Source: http://absta.info/apuntes-de-derecho-fiscal.html
Timestamp: 2019-07-18 05:06:26+00:00

Document:
Descargar 264,65 Kb.
Tamaño 264,65 Kb.
Mtra. Norma Alicia Canto Vera
1.- LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO
1.3 El Derecho Fiscal
Diferencia entre Derecho Fiscal, Derecho Financiero y Derecho Tributario
1.4 Fuentes formales del Derecho Fiscal
1.4.1 Disposiciones constitucionales y legales
1.4.2 Reglamento
1.4.3 Jurisprudencia
1.4.4 Tratados Internacionales
1.4.5 Principios generales del derecho
2.- LOS INGRESOS DEL ESTADO
3.- LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
3.1 Definición de obligación tributaria
Clasificación de la obligación tributaria (dar, hacer, no hacer y tolerar)
3.2 Los sujetos de la relación tributaria (artículo 31, fracción IV constitucional
Sujeto pasivo (por adeudo propio y por adeudo ajeno)
3.3 Determinación y liquidación de la obligación tributaria
3.3.1 La resolución administrativa de determinación por parte de la autoridad
La declaración fiscal a cargo del contribuyente
4.- LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
4.3 Prescripción
4.4 Condonación
4.5 Cancelación (no liberatoria)
La materia de Derecho Fiscal actualmente se imparte en el séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, dentro del plan de estudios 99-1 y su contenido abarca nociones básicas de la actividad financiera del Estado, las fuentes del Derecho Fiscal y su diferencia con otras ramas económico financieras, el concepto y ejemplos de obligación tributaria, los sujetos que participan en la materia fiscal y las distintas formas de extinción de la obligación.
A efecto de que el alumno de la materia de Derecho Fiscal pueda entender el contenido de la carta temática, es preciso que conozca los conceptos teóricos de la Teoría General del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, así como también estar imbuido en los acontecimientos que diariamente se difunden por diversos medios de comunicación en relación a la actividad fiscal en el país. A su vez, el alumno debe manejar esta materia para estar posibilitado a cursar la subsecuente denominada Derecho Procesal Administrativo en octavo semestre.
Es importante apuntar que en términos generales el conocimiento y manejo de la materia fiscal no se circunscribe a un semestre para que el alumno que egresa de la Licenciatura en Derecho pretenda resolver todas las situaciones que se le presenten en su práctica profesional en cuanto a esta disciplina, sino que solamente, como se señaló anteriormente, le da una base teórica general para continuar con estudios superiores a nivel de posgrado.
El Derecho Fiscal resulta complejo de estudiar. La legislación fiscal es dinámica y abundante, y al tratarse de una materia concurrente, tenemos sendos ordenamientos que regulan a los distintos niveles de gobierno. Lo anterior aunado a la dificultad que supone la terminología especializada que contiene, ya que en los textos legales se utilizan términos no solo jurídicos, sino económicos, contables y técnicos.
Sin embargo la complejidad de la materia no es una invitación a dejar de estudiarla, ya que la vida de todo individuo, independiente de su nacionalidad, género, edad, actividad, ingresos, etc., seguramente los convierte en sujetos con ciertas obligaciones ante el fisco, o en otro caso, constituye un interesante y inexplorado campo del ejercicio profesional del abogado.
El abogado fiscalista tiene dentro de sus tareas prioritarias, mantenerse debidamente actualizado, ya que las disposiciones fiscales fluyen al ritmo de los cambios que se presentan en el devenir de la sociedad y de la economía globalizada, por lo que se requiere que en este contexto, desarrolle una disciplina de investigación y estudio constante.
