Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531628.html
Timestamp: 2019-03-18 17:46:51+00:00

Document:
as201531628
Auto Supremo Nº 628
Expediente: 106/2011-A
Demandante: Empresa L’ARTIGIANO S.R.L.
Demandada: Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Luis Mario Olguín Zabalaga en representación de Teresa Luna Zarate representante legal de la Empresa L’artigiano S.R.L., cursante de fs. 103 a 106, contra el Auto de Vista N° 002/2011 de 11 de enero, de fs. 96 a 98 vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por la Empresa recurrente contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); la respuesta de fs. 109 a 110; el Auto que concedió el recurso (fs. 111); los antecedentes del proceso; y:
Concluida la demanda Contencioso Tributaria, la Juez Segundo de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento de Cochabamba, pronunció Sentencia de 31 de agosto de 2010, cursante de fs. 72 a 79, declarando improbada la demanda interpuesta por Luis Mario Olguín Zabalaga en representación de la Empresa L’artigiano SRL; en consecuencia Confirmó la validez, legalidad y exigibilidad de la Resolución Administrativa N° GDC/DJ/TTJ/CP/04-08 de 10.01/2008.
Este fallo motivó el recurso de apelación interpuesto por Luis Mario Olguín Zabalaga en representación de la Empresa L’artigiano SRL; (fs. 82 a 84 vta.), que fue resuelto mediante el Auto de Vista N° 002/2011 de 11 de enero, confirmando la Sentencia apelada de 31 de agosto de 2010.
Dicha resolución, motivo el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente de fs. 103 a 106, con los siguientes argumentos:
1) Acusando interpretación errónea de los arts. 128 y 104 de la Ley Nº 2492, señala que, el Ad quem aceptó que se efectuó una fiscalización de julio de 2005 respecto a las facturas de compras presentadas por la Empresa L’ARTIGIANO SRL, sin embargo al haber efectuado un procedimiento de fiscalización no fue realizado un procedimiento de determinación de oficio. Señala que, no obstante lo que dispone el art. 104.IV de la Ley N°2492, respecto a que a la conclusión de la fiscalización se emitirá la Vista de Cargo, el procedimiento de fiscalización concluyó con la emisión directa de una Resolución que liquida el pago de impuestos omitidos y acusa de haber incurrido en la conducta de omisión de pago, sin haberle brindado la posibilidad de ofrecer descargos. Dice que, dicha omisión implica la nulidad de lo actuado hasta que se regule el procedimiento de determinación sin restringir el derecho a la defensa, aspecto que fue descartado por el Ad quem en el numeral 2 del Considerando II, en el que se concluyó que para la restitución de lo indebidamente devuelto no existe un procedimiento expreso. Dice que, en la resolución impugnada, se ratificó el argumento de primera instancia, porque en el procedimiento se hubiera observado el art. 14 de la RND Nº 10-0021-04, criterio que resulta incorrecto, pues dicha norma resulta contradictorio al mandato del art. 104 de la Ley Nº 2492, que debió ser aplicada con preferencia a la citada norma reglamentaria.
2) Denominando “equivocada apreciación del principio de legitimidad –art. 65 código tributario”(sic), señala que, conforme expresó en el acápite que precede, la decisión del Ad quem se halla justificada en el criterio que, correspondía a la Empresa la justificación de validez de crédito fiscal pues la inspección practicada por la Administración Tributaria al domicilio de la emisora de las facturas, justifica la causal de depuración y que ese acto y la propia depuración se consideran válidas según el principio de legitimidad, no haciendo mención a la norma que respalda tal criterio de presunción. Dice que, el art. 65 de la Ley N° 2492, si bien no fue citado en el Auto de Vista, expresa el principio de legitimidad, sin embargo tal criterio no implica la convalidación de todos los actos administrativos, pues claramente expresa la posibilidad de declararlos inválidos; dice que, en el caso presente, se observó la validez jurídica de la inspección realizada a la contribuyente Michmi Quispe, con la que no se notificó a la Empresa, por lo que resulta nulo dicho acto por contravenir el derecho a la defensa, porque la información obtenida fue utilizada para justificar la depuración de crédito fiscal; concluye enfatizando que el Ad quem, no observó estos aspectos ni fue valorado en el Auto de Vista.
3) Intitulando “Inexistencia de pruebas que corroboren la observación de validez del crédito fiscal”(sic), señala que, en el Auto de Vista no se consideró que la Administración Tributaria, no posee ninguna prueba que demuestre que las facturas recibidas por la Empresa L’artigiano SRL de su proveedora Michmi Quispe fueran falsas; agrega que, su Empresa recibió el servicio, fruto del cual pudo cumplir con los requerimientos del exterior lo que se constata en los comprobantes contables. Dice que, las presunciones tomadas como válidas por la Administración Tributaria, respecto a la contribuyente Michmi Quispe no habría emitido notas fiscales, resulta contraria al art. 116 de la Constitución Política del Estado, porque dichas apreciaciones fueron emitidas sin tener ninguna prueba y se fundan en meros razonamientos en base a una inspección realizada fuera de todo procedimiento, cuyo resultado objetivo no arroja absolutamente ningún resultado jurídico, pero en el numeral 3) del Considerando II del Auto de Vista se validó dicho informe porque existiría la presencia de un Fiscal cuyo nombre no se especificó en el proceso.
4) Sobre la inadecuada aplicación del art. 69 del Código Tributario, manifiesta que, el Auto de Vista no valoró adecuadamente el reclamo de la aplicación del criterio expresado en el art. 69 de la Ley N° 2492, en el entendido que la Empresa cumplió con sus obligaciones tributarias respecto a la presentación de sus declaraciones juradas, en aplicación del art. 78 de la Ley Nº 2492, las que son manifestaciones de datos que se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quien la suscribe, por lo que la depuración del crédito fiscal fue un acto discrecional de los funcionarios.
5) Finalmente aduce, Interpretación y aplicación indebida de los arts. 84 y 91 del CTB; señalando que, la Administración Tributaria, basa parte de la Resolución Administrativa en el Informe preliminar DF/VE-IA/497/06-P; dice que la Empresa nunca fue notificada ni informada sobre el trámite de inspección realizada a la Empresa de propiedad de Michmi Quispe, la que prestaba el servicio de mano de obra para la confección de chompas. Hace referencia a la conclusión del numeral 2 del Considerando II, que se basa en el art. 128 de la Ley Nº 2492, en el que se arguyó que no existe un procedimiento específico al respecto y que la Administración Tributaria sólo debe demostrar que la devolución que fuera autorizada resultó indebida por originarse en documentos falsos o reflejar hechos inexistentes.
Solicita que, este Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista y el Auto complementario, declarando probada la demanda contenciosa administrativa. Con costas.
a) Sobre la Interpretación errónea de los arts. 128 y 104 de la Ley Nº 2492
Por este motivo denuncia que, el Ad quem interpretó erróneamente los arts. 128 y 104 de la Ley Nº 2492, respecto al procedimiento observado, pues no obstante lo dispuesto por el art. 104.IV de la citada Ley, el procedimiento de fiscalización concluyó con la emisión directa de una Resolución Administrativa, lo que conlleva la nulidad de todo lo actuado porque se restringió el derecho a la defensa; denuncia que el Ad quem ratificó el argumento de primera instancia, que el procedimiento a observarse es el art. 14 de la RND Nº 10-0021-04, criterio que resulta incorrecto por ser contradictorio al art. 104 de la norma que precede.
