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Timestamp: 2020-05-30 20:30:57+00:00

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septiembre | 2012 | Enrique Huerta Cuevas
septiembre 19, 2012 · 3:43 am
EGIPTO: PRIMAVERA “CON UNA ESQUINA ROTA”
El florecimiento de nuevos órdenes políticos siempre ocurre, en mayor o menor medida, en temporada de resistencia. Como preámbulo a la guerra civil española, durante la primera mitad del año de 1936, Indalecio Prieto –un periodista de profesión convertido a ministro de Estado– desde la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ocupando una curul en el Congreso de los Diputados lanzó una sentencia muy pertinente para aquella primavera que tres cuartos de siglo después vería correr las aguas del río Nilo:
“La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad (…) Si el desmán y el desorden se convierten en sistema perenne, por ahí no se va al socialismo, por ahí no se va tampoco a la consolidación de una república democrática, que yo creo nos interesa conservar; se va a una anarquía desesperada que ni siquiera está dentro del ideal libertario; se va a un desorden económico que puede acabar con el país”. En Linz (1996: pp. 13-14).
Esa “anarquía desesperada” que ocurre en diversas latitudes del mundo árabe desde la primavera del 2010 –por decir una fecha emblemática– ha vuelto tras los ropajes de aquello que la prensa internacional ingenuamente ha presentado al mundo como una “ola de revoluciones” que, en honor a la verdad, obedece a formas pretorianas de muchísimo menor escala de conflictividad.[1] Únicamente en Túnez, Egipto, Yemen y Libia se registraron rebeliones, si bien capaces de lograr derrocamientos o reemplazos al más alto nivel de la cúpula gobernante, interrumpidas por la clase auspiciada por el régimen; mientras que en Sahara Occidental, Argelia, Irak, Bahréin, Irán, Siria y Marruecos se replicaron revueltas permanentes con intensidades diferenciadas en casa caso; en tanto que en los países de Jordania, Omán y Kuwait sólo emergieron protestas selectivas –figura I–.
Hasta el momento la larga marcha de la primavera árabe únicamente ha involucrado a catorce naciones donde fue desbordada, bajo múltiples grados de violencia y resistencia organizada, las garantías individuales y la paz social de la población civil –figura I–. Trágicamente, y contrario a lo que dicta la tradición climática en esta temporada del año, el conflicto no reparó en la consagración de alguna clase de institución democrática como tampoco en la persistencia de cualquier otro tipo de orden político posible.
Egipto representa el caso emblemático de esta triste paradoja. Gobernado de manera casi ininterrumpida por la Ley de Emergencia No. 162 –que data del año 1958– desde que Hosni Mubarak se convirtiera en presidente en octubre de 1981, y a pesar del compromiso públicamente sostenido por el presidente en 2005 para llevar a efecto su derogación, durante todos esos años y al amparo de dicha normatividad se han cometido un conjunto de vejaciones, desde detenciones arbitrarias hasta desapariciones forzadas.[2]
El clima electoral de 2010 desató lo que era de esperarse: un conjunto de jóvenes organizados se aglutinaron en torno al “movimiento 6 de abril” con el objetivo de poner un alto al estado de emergencia y posibilitar una reforma constitucional que hiciera posible el retorno –si es que alguna vez eso ha ocurrido en Egipto– de elecciones libres, equitativas y transparentes. Y el reclamo era pertinente pues bajo el gobierno de Mubarak se efectuaron muchas detenciones de activistas, sobre todo miembros de la Hermandad Musulmana, tan sólo durante el año 2000 las fuerzas de seguridad habían perpetuado 1 600 detenciones; en contraste, y sólo durante el mes de marzo de 2008, se contabilizaron 831 arrestos que entre enero y marzo del año 2010 palidecieron frente a los más de 1000 perpetuados (HRW, 2011: pp. 3-5). Un año después, durante el 26 y 27 de enero de 2011, apegados e la Ley de Asambleas Ilegales promulgada en 1914 –vigente desde los tiempos del dominio británico– los fiscales acusaron de cometer tagamhur –reunión sediciosa– a cientos de manifestantes pacíficos por haber participado en el primer día de protesta en la Plaza Tahrir así como en otros sitios ubicados en Alejandría y Suez; por esos mismos días los funcionarios del Ministerio del Interior detuvieron con abuso de violencia, por más de 15 días para ser precisos, a más de 1 200 manifestantes (HRW, 2012: pp. 35-39).[3]
El régimen, sin advertir el tamaño de la contingencia que enfrentaba, puso en operación las viejas prácticas disolviendo las manifestaciones con medidas exageradamente represivas.[4] La brutalidad policiaca llegó a escalas indignantes: el 28 de enero la policía disolvió a tiros las protestas que se llevaban a efecto en ciudades como El Cairo, Alejandría y Suez cobrando la vida, en el corto lapso de un sólo día, de la escandalosa cifra de 846 civiles (HRW, 2012: p. 3).[5]
En ese contexto Egipto marchó rumbo a la renovación de su parlamento con una normatividad que concentraba todos los equilibrios de prominencia, los accesos al juego electoral así como la aprobación o cancelación del financiamiento público en la voluntad del Comité Central de Partidos, órgano dependiente del Ejecutivo (HRW, 2011: pp. 18-22). Los comicios transcurrieron a la par de una transición incierta, acaecida por “transacción” más que por un simple “remplazo”.[6] La tecnicidad de la afirmación oculta una tesis muy simple: tras las protestas de enero y febrero de 2011 el ejército decidió retirar a Mubarak de la escena a causa de su imposibilidad para asegurar la estabilidad y, en consecuencia, la persistencia de la clase política auspiciada por el régimen (Meschoulam, 2012: 25/01). Claramente fueron los liberales los que pusieron en operación esta singular primavera; sin embargo los grandes beneficiados de las protestas, y de la caída de Mubarak en consecuencia, no fueron ellos sino la Hermandad Musulmana: la fuerza política que eligió la mayoría de la población para que los representara, una fracción que no tardó en traicionar el mandato imperativo de los ciudadanos colaborando selectivamente con el gobierno militar impuesto (Meschoulam, 2012: 02/02).
