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Timestamp: 2013-12-10 22:42:39+00:00

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UNA REFLEXION Y COMPROMISO ANTE LA NACION DOMINICANA
Octubre, 25 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
--Palabras de Guillermo Moreno el viernes 25 de octubre a la conclusión del ayuno público de reflexión en la parroquia de Cristo Rey--El pasado miércoles inicié un ayuno público de reflexión en esta parroquia Cristo Rey que me acogió con amor y solidaridad. Infinitas gracias por el apoyo recibido. Les confieso que los días que he permanecido aquí han renovado mi espiritualidad, mi fe, mis convicciones y determinación. Por eso, al concluir el ayuno me siento con la fortaleza interna para desde esta humilde comunidad hacer un balance de las actuaciones públicas emprendidas en los últimos meses y sobre las serias amenazas que enfrenta la República.
Una experiencia aleccionadora El pasado viernes 18 del mes en curso, como es conocido por todos, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, por voto mayoritario, declaró inadmisible el recurso de casación que interpusimos en ocasión de la querella contra Leonel Fernández y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode). Como se recordará, fue el 24 de enero del año en curso que, en nuestra condición de ciudadano y en cumplimiento de nuestras responsabilidades y deberes, nos presentamos en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional e interpusimos la referida querella. Los hechos, sobradamente documentados, daban cuenta de que -usando como pantalla a Funglode- el expresidente de la República había incurrido en la comisión de una serie de infracciones entre las que destacan lavado de activos, prevaricación, perjurio y otros actos de corrupción perpetrados mientras era titular del Poder Ejecutivo. Cuatro meses después, el 24 de mayo de 2013, en un dictamen insólito, la Fiscalía del Distrito Nacional decidió el archivo definitivo de la querella. Esta decisión se tomó a contrapelo de las pruebas, ofertas de testimonios y proposiciones de diligencias de investigación que le fueron aportados y solicitados a la titular. Peor aún, en desconocimiento de las obligaciones que la ley impone al Ministerio Público, se tomó la decisión de archivo sin realizar la más mínima investigación de los graves hechos narrados y documentados en la querella. Procedimos entonces, como era nuestra obligación a someter el caso a la evaluación judicial. El Juez de la Instrucción entendió que las narradas en la querella eran conductas “desvaloradas socialmente” pero que no se configuraba una infracción penal. Habiendo llegado el caso a la Corte de Apelación se cuestionó por la vía legal, a través de una recusación, la imparcialidad de dos de los jueces que componían la Corte para conocer el caso. Sin embargo la Corte de Apelación decidió el recurso en Cámara de Consejo, sin una audiencia pública, por encima del contundente cuestionamiento recibido en torno a su independencia e imparcialidad. Finalmente la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, decide declarar inadmisible el recurso de casación del cual le habíamos apoderado, sin previamente excluir a dos magistrados con vinculación directa con el imputado Leonel Fernández. Nos referimos a los Doctores Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra, quienes además de ser miembros del partido oficial, desempeñaron funciones públicas de la mano de Leonel Fernández cuando éste encabezaba el Poder Ejecutivo. Lo verdaderamente inadmisible en una sociedad democrática es que el Ministerio Público y los jueces no se hayan atrevido a cumplir con el deber y las obligaciones que le imponen la constitución y las leyes que gobiernan sus actuaciones. Lo inadmisible es que haya ciudadanos que con la complicidad del Ministerio Público y de jueces, prevaliéndose de su condición y poder se le permita colocarse por encima de la ley. Sin embargo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia puso de manifiesto que a pesar de del proceso amañado que caracterizó la escogencia de los jueces de las altas cortes, aún hay jueces que no se arrodillan ante el poder y que tienen el coraje de abrazar la ley. Y hacemos esta afirmación porque la decisión sobre el recurso de casación contó con el voto disidente de la Presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la Magistrada Miriam Germán, quien, refiriéndose a la decisión de declarar inadmisible el recurso de casación expresó que “en el presente caso creo que debió admitirse, por tanto, con todo respeto disiento de la decisión de mis pares”; Más adelante, refiriéndose al irresponsable dictamen de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Lic. Jenny Berenice Reynoso, consideró que: “previo a decidir sobre si se archiva o no, la Procuradora Fiscal, debió interrogar a las personas que supuestamente hicieron donaciones, esta era una actividad necesaria para el esclarecimiento de lo que argüía el querellante, era pues deber de la Fiscalía indagar las vertientes más directas de lo que afirmaban los querellantes.” (Resaltado nuestro). Y más adelante expresa, refiriéndose a la decisión de rechazar nuestra recusación de los jueces de la Corte de Apelación lo siguiente: “En esa tesitura, los recusantes vieron declaradas sin objeto sus pretensiones, por algo que no solo ellos desconocían, sino todas las personas; en esa situación entiendo que los méritos de la recusación debieron ser ponderados y respondidos adecuadamente por los recusados.” (Resaltado nuestro). Esa sola jueza, la Magistrada Miriam Germán, en unos cuantos párrafos, sintetizó el carácter, la dignidad y la independencia que debe caracterizar a todo juez en una democracia. Así las cosas, procesalmente hablando se cierra una etapa en la cual Leonel Fernández encontró la protección de fiscales y jueces que declinando sus responsabilidades y competencias evadieron conscientemente investigarle y juzgarle por los graves actos de corrupción cometidos mientras fue titular del Poder Ejecutivo. Con su conducta consciente en favor de la impunidad, la fiscal del Distrito Nacional y los jueces que han avalado el archivo de la querella han cometido prevaricación. A la ciudadanía que tome nota. El ciclo judicial de la querella se ha cerrado de momento. Pero conviene que la sociedad dominicana reflexione a profundidad sobre las implicaciones que esto tiene para el presente y el futuro de la democracia dominicana y sus instituciones. ¿A dónde va una sociedad donde el aparato judicial está bajo el control de un grupo político y protege con un manto de impunidad a los altos funcionarios del Estado? ¿No es a ellos a quienes la sociedad debe exigirles los más altos niveles de respeto por las instituciones dadas sus responsabilidades en la conducción de la cosa pública? Un Poder Judicial sin Independencia Hoy queda evidenciado que el más nocivo resultado de la reforma constitucional del año 2010 es haber configurado un marco institucional proclive a la concentración absoluta del poder. Una muestra palpable de ello la encontramos en el control que de ella tiene un grupo político del partido gobernante.La recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura incorporando al mismo al Procurador General de la República permitió un control absoluto de ese órgano y, por tanto de sus decisiones en la conformación de instancias tan sensibles como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.Los hechos han hablado por sí solos. En el país tenemos un aparato de justicia ordinaria, de justicia electoral y de justicia constitucional bajo control de una cúpula partidaria. Este nivel de control hace imposible la independencia funcional de esos órganos tan relevantes en una democracia e impiden la existencia de un mínimo de seguridad jurídica. Las decisiones emitidas por estos órganos están motivadas, más que en la intención de cumplir la ley, en el interés de sus miembros por satisfacer los intereses de cada momento del grupo político que les eligió para el cargo. Es una verdad sabida desde siempre: Para que haya respeto al Estado de derecho en una democracia funcional se precisa de jueces honestos e independientes. Cuando se produce lo contrario entonces no hay respeto de los derechos o de las reglas establecidas en la ley. La ausencia de un aparato judicial independiente abona el caos y la desconfianza ciudadana en las instituciones y contribuye al irrespeto generalizado de la ley. Ese es proceso que estamos viviendo en la República Dominicana. Una justicia que paga con las decisiones de sus órganos los favores recibidos por sus integrantes es en realidad un simulacro de justicia. Cuando el interés de un pequeño grupo de poder se pone por encima del interés de la sociedad, y la justicia lo avala, entonces es cuestión de tiempo que todo el sistema institucional colapse. Poderes Públicos al margen de la LeyLo que sucede con la justicia es solo una muestra del nivel de descalabro del sistema institucional en la República Dominicana. En el país tenemos un Congreso Nacional que lejos de legislar en beneficio del interés general, sus miembros lo hacen para auto asignarse “Barrilitos” y “Cofrecitos”, exoneraciones y otros privilegios para la promoción de sus aspiraciones y proyectos personales contrariando la Constitución, las leyes, así como los más elementales preceptos de moralidad pública.Ese congreso, declinando las obligaciones que le impone la Constitución, no ejerce las facultades de control y fiscalización política. Ese cuerpo legislativo ha sido incluso incapaz de interpelar a directores de instituciones que en violación de la ley han realizado declaraciones patrimoniales falsas e incompletas; sin leer han aprobado contratos onerosos que enajenan el patrimonio nacional para beneficiar a la pequeña élite que dirige al partido de gobierno; ese es un Congreso que no se compadece con las exigencias de una sociedad democrática y organizada y por tanto no representa ni el interés de las comunidades ni de la ciudadanía que los eligió. Podemos afirmar que en el país se ha instalado un aparato institucional que funciona al margen de la ley, pero a pesar de su poder y de la impunidad, no podemos desmayar en exigir por todos los medios el respeto de la legalidad. Un Partido-EstadoLa República se encuentra bajo el dominio de un Partido-Estado que ha sometido los intereses generales de la sociedad y las decisiones públicas al interés en cada momento de la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido dirige el Estado desde su comité político y en función de los intereses de sus miembros. Ese partido se vale de cualquier medio para convertir sus candidatos en representantes en los poderes públicos. Controla el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, las altas cortes y sus órganos derivados. Las decisiones de las políticas públicas y de los grandes y medianos proyectos de inversión siempre están condicionadas