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Timestamp: 2019-10-17 03:01:44+00:00

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SUCESOS CONTEMPORÁNEOS Thinking & History: agosto 2014
Publicado por Juan B Lorenzo de Membiela en martes, agosto 26, 2014
Globalización de valores y principios multiculturales ( 3 min.)
En una economía global los efectos se extienden sobre las fronteras geo-políticas. , en lo que Habermas califica como « des-limitación »[1] . En realidad, las fronteras clásicas quedan sustituidas por espacios de influencia económica.
La globalización causa alteraciones culturales por las interacciones entre multinacionales y la sociedad del país receptor. Implica procesos de innovación tecnológica y reforma social[2], participando de nuevos valores, reglas y conductas. Pero conlleva pérdida de soberanía en comercio exterior, telecomunicaciones y transacciones financieras, principalmente.
O, si se prefiere, genera « espacios compartidos »: en la economía, la política, la tecnología, las comunicaciones y el Derecho[3], que cabe decir, no pertenecerán, desde entonces, a nadie completamente.
Limita el poder legítimo de los Estados nacionales débiles, enfatizando la competitividad y persiguiendo el modelo de excelencia para maximizar la eficiencia económica.
Algún autor la ha calificado como « mundialización de las relaciones sociales»: la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia[4].
Si el «valor » se define por Giner y Lamo como creencia acerca de que algo es bueno, malo, mejor o peor que otra cosa[6], la globalización tiende a crear y modificar valores en las sociedades debido a las interacciones inmediatas entre los diferentes estado-nación. Cohesionando si no todos, sí una parte importante y asumiendo la sociedad otros diferentes.
En esta coyuntura Velasco Arroyo [7] declara que con la globalización de los intercambios humanos, la supervivencia de una determinada cultura, incluso aunque sea mayoritaria en un Estado, no está asegurada.
Para Inglehart los valores de la sociedad contemporánea son los propios del postmaterialismo producto del bienestar material y seguridad física[9]. En los expuestos concurren valores clásicos junto a principios de nuevo cuño forjados a la sombra del desarrollo económico y social.
En una enumeración de valores y principios de nuevo diseño, que han surgido de la prosperidad económica ,destacamos:
1) Hedonismo individualista (derivado del modernismo).
2) Racionalidad.
3) Universalismo.
4) Relativismo.
5) Ecologismo.
6) Libertad sin restricciones.
7) Rechazo de la disciplina[10].
8) Autoexpresión.
9) Calidad de vida (mantenimiento y mejora del estado de salud, ocupación del tiempo libre en actividades lúdico-culturales[11] y prevalencia de la calidad de vida sobre las preocupaciones económicas de las sociedades industrializadas).
10) Reforzamiento del yo individual.
11) Quiebra del orden y la confianza y con ello miedo y suspicacia.
12) Percepción del riesgo no controlado que motiva inseguridad.
13) Relajamiento institucional e inhibición de la sociedad[12].
14) Falta de referencias precisas fuera de uno mismo que conduce a la ansiedad y que se mitiga recurriendo al pasado.
15) Rechazo de la vejez[13].
16) Sobrevaloración de la apariencia
17) Rechazo de la enfermedad y el dolor.
18) Consumismo (subsidiario de la globalización[14]).
19) Trivialización de la religión y del significado de Dios en la vida[15].
La sociología ha detectado que los jóvenes que han crecido en un ambiente de seguridad económica desarrollan mayor identificación con valores idealistas en perjuicio de los materialistas que prosperan en escenarios de inseguridad.
Esta variable cabe explicarla mediante la aplicación de la teoría de la motivación de A.H. Maslow que fundamenta la teoría del comportamiento [16]. Defiende que las necesidades humanas se encuentran organizadas en niveles en una jerarquía de importancia y de influencia.
La jerarquía se visualiza como una pirámide en donde las necesidades primarias (fisiológicas o vitales) constituyen la base y en la cima en encuentran necesidades más elevadas (necesidad de autorrealización)).
