Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321026.html
Timestamp: 2019-03-18 17:49:59+00:00

Document:
as201321026
Auto Supremo: 26/2013.
Sucre: 6 de febrero 2013.
Expediente: CB-107-12-S
Partes: Juan Carlos Sandoval López c/ Lili Patricia Sandoval Almanza y otros.
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 217 a 219 vlta, interpuesto por Lili Patricia Sandoval Almanza, Daniel Eduardo, Gina Claudia, Lisbeth Marcela, Julio Armando Villarroel Sandoval y Alejandrina Almanza de Sandoval, y el recurso de casación en el fondo de fs. 226 a 227, interpuesto por Pablo Alfredo Villarroel Sandoval, ambos contra el Auto de Vista de fecha 27 de junio de 2012, cursante de fs. 212 a 214 vlta, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Nulidad de Contrato, seguido por Juan Carlos Sandoval López contra Lili Patricia Sandoval Almanza, Mario Villarroel, Daniel Eduardo, Gina Claudia, Lisbeth Marcela, Pablo Alfredo y Julio Armando Villarroel Sandoval, Alejandrina Almanza de Sandoval y presuntos herederos de Daniel Sandoval Becerra; la concesión de fs. 241; los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez Noveno de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba el 20 de agosto de 2007, pronunció Sentencia, cursante de fs. 170 a 178 vlta, declarando Probada en parte la demanda principal é Improbadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho opuesta por los demandados. Improbada la demanda reconvencional y Probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el actor contra la demanda reconvencional; en consecuencia declaró nula la Escritura Pública de transferencia con reserva de usufructo otorgado por Daniel Sandoval Becerra y Alejandrina Almanza de Sandoval a favor de Lili Patricia Sandoval Almanza, Daniel Eduardo, Gina Claudia, Lisbeth Marcela, Pablo Alfredo y Julio Armando Villarroel Sandoval de fecha 17 de septiembre de 1991, protocolizada ante Notario de Fe Pública del Distrito de Cochabamba Julio Márquez Balderrama en fecha 10 de diciembre de 1991, registrado en Derechos Reales a fojas y Partida Nro. 2716 del Libro 1 de Propiedad “A” de la provincia Cercado en fecha 13 de diciembre de 1991; disponiendo la cancelación de dicho registro y su nulidad del registro de usufructo inscrito a fojas y partida Nro. 3368 del Libro 2º de Gravámenes de la Ciudad en fecha 13 de diciembre de 1991. No dio lugar a la colación en virtud de haberse reintegrado el inmueble al acervo hereditario dejado por el de cujus Daniel Sandoval Becerra, disponiendo su división y partición entre todos los herederos en Ejecución de Sentencia; por ultimo no dio lugar a la condena a los demandados al pago de daños y perjuicios al no ser demostrado.
Contra esa resolución de primera instancia, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 27 de junio de 2012 emitió el Auto de Vista de fs. 211 a 214, Confirmando parcialmente la Sentencia, con la modificación del punto 4 de la parte resolutiva en sentido de que deberá procederse a la división y partición del lote de terreno del inmueble entre los herederos del propietario fallecido y del 50% de las construcciones nuevas y de las aparentemente antiguas que refiere el acta de inspección de fs. 125.
Recurso de Casación en el Fondo de fs. 217 a 219 vlta:
Indicó que el Tribunal Ad quem no consideró que la minuta de fecha 17 de septiembre de 1991 protocolizada el 10 de diciembre de 1991, registrado el 13 de diciembre de 1991, cumple con los votos que establece los arts. 450, 452, 453, 454, 455, 483, 485, 519, 520 y 611 del Código Civil.
Por otro lado mencionó que la doctrina señala sobre la buena fe, indicando que en la transferencia de inmueble existió la voluntad de las partes de transferirlo, que la demandada cancelo el precio acordado y que los vendedores le entregaron los títulos de propiedad y demás documentos, por dicho motivo la venta es licita y cumple con todos los requisitos de los arts. 450, 452, 453, 454, 455, 483, 485, 519, 520 y 611 del Código Civil.