Menciona Quintana Valtierra 1 que los orígenes de la actividad financiera del Estado, como ciencia formal, se remonta a la época de la Revolución Francesa. Sin embargo desde la Edad Media ya se realizaban prácticas recaudatorias provenientes de los particulares, así como la obtención de otros recursos derivados de la explotación de su patrimonio y otros ingresos por concepto de otras fuentes. No había una imposición sistematizada de ingresos a favor del Estado. Por tanto, los tributos a cargo de los súbditos no constituían la fuente principal, sino que eran los bienes propios del Estado los que proporcionaban los medios para hacer factible la realización de sus fines. Actualmente la situación se presenta a la inversa, es decir, los contribuyentes son mayoritariamente a quienes corresponde cubrir los gastos públicos.
Al correr del tiempo empieza a evolucionar el pensamiento político económico, particularmente en Italia y posteriormente Francia e Inglaterra. La actividad financiera entonces se veía muy influenciada por la política (economía política), hasta que a las finanzas se le dio un enfoque unitario en el que únicamente se le atribuye contenido económico.
La gran influencia que tuvo la actividad financiera del Estado fue la de Adam Smith 2 con su obra La Riqueza de las Naciones, en donde señala los cuatro principios fundamentales que rigen a la materia impositiva: justicia, certidumbre, comodidad y economía. Es hasta el siglo XIX en que a la actividad financiera se le comienza a contemplar desde un punto de vista jurídico. Actualmente, diversos doctrinarios han definido el concepto de “actividad financiera del Estado” en los siguientes términos:
Carrasco Iriarte 3 señala que “la actividad financiera del Estado es la que se desarrolla a fin de obtener los ingresos necesarios para la realización de sus fines, así como el control de la percepción del ingreso y de la inversión del gasto”.
Para Valdés Costa 4 “la actividad financiera del Estado es aquella relacionada con la obtención, administración o manejo y empleo de los recursos monetarios indispensables para satisfacer necesidades públicas”.
Por su parte, Sáinz de Bujanda 5 dice que “el Estado, a través del Poder Ejecutivo desarrolla una actividad que se encamina a la realización de los servicios públicos y a la satisfacción de las necesidades generales”. Por lo anterior, expone este autor, se requiere que el Estado requiera utilizar todos sus recursos, personales, materiales y jurídicos para el cumplimiento de tal fin.
Giannini 6 establece que el Estado cumple la actividad financiera “para administrar el patrimonio, para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas”.
Joaquín B. Ortega 7 la define como “la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines”.
De los anteriores conceptos, Sergio Francisco de la Garza 8 establece que la actividad financiera del Estado consta de tres importantes momentos relativos a:
Obtención de ingresos, los cuales provienen de fuentes tanto tributarias como no tributarias.
Manejo adecuado de los ingresos recaudados,
Erogación de los ingresos captados para cubrir el gasto público en base a las necesidades sociales.
La actividad financiera del Estado tiene un enfoque multidisciplinario, ésto significa que puede estudiarse desde varios puntos de vista formales:
Aspecto económico.- En base a que la actividad financiera del Estado deriva de la palabra ‘finanzas’, y ésta se utiliza como “sinónimo de hacienda, caudal, dinero o banca” y según Zorrilla Arena 9, indudablemente pertenece a la materia económica. Algunas teorías sustentan que dentro del ciclo económico referido a producción-distribución-consumo, se da origen a la actividad financiera del Estado.
Aspecto político.- En ejercicio de la actividad financiera del Estado, la política constituye un aspecto importante para la Administración Pública, la cual se manifiesta en las distintas actividades y funciones que desempeña el Estado para la realización de sus fines y la prestación de los servicios públicos.
En efecto, la política financiera del país se encarga de formular los objetivos, estableciendo los instrumentos del control de los ingresos, su administración y su erogación.
Aspecto jurídico.- Hay que recordar que la actividad del Estado, en cualquier forma que se manifieste, debe estar supeditada a la regulación que emiten los órganos legislativos, lo cual constituye el derecho positivo.
Para que la actividad del Estado y sus relaciones con los particulares se desarrollen, es indispensable la existencia de una norma jurídica que sea el soporte que les de legitimidad, ya que la observancia al estado de derecho es importante para que los actos surtan sus efectos plenamente. Así tenemos que tanto el establecimiento de ingresos, su recaudación, su manejo y su erogación, se encuentran regulados por disposiciones legales que constituyen el marco que validan la actividad financiera del Estado.
