Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S68-05.html
Timestamp: 2018-02-20 15:42:54+00:00

Document:
Benito Tide Méndez y otros v. República Dominicana, Caso 12.271, Informe No. 68/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
BENITO TIDE MÉNDEZ, ANTONIO SENSIÓN, ANDREA ALEZI, JANTY FILS-AIME, WILLIAM MEDINA FERRERAS, RAFAELITO PÉREZ CHARLES, BERSON GELIM Y OTROS
1. El 12 de noviembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o la "CIDH") recibió una petición presentada por la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley de California (Boat Hall), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos (NCHR), (todos en adelante “los peticionarios"[1]), contra República Dominicana (en adelante, el Estado). Inicialmente dicha denuncia no especificaba los nombres de presuntas víctimas individuales, siendo que posteriormente los peticionarios identificaron como posibles afectados a Benito Tide Méndez, Antonio Sensión, Andrea Alezi, Janty Fils-Aime, William Medina Ferreras, Rafaelito Pérez Charles y Berson Gelim, todos ellos haitianos y dominicanos de origen haitiano residentes en la República Dominicana (en adelante, las presuntas víctimas). Alegan los peticionarios en su denuncia que el Estado mantiene una política de deportación[2] y expulsión de haitianos y dominicanos de origen haitiano que ha generado la violación de los derechos humanos tanto de trabajadores haitianos documentados e indocumentados como de dominicanos de origen haitiano documentados e indocumentados. Aducen los peticionarios que esta política ha afectado los derechos de las presuntas víctimas y que los derechos violados son los establecidos en los artículos 3 (reconocimiento de personalidad jurídica), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 17 (protección de la familia), 19 (derechos del niño), 20 (nacionalidad), 22 (libertad de movimiento), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial), todos ellos en relación con el artículo 1.1 (obligación de tomar medidas) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención).
2. El Estado alega que el procedimiento de repatriación está fundamentado en la ley interna bajo un debido proceso que ve los casos de forma individualizada, en los cuales existe el derecho a la defensa y la representación legal; además, que este proceso se da mediante decisiones concordadas con el gobierno Haití, especialmente bajo una comisión bilateral creada, y que estas medidas han ido mejorando conforme al cambio de legislación interna y la colaboración entre países. Asimismo, que es derecho irrenunciable del Estado Dominicano, como atributo de su soberanía, la repatriación de extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que esto no viola ningún tratado o convención firmada por el Estado dominicano.
4. Con fecha 17 de noviembre de 1999, la Comisión recibió una petición con solicitud de medidas cautelares a la cual se le asignó el número 12.271, conforme al reglamento vigente en esa fecha. El 22 de noviembre de 1999, durante su 105° período de sesiones, la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares. En fechas 24 y 29 de noviembre de 1999 el Estado dominicano presentó información adicional, sin perjuicio de una posterior respuesta. El 30 de noviembre de 1999 el Estado solicitó una prórroga de quince días. Dicha prórroga fue concedida el 7 de diciembre de 1999. El 6 de diciembre de 1999 los peticionarios presentaron información adicional. El 15 de diciembre de 1999, el Estado dominicano presentó su primer informe sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comisión. El 23 de diciembre siguiente la CIDH acusó recibo del informe del Estado y lo trasladó a los peticionarios con la solicitud de que presentaran sus observaciones en un plazo de treinta días. El 22 de diciembre de 1999 la Comisión Interamericana solicitó a los peticionarios el envío de información ampliada en cuanto a su solicitud de medidas cautelares.
5. El 10 de marzo de 2000 la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia presentó información relativa al caso y solicitó la adopción de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana. Mediante escrito de 16 de marzo siguiente, los peticionarios solicitaron que la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia se incorporara al caso como peticionaria. El 30 de mayo de 2000, la Comisión envió solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual expidió resolución el 16 de junio del mismo año estableciendo una audiencia para escuchar a ambas partes.
6. Con fecha 18 de agosto de 2000, por solicitud de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución ordenando medidas provisionales a favor de Benito Tide Méndez, Antonio Sension, Andrea Alezy, Janty Fils-Aime, Berson Gelim, Solange Pierre, Padre Pedro Ruquoy y William Medina Ferreras[3]. Posteriormente, continuó el envío de información de los peticionarios, la Comisión y el Estado respecto de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana.
7. Alegan los peticionarios que Berson Gelim, Janty Fils-Aime, Andrea Alezy y William Medina Ferreras fueron expulsados de República Dominicana y separados de sus familias para ser trasladados a Haití; que, por su parte, Benito Tide Méndez, Rafaelito Pérez Charles y Antonio Sesion, quienes todavía no ha podido reencontrarse con sus familias, habrían sufrido una serie de maltratos en manos de autoridades del Estado dominicano. Algunos miembros de las familias de las presuntas víctimas habrían sido también deportados a Haití.