El 11 de febrero Omar Suleiman, entonces vicepresidente de la nación egipcia, anunció que Hosni Mubarak había dimitido en su cargo de presidente de la república. Sin duda se trataba de una estrategia emitida a dos voces distintas: a) la primera tenía por objeto conceder a la ciudadanía su demanda más importante, la renuncia del dictador, “gracias a lo cual se ofrecía la atractiva visión de que efectivamente ocurría una revolución de sólo 18 días”; b) por otro lado, con la embestida contra Mubarak, el régimen no sólo aseguraba su permanencia sino que además podía “limitar drásticamente las transformaciones estructurales, conducir una transición ordenada y conservar sus privilegios” dentro del esquema de distribución de los poderes en formación (Meschoulam, 2012: 23/03). De esta manera el vicepresidente Suleiman, asumiendo el control total del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), dos días después emitió una declaración constitucional afirmando que el nuevo órgano de gobierno “se haría cargo de la ejecución de los asuntos del país de manera temporal durante seis meses o hasta el fin de las elecciones parlamentarias y presidenciales”; acto seguido suspendió la Constitución de 1971 “facultando” al Consejo para emitir leyes durante todo el periodo transitorio.
De pronto, sin que nadie lo advirtiera, el 19 de marzo de 2011 el SCAF supervisó los trabajos del primer referéndum democrático que se había implementado en Egipto en sus últimos 50 años de historia. Con el respaldo de 77 por ciento, de un total de 18 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, siete disposiciones de la Constitución de 1971 fueron modificadas con el objeto de limitar las facultades del Ejecutivo y llevar a efecto nuevos comicios (HRW, 2012: pp. 6-14).
“Cuanto más breve e inesperada es la transición desde la dominación autoritaria, mayor es la posibilidad de un levantamiento popular y de que éste produzca un efecto duradero. La sorpresa –y alivio– que producen las señales de que los gobernantes son más vulnerables de lo que parecían, así como el hecho de que deben tomarse prontas decisiones acerca de las reglas emergentes, parece contribuir en gran medida a la generalización y espontaneidad del levantamiento” (O’Donnell & Schmitter, 1994: p. 89).
Muy poco le duró a Egipto la noche de los sufragios. El 30 de marzo el Consejo suspendió la Constitución emitiendo una nueva declaración que en su artículo 60 establecía:
“La asamblea electa parlamentaria elegirá una asamblea provisional, compuesta por 100 miembros, quienes se encargarán de redactar una nueva Constitución. El Parlamento tendrá seis meses para finalizar la selección de estos miembros; la asamblea provisional tendrá ese mismo periodo para redactar la nueva Carta Magna que será ratificada por la ciudadanía a través de un referéndum”. En HRW (2012: pp. 7-10).
Con la mano en el corazón el SCAF prometió que se celebrarían elecciones presidenciales en julio de 2012. A pesar de contar con un parlamento electo el Consejo concentró gran parte de la autoridad legislativa –incluyendo el derecho de ratificar o vetar– así como la facultad de nombrar y remover a los miembros del gabinete interino.[7] Como era de suponerse la tragedia constitucional resultó ser mayúscula: el SCAF extendió la vigencia de la Ley de Emergencia estableciendo, el 12 de abril para ser precisos, nuevas restricciones a la libertad de reunión y huelga a través de “la penalización de los ataques sobre el derecho del trabajo y los servicios públicos” a través de Ley No. 34 que tipificó como delito las convocatorias a huelgas, así como cualquier otra manifestación capaz de obstaculizar las obras públicas (HRW, 2011: pp. 28-31).
