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Cámara Civil y Comercial (Sala I) de La Matanza.
Ref. Cámara Civil y Comercial (Sala I) de La Matanza. Empleo público. Inconstitucionalidad de los arts. 1 y 11 del decreto ley 6754/43, su decreto reglamentario y Ley 13894 que declaran la inembargabilidad de los sueldos. Con fecha 15 mayo de 2014 la Cámara Civil y Comercial de la Matanz(Sala I) en la causa Nro. 3275 " Asociación Mutual Asis contra Alasina, Celia s/ Cobro Ejecutivo", declaró la inconstitucionalidad y aconvencionalidad de los arts. 1 y 11 del decreto ley 6754/43, su decreto reglamentario y la Ley 13894, por lo cual revocó el resolutorio apelado y ordenó el embargo de la ejecutada en el porcentaje del 10% (diez por ciento) del haber mensual líquido y neto que percibe la misma. ( art. 120 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y su decreto 484/87 ).
Origen: Argentina | Cita: Publicado digitalmente en edición de fecha 29/05/2014, artículo bajo protocolo A00388375624 de Utsupra.com IUS II .
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Utsupra.com Cámara Civil y Comercial (Sala I) de La Matanza.
En la Ciudad de San Justo Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Mayo del año dos mil catorce, reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Primera del Departamento Judicial de La Matanza, los Doctores Ramón Domingo Posca y José Nicolás Taraborrelli para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “Asociación Mutual Asis c/ Alasina Celia Rosa s/ Cobro Ejecutivo” causa Nº 3275/1, habiéndose practicado el sorteo pertinente –art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: doctores Taraborrelli y Posca, resolviéndose plantear y votar lo siguiente: CUESTIONES 1º) ¿Resulta constitucional el art. 1 y 11 del Decreto/Ley 6754/43 y su decreto reglamentario 9472/43 ratificado por Ley 13.894, el cual limita el embargo de sueldos de los dependientes de la administración pública? 2º) ¿ Que pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. José Nicolás Taraborrelli dijo: I.- Antecedentes del caso A fs. 16/18 el Dr. Carlos Javier Claro, letrado apoderado de la parte ejecutante “Asociación Mutual Asis” inicia demanda ejecutiva contra Alasina Celia Rosa, en basa a un pagaré librado a la vista y sin protesto por la suma de $2.150, 40. En dicho escrito la ejecutante solicita como medida cautelar, embargo preventivo sobre el 20% de los haberes que percibe la ejecutada como empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, petición desestimada por la Juez de grado conforme lo dispuesto por el decreto 6754/43. Contra dicho proveído apela el ejecutante a fs. 31, recurso que fuera concedido en relación a fs. 32. A fs. 33/37 vta. luce agregado el memorial del quejoso; que en lo medular centra su agravio tachando la norma citada de "inconstitucional" (art. 16 de la CN), ello por contrariar la igualdad ante la ley, dado que suponer que los empleados públicos configuran una clase especial o privilegiada frente a la ejecución judicial resulta una discriminación injustificada y en desmedro de la seguridad jurídica, lo cual coloca en un estado de indefensión a quienes se constituyen como sus acreedores. Cita jurisprudencia que entiende respaldatoria a su derecho que no sólo achaca de inconstitucional el decreto 6754/43 sino también la Ley 13.894. A fs. 40 se radican las presentes actuaciones ante esta Sala, a fs. 41 se corre vista a la Fiscalía General Departamental, la cual fuera contestada a fs. 42/43 vta. con dictamen desestimatorio del planteo de inconstitucionalidad argüido por la ejecutante. A fs. 44 pasan los Autos al Acuerdo y a fs. 45 se practica el Sorteo de Ley. La solución: En primer término habrá de señalar que reposando el agravio en la tacha de la inconstitucionalidad del decreto 6754/43, su decreto reglamentario y su consecuente Ley 13.894, éste último como puede inferirse de la atenta lectura de la memoria, no puedo dejar de señalar que si bien, como citara la Sra. Juzgadora de la instancia de origen en el proveído atacado, ambas Salas de este Tribunal se enrolaron desde su origen, en la postura que propiciaba la constitucionalidad de las normas "ut supra" citadas, un nuevo reestudio y meditación del tema que nos convoca, dentro del límite cognoscitivo del recurso de apelación concedido a fs. 32, plateado por la parte agraviada en sus fundamentos que obran glosados a fs. 33/37 vta. la inconstitucionalidad del decreto y su ley 13894, que declara la inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos y dándose la cuestión planteada por el quejoso sometiéndose a consideración