Source: http://sindicatomanoslimpias.blogspot.com.es/2014/03/manos-limpias-demanda-al-partido-popular.html
Timestamp: 2018-04-22 19:53:31+00:00

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II. Que, la presente demanda encuentra su fundamento en los siguientes:
TERCERO.- De los procesos de selección en el seno del Partido Popular.
Es de hacer notar que el simple hecho de que los Estatutos del Partido Popular no estén disponibles en su página web oficial –dato que debería constar al menos, en la misma- hace notar que la transparencia del partido, en cuanto a la regulación de su estructura se refiere, no es en modo alguno patente. Consecuentemente a que ni siquiera se encuentren disponibles los Estatutos del partido, es que tampoco lo esté la normativa que los desarrolla, siendo imposible a la población el conocer de manera cierta si la estructura y funcionamiento del Partido Popular se encuentra sometida o no a los procesos democráticos que la Constitución impera.
Es de hacer notar la fuerte influencia que existe a la hora de conformar el grupo de los compromisarios asistentes a los Congresos, pues por un lado, tenemos la existencia de los compromisarios natos, todos ellos miembros de la Junta Directa y
Comisión Organizadora del Congreso, órganos que no puede negarse se entienden comprendidos dentro de “la cúpula” de poder del partido. Por el otro lado, los compromisarios electos, que a pesar de ser elegidos mediante listas abiertas, su distribución entre las diversas organizaciones territoriales corresponde –de nuevo- a la Junta Directiva o a la Comisión Organizadora del Congreso, siendo determinante el poder distribuir de un modo u otro a tales compromisarios, pues las candidaturas a presentar ante el Congreso del Partido se determinan por las adscripciones de compromisarios dentro de los colegios electorales de las diversas organizaciones territoriales –como bien se desprende de lo establecido en el artículo 30.2 apartado e) en relación con los apartados g) y h) de los Estatutos del partido-.
Sin embargo, para la protección efectiva de la libertad de partidos políticos, el constituyente ha contado también con la protección global de la libertad y del derecho general de asociación reconocido en el propio art. 22, y susceptible, por su colocación sistemática, de protección a través del recurso de amparo. Como este Tribunal ha tenido ya ocasión de afirmar, los partidos políticos se incluyen bajo la protección de este art. 22, cuyo contenido conforma también el núcleo básico del régimen constitucional de los partidos políticos.
Es cierto que en el art. 6 de la Constitución Española se han establecido unas condiciones específicas para los partidos políticos en relación al respeto al orden constitucional y a su estructuración interna de carácter democrático, pero tales exigencias se añaden y no sustituyen a las del art. 22, por situarse en un nivel diferente y, en cualquier caso, no repercuten propiamente en el área del derecho a constituirlos sino que, como ha venido señalando la doctrina científica, están en función de los cometidos que los partidos están llamados a desempeñar institucionalmente. La creación de los partidos políticos no está pues sometida constitucionalmente a límites más estrictos que los de las demás asociaciones; antes bien, en la Constitución existe un cierto reforzamiento de garantías de los partidos, respecto a demás asociaciones, en cuanto que el artículo 6 señala y garantiza el ámbito de funciones institucionales que a aquéllos corresponden. De la lectura conjunta del art. 6 de la Constitución Española en conexión con el art. 22 de la misma, resulta una protección reforzada de la libertad de partidos políticos que debe entenderse afecta no sólo a la actividad de los mismos, sino a su propia creación.
Es por ello que en aquello en que no se ofrezca una precisa regulación en la Ley orgánica de Partidos Políticos, debemos acudir a la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, tal y como ocurre en el caso de las garantías jurisdiccionales, pues la regulación específica contenida en la Ley Orgánica de Partidos Políticos no ofrece una respuesta para tutelar los derechos de aquellos terceros al partido que ostenten un interés legítimo, en referencia a la vulneración de los principios por los que deben regirse estas asociaciones. Es la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, en sus artículos 37 a 41, la que regula y legitima a esta parte para poder actuar contra aquellos actos de los Partidos Políticos que contravengan lo impuesto por el Ordenamiento Jurídico español.