Volvió a indicar que no existió simulación en la venta del inmueble y que nunca se pretendió ocultar la compra venta porque la misma era lícita y que el Juez de la causa no cuidó que el proceso de desarrolle sin vicios de nulidad, incumplimiento lo normado en el art. 3, 87, 88 y 89 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y cuidad a un debido proceso.
Terminó peticionando que por la errónea aplicación de la ley por parte del Tribunal Ad quem que vicia sus actos de nulidad solicito que se declare infundado el Auto de Vista y se revoque la Sentencia en todas sus partes.
Recurso de casación en el fondo de fs. 226 a 227
Acusó que el Juez a quo señala que a aparte de los requisitos exigidos por los art. 450 y 452 existe otros defectos que crean convicción de que la venta sea ficta y simulada, pero no señalo cuales son esos defectos por los cuales llega a dicha conclusión que la venta es ficta y simulada. Por otro lado acuso que el Juez desconoce totalmente el art. 190 del Código de Procedimiento Civil al determinar la División y partición de la Herencia entre todos los herederos de Daniel Sandoval Becerra, solicitud que no fue demandada incurriendo en una resolución extra petita, violando de forma flagrante su derecho de poder reclamar sobre las mejoras realizadas y el dinero que se ha invertido en las construcciones, dejándole en completa indefensión, atentado la seguridad jurídica garantizada por el art. 115 de la Constitución Política del Estado, el art. 8 del Pacto de Costa Rica.
Terminó peticionando que al amparo de la normativa legal precitada que demuestra que ha existido una interpretación errónea de la ley, mala valoración y peticiones extras por parte del Tribunal Ad quem que vician sus actos de nulidad solicito que sea declarado infundado el Auto de Vista y se revoque la Sentencia.
Que, partiremos entendiendo que es la simulación de un contrato y de acuerdo con Giorgi, el contrato es simulado cuando hay contradicción deliberada entre el acto interno del querer y su manifestación exterior. El elemento interno y el externo del consentimiento, no responde a la verdad. Entonces, simular equivale a hacer aparecer lo que no es, mostrar una cosa que realmente no existe. Por otro lado la simulación es la acción de representar alguna cosa, fingiendo o imitando lo que no es; el profesor Fernández de León indica: “Concierto o inteligencia de varias personas para dar a una cosa la apariencia de otra, fingimiento, ocultamiento”. La simulación también constituye la falsa apariencia de la naturaleza de un acto o la falta de verdad de ciertas manifestaciones contenidas en ese acto. En términos generales, simular es representar o hacer aparecer algo fingido; jurídicamente se define la simulación, como el acto jurídico que, por acuerdo de las partes, se celebra exteriorizando una declaración recepticia no verdadera, sea que carezca de todo contenido -pura apariencia-, o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado -apariencia que encubre la realidad-. Es decir, la simulación puede ser absoluta o relativa. La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real, y es relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter.
Nuestra legislación en el art. 543 del Código Civil dispone que: En la simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto entre las partes. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe la ley ni intenta perjudicar a terceros. La simulación del contrato es absoluta, cuando las partes del negocio simulado no quieren, en realidad, celebrar negocio alguno; en tanto que es relativa cuando produce la divergencia entre la intensión práctica y la causa típica del contrato o acto jurídico; es decir, existe contrato pero en ella existen situaciones contractuales que no corresponden a la realidad. Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Teoría General de los Contratos nombrando a la profesora Maria A. Pizza Bilbao indica que: “simulación absoluta, es cuando se celebra un contrato que no tienen nada de real, en cuyo caso las partes no solo no tienen voluntad de declarar sino que no tienen ningún contrato celebrado. Se declara vender, pero en realidad no se quiere vender ni realizar ningún acto de disposición ni de administración, por lo que la cosa falsamente transferida permanece en el patrimonio del falso enajenante y en su posesión”. Procedimiento muy frecuente en la vida practica mediante el cual las partes emplean conscientemente el contrato como “pantalla”, o como “mascara” para ocultar finalidades diversas de las que en él se manifiestan y que generalmente están inspiradas en finalidades contrarias a la ley.
