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﻿ Sentencia 2006-02505 de junio 27 de 2013
SENTENCIA 2006-02505 DE 27 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:NATURALEZA DE VINCULACIÓN LABORAL. LOS SERVIDORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS, TIENEN LA CALIDAD DE EMPLEADOS PÚBLICOS CON EXCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS. POR TANTO, LOS FUNCIONARIOS DE LOS ENTES UNIVERSITARIOS VINCULADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ORDEN TERRITORIAL OSTENTAN LA CALIDAD DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN RAZÓN DE LOS FACTORES ORGÁNICO Y FUNCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, UNIVERSIDAD, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PÚBLICO
Sentencia 2006-02505 de junio 27 de 2013
Ref.: expediente 080012331000200602505 01
Número interno: 2718-2012
Consiste en determinar si el acto por medio del cual la universidad del Atlántico reconoció una pensión de jubilación a favor de la señora Pastora Esparza Cadena aplicando la convención colectiva de trabajo suscrita por ese ente universitario, se ajusta o no a la legalidad.
Resolución 901 de 2 de octubre de 1992, expedida por el rector y el gerente de la caja de previsión de la universidad del Atlántico, que reconoció a favor de la demandada una pensión de jubilación desde el 1º de septiembre de 1992, fecha a partir de la cual le fue aceptada la renuncia del cargo de asesora, en cuantía de $ 259.637 equivalente al 81.19% del promedio salarial. El reconocimiento y liquidación se sustentó en lo dispuesto por el artículo 9º, literal b), de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en 1976 (fl. 25).
Según copia de la cédula de ciudadanía, la señora Pastora Esparza Cadena nació el 29 de octubre de 1936 (fl. 23).
Según Resolución 500 de 17 de mayo de 1976, expedida por el jefe de personal de la universidad del Atlántico, la demandada fue nombrada como aseadora del instituto Pestalozzi sección nocturna, con una asignación mensual de $ 1.500 (fl. 125).
A folio 121 obra contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito el 1º de abril de 1977 por la señora Esparza Cadena y la universidad del Atlántico, para desempeñar el cargo de aseadora (fl. 121).
Mediante Resolución 767 de 31 de agosto de 1992, el rector y la secretaria general de la universidad del Atlántico, aceptaron la renuncia de la demandada al cargo de asesora(sic) de esa institución educativa para entrar a disfrutar de la pensión de jubilación a partir del 1º de abril de 1992 (fl. 126).
Por mandato expreso del artículo 63 de la Constitución de 1886, con sus reformas, en especial la de 1957, la ley debía determinar las condiciones de jubilación y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público y el Presidente de la República, los gobernadores, alcaldes y, en general, todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla sino dentro de las normas que expida el Congreso para regular las condiciones de acceso al servicio público y de jubilación, retiro o despido.
(…) 19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:
A su vez, la Ley 4ª de 1992, en el artículo 12, dispuso que: “El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley(1)”.
La Constitución Política de 1991 no otorga a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales, solo el Congreso de la República puede fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para establecer los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos(2), por lo que, es ilegal cualquier disposición, de carácter departamental o municipal, como las ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o por vía de convenciones colectivas de trabajo.
“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”,
Al ser la universidad del Atlántico una institución oficial, la autonomía universitaria no incluye la facultad de reglamentar el régimen pensional de sus empleados dado que tal función es exclusiva del Congreso de la República por expresa disposición de la Constitución Política, lo que significa que es ilegal cualquier disposición que regule la materia.
Convención colectiva suscrita por la universidad del Atlántico
Los representantes de la universidad del Atlántico y el sindicato de trabajadores del ente educativo suscribieron convención colectiva de trabajo el 5 de abril de 1976, en la que determinaron el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo, y de los trabajadores de la universidad (fl. 31).
a) Con más de 10 años de servicio y menos de 15, a cualquier edad, si es retirado sin justa causa o cumple 60 años de edad y se retira voluntariamente.
