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Timestamp: 2020-05-26 20:11:47+00:00

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Marginal : 69359988
Sala Segunda. Sentencia 4/2015, de 19 de enero de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7360-2013. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo [[idrelit:2179972]]623.1[[/idrelit:2179972]] del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad.IntroducciónLa Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
El citado artículo [[idrelit:2179975]]623.1[[/idrelit:2179975]] CP sanciona inicialmente la falta de hurto con pena de multa o localización permanente, si bien también prevé la imposición de la pena de localización permanente (y no de la alternativa pena de multa), que el Juez puede disponer que se cumpla en centro penitenciario, en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto (hurto cuyo valor no exceda de los 400 euros). Conforme a su párrafo segundo, «para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas».
c) Una vez finalizada la tramitación del recurso como el rollo de apelación núm. 88-2013, mediante providencia de 5 de septiembre de 2013, el Magistrado designado para conocer como órgano unipersonal del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo [[idrelit:2179980]]35.2[[/idrelit:2179980]] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la oportunidad de promover cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por su posible contradicción con los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE.
d) El Ministerio Fiscal, en el trámite de audiencia del artículo [[idrelit:2179989]]35[[/idrelit:2179989]] LOTC y por medio de escrito presentado el 8 de octubre de 2013, sin llegar a entrar en el fondo pero recordando que no puede prosperar una cuestión que suscite dudas interpretativas, se opuso al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad porque consideró que «la norma cuestionada no es determinante para la resolución del recurso, porque pese a que por el juzgadoha sido aplicado el artículo 623.1, no apreció sin embargo la reiteración de acciones en los condenados, tal como erróneamente cree la Sala: ni en el relato de hechos se habla de eso ni, por supuesto, en los fundamentos de Derecho de la sentencia».
4. Por providencia de 11 de febrero de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y deferir a la Sala Segunda el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1 c) LOTC, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, como dispone el artículo [[idrelit:2179988]]37.3[[/idrelit:2179988]] LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente, se acordó comunicar dicha resolución a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo [[idrelit:2179987]]35.3[[/idrelit:2179987]] LOTC, permaneciera suspendido el proceso hasta que el Tribunal resolviera definitivamente la presente cuestión y ordenó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
5. Mediante escrito registrado el día 20 de febrero de 2014, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó la personación en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Por escrito registrado el 6 de marzo de 2014, el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó la personación en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo [[idrelit:2179986]]88.1[[/idrelit:2179986]] LOTC.
El Abogado del Estado sostiene que cabe una interpretación alternativa del precepto acorde con la Constitución, que ha sido asumida por otros Tribunales, y que entiende que la locución «hayan sido o no enjuiciadas» pone de relieve la existencia de un presupuesto de hecho, el cual, como todo hecho traído a colación en el seno del proceso por la parte acusadora como fundamento de la acusación, ha de ser objeto de prueba. A pesar de ello, considera que el órgano proponente, al no compartir esa interpretación, eleva la cuestión al Tribunal al amparo del artículo [[idrelit:2179985]]37[[/idrelit:2179985]] LOTC de forma correcta.
Además, insiste el escrito del Fiscal en la tesis de que, incluso si procediera dictar una Sentencia condenatoria en el supuesto de autos por la comisión de una falta reiterada de hurto, se abrirían varias opciones respecto a las consecuencias penales de la conducta de los acusados, que no dependen exclusivamente de la constitucionalidad del precepto. El Fiscal señala, al respecto, que el artículo [[idrelit:2179974]]623.1[[/idrelit:2179974]] CP deja en manos del Juez la decisión sobre el lugar de cumplimiento de la localización permanente (casa o centro penitenciario) en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto, de modo que el órgano judicial puede resolver la apelación acordando que la pena se cumpla en domicilio. Por ello, concluye su expositivo el Ministerio Fiscal afirmando que los juicios de aplicabilidad y de relevancia del precepto presentan notable debilidad, pues el resultado de la cuestión no condiciona el resultado del proceso.
A continuación rebate el Fiscal que desde la anterior perspectiva se sostengan las infracciones de los principios de legalidad y de seguridad jurídica que el órgano proponente imputa tanto a la interpretación como a la disposición cuestionada.
