Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/09/
Timestamp: 2019-10-16 09:10:06+00:00

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Justicia en Bolivia: September 2015
Magistrada 'Hay una protección de vocales a jueces'
La consejera y expresidente del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, denunció que existe protección de vocales de los tribunales departamentales de justicia a jueces que reciben sanciones disciplinarias. Mamani mencionó dos casos en que vocales departamentales revocaron suspensiones a jueces. En el primer caso, recordó que un juez de Potosí fue suspendido por presentarse ebrio, y en el segundo, un juez agroambiental tuvo la misma sanción por retardación de justicia, pero en ambas situaciones los vocales departamentales fallaron a favor de estos jueces sancionados.
Alegatos. Explicó que los jueces sancionados alegan que sus derechos fueron vulnerados, pero lamentó que no se tomé en cuenta que estas autoridades perjudicaron a otras personas. "Hay protección de vocales hacia jueces. Es una cadena y no dejan que las sanciones se cumplan", insistió
Destituyen a juez anticorrupción por falsear declaraciones
Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo fue destituida en su cargo como juez primero de Anticorrupción y Violencia Familiar, después de que se descubrió que brindó datos falsos en sus declaraciones durante un proceso disciplinario que se le inició anteriormente, informó la representante del Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz, Mónica Limachi.
"Si bien se le ha iniciado un proceso por falta leve, esta funcionaria al justificar algo justificable ha tenido que falsificar o dar a conocer ciertos elementos que no eran verídicos. Entonces por eso se le ampliado a un proceso por faltas gravísimas porque ha dado declaraciones falsas en el proceso disciplinario, por eso se ha decidido su destitución", señaló Limachi.
La representante del CM en La Paz explicó que el proceso en contra de la ahora exjuez se inició cuando ella cumplía funciones como secretaria del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar.
Agregó que Delgadillo tiene otras denuncias en su calidad de de juez anticorrupción, las cuales están en proceso de investigación. (Erbol)
Por caso Belaunde, defensa de exvocales: “Hay intereses de dañar imagen del Órgano Judicial”
La declaración de Martín Belaunde Lossio, en sentido de haber reconocido al exvocal Ramiro López como la persona que lo extorsionó en Bolivia para favorecerlo en la vía legal, son desestimadas por su abogado Ricardo Maldonado, quien afirmó que el accionar de su cliente está respaldado por una sentencia constitucional y, en su criterio, existen elementos que le hacen presumir que las sanciones a los exvocales Ricardo Chumacero y López están dirigidas a desprestigiar al Órgano Judicial.
“Asimismo, deseo agregar que teniendo la carpeta fiscal a la vista, proporcionada por la autoridad fiscal boliviana, que he podido reconocer a fojas 1776 a la persona de Ramiro López (exvocal), que fue la persona que me extorsionó”, es la contundente declaración que Belaunde hizo en la última respuesta que emitió el 19 de agosto en centro penitenciario de Ancón Lima, Perú, ante la comisión de fiscales bolivianos que se trasladó hasta allí para realizar 35 preguntas.
Dentro de los primeros resultados de la investigación, se cree que los vocales López y Chumacero recibieron 80.000 dólares y un vehículo como parte de pago a cambio de dictar una resolución a favor del exasesor del presidente Ollanta Humala.
El 26 de marzo, en audiencia sobre un amparo constitucional planteado por Belaunde, representado por el jurista Jorge Valda, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, presidido por López concede en parte, el pedido del peruano, para que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) revise una resolución en la que denegó el pedido de refugiado político que realizó ante el Estado boliviano.
Luego de que se conociera esta determinación, el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, se querella contra López y Chumacero por el delito de prevaricato.
Sólo cinco días después, sin que ninguna de las partes lo solicite (de oficio), los exvocales elaboran un auto complementario y en este señalan que la negativa al refugio político emitido el 20 de enero por el Conare, debe ser aplicado mientras la resolución emitida por la Sala Primera era revisada en Sucre por el Tribunal Constitucional. Para Moldiz, esto significó “la prueba del delito”, por la presunta comisión de prevaricato e incumplimiento de deberes.
Sin embargo, Ricardo Maldonado, abogado del exvocal López, explicó que sobre esa denuncia de prevaricato, existe una sentencia constitucional, ratificando la resolución 541/2015 emitida por Tribunal Constitucional, con lo cual se llega a la conclusión de que no hay delito.
Sobre las declaraciones hechas por Belaunde, señalando a su cliente como la persona que lo “extorsionó”, Maldonado dijo que si bien existen declaraciones, no hay evidencia de la entrega de dinero a su cliente y para que la declaración de Belaunde cobre valor, este debe presentarse a declarar en juicio lo cual es improbable.
“Esa es la palabra de un detenido, del que se duda su credibilidad. Solo es un indicio probatorio, para que se considere prueba, debe venir a declarar en juicio y someterse a nuestro contrainterrogatorio con el cual vamos a desnudar la falsedad plateada por este señor”, afirmó Maldonado.
Para el jurista, el hecho de que solo se trate buscar responsabilidad penal en contra de los dos exvocales, obedece a una intención de desprestigio del Órgano Judicial, porque además se debe presumir la inocencia y al responsabilida de redireccionar la investigación para dar con los verdaderos responsables de la fuga y extorción al peruano Belaunde.
Tanto López como Chumacero renunciaron a sus cargos para ser investigados y ahora cuentan con detención domiciliaria.
Belaunde declaró que su hermana le envió, desde Perú, 120 mil dólares destinado al pago de López. “El dinero fue depositado por mi hermana, transferido por el Banco Scotia Bank de Lima a Desaguadero, recogiéndolo el Sr. Yuliano Arista (Curaca Blanco) a pedido mío; y el destino fue pagarle al vocal Ramiro López”, sostuvo.
Video Destituyen a la única juez anticorrupción de TSJ de La Paz por faltas disciplinarias
Hay líos en Tribunal Agroambiental
El magistrado de la sala segunda del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, denunció ayer que esta entidad atraviesa por una mala administración, pues se ha convertido en un ‘botín de pegas’ a consecuencia de un supuesto boicot y golpe institucional. En ese sentido, alertó que los actos de ese tribunal son viciados de nulidad.
“La Contraloría debería investigar si estas contrataciones han seguido los procedimientos legales. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que señala que hay una suplantación de funciones en este órgano”, dijo Huarachi.
El 8 de mayo, Huarachi envió una carta al presidente Morales denunciando los líos. En la oportunidad, este órgano dijo que todo era legal
La suma de 50 mil dólares fue lo que, mediante dos abogados, entregó el exasesor presidencial del Perú Martín Belaunde Lossio a miembros del comité de impugnación de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia, según las declaraciones que el peruano dio a los fiscales bolivianos que lo interrogaron en agosto, en un penal de Lima, Perú, donde fue conminado por la justica de su país, acusado de enriquecimiento ilícito.
“Después de obtener el rechazo de primera instancia, apelamos a la segunda instancia (...); me comentó mi abogado (Jorge Valda) que conocidos de él y a través de abogados y funcionarios de Conare, le habrían pedido dinero para que la solicitud de refugio sea aprobada, al final la resolución salió en contra, pero mi abogado comentó que sí entregó una cantidad importante”, fue la respuesta que brindó Belaunde a la respuesta número cinco del cuestionario que el Ministerio Público de Bolivia le hizo en la cárcel Centro Penitenciario “Ancón 1” de la ciudad de Lima, Perú, a donde fue llevado luego de ser extraditado de Bolivia en mayo.
Al igual que lo habria manifestado el exministro de Gobierno, la semana pasada, a Bealunde "se le hizo creer" que el dinero que entregó le serviria para lograr su fuga. Los dos intermediarios serían abogados del Ministerio de Gobierno, Ricardo S. G. y Adolfo L. O.
Informe de la Fiscalía Emergen contradicciones entre Valda y Belaunde
De acuerdo con el informe brindado por el fiscal general Ramiro Guerrero, Martín Belaunde no declaró sobre los contactos que mantuvo con el entonces ministro de Gobierno, Jorge Pérez, lo cual está en contradicción con las declaraciones hechas por su exabogado en Bolivia, Jorge Valda, quien reveló que, mediante dos funcionaros, realizó enlaces para pagar elevadas sumas de dinero a cambio de lograr ayuda que le permita fugar a Belaunde. Antes, para lograr el estado de refugiado político, negado en dos ocasiones.
El fin de semana anterior, medios de comunicación peruanos dieron a conocer uno de tres audios, en los que se evidenciaría que el también exministro de Gobierno, Jorge Pérez, mantuvo contactos privados con Belaunde desde diciembre de 2014.
Dicho audio, se produjo un mes antes de que Pérez fuera desplazado de su cargo por Hugo Moldiz, a quien le costó el cargo la inverosímil fuga que el peruano emprendió el 24 de mayo, pese a que Moldiz ordenara de forma directa al entonces comandante de la Policía, general Luis Cerruto, que triplicara la guardia en el domicilio de Bajo Llojeta donde Belaunde guardaba detención domiciliaria.
El 10 de junio se reveló que dos supuestos funcionarios, Rodrigo Quispe y George Peter Nava, “pidieron a nombre” de un exministro de Gobierno la suma de 500.000 dólares, según la declaración de Valda, ante la comisión de fiscales.
Valda fue detenido mientras se dirigía a la ciudad de Sucre cuando estaba acompañado de la hija de Juliano Arista (‘Curaca Blanco’), un día después que se conociera la fuga del peruano. De acuerdo con Alberto Morales, el abogado que lo representaba en ese entonces, Valda llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, para someterse a un proceso abreviado.
Para el mismo pacto se acordó develar los nombres de funcionarios públicos y judiciales que solicitaron dinero a cambio de ayudar en la fuga de Belaunde. Sin embargo, Morales denunció que su cliente había sido utilizado y que las declaraciones estaban siendo empleadas de forma selectiva para apartar del caso a miembros del Órgano Ejecutivo.
“El doctor Valda ha prestado la anterior información y la Fiscalía ha sido selectiva en el uso de ese aporte y sólo se ha empeñado en involucrar a dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ramiro López y Ricardo Chumacero. El cohecho que recibió Valda no era con relación a los dos vocales, él no les entregó un peso a ellos, era con relación a miembros del (Órgano) Ejecutivo, esa selectividad me aterra”, explicó Morales que, en ese entonces, se negó a revelar los nombres de los miembros del Órgano Ejecutivo que estaban implicados por la comisión de fiscales.
De forma extraña y en contrapartida con todos estos datos, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó el viernes último que Belaunde, en el marco de la declaración que prestó ante fiscales bolivianos en Perú, el pasado agosto, no hizo referencia a otro nombre, mucho menos de personeros o funcionarios de Gobierno, por lo que para Guerrero no existe contradicción, pues Belaunde no menciona a otra autoridad para evaluar su investigación.
