Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/91/STSJC19911022.htm
Timestamp: 2017-10-23 22:46:51+00:00

Document:
Sentència de 22 d'octubre de 1991
de 22 d'octubre de 1991, núm. 12/1991 (Sala Civil i Penal)
Ilmos. Sres. Magistrados: D. Luis M.ª Díaz Valcárcel, D. Jesús Corbal Fernández, D. Lluís Puig Ferriol, D. Joaquín Badía Tobella.
Barcelona a veintidós de octubre de mil novecientos noventa y uno.
VISTOS por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida por los Magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección n.º 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona, consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos en el Juzgado de Primera Instancia de Berga, sobre declaración de derechos, cuyo recurso fue interpuesto por X1, X2, X3 y X4, representados por el Procurador D. Jorge Fontquerni Bas bajo la dirección del Letrado X2 Pou de Avilés, en el que es parte recurrida el Y, S.A. representado por el Procurador D. Manuel Gramunt de Moragas y defendido por el Letrado D. Carlos Alberto de Alfonso y de Janer.
Primero. - Que ante el Juzgado de Berga, fueron vistos los autos indicados de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de Y, S.A. contra X1 y otros, donde se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideraba oportunos, que se dictase sentencia dando lugar y estimando la demanda que contuviera las siguientes declaraciones: 1.ª - Que X1, X2, X3 y X4 son herederos testamentarios de su esposa y madre respectivamente Z, fallecida en Berga el día 6 de marzo de 1971, bajo último testamento otorgado ante el Notario que fue de Berga D. Eulalio Sánchez Martín, en fecha 28 de agosto de 1969 y haber aceptado la herencia relicta por la causante, de forma pura y simple sin beneficio de inventario, ante el Notario de Barcelona D. Francisco Longo Sanz, en escritura de aceptación de herencia de fecha 20 de noviembre de 1980. 2.º- Que las fincas sitas en L. y descritas en el hecho 3.º, apartado D) y E) que se dan por reproducidas en aras a la brevedad, forman parte de los bienes relictos por Z. 3.º - Que en méritos de los juicios ejecutivos n.º 17/81 y 18/81, del Juzgado de Primera Instancia de Berga los aquí demandados, X1, X2 y X3, son deudores solidarios del Y, S.A. por la cantidad de 15.000.000 ptas. y 10.620.872 ptas. respectivamente, más intereses gastos y costas que prudencialmente se establecieron en 3.500.000 ptas. y 3.000.000 ptas. respectivamente, según sentencias firmes y ejecutivas. 4.º - Que las fincas propias de los demandados sitas en Berga, y a causa de los embargos preferentes a los trabados por el Y, deben de responder de cantidades superiores a su valor real, que hacen prácticamente inviable y utópico que la actora pueda resarcirse de la totalidad de los créditos reconocidos en la declaración anterior. 5.º - Que los demandados X1, X2 y D., X3, carecen de otros bienes, excepción hecha de las fincas de Berga y las dos fincas de L., que puedan ser realizados a cuenta de las deudas contraídas con Y, S.A. 6.ª - Que los demandados no han inventariado en documento público las fincas relictas por Z y sitas en L. y que forman parte de la herencia aceptada pura y simple ante el Notario de Barcelona Sr. Longo el día 20 de Noviembre de 1980. 7.º - Que Y, S.A. puede subrogarse en los derechos de los demandados excepto en el caso de X4 y otorgan en su nombre y representación, en virtud de la subrogación prevista en el art. 1.111 del Código civil, escritura pública de inventario o adición de inventario referente a las fincas en L. y relictas por Z y en términos de la declaración 8ª que sigue: 8.º - Que habiendo ocultado los demandados X1., X2 y X3 sus derechos hereditarios sobre las fincas sitas en L. y relictas por Z, fallecida el día 6 de Marzo de 1971, y de acuerdo con la voluntad del distributario, según el último y válido testamento, X1, recogida en la escritura de aceptación de herencia otorgada ante el Notario de Barcelona D. Francisco Longo Sanz el día 20 de noviembre de 1980, y también de acuerdo con el Art. 115, 3.º de la Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña, así como en evitación de un fraude a los acreedores de los aquí demandados, la nuda propiedad de las fincas relictas por Z, debe adjudicarse por terceras e iguales partes indivisas a sus hijos, X2, X3 y X4 y en cuanto al usufructo (sin posibilidad de vender o gravar por estar expresamente prohibido en el testamento) adjudicarlo a X1. 9.º - Que se faculta al Y, S.A. para su liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y ante la Oficina Liquidadora que corresponda, la escritura que se otorgue en méritos de las declaraciones anteriores, así como para su inscripción en el Registro de la Propiedad de La Seu d´Urgell. 10.º - Que en la subrogación de derechos que así se solicita, no procede actuación alguna en los que correspondan a X4, aquí demandado por no adeudar cantidad alguna a la actora. 11.º - Que los demandados deben ser condenados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y 12.º - Que las costas del presente juicio deberán ser satisfechas por los demandados.