Aspecto sociológico.- La actividad financiera del Estado manifestada en su etapa de recaudación, administración y aplicación de los ingresos produce un impacto considerable en los grupos sociales tales como familias, empresas, productores, etc. A su vez, esos mismos grupos sociales impactan al Estado y en ocasiones les establecen las pautas para la realización de su actividad financiera.
A continuación se mencionarán diversas definiciones de Derecho Fiscal:
De Pina 10 define al Derecho Fiscal “como el conjunto de las disposiciones legales referentes a los gravámenes o impuestos establecidos por el Estado, entidades federativas o municipios, con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para la atención de los servicios públicos”.
Bielsa 11 “Es el conjunto de disposiciones legales y de principios de derecho público que regula la actividad jurídica del fisco”.
Fernández Martínez 12 “Es el conjunto de normas y principios de derecho que regulan la actividad jurídica del fisco y su relación con los particulares”.
Rodríguez Lobato 13 “Es el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de derecho público del Estado, derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en su calidad de contribuyentes”.
Carrasco Iriarte 14 “Derecho Fiscal formal es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los procedimientos y las formalidades aplicables para hacer efectiva la obligación fiscal principal”.
Mabarak 15 “Es la rama del derecho financiero que tiene por objeto regular las relaciones jurídicas que se dan entre el Estado, en su carácter de autoridad fiscal, y los gobernados, ya sea que éstos asuman el papel de contribuyentes, responsables solidarios o terceros, y cuyo objetivo fundamental es el de la recaudación de los tributos”.
Garner 16 “El Derecho Fiscal se refiere al aspecto jurídico de los gravámenes”
Relación del Derecho Fiscal con otras disciplinas.
De tal suerte que el Derecho Fiscal se relaciona con otras ramas del derecho, adoptando principios, conceptos e instituciones jurídicas, mismas que a continuación se señalan:
Derecho Constitucional.- En las normas constitucionales se encuentran establecidos los preceptos que regulan la potestad tributaria del Estado, así como la obligación de los particulares a cubrir el gasto público.
Particularmente son de mención especial los artículos 31, fracción IV y 73 fracción VII de la Carta Magna, sobre los cuales se abundará más adelante, y los relativos a las garantías individuales que constituyen limitaciones al poder tributario para dejar a salvo los derechos que le corresponden a los gobernados.
En forma general, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra el soporte jurídico de la normatividad fiscal federal, y en las constituciones locales se sustentan los principios legales de dicha disciplina tributaria aplicable dentro de sus respectivas circunscripciones.
Derecho Civil.- Esta disciplina es la que más ha contribuido al resto de las otras disciplinas jurídicas. Por lo que se refiere al Derecho Fiscal, se han adoptado numerosos conceptos, entre ellos el de obligación, responsabilidad, domicilio, residencia, prescripción, caducidad, nulidad, pago, compensación, entre muchos ejemplos que pueden citarse. Dichos conceptos tienen la misma connotación en la materia fiscal a aquella que corresponde a la materia civil.
Derecho Mercantil.- De esta rama el Derecho Fiscal ha tomado conceptos como el de sociedad mercantil, empresa, comercio, título de crédito, etc.
Derecho Procesal.- Dentro del Derecho Fiscal adjetivo se encuentran conceptos, principios e instituciones que rigen a los procedimientos de impugnación cuando se pretende el control de la legalidad de los actos de las autoridades fiscales. Por ejemplo, en el juicio de nulidad o en el amparo en materia fiscal, se presentan las etapas básicas de los procesos judiciales
Derecho Penal.- En los casos en que los contribuyentes realizan conductas ilícitas que lesionan el interés fiscal de cualquiera de los niveles de gobierno, se aplican los principios básicos del Derecho Penal para tipificar las infracciones, así como para sancionar su comisión u omisión, según sea el caso.
