Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120214-V.html
Timestamp: 2018-01-22 18:22:36+00:00

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Gaceta Parlamentaria, año XV, núMero 3450-V, martes 14 de febrero de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobernadores a implantar caminatas y paseos en bicicleta en las principales calles del país, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a evaluar la posibilidad de establecer un incentivo fiscal para empresas que empleen a personas de entre 40 y 60 años de edad, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Hidalgo a investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del desalojo verificado el 28 de enero de 2012 en el predio Colonia Abril, zona 20 de Noviembre, al norponiente de Pachuca, así como a repararles los daños que sufrieron, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que realice acciones para frenar el alza de las gasolinas, del diesel y de la canasta básica, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Colima a respetar las donaciones y no destinarlas a fines distintos de los previstos en la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a ejecutar medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán, Michoacán, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SFP y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar sobre presuntas faltas administrativas y delitos electorales por servidores públicos federales en Pueblo Nuevo, Durango, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Infonavit a poner fin a los violentos desalojos contra trabajadores y decretar una prórroga indefinida en el cobro de créditos, especialmente en las zonas del país más afectadas por la crisis económica, la sequía y la violencia, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SFP que investigue los procesos de licitación pública en materia de infraestructura carretera por presuntos actos de corrupción, particularmente en la autopista Siglo 21 de Michoacán, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para que se denomine Salón de Protocolo José Miguel Ramos Arizpe el situado en el edificio C del Palacio Legislativo, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SRE a contratar un seguro de vida en beneficio de los migrantes, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se propone crear la medalla de la paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, y otorgarla a mexicanos y a organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor en favor de la cultura de no violencia en el país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Nuestras niñas y niños merecen un mejor presente y un mejor futuro, no olvidemos que el reclutamiento de adolescentes por bandas de narcotraficantes es un fenómeno que se inició en el 2000 y que actualmente se está desarrollando como una opción más de empleo, en cada captura de una banda de traficantes es común encontrar menores de edad.
Para la juventud mexicana incorporarse al crimen organizado es fácil. Toma poco tiempo pasar de vendedor de drogas ambulante a sicario, y según el criterio de la Secretaría de Seguridad Pública la edad promedio en que los jóvenes se vuelven sicarios es de 24 años.
Por ende es importante mencionar que niñas y niños observan la televisión, alrededor de tres a cuatro horas diarias, y que ésta tiene una influencia poderosa en el desarrollo de su sistema de valores y en la formación de la conducta.
Asimismo, gran parte de la programación actual es violenta y orientada al consumo. Cientos de estudios sobre los efectos de la violencia en la televisión en niños, adolescentes y personas adultas, ofrecen como resultado el que por cuestiones de estrés puedan:
- Volverse inmunes al horror de la violencia.
- Aceptar gradualmente la violencia como un modo de resolver problemas.
- Imitar la violencia que observan en la televisión.
Como resultado de un stress que nos afecta por los actos violentos que actualmente vive el País, los mexicanos y en especial los niños y niñas que contemplan excesivas escenas de violencia tienden a ser más agresivos. Algunas veces, el mirar un sólo acto violento puede aumentar la agresividad. Las niñas y los niños que miran espectáculos en los que la violencia es muy realista, que se repite con frecuencia, o no recibe castigo, son los que más tratarán de imitar lo que ven. La influencia de la violencia en nuestra sociedad actual puede manifestarse de inmediato en el comportamiento del niño o la niña, o aflorar años más tarde.
Los hechos violentos que se han suscitado en nuestro país se han considerado como una guerra psicológica, en la que el terror desencadena miedo extremo, incontrolado y que además se desarrolla súbitamente, además de que en algunos casos paraliza a las personas.
El miedo resulta ser un estímulo para la actividad del sistema nervioso simpático, que desencadena reacciones motoras; tales como el temblor, encogimiento, huída, ataques convulsivos, que con frecuencia desorganiza las actividades motoras y provoca que el individuo cometa abundantes errores.
Las personas y en especial nuestras niñas y niños, gritan, la respiración se vuelve rápida y superficial, presentan sudoraciones profusas y taquicardia. Como el sistema nervioso simpático esta estimulado, éste, a su vez, de forma súbita estimula a las vísceras y llega a originar enfermedades como la diabetes.
Políticamente el terror crea inseguridad, desconfianza, sentimiento de fracaso y desaliento, siendo esto, la antesala de la huída y alejamiento de la organización política.
Estamos programando a nuestros jóvenes con violencia. ¿Cómo podemos pedirles otro comportamiento? Estamos frente a modelos negativos a seguir, gracias a la narco cultura, donde se le idolatra y coloca al narcotraficante como un héroe, un redentor, un paladín de la justicia social, ayudando a los pobladores de sus lugares de origen, pero aniquilando a miles de jóvenes y niños a través de la farmacodependencia.
Estudios en diferentes partes del mundo confirman la influencia decisiva de los medios de comunicación en la generación del crimen. Más del 70 por ciento del contenido de la Tv tiene programas violentos, además de las películas y video juegos, aunado a la violencia en nuestras calles, donde cada vez más vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Resulta cotidiano ver como día a día matan a seres humanos y por morbo los jóvenes buscan hasta las imágenes más sangrientas, y si además en el barrio, el más respetado es el pandillero más violento y debes pertenecer a la pandilla de la localidad para que te respeten otras pandillas.
Estamos rodeados de violencia. ¿Cómo pedimos que nuestra ciudadanía sea pacífica si la estamos programando para la violencia?
Necesitamos una intervención integral, que vaya más allá de eliminar cierto tipo de conductas. Sin embargo, definitivamente, el primer paso es sustituir la cultura bélica por una cultura de paz en la que mostremos a nuestra niñez mexicana que para resolver conflictos de desigualdad y de diversidad, no se debe echar mano a la fuerza, el poder, ni la violencia.
Es preocupante la indiferencia de la sociedad con respecto a la importancia del juego, sobre todo que derivado del contexto actual de inseguridad que atraviesa el país, debemos ser consientes de no vender o comprar artículos que promueven una cultura de violencia.
La alternativa que propongo es la creación de un programa que estimule la mente de nuestros ciudadanos y libere el stress producido por los problemas que atraviesa el país organizando paseos en bicicleta, así como caminatas al aire libre en las principales calles del país por lo menos dos veces al mes, sin olvidar que esto lograría hacer que México sea nuevamente atractivo para el turismo.
Por ello compañeras y compañeros legisladores debemos exigir al Gobierno Federal, que brinden todas las facilidades para el desarrollo de este programa, los mexicanos merecemos un país libre de violencia y no una sociedad estresada, intimidada y horrorizada por todos los actos violentos a causa del crimen organizado.
En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, y Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del gobierno federal y a los titulares de los gobiernos estatales y municipales, para implementar como un programa antiestrés, caminatas y paseos en bicicleta en las principales calles de nuestro país; fomentando la unión familiar, repercutiendo en forma benéfica para atraer el turismo y reactivar la economía del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2011.
Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
El suscrito, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Personas adultas que oscilan entre 40 y 60 años de edad y están sin trabajo es una realidad que enfrentamos con mayor frecuencia. Un factor importante para este hecho es que a los mayores de 40 años se desvincula a la posibilidad de reinsertarse en un nuevo empleo suponiendo que alguien de esa edad ya es grande para ser entrenado o que su permanencia en la empresa no será tan prolongada como para que se justifique invertir en su formación.
Quien toca la puerta de una empresa para solicitar trabajo después de los 40 años de edad no obtiene la misma respuesta que un joven de 25, y eso lo saben los más de 540 mil 103 personas de esta edad sin empleo.
Sin embargo, la realidad es que los mayores de 40 están en pleno uso de facultades físicas y mentales, y que los años de experiencia laboral acumulada los dotan de conocimientos que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones.
El objetivo principal de esta propuesta estriba en apoyar a un sector de la población económicamente activa (PEA) que frecuentemente sufre de discriminación al momento de buscar empleo, pues la edad se presenta como un factor contra dicho propósito.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2010 la PEA ascendía a 47 millones 131 mil 536 personas. De éstas, 44 millones 480 mil 562 se encontraban ocupadas y sólo 2 millones 650 mil 974 se situaron en la categoría de desocupadas. Eso indica que 94 por ciento estuvo ocupado y el resto desocupado.
De la PEA ocupada, aproximadamente 57 por ciento se encuentra en un rango de edad de entre 12 y 39 años, 34.8 entre 40 y 59 años, 8.2 entre 60 y 89 años y sólo 0.03 en rango no especificado.