Segundo. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento de los demandados para que en el plazo legal comparecieran en los autos personándose en forma y contestando a la demanda, lo que hicieron los mismos a través de su representación procesal, oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes con la súplica de que se dictara sentencia declarando la existencia de la excepción dilatoria de litis pendencia excepcionada sin entrar en el fondo del asunto; y de no estimarlo así, subsidiariamente, dictar sentencia no dando lugar a la demanda absolviendo de la misma a los demandados e imponiendo al banco actor, en todos los casos el pago de la totalidad de las costas del juicio; y seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia el 19 de junio de 1989, cuya parte dispositiva es: «FALLO: Que estimando íntegramente como estimo la demanda interpuesta por Z2 en nombre y representación de Y, S.A. contra X1, representados por D.ª M.ª Queralt Calderer Torrescassana, debo declarar y declaro conforme a lo interesado por la parte actora: 1º) Que X1 X2, X3 y X4 son herederos testamentarios de su esposa y madre respectivamente, Z, fallecida en Berga, el 6 de marzo de 1971, bajo último testamento otorgando ante el Notario que fue de Berga D. Eulalio Sánchez Martín en fecha 28 de agosto de 1969 y haber aceptado la herencia relicta por la causante ante el Notario de Barcelona D. Francisco Longo Sanz, en escritura de aceptación de herencia de fecha 20 de noviembre de 1980. 2.º) que las fincas sitas en L., conocidas como Manso Oliva y Massana, descritas en los antecedentes de esta resolución forman parte de los bienes relictos por Z. 3.º) Que en méritos de los juicios ejecutivos 17/81 y 18/81 del Juzgado de Primera Instancia de Berga, los aquí demandados X1, X2 y D a X3, son deudores solidarios del Y S.A. por la cantidad de 15.000.000 ptas. y 10.620.872 ptas. respectivamente, mas intereses gastos y costas que prudencialmente se establecieron en 3.500.000 ptas. y 3.000.000 respectivamente, según sentencias de remate firmes y ejecutivas. 4.º) que las fincas propias de los demandados sitas en Berga y a causa de los embargos preferentes a los trabados por el Y, S.A., deben responder de cantidades superiores a su valor real, que hacen prácticamente inviable y utópico que la actora pueda resarcirse de la totalidad de los créditos reconocidos en la declaración anterior. 5.º) que los demandados X1, X2 y X3 carecen de otros bienes que puedan ser realizados a cuenta de las deudas contraídas con la actora. 6.º) que los demandados no han relacionado en documento público ni inscrito las fincas relictas por Z y sitas en L. y que forma parte de la herencia aceptada pura y simplemente ante el Notario Sr. Longo el 20 de noviembre de 1980. 7.º) que el Y, S.A. puede subrogarse en los derechos de los demandados, excepto en el caso de X4, y otorgar a su nombre, en virtud de la subrogación prevista en el art. 1.111 del Código civil escritura pública de inventario o adición de inventario en relación a las aludidas fincas sitas en L. y relictas por Z y en los términos de la declaración 8.º siguiente: 8.º) que de acuerdo con la voluntad del distributario, según el citado testamento, X1, recogida en la escritura otorgada ante el Notario D. Francisco Longo, la nuda propiedad de las fincas relictas por Z debe adjudicarse por terceras partes indivisas a sus hijos, X2, X3 y X4, adjudicándose el usufructo (sin posibilidad de vender o gravar por estar expresamente prohibido en el testamento) a X1. 9.º) que se faculta al Y, S.A. para que presente, para su liquidación del Impuesto de Sucesiones y ante la oficina liquidadora que corresponda, la escritura que se otorgue en méritos de las anteriores declaraciones, así como para instar su inscripción en el Registro de la Propiedad de la Seu d'Urgell. 10.º) que en la subrogación de derechos que aquí se solicita no procede actuación alguna en las que correspondan al demandado X4, por no adeudar cantidad alguna a la actora. 11.º) condenando a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones así como al pago de las costas».
Tercero. - Contra la citada sentencia la parte demandada interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y sustanciándose la alzada la Sección l3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, con fecha 8 de junio de 1990 dictó sentencia, cuya parte dispositiva es: «FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por X1, X2, X3 y X4 contra la sentencia dictada el 19 de junio de 1989, por el Juez de Primera Instancia de Berga, confirmamos íntegramente la misma, imponiendo el apelante las costas de esta apelación. Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma que con los autos originales se remitirá al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.»
Cuarto. - El Procurador D. Jordi Fontquerni Bas, en representación de X1, X2, X3 y X4, dio por reproducido el escrito de casación formalizado e interpuesto en su día ante la Sala Primera del Tribunal Supremo (que declaró competente para conocer del mismo a este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con remisión de las actuaciones), y en dicho escrito de casación por infracción de normas del derecho civil común y derecho civil de la Compilación de Cataluña se exponen los siguientes motivos base del mismo:
1.º - Que se basa al amparo del ordinal quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 675, apartado 1.º punto 1.º del Código civil.
2.º - Al amparo del mismo ordinal quinto de dicho art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del párrafo 1.º art. 1281 del Código civil.
3.º - Lo fundamenta al amparo del n.º 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 1281 del Código civil párrafo 2.º.
4.º - Lo basa al amparo del ordinal 5.ª del art. 1692 de la misma Ley por infracción del art. 1284 del Código civil.
5.º. - Que lo basa al amparo de los mismos ordinal y artículo de la Ley citada por infracción del art. 1283 del Código civil.
6.º. - Al amparo del art. 1692, 5.º de la propia Ley, por infracción del art. 115 en su norma tercera, apartado primero, proposición primera, en relación con el art. 98 apartado 1.º, proposición 1.ª ambos de la Compilación del Derecho civil de Cataluña.
