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Timestamp: 2018-02-24 23:30:42+00:00

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Sentencia A.P. La Rioja 306/2013 de 5 de noviembre. Aseguradoras. Responsabilidad. Cláusulas limitativas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. La Rioja 306/2013 de 5 de noviembre
Entidades de seguros: Sustitución de un elemento de una prótesis suministrada pasándose a un tornillo común, no siendo el suministrado por el productor. Carga de la prueba: Existencia del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño. Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados: Deben estar aceptadas específicamente.
SENTENCIA: 00306/2013
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) N.º 188/2012
SENTENCIA N.º 306 de 2013
En LOGROÑO, a cinco de noviembre de dos mil trece.
VISTOS en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de LA RIOJA, los Autos de JUICIO ORDINARIO n.º 1106/2005, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo n.º 188/2012, en los que aparecen como partes apelantes, "SEGUROS OCASO, S.A." representada por la Procuradora de los Tribunales, DOÑA CARINA GONZALEZ MOLINA, asistida por la Letrado DOÑA MONTSERRAT LOSADA REY, y "ORTORIOJA, S.A.", representada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA GEMMA MARANTE CHASCO, asistida del Letrado DON CARLOS RUIZ MARIN; y como partes apeladas, "ORTOPEDIA MECANICA JUAN GARCIA BARRERA E HIJOS S.L.", representada por la Procuradora de los Tribunales, DOÑA PAULA CID MONREAL, y asistido por el Letrado DON EDUARDO GONZALEZ-SANTIAGO GRAGERA, y DON Mario, representado por la Procuradora de los Tribunales DOÑA MARIA LUISA MARCO CIRIA, y asistida por el Letrado DON MARCOS ROMEO ROMERO, siendo Magistrado Ponente DON RICARDO MORENO GARCIA.
Primero.—Con fecha 4-11-2011 se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Logroño (f.-424-444), en cuyo fallo se recogía:
" Que la demanda promovida por Don Mario, contra Ortorioja S.L, y la aseguradora Ocaso S.A, debo condenar y condeno a estos demandados al pago de la suma de 21.186,70.-euros más los intereses devengados desde la fecha de la interpelación judicial, cuando se trata de Ortorioja S.L y los intereses de demora del art. 204.4 de la LCS desde la fecha del accidente cuando se trate de la aseguradora, con expresa imposición de las costas del proceso.
Que debo desestimar y desestimo la demanda promovida por Don Mario contra Ortopedia Mecánica Juan García Barrera e Hijos, imponiendo las costas de la reclamación ala parte demandante ...".
Se responde con tal fallo a la demanda en la cual se pretendía, en esencia, que (f.-2-10) que se condenara a los demandados al abono de la cantidad indicada en razón de accidente sufrido por el demandante al caerse en una zapatería con motivo de romperse el tronillo que unía -en la prótesis ortopédica que utilizaba- la articulación del pie con el resto de la pierna ortopédica, consecuencia de lo cual sufrió rotura de fémur de la pierna izquierda sufriendo diversas heridas y hospitalización.
Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, por las representaciones procesales de Ortorioja S.L, y la aseguradora Ocaso S.A, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.
Tercero.—En el recurso de apelación de la aseguradora Ocaso S.A (f.- 448-451) se alegaba, en esencia, error en la apreciación de la prueba respecto del accidente, del uso correcto de la prótesis, así como sobre la interrupción del nexo causal debiendo extenderse la causa respecto de Ortopedia Mecánica Juan García Barrera e Hijos S.L y Endolite, así como error en la interpretación del contrato de seguro al entender que no se trata de una clausula limitativa existiendo aceptación, para concluir interesando que previos los trámites oportunos se dicte sentencia en la que "... se revoque la sentencia recurrida dictando otra en laque sesten las pretensiones de esta parte y se absuelva a mi representado de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa condena en costas a la actora ".
En el recurso de apelación de Ortorioja S.L, (f.- 456-462) se alegaba, en esencia, error en la valoración de la prueba; excepción de litis consorcio pasivo necesario al deberse extender al proceso a Endolite, para concluir interesando que previos los trámites oportunos se dicte sentencia "... por la que se estimen íntegramente las pretensiones de esta parte con expresa imposición de las costa causadas a la parte demandante "
En la oposición presentada frente al recurso de apelación por Mario (f.- 474-478) y por Ortopedia Mecánica Juan García Barrera e Hijos S.L (f.- 480489) se alegaban las razones que estimaron oportunas frente a las alegaciones del recurso de apelación para concluir interesando que previos los trámites legales oportunos se dicte sentencia confirmando la dictada por el juzgado con expresa imposición de las costas a la parte apelante.
