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Timestamp: 2017-06-27 00:38:05+00:00

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Exposición de Reinaldo Pared en UNIBE - 13 abril, 2010
Exposición de Reinaldo Pared en UNIBE - 13 abril, 2010Uploaded by Frank Elias Olivares ValenzuelaRelated InterestsConstitutionPublic SphereGovernmentPoliticsSocial InstitutionsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Exposición del Doctor Reinaldo Pared Pérez en una actividad organizada por la FINJUS en UNIBE con miras a la elección del Senador de la Capital.View MoreExposición del Doctor Reinaldo Pared Pérez en una actividad organizada por la FINJUS en UNIBE con miras a la elección del Senador de la Capital.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentA continuación el texto de la Exposición de Reinaldo Pared Pérez Candidato a Senador del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito NacionalDoctor Julio Amado Castaños Guzmán, Rector de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) Licdo. Marino Ginebra, Presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, Vice Presidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Compañeros (as) del Comité Político y del Comité Central del PLD y demás dirigentes de dicho Partido Estudiantes universitarios Amigos y amigas Agradezco ante todo la oportunidad que nos brindan la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de exponer ante este distinguido auditorio, con motivo de nuestra candidatura a Senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y fuerzas aliadas, algunas ideas y criterios de lo que es nuestra carpeta de propuestas legislativas para el periodo 2010-2016. Asimismo, saludo de todo corazón, la presencia de todos ustedes en esta mañana primaveral del mes de abril.
El actual Congreso Nacional dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana, caracterizado por un proceder y una conducta apegados a la ética y la transparencia, ha emprendido, conocido
y aprobado, un conjunto impresionante de iniciativas de variados temas, introducidas, ya fuere por el Poder Ejecutivo, ya fuere por los propios congresistas, que van encaminadas al fortalecimiento de las instituciones de nuestro país y a su estado de derecho.
En la dirección de ambas cámaras congresionales, hemos tenido claramente definido en el accionar de todos nuestros actos, el ingrediente moral y ético, lo que ha conducido hacia una percepción de cara a la población, que ha redundado en mejorar de manera considerable, la imagen del Poder Legislativo del Estado Dominicano. Debido a esa actitud y para solo citar un ejemplo que refuerza y robustece lo que aquí sostenemos, es el siguiente: Al principio de la actual gestión parlamentaria, existían determinadas organizaciones no gubernamentales que eran apadrinadas o propiedad de algunos congresistas de todos los partidos, las cuales se beneficiaban de recursos económicos provenientes del presupuesto nacional de cada año hasta ese momento. Las mismas, una vez identificadas, fueron excluidas definitivamente de los presupuestos subsiguientes de la nación, lo que perdura y se mantiene hasta ahora.
Cuando el Lic. Julio César Valentín y nosotros asumimos la dirección de dichas cámaras congresionales, la importantísima Ley de Libre Acceso a la Información Pública, tenía más de dos años de vigencia y, sin embargo, las correspondientes oficinas que manda a aperturar la indicada ley, eran inexistentes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
Podemos afirmar sin sonrojos a este honorable auditorio, que la prudencia, madurez y ecuanimidad, han caracterizado a las autoridades que han tenido a su cargo la dirección de este importantísimo Poder del Estado en el cuatrienio 2006-2010. Un dato revelador que así lo avala, lo constituye el hecho de que la división política indiscriminada a que fue sometido el territorio de la República en el pasado, con la creación de numerosos municipios y distritos municipales sin criterio alguno, fue detenida a tal punto, que solo un nuevo municipio se ha creado en estos casi cuatro años.
Si a honrar el deber se refiere, en el Senado de la República hemos sentado históricos precedentes. Si quieren que les ofrezca una muestra de ese notable desempeño, les digo en este momento, que en casi cuatro años solo en dos ocasiones se han suspendido las sesiones del
Senado por falta de quorum, lo que conduce a un porcentaje de casi un 100% de cumplimiento en este aspecto. En cuanto al componente legislativo, ni hablar. La labor legisladora llevada a cabo por el Congreso Nacional correspondiente al período 2006-2010 dirigido por el PLD, ha sido inmensa y extraordinaria. Los tratados internacionales de las más diversas materias ratificados por las autoridades congresionales de que se trata, suman más de cien. Con solo decirles, que muchos de ellos tenían más de treinta y cuarenta años, esperando la aprobación exigida por la Constitución.
