Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700308.html
Timestamp: 2019-03-20 05:22:26+00:00

Document:
se201700308
SENTENCIA: 308/2017.
EXPEDIENTE: 124/2014.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 24 a 27, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2007/2013 de 6 de noviembre, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la admisión de fs. 38, la contestación de fs. 57 a 60 vta., los memoriales de réplica y dúplica de fs. 86 a 87 vta. y 91 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.
La Gerencia Regional de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifiesta que el 14 de septiembre de 2012, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) APOLO S.R.L., la remisión de los documentos declarados en despacho de importación 2012/201/C-26242, por otra parte señala que la inspección física se llevó a cabo el 21 septiembre de 2012 y 06 de noviembre de 2012, respectivamente, de la cual se estableció que la Volqueta marca FORLAND, está considerada como prohibida por tener una cilindrada menor a 4000 cc, por lo que el vehículo presenta Control Diferido Inmediato y no tiene correspondencia entre lo declarado en el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) y la Declaración Única de Importación (DUI).
Por otra parte, señala que se emitió Acta de Intervención AN-GRLPZ-UFILR-AL 039/2012 y del Informe Técnico se establece que; “por lo expuesto precedentemente referente a los descargos presentados por el sujeto pasivo, siendo que no son suficientes y no se aceptan, por tanto se ratifica en el Acta de Intervención Contravencional”
Por último, manifiesta que la Gerencia Regional La Paz emitió Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR Nº 029/2013 de 20 de marzo, declarando probada la comisión de contrabando contravencional aduanera; la misma que fue impugnada mediante Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), la cual resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, Resolución que fue impugnada mediante Recuro Jerárquico, sobre el cual se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2007/2013 de 6 de noviembre, emitida por la AGIT, confirmando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0861/2013 de 2 de septiembre.
Acusando violación a la Ley General de Aduana (LGA) y su Reglamento, además de los procedimientos existentes para procesos aduaneros, manifiesta que la Resolución de Recurso Jerárquico, señaló que el número de motor es Engine Model: QC4900Q (DI) y como Nº Q111132274H, aduciendo que no existió error en el FRV y la DUI; que con relación a la cilindrada la AGIT señaló, que el vehículo tiene una cilindrada de 4.000, sin tomar en cuenta la información generada por la Aduana Nacional (AN), ni los documentos obtenidos de peritos, manifestando que por esas circunstancias se evidenció que la decisión de la AGIT es confusa y parcializada al sujeto pasivo, lo cual daña los intereses del Estado boliviano.
Señaló también que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a una total revocación de obrados y toda nulidad recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo o Resolución Determinativa, así como la falta del ejercicio de derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso.
Por otra parte, señaló que la AGIT no valoró de manera objetiva el llenado de los datos del motor, lo que fue evidenciado en el aforo físico del motorizado, por tanto existió llenado incorrecto del Formulario FRV 120949667 y en la DUI 2012/201/C-262442 se apropió la Partida Arancelaria 87042110 (inferior o igual a 4.537 t.),cuando por lo evaluación del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas debió ser apropiado a la Partida Arancelaria 87042110 (de cilindrada inferior o igual a 4.000 cc).
En consecuencia considera que se vulneró la normativa legal establecida en el Decreto Supremo (DS) Nº 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modificó el DS Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, respecto a la importación de vehículos automotores. Establece que de la verificación objetiva de toda la documentación adjunta al expediente de aforo de la DUI sujeta a control y la evaluación de la Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas, el vehículo no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y la DUI, respecto a la cilindrada; por lo que considera que se trata de un vehículo prohibido de importación estableciéndose la comisión de contravención tributaria por contrabando, conforme lo establecido en los arts. 160 num. 4) y 181inc. f) del Código Tributario Boliviano (CTB).
Con referencia a la carga de la prueba, indica que de acuerdo al art. 76 del CTB, en los procedimientos tributarios, administrativos y judiciales, quien pretende hacer valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, debiendo probar con la pertinencia y oportunidad que la ley señala.
Finaliza acusando que la AGIT, no aplicó correctamente los preceptos legales, lo que implica infracción de las leyes sustantivas a cuyos preceptos se dio un sentido equivocado.
La parte demandante solicita se admita su demanda y se emita Resolución declarando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2007/2013 de 6 de noviembre y se mantenga firme y subsistente íntegramente la Resolución Sancionatoria por Contrabando.
