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Timestamp: 2018-12-18 16:59:28+00:00

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La Oveja Negra del Sistema Tributario Venezolano
Escrito por romanalbertomo 20-08-2018 en tributos. Comentarios (0)
Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión, a la guerra y el pillaje.
El aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de atenuar sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante ofrendas en especie sacrificios de seres humanos o animales.
Por su parte el origen guerrero se manifiesta, igualmente, desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, parecería que el espíritu guerrero fuera inherente a los humanos; lo cierto es que por diversas razones - que no es del caso analizar aquí -, llevó a que cada organización social guerreara contra otras, hasta desarrollar el arte de la guerra y de este arte moldear una forma de vivir y enriquecerse, lo cual prevalece hasta nuestros días.
Las tribus fuertes vencían a las débiles, sus prisioneros eran tomados como esclavos, se apropiaban de sus ganados y demás bienes, hasta llegar a convertir tal medio en una gran industria dando como consecuencia el pago del tributo por parte de los vencidos.
En Venezuela, no es sino hasta la aparición del petróleo, cuando el tesoro nacional comienza a percibir los primeros recursos fiscales, a través de la Ley de Minas, cuyo aporte era de tan sólo el 4,5% de la producción petrolera.
En el año 1936, el Ministro de Hacienda Dr. Alberto Adriani, introdujo ante el congreso tres proyectos de Leyes de Impuesto sobre la Renta de ahora en adelante (ISLR), debido a que existía la necesidad de crear un tributo directo mediante el cual se obtendrían recursos al Estado para satisfacer las necesidades de salubridad, educación, vías de comunicación, etc., pero a pesar de todos los esfuerzos por transformar el sistema fiscal no fueron aprobados.
En 1942, estando en el gobierno Eliazar López Contreras se presentó ante el congreso un proyecto de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR), el cual se caracterizaba por ser un resumen de los tres proyectos anteriores, siendo sancionado ese año y entrando en vigencia el 1º de enero de 1943, gravando la industria petrolera y demás actividades rentísticas del país.
En lo que respecta a la tributación indirecta, no es sino a partir de 1990, cuando se comienza a discutir el proyecto de Impuesto al Valor Agregado de ahora en adelante (IVA), el cual fue instrumentado durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue aprobado por el Congreso y ejecutado por poco tiempo durante el gobierno provisional de Ramón J. Velázquez. El objetivo del IVA era dotar al Sistema Tributario Venezolano de un impuesto que cumpliera con las características que debería reunir un tributo: neutralidad, simplicidad y eficiencia; además, de crear un instrumento que eliminara los impuestos improductivos y simplificara otros, así como reducir la dependencia de los ingresos petroleros.
Iniciando el gobierno de Rafael Caldera, el Ministro de Hacienda Julio Sosa Rodríguez presentó al congreso un paquete de Reformas Tributarias, el cual fue aprobado en Consejo de Ministros el 7 de Marzo de 1994. El paquete contiene la Ley a los Débitos Bancarios (IDB), modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se denominaría Impuesto a las Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario, modificación del Impuesto sobre la Renta y la modificación del Código Orgánico Tributario.
Es así como surgen los dos tributos más importantes del sistema tributario venezolano, entendiéndose por este, como el conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o periodo determinado, en forma lógica, coherente y armónicamente relacionado entre sí. Es importante recordar, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes, de acuerdo con los principios de generalidad, progresividad, legalidad, no confiscatoriedad y la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. Asimismo, se ordena que el sistema tributario se sustentará en el principio de eficiencia con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población y proteger la economía nacional. Estos, principios constitucionales de orden tributario se constituyen en garantía para los ciudadanos y en especial para los contribuyentes frente al poder de imperio del Estado.
Como medida para combatir la evasión fiscal, surge la figura de sujeto pasivo especial, con el objetivo exclusivo de ejercer un eficiente control fiscal. En la actualidad para ostentar dicha calificación, se requiere en primer término haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 30.000 Unidades Tributarias (UT) en el lapso de un ejercicio económico anual, o reportar ventas o prestación de servicios por el orden de las 2.500 UT mensuales en cualquiera de los últimos 6 meses. Luego es indispensable que el SENIAT notifique a esa persona la calificación.