Cuarto.—Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 24-10-2013.
Quinto.—En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.
Primero.—Respecto de la alegación de error en la valoración de la prueba.
Cabe señalar al respecto que por parte de la recurrente se llega, en su escrito, a conclusiones que son diferentes de aquellas a las que llega la sentencia recurrida circunstancia esta que debe ponerse en relación con la valoración de la prueba obrante en las actuaciones respecto de las cuales la parte muestra su discrepancia en cuanto a las conclusiones a las que el Juez llega debe señalarse que en esta materia la convicción acerca de la certeza de esos hechos, o de su inexistencia, se alcanza mediante la valoración conjunta del resultado de las pruebas practicadas a instancia de las partes, valoración que ha de realizarse conforme a las reglas de la sana crítica y que, por ello, pertenece al ámbito propio de la actividad soberana del Juzgador de instancia, máxime cuando se asienta en la inmediación que le permitió presenciar personalmente el desarrollo de los medios probatorios. En definitiva, la soberanía del Juzgador de instancia en la valoración probatoria supone que si bien la apelación transfiere al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión litigiosa, en materia de tal valoración la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquélla aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que las conclusiones fácticas a las que así llegue no pongan de manifiesto un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias de forma que revelen una valoración judicial ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de experiencia, pero dejando claro que si la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, tal valoración ha de ser respetada, sin que resulte lícito sustituir el criterio del Juez de instancia por el criterio personal e interesado de la parte recurrente, (SSTS 15 de noviembre de 1997, 16 de abril de 1998 y 15 de junio de 1998).
Por otro lado debe señalarse igualmente como criterio general que debe tenerse presente el de la carga de la prueba en atención a la materia de que se trata, y en tal sentido se ha indicado, por ejemplo la STS 30-6-2000 que para la imputación de la responsabilidad cualquiera que sea el criterio que se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño (STS. 11-2-1998), el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba.
No obstante ante el ejercicio de cualquiera de las acciones de exigencia de responsabilidad civil previstas en el ordenamiento jurídico, en sede de responsabilidad civil contractual (art.1.101 CC) o extracontractual (art. 1.902 CC), cuando concurra en la perjudicada demandante la condición de consumidor o usuario, en los términos establecidos en la LGDCU, y los hechos enjuiciados tengan adecuado encaje en sus preceptos, será de aplicación no el régimen general de responsabilidad de la acción ejercitada, sino el especial establecido en los artículos 25 y siguientes de dicha LGDCU, en principio más favorable para el consumidor y usuario, que también fue invocado por la demandante.
Tal precepto (art. 25) declara que el usuario tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios demostrados que la utilización del servicio le irrogue salvo que aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente.
Este artículo no establece una responsabilidad objetiva, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial y en tal sentido la STS de 23-7-2001 pero sí se señala que " El art. 25 de la General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios contiene una norma de carácter general que reconoce al consumidor y al consumidor y usuario el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios, salvo que tales daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que debe responder civilmente; se establece así un principio de inversión de la carga de la prueba haciendo recaer sobre el productor o suministrador de los productos o servicios la carga de probar que el origen de los daños y perjuicios se encuentra en la conducta culposa del usuario o de las personas por las que debe responder" ( STS de 11 de octubre de 2005 ). ";.
El art. 26 LGDCU disponía que las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios, determinantes de daños o perjuicios a los mismos, darán lugar a la responsabilidad de aquellos, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad. Este precepto cambia el criterio de responsabilidad, contemplando un sistema de responsabilidad semi-objetiva con inversión de la carga de la prueba, con carácter general para todo tipo de productos o servicios.
En concreto y respecto de las alegaciones que en materia probatoria se han realizado cabe señalar lo siguiente.
Respecto del accidente no deja de ser curioso que a estas alturas del procedimiento se plantee consideración alguna sobre la existencia del siniestro que en modo alguno fue puesto en duda ya en fase de instrucción del Juicio de Faltas que concluyó con el Auto de 10-12-2003 (f.-19) la retirara la denuncia el Sr. Mario, y que había dado comienzo, tal como consta, por denuncia presentada el 4-4-2013 (f.-17-19) en la que se recogía la causa de las lesiones -rotura de la prótesis y consiguiente caída- que también se hizo constar en el parte de asistencia en centro médico (f.-16) al recogerse y cuyo motivo era también conocido por los compañeros de trabajo (42:15).
