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Timestamp: 2020-08-09 02:45:27+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 191, de 06/04/2017
cve: DSCD-12-CO-191
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 191
Comparecencia del señor ministro de Justicia (Catalá Polo), para:
- Informar sobre las medidas para agilizar la justicia. A petición propia. (Número de expediente 214/000027) ... (Página3)
- Que explique las reformas legislativas e institucionales que necesitamos para evitar, como demuestra la condena a un año de cárcel del cantante de Def con Dos, César Strawberry, que la libertad de expresión se vea menoscabada en nuestro país. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000294) ... (Página3)
- Para que informe de las actuaciones que está llevando a cabo para evitar que sea de aplicación la decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública de eliminar la exención fiscal de la que disfrutaban los abogados y procuradores que prestan sus servicios en el turno de oficio y las consecuencias que de ello se derivarían. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000325) ... (Página3)
- Para explicar su concepto de democracia y de "numerito impropio en una democracia", en relación a la concentración de más de 40.000 personas apoyando al presidente Mas y a las consejeras Ortega y Rigau que, en cumplimiento de un mandato del Parlamento, dieron apoyo como Gobierno de Cataluña a la consulta del 9N. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000326) ... (Página3)
- Para dar cuenta de los informes de los que dispone el Gobierno para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si se celebra un referéndum en Cataluña, de acuerdo
con las declaraciones efectuadas por el ministro a los medios de comunicación. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000330) ... (Página3)
- Para dar cuenta de su intervención ante la Fiscalía General del Estado y ante el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señor Pedro Antonio Sánchez, en relación con los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, de los que era acusado este último por las fiscales del "caso Púnica", así como para informar sobre el origen de las informaciones reservadas que, con antelación al auto, conocía del presidente de la citada comunidad autónoma. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000348) ... (Página3)
- Informar de las actuaciones de su departamento en relación con las denuncias del hasta ahora fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre las intimidaciones sufridas por su lucha contra la corrupción y la desprotección de la que ha sido objeto. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000360) ... (Página3)
- Explicar las medidas tomadas por su ministerio en relación con la independencia orgánica de la fiscalía y su capacidad de investigación de casos de corrupción, así como para informar si ha tenido conocimiento de alguna presión sufrida por cualesquiera miembros del ministerio fiscal con motivo de la iniciación de investigaciones en el seno de la misma. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000361) ... (Página3)
- Informar sobre las medidas y acciones tomadas por su ministerio en relación con las denuncias del exfiscal superior de la Fiscalía de Murcia, después destituido por la Fiscalía General del Estado, así como de las posibles intimidaciones y/o presiones que afectan a otros miembros del ministerio fiscal, especialmente aquellos que investigan casos de corrupción. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000362) ... (Página3)
- Que explique las reformas legislativas e institucionales que necesitamos para evitar, como demuestra la condena a tres años y medio de cárcel del cantante Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc, que la libertad de expresión se vea menoscabada en nuestro país. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000363) ... (Página3)
- Que explique si han existido recomendaciones e indicaciones por parte del Ministerio de Justicia hacia el fiscal general del Estado para influir en la amplia renovación de la cúpula del ministerio público llevada a cabo el día 22 de febrero. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000364) ... (Página3)
- Que explique las circunstancias y medidas que han fallado en los últimos casos de asesinatos por violencia de género. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000366) ... (Página3)
- Informar sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la independencia y objetividad de la justicia, fiscalía y Poder Judicial en España, visto que el Estado español ocupa el puesto 23 de entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, según el informe sobre indicadores de la justicia en la Unión Europea publicado por la Comisión Europea para el año 2015, y vista la diversidad de acontecimientos que acrecientan las dudas sobre esta independencia y objetividad acaecidos en los últimos años en España y, más concretamente, en las pocas semanas transcurridas del año 2017. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000369) ... (Página3)
- Informar de la situación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000382)... (Página3)
- Que informe sobre sus declaraciones, realizadas a los medios de comunicación, el 14/03/2017, en las que aseguraba que había derechos fundamentales, como el de huelga, que tenían que ser "equilibrados" con el desarrollo de la actividad económica. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000385) ... (Página3)
- Número de denuncias por abuso sexual en el ámbito intrafamiliar cuya víctima es un menor en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que se archivan en primera instancia, así como que son confirmadas por la Audiencia en los años 2011 a 2016 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/005207). (Número de expediente 181/000093) ... (Página5)
- Número de cambios de guarda y custodia que se producen en procedimientos en los que ha habido denuncia por abusos sexuales en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los años 2011 a 2016 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/005208). (Número de expediente 181/000094) ... (Página5)
- Número de cambios de guarda y custodia que se producen en procedimientos en los que ha habido denuncia por violencia de género en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los años 2011 a 2016 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/005209). (Número de expediente 181/000095) ... (Página5)
- Número de casos identificados de cambios de guarda y custodia en los que se haya entregado la misma a un progenitor denunciado por abuso sexual y/o maltrato en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los años 2011 a 2016 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/0052010). (Número de expediente 181/000096) ... (Página5)
- INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS PARA AGILIZAR LA JUSTICIA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000027).
- QUE EXPLIQUE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS E INSTITUCIONALES QUE NECESITAMOS PARA EVITAR, COMO DEMUESTRA LA CONDENA A UN AÑO DE CÁRCEL DEL CANTANTE DE DEF CON DOS, CÉSAR STRAWBERRY, QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SE VEA MENOSCABADA EN NUESTRO PAÍS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000294).
- PARA QUE INFORME DE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO PARA EVITAR QUE SEA DE APLICACIÓN LA DECISIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE ELIMINAR LA EXENCIÓN FISCAL DE LA QUE DISFRUTABAN LOS ABOGADOS Y PROCURADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL TURNO DE OFICIO Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE ELLO SE DERIVARÍAN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000325).
- PARA EXPLICAR SU CONCEPTO DE DEMOCRACIA Y DE "NUMERITO IMPROPIO EN UNA DEMOCRACIA", EN RELACIÓN A LA CONCENTRACIÓN DE MÁS DE 40.000 PERSONAS APOYANDO AL PRESIDENTE MAS Y A LAS CONSEJERAS ORTEGA Y RIGAU QUE, EN CUMPLIMIENTO DE UN MANDATO DEL PARLAMENTO, DIERON APOYO COMO GOBIERNO DE CATALUÑA A LA CONSULTA DEL 9N. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000326).
- PARA DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE LOS QUE DISPONE EL GOBIERNO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN, SI SE CELEBRA UN REFERÉNDUM EN CATALUÑA, DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR EL MINISTRO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000330).
- PARA DAR CUENTA DE SU INTERVENCIÓN ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y ANTE EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SEÑOR PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ, EN RELACIÓN CON LOS PRESUNTOS DELITOS DE FRAUDE, COHECHO Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA, DE LOS QUE ERA ACUSADO ESTE ÚLTIMO POR LAS FISCALES DEL "CASO PÚNICA", ASÍ COMO PARA INFORMAR SOBRE EL ORIGEN DE LAS INFORMACIONES RESERVADAS QUE, CON ANTELACIÓN AL AUTO, CONOCÍA DEL PRESIDENTE DE LA CITADA COMUNIDAD AUTÓNOMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000348).
- INFORMAR DE LAS ACTUACIONES DE SU DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON LAS DENUNCIAS DEL HASTA AHORA FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE LAS INTIMIDACIONES SUFRIDAS POR SU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DESPROTECCIÓN DE LA QUE HA SIDO OBJETO. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000360).
- EXPLICAR LAS MEDIDAS TOMADAS POR SU MINISTERIO EN RELACIÓN CON LA INDEPENDENCIA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA Y SU CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO PARA INFORMAR SI HA TENIDO CONOCIMIENTO DE ALGUNA PRESIÓN SUFRIDA POR CUALESQUIERA MIEMBROS DEL MINISTERIO FISCAL CON MOTIVO DE LA INICIACIÓN DE INVESTIGACIONES EN EL SENO DE LA MISMA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000361).
- INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES TOMADAS POR SU MINISTERIO EN RELACIÓN CON LAS DENUNCIAS DEL EXFISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA DE MURCIA, DESPUÉS DESTITUIDO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ASÍ COMO DE LAS POSIBLES INTIMIDACIONES Y/O PRESIONES QUE AFECTAN A OTROS MIEMBROS DEL MINISTERIO FISCAL, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE INVESTIGAN CASOS DE CORRUPCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000362).
- QUE EXPLIQUE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS E INSTITUCIONALES QUE NECESITAMOS PARA EVITAR, COMO DEMUESTRA LA CONDENA A TRES AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL DEL CANTANTE MIGUEL ARENAS BELTRÁN, ALIAS VALTONYC, QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SE VEA MENOSCABADA EN NUESTRO PAÍS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000363).
- QUE EXPLIQUE SI HAN EXISTIDO RECOMENDACIONES E INDICACIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA HACIA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PARA INFLUIR EN LA AMPLIA RENOVACIÓN DE LA CÚPULA DEL MINISTERIO PÚBLICO LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE FEBRERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000364).
- QUE EXPLIQUE LAS CIRCUNSTANCIAS Y MEDIDAS QUE HAN FALLADO EN LOS ÚLTIMOS CASOS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000366).
- INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD DE LA JUSTICIA, FISCALÍA Y PODER JUDICIAL EN ESPAÑA, VISTO QUE EL ESTADO ESPAÑOL OCUPA EL PUESTO 23 DE ENTRE LOS 28 ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, SEGÚN EL INFORME SOBRE INDICADORES DE LA JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA PUBLICADO POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL AÑO 2015, Y VISTA LA DIVERSIDAD DE ACONTECIMIENTOS QUE ACRECIENTAN LAS DUDAS SOBRE ESTA INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD ACAECIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN ESPAÑA Y, MÁS CONCRETAMENTE, EN LAS POCAS SEMANAS TRANSCURRIDAS DEL AÑO 2017. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000369).
- INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000382).
- QUE INFORME SOBRE SUS DECLARACIONES, REALIZADAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL 14/03/2017, EN LAS QUE ASEGURABA QUE HABÍA DERECHOS FUNDAMENTALES, COMO EL DE HUELGA, QUE TENÍAN QUE SER "EQUILIBRADOS" CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000385).
Vamos a dar inicio a la sesión de hoy de la Comisión de Justicia, que tiene por objeto la celebración de las siguientes comparecencias acumuladas de ministro de Justicia. De las quince, una es a petición propia y las otras catorce a petición de los distintos grupos parlamentarios, prácticamente de todos los grupos parlamentarios.
Por razones que diríamos de economía procesal, y puesto que están en orden del día todas las comparecencias y están acumuladas, me remito a ese orden del día.
En cuanto al funcionamiento de esta sesión, tendrá la palabra, en primer lugar, el señor ministro, a continuación, y según lo que se acordó en la reunión de la Mesa y portavoces, hablarán los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de siete minutos, que se va a cumplir a rajatabla. A continuación, replicará el señor ministro y se levantará la sesión.
- NÚMERO DE DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR CUYA VÍCTIMA ES UN MENOR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE SE ARCHIVAN EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO QUE SON CONFIRMADAS POR LA AUDIENCIA EN LOS AÑOS 2011 A 2016 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/005207). (Número de expediente 181/000093).
- NÚMERO DE CAMBIOS DE GUARDA Y CUSTODIA QUE SE PRODUCEN EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE HA HABIDO DENUNCIA POR ABUSOS SEXUALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS AÑOS 2011 A 2016 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/005208). (Número de expediente 181/000094).
- NÚMERO DE CAMBIOS DE GUARDA Y CUSTODIA QUE SE PRODUCEN EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE HA HABIDO DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS AÑOS 2011 A 2016 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/005209). (Número de expediente 181/000095).
- NÚMERO DE CASOS IDENTIFICADOS DE CAMBIOS DE GUARDA Y CUSTODIA EN LOS QUE SE HAYA ENTREGADO LA MISMA A UN PROGENITOR DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL Y/O MALTRATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LOS AÑOS 2011 A 2016 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/0052010). (Número de expediente 181/000096).
La señora PRESIDENTA: En cuanto a las preguntas que se habían transformado en orales y que estaban incluidas en orden el día, se ha retirado su petición por el Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual esta sesión se limitará a las comparecencias del señor ministro.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (CATALÁ POLO).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, le damos la bienvenida y la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Es un placer comparecer en esta Comisión como tuve ocasión de hacerlo en el mes de diciembre en la primera comparecencia y en esta ocasión para atender las catorce peticiones de comparecencia más la comparecencia a petición propia en relación con las diversas cuestiones que han sido planteadas, que todas ellas tienen que ver con el funcionamiento de la justicia en muy diversos ámbitos y en eso intentaré centrar mi intervención inicial. Les aseguro, señorías, que en la preparación de esta intervención he tenido en consideración, lógicamente, las catorce peticiones y procuraré que en mi primera intervención se aborden todas las cuestiones que han sido planteadas y, si no, en todo caso, lo intentaré hacer en la segunda como consecuencia de las preguntas o asuntos que ustedes planteen en su turno de intervención.
