Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2019/acuerdos_y_sentencias/ays_468_19.php
Timestamp: 2019-08-23 01:35:49+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 468/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 468/19
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los un días del mes de julio del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala Penal, MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA, por ante mí la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: “AGENCIA PARAGUAYA DE REPRESENTACIÓN C/ RES. N.° 58 DE FECHA 17/08/15 Y OTRA DICTS. POR LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N.° 294 de fecha 16 de agosto de 2016 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RAMÍREZ CANDIA, BENÍTEZ RIERA y PEÑA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: La parte recurrente pide la nulidad del Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, sosteniendo que el mismo carece de fundamentación porque ha sido resuelto sin analizar los argumentos sostenidos por el Ministerio de Hacienda. El argumento expuesto se relaciona con el criterio del Tribunal (error in iudicando), por lo que corresponde analizar la cuestión a través del recurso de apelación también deducido. Por consiguiente, al no observarse vicios de forma o solemnidad que pudieran obligar a anular de oficio la sentencia, corresponde desestimar el planteamiento.
A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MIRYAM PEÑA, DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia, por compartir los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO DR. MANUEL DEJESÚS RAMIREZ CANDIA, PROSIGUIÓ DICIENDO: Por medio del Acuerdo y Sentencia N° 294 de fecha 16 de agosto de 2016 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala se resolvió: "1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa deducida por el Abogado Julio Giménez Alderete en representación de la firma AGENCIA PARAGUAYA DE REPRESENTACIÓN S.A. (AGPAR), contra las Resoluciones N° 43 de fecha 02 de marzo de 2011 y N° 58 de fecha 17 de agosto de 2015, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda; en consecuencia; 2) REVOCAR las Resoluciones N° 43 de fecha 02 de marzo de 2011 y N° 58 de fecha 17 de agosto de 2015, dictadas por la Subsecretaria de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda; 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdidosa; 4) ANOTAR, registrar...".
Contra el citado fallo se alzó en apelación el Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresando agravios a fojas 381/392 de autos, argumentando en apretada síntesis que respecto a la cuestión de fondo la resolución omitió remitirse a los antecedentes que dieron origen a la fiscalización, por lo que hay una falta de fundamentación en el fallo que sostuvo la inexistencia de defraudación, por otra parte sostiene que no tiene asidero la consideración vertida de que el contribuyente no tuvo conocimiento de los hechos en sede administrativa, puesto que se evidencia la bilateralidad en todo el proceso, por último respecto a las costas, manifestó que las mismas fueron impuestas sin haberse invocado disposición legal alguna que las fundamente.
Los miembros del Tribunal de Cuentas hicieron lugar a la demanda fundamentando que, no hubo defraudación porque la firma AGPAR luego de haber tomado conocimiento de que la Administración Tributaria podría realizar una posible fiscalización, procedió a efectuar las rectificaciones correspondientes en fecha 14 y 05 de abril de 2006, desafectando todas las facturas utilizadas como crédito fiscal emitidas por la firma ISAT S.A., pagando los correspondientes impuestos de IVA e Impuesto a la Renta, por tanto no se encuentran dados todos los requisitos establecidos en la Ley N.° 125/92, Art. 172 referente a la defraudación, a raíz de la falta de dolo del contribuyente en obtener un beneficio indebido del fisco.
Al analizar el caso en cuestión, corresponde evaluar la legalidad de las actuaciones ocurridas en sede administrativa, en tanto que dicho principio consiste en la columna vertebral del procedimiento. De los antecedentes administrativos surge que, la Agencia Paraguaya de Representación S.A. fue sujeta a una fiscalización puntual por parte de la Administración Tributaria, actuación que concluyó con el Acta Final de fecha 25 de mayo de 2006 (fs. 18/23). Posteriormente por medio de la Resolución J. I. N.° 8 de fecha 27 de junio de 2008 se resolvió instruir sumario administrativo al contribuyente Agencia Paraguaya de Representación S.A., luego por medio de la Resolución N.° J.l. N° 17 de fecha 11 de agosto de 2008 el juez instructor resolvió declarar la cuestión de puro derecho y corrió traslado a la parte sumariada, quien presentó su escrito de alegatos en fecha 25 de agosto de 2008.
