Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_ES.html
Timestamp: 2019-11-12 11:22:14+00:00

Document:
Textos aprobados - Uso sostenible de los plaguicidas - Martes 12 de febrero de 2019
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas (2017/2284(INI))
– Visto el Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo(3) (Reglamento relativo a los límites máximos de residuos),
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo(5),
– Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento y sus anexos pertinentes, publicada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo en abril de 2018,
– Vistos el Reglamento (CE) n.º 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a las estadísticas de plaguicidas(23) ,
– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas,
C. Considerando que, aunque la gestión integrada de plagas puede contribuir a evitar pérdidas de rendimiento ocasionadas por las plagas, sus principales objetivos son permitir que los usuarios de plaguicidas opten por las prácticas y los productos que supongan riesgos mínimos para la salud humana y el medio ambiente, como se indica en el artículo 14 de la Directiva; observa que, en cualquier caso, numerosos estudios han demostrado que el uso de plaguicidas puede reducirse de forma significativa sin que ello incida negativamente en el rendimiento;
D. Considerando que la Directiva debe ser leída junto a los otros dos principales textos legislativos que cubren el ciclo de vida competo de un plaguicida, comenzando por su comercialización (Reglamento (CE) n.º 1107/2009) y finalizando por el establecimiento de los límites máximos de residuos (Reglamento (CE) n.º 396/2005); que, por consiguiente, es imposible alcanzar el objetivo de la Directiva de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos asociados con el uso de plaguicidas sin aplicar plenamente y cumplir adecuadamente todo el «paquete sobre los plaguicidas»;
E. Considerando que, para reducir los riesgos y los efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, la Comisión y los Estados miembros deben abordar la cuestión de los plaguicidas falsificados e ilegales, así como el preocupante problema de los productos agrícolas importados tratados con productos químicos prohibidos o restringidos en la Unión;
F. Considerando que las prácticas actuales de la Comisión y de los Estados miembros en materia de aprobación de sustancias activas y de autorización de productos fitosanitarios no son compatibles con los objetivos y la finalidad de la Directiva; que estas prácticas actuales impiden lograr el máximo nivel posible de protección y realizar la transición hacia un sector agrícola sostenible y un medio ambiente no tóxico;
G. Considerando que las pruebas disponibles muestran claramente que la aplicación de la Directiva no se ajusta suficientemente a las políticas conexas de la Unión en el ámbito de los plaguicidas, la agricultura y el desarrollo sostenible, principalmente, pero no exclusivamente, la política agrícola común (PAC) y el Reglamento relativo a los productos fitosanitarios; que la Directiva, así como las acciones relacionadas a nivel de la Unión, tiene un gran potencial para reforzar más los esfuerzos y acciones a nivel nacional en el sector agrícola y añadirles valor y para reforzar la protección del medio ambiente y de la salud humana;
H. Considerando que el actual marco regulador, incluidos los requisitos aplicables a los datos, fue diseñado para la evaluación y gestión de productos fitosanitarios químicos, por lo que no se ajusta adecuadamente a las sustancias activas y productos biológicos de bajo riesgo; que este marco inadecuado está ralentizando considerablemente la entrada en el mercado de productos fitosanitarios biológicos de bajo riesgo, a menudo disuadiendo a los solicitantes; que ello dificulta la innovación y perjudica a la competitividad de la agricultura de la Unión; que ello también da lugar a que no se sustituyan más de sesenta sustancias activas identificadas por la Comisión Europea como candidatas a la sustitución, debido a la ausencia de alternativas más seguras, incluidas las sustancias activas biológicas de bajo riesgo;
I. Considerando que falta disponibilidad de productos fitosanitarios de bajo riesgo, en particular biológicos; que solo están aprobadas como productos fitosanitarios de bajo riesgo trece sustancias, de las que doce son biológicas, de las casi 500 presentes en el mercado de la Unión; Considerando que la aplicación insuficiente de la Directiva ha dado lugar, de hecho, a desigualdad de condiciones en Europa, con prácticas nacionales divergentes que impiden la aceptación óptima de alternativas sostenibles por el mercado; que esta situación ha creado obstáculos económicos para que los productos alternativos de bajo riesgo y no químicos penetren suficientemente en el mercado de la Unión, lo que reduce su atractivo para los agricultores, que en su lugar pueden optar por alternativas más rentables a corto plazo; que la escasa disponibilidad de productos fitosanitarios de bajo riesgo, incluidos los biológicos, dificulta el desarrollo y la aplicación de la gestión integrada de plagas (GIP);