a beneficiar al ministro o un alto miembro del partido o al empresario que hizo aportes en la campaña. La administración pública está hipertrofiada de “nominillas CB”, para beneficiar a compañeros del partido que reciben un salario sin trabajar. Hoy día ese partido, su cúpula dirigencial cuenta con los recursos económicos, el control de los poderes del Estado y la falta de escrúpulos y principios para pretender imponerse por cualquier medio en los procesos electorales. Y lo peor aún. Ese Partido-Estado en que se ha convertido el Partido de la Liberación Dominicana encarna un proyecto de poder cuyas características centrales son el culto a la personalidad, los elevadísimos niveles de concentración de poder, el hermetismo, la falta de transparencia y la disfuncionalidad de todos los mecanismos de control y fiscalización del Estado; la corrupción y la impunidad; la quiebra de nuestro aparato productivo y la pérdida de la soberanía alimentaria por la influencia de políticas neoliberales; la profundización de la pobreza, la marginalidad y la inseguridad; un precario estado de derechos; la entrega de nuestros recursos naturales a precio de vaca muerta y el deterioro progresivo del medio ambiente, entre otros. Dar un paso al frente por el PaísLa perturbadora realidad que acabo de describir y los peligros que su prolongación supone para el presente y el futuro de la república y de la democracia, nos plantea que es un imperativo de los hombres y mujeres de este país ponerle fin a la continuidad de los gobiernos del PLD en el control del Estado. Por eso, y así lo comunicamos a la nación dominicana, tenemos la determinación inquebrantable de trabajar sin descanso por el cambio político para producir el cambio de rumbo en el actual estado de cosas. El compromiso que hoy proclamamos va más allá de producir el cambio de un partido por otro o de un gobierno por otro. Nuestro compromiso es por un cambio de rumbo en el actual estado de cosas, para profundizar la democracia, impulsar el desarrollo productivo, garantizar la justicia social, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental; para defender nuestros recursos naturales y la soberanía e independencia nacionales. Para avanzar en esos altos propósitos asumo el compromiso de trabajar para contribuir a abrir causes que permitan avanzar hacia la unidad de todos los sectores de la nación que se identifican con la necesidad de producir un cambio político para producir el cambio de rumbo. Por eso y consciente de la seria amenaza que se cierne sobre la República y sobre todos nosotros, asumo el compromiso de tocar las puertas y producir los encuentros que sean precisos con el propósito de aunar, en un solo haz, la mayor cantidad posible de voluntades democráticas y progresistas, hoy dispersas. La patria requiere hoy de un liderazgo político y social honesto, con compromiso social, de convicciones democráticas, capaz y lleno de patriotismo. En concreto, estaremos propiciando mesas de diálogo y de convergencia que fomenten la confianza y el entendimiento político que nos permita avanzar hacia la constitución de un Polo Político que vaya ejerciendo una oposición crítica, firme, responsable y propositiva, que oportunamente pueda expresarse en una propuesta electoral. Al concluir estos días de ayuno, silencio y reflexión, hago un llamado a toda la sociedad dominicana comprometida con la democracia y con la necesidad de tener un Estado puesto al servicio de su gente, a dar un paso al frente por el país. Me dirijo a los dominicanos/as que aspiran a vivir en un país con un gobierno honesto, donde los recursos públicos no sean distraídos, y si lo fueran, que los culpables reciban la sanción que corresponda, a dar un paso al frente por el país. Desde esta humilde Parroquia sembrada en el Corazón de Cristo Rey, me dirijo a los productores del campo sin incentivos para echar adelante sus proyectos agrícolas; a los jóvenes sin la oportunidad de una profesión o de un empleo decente; a las organizaciones sociales; a las distintas confesiones religiosas; a las organizaciones de mujeres; a los sectores medios, a que todos y todas demos un paso al frente por el país. Juntos podemos y solo juntos podemos cambiar este estado de cosas que padecemos.Me dirijo en fin a toda la sociedad dominicana y les digo: Es necesario romper la inercia, abandonar el conformismo y dar un paso al frente; pongámonos todos en movimiento para alcanzar la necesaria unidad de la nación; para hacer renacer la esperanza; para que en la patria forjada por Juan Pablo Duarte y los trinitarios haya UN NUEVO COMIENZO de democracia, justicia social, prosperidad y soberanía. Guillermo MorenoViernes 25 de octubre de 2013Parroquia Cristo Rey, Cristo Rey, Santo Domingo, D.N., R.D.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, concluyó este viernes el ayuno público de reflexión que efectuó en la parroquia Cristo Rey, y anunció que trabajará por la construcción de una alternativa política en base a la unidad de todos los sectores que aspiran a un cambio.
Moreno decidió hacer el ayuno de reflexión luego de la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, de declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el archivo de la querella contra Leonel Fernández.Moreno, que llevaba dos días sin comer ni hablar, manifestó que tras concluir el ayuno se siente con mayor fortaleza interna para hacer un balance de las actuaciones emprendidas en los últimos meses y sobre las serias amenazas que tiene por delante la República.“Nuestro compromiso es producir un cambio de rumbo del actual estado de cosas, para profundizar la democracia, impulsar el desarrollo productivo, garantizar la justicia social, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental; para defender nuestros recursos naturales y soberanía e independencia nacional”, subrayó.También, hizo un resumen de los pasos consumados antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia. “Fue el 24 de enero del año en curso que interpusimos la querella, contra lo hechos documentados que daban cuenta como el ex presidente Fernández usó como pantalla a FUNGLODE e incurrió en lavado de activos, prevaricación, perjurio y otros actos de corrupción”, señaló.Además, resaltó que cuatro meses después la fiscalía del Distrito Nacional decidió el archivo definitivo de la querella, lo que hizo procedieran a someter a la Corte de Apelación luego recusando la imparcialidad de dos de sus jueces.Posteriormente la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce el recurso de casación declarándolo inadmisible el 18 del mes en curso, por voto mayoritario.“Sin embargo, está decisión contó con el voto disidente de la magistrada Miriam Brito, quien consideró que previo a decidir sobre si archiva o no, la Procuradora Fiscal, debió interrogar a las personas que supuestamente hicieron donaciones”, dijo Moreno.Indicó que el ciclo judicial se ha cerrado de momento, pero conviene que la sociedad dominicana reflexione a profundidad sobre las implicaciones que esto tiene para el futuro de la democracia dominicana y sus instituciones.“Leonel pudo ser judicialmente calificado como propiciador de indelicadezas y sin embargo, encontró la protección de fiscales y jueces que declinando sus responsabilidades y competencias evadieron investigarle y juzgarle”, apuntó.Expresó que trabajará para abrir una cauce que permita producir la unidad de todos los sectores de la nación que se identifican con la necesidad de producir un cambio.
Octubre, 25 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas , Invitaciones/Convocatorias
Acompañado de decenas de militantes de esa organización política, ofreció la mañana de hoy una rueda de prensa donde mostró su indignación ante la ratificación por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del archivo definitivo por alegada corrupción y lavado de activos en contra del ex presidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)."La Suprema Corte de Justicia conoce del recurso de casación del cual apoderamos y decide sin excluir a dos a dos de los magistrados con vinculación directa con el imputado Leonel Fernández. Nos referimos a los magistrados Frank Euclides Soto y Alejandro Moscoso Segarra, quienes además de ser miembros del partido oficial, desempeñaron funciones públicas de la mano de Leonel Fernández cuando encabezaba el Poder Ejecutivo", manifestó Moreno, quien fue interrumpido en varias ocasiones por prolongados aplausos de los asistentes.No obstante, resaltó que el voto disidente de la jueza Miriam German hizo la diferencia, porque -dijo- su postura demostró que aún existen jueces que no se arrodillan ante el poder y tienen el coraje de abrazar la ley."Con su conducta en favor de la impunidad, la fiscal del Distrito Nacional y los jueces que han avalado el archivo de la querella han cometido prevaricación", puntualizó al pronunciar un discurso de unos 25 minutos.Para el excandidato presidencial aunque el caso ya está cerrado, entiende que el pueblo dominicano debe reflexionar sobre las implicaciones de la decisión de la SCJ en el futuro de la democracia del país. De acuerdo al presidente de Alianza País, el proceso de meditación que llevó a cabo renovó su espiritualidad, fe, convicciones y determinación, además de que realizó un balance de las amenazas que enfrenta la República Dominicana.
Guillermo Moreno inicia ayuno reflexivo en busca de la iluminación para el país
Octubre, 23 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, inició este miércoles un ayuno absoluto y reflexivo en protesta contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el archivo de la querella contra el ex presidente Leonel Fernández.
“Es una jornada de ayuno, reflexión, y petición a nuestro señor Jesucristo por este país, por la situación de nuestro país, por las precariedades, las injusticias, porque haya justicia”, señaló Aura Celeste Fernández, esposa de Moreno.La parroquia de Cristo Rey fue el lugar escogido por el ex fiscal del Distrito, donde permanecerá hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana, sin ingerir alimentos, en silencio, y en ruego de la iluminación a la República Dominicana.“Él quiere promover una reflexión en base a la decisión del tribunal constitucional, porque hay veces que uno dice, ¿estamos haciendo las cosas mal o bien? momentos donde uno tiene que reflexionar, para que el señor nos ilumine y nos ayude a trazar el camino correcto”, resaltó el párroco de la iglesia Cristo Rey, Carlos Piantini.Resaltó que con anterioridad grupos civiles han hecho actos de reflexión y ayuno en la parroquia con la finalidad de buscar el bien para la sociedad dominicana.Fernandez, también ex miembro de la Junta Central Electoral, llamó a las personas que quieran acompañar al abogado Moreno a acercarse a la iglesia y permanecer unos instantes con él, en su apoyo.Moreno participará con la comunidad de Cristo Rey en las misas diarias que se celebran en la parroquia, a las 6:30 de la tarde.
