Source: http://blog.tuderechoasaber.es/category/peticiones-de-informacion/
Timestamp: 2017-02-27 01:57:46+00:00

Document:
Una sentencia avala la resolución del Consejo de Transparencia que instaba al Gobierno a responder a una solicitud de información de Civio
Batalla perdida para Defensa. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha desestimado el recurso que interpuso el Ministerio con el que pretendía ocultar la identidad de los acompañantes de las autoridades en los vuelos oficiales fletados por el Ejército del Aire –a bordo, por ejemplo, del clásico Falcon–. La sentencia, que avala la posición del Consejo de Transparencia (CTBG), la parte demandada, tras una solicitud de información de Civio, aún no es firme, por lo que el ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación. Si no lo hace, deberá proporcionar la información. La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Civio pidió el listado de los pasajeros trasladados por el Grupo 45 del Ejército, encargado del transporte de autoridades. Tras la negativa de Defensa, Civio recurrió al CTBG, que dio la razón a esta fundación e instó a informar de los pasajeros en los vuelos oficiales, a excepción de aquellos traslados del presidente del Gobierno o de miembros de la Casa Real, puesto que son materias clasificadas protegidas por ley. Tras esa primera resolución, Defensa se saltó el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia para emitir una nueva denegación, con motivos distintos y mediante un nuevo expediente. El CTBG, mediante un oficio, instó a Defensa a cumplir la primera y calificó de improcedente el nuevo proceso creado por el Ministerio. El pasado mes de junio, Defensa demandó al CTBG para no tener que identificar a los pasajeros de vuelos oficiales. Así las cosas, el magistrado reprocha a Defensa que emitiera una segunda respuesta tras la resolución del CTBG, una vuelta de tuerca que no está establecida en la Ley, y afirma en su sentencia que “ni era necesario, ni procedente, ni ajustado a Derecho incoar un nuevo expediente […] ni, menos aún, pronunciarse sobre cuestiones que no se habían planteado” en la primera denegación del ministerio. En esta, Defensa se basó en la Ley de Secretos Oficiales, la defensa nacional y la protección de datos personales. Después de la resolución firme del CTBG que tumbó parcialmente estos argumentos, Defensa inició un nuevo expediente y alegó, entonces, que no disponía de la información. Además, esa segunda excusa contradecía otra resolución del General Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire que informaba sobre el procedimiento que sigue la administración para solicitar transporte aéreo de autoridades: deben informar con anterioridad de las personas que viajan en cada vuelo.
En este sentido, el fallo afirma que Defensa “no puede denegar la información por un motivo y, posteriormente, tras la estimación de la reclamación presentada ante el Consejo o incluso de un recurso judicial, volver a denegarla por un motivo diferente no contemplado en la resolución inicial”.
La sentencia anula el segundo expediente que inició Defensa, da la razón al Consejo de Transparencia y, por tanto, obliga al ministerio a identificar a los acompañantes de los altos cargos transportados por el Ejército del Aire. Defensa, previo pago de un depósito de 50€, aún puede recurrir esta sentencia hasta finales de febrero, por lo que puede comenzar otra batalla en los tribunales. Una batalla cuyos gastos –costas procesales, depósito, abogado del Estado– pagamos todos.
La solicitud de información sobre los pasajeros de los vuelos oficiales arrancó el 29 de octubre de 2015, entonces con Pedro Morenés como ministro de Defensa. Más de 470 días después, el ministerio, ahora con Cospedal al frente, sigue sin hacer pública la información requerida.
21 de octubre de 2015 – La Fundación Civio envía a al Ministerio de Defensa una solicitud de información sobre la lista de pasajeros del Grupo 45 de las FAE.
29 de octubre de 2015 – Se determina que la competencia para contestar a dicha solicitud corresponde al Estado Mayor del Ejército del Aire.
1 de diciembre de 2015 – Ante la falta de respuesta, Civio envía una reclamación al Consejo de Transparencia.
2 de diciembre de 2015 – Recibimos respuesta a través del Portal de Transparencia. El segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire deniega el acceso a la información amparándose en la Ley de Secretos Oficiales y en los límites de la Ley de Transparencia.
