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Actividad 5_Magda M_Grupo 294
pandemia ensayo
MARGARITA.RICO.CERDA_A.5_GLOB_LIA_ENE.ABR.2020
COLOMBIA: DESTRUCCIÓN Y SUBUTILIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y NECESIDAD DE UN NUEVO MODO DE DESARROLLO
Colombia: destrucción y subutilización del capital humano y necesidad de un nuevo modo de desarrollo *
Este ensayo pretende mostrar cómo a pesar de que la Constitución colombiana de 1991 establece el Estado social de derecho, que entre algunos aspectos básicos está fundado en el respeto a la dignidad humana y al trabajo, que debe intervenir para dar pleno empleo a los recursos humanos y establecer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en el país existe una impresionante subutilización o, peor aún, destrucción, del capital humano, de lo cual el desempleo es una de sus principales manifestaciones. Por tanto, no es el resultado coyuntural sino rasgo persistente de un modo de desarrollo que tiene como característica esencial la más profunda exclusión social, que, en lo económico, ha llevado a una continuada disminución relativa del consumo de los hogares en la demanda interna. Después de mencionar otros aspectos críticos, se destacan algunas alternativas de solución, incluida la propuesta de no discutir alrededor de modelos económicos sino de un nuevo modo de desarrollo.
I. Fundamentos constitucionales y conceptuales
II. Destrucción y subutilización del capital humano
III. La crítica situación finisecular y la búsqueda de soluciones
IV. Un nuevo modo de desarrollo humano
* Las ideas principales de este documento fueron presentadas en el foro convocado por la Comisión Séptima Constitucional del Senado por iniciativa del senador CARLOS CORSI OTÁLORA sobre el tema “Causas reales y verdaderas respuestas al desempleo” y realizado el jueves 26 de abril de 2001.
** Economista, contador público, administrador de empresas, PhD en economía y doctor en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); miembro de número y vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; profesor emérito de la Universidad Autónoma de Colombia —FUAC—; profesor visitante de posgrado en varias universidades de Colombia; autor de más de 20 libros y folletos y de más de 200 ensayos y artículos publicados en el país y en el exterior; conferencista en universidades e instituciones similares de Colombia y el exterior; consultor-asesor privado; en la actualidad, director de posgrados en ciencias económicas y sociales de la FUAC y columnista de la página editorial del diario económico y empresarial La República.
Cualquier discusión sobre la naturaleza y condiciones de la principal riqueza de Colombia, su población, incluido lo relativo al empleo y desempleo de las personas que trabajan o buscan trabajo, debe partir de las concepciones que respecto a la dignidad humana y el trabajo proclama la Constitución vigente, teniendo en cuenta
que a partir de 1991 optamos por ser un Estado social de derecho. No olvidemos que
la Constitución, como norma de normas, obliga a todos, en especial a los miembros
de los diferentes órganos del Estado. En nuestra opinión, el Estado social de derecho es la etapa superior, por transformación dialéctica, del simple Estado de derecho,
y su razón de ser y finalidad, más allá de las normas y las instituciones constituidas
pero en el marco de una nueva hermenéutica jurídica, es el desarrollo humano. Desarrollo que, según una reciente propuesta nuestra, debe ser en condiciones de felicidad y libertad.
Para comenzar, recordemos que el artículo 1º define a Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto “de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general”. A su vez, el artículo 334, al establecer que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, define que es para racionalizarla con el
“fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos (
Para reiterar el carácter de Estado social de derecho el artículo 366 enfatiza estos principios esenciales cuando dice que el “bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”. También debe tenerse en cuenta que el artículo 13 establece que:
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (
“el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (
Y entre los artículos que se relacionan con la utilización del capital humano por la
sociedad, puede mencionarse el 54 que establece que:
El artículo 53 de la C.P. define que el “Congreso expedirá el estatuto del trabajo”, para lo cual determina una serie de principios mínimos fundamentales. Hasta ahora, no se ha expedido tal estatuto.