Comienzo por una reflexión que está en torno a los debates permanentes que mantenemos en el sector de la justicia y es la convicción de que es necesario mejorar el funcionamiento de nuestra justicia y ganar en tiempos, mejorar la agilidad y el buen funcionamiento. Digo que está en la convicción porque me parece que está identificado en los acuerdos que alcanzan las organizaciones, asociaciones de jueces y fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales y está también en nuestros documentos de los grupos políticos. Por tanto, trabajar por una reforma en este caso de la justicia penal, conseguir una justicia penal propia del siglo XXI que supere el viejo modelo de enjuiciamiento criminal de 1882 es un objetivo fundamental en el que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en esta legislatura. De esa manera, aprovechando trabajos de la IX y de la X Legislatura, podríamos en esta en breve presentar un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que permita, por ejemplo, implantar de manera definitiva en nuestro país el modelo acusatorio, superando el tradicional sistema inquisitivo, que mejorase las garantías de la defensa, que simplifique procedimientos y recursos, que mejore también las tareas de coordinación policial y que articule, por ejemplo, un procedimiento de investigación y enjuiciamiento conjunto para menores y para personas mayores de edad en un contexto en el cual la investigación podría ser atribuida a los fiscales. Este sistema debería llevar consigo la definición de un juez de garantías que vele por los derechos de las partes, que autorice las diligencias de investigación limitativas de derechos, que adopte las medidas cautelares o, por supuesto, que acuerde la apertura de juicio oral.
De acuerdo con este enfoque de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin duda es preciso también modificar y promover la reforma del Estatuto fiscal, un nuevo estatuto que, entre otras cuestiones, por ejemplo -y ha sido objeto de algunas consideraciones que sus señorías han hecho en sus peticiones de comparecencia-, concilie el principio de autonomía con el principio de unidad de actuación como una garantía de la seguridad jurídica en el que se remarque la imparcialidad y el exclusivo sometimiento a la ley del ministerio fiscal, que prevea la potestad normativa del ministerio fiscal y su singularización presupuestaria, que prohíba las órdenes verbales y que las órdenes generales establezcan que se publiquen de una manera oficial, que otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de la fiscalía, que facilite, dentro de ese principio de jerarquía, la discrepancia jurídica mediante mecanismos transparentes o que regule el mérito y la capacidad para el acceso a los puestos discrecionales. Creo que estas dos reformas, el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberían caminar en paralelo. Les aseguro, señorías, que, como ha sido objeto de petición en las comparecencias, creo firmemente en la autonomía del ministerio fiscal, en el papel que nuestra Constitución atribuye al ministerio fiscal como garante del interés general y de los derechos de los
ciudadanos. Me consta que los fiscales solo trabajan con este fin y este compromiso es el mejor aval para nuestra democracia y para el Estado de derecho.
Les aseguro que el Gobierno está comprometido absolutamente con un Estado de derecho y con un sistema democrático que se inspira y que se fundamenta, entre otros, en el principio de separación de poderes. Creo que por eso precisamente España forma parte de las grandes democracias del planeta por muchos elementos institucionales y, entre ellos, porque tenemos una fiscalía -también, sin duda, una judicatura- que no admite ningún tipo de injerencias, que no se deja intimidar por nada ni por nadie, vengan de donde vengan las presiones, y se articulen como se articulen. En todo caso, señorías, les aseguro que tenemos una fiscalía cien por cien autónoma y libre para resolver lo que considere en derecho y así lo acredita el funcionamiento profesional y ejemplar de 2.400 fiscales cada día. El Gobierno no puede darles ninguna instrucción sencillamente porque no hay ningún amparo normativo para que el Gobierno dicte instrucciones a la fiscalía, el Gobierno al que yo pertenezco jamás ha dado órdenes, instrucciones, recomendaciones o consignas ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al ministerio fiscal. Y no es que lo diga yo, si no fuese suficiente, lo ha dicho el fiscal general del Estado en numerosas ocasiones y aquí en esta Comisión, lo ha dicho, por citar casos concretos, el fiscal superior de La Rioja, lo ha dicho el fiscal superior de Murcia, tanto el saliente como el entrante, y lo ha dicho el Consejo Fiscal en pleno.
Estoy convencido, señorías, de que los partidos políticos tenemos que ser los primeros en exigirnos responsabilidades y una de ellas, sin duda, es defender las instituciones. Creo en un ejercicio cotidiano, práctico y constructivo de la política en la democracia. La política no puede ser un ariete destructor de las instituciones, sino todo lo contrario, tiene que ser un elemento que garantice el mejor funcionamiento de las mismas y de los servicios públicos.
En segundo lugar, además de las reformas en materia de justicia penal a las que me he referido con ese fortalecimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la reforma y agilización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, me parece que también en materia civil es muy conveniente que avancemos en la agilización de determinados aspectos que no funcionan adecuadamente. No puede ser que la ejecución de las sentencias civiles sea uno de los puntos críticos de nuestra justicia. No puede ser que más de un 38% de las sentencias firmes no se ejecuten y, por tanto, no culmina el ciclo de la protección jurisdiccional de los ciudadanos. Por ello, me parece muy importante trabajar en el régimen de la ejecución y buscar alternativas para garantizar el buen fin de los procesos declarativos. También me parece que hay un campo importante de desarrollo todavía pendiente de mejora en el ámbito de la organización interna de la oficina judicial o de los sistemas de notificaciones, emplazamientos y comunicaciones, donde a veces se atascan absurdamente y sin ninguna razón los procesos judiciales. Señorías, en esta materia espero que seamos capaces de trabajar en esta legislatura en la regulación normativa de algunas cuestiones tales como, por ejemplo, las acciones colectivas, aquellas que permiten de una manera integrada y acumulada tramitar asuntos de volumen muy importante, pero no de singularidad individualizada como para que generen procesos individuales cada una de ellas.
Señorías, además de trabajar en estas reformas normativas en materia penal y en materia civil que permitirán la agilización de la justicia, es también importante seguir trabajando para dotarla de más recursos; y en eso estamos. Hemos creado recientemente por real decreto del Consejo de Ministros dieciséis plazas de magistrados para hacer efectiva por fin en España la segunda instancia penal. Hemos llegado a un acuerdo en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas con las organizaciones sindicales para promover una operación de consolidación de empleo en el conjunto del sector público y en el sector de la justicia, que permitirá en los próximos años consolidar a unos 8.500 trabajadores hoy interinos que podrán alcanzar la condición de personal fijo. Aunque tendremos ocasión de hablar de presupuestos en la Comisión y en Pleno, me parece que el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno es una buena noticia para el sector de la justicia. Los presupuestos del Ministerio de Justicia crecieron ya en 2015, volvieron a crecer en 2016 y este año 2017 en el proyecto que hemos presentado crecen un 7,7%, con 121 millones de euros más hasta alcanzar un total de 1.700 millones de euros. Como digo, me parece una buena noticia, que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con la justicia. Vamos a poder crear cien nuevas plazas de jueces y fiscales, vamos a dotar el gasto en inversión en un 86% más que en el presupuesto de 2016 y, de esta manera, vamos a acreditar el compromiso para dotar de mejores leyes y más medios personales y materiales a nuestra justicia.
Como ha sido objeto de petición en una de las solicitudes de comparecencia, me gustaría también hacer una reflexión rápida en relación con la abogacía y la sujeción o no de la asistencia jurídica gratuita,
del turno de oficio, al IVA. Como saben sobradamente, señorías, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -bien es cierto que aplicable a Bélgica, pero por extensión de la doctrina del tribunal-, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda consideró que debía dictar una instrucción para considerar sometida al impuesto sobre el valor añadido la actividad del turno de oficio por una serie de consideraciones de carácter fiscal y tributario en las que no voy a entrar con mayor detalle. A partir de ahí, hemos demostrado que somos capaces de trabajar juntos los abogados, los grupos parlamentarios y los sectores profesionales. Como ustedes conocen perfectamente, hemos presentado una proposición de ley en esta Cámara que por el procedimiento de urgencia va a permitir asegurar que el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita, por su naturaleza obligacional y porque la retribución que perciben los profesionales no es remuneratoria sino indemnizatoria, esté excluido de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Esto ha sido trasladado al Consejo General de la Abogacía, creo que ya es conocido por el conjunto de los abogados y ha permitido una cierta tranquilidad ante la inquietud que se generó anteriormente. En este mismo sentido, con ocasión de la presentación en esta Cámara de la proposición de ley, el Ministerio de Hacienda se ha dirigido a la Agencia Tributaria para aclarar esta circunstancia. Dado que cuando se apruebe la proposición de ley tendrá efectos desde el 1 de enero de 2017 -así está previsto, como saben todas sus señorías, muchos de ustedes cofirmantes de esta proposición-, queda bien claro que no hay que presentar ninguna declaración, que los servicios prestados no están sometidos al IVA y, por lo tanto, los abogados y procuradores pueden estar tranquilos en este sentido.
Aunque sea un poco asistemática mi intervención inicial, intento responder a los asuntos objeto de las peticiones de comparecencia y quisiera hacer una consideración relativa a la lucha contra la violencia de género. Me parece que es un compromiso del país, un compromiso institucional y un compromiso del conjunto de la sociedad española. Por lo tanto, el Gobierno y el Ministerio de Justicia estamos firmemente comprometidos en esta materia. Hemos hecho ya muchas cosas. Hemos reformado el Código Penal endureciendo las penas e incorporando nuevos tipos delictivos. Hemos aprobado el Estatuto de la víctima y en su aplicación se están constituyendo oficinas de atención a las víctimas del delito. Hemos modificado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para incorporar a las víctimas de la violencia de género con independencia de sus recursos económicos como titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Hemos reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los juzgados especializados de violencia contra la mujer puedan ampliar su ámbito competencial en el territorio. Hemos intensificado los programas de formación de los funcionarios en los centros públicos, de tal manera que casi 5.000 funcionarios han recibido formación especializada en esta materia, y la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, por ejemplo, impide contraer matrimonio a quien haya participado en la muerte dolosa de su pareja de hecho. Por tanto, creo que legislativamente hemos ido dando pasos en esa dirección y, en todo caso, el compromiso de llevar a cabo un pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género con un acuerdo entre todas las fuerzas políticas seguramente nos llevará a seguir fortaleciendo la colaboración -por lo que se refiere al Gobierno- entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Seguro que todos juntos podremos trabajar en esta materia.
Señorías, también quisiera poner de manifiesto nuestro compromiso en la actualización permanente de nuestro Código Penal. Me he referido a la lucha contra la violencia de género y aquí quiero hacer una mención muy singular, pero no por ello menos importante cualitativamente, a la reforma del Código Penal en la regulación actual de la omisión del deber de socorro en el ámbito de la seguridad vial. Conocen todos ustedes la sensibilidad social que esta materia genera y, en el objetivo de que nuestra legislación penal esté lo más adecuada posible a la realidad social, vamos a presentar una iniciativa en esta Cámara que pretende -y ojalá consigamos contar con el apoyo de sus señorías- perfeccionar la normativa en esta materia, identificar una mejor tipificación y un mejor castigo a esta conducta de omisión del deber de socorro con ocasión de la seguridad vial, que es una circunstancia muy típica del momento actual; me parece que haremos un buen servicio a nuestro Estado de derecho si avanzamos en esta dirección.
También quisiera hacer referencia al Decreto-ley 1/2017, por el cual se han establecido sistemas de solución extrajudicial entre las entidades financieras y los consumidores para resolver y aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas. Con independencia de que confiamos en que este sistema extrajudicial funcione ágilmente, la sensibilidad para dotar de los recursos adecuados a nuestro sistema judicial está detrás del trabajo que estamos desarrollando con el Consejo General del Poder Judicial y con las comunidades autónomas para crear un sistema, aprovechando el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal manera que en el ámbito provincial un juzgado
pueda ser especializado y se le pueda atribuir el reparto de todas las causas que en esta materia se generen. De esta forma, como se hizo ya en alguna provincia con las conocidas cláusulas preferentes, en vez de distribuirse a la totalidad de los órganos jurisdiccionales civiles de una provincia se concentren en un juzgado especializado, que, lógicamente, esté dotado de las capacidades adecuadas a la carga de trabajo. Así acreditaremos que hemos sido capaces de tomar medidas organizativas adecuadas a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos. En este sentido de estar siempre pendientes de las demandas ciudadanas y responder con medidas organizativas adecuadas, quiero también poner de manifiesto el compromiso para especializar en el ámbito de la Fiscalía General del Estado unidades que puedan dedicarse, por ejemplo, a la toma en consideración de los asuntos vinculados con la propiedad intelectual o con la diversidad funcional, con la discapacidad, porque nos parece que también son asuntos que está demandando la sociedad y están demandando sectores muy cualificados que merecen nuestra atención, es decir, hay que prestar una atención singular a este tipo de cuestiones.
Para avanzar en este camino de la agilización de la justicia, el mejor funcionamiento y el aprovechamiento de los recursos -insisto una vez más, señorías, como hago siempre y como hice ya en mi comparecencia del mes de diciembre- es necesario promover la reflexión en torno al fortalecimiento de los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, el fortalecimiento de la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria. Seguramente me han oído ustedes comentar que no es ya tanto una cuestión de reformas legislativas -salvo aspectos puntuales y concretos que podríamos mejorar de la Ley de Mediación Civil y Mercantil o de la Ley de Arbitraje del año 2013-, sino que se trata más de avanzar en el trabajo colaborativo con los colegios profesionales y con el conjunto de los operadores jurídicos para convertir esos sistemas de solución extrajudicial de conflictos en un elemento cercano a los ciudadanos, habitual, de tal manera que entiendan que no es preciso acudir a los tribunales para resolver asuntos de menor cuantía en el ámbito civil o mercantil o incluso en ámbitos de la jurisdicción social, en el ámbito de la familia o también en el ámbito penal por asuntos de orden menor. Por lo tanto, ese es otro de los entornos en los que creemos que hay un camino importante por resolver en el futuro. En ese sentido también, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que ha remitido a esta Cámara para la trasposición de la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Es el Ministerio de Sanidad el proponente en esta materia; por lo tanto, no será esta Comisión la que conozca de este proyecto de ley cuando ya se le dé trámite, pero me parece que está plenamente integrado con lo que acabo de decir, en encontrar en materia de consumo algunos elementos para resolver los conflictos sin necesidad de trasladarlo al ámbito jurisdiccional.
