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Timestamp: 2019-07-21 11:49:24+00:00

Document:
Ley 19/2003 de 4 de Jul C.A. Cataluña (Taxi) | Iberley
Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi. - Diario Oficial de Cataluña de 16-07-2003
Fecha de entrada en vigor: 16/08/2003
Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número 3926
La necesidad de renovar la normativa vigente en esta materia, y de efectuarlo desde la competencia del Parlamento de Cataluña, deriva de diversas consideraciones, la más importante de las cuales, sin ningún tipo de duda, es el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de transportes terrestres que transcurren íntegramente dentro del territorio de Cataluña -competencia atribuida a la Generalidad por el artículo 9.15 del Estatuto de autonomía-, siguiendo el criterio territorial establecido ya por la Sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, que le reconoció la competencia en lo que concierne a los transportes urbanos e interurbanos. Con respecto a las demás consideraciones, hay que señalar, en primer lugar, la necesidad de adecuar a los parámetros del bloque de la constitucionalidad una normativa que el transcurso del tiempo ha convertido en obsoleta. Otra consideración a tener en cuenta es la necesidad de acomodar a las nuevas demandas sociales las condiciones de la prestación de los servicios y, al mismo tiempo, ofrecer a los profesionales de esta actividad un marco jurídico que les permita su realización en condiciones de modernidad y seguridad, reconociendo la contribución que presta a la actividad productiva, turística, de ocio y recreo y el componente público que caracteriza sus prestaciones. Así, este texto legal regula globalmente la actividad, permitiendo efectuar un desarrollo reglamentario adaptable a las diversas realidades territoriales y de funcionamiento y a las características específicas de las explotaciones -urbana, metropolitana, rural y turística-, y tiene en cuenta el perfil también diverso de las realidades locales y las características propias de la demanda.
Servicios de taxi: el transporte de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la persona que los conduce, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio.
Servicios urbanos de taxi: los servicios que transcurren íntegramente por suelo urbano y urbanizable y los dedicados exclusivamente a comunicar suelos urbanos y urbanizables de un mismo término municipal. También tienen la consideración de servicios urbanos de taxi los que se prestan íntegramente en ámbitos metropolitanos o en los propios de las áreas territoriales de prestación conjunta establecidas a este efecto. Los términos suelo urbano y suelo urbanizable deben entenderse definidos de conformidad con la legislación urbanística.
Servicios interurbanos de taxi: los que no están comprendidos en la definición de la letra b.
La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio.
La universalidad, la accesibilidad, la continuidad y el respecto de los derechos de los usuarios.
Artículo 4. Régimen aministrativo.
CAPÍTULO II. TÍTULOS HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TAXI.
SECCIÓN I. LICENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS DE TAXI.
La demanda de servicio de taxi en el correspondiente ámbito territorial.
Las actividades comerciales, industriales, turísticas o de otro tipo que se realizan en cada municipio y que pueden generar una demanda específica de servicio de taxi.
Cualquier otra circunstancia análoga a las especificadas por las letras a, b, c, d y e que puedan establecer las normas de desarrollo de la presente Ley.
Artículo 7. Licencias estacionales.
Una demanda específica generada por actividades estacionales. A estos efectos, debe tenerse en cuenta la calificación de municipio turístico, de conformidad con la normativa de aplicación.
La insuficiencia manifiesta de la oferta de servicios de taxi para dar respuesta a las necesidades detectadas.
Artículo 8. Titularidad de las licencias de taxi.
Ser una persona física o jurídica, en forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado.
Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente.
Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social, incluidas las relativas a las condiciones del centro de trabajo, establecidas por la legislación vigente.
Acreditar, en el caso de las personas físicas, la posesión del certificado exigible para la conducción del vehículo, de conformidad con lo establecido por el artículo 19.
Acreditar, en el caso de las personas jurídicas, que los conductores que prestan los servicios de conducción tienen el certificado establecido por el artículo 19.
Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse en el transcurso del servicio, en los términos establecidos por la normativa vigente.
Artículo 9. Vigencia y suspensión de las licencias.
Artículo 10. Transmisión de las licencias.
Artículo 11. Extinción de las licencias de taxi.
La renuncia de su titular, mediante un escrito dirigido al órgano que concedió la licencia.
