notoria improcedencia de la misma53.
Por tanto, estimamos que la procedencia del amparo constituye la regla general, mientras que su inadmisión resulta una solución excepcional. En este tenor concordamos con el criterio de R.H.V., quien sostiene que [] desde un punto de vista estrictamente teórico y de conformidad con algunos principios de la justicia constitucional los procedimientos de admisibilidad no deberían existir en los procesos constitucionales, por lo que las respectivas demandas deberían resolverse siempre en sentencia, aunque esta última se fundamente luego en la carencia de requisitos de procedibilidad de la pretensión del recurrente54.
51 Artículo 70.1.
52 Artículo 70.2.
53 Artículo 70.3.
54 HERNANDEZ VALLE (R., Derecho Procesal Constitucional, Editorial Juricentro, S.J., Costa Rica, 2009, p. 125, citado por J.P.(., Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, editorial Iusnovum, Santo Domingo, República Dominicana, 2013, p. 186.
Tomando como premisa este razonamiento, la previsión de causales de inadmisibilidad en el proceso de amparo no tiene como fin la limitación al acceso a dicho proceso como garantía constitucional, sino [] evitar que las jurisdicciones de amparo se sobrecarguen con asuntos de escasa o nula importancia en detrimento de la necesidad de conocer prontamente los amparos relevantes, o que estas conozcan innecesariamente demandas que no han cumplido con un mínimo de exigencias formales y sustantivas55.
55 J.P.(., ibid.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el juez de amparo siempre conoce del fondo del asunto, es decir, que siempre lo instruye, independientemente de que decida ya sea pronunciarse sobre el fondo del mismo o declarar la inadmisibilidad de la acción. Esta inferencia se desprende igualmente del referido artículo 70 cuando establece que «[e]l juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso56, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo []». La inclusión de dicha frase por parte del legislador tampoco resulta ociosa, pues, de una parte, los principios rectores de accesibilidad57 y de efectividad58 imponen que el juez se pronuncie sobre el fondo de la acción; y, de otra parte, porque no siempre resulta fácil discernir in limine litis cuándo el amparo resulta inadmisible59. Por estas razones, en caso de duda, el juez de amparo debe decantarse a decidir sobre Con base en el razonamiento antes expuesto, conviene aclarar que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo no operan igual que los medios de inadmisión del derecho común61, pues, como se ha visto, la inadmisibilidad es pronunciada facultativamente por el juez de amparo luego de conocer o de instruir el fondo del proceso; mientras que, en el derecho procesal común, el juez está obligado a declarar la inadmisibilidad de la acción sin conocer del fondo, ya sea de oficio o a pedimento de parte62. La precisión anterior se justifica porque si se analizan las causales de inadmisión de la acción de amparo, como si fueran las inadmisibilidades de derecho común, el resultado sería el mismo que en la especie: erróneamente se anulará la decisión del juez que conoció del fondo de la acción de amparo por entender que debió declararla inadmisible.
56 El subrayado es nuestro.
57 «Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 1) Accesibilidad. La jurisdicción debe estar libre de obstáculos, impedimentos, formalismos o ritualismos que limiten irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia».
58 «Artículo 7. Principios Rectores. []. 4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades».
59 J.P.(., ibid.
60 Esta es una consecuencia de la aplicación del principio de la autoridad del juez constitucional, el cual establece que este tiene jurisdicción atribuida por la Constitución y, en tal virtud, debe siempre actuar de acuerdo con ella. Es, por tanto, «un juez de la Constitución y para la Constitución» (GOZAINI, O., Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires/Santa Fe, Argentina, p. 129). Asimismo, por aplicación a los procesos constitucionales del principio relativo al debido proceso, los jueces no deberán estar limitados por «servilismos formales y ritualismos estériles» para garantizar la eficacia del servicio jurisdiccional a través de un proceso sin restricciones (ibid., p. 133). Este principio se refleja a su vez en la ágil dinámica que el ejercicio de la prerrogativa de oficiosidad (art. 7. 11 de la Ley núm. 137-11) de parte de los jueces imprime a los procesos constitucionales dominicanos. Cabe señalar, además, que en esta situación entra en juego la aplicación del principio pro homine, que, como explica M.P.(.citada por GOZAÍNI, ibid., p. 144) «es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre».
