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Timestamp: 2019-09-18 01:04:16+00:00

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Organización y funcionamiento de las Oficinas de Extranjería y centros de migraciones | Iberley
Las Oficinas de Extranjería y los centros de migraciones se encuentran regulados en el Título XV de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El Capítulo I se dedica a describir cómo se crean las Oficinas de Extranjería, su dependencia orgánica y funcional, las funciones, su organización y personal, mientras que el Capítulo II explica lo relativo a los centros de migraciones.
Su regulación se encuentra en los artículos 259 y ss. del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (RLOEX).
Las Oficinas de Extranjería son unidades encargadas de garantizar la eficacia y coordinación de la actuación administrativa. Integran los distintos servicios de la Administración General del Estado y son competentes en materia de extranjería e inmigración dentro del ámbito provincial.
La creación, supresión y modificación de dichas Oficinas será impulsada por las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración, tras un análisis de la incidencia de la inmigración en el ámbito de la provincia y previa consulta a los Ministerios del Interior y de Política Territorial y Administración Pública. Posteriormente la creación, supresión o modificación se llevarán a cabo mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, dictada a propuesta de los titulares de los Ministerios del Interior, de Política Territorial y Administración Pública y de Trabajo e Inmigración.
La ubicación de las Oficinas se encontrará en la capital de las provincias en las que se constituyan. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública podrá, con acuerdo de las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración y de Seguridad, determinar excepcionalmente la ubicación de una Oficina en una población diferente a la capital de provincia.
Se podrán distribuir oficinas delegadas en los distritos de la capital y en los municipios de la provincia, con el fin de facilitar las gestiones administrativas de los interesados. Su creación se llevará a cabo mediante resolución del titular de la Delegación o Subdelegación del Gobierno a la que se adscriba la Oficina de Extranjería correspondiente.
Los titulares de las Secretarías de Estado de Seguridad y de Inmigración y Emigración podrán dictar Instrucciones de forma conjunta para coordinar las unidades policiales con las Oficinas de Extranjería correspondientes.
El artículo 260 del RLOEX establece que las Oficinas dependerán orgánicamente de la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno, dentro de las Áreas funcionales de Trabajo e Inmigración. Dependerán funcionalmente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y del Ministerio del Interior. Se regirán por lo dispuesto en este Reglamento, además de por su propia normativa.
Tal y como dispone el artículo 261 del RLOEX, las funciones de las Oficinas de Extranjería se desarrollarán dentro del ámbito provincial y serán las previstas en las normas de extranjería y régimen comunitario:
La recepción de la declaración de entrada.La tramitación de las prórrogas de estancia, de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, autorizaciones de residencia, autorizaciones de trabajo y exceptuaciones a la obligación de obtener autorización de trabajo, autorizaciones de regreso, así como la expedición y entrega de aquéllas.
La tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa en materia de extranjería y en régimen comunitario. Las devoluciones y los expedientes sancionadores que conlleven la expulsión del infractor o su detención e ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros se ejecutarán por las Brigadas y unidades de Extranjería y Documentación de las Comisarías de Policía.
Su regulación se encuentra en el artículo 262 del RLOEX. Será el Jefe de la Oficina el que establezca los criterios de realización de sus funciones, ejercidas bajo la dirección de los Delegados y Subdelegados del Gobierno que corresponda, a través del Director del Área funcional o Jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración. Esto sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de resolución de expedientes.
Las oficinas delegadas se encargarán de colaborar en el desarrollo de las funciones de la correspondiente Oficina de Extranjería, especialmente las referidas a la atención al ciudadano, recepción de solicitudes y escritos, notificación y entrega de resoluciones y documentos, y podrán ejercer las competencias que les sean delegadas.
Sin perjuicio de la competencia atribuida al Jefe de la Oficina, corresponderá a los servicios policiales adscritos a ella:
La asignación y comunicación del número de identidad de extranjero y la emisión de certificados de residente y no residente.
La expedición y entrega de la documentación correspondiente a la normativa sobre protección internacional y el estatuto de apátrida.
La expedición y entrega del título de viaje o documento análogo para la salida de España, así como de la Tarjeta de Identidad de Extranjero y de los documentos de identificación provisionales.
La expedición de las etiquetas de visado en las que se materialicen las prórrogas de estancias de corta duración.
La materialización de la anulación o retirada de los visados de estancia de corta duración.
La tramitación de las autorizaciones de regreso.