Señorías, no quiero dejar de aprovechar también esta comparecencia para poner de manifiesto el estado de los trabajos y el compromiso del ministerio y de las administraciones públicas -me consta que también las comunidades autónomas están haciendo en esto esfuerzos importantes- para seguir adelante con la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Es evidente que cada día esta implantación -nos consta- genera tensiones, dificultades, problemas; hay días que el sistema no está operativo, que tiene una caída puntual o que genera alguna dificultad en su aplicación. De todas formas, no olvidemos nunca que estamos en un compromiso permanente, continuado, que no tiene marcha atrás, de transformar nuestra justicia en una justicia digital. Por eso, la dotación de los presupuestos del Estado para 2017, si son aprobados por esta Cámara, impulsará de forma muy relevante la transformación digital de la justicia. No nos olvidemos de que desde el 1 de enero de 2016 establecimos con carácter obligatorio, por ley, la utilización de los sistemas telemáticos -el sistema Lexnet- para las comunicaciones entre los profesionales y la justicia, y hoy son más de cien millones de comunicaciones las que se han dictado. El sistema Lexnet ha evolucionado, hoy tiene tres veces más de capacidad, tiene 15 megas cuando en su inicio constaba de 5 megas, y se está dotando de nuevas infraestructuras que le dan más robustez, más sostenibilidad y en última instancia más velocidad y capacidad para los operadores. Desde el 1 de enero de 2017, como saben sus señorías, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los notarios y los hospitales están introduciendo también las comunicaciones directas con la Administración de Justicia y, por lo tanto, está incrementándose el número de usuarios que alimenta el sistema y está siendo capaz de hacer efectiva una justicia digital. En el territorio que gestiona el Ministerio de Justicia hoy el 68% de los órganos jurisdiccionales tiene implantada la justicia digital. Esto ya es una realidad, no es un proyecto, no es un desiderátum; somos conscientes, insisto, de los problemas que en ocasiones se crean a los profesionales tanto de la Administración de Justicia como a los colaboradores -abogados, procuradores-, pero esto es un camino sin retorno y en él tenemos que seguir trabajando.
Me consta que las comunidades autónomas están interesadas en este proyecto; por ejemplo, en ser capaces de desarrollar y hacer efectiva la implantación a lo largo de esta legislatura de un sistema de gestión procesal común que supere el modelo fragmentario actual. Hoy tenemos nueve sistemas distintos por territorios que no aportan más que dificultades, incompatibilidades y pérdida de calidad de servicio al ciudadano, en última instancia, y a los profesionales de la justicia en todo caso. Por ello, una vez más, si los Presupuestos Generales del Estado se aprueban en los términos que ha presentado el Gobierno o con las enmiendas que lógicamente se incorporen, tendremos financiación para poner en marcha este ambicioso proyecto de un sistema de gestión procesal común que tome lo mejor de lo que cada administración sin duda ha desarrollado legítimamente durante estos años; por lo tanto, sumemos esfuerzos. El ministerio y el Gobierno de España aportará financiación para hacerlo real a lo largo de toda esta legislatura.
También ha sido objeto de solicitud por sus señorías alguna reflexión en torno al Registro Civil y también a los expedientes del otorgamiento de la nacionalidad. En materia de Registro Civil, quiero una vez más declarar nuestro compromiso por impulsar la implantación y el desarrollo de un Registro Civil público, gratuito, electrónico y cercano a los ciudadanos. Esos son los principales activos que tiene nuestro modelo actual: su carácter cien por cien público y gratuito, su cercanía al ciudadano y también -y es un gran valor- la experiencia y el conocimiento que en esta materia tienen los funcionarios de la Administración de Justicia. Por lo tanto, el mandato de la Ley 20/2011 en esta materia queremos llevarlo adelante en los tiempos adecuados. También solicitaremos la ampliación del plazo de la vacatio legis para tener el tiempo suficiente para llevar a cabo el desarrollo del modelo al que me estoy refiriendo y darle soporte tecnológico adecuado, pero vamos a seguir trabajando en esta dirección. Es un proceso complejo. Hay que trabajar con las comunidades autónomas, con los representantes de los trabajadores, de los funcionarios públicos y hay que definir la asignación de responsabilidades a quien sea el encargado de esta oficina del Registro Civil. Nosotros consideramos que deben ser los letrados de la Administración de justicia, pero es una cuestión que está sometida a la negociación, tanto política como sindical. Pensamos que deberíamos avanzar en este sentido, darnos un tiempo adicional y modificar la vacatio legis para, en el tiempo que consideremos entre todos adecuado, finalmente consolidar el modelo al que me he referido: registro civil público, registro civil que mantiene su estructura periférica incluso en los juzgados de paz, que hacen una labor auxiliar menuda pero importante en estas materias, y sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad a todos los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en los registros civiles, a todos los ciudadanos que saben que tienen una oficina del registro civil cercana a su domicilio, en particular en el ámbito rural. Ese es el modelo en el que queremos continuar, eso sí, mejorando la calidad del servicio, incrementando los servicios de las tecnologías que ayudan en este sentido.
Por lo que se refiere a la concesión de la nacionalidad, parto ya del reconocimiento de que es una de las áreas de gestión administrativa más compleja y -reconozco también- más generadora de tensiones y de problemas dentro del Ministerio de Justicia. Cada año en España, en números redondos y de media, se presentan 150.000 solicitudes de concesión de nacionalidad por residencia. Seguramente somos uno de los Estados miembros más generosos, por no decir el más generoso de la Unión Europea en esta materia. Tenemos un sistema de reconocimiento de nacionalidad muy generoso en nuestro Código Civil, muy amplio, en particular con aquellos nacionales procedentes de Estados con los que España ha tenido lazos culturales históricamente, como Iberoamérica o algunos otros, y ha habido algunos procesos singulares, como ha sido el otorgamiento de nacionalidad a los ciudadanos de origen sefardí o algunas otras cuestiones de legislaturas anteriores. Esto ha generado un volumen de trabajo extraordinario dentro de una Dirección General, como es la de los Registros y del Notariado, que no está dotada adecuadamente para esta carga administrativa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues buscar soluciones dentro de las herramientas que el derecho administrativo nos ofrece, que no son demasiadas. Aprobamos planes de choque para que haya refuerzos, para que los funcionarios prolonguen su jornada, para incentivar y poder pagar gratificaciones a los que así lo hacen.
Es cierto que se ha puesto de manifiesto que se cometen errores y que hay que llevar luego expedientes de declaración de lesividad para anular algunos acuerdos de concesión de nacionalidad. Es verdad, y es público y notorio porque son acuerdos de Consejo de Ministros, que son conocidos por el conjunto de la ciudadanía. Pero yo no querría dejar de decir en esta Comisión, en reconocimiento al magnífico trabajo que se hace por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia, que el número de expedientes de lesividad que se tramitan, el número de errores que se reconocen, se identifican, se
detectan y por tanto se subsanan, significan el 0,069% del volumen de expedientes que se tramitan. Me parece un indicador de calidad más que razonable, yo diría incluso un buen estándar de calidad. Vamos a seguir mejorando en este sentido y para ello es verdad que buscamos colaboración con los propios funcionarios, como me he referido, y con el Colegio de Registradores para que ayuden en la calificación de los expedientes y, por tanto, desbrozar el asunto. Hemos creado un nuevo procedimiento telemático para simplificar la tramitación y para facilitar al ciudadano la presentación de los documentos y hemos firmado convenios con colegios profesionales, como el de procuradores o el de graduados sociales, para que faciliten a los ciudadanos la presentación de la documentación, como he dicho, por vía telemática. Todas estas medidas están orientadas a mejorar un servicio público que recibe una extraordinaria carga de trabajo -insisto, 150.000 expedientes cada año-, que resuelve en unos tiempos dilatados, ciertamente. No me consuelo ni mucho menos, pero cuando nos comparamos con países de nuestro entorno -Francia, Alemania, Reino Unido- los tiempos de resolución de los expedientes superan los dos años o dos años y medio, que es la media en la que estamos nosotros instalados en España.
En todo caso, me consta que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley orientada a esto mismo, a seguir trabajando para mejorar el sistema, para perfeccionarlo, para reforzar los mecanismos de control interno, para agilizar las tramitaciones utilizando las nuevas herramientas, para, por ejemplo -creo que son cosas muy sencillas, que pueden funcionar muy bien-, que el certificado de antecedentes penales que deben aportar los solicitantes de la nacionalidad venga al final de todo el expediente y no al principio, para de esa manera acreditar que si alguien ha cometido algún tipo de infracción penal y tiene antecedentes lo identifiquemos en el momento anterior a la concesión de la nacionalidad y no a posteriori, como en ocasiones nos ha sucedido.
Señorías, voy a ir terminando por cumplir con mi compromiso con la presidenta y con todos ustedes de no extenderme mucho más de media hora en esta intervención inicial; el mismo compromiso que se ha asumido por todos los grupos de tener un tiempo limitado. Les aseguro, señorías, que nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de la aplicación de todo nuestro ordenamiento jurídico es permanente. En ese sentido -no quiero dejar de responder a algunas comparecencias que sus señorías han solicitado-, me parece que el derecho a la libertad de expresión -como tuve ocasión ayer mismo de debatir en una pregunta con un diputado del Grupo de Podemos- me parece que es un derecho absolutamente asegurado y garantizado en nuestra Constitución. Y el derecho de huelga también. Por lo tanto, el ejercicio cotidiano de los derechos de los ciudadanos en España está, en mi opinión, absolutamente garantizado y creo que es una opinión muy extendida. Tenemos un Poder Judicial independiente que tutela los derechos de todos los ciudadanos de acuerdo con las leyes. Sin duda, esta es la casa de la soberanía nacional, y desde aquí, donde reside el Poder Legislativo, podremos modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, las leyes que consideremos adecuadas, pero, en todo caso -como ayer decía-, me parece que contraponer el derecho de libertad de expresión con el respeto a las víctimas, la no humillación a las víctimas del delito en general -de todo tipo de delitos y muy en particular a las víctimas del terrorismo-, me parece que es una dialéctica improductiva y que no nos lleva a ninguna parte.
De la misma manera sucede con intentar generar polémica en torno al ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores, derecho consagrado en nuestra Constitución como derecho fundamental y también el derecho al ejercicio de la actividad económica por parte de los empresarios, por parte de cualquier ciudadano que tiene una iniciativa empresarial. Es lo que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de España ha aclarado recientemente en algunos sentidos, cómo puede hacerse convivir el derecho de huelga con el derecho a la actividad económica y la continuidad del ejercicio de actividad empresarial. Me parece que en eso reside, precisamente, una de las fortalezas de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho, la convivencia de derechos, que cuando pueden tener algún conflicto entre sí es cuando los tribunales tienen que acreditar cuál debe prevalecer y cómo deben convivir entre ellos unos y otros.
Presidenta, finalizo ya como empecé, dándole las gracias a todos ustedes por su interés. Catorce solicitudes de comparecencia demuestran el interés de mi presencia aquí, en esta Comisión, y, por lo tanto, les vuelvo a reiterar, como hice en mi comparecencia inicial y quiero hacer hoy para terminar esta primera intervención, mi máxima y mejor disposición -mía personal y del conjunto del equipo del Ministerio de Justicia- para trabajar en los proyectos normativos que se están planteando ya por los grupos parlamentarios, en los que podamos presentar a lo largo de las próximas semanas. Confío en que tengamos una legislatura productiva, que acertemos en las reformas normativas que desde esta Cámara,
desde esta Comisión, se puedan plantear y que trabajemos con la mayor transparencia, con la mayor lealtad en el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por el esfuerzo de síntesis que ha hecho. Ese mismo esfuerzo de síntesis les pido a todos los representantes de los grupos parlamentarios. Ya saben que cada grupo parlamentario tiene un límite máximo de siete minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tres minutos y medio.
Empezamos por la señora Ciuró.
Gracias, señor ministro, por su exposición muy concisa y, además, que suena muy bien. Pero lo cierto es que después viene Europa y nos critica y nos dice que no hacemos lo suficiente como para garantizar la independencia judicial. Por ejemplo, resulta que el Tribunal Supremo dicta una sentencia en relación con el recurso presentado por Angels Vivas en materia de su no nombramiento como jueza o como magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Supremo dice que, precisamente, no se nombró a esta señora porque se da la muy peculiar circunstancia de la toma de posición política de la recurrente sobre un tema de crucial importancia política e institucional como es su participación en el llamado Manifiesto de los 33. Por tanto, evidentemente, por su ideología esta señora no fue nombrada, por lo que se consagra una neutralidad política de autor: es neutral todo aquel que está conforme al pensamiento único que se impone desde el Estado.