7.º. - Que fundamenta al amparo del ordinal 5.ª del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del art. 115 de la Compilación del Derecho civil de Cataluña.
8.º. - Al amparo del mismo ordinal y artículo de la Ley citada, por interpretación errónea del art. 115 de la Compilación en su norma segunda, en relación con la norma primera y la tercera del mismo artículo.
9.º. - Que fundamenta al amparo del mismo ordinal y artículo citados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 1.111 del Código Civil por aplicación indebida del mismo.
10.º. - Que fundamenta al amparo del mismo artículo 1692, n.º 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los arts. 1058 y 1959 del Código Civil.
11.º. - Que fundamenta al amparo del mismo número y artículo citado de la LEC, por infracción del art. 133 de la Compilación del Derecho civil catalán en su relación aplicable a este pleito.
12.º. - Que fundamenta al amparo del art. citado y número igualmente dicho, de la LEC, por infringir la sentencia recurrida el art. 7 del Código civil, y,
13.º. - Que fundamenta al amparo del n.º 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
Quinto. - Pasadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, a los fines y por el plazo prevenidos en el art. 1709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y devueltas las mismas con el oportuno escrito, mediante Auto de fecha veintiséis de junio pasado, se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto y evacuado el trámite de instrucción por ambas partes, se señaló día para la vista que tuvo lugar el día tres de los corrientes con la asistencia del letrado y procurador de la parte recurrente y del procurador de la parte recurrida, informando el letrado de aquella en apoyo de sus pretensiones, declarándose el recurso visto para sentencia.
Primero. - Como antecedentes de interés para el análisis del recurso procede indicar los siguientes: 1. - El Y, S.A. planteó contra X1, X2, X5 y X3, en el Juzgado de Primera Instancia de Berga demandas de juicio ejecutivo que dieron lugar a los autos núms. 17 y 18 del 1981 en los que recayó en fecha 3 de marzo de 1981 sendas sentencias mandando seguir adelante la ejecución por una cantidad total que, teniendo en cuenta solamente el principal, supera los veinticinco millones de pesetas; 2. - En dichos juicios se embargaron, además de otros bienes, los derechos hereditarios o legitimarios que pudieran ostentar X1 y X2 y X3 , en las fincas relictas por Z, esposa y madre respectivamente de los mencionados, sitas en L. (Seu d'Urgell) y denominadas «----» y «---» (registrales núms. --- y ---); 3. - Z había fallecido el 6 de marzo de 1971, dejando ordenada su sucesión en testamento de 28 de agosto de 1969 en el que «lega a su esposo X1, el usufructo vitalicio de todos sus bienes, con relevación de fianza, facultándole para que por sí solo pueda vender y gravar los bienes de la testadora, excepto los que la misma posee en L.; e instituye herederos universales de sus bienes, respetando el usufructo y facultad de vender y gravar antedichos, a sus hijos X2, X3 y X4 en las partes iguales o desiguales y con las condiciones que su dicho esposo X1 estime convenientes; y salva y lega su legítima a los que la puedan acreditar, en especial a sus dichos hijos»; 4. - El 20 de noviembre de 1980 X1 y sus hijos X2, X3 y X4, comparecen en la Notaría de Barcelona de D. Francisco Longo Sanz para «otorgar la presente escritura de INVENTARIO Y MANIFESTACIÓN DE HERENCIA» (sic), y después de EXPONER el contenido del testamento antes expresado y que «por carecer de momento de los datos precisos, no pueden los comparecientes formalizar ahora el completo inventario del caudal relicto por la causante; pero, urgiéndoles operar con una de las fincas de la herencia, cuya titulación a favor de la causante les consta, proceden a relacionarla, como principio de inventario que prometen adicionar en su día, en la siguiente forma ... », a continuación «OTORGAN: PRIMERO. - Que X1 y sus hijos X2, X3 y X4 ACEPTAN el primero el legado de usufructo con las facultades anejas y éstos la institución hereditaria a su respectivo favor dispuestos por su esposa y madre Z. SEGUNDO. - Por consecuencia del referido legado de usufructo y haciendo uso de las facultades distribuidoras a él concedidas por la testadora, su esposa, X1 se adjudica en usufructo vitalicio y adjudica a su hijo X2, la finca antes descrita, el cual acepta tal adjudicación, reservándose adjudicar a éste y a los otros hijos de la causante los demás bienes de la herencia, con las correspondientes compensaciones en metálico en caso de que hubiere lugar a ello. TERCERO. - X3 y X4, dan su expresa conformidad a lo formalizado según el precedente otorgamiento, y consienten que la adjudicación según el mismo efectuada se inscribió en el Registro de la Propiedad en concepto de libre de toda afección legitimaria, consentimiento que igualmente presta, por lo que a él pueda afectar, X2» (sic). 