15 de febrero de 2016 – El Consejo de Transparencia emite una resolución que estima parcialmente las reclamaciones de Civio e insta a Defensa a facilitar la información en el plazo máximo de un mes.
16 de marzo de 2016 – Defensa vuelve a emitir una resolución denegando la información, como si el proceso volviera a empezar.
12 de abril de 2016 – El Consejo de Transparencia notifica a Defensa mediante un oficio que su resolución anterior, la segunda, no tiene fundamento jurídico. Además, informa a Defensa de que debe facilitar la información o interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo, como prevé la Ley de Transparencia.
22 de junio de 2016 – El Consejo de Transparencia notifica a Civio como parte interesada que Defensa ha interpuesto un contencioso-administrativo contra su resolución. La persona del equipo de Civio que pidió la información recibe emplazamiento para comparecer en plazo de nueve días.
9 de febrero de 2017 – El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid desestima el recurso interpuesto por Defensa con la resolución del Consejo de Transparencia, que le instaba a hacer pública la información solicitada por Civio.
Tagged: Civio, Consejo de Transparencia, Fundación Ciudadana Civio, Grupo 45, Ministerio de Defensa, viajes de autoridades, vuelos oficiales	0 Comments	Así fue el ‘maratón’ de preguntas del Día Internacional del Derecho a Saber
Tagged: Día Internacional del Derecho a Saber, solicitudes de información	0 Comments	Celebra con nosotros el Día del Derecho a Saber (28 de septiembre) pidiendo información a las instituciones
Tagged: Consejo de la Transparencia, Día Internacional del Derecho a Saber, evento	0 Comments	Defensa demanda al Consejo de Transparencia para evitar identificar a los invitados a viajes oficiales
Tagged: Consejo de Transparencia, Defensa, ley de transparencia, solicitudes de información	0 Comments	Defensa oculta la identidad de los acompañantes de las autoridades en los viajes oficiales
Esta interpretación de las normas fue reclamada ante el CTBG, que estimó el recurso. En su resolución considera que es de “especial relevancia” la información concerniente al uso de las aeronaves del Ejército del Aire destinadas al transporte de autoridades. A juicio del Consejo, esta información debe ser entregada para conocer la utilización de este medio de transporte sufragado con fondos públicos, vedado a los ciudadanos y disfrutado por los altos cargos –y sus acompañantes– por razón de su cargo.
Tagged: Consejo de la Transparencia, Defensa, peticiones de información, solicitudes de información	3 Comments	Fomento rehúsa dar datos sobre sus pagos para carreteras y cuestiona la “seriedad” del solicitante
Tagged: ley de transparencia, Ministerio de Fomento, peticiones de información	0 Comments	Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública en el Congreso de los Diputados: el caso de la oficina presupuestaria
Firma invitada. Este artículo ha sido publicado originalmente por Encarna Hernández en su blog
Imagen de Juan J. Martínez, extraída de Wikimedia Commons
Los presupuestos son una herramienta fundamental dentro de la gestión pública, de ahí que su conocimiento por parte de todos los actores interesados (desde los Parlamentos hasta la ciudadanía en general) sea decisivo para garantizar una correcta planificación y control del gasto público. Muchas veces, la complejidad y magnitud de la información contable hace difícil ese control, no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los propios representantes públicos que no tienen formación específica en este campo. Ello refuerza la necesidad de acudir a órganos independientes y especializados como las oficinas presupuestarias.
¿Qué hace una oficina presupuestaria? El gran referente lo encontramos en la del Congreso de los Estados Unidos, cuya tarea central es la de analizar de forma independiente asuntos relacionados con el presupuesto y la política económica para servir de apoyo al proceso presupuestario, aportando a su vez transparencia a los resultados de estos análisis. Por ello sus informes son públicos, lo que aporta al conjunto de la sociedad civil la posibilidad de acceder a una información independiente sobre la situación financiera del país al margen de la documentación que aporta el Gobierno y los partidos políticos, garantizando así una parte importante de lo que entendemos por un presupuesto y gasto público transparente.
En definitiva, una oficina presupuestaria no solo ofrece asesoramiento técnico a los parlamentarios, sino que los resultados de su trabajo, a través de distintos informes o estudios, deben estar abiertos a la sociedad, de forma actualizada y comprensible, algo muy sencillo de ofrecer con el actual desarrollo de las TIC.
