Source: https://www.scribd.com/doc/33560834/Recusacion
Timestamp: 2017-02-24 08:25:04+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinWashington DC, 28 de agosto de 2002 Dr.Antônio CANÇADO TRINDADE Presidente Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica Ref: Solicitud de recusación del Sr. Francisco VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc en el Caso “Myrna MACK CHANG” contra el Estado de Guatemala Estimado Dr. CANÇADO TRINDADE: Alberto BOVINO, Viviana KRSTICEVIC (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL), Roxanna ALTHOLZ (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL), y Lyndon TRETTER (Hogan & Hartson L.L.P.; representantes de los familiares de la víctima en el caso “Myrna MACK CHANG” contra el Estado de Guatemala, nos dirigimos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de recusar al señor Francisco VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc en el caso mencionado. I. INTRODUCCIÓN Por los motivos de hecho y de derecho que desarrollaremos a continuación, señalamos que la eventual designación del Sr. Francisco VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc en este caso concreto, nos genera un temor fundado de parcialidad, que exige el apartamiento del candidato propuesto por el Estado demandado según los estándares internacionales aplicables. Nuestro legítimo temor fundado en la posibilidad de que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER actúe parcialmente en este caso concreto se funda en las siguientes circunstancias: _ El hecho de que el Sr. VILLAGRAN KRAMER haya sido designado por el canciller guatemalteco que, antes de ocupar su cargo actual, se desempeñó como abogado defensor de confianza de los acusados de la autoría intelectual de la ejecución extrajudicial de MYRNA MACK. La intervención del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como vicepresidente de un gobierno bajo el cual se constataron graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos básicos. El hecho de que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER se haya pronunciado, a título personal, en contra de la obligación internacional del Estado de Guatemala de someterse a la jurisdicción contenciosa de esta Honorable Corte. Las opiniones vertidas a medios periodísticos por el Sr. VILLAGRÁN KRAMER respecto a la legítima intervención de los órganos del sistema interamericano, que fueran calificadas, erróneamente, como una injerencia en la “soberanía guatemalteca”. El hecho de que, en su calidad de legislador, el Sr. VILLAGRÁN KRAMER haya votado a favor de la aprobación de una ley que violaba las obligaciones internacionales de Guatemala de modo manifiesto. La participación de CEJIL y la FUNDACIÓN MYRNA MACK en la campaña pública y diplomática contra la designación del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como miembro de la Comisión Interamericana. II. IMPARCIALIDAD Y JUECES AD HOC
“El análisis histórico y los perfiles contemporáneos de las funciones judiciales y la maquinaria de la justicia demuestran que en todo el mundo se reconoce el papel específico del poder judicial. Los principios de imparcialidad e independencia constituyen en todos los Estados los rasgos distintivos del fundamento y la legitimidad de la función judicial”1. Los requisitos de imparcialidad e independencia de la justicia son universales, basados tanto en el derecho natural como en el positivo. En el ámbito internacional, se observa la expresión de estas garantías en los compromisos convencionales, las obligaciones consuetudinarias y los principios generales del derecho. En este sentido, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala que las garantías fundamentales de la imparcialidad e independencia son “principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas”2. Una revisión del derecho internacional y del derecho comparado condujo al Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados de las Naciones Unidas —en adelante “el Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial”— a observar lo siguiente:
“Los conceptos de imparcialidad e independencia del poder judicial postulan tanto atributos individuales como condiciones institucionales. No son meras ideas, vagas y nebulosas, sino conceptos bastante precisos del derecho interno e internacional. Su inexistencia conduce a la denegación de justicia y resta credibilidad al proceso judicial. Debe señalarse que la imparcialidad e independencia del poder judicial no son tanto privilegios del poder judicial como derechos humanos de los destinatarios de la justicia”3.
Si bien las obligaciones fundamentales de independencia e imparcialidad y sus elementos esenciales surgen de la costumbre internacional y del derecho comparado, diversos instrumentos internacionales, tanto en el ámbito internacional como en el regional, expresan garantías especificas. En el sistema universal, cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 —en adelante “la Declaración Universal”4—, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 —en adelante “el Pacto”5—, los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985, entre otros. En el ámbito regional, se debe tener presente la Declaración Americana sobre los Derechos y los Deberes del Hombre de 1948 —en adelante “la Declaración Americana”6—, la Convención Americana sobre Derechos Humanos —en adelante “la Convención Americana”7—, y la Convención Interamericana para Prevenir y
E/CN.4/Sub.2/1985/18 y Add.1 a 6 (párrs. 75-76). Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 38 (1) (c). 3 E/CN.4/Sub.2/1985/18 y Add.1 a 6 (párrs. 75-76). 4 En su artículo 10, la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “[t]oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Si bien los requisitos de independencia e imparcialidad de la justicia están explícitamente mencionadas en el artículo 10, estos principios son protegidos de manera implícita en los artículos 7, 8 y 11. 5 En su artículo 14, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 dispone que “[t]oda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. Si bien los requisitos de independencia e imparcialidad de la justicia están explícitamente mencionados en el artículo 14, estos principios son protegidos de manera implícita en los artículos 2 y 26. 6 En su artículo XXVI, la Declaración Americana dispone que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”. Si bien los requisitos de independencia e imparcialidad de la justicia están explícitamente mencionados en el artículo XXVI, estos principios son protegidos de manera implícita en los artículos XVIII, XXIV y XXV. 7 En su artículo 8, la Convención Americana dispone que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
Sancionar la Tortura de 1985 —en adelante “la Convención Interamericana contra la Tortura”8— que brindan estándares específicos sobre la materia. En particular, cabe mencionar que la Convención Americana, en su artículo 8.1, dispone:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (destacado agregado).
