Source: http://www.organojudicial.gob.pa/servicios/consultas/abogados/leyes-de-abogado/ley-n-9-de-18-de-abril-de-1984/
Timestamp: 2018-01-23 19:56:38+00:00

Document:
Martes, 23 de Enero de 2018 - 02:56 pm
Ley N° 9 de 18 de abril de 1984
Ley N° 9 de 18 de abril de 1984 Por la cual se regula el ejercicio de la abogacía.
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO.
ARTÍCULO 1: Para ejercer la profesión de abogado se requiere poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia y ser miembro del Colegio Nacional de Abogado de Panamá.
2. Poseer título profesional en derecho expedido por la Universidad de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, o por cualquier otra institución universitaria que se establezca en el futuro en la República de Panamá y cuyos títulos la Ley reconozca su valor oficial; y
ARTÍCULO 4: La profesión se ejerce por medio de poder legalmente constituido o asesorando a la parte interesada y, entre otras cosas comprende:
3. la redacción de alegatos, testamentos, minutos y memoriales dirigidos a cualquier funcionario.
8. El acompañamiento a cualquier persona en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios.
9. La calidad de Agente residente para los efectos del Artículo 1º. y 2 de la Ley 32 de 1927.
10. Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este artículo para las cuales se requiera la calidad de abogado.
Los agentes judiciales y administrativos a quienes la Corte Suprema de Justicia le haya otorgado certificado de idoneidad con anterioridad a la vigencia de esta Ley , sólo podrá gestionar ante los Jueces y Personeros Municipales y funcionarios administrativos, que tengan jurisdicción en un solo distrito, y ante los Jueces de Circuito y los funcionarios ,en apelación, en los negocios que hayan ventilado en la primera instancia.
ARTÍCULO 6: Toda persona que considere tener derecho a obtener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía deberá dirigir su solicitud por escrito a la Corte Suprema de Justicia y acompañar las pruebas previstas en el artículo 3 de la presente Ley. La Corte Suprema de Justicia dentro de los quince días siguientes decidirá la solicitud y, si la resolución fuere favorable, expedirá al peticionario el correspondiente certificado.
ARTÍCULO 8: El Colegio Nacional de Abogados, no podrá negar la solicitud de Miembro a ningún abogado idóneo por razones de raza, clero, ideología o posición política; igualmente velará por el Bienestar Social de todos sus miembros y garantizar un Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.
EJERCICIO ILEGAL DE LA ABOGACÍA.
1. La persona que sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley, se anuncie o se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios personales que requieran la calidad de abogado o gestiones sin autorización legal.
3. Se exceptúan a los estudiantes graduandos en Derecho, quienes podrán actuar como voceros en causas penales. "Los infractores del presente artículo serán sancionados la primera vez con multa de cinco mil a cien mil balboas, según la gravedad del delito cometido. Toda reincidencia será castigada con el máximo de la pena. Si se tratare de funcionario público, la sanción será suspensión por treinta días y destitución si reincidiere".
ARTÍCULO 10: El funcionario público que admita como apoderado, asesor o vocero a persona que no sea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite, autorice, permite o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta días de suspensión del cargo por la primera vez y, en caso de reincidencia con la destitución.
ARTÍCULO 11: Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público el nombramiento de curadores ad-litem, curadores en concursos de acreedores o en quiebras, partidores de bienes, defensores, asesores, o voceros en asunto civil, penal o administrativo a quien no tenga la condición para ejercer la abogacía o esté autorizado por la Ley. Entre los partidores de que trata este artículo se exceptúan a los agrimensores que deban nombrarse cuando se trate de división material de bienes inmuebles.
ARTÍCULO 13: Los abogados que presten servicios como funcionarios regulares, o como asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los Municipios o que actúen en dichas calidades bajo contrato y que, por razón de sus funciones, tengan que expedir autorizaciones, opiniones, permisos, certificaciones, o de decidir actuaciones o asuntos de cualquier naturaleza, no podrán litigar en la esfera administrativa que se relacionen con sus funciones, o con el Ministerio, entidad o dependencia oficial a la cual presten sus servicios.
PROTECCIÓN AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA.
ARTÍCULO 14: Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público aceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ejercicio de la abogacía y no hayan sido firmados o suscritos por un abogado, salvo los casos previstos en la Constitución Nacional y en las leyes.