Además, ¿qué opinión le merece el informe que dice que España ocupa el cuarto lugar por la cola, el puesto veinticuatro de veintiocho Estados, en percepción de su independencia? El 59% de los ciudadanos valora el sistema judicial en materia de independencia como malo o muy malo. O el Foro Económico Mundial, que coloca a España en el lugar 97 de 144. Esto no lo digo yo solo, lo dicen estos informes internacionales.
En esta misma línea, y por lo que se refiere a materia del ministerio fiscal, en tres años ha habido tres fiscales generales. Usted dice que actúan independientemente; sin embargo, han denunciado presiones en temas importantes y cambios de criterio. Por ejemplo, en el tema de Murcia se operó un cambio de criterio con diez días; en La Rioja hubo un cambio de criterio en doce días, y por el 9N un cambio de criterio en cuatro días. Y nos dice que va recaer la instrucción después de la reforma de la Lecrim en el ministerio fiscal. Yo le pregunto, señor ministro: ¿va a modificar el artículo 8 del Estatuto fiscal para garantizar su imparcialidad y, por tanto, dejar sin efecto el hecho de que actualmente es el Gobierno el que puede instar actuaciones al ministerio fiscal en virtud del artículo 8 a través de su persona, del Ministerio de Justicia, para poder garantizar que este fiscal en su instrucción goce al menos de una mejor percepción por parte de todo el mundo? ¿Es consciente de que estamos convirtiendo el Estado español en una democracia low cost? Lo digo porque ha traído a colación el tema de la libertad de expresión y en ese sentido, si bien es un derecho fundamental, últimamente está en extremada tensión. Punto uno: se condena a un año de prisión a una mujer por hacer chistes en Twitter, y hoy hemos sabido que se ha denunciado ante la Audiencia Provincial al Gran Wyoming y a Dani Mateo por una sátira en un programa de humor precisamente. ¿Esto atenta a la libertad de expresión?, ¿no atenta? ¿Cómo lo valora, señor ministro?
Estamos asistiendo a una judicialización de la política, lo hemos visto en el tema del Supremo, a una judicialización de la libertad de expresión y, a mayor abundamiento, resulta que el Estado español debe abonar ahora una indemnización de 16.513 euros a un neonazi por haber sido destruido su arsenal de armas. ¿Cómo valora todo esto? Suena fatal a ojos de la ciudadanía, señor ministro.
Más cosas. ¿Qué tiene que decir en tema de independencia y de separación de poderes, en materia de los vetos del Gobierno a la iniciativa de este Parlamento? Una iniciativa legislativa que le corresponde y en cambio el Gobierno dice que no podemos ejercer porque va fuera del presupuesto. Es extraño, es una figura extraordinaria y ustedes la están usando de forma recurrente para poder imponer que no tienen mayoría absoluta y por tanto retener la capacidad de legislación de esta Cámara, o al menos lo parece, señor ministro.
Para terminar, le quiero preguntar dos temas de orden muy importantes. Usted ha hablado del tema de la sujeción al IVA y que había una modificación -de hecho la hemos visto- de la Ley de asistencia jurídica gratuita. ¿Implica la modificación de esta ley que el turno de oficio será obligatorio para todos los colegiados en todos los colegios de abogados? Otra pregunta: ha dicho que está dispuesto a modificar el
Código Penal en materia de la omisión del deber de socorro, lo celebro, estoy muy contenta de que esto sea así, y le pregunto: ¿aprovecharemos para tipificar como delito, aunque sea leve, la imprudencia leve? Porque ahora mismo queda fuera del Código Penal y no se puede recurrir a la jurisdicción penal para su persecución.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ciuró, por cumplir además el compromiso de tiempo.
Señor Bataller.
Señor ministro, gracias por comparecer hoy aquí. Por fin este pasado martes su partido dejó caer a Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia tras cuarenta y cinco días de cerco político y judicial. Agarrado a su sillón, y a regañadientes, ha dimitido ante la inminente moción de censura, y esto, señor ministro, nos preocupa, ya que hemos visto una dimisión que no ha venido de buen gusto, y lo más sorprendente es la pasividad del Gobierno central ante este hecho. En Compromís entendemos que usted como ministro de Justicia debería hacer una valoración sobre este caso en su faceta de máximo responsable del sistema de lucha contra la corrupción en España, por lo que querría hacerle algunas preguntas más específicas en esta Comisión. En primer lugar, cómo es posible que el ya expresidente de Murcia conociera con detalle, y al menos un día antes, la decisión de cuatro fiscales de sala de no acusarle por el caso Púnica. En segundo lugar, cómo es posible que toda la explicación por parte de usted, hasta la fecha que sepamos -digo literalmente-, sea que ha pasado el suficiente tiempo como para que le hayan podido informar del asunto. En vez de esto no vemos que usted haya puesto los medios para evitar la filtración de información reservada. En tercer lugar, qué tiene que decir sobre las críticas del Consejo Fiscal hacia usted, señor ministro, denunciando sus injerencias y las de otros dirigentes de su partido en la labor del ministerio fiscal.
Usted mismo dijo que lo anómalo es que las fiscales de la Púnica no acatasen el criterio de sus superiores; pues bien, voy a remontarme a los hechos y vamos a ver lo que es anómalo. Entiendo que es anómalo que Pedro Antonio Sánchez conociera el auto del juez Velasco un día antes de ser notificado a las partes. Veo anómalo también que Anticorrupción envíe una nota de prensa en contra de la intención del juez. Veo anómalo igualmente que de nuevo el expresidente de Murcia conociera un día antes de hacerse pública la decisión de la Fiscalía General del Estado. Y anómalo es también que usted, señor ministro, admita como si nada que Pedro Antonio Sánchez accediera a información reservada sin poner ni el empeño ni los medios para aclarar qué ha pasado. Y todo esto en relación con la Púnica. Pero el compadreo se extiende también a la operación Auditorio, ¿o acaso es corriente que un juez que instruye el caso se vaya de cervezas con un dirigente del Partido Popular murciano?
No olvidemos que el señor Pedro Antonio Sánchez tiene dos causas abiertas, se le acusa por un total de siete delitos. Claro, ante esto nosotros nos preocupamos por la imagen de intachabilidad que debe dar todo responsable público, que ha de serlo y parecerlo. Y en el pasado congreso del Partido Popular las cámaras le vieron a usted, señor ministro, en el momento en que llamaba a un aparte a don Pedro Antonio Sánchez. Todo esto nos deja una sensación de que existía, permítame la expresión, un compadreo entre ustedes. Esto no es ejemplar en una persona que ostenta la máxima responsabilidad en el Ministerio de Justicia. Sinceramente, entiendo que todo esto deja un aroma de trato de favor que es inaceptable en una sociedad democrática, y sobre esto me gustaría que usted se explicase.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bataller; también ha cumplido usted el tiempo que le correspondía.
Muchas gracias también, señor ministro, por sus explicaciones.
Seré muy breve. Nos ha hablado en primer lugar de una reforma en paralelo de la justicia penal, bien de la Ley de enjuiciamiento y del Estatuto fiscal. Ahora le voy a formular una pregunta. No es que estemos en desacuerdo sustancialmente con los ítems que ha ido señalando en estos dos ejes, señor ministro, pero ¿no le parece que es adelantarse un poco el ministerio a los trabajos en los que está esta Cámara sobre una estrategia nacional de justicia y que son precisamente dos de los asuntos que íbamos a tratar
e intentar llegar a un criterio unánime para que en estas dos cuestiones, enjuiciamiento criminal y en el binomio con el estatuto fiscal, pudiera haber un acuerdo que soportara el paso de las legislaturas o al menos la itinerancia de los partidos en el Gobierno de manera que hubiera un acuerdo que impidiera los vaivenes?
Respecto a la jurisdicción civil, efectivamente se pone de manifiesto en todos los informes del Consejo General del Poder Judicial que uno de los cuellos de botella es la ejecución de sentencias sobre todo en materia civil. Prácticamente en todas las propuestas de resolución esa es la cuestión. Cualesquiera medidas que en este sentido pudieran caminar, aunque también quizá con carácter transversal en muchas cuestiones como estas de reformas normativas, quedarían incididas o se van a cruzar, si el Gobierno las pone encima de la mesa a través de un proyecto, con los trabajos que esté realizando la Comisión, sobre todo intentando lograr un acuerdo transversal y que supere también el paso del tiempo y las legislaturas.
Respecto al IVA, es una cuestión que efectivamente en la Comisión de Justicia se ha tratado varias veces y creo, si no recuerdo mal, que incluso ha ido a Pleno en alguna ocasión con carácter previo. Bien, pues nos satisface. Ya nos anunció también en la última comparecencia, por medio de su presidente, que en el Consejo General del Poder Judicial se iba a dar un paso, aprovechando una necesidad, en las instancias, aunando los principios de concentración y especialización. Ya había un precedente y en este caso no quedaría incidido por los trabajos de la subcomisión porque es una medida de choque para un problema acuciante y que se puede manifestar en reclamaciones en masa.
Nos han satisfecho -ya se lo habíamos oído en alguna otra ocasión, quizá no con esta claridad- sus intenciones respecto al Registro Civil, la vacatio legis; estamos ya -entre comillas- en tiempo de descuento y efectivamente nos satisface la idea que está manejando el ministerio de concentrar su responsabilidad en los letrados. Es una propuesta que hace años el Gobierno Vasco -supongo que no sería original- en una de las reformas que se hizo de la ley orgánica, estando como ministro el señor Gallardón, sugirió encomendar a los letrados. Nosotros proponíamos esa solución -supongo que otros también- y nos satisface. Sin embargo, vemos con cierto recelo -recelo relativo, porque habrá que ver cómo se concreta esta cuestión que también ha surgido en la Cámara- los sistemas de la gestión procesal, la compatibilidad o la incompatibilidad. Así dicho, es fácil ponerse de acuerdo en los principios generales: un sistema general, de manera que la compatibilidad parece algo obvio.
La cuestión que ya le anticipo -y supongo que no le extrañará- es que estaremos vigilantes respecto a los ámbitos competenciales, en qué medida esta cuestión significa un desapoderamiento al menos de algunos márgenes de disposición. Por supuesto, ya adelanto que nuestro grupo no está de acuerdo con algunas iniciativas que se han ido planteando en el sentido de trasladar toda esta gestión procesal, los datos, etcétera, al Poder Judicial. Nosotros estamos más en la línea de que el sistema sea provisto por la Administración de Justicia. En relación con las cuestiones competenciales, cuando lleguen las veremos, pero en principio parece una propuesta a la que no nos opondríamos.
Para finalizar, deseamos a todos, al menos en la semana que viene, unas buenas vacaciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. También ha cumplido el tiempo. Gracias por los buenos deseos.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Espero ser también lo suficientemente breve para cumplir con los plazos de tiempo que nos hemos marcado.
Gracias, ministro, por su comparecencia. Usted siempre es una persona de buen trato y ágil mentalmente, que facilita mucha información en muy poco espacio de tiempo, pero intentaré hacer un repaso sobre lo que usted nos ha dicho. La música oída en palabras del ministro de Justicia suena bien; luego viene la letra pequeña de las cosas, que a veces no se ajusta a lo que pasa en la realidad del día a día. El pasado 5 de diciembre, cuando usted compareció, hizo varias citas. Habló de Le Corbusier, habló de mano tendida y abierta para dar y recibir, que venía a enmarcar esta legislatura como la legislatura del diálogo. Lo que pasa es que, ministro, como le decía, a veces la letra pequeña hace que las cosas no acaben siendo aquello que nos decía y que sonaba tan bien con su música, porque ustedes están generando este marco mental para enmarcar una legislatura que denominan del diálogo, pero desde Esquerra Republicana vemos con cierta intranquilidad que este marco de fotos que ustedes nos van plantando de momento no tiene foto. Y lo que más nos preocupa es que la foto acabe siendo en sepia y no en colores, que seguramente sería mucho más agradable a la vista, al menos para Esquerra
Republicana. Digo esto porque se nos ha hablado aquí de agilización de la Administración de Justicia; ha hecho un repaso sobre muchas modificaciones que ya nos planteó el pasado mes de diciembre. En algunas de ellas, evidentemente, no puedo negar que estoy contenta de escuchar lo que usted dice, pero tanto escucharlo y no materializarlo nos empieza a preocupar.
En cuanto al Registro Civil, necesariamente deberá ser ampliado el plazo de vacatio legis. Nos gustan los principios que usted plantea; ya nos gustó en el mes de diciembre, pero los borradores que van corriendo -no sé si son borradores que atienden y por lo tanto emanan directamente del Ministerio de Justicia o no-, no se ajustan a estos principios o no van en la misma línea que pedían tanto los letrados de la Administración de Justicia como sus propios funcionarios.
Nos preocupa otra cuestión, y es que ya en varios Plenos del Congreso el Grupo Popular ha presentado proposiciones no de ley instándose a sí mismos. En este caso, el Grupo Popular es el partido que da apoyo al Gobierno en materia, por ejemplo, de mediación. Déjense de instarse a sí mismos y presenten un proyecto de ley o una proposición de ley. Nos gustaría ver qué posición mantienen en relación con este tema. Hay otra cuestión que se la plantearé siempre que pueda relacionada con la regulación del Consejo General del Poder Judicial. Desde Esquerra Republicana le reclamo que reconsideremos y planteemos una reforma de la Ley orgánica que regula el Gobierno del Consejo General del Poder Judicial para volver a la legislación anterior mejorada porque, según nuestro criterio, garantizaba una mayor pluralidad e independencia a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Tengo una pregunta clara y directa -que la señora Ciuró ya le ha planteado en alguna otra ocasión- y es qué opina usted del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y las consideraciones acerca de la poca imparcialidad del Tribunal Constitucional del Estado español al haberse desvirtuado una de sus posiciones de árbitro en la reforma operada en la X Legislatura, año 2015, cuando se le confieren competencias propias de un tribunal ordinario al tener competencias ejecutivas.