Con el discurrir del tiempo, se han suscitado una serie de eventos que han tergiversado el objeto para el cual fueron creados, tal es el caso de la subvaluación sistemática de la unidad tributaria, trayendo como consecuencia una proliferación de los mismos, desatendiendo en el proceso de nombramiento de los sujetos pasivos especiales, el principio de capacidad contributiva, generalidad y de reserva legal, además se ignora si se cuenta o no con estructura y capacidad administrativa para cumplir con las distintos deberes que sobre ellos recae, entre otros aspectos.
El segundo aspecto y de mayor relevancia, es la injusta aplicación de un régimen tributario diferenciado, he allí el porqué de lo elocuente del título del presente artículo, pues los mismos son pechados por el impuesto a las grandes transacciones financieras, deben financiar entre el 75% ó 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de sus compras y gastos según sea el caso, afectando sensiblemente su flujo de caja, son limitados en cuanto a las entidades financieras hábiles para cumplir con sus obligaciones pecuniarias, exigua holgura de tiempo para realizar ciertas declaraciones (Ejemplo: Declaración Definitiva de Impuesto Sobre la Renta), fueron excluidos del sistema de ajuste por inflación, exacerbadas sanciones de clausura y pecuniarias por incumpliendo de deberes formales y materiales, arbitrariedades que sin duda alguna ponen en jaque las fuentes de riqueza, tan necesarias hoy por hoy para el país.
El pasado 17 de agosto del 2018, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, asomó la posibilidad de realizar una serie de cambios en lo que respecta el régimen tributario aplicable a los sujetos pasivos especiales, tales como: incremento de la alícuota del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras hasta un 2%, el período para enterar las retenciones de IVA será semanal y no quincenalmente como se venía realizando, retención del 1% de las ventas diarias en materia de ISLR, anticipo de ISLR entre 0,5% y 2% mensual, es de hacer notar que las medidas descritas anteriormente ostentas la categoría de información extraoficial, pues no han sido publicadas en gaceta oficial, con excepción del aumento de la alícuota del IVA al 16% que ya es oficial y será aplicable partir del 1 de septiembre del 2018.
Son medidas que de concretarse, resquebrajaran aún más las maltrechas finanzas de los contribuyentes especiales, poniendo en entre dicho una de las pocas fuente de riquezas de la economía venezolana.
En lo particular, no comprendo por qué el ejecutivo nacional y la administración tributaria se empecinan en pescar en la misma pecera (Sujetos Pasivo Especial), en lugar de aplicar políticas de fiscalización y control masiva o extensiva, aprovechando la informática y el desarrollo tecnológico, medidas que se caracterizan por su inmediatez, generalidad, corta duración, maximización del riesgo subjetivo, que fácilmente pudieran aumentar la base de contribuyentes, así como fomentar la conducta voluntaria en el cumplimiento de los deberes tributarios, que sin duda alguna debe ser el objetivo de todo sistema tributario, en lugar de sancionar y extorsionar sujetos pasivos.
Por qué no dirigir la acción fiscalizadora y de control hacia las personas naturales, tomando como referencia el saldo de sus cuentas bancarias, para así determinar el origen de los fondos y constatar el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de las rentas allí reflejadas, en especial, en los estados fronterizos, de pronto se topan con unos cuantos Alphonse Gabriel Capone (Al Capone), tributariamente hablando claro está, así como el uso ligero y heterogéneo de puntos de ventas, cuyo ingresos no son respaldo con su respectiva factura fiscal, sin temor a equivocarme son medidas que contribuirían sustancialmente a las finanzas públicas, en aras de lograr la entelequia de “Déficit Fiscal Cero” tan en boga hoy en día.
Consideraciones Básicas sobre el Régimen de Precios de Transferencia en Venezuela
Escrito por romanalbertomo 28-04-2018 en tributos. Comentarios (0)
Como consecuencia de la globalización, los procesos de integración y de los avances tecnológicos, es muy común que grupos empresariales pudieran transferir, de forma voluntaria o involuntaria, utilidades de una jurisdicción tributaria a otra, como consecuencia de la existencia de diversas tasas de impuesto sobre la renta en diferentes jurisdicciones, producto de la soberanía de las naciones y la competencia fiscal, generándose así un incentivo para la acumulación de ganancias en territorios de baja imposición fiscal, razón por la cual ha sido necesario incorporar en la legislación tributaria de países tanto desarrollados como aquellos en vía de desarrollo, una sección dedicada a los Precios de Transferencia, entendiéndose por estos como la fijación de precios transfronterizos de transacciones intra-firmas entre partes vinculadas, ubicadas en latitudes jurídicas distintas, por la trasferencia de bienes, tanto tangibles como intangibles, y servicios, cuyo objetivo fundamental es evitar la erosión de la base imponible del impuesto sobre la renta, evitar la doble implosión fiscal, brindar mayor seguridad jurídica e incentivar el comercio internacional.
