Source: http://andradeveloz.com/blog.php?idio=esp&idSubCap=335
Timestamp: 2019-04-22 06:00:34+00:00

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¿Conoces las nuevas normas para la prevención de lavado de activos?
La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (en adelante la “Superintendencia de Compañías”) expidió unas nuevas normas para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, mismas que regulan a los sujetos bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Se deberá contar con políticas y procedimientos de control bajo los siguientes parámetros:
• Establecer lineamientos que les permita administrar, evaluar y mitigar los riesgos que hayan identificado.
• Asegurar que los miembros de la compañía tengan el conocimiento de las normas legales y reglamentarias relacionadas con la prevención de lavado de activos y otros delitos.
• Minimizar el grado de exposición inherente al lavado de activos.
• Establecer las políticas para conocer al cliente, proveedor, colaborador, mercado y corresponsal.
• Garantizar la reserva y confidencialidad de la información reportada conforme lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
• Establecer sanciones a los colaboradores que no cumplan con las políticas y procedimientos aprobados en la compañía.
Asimismo, los representantes legales o administradores, oficiales de cumplimiento, socios o accionistas, empleados, y auditores externos, están obligados a guardar reserva y confidencialidad respecto de operaciones que lleguen a su conocimiento.
Por otro lado, el manual de prevención debe contener lo siguiente:
• Políticas y procedimientos para vincular a clientes, colaboradores y corresponsales, actualizando y verificando su información.
• Políticas y procedimientos para conservar y custodiar los registros operativos y la información solicitada por autoridades.
• Definir los canales de comunicación.
• Atender oportunamente los reportes periódicos de acuerdo a la ley.
• Revisar listas de información nacional e internacional.
• Detectar señales de alerta de acuerdo a la naturaleza de los productos y servicios que ofrece la compañía.
• Metodología de la herramienta que utiliza la compañía para determinar el perfil del cliente y su riesgo.
• Establecer responsables en las áreas e imponer sanciones a los sujetos obligados.
• El mencionado manual debe ser conocido por todo el personal.
Asimismo, el sujeto obligado deberá abstenerse de realizar transacciones comerciales en los siguientes casos:
• En el evento que el cliente no proporcione la información solicitada.
• Cuando exista certeza de que el negocio se lo realiza por cuenta ajena, ocultando la información de origen de los fondos.
• Cunado las personas naturales utilicen a las personas jurídicas como compañías pantalla o de fachada para realizar sus transacciones.
• Cuando se trate de transacciones que de alguna forma lleven a presumir que están relacionadas con el lavado de activos.
• Cuando el cliente haya sido condenado, esté siendo procesado, o se encuentre bajo investigación por delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
• Cuando los datos del cliente consten en las listas nacionales e internacionales sobre los citados delitos.
Las compañías que se dedican a la transferencia de dinero, encomiendas o paquetes postales nacionales o internacionales deberán incluir el sistema preventivo de lavado de activos y deberán mantener un listado de los agentes comisionistas, giros postales o transferencias electrónicas hasta el 30 de enero de cada año.
Asimismo, los sujetos obligados del sector comercial de vehículos nuevos o usados, deberán registrar todas las operaciones y transacciones que realizan sus clientes. En el caso de transacciones en beneficio de una misma persona, cuyos montos sean menores a US$ 5.000,00, o equivalentes en otra moneda, en dicho caso se requerirá información básica como: número de identificación; nombres completos; dirección y teléfono.
Los sujetos que operen en el sector de la construcción, intermediación e inversión inmobiliaria deberán registrar todas las operaciones y transacciones. En el caso de transacciones u operaciones en beneficio de una misma persona, cuyos montos sean menores a US$ 10.000,00, o su equivalente en otras monedas, se requerirá información básica.
La junta general de socios o accionistas deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:
• Emitir las políticas generales para prevenir el lavado de activos.
• Aprobar el manual para prevenir el lavado de activos.
• Designar y remover de sus funciones al oficial de cumplimiento.
• Conocer y aprobar, hasta el 31 de enero de cada año, el plan de trabajo del año en curso y el informe del año que concluye.
• Conocer y aprobar el informe de cumplimiento emitido por el auditor externo dentro del primer cuatrimestre de cada año, de ser el caso.
El incumplimiento de estas normas podrá ser causal para la disolución de la compañía y, según el caso, se remitirá un reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (en adelante UAFE).
Requisitos para la impugnación de las resoluciones de la Superintendencia de Compañías
La Superintendencia de Compañías expidió el reglamento para la impugnación de sus resoluciones. Las compañías, los socios o accionistas y las personas naturales y jurídicas que se sintieren afectadas por una resolución, podrán presentar un recurso de apelación. Asimismo, cualquier apelación de las resoluciones expedidas por el Director General de la UAFE será presentada ante la Superintendencia de Compañías.
La interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la persona interesada lo solicite dentro del término de tres días. Asimismo, la ejecución del acto impugnado podrá suspenderse en las siguientes circunstancias:
1. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el Art. 105 del Código Orgánico Administrativo.