Guillermo Moreno no comerá ni hablará por 48 horas
REPÚBLICA DOMINICANA.-El abogado y político Guillermo Moreno inició este miércoles en la parroquia de Cristo Rey un ayuno que se prolongará hasta el viernes, en protesta por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratifica en casación el archivo de una querella contra el expresidente Leonel Fernández.
En una rueda de prensa, a las 10:00 de la mañana de este miércoles, el ex fiscal del Distrito Nacional y presidente del partido Alianza País echó a correr el reloj de su abstinencia alimenticia y lo detendrá el viernes a esa misma hora.“Guillermo Moreno ha considerado necesario abrir un espacio de reflexión profunda sobre las lecciones que deja la decisión del alto tribunal, así como también para meditar sobre lo que nos corresponde hacer como nación frente a las aciagas circunstancias en que nos ha tocado vivir”, dice la nota que anuncia la decisión.Moreno se querelló contra el expresidente Fernández porque éste supuestamente se aprovechó de su condición de jefe de Gobierno para obtener donaciones de empresas contratistas del Estado y otros beneficios a favor de su organización no gubernamental, Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode).El expediente primero fue archivado en la Fiscalía, decisión respaldada por una corte judicial de Santo Domingo, a la que Moreno apeló, y finalmente llegó en casación a la SCJ.
Guillermo Moreno inicia ayuno en iglesia para reflexionar sobre la impunidad
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Para reflexionar sobre la situación de injusticia e impunidad que vive el país, el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, nició esta mañana un proceso de ayuno y voto de silencio que se extenderá hasta el próximo viernes 25 a las diez de la mañana en la Parroquia de Cristo Rey.
El padre Carlos Piantini, director de la parroquia, quien habló por Moreno, explicó que el dirigente político busca "interiorizar la realidad para poder trazar una nueva ruta"La iniciativa surge tras la negativa de la Suprema Corte de Justicia de admitir el recurso de casación interpuesto por Moreno contra el archivo de la querella "que por graves actos de corrupción había presentado el pasado 24 de enero contra Leonel Fernández", aclaró una nota de prensa entregada durante el anuncio.La religiosa Mercedes Rodríguez, al bendecir el encuentro y el inicio del ayuno, alertó sobre el curso de la llamada democracia. "Lo que debe ser del pueblo para el pueblo hoy parece ser del Gobierno para el Gobierno", señaló.Al ser preguntado sobre por qué hacer público un "ayuno", el padre comentó que es una invitación al resto del pueblo dominicano a que le acompañen en esta acción de reflexión, de hacer una pausa para ser capaces de tomar mejores decisiones motivadas por la justicia.
El Caribe: Canonjías descaradas (editorial)
Octubre, 18 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
El doctor Guillermo Moreno ha impulsado con bríos renovados las críticas a las asignaciones extraordinarias que se han hecho los legisladores para supuestamente cumplir con sus políticas sociales, tan cuestionadas.
Los legisladores han legitimado los montos auto asignados mediante una ley, que obviamente, viola lo previsto en el artículo 140 de la Constitución, que instituye que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados…”.La realidad es que esos montos resultan irritantes, y sobre todo, que no hay manera de justificar. La explicación de la generalidad de los diputados y senadores es que tienen “compromisos sociales” con sus electores. Si se observa bien, la mayoría caen en la esfera de acción del Poder Ejecutivo. Pero probablemente esa no es su preocupación principal. Los propios defensores de dichos fondos han dicho que fundamentalmente atienden necesidades primarias y urgencias de los sectores más disminuidos, como el traslado de enfermos, donación de medicinas y ataúdes. En esos casos el Estado tiene también las vías para prestar esos servicios a quienes los necesitan. Sería inestimable la contribución de los legisladores para mejorar los instrumentos que funcionan con esos propósitos.En cualquier caso, su mejor obra sería contribuir con la educación de la población para que conozca, entienda y reclame sus derechos, como ciudadanos empoderados de sus propias vidas. Los señores legisladores tendrían ante sí la tarea de estimular a las comunidades a reclamar en las diferentes instancias los servicios que requieren. Pero cualquiera dirá que eso sería pedir demasiado para la calidad de una considerable proporción de nuestros representantes, y no exageramos.Ante las críticas del doctor Moreno, algunos legisladores han respondido con el simple argumento de que son consideraciones políticas. ¡Claro que sí! Lo que no significa que no tengan razón de ser. Sin buscar más excusas, lo que deben es renunciar a un régimen de canonjías descaradas. De esa forma, se estarían liberando de un fardo que a la postre resultará pesado, muy pesado
Documento del Dr. Guillermo Moreno al Congreso Nacional (pdf)
Octubre, 14 2013 - Política/Estado , Lecturas Recomendadas , Biblioteca
Documento del Dr. Guillermo Moreno al Congreso Nacional
Octubre, 14 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
Santo Domingo, D.N., República DominicanaLunes 14 de octubre de 2013Al Dr. Reinaldo Pared PérezPresidente del Senado de la RepúblicaAl Lic. Abel Martínez Durán Presidente de la Cámara de DiputadosDe Guillermo Moreno García Peticionante Asunto Formulación de Petición para que sean eliminados los Fondos de Asistencia Social que comúnmente se conocen como “Barrilito” y “Cofrecito”.
Distinguidos Señores Pared Pérez y Martínez Durán: Me dirijo a ustedes en su condición de Presidente del Senado y Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, respectivamente, y en ocasión del reciente sometimiento, por parte del Poder Ejecutivo del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado que regirá para el año 2014.Dos son los motivos de esta comunicación: i) presentar por su conducto una petición formal a ambas cámaras legislativas para que procedan a eliminar el Fondo de Asistencia Social al que se ha hecho referencia en el asunto de la presente Formulación de Petición; y ii) que esta Formulación de Petición sea sometida a una discusión pública, tanto en el pleno senatorial como en el de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor de 10 días a partir de la fecha, de conformidad con la ley.Paso de inmediato a explicarles las razones en que se fundamentan las peticiones que por su intermedio hago a los órganos legislativos por ustedes presididos. i. Derecho a formular peticiones a los órganos del poder públicoLa presentación o, para ser más precisos, la formulación de peticiones a los órganos del poder público está prevista como uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía en el artículo 22, ordinal 4 de la Constitución del 26 de enero de 2010. Dicho artículo dispone que todo ciudadano tiene derecho a “formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades…” (Énfasis nuestro).ii. Razones por las que los Fondos de Asistencia Social deben ser eliminados de ambas cámaras del Congreso NacionalDos son los órdenes de razones por los cuales el Barrilito y el Cofrecito deben ser eliminados de la Ley de Presupuesto General del Estado. En primer lugar, están las razones relacionadas con la aguda situación de crisis por la que atraviesa la economía dominicana, la cual ha impuesto pesadas cargas a los gobernados las que por consideraciones elementales de responsabilidad y justicia deben asumir los representantes integrantes de las instancias legislativas por ustedes presididas.El segundo orden de razones deriva de la elemental lealtad y respeto que los representantes de los órganos del poder público le deben a la Constitución de la República, la que resulta abiertamente vulnerada por una práctica como la que representan el “Barrilito” y el “Cofrecito". Paso de inmediato a explicar y fundamentar estas razones. iii. Crisis económica, austeridad del gasto y compromiso institucional El contexto de crisis económica que atraviesa el país, que todavía padece los efectos del colosal déficit fiscal en que la irresponsabilidad gubernamental lo dejó sumido en el año 2012, propició que el Congreso Nacional, a iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobara una nueva reforma tributaria. Esta reforma se traduce en que la ciudadanía y los sectores productivos son los que están pagando con sus impuestos el despilfarro y la forma ilegal en que el anterior gobierno manejó el dinero público. La reforma fiscal adoptada por ese Congreso Nacional ha contribuido a hacer más pobre a la ciudadanía y a dificultar la rentabilidad de las operaciones de los sectores productivos del país. Señores Presidentes de las cámaras legislativas, señores Senadores, Señores Diputados: en el contexto actual de crisis económica, de déficit fiscal, de endeudamiento externo, de austeridad, de precariedad de todos los servicios públicos, de inseguridad pública, de carestía de los productos de primera necesidad, de apagones, lo que la ciudadanía espera de sus representantes en el Congreso Nacional es un mínimo de compromiso social y solidaridad, para no decir de patriotismo.Por estas razones es inaceptable, para una ciudadanía que soporta casi heroicamente la cargas tributarias sobrevenidas de la crisis fiscal del 2012 que los representantes del voto popular, sus legisladores, reciban todos los meses –en algunos caos- hasta un millón y medio de pesos por concepto del Fondo de Asistencia Social, que nuestro pueblo, con la agudeza que le caracteriza bautizó como “Barrilito” y “Cofrecito”.Por demás estos instrumentos constituyen francas anomalías en la asignación del gasto público que devienen inconstitucionales por las razones que de inmediato paso a explicar.iv. Elementos de inconstitucionalidad del “Barrilito” y del “Cofrecito”El principio general es que ningún legislador tiene derecho a recibir un centavo del Presupuesto General del Estado, más allá de su salario. Esto se corresponde además con la prohibición expresa del artículo 77 ordinal 3 de la Constitución de la República al disponer que “los cargos de Senadores y Diputados son incompatible con otras funciones o empleo público salvo la labor docente”. a. Violación del artículo 140 de la ConstituciónEl texto del artículo 140 de la Constitución prohíbe de manera categórica a todas las instituciones que manejan fondos públicos “establecer normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios de sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.”Tanto el “Barrilito” como el Cofrecito” constituyen formas de incrementar las “remuneraciones o beneficios” de los