Indudablemente, el concepto de un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley implica criterios relativos a la designación y a la función de jueces. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo, en su Observación General 13 de 1984, que el artículo 14 del Pacto Internacional —equivalente al artículo 8 de la Convención Americana— establece garantías relativas “a la manera en que se nombra a los jueces, las calificaciones exigidas para su nombramiento y la duración de su mandato; las condiciones que rigen su ascenso, traslado y cesación de funciones y la independencia efectiva del poder judicial con respecto al poder ejecutivo y al legislativo”9. Para asegurar la imparcialidad e independencia de la corte, el Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial observó que los jueces deben “estar libres de toda restricción, influencia, incentivo, presión, amenaza o injerencia, directas o indirectas. Deben ser también concienzudos, equilibrados, objetivos, comprensivos, humanitarios y cultos, pues estas cualidades son condiciones esenciales de un proceso justo y un juicio certero y digno de confianza…”10. Estos criterios son reflejados en los estándares que rigen sobre la designación y descalificación tanto de los jueces permanentes como de los jueces ad-hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos — en adelante “la Corte Interamericana”11—. Según la Convención Americana, un juez de la Corte Interamericana debe ser una persona “de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos” (art. 52). De igual forma, el Estatuto de la Corte, en su artículo 4, reitera los requisitos establecidos por la Convención. Adicionalmente, la Convención Americana (art. 71), y el Estatuto de la Corte (art. 18), señalan que resulta incompatible el ejercicio del oficio de juez de la Corte con cargos y iactividades “que impidan los jueces cumplir sus <zzz+ùi, o que afectan su independencia [o] imparcialidad...”. En este sentido, el Reglamento de la Corte prohíbe que los jueces participen en asuntos que podrían crear un conflicto de intereses y, por lo tanto, socavar la imparcialidad del juez (art. 19, Estatuto de la Corte).
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter..”. Si bien los requisitos de independencia e imparcialidad de la justicia están explícitamente mencionados en el artículo 8, estos principios son protegidos de manera implícita en los artículos 1, 7 y 25. 8 En su artículo 8, la Convención Interamericana contra la Tortura dispone que “[l]os Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente”. Si bien el requisito de imparcialidad de la justicia está explícitamente mencionado en el artículo 8, este principio es protegido de manera implícita en el artículo 6. 9 HRI/GEN/1/Rev.1, Observación General 13, párr. 3. Ver también Communication No. 387/1989, Karttunen v. Finland, Decision of 17 November 1992, CCPR/C/46/D/387/1989, para. 7.2. 10 E/CN.4/Sub.2/1985/18 y Add.1 a 6 (párrs. 75-76). 11 Esta Honorable Corte ha establecido que “la naturaleza del juez ad hoc es semejante a la de los demás jueces de la Corte Interamericana ... [y] [l]os mismos requisitos de los jueces permanentes se requieren para ser juez ad hoc”. Cf. Corte IDH, Caso Paniagua y Otros, Resolución del 11 de septiembre de 1995, Considerando 1.
III. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD
III. A. La definición de imparcialidad en el derecho internacional
La imparcialidad del juez frente al caso, en un sentido genérico, implica la objetividad de la actividad jurisdiccional, el apego estricto a las normas del derecho positivo para posibilitar la realización de un juicio justo. En este sentido, los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de 1985, disponen en su artículo 2, que “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas, o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”12. Haciendo eco de lo afirmado, el Relator Especial sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial define imparcialidad de la siguiente manera:
“Imparcialidad quiere decir estar libre de prevenciones, de prejuicios y de partidismos; significa no favorecer a uno más que a otro; entraña objetividad y excluye todo afecto o enemistad. Ser imparcial como juez equivale a equilibrar la balanza y decidir sin temor ni favoritismo para obrar rectamente...”13.
Debe quedar claro que el principio de imparcialidad no se trata de una garantía procesal más, sino que constituye un principio básico de un juicio justo “porque su vulneración afecta la imparcialidad e independencia total y absoluta que necesariamente debe tener el juzgador, tanto física como mentalmente, conciente como inconscientemente…”14. La Corte Europea de Derechos Humanos —en adelante “la Corte Europea”— ha reconocido la importancia de evitar hasta la mera apariencia de parcialidad en la selección de jueces, y en este sentido ha dicho:
“What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public, including the parties to the proceedings”15.
III. B. Imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva
“La imparcialidad en general denota la falta de prejuicio o de predisposición, no obstante lo cual existen varias maneras de poner a prueba su existencia u alguna otra indicación.... En este contexto se puede trazar una distinción entre un criterio subjetivo, vale decir el intento de comprobar la convicción personal
Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, ONU Doc. A/Conf.121/22/Rev.1, p. 59 (1985). 13 E/CN.4/Sub.2/1985/18 y Add.1 a 6 (párrs. 75-76). 14 Cf. LOZADA, Alberto G., Imparcialidad y jueces federales, en “Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, Buenos Aires, 1989, año II, Nº 5, p. 70. En este mismo sentido, también se ha sostenido: “... Esta exigencia tiene por finalidad la realización efectiva de una garantía fundamental, la garantía de imparcialidad del tribunal. Ésta puede ser considerada como una ‘metagarantía’, de jerarquía axiológica superior, pues opera como presupuesto necesario y previo para la operatividad práctica de las demás garantías fundamentales” (BOVINO, Alberto, Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1998, ps. 31 y s., destacado agregado). 15 Eur. Court. H.R. Case of D.N. v. Switzerland, Judgement of 29 March 2001, para. 46. Ver también Case of De Cubre v. Belgium, Judgment of 29 March 2001, para. 26; Case of Hauschildt v. Denmark, Judgment of 26 October 1984, para. 48.
de un juez determinado en un caso concreto, y un criterio objetivo, es decir determinar si el juez ofreció garantías suficientes como para excluir cualquier duda legítima que exista al respecto”16.
