Source: http://thomsonreuterslatam.com/2014/06/02/
Timestamp: 2018-05-23 22:27:43+00:00

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2 junio, 2014 – Thomson Reuters
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Legislación del Día: Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.
PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN
DEL FRAUDE LABORAL
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Creación.
y Prevención del Fraude Laboral
(REPSAL)
ARTICULO 1° — Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes, aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
ARTICULO 2° — Las sanciones enumeradas en el presente artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL):
g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores;
ARTICULO 3° — Las sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847, una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ser incorporadas al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
ARTICULO 4° — Las sentencias condenatorias por infracción a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, una vez firmes, deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para su incorporación al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
ARTICULO 5° — El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y público desde un dominio dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.
ARTICULO 6° — La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en los términos de la ley 25.326 y su modificatoria, y ante ella se podrán ejercer los derechos que dicha ley acuerda. En todos los casos será responsabilidad del organismo sancionador actuante la carga de los datos correspondientes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), con las excepciones de las sentencias judiciales mencionadas en los artículos 3° y 4°, que deberán ser incorporadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las del inciso h) del artículo 2° de la presente que deberán ser incorporadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
ARTICULO 7° — La base que conformará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contendrá los siguientes datos: C.U.I.T., razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia de detección, actividad, tipo de infracción, organismo sancionador, fecha de la constatación de la infracción, fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación sancionatoria, fecha de regularización de la infracción detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora de ingreso en el Registro. Por su parte, los parámetros de búsqueda serán los siguientes: C.U.I.T., razón social, rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o legal, según la norma procedimental que haya regido las actuaciones y provincia de detección.
ARTICULO 8° — La sanción permanecerá publicada en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos previstos en el Capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad competente que la hubiese aplicado según las normas procedimentales que rigen sus respectivos regímenes sancionatorios. La permanencia tendrá como duración máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes 26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados por el Código Penal de la Nación.
ARTICULO 9° — Para los supuestos de sanciones impuestas por violación a lo establecido en el artículo 15, inciso 1°, apartados a) o b), de la ley 17.250, por falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o deficientemente registrado, respectivamente, y en el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones; y por las sanciones del artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria, aplicadas por incumplimientos a las obligaciones establecidas en dichas normas legales, se adoptarán las siguientes medidas:
ARTICULO 10. — En el caso de obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, el empleador será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha de pago de la sanción y por ciento ochenta (180) días más.
ARTICULO 11. — En el caso de sentencias condenatorias por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364, los infractores permanecerán en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde el cumplimiento de la condena penal.
ARTICULO 12. — Los plazos fijados en el presente capítulo se contarán en días corridos.
Efectos de la publicación de la sanción
en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL)
ARTICULO 13. — Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:
ARTICULO 14. — En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción que produjera su inclusión en el Registro creado por la presente ley, en un lapso de tres (3) años contados desde la primera resolución sancionatoria firme, se procederá a:
b) Impedir que aquellos responsables inscriptos en los impuestos comprendidos en el Régimen General, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por haber incurrido en reincidencia, deduzcan en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal —empleados, dependientes u obreros—, de acuerdo con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y g) de la ley del referido tributo.
ARTICULO 15. — A los fines del cumplimiento de lo normado por el artículo 13, los organismos públicos o entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), como requisito previo excluyente para dar curso a lo solicitado.
ARTICULO 16. — El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará las sanciones firmes que hayan sido impuestas en razón de violaciones legales cometidas a partir de los noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 17. — A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de determinado empleador.
Regímenes Especiales de Promoción
del Trabajo Registrado
Régimen Permanente de Contribuciones
a la Seguridad Social para Microempleadores
ARTICULO 18. — Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades de responsabilidad limitada que empleen hasta cinco (5) trabajadores, siempre que su facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación.
ARTICULO 19. — El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores contratados por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976) el empleador deberá ingresar el setenta y cinco por ciento (75%) de las citadas contribuciones.
ARTICULO 20. — El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a toda la nómina de los empleadores que se encuadren en el presente capítulo deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación.
ARTICULO 21. — Los empleadores que se encuadren en el artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal, quedarán excluidos de este régimen por el término de doce (12) meses, contados a partir del último despido.
ARTICULO 22. — Cuando se trate de servicios cumplidos en regímenes previsionales diferenciales o especiales, deberá adicionarse a la cotización que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, el importe correspondiente a la alícuota adicional que en cada caso se establece.
ARTICULO 23. — Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
ARTICULO 24. — Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) trabajadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
ARTICULO 25. — El régimen del presente capítulo resulta de aplicación respecto de los empleadores del sector privado inscriptos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) o en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a los encuadrados en el título II, capítulo I, de la presente ley. En este último caso, la reducción de contribuciones se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el régimen general de la seguridad social.
ARTICULO 26. — El empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador produzca un incremento en la nómina de personal respecto al período que se determinará en la reglamentación.
ARTICULO 27. — El empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los siguientes trabajadores:
ARTICULO 28. — Quedan excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 24 los empleadores cuando:
ARTICULO 29. — El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron exentas, más los intereses y multas correspondientes.
ARTICULO 30. — El presente beneficio regirá por doce (12) meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 31. — Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales previstas en los regímenes previsionales especiales y diferenciales de la seguridad social.
ARTICULO 32. — Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
ARTICULO 33. — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:
ARTICULO 34. — Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
ARTICULO 35. — El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y capacitación en materia de inscripción, registración laboral y de la seguridad social, y demás derechos laborales a los empleadores y trabajadores comprendidos en los regímenes instituidos en el presente título.