senadores y diputados, que reciben por concepto de esta práctica montos de dinero considerables todos meses para usarlos en beneficio propio, lo cual contradice abiertamente lo dispuesto por el texto del artículo 140 antes citado. b. Violación de los artículos 211, 40.15 y 39.1 constitucional sobre equidad y transparencia en la contienda electoral, razonabilidad y no privilegios El “Barrilito” y el “Cofrecito” son contrarios a los principios de “libertad, transparencia y equidad” que debe primar en la contienda electoral, al tenor de lo dispuesto por el artículo 211 de la Constitución. El Fondo de Asistencia Social es un instrumento antijurídico concebido para financiar con dinero público el activismo y la promoción personal de los legisladores. Quien recibe dinero público, -adicional por demás al financiamiento legalmente previsto y que opera a través de las asignaciones de la Junta Central Electoral a los partidos políticos- quebranta el principio de equidad concebido como una cuestión axial para el juego democrático. Además es contrario al principio de razonabilidad consagrado en el artículo 40.15, que dispone que la ley “sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad.” La asignación de dinero público a través del Fondo de Asistencia Social opera precisamente como un instrumento de injusticia en contra de las aspiraciones legítimas de aquellos que no tienen acceso a esa fuente de recursos. Quienes sin ostentar el cargo de legisladores aspiran a una curul, acuden a una competencia desleal e inequitativa toda vez que no pueden disponer de una importante fuente de recursos públicos para promover sus aspiraciones, como sí lo hacen los legisladores, contrariando la disposición del artículo 39.1 de la Constitución que “condena todo privilegio”.El “Barrilito” y el “Cofrecito” además son herramientas que lastiman la libertad del votante, que es una condición necesaria para un ejercicio responsable del sufragio. Esto así por el hecho de que el votante “beneficiado” no ejerce un derecho, -en los términos previstos en la constitución- sino que cumple su parte en una burda transacción comercial en la que hipoteca su libre voluntad a cambio de una determinada suma de dinero.Como es fácil concluir, esto convierte al Fondo de Asistencia Social en contrario a los textos constitucionales bajo análisis, razón por la que debe ser eliminado.c. Violación de los artículos 4, 80, 83 y 93 de la constitución El artículo 4 de la Constitución Dominicana consagra el principio de separación e independencia de los poderes públicos, la naturaleza del sistema de gobierno, así como los principios de responsabilidad e indelegabilidad de las funciones y atribuciones de los representantes del poder público. Esas funciones y atribuciones, reza la parte final del texto constitucional bajo comentario, son “únicamente las determinadas por esta Constitución y la ley”.¿Cuáles son las atribuciones únicas asignadas por la Constitución a las cámaras legislativas? La respuesta la tenemos en el texto del artículo 93 que nos informa que “El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo…” Así resulta que legislar y fiscalizar son los ámbitos de competencia de la actividad de los legisladores en nuestro ordenamiento constitucional. La Constitución no atribuye a los legisladores ninguna función respecto de labores de “asistencia social”. Por su parte, el examen de los artículos 80 y 83 prevén las atribuciones particulares del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. De nuevo, ninguno de estos dos artículos les asigna a dichas cámaras funciones de “asistencia social”. En la medida en que las atribuciones del poder público son exclusivamente aquellas que la Constitución asigna, y como hemos visto no ha previsto labores de asistencia social para el Congreso Nacional, los textos constitucionales bajo comentario resultan vulnerados con la vigencia del “Barrilito” y el “Cofrecito”. Hay algo más, Señores Senadores, Señores Diputados: En el desarrollo de sus labores de “asistencia social”, los legisladores con frecuencia incursionan en actividades relativas al ámbito de la salud, de la educación, para sólo poner dos ejemplos. La participación del Congreso y sus integrantes en materia de políticas de salud y de educación se agotan en la formulación de la ley (atribución legislativa) y en el monitoreo sobre la implementación de las políticas por la ley determinadas (atribución de fiscalización y control). No incluye la labor de ejecución porque esa, como su nombre indica, está reservada al Poder Ejecutivo a través de los correspondientes ministerios de Educación y de Salud. Por tanto, el Congreso penetra ámbitos competenciales reservados legal y constitucionalmente al Poder Ejecutivo, con lo cual vulnera el principio cardinal de separación e independencia de los poderes establecidos en el artículo 4 de la Constitución.d. Vulneración del artículo 217 constitucionalDe conformidad con lo que establece el artículo 217 de la Constitución, el régimen económico debe estar orientado a “la búsqueda del desarrollo humano”, lo cual es incompatible con una práctica como la del “Barrilito”, cuyo fundamento es el asistencialismo clientelar que termina reproduciendo la situación de miseria de sus circunstanciales beneficiarios. No es posible lograr desarrollo humano con una práctica basada en la compra de lealtades cuyo sustento es justamente la miseria de aquel cuya lealtad es comprada. La lógica inmanente al “Barrilito”, al “Cofrecito” y las demás prácticas clientelares, precisa la reproducción de las condiciones de miseria que hacen a la persona propensa a incurrir, como contraparte, en esa perversa dinámica. Nada más contrario a la idea de desarrollo humano postulada por el referido texto constitucional. e. Violación del artículo 218 de la Constitución La práctica del “Barrilito” y el “Cofrecito” es contraria al objetivo del crecimiento sostenible de la economía tal y como el mismo está concebido en el artículo 218 de la Constitución. A estos fines, lo que quiere y manda la Constitución es que el Estado, en coordinación con la empresa privada incremente el bienestar social por medio de políticas que propendan al “pleno empleo” para lo cual debe observarse una “utilización racional de los recursos disponibles”.La Constitución de la República manda, como una de las condiciones de sostenibilidad del crecimiento económico, la promoción del pleno empleo, pues esto es lo que contribuye al incremento del bienestar social. Como se apuntara en el numeral anterior, el “Barrilito” y el “Cofrecito” precisan de una “clientela” necesitada, carenciada a nivel extremo. La política de pleno empleo, que es lo que manda el texto constitucional, atenta contra esta deleznable práctica y por tanto, ella es una fuente permanente de perturbación de lo que sobre el particular dispone la Constitución.Adicionalmente, el texto bajo comentario impone una utilización racional de los recursos disponibles, lo cual es incompatible con el hecho de destinarlos a actividades que son contrarias a las labores propias del Congreso Nacional y que atentan con la Constitución. No es racional ninguna práctica que choque con las previsiones constitucionalmente establecidas. f. Violación del artículo 238 constitucional sobre principios de asignación del gasto públicoEl artículo 238 de la Constitución establece los criterios y principios para la asignación del gasto público entre los que se encuentran los de transparencia, eficiencia, prioridad y economía. La prioridad del gasto público se determina por aquellas actividades que garanticen el desarrollo humano, el crecimiento económico sostenible, el estímulo del aparato productivo, el mejoramiento del clima de inversión, que reparen el deteriorado clima de seguridad ciudadana que atenta contra la convivencia y la estabilidad del sistema económico. Cada centavo del presupuesto asignado al “Barrilito” y al “Cofrecito” lastra las posibilidades de que el conjunto de asuntos prioritarios de una política de desarrollo se materialicen siendo ésta una de las metas a la que debe propender el Presupuesto General del Estado. Esto constituye una causal adicional de su inconstitucionalidad v. PeticionesPor las razones apuntadas, el suscrito, en uso del derecho fundamental de petición que como ciudadano le confiere el artículo 22 ordinal 4 de la Constitución de la República Dominicana, tiene a bien presentar las siguientes peticiones:Primera petición: Que ambas Cámaras Legislativas procedan a convocar una sesión pública de trabajo en la que se coloque como tema de agenda la presente petición, en un plazo no mayor de 10 días. En todo caso, dicha sesión debe convocarse antes de que concluyan los debates legislativos sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado.Segunda petición: Que en dichas sesiones de trabajo se proceda a la eliminación del Fondo de Asistencia Social, conocido como “Barrilito” para el caso del Senado y como “Cofrecito” para el caso de la Cámara de Diputados, por ser el mismo lesivo al interés nacional, a los criterios que deben orientar la asignación y ejecución del Presupuesto General del Estado, así como contrario a la Constitución en los artículos 4, 39.1, 40.15, 80, 83, 93, 140, 211, 217, 218 y 238, en la forma que previamente se ha indicado.Tercera petición: Que los recursos del Presupuesto General del Estado que actualmente se asignan al Fondo de Asistencia Social o “Barrilito” sean destinados íntegramente a la creación de un “Fondo Especial de Apoyo a las Madres Solteras y Desempleadas”, a fin de fomentar que las mismas sean beneficiarias con políticas de empleo e incorporación a la actividad productiva.Cuarta petición: Que a las sesiones de trabajo cuya convocatoria se está solicitando a cada Cámara del Congreso Nacional, se invite al peticionante a fin de que pueda exponer de viva voz y con mayores detalles las razones de la presente petición. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a los 14 días del mes de octubre de 2013.Guillermo MorenoPeticionante
GUILLERMO MORENO ACUDE AL CONGRESO NACIONAL Solicita que el Congreso cumpla la Constitución y deje fuera del presupuesto el “Cofrecito” y el “Barrilito”
