Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-120-08.htm
Timestamp: 2017-10-18 14:52:21+00:00

Document:
C-120-08
Sentencia C-120/08
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Trámite legislativo/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Saneamiento de vicio de procedimiento detectado/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento/CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Se ajusta a la Constitución
Revisadas las etapas del trámite legislativo seguido para la expedición de la Ley 1037 de 2006, se encontró que aquél se surtió de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política, salvo únicamente, en cuanto a que en la Cámara de Representantes no se anunció en legal forma el debate que se realizaría en la Comisión Segunda, por lo que mediante Auto 013 de 2007 la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1037 de 2006 para que se tramitara el saneamiento del vicio detectado. Culminado el trámite correspondiente, constata la Corte que tanto los anuncios del proyecto de ley como su votación en Comisión Segunda y Plenaria de la Cámara se ajustaron a la Constitución, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el Auto 013 de 2007 para el saneamiento del vicio en que había incurrido el Congreso en el trámite de la ley
CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Finalidad
La Convención tiene por finalidad el reconocimiento, respecto y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cuya producción, preservación, mantenimiento, transmisión y recreación contribuyen a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad human, al tiempo que señala las formas de cooperación y asistencia internacional para el logro de dichos propósitos.
VIGENCIA DE LAS ENMIENDAS QUE MODIFIQUEN EL ARTICULO 5º DE LA CONVENCION-Declaración interpretativa
La Corte considera necesario que el Presidente de la República, al depositar el instrumento de ratificación realice una declaración interpretativa respecto del artículo 38 del convenio, en el sentido de que tanto las enmiendas del artículo 5 como las que hayan entrado en vigor en el momento en que Colombia entre a formar parte del Convenio aún si no se hace una manifestación en contrario, sólo se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor para Colombia una vez se haya realizado el procedimiento interno de aprobación y revisión de dichas enmiendas previo a su ratificación, previsto en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Carta.
Referencia: expediente LAT-290
Revisión de constitucionalidad de la “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su reunión celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de 2003, y de la Ley 1037 de 2006, aprobatoria de aquélla.
1. El Gobierno Nacional, mediante oficio recibido el 27 de julio de 2006, remitió a esta Corporación copia auténtica de la “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su reunión celebrada en París y clausurada el diecisiete ( 17 ) de octubre de 2003, y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de 2003”, así como de la Ley 1037 de 2006, aprobatoria de aquélla, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
2. El expediente fue repartido inicialmente al Despacho del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, pero posteriormente pasó al Despacho del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, como quiera que el proyecto de sentencia presentado por aquél no fue aceptado por la Sala Plena.
4. Mediante Auto A-013 de 2007 la Sala Plena determinó que el trámite de la Ley 1037 de 2006 se había ajustado a la Constitución, salvo en lo relativo al anuncio del proyecto de ley en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, por cuanto la votación se había realizado en una sesión diferente a aquélla para la cual se había anunciado, lo que significaba el incumplimiento del requisito señalado en el último inciso del artículo 160 superior. Por lo anterior, la Corte devolvió el expediente al Congreso de la República para que subsanara ese vicio de trámite, el cual se consideró subsanable[1].
6. Revisado dicho escrito, el Despacho del Magistrado Sustanciador Álvaro Tafur Galvis, por Auto del 19 de julio de 2007, ordenó devolver nuevamente el proyecto de ley a la Cámara de Representantes porque no se había cumplido lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva del Auto A-013/07, en lo relativo a la Sanción Presidencial.
7. El 10 de septiembre de 2007, la Presidencia del Senado de la República remitió nuevamente a la Corte la Ley 1037 de 2006, sancionada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial No 46.741 de 4 de septiembre de 2007, para que la Corte siguiera adelante con el trámite del proceso de constitucionalidad.
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1° supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.
II. ORGANOS DE LA CONVENCIÓN.
2. Los Estados Pares en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los Estados miembros del Comité por un mandato de cuatro años.
3. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos adhoc que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.
III. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL PLANO NACIONAL.
ARTÍCULO 11. FUNCIONES DE LOS ESTADOS PARTES INCUMBE A CADA ESTADO PARTE.
IV. SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL PLANO INTERNACIONAL.
l. Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Concité creará, mantendrá al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiera medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a petición del Estado Parte interesado.
V. COOPERACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONALES.
g) Otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede la concesión de prestamos a interés reducido y las donaciones.
2. Por regla general, el Estado Pare beneficiario deberá contribuir, en la medida en que lo permitan sus medios, a sufragar las medidas de salvaguardia para las que se otorga la asistencia internacional.
VI. FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.
5. El Comité podrá aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca con fines generales o específicos, ligados a proyectos concretos, siempre y cuanto esos proyectos cuenten con su aprobación.
1. Sin perjuicio de cualquier otra contribución complementaria de carácter voluntario, los Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar en el Fondo, cada dos años por lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir de un porcentaje uniforme aplicable a todos los Estados, será determinada por la Asamblea General. Para que esta pueda adoptar tal decisión se requerirá una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho la declaración mencionada en el párrafo 2° del presente artículo. El importe de esa contribución no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución del Estado Parte al Presupuesto Ordinario de la Unesco.
3. Todo Estado Parte en la presente Convención que haya formulado la declaración mencionada en el párrafo 2° del presente artículo hará lo posible por retirarla mediante una notificación al Director General de la Unesco. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración solo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho Estado a partir de la fecha en que dé comienzo la siguiente reunión de la Asamblea General.
4. Para que el Comité pueda planificar con eficacia sus actividades, las contribuciones de los Estados Partes en esta Convención que hayan hecho la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo deberán ser abonadas periódicamente, cada dos años por lo menos, y deberían ser de un importe lo más cercano posible al de las contribuciones que esos Estados hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1° del presente artículo.
5. Ningún Estado Parte en la presente Convención que esté atrasado en el pago de su contribución obligatoria o voluntaria para el año en curso y el año civil inmediatamente anterior podrá ser elegido miembro del Comité, si bien esta disposición no será aplicable en la primera elección. El mandato de un Estado Parte que se encuentre en tal situación y que ya sea miembro del Comité finalizará en el momento en que tengan lugar las elecciones previstas en el artículo 6° de la presente Convención.
En la medida de lo posible, los Estados Partes prestarán su concurso a las campañas internacionales de recaudación que se organicen en provecho del Fondo bajo los auspicios de la Unesco
VII. INFORMES.
VIII. CLÁUSULA TRANSITORIA.
IX. DISPOSICIONES FINALES.
3. El instrumento de adhesión a se depositará en poder del Director General de la Unesco.
BOGOTÁ, D.C. 28 FEB. 2005.
En cuanto a los antecedentes del instrumento internacional, indica que en 1973 en el seno de la UNESCO, se propuso agregar a la Convención Universal sobre Derechos de Autor un protocolo para la protección del folclor, por la necesidad que se evidenciaba de dotar de protección jurídica a esta expresión artística, elevándola a la categoría de patrimonio cultural. Con todo, fue necesario esperar hasta la 32 Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 2003, para contar con una Convención encaminada a proteger los bienes culturales inmateriales.
Anota que el patrimonio cultural inmaterial debe contar con herramientas efectivas para su protección, principalmente frente a las amenazas físicas y socioeconómicas, tales como los conflictos armados, el éxodo rural, las migraciones forzadas, el turismo descontrolado, etc. De allí la importancia de ratificar el tratado sometido al examen de la Corte, el cual a su juicio, encuentra pleno fundamento en los artículos 2, 4, 7, 8, 68, 71, 72, 95 y 333 constitucionales.