Se prohíbe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar documentos basados en minutas que no estén elaboradas y firmadas por abogados, salve que se trate de actos de carácter personal como lo son las enajenaciones, venta y gravámenes de todos los bienes muebles o inmuebles, de la propia persona.
Las actuaciones que se realicen en violación de las prohibiciones previstas en este artículo adolecerán de nulidad , la cual puede ser declarada de oficio o a petición de parte interesada.
Se podrá ejercer la abogacía por medio de sociedades civiles de personas únicamente, cuando hayan sido constituidas para ese fin por abogados idóneos.
La tarifa que regula dichos honorarios debidamente autenticada o copia legalizada de la parte aplicada de la misma y copia autenticada de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial en que el abogado haya intervenido, presten mérito ejecutivo contra el cliente renuente al pago de dichos honorarios.
ARTÍCULO 19: Si los hechos materia del proceso disciplinario fueren, además constituidos del delito perseguible de oficio, el tribunal disciplinario lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público para los efectos de rigor.
1. La amonestación privada, que consiste en la reprensión privada que se hace al infractor por falta cometida.
2. La amonestación pública, que consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por falta cometida.
3. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a un mes ni superior a un año, cuando se trate de infractores primarios.
4. La exclusión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término mínimo de dos años.
ARTÍCULO 22: El Tribunal de Honor será constituido por cinco abogados, elegidos de acuerdo con los Estatutos del Colegio Nacional de Abogados, por un período de dos años, quienes deben reunir los siguientes requisitos:
1. Tener por lo menos diez años de ejercicio de la abogacía.
3. No ser funcionario regular de la Administración Pública, del Órgano Judicial, ni del Ministerio Público.
Cada miembro principal tendrá un suplente, quien le reemplazará en caso de impedimento o en ausencias temporales o absolutas. El propio Tribunal elegirá un Presidente y un Secretario, de entre sus miembros y su régimen interno se establecerá en los Estatutos o en Reglamentos especiales del Colegio Nacional de Abogados.
ARTÍCULO 23: Cuando la Corte Suprema de Justicia advirtiere que se han cometido hechos constitutivos de falta de ética profesional o cuando recibiere alguna denuncia de parte interesada, solicitará al Tribunal de Honor la investigación correspondiente. Este procederá inmediatamente a investigar los hechos denunciados como falta a la ética profesional y se limitará a los hechos señalados en la denuncia. La investigación deberá ser concluida dentro de los 15 días siguientes al recibo de la comunicación de la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal de Honor.
1. Comprobar el hecho de que constituye la o las faltas denunciadas, mediante la práctica de todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.
2. Establecer las circunstancias que motivaron el hecho y los que lo justifiquen, atenúen o agraven.
3. Verificar la condición de abogado de la persona denunciada, el tiempo de ejercer la profesión y sus antecedentes disciplinarios; y
4. Determinar, además de autor las partícipes si los hubiera. El abogado denunciado tendrá la oportunidad de presentar, por escrito al Tribunal de Honor una relación de las circunstancias que, a su juicio, lo eximan de responsabilidad en los hechos en que se le imputan.
ARTÍCULO 25: El Tribunal de Honor rechazará la denuncia y ordenará el archivo de la investigación cuando sea manifiesto que el hecho denunciado no fue cometido, no encuadra en una figura calificada como falta a la ética o cuando no proceda al juzgamiento por falta de mérito.
ARTÍCULO 26: Si el tribunal de Honor estimare procedente el juzgamiento, solicitará a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que decrete la citación a juicio del denunciado.
ARTÍCULO 27: El requerimiento de elevación a juzgamiento deberá contener los datos personales del abogado denunciado, a los que sean necesarios para identificarlo y una relación clara, precisa, circunstancia y específica del hecho tenido como falta a la ética y su calificación legal. Este acto será adoptado por mayoría de votos del Tribunal de Honor, con la firma autógrafa de los miembros del Tribunal que lo sustentan.
ARTÍCULO 28: Recibido por la Sala de Negocios Generales de la Corte el requerimiento del Tribunal de Honor, lo notificará al denunciado quien, en los días siguientes, podrá:
ARTÍCULO 29: Vencido el término del artículo anterior o decididas las excepciones, según el caso, la referida Sala de la Corte ordenará el archivo del expediente por falta de mérito para el juzgamiento o decretará la elevación a juicio, según proceda. Este acto de clausura la investigación.
ARTÍCULO 30: Cuando no fuere posible hallar al denunciado para notificarle el requerimiento del Tribunal de Honor, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado en la Secretaría de la Corte Suprema por un término de diez días y copia del edicto se le enviará por correo a la dirección profesional o domiciliaria disponible. si dentro de los tres días siguientes a la desfijación, dele dicto, el denunciado no compareciera, se le designará un defensor de ausente, quien lo representará en todo el trámite del juzgamiento.
ARTÍCULO 31: La resolución que eleva la investigación a juicio contendrá los datos exigidos para el requerimiento de elevación señalados en el artículo 27 y, además el nombre y las generales del denunciante o de la designación de la autoridad o corporación pública que denunció el hecho.
ARTÍCULO 32: En la misma resolución que eleva la investigación a juicio se fijará un término no menor de diez días, ni mayor de quince para la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.
ARTÍCULO 33: A la hora señalada par la celebración del juicio oral, el magistrado sustanciador declarará abierto el acto, el secretario leerá la resolución que contenga los cargos y se practicarán las pruebas. Acto seguido será oído en su orden, el Ministerio Público y el acusado o su defensor, por una sola vez. Terminada la audiencia , los miembros de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema se reunirán en sesión secreta para deliberar. la decisión será dada inmediatamente y, si es de condena indicará la sanción que corresponde al acusado.
ARTÍCULO 35: Dado el carácter disciplinario de estas normas, la Corte está dotada de amplia discrecionalidad para imponer la sanción que corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y modalidad de la falta y los antecedentes personales y profesionales del infractor, y sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiera lugar.
ARTÍCULO 36: Sólo cuando se haya impuesto como sanción la suspensión o exclusión para el ejercicio de la abogacía, el sentenciado podrá recurrir en reconsideración, dentro de los tres días siguientes de su notificación.
ARTÍCULO 37: La resolución condenatoria que concluye el proceso será notificada personalmente al sancionado. Se entiende personalmente notificada la resolución cuando ha sido leída en el acto de audiencia en presencia del acusado, de lo cual el Secretario dejará constancia documentada.
Cuando no fuera posible la notificación personal en la forma prevista en este artículo, la sentencia condenatoria se entenderá notificada , para todos sus efectos legales, desde su publicación, en la forma que se indica en el artículo 40.
ARTÍCULO 38: La acción disciplinaria prescribe en un año, que se contará desde el día en que se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso interrumpe la prescripción.
ARTÍCULO 39: El proceso disciplinario se adelantará en papel común, en original, y una copia, y sobre esta se sentirán los traslados del acusado.
ARTÍCULO 40: La resolución en virtud de la cual se suspenda o cancele un certificado de idoneidad, se le dará publicidad tanto en la Gaceta Oficial como en un diario de circulación nacional, y se darán instrucciones a la Secretaría General de la Corte para que el nombre del abogado sea eliminado del Registro de Abogados y del Colegio Nacional de Abogados.
ARTÍCULO 41: El abogado a quien se le hubiere cancelado el certificado de idoneidad, podrá ser rehabilitado por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia a petición del mismo, si se dan las siguientes condiciones:
1. Que haya transcurrido un lapso no menor de las dos terceras partes del tiempo de la sanción impuesta;
2. Que, a juicio de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, aparezca demostrado que la conducta observada por el sancionado revela su completa rehabilitación moral reingresar a la profesión.
En las actuaciones sobre rehabilitación, es parte el Procurador de la Administración.
La decisión se emitirán dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las pruebas decretadas en oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente señale la Corte sin que excedan de treinta días.
ARTÍCULO 42: Las disposiciones del capítulo V de esta Ley regirán hasta que el nuevo código Judicial entre en vigencia.
ARTÍCULO 43: Esta Ley deroga las Leyes 54 de 1941, 58 de 1946 y los artículos 27 y 28 de la Ley 51 de 1961 y cualesquiera disposiciones que le sean contrarias.
Dada en la ciudad de Panamá, a los del mes de mil novecientos ochenta y cuatro.
H.R. PROF. LORENZO S. ALFONSO
Presidente del Consejo Nacional de Legislación.
Secretario General del Consejo Nacional de Legislación.
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 18 DE ABRIL DE 1984.
RODOLFO CHIARI DE LEÓN

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 4
 Artículo 1

ARTÍCULO 6
 artículo 3
 resolución 

ARTÍCULO 8
 artículo 1

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31
 resolución 
 artículo 27

ARTÍCULO 32
 resolución 

ARTÍCULO 33
 resolución 

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 40

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
 resolución 

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43