Por tanto, todo lo relativo a la dignidad humana y al mejoramiento de la calidad de vida y distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, así como a la prevalencia del interés general, compromete a todo el Estado y no sólo
a las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial), incluidos organismos autónomos e independientes como los que se mueven en el ámbito monetario, electoral y de control. Como dictamina el artículo 113 de la Constitución de 1991, los “diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. A pesar de lo anterior, Colombia carece de una política de Estado sobre el empleo y las condiciones en que se desenvuelve, o diciéndolo con otras palabras, sobre la utilización y desarrollo de lo que hoy se denomina el capital humano.
Ya no se duda que el capital más importante en cualquier proceso productivo lo representan las personas, pero su importancia no se mide en términos cuantitativos monetarios, como ocurre con otras formas del acervo material, sino con indicadores cualitativos sociales, pues su valor está dado por los conocimientos que poseen y la capacidad de que disponen para desempeñarse con productividad, esto es, con eficiencia y eficacia, en una sociedad sujeta a un creciente proceso de globalización. Es necesario que se entienda mejor que el ser humano no es un factor más de la producción sino el factor, por excelencia, de la producción, y es el trabajo humano lo que hace conmensurable a bienes y servicios muy distintos. Si bien los factores inanimados ayudan a dar forma al producto del trabajo, el significado y el contenido del trabajo está sólo en los mismos hombres y mujeres.
Hoy se dice que lo fundamental es el desarrollo integral del ser humano, sin que ello niegue el crecimiento económico, entendido como la utilización inteligente de los recursos disponibles para producir los bienes y servicios que satisfacen las crecientes necesidades materiales, sociales y espirituales. En ese sentido, la acumulación de bienes de reproducción o el uso ampliado de objetos de consumo personal es indispensable para el crecimiento económico, pero no puede convertirse en el fin fundamental de la sociedad. Teniendo en cuenta las condiciones en esta transición hacia una nueva época histórica, la concepción moderna de que el crecimiento económico y el desarrollo humano deben ser simultáneos y complementarios, ha de convertirse en el fundamento de una nueva economía política.
Aunque Colombia tuvo durante la mayor parte del siglo XX una situación económica
y política controlable, lo que explica no haya padecido crisis profundas y prolongadas,
la lógica y la historia comprueban que, cualesquiera hayan sido los modelos económicos utilizados en el lejano o reciente pasado, el resultado fue una sociedad
excluyente, que destruye la naturaleza, carece de democracia en la vida ciudadana
y es inequitativa en el disfrute del progreso humano. Los resultados positivos de esta
precaria estabilidad se han concentrado en un grupo muy reducido, ya sea por medios pulcros o no desde la ética del capitalismo, mientras cerca de la mitad de la población carga sobre sus hombros la acumulación agobiante de la pobreza, pues no puede disfrutar de lo que se consideran unas condiciones dignas y mínimas de
vida, comenzando por el disfrute de una ocupación estable y un ingreso equitativo; iniciado el siglo XXI, esa mitad de la población sigue al margen del mercado, o participa en forma muy reducida; la escasa y estrecha demanda interna impide hablar con propiedad de una economía capitalista de mercado.
Visto este sucinto marco conceptual y constitucional, queremos hacer énfasis en que los críticos resultados económicos y sociales obtenidos en los años finiseculares no obedecen, en lo fundamental, a factores externos ni a aspectos coyunturales, entendidos éstos como lo circunstancial o particular. Se explican, en lo esencial, por factores internos y aspectos estructurales, o sea, de presencia permanente o general en nuestra realidad. Es decir, si bien lo que acontece en el resto del mundo nos afecta de alguna manera, no podemos achacarle de manera exclusiva a fenómenos externos la culpa de lo que nos ocurre, sin que ello niegue que su presencia fortalece lo interno y estructural, cuando le interesa. La respuesta está adentro y nuestra obligación es encontrarla. En esta misma línea de razonamiento no creemos que la explicación haya que encontrarla en modelos económicos, sino en algo más complejo
y de larga trayectoria: el modo de desarrollo que ha tenido la sociedad colombiana,
por lo menos en los últimos cien años.
