Source: https://beta.e-justice.europa.eu/340/ES/which_country_s_law_applies?SWEDEN&member=1
Timestamp: 2020-01-20 09:48:31+00:00

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En Suecia, el Derecho internacional privado solo está codificado parcialmente y consiste en una combinación de leyes emanadas del Parlamento y de jurisprudencia. Las leyes emanadas del Parlamento tienen como objeto, en su mayoría, dar aplicación a los convenios internacionales suscritos por Suecia. Las principales disposiciones legales son las siguientes:
Capítulo 3, artículos 4 y 6, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela [Lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, también conocida por la abreviatura sueca «IÄL»]
Artículos 9, 12 y 13 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela [Förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, «NÄF»]
Artículo 2 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales en relación con la adopción [Lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption, «IAL»]
Artículos 2, 3 y 6 de la Ley sobre asuntos relacionados con la paternidad internacional [Lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor, ‘IFL’]
Artículos 3 a 5 de la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con el régimen económico del matrimonio y de las unidades convivenciales [Lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, «LIMF»]
Artículo 1 de la Ley sobre el Convenio de La Haya de 1996 [Lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention] y artículos 15 a 22 del mismo Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños
Artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos y Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias
Artículos 20 a 38 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo
Contratos y venta
Artículos 79 a 87 de la Ley sobre letras de cambio (Växellagen 1932:130)
Artículos 58 a 65 de la Ley del cheque (Checklagen 1932:131)
Ley sobre el Derecho aplicable a la venta de mercancías [Lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande köp av lösa saker, «IKL»]
Artículos 25a, 31a y 42 de la Ley de codecisión en el trabajo [Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, «MBL»]
Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros [Lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavta]
Capítulo 13, artículo 4, y capítulo 14, artículo 2, de la Ley del Transporte marítimo de mercancías (Sjölagen 1994:1009)
Artículo 14 de la Ley sobre las condiciones contractuales en las relaciones de consumo [Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden]
Capítulo 1, artículo 4, de la Ley de protección de los consumidores con respecto a los contratos de vacaciones en régimen de tiempo compartido y de productos vacacionales de larga duración [Lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt]
Capítulo 3, artículo 14, de la Ley sobre contratos a distancia y venta a domicilio [Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler]
Artículo 48 de la Ley sobre venta de bienes de consumo (Konsumentköplagen 1990:932)
Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)
Artículos 8, 14 y 38 de la Ley de accidentes de tráfico rodado (Trafikskadelagen 1975:1410)
Artículo 1 de la Ley en relación con el Convenio de 9 de febrero de 1972 sobre pastoreo de renos celebrado entre Suecia y Noruega [Lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning]
Artículo 1 de la Ley en relación con el Convenio sobre protección del medioambiente, de 19 de febrero de 1974, celebrado entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia [Lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige]
Artículos 4, 8 a 11, 14, 15, 28 y 43 del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia («el Reglamento de insolvencia»); el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado un reglamento modificado que entrará en vigor el verano de 2015
Artículos 1, 3 y 5 a 8 de la Ley sobre normas que rigen la insolvencia respecto propiedades en Dinamarca, Finlandia, Islandia o Noruega [Lag (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge]
Artículos 1, 4 a 9 y 13 de la Ley sobre los efectos de la insolvencia cuando esta se produce en Dinamarca, Finlandia, Islandia o Noruega [Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge]
Artículos 1, 3 a 8 y 12 de la Ley sobre la insolvencia respecto a propiedades en otro país nórdico [Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land]
Artículos 1, 4 a 9, 13 y 14 de la Ley sobre los efectos de la insolvencia, cuando esta se produce en otro país nórdico [Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land]
Suecia ha suscrito los siguientes convenios internacionales multilaterales que establecen normas sobre legislación aplicable. Suecia adopta un enfoque «dualista» en relación con los tratados internacionales, lo que significa que estos convenios multilaterales también se han de incorporar al Derecho interno (véase lo anteriormente expuesto).