Los códigos fiscales correspondientes de la Federación o gobiernos locales, dentro de su cuerpo normativo, describen las conductas que son constitutivas de delitos en el campo de la materia fiscal, siendo los más recurrentes el contrabando, la evasión fiscal, entre otros. Sin embargo, se aplican los conceptos del Derecho Penal por lo que se refiere a bien tutelado, probable responsabilidad, prescripción, etc. En una subclasificación del Derecho Fiscal, se encuentra el Derecho Penal Fiscal.
Derecho Internacional.- Las actividades que realizan los individuos en la actualidad no se circunscriben a las fronteras de su país, sino que en ocasiones dichas actividades trascienden del ámbito doméstico y se manifiestan en otros países con consecuencias jurídicas. En esos casos los países han convenido en celebrar tratados internacionales en donde se aplican los principios básicos, así como las instituciones del Derecho Internacional para resolver los conflictos que se presentan en situaciones de doble o múltiple tributación internacional, por ejemplo.
Derecho Administrativo.- No es posible hablar de Derecho Fiscal sin hacer referencia al Derecho Administrativo. La relación entre ambas disciplinas jurídicas es muy estrecha, el estudio del Derecho Fiscal no es posible sin entender cuales son las regulaciones que rigen la actuación de las autoridades de la Administración Pública, sus funciones, sus obligaciones, su marco competencial, etc.
Los órganos del Estado dotados de potestad tributaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, se rigen por los lineamientos y principios del Derecho Administrativo. Los actos de las autoridades fiscales deben cumplir con las características, además de las tributarias en cuanto al fondo, también con las administrativas en cuanto a la forma.
Derecho Financiero.- Diversos autores encuadran al Derecho Fiscal dentro del Derecho Financiero. Si la actividad financiera del Estado tiene tres etapas que son la recaudación, administración y aplicación de los recursos, el Derecho Fiscal establece las normas jurídicas que regulan la primera etapa de esa actividad, o sea, la relativa a la recaudación.
Diferencia entre Derecho Fiscal, Derecho Financiero y Derecho Tributario .
A fin de señalar las diferencias o relación que guardan los contenidos de la materia fiscal, financiera y tributaria, respectivamente, es necesario conocer los conceptos que sobre Derecho Financiero y Derecho Tributario realizar diversos doctrinarios, tal como en su caso se hizo con el Derecho Fiscal en líneas que anteceden.
De la Garza 17 define a la materia financiera como “la que se refiere a los tres aspectos de la actividad financiera del Estado, esto es, tanto a los ingresos como a la gestión de bienes y recursos y a la erogación de los mismos”.
Zorrilla Arena 18 da una definición de finanzas desde un punto de vista económico, en los siguientes términos: “sinónimo de hacienda, caudal, dinero y banca”.
Carrasco Iriarte 19 define al Derecho Financiero como “una ciencia jurídica, una rama del derecho en general, en particular del derecho administrativo, que estudia ... el conjunto de normas que un Estado establece para la recaudación, gestión y empleo de los medios económicos necesarios para la realización de sus fines ... Indica cómo debe desarrollarse la actividad financiera del Estado.”
Este autor divide al Derecho Financiero en cinco partes: Derecho presupuestal, Derecho patrimonial, Derecho tributario o fiscal, Derecho crediticio y Derecho monetario.
Para Fernández Martínez 20, el Derecho Financiero “es el conjunto de normas que regulan la actividad económica del Estado en sus diferentes aspectos, obtención, gestión y erogación de los medios económicos que el Estado requiere para la satisfacción de sus atribuciones”.
Respecto a esta definición, es de mencionarse que el autor confunde los fines del Estado con las atribuciones que las leyes le confiere a las esferas administrativas para alcanzar dichos objetivos.
El autor en mención también divide al Derecho Financiero en 3 partes: Derecho presupuestario, Derecho Fiscal y Derecho Tributario.
Giannini 21 conceptúa al Derecho Financiero como “el conjunto de normas que disciplinan la percepción, la gestión y la erogación de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos”.