Pero, el audio donde se escucha a Pérez hablar presuntamente con Belaunde, así como las declaraciones de Morales del 11 y 12 de junio, contradicen la línea de investigación que el Ministerio Público ha tomado, pues tanto Guerrero, como los miembros de la comisión de fiscales, han dejado en claro que Pérez, quien prestó su declaración también el viernes pasado, no fue convocado para esclarecer el contenido del audio, sino únicamente para dar más referencias sobre la evasión de Belaunde.
El 11 de junio, al día siguiente de que Valda fuera enviado con detención preventiva a San Pedro, Morales reveló quiénes eran los funcionarios que a nombre de los titulares y jefes de unidades de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) supuestamente extorsionaron con el pago de elevadas sumas de dinero al empresario peruano Belaunde.
Morales aclaró que los datos, con nombres, apellidos, fechas, lugares, motos de dinero en dólares y números de celular fueron entregados por Valda a los pocos días de su detención, luego de llegar a un acuerdo con la comisión de fiscales para someterse a un proceso abreviado y evitar ser enviado a la cárcel.
Pero el dato más relevante en esos días fue el relacionado con los dos supuestos funcionarios del Ministerio de Gobierno, quienes, a nombre del entonces titular de la cartera, Hugo Moldiz, pidieron el medio millón de dólares, con la condición de desactivar todos los sistemas de seguridad de la detención domiciliaria y de esa manera facilitar la fuga de Belaunde.
Valda estuvo en reuniones sostenidas en la ciudad de Santa Cruz con los choferes que transportaron a Belaunde hasta la localidad de Magdalena, luego de su fuga a Trinidad. El chofer Rodrigo Quispe Quispe, después de someterse a proceso abreviado, fue puesto en libertad.
En junio de 2009, tras el atentado al canal 4 de la ciudad de Yacuiba, de la Red Unitel, Nava fue detenido por la Policía con una credencial de la seguridad presidencial.
Morales –defensor del abogado Jorge Valda– relató a la prensa que “el teniente George Peter Nava y el civil de apellido Quispe visitaron el inmueble donde Belaunde guardaba detención domiciliaria, para ofrecer, a nombre de Moldiz, que ellos podían garantizar la fuga segura por 500 mil dólares y que durante 24 horas desactivarían todo mecanismo de control”.
SINDICACIÓN DE MOLDIZ
El pasado lunes, el exministro de Gobierno Moldiz, respaldado por el audio difundido en los medios peruanos, reveló varias falencias en cuanto al trabajo de resguardo que la Policía Nacional debía cumplir y dejó en claro que los contactos que se hicieron y de los que podrían haber sido mencionados por Valda fueron hechos mientas Pérez aún era ministro, en diciembre de 2014.
Moldiz, a tiempo de señalar que Pérez nunca le informó sobre estos contactos con Belaunde, afirmó que este debería dar una explicación al Ministerio Público de lo que dijo y el porqué lo dijo, en la conversación revelada, y mencionó la posibilidad de presentar un memorial a la justicia para que esto suceda.
No fue citado por audios Pérez se niega a explicar su relación con Belaunde
Escoltado por tres miembros de su seguridad privada, ayer viernes, Jorge Pérez, se negó a dar a conocer las razones por las que no informó sobre la relación que sostuvo con el peruano extraditado, Martín Belaunde Lossio, mientras se desempeñaba como Ministro de Gobierno en diciembre de 2014.
“¿Por qué no informó (al ministro Moldiz) de los contactos que mantuvo con Martín Belaunde?”, fue la repetida consulta que Pérez rehuyó responder, mientras entre empujones a periodistas, sus escoltas lo sacaban de la Fiscalía de Distrito de La Paz, donde por más de cuatro horas prestó su declaración informativa, en calidad de testigo, ante la comisión de fiscales que investiga los hechos relacionados al 17 de mayo cuando Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, fugó de su detención domiciliaria.
“He venido en calidad de testigo y hemos proporcionado la información que conocemos, la que nos recordamos y todo lo que pueda ser útil y ayudar en la investigación de la evasión del señor Belaunde. Todo aquello ha quedado registrado en mi declaración informativa”, fue la escueta declaración que la exautoridad brindó ayer.
Entre el domingo y lunes de la semana pasada, medios de comunicación peruanos difundieron uno de al menos tres audios en los que se tiene registrado la conversación entre Pérez y Belaunde. En el primer audio, que se presumen fue hecho en diciembre, la exautoridad boliviana acuerda una visita en Santa Cruz, al domicilio donde se encontraba alojado Belaunde y le advierte que su teléfono podía estar intervenido.
Los medios de comunicación del vecino país cuestionaban la cercanía y el poder de negociación que Belaunde mantenía con las autoridades bolivianas.
NO LO CITARON POR AUDIO
Sin embargo, según Anghelo Saravia, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso, informó que Pérez no fue citado para esclarecer cuál fue la relación que mantuvo con Belaunde mientras ejercía como Ministro de Gobierno.
Saravia descartó que el exviceministro fuese convocado para explicar el caso de los audios, al contrario, señaló que la convocatoria fue para brindar mayor información que permita aclarar el caso de la fuga de Belaunde y la participación de otros implicados, desde los custodios hasta los vocales, Ricardo Chumacero y Ramiro López.
“No estamos investigando el audio (difundido en el Perú), no estamos investigando las pericias del audio”, mencionó Saravia.
El 21 de enero, Belaunde fue confinado a cumplir detención domiciliaria en el domicilio de Bajo Llojeta de propiedad de su pariente, el ‘Curaca Blanco’.
Belaunde ingresó a Bolivia ilegalmente el 1 de diciembre de 2014 y pidió asilo político a la Conare, instancia que rechazó la demanda en dos oportunidades por considerar que no era perseguido político. Mientras tanto, Perú solicitó la extradición.
Durante la vigilia que periodistas realizaron, llamó la atención que sin ninguna reserva, tratado de pasar por periodistas, miembros de inteligencia, vestidos de civil, realizaron el seguimiento de la presencia de Pérez en la Fiscalía de La Paz y repitieron el proceder como en otros casos como el de corrupción que involucra a excomandantes de la Policía o el caso del exfiscal Humberto Quispe, fotografiando a los presentes y grabado las declaraciones de los involucrados.
Pérez declaró por el caso de la fuga de Belaunde
Este viernes, el exviceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, declaró ante la comisión de fiscales encargados de la investigación del caso del empresario peruano Martín Belaunde.
La Fiscalía lo convocó luego que se difundiera el audio de una
conversación entre Belaunde y el exviceministro, durante la cual Pérez le dice al peruano que debe pensar “con la cabeza fría” respecto al proceso de extradición.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que solicitará a las autoridades peruanas la grabación original y el extracto de los movimientos bancarios de las personas involucradas en el caso.
Tras cuatro horas de declaración, Pérez señaló a la red Erbol que expresó todo lo que sabía. “Hemos proporcionado la información que conocemos, la que nos recordamos y todo lo que pueda ser útil y ayudar a la investigación en este caso que investiga la evasión del señor Belaunde”, manifestó la exautoridad.
Lee más: Pérez admite que habló con Martín Belaunde
Además explicó que Belaunde, que fue asesor del presidente peruano Ollanta Humala, entregó dinero y vehículos a jueces, vocales y abogados, para favorecer su fuga de Bolivia.
CASO BELAUNDE Fiscalía recibe declaración de Jorge Pérez
La fiscal Jenny Quispe, miembro de la comisión que investiga la fuga del empresario Martín Belaunde Lossio, afirmó que hoy declarará Jorge Pérez, ex ministro y viceministro de Gobierno.
De acuerdo con la operadora de justicia, la comisión determino citar a Pérez por admitir que habló con el empresario peruano cuando este se hallaba en Bolivia solicitando refugio, según dijo con fines investigativos.
La fiscal dijo que “la comisión determinó citar a Pérez después de un análisis, será por la tarde cuando venga”. De forma extraoficial, en la Policía, se conoció que el exviceministro de Régimen Interior y Policía conocía de la fuga de Martín Belaunde, quien fue hallado en Magdalena en mayo de 2015 y después extraditado al Perú por presuntos delitos de corrupción en dos regiones.
PROCESO. En tanto la fiscal afirmó que el caso continúa en etapa preparatoria y que tras la declaración de Jorge Pérez la comisión analizará si se convocan o no a más implciados en el caso de la fuga del empresario peruano de quien tampoco dieron a conocer sus declaraciones que fueron tomadas en el penal de Piedras Gordas en el Callao - Perú. Los dos principales señalados de autores de la fuga, Yuliano Arista y Jorge Valda, continúan detenidos preventivamente, pese a sus solicitudes de cesación que presentaron ante el Tribunal.
Revocan la suspensión de la pena de ‘La Choca’
El Juzgado 7° de Instrucción en lo Penal revocó el martes la suspensión condicional de la pena, que beneficiaba a Jermani Arce Ramos, alias La Choca, quien fue sentenciada en 2014 a tres años de reclusión por un robo agravado cometido ese año.
En 2014 la mujer “fue sorprendida en flagrancia por cometer un delito de robo agravado en el alojamiento Cantaritos, ubicado en la calle Chuquisaca, de donde sustrajo Bs 400 y dos celulares”, informó el juez Iván Córdova.
El artículo 366 del Código de Procedimiento Penal establece el beneficio de la suspensión condicional de la pena cuando la condena no exceda los tres años y el sentenciado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.
Como La Choca —quien pasó cuatro meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en 2014— fue sorprendida asaltando a un joven la madrugada del 9 de septiembre de 2015 en complicidad de otro delincuente y dos policías, el juez dispuso que pase los dos años y ocho meses que le quedan en ese penal. “Tenía prohibido verse involucrada en nuevos hechos delictivos, pero como fue imputada en el caso denominado Policías, revoqué el beneficio”.
Intervienen juzgados y anuncian procesos
La representante distrital del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, anunció el miércoles 15 procesos disciplinarios contra jueces y funcionarios tras la intervención a dos juzgados de La Paz, denunciados por retardación de justicia y malos tratos.
Limachi, acompañada de los jueces disciplinarios, abogados de las Brigadas Móviles y medios de comunicación, realizó sorpresivas inspecciones a los juzgados VI Partido de Familia y IX de Instrucción en lo Penal Cautelar.
En ese control y fiscalización que realizaron las Brigadas Móviles al menos tres semanas, explicó que recibieron innumerables denuncias por retardación de justicia, incumplimiento de deberes y malos tratos.
Por esa razón, informó que 15 servidores judiciales, personal de apoyo jurisdiccional, actuarios, oficiales de diligencia y auxiliares serán remitidos a los juzgados disciplinarios para establecer responsabilidades.
Explicó que entre las sanciones por faltas graves y gravísimas establecidas en la Ley 025 están multas económicas, suspensiones, amonestaciones escritas y destituciones.