La resolución por incumplimiento del titular de las condiciones esenciales de la licencia o por la obtención, gestión o explotación de la licencia por cualquier forma no prevista por la presente Ley y su desarrollo reglamentario.
La revocación, por razones de oportunidad, con derecho a la correspondiente indemnización económica, que ha de calcularse de conformidad con los parámetros objetivos que determinan su valor real.
La caducidad, en caso de las licencias estacionales.
Artículo 12. Registro de licencias.
SECCIÓN II. AUTORIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERURBANOS DE TAXI.
Artículo 14. Condiciones de las autorizaciones.
Artículo 15. Determinación del número de autorizaciones.
SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO COORDINADO DE OTORGAMIENTO DE LOS TÍTULOS HABILITANTES.
Artículo 16. Exigencia de licencia.
Artículo 17. Normas para el otorgamiento de los títulos habilitantes.
Presentar al ente local competente para el otorgamiento de las licencias la correspondiente solicitud, acompañada de los documentos que acreditan el cumplimiento de las condiciones establecidas por el artículo 8.
El ente local competente para el otorgamiento de la licencia debe solicitar informe a la administración competente para otorgar la autorización de transporte interurbano. Este informe, que debe emitirse en el plazo de dos meses, es vinculante para la administración emisora.
El ente local competente, un vez recibido el informe, debe dictar resolución concerniente al otorgamiento de la licencia de los servicios urbanos de taxi.
La persona interesada debe solicitar la autorización de transporte interurbano, una vez obtenida la licencia para prestar los servicios urbanos de taxi, de conformidad con lo que establecen las normas de aplicación. El órgano competente debe otorgarle o denegarle la autorización en función del sentido del informe emitido, de acuerdo con lo establecido por la letra b.
CAPÍTULO III. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Artículo 18. Ejercicio de la actividad.
Artículo 19. Conductores.
Artículo 20. Vehículos.
Artículo 21. Contratación del servicio.
Artículo 22. Inicio de los servicios interurbanos de taxi.
2. El órgano competente para otorgar la autorización de transporte interurbano puede determinar en qué supuestos y en qué condiciones los vehículos que previamente han sido contratados pueden prestar, en el territorio de su respectiva competencia, servicios de recogida de pasajeros fuera del término del municipio para el cual se les ha otorgado la licencia o en el que, si procede, hayan sido expedidas las pertinentes autorizaciones para la prestación de servicios de carácter interurbano.
Artículo 23. Coordinación intermunicipal.
Artículo 24. Otras condiciones de prestación de los servicios.
Las condiciones de estacionamiento, de los turnos en las paradas y de la circulación de los vehículos por las vías públicas.
La normativa relativa a la explotación de las licencias de taxi en cuanto a los turnos, los días de descanso y las vacaciones.
Las condiciones exigibles a los vehículos, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, y su identificación mediante unos distintivos o colores determinados.
Las normas básicas relativas a la indumentaria y equipamiento de los conductores.
Las condiciones específicas relativas a la publicidad exterior e interior del vehículo, en el marco de la normativa reguladora de estas actividades.
Cualquier cuestión de carácter análogo a las determinadas por las letras a, b, c, d y e, relacionada con el ejercicio de la actividad en las condiciones establecidas por la presente Ley.
Artículo 25. Derechos y deberes de los usuarios.
Conocer el número de licencia y las tarifas aplicables a los servicios, documentos que han de colocarse en un lugar visible del vehículo.
Transportar equipajes, de acuerdo con las condiciones establecidas por las normas de desarrollo de la presente Ley. En este sentido, el conductor o conductora ha de recoger el equipaje de los usuarios y colocarlo en el espacio del vehículo destinado a tal efecto.
Obtener un recibo o factura en que conste el precio, origen y destino del servicio y los datos de la correspondiente licencia, y que acredite que se ha satisfecho la tarifa del servicio.
Escoger el recorrido que consideren más adecuado para la prestación del servicio. Si los usuarios no optan por ningún recorrido concreto, el servicio siempre ha de llevarse a cabo siguiendo el itinerario previsiblemente más corto, teniendo en cuenta tanto la distancia a recorrer como el tiempo estimado de duración del servicio.
Ver respetada la normativa aplicable en materia de sustancias que pueden generar dependencia, en lo que se refiere a la prohibición de fumar en los vehículos.
Recibir el servicio con vehículos que tengan las condiciones adecuadas, en el interior y en el exterior, en cuanto a higiene y estado de conservación.
Solicitar que se apague el receptor de radio u otros aparatos de reproducción de sonido instalados en el interior de los vehículos, o que se baje su volumen.