Respecto del uso correcto de la prótesis, se pretende existir prueba de un uso incorrecto de la prótesis por parte del demandante por el mero hecho de que el Sr. Mario manifestar en el acto del juicio que manipulaba la prótesis, alegación que en sí misma no merece consideración alguna, puesto que se esta pretendiendo por la parte tergiversar el sentido de las declaraciones del demandante de lo que es el tenor literal de sus expresiones, y entra en contradicción con lo manifestado por el compañero de trabajo del Sr. Mario el cual fue muy claro en su explicación y es que ya en dos ocasiones anteriores le habían tenido que ayudar a salir con la prótesis por razón de que el pie "quedaba loco" y no podía andar y el Sr. Mario manifestó que con la caída fueron 3 las ocasiones en que se produjo fallo del tornillo (29:27) y es esa apreciación de pie que queda en movimiento al que el perito indicó que se produce antes de romperse el tornillo (1:11:49).
El Sr. Mario ha manifestado en todo momento que no ha tocado el sistema de sujeción del tobillo a la pierna y es ese el lugar al cual para acceder hay que quitar los elementos estéticos que lo recubren sin que se haya probado en manera alguna que sea consecuencia de manipulación realizada por el Sr. Mario y que en cualquier caso choca frontalmente con lo observado por el perito judicial y explicado en el acto del juicio, y es que el tornillo negro que estaba acoplado a la prótesis no era el que viene de fábrica (1:14:39 y 1:17:31).
Respecto de la alegada interrupción el nexo causal conviene hacer unas breves consideraciones al respecto.
Interesa señalar que se interesó en su momento y así se acordó la realización de prueba pericial sobre la prótesis en cuestión y al efecto se procedió al a designación de Perito Judicial que recayó en la persona del Sr. Cristobal el cual ya en escrito de fecha 5-3-2009 (f.-306) manifestó que " Ante la imposibilidad de obtener los elementos protésicos para hacer posible dicha peritación tengo que manifestar que sin estos no se puede emitir un valoración para determinar la razón por la cual se produjo el fallo que impidió al demandante continuar usando dichas prótesis ".
En tal momento comienza un largo periplo procesal para hacer valer el examen por parte del Perito de la prótesis en cuestión, la cual debe recordarse que en virtud de providencia de fecha 6-2-2006 (f.-54) se había acordado lo siguiente "... requiérase al Sr. Imanol a fin de que guarde en depósito las piernas ortopédicas que le fueron entregadas por el actor, sin modificación alguna, a fin de que, en caso de que sea necesaria, se practique prueba pericial sobre las mismas... " y tal requerimiento fue realizado el día el día 8-2-2006 (f.-56).
Pues bien ante lo manifestado por el Perito se acordó por providencia de 13-4-2009 (f.-314) que se entregaran tales materiales, si bien fue necesario reiterar lo ordenado mediante nueva providencia de 1-7-2009 (f.-328), manifestando Orto Rioja en escrito de 15-7-2009 (f.-320), que estaban depositados en los almacenes de la mercantil y que se comprometían a entregarlo de forma inmediata a la dirección que se indicaran si bien proponían que se realizara su examen en la sede de la empresa.
Tras nuevo turno de traslados a efectos de determinar el lugar idóneo para su análisis se acordó que fuere en sede judicial por providencia de 20- 11-2009 (f.-344), atendiendo a lo manifestado por el perito (f.-342-343), señalándose para ello en virtud de providencia de 14-12-2009 que se llevaría a cabo el 18-12-2009 a las 10 horas en sede judicial (f.-353), si bien se aplazó al 10-2-2010 por petición del perito acordada por providencia de 19-1-2010 (f.-355).
Ante el transcurso del tiempo sin aportarse el resultado de la pericial se requirió al perito quien finalmente manifestó en escrito de 17-10-2011 (f.-418):
" Al no tener en el momento de la peritación parte de los elementos protésicos origen de la misma para ser evaluados, y por tanto poder decidir cual fue la causa por la que un tronillo importante en la construcción de la prótesis se rompió produciéndose la caída del paciente, este perito no puede realizar tal acto por no tener como he dicho, elemento en cuestión, habiendo otro de fabricación en serie estándar que nada tiene que ver con el que la empresa fabricante del mismo recomienda para un buen comportamiento biomecánico de la prótesis, con número de serie y fecha de fabricación, pudiéndolo así verificar los allí presentes.
Hasta el día de hoy sigue sin llegar a mi poder el tornillo motivo de la peritación por lo que no puedo realizar la misma ".