Así, y por ello, el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación determina que “el orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico jurídico privado de las asociaciones, y de su funcionamiento interno”. Y por otro lado, el apartado 2 del mismo artículo 40, determina a legitimidad para acudir al orden jurisdiccional civil a aquellas personas que demuestren un interés legítimo cuando se hayan vulnerado el ordenamiento jurídico en las actuaciones llevadas a cabo por la asociación.
“La democracia representa, sin ninguna duda, un elemento fundamental del «orden público europeo» (Sentencia Loizidou antes citada, pg. 27 ap. 75).
Que, el Orden Público de un estado se configura como elemento esencial de su propia existencia, cultura, y momento en el que se encuentra su sociedad, y que, tal y como queda determinado por la jurisprudencia, no se pierde la condición de principio de Orden Público por el mero hecho de quedar positivado en una norma escrita. Que ese principio subsiste como Orden Público a pesar de tal inclusión en el Ordenamiento Jurídico de un Estado, como parte integrante de él. Y es por ese motivo, y por la indudable importancia de la que se predica un principio como la democracia de los partidos políticos en España y en la Unión Europea, que la impugnación de unos los Estatutos de un partido político que contravengan el Orden Público Nacional, no pueden quedar sometidos a plazo de prescripción alguno.
PRIMERO.- La imperativa democracia interna que debe proclamarse en los partidos políticos.
El hecho de que los partidos políticos hayan pasado a formar parte de la regulación constitucional, propugnándose, además, el pluralismo político como uno de los principios básicos en los que se sostiene el Estado de Derecho, hace que la relevancia de este tipo de “asociaciones” sea notoriamente importante. Es por ello también que, siendo España no solo un Estado de Derecho, sino además democrático, hace que la relevancia de la democracia interna de la que deben estar dotados los partidos políticos sea aún más, si cabe, imprescindible en aras de garantizar la democracia de facto a la que debe estar sujeta el Estado. Y esto es así por la evidencia que presenta el sistema de división de poderes, en el que el poder legislativo y el ejecutivo están integrados por los miembros de los partidos políticos, determinando por consiguiente que, si hay una merma en la democracia interna de los partidos, ésta se traslada de manera inevitable a la representación política intrínseca en ellos, y del mismo modo pone en peligro la correcta democracia del Estado.
“Artículo 7. Organización y funcionamiento.
Que, es necesario por último dejar constancia que un estado democrático de Derecho, cuyo impulso político está encomendado precisamente a los Partidos Políticos, debe obedecer a que éstos sean constituidos por la voluntad de todos los electores, tanto de manera externa al partido como de manera interna dentro del mismo, donde en este último caso, la voluntad de todos los electores sería la voluntad de todos los militantes. Y esto es así en consonancia con el derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución Española, donde se consagra el derecho fundamental de sufragio tanto activo como pasivo.
SEGUNDO.- Criterios determinantes para calificar un proceso como democrático.
Como bien ha apuntado esta parte en líneas superiores, el primer obstáculo que podríamos encontrar en delimitar el objeto de la presente demanda es determinar efectivamente que se entiende por democracia, y por ende, por qué esta parte entiende se han transgredido los principios Constitucionales y legales en los que se impone una democracia en la estructura y funcionamiento en el seno de un partido político. Sí tenemos norma que invocar para determinar que efectivamente la democracia se debe predicar en el interior de los partidos –tanto el artículo 6 de la Constitución Española, como los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, como venimos reiterando hasta el momento- sin embargo, no existe en nuestro ordenamiento norma alguna que determine, ni siquiera en líneas generales, qué se debe entender por democracia interna en el seno de los partidos políticos, o cuáles son los requisitos que deben proclamarse para entender que efectivamente se está cumpliendo con el imperativo constitucional del artículo 6.