Acceder a los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad. En este sentido, los conductores que prestan el servicio han de ayudar a subir y bajar del vehículo a las personas con movilidad reducida y a las que vayan acompañadas de niños, y a cargar los aparatos que los usuarios puedan necesitar para desplazarse, como sillas de ruedas o cochecitos de criatura, en el espacio del vehículo destinado a tal efecto.
Solicitar que, si está oscuro, se encienda la luz interior del vehículo, tanto para acceder o bajar del mismo como en el momento de pagar el servicio.
Subir al vehículo y bajar en lugares donde queden suficientemente garantizadas la seguridad de las personas, la correcta circulación y la integridad del vehículo.
Recibir la vuelta del pago del precio del servicio hasta el importe que determinen las normas de desarrollo de la presente Ley.
Escoger, en las paradas de taxi, el vehículo con el cual se desea recibir el servicio, salvo que, por motivos de organización o de fluidez del servicio, exista un sistema de turnos relacionado con la espera previa de los vehículos. En todos los casos, el derecho de escoger ha de justificarse por circunstancias objetivas, como el aire acondicionado en el vehículo, un correcto estado de conservación e higiene o el sistema de pago del servicio.
Poder ir acompañado de perros lazarillo u otros perros de asistencia, de forma gratuita, en el caso de personas con movilidad reducida.
Ser atendidos con la disposición personal y la atención correctas del conductor o conductora en la prestación del servicio.
Formular las reclamaciones que estimen convenientes en relación con la prestación del servicio, en la forma que determinen las normas de desarrollo de la presente Ley.
Abrir o cerrar las ventanas del vehículo o que el sistema de aire acondicionado permanezca abierto o cerrado.
Pagar el precio de los servicios según el régimen de tarifas establecido.
Tener un correcto comportamiento durante el servicio, sin interferir en la conducción del vehículo y sin que pueda ser considerado molesto u ofensivo o pueda implicar peligro, tanto para el propio vehículo que presta el servicio como para el resto de vehículos o usuarios de la vía pública.
No manipular, destruir ni deteriorar ningún elemento del vehículo durante el servicio.
Respetar las instrucciones del conductor o conductora para una mejor prestación del servicio, siempre que no resulte vulnerado ninguno de los derechos reconocidos a los usuarios por el apartado 2.
Artículo 26. Fomento del uso de la lengua catalana.
Artículo 27. Procedimientos de reclamación.
Artículo 29. Fomento de la cooperación.
Artículo 30. Incorporación de nuevas tecnologías.
Artículo 31. Tarifas.
Artículo 32. Taxímetro.
CAPÍTULO V. CONSEJO CATALÁN DEL TAXI.
Artículo 33. Creación del Consejo Catalán del Taxi.
Actuar como órgano permanente de consulta entre el sector del taxi y las administraciones competentes en la materia.
Emitir informe de los proyectos de disposiciones generales que se dicten en desarrollo de la presente Ley.
Colaborar con las administraciones competentes en la materia para conseguir la mejora progresiva de las condiciones de prestación de los servicios de taxi, sobre todo en lo que concierne al incremento de la seguridad y a la incorporación de nuevas tecnologías.
Emitir informe con relación a los supuestos de revocación de licencias establecidos por el artículo 11.1.c.
Emitir informe en los procedimientos de otorgamiento de licencias para vehículos con una capacidad superior a cinco plazas.
Presentar a las administraciones competentes las propuestas y sugerencias que considere adecuadas para la mejora del sector del taxi en Cataluña.
Fomentar acciones positivas que favorezcan el acceso de las mujeres a la prestación del servicio de taxi, así como su formación y promoción.
Cualquier otra función que le sea atribuida por las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.
Artículo 35. Régimen de funcionamiento.
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
3. Los inspectores, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, pueden solicitar el apoyo necesario de la correspondiente policía local, de los Mossos d´Esquadra y otras fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de los servicios de inspección de otras administraciones.
8. El personal de los servicios de inspección debe poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos que detecten en el ejercicio de su función que puedan ser constitutivos de infracciones de la normativa reguladora de otros sectores, especialmente en lo relativo a los ámbitos social y laboral, fiscal y de seguridad vial.
Modificación realizada (36 (apdo. 8 se añade)) por LEY 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (DOGC de 13-03-2015) en vigor desde 14-03-2015
Texto Original. Publicado el 16-07-2003 en vigor desde 16-08-2003
16/08/2003 (Versión Original)
Artículo 37. Sujetos infractores.