El art. 128 de la Ley Nº 2492 respecto a la restitución por parte del sujeto pasivo de lo indebidamente devuelto, establece que: “cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes emitirá una resolución administrativa consignando el monto indebidamente devuelto en UFVs, cuyo cálculo se realizara desde el día que se produjo la devolución indebida, para que en el término de 20 días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente código, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente”; este precepto legal dispone que, si la Administración Tributaria en la fiscalización comprueba que, la autorización de devolución de tributos fue indebida o se debió a documentos falsos o que estos reflejaren hechos inexistentes, debe emitir una Resolución Administrativa para que el sujeto pasivo restituya lo que indebidamente el Estado le hubiera devuelto por concepto de impuestos; debe entenderse que la emisión de la Resolución Administrativa no restringe ni vulnera el derecho a la defensa del sujeto pasivo, pues éste tiene el derecho de impugnar dicha resolución, sea en sede administrativa o judicial, en el que podrá demostrar que la Resolución no tiene sustento fáctico; debe enfatizarse que, el procedimiento a observarse para la mencionada verificación de la legalidad de la entrega de valores fiscales para la devolución impositiva, es la establecida por el art. 14 de la RND Nº 10-0021-04, la que reafirma que en esta fase debe emitirse una Resolución Administrativa y no así otra resolución, por lo que no es aplicable lo previsto por el art. 104.IV de la Ley Nº 2492.
En autos, el Tribunal de Alzada concluyó que, en cuanto al procedimiento “…la norma tributaria no alude un procedimiento común de determinación de oficio, sino uno especial de devolución indebida” (sic); dicho razonamiento se encuentra acorde a lo dispuesto por las normas supra citadas, pues la Administración Tributaria al establecer que la devolución autorizada fue indebida, emitió la Resolución Administrativa Nº GDC/DJ/TTJ/CP/04-08 de 10 de enero, donde determinó que las facturas declaradas por el contribuyente las que fueron emitidas por MICHMO QUISPE REYNA JENNY con NIT Nº 2895896015, no son válidas para crédito fiscal; no advirtiéndose entonces ninguna restricción al derecho a la defensa de la Empresa recurrente.
b) Sobre la equívoca apreciación del Principio de Legitimidad previsto por el art. 65 del CTB
Los motivos descritos en los incs. 2) y 3) del acápite II.1 de esta resolución, tienen estrecha vinculación, pues en esencia se denuncia que, el Ad quem justificó su decisorio señalando que, en observancia al principio de legitimidad, correspondía a la Empresa justificar la validez de crédito fiscal observado, principio que no puede convalidar todos los actos administrativos, pues el art. 65 de la Ley Nº 2492 otorga la posibilidad de declararlos inválidos ante la inexistencia de pruebas que corroboren la observación de validez del crédito fiscal.
El art. 65 de la Ley Nº 2492, respecto al principio de presunción de legitimidad establece que: “Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece”; este principio prevé que los actos de la administración Tributaria se presumen legítimos hasta tanto no sean declarados nulos por autoridad competente, norma que concuerda con lo dispuesto por el art. 27 de la Ley N°2341 que describe al acto administrativo como “toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”.
En el presente caso, el Ad quem concluyó que “no consta que en este proceso contencioso – tributario, optado por el contribuyente para impugnar la RA, éste hubiese presentado prueba en contrario, al constar que sólo se limitó a exigir que la AT demuestre lo que mediante RA expuso, sin tomar en cuenta el principio de presunción de legalidad de los actos y resoluciones…”(sic); ahora bien, de la revisión de antecedentes se puede constatar que la conclusión que precede no desconoce lo previsto por el art. 65 de la Ley Nº 2492, pues la Empresa recurrente no obstante de tener la posibilidad en este proceso de probar las posibles vulneraciones en las que hubiera incurrido la Autoridad Tributaria para emitir la Resolución Administrativa, omitió con el deber de probar dicha situación y se limitó a simples denuncias sin ningún respaldo fáctico pretendiendo desconocer dicho principio, sólo cuestionando la validez de la diligencia de inspección.