Sin duda, la destrucción y subutilización del capital humano es un rasgo persistente de ese modo de desarrollo excluyente, rasgo que se agudiza con la crisis general que padece la sociedad colombiana. Si bien la tasa de desempleo se duplicó entre 1995
y 2001 y la pobreza aumentó en más de 20% durante el mismo lapso, este fenómeno
no tiene como única causa explicativa el reciente comportamiento negativo de la economía (el PIB de 2000, medido en dólares, fue inferior en 20% al de 1997), pues cuando la economía tuvo tasas de crecimiento superiores al 6% anual, como entre los años sesenta y setenta del siglo XX, el desempleo se mantuvo cercano al 10%, el coeficiente Gini no disminuyó en proporciones significativas ni mejoró la protección social de los trabajadores. Por tanto, la solución no puede encontrarse por el camino de cambios circunstanciales en la política económica o de aleatorios programas de empleo financiados desde el gobierno con recursos de crédito, pues cada vez le queda menor espacio a este tipo de respuestas. La verdadera respuesta supone disminuir de manera apreciable la pobreza y redistribuir con equidad el valor agregado en el proceso de producción de bienes y servicios.
No obstante, pueden recordarse algunas cifras conocidas para insistir sobre la gravedad de la situación. Con una tasa que oscila entre el 15% y el 20%, el número de desempleados al comienzo del siglo XXI estaría entre 3 y 4 millones de personas, lo que representa un problema para varios cientos de miles de familias; cuando el desempleado es el jefe del hogar, el problema se transforma en tragedia, lo que puede estar afectando a no menos de 500.000 familias. Hogares que en más de un 60% pertenecen a los estratos tres y cuatro y que para sobrevivir han tenido que retirar hijos del estudio, disminuir el consumo habitual y vender bienes, incluida la propiedad raíz, por lo que aumenta el número de familias que viven en viviendas
arrendadas. El desempleo conlleva, es evidente, una disminución significativa del ingreso disponible, lo que afecta, a su vez, el problema de demanda interna que padecemos.
Si consideramos un desempleo medio de 3,5 millones de trabajadores, con una escolaridad de 7 años y una experiencia de 10 años por persona, estamos hablando de un capital humano que representa cerca de 60 millones de años de educación y habilidades subutilizadas, lo que le costó a la sociedad una ingente suma de dinero. Sólo la escolaridad, y calculando apenas un millón de pesos por año, a precios del 2000, significa una inversión en capital humano “improductivo” de 24,5 billones de pesos, o sea más de US$11.000 millones, una octava parte del PIB anual. Para agravar la situación, la falta de trabajo afecta de manera más aguda a los jóvenes, a las mujeres y a los profesionales universitarios sin educación avanzada, es decir, a núcleos valiosos pero muy vulnerables de la población.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el efecto del desempleo es mayor en las grandes ciudades, sin que ello niegue la creación de empleo. En las siete principales ciudades del país, la población económicamente activa se duplicó entre 1981 y el año 2000; durante el mismo lapso, el empleo creció a un ritmo un poco mayor, pues aumentó en 2,2 veces, pero los desocupados se incrementaron en 7 veces, al pasar de menos de 200.000 personas a más de 1,4 millones. Como se observa a simple vista, si bien aumentan los desempleados, también crece el empleo a una velocidad mayor que la población, lo que cuestiona la tesis de que:
“existen muchos obstáculos para la creación de nuevos puestos de trabajo, por lo que es indispensable flexibilizar al máximo el mercado laboral”.
Agrava la situación el hecho de que más de la mitad de las personas que tienen trabajo, es decir, casi cuatro millones, están en condiciones muy precarias, pues son clasificadas como informales, con escasa o sin ninguna protección legal y social. Y lo peor, avanzamos hacia una informalidad con considerable inversión en educación, para nuestras condiciones: 50% tiene bachillerato (11 años de escolaridad) y 13% educación superior (entre 14 y 18 años de escolaridad). Por otra parte, cada vez un mayor número de familias debe sobrevivir con menos ingreso; a mediados de la década de los noventa el 20% de los ocupados ganaba el salario mínimo o menos; en el 2000, tal proporción subió al 35%.