Maslow diferencia las siguientes fases:
Nivel básico de las necesidades: supervivencia del hombre y la preservación de la especie.
Protección contra el peligro. Se busca estabilidad, previsibilidad. La búsqueda de la seguridad opera como modo organizador de la conducta.
Abarca la necesidad de asociación, de participación, de aceptación por los compañeros, la amistad, el afecto y el amor.
4. Necesidad de estima.
La necesidad de autoconfianza, de aprobación social y de respeto, de estatus, de prestigio y de consideración.
Trata sobre la realización del propio potencial y superación continua. Es el anhelo de crecer más de lo que se es y de ser todo lo que puede ser.
Debe advertirse que si bien los valores clásicos han permitido alcanzar un grado de civilización admirable también ha provocado un postmodernismo de marcado carácter económico (hedonismo, consumismo, libertad sin responsabilidad, relativismo), al prescindir del valor persona sucumbe ante una cruenta insolidaridad que atomiza la sociedad.
En el tránsito de la globalización estas alteraciones fueron percibidas. Carlos Berzosa aduce que la dimensión económica de la globalización produce estancamiento económico, aumento de la desigualdad, precariedad laboral y progresivo desmantelamiento de los estados de bienestar[17]. Esta consecuencia no es diferente a otro hecho: las distintas culturas y religiones que cohabitan.
Y con ello diferentes principios y valores, que concurren en una labor impuesta para alcanzar una maximización económica al menor coste. Se trata de gestionar un multiculturalismo que en muchos casos erosionará los derechos alcanzados – que no adquiridos- por Occidente y que sólo Occidente tiene como referente civilizador.
Karl Lorenz lo vaticinó en 1973 cuando dice que el diabólico ciclo producto constituido sobre el crecimiento de la producción y el crecimiento de las necesidades acarreará el desastre, tarde o temprano, a los países occidentales y sobre todo a los EEUU en donde su población no podrá seguir compitiendo ventajosamente con los países orientales, menos mal acostumbrados y más sanos[18]. Y sobre todo, con sociedades jóvenes con capacidad para asumir retos, no sociedades envejecidas precisadas de atenciones.
Conservar lo que poseemos dependerá de una economía que recupere su dimensión social y ética y promueva un Estado de Derecho construido sobre la protección de la persona.
Se ha sugerido la creación de un organismo internacional de control sobre los procesos globalizadores. Hoy es inexistente. Quizás algo utópico: todo progreso social precisa de unos valores coherentes y compatibles que no siempre acompañan a un progreso económico.
[1] Habermas, J., Tiempo de transiciones, Trotta, Madrid, 2004, p. 94.
[2] Cervera Navas, L., « El modelo europeo de protección de datos de carácter personal », Cuadernos de Derecho Político, 2003,19-20.
[3] Shah, A.,« Gobernando para obtener resultados en un mundo globalizado y localizado » , Gestión de Análisis y Políticas Públicas , 1999, 16, p. 63; Brunet Icard, I. y Belzunegui Eraso, A., « En torno a las redes de empresa y el territorio » , Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2001, 95 p. 82; Kennedy, P., Hacia el siglo XXI , Plaza & Janés, Barcelona, 1993 y Faria, J.E., El futuro de los derechos humanos tras la globalización económica, en « Crisis del sistema político, criminalización de la vida pública e independencia judicial » , Cuadernos de Derecho Judicial , Consejo General del Poder Judicial, 1997, s.p. [ pero 39-58].
[4] Giddens, A., Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 67-8.
[5] http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr11_s.htm
[6] Giner, S., Lamo de Espinosa, E. y Torres, C., Diccionario de Sociología, 2ª edic., Alianza Editorial, Madrid, 2006, pp. 940-1.
[7] Velasco Arroyo, J.C., « Republicanismo, constitucionalismo y diversidad cultural. más allá de la tolerancia liberal, Revista de Estudios Políticos » , 2004, 125, pp. 183 y ss..