Admitida la demanda por decreto de fs. 38, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, se apersonó Daney David Valdivia Coria, en representación legal de la AGIT, quien respondió de forma negativa la demanda por memorial de fs. 57 a 60, el 16, manifestando, que la Resolución impugnada está plenamente respaldada en los fundamentos técnico-jurídicos que dieron lugar a la misma y que han sido claramente expuestos en la Resolución Jerárquica
Indica que se efectuó el Control Diferido Inmediato a la DUI C-26242 de la inspección física y la decodificación del motor del vehículo, para lo cual se consultó a la página www.tredakr.com, concluyendo que el vehículo tiene: a) Nº de motor QC490Q (DI) y no así el declarado en el FRV 120949667: Q111132274H; b) Cilindrada de 2.500 y c) capacidad de 5.000 Kgr.; en cuya base, la Administración Aduanera (AA) consideró que la volqueta marca FORLAND estaba prohibida de importar, al tener cilindrada menor a 4.000 cc, presumiendo la comisión de contrabando contravencional. Asimismo, refiere que la AA requirió al Instituto de Investigaciones Mecánicas de la UMSA, la evaluación de la cilindrada del motor, el mismo que informó la realización de una consulta a la página www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel-engine.3html, determinando sobre esta base y la información proporcionada respecto al motor diésel QC490Q, que la cilindrada del vehículo es 2.54 litros, aclarando que no se efectuó la verificación física.
Manifestó también que el sujeto pasivo presentó prueba, que fue evaluada en el Informe Técnico GRLPZ/UFILR-I-503/2013, el cual señaló que no se desvirtuó la observación y ratificando que es prohibida su importación, razón por la cual configuró la comisión por contrabando contravencional, por lo que se emitió Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR Nº 029/2013.
En ese contexto, refiere que se observó que la AA en la Resolución Sancionatoria expresó que según aforo físico, se evidenció que la grabación de las características alfanuméricos del número de motor es QC490Q (DI) Q111132274H, por lo tanto existió un incorrecto llenado del Formulario FRV 120949667; sin embargo, afirma que de la verificación de la documentación soporte presentadas en el despacho aduanero, como la factura WXY11052267, los documentos de embarque Bill Of Lading y la Carta Porte Nº MLB2006786, refieren al número de motor Q111132274H y no como indica la AA, por tanto afirma que no se evidenció error en el FRV.
Por otra parte, con relación a la cilindrada y capacidad de carga del vehículo sostiene que la AA, si bien consideró la solicitud de peritaje y acudió a técnicos de la UMSA, se advirtió que se determinó la cilindrada de un motor diésel QC490Q en función al uso de rede internet, aspecto que considera que no es objetivo ni materialmente comparable a la documentación aduanera presentada por el sujeto pasivo, más aún cuando no se realizó una inspección física y un peritaje al vehículo, para sustentar su posición. Con esa base, conforme a las fotos y según aforo físico realizado por la AA, el vehículo refirió los siguientes datos: FORLAND, Modelo: 3P69AI490 (BA); Tractión Type: 4x2; Engine Model: QC490Q (DI), Cylinder Capacity: 410; Whell Base (mm): 2800, así como: Diesel Engine QC490Q (DI); Reted Output 45.6 kw; Reted Speed 3200 r/min; Nº Q111132274H; Date: 11 11; Order Nº C02-133; Net Weigth 230 Kg; que en ese contexto técnico legal se estableció que el vehículo tiene una Cilindrada de 4.100, es decir, se trata de un vehñiculo con una cilindrada mayor a 4.000; por lo tanto, ratifica que no es evidente que se evaluó correctamente la prueba como lo aseveró la AA, no existe elementos de convicción que demuestren que la cilindrada del vehículo no es la declarada por el importador, consiguientemente no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas por en inc. g) art. 3 del DS Nº 28936.
Concluye manifestando que la AA no demostró la comisión del ilícito de contrabando, al tratarse de un vehículo con cilindrada mayor a 4.000 que no está prohibido de importación, extremo que fue demostrado con medios probatorios y cumplido el mandato del art. 76 del CTB; en consecuencia, los argumentos de la demanda no son evidentes, de modo que la Resolución impugnada fue dictada en sujeción a la normativa y a lo solicitado por las partes.
La parte demandada solicita que se declare improbada la demanda y se mantenga firme la Resolución impugnada.
III.1.- La AA el 13 y 29 de noviembre de 2012, notificó personalmente a Damazo Sabino Morales Flores y al representante de la ADA Apolo.
El 7 de noviembre de 2012, se emitió el Acta de Intervención Nº GRLPZ-UFILR-039/2012, del cual se establece que la Volqueta Marca Forland es considerada como prohibida por tener una cilindrada menor a 4.000 cc. Los sujetos pasivos, haciendo uso de su derecho a impugnar ratificaron que no existía elementos idóneos de convicción que ratifiquen la presunta contravención de contrabando, basándose en la documentación de soporte de la DUI C-26242 de 11 de septiembre de 2012, complementada además con la Certificación de Origen de la República de China CCPIT 12079737098 Y LA Factura Comercial WXY12052267a.
