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Timestamp: 2019-01-21 01:51:11+00:00

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﻿ SENTENCIA 9051 DE OCTUBRE 19 DE 2000
SENTENCIA 9051 DE 19 DE OCTUBRE DE 2000
CONTENIDO:DEUDOR DE VIVIENDA A LARGO PLAZO - UPAC. CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY LEY 546 DE 1999, LOS DEUDORES DE VIVIENDA A LARGO PLAZO QUE CONTRATARON SUS CRÉDITOS BAJO EL SISTEMA UPAC, ADEMÁS DE CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE HACER USO DE LAS VÍAS LEGALES PARA OBTENER, SEGÚN SEA EL CASO, EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓNLA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE MUTUOEL REEMBOLSO DE LO QUE SE HUBIESE PAGADO DE MÁS, ETC., TIENEN LA OPCIÓN DE RECLAMAR LA RELIQUIDACIÓN DE SUS CRÉDITOS DIRECTAMENTE A LAS ENTIDADES CON LAS QUE TIENEN SUSCRITO EL CONTRATO RESPECTIVO, PARA QUE ÉSTAS EFECTÚEN EL ABONO A QUE PUEDAN TENER DERECHO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 546 DE 1999, E INCLUSO OBTENER LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO QUE, POR MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN HIPOTECARIA, PUEDA ESTAR EN CURSO. SUSPENSIÓN QUE, COMO SE DESPRENDE DE LA NORMA TRANSCRITA, DEBE DECRETAR EN FORMA AUTOMÁTICA EL JUEZ QUE ESTÉ CONOCIENDO DEL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:HIPOTECA, CRÉDITO DE VIVIENDA, UPAC, CRÉDITO DE VIVIENDA EN UPAC, LIQUIDACIÓN DE LA UPAC
Sentencia 9051 de octubre 19 de 2000
Rad.: 20009051 T, oct. 19/2000.
Aprobado según Acta Nº 81 del 19 de octubre de 2000.
Procede esta Sala a decidir la impugnación de la sentencia de septiembre 4 de 2000, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Rafael Martínez Carazo y Alba Patricia Soto Muñoz contra la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
El señor Rafael Martínez Carazo compró una vivienda de interés social, ubicada en el lote 6 de la manzana 18 de la urbanización Villa Real de la ciudad de Montería, distinguida con la matrícula inmobiliaria Nº 140-0046716, contrato que se protocolizó en la Notaría Primera, mediante la escritura pública Nº 1650, de julio 12 de 1993.
En el mismo acto notarial se consignó la constitución sobre el referido bien de un patrimonio de familia inembargable y una hipoteca de primer grado a favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena. Esta hipoteca se instituyó como garantía del crédito que Colmena otorgó al señor Rafael Martínez Carazo, el cual cancelaría por la modalidad de cuotas mensuales, quedando establecidas un número total de setenta y seis (76) cuotas. De ellas el deudor canceló cuarenta y tres (43) y a partir de este momento se atrasó en el pago de esas obligaciones mensuales, aduciendo como causa de la mora su incapacidad de pago ante el incremento desmesurado de los intereses del sistema UPAC.
Ante el incumplimiento del deudor, señor Rafael Martínez Carazo, Colmena, por medio de apoderado judicial, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería inició proceso ejecutivo hipotecario, en el que, luego de surtidos los trámites procesales, se llegó a la etapa de aprobación tanto del remate del bien inmueble, según auto de febrero 22 de 2000, como de la cancelación del patrimonio de familia, de la hipoteca y la entrega del bien rematado a la persona que lo adquirió, es decir, a la señora Alicia Díaz Vásquez.
Debe anotarse que un día antes de dictarse el referido auto de febrero 22 de 2000, los ahora accionantes, con base en lo establecido en la Ley 546 de 1999, solicitaron a Colmena "la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario" que se seguía contra ellos, por cuanto la citada ley les daba la oportunidad de refinanciar el crédito y hacer el respectivo abono a la obligación (fl. 78, cdno. anexo).