judicial –cuya jurisprudencia y doctrina no ha sido pacífica al respecto- dentro de un nuevo marco paradigmático, económico, social, financiero, filosófico, político, cultural, ético y moral, ameritan sin hesitación, mutar o cambiar el criterio legal aplicado –hasta ahora- por el suscripto, mediante el cual se declaró la constitucionalidad de la mentada norma jurídica, procediendo acto seguido a tratar y considerar su inconstitucionalidad y aconvencionalidad, abocándome, en primer término, al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte ejecutante, y su correspondiente legitimación. Así es jurisprudencia corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que establece que los agravios atinentes al carácter del privilegio de los beneficios legales no pueden cuestionarse –con base constitucional- sino por aquellos a quienes la ley discrimina (fallos 263:545; 264:87; 302:1666; 304: 865; entre otros). La desigualdad solo puede ser objeto de agravio por parte de quien la padece (Fallos 248:422 (1); 250: 410; 370:2174 (2) y otros) (Cooperativa de Crédito Santa Elene v. Mingori, Oscar A. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B. fecha 30/06/1999, Publicado JA 2000 III 605), agregando por nuestra parte que la actora tendrá el derecho subjetivo de embargar los haberes de un empleado del sector privado y no así en el caso de los sueldos que perciben los asalariados del ámbito público, lo cual produciría discriminación de carácter económico en perjuicio de los intereses del acreedor. “El único mecanismo jurisdiccional para dejar de aplicar una ley es su declaración de inconstitucionalidad, ya que los Tribunales solo en ese caso pueden prescindir de ella, no siendo práctica aceptable eludir la aplicación de la norma sobre la base de argumentos valorativos, de justicia e injusticia, conveniencia o inconveniencia, oportunidad o inoportunidad (Rivera, “Limites de las facultades judiciales…”, L.L., 24.8.99, párr. 3, citado por esta Cámara, Sala I, en causa nº 40587, “Maquiavello…” del 17.08.99, y por esta Sala I, en causa nº 47.084, “Banco Galicia y Bs.As….”, del 11.03.04). Sólo la declaración de inconstitucionalidad de la ley habilita al juez a soslayar su aplicación, lo que –ahora-puede decretar de oficio, conforme doctrina legal casatoria. “ Así, tal como lo ha citado el apelante en su memorial, “la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha admitido, en recientes pronunciamientos, la declaración de inconstitucionalidad de oficio, abandonando de ese modo el anterior criterio negativo, el que se venía sustentando -por mayoría- desde 1983. En un primer precedente sostuvo el Superior Tribunal que tal declaración oficiosa es aconsejable por razones de economía y celeridad procesal…” (SCBA Ac. 72258, 28/05/03, “A. de M., M., por si y en repres. De su hijo menor J.B. y Z., M.E., en repres. de sus hijos menores C.M. y M.D.M. c/ policía de la Pcia. De Buenos Aires”, D.J.J., 165-261, citados en “Algunas tendencias jurisprudenciales en la Suprema Corte de Buenos Aires”, cit. J.A., 2004- II, fasc. Nº13). En aquel precedente se dijo –en síntesis- y en voto concurrente de la mayoría que “a los jueces les asiste la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes” (SCBA, Ac. 72258, 28/5/03). También se dijo que “la declaración oficiosa de inconstitucionalidad no implica un avasallamiento del Poder Judicial sobre los demás poderes, pues dicha tarea es de esencia de aquel, siendo una de sus funciones especificas la de controlar la constitucionalidad de la actividad desarrollada por el Ejecutivo y el Legislativo, a fin de mantener la supremacía de la Constitución. El control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho que, en cuanto tal, puede ser resuelta por el Juez mediante la facultad de suplir el derecho no invocado por las partes (iura novit curia). La aplicación de este principio influye en el deber de mantener la supremacía de la Constitución (causa citada, fundamentos del Dr. De Lazzari). En suma, los jueces provinciales –ha decidido el Superior Tribunal local- están constitucional y legalmente habilitados para declarar, con ciertas particularidades que surgen de los votos concurrentes, que una norma jurídica se contrapone a las garantías constitucionales.” (“Seguro de Depósito SA c/ García, Marisa Alejandra y O. s/ Cobro Ejecutivo. Incidente art. 250 del CPCC, Causa nro.: 47668. Azul, 2/12/2004, Cam. Civil, Sala II). Por ello los jueces no podemos mantenernos ajenos al universo que nos rodea, pues se nos ha conferido la función de juzgar conforme a la equidad, respetando por sobre todo la jerarquía