Ahora bien, del 6 por ciento de la PEA desocupada, 1.1 por ciento se encuentra en el rango de edad de entre 40 y 59 años, cifra que asciende a 540 mil 103 personas.
Como notamos en las cifras expuestas, la población objetivo de esta propuesta no muy amplia; por tanto, en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico considere la posibilidad de crear un incentivo fiscal para atender esta problemática, el efecto presupuestario no sería elevado.
Como legisladores, es nuestro deber concienciar a las empresas y a las dedicadas al reclutamiento de personal en cuanto a la realidad sobre las proyecciones de edad laboral, a fin de incluir en su personal personas mayores de 40 y no exigir límite de edad. Por eso vengo ante esta soberanía a solicitar que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar la viabilidad de crear un incentivo fiscal para empresas que empleen a adultos de entre 40 y 60 años de edad.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el presente
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la posibilidad de crear un incentivo fiscal para empresas que proporcionen empleo a adultos que oscilan entre 40 y 60 años de edad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobierno de Hidalgo y de manera especial al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional, para que investigue y, en su caso, sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de las víctimas del desalojo verificado el sábado 28 de enero de 2012 en el predio ubicado en la zona norponiente de Pachuca, denominado Colonia Abril, en la zona 20 de noviembre, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. De igual forma, se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo para que no se criminalice el activismo social desarrollado por la organización 20 de Noviembre y Unión de Fuerza Indígena y Campesina; determinando en consecuencia la inmediata libertad de Edith Ibarra Jiménez; bajo las siguientes consideraciones y antecedentes
Primero. El Estado y la sociedad mexicana en su conjunto han plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos su disposición de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todos los que habitamos en el territorio nacional.
Segundo. En este contexto, con fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mediante este decreto, el Estado mexicano adquirió las siguientes determinaciones:
1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
2. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Tercero. En ese tenor, existe un consenso nacional e internacional de que la vivienda en un derecho humano de toda persona, mismo que es reconocido por el séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución de la República, al indicar que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Cuarto. El derecho a una vivienda adecuada implica el derecho a tener un hogar y una comunidad seguros en donde se pueda vivir en paz y dignidad. La realización de este derecho requiere del cumplimiento de varios factores, como: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructura, ubicación adecuada, condiciones de habitabilidad, que la vivienda sea accesible y asequible por todas las personas sin discriminación, que su mantenimiento entrañe gastos soportables y que sea culturalmente adecuada.
Quinto. En nuestro país existe claridad de que hace falta una política de vivienda con enfoque de derechos humanos y de sustentabilidad, que promueva la coordinación interinstitucional para encontrar soluciones apropiadas a los desafíos del desarrollo urbano, la vivienda y el medio ambiente, incluyendo la situación de los asentamientos irregulares y el desarrollo inmobiliario en zonas de conservación.
Sexto. Es un hecho sabido que la población en condición de pobreza o extrema pobreza no cuenta con los recursos para acceder por sí misma a un terreno o construcción regularizada, segura y con los servicios básicos como agua potable, luz y drenaje; son muchas las personas y familias que habitan en asentamientos irregulares y que no tienen acceso a los programas de vivienda. En cuanto a la accesibilidad de la vivienda, millones de mexicanos y mexicanas presentan problemas tanto en el plano del acceso económico, el acceso físico e incluso el acceso a la justicia.
Séptimo. De acuerdo a los datos aportados en el presente caso, es evidente que Hidalgo la vivienda presenta limitaciones y obstáculos de diversos tipos, y la superación de los mismos requiere acciones legislativas, ejecutivas, de coordinación interinstitucional y concertación social; debiéndose en consecuencia proscribir todo acto violento como el suscitado en el predio ubicado en la zona norponiente de Pachuca, denominado Colonia Abril, en la zona 20 de Noviembre, municipio de Pachuca de Soto.
Octavo. Bajo estas premisas, es evidente que en el predio objeto del desalojo el gobierno de Hidalgo ha vulnerado el derecho que tienen las personas al gocen de la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra; asimismo, esta soberanía observa en este tipo de acciones de fuerza que el gobierno del estado ha omitido definir el mecanismo o procedimientos para consolidar y regularización el inmueble, a pesar de tener las instituciones legales pertinentes para ello, tal y como lo es la expropiación. Por otra parte, es claro que el desalojo referido con anterioridad sin duda alguna ha profundizado la discriminación que implica el no poder acceder a una vivienda adecuada.
Noveno. En la misma línea de pensamiento, esta representación popular observa con preocupación que el desalojo fue realizado al margen del cumplimiento de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, pues está acreditado que se trato de un desalojo forzado, materia en la que México ha sido objeto de varias recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de vigilancia y protección de derechos humanos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada.
Décimo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, no es suficiente que un lanzamiento o desocupación sea justificado y esté debidamente fundamentado con base en la normatividad local, ni basta que la sentencia o decisión se ejecute con apego a los principios generales de derecho; es fundamental que todo lanzamiento y toda desocupación se ejecuten observando el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye una serie de criterios y estándares en materia de desalojos que deben cumplirse para disminuir el sufrimiento y la afectación de derechos humanos de las personas afectadas.
Undécimo. En el caso del desalojo del predio ubicado en la zona 20 de Noviembre, municipio de Pachuca de Soto, es evidente que no se cumplieron los estándares sobre el derecho a la vivienda y los principios en materia de desalojos, en particular; respetar el derecho al debido proceso, el derecho a la seguridad, a vivir en paz; a la consulta de las personas, a la proporcionalidad en el uso de la fuerza y al resguardo de los bienes. De igual forma, el desalojo impuesto ha violentado el derecho a la consulta con las cientos de personas que habitaban el predio de todas las alternativas de solución; máxime si se estaban desarrollando mesas de trabajo en la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.
De los datos existentes, se tiene evidencia que el asentamiento humano ubicado en el predio Abril de la zona 20 de Noviembre data del mes de agosto del año 2010, temporalidad que hace inverosímil la justeza y legalidad de la acción de desalojo ejecutado por diferentes corporaciones policíacas estatales y municipales de Hidalgo.
Duodécimo. A través del desalojo forzoso se ha vulnerado la esfera de derechos de aproximadamente 220 familias, (mil 500 personas de todas las edades y condiciones) aglutinadas en lo que llaman Organización 20 de Noviembre, lo cual no solamente agravia a la sociedad hidalguense sino al conjunto de la sociedad mexicana.
Por otra parte, y dado el actual germen de convulsión social que existe en la sociedad, es obligación del estado en todos sus órdenes de gobierno proscribir la criminalización del activismo y la protesta social. En el caso que nos ocupa es evidente que la detención de Edith Ibarra Jiménez, precandidata del Partido de la Revolución Democrática a diputada federal al distrito VI y dirigente de Organización 20 de Noviembre y Unión de Fuerza Indígena y Campesina, se circunscribe en una acción de criminalización que debe cesar de manera inmediata.
La detención de Edith Ibarra Jiménez del viernes 27 de enero del año en curso, un día antes de ejecutarse el desalojo forzoso, es sin duda una acción que criminaliza el activismo social y se observa como una estrategia del gobierno y la fuerza pública para detener y condenar un esfuerzo de ciudadanos y ciudadanos con reivindicaciones legítimas y legales.
En las relatadas condiciones, nos permitimos someter a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de Hidalgo y especialmente al licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional, a que investigue y en su caso se sancione a los responsables de cometer violaciones a los derechos humanos en contra de las víctimas del desalojo verificado el sábado 28 de enero de 2012; en el predio ubicado en la zona norponiente de Pachuca, denominado Colonia Abril, en la zona 20 de Noviembre, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. De igual forma, se exhorta al gobierno de Hidalgo, asimismo se hace el exhorto para que sean reparados los daños causados en contra de las víctimas. Finalmente se solicita el cese a la criminalización del activismo social desarrollado por la Organización 20 de Noviembre y Unión de Fuerza Indígena y Campesina y la inmediata libertad de Edith Ibarra Jiménez.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
La economía mexicana transita bajo un entorno cada vez más adverso, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional.
Las perspectivas de crecimiento son desalentadoras para nuestro país, la desaceleración económica se traduce en circunstancias cada vez más graves para miles de familias mexicanas.
Nuestro vecino país del Norte, ante la debilidad de su mercado laboral y de vivienda, no prevé tampoco con optimismo el crecimiento económico deseado.
No puede omitirse la complicada realidad que vive la zona Euro, tampoco la crudeza de la adversidad que atraviesan algunos Estados de la República ante una sequía que se ha prolongado y a su paso a cobrado la vida de miles de cabezas de ganado y las esperanzas de campesinos y hermanos indígenas que no tienen que comer, ni manera de sacar adelante a sus hijos.
