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Timestamp: 2017-10-21 19:25:51+00:00

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Alex Alí Méndez | El Juego de la Suprema Corte
El primero de agosto de este año el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2016 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos1 (CNDH). En la demanda impugnó directamente la constitucionalidad del artículo 300, en la porción normativa ‘el hombre y la mujer’, y en vía de consecuencia el numeral 294, ambos del Código Civil para el estado de Puebla.
El texto del artículo 300 señalaba que “no pueden contraer matrimonio el hombre y la mujer, antes de cumplir dieciocho años de edad”; mientras que el numeral 294 definía al matrimonio como “un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”.
La demanda sostuvo que los numerales impugnados violaban el principio de igualdad y no discriminación contenido en la Constitución federal y diversos tratados internacionales.
Como dato relevante, si bien la impugnación se dirigió únicamente contra los artículos 294 y 300 del Código Civil de Puebla; al señalar los efectos de una eventual sentencia de invalidez, la CNDH solicitó que se “se invalid[aran] todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos…”2
Al realizar el estudio de constitucionalidad, el Pleno de la SCJN, por unanimidad de 11 votos, resolvió dos cosas:
a) Declarar la invalidez del artículo 300, en la porción normativa ‘el hombre y la mujer’ y del artículo 294 en la porción normativa “perpetuar la especie y”.
b) Ordenar una especie de interpretación conformede las porciones normativas ‘un sólo hombre y una sola mujer’ del citado artículo 294 y ‘como marido y mujer’ del artículo 297; asimismo estableció que el resto de las normas que regulan la materia civil y familiar deberá entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o de diferente sexo.3
El debate de esta decisión es una oportunidad para retomar diversos elementos que permiten evaluar su eficacia así como su coherencia con otras decisiones de la propia Corte.
El primer elemento que se debe tomar en cuenta es que esta resolución no es la primera en su tipo ni se da de forma aislada; se enmarca en la batalla que se libra actualmente para restablecer la vigencia del marco constitucional, específicamente en lo relacionado con el derecho a la no discriminación en el acceso a la figura del matrimonio por parte de parejas del mismo sexo.
Como es sabido, la justicia constitucional no interviene a capricho sino únicamente en aquellos casos que son sometidos a su conocimiento a través de los distintos medios de control diseñados para ello; este fue el caso de la llegada a los tribunales de la discusión en torno a la constitucionalidad del matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer, excluyendo con ello a las parejas del mismo sexo.
El debate constitucional inició en la Corte con la acción de inconstitucionalidad 2/2010 resuelta en agosto de 2010 relativa únicamente a la legislación del entonces Distrito Federal. A partir de ahí las instituciones y el sistema de partidos guardaron silencio en el resto del país hasta que el tema volvió a surgir desde Oaxaca con tres juicios de amparo promovidos por parejas del mismo sexo a quienes le habían negado su solicitud de matrimonio.
Estos juicios llegaron al conocimiento de la Primera Sala de la SCJN, se resolvieron en diciembre de 2012 y a partir de ahí la presentación de juicios de amparo se convirtió en un fenómeno casi masivo que de forma indirecta posicionaron el tema como uno de los principales asuntos en el debate público.
Desde finales de 2012 se ha avanzado exponencialmente en el acceso al matrimonio igualitario: se han tramitado más de 200 juicios de amparo en todo el país; Coahuila, Nayarit, Morelos, Campeche, Colima y Michoacán han reformado su legislación; la Primera Sala de la SCJN ha integrado diversas jurisprudencias; la CNDH emitió la recomendación general No. 23 y ha promovido diversas acciones de inconstitucionalidad que, resueltas por la SCJN, han declarado la invalidez de los marcos normativos de Jalisco, Chiapas y recientemente Puebla; el matrimonio igualitario en Chihuahua es una realidad de facto aunque no se haya modificado su Código Civil y la SCJN actualmente tiene en trámite tres expedientes de Declaratorias Generales de Inconstitucionalidad.
Este es el contexto en el que se enmarca la reciente decisión de la SCJN, es parte de los resultados a los que ha dado lugar el impulso de la ciudadanía en el reclamo de sus derechos; antes del año 2010 el matrimonio igualitario no era un tema en la agenda de derechos humanos y hoy en día se ha convertido en el movimiento con mayores avances en un lapso relativamente corto.
Ahora bien, ¿qué hay que decir a cerca de la decisión de la SCJN respecto del Código Civil de Puebla?, la respuesta hasta ahora debe construirse a la luz de los resolutivos que es lo único a lo que se tiene acceso pues aun no se publica el engrose que permitirá el estudio detallado de la sentencia. Tampoco la discusión del Pleno aporta mayores elementos ya que los ministros únicamente se avocaron a realizar algunas precisiones menores por considerar que el proyecto debía resolverse en los mismos términos que la acción de inconstitucionalidad 32/2016 respecto de la legislación civil del estado de Chiapas, discutida en una sesión previa.
En este sentido, tanto el debate de la acción de inconstitucionalidad 32/2016 como los puntos resolutivos de la sentencia en estudio dejan al descubierto diversos elementos que no salen bien librados de un escrutinio constitucional.
En principio, es cuestionable la decisión del Pleno de declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa “hombre y mujer” contenida en el artículo 300, pero solamente ordenar una interpretación conforme de una variante de esa misma expresión (“un hombre y una mujer”) contenida en el numeral 294, ambos del Código Civil del Estado de Puebla.
Si la porción normativa del artículo 300 fue declarada inconstitucional y, por tanto, inválida al violar el principio de no discriminación, qué argumentos sostendrían que una disposición que ocupa la misma expresión no siguiera la misma suerte.
Por otro lado, la decisión del Pleno también ordenó indirectamente una interpretación conforme de la porción ‘como marido y mujer’ del artículo 297 sin que éste numeral haya sido siquiera invocado en la demanda de la CNDH; sin embargo, la SCJN no fue tan diligente para especificar qué otro artículos del Código Civil requerían una intervención aunque sea interpretativa.
Así, la principal incoherencia es que para el Pleno, respecto de un mismo problema de inconstitucionalidad que afecta a diversos artículos, sólo algunos se declararon inconstitucionales y, por lo tanto, inválidos mientras que del resto, aún siendo igualmente discriminatorios, se ordenó su interpretación.
Al analizar el debate de la acción de inconstitucionalidad 32/2016 se desprende que la SCJN discutió en primer término si la porción normativa era inconstitucional, al resolverse que sí lo era se procedió a determinar si se invalidaba sólo la porción normativa “el hombre y la mujer” o el artículo completo.
La decisión del pleno fue invalidar sólo la porción normativa y mantener vigente el resto del texto del artículo. A continuación el Pleno se enfrentó ante la cuestión de qué hacer con el resto de las normas que se veían afectadas en vía de extensión. La propuesta era declarar la inconstitucionalidad de las porciones de diversas porciones normativas que se encontraban redactadas en los mismos términos que aquella que había sido declarada previamente. Sin embargo, se sostuvo que de procederse de esa manera varios de los artículos quedarían ininteligibles por lo que finalmente se decidió un tipo de mandato amplio de interpretación conforme.
En este tema, al inicio del debate de la acción de inconstitucionalidad 32/2016 el ministro José Ramón Cossío Díaz sostuvo que si al eliminar las porciones discriminatorias las normas quedaran inteligibles se debían invalidar en su totalidad para de esa manera “forzar”4 al Congreso a legislar adecuadamente.
El propio proyecto del ministro Medina Mora, ponente en la acción de inconstitucionalidad 29/2016, sugería que una vez declarada la invalidez de las diversas normas discriminatorias, se solicitara al Congreso de Puebla que legislara para efecto de regularizar el sistema normativo ya sin la violación al derecho a la no discriminación.
Sin embargo, esta propuesta no prosperó y se decantó por una interpretación conforme en los términos aludidos. A pesar de la existencia de una violación al principio de no discriminación, se prefirió buscar un parche constitucional con tal de no afectar la acción del legislador en lugar de visibilizar el problema de discriminación y pasarle los costos no a quienes el texto continuaría discriminando sino a la autoridad que legisla violando el texto constitucional.
Al no invalidar las normas, privilegiando su vigencia, se invisibiliza el problema de discriminación hacia la población LGBTTTI porque, con independencia de cómo se interprete un texto al momento de su aplicación, el mensaje del Código Civil continúa proyectando, en su propio texto y de forma literal, la visión de un sólo modelo de familia: la que surge a partir de la unión entre un sólo hombre y una sola mujer.
Sin negar que la SCJN ha sido una aliada decisiva en el avance en el reconocimiento del matrimonio igualitario, en este caso la decisión del Pleno no es acorde al paradigma que privilegia la protección de los derechos humanos.
La exigencia, en palabras de Medina Mora, de “p[edirle] a los textos que digan cosas que no dicen”,5 no es una decisión acorde con un tribunal constitucional que tome en serio su papel de protector de la Constitución. Así la sentencia se convierte en un parche constitucional que retrasa la visibilización de la discriminación que diariamente sufren las familias homoparentales.
Estas circunstancia conduce a la pregunta acerca de los futuros escenarios en términos del debate constitucional.
Desde la sociedad civil hemos continuado la estrategia de tramitación de juicios de amparo que originariamente buscaba sólo la declaración de inconstitucionalidad de la definición de matrimonio. El siguiente paso que se está construyendo es que las parejas del mismo sexo unidad en matrimonio impugnen la constitucionalidad de todas aquellas normas que expresamente se refieran al “hombre” y la “mujer”, “marido” y “mujer”, “padre” y “madre”, “esposo” y “esposa”.
En esta estrategia se han dado los primeros pasos en Puebla, en el amparo indirecto 1478/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales un matrimonio del mismo sexo demandó la inconstitucionalidad de más de 50 artículos del Código Civil de esa entidad por utilizar un lenguaje discriminatorio que excluye a las familias homoparentales.
En conclusión, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2016 representa un avance en términos de que como resultado el estado de Puebla se suma a las entidades en las que las parejas del mismo sexo ya no requerirán la tramitación de un juicio de amparo para poder unirse en matrimonio; sin embargo, la resolución no es del todo coherente con un marco constitucional que aspira a tener a los derechos humanos como su eje de acción en tanto que privilegió la acción legislativa por sobre la visibilización de la discriminación en contra de las familias homoparentales contenida en diversas normas del Código Civil del estado de Puebla.
Alex Alí Méndez. Abogado; director de litigio en México Igualitario. Twitter: @alex_ali_md
1 Véase Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Demandas de acción de inconstitucionalidad, 29/2016, disponible en http://bit.ly/2wmLDuW
2 Ibíd., p.28.
3 Para consultar el texto de los resolutivos véase http://bit.ly/2wmpLQt
4 Véase la versión estenográfica de la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016, p. 39, disponible en http://bit.ly/2uixCBm
5 Ibíd., p.71.

References: artículo 300
 artículo 300
 artículo 300
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 297
 resolución 
 artículo 300
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 artículo 297
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