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Timestamp: 2019-02-16 08:15:43+00:00

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El Peruano - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT - DECRETO SUPREMO - N° 018-2017-JUS - PODER EJECUTIVO - JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT
Nº 018-2017-JUS
Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; asimismo, las políticas nacionales y sectoriales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas;
Que, asimismo, conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizadas en el 2012, y respecto de las cuales existe el compromiso del Perú de aplicarlas desde diciembre del año 2000, resulta necesario modificar el Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, a fin de que la CONTRALAFT asuma también la coordinación y planificación de las acciones dirigidas a prevenir y combatir el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; se fortalezcan sus funciones; así como, su conformación, para dotarla de mayor operatividad e institucionalidad;
Aprobar la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la misma que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
La Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es de aplicación obligatoria en los tres niveles de Gobierno y los diversos sectores y entidades vinculadas a la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La implementación de lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas acorde con sus competencias y en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.
El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en el diario oficial El Peruano y, en la misma fecha, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en los Portales Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), así como de las entidades públicas que forman parte de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Defensa.
Única.- Aprobación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
En un plazo máximo de noventa (90) días calendario posteriores a la publicación de la presente norma, mediante Decreto Supremo, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), se aprueba el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como instrumento para la implementación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
“Artículo 2- Creación, objeto y funciones de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
Créase la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto será coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y, que tiene a su cargo, las siguientes funciones:
Artículo 3.- Conformación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
3.1. La CONTRALAFT estará integrada por los siguientes miembros, quienes realizan tal labor ad honórem:
3.2. La Presidencia de la CONTRALAFT recae en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, la Vicepresidencia y Secretaría Técnica en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Las designaciones de los representantes de las entidades del Poder Ejecutivo, se efectuarán mediante resolución ministerial del sector al que pertenecen o se encuentren adscritos, dentro de los cinco días hábiles, posteriores a la publicación del presente decreto supremo. Las demás entidades, en el mismo plazo, comunican por escrito las designaciones que realicen a la Presidencia de la CONTRALAFT.
Artículo 7.- Reglamento Interno
El Reglamento Interno de la CONTRALAFT se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”
II. PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL
III. FUENTES DE INFORMACIÓN EN QUE SE SUSTENTA LA POLÍTICA
3.3. POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS NACIONALES RELACIONADAS
V. POLITICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO
5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS, RESPONSABLES, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EJE
Mediante Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, del 1 de julio de 2011, se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y se creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), adscrita inicialmente a la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente, conforme al Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM, la CONTRALAFT está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recayendo la función de Vicepresidencia y Secretaria Técnica en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 057-2011-PCM, la función principal de la CONTRALAFT es “Hacer el seguimiento de la implementación, cumplimiento y actualización del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.
Es así que, luego de un amplio proceso de análisis y validación que ha contado con la participación de 34 entidades del sector público y sector privado y con el consenso de todas ellas, se ha diseñado la presente Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, la Política Nacional) que constituye la primera política pública diseñada para enfrentar estas actividades ilícitas.
La Política Nacional contiene un objetivo general, siete principios, 3 ejes estratégicos (“Prevención”, “Detección”, “Investigación y Sanción”) y un (1) eje transversal “Articulación”. Asimismo, dentro de estos ejes se han fijado cuatro (4) Objetivos Específicos- OE, una meta por cada OE, los responsables por cada OE, dieciséis (16) lineamientos y dieciocho (18) estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. A partir de la Política Nacional corresponde la elaboración de planes nacionales que, a través de la definición de acciones concretas, permitirán su adecuada implementación a corto y mediano plazo.
La presente Política no habría sido posible sin el compromiso y los valiosos aportes de los y las profesionales que participaron en su diseño, en particular del equipo de la Secretaría Técnica, que recae en la SBS y del Subgrupo 4 “Establecimiento de Políticas ALACFT”, integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS, todos ellos en el marco de la CONTRALAFT. Nuestro especial agradecimiento a la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ por la asistencia técnica brindada para el desarrollo de esta política.
Presidencia de la CONTRALAFT
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (anteriormente Grupo de Acción Financiera de Sudamérica – GAFISUD).