J. Considerando que la agricultura ecológica desempeña un papel importante como un sistema con un bajo nivel de plaguicidas y debería fomentarse en mayor medida;
K. Considerando que hay cada vez más pruebas de que se está produciendo una reducción masiva de la población de insectos en Europa, reducción vinculada a los niveles actuales de uso de plaguicidas; que la acusada reducción observada en el número de insectos repercute negativamente en todo el ecosistema y en la diversidad biológica, y también en el sector agrícola y en su bienestar económico y su rendimiento futuros;
L. Considerando que Europa se encuentra en estos momentos en una encrucijada que determinará el futuro del sector agrícola y las posibilidades de la Unión de lograr un uso sostenible de los plaguicidas, principalmente mediante la reforma de la política agrícola común (PAC); que la reforma de la PAC alberga un potencial considerable para reforzar la simplificación y armonización de las políticas, así como la aplicación de la Directiva, y facilitar la transición hacia unas prácticas agrícolas más sostenibles para el medio ambiente;
M. Considerando que el uso de productos fitosanitarios convencionales es objeto de debate público con una frecuencia creciente, debido a los riesgos potenciales que suponen para la salud humana, los animales y el medio ambiente;
N. Considerando que es importante promover el desarrollo de procedimientos o técnicas alternativos para reducir la dependencia de los plaguicidas convencionales y para hacer frente al aumento de la resistencia a los productos fitosanitarios convencionales;
O. Considerando que el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 obliga al Consejo a velar por que en los requisitos legales de gestión que figuran en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores(30), se incorporen los principios de la gestión integrada de plagas, incluidas las buenas prácticas fitosanitarias y los métodos de índole no química de protección fitosanitaria y gestión de plagas y cultivos;
P. Considerando que la aplicación de la gestión integrada de plagas es obligatoria en la Unión de conformidad con la Directiva; que los Estados miembros y las autoridades locales deben hacer más hincapié en la utilización sostenible de los plaguicidas, incluidas las alternativas fitosanitarias de bajo riesgo;
Q. Considerando que el «uso sostenible» de los plaguicidas no puede hacerse realidad sin tener en cuenta la exposición de las personas a combinaciones de sustancias activas y coformulantes y sus efectos acumulativos y posiblemente globales y sinérgicos para la salud humana;
10. Señala que, dentro de las herramientas de la GIP, el control biológico implica el fomento o la introducción de especies beneficiosas que se alimenten de las poblaciones que producen las plagas y, por tanto, las regulen, manteniéndolas bajo control; insiste, por lo tanto, en la importancia de preferir métodos sostenibles biológicos, físicos u otros métodos no químicos a los plaguicidas químicos, siempre que proporcionen un control de plagas satisfactorio; destaca también la importancia de que los plaguicidas químicos se apliquen siempre de forma selectiva y precisa, porque, de lo contrario, se podrían exterminar los agentes de control de plagas beneficiosos, con lo que los cultivos serían más susceptibles a ataques en lo sucesivo;
16. Observa, en este sentido, que la resistencia a las sustancias activas de los plaguicidas es una fatalidad biológica en plagas y enfermedades de rápida reproducción y que es un problema que no deja de crecer; insiste, por lo tanto, en que se deben preferir métodos sostenibles biológicos, físicos y otros métodos no químicos a los métodos químicos, siempre que proporcionen un control de las plagas satisfactorio; recuerda que los plaguicidas químicos han de usarse de forma selectiva y precisa; añade que, de lo contrario, se corre el riesgo de exterminar los agentes de control de plagas beneficiosos, de manera que los cultivos serían ser más susceptibles a ataques en lo sucesivo;
20. Observa que la mayoría de los Estados miembros utilizan indicadores de riesgo nacionales para evaluar todos o parte de los efectos adversos derivados del uso de plaguicidas; recuerda que, a pesar de la obligación explícita establecida en el artículo 15 de la Directiva, los indicadores de riesgo armonizados a escala de la Unión aún no han sido acordados por los Estados miembros, lo que hace imposible comparar los progresos realizados en los diferentes Estados miembros y en la Unión en su conjunto; se felicita de la adopción, el 25 de enero de 2019, de indicadores de riesgo armonizados por el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos;