Convenio de 1930 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden
Convenio de 1931 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques
Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado
Convenio de 1955 sobre ley aplicable a la compraventa internacional de mercancías
Convenio de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias
Convenio de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños
Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias
Convenio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (el Reglamento Roma I substituye al Convenio en relación con los contratos celebrados con posterioridad al 17 de diciembre de 2009)
Convenios nórdicos
Convenio de 1931 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia (cuya última modificación la constituye el Convenio de 2006)
Convenio de 1933 entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega sobre insolvencia («Convenio nórdico sobre insolvencia»)
Convenio de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, en materia de sucesiones, testamentos y administración de herencias (cuya última modificación la constituye el Convenio de 2012)
Convenio de 1974 sobre protección del medio ambiente entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia
Convenio de 1972 sobre el pastoreo de renos entre Suecia y Noruega (1972 års konvention mellan Sverige och Norge om renbetning)
El Derecho sueco no dispone de ninguna norma que exija a sus órganos jurisdiccionales la aplicación de oficio de leyes extranjeras. La cuestión se ha planteado principalmente en la jurisprudencia y parece haber surgido una distinción entre procedimientos sobre asuntos que las partes pueden resolver sin tener que acudir a un órgano jurisdiccional (dispositiva mål) y procedimientos sobre asuntos que únicamente puede resolver un órgano jurisdiccional (indispositiva mål). En los casos de litigio civil en los que las partes están facultadas para resolver el conflicto por sí mismas, parece que solo se aplicaría la ley extranjera si la invoca una de las partes. Se han dado muchos casos con un claro elemento extranjero en los que se ha aplicado sin mayor problema el Derecho sueco porque ninguna de las partes ha solicitado la aplicación de una ley extranjera. Por lo que respecta a los procedimientos en los cuales no es posible un acuerdo sin tener que acudir a un órgano jurisdiccional, por ejemplo sobre la determinación de la paternidad, ha habido casos en los que los tribunales han aplicado de oficio el Derecho extranjero.
El Derecho internacional privado sueco no acepta como norma general la doctrina del reenvío. Existe, sin embargo, una excepción en el artículo 79, apartado 2, de la Ley sobre letras de cambio y en el artículo 58, apartado 2, de la Ley del cheque en relación con la capacidad de los ciudadanos extranjeros de celebrar transacciones en las que se utilicen letras de cambio o cheques. El motivo es que estas disposiciones se basan en convenios internacionales. Se encuentra otra excepción en el artículo 9, apartado 2, de la Ley sobre los efectos de la insolvencia cuando esta se produce en otro país nórdico. Por último, se admite el reenvío en relación con la validez formal del matrimonio en el artículo 1, apartado 7, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela.
El Derecho internacional privado sueco no dispone de una regla general sobre los efectos del cambio del punto de conexión la norma de conexidad: la cuestión se regula específicamente en cada norma. Por ejemplo, el artículo 4, apartado 1, de la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con los regímenes matrimoniales establece que «si la ley aplicable no se ha determinado mediante acuerdo, será la del país en el que los cónyuges establecieron su residencia habitual (hemvist) cuando contrajeron matrimonio», y el artículo 4, apartado 2, de la misma Ley dispone que «cuando ambos cónyuges hayan establecido posteriormente su residencia habitual en otro Estado y hayan vivido allí por un periodo de dos años, será aplicable la ley de dicho Estado».
Se considera un principio general del Derecho internacional privado sueco que no podrá aplicarse ninguna disposición de Derecho extranjero cuando ello sea manifiestamente incompatible con los principios del ordenamiento jurídico de este país. Pueden encontrarse disposiciones en este sentido en gran parte de la normativa sobre Derecho internacional privado, sin embargo no debe inferirse de ello que las restricciones de orden público tengan que basarse en la legislación. Ha habido muy pocas resoluciones judiciales en las que no se haya aplicado la ley extranjera por motivos de orden público.
Normalmente compete a los órganos jurisdiccionales determinar qué normas de Derecho sueco son obligatorias a nivel internacional.