Precisó que en los juzgados de la ciudad de El Alto, las brigadas recibieron 90 denuncias, de las cuales, resolvieron 80 casos y 10 se enviaron a los juzgados disciplinarios; en La Paz, se atendieron 90 reclamos.
Video Intervienen el Juzgado 6to de partido de familia por denuncias de retardación y corrupción
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Denuncian al exfiscal Quispe por explosión en una casa de Irpavi
José Luis Cuenca, que sostiene un proceso contra el exfiscal Humberto Quispe, anunció que ampliará la denuncia contra él por tentativa de homicidio, ya que lo señala como el responsable de una explosión en su domicilio la noche del lunes, en la zona de Irpavi.
"Vamos a ampliar la denuncia en la FELCC por tentativa de homicidio contra Humberto Quispe, él es el principal sospechoso porque nos amenazó varias veces con matarnos y hacernos
desaparecer. Dijo que era un perseguido y que su familia haría justicia con sus propias manos, ¿ya está cumpliendo su amenaza?”, manifestó ayer Cuenca.
Él contó que a las 23:30 del lunes descansaba en su habitación cuando escuchó una "fuerte explosión”. No sospechó que fuera en su vivienda, así que sólo salió cuando la Policía llamó a su timbre, varios minutos después. Los uniformados llegaron alertados por un vecino y entonces comprobó que el techo que cubre la puerta del garaje tenía un hoyo, la pequeña barda de hierro de encima quedó doblada y el suelo estaba repleto de escombros.
Vecinos oyeron lo ocurrido. Uno de ellos narró que poco antes de la explosión observó un vehículo que pasó "despacio” y cerca de la morada de Cuenca. Minutos después ocurrió lo mismo con otro coche. Por ello se recurrirá a las cámaras de seguridad de las viviendas contiguas para determinar qué vehículos transitaron por el lugar en ese lapso de tiempo.
Esa noche llegaron los bomberos de la unidad de explosivos, también efectivos de la fuerza anticrimen y del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para colectar indicios.
Otro integrante de la asociación de víctimas del exfiscal, Víctor Vargas, declaró que no sólo sospechan de que Quispe esté detrás de la explosión. "Estamos seguros de que es él y todos corremos el mismo riesgo”.
Este medio intentó sin éxito contactarse vía celular con Quispe. No obstante, respondió a otros medios que él era fiscal, no "terrorista”. Cuenca denunció el año pasado al exfiscal por robo agravado. Lo acusó de estar detrás de un asalto a su domicilio, en el que falsos policías se llevaron una vagoneta y joyas con un valor de 200 mil dólares y 300 mil bolivianos.
Autoridad El abogado Víctor Vargas informó que se contactaron con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, con quien coordinaron una reunión "para poner fin a estos atropellos y abusos que se cometen”.
Imágenes El jurista añadió que se entregó al Ministerio de Gobierno fotografías de algunas "personas que rodean” al exfiscal y que "van a sus audiencias” para identificarlos y detallar su prontuario. "Son delincuentes”, añadió.
Agrupación El 20 de noviembre de 2014 se conformó la Asociación de Víctimas del exfiscal Humberto Quispe, inicialmente con 11 miembros.
Atribuyen a exfiscal Humberto Quispe atentado dinamitero a víctima de extorsión
José Luis Cuenca, un ciudadano que acusa de extorsión y otros delitos al exfiscal Humberto Quispe, lo responsabilizó de haber ejecutado un atentado explosivo que destruyó parte de su domicilio, pero no ocasionó daños personales.
"Este pesar dura ya un año y medio, esta pesadilla en la que nos ha metido el exfiscal Quispe, y ahora realiza un atentado contra mi familia y destruye mi casa", dijo Cuenca a radio Deseo. Por su parte, Boris Espinoza, abogado de Cuenca, recordó que antes del incidente, el exfiscal amenazó a través de los medios de comunicación de que haría "justicia con mano propia" en contra de todos los que lo acusan.
Quispe es acusado por decenas de personas de delitos como enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, robo, ejercer presión para torturar, ordenar detenciones ilegales, etc. Por ello se conformó una asociación de víctimas en su contra.
"Se presentará una querella criminal por este hecho terrorista y cobarde que ha sido víctima otra vez el señor José Luis Cuenca Valenzuela, nos vamos a querellar en contra del señor Humberto Quispe", finalizó el abogado. Según el abogado, el atentado se produjo al promediar las 23:00 del lunes cuando un objeto explosivo estalló y dañó gran parte del domicilio de Cuenca, ubicado en la zona de Irpavi de La Paz.
La explosión dañó el techo de la entrada del domicilio y el estruendo activó la alarma de las movilidades que estaban parqueadas alrededor. Espinoza mencionó que una cámara de seguridad de un edificio cercano al lugar captó a unos vehículos pasando por el escenario de la explosión.
Tarija Treinta denuncias desatan una evaluación a los jueces
La representante del Consejo de la Magistratura en Tarija, Paola Chirinos, informó el martes 8 de septiembre que se investigará a los jueces que emitan fallos que no estén enmarcados en la ley, también se ampliarán las investigaciones a los jueces por enriquecimiento ilícito para conocer el origen de fortunas y bienes.
Este último mes se recibieron 30 denuncias, al margen de las disciplinarias contra funcionarios judiciales por mala atención y demora en el señalamiento de audiencias de fallos, incluso hasta 2017.
Chirinos indicó que a raíz de esto es que el Consejo de la Magistratura presentó una denuncia contra un juez y continuará con estas actividades de investigación.
Se tiene conocimiento de que la Fiscalía interpuso denuncias contra un Vocal y un Juez de Bermejo, donde al ex alcalde se le habría dado dos fallos en una misma resolución, lo que llama la atención.
“¿Qué pasa con los casos que no se denuncian, ingresan doblemente la misma causa? Son cosas irregulares y el Consejo tiene que actuar, hay jueces buenos, ojalá todos sean así pero ante ciertas situaciones hay que dudar, no queremos prejuzgar así que hay que investigar”, cuestionó Chirinos.
Respecto a las investigaciones de enriquecimiento ilícito, Chirinos explicó que todo funcionario público debe ser transparente, especialmente cuando se es juez y que no deben presentarse molestias por una revisión.
Chirinos señaló que coordinará con el Control Social y Fiscalización del Órgano Judicial para realizar un trabajo conjunto de investigación.
Orlando Tejerina, asesor legal de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) y Control Social y Fiscalización al Órgano Judicial en el departamento de Tarija, indicó que se programó una reunión con Chirinos para realizar un cronograma de actividades.
Control Social y Fiscalización propondrá realizar un cronograma para visitas a juzgados, obtener listas de jueces procesados para saber el porqué de los procesos y en qué instancias se encuentran para hacer el respectivo seguimiento.
Tejerina dijo que se planea la verificación de la procedencia de los bienes y recursos de los jueces durante esta gestión, ya que no es un trámite largo que se hace por medio de la Contraloría, recalcó que se tiene que identificar muchos factores antes de presumir el enriquecimiento ilícito de cualquier persona.
Jenny Cortez, Juez de partido tercero en lo civil de la capital y presidenta de la Asociación de Magistrados de Tarija (AMATA), indicó que como asociación no se reunieron para dar una postura sobre las denuncias que realizó la delegada distrital del Consejo de la Magistratura.
Como presidenta de AMATA, señaló que lamenta estas declaraciones ya que se tienen los mecanismos legales pertinentes para averiguar la verdad de los hechos según las normas que establece la Constitución Política del Estado para hacer las averiguaciones y evidenciar sus declaraciones previa investigación.
“Es indudable que nosotros como jueces, no podemos permitir que se lancen ese tipo de acusaciones en nuestra contra, ya que esto desprestigia la imagen de los jueces en la sociedad, lo ideal sería que el Consejo de la Magistratura, como parte del Órgano Judicial pueda coordinar todas las acciones que mejoren el acceso a la justicia y no desprestigiarla”.
Cortez hizo sentir su molestia y afirmó que los jueces se sienten ofendidos ante las declaraciones de Chirinos ya que no fueron canalizadas por los mecanismos legales pertinentes.
Inspecciones para evaluar el desempeño en juzgados
La representante del Consejo de la Magistratura en Tarija, Paola Chirinos, informó que en horas de la mañana del día de ayer se realizó una inspección sorpresa a tres juzgados penales y civiles donde se pudo evidenciar que a las nueve de la mañana ninguno tenía audiencias.
Resaltó que hay quejas por la sobrecarga laboral por parte de los funcionarios judiciales, pero cuando se visitaron estos juzgados no presentaban actividad, por lo que indicó que esta situación da a lugar para que se soliciten informes a los juzgados de cuantas audiencias realizan por día y al Tribunal un informe de los juicios que realizan y los tipos de salidas alternativas aplicadas.
“Al parecer se están aplicando solo salidas abreviadas, señalando las audiencias para el año que viene y como este tipo de audiencias dura una hora quedan tranquilos, meses sin hacer nada”, concluyó Chirinos.
Capacitación a jueces para vigencia de códigos
Para evitar otro retraso en la puesta en vigencia de los códigos Civil y de Familia, en febrero de 2016, es que se intensificará la capacitación de jueces en un trabajo coordinado entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, informó el viceministro de Justicia de Derechos Fundamentales, Diego Jiménez Guachalla.
La autoridad aseguró que las capacitaciones constantes a los jueces conciliadores servirán para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos en todo el país.
“La capacitación y actualización a los jueces ciudadanos es de forma constante, para que sean imparciales en plenitud cuando se tome una decisión en torno a un caso de terminado”, explicó.
También confirmó que se respetara la Ley de Vigencias Plenas, que determina el inicio del trabajo de los Jueces Conciliadores el 6 de febrero de 2016.
Mencionó que el Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Ministerio de Justicia construyeron modelo de gestión para reducir la carga procesal en los juzgados civiles y de familia.
Además, el modelo aplicará la oralidad y conciliación, para resolver los conflictos legales entre partes, asistencia familiar, deudas, entre otros. Asimismo dijo que para asistir a una conciliación, no será necesario que litigante cuente con un abogado, para evitar retardación de justicia, para acelerar el proceso; otro aspecto es que todo el trámite será gratuito,
Jiménez también sostuvo que se tiene un plan de socialización con actividades teatrales, propagandas radiales y televisivas, además de ferias en las ciudades capitales e intermedias.
Rotaciones de juez impide inicio de juicio oral en caso Alexander
JHIERY F. ES LA ÚNICA PERSONA QUE SE ENCUENTRA CON DETENCIÓN PREVENTIVA EN SAN PEDRO.
El juicio oral en contra de tres médicos y una enfermera acusados por la muerte del bebé de ocho meses en noviembre de 2014, Óscar Alexander, no inicia debido a una serie de irregularidades en el Órgano Judicial. Ahora, según Juan Carlos Berrios, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, debido a que el Consejo de la Magistratura programó la rotación de los jueces que componen el Tribunal Decimo de Sentencia, instancia donde debe desarrollarse el proceso legal.