La Jefatura de la Unidad de Fiscalización de la AN, requirió al Instituto de Investigaciones Mecánicas de la UMSA, la evaluación de la cilindrada del motor QC490Q (DI), correspondiente a la DUI C-26232; en respuesta se informó, la realización de una consulta a una página Web, determinando sobre esta base la información e indicando que la cilindrada del vehículo es de 2.54 litros, aclarando que no efectuó la verificación física para su determinación.
Con esta base, la AA emitió Informe señalando que los descargos presentados son insuficientes, razón por la que determinó que el vehículo no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y la DUI, respecto a la cilindrada, de manera que considera prohibida su importación, configurando la conducta del sujeto pasivo como comisión de contrabando contravencional; provocando de esta manera la emisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR Nº 029/2013 de 20 de marzo, declarando probada la comisión de contrabando contravencional conforme al num. 4 del art. 160 y el inc. f) y último parágrafo del art. 181 de la Ley Nº 2492 CTb.
III.2.- El 10 de junio de 2013, el sujeto pasivo presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR Nº 029/2013, ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), la misma que emite Resolución de Recurso de Alzada AIT-LPZ/RA 0861/2013, resolviendo revocar totalmente la Resolución Sancionatoria, declarando improbada la contravención de contrabando del vehículo volqueta marca Forland, Tipo Dump Truck, Chasis LVAL2JBB3CY001300, Motor 111132274H, año de fabricación 2012, Modelo 2012 descrito en el Informe y Técnico y Acta de Intervención.
III.3.- Este hecho, dio origen a que la AA interponga Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada AIT-LPZ/RA 0861/2013, ante la AGIT, la misma que mediante Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 2007/2013 de 6 de noviembre, resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria.
De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias recursivas de impugnación, así como la Administración Aduanera.
Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la controversia se refiere a determinar: Si es evidente que la AGIT incurrió en la aplicación incorrecta de los preceptos legales, al confirmar la Resolución de Alzada, relativa a la prueba aportada por el sujeto pasivo en sede administrativa, que debieron ser evaluadas y consideradas para enervar la constitución de la comisión de contrabando contravencional.
Es necesario establecer con referencia al contrabando, que el art. 181 de la Ley 2492 CTb, modificado por la Ley 37 de 10 de agosto de 2010, señala: “Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: inc. f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida”.
Del mismo modo, cabe señalar que la legislación nacional con el objeto de resguardar la igualdad de las partes en los procesos administrativos respecto a la valoración de las pruebas, señala en el art. 77 de la Ley 2492 CTb, que se pueden invocar todos los medios de prueba admitidos en Derecho, asimismo, el art. 47 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) aplicable en mérito del art. 74 de la Ley 2492 CTb, ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada por la Autoridad Administrativa, mediante providencia expresa fijando un procedimiento para la producción de las mismas; en ese orden el art. 81 del mismo cuerpo de Ley, señala; que las pruebas se aprecian conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.
Asimismo, establece el art. 180-I de nuestra Constitución Política del Estado (CPE), que: “La jurisdicción ordinaria se funda en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, de lo transcrito se entiende, que en el ámbito jurídico la verdad no se agota en la fría letra de la Ley y en un solo caso, sino que debe adaptarse permanentemente a través de su inteligente interpretación; ese es el sentido que se debe comprender de la aplicación del principio de verdad material inserto también en el inc. d) del art. 4 de la Ley Nº 2341 LPA.
Por su parte el art. 100 en su num. 4) de la Ley Nº 2492 CTb, establece que: La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial podrá: 4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.
Por otra parte, se puntualiza que el Control Diferido es la potestad que tiene la AA para ejercer el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancía del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países a zonas francas para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los alcances establecidos y las normas aduaneras legales y administrativas; por su parte el Código Tributario Boliviano, ha conferido a las Administraciones Tributarias, facultades para el control, verificación, fiscalización e investigación, a través de sus arts. 21, 66 y siguientes, siendo el objetivo principal en el caso de la Administración Tributaria Aduanera, la verificación y control de cumplimiento por parte de los auxiliares de la función pública aduanera y operadores de comercio exterior de las normas y procedimientos aduaneros para el cumplimiento de sus fines y objetivos; estando éstos sometidos a la potestad aduanera; la Administración Tributaria Administrativa en el ejercicio de esas atribuciones, tiene plena facultad para controlar y verificar en forma posterior al despacho aduanero, la correcta aplicación de la normativa aduanera y demás disposiciones legales vinculadas a la importación y exportación de mercancías, como para el presente caso, el Procedimiento de Control Diferido Inmediato.