SANTO DOMINGO, República Dominicana. Guillermo Moreno solicitó al Senado y a la Cámara de Diputados eliminar la asignación de recursos para el barrilito y el cofrecito, para asistencia social de los legisladores, y que los fondos sean asignados a un programa de apoyo a las madres solteras y desempleadas, dado que los legisladores se han convertido en violadores de la Constitución de la República al auto-asignarse recursos que no les corresponden.En una carta entregada en la mañana de este lunes en el Congreso Nacional, el presidente del Partido Alianza País, entregó una comunicación formal en la que solicita que se le permita exponer las razones por las que considera inconstitucional que en el presupuesto nacional del 2014 se incluyan recursos para los planes sociales de los diputados y senadores.Entiende que su petición se sustenta en el artículo 22.4 de la Constitución, que dispone potestad para que los ciudadanos puedan “formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades…”.Solicitó que su petición sea conocida en un plazo de 10 días en ambas cámaras legislativas, de acuerdo con lo establecido en la ley. Moreno entiende que es inaceptable que los legisladores reciban todos los meses hasta un millón y medio de pesos “por concepto del Fondo de Asistencia Social, que nuestro pueblo, con la agudeza que le caracteriza bautizó como “Barrilito” y “Cofrecito”, dice el dirigente de Alianza País.Moreno, que previamente había informado a Reinaldo Pared y Abel Martínez que acudiría a las cámaras legislativas con su petición, dice que para la Constitución de la República el principio general es que ningún legislador tiene derecho a recibir un centavo del Presupuesto General del Estado, más allá de su salario. “Esto se corresponde además con la prohibición expresa del artículo 77.3 de la Constitución de la República al disponer que “los cargos de Senadores y Diputados son incompatible con otras funciones o empleo público salvo la labor docente”. Aunque había sido criticado por diversos sectores, hasta el momento ningún partido político había tomado una iniciativa como ésta. Acompañado de una comisión de dirigentes de Alianza País, Moreno dijo que tanto el “Barrilito” como el Cofrecito” constituyen formas de incrementar las remuneraciones o beneficios” de los senadores y diputados, que reciben por concepto de esta práctica todos los meses montos de dinero considerables para usarlos en beneficio propio, lo cual contradice abiertamente lo dispuesto por el texto del artículo 140 de la Constitución. En su comunicación a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Moreno explica que el “Barrilito” y el “Cofrecito” son contrarios a los principios de “libertad, transparencia y equidad” que debe primar en la contienda electoral, al tenor de lo dispuesto por el artículo 211 de la Constitución. Entiende que el Fondo de Asistencia Social, eufemismo utilizado por los legisladores para auto-asignarse los fondos, “es un instrumento antijurídico concebido para financiar con dinero público el activismo y la promoción personal de los legisladores. Quien recibe dinero público, -adicional por demás al financiamiento legalmente previsto y que opera a través de las asignaciones de la Junta Central Electoral a los partidos políticos- quebranta el principio de equidad concebido como una cuestión axial para el juego democrático”.Otro argumento que utiliza Moreno es que el “Barrilito” y el “Cofrecito” son herramientas que lastiman la libertad del votante, que es una condición necesaria para un ejercicio responsable del sufragio. “Esto así por el hecho de que el votante “beneficiado” no ejerce un derecho, -en los términos previstos en la Constitución- sino que cumple su parte en una burda transacción comercial en la que hipoteca su libre voluntad a cambio de una determinada suma de dinero”.Violación de los artículos 4, 80, 83 y 93 de la constitución La comunicación explica que el artículo 4 de la Constitución establece el principio de separación e independencia de los poderes públicos, consagra la naturaleza del sistema de gobierno, así como los principios de responsabilidad e indelegabilidad de las funciones y atribuciones de los representantes del poder público. Esas funciones y atribuciones, reza la parte final del texto constitucional bajo comentario, son “únicamente las determinadas por esta Constitución y la ley”.¿Cuáles son las atribuciones únicas asignadas por la Constitución a las cámaras legislativas? Se pregunta el presidente de Alianza País. “La respuesta la tenemos en el texto del artículo 93 que nos informa que “El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo…” Legislar y fiscalizar son los ámbitos de competencia de la actividad de los legisladores en nuestro ordenamiento constitucional. La Constitución no atribuye a los legisladores ninguna función respecto de labores de “asistencia social”. Los artículos 80 y 83 prevén las atribuciones particulares del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, dice el documento. De nuevo, ninguno de estos dos artículos les asigna a dicha cámaras funciones de “asistencia social”. El artículo 238 de la Constitución –sostiene Moreno- establece los criterios y principios para la asignación del gasto público entre los que se encuentran los de transparencia, eficiencia, prioridad y economía. “La prioridad del gasto público se determina por aquellas actividades que garanticen el desarrollo humano, el crecimiento económico sostenible, el estímulo del aparato productivo, el mejoramiento del clima de inversión, que reparen el deteriorado clima de seguridad ciudadana que atenta contra la convivencia y la estabilidad del sistema económico”. Por eso concluye que “cada centavo del presupuesto asignado al “Barrilito” y al “Cofrecito” lastra las posibilidades de que el conjunto de asuntos prioritarios de una política de desarrollo se materialicen siendo ésta una de las metas a la que debe propender el Presupuesto General del Estado”. Solicitó a Reinaldo Pared y a Abel Martínez que los recursos del Presupuesto General del Estado que actualmente se dedican al Fondo de Asistencia Social o “Barrilito” sean destinados íntegramente a la creación de un “Fondo Especial de Apoyo a las Madres Solteras y Desempleadas”, a fin de fomentar que las mismas sean beneficiarias con políticas de empleo e incorporación a la actividad productiva.Así mismo que a las sesiones de trabajo legislativo cuya convocatoria él solicita al Congreso Nacional, se le invite a fin de exponer de viva voz y con mayores detalles las razones de su petición. Santo Domingo, D.N., República DominicanaLunes 14 de octubre de 2013
Guillermo propone eliminar el barrilito, el cofrecito y las nóminas CB
Octubre, 08 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Guillermo Moreno propuso que se aproveche el conocimiento del proyecto de Presupuesto Nacional y Ley de Gasto Público para eliminar el barrilito, el cofrecito y las nóminas irregulares en las que cobran dirigentes de base del PLD, conocidas como nóminas CB.
A juicio de Moreno, el presidente Danilo Medina tiene ahora la oportunidad de mejorar sustancialmente la administración pública y colocar el presupuesto al servicio de la sociedad y de los sectores productivos.“Es ahora el momento de sanear el Presupuesto Nacional para el año 2014, y para ello lo que se necesita es voluntad política y compromiso real con la nación para eliminar las grandes distorsiones que año tras año ha puesto el presupuesto de la República al servicio del clientelismo, el despilfarro, el electoralismo”, dijo el líder de Alianza País.“Es el momento de poner el presupuesto al servicio de la nación y no para que los políticos hagan negocios y se enriquezcan”, expresó.El líder de Alianza País consideró que ha llegado del momento de eliminar aberraciones denigrantes a la institucionalidad del país, como son los casos del barrilito y el cofrecito de los legisladores, las nominillas y las botellas a favor de ‘compañeritos’ en distintos ministerios.Asimismo, abogó porque se eliminen las entidades públicas duplicadas para cumplir una misma función y los salarios “obscenos” de los altos funcionarios del Estado.Recordó que el presidente Danilo Medina prometió sanear el servicio exterior y ponerlo a disposición del país y de los sectores productivos, para que los embajadores, cónsules, ministros consejeros y demás servidores públicos en el exterior sirvan a la sociedad.“Este es el momento para que el presidente Medina revise la nómina del servicio exterior, elimine las nominillas y disponga de recursos suficientes para las áreas más olvidadas del gobierno dominicano”, declaró Guillermo Moreno.Insistió en que el Presupuesto Nacional debe ser un instrumento de la distribución del ingreso, y no un medio de hacer politiquería ni entregar los fondos públicos al clientelismo político.Reclamó que los recursos del Estado sean destinados a instituciones que protejan la seguridad ciudadana, mejoren la administración de justicia, mejoren los salarios de los servidores públicos de la salud, la educación y otras áreas consideradas vitales para que el país avance.Critica altos salariosEl presidente de Alianza País criticó los altos salarios en el gobierno, que sólo favorecen a la burocracia partidaria, cuando los servidores públicos de menor jerarquía devengan salarios miserables. Dijo que el desorden de los altos salarios en el gobierno debe ser controlado de inmediato por el presidente Medina y por las instancias legales, como el Congreso Nacional, para hacer más eficiente el gasto gubernamental.Lamentó que hasta el momento el gobierno no haya contemplado la posibilidad de estudiar la reducción del gasto del sector público, que a su juicio está abultado.“En este momento en que se discute el presupuesto del 2014 quisiera apelar al patriotismo que debemos suponerles a los legisladores, para que piensen en la pobreza y la precariedad en que vive la mayor parte de la población que ellos representan”, expresó.Reclamó que los senadores y diputados se esfuercen para que en el presupuesto del próximo año se obtenga el compromiso de realizar obras de inversión que tienen influencia en la reducción de la pobreza, la insalubridad y la desigualdad social.Explicó que toda la nación debe reflexionar sobre los niveles de endeudamiento en que ha entrado el Estado en los últimos dos años, como consecuencia de un gasto politiquero y electorero excesivo de las pasadas dos administraciones gubernamentales.“Hemos sobrepasado la capacidad de pago del Estado Dominicano. Si tomamos en cuenta que en la actualidad el 40% del presupuesto nacional se destina al pago del servicio de la deuda, sin incluir los fondos del subsidio eléctrico, hemos llegado a una situación de agotamiento, imposible de continuar”, expresó Moreno.Finalmente dijo que en el proyecto de presupuesto del 2014 del gobierno, por 605 mil millones de pesos, existen por lo menos 1,800 millones de dólares de endeudamiento adicional, pese a que como consecuencia del ajuste impositivo del 2012, el gobierno recibirá por lo menos 50 mil millones de pesos adicionales.“Estamos tomando préstamos para pagar deudas y para pagar subsidios. Esto es irresponsable e inaceptable. Eso es una locura que el país debe ponerle fin, para que no sigamos empeñando el futuro de las próximas generaciones”, precisó.
