Source: https://tc.vlex.es/vid/sstc-stc-u-f-3-2-fa-5-6-15356033
Timestamp: 2019-10-15 11:01:02+00:00

Document:
STC 293/1993, 18 de Octubre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 15356033
STC 293/1993, 18 de Octubre de 1993
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.854/1990
Sentencia citada en: 3458 sentencias, 36 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, un tema práctico, 15 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2.854/90, promovido por don Rafael G. D. don Juan A. G. S. don José R. A. S. don Angel C. llonga Redulfo, don Rafael G. L. y don Jesús G. L. representados por el Procurador de los Tribunales don Francisco de Guinea y Gauna y asistidos del Letrado don Vicente Díez Machín, contra el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión de 25 de enero de 1990, la Resolución de la Presidencia de la Corporación, de 27 de febrero de 1990 (Decreto núm. 489), y la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 26 de octubre de 1990. Han comparecido el Ministerio Fiscal y la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representada por el Procurador don Juan Luis Pérez Mulet Suárez y asistida del Letrado don Luis Ferrer Monforte. Ha sido Ponente el Magistrado don Alvaro Rodríguez Bereijo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 7 de diciembre de 1990 y registrado en este Tribunal el 12 siguiente, el Procurador de los Tribunales don Francisco de Guinea y Gauna, en nombre y representación de don Rafael G. D. don Juan A. G. S. don José R. A. S. don Angel C. R. don Rafael G. L. y don Jesús G. L. así como de la Junta de Personal de la Diputación Provincial de Alicante, interpuso recurso de amparo contra el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en sesión de 25 de enero de 1990, sobre reestructuración de la Unidad de Parque Móvil, Talleres y Redes de Comunicación; la Resolución del Presidente de la citada Corporación, de 27 de febrero de 1990 (Decreto núm. 489), que dispuso la adscripción provisional de determinados funcionarios a los nuevos puestos de trabajo reclasificados y la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 26 de octubre de 1990, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra los referidos actos administrativos.
a) Los recurrentes prestan sus servicios a la Diputación de Alicante como conductores. Inicialmente, todos los conductores se encontraban clasificados en el mismo grupo, con idénticas retribuciones tanto en cuanto a sueldo como en cuanto a complementos. Por otro lado, con la única excepción de don Juan A. G. S. . participa también en las actividades sindicales-, los recurrentes se encuentran afiliados a la CSIF, ostentando uno de ellos (don Rafael G. D. la condición de representante en la Junta de Personal -elegido en la candidatura de aquella Confederación- y al menos desde 1987 han desarrollado una actividad reivindicativa continuada en demanda de que se adecuasen y mejorasen sus condiciones de trabajo y, en particular, se determinasen los horarios de los servicios que debían realizar.
b) El 25 de enero de 1990, el Pleno de la Diputación adopta determinados Acuerdos de reestructuración de la Unidad de Parque Móvil así como de reclasificación de los puestos de trabajo de dicha unidad. En ellos se amortiza el puesto de trabajo de «conductor» que existía con anterioridad, siendo sustituido por cuatro tipos distintos de conductores -de representación, de servicios generales, de servicios específicos y de servicios auxiliares-, diversificados en cuanto a su complemento específico, sin que quedaran claras las diferentes funciones y jornada correspondientes a cada uno de estos puestos -como acredita la existencia de un Acuerdo complementario, de 29 de marzo-. Los citados Acuerdos no han sido íntegramente publicados en el «B.O.P.», a pesar de lo cual están siendo aplicados desde marzo.