Mediante la providencia de fecha 27 de agosto de 2008, el Juzgado llamó autos para resolver, luego en fecha 12 de setiembre de 2008 el Juez instructor elevó su escrito de conclusión al Viceministro de Tributación que originó la Resolución R.P. N.° 43 de fecha 02 de marzo de 2011, en la cual el Viceministro de Tributación hizo lugar al informe de denuncia instaurada contra la firma sumariada, determinando el ajuste fiscal complementario en concepto de multas correspondiente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta; calificando la conducta de la firma en lo establecido en el Art. 172 de la Ley N.° 125/92, con una multa del 100% sobre el tributo defraudado, percibiendo de la firma una suma de 520.000.000 millones de guaraníes en concepto de multas.
Al respecto la Ley N.° 125/92, en su Art. 205 expresa: “La Administración Tributaria deberá pronunciarse dentro del plazo de diez (10) días, contados desde que el asunto queda en estado de resolver lo cual ocurrirá vencido el plazo para presentar el alegato a que refiere el artículo anterior o cuando hayan concluido las actuaciones administrativas en que no haya lugar al diligenciamiento de prueba. Los pronunciamientos, en cuanto corresponda, deberán ser fundados en los hechos y en el derecho, valorar la prueba producida y decidir las cuestiones planteadas en el procedimiento o actuación. Además deberán cumplir con los requisitos formales de fecha y lugar de emisión, individualización del interesado y del funcionario que la dicta. Vencido el plazo señalado en el párrafo 1o de este artículo, sin que hubiere pronunciamiento, se presume que hay denegatoria tácita, pudiendo los interesados interponer los recursos o acciones que procedieren. El vencimiento del plazo al que se refiere este artículo, no exime a la Administración par dictara la resolución.".
Del análisis de la normativa legal transcripta, en concordancia con las actuaciones ocurridas en sede administrativa se concluye que, desde que el Juez Instructor dispuso llamar autos para resolver, en fecha 27 de agosto de 2008, hasta la fecha del dictado de la Resolución N.° 43 de fecha 02 de marzo de 2011, emitida por el Viceministro de Tributación, transcurrió en exceso el plazo de 10 días establecidos por la norma. En el caso de autos, la citada resolución fue dictada luego de 2 años y 6 meses después del plazo previsto en la norma, por tanto, la misma viola el principio de legalidad del procedimiento y tal acto conlleva a nulidad de la decisión.
En el presente proceso, el acto administrativo impugnado es anulado por esta instancia, por lo que se configura su carácter de acto administrativo irregular y el artículo 106 de la Constitución Nacional, en lo pertinente, dispone que “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables...”
Por tanto, corresponde CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N.° 294 de fecha 16 de agosto de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, imponiendo las costas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 106 de la Constitución Nacional. ES MI VOTO.
A SU TURNO EL SEÑOR DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, DIJO: Que, me adhiero al voto del Ministro Manuel Ramírez Candia que confirma el Acuerdo y Sentencia N° 294 de fecha 16 de agosto de 2016, emitido por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, con excepción de lo referente a la imposición de costas. Soy de la opinión que no se puede condenar al funcionario emisor del acto administrativo irregular, dado que no tuvo intervención en esta causa. Si así lo hiciéramos, estaríamos violando el artículo 16 de la Constitución Nacional que dispone: “La defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable...". El procedimiento adecuado si la entidad perdidosa tuviera que abonar una suma de dinero como en este caso, es repetir mediante un procedimiento judicial el pago de lo que llegase a abonar en ese concepto, con intervención del afectado, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Constitución Nacional.
A SU TURNO LA DRA. MIRYAM PEÑA MANIFIESTA QUE: Se adhiere al voto del Ministro preopinante Dr. Ramírez Candia, en cuanto a confirmar la resolución recurrida por los argumentos expuestos por el distinguido colega, esta aclaración es a fin de evitar fundamentos contradictorios.
En relación a las costas manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Dr. Benítez Riera, por compartir sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
1- DESESTIMAR el Recurso de Nulidad interpuesto.
2- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 294 de fecha 16 de agosto de 2016, dictado por Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
3- COSTAS a la parte perdidosa.
4- ANOTAR, registrar y notificar.

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 106
 artículo 16
 artículo 106
in fine
 resolución