Incluso en el acto del juicio explicó que se encontró un tornillo de color negro genérico que no tenía nada que ver con la pierna ortopédica (1:10:12)
Por lo tanto es indiscutible que se ha producido la sustitución de un elemento de la prótesis suministrada por Ortopedia Mecánica Juan García Barrera e Hijos S.L a Orto Rioja S.L, y del tornillo original del producto se ha pasado a un tornillo común.
Este hecho queda perfectamente claro en atención a lo manifestado por el perito, lo manifestado por el Sr. Mario respecto de las labores que por parte de Orto Rioja S.L se realizaron y finalmente por la propia actuación de Orto Rioja S.L quien no ha llegado a acreditar que se hubiera procedido a colocar nuevo tornillo "oficial" en la prótesis y a tal efecto basta citar el principio de facilidad probatoria (asrt. 217 LEC) puesto que de haberse realizado petición de tal pieza hubiera quedado constancia documental en poder de Orto Rioja (pedido, albarán entrega, factura) que no ha sido capaz de mostrar, siendo que el comercial que se relacionaba con las ortopedias en todo el territorio nacional también manifestó que no recordaba haber vendido tornillo de fábrica (50:26).
Conclusión de todo lo anterior es que la versión ofrecida por el demandante cuenta con el sustento probatorio suficiente, más allá del necesario según el principio general de carga de la prueba en materia como la que es objeto de análisis y en conclusión, se estima probado, como hace la sentencia recurrida, la existencia del accidente el día 30-1-2003, que el mismo obedeció a la rotura de un tornillo -elemento fundamental de unión- que une el pie a la prótesis y que el tornillo que se encontró en la prótesis no era el suministrado por el productor sino que era uno común.
La colocación de este tornillo común fue realizado por la demandada Orto Rioja S.L y en concreto también por parte de Orto Rioja se llevaron a cabo las labores de equilibrado o alineación ya que por parte de la empresa Ortopedia Mecánica no se realizó y así lo manifestó el Sr. Teodosio (48:03) señalando igualmente que si está bien colocado no tiene razón de romperse, y a él personalmente pese a ser usuario desde hace tiempo no le ha pasado puesto que si está bien colocada, alineada y montada no plantan problemas (49:38) y para hacer tal correcta alineación es preciso que esté el paciente presente puesto que se tiene que ajustar a la pierna (47:39) y desde Mecánica Ortopédica no se realizó y en tal sentido indicó el perito al señalar que un tornillo bueno y bien colocado no es fácil de romper (1:13:08) y pese a ello al Sr. Mario hasta en tres ocasiones se produjeron problemas, y ello pese a llevar al pierna a Orto Rioja para su correcta colocación.
En conclusión deben desestimarse los motivos alegados por la recurrente.
Segundo.—-. Respecto de la alegación de litis consorcio pasivo necesario.
Tal excepción fue alegada por la representación procesal de Orto Rioja S.L en su contestación al pretender que debiera traerse a la causa junto con Ortepedia Mecánica Juan García Barrera e Hijos S.L, que sí lo había sido por el demandante, también a la empresa Endolite.
En la Audiencia Previa que tuvo lugar el día 27-6-2006 se desestimó la excepción plateada sin que conste alegación o protesta alguna por la parte que ahora vuelve a plantear la cuestión, tal como se desprende del acta realizada de tal acto (f.-172v).
Señalado lo anterior y ante el aquietamiento de la parte a la decisión del Juez -excepción a la que se dio puntual respuesta oral conforme a lo prevenido en el art. 420 LEC - impide que la cuestión sea planteada de nuevo en esta segunda instancia por vía del art. 459 LEC, pues la parte pudo solicitar la reposición de la decisión judicial, o cuanto menos formular protesta formal contra la citada decisión para poder hacer valer sus derechos en esta segunda instancia, cosa que omitió.
Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar brevemente la naturaleza de la acción planteada y la solidaridad en la responsabilidad, respecto de lo cual en el anterior apartado se han hechos diversas consideración, lo cual sirve como argumento para desestimar también la pretensión de la recurrente
Tercero.—Respecto de la naturaleza de la clausula del contrato de seguro.
Orto Rioja S.L, cuenta con seguro de responsabilidad civil con la Compañía de Seguros Ocaso, tal como por parte de la Federación Española de Ortesistas Protesistas (f.-192) y de igual manera constan las Condiciones Generales del contrato de seguro que ampara a Orto Rioja S.L (f.-83- 92) así como una serie de pliegos que recogen diversas Condiciones Particulares, y en concreto en la fechada a 13-5-2003 y que consta de 6 folios (f.-93-98) se recoge:
" 3. Limitación temporal. Los daños cubiertos por la propia póliza serán exclusivamente los ocurridos durante la vigencia de la misma y causados por productos entregados, asimismo durante dicho periodo, con una limitación de seis meses a contar desde su entrega o finalización ".