Al mismo tiempo, los accionantes interpusieron recursos de reposición y apelación contra el auto de febrero 22 de 2000, a través del cual se había aprobado el remate. En dicho recurso solicitan que se suspenda el proceso, fundados en que de conformidad con la Ley 546 de 1999, dentro de los 90 días siguientes al de la expedición de ésta, habían reclamado la suspensión del mismo.
El juez, a través del proveído de marzo 22 de 2000, repuso su decisión y revocó el auto de febrero 22 de 2000 y, en su lugar, improbó el remate, declaró la suspensión del proceso y la devolución a la rematante del dinero consignado (fls. 101-104).
En otro estadio de la cuestión, la señora Alba Patricia Soto se reunía con el gerente de Colmena para convenir las nuevas condiciones del crédito. Colmena, en abril 24 de 2000 (fl. 36), le comunicaba al señor Rafael Martínez Carazo el valor resultante de la reliquidación del crédito, de $ 1''739.916,11 a su favor, y la condonación de los intereses de mora, de conformidad con lo establecido en la Ley 546 de 1999 y la Circular 165 de la Superintendencia Bancaria.
No obstante que Colmena hizo esta manifestación a los accionantes, al parecer no se lo comunicó a su propio apoderado judicial dentro del mencionado proceso ejecutivo hipotecario, por lo que éste apeló el auto mediante el cual el juez civil decidió improbar el remate. Al decidir este recurso, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Montería decidió revocar la decisión apelada, y en su defecto impartió aprobación al remate, ordenó la entrega del bien y la cancelación del embargo, de la hipoteca y del patrimonio de familia.
Estos hechos son los que invocan los accionantes para deprecar el amparo, porque las actuaciones de Colmena y de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Montería desconocieron la Ley 546 de 1999, vulnerando de paso los derechos a la vivienda digna (art. 51), en conexidad con la dignidad humana, la igualdad y la protección del núcleo familiar (arts. 1º, 5º, 13 y 42), el derecho fundamental de protección y aplicación del orden jurídico justo (preámbulo, arts. 1º y 2º superior); el derecho fundamental de los accionantes como procesados (sic), la aplicación prevalente del orden sustancial (art. 228 superior) y el derecho a la jurisdicción (art. 229 superior)".
Arguyen que el derecho a la vivienda digna hace parte de esa gama de expresiones del Estado social de derecho, y aunque no está consagrado expresamente como derecho fundamental, ello no implica que no pueda ser protegido por vía de la tutela cuando su desconocimiento afecta otros derechos como la dignidad (erigida como principio y fundamento del Estado social de derecho), la igualdad, la justicia material, el derecho a la jurisdicción, entre otros, como ocurre en el presente caso.
"Fueron precisamente esos criterios de equidad y de justicia los que tuvo en cuenta la Corte Constitucional en sus sentencias C-252 de 1998, C-383 de 1999 y C-700 de 1999, para declarar inexequibles las normas jurídicas que soportaban el estatuto orgánico del sistema UPAC, no sólo por vicios de competencia sino por vicios sustanciales frente al marco constitucional que ampara el derecho a la vivienda".
Las actuaciones de Colmena y del tribunal fuera de que desconocen los imperativos de la Ley 546 de 1999 referentes a la preservación de los mencionados derechos, implican además un trato desigual, porque no les aplicaron y reconocieron sus beneficios en los mismos términos que a los demás usuarios del sistema UPAC.
Para los accionantes, en la providencia de marzo 22 de 2000, el tribunal hizo exactamente lo contrario a lo previsto en el artículo 42 ibídem, porque si bien consideró correctamente que se satisfacía el primer requisito relacionado con la existencia de un proceso judicial, erró al desestimar el cumplimiento del segundo requisito, ya que adujo que la petición de suspensión fue "dirigida a Colmena dentro de los 90 días, pero se debió presentar ante el juzgado, por tratarse de un acto de naturaleza procesal y no de una tramitación meramente administrativa". Consideran incorrecta la decisión del tribunal, pues el artículo 42 en cita señala que los deudores hipotecarios que estuvieran en mora a diciembre 31 de 1999 podrán acogerse a los beneficios consagrados en el artículo 40 idem, siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de recibir la reliquidación del crédito, dentro de los 90 días siguientes a la expedición de la ley. Es decir, que según la ley tal solicitud debe hacerse a la entidad financiera, y no ante la juez que tramita el proceso ejecutivo, como lo señaló en forma errónea el tribunal.
De otra parte, el parágrafo 3º del artículo 42, ibídem, determina que los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los 90 días siguientes al de entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999 decidan acogerse a la reliquidación del crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar la suspensión de los mencionados procesos. En el caso que nos ocupa se cumplieron pues, todos los requisitos para lograr no sólo la reliquidación del crédito, sino también la suspensión del proceso ejecutivo.
Pero, fuera de lo anterior, dicen que solicitaron también ante la jurisdicción del proceso, dentro de los 90 días estipulados en la ley, tal suspensión, surgiendo así la más abierta contrariedad entre la ley y la decisión del tribunal, como quiera que el mismo tribunal advierte: "De otro lado, la petición de suspensión del proceso se hace ante el juez de conocimiento el día 25 de febrero de 2000", pero concluye que no se cumple el requisito porque en su sentir "la petición de suspensión del proceso, se hizo ante el juzgado del conocimiento en un escrito que contiene un recurso de reposición, con fundamento en un documento aducido como anexo y que consiste en la petición formulada previamente a la entidad crediticia, lo que a simple vista constituye una irregularidad, toda vez (agrega el tribunal) que es enteramente ajeno a situaciones nuevas que se puedan plantear por las partes como en efecto así aconteció".
El tribunal no debió desestimar tal solicitud de suspensión, por cuanto ella podía plantearse dentro o fuera del recurso de reposición.
Con base en las anotadas premisas, solicita que se tutelen los derechos fundamentales que considera vulnerados.
La Sala a quo declaró improcedente la tutela, pues en su criterio los accionantes disponen de otros medios de defensa judicial, en la medida que la Ley 546 de 1999 establece que los deudores hipotecarios pueden pedir la reliquidación de sus créditos con el fin de que se les reembolsen aquellos valores que hayan pagado de más, "gabela" que cobija aun a quienes se les haya promovido procesos de cobro judicial. De manera que a pesar de haberse culminado el juicio ejecutivo en su contra, pueden pedir la reliquidación y reembolso de las sumas que hayan superado los pagos legales, teniendo la opción de readquisición de vivienda que establece el artículo 46, ibídem.
Dichas pretensiones, dice el juez de tutela de primer grado, se pueden ejercitar a través de un proceso ordinario, que es un medio de defensa que se erige como eficaz para exponer las razones y argumentos que se crea que les asiste en su favor y así evitar el quebranto de sus derechos patrimoniales. Por lo que pretender "infartar" la decisión del tribunal por vía de tutela no es viable, dado que el proceso se agotó cumpliendo el procedimiento legal.
En cuanto a lo que atañe al numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, es válido reseñar que como ya se produjo la entrega del inmueble rematado a la rematante, se trata de un hecho consumado que hace surgir la improcedencia de la tutela.
Conviene advertir que la presente acción de tutela fue presentada ante la Sala a quo en julio 27 de 2000. Sin embargo, aplicando el Decreto 1382 de 2000 fue enviada a la Corte Suprema de Justicia, corporación esta que rechazó la demanda, según auto de agosto 11 de 2000, al inaplicar dicho decreto y ordenó su devolución al Consejo a quo.
Éste asumió el conocimiento por auto de agosto 22 de 2000 y entre otras decisiones ordenó la suspensión de la diligencia de entrega del bien inmueble objeto de la tutela. A pesar de ello, cuando se comunicó la suspensión ya se había cumplido la entrega del mismo; por tal motivo considera la Sala a quo que se está ante un hecho consumado, y con base en ello concluyó que la tutela era improcedente.
Según el impugnante, las razones de la Sala a quo respecto de la posibilidad con que cuentan los accionantes de pedir la reliquidación del crédito a través de un juicio civil ordinario, considerando esta vía como el medio eficaz para hacer valer sus derechos, a más de equivocadas, son contradictorias, pues en el caso bajo estudio la acción de tutela no tiene como pretensión esencial la protección de derechos patrimoniales, no busca la reliquidación, sino el amparo del derecho a la vivienda digna, al núcleo familiar y a la suspensión del proceso con fundamento en la aplicación prevalente del orden jurídico sustantivo, enmarcado a su vez en la garantía de un orden social, económico y jurídico justo; y si bien se solicita la reliquidación del crédito, en el fondo lo que se busca es la efectividad de la garantía de los derechos de los usuarios del desaparecido sistema UPAC".
También se afirma por la Sala a quo que el proceso ejecutivo hipotecario se agotó cumpliendo los pasos indicados en la ley, afirmación que según el impugnante no es cierta, porque de ser así, aplicando el artículo 46 de la Ley 546 de 1999 se hubiese suspendido el mencionado trámite procesal.
"Tampoco lo es que el proceso civil ordinario sea un medio eficaz, porque ¿cómo considerarlo tal si no puede impedir la vulneración de los derechos cuyo amparo se solicitó? Si acuden a esa reliquidación, como se sostiene, de todas maneras el efecto del proceso ejecutivo conlleva al despojo de la vivienda de los accionantes. De ahí la procedencia de la tutela, porque si se utilizaba otro medio judicial, ya no existía derecho que proteger".
"No basta la sola existencia de otro medio judicial eficaz, porque ese medio debe tener capacidad de evitar la vulneración de los derechos y de no ser así, es procedente la tutela; así lo ha sostenido la Corte Constitucional, al señalar el otro medio defensivo (sic) debe ser tan eficaz como la tutela".
Agrega que si bien es cierto la tutela perseguía evitar el lanzamiento y la entrega del inmueble al rematante, no por ello se imposibilitaba la decisión de fondo que ordenase restablecer las cosas al estado en que se encontraban. Es claro que no puede hablarse en este caso de hecho consumado, pues la vulneración del derecho persiste. ¿Acaso los tutelantes no siguen afectados con la decisión del tribunal?, fueron despojados de su vivienda, lo que pone en mayor evidencia la vulneración de sus derechos y, por ende, la pertinencia de la tutela.
Hecho consumado es aquel que vulneró el derecho fundamental y deja de producir efectos, por cuanto el derecho objeto de protección desapareció. En otros términos, no hay derecho que proteger. Pero en el caso bajo estudio, a los accionantes les pueden ser restablecidos sus derechos a la suspensión del proceso judicial y, consecuencialmente, a seguir pagando la vivienda y a la reliquidación del crédito con Colmena, en virtud de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y lo decidido por la Corte Constitucional.
Debe tenerse en cuenta que la solicitud de suspensión de la entrega del inmueble rematado se hizo oportunamente, pero el lamentable yerro en el trámite impartido a la tutela impidió que se cumpliera la finalidad de ésta.
La inspección de policía que tenía por encargo hacer la entrega del inmueble había fijado las 2:30 p.m. del día 22 de agosto de 2000 como hora y fecha para ejecutar dicha diligencia, pero los accionantes, ante las presiones originadas en los trámites procesales y tratando de evitar la vergüenza de ser lanzados, decidieron entregar anticipadamente las llaves del bien rematado, y por ello el inspector decidió formalizar la entrega a las 10:00 a.m. del día 22 de agosto de 2000.
Señala además que la entrega del inmueble ordenada por la Sala a quo como medida cautelar, al admitir la tutela, fue ineficaz por circunstancias ajenas a los accionantes y por tal motivo la declaratoria de improcedencia se torna injusta y contraria a la Constitución.
Considera inaceptable el alegato de la rematante, quien considera que como el inmueble estaba arrendado no se ha violado su derecho a la vivienda digna, pues los accionantes jamás han abandonado el inmueble ni han dejado de tenerlo como su única vivienda; la estadía temporal de otras personas se debió a la necesidad de prestar cuidado a un hermano de la señora Alba Patricia Soto Muñoz, quien padece de un cáncer cerebral, en estado terminal, debiendo mudarse a la casa de su madre, sitio donde se encuentra el enfermo. Pero aun en el caso de estar arrendada la casa, sin que el motivo fuese esa poderosa razón familiar, ello no enerva los derechos a solicitar el amparo, ya que el mismo reglamento del sistema permite el arrendamiento después de 5 años de posesión, asunto que está previsto en la escritura de adjudicación, y los accionantes llevan más de 7 años poseyéndola.
Como la providencia de primera instancia no dilucidó los fundamentos sustanciales de la acción, se reiteran en los mismos, agregando que sus razones hoy cobran mayor vigencia, fundados en la sentencia de la Corte Constitucional que se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 546 de 1999.
La Ley 546 de diciembre 23 de 1999 establece que los usuarios de los créditos del sistema UPAC que estuvieran en mora en el pago de las cuotas mensuales, o que tuvieran en su contra procesos ejecutivos hipotecarios, podían solicitar la reliquidación del crédito y la suspensión del proceso judicial en curso, dentro de los noventa días siguientes al de entrada en vigencia de dicha ley.
Los aquí accionantes, en calidad de deudores hipotecarios contra quienes se seguía un proceso ejecutivo hipotecario ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería, el 21 de febrero de 2000, o sea, sólo dos meses después de la expedición de dicha ley, solicitaron a Colmena, entidad que les hizo el crédito materia de cobro ejecutivo, la suspensión del proceso judicial que se les seguía por la mora en el pago de sus obligaciones crediticias.
Simultáneamente, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería continuaba el proceso, y el 22 de febrero de 2000 se dictó un auto aprobando el remate del bien inmueble objeto del litigio y se ordenaron otras medidas.
Contra esta providencia, los accionantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación, invocando que el 21 de febrero de 2000 habían solicitado a Colmena la suspensión del proceso y por ello debía revocarse la orden de remate y ordenar la suspensión antes mencionada.
Al resolver la reposición, en providencia de marzo 22 de 2000 (fls. 30 y ss.), el juez atendió las voces del recurso, revocó el auto recurrido y dispuso la suspensión del proceso, dando aplicación a la Ley 546 de 1999.
Esta decisión la apeló el apoderado judicial de Colmena, al parecer en forma inconsulta, dado que el 21 de febrero de 2000 los deudores habían solicitado a esa entidad la suspensión del proceso y la reliquidación del crédito, tal como aparece en escrito que obra a folio 28. El tribunal, al resolver la impugnación, desatendiendo el tenor literal del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, no sólo se negó a ordenar la suspensión del proceso, aduciendo que el recurso de reposición no era la vía o la forma de pedir tal suspensión, sino que además revocó el auto apelado y aprobó el remate, ordenando la cancelación de la hipoteca, del embargo, del patrimonio de familia, y la entrega del bien a la rematante.
Bajo la anterior perspectiva, resulta indispensable establecer si los accionantes, a través de la petición de febrero 21 de 2000, directamente elevada ante Colmena, y luego ante el juzgado de instancia, a través del recurso de reposición, de febrero 25 de 2000, cumplieron los requisitos de forma y oportunidad que exige la ley para que se decrete la suspensión del proceso judicial que se tramitaba en su contra.
Para efectos de resolver el punto, es pertinente transcribir un aparte de la sentencia SU 846 de julio 6 de 2000, en la cual la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado doctor Alfredo Beltrán Sierra, sobre la solicitud de suspensión del proceso por parte de los deudores hipotecarios, dijo:
"En cuanto a las obligaciones vencidas y frente a las cuales se hubiesen iniciado procesos judiciales, el legislador previó la posibilidad de solicitar la suspensión de éstos, si el deudor se acogía al sistema de reliquidación previsto en la ley, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de ésta, previa solicitud efectuada a la entidad financiera correspondiente. El parágrafo 3º del artículo 42, expresamente establece:
“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, que decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo, el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámites. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”.
"4.2. Significa lo anterior que, con la expedición de la ley en mención, diciembre 23 de 1999, los deudores de vivienda a largo plazo que contrataron sus créditos bajo el sistema UPAC, además de contar con la posibilidad de hacer uso de las vías legales para obtener, según sea el caso, el pago de una indemnización; la revisión de los contratos de mutuo; el reembolso de lo que se hubiese pagado de más, etc., tienen la opción de reclamar la reliquidación de sus créditos directamente a las entidades con las que tienen suscrito el contrato respectivo, para que éstas efectúen el abono a que puedan tener derecho, en los términos de la Ley 546 de 1999, e incluso obtener la suspensión del proceso que, por mora en el pago de la obligación hipotecaria, pueda estar en curso. Suspensión que, como se desprende de la norma transcrita, debe decretar en forma automática el juez que esté conociendo del proceso". (Subrayado nuestro) (sic).
De lo hasta ahora visto, está demostrado que los accionantes pidieron oportunamente a Colmena y a los jueces la suspensión del proceso hipotecario, y tanto Colmena como el tribunal superior no accedieron a tal solicitud en forma automática.
Al no pedir Colmena la suspensión del trámite, incurrió en vulneración al debido proceso, ya que recibió la solicitud oportunamente, es decir, en febrero 21 de 2000, y, no obstante, permitió que su apoderado judicial apelara, en marzo 30 de 2000 (fls. 105-108, cdno. anexo) la decisión del juez segundo civil del circuito que ordenó la suspensión del proceso, sin solicitar posteriormente a su mandatario que desistiera del mencionado recurso, el cual fue desatado en julio 10 de 2000 (fls. 40 y ss.).
Es de advertir que mientras cursaba en el tribunal la apelación que había presentado su apoderado judicial, Colmena comunicaba a sus deudores la reliquidación del crédito, señalándoles que tenían a su favor la suma de $ 1''739.916.11, y la condonación de intereses de mora, de acuerdo con la comunicación de abril 24 de 2000 (fl. 36).
Se evidencia, pues, una actuación paralela de Colmena en el asunto, lo cual es aceptado al intervenir en la presente tutela, cuando admite que se hicieron tales peticiones por los deudores, y también que se logró un acuerdo con éstos, cuya primera alternativa era de que el valor en mora se sumaría al valor total de la deuda y que a partir del mes de junio la facturación se haría al día (hecho 6º de la demanda —fl. 6— aceptado como "cierto" en la intervención de Colmena-105).
Así las cosas, Colmena desconoció el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 al no informar al juez que los deudores pidieron la suspensión del proceso. Por el contrario, el proceso siguió su curso a instancias de la apelación del apoderado de la misma Colmena, desconociendo así la ley y, de paso, vulnerando el derecho de los accionantes a la vivienda digna, al igual que el debido proceso consagrado en la ley antes mencionada, mas no el derecho a la igualdad, ya que no se aportó al proceso de tutela un parámetro comparativo que permita sustentar en este caso una vulneración concreta del artículo 13 de la Carta Política.
Al callar Colmena al tribunal que los deudores no sólo habían pedido la suspensión del proceso, sino que habían obtenido una reliquidación y un acuerdo para reestructurar la deuda, y para el pago de la misma, el tribunal decidió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Colmena.
Tal proceder pone en evidencia la conducta descuidada de Colmena y la viabilidad del amparo contra esta entidad crediticia, pues con su comportamiento omisivo colocó a los accionantes en una situación fáctica de indefensión que los legitima para acudir a la tutela como mecanismo idóneo que les permite rechazar la injusticia.
Es de anotar que la tutela procede contra particulares (como la corporación Colmena), "cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o de indefensión frente al particular contra el que se intenta la acción" (C.P., art. 86 num. 4º y D. 2591/91, art. 42, num. 9º).
En el presente caso los señores Martínez Carazo y Soto Muñoz se encuentran en una situación de indefensión o impotencia frente a Colmena, "ya que carecen de los medios físicos o jurídicos eficientes para repeler la agresión de la cual han sido objeto por parte del particular que ha vulnerado sus derechos fundamentales". En tal hipótesis, la acción de tutela surge como el mecanismo judicial excepcional idóneo que protege los derechos fundamentales violentados por la entidad financiera. El fenómeno de la indefensión está encaminado a proteger a las personas de los abusos provenientes de cualquier poder económico, financiero, social, religioso, cultural, etc., lo cual demuestra que en nuestro modelo de Estado social, los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a los particulares. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en las sentencias T-172 de 1997. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, T-351 de 1997. M.P. Dr. Fabio Morón y SU-062 de 1999. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras.
En cuanto a la actividad procesal del tribunal, es de anotar que si bien debía pronunciarse sobre la apelación que le otorgaba competencia para conocer del proceso ejecutivo hipotecario tantas veces nombrado, la decisión de la alzada tampoco acató el tenor del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, sino que se profirió expresamente en contra de la norma que ordena la suspensión automática del proceso judicial.
Por esta actuación, incurrió el tribunal en vía de hecho, no sólo por dar primacía a un infundado formalismo, ya que considera que no era el recurso de reposición la vía o la forma de pedir la suspensión del proceso ejecutivo, desconociendo que la Ley 546 de 1999 no ha previsto formalidad alguna para pedir tal suspensión, como sería un trámite incidental, una petición especial con precisas formalidades, etc. De igual manera, vulneró el debido proceso al disponer la continuación del mismo, cuando existía norma legal expresa que ordenaba en este evento la suspensión inmediata del trámite procesal. En tal sentido, la interpretación del tribunal en torno a la Ley 546 de 1999, es manifiestamente irrazonable y contraria a los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Política; y por ello no puede ser admitida como una manifestación de la autonomía funcional de los jueces.
Sobre este particular conviene insistir en la diáfana distinción que existe entre las providencias judiciales "—que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales están previstos, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico— y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas". (C. Const., sent. T-231. Mayo 13/94. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz) —subrayado nuestro.
Ante la evidencia del desconocimiento al debido proceso, que conlleva a la vulneración del derecho a la vivienda digna, habrán de tutelarse estos derechos, disponiendo dejar sin valor ni efecto la providencia de fecha 10 de julio de 2000 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, por medio de la cual revocó la suspensión del proceso, para que esa corporación judicial proceda a emitir la decisión que en derecho corresponda y adopte las medidas necesarias para restablecer los derechos quebrantados.
Conviene advertir que si bien el inmueble fue transferido a un tercero mediante remate, tal circunstancia no se puede calificar como un hecho consumado que torna improcedente la acción de tutela, ya que actualmente, y a través de este mecanismo constitucional, es posible restablecer al solicitante el goce de sus derechos conculcados, y concretamente sus derechos al debido proceso y a la vivienda digna. Resulta inaceptable y contrario a la Carta Política que se haya aplicado a los accionantes la Ley 546 de 1999, con criterios distintos a los que establece la referida norma para resolver los problemas que afectan a los deudores del desaparecido sistema UPAC, vulnerando derechos que aún en la actualidad pueden ser debidamente amparados mediante la acción de tutela. Por tal razón, no opera en este caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 6º numeral 4º del Decreto 2591 de 1991.
A mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Revocar la providencia impugnada y, en consecuencia, se tutelan los derechos al debido proceso y a la vivienda digna de los señores Rafael Martínez Carazo y Alba Patricia Soto Muñoz, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto se decide:
2. Dejar sin valor ni efecto la providencia de fecha 10 de julio de 2000 del Tribunal Superior de Montería por medio de la cual revocó la suspensión del proceso.
3. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que en el término de 48 horas proceda a emitir la decisión que en derecho corresponda y adopte las medidas necesarias para restablecer los derechos de los accionantes, impartiendo las órdenes vinculantes a las partes del proceso y al tercero adquirente del bien inmueble de autos.
4. Prevenir a la Corporación de Ahorro y Vivienda, Colmena para que en el futuro acate las normas legales vigentes, evitando arribar a situaciones como la que aquí nos ocupa.
Magistrados: Leonor Perdomo Perdomo, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez.

References: artículo 42
 artículo 42
 artículo 40
 artículo 42
 artículo 46
 artículo 6
 artículo 46
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 6