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Timestamp: 2018-06-18 15:15:45+00:00

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Expediente: RPZ-001 Sentencia: C-007/18 Norma: LEY 1820 DE 2016
Tema: Control automático y definitivo de la ley que implementó lo relacionado con la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, La Sala encontró que se cumplieron las condiciones que delimitaban la competencia del Congreso de la República para aprobar normas al amparo del procedimiento legislativo especial regulado en el Acto Legislativo 01 de 2016, relacionadas con el respeto del criterio de conexidad. Igualmente, declaró que la formación de la Ley 1820 de 2016 se ajustó a la Constitución Política, al cumplirse los tres debates requeridos y observarse las condiciones referidas a la publicidad, al quórum deliberatorio y decisorio, así como a las mayorías exigidas para una ley especial de amnistía, en los términos previstos por el artículo 150 numeral 17 de la Constitución. Destacó la Corte, entre otras cosas, que en virtud del complejo de normas constitucionales relevantes (que incluyen los artículos 150 numeral 17, 66 transitorio y el Acto Legislativo 01 de 2016), se concluía que el procedimiento que debía dársele a la previsión de tratamientos diferenciados en materia penal podía ser el establecido por el artículo 150 numeral 17 de la Constitución, que fue el trámite finalmente escogido por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para el procedimiento de formación de la Ley 1820 de 2016. Una vez realizado el control material de constitucional, la Corte declara exequible la mayor parte de sus normas, salvo algunos aspectos que fueron objeto de declaración de exequibilidad condicionada o inexequibilidad parcial.
Decisión: Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 230 del 11 de mayo de 2017. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1820 de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indultos y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, en lo que se refiere a la competencia del Congreso de la República y al procedimiento legislativo especial surtido para su trámite y aprobación. Tercero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60 y 61 de la Ley 1820 de 2016. Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, con excepción de: (i) La expresión “únicamente” contenida en el primer inciso del parágrafo, que se declara INEXEQUIBLE. (ii) La expresión “graves” del literal a) del parágrafo, que es declarada INEXEQUIBLE. (iii) La expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”, contenida en el literal a) del parágrafo, que se declara EXEQUIBLE en el entendido de que las conductas a las que se refiere esta prohibición, cometidas hasta el 25 de junio de 2005, no son amnistiables si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán las cometidas contra una persona menor de 18 años. (iv) La expresión “Se entenderá por ‘grave crimen de guerra’ toda infracción al derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática” del inciso final del parágrafo, que se declara INEXEQUIBLE. Quinto.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 13 y 32 de la Ley 1820 de 2016, en el entendido de que no excluyen la facultad de la Corte Constitucional de seleccionar y revisar las providencias de tutela dictadas por los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sexto.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 14, 33, 34, 35 (parágrafo, inciso 6º), 50 y 55 de la Ley 1820 de 2016, bajo el entendido de que la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de condicionalidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con fundamento en los siguientes parámetros: (i) El compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es una condición de accesoy no exime a los beneficiarios de esta Ley del deber de cumplir con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. (ii) El cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley, por el término de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016. (iii) Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de que trata el inciso 1º del artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe justificación y la gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de proporcionalidad y podrá dar lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta Ley. El artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, en lo demás, se declara EXEQUIBLE. Séptimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 28 de la Ley 1820 de 2016, salvo: (i) El numeral 9º, que se condiciona en el entendido de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deberá recibir información de toda organización social que tenga conocimiento de hechos ocurridos en el contexto de la protesta social o en disturbios públicos; y en el sentido de que el delito conexo “lesiones personales” se refiere a aquellas que produzcan una incapacidad máxima de 30 días. (ii) El numeral 10º, que se condiciona en el entendido de que los niños, niñas y adolescentes que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto armado interno son víctimas y tienen derecho a ingresar a las rutas pertinentes para la reincorporación. Octavo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 30, 46, 47, 52 y 57 de la Ley 1820 de 2016, salvo: (i) La expresión “graves”, contenida en el numeral 1 del artículo 30, en el numeral 1 del artículo 46, en el inciso 4 del artículo 47, en el numeral 2 del artículo 52 y en el numeral 2 del artículo 57, que se declara INEXEQUIBLE. (ii) La expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”, que se condiciona en el entendido de que las conductas que constituyan ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de amnistía, indulto ni renuncia a la persecución penal, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán aquellas en las que el sujeto pasivo es una persona menor de 18 años. Noveno.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 41 de la Ley 1820 de 2016, bajo el entendido de que el término “cónyuge”, contenido en el inciso 3º de esta disposición, se debe entender como “cónyuge, compañero o compañera permanente”, y salvo la expresión “toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un plenipotenciario que hubiere firmado el Acuerdo Final de Paz”, contenida en el inciso 5º, que se declara INEXEQUIBLE. Décimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 49 de la Ley 1820 de 2016, salvo la expresión “únicamente”, que se declara INEXEQUIBLE.