En el caso de autos y respecto a la presentación de pruebas en sede administrativa, la norma en sus arts. 77 y 215 de la Ley 2492 CTb, no se refiere específica o exclusivamente a la presentación del Informe Pericial como prueba preconstituida, sino a la producción de la indicada prueba en el curso del proceso como medio de defensa, que en el caso concreto, específicamente existe un Informe realizado por el Instituto de investigaciones Mecánicas de la UMSA que no fue pertinente; toda vez que de acuerdo la Resolución Sancionatoria no existe coincidencia en el llenado de las características del vehículo en la FVR y la DUI, principalmente respecto a la cilindrada, y de acuerdo a la prueba aportada en sede administrativa la AN si bien requirió el mencionado Informe Técnico a la UMSA para que se verifique con exactitud la cilindrada del vehículo, dicha Universidad si bien realizo el requerimiento, pero lo hizo simplemente vía internet, ingresando a una página web, la cual arrojó datos respecto a las características del vehículo, y según ese Informe, la cilindrada sería de 2.54 litros; pero es importante tomar en cuenta en el presente caso, que en ningún momento se realizó una verificación técnica física del vehículo, con la cual se hubiera constatado con exactitud la cilindrada con la que cuenta el vehículo, en ese sentido ese Informe Pericial realizado por el Instituto de Investigaciones Mecánicas de la UMMSA, no podía ser tomado en cuenta como base para establecer la existencia de contrabando contravencional.
Ahora bien, en el presente caso el sujeto pasivo presentó la correspondiente prueba, las cuales no fueron tomadas en cuenta, por lo que presuntamente no desvirtuó lo establecido en el Acta de Intervención; con base en estos antecedente debemos referirnos al derecho a la defensa, señalando que la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0287/2015-S2 de 7 de octubre, concordante con la SCP 0732/2013 de 6 de junio, a través del entendimiento de las SSCC 2777/2010-R, 0183/2010-R y 1534/2003-R, precisó que el derecho a la defensa, es la: “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.”, entendimiento ratificado por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que además precisó que el derecho a la defensa se extiende: “…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE”.
Por otro lado, respecto a la importación de vehículos, el artículo 23 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, anexo al Decreto Supremo (DS) N° 28963, dispone: “I. El consignatario de un vehículo automotor que se encuentre en un depósito de aduana podrá efectuar el despacho aduanero del mismo cumpliendo las condiciones establecidas en el presente Reglamento. II. En caso excepcional, debidamente justificado y cuando el vehículo requiera operaciones adicionales para el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales establecidas en el presente Reglamento, la Administración de Aduana correspondiente podrá autorizar el traslado del mismo a una zona franca industrial para la realización de las operaciones necesarias, para el cumplimiento de las referidas condiciones y el respectivo despacho aduanero.”
Es necesario puntualizar las definiciones establecidas en la norma vigente, para luego aplicar al caso concreto, en tal sentido nos remitimos al DS Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, que Reglamenta la Ley Nº 3467 de 12 de septiembre de 2006, para la Importación de Vehículos Automotores, así su art. 3 (Definiciones Técnicas). “inc. k) Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de una zona franca”, el DS Nº 29836 incorporó algunos artículos: art. 3 (Incorporaciones) “I. Se incorpora en el artículo 9 del anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los siguientes incisos: g) Vehículos Automotores que utilicen diésel oíl como combustible cuya cilindrada se menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.).
De lo manifestado en el caso de autos, se pudo constatar y establecer que el vehículo importado ingresó al país de acuerdo a las siguientes características: Motor Nº Q111132274H y en el Acta de Intervención se consignó el Engine Model: QC490Q (DI), que traducido al español es el modelo de motor, no así el número de motor, por lo que se descarta que existan dos números de motor y la no coincidencia en el FRV y la DUI, sino que existió un error en el llenado del formulario FRV; por otra parte respecto a la cilindrada, teniendo en cuenta que de acuerdo a procedimiento aduanero y a la importación de vehículos, son prohibidos de importación los que tengan una cilindrada menor o igual a 4.000 c.c., y por lo arriba señalado, en el presente caso no se estableció ocular ni físicamente que la cilindrada sea igual o menor a 4.000. En ese entendido y por todo lo mencionado queda establecido que el vehículo importado tiene las siguientes características definitivas: Volqueta marca FORLAND, modelo: 3P69AI490 (BA), Engine Model: QC49Q (DI), Cilindrada 4.100, considerado un vehículo que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 3 del DS Nº 29836 que modifica el DS Nº 28963, por lo tanto no existió la comisión del ilícito de contrabando contravencional, estableciéndose que fue correcta tanto la fundamentación de la ARIT y AGIT, sobre los que este Tribunal se ratifica.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2007/2013 de 6 de diciembre, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, aplicación inadecuada de la norma legal administrativa y contradictoria que vulnera derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la Resolución de recurso jerárquico.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en el art. 6º de la Ley Nº 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda Interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la AN y en su mérito mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2007/2013 de 6 de diciembre.

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 artículo 23
 artículo 9
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