c) El Presidente de la Diputación -en virtud de habilitación contenida en los Acuerdos anteriormente reseñados- emitió Decreto el 27 de febrero de 1990, por el que se adscribía a determinados funcionarios con carácter provisional a los nuevos puestos de trabajo, resultando adscritos los ahora recurrentes a puestos dotados con complementos específicos menores a los que percibían con anterioridad. Tales adscripciones se realizaron sin dar audiencia a los funcionarios afectados y sin procederse a la convocatoria de concurso de méritos ni de procedimiento de libre designación, lo que viene exigido por los arts. 20 de la Ley 30/1984 y 2 del Real Decreto 28/1990. Tampoco contiene el mencionado Decreto relación alguna de las razones justificativas de las adscripciones, aunque se remite a un informe del Jefe de la Unidad en el que se alude a «las peculiaridades, disposición y modos de comportamiento» de los funcionarios afectados. En el escrito de contestación a la demanda que posteriormente se interpuso, la Diputación reconoce además otras motivaciones con respecto a don Angel C. (haber padecido una enfermedad) y don Rafael G. (ser miembro de la Junta de Personal) para justificar su adscripción a los puestos de menor responsabilidad y, por tanto, menor retribución.
4. Por providencia de 8 de abril de 1991, la Sección Tercera acordó, en aplicación del art. 50.3 LOTC, conceder a los demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen alegaciones sobre la posible concurrencia de las causas de inadmisión de los arts. 50.1 a) -en relación con el art. 44.2- y 50.1 c), de la LOTC. Se requirió asimismo a los recurrentes la presentación de un ejemplar de la demanda perfectamente legible.
5. La representación de los recurrentes expuso, ante todo, que se ha respetado el plazo del art. 44.2 LOTC, aportando certificación de que la notificación de la resolución judicial recaída se produjo el 13 de noviembre de 1990. En relación con la causa de inadmisión del art. 50.1 c) de la LOTC, señaló que la demanda no carece de contenido que justifique su admisión a trámite. Añadió además que, en este momento, han sido admitidos a trámite recursos contencioso-administrativos ordinarios contra los actos impugnados en amparo, interesando que, en caso de que la Sala optara por inadmitir el recurso de amparo en aplicación del art. 44.1 a) de la LOTC, tal inadmisibilidad lo sea «únicamente en la instancia» a efectos de poder interponer en su día nuevo recurso de amparo.
Presentó sus alegaciones el 21 siguiente, interesando la inadmisión de la demanda de amparo. Dado el tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la fecha de la Sentencia, «es imprescindible que se acredite la fecha de notificación de la resolución judicial». Por otro lado, el Acuerdo por el que el cuerpo único de conductores se diversifica en cuatro puestos distintos no es lesivo de ninguno de los derechos fundamentales alegados por los recurrentes, toda vez que está justificado en las facultades de autoorganización de la Administración demandada.
Por el contrario, el segundo acto impugnado -que adscribe provisionalmente a los conductores a los nuevos puestos- sí podría afectar en abstracto a los derechos fundamentales invocados. Sin embargo, no ha existido lesión. La presunta lesión del art. 28.1 C.E., dejando aparte que sólo uno de los recurrentes es representante sindical, viene excluida por la justificación ofrecida por la Administración. Habida cuenta que todos los conductores, «como se dice por la Diputación en algún momento, tienen una suficiente competencia profesional», los criterios empleados para la adscripción (peculiaridades, disposición y modos de comportamiento) «son los únicos que parece razonable considerar». En este contexto, no es lícito alegar la existencia de discriminación antisindical para desplazar la carga de la prueba a la Administración. En fin, la invocación del art. 23.2 C.E. -y del genérico art. 14 C.E.- no justifica la admisión de la demanda de amparo. Lo que se reclama no es el acceso a la función sino el derecho a ocupar un cierto puesto, que no viene amparado por aquél (STC 50/1986), sino que es mera cuestión de legalidad.