constitucional y los derechos y garantías fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Nacional, los cuales son inherentes a las personas desde siempre y mucho antes de que el estado se organizara como tal. Tampoco se pueden pasar por alto los derechos y garantías, amparados por los Tratados Internacionales a los cuales hace mención el art. 75 inc. 22 de la CN. En tal aspecto, no pueden los magistrados eludir sus responsabilidades, postergando decisiones con el fin de no entrometerse en asuntos que directamente son de atribución a los poderes políticos, pues no es función de los jueces revisar los actos de poder político, se trata de que en casos como el que nos ocupa atiendan al control de constitucionalidad, con el fin de instalar un equilibrio entre los poderes. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Rodríguez Pereyra Jorge Luis y o. c/ Ejército Argentino s/ daños y Perjuicios” (27/11/2012) se ha pronunciado de la siguiente manera: “…La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75 inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que estos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”. Sentado ello y admitida en los términos precedentes la potestad de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad, cabe realizar en autos el correspondiente examen del decreto en cuestión: El decreto 6754/43 establece en su artículo primero que “Decláranse inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del presente decreto”, como así también en su artículo segundo dispone que “En lo sucesivo las personas comprendidas en el artículo anterior, podrán garantizar las obligaciones en él mencionadas, afectando a su cumplimiento hasta el 20% de su remuneración nominal mensual. Los créditos así privilegiados no entrarán a prorrateo en caso de concurso; no quedarán liberados por la carta de pago ni sufrirán perjuicio por ningún embargo…”. Dicho ello, es importante destacar cual era la situación socioeconómico del empleado público en aquella época, situación que justificaba tal privilegio. A saber, “en el año 1943 –fecha del decreto cuestionado- la situación del empleado público era insostenible, lo que lo convertía en presa fácil de la usura. Según la exposición de Motivos del decreto ley 6754/43 el sistema allí establecido lo fue a título de ensayo y hasta tanto pudiera implementarse un régimen definitivo de créditos a favor de los empleados y obreros en general y se fundó en la necesidad de combatir eficazmente “el grave mal de la usura” agregando que además de las medidas represivas que se adoptaran era indispensable organizar fuentes sanas de créditos a fin de que todos aquellos que carecen de otra garantía que no sea la remuneración de su trabajo personal, no tengan que acudir a prestamistas indeseables para satisfacer sus indispensables necesidades de créditos (Alicia O. Baez de Figueroa, L.L. 1984-C-págs. 1031 a 1034). En igual sentido y siempre referido al momento histórico que dio origen al decreto ley 6754/43, ratificado por ley 13.894 y bajo el rótulo de “un privilegio odioso” ha dicho Jorge Peyrano “Cierto es que “ab initio” el referido privilegio encontraba justificación en el afligente régimen laboral que padecían los empleados públicos”. De ahí que vgr. El art. 16 del citado decreto recuerda su calidad de orden público” (E.D. 181-1999, págs. 637 y sgtes.).(Fallo Plenario “Credi Paz SA c/ Foulkes Mariana Andrea s/ Ejecución Expte. Nro.: 43341 Registro 119.voto de la Dra. Benedictis.). En consecuencia, el decreto establece para los dependientes de la Administración Pública un privilegio concreto que los diferencia de los restantes trabajadores en relación de dependencia: sus sueldos devienen a raíz de esa norma, inembargables por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería. Ahora bien, ¿Podría sostenerse fundadamente que aquella situación que originó el distingo subsiste en la actualidad? Para ello, analicemos los cambios: a) Son muchos los trabajadores que no tienen otra garantía que su sueldo; b) La inseguridad se ha adueñado de la actividad privada impregnando de incertidumbre a los que en ella se desempeñan; c) El Código Penal tipifica la usura como delito y para todos en el art. 175 bis. “El que aprovechando la necesidad, la ligereza, o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y con multa de pesos tres mil ($3.000) a pesos treinta mil ($30.000). La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usurario. La pena de prisión será de tres (3) a seis (6) años, y la multa de pesos quince mil ($15.000) a pesos ciento cincuenta mil ($150.000), si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.” d) La