5. - El Y formula demanda contra X1 y sus tres hijos en la que después de argumentar, EN SÍNTESIS, por un lado que el Sr. X1 y X2 y X3 le adeudan más de veinticinco millones de pesetas y carecen de otros bienes suficientes para hacer efectiva la obligación pecuniaria, y que X4, es interesado en la herencia de su madre, y por otro lado, que X1, hizo uso de las facultades distribuidoras efectuando una distribución igualitaria o de parte iguales entre sus hijos, y que estos han aceptado la herencia relicta por Z, si bien las dos fincas sitas en L. continúan inscritas todavía a nombre de la causante y no han sido aún inventariadas por los herederos de la misma, que intentan así ocultar un patrimonio que les pertenece, termina SUPLICANDO las siguientes DECLARACIONES: 1.ª) Que X1, X2, X3 y X4, son herederos testamentarios de su esposa y madre respectivamente, Z, fallecida en Berga el día 6 de marzo de 1971, bajo el último testamento otorgado ante el Notario que fue de Berga D. Eulalio Sánchez Martín, en fecha 28 de agosto de 1969, y haber aceptado la herencia relicta por la causante, de forma pura y simple y sin beneficio de inventario, ante el Notario de Barcelona D. Francisco Longo Sanz en escritura de aceptación de herencia de fecha 20 de noviembre de 1980. 2.ª) Que las fincas sitas en L. y descritas en el hecho 3.º, apartados D y E que se dan por reproducidos, forman parte de los bienes relictos por Z. 3.ª) Que en méritos de los juicios ejecutivo n.º 17/81 y 18/81 del Juzgado de Primera Instancia de Berga, los aquí demandados, X1, X2 y X3, son deudores solidarios del Y, S.A., por la cantidad 15.000.000 ptas. y 10.620.872 ptas. respectivamente, más intereses gastos y costas que prudencialmente se establecieron el 3.500.000 y 3.000.000 ptas. respectivamente, según sentencias firmes y ejecutivas. 4.ª) Que las fincas propias de los demandados sitas en Berga, y a causa de los embargos preferentes a los trabados por el Y, deben de responder de cantidades superiores a su valor real, que hacen prácticamente inviable y utópico que la actora pueda resacirse de la totalidad de los créditos reconocidos en la declaración anterior. 5.ª) Que los demandados D. Antonio, X2 y X3, carecen de otros bienes excepción hecha de las fincas de Berga y las dos fincas de L., que pueden ser realizados a cuenta de las deudas contraídas con el Y, S.A. 6ª) Que los demandados no han inventariado en documento público las fincas relictas por Z, y sitas en L. y que forman parte de la herencia aceptada pura y simple ante el Notario de Barcelona Sr. Longo el día 20 de noviembre de 1980. - 7.ª) Que el Y, S.A. puede subrogarse en los derechos de los demandados excepto en el caso de X4, y otorgar en su nombre y representación en virtud de la subrogación prevista en el art. 1.111 del Código civil, escritura pública de inventario o adición de inventario referente a las fincas sitas en L. y relictas por Z, y en los términos de la declaración octava que sigue: 8.ª) Que habiendo ocultado los demandados X1 y X2 y X3 sus derechos hereditarios sobre las fincas sitas en L. y relictas por Z, fallecida el día 6 de marzo de 1971 y de acuerdo con la voluntad del distribuidor, según el último y válido testamento, D. Z3, recogida en la escritura de aceptación de herencia otorgada ante notario el día 20 de noviembre de 1980 y también de acuerdo con el art. 115, tercero, de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, así como en evitación de un fraude a los acreedores de los aquí demandados, la nuda propiedad de las fincas relictas por Z, debe adjudicarse por terceras e iguales partes indivisas a sus hijos X2, X3 y X4 y en cuanto al usufructo (sin posibilidad de vender o gravar por expresamente prohibido en el testamento) adjudicarlo a X1. 9.ª) Que se faculta al Y, S.A. para que presente, para su liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y ante la Oficina Liquidadora que corresponda, la escritura que se otorgue en méritos de las declaraciones anteriores, así como para su inscripción en el Registro de la Propiedad de la Seu d´Urgell. - 10.ª) Que en la subrogación de derechos que aquí se solicita, no procede actuación alguna en los que correspondan a Z3 por no adeudar cantidad alguna a la actora. - 11.ª) Que los demandados deben ser condenados a estar y pasar por las anteriores declaraciones. - y 12.ª) Que las costas del presente juicio deberán ser satisfechas por los demandados; y 6. - El Juzgado de 1.ª Instancia dictó sentencia el 19 de junio de 1989, contra la que interpusieron los cuatro demandados recurso de apelación, recayendo sentencia confirmatoria de la Sección 13.ª de la Audiencia Provincial de esta Ciudad el 8 de junio de 1990, la que es objeto del presente recurso de casación interpuesto por X1, X2, X3 y X4, y el que interpuso ante la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, por ésta se acordó la competencia de este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por Auto de 21 de febrero de 1991, habiéndose formalizado con base a trece motivos que se procederán a examinar a continuación.