[8] Para Pérez Luño, los principios se diferencian respecto de los valores por su mayor grado de concreción, refiriendo a la distinción entre valores y principios en el ámbito del Derecho, en Pérez Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid,Tecnos,Madrid, 1986.
Sobre esta misma tesis, Alexi. Define los principios como conceptos deontológicos en tanto que los valores, pertenecen al ámbito axiológico. Los principios son mandatos, tratan de lo que es debido; los valores, por el contrario, son criterios que nos permiten discernir "lo mejor", sin crear estrictamente un deber – Alexi, R., Teoría de los Derechos Fundamentales , Madrid 1993, pp. 141-7.
Para la sociología, los valores son fines y orientaciones fundamentales, generales y centrales de las acciones humanas y de la convivencia social dentro de una subcultura, una cultura o incluso en el conjunto de la humanidad.
[9] Inglehart, R., El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Siglo XXI, Madrid, 1991 y Torcal Loriente, M., Análisis dimensional y estudio de valores: el cambio cultural en España, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1992, 58.
[10] Buñuel Heras, A., « La construcción social del cuerpo de la mujer en el deporte » , Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1995, 68, p. 98.
[11] De Pablos, J.C., Gómez López, Y. y Pascual Martínez, N., « El dominio sobre lo cotidiano: la búsqueda de la calidad de vida », Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1999, 86.
[12] Vid. Pérez de Guzmán, T., « La sociedad refleja » , Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 69,
[13] Nieto Piñerova, J.A., « En torno a “perspectiva” sociológica de la vejez », Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1981, 14, pp. 113-18.
[14] E De Pablos, J.C., Gómez López, Y. y Pascual Martínez, N., « El dominio sobre lo cotidiano: la búsqueda de la calidad de vida », cit..
[15] Cabe recordar las advertencias que entre otros autores realiza Kaps, J., en Die Tragüdie Schlesiens 1945/46. Dokumente. Deutscher Taschenbuch Verlag, t.V, Munchen, 1962, tras las deportaciones de alemanes de la Silesia: « Un mundo sin Dios cae en el desorden, acaba con la dignidad del hombre y se destruye a sí mismo […] ».
[16] Maslow, A., Motivación y personalidad, Harper & Row, Publishers, Nueva York, 1954 referenciado por Chiavenato, I., Introducción a la teoría general de la administración, 7ª edic., McGrawHill, México, 2006, pp. 284-5 y Maslow, A., « Uma Teoria da Motivação Humana », en O Comportamento Humano na Empresa-Uma Antologia, Ferreira Balcão, Y. y Leite Cordeiro,L., Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, Instituto de Documentação, 1971, pp. 340-355.
[17] Critica de libros, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1999, 87, pp. 325-76.
[18] Vid. Lorenz, K., Los ocho pecados capitales de la humanidad civilizada, Plaza & Janes, Barcelona, 1975, p. 41.
Publicado por Juan B Lorenzo de Membiela en miércoles, agosto 20, 2014
Publicado por Juan B Lorenzo de Membiela en viernes, agosto 15, 2014
I. El Principio a la buena administración.
Las consecuencias derivadas de la Recomendación núm. R (80) 2, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de marzo de 1980, relativa al ejercicio de poderes discrecionales por las autoridades administrativas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas junto al Tribunal de Primera Instancia, cristalizaron en el derecho a una buena administración recogida en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales (CDF) de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000 que aunque no se integra en los Tratados Constitutivos fueron asumidos por todos los países en Niza [1]. El art. 41 dice:
« Artículo 41. Derecho a una buena administración
-el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,
-el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,
-la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua» .