En materia de libertad de expresión, cómo piensa el ministro de Justicia que debería garantizarse el derecho a la libertad de expresión en relación con lo que relataba también la señora Ciuró, por ejemplo, en el caso de la condena a Valtonyc, a Cassandra y otras que se han hecho con anterioridad, porque resulta curioso la protección a ultranza de la dignidad de determinadas víctimas y, en cambio, en el caso de las víctimas de Germanwings la protección, salvo en un caso concreto, ha brillado por su ausencia.
Hay otro tema, señor ministro -y por eso le hablaba antes de nuestra preocupación por cómo se hacía el retrato y se hacía la foto-, y es su posición en relación con las manifestaciones que ha hecho, no porque me preocupe su posición concreta, sino porque usted se ha convertido en el portavoz de las malas noticias o de las amenazas, dependiendo del sujeto que las reciba, del Gobierno del Reino de España. Entiendo que a ustedes lo que está pasando en Cataluña no les guste. Lo entiendo y lo comprendo porque por eso son el Partido Popular y usted está en un Gobierno del Partido Popular. Lo entiendo perfectamente. En todo caso, entiendo también que ustedes no comprendan ni compartan -porque es así- lo que Esquerra Republicana representa y defiende y lo que en estos momentos acontece en Cataluña con una mayoría clarísima en el Parlament de Catalunya, mayoría absoluta a favor de la independencia de Cataluña, y una mayoría mucho más amplia a favor del derecho a decidir. Lo que en estos momentos realmente me preocupa es que usted se exprese en los términos en los que se expresa en determinados medios de comunicación al hacer referencia -algunas veces de forma clarísima y otras de forma más velada- al artículo 155 de la Constitución española. No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle directamente cómo lo aplicarán, si están ustedes determinados a suspender el autogobierno de Cataluña y sus competencias -qué competencias del autogobierno- que, por cierto, tiene en virtud del Estatuto de Autonomía, de ley orgánica y bloque de constitucionalidad en relación con justicia, educación, interior. No se lo preguntaría si usted no hubiese hecho alusión al artículo 155.
Voy terminando, señora presidenta. Entiendo que ustedes no entiendan -insisto-, que no compartan las manifestaciones y concentraciones respecto a los juicios del 9 noviembre, pero esa misma indignación me gustaría oírla por boca del ministro de Justicia, aunque no seamos del mismo partido ni defendamos las mismas cosas -las defendemos de formas distintas, seguramente- cuando en procedimientos judiciales se vulnera el derecho de defensa de una forma clara. No hemos oído en palabras del ministro que en determinados procedimientos se vulneran derechos fundamentales y, por tanto, el derecho de defensa. Me estoy refiriendo también al 9 de noviembre, a la doble instancia judicial, a la no concesión -termino en seguida, señora presidenta- de determinadas pruebas a los imputados en este procedimiento. Y lo del ministerio fiscal acaba siendo -porque lo ha hecho usted ya que, si no, no se lo diría- excusatio non petita, accusatio manifesta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Capella.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.
Voy a tratar de ser concreto. Nosotros hemos pedido su comparecencia porque era urgente tratar en esta Comisión dos cuestiones que nos parecen de suma importancia y para las que usted ofreciese explicaciones. Las explicaciones se podían haber dado con más premura y quizá esta acumulación de asuntos -al final va acabar convirtiendo esta comparecencia en una especie de comparecencia río, donde se vuelve a tratar todo casi como si fuese la comparecencia inicial de su legislatura- haga que algunos pierdan fuerza. Por eso, voy a ser concreto.
Nuestra primera petición de comparecencia venía motivada por las manifestaciones proferidas por usted y por los datos que fueron conociéndose en fechas anteriores respecto a su intervención en relación con el asunto de Pedro Antonio Sánchez y la corrupción en Murcia. Usted, el 16 de febrero, criticaba a las fiscales que estaban llevando el asunto de la Púnica, del cual se derivaba esa imputación para Pedro Antonio Sánchez, el presidente en aquel entonces de la Comunidad de Murcia. En concreto, usted dijo, textualmente: "Lo anómalo es que no acaten el criterio de sus superiores. Quizá las que tienen el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio". Nos pareció intolerable, nos pareció estar asistiendo a algo increíble: el ministro de Justicia se permitía el lujo de criticar a aquellos que están combatiendo la corrupción en primera línea de fuego. Lo digo así, en estos términos bélicos, términos especialmente apropiados hoy, porque acabamos de conocer el dato del CIS que muestra que la preocupación de los españoles por la corrupción ocupa el segundo puesto, disparándose hasta el 44,8 %, 7 puntos más que en la anterior encuesta.
No tenemos ninguna duda de que sus manifestaciones, como mínimo imprudentes, contribuyen a ese descrédito de la política que está en la base del problema de la corrupción. Nos parece que usted tiene que ofrecer explicaciones sobre esas manifestaciones que, ya se ha dicho aquí, han sido criticadas por todas las asociaciones profesionales de los fiscales, pero también por los once vocales del Consejo Fiscal, que consideraron intolerable aquella injerencia en la autonomía e independencia del ministerio fiscal. Usted no ha ofrecido explicaciones sobre eso, como tampoco las ha dado -se ha dicho por algún otro interpelante- por su encuentro fortuito durante el congreso del Partido Popular con quien en aquel momento era presidente de Murcia -hoy, afortunadamente, ya no- don Pedro Antonio Sánchez. En ese encuentro, que ha sido relatado con bastante lujo de detalles por algunos medios de comunicación y que usted tampoco ha desmentido, creemos que usted confundió con Pedro Antonio Sánchez, y de forma muy grave, su función como ministro de Justicia con su militancia. Porque lo curioso es que al día siguiente esta persona pudiese salir ufana en un medio de comunicación ofreciendo todo tipo de explicaciones de cuál iba a ser el comportamiento de la fiscalía y cómo se encontraba, según él, apoyado por cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo, por lo que se mostraba absolutamente confiado. Esos datos no eran conocidos, ni siquiera por las partes, y curiosamente su conversación con esta persona se había producido el día anterior. Nos parece -vuelvo a decir- que ahí hay una apariencia, al menos, de una confusión intolerable de sus funciones como ministro y de su actuación como militante del Partido Popular, y creo que debe ofrecer explicaciones que tampoco ha ofrecido.
En cuanto a los datos que se han conocido sobre cuál fue su intervención en la no renovación de la anterior fiscal general del Estado y la influencia que pudieron tener esos cambios, que luego sí fueron capaces de producirse con el nuevo fiscal general del Estado nombrado por usted y que provocó una auténtica revolución en cargos muy sensibles y muy significativos de la fiscalía, tampoco usted ha ofrecido explicaciones sobre eso.
En su comparecencia inicial, en la que usted explicaba los planes de la legislatura, yo le decía que la capacidad de dirigir instrucciones a la fiscalía está absolutamente normada y pautada en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Pero, desde luego, todas esas opiniones, todas esas intervenciones por esas vías oblicuas que cuestionan, de alguna manera, esa independencia de autonomía del Ministerio Fiscal, no están recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal y no son, en ningún caso, de recibo. Cuestionan a quienes tienen que tener una absoluta autonomía del poder político para combatir la corrupción y más -como les decía- en un momento como este. Por lo tanto, yo lo que espero de esta comparecencia es que dé las explicaciones que todavía no ha ofrecido.
La segunda cuestión por la que pedíamos su comparecencia es por un asunto que nos parece también de urgencia y de gravedad. Le pedíamos que compareciese para que, a su modo de ver, explicase cuáles son las circunstancias y medidas que han fallado en los últimos casos de asesinato por violencia de género. Vivimos un auténtico año negro para las mujeres; un año negro con respecto a la violencia de género. En el primer trimestre hemos batido todos los récords de los últimos diez años en estadísticas de asesinatos por violencia de género. Creemos que hay muchas cuestiones que están pendientes de desarrollar e implementar y que dependen de su ministerio, pero hay una cuestión muy concreta que le quiero preguntar, porque hemos hecho una pregunta por escrito y nos parece que la contestación ha sido absolutamente insuficiente. Usted, en su comparecencia del día 5 de diciembre ante esta Comisión, afirmó que existen numerosos juzgados de violencia sobre la mujer con unas cargas de trabajo muy limitadas; que había una descompensación entre unos juzgados de violencia con unas cargas muy limitadas y otros sobrecargados de trabajo. Es muy importante la cercanía y que la estructura de estos juzgados de violencia esté adecuada al territorio y a las necesidades de intervención en estos asuntos.
Le hicimos una pregunta por escrito, el 14 de diciembre, sobre cuál era la ampliación prevista, ante esos datos que ustedes constataban, de la ampliación de competencia de algunos juzgados de violencia de género, y la respuesta que hemos recibido el 30 de enero es absolutamente insuficiente. Una respuesta en donde se nos dice que están realizando estudios sobre la planta de juzgados de violencia sobre la mujer y que, en este momento, se está valorando la carga de trabajo, las distancias entre partidos judiciales, por lo que es imposible concretar e identificar los juzgados de violencia de género susceptibles de ampliar su ámbito competencial. Dice que una vez realizados esos estudios sobre esa planta se decidirá si procede o no la elaboración, se identificarán los juzgados susceptibles de ampliar, se remitirá la propuesta al consejo, se elaborarán los informes... Se, se, se. Hacia el futuro. No puede ser que respecto a un asunto de esta gravedad y de esta importancia, cuando ya en su comparecencia identifica el problema y dice que esa planta judicial en juzgados de violencia sobre la mujer está absolutamente descompensada, nos conteste dos meses después diciendo que van a hacer estudios y que remitirán, en su caso, que ya lo verán y que se estudiará. Hay mujeres que a lo mejor por no recibir el trato y la asistencia adecuada han sido asesinadas en este trimestre, y esa planta judicial es absolutamente necesario que esté adecuada a las necesidades de protección para que no sigan produciéndose hechos como estos. Ustedes no pueden seguir haciendo estudios. Tienen que actuar, y actuar de forma rápida y de forma inmediata. Me gustaría hacerle mas preguntas sobre este asunto...
La señora PRESIDENTA: Señor Prendes, tiene que terminar.
El señor PRENDES PRENDES: ... pero con que tuviésemos una respuesta más concreta y un compromiso más claro en esta cuestión, si eso fuese posible obtenerlo en esta comparecencia, en este momento nos daríamos por satisfechos.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se van a repartir el tiempo y ya saben que tienen siete minutos a repartir entre ustedes. Cuando quiera, señor Moya, tiene la palabra.
Buenas tardes, señor ministro, así como se ha dicho por aquí que gustaba la melodía de su intervención, yo le voy a decir que a lo mejor me gusta un poco el estribillo, pero cuando usted ha empezado su intervención diciendo que vamos aprovechar los trabajos de la IX y de la X Legislatura, la verdad, no me ha gustado nada, nada, como a usted ya le consta. Cuando usted dice esto, yo pienso en la serie de trabajos que tenemos que hacer para intentar paliar, por ejemplo, la reforma acentuando la fuerza coactiva del Código Penal, con la ampliación absolutamente desmesurada del delito de terrorismo, englobando delitos de opinión, delitos de lesiones, etcétera; la reforma, también absolutamente coactiva, del Código Penal para penalizar la expresión de la libertad sindical, de los derechos de huelga y la libertad de expresión; la reforma de la jurisdicción universal, que afecta al caso, por ejemplo, de Germanwings, que ha mencionado muy bien la señora Ciuró; la reforma de los plazos de instrucción del 324; las tasas judiciales; la reforma de la jurisdicción voluntaria, que nos ha llevado a promover la reforma del Código Civil para que las personas discapacitadas visuales y auditivas puedan contraer matrimonio sin ningún
tipo de humillación; y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos ha llevado a este presidencialismo que tanto venimos denunciando. Nosotros somos ecologistas, pero hay muchas cosas que no son reciclables ni en la IX ni en la X Legislatura, ya se lo digo.
Respecto a la fiscalía, en realidad poco hay que añadir a lo que ya han expuesto el señor Prendes, el señor Bataller y la señora Ciuró. Usted ha relacionado la voluntad de esta reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con hacer del ministerio fiscal un auténtico organismo autónomo políticamente, pero, claro, los hechos nos muestran lo contrario. Por ejemplo, han trascendido los motivos que llevaron a la no prórroga en su cargo de doña Consuelo Madrigal y también, relacionado con la trama de Murcia, su llamada a un tal Pedro Antonio y que al día siguiente otro Pedro Antonio, o tal vez el mismo, por ciencia infusa, sabía el contenido de unos informes del ministerio fiscal que no deberían estar en su conocimiento. Estos hechos son ciertamente contradictorios con esta declaración de principios que usted nos ha hecho de entrada. ¿Cómo va a pretender nuestro apoyo en esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da este gran protagonismo al ministerio fiscal, cuando estamos constatando que el ministerio fiscal prácticamente está actuando al dictado del Ejecutivo?