Asimismo importa destacar, lo referente a la aprobación de los contratos de transferencia de inmuebles celebrados entre el Estado Dominicano y particulares. Resulta, que de conformidad con la anterior Constitución del año 1966, todos aquellos contratos de inmuebles a los que nos hemos referido que sobrepasasen la suma de veinte mil pesos, debían ser sometidos a la ratificación de la Cámaras. Pues bien, cuando asumimos nuestras funciones, los contratos que se encontraban pendientes de conocimiento, superaban los siete mil. Hoy en día podemos afirmar sin ambages ni reticencia, que la labor desarrollada en esta dirección, ronda los seis mil contratos aprobados, la mayoría de los cuales, involucran a personas de escasos recursos, ya que una gran parte de los mismos, se refieren a viviendas de apartamentos económicos y que necesitan su título de propiedad, para ser tratados y considerados como sujetos de crédito.
Ahora bien, donde en verdad se ha producido una auténtica revolución institucional que ha transformado en gran medida el marco legal y el funcionamiento del aparato estatal dominicano, ha sido en lo atinente a nuevas leyes de cierta trascendencia, las que suman decenas y decenas. Para una simple edificación y muestra, citaremos algunas: La de Presupuesto del Sector Público; Sobre Soborno en el Comercio y en la Inversión; Sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios con el Estado; De Implementación del DR-CAFTA; Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea; de Rectificación Tributaria; la que crea el Ministerio de Hacienda; la que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; la de Planificación e Inversión; la de Control Interno y Contraloría General de la República; la que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; de Recapitalización del Banco Central; de Eficiencia Recaudatoria; de Función Pública; nueva Ley
para el Distrito Nacional y los municipios; de Aviación Civil; Sobre Energías Renovables, entre otras no menos importantes.
Por igual, en múltiples materias también de especial envergadura, tenemos las siguientes: La de Competitividad e Innovación Industrial; de Presupuesto Participativo Municipal; la que crea la Jurisdicción Contenciosa, Tributaria y Administrativa; la que crea las Aldeas para Estudiantes Sobresalientes; la que otorga Incentivos a Rentistas y Pensionados de Fuentes Extranjeras; la de Terrorismo y que da origen al Comité Nacional Anti Terrorista; Sobre Arbitraje Comercial; Ley General de Archivo; Del Libro y Bibliotecas; Sobre Defensa de la Competencia; la que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses; nueva Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas de Responsabilidad Limitada; del Consejo Nacional del Dominicano en el Exterior; de Zonas Financieras Internacionales; la que establece un Régimen y un Marco Legal para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Sobre el Seguro Agropecuario en la R. D.; Para el Control y Regulación de los Productos Pirotécnicos (Sobre Fuegos Artificiales); al igual que muchas más, cuya mención haría muy extensa la presente descripción.
Como se habrá podido comprobar apreciados invitados, se trata de todo un caudal de leyes de singular y particular trascendencia, que desembocaron en el proceso jamás vivido en la República Dominicana y que culminó el pasado día 26 de enero, fecha en que se conmemora el nacimiento del Padre de la Patria, con la proclamación de una novedosa, moderna y actualizada Constitución.
El rol fiscalizador del Congreso Nacional, también se ha fortalecido considerablemente en el actual período legislativo, con la inclusión en la nueva Constitución de la República, de un conjunto de disposiciones en esa dirección. Así nos lo confirman, los acápites a, b, c, d, e y f, del numeral 2) de su artículo 93, al igual que los artículos 94 y 95 y sus correspondientes párrafos. Pero, además, en cuanto a este mismo tópico se refiere, no está demás recordar, que fué en el presente período legislativo, donde se celebró y llevó a cabo el único juicio político en la época contemporánea, bajo la observancia de todos los procedimientos constitucionales y legales, incluyendo la preservación del legítimo derecho de defensa de los encausados. Claro que aludimos, al enjuiciamiento de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Otro aspecto que se ha reforzado a lo interno del Poder Legislativo, está relacionado con la inserción de determinados textos constitucionales, que van en el sentido de incrementar las exigencias para el cumplimiento de las obligaciones, a cargo de los legisladores y legisladoras. Nos referimos a las previsiones contempladas en los artículos 88, 91 y 92 de la Carta Sustantiva, que plantean el deber de asistencia "a las sesiones de las legislaturas", so pena de ser sometidos a juicio político en casos extremos y a la rendición de cuentas que deberán hacer cada año de su gestión, "ante los electores que representan".
Un elemento que no podemos dejar de tocar, es el inherente a la escogencia de los actuales miembros, titulares y suplentes, de la Junta Central Electoral. El Senado de la República, en un proceso sin precedentes en el país, que se hizo acompañar de la celebración de vistas públicas, entrevistas, evaluaciones y del escrutinio de toda la opinión pública, llevó a cabo, sin traumas ni querellas, una elección que mereció el elogio de toda la sociedad dominicana. Esos hechos ya han hablado y hablan, por sí solos. Esa realidad sobre el trabajo desplegado en estos casi cuatro años, deviene en incontrastable e irrebatible. Tal y como queda demostrado sin discusión alguna, el avance y el progreso que ha acusado el Congreso Nacional en la coyuntura a que nos hemos venido refiriendo, es innegable, absolutamente innegable, aún de aquellos, que, escudados en la mezquindad y la perversidad, se nieguen a reconocerlo. Ahora bien, como consecuencia de un análisis realizado por nosotros de cada uno de los 277 artículos que integran y conforman el texto de la actual Constitución, hemos sostenido en otros escenarios y ahora en éste, que el Congreso Nacional que se instalará el próximo 16 de agosto, tiene en gran medida una agenda legislativa que le impone la referida Carta Magna. Ello así, porque después de ese análisis detenido y razonado del indicado texto constitucional, nos encontramos en que será necesario e imprescindible la aprobación de nuevas leyes, la modificación y actualización de otras que ya existen y la derogación de otras leyes también vigentes. Veamos: El artículo 12 que tiene a su cargo la División Político administrativa, de conformidad con la parte central de esta disposición, una ley deberá dejar establecido las regiones, las cuales devienen en una nueva división del territorio del país.
El párrafo del artículo 15 referente a los Recursos Hídricos, una ley deberá regular "las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión" de los "ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales".
Asimismo los numerales 3) y 4) del artículo 22, respecto de los Derechos de ciudadanía, dos leyes deberán garantizar el ejercicio de los derechos contemplados en los mismos. Por una parte, una ley organizará lo referente a la "iniciativa popular, legislativa y municipal", mientras que, por otra parte, una ley también, contemplará la forma para plantear las "peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades".
En cuanto al artículo 49 referente a la Libertad de Expresión e Información, hay planes para la actualización de la ley 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, que conllevaría la aprobación de una especie de código sobre la materia.
Los Numerales 4) y 5) del artículo 55 que tienen a su cargo los Derechos de Familia, exigen por un lado, que una ley deberá fijar los términos en que los "matrimonios religiosos tendrán efectos civiles", mientras que, por otro lado, una ley tendrá que definir las condiciones en que una "unión singular y estable entre un hombre y una mujer" "genera derechos y deberes".
El Hábeas Data contemplado en el artículo 70, exige que una ley tendrá que determinar, bajo qué características una persona dispone del "derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados".
El artículo 72 prevé la Acción de Amparo ya contemplada en una legislación vigente. Sin embargo, esa disposición adjetiva deberá merecer la atención correspondiente, a los fines de determinar los alcances de su modificación.
Tres numerales del artículo 81 detallan la forma en cómo estará configurada la Cámara de Diputados. No obstante, cuando nos detenemos en el tercero de esos numerales, nos encontramos que una Ley tendrá que establecer la "forma de elección y distribución" de los "diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior".
El artículo 97 que trae consigo una novedad como lo constituye la Iniciativa legislativa popular, especifica que "Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa".
El artículo 115 que significa una paso de avance trascendental en lo atinente a los mecanismos de "Regulación de procedimientos de control y fiscalización" por parte del Congreso Nacional, determina que una Ley "regulará los procedimientos requeridos" para "el examen de los informes de la Cámara de Cuentas", "de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpelaciones" y "el juicio político", por "las cámaras legislativas".
Al amparo del artículo 134 de esta nueva Constitución, las anteriores Secretarías de Estado pasaron a denominarse Ministerios. Por ese motivo se impone la aprobación de una nueva ley sobre los mismos.
El artículo 140 trae consigo una nueva disposición y consiste en la prohibición del aumento de la "remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos" en el período de vigencia de su ejercicio. Pues bien, ese artículo en su parte final, exige que la "inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley".
Los artículos 155 y 156 le crean un nuevo organismo al Poder Judicial que se denomina "Consejo del Poder Judicial". Esta instancia tendrá a su cargo todas las atribuciones inherentes a los aspectos financieros, administrativos, disciplinario, de nombramiento y promoción de los integrantes de dicho Poder y estará conformado por jueces de todos sus niveles jerárquicos. No obstante, el Párrafo II del artículo 155 consagra que "La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo".
Los artículos 164, 165, 166 y 167 son dedicados a la "Jurisdicción Contencioso Administrativa" y la parte central del primero de esos artículos dispone que sus "atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos serán determinados por la ley".
Al igual que en el caso del Poder Judicial, que como vimos le fue creado un organismo con atribuciones de dirección ya especificadas, en lo referente al Ministerio Público ha ocurrido lo mismo, al establecer los artículos 174 y 175 el "Consejo Superior del Ministerio Público". De conformidad con el párrafo del artículo 174, una ley deberá definir "el funcionamiento y organización de este consejo".
La institución de la Defensa Pública figura por vez primera en el texto de una Constitución, al así preverlo los artículos 176 y 177 de la misma. También en esta situación una ley "regirá el funcionamiento de esta institución".