Algo mucho peor ocurrió con la libertad de expresión e imprenta. Tanto el Código Penal como la Ley de Prensa contienen artículos que establecen prisión e indemnizaciones económicas por discursos considerados, bajo la absoluta discrecionalidad de las autoridades judiciales, como difamatorios o francamente ofensivos.[8] La Ley No. 117 del año de 1946, a su vez modificada por la Ley No. 311 de 1953, en su artículo 174 reconoce la pena de prisión por no menos de 5 años para todos aquellos que “inciten a la caída del gobierno de Egipto”. Estas disposiciones, que en la realidad de los hechos se traducen en “una criminalización radical del discurso político”, se han convertido en un mecanismo convenientemente selectivo puesto a favor de las autoridades políticas y judiciales de los militares (HRW, 2011: pp.16-23).[9]
Claramente, pese a las crecientes protestas y a pesar de la vulnerabilidad potencial que mostraron los gobernantes frente a la resistencia civil organizada, las cosas no han cambiado demasiado desde la caída del presidente Mubarak. El SCAF –órgano de gobierno resultado de una transición inconclusa– junto con el Parlamento electo, en una suerte de vis a vis que sugiere una accidentada diarquía, han suspendido toda alternativa de reforma: la Ley de Emergencia, los ordenamientos que permiten a la policía actuar con una latitud extraordinaria para disipar manifestantes e imponer el orden en las fronteras nacionales, el Código de Justicia Militar que impide la comparecencia de solados ante el fuero de lo civil, así como un marco normativo con mayores garantías frente al ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión –cambio jurídico esencial que sentaría las bases de un muy necesario pluralismo de partidos– no sólo han permanecido como reformas suspendidas por el Parlamento y el Consejo, sino por completo impedidas (HRW, 2012: pp. 3-5).[10]
Para el mes de noviembre de 2011, tras la renuncia del gobierno civil dirigida al SCAF, multitudes de manifestantes abarrotaron las calles en al menos ocho ciudades importantes protagonizando “la marcha de un millón de personas”. Por aquellos días ya nadie apelaba a la renuncia de Mubarak, hace meses que había caído; esta vez las consignas eran dirigidas a sus propios representantes concentrados en la Hermandad Musulmana, la única fuerza política con una estructura organizativa sólida capaz de capitalizar las protestas y saber montarse “en los vientos de cambio” como ninguna otra agrupación logró hacerlo por aquellos aciagos días (Meschoulam, 2011: 22/11).
El sentido de la paradoja era absoluto: pese a las protestas que desataron “un golpe de estado disfrazo de transición” que dio al traste con una dictadura soberana de casi tres décadas de persistencia (Meschoulam, 2011: 22/11); el marco jurídico sigue siendo incompatible con el disfrute de los derechos fundamentales consagrados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) –ambos estatutos ratificados por Egipto desde 1982– y por cualquier otro documento humanitario o asistencialista común al derecho público internacional (HRW, 2012: pp. 11-14).[11] El estado de emergencia se ha volcado en el único estado de derecho posible.
“Los conservadores de antes –se mantienen, sic.– luchando contra los conservadores de ahora. Muy abajo en las cuotas de poder, y aun manifestándose por no conseguir lo que buscan, están las juventudes liberales, las de las redes sociales, las del discurso de la primavera. Y claro, en medio de la revolución aplastada disfrazada de revolución exitosa, se encuentra el juicio de Mubarak como instrumento de marketing” (Meschoulam, 2012: 05/06).
Entre tanto las detenciones arbitrarias, la tortura en todas sus modalidades así como la violación abierta de derechos humanos avalados por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se han incrementado exponencialmente (HRW, 2011: pp. 88-86).[12] En definitiva, la segunda mitad del año 2012 ha presenciado el extravío final del discurso y las causas de la primavera árabe; Egipto representa hoy un caso tristemente paradigmático: la redacción de una nueva Constitución –con poderes casi absolutos para los militares– junto con la celebración de elecciones “democráticas” que consagran el aparente triunfo de un candidato islamista, en su conjunto constituyen una serie de acontecimientos incapaces de completar el cuadro de un rompecabezas todavía no resuelto.
Los islamistas, una coalición de intereses que en un principio se opusieron al discurso de la primavera, y que recientemente han concentrado los reclamos del pueblo egipcio a causa del magro papel que desempeñaron en el parlamento; tras el paso del tiempo se han convertido en la única fuerza política capaz de arrebatarles el control de las instituciones a los militares del régimen (Meschoulam, 2012: 19/06). A pesar de que se pronunciaron en contra de obtener la mayoría parlamentaria y la presidencia de Egipto; en diciembre de 2011 obtuvieron lo primero y este julio de 2012 lograron lo segundo:
“Antes de la primera vuelta electoral de mayo, todas las encuestas daban como certero triunfador a Amr Moussa, un exfuncionario y exdiplomático laico que había participado en el gobierno de Mubarak y con el que los militares se podían entender. Sin embargo, esa jornada electoral mostró que los Hermanos Musulmanes tienen mucha más capacidad de movilización y de maniobra de la que se pensaba y sorprendentemente ocuparon el primer sitio. Con este hecho, y la previsible victoria de su candidato en la segunda vuelta de este fin de semana, los militares comprendieron que su show se les estaba cayendo” (Meschoulam, 2012: 19/06).