El Derecho a una buena administración previsto en el art. 41 CDF debe su origen a la jurisprudencia del TJCE pero también en el derecho primario de la UE , si bien para López Castillo lo atribuye en exclusiva a sus ciudadanos[2], art. 21 Tratado de Roma. García Roca lo atribuye a los administrados no a los ciudadanos Aunque no lo considera como un autentico derecho fundamental porque falta una fundamentación cultural y un objeto preciso y susceptible de reclamación[3]. Sin embargo, es innegable que el TJCE lo ha moldeado como derecho fundamental con una nutrida jurisprudencia que abarca diversos derechos:
1. Derecho a un tratamiento equitativo, imparcial y razonable de los asuntos por parte de las instituciones y órganos de la Unión y en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas
2. Derecho del afectado a ser oído.
3. El derecho de acceso al expediente.
4. La responsabilidad contractual y extracontractual de la Unión.
5. La obligación de motivar las decisiones administrativas.
5. El derecho a dirigirse y recibir respuesta en la lengua de los Tratados de su elección.
6. El art. 42 CDF que permite someter al Defensor del Pueblo Europeo la mala administración de los órganos e instituciones europeas.
7. La garantía de la autoridad e imparcialidad del poder judicial[4]
Cabe apuntar que el derecho a la buena administración es construido por la jurisprudencia , receptiva a las inquietudes innovadoras de la dogmática, plasmando interpretaciones más favorables para el desenvolvimiento de una optima gestión en beneficio de los ciudadanos. Opto por la expresión ciudadanos que administrados, en tanto que el término primero posee una mayor extensión , indudablemente mas basta que administrado , que implica interacciones de cualquier genero con la Administración .
El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa de 2005, concreta la práctica el derecho a una buena administración contendido en el art. 41 CDF. Recogiendo como tales las siguientes pautas :
1.Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2 Este derecho incluye en particular:
– el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.
Al amparo del art. 195 del Tratado de Roma y el Estatuto del Defensor del Pueblo compete a éste la investigación sobre la mala administración . La definición de mala administración establecida por el Defensor del Pueblo y contenida en su Informe Anual de 1997 es la siguiente: «Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe estar sujeto » .
II. Resoluciones judiciales sobre el derecho a la buena administración .
1. El principio a una buena administración estima adecuado el traslado de funcionarios de un municipio a otro cuando las necesidades del servicio lo requieran con independencia de su cualidad sindical.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo (Sección 2ª), de 20 septiembre 2005 Caso Ertas Aydin y otros contra Turquía[5], FD 52:
« Aunque las decisiones de traslado sean consideradas por las demandantes como una injerencia de las autoridades nacionales en su derecho a ejercer actividades sindicales, el Tribunal afirma que estas medidas se inscriben en el marco de la gestión y del ejercicio de una buena administración del servicio público del Estado. Al decidir el traslado de las interesadas a otra ciudad o a otra región, las autoridades nacionales actuaron en el marco de su margen de valoración. Señala igualmente que las autoridades no infligieron a las demandantes otro daño que el inherente al propio traslado, de manera que mantuvieron el equilibrio justo que debe reinar entre los diferentes intereses, a saber una buena gestión del servicio público y el derecho de las demandantes a ejercer actividades sindicales» .
Y FD 52:
« Por tanto, a la luz del conjunto de las circunstancias del presente caso, el Tribunal constata que las demandantes no demostraron que las decisiones de traslado adoptadas en su contra constituyeron una injerencia tal que su derecho a ejercer actividades sindicales fue vulnerado en sustancia» .
2. Consagra el principio a una buena administración la celeridad en los procesos judiciales.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo (Sección 2ª), de 24 mayo 2005[6] ,Caso Intiba contra Turquía. Demanda núm. 42585/1998, que consagra el principio a una buena administración que protege la celeridad en los procesos judiciales, FD 54 :
« El Tribunal recuerda al respecto que el artículo 6 del Convenio (RCL 1999\1190 y 1572) prescribe la celeridad de los procesos judiciales, pero consagra igualmente el principio, más general, de una buena administración de la justicia (ver Sentencia Boddaert contra Bélgica de 12 octubre 1992 [TEDH 1992\65], serie A, núm. 235-D, pg. 82, ap. 39).