En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura previsto en los artículos 178, 179, 180, 181 y 182, lo que se impone es modificar y actualizar su ley orgánica para insertarle las novedades que trae consigo la Constitución, toda vez que entre las mismas está la de evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia al cabo de 7 años.
El Tribunal Constitucional fue uno de los temas más debatidos públicamente el año pasado durante las sesiones celebradas por la Asamblea Nacional, cuando era conocida la reforma a la Carta Magna. Finalmente fue aprobada su creación en los artículos 184, 185, 186, 187, 188 y 189 y en tal sentido fue previsto en el último de estos textos, que "La ley regulará los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal Constitucional".
Los artículos 193, 194, 195, 196, 197 y 198 están de dedicados a la Organización del Territorio y a la Administración Local. Es necesario la aprobación de una ley de ordenamiento territorial, "que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático". Asimismo, la Constitución crea una división político territorial nueva como lo es "La región" y a este respecto el artículo 196 nos dice que ella es "la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional", agregando que una "Ley definirá todo lo relativo a sus competencias, composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas".
Ahora bien, otras de las novedades de la Constitución proclamada el 26 de enero del presente año, lo constituyen los mecanismos de consulta popular, los cuales son, por una parte, local, como los contemplados en el artículo 203, que plantea la necesidad de la aprobación de una "Ley Orgánica de Administración Local", mientras que, por otra parte, están los "Referendos" de los artículos 210 y 272 de nuestra Carta Sustantiva. En cuanto al primero de ellos, se establece que una ley "determinará todo lo relativo a su celebración", pero con las siguientes
limitaciones: a) "No podrán tratar sobre aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada" y b) "Requerirán de previa aprobación congresual con el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara".
En lo que se refiere al segundo de estos referendos previsto en el 272, el mismo es de carácter aprobatorio y se relaciona con modificaciones vinculadas con la Constitución de la República, respecto de determinadas materias como son "sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma" de la Carta Magna.
Otra ley de singular importancia que será parte de la agenda legislativa del Congreso Nacional a instalarse el 16 de agosto de este año, es la referente al Tribunal Superior Electoral contemplado en los artículos 214 y 215. En ese sentido, la parte final del señalado artículo 214 especifica que la Ley reglamentará "los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero".
Finalmente y en lo que se refiere a nuevas legislaciones a las cuales obliga la ley de leyes, tenemos las inherentes a los artículos 251 y 261. El primero de ambos trata sobre la constitución del Consejo Económico y Social, que deviene en un "Organo consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley". Mientras que con relación al segundo, tenemos lo alusivo a los Cuerpos de Seguridad Pública o defensa, los cuales "serán regulados mediante ley".
Ahora bien, la Carta Sustantiva del 26 de enero del 2010, contempla otras materias e instituciones con legislaciones existentes en la actualidad. Sin embargo, las mismas deberán merecer también el tratamiento del próximo Congreso de la República, a los fines de adecuar su contenido para establecer la correspondencia pertinente con el texto constitucional. Nos referimos entre otras, a la Ley Sobre Función Pública, al Defensor del Pueblo, al Régimen de los Municipios, a la Ley Electoral, al Régimen Económico y Financiero, al Presupuesto General del Estado, a la Cámara de Cuentas, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Como se habrá podido observar distinguidos amigos, con la puesta en vigencia de la reciente Constitución el pasado 26 de enero, la presente coyuntura histórica que vive el país, demanda la presencia y la intervención de actores, que no hayan estado al margen de este enjundioso y sustancioso proceso institucional y que, además, tengan una clara y definida visión de cara al futuro de la patria, ya que, al quedar pendiente un largo trecho por recorrer en el área legislativa, pues gran parte de su articulado demanda el conocimiento y aprobación de nuevas leyes, se hace más que necesario e imprescindible la concurrencia de dichos actores, para que ese proceso no corra el riesgo de un eventual descalabro y pueda llegar a feliz término para beneficio de toda la nación. Es por todo ello que afirmamos, categóricamente, sin titubeo alguno, que debemos seguir afianzando el fortalecimiento de nuestras instituciones y de esa manera posibilitar, una de las conquistas y avances más notorios de esa Constitución, como lo es la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho que ella proclama, por cuyo motivo sostenemos, sin ambages ni reticencias, que nosotros somos, de cara a las elecciones congresionales y municipales del presente año y en nuestras aspiraciones de seguir sustentando la Senaduría del Distrito Nacional, una garantía firme para continuar avanzando; que con nosotros no hay porque abrigar temores, que constituimos un aval contra el retroceso, en fin, que nosotros somos y seguiremos siendo, con la voluntad de Dios y el sufragio de nuestros votantes el próximo 16 de mayo, EL SENADOR DE LA CAPITAL.
Muchas Gracias. Santo Domingo, D. N. 13 de marzo de 2010.-
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