Expediente: RDL-009 Sentencia: C-017/18 Norma: Decreto Ley 588 DE 2017
Tema: La Sala encontró cumplidos los requisitos de forma para la expedición del Decreto Ley 588 de 2017. En cuanto al control material de constitucionalidad, la Corte consideró como ejes temáticos: (i) el derecho a la verdad (de las víctimas en especial y de la sociedad en general; como derecho autónomo y garantía para la realización de otros derechos y bienes constitucionales; y como derecho susceptible de ser garantizado judicial y extrajudicialmente); (ii) las comisiones de la verdad en las experiencias comparadas (papel, mandato, finalidades y aspectos esenciales de su funcionamiento); (iii) el marco constitucional de la CEV, (iv) los principios de la función pública, y (v) los estándares constitucionales sobre el acceso a la información pública. Así mismo, en el análisis de constitucionalidad del articulado la Sala Plena tomó en consideración el margen de configuración del legislador extraordinario para la paz, en particular, teniendo en cuenta que la regulación analizada pretende garantizar el derecho a la verdad e implementar contenidos esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, previsto en el Acuerdo Final. La Corte declaró exequible la norma, salvo aspectos relacionados con el acceso a la información, los cuales declaró exequibles condicionados. También declaró inexequibles los artículos relacionados con el establecimiento de faltas absolutas de los comisionados por el reglamento interno y, lo atinente a la existencia de una comisión especial para la aplicación del régimen disciplinario a los comisionados.
Decisión: Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso. Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1 a 15, 17, 19 a 24, 26 a 28 y 30 a 33 del Decreto Ley 588 de 2017. Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 16 del Decreto Ley 588 de 2017, salvo: (i) La expresión: “[c]onforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, no son oponibles las reservas en materia de acceso a la información pública frente a las violaciones de los Derechos Humanos o infracciones al DIH”, contenida en el inciso 1º, que se declara CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que esta inoponibilidad a la CEV se extiende a todo tipo de información, no solo a la que verse sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. (ii) La expresión “reserva alguna”, contenida en el inciso 1º, que se declara CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que se refiere a información reservada, clasificada o derivada de cualquier otro tipo de limitación a su acceso. (iii) La expresión “en tratándose de información contenida en documentos de inteligencia y contrainteligencia, previo a su acceso, deberá garantizarse por escrito su reserva legal, seguridad y protección de la información, especificando la imposibilidad de su reproducción en forma mecánica o virtual”, contenida en el parágrafo 2, que se declara CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que esta información no puede ser relativa a violaciones de derechos humanos, infracciones al DIH o crímenes de lesa humanidad, en relación con la cual no se admite limitación alguna. Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 18 del Decreto Ley 588 de 2017, salvo: (i) La expresión “pudiendo establecer las condiciones de confidencialidad”, contenida en el inciso 1º, que se declara CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que esta posibilidad debe sujetarse, en materia de información pública, a los parámetros de la información reservada y clasificada de los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, y 24 de la Ley 1755 de 2015, Estatutaria del Derecho de Petición. (ii) La expresión “en los términos en que se pacten con la ciudadanía”, contenida en el parágrafo, que se declara CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en el entendido de que se refiere a información sobre datos personales, en relación con la cual es necesario el consentimiento previo, expreso e informado de su titular, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, Estatutaria sobre la Protección de Datos Personales. Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 25 del Decreto Ley 588 de 2017, salvo la expresión “y las demás que señale el reglamento interno”, contenida en el inciso 1º, que se declara INEXEQUIBLE. Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 29 del Decreto Ley 588 de 2017, salvo la expresión “que será aplicado por la Comisión establecida en el artículo 14 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”, contenida en el inciso 2º, que se declara INEXEQUIBLE.