La Oficina Presupuestaria de las Cortes: lo que sabemos
En España, la puesta en funcionamiento de una oficina presupuestaria en el seno de las Cortes ha sido un reclamo histórico, pero no se creó por Ley hasta 2010. El órgano de nuevo cuño obedece a la necesidad “de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos”. Se trata, a su vez, de un “instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”. La Oficina estaría adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso, su director sería elegido por las Mesas de las Cámaras entre personas de reconocido prestigio y se le asignaría una dotación presupuestaria dentro de la partida destinada a las Cortes Generales.
Algo más de un año después, se aprueba una Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 19 de julio de 2011, por la que se regula su composición y funcionamiento, y donde se establece que la Oficina Presupuestaria llevará un registro en el que constará cada una de las consultas realizadas y el órgano de la Cámara, Diputado, Senador o Grupo Parlamentario que las formula, así como los informes y notas elaborados. Así mismo, podrá elaborar notas sobre cualquier información económica o presupuestaria que se remita a la Cámara, en particular, podrá realizar informes sobre la evolución de la recaudación tributaria a partir de los datos que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Esto es lo que se recoge sobre el papel, aunque lo cierto es que la Oficina no tuvo un director hasta abril de 2013, siendo el designado Vicente Fernández de Gamarra, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda jubilado, que aceptó el cargo con fecha de caducidad. Renunció en septiembre de 2014, sustituyéndole Lidia García Fernández, letrada de Las Cortes. Hasta entonces, la Oficina Presupuestaria se había distinguido por su inactividad, que procuró reactivarse con la firma del Convenio entre ésta y el Gobierno, para que la oficina pudiera acceder a las bases de información contable y presupuestaria de los Ministerios de Economía y Hacienda.
Este paso no se dio hasta diciembre de 2014, hace ahora algo más de un año. Y lo cierto es que los retrasos para que la Oficina pueda operar se vuelven a retrasar por la (según el Gobierno) complejidad técnica para poner en marcha la plataforma o pasarela informática que debe conectar a la Intervención General del Estado con la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para poder acceder en tiempo real a los datos sobre la ejecución del presupuesto. Esta conexión se habilitó hace unos pocos meses, en mayo de 2015, y se aclaró a su vez que dicha información solo estaría disponible para los diputados y no para los ciudadanos.*
La nula publicidad activa de la Oficina Presupuestaria
Todo el relato anterior está extraído de una búsqueda exhaustiva realizada para intentar conocer algo sobre la actividad de la Oficina, de la que encontramos referencias exiguas en el portal del Congreso, que básicamente se limitan a lo contemplado en la normativa vigente que regula este órgano. Ni rastro, por otro lado, de su trabajo o composición. Se supone que la Oficina Presupuestaria está activa, respondiendo consultas de sus Señorías, que a su vez hacen uso del sistema informático (¿usan mucho este servicio?) y elaborando informes, pero no sabemos sobre qué exactamente porque no hay un registro público de ello. Tampoco hemos encontrado referencias explícitas a la dotación presupuestaria de la Oficina en los PGE, por lo que es difícil saber lo que cuesta (al margen de los contratos de la pasarela informática), cuando además tampoco sabemos qué funcionarios o personal la componen.
Es por ello que nos decidimos a utilizar el formulario de solicitud de información delPortal de Transparencia del Congreso, solicitando información sobre la composición de la Oficina, presupuesto asignado, así como aquellos documentos que emanan de su actividad: registro de consultas de los diputados e informes emitidos hasta la fecha (si los hubiere). Esta solicitud se hizo el 20 de enero de este año, recibiendo contestación dentro del plazo establecido (un mes).
Respuesta del Congreso a la solicitud de información sobre la Oficina Presupuestaria
El primer escollo para conocer la respuesta a nuestra solicitud de información es que se nos remite un correo con un adjunto cifrado (extensión P7M), sin más indicaciones. El archivo en cuestión no se puede abrir, y tenemos que recurrir a algunos foros informáticos para probar varias formas de abrirlo. Finalmente, lo conseguimos con un programa específico para ello. Primer apunte negativo.