Segundo. - El primero de los motivos traído a colación en la vista de la casación y que procede examinar con carácter previo por su evidente autonomía de los restantes es el numerado con el ordinal décimo segundo. El motivo no se había formulado en el escrito de interposición con la claridad necesaria, pues no es entendible como habrá de casarse un pronunciamiento del fallo que cual el décimo es absolutorio para el demandado que lo recurre X4. Y aún cuando en la vista del recurso se concretó la impugnación en el tema de la imposición de costas, lo que supone centrar la atención en la petición duodécima de la demanda que se recoge en el pronunciamiento undécimo de la Sentencia, es obvia la carencia de consistencia del motivo de que se trata. Y ello es así porque, además de que no consta planteada la cuestión en la segunda instancia, lo que como cuestión nueva tiene vedado el acceso a la casación, y también que no es adecuada la vía procesal elegida para suscitar el asunto en el recurso extraordinario, ya que no debió utilizarse la del ordinal quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 7.º del Código Civil, pues no es posible incardinar en tal norma vulneración de preceptos procesales (salvo las reglas de carga y valoración de prueba), sino que la materia de costas procesales necesariamente ha de suscitarse por el cauce del ordinal tercero del artículo citado de la Ley Procesal Civil, y a través del apartado relativo al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia, en relación con la norma concreta que corresponda (arts. 523, 710, etc. de la LEC); de cualquier forma no es verdad que X4 haya resultado absuelto, sino que es un claro y directo interesado en cuestiones discutidas en el proceso y con pronunciamientos declarativos (la frase de condena a estar y pasar por los mismos, pese a su evidencia práctica, es una defectuosa cláusula de estilo) en la Sentencia, y ello no solo lo revela la resolución judicial dictada el 10 de octubre de 1988 (de la que hay constancia documental en el Rollo de la Audiencia) en un litigio anterior de igual contenido objetivo y en la que no se entró en el fondo del asunto al apreciarse indebida constitución de la relación jurídica procesal por falta de litis-consorcio pasivo necesario al no haberse invocado al juicio al mencionado X4, sino que aparece como incuestionable la vinculación jurídica para el mismo de varias de las peticiones de la demanda estimadas en la resolución recurrida, con las que en modo alguno mostró conformidad extrajudicial, ni en el proceso, y sin que obste el que no le afecten algunos de los pronunciamientos, lo que acaso podría haber sido tenido en cuenta por los juzgadores de instancia para al menos variar la proporcionalidad de la responsabilidad por costas, pero en lo que no es dable entrar a este Tribunal por formar parte la cuestión del ámbito eminentemente discrecional del juzgador «a quo».
Tercero. - Igual suerte desestimadora debe correr el segundo motivo desarrollado en el acto de la vista de la casación. La parte recurrente paró mientes en la infracción del art. 1.111 del Código Civil por no haberse tenido en cuenta por la Sala de instancia que la acción subrogatoria recogida en dicho precepto tiene carácter subsidiario, pues no se ha intentado subastar el derecho de usufructo del que es titular X1 que tiene la condición de deudor solidario, ofreciéndose en apoyo del planteamiento jurídico expresado una documentada información doctrinal y jurisprudencial. De todos los motivos formulados en el escrito de interposición sólo en el noveno se alega la infracción del art. 1.111 del Código Civil, y sucede que la invocación del precepto se hace con base en argumentos distintos a los vertidos en el acto de la vista del recurso. Aunque la casación ha perdido una notable parte de formalismo después de la última reforma en profundidad de la LEC, todavía sigue siendo esencial configurar la interposición en torno a motivos, con cita de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas, y razonando la pertinencia y fundamentación de los motivos, tal y como exige el art. 1707, de tal manera que no cabe alterar lo sustancial de tal configuración en el momento de la información oral ante el Tribunal, y de no respetarse tal regla, las nuevas consideraciones no resultan atendibles y no deben ser objeto de atención. Esto es lo que ocurre en el presente caso, tanto más que también se conculca la vía de acceso de la cuestión al Tribunal, porque la Audiencia no ignora la subsidiaridad (económica) de la acción subrogatoria del art. 1.111 del Código civil, bien al contrario, claramente la destaca; y lo que realmente aprecia es que «faltan bienes para cobrarse íntegramente», añadiendo, en correcta aplicación de la doctrina relativa a dicha acción, la posibilidad de ejercicio si los bienes que hay son insuficientes y la innecesariedad de probar la insolvencia total del deudor, por todo lo que el lema queda reducido a un substrato eminentemente fáctico de si había o no bienes suficientes con los que hacer efectivo el crédito de la entidad actora, y la polémica en torno a ello sólo puede venir a casación a través del error de hecho (ordinal cuarto), o bien del error de derecho en la apreciación del material probatorio (ordinal quinto) pero con cita en este caso de la regla de prueba que haya podido ser desconocida por el juzgador «a quo». Al fundamentar el recurso en el escrito de interposición se adujo que con la subrogación declarada por la Sentencia recurrida no se incrementa al patrimonio de los deudores, pues ni la escritura pública, ni la inscripción en el Registro de la Propiedad, son modos de adquirir o extinguir derechos, pero tal argumento no es cierto porque no cabe negar que se produce un incremento del patrimonio cuando se incorpora al mismo (por la aceptación) la cuota indivisa sobre la nuda propiedad de un caudal hereditario, operando la documentación y constancia registral que proceda como expediente formal «ad hoc» para facilitar la realización forzosa judicial correspondiente; y en el motivo se alegó también que ni D. X2, ni X3, tienen ningún derecho concreto sobre las fincas, salvo el derecho de legítima, y que la adjudicación de las fincas por terceras partes indivisas implicaría la aceptación tácita de la herencia por los adjudicatarios, sin que los acreedores estén facultados para aceptar la herencia por sustitución o por subrogación; afirmaciones carentes de consistencia por lo que se verá al examinar los restantes motivos, ya que parten de la inexistencia de aceptación expresa, lo que implica, como consecuencia de lo que se dirá, hacer supuesto de la cuestión.