Berrios dejó en claro que dicha rotación de jueces es de exclusiva competencia del Consejo de la Magistratura y el TDJ se limita a dar a conocer los nombramientos.
De los tres jueces técnicos que componen esta sala, dos habrían sido designados para otros distritos lo que hace que el Tribunal Décimo, de forma temporal, quede sin el quórum necesario para establecer audiencias.
Antes de que se conociera dicho movimiento de puestos judiciales, los integrantes del Tribunal Décimo fueron sancionados con el módico descuento de tres días de haber, por haber rechazado el caso, y creando un conflicto de competencias que debió ser resuelto en Sala Plena del TDJ.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses, Óscar Alexander Ch. V., perdió la vida en el hospital Juan XXIII de la zona de Munaypata, a causa de un paro cardiorrespiratorio y un cuadro de anemia severa generada por una hemorragia interna, luego de haber sido reanimado tres veces de una broncoaspiración provocada por el atragantamiento con su leche en el hogar Virgen de Fátima (ahora Niño Jesús), donde el menor fue internado, a la tutela de la Gobernación de La Paz.
Sin prueba material en contra del entonces médico de turno del hogar, Jhiery F.S. (35), y en un proceso investigativo lleno de reiterados vicios investigativos, como la dudosa formación de los dos forenses que certificaron el sangrado como violación y errores en la colección de evidencias y testimonios, desde la Fiscalía General se direccionó el caso para que este sea tomado como abuso sexual y en la etapa de juicio oral, los fiscales buscan condenar, junto al galeno acusado del vejamen, a otra enfermera de esta institución y dos médicos del Hospital del Niño.
Confirma la cumbre judicial para octubre
Para enfrentar la crisis del sistema judicial, el Gobierno realizará la esperada cumbre de la justicia en octubre de este año.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, señaló que la fecha exacta será anunciada por el presidente Evo Morales.
Velasco mencionó que los preparativos para esta actividad ya están adelantados debido a que se realizaron trabajos en los nueve departamentos como foros debate y otras actividades relacionadas que permitieron conocer las propuestas de la sociedad ante la crisis del sistema judicial.
La autoridad manifestó que continúa recibiendo sugerencias de las distintas regiones y sectores con el objetivo de fortalecer este ámbito.
"Seguimos recibiendo (ideas) de la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, no es solo de La Paz, tenemos otros departamentos los mismos que siguen haciendo llegar (las sugerencias) y por supuesto nosotros reiteramos a la población boliviana que nos haga llegar las propuestas para cambiar la justicia y para vivir bien", argumentó Velasco.
La cumbre fue convocada como una medida destinada a encontrar soluciones a la crisis que atraviesa el Órgano Judicial, por lo que el Primer Mandatario convocó a la sociedad en su conjunto a trabajar, analizar y debatir propuestas que cambien la imagen de la justicia boliviana.
Fiscalía: Belaunde admite que entregó coimas a autoridades
En su declaración que en los últimos días llegó a la Fiscalía Departamental de La Paz, el empresario Martín Belaunde admite que entregó coimas a autoridades bolivianas y confirma la hipótesis del Ministerio Público en lo que se refiere a su fuga y el cohecho, delitos en los que hay al menos siete implicados.
"Nos ha llegado oficialmente la declaración de Belaunde. En lo absoluto, refuerza la hipótesis de la Fiscalía. Reconoció que hubo esas circunstancias de cómo es que él logró contactarse con los vocales y cómo es que logra obtener un favor de ellos, estas personas habrían sido las que le han ofrecido beneficiarlo. Él no se ha negado”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano.
Belaunde permanece recluido en una cárcel peruana procesado por lavado de activos. Su declaración que responde a preguntas formuladas por dos fiscales bolivianos que viajaron a Perú a fines de agosto, llegó primero a la Cancillería de Bolivia, desde donde fue remitida al Ministerio Público.
En el país se le sigue otro proceso por evasión a la justicia y cohecho activo, en el que están implicados los exvocales Ricardo Chumacero y Ramiro López, un viceministro, una funcionaria del Ministerio de Gobierno, un exministro, un exviceministro y un magistrado, entre otros, que en total recibieron más de 300 mil dólares en sobornos para beneficiar al peruano, según la pesquisa.
A principios de año el empresario huyó de Perú y llegó a Bolivia a pedir refugio político. El 23 de enero la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) negó su pedido por lo que su abogado, Jorge Valda, intentó conseguirlo por otras vías, como el amparo constitucional que cayó en manos de Chumacero y López.
La Fiscalía imputó a ambos por presuntamente recibir unos 80.000 dólares de Belaunde para favorecerlo con la resolución. El primero recibió detención domiciliaria, el segundo consiguió la misma medida el lunes tras estar detenido preventivamente.
Rollano añadió que la declaración de Belaunde se refiere "básicamente” a la participación de los ahora imputados; pero no descartó que existan nuevos implicados. "Si acaso esto ocurriera la comisión debe investigar”.
Respuesta El fiscal departamental, Marcelo Rollano, dijo que están prestos a colaborar con información que se tenga sobre el caso Belaunde a sus pares en Perú; pero aún no llegó un pedido oficial. Esto en respuesta a la declaración que hizo el procurador anticorrupción de Perú, Joel Segurola, quien dijo se solicitó información sobre la entrega de $us 30.000 de la periodista peruana Milagros Leiva para una entrevista con el empresario.
Revelación Milagros Leiva reveló que pagó $us 30.000 a Yuliano Arista, quien hospedó a Belaunde en Bolivia, para entrevistarlo cuando cumplía detención domiciliaria.
Es el tercer proceso Exfiscal Quispe imputado por la Fiscalía General
Víctor Eddy Vargas, en 2013, fungía como abogado defensor de un grupo de vecinos de la zona Irpavi que mantenía un litigio con un grupo de “loteadores”. El proceso era atendido por Humberto Quispe y se presume que este intentaba sacar ventaja económica, por lo que trata de anular al abogado, inventado un proceso penal en su contra por supuesta falsificación de su título de jurista.
Vargas inicia su defensa, luego de ser denunciado por estafa y estelionato. Sin embargo, sólo al inicio del proceso, Vargas constata una serie de irregularidades en la documentación que Quispe presenta en su contra, como son los números del caso con los que se debe registrar la apertura de una denuncia en la Fiscalía, que corresponde al del registro judicial de otro proceso que nada tiene que ver con Vargas, llegando a la conclusión de que el caso no existía.
Es a raíz de este caso que Vargas inicia una serie de denuncias a las instancias disciplinarias de la Fiscalía de Distrito, sin embargo, no es atendido y recurre a la máxima instancia en Sucre. En ese marco, el 28 de agosto pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) emite imputación formal en contra de Quispe, siendo esta la tercera en su contra.
“(La FGE) imputa formalmente a Humberto Quispe por la presunta comisión de los ilícitos, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión”, señala el documento firmado por el fiscal de Persecución de Delitos de Corrupción, Henry Espíndola.
Quispe ha reiterado varias veces su inocencia y señala que la “asociación de víctimas”, que se conformó en su contra, reúne a “delincuentes” que se unieron en su contra por haber cumplido con su trabajo. Sin embargo, los testimonios y la documentación presentada por el grupo de personas que le abrieron querella es contundente y hasta el momento no ha logrado ser rebatida en medios de comunicación.
Los delitos por los que se busca la detención preventiva de Quispe en San Pedro son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes, por participar en un operativo supuestamente montado, uso indebido de influencias y asociación delictuosa y también por sus nexos con otros fiscales, jueces y efectivos policiales de inteligencia.
En la imputación de la Fiscalía General del Estado, Vargas denunció a Quispe y a Helmer Laura, ambos exfiscales de la zona Sur de La Paz, los mismos que fueron destituidos por irregularidades en su trabajo.
Vargas afirma que el exfiscal le pidió 3.000 dólares y que este se negó a pagar. Posterior a esta negativa es imputado.
En declaraciones a otro medio escrito, Quispe negó conocer esta nueva imputación y agregó que él no cometió ninguna irregularidad al procesar a Vargas debido a que había un delito: la falsificación de su título de abogado. “No hay problema si el caso no está registrado en el sistema de la Fiscalía; si hay delito, mi obligación como fiscal es investigarlo”, afirmó.
Justicia del país colapsó debido a carga procesal y corrupción
El abogado constitucionalista William Bascopé aseguró que “la justicia colapsó” y no sólo por el tema de la corrupción, sino por la carga procesal, añadiendo que hay jueces con 1.000 y hasta 2.000 causas y fiscales de igual manera. En su criterio, es humanamente imposible atender al público litigante.
Bascopé en una entrevista con ANF, sostuvo que ha colapsado la justicia de nuestro país debido a la sobrecarga procesal, la corrupción y la falta de independencia frente a los otros órganos de Estado.
El especialista aseguró que por ello, la próxima cumbre judicial, anunciada en enero pasado por el presidente Evo Morales, tiene “enormes desafíos”. Pero también hizo notar que ese evento todavía no tiene fecha definida y no es parte de la agenda pública.
“REVOLUCIONAR LA JUSTICIA”
“Debemos revolucionar la justicia, sino la Constitución solo será una carta de buenas intenciones” señaló.
“La justicia colapsó y no sólo por el tema de la corrupción, sino por la carga procesal. Hay jueces con 1.000 y hasta 2.000 causas y fiscales de igual manera. Es humanamente imposible atender al público litigante”, aseguró Bascopé.
El jurista sostuvo que la anunciada cumbre judicial tiene que trabajar reformas como introducir cambios en la formación que las universidades dan a los futuros profesionales que administraran justicia, mejorar la infraestructura del sistema judicial, modernizar los aspectos de logística y acrecentar el presupuesto acorde a las necesidades del órgano judicial.
Junto con ello dijo también que es importante mejorar las condiciones salariales de los operadores de justicia.
Pero como uno de los asuntos centrales, dijo, se debe enfrentar el problema que entraña la “falta de independencia del Órgano judicial”.
En cuanto a la elección por voto de los magistrados que se desarrolló en 2011 como una experiencia pionera, Bascopé aseguró que la fórmula fue equivocada.
SIN EVALUAR MERITOCRACIA
“En esa fórmula nos equivocamos, porque no se evaluó exclusivamente la meritocracia, la carrera profesional y académica, tampoco la experiencia”, explicó el abogado.
Por eso, señaló, la mora procesal, la sobrecarga laboral, la corrupción, la falta de transparencia, la burocracia, el incumplimiento de deberes, la injerencia política y la debilidad económica son algunos de los problemas que arrastra la administración de justicia del país.
En 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de su representante en Bolivia, Denis Racicot, señaló que los problemas estructurales y la mora procesal en la administración de justicia se agravaron en los últimos años, generando muchos casos de impunidad e inseguridad.