Este es el contexto en donde de forma por demás terrible, el alza a los precios de las gasolinas, del diesel y de los productos de la canasta básica han menoscabado el poder adquisitivo de los mexicanos y con ello, su calidad de vida y sus prospectivas de desarrollo.
Cito información que hace del conocimiento el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en su Análisis de los precios de las gasolinas y el diesel en México, 2007  2011 de donde se desprende que se han registrado incrementos constantes de enero de 2007 a diciembre de 2011, la gasolina Premium pasó de 8.31 a 10.59 pesos por litro, la magna de 6.76 a 9.73 pesos por litro y el diesel pasó de 5.73 a 10.09 pesos por litro.
En términos relativos, de enero del 2007 a diciembre del 2011, la gasolina Premium se ha incrementado en 27.44%, la Magna lo ha hecho en 43.93% y el diesel en 76.09%.
Estos incrementos, se reflejan en el encarecimiento de otros productos y servicios, disminuyendo el poder de compra de los trabajadores.
Respecto del alza en los precios de los productos de la canasta básica, nuevamente me refiero al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que en su más reciente boletín económico, informa que entre febrero de 2011 y la segunda semana de enero de 2012, el costo del consumo individual mensual de productos básicos pasó de 522.80 pesos a 564.67 pesos, lo que significó un aumento de 8.0 por ciento, mientras que el salario mínimo aumentó solo el 4.2 por ciento. Con estos resultados, el aumento del valor de la canasta básica del consumo mensual de una persona creció 41.90 pesos. Esto significa que una persona tendrá que trabajar poco más de cinco horas adicionales para mantener el mismo nivel de consumo de febrero de 2011.
Esta situación es insostenible, las familias mexicanas cada día se encuentran bajo mayores presiones económicas, y no se observa un panorama que brinde alguna esperanza de cambio.
Este no es el sexenio del empleo, porque no se generan las oportunidades que las nuevas generaciones necesitan, porque el campo hoy atraviesa uno de sus peores capítulos de miseria y desesperanza.
Hoy más que nunca se hace mayor la necesidad de que el Gobierno Federal impulse políticas públicas que pongan a México en la ruta del crecimiento, para darle mayores oportunidades a los jóvenes y no destinarlos a engrosar las filas del crimen organizado, para llevar la Justicia social que se les debe a los campesinos y a las poblaciones indígenas.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de una relación de respeto con el Poder Ejecutivo, exhorta al presidente de la república a instrumentar las medidas necesarias para frenar el incremento de los precios de las gasolinas, el diesel y los productos de la canasta básica, así como a impulsar acciones que permitan mejores condiciones para generar empleos y activar la economía nacional.
Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
La suscrita, Yulenny Guylaine Cortés León, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, en la fracción II del numeral 1 del artículo 79 y demás artículos relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno de Colima a respetar las donaciones y que éstas no se destinen a fines que la Ley de Asentamientos Humanos no considere, conforme a la siguiente
Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecología de los asentamientos e impulsar la participación social en la planeación de áreas verdes, centros comunitarios, escuelas, centros culturales, bibliotecas, espacios deportivos, etcétera, cuando se realicen aprovechamientos urbanos del suelo que comprenden la urbanización del suelo y la edificación en él; la transformación de suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones y fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas así como la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura.
Como se menciona en el párrafo anterior, en la Ley de Asentamientos Humanos para el estado de Colima se reglamenta el desarrollo urbano, el aprovechamiento del suelo urbano, acorde con la función social de la propiedad, con respeto de las garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo se hace énfasis en la participación ciudadana y en una adecuada dotación y administración del equipamiento urbano manejado en la ley y su reglamento como equipamiento institucional, así como los espacios verdes.
Los ciudadanos colimenses tienen el derecho a conocer e identificar las áreas de cesión que recibe el ayuntamiento y el destino de éstas para el beneficio de la comunidad, como establece la Ley de Asentamientos Humanos, teniendo como objeto que los bienes inmuebles municipales, adquiridos por donación de desarrollos habitacionales o por transferencia o enajenación de áreas de donación estatal de desarrollos habitacionales: no podrán ser sujetos de venta, permuta, donación, cesión, comodato o cualquier acto de enajenación.
Debemos reconocer que el equipamiento, las construcciones y las zonas destinadas para áreas verdes es una necesidad de la población independientemente de la zona y del nivel socioeconómico de que se trate. Las áreas verdes son parte fundamental de la ciudadanía, ya que cumplen una función social, urbana y ambiental.
La comercialización o el cambio de uso de las áreas de cesión o los terrenos públicos además de ilegal, genera molestia a los vecinos y habitantes, trayendo consecuencias de impacto social, ambiental y económicas para las finanzas del municipio, que tendrá que invertir más para intentar revertir el déficit generado por la carencia de las superficies comprometidas.
Las áreas verdes de donación deberán, ser espacios jardineras, el fraccionador tendrá la obligación de equiparlas para tales efectos y el ayuntamiento deberá incorporarlas como áreas de uso común de dominio púbico. Los proyectos de construcción de obras de equipamiento urbano que se pretendan realizar en áreas de donación estatal o municipal, deberán contar con la aprobación mayoritaria de los vecinos del desarrollo que generó el área de donación.
En conclusión, las áreas donadas no podrán ser fraccionadas con base en la Ley de Asentamientos Humanos y el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, por lo que se solicita dar legal cumplimiento a lo dispuesto en ella.
Por lo expuesto, y con base en las consideraciones anteriores, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Colima a vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos y el Reglamento de Zonificación de la propia entidad federativa.
Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Villa de Álvarez, a cumplir lo dispuesto en la legislación estatal y en la municipal para que se respeten las áreas de cesión para destinos.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
La suscrita, diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
1. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la medición municipal de la pobreza 2010, en el municipio de Cherán poco más de 72 por ciento de sus habitantes se encuentran en situación de pobreza; esto es, cerca de once mil personas, tomando en cuenta que la población total asciende a quince mil.
2. El mismo estudio señala que el municipio registra importantes carencias en los rubros de salud, seguridad social, vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.
3. En años recientes, al rezago social que pervive en el municipio se le añade la ausencia del estado de derecho, como fruto de la presencia delincuencial en la entidad y la pasividad de las autoridades judiciales.
4. La situación actual en Cherán constituye el pináculo de la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal. Al añejo problema de la tala inmoderada de los bosques michoacanos, en detrimento del equilibrio medioambiental, se sumó la presencia de las estructuras criminales que convirtieron al municipio en un lugar propicio para sus operaciones.
5. Secuestro, extorsión, asesinatos, desapariciones, saqueo de sus bosques, son las consecuencias de la tenaz estrategia gubernamental para combatir las células delictivas que ha puesto en la zozobra social al municipio.
6. Así, el clima de impunidad ha traído consigo desasosiego para la población civil que le impide llevar a cabo una vida normal en sus comunidades.
7. Notas periodísticas destacan que, en meses recientes, los habitantes han realizado esfuerzos sin precedentes para darse, aunque precariamente, cierta normalidad. La incertidumbre, incluso, afecta los preparativos de las elecciones de julio próximo. Pese a ello, en un acto saludable, los pobladores eligieron su cabildo con base en el marco de sus usos y costumbres ; acción debidamente observada y sancionada favorablemente por la instancia electoral. Ello da pie a contar con una autoridad formal que debe jugar un papel central al enfrentar los efectos de la ola criminal.
8. Hasta ahora, pese a los llamados de los ciudadanos del lugar, las autoridades estatales y federales son incapaces de garantizar la seguridad, el libre tránsito, el derecho a la vida, incluso de propiciar el desarrollo económico del empobrecido municipio.
9. En suma, es urgente reiterar la necesidad de conjuntar una estrategia social de carácter federal para sacar de la pobreza a éste y a otros municipios asolados por las bandas criminales de uno y otro bando. Por ello, es menester formular, con el concurso de la autoridad municipal recientemente electa, un proyecto social para defender los bosques, para el retorno a la normalidad en materia de seguridad y para la creación de bases efectivas que impulsen el desarrollo local. Tales son las condiciones básicas a las que las autoridades estatales y federales deben dar respuesta.
10. Debemos considerar que las amenazas contra los pobladores siguen latentes, por lo que una primera tarea debe ser el que la autoridad ministerial del estado dé cuenta de la situación que guardan las investigaciones en torno a las actividades de los grupos delincuenciales. La impunidad debe ser combatida para restablecer el estado de derecho.