Cuarto. - El motivo décimo tercero plantea al amparo del número 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, constituyendo el documento que evidencia el error la escritura otorgada el 20 de noviembre de 1980, ante el Notario Sr. Longo Sanz. Para rechazar este motivo basta decir que el documento indicado como sostén del motivo, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 1707, párrafo segundo, y 1692, núm. cuarto, de la LEC, es la escritura de 20 de noviembre de 1980, la cual precisamente constituye la base de la fundamentación jurídica de las Sentencias de instancia, y es conocida por reiteradísima la doctrina jurisprudencial referente a que no es viable el ordinal cuarto del art. 1692 cuando, como en el caso ocurre, el documento ya ha sido valorado por el juzgador «a quo», de tal manera que la eventual valoración errónea ha de ser hecha valer por el cauce del ordinal quinto.
Quinto. - La decisión sobre los restantes motivos ha de ir necesariamente precedida de unas premisas básicas con el fin de centrar el objeto del litigio y como consecuencia también del recurso. En primer lugar debe ponerse de relieve que el pleito no versó, en absoluto, sobre la posibilidad de subrogar (sustituir) al acreedor en lugar del heredero distribuidor en el ejercicio del encargo distributivo (como ya indica la resolución recurrida), por lo que devendría ociosa cualquier reflexión jurídica sobre el carácter personalísimo de la facultad y consiguiente imposibilidad subrogatoria. En segundo lugar ha de indicarse que resultaría igualmente superfluo (aparte de intrascendente «obiter dicta») discurrir en torno a si el heredero distribuidor tiene o no plazo para ejercer el encargo, o cabe señalárselo a instancia de los directamente interesados, o, a modo de una «interrogatorio in iure», de los acreedores del hijo en expectativa de desginación o asignación con arreglo al art. 115 de la Compilación. Y en tercer lugar debe quedar claro que la Sentencia de instancia declara plenamente acreditado el ejercicio de la facultad distributiva y aceptación de la sucesión («resulta palmario -dice- que en el supuesto de autos ha tenido lugar no solo la aceptación sino también la distribución»). La conclusión es la misma de la del Juzgado, y además en sustancia ambas resoluciones siguen una misma línea argumentativa, aunque el razonamiento de la primera es más completo y exegético que el de la Audiencia, debiendo sin embargo estimarse acogido aquel de forma implícita por ésta. Ambas resoluciones deducen de la escritura pública de 20 de noviembre de 1980 la conclusión del ejercicio por X1 del encargo distributivo, ejerciendo tal facultad entre los hijos por partes iguales, con adjudicación a uno de ellos de una finca concreta, y la simultánea aceptación por los interesados de la herencia deferida. En torno a tal decisión, que constituye el tema nuclear del pleito, giran la generalidad de los motivos del recurso de casación que restan por examinar, en los cuales se articulan diversas alegaciones relativas a la normativa de la interpretación de los testamentos y de los contratos. Y ya parando mientes en este punto es de señalar la reiteradísima doctrina jurisprudencial que, con el fin de evitar que la casación se pueda convertir en una nueva instancia, atribuye a la soberana apreciación de los Tribunales de instancia («a quo») la materia interpretativa de los actos y negocios jurídicos (testamentos, convenios, contratos, etc), sin que quepa modificarla en casación salvo que exista evidente error o manifiesta equivocación, o claro es, fuere ilegal, absurda, ilógica o inverosímil. De ello resulta que si la interpretación efectuada fuere meramente dudosa el Tribunal de casación no puede sustituirla por otra nueva; y es que no cabe prescindir de la labor de la Audiencia (o en su caso Juzgado) por el simple hecho de que agrade o satisfaga más otra apreciación diferente. Y en el caso ocurre que la hermenéutica de instancia (especialmente la desarrollada en la Sentencia del Juzgado que la Audiencia implícitamente viene a recoger), no solo no es ni siquiera problemática, dudosa o insegura, sino que es cabalmente compartida por este Tribunal. Y esta argumentación, además de las notas puntuales que se añadirán, es decisiva y suficiente para tener por decaídos los motivos del recurso formulados al amparo del ordinal quinto del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y bajo los números siguientes: PRIMERO: en el que se aduce infracción del art. 675, apartado primero, punto primero, del Código civil, supuesto respecto del que es preciso matizar que la alusión que se hace al pronunciamiento primero de la Sentencia recurrida, el cual se impugna en cuanto se refiere al demandado X1, con base en que no tiene la condición de heredero testamentario de Z, por ser solamente un simple legatario de usufructo, no puede dar lugar a la casación del particular del fallo, y ello no solo porque el tratarse de una cuestión nueva por no haberse planteado en la apelación no es suscitable en el recurso extraordinario y porque además la terminología tiene una cierta explicación dado que, como reconoce la propia parte recurrente a quien se encomienda la facultad de elección o distribución suele llamarse en la práctica «heredero» distributario, y por otro lado, no empece a entender que el fallo se refiera a «sucesores» testamentarios. Y sobretodo procede la desestimación porque el hecho de introducir la modificación tendría un alcance meramente formal, con obvia irrelevancia práctica, como lo revelan los restantes particulares del fallo y no cabe desconocer que el pronunciamiento de CASAR SOLO ES OPORTUNO cuando es operativo, bastando en otro caso la mera constancia argumentativa, todo ello aparte de que para una precisión técnica de una índole como la que se comenta habría sido suficiente con utilizar el «recurso» de aclaración, que supone «per se» la innecesariedad de la casación; SEGUNDO. - Se alega infracción del párrafo primero del art. 1281 del Código civil, respecto de cuyo apartado cabe comentar las reflexiones del recurrente (con excepción de la referente a la condición de legatario de X1 que se acaba de examinar) diciendo que es evidente que los herederos aceptan la herencia relicta de su madre, y que no resulta comprensible en el pleno jurídico la alegación, por lo demás hábil, de que se trató de una aceptación de la modalidad de institución de heredero establecida en el testamento, deviniendo por lo demás estéril cualquier discurso basado en una perspectiva moral o de índole personal o familiar. No existe en el razonamiento del juzgador «a quo» contradicción de las cláusulas de la escritura pública de 20 de noviembre de 1980, y carece de consistencia la afirmación de que se trata de una mera escritura de «principio de inventario», pues lo que los otorgantes dicen es que «por carecer de momento de los demás datos precisos, no pueden los comparecientes formalizar AHORA EL COMPLETO inventario ... », cosa notoriamente distinta de la conclusión que pretende extraer el recurso. Y desde esta misma óptica de la hermenéutica gramatical no cabe admitir que se interpreta erróneamente la voluntad del distributario, pues con tal tipo de exégesis es claro que el recurrente pretende imponer su criterio subjetivo, por interesado, al mas objetivo, por imparcial, de la Sala, que el Tribunal comparte, porque del texto literal de la escritura de 1980 lo más que cabe deducir respecto de la reserva efectuada por el Sr. Z3 es que la misma hace referencia a una adjudicación concreta (acto de partición, o división de bienes), pero sin incidir en la efectiva adjudicación (es preferible hablar de atribución) hereditaria por cuotas iguales de tal modo que, con exclusión de la adjudicación específica de una finca en concreto efectuada en favor de uno de los hijos, en cuanto al resto se realiza una designación genérica, común y «pro indiviso» dándose lugar, al producirse la simultánea aceptación, a una comunidad hereditaria; TERCERO. - En este motivo se aduce infracción del párrafo segundo del art. 1281 del Código civil que mal puede darse al no concurrir el «supuesto de hecho» de la norma, esto es, contradicción de las palabras con la intención evidente de los otorgantes; siquiera convenga advertir ya de la oportunidad de no confundir la «verdadera intención» de los otorgantes de la escritura pública de autos, con la que se pretende derivar del subterfugio encaminado a escamotear aquélla; y es que resulta inadmisible, por obvio (en atención a las circunstancias del caso) e incluso fraudulento (falaz, engañoso), pretender configurar la «intención evidente» en torno a un parcial ejercicio del encargo «mortis causa» con arreglo al que (con aceptación de los interesados) se adjudicaría, precisamente la finca urbana, al único posible heredero contra quién no podría actuar el Banco acreedor por no ser deudor del mismo, y se reservaría la decisión del encargo en cuanto al «relictum» restante, con paralización económica de la actividad de la acreedora; CUARTO. - En cuyo motivo se indica la existencia de vulneración del art. 1284 del Código civil, lo que implica hacer supuesto de la cuestión, aparte de que no se da el soporte fáctico de que una cláusula documental admita diversos sentidos y ser incuestionable para los tres órganos jurisdiccionales que hubo delación hereditaria; QUINTO. - En el que se alega la violación del art. 1283 del Código civil, y respecto del que basta remitirse a lo dicho antes en cuanto a las expresiones adjudicación y reserva de adjudicar, añadiendo una mera observación más, cual es la que la apreciación judicial se efectúa exclusivamente en el terreno interpretativo de lo que se hizo, sin prejuzgar el alcance entre los interesados respecto de lo hecho, lo que habría comportado tener que analizar temas ajenos al recurso de casación (cuales los relativos a la legítima, compensaciones en metálico, entre otros); SEXTO. - En este motivo se señala como infringido el art. 115, norma tercera, apartado primero, proposición primera, en relación con el 98, apartado primero, proposición primera, de la Compilación, fundamentación que carece totalmente de consistencia al hacer supuesto de la cuestión, pues tales preceptos en cuanto establecen que «l'herència no serà deferida fins que quedi efectuada l'elecció o distribució» y que «l'herència deferida l'adquireix el hereu amb la seva acceptació», no solo no han sido conculcados por la sentencia recurrida, sino plenamente observados al entenderse que se ha producido la delación de la herencia por el ejercicio de la facultad de distribución, con lo que se abrió la posibilidad de la aceptación efectuada, por lo que mal podría ser ésta nula por falta de aquélla. A cuyo razonamiento aún cabe añadir: No hay burdo sofismo cuando se razona que al haber aceptación es que hubo distribución (delación). Todo lo más que cabría añadir es que hubo presunción, pero la inferencia no es ilógica y además su embate procesal requiere adecuado planteamiento (infracción del art. 1.249 del Código civil en cuanto al error fáctico por vía del ordinal cuarto, o error de derecho por infracción del art. 1.253 del mismo texto legal por el cauce del ordinal quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Es verdad que sin antecedente no cabe consecuente, pero es claro, en el caso, que la aceptación contribuye a reafirmar (explicar y reforzar) la conclusión de haberse ejercitado la designa de heredero. Por otro lado, no es dable en casación tratar de desvirtuar todo un complejo hermenéutico mediante el simple expediente de contradecir uno de sus elementos, con evidente riesgo de convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia, y palmario olvido de su auténtica finalidad de vigilancia de la aplicación adecuada de la norma jurídica; SÉPTIMO. - Motivo en el que se denuncia infracción del art. 115 de la Compilación, que obviamente no se