I. Es necesario, en primer término, una participación efectiva, entendida esta como “la adecuada oportunidad que deben tener los militantes del partido para expresar sus preferencias en cuanto a la consecución de las metas finales, y con igualdad de oportunidades entre ellos”, durante los procesos de elaboración de decisiones vinculantes. La igualdad de oportunidades, entiende esta parte, es elemento vital para que se pueda dar una verdadera participación efectiva dentro del seno del Partido Popular, y que en consecuencia, se pueda predicar del mismo que es democrático. El hecho de que para la presentación de la candidatura a Presidente del partido –tanto en el ámbito nacional como en el autonómico- sea preciso conseguir el aval de al menos 100 militantes –en el caso de presidencia nacional- evidencia la decadencia de este principio de participación efectiva respecto de los que deseen presentar su candidatura a la presidencia, puesto que no podrán hacer valer de manera completamente efectiva el programa que presenten y sus aptitudes a no ser que efectivamente ostenten el apoyo o la “amistad” de 100 militantes (o en su caso, del número que se designe en para la candidatura de la presidencia autonómica). Además de ello, por si no fuere suficiente, para poder ser proclamado candidato en el Congreso del Partido, es necesario obtener –ni más ni menos- que el 20% del apoyo de los compromisarios, contraviniendo del mismo modo el principio democrático, puesto que, el ser compromisario o no serlo, va a ser decisivo para la elección de los candidatos, y obviamente no todos los militantes del partido van a poder ostentar tan privilegiada condición.
Y es que, “deben de tener una adecuada e igualitaria oportunidad para determinar las cuestiones del orden del día y para expresar las razones por las que refrendan una decisión y no otra”.
Pero, y es que como si esto no pudiera suponer suficiente traba al principio democrático, se establece posteriormente en el apartado h) del mismo artículo 30.2 de los Estatutos del partido, que para posteriormente poder ser proclamado candidato en el Congreso correspondiente, se necesitará el aval del 20% de los compromisarios –quédese este Tribunal con esa cifra-.
“Serán proclamados candidatos ante el Congreso del partido aquellos que tengan el apoyo, al menos, del 20% de los compromisarios”.
Trae esta parte a colación el presente extracto jurisprudencial puesto que es menester hacer notar que la “bolsa” de compromisarios elegidos para los Congresos está integrada por compromisarios natos y electos. El hecho de que los compromisarios natos sean, directamente, aquellos integrantes de la Junta Directiva o de la Comisión Organizadora del Congreso, ya supone suficiente sesgo al principio democrático –en tanto en cuanto, no solo tienen un poder de decisión absoluto para las elecciones de candidatos, sino que además de ese poder es otorgado de manera directa por ostentar el cargo que ostentan, no siendo por ello el voto de éstos tratado de manera igualitaria al del resto de militantes del partido- pero es que además de ello, es curioso hacer notar los números que se determinan para las elecciones de los candidatos a la presidencia, pudiendo quedar completamente en manos de estos compromisarios natos la elección de –al menos- uno de los candidatos –enteramente de su mano-. Y esto es así por lo que exponemos a continuación:
- Por un lado, observamos de la lectura del artículo 28.1.a) de los Estatutos del partido, que el número máximo de compromisarios natos será de 10.
- Por otro lado observamos, de la lectura del mismo artículo 28.1.b), que el número de compromisarios electos será en este caso al menos cuatro veces superior en número, y dudando –salvo que se tenga bien seguro a quién se elige- que se vaya a determinar una superior a ese límite mínimo, esto nos coloca en una cifra de 40 compromisarios electos.
No obstante, el ‘criterio’ seguido por Dahl no determina como debe ser el método particular por el que se debe llegar a la votación o las elecciones, pero lo que sí se afirma, es que la igualdad de voto de los militantes significa que necesariamente se debe tener derecho a un voto igual en los distritos de igual número de votantes o residentes.
Es necesario hacer constar que esta igualdad de voto no está presente en el proceso de elecciones internas para ostentar la presidencia –nacional o autonómica- dentro del seno del Partido Popular, ni en su vertiente activa ni en su vertiente pasiva, tal y como hemos desarrollado en las líneas anteriores, y que no es preciso reiterar hasta la saciedad.