En relación con la interpretación acomodada a la Constitución, con cuyo contenido coincide el órgano proponente, niega que se trate de una reconstrucción o de una interpretación que restrinja el propósito del legislador; y ello por dos razones. De un lado, porque la interpretación constitucional es la única sostenible de una norma, y la confluencia del principio de interpretación conforme a la Constitución y el principio de conservación de las disposiciones legales conduce al aserto de que una disposición legal no debe ser declarada nula cuando alguna de sus acepciones puede ser interpretada en concordancia con la Constitución, como se recoge en el artículo [[idrelit:2179978]]5.3[[/idrelit:2179978]] de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De otro lado, por cuanto la interpretación acomodada a la Constitución, lejos de resultar forzada, es la que fluye naturalmente del tenor de la disposición al aplicarse parámetros razonables y atenderse a las exigencias constitucionales propias del sistema penal en un Estado de Derecho. A su juicio, ni fuerza la literalidad ni incurre en falta de taxatividad o certeza que hagan imprevisible la aplicación de la norma, problemas que provendrían más bien de las interpretaciones no ajustadas a la Constitución. Apunta que buena prueba del respeto de la interpretación constitucional al principio de legalidad es que una hipotética Sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional que limite el ámbito de aplicación del precepto cuestionado, dándole el contenido defendido como respetuoso de la presunción de inocencia, no le ofrece dudas de legalidad al proponente, y una misma interpretación no puede ser a la vez vulneradora o no del principio de legalidad en función de quien la emita. Concluye que esa interpretación no lesiona la garantía formal ni material del principio de legalidad, pero tampoco el principio vinculado al tiempo que satisface las exigencias de los principios de presunción de inocencia y de culpabilidad.
1. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha promovido cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del artículo [[idrelit:2179971]]623.1[[/idrelit:2179971]] del Código penal (CP) por posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y de los principios de culpabilidad, en su vertiente de responsabilidad por el hecho, de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
2. Se ha alegado por el Fiscal General del Estado que la presente cuestión de inconstitucionalidad no reúne los requisitos establecidos por el artículo [[idrelit:2179979]]35[[/idrelit:2179979]] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en lo que concierne al trámite de audiencia y al juicio de relevancia. Es procedente examinar tales objeciones, pues ningún impedimento existe para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia (recientemente, SSTC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2; 183/2013, de 23 de octubre, FJ 2; y 75/2014, de 8 de mayo, FJ 2, y jurisprudencia allí citada).
b) El segundo óbice procesal alegado por el Fiscal General del Estado afecta al juicio de relevancia, imprescindible, conforme al artículo [[idrelit:2179984]]35[[/idrelit:2179984]] LOTC, para admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad, respecto del que aquél aprecia dos carencias. De un lado, niega que la norma cuestionada sea aplicable al caso, ya que estima que, en la Sentencia impugnada en apelación, no había sido apreciada la reiteración de faltas, sino que el Juzgado de Instrucción aplicó el tipo básico de la falta de hurto. Y, de otro lado, cuestiona que esa norma sea decisiva en la resolución del proceso, pues las condenas en que se concreten los recursos de apelación conocen múltiples posibilidades penológicas ?respecto a la duración y el tipo de pena aplicable? que pueden concurrir con independencia del resultado del examen de constitucionalidad del precepto cuestionado.
Pues bien, de conformidad con lo que disponen los artículos [[idrelit:2179977]]163[[/idrelit:2179977]] CE y [[idrelit:2179983]]35.1[[/idrelit:2179983]] LOTC, son requisitos ineludibles para el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad que la norma cuestionada posea rango legal, que sea aplicable al caso y que de su validez dependa el fallo o decisión del proceso. Estos dos últimos requisitos se encuentran en estrecha conexión y resultan esenciales para garantizar el control concreto de la constitucionalidad de la Ley, impidiendo que el órgano judicial convierta dicho control en abstracto, al carecer de legitimación para ello [entre muchas, últimamente, SSTC 84/2012, de 18 de abril, FJ 2; 146/2012, de 5 de julio, FJ 3; 60/2013, de 13 de marzo, FJ 1 b); y 18/2014, de 30 de enero, FJ 2].
Por su parte, la relevancia se afirma cuando «existe una clara interdependencia entre pretensión procesal, proceso y resolución judicial (SSTC 174/1998, de 23 de julio, FJ 2; y 146/2012, de 5 de julio, FJ 4), resultando notorio, en consecuencia, el nexo causal entre la validez de la norma legal cuestionada y la decisión a adoptar (SSTC 96/2008, de 24 de julio, FJ 2; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 2), al existir ''una relación lógica entre la eventual anulación de la disposición legal cuestionada y la satisfacción de la pretensión ejercitada en el proceso (SSTC 3/2012, de 13 de enero, FJ 3; y 4/2012, de 13 de enero, FJ 3)» [STC 60/2013, FJ 1 b)]. También son los Jueces y Tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a los que corresponde comprobar y exteriorizar, dicho juicio de relevancia, de modo que el Tribunal Constitucional no puede sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta que la argumentación judicial en relación con el juicio de relevancia resulta falta de consistencia, ya que en tales casos sólo mediante la revisión del juicio de relevancia es posible garantizar el control concreto de constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad, en los términos en que ésta es definida por el artículo [[idrelit:2179976]]163[[/idrelit:2179976]] CE [últimamente, SSTC 87/2012, de 18 de abril, FJ 2; 146/2012, de 5 de julio, FJ 3; 60/2013, de 13 de marzo, FJ 1 b); 53/2014, de 10 de abril, FJ 1 b); y 82/2014, de 28 de mayo, FJ 2 a)].
En relación con la aplicabilidad del precepto, la lectura del Auto de planteamiento evidencia que el órgano judicial parte de un presupuesto distinto al sostenido por el Fiscal, pues estima que se aplicó la reiteración de faltas y que, desde tal premisa, sería evidente que el fallo del proceso dependería de forma necesaria de la validez o invalidez de la norma que se somete a contraste de constitucionalidad. Sin embargo, hemos de coincidir con el Ministerio Fiscal en que ese entendimiento por parte del órgano judicial es una posibilidad que se sostiene de forma insatisfactoria en la referencia que se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión a la circunstancia fáctica que se menciona en la Sentencia de instancia impugnada a la habitualidad delictiva como razón para imponer la pena de localización permanente y no la de multa. Y es que precisamente esa disyuntiva penológica (multa/localización permanente) sólo es posible respecto a la falta de hurto básica tipificada en el inciso primero del párrafo primero del artículo [[idrelit:2179973]]623.1[[/idrelit:2179973]] CP y no cuando se acude a la perpetración reiterada de la misma, donde, conforme al inciso segundo del párrafo primero del artículo 623.1 CP, la única pena posible es la localización permanente y la única opción que permite el legislador al Juez afecta exclusivamente al lugar de cumplimiento de la pena de localización permanente, domicilio o centro penitenciario. Esta alternativa, que denotaría la aplicación del precepto cuestionado, no se refleja en la resolución judicial de instancia, que en ningún momento ha barajado la posibilidad de imponer la pena de localización permanente en centro penitenciario; como tampoco se contiene mención alguna a la figura de la perpetración reiterada de la falta de hurto y a su definición en el párrafo segundo del artículo 623.1 CP, o siquiera a la previsión general de decretar que la pena de localización permanente se cumpla en centro penitenciario en atención a la reiteración del hecho recogida en el artículo 37.1 CP.
Cabe por ello concluir que, en el presente supuesto, la aplicabilidad del precepto está deficientemente acreditada, pues, sin necesidad de entrar a analizar el fondo, se colige que se asienta en una argumentación equivocada, que utiliza únicamente la referencia a la habitualidad para elegir entre la pena de multa y la de localización permanente por parte del Juez que, sin embargo, es la alternativa penológica característica de la falta básica de hurto y no de la falta reiterada, al tiempo que obvia la ausencia de toda mención a la figura de la perpetración reiterada de faltas de hurto o al cumplimiento en centro penitenciario de la pena de localización permanente.
A tenor de la doctrina constitucional expuesta, se concluye que en este caso no se han satisfecho suficientemente los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos por el artículo [[idrelit:2179982]]35.2[[/idrelit:2179982]] LOTC, circunstancia que determina la inadmisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad en aplicación de lo dispuesto en el artículo [[idrelit:2179981]]37.1[[/idrelit:2179981]] LOTC.
Dada en Madrid, a diecinueve de enero de dos mil quince.?Adela Asua Batarrita.?Fernando Valdés Dal-Ré.?Juan José González Rivas.?Pedro José González-Trevijano Sánchez.?Ricardo Enríquez Sancho.?Antonio Narváez Rodríguez.?Firmado y rubricado.

References: artículo 623
 resolución 
 artículo 623
 artículo 10
 resolución 
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 623
 resolución 
 artículo 623
 artículo 37