Emiten una tercera imputación contra exfiscal Humberto Quispe
Desde la Fiscalía General del Estado, en los últimos días se emitió una nueva imputación contra Humberto Quispe por cuatro delitos, en un proceso iniciado por un abogado que forma parte de la asociación de víctimas contra el exfiscal.
"Imputa formalmente a Humberto Quispe por la presunta comisión de los ilícitos uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y extorsión”, escribió el fiscal asignado a la Persecución de Delitos de Corrupción, Henry Espíndola, el 28 de agosto.
Quispe suma, con esta, tres imputaciones. La primera fue por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes, por participar en un operativo supuestamente montado. La segunda por uso indebido de influencias.
De acuerdo con la imputación, el abogado Víctor Vargas denunció a Quispe y a Helmer Laura, ambos exfiscales de la zona Sur de La Paz, destituidos por irregularidades en su trabajo.
Vargas fue denunciado por estafa y estelionato. Laura se hizo cargo del caso y lo imputó en agosto de 2013. Pero en mayo de 2014 el imputado concilió con las denunciantes la reparación del daño ocasionado y éstas optaron por desistir del proceso, por lo que correspondía que el entonces fiscal dictara un sobreseimiento para el abogado.
Pero para esto le pidió 3.000 dólares, Vargas no accedió y el mismo mes fue acusado formalmente.
El 28 de marzo de 2014, cuando el caso aún estaba en manos de Laura, Quispe ejecutó un mandamiento de aprehensión contra Vargas que había sido anulado.
Extrañamente en la Fiscalía no figuraba ningún proceso contra Vargas, pero sí en el Órgano Judicial. Aparentemente Quispe abrió el proceso y se autoasignó como fiscal del mismo.
Cuando Quispe fue reasignado de la zona Sur al centro, se llevó el cuaderno de investigación del caso Vargas consigo, según el fiscal que lo reemplazó, Carlos Andrade.
Cuando la entonces fiscal departamental de La Paz se enteró de este proceso "fantasma”, dispuso que sea registrado en el sistema de la Fiscalía y se asigne el caso a un fiscal anticorrupción, quien emitió un sobreseimiento.
Quispe dijo ayer que aún no fue notificado con esta nueva imputación. Agregó que él no cometió ninguna irregularidad al procesar a Vargas debido a que había un delito: la falsificación de su título de abogado. "No hay problema si el caso no está registrado en el sistema de la Fiscalía; si hay delito, mi obligación como fiscal es investigarlo”, afirmó.
Casos En el sistema I3P del Ministerio Público, Humberto Quispe tiene más de 15 denuncias presentadas. En tres de estos casos ya se emitieron imputaciones por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes, uso indebido de influencias, extorsión y falsedad ideológica.
Inteligencia En los casos con imputación están implicados efectivos de dos grupos de Inteligencia de la Policía: el Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) y el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP).
Juzgado Ayer se suspendió por tercera vez la audiencia cautelar de Quispe por la segunda imputación.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, afirmó que las denuncias que pesan en su contra, sobre cobros irregulares y actos extorsivos, son falsas y asegura que presentará las pruebas necesarias ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados
Por su parte, el encargado de Unidad de Transparencia de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, aseguró que después de haber sido reincorporado en su cargo, continuará con las investigaciones de las sindicaciones emanadas de las irregularidades cometidas en ese departamento en 2013
Video Exjuez Urquidi es enviado nuevamente a la cárcel acusado por ganancias ilícitas
Acusan al exfiscal Quispe de falsificación para tener detención domiciliaria
Carminia Luna, presidenta de la asociación de víctimas del exfiscal Humberto Quispe, denunció que éste falsificó documentos respecto a su actividad laboral para ser beneficiado con una detención domiciliaria.
En pasados días, Quispe denunció a los medios de comunicación que por los procesos penales en su contra muchas de sus actividades laborales eran perjudicadas. Aseguró que tenía un contrato vigente en calidad de asesor jurídico con la empresa constructora ISRA & DAN SRL, “una empresa legalmente establecida en el país”.
“He pedido la revocatoria en razón de que se ha podido comprobar la falsedad de la documentación de su contrato de trabajo”, manifestó Luna a la red ATB.
La representante contó que se realizó una visita a la supuesta oficina de la empresa constructora, lugar donde se evidenció que las instalaciones de ISRA & DAN SRL no se encontraba en la dirección que Quispe citó como su fuente de empleo.
Probada esta situación, Luna indicó que tienen las pruebas suficientes para solicitar la revocatoria de la detención domiciliaria de Quispe.
“Tampoco está cumpliendo con los horarios de esas salidas laborales. Lo han visto en El Alto y en otros lugares, a pesar de que la resolución emitida por la Fiscalía”, dijo. Actualmente, las autoridades judiciales determinaron emitir una orden de aprehensión en contra de Quispe, ya que no se presentó el 7 de septiembre a su segunda audiencia cautelar.
El ex juez de Instrucción en lo Civil de Cochabamba, Juan Antonio Urquidi, fue sentenciado a dos años de cárcel por el delito de falsedad en su Declaratoria Jurada de Bienes y Rentas, en la primera sanción penal por ese delito en el país, informó el jueves la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
"Esta sentencia se constituye en la primera sanción penal por el delito de falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, tal como lo establece la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz", explicó a los periodistas.
Precisó que el Tribunal III de Sentencia de Cochabamba, sentenció con dos años de reclusión en el penal de San Sebastián al ex juez, acusado de falsedad en su ´Declaración Jurada´, delito penado en la Ley 004.
Explicó que el Ministerio de Transparencia, como parte coadyuvante del proceso penal, evidenció que la ex autoridad judicial falseó la información relacionada a su patrimonio e ingresos económicos, durante el ejercicio de sus funciones, como Juez de Instrucción en lo Civil.
En esa línea, advirtió que en el marco de las atribuciones institucionales se procederá a la revisión, verificación y control de la declaración jurada que deben cumplir los servidores públicos.
Los jueces deben obtener un diplomado de ‘códigos Morales’
Todos los jueces en materia Civil y Familiar de Bolivia están obligados a pasar un curso de diplomado, desde el mes de octubre y por el lapso de tres meses, para capacitarse en ambas especialidades del Derecho, en el marco de la capacitación y difusión de los “códigos Morales”.
La consejera de la magistratura Wilma Mamani informó que esa determinación fue asumida por los miembros de la comisión de socialización de los “códigos Morales”, luego de firmar un convenio con las universidades del sistema boliviano que, en este proceso, apoyarán la socialización de las nuevas normas que entrarán en vigencia el 6 de febrero del próximo año.
Mamani explicó que en cada ciudad capital, más El Alto, las universidades del sistema público presentarán una propuesta para que los más de 500 jueces de Partido, Instrucción y Mixtos sean capacitados a través de los cursos de diplomado, en cumplimiento de las normas académicas para este tipo de cursos.
Las normas a ser socializadas son el Código Procesal Civil y el Código de Familias y Procesal Familiar, las mismas que debían entrar en vigencia desde el 6 de agosto, pero fueron postergadas hasta el 6 de febrero, debido a que no fueron socializadas.
Magistrados. En las diez ciudades del país hay 160 jueces en las materias Civil y Familiar, mientras que otros 300 jueces Mixtos trabajan en los diferentes municipios del país. Todos ellos deben someterse a esta capacitación para que luego apliquen esos conocimientos cuando las normas civiles entren en aplicación plena.
Por otra parte, Mamani dijo que, previamente al diplomado, la Escuela de Jueces instruirá a los capacitadores, responsabilidad que estará a cargo de los abogados proyectistas del Código de Procedimiento Civil con el objetivo de uniformar criterios sobre la interpretación de la norma.
Además, Mamani manifestó que ya se tiene avanzado el contenido del diplomado y que se hará énfasis en todo el Código Procesal Civil, las técnicas de oralidad y la forma de resolución de las causas en audiencias.
Antes del 6 de agosto, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y el procurador Héctor Arce advirtieron que los “códigos Morales” no pueden ser implementados porque falta que sean socializados.
En la ley de postergación de aplicación de la nueva normativa Civil y Familiar se modificó la disposición adicional primera referida al plan de implementación del Código Procesal Civil, que establece que la Sala Plena del Consejo de la Magistratura elaborará el Plan de Implementación de esta normativa, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la ley, en consulta con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Escuela de Jueces del Estado, un representante del Ministerio de Justicia y las cámaras de Senadores y Diputados.
Pues se crea una comisión especial como instancia de decisión y de fiscalización del proceso de seguimiento e implementación de los “códigos Morales”, la misma que será presidida por las o los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa. Esta instancia se reúne en la ciudad de La Paz.
Preparativo pendiente
El Consejo de la Magistratura seleccionó, a través de exámenes, a 157 conciliadores, para la implementación de los “códigos Morales”, pero éstos ya no pudieron trabajar porque las normas se aplicarán desde febrero.
Santa Cruz será sede de la XXIII Asamblea de Fiscales
El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, realizará hoy el lanzamiento oficial de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (Aiamp), que tendrá lugar en Santa Cruz de la Sierra.
“Vamos a realizar el lanzamiento oficial de la campaña informativa y publicitaria de este encuentro internacional que reunirá a 21 fiscales de países de Ibero América (...). Por primera vez nuestro país recibirá a estas autoridades en una reunión que se prolongará por tres días, el 28, 29 y 30 de octubre de este año en la capital oriental”, explicó.
El acto se realizará el miércoles a las 10.00 en el hotel Buganvillas, lugar donde también se desarrollará la Asamblea General Ordinaria de los 21 fiscales.
La Aiamp tiene 60 años de existencia y está formada por 21 países de Ibero América, y en ese contexto, desde Argentina hasta México, incluyendo España y Portugal, llegarán los fiscales generales para reunirse en Santa Cruz.
Guerrero sostuvo que se trata de un acontecimiento importante para Bolivia, tomando en cuenta los cambios que se van dando y además la seriedad con que se asume los compromisos internacionales. “El Estado Plurinacional ya fue sede del G77 y ahora albergará esta reunión de Fiscales de 21 países de Ibero América”.
Bolivia fue elegida por unanimidad en la XXIII Asamblea de la Aiamp que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, el pasado año.
Exfiscal Quispe: “Jamás me daría a la fuga, estoy aquí para defenderme”
Tras la orden de aprehensión emitida en su contra, el exfiscal Humberto Quispe apareció en público y señaló que no asistió a su audiencia cautelar a la que fue citado por una errada notificación de la Fiscalía. Negó que haya intentado darse a la fuga y catalogó a la orden de captura en su contra como una medida "ilegal y arbitraria”.
Hoy debía llevarse a cabo la segunda audiencia cautelar en contra de Quispe por el delito de tráfico de influencias impulsada por Carminia Luna, una de las víctimas de la exautoridad judicial. Dicha audiencia se suspendió debido a la ausencia del acusado, a quien, tras declarársele en rebeldía, se ordenó su captura.