Señala que se trata del primer instrumento internacional que aborda en forma específica y concreta el tema del patrimonio cultural inmaterial, lo que se constituye “en un importante mecanismo para la efectividad del derecho colectivo al patrimonio cultural reconocido en nuestra Constitución Política”. Resalta así que la mayor importancia de la aprobación de la Convención bajo estudio son las obligaciones que ésta le impone a los Estados parte para la protección y salvaguarda de su patrimonio inmaterial, lo que es acorde con los artículos 70, 71 y 72 constitucionales, por cuanto es misión del Estado promover y fomentar la cultura nacional.
El interviniente sostiene que: “Tomando en cuenta el texto de la mencionada convención, la lectura de la exposición de motivos del proyecto de ley, y el conocimiento que tengo de la legislación cultural vigente en Colombia, considero de suma importancia que se apruebe la mencionada ley ya que ésta lo que ratifica y posibilita es el cumplimiento de los preceptos constitucionales vigentes”.
Considera que la Convención constituye una importante herramienta normativa para el desarrollo de la declaración constitucional de multiculturidad y la defensa de la identidad nacional. Indica que de alguna manera se ha entendido que cultura es sólo su expresión material, quizá por lo fácil de su identificación y reconocimiento o por la versión más refinada del espectáculo cultural. No obstante, aclara, “la cultura es ante todo una producción simbólica”, pues como señala Alfred Schutz el hombre es un animal simbólico, o sea, productor de símbolos o cultura inmaterial que puede o no reflejarse en productos materiales. Por ello, si bien pareciera que el artículo 72 constitucional se dirige más hacia el patrimonio cultural material, en sentido amplio, la cultura es ante todo inmaterial, debiendo ser objeto de preservación y cuidado por parte del Estado y la sociedad.
El Procurador General de la Nación (E), mediante concepto No. 4203 del 27 de octubre de 2006, se pronunció en el siguiente sentido:
- En relación con el trámite legislativo de la Ley 1037 de 2006 en el Congreso de la República, la Vista Fiscal sostuvo que los cuatro debates se surtieron según lo establecido en la Constitución y la ley. Señala sin embargo, que respecto de la conciliación del proyecto (que a su juicio era innecesaria pues no había diferencias entre los textos aprobados en cada cámara), sólo aparece su aprobación en la Plenaria de la Cámara de Representantes y “no obra en el expediente prueba de si lo propio ocurrió en la Plenaria del Senado”. De allí que, en su concepto, si se logra establecer por la Corte que se dio dicha aprobación por la Plenaria del Senado, debe declararse la exequibilidad del tratado internacional y de su ley aprobatoria; de lo contrario, la Corte debe declarar su inconstitucionalidad por la ocurrencia de un vicio de trámite insubsanable.
- En relación con los aspectos materiales de la Convención, el Procurador considera que no se presenta contradicción alguna con la Constitución, pues con su texto se “propende por la salvaguarda de los elementos culturales que comportan valor representativo universal dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacionales, dirigidos a la integración y la colaboración armónica de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO”. En su concepto, el tratado aprobado por el Congreso se ajusta a los artículos 2º, 9º, 224, 226 y 227 de la Constitución y sirve de marco para la integración y colaboración de los Estados en torno a la protección del patrimonio cultural y de aquéllos elementos que han sido declarados “obras maestras del Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad”.
La “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en su reunión celebrada en París y clausurada el 17 de octubre de 2003 y hecha y firmada en París el 3 de noviembre de 2003, a la que asistió en representación del Estado Colombiano la entonces Ministra de Cultura, doctora María Consuelo Araujo Castro.
Si bien en el expediente no obra constancia de los Plenos Poderes con base en los cuales habría actuado la referida funcionaria en representación del Estado Colombiano, a folio 144 del Tomo 1 aparece la aprobación ejecutiva del Convenio por parte del Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, en la que se ordena, además, someterlo a la consideración del Congreso de la República para los fines constitucionales correspondientes.
“[L]a confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º). Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción de un tratado.” (Sentencia C-251 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que la suscripción del instrumento que se examina cumple con lo dispuesto por el artículo 189-2 de la Constitución Política que asigna al Presidente de la República la dirección de las relaciones internacionales y, en ejercicio de dicha facultad, la posibilidad de celebrar y, si es del caso, confirmar tratados o convenios con otros Estados y con entidades de derecho internacional[2].