55. Por último, apreciando globalmente la duración del proceso, en vista de la complejidad del asunto, del número de imputados, del comportamiento del demandante, de lo que está en juego en el litigio para éste último, del número de grados de jurisdicción y del hecho de que las autoridades judiciales llevaron a cabo el proceso a un ritmo sostenido, el Tribunal considera que no va más allá de lo que pueda considerarse razonable en las circunstancias particulares del caso» .
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo (Sección 3ª), de 1 agosto 2000 Caso C. P. y otros contra Francia[7].
3. Límites a la libertad de expresión por incidencia del principio a una buena administración que consagra la presunción de inocencia del inculpado.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo (Sección 3ª), de 3 octubre 2000 [8] Caso Du Roy y Malaurie contra Francia, FD 34:
« Ciertamente, los periodistas que redactan artículos sobre procedimientos penales en curso no deben franquear los límites fijados para una buena administración de la justicia, y deben respetar el derecho de un acusado a la presunción de inocencia (véase Sentencia Worm anteriormente citada, pg. 1552, ap. 50)»
4. El principio a una buena administración de justicia obliga que cualquier restricción de derechos de defensa se encuentren suficientemente fundamentados.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo, de 23 abril 1997 Caso Van Mechelen y otros contra Países Bajos[9].
5. Principio de buena administración de justicia y dignidad de la profesión de abogado.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo, de 24 febrero 1994 Caso Casado Coca contra España, Demanda núm. 15450/1989[10], FD 55:
« Este amplio abanico de normas y las diferencias de ritmo en los Estados miembros del Consejo de Europa muestran la complejidad del problema. Gracias a su contacto directo y constante con sus miembros, las autoridades colegiales o los jueces y tribunales del país se encuentran mejor situados que el juez internacional para precisar donde se sitúa, en un momento dado, el justo equilibrio a establecer entre los diversos intereses en juego: los imperativos de una buena administración de justicia, la dignidad de la profesión, el derecho de toda persona a recibir una información sobre la asistencia jurídica y la posibilidad para un abogado de hacer publicidad de su despacho» .
6. Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes está matizado por el principio a una buena administración de justicia en protección de los intereses de las partes.
STC , Sala 2ª, 13 noviembre de 2000[11], FD cuarto:
« […] En primer lugar, hemos declarado con tanta reiteración que excusa la cita de las anteriores decisiones que una de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva que el art. 24.1 CE reconoce a todos consiste en que las resoluciones judiciales firmes tengan, en los propios términos de sus fallos, la eficacia que nuestra Constitución (art. 118 CE) y el resto del Ordenamiento jurídico les otorgan. Correspondiendo a los Tribunales velar por su cumplimiento, en el ejercicio de la función jurisdiccional que el art. 117.3 les atribuye. Si bien hemos precisado, en segundo término, que cuando de la ejecución provisional de las Sentencias se trata no estamos ante un derecho fundamental directamente comprendido en el art. 24.1 CE sino ante un derecho de configuración legal que el legislador puede establecer sometiéndolo a determinados requisitos y garantías, dictados tanto en interés de una buena administración de la justicia como en orden a la adecuada protección de los intereses de las partes en el proceso (SSTC 80/1990, de 26 de abril [RTC 1990\80], 87/1996, de 21 de mayo [RTC 1996\87], y 105/1997, de 2 de junio [RTC 1997\105])[…]» .
7. La ausencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la falta de audiencia del demandante, siendo esta beneficiosa para la buena administración de justicia causa violación del principio de contradicción.
Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo, de 11 julio 2002 Caso Göç contra Turquía[12].
8. La inactividad de la Administración más allá de los plazos establecidos en las normas constituye una lesión al principio a una buena administración
Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Gran Sala), de 12 julio 2005 Comisión/CEVA Santé animale y otros[13].
9. Principio a una buena administración protector de la óptima gestión de los organismos administrativos: dilaciones indebidas e infracción del principio de confianza legitima .