ley 9511, “Embargo a sueldos, jubilaciones y pensiones. Préstamos a empleados públicos”: limita la inembargabilidad de los sueldos, jubilaciones y pensiones a las proporciones que determina, protegiendo por igual la situación de todos aquellos que estarían sometidos a sueldo, o sea, todos los trabajadores. A saber en su artículo primero dispone que “ No son susceptibles de embargo ni pueden ser enajenados, ni afectados a terceros por derecho alguno, los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan de un mil pesos moneda nacional, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas, que deben ser fijados dentro de un mínimo que permita la subsistencia del alimentante”, asimismo en su artículo segundo establece un porcentaje de embargo de acuerdo al monto de ingreso, estableciendo como tope máximo el 20% del importe mensual. Finalmente es importante poner de relieve que el vacío legal que sobreviene en materia de embargabilidad de los salarios de los empleados públicos, por la mentada inconstitucionalidad, no presupone una laguna normativa toda vez que, por vía analógica, es posible acudir a la aplicación de las normas que sobre la materia contiene la Ley de Contratos de Trabajos (art. 16 Cód. civ.). Aunque regímenes en esencia son disímiles, tal fundamento constitucional de la igualdad ante la ley (art. 16 Const. Nac., art. 11 Const. Pcia. Bs. As.) confiere suficiente sustento argumental para descalificar el sistema de embargo de sueldos diferenciado y privilegiado de los empleados públicos y para trasladar a ese ámbito (el del empleado público) la base normativa de los embargos de sueldos previstos en la legislación de derecho común (. Art. 120 Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias: Decreto 484/87) (“Naldo Lombardi SA c/ Blanco Lucas s/ Cobro ejecutivo”. Azul, agosto 4 de 2011. Cam. De Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, Publicado en DT 2011 (noviembre), 2941, con nota de Matías Cremonte, Cita online AR/JUR/40633/2011). Como puede observarse la situación del empleado que forma parte de la Administración Pública ya no es la misma que hace años atrás, existiendo otros mecanismos para la protección de sus haberes sin necesidad de recurrir al injusto privilegio que actualmente les confiere el decreto, que a todas luces resulta inconstitucional. Sin embargo, para un mayor abundamiento, realizaré un análisis pormenorizado de las garantías que considero vulneradas: Igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional): Los fueros o privilegios personales implican la negación de la forma republicana de gobierno que, además de la división y el control de los poderes, postula la igualdad entre todos los habitantes. La república no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, típicas de las formas monárquicas en las que el gobierno es compartido con la nobleza de origen, una clase social que llega al poder sin exigencia de mérito personal y lo utiliza para su propio beneficio. Aunque la Constitución se refiere a la igualdad de todos ante la ley –la que por fuerza crea categorías normativas- la igualdad de trato se extiende a la que deben deparar, del mismo modo, el poder administrador y el Poder Judicial. No obstante, resultan compatibles con el principio igualitario establecido en la Constitución los llamados fueros de materia, reales o de causa, instituidos para proteger intereses públicos y no de personas, siempre que sean funcionales a esos intereses y hasta la medida de ellos. En consecuencia, cuando un fuero de causa deja de proteger el interés estatal porque éste ha dejado de existir o puede resguardarse de otra manera, el privilegio pierde su razón de ser. Del mismo modo, el alcance de los fueros depende de que su finalidad no tienda a proteger personas o grupos de personas sino funciones públicas indispensables que podrían verse afectadas sin aquellos. (Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada. María Angélica Gelli. Tercera Edición ampliada y actualizada. La Ley. Art. 16, Pág. 190). Asimismo, la igualdad ante la ley, no supone, al menos necesariamente, una igualdad aritmética o absoluta, esto es, una imposición matemáticamente igual en su quantum para cada uno de los habitantes, sino la igualdad de tratamiento frente a la igualdad de situaciones o circunstancias (D.J.J., T. 147, 8/9/94, pág. 4767). Con relación al decreto en cuestión, se vulnera tal garantía al otorgar a un sector un privilegio que hace excepción a la regla que el patrimonio es prenda común de los acreedores (art. 505 C.C.), sin causa justificante, porque perdieron