2.2. Constitucionalidad del trámite legislativo para la expedición de la Ley 1037 de 2006 -Cumplimiento del Auto A-013 de 2007.
2.2.1. Mediante el Auto A-013 del 24 de enero de 2007, la Sala Plena de esta Corporación revisó todas las etapas del trámite legislativo seguido para la expedición de la Ley 1037 de 2006, encontrando que aquél se surtió de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política, salvo, únicamente, en cuanto a que en la Cámara de Representantes no se anunció en legal forma el debate que se realizaría en la Comisión Segunda[3]:
3. El incumplimiento del requisito señalado en el artículo 160 superior -tal como quedó modificado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003-, en el debate surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
Como se desprende del recuento hecho anteriormente, en relación con el trámite dado al proyecto de ley sub examine en el debate surtido ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se evidencia el incumplimiento del requisito señalado en el último inciso del artículo 160 superior tal como quedó modificado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003.
Así las cosas, la inclusión del proyecto aludido en los términos atrás referidos no constituye cumplimiento del mandato superior a que se ha hecho referencia [artículo 160], pues éste supone un conocimiento previo y cierto por parte de los Congresistas de la fecha en que se efectuará la votación de determinado proyecto, circunstancia que en el presente caso no se presentó[4]. El subsecretario se limitó al final de la sesión del 27 de septiembre de 2005, a señalar el “anuncio de proyectos”, entre los cuales se encontraba el proyecto No. 069/05 Cámara y 244/05 Senado, sin que para el efecto hubiese indicado, como tampoco lo hizo el presidente de la Comisión, fecha alguna o la sesión para la cual se programaba la votación de dicho proyecto de ley.
Para la Corte es clara, entonces, la configuración en el presente caso de un vicio de procedimiento en cuanto no se dio cumplimiento al preciso mandato contenido en el último inciso del artículo 160 tal como quedó modificado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
2.2.2 Con base en lo anterior, mediante auto A-013 del 24 de enero de 2007 la Sala Plena resolvió devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1037 de 2006 “por la cual se aprueba la ‘Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial’, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su 32ª reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003) y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003)”, con el fin de que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicho auto se tramitara el saneamiento del vicio de procedimiento detectado, señalando que enmendado el vicio la Cámara de Representantes dispondría hasta el 20 de junio de 2007 para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo, y una vez subsanado el defecto y sancionado el proyecto con el mismo número de la ley devuelta, el Presidente del Congreso la remitiera nuevamente a la Corte para decidir sobre su exequibilidad.
2.2.3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes anunció nuevamente en la sesión del 3 de mayo de 2007 la votación del Proyecto de Ley 065 de 2005 -Cámara- y 244 de 2005 -Senado-, por medio del cual se aprueba “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”[5]. Lo anterior consta en el en el orden del día de la respectiva sesión (Tomo I, folio 48) y en el Acta de Sesión Plenaria No 028 del 3 de mayo de 2007 (Tomo 2, Folio 467)[6].
A su vez, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes adelantó el primer debate del proyecto de ley, en sesión del día 8 de mayo de 2007, siendo aprobado sin modificaciones, según consta en el Acta No. 029 de la misma fecha (Folio 425 Tomo II)[7].
2.2.4. De igual forma, la Plenaria de la Cámara de Representante anunció la votación del Proyecto de Ley 065 de 2005 –Cámara- y 244 de 2005 –Senado-, por medio del cual se aprueba la “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, en la sesión del 13 de junio de 2007[8]. Lo anterior consta en el Acta de Sesión Plenaria No 056 del 13 de junio de 2007 publicada en la Gaceta del Congreso No. 358 del miércoles 30 de junio de 2007 (pág. 59 - folio 382, Tomo 2.) y en certificación del Secretario General de la Cámara de Representantes expedida el 15 de junio de 2007 (Tomo 1, Folios 1 y 2).