Octubre, 03 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
El ex fiscal del Distrito Nacional dijo que por absurdo que pueda parecer, la decisión contenida en la sentencia TC/0168/13 es a todas luces “inconstitucional”.El Tribunal Constitucional le niega la nacionalidad dominicana a la señora Juliana Dequis Pierre fundamentándose en que al momento de su nacimiento en Yamasá, provincia de Monte Plata, en el año 1984, sus padres se encontraban en condición de ilegalidad en el territorio de la República Dominicana.“Viola así el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 110 de la propia Constitución que establece que “la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir”“El Tribunal Constitucional juzgó el caso de la señora Juliana Dequis Pierre con el criterio que está expresamente establecido en la Constitución vigente desde el 26 de enero de 2010 que dispone en el artículo 18 numeral 3 que los hijos nacidos en el territorio de la República Dominicana de padres que se encuentren en condición ilegal no adquieren la nacionalidad dominicana”, subrayó Moreno.Explica que el carácter inconstitucional de la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional proviene del hecho de haber aplicado la disposición del artículo 18.3 con efecto retroactivo.“Esto es, a una situación que se originó con anterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución”, precisó.A su juicio, la decisión del Tribunal Constitucional es también inconstitucional porque desconoce derechos adquiridos en virtud de las constituciones vigentes con anterioridad a la Constitución del 26 de enero de 2010. “Expresamente establece el artículo 110 en su parte final que “los poderes públicos o ley no podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”, subrayó.Argumentó que el hecho incuestionable es que la señora Juliana Dequis Pierre, al momento de su nacimiento en el 1984, se beneficiaba de una disposición en la Constitución vigente en ese momento, que determinaba que todas las personas nacidas en el territorio dominicano adquirían la nacionalidad dominicana, sin excluir de ese beneficio a los hijos de los que residían ilegalmente en el territorio del país.Dijo que en la inconstitucional sentencia del Tribunal Constitucional se hace toda clase de malabarismo jurídico tratando de igualar el concepto de “extranjero ilegal” al concepto de “extranjero en tránsito”.“La mejor demostración de la diferencia de estos dos conceptos lo aporta el propio artículo 18.3 cuando dispone que a partir del 26 de enero de 2010 los nacidos en el territorio de la república hijos de extranjeros “en tránsito” o en situación de “ilegalidad” no adquieren la nacionalidad dominicana. Si el constituyente se refirió de modo explícito a ambos conceptos, uno junto al otro, es evidente que en la visión del constituyente del 26 de enero de 2010 “extranjero en tránsito” y “extranjero ilegal” no son conceptos similares”, explicó.Agregó que la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional no se sostiene ni en el derecho constitucional dominicano, ni resiste el análisis jurídico en el derecho interno ni a la luz de la normativa internacional que rige la materia y dará lugar a la absurda situación de la existencia de un conglomerado de “dominicanos-apátridas” dentro del territorio nacional.“Al leer y ponderar esta sentencia uno tiene que preguntarse reflexivamente ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional que viola el texto constitucional? ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional que no es capaz de garantizar los derechos de las personas que recurren a él en busca de protección?”, reflexionó el líder de Alianza País.Advirtió que si el Tribunal Constitucional se permite actuar al margen de la Constitución, habría que preguntarse quién será entonces el guardián de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana.“Todas estas interrogantes están sin respuestas luego de la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional”, precisó Moreno.
Moreno critica por inconstitucional fallo del TC sobre la nacionalidad
SANTO DOMINGO.- La decisión del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad de los hijos de “extranjeros en tránsito” o en condición migratoria irregular, adoptada con ocasión del recurso sometido por Juliana Dequis Pierre, viola el principio de irretroactividad de la ley consagrado por la Constitución de 2010 y dará lugar a la existencia de un conglomerado de “dominicanos-apátridas” dentro del territorio nacional.
Al referirse a la controvertida sentencia, que califica de inconstitucional, Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, llama la atención sobre el hecho de que los jueces constitucionales –de los que hay que exceptuar a las juezas Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla—llegan “al extremo de retrotraer al 1929 la aplicación del contenido del artículo 18.3 de la Constitución de 2010”.“La decisión del Tribunal Constitucional es también inconstitucional porque desconoce derechos adquiridos en virtud de las constituciones vigentes con anterioridad a la Constitución del 26 de enero de 2010. Expresamente establece el artículo 110 en su parte final que ‘los poderes públicos o ley no podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior’”, dice Moreno en su declaración sobre el tema.Apunta a seguidas que es un hecho incuestionable que al momento de su nacimiento en 1984, Dequis Pierre se beneficiaba por lo dispuesto en la Constitución vigente entonces, la cual determinaba que “todas las personas nacidas en el territorio dominicano adquirían la nacionalidad dominicana, sin excluir de ese beneficio a los hijos de los que residían ilegalmente en el territorio del país”.Moreno, abogado que inscribe en su currículo el cargo de fiscal del Distrito Nacional, afirma que para llegar a su decisión, los jueces constitucionales hicieron “toda suerte de malabarismo jurídico”, llegando a asimilar los conceptos “extranjero ilegal” y “extranjero en tránsito”, lo que no fue la intención del constituyente de 2010.Dadas sus contradicciones, apunta Moreno, la sentencia del Tribunal Constitucional no resiste el análisis jurídico ni a la luz del derecho interno ni del internacional sobre la materia.“Al leer y ponderar esta sentencia uno tiene que preguntarse reflexivamente ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional que viola el texto constitucional? ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional que no es capaz de garantizar los derechos de las personas que recurren a él en busca de protección? Si el Tribunal Constitucional se permite actuar al margen de la Constitución, ¿quién será entonces el guardián de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana? Todas estas interrogantes están sin respuestas luego de la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional”, concluye Moreno.
Guillermo Moreno dice fallo del TC es inconstitucional
Octubre, 02 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, calificó este miércoles como inconstitucional el fallo emitido por el Tribunal Constitucional que arrojó que los hijos nacidos en el país de padres extranjeros no son dominicanos.
“Es inconstitucional la sentencia del Tribunal Constitucional”, enfatizó Moreno al ser entrevistado en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal 37.Entiende que el Tribunal aplicó dos criterios de la Constitución de enero del 2010 de una manera retroactiva. Dijo que de esa manera viola la Constitución y otros principios de desconocer derechos adquiridos.Explicó que la Constitución del 2010, en el artículo 18 establece que “no adquiere la nacionalidad dominicana los hijos de extranjeros que residan ilegalmente”. Consideró que es la primera vez que ese criterio se adopta de manera explícita.Agregó que esa sentencia también acoge el artículo de la Constitución sobre el extranjero en tránsito, es decir, que lo tiene los dos, “no adquiere la nacionalidad dominicana los hijos de los extranjeros en tránsito, ni tampoco los hijos de los que residen ilegalmente”.Moreno dijo que en ese sentido, que con anterioridad a esto, que sólo existía en tránsito, no estaba contemplado la ilegalidad como una causa de excepción para aquellos que nacían en el territorio dominicano.“Al margen de nuestros gustos, estamos hablando de la realidad, la realidad es que existía el ius solis, adquirieron la nacionalidad por el hecho de nacer en el territorio”, apuntó.Dice se debe acabar con el continuismoEn otro orden, Guillermo Moreno consideró que en la República Dominicana está en estos momentos en una de “sus peores encrucijadas”. Dijo que no es suficiente que un partido político gane para sustituir al que está.“Es necesario, además de acabar con el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana, es necesario producir un cambio de gobierno”, sostuvo el líder político.Entiende que a los hombres y mujeres del país no se les garantiza la oportunidad de una vida digna, por lo que es necesario realizar un cambio. - See more at: http://www.elcaribe.com.do/2013/10/02/guillermo-moreno-dice-fallo-del-inconstitucional#sthash.bqnDhFOu.dpuf
Guillermo Moreno: es inconstitucional sentencia del TC
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ex fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, definió como inconstitucional la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece que no son dominicanos los hijos de descendientes haitianos ilegales nacidos en el país.
El jurista estima que el fallo violenta varios puntos de la Constitución dominicana y de convenios internacionales.Guillermo Moreno señaló que la sentencia crea un grupo de dominicanos sin nacionalidad.Sobre la querella que interpuso contra el ex presidente Leonel Fernández, dice que este no está preso por la falta de independencia de Ministerio público.Moreno cuestionó además la situación de parcialidad que dice tiene la justicia dominicana y las deplorables condiciones de la población.El también presidente de Alianza País habló tras participar en la entrevista central del programa Enfoque Matinal que se transmite de lunes a viernes por CDN canal 37.