En Venezuela las disposiciones en materia de precios de transferencia, son aplicables para todos aquellos contribuyentes, que celebren operaciones (ingresos, costos y deducciones) con partes vinculadas ubicadas en el exterior. Según la legislación patria, se entiende por vinculación, la empresa que participe de manera directa o indirecta en la dirección, control o capital de otra empresa, o cuando las mismas personas participen de manera directa o indirecta en la dirección, control o capital de ambas empresas.
Para efecto de determinar el precio de las operaciones entre partes vinculadas, se deben considerar los siguientes métodos:
· Método de Precio Comparable no Controlado: Consiste en comparar el precio cobrado por la transferencia de propiedad o servicios, entre una transacción vinculada, con el precio pactado entre partes independientes, en circunstancias comparables.
· Método de Precio de Reventa: Se basa en el precio al cual un producto que ha sido comprado a una parte vinculada es revendido a una parte independiente.
· Método de Costo Asociado: Se basa en los costos en los que incurre el proveedor de estos bienes, servicios o derechos, en una transacción entre partes vinculada, añadiéndose a éste un margen de utilidad, calculado sobre el costo determinado.
· Método de División de Beneficios: Consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes vinculadas, en la proporción que hubiera sido asignada entre las partes independientes.
· Método de Margen Neto Transaccional: Consiste en determinar en transacciones entre partes vinculadas, la utilidad de operaciones que hubieran obtenido partes independientes en operaciones comparables, con base a factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como: activos, ventas, costos, gastos, flujo de efectivo.
Es importante destacar, que el contribuyente deberá considerar el método del precio comparable no controlado, como primera opción a fines de determinar el precio o monto de las contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes.
Tomando en cuenta, que para efectos de determinar los precios de las transacciones entre partes vinculadas, se realizan cotejos con transacciones entre partes independientes, estas deben ser comparables en ciertos aspectos, tales como: características físicas de los bienes, calidad, volumen, disponibilidad, en el caso de prestación servicios se debe tomar en cuenta la naturaleza y duración del servicio, en lo que respecta a los bienes inmateriales debe considerarse las características referidas a la forma de la transacción (licencia o venta), la clase de derecho de propiedad (industrial o intelectual), la duración, el grado de protección y los beneficios previsibles por el uso de los derechos de propiedad. De igual forma se debe tomar en cuenta las responsabilidades de diseño, fabricación, ensamblaje, investigación y desarrollo, riesgos asumidos, beneficios, localización geográfica, tamaño de los mercados, aspectos geopolíticos, regulaciones legales, la determinación del precio se debe realizar transacción por transacción, excepto los casos en los que las transacciones separadas se encuentren estrechamente relacionadas o sean continuación una de otra.
Se deben analizar las diferencias existentes entre las condiciones en que se efectuaron las transacciones, entre las partes vinculadas y las efectuadas entre las partes independientes relativas a la intervención del Estado, que afecten los precios o márgenes comprados, tales como: control de precios, tasas de interés, controles de cambio, controles sobre los pagos de servicios y gastos generales de dirección y administración, controles sobre los pagos por regalías, subvenciones, entre otros.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, con carácter previo a la realización de las operaciones, pueden realizar una propuesta para valorar las operaciones efectuadas con partes vinculadas. La administración tributaria dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para examinar la propuesta e informar a los sujetos pasivos de los elementos esenciales del procedimiento, una vez transcurrido los 30 días hábiles, si la administración tributaria no ha informado aún sobre el procedimiento, los contribuyentes podrán presentar la propuesta, tomando en cuenta la documentación descrita en el artículo 144 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (2015).