Expediente: RPZ-008 Sentencia: C-020/18 Norma: ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017
Tema: Control automático y único de constitucionalidad del Acto Legislativo 4 de 2017, que adicionó el artículo 361 de la constitución en materia de regalías. La Sala determina que dicho Acto Legislativo cumple con todos los requisitos formales ordinarios previstos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la Republica para el trámite y aprobación.
Decisión: Declarar EXEQUIBLE el Acto Legislativo No. 4 de 8 de septiembre de 2017, “por medio del cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”.
Expediente: RDL-006 Sentencia: C-025/18 Norma: Decreto Ley 277 de 2017
Tema: Procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Para determinar si el precitado Decreto Ley se ajusta a la Constitución, la Corte lo analiza desde sus aspectos formal y material. También realiza un estudio de fondo a los temas relacionados con la amnistía y las libertades condicionadas en el marco de la justicia transicional, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y, los límites a la configuración normativa procesal.
Decisión: Primero. LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 230 del 11 de mayo de 2017. Segundo. Declarar EXEQUIBLE, el Decreto ley 277 de 2017 “Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 ‘por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, en lo que se refiere a la competencia otorgada por el Acto legislativo 01 de 2016. Tercero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-007 de 2018 en relación con los artículos 2°, 3° (inc. 1) y 9º, del Decreto ley 277 de 2018. Cuarto. Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 3º (inc. 2 y 3) 4°, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23 del Decreto ley 277 de 2017. Quinto. Declarar exequible de manera condicionada el artículo 22 del Decreto ley 277 de 2017, entendiéndose que la suspensión se refiere a la competencia para adoptar decisiones que impliquen afectación de la libertad, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de diligencias judiciales, pero en lo demás, el proceso ha de continuar.
Expediente: RPZ-007 Sentencia: C-026/18 Norma: LEY 1865 DE 2017
Tema: El objeto de la normativa es exceptuar a la Unidad Nacional de Protección, durante la vigencia fiscal del año 2017 y 2018, de la aplicación de las restricciones del crecimiento de planta de personal previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. Lo anterior, con el objeto de hacer frente a las obligaciones materiales de protección de que trata el punto 3.4.7.4. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. La Corte considera que la precitada Ley se ajusta a los requisitos constitucionales del procedimiento en su formación, tanto de forma como de competencia y que sus disposiciones resultan acordes con el ordenamiento constitucional vigente y guardan coherencia e integralidad con lo acordado.
Decisión: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1865 de 2017 “por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2002.
Expediente: RDL-012 Sentencia: C-038/18 Norma: Decreto Ley 700 de 2017
Tema: Control automático del Decreto Ley 700 de 2017, por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de hábeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017. La Sala Plena encuentra satisfechas las condiciones formales y de competencia temporal que rigen la expedición de esta clase de decretos y considera que el mismo cumple con los juicios de conexidad objetiva y de necesidad. Así mismo, que no desconoce la reserva de ley estatutaria, ni presenta ningún vicio material que afecte su validez, como tampoco vulnera la Constitución.
Decisión: PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena en Auto 319 de fecha 28 de junio de 2017. SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el Decreto Ley 700 de 2017 “Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017”, por su compatibilidad formal y material con la Constitución.
Tema: Revisión de constitucionalidad de norma que adiciona un capítulo transitorio del Decreto 2067 de 1991, mediante el cual se fijan las reglas para el control de constitucionalidad de leyes y actos legislativos aprobados en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz. Se concluye que, el procedimiento especial establecido por el Presidente de la República para que la Corte ejerza el control de constitucionalidad de las leyes, actos legislativos y decretos leyes expedidos para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se ajusta a la Constitución, salvo en lo concerniente al término del que dispone la Sala Plena de la Corporación para decidir sobre la constitucionalidad de estas normas.