Más pronto que perezosamente la vieja clase auspiciada por el régimen “aplicó reversa” revitalizando el golpe operado desde la caída de Mubarak. El 14 de junio pasado, a escasos dos días de las elecciones presidenciales, el SCAF disolvió el Parlamento en una medida lo suficientemente autoritaria como para quebrantar de raíz la creciente fuerza de los islamistas y mantener una aureola “democrática” que les permitiera cierto margen de maniobra; tras los comicios del 16 y 17 de junio Mohamed Morsi resultó electo presidente, el cargo no sería ratificado por el Consejo sino hasta las 3:00 pm –tiempo de Egipto– del día 24 de junio (Meschoulam, 2012: 26/06).
¿Cuál será el destino de esta singular primavera en aguas del Nilo? A pesar de un barniz edulcorado con un tono vagamente popular los militares siguen teniendo el control de la nación. Una vez más el Consejo aseguró que en menos de un mes cederán el poder al candidato civil electo; no obstante la alta clase política castrense, hipnotizada por los efectos de una larga dictadura, ha olvidado la cláusula de estabilidad interna de todo sistema presidencialista: el decretismo fulgurante del Ejecutivo, que en condiciones racionales vulnera el estado de derecho permitiendo prácticas de reproducción tiránicas o al menos arbitrarias, bajo un contexto de permanente emergencia –como el que Egipto atraviesa desde hace medio siglo– podría restaurar el Estado constitucional extinto. Al momento Mohamed Morsi ha desafiado la hegemonía del SCAF ordenado la inmediata reinstauración del parlamento; su triunfo sin duda esconde el contrapeso eficiente, y de naturaleza igualmente emergente, frente a la ilegalidad de las acciones militares impuestas.
A pesar de la verbena democrática quienes conocen el desarrollo político de Medio Oriente saben que el futuro de Egipto dista mucho de ser esperanzador. Si el triunfo de los islamistas se consolida en las próximas elecciones parlamentarias –convocadas por el presidente Morsi en un plazo no mayor de 60 días– y si realmente la redacción de una nueva Constitución ocurre a finales de 2012, los militares no necesariamente podrían perder la partida: el pacto entre la vieja cúpula castrense y la nueva oligarquía islamista aparece en el horizonte como el único recurso capaz de asegurar la persistencia, la estructura de privilegios y con ella la impunidad de los militares frente al sistema de arbitrariedades que ellos mismos han institucionalizado. Bajo este terrible escenario, el más probable entre todos los imaginables, en los próximos meses asistiremos a una suerte de remplazo en la estafeta que comanda la emergencia, sin que esto necesariamente se traduzca en una reforma de los ordenamientos y procedimientos que hoy en día amparan la violación sistemática de derechos y garantías de la población civil.
Egipto emite destellos contrastantes. La danza de los sufragios islamistas continúa sin que los militares quiten sus ojos del fusil y la tanqueta; mientras que al otro extremo las protestas se revitalizan bajo esperanzas libertarias, abarrotando indignadas y esperanzadas las plazas públicas, justo como el primer día de esta frustrada primavera.
*Fragmento tomado de: Huerta Cuevas, Enrique, “La primavera árabe y las formas elementales de la protesta”, en Claudia Ocman Azueta y Blanca Yaquelín Zenteno Trejo (editoras), Escenarios de la construcción política y normativa. Migración, medio ambiente y movimientos sociales, tomo I, México, Gernika, 2013, pp. 173-192.
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Tocqueville, Alexis de (2006). El antiguo régimen y la revolución, México, Fondo de Cultura Económica.
[1] En su acepción política el concepto de revolución implica un proceso escindido entre el movimiento y el mutamento. En un principio se trata de una reforma intensiva capaz de generar nuevos órdenes involucrando la restauración sustantiva de las instituciones “del buen gobierno”, acompañada de una circulación significativa de las élites en el poder; no obstante, en una segunda instancia, ese proceso vuelca en una dinámica pretoriana permeada por una serie de continuidades y rupturas ampliamente selectivas con respecto al orden político precedente, cuyo sentido consiste en el perfeccionamiento de una obra que precede al estallido de la violencia armada: la centralización. Históricamente los pretorianos eran los miembros de la guardia de corps de los emperadores romanos. El término “pretoriano” alude a un sistema o una forma de organización política con baja capacidad para concentrar el poder o expandirlo; este tipo de ordenamiento involucra una serie de mecanismos de violencia expresa acompañados por intereses fraccionarios capaces, entre otras cosas, de reconfigurar “costes de transacción” a partir de un equilibrio fluctuante entre el orden y la contingencia dónde la mecánica de los incentivos está pre-dada por la participación intensiva de las fuerzas armadas en política. Véase Arendt (2006: p. 55-57); Bobbio (1999: pp. 564-582); Huntington (1997: pp. 81 y 177-194); Marx (2003: p. 57); Tocqueville (2005: pp. 124-141 y 320).
