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Timestamp: 2019-04-24 00:40:17+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-62 DE FEBRERO 4 DE 1999 UNIFICACION
SENTENCIA SU-62 DE 04 DE FEBRERO DE 1999
CONTENIDO:EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. LA CORTE, ENTRE OTROS ANALIZA LOS SIGUIENTES TEMAS: PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PARTICULARES RESPECTO DE LOS CUALES EXISTE INDEFENSIÓN, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y EN SALUD, MÍNIMO VITAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:AFILIACIÓN DEL TRABAJADOR DEL SERVICIO DOMÉSTICO AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, CONTRATO DE TRABAJO PARA TRABAJADOR DEL SERVICIO DOMÉSTICO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMA DE SALUD, CONTRATO DE TRABAJO VERBAL, TRABAJADOR DEL SERVICIO DOMÉSTICO, DERECHO AL MÍNIMO VITAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:328 DE ABRIL DE 1999, PÁG.624
Sentencia SU-62 de febrero 4 de 1999
Ref.: Expediente T-168219
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los cuatro días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del magistrado ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruíz contra Herlinda Ordóñez Vda. de Millán y Federico Millán Ordóñez.
3. Según afirma la demandante, su labor como empleada doméstica en dicha familia se prolongó hasta el 30 de julio de 1997, es decir, diecisiete (17) años, seis (6) meses y quince (15) días, cuando de manera unilateral la señora Herlinda Ordóñez vda. de Millán decidió dar por terminada la relación laboral, argumentando que los servicios de la actora ya no se necesitaban.
5. Días después del despido, la demandante llamó al señor Federico Millán Ordóñez para solicitarle le fueran canceladas sus prestaciones sociales y la correspondiente pensión. Según afirma la actora, la respuesta obtenida se concretó en que ella no tenía ningún derecho a lo solicitado. Sin embargo, el día 21 de noviembre de 1997, mediante consignación que se hiciera en oficina del Banco Popular (depósitos oficiales) a órdenes del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, recibió la suma de $1.483.000 pesos, supuestamente por concepto de la liquidación de prestaciones sociales a que tenía derecho.
8. Así mismo, afirma que nunca estuvo afiliada a una institución médica, ni contó con servicio de salud por parte de la empleadora, pues las veces en que tuvo que acudir a un médico, debió pagarlo por su propia cuenta. Además, nunca estuvo afiliada al Seguro Social o a una institución que le permitiera obtener posteriormente una pensión, y nunca le fueron pagadas vacaciones ni cesantías.
Mediante sentencia del ocho (8) de mayo de 1998, el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá resolvió denegar la presente tutela. Consideró que la demandante tiene otro mecanismo de defensa judicial ante la justicia laboral ordinaria. Además, de acuerdo a lo señalado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, los hechos aquí expuestos no encuadran en ninguna de las nueve causales existentes para que proceda la tutela contra particulares.
C. Pruebas practicadas por la Corte Constitucional.
Con el fin de comprobar los supuestos de hecho que dieron origen a la presente acción de tutela, la presente Sala de Revisión procedió a citar a los demandados Herlinda Ordóñez Vda. de Millán y Federico Millán Ordóñez y a la demandante, señora María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruíz, para que, bajo la gravedad del juramento, declararan ante esta Corporación, actuación que se cumplió el día 19 de octubre de 1998.
Convocados los demandantes rindieron su declaración los señores Federico Millán Ordóñez y la señora María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruíz. La señora Herlinda Ordóñez Vda. de Millán se excusó de asistir a la diligencia, para lo cual hizo llegar certificación médica que se anexó al expediente.
Expuestos los generales de ley, el señor Millán Ordóñez dio respuesta a las preguntas formuladas por la Sala en los siguientes términos:
No sabe cuál era el salario que esta devengaba al momento del despido, si existía o no un acuerdo previo sobre el monto a pagar en dinero y en especie, ni sí estuvo afiliada a la seguridad social en riesgos profesionales.
En relación con la pensión, expresó que en razón a la edad, ella “no encajaba” en el sistema general de pensiones, razón por la cual nunca se la afilió. Además, sostiene que la actora siempre se negó a que la afiliaran al Instituto de los Seguros Sociales (ISS), por considerar que el servicio prestado por dicha entidad era de muy baja calidad, razón por la cual no se cumplió con dicho trámite. Indicó que por ser médico, los servicios de salud que la actora requirió se los prestó directamente él mismo, incluso con la ayuda de otros colegas y de familiares también médicos.
Afirmó que efectivamente sí se le pagaron cesantías e intereses sobre las mismas, así como vacaciones; no obstante, desconoce el monto de dichos pagos.
En relación con la suma consignada en la cuenta judicial a órdenes del Juzgado 1º Laboral del Circuito de Bogotá, manifestó que cree que corresponde a la liquidación de salarios y prestaciones sociales de su antigua empleada;
Indicó que entró a laborar en la casa de la señora Herlinda Ordóñez desde el 16 de diciembre de 1979, permaneciendo, como encargada de las labores del servicio doméstico, hasta el 20 de junio de 1997. (diecisiete años, seis meses).
Anotó que nunca fue afiliada al sistema general de salud, ni de pensiones; además, jamás recibió sus elementos de dotación para el trabajo. Cuando se enfermaba, debía ir por su propia cuenta al Hospital San José (Bogotá). Aceptó, sin embargo, que ante dolencias menores, el mismo señor Federico Millán la atendía.
Señaló que las razones para dar por terminada la relación laboral fueron los cambios que se comenzaron a presentar en la casa; el aumento de carga laboral desde la llegada del señor Federico Millán y de sus cuatro hijos, agudizándose los conflictos por la alimentación dada a los cuatro menores.
Finalmente, indicó que solamente se ausentaba de su lugar de trabajo para adquirir sus objetos de uso personal, razón por la cual dichas ausencias no eran prolongadas. Además, cuando el señor Federico Millán viajó a México, época en la cual él le reprocha ausencias prolongadas, ya la relación laboral se había dado por terminada.
Þ Escrito dirigido al despacho del Magistrado Ponente (2 fls.).
Þ Fotocopia del recibo del depósito judicial realizado a nombre del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (1 fl.).
Þ Escrito dirigido al señor juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá (1 fl.).
Þ Fotocopias donde se señalan los pagos realizados a la demandante por concepto de cesantías y vacaciones. (No todos los recibos se encuentran firmados por la demandante).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política, la procedencia de la acción de tutela contra particulares está supeditada a la existencia de uno de los siguientes supuestos:
1. Que el particular esté a cargo de un servicio público.
2. Que el particular afecte gravemente y de manera directa el interés colectivo.
Sobre el alcance de lo que ha de entenderse por indefensión, esta corporación ha señalado que tal concepto hace referencia a la carencia de medios físicos o jurídicos que permitan a quien intenta la acción de tutela repeler la violación o amenaza de violación de sus derechos fundamentales. En este sentido, mediante sentencia T-265 de 1997(1), señaló lo siguiente:
“El estado de indefensión se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra inerme o desamparada, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental. El juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias del caso a fin de establecer si se presenta la indefensión a que se refieren los numerales 4º y 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de tutela contra particulares”.
Y en lo que tiene que ver con la configuración del estado de indefensión como presupuesto jurídico de la procedencia de la acción de tutela en los casos concretos, esta corporación tuvo oportunidad de sentar la siguiente jurisprudencia:
“De donde se ha concluido que el concepto de indefensión no es un predicado abstracto del cual puedan hacerse generalizaciones que se distancien de la realidad que ofrecen los hechos. Es por el contrario una “situación relacional, intersubjetiva en la cual el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta agresión injusta”. (Sent. T-172/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Precisando aún más el alcance del concepto de indefensión, la Corte lo ha distinguido del concepto de subordinación en los siguientes términos:
“Esta corporación en múltiples decisiones judiciales(2) ha expuesto reiteradamente que la acción de tutela procede contra particulares, cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, porque así lo dispone expresamente el artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con los numerales 1º a 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
La Corte ha entendido, y así lo ha expuesto en su jurisprudencia, que la indefensión hace referencia a una situación relacional que implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado, se configura sobre situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa por acción u omisión para proteger sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; es decir que la indefensión es entendida como la posibilidad de dar respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate. Así mismo, ha dicho también esta Corte que el estado de indefensión o impotencia se analizará teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas, de los hechos relevantes tales como las condiciones de desprotección, circunstancias económicas, sociales, culturales y los antecedentes personales de los sujetos procesales, por ello el concepto de indefensión es esencialmente relacional. Ello significa que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otros particulares habrá que determinarlo, por parte del juez de tutela de acuerdo al tipo de vínculo que existe entre ambas partes.
En este orden de ideas, estima la Sala que la tutela contra particulares extrae su fundamento sociopolítico del desvanecimiento de la distinción entre lo público y lo privado que caracteriza a la comunidad contemporánea; el fenómeno de la indefensión está encaminado a proteger a las personas de los abusos provenientes de cualquier poder: económico, social, religioso, cultural, etc.” (Sent. T-351/97, M.P. Fabio Morón).
En el caso bajo examen, la Sala tiene en consideración que la demandante es una persona de la tercera edad (cerca de 70 años de edad), grupo humano al cual el Estado otorga una especial protección a nivel constitucional (C.P., art. 13); adicionalmente, pertenece a un estrato socioeconómico y cultural en el cual el acceso a los medios de defensa judiciales resulta difícil, dependiendo prácticamente de la caridad de quien se haga cargo de sus intereses en este campo, y se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por estar comprometido su mínimo vital al carecer de trabajo, de familia y de seguridad social. Circunstancias estas que hacen que se configure una situación fáctica de indefensión evidente.
2. El derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano.
La Corte encuentra que en el caso bajo examen, por no haberse reconocido durante el tiempo que duró la relación laboral unas condiciones de trabajo justas, y finalizada esa relación, un mínimo vital que le permita a la tutelante sobrevivir en condiciones acordes con su situación de persona de la tercera edad, se ha desconocido su dignidad. La normatividad jurídica de rango legal aplicable al servicio doméstico, consagra mecanismos de previsión social que tienden a proteger a las personas de la tercera edad cuando han perdido su capacidad laboral. Estas normas, desde el año de 1988(3), imponen al empleador el deber de afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, obligación que se ha mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, y cuyo incumplimiento hace responsables a los empleadores, quienes pueden verse obligados a pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la denominada por la ley “pensión sanción”. Y aún por fuera de estas prescripciones legales, cuya aplicación al caso presente debe ser decidida por la justicia ordinaria, el deber constitucional de solidaridad que se impone a todo ciudadano en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 superior, obligaba a los demandados a atender el mínimo vital de subsistencia de la persona de la tercera edad que, viviendo bajo su mismo techo, les prestó sus servicios personales durante más de diecisiete años.
La Carta Política de 1991 estableció en su artículo 48 que la seguridad social es un derecho irrenunciable catalogado como económico y social, cuya eficacia, por lo tanto, no es directa, sino que su reconocimiento requiere ser regulado por el legislador a quien compete establecer las circunstancias en que debe ser reconocido. Por ello, en principio, no es exigible del Estado por la vía de la acción de tutela, ya que no se reviste de la connotación de derecho fundamental. Sin embargo, la reiterada jurisprudencia de esta corporación ha definido que los derechos derivados de la seguridad social adquieren su connotación de fundamentales cuando las circunstancias fácticas hacen que su reconocimiento sea imprescindible para la vigencia de otros derechos estos sí, de carácter fundamental(4). Adicionalmente, esta misma jurisprudencia ha definido también que el alcance de la seguridad social como derecho fundamental, surge igualmente cuando quien pretende hacerlo valer es una persona que requiere de una especial protección por parte del Estado, como es el caso de los niños, las personas de la tercera edad y las mujeres cabeza de familia, entre otras.
De esta manera, tratándose de personas de la tercera edad, cuyas capacidades laborales para procurarse su propio sustento se encuentran prácticamente agotadas, y cuyo mínimo vital se encuentra afectado como consecuencia de la ausencia total o parcial de una seguridad social que le permita unas condiciones de vida dignas y justas, la tutela surge como el mecanismo judicial idóneo y eficaz para proteger su derecho constitucional fundamental. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-426 de 24 de junio de 1992(5), en la cual señaló lo siguiente:
“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (C.P., art. 46, inc. 2º), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (C.P., art. 11), la dignidad humana (C.P., art. 1º), la integridad física y moral (C.P., art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) de las personas de la tercera edad (C.P., art. 46)”.
Ahora bien, cuando quien interpone la tutela es una persona de la tercera edad, ha de entenderse, que su capacidad laboral se encuentra prácticamente agotada, no pudiendo por lo tanto, generarse mediante su trabajo una fuente de ingresos. De esta manera la pensión entra a constituirse en ese sustento económico, único para muchas de esas personas, que les permite llevar una vida en condiciones dignas y justas. Esta corporación, mediante Sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, dijo lo siguiente:
“Como se expresó por esta Sala de Revisión en la Sentencia T-111 de 1994, ante la pérdida de su capacidad laboral las personas de la tercera edad muchas veces se encuentran limitadas e imposibilitadas para obtener un mínimo vital de ingresos económicos que les permita disfrutar de una especial calidad de vida. En estas circunstancias, el no reconocimiento de las prestaciones a su favor por las entidades de previsión social, su no pago oportuno o la suspensión de este, pueden significar atentados contra los aludidos derechos y principios; ello justifica plenamente la especial protección que la Constitución ha dispuesto para las personas de la tercera edad (arts. 46, 47 y 48), la cual se traduce en la imperatividad de la norma del inciso 3º del artículo 53, que dice:
“El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
4. Procedencia excepcional de la acción tutela, no obstante la existencia de otros medios de defensa judicial.
Al respecto encuentra la Sala que en efecto la acción de tutela, por regla general, es improcedente para hacer efectivo el pago de acreencias laborales(6). No obstante, existen situaciones excepcionales que hacen urgente la protección mediante este mecanismo. Al respecto, esta corporación mediante Sentencia T-01 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), señaló lo siguiente:
“La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamante.
Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sents. T-426 jun. 24/92, T-063 feb. 22/95 y T-437 sep. 16/96); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas pensiónales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sents. T-426 jun. 24/92, T-147 abr. 4/95, T-244 jun. 1º/95, T-212 mayo 14/96 y T-608 nov. 13/96); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sent. T-246 jun. 3/96; que es posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sent. T-418 sep. 9/96); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical (Sent. SU-342 ago. 2/95, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución”(7).
Visto que la presente situación involucra la afectación del mínimo vital de la demandante, la Sala encuentra que es procedente la acción impetrada, no obstante existir otros medios judiciales de protección de los derechos cuyo amparo invoca.
Como se encuentra debidamente acreditado en el acervo probatorio que obra en el expediente, la actora no sólo estuvo devengando un salario muy inferior al legalmente establecido por la legislación laboral colombiana, sino que, además, durante el período que estuvo empleada con la señora Ordóñez Vda. de Millán, nunca fue vinculada a una institución prestadora de servicio de salud, ni tampoco a una institución de seguridad social en pensiones. Circunstancias que hacen que hoy carezca del reconocimiento efectivo del conjunto de derechos que se derivan de la seguridad social que para ella revisten el carácter de fundamentales, y que no tenga la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas, por haberse desconocido su mínimo vital.
2. Despido sin justa causa. En efecto, no se encuentra demostrado dentro del expediente que el despido hubiese sido debidamente justificado. La terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, impone al empleador poner en conocimiento del trabajador el motivo de dicha terminación, obligación inexcusable respecto de la cual esta corporación ha dicho lo siguiente:
“Cuando ese parágrafo señala que la parte debe indicar la causal o motivo que fundamenta la decisión de terminar unilateralmente el contrato, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo. Así lo ha entendido la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente”. (Sent. C-594/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
3. De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente la accionante laboró para los accionados por más de 17 años aproximadamente.
Por todo lo anterior, y considerando la situación en que se encuentra la demandante y la afectación de su mínimo vital, la presente Sala de revisión revocará la decisión proferida por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, y en su lugar concederá la presente tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la dignidad, y a la seguridad social de la accionante. Se ordenará a la señora Herlinda Ordóñez Vda. de Millán y al señor Federico Millán Ordóñez, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, empiecen a cancelar mensualmente una suma equivalente a un salario mínimo mensual vigente a la señora María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruiz, obligación que deberá cumplirse en lo sucesivo dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, y hasta cuando exista un pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria, que defina los derechos laborales de la tutelante. Dicho pago deberá hacerse en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, juez de primera instancia en la presente tutela, el cual verificará el cumplimiento de todas las órdenes aquí impartidas, advirtiendo a los demandados que si incumplieren se harán acreedores a las sanciones establecidas por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
El pago de la suma mensual aquí ordenado no tiene el carácter de salario, ni impone a la demandante la obligación de prestar servicios personales a los demandados.
A su vez, los demandados deberán afiliar a la demandante al plan obligatorio de salud de alguna EPS autorizada legalmente para funcionar como tal, escogida por ella, a fin de proteger así su derecho a la salud, el cual adquiere el carácter de fundamental en razón a la situación especial de desamparo en que se encuentra la actora.
1. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, y en su lugar CONCEDER la tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a la dignidad y la seguridad social de la accionante.
2. ORDENAR a la señora Herlinda Ordóñez Vda. de Millán y al señor Federico Millán Ordóñez, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, cancelen la primera suma equivalente al salario mínimo a la señora María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruiz, la cual deberá liquidarse con base en monto del salario mínimo legal vigente a la fecha del pago y en lo sucesivo cancelarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, hasta cuando exista pronunciamiento por parte de la justicia ordinaria respecto de los derechos laborales de la accionante. Dicho pago deberá hacerse en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, juez de primera instancia en la presente tutela.
3. ORDENAR a los demandados, afiliar a la demandante al plan obligatorio de salud que preste la EPS legalmente autorizada que designe la demandante.
4. Solicitar al Juzgado Catorce de Familia de Bogotá, verificar el cumplimiento de las anteriores órdenes, advirtiendo a los demandados que el incumplimiento de la presente sentencia dará lugar a imponer las sanciones establecidas por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
5. ORDENAR a la señora María Cleofe Rodríguez Vda. de Ruiz, que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, inicie ante la justicia laboral ordinaria el correspondiente proceso tendiente a definir si le asiste o no derecho al reconocimiento de salarios y prestaciones sociales.
6. ORDENAR al Defensor del Pueblo, prestar a la demandante toda la asistencia jurídica y legal necesaria para iniciar y llevar a término el proceso a que se hace referencia en el ordinal anterior, y mantener a la Corte Constitucional informada del trámite procesal que se surta y de sus resultados. Para tales efectos, notifíquese la presente providencia al señor Defensor del Pueblo.
7. SÚRTASE el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Vladimiro Naranjo Mesa—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra— Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Martha Victoria Sáchica Méndez(E)—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz.
Pablo Enrique Leal Ruíz, Secretario General (E).
(1) M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz
(2) Sentencias T-605/92, T-365/93, T-036/95, T-506/92, T-162/94 y T-602/96.
(3) Ley 11 de 1988, art. 1°.
(4) Cfr. Sentencia SU-111 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
(5) M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
(6) Cfr. sentencias T-161, T-123, T-613 y T-01 de 1997, y sentencia T-332/98.
(7) Se reitera en las sentencias T-299 de 1997, T-031, T-103, T-107, T-118, T-123, T-221 de 1998.

References: artículo 42
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 95
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 86
 artículo 36