Como sabe usted, nos preocupa especialmente la situación de dependencia del Poder Judicial, por lo mismo que usted ha hecho hoy aquí, que es opinar sobre la sentencia. Es una norma que no se había dado, y usted, con sus manifestaciones ha celebrado la sentencia que viene a coartar abiertamente el derecho de huelga. Entendemos que esto también es una intromisión en el Poder Judicial. Además, está su empecinamiento en desoír las recomendaciones que nos vienen desde la Unión Europea. La otra tarde tuvimos ocasión de hablar del informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que le venía a decir que esta modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite que el tribunal pueda ejecutar sus propias sentencias, lo que hace es borrar esa independencia y esa necesidad de que el Tribunal Constitucional sea un juez de leyes, puesto que lo echa directamente a la arena política.
Recuerdo el día en que usted y yo estábamos hablando en el hemiciclo. Usted venía del acto de despedida del señor Pérez de los Cobos y en aquel mismo momento el señor Pérez de los Cobos se lo dijo. Para no ser escatológicos, entiendo que el señor Pérez de los Cobos tal vez tenía el criterio del monje a punto de ser exclaustrado, pero le dijo que utilizar el Tribunal Constitucional para hacer frente a casos como el procés català, no. Las cuestiones políticas se solucionan desde el diálogo y no instrumentalizando el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o los tribunales. Estuvimos hablando de esto y coincidí con las manifestaciones del señor Pérez de los Cobos. Asimismo, desoye los consejos del informe Greco y los consejos que vienen de Europa respecto a la exigencia del cumplimiento de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias. Venimos, por ejemplo, del caso de Olot, donde una jueza que públicamente ha menospreciado el uso del catalán de los abogados ha quedado absolutamente impune.
Por último, yendo más allá de la pregunta que ha hecho la señora Capella, respecto a la aplicación del artículo 155 para frenar estos movimientos secesionistas, como acostumbran a decir de Cataluña, usted llegó incluso a insinuar la aplicación del artículo 116 y el establecimiento del estado de sitio. Nos gustaría que nos lo aclarara.
La señora PRESIDENTA: Señora Carreño, por el tiempo que le resta.
La señora CARREÑO VALERO: Buenas tardes, señor ministro.
Son muchos los motivos por los que se ha solicitado hoy su comparecencia. Voy a intentar ser breve y ceñirme a algunos de ellos, pero la realidad es que el estado de la justicia en nuestro país es muy preocupante. En las últimas semanas ha habido noticias y sentencias que despiertan el estupor de la ciudadanía. La última ha sido la sentencia condenatoria a Cassandra, la joven que escribió los tuits sobre Carrero Blanco. Mi primera pregunta es qué opina usted de esta sentencia en concreto, puesto que, con un año de cárcel y siete de inhabilitación, ha causado estupor a nivel internacional. Ha tenido repercusión internacional y organismos como Amnistía Internacional o el relator de los Derechos Humanos de la ONU consideran que las libertades públicas peligran en España fruto de sus reformas legislativas, en concreto, de las leyes mordaza. Por tanto, mi primera pregunta es cómo valora usted la represión de los derechos fundamentales causada por las leyes mordaza impulsadas por su Gobierno. ¿Se está utilizando la justicia y, más concretamente, la fiscalía para reprimir los derechos fundamentales en España? Usted ha dicho que el derecho de huelga está plenamente garantizado, pero entonces me pregunto cómo valora el hecho de que haya más de 300 sindicalistas y huelguistas con causas penales en España. Más allá de esto, ¿cómo valora que estemos destinando grandes cantidades de recursos económicos para juzgar chistes,
mientras al mismo tiempo se está reduciendo el presupuesto en violencia machista, faltan equipos psicosociales, que son tan necesarios, o se limitan los tiempos en causas de instrucción? Limitan los recursos para todas las cosas que sí son importantes y, sin embargo, persiguen ustedes a huelguistas, sindicalistas, tuiteros o titiriteros. Por supuesto, me contestará usted que no están juzgando chistes, sino defendiendo a víctimas de humillaciones. Sin embargo, quiero recordarle que son muchos los familiares o las propias víctimas que han dicho no sentirse ofendidos. En concreto, la nieta de Carrero Blanco decía que lo que le preocupaba era vivir en un país donde no hubiera libertad de expresión. De hecho, esta misma mañana se ha admitido a trámite una querella contra El Gran Wyoming y Dani Mateo por un chiste hecho en el programa El intermedio. El chiste en concreto fue el siguiente: El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la Torre de Pisa. Eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos. Normal, porque ¿quién quiere ver esa mierda de cerca? Dado que se ha abierto la causa por un delito de odio, mi pregunta es: ¿Cree usted que este comentario que acabo de hacer es constitutivo de un delito de odio? ¿Qué opinión le merece este hecho? ¿Considera que El intermedio ha ofendido al franquismo, puesto que el Valle de los Caídos no es ni tan siquiera un símbolo religioso, sino que es el símbolo de una dictadura franquista? De ser así, ¿qué opinión le merece que la fiscalía aprecie ofensas y delitos de odio cuando los ofendidos son altos cargos de la dictadura franquista, pero no cuando son políticos elegidos democráticamente? Voy a ponerle un ejemplo. La fiscalía no vio delito en el siguiente comentario: La horca para Pablo Iglesias y para todos los guarros de Podemos. ¿Qué opinión le merece a usted que la fiscalía tenga diferentes formas de comportarse? La fiscalía tampoco ha visto ofensas o amenazas a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M de Afectados por el Terrorismo. Le pregunto, señor ministro, si considera usted que todas las víctimas son iguales. ¿Considera usted que todas las víctimas merecen el mismo respeto y que lo merecen sus familiares? ¿Cree que se han perseguido igual las ofensas a las víctimas de la dictadura franquista? ¿Cree que se ha realizado la correcta reparación a las víctimas de la dictadura franquista? Le pregunto por la fiscalía, porque usted me dirá probablemente que esto es asunto de ella, pero todos sabemos que en España la fiscalía está siendo controlada por el Gobierno. La Unión Progresista de Fiscales denunció que los nombramientos de Maza responden a criterios ideológicos y el propio fiscal superior de Murcia dijo no poder soportar más las presiones. Por tanto, está muy claro de dónde vienen las injerencias en la fiscalía y quién le da órdenes para que actúe de esta manera. Por ello, le pregunto: ¿No cree usted que la fiscalía debería dedicar más esfuerzos a luchar contra el fraude fiscal y la corrupción, que son las grandes lacras de este país, en lugar de hacer lo que está haciendo? ¿Qué opinión le merece que la fiscalía actúe como abogado defensor en causas como la de la infanta o la sentencia judicial que permite que Urdangarin se vaya a Suiza libre y sin fianza?
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando ya.
La señora CARREÑO VALERO: Acabo ya.
¿Qué opinión le merece que la justicia sea tan laxa en casos de corrupción? ¿El hecho de que se ablande en estos casos tiene que ver precisamente con las injerencias en la fiscalía o con los nombramientos debidos a criterios políticos? Como han dicho mis compañeros, ¿qué opinión le merece entonces el informe Greco acerca de cómo se realizan los nombramientos de los miembros de los tribunales en los que luego se juzga a los políticos implicados en casos de corrupción, puesto que están aforados? ¿No cree que deberían atender a criterios de mérito, capacidad y paridad?
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar ya.
La señora CARREÑO VALERO: Simplemente acabo diciendo mi opinión. Creo que esas injerencias y ese control tratan de garantizar que todo siga igual, que la trama siga donde está, porque la justicia es la última pieza para garantizar su impunidad.
La señora PRESIDENTA: Por favor, entre todos hemos llegado a este acuerdo.
Dado que se considera que la justicia no es igual para todos y que tiene un amplio sesgo político, quisiera preguntarle su opinión sobre todo esto.
La señora PRESIDENTA: Se ha pasado un minuto y medio, lo digo porque en la Mesa alguien puede decir algo. (El señor Olano Vela: Más, ha hablado casi diez minutos). Como yo dirijo, considero que ha sido un minuto y medio.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo.
Buenas tardes, señor ministro. En primer lugar, gracias por su información, concisa y en forma de abanico, que nos permite tener la misma sensación que siempre que le oímos, que es una persona de maneras muy fáciles de compartir. Ha pasado casi un año desde el comienzo de la legislatura y seguimos oyendo buenas promesas y buenos proyectos, muchos de ellos compartibles, pero nos gustaría ver eso que usted dijo, que son los hechos.
Mi grupo parlamentario ha pedido su comparecencia para hablar del tema de Murcia y de la tramitación de los expedientes de nacionalidad. En estos escasos minutos me voy a permitir incluso abordar un tema más que está íntimamente relacionado. En el caso de Murcia, señor ministro, quiero recordar unas lecturas de Sigmund Freud, que decía que la voz de la razón es suave pero no descansa hasta ser oída. Esto es verdad, y yo voy a hacer todo lo contrario que mis compañeros, cuyas argumentaciones comparto en su totalidad. Hemos visto recientemente -creo que ha sido el lunes- el auto del magistrado de la Audiencia Nacional que abre precisamente la investigación de una serie de delitos del que ha sido el presidente de Murcia. Esto está inserto en todo lo que han comentado y lo doy por reproducido, porque no tiene mayor interés que relatemos nuevamente lo ocurrido, pero sí me interesa un detalle: la argumentación de ese auto cita una sentencia cuyo ponente es hoy el fiscal general del Estado, y es precisamente lo que él utiliza para seguir la investigación. Entonces uno se cuestiona todas esas manifestaciones, todos esos hitos que hemos ido nombrando y que particularmente yo expuse al fiscal general del Estado cuando tuvimos su comparecencia. Por cierto -y constará el Diario de Sesiones-, dijo que se lo preguntáramos a usted. Hoy le tenemos aquí y, por ser coherente, se lo pregunto, porque estoy de acuerdo en que hay otras formas de proceder; precisamente he halagado sus formas, pero creo que esto lo han hecho un poquito desajustado. Creo que no podemos llamar a los fiscales indiscretos y creo que no podemos permitir actuaciones que provoquen la unanimidad del Consejo Fiscal -salvo el fiscal general del Estado- en orden a criticar, porque la discrepancia está regulada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, señor ministro, lo sabe mejor que yo, lo que pasa es que lo que se regula es cómo se viven esas discrepancias. Por tanto, hay que dejar que los organismos funcionen, que las instituciones funcionen, porque hay que luchar contra la corrupción, pero también hay que luchar por ganar y construir una mayor confiabilidad en las instituciones. Eso es lo que nos están demandando los ciudadanos, que acabemos con la corrupción y puedan vivir tranquilos, que cada aparato del Estado realice su función y no la que le gustaría realizar, porque es cierto que a todos nos gustaría hacer más cosas de las que competencialmente podemos. Por eso no le voy a pedir más que esa matización en relación con lo del fiscal general del Estado y le voy a hacer una exhortación de mi grupo parlamentario: seamos más cuidadosos en las formas, porque a veces son tan importantes como el fondo.
Paso al Registro Civil, que me sirve de puente para la segunda petición de comparecencia sobre los expedientes de nacionalidad. Nos dice que es complejo -claro que es complejo- y nos dice que está necesitado de coordinación -claro que está necesitado de coordinación-, pero yo le digo, señor ministro, vamos a ponernos, porque esta no es una ley que se haya aprobado hace seis meses y que entrañe dificultades, no, es la Ley 20/2011; algún tiempo hemos tenido para hacer, para prever. Efectivamente, hemos puesto el dedo en quién es el encargado del Registro Civil. Pues le voy a decir una cosa -y algo sé de esa ley-, es un tema trascendente -claro que lo es-, pero no es el más trascendente y no es el más difícil de articular y de solucionar. Como usted muy bien ha dicho, creo que la gran apuesta de esa ley es la digitalización. Pero, ¡cuidado!, cuando ustedes llegaron al Gobierno, cuando el señor Gallardón fue ministro de Justicia tenía ya digitalizado el 96%, aunque se entendió que era el cien por cien porque lo único que quedaba por hacer eran algunos registros de paz que, según se había decidido, no se digitalizarían; lo que pasa es que no contamos con el motor de búsqueda. Por eso, con un sentido de responsabilidad, hemos presentado esa nueva posposición, esa nueva prórroga de su entrada en vigor, pero espero que no tengamos más comparecencias en las que nos digan que necesitamos solventar la complejidad y tener mayor coordinación. No, lo que necesitamos es solventar los problemas; vamos a solventar cómo los abordamos para que tengamos de verdad ese Registro Civil, y esto valdría también para todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Si llegan a aprobar los presupuestos -espero
que con muchas modificaciones si llega a ser así-, deseamos tener la posibilidad de disfrutar y ver, en pro de nuestra maltrecha justicia, esos ciento y pico de millones -112 creo recordar- que parecen dibujarse para el sector de la justicia.