Una vez abierto, nos encontramos con una nota escueta, con demasiadas obviedades y referencias a las normas legales que regulan la Oficina, y que ya conocemos. En lo que concierne a la información solicitada, se nos apunta, de forma muy escueta:
Sobre la composición de la Oficina: la oficina cuenta con una directora asistida por un administrativo.
Sobre el presupuesto: no dispone de ninguna partida específica dentro del presupuesto de la Cortes, ya que el único gasto es el de personal y se trata de funcionarios de las Cortes (ya hemos visto gracias al Portal de Contratación del Estado que no es así, y que ha habido costes asociados a su actividad).
Sobre el registro de consultas: se nos indica simplemente que ha habido 70 consultas sobre los PGE y otras 148 sobre proyectos de inversión.
Sobre los informes emitidos: se nos despacha con que se han elaborado dos informes, que parece que no podemos conocer de su contenido.
Con esta respuesta se confirma que nuestra Oficina Presupuestaria no quiere parecerse a otras de referencia, que aplican transparencia (activa y pasiva) a su trabajo, aportando con ello una visión independiente muy valiosa para el conjunto de la sociedad. Las oficinas presupuestarias son un instrumento de control parlamentario y ciudadano, pero la nuestra se queda sin uno de los pilares.
Las trampas de la Ley de Transparencia ¿Qué puedo hacer si quiero conocer el contenido de esos informes? Lo mejor de la respuesta a la solicitud de información está al final del archivo smime.p7m: “Contra la presente resolución cabe recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa”.
En efecto, una de las “trampas” de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) está en su artículo 23.2: “contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo”. Es decir, que no podemos acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuando se trata de instituciones como la Casa del Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial…
En realidad, la LTAIPBG deja coja la potestad del CTBG para vigilar el cumplimiento de la Ley al margen de la Administración General del Estado, algo que este órgano está corrigiendo en buena parte a través de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero que para instituciones como las citadas en el famoso 2.1.f) poco cabe hacer.
El sabor que nos queda después de este ejercicio de derecho de acceso a la información pública es agridulce: la transparencia debe ser una cosas mucho más sencilla, accesible y sobre todo ejercerse con sentido común. Sabemos que se trata de un camino que, en nuestro país, casi acabamos de empezar a recorrer, pero no llegaremos ni donde queremos ni cuando queremos con trampas y piedras innecesarias en el camino.
Encarna Hernández Rodríguez es periodista e investigadora sobre Gobierno Abierto y Transparencia
* Rectificación: eliminamos una afirmación sobre el coste de esta pasarela. Por error, los contratos que enlazábamos correspondían a otro organismo.
Tagged: congreso, Congreso de los Diputados, oficina presupuestaria, presupuestos	1 Comment	Los asistentes al cóctel del Día de la Hispanidad quedan fuera de la Ley de Transparencia
La lista completa de los cientos de invitados a la recepción de los reyes en el Palacio Real, entre los que se encuentran políticos, empresarios, periodistas y artistas, es una incógnita. El ágape ofrecido tras el desfile militar del 12 de octubre costó, entre comida, bebida y servicio, 27.720€
Los reyes saludan a las exministras Ana Palacio y Cristina Alberdi en el Palacio Real. Fuente: casareal.es
Cada 12 de octubre, la élite social, política y económica del país celebra en el Palacio Real, entre aperitivos, vino y cava, el Día de la Hispanidad. Como cada año tras el tradicional desfile castrense, los reyes reciben en palacio a cientos de invitados con motivo de la fiesta nacional. En esta última edición, según los medios de comunicación, el cóctel estuvo marcado por sonadas ausencias, como la anunciada por Pablo Iglesias, o el éxito cosechado por Albert Rivera, adulado y solicitado en los diferentes corrillos al calor de las prometedoras encuestas de aquel entonces. Pero no hay datos oficiales sobre los asistentes: año tras año, el listado de los invitados no es público. Y por lo que parece, así lo seguirá siendo.
La Ley de Transparencia, tal como está redactada, de poco sirve para conocer de forma oficial quién estuvo en aquella jornada. Así lo ratifica el Consejo de Transparencia (CTBG) tras una reclamación ante una relación imprecisa de los invitados por Casa Real.