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal para que en el marco del pacto federal diseñen programas o lleven a cabo operativos con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán y los derechos constitucionales de libre tránsito y de residencia, así como salvaguardar las riquezas naturales de la región.
Segundo . El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal para que instruyan a las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia correspondientes, para que en el marco de coordinación y colaboración entre órdenes de gobierno, formulen y ejecuten las medidas pertinentes que les permitan investigar, detener y enjuiciar a los responsables de diversos delitos amenazas, extorsión, secuestro o tala ilegal cometidos en perjuicio de los habitantes del municipio de Cherán, Michoacán.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
Los suscritos Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Honorable Pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaria de la Función Pública, realizar una investigación de los hechos acontecidos en el municipio de Pueblo Nuevo Durango que puede constituir la comisión de faltas administrativas y delitos electorales, con base en las siguientes
Primero. El proceso electoral para renovar el poder ejecutivo de la unión deben regirse por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes electorales correspondientes, bajo los principios de equidad, transparencia, legalidad, certidumbre.
Segundo. Los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno debe abstenerse de intervenir en actos de proselitismo político, cuyo objeto sea orientar el voto de los ciudadanos a favor o en contra de candidatos o partidos políticos.
Tercero. Tanto la Constitución y las diversas normas jurídicas establecen la conducta que deben guardar quienes ejercen un acto de autoridad frente al desarrollo del proceso electoral. Estableciendo con claridad que cuando se incurre en actos al margen de la ley, dichas conductas deben sujetarse a la aplicación estricta de la ley, correspondiendo en algunos casos sanciones de carácter administrativo y en otras a tipificación de delitos.
Cuarto. En los recientes días, presumiblemente se han llevado a cabo acciones que implican el uso indebido de recursos públicos en actos de proselitismo político, por parte de destacados militantes del PAN, que ostentan un cargo en la administración pública federal y estatal, específicamente, el delegado del IMSS Rogelio Alonso Vizcarra y el delegado de la Condusef Francisco Esparza, acompañados de diputados del Partido Acción Nacional.
Quinto. En la inauguración de obras públicas, el delegado del IMSS y el de la Condusef, así como el diputado Jorge Salum y dirigentes panistas de Pueblo Nuevo, Durango, convirtieron la inauguración de un puente, en un acto de proselitismo político y anticipado de campaña, con transportación de lujo con logotipos del PAN y del gobierno federal y con discursos partidistas.
Sexto. Se utilizó, según testimonios de video que no precisan una fecha, la entrega a la comunidad de duranguenses de una obra pública para promocionar al Partido Acción Nacional, a algunos de sus candidatos al Senado y a otros que están en proceso para ser precandidatos en el primer distrito del Estado.
Séptimo. Un puente del municipio de Pueblo Nuevo, Durango fue entregado sin tomar en cuenta ninguna autoridad local pero eso no es lo grave, sino el uso de recursos federales para un acto de promoción personal de sus precandidatos. Este puente ha sido una necesidad y una demanda social que debía ser cumplida, sin ser utilizada con beneficios de precandidaturas de ningún partido político.
Octavo. Es inexplicable que el delegado de una institución como el IMSS, Rogelio Alonso Vizcarra, lleve a cabo la inauguración de obras de comunicación, cuando dicha dependencia no tiene atribuciones ni relación, con este tipo de obras públicas en el marco de sus responsabilidades y además, se realice en el contexto de un acto político partidista como ha quedado acreditado a través de diversas videoimágenes.
En dicho evento participó el precandidato del Partido Acción Nacional a senador José Rosas Aispuro. El escenario del evento estuvo conformado por mantas con logotipos del Gobierno Federal y del Partido Acción Nacional. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, fue el encargado de inaugurar dicho puente, trasladándose de la ciudad de Durango al lugar del evento en un helicóptero con matrícula KA-KUZ. Propiedad del IMSS.
Es evidente el uso de recursos públicos con fines electorales ante lo cual procede interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, Fepade, para que integre la averiguación correspondiente.
Noveno. También llama la atención y es de investigarse, la utilización de una aeronave aparentemente del IMSS, para trasladar personal a un evento partidista, con la utilización de recursos públicos de manera parcial y con la pretensión de influir en la competencia de los partidos políticos. Cabe destacar que cuando menos el uso de esta aeronave, pudiera generar un costo aproximado desde 800 mil y un millón de pesos del IMSS, lo cual puede implicar en su caso, la desviación de recursos públicos para fines distintos a los autorizados por el Poder Legislativo.
Décimo. Aún no inician de manera formal las campañas electorales y el gobierno federal y el Partido Acción Nacional, ya envían una señal de cuál será su actitud y su forma de actuar en el trayecto del proceso electoral. No podemos permitir que los recursos públicos aprobados por esta soberanía para la ejecución de obras para satisfacer demandas de la sociedad se utilicen con el propósito de incidir en el sentido del voto de los ciudadanos.
Es tiempo de mandar una señal de alerta y de exigirle al gobierno federal que saque las manos del proceso electoral, que permita el normal desarrollo de las precampañas y en su momento de las campañas políticas, así como de la jornada lectoral.
Basta de manejo de un doble discurso: por un lado llamados al blindaje electoral para evitar la injerencia de autoridades en las funciones que solo le competen a partidos y candidatos, y por el otro, la utilización de recursos públicos sin el menor recato con la clara intención de influir en la voluntad de los ciudadanos.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, que investiguen y, en su caso, finquen posibles responsabilidades, respecto de las actividades realizadas por el delegado federal del IMSS Rogelio Alonso Vizcarra y el delegado federal de la Condusef, Francisco Esparza Hernández, en el estado de Durango; quienes durante supuestas giras de trabajo, realizadas en los pasados días, para inaugurar obras públicas, se presume que pudieron cometer actos de proselitismo político con la utilización de recursos públicos, y en su caso, posibles acciones delictivas o de responsabilidad administrativa.
Diputados: Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Óscar García Barrón, Ricardo López Pescador (rúbrica), Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica).
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presenta a esta Soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
El Infonavit, tiene una esencia eminentemente social, de tutela en favor del pueblo trabajador, como se desprende del artículo 123 Constitucional, apartado A, fracción XII y del artículo 1o. de la Ley que regula este Instituto, por lo que todo maltrato a los trabajadores o sus derechos entra en contradicción con este mandato.
Y bien, todos sabemos que en nuestro país existe una profunda crisis económica, agravada por la política de violencia y la sequía que ha golpeado de manera especial a algunas zonas, lo que se ha traducido en desempleo y bajísimos salarios, acarreando un estado de insolvencia para muchos trabajadores que les impide hacer frente, entre otros, a sus créditos de vivienda, a lo que se suma la creciente e inconstitucional carestía de éstos. Todos estamos enterados de estas circunstancias, menos el Infonavit, que frente a la crisis humanitaria que vive el país, aplica la ley como señor de horca y cuchillo, en contra de los trabajadores, que a últimas fechas están siendo desalojados de sus humildes viviendas, valiéndose del uso de la violencia, que incluye el uso de tanquetas del Ejército Mexicano.
El Infonavit, o más bien, los insensibles burócratas que lo encabezan, deberían saber, que las circunstancias excepcionales reclaman un actuar excepcional de parte de la autoridad, que debe tener por guía la prudencia, el respeto de los derechos humanos que están por encima del valor de cualquier casa. Pero sobre todo están obligados a moderar la rigidez de la Ley del Infonavit conforme al espíritu social y protector que la guía, que nace del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
Concretamente, el pasado primero de febrero de este año, abogados del Infonavit respaldados hasta por una tanqueta del ejército, comenzaron el desalojo de 300 familias del fraccionamiento Los Encinos de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, cuyos jefes de familia son trabajadoras y trabajadores que se encuentran en insolvencia por haber sido separados de sus empleos que tenían en la industria maquiladora. No es que no queramos pagar, es que no tenemos, señalan angustiados los afectados.
De estos hechos surgen muchas preguntas, ¿el Infonavit sigue sacando a los trabajadores para vender luego sus viviendas a los traficantes de estos inmuebles que reciben regalos que venden a precio de oro, como la trasnacional Capmark. Opción de venta privilegiada que no se da a los trabajadores de nuestro país? ¿El Infonavit se pone a pensar en qué será de los niños, mujeres, ancianos y varones que las habitan, el terrible daño que ocasionan a su dignidad y sus proyectos de vida?
Lo anterior contrasta con el trato que reciben los empresarios, que ante catástrofes de diversa índole reciben quitas y prórrogas para el pago frente al Estado, por ejemplo las cuotas del IMSS.
