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Timestamp: 2020-08-03 15:06:32+00:00

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NYR. Informe nº 178. BOE de julio de 2009.
INFORME Nº 178. (BOE de JULIO de 2009)
Reglamento extranjería Embargo cuentas Impacto normativo
Aragón Urbanismo Libre circulación UE Concursos Registros
Ejecución h. y concurso Firmeza resolución Valencia gananciales
Hipoteca letras de cambio Certificado denominación Cierre R.M.
URUGUAY. Instrumento de ratificación del Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay de 1 de diciembre de 1997, hecho en Segovia el 8 de septiembre de 2005.
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS. Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se modifica el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, para suprimir las funciones del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con los seguros obligatorios de viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública empresarial, tiene, entre otras funciones, la de asumir la condición de liquidador de las entidades aseguradoras, sujetas a la competencia de ejecución del Estado o de las comunidades autónomas, actividad que se financiaba con un recargo del 3 por mil en los contratos de seguro. Ahora este recargo se reduce ahora a la mitad, por lo que pasa a ser del 1,5 por mil.
Se suprime la exclusión que operaba para las medidas de mejora de los créditos en su aplicación a las propias entidades aseguradoras, cuando concurrían, a su vez, en la liquidación de una aseguradora respecto de la cual eran acreedoras por razón de contrato de seguro.
También se suprimen las funciones del Consorcio en materia de seguro obligatorio de viajeros y de seguro obligatorio del cazador, consistentes, de un lado, en contratar la cobertura de los riesgos relativos a estos seguros no aceptados por las entidades aseguradoras y de otro, en hacerse cargo de las indemnizaciones en determinados casos, como el incumplimiento de la obligación de aseguramiento o la liquidación de la entidad aseguradora.
Y se introduce una modificación procedimental consistente en que la certificación de las cantidades satisfechas por el Consorcio en los casos en que le corresponde la facultad de repetición pueda ser emitida por los servicios competentes de la entidad, para agilizar la tramitación de la citada acción de repetición.
*IMPACTO NORMATIVO. Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo.
En línea con las orientaciones de la Unión Europea dirigidas a mejorar la calidad de las normas, el presente real decreto tiene por objeto precisar el contenido de las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de las normas proyectadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el impacto por razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento.
Desarrolla las previsiones contenidas en los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y es complementario de las Directrices de técnica normativa aprobadas por el Consejo de Ministros mediante Acuerdo de 22 de julio de 2005. Se aprobará antes de concluir 2009 una Guía Metodológica que elaborarán los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda, de Política Territorial y de Igualdad.
Toda la Memoria se incluirá en un único documento con el propósito de sistematizar y simplificar los informes y memorias que deben acompañar a los anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno. Lo deberá redactar el órgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de este.
Se excluye esta materia de las competencias de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Ahora se reúne en un solo centro directivo, la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, de la Secretaria de Estado para la Función Pública del Ministerio de la Presidencia, la responsabilidad para impulsar y fomentar la realización del análisis de impacto normativo de las nuevos proyectos, y ello sin perjuicio de la colaboración que se pueda recabar de la citada Agencia en materia de fomento de la calidad y mejora de los servicios públicos.
Exclusiones: No es objeto del presente real decreto la regulación de los informes preceptivos que sobre los anteproyectos y proyectos deben elaborar las Secretarías Generales Técnicas, ni las otras consultas, dictámenes o informes previstos en la Ley del Gobierno que se puedan recabar a lo largo del procedimiento de elaboración de la norma.
Estructura y contenido. Deberá contener, al menos, los siguientes apartados actualizables si hay novedades:
b) Contenido y análisis jurídico, incluyendo el listado pormenorizado de las normas que se derogarían.
c) Adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias.
d) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los sectores, colectivos o agentes afectados, el efecto sobre la competencia, así como la detección y medición de las cargas administrativas.
e) Impacto por razón de género:
Memoria abreviada. Se prevé para los casos en los que se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en alguno de los ámbitos.
Entrada en vigor: Al día siguiente a aquél en el que el Consejo de Ministros apruebe la Guía Metodológica y, en todo caso, el 1 de enero de 2010. No afectará a aquellos proyectos normativos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la entrada en vigor.
PDF (BOE-A-2009-11930 - 4 págs. - 193 KB)
PATENTES. Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 7 de noviembre de 1989), adoptadas en la 34.ª Sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 5 de octubre de 2005.
Se recogen las modificaciones al Reglamento y la incompatibilidad de determinadas Reglas modificadas con la legislación española, a los efectos de su no aplicación mientras dure la mencionada incompatibilidad, según comunicación realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
EMBARGO DE CUENTAS. Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito para diligencias de cuantía igual o inferior a 20.000 euros.