Después de una solicitud de información que pedía la relación completa de invitados y el coste del cóctel del Día de la Hispanidad, Presidencia del Gobierno, la encargada de responder por Casa Real, despachaba con un párrafo el asunto de los invitados. La respuesta arrancaba con la expresión entre los asistentes; es decir, no se trataba de un listado completo. Presidencia contestó con una mención genérica de instituciones del Estado de donde podrían provenir los diferentes asistentes. A esa enumeración se añaden personas procedentes de diferentes sectores sociales de la vida pública nacional, una etiqueta que homogeneiza a empresarios, periodistas o personajes de la cultura nacional, entre otros.
Tras recurrir la indefinición de la respuesta ante el Consejo de Transparencia, Presidencia alegó, como uno de los motivos para no dar el listado completo, que no existe un interés público suficientemente sólido y superior que justifique la difusión de los nombres de los casi 1.500 asistentes, cifra acorde a la nota de prensa de Casa Real. Esta consideración sobre el interés público de la información es posible debido al apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, que establece que cuando la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirige la solicitud debe ponderar –y razonar– el interés público de la información y el derecho de aquellos cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Sin embargo, la clave para no desgranar la relación de los asistentes la da el Consejo de Transparencia en los fundamentos jurídicos de su resolución. Concretamente, el CTBG menciona el artículo 2 de la ley, que fija las entidades obligadas a responder al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Dicho punto de la norma acota la responsabilidad de la Casa Real a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por lo que sí podemos saber el coste del cóctel, ya que se trata de un acto de disposición de dinero procedente del erario público, según confirma el CTBG, pero no quién participó en dicha recepción real, ya que está fuera del concepto de actividades sujetas a Derecho Público –un límite impuesto por decisión del legislador, recalca el Consejo en su escrito.
¿Qué comprenden las actividades sujetas a Derecho Público?
El Consejo de Transparencia se apoya en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para definir qué actividades están sujetas a Derecho Público. Según la norma, el concepto comprende los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Por tanto, según recoge el CTBG, dentro de dicha consideración se entienden incluidos los actos de gestión presupuestaria, como el coste del cóctel del 12 de octubre, que ascendió a 27.720€, entre catering y personal.
Debido a la limitación establecida por la Ley de Transparencia con el concepto de actividades sujetas a Derecho Público, quedan excluidas el resto de informaciones que vayan más allá de la información presupuestaria, administrativa y de recursos humanos relativas, en este caso, a la Casa Real. Además, el Consejo de Transparencia añade que la respuesta genérica cumple con el espíritu de la norma y respalda así la respuesta del Gobierno. En consecuencia, la identidad de las personas invitadas por los reyes –un acto meramente protocolario, según el Gobierno– queda fuera de la fiscalización de la Ley de Transparencia. Es decir, podemos saber cuánto se gastó en el cóctel, pero no quiénes disfrutaron del mismo. Words by: Miguel Ángel Gavilanes
0 Comments	Transparencia de estafeta y matasellos
0 Comments	La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público no será aprobada en esta legislatura
Esta transposición de una directiva europea restringirá el uso del negociado, un tipo de adjudicación sin concurso que representa el 60% de los contratos de los ministerios en los últimos años. Dos operarios retiran las protecciones de una de las estatuas que presiden la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Fuente: congreso.es
La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, fruto de la transposición de una directiva europea de 2014, en la actualidad en trámite parlamentario, no será aprobada en esta legislatura. Así lo afirma el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras una pregunta sobre su tramitación remitida a través de Tuderechoasaber.es.
En concreto, aunque aseguran que se cumplirá el plazo marcado por la UE, afirman que el proceso parlamentario “previsiblemente no finalizará antes del año 2016”. Así, serán Las Cortes que se formen tras las próximas elecciones generales las encargadas de tramitar y aprobar esta norma esencial.
La directiva europea, aprobada en marzo de 2014, marca su aplicación por parte de los estados miembros con una fecha límite, el 18 de abril de 2016. Una de las modificaciones que incluye esta norma, aun en borrador, eliminará la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado en los supuestos de precio (valores inferiores a ciertos umbrales).
Por su parte, el 60% de los contratos de los ministerios en los últimos dos años se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad. A este respecto, la actual Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.
1 Comment	123›»

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 2