Es decir que la duda sobre la imparcialidad del juzgador en el caso concreto puede tener fundamentos subjetivos u objetivos. Existen factores subjetivos que afectan la imparcialidad del juez frente al caso cuando se verifican circunstancias personales que requieren el apartamiento del juez en el caso concreto —v. gr., parentesco con una de las partes—. Los factores objetivos, en cambio, se tratan de circunstancias o actividades del juzgador, en principio ajenas al caso, pero que pueden afectar la resolución del juzgador en un caso concreto. Como demostraremos a continuación, ambos factores exigen el apartamiento del Sr. Francisco VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc en el presente caso. Cabe señalar que según la jurisprudencia europea la imparcialidad subjetiva del juez en el caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. A diferencia, la imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso17. Sobre la base de dichos criterios, la Corte Europea ha otorgado un alcance amplio a la garantía de imparcialidad, y ha aceptado como causal de apartamiento la mera existencia de temor fundado de parcialidad, aun cuando se demuestre posteriormente en el caso, que los hechos no justificaban ese temor18. Ello implica que la sola verificación de un temor fundado sobre la parcialidad del eventual juzgador —independientemente de si los hechos del caso coinciden con dicho temor— exigen el apartamiento de quien habrá de juzgar19. Las reglas sobre imparcialidad se refieren a la posición del juez frente al caso concreto que debe juzgar e intentan impedir que sobre él pese el temor de parcialidad20. La sospecha de parcialidad no significa, entonces, un atributo del juez —esto es, que él sea parcial regularmente, o que vaya a ser parcial en el caso— sino un atributo del procedimiento. En este sentido el objetivo de las reglas, es evitar toda parcialidad posible, inclusive la que no procede de la intención, o de la mayor o menor prudencia de quien juzga, y la absolutamente inconsciente. Ello en el marco conceptual reflejado en el adagio:
“Justice must not only be done. It must also be seen to be done”21.
Eur. Court H.R. Case of Piersack v. Belgium, Judgment of 10 January 1982, para. 30. Vér Case Saint-Marie, Judgment of 16 December 1992, para. 50; Case Piersack, Sentence of 1 October 1982, para. 30. 18 En el caso “Piersack v. Belgium”, el Presidente del tribunal había formado parte del Ministerio Público, dirigiendo un departamento de investigación de asuntos penales al momento en que se inicia la investigación del caso Piersack, sin ocuparse personalmente de ella, pero con facultades de supervisión sobre quienes estaban encargados de las tareas de investigación. El Tribunal Europeo resolvió hacer lugar al planteo del peticionario, en cuanto éste no había contado con un tribunal imparcial, con afirmación de los siguientes conceptos: a) la imparcialidad se define como ausencia de prejuicios o parcialidades y su existencia debe ser apreciada tanto subjetiva como objetivamente; b) mientras que el aspecto subjetivo implica la averiguación sobre la convicción personal de un juez parcial en un caso, el aspecto objetivo se vincula con el hecho de que el juez ofrezca las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable; c) en este aspecto objetivo, todo juez en relación con el cual pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en el caso, ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Eur. Court H.R. Case of Piersack v. Belgium, Judgment of 10 January 1982. 19 Sobre la jurisprudencia europea en la materia, consistente con el precedente citado, cf. MAIER, Julio B. J., Derecho procesal penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1999, 2ª ed., t. I, ps. 752 y siguientes. 20 Cf. MAIER, Derecho procesal penal, cit., t. I, p. 752. 21 Eur. Court. H.R. Case of Delcourt v. Belgium, Judgement of 17 January 1970, para. 31.
III. C. Las garantías de imparcialidad
Para garantizar la actuación imparcial de los jueces, el derecho comparado y el derecho internacional prevén tres principios instrumentales diferentes: el principio del juez natural22, el principio de independencia judicial23, y el principio de imparcialidad del juzgador en el caso particular. Cabe mencionar que los tres principios se ven reflejados en los instrumentos del sistema interamericano, específicamente, el artículo 8 de la Convención Americana24. El caso que nos ocupa solo concierne al principio de imparcialidad del juzgador. El principio de imparcialidad del juzgador en el caso concreto se relaciona con aquellas reglas que garantizan que el juez independiente intervenga de manera imparcial en todos los casos sometidos a su decisión. Tanto en el derecho comparado como en el derecho internacional, la intervención imparcial de un juez se protege mediante el mecanismo de la recusación. Se trata, de esta manera, de brindar la posibilidad a las partes en un caso contencioso para que impugnen la intervención de una persona determinada en un caso concreto, con fundamento en cualquier tipo de circunstancia —subjetiva u objetiva— que permita poner en duda su intervención imparcial. En el caso que nos concierne, el Gobierno de la República de Guatemala ha propuesto como juez ad hoc al Sr. Francisco VILLAGRÁN KRAMER. Como demostraremos en esta presentación, existen diversas circunstancias que arrojan graves dudas sobre la actuación imparcial del candidato propuesto por el Estado demandado y que justifican su apartamiento. IV. LAS RAZONES POR LAS CUALES FRANCISCO VILLAGRÁN KRAMER NO DEBE ACTUAR COMO JUEZ AD HOC ANTE LA CORTE INTERAMERICANA EN EL CASO “MYRNA MACK CHANG” Como demostraremos a continuación, existen múltiples razones por las cuales los representantes de los familiares de la víctima en el caso “Myrna MACK CHANG” contra el Estado de Guatemala, tememos fundadamente por la actuación parcial del Sr. Francisco VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc. Por lo tanto, consideramos que la aceptación de la designación del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc en este caso particular afectará gravemente la apariencia de imparcialidad del proceso ante la Honorable Corte Interamericana.
