Source: https://es.scribd.com/document/248554017/05010000155057380006005
Timestamp: 2019-10-20 03:00:03+00:00

Document:
05010000155057380006005 | Jurisprudencia | Derecho Constitucional
guardarGuardar 05010000155057380006005 para más tarde
Diligencia Con Menores
D. P. 307/2014 QUEJOSOS: LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES. (PRIVADO DE LA LIBERTAD) (TRES CUADERNOS)
MAGISTRADA PONENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. SECRETARIA DE ESTUDIO: INDRA ROJAS MARTÍNEZ. SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE: LORENA LIMA REDONDO.
Ciudad de México, Distrito Federal. Acuerdo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de dieciséis de octubre de dos mil catorce. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo directo 307/2014, promovido por LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, contra acto de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que actuó de manera unitaria, y estima viola los artículos 14, 16, 17 y 22 Constitucionales; y,
I. El acto reclamado a la autoridad responsable consiste en la sentencia de cinco de noviembre de dos mil doce, dictada en el toca 1668/2012, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor de oficio de los sentenciados, en la que modificó la pronunciada en primera instancia, en la causa 191/2012, instruida por el delito
D.P. 307/2014
robo agravado (en contra de transeúnte y con violencia moral).
El tribunal de apelación consideró a los ahora quejosos, penalmente responsables de la comisión del delito citado, en perjuicio de Brenda Gabriel Hernández León, les impuso cinco años, un mes, tres días de prisión y sesenta y cinco días multa, equivalentes a cuatro mil cincuenta y un pesos con cuarenta y cinco centavos; sanción pecuniaria que deberá ser enterada a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; y, en caso de no ser cubierta voluntariamente, ésta podrá ser exigible a través del procedimiento económico coactivo; en caso de insolvencia comprobada, podrá ser sustituida hasta por treinta y dos jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad. Precisó que la pena de prisión la compurgarán en el lugar que determinó el juez de la causa con abono de la preventiva sufrida a partir del treinta y uno de julio de dos mil doce, en que fueron detenidos. Los condenó al pago de la reparación del daño, consistente en restituir a la menor Brenda Gabriel Hernández León, un teléfono celular usado, marca LG, color negro, modelo GT350, con pila, sin chip y sin memoria, con valor de mil pesos, sanción que se dio por satisfecha al haberse recuperado y devuelto a la ofendida. Les negó los sustitutivos de la sanción privativa de libertad, así como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dado que han sido condenados en sentencia y
ésta excede de cinco años. Confirmó la suspensión de sus derechos políticos que iniciará desde que cause ejecutoria la sentencia y concluirá al extinguirse la sanción corporal. La modificación de la Ad quem, consistió en la adecuación del monto de la multa antes precisada; el juez de primera instancia, había determinado que los sesenta y cinco días multa eran equivalentes a cinco mil cincuenta y un pesos con cuarenta y cinco de centavos. II. El presidente de este tribunal, en proveído de veinticuatro de junio de dos mil catorce, ordenó formar el expediente respectivo, admitió la demanda contra el acto reclamado a la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y tuvo como como autorizadas a las personas señaladas en el escrito de demanda, en términos del numeral 12 de la nueva Ley de Amparo. En acuerdo de once de julio siguiente, requirió a la citada sala penal responsable, para que remitiera la constancia de emplazamiento del auto de dieciséis de junio de dos mil catorce, realizado a la tercera interesada Brenda Gabriel Hernández León. En proveído de seis de agosto de dos mil catorce, con el cumplimiento de la Quinta Sala Penal, se tuvo como tercero interesado a Gabriel Hernández Pasten, representante legal de la menor Brenda Gabriel Hernández León, con base en el ordinal 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.
turnó el expediente a la magistrada Guadalupe Olga Mejía Sánchez, para los efectos del numeral 183 de la Ley de Amparo.
PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer y resolver el juicio de amparo directo, con fundamento en los arábigos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso a), de la Constitución General de la República; 33, fracción II, 34 y 170, de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo directo de naturaleza penal, contra acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano colegiado. SEGUNDO. La sentencia reclamada se acreditó con el informe con justificación rendido por el Presidente de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al que anexó los autos originales de ambas instancias. TERCERO. Es legal que la sentencia reclamada fuera pronunciada de manera unitaria por la magistrada Celia Marín Sasaki, integrante de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con base en el normativo 44, párrafo penúltimo, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que establece:
“Artículo 44. Las Salas en materia Penal,
"conocerán:
"(…) Estas Salas resolverán de manera colegiada, "cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas "derivadas de procedimientos ordinarios dictadas en "procesos instruidos por delito grave en los que se imponga "pena de prisión mayor a cinco años. En todos los demás "casos, las resoluciones se dictarán en forma unitaria "conforme al turno correspondiente (…).”
De esta manera, a pesar de que en este asunto se trata de una sentencia definitiva respecto de delito grave y la sanción aplicada excede de cinco años; sin embargo, el procedimiento se siguió en la vía sumaria. Por tanto, al no cumplirse todos los requisitos para actualizar la competencia colegiada de la Sala penal, por exclusión se está en la hipótesis final del normativo transcrito, esto es, la resolución debe dictarse en forma unitaria. Ello sin dejar de observar que para efectos del juicio de amparo se tendrá como autoridad responsable a la Sala, quien propiamente dictó la resolución, independientemente de si lo hizo en forma colegiada o unitaria. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 8/98 1 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES LA SALA "DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CUANDO SE "RECLAMA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR ELLA, EN
"FORMA COLEGIADA O UNITARIA, EN UN ASUNTO DE "SU COMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO
"FEDERAL).”
1 Publicada en la página ciento cuarenta, tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196637.
CUARTO. Por cuestión de método, se estima necesario esquematizar los conceptos de violación que hacen valer los ahora quejosos, en los que sustancialmente refiere:
La Sala penal violó sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley y de audiencia, así como el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, porque:
1. No cumplió con la finalidad de la pena, que es la reinserción prevista en el numeral 18, párrafo segundo, constitucional, y no el castigo. 2. Si bien la Ad quem tiene el arbitrio de fijar el grado culpabilidad, también lo es que su obligación es utilizar un vocablo que no sea confuso, y que dicho grado sea congruente y proporcional con la pena a imponer. 3. Con la negativa a otorgarles los sustitutivos de prisión y el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por haberles impuesto una pena inusitada, se transgredió el ordinal 22 del Pacto Federal, al no aplicar los diversos arábigos 84 y 89 del Código Penal para el Distrito Federal. Citó como apoyo los criterios de los rubros:
“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA "ESTABLECERLA BASTA QUE LA EXPRESIÓN EMPLEADA "POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON "CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD EN "CADA CASO CONCRETO TOMANDO EN CUENTA EL "MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PUNIBILIDAD DEL DELITO DE "QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA "SANCIÓN IMPUESTA Y EL GRADO DE CULPABILIDAD "DEL SENTENCIADO.”.
QUINTO. En principio y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar se destaca que acorde con lo dispuesto por el precepto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, es pertinente destacar que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y aquellos derechos humanos establecidos en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de ahí que, las normas provenientes de ambas fuentes son normas supremas; en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio “pro persona” (en provecho del hombre).
consecuencia, en aras de ese principio,
conforme al cual y en términos del párrafo segundo del precepto constitucional en cita, así como los diversos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 1 y 2
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia; por lo que, el Poder Judicial, al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar: una interpretación conforme en
sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los derechos humanos, se procederá a señalar y reparar, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia “107/2012 (10a.)”, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en la página setecientos noventa y
nueve, Libro XIII, octubre de dos mil doce, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, registro “200/2000” de rubro:
"FUNDAMENTAL APLICABLE.”
Así como la tesis “LXIX/2011(9a.)” del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la
página quinientos cincuenta y dos, Libro III, diciembre de dos mil once, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Décima Época, registro “160525”, de rubro:
"CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX "OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”
Bajo ese marco conceptual, en diverso aspecto, atento a lo dispuesto por el normativo 189, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente, no se aprecia algún vicio de fondo del que pudiera derivar la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del enjuiciado, que sea de estudio preferente, en consecuencia se procede al análisis de los conceptos de violación, en orden a su naturaleza, no en el propuesto por el quejoso.
El motivo de inconformidad genérico tocante a la contravención a las formalidades del procedimiento, derecho humano tutelado en el numeral 14 Constitucional, así como lo referente a la vulneración del numeral 16 del ordenamiento citado, que inciden en el proceso penal, herramienta jurídica institucionalizada para solucionar controversias sociales, en el que se encuentra imbuido diversas prerrogativas constitucionales, entre ellas, el derecho fundamental al debido proceso, que entre otras aristas jurídicas pugna por la
búsqueda legal y el ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso; de manera destacada, en el presente asunto, durante la etapa de averiguación previa, que trasciende jurídicamente al derecho de defensa adecuada considerado en el numeral 20, apartado A, fracción IX de la Constitución General, en relación a la vulneración al principio de debido proceso, es parcialmente fundado, pero insuficiente para conceder el amparo solicitado por lo siguiente:
De las constancias de autos se advierte que el peticionario de amparo OMAR MONTES TORRES, al rendir su declaración ministerial (fojas 68 a 74), fue asistido por persona de confianza (Alicia Villalba Castañeda), lo que originó una infracción a las formalidades del procedimiento, que trae como consecuencia la nulidad de la actuación. En efecto, durante la substanciación de la averiguación previa se vulneró el derecho de defensa adecuada y efectiva, en la medida que no se respetó lo establecido en el artículo 20 Constitucional (en su texto vigente antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), que en la parte que interesa dispone:
“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el “inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes “garantías:
"A. Del inculpado:… “IX. Desde el inicio de su proceso será
"informado de los derechos que en su favor consigna esta "Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, "por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no "quiere o no puede nombrar defensor, después de haber
"sido requerido
"defensor de oficio. También tendrá derecho
"defensor comparezca en todos los actos del proceso y
“requiera…”
Como se aprecia, el precepto constitucional, en su apartado A, contiene derechos fundamentales que se deben atender en un procedimiento penal a favor del indiciado, a fin
de que se respete el principio de debido proceso penal, que permita a las partes defender sus derechos. Se explica, para garantizar la defensa adecuada de un inculpado, a que se refiere el dispositivo transcrito, es necesario que la defensa esté representada por un licenciado en derecho, ya que es la persona que cuenta con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente le es conveniente al inculpado, es decir, por profesional (licenciado en derecho) ya que con éste el inculpado está mejor protegido porque guía su actuación en lo que le conviene, aptitudes estas con las que no cuenta la persona de confianza, por lo que el indiciado durante la etapa de averiguación previa y el proceso ante el juez, debe estar asistido de un licenciado en derecho (abogado particular o defensor de oficio), con independencia de que haya designado persona de su confianza, pues en todo caso, el Estado se encuentra obligado a tener defensores profesionistas, con lo que se estaría otorgando al justiciable una real y efectiva asistencia legal.
Es aplicable, por identidad jurídica,
Jurisprudencia I.9o.P. J/8 (10ª), sustentada por este Tribunal Colegiado, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2,
página un mil ciento cuarenta y seis, Décima Época, registro 2003958, del tenor siguiente:
"DEFENSA ADECUADA. A PARTIR DE LA "REFORMA CONSTITUCIONAL DE DIEZ DE JUNIO DE "DOS MIL ONCE, ESTE DERECHO FUNDAMENTAL "ÚNICAMENTE GARANTIZA CUANDO EL INCULPADO, "AL RENDIR SU DECLARACIÓN MINISTERIAL, ES "ASISTIDO POR UN LICENCIADO EN DERECHO, POR LO "QUE SI LO HIZO SÓLO EN PRESENCIA DE UNA "PERSONA DE SU CONFIANZA, AQUÉLLA CARECE DE "VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO
"FEDERAL).- A partir de la reforma del artículo 1° de la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de "junio de dos mil once, el derecho fundamental a una defensa "adecuada a que se refieren los artículos 20, apartado A, "fracción IX, Constitucional, en su texto anterior a la reforma "publicada en dicho medio de difusión oficial el dieciocho de "junio de dos mil ocho y 269 del Código de Procedimientos "Penales para el Distrito Federal, se garantiza únicamente "cuando el imputado en la averiguación previa y en el proceso "está representado por un licenciado en derecho, por ser la "persona con la capacidad técnica para asesorarlo y apreciar "lo que jurídicamente le es conveniente, por lo que con "asistencia de éste está mejor protegido porque guía su "actuación en lo que le es favorable, esto es, ese derecho "fundamental se satisface con la defensa material que realiza "el indiciado por sí, y con la defensa técnica (formal)que "efectúa un licenciado en derecho, por ser la persona experta, "aptitudes éstas con las que no cuenta la persona de "confianza. Ahora bien, si al rendir su declaración ministerial "el inculpado lo hizo sólo en presencia de esta última, su "testimonio carecerá de valor probatorio, ya que debe estar "asistido por un licenciado en derecho ya sea particular o de "oficio, para otorgarle una real y efectiva defensa legal, y así "respetar el principio de equidad entre las partes, pues el "Ministerio Público –como acusador- es un órgano técnico "representado por un licenciado en derecho y por lo mismo, "bajo el principio de igualdad, también el inculpado debe estar "representado por un profesionista en la misma materia y no "únicamente por persona de confianza. Consecuentemente si
"el inculpado rindió su declaración ministerial asistido
"solamente por esta última, con ello se originó una infracción "a las formalidades del procedimiento, lo que se traduce en "violación a sus derechos fundamentales, que traería como "consecuencia su nulidad al constituirse como prueba ilícita y,
"por tanto, que no se le otorgue valor probatorio alguno.”
Conforme a lo anterior, se advierte, la defensa adecuada se satisface con la defensa material que realiza el inculpado por sí y con la defensa técnica (formal) que se realiza a través de un licenciado en derecho, por ser quien cuenta con la capacitación profesional para ejercer dicha defensa, esto es, una persona experta, con lo que además se estaría respetando el principio de equidad entre las partes, pues no debe perderse de vista que el ministerio público, como acusador, es un órgano técnico, que está representado por un licenciado en derecho y por lo mismo el inculpado debe estar representado por un profesionista en la misma materia y no únicamente por persona de confianza; por tanto, si en el caso, se observa que el indiciado, ahora quejoso, al rendir su declaración ministerial estuvo asistido únicamente por persona de su confianza, se originó una infracción a las formalidades del procedimiento que se traduce en violación al derecho fundamental de defensa adecuada, lo que trae como consecuencia que dicha prueba sea considerada ilícita y por tanto sea nula la declaración; es decir, que no se le otorgue valor probatorio. Lo expuesto, tiene fundamento en el criterio establecido por el Máximo Tribunal Constitucional respecto a la prueba ilícita, contenido de manera implícita en los
principios constitucionales del debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales de legalidad, imparcialidad judicial y defensa adecuada; los cuales resguardan implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales. Ilustra lo anterior la tesis 1a. CXCV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página seiscientos tres, Décima Época, registro 2003885, de rubro y texto siguientes:
"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO "FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN "DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN "LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17, Y 20, APARTADO A, "FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO "SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO "ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO "OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.
"El proceso penal, entendido lato sensu como uno de los "límites naturales al ejercicio del ius puniendi estatal, así "como dentro de un contexto de Estado social y democrático "de derecho, como una herramienta jurídica institucionalizada "para solucionar controversias sociales, se encuentra imbuido "de diversas prerrogativas constitucionales, entre ellas, el "derecho fundamental al debido proceso, que entre otras "aristas jurídicas pugna por la búsqueda legal y el "ofrecimiento de pruebas dentro de un proceso. Ahora, si bien "es cierto que de la Constitución Política de los Estados "Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma "publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio "de 2008, no se advierte una definición expresa ni una regla
"explícita en torno al derecho fundamental de la prohibición o "exclusión de la prueba ilícita, éste se contiene implícitamente "en nuestra Carta Magna, derivado de la interpretación "sistemática y teleológica de sus artículos: (i) 14, al establecer "como condición de validez de una sentencia penal, el "respeto a las formalidades esenciales del procedimiento; (ii) "16, en el que se consagra un principio de legalidad lato "sensu; (iii) 17, por cuanto se refiere a que los jueces se "conduzcan con imparcialidad; (iv) 20, apartado A, fracción IX, "en el que se consagra el derecho a una defensa adecuada "en favor de todo inculpado, y (v) 102, apartado A, párrafo "segundo, en el que se establece un diverso principio de "legalidad específico para la institución del Ministerio Público, "durante el desarrollo de su función persecutora de delitos. En "ese tenor, los principios constitucionales del debido proceso "legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales a "la legalidad, la imparcialidad judicial y a una defensa "adecuada, resguardan implícitamente el diverso principio de "prohibición o exclusión de la prueba ilícita, dando lugar a que "ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas "cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias "constitucionales y legales; por tanto, todo lo obtenido así "debe excluirse del proceso a partir del cual se pretende el "descubrimiento de la verdad. Dicho en otras palabras, aun "ante la inexistencia de una regla expresa en el texto "constitucional que establezca la repulsión o expulsión "procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que "reconocer que ésta deriva de la posición preferente de los "derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional y "de su condición de inviolables.”
Esto es, la violación al derecho humano de defensa adecuada no puede concurrir con circunstancias que en apariencia la convalide, como sería el estar asistido por una persona de confianza y que incluso niegue la imputación que se le hace, pues la defensa, adecuada, materia de estudio, no debe supeditarse a actos posteriores que puedan interpretarse como el consentimiento o superación de la
actuación contraria a derecho; lo opuesto, implica realizar una evaluación a priori de la declaración del inculpado rendida sin la asistencia técnica de un abogado, para determinar si tiene efectos perjudiciales hacia la defensa o si vierte elementos a la exculpación que pudieran beneficiarle y, así, convalidar sí posteriormente es ratificada ante el juez de la causa. A lo que debe agregarse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 1519/2013 y 1520/2013, en sesión de veintiséis de junio de dos mil trece, 3535/2013, 449/2012 y 2809/2012, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil trece, estableció que aun en el supuesto que durante la diligencia, declarada ya ilícita, se aportaran elementos de exculpación, no se puede validar una actuación judicial ilícita que se practicó en contravención a los derechos humanos del imputado; por lo que, la prueba, no debe ser tomada en consideración por la autoridad jurisdiccional en la resolución que pronuncie al resolver la situación jurídica del justiciable. Por ello, se itera, la declaración rendida ante el agente del ministerio público sin la asistencia de un defensor o abogado que lo patrocine, debe ser excluida de todo juicio de valoración probatorio en las resoluciones que determinen la situación jurídica del gobernado, por ello no constara su contenido en el resumen de constancias que se realiza más adelante y que tiene como efecto el estudio del delito y responsabilidad penal. Es aplicable la tesis 1a. CCXXVI/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página quinientos cincuenta y cuatro, Décima Época, registro 2003959, del tenor siguiente:
“DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL.
"ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE
"ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. El "derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo "20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma "publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio "de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a una "defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca "en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de "hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza "desde que aquél es puesto a disposición del Ministerio "Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar "con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose "como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor "legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con "apego a los principios del debido proceso, y éste no sea "viciado, asegurando a la postre el dictado de una sentencia "que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y "constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo "que deberá observarse en todas aquellas diligencias o "actuaciones y etapas procesales en las cuales es "eminentemente necesaria la presencia del inculpado, en las
"que activa, directa y físicamente participe o deba participar, "así como en aquellas en las que de no estar presente, se "cuestionarían o pondrían gravemente en duda la certeza "jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa "adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad "es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará "a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar "que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos "fundamentales, como lo es no declarar, no autoincriminarse, "no ser incomunicado, no sufrir tortura alguna, ni ser detenido "arbitrariamente, así como ser informado de las causas de su
"detención, entre otras”.
En consecuencia, se violó en perjuicio del quejoso OMAR MONTES TORRES, el derecho de defensa adecuada; particularmente, como se ha expuesto, al rendir su declaración ministerial únicamente en presencia de persona de confianza y no por un licenciado en derecho; por tanto, la diligencia no puede ser tomada en consideración para efectos de valoración al dictar cualquier resolución que determine su situación jurídica. Empero, como ya se señaló, no es dable conceder el amparo solicitado, ya que a nada práctico conduciría esa concesión, pues el efecto sería para que la responsable hiciera el estudio correspondiente con el demás caudal probatorio, lo que en el caso particular, no redunda en su perjuicio real, pues existe en el sumario más pruebas con las que se acredita el delito y la participación del justiciable, como se analizará en el considerando correspondiente; por tal motivo, su declaración ministerial, será excluida como medio de prueba en el análisis que este Tribunal haga respecto a la legalidad o ilegalidad de la sentencia que reclama. Lo anterior, se apega en la Jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página dos mil cincuenta y siete, Décima Época, registro 160509, que dispone:
“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO "PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER "JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL "MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y
"LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una "garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y "cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales "alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, "al establecer como condición de validez de una sentencia "penal, el respeto a las formalidades esenciales del "procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se "conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 "constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que "asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, "fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al "derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el "derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba "cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el "orden constitucional o el legal), no puede sino ser "considerada inválida. De otra forma, es claro que el "inculpado estaría en condición de desventaja para hacer "valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba "ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden "constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal "de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, "que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser "admitida. Esto deriva de la posición preferente de los "derechos fundamentales en el ordenamiento y de su "afirmada condición de inviolables”.
emitida por el mencionado quejoso, en la que ratificó su declaración ministerial, aun cuando estuvo asistido por la defensora pública, con independencia de su contenido, advierte que ésta al provenir de una prueba que violó derechos fundamentales del quejoso no puede convalidarse; ello, porque la exclusión de la prueba ilícita como garantía
que le asiste al inculpado en todo proceso, íntimamente ligado con el respeto irrestricto al debido proceso, a ser juzgado por un juez imparcial, como complemento de una
tutela judicial efectiva y por virtud del cual se protege la defensa adecuada del inculpado; tiene además un efecto reflejo, ya que también son ilícitas las pruebas indirectamente obtenidas a partir de la lesión de un derecho fundamental, esto es, aquellas obtenidas indirectamente violando derechos
fundamentales, las cuales, tampoco no surtirán efecto alguno, pues la ilicitud afecta tanto a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, como a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales, por lo que en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial. De modo que este Tribunal Colegiado, declara la nulidad de la declaración preparatoria emitida por el
sentenciado OMAR MONTES TORRES, al estimarse que fue obtenida a partir de una prueba (en cuanto ratificó su declaración ministerial declarada inválida) que violó derechos fundamentales de éste, no obstante estar asistido por licenciado en derecho y con independencia de su contenido. Sin embargo, es criterio reiterado por este Tribunal colegiado, que bajo la óptica de la teoría del vínculo atenuado o nexo causal atenuado, es legal que el tribunal de apelación, lleve a cabo una valoración del principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita, bajo la teoría en cuestión, ponderando cada caso en particular, en tutela judicial efectiva de los derechos de debido proceso, defensa adecuada, presunción de inocencia y sustancialmente del principio
contradictorio (sustentado en los argumentos de defensa del imputado), y, conforme a su libre convicción y a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de la experiencia, sometidos a la crítica racional, justiprecie lo tenue o débil del vínculo o nexo causal entre la prueba ilícita y la derivada. De manera que, las restantes pruebas recabadas con motivo de la indagatoria y las ofrecidas en la etapa de instrucción, deben considerarse como fuente independiente de la declarada ilícita, por lo que bajo el principio de tutela efectiva y debido proceso, deben ser admitidas y valoradas, pues no se encuentran contaminadas con la obtenida de forma ilegal, máxime que no tienen una conexión causal con la ilícita, al ser rendidas ante la presencia de la autoridad competente y en acatamiento a las formalidades de ley. En relación a los restantes derechos humanos que tutela el artículo 20 constitucional, se destaca, de las constancias que conforman el sumario, se advierte que los ahora quejosos no fueron obligado a declarar; además se les hizo saber la naturaleza y causa de la acusación y el nombre de las personas que deponían en su contra, para estar en aptitud de conocer el hecho punible y así poder efectuar su defensa; de manera específica, se les juzgó en audiencia pública por un juez competente y dentro de los términos legales; por lo cual no se actualiza violación alguna en su perjuicio, lo que permite concluir, que en este aspecto, se les respetaron los demás derechos fundamentales a que alude el referido numeral.
En cuanto a la aserción genérica que aducen en el aspecto relativo a la infracción a los derechos humanos tutelados en el numeral 14 Constitucional, es infundada. En efecto, del análisis oficioso de los autos, no se advierte violación a los derechos públicos subjetivos consagrados en el arábigo en comento, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; numerales 7, punto 2, 8, punto 1 y 9, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”; y los diversos 9, punto 1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cierto, no se advierte transgresión alguna a las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el precepto 14 Constitucional, pues se les hicieron saber las garantías que consagra el artículo 20 de la Constitución Federal.
Con posterioridad a la consignación,
diligencia de dos de agosto de dos mil doce, recabó la declaración preparatoria en la que los justiciables estuvieron asistidos del defensor público y se les hicieron saber los derechos que a su favor reconoce la Ley Fundamental; en duplicidad del término constitucional, la autoridad judicial el ocho siguiente, resolvió la situación jurídica de los indiciados y les decretó formal prisión por el delito robo agravado (cometido contra transeúnte y con violencia moral), previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo inicial, 224, fracción IX y 225, fracción I, todos del Código Penal para el Distrito Federal.
Durante la instrucción del proceso seguido en la vía sumaria, se admitieron y desahogaron las pruebas consistentes en la ampliación de declaración de los procesados, de la menor ofendida Brenda Gabriel Hernández León, del testigo de hechos Carlos Andrade Sánchez, de los policías Israel Soria López y Horacio Saavedra López, así como los careos constitucionales.
El tres de septiembre del mismo año, se declaró cerrada la instrucción. Previa acusación del ministerio público, se dictó sentencia en la que se consideró a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES
TORRES, penalmente responsables del delito materia del auto de formal prisión. Resolución impugnada en apelación por el defensor de oficio de los sentenciados, de la que conoció la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, autoridad señalada como responsable, quien luego de efectuar la audiencia de vista en presencia del ministerio público de su adscripción y del defensor de oficio de los quejosos, en resolución de cinco de noviembre de dos mil doce, modificó la sentencia de primera instancia en los términos especificados al inicio de esta ejecutoria. Consecuentemente, no se vulneraron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se dejó en estado de indefensión a los justiciables, ya que se les notificó el inicio del proceso, tuvieron oportunidad para probar y alegar y se dictó sentencia que resolvió la cuestión de fondo planteada.
El criterio anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y seis, del tomo I, Libro 3, de la Materia Constitucional, Décima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Febrero de 2014, que dice:
“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU
"CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso "existe un núcleo duro, que debe observarse "inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y "otro de garantías que son aplicables en los procesos que "impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. "Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido "proceso que aplican a cualquier procedimiento de "naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de "Justicia de la Nación ha identificado como formalidades "esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia, las cuales permiten que los "gobernados ejerzan sus defensas antes de que las "autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. "Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de "Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, "publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su "Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página "133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL "PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA "ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO "PRIVATIVO., sostuvo que las formalidades esenciales del "procedimiento son: (i) la notificación del inicio del "procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las "pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de "alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones "debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta "Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el "otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de "garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera "jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva "del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, "migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que
"se hagan compatibles las garantías con
"específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de "garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la "primera, que corresponde a todas las personas "independientemente de su condición, nacionalidad, género, "edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el "derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí "mismo o a conocer la causa del procedimiento "sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del "elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante "la ley, y que protege a aquellas personas que pueden "encontrarse en una situación de desventaja frente al "ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo "vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y "asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o "intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su "detención sea notificada a quienes ejerzan su patria
"potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza”.
cuanto la referencia
genérica de violación al artículo 16 Constitucional, es infundada, porque del estudio integral de la sentencia reclamada se observa que se encuentra debidamente fundada y motivada, satisfaciendo las exigencias a que alude el primer párrafo del mencionado numeral, en torno a la acreditación de los delitos de que se trata y la demostración de la responsabilidad penal de los ahora quejosos en su comisión, pues la sala de apelación citó los preceptos legales aplicables y expuso razonadamente los motivos por los cuales estimó acreditados todos y cada uno de los elementos de las hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 139/2005 de la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, visible en la página ciento sesenta y dos, bajo el epígrafe:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS "RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN "ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE "LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
"UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las "diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del "artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la "relativa al respeto de las formalidades esenciales del "procedimiento, también conocida como de debido proceso "legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones "fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento "jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución "que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al "juzgador a decidir las controversias sometidas a su "conocimiento, considerando todos y cada uno de los "argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, "así como las demás pretensiones deducidas oportunamente "en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al "demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos "materia del debate. Sin embargo, esta determinación del "juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el "primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a "las autoridades la obligación de fundar y motivar "debidamente los actos que emitan, esto es, que se "expresen las razones de derecho y los motivos de hecho "considerados para su dictado, los cuales deberán ser "reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para "provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las "garantías individuales previstas en la Carta Magna les son "aplicables las consideraciones sobre la supremacía "constitucional en términos de su artículo 133, es indudable "que las resoluciones que emitan deben cumplir con las "garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas "en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y "motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en
"el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es "decir, en el estudio de las acciones y excepciones del "debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que "permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que "genere su emisión, así como en la exposición concreta de "las circunstancias especiales, razones particulares o causas "inmediatas tomadas en consideración para la emisión del "acto, siendo necesario, además, que exista adecuación "entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.”
En el mismo sentido debe estarse al argumento genérico consistente en que la responsable infringió lo previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, toda vez que del análisis de las constancias que obran en la causa, no se advierte que a los enjuiciados se les administrara justicia fuera de los plazos y términos legales, y tampoco que la sentencia condenatoria se dictara en forma incompleta o parcial; por lo demás, no hay dato del que se infiera que la independencia en la actuación del juzgado de origen o del tribunal de apelación no estuviera debidamente garantizada, ni que se pretenda aprisionar al impetrante por deudas de carácter puramente civil o que se le haya cobrado por los servicios de las autoridades jurisdiccionales. Así, este tribunal colegiado observa que no se aplicó una ley retroactivamente en perjuicio de los quejosos, ni impuso una pena no prevista en la ley exactamente aplicable al caso, pues fueron juzgados conforme a las disposiciones legales contenidas en el código adjetivo de la materia y fuero, en los términos y con las formalidades que el mismo exige, por leyes expedidas con anterioridad al hecho.
elementos de convicción, que el
tribunal de apelación tomó en cuenta para dictar la sentencia reclamada, son los siguientes:
1. Formato de detenidos puesto a disposición de
treinta y uno de julio de dos mil doce, suscrito por Horacio
Saavedra López e Israel Soria López, quienes pusieron a disposición del ministerio público a OMAR MONTES TORRES, de veinticinco años de edad y LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, de treinta y nueve años de edad; la narración de los hechos es en los mismos términos de sus declaraciones ministeriales (fojas 19 a 22). Fe ministerial del citado formato (foja 26 y 28).
2. Declaración ministerial del denunciante Gabriel Hernández Pasten, emitida el treinta y uno de julio de dos mil doce, en la que manifestó: ese día, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, se encontraba en el interior de su domicilio, cuando recibió una llamada telefónica de su hija Brenda Gabriel Hernández León, quien le dijo que la habían asaltado y robado su teléfono celular; que unos policías aseguraron a los sujetos que le habían robado y que él tenía que presentarse en esa agencia del Ministerio Público por ser ella menor de edad; se presentó en esas oficinas, estando presente en la declaración de su menor hija, denunció el delito de robo cometido en agravio de su hija Brenda Gabriel Hernández León, de diecisiete años de edad, en contra de los sujetos que en ese momento supo respondían al nombre de LUIS RAFAEL BLANCAS
MENESES, de treinta
MONTES TORRES, de veinticinco años de edad; declaró como testigo de propiedad, cuando tuvo a la vista en el interior de esas oficinas un teléfono celular de la marca LG, color negro, modelo GT350, manifestó que era propiedad de su hija antes mencionada, se lo regaló su mamá María de Lourdes León Muñoz hace un año y desde ese tiempo lo usa; en relación al robo no le constaba, únicamente estaba presente en la declaración de su hija (fojas 15 y 16).
Ampliación de declaración ante el juez de la causa, realizada el tres de septiembre de dos mil doce, en la que ratificó la declaración que antecede y a preguntas de las partes, en lo conducente, contestó: su hija sí recuperó el celular que le fue robado; sí supo que recuperó el celular el día de los hechos, pues los policías entregaron el teléfono al Ministerio Público; no sufrió algún daño el teléfono celular con motivo de los hechos; se enteró que los hechos fueron que su hija iba caminando con su novio y dos personas que venían de frente, le sacaron un cuchillo, le pidieron su celular y se lo jalaron; cuando le estaban pidiendo el teléfono celular al novio de su hija, fue cuando llegaron los policías y detuvieron a esas dos personas; le hablaron a su celular para que se presentara en la delegación; su hija de nombre Brenda Gabriel Hernández León, le habló a su teléfono celular (foja
3. Declaración ministerial de la menor Brenda
Gabriel Hernández León, emitida el treinta y uno de julio de
dos mil doce, en la que manifestó: ese día, aproximadamente a las catorce horas, se encontraba en compañía de su novio Carlos Andrade Sánchez, de diecisiete años de edad, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles Aguirre Colorado y Enna (por la deportiva), colonia Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa, cuando de pronto llegaron de frente los sujetos que en ese momento supo respondían al nombre de LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, mismos que se pusieron frente a ellos para no dejarlos pasar; el sujeto que supo se llamaba OMAR MONTES TORRES, les dijo “denme los celulares”, teniendo en su mano derecha un cuchillo que se los enseñaba para amagarlos, en tanto LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, se “paró” de su lado derecho y les gritaba “denme los celulares”; de nueva cuenta LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES volvió a gritar “el celular”, cuando por temor a que dichas personas le hicieran daño, sacó de su mochila el teléfono celular de la marca LG, color negro, modelo GT350 de su propiedad, con un valor de cuatro mil pesos, y se lo entregó a OMAR MONTES TORRES; en ese momento, se presentaron elementos de la policía preventiva y aseguraron a ambos sujetos; les indicó a éstos, que momentos antes dichas personas le habían robado su teléfono celular de la marca LG, color negro; el sujeto que respondió al nombre de OMAR MONTES TORRES, le encontraron en su poder su teléfono celular y el cuchillo con el cual los amagó, teléfono celular que les indicó a los policías era de su propiedad y se lo acababan de robar; tuvo a la vista en el interior de esas
oficinas un cuchillo de cocina con mango de madera, lo reconoció plenamente como el mismo que utilizó OMAR MONTES TORRES para amagarla y robarle su teléfono celular; razón por la que los sujetos que dijeron llamarse OMAR MONTES TORRES y LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, fueron presentados ante el Ministerio Público; deseo agregar que como era menor de edad, le habló vía telefónica a su papá Gabriel Hernández Pasten para que se presentara a esa agencia del Ministerio Público de Cabeza de Juárez y estuviera presente en su declaración ministerial; solicitó que una vez que intervinieran los peritos correspondientes, le devolvieran su teléfono celular marca LG color negro; denunció el delito de robo cometido en su agravio, en contra de los que dijeron llamarse OMAR MONTES TORRES y LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, sujetos que los identificó como los mismos que le robaron su teléfono celular; agregó que a su novio no le robaron nada, únicamente se asustó y se retiró a su domicilio, por lo que, lo presentaría para que declarara como testigo de los hechos (fojas 17 y 18).
Ampliación de declaración ante el juez de la causa, realizada el tres de septiembre de dos mil doce, en la que ratificó la declaración que antecede y a preguntas de las partes, en lo conducente, contestó: la actitud que tenía OMAR MONTES TORRES cuando por primera vez dijo “denme los celulares” fue agresiva y llegó de frente; durante cinco minutos aproximadamente fueron amagados con el
cuchillo; diez minutos aproximadamente tuvo a la vista al hoy procesado el día de los hechos; no sufrió algún daño su teléfono celular por los hechos ocurridos; los sujetos que refirió en su declaración traían chamarras, uno de ellos, llevaba pantalón de mezclilla y traía la capucha de la chamarra y el otro gorra, agregó que dichos sujetos eran morenos y el que se llamaba LUIS era pelón y gordito; todo el tiempo el sujeto tuvo el cuchillo en la mano, desde que les llegaron de frente; como un metro de distancia se encontraba de los sujetos cuando los estaban asegurando los policías; que no estaba pasando nada manifestaron los sujetos detenidos cuando la declarante les refirió a los policías que le acababan de robar su celular (fojas 207 vuelta y 208).
4. Declaraciones ministeriales de los policías remitentes Israel Soria López y Horacio Saavedra López, emitidas el treinta y uno de julio de dos mil doce, quienes fueron coincidentes en manifestar: ese día, aproximadamente a las catorce horas, se encontraban circulando abordo de la moto patrulla sobre calzada Ignacio Zaragoza con dirección de oriente a poniente, al llegar a la calle Aguirre Colorado, colonia Santa Martha Acatitla Norte, delegación Iztapalapa, a la altura del deportivo, se percataron que dos hombres, que en ese momento supieron respondían a los nombres de LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, rodeaban a una pareja que en ese momento supieron respondían a los nombres de Brenda Gabriel Hernández León y Carlos Andrade Sánchez, ambos de
diecisiete años de edad, vieron que OMAR MONTES TORRES, tenía en su mano derecha un cuchillo con el cual amagaba a dicha pareja, el sujeto LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, estaba del lado derecho de la agraviada, se iban acercando al lugar de los hechos, cuando vieron que la agraviada le entregó a OMAR MONTES TORRES, un teléfono celular color negro, ante esa situación, rápidamente llegaron al lugar y aseguraron a los dos sujetos; la menor Brenda les indicó que dichos individuos le acababan de robar su teléfono celular, marca LG, color negro, con uso de violencia, pues los amagaron con un cuchillo de cocina; al menor Carlos, novio de la agraviada, no le robaron nada, únicamente se asustó; al hacerles la revisión de rutina a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, a este último, se le encontró en la mano izquierda un teléfono celular de la marca LG, color negro y en su mano derecha un cuchillo de cocina con mango de madera, marca Stainless China, razón, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público los probables responsables; denunciaron el delito de robo, cometido en agravio de Brenda Gabriel Hernández León, en contra de los sujetos mencionados; pusieron a disposición del Ministerio Público un teléfono celular, marca LG, color negro, modelo GT350, con pila, sin chip y sin memoria, propiedad de la menor Brenda Gabriel Hernández León; un cuchillo de cocina metálico, marca Stainless China con mango de madera, que le fue encontrado a OMAR MONTES TORRES; y al sujeto LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, al hacerle la revisión, no le
encontraron objeto alguno, sujetos que los identificaron plenamente y sin temor a equivocarse como los mismos que amagaban a la menor agraviada Brenda Gabriel Hernández León y a su novio Carlos Andrade Sánchez, quien se fue a su domicilio, ambos de diecisiete años de edad, y el formato de detenidos puestos a disposición, mismo que lo ratificaron por contener la verdad de los hechos (fojas 19 a 22).
Ampliación de declaración ante el juez de la causa, el veintitrés de agosto de dos mil doce, ratificaron sus declaraciones ministeriales, sin agregar más y a preguntas de las partes, contestaron en lo conducente:
Israel Soria López: a diez metros aproximadamente se percató que unos sujetos se encontraban rodeando a una pareja; estaban molestos y nerviosos los ahora procesados cuando estaban amagando a dicha pareja; asustada estaba la agraviada cuando le indicó que momentos antes los sujetos le acababan de robar; asustados y nerviosos estaban los ahora procesados cuando les hicieron la revisión de rutina; que tenía necesidad y por eso robaban fue lo que dijo OMAR MONTES cuando le encontraron el celular y el cuchillo (foja 196 vuelta).
aproximadamente se percató
encontraban rodeando a una
pareja; no
actitud de los ahora procesados cuando estaban amagando a dicha pareja, porque venía a bordo de su motocicleta, pero
cuando llegó al lugar de los hechos estaban con una forma agresiva; bastante asustada estaba la menor agraviada cuando les indicó que momentos antes los sujetos le acababan de robar; estaban agresivos los ahora procesados cuando les hicieron la revisión de rutina; en relación a los hechos, los ahora procesados les dijeron que robaban por necesidad; era perfecta la visibilidad en el lugar de los hechos, se veía muy bien en el momento en que los tuvieron por primera vez a la vista; no recordaba cómo vestían los ahora procesados el día de los hechos; mi compañero Israel Soria López, le encontró a OMAR MONTES TORRES el teléfono celular y el cuchillo (foja 196 vuelta y 197).
5. Declaración ministerial de Angélica Sánchez Sánchez, emitida el uno de agosto de dos mil doce, en la que manifestó: que se presentaba de forma voluntaria para que su menor hijo Carlos Andrade Sánchez, rindiera su declaración en calidad de testigo de hechos; a la declarante no le constaban los hechos, por lo que solicitó que una vez que su menor hijo rindiera su declaración le fuera entregado (foja 58 a 60).
Declaración ministerial del menor Carlos
Andrade Sánchez, emitida el uno de agosto de dos mil doce, en la que manifestó: el día de ayer, como a la una de la tarde su novia Brenda Gabriel Hernández León y él venían
caminando por la calzada Zaragoza, colonia Santa Martha Acatitla Norte, delegación Iztapalapa, iban a la casa de ella, cuando de frente aparecieron dos “tipos” que ayer se enteró
dijeron llamarse LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, el primero, se “paró” a lado de su novia y el otro, llevaba un cuchillo como de cocina en su mano derecha; el “señor” LUIS RAFAEL les dijo que le dieran sus celulares, se quedaron en “shock” y nuevamente el mismo sujeto les repitió que le dieran los celulares; el declarante contestó que no tenían, pero LUIS RAFAEL dijo “que cómo no”, por lo que su novia sacó su teléfono celular de la marca LG, color negro, que estaba guardado en su mochila, se lo entregó al “tipo” que llevaba el cuchillo y en ese momento, pasaron dos policías a bordo de una moto, mismos que se les quedaron viendo y se detuvieron, preguntándoles, si los estaban molestando, él le contestó con la cabeza que sí, por lo que los policías detuvieron a las dos personas, los pegaron contra la pared y a uno de ellos, le quitaron el cuchillo y el teléfono celular de su novia; fue cuando los trajeron a esas oficinas, pero como no se encontraron presentes sus papás no le tomaron su declaración en ese momento, pero si vio como los sujetos que lo asaltaron llegaron a esas oficinas y los metieron, por eso supo que fueron los mismos que dijeron llamarse LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, y que el que llevaba el cuchillo era OMAR MONTES TORRES; tuvo a la vista en esas oficinas un teléfono celular, marca LG, modelo GT350, de color negro, lo reconoció plenamente como el teléfono de su novia, que la mamá de ella le regaló hace un año y el cuchillo de cocina como el mismo que
OMAR MONTES TORRES llevaba cuando los amenazó (foja 63 y 64).
Ampliación de declaración ante el juez de la causa, realizada el tres de septiembre de dos mil doce, en la que ratificó la declaración que antecede y a preguntas de las partes, en lo conducente, contestó: había una distancia larga, aproximadamente veinte metros, entre los ahora procesados, su novia y él; cinco minutos aproximadamente fueron amagados con el cuchillo; aproximadamente treinta minutos tuvo a la vista a los hoy procesados en el lugar de los hechos; uno de sudadera azul y otro de playera al parecer de rayas, era la manera como vestían los sujetos que refirió en su declaración; al momento en que son asegurados los sujetos, éstos le dijeron a los policías que no estaban haciendo nada; fue rápido como tres minutos, el tiempo que tardó la policía en llegar desde que los sujetos llegaron y los amagaron (foja 208 vuelta).
personal del órgano investigador, el treinta y uno de julio de dos mil doce, en el que el personal que actuó dio fe de tener a la vista, lo siguiente:
a) Fe de teléfono celular. “(…) un teléfono celular "usado de la marca LG, color negro, modelo GT350, con pila "y sin chip y sin memoria (…)” (foja 30).
de cuchillo. “(…) un cuchillo usado de
"aproximadamente 20 veinte centímetros de largo con mango "de madera sin pintar y hoja de un solo filo terminación punta "con la leyenda Stainless China (…)” (foja 30).
8. Dictamen oficial
materia de valuación, de
treinta y uno de julio de dos mil doce, en el que se determinó:
“(…) DESCRIPCIÓN. UN CELULAR MARCA LG, "MODELO GT-350, COLOR NEGRO, SIN CHIP, CON "BATERÍA, SIN MEMORIA, USADO REGULAR ESTADO DE "CONSERVACIÓN. - - - CONCLUSIÓN: ÚNICA. De acuerdo "a las características antes descritas, se determina que el "monto total de lo valuado asciende a la cantidad de "$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)”. (Foja 55).
9. Dictamen oficial en materia de criminalística de
campo, de uno determinó:
doce, en
“(…) DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DEL OBJETO. - - "- Se trata de un cuchillo metálico de tipo doméstico (para "cocina) usado y desgastado, de 21.7 cm de longitud total, "con cacha de madera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de "ancho por 1.1 cm de espesor, y su hoja de corte se observa "con 11.2 cm de largo, por 1.5 cm de ancho con 1 mm de "espesor, con punta aguda en esta y un sólo filo, donde se "observa la leyenda de STAINLESS CHINA. (…) "CONCLUSIONES: 1. Por el tipo de objeto estudiado, "(cuchillo de cocina) se establece que corresponde a un "objeto punzo-cortante, encontrándose dentro del grupo de "las armas blancas típicas, y que aparte del diseño y uso para "el que fue creado, estos instrumentos sí pueden ser usados "como arma para defensa personal o para agredir, pudiendo "causar lesiones de tipo punzantes, cortantes y "punzocortantes. - - - 2. De la anterior conclusión se "desprende y establece, que el uso que se le dé a este objeto, "fuera de este ámbito, (labores domésticas de cocina) su uso "puede ser indeterminado, pudiéndose utilizar asimismo "este objeto, en diversas actividades como deportivas- "recreativas (campismo), labores industriales como carnicería "comercial (tablajero), zapatero, actividades de rastro, "manuales diversas, artesanales, cerámica, etc. (…)”. (Fojas 83 a 85).
10. Declaración ministerial de OMAR MONTES TORRES, emitida el uno de agosto de dos mil doce, asistido de persona de confianza, en la que negó los hechos que se le imputaban, se reservó el derecho a declarar, no fue su deseo responder a preguntas de la representación social (fojas 73 y
- Declaración preparatoria de dos de agosto de dos mil doce, en la que ratificó su declaración ministerial, sin agregar más (foja 96).
- Ampliación de declaración, efectuada el veintitrés de agosto de dos mil doce, en la que ratificó las declaraciones que anteceden, y a preguntas de las partes, en lo conducente, manifestó: iba en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del deportivo la cascada, aproximadamente a las catorce horas del treinta y uno de julio de dos mil doce; iba con su tío LUIS RAFAEL BLANCAS, persona que también fue detenida el día de los hechos; fue detenido a la altura del deportivo la cascada, sin recordar el nombre de la calle; al ser detenidos, a él lo tiraron primero al piso y después aseguraron a su tío, agregando el declarante, que cuando estaba tirado en el piso, el policía se le subió a la espalda; el tipo de policía que lo detuvo fue de los que van en motocicleta vestidos de azul; les informaron que el motivo de la detención era por una revisión; no se enteró cuál fue el motivo de la revisión, sólo lo sometieron y después le dijeron “haber rata tú andas de ratero”, “qué te robaste”, a lo que
respondió “nada”, “como cree jefe que voy a robar”, sólo iba a buscar un departamento, que él no tenía necesidad y uno de los policías le dijo “no me digas jefe dime papá” y el otro policía “si vas a encontrar casa, pero en el reclusorio”; sí se percató que LUIS RAFAEL fue revisado; se percató que en la revisión a LUIS RAFAEL le encontraron su celular de color blanco con verde, sus llaves y su dinero sin recordar cuánto era; los policías le indicaron que les habían robado a una pareja (un hombre y una mujer); no tuvo a la vista a la pareja cuando fue detenido, porque con su misma gorra le taparon la cara; cuando los estaban subiendo a la patrulla tuvo a la vista a la pareja; aproximadamente diez pasos de distancia había entre el lugar donde fue detenido y la patrulla en la que lo subieron; aproximadamente a unos tres metros se encontraba la pareja (estaban a bordo de la patrulla), cuando él fue subido; los policías les indicaron que supuestamente se habían robado un celular, agregando que los policías le dijeron burlonamente “ah ya sé, te robaste un celular”; la actitud de los policías al momento de la detención fue hostil y burlona (foja 198).
BLANCAS MENESES, emitida el uno de agosto de dos mil doce, asistido de defensor de oficio, en la que negó los hechos que se le imputaban por ser falsos y se reservó el
derecho a declarar (fojas 80 y 81).
- Declaración preparatoria de dos de agosto de dos mil doce, en la que ratificó su declaración ministerial, sin agregar más (foja 95).
- Ampliación de declaración, efectuada el veintitrés de agosto de dos mil doce, en la ratificó su declaración ministerial, y a preguntas de las partes, en lo conducente, manifestó: estaba en la calzada Ignacio Zaragoza, frente al balneario o deportivo la cascada, aproximadamente a las catorce horas del treinta y uno de julio de dos mil doce; iba caminando con OMAR MONTES TORRES; no supo a qué altura de Zaragoza se encontraban, solo que iban enfrente del deportivo la cascada; fue detenido enfrente del deportivo la cascada; fue detenido el treinta y uno de julio de dos mi doce, entre las trece y catorce horas; lo detuvo una motocicleta con dos policías a bordo; fue detenido primero OMAR MONTES TORRES; supuestamente por una revisión los detenían, lo pusieron en un barandal, posteriormente en el suelo, comenzándolo a golpear los oficiales y diciéndole que él se encontraba robando; le informaron que supuestamente se robó un teléfono celular, pero en ese momento él tenía su teléfono celular LG, de doscientos pesos y sus llaves; le dijeron que le había robado a una pareja que iba caminando frente a ellos, y que los policías dijeron que “dónde estaba la pistola”; un hombre y una mujer era el sexo de las personas que refiere; no fueron ni treinta segundos el tiempo que tuvo a la vista a la pareja que señaló en el lugar que refirió; cuando fue detenido, la pareja estaba como a diez pasos de ellos; fue
agresiva la actitud de los policías cuando lo detuvieron (foja
Careo constitucional, efectuado el veintitrés de
agosto de dos mil doce, entre el procesado LUIS RAFAEL
BLANCAS MENESES y el policía Israel Soria López, del que resultó:
“(…) el procesado le
manifiesta a su careado,
me empezaste a
"golpearme
cierto lo
señala su
"careado, porque nada más me sometiste y me comenzaste "a patear en la cara y en el Ministerio Público me vieron el "labio roto; a lo que el policía le responde al procesado: si
"no hubiera sido cierto, no hubieses sido afectado, y si es "cierto que su careado robo, por eso hay una persona "afectada; a lo que el procesado le responde: que no es "cierto lo que dice su careado ya que el declarante fue "sometido y lo único que le encontraron fue su teléfono
"celular, $200.00 doscientos pesos y sus llaves; a lo que el "policía le responde: no tengo nada que responderte y que "como lo señalo en mi declaración, así fueron los hechos "(…).”. Cada quien se sostuvo en su dicho (fojas 198 vuelta y
agosto de dos mil doce, entre el procesado LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y el policía Horacio Saavedra López,
del que resultó:
“(…) el procesado le manifiesta a su careado: no "es cierto lo que señala su careado, ya que su careado fue la "persona que le dio de patadas en la cara y me gritaba que "dónde se encontraba en tubo, así como también me "manifestó que me iba a meter a la cárcel; a lo que el policía "le responde al procesado: te agarramos en flagrancia "robándole a la pareja; a lo que el procesado le responde a
"su careado: que no es cierto lo que está indicando ya que el "declarante y mi acompañante íbamos de frente a la pareja "cuando en ese instante me aseguran, me revisan y me "encuentran mi teléfono, dinero, mis llaves y mi dinero, y le "indicaste a tu pareja que habían aventado el tubo y estaba "adentro del deportivo y cuando me percaté ya había mucho "apoyo en el lugar de los hechos y uno de los policías se saltó "a buscar y sarcásticamente se empezaron a reír, y "encontraron un vidrio y me manifestaron “no encontramos el "tubo, pero encontramos con que”; a lo que le responde el "policía a su careado: a ti no te encontramos el cuchillo ni el "celular, yo hice la revisión no te encontré nada de objetos de "valor, y te pregunté qué era lo que había pasado, y me "contestaste que robabas por necesidad; a lo que el "procesado le responde: que es falso lo que señala su "careado ya que eso nunca lo manifestó, que no tiene "ninguna necesidad de robar (…).” Cada quien se sostuvo en su dicho (foja 199).
14. Careo constitucional, efectuado el veintitrés de agosto de dos mil doce, entre el procesado OMAR MONTES TORRES y el policía Israel Soria López, del que resultó:
“(…) el procesado le manifiesta a su careado: no "es cierto lo que dice su careado ya que yo no portaba ningún "cuchillo y su careado se saltó al deportivo la Cascada a "buscar este cuchillo, primero encontraron un vidrio filoso y "dijeron con éste y después el otro policía dijo no, ya encontré "algo mejor sin poder especificar qué policía encontró lo antes "mencionado, ya que el declarante se encontraba en el piso e "ignoro porque su careado se le paró en la espalda, si el "declarante no se resistió al aseguramiento; a lo que el "policía responde al procesado: no es cierto lo que señalas, "si no fuera verdad no estarías adentro por el robo; "respondiéndole el procesado al policía: que no es cierto lo "que señala su careado ya que él no robó nada; a lo que el "policía le responde a su careado: yo te encontré con el "cuchillo en la mano derecha y el teléfono celular en tu mano "izquierda; (…).”. Cada quien se sostuvo en su dicho (foja
15. Careo constitucional, efectuado el veintitrés de agosto de dos mil doce, entre el procesado OMAR MONTES TORRES y el policía Horacio Saavedra López, del que resultó:
“(…) el procesado le manifiesta a su careado: no "es cierto lo que señala su careado ya que el declarante no "robó nada, pero le pregunta a su careado por qué lo sometió "de esa manera; a lo que el policía le responde al procesado:
"te agarramos en flagrancia robándole a los muchachos, es "decir, a la pareja y yo no te sometí, te sometió mi compañero "y fue quien encontró el cuchillo y el celular en las manos; a lo "que el procesado le pregunta a su careado: recuerdas que "se saltaron al deportivo la Cascada a buscar lo que dicen "que yo portaba en mis manos; a lo que el policía le "responde: lo que recuerdo es lo que ya te mencioné y eso "fue lo que pasó en el lugar de los hechos (…).”.Cada quien se sostuvo en su dicho (foja 199 vuelta).
16. Certificado de estado físico practicado a OMAR MONTES TORRES, el treinta y uno de julio de dos mil trece en los que se apreció:
“(…) CONCIENTE, ORIENTADO GLOBALMENTE, "CONGRUENTE, COHERENTE EN SU LENGUAJE, "ALIENTO SIN OLOR ESPECIAL, ROMBERG NEGATIVO "NO EBRIO, SIN LESIONES EXTERNAS CORPORALES "(…)” (foja 24). Fe ministerial de certificado médico (foja 28).
17. Certificado de estado físico practicado a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, el treinta y uno de julio de dos mil trece en los que se apreció:
“(…) CONCIENTE, ORIENTADO GLOBALMENTE,
"CONGRUENTE, COHERENTE EN SU LENGUAJE, "ALIENTO SIN OLOR ESPECIAL, ROMBERG NEGATIVO, "NO EBRIO, PRESENTA EDEMA LABIAL INFERIOR "DERECHO, LACERACIÓN D ELA MUCOSA LABIAL "INFERIOR MEQUINO VIOLACEA DEL LADO DERECHO, SI
"LAS LESIONES TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE "DÍAS (…)” (foja 25). Fe ministerial de certificado médico (foja
18. Ficha signalética de nueve de agosto de dos mil
doce, en la que aparece que OMAR MONTES TORRES, no
cuenta con ingresos a prisión.
19. Ficha signalética de nueve de agosto de dos mil
doce, en la que aparece que LUIS RAFAEL BLANCAS
MENESES, no cuenta con ingresos a prisión.
SÉPTIMO. Los impugnantes en sus motivos de inconformidad, sólo aluden en cuanto a la fijación del grado de culpabilidad, a la negativa de concederles los sustitutivos de prisión y el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; no obstante, este tribunal verificará lo relativo a la debida acreditación del delito y su responsabilidad plena, por tratarse de un juicio de amparo en materia penal, en el que de ser necesario, es procedente la suplencia de la queja en favor de los sentenciados, de conformidad con el precepto 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De manera previa, se estima necesario insistir que el derecho humano que asiste al inculpado durante todo el proceso es la prohibición o exclusión de la prueba ilícita, alegando como fundamento el derecho a un debido proceso (artículo 14 constitucional), el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad (artículo 17 constitucional) y el derecho a una defensa adecuada (artículo 20 constitucional);
por ello, como se adujó, la declaración ministerial del quejoso OMAR MONTES TORRES, ratificada en preparatoria, debe ser anulada de todo valor jurídico. En ese orden de ideas, de las constancias de autos se advierte que la Sala penal valoró correctamente las pruebas existentes, mediante las cuales llegó a la conclusión de tener por acreditado el delito robo calificado (cometido contra transeúnte y con violencia moral), en perjuicio de Brenda Gabriel Hernández León, previsto y sancionado en los preceptos 220, fracción II, 224, fracción IX y 225, fracción I, todos del Código Penal para el Distrito Federal, así como la plena responsabilidad penal de los quejosos en la comisión de dicho ilícito, en términos del arábigo 22, fracción II, del propio ordenamiento punitivo; todo lo anterior conforme a la regla de comprobación establecida en los numerales 122 y 124, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
El material probatorio reseñado fue debidamente valorado por la Sala responsable, en términos de los dispositivos 245, 246, 254, 255, 261 y 286, de la citada ley adjetiva, y al efecto concluyó:
“…Los elementos probatorios antes descritos
"cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con los "artículos 245, 246, 254, 255, 261 y 286 del Código de "Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues se "enlazan en forma natural y lógica, poniendo de manifiesto
"que el día 31 treinta y uno de julio de 2012 dos mil doce, "aproximadamente a las 14:00 horas, los menores BRENDA "GABRIEL HERNÁNDEZ LEÓN y CARLOS ANDRADE "SÁNCHEZ, caminaban sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, "entre la Calle Aguirre Colorado y la Calle Enna, colonia
"Santa Martha Acatitla Norte, Delegación Iztapalapa, cuando "se aproximan los sujetos activo identificados como LUIS "RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES "TORRES, colocándose frente a los menores, y el citado en "segundo lugar, les dice: “denme los celulares”, al tiempo que "los muestra un cuchillo de tipo doméstico, para amagarlos, "en tanto LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES les gritaba "“denme los celulares”, por lo que la menor al sentirse "atemorizada saca de su mochila su teléfono celular marca "LG, modelo GT 350, negro, y se los entrega a estos sujetos,
"quienes momentos después son asegurados por elementos "de seguridad pública, encontrado en poder de estos sujetos "el teléfono celular propiedad de la menor y el cuchillo, por lo "que son puestos a disposición de la Representación
"Social…”.
En tal sentido, fue correcto que la Sala responsable tuviera por comprobada la agravante contenida en el precepto
224, fracción IX, de la ley penal substantiva (respecto de transeúnte), ya que en el caso, se comprobó que la ofendida estaba en la vía pública cuando ocurrió el robo, en específico, caminaba por la Calzada Ignacio Zaragoza, entre la calle Aguirre Colorado y la calle Enna, por la deportiva, colonia
Santa Martha Acatitla de la Delegación Iztapalapa, de esta ciudad.
De igual manera, no viola derechos fundamentales, la determinación en el sentido de tener por acreditada la agravante contenida en el precepto 225, fracción I, de la ley substantiva penal, consistente en que el robo se cometa con violencia moral, entendida como el uso de amagos o amenazas sobre el pasivo con causarle un mal grave a fin de intimidarla, vencer su resistencia o afectar su capacidad de oposición y soportar la conducta ilícita de los activos; lo cual
se comprobó en este caso, ya que al momento de cometer el ilícito, el quejoso OMAR MONTES TORRES, portaba un cuchillo con el cual amagó a la menor agraviada y a su acompañante, al momento que les decía “denme los celulares”; en tanto que, el sentenciado LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, se paró al lado derecho de la pasivo y les gritaba “denme los celulares”, de nueva cuenta le indicó “el celular”. Por lo que, la ofendida por temor a que le causaron un daño, les entregó su teléfono móvil. Esto es, los actores utilizaron como medio comisivo la violencia moral, para apoderarse de dicho objeto. La Sala de apelación, en forma adecuada, determinó que la participación de los quejosos en el ilícito en estudio, es acorde a la disposición establecida en el dispositivo 22, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, el cual señala que son responsables del delito quienes lo realicen conjuntamente, pues se comprobó que los enjuiciados actuaron de forma conjunta para ejecutar el robo, pues mientras uno de ellos amagó con un cuchillo a la pasivo, pidiéndole que le entregara el celular, el otro se puso al lado de ella, para gritarle que les diera el teléfono móvil. De lo que se desprende que entre ellos había un mismo propósito delictivo, con repartición de tareas y eficacia en cada una de ellas, de forma tal que tenían el codominio funcional del hecho.
Todo lo anterior se acredita, fundamentalmente, con los medios de convicción que ya han quedado referidos en el
considerando tercero, cuya valoración por parte de la Sala penal, se itera, fue correcta. En efecto, los testimonios relatados fueron valorados legalmente, de conformidad con los arábigos 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, específicamente el vertido por Brenda Gabriel Hernández León, del que se desprende que reconoció plenamente a los quejosos, como las personas que la desapoderaron del teléfono celular marca LG, modelo GT350 de su propiedad, pues el día de los hechos aproximadamente a las catorce horas, caminaba en compañía de su novio Carlos Andrade Sánchez, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, entre la calle de Aguirre y calle Enna, por la deportiva, colonia Santa Martha Acatitla de la Delegación Iztapalapa, cuando llegaron los sujetos que después supo se llamaban OMAR MONTES TORRES y LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, quienes se les pusieron enfrente para no dejarlos pasar, el primero de los mencionados individuos le dijo “denme los celulares”, portando en la mano derecha un cuchillo con el
que los amagó, en tanto el segundo de los citados se paró a
su lado derecho, gritándoles “denme los celulares”, y de nueva cuenta este sujeto les indicó “el celular; por lo que, la dicente por temor a que algo le pusiera suceder, sacó de su mochila el referido aparato móvil, entregándoselo al sentenciado MONTES TORRES, momento en el que se presentaron elementos de la policía preventiva y aseguraron a los individuos, informándoles que momentos antes la habían desapoderado de su celular, motivo por el cual los
pusieron a disposición de la autoridad ministerial, en donde la deponente llamó vía telefónica a su padre para que estuviera presente en su declaración. La anterior declaración no constituyen un dato aislado ni inverosímil, sino que tiene corroboración, en lo conducente, con la atestación de Carlos Andrade Sánchez, quien señaló que el día del evento delictivo, como a la una de la tarde, caminaba con su novia Brenda Gabriel Hernández León, sobre la Calzada Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla Norte de la Delegación Iztapalapa, cuando dos sujetos que supo respondían a los nombres de OMAR MONTES TORRES y LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES, se les pusieron enfrente, el primero traía un cuchillo y el segundo se paró al lado de la pasivo, les dijeron que les entregaran los celulares, nuevamente el enjuiciado BLANCAS MENESES, les repitió la orden, motivo por el que la ofendida sacó su teléfono móvil marca LG, negro, que guardaba en su mochila, dándoselo al tipo que llevaba el cuchillo; instante en el que pasaron unos policías, les preguntaron si los molestaban, respondió con la cabeza que sí y aseguraron a los individuos, para ponerlos a disposición del representante social. También se adminicula el testimonio de Gabriel Hernández Pasten, quien manifestó que ese día, como a las a las catorce horas con treinta minutos, se encontraba en su domicilio, cuando recibió una llamada telefónica de su hija Brenda Gabriel Hernández León, informándole que la habían asaltado y robado su teléfono celular; unos policías
aseguraron a los sujetos que la asaltaron, por tanto, tenía que presentarse a la agencia del Ministerio Público por ser ella menor de edad, para estar presente en la declaración, lo cual así hizo, denunció el delito de robo cometido en agravio de su hija, en contra de LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES; declaró como testigo de propiedad, pues al tener a la vista un teléfono celular de la marca LG, color negro, modelo GT350, indicó que era propiedad de su hija, ya que se lo regaló su mamá María de Lourdes León Muñoz hace un año y desde ese tiempo lo usa; en relación al robo no le constaba. Asimismo, se engarza el deposado de Angélica Sánchez Sánchez, emitido el uno de agosto de dos mil doce, en el que adujo que se presentaba de forma voluntaria para que su menor hijo Carlos Andrade Sánchez, rindiera su declaración en calidad de testigo de hechos; a la declarante no le constaban los hechos. De igual manera, se cuenta con lo expresado por los policías Israel Soria López y Horacio Saavedra López, quienes fueron contestes en declarar que el día de los hechos, aproximadamente a las catorce horas, circulaban a bordo de una motopatrulla sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, al llegar a la calle Aguirre Colorado, colonia Santa Martha Acatitla Norte, Delegación Iztapalapa, a la altura del deportivo, se percataron que dos sujetos que posteriormente supieron se llamaban LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, rodeaban a una pareja menores de edad de nombres Brenda Gabriel Hernández León y
Carlos Andrade Sánchez; el sentenciado MONTES TORRES tenía en su mano derecha un cuchillo con el cual amagaba a la pareja, mientras que el enjuiciado BLANCAS MENESES, estaba del lado derecho de la pasivo, se acercaron al lugar y observaron que ésta le entrega al segundo de los mencionados justiciables un teléfono celular negro, por tanto, aseguraron a los individuos, al realizarles una revisión, se le encontró a OMAR MONTES TORRES, un cuchillo y el aparato móvil marca LG, negro; los pusieron a disposición del fiscal investigador. Situación que se repitió en la audiencia de careos en la que estuvieron presentes los policías aprehensores y los justiciables. Aunado a que, de las deposiciones no se advierte que tuvieran intención de perjudicar a los entonces procesados, sino que declararon los hechos delictivos y los reconocieron como los autores, pues sí les constó la realización de la conducta delictiva, lo que evidencia su propósito de que se castigue al verdadero culpable y no una persona distinta. Lo que indudablemente corrobora el contenido de Formato de Detenidos Puestos a Disposición del Ministerio Público, suscrito por los elementos de seguridad pública mencionados. Así, en forma correcta la Sala de apelación concedió valor a las declaraciones citadas, por reunir los requisitos que exige el dispositivo 255 de la ley adjetiva de la materia, primordialmente porque conocieron los hechos sobre los que declararon, por medio de sus sentidos, sin que se les
obligara a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados
engaño, error o soborno
capacidad e instrucción tienen el criterio para juzgar el acto
imparcialmente, aunado reticencias.
Se estima aplicable al caso, la Jurisprudencia trescientos setenta y seis, visible en la página doscientos
y cinco, del Apéndice
al Semanario Judicial de la
diecisiete-dos
Materia Penal, Sexta Época, de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS
"DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes "atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad "jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de "justipreciación concretamente especificados en las normas "positivas de la legislación aplicable, como todas las demás "circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un "proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a "determinar la mendacidad o veracidad del testimonio "subjúdice.
Así como la Jurisprudencia 257 de la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la página ciento ochenta y ocho, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, registro 904238, de contenido:
"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR
"PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a "las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado "de un delito, lejos de estimarse que carecen de "independencia para atestiguar en un proceso penal, debe "darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les
“atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron.
De igual manera, se adminiculan las diligencias de fe ministerial de:
- teléfono celular usado de la marca LG, negro, modelo GT350, con pila, sin chip y sin memoria;
- un cuchillo usado de aproximadamente veinte centímetros de largo, con mango de madera, hoja de un solo
filo, con la leyenda “Stainless China”;
Diligencias valoradas legalmente de conformidad con los artículos 245, 246, 254 y 286 del código adjetivo de la materia y fuero.
Asimismo, se suman los dictámenes periciales de valuación y criminalística de campo realizado por la Coordinación General de Servicios Periciales; en el primero, se estableció que el valor comercial de los objetos del delito ascendía a la cantidad de mil pesos; en el segundo, se determinó que el cuchillo era un objeto punzo-cortante, clasificado como arma blanca que podía ser utilizada para agredir y causar lesiones. Periciales que fueron acertadamente valoradas en términos del precepto 254 de la ley procesal penal. En ese sentido, este órgano colegiado considera legal la determinación del tribunal de apelación al basar su resolución en la prueba circunstancial, la cual funciona con base en los indicios directamente relacionados con el mundo fáctico, que al ser hechos acreditados, sirven para presumir fundadamente otro hecho desconocido, y al efecto es
necesario realizar un razonamiento silogístico, basado en datos aislados pero, entrelazados, permiten llegar a una conclusión válida. Así, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, el enlace natural entre la verdad conocida y la que se busca, la autoridad responsable apreció en conciencia los medios de convicción que en conjunto adquieren valor de prueba plena, de conformidad con el precepto 261 del repetido Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, con los cuales concluyó tener por comprobados el delito de robo calificado (cometido contra transeúnte y con violencia moral), en perjuicio de Brenda Gabriel Hernández León, previsto y sancionado en los preceptos 220, fracción II, 224, fracción IX y 225, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal; así como la responsabilidad penal de los aquí quejosos en la comisión de tal ilícito, atento a la dinámica de los acontecimientos, sin prueba fehaciente en contrario. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia doscientos setenta y cinco, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos, Tomo II, penal, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE
"LA. La prueba circunstancial se basa en el valor "incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, "hechos y circunstancias que están probados y de los cuales "se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, "esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por "determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la "materialidad del delito que sobre la identificación del culpable "y acerca de las circunstancias del acto incriminado.''
También, la Jurisprudencia 276 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página doscientos uno, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, registro 904257, de contenido:
"PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN
"MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al "mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que "sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para "presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, "existen sucesos que no se pueden demostrar de manera "directa por conducto de los medios de prueba regulares "como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a "través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte de "datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para "llegar a una conclusión.
En ese orden de ideas, este tribunal colegiado considera que la valoración de las deposiciones proporcionadas por los justiciables en la audiencia de desahogo de pruebas de veintitrés de agosto de dos mil doce, asistidos del defensor de oficio, es correcta y no vulnera sus derechos fundamentales, pues como lo refirió el tribunal de apelación, resultan ineficaces para restar valor a las pruebas de cargo. Efectivamente, fue acertada la decisión de la Sala penal al demeritar el valor probatorio de las declaraciones de los justiciables, quienes negaron la comisión del delito, mas no aportaron prueba que corroborara su versión, y las existentes en autos antes detalladas y valoradas, contradicen lo expuesto por ellos, por lo que no es factible jurídicamente
demeritar las probanzas que aparecen en su contra con la simple negación, ya que admitir como válido ese argumento unilateral, sería destruir el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar su impunidad, lo que volvería ineficaz la cadena de presunciones por la sola manifestación del producente, lo que resulta jurídicamente inadmisible. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 15 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que se comparte, impresa en la página un mil ciento sesenta y dos, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188852, de contenido:
“DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA "NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE "SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR "LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU "CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De
"conformidad con el artículo 193 del Código de "Procedimientos en Materia de Defensa Social, que "establece: El que niega está obligado a probar cuando su "negación es contraria a una presunción legal o envuelva la "afirmación expresa de un hecho.; la sola negativa del "inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le "imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de "cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime "que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna "para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida "ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre
"las demás pruebas”.
Por tanto, la Sala penal aplicó con exactitud los dispositivos correspondientes al valor otorgado a cada una de las probanzas contenidas en el sumario, así como enfatizó aquéllas que fueron determinantes para la acreditación del
ilícito robo calificado y la plena responsabilidad de LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, en su comisión. OCTAVO. En lo tocante al tema de individualización de las penas, se precisa que, la Sala penal, estimó “un grado de culpabilidad EN DOS GRADOS POR DEBAJO DEL EQUIDISTANTE ENTRE EL MÍNIMO Y EL MEDIO”, el cual
“equidistante entre el mínimo y la equidistante entre el
"mínimo y el punto medio entre el mínimo y el medio
"ligeramente superior al mínimo o una décimo sexta "parte dentro del rango mínimo y máximo de
"punibilidad”, para lo cual, en la parte que interesa razonó lo siguiente:
“…IX.- Se procede a continuación al estudio de la "individualización de las sanciones, lo que se hace también "acorde con el artículo 5 apartado 6 de la Convención "Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José "de Costa Rica, y artículo 10 apartado 3 del Pacto "Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- - - Para lo "anterior, debe atenderse a que el artículo 220 del Código "Penal para el Distrito Federal dispone lo siguiente:- - - "„Artículo 220.‟ (Lo transcribe).- - - En el presente caso, el "monto de lo robado ascendió a de $1,000.00 (mil pesos "00/100 Moneda Nacional), que es el valor del teléfono celular "marca LG, color negro, modelo GT350, con pila y sin chip y "sin memoria. Asimismo, el monto del salario a la fecha de los "hechos (31 de julio de 2012) es de $62.33 que multiplicada "por trescientas veces equivale a $18,699.00 (dieciocho mil "seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).- - - En "razón de lo anterior, se aprecia que el monto de lo robado no "excede de trescientas veces el salario mínimo general "vigente a la época de los hechos, por lo que resulta "procedente para efectos de imponer la punición "correspondiente para el delito de ROBO, aplicar lo dispuesto
"en el artículo 220 fracción II que prevé una punibilidad de "seis meses a dos años de prisión y de sesenta a ciento "cincuenta días multa. También es aplicable lo dispuesto por "el artículo 224 párrafo inicial por la circunstancia de haberse "cometido el delito en contra de transeúnte, numeral que "prevé una punibilidad de dos a seis años de prisión; y "finalmente, resulta aplicable lo previsto en el artículo 225 "párrafo inicial, por la agravante de haberse cometido el delito "con violencia moral; numeral que prevé una punibilidad de "dos a seis años de prisión. Todos los preceptos invocados "pertenecen al Código Penal para el Distrito Federal.- - - "Asentado lo anterior, esta Revisora en uso de la facultad que "le confiere el artículo 427 del Código de Procedimientos "Penales para el Distrito Federal, analiza lo dispuesto en los "artículos 71 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, "que regulan el arbitrio judicial, en los siguientes términos:- - - "a) La naturaleza de la acción realizada por LUIS RAFAEL "BLANCAS MENESES y OMAR MONTES TORRES, en el "presente caso, fue dolosa, porque conociendo lo ilícito de su "conducta quisieron llevarla a cabo, al apoderarse con ánimo "de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede "darlo, de cosas muebles que le eran ajenas, afectando con "ello el patrimonio de la ofendida; empleando para llevar a "cabo su conducta sus propios medios físicos, además, como "quedó demostrado en el cuerpo de esta resolución, la "violencia moral, consistente en haber amagado a la "agraviada con un cuchillo doméstico.- - - b) La magnitud del "daño se estima de mínima intensidad, como lo determinó el "Juez del conocimiento, porque el delito recayó sobre bienes "materiales susceptibles de recuperarse, lo cual sucedió en el "presente caso.- - - c) Las circunstancias en que el delito se "perpetró consistieron en que el 31 treinta y uno de julio de "2012 dos mil doce, aproximadamente a las 14:00 horas, los "menores BRENDA GABRIEL HERNÁNDEZ LEÓN y "CARLOS ANDRADE SÁNCHEZ, caminaban sobre la "Calzada Ignacio Zaragoza, entre la Calle Aguirre Colorado y "la Calle Enna, colonia Santa Martha Acatitla Norte, "Delegación Iztapalapa, cuando se aproximan los "sentenciados LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR "MONTES TORRES, colocándose frente a los menores, y el "citado en segundo lugar, les dice: “denme los celulares”, al "tiempo que los muestra un cuchillo de tipo doméstico, para
"amagarlos, en tanto LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES les "gritaba “denme los celulares”, lo que infunde temor a la "ofendida, quien saca de su mochila su teléfono celular marca "LG, modelo GT 350, negro, y se los entrega a los "enjuiciados, quienes enseguida son asegurados por "elementos de seguridad pública en el mismo lugar de los "hechos, encontrado en poder del enjuiciado OMAR MONTES "TORRES el teléfono celular propiedad de la menor y el "cuchillo.- - - d) La forma y grado de intervención, de los "sentenciados fue conjuntamente en términos de la fracción II "del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal. No "desprendiéndose de constancias que entre los sujetos del "delito exista alguna relación de amistad o vínculo de "parentesco; aunado a que el tipo penal a estudio no requiere "de una calidad específica entre los sujetos activo y pasivo
"del mismo.- - - e) Respecto de las características "personales de los sentenciados LUIS RAFAEL BLANCAS "MENESES, dijo ser de 39 años de edad, estado civil (unión "libre), con instrucción primaria, ocupación panadero, "originario del Estado de México, con domicilio en calle Santa "Anita, número 91, colonia Metropolitana, tercera sección, "Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; que sí sabe "leer y escribir, que sí entiende el idioma castellano, que no "pertenece a ningún grupo indígena; que sí ingiere bebidas "embriagantes, que no padece enfermedad venérea o "contagiosa, que sí consume drogas, que no fuma, que en su "tiempo libre le gusta ver televisión, que tiene tatuajes en el "brazo, en el pecho y en el antebrazo.- - - Por su parte, el "sentenciado OMAR MONTES TORRES dijo ser 25 años de "edad, estado civil soltero, con instrucción secundaria, "ocupación panadero, religión católica, originario del Estado "de México, con domicilio en calle Santa Anita, número 91, "colonia Metropolitana, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado
"de México; que sí sabe leer y escribir, que sí entiende el "idioma castellano, que no pertenece a ningún grupo "indígena; que sí ingiere bebidas embriagantes, que no "padece enfermedad venérea o contagiosa, que sí consume "drogas, que no fuma, que en su tiempo libre le gusta leer.- - - "Que de constancias se desprende que los motivos que "impulsaron a delinquir a los enjuiciados, fue querer obtener "bienes sin el justo esfuerzo o trabajo para ello.- - - f) Que las "condiciones fisiológicas y psíquicas en que se encontraban
"LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR MONTES "TORRES, al momento de la comisión del delito, eran "normales, ya que así se desprende del certificado de estado "físico que se le practicó a cada uno.- - - g) Debe señalarse "que no hay circunstancias del activo y del pasivo antes y "durante de la comisión del delito, que sean relevantes para "individualizar la pena, como datos de violencia (puesto que "ya se ha acreditado que los sentenciados llevaron a cabo su "conducta, empleando como medio comisivo la violencia "moral), relación de desigualdad o abuso de poder entre el "agresor y la víctima. En cuanto al comportamiento posterior "de los enjuiciados, con relación al delito cometido, debe "entenderse como el hecho de si trataron o no de reparar el "daño o de disminuir la lesión al bien jurídico tutelado por la "norma o incluso si auxilió a la víctima inmediatamente "después de cometido el delito. Lo que encuentra sustento en "el criterio jurisprudencial que se cita enseguida:- - - "“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. COMPORTAMIENTO "POSTERIOR DEL ACUSADO, NO LO CONSTITUYE EL "SENTIDO EN QUE HAYA VERTIDO SUS "DECLARACIONES.” (la transcribe).- - - En razón de lo "anterior, se determina que no obra constancia alguna para "pronunciarse sobre el comportamiento posterior de los "justiciables.- - - h) Las circunstancias especiales en los "sentenciados, que sean importantes para determinar la "posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las "exigencias de la norma; se toma en consideración que por su "propia experiencia obtenida por su edad y su convivencia en "sociedad, que los sentenciados podían comprender los "alcances de su comportamiento y exigírsele una conducta "diversa a la desplegada.- - - Circunstancias las anteriores "que se han analizado debidamente, además, atendiendo al "principio de proporcionalidad contemplado expresamente en "el artículo 22 constitucional, que impone al juez el deber de "individualizar la pena teniendo en cuenta las circunstancias "concretas de cada caso, pues de acuerdo a este principio la "gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho "antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico "protegido; por tanto, es justo y equitativo determinar en el "acusado un grado de culpabilidad en dos grados por "debajo del equidistante entre el mínimo y el medio, el "cual coincide con el estimado por el Juez Natural quien lo
"denominó “EQUIDISTANTE ENTRE EL MÍNIMO Y LA "EQUIDISTANTE ENTRE EL MÍNIMO Y EL PUNTO MEDIO "ENTRE EL MÍNIMO Y EL MEDIO (ligeramente superior al "mínimo o una décimo sexta parte dentro del rango mínimo y "máximo de punibilidad”; lo cual se estima correcto, ya que la "ley no fija denominaciones o categorías predeterminadas "respecto de la graduación de la culpabilidad, sino que se "limita a proporcionar reglas normativas para regular el criterio "del Juez, por ello basta que la expresión empleada por el "juzgador permita determinar con congruencia, motivación y
"exhaustividad en cada caso concreto, y tomar en cuenta el "mínimo y máximo de la punibilidad del delito de que se trate, "la correspondencia entre la pena concretamente impuesta y "el grado de culpabilidad del sentenciado. Tal como deriva del "siguiente criterio jurisprudencial:- - - “INDIVIDUALIZACIÓN "DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA "EXPRESIÓN EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA
"DETERMINAR CON CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y "EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y "TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA "PUNIBILIDAD DEL DELITO DE QUE SE TRATE, LA "CORRESPONDENCIA ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA Y
"EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO.” (la "transcribe).- - - Considerándose que este grado de "culpabilidad es ajustado a las condiciones personales de los "enjuiciados y a las características en que se desarrolló el "ilícito a estudio, y que cumple con los fines de prevención "general y especial de la pena.- - - Conforme al grado de "culpabilidad estimado a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES "y OMAR MONTES TORRES, por el delito básico de ROBO, "con fundamento en el artículo 220 fracción II corresponde "imponerles las penas de 7 siete meses 3 tres días de "prisión y 65 sesenta y cinco días multa. La pena de prisión "se incrementa en 2 dos años 3 tres meses por la "circunstancia de cometerse el delito en contra de transeúnte, "con fundamento en el artículo 224 párrafo inicial. Así también "se incrementa en 2 dos años 3 tres meses más, por la "agravante de cometerse el delito a través de la violencia "moral, con fundamento en el artículo 225 párrafo inicial; "todos los preceptos del Código Penal para el Distrito "Federal.- - - Así, con apego a lo establecido en el artículo 9 "apartado 1 parte segunda y apartado 4 parte primera, así
"como en el artículo 15 párrafo único parte segunda del Pacto
"Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resulta justo y
"equitativo imponer a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES
"y OMAR MONTES TORRES, por la comisión dolosa del
"delito de ROBO AGRAVADO (hipótesis de cuando se
"cometa en contra de transeúnte y con violencia moral),
"en agravio de la menor BRENDA GABRIEL HERNÁNDEZ
"LEÓN, las penas de 5 CINCO AÑOS 1 UN MES 3 TRES
"DÍAS DE PRISIÓN y 65 SESENTA Y CINCO DÍAS MULTA
"EQUIVALENTES A $4,051.45 (CUATRO MIL CINCUENTA Y
"UN PESOS 45/100 M. N.), a razón de $62.33, que
"corresponde al salario mínimo vigente en el Distrito Federal,
"al momento de la ejecución del delito (31 de julio de 2012),
"en atención a lo dispuesto por el artículo 247 del Código
"Penal para el Distrito Federal,
que establece “
"determinación de la multa, se tomará en consideración el
"salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de
"la ejecución del delito.” Siendo aplicable dicha disposición
"especial porque excluye a la regla general, tratándose de
"delitos patrimoniales; tal como deriva del siguiente criterio
"jurisprudencial:- - - “MULTA, PENA DE. DETERMINACIÓN
"DE SU CUANTÍA EN DELITOS PATRIMONIALES,
"CONFORME AL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
"DISTRITO FEDERAL.” (la transcribe).- - - Debe señalarse
"que la sanción privativa de libertad impuesta, la deberá
"compurgar cada sentenciado –con independencia de otras
"penas que le hayan sido impuestas, con fundamento en lo
"dispuesto en los artículos 4 fracción XVIII, 8 y 9 fracción XIII
"de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción
"Social para el Distrito Federal –en vigor a partir del 19
"diecinueve de junio de 2011 dos mil once-, así como en los
"Acuerdos número 59-28/2011 y número 62/48/2011 del
"Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el lugar que
"para tal efecto designe el Juez de la causa, a la
"Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Secretaria de
"Gobierno del Distrito Federal, ya que el primero de los
"acuerdos (en vigor desde el 19 diecinueve de junio de 2011
"dos mil once), establece que para evitar la sobresaturación e
"inoperancia de los nuevos Juzgados de Ejecución de
"Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Distrito
"Federal, durante los primeros seis meses de operación de
"esos Juzgados, conocerán sólo de solicitudes de beneficios
"penitenciarios, por lo que todo lo demás inherente a la
"ejecución de las sentencias será substanciado por los
"Juzgados penales que las dicten.- - - En tanto el Acuerdo 62-
"48/2011, en su parte conducente, dice: (lo transcribe).- - -
"Por lo anterior, es al Juez Penal del conocimiento a quien
"corresponde designar a la Subsecretaria del Sistema
"Penitenciario de la Secretaria de Gobierno del Distrito
"Federal, el lugar en el que el sentenciado compurgará la
"pena de prisión impuesta.- - - Debiendo iniciarse el cómputo
"de la pena privativa de libertad, a partir del día en que se
"efectuó la detención de los enjuiciados con motivo de los
"presentes hechos, es decir, a partir del 31 treinta y uno de
"julio de 2012 dos mil doce a la fecha en que se dicta la
"presente resolución; lo anterior de conformidad con lo
"dispuesto en el artículo 20 fracción X párrafo tercero de la
"Constitución Política Federal, en relación con el artículo 33
"párrafo segundo del Código Penal para el Distrito Federal y
"artículo 28 párrafo primero de la Ley de Ejecución de
"Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito
"Federal que previene “COMPUTO DE LA PENA PRIVATIVA
"DE LIBERTAD. A toda pena privativa de libertad que sea
"impuesta mediante sentencia ejecutoriada, se le computará
"el tiempo que el sentenciado haya estado privado de la
"libertad.”; quedando su aplicación a cargo de la ejecutora
"señalada. Sirve de apoyo a lo expuesto, los criterios
"jurisprudenciales del tenor siguiente:- - - “PRISIÓN
"PREVENTIVA. LA OBLIGACIÓN DE COMPUTARLA PARA
"QUE SE DESCUENTE DE LA PENA IMPUESTA NO ES
"SÓLO PARA EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NI
"CONCLUYE CON EL DICTADO DE SU SENTENCIA, SINO
"QUE AQUÉLLA PERSISTE PARA EL TRIBUNAL DE
"ALZADA AL ASUMIR JURISDICCIÓN Y RESOLVER EL
"RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
"DE SONORA).” (La transcribe).- - - “PRISIÓN
"PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA
"PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL
"PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU
"DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA
"INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA
"RESOLUCIÓN DE "SEGUNDO GRADO.” (la transcribe).- - -
"Asimismo, debe señalarse que la sanción pecuniaria, se
"impone con fundamento en el los artículos 30 fracción V, 37
"y 247 del Código Penal para el Distrito Federal (éste último
"por tratarse de un delito de naturaleza patrimonial); toda vez
"que se encuentra prevista como pena accesoria a la privativa
"de "libertad, por el artículo 220 fracción II del Código Penal
"para el Distrito Federal; habiéndose determinado su quantum
"en proporción al grado de culpabilidad determinado a los
"enjuiciados, de conformidad con el siguiente criterio
"jurisprudencial:- - - “MULTA. EL MÍNIMO A IMPONER ES
"DE UN DÍA.” (La transcribe).- - - En ese sentido, es que la
"multa como pena pecuniaria impuesta a los enjuiciados, no
"transgrede la prohibición contenida en el artículo 22
"constitucional, porque no se trata de una multa fija, al
"haberse determinado de conformidad a la gravedad del ilícito
"cometido. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el acuerdo 5-
"24/2010, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito
"Federal, en relación a las autorizaciones emitidas el 1 de
"enero y 26 de abril del 2010, por las que, la Secretaria de
"Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, autorizó la
"creación de la “DIRECCIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS
"JUDICIALES”, dependiente de la Oficialía Mayor del Tribunal
"Superior de Justicia del Distrito Federal, como auxiliar de la
"Secretaria de Finanzas del Distrito Federal en la recaudación
"de multas; hágase del conocimiento de los sentenciados,
"que la multa impuesta la deberán enterar a la “DIRECCIÓN
"PARA EL COBRO DE MULTAS JUDICIALES”, oficina
"administrativa ubicada en la planta baja del edificio de Doctor
"Lavista número 114, colonia Doctores, delegación
"Cuauhtémoc, código postal 06720, para los efectos legales
"procedentes.- - - Multa que en caso de que los enjuiciados
"se nieguen a cubrir sin causa justa, le será exigida a través
"del procedimiento económico coactivo correspondiente; para
"el caso de que acrediten que no puede pagar dicha multa o
"sólo pueden cubrir una parte, se les sustituye, en términos
"del artículo 39 del Código Penal para el Distrito Federal,
"hasta por 32 treinta y dos jornadas de trabajo a favor de
"la comunidad, misma que en términos del artículo 36 del
"ordenamiento sustantivo invocado, consistirá en la
"prestación de servicios no remunerados, en instituciones
"públicas, educativas, de asistencia o servicio social, o en
"instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley
"respectiva regule; bajo la orientación y vigilancia de la
"autoridad ejecutora; la cual se llevará a cabo en jornadas
"dentro de períodos distintos al horario de las labores que
"represente la fuente de ingresos para la subsistencia de los
"sentenciados y la de su familia, sin que pueda exceder de la
"jornada extraordinaria que determina la ley laboral, misma
"que por ningún concepto se desarrollará en forma que
"resulte degradante o humillante para los sentenciados.- - -
"Haciéndose la observación de que el cumplimiento de dicha
"sustitución quedará en su caso bajo el control y vigilancia del
"Juez Natural de forma indefinida hasta en tanto se cuente
"con los recursos presupuestales necesarios para ampliar el
"número de órganos jurisdiccionales especializados en
"ejecución de sanciones, en atención al Acuerdo 62-48/2011,
"emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito
"Federal. Lo anterior, tal como lo establece la fracción VII del
"artículo 9 de la ley de Ejecución de Sanciones Penales y
"Reinserción Social para el Distrito Federal.- - - Por lo que
"deberá modificarse el punto resolutivo SEGUNDO de la
"sentencia apelada, para el efecto de adecuar el monto de la
"multa impuesta que es de $4,051.45 (cuatro mil cincuenta y
"un pesos 45/100 M. N.) y no de $5,51.45 (cinco mil cincuenta
"y un pesos 45/100 M. N.) como indicó el Juez Natural.- - - X.-
"Por lo que respecta a la reparación del daño proveniente
"del delito de ROBO AGRAVADO, con fundamento en los
"artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, y 48 del Código Penal para el
"Distrito Federal, se condena a LUIS RAFAEL BLANCAS
"MENESES y a OMAR MONTES TORRES, a restituir a la
"menor ofendida BRENDA GABRIEL HERNÁNDEZ LEÓN un
"teléfono celular usado de la marca LG, color negro, modelo
"GT350, con pila y sin chip y sin memoria, con valor de
"$1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional); empero,
"toda vez que en autos consta que dicho bien fue recuperado,
"esta pena se da por satisfecha.- - - Por lo que se confirma
"el punto resolutivo TERCERO de la sentencia apelada.- - -
"XI.- Resulta legal la determinación del Juez Primario, de
"negar a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y a OMAR
"MONTES TORRES, cualquiera de los sustitutivos de la
"pena de prisión contemplados en el artículo 84 del Código
"Penal para el Distrito Federal, toda vez que la pena de
"prisión que les fue impuesta es de 5 cinco años 1 un mes 3
"tres días, lo cual excede de los límites que señala este
"numeral. Así también, se le niega el goce del beneficio de la
"suspensión condicional de la ejecución de la pena
"privativa de libertad, prevista en el artículo 89 del
"ordenamiento punitivo invocado, ya que la pena de prisión
"que le fue impuesta excede de los cinco años que establece
"dicho numeral. Por tales razones, deberá confirmarse el
"punto resolutivo CUARTO del fallo que se revisa.- - - XII.- Es
"legal la determinación del Juez del conocimiento respecto de
"la suspensión de los derechos políticos de los
"sentenciados, porque constituye una consecuencia de la
"pena privativa de libertad que le fue impuesta, por tanto
"dicha suspensión deberá ser por un tiempo igual al de la
"pena de prisión, es decir por 5 cinco años 1 un mes 3 tres
"días; lo anterior con fundamento en los artículos 38 fracción
"III de la Constitución Política de México, 57 fracción I y 58 del
"Código Penal para el Distrito Federal y 116 inciso b) del
"Código Electoral para el Distrito Federal, así como de los
"artículos 23 apartado 2 de la Convención Americana sobre
"Derechos Humanos. Quedando a cargo de la autoridad
"electoral su ejecución, por lo que deberá remitirse copia
"debidamente certificada de la presente resolución al Vocal
"Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal en el Distrito
"Federal, para los fines de su competencia.- - - Por tales
"razones, deberá confirmarse el punto resolutivo QUINTO
"del fallo que se revisa.- - - XIII.- DECOMISO.- Resulta legal
"la determinación del A quo de ordenar el decomiso de un
"cuchillo usado de aproximadamente 20 veinte centímetros de
"largo con mango de madera sin pintar y hoja de un solo filo
"terminación punta con la leyenda Stainless China, toda vez
"que el mismo fue empleado para amagar a la menor
"ofendida y desapoderarla de su teléfono celular; así como la
"determinación del Juzgador de que dicho objeto sea
"destruido, pues tal como lo razona, dicho objeto no resulta
"útil su aplicación a los Fondos de apoyo a la procuración y
"administración de justicia. Lo anterior de conformidad con el
"Acuerdo General 6-31/2006, del Pleno del Consejo de la
"Judicatura del Distrito Federal, en sesión ordinaria de 9
"nueve de agosto de 2006 dos mil seis, contenido en la
"circular número 42/2006 de 22 veintidós de septiembre de
"2006 dos mil seis. En consecuencia se confirma el punto
"resolutivo SÉPTIMO de la sentencia apelada…”.
De lo transcrito, y contrario a lo que alegan los
quejosos en los conceptos de violación 1 y 2, este tribunal
colegiado considera, que la Sala, al individualizar las penas,
cumplió con lo establecido en los artículos 70 y 72 del Código
Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los
hechos, pues para imponerlas, determinó confirmar el grado
de culpabilidad apreciado por el A quo al considerar la
naturaleza de la acción; la magnitud del daño causado, que
estableció de mínima intensidad; las circunstancias de
tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho delictivo; la forma de
intervención fue conjuntamente; las circunstancias
personales, tales como su edad, el nivel de educación, las
costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales;
los motivos que impulsaron a delinquir a los sentenciados; los
vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el
pasivo; por lo que, a juicio de este órgano colegiado, lo
considerado por la Sala responsable es suficiente para
justificar el grado de culpabilidad “un grado de culpabilidad
"EN DOS GRADOS POR DEBAJO DEL EQUIDISTANTE
"ENTRE EL MÍNIMO Y EL MEDIO”, el cual coincide con el
apreciado por el juez de origen en “equidistante entre el
"mínimo y la equidistante entre el mínimo y el punto
"medio entre el mínimo y el medio (ligeramente superior
"al mínimo o una décimo sexta parte dentro del rango
"mínimo y máximo de punibilidad”, como lo consideró el
juez de instancia, máxime que no está obligada a imponer la
pena mínima.
sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, visibles en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal,
páginas 178 y 187, de rubros y textos siguientes:
“PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO
"JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde
"exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía
"para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro
"de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más
"limitación que la observancia de las reglas normativas de la
""individualización de la pena.”
"PENA MÍNIMA NO OBLIGATORIA. El juzgador
"no está obligado a imponer la pena mínima, pues de lo
"contrario desaparecería
"individualización de la pena no sería discrecional como lo
"establece la ley, sino un acto reglado u obligatorio."
En congruencia con el grado de culpabilidad, así
como a los parámetros mínimos y máximos establecidos en el
arábigo 220, párrafo primero, fracción II del Código Penal
para el Distrito Federal, que va de seis meses a dos años y
sanción pecuniaria de sesenta a ciento cincuenta días
multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas
veces el salario mínimo, por lo que en atención a dicho índice
fijado, el tribunal de apelación por el ilícito de robo, les impuso
siete meses, tres días de prisión y sesenta y cinco días
multa equivalentes a cuatro mil cincuenta y un pesos con
cuarenta y cinco centavos, a razón del salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal en la época de los
hechos (treinta y uno de julio de dos mil doce), que era de
sesenta y dos pesos con treinta y tres centavos.
Privativa de libertad aumentada en dos años tres
meses, porque se actualiza la agravante “contra transeúnte”,
acorde con la pena que prevé el artículo 224, fracción IX, del
código en cita, en consideración al parámetro mínimo y
máximo establecido para ésta el cual es de dos a seis años
de prisión, por lo que impuso dos años tres meses de
De la misma forma, se incrementa en dos años tres
meses, al actualizarse la agravante de “violencia moral”,
acorde con la pena que establece el artículo 225, fracción I,
del código mencionado, en consideración al parámetro
mínimo y máximo establecido para ésta el cual es de dos a
seis años de prisión, por lo que impuso dos años tres
Dichas penas, al ser sumadas, dieron un total de
cinco años, un mes, tres días en prisión y sesenta y cinco
días multa, equivalentes a cuatro mil cincuenta y un
pesos con cuarenta y cinco centavos.
En esa tesitura, contrario a lo que sostienen los
sentenciados, la pena impuesta no viola el artículo 22 de la
Constitución Federal, ya que como se precisó, es acorde al
grado de culpabilidad que le fue fijado, dentro de los
parámetros mínimo y máximo que establece la ley. Además,
no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteración
física, y corresponde a la finalidad que persigue la pena.
En el mismo sentido debe estarse en relación al
argumento de que la pena no cumple con los fines previstos
en el numeral 18 constitucional, puesto que la sanción
privativa de la libertad impuesta a los justiciables, tiene como
objetivo que éstos cuenta con ese lapso para resocializarse si
así lo desea, sobre la base de la educación, el trabajo y la
capacitación para el mismo.
La Ad quem, respecto al cumplimiento de la pena
privativa de libertad, señaló la compurgará en el lugar que el
juez de la causa designe a la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, pena a la que se abonará la preventiva sufrida
a partir del treinta y uno de julio de dos mil doce, en fueron
detenidos hasta el cinco de noviembre siguiente, en que se
dictó la sentencia, determinación que es legal y no vulnera
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 35/2012 (10a.),
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos
veinte, Libro VII, abril de dos mil doce, tomo 1 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del
“PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL
"TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL
"PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU
"LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA
"SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO
"O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO.
"Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer
"párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el
"Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la
"prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como
"máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso,
"además de que en toda pena de prisión que imponga una
"sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese
"sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de
"privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé
"la constitución- desde la detención -con motivo de los
"hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta
"que la sentencia de primera instancia cause estado o se
"dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva
"su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en
"que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se
"promueva; no obstante lo anterior, si se concede la
"protección constitucional para que se deje sin efectos la
"sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto
"también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo
"en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las
"actuaciones que correspondan a la fase del proceso
"repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva
"y firme.”.
Respecto de la sanción pecuniaria impuesta, se
considera acertada la determinación de la responsable en el
sentido de que deberán enterarla a la Dirección para el Cobro
de Multas Judiciales adscrita a la Oficialía Mayor del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, con las
consecuencias legales que amerita en el caso de no pagar
sin causa justificada, acorde a lo determinado por el arábigo
41 del Código Penal para el Distrito Federal; y en caso de no
ser pagada por los sentenciados, será exigida mediante
procedimiento económico coactivo.
Multa que, como correctamente la responsable
señaló, en caso de insolvencia plenamente comprobada les
será sustituida por treinta y dos jornadas de trabajo a favor de
la comunidad, en términos de lo estipulado por el artículo 39
del código represivo, en donde este último establece que
cada jornada saldará dos días multa.
En otro orden de ideas, fue legal que se les
condenara a la reparación del daño, consistente en restituir a
la ofendida Brenda Gabriel Hernández León, el teléfono
celular marca LG, modelo GT350, negro; misma que tuvo por
satisfecha a virtud de que dicho bien fue recuperado y
entregado a su legítima propietaria.
Por lo que hace a la determinación respecto de las
restantes formas de reparación del daño, no les causa
perjuicio en atención a que fueron absueltos del pago del
infundado, porque no irroga perjuicio alguno a los acusados
la determinación relativa a que se les niega cualquier
sustitutivo o beneficio respecto a la pena de prisión, por no
reunir los requisitos exigidos por los artículos 86 y 89 del
Código Penal para el Distrito Federal y, por tanto, tal proceder
no viola garantías, apreciándose que efectivamente la pena
de prisión impuesta (cinco años, un mes, tres días de prisión)
excede los parámetros exigidos para la procedencia de los
Fue legal la decisión de decomisar el cuchillo usado
de aproximadamente veinte centímetros de largo, con mango
de madera y hoja de un solo filo, así como ordenar su
destrucción, por así disponerlo los artículos 53 y 54 del
Código Penal vigente para esta ciudad.
La determinación de suspender los derechos
políticos de los quejosos, por ser una consecuencia de la
sanción corporal aplicada, atento lo dispuesto en los artículos
38, fracción III, constitucional, 57 y 58 del Código Penal para
el Distrito Federal, no vulnera derechos fundamentales, ya
que así lo establecen los preceptos en cita, la cual iniciará
cuando cause ejecutoria la sentencia y concluirá cuando se
extinga la sanción corporal.
En consecuencia, al resultar infundados los motivos
de inconformidad hechos valer por los quejosos y al no
advertirse queja deficiente que suplir de oficio, lo que procede
es negarles la protección constitucional que solicitan.
Por lo expuesto y con fundamento en lo que
disponen los artículos 1, 73, 170, 184, 185, 186, 188 y 189,
de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso a), Sección 2ª.,
del Capítulo III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, se
ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni
protege a LUIS RAFAEL BLANCAS MENESES y OMAR
MONTES TORRES, contra el acto que reclamaron de la
Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, que actuó de forma unitaria, precisado en el
Notifíquese; con testimonio de esta resolución
devuélvanse los autos, a la Quinta Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y, en su oportunidad,
A S Í, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de
los magistrados Miguel Ángel Aguilar López (Presidente),
Emma Meza Fonseca y Guadalupe Olga Mejía Sánchez
(Ponente), quienes firman ante el secretario de acuerdos
José Antonio Acevedo Castro, que autoriza y da fe.
GOMS/IRM/Dafne*
Documentos similares a 05010000155057380006005
T-595-12 Condicion Mas Beneficiosa
Adrian Felipe Palacioc
Madeline Salas
Profesión de Trabajo Social en El Área Juridico-Forense
MEDICINA LEGAL Introduccion

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 20
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 206
 artículo 20
 artículo 20
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 16
 artículo 133
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 193
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 224
 artículo 225
 artículo 427
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 220
 artículo 224
 artículo 225
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 247
 artículo 20
 artículo 33
 artículo 220
 artículo 22
 artículo 39
 artículo 36
 artículo 84
 artículo 89
 resolución 
 artículo 224
 artículo 225
 artículo 22
 RESOLUCIÓN 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 resolución