8. Que en el caso de Rafaelito Pérez Charles, él habría nacido en República Dominicana, pero aún así fue deportado forzosamente sin la oportunidad de probar su nacionalidad dominicana. Berson Gelim, fue expulsado arbitrariamente, junto a su esposa e hijas, por lo que habría sido separado de su hijo, quien permaneció en República Dominicana. Benito Tide Méndez, también ciudadano dominicano de ascendencia haitiana, fue expulsado sin que se le diera la oportunidad de probar su ciudadanía dominicana.
9. Argumentan los peticionarios que en el caso de Andrea Alezy, haitiana residente en República Dominicana desde los 13 años de edad y separada de sus dos hijos -con quienes no ha podido reencontrarse-, no se le permitió contactar a su familia durante su detención, ni presentar ningún alegato contra su deportación. Janty Fils-Aime, dominicano de nacimiento y deportado con toda su familia, y William Medina Ferreras, dominicano expulsado con su pareja e hijos, continúan en Haití desde la deportación, sin poder volver a República Dominicana.
10. Los peticionarios agregan que las autoridades dominicanas no mantienen control adecuado de sus deportaciones y que no se sigue un procedimiento.
12. Argumentan que estas acciones se producen sin noticia previa y empleando fuerza excesiva con diferentes formas de intimidación física, separando a las personas de sus casas, familias, trabajos y, en varios casos, de sus hijos. Asimismo, que dentro de las acciones de violencia se incluye el abuso sexual a mujeres.
13. Informan además que estas personas son detenidas por oficiales de inmigración y por soldados dominicanos para luego ser transportadas a la frontera haitiana sin posibilidad de probar su estatus legal o tomar hacer arreglos previos a su expulsión. Que esta práctica se da inclusive con ciudadanos dominicanos que tienen medios probatorios para demostrar su estatus legal en territorio dominicano. Asimismo, que se les priva de la capacidad de objetar la deportación, contactar a las familias o de obtener asistencia legal. Alegan los peticionarios que las presuntas víctimas, como miembros de estos grupos, han sido objeto de esta política del Estado en diferentes facetas de la misma.
14. Agregan, asimismo, que en varios casos, padres y madres han sido enviados a Haití y obligados a dejar abandonados a sus hijos pequeños en territorio de República Dominicana.
15. Los peticionarios alegan también que la información sobre estas prácticas coinciden con la información de varias organizaciones dominicanas y organizaciones internacionales que confirman esta política masiva desde mediados de los años noventa. Asimismo, que el Estado dominicano no ha cumplido sus tratados bilaterales con Haití puesto que no informó, a su contraparte, respecto de miles de personas que fueron dejadas en la frontera.
16. Asimismo, los peticionarios señalan que a los haitianos que se encuentran en República Dominicana no se les da la posibilidad de obtener residencia legal y que muchas veces son arrestados, puestos en ómnibus y enviados a Haití. Que en esta práctica se ha incluido a haitianos residentes en territorio Dominicano por más de veinte años.
20. Argumentan que estas políticas van en contra de la ley interna dominicana cuyas regulaciones de inmigración establecen procedimientos de deportación con aviso previo, razones específicas así como la posibilidad de negar los cargos que sustentan la deportación. Además, que estas acciones violan un acuerdo entre el Estado dominicano y Haití logrado en 1997 frente a una crisis similar a la descrita.
21. Los peticionarios consideran que estás prácticas masivas a nivel nacional son discriminatorias, basadas en raza y en origen, y que atentan contra los derechos de estas personas, consagrados tanto a nivel interno como a nivel internacional.
29. Menciona que entre ambos países se ha firmado el Protocolo de Entendimiento entre República Dominicana y la República de Haití sobre los Mecanismos de Repatriación en el cual se acordaron aspectos como los procedimientos empleados y la mejora de los mismos. Entre las decisiones del mismo se estableció evitar la separación de familias "nucleadas" y comunicar previamente a las autoridades haitianas la lista de personas en proceso de repatriación.
30. Finalmente, aduce que el Estado dominicano tiene la firme determinación de seguir perfeccionando dichos mecanismos y de rectificar cualquier caso aislado de exceso, sometiendo a los presuntos responsables a la justicia de la respectiva autoridad migratoria.
32. La Comisión tiene competencia ratione materiae debido a que la petición se refiere a denuncias de violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
33. La CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición, dado que República Dominicana ratificó la Convención Americana el 19 de abril de 1978.
34. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dichos instrumentos.
35. El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que la admisibilidad de una petición presentada ante la Comisión está sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos”.
36. En el presente caso, el Estado no opuso la excepción de agotamiento de los recursos internos. En base a ello y conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia[6], la Comisión concluye que el Estado renunció tácitamente a invocar la falta de agotamiento de los recursos internos.
40. La Comisión concluye que el caso es admisible y que es competente para examinar el reclamo presentado por los peticionarios en relación con la presunta violación de los artículos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, conforme a lo dispuesto por los artículos 46(1)(c) y (d), 46(2)(c) y 47(b) del mismo instrumento internacional, así como en relación al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
41. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,
3. Iniciar el trámite sobre el fondo del caso en cuestión.
3. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.

References: artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 7