Los sujetos pasivos podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la decisión, presentar alegatos y aportar documentos necesarios, así como proponer las prácticas de pruebas, teniendo la administración tributaria la obligación de informar sobre el resultado de las mismas. Una vez analizada la propuesta por parte del sujeto activo, este podrá: aprobar la propuesta, aprobar una alternativa formulada por el sujeto pasivo o desestimar la misma.
La administración tributaria dispondrá de un periodo de 12 meses, contados desde la fecha en que la solicitud de propuesta fue consignada para decidir sobra la misma, si una vez transcurrido el plazo y no se ha emitido una decisión, la misma se entenderá desestimada.
Los sujetos pasivos deberán presentar junto con la declaración definitiva de impuesto sobre la renta, un informe relativo a la propuesta aprobada, donde se indique las operaciones realizadas bajo la modalidad de precio de transferencia en el periodo impositivo, estado de resultado, entre otras. La propuesta puede ser modificada en pro de adaptarlas a las nuevas circunstancias económicas en el caso de variaciones. En este caso los sujetos pasivos deben presentar una solicitud de modificación, donde se expongan los nuevos términos del acuerdo, la administración tributaria una vez examinada la propuesta de modificación y la documentación presentada, dispondrá de un plazo de 15 días para decidir, en caso de una propuesta alternativa a la planteada inicialmente, el sujeto pasivo dispondrá de un plazo de 12 meses para decidir, vencido el mismo sin respuesta se considerará desestimado, la desestimación de la propuesta de modificación formulada determinará la culminación del acuerdo previamente establecido.
Los acuerdos anticipados sobre precios de transferencias, se aplicarán al ejercicio en curso en el momento de su aprobación, y tendrán una vigencia de 3 periodos fiscales posteriores. Los gastos que se deriven del análisis de las propuestas deben ser asumidos por el contribuyente. Los acuerdos anticipados no limitan bajo ninguna circunstancia la potestad fiscalizadora de la administración tributaria, más sin embargo, éste no podrá objetar las valoraciones de las transacciones realizadas conforme el acuerdo previamente aprobado.
Las decisiones concernientes a la aprobación o desestimación de los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, dictada por la administración tributaria, no serán impugnables por los medios previstos en el Código Orgánico Tributario u otras disposiciones legales, sin perjuicio de los recursos que procedan contra los actos de determinación que puedan dictarse como consecuencia de dichas decisiones.
Las operaciones entre partes vinculadas efectuadas en el ejercicio fiscal, deberán ser informadas a la administración tributaria mediante una declaración informativa, que deberá ser presentada en el mes de junio siguiente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal, adicional a dicha declaración el sujeto pasivo deberá cumplir con las formalidades descritas en el artículo 167 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (2015).
La Incertidumbre y su Tratamiento Contable Respecto al Impuesto Sobre la Renta
Escrito por romanalbertomo 21-09-2017 en tributos. Comentarios (0)
El International Accounting Standards Boardn (IASB), emitió el 7 de junio de 2017 la CINIIF 23 relativa a la incertidumbre en la contabilización del impuesto sobre la renta. Dicha norma tiene como finalidad disminuir la diversidad respecto del reconocimiento y medición de un pasivo por impuestos o un activo cuando se presenta incertidumbre sobre el tratamiento de los impuestos sobre las ganacias. El pasado mes de mayo, el IASB ratificó la interpretación CINIIF “interpretación sobre tratamiento impuesto sobre la renta” con la cual 13 países miembros estuvieron de acuerdo y esperaba emitir dicha interpretación durante el segundo trimestre de 2017.
Según la interpretación (CINIIF 23), las entidades a partir del 1 de enero del 2019, deben asumir que la autoridad fiscal analizará todos los tratamientos fiscales inciertos, una vez que determinen el importe del impuesto sobre las ganancias a contabilizar en los estados financieros, se debe evaluar cuál es el resultado probable de dicho análisis por parte de la autoridad fiscal. Es importante destacar que se permite la aplicación temprana, las entidades pueden aplicar la Interpretación usando cualquiera de los siguientes enfoques:
1. Enfoque retrospectivo pleno: este enfoque puede ser usado solo si es posible sin el uso de retrospectiva. La aplicación de la nueva Interpretación será contabilizada de acuerdo con el IAS 8, lo cual significa que se tendrá que re-emitir la información comparativa; o
2. Enfoque retrospectivo modificado: la re-emisión de la información comparativa no es requerida o permitida según este enfoque. El efecto acumulado de aplicar inicialmente la Interpretación será reconocido en el patrimonio de apertura a la fecha de la aplicación inicial, siendo el comienzo del período anual de presentación de reporte en el cual la entidad aplique por primera vez la Interpretación.