La Resolución Administrativa Nº GDC/DJ/TTJ/CP/04-08 de 10 de enero, es un acto administrativo dictado por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que en proceso de fiscalización realizó la verificación de las facturas de respaldo al crédito fiscal, declaradas por el contribuyente correspondiente a julio 2005, de la revisión realizada se efectuó la depuración del crédito fiscal de facturas que al no encontrarse relacionadas con la actividad de exportación, es decir no realiza la prestación efectiva de servicios del proveedor MICCHMI en favor de L’artigiano SRL, por ende no son válidas para crédito fiscal en aplicación de la Ley Nº 843, consiguientemente la Administración Tributaria en uso de su potestad tributaria, declaró a la Empresa L’ARTIGIANO SRL, responsable de la comisión de la contravención tributaria de omisión de pago, elaborada en cumplimiento de lo establecido en el art. 128 y 165 de la Ley Nº 2492 y art. 42 del DS N° 27310, acto administrativo que goza de la presunción de legitimidad, por lo que al haber sido impugnado por la vía jurisdiccional, le correspondía al sujeto pasivo desvirtuar su contenido dentro de la presente causa, obligación como se dijo precedentemente fue omitido.
c) Sobre la inadecuada aplicación del art. 69 de la Ley Nº 2492
En este acápite se denuncia la inadecuada aplicación del art. 69 de la Ley Nº 2492, respecto a las declaraciones juradas prestadas por la Empresa que gozan de presunción de buena fe, conforme al art. 78 de la citada Ley.
El art. 69 de la Ley Nº 2492, respecto a la presunción a favor del sujeto pasivo, establece que “En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”.
Respecto a que no se hubiera realizado una interpretación extensiva del principio de buena fe, se tiene que el señalado principio informa la conducta del ser humano, representando un conjunto de valores ético-sociales, que recogidos por el ordenamiento jurídico constituyen un principio general del derecho y criterio informador para el nacimiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas aplicable al derecho Público como al Privado, siendo que la buena fe siempre se presume, mientras que la mala fe debe ser demostrada de lo contrario los actos no pueden ser calificados de ilícitos, indebidos o injustos. En el Auto de Vista impugnado, no se advierte que, el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de apelación hubiera obrado contrario al principio de buena fe, toda vez que en su labor de control de la resolución impugnada, constató que el Juez al pronunciar la Sentencia declarando improbada la demanda, verificó que la Administración Tributaria en el marco de sus atribuciones respetando el debido proceso estableció que el sujeto pasivo omitió el tributo indebidamente devuelto, por lo que al haberse probado que la declaración jurada prestada por el sujeto pasivo no era evidente, el Tribunal de Alzada aplicó correctamente la norma legal cuestionada.
d) Sobre la interpretación y aplicación indebida de los arts. 84 y 91 del CTB
Por este último motivo, denuncia la interpretación y aplicación indebida de los arts. 84 y 91 de la Ley Nº 2492, cuestionando que la Administración Tributaria, nunca les notificó o informó sobre el trámite de inspección realizada a la Empresa de propiedad de Michmi Quispe.
Sobre este cuestionamiento es necesario referirnos a lo advertido por el art. 258.3) del CPC, mandato legal que taxativamente prevé que, en el recurso de nulidad no está permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores; esta norma advierte, en mérito al principio de preclusión que, el juez está impedido de regresar a los momentos procesales ya extinguidos o consumados, rechazando de oficio toda petición por pérdida de la oportunidad conferida por ley para la realización de un acto procesal.
De la revisión del recurso de apelación de fs. 82 a 84 vta., se advierte que el recurrente no denunció este supuesto agravio, por lo que el Ad quem sólo analizó y resolvió los cuestionamientos efectuados por el recurrente y no emitió ningún criterio sobre la temática que recién en forma extemporánea expone la Empresa demandada en este recurso; en esa virtud, el derecho del recurrente de reclamar la presunta vulneración de los arts. 84 y 91 de la Ley Nº 2492 precluyó, por lo que este Tribunal carece de competencia para ingresar al análisis y resolución de este motivo.
Consecuentemente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde dar aplicación a los arts. 271.2) y 273 del CPC, por mandato de la norma permisiva contenida en los arts. 214 y 297. II de la Ley Nº 1340 y 74.2 de la Ley Nº 2492.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la Constitución Política del Estado y el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luís Mario Olguín Zabalaga en representación de la Empresa L`ARTIGIANO SRL de fs. 128 a 130.

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