Cultura de legalidad: es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que demanda de los ciudadanos una conducta de respeto a la ley, en armonía con las convicciones y tradiciones culturales; y, de no tolerancia a la ilegalidad1.
Decomiso: es una acción que permite recuperar los productos e instrumentos del delito para compensar a la víctima, ya sea el Estado o un individuo. Requiere una condena penal y es parte de la sentencia2.
Personas Expuestas Políticamente: personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución (artículo 2 de la Resolución SBS Nº 4349 – 2016).
Recuperación de Activos: se refiere a los mecanismos legales, como el decomiso o la pérdida de domino, que permiten privar al delincuente de los bienes que ha utilizado para la ejecución del delito (instrumentos) o los productos obtenidos como consecuencia del delito (efectos y ganancias); y, lograr su restitución en favor del Estado.
Reparación civil: es el resarcimiento del bien o indemnización que debe otorgar quién produjo el daño como consecuencia del delito, en favor de la víctima [el Estado en los casos de LA/FT]; y, según el artículo 93 del Código penal, comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y perjuicios. Es solidaria si hay varios infractores y su cumplimiento es transmisible a los herederos3.
Sector privado: comprende a empresas de todo tipo, como las microempresas, pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, organizaciones de economía social, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, compañías multinacionales o cualquier otra forma jurídica que se adopte para ejercer actividad empresarial4.
Sujeto Obligado: entidad pública, persona natural o jurídica obligada a proporcionar información a la UIF-Perú, designado como tal en el artículo 3 de la Ley Nº 29038.
El Financiamiento del Terrorismo (FT): es un delito autónomo que consiste en recaudar fondos lícitos o ilícitos, a fin de financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas, conforme a la normativa vigente y los tratados internacionales.
La Política Nacional se ha elaborado en el marco de un proceso participativo en el que han intervenido diversas entidades públicas y actores del sector privado, cuyas competencias se circunscriben directa o indirectamente en la adopción de medidas para contrarrestar el LA/FT. Este proceso comprendió cuatro (4) fases:
FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y RECOJO DE INFORMACIÓN
FASE 2: Elaboración de la propuesta preliminar
La propuesta preliminar fue sometida a evaluación en siete (7) talleres, en los que participaron un total de 34 entidades del sector público y sector privado y 73 profesionales (ANEXO 1). Sobre la base de los aportes y comentarios recibidos se formuló la propuesta final de Política Nacional. Merece destacar durante esta fase la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ y los aportes metodológicos del CEPLAN.
FASE 4: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL POR PARTE DE LA CONTRALAFT
14. Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
15. Normas de la SBS y la SMV.
En el ámbito de la OEA, el Perú ha ratificado 2 Tratados que establecen estándares vinculados a lucha contra el LA/FT: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Ambos instrumentos han sido ratificados por el Perú en los años 1997 y 2003, respectivamente.
Por otro lado, las 40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas en febrero de 2012, y que se sustentan en las Convenciones ONU y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU antes señaladas, constituyen el estándar internacional en materia de LA/FT. El Perú, a través de un Memorando de Entendimiento, suscrito el ocho de diciembre del año 20005, reconoció dichos estándares y se comprometió a aplicarlos en su calidad de miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica - GAFISUD (Hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT). Merece destacar que si bien se trata de estándares internacionales que no se encuentran contemplados en convenios internacionales vinculantes, denominados Soft Law, en la práctica por las consecuencias que genera el no cumplir dichas recomendaciones se trata de Hard Law6. Actualmente el Perú se encuentra próximo a ser evaluado por el GAFILAT (septiembre 2017-2018) en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas y ya sido evaluado en los años 2003, 2005 y 2008.
La Política Nacional se enmarca dentro del Acuerdo Nacional (Política de Estado 26 y 30)7 y se encuentra alineada a las siguientes Políticas, Estrategias y Planes Nacionales que abordan temas vinculados al LA/FT:
5. Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (2017)8.
13. Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-20219.
Cabe señalar que en siete (7) de los instrumentos señalados se hace referencia expresa al LA: en 3 a nivel conceptual y en los 4 restantes a nivel de acciones (Ver ANEXO 2).
La Recomendación 1 del GAFI establece que “los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos”. Por su parte, la Recomendación 2 del GAFI establece que “los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, los cuales deben ser sometidos a revisión periódica y, deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas”.