En ese orden, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate del proyecto de ley, en sesión del día 14 de junio de 2007, según consta en el Acta No. 057 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 380 del martes 14 de agosto de 2007 (págs. 16 y 17- Folios 396 y 397, Tomo 2) y en la certificación de la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, expedida el 15 de junio de 2007 (Tomo 1, Folio 2).
2.2.5 Por su parte, el 4 de septiembre de 2007 el Presidente de la República, en cumplimiento del numeral 3º del Auto A-013 de 2007, sancionó nuevamente la Ley 1037 de 2006 aprobatoria del Convenio sub exámine (Folio 508 Tomo 2)[9], la cual fue remitida nuevamente a la Corte para su revisión el 10 de septiembre de 2007 (Folio 226 Tomo II), al tenor del artículo 241-10 de la Constitución Política.
2.2.6 De acuerdo con lo expuesto en los numerales 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 precedentes, la Corte constata que tanto los anuncios del proyecto de ley como su votación en Comisión Segunda y Plenaria de la Cámara se ajustaron a la Constitución y que, en ese orden, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Auto A-013 de 2007 para el saneamiento del vicio de procedimiento en que había incurrido el Congreso en el trámite de la ley que se revisa.
3.1 El objeto y fines del Convenio: valor constitucional de la protección del patrimonio cultural inmaterial (arts. 2, 7, 8 y 72 C.P.).
Tal como se estableció en la declaración de Estambul en septiembre de 2002, las múltiples expresiones del patrimonio cultural inmaterial forman parte de la identidad cultural de los pueblos y las comunidades al tiempo que constituyen una riqueza común de la humanidad toda. Se busca con su salvaguarda lo que el Dr. Richard Kurin[10] llama la preservación de la magia. La Convención que es objeto de revisión por la Corte tiene por finalidad el reconocimiento, respeto y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cuya producción, preservación, mantenimiento, transmisión y recreación contribuyen a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana, al tiempo que señala las formas de cooperación y asistencia internacional para el logro de dichos propósitos (art.1).
En esa dirección, la Convención integra al ámbito de protección internacional, manifestaciones culturales inmateriales como “ los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”
Esta salvaguardia de las expresiones culturales inmateriales permite proteger las diversas costumbres y cosmovisiones de los grupos humanos asentados en los territorios de los Estados Parte, en especial de aquéllas cuya expresión y transmisión se vale de herramientas no formales (tradiciones orales, rituales, usos, conocimientos de la naturaleza, etc.) y que, por ser en muchas ocasiones expresión de grupos minoritarios, tienen un alto riesgo de perderse o de ser absorbidas por las culturas mayoritarias.
Por tanto, el objeto y fines de la Convención, derivados del concepto mismo de salvaguardia que se define en ella (identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización del patrimonio cultural inmaterial -art.2-), se ajusta a los mandatos constitucionales de reconocimiento de la diversidad, protección de las minorías y preservación del patrimonio cultural de la Nación, expresamente consagrados en los artículos 2, 7 y 72 de la Constitución Política.
De hecho, en esta materia el Estado Colombiano ha suscrito diversos tratados internacionales de protección del patrimonio cultural[11], en cuya revisión la Corte ha resaltado que su propósito se enmarca, también, dentro de lo establecido en los artículos 8 y 95 de la Carta, al desarrollar la obligación del Estado de salvaguardar los bienes culturales y el deber general de los ciudadanos de colaborar en su protección[12].
3.2 La constitucionalidad del contenido normativo de la Convención.
En la primera parte de la Convención se establece que la finalidad (art.1º), las definiciones de lo que debe entenderse por patrimonio cultural inmaterial y salvaguardia (artículo 2º) y el principio de prevalencia de los tratados que otorguen un mayor grado de protección del patrimonio cultural (art.3), todo lo cual se ajusta a los principios constitucionales ya descritos sobre la protección del patrimonio cultural, el reconocimiento de la diversidad y la reciprocidad con otros Estados en el manejo de las relaciones internacionales (arts. 9 y 226 C.P.).