ARTICULO 36. — Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 37. — Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 38. — Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Unidad Especial de Fiscalización
del Trabajo Irregular
ARTICULO 39. — Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social.
ARTICULO 40. — Créase el Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. El Comité estará integrado por un (1) representante titular y un (1) representante suplente de:
ARTICULO 41. — El Comité de Seguimiento tendrá las funciones y atribuciones que serán establecidas por la reglamentación de la presente ley, que incluirán el monitoreo de la aplicación del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, el análisis de su funcionamiento y de eventuales usos abusivos de los beneficios previstos en estos regímenes.
ARTICULO 42. — El Comité de Seguimiento, dentro de los treinta (30) días de conformado, dictará su propio Reglamento Interno de Funcionamiento.
ARTICULO 43. — El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas complementarias que resulten necesarias a fin de implementar las disposiciones contenidas en la presente ley.
ARTICULO 44. — Incorpórase como inciso 1) del artículo 20 del Anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565, el siguiente:
ARTICULO 45. — Incorpórase como inciso h) del artículo 28 del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:
ARTICULO 46. — Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación de la presente ley, ejecute las acciones necesarias para la implementación y funcionamiento del Registro creado por el artículo 1°.
ARTICULO 47. — Las disposiciones del título II comenzarán a regir a partir del primer día del segundo mes posterior al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones del capítulo II, título II de la ley 26.476.
ARTICULO 48. — Los empleadores que hubieren producido despidos sin causa justificada en el transcurso de los seis (6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán excluidos del régimen del título II, capítulo I, por el término de un (1) año a contar desde la fecha de esa vigencia.
ARTICULO 49. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.940 —
JULIAN A. DOMINGUEZ. — AMADO BOUDOU. — Lucas Chedrese. — Juan H. Estrada.
PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION
Autor Thomson ReutersPublicado el 2 junio, 2014 2 junio, 2014 Categorías LegislaciónEtiquetas aportes y contribuciones de la seguridad social, CONVENIO.DE.CORRESPONSABILIDAD.GREMIAL, CORRESPONSABILIDAD.GREMIAL, DEDUCCION.DE.CONTRIBUCIONES.PATRONALES, derechos del trabajador, fraude a la ley laboral, impuesto a las ganancias, LEY.DE.PROMOCION.Y.FOMENTO.DEL.EMPLEO, monotributo, REGIMEN.DE.PROMOCION.DEL.EMPLEO, registración laboral, registro nacional de trabajadores rurales y empleadores, registros publicos, SANCION, trabajo de menores, trabajo no registrado
Fallo del Día: Examen preocupacional. Falso positivo en el análisis de HIV. Responsabilidad del médico que informó los resultados. Ausencia de responsabilidad del nosocomio.
2ª Instancia.— Buenos Aires, abril de 2014.
El Dr. Domínguez dijo:
Contra la sentencia de grado dictada a fs. 485/497, que admite parcialmente la demanda, expresó agravios la actora a fs. 567/ 569 y la codemandada “CPN SA”, a fs. 573/581. Esta responde a las quejas de la actora a fs. 587.
I- La actora reclamó la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por imprudente y negligente emisión de un examen falso y equivocado por parte de la demandada.
Manifestó que el día 5 de febrero del 2003 fue contactada para ingresar como enfermera de CPN SA, realizándole examen preocupacional. Dice que el 12 de marzo, encontrándose en su casa junto con su amiga Sra. P., recibe un llamado telefónico de la Dra. V. informándole que del análisis efectuado resultaba ser portadora de HIV y no sería contratada. Cuenta que ante un desvanecimiento siguió la atención telefónica su amiga a la que le reiteran el resultado, citándola en la calle H. Yrigoyen nº …, a la que concurrió, pero no así la codemandada V. por un supuesto problema de trenes.
Ante dichas circunstancias se dirige al laboratorio del Dr. S. para realizarse nuevo estudio con resultado negativo, que también fue reconfirmado con otro subsiguiente.
La codemandada Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español —ver fs. 78— niega los hechos expuestos señalando que el Instituto de Cardiología SA era una entidad diferente a ella. Aduce que de los registros surge que a la actora se le efectuaron diversos análisis correspondientes a un estudio preocupacional. Agrega que el estudio fue retirado por la Dra. V. como perteneciente a CPN SA desconociendo el trámite y forma de notificación.
A fs. 92 se presenta S. V., negando los dichos e imputaciones de la actora, alegando que ante la entrega de los resultados se comunica con aquella para mantener una entrevista personal ese mismo día. Debido a una imposibilidad en arribar, acuerda nueva convocatoria para el día siguiente, al tiempo que la Sra. G. ya se había efectuado nuevo análisis.
“CPN SA” se presenta a fs. 129, reconoce que los estudios se realizaron en el laboratorio del Hospital Español y que la Dra. V. es la que se comunica telefónicamente con la accionante a fin de celebrar una entrevista personal, la que concretada, se le hace saber que deberá realizarse estudios confirmatorios.
II.- El Sr. Juez de grado, luego de indicar la normativa específica del caso como es la ley nacional de Sida 23.798 y su decreto reglamentario, sobre la metodología y el deber de informar, se remite al informe de la Soc. Arg. de Infectología sobre el asunto en estudio.
En cuanto a la responsabilidad que se le achaca a la Soc. Española de Beneficencia Hosp. Español de Bs. As.” la rechaza, toda vez que, si bien la actora le imputa erróneas afirmaciones en los resultados, éste no fue motivado en confusión en los números de protocolo de otra persona del mismo apellido sino que ciertamente el resultado fue: reactivo —ver fs. 6—, a pesar que en el efectuado en el laboratorio del Dr. S. dio negativo. Entiende el señor juez a quo que el resultado “reactivo” del examen de Elisa se debió a un “falso positivo” de conformidad a las pruebas cumplidas y allí citadas. Resumiendo: al no probar la actora la confusión en los protocolos y al dar por cierto que el resultado del análisis fue producido con sustento científico, desestima la imputación de responsabilidad que invoca la actora.
Por el contrario, admite la incoada contra la Dra. V. dada la forma en que la actora fue anoticiada. Sostiene la valoración de la testimonial de la Sra. P. resaltando el carácter de amiga, a más de no existir otro elemento que le reste valor convictico y no haber sido procesalmente impugnado en su oportunidad.
Señala la conducta posterior asumida por la Sra. G. al hacerse un análisis inmediatamente en otro laboratorio, como así que la forma de notificación pudo causar una gran inquietud al omitirse indicar otra prueba de diagnóstico.
En tal orden de ideas y como dependiente de CPN SA le extiende a esta su deber de imputabilidad y por ende de responsabilidad.
Admite el daño psíquico en pesos 10.000 que comprende el de tratamiento; el de gastos por pesos 500 y el daño moral en pesos 10.000, rechazando el pretendido por lucro cesante.
III.- Contra tal pronunciamiento, expresa agravios la Sra. G., cuestionando el decisorio por desestimar la acción emprendida contra la “Soc. Española de Beneficencia Hosp. Español”. Insiste que la prueba de lo alegado sobre la confusión en los protocolos le cabe a la codemandada, conforme a lo prescripto en el art 388 del Cód. Penal e invoca la postura sobre la carga dinámica de la prueba.
En el segundo y tercer agravio intenta modificar el monto asignado al rubro resarcitorio por daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico.
La codemandada “CPN SA” controvierte la metodología corroborante que el sentenciante tuvo como cierta respecto a la forma en que fue anoticiada la actora por la Dra. V. En efecto, intenta establecer contradicciones de la Sra. G. en sus dichos expuestos en la demanda, con lo señalados por la perito psicóloga y la perito de parte (psicóloga Z.). Insiste en que la actora estuvo hablando desde un teléfono público y no de su casa como le consta a la testigo P. Conceptúa la conducta de la Sra. G. como de “fabulación”.
Seguidamente cuestiona la imputación de la conducta dada a la Dra. V. a tenor de que solo se sostiene en la testimonial de la Sra. P. Sin perjuicio de ello, advierte que no resulta imprudente informarle a la paciente el resultado de los estudio conforme lo actuado por la nombrada y consecuentemente la responsabilidad que se le achaca.
Señala que no cabe la admisibilidad de los daños reclamados por falta de sustento fáctico y científico y subsidiariamente la cuantía de los montos asignados. Como último agravio, la imposición de costas.
Dicha codemandada en el responde a los agravios de la actora solicita su deserción —ver fs. 587—.
IV.- Corresponde al respecto recordar que en atención a la necesidad de salvaguardar el principio de defensa en juicio (art. 18 CN), la facultad que acuerda el art. 266 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación debe ser utilizada con un criterio restrictivo; vale decir, acudir a ella cuando de una manera clara y acabada se opera una trasgresión a la citada preceptiva legal. En este sentido, en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica del fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal Civ. y Com. de la Nación, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho con la mentada carga procesal (conf. CNCiv. Sala B, in re “Hinckelmann c. Gutiérrez Guido Spano s/liq. de sociedad conyugal”, del 28/10/2005; íd., en autos “Menéndez v. Alberto Sargo S.R.L s/daños y perjuicios”, del 23/11/2005; id. CNCiv. Sala H, del 15/06/2005; esta Sala expte. N° 78.929/05).
Teniendo en cuenta ello y dado que en la expresión de agravios en cuestión no se advierte un apartamiento por parte de la recurrente a los principios fijados en el art. 265 del Código ritual, corresponde desestimar lo solicitado en el sentido que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto.
V.- Por cuestiones de orden metodológico corresponde analizar los agravios traídos por la codemandada a consideración de este Tribunal referidos a la admisibilidad de la acción en cabeza de la Dra. V. y de la apelante.
A fin de establecer aproximadamente las circunstancias fácticas alegadas con motivo de la cuestión objeto de litis, es dable remitirnos a lo expuesto en el escrito de inicio por la actora. Ésta a fs. 12 vta. dice: “con fecha 5/2/2003 la suscripta es contactada por el Dr. G. para ingresar a trabajar en CPN S.A., a quien el Hospital Español terceriza los servicios de recuperación cardiovascular, para lo cual le realizan un examen pre-ocupacional… El día 12/03/2003, aproximadamente a las 13.00 hs., mientras la suscripta se encontraba en su casa con sus hijos C. y N. y una amiga, la Sra. L. P., recibe un llamado telefónico de la Dra. S. V., quien le informa pertenecer a la empresa CPN S.A. y le comunica que sus análisis arrojaron como resultado ser portadora de HIV-sida y que no sería contratada para trabajar en dicho nosocomio. La actora sufre una suerte de desvanecimiento al recibir la noticia y toma el teléfono la Sra. P., a quien la médica le repite el diagnóstico. El mismo día la actora es citada por dicha profesional en la calle Hipólito Irigoyen N° … (Sindicato de la Carne). La acompaña su amiga, la Sra. L. A. P. y, luego de esperar más de tres horas y media, le avisan que la Dra. V. no va a venir debido a un inconveniente con el tren. Ante ese estado de angustia y desgarro, en la misma fecha se dirige de urgencia al Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Stamboulian – Centro de Estudios Infectológicos S.A., para realizarse un nuevo análisis de HIV. Al día siguiente, la Dra. E. C., profesional del mencionado Centro, hace entrega de los estudios médicos a la actora, que arrojaron… resultado negativo. Igualmente con fecha 17/03/2003 se realiza un segundo estudio en el mencionado laboratorio para confirmar definitivamente su resultado negativo. La única explicación que recibió de la Dra. V. es que pudo haber una confusión en las muestras de sangre, dado que el mismo día en que a ella le realizan el estudio, minutos antes había ingresado otra persona con igual apellido que la actora” (v. fs. 13).
La codemandada S. V. a fs. 92 vta./93 da por cierto:”A mi regreso me entregan a mi, también médica auditora, el resultado de los análisis efectuados a la actora, por lo que el día 12 de marzo de 2003 me comunico telefónicamente con ella y le informo que debemos mantener una entrevista personal ese mismo día. Acordando una reunión para esa tarde en el Sindicato de la Carne sito en Hipólito Yrigoyen … de esta ciudad, cumplimentado así lo dispuesto con la normativa vigente en cuanto a la forma en que deben comunicarse los resultados de los análisis de carga viral. Lamentablemente, y por haber una manifestación que me impidió el acceso al lugar, me resultó imposible llegar en tiempo al lugar del encuentro, por lo que telefónicamente acordamos una nueva reunión para el día siguiente, la que se concretó y fue en esa oportunidad en que le comuniqué en forma personal y verbal la necesidad de hacerse un nuevo análisis de sangre a raíz del resultado del primero”.
En términos similares expone la codemandada “CPN S.A.” a fs. 130: “Dado el carácter confidencial del resultado de dicha serología y la asistencia médica que la práctica profesional actualmente exige, aquél sólo puede ser entregado al profesional solicitante en sobre cerrado a los efectos de que éste haga la entrega personalmente al postulante. De lo dicho y lo por decir, puede y podrá apreciarse que así fue como sucedió. En cumplimiento de dicho procedimiento y según lo informado por la codemandada V., en fecha 12/03/2003 ésta se comunicó telefónicamente con la actora a los fines de dar continuidad con el mismo, arreglando una cita para ese mismo día, informándonos, asimismo, que la misma no pudo concretarse ese día, sino que se efectuó al día siguiente en dependencias de la Obra Social de la Federación Gremial de la Industria de la Carne y sus derivados (H. Irigoyen … CABA).
Las partes están contestes en que, recepcionado los resultados por la Dra. V., esta llamó a la actora a su casa. La cuestión controvertida se circunscribe en establecer verosímilmente si la comunicación telefónica fue anoticiar a la actora del resultado del análisis de HIV o solo para establecer una cita personal a esos fines.
La Dra. V., como “CPN S.A.”, unifican criterio en cuanto a que es necesario recurrir a una entrevista “personal” a fin de hacer entrega del resultado e indicar la necesidad de efectuar otros estudios posteriores de reconfirmación.
La recepción de la llamada telefónica efectuada por la Dra. V. es reafirmada por los dichos de la testigo P. Ésta nos hace saber a fs. 223: “la dicente pasa por la casa de A. G. y ella recibe un llamado donde le comunican ‘algo’ y ella sufre una especie de desmayo o desvanecimiento y le pasa el teléfono a la dicente, diciéndole ‘atendé vos que no entiendo nada’ y la dicente toma el teléfono y habla con la Dra. V. y le pregunta que le dijo a A. y ella responde que son los resultados de unos análisis que le dieron HIV positivo y le da una dirección para que los pase a retirar en el Sindicato de la Carne”.
En la apreciación de la prueba testimonial, el magistrado goza de amplia facultad. Admite o rechaza la que su justo criterio le indique (conf. CNCiv. Sala C, 12/07/1976, Rep. Gral., ED, n° 12, pág. 659, su 12). En el terreno de la apreciación de la prueba, y en especial de la testifical, el juzgador puede inclinarse hacia la que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que pudieren obrar en el expediente, siendo en definitiva ello una facultad privativa del magistrado (Conf. CNCiv., Sala D, 02/06/1977, ED 74-555; íd. Sala F, L. n° 260.408, del 20/11/1981; íd., íd., L. 259.802, “García Enrich José d. c. Cotécnica Cía. Técnica F. Imp. S.A. s/sumario”, del 15/04/1982.
Se ha expresado que la amistad aún en grado a que alude la ley ritual, no es razón bastante para descalificar el testimonio. Si en cambio, elemento a ponderar por el juzgador para apreciarlo conforme con las reglas previstas por los arts. 386 y 456 del Cód. Penal. Si bien a este testimonio la apelante le resta eficacia corroborante, el relato de la Sra. P. de tiempo, lugar y persona que emite la llamada a la actora son coincidentes con los denunciados por aquellas en el responde a la acción.
En nuestro sistema, el concepto de prueba está integrado con la atribución de las partes, la función del juez y el resultado que debe consagrar la sentencia. Para las partes, prueba es el conjunto de elementos autorizados por la ley para demostrar que la “versión de los hechos”, respectivamente expresada en los escritos de constitución del proceso, es exacta. Para el juez es una función de aportación, selección y valoración de los indicados elementos, con el fin de establecer que aquellas versiones son las exactas -verdad formal- o, donde proceda, la que efectivamente coincide con la realidad —verdad material—. Siempre debe ser sobre las “versiones dadas por las partes”. Reitero: el objeto de la prueba está constituido por los hechos invocados en las alegaciones de las partes, en tanto sean controvertidos. Es decir, afirmados por una y desconocidos por la otra y conducentes.
Así, atento las disposiciones del art. 377 del Código Procesal, el damnificado que ejerció la acción resarcitoria tiene a su cargo la prueba del daño sufrido y el hecho del cual este provino. La carga de la prueba se vincula entonces, en grado estrecho, con la necesidad de convencer al juzgador sobre la existencia del hecho afirmado (CNCiv. Sala H, 25/02/1999, “Orijüela c. Lirosi s/ daños y perjuicios”). Se trata de una cuestión supeditada a la apreciación del Juez y que se corresponde con las peculiaridades que rodean la situación (conf. COLOMBO, “Culpa aquiliana”, T. I, N 56, p. L17; BORDA, G. “Obligaciones”, T. II, N. 1317, pág. 243).
Se destaca que el juzgador debe arribar a la verdad jurídica que, al decir de Morello, no es la verdad absoluta y abstracta, “sino el estado subjetivo del juez cuyo acceso a esa verdad (certeza) se ha ajustado a un procedimiento reglado y a pautas y guías lógicas de experiencia y sociológicas” (Estudios de Derecho Procesal Civil, t. I; Buenos Aires 1998, Abeledo-Perrot; ps. 102 y siguientes).
En tal orden de ideas comparto las pautas convictivas que enuncia el sentenciante. Destaco que dicho testimonio no fue impugnado procesalmente en la etapa oportuna. La conducta de la actora, posterior al llamado de la Dra. V., es coincidente con la de la testigo, a más de estar corroborada por la fecha de emisión del documento de fs. 8 y de fs. 10. Conducta reconocida por V. a fs. 93, párrafo 3º, a pesar que a continuación señala que la actora durante algunas horas tuviera duda sobre el resultado es de “público conocimiento” que debe ser confirmado para considerarlo válido. O sea que se desvincula de la obligación legal por considerar dicha metodología —el de reconfirmar el resultado con nuevos análisis— como de público conocimiento.
En primer lugar se debe dejar sentado que el resultado del examen del paciente y de los medios complementarios tienden a la formulación de un diagnóstico de la enfermedad que sea, a su vez, sustento del pronóstico y del tratamiento. Es el profesional médico que se encuentra tratando a personas que integran un grupo de riesgo el que debe ordenar las pruebas “adecuadas” para la detección directa o indirecta de la afección —conf. art. 6º de la ley 23.798—. Conforme al art. 8º el profesional que detecta el virus de inmunodeficiencia humana o posea presunción fundada de que un individuo es portador debe informarle al paciente sobre el carácter infectocontagioso del mismo, los medios y formas de trasmitirlo y su derecho a recibir asistencia adecuada. Ello se funda en evitar un mal mayor.
Tanto el laboratorio del Hosp. Español, como el que tiene a su cargo el Dr. Stamboulian, utilizaron el método “ELISA”. Sobre el mismo no se ha arrimado en autos prueba pericial que nos informe respecto a si el método es inidóneo.
A fs. 220 la Sociedad Arg. De Infectología nos informa:”1) El Test de ELISA es la prueba de tamizaje más usada para la detección de anticuerpos anti-HIV. 2) ELISA reactivo quiere decir que es positivo y ELISA no reactivo quiere decir que es negativo. 3 y 4) La prueba de Elisa tiene una sensibilidad de 99,5 % y una especificidad de 99,8 %. Se han encontrado resultados falsos positivos en pacientes con enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico) hemofílicos, politransfundidos, hemodializados, gamapatías monoclonolaes y policlonales y también se han detectado reacciones cruzadas con Ac anti HLA DR4. Los factores reumatoideos de clase IgM (anti IgM) pueden producir falsos positivos al unirse a complejos formados por anticuerpos específicos de clase IgG con antígeno viral ya que luego el conjugado anti IgM-enzima se unirá al factor reumatoideo dando falso positivo. 5) Con un solo ELISA no se puede diagnosticar la existencia de HIV en sangre. 6) Corresponde realizar la prueba confirmatoria denominada Western Blot, 7) al momento de comunicar el resultado del test el profesional médico debe hacerlo personalmente, en privado, guardar secreto e informar la posibilidad de falsos positivos y la necesidad de realizar estudios confirmatorios (Ley Nacional de Sida nro. 23.798).
Se ha dicho que el nexo causal entre el acto ilícito y el daño, constituye uno de los presupuestos necesarios para que exista responsabilidad civil. La determinación de la relación de causalidad implica precisar la vinculación que existe entre el acto y sus consecuencias con el objeto de fijar el alcance de la obligación de indemnizar que nace, para el agente, de la comisión del hecho ilícito; vale decir, la extensión del resarcimiento encuentra su medida y límites en la relación causal. Nuestra ley civil (arts. 901 y ss. Cód. Civil) imputa fácticamente al autor del hecho las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, pero no las casuales, que al tener como nota esencial su imprevisibilidad, quedan en principio y salvo casos de excepción (art. 905, Cód. Civil), excluidas del marco de atribución del agente. En consecuencia, para el sistema de nuestra ley civil sólo se responde de los daños cuando éstos se hallan en relación causal adecuada con el acto del responsable, cuando normalmente el acto debía producir esos daños que eran, por tanto previsibles, circunscribiéndose la actitud del juzgador a valorar si concurren en el caso la normalidad y previsibilidad aludidas.
Por ende, al actor le cabe la carga de probar la relación o vínculo de causalidad (“imputatio facti”) entre el hecho ilícito y el daño sobreviniente.
Debe señalarse que en el campo de la responsabilidad civil la relación de causalidad cumple una doble función: por un lado, permite determinar con rigor científico a quien debe atribuirse un resultado dañoso, por el otro, brinda los parámetros objetivos indispensables para calibrar la extensión del resarcimiento
Esta conducta debe tener incidencia causal adecuada para la producción del resultado, ya que ninguna influencia tiene la conducta culposa si no ha sido la causa adecuada del perjuicio. No habiendo autoría, mal puede formularse juicio de imputación de responsabilidad —objetiva o subjetiva—. El centro de la cuestión debe ser emplazado en torno a la relación de causalidad. No se trata de ponderar culpas sino autorías materiales (Daniel PIZARRO, en Código Civil y normas complementarias, Comentado, anotado y concordado; T. 3º, dirección Alberto BUERES, Coordinación Elena HIGHTON, Editorial Hammurabi, pág. 566 y sgtes.).
En tal sentido, cabe recordar que la diversa temporalidad de los acontecimientos puede darse como mera sucesión de hechos, o como relación entre ellos. La causalidad importa una relación entre el antecedente y el consecuente, de manera que sea posible afirmar que el efecto es atribuible a la causa o, a la inversa, que ésta determinó el efecto (conf. “Derecho de Obligaciones” Atilio Aníbal ALTERINI, Oscar José AMEAL Roberto, M. LÓPEZ CABANA, pág. 231); debiendo resaltarse el valor probatorio de las presunciones como vía indirecta para llegar al conocimiento o admisión de un hecho, de conformidad a lo dispuesto por el art. 163, inc. 5 , párr. 2 del Cód. Procesal Civ. y Com. que dispone que las no establecidas en la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales, y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza de juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
A pesar de la conjetural contradicción sobre los hechos que invoca la codemandada apelante no resultan desmerecedor de lo antes meritado lo expuesto por la perito psicóloga y de parte ya que la verdad difiere de la verdad jurídica puesto que la primera es experimentada por los sujetos como un hecho presente, mientras que la segunda se recrea en el presente mediante elementos probatorios que refieren al pasado. Como en “todas las inferencias deductivas, también en la inferencia historiográfica y en la judicial la conclusión tiene, por tanto, el valor de una hipótesis probabilística en orden a la conexión causal entre el hecho aceptado como probado y el conjunto de los hechos adoptados como probatorios. Y su verdad no esta demostrada como lógicamente deducida de las premisas, sino sólo probada como lógicamente probable o razonablemente plausible de acuerdo con uno o varios principios de inducción”.
El proceso judicial no es más que una controversia entre hipótesis que explican el caso desde diferentes perspectivas. La tarea del juzgador es simplemente a través de las pruebas aportadas cual es la hipótesis que mejor se ajuste a lo que presumiblemente ocurrió.
De esta manera, observamos que en la sentencia ésta apenas puede indicar que de acuerdo a los elementos probatorios acompañados por las partes se puede inferir que el caso ocurrió de una determinada manera. Además de aportar el material de conocimiento y de soportar la carga del impulso procesal, corresponde a las partes la aportación del material probatorio. La confirmación de los hechos alegados es facultad exclusiva de las partes, quienes deben articular los mecanismos necesarios para acreditar los hechos” Resulta claro que la carga de la prueba incumbe a las partes, adoptando el juez en esta etapa una actitud de pasividad.
Debe tenerse por acreditado que, efectuado los análisis de laboratorio pertinentes y ordenados por la demandada como examen preocupacional, la actora fue anoticiada telefónicamente del resultado omitiéndose el carácter confidencial y la asistencia médica exigida en estas circunstancias, a mas de hacer saber de la posibilidad de falsos positivos y la necesidad de realizar estudios confirmatorios. Carga que debemos tenerla por cumplida posteriormente, al tiempo en que la Dra. V. entrevistó a la Sra. G.
Resulta exteriorizante que los agravios expresados solo transmiten simples apreciaciones personales del recurrente, ya que el distinto punto de vista, es simplemente conjetural, omitiendo concretar el error u omisión en los que habría incurrido el sentenciante respecto de la valoración de los elementos de convicción que sustentan el fallo en debate. La llamada telefónica efectuada por la Dra. V. debió limitarse a concertar una entrevista con la actora, haciéndole saber que ya se tenían los resultados a entregar personalmente. Todas las supuestas conductas del paciente, que desarrolla el apelante al expresar agravios —fs. 578 y vta.—, no acaecieron en los presentes, por lo que devienen insuficientes para sostener el recurso en análisis.
VI.- La actora se agravia por el rechazo a la acción incoada contra “Soc. Española de Beneficencia Hospital Español”. Insiste en la conducta negligente de ésta, imputándole confusión en los protocolos.
Como surge de las constancias arrimadas en autos, especialmente las de fs. 6 y 7, no se advierte las circunstancias denunciadas por la Sra. Gómez. En efecto, la de fs. 6, corresponde al protocolo n° V 31367, y le cabe a nombre de esta sobre el resultado: anticuerpos anti.hiv, con resultado reactivo (sobre la primera muestra —Método Elisa—. La de fs. 7, si bien le es asignada a la accionante, no es menos que se ha caratulado como de “orden de retiro de análisis”, sin especificar que se corresponda al de anticuerpos y si pueden ser a otros que se ordenaron para el examen preocupacional.
El apelante intenta recurrir a la teoría de las cargas probatorias dinámicas. La susodicha teoría constituye un apartamiento excepcional de las normas legales que establecen la distribución del onus probando —art 377 del C. Proc.—. Sólo debe funcionar cuando la aplicación mecánica o rígida de la ley conduzca a resultados disvaliosos o inocuos. O sea: “Cuando la responsabilidad profesional se funda en la culpa, ésta debe ser en principio probada por el actor, sin perjuicio de que se tenga en cuenta la importancia de las presunciones judiciales, y del concepto de carga probatoria dinámica, cuyo funcionamiento excepcional, que hace recaer la carga de la prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejor situación para probar”.
En la especie, como bien lo señala el sentenciante, no se aprecia confusión en los protocolos ya que se corresponden a estudios diferentes. El pertinente al de anticuerpos dio como resultado: reactivo. Ello por sí no es suficiente para achacarle error a confusión en el informe sino que se corresponde al porcentual de posibilidades de “un falso positivo”. Tan es así, que el perito médico dictamina a fs. 288 que “es posible que un estudio de ELISA de positivo y un segundo estudio negativo… Pues puede haber falsos positivos, para lo cual se efectúan pruebas de confirmación”.
Cuestión ésta reafirmada en el informe de fs. 458, emitido por la “Soc Arg de Infectología”.
Dicha codemanda resulta ajena a la vinculación con “CPN SA” —entidad con la cual se relacionó la actora—. Efectuó solo análisis a requerimiento de aquélla que no devinieron erróneos o confusos en sus protocolos, por lo que cabe rechazar el agravio vertido por la actora sobre la responsabilidad de la “Soc. Española de Beneficencia Hospital Español”.
VII.- Ambas partes se agravian respecto a las indemnizaciones otorgadas. La actora, en cuanto al quantum dado al daño psicológico —comprensivo del tratamiento— y al del daño moral. La demandada, sobre la admisibilidad de los asignados favorablemente como la cuantía fijada a éstos.
He de advertir en primer lugar, a los fines de la estimación de los montos resarcitorios, que en la demanda las sumas peticionadas fueron supeditadas a lo “que mas o menos resulte de las pruebas a producirse en autos” (ver fs. 12).
Daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico
Cabe recordar que la incapacidad sobreviniente es el perjuicio que consiste en las limitaciones a la capacidad genérica que son consecuencia de las lesiones experimentadas por la víctima al producirse el accidente, exigiendo el resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por el damnificado la consideración prudencial de los aspectos a ella referidos (edad, sexo, profesión u oficio, grado de instrucción, etc.), gozando el arbitrio judicial de un amplio margen de apreciación. Se descarta entonces la adopción de sistemas automáticos basados en cálculos actuariales o de fórmulas genéricas semejantes. Comprende, en consecuencia, la merma genérica en la capacidad futura del damnificado que se proyecta en todas las esferas de su personalidad y constituye, por lo tanto, un quebranto patrimonial indirecto.
Así como toda disminución de la integridad física humana debe ser materia de resarcimiento, hay que admitir que cualquier merma de las aptitudes psíquicas de un individuo constituye también un daño resarcible.
En esa inteligencia, corresponde, a mi criterio, colegir la total autonomía e independencia entre el daño psíquico y el moral. Uno importa un menoscabo a la salud psíquica e integra el concepto de incapacidad, mientras que el otro repercute en los sentimientos del damnificado.
En este aspecto, se configura la lesión psíquica mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el mundo social.
Para fijar el respectivo quantum indemnizatorio se ha resuelto que debe tenerse en cuenta no sólo de qué manera incide su gravitación en las aptitudes de la víctima para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios económicos, pues esa incidencia no es única ni exclusiva a los fines resarcitorios, sino además de qué manera gravita en todos los demás aspectos de la personalidad de la víctima (esta sala, exptes. 101.557/97; 31.005/01; C. Nac. Civ., sala F, 21/11/2002, JA 2003-IV, síntesis; C. Civ. y Com. Morón, sala 1ª, 1/10/2002, JA 2003-II, síntesis; íd., sala 2ª, 20/2/2003, JA 2003-IV-262; C. Nac. Civ., sala H, 23/5/2002, JA 2003-I, síntesis, entre muchos otros).
Debe destacarse que al igual que en el caso de heridas u ofensas físicas (art. 1086 del Cód. Civil), en las lesiones psíquicas la víctima tiene derecho a ser indemnizada “de todos los gastos de curación y convalecencia”. Ello implica la recurrencia a tratamiento psicológico/ psiquiátrico y/o a la medicación necesaria.
El detrimento patrimonial que supone el tratamiento de esta índole, indispensable para reparar lesiones en la salud suficientemente comprobadas y además, económicamente mensurable, no obsta a que tenga lugar el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones (v. exptes. N° 56.220/ 00, 18.147/ 03 y 112.805/ 01 de esta sala, entre otros), puesto que una cosa es resarcir la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado del o los peticionantes.
En otro orden de ideas, para que procedan los reclamos en estudio resulta de fundamental importancia la existencia de un daño cierto resarcible que indique que el hecho generador ha provocado secuelas de carácter discapacitante, con clara relación causal.
A tal fin, cabe atenerse a las constancias obrantes en las causa y experticia médica producida. A fs. 239 se dictamina: “Se trata de una personalidad con defensas fóbicas de base que se acrecentaron a partir del hecho que nos convoca… diagnóstico: Trastorno por stress postraumático; Incapacidad: desde el punto de vista piscológico, 10 %; Indicación terapéutica; tratamiento psicoterapéutico una vez por semana durante un año que descienda la ansiedad, según la evolución del paciente”.
Éste mereció el pedido de aclaratoria de fs. 254, el que fue contestado y ratificado a fs. 282, las que valoro y acepto en los términos de los arts. 386 y 477 del CPCCN.
Se recomendó la realización de un tratamiento psicológico con el propósito de propender a la elaboración del trauma sufrido. En función de lo expuesto, meritando las condiciones subjetivas de la reclamante, la incapacidad psíquica que presenta y el tratamiento psicológico aconsejado, es que propongo al acuerdo incrementar la suma fijada por daño psicológico y tratamiento psicoterapéutico ($ 10.000) a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000).
Existe daño moral indemnizable cuando hay una lesión o agravio a un interés jurídico no patrimonial, es decir un menoscabo a bienes extrapatrimoniales.
El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento sino aquello que sea consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido tenía un interés reconocido jurídicamente (conf. Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, ps. 234/235; BREBBIA, “Daño moral”, pág. 47; art. 1078 del Código Civil).
El agravio moral está constituido por la lesión a las afecciones íntimas del damnificado, los padecimientos que experimenta, la duración de su convalecencia y la incertidumbre sobre el grado de restablecimiento.
En consecuencia, en atención a la entidad de la afección sufrida, las características del evento y demás circunstancias que surgen de la causa, es que propongo al acuerdo, en atención a las disposiciones del art. 65 del CPCCN, incrementar la suma acordada por el rubro en análisis ( $ 10.000), a la de pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Gastos de farmacia, asistencia médica y traslados
Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal, gravitando factores en la especie el requerimiento de análisis en otro, traslados que hubiera debido realizar durante su período de recuperación, etc.
En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa, las afecciones que sufriera la actora (conf. conclusiones del experto designado de oficio), es que de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo al acuerdo confirmar la procedencia del rubro y el monto concedido en la instancia de grado ($ 500), por no existir agravio de la reclamante sobre el particular.
La demandada cuestiona la imposición de costas. De acuerdo con el art. 68 del Código Procesal, las costas se imponen conforme al principio objetivo de la derrota. En este sentido, la noción de vencido a los efectos del pago de las costas, debe ser determinado con una visión global del juicio y con independencia de la proporción en que prosperen las pretensiones articuladas.
En definitiva, la fijación de las costas debe ser realizada con un criterio jurídico y no meramente aritmético (C. Nac. Civ., sala H, 1999-3-17, “Lisi Nicolás R. c. Chispa S.A”; La Ley 2000-F-206; C. Nac. Com., sala D, 11/10/2000, “Chiappara, Ceccotti y Matuk y otros c. Peñaflor S.A”, DJ 2000-3-1055; C. Nac. Trab., sala 1ª, 30/11/1999, “Makaruk, B. c. Farmacia Gran Via SRL y otro”, La Ley 2000-C-242).
La condena en costas no reviste el carácter de “pena” que le asignaban las leyes de Partidas, sino el de una “indemnización” debida a quien injustamente se vio obligado a efectuar erogaciones judiciales, o sea, los gastos que al obligarlo a litigar le ha ocasionado su oponente, con prescindencia de la buena o mala fe de éste y de su poca o mucha razón, pues para la teoría objetiva de la derrota la conducta de las partes o el aspecto subjetivo no interesa.
Se sigue así el pensamiento chiovendano al consagrar la teoría objetiva de la condena en costas, atendiéndose al resultado del proceso con algunas atenuaciones. Se imponen, por lo tanto, al vencido en el pleito o en la incidencia, atribuyendo a las mismas el carácter de una indemnización para resarcir las expensas que han debido realizarse a fin de conseguir el reconocimiento de un derecho o de su pretensión jurídica. No debe, por lo tanto, sufrir una disminución patrimonial quien lo reclama, debiendo ser soportadas por el vencido (CHIOVENDA, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232).
En virtud de ello, no cabe a mi criterio más que confirmar en este aspecto el decisorio recurrido, desestimándose los agravios vertidos.
En función de lo expuesto y si mi voto es compartido, propongo al acuerdo: 1) Modificar la sentencia recurrida incrementado el rubro resarcitorio por daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico en pesos sesenta mil ($ 60.000) y el daño moral a la de pesos veinticinco mil ($ 25.000) y confirmarla en todo lo que decide, manda y fuera materia de agravios, 3) Imponer las costas de Alzada respecto de la apelación incoada por la actora a esta por resultar vencida y al haberse integrado el contradictorio con la demandada. Sin costas de Alzada en referencia a los agravios impuestos por la demandada por no haberse integrado el contradictorio con la actora (art. 68, parte 2ª, del CPCCN).
El Dr. Ameal, por las consideraciones y razones aducidas por el Dr. Domínguez, vota en igual sentido a la cuestión propuesta.
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal decide: 1) Modificar la sentencia recurrida incrementado el rubro resarcitorio por daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico en pesos sesenta mil ($ 60.000) y el daño moral a la de pesos veinticinco mil ($ 25.000) y confirmarla en todo lo que decide, manda y fuera materia de agravios, 3) Imponer las costas de Alzada respecto a la apelación incoada por la actora a esta por resultar vencida y al haberse integrado el contradictorio con la demandada. Sin costas de Alzada en referencia a los agravios impuestos por la demandada por no haberse integrado el contradictorio con la actora (art. 68, parte 2ª, del CPCCN).
Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la liquidación definitiva (art. 279 del Cód. Procesal).
Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1º de su decreto reglamentario 894/2013 y arts. 1º, 2º y Anexo de la acordada 24/2013 de la CSJN.
Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.
La Dra. Lidia B. Hernández no firma la presente por hallarse excusada (fs. 570).
Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.— Carlos A. Domínguez.— Oscar J. Ameal.
Autor Thomson ReutersPublicado el 2 junio, 2014 30 mayo, 2014 Categorías Jurisprudencia
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References: artículo 2
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 artículo 8
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 artículo 13
 artículo 18
 artículo 92
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 24
 artículo 24
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 artículo 30
 artículo 35
 artículo 20
 artículo 28
 artículo 1
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