Únicamente hacer constar que son demasiados filtros dentro del procedimiento, y muy pocas las voluntades – y además, voluntades muy condicionadas por los que ya están en la cúpula del partido, ya que directamente, son la cúpula del mismo- las que determinan en término final las candidaturas, desvirtuando por completo el principio democrático, y volviendo a posicionarnos de nuevo en el seno de un partido oligárquico. Y esto es así por un simple motivo, y trayendo a colación el proceso de proclamación de candidatos antes descrito: si de manera efectiva, y como hemos reseñado, un candidato que haya sido propuesto por el seno directivo del partido no va a encontrar problema alguno en conseguir los avales necesarios para presentar su candidatura –el 20% de avales- ya que serán otorgados por los compromisarios natos -es decir, los mismos que lo hayan podido proponer o desear ahí- no ocurre lo mismo con aquellos otros que efectivamente no tengan tal apoyo, puesto que conseguir ese 20% no es tarea sencilla. Y por lo pronto, y como ha venido ocurriendo, si únicamente un candidato consigue ese porcentaje de avales… ¿qué opción queda para el voto de los candidatos cuando únicamente hay un candidato? La igualdad de voto queda por completo desvirtuada, o conviene afirmar que directamente no hay voto en ese sentido.
Además de todo ello, conviene apuntalar de manera categórica que aunque el ‘criterio’ de Dahl no determine el procedimiento democrático a seguir en un sentido estricto -pues da las pautas o requisitos que debe cumplir para que efectivamente sea eso, democrático-, lo que sí afirma Dahl, es que “satisface en mucha mayor medida el criterio, para determinar que estamos ante un procedimiento democrático, que se tome una muestra seleccionada al azar de militantes para la toma de decisiones, antes que aquel procedimiento en el que un solo ciudadano tome las decisiones vinculantes para el resto”.
Es obvio lo que pretende decirse con esto: resulta mucho más democrático en sentido estricto el que las decisiones se tomen, incluso, por un grupo de personas seleccionadas de manera aleatoria, antes de que sean llevadas a cabo por una sola persona –o un grupo reducido, como es el caso de los compromisarios natos, en comparación con el volumen de militantes- en nombre del resto, tal y como sucede en la elección de los candidatos a la Presidencia del partido.
IV. Como corolario a los tres criterios anteriormente expuestos, a pesar de que todos ellos concurrieran en perfecta sintonía, no podríamos estar hablando de un proceso democrático sin que efectivamente hubiera un control por parte de los militantes de lo que podríamos llamar “agenda” u orden del día. Es decir, es necesario que haya un efectivo control de la agenda. Con esto nos referimos concretamente, “al efectivo control que deben tener los militantes de todas las materias que son objeto de gobierno, a la oportunidad que deben tener para decidir sobre todos los aspectos que deben ser decididos, que deben ser emplazados en el orden del día”.
Dahl ejemplifica, para ser lograr ser gráfico y comprender por qué motivo este aspecto es de suma importancia para poder hablar de un entorno democrático o no. Imaginemos pues, que un dirigente priva de autoridad a un parlamento para decidir sobre ciertas cuestiones del estado, como pueden ser la política militar y asuntos exteriores. Dicho ‘estado’ sería por tanto completamente democrático en cuanto a los aspectos internos del país se refiere, pero en aquello que tocase a aspectos de política exterior debería permanecer en silencio. Estaríamos ante un híbrido ciertamente extraño y que difícilmente podría casar en el concepto de democracia. Realizando una transposición al caso que nos ocupa en el presente escrito de demanda, es como si efectivamente los militantes de un partido tuvieren la capacidad de decidir sobre todos los aspectos de gobierno del mismo, con la excepción de cómo se van a proceder los sistemas electorales del partido y la normativa que los regula.
Esta parte es consciente de que, con total probabilidad, los criterios anteriormente expuestos están asumidos en la conciencia del Tribunal al que nos dirigimos, pero al mismo tiempo era necesaria su sistematización y comparación el procedimiento interno de elección de candidatos a la Presidencia del partido en el seno del Partido Popular, para de ese modo evidenciar que tales procesos no se encuentran en consonancia alguna con los principios democráticos, y que por ende y en consecuencia, se produce la vulneración del artículo 6 de la Constitución Española, así como de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
TERCERO.- De la democracia formal a la oligarquía de hecho en el seno del Partido Popular.
Descritos los procedimientos que se llevan a cabo en el seno del Partido Popular –respecto del procedimiento de proclamación de Presidente Nacional del partido, y en relación con ello y por consiguiente, de la elección de los compromisarios de los Congresos- esta parte está en condiciones de afirmar que, actualmente nos encontramos ante un partido político cuyo funcionamiento y estructura interna se basa en principios oligárquicos y no democráticos.
Al igual que la mayor parte del sustento del presente escrito de demanda, no queda regulado en nuestro ordenamiento positivo qué ha de entenderse por oligarquía –como tampoco queda regulado, ni tan siquiera, los principios básicos por los que deben regirse los procesos democráticos- pero de nuevo son múltiples los importantes autores y pensadores que se han encargado de llevar a cabo el estudio de esta materia, y que nos ha permitido formarnos en nuestras mentes la idea de lo que se entiende en el presente por oligarquía.
Afirma Moisey Ostrogorski en su obra ‘Democracy and the Organization in the Political Parties’ (Macmillan and Company Limited, 1902, pg. 26) que “un sistema electoral muy desarrollado no es sino un homenaje puramente formal a la democracia”.
Interesa resaltar en primer término, ¿qué es sino el sistema electoral previsto en los Estatutos del Partido Popular, sino un entramado de reglas, asistemáticas, que determinan un proceso proclamación de candidatos a la presidencia del partido perfectamente desarrollado para poder ser intervenido? El simple hecho de que en los Estatutos se desarrolle el proceso para la proclamación del candidato a la presidencia del partido de la manera en que se lleva a cabo, es decir, mediante una falsa apariencia de respecto a los criterios democráticos exigidos –así, por ejemplo, el Partido Popular se enorgullece de elegir sus compromisarios por medio de listas abiertas, cuando posteriormente se proclama con claridad que tal dato de poco importa por la necesidad de presentar el 20% de avales de tales compromisarios, siendo este porcentaje el mismo que de compromisarios natos que intervienen en el proceso- evidencia que tal proceso electoral ha sido fuertemente pensado en su desarrollo para que la voluntad que prime sea la de los dirigentes del partido –mediante los 10 compromisarios natos-, conllevando por este motivo, el estar frente a un proceso o una estructura de carácter oligárquico, en donde en modo alguno prima la voluntad de los todos los miembros del partido, tal y como exige el principio de democracia.
Vistos los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea, donde se establecen los principios democráticos en los que se basa la Unión Europea y de manera especial los partidos políticos; visto el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el que se determina la necesidad de que se lleve a cabo la aprobación de un Reglamento que regule las normas relativas al estatuto de los partidos políticos europeos y su financiación, se aprueba el Reglamento (CE) 2004/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo [modificado por el Reglamento 1524/2007].
De la lectura de los preceptos del Tratado de la Unión Europea mencionados, en particular del 10, se desprende que el funcionamiento de la Unión Europea se basa en la democracia representativa –apartado primero-, y al mismo tiempo que todos los ciudadanos de la Unión tiene el derecho a participar en la vida democrática de la misma –apartado tercero-, siendo los partidos políticos, en escala europea, los que contribuyan a formar la conciencia política europea y a expresar tal voluntad de los ciudadanos de la Unión –apartado cuarto-.
Asimismo, de la lectura de los considerandos del Reglamento (CE) 2004/2003 de los partidos políticos europeos se desprende la voluntad del legislador europeo, y de las notas características a la que desea dotar a los partidos políticos europeos, siendo necesario precisar que todas las consideraciones en las que se basa para la promulgación del Reglamento están –como todas las normas de la Unión- tomadas a partir de los modelos preestablecidos por los Estados Miembros, entre ellos el de democracia, de lo que debe predicarse todo Estado Miembro para poder ser parte de la Unión.
Los considerandos referidos, en concreto el tercero y cuarto, determinan que un partido político a escala europea estará integrado, bien por ciudadanos de la Unión reunidos en forma de partido político, bien por partidos políticos que constituyan una coalición entre ellos, y establece como requisito ineludible la necesidad de que tales partidos respeten los principios en los que se basa la Unión Europea.
“El nuevo entorno político
1. Señala que los partidos políticos y las fundaciones políticas vinculadas a ellos son instrumentos esenciales de una democracia parlamentaria: piden cuentas a los diputados, ayudan a dar forma a la voluntad política de los ciudadanos, elaboran programas políticos, forman y seleccionan candidatos, mantienen un diálogo con los ciudadanos y les permiten expresar sus opiniones;
2. Destaca que el Tratado de Lisboa establece este papel de los partidos políticos y de sus fundaciones con vistas a la creación de una «polis europea», un «espacio político» a escala de la UE y una «democracia europea», entre los cuales la Iniciativa Ciudadana Europea es un elemento constitutivo fundamental;
3. Observa que los partidos políticos europeos, en su situación actual, no están en condiciones de desempeñar plenamente esta función porque sólo son organizaciones que agrupan a los partidos nacionales y no están directamente en contacto con el electorado de los Estados miembros;
4. Acoge con satisfacción, no obstante, que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas se hayan convertido en actores indispensables de la vida política de la Unión Europea, en particular al dar forma y voz a las respectivas posiciones de las distintas «familias políticas»;
5. Hace hincapié en la necesidad de que todos los partidos políticos europeos cumplan con los más altos estándares de democracia interna (en cuanto a la elección democrática de los órganos del partido y un proceso democrático de toma de decisiones, incluso para la selección de candidatos);
Esto se deduce, en primer lugar, del preámbulo al Convenio, que establece un vínculo muy claro entre el Convenio y la democracia declarando que la salvaguarda y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reposan en un régimen político verdaderamente democrático por una parte, y sobre una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos por otra (Sentencia Klass y otros antes citada, pg. 28 ap. 59) ( TEDH 1978\1). El mismo preámbulo enuncia seguidamente que los Estados europeos tienen en común un patrimonio de ideales y de tradiciones políticas, de respeto de la libertad y de preeminencia del derecho. El Tribunal ha visto en este patrimonio común los valores subyacentes al Convenio (Sentencia Soering contra Reino Unido, de 7 de julio de 1989, ( TEDH 1989\2) serie A núm. 161, pg. 35 ap. 88); en muchas ocasiones, el Tribunal ha recordado que estaba destinado a salvaguardar y promover los ideales y valores de una sociedad democrática (Sentencias Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976, serie A núm. 23, pg. 27-53 y Soering, antes citada, pg. 34 ap. 87).
Además, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Convenio requieren que se aprecien las injerencias en el ejercicio de los derechos que ellos consagran en la medida en que es «necesario en una sociedad democrática». El único tipo de necesidad capaz de justificar una injerencia en uno de esos derechos es por lo tanto aquella que puede reclamarse de la «sociedad democrática». La democracia aparece así como el único modelo político contemplado por el Convenio y, por lo tanto, el único compatible con ella.
Por su parte, el Tribunal reconoció una cierta cantidad de disposiciones del Convenio como características de la sociedad democrática. Así, consideró, ya en su primera sentencia, que en toda «sociedad democrática en el sentido del preámbulo y de las otras disposiciones del Convenio», el procedimiento ante un órgano judicial debía tener un carácter contradictorio y público y que este principio fundamental se encontraba consagrado en el artículo 6 del Convenio (Sentencia Lawless contra Irlanda, del 14 noviembre 1960 (excepciones preliminares y cuestiones de procedimiento), serie A núm. 1, pg. 13). En un campo más próximo al que se trata en este caso, el Tribunal ha recordado en numerosas ocasiones, por ejemplo, que la libertad de expresión constituía uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno (ver, entre otras, la Sentencia Vogt antes citada, pg. 25 ap. 52), mientras que en su Sentencia Mathieu-Mohin y Clerfayt, antes citada, señalaba la importancia capital del artículo 3 del Protocolo núm. 1, al consagrar esta disposición un principio característico de un régimen político verdaderamente democrático (pg. 22-47)”
Que no pretende esta parte tachar al sistema de organización oligárquico como un sistema que no se encuentra amparado por la Ley, sino que por el contrario, no puede quedar amparada dicha manera de organización en el seno de un Partido Político pues conculca de lleno la democracia interna que se le exige constitucionalmente. Son sistemas organizativos que en modo alguno pueden conciliarse el uno sobre el otro.
La tendencia que se está llevando a cabo burocratizando, y por ende oligarquizando, las estructuras y funcionamiento del Partido Popular, hacen que las políticas que deben desarrollar tal partido resulten desvirtuadas en su entero contexto, o que sean llevadas a cabo sin la suficiente profesionalidad, y todo ello por permitir aplicar la voluntad de unos pocos y no la de todos los miembros del partido a la hora de elegir a aquellos que consideren más cualificados para el puesto acorde a sus corrientes políticas, y no por el contrario que resulten elegidos los que más afinidad tengan con los miembros de la cúpula del partido.
Sin embargo, el paso del tiempo, que ha supuesto un crecimiento en valores democráticos para la ciudadanía española, hace que está ahora sea más exigente con el sistema, pretendiendo, reclamando y exigiendo que el sistema responda a sus necesidades. Merece la pena recordar por un momento el famoso eslogan “No taxation without representation” que acuñaron los rebeldes americanos en su revolución (1765–1783) contra el Imperio Británico; pues bien, la representación ciudadana, hoy en día, no se puede circunscribir exclusivamente al hecho de acudir en cada convocatoria electoral a depositar el voto en una urna para elegir a unos desconocidos candidatos de una lista cerrada. Candidatos que decidirán sobre multitud de cuestiones transcendentales, pero en ningún caso el ciudadano puede ayudar a configurar la lista cerrada de esa fuerza política, ya que cuando en el seno de cada partido existe una voz discordante, que no minoritaria, con el politburó que gobierna el partido, al final los estatutos de cada fuerza actúan como una fuerza invisible, pero presente que apaga cualquier intento de democracia interna.
Sin participación ciudadana en la vida política, estamos condenados a ser una democracia de “segunda categoría”, estamos condenados a que otros nos tutelen y decidan qué es mejor para nosotros, a través aquellos vasallos que no tiene más mérito o demerito que aplaudir hasta la extenuación a su líder, al estilo de la democracia orgánica de Corea del Norte. Por esta vía, mal nos ira a todos, y algún día, más bien pronto que tarde, despertaremos de esta “eterna minoría de edad” a la que muchos quieren condenar a la ciudanía española.
Una democracia de calidad es aquella en la que todos somos parte del sistema, porque todos creamos y articulamos el sistema, acudir a votar en cada proceso electoral hoy parece una actuación ciudadana extraordinaria, pareciera que ese día los políticos nos llaman para legitimar su “casta”, cuando en verdad, votar debiera ser percibido por los ciudadanos como algo habitual, ya que depositar el voto tendría que ser la continuación de una actividad público-política de cada aspirante a ocupar un cargo público de cara a cara a su electores, en su distrito, en su barrio, en su comunidad, y sin la imposición que el aparato del partido nos impone, ya que sin la fiscalización basada en la meritocracia y ejercida por cada ciudadano, al final siempre tendremos desconocidos e incompetentes presentantes en nuestras instituciones, y todo ello por falta de democracia interna en cada partido político.
Que atendiendo a lo preceptuado en el Título VI del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, solicitamos de este Tribunal se adopten MEDIDAS CAUTELARES a tenor de lo dispuesto en el artículo 721.1 de la mencionada Ley, que reza lo que sigue:
II) Que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de la medida cautelar solicitada atiende a la necesidad de hacer efectiva la posible sentencia estimatoria de la tutela judicial que se solicita con el presente escrito de demanda, y atiende a los postulados básicos de que no se lleven a cabo más actos que sean contrarios al Ordenamiento Jurídico por parte del Partido Popular.