Decisión: Primero.- Declarar exequible, por su aspecto procedimental, el Decreto ley 121 de 2017 ‘por el cual se adiciona un capítulo transitorio al Decreto 2067 de 1991’.<br><br>Segundo.- Declarar exequibles los artículos 1º, 2º, 4º y último del Capítulo X transitorio del Decreto 2067 de 1991, en los términos en que fue adicionado por el Decreto ley 121 de 2017 ‘por el cual se adiciona un capítulo transitorio al Decreto 2067 de 1991’.<br> <br>Tercero.- Declarar exequible el artículo 3º del Capítulo X transitorio del Decreto 2067 de 1991, en los términos en que fue adicionado por el Decreto ley 121 de 2017 ‘por el cual se adiciona un capítulo transitorio al Decreto 2067 de 1991’, salvo la expresión “equivalente al tiempo que faltare para que se cumplan dos (2) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto sometido a control”, contenida en el numeral 8º de dicho precepto, y su parágrafo, que se declaran inexequibles.
Tema: Revisión de constitucionalidad de norma que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC--EP el 24 de noviembre de 2016. Luego de realizar el control de constitucionalidad formal y material del Decreto Ley de la referencia, la Corte lo encontró ajustado a la Carta Política y, en consecuencia, lo declaró exequible, bajo el entendido de que los particulares que participan en la Comisión estarán sometidos al régimen de responsabilidad establecido para los servidores públicos.
Expediente: RDL-004 Sentencia: C-253/17 Norma: Decreto Ley 248 de 2017<br>
Tema: En la presente providencia la Corte realiza la revisión oficiosa de constitucionalidad acerca de disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Para su estudio, la Sala adopta la siguiente metodología: en primer lugar realiza una introducción acerca del papel que tienen la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, en tanto elementos estructurales de la Constitución. Luego, a partir de ese panorama general hace especial énfasis en cómo se traducen dichos principios en las limitaciones intrínsecas a la facultad de producción legislativa del Presidente de la República. En tercer lugar, la Sala expone el contenido y alcance de la delegación legislativa prevista por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016, particularmente con el fin de definir cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que un asunto resulte susceptible de ser regulado a través de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente por dicha enmienda constitucional. En cuarto término, se hace referencia a las reglas centrales de la jurisprudencia constitucional sobre el régimen y destinación de las regalías, enfatizándose en las condiciones previstas en el modelo anterior y su modificación por el actual, basado en el sistema general de regalías, así como las características que se han mantenido en uno y otro régimen, en especial respecto de la propiedad y facultad de distribución de los recursos de regalías.
Decisión: Primero.- Declarar exequibles el inciso primero del artículo 1º y el artículo 2º del Decreto Ley 248 del 14 de febrero de 2017 “por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.<br><br>Segundo.- Declarar inexequibles los incisos segundo y tercero, así como el parágrafo del artículo 1º del Decreto Ley 248 del 14 de febrero de 2017 “por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Tema: Revisión oficiosa de constitucionalidad de norma que exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. La Corporación empleó la siguiente metodología: en primer lugar (i) reiteró su jurisprudencia sobre la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos como elementos estructurales de la Constitución, con énfasis en las limitaciones intrínsecas a la facultad de producción legislativa del Presidente de la República; paso seguido (ii) reiteró su jurisprudencia acerca de las condiciones que deben cumplirse para que un asunto pueda de ser regulado a través de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016; después (iii) reiteró su jurisprudencia sobre la importancia de la protección al riesgo de ciudadanos desmovilizados; para pasar a (iv) reiterar su jurisprudencia sobre las normas orgánicas como límites a la función del Legislador, con énfasis en la metodología para establecer la posible violación de la reserva de ley orgánica a través del establecimiento de excepciones; y finalmente (v) analizó la normativa sometida a control.
Decisión: Declarar inexequible, el Decreto Ley 298 de 2017 “Por el cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000”.<br><br>
Tema: Revisión de constitucionalidad de la Ley 1830 de 2017, por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Ley 5 de 1992. La norma analizada determina que la Agrupación Política de ciudadanos en ejercicio que se constituya con el objeto de promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC--EP a la vida política legal, podrá designar 3 voceros o voceras en cada una de las cámaras en que se divide el Congreso de la República, para que participen en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el Procedimiento Legislativo para la Paz de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. Igualmente, impone como regla que el Presidente de la Mesa Nacional Efectiva de las Víctimas, establecida en la Ley 1448 de 2011 debe ser invitado a todas las sesiones en las que se discutan los proyectos en mención.
Decisión: Declarar exequible la Ley 1830 de 2017 “por medio de la cual se adiciona un artículo transitorio a la Ley 5 de 1992”. <br><br>
Tema: Norma que modifica la Ley 1448 de 2011 en materia de certificación de desvinculación de menores en caso de acuerdos de paz y se dictan otras disposiciones. La Corte concluye que el Decreto estudiado cumple tanto con los requisitos formales como los materiales establecidos para este tipo de disposiciones. Así mismo, que su contenido se ajusta a los parámetros constitucionales aplicables en relación con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que además han sido víctimas de reclutamiento ilícito, frente a los cuales el Estado colombiano tiene el deber ineludible de reparar y restituir sus derechos de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos que hacen referencia al bloque de constitucionalidad. Se decide, estarse a lo resuelto en la sentencia C-069/16 en cuanto declaró exequible la expresión “siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas”, contenida en el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de las Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.”. El resto del Decreto 671/17 se declara exequible.
Expediente: RDL-021 Sentencia: C-470/17 Norma: Decreto Ley 888 de 2017
Decisión: Primero.- Declarar EXEQUIBLE el Decreto Ley 888 de 2017 “Por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos en la planta de la Contraloría General de la República”.<br>
Tema: Norma que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –(PNIS)-. El objeto del referido Programa es promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. Con el fin de efectuar el control automático de la norma y decidir acerca de su constitucionalidad, la Sala (i) se ocupó del tema del control de los decretos leyes proferidos en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, (ii) verificó en el caso concreto, la satisfacción de los requisitos formales, (iii) examinó la solicitud de inexequibilidad formulada por el Ministerio Público. Efectuado lo anterior, (iv) se procedió al examen de los requisitos de competencia para la expedición del Decreto 896 de 2017, y finalmente (v) efectuó el examen material sobre el articulado del Decreto ley, ocasión en la que fueron consideradas las diversas solicitudes de exequibilidad condicionada.
Expediente: RDL-018 Sentencia: C-516/17 Norma: Decreto Ley 883 de 2017
Tema: Norma que modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos. Esta norma fue expedida en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República para promulgar disposiciones tendientes a facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ye establece la siguiente temática: (i) habilita a las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales y de hidrocarburos, y a las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión legalmente otorgada, para acogerse al mecanismo denominado “obras por impuestos”; (ii) se consagra la interrupción en el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias originadas en el impuesto a la renta que se canalizan a través de la figura de “obras por impuestos”; (iii) y finalmente, establece la vigencia y los efectos derogatorios de decreto, estableciendo que entra a regir a partir de su publicación, y que modifica los artículos 236 y 238 de la Ley 1819 de 2016. Una vez verificado los parámetros formales y procedimentales, la Sala concluye que la norma resulta constitucional en el entendido de que las que las inversiones en infraestructura física que pueden realizar las entidades establecidas en el parágrafo primero del artículo 236 y en el parágrafo 5º del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, no deben tener relación de causalidad con su actividad generadora de renta, y no deben corresponder a las que de ordinario deban ejecutarse en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial.
Decisión: Declarar la exequibilidad del decreto ley 883 de 2017, en el entendido de que las inversiones en infraestructura física que pueden realizar las entidades establecidas en el parágrafo primero del artículo 236 y en el parágrafo 5º del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, no deben tener relación de causalidad con su actividad generadora de renta, y no deben corresponder a las que de ordinario deban ejecutarse en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial.
Tema: Norma que adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez modificado por el artículo 1º de la Ley 1779 de 2016. El Decreto fue adoptado con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República mediante el inciso 3º del artículo transitorio de la Constitución, incorporado mediante el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016. La precitada norma se refiere a la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de las FARC/EP , a la prórroga de tales suspensiones y a su traslado en condición de privación de la libertad. Luego de constatar los requisitos formales y materiales exigidos y que las medidas con él implementadas se ajustan a la Carta Política, la Corte decidió declararlo exequible.
Tema: Control constitucional norma en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El Decreto Ley analizado cumple con todas las exigencias formales (un título que describe su contenido; fue suscrito por el Presidente de la República con el respectivo funcionario que conforma Gobierno; expresa manifiesta las competencias excepcionales de que hace uso para su expedición, y cuenta con una amplia motivación). También cumple con los límites de competencia (se profirió dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2016; la materia regulada no estaba reservada a una norma de mayor jerarquía o reservada por el Acto Legislativo; entre el Decreto y el Acuerdo Final, existe una conexidad objetiva, estricta y suficiente, porque la norma desarrolla contenidos explícitos de los Acuerdos, de forma coherente; finalmente, existe una estricta necesidad, puesto que la medida requería de una norma de nivel legal, pero no se podía esperar a que se surtieran los trámites y debates propios del legislativo, ya que se requiere de una intervención urgente, para propiciar, cuanto antes, la eficaz y adecuada presencia del Estado). En cuanto al contenido material específico de las disposiciones del Decreto Ley 894 de 2017, la Corte encontró que las normas analizadas no contravienen los parámetros constitucionales, a excepción de algunas expresiones que resultan contrarias a la Constitución.
Tema: Norma que crea un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”. La Sala debe resolver si la norma fue expedida en uso estricto de las facultades legislativas extraordinarias conferidas en el Acto Legislativo 01 de 2016. Abordado ello y ante su respuesta afirmativa, entra a hacer el cotejo entre el decreto expedido y el contenido de la Carta. Con el fin de determinar ambas cuestiones la Sala adopta la siguiente metodología. En primer lugar, realiza una introducción acerca de la facultad de producción legislativa del Presidente de la República, con énfasis en aquella que tiene origen en el Acto Legislativo 01 de 2016. Para ese efecto recuerda la jurisprudencia que condensa los límites y subreglas aplicables a este tipo de normas. En segundo lugar, con fundamento en el contenido y alcance de la delegación legislativa prevista por el artículo 2º de dicho acto legislativo, recuerda cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que un asunto resulte susceptible de ser regulado a través de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente por dicha enmienda constitucional. En tercer lugar, la Sala se refiere a los derechos a la igualdad y a la educación en general y, en particular, a los programas académicos que buscan formar para educar, su relevancia en zonas geográficas vulnerables, la importancia de la calidad en el marco del respeto a la autonomía universitaria y su relación con la paz. Finalmente, a partir de las reglas y conclusiones que se derivan de los análisis precedentes, se resuelve declarar exequible el decreto objeto de estudio, a excepción del inciso segundo del artículo 1º que se declara exequible condicionado.
Tema: Revisión de constitucionalidad de norma que adiciona un parágrafo al artículo 190 de la ley 1448 de 2011, en lo relacionado con el proceso de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del ICBF, desvinculados de las FARC--EP en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Se aborda temática relacionada con la protección especial de los menores de edad en el conflicto armado interno; el reclutamiento ilícito y la condición de víctima. Luego de corroborar que la norma en revisión cumplió con los requisitos formales y materiales necesarios para que una norma expedida por el Presidente de la República, en virtud de sus especiales competencias en el contexto del Acuerdo de Paz sea acorde con la Constitución y que satisfizo los requisitos materiales de expedición, para la Corte resulta ajustado a la Constitución.
Expediente: RDL-030 Sentencia: C-554/17 Norma: Decreto Ley 897 de 2017
Tema: Los problemas jurídicos en el presente asunto son los siguientes ¿El Decreto Ley No. 897 de 29 de mayo de 2017 cumple con los requisitos, formales y de competencia, dispuestos por el Acto Legislativo 1 de 2016, para este tipo de actos normativos? ¿La regulación prevista en este Decreto Ley vulnera la Constitución? Para abordar y responder estos problemas jurídicos, la Corte sigue la siguiente metodología. Primero, se determina el contenido y el alcance de los requisitos, formales y de competencia, para la expedición de Decretos Leyes en ejercicio de las facultades dispuestas por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016. Segundo, se examina si el Decreto Ley sub examine cumple con dichos requisitos. Y, tercero, se analiza materialmente su articulado para efectos de determinar si está conforme con la Constitución, a efectos de lo cual se analizarán los artículos del Decreto Ley sub examine de cuyo contenido se infiere que tiene por objeto la regulación de los siguientes aspectos: modificaciones a la denominación y al objeto de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas; creación de la Unidad Técnica para la Reincorporación de los integrantes de las FARC – EP y señalamiento de los lineamientos para su funcionamiento; creación, y financiación del Programa de Reincorporación Económica y Social de las FARC –EP.