Por otra parte el art. 544 del Código Civil nos enseña sobre los efectos con relación a terceros é indica: “I. La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes. II. Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los contratos a título oneroso concluidos con personas de buena fe por el favorecido con la simulación”. Las partes cuando celebran un contrato que afecta los derechos de un tercero, es decir de un extraño a la simulación, éste puede hacer valer sus derechos descubriendo la simulación practicada por las partes, demandando la nulidad del contrato en virtud a los perjuicios ocasionados a éste. Al descubrirse la simulación, ésta no produce ningún efecto, caído el acto aparente no queda acto jurídico y su efecto es retroactivo al estado original del negocio, en caso de que se trate de una transferencia, los bienes transferidos retornan al patrimonio del disponente.
En ese entendido si el enajenante simulado, transfiere un bien inmueble de su patrimonio a un adquiriente simulado y con dicho acto lesiona el derecho de un tercero, éste puede demandar la nulidad de dicha transferencia y demostrar por cualquier medio de prueba dicha simulación (art. 545 del Código Civil). Cuando la simulación es demandada por terceros, la prueba no esta limitada sino que son eficientes todos los medios, inclusive la de testigos, habida cuenta de que, en este tipo de simulación que afecta a terceros, no solamente hay la simulación sino también el fraude y las presunciones sirven a este propósito, ya que siendo la simulación una circunstancia que se mueve dentro del ámbito intencional de las partes, suele ser generalmente refractaria a un medio probatorio directo, deduciéndose más bien de una serie de deducciones y referencias relativas a la gestación del contrato objeto de discusión, como por ejemplo el precio pagado o no.
En la litis, Juan Carlos Sandoval López, al fallecimiento de su padre Daniel Sandoval Becerra, recién se enteró que el inmueble de propiedad de su padre, fue transferido por él y por su esposa Alejandrina Almanza de Sandoval, donde ambos cedieron el bien inmueble a favor de su hija Lili Patricia Sandoval Almanza y de sus hijos menores de ésta, Daniel Eduardo, Gina Claudia, Lisbeth Marcela, Pablo Alfredo y Julio Armando Villarroel Sandoval, venta que se efectuó por la suma de Bs.- 20.000 en fecha 17 de septiembre de 1991, protocolizada la misma en fecha 1 de diciembre de 1991, registrada en DD. RR. a fs y partida Nro. 2716 del Libro Primero de Propiedad de la Ciudad el 13 de diciembre de 1991; transferencia con reserva de usufructo de un bien inmueble con una extensión superficial de 598.75 mts2, lote marcado con el No. 7 ubicado en la zona de Aranjuez, calle Miguel Aguirre, Cantón Cala Cala de la ciudad de Cochabamba. El actor al notar la mala fe con que actuaron los demandados al tratar de excluirle de la herencia que contaba de parte del padre, ha demostrado que la adquiriente simulada, nunca cancelo el precio acordado para la venta, el actor en respaldo de lo estipulado en el art. 545 del Código Civil ha demostrado que Lili Patricia Sandoval Almanza quien se constituye en hija del enajenante simulado, al igual que los demás adquirientes quienes vienen a ser nietos del enajenante, contaban con un vinculo familiar bien estrecho, a tal extremo que siempre vivieron juntos en el mismo inmueble objeto de la litis, aspecto que se encuentra demostrado por las pruebas que fueron presentadas en obrados al igual del testimonio de transferencia del bien inmueble donde los enajenantes se reservan el derecho de usufructo del bien inmueble hasta el final de sus días, haciendo presumir que los transfirientes jamás perdieron la posesión del inmueble que transfirieron, mucho menos hicieron la entrega de la cosa comprada ni recibieron el monto del precio acordado, hecho que no pudo ser probado por los demandados quienes no aportaron prueba alguna que demuestre dicho pago, más al contrario los testigos de descargo presentados en la demanda de manera contradictoria al contrato de transferencia indicaron otro monto de precio, presumiéndose que no sabían o no conocían de dicho pago.