El artículo 79.2 del Reglamento General de Recaudación, al regular el procedimiento de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito, dispone que la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de embargo en la entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrá ser convenido, con carácter general, entre la Administración actuante y la entidad de crédito afectada.
En esa línea, se dictó la Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 euros (después elevada a 6.000 euros).
Al haber funcionado satisfactoriamente el sistema, ahora se eleva a 20.000 euros el importe máximo de las diligencias que se tramiten a través del mismo, y se regula pormenorizadamente el procedimiento.
Entró en vigor el 1º de agosto de 2009.
PDF (BOE-A-2009-12124 - 58 págs. - 815 KB)
LIBRE CIRCULACIÓN. Real Decreto 1161/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
El Decreto 240/2007 modificado regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.
La modificación que ahora se introduce afecta a los ciudadanos de la Unión Europea nacionales de un Estado miembro en cuyo territorio no se aplica el Convenio de Schengen, ya que a sus familiares nacionales de terceros países no se les permite la entrada en España por las autoridades del control de fronteras sin la obtención previa de un visado de entrada, a pesar de ser titulares de una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
Con el nuevo contenido del artículo 4.2, la posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, expedida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea o por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, exime a estos familiares de la obligación de la obtención de visado de entrada.
Dice así: «La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener el visado de entrada y, a la presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del sello de entrada o de salida en el pasaporte.»
*REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA. Real Decreto 1162/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
Mediante esta reforma, se adapta la regulación de los procedimientos de autorización inicial de residencia y trabajo al traspaso a las Comunidades Autónomas de competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo de los extranjeros. Al respecto ya hay un primer acuerdo de traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, cuyo Estatuto de Autonomía -al igual que el de Andalucía-, ha recogido entre sus competencias ejecutivas laborales la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio.
Como en el ordenamiento jurídico español en materia de extranjería e inmigración la concesión a un extranjero de la posibilidad de trabajar se vincula a la posibilidad de que dicho extranjero sea residente en España, a partir de ahora podrán concurrir en el correspondiente procedimiento administrativo dos Administraciones Públicas, cuyas actuaciones se tratan de coordinar:
- Una, la autoridad laboral autonómica, que resolverá sobre la concesión de la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, al amparo de la autorización de residencia y trabajo solicitada;
- Otra, la autoridad estatal competente en materia de residencia de extranjeros, que resolverá sobre la posibilidad de que el extranjero resida en España, al amparo de dicha solicitud de autorización de residencia y trabajo.
También se introducen cambios en la renovación y modificación de autorizaciones de residencia y trabajo, realizándose una regulación más diferenciada.
El empresario o empleador que pretenda contratar a un trabajador extranjero sólo deberá presentar una única solicitud de autorización de residencia y trabajo y lo hará ante una única Administración a través del órgano que sea competente para su tramitación.
Asimismo, los interesados recibirán una única resolución en respuesta a su solicitud de autorización de residencia y trabajo, en la que se contendrán los pronunciamientos concretos de cada una de las Administraciones Públicas.
Los aspectos más relevantes del procedimiento de autorización de residencia y trabajo que se aplica cuando en el mismo intervengan la Administración General del Estado y la Administración Autonómica correspondiente, son los siguientes:
 La iniciación del procedimiento corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma, que deberá coordinarse necesariamente con el órgano competente estatal en relación con el ámbito de la residencia.
 La resolución de la indicada solicitud corresponderá en cada caso a la Administración que sea competente, aunque las autoridades a quienes corresponda resolver de cada una de ellas deberán dictar de manera coordinada y concordante una resolución conjunta, concediendo o denegando la autorización de residencia y trabajo solicitada. Dicha resolución conjunta será expedida por el órgano competente de la comunidad autónoma y firmada por los titulares de cada uno de los órganos competentes de cada una de las Administraciones.
 La resolución conjunta será notificada a los interesados por el órgano competente de la comunidad autónoma.
 Por último, la resolución podrá ser impugnada ante los órganos que la firmen si bien se resolverá de forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de ambas Administraciones y se notificará a los interesados por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
Entró en vigor el 24 de julio de 2009.
CONCURSO REGISTROS DGRN. Resolución de 24 de junio de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se convocan Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso ordinario nº 277.
Salen 49 plazas.
El plazo termina el 16 de julio, jueves.
PDF (BOE-A-2009-10845 - 5 págs. - 299 KB)
CONCURSO REGISTROS CATALUÑA. Resolución de 19 de junio de 2009, de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, por la que se convoca el concurso ordinario nº 277, para proveer Registros vacantes de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Salen 22 plazas.