Urge que se adopten medidas en el sentido propuesto en este Punto de Acuerdo, antes que tengamos que lamentar muertes de trabajadores y sus familiares, que con justa razón están cada vez más decididos a defender su patrimonio y resistir los desalojos.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta al Consejo de Administración del Infonavit para que de inmediato ponga fin a los desalojos y declare una prórroga indefinida sobre los créditos otorgados a los trabajadores que se encuentran en estado de insolvencia, especialmente respecto a los que habitan en las zonas del país más golpeadas por la crisis económica, la violencia y la sequía, a fin de que preserven su patrimonio familiar, pero sobre todo en bien de la Nación, ya que de esta manera se impedirá la desintegración de estas familias y la causación de mayor pobreza, en agravamiento de la seguridad pública en el país.
Segundo. Se exhorta al director general del instituto para que inicien los procesos de investigación para el deslinde de responsabilidades respecto a los responsables del desalojo violento llevado a cabo el 1 de febrero de 2012 en el fraccionamiento Los Encinos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que evite el uso del armamento y personal del Ejército Mexicano en apoyo a estos injustos desalojos. Procediendo igualmente, al deslinde de responsabilidades en torno al desalojo llevado a cabo en el fraccionamiento Los Encinos.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos y a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen los desalojos violentos que está llevando a cabo el Infonavit en evidente violación de los derechos humanos.
Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica)
Las suscritas, diputadas federales Diva Hadamira Gastélum Bajo y Reyna Araceli Tirado Gálvez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en ejercicio de las prerrogativas previstas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, investigue los procesos de licitación pública en materia de infraestructura carretera descritos en la presente proposición con punto de acuerdo y detenga las licitaciones hasta que no se aclaren estos presuntos actos de corrupción, particularmente de la autopista Siglo 21 del estado de Michoacán.
Los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deben regir su actuación por la exigencia de la más alta eficiencia y transparencia y por la rigurosa observancia de las disposiciones aplicables.
En relación con el razonamiento esgrimido en el párrafo precedente, el capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aseveran que el servicio público debe resguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
De igual forma en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el apartado 5.4, Eficiencia y Eficacia gubernamental, se asevera:
...para proveer con eficacia y eficiencia los bienes públicos que demanda la sociedad es necesario mejorar el desempeño y los resultados de la función pública, así como combatir frontalmente la corrupción con acciones innovadoras que castiguen los conflictos de interés, el tráfico de influencias, la desviación de recursos públicos y el clientelismo, entre otras prácticas. Una administración pública eficaz, eficiente, transparente y honesta ayudará a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. En este apartado se describen las estrategias para mejorar el desempeño de la administración pública y en el capítulo III, correspondiente a Estado de Derecho y Seguridad, se detallan las estrategias que se implementarán para combatir frontalmente a la corrupción.
Se hace alusión a estos preceptos jurídicos ya que no podemos concebir que en la administración pública exista opacidad y corrupción, los ejemplos son diversos tales como la multicitada obra Estela de Luz, la cual como hemos reiterado en diversas ocasiones es el monumento a la corrupción y es indignante que se susciten estos actos cuando nuestros hermanos tarahumaras están sufriendo hambruna, cuando nuestro campo mexicano se encuentra en la peor crisis de todos sus tiempos, cuando la carestía de los productos de la canasta básica se ha descontrolado, cuando el deterioro del poder adquisitivo del ciudadano es latente.
Desafortunadamente los procesos de licitación referentes a infraestructura carretera no están exentos de presuntos actos de corrupción, el tema que nos ocupa el día de hoy es de suma gravedad, ya que existen ciertas irregularidades en esta materia que debe esclarecer la Secretaría de la Función Pública por ser la encargada de inhibir y sancionar las prácticas corruptas así como de promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas:
1. ¿Cuál es la razón por la que la carretera Durango-Mazatlán, cuya terminación fue programada para 2010 a un costo de 10 mil 800 millones de pesos, como lo señaló el presidente de la República, se terminará hasta 2012 y con un costo final de 20 mil millones de pesos, es decir el doble de recursos de los originalmente licitados?
2. ¿Cuál es el importe actual que se adeuda con motivo del rescate carretero de agosto de 1998 y que originalmente ascendía a los 58 mil millones de pesos?
3. ¿Por qué razón el costo kilómetro en carreteras y autopistas concesionadas a particulares y/o carreteras y autopistas es mayor al costo kilometro cobrado por Capufe?
4. ¿Cuál es la longitud real de la red carretera nacional en lo que respecta a caminos pavimentados libres de pago de peaje, autopistas y caminos de cuota operados por Capufe, autopistas y caminos de cuota concesionados a particulares, carreteras alimentadoras estatales, caminos rurales y brechas mejoradas?
5. ¿Cuál es el motivo por el que las autopistas y caminos concesionados a particulares cobran una cuota mayor a la establecida por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos? Por citar un ejemplo, la carretera Amozoc-Perote, cuyo pago por concepto de peaje es de $1.44 el kilómetro, mientras que la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, cuyo costo de construcción y mantenimiento resulta mucho mayor y, aún así, se paga $0.71 el kilómetro. Es decir, la mitad del peaje establecido por el concesionario particular. Otro ejemplo lo presenta la autopista México-La Marquesa, cuyo costo por pago de peaje es de $2.47 (ya subsidiado), mientras que el costo de la autopista México-Puebla es de $1.08 el kilómetro, es decir, Capufe cobra menos de la mitad por kilómetro de lo que cobra la concesionaria particular.
6. ¿Cuál es la razón por la que se ofertan y concesionan autopistas no contempladas en el rescate carretero? Como es el caso de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, la cual fue construida en 1969 y fue concesionada en 2007, a la empresa ICA. ¿Cuáles son las razones de las marcadas diferencias entre el promedio de 79 millones de pesos por kilómetros, recibido en el primer paquete carretero y los 19 millones de pesos por kilómetros recibidos en la concesión otorgada de las autopistas Mazatlán-Culiacán?
7. ¿Por qué se están ofertando hoy las autopistas rescatadas si hoy se están regresando a quienes en 1997 se les rescató? Y lo más grave, ¿por qué se pretenden entregar a particulares en concesión algunos de los puentes internacionales de la frontera norte, como es el caso del Puente Internacional incluido en el paquete de obras licitado para la concesión de las autopistas Cadereyta-Matamoros y Reynosa-Matamoros?
8. En este orden de ideas es menester que la Secretaría de la Función Pública explique la razón o causa de los subejercicios que presentan en la actualidad las obras que se construyen en 31 Estados de la República Mexicana y que fueron aprobados por el Legislativo a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y que al mes de agosto de 2011 sólo han sido ejercidos 7 mil 891.2 millones de pesos de los 26 mil 462.5 millones de pesos originalmente considerados.
9. ¿Cuál es el motivo de que hayan reducido mil 438.3 millones de pesos al programa de obra originalmente considerado y porqué las obras que acumulan un importe de 6 mil 972.8 millones de pesos, al mes de agosto de 2011 aun iniciaron con los respectivos trabajos?
10. ¿Porqué las empresas consideradas particulares, están cobrando, por concepto de peaje, pagos mayores a los autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Tal es el caso de la autopista Amozoc-Perote, a quienes la SCT tiene autorizado un pago por el recorrido total de la carretera de 140 pesos y los concesionarios cobran 149 pesos.
Cabe señalar que en esta misma carretera existe una grave anomalía respecto a su longitud ya que en el título de concesión contempla 105 kilómetros en su totalidad y en el registro de la Dirección General de Desarrollo Carretero se consideran 117 kilómetros.
11. ¿ Porqué se ofertan y concesionan autopistas que no están consideradas en el rescate carretero, como lo son las autopistas Guadalajara-Zapotlanejo, Tepic-San Blas y los libramientos Rosario- Escuinapa,Villa Unión-Rosario. Estos tres últimos tramos fueron entregados a la promotora Inbursa, SA de CV, sin que existiera una licitación previa a la concesión.
12. ¿Cómo evalúa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el costo/kilómetro para concesionar las autopistas rescatadas? Ya que en las autopistas concesionadas a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, se recibieron 79.2 millones de pesos por kilómetro y en las autopistas Mazatlán-Culiacán, Guadalajara-Tepic sólo se recibieron 18.5 millones de pesos por kilómetro.
13. ¿Por qué razón Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos no ha informado sobre la transferencia de las autopistas no rescatadas y las que forman parte de los activos de este organismo, incumpliendo así con lo estipulado en su reglamento interno?
14. ¿Por qué razón se entregó a Inbursa en el tramo Tepic-Mazatlán sin licitar las carreteras Tepic-San Blas, libramiento Escuinapa y libramiento la Unión?