[2] Durante medio siglo la Ley de Emergencia ha permitido al régimen prohibir las reuniones públicas y detener personas sin cargos indefinidamente, sujetos a revisiones judiciales y acusaciones que no atienden el debido proceso, sin derecho de apelación y basados en confesiones obtenidas bajo tortura; además “la norma fundamental” ha hecho factible la disposición de civiles frente a tribunales militares que tampoco cumplen con estándares internacionales sobre los juicios justos (HRW, 2012: pp. 11-14).
[3] Meses después, en una regresión excepcional al derecho de libertad de asociación y reunión, el gabinete egipcio y el SCAF (Supremo Consejo de las Fuerzas Armadas) ratificaron la Ley No. 34 que prevé penas de prisión y multas “de no menos de 20 y no más de 50 mil libras egipcias” para todos aquellos que participen en manifestaciones o huelgas que tengan por objeto el impedimento o la obstrucción de las instituciones del Estado o autoridades públicas (HRW, 2012: pp. 39-45).
[4] Para octubre de 2010 la censura no sólo se había apoderado de las principales cadenas de radio y televisión, también de las tecnologías satelitales. El Ministerio Nacional de Telecomunicaciones decretó nuevos requisitos para la mensajería por celular que debían cubrir los subscriptores, previa autorización del Departamento de Información y Prensa. Las medidas tenían por objeto minar la organización de grupos de activistas para entonces ya concentrados en la Asociación Nacional para el Cambio, la Campaña de Apoyo a Mohamed El Baradei, así como en la temida Hermandad Musulmana tanto como en el movimiento 6 de abril (HRW, 2011: pp. 21-29).
[5] La Ley de Policía otorga facultades amplias a funcionarios del Ministerio del Interior. El artículo 102 de la Ley No. 1971 establece lo siguiente: “los agentes podrán utilizar la fuerza necesaria para desempeñar sus funciones si se trata de los medios a su alcance”. La palabra “medios” se refiere a armas de fuego de alcance largo que pueden ser utilizadas discrecionalmente contra individuos aislados, grupos o incluso grandes multitudes (HRW, 2011: pp. 20-22).
[6] Una transición implica un intervalo entre un régimen político y otro. “Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno de algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria”. Lo característico de esta suerte de intervalo, en cualquiera de los casos anteriores, es que el transcurso no supone la definición de las nuevas reglas del juego político (O’Donnell & Schmitter, 1994: p. 19).
[7] El trabajo legislativo del SCAF no ha sido menor. En marzo de 2011 modificó la Ley No. 40 sobre el sistema de partidos con el fin de permitir nuevas asociaciones políticas y organizaciones; así como la Ley No. 73 sobre derecho político con el objeto de restringir los requisitos de elegibilidad de los ciudadanos; también se reformó el Código Penal con el fin de tipifica el vandalismo. Otras modificaciones ocurrieron en la Ley de la Asamblea Popular así como en la Ley del Consejo Shura (HRW, 2012, pp. 3-6).
[8] El artículo 98 del Código Penal establece sanciones para el discurso político que van más allá de lo que es legítimo para el derecho internacional: criminalizan expresiones políticas si éstas son críticas, si tratan de cambiar el orden político, económico o social, además de sancionar abiertamente el llamado o la incitación al uso de la violencia (HRW, 2012: pp. 16-23).
[9] En cuanto a la relación “libertad de expresión” versus “libertad de religión” el mismo artículo 98, inciso f del Código Penal tipifica como delito el uso de la religión “para promover o defender ideologías extremistas con miras a suscitar sedición” (HRW, 2012: pp. 26-28).
[10] Parte del letargo legislativo se explica por la composición del parlamento: los islamistas, en una pluralidad de expresiones políticas, controlan dos terceras partes del recinto; en tanto que los miembros del Partido de la Hermandad Musulmana, fracción de posturas moderadas e incluso abierta a negociar con EEUU, cuenta con una tenue mayoría de asientos (Meschoulam, 2012: 25/1).
[11] Hasta el momento se han registrado más de 4 580 quejas anuales –según reportes oficiales del Consejo Nacional de Derechos Humanos– con una tasa de impunidad, que en virtud de las múltiples vaguedades inherentes al Código Penal vigente, se ha vuelto incalculable (HRW, 2011: pp.16-21).