La Superintendencia de Compañías resolverá sobre la suspensión del acto administrativo, previa ponderación motivada de los daños que, su suspensión o ejecución causarían al administrado. La falta de resolución expresa se entenderá por negativa tácita y no es susceptible de recurso alguno.
El recurso de apelación deberá presentarse en el término de 10 días, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que se impugna. Una vez que se han cumplido los requisitos reglamentarios, el funcionario a cargo admitirá el reclamo a trámite, dentro de 3 días. Las alegaciones podrán presentarse dentro de los cinco días. La Superintendencia de Compañías notificará con la resolución en la que se acepta o rechaza el recurso de apelación.
El recurso extraordinario cabe en las de las siguientes circunstancias:
• El acto ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho que afecte a la cuestión de fondo o de derecho.
• La resolución ha influido especialmente en actos declarados nulos o documentos falsos dictados antes o después de aquella resolución.
• La resolución ha sido dictada como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado así en sentencia judicial ejecutoriada.
El recurso extraordinario de revisión deberá presentarse dentro del plazo de un año, contado desde la notificación de la resolución de impugnación. La Superintendencia de Compañías tendrá un mes para emitir la resolución.
(Registro Oficial No. 319 del 4 de septiembre de 2018)
¿Quiénes deben pagar la contribución anual societaria?
La Superintendencia de Compañías emitió un reglamento para la determinación y recaudación de contribuciones del ámbito societario, aplicable a todas las compañías reguladas por la mencionada institución.
La contribución anual se calculará y pagará sobre el monto de los activos reales que constaren en el balance general o en el estado de situación del ejercicio económico inmediato anterior.
Los pagos por contribuciones deberán realizarse a través de los medios que establezca la Superintendencia de Compañías. Deberá cancelarse al menos el 50% de la contribución hasta el 30 de septiembre de cada año, y el valor restante hasta el 31 de diciembre de cada año.
Las compañías nuevas pagarán la contribución, a partir del año siguiente a su constitución. Las compañías en liquidación deberán hacer constar en los pasivos los valores adeudados por contribuciones.
Los reclamos de pago indebido deberán contener los siguientes requisitos:
• Petición ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
• La indicación de un correo electrónico para recibir notificaciones.
• Señalamiento de los valores objeto del reclamo.
• Anunciar y acompañar los medios de prueba.
• La pretensión concreta, con el señalamiento de la forma como requiere sea reintegrados los valores.
Una vez admitido a trámite y emitidos los informes correspondientes, se emitirá una resolución respectiva que ordene la devolución de los valores o la emisión de la nota de crédito.
Los títulos de crédito emitidos por concepto de contribuciones pueden darse de baja por prescripción, anulación, o por disposición especial y expresa de la ley.
(Registro Oficial No. 326 del 13 de septiembre de 2018)
Conoce más sobre la imposición y graduación de las sanciones del Código Orgánico Administrativo
La Superintendencia de Compañías expidió un reglamento para la imposición de sanciones, de acuerdo a los artículos 445 y 457 de la Ley de Compañías. Estas disposiciones establecen las acciones previas y el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades e imposición de las sanciones determinadas en la Ley de Compañías.
El procedimiento administrativo sancionador comprende las siguientes etapas:
• Etapa inicial: notificación al presunto infractor.
• Etapa de instrucción: comienza con el escrito de contestación del procedimiento en el que, el presento infractor puede alegar y solicitar la práctica de diligencias probatorias. Dicha etapa concluye con el proyecto de resolución que será remitido al órgano competente para resolver el procedimiento sancionador.
• Etapa resolutiva: comprende la emisión de la resolución y su posterior notificación a la persona inculpada.
• Etapa de ejecución: La ejecución de la resolución comprende una serie de medidas para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución, a fin de corregir la conducta.
Se podrán interponer los recursos de apelación y extraordinario de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el COA, en contra de la resolución sancionatoria.
(Registro Oficial Suplemento No. 326 del 13 de septiembre de 2018)
¿Qué porcentaje de trabajadores con discapacidad debe tener una empresa?
El Ministerio de Trabajo expidió el instructivo que regula el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad. Los empleadores públicos o privados que cuenten con un número de 25 trabajadores estables o más estarán obligados a contratar un mínimo de 4% de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas para sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principio de equidad de género y diversidad de discapacidad.
Asimismo, los Inspectores de Trabajo deberán verificar el cumplimiento de estas normas. El empleador que incumpla la mencionada normativa será sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador.
En el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico, multa y sanción que serán impuestas por el Director Regional del Trabajo, hasta que se cumpla con la obligación.
(Registro Oficial No. 322 del 7 de septiembre de 2018)
Autorización laboral para personas extranjeras en el sector público
El Ministerio de Trabajo mediante expidió el instructivo para la autorización laboral de personas extranjeras en el sector público. Las instituciones del Estado que cuenten con puestos de trabajo deberán solicitar al Ministerio de Trabajo la autorización para el ingreso de personas extranjeras al sector público, para lo cual deberán llenar un formulario del portal del Ministerio de Trabajo.
(Registro Oficial No. 332 del 21 de septiembre de 2018)

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