La CINIIF 23 es aplicable a cualquier situación en la que exista incertidumbre sobre si un tratamiento del impuesto sobre las ganancias sería aceptable según la normativa fiscal. Cabe acotar, que la interpretación no se limita únicamente a litigios en curso con la administración tributaria, sino que dicho efecto de incertidumbre puede ser reflejado en los estados financieros, incluso aunque no esté siendo inspeccionada o no haya recibido notificación alguna de inspección. En lo que respecta al tratamiento contable de intereses moratorio y sanciones pecuniarias quedan fuera del alcance de la misma.
La mencionada interpretación, asume que administración tributaria tendrá acceso total a la información contable, financiera y administrativa del sujeto pasivo, al momento de aplicar bien sea un proceso de verificación o fiscalización, es decir, se asumirá un riesgo de detección del 100%, razón por el cual, la entidad deberá evaluar si es probable que la administración tributaria vaya aceptar o no el tratamiento fiscal implementado. Sólo se tendrá en cuenta el efecto de la incertidumbre al determinar el monto del impuesto sobre las ganancias a contabilizar, si se concluye que es probable que las autoridades fiscales no acepten el tratamiento en cuestión.
El tratamiento de la incertidumbre podrá hacerse a través de dos métodos:
1. El importe más probable.
2. El valor esperado, que nos es más que la media ponderada de los diferentes resultados posibles.
La Incertidumbre se integrará directamente en el impuesto sobre las ganancias a contabilizar, en lugar de registrar una provisión por separado. Cuando la incertidumbre afecte tanto el impuesto corriente como el diferido, se debe asegurar que las estimaciones y juicios sean consistentes, dichas estimaciones se podrán realizar:
1. Incertidumbre a incertidumbre (es decir, para cada incertidumbre de forma separada).
2. De manera agregada, si la resolución de una incertidumbre afectaría o se vería afectada por otra incertidumbre.
Es de hacer notar, que la interpretación no exige aspectos específicos en materia de información a revelar.
Tomado en cuenta que en Venezuela, el 18 de noviembre del 2014, según la Gaceta Oficial N° 6.152 fue reformado el Código Orgánico Tributario, donde se extendieron los lapsos de prescripción de los derechos y acciones, se incrementaron sensiblemente las sanciones pecuniarias, de clausura y las penas restrictivas de libertad, la supresión de la no suspensión de los efectos de los actos administrativos emitidos por la administración tributaria, por el simple hecho de interponer un recurso jerárquico o contencioso, la incorporación de la figura del juicio ejecutivo, así como los reiterados excesos de la administración tributaria, hace que dicha interpretación adquiera suprema importancia, sea analizada con detenimiento, para efectos de contabilizar y por ende reflejar en los estados financieros, los aspectos inciertos alusivos al impuesto sobre la renta, los posibles activos o pasivos por impuestos diferidos que se pudieran generar, producto de las decisiones emitidas por las autoridades administrativas o judiciales, que sin duda alguna repercutirán en el impuesto sobre la renta a pagar.
Beneficios Fiscales de las Personas con Discapacidad en su Condición de Sujeto Pasivo
Escrito por romanalbertomo 14-06-2017 en tributos. Comentarios (0)
Para efectos de abordar la idea nodal del presente artículo, es perentorio definir dos conceptos fundamentales: Discapacidad, Según el artículo 5 de la Ley para Personas con Discapacidad G.O. 38598 del 05-01-2007: “Se entiende por discapacidad la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente”.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley para Personas con Discapacidad G.O. 38598 del 05-01-2007, se entiende por: Personas con Discapacidad: “Como todas aquellas personas que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás.
Se reconocen como personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, las sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante; científica, técnica y profesionalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud”.
