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Timestamp: 2018-01-22 14:07:35+00:00

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Procedimiento sancionador en materia de extranjería - España
Procedimiento sancionador en materia de extranjería Mejor documento
El procedimiento sancionador en materia de extranjería se regula específicamente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LODLEE) y para lo no previsto por la misma, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) .
recurso contencioso administrativo procedimiento penal abreviado incapacidad temporal
Contra la resolución de la Delegación de Gobierno, o de la CA competente en materia de trabajo, que desestima la solicitud de de los permisos de residencia y trabajo puede interponerse recurso de Reposición, en el plazo de un mes. El órgano encargado de su resolución es la misma Administración que denegó la solicitud. Alternativamente, no de forma simultánea, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, siendo preceptiva la intervención al menos de Abogado, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la Resolución.
autorización de residencia jura de cuentas
Artículo 50. La potestad sancionadora - I. Ajuste del ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones administrativas previstas en la ley de extranjería a lo dispuesto en esta norma, en las disposiciones que la desarrollan, y en la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas - A) Marco normativo en el que se desarrollan las actuaciones sancionadoras - B) Principios informadores del derecho administrativo sancionador - 1° Legalidad - 2° Garantía de procedimiento - 3° Responsabilidad y presunción de inocencia - 4° Proporcionalidad - 5º Non bis in idem - 6° Derechos del presunto responsable - II. Regulación reglamentaria del procedimiento sancionador - Artículo 51. Tipos de infracciones - I. Incurren en responsabilidad administrativa los autores participa...
derecho a la presunción de inocencia non bis in idem administrativo
Artículo 20. Derecho ala tutela judicial efectiva - I. Derecho de los extranjeros a la tutela judicial efectiva - A) Aspectos generales - B) Protección en el orden interno - C) Protección en el orden internacional y en el ambito comunitario - II. Respeto de las garantías sobre el procedimiento administrativo - A) Consideraciones generales - B) Garantías específicas - III. Legitimación de las organizaciones constituidas legalmente en españa para intervenir como interesados en la defensa de los inmigrantes en los procedimientos administrativos - IV. Legitimación de las entidades afectadas para intervenir en los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería - Artículo 21. Derecho al recurso contra los actos administrativos - I. Actos y resoluciones administrativas re...
derecho a la tutela judicial efectiva comunitario legítima
Artículo 23. Actos discriminatorios - I. Actos que representan discriminación a los efectos de esta ley - II. Actos que constituyen discriminación y discriminación indirecta - A) Actos que constituyen discriminación - 1º.Actos efectuados por autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público - 2° Actos que impongan condiciones más gravosas que a los españoles - 3º Actos que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles - 4° Actos que impidan el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente - B) Discriminación indirecta - Artículo 24. Aplicabilidad, del procedimiento sumario - I. Tutela judicial contra práctica discriminatoria. Que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales - II. Recurso de amparo - A) ...
Sentencia nº 212/2009 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 26 de Noviembre de 2009
Recurso de amparo 4628-2006. Promovido por don B.A. frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su demanda contra el Delegado del Gobierno sobre su expulsión del territorio español. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución administrativa que motiva la expulsión de un extranjero del territorio nacional, por carecer de documentación de residencia, valorando las circunstancias familiares (SSTC 260/2007 y 140/2009).
Sentencia nº 115/1987 de Tribunal Constitucional, Pleno, 7 de Julio de 1987
Como ya ha dicho este Tribunal (STC 93/1984), sólo cabe declarar la derogación de los preceptos cuya incompatibilidad con la Constitución resulte indudable por ser imposible llevar a cabo una interpretación conforme a la misma. También se ha dicho que las Leyes deben ser interpretadas de la forma más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, y de conformidad con la Constitución (SSTC 34/1983 y 67/1984). Por lo que se refiere al internamiento preventivo de extranjeros, previo a su expulsión, que autoriza el art. 26.2 de la L.O. 7/1985, de 1 de julio -internamiento que ofrece diferencias sustanciales con las detenciones preventivas de carácter penal, no sólo en las condiciones físicas de su ejecución, sino también en función del diverso papel que cumple la Administración en uno y otro caso-, hay que afirmar que la disponibilidad sobre la pérdida de libertad es judicial, sin perjuicio del carácter administrativo de la decisión de expulsión y de la ejecución de la misma, lo que hace plenamente aplicable al caso de los extranjeros la doctrina sentada por este Tribunal para el supuesto distinto de la prisión provisional (SSTC 41/1982 y 34/1987). La decisión judicial, en relación con la medida de internamiento del extranjero pendiente de expulsión, ha de ser «adoptada mediante resolución judicial motivada» (STC 41/1982), que debe respetar los derechos fundamentales de defensa (arts. 24.1 y 17.3 C.E.), incluidos los previstos en el art. 30.2 de la L.O. 7/1985, en conexión con el art. 6.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, así como la interposición de los recursos que procedan contra la resolución judicial y eventualmente los reconocidos en el art. 35 de la citada Ley, en conexión con el art. 5.4 del mencionado Convenio. La intervención judicial no sólo controlará el carácter imprescindible de la pérdida de libertad, sino que permiti...