Todos estos antecedentes y pruebas que se debatieron el la litis, si bien por sí solos no demuestran la simulación demandada, sin embargo valorados en su conjunto plasman una presunción conforme lo norma el art. 1320 del Código Civil y de acuerdo a su prudente criterio el Juez de la causa determinó que el motivo por la que las partes suscribieron el contrato simulado era el de excluir la posibilidad de que el actor reclame para si la cuota parte que le correspondía como sucesor del propietario y vendedor. El Juez A quo presumió que existió acuerdo de partes, discordancia Intencional, y por último la intención de engañar, requisitos de un contrato simulado, aspecto que se encuentra corroborado en base a la presunción judicial, tomando en cuenta los elementos como el hecho de que se ha constituido en usufructo en el bien inmueble objeto de la litis, que los testigos de descargo no saben o no conocen sobre el precio cancelado por la venta y por último la estrecha relación que tenían los vendedores con los compradores, todos estos elementos han generado en el Juez presunción judicial.
Por su parte el actor ha demostrado la calidad de heredero que cuenta al fallecimiento de su padre Daniel Sandoval Becerra, extremo que ha sido probado por la resolución judicial de fecha 15 de octubre 2002 dictada por el Juez 6º de Instrucción en lo Civil de la Capital.
Si bien se presume la buena fe, no es menos cierto que dicha presunción puede ser desvirtuada, por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario; en ese sentido como se desarrollo la prueba producida en obrados generó la suficiente convicción en el Juez, respecto a la veracidad de los hechos expuestos por el demandante.
Por todo lo mencionado se concluye indicando que los Tribunales de Instancia aplicaron e interpretaron correctamente la norma, no existiendo violación alguna a los arts. 450, 452, 453, 454, 455, 483, 485, 519, 520 y 611 del Código Civil, citados en el recurso de casación, correspondiendo que éste Tribunal resuelva conforme a lo establecido en los arts. 271 num. 2) del adjetivo civil.
Con respecto al recurso de casación en el fondo presentado por Pablo Alfredo Villarroel Sandoval el mismo acusa cuestiones de forma, indicando que la resolución del Tribunal Ad quem fuese extra petita al determinar que se proceda a la división y partición de la herencia entre todos los herederos de Daniel Sandoval Becerra, aspecto que la amplia jurisprudencia al igual que la doctrina establecieron que debe acusarse en un recurso de casación en la forma y no en un recurso de casación en el fondo; toda vez que el art. 253 del Código de Procedimiento Civil es claro al indicar cuando procede el recurso de casación en el fondo y el art. 254 del mismo cuerpo legal indica también cuando procederá el recurso de casación en la forma y entre los numerales que señala esta claramente establecido el numeral 4 que señala: “Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones…”, artículo y numeral que no fue referido por el recurrente en su recurso de casación presentado en el fondo, notándose una falta total de técnica recursiva en toda la fundamentación al igual que la parte de su petitorio, que de manera incongruente solicita que se declare infundado el Auto de Vista y se revoque la Sentencia.
Por dicho motivo el recurso de casación no merece mayor análisis y la forma de resolución debe de inclinarse por dar aplicación al art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42, parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 217 a 219 vlta, interpuesto por Lili Patricia Sandoval Almanza, Daniel Eduardo, Gina Claudia, Lisbeth Marcela, Julio Armando Villarroel Sandoval, Alejandrina Almanza de Sandoval. Y en aplicación de los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del mismo cuerpo legal declara: IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 226 a 227, interpuesto por Pablo Alfredo Villarroel Sandoval, ambos contra el Auto de Vista de fecha 27 de junio de 2012. Con costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42