61 Artículo 44 (Ley 834 de 1978): «Constituye a una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada».
Artículo 46 (Ley 834 de 1978): «Artículo 46.- Las inadmisibilidades deben ser acogidas sin que el que las invoca tenga que justificar un agravio y aun cuando la inadmisibilidad no resultare de ninguna disposición expresa».
62 Artículo 47 (Ley 834 de 1978): « Los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías de recurso».
La causal de inadmisión del caso se justifica por su notoria improcedencia y no por la existencia de otra vía eficaz entendiéndose, asimismo, que el acto arbitrario es el que solo expresa la apreciación individual de quien lo ejerce sin mediar ninguna motivación65. En consecuencia, resultará manifiestamente arbitrario todo acto de autoridad pública o de particular que no exponga las razones de hecho y de derecho que lo justifiquen; o la actuación que, aunque motivada, obedezca a causas ilógicas, irracionales o basadas en razones jurídicamente inatendibles66. Cabe señalar además que se reputará ilícita toda conducta que evidentemente se aparte de la norma legal en que se fundamenta, o que entre en franca contradicción con el ordenamiento jurídico vigente67.
De acuerdo con lo que establecimos en la primera parte de este voto, el juez de amparo es soberano para instruir la acción de amparo antes de fallarla como lo hizo, según resulta del mandato que figura en la parte capital del artículo 70 de la Ley núm. 137-11. Sin embargo, en caso de que excepcionalmente hubiera decidido ejercer la facultad de declarar inadmisible la acción de amparo, la causal aplicable era la notoria improcedencia y no la existencia de una vía eficaz, como erróneamente interpretó este colegiado.
Sostenemos lo anterior en razón de que en el presente caso el amparista interpuso su acción alegando que el Ministerio Público había denegado la devolución de su vehículo, y que, por tanto, le estaba violentando el condigno derecho fundamental. Sin embargo, de la lectura de la decisión impugnada se induce que el acto impugnado por el amparista -la negativa del Ministerio Público de devolver el vehículo -no fue arbitraria ni manifiestamente ilegal, según requiere el artículo 65 de la Ley núm. 137-1163 para la admisibilidad de la acción de amparo.
De la simple literalidad de dicho texto se infiere claramente que el acto u omisión objeto de control de la acción de amparo debe ser manifiestamente arbitrario o ilegal. En este sentido, se estimará arbitraria toda acción u omisión fundada en un mero capricho del agraviante64;
63 En efecto, téngase en cuenta que esta disposición prescribe que la acción de amparo será admisible: [] contra todo acto omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data.
64PELLERANO GOMEZ (J.M..), «El amparo constitucional», en Estudios Jurídicos, Vol. X, núm. 3, septiembre-diciembre 2001, citado por J.P.(., op. cit., p. 176.
65Sentencia relacionada a EXP. N.° 0090-2004-AA/TC, Tribunal Constitucional de Perú, texto íntegro de la decisión disponible en línea:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html (última consulta en: Marzo 25, 2015).
66Véase en este sentido la Sentencia T-576/98 de la Corte Constitucional de Colombia.
67Sentencia 35/05 del Superior Tribunal de Corrientes, citada por E.D.B., a su vez citado por S.L.E., en «Cuestiones procesales en la acción de amparo y la doctrina del Superior Tribunal de Corrientes», p. 2, disponible en línea:
http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/cuestionesprocesales.pdf. (última consulta en: marzo 25, 2015).