De Pina 22 dice que ‘tributo es sinónimo de contribución”.
El término tributo, según Carrasco Iriarte 23, significa “imposición unilateral y coactiva basada siempre en actos regla, es decir, en leyes generales, impersonales y permanentes”.
Al efecto, se entiende por “contribución” las prestaciones en dinero o especie que la ley establece a cargo de los particulares para cubrir el gasto público.
Zorrilla Arena 24 define tributación como “el sistema impositivo, sistema fiscal o de recaudación, y opera mediante la fijación, el cobro y la administración de los ingresos que percibe el Estado”.
Quintana Valtierra 25 lo nombra Derecho Tributario Administrativo señalando al respecto que “es el que regula la actividad administrativa tributaria del Estado”. Esta definición da a entender que la potestad tributaria del Estado es una derivación de la actividad administrativa que realiza el ente gubernamental.
Para De la Garza 26 , el Derecho Tributario es “el conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos (impuestos, derechos, o tasas y contribuciones especiales), a las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones establecidas por su violación”.
En opinión de Mabarak 27 el Derecho Fiscal Sustancial equivale al Derecho Tributario y lo define como “el conjunto de normas jurídicas que regulan la percepción de los tributos. Para esta autora, la percepción de los tributos constituye la parte esencial del Derecho Tributario. Asimismo, señala como objeto de dicha disciplina “el establecimiento de las formas y procedimientos mediante los cuales se determina, liquida y para la deuda tributaria”.
A diferencia de De la Garza, Mabarak excluye de su definición de Derecho Tributario a los procedimientos mediante los cuales los particulares impugnan los actos de las autoridades fiscales que les ocasionan agravio, y lo conceptúa dentro del Derecho Fiscal formal o procedimental.
En conclusión, puede decirse que se han vertido múltiples definiciones de derecho financiero, fiscal y tributario; algunos de los elementos contenidos en sus conceptos parecen semejarse, complementarse e incluso oponerse a los otros. A veces más que aclarar confunden al lector porque no es fácil establecer los límites entre uno y otro.
En nuestro concepto, el derecho financiero constituye el género y los derechos fiscal y tributario, respectivamente, la especie.
Si se toma en consideración que la materia financiera tiene que ver con las contribuciones, el presupuesto, la banca y el crédito, entonces debe entenderse que tiene un contenido principalmente económico. Por lo que se refiere las contribuciones per se, éstas se encuentran comprendidas en la materia tributaria.
Por su parte, el Derecho Fiscal tiene que ver con lo tributario, que es de donde toma su materia, pero abarca campos más amplios que éste último, ya que se refiere no solo a la recaudación de las contribuciones, sino también a los aspectos procedimentales de determinación, liquidación y ejecución. Lo relativo a la impugnación de las resoluciones que determinan contribuciones pertenece al campo del Derecho Procesal Administrativo.
1.4 Fuentes del Derecho Fiscal
Las fuentes del Derecho Fiscal son básicamente aquellas que corresponden al derecho en general, entre las que pueden citarse las siguientes:
1.4.1 Las disposiciones constitucionales y las legales, expedidas por el órgano legislativo, constituyen las normas obligatorias de carácter general, abstracto e impersonal que regula la conducta de los individuos dentro del país, siendo la principal diferencia entre ambas, la jerarquía a la que cada una de ellas pertenece.
Fuente constitucional.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del aparato normativo en vigor, es el ordenamiento de más elevada jerarquía y de ella derivan las disposiciones legales y reglamentarias en forma secundaria.
Dentro de la constitución se encuentran diversos preceptos que dan soporte jurídico a la materia fiscal, mencionando, enunciativa pero no limitativamente, las siguientes:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”
VII. Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto”.
A. Para establecer contribuciones:
1º. Sobre comercio exterior;
2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
Explotación forestal; y
H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones........... “
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior..........”
“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia........ “
Este precepto será comentado más adelante cuando se haga mención al reglamento como fuente del Derecho Fiscal.