Si lo anterior no resultare suficiente, el pasado 16 de diciembre de 2011 la iniciativa privada obtuvo la adjudicación de la autopista Siglo 21 de Michoacán, siendo esta ruta una de las más transitadas en el país, ya que tan sólo en un mes ingresaron más de 60 millones de pesos. La extensión abarca 260 kilómetros, vendiéndose en 750 millones 100 mil pesos, cifra que resulta inferior de su valor de construcción.
Nota: el Aforo corresponde a vehículos de diferentes tarifas.
Según datos gubernamentales aseveran que el kilómetro construido de esta autopista cuesta 28 millones de pesos, entonces porqué se vendió en menos de 3 millones de pesos el kilómetro.
En términos del artículo 37, fracciones I, V, VI y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reiteramos que la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer del asunto dado que:
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;
Aunado a lo anterior, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el artículo 2 señala:
Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.
Subsiguientemente el artículo 5 de la ley de referencia señala:
Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales.
Es menester que a la brevedad se esclarezcan estos hechos, ya que no debemos olvidar que la transparencia y la rendición de cuentas representan la base de una administración pública innovadora y eficiente y el acceso a la información, es una garantía constitucional de los ciudadanos que permite edificar la confianza social.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en ejercicio de las prerrogativas previstas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, investigue los procesos de licitación pública en materia de infraestructura carretera descritos en la presente proposición con punto de acuerdo y detenga las licitaciones hasta que no se aclaren estos presuntos actos de corrupción, particularmente de la autopista Siglo 21 del estado de Michoacán.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputadas: Reyna Araceli Tirado Gálvez, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbricas).
Los suscritos, en voz de Hugo Héctor Martínez González, de la coordinación de la diputación federal por Coahuila de Zaragoza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
En el marco de cumplirse un aniversario más del insigne político mexicano José Miguel Ramos Arizpe (1775-1843) el próximo 15 de febrero presentamos el siguiente punto de acuerdo, a fin de brindar el reconocimiento histórico del padre de federalismo, sobre el cual está sustentada la construcción de nuestro Estado-nación.
Al conocer nuestros antecedentes federalistas nos remontamos a la Constitución de Cádiz y a las diputaciones provinciales, donde se destaca el importante papel de don José Miguel Ramos Arizpe, impulsor del modelo federal, como quedará constancia en la Constitución de 1824.
El sistema federal en México tiene su origen en el periodo comprendido entre 1810 y 1824. A este destacado mexicano también se ha llamado Padre del Federalismo, y fue declarado Benemérito de la Patria por el Congreso de la Unión, por su destacada participación en el proceso de independencia de México, y su trabajo en la formación de los primeros gobiernos de México independiente. Ramos Arizpe nació en el Valle de San Nicolás de la Capellanía, hoy llamada de Ramos Arizpe, denominación que se le atribuyó, junto con la categoría de villa, el 19 de mayo de 1850 en su honor, en Coahuila.
Antes de exponer la participación política y parlamentaria, así como las actividades académicas de Ramos Arizpe, considero importante hacer algunas reflexiones acerca del federalismo, lo cual nos permite identificar la importante labor realizada por José Miguel Ramos Arizpe por la forma de gobierno que hasta nuestros días sigue el país.
El concepto de federalismo, el significado etimológico de esta palabra federación se ha utilizado para identificar la característica federal de una forma de gobierno, por corresponder a una identidad que se crea a través de la composición de entidades o estados que antes estaban separados.
El sistema federal ha sido determinado por Estados Unidos de América, con la emisión de la Constitución de 1787, en la que se materializaba la federación con la unión de las 13 colonias ya independientes de la Corona Británica, distribuyéndose facultades entre dos órdenes, el federal y el local, ambos con órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en el que el orden federal es superior.
En la Nueva España, la colonia no gozaba de autonomía en su régimen interior, pues sus órganos eran nombrados por el rey de España, quien centralizaba las tres funciones estatales.
Un poco de historia para comprender mejor el contexto en que se dio la independencia de México: en 1808 Francia invadió España. En ese momento, Carlos VI era rey de España y abdicó a favor de Fernando VII, quien a su vez renunció al cargo a favor de Napoleón. Esta situación fue determinante en la Nueva España porque los criollos mantuvieron la idea de que el pueblo de la colonia asumiera la soberanía en ausencia del rey. Al inicio de la independencia, los insurgentes no tenían propiamente un ideario político. Hidalgo, el Padre de la Patria, quien invocó en su levantamiento fidelidad a Fernando VII, si acaso emitió un bando promulgado en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, que tuvo como propósito principal atender los requerimientos económicos que la guerra de independencia reclamaba.
Con la invasión de España surgió la idea del propio Fernando VII de convocar a cortes, por lo que el 5 de mayo de 1808 firmó dos decretos: uno dirigido a la junta de gobierno para asumir la soberanía y declarar la guerra a Nuevo León y otro para el Consejo Real o cualquier cancillería o audiencia libre que era su voluntad o que se convocase a cortes.
Al rechazar a los invasores franceses, el 19 de septiembre de 1812, España promulgó la Constitución de Cádiz, que transformó la monarquía constitucional de tendencia liberal y democrática. El proyecto original de la Constitución de Cádiz no consideraba extender su ámbito fuera de la península, pretendiendo con ello mantener el régimen colonial que se había producido por más de tres siglos.
Los integrantes de la Comisión de Constitución entendían que el plan de gobierno interino no comprendía a las Américas; sin embargo, participarían los gobiernos de las provincias de ultramar. La participación de los diputados de ultramar en las cortes habla de la apertura democrática de los españoles en contraposición con el absolutismo imperante hasta entonces. Un total de 29 diputados, entre ellos Miguel Ramos Arizpe, por la provincia de Coahuila, formaron el grupo de representantes del pueblo de la Nueva España.
Ramos Arizpe a través de un documento dirigido a las cortes donde señala las condiciones económicas, geográficas y políticas de las provincias internas de origen en la Nueva España (Coahuila, Nuevo León, Nuevo Santander y Texas), así como la necesidad del establecimiento de una junta superior ejecutiva de dichas provincias, precisando que en cada una había una diputación provincial encargada de la administración. Ramos Arizpe, siempre empleó el término diputación y no junta, en tanto que para los diputados españoles este término tenía connotación de Congreso y por tanto facultades para legislar, lo que debería estar reservado sólo a las Cortes, en cambio, diputación, significaba agrupación de diputados cuyas facultades podrían estar claramente especificadas.
Se puede advertir en ese momento histórico el federalismo en ciernes impulsado por Ramos Arizpe, y apoyado por el resto de los diputados americanos que se dedicaron a tratar de militar la autoridad de los funcionarios del rey y aumentar las facultades de las diputaciones provinciales.
La Constitución de Cádiz autorizó seis diputaciones provinciales: una en la capital y otra en San Luis Potosí, una en Guadalajara, una en Yucatán, una en Monterrey (de las provincias internas de oriente) y una en Durango (de las provincias internas de occidente). Cada provincia sería gobernada por un jefe político, un intendente y la diputación provincial, subordinados directamente al gobierno de Madrid.
No obstante que esta Constitución fue centralista, no podemos dejar de reconocer el gran avance político que significó la regulación de las diputaciones provinciales, sobre todo por la gran influencia que tendría más adelante su principal precursor Ramos Arizpe en el Constituyente de 1824. La Carta de Cádiz tuvo una breve vigencia después de su promulgación en la Nueva España el 30 de septiembre de 1812, ya que más adelante fue suspendida por el virrey Venegas y restablecida en parte por el virrey Calleja. En 1814 fue derogada cuando Fernando VII, por decreto del 4 de mayo, que restableció el absolutismo. Nuevamente en 1820 entró en vigor cuando el virrey Apodaca la juró el 31 de mayo.
En tanto, en el país, en 1813, Rayón se dirigió a Morelos reconociendo que su proyecto era sólo un borrador y que sería más conveniente esperar a que se pudiera dar una verdadera Constitución. Ese documento tuvo gran influencia más adelante en José María Morelos y Pavón, cuando expidió los Sentimientos de la Nación.
Ese documento, que contenía 23 puntos, resultó el discurso inaugural del Congreso convocado por Morelos el 14 de septiembre de 1814 en Chilpancingo y se convirtió más adelante en la primera Constitución mexicana. Se destaca el papel que asumió Morelos al deslindarse por completo de la fidelidad Fernando VII y asumir la verdadera esencia de la lucha de emancipación política.
El 6 de noviembre del mismo año, ese Congreso hizo constar en un acta solemne la Declaración de Independencia de México.