El principio del juez natural se vincula con el establecimiento previo del tribunal competente. De este modo, se pretende evitar que, una vez iniciada una causa judicial contenciosa, se pueda atribuir su conocimiento a un tribunal determinado. En el caso que nos ocupa, por tratarse de la designación de un juez ad hoc, el principio del juez natural no cumple función alguna, pues se trata, precisamente, de que el Estado demandado proponga una persona determinada para que cumpla con los requisitos convencionales a fin de que intervenga en un caso particular. 23 El segundo principio que se contempla en el derecho internacional y el derecho comparado para garantizar la imparcialidad es el principio de independencia judicial. En el ámbito del derecho continental, el principio de independencia no sólo pretende garantizar toda influencia sobre el tribunal proveniente del poder ejecutivo y del poder legislativo —independencia externa—, sino, además, la posible influencia sobre el órgano judicial competente de otros órganos del poder judicial —independencia interna o funcional—. Para ello, el derecho interno establece reglas que disponen la estabilidad en el cargo, mecanismos especiales de designación y remoción de los jueces, intangibilidad de las remuneraciones, entre otros Nuevamente, dada la especial naturaleza del proceso contencioso ante esta Honorable Corte, y la absoluta falta de vinculación entre este tribunal y los demás órganos del Estado demandado, este principio no se encuentra en juego. 24 En su artículo 8.1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...”.
IV. A. Primera causal
El primer motivo que impide que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER intervenga en calidad de juez ad hoc en este procedimiento, consiste en el hecho que el oficial del gobierno que designó al Sr. VILLAGRÁN KRAMER es parcial para los efectos de este caso. Según un informe del Departamento de Estado de los EE.UU., el Sr. VILLAGRÁN KRAMER ha sido propuesto como juez ad hoc para este caso por el canciller guatemalteco, el Sr. Gabriel ORELLANA. El Sr. ORELLANA se desempeñó como abogado defensor de confianza durante casi dos años en el caso penal abierto en el ámbito interno contra los tres imputados como autores intelectuales de la ejecución extrajudicial de Myrna MACK CHANG. En este sentido, el Departamento de Estado de los EE.UU. informó que:
“On August 1, [2001] the Inter-American Court on Human Rights agreed to the June request of the IACHR that the court hear the Myrna Mack case due to excessive delays of the application of justice in the Guatemalan courts. The decisions of the IACHR and the Court imply that the state, not the individuals implicated in the case, are to be tried by the court. In September Foreign Minister Gabriel Orellano, himself a former defense attorney for the military suspects in the Mack case, named Francisco Villagran Kramer, Vice President during the Administration of Romeo Lucas Garcia (against whom genocide charges are pending in the Guatemalan courts), as Judge Ad Hoc to represent the Government at the Court”25. (destacado agregado).
Cabe destacar que el objeto central de la demanda contra el Estado de Guatemala en el caso concreto es el hecho de que los tres imputados defendidos por el Sr. ORELLANA jamás han sido llevados a juicio por la ejecución extrajudicial de Myrna MACK CHANG. De hecho, nuestra demanda ante la Honorable Corte se centra en las maniobras legales empleadas por el representante de los acusados y permitidas por las autoridades judiciales para causar una demora injustificada del juicio. Teniendo presente que la designación del Sr. VILLAGRÁN KRAMER ha sido resuelta por el Sr. ORELLANA, los representantes de la víctima tenemos la preocupación de que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER no podrá actuar sin favoritismo ni partidismo. Cabe señalar que según la jurisprudencia europea la imparcialidad objetiva exige que el tribunal ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso26. Para evitar la vulneración de la garantía de imparcialidad, resulta indispensable que esta Honorable Corte rechace el candidatos ofrecidos por el Sr. ORELLANA para actuar como juez ad-hoc ante la Corte.
IV. B. Segunda causal
El Sr. VILLAGRÁN KRAMER ha participado con el más alto nivel de responsabilidad política en un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos más fundamentales. En 1977, el Sr. VILLAGRÁN KRAMER se presentó como candidato a la vicepresidencia de la República de Guatemala junto al general LUCAS GARCÍA. En 1978, el ejército guatemalteco demostró que no estaba dispuesto a aceptar candidatos que no fueran seleccionados por el alto mando militar, y aprobados por los partidos de derecha27. Si bien todos los candidatos que participaron en las elecciones de 1978 eran oficiales militares, el ejército interfirió en dichos comicios para asegurar la victoria de su candidato, el
U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human Rights Practices- 2001, Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 4, 2002 (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/wha/8344.htm). 26 Ver Case Saint-Marie, Judgment of 16 December 1992, para. 50; Case Piersack, Sentence of 1 October 1982, para. 30. 27 Cf. CORSTANGE, Daniel M., Guatemala: The Party System from 1963-2000, publicado en Political Parties: A Cross-National Survey, New York, 2000.