La grabación en el Registro Central de Extranjeros de los cambios y alteraciones de la situación de los extranjeros previstos en el artículo 214 de este Reglamento.
Según el artículo 263 del RLOEX, los servicios encargados de la tramitación de los expedientes en materia de extranjería se integrarán en la Oficina de Extranjería, que actuará como único centro de gestión, dirigido por el Director del Área funcional o Jefe de la Dependencia provincial de Trabajo e Inmigración.
Todo el personal que proceda de estos servicios y que no esté integrado orgánicamente en las Delegaciones del Gobierno, conforme a lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y su normativa de desarrollo, se integrará en la Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno correspondiente.
Las Oficinas de Extranjería contarán con una relación de puestos de trabajo y, en su caso, un catálogo de personal laboral para la integración del personal que realice los servicios mencionados al principio de este apartado y sus correspondientes puestos de trabajo. Contarán también con la adscripción de personal de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que realizarán las actividades que les hayan sido asignadas en materia de extranjería.
El cese del Jefe de la Oficina de Extranjería se llevará a cabo por el Delegado del Gobierno, previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, pudiendo proveerse el puesto provisional o definitivamente.
El nombramiento será de libre designación entre funcionarios de carrera del Sugrupo A1 o A2 de la Administración General del Estado, con los límites establecidos por el Reglamento general de ingreso del personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
CENTROS DE MIGRACIONES
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dispondrá de una red pública de centros de migraciones, para cumplir con los fines de integración social. Desempeñarán tareas de de información, atención, acogida, intervención social, formación, detección de situaciones de trata de seres humanos y, en su caso, derivación, dirigidas a la población extranjera. Podrán, a su vez, desarrollar o impulsar actuaciones de sensibilización relacionadas con la inmigración.
Podrá desarrollar programas específicos orientados a extranjeros que sean solicitantes de asilo o del estatuto de apátrida, refugiados, benefciarios de la protección dispensada por el artículo 37.b) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, inmigrantes que lleguen a España de acuerdo con las normas reguladoras de la gestión colectiva de contrataciones en origen, así como a extranjeros que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.
La Dirección General de Integración de los Inmigrantes será la encargada de determinar los programas que posteriormente desarrollarán los centros de migraciones y sus destinatarios.
Esta red de centros de migraciones estará integrada por los centros de acogida a refugiados, los centros de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y Melilla y, en su caso, los centros de nueva creación. Estos centros se regirán por un estatuto común, sin perjuicio de que los distintos centros puedan desarrollar programas destinados a colectivos determinados, según lo dispuesto anteriormente.
INGRESO EN CENTROS DE MIGRACIONES.
El ingreso de un extranjero en uno de estos centros se regulará según lo dispuesto en las normas de funcionamiento interno de los mismos.
Si el extranjero carece de título habilitante de su permanencia en España, su ingreso en el centro llevará aparejado la expedición de un volante personal e intransferible que le autorice a permanecer en el centro. Este volante deberá contener:
Fotografía del extranjero.
Número de identidad del extranjero (si lo tuviera asignado).
Fecha de caducidad del tiempo en que habitará en el centro.
La autorización de permanencia se entiende sin perjuicio de las ulteriores decisiones que las autoridades competentes adopten en relación con la situación administrativa del extranjero en España.
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Real Decreto 364/1995 de 10 de Mar (Reglamento general de ingreso de personal y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de funcionarios civiles de la AGE) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 85 Fecha de Publicación: 10/04/1995 Fecha de entrada en vigor: 05/03/2006 Órgano Emisor: Ministerio Para Las Administraciones Publicas
Sentencia Administrativo Nº 849/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 111/2005, 03-12-2008
Orden: Administrativo Fecha: 03/12/2008 Tribunal: Tsj Galicia Ponente: Galindo Gil, Maria Dolores Num. Sentencia: 849/2008 Num. Recurso: 111/2005
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 32/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 6, Rec 902/2016, 19-01-2018
Orden: Administrativo Fecha: 19/01/2018 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallardo Martín De Blas, Eva Isabel Num. Sentencia: 32/2018 Num. Recurso: 902/2016
Sentencia Administrativo Nº 20029/2009, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 1219/2005, 14-01-2009
Orden: Administrativo Fecha: 14/01/2009 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Fernandez Romo, Maria Del Mar Num. Sentencia: 20029/2009 Num. Recurso: 1219/2005

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 260
 artículo 261
 artículo 262
 resolución 
 artículo 214
 artículo 263
 Real Decreto 
 artículo 37

Real Decreto