Sentencia Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Cuarta), de 16 marzo 2005 En BW Kernkraft/Comisión[14], FD 69:
« La demandante alega que la Comisión también violó el principio de buena administración haciendo fracasar, con su gestión inadecuada del contrato, las negociaciones contractuales de que se trata. La Comisión tenía la obligación de preparar su decisión con toda la diligencia debida y de ponderar los intereses en liza (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 19 de marzo de 1997 [TJCE 1997\63], Oliveira/Comisión, T-73/95, Rec. pg. II-381, y de 9 de julio de 1999 [TJCE 1999\171], New Europe Consulting y Brown/Comisión, T-231/97, Rec. pg. II-2403). Además, las intervenciones de los diferentes órganos administrativos o políticos de una institución de la Unión Europea no pueden justificar que dicha institución no muestre una actitud coherente y constante frente al interesado (sentencia Embassy Limousines & Services/Parlamento [TJCE 1998\324], antes citada, apartado 87). Por consiguiente, el interesado no tiene por qué sufrir las consecuencias de que la Comisión pierda el control sobre las negociaciones o precise mucho más tiempo del habitualmente necesario para adoptar su decisión debido a la rotación interna del personal responsable. Ahora bien, eso es precisamente lo que ocurrió en su caso. La Comisión infundió y mantuvo la confianza legítima de la demandante, de diversos modos y en distintas fases de las negociaciones contractuales, demostró en repetidas ocasiones las deficiencias de su gestión del contrato y dio prueba de una organización interna poco satisfactoria» .
10. El principio a una buena administración comprende derecho de defensa, la seguridad jurídica y la proscripción de incoación del procedimiento disciplinario de manera excesivamente extemporánea y adoptar una sanción disciplinaria sin esperar a la resolución firme del órgano jurisdiccional penal.
Sentencia Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Quinta), de 10 junio 2004 François/Comisión[15].
11. El principio a una buena administración obliga a la Administración a un agilidad procedimental en la investigación de presuntas irregularidades disciplinarias, violando dicho principio actuaciones disciplinarias dilatadas en el tiempo que causan daño moral.
Sentencia Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Quinta), de 10 junio 2004 François/Comisión[16], FD 110:
« Por lo que respecta al perjuicio moral, según jurisprudencia reiterada, salvo en circunstancias particulares, la anulación de la decisión impugnada por un funcionario constituye por sí misma una reparación adecuada y, en principio, suficiente del perjuicio que dicho funcionario pueda haber sufrido (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1992, Plug/Comisión, T-165/89, Rec. pg. II-367, apartado 118; Hautem/BEI, antes citada, apartado 82, y Willeme/Comisión, antes citada, apartado 97). No obstante, cabe subrayar que en el presente caso las diversas decisiones y dictámenes administrativos que formaron parte del procedimiento disciplinario formularon acusaciones contra el demandante que resultaron inexactas. Por otro lado, la Comisión inició el procedimiento disciplinario vulnerando el principio del plazo razonable y el procedimiento disciplinario se prolongó, además, durante un período de casi tres años hasta la sanción. Por último, la Comisión no suspendió el procedimiento disciplinario en espera de la conclusión del proceso penal incoado contra el demandante. El Tribunal de Primera Instancia considera que este conjunto de circunstancias provocó al demandante un menoscabo de su reputación y perturbaciones en su vida privada y le mantuvo en un estado de incertidumbre prolongada. Estas circunstancias constituyen un daño moral que debe ser reparado. A este respecto, no cabe considerar que dicho daño quede adecuadamente reparado mediante la anulación de la decisión impugnada. En efecto, esta anulación no puede, en las circunstancias concretas del caso, eliminar retroactivamente el daño moral sufrido por el demandante» .
12. El principio a una buena administración de justicia comprende la aplicación rigurosa del principio de carga de la prueba.
Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Quinta), de 4 marzo 2004 Alemania/Comisión[17], FD 81:
« De ello se deduce que la correcta aplicación de las reglas sobre el reparto de la carga de la prueba implica, en principio, cumplir el artículo 10 CE (RCL 1999\1205 ter y LCEur 1997\3695). En este sentido, el tercer motivo del Gobierno alemán se confunde con su primer motivo, que ha sido desestimado. En efecto, las argumentaciones en las que se basa este tercer motivo se refieren, esencialmente, a la aplicación de las normas sobre el reparto de la carga de la prueba»
13. Atentan al principio a una buena administración que las decisiones o acuerdos administrativos no hayan sido adoptados dentro de determinados límites temporales violando el principio de confianza legitima.
Sentencia Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Tercera), de 13 marzo 2003 José Martí Peix/Comisión.[18], FD 97:
« La demandante afirma que, según reiterada jurisprudencia, existe en Derecho comunitario un principio general, basado en las exigencias de seguridad jurídica y de buena administración, que obliga a la administración a ejercer sus facultades dentro de determinados límites temporales, en aras de la protección de la confianza legítima que en ella depositan los administrados (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, Boehringer/Comisión, 45/69, Rec. pg. 769, apartado 6; de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel/Comisión, 14/1981, Rec. pg. 749; de 26 de febrero de 1987 (TJCE 1987\48), Consorzio Cooperative D'Abruzzo/Comisión, 15/1985, Rec. pg. 1005, y conclusiones presentadas en dicho asunto por el Abogado General señor Mischo, Rec. pg. 1014; sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 1987 [TJCE 1988\41], RSV/Comisión, 223/1985, Rec. pg. 4617; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 1996 (TJCE 1996\75), Industrias Pesqueras Campos y otros/Comisión, asuntos acumulados T-551/1993 y T-231/1994 a T-234/1994, Rec. pg. II-247). La demandante alega que, en caso de solicitud de devolución de una ayuda financiera tras un período de tiempo excesivamente largo, la Comisión no actúa con la debida diligencia e incumple las exigencias de seguridad jurídica y de buena administración» .
14. Es una exigencia del principio a una buena administración facilitar todas las informaciones pertinentes a la otra parte actuante en el procedimiento.
Sentencia Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Tercera), de 27 febrero 2003 Bonn Fleisch Ex- und Import/Comisión, FD 107:
« También procede examinar la cuestión de si, en el presente caso, la Comisión respetó su deber de buena administración del contingente GATT recabando de las autoridades españolas y comunicando a las autoridades de los demás Estados miembros «todas las informaciones pertinentes» a efectos del artículo 14 bis del Reglamento núm. 1468/1981 (LCEur 1981\185)» .
15. El principio a una buena administración obliga a la Administración a tratar con dignidad a los administrados y respetar su reputación .
Sentencia Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Luxemburgo (Sala Cuarta), de 6 julio 2000 Volkswagen/Comisión, FD 281:
« […] Pues bien, como acaba de subrayarse, en los procedimientos regidos por el principio contradictorio que puedan dar lugar a una condena, la naturaleza y el grado de severidad de las sanciones propuestas están, por sí mismas, cubiertas por el secreto profesional mientras no se haya aprobado definitivamente y pronunciado la sanción. Este principio se deriva, en particular, de la necesidad de respetar la reputación y dignidad del interesado mientras éste no haya sido condenado. En el caso de autos, procede considerar que la Comisión ha vulnerado la dignidad de la empresa imputada al provocar una situación en la que ésta ha tenido noticia por la prensa del contenido preciso de la sanción que debía, con gran probabilidad, imponérsele. En este sentido, el deber de la Comisión de no divulgar a la prensa información sobre la sanción precisa proyectada no sólo coincide con su obligación de respetar el secreto profesional, sino también con su obligación de buena administración […] » .