Todo motivado por la necesaria vinculación que se predica respecto de los nombramientos de candidatos, llevados a cabo mediante el procedimiento descrito a lo largo del presente escrito de demanda, y que no queda sujeto a los postulados imperados por la Constitución Española y las leyes, que no son otros que los de estructura y funcionamiento democrático de los partidos políticos, ya que su estructura real queda sujeta a un sistema completamente oligárquico, por estar basada la elección de las candidaturas en la voluntad de sus máximos dirigentes, y no en la voluntad de todos los miembros del partido, sin la posibilidad por tal motivo de tener la oportunidad real de ser electo dentro del partido, y mucho menos, sin que aquellos elegidos sean efectivamente los que más votos hubieran obtenido por los afiliados al partido.
III) Que, la adopción de tal medida cautelar solicitada obedece a los principios necesarios, y consagrados como requisitos legales, de fumus boni iuris y periculum in mora.
- Que la apariencia de buen derecho, preceptuada en el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe conducir al Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, a formarse un juicio provisional e indiciario favorable de la pretensión que se aduce, habiendo de aportar para ello los datos, argumentos y justificaciones documentales que sean precisos. No obstante, ello no quiere decir que se exija la acreditación exacta y documental de la pretensión alegada, sino que se acredite prima facie que la pretensión no es meramente ilusoria, sino que viene respaldada por datos objetivos y pruebas, punto que como se ha declarado en multitud de ocasiones por nuestros tribunal (Auto de 6 de octubre de 2006, Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla). Es por ese motivo que la apariencia de buen derecho queda justificada en base a los hechos y documentos alegados y aportados, respectivamente, en el presente escrito de demanda, debiendo tener en cuenta este Juzgado al que nos remitimos, que la complejidad del asunto y la escasa regulación legal del mismo, hacen que la justificación del fumus boni iuris sea aun si cabe más difícil de probar y constatar, pero que no por ello esta parte no ha aportado y recopilado toda la documentación e informaciones necesarias al respecto, para que pueda ser llevada a cabo.
- Que, por otro lado, el periculum in mora constituye el fundamento de toda medida cautelar, toda vez que el propio artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil justifica su adopción para evitar que durante la pendencia del proceso se produzcan situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela judicial que se pretende ante el otorgamiento de una eventual sentencia estimatoria. Asimismo es consustancial a este peligro en la demora el entender que el transcurso del tiempo dificulte o impida la ejecución de la sentencia y/o cause un grave daño por el retraso en su ejecución.
Tal peligro en la demora queda constatado en la presente litis por el sencillo factum de que las elecciones al Parlamento Europeo son más que inminentes, siendo la convocatoria para las mismas el 1 de abril de 2014 y la celebración el 25 de mayo del mismo año. Es más que evidente que la posible nulidad de los preceptos indicados y pretendidos con el presente escrito de demanda conllevaría aparejado la nulidad del procedimiento por el que han sido proclamados candidatos a las elecciones europeas, al no quedar sujeto tal procedimiento a los principios democráticos exigidos. Por ello, esta medida justifica y cumple el requisito exigido de peligro en la demora, ante el evento de que finalmente tales candidatos finalmente fueran elegidos. Estaríamos ante unas elecciones viciadas de nulidad de pleno derecho, supuesto el cual difícilmente podría quedar reparado, o cuanto menos, de llevarse a cabo tal reparación mediante la ejecución de la posible sentencia estimatoria, supondría un grave y evidente trastorno para los intereses tanto políticos como económicos de España, en tanto en cuanto debería justificarse que la remoción de los cargos en el Parlamento Europeo son debidos a una falta de democracia en el proceso de elecciones internas del partido, principio democrático que es exigido incluso como condicionante para ser Estado miembro de la propia Unión Europea.
Que a tenor de lo preceptuado en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitamos se emplace a esta parte, en el tiempo y forma legalmente establecido, para la subsanación de los posibles óbices procesales que acometan en el presente escrito de demanda.
Fdo.- Pedro Francisco Muñoz Lorite.
Letrado ICAM Col. nº: 82.329
Fdo.- Isabel Salamanca Álvaro,

References: artículo 30
 artículo 6
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 30
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 224
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 721
 artículo 726
 artículo 728
 artículo 728
 artículo 231