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre propiedad inmobiliaria, .....
Las participaciones federales....
Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo,,,....... “
Fuentes legales.- Las fuentes legales están constituidas por el conjunto de disposiciones emanadas del Congreso que derivan de preceptos constitucionales y que tienen un rango secundario al del la propia Ley Suprema. Entre ellas están las leyes fiscales que sirven de sustento al Derecho Fiscal, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, las leyes de ingresos, etc.
1.4.2 El reglamento.
El Ejecutivo Federal, representado por el Presidente de la República tiene lo que se conoce como la facultad reglamentaria, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 89, fracción I, reza:
Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia........... “
El objeto principal del reglamento es facilitar la aplicación de la ley (proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley. Entonces resulta que se requiere de la existencia previa de un ordenamiento legal para que el reglamento tenga vida jurídica. Algunos autores mencionan el caso de los reglamentos autónomos, sin embargo, si bien éstos no derivan de una ley secundaria, sí derivan de la propia Constitución.
El caso del reglamento es sui generis porque la Constitución, en su artículo 49 establece que dos poderes no pueden recaer en una sola persona, y en el caso de la facultad reglamentaria se estaría en el supuesto de que el Presidente de la República está “legislando”, ya que mediante el reglamento se emiten normas de carácter general, abstracto e impersonal, características propias de los ordenamientos emitidos por el Congreso de la Unión, bajo el nombre de leyes.
Si se entiende que el límite del reglamento es la propia ley de la cual emana, entonces las disposiciones reglamentarias no pueden ir ni más allá ni en contra de los preceptos legales, en cuyo caso, el Presidente sí estaría en el supuesto de “legislar” por emitir disposiciones sin sustento legal, lo cual sería a todas luces inconstitucional.
Existen diversos reglamentos en materia fiscal, entre ellos el Reglamento de Código Fiscal de la Federación, el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, etc.
1.4.3 Jurisprudencia.
La jurisprudencia ha alcanzado un lugar importante como fuente del Derecho Fiscal.
Si se toma en cuenta que el flujo legislativo en esta materia es de índices elevados, particularmente en la llamada “miscelánea fiscal” en la que el Congreso crea, modifica o deroga diversos ordenamientos y disposiciones de las leyes tributarias, resulta como consecuencia que se originen una serie de confusiones en la interpretación de los alcances de aplicación o falta de claridad en los elementos constitutivos de las figuras fiscales, por lo que la Suprema Corte de Justicia tiene facultades para emitir criterios en casos análogos, en un mismo sentido e consecutivamente y hasta en cinco ocasiones.
Si bien el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, en términos del artículo 240 del Código Fiscal de la Federación tiene facultad para crear su propia jurisprudencia, no hay que olvidar que ésta puede ser modificada en una última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que solo la jurisprudencia de éste último tribunal es la que se aplica “como si fuera una ley”.
Como menciona Margáin Manautou 28, “el estudio de las sentencias o resoluciones que en materia fiscal expiden nuestros tribunales, muchas veces nos explica el porqué de las reformas a las leyes tributarias. Por eso se considera que en México la jurisprudencia tiene una enorme importancia, porque ha sido la que ha venido evolucionando y caracterizando la ley tributaria”.
1.4.4 Tratados Internacionales.
En virtud del artículo 133, los tratados internacionales forman parte del sistema normativo de nuestro país.
De conformidad a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 29, los convenios internacionales están, en el orden jerárquico, debajo de la Constitución y encima de las leyes federales y locales.
Actualmente existen en vigor algunos tratados internacionales en materia fiscal, tales como los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y los Tratados para Evitar la doble Tributación con Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón.
Los principios generales de derecho son axiomas normativos que tienen que ver con el principio de equidad, los cuales se invocan cuando la interpretación de las otras fuentes del Derecho Fiscal no dan luz sobre el asunto de que se trate.