16. Objetividad en la actuación administrativa.
STS , Sala de lo Contencioso Administrativo ,Sección 7ª, 7 de octubre de 1999[19], estima que el principio a una buena administración es el antecedente del art. 103.1º CE : la Administración sirve con objetividad los intereses generales. El FD quinto establece:
« Intencionadamente se han expresado los referidos argumentos de la Sentencia recurrida, no desvirtuados en el escrito de interposición del recurso de casación, con el fin de precisar que, en definitiva, los criterios de referencia contenidos en la cláusula 17ª, funcionan como «directivas» a las que ha de atenerse necesariamente en sus valoraciones el órgano contratante, lo que ya de por sí exige una motivación o un razonamiento en el que se explique el proceso intelectual seguido para adoptar la decisión sobre cuál sea la proposición más ventajosa, de modo que si falta tal motivación o si ésta, si es que de algún modo concurre, no justifica adecuadamente, aduciendo buenas razones en favor de la decisión adoptada siempre en relación con esos «criterios básicos» a que aluden el art. 36, párrafo 2º y 115, párrafo 1º de su Reglamento, «de conformidad a los cuales el órgano de contratación acordará aquélla» (la adjudicación), según el primero de los citados (motivación en que se concentra el objeto del control judicial), resultará que se incurre en el ámbito de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, garantizada en el art. 9.3 de la Constitución, y se priva al órgano jurisdiccional de la posibilidad de controlar si la actividad de la Administración sirve con objetividad los intereses generales, conforme al art. 103.1 de la Norma Fundamental, y viene inspirada por las exigencias de los principios de buena administración (art. 3 de la Ley de Contratos y 111 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril [RCL 1986\1238, 2271 y 3551]) que es lo que justamente impone a los Tribunales el art. 106.1 de la Constitución» .
17. El principio a una buena administración proscribe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.
STS , Sala de lo Contencioso Administrativo ,Sección 7ª, 29 de junio de 1999, FD quinto – que aún desestimatorio del recurso de casación evita pronunciarse sobre este principio sobre la consideraciones procesales-:
« El segundo motivo de casación tampoco puede prosperar. La principal alegación para fundar este motivo es que las adjudicaciones a esas otras empresas distintas de la recurrente han de ser consideradas contrarias al principio de buena administración que consagran los artículos 3 del TALCE y 4 del RCE. Y esto porque las ofertas de la recurrente deberían haber sido estimadas como las más ventajosas, y, en la hipótesis de que hubieran merecido ser valoradas como equivalentes todas las ofertas, habría debido prevalecer la que incluía el canon más ventajoso[…] » .
[1] Sobre el valor jurídico de este documento, véase, por ejemplo, Marsal i Ferret, Objectius i gènesi de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea: elements moduladors de la seva eficacia jurídica, «Autonomies», 27, diciembre de 2001, p. 75.
[2] López Castillo, A., Algunas consideraciones en torno a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Revista de Estudios Políticos , 2001, 113, pp. 59-60.
[3] García Roca, J., Originario y derivado en el contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: los test de constitucionalidad y convencionalidad, Revista de Estudios Políticos , 2001, 119, p. 182.
[4] Fernández Segado, F., La libertad de expresión en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Revista de Estudios Políticos , 1990, 70, p. 112.
[5] (TEDH 2005,96).
[6] (TEDH 2005,53).
[7] (TEDH 2000,423).
[8] (TEDH 2000,158).
[9] (TEDH 1997,25).
[10] (TEDH 1994,1).
[11] Recurso de Amparo núm. 709/1997. (RTC 2000\266)
[12] Demanda núm. 36590/1997. (JUR 2002,181185).
[13] (TJCE 2005,220).
[14] (TJCE 2005,72).
[15] (TJCE 2004,264)
[16] (TJCE 2004,264)
[17] Recurso de Anulación. Asunto C-344/2001. (TJCE 2004,57).
[18] (TJCE 2003,83).
[19] (RJ 1999, 8840).
Publicado por Juan B Lorenzo de Membiela en martes, agosto 12, 2014

References: artículo 41
 Artículo 41
 artículo 6
 resolución 
 artículo 10
 artículo 14
 Real Decreto