Cree inconstitucional sentencia Tribunal Constitucional
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, consideró inconstitucional la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los hijos de los extranjeros ilegales o en tránsito en el país no son dominicanos. “El carácter inconstitucional de la sentencia del Tribunal Constitucional proviene del hecho de haber aplicado la disposición del artículo 18.3 (de la actual Constitución) con efecto retroactivo, esto es, a una situación que se originó con anterioridad al 26 de enero de 2010.
“Viola así el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 110 de la propia constitución que establece que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. “Esta sentencia llega al extremo de retrotraer al 1929 la aplicación del contenido del artículo 18.3 de la constitución de 2010”, dice Moreno.El dirigente político agrega además que la sentencia es inconstitucional también porque desconoce derechos adquiridos en virtud de las constituciones con anterioridad a la Constitución del 26 de enero de 2010. “Expresamente establece el artículo 110 en su parte final que los poderes públicos o ley no podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”, agrega el presidente de AlPaís.
¿Cuál es el modelo que tenemos en el campo dominicano?Escrito por: MANUEL MATOS PÉREZEl concepto de moda en el sector agropecuario es “reconversión productiva”. Con él se alude a los cambios que es necesario introducir en el modelo de producción agropecuaria del país.
La pregunta que surge de inmediato es ¿y cuál es el modelo agropecuario que tenemos en el campo dominicano? Si medimos por los resultados puedo afirmar que es un modelo altamente ineficiente, incapaz de satisfacer la demanda interna de alimentos, depredador de la naturaleza, con baja productividad, no competitivo, que profundiza la desigualdad, reproduce la pobreza, la marginalidad y la migración en el campo.Entonces ¿Cambiarlo por cuál modelo? Sin titubear afirmo: por un modelo de desarrollo productivo, enfocado en dos objetivos principales: primero: garantizar la soberanía alimentaria del pueblo dominicano. La autosuficiencia alimentaria nos libera de la importación de los bienes que podemos producir en el país, genera empleo masivo en el campo y disminuye nuestro déficit comercial. Segundo: convertir a la República Dominicana en un país agro-exportador. Para ello tenemos que aprovechar las ventajas que nos brinda la naturaleza de suelo, clima y posición geográfica para producir rubros con gran demanda internacional y encontrarnos en la ruta del mercado de países ricos y grandes consumidores. Digamos que además hay dos mercados de “cuasi exportación” que podemos aprovechar: las comunidades dominicanas del exterior y el consumo alimentario (para no referirnos a la artesanía) de los turistas que visitan nuestro país. El desarrollo de un modelo afincado en la producción y el trabajo, mejora las condiciones de vida de productores agrícolas y de sus familias, crea oportunidades en el entorno de las personas que viven en el campo, disminuyendo la pobreza y la migración.¿Qué hacer para avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo en la agropecuaria? Esta es la pregunta obligada a la que tenemos que darle respuesta. Veamos:1.- Universalizar el crédito agropecuario haciéndolo accesible a todos los agricultores y ganaderos. Los productores agrícolas deben recibir financiamiento a los mismos intereses que tienen los agricultores de otras naciones exitosas en la producción de alimentos.El primer paso para avanzar en ese sentido lo tiene que dar el Estado, comprando la deuda acumulada de los productores contraída con el “crédito informal” con intereses que oscilan desde un 5% hasta un 15% mensuales. Este financiamiento con intereses de usura es una de las causas básicas de la gran pobreza del campo, de su marginalidad, falta de competitividad y responsable también de la ausencia de tecnología. Para tener una idea del déficit de financiamiento en el campo debo decir que la demanda actual de crédito del conjunto de productores agropecuarios del país asciende a la suma de cincuenta mil millones de pesos. ¿Con qué cantidad cuenta hoy el Banco Agrícola y los fondos destinados al FEDA? Tan solo con el 20% de la suma referida, esto es, con unos 10 mil millones. ¿Y dónde creen ustedes que van los productores agrícolas a buscar los 40 mil millones faltantes? Al mercado usurero. Así no se puede.Con voluntad política el gobierno puede destinar al financiamiento agropecuario a través del Banco Agrícola el 20 o 25% de los fondos de PETROCARIBE y superar por esa vía el déficit actual y poner esos recursos a producir riqueza y a superar la pobreza ancestral de nuestros campos.2. Una efectiva política de producción, almacenamiento y uso racional del agua. El agua es la vía más expedita para llevar tecnología a los predios cultivables. Regiones importantes en la geografía nacional con gran potencial productivo tienen precario abastecimiento de agua, reduciendo su potencial a un solo ciclo de siembra.A estos fines hay dos líneas de acción imprescindibles: Una: la construcción de obras de infraestructura para garantizar un mayor almacenamiento de agua. En nuestra región sur, por ejemplo, siguen pendientes la presa Monte Grande en el río Yaque del Sur, para abastecer de agua a la región Enriquillo; la presa del río Joca, para irrigar las grandes llanuras de la provincia Elías Piña; la presa de río Mijo y el contra-embalse de la presa Sabaneta, para resolver el gran déficit de suministro de agua del valle de San Juan. Uno se pregunta ¿No es la construcción de estas presas mucho más trascendente para el desarrollo agropecuario y para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región sur que la construcción de la carretera Cibao-Sur? Dos: Desarrollar un gran programa de financiamiento para el uso masivo de riego presurizado y así eficientizar el uso del agua y posibilitar el incremento de la productividad.
Carta del Dr. Guillermo Moreno al director del periódico El Caribe
Octubre, 01 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Internacionales , Lecturas Recomendadas , Invitaciones/Convocatorias , Videos
LicenciadoOsvaldo SantanaDirectorPeriódico El CaribeCiudad.-Distinguido Señor Director:La edición del pasado martes 24 de los corrientes de ese prestigioso periódico El Caribe, bajo su dirección, reseña unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández que me aluden y que en ejercicio de mi derecho a réplica procedo a responder.
1.- Afirma Leonel Fernández que “la querella de Guillermo Moreno en su contra fue motivada por razones políticas con el único objetivo de mantener presencia en los medios de comunicación.”2.- Con calificativos y no con argumentos, Leonel Fernández pretende desmeritar la querella penal que por corrupción, no por política, interpusimos en su contra el pasado 24 de enero en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, sin referirse ni por asomo a su contenido ni atreverse a desmentir los actos de enriquecimiento ilícito relatados en ella. No se ignore que a los fines de investigar delitos y crímenes poca importancia tiene la evaluación de las motivaciones reales o supuestas del querellante.3.- Leonel Fernández dice en su perorata que si: “el representante del interés general de la sociedad hubiese acogido la querella y pone en movimiento la acción pública y sino no lo ha hecho carece de méritos y entonces responde a una motivación de carácter político”.4.- Un caso de profecía autocumplida. Leonel Fernández pretende convertir y exhibir como demostración de verdad lo que él sabe fue el resultado de la presión ejercida por él y gente de su entorno sobre la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y que la llevo a disponer irresponsablemente el archivo de la querella.5.- La interrogante que hay que hacerse es si la Procuradora Fiscal, Lcda. Jenny Berenice al disponer el archivo, actuó con apego a la ley. Al respecto debo decir que el Código Procesal Penal Dominicano impone al Ministerio Público investigar y perseguir todas las infracciones de que tenga conocimiento y siempre que existan suficientes elementos de prueba para verificar la ocurrencia de los hechos denunciados.6.- La Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Lcda. Jenny Berenice, dispuso el archivo de la querella sin examinar el origen de los bienes de Funglode, ni su estado de ingresos y egresos a cuyo objeto se le suministraron copias de decenas de cheques de un millón de pesos de constructores de obras del Estado pagados en comisiones a Leonel Fernández; sin investigar las interpósitas personas que recibían dinero para Funglode cuyos nombres y números de cuentas bancarias se suministran en la querella; sin auditar los ministerios que con dinero del Estado hacían pagos de regalos, actividades privadas, cursos y maestrías para beneficios de la fundación del Presidente de la República; sin investigar las donaciones provenientes de las empresas de Félix Bautista, adjudicatarias de la construcción de obras del Estado al tiempo que fungía como director de la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado; aun con todos estos medios de prueba en sus manos, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional dispuso el archivo, sin disponer una sola medida de investigación o alguna “indagatoria oficioso”. Es pues más que evidente que fue por presión política e irresponsabilidad de esta funcionaria que se dispuso el archivo de la querella y que Leonel Fernández no está siendo procesado penalmente.7.