Esto nos va a permitir acometer también -termino con esto en el minuto que me queda- los expedientes de nacionalidad. No le voy a decir lo que mi grupo parlamentario piensa porque ya se lo dijimos el otro día en el control al Gobierno, pero fíjese en lo que dice la defensora del Pueblo, que no es sospechosa, sobre esta actuación. Leo textualmente el informe anual: Durante 2016 la realidad no ha respondido a esas expectativas, ya que la totalidad de los expedientes -repito, la totalidad de los expedientes- iniciados con arreglo a la nueva tramitación se hallan suspendidos. Según la última información, no se ha resuelto ningún expediente iniciado en 2015 y 2016. La situación en Madrid, Valencia, Andalucía, Canarias y Cataluña es -pongo yo el calificativo- penosa. En 2016 seguían pendientes de inscripción nacionalidades que fueron concedidas en 2013 y cuyo trámite de jura o promesa de fidelidad se había realizado ante notario. Por tanto, la situación no es que sea difícil ni compleja, es que es catastrófica, señor ministro. Necesitamos una batería de acción, porque lo que no vale es que sigan poniendo dificultades para su obtención. Por favor, no queremos leer más sentencias de la Audiencia Nacional en las que se modifica la no concesión de la nacionalidad, en este caso de una ciudadana boliviana, porque simplemente no sabía con qué países lindaba España. La Audiencia Nacional dijo: vamos, vamos, vamos... Vamos a dársela.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campo. Ha clavado los siete minutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moro Almaraz.
Buenas tardes, señor ministro. Me complace darles la bienvenida a usted y a su equipo en nombre del Grupo Popular. Gracias por comparecer en esta Comisión y por la nutrida información que nos ha facilitado en temas capitales para todos.
Me permitirá que, antes de referirme a aquello en lo que me quiero detener, aluda a algunas cuestiones que he oído en las intervenciones anteriores. Señorías, pedir comparecencias en las que las cosas se explican con detalle y con comprobaciones objetivas para seguir defendiendo las mismas posturas, construidas en el prejuicio, no sirve de nada. Por ejemplo, en el caso de la comparecencia del fiscal general del Estado, se incluyó una cronología de hechos demostrables, con comunicados públicos, pero ustedes siguen diciendo lo mismo que decían el primer día, cuando intentaron incendiar a la opinión pública. Entiendo que quieran tener respuesta del ministro de Justicia, cómo no, en algunos de los temas, pero no que sigan tergiversando los hechos. Es su negocio, pero desde luego me parece que es un negocio muy malo para todos los ciudadanos. Dan por hechas las causas de la salida de los distintos fiscales generales del Estado, que son suposiciones y que incluso ellos niegan. Lo que ocurre es que ustedes siguen cómodos en su bucle, aunque no responda a la realidad. Ustedes hablan de injerencia permanentemente, porque cualquier opinión, si no es la suya, la consideran una injerencia. Si la opinión es la suya, aunque sean insultos, tampoco son insultos. Esto comienza a ser el principio de igualdad, pero solo a medias: si somos el Partido Popular, si es el Gobierno del Gobierno del Partido Popular, todo es malo, todo son injerencias y todo es criticable. Ustedes le atribuyen funciones jurisdiccionales al ministro en cada una de las preguntas que le han hecho, porque le piden que haga las funciones de un juez, y yo no lo puedo entender después de lo que acaban de acusarle.
A la señora Carreño quiero decirle una cosa, y con esto contesto a algunos temas que hemos oído estos días. Solo voy a decirle lo siguiente. Ustedes son los que hacen víctimas de primera y de segunda. El gran avance en la lucha contra el terrorismo en España se basó en considerar que nunca cabe la más mínima justificación respecto a los actos terroristas, sea cual sea la víctima. Por favor, no lo quebranten. No nos podemos permitir ese quebranto. (Aplausos).
Retomo en este caso aquello en lo que yo me detendré. Espero poder ajustarme al tiempo. Señor ministro, una de las prioridades expresadas por usted en la comparecencia está vinculada a las prioridades -eso es coherencia- de inicio de legislatura y también a las medidas de programa y a los diagnósticos, diseños y propuestas de profesionales, colectivos y organizaciones de mundo de la justicia. Como bien conoce el ministro, porque ha pulsado -no lo conoce de oídas- las opiniones de todos ellos una y otra vez, todos esos colectivos nos trasladan que tienen una comunicación fluida y muy satisfactoria con el ministro y con este ministerio. Vamos ver si cada uno empieza a afrontar sus respectivas obligaciones.
Estamos obligados a esas responsabilidades, sin excusas, porque los actores del proceso, los profesionales, las organizaciones sindicales, la sociedad en definitiva nos piden que no dejemos pasar esta ocasión sin hacer lo necesario, señorías, todo lo necesario.
No creo que esto esté reñido, aunque se ha criticado también, con conocer las prioridades por parte del Gobierno. Creo que conocer las prioridades con más detalle por parte del ministro viene bien a esta Comisión y a nuestro trabajo y también a la subcomisión de estrategia nacional de justicia. Hacerlo bien técnicamente será nuestra obligación, con coherencia, con sentido común y con el apego a la realidad que no reflejan las normas porque cambia muy rápidamente. Por más que algunos puedan tener la tentación de maquillar con estrategias vinculadas a intereses partidistas, recuerden que todos -Gobierno y fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas- estamos en el punto de mira de la sociedad, y los ciudadanos no van a perdonarnos que dejemos pasar el tiempo sin que nos pongamos manos a la obra ocupándonos de lo fundamental y dejando a un lado lo accesorio.
Con esa finalidad expresa e intensa de la subcomisión y con el trabajo ordinario de esta Comisión, resulta adecuado el planteamiento de la comparecencia a petición del ministro para que podamos ir detallando trabajos que hemos organizado, que hemos planificado y que después del paréntesis de la semana que viene retomaremos, espero que con toda intensidad. Lo que no podemos hacer es perdernos en la consideración de que los titulares están por delante de lo fundamental. Avanzar en lo necesario, señorías, precisa ocupación y generosidad de todos, necesita tener en cuenta a todos, pero mirando más allá del interés personalista de cada uno. Nos exigen instrumentos válidos, útiles, duraderos en su concepción, no cambiantes por el capricho del momento en contraprestación de una suma de titulares que permiten hacer caja en el rendimiento político más efímero. Debemos construir reglas que sirvan a los problemas de un tiempo y una sociedad distinta, unas normas del ciudadano y para resolver los problemas del ciudadano. Debemos reivindicar la ejemplaridad de los grandes principios jurídicos como artífices y garantes de los derechos de la persona, esas reglas que quisiéramos que se aplicaran a quienes más queremos cuando se encuentran en esa situación que menos deseamos para ellos. Las normas, señorías, lo saben bien, están para dar la mejor respuesta a cada caso concreto, sin que el caso concreto pueda definir a modo de noria la respuesta del ordenamiento jurídico a todos los supuestos que puedan derivarse del juego de la maquinaria social: sus relaciones, sus patologías, la inteligencia de quienes buscan el resquicio y la laguna para generar sufrimiento, para servirse de los demás y someterlos.
La historia nos enseña -debería servirnos para no reeditar errores- que lo importante es el ejemplo que nos dieron los grandes constructores de los conceptos jurídicos para definir instrumentos útiles, ágiles, flexibles pero precisos, que deben ser el modelo, evitando la tentación de construir derecho y justicia a partir de la opinión ocurrente a modo de televisión. Hoy nada permite justificar la tardanza. Las mañanas de trámites equivalen a garantías para el ciudadano. Es evidente -algunos lo han dicho- que la rutina en los procesos aplicativos de las normas procesales contribuyó a un escepticismo, y yo digo también a una ineficacia, y esa ineficacia y ese escepticismo son los que nosotros tenemos que superar. Nuestra obligación es saber leer esa demanda y conducir con paso firme y sin marcha atrás. Hoy podemos seguir hablando de aparentes idénticos problemas, pero no pueden resolverse con los mismos instrumentos, aunque puedan regir idénticos principios. Tenemos que considerar la seguridad jurídica, la protección del más vulnerable y la igualdad de armas y garantías en el proceso como un marco inderogable. No debemos renunciar a los conceptos jurídicos cambiándolos por temas de moda. Esa es nuestra gran tarea, esa es nuestra gran oportunidad como grupos políticos para que después también el Gobierno ejerza esas prioridades; si lo hacemos en consenso, en acuerdo, sin duda durarán más.
Hemos vivido una época en la que algunos rechazaban todos los cambios. Sin embargo, nosotros hoy sabemos que tenemos que vivir en un mundo cambiante, en un mundo digitalizado, en un mundo en el que hay que hablar de licencias de uso, de software, de problemas con las licencias Creative Commons; un mundo en el que hay que hablar de muchas otras cosas que no están en la memoria de lo que entendíamos como fijo, como permanente. Como dice un autor que ustedes conocen: Todo aquello que creíamos sólido no lo es. Por tanto, entendemos un acierto la apuesta por la agilidad en un objetivo que han expresado todos -y voy terminando, señora presidenta-, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y no solo la Ley de Enjuiciamiento Criminal sino el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y todas aquellas modificaciones organizativas que nos piden, que se pueden realizar y que realizaremos mejor si las hacemos todos al unísono. Si ustedes repasan los escritos de Jueces para la Democracia, de la Asociación Profesional de la Magistratura, del Consejo General de la Abogacía, etcétera, verán que todos coinciden. Bien, pues si todos coinciden y además nosotros hoy hemos dado ejemplo y hemos coincidido en 95 de
las 128 propuestas en relación con la justicia, eso quiere decir que estamos más cerca de lo que ustedes intentan maquillar. Hoy esas carencias en la modernización de la ley dependen de nosotros; pongámonos a ello. Creemos, señor ministro, que usted ha puesto encima de la mesa cuestiones que se pueden realizar y que tiene que llevar a cabo el Gobierno pero que nosotros también tenemos que impulsar. Es nuestra responsabilidad.
Tiene la palabra el señor ministro, sin límite de tiempo, el que considere necesario para que todas las cuestiones que se han planteado aquí puedan quedar debidamente respondidas.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, presidenta. Quiero dar las gracias también a todos los portavoces de los grupos.
He ido tomando nota de las intervenciones de sus señorías y he intentado ordenar las cuestiones, porque algunas de ellas han sido objeto de atención por parte de varios de ustedes. Por tanto, intentaré contestar más que por personas por bloques de materias.
Empiezo por la cuestión del Registro Civil, que ha sido objeto de comentario prácticamente en todas las intervenciones. Insisto, es un servicio público que la Ley 20/2011 considera conveniente y, estamos de acuerdo, su desjudicialización no forma parte de las funciones de tutela jurisdiccional de derechos atribuida al Poder Judicial. Hay que avanzar en la mejora de ese servicio público -de ese y de todos, incluidos los de la Administración de Justicia- y en eso estamos trabajando intensamente. La incorporación de las nuevas tecnologías es una estrategia fundamental en la que tendremos que seguir trabajando y, mientras tanto, como modelo en nuestra opinión definitivo, lo sostendremos en una distribución territorial que se apoya en los que saben, los funcionarios de la Administración de Justicia que están presentes en el territorio, que están presentes en los partidos judiciales. Saben también que es nuestro compromiso mantenerlos en la estructura actual, porque eso significa cercanía al ciudadano, y ese va a ser el trabajo en el que vamos a plantear tanto la vacatio legis ampliada como la negociación con los grupos parlamentarios y con las organizaciones sindicales. En todo caso, insisto, un Registro Civil público, gratuito, tecnológicamente avanzado y cercano a los ciudadanos.
Están pasando muchas cosas y es verdad que no está funcionando bien. Por eso queremos reformarlo todos, en este Gobierno y en Gobiernos anteriores también, porque no me consta que las cosas vayan peor. Tampoco diré que van mucho mejor, pero los tiempos de demora y los tiempos de resolución de expedientes no han empeorado en absoluto, es decir, venimos ya de una situación que tenía bastantes déficits de calidad. En todo caso, hemos modificado el sistema de acceso a la nacionalidad; ahora es el Instituto Cervantes quien hace los exámenes de conocimiento de la cultura y realidad española. Ya no es cada juez con su leal saber y entender y, por lo tanto, confío en que seamos capaces de agilizar al máximo, mediante los mecanismos que les he explicado a sus señorías, el funcionamiento del Registro Civil.
En segundo lugar, me parece muy cualitativo el debate sobre la libertad de expresión. Algunas de sus señorías han dicho que en España tenemos una democracia low cost, un sistema de derechos no garantizado, y tengo que manifestar mi absoluta discrepancia con este tipo de planteamientos. Me parece que tenemos un sistema de derechos afinado, garantista, con unos estándares absolutamente comparables con las principales democracias del planeta y un Poder Judicial que lo tutela, que lo garantiza y que aplica la norma a los casos concretos. Por tanto cuando se dicta una sentencia por el Poder Judicial sobre un caso concreto no me parece que sea adecuado ni conveniente mandar un mensaje acerca de que se penaliza el humor o se penalizan los chistes. No, se penalizan los tipos penales, hay tipos penales que están tipificados y por tanto quien incurra en ellos, a consideración del Poder Judicial una vez instruido un proceso con todas las garantías de la defensa, acaba siendo sentenciado como sucede en ocasiones. En ocasiones sucede que a algún concejal se le absuelve de alguna hipotética responsabilidad y en otros casos se le condena y son tribunales independientes quienes lo hacen. En todo caso, señorías, reconozco que después de oír las intervenciones del señor Moya y de la señora Carreño no sé muy bien a cuál de los dos hacer caso, porque uno me dice que no opine de las sentencias judiciales y otra me pide opinión. Por lo tanto intentaré quedarme en el plano de la mayor neutralidad para no recibir críticas ni en un sentido ni en otro. (Risas). En todo caso, señoría, le aseguro que en España no hay nadie condenado por el ejercicio de derechos, no creo que sea una frase conveniente, salvo por quien pretenda poner en cuestión todo el sistema de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia. Si hay algún sindicalista que ha sido condenado nunca habrá sido por ejercer el derecho de huelga, habrá sido por cometer algún delito
de lesiones, coacciones, daños con ocasión del ejercicio del derecho de huelga, pero no por ejercer ese derecho de huelga, no por hacer chistes, no para hacer bromas; en España no se condena por eso a ningún ciudadano. (Aplausos).