Mabarak 30 dice que los principios generales del derecho son “los máximos postulados del derecho natural que sólo se pueden aplicar en la relación jurídica tributaria cuando han sido recogidos por el legislador y elevados a la categoría de norma de derecho positivo mexicano”.
De Pina 31 los define como “criterios o ideas fundamentales de un sistema jurídico determinado que se presentan en la forma concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la ley depende del reconocimiento expreso del legislador”.
A mayor abundamiento, Carrasco Iriarte 32 transcribe una tesis del entonces Tribunal de la Federación que a la letra dice:
“Tribunal fiscal de la Federación. Normas en que debe apoyar sus fallos. Está facultado para resolver los casos concretos sometidos a su consideración, no previstos expresamente en la ley, usando de los medios de interpretación que autorizan los mismos ordenamientos legales, y así el artículo 14 constitucional prescribe que, en el caso de la ley sea oscura o dudoso su texto, u omisa, debe echar mano de todos los recursos que el arte de la interpretación le ofrece (interpretación histórica, lógica y sistemática) y si agotados éstos le revela que el caso sometido a su decisión no está previsto, el Tribunal tiene la obligación de colmar la laguna fundando su sentencia en los principios generales de derechos....” Expediente 3496/942, Resolución del Pleno del 23 de junio, 1945, Tesis del Pleno de 1937-1948”.
De Pina 33 hace mención de numerosas máximas de Derecho, entre las que pueden citarse: “no hay tributo sin ley”, “no todo lo que es lícito es honesto”, “primero en tiempo, primero en derecho”, “justicia es dar a cada quien lo que merece”, “es nula la obligación de cosa imposible”, y otras más.
2.- LOS INGRESOS DEL ESTADO.
La actividad primordial del Estado se encamina a la satisfacción del bien colectivo. Con el propósito de lograr sus fines es necesario que se allegue de los recursos necesarios y suficientes para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, la prestación de los servicios públicos
Los ingresos que debe percibir el Estado para llevar a cabo su cometido provienen de fuentes tributarias y no tributarias.
Los ingresos tributarios tienen su origen genéricamente en el Código Fiscal de la Federación, cuyo artículo 2º. establece como contribuciones tributarias a los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras.
En forma específica, las contribuciones vigentes para un ejercicio fiscal se encuentran comprendidas en la Ley de Ingresos de la Federación.
Es decir, el Código Fiscal de la Federación define en el género a las contribuciones y la Ley de Ingresos de la Federación las establece en la especie.
El artículo 2º. del Código Fiscal de la Federación, a la letra dice:
“Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
I.- Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.
II.- Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social.
IV.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado......”
Como puede verse en el Código Fiscal de la Federación, no se define al impuesto sino que por negación se dice que impuesto es lo que no es derecho, aportación de seguridad social o contribución de mejoras. Esta definición es insuficiente y precaria a todas luces.
Quizá el legislador no quiso ser limitativo dando una definición de impuesto y dar cabida a interpretaciones que tuvieran como resultado que algunas conductas quedaran sin adecuación en este rubro y por lo tanto, no sujetas al pago de contribuciones. Se maneja el criterio que mientras más amplio, menos limitativo.
Margáin Manautou 34 considera que el impuesto es “la principal fuente de ingresos .. y el más estudiado por la doctrina”.
Zorrilla Arena 35, define al impuesto como “la contribución, cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los particulares, con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que presta a la sociedad”.
Fernández Martínez 36 define a los impuestos como “las cantidades en dinero, en especie o parte de la riqueza que el Estado exige obligatoriamente al contribuyente, con el objeto de costear los gastos públicos”.
Respecto a ambas definiciones es importante hacer notar que se requiere de la realización de la conducta de un individuo la cual se adecue a una hipótesis legal para que nazca la obligación de contribuir, tal como se verá en el capítulo de la obligación tributaria. Es decir, que la obligación no nace per se si no existe el hecho que la genere (hecho generador).

References: resolución 
 artículo 27
 artículo 89
sui generis
 artículo 49
 artículo 240
 artículo 133
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2