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Timestamp: 2016-12-08 09:50:14+00:00

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RIO CAUCA	LOS EMO. ¿OTRO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA? SENADORA ELSA GLADYS CIFUENTES ARÁNZAZU, HACE CONOCER PÚBLICAMENTE SU POSTURA FRENTE A LA REFORMA POLÍTICA	PROYECTO DE LEY No. 114 DE 2008 – SENADO “Por medio del cual se reglamenta el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia y se crea el Estatuto de la Oposición Política”
Posted on agosto 16, 2008 by senadoraelsagladys	“Por medio del cual se reglamenta el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia y se crea el Estatuto de la Oposición Política” El Congreso de Colombia
Articulo 2º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderá la oposición política como el derecho a disentir políticamente, reconociendo la legitimidad de la contradicción al orden político, doctrinario e ideológico establecido, a través de un ejercicio de pluralismo político para el cual se otorgan garantías que favorezcan su acción, en función de reivindicar el principio de la libertad y fortalecer la democracia participativa. Bajo esta concepción, en la presente ley el derecho a la oposición política se convierte efectivamente en un mecanismo jurídico a través del cual los representantes de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, que no forman parte de la coalición de gobierno tienen derecho a expresar la oposición a un régimen político, a los actos de un gobierno determinado y a proponer alternativas políticas propias, contando para ello con las garantías e instrumentos legales que favorezcan dicho ejercicio, en un escenario de tolerancia, respeto por las diferencias y resolución democrática de las contradicciones. Articulo 3º. Principios rectores. La garantía al ejercicio democrático de la oposición política se sustenta en:
I. El reconocimiento de los principios de libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, tolerancia, convivencia pacífica y respeto por las diferencias y el disentimiento como fundamentos esenciales de los derechos humanos. II. El derecho de oposición como reconocimiento del derecho fundamental que tiene toda persona a participar en el ejercicio y control del poder político.
III. El diálogo institucionalizado, deliberante y democrático como único mecanismo válido de conciliación de las fuerzas políticas en contradicción. IV. La función del Estado, a través de todos sus poderes, de garantizar escenarios de comunicación permanente con los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, que estén en oposición, para facilitar los disensos y consensos que lleven a la generación de salidas democráticas.
Artículo 6º. Ejercicio de Oposición Política. El derecho a la Oposición política se expresa a través del ejercicio crítico sobre: I. La conducta pública de los altos funcionarios públicos de las ramas Ejecutiva.
Articulo 13º. Garantía para la participación en la Comisión Nacional de Televisión. La escogencia de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión se hará conforme a lo establecido en la Constitución Política, teniendo en cuenta que en lo relativo al nombramiento de uno de los miembros de la Comisión Nacional de Televisión, este deberá ser escogido por el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos con personería jurídica que se haya declarado en oposición al Gobierno y que haya obtenido la mayor votación en las últimas (mas recientes) elecciones presidenciales. En caso contrario, la escogencia del comisionado provendrá del partido que le siga en votación en las últimas elecciones, siempre y cuando cumpla con los requisitos descritos. Articulo 14º. Garantía para ejercer y difundir el derecho a la réplica en los medios de comunicación del Estado. Los voceros de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica que se hayan declarado en oposición al Gobierno, cuando sean objeto de tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, tendrán derecho a presentar su replica a través de su intervención en un espacio de la televisión pública, en franja diurna y con una duración de máximo una hora, en la cual expondrá los argumentos que desvirtúan y aclaran la tergiversación o ataque. La Comisión Nacional de Televisión reglamentará las condiciones generales en que tales intervenciones se podrán solicitar, el procedimiento para presentar dicha solicitud y los términos específicos en que se podrá conceder para cada caso.
Régimen disciplinario para el ejercicio de la oposición Artículo 21º. Régimen disciplinario de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellas como bancada, en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. Los estatutos de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno, de conformidad con su identificación como partido o movimiento político de la coalición de gobierno, partido o movimiento político en oposición al gobierno o partido o movimiento político independiente al gobierno y determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido.
En este orden de ideas, se trata básicamente de garantizar a las organizaciones políticas consolidadas y los grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, con representación en el Congreso, Asambleas y Concejos las condiciones para que tanto al interior de dichas corporaciones como en su relación con el ejecutivo, puedan ejercer amplia y libremente su derecho al disenso y a la oposición, sin más límites que los que impone la organización del Estado colombiano a través de la separación de poderes, el interés por el equilibrio de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder y la observancia de la ética política. Esto nos lleva a plantear que en una democracia, por definición, se reconoce la existencia de las diferencias ideológicas que derivan en el pluralismo político, pues sin este último la democracia no sólo sería inútil sino inviable. De esta manera, un Estado democrático debe reconocer en su misma esencia, la oposición de fuerzas políticas en tensión y debe proponer las reglas de juego democráticas para que sean tramitadas las diferencias, no para que dichas diferencias desaparezcan, lo cual es imposible, sino para que puedan generarse los escenarios deliberativos donde prime el derecho a expresar el disentimiento pero también la posibilidad de construir consensos, con arreglo a los principios de libertad e igualdad. Es por ello, que a la base de una sociedad que ha abrazado el ideal democrático el “disentimiento” como expresión de la identidad propia, de no pensar o sentir como el Otro, de sentir y pensar diferente al Otro, se convierte en expresión constitutiva de la democracia, pues sin dicha acción la democracia perdería su naturaleza convirtiéndose en un totalitarismo. El disentimiento puede expresarse en dos sentidos: en pensar distinto al otro frente a una posición determinada o en estar en desacuerdo con el otro, frente a dicha posición. En el primer caso, no necesariamente implica una ruptura con el otro, pues puede tratarse de una posición que no es contraria e incluso puede ser complementaria. En el segundo caso, puede tratarse de un desacuerdo específico cuya temporalidad está limitada o bien, el desacuerdo se hace general o permanente, entonces se entra en el territorio de la Oposición. En cualquier caso, el derecho a disentir es necesario para la democracia, pues “el derecho a disentir, el debate de ideas y el aporte de opiniones diferentes a lo que se considera “lo establecido”, son imprescindibles para la construcción de la democracia, la ciudadanía y una cultura de paz”[1].
En conclusión, el disentimiento puede entenderse como acción y como derecho a reivindicar el pensamiento propio y reivindicar la autonomía. El ejericicio de este derecho debe expresarse como un acto de respeto, con arreglo a criterios de racionalidad y debe constituir un elevado propósito de la sociedad libre. De esta manera cobra un profundo significado y vigencia la contundente frase de Voltaire “No comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla” En este marco ideo-político y dando respuesta a un mandato constitucional plasmado en el artículo 112 , se inspiró el presente proyecto de ley estatutaria, buscando incorporar en nuestra legislación espacios democráticos para quienes no comparten la visión política o administrativa del gobierno de turno, en cualquiera de los niveles nacional, departamental y municipal. Igualmente se busca que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, que se hayan declarado en Oposición puedan tener visibilidad y protección en su ejercicio, esto como una contribución a la necesidad de fortalecer un sistema de pesos y contrapesos políticos e institucionales en un sistema que como el nuestro contempla la reelección inmediata del Presidente de la República. Estamos absolutamente convencidos que una democracia dinámica, consistente y respetada, requiere de unas organizaciones políticas sólidas y serias que produzcan y defiendan su contenido ideológico y programático y que tengan un autentico compromiso social, vocación de poder y aspiraciones de gobierno. Y así, mientras algunos partidos, gracias al respaldo popular, se ocupan de la dirección política y administrativa, es necesario que quienes, sin contar con el favor de las mayorías, pero asumiendo con responsabilidad la representación política de un sector de la ciudadanía opuesta a la imperante, ejerzan un papel activo en defensa de sus propuestas y como actores activos en las tares de control político que deben asumir los Congresistas, Diputados y Concejales. La recientemente aprobada reelección presidencial ha brindado al país la invaluable posibilidad de premiar a los gobiernos que han sabido dar respuesta las principales necesidades de la gente. Pero esta figura demanda ciertos ajustes institucionales que deben llevarse a cabo para conservar garantías y un elemental equilibrio político entre quienes representan y comparten el gobierno y quiénes no. Durante los últimos años Colombia ha dado importantes y significativos pasos para fortalecer y modernizar su democracia y su régimen de partidos. La propuesta aquí consignada es un avance más para consolidar el Estado Social Derecho y la búsqueda de la paz para todos los colombianos.
Un esquema de gobierno-oposición supone partidos políticos que compiten permanentemente por el ejercicio del poder. Los que están en el gobierno tienen el deber de ejecutarlo con la mayor honestidad y eficiencia posible para continuar conservando la confianza de los electores, quienes no la tienen, procuran destacar sus fallas y responsabilidades y por medio de propuestas persuadir a los ciudadanos de que son mejor opción. Esa dinámica de competencia política permanente, no sólo en el período electoral, hace de los partidos políticos verdaderos canales de comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Los fortalece como interpretes de las expectativas de la población y facilita la articulación de intereses en programas de gobierno, por ello la oposición implica mejoramiento de la representación política que cumplen los partidos.
Sirve entonces para que los cambios políticos se efectúen de forma institucional y legítima, con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Sirve también para legitimar la actitud de Oposición del perdedor en las elecciones y para la continuidad de las políticas gubernamentales, cuando el ganador es el partido de gobierno. La oposición es la mejor fórmula contra la corrupción y el mejor incentivo para que los parlamentos cumplan con rigor su función de control político. Su práctica implica publicidad de los actos de la administración pública, transparencia en la ejecución de los programas gubernamentales, compromiso ante los ciudadanos, eficacia y eficiencia en el ejecutivo, todo lo cual redunda en buen gobierno. La ausencia de oposición reduce los alcances de la competencia política, fortalece el statu quo e impide cambios en la sociedad, a la vez, que favorece la captura del Estado por parte de intereses económicos y delincuenciales que influyen en los procesos de decisión. Una efectiva fiscalización del gobierno exige a éste la mayor pulcritud en el manejo de la cosa pública al verse expuesto al escrutinio y limitada su autoridad.[5]
La oposición no conlleva ingobernabilidad. Todo lo contrario, promueve la conformación de bloques parlamentarios a favor y en contra del gobierno. En el sistema presidencial éste debe asegurar la mayoría para contar con el respaldo a sus iniciativas y en el sistema parlamentario, el partido que aspira a ser gobierno debe garantizar la mayoría en la correspondiente cámara. Finalmente la oposición tiene un efecto pedagógico en los ciudadanos. Les enseña a resolver pacíficamente sus diferencias, contribuye a la formación de la cultura política respecto a los problemas colectivos, al tiempo que absorbe el conflicto, expresa civilidad y actitud democrática. La conformación de mayorías y minorías en los órganos legislativos no impide la eficacia del control político por parte de la oposición, pues, ante todo, el esquema gobierno – oposición apela a la opinión pública donde la información y los medios de comunicación juegan un papel fundamental.
La necesidad de incorporar a la normatividad colombiana un Estatuto de la Oposición ha sido objeto de estudio innumerables veces durante los últimos. Tanto es así que desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional en 1991 se han presentado, entre proyectos de ley estatutaria y de reforma constitucional 14 textos a consideración de Congreso de la República. Las mencionadas propuestas provenían de todos los sectores del espectro político nacional. Se pueden ver entre ellas iniciativas Liberales, Conservadoras, de Izquierda y de movimientos independientes. Sin embargo ninguna de ellas prosperó, ni siquiera aquellas que eran producto de acuerdos avalados por el gobierno de turno.
Para la elaboración del presente proyecto de ley estatutaria, se revisó cuidadosamente cada una de las iniciativas anteriores y de ellas se procuró rescatar lo más significativo para nuestro Estado democrático, en el contexto actual del debate político. Cabe aclarar que muchas de las ideas consignadas en las primeras iniciativas presentadas ya fueron incorporadas a nuestra legislación o ya no responden a las necesidades políticas y sociales de la Colombia de principios del siglo XXI. La Constitución Nacional en su artículo 112 reconoce el derecho a la oposición y esmeró por brindar a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica, declarados en oposición, algunas garantías básicas como son: 1) Acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales.
Estamos seguros que el texto que aquí se presenta recoge y actualiza las más importantes ideas que al respecto se han presentado, así como da vida y materializa los postulados planteados en nuestra Constitución respecto al derecho a la Oposición. Tenemos el convencimiento de que el presente proyecto debe ser objeto de estudio, deliberación y en todo caso, debe abrir una reflexión seria en el país sobre la profundización de nuestra democracia, con el único objetivo de fortalecerla mediante un Estatuto de la Oposición moderno que actúe como un modelo perfectible en el tiempo, para garantizar desde el presente y hacia el futuro, el respeto a las diferencias y la tolerancia política y por esta vía, encontrar un camino seguro a la paz y la reconciliación de nuestra nación. Bogotá, Agosto 13 del 2008
[5] GUARIN, Rafael. “Colombia una democracia incompleta” [6] KLITGAARD, Robert. “Controlando la Corrupción”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires Argentina.1995. Pág. 37, 39.
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References: artículo 112
 artículo 112
 resolución 

Artículo 6
 Artículo 21
 artículo 112
 artículo 112