Sin embargo, en la especie, al referirse a las motivaciones que dieron al traste con la negativa de entregar el vehículo, el juez de amparo adujo que:
[] fue al momento del Ministerio Publico dirigirse al lugar de los hechos que traslada el vehículo involucrado en el ilícito hasta sus instalaciones para fines de investigación; que como el Ministerio Publico es el encargado de la investigación debe realizar todas las experticias qe considere de lugar y determinar si ese vehículo será sometido o no como prueba; el hecho del Ministerio Publico negarse a devolver el vehículo no constituye una vulneración al derecho de propiedad, porque no ha resultado un hecho controvertido que real y efectivamente en ese vehículo era que se trasladaban los occisos al momento del deceso, circunstancia esta que ubica a dicho vehículo como un posible elemento de prueba; que con esa cintila es al Ministerio Publico en su fase de investigación a quien le corresponde determina(sic) la pertinencia y utilidad de dicho elemento de prueba, por lo que al estar el vehículo envuelto en un ilícito penal [] se amerita la finalización de las investigaciones por parte del Ministerio Publico;
[] pues en este proceso se determinó que la negativa del Ministerio Publico a entregar el vehículo se debe básicamente a que este considera que el vehículo es indispensable para agotar las diligencias de lugar que permitan un mayor esclarecimiento del ilícito investigado [] pues ese acto del Ministerio Publico de negar la entrega del vehículo no ha sido un acto arbitrio (sic), sino más bien una facultad que le asiste por sus funciones de órgano investigador, por lo que, ese acto no ha vulnerado el derecho de propiedad del impetrante;
En virtud de lo expuesto por el juez de amparo, se colige que durante la instrucción de la acción él estableció que la negativa del Ministerio Público a devolver el vehículo requerido mediante amparo no fue un acto arbitrario ni manifiestamente ilegal, puesto que no obedeció a un capricho, sino a la necesidad de someter el vehículo a exámenes y experticias para establecer las circunstancias en la que ocurrió el asesinato de las personas que transitaban en él. En otras palabras, el rechazo a la petición de entrega del referido vehículo se encontraba debidamente motivado, y, por tanto, no resultaba una medida manifiestamente arbitraria.
Tampoco se trataba de un acto manifiestamente ilegal, puesto que el secuestro de bienes68 constituye una de las acciones que incumben al Ministerio Público en su condición de órgano encargado de dirigir las investigaciones penales, según prescribe el artículo 88 del Código Procesal Penal69. En este sentido, los bienes incautados o secuestrados deberán ser devueltos tan pronto dicho órgano pueda prescindir de los mismos70. La pertinencia de la devolución de los bienes secuestrados a su vez se impone en caso del Ministerio Público haber presentado algún acto conclusivo de la investigación71 o si hubiera solicitado el archivo de la acción72.
68 «Art. 186.- Entrega de cosas y documentos. Secuestros. Los objetos y documentos relacionados con el hecho punible y los sujetos a confiscación o decomiso, relevantes para la investigación, son individualizados, tomados en depósito y conservados del mejor modo posible, salvo que la ley disponga su destrucción, en cuyo caso siempre se conserva una muestra que permita su examen.
La persona que tenga en su poder objetos o documentos de los señalados precedentemente, está obligada a presentarlos y entregarlos, cuando le sea requerido. Si los objetos requeridos no son entregados se dispone su secuestro.»
69 «Art. 88.- Funciones. El ministerio público dirige la investigación y practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.»
En este orden de ideas, conviene observar que en la especie no se había verificado la ocurrencia de ningún acto conclusivo cuando el amparista solicitó la devolución del vehículo aludido, por lo que la negativa del Ministerio Publico no podría considerarse manifiestamente ilegal. Por el contrario, a juzgar por los elementos establecidos por la decisión del Tribunal Constitucional -y resaltados en la decisión de amparo-, dicha negativa parece haber sido bien sustentada no solo por la naturaleza de los hechos, sino también por las motivaciones de derecho.
A la luz de los precedentes razonamientos, si el juez de amparo hubiere decidido ejercer la facultad que la ley le otorga de no conocer del fondo del asunto -en vista de la existencia de una causal de inadmisión-, la opción que debió haber ejercido fue declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo por notoria improcedencia73, y no por la existencia de otra vía eficaz como erróneamente interpretó este tribunal.
70 «Art. 190.- Devolución. Tan pronto como se pueda prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron.
La decisión del ministerio público referida a la devolución puede ser objetada ante el juez.»
71 «Art. 293.- Actos conclusivos. Concluida la investigación, el ministerio público puede requerir por escrito:
1) La apertura a juicio mediante la acusación;
2) La aplicación del procedimiento abreviado mediante la acusación correspondiente;
3) La suspensión condicional del procedimiento.
Junto al requerimiento, el ministerio público remite al juez los elementos de prueba que le sirven de sustento».
72 «Art. 281.- Archivo. El ministerio público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando:
5) C. un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable; []».
Firmado: V.J.C., J.J.R.B., S..
La presente decisión es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día 06 del mes de mayo del año 2015, anteriormente expresados, y publicada por mí, S. del Tribunal Constitucional, que certifico.

References: artículo 51
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 artículo 100
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 artículo 70
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 artículo 72
in fine
 artículo 4
 artículo 65
 artículo 91
 resolución 
 resolución 
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 artículo 70
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