La Segunda Parte del Convenio (artículos 4 a 10) tampoco presenta problemas frente a la Constitución, en tanto que la creación de la Asamblea General (que se reúne cada 2 años) y de un Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, se encuentra estructurada bajo principios de equidad y soberanía de los Estados firmantes, a partir de los cuales se establece un sistema de rotación de cargos, votación por mayoría y aprobación de decisiones definitivas por parte de la Asamblea General de Estados. En ese contexto se enmarcan las funciones del Comité Permanente (art.7) y de su Secretaría (art.10), sus métodos de trabajo (art.8) y la posibilidad de apoyarse en consultores, todo lo cual queda limitado por los fines de la Convención y por las decisiones de la Asamblea General.
Los compromisos del Estado Colombiano en el plano nacional para la protección de su patrimonio cultural inmaterial (Parte III –artículos 11 -15), compaginan sin dificultad con los artículos 7, 71 y 72 de la Constitución en materia de protección de la diversidad étnica y cultural y de investigación y fomento de las manifestaciones culturales del país. En ese sentido, la elaboración de inventarios, la generación de políticas, la creación de organismos de salvaguarda del patrimonio, la adopción y promoción de estudios e investigaciones, la realización de foros y de otros espacios destinados al cumplimiento de la finalidad esencial del tratado y la creación de instituciones de documentación, son todas tareas que contribuyen a la realización de los fines señalados. Además, el énfasis de la Convención en los procesos educativos y de fortalecimiento de competencias y en la participación de las comunidades, grupos e individuos, en especial de los jóvenes, para asociarlos activamente a la protección del patrimonio cultural (arts. 14-15) tiene una importancia especial en el marco del derecho a la educación (Art. 69 y 70 C.P) y de los principios constitucionales que orientan la acción del Estado hacia el logro de una sociedad más incluyente y participativa. El conocimiento y divulgación de ese patrimonio constituye sin duda una forma de aprender a respetar y aceptar la diferencia, de evitar las exclusiones y los fundamentalismos, y un referente para las futuras generaciones en el proceso constante de recreación simbólica de la realidad, el desarrollo de las identidades a partir de criterios diferentes y la realización del ser humano en la cultura, a través de nuevas y particulares expresiones.
A la misma conclusión de conformidad constitucional se llega en relación con las medidas de salvaguardia a nivel internacional establecidas en el Capítulo IV del Tratado (artículos 16-18), en virtud de las cuales, a solicitud de los Estados Parte, se pueden establecer listados de patrimonio cultural inmaterial, con señalamiento de aquéllos que requerirían medidas de urgencia, así como apoyar programas, proyectos y actividades de salvaguardia, en tanto que con ello se trata de promover la divulgación y conservación del patrimonio cultural inmaterial que, como ya se dijo, constituye uno de los fines del Estado Colombiano.
En cuanto a los mecanismos de cooperación y asistencia internacional, mediante el intercambio de información y el apoyo técnico y financiero de proyectos de salvaguardia de los Estados Parte (Capítulo V), los mismos no merecen ninguna objeción de constitucionalidad, al estar basados en principios de colaboración internacional, reciprocidad y equidad, con base en los cuales se respeta la soberanía nacional y la libertad del Estado Colombiano de acceder o no a ese tipo de ayudas.
En el Capítulo VI se regula la constitución de un “Fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, que se nutrirá con recursos de diversas fuentes, entre ellas los aportes bianuales de los Estados firmantes de la Convención. Al respecto, la Corte tampoco encuentra ninguna objeción constitucional, pues no vulnera la Carta Política que el Estado colombiano se obligue a través de un tratado o convenio a realizar aportes a organismos internacionales para su sostenimiento y el cumplimiento de su objeto, en tanto que corresponde a los principios mínimos de reciprocidad y equidad entre los Estados, además de que no afecta en el plano interno las competencias y procedimientos de aprobación del presupuesto por parte del Congreso[13]. Adicionalmente, la Convención respeta la autonomía del Estado pues permite hacer reserva para no obligarse a realizar tales aportes y establece que en caso de retraso en los pagos, la única consecuencia será la imposibilidad de postularse para ser nombrado en el Comité Permanente regulado en el artículo 5º de la Convención, no así para ejercer los demás derechos que ésta concede en relación con la protección del patrimonio cultural inmaterial.