Naturaleza de la vinculación de la demandada
La demandada insiste en que su labor de asesora(sic) en la institución educativa lo fue en calidad de trabajadora oficial porque así lo dispuso la universidad mediante contrato de trabajo a término indefinido en el que estableció que para efectos de prestaciones laborales la fecha de iniciación de labores fue el 5 junio de 1976 (fl. 121).
A su vez, el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968(3) determinó que los servidores de los establecimientos públicos, entre otros, tendrían la calidad de empleados públicos con excepción de “los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas”.
Los criterios fijados por la norma en cita para la determinación de quiénes son empleados públicos y trabajadores oficiales, permiten deducir que los funcionarios de los entes universitarios vinculados a instituciones educativas del orden territorial han ostentado la calidad de empleado público precisamente por los factores orgánico y funcional, tal como lo precisó la Ley 30 de 1992.
“Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar, pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas(4), pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga”. Negrilla fuera de texto”.
El artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, fue modificado con la entrada en vigencia de los Convenios Internacionales de la OIT 151 “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”, adoptados por la legislación nacional mediante las leyes 411 de 1997(5) y 524 de 12 de agosto de 1999(6), respectivamente(7).
De esta forma, la Corte reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria e instó al legislador para que regule los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva dentro de los limites que imponen su papel dentro del Estado(8).
Pese a lo anterior, el a quo convalidó la situación de la demandada en aplicación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y por tanto procede la Sala a dicho estudio en el siguiente orden:
Y es que si a diciembre de 1993 cuando entró en vigencia dicha ley, los trabajadores aún no habían adquirido el derecho pensional, no hay razón alguna que justifique que a los mismos se les aplique, cuando tan solo tienen una mera expectativa frente a una ley vigente, dichos preceptos pues ello genera una situación abiertamente violatoria de la igualdad, pues así como la expectativa se genera para quienes esperan pensionarse dentro de los dos años, porqué(sic) no para quienes cumplan los requisitos legales dentro de los dos años y un día o más?; nótese que lo que dispone la Constitución es que se garantizan los derechos ya adquiridos, que no pueden ser desconocidos por una ley posterior, y no las meras expectativas. Por ende, dichos trabajadores quedarán sometidos, al momento en que respecto de ellos se consolide el derecho pensional a las normas legales vigentes para aquel entonces, es decir, las contenidas en la Ley 100 de 1993.
Pese a lo anterior, observa la Sala que la sentencia que declaró inexequible el aparte citado fue proferida el 28 de agosto de 1997 sin que la Corte Constitucional modulara sus efectos en forma retroactiva, razón por la cual se entiende que la decisión rige solo hacia el futuro.
Sobre el tema, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 7 de octubre de 2010, expediente 1484-09, M.P. Víctor Hernando Alvarado, manifestó lo siguiente:
— Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no solo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma.
En este orden de ideas, como la demandada cumplió 15 años(9) de servicio en la universidad el 17 de mayo de 1991, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su situación debe entenderse convalidada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y por tanto, la pensión de jubilación reconocida conforme a la convención colectiva debe mantenerse en los mismos términos.
Por las razones expuestas, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demandada debe ser confirmado.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Confirmase la sentencia de 16 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la Universidad del Atlántico contra Pastora Esparza Cadena.
(1) Decreto 1919 de 2002 determina que el régimen prestacional de los empleados territoriales es el dispuesto por los empleados de la Rama Ejecutiva.
(3) El aparte del artículo que le permitía a los establecimientos Públicos precisar las actividades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-484 de 1995.
(4) La Corte Constitucional en Sentencia C-110 de 1994 consideró que tal restricción tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución que establece excepciones al ejercicio del derecho de asociación.
(5) Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-377 de 1998.
(6) Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-161 de 2000.
(7) Teniendo en cuenta lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 53, inciso 4º de la Constitución, dichos convenios forman parte de nuestra legislación interna.
(8) (…) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.
Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial y concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los convenios 151 y 154 de la OIT debidamente certificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente”.
(9) Tiempo mínimo de servicio exigido por la convención colectiva para acceder al derecho pensional.

References: Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 416
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 55
 artículo 53
 artículo 55