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Sentencia nº 83/1984 de Tribunal Constitucional, Pleno, 24 de Julio de 1984
No puede entenderse que sea contrario al principio de igualdad ante la Ley subordinar a la posesión de un determinado título académico el ejercicio de la actividad de dispensación al público de las especialidades farmacéuticas, ni afecta a tal principio el hecho de que los titulados que quieran ejercer su profesión como titulares de una oficina de farmacia hayan de contar con los medios propios para instalarla. Nada hay en la Constitución que excluya la posibilidad de regular y limitar el establecimiento de oficinas de farmacia, como tampoco nada que impida prohibir que se lleve a cabo fuera de estas oficinas la dispensación al público de especialidades farmacéuticas, pues el legislador puede legítimamente considerar necesaria esta prohibición o aquella regulación para servir otras finalidades que estima deseables. El derecho constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 de la C.E. no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión u oficio, y en el art. 38 no se reconoce el derecho a acometer cualquier empresa, sino sólo el de iniciar y sostener en libertad la actividad profesional, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden. La regulación de las distintas profesiones, oficios o actividades empresariales en concreto no es por tanto una regulación del ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados en los arts. 35.1 ó 38. Lo anterior no significa que las regulaciones limitativas queden entregadas al arbitrio de los reglamentos, pues el principio general de libertad que la Constitución consagra (artículo 1.1) autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la Ley no prohíba, o cuyo ejercicio no se subordine a requisitos o condiciones determinadas, y el principio de legalidad (arts. 93 y 103.1) impide que la Administración dicte normas sin la suficiente habilitación legal. En unos casos, bastarán para...
Sentencia nº 42/1987 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 7 de Abril de 1987
Debe refutarse contraria a las exigencias constitucionales del art. 25.1 C.E. no sólo la regulación reglamentaria de infracciones y sanciones carente de toda base legal, sino también, en el ámbito de las relaciones de sujeción general, la simple habilitación a la Administración, por norma de rango legal vacía de todo contenido material propio, para la tipificación de los ilícitos administrativos y las correspondientes consecuencias sancionadoras. Cualquiera que sea la validez y aplicabilidad de las normas preconstitucionales incompatibles con el principio de legalidad que garantiza el art. 25.1 C.E., es claro que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, toda remisión a la potestad reglamentaria para la definición de nuevas infracciones o la introducción de nuevas sanciones carece de virtualidad y eficacia. Si el reenvío al reglamento contenido en una norma legal sin contenido material alguno no puede ya producir efectos, con mayor razón aún debe predicarse esta falta de eficacia respecto a la remisión de segundo grado establecida en una norma sin fuerza de Ley. Y ello aunque esta última contenga una regulación suficiente, si bien incompleta, de las conductas ilícitas y las sanciones aplicables, ya que tal regulación no sana las insuficiencias atribuibles a la propia Ley que le sirve de cobertura, en atención al cumplimiento de la reserva constitucional de Ley. En definitiva, el art. 25.1 C.E. obliga al legislador a regular por sí mismo los tipos de infracción administrativa y las sanciones correspondientes, en la medida necesaria para dar cumplimiento a la reserva de Ley. Desde otro punto de vista, y en tanto aquella regulación legal no se produzca, no es lícito, a partir de la Constitución, tipificar nuevas infracciones ni introducir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma reglamentaria cuyo contenido no esté suficientemente predeterminado o delimitado por otra d...