Estas condiciones particulares no aparecen firmadas por el tomador al contrario de lo que ocurre con otras condiciones particulares que aparecen fechadas a 9-5-2002 (f.-99) o 14-4-2001 (f.-100) y que sí aparecen expresamente firmadas por el tomador
Sobre esta base cabe señalar, como se indicó por esta Sala en SAP La Rioja 21-12-2012 (Rec. 337/2011) que por ejemplo la STS de 13-9- 07, en la que se indica que "... que la distinción entre cláusulas delimitativas del riesgo y limitativas de los derechos del asegurado, no ha sido pacífica. En la Sentencia del Pleno de la Sala, de 11 de septiembre de 2006 , dictada con el propósito de mantener un criterio uniforme y procurar el reforzamiento de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, y sin desconocer la casuística propia del derecho de seguros, y la dificultad que en la práctica presenta la distinción entre unas y otras cláusulas, ha establecido doctrina para la aplicación del criterio que se entiende correcto en torno a la distinción entre cláusulas delimitadoras del riesgo y aquellas otras que restringen los derechos de los asegurados, criterio que se ha reiterado, entre otras, en las posteriores sentencias de 5 , 8 y 30 de marzo de 2007 y que se manifiesta en los siguientes términos: "Esta Sala, en la jurisprudencia más reciente, que recoge la sentencia de 30 de diciembre de 2005 , viene distinguiendo las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, las cuales están sujetas al requisito de la específica aceptación por escrito por parte del asegurado que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , de aquellas otras que tienen por objeto delimitar el riesgo, susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de las cuales basta con que conste su aceptación por parte de dicho asegurado... ";, en el mismo sentido SSTS 13-11-2008, 12-11-2009, han sentado ya unas claras pautas interpretativas del mencionado artículo 3 LCS considerando cláusula delimitadora aquella que determina qué riesgo cubre la póliza, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, mientras que ha de considerarse cláusula limitativa toda aquella que restringe, condiciona o modifica los derechos del asegurado.
Igualmente es doctrina jurisprudencial reiterada que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, a diferencia de las cláusulas delimitadas del riesgo -también denominadas cláusulas de exclusión del mismo-, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro deben ser destacadas de modo especial y aceptadas específicamente y por escrito tratándose de un tipo de cláusulas cuya eficacia y oposición al asegurado depende del requisito de la doble firma del artículo 3 LCS, mientras que las cláusulas delimitadoras del riesgo quedan sometidas al régimen de aceptación genérica y no precisan la observancia de los requisitos de incorporación que se exigen para las limitativas (STS 8-9-2010).
Y en el presente supuesto las cláusulas generales establecen en cuanto a la "Vigencia Temporal del Seguro" (f.-86) que "Queda cubierta por el seguro la responsabilidad civil derivada de los daños que se produzcan durante la vigencia del Contrato de Seguro", mientras que es las Condiciones Particulares de fecha 14-5-2003 (f.-96) aparece la cláusula con el claro contenido limitador que se titula "Limitación Temporal" en el que se recoge lo siguiente:
" Los daños cubiertos por la propia póliza serán exclusivamente los ocurridos durante la vigencia de la misma y causados por productos entregados, asimismo durante dicho periodo, con una limitación de seis meses a contar desde su entrega o finalización ".
Tales cláusulas recogidas en las condiciones particulares indicadas no aparecen expresamente firmadas y aceptadas por la parte en contradicción con lo que se había realizado en las anteriores condiciones particulares que por el contrario sí que aparecen firmadas.
De esta manera, en aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, se está ante un supuesto en el que las cláusulas particulares limitan lo que se reconocía en las generales, entrando en franca contradicción con éstas, de donde surge el carácter limitativo de la cláusula y la exigencia de expresa aceptación por escrito. Como tal no se ha producido, la demanda debió haber sido estimada.
Cuarto.—Respecto de las costas procesales, y de conformidad con lo establecido en el art. 394 y 398 procede su imposición a las partes apelantes, en sus respectivos recursos.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Compañía de Seguros Ocaso así como el interpuesto por Orto Rioja S.L, contra la sentencia de fecha 4-11-2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de los de Logroño, en juicio ordinario en el mismo seguido al n.º 1106/2005, del que dimana el Rollo de Apelación n.º 188/2012, debemos confirmarla y la confirmamos.
Con expresa imposición de las costas causadas a las partes apelantes.
Cúmplase al no tificar esta resolución lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 248