da en el supuesto controvertido, toda vez que en nada se contradice la norma primera que reconoce «la facultat en cas de distribució, per a limitar a un o més fills la institució d'hereu i reduïr els altres a la condició de llegataris o legitimaris», ni tampoco el apartado primero de la norma tercera en el que se establece que «el cònjuge supèrstite podrà fixar i pagar les llegítimes i els llegats», ni en definitiva de la norma segunda en la que se dispone: «l'elecció o la distribució s'haurà d'efectuar expressant que hom fa ús d'una tal facultat i només es podrá fer en testament, heretament o escriptura pública; en aquests dos darrers casos serà irrevocable», pues claramente se dice en la escritura «haciendo uso de las facultades distributarias a él concedidas por la testadora, su esposa ... », sin que quepa entrar de nuevo a examinar aquí el alcance de la reserva, por examinada y por incidir en supuesto de la cuestión; OCTAVO. -En que se denuncia (al modo del sistema anterior a la reforma de la casación por la Ley 34/1984, de 6 de agosto) infracción por interpretación errónea del art. 115 de la Compilación en su norma segunda, en relación con las normas primera y tercera del mismo artículo, con lo que se viene a insistir en argumentaciones: ora desestimadas, ora sin relevancia decisiva por infructuosas (cual ocurre con si cabe o no el uso sucesivo de la facultad de distribución, con lo que se para mientes en uno de los diversos elementos de convicción del juzgador de primera instancia, cuyo esfuerzo discursivo en cumplimiento del deber de motivación es ciertamente loable, olvidándose que ello es factible en apelación, pero no en casación, tanto más que no está en sintonía con el precepto jurídico en que se hace especial hincapié casacional), ora en definitiva sin interés para el pleito, por referirse a cuestiones ajenas al mismo (cuales las alegaciones relativas a cuando la herencia queda en administración y qué puede hacer el acreedor entre tanto el distributario no ejerce su facultad, respecto de lo que se dice que «por duro que parezca tendrá que esperar ... »). Procediendo únicamente a añadir que no existe apreciación injusta en la sentencia del Juzgado cuando alude al malicioso propósito de evitar la traba, sin que sea preciso más comentario porque el particular ya se ha explicado con anterioridad; DÉCIMO. - En el que se denuncia infracción de los art. 1.058 y 1.059 del Código civil. Dejando a un lado que el art. 54. uno del Reglamento Hipotecario (sagazmente no mencionado en el motivo pero sí en su fundamentación) no puede servir de base por sí solo para un recurso de casación, y que de cualquier forma que sea, el mismo no resulta afectado cuando un heredero distributario elige o distribuye la herencia determinando con datos matemáticos la participación de cada uno de los varios elegidos, EN TODO CASO no se da la infracción que se denuncia, y es que prescindiendo de tener que volver a examinar lo que constituyen supuestos de la cuestión (delación y aceptación), cualquiera que sea la postura que mantengamos en orden a si es o no «necesaria» una nueva actuación del Sr. Z3 para partir (en el sentido de adjudicación de bienes concretos, o división o complemento de dinero), de ninguna de las maneras se infringirían los artículos del Código civil que configuran el motivo; careciendo totalmente de sentido la alusión a que se prescinde de la intervención de Z3, al que la sentencia impugnada considera heredero de una tercera parte indivisa y por otro lado excluye de la posibilidad subrogatoria del banco demandante con absoluta corrección y por razones obvias; Y, UNDÉCIMO. -Motivo en el que se invoca infracción de los arts. 133 («el causant no podrà imposar sobre la llegítima úsdefruïts, ni altres limitacions o càrregues, i si les imposava, seràn tingudes com a no posades») y 115, norma primera «in fine» («el consort podrà imposar sempre les condicions, les limitacions de disposar i les substitucions, posat que els afavorits siguin fills o descendents del testador i no contradiguin les disposades per aquest»). Se razona en el motivo que los pronunciamientos séptimo, octavo y noveno vulneran el principio de la intangibilidad cualitativa de la legítima al no atribuírsele a los hijos bienes libres de usufructo, por hacerse la atribución solamente de la nuda propiedad, y que como consecuencia «la voluntad del distributario» que dan por existente las sentencias impugnadas, de existir realmente, sería nula e ineficaz, por ser contrario a la voluntad de la testadora, al no respetar el legado de legítima, que ha de ser libre de usufructo según la Ley. El rechazo del motivo resulta incuestionable. En primer lugar, la interpretación de la voluntad de la testadora Z exigiría, a efectos del recurso extraordinario, otra fundamentación diferente. En segundo lugar: la referencia en el testamento a la legítima (legado de legítima sin concreción de bienes) es jurídicamente intrascendente, incluso en la idea de evitar la preterición. Y en tercer lugar, y este es el caso, el heredero distributario hizo unas asignaciones y los herederos ACEPTARON todo ello.
Sexto. - Desestimando el recurso de casación procede acordar la imposición de costas a la parte recurrente y la pérdida del depósito, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que desestimando el recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Jordi Fontquerni Bas, en representación procesal de X1, X2 y X4, contra la Sentencia dictada por la Sección Décimo Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha ocho de junio pasado, CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas y con declaración de pérdida del depósito constituido.
Líbrese a la mencionada Audiencia testimonio de la presente sentencia, juntamente con los autos originales y rollo de apelación que en su día fueron remitidos a este Tribunal.

References: resolución 
 artículo 1692
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine