Source: http://enelvolcan.com/nov2013/302-la-segunda-etapa-de-la-revolucion-de-los-ricos-la-reforma-energetica-y-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas
Timestamp: 2019-02-22 23:35:27+00:00

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La primera etapa de la revolución de los ricos se mostró con toda su crudeza el 7 de noviembre de 1991, con la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Federal, presentadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente de la república, con el fin de permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales, y abrir la puerta legal para la entrada del capital privado en ellas. Las reformas se concretaron el 6 de enero del año siguiente, cuando los cambios propuestos por el Presidente de la república y aprobados por el Constituyente Permanente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. El contenido de esas reformas fue de tal magnitud que representaron el rompimiento del pacto social plasmado en la Constitución Federal de 1917 y afectaron profundamente la propiedad de los recursos naturales, incluida la tierra, el agua, los bosques y la minería.
Las iniciativas de reforma constitucional para permitir que la iniciativa privada participe en la producción de energía eléctrica y extracción del petróleo apuntan en ese mismo sentido, por eso afirmamos que se trata de la segunda etapa de la revolución de los ricos, con la cual se profundizará el saqueo de los recursos naturales del país. El presente documento tienen como propósito explicar la manera en que se fraguó la primera etapa de esta revolución de los ricos y los efectos que ha tenido sobre los recursos naturales de la nación; de igual manera se analiza el contenido y posibles impactos de la segunda etapa de este proceso si las reformas propuestas llegaran a aprobarse. Con estas propuestas como fondo se explora la relación que las mismas guardan con los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en materia de territorio y recursos naturales y consulta.
Las reformas introducidas al artículo 27 de la Constitución Federal, representaban la culminación de un proyecto ampliamente acariciado por la burguesía mexicana, que hasta los años setentas se había conformado con apoyar a los industriales agrícolas del norte del país. Pero en esa década comenzaron a impulsar una agresiva política que las reformas que culminarían en 1992. Desde febrero de 1971 la diputación panista de la XLII Legislatura propuso transformar el ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con capitalistas privados, declarar el fin del reparto agrario y crear tribunales que finiquitaran el reparto agrario. En aquel tiempo dichas propuestas merecieron el rechazo priísta y hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina contra algunos diputados panistas que las impulsaban, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández de Ceballos.[2]
La iniciativa panista no tuvo éxito pero no por eso la demanda empresarial dejó de impulsar la reforma … desde el gobierno priista. En el año de 1979 el Presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecuario, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capitalistas y ejidos, lo que permitía a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos. La reforma era un avance pero no satisfizo a los empresarios que iniciaron una embestida para conseguir sus propósitos. Auspiciada por el Consejo Coordinador Empresarial, en 1984 durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, crearon el Consejo Nacional Agropecuario, aglutinando a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y ganaderas.[3] Fue en ese mismo sexenio cuando mas certificados de inafectabilidad se entregaron a los empresarios agropecuarios. Hasta antes de ese sexenio se habían extendido 193 097 certificados de diversa índole, pero en ese sexenio se entregaron 293 884, de ellos 80 000 en el año 1987, un año antes del relevo presidencial.[4]
El Consejo Nacional Agropecuario se encargó también de apuntalar las demandas de sus miembros. En 1988, cuando iniciaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sostenían que la modernización del campo requería dar por terminado el reparto agrario, rediseñar el ejido para permitir su capitalización y combatir el minifundio con los mismos fines. Para 1990 recomendaban eliminar del cuerpo de la ley los apartados que habían fundamentado jurídicamente el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arrendar su tierra.[5] Cuando Carlos Salinas de Gortari presentó su iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional recogió sustancialmente los mismos argumentos: terminar con el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, permitir el arrendamiento y venta de la tierra para capitalizarla. De esa manera se preparaba el despojo a los ejidos y para convertir su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada.
Además, en ese inter se negoció, aprobó y entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que cerró el círculo que se estaba trazando sobre los recursos naturales de México. Si bien la reforma a la Constitución Federal y a diversas leyes reglamentarias ya permitían la intervención del capital extranjero y establecían las condiciones necesarias para que las empresas transnacionales se apropiaran de la riqueza natural del país sin tener casi ningún problema, el Tratado de Libre Comercio les permitió eludir los aspectos derivados de la soberanía nacional, al tiempo que permitía que las empresas pusieran las condiciones en que deseaban operar, con lo cual el Estado dejaba de ser nacional para convertirse en un Estado de competencia.[6] De ahí en adelante, sin necesidad de reforma, se nulificaban los efectos de la cláusula Calvo, punto clave de la protección de la soberanía de los Estados y, bajo el rubro de protección a la inversión extranjera del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, el estado mexicano renunciaba a su derecho soberano para someter a juicio a las transnacionales si no se ajustaban a las normas aprobadas al interior de Estado mexicano.
Las reformas introducidas a la Constitución y el Tratado de Libre Comercio se convirtieron en las bases de las nuevas instituciones y las normas jurídicas que darían sustento y legitimidad al nuevo sistema de acumulación pues, como sugiere Joachim Hirsch, ni los mecanismos del libre mercado, ni la existencia de un estado centralizado son suficientes para garantizarlo; forzosamente necesitan de normas e instituciones ah doc que lo hagan de manera permanente, pues “el proceso de acumulación […] presenta una estabilidad y continuidad relativa cuando está enmarcado en una red de instituciones y normas de la sociedad, que se encargan de que las personas se comporten en concordancia con las respectivas condiciones de acumulación, o sea, que practiquen los correspondientes modos de trabajo, vida y consumo, así como las formas determinadas de la representación de sus intereses”.[7]
Para lograr lo anterior, con las bases introducidas en la reforma constitucional y las contenidas en el Tratado de Libre Comercio, se reformaron varias leyes enfocadas a crear el entramado institucional y normativo que necesitaban para sustentar el nuevo sistema de acumulación. Entre las varias leyes que fueron reformadas después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca la Ley Minera, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin contar los reglamentos de varias de ellas.
Con la reforma energética la historia se repite. La iniciativa de reforma del Presidente de la república propone modificar una parte del párrafo sexto del artículo 27 y el cuarto del artículo 28 de la Constitución Federal, mismos que guardan relación con otros artículos constitucionales y, aunque en la propuesta de reforma no se diga, al modificar estos se modifica también el sentido y alcance de aquellos. Colocado en la parte que regula el aprovechamiento de los recursos naturales, la parte del artículo 27 que se propone modificar expresa: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. Y en un segundo párrafo determina que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
La prohibición de que no se otorguen concesiones para el aprovechamiento del petróleo y la generación de energía tiene sentido histórico porque de acuerdo con la Constitución aprobada por el Congreso constituyente de 1917, los recursos naturales son propiedad de la nación y solo de manera excepcional –cuando el estado no tuviera capacidad para hacerlo por el mismo- podía permitirse a los particulares que los explotaran para lo cual el estado debería otorgarles concesiones. Pero tratándose de los recursos que en la norma se anuncian, estaba prohibido otorgar concesiones. El objetivo de estas medidas, según plasmaron los propios constituyentes en el mismo párrafo tercero del artículo 27 constitucional, era que sirvieran para “el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.
La reforma que el Presidente de la república la enviado al Congreso de la Unión propone que esta disposición quede como sigue: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos”. El segundo párrafo por su parte, diría que: “Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgaran concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.
El cambio es sutil pero profundo. Del primer párrafo solo se suprime la palabra contratos, por lo cual, de aprobarse la reforma en los términos que la propone el Presidente de la república, en la explotación del petróleo carburos de hidrógeno sólidos, líquidos gaseosos, no se otorgarán concesiones a los particulares para que los exploten por ellos mismos, pero sí podrían suscribirse contratos con ellos para que lo hagan. No se sabe qué tipo de contratos podrían suscribirse porque esos se contendrán en la Ley Reglamentaria que se discuta y apruebe después de la reforma y el Presidente de la república no la envío junto con la reforma constitucional, seguramente para evitar el debate sobre la naturaleza de los contratos y aprobarlos cuando ya no tenga reversa la reforma.
Algunos conocedores como Adrian Lajous –ex-Director de Pemex- afirman que el tipo de contratos que podrían suscribirse podrían ser de los llamados “de utilidad compartida”, que son una variante de la familia de los contratos de producción compartida, diferenciándose por el momento en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. En el caso de los de producción compartida el título de propiedad se transfiere una vez extraídos, jamás en el subsuelo, mientras en la propuesta presidencial lo que se establece una empresa comercializadora estatal, que no sea propiedad de Pemex, que vendería los hidrocarburos, entregando el producto de la venta a un fideicomiso público que garantizaría y liquidaría en efectivo los costos y las utilidades de la exploración, desarrollo y producción al contratista.[8] En síntesis, los contratos permitirían a las empresas privadas sin obtener la propiedad del petróleo y sin obtener concesiones para explotarlo, que las obligarían a extraer por ellas mismas el petróleo del subsuelo, participar de los beneficios de la extracción del mismo, que es lo que finalmente les interesa.
El cambio del segundo párrafo también resulta muy tenue, pero sustancial. De ella se suprime la palabra “generar”, con lo cual la generación de cualquier tipo de energía –hidroeléctrica, eólica o solar- dejar de ser una actividad que corresponda exclusivamente a la Nación, con lo cual se abre el camino para la intromisión de las empresas privadas en esa actividad. Lo que si corresponde exclusivamente a la nación es la transmisión y distribución de la energía, caso en el que tampoco se otorgaran concesiones a los particulares pero el estado si podrá celebrar contratos con ellos para que participen. Nótese que esto más que una limitación a las empresas resulta un privilegio, ya que no tendrán que preocuparse por el mantenimiento de la red de energía eléctrica, pues eso lo hará el estado, naturalmente, usando el presupuesto público para ello.
Evidentemente, lo que interesa a las empresas privadas es la generación de energía hidroeléctrica, pero más la eólica, que se ha venido introduciendo en nuestro país, causando muchos problemas sociales, por el despojo de tierras que genera, pero también por la contaminación y la destrucción del medio ambiente y los lugares sagrados de los pueblos indígenas. A la fecha operan varios proyectos eólicos en varias partes del país: quince en el estado de Oaxaca, uno en Baja California y uno en Chiapas.[9] Además están en desarrollo otros dieciocho: nueve en Oaxaca, cinco en Baja California y dos en Jalisco[10], y el resto en Zacatecas y Quintana Roo,[11] la mayoría de ellos, se proyectan sobre territorios indígenas. Todos proyectos son importantes pero ninguno del tamaño del de el Istmo de Tehuantepec, concebido en el marco del proyecto Mesoamérica[12], manejado por la empresa española Mareña Renovables[13] y que se consolidará como el mayor parque eólico de México y uno de los más grandes de América Latina: 132 torres con aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros para conectar el parque con la red eléctrica.
Lo anterior con respecto al artículo 27. Veamos ahora el artículo 28, que en su versión actual expresa: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”. La iniciativa de reforma del Presidente de la república propone que solamente diga: “Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”. Hay que decir que, para fines jurídicos, el texto propuesto resulta inútil porque aunque no se expresara es obvio que se estará a lo que disponga el artículo 27, pues si no se hiciera se estaría actuando fuera del mandato constitucional y eso pondría en riesgo las inversiones y ganancias de las empresas.
Pero lo más importante no es lo que se dice sino lo que se omite. Al modificar el texto para que la explotación del petróleo y la generación de energía eléctrica dejen de ser áreas estratégicas, estas actividades si constituiría monopolios si el estado las realizara de manera exclusiva, por tanto, queda obligado constitucionalmente a permitir la participación de la iniciativa privada, sin que exista posibilidad de que pueda eludir esa carga. Además de ello, las áreas estratégicas guardan relación con la rectoría del estado, reglamentada en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo primer párrafo establece que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
Un segundo contenido del artículo 25 constitucional es el relativo a las facultades exclusivas del Estado en el desarrollo nacional y es el que guarda una relación más directa con las reforma propuesta por el Presidente de la República. Al respecto, el párrafo cuarto expresa que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”. Las áreas estratégicas, como ya anotamos, entre otras son el petróleo y la electricidad, que con la reforma dejarían de serlo y por lo tanto dejarían de ser una actividad exclusiva del sector público. El cambio es sustancial pues el concepto áreas estratégicas expresa “el sentido de que el Constituyente mexicano quiso que fuera el Estado el que atendiera de manera exclusiva dichas áreas de la economía, para garantizar que su manejo estuviera vinculado siempre a los objetivos fundamentales de la nación mexicana en materia de desarrollo económico y bienestar general”; por tanto, “ninguna de las áreas calificadas como estratégicas por la Constitución, debería manejarse con criterios empresariales, sino también buscando el beneficio de todos los mexicanos[14], que es el objetivo fijado por el Congreso Constituyente para la explotación de los recursos naturales.
Aunque no se les nombra, la revolución de los ricos, tanto en su primera etapa como en la segunda, afecta a los pueblos indígenas de varias maneras. Para comenzar es importante tener presente el día 7 de junio de 1989 el Presidente de la república firmó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo; a su vez, el Senado de la república mexicana, con la facultad que le otorga el artículo 79, fracción décima, de la Constitución Federal, ratificó este documento internacional el 11 de julio de 1990 y el Presidente de la República depositó ante el director general de la OIT la ratificación del Convenio 169 de la OIT el 4 de septiembre de 1990. Por disposición del artículo 38 del mismo Convenio, éste entró en vigor al año siguiente. Junto con lo anterior, es importante recordar que por mandato constitucional, establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna,[15] todo tratado internacional firmado por el presidente de la República y ratificado por el Senado forma parte de nuestra “norma suprema” y ninguna ley federal o estatal puede contradecirlo; todavía más, para el caso de que alguna de ellas lo hiciera, las autoridades encargadas de aplicarlas deben ajustar sus actos a las disposiciones del tratado, en este caso el Convenio 169. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que en orden jerárquico después de la Constitución Federal se encuentran los tratados internacionales y después de estos las leyes federales.[16]
Además de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo primero de la propia Carta Magna expresa que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”; que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” y que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.[17]
La disposición es importante porque si bien, de acuerdo con el artículo 133 constitucional ya citado los tratados están por debajo de la Constitución Federal pero por encima de las leyes federales, tratándose de tratados sobre derechos humanos –en Convenio 169 lo es- estos se ubican al nivel de la Constitución Federal, como si de un solo documento se tratara. Una ventaja de esto es que no puede haber contradicción entre la Constitución y los tratados porque deben interpretarse de manera sistemática, además en caso de contradicción, debe aplicarse la norma más favorable a las personas –en este caso los pueblos indígenas- y todas las autoridades, incluyendo las de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en sus diversos niveles, tienen la obligación de aplicarlos. En otras palabras, se amplía el ámbito espacial de aplicación de los tratados de los derechos humanos, así como el de las autoridades obligadas a respetarlos, lo que –de observarse esta disposición constitucional- reditúa en beneficio de los gobernados, en este caso los pueblos indígenas.
De igual manera, no se debe olvidar que la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados establece reglas en materia de interpretación de tratados. Este documento, en su Artículo 31.1, contiene un principio, el cual estipula que “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”. De acuerdo con esta disposición, la base de interpretación de un tratado es su texto y su contexto. El primero porque constituye la auténtica expresión de las intenciones de las partes, el segundo porque explica el sentido de la obligación. Asimismo, el Artículo 31.2 expresa que el contexto se compone por el texto mismo, su preámbulo y anexos si los hubiere. También ante la regla general de que se esté al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en su numeral 31.4 establece una regla especial, la cual indica que “se dará a un término su sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.
Un año después de que el mencionado Convenio 169 entro en vigor, el gobierno mexicano modificó el artículo 4° de la Constitución Federal para reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Eso fue lo que se dijo, pero en el decreto del 28 de enero de 1992[18], lo que se publicó fue una norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, misma tiene su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas. Cuando se introdujeron las reformas al artículo 27 constitucional como parte de la primera etapa de la revolución de los ricos en la fracción séptima, párrafo segundo, del artículo 27 constitucional, se incorporó una norma donde se establecía que “la ley protegerá las tierras de los grupos indígenas”[19], sin que se expresara a qué tipo de protección se refería y la manera en que se implementaría. En el año 2001, la Constitución Federal se volvió a reformar para modificar lo dispuesto en materia de derechos indígenas. El contenido del artículo 4° pasó al segundo incorporando literalmente el contenido del artículo 1° de Convenio 169 de la OIT que hace describe lo que debe entenderse por pueblo indígena, además de las comunidades indígenas; de igual manera se incorporaron algunos derechos como el acceso preferente a los recursos naturales existentes en sus territorios y el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, que importan en este caso.
En conclusión, con respecto a la reforma energética y los derechos de los pueblos indígenas, en la actualidad existen, tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Constitución Federal, la garantía de la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas, el derecho de conservación de sus territorios, el acceso preferente a los recursos naturales que se encuentren en los lugares que habitan y el derecho a ser consultados. Se trata de derechos que resultan afectados directamente –y por lo mismo los que analizaremos enseguida- pero no son los únicos, existen también el derecho a su cultura, al su desarrollo propio, a un medio ambiente sano, entre otros.
Pues bien, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo primero prescribe que se aplica, “a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. De esta manera el Estado mexicano reconocía que entre los mexicanos, además de individuos existen pueblos, y tienen derechos colectivos, diferentes a los de los individuos, entre los que figuran ser pueblos, tener su territorio y ser consultados cuando en ellos se pretendan realizar actos susceptibles de afectarles de alguna manera. En el año 2001 esta disposición pasó integra a la Constitución Federal.[20]
Junto con los pueblos indígenas Constitución Federal mexicana también reconoce como sujetos de derecho a las comunidades que forman los pueblos indígenas, identificándolas como “aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. Esta disposición ha sido muy controvertida por colocar a las comunidades indígenas como sujetos de derecho en la misma condición jurídica que a los pueblos de los que forman parte, pues en la realidad social entre ambos existe una relación de generalidad a particularidad, donde la comunidad queda incluida dentro del pueblo y este se estructura basándose en aquella. Esta disposición resulta muy controvertida ya que reconocerle personalidad a las comunidades similar a la de los pueblos indígenas de los que forman parte puede llevar a situaciones donde las primeras se nieguen a formar parte de los segundo y entonces estos queden desmembrados o en el mejor de los casos divididos y sin poder reconstituirse. Lo correcto hubiera sido dotar al primero de la titularidad del derecho y a la segunda como el órgano a través del cual ejercerlo, como parte integrante de aquel. Así, las facultades de las comunidades serian delegadas por el pueblo indígena al que perteneciera.
Visto el reconocimiento de los pueblos indígenas, veamos ahora uno de los derechos de los derechos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados por la reforma energética: el derecho al territorio. Como expresamos anteriormente, en 1992, cuando se modificó el artículo 27 constitucional, se introdujo una norma que mandataba una protección de las tierras de los grupos indígenas, sin especificar cuáles eran estas y en qué consistía tal protección. La solución se encuentra en lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, el cual expresa que los gobiernos tienen la obligación de “respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. La misma disposición determina que “la utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Lo anterior con respecto a los territorios, veamos ahora lo referente a los recursos naturales. A este respecto, el párrafo sexto del artículo 2° constitucional, establece que, como parte de su autonomía, los pueblos indígenas pueden “acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.[21] Como hemos expresado anteriormente, hasta ahora los pueblos indígenas no tienen derecho de acceso preferente al petróleo ni a la energía porque son considerados áreas estratégicas, pero con la reforma que pretender privarlos de ese carácter, bien podrían los pueblos exigir que el petróleo o la energía que se pretenda producir en su territorio, antes que permitir que lo extraigan o la produzcan otras personas, les otorguen a ellos los permisos y las facilidades para hacerlo.
Solo en el caso de caso de que los pueblos renunciaran a su derecho preferente a la explotación del petróleo o generar algún tipo de energía en su territorio, el estado tendría abierto el camino para otorgar concesiones o permisos a cualquier particular que quisiera hacerlo pero ante de ello tendría que consultar a los pueblos indígenas, según lo determina el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo sexto expresa que al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Las consultas según dispone la misma norma jurídica, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Esta disposición es clara: aun cuando los recursos naturales sean propiedad del estado –como es el caso del petróleo y de los recursos para la generación de energía eléctrica-, si se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, el estado tiene la obligación de consultarlos antes de realizar actos de administración, uso o disposición de ellos. Para ello, los gobiernos deben establecer procedimientos para consultar a los pueblos antes de otorgar las concesiones, lo mismo que antes de iniciar las actividades para la exploración o explotación, con el fin de saber si dichas concesiones los perjudicarán y en qué medida, para tomar medidas que eviten o mitiguen el perjuicio y si no fuera posible se les indemnice por las afectaciones que puedan sufrir. Ese es un objetivo de la consulta, el otro es participar de los beneficios que la actividad a realizar pueda aportar. Las iniciativas, al no contemplar dichos procedimientos violan los derechos de los pueblos indígenas.
[1] Carlos Tello y Jorge Ibarra, La revolución de los ricos, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2012.
[2] Gerardo Galarza, “Hace veinte años …”, Proceso, 11 de noviembre de 1991, p. 10.
[3] Elvira Concheiro Bórquez, El gran acuerdo, Universidad Nacional Autónoma de México-Ediciones Era, México, 1996, p. 109.
[4] Estela Martínez y Luciano Concheiro, et. al., “Reorganización del capital: Estado y Campesinos en México, en: Arturo Anguiano (coordinador), La modernización de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1990, p. 36.
[5] Guillermo Correa, “El ejido sobrevive de nombre”, Proceso, núm. 783, 4 de noviembre de 1991 pp. 13-15.
[6] Hirsch Joachim, El Estado Nacional de Competencia, Estado, democracia y política en el capitalismo global, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2011, pp. 140-148.
[7] Hirsch Joachim, Op. cit., pp. 68-74.
[8] Adrian Lajous, “Los contratos de utilidad compartida”, La Jornada, 22 de septiembre del 2013.
[9] Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica A.C “AMDEE”. http://www.amdee.org/Recursos/Proyectos_en_Mexico
[10] Ruben Trejo, “Megaproyecto. La energía eólica o los molinos de viento del capitalismo”, Viva tierra y Libertad, Periodico Magonista Zapatista Libertario, número 7, México, julio 2012.
[11] Secretaría de Economía, “La compañía México Power Group anunció que invertirá 2 mil 500 millones de dólares en energías renovables”, Comunicado de Prensa, B.65/11, México, D.F. a 7 de julio de 2011
[12] “El Proyecto Mesoamérica busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre los países (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), con fin de ampliar y mejorar sus capacidades y de (...) impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de Mesoamérica. Fuente: http://www.proyectomesoamerica.org/
[13] Mareña Renovables era inicialmente una filial de la española Preneal que empezó a trabajar en los proyectos eólicos en 2004. En el febrero de 2012 Preneal vendió Mareña Renovables y las concesiones por el proeyecto en el Istmo de Tehuantepec a una transnacional que comprende la japonesa Mitsubishi, el grupo holandes PGGM y el australiano Macquarie. Fuente: http://www.windpowermonthly.com/article/1124476/Developers-face-escalating-militant-opposition-Oaxaca
[14] Ruperto Patiño Manfer, “Comentario al Artículo 28 constitucional”, en: Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Tomo IV, Cámara de Diputados, LV Legislatura, Cuarta edición, México, 1994, p. 12.
[15] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (comentada), PGR-UNAM, México, 1994, pp. 641-644.
[16] Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de 10 votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 28 de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVI/99, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Novena época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVI/99. Página: 46.
[17] Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011.
[18] Diario Oficial de la Federación, México, 28 de enero de 1992.
[19] Diario Oficial de la Federación, México, 6 de enero de 1992.
[20] Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001.
[21] Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001.

References: artículo 27
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 artículo 28
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 artículo 28
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 25
 Artículo 28
 artículo 79
 artículo 38
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 Artículo 31
 Artículo 31
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 13
 artículo 2
 Artículo 28