general Romeo LUCAS GARCÍA28. Cuando los resultados parciales de la elección presidencial indicaban la victoria del coronel Enrique PERALTA AZURDIA, el ejército interrumpió el escrutinio de los votos29. Tras esta interferencia, LUCAS GARCÍA sorpresivamente avanzó en el escrutinio y fue declarado presidente electo. Estas elecciones fueron universalmente calificadas como fraudulentas30. En este sentido, el “Washington Post” las describió como “tan evidentemente fraudulentas que nadie esperaba que fueran aceptadas”31. A pesar de las denuncias de fraude, el gobierno LUCAS GARCÍA-VILLAGRÁN KRAMER accedió al poder en 1978. Así, el Sr. VILLAGRÁN KRAMER se desempeñó como vicepresidente, y ocasionalmente como presidente interino, durante casi tres años, en un gobierno cuya legitimidad había sido públicamente cuestionada, y que utilizaba tácticas brutales para mantenerse en el poder. Durante la administración de LUCAS GARCÍA-VILLAGRÁN KRAMER, se alcanzaron niveles de violaciones de derechos humanos sin precedentes en la historia guatemalteca. Al asumir el poder en 1978, el gobierno LUCAS GARCÍA-VILLAGRÁN KRAMER enfrentó un movimiento social compuesto por organizaciones laborales, políticas, universitarias y grupos campesinos que había alcanzado un gran nivel de desarrollo durante los años previos, y que buscaba logros económicos, como también participación política32. Para enfrentarse con el movimiento, el gobierno desarrolló una estrategia contrainsurgente que “se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural ... así como combatir a la guerrilla”33. Dentro el marco de este lucha contrainsurgente, el gobierno LUCAS GARCÍA-VILLAGRÁN KRAMER cometió gravísimas y sistemáticas violaciones del derecho a la vida34. Después de una investigación detallada sobre el período 1978-1981, la organización internacional AMNISTÍA INTERNACIONAL señaló que:
Cf. ALEXANDER, Robert J, Political Parties of the Americas, Vol. II, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1982, 420. Ibidem. 30 Cf. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA, Guatemala Memoria del Silencio, Capitulo I Causas y orígenes del Enfrentamiento armado, Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985), http://hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish/toc.html (visitado el 29 de mayo de 2002), párrs. 359-362; En igual sentido cf. Comisión IDH, Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 5 de octubre de 1983, párr. 8. 31 Jean-Marie Simon, Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, W.W. Norton & Co., New York, 1987. 32 COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA, Guatemala Memoria del Silencio, Capitulo I Causas y orígenes del Enfrentamiento armado, Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985), http://hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish/toc.html (visitado el 29 de mayo de 2002), párr. 375. 33 Ibidem, párrs. 359-360. 34 Entre las violaciones más destacadas que se produjeron durante la vicepresidencia del Sr. VILLAGRÁN KRAMER se encuentran los siguientes acontecimientos: • En 1979, a plena luz del día en las calles de la capital, los líderes del partido social demócrata de aquel tiempo, Alberto FUENTES MOHR y Manuel COLOM ARGUETA fueron asesinados. • El 31 de enero de 1980, las fuerzas de seguridad incendiaron la Embajada de España, mientras el Embajador y decenas de manifestantes indígenas se encontraban en el interior, asesinando a treinta y nueve personas (entre ellas el padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta MENCHÚ TUM), lo que generó que el Gobierno de España rompiese relaciones diplomáticas con Guatemala. • Durante una manifestación con ocasión del Día Internacional del Trabajador, fueron secuestrados decenas de participantes, cuyos cadáveres fueron encontrados en las calles de la periferia de la capital. • El 21 de junio de 1980, las fuerzas de seguridad secuestraron a veintisiete dirigentes sindicales cuando preparaban un funeral de un sindicalista de la Coca-Cola que recientemente había sido asesinado, siendo en esa fecha, la última vez que persona alguna vio con vida a estos sindicalistas. Cf. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA, Guatemala Memoria del Silencio, Capitulo I Causas y origenes del Enfrentamiento armado, Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985), http://hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish/toc.html (visitado el 29 de mayo de 2002), párrs. 363, 385, 388.
“Solamente entre enero y noviembre de 1980 unas 3.000 personas —descritas por portavoces gubernamentales como elementos ‘subversivos’ o ‘criminales’— fueron muertas en el acto o capturadas y más tarde asesinadas. Se desconoce la suerte corrida por otras 364 personas capturadas en este mismo periodo. El Gobierno de Guatemala niega haber realizado una sola detención de carácter político o haber encarcelado a nadie por motivos políticos desde la subida al poder del presidente Romeo Lucas García en el mes de Julio de 1978. Todos los abusos se atribuyen a grupos paramilitares ‘independientes’ nuevas pruebas de que dichas acciones son realizadas por grupos de los servicios regulares de seguridad, sin que se hayan presentado pruebas concluyentes de la existencia de los grupos mencionados por las autoridades”35.
De hecho, las políticas de represión de este gobierno eran conocidas como extremadamente centralizadas; las personas que fueron blancos de prácticas de tortura, desaparición, o ejecución, fueron seleccionadas en reuniones dirigidas por el presidente LUCAS GARCÍA sostenidas en un edificio anexo al Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala36. Durante los primeros tres años de la presidencia de LUCAS GARCÍA, esto es, mientras el Sr. VILLAGRÁN KRAMER era vicepresidente de la República de Guatemala, unas 5.000 personas fueron detenidas y asesinadas; los cadáveres fueron encontrados apilados en barrancos, abandonados en la cuneta de las carreteras o enterrados en fosas comunes. Una porción significativa de las víctimas tenía evidencia de tortura y, en muchos casos, las muertes se produjeron mediante la estrangulación con garrote, sofocados con capuchas de goma o con un tiro de gracia37. Las organizaciones sociales, políticas y profesionales, así como los funcionarios judiciales existentes se vieron profundamente afectados por las políticas represivas adoptadas por el gobierno de LUCAS GARCÍAVILLAGRÁN KRAMER38. Durante este gobierno, los escuadrones de la muerte compuestos por agentes del Estado volvieron a ser protagonistas activos en la violencia política, y entre sus víctimas se encontraban dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, periodistas, profesores universitarios, entre otros39. Por ejemplo, en solo cinco meses de 1979 fueron acribilladas 375 personas40. Fue durante el gobierno LUCAS GARCÍA-VILLAGRÁN KRAMER que fue asesinado el mayor número de jueces y abogados, en particular aquellos que habían dado trámite a recursos de habeas corpus, o que habían dictado resoluciones contrarias a los intereses del gobierno41. En su Informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala publicado en 1981, la Comisión Interamericana clasificó las violaciones al derecho a la vida imputadas al gobierno de LUCAS GARCÍAVILLAGRÁN KRAMER en tres grupos generales: (i) ejecuciones extrajudiciales y asesinatos en las calles; (ii)
AMNISTÍA INTERNACIONAL, Guatemala, Programa gubernamental de asesinatos políticos, 1981, 3. Cf. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Guatemala, Programa gubernamental de asesinatos políticos, 1981, 3. 37 Ibidem, p. 6. 38 Cf. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA, Guatemala Memoria del Silencio, Capitulo I Causas y orígenes del Enfrentamiento armado, Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985), http://hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish/toc.html (visitado el 29 de mayo de 2002), párr. 363. 39 Cf. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA, Guatemala Memoria del Silencio, Capitulo II Las Violaciones de los Derechos Humanos y Los Hechos de Violencia, Volumen 1 Estrategia y Mecanismos de las Partes, http://hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish/toc.html (visitado el 29 de mayo de 2002), párr. 332. 40 Ibidem. 41 Cf. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA, Guatemala Memoria del Silencio, Capitulo I Causas y orígenes del Enfrentamiento armado, Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985), http://hrdata.aaas.org/ceh/mds/spanish/toc.html (visitado el 29 de mayo de 2002), párr. 363.