Además, no olvidemos que el desempleo produce desesperación e induce a la apatía, lo que disminuye la interacción social y coadyuva a la desintegración del tejido social, lo que es muy grave en la sociedad colombiana, que ya, de por sí, lo tiene muy débil. Quizá semejante desperdicio de humanidad, o verdadera desvalorización de riqueza social, tenga mayor costo que la guerra actual, lo que debe preocupar a los actores empeñados en ganarla, pues al final perdemos todos.
En corroboración de la profunda crisis que padece el país, la primera de origen endógeno en nuestra historia, puede mencionarse el hecho de que en los últimos
años se ha producido una impresionante desvalorización y descapitalización. Todo
ha perdido valor en Colombia: las acciones de las empresas, la propiedad raíz rural
y urbana, el patrimonio empresarial, el ahorro privado y estatal, la capacidad
adquisitiva del ingreso, la vida de las personas, el capital humano y social. Si bien en la sociedad moderna la incertidumbre es habitual y se debe contar con ella, en Colombia pesa hoy más el miedo, por lo que la combinación diabólica de miedo e incertidumbre nos ubica en el peor de los mundos.
Cada vez es mayor el desprecio por la vida humana. El homicidio representa el 20% de los fallecimientos en Colombia y su tasa es espeluznante, comparada con otros países: 56 por cada 100.000 habitantes. Es la primera causa de muerte, en especial entre los 18 y los 44 años de edad, y sus formas son cada vez más atroces. Durante 1999 más del 8% de las 37.000 personas que sufrieron muerte violenta eran menores de edad y el 78% tenía entre 18 y 44 años, es decir, se está asesinando, diciéndolo con una metáfora horrible, al futuro de Colombia. Aunque apenas el 20% de tal cifra puede achacarse de manera directa a la guerra trifauce que padecemos (fuerzas armadas, guerrillas y autodefensas), no hay duda que el conflicto bélico alimenta la cultura de la violencia que desvaloriza la vida humana, cuando en todo
el mundo se habla de que la principal riqueza es el capital humano.
Costo que es asimismo altísimo cuando ese capital humano se “fuga” del país. Un estudio reciente calcula que las 15.000 personas con formación universitaria que emigraron de Bogotá durante 1999 representaron una pérdida de 450 millones de dólares para la ciudad. Y esto sin contar lo que sus conocimientos habrían aportado en el futuro, lo que representa varias veces la descapitalización actual. ¿Cuánto valen, entonces, el millón de colombianos y colombianas que se han ido al exterior en los últimos cuatro años? Y no hablemos de capital social. Porcentajes altos de la población desconfían de instituciones que son indispensables para el desarrollo, como justicia, policía, sistema financiero y otras, y se aprecia más el éxito de los narcotraficantes que de los empresarios o los científicos. Por tanto, la moral y la ética sociales muestran un gigantesco saldo rojo. Para resumir, digamos que una descapitalización tan múltiple y descomunal no es producto de cambios en los adjetivos que califican a los modelos económicos sino de cuestiones sustantivas en el modo de desarrollo.
Carecemos de cifras actualizadas y confiables sobre el comportamiento de las variables económicas fundamentales y existen diversas explicaciones sobre las causas de la crisis. Quizá la principal coincidencia se da al aceptar que el problema es de demanda, como es siempre al final de toda crisis económica. En nuestra opinión, la crisis es producto, en lo fundamental, de la incapacidad para mantener una demanda interna creciente y consistente y una oferta exportable efectiva y competitiva. Cuando en lustros recientes pudo incrementarse la demanda interna por medios indirectos, tales como excesivo y deficitario gasto público e importaciones
abaratadas con la sobrevaloración cambiaria, se estimuló el crecimiento económico, llegando en algunos años al 4%. Aunque esto puede hacerse por períodos cortos, obedeciendo en parte la receta keynesiana, las medidas tomadas para disminuir los déficit fiscal y comercial destruyeron el crecimiento económico hasta la disminución del 4,3% del PIB en 1999, la mayor desde la Gran Depresión; el incremento del 2,8% en 2000 no modifica mucho la situación; entre 1997 y 2000, cuatro años, el incremento promedio anual no llegó al 0,6% anual. Si se mide el PIB en dólares, el resultado es más crítico, con disminución absoluta: de casi US$90.000 millones en 1996, ascendió hasta más de US$107.000 millones en 1997 y cayó a US$85.000 millones en 2000.
Y no es previsible un incremento sano de la demanda cuando la población en
condiciones de pobreza crece y ya excede el 50%, esto es, no menos de 22 millones de colombianos apenas consumen lo necesario para sobrevivir, de los cuales 8
millones están en la miseria. La pobreza, agudizada por el desempleo y el subempleo,
ha convertido en una endemia social que impide cualquier crecimiento sostenible
dificulta el desarrollo humano necesario para incorporarnos con éxito en la
sociedad global del siglo XXI.
Según encuestas de percepción, que son muy útiles para otear el horizonte más cercano, el 80% de los hogares siente el desempleo como una “espada de DAMOCLES” lista a cortar el ingreso, lo que los lleva a ser muy cautelosos en el gasto, lo que afecta, por consiguiente, el crecimiento económico y el empleo que genera. La tasa de crecimiento de las ventas en el comercio es inferior al aumento vegetativo de la población. La utilización de la capacidad instalada en la industria cayó a menos del 70% a principios de 2001, al tiempo que aumentan las existencias y disminuyen los pedidos y las exportaciones, incluidas algunas que no son de origen industrial. Para darle una artificial competitividad a las exportaciones se acelera la devaluación, pero ello aumenta el pasivo de las empresas endeudadas en el exterior y recarga los costos de producción, con el consiguiente efecto en los precios. Y ni siquiera una emisión forzosa del Banco de la República estimulará la demanda, pues más del 50% de los hogares disminuyó en los últimos meses su consumo cotidiano, en especial en rubros como alimentos, vestuario y recreación. No existen evidencias de estímulo para actividades económicas “sanas” que impulsen el crecimiento y se traduzcan en desarrollo.
Entre enero de 1997 y diciembre de 2000 los medios de pago tuvieron un crecimiento acumulado de 65%, pero tal expansión monetaria no se tradujo en aumento de la cartera bancaria ni en una disminución sustancial de la tasa de interés, medios expeditos para estimular la actividad económica. La cartera total disminuyó más bien casi 7% entre marzo de 2000 y marzo de 2001, la tasa de colocación oscila alrededor del 30% y por las captaciones se reconoce un poco más de 10%, cuando
el incremento general de precios está ya por debajo del 8% anual; el Banco de la
República mantiene adrede alta la tasa de interés para evitar la fuga de capital y una mayor devaluación. Sin duda, los principales beneficiarios de esta situación fueron
el sistema bancario, que en lugar de orientar la liquidez monetaria hacia actividades
productivas lo hizo hacia el Estado, como un deudor seguro, y el bipartidismo clientelista, que por medio del despilfarro y la corrupción ha privatizado en su favor una porción significativa del gasto público, tanto nacional, como departamental y municipal.
Para agravar la situación, la disminución relativa del consumo de los hogares es una tendencia que se aprecia desde hace varias décadas. Mientras en la mitad del siglo
XX el consumo de los hogares equivalía a más del 60% de la demanda final, pues
superaba el 90% de un consumo interno que representaba dos terceras partes de la demanda final, al finalizar el siglo tal proporción había bajado a un poco más del 50%, pues ya sólo representa el 75% de un consumo interno que es el 70% de la demanda final. En cambio, la administración pública, como totalidad, pasó de absorber menos del 5% de la demanda final a mediados del siglo XX a casi el 18% al finalizar el siglo. También ha disminuido la parte relativa a la formación bruta de capital fijo, incluida la variación de existencias, lo que puede dificultar hacia el
futuro los procesos de reproducción ampliada y, por consiguiente, de crecimiento económico; pasó del 18% en los años cincuenta al 12% en el final de los noventa.
Así como en el consumo la administración pública desplaza a los hogares, en la
formación del capital fijo ocurre lo mismo. Las exportaciones representan al finalizar
los noventa una proporción de la demanda final similar a la que tenían en los
cincuenta, alrededor del 17%. La pérdida de peso de los hogares muestra el efecto que han sufrido las familias con el modo de desarrollo excluyente utilizado durante el siglo XX.
Ello explica porqué en los últimos lustros las ramas con menor crecimiento o, incluso, con decrecimiento, son las más dependientes del mercado interno, como construcción, vehículos, textiles y confecciones, alimentos, debido a la fuerte contracción relativa del consumo doméstico. En cambio, aquéllas con mayor
crecimiento corresponden a las que han recibido inversión extranjera o son objeto de procesos de modernización, como la minería, en especial energética, la banca y
Si vamos más allá de lo coyuntural, las perspectivas siguen siendo críticas, pues diversos cálculos señalan que para poder reducir el desempleo a la mitad, esto es, por debajo del 10%, y amortiguar la pobreza extrema, para rebajarla a un nivel manejable inferior al 20% de la población, se requiere un crecimiento económico anual no inferior al 6%, en términos reales, durante un largo lapso. Suponiendo que se lograse tal proeza, al inicio de la década del bicentenario de la independencia (2010-2019), el PIB total habría pasado de cerca de US$80.000 millones previstos para 2001 a algo más de US$140.000 millones en el 2010, para llegar a un monto apenas superior a los US$2.800, cifra que todavía nos dejaría entre los países pobres del mundo, con una población que bordeará los 50 millones de personas.
Para tener una idea de lo que significa tal esfuerzo, puede recordarse que en ningún momento del siglo XX pudo alcanzarse un incremento del PIB del 6% anual en promedio durante siquiera un lustro, aunque no son resultados imposibles; China
lo logró y por un período más extenso, al sustituir la economía de planificación central por la economía socialista de mercado. Hoy, países que padecieron hace poco crisis muy fuertes, como Corea del Sur y Malasia, crecen a más del 10% anual.
Para poder crecer al 6% anual o más, se requiere aumentar la inversión reproductiva y en renovación tecnológica. Hoy somos uno de los países del mundo con la más baja inversión respecto al PIB, pues apenas está alrededor del 15%, cuando se requieren cifras superiores al 25% para garantizar tasas de crecimiento económico que permitan crear empleo y aminorar la pobreza. La descapitalización que ocurre en todas las actividades económicas es monumental; basta recordar que en 1999 la inversión privada disminuyó en 65% y sólo los fondos de inversión extranjeros repatriaron entre marzo de 1999 y marzo de 2001 casi US$400 millones, cerca del 50% de su inversión. Estos datos evidencian que el modo de desarrollo utilizado durante el siglo XX dificulta incluso el necesario proceso de reproducción ampliada capitalista y hace cada vez menos viable un futuro de crecimiento económico significativo y sostenible.
La violencia generalizada que padece el país le cuesta alrededor del 11% del PIB, esto es, más de US$10.000 millones al año, de los cuales la mitad corresponde al gasto militar trifauce (ejército regular, guerrillas, autodefensas). Las llamadas empresas de seguridad tienen más de 100.000 hombres armados, lo que se suma a tan impresionante gasto militar improductivo. Ni siquiera los montos que llegan por deuda externa e inversión extranjera directa alcanzan a compensar los recursos que se van en la guerra fratricida. Por tanto, es indispensable incrementar la capitalización física.
Para poder crecer al 6% anual o más, se requiere mejorar el funcionamiento de las instituciones que necesita el desarrollo, pero en cualquier encuesta la mayoría de las personas opinan de manera muy desfavorable o no confían en las formas de gobierno, en los partidos políticos, los medios de comunicación, la policía e incluso en las diversas religiones. La justicia está en mala situación y el Estado no es capaz de ofrecer protección a la vida, honra y bienes de las personas. En Colombia, que tiene apenas el 0,7% de la población mundial, se produce más del 50% de los secuestros del mundo. Los bienes que se transfieren de manos productivas hacia los bolsillos depredadores de los ladrones, extorsionistas y secuestradores cuestan más del 4% del PIB, mientras el ahorro privado ha caído al 3%. Tan gigantesco saqueo es superior al efecto redistributivo de los impuestos nacionales. Tenemos un impresionante déficit de Estado y el poco que existe está privatizado en poder de cerrados círculos económicos, políticos y sociales. Por tanto, es indispensable incrementar la capitalización social.
Para poder crecer al 6% anual o más, se requiere desmontar la sociedad excluyente que se construyó durante todo el siglo XX y hacer que la mayoría de la población tenga acceso a los beneficios del progreso humano. La modernidad, más que una reflexión filosófica, es el disfrute de bienestar y de calidad de vida, como corresponde a la finalidad social del Estado, para lo cual es fundamental elevar la escolaridad y
mejorar la atención a la salud. Tarea ineludible del Estado es incluir a los excluidos, para lo cual debe redistribuir con eficacia el valor agregado en el proceso de producción y circulación de bienes y servicios, esto es, el ingreso nacional. Por tanto, es indispensable incrementar la capitalización humana.
En resumen, cualquier análisis que se haga y vaya más allá de lo coyuntural, muestra que una crisis como la actual, producto de un modo de desarrollo
excluyente, que marginó a la mayoría de la población durante el siglo que terminó, no puede solucionarse con cambios en la política económica. Se requiere una renovada concepción filosófica y ética, una nueva economía política, que sustituya
a la actividad económica como centro de su análisis por la preocupación hacia el desarrollo del ser humano.
Como señalamos al comienzo de este documento, la explicación de la crisis
estructural que vivimos, de la cual forma parte una despiadada y costosa destrucción
y subutilización del capital humano, no se encuentra en modelos económicos, sino
en algo más complejo y de larga trayectoria: el modo de desarrollo que ha tenido la sociedad colombiana, por lo menos en los últimos cien años. Y hacemos esta distinción, que no es caprichosa, pues según el Diccionario de la Academia de la Lengua el contenido de la palabra modelo tiene relación estrecha con la idea de arquetipo que se imita o reproduce, o con la de esquema teórico, con frecuencia en forma matemática, que se elabora para facilitar la comprensión o el estudio de una realidad; en cambio, la palabra modo está más cerca de expresar la forma variable
y determinada que puede recibir un ser, o forma particular de hacer algo. Por tanto,
creemos que hablar de modo de desarrollo nos permite desbordar lo mero económico,
que a veces se confunde con su expresión matemática, y asumir una concepción más integral de la sociedad, para develar su esencia.
Como el modo de desarrollo vigente durante la mayor parte del siglo XX es insostenible, pues incluso ha perdido eficacia social el esfuerzo tributario de los ciudadanos, se requieren transformaciones éticas en las relaciones sociales, reformas institucionales profundas y cambios microeconómicos y microsociales que permitan una redistribución más equitativa del valor agregado en el proceso de producción de bienes y servicios, lo que supone modificaciones en el sistema ocupacional y en la organización empresarial. Se busca, en adición, que cada vez más colombianos puedan disfrutar de los beneficios del progreso humano en aspectos como educación, salud, atención a niños, ancianos y discapacitados, servicios públicos domiciliarios, información, recreación y otros.
Para construir esa sociedad abierta, democrática y equitativa con que sueña la mayoría de la población, proponemos un modo de desarrollo humano en condiciones de libertad y felicidad, que no son punto de llegada o fines, en sí mismo, sino caminos de búsqueda y encuentro. Hay que tener en cuenta que la felicidad y la libertad no son anhelos recientes y su análisis como fundamentos de la sociedad
humana puede rastrearse más atrás de los griegos; son categorías con una perspectiva más amplia que las ciencias económicas, por lo que constituyen, en la práctica, temática inagotable. Hoy crece la investigación al respecto y se comprueba que en la práctica desarrollo, felicidad y libertad pueden verse como sinónimos, pues son medios esenciales y complementarios en el proceso de humanización. Conforman, asimismo, con las ideas de bienestar, riqueza, prosperidad y equidad una intrincada red conceptual.