Ese Congreso fue convocado por Morelos, aun cuando se modificó en su integración fue el encargado de dictar la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814 con el título de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y aun cuando no tuvo vigencia dada la convulsión de la época, tuvo el mérito de significar los primeros intentos por dotar a la nueva nación de un marco constitucional que recogía ya los principios de libertad, de igualdad, de propiedad y de seguridad contenidos en el pensamiento del avance constitucional estadounidense.
El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide hace una proclama de independencia reconocida por el nombre de Plan de Iguala, donde se señala la adopción de un régimen monárquico para el nuevo país y el reconocimiento del imperio de Fernando VII. En caso de que no aceptara venir, se nombre una junta provisional. El 30 de julio del mismo año desembarcó en Veracruz Juan ODonajú, sucesor de Apodaca como jefe político. El 27 de septiembre de 1821 hace finalmente su entrada triunfal en la Ciudad de México el Ejército Trigarante consumado de esta manera la independencia.
El 31 de marzo de 1823 se dio por terminado el imperio de Iturbide y a partir de ese momento el Ejecutivo provisional fue integrado por un triunvirato formado por los insurgentes Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, antiguo soldado virreinal.
El nuevo Congreso que consideraba la convocatoria de Plan de Casa Mata, tuvo la aceptación de casi todas las diputaciones provinciales del país. La ley electoral que habría de dictar el Congreso fue expedida el 7 de junio de 1823 y señalaba que los miembros de las diputaciones provinciales debía ser renovadas en su totalidad, pero los diputados en funciones podían ser reelegibles. Así, los cuatro estados que ya habían transformado sus diputaciones en legislaturas estatales no estimaron necesario elegir nuevos representantes.
El Congreso Constituyente renovado se instaló el 7 de noviembre de 1823. Para entonces, las diputaciones provinciales habían preparado sus elecciones locales y habían procedido a formar sus legislaturas constituyentes. Del 1 de julio de 1823 al 26 de julio de 1824 todas quedaron instaladas y con ellas desaparecieron las diputaciones provinciales. Reunido el Congreso el 5 de noviembre de 1823, quedó formalmente instalado el 7 del mismo mes, siendo nombrado el diputado Miguel Ramos Arizpe presidente de la Comisión, la que el 2 de noviembre de 1823 presentó el proyecto de acta constitutiva que establecía el sistema federal y fue aprobado el 31 de enero de 1824 con el nombre de Acta Constitutiva, ya las provincias tenían definido el sistema federal como estructura de gobierno.
No podemos dejar de reconocer que el sistema federal estadounidense, inventado en 1787, influyó de manera determinante en los políticos e intelectuales mexicanos de la época, pero el desarrollo político propio de la nueva nación mexicana trazó su propio camino. Las diputaciones provinciales reconocidas en la Constitución de Cádiz vinieron a dar el cimiento de una novedosa organización administrativa y política en la colonia por más de tres siglos bajo el dominio español.
Es totalmente falso que México haya copiado de manera simplista el modelo federal estadounidense. Debemos recordar, que las provincias tenían definido el sistema que querían como organización política y si el nuevo Congreso instalado encontró en el nombre americano una manera más sencilla de definir la organización de la nueva nación, sobre todo al ver los beneficios que le significó a los estadounidenses en su desarrollo económico. Ello no significa que los liberales mexicanos no hubieran vislumbrado un sistema similar al de Estados Unidos.
José Miguel Ramos Arizpe comenzó estudios en el Seminario de Monterrey, donde se ordenó sacerdote en 1803. Siguió estudios en la Real Universidad de Guadalajara donde cinco años después en filosofía, cánones y leyes. Ejerció la docencia en Seminario de Monterrey y donde impartió las cátedras de derecho canónico y civil.
El 29 de enero de 1810, el Consejo de la Regencia que gobernaba España a raíz de la aprehensión de los reyes de España, durante la invasión napoleónica, convocó a integrar unas cortes, por lo que el ayuntamiento de Saltillo, al saber que podía proponer un representante para las mismas, lo nombra para que acuda a España. Ramos Arizpe vio esa salida como una oportunidad para aplicar las leyes y su teoría de ambos derechos que había aprendido a lo largo de su vida. Salió de Veracruz rumbo a España, llegando al puerto de Cádiz en febrero de 1811 para participar activamente en los trabajos legislativos de las Cortes de Cádiz.
Fue elegido diputado por Coahuila en septiembre de 1810 para las elecciones de las Cortes de Cádiz, donde tuvo destacada participación con sus aportaciones en todo el periodo legislativo (1810-1814), donde mostró sus ideas liberales e independentistas. En dicho periodo se proclamó la primera constitución española, la de Cádiz de 1812.
Dada la importancia que tiene para nosotros la historia sobre la cual están formadas nuestras raíces federalistas, solicito su respaldo para que en uno de los recintos de la Cámara de Diputados de los cuales hacemos uso los legisladores sea retomado el nombre del padre del federalismo y así preservar la importancia histórica de este personaje ilustre de la nación.
Por ello someto a su consideración la siguiente proposición con
Único. Se solicita a la Cámara de Diputados que el recinto que se encuentra en el edificio C, primer nivel, que se conoce como salón de protocolo, de la Cámara de Diputados se denomine Salón de Protocolo José Miguel Ramos Arizpe, en honor de este gran mexicano, a quien se considera el padre del federalismo mexicano.
Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Josefina Rodarte Ayala, Tereso Medina Ramírez, Héctor Fernández Aguirre, Diana Patricia González Soto (rúbricas).
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
El fenómeno migratorio para México desde hace décadas, se ha incrementado hacia diversas partes del mundo principalmente hacia Estados Unidos, por lo que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de la salida de emigrantes, motivo por lo que el flujo de remesas hacia México es la segunda fuente de entrada de divisas del exterior y representan en promedio cerca del 50 por ciento de los ingresos corrientes de los hogares rurales que reciben estos recursos.
El cruzar la frontera de manera ilegal y dejar a los seres amados, ir por caminos solitarios, confiar en desconocidos, aprender un nuevo lenguaje como normas culturales, buscar empleo en un ambiente diferente, son actividades que entrañan riesgos y situación que influye en los migrantes cuyo único delito es el querer trabajar, arriesgando incluso su vida para poner comida en el plato de miles de mexicanos, además se les niegan los servicios más básicos por no ser un ciudadano o residente legal de los países adonde van a trabajar, como son la educación, salud y servicios sociales, mucho menos tener un seguro de vida, aunado a esto las familias enfrentan la pérdida de los seres querido.
De ahí que la muerte de un pariente plantea varias preguntas, entre las que destaca la económica, toda vez que las familias de los migrantes dejan de percibir en ese momento los 400 dólares que le enviaban semanalmente para sobrevivir, situación que les impide contratar un seguro de vida, por ejemplo, encuestas aleatorias a 1,004 migrantes mexicanos en New York City, que son migrantes de bajos ingresos, a menudo indocumentados, los cuales perciben un promedian $ 380 dólares a la semana para los hombres y 275 dólares para las mujeres. Adicionalmente, la mitad de los hombres y casi 79% de las mujeres de la encuesta sostienen a sus parientes en México, se convierte en una barrera para poder ser beneficiarios de una póliza de seguros.
Por tanto la situación de vulnerabilidad a la que se en enfrentan los trabajadores migratorios y sus familiares debido a las dificultades con las que tropiezan en el Estado donde trabajan, un seguro de vida que ayude a las familias que tienen la desgracia de que su consanguíneo, se quede sin empleo, sea deportado o fallezca fuera de su tierra, permitirá tener un soporte para el apoyo de los familiares, ya que se quedan desprotegidas más 15 mil familias que pierden al migrantes, por tanto dejan de percibir 6 millones de dólares anuales.
Mientras la mayoría de los países latinoamericanos han establecido mecanismos para otorgar un seguro de vida a los que migran por cuestiones laborales, México deja a sus migrantes a merced de la protección que quieran brindarle los Países que los acogen. A nivel nacional, es casi nulo el apoyo que reciben tanto los trabajadores migrantes como sus familias en materia de contar con un seguro de vida.
Varios gobiernos estatales en México han creado instituciones y desarrollado políticas públicas para beneficiar a sus emigrantes en el extranjero, a nivel Federal no existe ni una legislación que reconozcan la obligación del Estado de apoyar a los migrantes, ni programas Federales que regulen la asistencia, asesoría y protección de los migrantes mexicanos, para tener un seguro de vida, ni los programas Estatales son permanentes por lo que en cualquier momento puede desaparecer el apoyo.
Es necesario que el gobierno federal proporcione un seguro de vida, el cual estará destinado a cubrir una importante necesidad para las familias mexicanas, asegurándoles una protección económica recíproca para sus seres queridos y, sobre todo, dándoles la tranquilidad de que en caso de que el migrante radicado en el país de destino en el extranjero, Estados Unidos o Canadá fallezca, su familia quedará protegida con un seguro de vida.
Actualmente sólo cinco aseguradoras ofertan pólizas para migrantes con coberturas de vida y repatriación, las cuales dan una prima de hasta 50 mil pesos.
Por tanto, tener un seguro de vida por parte del gobierno federal, cubre una importante necesidad de las familias mexicanas, asegurándoles una protección económica por dos años recíproca para sus seres queridos y, sobre todo, dándoles la tranquilidad de que en caso de que el migrante radicado en el extranjero fallezca, tendrán la certeza de tener un ingreso económico por parte del seguro de vida que brinde el gobierno federal.
El seguro de vida deberá cubrirlo el gobierno federal de la siguiente forma; como servicio en opción negativa; al obtener la matricula o el pasaporte en las oficinas consulares del exterior, seguro que deberá contratarse en este año, de no ser posible el Ejecutivo federal deberá de contemplarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.
El seguro de vida del migrante debe cubrir una prima de 400 dólares mensuales por dos años para sus familiares.
Es indiscutible que un tema tan importante como tener un seguro de vida no es un tema menor el cual no tiene porque pasar por alto, ni permitir que los migrantes tengan que desembolsar dinero para contratar un seguro de vida, ni permitir que particulares lucren con los connacionales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano en el Exterior para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se contrate en este año el seguro de vida.
Segundo. En caso de no contratar el seguro de vida, para este año 2012, el Ejecutivo federal deberá contemplar el Seguro para el Ejercicio Fiscal de 2013.
Tercero. Como servicio en opción negativa; al obtener la matricula o el pasaporte en las oficinas consulares del exterior, tratándose de connacionales documentados o indocumentados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación y otorgamiento de la Medalla de la Paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanas, mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país, bajo las siguientes
El 20 de marzo de 2011, se cumplió el centenario del natalicio de un gran mexicano, el doctor. Alfonso García Robles, que nace en la ciudad de Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911 y muere en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1991. Se gradúa como licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realiza estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de París y la Academia de Derecho Internacional de la Haya. En 1939 inicia su carrera diplomática como tercer secretario de la delegación mexicana en Suecia, donde llegaría a ser embajador. Su trayectoria diplomática y política le llevó a ocupar importantes responsabilidades: Embajador de México en Brasil, director de la División General de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas y del Servicio Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); director del Departamento de Europa, Asia, y África de la Secretaría de Relaciones Exteriores; subsecretario de Relaciones Exteriores de México, y desde 1977 fue el Representante Permanente de México ante el Comité para el Desarme en las oficinas de Ginebra en la organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante la LVIII Legislatura, el pleno de la Cámara de Diputados rindió homenaje al doctor Alfonso García Robles al inscribir con letras de oro el 10 de abril de 2003 en este recinto legislativo de San Lázaro, al primer mexicano laureado Premio Nobel de la Paz, quién fue el virtuoso forjador de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina y padre del Tratado de Tlatelolco, que proscribió las armas nucleares de toda la región expresando lo absurdo que resulta pretender la seguridad nacional aumentando la inseguridad internacional.
Si México hoy es reconocido en el concierto mundial por su histórica vocación pacifista, se debe en gran parte a la visión de este defensor activo de la no violencia, quién sin duda supo evocar su ideología pacifista y visionaria en su trabajo, y dejó una huella indeleble en todos aquellos que reconocemos en la paz y la armonía la única forma sana de convivencia y progreso la humanidad.
De su legado, México hoy se vanagloria, y en su política exterior se jacta de esta arraigada tradición diplomática, que hoy sigue teniendo vigencia, porque esta tradición es parte de la identidad del Estado mexicano. El doctor Alfonso García Robles hizo de su actividad profesional un compromiso ante la vida y una forma de impulsar sus convicciones, las cuales están estrechamente ligadas a las de sus connacionales, es decir a una actitud a favor de la paz y en comunión con la histórica vocación pacifista de México.
El nombre de Alfonso García Robles en los muros de esta Cámara constituye un símbolo, un emblema para los que dedican su vida a erradicar la violencia, pero también es un compromiso para esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura, de garantizar la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional dotando de certidumbre jurídica a la cultura de paz, no frenando el accionar de las organizaciones que trabajan para construir la paz por lo que hago un exhorto a esta honorable soberanía para que impulse y apruebe la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No-Violencia, misma que ha sido respaldada por Johan Galtung, premio Alternativo Nobel de la Paz y fundador de los estudios para la paz en el mundo, mismo que en un evento realizado en octubre de 2011 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ante varias organizaciones de la sociedad y civil y cerca de 3 mil personas, firmó como testigo de honor y avaló esta iniciativa.
En efecto, para que el legado del doctor Alfonso García Robles aliente a las generaciones futuras de México a trabajar a favor de la paz, y sea ejemplo del mundo como ícono a seguir, proponemos respetuosamente la creación y otorgamiento de la Medalla de la Paz Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, para incentivar a las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan a favor de la cultura de la paz en nuestro país, para que se inspiren en este ilustre mexicano que les recordará que México siempre ha estado orgullosamente a favor del diálogo de la paz y de la no-violencia.
Un premio Nobel es una de esas grandes distinciones que la humanidad tiene en su imaginario colectivo para honrar a los hombres y mujeres más selectos del planeta en ciertos ámbitos. El Premio Nobel de la Paz implica un reconocimiento mundial de excelencia resultado de la labor de toda una vida de trabajo, una vida significativa capaz de influir destinos y designios de millones de seres en la consecución de una dinámica pacífica en el planeta. En 1982 el comité internacional de los Nobel dictaminó que un mexicano era digno ganador de tan preciada condecoración, y decidió que México tenía las capacidades para ayudar al mundo a tomar un rumbo mejor en la figura del doctor Alfonso García Robles.
México cuenta con tres Premios Nobel en su haber: el muy conocido Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, con su extensa obra literaria; el más reciente Nobel de Química en 1995, el doctor Mario J. Molina Henríquez, con sus estudios medioambientales y cambio climático; y el menos conocido pero no por ello menos relevante Premio Nobel de la Paz en 1982, el doctor Alfonso García Robles, por su trabajo para evitar la proliferación nuclear en la zona de Latinoamérica en la década de los sesenta. Y es que, en efecto, aunque sea por pocos conocido, en México tenemos un exponente a la altura de Barack Obama, Al Gore Jr., Muhamamad Yunus, Jimmy Carter, la Organización de las Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y muchos otros ganadores de tan relevante premio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno de esta soberanía, los resolutivos de la siguiente proposición con
Primero. Se propone la creación y otorgamiento de la Medalla de la Paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, a mexicanas, mexicanos y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país.
La medalla y el diploma respectivos serán impuestos y otorgados cada año en sesión solemne en la Cámara de Diputados en el mes de septiembre, para conmemorar el Día Internacional de la Paz, que es el 21 del mencionado mes.
Segundo. Podrán participar en la convocatoria mexicanos y mexicanas mayores de 18 años y organizaciones de la sociedad civil constituidas en el territorio nacional que demuestren amplia y fehacientemente su labor a favor de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país, mismos que podrán ser postulados por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, miembros del Poder Legislativo federal, legislaturas de los estados, universidades del país, organizaciones sociales, o cualesquiera otra institución de educación para la paz.
Tercero. Descripción de la Medalla:
La Medalla de la Paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, de la Cámara de Diputados, constará del diploma alusivo y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse en el cuello, y en la que luzca el tricolor nacional, el escudo de la patria en medio de la inscripción: Estados Unidos Mexicanos, H. Cámara de Diputados y el numeral de la legislatura que corresponda; figurarán en el anverso de aquél, la efigie del doctor Alfonso García Robles, en medio de la inscripción: Premio Nobel de la Paz 1982, que quedarán grabados en su reverso.
Cuarto. Procedimiento:
Se otorgará a través de una convocatoria amplia y democrática emitida por las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Relaciones Exteriores, mismas que deberán sesionar a efecto de analizar los expedientes de cada uno de los postulantes y emitir el dictamen correspondiente con el nombre de quien habrá de recibir la Medalla de la Paz Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz.
Palacio de Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)

References: artículo 79
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 4
 resolución 
 artículo 79
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 71
 artículo 79
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 123
 resolución 
 artículo 37
 artículo 47
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 37
 artículo 79
 artículo 62
 artículo 79