Source: http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/AHn10a01/2745
Timestamp: 2017-03-23 02:19:52+00:00

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El conflicto de los españoles ante el proceso de emancipación: Los casos del Río de La Plata y México en los albores del siglo XIX | León Matamoros | Anuario del Instituto de Historia Argentina
Anuario del Instituto de Historia Argentina, 2010, nº 10, p. 15-36. ISSN 2314-257XUniversidad Nacional de La Plata.
The spaniards conflict at the process of emancipation: Rio de La Plata and Mexico cases at the beginning of the 19th century
maryagraziela@yahoo.com.mx
Palabras clave: Emancipación; Españoles; Decretos; México; Río de la Plata
The wars of independence in Latin America and the consequent process of building the nation accounted for the Spaniards unsteadiness, reflected, in various degrees of intensity, in emerging countries. The intent of this paper is to present the measures that the governments of two different territories such as Mexico and Río de la Plata, adopted against the Spaniards for legitimacy. The position of both governments reveal the relationships and affronts which every country kept to their former conquerors, and the levels of dependence on the Iberian that made inoperable, in many cases, the intention of decrease their privileges. Therefore the aim is to show the history, the parallels and differences that these countries had in their provisions against the Spaniards.
Keywords: Independence; Spaniards; Decrees; Mexico; Rio de la Plata
En este trabajo se dirigirá la mirada a dos regiones distintas, pero no ajenas, como son México y lo que ahora denominamos Argentina. Tomando en consideración las diferencias del pasado histórico de ambos países, más que llegar a una comparación lo que se intentará es una contrastación -con algunas salvedades, la principal relativa a la desigual cantidad de casos encontrados (1)- que pueda evidenciar las actitudes disímbolas que los respectivos gobiernos tuvieron frente al tema de los españoles en el proceso de independencia y edificación de la nación. Esta investigación se ubica entre los años de 1810 y 1816, para el caso del Río de la Plata, y en lo concerniente a México, en la época de 1827 a 1829, fechas en que la presencia española dio pie a numerosas disposiciones encaminadas a minar los privilegios que los peninsulares ostentaban en ambos territorios americanos. Dado que las medidas tomadas en contra de la comunidad española van más allá de la emisión de leyes o disposiciones, el presente artículo pretende establecer si en la práctica dichos decretos se cumplieron o, en su defecto, explorar las múltiples razones que favorecieron su incumplimiento en los casos aquí tratados. En ese sentido, Hugo Raúl Galmarini hace un planteamiento en torno al caso rioplatense que bien puede hacerse extensivo al mexicano: tal consiste en la necesidad, por una parte, de elucidar si la presunta represión hacia los españoles se aplicó sin distingos de diversos tipos y, por otra, de establecer si la virulencia manifiesta en algunas de las disposiciones oficiales fue en los hechos efectiva, o si acaso hubo sectores al interior de la comunidad hispana que fueran más vulnerables a éstas(2). La pertinencia de estas interrogantes permitirá el desarrollo de este ensayo. Asimismo, se analizan las principales diferencias que, a la luz de los resultados, permiten determinar por qué en el caso del Río de la Plata la relación con los españoles fue rápidamente saldada y en contraparte, en México tardó varios años en esclarecerse. Lo que se cotejará es un proceso similar y la actitud que cada país adoptó ante la presencia española. Como ya se ha mencionado, las épocas y las circunstancias a tratar difieren de un territorio a otro. Las medidas adoptadas en contra de los ibéricos en el Río de la Plata se circunscriben en un marco convulso por la lucha independentista; por eso se retoma la primera década a partir del estallido de la guerra de Independencia, que es cuando las disposiciones en contra de los españoles se hacen presentes. A partir de 1810, los peninsulares comenzaron a ocupar un papel distinto, siendo mermados sus privilegios, en apariencia, mediante una serie de medidas y decretos que, a la par de los acontecimientos de la lucha de emancipación, anunciaban el proceso de creación de la nación argentina (3). En lo que respecta a México, dichas ordenanzas se dan en un ámbito de supuesta estabilidad social, una vez alcanzada la Independencia (1821). Las medidas adoptadas por los gobiernos en turno fueron abiertamente agresivas, por lo menos en el discurso, y también se manifestaron como una forma de disminuir la preeminencia de los hispanos cuando se inicia el proceso de conformación de la nación. Ante las complicaciones que entrañaban tanto el proceso de emancipación como la posterior organización del Estado, fue evidente que la fractura con el poder imperial no engendró un Estado nacional mecánicamente y que el camino para ser nación fue bastante largo y tortuoso para ambos países (4). Hablar de nación para esa época resultaría anacrónico en tanto no se reconozca que la construcción de ésta es un proceso largo que involucra diversas vertientes(5).
Tanto en México como en el Río de la Plata el peso de los peninsulares recaía en el aspecto cualitativo más que en el cuantitativo. El porcentaje de españoles que residían en estos países en los procesos de emancipación y de construcción nacional era bastante escueto en comparación con la influencia política y poder económico que varios de ellos tenían. Según Emir Reitano, para finales del siglo XVIII, en la estratificación social de Buenos Aires los peninsulares estaban presentes en todas las capas que la conformaban y un importante número de ellos integraba el sector de grandes comerciantes mayoristas, situación que estaba vedada a otros inmigrantes(6). Sin embargo, es importante puntualizar que no todos los españoles eran miembros de la élite económica. Si bien una parte de ellos se situaba en una posición privilegiada -la cual les permitió subsistir ante la caída de España como colonizadora- existía una gran "masa de artesanos, dependientes y peones para los que, la coincidencia del lugar de nacimiento, era la casi única condición que los identificaba con los otros"(7). El matiz es importante porque deja entrever que, al final, los principales afectados con las medidas implementadas en contra de los europeos recayeron en ese segundo grupo. Por el contrario, en México, los españoles identificados con el sector menos afortunado representaban una minoría. Los peninsulares por lo general ocupaban puestos dirigidos al comercio y, como lo señala Clara E. Lida, desde la última etapa del Virreinato hasta mediar el siglo XIX, un fragmento de la comunidad hispana controló el comercio abarcando, además del Golfo y el Caribe, desde Nueva Orléans hasta La Habana, extendiéndose al norte del país hacia Nueva York, Filadelfia y Baltimore, así como a Cádiz, Barcelona, Londres, Liverpool, Burdeos y Hamburgo, en Europa.(8). Esta situación inconformó a buena parte de la población mexicana, que se cuestionaba sobre los alcances obtenidos a raíz de la Independencia y, por lo tanto, pugnó por eliminar la preeminencia económica y, en algunos casos, política de los ibéricos. Las primeras medidas en contra de la comunidad española Una de las primeras disposiciones que se emprendieron en perjuicio de los peninsulares fue su remoción de los cargos públicos en ambas regiones. Desde finales del siglo XVIII los criollos manifestaron su inconformidad por la imposibilidad legal de participar en las altas esferas del poder. Para 1810 las guerras de Independencia brindaron la oportunidad a este grupo de revertir la situación(9). Así, en el Río de la Plata, en octubre de 1810, la Primera Junta Patria(10) decidió separar de sus empleos concejiles a los miembros del Cabildo y en diciembre del mismo año resolvió prescindir de los españoles en los empleos a conceder en el futuro(11). Sin embargo, llevar a la práctica estas instrucciones resultó más complicado de lo que se pensaba. Los sectores nobles y más influyentes, que se identificaban con la élite peninsular, protestaron enérgicamente para que se retiraran dichas disposiciones. Fue tal la presión, que la Junta tuvo que recular en el dictamen de los empleos concejiles y la ordenanza de diciembre tuvo que ablandarse y dejarse sin efecto para los que no hubieran mostrado oposición al gobierno. La débil actuación de la Junta para minar los privilegios de los peninsulares generó protestas que no dejaron de hacerse presentes hasta que el embate hacia los españoles se agudizó. En enero de 1813 se dispuso su revocación de los puestos burocráticos así como la suspensión de pensiones a las viudas de funcionarios. Dichas medidas permitirían tanto el acceso de los criollos a cargos dentro de la burocracia administrativa -algo para lo que hasta antes de esa fecha estaban imposibilitados-, como depurar la planta administrativa separando a aquellos que pudieran representar una amenaza; finalmente, con la cancelación de las pensiones a las viudas de españoles se reducirían los gastos públicos en una época de marcada convulsión política. Los peninsulares tenían una forma de evitar que estas medidas los afectaran y era adquiriendo la ciudadanía americana; como señala Hugo Galmarini, ya se había descubierto a varios integrantes de la administración manteniendo correspondencia con España(12), así que la adhesión a la causa americana era una forma eficaz de conseguir lealtades que, de alguna manera, les permitía aminorar la zozobra. Los decretos que pretendían sacar de los puestos burocráticos a los españoles avecindados en el Río de la Plata parecen no haber sido muy rigurosos, pues al adoptar la ciudadanía eludían la sanción. Aquellos que fueron destituidos no representaron una carga a las finanzas de la hacienda pública en tanto que no se les concedió alguna pensión, algo que sí sucedió en el caso mexicano. En México se promulgó la Ley de empleos del 10 de mayo de 1827, la cual establecía la destitución de todos los españoles que ostentaran algún cargo público. En apariencia, esta resolución fue la misma que se tomó en el sur del continente, sin embargo, las realidades que estos decretos presentan son más que distantes, por eso es pertinente establecer las diferencias de fondo que existieron en ambos casos. Si bien en México también se buscaba el acceso de los criollos a dichos cargos -para quienes también estaban vedados antes del decreto- no se contemplaban medidas en contra de las pensiones otorgadas a los ex funcionarios. Por el contrario, la ley fue más que generosa en el aspecto económico al puntualizar que quienes resultaran removidos de sus puestos continuarían percibiendo su sueldo. "
Art. 1. Ningún individuo que sea español por nacimiento podrá ejercer cargo ni empleo alguno de nombramiento de los poderes generales en cualquier ramo de la administración pública, civil y militar, hasta que la España reconozca la independencia de la nación. Art. 2. Se extiende lo prevenido en el artículo anterior a los cargos y empleos eclesiásticos del clero secular y regular, en cuanto al ejercicio de sus atribuciones económicas, gubernativas y judiciales. Esta disposición no comprende a los reverendos obispos. Art. 3. El gobierno queda autorizado para separar hasta por el tiempo de que habla el artículo 1 a los curas, a los misioneros y doctrineros del distrito y territorios de la federación. Art. 4. Tampoco se comprenden en los artículos anteriores los hijos de mexicanos que casualmente nacieron en la península y se hallan en la república. Art. 5. Los empleados que se separen del servicio en virtud de esta ley, gozarán todos sus sueldos, y se les abonará el tiempo en sus carreras respectivas. Art. 6. Los empleos vacantes por las disposiciones que contiene esta ley, se desempeñarán provisionalmente conforme a las leyes. Art. 7. Los curas que separare el gobierno en uso de las facultades que le concede el artículo 3, continuarán percibiendo todos sus emolumentos en los mismos términos que antes de su separación; y los coadjutores y sustitutos serán pagados por la hacienda pública"(13)
Mientras que la medida que se tomó en México en comparación con el Río de la Plata tuvo repercusiones negativas de mayor alcance para los organizadores del gobierno, en la Ley de empleos subyace el temor de una embestida de parte de la comunidad española y de sus aliados mexicanos, que no eran pocos. A pesar de que el espíritu de la ley estaba enfocado a socavar el poder de los funcionarios hispanos, ésta resultó demasiado permisiva, pues aquellos que fueron desplazados de sus empleos mantuvieron sus salarios y propiedades, imponiendo sobre la hacienda pública otra carga injustificada; además, los mexicanos que los reemplazaron, que eran los que estaban en el escalafón inferior, ascendieron de puesto pero no recibieron el mismo estipendio que gozaban los españoles. Aunado a ello, según Harold Sims, estas medidas resultaron contraproducentes, pues los nuevos empleados carecían de los conocimientos de sus antecesores, lo que se tradujo en un mal funcionamiento del sistema(14) -aunque habría que preguntarse si para Sims el sistema administrativo del país funcionaba de manera irreprochable mientras los españoles desempeñaron dichas funciones-. Las disposiciones en materia de empleos en el Río de la Plata y México fueron el precedente de resoluciones tentativamente más rigurosas en contra de la comunidad española. En ese sentido, es necesario puntualizar que, de las divergencias existentes entre ambos países, lo primero que salta a la vista es que en México adquirieron carácter de leyes generales (1827 y 1829), en tanto que en el Río de la Plata se emitieron decretos dirigidos a casos y situaciones específicas. De otro lado, es menester consignar algunos aspectos coincidentes en ambos países. En primer lugar, las medidas antiespañolas surgieron, de algún modo, como respuesta a sendas amenazas de reconquista: en 1812 en el Río de la Plata, y en 1826 y 1828 en México. En segundo, es posible interpretar las medidas tomadas en contra de los peninsulares como una estrategia tendiente a la creación de un patriotismo sustentado en la oposición hacia los ex colonizadores(15). Finalmente, destaca el que en ambos casos se introdujera, en medio de estas disposiciones, una serie de causales de excepción que permitieron una aplicación selectiva de la ley, volviendo más vulnerable a un determinado sector que a otro. En el caso del Río de la Plata, en el marco de la lucha revolucionaria, las medidas en contra de los españoles se antojaban lógicas. No obstante, llama la atención que en sus ordenamientos se especificaba sobre qué tipos de españoles habría que tomar represalias, tal es el caso de aquellos que se mantuvieran solteros así como aquellos considerados vagos. De esta manera, se encargó a los alcaldes de barrio la elaboración de listas en las que se consignara ocupación, estado civil, condición -ésta, al parecer, consistía en una valoración de la conducta de los peninsulares que el alcalde de barrio hacía, bajo sus propios criterios-, y si eran afectos o no a la causa independentista. La relación de europeos españoles, hecha por el teniente alcalde Francisco Martínez, por citar un ejemplo, consignaba que "por lo que respecta a las condiciones de si son adictos o no a nuestro sistema no hay uno en mi Manzana (130) que lo sea y así para mi todos son malos [sic]" (16). En lo relativo a la ocupación, encontramos que en la lista elaborada por el alcalde, los oficios de los enlistados ilustran una condición social más bien baja: en ella hay pulperos, panaderos y empleados. En otra lista, la correspondiente a la manzana 106 del cuartel número 70, en el apartado relativo a la condición se evalúa a dos de los diez integrantes de la lista como "buenos", a tres como "regulares", a tres como "malos" y a dos como "malísimos". De acuerdo con dicha catalogación, podemos inferir que los calificativos se concedían con base en la ocupación y el estado civil: los "buenos" eran un comerciante y un ingeniero, ambos casados; en el otro extremo, los "malísimos" se desempeñaban como pulperos, uno casado y uno soltero; de los tres "malos" hallamos igualmente a dos pulperos y un zapatero, dos solteros y uno casado; finalmente, de los "regulares" uno era tendero, uno pulpero y otro más carpintero, de los cuales sólo el pulpero era soltero(17). Estos casos inducen a pensar que la condición social jugaba un papel determinante para establecer quiénes o qué españoles eran susceptibles de ser perseguidos. Así, en la ordenanza de Buenos Aires que el 2 de enero de 1812 disponía se presentaran ante el gobierno "todos los Españoles solteros que no pagan contribución, desde las tres de la tarde hasta las oraciones, a recibir sus pasaportes para el destino que se ordena"(18),se implicaba una aplicación selectiva donde los únicos afectados serían los "indeseables", aquellos que no aportaban beneficios económicos al nuevo gobierno, aquellos que pertenecían a la esfera de lo descartable. "Siempre que se ofrezcan justificaciones y fuere preciso pedir informes sobre la calidad de casados, contribuyentes de que deben acreditar los españoles europeos para exceptuarse de la orden general"(19). Esta forma de proceder del gobierno rioplatense denota una suerte de pragmatismo que expresa una distinción sustancial al caso mexicano. En esa región del sur del continente se tomaron medidas concretas para expulsar a los españoles que podían representar una carga al erario. Por otra parte, se procuró la permanencia de aquellos que contaban con capital económico, con el propósito de que subvencionaran la causa americana. En contraste, si se analizan las leyes de expulsión de españoles que se decretaron en México en 1827 y 1829, se puede advertir que la planeación de estas disposiciones obedeció más a un impulso patriota que a una visión estructurada de donde se pudieran sacar beneficios materiales que contribuyeran a financiar la construcción de la nueva nación. La primera Ley de expulsión contenía en su propia estructura una serie de disposiciones que impedían la salida real de muchos de los peninsulares. Quedaban exentos de la ley los españoles casados con mexicanas, los que tuvieran hijos que no fueran peninsulares, los mayores de sesenta años, los impedidos físicamente a perpetuidad, los que hubieran entrado legítimamente después de 1821, los que hubieran servido a la independencia y acreditado su adhesión a las instituciones, así como los hijos de éstos que no hubieran desmentido esa conducta y los profesores de alguna ciencia, arte o industria. Todos los exceptuados tendrían que jurar lealtad a la república.(20)
Para llevar a cabo esta ley también se pidió a los alcaldes de los municipios existentes en el país una relación de los españoles establecidos en el territorio; algunos de ellos asentaron en sus listados juicios de valor sobre la conducta de los peninsulares. En el Archivo General de la Nación de México es común encontrar casos en los que se evidencian las ventajas que tenían los hispanos que contaban con un buen capital social y económico. Tal es el caso de un español llamado Mateo Sánchez, que se retoma aquí por su carácter revelador. En la carta que este peninsular envía a las autoridades correspondientes explicando su buena conducta, afirma estar casado con una mexicana, adherirse al gobierno federal arguyendo ser "dependiente manejando a su cargo intereses de consideración con cuyo vínculo y sus arbitrios personales en el giro del comercio, donde ha sido conocido, cuenta para subsistir con su familia" (21). Sin embargo, el jefe político encargado de su caso informa que sí está casado con mexicana, que tiene dos hijos y que "Al principio del Ayuntamiento es sospechoso este individuo por ser capitulado", pero también añade que en cuanto a su conducta política no ha dado motivo para estimarlo como tal(22). El proceso seguido a Mateo Sánchez aquí reseñado es también significativo porque ilustra en buena medida la inoperancia de la ley, pero también porque permite establecer un vínculo con lo acontecido en el Río de la Plata. En ambas regiones, como se observa, las medidas antiespañolas no se aplicaron por igual a todos los miembros de aquella comunidad. Se dio una nítida selección en su aplicación, lo cual propició que muchos de los eximidos lo fueran por su posición económica. Por supuesto, como éste, existen varios casos. En otra lista de españoles no comprendidos en la ley resalta uno similar, en el que el Alcalde advierte sobre la conducta de dos españoles que solicitan su excepción: Juan Carrasco y Braulio Uribe: Casados con mejicana, y ambos con familia; administradores de una Hacienda, informa el Ilustre Ayuntamiento que extorsionan de varios modos a los arrendatarios a dicha finca; que se han propuesto únicamente sacar sus ventajas aprovechándose de las mejores tierras, y prohibiendo el plantío de maguelles, por estas razones los considero nocivos a aquel vecindario; añade así mismo la expresada corporación que uno de estos individuos, sin expresar cual de ellos está sindicado con la nota de pícaro en el No. 4119 del periódico titulado "correo de la federación" y que uno y otro sorprendieron la sencillez de algunos vecinos para adquirir certificaciones a su favor. Guanajuato 8 de febrero de 1828(23). No obstante lo anterior, de poco sirvió el argumento de buena parte de la comunidad. En la resolución final, pesó más el testimonio de tres personas que avalaron la buena conducta de los implicados, y que a la postre resultaron determinantes para que fueran exonerados de cualquier acción en su contra. "Nota: Por las informaciones que han presentado a éste gobierno D. Juan Carrasco y D. Braulio Uribe, producida por tres testigos ante el Señor Juez de letras de esta ciudad federal, aparece, que el primero aunque tomó las armas a favor del gobierno español en el año del diez y siguientes, lograda la independencia no volvió a mezclarse en cosa alguna; que es un ciudadano honrado, pacifico y obediente a las leyes, y que no es vago ni vicioso; y que el segundo no ha sido militar ni tomado las armas contra los americanos y que por lo general se halla en mismas circunstancias que Carrasco; acreditando ambos a sí mismo con certificaciones de varios vecinos de Villa Hidalgo que son honrados, quietos y que no se han manifestado opuestos a la independencia de la Nación."(24)
Cabe mencionar que en no pocas ocasiones, los testimonios en favor de algún español susceptible de ser expulsado provenían de gente políticamente poderosa. En algunos documentos que se han encontrado en el Archivo General de la Nación de México, se pueden leer las cartas donde se da cuenta de la buena conducta de algún peninsular firmada por ministros, legisladores, gobernadores de un estado y hasta por el propio presidente. Retomando las múltiples causales de excepción en México, podemos inducir que era difícil que algún español que no lo deseara, fuera expulsado. En ese tenor, el gobierno mexicano de entonces también se mostró generoso con aquellos a los que pretendía exiliar, pues sufragaba los costos de transporte de los hispanos ya fuera a los Estados Unidos, concretamente a Nueva Orleáns; o a España, según lo deseara el expulsado. De acuerdo al artículo 12 de la ley(25), el gobierno intervendría a este respecto según la clase y rango de cada individuo, es decir, los españoles cuyo sueldo era menor a 1500 pesos y a quienes a juicio del gobierno no pudieran costear su viaje serían beneficiarios de esta excepción. Por si esto fuera poco, la ley contemplaba que aquellos empleados que fueran afectados y decidieran partir con destino a un país considerado amigo, seguirían percibiendo su sueldo. Un proceso seguido en el estado de Puebla, da cuenta de lo anterior. En una carta dirigida al Presidente de la República, un español informaba que, tras cumplir la disposición que le ordenaba partir rumbo a Veracruz para dejar la república, se le recogió el pasaporte porque se encontraba enfermo, dado lo cual, regresó a su entidad de residencia; una vez de vuelta se le reconvino por segunda ocasión para abandonar la república. El peninsular señala que no desea contrariar la ley de expulsión, pero alega carecer de recursos para emprender la marcha; por lo tanto, exige a las autoridades dinero para cubrir sus gastos de traslado hacia el puerto de Veracruz -por donde debería verificarse su salida- solicitando además pasajes para su esposa, su hija y él mismo con destino a Londres, argumentando que ése es el único lugar donde puede disfrutar de cierta protección "sin tocar el exterior de mendicidad que le amenaza de otro modo por falta de recursos para un pasaporte"(26). El ciudadano español argüía que en su primera expedición a Veracruz, lugar donde estuvo un mes, se vio obligado a endeudarse, pues el viático suministrado por el gobierno sólo le alcanzó para subsistir durante ese mes y que para su regreso a Puebla no recibió apoyo por cuenta del erario público, teniendo que sufragarlo él mismo. En los alegatos subsecuentes de parte del gobierno, un funcionario manifestaba que al mencionado español se le proveyó de los recursos necesarios para su partida, pero que una vez estando en Veracruz, al aducir una enfermedad que lo imposibilitaba de emprender el viaje, se envió a un médico facultativo para que lo evaluara, y que no se halló ningún impedimento físico perpetuo(27) que lo eximiera de la ley de expulsión, por lo que la decisión de regresar a Puebla la tomó el indiciado, así que una vez de regreso a su entidad se le conminó nuevamente a salir del país. Para evitar el destierro, el español recurrió esta vez a un cirujano mayor de un hospital militar, quien certificó que la enfermedad que padecía le impedía ponerse en marcha e incluso curarse y que en todo caso requería de seis meses para restablecerse. Con base en el testimonio médico, el español solicitó una prórroga para salir, así como un carruaje cubierto a Veracruz, mismo que debía ser provisto por cuenta del gobierno, pues alegó insolvencia económica, misma que fue avalada mediante cartas firmadas por testigos. Finalmente a través de una carta, el gobierno del estado de Puebla solicita al gobierno federal hacer efectiva la marcha del español, aunque con una prórroga y la cobertura de sus gastos. No se encuentra la resolución del caso. No se sabe si el español en cuestión salió del país o permaneció en él, pero su proceso revela las muchas vicisitudes que el tema de la expulsión llevaba implícitas. En el ejemplo reseñado se observa cómo el gobierno cubrió a costa del erario público la estancia del ciudadano español en el puerto de Veracruz durante un mes, además de solventar en un par de ocasiones los gastos de traslado desde Puebla, donde residía, hasta el puerto donde abandonaría el país. Además de que el Estado, de acuerdo con la ley, sufragaría también los pasajes de su esposa e hija. Con ello podemos contrastar la poca visión a nivel de pragmatismo económico que la ordenanza tenía en comparación con las disposiciones rioplatenses. La presunta supresión de las concesiones a los españoles Después de un primer intento de tomar medidas en contra de la población española en ambos países y ante la evidente inoperancia de aquéllas, así como la amenaza que se cernía de parte de España hacia el Río de la Plata y México, respectivamente, fue que se endureció la actitud hacia la comunidad peninsular. Uno de los puntos que más se propendió a atacar fue el tema de las excepciones. Para el caso rioplatense hubo un factor determinante en el asunto de las concesiones que se potencializaron a raíz de las llamadas "internaciones". Éstas consistían en alejar a los españoles de zonas costeras(28) Dicha medida surge como una prevención ante la inminencia de un ataque de parte de España en el año de 1814. "El fundamento de la medida es obvio: evitar que alentados por la renovada presencia de las fuerzas españolas adopten (los hispanos) actitudes insurrectas"(29). Las internaciones provocaron las protestas de un sector de los afectados por la medida: los comerciantes, quienes argumentaban la pertinencia de coludir sus intereses con los de la patria. Aunado a otras causales de indulgencia, tales como la edad avanzada y el goce de la ciudadanía, el número de excepciones aumentaba, propiciando entonces los reclamos de quienes convenían en ver a los ibéricos como nocivos al país. No obstante que en el Río de la Plata las razones para eximir eran mucho menos que en México -limitadas a cuestiones económicas, la adquisición de la ciudadanía y la edad avanzada-, también las hubo. Aquí se incluye el testimonio de una mujer que solicita que su esposo sea exceptuado de retirarse de las costas a causa de su edad avanzada. "Doña María de los Remedios Alvarado Representa su triste situación y desamparo que padece con dos hijos menores que la confinación de su esposo que ha 5 meses se halla en Lujan a virtud de la Orden General para el retiro de los Europeos de las costas, siendo su marido Labrador, de edad de 73 años, por todo lo que se acoge al amparo de V. E. para que condolido de tales padecimientos se digne permitir viaje a esta capitanía para consuelo de su familia, y porque a su avanzada edad no es capaz de inferir el menor perjuicio"(30)
Sería la prensa patriótica de la época la que abonó a que las protestas en contra de las distinciones y prerrogativas a favor de los españoles se acrecentaran. Galmarini señala que para 1814 La Gaceta, el principal representante de aquel sector, definía a los españoles como "monstruos que aspiraban a bañar sus manos sacrílegas en la sangre de sus parientes y amigos"(31). A lo largo de ese año, el mismo periódico continuó golpeando a la comunidad peninsular en sus comunicados: "Nada omiten de cuanto pueden hacer practicable su furor y desde el escondido seno de sus casas acechan la vida del pueblo, tienden lazos a nuestra vigilancia y estrechándonos unos a otros en medio de los transportes de su cólera, renuevan la eterna alianza que han formado contra nuestra seguridad. Pero aún todo esto no satisface su odio, ellos querrían de ser posible, disolver nuestra unión, alterar la paz de las familias, romper todos los vínculos que sostienen el orden, hacer de cada soldado un asesino, de cada ciudadano un enemigo y, en fin, rasgar las venas de sus propios hijos para separar de ellas toda la sustancia que recibieron de su ser" (32) El descontento evidente de los sectores patrióticos adquirió forma cuando trascendió que un ejército español se aprestaba a partir desde Cádiz rumbo a Sudamérica con la firme intención de restablecer su dominio, en el año de 1815, cuando Fernando VII había sido reinstalado en el trono una vez expulsados los franceses de España. Fue por ello que se tomaron providencias más severas. Una medida particularmente importante, por lo que representaba, era la restricción que se impuso a que los españoles pudieran acceder a algún tipo de arma. En el Archivo General de la Nación de Buenos Aires se halló un documento en el que se recomendaba al gobernador de Córdoba que se mantuviera atento en conceder el uso de armas a los peninsulares(33). En el mismo archivo se encuentran documentos que dan cuenta de las nuevas medidas implementadas. Ha acordado este superior gobierno que se conceda licencia a todo Español Americano si no fuese singularmente sospechoso, y deniegue absolutamente todas las que pidan los españoles europeos tanto para ultramar cuanto para Chile y Paraguay, guardándose la practica observada respecto a los extranjeros(34). "Se ha servido acordar con esta fecha prevenga a los alcaldes del partido y pueblo de San Isidro, que en adelante queda prohibida la reunión de los españoles europeos a más número que el de tres sea en el lugar que fuere, bajo la pena de cien pesos de multa a cualquiera de los contraventores, (excepto los que gocen de los derechos de ciudadano) que le serán exigidos en el acto, y remitidos a la Intendencia de Policía, como aplicables al ramo, y no pudiéndolos satisfacer serán arrestados, dando cuenta a ese gobierno para corregirlos. Se recomienda estreche sus ordenes a otros Alcaldes para que velen el cumplimiento de esta resolución especialmente en aquellas casas en que se frecuentan bailes y reuniones, sin consentir se vierta por los enemigos la menor expresión que ataque los respetos del Gobierno y la Justicia de la causa del país, o que sea capaz de infundir desaliento en las almas débiles haciéndolo responsable de la observancia de lo mandado y que a los efectos convenientes se publique en otro pueblo la presente orden."(35)
Por otra parte, se tomaron medidas para convertir a los españoles en financiadores del gobierno, a través de préstamos forzosos. Ante esto, fueron los mismos ibéricos quienes intentaron salir del país para no verse afectados en sus intereses; muchos de ellos optarían por traspasar sus bienes o simular que lo hacían para no ser sujetos de esa ordenanza. El gobierno respondió con la confiscación y subasta de sus propiedades(36). La intención de la medida era sacar el máximo provecho económico de los europeos. En ese sentido se dispuso "no se franquee licencia alguna a europeo español o extranjero, sin que antes haga constar no hallarse comprehendido en el empréstito mandado exigir á extranjeros"(37). Las medidas tomadas en el Río de la Plata representaron un endurecimiento de las políticas en contra de los españoles, no haciendo demasiadas concesiones y enfatizando la posibilidad de obtener alguna ventaja económica. Ello se tradujo en la zozobra de aquella comunidad. Resulta esclarecedora en ese sentido una carta de un ciudadano español que se halla en el Archivo General de Buenos Aires, en la que expone el desasosiego que lo embarga; de ésta se reproduce un fragmento: "[...] Yo subsisto en mi propósito de existir mas bien, con tranquilidad y sin otros Enemigos que los exteriores, donde siquiera no me falte un bocado de comida y un vestido moderado, que hallarme lleno de abundancia en países donde se abomina el nombre Español, donde todo hombre de bien está expuesto á ser sacrificado sin delito alguno, y donde si no se remedian los males que se sufren va á reynar dentro de muy poco tiempo, la misma miseria ó tal vez mayor que en la península, pues ya son extremadas las que experimentamos, y muy en breve se aumentaran hasta lo infinito"(38). Aquí se presenta una gran diferencia con lo acontecido en México, donde aparentemente también se tuvo la intención de endurecer las medidas en contra de la comunidad española plasmadas en la Ley de expulsión de 1827. El propósito era, como ya se ha mencionado, reducir las abundantes causales de expulsión presentes en la primera ley. Al igual que en el Río de la Plata, la prensa jugó un papel importante y es un buen termómetro del discurso enconado que se desplegó contra España y los peninsulares. Empero, la prensa rioplatense manifestó su animosidad hacia lo español en el periodo inmediato al estallido de la guerra de independencia, en la década 1810-1820, mientras que en México el resentimiento a los españoles tuvo raíces más profundas y alcances mayores, por lo menos en el discurso; es por eso que las manifestaciones en su contra son más abundantes que en el caso rioplatense. De lo anterior se desprende que la prensa mexicana haya sido muy insistente en disertaciones de ese tipo. El diario Baratillo, que se caracterizaba por manejar un lenguaje popular, reprodujo en alguno de sus números las enfermedades que aquejaban al país; en el artículo intitulado "Enfermedades y sus medicinas" las alusiones a España y los ibéricos eran una constante, por ejemplo: "EMPACHO: el que tuvo esta América por espacio de trescientos años de tanto gachupín que recibió en su vientre de que se indigestó" "SARNA: La que le saldrá a los coyotes que se quedan sin la preponderancia que tenían antes entre nosotros"(39). En otra edición, el mismo periódico conminaba a la sociedad a que abriera los ojos en medio de "estirpe tan sanguinaria y feroz de trogloditas perversos"(40). Es notorio que en México la animosidad hacia los españoles estaba más marcada y más arraigada que en el Río de la Plata. Si bien el tono de los discursos en su contra era muy alto, la realidad política y económica tendía a disminuir esa voz altisonante de la prensa convirtiéndose, en los hechos, en un problema difícil de resolver. La posición ventajosa que ocupaban algunos españoles impedía resoluciones rigurosas en muchos de los casos. México y el Río de la Plata manejaron la cuestión económica de forma distinta, aunque en ambos territorios las disposiciones no estuvieron exentas de controversia. Como bien lo señala Carlos Segreti, "los problemas a resolver serán en buena medida los de siempre en toda sociedad política y, por cierto, los propios de los tiempos fundacionales"(41); esto es, en medio de una gran cantidad de tareas para la organización política y la restructuración social, el desgaste económico de una guerra repercute irremediablemente en la falta de eficacia para dicha organización. Así las cosas, el Río de la Plata decidió adoptar medidas más rigurosas, orientadas a atacar el capital económico de los españoles. En México, en cambio, prevaleció la condescendencia hacia dicha comunidad y se siguió financiando la expulsión, además de mantener intacto el derecho de propiedad de los ibéricos. Los sectores de la sociedad mexicana más furiosamente antiespañoles no dejaron de hacer sentir su voz durante los años de 1827 y 1828, exigiendo una ley más radical o, en su defecto, con menos excepciones. La nueva ordenanza llegaría con el arribo de Vicente Guerrero a la presidencia de la república en medio de un ambiente poco terso, en marzo de 1829(42),aunada a la amenaza de reconquista fraguada en Cuba por España en 1828. Producto de este encono, la prensa antiespañola de la época invitaba al pueblo a unirse en contra de los peninsulares: "¡Españoles! ¿qué aguardais? ¿quereis que los americanos rompan los diques del sufrimiento, y perezcais en sus manos? Se os aguardan días muy amargos y funestos si no marchais del país Anahuacense. Pero en el entretanto conciudadanos, afilad vuestros lucientes aceros, para ver cumplida una ley de expulsión de españoles, vencer o morir en la demanda, esta será la divisa de todo buen patriota. ¡Alerta, pues republicanos más que nunca, que el enemigo interior y exterior trabajan por volvernos al ominoso vulgo de la esclavitud!"(43)
Como resultado de lo descrito se da el endurecimiento, al menos retórico, de la legislación en contra de los españoles radicados en México. De esta forma, la Ley de expulsión de 1829 amenazaba con ser más radical que su antecesora; en ésta se establecía una menor flexibilidad debido a que las causales de excepción serían menos. En esencia la nueva ley no se distanciaba demasiado de la anterior, la diferencia entre ambas se concentraba en los artículos 2 y 3, que son aquellos concernientes a la restricción de las excepciones; de acuerdo con esto, sólo se eximiría de expulsión en casos de enfermedad. Además, supuestamente, las leyes del 27 estaban dirigidas hacia españoles solteros y perniciosos, y los que estaban ilegalmente en el país -los cuales eran considerados una amenaza-; la nueva legislación se dirigía hacia todos los españoles(44). No obstante las intenciones de radicalizar la ley, en su aplicación destacaron sensiblemente los subterfugios legales que hicieron posible su evasión. Si bien es cierto que en un inicio las excepciones a la ley contemplaban los impedimentos físicos, también se delegó en sus ejecutores la posibilidad de indultar a alguien de ser expulsado. Así encontramos en la ley facultades extraordinarias para diputados, senadores y por supuesto, el titular del ejecutivo. Otra razón de disculpa era el hecho de ser hijo de americano(45). "Jorge Madrigal, español casado con Doña María de los Ángeles Irisarri; mexicana, y oficial de la administración general de correos de esta capital, con goce de sueldo aunque sin ejercicio en mi empleo á consecuencia de la ley de 10 de mayo de 1827; ante la justificación de V.S con el debido respeto hago presente: que tan luego como se publicó la de expulsión en Abril del presente año, me puse en camino parta salir de la república; pero como en seguida las cámaras del Congreso de la Unión tuvieron a bien conceder varias excepciones, fui comprendido en esta gracia obteniendo del Senado la de continuar establecido en esta ciudad con mi esposa e hijos, regresando desde el pueblo de Ayotla en virtud del documento que para en mi poder."(46)
La aplicación de la ley estuvo plagada de irregularidades, además de las dificultades inherentes al proceso mismo de expulsión. Romeo Flores Caballero señala que muchos de los candidatos a salir del país estaban bien relacionados, además de que quienes no lo estaban recurrieron a la presión social con el argumento de que sus esposas e hijos quedarían en la orfandad; en esta empresa contaron con el apoyo de legisladores y de una parte del clero -aquella, claro, que no era susceptible de ser expulsada-(47). Las autoridades mexicanas eran muy sensibles a las cuestiones familiares; muchas excepciones se apoyaron en ese argumento. "Dedicado a la educación de mis hijos, me encuentro a la presente con una virgen ofrecida al servicio de Dios, de religiosa profesa, en el convento de San Gerónimo: un joven dedicado a la carrera de abogacía en cuya práctica se halla: dos, estudiando la Teórica en el Colegio de San Ildefonso: cuatro mujeres, una de veinte años que aun no toma estado, y las tres restantes en la pubertad e infancia. Además de éstos, reporto también la subsistencia y educación de tres hijos de mi difunto hermano D. Antonio, de los cuales, sostengo dos, en el Colegio Seminario de esta Capital. Habiendo fallecido mi mujer, Americana que fue, y hallándome en una edad avanzada, enfermo y sin las proporciones necesarias, yo mismo, he tenido que dedicarme aun al cuidado doméstico, y me hallo, dos veces padre de esa numerosa familia."(48)
La imposibilidad de aplicar la ley de manera tajante estuvo ligada al hecho de no poseer finanzas sanas. La nueva ordenanza no modificó los artículos en los que la hacienda pública asumía los costos del viaje del expulsado, siempre y cuando partiera a una nación amiga. Algo a lo que los probables desterrados eran más que sensibles y no dudaban en recurrir a solicitar apoyo económico para su salida. "Suplico se sirva mandar auxilio por ser notoriamente pobre con lo que la ley se ha dignado señalar a los que como yo se hayan sin recursos para emprender aquella marcha"(49). Como este, existen abundantes testimonios en el Archivo General de la Nación de México. Por supuesto que el gobierno no reparó en el hecho de que la inmensa mayoría de los expulsados elegían partir a Nueva Orleáns, para de allí arribar a La Habana (donde se fraguaba la reconquista). Por otra parte, el hecho de que los certificados de insolvencia fueran expedidos por autoridades locales, provocó dificultades en el Distrito Federal, que era a donde se enviaba a los no exceptuados. La estadía de éstos en la capital generó discrepancias en torno a si era el gobierno de la capital o el Congreso quien debía hacerse cargo de su sustento(50). En la ley de expulsión de 1829 la mayoría de las exenciones ocurrieron en virtud de los problemas de salud presentados por los expulsados(51), lo que hizo que el papel de los médicos, o en este caso de las juntas médicas encargadas de certificar los impedimentos físicos de los exceptuados, cobraran gran relevancia. Esto a su vez trajo consigo acusaciones de corrupción en contra de los médicos, ya que eran susceptibles de aceptar prebendas de parte de españoles acomodados que deseaban burlar la ley. "Estos criollos insensatos protegen indirectamente a los enemigos de la libertad y cooperan a la destrucción de su patria. Unos han tenido la sandez de dar certificados de buena conducta pública, y adhesión a la independencia a varios gachupines que son los más opuestos a ella en la censura publica: otros con la mayor impunidad, y acaso impulsados del sórdido interés, han jurado que los españoles de ese lugar están impedidos físicamente para salir del estado por enfermedades que repentinamente les han sobrevenido."(52)
Lo anterior trae a la palestra nuevamente este debate, las leyes de expulsión recayeron en aquellos españoles que no tenían recursos para pagar su excepción, o para viajar con su familia. Según menciona Harold Sims, muchos de los expulsos pertenecían al sector menos acomodado de la sociedad española, en especial los ex capitulados, y no pudieron llevar con ellos a sus familias. Desde luego, los españoles más ricos e influyentes encontraron la manera de permanecer en México, siendo el soborno a los médicos facultativos la estrategia favorita a seguir(53). A continuación se citan dos casos que refrendan las afirmaciones anteriores. En el primero, el indiciado es expulsado; en el segundo, se exime de ello al ciudadano español. La condición económica juega un papel determinante en el veredicto final de uno y otro caso. "D. Pablo Felicin, natural del reyno de Aragon, de oficio sastre y de edad de sesenta y cuatro años, ante V.E. con el debido respeto digo: que en atención a las convulciones políticas acaecidas en estos últimos tiempos y poseído de un terror pánico, me había resuelto a salir de la república, antes de que se publicara la ley, a cuyo efecto tenía pedido el correspondiente pasaporte: mas haciéndome ver los facultativos que me asisten, que aquel temor es un peligro remoto, y el de mi marcha cierto y evidente el dejar de existir a causa de las enfermedades de pecho, pulmón y herpes que padezco, comprendiéndome por motivo del artículo 3º de la Ley de expulsión general de españoles, cuales son viejo, pobre y enfermo acreditándolo primero con mi fe de bautismo, lo segundo con certificaciones que estoy pronto a dar tanto del Fr. Gobernador del Distrito, quien me conoce desde su infancia, como también del Fr. Diputado Castañeda, y lo 3º con las dos certificaciones de los facultativos D. Miguel Pérez de la Vega y Dr. José Faustino Moro, por lo que ocurro a la piedad de V.E. para que dándome por comprendido en dicho artículo como físicamente impedido, se sirva mandar se me expida el documento que cita el noveno para mi resguardo, por ser así de justa. A.V.E. suplico se digne acceder a lo que llevo pedido, por las y tres circunstancias referidas de pobre, viejo y enfermo"(54) No obstante lo asentado en la carta, la junta médica encargada de valorar si había impedimento físico para que este ciudadano español abandonara el país no dudó en declarar que el susodicho carecía de impedimento físico perpetuo, basando su veredicto en una aplicación rigurosa de la ley. Llama la atención que, de las tres causas por las que pudo haber sido exceptuado Pablo Felicin, prevaleció por encima de todas su condición social, lo que induce a pensar que no tenía medios para sobornar a los facultativos. En el siguiente caso se verá la contraparte. "Juan Bautista de Garita Celaya, Español, con el mayor respeto, hago a V.E. presente, que hallándome enfermo con una diarrea continua que no ha cedido a ninguno de los auxilios con que me han socorrido varios facultativos; tengo además una hinchazón Edematosa en la extremidad izquierda, acompañada de los dolores vehementes que se exacerban por la noche, y que impiden el movimiento de la circulación, cuyo achaque se ha remitido igualmente al uso de los medicamentos. Padezco continuas indigestiones; y cuantos facultativos me han visto, son de sentir que por mi constitución expuesto a una Apoplejía; y por ultimo impedido de salir de casa desde el mes de Septiembre. En esta atención: A.V.E. Suplico que con arreglo a la ley de 20 de marzo pasado, se digne mandar que la junta de facultativos para la calificación venga a reconocerme a mi casa, por no poderlo yo verificar en la del Sor. Febles (facultativo), mediante a considerarme comprendido en la 1ª parte del art. 3º de la ley de excepción. Es justicia y gracia en que recibiré merced (55)
Los facultativos deciden que se exceptué por impedimento físico temporal"(56)
Comúnmente atribuible a cuestiones políticas, los decretos de expulsión de españoles en los albores del México independiente muestran distintas aristas que resaltan el carácter ambiguo de tales legislaciones. A la luz de los datos aportados podemos establecer que en el primer caso, en 1827, las leyes de expulsión estaban repletas de dispensas, lo que propició una aplicación selectiva de la ley. Por otra parte, el gobierno mexicano se mostraba en demasía generoso con los peninsulares que resultaran afectados a causa de los decretos. Supuestamente, la ley de 1829 enmendaría las fallas de la primera, sin embargo no fue así, a pesar de que se reducían considerablemente las causales de excepción. En respuesta a ello, aumentaron los subterfugios para eludirla. En ese sentido es que cobran un rol protagónico -aparte de los agentes tradicionales, es decir, los políticos- los médicos integrantes de las juntas facultativas encargadas de dirimir quiénes eran susceptibles de ser expulsados y quiénes eran exceptuados. En vista de que el gobierno mexicano privilegió la estadía de los españoles poderosos económicamente hablando y sufragó los gastos de traslado de aquellos que finalmente no fueron eximidos, podemos concluir que en México, debido a las enormes posibilidades, legales o no, de evadir la ley sólo salieron del país aquellos que en realidad así lo deseaban, quienes no pudieron por diversas causas "hacer la América" o que habían caído en desgracia. El naciente Estado mexicano les proporcionaba una ocasión, con todos los gastos pagados, de buscar nuevas oportunidades en otros horizontes. Conclusiones Las divergencias entre las disposiciones emprendidas contra los peninsulares en México y el Río de la Plata recaen en sus respectivas formas de enfrentar sus proyectos independentistas. El territorio rioplatense tuvo que encarar un proceso de grandes divisiones provinciales, políticas y económicas, donde los bandos se multiplicaban cada vez más; estas circunstancias influyeron decididamente para que el tema de lo español se diluyera rápidamente. Por otra parte, el lazo que unía a la "madre patria" con su ex colonia en el Virreinato del Río de la Plata no llegó a ser tan estrecho como el de la Nueva España; su surgimiento como virreinato en la última etapa del siglo XVIII medió para que las agravantes del gobierno español no calaran tan hondo y para que el sentimiento anti-peninsular fuera relegado a un segundo plano en el proceso de construcción nacional, que para el Río de la Plata representó más luchas internas que externas. El caso mexicano resulta más complejo en cuanto a su aleación con el país europeo; las afectaciones que las reformas borbónicas representaron en la Nueva España desataron una especie de protonacionalismo(57) que pudo operar como base de las leyes de expulsión de peninsulares. Los intentos de consolidación y legitimación en México se vieron apuntalados por la utilización de un "otro" antagónico sobre el cual constituirse, para esto la figura del "gachupín" fungiría como elemento importante en dicho proceso. Sin embargo, el discurso antiespañol fuertemente entonado, tuvo poco que ver con la aplicación real de los decretos expedidos frente a los peninsulares, ya que fueron leyes muy flexibles y poco estrictas con los españoles en general y con los adinerados en particular. Así, la diferencia entre los casos del Río de la Plata y México aquí comparados estriba, más allá de las divergencias temporales, en cómo fueron tratados en uno y otro territorio los españoles económicamente poderosos. Mientras que en el primero se dispusieron medidas encaminadas a la requisición de sus bienes, en el segundo no sólo permanecieron intactas sus propiedades, sino que ello fue un factor determinante para evitar que se marcharan del país. La dependencia que ambos países guardaban hacia los capitales peninsulares era significativa, pero las medidas adoptadas fueron contrastantes; resulta entonces por demás paradójico que México, que había sido más perjudicado por España cuando todavía era colonia, tuviera tantas concesiones para con sus "enemigos" ibéricos, mientras que el Río de la Plata adoptó medidas más pragmáticas económicamente hablando, y mucho menos contemplativas para con los peninsulares. Los resultados saltaron pronto a la vista. Según Hugo Raúl Galmarini, el problema español se hallaba superado para 1818 en el Río de la Plata(58); en México, en cambio, las discrepancias con la comunidad española siguieron siendo relevantes a lo largo de casi todo el siglo XIX, hasta el ascenso al poder del dictador Porfirio Díaz, quien mantuvo una política afín a esa comunidad y, en general, a todas las extranjeras. El sentimiento antiespañol se vio fortalecido con el inicio de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, cuando este grupo se convirtiera en uno de los blancos predilectos de las fuerzas revolucionarias, que identificaban a la comunidad peninsular como uno de los sectores responsables de la miseria en la que se encontraba un alto porcentaje de la población. Las políticas de atracción de población extranjera en Argentina durante el resto del siglo XIX ubicaron a los españoles en un plano discreto, un grupo más entre varios. En México en cambio, los peninsulares siguieron siendo el grupo dominante entre la población migrante, prevaleciendo la relación ambivalente que caracterizó la época de las expulsiones. FUENTES
Archivísticas -Archivo General de la Nación de Buenos Aires, Argentina, División Gobierno Nacional, Sala X. -Archivo General de la Nación del Distrito Federal, México, Ramo Expulsión de Españoles, GD 130. Hemerográficas -El Baratillo o miscelánea de chucherías, Año III, México, 1828. Bibliográficas -Brading David (1988), Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era. -Chiaramonte José Carlos (2008), "Autonomía e independencia en el Río de la Plata, 1808-1810" en Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. LVIII, núm. 229, Julio-Septiembre, pp.325-368. -De Gortari Rabiela Hira (1992), "Estado y Nación: la historia de México como proceso de proyecto nacional" en Cecilia Noriega (Ed.), El nacionalismo en México, México, El Colegio de Michoacán. -Flores Caballero Romeo (1969), La contrarrevolución en la independencia. Los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838), México, El Colegio de México. -Galmarini Hugo Raúl (1984), "La situación de los comerciantes españoles en Buenos Aires después de 1810, Revista de Indias, vol. XLIV, nº 173, pp. 273-290. -- (1986) "Los españoles de Buenos Aires después de la Revolución de Mayo: La suerte de una minoría desposeída del poder", Revista de Indias, vol. XLVI, nº 178, pp. 561-562. -Guerra François-Xavier (1994), "Identidades e independencia: la excepción americana" en François-Xavier Guerra y Mónica Quijada (Eds.), Cuadernos de Historia de América Latina. Imaginar la nación, No. 2, Münster, Hamburg, AHILA, pp.93-134. -- (2003) "Introducción" en Antonio Annino y François Xavier Guerra (Coord.), Inventando la nación iberoamericana. Siglo XIX, México, FCE, pp. 7-11. -Hobsbawm Eric J. (2002), "La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 18701914" en Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger (Eds.), La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, pp. 273-318. -Lida Clara E. (1997), Inmigración y exilio, México, Siglo XXI/COLMEX. -Oslak Oscar (1985), La formación del estado argentino, Buenos Aires, Ed. de Belgrano. -Quijada Mónica (1994), "¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano del siglo XIX" en François-Xavier Guerra, Mónica Quijada (Eds.), Cuadernos de Historia de América Latina. Imaginar la nación, No. 2, Münster, Hamburg, AHILA, pp. 287-315. -Reitano Emir (en prensa), "El umbral de la tempestad" "La facción realista en el Río de la Plata y su disolución". Mimeo -Segreti Carlos A. (2000), "Desacuerdos y enfrentamientos políticos (18101828)", en La Configuración de la República Independiente (1810-1914), Nueva Historia de la Nación Argentina, Academia Nacional de Historia, Vol. 4, Buenos Aires, Planeta, pp. 346-379. -Sims Harold (1974), La expulsión de los españoles de México (1821-1828), México, FCE. -- (1982) Descolonización en México. El conflicto entre mexicanos y españoles (1821-1831), México, FCE. -- (1984) La reconquista de México. La historia de los atentados españoles, 1821-1830, México, FCE. -- (1981) "Exiliados españoles en México en 1829" en Historia Mexicana, No. 119, pp. 391-414. Notas
(1) La consulta de archivos en México tiene una considerable ventaja sobre la realizada en Argentina. La razón principal es que en el Archivo General de la Nación del Distrito Federal existen 72 volúmenes relativos al tema, mientras que en el AGN de Buenos Aires sólo se pueden encontrar los decretos y las listas de afectados, pero muy pocos casos, mismos que se consignan en este trabajo. Ello se puede explicar por el papel preponderante jugado por los españoles en la vida política mexicana en la primera mitad del siglo XIX, situación que de ninguna manera es análoga para el caso argentino. (2) Hugo Raúl Galmarini, "Los españoles de Buenos Aires después de la Revolución de Mayo: La suerte de una minoría desposeída del poder", Revista de Indias, vol. XLVI, nº 178, 1986, pp. 561-562. (3) Según José Carlos Chiaramonte: "posteriormente a los sucesos de 1810, los gobiernos que sucedieron a la Primera Junta habrían de afrontar la necesidad de independizarse de España y de organizar una nueva nación. Porque así como no existía aun [sic] un pueblo argentino, tampoco existían ni una nación, ni una nacionalidad argentinas, las que serían fruto y no origen del proceso que se iniciaba. Recordemos que "argentino" designaba entonces a los porteños, y sólo muy tarde adquiría su significado actual" en "Autonomía e independencia en el Río de la Plata, 1808-1810" en Historia Mexicana, El Colegio de México, México, vol. LVIII, núm. 229, Julio-Septiembre de 2008, p. 363. (4) Oscar Oslak, La formación del estado argentino, Buenos Aires, Ed. De Belgrano, 1985, p. 39. (5) Ver Eric Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1990; ERNEST GELLNER, Naciones y nacionalismos, Alianza, 1991; FRANÇOIS-XAVIER GUERRA, "Identidades e independencia: la excepción americana" en François-Xavier Guerra y Mónica Quijada (Eds.), Cuadernos de Historia de América Latina. Imaginar la nación, No. 2, Münster, Hamburg, AHILA, 1994, p. 127; MÓNICA QUIJADA, "¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano del siglo XIX" en François-Xavier Guerra, Mónica Quijada (Eds.), Cuadernosp. 32. (6) EMIR REITANO, "El umbral de la tempestad" La facción realista en el Río de la Plata y su disolución, Manuscrito en prensa. (7) Hugo Raúl Galmarini, "Los españoles de Buenos Aires...", p. 561. (8) Clara E. Lida, Inmigración y exilio, México, Siglo XXI/COLMEX, 1997, p. 90. (9) Francois-Xavier Guerra, "Identidades e independencia"... p. 121 (10) Carlos. A. Segreti, "Desacuerdos y enfrentamientos políticos (1810-1828)", La Configuración de la República Independiente (1810-1914), Vol. 4, Buenos Aires, Planeta, 2000, p. 350. (11) Hugo Raúl Galmarini, "La situación de los comerciantes españoles en Buenos Aires después de 1810, Revista de Indias, vol. XLIV, nº 173, 1984, p. 276. (12) Hugo Raúl Galmarini, "Los españoles de Buenos Aires...", pp. 580-581. (13) Correo de la Federación, II, 11-V-1827, citado en ROMEO FLORES CABALLERO, La contrarrevolución en la independencia, México, COLMEX, 1970, p. 122. Las negritas son mías. (14) HAROLD SIMS, La expulsión de los españoles de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, pp. 66-67, 76. (15) Ello se puede entender mejor siguiendo a Eric Hobsbawm, quien sostiene que un mecanismo de nacionalismo moderno es el concepto de un enemigo nacional secular contra el cual un pueblo pueda definir su identidad y alcanzar la unidad como Estado. ERIC J. HOBSBAWM, "La fabricación en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914" en Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger (Eds.), La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 2002, p. 285. (16) Archivo General de la Nación X-6-6-9, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 24-XII-1812. (17) Archivo General de la Nación X-6-6-9, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 22-XII-1812. (18) Archivo General de la Nación X-9-5-4, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 2-I-1812. (19) Archivo General de la Nación X-9-5-4, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 17-I-1812. (20) Archivo General de la Nación, Caja 103, Exp. 7. Gobernación, Decretos y circulares, Distrito Federal, 11-XII-1827. (21) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 1, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Foja 88. (22) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 1, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Foja 119. (23) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 2, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Fojas 12-13. (24) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 2, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Foja 13v. (25) Archivo General de la Nación, Caja 103, Exp. 7. Gobernación, Decretos y circulares, Distrito Federal, 11-XII-1827. (26) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 5, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Fojas 364-365.
(27) La Ley era muy clara, al menos en la letra, en ese sentido: la causal de excepción por impedimento físico estaba supeditada a que éste fuera considerado perpetuo. (28) Archivo General de la Nación X-9-5-4, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 2-II-1814. (29) Hugo Raúl Galmarini, "Los españoles de Buenos Aires...", p. 581. (30) Archivo General de la Nación X-6-6-9, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 7-III-1814. (31) Hugo Raúl Galmarini, "La situación de los comerciantes españoles...", pp. 283-284. (32) La Gaceta, 19 de enero de 1814, citado en Hugo Raúl Galmarini, "Los españoles de Buenos Aires...", p. 582. (33) Archivo General de la Nación X-6-6-9, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 16-XII-1815. (34) Archivo General de la Nación X-9-5-4, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 12-I-1816. (35) Archivo General de la Nación X-9-5-4, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 16-I-1816. (36) Hugo Raúl Galmarini, "La situación de los comerciantes españoles...", pp. 285-286. (37) Archivo General de la Nación X-9-5-4, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 21-II-1816. (38) Archivo General de la Nación X-6-6-9, División Gobierno Nacional, Buenos Aires, 14-II-1816. (39) El Baratillo o miscelánea de chucherías, Año III, No. 72, Puebla, México, viernes 23 de febrero de 1828. (40) Ibídem, jueves 22 de febrero de 1827. (41) Carlos. A. Segreti, "Desacuerdos y enfrentamientos políticos (1810-1828)", p. 350. (42) Según Harold Sims, en el año de 1828, a causa de la crisis económica, se desarrolla un ambiente hostil en contra de los extranjeros en general y de los españoles en particular. Harold Sims, Descolonización en México..., p. 65. (43) El Baratillo o miscelánea de chucherías, Año III, Número 80, Puebla, México, martes 22 de abril de 1828. (44) Harold Sims, La Contrarrevolución en la independencia..., pp. 149-150 y Descolonización en México..., p.120. (45) Harold Sims, Descolonización en México..., p.123. (46) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 31, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Foja 77. (47) Romeo Flores Caballero, La Contrarrevolución en la independencia..., p. 151 y Harold Sims, Descolonización en México..., pp.124-126. (48) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 54, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Fojas 151-153v. (49) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 52, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Foja 32. (50) Harold Sims, Descolonización en México..., p. 132. (51) A través de las juntas de médicos se exceptuaron por lo menos a 2,181 españoles de la expulsión, Ibid, p. 150. (52) Archivo General de la Nación, Proposición que hicieron al H. Congreso del Estado los CC. Diputados José Ignacio Echeverría, Francisco Zambrano y Nicolás del Moral aclarando el artículo 2º de la ley de expulsión general de Españoles, Vol. 40, Guanajuato, México, 27-IV-1829. (53) Harold Sims, "Exiliados españoles en México en 1829" en Historia Mexicana, No. 119, 1981 p. 498. (54) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 52, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Fojas 160-160v. El subrayado es del propio Pablo Felicin. (55) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 30, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Fojas 369-369v. (56) Archivo General de la Nación, GD130-Vol. 30, Ramo Expulsión de Españoles, Distrito Federal, Foja 370. (57) David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era, 1988. (58) Hugo Raúl Galmarini, "La situación de los comerciantes españoles...", p. 88. Esta obra está bajo licencia

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 artículo 12
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 resolución 
 artículo 3
 artículo 2