32. Señala el potencial de utilizar tecnologías inteligentes y la agricultura de precisión como medio para administrar mejor y reducir el uso general de plaguicidas y para impedir su dispersión en zonas que no los necesiten, por ejemplo, mediante tecnología de precisión con drones y GPS; destaca que la aceptación de soluciones de este tipo podría mejorar en los Estados miembros si se incorporasen mejor en los cursos de formación y programas de certificación para los usuarios de plaguicidas en los planes de acción nacionales;
40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se incluya a todas las partes interesadas pertinentes en las actividades de cualquier parte interesada sobre plaguicidas, en particular el público, con arreglo a lo previsto en la Directiva 2003/35/CE y el Convenio de Aarhus;
41. Pide que los Estados miembros adopten una postura más proactiva en la aplicación práctica de la Directiva con el fin de detectar las deficiencias y los ámbitos concretos que exigen especial atención en lo tocante a la protección de la salud humana y el medio ambiente, y que no se limiten a la transposición nacional y los mecanismos de control habituales;
42. Pide a los Estados miembros que reconozcan que la Unión debe actuar sin demora para lograr la transición hacia un uso más sostenible de los plaguicidas y que la responsabilidad principal de aplicar tales prácticas corresponde a los Estados miembros; hace hincapié en que es fundamental actuar rápidamente;
43. Exhorta a los Estados miembros a que se adhieran a los calendarios establecidos para presentar planes de acción nacionales revisados; insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que lo hagan a la mayor brevedad, esta vez con metas cuantitativas claras y un objetivo global claro de reducción inmediata y duradera de los riesgos y el impacto del uso de plaguicidas, con metas de reducción anuales claramente definidas y prestando especial atención a los posibles efectos en los polinizadores y el fomento y la aceptación de alternativas no químicas y sostenibles y de productos fitosanitarios de bajo riesgo, de acuerdo con los principios de la GIP;
44. Pide a la Comisión que proponga un objetivo ambicioso y vinculante para toda la Unión con vistas a la reducción del uso de plaguicidas;
45. Pide a la Comisión que desarrolle más directrices sobre los principios de la GIP y su aplicación; le pide asimismo, en este sentido, que establezca directrices sobre cómo fijar criterios para medir y evaluar la aplicación de la GIP en los Estados miembros;
46. Hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que adopten todas las medidas necesarias al objeto de promover plaguicidas de bajo riesgo y dar prioridad a opciones y métodos no químicos que supongan menos riesgos de perjudicar a la salud y la naturaleza, garantizando al mismo tiempo una protección eficaz y eficiente de los cultivos; destaca que, para que esto tenga éxito, deben incrementarse los incentivos económicos para los agricultores que escojan tales opciones;
47. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan más hincapié en la promoción del desarrollo, la investigación, el registro y la comercialización de alternativas de bajo riesgo y ecológicas, entre otros medios aumentando las oportunidades de financiación a través de Horizonte Europa y del marco financiero plurianual 2021-2027; recuerda la importancia de preferir métodos sostenibles biológicos, físicos u otros métodos no químicos a los plaguicidas químicos, siempre que proporcionen un control de plagas satisfactorio; recuerda la importancia del valor añadido de las técnicas fitosanitarias sostenibles, ecológicas y seguras;
48. Pide a la Comisión que cumpla sin más demora su compromiso en el marco del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de proponer una estrategia de la Unión en favor de un medio ambiente no tóxico que contribuya a la innovación y al desarrollo de alternativas sostenibles, en particular soluciones no químicas; espera que la Comisión tenga especialmente en cuenta en dicha estrategia los efectos de los plaguicidas en el medio ambiente y la salud humana;
49. Insta a que se dedique una mayor atención a la reducción del riesgo, puesto que un uso generalizado de sustancias de bajo riesgo podría ser más perjudicial que un uso limitado de sustancias de alto riesgo;
50. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor coherencia de la Directiva y su aplicación con las políticas y normativas conexas de la Unión, en particular las disposiciones de la PAC y el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, y en particular integrar como requisitos legales los ocho principios generales de la GIP, de conformidad con el artículo 14 de la Directiva;
51. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que limiten estrictamente el número de excepciones por uso esencial de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 y que actualicen los documentos de orientación pertinentes con objeto de garantizar que la evaluación del riesgo de los plaguicidas refleje la exposición y las condiciones en la vida real y tenga en cuenta todos los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente;
52. Recomienda otorgar a los Estados miembros flexibilidad para aplicar la GIP como parte de las medidas de ecologización en el marco de la PAC;
53. Se felicita de la reciente adopción de indicadores de riesgo armonizados por el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos y pide a los Estados miembros a que avancen en la adopción y la aplicación de indicadores de riesgo armonizados, como ha propuesto recientemente la Comisión, a fin de controlar adecuadamente los efectos de reducción de los plaguicidas;
54. Pide a la Comisión el establecimiento de un sistema de seguimiento plenamente operativo y transparente para la recopilación periódica de datos estadísticos sobre el uso de plaguicidas, las repercusiones de las exposiciones profesionales y no profesionales y la presencia de residuos de plaguicidas en el medio ambiente, especialmente en el suelo y en el agua;
55. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan programas de investigación dirigidos a determinar los efectos del uso de plaguicidas en la salud humana, teniendo en cuenta todo el abanico de efectos toxicológicos y a largo plazo, entre los que se incluyen el efecto inmunotóxico, la alteración endocrina y la toxicidad para el desarrollo neurológico, y centrando la atención en los efectos de la exposición prenatal a los plaguicidas en la salud infantil;
56. Insta a la Comisión a adoptar un enfoque con respecto a la gestión y el uso de productos fitosanitarios basado en el riesgo y que esté justificado por pruebas científicas independientes revisadas por pares;
57. Pide a la Comisión que presente, antes de que finalice su mandato actual, una propuesta legislativa específica que modifique el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, al margen de la revisión general en el marco de la iniciativa REFIT, con el fin de añadir una definición y una categoría independiente para las «sustancias naturales» y las «sustancias idénticas a las naturales», para las que el criterio sea que en la naturaleza exista la presencia y exposición de la sustancia, así como de establecer un procedimiento acelerado riguroso de evaluación, autorización y registro de plaguicidas biológicos de bajo riesgo, de conformidad con su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico y con su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios;
58. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva de las obligaciones de la Unión en virtud del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y del Convenio de Estocolmo de 2004 sobre contaminantes orgánicos persistentes y, por consiguiente, que incrementen sus esfuerzos por eliminar la fabricación, la comercialización y el uso de plaguicidas que sean contaminantes orgánicos persistentes, junto al establecimiento de disposiciones sobre el tratamiento de los residuos que contienen o están contaminados por cualquiera de estas sustancias;
59. Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de servicios de asesoramiento profesionalmente cualificados e independientes que ofrezcan formación y asesoramiento a los usuarios finales sobre uso sostenible de los plaguicidas y la GPI en particular;
60. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan más hincapié en incrementar la inversión y la investigación sobre el desarrollo y la aceptación de las tecnologías agrícolas de precisión y digitales a fin de hacer más eficientes los productos fitosanitarios y reducir de este modo la dependencia con respecto a los plaguicidas, conforme a los objetivos de la Directiva, reduciendo con ello la exposición de los usuarios profesionales y la población en general; considera que la digitalización o la agricultura de precisión no deben dar lugar a la dependencia de los agricultores con respecto a determinados insumos o a su endeudamiento;
61. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dejen de permitir la utilización de productos fitosanitarios en los espacios utilizados por la población en general o por grupos vulnerables, tal como se definen en el artículo 3, punto 14, del Reglamento (CE) n.º 1107/2009;
62. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la protección de los grupos vulnerables, tal como se definen en el artículo 3, punto 14, del Reglamento (CE) n.º 1107/2009, especialmente teniendo en cuenta la actual falta de protección que sufren algunos residentes rurales que viven en zonas de cultivo; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que propongan prohibiciones inmediatas al uso de plaguicidas a distancias considerables cerca de los hogares de los residentes, las escuelas, los parques, las guarderías y los hospitales;
63. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en más investigaciones sobre el impacto de los plaguicidas en especies a las que no están destinados y que actúen de inmediato para minimizarlo;
64. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan un modelo de agricultura que se base en estrategias fitosanitarias preventivas e indirectas orientadas a reducir el uso de insumos externos y en sustancias naturales polivalentes; reconoce la necesidad de que se realice más investigación y desarrollo respecto a las estrategias preventivas, indirectas y agroecológicas de sanidad vegetal;
65. Pide a los Estados miembros que aumenten sus inversiones en prácticas de adaptación que impidan que las sustancias agroquímicas lleguen a las aguas superficiales y a las aguas profundas, así como en medidas que limiten la posible filtración de estas sustancias a los cursos de agua, ríos y mares; recomienda que se prohíba su uso en suelos desde los que puedan filtrarse a las aguas subterráneas;
66. Considera que es fundamental evaluar con regularidad la proporcionalidad entre la cantidad de plaguicidas vendidos y la superficie agrícola de aplicación, apoyándose en las bases de datos de los usuarios y las cantidades vendidas;
67. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por la aplicación plena y uniforme de los criterios de exclusión por razón del peligro de las sustancias activas mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción o que tengan propiedades de alteración endocrina;
68. Insta a los Estados miembros a que respeten estrictamente la prohibición de importar de terceros países plaguicidas prohibidos en la Unión y a que aumenten los controles de los alimentos importados;
69. Pide a la Comisión que considere con detenimiento todas las medidas disponibles para garantizar el cumplimiento, incluida la apertura de procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no cumplan la obligación de aplicar plenamente la Directiva;
70. Pide a la Comisión que actúe con firmeza contra los Estados miembros que abusan sistemáticamente de las excepciones relativas a los plaguicidas prohibidos que contienen neonicotinoides;
71. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se aplica plenamente y se cumple eficazmente el principio de que quien contamina paga en relación con la protección de los recursos hídricos;
72. Pide que Horizonte Europa ofrezca suficiente financiación para promover el desarrollo de estrategias de fitosanitarias basadas en un enfoque sistémico que combine técnicas agroecológicas innovadoras y medidas preventivas orientadas a reducir al mínimo el uso de insumos externos;
73. Pide a la Comisión que cree una plataforma paneuropea sobre el uso sostenible de los plaguicidas que reúna a partes interesadas y representantes sectoriales a nivel local y regional, con objeto de facilitar el intercambio de información y buenas prácticas para reducir el uso de plaguicidas;
(4) DO L 136 de 29.5.2007, p. 3.
(6) DO L 347 de 20.12.2013, p. 608.
(8) DO L 229 de 29.6.2004, p. 23.
(9) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
(10) DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
(12) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
(13) DO L 201 de 1.8.2009, p. 36.
(14) DO L 310 de 25.11.2009, p. 29.
(15) DO L 226 de 24.8.2013, p. 1.
(16) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52006DC0372
(19) DO C 252 de 18.7.2018, p. 184.
(20) DO C 346 de 27.9.2018, p. 117.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0057.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0356.
(23) DO L 324 de 10.12.2009, p. 1.
(25) DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
(29) Caspar A. Hallmann y otros, ‘More than 75 % decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas’, PLOS, 18 de octubre de 2017 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
(30) DO L 270 de 21.10.2003, p. 1.
(31) Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(32) Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(33) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
(34) Véase bis https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/EUR27607.pdf.

References: Resolución 
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 3