EXTRANJEROS. EXPULSIÓN Y DENEGACIÓN DE ENTRADA AL TERRITORIO. No habiendo en la primera propuesta de expulsión ningún dato relevante, más allá de la mera permanencia irregular, que pudiera justificar la sanción de expulsión en vez de la de multa, si se quería fundar esa expulsión en los otros antecedentes policiales desfavorables que se resaltaron en la segunda propuesta, se revelaba imprescindible dar al interesado en el curso del propio expediente la oportunidad de alegar cuanto considerara oportuno en su defensa.Se desestima recurso contencioso administrativo. Se estima casación.
Sentencia nº 95/2003 de Tribunal Constitucional, Pleno, 22 de Mayo de 2003
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 8 de Mayo de 2000
EXTRANJEROS. PERMISO DE TRABAJO. EXPEDIENTE SANCIONADOR. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. El resultado de esta actividad probatoria de la recurrente no puede considerarse contrario al hecho que refleja el acta de infracción, pues, aceptada en sus propios términos, lo que indica es que aquélla tenía contratados determinados trabajadores marroquíes con permiso de trabajo, e incluso, podía entenderse que estaban presentes en la finca "La Gavilana" cuando se levanta la inspección, el 20 de enero de 1993, pero no es óbice para entender que además, o con independencia de ellos, estuvieran presentes y trabajando los ciudadanos marroquíes sin permiso de trabajo que recoge el acta, cuya verosilimitud estáavalada no sólo por la objetividad que, en principio, corresponde apreciar en los funcionarios actuantes, sino por las actuaciones que se reflejan en el acta. El reiterado requerimiento a la empresa de los pasaportes de quienes se encontraban trabajando, y, de otra, el que, en algunos casos, fueran los propios ciudadanos extranjeros los que anotaran sus datos personales, sin que pueda asumirse, que tales ciudadanos dieran nombres falsos o imaginarios por miedo a unos inexistentes problemas si hubiera sido cierta que su situación estaba legalizada. Se desestima el contencioso adminsitrativo.
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 26 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se estimo el recurso interpuesto. Notificada la anterior resolución se presentó escrito preparatorio de recurso de casación. Es preciso que partamos del concepto de presunción de inocencia, punto sobre el que es clara y precisa la doctrina del Tribunal Constitucional al distinguir perfectamente entre el citado principio y la actividad de valoración de la prueba, de modo que mientras el primero se satisface con la existencia de cualquier medio de prueba del que pueda resultar la resolución sancionadora, sin embargo no constituye contenido propio del mismo su valoración para formar la convicción, la cual está encomendada a los órganos del Estado titulares de la potestad punitiva o sancionadora y solamente puede ser revisada por las vías ordinarias, no por la privilegiada de protección de los derechos fundamentales. Aceptada esta doctrina, resulta que en nada se aparta de ella la argumentación de la Sala de instancia, que se funda en la inexistencia de prueba alguna de cargo valorable jurídicamente. Por lo que se declaro no haber lugar al recurso interpuesto.
Actualidad sobre «Procedimiento sancionador en materia de extranjería»
Modelo de recurso potestativo de reposición contra la adopción de la medida de expulsión, que únicamente puede adoptarse mediante la tramitación de un procedimiento sancionador de carácter contradictorio. Ver formulario
Práctico Extranjería. Procedimiento sancionador ordinario en materia de extranjería
Blog de actualidad vLex. Tener antecedentes penales no es motivo de expulsión del territorio de la Unión Europea
El Derecho de la Unión Europea no permite: ni denegar automáticamente una autorización de residencia a un nacional de un país no miembro de la UE, que tiene la guarda exclusiva de un ciudadano menor de la UE, ni expulsarlo del territorio de la UE debido únicamente a que tiene antecedentes penales. Ver entrada
derecho penal español comunitario impuesto sobre sociedades unión europea
medidas cautelares en el proceso penal medidas cautelares en el proceso penal
Extranjería. Permiso de residencia de larga duración.
Se puede obligar a los extranjeros que opten por el permiso de residencia de larga duración a pasar un examen de integración sociocultural o cívica, bajo sanción de una multa en caso de incumplimiento. TJUE - Sala Primera - 04/06/2015
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Extranjería. Sanción de multa o expulsión
Es contrario a la normativa comunitaria que un estado miembro imponga, en caso de situación irregular de extranjeros de terceros países, una sanción de multa o expulsión, siendo ambas sanciones excluyentes entre sí. TJUE - Sala Cuarta - 23/04/2015
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Artículo 50
 Artículo 51

Artículo 20
 Artículo 21

Artículo 23
 Artículo 24
 resolución 
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e contrario
 resolución 
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