Los temas sobre la Fiscalía General del Estado también han sido recurrentemente mencionados por sus señorías. Como ustedes, yo conozco perfectamente el estatuto orgánico del ministerio fiscal y sé lo que dice, y por lo tanto lo que el Gobierno puede hacer: puede instar determinada actuación de acuerdo con el artículo 8 al menos en el modelo vigente. Si evolucionamos a otro modelo pues ya veremos lo que hacemos, si excluimos esas capacidades. Lo que sí les aseguro a sus señorías es que, al menos en el tiempo en que yo he sido ministro de Justicia, nunca el Gobierno ha instado nada de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto esa competencia pequeña y limitada ni siquiera ha sido objeto de ejercicio.
Citan ustedes, para demostrar cómo el Gobierno o el Poder Ejecutivo puede influir sobre la fiscalía, la amplia renovación de los fiscales jefes que se ha producido recientemente. En primer lugar, ese es el procedimiento, se nombran por unos plazos determinados y se renuevan. Los nombramientos que ha propuesto la Fiscalía General del Estado al Gobierno, insisto, en el tiempo en que he sido ministro, han sido muy escasos, hemos estado en funciones, y por eso se ha acumulado un número de plazas importante, pero, señorías, si de treinta y cinco plazas vacantes se cambia a cinco -cinco de treinta y cinco- me parece que decir que eso es una renovación masiva, una transformación de la fiscalía objetivamente no es muy adecuado.
Por otra parte, también como acreditación de la injerencia del Gobierno en la fiscalía citan ustedes un asunto concreto en relación con el que venía siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, y las declaraciones que efectuó sobre unos informes que emitió la fiscalía del Tribunal Supremo y la propia Fiscalía General del Estado. Lo que yo les rogaría a sus señorías, para fundarnos en la realidad y para que, como decía el señor Campo, la voz de la razón -citando a Freud- se haga oír, es que miren ustedes las fechas. Miren ustedes las fechas, la secuencia de los hechos, qué sucede el día 12 de febrero, el día 13 de febrero, el día 14 de febrero, cuándo el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia cita unos informes, que es al día siguiente de que la Fiscalía General del Estado emite una nota de prensa en la que hace expresa esa cuestión, no antes, señorías. Por tanto yo entiendo perfectamente la labor de la crítica política, el debate, incluso la refriega de ideas y este tipo de cuestiones, pero les agradecería que actuemos con datos, sobre todo cuando hay fechas y hechos; y no me atribuyan irregularidades, porque lo que están haciendo es atribuir irregularidades a este ministro que no ha cometido en absoluto, se lo puedo asegurar.
En relación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como he dicho en mi primera comparecencia y en sucesivas, me decía el señor Legarda que hemos sido muy insistentes en la voluntad de constituir la subcomisión que el Pleno del Congreso y esta Comisión han constituido, el máximo respeto a los trabajos de esa subcomisión. Estamos deseando que empiece ya, que empiecen las comparecencias; por lo tanto no pretendemos alterar el orden de las cosas, y ojalá que las comparecencias del todas las instituciones, personas y juristas que sus señorías decidan puedan aportar luz en estos debates, y que tengamos un proyecto compartido, porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señorías, no va a ser un proyecto del Ministerio de Justicia ni de este Gobierno, o lo es de esta Cámara o lo es de la mayoría de las fuerzas parlamentarias o no será. Y si no llegamos al consenso o creemos que no es el momento, que no hay garantías suficientes, que los instrumentos no nos convencen, bueno, pues seguiremos siendo un exotismo en la Unión Europea, pero podremos seguir siéndolo. Hasta aquí hemos llegado y creo que la justicia en España, la justicia penal funciona con plena garantía de los derechos de los ciudadanos, más allá de que los tiempos quizá no sean los razonables, más allá de que haya mucha doctrina hace muchos años que considera que la instrucción no es una labor jurisdiccional, sino que debería ser propia de la fiscalía. Pero insisto en que no pretendo convertirme yo en el adalid de la reforma del sistema de investigación y de instrucción, sino que espero que sea fruto de un amplio consenso de las fuerzas parlamentarias, también con la colaboración de la sociedad civil, del mundo del derecho y de la justicia, que van a comparecer ante esta Comisión. Y por eso, si eso pasase, el estatuto orgánico del ministerio fiscal estoy convencido -y he citado varios ejemplos- de que reforzaría la autonomía de la fiscalía al objeto de generar confianza en todos, en los ciudadanos y en los operadores jurídicos, de que ese modelo que funciona en Francia, que funciona en Portugal, que funciona en Alemania, que funciona en Italia, ¿por qué no va a funcionar en España? ¿Por qué deberíamos tener una desconfianza superior si fuéramos capaces de crear pilares institucionales suficientes firmes en este sentido?
Nuestro sistema institucional y democrático, señorías, como es reiterado, vuelvo a afirmarlo, me parece que está equiparado con las principales democracias que podríamos tomar como referencia, y así lo acreditan los informes que se reciben periódicamente por parte de la Unión Europea, por parte del Consejo de Europa. Luego depende de cómo lo queramos leer. Yo el dictamen que he leído de la Comisión de Venecia en relación con la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en mi opinión, avala plenamente la reforma llevada a cabo. Considera si es adecuado o no dotarle de unas facultades ejecutivas; pero es un matiz lo que pone de manifiesto. La validación, en mi opinión, es absoluta. Es absoluta y lo podemos hacer en términos cualitativos, cuantitativos, cuántos párrafos avala, en qué párrafo y en qué línea considera que se podría pensar si es conveniente o no determinadas funciones ejecutivas. Yo, señor Moya, le transmitiré a don Francisco Pérez de los Cobos -para que sea consciente- que usted alaba su posición, parece que hay una cierta identidad entre el señor Pérez de los Cobos y la posición que usted sostiene; se la transmitiré así al señor Pérez de los Cobos para que vea que recibe aliento. Yo estaba en aquella ceremonia de despedida y sé lo que dijo el señor Pérez de los Cobos literalmente, y hay una consideración muy favorable de la reforma y del fortalecimiento del Tribunal Constitucional; consideró -que también es cierto, y lo puso de manifiesto y se ha dicho por sus señorías- que una cosa son los ámbitos políticos y otra cosa los ámbitos jurídicos. Pero en ningún caso consideró que la labor que reiteradamente ha hecho el Tribunal Constitucional dictando sentencias, dictando autos, admitiendo a trámite recursos por unanimidad de sus miembros, haya tenido ninguna duda sobre si estaba en un plano jurisdiccional o jurídico, constitucional o en un plano político; no me lo parece. Y el Tribunal Constitucional recientemente ha vuelto a admitir a trámite otra impugnación por parte del Gobierno, por unanimidad otra vez, ahora con la nueva composición del Tribunal Constitucional.
En esta materia y en el debate en torno al referéndum por la independencia de Cataluña yo creo que es conocida la posición que el Gobierno mantiene y por lo tanto el ministro de Justicia, lógicamente coherente con esa posición; en todo caso no creo haber mencionado nunca instrumentos constitucionales más allá del diálogo, de la voluntad de colaboración, del encuentro de soluciones acordadas en el marco del Estado de derecho. Esos han sido reiteradamente los planteamientos que hacemos desde el Gobierno y que lógicamente son los que yo sostengo también. Por lo tanto los instrumentos de la Constitución están ahí. Pero sabemos que esta es una cuestión que hay que seguir trabajando desde el diálogo, desde la búsqueda del acuerdo y desde la negociación con todas las partes que tienen que participar en este proceso, y donde sin duda las instituciones de Cataluña -el Gobierno de Cataluña, el Parlamento de Cataluña- representan a los ciudadanos, tienen esa legitimidad democrática, como la tiene este Parlamento, como la tiene este Gobierno, y en ese contexto ojalá seamos capaces de encontrar soluciones.
El artículo 134.6 de la Constitución, señoría, establece un procedimiento por el cual una reforma de una ley aprobada, que es la de los Presupuestos Generales del Estado, que genere incremento de gasto debe llevar consigo una minoración de los créditos para poder equilibrar las cuentas del Estado, y ese es el instrumento que el Gobierno ha reiterado en un debate que está sometido a la interpretación constitucional sobre si el Parlamento puede aprobar proyectos de ley que incumplan -en nuestra opinión- este artículo 134.6. Por lo tanto yo lo situaría en el funcionamiento normal de las instituciones. Somos una sociedad democrática, con reglas de juego, y queremos cumplirlas siempre, siempre hay que cumplir las reglas de juego, siempre hay que respetar las leyes, y cuando se discrepa, pues hay un tercero que lo resuelve. Nosotros pensamos que hemos hecho adecuadamente el procedimiento para vetar determinados proyectos, porque hay competencia, capacidad para ello y amparo constitucional. Hay quien no lo cree así. Tendremos resolución sobre esta materia espero que en poco tiempo. Y nos vendrá muy bien, porque a todos nos dictará criterio para el futuro sobre si el Parlamento puede modificar las obligaciones de gastos de los presupuestos mediante un proyecto de ley o no, y está sometido a ese compromiso y que al Gobierno le corresponde tutelar y garantizar, según el artículo 134 de la Constitución.
En cuanto a asuntos más puntuales, pero que no quiero dejar de mencionar, diré que el tratamiento que se pretende dar en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita a la asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio, dicho en términos coloquiales, es que la obligatoriedad le corresponde a las instituciones, a los colegios profesionales. Los colegios profesionales tienen que organizar necesariamente la asistencia jurídica de los ciudadanos. Que eso se haga mediante una traslación de obligatoriedad a los colegiados o no inicialmente es una decisión puramente de los colegios profesionales, de forma que si tienen suficientes colegiados que voluntariamente estén inscritos en el registro de abogados del turno de oficio y atienden la necesidad, no habrá que forzar la obligatoriedad. Pero teóricamente esa obligatoriedad que asumen los colegios podría acabar llegando hipotéticamente a los propios colegiados si no hubiese
capacidad suficiente, pero creo que en el momento actual en todos los colegios hay turno de oficio suficientemente dotado como para atender esta obligatoriedad que, insisto, es institucional y no individual.
En cuanto a la reforma del Código Penal, en lo relativo a la omisión del deber de socorro, nosotros vamos a presentar una proposición de ley que esperamos que se tome en consideración por los grupos parlamentarios de la Cámara. Es un asunto en el que tenemos un alto nivel de consenso, habrá que hacer bien la tipificación penal y entre ello, la valoración de la imprudencia leve ver si es necesario tipificarla. Nosotros vamos a tener la mejor disposición, señorías, para ser capaces de atender una realidad social y una demanda de la sociedad, para solventar quizá alguna laguna, porque es verdad que la omisión del deber de socorro no está vinculada en este momento con la seguridad vial, y estamos conociendo algunos casos flagrantes y paradójicos en esta materia. Por tanto lo someteremos con total disponibilidad al debate en la Cámara, y a la mejora técnica y normativa que se pueda llevar a cabo.
En materia de violencia de género solamente quiero insistir en que la preocupación por el número de asesinatos es compartida. Un solo asesinato ya es mucho en esta materia, y por lo tanto el compromiso del Gobierno, de los ministerios con competencia en esta materia, y creo que del conjunto de la Cámara en este pacto de Estado contra la violencia de género es identificar qué está pasando, qué es lo que no está funcionando. Hay que ver si no están funcionando las órdenes de alejamiento, si no están funcionando los aparatos telemáticos que garantizan esas órdenes de alejamiento; si falta formación especializada de los jueces en esta materia; si los juzgados de violencia deben ampliar su ámbito territorial, porque están especializados y tiene oficinas singulares y equipos psicosociales. Todo eso está encima de la mesa, señor Prendes; no creo que tengamos una demora cualitativa. No creo, de verdad, que en los asesinatos que desgraciadamente se estén produciendo tenga que ver que hayamos ampliado o no el partido judicial y la competencia del juzgado de violencia, porque el juzgado de violencia, como es evidente, actúa a posteriori, pero en todo caso tenemos la máxima disponibilidad y el máximo compromiso para ser capaces de poder transmitir a todas las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad el compromiso del Gobierno en esta materia, y estoy seguro que de todos los grupos parlamentarios.
Presidenta, no sé si he sido capaz de responder a todas las cuestiones de sus señorías, pero he intentado integrarlas y agregarlas. Termino como empecé mi primera intervención, agradeciéndoles la oportunidad de estar aquí esta tarde, recogiendo los temas -y son muchos- que se han planteado. Ojalá tengamos disponibilidad todos durante esta legislatura para que todos estos retos y desafíos que están encima de la mesa seamos capaces de abordarlos, desde el diálogo y desde la concertación entre todos los grupos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, también por el esfuerzo de síntesis. Yo hago mío el deseo del señor Legarda de que la próxima semana podamos descansar un poco todos.

References: artículo 155
 ARTÍCULO 155
 real decreto 
 artículo 98
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 116
 resolución 
 artículo 8
 artículo 134
 artículo 134
 resolución 
 artículo 134