En el caso del Perú la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (noviembre, 2016), elaborada con la asistencia técnica del BID, identifica cinco (5) Amenazas10 y cuarenta y tres (43) Vulnerabilidades11; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades que facilitan la ocurrencia de dichas amenazas, se establecen cuarentaitrés (43) riesgos en materia de LA/FT, de los cuales treinta y dos (32) tienen un impacto directo en dichas materias12.
Dentro de los 32 riesgos antes mencionados, se pueden citar, entre otros: (i) debilidad del sistema sancionador en materia de LA/FT llevado a cabo sobre los sujetos obligados financieros; (ii) dificultad en el acceso por parte de la UIF-Perú a la información afectada por la regulación del secreto bancario y la reserva tributaria; (iii) sistema de control de movimiento de efectivo transnacional insuficiente e inexistencia de limitación sobre traslados internos; (iv) falta de conocimiento sobre la aplicación práctica de la reciente reforma de la tipificación de los delitos de LA/FT; (v) dificultad del Ministerio Público en la investigación y persecución del LA/FT; (vi) existencia de carencias en el Poder Judicial que afectan el sistema de represión penal; (vii) baja efectividad de la PNP en la investigación y persecución del LA/FT; (viii) dificultad en el intercambio de información entre instituciones públicas; y, (ix) falta de concienciación social sobre las consecuencias del LA/ FT.
Finalmente, con relación a la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI, el Informe Final del Proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI”, desarrollado con la asistencia técnica de SECO (22 de marzo de 2016), advierte como aspectos a mejorar o fortalecer en materia de LA/FT, entre otros, los siguientes: (i) las normas de prevención LA/FT; (ii) la asignación de recursos materiales, tecnológicos y humanos para desarrollar investigaciones criminales y patrimoniales; (iii) los procedimientos de intercambio de información; (iv) la generación y publicidad de estadísticas para demostrar efectividad del sistema; y, (v) la capacitación sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra LA/FT.
Para mayor detalle sobre los riesgos LA/FT en el país y los hallazgos que los sustentan, establecidos en la Evaluación Nacional de Riegos LA/FT y las Evaluaciones Sectoriales a las que se ha hecho referencia, ver el ANEXO 3. Y respecto al nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, ver el ANEXO 4.
“Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el Perú”
Este objetivo plantea que, en el marco del Estado democrático y social de derecho13 que nos rige (artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Perú); y, a partir de la participación activa y coordinada de todos los actores competentes, el Perú logre consolidar un sistema nacional de lucha contra el LA/FT adecuado.
La adopción de mecanismos que fomenten la ayuda mutua a nivel técnico y operativo entre las entidades públicas y privadas para fortalecer la lucha contra el LA/FT.
Las entidades públicas encargadas de la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT deben utilizar y/o implementar mecanismos de colaboración mutua con sus entidades homologas y/o análogas en el extranjero; y, utilizar la cooperación judicial internacional, cuando corresponda.
PRINCIPIO 6: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PRINCIPIO 7: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO
EJE ESTRÁTEGICO Nº 3: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN
5.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS, RESPONSABLES, LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR EJE
La Política Nacional contiene cuatro (4) Objetivos Específicos- OE, una meta por cada OE, los responsables por cada OE, dieciséis (16) lineamientos y dieciocho (18) estándares nacionales de obligatorio cumplimiento (en adelante estándares), conforme al siguiente detalle:
objetivo especifico Nº 1: “Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el LA/FT.”
El Perú cuenta con un sistema de prevención del LA/FT (regulación, supervisión y sanción) eficaz, diseñado sobre la base de un enfoque basado en riesgos.
Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 1 “Prevención” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 2: “Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT”
2. Mejorar el control a nivel nacional y en las fronteras para detectar las actividades ilícitas generadoras del LA/FT.
Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 2 “Detección” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
2. Número de operativos de control de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”, realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.
3. Número de operativos conjuntos entre entidades nacionales para el control de dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”, realizados en puertos, aeropuertos y centros de atención en frontera.
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 3: “Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional y/o internacional”.
3. Procuradurías Públicas
5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
6. Todas las entidades públicas que pueden brindar un apoyo clave al sistema de administración de justicia (Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras).
1. Fortalecer las capacidades operativas y de gestión de las autoridades de investigación y sanción penal del LA/FT.
Para el debido seguimiento del Eje Estratégico 3 “Investigación y Sanción” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
2. Porcentaje de investigaciones por casos LA/FT iniciados bajo el nuevo Código Procesal Penal.
3. Diseñar un sistema de información estadística que produzca indicadores sobre el cobro efectivo de la reparación civil y de los activos recuperados en casos de LA/FT.
OBJETIVO ESPECIFICO Nº 4: “Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT”.
El Perú cuenta con un sistema nacional articulado para luchar contra el LA/FT que involucra la participación activa de las entidades públicas, la sociedad civil y sector privado a nivel nacional.
Todos los actores del sistema nacional contra el LA/FT: entidades públicas, sociedad civil y sector privado competente.
5. Adecuar la normativa a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de lucha contra el LA/FT.
Para el debido seguimiento del Eje Transversal 4 “Articulación” de la Política Nacional, las entidades públicas nacionales competentes y de los diferentes niveles de gobierno deben establecer metas concretas e indicadores concordantes con los siguientes estándares nacionales de obligatorio cumplimiento:
Políticas, Planes Y ESTRATEGIAS RelacionadAs14
La Evaluación Nacional de Riegos LA/FT, elaborada en el marco de un proceso participativo15 permitió identificar cinco (5) Amenazas16 y cuarenta y tres (43) vulnerabilidades17; y, a partir de la evaluación de aquellas vulnerabilidades susceptibles de colaborar a que dicha amenaza se haga realidad, se establecen cuarentaitrés (43) riesgos en materia de LA/FT, los cuales fueron clasificados en: (i) Riesgo muy alto: prioridad muy alta, necesidad de mitigación urgente; (ii) Riesgo alto: prioridad alta, necesidad de mitigación de manera menos urgente; (iii) Riesgo moderado: prioridad moderada, necesidad de mitigación media; (iv) Riesgo bajo: necesidad de mitigación residual.
A efectos de la elaboración de la Política Nacional y su respectivo Plan que permitirá su implementación, se toman en cuenta sólo 32 riesgos que tienen un impacto directo en materia de LA/FT. Los 11 riesgos restantes ya vienen siendo abordados por otras entidades públicas en el marco de otros instrumentos (políticas, planes y estrategias), por ejemplo, los que se detallan en el ANEXO 1.
2. Evaluación Sectoriales de Riesgos LA/FT en los ámbitos minero y pesquero
Estas evaluaciones sectoriales, realizadas con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ, han permitido identificar los principales riesgos LA/FT en los sectores minero y pesquero, así como sus respectivos lineamientos de política para mitigarlos.
En el sector minero, se han identificado en orden de prioridad siete (7) riesgos: la minería ilegal del oro, minería ilegal de otros minerales, fondos del contrabando que se invierten en el sector minero, fondos del narcotráfico que se invierten en el sector minero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector minero, clientes sospechosos y actividades terroristas financiadas por empresas mineras. Mientras que en el sector pesquero los riesgos LA/FT que ascienden a igual número (7) son: extracción ilegal, procesamiento ilegal, comercialización ilegal, fondos del narcotráfico que se invierten en el sector pesquero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector pesquero, clientes sospechosos y actividades terroristas financiadas por empresas pesqueras.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
El informe de evaluación mutua realizado al Perú en el marco de la III Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFISUD (actualmente GAFILAT) del 31 de julio del 2008 dio cuenta del grado de cumplimiento de las 49 Recomendaciones (hoy las 40 Recomendaciones de febrero del 2012). En efecto, el informe establece que 10 de ellas habían sido cumplidas; 14 mayoritariamente cumplidas; 24 parcialmente cumplidas y solo 1 no cumplida.
Como resultado de esta evaluación se determinó que en las Recomendaciones claves del GAFI, como son las Recomendaciones 5, 10, 13, y las Recomendaciones Especiales I, III y IV, el Perú obtuvo una calificación de Parcialmente Cumplido, lo cual motivó que sea sometido a un proceso de “Seguimiento Intensificado”18.
Posteriormente, la SBS, con el objetivo de preparar al país para lograr una adecuada implementación de las nuevas 40 Recomendaciones del GAFI y lograr una buena calificación en la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, implementó el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades del Perú para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica – GAFISUD” (marzo 2013 a enero 2014); y, sobre la base de las recomendaciones de éste, ejecutó el proyecto “Implementación de las Medidas y Acciones para el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI” (noviembre 2014 a marzo 2016). Ambos con el financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza – SECO.
- Actualización del Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT.
En efecto, mediante la Ley Nº 30437 se otorga expresamente a la UIF-Perú la potestad para congelar activos y fondos de las personas vinculadas al terrorismo, el FT y a la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU Nº 1267, Nº 1373, Nº 1718 y Nº 2231. Se trata de una medida de carácter administrativa (no penal) y preventiva, sujeta a ratificación de un juez, quien debe pronunciarse en 24 horas.
• Incorporación de nuevos sujetos obligados: (i) procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito; (ii) empresas de préstamos; (iii) juegos y apuestas deportivas a distancia utilizando el internet u otro medio; (iv) empresas que otorgan financiamiento sin intermediación bancaria; (v) abogados y contadores que realicen de manera habitual actividades de asesoramiento financiero y servicios societarios en nombre de un tercero o por cuenta de este. A nivel del sector público se incorporan las Empresas del Estado, gobiernos regionales, municipios provinciales, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
• Incorporación del sistema de prevención LA/FT acotado: se establece que algunos sujetos obligados, teniendo en consideración sus especiales características, pueden implementar un sistema de prevención LA/FT acotado, a diferencia del sistema de prevención LA/FT general que ya viene siendo implementando. El sistema acotado implica, por parte del sujeto obligado, únicamente la obligación de designar un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva; y, prevenir, detectar y comunicar a la UIF-Perú, operaciones sospechosas a través de un ROS.
• Modificaciones a la legislación penal sobre LA: se precisa que la autonomía del delito de LA no sólo comprende el ámbito de investigación y procesamiento, sino también el de la sanción; y, se incluye expresamente como delito precedente del LA al FT. Asimismo, se recoge dentro del tipo penal “Actos de ocultamiento y tenencia” la expresión “posee” y se elimina la referencia a la finalidad.
• Modificaciones a la legislación penal sobre FT: se incluye expresamente que los fondos pueden tener origen lícito o ilícito y se sanciona a quienes proporcionan a los terroristas individuales o a los grupos terroristas financiamiento para asegurar su existencia.
Asimismo, mediante Decreto Legislativo Nº 1298 se modifica el artículo 264 del Código Procesal Penal, estableciéndose que la detención preliminar judicial en delitos complejos (entre ellos, el LA) pueden durar un plazo máximo de siete (7) días; y, cuando se trate de delitos cometidos por organizaciones criminales, puede durar un plazo máximo de diez (10) días.
Finalmente, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1352 que establece la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en casos de LA/FT, contemplándose medidas para sancionarlas en forma directa como la disolución o la multa. Asimismo, se prevé que las personas jurídicas que implementen programas efectivos de prevención podrán eximirse de responsabilidad.
Con relación a la mejora de la efectividad, entendida por el GAFI como “el grado en que se logran los resultados definidos”, el informe plantea las siguientes observaciones:
• Desde finales del 2015 a la fecha se viene desarrollando el Proyecto “Sistema de Información Estadística sobre LA/FT”, con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana Implementada por GIZ, cuyo objetivo es el de generar información sobre los sistemas Anti LA/FT, mediante un mecanismo de automatización de producción de información, con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la UIF-Perú; lo cual sería finalmente publicado por el Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
- Programa de capacitación amplio y profundo sobre todos los aspectos vinculados a la lucha contra el LA/FT. Asegurar la permanencia en los cargos de los funcionarios que reciben la capacitación (RI7).
Cabe resaltar que el Perú, producto del trabajo impulsado por la UIF, como coordinador nacional, salió del proceso de seguimiento intensificado el 5 de agosto del 2016, por decisión del Pleno del GAFILAT, al haberse constatado los avances realizados por el país y el compromiso político para superar las deficiencias detectadas en el 2008.
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References: artículo 4

Artículo 3
 resolución 

Artículo 7
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 93
 artículo 3
 artículo 264