Decisión: Declarar exequible el Decreto Ley 897 de 29 de mayo de 2017, “Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones”, así como las disposiciones que lo integran.<br><br>
Tema: Norma que crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Esta norma fue expedida en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República para promulgar disposiciones tendientes a facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Para establecer si el referido Decreto cumple con los parámetros formales y materiales establecidos en la Constitución Política, se abordó la siguiente temática: 1º. La relación entre desarme, desmovilización y reintegración en el marco de la justicia transicional. 2º. El principio de la seguridad en el orden constitucional. 3º. Los derechos de las víctimas. 5º. Los defensores y organizaciones de derechos humanos. Así mismo se hizo el pertinente control procedimental y competencial, al igual que el examen de validez constitucional. Se declaró la exequibilidad, por el aspecto formal. Se declararon exequibles los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y, el artículo 6 se declaró exequible pero condicionado; en el entendido que la expresión “participación permanente” contenida en su numeral 9, no implica la calidad de integrante de la instancia allí regulada.
Tema: Correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional establecer si la norma sobre implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, cumplió con los requisitos de forma y competencia en su expedición. Paso seguido se procedió al análisis material del Decreto Ley 884 de 2017, con el propósito de determinar si su contenido se ajusta a la Constitución Política. Específicamente, la Sala decidió sobre la constitucionalidad de los 8 artículos que integran el Decreto Ley, a saber: a) el artículo 1 define las entidades competentes para formular y adoptar el Plan Nacional de Electrificación Rural -PNER; b) el artículo 2 determina las finalidades a las que debe responder el PNER; c) el artículo 3 establece la articulación de los mecanismos de financiación del PNER; d) los artículos 4 y 5 fijan las medidas de modificación y aplicación legal tendientes a garantizar la oferta de energía eléctrica que permita atender el aumento de la demanda que se genere con la implementación del PNER; e) el artículo 6 dispone los mecanismos de participación ciudadana en relación con la formulación del PNER; f) el artículo 7 sujeta la aplicación del Decreto Ley a la Constitución Política; y, g) el artículo 8 puntualiza aspectos sobre la vigencia del Decreto Ley. La Corporación consideró que este estudio requería un contexto sobre el servicio público de energía eléctrica, y en esa medida, se refirió: i) al deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional; ii) el servicio público de energía eléctrica; iii) la prestación del servicio público de energía eléctrica en Colombia; y iv) los contenidos del Acuerdo Final relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica. Luego, recordó el alcance del control de los Decretos Leyes expedidos en virtud de las facultades presidenciales para la paz y procedió a aplicar las reglas al Decreto Ley 884 de 2017. Como corolario de este análisis, la Corporación determinó que el contenido del decreto ley estudiado es admisible a la luz de la Constitución y en consecuencia decidió declarar su exequibilidad.
Tema: Norma que establece medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FAR-EP, conforme al Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FAR-EP. Le correspondió a la Corporación resolver el siguiente problema jurídico: ¿El Decreto Ley 899 de 2017, por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias consagradas en el artículo 2 del Acto legislativo 01 de 2016, cumple con los parámetros procedimentales y materiales para ajustarse a la Constitución Política? Para responder este interrogante la Sala Plena dividió en dos partes el juicio de constitucionalidad. En la primera parte, se abordó el examen procedimental de la norma objeto de estudio. Para ello, (i) se expusieron las principales reglas a las que se encuentran sometidos los decretos con fuerza de ley, expedidos con base en las facultades concedidas por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016; (ii) se enfatizó en los límites de forma y de competencia desarrollados por la Jurisprudencia constitucional, y posteriormente, a partir de dichas reglas; (iii) se analizó su cumplimiento en el caso concreto. Tras encontrar que la norma satisface los requisitos de procedimiento, debió continuar la Corte con la segunda parte del juicio de constitucionalidad, consistente en el análisis material de las normas que hacen parte del mencionado decreto. De este examen resultó la constitucionalidad del Decreto Ley objeto de estudio con ciertas excepciones que fueron declaradas inexequibles.