muertes masivas de campesinos e indígenas; y (iii) los desaparecidos42. Es más, la Comisión publicó varios informes en los cuales determinó que agentes del Estado de Guatemala, habían cometido, efectivamente, ejecuciones y desapariciones forzadas durante el período en que VILLAGRÁN KRAMER era vicepresidente43. No fue hasta septiembre de 1980 que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER renunció a su cargo. Sin embargo, el régimen a cuya cúpula pertenecía ya había acumulado un largo historial de violaciones flagrantes y sistemáticas a los más elementales derechos humanos. La política represiva iniciada durante las primeras semanas del gobierno de LUCAS GARCÍA-VILLAGRÁN KRAMER continuó durante el mandato del Presidente de LUCAS GARCÍA. De hecho, se han abierto formalmente dos investigaciones penales por genocidio en contra del ex-presidente Fernando Romeo LUCAS GARCÍA. El 28 de marzo de 2000, un juez español inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Premio Nobel de la Paz, Sra. Rigoberta MENCHÚ TUM, en contra de ocho personas, entre ellas LUCAS GARCÍA, por supuestos delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal. Adicionalmente, el 14 de junio de 2001, un tribunal guatemalteco abrió una investigación penal en contra de LUCAS GARCÍA por genocidio, concentrándose en particular sobre diez masacres en las que fueron asesinados unos 900 indígenas. El hecho de que dicho régimen desde sus primeras semanas cometiera violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales que fueron de público conocimiento, y respecto de las cuales el Sr. VILLAGRÁN KRAMER no podía dejar de estar informado nos lleva a concluir que al Señor VILLAGRÁN KRAMER le corresponde una responsabilidad política, jurídica, e histórica por esta terrible etapa de la historia guatemalteca. La participación del Sr. VILLAGRÁN KRAMER en el más alto nivel político-ejecutivo en un gobierno que se caracterizó por el establecimiento de patrones persistentes y sistemáticos de gravísimas violaciones de los derechos humanos, y su responsabilidad por estas flagrantes violaciones, lo despojan de la imparcialidad indispensable que se requiere para participar como juez en la Corte Interamericana, órgano principal del sistema regional de protección de los derechos humanos. Ello pues a pesar de que los hechos objetos de este caso no ocurrieron bajo su mandato, su responsabilidad como alto funcionario político del Estado demandado por graves violaciones de derechos humanos garantizados por la Convención Americana, sumado al hecho de que se trata de un juez ad hoc propuesto por el Gobierno demandado, permiten temer fundadamente que no pueda resolver imparcialmente los planteos de este caso concreto.
IV. C. Tercera causal IV. C. 1. La competencia de la Corte
El Sr. VILLAGRÁN KRAMER ha realizado múltiples afirmaciones rechazando la obligación internacional de Guatemala de someterse a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, como también la aplicabilidad de la Convención Americana en el ámbito interno de la jurisdicción del Estado de Guatemala. Los representantes de los familiares de la víctima consideramos que sus posturas son manifiestamente contradictorias con los fines y los objetivos del sistema interamericano de protección de derechos
COMISIÓN IDH, Informe sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 13 de octubre de 1981, 25. COMISIÓN IDH, Informe No. 30/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 31/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 32/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 33/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 34/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 35/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 36/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 37/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981; COMISIÓN IDH, Informe No. 38/81 (Guatemala) 25 de Junio de 1981.
humanos, lo que impediría que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER pudiera ejercer sus funciones como juez ad hoc y, arrojaría dudas sobre su capacidad para actuar imparcialmente en el ejercicio de las tareas propias de tan importante cargo. En un amicus curiae presentado por el Sr. VILLAGRÁN KRAMER ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el 24 de agosto de 1998 —en calidad de abogado particular y a título personal—, sobre la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado de Guatemala, éste desconoció la competencia de la Corte Interamericana. En 1987, el Presidente de Guatemala reconoció por decreto presidencial la competencia de la Corte Interamericana. En su amicus curiae, el Sr. VILLAGRÁN KRAMER cuestionó esta facultad del Presidente de la República y concluyó que “la Corte [de Constitucionalidad de Guatemala] puede ejercer su competencia anulatoria sin restricciones de carácter internacional” (destacado agregado), y desligar al Estado de Guatemala de la relación que se estableció con la Corte Interamericana, el órgano principal del sistema interamericano encargado de proteger los derechos humanos44. Según el Sr. VILLAGRÁN KRAMER, la aceptación de una jurisdicción internacional por parte del Estado de Guatemala requiere la autorización del Congreso. La consecuencia de este argumento sería que, en ausencia de una aprobación legislativa, el Estado de Guatemala no aceptó efectivamente la competencia de la Corte Interamericana. Tal opinión ignora que el Estado de Guatemala, con sus propios actos, reconoció la competencia contenciosa de la Corte. Así como por ejemplo, en los casos “Paniagua Morales y otros”, Excepciones preliminares, sentencia de 25/1/96; “Blake”, Excepciones preliminares, sentencia de 2/7/96; “Villagrán Morales y otros”, Excepciones preliminares, sentencia de 11/9/9745. Se debe tener presente que el amicus curiae consiste en un escrito presentado por una persona —o una institución— con un fuerte interés en una cuestión jurídica pendiente de resolución ante un tribunal, y que se presenta para sugerir los argumentos que deben ser considerados para resolver el caso46. En otras palabras, también ha sido definido como:
“En cuanto a la definición del instituto, se trata de la presentación ante el tribunal donde tramita un litigio judicial de terceros ajenos a esa disputa que cuenten con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la sustanciación del proceso en torno a la materia controvertida”47.
Cuando un abogado presenta un amicus curiae a título personal, este escrito representa la opinión técnicojurídica que éste considera correcta sobre la cuestión de derecho sometida a la decisión del tribunal. La redacción de un amicus curiae constituye, para un abogado, el trabajo más similar a la redacción de una resolución judicial por parte de un juez. Ello pues, en un amicus curiae el abogado —o institución— transmite su propio criterio técnico normativo pero sin intervenir en representación de intereses ajenos — los intereses concretos de las partes del litigio—. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se presentó como abogado particular, actuando de manera positiva, para ofrecer su opinión profesional ante la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, el escrito amicus curiae representa la opinión jurídica personal del Sr. VILLAGRÁN KRAMER respecto a la jurisdicción de la Corte con relación al Estado de Guatemala.
Exposición Amicus Curiae presentada por Francisco VILLAGRÁN KRAMER a la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala en el procedimiento No. 483-98 Of. 4 Secretaria, el 24 de agosto de 1998. 45 Cf., en este sentido, la posición definida como aceptada de modo generalizado sobre esta cuestión, en BROWNLIE, Ian, Principles of Public International Law, Ed. Clarendon Press, Oxford, 1998, 5ª ed., ps. 617 y siguiente. 46 Black's Law Dictionary 83 (séptima edición, 1999) 47 ABREGÚ, Martín, y COURTIS, Christian, Perspectivas y posibilidades del amicus curiae en el derecho argentino, en AA.VV., La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 387.
En suma, la opinión técnico-jurídica del Sr. VILLAGRÁN KRAMER es que el Estado de Guatemala no está sometido a la competencia contenciosa de la Corte. Tal afirmación, se halla unida de modo indisoluble a diversas cuestiones formuladas por el Estado de Guatemala en carácter de excepciones preliminares, que aún no han sido resueltas. En este contexto, la posición del Sr. VILLAGRÁN KRAMER favorece indebidamente los argumentos del Estado de Guatemala e indica un partidismo inaceptable. Por lo tanto, es evidente que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER no puede actuar como juez ad hoc en un caso contra el Estado de Guatemala, integrando un tribunal al cual no le reconoce jurisdicción en el caso sometido a su decisión. Su intervención como juez ad hoc en este procedimiento representaría un agravio injustificable a la integridad y la legitimidad de este tribunal.
IV. C. 2. El valor de la Convención Americana
Adicionalmente, el Sr. VILLAGRÁN KRAMER ha desconocido la supremacía de la Convención Americana sobre el derecho interno de su país, y ha cuestionado las facultades de los órganos del sistema de protección consagrados en ella. Al respecto ha manifestado:
“Los jueces, para evadir su responsabilidad, han utilizado la Convención Interamericana de Derechos Humanos...” y, agregó “... No me gustaría que los extranjeros resolvieran nuestros problemas, a menos que pongamos en tela de juicio la existencia de la soberanía guatemalteca”48.
Tales afirmaciones no sólo expresan la clara voluntad política personal del Sr. VILLAGRÁN KRAMER de no acatar las reglas del derecho internacional aceptadas por toda la comunidad internacional, y a las cuales se sometiera voluntariamente el Estado de Guatemala sino, además, y especialmente, un grave desconocimiento de los principios estructurales del derecho internacional público en general, y del derecho internacional de los derechos humanos en particular. De igual manera, también son inquietantes los puntos de vista expresados por el Sr. VILLAGRÁN KRAMER con relación a la ampliación de la pena de muerte. El Código Penal vigente en Guatemala al momento en que el país ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplaba la aplicación de dicha pena sólo para los delitos de secuestro con resultado de muerte y el homicidio calificado agravado. Sin embargo, en 1995 el Congreso amplió su aplicación a los casos en los que la víctima del secuestro sobreviviera, violando de esta manera el artículo 4.2 de la Convención Americana, que prohíbe la ampliación de la pena de muerte a figuras delictivas que no contemplaban dicha pena al momento de la ratificación del tratado. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER, en su calidad de congresista, apoyó expresamente la ampliación de la aplicación de la pena de muerte, lo cual representa una violación de la Convención Americana. Cabe destacar que esta Honorable Corte se pronunció de manera contundente respecto a la posibilidad de extender la aplicación de la pena de muerte a delitos que no la tenían prevista al momento de entrada en vigencia la Convención Americana (art. 4.2), señalando que “[s]i bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena”49. Por lo tanto, el apoyo del Sr. VILLAGRÁN KRamer en su carácter de miembro del poder legislativo, a la ampliación de la pena de muerte a delitos que no la regulaban al momento de entrada en vigor de la
Periódico “Siglo Veintiuno”, Guatemala, 13 de abril de 1997. Corte IDH, Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83, 18 de septiembre 1983, Serie A Nº 3, párr. 56.
Convención Interamericana, significa, lisa y llanamente, un apoyo explícito a la violación de las obligaciones internacionales derivadas de dicho instrumento convencional asumidas soberanamente por Guatemala. Por las razones expuestas, consideramos que las opiniones técnico-jurídicas manifestadas públicamente y a título personal por el Sr. VILLAGRÁN KRAMER, como también su conducta como legislador, operan como un impedimento absoluto para que pueda asumir las responsabilidades que tendría que cumplir como juez ad hoc de la Corte Interamericana, conforme a lo establecido en el artículo 18.1.c del Estatuto de la Corte. Es imposible que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER se conduzca de manera idónea en un caso en contra de Guatemala, y que cumpla cabalmente con sus obligaciones como juez ad hoc si, por una parte, considera que su país no está sujeto a la jurisdicción contenciosa de la Corte50 y, por otra parte, ha sostenido posiciones contrarias a la letra misma de la Convención Americana.
IV. D. Cuarta causal
En este contexto, es también indispensable poner en conocimiento de esta Honorable Corte que en mayo de 1997, ciento cincuenta organizaciones no gubernamentales, incluidas CEJIL y la FUNDACIÓN MYRNA MACK, lanzaron una campaña pública y diplomática en contra de la elección del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que su candidatura representaba una amenaza a la integridad, prestigio y credibilidad de la Comisión Interamericana, entre otras razones, por los hechos antes descritos. Cabe mencionar que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER no fue elegido por los Estados miembros de la OEA para ser comisionado de la Comisión Interamericana. CEJIL es hoy uno de los representantes de los familiares de las víctimas en el caso “Myrna MACK CHANG” sometido a la jurisdicción de este tribunal. La “FUNDACIÓN MYRNA MACK”, si bien no es peticionaria ni ha intervenido formalmente en este procedimiento, tiene como presidente a la Licda. Helen MACK, hermana de la víctima. Helen MACK ha sido la principal protagonista del litigio del caso contra los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de su hermana en el ámbito interno, como también en este litigio en sede internacional. Por lo tanto, resulta difícil —sino imposible— escindir los pronunciamientos institucionales de la FUNDACIÓN MYRNA MACK de la figura de la Helen MACK, hermana de la víctima de este caso. Consideramos que la fuerte campaña pública y diplomática en la que participaron ambas instituciones para que esta persona no fuera designada miembro de la Comisión Interamericana podría influir sobre las decisiones que debería tomar el Sr. VILLAGRÁN KRAMER en este caso concreto. Teniendo en cuenta los principios y los precedentes reseñados, resulta evidente que la situación genera un legítimo y fundado temor respecto de la imparcialidad del Sr. VILLAGRÁN KRAMER y, por lo tanto, permite sustentar su recusación como juez ad-hoc. En este punto, se debe tener en cuenta lo sostenido por la Corte Europea con respecto a que la sola verificación de un temor fundado sobre la parcialidad del eventual juzgador —independientemente de si los hechos del caso coinciden con dicho temor— exigen el apartamiento de quien habrá de juzgar51.
“[N]adie debe ser árbitro si para él resulta aparentemente un mayor provecho, material o espiritual, de la victoria de una parte que de la otra”52.
Vease Corte IDH, Caso Cesti Hurtado, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, Ser. C, Nº 56. párr. 34, en el cual la Corte decide aceptar la renuncia del juez ad hoc quien había apoyado públicamente la posición del Perú de retirarse de la competencia contenciosa de la Corte. 51 Eur. Court H.R. Case of Piersack v. Belgium, Judgment of 10 January 1982, para. 30. 52 HOBBES, T., Del ciudadano III, 20, p. 95.
A modo de conclusión, podemos mencionar las siguientes circunstancias respecto del temor fundado de parcialidad que sentimos los representantes de los familiares de las víctimas referido a la eventual intervención del Sr. VILLAGRÁN KRAMER en calidad de juez ad hoc en este procedimiento: _ El hecho de que el Sr. VILLAGRAN KRAMER haya sido designado por el canciller guatemalteco que, antes de ocupar su cargo actual, se desempeñó como defensor de confianza de los acusados de la autoría intelectual de la ejecución extrajudicial de MYRNA MACK, por otra parte, elimina toda posibilidad de que pueda confiarse en la intervención imparcial del Sr. VILLAGRAN KRAMER como juez ad hoc de esta Honorable Corte en el caso concreto. La intervención del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como vicepresidente de un gobierno bajo el cual se constataron graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos básicos, genera un temor fundado sobre la eventual parcialidad del candidato para decidir la imputación de responsabilidad internacional contra el Estado de Guatemala que constituye el objeto de este proceso. El hecho de que el Sr. VILLAGRÁN KRAMER se haya pronunciado, a título personal, en contra de la obligación internacional del Estado de Guatemala de someterse a la jurisdicción contenciosa de esta Honorable Corte constituye otra grave circunstancia que puede afectar su imparcialidad. Tampoco se comprende cómo alguien que sostiene dicha opinión acepta integrar un tribunal cuya jurisdicción ha desconocido. Las opiniones vertidas a medios periodísticos por el Sr. VILLAGRÁN KRAMER respecto a la legítima intervención de los órganos del sistema interamericano, que fueran calificadas, erróneamente como una injerencia en la “soberanía guatemalteca”, también arrojan temores fundados sobre su actuación parcial, y demuestran su desprecio por el régimen normativo de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Guatemala. El hecho de que, en su calidad de legislador, el Sr. VILLAGRÁN KRAMER haya votado a favor de la aprobación de una ley que violaba las obligaciones internacionales de Guatemala de modo manifiesto, también constituye una grave circunstancia que termina por eliminar toda credibilidad sobre su participación imparcial en este procedimiento. La participación de CEJIL y la FUNDACIÓN MYRNA MACK en la campaña pública y diplomática contra la designación del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como miembro de la Comisión Interamericana es una circunstancia que puede influir en su ánimo a la hora de intervenir como juzgador en este procedimiento.
Por todo lo expuesto, consideramos que el Señor Francisco VILLAGRÁN KRAMER no satisface los criterios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Estatuto y en el Reglamento de la Corte Interamericana referidos a la selección de jueces ad hoc. Por tal motivo, instamos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos a rechazar la elección del Sr. VILLAGRÁN KRAMER como juez ad hoc, y a solicitar al Estado de Guatemala que promueva la selección de una persona cuyos antecedentes sean compatibles con los requisitos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprovechamos la ocasión para extenderle nuestras manifestaciones de consideración y aprecio,
Lyndon TRETTER Hogan & Hartson L.L.P.
Viviana KRSTICEVIC CEJIL
Roxanna ALTHOLZ CEJIL
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