Yo he sido notificado para presentarme ante el juez Primero de Instrucción anticorrupción, mismo que queda en el edificio Jenny en la avenida Sucre (…). Nadie me ha señalado que la audiencia se estaba llevando a cabo en el juzgado Primero de Instrucción en lo penal de las calles Potosí y Genaro Sanjinés”, manifestó Quispe a la red Gigavisión.
Consejo de la Magistratura Evidencian maltrato a litigantes en El Alto
El Consejo de la Magistratura evidenció que en los juzgados de la ciudad de El Alto existe, además de retardación de justicia y corrupción, maltrato de parte de funcionarios judiciales contra litigantes que buscan justicia.
Entre los denunciados se encuentran oficiales de diligencia, quienes serán procesados por faltas graves que los pueden llevar a la destitución. La encargada departamental del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó que estas denuncias salieron a la luz luego de que las brigadas móviles de su dependencia salieron a las puertas de los juzgados para recibir denuncias de litigantes.
En las denuncias habían jueces. Los denunciados no solo eran funcionarios judiciales subalternos, también habían juzgadores que fueron observados por los litigantes alteños./ANF
“¡Es un calvario!”, exclamó don Hilarión Zárate, mientras baja las gradas del Tribunal Departamental de Justicia con dificultad, pues el dolor en sus rodillas le ocasiona cojera en su pierna derecha. La subida le fue más dificultosa aún, porque el anciano tuvo que llegar hasta el sexto piso para asistir a la audiencia de su hijo.
La situación de Zárate, quien llegó la madrugada de ayer desde Capinota solo para asistir al juicio, se repite diariamente desde la semana pasada, cuando se suspendió el funcionamiento de los cinco ascensores del Tribunal.
Las protestas no cesan en contra de las autoridades por no haber previsto un equipo de emergencia. Ayer, los ancianos, las personas con alguna discapacidad física, las mujeres embarazadas y las que cargan a sus hijos fueron las más perjudicadas por la falta del servicio.
Diariamente, al menos 100 personas ingresan al Tribunal Departamental de Justicia cuya infraestructura tiene nueve pisos, al margen de la planta baja y mezanine.
PROYECTO Un ascensor funcionará desde hoy, aseguró el representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha. Su uso será preferencial para las personas con discapacidad y de la tercera edad. Otro estará listo la próxima semana.
Se prevé que los otros tres ascensores sean reemplazados por nuevos hasta fines de diciembre, dos para uso del público y uno destinado a los jueces.
La autoridad pidió la comprensión de la población. Explicó que la decisión fue asumida en Sucre, lo mismo que su licitación y contratación.
Mencionó que los ascensores funcionaban mal y al ser tan antiguos ya no se encontraban repuestos para su reparación.
El representante del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, informó que el cambio de los cinco ascensores del Tribunal Departamental de Justicia demandará un costo aproximado de un millón de bolivianos. Fue gestionado desde la pasada gestión.
En los nueve pisos del Tribunal de Cochabamba funcionan los juzgados de material Penal, de partido de Familia los tribunales de Sentencia, de instrucción, entre otros.
En el edificio también están las oficinas administrativas como el departamento de Informática y la Central de Registros y Notificaciones.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, tuvo que realizar una inspección a varios juzgados, ubicados en diferentes pisos, usando las escaleras porque los ascensores se encuentran fuera de servicio.
﻿Nancy Ortuño
Para nosotros los ancianos es muy dificultoso subir por las gradas tantos pisos porque ya estamos cansados y nos agitamos. Ahora, por ejemplo, debo llegar sí o sí hasta el tercer piso porque tengo una reunión. Las autoridades deben considerar los impedimentos de muchas personas.
﻿José Grover Saldías
La suspensión de los ascensores es una falta de consideración para los litigantes y para los profesionales, muchos de ellos con problemas de salud. Hay casos en que nos vemos obligados a llegar hasta el noveno piso y si no lo hacemos a tiempo somos sancionados.
﻿Sonia Pérez
Es una irresponsabilidad de parte de las autoridades dejar sin funcionamiento los ascensores, los perjudicados somos todos los ciudadanos que tenemos que hacer trámites de manera obligatoria. No hay ninguna consideración con nadie.
Yolanda Herrera, 'La justicia en Bolivia ha retrocedido'
Como autoridades de este tipo de instituciones, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), debemos empezar a respetar el estado de derecho y respetar nuestras propias normas, contó Yolanda Herrera, expresidente de la APDHB y Protagonista de este martes. La entrevistada es auditora financiera y vive en Tarija hace 35 años. Entró a la Asamblea de Derechos Humanos en Tarija como delegada universitaria. Ahí aprendió que a pesar de tener una carrera técnica, la defensa de los derechos humanos no tiene profesión. Su activismo comenzó llevando carteles a las audiencias y con el pasar del tiempo fue presidente de la APDH-Tarija y desde el 2010 estuvo al frente la institución boliviana por dos gestiones, siendo la primera mujer en ser elegida en más de 30 años que tiene de vida la APDHB.
En el último congreso se pidió nuevamente que siga al frente ¿Por qué no lo hizo?
Y.H.: Es importante que seamos respetuosos de las normas y acuerdos que se tiene. Además es bueno tener nuevos liderazgos y por ello hay que dar oportunidades a personas que quieran conducir la institución. También existen otros motivos personales de salud que me obligan a tomar una pausa a nivel de presión y de exigencia. Son cinco años en los que viajé de Tarija a los diferentes departamentos, y esos viajes semanales afectaron un poco mi salud. En lo que viene para el futuro, tengo mucha fe en los defensores y defensoras para que de ahí salga un nuevo liderazgo. En lo que a mí se refiere, volveré a la Asamblea en Tarija y retomaré mi voluntariado.
¿Qué de positivo le deja su gestión al frente de la APDHB?
Y.H.: Una de las cosas importantes es poder haber roto esos mitos, como el que una mujer pueda asumir el liderazgo de una organización nacional y con un alto nivel de presión. Esto ha permitido tener una escuela diferente y ha permitido que yo represente al país como defensora de los derechos humanos como sociedad civil. También ha ayudado a que represente a Latinoamérica cuando fuimos invitados por el presidente de Alemania y me ha permitido estar cerca de los sectores golpeados y conocer con mayor profundidad sus necesidades.
¿Cuáles son los contras en su gestión?
Y.H.: Uno de los momentos ingratos que nos ha tocado vivir es la toma de las instituciones en febrero de 2014. También está la permanente e insistente desacreditación, calificándonos como una organización de derecha, de oposición o progubernamental, siendo que no tenemos color político ni pertenecemos a ningún grupo de poder. Y finalmente, tenemos el hecho de que no se haya esclarecido lo que ocurrió en Caranavi, la represión de Chaparina que generó impunidad porque los verdaderos actores no están siendo juzgados y las muertes en las cárceles, como Palmasola, son aspectos que quedan pendientes para el futuro.
¿Qué otros problemas han encontrado en Bolivia?
Y.H.: Algo pendiente que aún se tiene es nuestra juventud, somos un país joven, pero en muchas regiones no hay estabilidad ni calidad laboral. Otra factor pendiente es la violencia hacia la mujer, que pese a tener todo un escenario legal y normativo, día a día se ven acciones crueles contra el género que no responden a la aplicación de una ley, sino que al Estado boliviano no ha tocado aspectos estructurales en el tema de la educación y al parecer mi generación de mujeres tendremos que pagar el costo para que se internalice el derecho a la vida y no ver a la mujer como un objeto.
¿Cómo se ha visto el tema de la justicia?
Y.H.: La misma ha retrocedido porque tenemos cárceles hacinadas y los decretos que se dan para el descongestionamiento no superan el problema estructural que es estar encarcelado. Además, tenemos personas detenidas por la 1008, robos menores y otros delitos, esto significa que los derechos económicos, sociales y culturales en Bolivia no han sido atendidos porque todavía existen personas que tienen que robar para comer.
¿La población es más consciente en el tema de derechos humanos?
Y.H.: En este tiempo la ley contra el racismo y la discriminación ha logrado generar una mayor conciencia en el respeto a la diferencia. Que su aplicación tenga algunos vacios legales y no se tenga una respuesta efectiva es otra cosa, pero creo que esta norma ha logrado que reflexionemos sobre lo que es racismo y discriminación.
¿Bolivia sigue siendo un estado patriarcal?
Y.H.: Todavía se sigue mirando con la visión del hombre y no se valora el avance que puede tener una mujer. Nuestras leyes están hechas solo desde la mirada del hombre y muchas mujeres en vez de poner la diferencia y mostrar una perspectiva, nos sumamos a esas posturas, principalmente en la política partidaria.
'Lograr redes de derechos humanos es otro de los factores positivos en la gestión'
Magistratura evidencia maltrato contra litigantes
El Consejo de la Magistratura evidenció que en los juzgados de la ciudad de El Alto existe, además de retardación de justicia y corrupción, maltrato de parte de funcionarios judiciales contra litigantes que buscan justicia. Entre los denunciados se encuentran oficiales de diligencias quienes serán procesados por faltas graves que los pueden llevar a la destitución.
La encargada departamental del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, informó que estas denuncias salieron a la luz luego de que las brigadas móviles de su dependencia se instalaran en puertas de los juzgados para recibir denuncias de litigantes.
“El día jueves que estábamos en el Juzgado de la Familia de El Alto y recibimos denuncias de maltrato por parte de funcionarios subalternos, de pasantes o de oficiales de diligencias. En esos casos se les ha llamado la atención y también se les está siguiendo un proceso por faltas graves”, informó Limachi a la ANF.
En la ciudad de El Alto, las brigadas móviles del Consejo de la Magistratura, conformadas por abogados que daban soluciones inmediatas a las quejas y denuncias, estuvieron operando por una semana. En ese tiempo se recibió un total de 85 denuncias.
“Se han recibido 85 denuncias, las mismas en su mayoría resueltas porque eran denuncias de retardación de justicia, porque algunos memoriales no salían a tiempo y también las resoluciones”, precisó Limachi.
Los denunciados no sólo eran funcionarios judiciales subalternos, sino también jueces que fueron observados por los litigantes. La representante del Consejo de la Magistratura indicó que hubo sobretodo denuncias relacionadas a retardación, incumplimiento de plazos procesales y otros, las cuales han sido subsanadas el mismo día.
Esta semana las brigadas se instalaron en los juzgados de la ciudad de La Paz, en las oficinas ubicadas en la calle Genaro Sanjinés. Estarán ubicadas hasta el próximo viernes y posteriormente el Consejo de la Magistratura hará una evaluación para ver la viabilidad de continuar con este trabajo.
Juez ordena captura de Humberto Quispe
Suspendida por segunda vez la audiencia cautelar, el juez primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, emitió ayer una orden de captura contra el exfiscal Humberto Quispe, quien no se presentó a la segunda audiencia cautelar programada para ayer. La defensa de las víctimas de este exautoridad judicial teme que se haya dado a la fuga.
