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Timestamp: 2019-05-20 13:24:24+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-10-19Regresar
El 75 % de beneficios empresariales son para pagar impuestos.
El listado, elaborado a partir del informe de Competitividad Global, muestra a los países menos competitivos en materia tributaria.
El último informe de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial, fue lanzado recientemente ofreciendo una actualización anual sobre el estado económico de los países.
El informe utiliza un conjunto de indicadores, que van desde lo fácil que es abrir un negocio hasta la probabilidad de que funcionarios públicos acepten un soborno.
Una estadística interesante que se resalta en este reporte es la carga tributaria del país o tasa de impuesto total, la cual es una variable que combina distintas clases de impuestos.
Esta es medida como el total de contribuciones obligatorias que debe pagar una empresa durante su segundo año de funcionamiento como porcentaje de los beneficios comerciales. Las puntuaciones más altas indican menor competitividad.
( 2015-10-19) Consultar
CRUCES DE INFORMACION POR LA DIAN - Se ven afectadas cuando la información del contribuyente presenta errores.
INFORMACION TRIBUTARIA CON ERRORES - Causa daño a la DIAN al no permitirle realizar cruces de información.
En concordancia con lo anterior, la Sala ha sostenido que en la sanción por no informar, el daño o perjuicio al fisco se configura en la medida en que las conductas que dan lugar a la infracción afectan la función de la DIAN, encaminada a efectuar los cruces de información necesarios para el control de los tributos.
GRADUACION DE LA SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Procedencia.
PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD - Criterios para imponer sanción reducida por no enviar información.
Sin embargo, de acuerdo con el literal a) del artículo 651 del E. T., la sanción puede graduarse, pues la preposición "hasta el 5/" que utiliza dicha disposición, indica el límite, de modo que todo lo anterior a éste también se entiende comprendido en tal expresión.
Al respecto, la Sala ha reiterado que "es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión 'hasta el 5/', le otorga a la Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria"; por tanto, corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad, sino también los de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C - 160 de 1998, invocada por la demandante.
En efecto, al estudiar la exequibilidad del artículo 651 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó que las sanciones que puede imponer la Administración, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen su poder sancionador.
Así, no todo error cometido en la información que se remite a la autoridad tributaria, puede generar las sanciones consagradas en la norma en mención, pues, la entidad está obligada a demostrar que el mismo lesiona sus intereses o los de un tercero. Luego, no todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
Por tanto, las sanciones que imponga la administración por el incumplimiento de este deber, deben ser proporcionales al daño que se genere. Si no existió daño, no puede haber sanción.
SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION - Hechos constitutivos de la sanción
REDUCCION DE LA SANCION - Procedencia.
La Sala ha precisado que cuando la información se presenta oportunamente, las conductas sancionables pueden ser, que la misma no corresponda a lo solicitado, o, que, a pesar de corresponder a la información que se debe suministrar, "el contenido" presente errores, entendidos éstos como los relacionados con los datos, cifras o conceptos específicos que por ley se está obligado a reportar, los cuales deben ser exactos.
Así, no se configura la infracción si los errores recaen sobre una información diferente a la que debe suministrarse. De otra parte, el mismo artículo 651 del Estatuto Tributario dispone que la sanción puede reducirse al 10/ de su valor, si la omisión que la genera se subsana antes de notificarse el acto sancionatorio, o al 20/, si es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de dicho acto.
Para tal efecto, se requiere que el obligado presente un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.
VIA GUBERNATIVA - En ella deben plantearse los mismos hechos que luego habrán de aducirse ante el juez administrativo.
ARGUMENTO NUEVO - No altera la causa ni el objeto de la actuación tributaria.
Por ser la vía gubernativa la oportunidad para discutir administrativamente la legalidad de un acto particular, sólo los hechos que en ella se debaten pueden ser objeto de control judicial, es decir, que los fundamentos fácticos de la vía gubernativa y la vía jurisdiccional contra un acto administrativo, deben ser los mismos.
En tal sentido, la Sala ha precisado que invocar en la demanda hechos no alegados en vía gubernativa, viola el derecho de defensa de la Administración, no así la invocación de nuevos argumentos, pues, éstos no alteran la causa ni el objeto de la actuación tributaria, de modo que el fisco puede contradecirlos a través de la contestación de la demanda.