a) La persona física o jurídica titular de la licencia o la autorización, en el caso de las infracciones cometidas en los servicios de taxi amparados por la licencia o la autorización preceptiva.
b) La persona que tiene atribuida la facultad de uso del vehículo, a título de propiedad, en alquiler, de arrendamiento financiero, renting o cualquier otra forma admitida por la normativa vigente, y el conductor del vehículo, en el caso de las infracciones cometidas en los servicios de taxi efectuados sin la licencia o la autorización pertinente, excepto que acrediten que no eran responsables de la prestación del servicio.
c) En el caso de las infracciones consistentes en la oferta de servicios de taxi sin disponer de la licencia o autorización preceptiva para realizarlos, o, de la comunicación previa o título habilitante para llevar a cabo la mediación en su contratación, las personas que comercialicen u ofrezcan estos servicios de taxi.
A tales efectos, se considera que lleva a cabo la mediación quien interviene en la contratación y comercialización de servicios de taxi, el cual, en nombre propio o por cuenta de una tercera persona, mediante un precio o una retribución, ofrece estos servicios de transporte, mediante el contacto directo con posibles usuarios, con el fin de facilitar la contratación, independientemente de los canales de comercialización que utilice.
Se considera que se ofrecen los servicios regulados en este apartado desde el momento en que se realizan las actuaciones previas de gestión, información, oferta u organización de cargas o servicios, necesarias para llevar a cabo la contratación de transportes.
d) La persona física o jurídica que utilice la licencia o la autorización de otra y la persona a cuyo nombre se haya expedido la licencia o la autorización, salvo que esta última demuestre que no ha dado su consentimiento, en el caso de las infracciones cometidas en servicios de taxi al amparo de licencias o autorizaciones expedidas a nombre de otras personas.
e) La persona física o jurídica a quien va destinado el precepto infringido o a quien las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad, y, en general, por terceras personas a cuya actividad no se refieren las letras a, b, c y d que lleven a cabo actividades reguladas por la presente ley.
2. La responsabilidad administrativa se exige a las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 1, independientemente de que las acciones u omisiones de las que derive esta responsabilidad hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan iniciar las acciones que a su juicio sean procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.
3. La responsabilidad administrativa por las infracciones establecidas por la presente ley debe exigirse sin perjuicio de la que pueda corresponder por infracción de la legislación penal, de tráfico, laboral u otras que sean de aplicación.
Modificación realizada (37) por LEY 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (DOGC de 13-03-2015) en vigor desde 14-03-2015
Artículo 38. Infractores.
h) La oferta de servicios de transporte de taxi sin disponer de la licencia o autorización preceptiva para realizarlos, tanto si se hace de modo individual a un único destinatario como si se hace pública para conocimiento general por cualquier medio.
i) La realización de la actividad de mediación en la contratación de servicios de taxi, incluida la oferta de los servicios, sin haber realizado la comunicación pertinente o sin disponer del correspondiente título habilitante.
j) La contratación como portador o la facturación de servicios de transporte de taxi sin el título habilitante preceptivo.
Modificación realizada (39 (letras h, i y j se añaden)) por LEY 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (DOGC de 13-03-2015) en vigor desde 14-03-2015
Prestar servicios de taxi con vehículos distintos que los adscritos a las licencias o autorizaciones, en caso de que esta infracción no tenga la consideración de muy grave, de conformidad con el artículo 39.a.
Incumplir las condiciones esenciales de la licencia o autorización, o las condiciones de prestación del servicio de taxi, en los términos que se determinen por reglamento, y que no estén tipificados expresamente por ningún otro apartado del presente artículo ni sean calificados de infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 39.
Incumplir el régimen de tarifas.
No atender a una solicitud de servicio de taxi estando de servicio o abandonar el servicio antes de su finalización, salvo que concurran causas que lo justifiquen.
No llevar el preceptivo documento de formulación de reclamaciones de los usuarios; negar u obstaculizar su entrega, y ocultar las reclamaciones o quejas que se consignen en éste, o demorarse injustificadamente al efectuar su comunicación o traslado a la administración correspondiente, de acuerdo con lo que se determine por reglamento.
Negarse a la actuación de los servicios de inspección, u obstruirla, salvo que se den las circunstancias a que se refiere el artículo 39.b.