PDF (BOE-A-2009-10872 - 6 págs. - 246 KB)
ABOGADOS DEL ESTADO. Resolución de 15 de junio de 2009, de la Abogacía General del Estado-Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 31 de mayo de 2009.
El Cuerpo lo forman 643 funcionarios.
PDF (BOE-A-2009-11247 - 17 págs. - 2139 KB)
El Notario de Cádiz, don Jesús María Gracia Vidal.
El Notario de Alcorcón, don Alberto Martín Gancedo.
El Notario de Arganda del Rey, don Enrique de la Torre Saavedra.
Don Julio Guelbenzu Valdés, Registrador de la Propiedad de Figueres.
Don José Antonio Miquel Calatayud, Registrador de la Propiedad de Terrassa nº 1.
Don Francisco Pérez de la Cruz Blanco, Registrador de la Propiedad de El Ejido nº 2.
Se declara en situación de excedencia en el Cuerpo de Registradores a doña Ana Blanca Fernández-Tresguerres García, notaria y registradora de la propiedad de Segorbe.
Se declara en situación de excedencia voluntaria a la notaria de Manzanares, doña María José García Calatayud.
*159. HIPOTECA EN GARANTIA DE LETRAS DE CAMBIO. CONCEPTO DE VALOR NEGOCIABLE.
Nº de consulta: V1248-09.
Fecha: 26/05/2009.
Materia: Tributación de las ampliaciones del importe de plazo y de la carencia de un préstamo hipotecario.
Primera: La escritura pública en la que se formalice la ampliación de un préstamo hipotecario concedido por una entidad financiera estará sujeta a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales, siendo la base imponible la responsabilidad hipotecaria añadida en la ampliación, es decir, el importe del principal ampliado, más los correspondientes intereses pactados y las cantidades que se hayan estipulado para costas y gastos.
Segunda: Las escrituras públicas que documenten la ampliación del plazo de los préstamos con garantía hipotecaria tienen por objeto cantidad o cosa valuable. El acto de contenido valuable que motiva la inscripción registral es la hipoteca. En la ampliación del plazo del préstamo hipotecario, el contenido valuable que constituirá la base imponible de la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, será el correspondiente a la modificación de la suma total garantizada, que no ha tributado previamente.
Tercera: El establecimiento o ampliación de un plazo de carencia en un préstamo hipotecario tiene la consideración de alteración del plazo del préstamo a efectos de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Por ello, las escrituras públicas en las que se formalice la constitución o ampliación del periodo de carencia de un préstamo hipotecario pueden tener derecho a la aplicación de los beneficios fiscales regulados en el artículo 9 de la referida Ley 2/1994 siempre que concurran los demás requisitos legales exigidos.
La tercera conclusión es una reiteración de la Consulta V1239/09 de 26 mayo 2009, ya estudiada en notariosyregistradores.com. La recientísima consulta de 10 junio 2009 resuelve en el sentido de considerar exenta, conforme al articulo 9 de la Ley 2/1994, la modificación del periodo de revisión del tipo de interés, incluso cuando se formalice conjuntamente con la modificación del tipo de interés.
Ya reseñamos que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede de Burgo, de 17 de abril de 2009, declara la no sujeción a ITP de una fianza constituida con motivo la de subrogación en un préstamo hipotecario, contenida en una escritura de compraventa, como forma de pago del precio, con la particularidad de que se modifica simultáneamente y de forma sustancial en contenido del préstamo hipotecario: ampliándose su importe, condiciones y tipo de interés. Todo ello lleva al Tribunal a declarar que no puede decirse propiamente que el préstamo garantizado con la fianza esté constituido con anterioridad. Además la fianza solo garantizaba parte del préstamo, extinguiéndose cuando éste disminuyese en una cantidad. La sentencia descrita nos recuerda lo escrito por Lacruz Berdejo en Derecho de Obligaciones. Volumen primero. Parte general, Teoría General del Contrato, 1994, página 331: Cuando se varía el objeto o las condiciones generales, si inter partes puede configurarse como modificación, con relación a terceros (prelación de créditos, relaciones de garantía, etc.) la obligación resultante de la alteración deberá reputarse obligación nueva. Peña Bernardo de Quirós escribe en el mismo sentido que el acuerdo novatorio meramente modificativo es perfectamente posible inter partes, pero que nunca podrá modificar o agravar la posición de los que sufren el derecho de garantía que tenga el acreedor.
La Orotava, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 7 de agosto de 2009.
Visita nº desde el 1º de julio de 2009

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Resolución 
 artículo 79
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 9