Lo anterior, porque mientras los argumentos son razonamientos dirigidos a demostrar una situación de hecho previamente planteada, con el ejercicio de una labor dialéctica que busca persuadir o disuadir al juez, que no amplía ni recorta dicha situación, el hecho nuevo amplía la realidad fáctica que da lugar a la actuación contra el administrado.
Si bien es cierto las razones alegadas ante la jurisdicción no son iguales a las que expuso en la vía gubernativa, es claro que no modifican los hechos que dieron origen a la actuación administrativa, sino que son simplemente argumentos que fundamentan el ataque de legalidad de los actos, a los cuales podía oponerse la Administración a través de la contestación de la demanda.
REDUCCION DE LA SANCION POR INFORMACION CON ERRORES - No cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la sanción.
Del oficio 000287 de 30 de abril de 1997 se desprende que la actora interpuso recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio, y, además, se acogió a la sanción reducida, lo cual no es excluyente, pues, como lo ha precisado la Sala, la presentación del memorial de aceptación no cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación que culminó con la imposición de la sanción, porque ello prohijaría la exclusión del control gubernativo y/o jurisdiccional de estos actos, y porque consentir en la aceptación de la sanción reducida no es una confesión, sino un requisito para acogerse al beneficio de reducción.
Así, la reducción de la sanción por no enviar información, al 10 o 20/ de su valor, es un derecho de opción para el contribuyente que, de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario, depende del momento en que se ejerza, y el cual no cierra la posibilidad de controvertir total o parcialmente la sanción impuesta.
RECURSO DE RECONSIDERACION - Cuando se decide agota la vía gubernativa en el procedimiento tributario.
La vía gubernativa es un presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos particulares, excepto en los casos en que la Administración no otorga la oportunidad de impugnarlos (art. 135 del Código Contencioso Administrativo).
De acuerdo con los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo, aplicables a los procedimientos administrativos no regulados por disposiciones especiales (art. 1, inc. 2 ibídem), la vía gubernativa se agota cuando contra el acto definitivo no procede ningún recurso; cuando el acto queda en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o queja, y, cuando los recursos interpuestos se deciden.
En el procedimiento tributario para determinación de obligaciones fiscales por impuestos y sanciones, el artículo 720 del Estatuto Tributario dispuso que, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del mismo estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la DIAN, procede el recurso de reconsideración.
Salvo el caso de las liquidaciones oficiales de revisión, cuando se cumplen los requisitos del artículo 720 [par] del Estatuto Tributario, la vía gubernativa respecto de los actos anteriores sólo se agota cuando la Administración decide el recurso de reconsideración interpuesto en debida forma (722 ibídem), pues éste fue el único medio de impugnación que se estableció para discutirlos.
¿Es viable para una persona jurídica sin ánimo de lucro solicitar la devolución de lo pagado por concepto de aportes parafiscales alegando ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), pues manifiesta no pertenecer al régimen tributario especial y por tanto debe asimilarse a una sociedad de responsabilidad limitada?
No es viable para una persona jurídica sin ánimo de lucro solicitar la devolución de lo pagado por concepto de aportes parafiscales pues carece de la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y, por tanto, continúa obligada al pago de aquellos.
Mediante el radicado de la referencia formula una serie de preguntas en torno a los artículos 12, 13 y 16 del Decreto 3026 de 2013, las cuales se atenderán cada una a su turno, así:
1. Si en un año o período gravable el establecimiento permanente y/o sucursal no realiza ningún tipo de operación con sus vinculados económicos, ¿está obligado(a) a realizar el estudio previsto en el artículo 12 del Decreto 3026 de 2013?
2. ¿Qué dependencia al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene la competencia para verificar el estudio de que trata el artículo 12 del Decreto 3026 de 2013?
3. ¿Tiene el contribuyente la obligación de presentar periódicamente a la Administración Tributaria el estudio contemplado en el artículo 12 del Decreto 3026 de 2013, o su obligación se circunscribe únicamente a la realización y conservación del mismo según lo dispone el artículo 16 ibídem?
4. ¿Tiene la Administración Tributaria la facultad para solicitar y controlar en cualquier momento el estudio de que trata el artículo 12 del Decreto 3026 de 2013?

References: artículo 651
 artículo 651
 artículo 651
 artículo 651
 artículo 651
 artículo 651
 artículo 720
 artículo 720
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 12