Si el órgano jurisdiccional considera que debe aplicarse una ley extranjera, pero no está familiarizado con sus disposiciones sustantivas, puede optar por dos soluciones: iniciar una investigación por su cuenta o solicitar a la parte interesada que facilite la información necesaria. La alternativa suele decidirse en función de la oportunidad. Si el órgano jurisdiccional decide investigar la cuestión por sí mismo puede solicitar la colaboración del Ministerio de Justicia. Por regla general, el órgano jurisdiccional adoptará un papel más activo en los procedimientos que solo pueden resolverse judicialmente (véase supra); en cambio, en los procedimientos en los que las partes pueden libremente resolver mediante acuerdo, el órgano jurisdiccional dejará la investigación en gran medida en manos de las partes.
Suecia es Estado signatario del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. En algunos ámbitos se aplican otras disposiciones. El Reglamento Roma I sustituye al Convenio en relación con los contratos celebrados con posterioridad al 17 de diciembre de 2009.
La venta de mercancías se rige por la Ley sobre el Derecho aplicable a la venta de mercancías, que incorpora al Derecho interno el Convenio de La Haya de 1955 sobre la Ley aplicable a la venta internacional de mercancías. La Ley prevalece sobre lo establecido en el Reglamento Roma I. Sin embargo, no regula los contratos de consumo. El artículo 3 faculta al comprador y al vendedor para determinar la ley aplicable mediante acuerdo. El artículo 4 establece que si las partes no han optado por una ley aplicable, se aplicará la del país de residencia habitual del vendedor. Existen excepciones a esta regla cuando el vendedor aceptó el pedido en el país de residencia habitual del comprador, y para los casos de adquisiciones mediante intercambio o en subastas.
Hay otra excepción a las disposiciones del Reglamento Roma I para algunos contratos de consumo. Existen normas especiales destinadas a proteger a los consumidores contra las cláusulas de elección de la ley aplicable, que se encuentran en el artículo 48 de la Ley sobre venta de bienes de consumo, el artículo 14 de la Ley sobre las condiciones contractuales en las relaciones de consumo, el capítulo 1, artículo 4, de la Ley de protección de los consumidores con respecto a los contratos de vacaciones en régimen de tiempo compartido y de productos vacacionales de larga duración, y el capítulo 3, artículo14, de la Ley sobre contratos a distancia y venta a domicilio. Todas ellas prevén que en determinadas circunstancias se aplicará la ley de un Estado del EEE cuando esta mejore la protección del consumidor.
Se encuentran disposiciones específicas para las letras de cambio y los cheques en los artículos 79 a 87 de la Ley sobre letras de cambio y en los artículos 58 a 65 de la Ley del cheque. Estas normas se basan en el Convenio de Ginebra de 1930 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden y en el Convenio de Ginebra de 1931 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques.
Algunos contratos de seguro de indemnización se rigen por la Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros.
La cuestión de la ley aplicable a las obligaciones no contractuales se rige por el Reglamento Roma II.
En el Derecho internacional privado sueco, el punto de conexión decisivo para determinar el estatuto personal ha sido tradicionalmente la nacionalidad. Pero en la actualidad hay tantos casos en los que la nacionalidad ha dado paso a la residencia habitual como punto de conexión principal que resulta dudoso si podemos seguir hablando de un único punto de conexión para el estatuto personal. El Derecho internacional privado sueco considera como cuestiones de «estatuto personal» básicamente las relacionadas con la capacidad jurídica y el nombre.
Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 1, artículo 1, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela, la capacidad para contraer matrimonio ante una autoridad sueca se establece en principio con arreglo al Derecho sueco, si alguna de las partes tiene nacionalidad sueca o residencia habitual en Suecia. En el ámbito nórdico se aplican normas similares con arreglo al artículo 1 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela.
Existen disposiciones especiales sobre tutela y fideicomiso en los capítulos 4 y 5 de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela y en los artículos 14 a 21a de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela.
Por lo que respecta al Derecho aplicable a la capacidad para contratar, existe una respuesta parcial en el artículo 13 del Reglamento de Roma I. La capacidad para celebrar transacciones en las que se utilicen letras de cambio o cheques se regula por disposiciones especiales recogidas en el artículo 79 de la Ley de letras de cambio y en el 58 de la Ley del cheque.
En el capítulo 11, artículo 3, del Código procesal (rättegångsbalken) se recoge una norma especial sobre la capacidad para demandar y ser demandado, que establece que un extranjero que en su propio país no tenga capacidad para ser parte en procedimientos judiciales podrá, sin embargo, serlo en Suecia cuando el Derecho sueco así lo reconozca.
El Derecho internacional privado sueco enmarca las cuestiones relacionadas con el nombre entre las que se regulan por la ley del estatuto personal. Esto implica, por ejemplo, que el hecho de que un cónyuge adopte el nombre del otro al contraer matrimonio no se considera una cuestión relativa a los efectos jurídicos del matrimonio en la esfera personal. Con arreglo al artículo 50 de la Ley de nombres personales (namnlagen, 1982:670), la Ley no se aplica a los ciudadanos suecos que residen habitualmente en Dinamarca, Noruega o Finlandia; puede concluirse a contrario que se aplica a los ciudadanos suecos que residan en cualquier otro sitio. El artículo 51 establece que la Ley se aplica asimismo a los ciudadanos extranjeros que sean residentes habituales en Suecia.
El Derecho sustantivo sueco no distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, y el Derecho internacional privado sueco no contiene normas concretas de conflicto de leyes para establecer cuándo un hijo se considera nacido dentro o fuera del matrimonio, o si un hijo puede legitimarse con posterioridad.
Por lo que respecta a la ley aplicable a la determinación de la paternidad, existen diversas normas sobre presunción de la paternidad y sobre la determinación de esta por parte de un órgano jurisdiccional. La presunción de paternidad está regulada en el artículo 2 de la Ley sobre cuestiones de paternidad internacional. Esta disposición prevé que el hombre que ha estado casado con la madre de un hijo se considera el padre del hijo si así lo establece la ley del país del que el hijo se convirtió en residente habitual en el momento de su nacimiento o, en caso de que dicha ley no considere a ninguna persona como padre, si así lo establece la ley de un país del que el hijo se convirtiera en ciudadano en el momento de su nacimiento. Sin embargo, si la residencia habitual del hijo en el momento de su nacimiento era Suecia, la cuestión se dirimirá con arreglo al Derecho sueco. Si corresponde determinar la paternidad a un órgano jurisdiccional, este aplicará la ley del país en el que el hijo era residente habitual en el momento en que se dictó sentencia en primera instancia.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales en relación con la adopción, cuando un órgano jurisdiccional sueco examine una solicitud de adopción, se aplicará el Derecho sueco. Sin embargo, el apartado 2 del mismo artículo estipula que si la solicitud afecta a un menor de 18 años, el órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta si el solicitante o el menor están vinculados con otro país por nacionalidad, residencia habitual u otros motivos, y si ello podría ser perjudicial para el menor en caso de que la adopción no se reconociera en ese país.
Por lo que se refiere a los efectos jurídicos de la adopción, cuando una orden de adopción extranjera es válida en Suecia, el hijo adoptado es considerado como hijo del padre adoptivo o de la madre adoptiva en un matrimonio sueco a efectos de guardia, custodia y manutención. Sin embargo, en lo que respecta a la sucesión, la ley solamente impone igualdad entre los hijos adoptados y los hijos biológicos del padre adoptivo en el caso de que la adopción haya tenido lugar en Suecia. Si la adopción se produjo en el extranjero, el derecho del hijo adoptado a heredar se regirá por la ley que regula normalmente la legitimación para ser heredero, es decir, la ley del país de la nacionalidad.
La cuestión de la ley aplicable a las pensiones alimenticias para la infancia se rige por el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. La regla general es que la materia de obligaciones de alimentos se rige por la ley del Estado del que el hijo es residente habitual. Si el hijo no puede obtener alimentos de la parte que está obligada a prestarlos al amparo de esa ley, la legislación aplicable será la del país en la que está situado el órgano jurisdiccional. Cuando el hijo no pueda obtener alimentos de la parte que está obligada a prestarlos al amparo de esas leyes, y ambas partes sean ciudadanos del mismo Estado, la legislación aplicable será la de ese Estado.