vigencia las razones motivantes y que le dieron sustento en una etapa en la que existía discriminación e inestabilidad laboral para los empleados públicos. La norma en mención es vulneratoria de la igualdad ante la ley, en desmedro del derecho patrimonial de los acreedores y de los empleados con relación de dependencia del ámbito privado e incluso, comerciantes y pequeños empresarios, toda vez que sienta el principio de inembargabilidad de los sueldos y salarios de aquellos. O sea, desde la interpretación constitucional dinámica y progresista, y bajo el prima que la igualdad de la ley importa “igualdad de tratamiento de circunstancias análogas, el privilegio de la inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos, constituyen un claro e injustificado beneficio, privilegio o discriminación, que no atiende el orden público, desalienta la circunstancia del crédito y concede a aquellos derechos patrimoniales que se le deniega a los que carecen de ese status de empleados públicos” (arts. 16 de la Const. Nac. arts. 10, 15 y 15 concs. Const. Pcia. Bs. As). (Fallo Plenario “Credi Paz SA c/ Foulkes Mariana Andrea s/ Ejecución Expte. Nro.: 43341 Registro 119. voto de la Dra. Benedictis.). En consecuencia, como puede vislumbrarse tal disposición implica, como lógica contrapartida, privar a los acreedores de los empleados públicos del derecho a percibir sus créditos mediante el embargo de los salarios de los mismos, derecho que en cambio poseen los acreedores de cualquier trabajador dependiente de empresas o personas físicas del ámbito privado. En ese marco debe analizarse la razonabilidad de tal desigualdad que la norma instituye, considerando que, como en forma reiterada lo ha dicho el más Alto Tribunal, la garantía constitucional de igualdad ante la ley supone “la igualdad de los iguales en igualdad de circunstancias”. De allí que si se concluyera que no se configura ese último recaudo entre los empleados públicos y privados, no habría discriminación ni, consecuentemente, irrazonabilidad. El objetivo del decreto fue, como se anticipó al comienzo evitar prácticas de usura y dar mayor transparencia al crédito. No obstante, ello no alcanza para otorgar razonabilidad y justificar el privilegio conferido, con notoria afectación de garantías consagradas por la Constitución. En tal sentido: No hay motivo que justifique el privilegio otorgado a los empleados públicos, en desmedro de sus acreedores legítimos. (La inembargabilidad de sueldos de empleados públicos (decreto 6754/43). Drucaroff Aguiar, Alejandro, publicado en DJ2000-2, 715. La Ley Online). Por otra parte, con respecto a la distinción entre la categoría de empleados públicos y privados, hacen menester resaltar que el Estado es una persona jurídica pública diferenciada de la estructura personal que la conforma, y que en el caso de los empleados públicos tiende a operativizar distintas tareas con arreglo a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, según cada poder del Estado y de cada área de la Administración Pública. De este modo, las funciones esenciales son del estado y, si bien, tiñen de notas particulares la relación de empleo público, no eliminan el aspecto central en orden a que éstos constituyen una categoría de trabajadores que tienen las mismas obligaciones de lealtad, diligencia y probidad de los empleados privados. Adviértase, que en una concepción democrática del estado de derecho sería altamente “irritativo” considerar que los empleados públicos sean una “clase” diferenciada de trabajadores. Hoy, cabe afirmar que, tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado, se distinguen medularmente porque la relación de empleo hace que la única contraprestación por sus servicios sea su remuneración, y en este sentido, dicha contraprestación, común a ambos grupos de trabajadores, debe tener idéntica tutela. Dicho de otro modo, las diferencias existentes entre el empleado público y el empleado privado no pueden llevarnos al viejo concepto de “clase” ni aún bajo el pretexto de denominarlas “categorías jurídicas diferenciadas”, ya que, esta conceptualización está reñida con la moderna concepción del Estado de Derecho. En esta línea, Morello y Loñ afirman que la relación entre lo público y lo privado es de cooperación y no de oposición. Citando a Brzezinski dicen que, en la era que él llama “tecnotrónica” la separación entre las esferas entre lo público y privado se evapora. Pero agrega algo que concita la atención. Sostiene que esa superación entre lo público y privado alienta la participación conjunta de los miembros de un ámbito en el otro y viceversa. Es decir, habla de cooperación entre ambos sistemas siendo ello la consecuencia natural de que ya no pueden ser considerados como compartimentos estancos. (Inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos. Junyent Bas, Francisco Lalliya, Sandra E. Publicado en LLC2004 (diciembre). 1129- DJ2004-3, 1310). Concretamente, no existe razón que dé sustento a la desigualdad plasmada entre empleados de la administración pública y aquellos que trabajan en la actividad privada. No se advierte a la vez, diferencias entre ambos- colocados en la situación de deudores morosos- que permitan avalar situaciones diferentes en orden a la posibilidad de embargo de sus haberes. (La inembargabilidad de sueldos de empleados públicos (decreto 6754/43). Drucaroff Aguiar, Alejandro, publicado en DJ2000-2, 715. La Ley Online). En suma, el decreto vulnera gravemente el derecho de igualdad consagrado por nuestra Carta Magna, perjudicando a quienes no forman parte de ésta “categoría” de trabajadores, que como he adelantado en la actualidad ya no tiene razón de ser por haberse modificado las condiciones socioeconómicas que avalaron su aplicación en aquél momento. Con relación al Derecho de Propiedad: En el derecho civil argentino, la propiedad se identifica con el dominio –perfecto o imperfecto- y sus desmembramientos; se la caracteriza con las notas de exclusividad y perpetuidad; y se establece que es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme un ejercicio regular. Como puede advertirse, el deber de conformar el uso y goce de la propiedad a un ejercicio regular significa que las normas –reglas- construyen el espacio en que se desplaza el derecho subjetivo de propiedad. En esa dirección, se ha dicho que, en realidad, la propiedad no es mas que una expectativa establecida en la ley. Es decir, que las normas dan el perfil del derecho, que no resulta inalterable sino que se va modelando de acuerdo a las necesidades del bien común. La doctrina de la Corte Suprema ha expandido el derecho de propiedad más allá de los límites de los derechos reales.(Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada. María Angélica Gelli. Tercera Edición ampliada y actualizada. La Ley. Art. 17, Pág. 206). Por su parte, “…afirmaba Esteban Echeverria “El hombre es inconcebible sin familia, sin patria, sin propiedad” (Obras completas, T, pág. 448/449). Como así también, Joaquín V. González la consideraba como “objeto y fin del trabajo del hombre y como atributo de la personalidad. Por consiguiente ella es anterior a la Constitución, coexistente con la sociedad; y la Constitución no ha hecho que reconocerla, y como al individuo mismo, rodearla de las más firmes garantías (Manual de la Constitución Argentina, pág. 122). En el campo del derecho constitucional, el derecho de propiedad abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, sea física o jurídica. La propiedad constitucional se refiere a todos los bienes, materiales o inmateriales, que integran el patrimonio; esto es a todos los derechos susceptibles de apreciación económica y que no se confunden con la persona (linares Quintana, “Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional”, T. 5, pág. 30). La Corte Suprema la definió en el año 1925 en el caso “Bourdie c/ Municipalidad de la Capital”. Dijo en esa oportunidad que: “las palabras libertad y propiedad comprensivas de toda la vida social y política, son términos constitucionales y deben ser tomados en su sentido mas amplio. El término propiedad, cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer afuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origina en las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad….o sea el principio de la inviolabilidad de la propiedad, asegurado en términos amplios por el art. 17 protege con igual fuerza y eficacia tanto los derechos emergentes de los contratos como los constituidos por el dominio o en sus desmembraciones…” (fallos T. 145, pág. 327/328). (Fallo Plenario “Credi Paz SA c/ Foulkes Mariana Andrea s/ Ejecución Expte. Nro.: 43341 Registro 119.voto de la Dra. Benedictis.). Así también y con relación al derecho de defensa en juicio, el Dr. Galgos, en el fallo plenario citado dijo que: “…la aplicación del art. 11, inc. B, del decreto 6754/43, lesionaría gravemente el derecho de defensa, al ceñir la posibilidad de reclamar determinados créditos y de pedir las medidas cautelares consiguientes, solo en juicio ordinario y después de dictada sentencia, lo que en realidad implicaría la prohibición de peticionar embargo preventivo, desde que un embargo ordenado después de dictada la sentencia tendría un fin realizatorio y no asegurativo del resultado de la litis” (C. 8º C.C. Córdoba, A. I. Nº 273, 5/11/96 cit. Por Zavala de González ob. Cit. P. 293). La sala 4º de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario estableció “que se deja inerme a la parte acreedora –por extendido lapso- para postular embargos que, de todos modos, sólo pueden trabarse sobre una porción retaceada del haber del empleado público del caso. Con ello, se condena a la parte acreedora: a) al riesgo de que el empleado público deje de serlo, y con ello se pierda la posibilidad cierta de cobrar el crédito en cuestión, 2) a que en el mejor de las casos, comience a percibir su acreencia en un tiempo notablemente posterior al que hubiera correspondido si se hubiera tratado de un empleado privado respecto de cuyos sueldos se hubieran trabado embargos. La potestad cautelar forma parte también de la garantía a un debido proceso de que disfruta la actora, y la merma de aquella que importa el decreto ley 6754/43 es de tamaña entidad que resulta palmariamente inconstitucional el susodicho decreto-ley” (cit. Por Peyrano, Jorge W., J.S. Nº44 pág. 135). Como puede vislumbrarse tal régimen lesiona el derecho de propiedad de los acreedores de esa clase de deudores y conculca su acceso a la justicia al prohibir medidas cautelares sólo ante sentencia firma (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 75 inc. 22 CN, arts. 10, 11, 15, 27, 31 concs. Cons. Prov. Bs. As.; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 18, 21, 24; Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, arts. 2 y concs.; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2 y cons. ) Asimismo, con independencia de las garantías afectadas, la medida perjudica de modo directo la credibilidad del empleado público en orden a su valoración como cliente del sistema financiero. Lo coloca en una situación claramente desfavorable, por cuanto su ingreso mensual no puede evaluarse como parámetro útil a los fines del cumplimiento de las obligaciones que contraiga y, en definitiva, lo priva así del acceso al crédito en condiciones de igualdad. Ello con el agravante de que el decreto solo beneficia a quien incumple sus obligaciones, castigando entonces al que responde puntualmente a los compromisos contraídos. En suma el decreto puede tacharse de inconstitucional por infringir los arts. 16, 17 y 18 de la Carta, el último de ellos en tanto priva sin justificación razonable a los acreedores de derechos que la ley les otorga para lograr el cobro de su acreencia. Un reciente pronunciamiento de un Tribunal de alzada de la Provincia de Córdoba, consagra este encuadre tras un serio y fundado estudio del caso a él sometido. Dice el fallo: “El decreto 6754/43 es inconstitucional, siendo irrazonable la desigualdad que determina al otorgar mayor protección al sueldo del empleado de la administración pública que aquél que pertenece a la administración privada, ya que en esencia todos son trabajadores, y el hecho de tener diversos empleadores y distinto régimen legal no los diferencia a los fines de la protección de sus haberes” (C4CC Córdoba, 14/10/99, in re “Martínez José B. c. Moreno Oscar A. en La Ley, 2000-171, Córdoba y sus citas). (La inembargabilidad de sueldos de empleados públicos (decreto 6754/43). Drucaroff Aguiar, Alejandro, publicado en DJ2000-2, 715. La Ley Online). También no puede pasarse por alto que el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, ha incorporado a la misma los pactos internacionales suscriptos por nuestro país. Así han de mencionarse la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en sus consideraciones dice: “Que los pueblos americanos han dignificado las personas humanas y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rectores de la vida en sociedad, tiene como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente…”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscripta en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por la República Argentina mediante la ley 23.054, en su artículo 1 que “Los Estados partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Así en su artículo 24 dispone que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. El Capítulo III bajo el título Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 26 (desarrollo progresivo) establece que los estados partes se comprometes a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles u otros medios apropiados. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscriptos en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 19 de diciembre de 1966, en su art. 3 establece: “Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual titulo a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 7 dispone que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos Tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra la Provocación a tal discriminación”. Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscripto en la ciudad de Nueva York , Estados Unidos de Americana, el 19 de diciembre de 1966, en su art. 26 establece que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” “…Así, amalgamando el derecho de igualdad ante la ley, con el de propiedad (que en el caso afecta a la restante categoría de empleados en relación de dependencia privada, y a los acreedores –comerciantes, proveedores de bienes y servicios – que tendrán distinto régimen de crédito según sea su eventual deudor), colígese que la norma es injusta y, por ende debe desecharse (C. S., Fallos 217:130), irrazonable e irregulativa porque concede a algunos que deniega a otros, sin motivo validante (conf. Doct., Sagues Néstor “Recursos Extraordinario”, T. 2, págs. 261 y 262). En ese sentido decidió esta Sala que “es doctrina firme y reiterada, tanto de la Corte Nacional como de la Casación Local, la de buscar una herramienta hermenéutica valiosa “de manera que la admisión de soluciones injustas cuando es posible lo contrario, es incompatible con el fin de la tarea judicial” (C.S. “Faguetti c/ Frigorífico Gral. Deheza”, E. D. 117-579; Ford Motor Argentina, La Ley , 1985-C, 495; “Augusto Vaschetti c/ D.G.I.”, D.J. 1989-II-603; “La Nación c/ La Razón SA”, D.J. 1989-II- 721; S.C.. Buenos Aires, ac. 32.770, “Municipalidad c/ Scorza”, D.J.J. 127-382; L 34736 “Martínez c/ Manfronotti”, D.J.J. 130-194; ac. 34.196 “Di Prieto c/ Monte Paco”, D.J.J. 129- 51- L.L., 1985-D, 402; C. Civ. Com. Azul, Sala II, 4/11/97 “Gil Omar c/ Capitanio Orlando”, causa 42123 del 26/12/2000). (Fallo Plenario “Credi Paz SA c/ Foulkes Mariana Andrea s/ Ejecución Expte. Nro.: 43341 Registro 119.voto de la Dra. Benedictis.). En consecuencia, por todas las consideraciones legales, doctrina y jurisprudencia citada, propongo a mi distinguido colega de Sala, declarar la inconstitucionalidad y aconvencionalidad de los artículos 1 y 11 del Decreto ley 6754/43, su decreto reglamentario y su consecuente ley 13894, ya que los mismos contrarían las Convenciones Internacionales citadas y los preceptos de rango constitucional, pues resultan inaplicables al caso de autos (arg. art. 16, 17 de la Constitución Nacional, y arts. 10, 11, 15, 31, 57 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Tratados y Convenciones Internacionales citadas) debiendo en consecuencia revocar el resolutorio apelado y ordenar se proceda al embargo de la ejecutada de autos en el porcentaje del 10 % (diez por ciento) del haber mensual líquido y neto que percibe la misma. ( art. 120 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y su decreto 484/87 ). En cuanto a las costas generadas en esta instancia recursiva propicio no imponerlas atento a la naturaleza de la cuestión y la forma en que se resuelve (art. 68 C.P.C.C.) A la cuestión planteada voto POR LA NEGATIVA. A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor Ramón Domingo Posca, por iguales consideraciones e idénticos fundamentos adhiere al criterio del Señor Juez preopinante, votando POR LA NEGATIVA. Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: 1°) DECLARAR la inconstitucionalidad y aconvencionalidad de los arts. 1 y 11 del decreto ley 6754/43, su decreto reglamentario y su ley 13894, ya que los mismos contrarían las Convenciones Internacionales citadas y los preceptos de rango constitucional, pues resultan inaplicables al caso de autos (arg. art. 16, 17 de la Constitución Nacional, y arts. 10, 11, 15, 31, 57 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Tratados y Convenciones Internacionales citadas). 2º) REVOCAR el resolutorio apelado y ordenar se proceda al embargo de la ejecutada de autos en el porcentaje del 10 % (diez por ciento) del haber mensual líquido y neto que percibe la misma. ( art. 120 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y su decreto 484/87 ). 3°) NO IMPONER las costas generadas en ésta instancia recursiva, atento a la naturaleza de la cuestión y la forma en que se resuelve (art. 68 C.P.C.C.), 3º) DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad procesal (art. 31 del Decreto-Ley 8904/97) REGISTRESE. DEVUELVASE. Fdo.: Dr. Ramón Domingo Posca, Dr. José Nicolás Taraborrelli – Jueces- Ante mi: Dra. Edith Irene Rota –Secretaria

References: artículo 75
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 7