[12] El Código Penal reconoce la tortura como delito en su artículo 126. Sin embargo la definición de tortura está muy por debajo de la norma internacional: “el servidor o funcionario público que ordenare, o participara en la tortura de un acusado con el fin de inducirlo a que haga una confesión será castigado con pena de prisión, con trabajos forzados, o con una pena de 3 a 10 años de prisión. Si la víctima muere la pena será prescrita por asesinato premeditado, contemplado por el artículo 135”. Desde luego esta definición excluye los elementos contemplados en el artículo primero de la Convención Internacional contra la Tortura, además de obviar los casos de abuso mental o psicológico, así como la tortura que se comete contra alguien que no sea “un acusado” como los testigos potenciales (HRW, 2011: pp. 46-49).
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septiembre 2, 2012 · 8:18 pm
LOS AYUNTAMIENTOS Y LA RECONFIGURACIÓN DEL ESPACIO POSTCOLONIAL EN MÉXICO, 1808-1824
El secuestro de Fernando VII y la imposición de Pepe Botella respaldada por Napoleón en 1808 desataron la revolución liberal en España cuyos efectos, al cruzar el atlántico, fueron conocidos con el nombre de revolución hispánica. Toda esta coyuntura histórica, tanto en la península como en los territorios de ultramar, se sintetizaba en una pregunta plagada del espíritu de la ilustración: “¿en quién recaía la soberanía?” Después de haber llamado a Cortes la respuesta claramente fue emitida: en la representación territorial de los pueblos asentados a lo largo y ancho del Imperio.[1]
Para el caso mexicano el orden político gaditano institucionalizaba lo que de facto existía trescientos años atrás. La dominación española fue resultado de “un pacto informal” en el que la Corona delegó a los beneméritos una parte sustantiva de las potestades locales a cambio del ejercicio pleno del poder central; de este modo la centralización en la Nueva España existía, pero de manera selectiva con respecto a un inmenso mar de autonomías, inscritas en espacios novohispanos que se encontraban coordinados más no jerarquizados.[2] Ahí estaba el gran reto de Cádiz: establecerse como un parlamento imperial que debía estratificar los espacios quebrantando las estructuras de poder tradicionales que las reformas borbónicas no habían logrado del todo mitigar. Para tal efecto, y siguiendo la lógica de “los cuerpos intermedios”, los constituyentes de 1812 encomendaron a la diputación provincial dos tareas a la postre altamente tensionadas: a) en la forma desempeñarse como una institución bisagra entre los intereses del centro político colonial con respecto a los detentados por las periferias; b) en la función vigilar y perpetuar el ejercicio constitucional de los ayuntamientos.[3]
Evidentemente los movimientos pro-independentistas reconfiguraron la puesta en práctica de estas dos facultades. Desde el punto de vista de las élites novohispanas la independencia representaba un escaparate ante el peso de los impuestos coloniales; mientras que para los ayuntamientos la insurgencia significaba una oportunidad rentable para combatir el centralismo y afianzar la soberanía de los pueblos a partir de esquemas de recaudación indirectos.[4] Bajo este supuesto quedó suscrito un sistema de relaciones entre diputaciones y ayuntamientos motivado por una vecindad centrípeta, dependiente de la especificidad de cada espacio geohistórico mexicano, producto de una realidad imposible de ser objetivada a tabula rasa.[5]
A principios de la segunda década del siglo XIX la Nueva España resguardaba un total de 630 ayuntamientos; tan sólo en Oaxaca en 1812 subsistían 90 repúblicas de indios que para 1821 quedaron parcialmente comprendidas en los 200 ayuntamientos.[6] En 1803 en la intendencia de México había 1 245 repúblicas y 45 alcaldías mayores; para 1821 se contarían 202 ayuntamientos constitucionales habiéndose perdido un gran número de gobiernos indígenas.[7] Yucatán no fue la excepción a la regla, entre 1814 y el año de la consumación de la independencia cientos de repúblicas perecieron, al tiempo que se pasó de 108 a 178 cabildos.[8] En Tlaxcala la abolición de ayuntamientos exclusivamente indígenas abrió las puertas a una amplia gama de cabeceras que se declararon independientes de la capital; finalmente para 1822 se reconocieron 42 ayuntamientos.[9] Esta situación contrastó ampliamente con los casos de Guanajuato y San Luis, regiones de menor concentración indígena que entre 1820 y 1822 crearon 22 y 52 ayuntamientos respectivamente.[10]
Desde luego detrás de la multiplicación de los espacios existía una mecánica de incentivos redituable para criollos y mestizos, pero profundamente desfavorable para los pueblos indígenas en los espacios dónde éstos no eran mayoría, o simplemente estaban dispersos geográfica, lingüística o étnicamente. La desaparición progresiva de las repúblicas de indios, en aras de la igualdad jurídica y de la modernidad, no sólo implicó el detrimento de sus usos y costumbres sino la imposibilidad de controlar de manera directa sus recursos públicos; por otra parte donde los indígenas no eran fusionados con las élites criollas y mestizas, los ayuntamientos más que “una comunidad jerárquica de sujetos colectivos” eran la piedra de toque entre una tradición corporativa propia del antiguo régimen y, en última instancia, representaban “una soberanía compartida” producto de una revolución tan liberal como distante.[11]
Sin embargo durante el primer periodo gaditano (1812-1814) los ayuntamientos, al tiempo que se hicieron promotores del sufragio en los territorios de sus provincias, reforzaban sus atribuciones gubernamentales, jurisdiccionales y fiscales.[12] De igual manera, y una vez más de manera profundamente diferenciada a lo largo de la Nueva España, se convirtieron en los mediadores por excelencia entre los sistemas de recaudación centrales y provinciales y los contribuyentes locales.[13] Bajo las labores de un estricto co-gobierno los cabildos se erigieron como maquinarias de ejercicio continuo de instrucciones desde el momento en que fueron capaces de encomendar a sus diputaciones la resolución de problemas múltiples; tales como la tenencia de la tierra, la regulación y disminución de los derechos eclesiásticos, usos de bosques, pastos y aguas, cuestiones limítrofes así como étnico-identitarias.[14]
No obstante el retorno de Fernando VII al trono español puso punto final a la pregunta ilustrada; hecho que de ningún modo interrumpió la reconfiguración de los espacios de representación novohispana. La abolición de la Constitución de Cádiz y la restauración de los viejos órdenes, subdelegaciones e intendencias, intensificaron una serie de resistencias locales que allanaron en favor del separatismo. Para 1820, tras el regreso del documento gaditano, los ayuntamientos reinstaurados emergieron como “los agentes principales”, como los detentadores reales de poder entre un conjunto de diputaciones provinciales erigidas a la manera de cuerpos independientes del poder central y con dominio absoluto sobre sus propios asuntos.[15] En esencia estas fueron las variables de orden de la “revolución territorial”, una suerte de reivindicación popular del principio autonomista aparejada al crecimiento exponencial de los espacios de contención y asociación política de diputaciones y cabildos.[16]
Por otra parte durante el segundo periodo gaditano (1820-1822) las diputaciones se adhirieron al Plan de Iguala y Casa Mata rompiendo de manera definitiva con los últimos resquicios del orden colonial; hecho que fortaleció la esfera de influencia de las diputaciones al grado de posicionarlas en condiciones de ventaja ante las figuras de los jefes políticos tradicionales. A partir de entonces empezaron a ser consideradas como un “supremo gobierno”; responsables del control de la hacienda pública, de organizar a las tropas y la milicia impulsando “un federalismo sui generis” con el objetivo de afianzar su control sobre una serie de contribuciones fiscales y administrativas originalmente depositadas en los ayuntamientos.[17]
El empoderamiento de las diputaciones no significó un detrimento de la figura de los ayuntamientos; no obstante implicó la emergencia de un dilema que dominaría el resto del siglo XIX mexicano: “¿federalismo de estados o de municipios?”[18] En el fondo esa disyuntiva encubrió una lógica de recaudación descentralizada que al interior de las entidades debía convertirse en “captación centralizada”, capaz solventar el gasto público y de aminorar el déficit presupuestario generado por una multiplicidad exorbitante de municipios; por cierto ese fue el problema recurrente cada vez que se discutió sobre las formas de gobierno en el México independiente.
Claramente la “revolución territorial” del periodo gaditano no tardó en cobrar su factura. Para los tiempos de nuestro primer Constituyente (1823-1824) la reconfiguración del espacio estaba lejos de haber terminado: caso emblemático fue la creación del Distrito Federal producto de una escisión largamente impugnada por el estado de México; el 18 de noviembre de 1824 sería la federación quién terminaría cobrando las jugosas rentas de la ciudad de México. Mucho más complejo fue el asunto del ayuntamiento de Huejutla que el 10 de junio de 1823 convocó a los demás ayuntamientos de la Huasteca, San Luis, Puebla, México, Nuevo Santander y Veracruz para formar una nueva provincia de mayoría indígena, y aunque al final se impuso el control de la diputación de San Luis, el conflicto devendría en largas discusiones sobre el control de los estancos y los impuestos del tabaco que llegarían a la etapa federal. Casi bajo esa misma tónica, el 15 de enero de 1824 el ayuntamiento de Huamantla dirigió una representación al Congreso respaldada por cinco cabildos a favor de la unión de Tlaxcala al estado de Puebla; el 24 de noviembre los diputados tomaron una decisión salomónica y la declararon territorio.[19]
No sería una exageración argumentar que en este país los municipios nacieron antes que la República, y lo hicieron bajo el sendero de una monarquía moderada cuya ancla de legitimidad durante mucho tiempo sería el Plan de Iguala.[20] El antiguo eje gaditano “vecindad-ciudadanía”, encaminado a limar las asperezas sostenidas entre las autoridades y las soberanías de los pueblos, a partir del gobierno de Guadalupe Victoria estaría sujeto a los equilibrios de un sufragio predominantemente indirecto y altamente diferenciado; su punto de partida de nueva cuenta serían los municipios, pero esta vez comprendidos como bisagras de un nuevo orden, como el contrapeso territorial entre los gobernadores, el gobierno central y las legislaturas locales, con el claro objetivo de limitar el área de influencia militar y fiscal de la federación en los estados.[21]
Claramente esta compleja red de distensiones entre poderes y equilibrios de prominencia fraguó hondas raíces a lo largo del siglo XIX mexicano, al grado de que una vez agotado el “confederalismo” tanto como el “unitarismo”, el diseño federal de la segunda mitad del siglo XIX todavía sujetaría los términos de su gobernabilidad a “una relación contractual, pactista, entre estado y pueblos” en la que los ayuntamientos electivos cobrarían poderes jurisdiccionales autónomos, dándole por primera vez a la ciudadanía cierta dimensión de autogobierno localista.[22] Desde entonces a la fecha ahí ha radicado la legitimidad del municipio en México.
*Artículo originalmente publicado en: Alcaldes de México, Número 3, Septiembre-Octubre, México, 2009.
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[1] Por territorio no puede entenderse “un simple agregado de comunidades ni una construcción artificial a partir de la geografía, sino más bien la resultante de la tensión entre comunidad y autoridad”. A partir de esa tensión emerge el espacio postcolonial que es al mismo tiempo geografía, política, sociedad y cultura. Marcello Carmagnani, “Del territorio a la región. Líneas de un proceso en la primera mitad del siglo XIX”, en Alicia Hernández Chávez, Manuel Miño Grijalva (coordinadores), Cincuenta años de historia en México, volumen II, México, El Colegio de México, 1993, p. 231.
[2] Marcello Carmagnani, “Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los espacios políticos en México, 1750-1850” en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 42-46.
[3] Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo en México, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995. pp. 108-121.
[4] Antonio Annino,“Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 221. Brian, R., Hamnett, “Fraccionalismo, constitución y poder personal en la política mexicana, 1821-1854: un ensayo interpretativo”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), La fundación del Estado mexicano, 1821-1855, México, Nueva Imagen, 2004, pp. 86-88.
[5] Antonio Annino, “El Jano bifronte: los pueblos y los orígenes del liberalismo en México”, en Leticia Reina, Elisa Servín (coordinadoras), Crisis, reforma y revolución. México: historias de fin de siglo, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Taurus, 2002, p. 221. Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 225-226.
[6] Annino, “Cádiz”, 1995, pp. 203-215.
[7] María del Carmen Salinas Sandoval, “Del imperio al federalismo: Estado de México, 1823-1827”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 468.
[8] Marco Bellingeri, “Las ambigüedades del voto en Yucatán: representación y gobierno en una formación interétnica, 1812-1829”, en Antonio Annino (coordinador), Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 267.
[9] Raymond Buve, “Una historia particular: Tlaxcala en el proceso del establecimiento de la primera república federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, pp. 533-540.
[10] José Serrano Ortega, “Federalismo y anarquía, municipalismo y autonomía: Guanajuato, 1820-1826”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 276. María Isabel Monroy Castillo, Tomás Calvillo Unna, “Las apuestas de una región: San Luis Potosí y la República Federal”, en Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora), El establecimiento del federalismo en México, 1821-1827, México, El Colegio de México, 2003, p. 328.
[11] Antonio Annino, “Prácticas criollas y liberalismo en la crisis del espacio urbano colonial”, en Enrique Montalvo Ortega (coordinador), El águila bifronte: poder y liberalismo en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 31.
[12] Bellingeri, “Ambigüedades”, 1995, p. 260.
[13] Serrano, “Federalismo”, 2003, p. 276.
[14] Monroy Castillo, Calvillo Unna, “Apuestas”, 2003, p. 325.
[15] Benson, Diputación, 1995, p. 24. Carmagnani, “Territorio”, 1993, p. 230.
[16] Annino, “Cádiz”, 1995, pp. 177-181.
[17] Serrano, “Federalismo”, 2003, pp. 265-267 y 274-276.
[18] Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 225-226.
[19] Buve, “Historia”, 2003, p. 546. Monroy Castillo, Calvillo Unna, “Apuestas”, 2003, p. 342. Salinas Sandoval, “Imperio”, 2003, pp. 462-463.
[20] Annino, “Jano”, 2002, pp. 243-244.
[21] Escribo “sufragio predominantemente indirecto y altamente diferenciado” pues en algunos estados se ejercía el voto popular directo (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa), que coexistía con el sufragio indirecto en primer grado (Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis), así como con el voto mixto (Agusacalientes, México y Campeche). Carmagnani, “Territorio”, 1993, pp. 232-236.
[22] Annino, “Cádiz”, 1995, p. 225; “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los orígenes de un dilema”, en Hilda Sabato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 72.
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