Incumplir el régimen horario y de descansos establecido.
Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica vigente o a la de los precintos correspondientes, si este hecho supone un incumplimiento en la aplicación de las tarifas.
La instalación en el vehículo de instrumentos, accesorios o equipamientos no autorizados que puedan afectar a la correcta prestación del servicio de taxi.
Cualquier infracción especificada por el artículo 39, en caso de que por la naturaleza, ocasión o circunstancia de los hechos sea calificable de muy grave. En dicho supuesto, es necesario justificar las circunstancias atenuantes de la infracción y motivar la correspondiente resolución.
Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de prestarlos o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta, excepto en el caso de que dicha infracción haya de ser calificada de muy grave, de acuerdo con lo que dispone el artículo 39.a.
No llevar en un lugar visible del vehículo los distintivos que sean exigibles, llevarlos en unas condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.
No tener los preceptivos cuadros de tarifas y el resto de documentación que deba exhibirse obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por reglamento.
No cumplir las normas generales de policía en instalaciones fijas y vehículos, salvo que el incumplimiento sea calificado de infracción grave o muy grave, de acuerdo con los artículos 39 y 40.
No respetar los derechos de los usuarios establecidos por la presente Ley o las normas que la desarrollen, si este incumplimiento no puede calificarse de grave o muy grave, de conformidad con lo establecido por los artículos 39 y 40.
Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente en el plazo reglamentariamente establecido.
No proporcionar a los usuarios el cambio de moneda en los términos que se determinen por reglamento.
No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles un recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de aplicación.
Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos.
Cualquiera de las infracciones a que se refiere el artículo 40, salvo que la naturaleza, ocasión o circunstancias de los hechos aconsejen no calificarlas como graves.
1. Las infracciones leves se sancionan con una advertencia o una multa de hasta 250 euros, o con las dos sanciones a la vez; las graves, con una multa de hasta 1.250 euros, y las muy graves, con una multa de hasta 6.000 euros.
Modificación realizada (42 (apdo. 1)) por LEY 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (DOGC de 13-03-2015) en vigor desde 14-03-2015
Artículo 44. Medidas provisionales previas al inicio del procedimiento.
Artículo 44 bis. Medida provisional de inmovilización del vehículo
1. Los agentes de la inspección del transporte y los cuerpos de seguridad encargados de su vigilancia deben ordenar la inmovilización inmediata del vehículo en caso de que se detecten conductas que constituyan infracciones muy graves, de acuerdo con lo establecido por el artículo 39.
A efectos de lo establecido por este apartado, los miembros de la inspección de transporte o los agentes encargados de la vigilancia del transporte deben retener la documentación del vehículo, incluida, en su caso, la correspondiente licencia o autorización para la prestación del servicio, hasta que se enmienden las causas que han dado lugar a la inmovilización.
Es responsabilidad del denunciado, en cualquier caso, la custodia del vehículo, de sus pertenencias y los gastos que esta inmovilización pueda ocasionar, así como buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar los viajeros a su destino. En el supuesto de que no lo haga, estos medios podrán ser establecidos por la Administración; los gastos que genere la adopción de estas medidas van, en cualquier caso, por cuenta del denunciado, y no puede levantarse la inmovilización hasta que este no los abone.
2. La inmovilización debe realizarse en un lugar que reúna las suficientes condiciones de seguridad y que garantice la efectividad de la medida adoptada. Sin embargo, cuando la inmovilización del vehículo pueda comportar un peligro para la seguridad, el denunciado está obligado a trasladar el vehículo hasta el lugar que designe la autoridad actuante. En el supuesto de que no lo haga, esta medida puede ser adoptada por la fuerza actuante. Los gastos que puedan originar las mencionadas operaciones van, en cualquier caso, a cargo del denunciado, que debe abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo.
3. En el supuesto de que la inmovilización del vehículo traiga causa de una infracción muy grave que consista en la prestación de un servicio de taxi sin disponer de la autorización, licencia o habilitación administrativa preceptiva, independientemente de que las personas responsables tengan la residencia en territorio español, debe procederse de la forma establecida por este artículo y deben aplicarse, además, las siguientes condiciones adicionales:
b) El importe de la sanción debe ser abonado en el momento de la denuncia en concepto de depósito y debe entregarse al denunciado el recibo de depósito de la cantidad correspondiente. En caso de que se realice el depósito, este debe constituirse en metálico, en euros, o mediante tarjeta de crédito.
d) No se puede devolver, en ningún caso, la documentación del vehículo o dejar sin efecto la medida cautelar de inmovilización del vehículo si no se ha hecho efectivo el importe provisional, en concepto de depósito, de la sanción.
Artículo 46. Pago de las sanciones.
1. El importe de la sanción inicialmente propuesto se reduce un 30% en caso de que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de los treinta días siguientes a la notificación del expediente sancionador.
2. El pago del importe de la sanción antes de que se dicte la resolución sancionadora implica la conformidad con los hechos denunciados, la renuncia a formular alegaciones por parte del interesado y la finalización del procedimiento, habiendo, sin embargo, de dictar resolución expresa. Aunque el procedimiento sancionador se dé por finalizado de este modo, el interesado puede interponer recursos idénticos a los que habrían correspondido en caso de que el procedimiento hubiese finalizado de modo ordinario.
3. En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no acrediten su residencia en territorio español son aplicables las reglas que se establecen a continuación, junto con las que, en su caso, se señalan reglamentariamente de forma expresa:
a) El vehículo utilizado en la realización del transporte objeto de la denuncia queda inmovilizado hasta que la empresa denunciada deposite el importe de la sanción.
b) El depósito que, en su caso, realice el denunciado debe ser en metálico, en euros, o mediante tarjeta de crédito.
c) Si el intento de realizar cualquier notificación al denunciado en el curso del expediente sancionador resulta infructuoso, esta debe remitirse al departamento ministerial competente en materia de transporte del país de residencia del denunciado, para que le dé traslado de la misma. De este modo se considera realizada definitivamente la notificación.
Artículo 47. Depósito del vehículo
Si la Administración debe hacerse cargo de la custodia de un vehículo inmovilizado por cualquiera de las causas establecidas por la presente ley, puede acordar, cuando su valor residual resulte claramente insuficiente para, si procede, hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas de la correspondiente sanción, el traslado del vehículo a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para la destrucción y descontaminación posteriores si, una vez finalizado el procedimiento incoado y siendo firme la correspondiente sanción administrativa, el titular del vehículo no ha enmendado la causa que dio lugar a la inmovilización.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Innovaciones tecnológicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Medios telemáticos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Plan específico de fomento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen específico del Área Metropolitana de Barcelona.
1. Las normas establecidas por el artículo 18.1 relativas a la facultad de prestar personalmente el servicio o hacerlo mediante la contratación de conductores asalariados pueden ser condicionadas o limitadas, de forma permanente o temporal, en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona.
2. A efectos de lo establecido por el apartado 1, se habilita al Área Metropolitana de Barcelona para que, de forma motivada, lleve a cabo la concreción de las condiciones de este régimen específico mediante la aprobación de correspondiente norma reglamentaria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de las ordenanzas municipales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Licencias o autorizaciones.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Títulos habilitantes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Período transitorio.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Creación de un colegio profesional.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Régimen de prestación de los servicios urbanos de taxi.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Actualización del porcentaje de licencias.
La presente Ley entra en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
Jordi Pujol, Presidente de la Generalidad de Cataluña. Felip Puig i Godes, Consejero de Política Territorial y Obras Públicas.
desde 16/08/2003 hasta 14/03/2015

References: artículo 9

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 resolución 

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 8
 resolución 

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 20

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
 artículo 11

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 38
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 40

Artículo 44

Artículo 44
 artículo 39

Artículo 46
 resolución 
 resolución 

Artículo 47
 artículo 18