En relación con la capacidad para contraer matrimonio, véase el punto 3.3. supra. Por regla general, el matrimonio se considera válido en cuanto a la forma si lo es en el país en el que se contrajo (capítulo 1, artículo 7, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela).
Los efectos jurídicos del matrimonio pueden dividirse en dos categorías fundamentales: los que afectan a la esfera personal y los que se refieren al patrimonio de los cónyuges (véase el punto 3.6 anterior). El principal efecto del matrimonio en términos personales es que los cónyuges contraen la obligación de mantenerse mutuamente. En el Derecho internacional privado sueco, cuestiones como la legitimación de los cónyuges para heredar, la adquisición del nombre del otro o el deber de mantener a los hijos del otro cónyuge no se consideran efectos jurídicos del matrimonio, y la ley aplicable se determina por las normas de conflicto de leyes que regulan la sucesión, los nombres personales, etc.
La cuestión de la ley aplicable en materia de manutención de un cónyuge se regula en el Protocolo de La Haya de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias. Por regla general, las obligaciones de alimentos se rigen por la ley del Estado del que es residente habitual el cónyuge que tiene la obligación de prestar los alimentos. En caso de que alguna de las partes se oponga a la aplicación de esa ley, y la ley de algún otro Estado presente una mayor vinculación con el matrimonio (especialmente la ley del Estado en el que tuvieron su última residencia común habitual), se aplicará la ley de este último Estado.
Por lo que respecta a asuntos de divorcio, el capítulo 3, artículo 4, apartado 1, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela prevé que los órganos jurisdiccionales suecos apliquen el Derecho sueco. El artículo 4, apartado 2, contempla una excepción cuando ambos cónyuges son de nacionalidad extranjera y ninguno ha sido residente habitual en Suecia durante al menos un año.
El Derecho sustantivo sueco no contempla las figuras jurídicas de la separación legal ni de la anulación matrimonial y no existen normas de conflicto de leyes aplicables con carácter general a estos casos. Por lo que se refiere a los países nórdicos, el artículo 9 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela estipula que en los asuntos de separación legal el órgano jurisdiccional aplicará su propia ley.
La ley aplicable al régimen económico matrimonial se regula en la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con las relaciones de propiedad entre cónyuges o cohabitantes. El artículo 3 de la Ley faculta a las personas casadas o que tengan intención de contraer matrimonio para que celebren un acuerdo escrito que establezca que su régimen económico matrimonial se regirá por la ley del país del que uno de ellos sea ciudadano o bien por la del país en el que uno de ellos tenga su residencia habitual en el momento en que se concluya el acuerdo.
Si los cónyuges no han celebrado un acuerdo válido sobre conflicto de leyes, el artículo 4 de la Ley dispone que el Derecho aplicable será el del país en el que establezcan su residencia habitual tras contraer matrimonio. Si con posterioridad ambos cónyuges se establecen en otro país y viven en él durante al menos dos años, se aplicará entonces el Derecho del país de que se trate. Pero si ambos cónyuges hubieran residido ya habitualmente en ese país durante el matrimonio o si ambos fueran ciudadanos de dicho país, el Derecho de ese país se aplicará a partir del momento en que trasladen allí su residencia habitual.
El artículo 5 de la Ley determina que el acuerdo de elección de ley aplicable es válido si respeta la ley aplicable al régimen económico matrimonial en el momento en que se celebra. Si el acuerdo se concluye antes de la boda, será válido en el caso de que se atenga a lo dispuesto por la ley aplicable en el momento en que se contrajo matrimonio. Por lo que respecta a la forma, el acuerdo tendrá validez siempre que cumpla los requisitos formales del Derecho del país en el que se celebró o en el que los esposos residen habitualmente.
La Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela recoge normas especiales para los países nórdicos.
La cuestión sobre los conflictos de leyes en materia de testamentos y sucesiones se rige por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Las normas sobre conflicto de leyes en el Reglamento se aplican independientemente de si la vinculación internacional es con un Estado miembro o con cualquier otro Estado.
Sin embargo, para dar validez a un testamento en cuanto a la forma, se recogen disposiciones especiales en el capítulo 2, artículo 3, de la Ley en materia de sucesiones en situaciones internacionales [Lagen (2015: 417) om arv i internationella situationer], que incorporan al Derecho interno el Convenio de La Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias. Se considera que un testamento es válido en cuanto a su forma si cumple la ley del país en el que se otorgó, del país en el que el testador tenga su residencia habitual o del país de la nacionalidad del testador, ya sea cuando lo otorgó o en el momento de su muerte. Las disposiciones que afectan a propiedades inmobiliarias se considerarán formalmente válidas si cumplen los requisitos de forma que exige la ley del país en el que se encuentra el bien inmueble. Los mismos criterios se aplican a la revocación de testamentos. La revocación será igualmente válida si se ajusta a una de las leyes en virtud de la cual el testamento es formalmente válido.
En el Derecho que regula la propiedad existen normas escritas de conflicto de leyes solo para determinadas cuestiones relativas a naves, aeronaves, instrumentos financieros y objetos de valor cultural obtenidos de forma ilegal, así como para algunas situaciones que se contemplan en la Convención nórdica sobre insolvencia y en el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia.
Los efectos que, por ejemplo, tiene en el Derecho de propiedad la adquisición o la hipoteca de bienes muebles o inmuebles se determinan de acuerdo con la ley del país en el que se encuentre la propiedad en el momento de la adquisición o del nacimiento de la hipoteca. Esa ley establecerá la naturaleza de los derechos de propiedad, cómo surgen o se extinguen, los requisitos formales que puedan existir y los derechos que la titularidad de la propiedad confiere frente a terceros.
Por lo que respecta a los derechos de garantía extranjeros, la jurisprudencia establece que si en el momento en que nació el derecho el vendedor sabía que el bien iba a ser trasladado a Suecia y que el derecho de garantía no tenía validez en este país, debería haber obtenido otra garantía que se acogiera a los requisitos de la ley sueca. Por otra parte, las garantías extranjeras no surten efectos jurídicos una vez transcurrido cierto tiempo desde que el bien se trasladó a Suecia. Se considera que el acreedor extranjero tuvo ocasión de conseguir una nueva garantía o de cobrar la deuda.
Cuando se trata de un asunto de insolvencia sueco, se aplica la ley sueca tanto al procedimiento en sí como a otras cuestiones relacionadas con la insolvencia, como los requisitos para iniciar el procedimiento.
En casos en los que están involucrados otros países nórdicos, existen normas especiales que determinan el Derecho aplicable, que se basan en el Convenio nórdico sobre insolvencia de 1933 y que se incorporaron al Derecho sueco mediante la normativa que se promulgó en 1981. Sin embargo, en lo que respecta a Finlandia, se aplica el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia (véase supra), y en lo que respecta a Islandia, se aplican las normas pertenecientes a la legislación anterior que data de 1934. Por regla general, el Convenio nórdico sobre insolvencia establece que un procedimiento de insolvencia en un país contratante abarca las propiedades pertenecientes a un deudor que se encuentra en otro país contratante. Normalmente, cuestiones como el derecho de un deudor a controlar sus propiedades y cuáles se van a incluir en la masa de la insolvencia se rigen por el Derecho del país del procedimiento de insolvencia.
El Reglamento sobre insolvencia recoge normas especiales para asuntos en los que estén implicados otros Estados miembros de la UE.

References: Artículo 2

Artículo 1

Artículo 15
 artículo 4
 artículo 2

Artículo 14
 artículo 4
 artículo 14

Artículo 48

Artículo 1

Artículo 1
 artículo 79
 artículo 58
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 48
 artículo 14
 artículo 4
 artículo14
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 79
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 3