Finalmente, los procedimientos de ratificación, adhesión, depósito, entrada en vigor, denuncia, enmiendas, autenticidad, idioma y registro de la convención (Capítulo IX) contiene regulaciones propias de este tipo de convenios, acordes con los principios generales de derecho internacional, que no representan obligaciones especiales o excesivas para el Estado Colombiano.
Con todo, la Corte observa que el presente Convenio establece respecto de las enmiendas, en los numerales 5 y 6 del artículo 38 que las enmiendas que modifiquen el artículo 5o, relativo al número de Estados miembros del Comité entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación y que “Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas con arreglo al párrafo 4o del presente artículo y que no manifieste una intención en sentido contrario será considerado: a) Parte en la presente Convención así enmendada; y b) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por las enmiendas en cuestión.
Esto significa que puede entenderse que se prevé la vigencia automática de las enmiendas al artículo quinto al igual que la de otras enmiendas en caso que Colombia entre a ser parte de la Convención después de la entrada en vigor de éstas sin hacer una manifestación en sentido contrario lo cual no resulta aceptable a la luz de la Constitución Política de 1991 en tanto excluye el proceso interno que requiere, con anterioridad a la vigencia internacional de los compromisos que lleguen a adquirirse con la enmienda, tanto de la aprobación por el Congreso, como de la revisión previa constitucional de la ley aprobatoria.
Sentado lo anterior la Corte considera necesario que el Presidente de la República, al depositar el instrumento de ratificación realice una declaración interpretativa respecto del artículo 38 del Convenio, en el sentido que tanto las enmiendas al artículo 5 como las que hayan entrado en vigor en el momento en que Colombia entre a formar parte del Convenio aún si no se hace una manifestación en contrario, solo se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor para Colombia una vez se haya realizado el procedimiento interno de aprobación y revisión de dichas enmiendas previo a su ratificación, previsto en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Carta.
Sobre estos cimientos, la Sala concluye que la “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su reunión celebrada en París y clausurada el diecisiete ( 17 ) de octubre de 2003, no vulnera la Constitución Política y, por el contrario, permite desarrollar sus mandatos de protección del patrimonio cultural, reconocimiento de la diversidad y apoyo de la investigación y educación, dentro de un marco de integración, equidad y cooperación internacional.
4. La constitucionalidad de la Ley aprobatoria del Convenio (Ley 1037 de 2006)
De este modo, sobre dichos artículos no existen reparos de constitucionalidad, en tanto que no se excede el marco de la competencia legislativa en materia de aprobación de tratados y se respetan las competencias del Presidente de la República en el manejo de las relaciones internacionales del Estado (art.189-2 C.P).
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su reunión celebrada en París y clausurada el diecisiete ( 17 ) de octubre de 2003.
El Presidente de la República, al depositar el instrumento de ratificación realice una declaración interpretativa respecto del artículo 38 del Convenio, en el sentido que tanto las enmiendas al artículo 5 como las que hayan entrado en vigor en el momento en que Colombia entre a formar parte del Convenio aún si no se hace una manifestación en contrario, solo se considerará que ha sido adoptada, y entrará en vigor para Colombia una vez se haya realizado el procedimiento interno de aprobación y revisión de dichas enmiendas previo a su ratificación, previsto en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Carta.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1037 de 2006, por medio de la que se aprueba el citado Convenio.