Es importante destacar, que tal condición debe ser debidamente calificada por profesionales, técnicos y especialistas en la materia de discapacidad, adscritos al Sistema Público Nacional de Salud. A su vez la discapacidad debe ser certificada por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el cual reconocerá y validará las evaluaciones, informes y certificados de la discapacidad que una persona tenga. Tal certificación será requerida a los efectos del goce de los beneficios económicos, sociales, fiscales, entre otros.
Ya adentrándonos en materia de beneficios fiscales en personas con discapacidad, es importante citar el artículo 45 de la Ley para Personas con Discapacidad G.O. 38598 del 05-01-2007: “La importación al país de medicamentos, ayudas técnicas, equipos, aparatos, utensilios, instrumentos, materiales y cualquier producto tecnológico o recurso útil y necesario que posibilite la integración personal, familiar o social de las personas con discapacidad, podrá ser exonerada del pago de aranceles, tasas y otros derechos aduanales, a solicitud de personas naturales con discapacidad para uso propio o por medio de familiar o de persona natural a cuyo cargo esté, personas jurídicas sin fines de lucro u organizaciones de personas con discapacidad. El Poder Ejecutivo podrá establecer otros requisitos y las condiciones para conceder la exoneración. Asimismo, podrán ser exonerados del pago de aranceles, tasas y otros derechos aduanales, los vehículos automotores destinados al uso particular o colectivo de personas con discapacidad, a solicitud de éstas, del familiar a cuyo cargo esté o de personas naturales o jurídicas sin fines de lucro”.
Beneficio fiscal que es contemplado de igual manera, en la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Según Decreto 1436 del 17-11-2014, específicamente en el numeral quinto del artículo 18, donde se exceptúa del cobro del IVA los vehículos automotores con adaptaciones especiales para ser utilizados por personas con discapacidad, sillas de ruedas para impedidos, entre otros.
La Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos Decreto N° 360 del 05-10-1999, en su artículo 11 contempla una rebaja sobre el impuesto tipificado en dicha ley para las personas con discapacidad, bajo las siguientes condiciones: “Se concede una reducción en el monto del impuesto que recaiga sobre la cuota líquida del heredero o legatario, siempre que esta no exceda de cien unidades tributarias (100 U.T) en la forma que a continuación se expresa: 1. Al cónyuge sobreviviente 40% 2. A los incapacitados total y permanentemente para trabajar o ganarse la vida 30% 3. A los incapacitados parcial y permanentemente para trabajar y ganarse la vida 25% 4. A los hijos menores de 21 años 40% 5. A los mayores de 60 años 30% 6. Por cada hijo aún adoptivo, menor de 21 años que tenga a su cargo el heredero o legatario 5% 7. A quienes se les conceda ayuda o gratificación por años de servicios prestados al causante, siempre que la cantidad deferida a cada beneficiario no exceda de veinte unidades tributarias (20 U.T.) 30% Parágrafo Primero: Cuando en un mismo beneficiario concurran más de una de las condiciones o circunstancias enunciadas, se aplicará tan solo la reducción que le sea más favorable. Parágrafo Segundo: Las reducciones previstas en los seis primeros ordinales solo se acordarán si la cuota líquida recibida por el heredero o legatario fuere inferior o igual a doscientos cincuenta unidades tributarias ( 250 U.T.). Si fuere superior pero no mayor de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) las reducciones se aplicarán de por mitad”.
Según el Artículo 22 del Código Orgánico Tributario Gaceta Extraordinaria N° 6152 del 18-11-2014: “Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible.
En otras palabras, a tenor de lo establecido en la norma in comento serán sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, tanto las personas naturales como las jurídicas, es decir cualquier sujeto de derecho que se encuentre dentro de los presupuestos establecidos en la ley como creadores del hecho imponible.
Conforme a lo estipulado en el Código Orgánico Tributario, la responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, estableciendo como eximente por incapacidad única y exclusivamente la “Mental” debidamente comprobada. Inclusive la norma cimera en materia tributaria, atribuye responsabilidades por las sanciones pecuniarias a los mandantes, sin perjuicio de su acción de reembolso contra un mandatario, administrador, representante, encargado, cuando éste incurriere en un ilícito tributario en el ejercicio de sus funciones.
A manera de conclusión, se puede aseverar que el simple hecho de presentar una discapacidad, con excepción de la mental, no exime a un sujeto pasivo del cumplimento de las obligaciones tributarias per se, sin embargo, el legislador patrio ha previsto una serie de beneficios fiscales que bien pueden ser aprovechados tomando en cuenta su condición, siempre y cuando esté debidamente certificada.