Sobre la base de esta situación de hecho, solicitó la inadmisibilidad del recurso en cuanto impugna la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, toda vez que no se dan los requisitos establecidos en el art. 44 LOTC y, en segundo lugar, la denegación del amparo dirigido contra los actos administrativos. La Diputación únicamente ha ejercido sus facultades de organización y reestructuración, adaptando los medios disponibles a las necesidades actuales. Ninguno de sus funcionarios ha sufrido merma en su derecho de libertad sindical, ni ha sido trasladado, sancionado o discriminado como consecuencia de su actividad sindical. Más bien aparece el reconocimiento y mantenimiento de los derechos sindicales de uno de los recurrentes -el señor G., a quien se le asigna un puesto de trabajo que le permite desempeñar sus funciones de miembro de la Junta de Personal sin menoscabo del servicio público; otro de los demandantes -el señor C. fue adscrito a las tareas auxiliares y complementarias propias de un Parque Móvil a causa de su dolencia cardíaca. La pretendida inversión del onus probandi, olvida que existe una presunción iuris tantum de legalidad de los actos administrativos y precisamente quien alega la ilegalidad es quien debe probarla.
Desde estas premisas doctrinales, la Resolución administrativa impugnada resulta constitucionalmente irreprochable. La Diputación Provincial, ejerciendo la potestad de autoorganización que expresamente le reconoce el art. 4.1 a)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, acordó modificar la estructura de una de sus Unidades y reclasificar los puestos de trabajo adscritos al Servicio de Automóviles, en cuya virtud quedaban integrados en cinco grupos distintos delimitados por una serie de rasgos (la naturaleza del servicio a prestar, el tipo del vehículo que se conduce, la duración de la jornada de trabajo y las especiales circunstancias que deben reunir determinados puestos de trabajo). Determinó, pues, las funciones y características de los diversos grupos de acuerdo con criterios dotados de la suficiente objetividad y generalidad; y en atención a la responsabilidad, especial dificultad técnica, dedicación y peligrosidad en cada caso concurrentes, fijó la cuantía del correspondiente complemento específico. Este proceder respeta no sólo lo dispuesto en el art. 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, sino también las exigencias del art. 14 C.E., sin que competa a este Tribunal sustituir o revisar la apreciación técnica llevada a cabo por los órganos de la Administración demandada.
4. Respecto de la adscripción provisional de la plantilla en los nuevos grupos surgidos de la reclasificación, importa recordar, de entrada, que cuando se invocan simultáneamente los arts. 14 y 23.2 de la C.E. las supuestas violaciones de aquél quedan subsumidas en las más concretas de éste, salvo que la discriminación impugnada concierna a alguno de los criterios explícitamente proscritos en el art. 14 (SSTC 50/1986, 84/1987, 27/1991 y 217/1992). Sin perjuicio de lo que más adelante se razonará a propósito del art. 28.1 C.E., tal salvedad no concurre en este supuesto y, por consiguiente, debemos centrar el análisis en el art. 23.2 C.E.
Como es sabido, los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo por la supresión o la alteración de su contenido pueden, a propuesta del Director o Jefe de la Unidad, ser adscritos provisionalmente a otro correspondiente a su Cuerpo o Escala [arts. 21.2, b), de la Ley 30/1984 y 27 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero]. Este procedimiento transitorio seguido en el supuesto ahora enjuiciado, en tanto deriva de una modificación de la estructura orgánica preexistente y se justifica por la necesidad de mantener el normal funcionamiento del servicio, no supone una vulneración del art. 23.2 C.E., como hemos declarado en las SSTC 18/1987 y 10/1989 resolutorias de quejas análogas a la presente. De otra parte, la adscripción respetó asimismo la garantía del nivel de puesto de trabajo, es decir, el derecho a percibir el complemento de destino correspondiente a su grado personal (arts. 21.2 de la Ley 30/1984 y 156 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril).
6. Resta por examinar la violación del art. 28.1 C.E. Ciertamente, desde la STC 38/1981 este Tribunal ha resaltado la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela antidiscriminatoria por razones sindicales, señalando que cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que el actor la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no se le impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación-, sino la de razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (SSTC 55/1983, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 135/1990, 197/1990, 21/1992, 7/1993 y 266/1993).
STSJ Castilla-La Mancha 302/2012, 29 de Marzo de 2012 (Protección de los derechos fundamentales)
ATC 150/2010, 3 de Noviembre de 2010
SAP Badajoz 112/2012, 3 de Septiembre de 2012
STSJ Cantabria , 20 de Diciembre de 2005

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto