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Codigo Penal Propiedad Intelectual
Aprueban Nuevo Reglam Proced Sancionador OEFA.pr
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apdayc puno
Debate Sobre Derecho De Autor Y ACTA
El marco legal de los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial en el Derecho espaol,
europeoe internacional (1)
POR MANUEL JESS DOLZ LAGO
Que otros se jacten de las pginas que han
escrito; a m me enorgullecen las que he ledo
En este trabajo se estudia el marco extrapenal de los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial, tanto desde el plano internacional y comunitario europeo
como nacional, y se realiza una sistematizacin legislativa concordada de la compleja normativa que regula la materia. Esta referencia es necesaria por la existencia de
elementos normativos en los tipos penales que sancionan estas conductas. Adems,
se indican los criterios derivados de dicha normativa que influyen en la interpretacin de los tipos penales, dada la internacionalizacin de la misma, para una adecuada aplicacin del Derecho penal vigente en este campo.
Palabras clave: Delitos. Derecho internacional. Propiedad industrial. Propiedad
(1) Ponencia impartida el da 16 de septiembre de 2010 en el Curso Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, organizado por el Servicio de Formacin Continuada del Consejo General del Poder Judicial, cuya publicacin est
autorizada por el Director del Centro de Documentacin Judicial del CGPJ, al haber
sido publicada en la web del CGPJ, dentro de la coleccin Cuadernos Digitales de
Formacin, con el ttulo Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Manuel Jess Dolz Lago
In this paper, the extra criminal framework of industrial and intellectual property
crimes is studied, both in the international and communitarian European front as in
the national. Also, a reconciled legislative systematization, concerning the complex
regulation in the subject, is performed. This reference is necessary due to the existence of normative elements in criminal rules that punish this kind of attitudes. On the
other hand, principles derived of those rules, that have an influence on criminal law
interpretation, are showed, because of its internationalization, so as to the correct
application of criminal law in this level.
Keywords: Crimes. Industrial property. Intelectual property. International law.
SUMARIO: 1. Introduccin: el marco jurdico extrapenal de la propiedad intelectual e industrial: la internacionalizacin de su proteccin y su funcin econmica.2. Nociones generales sobre la eficacia de la normativa internacional y
comunitaria en relacin con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.3. Normativa internacional universal.4. Normativa comunitaria europea.5. Sntesis de la normativa nacional europea armonizada.6. Criterios
normativos internacionales y comunitarios en la interpretacin de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.7. Conclusiones
INTRODUCCIN: EL MARCO JURDICO EXTRAPENAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: LA
INTERNACIONALIZACIN DE SU PROTECCIN Y SU
FUNCIN ECONMICA (2)
El universo de la propiedad intelectual e industrial es como un
inmenso iceberg, profundo e inestable, que se mueve lentamente a
modo de los viejos galeones espaoles del siglo xvi. Para su correcta
aproximacin, en este mundo global de internet, es inexcusable adver(2) Como se desarrolla infra en el epgrafe de normativa internacional, en
materia de propiedad intelectual e industrial, el Convenio de 14 de julio 1967, ratificado por Espaa el 12 de mayo de 1969 (BOE nm.26, de 30 de enero de 1974)
estableci la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas web:
http://www.wipo.int/portal/index.html.es. Cfr. tambin, ms especficamente en
relacin con la propiedad intelectual, el Convenio de Berna para la proteccin de las
obras literarias y artsticas de 9 de septiembre de 1886 ltima revisin en Pars el 24
de julio de 1971 e Instrumento de Ratificacin el 2 de julio de 1973 BOE nm.81,
El marco legal de los delitos contra la propiedad intelectual...
tir que las tendencias son tributarias de lo que vaya ocurriendo en el
mundo anglosajn, dominado por los USA (3), el autntico imperio
actual, frente a nuestro viejo sistema continental europeo.
de 4 de abril de 1974 y nm.260, de 30 de octubre de 1970, y en relacin con la propiedad industrial, el Convenio de Pars de proteccin de la propiedad industrial se
aprob el 20 de marzo 1883, sufriendo numerosas revisiones, la ltima en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 (BOE nm.28, de 1 de febrero de 1974). La web de la OMPI
ofrece completa informacin sobre todo lo relacionado con la propiedad intelectual e
industrial, en especial, legislacin internacional y de los Estados miembros de la organizacin en http://www.wipo.int/clea/es/search.jsp?cntryorg_id=108&cat_
id=&order=date. Otros recursos informativos en la Red procedentes de organismos
pblicos oficiales son, en materia de Propiedad Intelectual, la pgina oficial de la
Subdireccin general de Propiedad Intelectual, Direccin General de Poltica e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, http://www.mcu.es/propiedadInt/index.
html. En materia de Propiedad Industrial, la pgina oficial de la Oficina Espaola de
Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que hace funciones de Registro de Propiedad Industrial, para lo que tiene una pestaa especfica
(BOPI), http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdi
oma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplH
ome. Ambos organismos oficiales tienen sendas pestaas sobre la piratera con sntesis de legislacin y planes de actuacin diversos, noticias de prensa y dems documentacin. Tambin como una modalidad de la propiedad industrial, en materia de
proteccin de obtenciones vegetales, la pgina web del Ministerio de Medio Ambiente
y de Medio Rural y Marino, que contiene el Boletn del Registro Oficial de Variedades Protegidas, link http://www.mapa.es/comunes/revistas/agricultura/rev_numero.
asp?codrevista=RVP. Adems, puede consultarse las siguientes webs: la de la Sociedad de Artistas Intrpretes o Ejecutantes de Espaa (www.aie.es), la de AISGE, Artistas Intrpretes, Sociedad de Gestin entidad de gestin colectiva (www.aisge.es), la
de DAMA, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales entidad de gestin (www.
damautor.es), la de CEDRO, Centro Espaol derechos Reprogrficos (www.cedro.
org), la de EGEDA, Entidad de Gestin derechos de los Productores Audiovisuales
(www.egeda.es), la de Promusicae, Productores de Msica Espaola (www.promusicae.es), la de la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores (www.sgae.es), la de
VEGAP Visual, Entidad de Gestin de Artistas Plsticos (www.vegap.es). El portal
oficial de la Unin Europea es http://europa.eu/. La Oficina Europea de Patentes tiene
la web www.epo.org. En cuanto a la marca comunitaria, vase la web de la Oficina
europea de Marcas, Dibujos y Modelos de la UE (OAMI) http://oami.europa.eu/ows/
rw/news/item1450.es.do. Tambin, la Universidad de Alicante, en cuya ciudad tiene
su sede la OAMI, ofrece amplia informacin en http://www.ua.es/es/servicios/juridico/propindust.htm. Igualmente, desde el Consejo Superior de Cmaras, vase la
web de la asociacin empresarial Asociacin Nacional para la Defensa de la Marca
(ANEMA), https://www.camaras.org/publicado/andema/andema.html. Por otra parte,
en la Red proliferan numerosas pginas sobre estas materias que dan publicidad de
servicios privados de asesoramiento y de bufetes jurdicos especializados, en los que
suele recogerse la normativa bsica y resmenes jurisprudenciales.
(3) El tratamiento jurdico de estas propiedades depende los sistemas jurdicos (anglosajn o continental europeo), si bien domina el anglosajn, en el que
destaca el copyright, que atiende ms a los aspectos patrimoniales de la propiedad
intelectual que a los morales, como ha acabado prevaleciendo. El derecho de autor
y copyright constituyen dos concepciones sobre la propiedad literaria y artstica.
El primero proviene de la familia del derecho continental, particularmente del
derecho francs, mientras que el segundo procede del derecho anglosajn (o common law). El derecho de autor se basa en la idea de un derecho personal del autor,
fundado en una forma de identidad entre el autor y su creacin. El derecho moral
est constituido como emanacin de la persona del autor: reconoce que la obra es
expresin de la persona del autor y as se le protege. La proteccin del copyright se
limita estrictamente a la obra, sin considerar atributos morales del autor en relacin con su obra, excepto la paternidad; no lo considera como un autor propiamente tal, pero tiene derechos que determinan las modalidades de utilizacin de
una obra. Antecedentes histricos Aunque en la antigedad es posible encontrar
incipientes ideas acerca de un derecho sobre las obras intelectuales, no es hasta la
aparicin de la imprenta, que permiti la distribucin y copia masiva de las obras,
cuando surge la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino
como fuentes de propiedad intelectual. Aunque formalmente se tiende a situar el
nacimiento del derecho de autor y del copyright durante el siglo xviii, en realidad
se puede considerar que el primer autor en reclamar derechos de autor en el mundo
occidental, mucho antes que el Estatuto de Anne de 1710 del Reino Unido o las
disputas de 1662 en las que interfiri la Unin de las Coronas, fue Antonio de
Nebrija, creador de la clebre Grammatica e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo xv. Ms tarde, en la Inglaterra del siglo xviii
los editores de obras (los libreros) argumentaban la existencia de un derecho a
perpetuidad a controlar la copia de los libros que haban adquirido de los autores.
Dicho derecho implicaba que nadie ms poda imprimir copias de las obras sobre
las cuales tuvieran el copyright. El Estatuto de la Reina Ana entr en vigencia
en 1710. El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento ingls en 1710,
fue la primera norma sobre copyright de la historia. Esta ley estableca que todas
las obras publicadas recibiran un plazo de copyright de 14 aos, renovable por
una vez si el autor se mantena con vida (o, sea, un mximo de 28 aos de proteccin). Mientras que todas las obras publicadas antes de 1710 recibiran un plazo
nico de 21 aos a contar de esa fecha. Sin embargo, el dominio pblico en el
derecho anglosajn slo naci en1774, tras el caso Donaldson contra Beckett en
que se discuti la existencia del copyright a perpetuidad (la Cmara de los Lores
resolvi 22 votos a 11 en contra de esa idea). Estados Unidos incorpor los principios sentados en Inglaterra sobre el copyright. As la Constitucin de 1787, en el
artculo I, seccin 8, clusula 8 (la clusula del progreso) permite establecer en
favor de los autores derechos sobre la propiedad creativa por tiempo limitado.
En 1790, el Congreso de Estados Unidos promulg la primera Copyright Act
(Ley sobre copyright), creando un sistema federal de copyright y protegindolo
por un plazo de catorce aos, renovable por igual trmino si el autor estaba vivo a
su vencimiento (o sea, un mximo de 28 aos de proteccin). Si no exista renovacin, su obra pasaba al dominio pblico. Mientras en Estados Unidos, el copyright
se convirti en un derecho de propiedad comerciable, en Francia y Alemania se
desarroll el derecho de autor, bajo la idea de expresin nica del autor. En esa
lnea, el filsofo alemn Kant deca que una obra de arte no puede separarse de su
autor. En Francia en 1777, Beaumarchais (autor de la comedia El barbero de
Sevilla), fund la primera organizacin para promover el reconocimiento de los
derechos de los autores. Pero hubo que esperar al final de la Revolucin francesa
para que la Asamblea Nacional aprobara la primera Loi du droit dauteur (Ley
derecho de autor) en 1791.
En Espaa, las propiedades intelectual e industrial tienen la
singularidad de ser unos de los primeros objetos de proteccin
jurdica en la poca de la Codificacin, a finales del siglo xix, que
es la poca del liberalismo poltico e implantacin del sistema econmico capitalista (4). Al margen de discusiones doctrinales, lo
Evolucin del copyright. En 1790, la obras protegidas por la Copyright Act de
Estados Unidos eran slo losmapas, cartas de navegacin y libros (no cubra las
obras musicales o de arquitectura). Este copyright otorgaba al autor el derecho exclusivo a publicar las obras, por lo que slo se violaba tal derecho si reimprima la obra
sin el permiso de su titular. Adems, este derecho no se extenda a las obras derivadas (era un derecho exclusivo sobre la obra en particular), por lo que no impeda las
traducciones o adaptaciones de dicho texto. Con los aos, el titular del copyright
obtuvo el derecho exclusivo a controlar cualquier publicacin de su obra. Sus derechos se extendieron, de la obra en particular, a cualquier obra derivada que pudiera
surgir en base a la obra original. Asimismo, el Congreso de Estados Unidos increment en 1831 el plazo inicial del copyright de 14 a 28 aos (o sea, se lleg a un
mximo de 42 aos de proteccin) y en 1909 extendi el plazo de renovacin de 14
a28 aos (obtenindose un mximo de 56 aos de proteccin). Y, a partir de los
aos50, comenz a extender los plazos existentes en forma habitual (1962, 1976
y1998).
Smbolos. El smbolo representa la reserva de los derechos de autor sobre una
grabacin; y es la abreviatura de la palabra fongrafo; phonograph en ingls, o
registro fonogrfico. Este smbolo hace referencia al fonograma (master de audio) no
a la obra musical en s grabada; es muy comn verlo impreso en las contraportadas de
los discos. Por otro lado, el smbolo s hace referencia al derecho de autor
(copyright) que protege obras intelectuales, como canciones, libros, obras dramticas,
obras cinematogrficas y audiovisuales; dibujos, pinturas etc.
La proteccin del derecho de autor abarca nicamente la expresin de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es
decir, no requiere de la inscripcin en un registro o el depsito de copias, los derechos
de autor nacen con la creacin de la obra. Fuente: Voz Derechos de autor Wikipedia.
En nuestro derecho, el copyright se concibe slo como un smbolo o indicacin de
reserva derechos, segn el art.146 del TRLPI de 1996.
(4) Sobre la etapa liberal (en especial, para la legislacin a que nos referimos, Restauracin borbnica 1875/1931) hay una amplsima bibliografa histrica. En general, para las fuentes bibliogrficas histricas, consltese la Revista
del Centro de Estudios Histricos Internacionales, que dirigi Vicens Vives, y el
ndice Histrico espaol (IHE) de la Universidad de Barcelona, desde 1953, web
Les publicacions de la Universitat de Barcelona, publicacions.ub.es. Una sntesis
y referencia a esta bibliografa puede consultarse en Esdaile, Charles, La etapa
liberal: 1808-1898, Tomo 17 de la Historia de Espaa, dirigida por John Lynch,
Editorial Crtica, S.L., edicin El Pas, 2007, pp.472 a 478. Tambin, el clsico
de Raymon Carr, Espaa 1808-2008, edicin revisada y actualizada por Juan
Pablo Fusi, Ariel Historia, 2009, 1. edicin en 1969 en la Coleccin Horas de
Espaa, con un interesante ensayo bibliogrfico, pgs. 700 a 716, el Volumen XI
sobre La Restauracin De la Regencia a Alfonso XIII escrito por Montero, F.
y Tusell, J. de la Historia de Espaa dirigida por Hernndez Aliques, J., editorial Espasa, 1997, pp.481 a 486 y el Volumen VI de la Historia de Espaa de
Alfaguara dirigida por Artola, M, titulado La burguesa conservadora (1874ADPCP, VOL. LXIII, 2010
bien cierto es que estas propiedades comprenden los derechos de
autor (5).
La estrecha relacin entre estas propiedades y el sistema econmico se manifiesta hasta nuestros das, en los que la propiedad intelectual en la Unin Europea, que abarca tambin a nuestra propiedad
industrial, se muestra como uno de los muchos elementos del Mercado nico, que se rige por los principios de libre competencia y
libre circulacin de mercancas, capital y trabajo o servicios, necesitado de armonizacin legislativa entre los pases miembros de la
Unin (6).
Se puede decir que su funcin econmica, ms que cualquier otra
como la moral, es el factor predominante en la legislacin y debe considerarse a la hora de la interpretacin de las normas. De ah, la exigencia de nimo de lucro y perjuicio de tercero en el tipificacin penal
de las conductas lesivas de estos derechos, a partir del Cdigo Penal
de 1995, como se analizar posteriormente, lo que descarta la protec1931), por Martnez Cuadrado, M, Alianza Universidad, 1. ed. de 1973, 7.
ed. de 1981, pp.552 a 583. Desde el punto de vista econmico, es imprescindible
la obra de Vicens Vives, J. Historia econmica de Espaa, Vicens Universidad,
1. edicin de 1958, 9. edicin de 1972, pp.561 a 676. Desde el punto de vista
jurdico, vase Tomas y Valiente, F. Manual de Historia del Derecho Espaol,
Tecnos, 1. ed. de 1979, 14. reimpresin 2006, que corresponde a la 4. ed. de 1983,
pp.537 ss.
(5) Un sector doctrinal muy crtico con la actual regulacin enfatiza sobre la
diferencia entre el concepto derecho de autor y el de propiedad intelectual, defendiendo el primero frente al segundo (cfr. web Bufete Almeida http://www.bufetalmeida.com/Carlos Snchez Almeida) en base a que la propiedad est reconocida en el
art.17 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948 mientras que
los derechos de autor lo estn en el art.27.2 del mismo texto, pero, con independencia
de comprender el planteamiento, lo bien cierto es que en nuestro ordenamiento jurdico no existe proteccin de los derechos de autor al margen de la propiedad intelectual. Por otro lado, es necesario indicar que existe una fuerte corriente de opinin en
contra de la propiedad intelectual, vase, entre otros muchos, el link http://www.liberalismo.org/articulo/329/69/propiedad/intelectual/, que publica el artculo de Stephan
Kinsella Contra la propiedad intelectual, publicado en Journal of Libertarian Studies, Volumen 15, nm.2 (Primavera 2001) y el artculo de Enrique Pasquel, Una
visin crtica de la propiedad intelectual. Por qu eliminar las patentes, los derechos
de autor y el subsidio estatal a la produccin de informacin, publicado en Revista
de Economa y Derecho, Vol. 1, Nm.3 (Invierno 2004), que curiosamente resalta su
propio copyright, enlace desde el link http://es-es.facebook.com/pages/Copyright/106
538642715961?v=wiki
(6) Vase Hernndez Fernndez del Valle, M. I., La propiedad intelectual y la CEE, en Noticias de la Unin Europea, nm.112, de mayo de 1994, pp.93
a 100. En la materia que estamos tratando, vase epgrafe de este trabajo sobre sntesis de la normativa nacional europea armonizada.
cin del derecho moral del autor si no tiene esta traduccin patrimonial (7).
Volviendo a los aspectos histricos, para conocer de donde venimos, donde estamos y a donde vamos, en un estudio diacrnico de la
materia, recordaremos que en plena Restauracin borbnica, bajo el
reinado de SM El Rey D. Alfonso XII y gobierno de D. Arsenio
Martnez Campos (8), se dicta la primera Ley de Propiedad Intelectual que data de 10 de enero 1879 (9), antes incluso de la publicacin de nuestro Cdigo Civil, aprobado por el Real Decreto de 4 de
julio 1889 (10), el cual ya dispona en su art.10.4 la ley nacional e
internacional como normas aplicables a estas propiedades, como
veremos infra.
La propiedad industrial, como acto de comercio, tuvo su referente
normativo en el Cdigo de Comercio, aprobado por Real Decreto
de22 de agosto 1885 (11). El 16 de mayo de 1902 se dicta la primera
Ley de Propiedad Industrial (12) y, posteriormente, se aprueba por
Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929 el Estatuto de la Propiedad
Industrial, cuyo Texto refundido se aprob por Real Orden de 30 de
abril de1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre
de1931 (13).
(7) En el mismo sentido, la totalidad de la doctrina. Vase, entre otros, Farr
Daz, E. en Comentarios al Cdigo Penal, coordinador Cruz de Pablo, J.A., Dykinson, 2008, p.991; Lpez Barja De Quiroga, J. en Comentarios al Cdigo Penal
(2007) dirigidos por Conde-Pumpido Tourn, C., p.2143.
(8) Era Ministro de Gracia y Justicia, D. Saturnino lvarez Bugallal
(9) Gaceta de Madrid nm.12, de 12 de enero 1879
(10) Gaceta nm.206, de 25 de julio 1889. Ya bajo la Regencia de SM La
Reina Madre D. M. Cristina de Harsburgo y Lorena (SM El Rey D. Alfonso XIII) y
gobierno del liberal Sagasta, siendo Ministro de Gracia y Justicia, D. Jos Canalejas
(11) Gaceta 16 de octubre 1885. Bajo la Regencia de SM La Reina Madre
D.M. Cristina de Harsburgo y Lorena (SM El Rey D. Alfonso XIII) y gobierno del
conservador Cnovas del Castillo, siendo Ministro de Gracia y Justicia, D. Francisco
Silvela le Vielleuze.
(12) Ya bajo el reinado de SM El Rey D. Alfonso XIII, que con 16 aos se le
otorg la de mayora de edad en ese ao, y del gobierno liberal de Sagasta, siendo
Ministro de Gracia y Justicia, D. Juan Montilla y Adn, que fue Fiscal del Tribunal
Supremo desde el 11 de marzo de 1901 al 15 de marzo de 1902.
(13) En 1929 y 1930 nos encontramos en las postrimeras del reinado de SM
El Rey Alfonso XIII, durante la Dictadura de Primo de Rivera (13 de septiembre
de 1923-28 de enero de 1930) y la Dictablanda del General Dmaso Berenguer, que
se hizo cargo del gobierno a partir del 28 de enero de 1930. En 1931, ya estamos en la
II Repblica, que se proclam el 14 de abril, siendo en esas fechas Presidente del
Gobierno provisional D. Niceto Alcal-Zamora hasta el 14 de octubre de 1931, en el
que tras su dimisin se nombr a D. Manuel Azaa. El 10 de diciembre de 1931,
En la legislacin internacional, tambin sobre la misma poca,
empiezan a protegerse estas propiedades. El 20 de marzo de 1883
se firma el Convenio de Pars para la proteccin de la propiedad
industrial, al que le sigue en fecha 14 de abril de 1891 el Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y en 6 de
noviembre de 1925, el Arreglo de La Haya sobre depsito internacional de dibujos y modelos industriales. El 9 de septiembre de 1885
se aprueba el Convenio de Berna para la proteccin de obras literarias y artsticas.
Sin perjuicio de hacer una referencia ms amplia despus sobre
esta normativa, puede decirse que la legislacin internacional sobre la
materia ha sido y es coetnea a la nacional, formando con sta el conjunto normativo protector de estas propiedades, que exceden del
mbito estrictamente nacional desde sus orgenes, por lo que bien
puede hablarse de la internacionalizacin de la proteccin de la propiedad intelectual e industrial.
En la actualidad, los delitos contra la propiedad intelectual e
industrial (14), tras la reforma operada por la Ley Orgnica 10/1995
en el Cdigo Penal (15), dejaron definitivamente de ser tipos penaAlcal-Zamora fue elegido Presidente de la Repblica, cargo en el que se mantuvo
hasta el 17 de abril de 1936, volviendo a sustituirle Azaa.
(14) Ubicados en los arts.270 a 272 (Delitos relativos a la propiedad intelectual), Seccin 1., y arts.273 a 277 (Delitos relativos a la propiedad industrial),
Seccin 2. y en arts.287 y 288, Disposiciones comunes, Seccin 4. del Captulo XI
(De los Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y los
consumidores) del Ttulo XIII (Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconmico) del Libro II (Delitos y sus penas) del CP 95. La reforma penal operada por la
Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio (BOE nm.152, de 23 de junio), que entra
en vigor el 23 de diciembre 2010, en relacin con estos delitos aade un prrafo
segundo al apartado 1 del art.270 (artculo nico sexagsimo noveno) penalidad
en distribucin al por menor, modifica los apartados 1 y 2 del artculo 274 (artculo nico septuagsimo) y los arts.287 (artculo nico septuagsimo quinto)
y 288 (artculo nico septuagsimo sexto), ste ltimo en relacin con la responsabilidad penal de las personas jurdicas introducida en el nuevo art.31 bis (artculo
nico cuarto).
(15) Para una consulta de comentarios colectivos sobre estos delitos, vanse
por orden cronolgico de publicacin los siguientes, que se citan por su Director
y/o Coordinador/a: Conde-Pumpido Ferreiro, C. Cdigo Penal Comentado con
concordancias y jurisprudencia, ed. Bosch, 2004, pp.841 a 876; Snchez Melgar, J. Cdigo Penal. Comentarios y Jurisprudencia, ed. Sepn, 2006, pp.1589
a1624; Conde-Pumpido Tourn, C (Director) y Lopez Barja De Quiroga,
Jacobo (Coordinador). Comentarios al Cdigo Penal, Tomo 3, ed. Bosch, ed.2007,
p.2138 a 2207; Quintero Olivares, G. (Director) y Morales Prats, Fermn
(Coordinador), Comentarios al Cdigo Penal, Tomo II, p.846 a 967; Cruz de
Pablo, J.A. Comentarios al Cdigo Penal, grupo Difusin, ed. 2008, p.989
a1064; y Rodrguez Ramos, L. (Director) y Martnez Guerra, A, (CoordinaADPCP, VOL. LXIII, 2010
les en blanco (16) pero contienen unos elementos normativos que
obligan al estudio de las normas extrapenales reguladoras de estas
propiedades, tanto en el mbito nacional como en el internacional y
comunitario, ya que como se afirma en la Circular de la FGE 1/2006,
sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la
reforma de la Ley Orgnica 15/2003, es necesario acudir a esa normativa extrapenal para poder delimitar sus elementos normativos en
relacin con las conductas tpicas, sujetos pasivos titulares de los
derechos vulnerados y concurrencia del requisito de falta de autoridora), Cdigo Penal comentado y con Jurisprudencia, La Ley, 3. ed. 2009, pp.890
a 915. Aunque de fecha antigua (1998) tambin puede consultarse Estudios Jurdicos del Ministerio Fiscal, vol. VII, Madrid, 1998, dedicado a la Propiedad Intelectual e Industrial junto con otra materia. Entre la bibliografa especfica sobre la
materia ms reconocida se encuentra sobre los delitos contra la propiedad intelectual la monografa de Mir Llinares, La proteccin penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la informacin, 2003 y sobre la propiedad industrial,
Paredes Castan, La proteccin penal de las patentes e innovaciones tecnolgicas, 2001; Moreno y Bravo, Delitos contra la propiedad industrial, 1999; Guinarte Cabada, Los delitos contra la propiedad industrial, 1988 y Segura
Garca, Derecho Penal y propiedad industrial, 1995, citadas por Daz y Garca
Conlledo, Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Especial atencin
a la aplicacin prctica en Espaa (2009).
(16) Mir Puig, S. concibe la ley penal en blanco como toda proposicin
juridica que fije expresamente la consecuencia jurdica y deje la determinacin del
contenido del supuesto de hecho a cargo de otras leyes, reglamentos o actos de la
administracin, en Derecho Penal. Parte General, Barcelona, PPU, 1990, pp.38
a42. El abandono de la tcnica de norma penal en blanco en estos delitos parece
adelantarse a la reforma de 1995 por la Ley Orgnica 6/1987, ya que como recuerda
la CFGE 2/1989, de 20 de abril, precisiones sobre algunos aspectos de la formulacin tpica y la responsabilidad civil en los delitos contra la propiedad intelectual
tras la Ley Orgnica 6/1987, de 11 de noviembre, Los tipos penales que hasta
ahora protegan la propiedad intelectual eran abiertos, al modo de normas penales
en blanco a integrar por disposiciones extrapenales contenidas bsicamente en la
Ley de Propiedad Intelectual de 10-1-1879 y en su Reglamento de 3-9-1880. La
estricta tipicidad no slo era normativa sino que incluso la penalidad se estableca
por remisin a otras figuras delito. Tipos, pues, irregulares, porque tanto los elementos o caracteres del delito como la penalidad haba que buscarlos fuera de ello.
En el Cdigo Penal de 1932 se configura como delito patrimonial incluido en la
seccin de la estafa consistente en la enajenacin, arrendamiento o gravamen de
bienes inmuebles fingindose dueo (art.525). Lo mismo aconteca en el Cdigo
Penal de 1944 para los que cometieran alguna defraudacin en la propiedad intelectual (art.533). Para el Cdigo Penal revisado en 1963 (art.534), aparte de
incluirse en una seccin propia, la denominacin es infraccin derechos de autor y
la pena asignada es autnoma o no referida a la delitos anlogos. En el nuevo texto
(se refiere al modificado por LO 6/87) la tipicidad es directa y, en lo esencial, descriptiva. En el mismo sentido, Farr Daz, E. en Comentarios al Cdigo
Penal, coordinador Cruz de Pablo, J.A., Dykinson, 2008, p.990, con cita de la
STS 2. 876/2001, de 19 de mayo en p.1002.
zacin de los mismos respecto de las conductas de explotacin realizadas por el infractor (17).
Recurdese que el art.10.4 del Cdigo Civil dice que Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegern dentro del
territorio espaol de acuerdo con la ley espaola, sin perjuicio de lo
establecido por los convenios y tratados internacionales en los que
Espaa es parte (18).
Ahora bien, con carcter previo, para un correcto anlisis desde
la perspectiva constitucional, es conveniente subrayar que los derechos de propiedad intelectual e industrial, objeto de proteccin jurdica, en cuanto derechos de propiedad privada, tienen su plasmacin
constitucional en el art.33.1 CE, el cual reconoce el derecho a la
propiedad privada, si bien es necesario tambin recordar que el
(17) V. gr. en los delitos contra la propiedad intelectual, los verbos del
art.270.1 CP reproducir, plagiar, distribuir o comunicar pblicamente no pueden ser interpretados de forma vulgar, ya que el TRLPI (RDlegis 1/1996, modificado por Ley 23/2006), da una interpretacin legal a los mismos en su Libro I,
TtuloII, Captulo III, bajo el concepto derecho moral de autor en relacin al
plagio (arts.14 a 16), derecho de explotacin (art.17), la reproduccin (art.18),
la distribucin (art.19) y la comunicacin pblica (art.20), as como su transformacin (art.21). Tambin se regulan otros derechos (art.24), la duracin, lmites
y salvaguardia de otras disposiciones legales viene regulada en el Ttulo III del
Libro I del TR (arts.26 a 40), el dominio pblico en el Ttulo IV (art.41), la
transmisin derechos en el Ttulo V (arts.42 a 85), las obras cinematogrficas y
dems obras audiovisuales en el Ttulo VI (arts.86 a 94), los programas de ordenador en el Ttulo VII (arts.93 a 104). El Libro II del TR abarca otros derechos
de propiedad intelectual (artistas, intrpretes y ejecutantes arts. 105 a 132)
yde la proteccin sui generis de las bases de datos (arts.133 a 137). De igual
modo, el concepto de obra literaria, artstica o cientfica y el de titular de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual o cesionarios habr que
integrarlo con lo dispuesto en el Libro I del TR relativo a los derechos de autor
(arts. 1 a 16) relativo al sujeto, objeto y contenido, complementado con el
LibroIV (Del mbito de aplicacin de la ley arts.163 a 167. Mutatis mutandi
lo mismo hay que decir de los delitos contra la propiedad industrial, en relacin
con el concepto de titular de patente o modelo de utilidad, modelo o dibujo
industrial o artstico o topografa de un producto semiconductor del art.273.1 o
titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislacin de marcas del art.274.1 o material vegetal de reproduccin o multiplicacin de una variedad vegetal protegida conforme a la legislacin sobre
proteccin de obtenciones vegetales o denominacin de una variedad vegetal
protegida del art.274.3. y 4. CP, que nos lleva a la legislacin especfica relacionada en este estudio, a la que nos remitimos.
(18) Segn redaccin dada conforme al Decreto 1836/1974, de 31 de mayo
(BOE nm.163, de 9 de julio). Tngase en cuenta que el art.9.5 CC afirma que:
Las normas jurdicas contenidas en los tratados internacionales no sern de aplicacin directa en Espaa en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento
interno mediante su publicacin ntegra en el Boletn Oficial del Estado.
apartado 2. del mismo artculo 33 CE afirma que La funcin social
de estos derechos delimitar su contenido de acuerdo con las leyes.
En relacin con ello, en cuanto algunos de estos derechos gravitan
sobre obras culturales (19), hay que destacar que el art.44.1 CE
establece que Los poderes pblicos promovern y tutelarn el acceso
a la cultura, a la que todos tienen derecho, lo que obliga a combinar
el derecho a la propiedad intelectual e industrial y su funcin social,
reconocido en la Seccin 2. (De los derechos y deberes de los ciudadanos) del Captulo 2. (Derechos y libertades) del Ttulo I (De los
derechos y deberes fundamentales) CE con el acceso a la cultura de
todos, que situado en el Captulo 3. (De los principios rectores de la
poltica social y econmica) del Ttulo I CE se constituye en uno de
los principios rectores de la poltica social y econmica, que informa
la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos ex art.53.3 CE (20).
Visto lo anterior, puede decirse que los derechos de propiedad
intelectual e industrial, a diferencia de otros derechos de propiedad
privada, tienen un claro lmite derivado de su funcin social en el
derecho al acceso a la cultura de todos, que estn obligados a promover los poderes pblicos, aspecto ste que debe considerarse de
importancia en el anlisis del marco legal de los delitos contra estas
propiedades, tanto en la normativa internacional, comunitaria como
Por ejemplo, en el mbito de la propiedad intelectual, el rgimen
jurdico de la copia privada sin nimo de lucro comercial y sin autorizacin del titular o cesionario del derecho a la propiedad intelectual
ex art.31.2 y 161.1.a) del TRLPI, tal vez tendra su marco legal en
este contexto constitucional en el que al tiempo que se protege la
propiedad intelectual (cfr. art.33.1 y 2 CE) se promueve el acceso a
la cultura (art.44.1 CE), como veremos despus, si bien esa copia
(19) Vase el monogrfico de la revista de ciencias sociales SISTEMA 215
y 216, de mayo 2010, titulado Cultura, Arte e Industria.
(20) La Declaracin Universal Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en su art.27 dice:
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientfico y en los
beneficios que de l resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la proteccin de los
intereses morales y materiales que le correspondan por razn de las producciones
cientficas, literarias o artsticas de que sea autora. En similares trminos este
precepto se reproduce en el art.15 del Pacto Internacional derechos Econmicos,
Sociales y Culturales de la ONU aprobado en Nueva York el 19 de diciembre
de 1966 y ratificado por Espaa el 27 de abril de 1977 (BOE nm.103, de 30 de
abril de 1977).
privada presupone su acceso legal (21), que es discutible concurra
en las famosas copias realizadas a travs de Internet por el sistema
P2P de intercambio de archivos, verdadero campo de batalla de
incontables polmicas e inabarcables opiniones, ms o menos cualificadas (22).
(21) Entre los lmites de los derechos de explotacin de una obra, pertenecientes a sus titulares, el art.31.2 del TRLPI destaca la vinculacin de la copia privada a
partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto
de utilizacin colectiva o lucrativa
(22) As, slo una interpretacin del concepto de nimo de lucro en su vertiente comercial, como hace la CFGE 1/2006, permite no considerar punibles estas
conductas, ya que es evidente que el usuario de este intercambio de archivos
obtiene un lucro derivado del impago del canon establecido al acceso legal de la
obra. En el fondo, estamos ante un problema que tiene su origen una prctica generalizada de la poblacin difcil de criminalizar, en las facilidades que produce
Internet y la imposibilidad de su control por los poderes pblicos, el cual obligar
a continuar en el camino de bsqueda de soluciones alternativas que permitan un
equitativo equilibrio entre los derechos de autor y sus cesionarios (productores,
distribuidores, etctera) y los derechos de los usuarios de la red, como son el establecimiento de gravmenes a los soportes digitales o a los mismos medios tecnolgicos empleados, que puedan repercutir en los titulares de los derechos de autor y
no tanto en las copias de las obras. Sobre este particular, tngase en cuenta que la
Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 31 de octubre 2008 plante la cuestin
prejudicial en Asunto C-457/08 (DOUE C/19-12 de 24 de enero 2009) sobre la
interpretacin que debe darse al trmino compensacin equitativa previsto en el
art.5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonizacin determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la informacin, transpuesta por Ley 23/2006, ante el canon por copia
privada establecido por el Estado espaol cuando se adquieren aparatos y soportes
de reproduccin digital para finalidades ajenas a la copia privada, estimada recientemente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al considerarse
que dicho canon digital incumple las directivas comunitarias cuando empresas,
instituciones y profesionales usen dispositivos de grabacin para sus propios fines
pero no en relacin con los particulares (Fuente: noticia de prensa del 22 de octubre 2010). Por otra parte, vase como opinin muy cualificada la de Narvez
Rodrguez, A., a la que hacemos referencia en el epgrafe 6 de este trabajo al
tratar esta materia desde la perspectiva constitucional, a raz de la Ley de Economa Sostenible, que pretende reforzar las medidas de proteccin de la propiedad
intelectual en el mbito de la sociedad de la informacin, modificando la Ley
34/2002, el TRLPI (1996 modificado en 2006) y la LJCA (Ley 29/98). Dicha Ley
ha sido fuertemente cuestionada al pretender esa de mayor proteccin mediante
una potenciacin de las competencias asignadas a la Comisin de Propiedad Intelectual que se crea dentro del Ministerio de Cultura, reemplazando a la Comisin
Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual del texto vigente, otorgndole la
facultad de interrumpir la prestacin de los servicios o de retirar los contenidos
que lesionan los referidos derechos. Ver Informe al Anteproyecto de la FGE (10 de
febrero 2010) link http://www.fiscal.es/cs/Satellite?buscador=0&c=Page&cid=
1240559967925&codigo=FGE_&language=es&newPagina=2&pagename=
Desde la perspectiva extrapenal, anotamos sucintamente a pie de
pgina cual es el marco protector de estas propiedades en el Derecho
Procesal Civil y Mercantil, tanto en relacin con la propiedad intelectual (23) como a la industrial (24), por cuanto que la proteccin penal
PFiscal%2FPage%2FFGE_buscadorArchivoDocument. No aparece publicado el
informe del CGPJ en su pgina web.
(23) Como recuerda la doctrina, las demandas que se susciten en materia de propiedad intelectual se resolvern por los cauces del juicio ordinario, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad. Si la demanda incluyera
nicamente pretensin de reclamacin de cantidad, se tramitar por el procedimiento
que le corresponda en funcin de la cuanta que se reclame (art.249.1.4. LECv). El
art.138.I de la Ley de Propiedad Intelectual relaciona las acciones que el titular de los
derechos reconocidos en dicho texto puede instar, en concreto, el cese de la actividad
ilcita del infractor y exigir la indemnizacin de los daos materiales y morales causados, que se desarrollan en los arts.139 (cese de la actividad ilcita) y 140 (indemnizacin por daos y perjuicios), sin perjuicio de otras acciones que le correspondan. La
reforma del citado art.138 LPI por la Ley 19/2006, de 5 de junio (por la que se amplan
los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen
normas procesales para facilitar la aplicacin de diversos reglamentos comunitarios),
que prev que el titular de los derechos reconocidos en la LPI pueda instar la publicacin o difusin, total o parcial, de la resolucin judicial o arbitral en medios de comunicacin a costa del infractor. La LECv elimina los procesos en materia de propiedad
intelectual como procesos especiales (art.142 LPI), convirtindolos en procesos declarativos ordinarios de la LECv que se tramitan por el cauce del juicio ordinario. Esto no
obsta a que existan especialidades no slo en la LPI, sino tambin en la propio LECv.
Los Juzgados de lo Mercantil son competentes objetivamente para conocer de estos
procesos en aplicacin del artculo 86 ter LOPJ. En la determinacin de la competencia
territorial, se aplica el fuero especial del artculo 52.1.11. LECv, sin que quepa pacto de
sumisin expresa ni se admite acto alguno de sumisin tcita (art.54 LECv). Las particulares, igualmente, se presentan con respecto a la legitimacin activa (arts.138 y 150
LPI) y pasiva (se ampla a los intermediarios tras la reforma de la Ley 19/2006 en los
trminos del artculo 138.III LPI), a las diligencias preliminares (arts. 256 ss LECv., que
introduce medidas especficas a raz de la modificacin introducida por la Ley 19/2006),
al aseguramiento de la prueba (art.297 LECv), a la prueba por documentos (art.328
LECv) y a las medidas cautelares (arts.141 LOPI y 727 LECv), bsicamente. PrezCruz Martn, A. y Rodrguez Tirado, A. en la obra colectiva Derecho Procesal
Civil I, Trculo edicins, Santiago de Compostela, 2007, pp.487 a 488.
(24) Las demandas que se susciten en materia de propiedad industrial se ventilan
como juicio ordinario, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de
cantidad. Si nicamente se incluyera pretensin de reclamacin de cantidad, se tramitarn por el procedimiento que les corresponda en funcin de la cuanta que se reclame
(art.249.1.4. LECv). La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccin jurdica del Diseo
Industrial prev en su art.52 la posibilidad de que los titulares de los derechos reconocidos por la misma ejerciten acciones civiles y penales contra quienes lesionen su derecho
y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. Se refiere a las acciones por violacin del diseo registrado, que se destacan particularmente en el artculo 53. Ha de
tenerse en cuenta las especialidades que se introducen respecto a la determinacin de
daos y perjuicios que pueda reclamarse por violacin del diseo registrado (art.54
y 55). Los arts.53 y 55 ha sido modificados por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que
debe considerarse la ultima ratio en la proteccin de estos derechos,
como es propio de todo el Derecho Penal (25).
se amplan los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se
establecen normas procesales para facilitar la aplicacin de diversos reglamentos comunitarios. Tambin podr ejercitarse la accin de nulidad del diseo registrado con las
especialidades previstas en los arts.65 ss Ley 20/2003, que bsicamente, se centran en la
determinacin de la legitimacin y en los efectos de la sentencia que declare la nulidad
del registro del diseo. La Disposicin Adicional Primera de la Ley 20/2003 se remite a
la Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo) en lo relativo al ejercicio de acciones y
a la adopcin de medidas provisionales y cautelares en todo aquello que sea incompatible
con lo previsto en la misma. Los arts.62 ss. de la Ley de Patentes y los arts.40 ss. de la
Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) perfilan el contenido de las acciones a
ejercitar. Tambin podr ejercitarse la pretensin declaracin de nulidad de la patente
o del registro de la marca, marcas colectivas y de garanta y nombres comerciales
(arts.112 ss. Ley Patentes, 51 ss. Ley Marcas). La Ley 19/2006 ha modificado puntualmente los arts.63, 66, 129.1, 134, 135 (nuevo contenido) y 139.1, y deroga el art.128
Ley Patentes, y los arts.41 y 43 Ley Marcas. Al igual que ocurre en materia de competencia desleal, a pesar desaparecer estos procesos como especiales y configurarse en la
LECv como declarativos ordinarios ventilados como juicio ordinario, sin embargo, se
encuentran diversas especialidades en su tramitacin: prctica de diligencias de comprobacin (art.129.1 Ley Patentes), acto de conciliacin (arts.140 ss. Ley Propiedad Intelectual (RD legislativo 1/1996, de 12 de abril), legitimacin (arts.124 y 127 Ley Patentes
y art.5 Ley Marcas, adems se ampla la legitimacin pasiva al incluir a los intermediarios respecto del ejercicio determinadas acciones arts.63.3 Ley Patentes y 41.3 Ley
Marcas), reconvencin (art.126 Ley Patentes), actuaciones especiales (art.127.2 Ley
Patentes), medidas cautelares (arts.133 ss. Ley de Propiedad Intelectual y art.727.9.
LECv). Estas mismas especialidades son aplicables a los procesos en materia de marcas
en todo aquello que no sea incompatible con su naturaleza (D.A. 1. Ley Marcas). Como
especialidades comunes en los procesos de propiedad industrial cabe destacar: Los Juzgados de lo Mercantil son competentes objetivamente para conocer de los procesos en materia de propiedad industrial en aplicacin del art.86 ter LOPJ. Ello supone que la atribucin
al Juez de Primera Instancia del art.125 Ley Patentes ha de entenderse realizada a aquellos juzgados. En la determinacin de la competencia objetiva, en materia de patentes y
marcas, se aplica el fuero especial del art.52.1.13. LECv, que, a su vez, se remite a la
legislacin especial (art.125 Ley Patentes y D.A. 1. Ley Marcas). No cabe pacto de sumisin expresa ni se admite acto alguno de sumisin tcita (art.54 LECv). La Ley 19/2006
incorpora nuevas diligencias especficas respecto del ejercicio de acciones por infraccin
de un derecho de propiedad industrial (arts.256.1.7. y 8., 259, 261 LECv). Asimismo, se
incorporan medidas concretas para el aseguramiento de la prueba (art.297 LECv) o en la
prueba por documentos en lo que respecta a la exhibicin de documentos (art.328.3
LECv). Prez-Cruz Martn, A. y Rodrguez Tirado, A. en la obra colectiva Derecho
Procesal Civil I, Trculo edicins, Santiago de Compostela, 2007, pp.485 a 487.
(25) Sobre el principio de intervencin mnima en el Derecho Penal, Jescheck,
en su clsico Tratado derecho Penal (Traduccin de Mir Puig y Muoz Conde), editorial Bosch, Barcelona, 1981, volumen primero, p.5, afirma: Puesto que la Constitucin,
segn constante jurisprudencia, pretende garantizar en general la libertad humana de
actuacin (BVerfGE, 6, 32,(36 s), el Derecho Penal nicamente puede imponer limitaciones cuando ello resulte indispensable para la proteccin de la Sociedad. En cierto
modo, la norma penal representa la ultima ratio del instrumental del que dispone el
legislador (BVerfGE, 39, 1 (47). En p.11 de la misma obra, los traductores, aplicando
As las cosas, se hace necesario, al menos, enumerar estas normas
extrapenales para centrarnos despus en el objeto de este trabajo cual es
el estudio de las exigencias que la normativa internacional y comunitaria
impone a nuestra legislacin en la interpretacin de estos tipos penales.
Con carcter nacional, la normativa legal bsica (26), a la que aadimos algunos textos antipiratera, sobre los derechos de la propiedad
intelectual e industrial, por orden cronolgico, es la siguiente:
Ley de 10 de enero 1879, de Propiedad Intelectual (27).
estas reflexiones al Derecho espaol, tambin afirman que: El Derecho Penal debe estar
guiado por el principio de intervencin mnima, ya que sus intervenciones en la esfera de
los derechos de la persona son las ms graves que permite el Ordenamiento jurdico. El
Derecho Penal slo debe intervenir, por tanto, en aquellos casos de ataques muy graves a
bienes jurdicos muy importantes y siempre que sean insuficientes las otras barreras protectoras que deparan el Orden social y las dems ramas del Ordenamiento jurdico. En la
medida que estas barreras sean suficientes para cumplir esta funcin protectora podr
prescindirse del Derecho Penal. Vase tambin, Rodrguez Padrn, Celso, El bien
jurdico protegido y el principio de intervencin mnima en los delitos contra la propiedad industrial, Jornadas Consejo de octubre 2009, donde a raz de las absoluciones
producidas en los casos conocidos como top manta critica la aplicacin de este principio por la judicatura al entender, correctamente, que es un principio dirigido al legislador,
debindose regir los jueces por el principio de legalidad. No obstante, hay que sealar
que las actitudes judiciales benvolas con este fenmeno, eco de su escaso rechazo
social, ha determinado que la reforma del CP operada por L.O. 5/2010, que entrar en
vigor el 23 de diciembre 2010, rebaje considerablemente la penalidad en estas conductas
(slo permite penas de multa y trabajos en beneficio de la comunidad y no de prisin) as
como su transmutacin a falta si el beneficio no excede 400 euros (cfr. el nuevo prrafo
segundo que se aade al apartado 1 del art.270 CP).
(26) Tan slo reseamos las leyes bsicas y no la amplsima normativa desarrollo. Para una consulta completa de toda esta normativa vanse las siguientes recopilaciones legislativas, donde se recoge exhaustivamente la misma: a) Propiedad intelectual:
Martnez Espn, P. Cdigo de Propiedad Intelectual, con jurisprudencia, 1. ed. Aranzadi Thomson Reuters, Pamplona, 2009, 1422 pginas; Legislacin sobre Propiedad
Intelectual, ed. Tecnos, preparada por Garrote Fernndez-Dez, Prez de Castro,
bajo la direccin de Bercovitz Rodrguez-Cano, 8. edicin (2008), 765 pginas. B)
Propiedad industrial: Morral Soldevilla, R. Legislacin de Marcas, Patentes y
Diseo Industrial, Civitas Thomson Reuters Pamplona, 2009, 916 pginas.
(27) Gaceta de Madrid nm.12, de 12 de enero 1879. Vigente en cuanto contempla situaciones y relaciones jurdicas reguladas por esta Ley que perduran al
amparo de las Disposiciones Transitorias de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de
Propiedad Intelectual y que subsisten en la distintas Disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (cfr. Legislacin sobre Propiedad
Intelectual, ed. Tecnos, citada). Se cita como primera norma sobre propiedad intelectual la Ley de Propiedad Literaria de 10 de junio 1847. El texto de esta ley puede
consultarse en Propiedad Intelectual. Documentacin preparada para la tramitacin
2) Real Decreto de 24 de julio 1889. Cdigo Civil (arts.1.5, 10.4
y 1969) (28).
3) Ley 16 de diciembre de 1954. Hipoteca mobiliaria y prenda
sin desplazamiento (arts.45 a 51) (29). De la hipoteca de la propiedad
4) Ley 14/1966, de 18 de marzo. Prensa e imprenta (30).
5) Ley 9/1975, de 12 de marzo. Rgimen especial para la promocin, produccin y difusin libros (arts.27 a 32) (31).
6) Art.109.1 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (32).
7) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (33)
(Incorpora la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo, del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre Proteccin jurdica de Bases de Datos,
segn la Ley 5/1998, de 6 de marzo), modificado por Ley 23/2006,
de7 de julio (34), que transpone la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 2001, relativa a la armonizacin determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacin (35).
8) Ley 5/1998, de 6 de marzo. Incorporacin al Derecho Espaol de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre Proteccin Jurdica de las bases de datos (36),
que se realiza mediante la modificacin del TRLPI 1996.
9) Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts.50,
51, 52.1.13., 249.1.4., 256.1.7., 8. y 9.) (37).
del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. BOCG nm.184-1, de 1 de febrero
de 1986. Madrid, p.55 ss. Fuente: Mir Llinares (2003), p.43.
(28) Gaceta nm.206, de 25 de julio 1889.
(29) BOE nm.352, de 18 de diciembre.
(30) BOE nm.67, de 19 de marzo. Ver STS 1. 13 de diciembre de 1990
sobre derecho de rplica ante un medio de difusin escrito.
(31) BOE nm.63, de 14 de marzo, rect. BOE nm.154, de 28 de junio
(32) BOE nm.275, de 17 de noviembre de 1987). El art.109.1 LPI 1987,
que dice: El productor tiene respecto de sus fonogramas el derecho exclusivo de
autorizar su reproduccin directa o indirectamente, la distribucin de copias de aqullos y la comunicacin pblica de unos u otras, fue declarado vigente por la STS 3.,
de 1 de marzo 2001.
(33) BOE nm.97, de 22 de abril de 1996
(34) BOE nm.162, de 8 de julio 2006.
(35) DO nm.L 167, de 22 de junio 2001; correccin de errores en DO nm.L
6, de 10 de enero 2002.
(36) BOE nm.57, de 7 de marzo.
(37) BOE nm.352, de 18 de diciembre.
10) Ley 34/2002, de 11 de julio. Servicios de la sociedad de la
informacin y de comercio electrnico (38), incorpora la Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio,
relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la
informacin, en particular, el comercio electrnico (Directiva sobre el
comercio electrnico) e incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las
acciones de cesacin en materia de proteccin de los intereses de los
consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella,
una accin de cesacin contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
11) Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (39)
(art. 86 bis y 86 ter.2 a), segn redaccin dada por Ley Orgnica8/2003, de 9 de julio para la reforma concursal (40).
12) Ley 19/2006, de 5 de junio. Ampla los medios de tutela de los
derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen las normas procesales para facilitar la aplicacin de diversos reglamentos
comunitarios (dispos. transis., derog. y finales) (41), transpone la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (42).
13) Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (43).
14) Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participacin en beneficio de una obra de arte original (44).
B) Propiedad industrial (45)
1) Real Decreto, de 22 de agosto 1885. Cdigo Comercio
(arts.2, 50, 57 y 942 a 944) (46).
(38) BOE nm.166, de 12 de julio; rect. BOE nm.187, de 6 de agosto.
(39) BOE nm.157, de 2 de julio, correccin errores en BOE nm.264,
de 4 de noviembre).
(40) BOE nm.164, de 10 de julio.
(41) BOE nm.134, de 6 de junio.
(42) DO nm.L 157, de 30 de abril de 2004; versin corregida en DO nm.L
195, de 2 de junio de 2004; correccin de errores en DO nm.L 351, de 26 de noviembre de 2004 y nm.L 204, de 4 de agosto de 2007.
(43) BOE nm.132, de 29 de diciembre.
(44) BOE nm.310, de 25 de diciembre.
(45) Adems de las que ya se han referido en el apartado Propiedad Intelectual
comunes a sta, v.gr. Cdigo Civil, Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, LECv. Vase el nmero 49 de Estudios derecho Judicial, monogrfico sobre
Propiedad Industrial, editado por el CGPJ y ANDEMA, 2004.
(46) Gaceta nms. 298 a 328, del 16 de octubre al 24 de noviembre de 1885.
2) Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por Real
Decreto-ley de 26 de julio de 1929, cuyo Texto refundido se aprob
por Real Orden de 30 de abril de 1930 (47) y ratificado con fuerza de
Ley por la de 16 de septiembre de 1931.
3) Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo
autnomo Registro de la Propiedad Industrial (48).
4) Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la
Oficina Espaola de Patentes y Marcas (49).
5) Orden ITC/915/2005, de 4 de abril, por la que se crea un
registro telemtico en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (50).
b.2) Marcas y Nombres comerciales
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (51), transpuso la
Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, sobre
armonizacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, si bien esta Directiva ha quedado derogada por la
2008/95/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (52).
b.3) Patentes y Modelos de utilidad
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (53). Su Exposicin de
Motivos seala que se recoge el derecho europeo de patentes representado por el Convenio de Munich de 5 de octubre 1973 sobre
Patente Europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre Patente Comunitaria de 15 de diciembre 1975. Ha sido modificada por Ley 10/2002,
de 29 de abril (54), para la incorporacin al Derecho espaol de la
Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
julio, relativa a la proteccin jurdica de las invenciones biotecnolgicas (55).
(47) Gaceta nm. 127, de 7 de mayo de 1930
(48) BOE nm.107, de 5 de mayo. Actualmente, integrado en la Oficina
Espaola de Patentes y Marcas, bajo la denominacin BOPI, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Vase nota 1.
(49) BOE nm.208, de 30 de agosto.
(50) BOE nm.87, de 12 de abril.
(51) BOE nm.294, de 8 de diciembre.
(52) DOUE, serie L, nm.299, de 8 de noviembre 2008.
(53) BOE nm.73, de 26 de marzo.
(54) BOE 103, de 30 de abril 2002.
(55) DOCE 213/1998, de 30 de julio.
Diseo y dibujos y modelos industriales
Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccin Jurdica del Diseo
Industrial (56). Transpone la Directiva 98/71 CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 1998, sobre proteccin jurdica de dibujos y modelos (57).
1) Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la proteccin jurdica de la
topografa de los productos semiconductores. Incorpora Directiva
87/54/CEE, de 16 de diciembre, del mismo nombre (58).
2) Ley 3/2000, de 7 de enero, de rgimen jurdico de la proteccin de obtenciones vegetales (59). Cfr. Convenio Internacional para
la proteccin de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961,
aprobado en el seno de la Unin Internacional para la Proteccin de
las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito y ratificado por el Reino
de Espaa, y en la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de proteccin de
obtenciones vegetales revisado en sucesivas ocasiones; las reformas
introducidas por los Convenios de 10 de noviembre de 1972 y el 23 de
octubre de 1978 fueron incorporadas al ordenamiento jurdico nacional, sin embargo, el Convenio de 19 de marzo de 1991 introdujo novedades que contempla esta ley. Tambin, tngase en cuenta que la
Unin Europea se ha dotado de un sistema de proteccin propio
mediante el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio,
relativo a la proteccin comunitaria de las obtenciones vegetales, si
bien reconocer a los Estados miembros el derecho a conceder derechos de propiedad nacionales sobre las variedades vegetales, aunque
prohbe expresamente la doble titularidad derechos, nacionales y
comunitarios. El Estado espaol opta por el establecimiento de un sistema de proteccin propio, aunque armonizado con la normativa
3) Ley 24/2003, de 10 de julio, de la via y el vino (60), de importancia en punto a las denominaciones de origen y clasificacin de los
vinos. Cfr. Reglamento (CEE) 822/1987, del Consejo de 16 de marzo 1987
y el Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de mayo, que establece la
Organizacin Comn del Mercado (OCM) del Vino.
BOE nm.162, de 8 de julio.
DOCE serie L, nm.289, de 28 de octubre 1998.
BOE nm.108/1998, de 5 de mayo.
BOE nm.8/2000, de 10 de enero.
BOE nm.165, de 11 de julio 2003.
4) Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto, sobre la definicin y
ordenacin de las denominaciones genricas y especficas de productos alimentarios.
5) Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, sobre las normas a las
que deben ajustarse las denominaciones de origen, especficas o genricas de productos agroalimentarios no vincolas.
6) Orden del Ministerio de Agricultura, de 25 de enero 1994,
que incorpora al derecho interno el Reglamento CEE 2081/92 del
Consejo, de 14 de julio, relativo a la proteccin de las indicaciones
geogrficas y denominaciones de origen.
C) Textos antipiratera propiedad intelectual e industrial (61)
1) Real Decreto 1224/2005, de 13 de octubre, por el que se crea
y regula la Comisin Intersectorial para actuar contra las actividades
vulneradoras de los derechos de propiedad industrial (62).
2) Plan Integral del Gobierno para la disminucin y eliminacin
de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual (2005) (63).
Enumeradas las normas nacionales bsicas, veamos a continuacin las normas internacionales y comunitarias (64) y las exigencias
que para la normativa espaola imponen esas normas, al objeto de la
aplicacin de los tipos penales, previa una breve referencia sobre la
eficacia de estas normas en nuestro ordenamiento jurdico.
NOCIONES GENERALES SOBRE LA EFICACIA DE LA
NORMATIVA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA Y LOS
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E
Antes del estudio de la normativa internacional y comunitaria, es
necesario exponer brevemente unas nociones generales sobre la eficacia de esta normativa en Espaa.
(61) Se publica en el link http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/planAntipirateria_PI.pdf
(62) BOE 28 de octubre 2005, correccin de errores BOE 3 de noviembre
de 2005. La Memoria de sus actividades en 2005/2006 puede encontrarse en el link
http://www.mcu.es/publicaciones/docs/MemoriaPI2006.pdf
(63) BOE 26 de abril 2005. En el contexto de este Plan se dict la CFGE
1/2006. Vase el folleto editado por el Ministerio de Cultura en 2008 titulado Manual
de Buenas Prcticas para la persecucin de los delitos contra la Propiedad Intelectual. Contiene DVD con el mismo ttulo.
(64) En la materia que estamos tratando, vase epgrafe de este trabajo sobre
sntesis de la normativa nacional europea armonizada.
Como dice el ya mencionado art.10.4 del Cdigo Civil, los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegern dentro del
establecido en por los convenios y tratados internacionales en los que
Espaa es parte.
Por un lado, los tratados y convenios internacionales como normativa internacional son Derecho Pblico Internacional (65) y sus disposiciones se rigen por las normas relativas a los Tratados Internacionales
que se concretan en la Convencin de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 23 de mayo de 1969; el Decreto 801/1972, de 24 de
marzo, sobre ordenacin de la actividad de la administracin del
Estado en materia de tratados internacionales, los arts.10.2, 56, 63.2,
64, 93, 94, 95, 96 y 97 de la Constitucin espaola de 1978 y art.1.5
La norma constitucional bsica sobre la eficacia jurdica de los
Tratados internacionales es el art.96.1 CE el cual dispone que stos
cuando son vlidamente celebrados, una vez publicados oficialmente
en Espaa, formarn parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones slo podrn ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales
Hay que recordar que el art.1.5 del Cdigo civil establece que las
normas jurdicas contenidas en los Tratados internacionales no sern
de aplicacin directa en Espaa en tanto no hayan pasado a formar
parte del ordenamiento interno mediante su publicacin integra en el
As las cosas, slo tendrn eficacia en Espaa los tratados y convenios internacionales ratificados (66), a los que haremos referencia en
el apartado siguiente en materia de propiedad intelectual e industrial.
(65) Sin perjuicio que contengan normas derecho Internacional Privado, como
las relativas a la propiedad intelectual e industrial.
(66) El Tribunal Constitucional, en otra materia, como es la de la responsabilidad penal del menor, ya tuvo ocasin de pronunciarse sobre la eficacia de la normativa internacional en Espaa en el mismo sentido, al expresar en su Pleno, en el
Fundamento Jurdico 5. de su importante Sentencia nm.36/1991, de 14 de febrero
(BOE 18.03.1991, ponente Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente), que declar
la inconstitucional de varios preceptos de la vieja legislacin de Tribunales Tutelares
de Menores aprobada por Decreto de 11 de junio de 1948, lo siguiente: ... Antes de
entrar en el anlisis de este problema conviene precisar, sin embargo, cules son las
disposiciones internacionales que hemos de tomar en cuenta para acatar el mandato
del art.10.2 de la CE, pues no todas las mencionadas en las cuestiones son Tratados o
Acuerdos internacionales ratificados por Espaa. As sucede con las Reglas mnimas
de las Naciones Unidas para la Justicia de Menores de 29 de noviembre de 1985,
tambin llamadas Reglas de Beijing (o de Pekn, en el anterior sistema de transcripADPCP, VOL. LXIII, 2010
Por otro lado, en cuanto a la normativa comunitaria (67), su vigencia no se rige por los mismos parmetros que los expuestos para la
normativa internacional universal (68).
En efecto, la cesin parcial de soberana espaola que supuso la
firma de los Tratados comunitarios ex art.93 CE cambia sustancialmente la problemtica de la eficacia del derecho comunitario en
Espaa, ya que, propiamente, si bien es un Derecho extra nacional no
puede calificarse sin ms derecho Internacional, dado que los rganos
comunitarios, en virtud de los Tratados comunitarios, tienen potestas
para legislar sobre materias comunitarias con vigencia en los Estados
miembros, en determinados casos.
cin) o con la Recomendacin del Comit de Ministros del Consejo de Europa de 17
de septiembre de 1987 (R-87-20). Tanto aqullas como sta expresan una doctrina
generalmente aceptada en el correspondiente mbito y que, seguramente, debe inspirar la accin de nuestros poderes pblicos, pero no vinculan al legislador ni pueden
ser tomadas en consecuencia como referencia para resolver sobre la constitucionalidad de la Ley. Las disposiciones a tomar en consideracin son, por lo tanto, las contenidas en el Pacto Internacional derechos Civiles y Polticos y en la Convencin de
Roma, as como, autorizados por el principio iura novit curia, las que recoge la
Convencin sobre los Derechos del Nio, adoptada por las Naciones Unidas en 20 de
noviembre de 1989 e incorporada a nuestro ordenamiento en 31 de diciembre de 1990,
una Convencin que, como es claro, en razn de su fecha, no pudo ser aducida como
parte de nuestro ordenamiento por los Jueces proponentes.
(67) Recurdese que la Unin Europea se rige por lo que fueron sus Tratados
bsicos constitutivos: Tratado CECA de 18 de abril de 1951, que expir el 23 de julio
de 2002, Tratados de Roma CEE y Euratom de 25 de marzo de 1957 y sus modificaciones posteriors, Acta nica Europea de 28 de febrero 1986 y el Tratado de la Unin
Europea, firmado en Maastrich el 7 de febrero de 1992, cuya versin consolidada oficial fue publicada en el DOUE de 30 de marzo de 2010 C/81/13. Puede consultarse en
el siguiente link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2010:083:0013:0046:ES:PDF. Con posterioridad, hay que tener en cuenta el Tratado
de Amsterdan de 2 de octubre de 1997 y el de Niza de 26 de febrero de 2001. Para una
informacin oficial completa de estos Tratados vase el link http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_es.htm, si bien no actualizada ya que la informacin se actualiz el 10 de julio de 2007, por lo que no est
incluido el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 a que hace referencia el link
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/
index_es.htm, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009 y que sustituy al frustrado
proyecto de Constitucin Europea o Tratado constitucional de 28 de octubre de 2004.
(68) Aunque un poco antiguo, vase Dolz Lago, M.J. Eficacia jurdica del
derecho comunitario europeo para la integracin normativa de los tipos penales en
blanco del derecho espaol, publicado en la Revista Noticias de la Unin Europea
nm.112, de mayo de 1994, editorial CISS, pp.29 a 52. En la misma revista, Gonzlez Rivas, J.J. La eficacia del derecho comunitario en la reciente jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, pp.53 a 63. Con mucha anterioridad, entre los primeros estudios sobre la cuestin, de Miguel Zaragoza, J. Nota sobre la incidencia del Derecho Comunitario en el Derecho Penal Espaol, en Boletn de informacin del
Ministerio de Justicia nm.1.310, 5 de mayo de 1983, pp.3 a 13.
Vigencia que depende del instrumento jurdico comunitario utilizado (v. gr. Reglamentos y Directivas) (69), segn el cual sern necesarias o no, tambin bajo ciertas condiciones, normas nacionales de
trasposicin de dicha legislacin comunitaria, como ocurre con las
Directivas y no con los Reglamentos, los cuales se aplican directamente (70).
Adems, el Derecho comunitario suele ser un derecho armonizador de las legislaciones de los Estados miembros para garantizar las
libertades comunitarias (libre circulacin de mercancas, capital y trabajo), con objeto de constituir el Mercado nico.
La complejidad de estas materias es notable. Trataremos de simplificar.
Como es sabido, el Derecho comunitario se caracteriza por las
notas de primaca, aplicabilidad directa y efecto directo (71).
(69) No olvidamos como fuentes del Derecho comunitario derivado las
Decisiones, las Recomendaciones, los Dictmenes, los actos atpicos (reglamentos
internos), los actos no previstos en los Tratados (resoluciones, declaraciones,
programas del Consejo, comunicaciones generales de la Comisin), los Acuerdos
externos de las Comunidades, el derecho complementario (convenios internacionales) y las fuentes no escritas (principios generales del Derecho y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Cfr. Ruiz-Jarabo Colomer, D. Las fuentes del
Derecho Comunitario, ponencia indita, 1992. En la materia que estamos tratando,
vase epgrafe de este trabajo sobre sntesis de la normativa nacional europea
armonizada.
(70) El art.189 Tratado de Roma de 5 de marzo 1957 seala: Para el cumplimiento de su misin, el Consejo y la Comisin adoptarn reglamentos y directivas, tomarn decisiones, formularn recomendaciones y emitirn dictmenes, en las
condiciones previstas en el presente Tratado. El reglamento tendr alcance general.
Ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro. La directiva obligar al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la
eleccin de la forma y los medios. La decisin ser obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios. Las recomendaciones y los dictmenes no sern
(71) Molina del Pozo, C, en su Manual derecho de la Comunidad Europea, editorial Trivium, Madrid, 1990, (2. ed.) pp.338 a 343, define estas caractersticas indicando que la primaca hace prevalecer el derecho comunitario sobre
cualquier norma nacional, la aplicabilidad directa viene a significar que el derecho
comunitario forma parte, automticamente, del derecho interno de los Estados
miembros y el efecto directo supone la posibilidad de que la norma comunitaria
pueda ser invocada por los particulares, creando para ellos obligaciones y derechos. Sobre estas caractersticas, tngase en cuenta la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, que marca las mismas en la Sentencia de
15 de julio 1964, Costa c/ENEL, Rec. 1964, en punto a la primaca y aplicabilidad
directa, y la Sentencia van Gend en Loos, Rec. 1963, en relacin con el efecto
directo. Para un desarrollo de estas cuestiones consltese la obra referida.
En el proceso de Adhesin de Espaa a las Comunidades Europeas hay que recordar los siguientes hitos legislativos:
Decisin del Consejo de las Comunidades Europeas de 11 de
junio 1985, sobre la Adhesin del Reino de Espaa y de la Repblica
Portuguesa a la CECA.
Tratado de Lisboa y Madrid de 12 de junio 1985, relativo a la
adhesin del Reino de Espaa y Repblica Portuguesa a la
EURATOM, por el que ambos se convierten en miembros de la CEE
y de la EURATOM y partes en los Tratados constitutivos de dichas
Comunidades, tal como han sido modificados o completados
(art.1.1). Las condiciones de admisin y las adaptaciones de los Tratados constitutivos de dichas Comunidades figuran en el Acta conjunta al presente Tratado; las disposiciones de dicha Acta, relativas a
la CEE y a la EURATOM, sern parte integrante del presente Tratado
(art.2.2). Las disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de
los Estados miembros, as como los poderes y competencias de las
Instituciones Comunitarias contenidas en los Tratados de referencia,
se aplicarn con respecto al presente Tratado (art.1.3).
La Ley Orgnica de 2 de agosto 1985 de autorizacin para la
adhesin de Espaa a las Comunidades Europeas, por la que se autoriz la ratificacin por Espaa del Tratado (CEE y EURATOM) y
Decisin anterior (CECA).
Ley de Bases delegacin al Gobierno de 27 de diciembre 1985,
para la aplicacin del Derecho de las Comunidades Europeas.
En conclusin, el Derecho comunitario fue recibido en Espaa de
la siguiente forma: el primario en base a los arts.93 al 96 de la
vigente Constitucin a travs de los arts.1 y 2 del Acta de Adhesin
de 12 de junio 1985; el derivado, mediante el cauce que sealan los
arts.2, 392, 396 y 397, referidos. En consecuencia, producida la adhesin, todas las disposiciones de los Tratados originarios-fundacionales, as como los actos en vigor, emanados de las Instituciones de las
Comunidades, sern de aplicacin en Espaa en idnticas condiciones
que se venan aplicando en los dems Estados miembros en la fecha
de la adhesin, con las excepciones hechas en el Acta (72).
(72) Vase Navarro Hernan, M. Prctica procesal civil, constitucional y
comunitaria. Madrid, 1987, pp.641 a 726.
Para finalizar esta sntesis, cabe recordar que las Directivas no
transpuestas en plazo legal por el Estado miembro, tienen eficacia vertical, es decir, el particular las puede invocar frente al Estado (73)
pero no inversa, el Estado no las puede invocar ante el particular (74).
En el orden penal, no cabe duda que el Derecho comunitario puede
integrar tipos penales en blanco (75) y tambin configurar los elementos normativos de los delitos, como sucede en el mbito de la proteccin penal de las propiedades intelectual e industrial.
Tanto en este apartado como en el siguiente, vamos a enunciar la
normativa y anotar a continuacin las exigencias que se establecen
para nuestra legislacin e interpretacin de los tipos penales.
1) Convenio de 14 de julio de 1967, que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual e Instrumento de ratificacin
de 12 de mayo de 1969 (76).
2) Convenio de Berna para la proteccin de obras literarias y
artsticas de 9 de septiembre de 1886, con ltima revisin en Pars
el24 de julio de 1971 e Instrumento de ratificacin de 2 de julio
de1973 (77).
3) Convenio de 29 de octubre de 1971, para la proteccin de los
productores de fonogramas contra la reproduccin no autorizada de
sus fonogramas, ratificado por Espaa (78).
(73) Cfr. Sentencia Marshall de 26 de febrero de 1986 (as 152/84, Rec. p.
736), dictada a instancia de la Court of Appeal inglesa, que pidi la interpretacin de
la Directiva 76/207 del Consejo, relativa a la aplicacin del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formacin
y a la promocin profesionales y a las condiciones de trabajo, si bien en la Sentencia
Franz Grad, de 6 de octubre de 1970 (as. 9/70), Rec. p. 825) ya se deduce la invocabilidad de la directiva por los particulares del efecto directo.
(74) Cfr. Sentencia Pretore di Sal de 11 de junio de 1987 (as. 14/84, Rec.
p. 2565).
(75) Para la consulta de uno de los primeros trabajos sobre esta materia, con
referencia a las primeras sentencias de la Sala Segunda del TS, vase Dolz Lago,
M.J. Eficacia jurdica del derecho comunitario europeo, citado (mayo 1994).
(76) BOE nm.26, de 30 de enero de 1974.
(77) BOE nm.81, de 4 de abril 1974 y nm.260, de 30 de octubre de 1974.
(78) BOE nm.215, de 7 de septiembre de 1974.
4) Convencin Universal de Ginebra sobre Derechos de Autor
de 6 de septiembre de 1952, revisada en Pars el 24 de julio de 1971 e
Instrumento de ratificacin de 7 de marzo de 1974 (79).
5) Convencin Internacional de Roma sobre la Proteccin de los
Artistas Intrpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y
los Organismos de Radiodifusin, de 26 de octubre de 1961, e Instrumento de ratificacin de 2 de agosto de 1991 (80).
6) Convenio de Bruselas de 21 de mayo de 1974, sobre la distribucin de seales portadoras de programas transmitidos por satlite (81).
7) Tratado de 20 de abril de 1989. Registro Internacional de
Obras audiovisuales (Tratado sobre Registro de Pelculas) (82).
8) Acuerdo por el que se establece la Organizacin Mundial del
Comercio y Acuerdos anejos, entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros y Acuerdo sobre contratacin
pblica, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 (Anexo 1C:
relacionados con el comercio), e Instrumento de ratificacin dado en
Madrid a 30 de diciembre de 1994 (83).
9) Tratado de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (Conferencia Diplomtica sobre ciertas
cuestiones derecho de autor y derechos conexos), Ginebra, 2 a 20 de
diciembre de 1996 (84).
10) Tratado de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretacin o ejecucin y fonogramas (Conferencia
Diplomtica sobre ciertas cuestiones derecho de autor y derechos
conexos), Ginebra, 2 a 20 de diciembre de 1996 (85).
a) Normas comunes
1) Convenio de Pars para la proteccin de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de noviembre
de1990, en Washington el 2 de junio de 1991, en La Haya el 6 de
(79) BOE nm.13, de 15 de enero de 1975.
(80) BOE nm.273, de 14 de noviembre de 1991.
(81) No consta ratificacin.
(82) No consta ratificacin.
(83) BOE nm.20, de 24 de enero de 1995.
(84) Aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisin (2000/278/CE)
(DO nm.L 89, de 11 de abril de 2000). Pendiente de ratificar.
(85) Aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisin (2000/278/CE)
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31
de octubre de 1958, hecho en Estocolmo el da 14 de julio de 1967 (86).
2) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de 1994 (87).
b) Marcas y nombres comerciales
1) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891 (88).
2) Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al
Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio
de 1989 (89).
3) Reglamento comn del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (90).
4) Arreglo de Niza relativo a la Clasificacin Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 15 de junio
de1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra
el13 de mayo de 1977 (91).
5) Clasificacin internacional de productor y servicios para el
Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza el 15 de
junio de 1957 (92).
6) Tratado sobre Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de
octubre de 1994 (93).
7) Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho
en Ginebra el 27 de octubre de 1994 (94).
8) Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006 (95).
9) Reglamento del Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 de marzo 2006 (96).
(86) BOE nm.28, de 1 de febrero de 1974.
(87) BOE nm.20 suplemento de 24 de enero de 1995; correccin de
errores en BOE nm.33, de 8 de febrero de 1995.
(88) BOE nm.147, de 20 de junio de 1979.
(89) BOE nm.276, de 18 de noviembre de 1995.
(90) No publicado en el BOE, en vigor el 1 de septiembre de 2008, aprobado
por la OMPI.
(91) BOE nm.65, de 16 de marzo de 1979.
(92) Vase Orden de 26 de noviembre de 1966 por la que se dispone la aplicacin de la clasificacin internacional de marcas (BOE nm.287, de 1 de diciembre de 1966).
(93) BOE nm.41, de 17 de febrero de 1999.
(94) BOE nm.41, de 17 de febrero de 1999.
(95) BOE nm.108, de 4 de mayo de 2009.
(96) BOE nm.108, de 4 de mayo de 2009.
c) Patentes y modelos de utilidad
1) Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y 3 de octubre
de2001 (97).
2) Reglamento del Tratado de Cooperacin en materia de Patentes de 19 de junio de 1970 (98).
3) Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacin Internacional de Patentes, de 19 de junio de 1971 (99).
4) Tratado de Budapest sobre Reconocimiento Internacional del
Depsito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril de 1977 (100).
5) Reglamento del Tratado de Budapest sobre Reconocimiento
Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en Budapest el 28 de abril
de1977 (101).
6) Convenio sobre concesin de Patentes Europeas, hecho en
Munich el 5 de octubre de 1973 (102).
d) Diseo y dibujos y modelos industriales
1) Arreglo de La Haya sobre depsito internacional de dibujos y
modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, revisado en Londres
el 2 de junio de 1934 (103).
2) Acta Adicional al Arreglo de La Haya sobre depsito internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925,
revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (104).
3) Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, de 2 de julio
de1999 (105).
(97) BOE nm.267, de 7 de noviembre de 1989.
(98) BOE nm.267 , de 7 de noviembre de 1989.
(99) BOE nm.1, de 1 de enero de 1976.
(100) BOE nm.88, de 13 de abril de 1981.
(101) BOE nm.88, de 13 de abril de 1981.
(102) BOE nm.234, de 30 de septiembre de 1986.
(103) BOE nm.114, de 23 de abril 1956; correccin de errores en BOE
nm.189, de 7 de julio. La adhesin de Espaa tuvo lugar el 20 de diciembre de 1955,
con efecto a partir de 2 de marzo de 1956.
(104) BOE nm.226, de 20 de septiembre de 1969.
(105) BOE nm.297, de 12 de diciembre de 2003.
4) Reglamento del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, de 2
de julio de 1999 (106).
5) Arreglo de Locarno que establece una Clasificacin Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, hecho en Locarno el
da 8 de octubre de 1968 (107).
Convenio Internacional para la proteccin de las Obtenciones
vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el seno de la Unin
Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales (UPOV),
suscrito y ratificado por Espaa, revisado en 10 de noviembre 1972,
23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 1991. Se complementa por
Ley 3/2000, de 7 de enero, de rgimen jurdico de la proteccin de
Obtenciones Vegetales (108).
Textos antipiratera
1) Convenio de Pars de 1889, arts.2.3., 6 bis, 9, 10 y 10 ter.
2) ADPICs. Acuerdo sobre aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Parte III. Observancia
de los derechos de propiedad intelectual (109).
NORMATIVA COMUNITARIA EUROPEA (110)
Como indica Hernndez Fernndez del Valle (111), la armonizacin comunitaria de los derechos de autor (denominacin comunita(106) BOE nm.297. de 12 de diciembre de 2003.
(107) BOE nm.275, de 16 de noviembre de 1973.
(108) BOE 8/2000, de 10 de enero.
(109) BOE suplemento nm.20, de 24 de enero de 1995, rect, BOE8de
febrero de 1995. Link http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=
1150897366781&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C
%2FtplContenidoHTML.
(110) Puede encontrarse a travs del siguiente link http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_es.htm.
Nuestro agradecimiento a Juan Antonio Garca Jabaloy, miembro nacional de Espaa
en EUROJUST, que nos ha facilitado tambin informacin legislativa sobre esta
materia de los Estados miembros de la UE, en concreto, de Eslovenia, Finlandia,
Hungra, Irlanda, Italia, Malta, Portugal, Repblica Checa, Alemania. Lituania, Austria, Estonia, Francia y Luxemburgo.
(111) La propiedad intelectual y la CEE, citada.
ria de nuestra propiedad intelectual) es una de las consecuencias
directas de la implantacin del Mercado interior europeo, objetivo
central del Acta nica Europea, nombre que recibi aquel Tratado
desde 1987 y por el que se reformaba, por primera vez en profundidad, el derecho primario o constitucional de la Comunidad Europea.
Siguiendo a esta autora, si bien actualizando las referencias legislativas que ella dej en 1994, podemos sealar las fases del proceso de
armonizacin en esta materia, que llev a cabo la Comisin. Este proceso estuvo marcado por dos etapas:
La primera, consistente en el lanzamiento en 1988 de un Libro
Verde [COM (88) 172 final] con una exposicin de los problemas y
alternativas de solucin en materia derechos de autor y afines.
La segunda, se materializ en un programa legislativo especfico en
este campo, publicado en de enero 1991, resultado de los debates e
intercambio de opiniones celebrados con los sectores interesados
acerca del contenido del Libro Verde. El citado programa de trabajo de
la Comisin [Documento COM (90) 584 final de 17 de enero de 1991]
constituy un compendio de las orientaciones y principales cuestiones
que la CEE abordara en materia derechos de autor y derechos afines
en la perspectiva de la puesta en marcha del Mercado Interior.
Dicho programa recoga en el anexo las seis propuestas legislativas a adoptar por la CEE en este campo:
Una Decisin sobre la ratificacin y aplicacin por los Doce
de los Convenios de Berna (actualizado por el Acta de Pars de 1971)
y de Roma de 1961.
Una Directiva sobre armonizacin del tiempo de proteccin.
Aprobada por Directiva 1993/98/CEE, de 29 de octubre de 1993 del
Consejo derogada por Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.
Una Directiva sobre derechos de alquiler y de prstamo. Aprobada por Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992 derogada
por Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre 2006.
Una Directiva sobre la copia privada de sonido y de grabaciones audiovisuales (112).
(112) Consultada la pgina web oficial de la UE, no consta ninguna Directiva
aprobada con este nombre, si bien la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacin determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad
de la informacin afecta a la reprografa.
Una Directiva sobre derechos de autor y afines en la radiodifusin por satlite y retransmisin por cable. Aprobada por Directiva
93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993.
Una Directiva sobre la armonizacin de la proteccin de bases
de datos. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 1996.
Tambin se aada la proteccin de los programas de ordenador,
que ya se inclua en el Libro Blanco sobre Mercado interior, que se
aprob por Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991 derogada
por Directiva 2009/24/CE de 23 de abril de 2009, del Parlamento
Por ltimo, junto a este repertorio de propuestas legislativas, el
programa de trabajo publicado por la Comisin en 1991 identificaba
otras cuatro reas de inters especfico sobre las que deba profundizarse para determinar si deban o no ser merecedoras de propuestas de
Directivas armonizadas por la entonces CEE. Eran las siguientes: el
derecho moral, la reprografa, el derecho de participacin (droit de
suite) y la gestin colectiva de los derechos de autor y afines.
Sobre estas ltimas materias, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonizacin determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacin,
transpuesta por Ley 23/2006, de 7 de junio, por la que se modifica el
TRLPI (1996), afecta a la reprografa arts.3 a 6 y la Directiva
2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001, regul el derecho de participacin en beneficio del autor
de una obra de arte original y ha sido transpuesta por Ley 3/2008,
de23 de diciembre, a nuestro ordenamiento interno.
Veamos ahora la relacin de este derecho comunitario con sus
vigencias y concordancias.
1) Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre proteccin jurdica de programas de
ordenador (113). Deroga a la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14
de mayo de 1991, sobre proteccin jurdica de programas de ordenador (114), que en su da fue transpuesta por Ley 16/1993, de 23 de
DO nm.111, de 5 de mayo.
DO nm.L 122, de 17 de mayo 1991.
diciembre (115), la cual, a su vez, fue derogada por TRLPI aprobado
por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril.
2) Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y prstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el mbito de la
propiedad intelectual (versin codificada) (116). Deroga la Directiva
92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, del mismo
nombre, que fue transpuesta por Ley 43/1994, de 30 de diciembre.
3) Directiva 1993/98/CEE, de 29 de octubre de 1993 del Consejo. Armonizacin del plazo de proteccin del derecho de autor y
determinados derechos afines (117). Transpuesta por Ley 27/1995, de
11 de octubre (118) , si bien esta Ley fue derogada por TRLPI aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril. En la actualidad, tngase en cuenta la Directiva 2006/116/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 2006, relativa al plazo de
proteccin del derecho de autor y determinados derechos afines (versin codificada) (119).
4) Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993,
sobre coordinacin determinadas disposiciones relativas a los derechos de
autor y derechos afines a los derechos de autor en el mbito de la radiodifusin va satlite y de la distribucin por cable (120). Incorporada por
Ley 28/1995, de 11 de octubre (121), si bien esta Ley fue derogada por
TRLPI aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril.
5) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo 1996, sobre proteccin jurdica de las bases de datos (122).
6) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de julio 2000, relativa a determinados aspectos jurdicos de los
servicios de la sociedad de la informacin, en particular el comercio
electrnico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrnico) (123). Transpuesta por Ley 34/2002, de 11 de julio. Servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico (124).
7) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacin determinados
(115) BOE nm.307/1993, de 24 de diciembre.
(116) DO nm.L 372, de 27 de diciembre de 2006.
(117) DO L nm.290, de 24 de noviembre.
(118) BOE 245/1995, de 13 de octubre.
(119) DO nm.L 372, de 27 de diciembre de 2006.
(120) DO nm.L 248, de 6 de octubre de 1993.
(121) BOE nm.245, de 13 de octubre de 1995.
(122) DO nm.L 77, de 27 de marzo de 1996.
(123) DO L nm.178, de 17 de julio de 2000.
(124) BOE nm.166, de 12 de julio; rect. BOE nm.187, de 6 de agosto.
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la informacin (125). Transpuesta por la Ley
23/2006, de 7 de junio, por la que se modifica el TRLPI aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril (126).
Influye en el tema del agotamiento comunitario del derecho de
distribucin. Se rechaza la posibilidad de admitir el agotamiento internacional del derecho de marca fuera del territorio comunitario (Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, para marcas). Ver conducta
tpica art.270.2 CP importacin (comentario CFGE 1/2006 JP
Sala 1. TS y doctrinales). Tambin inciden en la misma materia
Directiva 92/100 CEE, de 19 de noviembre.
Tambin es citada esta Directiva en la conducta tpica del
art.270.3. CP vulneracin de dispositivos para la proteccin de programas de ordenador y obras.
8) Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de septiembre de 2001 relativa al derecho de participacin en
beneficio del autor de una obra de arte original (127). Transpuesta por
Ley3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participacin
en beneficio del autor de una obra de arte original (128).
9) Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (129). Transpuesta por la Ley 19/2006, de 5 de junio,
por la que se ampla los medios de tutela de los derechos de propiedad
intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar
la ejecucin de los reglamentos comunitarios (130).
10) Reglamento (CE) nm.1891/2004, de 21 de octubre de 2004,
de la Comisin. Adopta las disposiciones de aplicacin del Reglamento
(CE) nm.1383/2003, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervencin
de las autoridades aduaneras en los casos de mercancas sospechosas
de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las
medidas que deben tomarse respecto de las mercancas que vulneren
esos derechos (131).
(125) DO nm.L 167, de 22 de junio de 2001; correccin de errores en DO
nm.L 6, de 10 de enero de 2002.
(126) BOE nm.162, de 8 de julio.
(127) DO nm.272, de 13 de octubre de 2001.
(128) BOE nm.310, de 25 de diciembre de 2008.
(129) DO nm.L 157, de 30 de abril de 2004; versin corregida en DO
nm.L 195, de2 de junio 2004; correccin de errores en DO nm.L 351, de 26
denoviembre de2004 y nm.L 204, de 4 de agosto de 2007.
(130) BOE nm.134, de 6 de junio de 2006.
(131) DO L nm.328, de 30 de octubre.
1) Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en
Roma el 25 de marzo de 1957 [arts.2, 3.a) y h), 28 a 30] (132).
2) Reglamento (CE) nm.1383/2003, del Consejo, de 22 de
julio de 2003, relativo a la intervencin de las autoridades aduaneras
en los casos de mercancas sospechosas de vulnerar determinados
derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse
respecto de las mercancas que vulneren esos derechos (133).
3) Reglamento (CE) nm.1891/2004, de la Comisin, de 21 de
octubre de 2004, por el que se adoptan las disposiciones de aplicacin
del Reglamento (CE) nm.1383/2003, del Consejo, de 22 de julio
de2003, relativo a la intervencin de las autoridades aduaneras en los
casos de mercancas sospechosas de vulnerar determinados derechos
de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto
de las mercancas que vulneren esos derechos (134).
1) Directiva 2008/95/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 2008 (135), sobre armonizacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Deroga la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre
la misma materia (136), que fue transpuesta por Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas (137).
2) Reglamento (CE) nm. 207/2009 del Consejo, de 26 de
febrero de 2009, sobre marca comunitaria (138). Deroga el Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre, sobre la misma
materia (139).
3) Reglamento (CE) nm.2868/95, de la Comisin, de 13 de
diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucin del
Reglamento (CE) nm.40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (140).
BOE nm.1, de 1 de enero de 1986.
DOUE, serie L, nm.196, de 2 de agosto.
DOUE, serie L, nm.328, de 30 de octubre.
DOUE, serie L, nm.299, 8 de noviembre de 2008.
DOCE, serie L, nm.40, de 11 de febrero de 1989.
BOE nm.294, de 8 de diciembre.
DOCE serie L , nm.78, de 24 de marzo.
DOCE, serie L, nm.11, de 14 de enero.
DOCE serie L, nm.303, de 15 de diciembre.
4) Reglamento (CE) nm.216/96, de la Comisin, de 5 de
febrero 1996, por el que se establece el procedimiento de las Salas de
Recurso de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (marcas,
diseos y modelos) (141).
Patentes (142) y modelos de utilidad
(141) DOCE serie L, nm.28, de 6 de febrero.
(142) Segn la pgina oficial de la Unin Europea, link http://europa.eu/scadplus/glossary/community_patent_es.htm, En de julio de 2000, la Comisin Europea
propuso la creacin de una patente comunitaria, con objeto de dar a los inventores la
posibilidad de obtener una patente nica legalmente vlida en toda la Unin Europea.
El carcter unitario de la patente comunitaria permitira reducir considerablemente la
carga de las empresas y el coste de obtencin de una patente. Con ello se espera reactivar la competitividad europea y fomentar la innovacin. El sistema de la patente
comunitaria tendra las siguientes ventajas: simplificacin de la proteccin de las
invenciones en todo el territorio comunitario merced a un procedimiento nico, y
expedicin de las patentes por una divisin de la Oficina Europea de Patentes de
Mnich; importante reduccin de los costes necesarios para patentar, especialmente
los relacionados con la traduccin y la presentacin; una de mayor seguridad jurdica,
gracias al establecimiento de un sistema nico y centralizado de resolucin de litigios
ante un Tribunal de la Patente Comunitaria. El sistema propuesto permitira suprimir
los obstculos derivados del sistema de patente europea, existente desde 1973. En
efecto, la patente europea slo es unitaria hasta que es expedida, pasando entonces a
desdoblarse en tantas patentes nacionales como pases designados en la solicitud. Una
vez expedida, la patente comunitaria est sujeta a las leyes nacionales, y ninguna instancia comn permite armonizar la jurisprudencia a nivel europeo. Sin embargo, el
objetivo de la patente comunitaria no es sustituir los sistemas nacionales y el sistema
europeo, sino aadirse a ellos. Los inventores seguirn teniendo la libertad de elegir el
tipo de proteccin de patente que ms les convenga. La creacin de un sistema de
patente comunitaria sigue siendo una cuestin delicada, ya que, hasta ahora, este
expediente sigue bloqueado en el Consejo de Ministros. El principal punto discordante es la cuestin de la traduccin de las reivindicaciones de la patente. Por consiguiente, no hay ningn elemento que permita prever cundo podra estar por fin
disponible la patente comunitaria. Sobre la patente comunitaria, en Wikipedia http://
es.wikipedia.org/wiki/Patente puede leerse: todos los miembros de la UE han firmado
el Convenio de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad intelectual (20 de
marzo de 1883) y el acuerdo TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property
rightS), o, por sus siglas en espaol, ADPIC, Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio) el 15 de abril de 1994. La patente europea
se basa en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE o Convenio de Mnich)
de1973. El CPE concede derechos en tantos pases como lo desee el solicitante. Esto
dota de una gran flexibilidad. El CPE no proporciona un tribunal a nivel europeo sino
que los tribunales nacionales son los que han de resolver los problemas que surjan.
Nada impide a diferentes tribunales dirimir las solicitudes que se les hagan de diferente forma. El CPE estableci la Oficina Europea de Patentes para gestionar las
patentes europeas. El 24 de julio de 1997 la Comisin Europea present el Libro
Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa 2. Como resultado del debate iniciado por este papel la comisin desarroll una comunicacin para
el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Comit Econmico y Social sobre
este Libro Verde. En esta comunicacin la Comisin propuso diferentes iniciativas y
legislacin sobre la patente comunitaria. El 5 de julio de 2000 la Comisin present una
propuesta para una regulacin del Consejo sobre la patente comunitaria [COM(2000)
412 final]. El Consejo desea que esta propuesta se apruebe lo antes posible pero no
parece fcil. Existe un procedimiento unificado que permite solicitar de manera centralizada una patente, cuya tramitacin posterior puede dar lugar potencialmente a un
conjunto de patentes en muchos pases, es el denominado procedimiento PCT. El
procedimiento PCT puede continuarse directamente como solicitud de patentes
nacionales o como solicitud europea ante la Oficina Europea de Patentes. PCT significa Tratado de cooperacin en materia de patentes. La patente comunitaria. El sistema de patente comunitaria propuesta por la Comisin debe convivir con los sistemas
en uso (los sistemas nacionales y el CPE). La coherencia entre estos sistemas se consigue gracias a la adhesin de la UE al Convenio de Mnich. La OEP ser la organizacin que se encargue de examinar las patentes y conceder la patente comunitaria.
La OEP seguira haciendo el mismo trabajo de siempre. Las principales caractersticas de la patente comunitaria son unidad y autonoma. Solo se pueden conceder, trasmitir, revocar o expirar para toda la comunidad y slo pueden estar sujetas a la
legislacin propuesta y al derecho general de la UE. El CPE regular el procedimiento de concesin de la patente y los requisitos de patentabilidad de esta patente
comunitaria. Esta patente es, en definitiva, una patente europea en el sentido del Convenio de Mnich en la que el rea de aplicacin es la comunidad al completo. A da de
hoy, el coste medio de una patente europea (para ocho pases) es, aproximadamente,
EUR 30.000. El coste de la traduccin se lleva sobre el 39% del total. La propuesta de
la comisin trata de reducir el coste de la patente reduciendo el coste de la traduccin
y del procedimiento. Para reducir el coste de la traduccin la propuesta requiere la
traduccin de toda la peticin de patente a una sola lengua de las de trabajo del OEP
y dos traducciones adicionales de las reivindicaciones a las otras dos. As, traducir
una patente completa a todos los idiomas comunitarios costara unos 17.000 , a las
tres lenguas de la OEP, 5.100 , y, segn la propuesta de la comisin, 2.200 . Est
claro que es mucho ms barato. Otra propuesta de la comisin es igualar el coste de
los procedimientos con los de los principales socios comerciales. La patente europea
es tres veces ms cara que la japonesa y casi cinco veces ms cara que la estadounidense. Como es la OEP quien examina las patentes y sus tarifas vienen fijadas por el
Convenio de Mnich la Comisin no puede cambiarlas. Pero si que puede modificar
los costes de renovacin y lo hace acercando la patente europea a la japonesa y la
estadounidense. Para resolver los problemas legales que surjan alrededor de las patentes la Comisin propone la creacin de un Tribunal Comunitario sobre Propiedad
Intelectual. De esta forma se conseguira la uniformidad en la legislacin y la jurisprudencia. El nacimiento de la patente comunitaria est siendo muy difcil. Un asunto
tan importante como es la propiedad industrial no es fcilmente dejado de lado por los
Estados miembros. Aunque la Comisin est trabajando duro para conseguir la aprobacin de la propuesta, an no se ha conseguido. Por otro lado, en comentario de
actualidad, Segn el diario Expansin, link http://www.expansion.com/2010/05/06/
juridico/1273181427.html, Espaa bloquea el proyecto de un sistema unificado en la
UE por sus exigencias lingsticas. Un estudio de Bruegel asegura que un modelo
nico ahorrara 650 millones de euros a las empresas al ao. La patente comunitaria
no ver la luz durante la Presidencia espaola de la UE. Espaa ha fracasado en su
compromiso de que culminara este proyecto durante su liderazgo de la Unin. Y tambin es un desengao para la Comisin Europea, que confiaba en que las responsabilidades de la Presidencia rotatoria rebajaran las exigencias del Gobierno de Zapatero
sobre la presencia del espaol en las patentes. Ni siquiera se ha conseguido impulsar
el proceso, que ahora est de nuevo bloqueado. As lo explican fuentes prximas a la
negociacin, que auguran que la patente comunitaria tampoco estar lista durante la
prxima Presidencia belga. Ni siquiera se va a tratar el asunto en el prximo Consejo
de Competitividad los das 25 y 26 de mayo. Estas fuentes detallan que el bloqueo
tiene tres frentes: los cambios que supone el Tratado de Lisboa, el problema lingstico y el sistema judicial. As, el Reglamento que valid el Consejo el pasado
dediciembre requiere ahora el acuerdo del Parlamento, y luego volver al Consejo.
La CE confi en que la Presidencia espaola lo presentara en este semestre, pero
requera un acuerdo previo con Espaa que ha sido imposible, lamentan estas fuentes. El tercer asunto es el sistema jurisdiccional, que tiene sobre la mesa el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidades Europeas. Hay prevista una vista el 18 de
mayo sobre el tema, que tampoco se despejar durante la Presidencia espaola. En de
diciembre se acord un sistema de tribunales que tendran competencia exclusiva en
patentes, uno central y varios regionales. En Espaa habr, previsiblemente, uno o
dos. Y se crearn en un periodo de cinco aos. El nuevo bloqueo de la patente comunitaria llega en plena crisis. Bruno Pottelsberghe, senior fellow de Bruegel y profesor
de la Universidad Libre de Bruselas, recuerda en su informe Europe Should Stop
Taxing Innovation que la patente comunitaria ahorrara 250 millones de euros a las
empresas y que, al contrario de lo que se cree, las Oficina Europea y las nacionales
tambin se beneficiaran, con 43 millones de euros y 78 millones de euros, respectivamente. Adems, el ahorro en traducciones y litigios supondra 400 millones ms para
las empresas, un total de 650 al ao. La creacin de un modelo de patente europea
nico requiere un sistema de traduccin slo del ingls, el fin de las patentes nacionales, acabar con la actual patente europea, tasas ms bajas para compaas jvenes e
innovadoras y una reorganizacin radical de la Oficina Europea, asegura el informe.
Como consecuencia, el sistema es en la prctica un impuesto sobre la innovacin, e
impide que emerja un mercado integrado para invenciones y tecnologas en el principio del proceso de innovacin, afirma. Respecto al idioma, Bruegel entiende que el
bloqueo viene de pases que rehsan validar patentes publicadas en otra lengua, y
alegan que esto sera una gran desventaja para el emprendedor local. Este argumento
le parece falso. Por su parte, Manuel Bermdez Caballero, abogado experto en
Derecho Comunitario de SJ Berwin, ha preparado un informe sobre la patente comunitaria en el que explica que el proyecto est maduro pero el camino no est exento
de dificultades. De esta forma, detalla que construir el sistema de litigacin de patentes fuera del Tratado de Lisboa har que deba empezar de nuevo el proceso de ratificacin de los Estados y podra requerir un referndum en Dinamarca. Sobre el
Reglamento de la patente, recuerda que debera acompaarse de una Regulacin complementaria sobre la traduccin, que ni siquiera se ha redactado y requerir unanimidad en el Consejo. Y concluye que, a pesar de las esperanzas que se pusieron en la
Presidencia Espaola, sta ha manifestado de forma informal que no aceptar una
mquina de traduccin simultnea o slo tres idiomas. El comisario de Mercado Interior Michel Barnier se enfrenta a un largo proceso. Los siete pecados capitales de la
fragmentacin del modelo son Coste: Una patente europea que se mantiene durante
10 aos en slo 6 pases es 4 veces ms cara que en EE.UU. o Japn. Si se quiere
proteger en todos los pases de la UE, el coste es 20 veces de mayor que en EEUU,
segn Bruegel. Baja Calidad: La de mayora de las oficinas regionales reconoce
patentes independientemente de la Oficina Europea. La consecuencia es que hay
estndares de calidad heterogneos. Complejidad: Registrar y proteger patentes en
muchos pases es complicado, sobre todo para emprendedores e innovadores. IncertiADPCP, VOL. LXIII, 2010
1) Convenio sobre concesin de Patentes Europeas, hecho en
Munich el 5 de octubre de 1973 (143).
2) Reglamento (CE) nm.816/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesin de licencias
obligatorias sobre patentes relativas a la fabricacin de productos farmacuticos destinados a la exportacin a pases con problemas de
salud pblica (144).
3) Reglamento CEE nm.1768/1992, de 18 de junio, de creacin de un certificado complementario de proteccin de los medicamentos (145).
4) Reglamento (CE) nm.1610/96 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de julio de 1996, por el que se crea un certificado
complementario de proteccin para los productos fitosanitarios (146).
5) Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio, relativa a la proteccin jurdica de las invenciones biotecnolgicas (147). Transpuesta por Ley 10/2002, que modifica la
Ley11/1986, de Patentes (148).
6) Reglamento (CE) nm.510/2006 del Consejo, de 20 de marzo
de 2006, sobre la proteccin de las indicaciones geogrficas y de las
denominaciones de origen de los productos agrcolas y alimenticios (149), que derog mediante su art. 19 el Reglamento CEE
2081/92, del Consejo, de 14 de julio, relativo a la proteccin de las
indicaciones geogrficas y denominaciones de origen de los productos agrcolas (150), referido en Orden del Ministerio de Agricultura
de 25 de enero de 1994. Tngase en cuenta que el Reglamento derogado fue modificado por Reglamento (CE) nm.1726/98 de la Comisin, de 22 de julio de 1998, que modifica el Reglamento (CEE)
nm.2037/93 por el que se establecen disposiciones de aplicacin del
Reglamento (CEE ) nm.2081/92 del Consejo relativo a la proteccin
dumbre: Las patentes de inventos con un valor de mercado alto son objeto de litigacin, en Europa, a menudo, en varios pases a la vez y con resultados divergentes.
Escasa Coherencia: Es posible hacer importaciones paralelas a travs de los pases en
que no est protegida la patente. Adems, hay incoherencias temporales en validaciones entre las oficinas nacionales y la europea. Falta de Coordinacin: Hay muy poca,
si hay alguna, en poltica de patentes. Debilidad Negociadora: El sistema europeo de
patentes no tiene un nico representante en las negociaciones internacionales.
(143) BOE nm.234, de 30 de septiembre de 1986.
(144) DOUE, serie L, nm.157, de 9 de junio.
(145) DO L 182 de 2.7.1992, p.1/5.
(146) DOCE, serie L, nm.198, de 18 de agosto.
(147) DOCE nm.213/1998, de 30 de julio.
(148) BOE nm.103, de 30 de abril 2004.
(149) DOUE 93/2006, de 31 de marzo de 2006.
(150) DOCE 208/1992, de 24 de julio.
de las indicaciones geogrficas y de las denominaciones de origen de
los productos agrcolas y alimenticios, en el que se regula el smbolo
comunitario en la etiqueta del producto agrcola o alimenticio (151).
7) Directiva 87/54/CEE, de 16 de diciembre (152), para la proteccin jurdica de la topografa de los productos semiconductores.
Incorporada por Ley 11/1988, de 3 de mayo, del mismo nombre (153).
1) Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de octubre 1998, sobre la proteccin jurdica de los dibujos y
modelos (154). Transpuesta por Ley 20/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial (155).
2) Reglamento (CE) nm.6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (156).
3) Reglamento (CE) nm.2245/2002, de la Comisin, de 21 de
octubre de 2002, de ejecucin del Reglamento (CE) nm.6/2002 del
Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (157).
1) Libro Verde la Comisin de las Comunidades Europeas para
la Lucha contra la piratera y la usurpacin de la Marca en el Mercado
Interior (1998) (158).
2) Normativa aduanera. Reglamento (CE) nm.1383/2003, del
Consejo de 22 de julio de 2003 relativo a la intervencin de las autoridades aduaneras en los casos de mercancas sospechosas de vulnerar
(151) DOCE 224/1998, de 11 de agosto.
(152) DO L 24 de 27.1.1987.
(153) BOE nm.108/1998, de 5 de mayo.
(154) DOCE serie L, nm.289, de 28 de octubre de 1998.
(155) BOE nm.162, de 8 de julio.
(156) DOCE, serie L, nm.3, de 5 de enero de 2002, correccin de errores en
DOCE, serie L, nm.179, de 9 de julio.
(157) DOCE, serie L, nm.341, de 17 de diciembre.
(158) Link http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=
MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DLibroVerde_Pirateria.pdf
&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=
MungoBlobs&blobwhere=1150475263412&ssbinary=true.
deben tomarse respecto de mercancas que vulneren esos derechos (159).
3) Resolucin del Consejo de 25 de septiembre de 2008 sobre un
plan europeo global de lucha contra la falsificacin y la piratera (160).
4) Resolucin del Consejo de 16 de marzo de 2009, sobre un
plan de accin aduanero de la Unin Europea para luchar contra la
vulneracin de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para
los aos 2009 a 2012 (161).
5) Observatorio Europeo de Falsificacin y Piratera, inaugurado el 2 de abril de 2009, en el seno de la Comisara de Mercado
Interior. Constituye una plataforma consagrada a la recogida de datos,
la sensibilizacin, el dilogo y el intercambio de puntos de vista y de
mejores prcticas por lo que se refiere a la aplicacin de los derechos
de propiedad intelectual entre empresas y Gobiernos (162).
(159) Link http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=
MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DReglamento13832003_
Pirateria.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=
id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150475263373&ssbinary=true..
(160) DO C 253 de 4.10.2008, p. 1.
(161) DO C 71 de 25.3.2009 p. 1.
(162) Su tercera reunin se celebr el pasado 10 de junio de 2010 en Madrid,
bajo la Presidencia Espaola de la Unin Europea. Informacin sobre la misma en el
link http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Noticias/Observatorio2010/Nota_
Resumen_Observatorio.pdf. Sus conclusiones fueron las siguientes: 1) La Comisin asumir la tarea definir las funciones del Observatorio para que se instituya en
institucin central de dilogo, intercambio de informacin y lucha coordinada contra
la piratera. 2) La necesidad de avanzar en convergencia en lo que se refiere a las
medidas adoptadas en esta materia en los distintos pases de la Unin Europea en aras
a unificar criterios preventivos, de anlisis y de accin y facilitar as la lucha conjunta
contra la piratera. Se ha comentado en este punto la conveniencia de crear de una
base de datos comn para centralizar la informacin y agilizar la toma de medidas a
adoptar. 3) La importancia de las campaas de comunicacin y sensibilizacin, e
intensificar los esfuerzos en el sector de poblacin comprendido entre los 16 y 24
aos, mediante campaas educativas e iniciativas originales, tales como la promovida
por el Parlamento Europeo, mediante concursos y premios para llegar al pblico ms
joven y expuesto a esta actividad. En este punto mencionar la campaa promovida por
la Oficina Espaola de Patentes y Marcas yo soy original, no compro falsificaciones. 4) Ahondar en un enfoque horizontal de la poltica de la lucha contra la piratera en consonancia con sus repercusiones multidisciplinares. 5) Continuar con los
esfuerzos en formacin de todos aquellos Cuerpos responsables de la aplicacin de
las acciones y normativa en esta materia. 6) El doble enfoque preventivo y reactivo
de las medidas necesarias, poniendo nfasis en el primero de ellos. 7) La importancia de la innovacin constante como instrumento en la lucha contra la piratera y el
necesario apoyo, en especial a las Pymes, para su fomento. 8) Finalmente mencionar,
la vocacin de apertura internacional del Foro, siendo conveniente el acercamiento en
todos los niveles, bilateral/multilateral para hacer frente a un amenaza creciente. En
6) Resolucin del Consejo de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el Mercado Interior (163). Cita como instrumentos comunitarios adoptados para luchar
contra la infraccin de los derechos de propiedad intelectual en particular las siguientes tres Directivas y Reglamento, enunciados anteriormente: Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de29 de abril 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual, Reglamento (CE) nm.1383/2003, del Consejo de 22 de
julio de 2003 relativo a la intervencin de las autoridades aduaneras en
los casos de mercancas sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de mercancas que vulneren esos derechos, Directiva 2001/29/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
a la armonizacin determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacin
y la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de abril de 2009, sobre proteccin jurdica de programas de ordenador.
Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE
relativa a un marco regulador comn de las redes y los servicios de
comunicaciones electrnicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al
acceso a las redes de comunicaciones electrnicas y recursos asociados, y a su interconexin, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorizacin de redes y servicios de comunicaciones electrnicas (164).
efecto, y a la luz de los estudios realizados y expuestos en la Reunin el pasado 10 de
junio por los distintos representantes de pases, instituciones y sector privado, la Piratera supone una amenaza social y econmica con enormes efectos devastadores para
la sociedad en su conjunto, que adems encuentra una va fcil como consecuencia de
la Nuevas Tecnologas. Una amenaza poco visible an para el ciudadano por tratarse
de daos intangibles, y que por ello necesita de campaas de sensibilizacin y de
esfuerzos coordinados por parte de la Comunidad Internacional .En esta direccin, el
Observatorio est realizando importantes avances, pero como se ha comentado en la
reunin, esto slo es un comienzo a partir del cual hay que avanzar en dilogo, cooperacin, sensibilizacin y armonizacin.
(163) Link http://www.oepm.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=
MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DDOUE_56_Resolucion_
PI_+MercadoInterior_Pirateria.pdf+&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%
3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1150484731910
&ssbinary=true.
(164) Diario Oficial Unin Europea (DOUE) 337/2009, de 18 de diciembre
de2009.
SNTESIS DE LA NORMATIVA NACIONAL EUROPEA
En el presente epgrafe haremos referencia a las leyes nacionales
que han transpuesto las diferentes Directivas dictadas sobre propiedad
intelectual (e industrial) en la Unin Europea (165), ya que recurdese que los Reglamentos comunitarios son directamente aplicables y
no requieren transposicin a las leyes de los Estados miembros.
Tambin, haremos una referencia a las Directivas todava no transpuestas, el plazo de la transposicin y sus efectos.
Ley 16/1993, de 23 de diciembre (166), por la que se transpone
la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo 1991, sobre proteccin jurdica de programas de ordenador (167), si bien esta Ley fue
derogada por TRLPI aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996,
de12 de abril y la Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre proteccin jurdica de programas de ordenador (168), todava no transpuesta, derog a la anterior Directiva.
Ley 43/1994, de 30 de diciembre, incorpora la Directiva 92/100/CEE
del Consejo de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y
prstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el mbito
de la propiedad intelectual, derogada por Directiva 2006/115/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de noviembre 2006, citada.
Ley 27/1995, de 11 de octubre (169), transpuso la Directiva1993/98/CEE, de 29 de octubre 1993 del Consejo. Armonizacin
del plazo de proteccin del derecho de autor y determinados derechos
afines (170), si bien esta Ley fue derogada por TRLPI aprobado por
Ley 28/1995, de 11 de octubre (171), transpuso la Directiva93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre 1993, sobre coordinacin determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en el mbito de la radiodifu(165) En la Unin Europea la denominacin propiedad intelectual tambin
comprende la industrial.
(166) BOE nm.307/1993, de 24 de diciembre.
(167) DO nm.L 122, de 17 de mayo de 1991.
(168) DO nm.111, de 5 de mayo de 2009.
(169) BOE nm.245/1995, de 13 de octubre.
(170) DOL nm.290, de 24 de noviembre.
(171) BOE nm.245, de 13 de octubre de 1995.
sin va satlite y de la distribucin por cable (172), si bien esta Ley
fue derogada por TRLPI aprobado por Real Decreto legislativo1/1996,
Ley 5/1998, de 6 de marzo (173). Incorporacin al Derecho
Espaol de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre Proteccin Jurdica de las bases de
datos (174).
Ley 34/2002, de 11 de julio. Servicios de la sociedad de la
informacin y de comercio electrnico (175). Incorpora la Directiva2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio,
Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplan los medios de
tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la ejecucin de los reglamentos comunitarios (176) que transpone la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 2004, relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual (177).
Ley 23/2006, de 7 de junio, por la que se modifica el texto
Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril (178), que transpone la
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de mayo 2001, relativa a la armonizacin determinados aspectos de
los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la informacin (179).
(172) DO nm.L 248, de 6 de octubre de 1993.
(173) BOE nm.57, de 7 de marzo de 1998.
(174) DO nm.L 77, de 27 de marzo de 1996.
(175) BOE nm.166, de 12 de julio; rect. BOE nm.187, de 6 de agosto.
(176) BOE nm.134, de 6 de junio de 2006.
(177) DO nm.L 157, de 30 de abril de 2004; versin corregida en DO
nm.L195, de 2 de junio de 2004; correccin de errores en DO nm.L 351, de 26
denoviembre 2004 y nm.L 204, de 4 de agosto de 2007.
(178) BOE nm.162, de 8 de julio de 2006.
(179) DO nm.L 167, de 22 de junio de 2001; correccin de errores en DO
Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participacin en beneficio del autor de una obra de arte original (180). Transpone Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de27 de septiembre de 2001 relativa al derecho de participacin en
beneficio del autor de una obra de arte original (181).
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (182). Su Exposicin
de Motivos seala que se recoge el derecho europeo de patentes representado por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre
Patente Europea, y el Convenio de Luxemburgo sobre Patente Comunitaria de15 de diciembre de 1975.
Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la proteccin jurdica de la
topografa de los productos semiconductores. Incorpora Directiva87/54/CEE, de 16 de diciembre, del mismo nombre (183).
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (184) que transpuso la Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21 de diciembre 1988
sobre armonizacin de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, posteriormente derogada por Directiva 2008/95/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre
de2008 (185).
Ley 10/2002, que modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo de
Patentes (186), por la que se incorpora la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la proteccin
jurdica de las invenciones biotecnolgicas (187).
industrial (188), que transpuso la Directiva 98/71 CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre proteccin
jurdica de los dibujos y modelos (189).
BOE nm.310, de 25 de diciembre de 2008.
DO nm.272, de 13 de octubre de 2001.
BOE nm.73, de 26 de marzo.
DOUE, serie L, nm.299, de 8 de noviembre de 2008.
BOE nm.103, de 30 de abril de 2004.
DOCE nm.213/1998, de 30 de julio.
DOCE serie L, nm.289, de 28 de octubre de 1998.
CRITERIOS NORMATIVOS INTERNACIONALES Y COMUNITARIOS EN LA INTERPRETACIN DE LOS DELITOS
Tras la exposicin de la legislacin internacional y comunitaria
sobre la propiedad intelectual e industrial, debidamente sistematizada
y concordada, vamos a resumir en este epgrafe los criterios de sta que
influyen en la interpretacin de los tipos penales espaoles, algunos de
ellos tratados en la doctrina de la FGE en sus ms recientes Circulares
sobre la materia, la nm.2/1989, de 20 de abril y1/2006 (190), si bien
con diferente sistemtica.
La asimilacin del autor convencional extranjero no comunitario
ni residente (191) al nacional, a efectos de sujetos pasivos protegidos, en virtud de los Convenios de Berna para proteccin de
obras literarias y artsticas de 9 de septiembre 1986 y la Convencin Universal de Ginebra de 6 de noviembre 1952, sobre derechos de autor (192)
Como indica la CFGE 2/1989, de 20 de abril, sobre algunos aspectos de la formulacin tpica y la responsabilidad civil en los delitos
contra la propiedad intelectual tras la Ley Orgnica 6/1987, de 11 de
(190) Memoria FGE 1990 (FGE, D. Leopoldo Torres Boursault), pp.391
a440 y Memoria FGE 2007 (FGE, D. Cndido Conde-Pumpido Tourn) No hay que
olvidar que en la Memoria de 1931, en tiempos de la II Repblica, siendo Fiscal
General de la Repblica D. Jos Franchy y Roca, se publica la Circular de 27 de
junio1931, sobre disposiciones aplicables en materia de propiedad industrial, examinndose entonces la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo 1902 y establecindose la conclusin siguiente: la enumeracin que en los artculos de naturaleza penal
se hace a las marcas, patentes, modelos, etctera, no tienen carcter limitativo, pero s
puramente enunciativo y abarca, por tanto, todos y cualesquiera modalidades de la
(191) Los residentes estn plenamente protegidos como los nacionales en virtud de las disposiciones del TRLPI 1996, ya sean autores [art.145.1.a)], productores
intrpretes o ejecutantes (art.146.2.a) o entidades de radiodifusin (art.148.1), mientras que los no residentes (autores, productores de fonogramas, grabaciones audiovisuales, realizadores de meras fotografas y editores de obras inditas) estn protegidos
respecto de las obras publicadas por primera vez en territorio espaol o dentro de
los30 das siguientes a que lo hayan sido en otro pas, pero con ciertas restricciones si
no existe trato de reciprocidad [arts.145.1.b y 174.1.b)]. Tambin los artistas intrpretes o ejecutantes ostentan los mismos derechos que los espaoles cuando la interpretacin se efecte en territorio espaol o sea grabada en un fonograma o en un soporte
audiovisual o se incorpore a una emisin de radiodifusin protegidas por la Ley
[art.146.2, b), c), d)], sin que en este caso haya restricciones.
(192) Ver CFGE 2/1989, MFGE 1990, p.413.
noviembre, al estudiar la situacin de los extranjeros titulares derechos de autor y conexos, despus de afirmar que el derecho moral del
autor es reconocido cualquiera que sea la nacionalidad del titular ex
art.145.2 Ley 22/1987 (193), con relacin al derecho de autor ofrecen una particular importancia los siguientes instrumentos internacionales: el Convenio de Berna para la proteccin de obras literarias y
artsticas de 9-9-1986, cuya ltima revisin es de 24-7-1971, y la Convencin Universal de Ginebra de 6-11-1952 sobre derechos de autor,
revisada tambin en Pars el 24-7-1971. Ambos Convenios establecen
el principio de asimilacin al nacional del autor convencional por virtud del cual este ltimo se beneficia de la proteccin que nuestra Ley
concede a los autores espaoles, incluso de aquellos derechos que no
le estn reconocidos en la legislacin del pas de origen de la obra
(art.5.4 del Convenio de Berna y arts.II y IV de la Convencin Universal de Ginebra), con la salvedad del plazo de duracin del derecho
(art.7.8 del Convenio de Berna y IV.4 de la Convencin de Ginebra.
En orden a los derechos conexos Espaa slo tiene ratificado el Convenio de 29-10-1971 para la proteccin de los productores de fonogramas contra la reproduccin no autorizada de sus fonogramas, por lo
que la proteccin especfica de los extranjeros artistas, productores de
obras audiovisuales, entidades de radiodifusin y editores de obras
inditas cadas en el dominio pblico, se rigen por las disposiciones
de la legislacin espaola.
El actual TRLPI 1996, modificado por Ley 23/2006, al regular el
mbito de aplicacin de esta Ley equipara a los espaoles los nacionales de pases miembros de la Unin Europea en su art.163.1, manteniendo la referencia a los Convenios internacionales en el apartado 3.
del mismo precepto, al indicar que En todo caso, los nacionales de
terceros pases gozarn de la proteccin que les corresponda en virtud
de Convenios y Tratados internacionales en los que Espaa sea parte
y, en su defecto, estarn equiparados a los autores espaoles cuando
stos, a su vez, lo estn a los nacionales del pas respectivo.
b) Criterios comunitarios ante las descargas ilegales en Internet de
obras literarias, artsticas o cientficas protegidas (194)
La CFGE 1/1986, sobre los delitos contra la propiedad intelectual
e industrial tras la reforma de la Ley Orgnica 15/2003, al tratar las
conductas de lesin de los derechos de propiedad intelectual a travs
(193) Actualmente, art.163.5 TRLPI (1996 modificada por Ley 23/2006).
(194) Vase Resolucin del Consejo de 1 de marzo de 2010 sobre el respeto a
los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (DOUE de 6 de marzo
de2010/C 56/01).
de los medios de la sociedad de la informacin, en especial, Internet (195), concluye lo siguiente:
La colocacin de obras protegidas en Internet as como la utilizacin de sistemas de intercambio de archivos para la obtencin de dichas
obras, est incardinada en el concepto amplio del derecho exclusivo
de comunicacin pblica que se define en el vigente art.20 del texto
refundido de la LPI. En el Proyecto de Ley de modificacin del
textorefundido de la LPI, expresamente se incorpora en el art.20.2
apartado i), como modalidad especfica del derecho de comunicacin
la puesta a disposicin del pblico de obras por procedimientos almbricos o inalmbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija (196).
Quienes colocan en un sitio de Internet una obra protegida sin la
autorizacin de su titular o los usuarios de un sistema Peer to Peer de
intercambio de archivos, realizan una conducta de comunicacin
pblica no autorizada, e infringen el derecho exclusivo del titular;
dicha infraccin es susceptible de ser denunciada y reparada mediante
el ejercicio de las correspondientes acciones de carcter civil, pero en
principio, y salvo que por las circunstancias concurrentes se acredite
lo contrario, no concurre en los mismos el elemento subjetivo del
nimo de lucro que exige el tipo penal. El elemento del nimo de lucro
debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtencin de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto
de lucro comercial.
En cuanto a la conducta del que se limita a bajarse de la Red una
obra para su disfrute personal, no realiza un acto de comunicacin,
sino una copia privada, sin que concurra tampoco el elemento subjetivo de nimo de lucro en el sentido estricto de lucro comercial.
El principio de intervencin mnima que rige en derecho penal
debe ser tenido en cuenta para criminalizar tan slo las conductas que
lesionan ms gravemente los bienes jurdicos. Es por ello, que en los
supuestos en los que en la infraccin del derecho exclusivo del titular
del derecho de propiedad intelectual, slo concurre un nimo de obtener una ventaja de carcter individual o personal, pero no un lucro
comercial, la respuesta a la vulneracin del derecho debe hacerse
desde el mbito de proteccin civil.
(195) Vase tambin Lpez de Barja de Quiroga, J., La proteccin penal
de los programas de ordenador, publicado en Revista del Poder Judicial, nm.88,
primer trimestre 2009, CGPJ, pp.11 a 54, que aborda esta problemtica, compartiendo los criterios de la FGE.
(196) Incorporado con la misma redaccin mediante la Ley 23/2006, de 7 de
julio, citada.
La interpretacin del elemento subjetivo del nimo de lucro, como
lucro comercial viene avalada por dos argumentos: por un lado, el que
en el mbito del derecho comunitario el tratamiento de los derechos
de propiedad intelectual e industrial es homogneo, debiendo tener
presente que en el Cdigo Penal, los tipos delictivos de los derechos
de propiedad industrial exigen un nimo de lucro comercial o industrial, por otro lado, en la Propuesta de Directiva y decisin Marco del
Parlamento y del Consejo, presentada por la Comisin el12-7-2005,
sobre medidas penales para asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, se contempla en su art.3 la obligacin de los Estados Miembros de considerar delito todas las infracciones
intencionales de los derechos de propiedad intelectual a escala
comercial. (197)
A mayor abundamiento, Narvez Rodrguez, A. (198), al estudiar
las descargas ilegales de pginas web, desde la perspectiva constitucional y los derechos de proteccin de datos, a raz del Proyecto de
Ley de Economa sostenible de marzo 2010 (199), con cita de normativa comunitaria como la Directiva 2009/140/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre por la que se modifican
la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador comn de las
redes y los servicios de comunicaciones electrnicas, la Directiva2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones
electrnicas y recursos asociados, y a su interconexin, y la Directiva2002/20/CE relativa a la autorizacin de redes y servicios de
comunicaciones electrnicas [Diario Oficial Unin Europea (DOUE)
337/2009, de 18 de diciembre de 2009] y referencia a la STJUE de29
de enero de 2008: Caso Promusicae. (Cuestin prejudicial: Art.12
Ley 34/2002 en relacin con Directivas 2000\31, 2001\29, 2004\48
(197) No nos consta todava que se haya dictado esta Directiva sobre medidas
penales para asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, a la vista de
la Resolucin del Consejo de 1 de marzo 2010, sobre el respeto de los derechos de
propiedad intelectual en el mercado interior, citada, que invita a la Comisin a que
estudie la conveniencia de presentar una propuesta modificada de Directiva sobre
medidas penales destinadas a luchar contra la falsificacin y la piratera.
(198) Conferencia impartida en el CEJ 2010, no publicada, sobre Descargas
ilegales de pginas web: problemas constitucionales, en el Curso: Derecho a la
Informacin, libertad de expresin y sus lmites. Madrid del 24 al 26 de mayo
de2010, a quin le agradecemos que nos haya proporcionado su presentacin en
(199) Vase nota 19. Entre la bibliografa reciente sobre este Proyecto Ley,
vase Almagro Nosete, J., Consideraciones procesales del proyecto de Ley sobre
antipiratera informtica, y Damin Moreno, Juan, Consideraciones en torno al
procedimiento previsto para el cierre de pginas web, ambos publicados en el diario
LA LEY, ao XXXI, nm.7455, mircoles 28 de julio 2010.
y 17.2 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de laUE),
llega a las siguientes conclusiones: 1) La normativa UE no obliga a
los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales a los prestadores del servicio con objeto de proteger los derechos de autor en un procedimiento civil. 2) Si el Estado miembro
acuerda extender este rgimen a los procedimientos civiles, debe procurar un justo equilibrio entre los derechos en juego (prop. intelectual
vs protecc. datos personales). 3) Al justo equilibrio ha de llegarse
utilizando el principio de proporcionalidad.
Tambin con cita de normativa comunitaria, en base a la Directiva2009\140\CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre
(modific la Directiva 2002/21/CE, introduciendo un apartado 3 bis
en el art.1.), complementada por el Reglamento 1211/2009, de 25 de
noviembre, que cre el Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrnicas (ORECE), este autor afirma que:
Las medidas adoptadas por los Estados miembros para regular
el acceso o uso a los servicios de la sociedad de la informacin deber
respetar los derechos del CEDH.
Las medidas que restrinjan estos derechos debern ser adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrtica.
El procedimiento de restriccin deber reunir las exigencias del
artculo 6 CEDH y respetar los derechos a la presuncin de inocencia,
a la vida privada y a la tutela judicial efectiva.
La vulneracin de dispositivos tcnicos protectores de programas
de ordenador o cualquier otra obra ex art.270.3 CP Directiva91/250, de 14 de mayo derogada por Directiva 2009/24/CE
arts.95 a 104 LPI y Directiva 2001/29/CE Ley 23/2006,
arts.160 y 161 TRLPI
En esta materia, hay que tener en cuenta la Directiva 2009/24/CE,
de 23 de abril 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre proteccin jurdica de programas de ordenador (200). Deroga a la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo 1991, sobre proteccin
jurdica de programas de ordenador (201), que en su da fue transpuesta por Ley 16/1993, de 23 de diciembre (202), la cual, a su vez, fue
derogada por TRLPI aprobado por Real Decreto legislativo1/1996,
de12 de abril Directiva 2009/24/CE.
BOE nm.307/1993, de 24 de diciembre.
Estas Directivas han condicionado la legislacin nacional ya que,
como afirmaba la CFGE 1/2006 refirindose a la Directiva 91/250/
CEE, tras la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003, la respuesta
que desde el derecho penal se da en los supuestos de eliminacin o
supresin de los mecanismos de proteccin de las obras, es ms
amplia y extensa que la dispensada desde el mbito de la proteccin
civil de los derechos, puesto que el actual art.270.3 sanciona un
mbito de mayor de conductas que la vigente LPI en su art.102 c), la
cual en correspondencia con el art.7.1 c) de la Directiva Comunitaria
91/250/CEE, slo contempla las conductas de circulacin y tenencia de los medios de eliminacin o neutralizacin de los mecanismos
de proteccin, y en cuanto al objeto protegido slo los programas de
ordenador, y adems exige que la tenencia o puesta en circulacin se
realice con fines comerciales, mientras que el art.270.3, no exige
expresamente ese elemento subjetivo; por ltimo el art. 102 c) exige
que los mecanismos de eliminacin o supresin de los dispositivos de
proteccin tengan ese nico uso mientras que el art.270.3, slo
exige que estn destinados especficamente a ese fin.
En cuanto a los medios de elusin de la proteccin de los programas de ordenador y otras obras, la Ley 23/2006, mediante la modificacin del TRLPI de 1996, transpuso la Directiva 2001/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonizacin determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacin, ya
citada, regulando en el art.160 del TRLPI las medidas tecnolgicas:
actos de elusin y actos preparatorios y en el art.161 del mismo texto
legal los lmites a la propiedad intelectual y medidas tecnolgicas, a
los que hay que remitirse en la interpretacin del tipo penal.
La problemtica del agotamiento o extincin comunitaria del
derecho de distribucin a efectos de la interpretacin del concepto de importacin en los delitos contra la propiedad intelectual (art.270.2 CP) e industrial (art.274.1 CP) (203)
Los derechos de explotacin inherentes a estas propiedades conllevan el derecho a distribucin ex art.19 TRLPI y, por ello, se sancionan penalmente conductas de importacin no autorizadas.
(203) Obsrvese que cuando entre en vigor la reforma del CP operada por
LO5/2010, de 22 de junio, en fecha 23 de diciembre de 2010, ser punible toda
importacin de productos que afecten a derechos de propiedad industrial debidamente
registrados conforme a la legislacin de marcas y con conocimiento del registro, con
fines industriales o comerciales, aunque provengan de Estados miembros de la Unin
Europea, al suprimirse la salvedad contenida hasta esa reforma en el art.274.1 CP,
que reseamos en este apartado.
Ahora bien, tanto el art.270.2 CP como el art.274.1 CP, relativos
respectivamente, a la propiedad intelectual e industrial, establecen la
salvedad derivada de la importacin de los referidos productos (tanto
de origen lcito como ilcito) de un Estado perteneciente a la Unin
Europea, determinando que no sern punibles estas conductas cuando
aquellos sea hayan adquirido directamente del titular de los derechos
en dicho Estado o con su consentimiento.
Esta salvedad ha venido a incorporar a nuestro ordenamiento el
criterio comunitario del agotamiento o extincin comunitario del
derecho de distribucin, de tal forma que no es posible extender este
agotamiento si la importacin procede un tercer pas.
En efecto, en este sentido, la CFGE 1/2006, concluye lo siguiente:
El derecho exclusivo de distribucin de los titulares se agota en
el mbito comunitario con la primera venta efectuada por el titular o
con su consentimiento. El agotamiento comunitario del derecho de
distribucin se establece en las Directivas 92/100/CEE, de 19 de
noviembre, relativa a los derechos de alquiler y prstamo y otros
derechos afines a los derechos de autor en el mbito de la propiedad
intelectual y en la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a la
armonizacin determinados aspectos de los derechos de autor y de
los derechos afines en la sociedad de la informacin. En aplicacin
de esta normativa comunitaria el Texto Refundido de la LPI, incorpora el agotamiento comunitario del derecho de distribucin en el
art. 19.2, respecto de los titulares derechos de autor y en los
arts.109.2, 117.2, 123.2 y 126.1 e), respecto de los titulares derechos
afines o conexos.
El legislador de la reforma de la LO15/2003, ha querido zanjar los
problemas de interpretacin que la anterior redaccin del art.270.2
dejaba abiertos, y ha tipificado expresamente en dicho artculo, las
importaciones de los objetos, tanto lcitos como ilcitos, realizadas en
el mbito internacional extracomunitario, sin consentimiento del titular del derecho de distribucin, dado que no existe el agotamiento
internacional del derecho.
El requisito de la confundibilidad en los delitos contra la propiedad industrial (bien jurdico protegido y en relacin con los signos
distintivos art.274.1 CP)
El requisito de la confundibilidad, que se trata en la CFGE 1/2006,
tanto al examinar el bien jurdico protegido de los delitos contra la
propiedad como en el anlisis del art.274.1 CP en relacin con los
signos distintivos, ha de interpretarse conforme a la normativa comunitaria.
Como indica la CFGE 1/2006 en sus conclusiones,
Desde el punto de vista del derecho positivo debemos tener en
cuenta que el legislador en el tipo penal del art.274, relativo a los signos distintivos, incorpora expresamente el requisito de confundibilidad, sin duda, porque la funcin esencial y caracterstica de los signos
distintivos es identificar el origen o procedencia empresarial del producto o servicio al que est incorporado el signo distintivo. La incorporacin al tipo penal del requisito de confundibilidad se corresponde
con la descripcin que en el art.34.2 la Ley de Marcas 17/2001, de 7
de diciembre, se hace del contenido del derecho, descripcin que adems se corresponde con la normativa comunitaria, en concreto con el
art.5.1 de la Directiva del Consejo 89/104, de 21 de diciembre de
1988, de armonizacin de las legislaciones de los Estados Miembros
en materia de marcas (204).
(204) Tngase en cuenta que esta Directiva posteriormente ha sido derogada
por Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre2008, ya citada, sin que esta derogacin afecte a lo indicado supra, al indicarse en
el prembulo de la Directiva en el punto 11 lo siguiente: La proteccin conferida por
la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la funcin de origen de la
marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios. La proteccin debe cubrir igualmente los casos de similitud
entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar la nocin de similitud en relacin con el riesgo de confusin. El riesgo de confusin, cuya apreciacin depende numerosos factores y, en particular, del conocimiento
de la marca en el mercado, de la asociacin que de ella pueda hacerse con el signo
utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condicin especfica de la proteccin. La regulacin de los medios de prueba del riesgo de confusin y, en particular,
la carga de la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento,
que no deben ser objeto de aproximacin por la presente Directiva. Posteriormente,
desarrollado en el art.5 de la misma Directiva, con el siguiente tenor literal: Derechos conferidos por la marca 1. La marca registrada confiere a su titular un derecho
exclusivo. El titular estar facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trfico econmico: a) de cualquier signo idntico a la marca
para productos o servicios idnticos a aquellos para los que la marca est registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idntico o similar a la marca y por ser idnticos o
similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un
riesgo de confusin por parte del pblico; el riesgo de confusin comprende el riesgo
de asociacin entre el signo y la marca. 2. Cualquier Estado miembro podr asimismo
disponer que el titular est facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el trfico econmico, de cualquier signo idntico o similar a la
marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que est
registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la
utilizacin del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal
del carcter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los
mismos. 3. Podr en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2: a) poner el signo en los productos o en su presentacin;
La valoracin del alcance del juicio de confundibilidad o riesgo
de confusin, debe hacerse teniendo en cuenta la regulacin comunitaria, en concreto, la Directiva 89/104 y el Reglamento del Consejo 40/94, de 20 de diciembre de 1993 (205), sobre marca
comunitaria, y la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea [TJCE (206)].
En todo caso, deber tenerse en cuenta que conforme a la legislacin comunitaria y la doctrina del TJCE, a cuyo tenor debe interpretarse la legislacin interna, en los casos de marcas renombradas, o
cuando no siendo marcas renombradas se trata de signos idnticos
para productos idnticos a aquellos para los que est registrado el
signo, la proteccin del derecho exclusivo es absoluta y no requiere de
apreciacin del juicio de confundibilidad, el cual vendr en aplicacin, en los supuestos de marcas no renombradas y tratndose de
supuestos de signos similares y respecto de productos o servicios
similares. En estos casos, el juicio de confundibilidad debe efectuarse
desde un plano objetivo de comparacin de la semejanza o diferencia
entre los signos y productos, en orden a valorar la posibilidad de identificacin del origen empresarial y de la garanta de calidad de los
productos; slo partiendo del planteamiento de la aptitud objetiva de
los signos usurpados para producir confusin, puede tener alguna
relevancia la valoracin adicional de otros factores secundarios relativos a las circunstancias concretas en las que se ofrecen los productos
(lugar de venta, precio, etc.).
b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o
prestar servicios con el signo; c) importar productos o exportarlos con el signo; d)utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. 4. Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a
la Directiva 89/104/CEE, la legislacin de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en el apartado 1, letra b), o
en el apartado 2, no podr invocarse el derecho conferido por la marca para impedir
que se siga usando dicho signo. 5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones
aplicables en un Estado miembro y relativas a la proteccin contra el uso de un signo
que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando
con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carcter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.
(205) Tngase en cuenta que este Reglamento fue derogado por el Reglamento
(CE) nm.207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre marca comunitaria,
ya citado, sin que esta derogacin afecte a lo indicado supra.
(206) Se refiere a la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, caso
C-206/2001 Arsenal Football Club, en la cual se establece el alcance del derecho
exclusivo del titular de la marca reconocido en el art.5, apartado 1, letra a) de la
Directiva 89/14/CEE.
En definitiva, los Sres. y Sras. Fiscales debern tener en cuenta en
orden a la determinacin del bien jurdico protegido en los delitos
contra los derechos de propiedad industrial, que el bien jurdico directamente protegido es el derecho de exclusividad del titular registral,
siendo la lesin de este derecho la que determina la relevancia penal
de la conducta. El legislador no ha incorporado al tipo penal el requisito del error del consumidor, ni ha incluido estos delitos en la seccin
dedicada a los delitos contra el mercado y los consumidores; la proteccin del inters del consumidor es tan slo un fin mediato en estos
La proteccin del diseo industrial de modelos y dibujos comunitarios en territorio espaol y marca comunitaria registrados en la
Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI) de Alicante
(ex art.273.3 CP y 274.1 CP)
El concepto comunitario de diseo industrial ha sustituido la anterior terminologa de modelo y dibujo industrial (207).
Como afirma la CFGE 1/2006:
La regulacin nacional especfica de los modelos y dibujos industriales y de los dibujos artsticos se encontraba hasta hace poco en el
Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, sin
embargo la nueva Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccin Jurdica
del Diseo Industrial (en adelante LDI), deroga expresamente los artculos del Estatuto que permanecan en vigor relativos a los modelos y
dibujos industriales y artsticos.
La nueva Ley nacional cuya plena entrada en vigor se ha producido el 9 de julio de 2004, ha sustituido la terminologa de modelo y
dibujo industrial por la de diseo industrial; esa equivalencia es
mencionada expresamente en la Exposicin de Motivos de la LDI y
adems se confirma si se tiene en cuenta que la definicin de diseo
que establece esta Ley en su art.1.2 es igual que la que aparece en la
Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de
octubre de 1998, sobre proteccin jurdica de los dibujos y modelos.
LaLDI define el diseo y la Directiva los modelos y/o dibujos como la
apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se deriva de
las caractersticas y en particular, de las lneas, contornos, colores,
forma, textura o materiales del producto en s o de su ornamentacin.
Conforme a esta definicin el dibujo o modelo es la apariencia
externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje, si bien
(207) En el mismo sentido, De Urbano Castrillo, E., en Comentarios al
Cdigo Penal (2007), dirigidos por Conde-Pumpido Tourn, C. p.2162.
quedan excluidos los productos informticos [art.1.2 b)] de laLDI),
as como los productos semiconductores que tienen una regulacin
especfica. La distincin tradicional entre el dibujo y el modelo radica
en que el dibujo es bidimensional y el modelo tridimensional.
En cuanto al mbito de proteccin, como seala la Exposicin de
Motivos de la LDI, el objeto de proteccin del diseo es ante todo: el
valor aadido por el diseo del producto, desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel esttico o artstico o de su originalidad.
La proteccin de este derecho de propiedad industrial exige la inscripcin registral, que se efectuar en la Oficina Espaola de Patentes
y Marcas y que supone un derecho exclusivo de titular del registro
para su utilizacin, con la consiguiente facultad de prohibicin a terceros sin su consentimiento.
En cuanto a las conductas tpicas la LO 10/95, equipar respecto a
los modelos y dibujos industriales y artsticos, las conductas tpicas
con las que se describen en el caso de infraccin del derecho de
patente en art.273.1.
Tambin puede protegerse un diseo industrial sobre modelos y
dibujos comunitarios en territorio espaol, por aplicacin de lo dispuesto en el mbito de la Unin Europea por el Reglamento CE
nm.6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre modelos
y dibujos comunitarios (en adelante RDMC), los cuales conviven con
los modelos y dibujos protegidos a nivel nacional en los Estados
Miembros por sus respectivas leyes nacionales, sin embargo, debe
destacarse que conforme al RDMC hay dos modalidades de proteccin comunitaria, el dibujo o modelo comunitario registrado y el
modelo o dibujo comunitario no registrado, para la proteccin del
registrado debe presentarse la correspondiente solicitud ante la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante, y es el nico que puede ser objeto de proteccin penal, dado
que el art.273.3 del Cdigo Penal exige la inscripcin como elemento
tpico por remisin al art.273.1.
Por lo que respecta a la marca comunitaria, recurdese que el
Reglamento (CE) nm.207/2009 del Consejo, de 26 de febrero 2009,
regula la misma y que este Reglamento derog al anterior Reglamento(CE) 40/94, del Consejo sobre la misma materia, teniendo igual
proteccin penal la marca comunitaria que la nacional (208).
En definitiva, la exigencia normativa del necesario registro de los
derechos de propiedad industrial determina que tambin estn prote(208) En el mismo sentido, Farr Daz, E., en Comentarios al Cdigo Penal,
coordinador Cruz de Pablo, J. A., Dykinson, 2008, p.1018.
gidos los modelos y dibujos comunitarios en territorio espaol y
marca comunitaria registrados en la Oficina de Armonizacin del
Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante (209).
Ser, por tanto, la normativa comunitaria reguladora de este
Registro, un elemento condicionante de la aplicacin de la norma
penal, as como toda la normativa comunitaria ya citada en el epgrafe correspondiente relativa a diseo y dibujos y modelos industriales y marcas.
En cuanto a la marca internacional, es necesario su inscripcin en
el Registro Internacional de Marcas (cfr. Arreglo de Madrid de 1891,
ya citado) (210).
El concepto de patente internacional y europea como objeto de
proteccin adems de la nacional (art.273.1 CP)
La normativa tanto internacional como comunitaria a que se ha
hecho referencia en los epgrafes correspondientes, obliga a interpretar que son objeto de proteccin no slo las patentes nacionales sino
tambin las internacionales y europea debidamente registradas (211).
Como se recoge en nota a pie de pgina en el epgrafe de normativa comunitaria europea relativa a patentes y modelos de utilidad, la
implantacin de una patente comunitaria todava no est resuelta, perviviendo las patentes nacionales con la europea en virtud del Convenio sobre Patente Europea o Convenio de Munich de 1973.
(209) Recurdese que el art.86 bis, 4. de la LOPJ, aadido por el art.2 LO
8/2003, de 9 de julio, vigente desde el 11 de julio 2003, dice lo siguiente: Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrn competencia, adems, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al
amparo de lo previsto en los Reglamentos nmeros 40/94, del Consejo de la Unin
Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del
Consejo de la Unin Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extendern su
jurisdiccin a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarn Juzgados de Marca Comunitaria.
(210) En el mismo sentido, Valle Muiz, J. M., en Comentarios al Cdigo
Penal, dirigidos por Quintero Olivares, citado, p.880.
(211) En el mismo sentido, Farr Daz, E., en Comentarios al Cdigo Penal,
coordinador Cruz de Pablo, J. A., Dykinson, 2008, p.1010, quin considera que no
estn comprendidos en el concepto de patente el certificado complementario de proteccin para los medicamentos establecido en el Reglamento del Consejo
nm.1768/92, de 18 de junio, en vigor en Espaa desde el 18 de diciembre de 1997,
al entender que es una figura complementaria de la patente de procedimientos y productos farmacuticos, que se expide dado que el largo proceso de concesin de sta
hace muy corta la vida de la patente al computarse su plazo desde la solicitud. En
contra, Martnez-Bujn.
La CFGE 1/1986, sobre este particular deca:
A nivel comunitario cabe hacer una referencia a la patente comunitaria; los diferentes sistemas nacionales de patentes fueron armonizados de hecho a travs de la conclusin de diversos instrumentos
internacionales, entre los que cabe sealar el Convenio sobre la concesin de Patentes Europeas o Convenio de Mnich del ao1973 del
que son parte todos los Estados Miembros. En este Convenio se regula
un procedimiento nico de concesin de patente europea, siendo la
Oficina Europea de Patentes la que concede la patente, que inmediatamente se convierte en una patente nacional de acuerdo con los Estados
que hayan sido designados, quedando sujeta desde la concesin a las
normas nacionales en materia de patentes. La Comisin ha presentado
una propuesta de un Reglamento del Consejo de patente comunitaria,
documento COM (2000) 412 final, que completar el Convenio de
Mnich, y que implica que la patente comunitaria ser concedida por
la Oficina Europea como patente europea en la que se designa el territorio de la Comunidad en vez de cada uno de los Estados miembros;
concedida la patente comunitaria se aplicar el Reglamento de la
Comunidad. Conforme a la propuesta de Reglamento la patente comunitaria tendr carcter autnomo y se regir por el Reglamento y el
Derecho Comunitario, sin perjuicio, de la aplicacin de los derechos
nacionales en materia de responsabilidad penal y competencia desleal. A los efectos de resolucin de litigios se ha decidido por los Estados Miembros que sern resueltos por un Tribunal comn con sede en
Luxemburgo si bien hasta el ao 2010, ese Tribunal coexistir con las
La proteccin de la topografa de los productos semiconductores
(art.273.3 CP)
Para esta proteccin ha sido decisiva tambin la normativa comunitaria.
La CFGE 1/2006, recuerda:
En cuanto a la topografa de productos semiconductores, debe
decirse que su regulacin se encuentra en la Ley 11/1988, de 3 de
mayo, para la Proteccin Jurdica de los Productos Semiconductores,
que se promulg en cumplimento de la Directiva 87/54 CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre proteccin jurdica de la topografas de los productos semiconductores, y que otorga a estos una
proteccin similar a la de las patentes.
El objeto de proteccin no es el producto semiconductor en s
mismo considerado sino la topografa, es decir, el diseo de la
estructura y disposicin de los diversos elementos y capas que componen un circuito electrnico integrado ya que de dicha estructura y de
la disposicin de los denominados chips depende la funcionalidad del
circuito. La razn de la proteccin est en que el diseo del circuito es
difcil y costoso, pero su reproduccin no tiene ningn problema
(art.1.2 de la Ley 11/1988).
i) La proteccin internacional y comunitaria de las obtenciones
vegetales ex art.274.3 CP
La legislacin internacional y comunitaria sobre esta materia ha
sido decisiva en la promulgacin de la norma nacional reguladora de
la misma que es la Ley 3/2000, de 7 de enero, de rgimen jurdico de
la proteccin de obtenciones vegetales (212). Debe confrontarse el
Convenio Internacional para la proteccin de las obtenciones vegetales de 2 de diciembre de 1961, aprobado en el seno de la Unin Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales (UPOV),
suscrito y ratificado por el Reino de Espaa, y en la Ley 12/1975,
de12 de marzo, de proteccin de obtenciones vegetales revisado en
sucesivas ocasiones; las reformas introducidas por los Convenios
de10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978 fueron incorporadas al ordenamiento jurdico nacional, sin embargo, el Convenio
de 19 de marzo de 1991 introdujo novedades que contempla esta ley.
Tambin, tngase en cuenta que la Unin Europea se ha dotado de un
sistema de proteccin propio mediante el Reglamento (CE) 2100/94,
del Consejo, de 27 de julio, relativo a la proteccin comunitaria de las
obtenciones vegetales, si bien reconocer a los Estados miembros el
derecho a conceder derechos de propiedad nacionales sobre las
variedades vegetales, aunque prohbe expresamente la doble titularidad derechos, nacionales y comunitarios. El Estado espaol opta por
el establecimiento de un sistema de proteccin propio, aunque armonizado con la normativa comunitaria (213).
En parecidos trminos, la CFGE 1/2006 sobre este particular
seala: A nivel nacional esta regulacin est constituida por la
Ley3/2000, de 7 de enero, de rgimen jurdico de la proteccin de
obtenciones vegetales (en adelante LPOV), que a su vez supone la
adaptacin de la legislacin espaola al Derecho Internacional unificado en la materia, constituido por el Acta de 19 de marzo de 1991 del
Convenio Internacional para la proteccin de obtenciones vegetales,
(212) BOE nm.8/2000, de 10 de enero.
(213) En el mismo sentido, Morn Lerma, E., en Comentarios al Cdigo
Penal (2008), dirigidos por Quintero Olivares, citado, pp.884 ss.
en vigor desde el 24 de abril de 1998, y al Derecho comunitario, representado por el Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio,
relativo a la proteccin comunitaria de las obtenciones vegetales, y la
Directiva 98/44 CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de6 de
julio de 1998, relativa a la proteccin jurdica de invenciones biotecnolgicas.
j) La nocin comunitaria denominacin de origen e indicacin geogrfica del art.275 CP y la exclusin penal de las denominaciones
genricas (ex art.2 RD 1573/1985)
Lo que se entienda por denominacin de origen e indicacin geogrfica viene dado por la normativa comunitaria (214), ya que como
dice la CFGE 1/2006, A la hora delimitar las dos categoras utilizadas por el tipo penal en el art.275 denominaciones de origen e indicaciones geogrficas, se deber tener en cuenta que ambas se
corresponden con la asuncin por el legislador penal de la terminologa incorporada por el Reglamento CEE 2081/92, del Consejo, de 14
de julio, relativo a la proteccin de las indicaciones geogrficas y
denominaciones de origen de los productos agrcolas que fue incorporado al ordenamiento interno por Orden del Ministerio de Agricultura
de 25 de enero de 1994. Dicho Reglamento crea dos niveles de proteccin: las denominaciones de origen, en las que la cualidad o caracterstica del producto depende en exclusiva del medio geogrfico, y las
indicaciones geogrficas en las que concurriran adems otros factores, Deben, por tanto, considerarse actualmente excluidas de proteccin penal las denominaciones genricas a las que se refiere el art.2
del RD 1573/1985 que dispone que se entiende por denominacin
genrica la calificacin aplicable a los productos que tienen caracteres
comunes o especiales debido a su naturaleza, a los sistemas de produccin empleados o a los procedimientos de transformacin, elaboracin y fabricacin.
Esto no obstante, en relacin con la normativa comunitaria citada
en la CFGE, es necesario actualizarla indicando hay que resaltar que
el Reglamento citado en la CFGE (215) ha sido derogado por el
art.19 del Reglamento (CE) nm.510/2006 del Consejo, de 20 de
marzo de2006, sobre la proteccin de las indicaciones geogrficas y
de las denominaciones de origen de los productos agrcolas y alimenticios (216).
(214) En el mismo sentido, Valle Muiz, J. M., en Comentarios al Cdigo
Penal (2008), dirigidos por Quintero Olivares, citado, p.894.
(215) DOCE 208/1992, de 24 de julio.
(216) DOUE 93/2006, de 31 de marzo de 2006.
Tambin es importante indicar que el Reglamento derogado fue
modificado por Reglamento (CE) nm.1726/98 de la Comisin, de 22
de julio de 1998, que modifica el Reglamento (CEE ) nm.2037/93
por el que se establecen disposiciones de aplicacin del Reglamento(CEE ) nm.2081/92 del Consejo relativo a la proteccin de las
indicaciones geogrficas y de las denominaciones de origen de los productos agrcolas y alimenticios, en el que se regula el smbolo comunitario en la etiqueta del producto agrcola o alimenticio (217).
k) La responsabilidad civil y el decomiso
Dado que la responsabilidad civil en estos delitos se rige por las
disposiciones de la ley de Propiedad Intelectual, segn dispone expresamente el art.272.1 CP, es importante resaltar cmo el derecho
comunitario (Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual, ya citada) ha determinado la modificacin
delTRLPI 1996, mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, ya citada,
por los que se amplan los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para
facilitar la aplicacin de diversos reglamentos comunitarios, indicndose en el Exposicin de Motivos sobre la responsabilidad civil lo
Para reparar el perjuicio sufrido a causa de una infraccin del
derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial, la directiva configura dos mdulos de clculo de la indemnizacin por daos
y perjuicios. El primero de estos mdulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias econmicas negativas que haya sufrido
la parte perjudicada y tambin el dao moral. Alternativamente, esta
indemnizacin podr consistir en una cantidad a tanto alzado, basada
en la remuneracin que habra percibido el perjudicado si el infractor
hubiera pedido autorizacin para utilizar el derecho de propiedad
intelectual o industrial en cuestin. Adems, en la determinacin de
la cuanta indemnizatoria han de considerarse los gastos realizados
por el titular del derecho lesionado en la investigacin para la obtencin de pruebas razonables de la comisin de la infraccin. La introduccin de estos criterios y elementos implica modificar el
artculo140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; el
artculo 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; el artculo 43 de la Ley17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el ar(217)
DOCE 224/1998, de 11 de agosto.
tculo 55 de la Ley20/2003, de 7 de julio, de proteccin jurdica del
diseo industrial.
En cuanto al decomiso (218), tngase en cuenta la Ley 4/2010,
de10 de marzo, para la ejecucin en la Unin Europea de las resoluciones judiciales decomiso (219), que incorpor al Derecho espaol
la Decisin Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de2006,
relativa a la aplicacin del principio de reconocimiento mutuo de
resoluciones decomiso (220) y la nueva redaccin del art.127 del CP
operada por la Ley Orgnica 5/2010, de 22 de junio, que entrar en
vigor el prximo 23 de diciembre de 2010, que en caso de organizaciones se extiende al patrimonio de todos los partcipes.
A la vista de los anteriores epgrafes pueden establecerse las
1. Tanto la normativa internacional como la comunitaria y nacional protegen las propiedades intelectual e industrial ms en calidad de
su funcin econmica que de su aspecto moral, dada su conexin con
el sistema econmico capitalista desde los inicios de la era industrial
(S. xix) hasta nuestra era ciberntica (S. xxi).
2. La normativa internacional y nacional protectora de estas propiedades desde su gnesis est interrelacionada, destacndose que la
normativa comunitaria europea ha determinado el desarrollo de la
normativa nacional en el proceso de armonizacin de las legislaciones
de los Estados miembros de la Unin Europea para el establecimiento
del Mercado nico, bajo los principios de libre competencia y libre
circulacin de mercancas, capital y trabajo o servicios.
3. La proteccin penal de los derechos de propiedad intelectual e
industrial es la ultima ratio en los medios de tutela de estas propiedades, siendo la tutela civil mercantil y administrativa el mecanismo
ms adecuado ante las infracciones de estos derechos cuando stas no
tienen la gravedad propia de las conductas penales.
4. La interpretacin de los tipos penales relativos a los delitos
contra la propiedad intelectual e industrial est sujeta a la normativa
(218) Vase Cereijo Soto, A., Nuevos instrumentos para el decomiso a partir de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecucin en la Unin Europea de las
resoluciones judiciales decomiso, La Ley, ao XXXI, nm.7457, viernes 30 de julio
(219) BOE nm.61, de 11 de marzo de 2010.
(220) DO L 328 de 24.11.2006, pp. 59/78.
extrapenal reguladora de estas propiedades por contener dichos tipos
numerosos elementos normativos, que hacen necesaria la aplicacin
de estas normas ajenas al Derecho Penal.
5. La aplicacin de los delitos contra la propiedad intelectual e
industrial tambin est sujeta a los criterios hermenuticos dimanantes de la interpretacin de la normativa internacional y comunitaria
europea realizada por los organismos competentes, v. gr. por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la interpretacin de
los instrumentos jurdicos comunitarios sobre la materia.
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