- Para poder aquilatar el carácter parcializado de las actuaciones de la Procuradora Fiscal del DN, en favor del querellado Leonel Fernández, me permito relatar lo siguiente. En fecha 6 de diciembre de 2012, una desconocida Fundación para el Desarrollo de la Zona Oriental (FUNDEZOR) apoderó a la a Procuraduría Fiscal del DN, en la persona de su titular la Licda. Jenny Berenice de una querella en mi contra a propósito de los fondos s recibidos por el MIUCA en la elecciones de 2008 en la que fui candidato. Al enterarme, ese mismo día, en horas de la tarde me presenté en el despacho de la Procuradora Fiscal del DN, Lcda. Jenny Berenice, quien me recibió, me puse a su entera disposición, le di mis dirección, teléfono y correo electrónico. Así mismo le expliqué que había sido candidato presidencial proclamado por un conjunto de organizaciones políticas, sociales y ciudadanas el 24 de febrero de 2008, es decir apenas 2 meses y medio antes de la celebración de las elecciones; que no era ni miembro ni directivo del MIUCA y que por tanto nada tenía que ver con las decisiones sobre los recursos provistos por la JCE; que por demás daba testimonio del correcto uso que siempre observé hicieron los directivos del MIUCA del dinero de la JCE. En este caso que narro la Fiscal Lcda. Jenny Berenice abrió una exhaustiva investigación, citó a los directivos del MIUCA, solicitó documentación de los gastos o inversiones del dinero, solicitó la auditoría a la Cámara de Cuentas; requirió informe a la Junta Central Electoral. A pesar de las varias ocasiones en que el Dr. Cristóbal Rodríguez, nuestro representante legal, se apersonó a esa Procuraduría Fiscal del DN hasta el día de hoy no ha obtenido respuesta de los resultados de la investigación iniciada.8.- Entonces sólo hay que comparar: En la querella contra Leonel Fernández, la Procuradora Fiscal del DN, no adoptó una sola medida de investigación y 4 meses después del apoderamiento dispuso su archivo. En la querella en contra nuestra, a todas luces infundada, luego de realizar múltiples medidas de investigación, 10 meses después permanece sin decisión, colocada sobre nosotros como espada de Damocles.9.- Leonel Fernández, conforme la reseña del periódico “expresó su deseo de que el Código de Procedimiento Penal Dominicano igual que en otros países como España, establezca algún tipo de sanción cuando un querellante no pueda probar de lo que acusa a una persona”.Contrario a lo que piensa, en el país sí están expresamente sancionadas las querellas temerarias y falsas. En consecuencia le reto para que con su connotado equipo de abogados, en el que participan reconocidos juristas extranjeros, se querelle o me demande apropósito de la querella que interpuse. Me comprometo ante la nación a presentarme en el tribunal que elija, el día y la hora en que me cite. Allí estaré armado solo con la ley, mis principios y convicciones.10.- Leonel Fernández afirmó que “la querella en su contra y todo lo negativo que se le atribuye desde que dejó el Palacio Nacional forma parte de una cultura de persecución política que ha caracterizado el país desde que se fundó la República y por eso considera que la retaliación política debe esperarse por parte de todo el que ocupa la Presidencia”.11.- Es otra muy distinta la realidad cruda de nuestra historia republicana. A lo largo de ella lo que sí ha predominado es la impunidad frente al robo público y el crimen de los que han ejercido el poder político. Nuestra salvación ha sido que en cada momento siempre hubo hombres y mujeres que por distintas vías y métodos enfrentaron el poder y levantaron la bandera de la dignidad y el decoro. Los Santana, Báez, Lilís, Trujillo, los triunviros, Balaguer, Jorge Blanco, Leonel Fernández no son las víctimas de retaliación de sus opositores, sino que el lugar que hoy ocupan en la historia se debe a sus ejercicios de gobierno caracterizados en mayor o menos medida por el carácter, de unos, antidemocrático, autoritario, caudillista, y corrupto y antinacionales, de otros. Decir lo contrario es tergiversar la historia y ofender la memoria de todos los mártires y luchadores por nuestra independencia, democracia, libertad, soberanía y justicia social.La decisión que tomé responsablemente de querellarme a mi propio nombre contra la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández fue porque llegué al convencimiento que había que decir basta ya. Que era necesario levantar la voz ante un “borrón y cuenta nueva” que se repite desde que tenemos uso de razón. Que nuestra nación no puede seguir aplastada por la impunidad. Que es el momento de rebelarnos. Que nuestros hijos recibirán la república que edifiquemos con nuestro patriotismo y sacrificio, o la caricatura que nuestras cobardías hagan de ella.Muy atentamente,Guillermo MorenoSanto Domingo, D.N. República DominicanaJueves 26 de septiembre de 2013
Dominicanos de NY rechazan fallo Tribunal Constitucional sobre nacionalidad
Septiembre, 30 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas , Invitaciones/Convocatorias
NUEVA YORK, Estados Unidos.-Líderes comunitarios de Washington Heights, de ascendencia dominicana, entre otras, repudiaron la decisión del Tribunal Constitucional dominicano, que eliminaría la ciudadanía de millares de hijos de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana a partir del año 1929 hasta la fecha.
Organizaciones del Norte de Manhattan expresaron que el fallo, de carácter inapelable, viola los derechos humanos más fundamentales. Lo calificaron de xenofóbico y de "genocidio civil".La Junta Central Electoral tendría de plazo un año para elaborar una lista de personas nacidas después de 1929, a las que se les quitaría la nacionalidad dominicana."Es vergonzoso, aberrante y altamente discriminatorio", sentenció una coalición de organizaciones en un discurso en voz de la activista Miriam Mejía, de Casa Verde Camila."A los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos, que demandamos una reforma migratoria, nos indigna que en nuestro propio país se niegue el derecho a la ciudadanía", expresó."Cómo negar la ciudadanía a hombres y mujeres que crecieron en Dominicana y aportaron con su trabajo duro. Ese fallo parece de republicanos"Líderes de unas diez organizaciones dominicanas y pro inmigrantes se congregaron frente a Boricua College, en la calle 156 y Broadway, para advertir de la crisis en derechos humanos que se avecina luego de la decisión del Tribunal Constitucional, tomada el 25 de septiembre.Se estima que cuatro generaciones de descendientes de inmigrantes indocumentados haitianos serían afectadas.Luis Rodríguez, de Acción Comunitaria La Aurora, expresó que la política conservadora asumida por el Tribunal Constitucional dominicano, pone en mesa de discusión el contexto al que se enfrentarían hijos de dominicanos indocumentados, nacidos en Estados Unidos, en una situación similar."No tendríamos la moralidad para exigir el respeto a nuestro derecho a la ciudadanía, cuando en nuestra propia casa se viola de forma tan vejatoria y aberrante", apuntó. "Urgimos a los organismos internacionales impugnar la decisión".Los líderes destacaron que la medida dejaría en el limbo a millares de dominico-haitianos, sin documentos y de cara a una posible deportación a Haití, un país desconocido para muchos de ellos. Se estima que la población de ascendencia haitiana representa un 10% de la población de República Dominicana, según cifras recientes del Ministerio de Economía.Los líderes y activistas del Norte de Manhattan indicaron que mantendrán acciones en apoyo al Centro Bono de República Dominicana, el principal organismo de defensa de la población afectada.Inmigrantes dominicanos compartieron la preocupación de los líderes comunitarios. Natividad Álvarez, quien llegó a Nueva York hace 24 años, lamentó que el Tribunal Constitucional de su país impulse leyes, que en su opinión, son antiinmigrantes y racistas."Cómo negar la ciudadanía a hombres y mujeres que crecieron en Dominicana y aportaron con su trabajo duro. Ese fallo parece de republicanos", apuntó la mujer de 63 años.El jueves 3 de octubre a las 4:30 p.m. se realizará una protesta frente al Consulado Dominicano, situado en 1501 de Broadway, en Manhattan, como parte de una serie de acciones en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional.
ANTE UNA SENTENCIA INSCONSTITUCIONAL E INACEPTABLE
Septiembre, 27 2013 - Nota de Prensa , Política/Estado , Economía , Sociedad , Internacionales , Lecturas Recomendadas
Luis Mayobanex Rodríguez Coordinador General de Alianza Pais en EE.UU.Quienes somos migrantes en los EUA y por décadas hemos luchado en estas tierras por los derecos de los migrantes dominicanos y latinoamericacnos, levantamos nuestra voz indignados contra la incalificable decision que en el dia de hoy dio el Tribunal Constitucional de Republica Dominicana negando la nacionalidad a quienes no prueben ser hijos/a de extrajeros legales, desde el 1929 hasta la fecha.
La sentencia del Tribunal Consticional dominicano es INCONSTITUCIONAL y como tal debe ser atacada pues esta decision se hace aplicando en forma retroactiva la Constitución promulgada apenas el 26 de enero de 2010. Negando derechos adquiridos en virtud de Constituciones y leyes anteriores y respondiendo a posiciones ideológicas conservadoras en el tema migratorio, esta decisión acusa un marcado rechazo a los hijos de los migrantes extranjeros afectando el derecho fundamental a la nacionalidad, especialmente de los hijos dominico-haitianos, pero tambien a dominicanos hijos de árabes, chinos, españoles, que a pesar de nacer en el territorio dominicano y crecer como dominicanos, no puedan demostrar la legalidad de ingreso al país de sus padres, abuelos o bisabuelos. Para hacernos una idea de la monstruosidad de esta decisión del Tribunal Constitucional Dominicano solo hay que decir que por efecto de esta sentencia el Dr. Jose Francisco Peña Gomez, post-morten, y sus descendientes, han perdido su nacionalidad dominicana. Como sabemos el Dr. Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en territorio dominicano, hijo de los migrantes haitianos Vicente Oguís y María Marcelino, ingresados ilegalmente en la República Dominicana.Rechacemos con energía esta sentencia por inconstitucional y por ser violatoria de tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Dominicano, al tiempo de llamar a la ciudadania, a los grupos de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a las fuerzas politicas, a los grupos de migrantes dominicanos de todo el mundo a levantar nuestra voz de protesta ante este atentado al derecho a la nacionalidad de millares de hermanos que de un plumazo han sido privados de la nacionalidad dominicana. 9/26/2013New York

References: artículo 140
 artículo 22
 artículo 77
 artículo 140
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 artículo 211
 artículo 40
 artículo 39
 artículo 4
 artículo 93
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 artículo 217
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