Sin duda, el gran reto para el siglo XXI es avanzar en el proceso de desarrollo de la sociedad humana. Sin que se niegue la historia de la humanidad —el tránsito de unas etapas o formaciones socioeconómicas a otras—, el desafío es insertarse en el proceso de humanización, entendido como la búsqueda y encuentro de los valores supremos del ser humano. Todo indica que cada vez los seres humanos se unen menos alrededor de ideologías y más en torno a sus intereses concretos, tanto materiales como sociales y espirituales, sin que ello signifique la desaparición de las ideologías, sino más bien una mayor fusión con la vida cotidiana. Colombia no puede escapar de esta tendencia universal y esas coordenadas deben ser las que enmarquen su desarrollo y lo orienten hacia el siglo XXI como una sociedad de paz
Modo de desarrollo que requiere un nuevo compromiso social alrededor de ideas movilizadoras como las siguientes: a) el mejoramiento de las condiciones de trabajo
y de vida de la mayoría de la población; b) la diversificación y expansión del mercado
interno; c) la incorporación inteligente del país en la internacionalizada sociedad del conocimiento; y d) la ampliación y consolidación de la democracia participativa. Identificadas las ideas-fuerza, es necesario ponerse de acuerdo con los propósitos
estratégicos de mediano y largo plazo que permitan buscar resultados definidos por medio de políticas y medidas específicas. En este sentido, proponemos para la
discusión los siguientes propósitos estratégicos: garantizar la seguridad alimentaria
de las próximas generaciones; mejorar las oportunidades en salud y educación para
los más pobres y vulnerables; buscar nuevos –de verdad, nuevos— productos de
exportación, en especial de origen biológico y de los servicios, con alto valor agregado
y ventajas competitivas innovadoras; incorporar nuevas formas de propiedad y
organización empresarial, aglutinadas no tanto alrededor del capital como del trabajo; mejorar las condiciones de ocupación de la mayoría de los trabajadores, para disminuir el desempleo y elevar la protección social y económica; y redistribuir
el valor agregado en el proceso de producción, esto es, el ingreso nacional.
Lo anterior significa pasar de un Estado privatizado y empresarial a un Estado estratega y comunitario, esto es, que en lugar de estar en poder de una elite cerrada
y caracterizado por entidades monopolísticas e ineficaces, se transforme en
orientador del desarrollo de la sociedad y propiedad de los ciudadanos; al mismo tiempo, se busca sustituir el mercado cerrado y monopolístico, al servicio de poderosos grupos económicos extranjeros y nacionales, que es el escenario propicio de la crisis, por un mercado abierto y democrático, para beneficio efectivo de los ciudadanos-clientes; y por último, pero no menos importante, el paternalismo y el
asistencialismo de los últimos cien años, cuyos resultados de corrupción, ineficiencia
despilfarro son evidentes, deben ser reemplazados por unasolidaridad social eficaz
sostenible. La tarea común, comenzando por quienes han usufructuado tal modo
de desarrollo, es incluir a los excluidos.
Por eso ahora, en este tránsito de siglos, es necesario insistir con vehemencia en que el crecimiento económico no lo es todo, pues lo fundamental es el desarrollo humano, el crecimiento integral del ser humano. No se justifica un incremento de la riqueza al margen de las propias personas que lo han hecho posible. La nación más exitosa en el largo plazo será aquella capaz de construir una sociedad justa, equitativa y humanizada, que utiliza de la mejor manera posible el fruto del trabajo, sin que ello signifique una sociedad que busca el fracasado igualitarismo y que no reconoce que el ahínco de los productores debe ser compensado en forma satisfactoria. El modo de desarrollo propuesto busca una sociedad en donde todos, y no sólo unos pocos, puedan disfrutar de bienestar y mejoramiento en la calidad de la vida, como es la finalidad del Estado social de derecho.
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 artículo 53
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