Tema: Norma que establece disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de vivienda social rural”. La Corte Constitucional— adoptó el siguiente orden. Inicialmente, hizo una descripción general de los contenidos del decreto bajo examen. Seguidamente, examinó si cumple las condiciones formales de validez para su expedición. A continuación, este Tribunal determinó si la expedición del decreto se ajusta a las exigencias de conexidad y necesidad, valorando además si desconoce o no los límites relativos a la clase de normas que puede adoptar el Presidente de la República. Una vez concluido tal examen, la Corte procedió al análisis de las catorce disposiciones contenidas en el decreto a efectos de determinar su compatibilidad con los parámetros de control que sean relevantes. Finalmente, presentó la síntesis de la decisión. Del análisis desplegado la Corporación determinó la sujeción del texto a la Constitución Política a excepción del parágrafo 1º inciso segundo y parágrafo 2º inciso segundo del artículo 9 del decreto 890 de 2017.
Tema: Revisión de constitucionalidad de norma que modifica la Ley 434 de 1998 y se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC). En esta oportunidad, la Corporación determinó que los problemas jurídicos en que surgían del estudio de constitucionalidad del Decreto Ley 885 de 2017 son: (a) ¿El Decreto referido cumple con los requisitos, formales y de competencia, dispuestos por la jurisprudencia constitucional para este tipo de actos normativos? (b) ¿La regulación prevista en este Decreto Ley vulnera la Constitución? Para abordar y responder estos problemas jurídicos, la Corte siguió la siguiente metodología. Primero, se determinó el contenido y el alcance de los requisitos, formales y de competencia, para la expedición de Decretos Leyes en ejercicio de las facultades dispuestas por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016. Segundo, se examinó si el Decreto Ley sub examine cumple con tales requisitos. Tercero, se estudió si para su expedición ha debido agotarse el requisito relativo a la consulta previa. Finalmente, se analizó materialmente su articulado, para determinar si está conforme con la Constitución. De este estudio la Corporación concluyó que el contenido del Decreto Ley 885 de 2017 se encuentra ajustado a la Constitución.
Tema: Correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional establecer si la norma que establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, cumplió con los requisitos de forma y competencia en su expedición. Tras esto, se procedió al análisis material con el propósito de determinar si su contenido vulnera la Constitución Política. En este ejercicio la Corte: (i) recordó brevemente el parámetro de control de los decretos leyes expedidos en virtud de las facultades presidenciales para la paz; (ii) analizó el cumplimiento de los requisitos de forma y competencia en la expedición del Decreto Ley; (iii) planteó un contenido teórico y jurisprudencial sobre la Constitución Ecológica y la importancia de la protección ambiental en el marco de procesos de justicia transicional, con miras a referir al ambiente como un eje transversal del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz establece y duradera; y, posteriormente, (iv) examinó la constitucionalidad material de cada uno de los artículos del Decreto Ley 870 de 2017, tras este análisis se decidió declarar la constitucionalidad y constitucionalidad condicionada del articulado del Decreto Ley objeto de estudio.
Expediente: RDL-026 Sentencia: C-730/17 Norma: Decreto Ley 893 de 2017
Tema: Control automático de constitucionalidad del Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La Corte constató que la norma bajo examen cumple los requisitos formales en cuanto a las autoridades que lo suscribieron, el cumplimiento del límite temporal para su expedición, el título y la motivación del mismo. Igualmente, que cumple con los requisitos de conexidad objetiva, estricta y suficiente, así como con el criterio de necesidad estricta, de acuerdo con las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2016. Determinó así mismo, que los PDET constituyen instrumentos de coordinación y gestión en los territorios más afectados por el conflicto armado, que se ajustan a los parámetros constitucionales exigidos de las medidas legislativas extraordinarias adoptadas por el ejecutivo y en particular, al principio de autonomía territorial y a la reserva de ley orgánica.
Decisión: Declarar EXEQUIBLE el Decreto Ley 893 de 2017, “Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET”.

References: artículo 150
 artículo 150
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 52
 artículo 57
 artículo 41
 artículo 49
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 361
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 artículo 22
 artículo 92
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 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 92
 artículo 2
 artículo 92
 artículo 190
 artículo 2
 artículo 236
 artículo 238
 artículo 236
 artículo 238
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 190
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2