La presidenta de la Asociación de víctimas del exfiscal Humberto Quispe, Carminia Luna, denunció que el acusado presentó un memorial con el que justificaba su ausencia por una presunta “falla procesal” dentro de su caso.
“Ha presentado un memorial que no justifica absolutamente nada, por lo tanto corresponde que se emita la orden de aprehensión, porque se lo declara en rebeldía”, manifestó Luna, según la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Miguel Viera, abogado defensor de Luna, aseguró que existe el riesgo de que Quispe fugue de su detención domiciliaria, debido a que no se cuenta con la custodia policial correspondiente.
“Lo que tememos es que, tras haber sido beneficiado con detención domiciliaria, este fugue porque lo único que hace es presentar memoriales. Él tiene la obligación de estar presente en esta audiencia”, dijo a ANF.
Finalmente, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, anoticiada de esta situación, informó a los medios que se sancionará al juez que beneficio a Quispe con la detención domiciliaria sin custodia alguna y que se puede disponer de la revocatoria de estas medidas sustitutivas.
Quispe es acusado de extorsión, robo, organizarse para delinquir, motivación a cometer abusos y torturas, etc., por decenas de personas, que se han organizado en asociaciones. Siendo fiscal, cargo que perdió este año ante las denuncias, realizó allanamientos indebidos, retención de mercadería, supuestamente ordenó apresamientos y otras acciones que son consideradas ilegales.
Por su parte, Quispe negó que haya intentado darse a la fuga y catalogó la orden de captura en su contra como una medida “ilegal y arbitraria”.
“Yo he sido notificado para presentarme ante el juez Primero de Instrucción anticorrupción, mismo que queda en el edificio Jenny en la avenida Sucre (…). Nadie me ha señalado que la audiencia se estaba llevando a cabo en el juzgado Primero de Instrucción en lo penal de las calles Potosí y Genaro Sanjinés”, manifestó Quispe a la red Gigavisión.
El exfiscal explicó que presentó un memorial debido a que identificó una doble imputación en su contra en un mismo caso, hecho que justifica su recusación en el proceso penal.
“Yo he sido imputado en el caso de Carminia Luna, pero ahora nuevamente me imputan por la misma acusadora. No me pueden imputar dos o tres veces”, dijo.
Quispe aseguró que nunca tuvo la intención de darse a la fuga, y que en los próximos días buscará la anulación de la orden de aprehensión dictada en su contra.
Parte III y última Propuestas para superar la crisis judicial
4.2 EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
En el orden institucional es necesario introducir un conjunto de medidas urgentes para superar la crisis del sistema judicial del Estado.
1º Es urgente adoptar una nueva organización territorial del Órgano Judicial que posibilite la tramitación de los procesos judiciales conforme al principios de celeridad. La nueva organización territorial o “mapa judicial”, debe responder a la necesidad de una rápida y ágil comunicación entre los organismos jurisdicionales, así como la pronta resolución de los procesos judiciales, de manera que municipios que pertenecen a un determinado Departamento, en la estructura territorial y política del Estado, puedan pertenecer a un Distrito Judicial de otro Departamento próximo 8.
2º Implementar de manera planificada y sostenida la desconcentración de los servicios judiciales, de materia que en cada Distrito Municipal o Comuna se implemente la Casa de Justicia con presencia de los jueces cautelares, jueces de sentencia, tribunales de sentencia, fiscales de materia y efectivos de la Policía Judicial Científica, en materia penal, los Juzgados Públicos de Materia y Notarías de Fe Pública, de manera que se aproxime el Juez al ciudadano, de forma que se brinde un trato con calidad y calidez, así como para lograr la eficiencia y celeridad en la sustanciación de los procesos penales.
3º Desjudicializar las relaciones sociales y la solución de los conflictos y controversias, creando los Juzgados de Paz, asimismo fortaleciendo los centros de conciliación y arbitraje, implementando los conciliadores técnicos en los Juzgados Públicos de Materia o Juzgados Públicos Mixtos, como está previsto en la Ley No. 025 del Órgano Judicial.
4º Crear e implementar los juzgados especializados previstos en leyes sectoriales, así, por ejemplo en materia de Violencia intrafamiliar.
5º Crear Juzgados de Faltas y Contravenciones menores, para que conozcan, sustancien y resuelvan los conflictos referidos a la comisión de faltas y contravenciones menores.
6º Adoptar políticas de gestión administrativa, para hacer un apoyo administrador eficiente y oportuno a la labor jurisdiccional, en cuanto a la dotación de infraestructura, suministro de equipamiento e insumos, creación de nuevos juzgados o tribunales, pago de sueldos y salarios.
7º Adoptar políticas de gestión procesal, para la realización de las notificaciones a las partes litigantes, la programación y realización de las audiencias públicas; la transmisión de la información sobre el servicio judicial y la sustanciación de los procesos judiciales a los litigantes y la ciudadanía en general, para transparentar la gestión procesal.
8º Adoptar políticas de gestión disciplinaria para que el régimen disciplinario sea aplicado con eficiencia y efectividad, respetando la independencia de los jueces y magistrados, evitando que se convierta en un medio de presión.
9º Fortalecer institucionalmente la Defensa Pública, otorgándole autonomía económica – financiera, administrativa y funcional garantizando una adecuada y suficiente asignación presupuestaria.
10º Debe implementarse de manera, planificada y ordenada el Código Procesal Civil, paralelamente a la liquidación de los procesos en actual trámite. Implementación del nuevo Código de Familia y la Ley del Notariado, en la parte concerniente a la tramitación de los procedimientos voluntarios y los divorcios, en los casos previstos en dicha Ley.
8 A manera de ejemplo, cabe señalar que los municipios de la Provincia Rafael Bustillos del Departamento de Potosí, vale decir, Uncía, Lllallagua y Chayanta, pertenezcan al Distrito Judicial de Oruro, en la nueva organización territorial del Órgano Judicial, ello dada su proximidad a la capital del departamento de Oruro y la larga distancia que tienen con la capital del departamento de Potosí.
4.3 EN EL PLANO LEGISLATIVO
La Asamblea Legislativa Plurinacional debe adoptar una agenda legislativa, para la reforma de los códigos sustantivos y procesales, en su caso elaborar y aprobar nuevos Códigos que sean necesarios, debiendo al efecto establecer un orden de prioridades.
1º Es necesario adoptar un nuevo Código Civil acorde con la realidad social económica y cultural de Bolivia. Es importante recordar que el actual Código Civil fue aprobado mediante Decreto Ley No 12760 de 06 de agosto de 1975, de manera que por su origen o forma es inconstitucional de otro lado, ese Código tiene una marcada influencia del Código Civil Italiano y está fuertemente influenciado por la corriente del formalismo ingenuo.
2º Resulta urgente reformar el Código Penal, que fue elaborado mediante una Comisión Codificadora conformada por el Gobierno de Facto presidido por Hugo Banzer Suárez, aprobado mediante Decreto Ley No. 10426 de 23 de agosto de 1972, elevado al rango de Ley con reformas introducidas mediante la Ley No. 1768 de 10 de marzo de 1997. Dada la época de su elaboración, la política pública, que expresa en su contenido es la finalidad de preservar la “paz y orden interno”, el patrimonio público y privado, está inspirado en el principio de la retribución, de manera que su fin último es el castigo o la sanción, y no tanto la reparación de los derechos de la víctima que son violados por la conducta delictiva.
Es necesario adoptar un nuevo Código Penal cuya política publica exprese la finalidad de la restauración de los derechos violados y las consecuencias y efectos causados, más que la mera retribución de la conducta con la pena, que se sustente en los principios constitucionales proclamados en la Constitución vigente en las normas del Bloque de Constitucionalidad. En el nuevo Código Penal debe despenalizarse las conductas de contenido patrimonial como el giro de cheque sin fondos, giros defectuosos de cheque, la estafa, el estelionato, apropiación indebida, abuso de confianza, incumplimiento de contratos desvío de clientela, etc. Finalmente debe incorporarse al texto del nuevo Código Penal todos los nuevos tipos penales creados mediante las leyes sectoriales, se debe también diseñar e implementar una política criminal de prevención y reinserción, evitando que todo se concentre en la represión.
3º Elaborar y sancionar un Código de Faltas y Contravenciones menores que sean sancionadas con trabajos comunitarios y la aplicación de medidas de seguridad.
4º Reformar La Ley General del Trabajo, cuyas normas se adecuen a la realidad social, económica y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyas normas deberán desarrollar o reglamentar las normas constitucionales que consagran el derecho al trabajo digno, con sus elementos esenciales de derecho de acceso a la fuente laboral, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a una justa remuneración, el derecho al descanso remunerado, el régimen de seguridad industrial, las diferentes modalidades de trabajo o prestación de servicios por cuenta o encargo de otro.
5º Reformar el Código Procesal del Trabajo, para regular la sustanciación de los procesos laborales y sociales, eliminando los formalismos y ritualismos procedimentales, para que la sustanciación de los procesos sea ágil, oportuno y eficaz.
6º Elaboración y sanción de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, creando la jurisdicción especializada para ejercer el control de legalidad sobre los actos administrativos y resolver los conflictos o controversias entre los particulares y el Estado emergente de los contratos administrativos. La ley deberá contener normas que regulen la creación y funcionamiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, así como la sustanciación y resolución de los procesos contencioso – administrativos.
7º Elaborar y sancionar un nuevo Código de Procesos coactivos de orden fiscal y social, así como de procesos contenciosos tributarios.
8º Elaborar y sancionar la Ley de creación de los Juzgados de Paz, para la solución de conflictos menores, regulando la organización y funcionamiento de los juzgados y previendo los principios y reglas sobre los que regirán su actuación los jueces de paz.
9º Reformar el Código de Comercio para adecuarlo a la nueva realidad económica, social, política y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.
10º Elaboración y sanción de una Ley de tráfico y circulación vehicular, en reemplazo del Código de Tránsito.
4.4 EN EL ORDEN PROFESIONAL
Es necesario y urgente adoptar medidas para cambiar la actual praxis profesional de los abogados, ya sea en la función de litigantes, jueces o fiscales, que se encuentra anclada en la corriente filosófica del formalismo y el positivismo clásico. Para ese cambio en la praxis profesional es necesario que las Facultades de Ciencia Jurídicas de las universidades públicas y privadas asuman el reto de una urgente renovación pedagógica, jurídica y curricular de la enseñanza del Derecho, dentro del nuevo paradigma ius filosófico, que supere ese anclaje formalista y positivista.
Se trata de adoptar un nuevo sistema de enseñanza del Derecho que esté más atento y empeñado en tratar de proporcionar a la norma, que haya que interpretar, el significado y alcance que sea más coherente con los valores que emergen de la realidad humana y social, formando un jurista compenetrado de la realidad social y comprometido con el cambio, emancipación y transformación. social pues en pleno Siglo XXI, como señala el profesor Pietro Barcelona 9. “El jurista no es, ni puede ser un vigilante de un orden cristalizado, sino que debe ser partícipe del proceso constructivo de una sociedad humana que a través de la ley – que tiene una vida propia y autónoma de la que intentaba conferirle el legislador del que un día emanó – “tiende constantemente a evolucionar”.