La Fiesta Brava Merideña más Festivalera que Nunca
Escrito por romanalbertomo 28-02-2017 en Turomaquia. Comentarios (0)
Desde sus albores e incluso para ser más específicos, desde el ocho de diciembre del año 1967, en el marco de la Feria en honor a Nuestra Señora Virgen de la Inmaculada, la Plaza de Toros Monumental “Román Eduardo Sandia” fue concebida como un coso taurino de categoría, siendo inaugurada con un cartel de lujo, como lo fueron los maestros: César Faraco, Manuel Benítez y Francisco Rivera, esa fue la tónica durante muchos años, por la arena merideña han derrochado capotazos y muletazos grandes figuras del toreo, sin embargo en los últimos años las cosas han cambiado.
Cuando en el extracto anterior asevero, que los últimos años las cosas en materia taurina han cambiado, lastimosamente no han sido para bien, es indudable e indiscutible el detrimento en el que se encuentra la tauromaquia en Venezuela, en mi calidad de testigo fiel y fidedigno, me refiero a la fiesta brava merideña, en el marco de la Feria Internacional del Sol, como diríamos en el argot tributario: se cometen ilícitos materiales y formales.
El eje central de toda fiesta brava es el “Toro” animal que debe ser criado con los mayores mimos por parte del ganadero, mas sin embardo, los astados presentados en los últimos años en la Plaza de Toros Monumental “Román Eduardo Sandia” se han caracterizado por su pobre presencia, en cuanto a peso, hechuras, trapío, bravura, entre otras, y aún así son indultados a diestra y siniestra.
De igual manera han sido irrespetado y vejados aspectos formales de toda corrida de toro, como lo es la suerte de varas, fundamental para medir la bravura del animal, así como para dosificar sus fuerzas para el resto de la lidia, lamentablemente el espectador emeritense no lo comprende de esa manera, cada vez que puede arremeten contra el picador con cuanto objeto tenga a su mano. Ni hablar de la suerte de quites, prácticamente en extinción, los brindis de toros a personajes que ni son ni han sido ni toreros ni ganaderos dentro del ruedo.
Le quiero dedicar un párrafo en particular a la autoridad taurina, en franca decadencia en los últimos años, pero que el día de ayer en el Marco de la Feria Internacional del Sol, le puso la guinda al pastel, jamás había visto expresión alguna de genuflexión taurina como la escenificada por el Doctor Jorge Bustamante el día de ayer, considero que la mezcla de ganadero y empresario el día de ayer le nubló sus conocimientos taurinos y lo llenó de bondad, auspiciado por un público pues no se le puede llamar: “Aficionado” supuestamente taurino, por demás desatinados y carnavalescos a la hora de solicitar los premios correspondientes, ojo no son todos pero si el grueso de los espectadores, habíamos unos pocos cuerdos en la plaza.
Estas fiestas dan para todo, no faltan los empresarios esponjados, que se ufanan de llenar las plazas de toro, que aseveración tan precoz y corta de mente, si bien el señor empresario incide con el diseño y aplicación de estrategias de marketing, publicidad, entre otras, que por cierto se las aplaudo pues no todo es negativo, es sólo una de las tantas variables que convergen para llenar un coso, que van desde el aspecto macroeconómico del país, los carteles, por cierto irrespetados sistemáticamente por la actual empresa que regenta la monumental, incurriendo en el plano del fraude, las ganaderías, e incluso las fechas de las corridas, pues para nadie es un secreto que tanto el sábado como el lunes de carnaval es un lleno seguro.
En fin, son una serie de aditivos que poco a poco le restan prestigio y categoría a la Plaza de Toros Monumental “Román Eduardo Sandia” situación que nos deben llamar a la reflexión, pues seremos los propios supuestos taurinos los que vamos a acabar con esta maravillosa fiesta.
Postdata: Al público que asistimos a la plaza de toros seamos más aficionados taurinos y menos festivaleros.
dividendos presuntso
Agente de pertcepción

References: artículo 144
 artículo 167
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 45
in fine
in fine
 artículo 18
 artículo 11
 Artículo 22