[1] Salvamento de voto de los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández y Humberto Antonio Sierra Porto, en el sentido que, en este caso, los defectos en el anuncio del proyecto de ley no se dieron únicamente en la Cámara de Representantes, sino también en la Comisión Segunda del Senado, lo que afectaba la constitucionalidad de la Ley 1037 de 2006, por tratarse de un vicio insubsanable. Igualmente salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería
[2] Sentencia C-251 de 1997. En el mismo sentido Sentencia C-779 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño: “Considera la Sala que aunque el Dr. Castro Rojas no contaba con plenos poderes al momento de suscribir las mencionadas actas, debe precisarse que su actuación fue confirmada por el Presidente de la República no sólo mediante el acta de refrendación de firma, sino además mediante la aprobación ejecutiva dada a ellos el 20 de noviembre de 2001[2], por lo cual no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno, respecto de la competencia para la suscripción del Instrumento Internacional objeto de revisión de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados.” También puede verse la Sentencia C-400 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[3] [3] Salvamento de voto de los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández y Humberto Antonio Sierra Porto, en el sentido que, en este caso, los defectos en el anuncio del proyecto de ley no se dieron únicamente en la Cámara de Representantes, sino también en la Comisión Segunda del Senado, lo que afectaba la constitucionalidad de la Ley 1037 de 2006, por tratarse de un vicio insubsanable. Igualmente salvamento de voto del Magistrado Jaime Araújo Rentería.
[4] No sobra precisar que las circunstancias específicas a que aludió la Corte en las sentencias C-553/04 y C-661 de 2004, no se reúnen en el presente caso, pues en las mismas hubo efectivamente bien un anuncio para la sesión plenaria siguiente (Sentencia C-553/04 MP. Álvaro Tafur Galvis. S.V. Jaime Araujo Rentería) bien el conocimiento previo y cierto de los Congresistas sobre la realización de la votación (Sentencia C-661 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V. Jaime Araujo Rentería).
[5] El anuncio se hizo de la siguiente manera: “Tercero: Anuncio de proyectos de ley para subsanar vicios de procedimientos, según autos (…) A13 del 24 de enero de 2007 (…) dándose cumplimiento al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, para ser votados nuevamente en la próxima sesión de comisión: (…) 2.Proyecto de Ley No 244 de 2005 Senado-069 Cámara “Por medio de la cual se aprueba la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32 reunión celebrada en Paris y clausurada el 17 de octubre de 2003”.
[6] Publicada en la Gaceta del Congreso No. 359 del 31 de julio de 2007, p.22 y ss.
[7] También puede verse comunicación del Secretario General de la Cámara de Representantes del 15 de junio de 2007, en la que se certifica a la Presidencia del Senado que el proyecto de ley fue debatido y aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 8 de mayo de 2007 (Folio 1 del Tomo II).
[8] El anuncio se hizo de la siguiente manera: “Se anuncian los proyectos y actas de conciliación para el día de mañana a partir de las tres de la tarde que va ser la Plenaria: (…) Proyectos de ley número 069 de 2005 Cámara, 244 de 2005 Senado”
[9] Publicada nuevamente en el Diario Oficial, Año CXLII No. 47.741 del 4 de septiembre de 2007.
[10] DIRECTOR DEL SMITHSONIAN INSTITUTION CENTER FOR FOLKLIFEAND CULTURAL HERITAGE,WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.
[11] Por ejemplo, el “Convenio entre Colombia y Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales” aprobado mediante la Ley 16 de 1992; el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la recuperación y devolución de bienes culturales robados”, firmado en Bogotá, el 17 de diciembre de 1996 y aprobado por la Ley 587 de 2000; y el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), aprobado por la Ley 896 de 2004.
[12] Al respecto pueden verse las Sentencias C-863 de 2006, C-091 de 2001 y C-924 de 2000, entre otras.
[13] Sentencia C-820 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

References: artículo 38
 artículo 5
 artículo 241
 artículo 160

ARTÍCULO 11
 artículo 6
 artículo 72
 artículo 8
 artículo 189
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 241
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 5
 artículo 8
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