A ese efecto, en la Cumbre Judicial debe acordarse con las universidades públicas y privadas una agenda de trabajo susceptible de evaluación y seguimiento permanente por parte del Estado, ello para que estas entidades académicas procedan a adoptar medidas urgentes para cambiar la enseñanza del Derecho a partir de las siguientes acciones concretas:
1º Diagnóstico del mercado profesional.
2º Definición del perfil profesional del abogado, acorde con la realidad social, económica, cultural y política del Estado Plurinacional de Bolivia.
3º Diseño de un nuevo currículo para la formación profesional del abogado en la fase de pregrado, haciendo énfasis en una educación sustentada en valores y principios para la adecuada protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, el ejercicio de la tolerancia, y el resguardo de la dignidad, la igualdad y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, una educación en la que se haga énfasis en que el educando adquiera capacidades, habilidades, competencias y destrezas respecto al adecuado uso de la inteligencia lógica, el razonamiento deductivo y capacidad argumentativa.
4º Diseño e implementación de cursos de posgrado a nivel de especialización, maestría y doctorado en las diferentes áreas del Derecho, acorde con los requerimientos del mercado profesional. En los cursos de posgrado para los abogados que ejercerán la profesión litigando, deberá enfatizarse la capacitación en materia de derechos humanos y fundamentales, respecto a los elementos esenciales de los mismos, sistemas internos e internacionales de promoción, defensa y protección de los derechos humanos y fundamentales, estándares mínimos internacionales, control de convencionalidad, manejo de jurisprudencia internacional, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia comparada, e interpretación de las normas internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos y fundamentales.
De otro lado, con relación al ejercicio profesional del Abogado, dada la trascendental importancia que tiene para la buena impartición de justicia, debe adoptarse un procedimiento de habilitación al ejercicio profesional en el litigio, previo cumplimiento de haber cursado un posgrado y de haber aprobado satisfactoriamente un curso de práctica profesional.
Debe adoptarse un sistema de habilitación para el ejercicio profesional en el litigio consistente en lo siguiente:
Dotación de conocimientos, habilidades y destrezas en la práctica forense y ejercicio profesional, a través de un Curso de Practica Jurídica con una duración mínima de 6 meses, y la realización de prácticas profesionales en estudios jurídicos acreditados o los juzgados y tribunales de Justicia, con una duración mínima de un año.
La evaluación para la habilitación del ejercicio profesional de los conocimientos, habilidades y destrezas, con los siguientes componentes:
Evaluación teórica, consistente en prueba una escrita sobre el ejercicio profesional (organización de Despacho, determinación de la situación jurídica, elaboración de la estrategia jurídica, suscripción del contrato de servicios, ejecución de la estrategia legal). La prueba debe tener una ponderación de 30%.
Evaluación práctica, consistente en la solución de un caso concreto previamente elegido por el aspirante entre varias alternativas, con una ponderación del 70%.
La nota final deberá ser declarado apto o no apto para el ejercicio profesional.
La habilitación para el ejercicio profesional debe encomendarse a los Colegios de Abogados.
Con relación a los jueces, para lograr el cambio en la praxis judicial es necesario determinar, mediante la Ley del Organo Judicial, que el requisito imprescindible para ser designado Juez de instancia es haber cursado y aprobado el Curso de la Formación de Jueces en la Escuela de Jueces de Bolivia.
Debe quedar claro que la formación de jueces no tiene por finalidad dotar a los futuros jueces de conocimientos enciclopédistas en las diferentes áreas del Derecho al contrario se trata de dotar de competencias, capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño de la función judicial, desde la organización del Despacho, la personalidad, las técnicas de identificación de problemáticas, técnicas de resolución de conflictos y controversias, en cuanto a conocimientos complementarios a los recibidos en su formación profesional deberá hacerse énfasis en materias como Teoría Constitucional, Derechos Humanos, Teoría de los Derechos fundamentales, Control de Convencionalidad, manejo de jurisprudencia internacional, jurisprudencia constitucional y comparada y el sistema procesal penal garantista.
Para los jueces que se encuentran ya en el sistema de carrera judicial, la Escuela de Jueces de Bolivia deberá organizar cursos de capacitación y actualización permanente en las materias antes referidas.
Se trata de cambiar la imagen de un “Juez de mármol”, por un nuevo Juez de carne y hueso comprometido con la realidad social, económica, cultural y política del Estado; por lo tanto un Juez que desempeñe la labor de pacificar la sociedad resolviendo los conflictos y controversias sobre la premisa de resguardar y proteger los derechos humanos, a partir de una interpretación de las normas desde y en conformidad con la Constitución y el sistema de valores supremos y principios fundamentales en ella consagrados.
Medidas similares deberán adoptarse en el ámbito del Ministerio Público, tanto para la designación de los Fiscales de Materia, como la capacitación y actualización permanente para los fiscales en ejercicio, todo ello a través de la Escuela de Fiscales.
9 Barcellona Pietro, “la formación del jurista”, en Barcellona et. al., La formación del jurista capitalismo monopolístico y cultura jurídica 3º ed. Madrid Civitas, 1988, p.p. 19 – 59 p. 30
4.5 Medidas para el Resguardo y Protección de la Independencia de los Jueces y Magistrados
Una primera medida que debe adoptarse en la Cumbre Judicial, es que los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como el Ministerio Público, asuman el compromiso de respetar y resguardar el principio de la separación de funciones proclamado por el art. 12 de la constitución, y como parte de él respetar la independencia del Organo Judicial, en general y la independencia de los jueces y magistrados, en particular, en el marco del principio proclamado por el art 178 de la Ley Fundamental del Estado.
Ese compromiso supone básicamente lo siguiente:
1º Que tanto el Ejecutivo como Legislativo, tramitarán un reajuste presupuestario para la gestión 2015 incrementando el presupuesto asignado y para la gestión 2016 introducirán en la Ley Financial una asignación presupuestaria mínima del 4% del PGN.
2º El Organo legislativo se abstendrá de emitir disposiciones legales, de naturaleza punitiva, disciplinaria u orgánica, que abran la posibilidad de generar presiones hacia los jueces y magistrados en la resolución de los procesos judiciales. Asimismo, deberá modificar la Ley No. 044 respecto al juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Fiscal General del Estado.
3º El Órgano Ejecutivo deberá realizar los desembolsos de los recursos asignados al presupuesto del Órgano Judicial con la celeridad y oportunidad debidas; abstenerse de ejercer presiones directas o indirectas sobre los jueces y magistrados.
4º El Ministerio Público debe abstenerse de ejercer presiones sobre los jueces, especialmente los de materia cautelar penal, para que las autoridades judiciales adopten sus determinaciones exentas de toda injerencia externa, ello supone no instalar procesos penales como reacción inmediata ante la no obtención de una determinación decisión judicial, como la aplicación de la detención preventiva.
De otro lado, si bien es cierto que los jueces y magistrados no están exentos de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones, no es menos cierto que muchos litigantes instauran acciones penales en contra de estas autoridades judiciales como una vía de represalia o de ejercer presión, existe un ejercicio excesivo del derecho de acceso a la justicia por parte de los litigantes que apoyados por sus abogados instauran acciones penales notoriamente improcedentes. Frente a esa realidad es necesario establecer y regular el fuero constitucional a favor de los jueces y magistrados como una garantía para su independencia, cuidando que ese fuero no sea mal utilizado por las autoridades judiciales y no se convierta en un medio para la impunidad.
Asimismo, para garantizar la independencia de los jueces es necesario que de manera urgente se implemente el Sistema de a Carrera Judicial, previsto por el art. 178. I de la Constitución.
La implementación del Sistema de la Carrera Judicial requiere de la inmediata elaboración y sanción de una Ley y su respectivo Reglamento, que regule dicho sistema, que deberá estar constituido por los subsistemas de ingreso, el subsistema de Capacitación, actualización e información, el subsistema de Evaluación de Desempeño, con un mecanismo de evaluación permanente y periódica de manera que, no solo se garantice la estabilidad laboral a los jueces que tienen un buen desempeño sino que se los incentive con promociones verticales y horizontales para el excelente desempeño, de manera que, en vez de pensar en mecanismos de represión se piense en mecanismos de estímulo; pero queda claro que los jueces que obtengan una evaluación deficiente cesarán en sus funciones.
Cabe aclarar que en la actualidad, los jueces y vocales se encuentran sin período de mandato, en razón a que regía el Sistema de Carrera Judicial implementado de manera incompleta pues nunca se implementó el Subsistema de Evaluación de Desempeño. Conforme está previsto por la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución “En el plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, se procederá a la revisión del escalafón judicial”, ello supone que debería haberse realizado una evaluación de desempeño de todos los jueces y vocales en ejercicio, de manera que aquellos demuestren un buen o excelente desempeño permanezca e ingresen al nuevo Sistema y los que demuestren un mal desempeño debieran cesar en sus funciones para ser reemplazados por otros.
En consecuencia, en la Cumbre Judicial debe adoptarse la determinación de someter a una evaluación de desempeño a todos los jueces y vocales en actual ejercicio, sobre la base de una adecuada planificación y programación, debiendo al efecto crearse comisiones de evaluación con profesionales altamente calificados y con parámetros objetivos de evaluación previamente aprobados y publicados. En esas comisiones deberán participar profesionales designados por las Facultades de Derecho de las universidades públicas, abogados designados por los Colegios de Abogados de cada Distrito Judicial.
También resulta necesario implementar el Sistema de Carrera Fiscal, para garantizar la independencia de los fiscales y también para mejorar su rendimiento, un sistema similar al de la Carrera Judicial, con los subsistemas de ingreso que exigirá fortalecer la Escuela de Fiscales y crear un subsistema de Capacitación e Información, así como un subsistema de Evaluación de desempeño.
Al igual que en el caso de los jueces, se propone que en la Cumbre Judicial se adopte la determinación de someter a todos los Fiscales de Materia y Fiscales Superiores, a una evaluación de desempeño mediante las Comisiones de Evaluación integradas por profesionales altamente calificados y con participación de las Facultades de Derechos de la Universidad Pública y los Colegios de Abogados.
Asimismo, para garantizar la independencia de los jueces y magistrados, así como e los fiscales, se propone que se adopte un tratamiento salarial acorde con el volumen de trabajo y la alta responsabilidad que concierne la función, a ese efecto deberá implementarse el Escalafón Judicial y el Escalafón del Ministerio Público.
Finalmente, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia considera que para la implementación de todas las propuestas que nos permitimos presentar, no existe la necesidad de efectuar reformas a la Constitución Política del Estado.
PRESIDENTE CONALAB
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 artículo 366
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