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Timestamp: 2020-04-02 00:08:07+00:00

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AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL - KIPDF.COM
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 (ANTIGUO P. INST. E INSTR. Nº 5) Rambla medular s/n, esquina c/Aragón Arrecife Teléfono: 928 59 93 58 Fax:928 59 92 ...
Author: Miguel García Macías
ENCUADRE. Apertura del curso
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 (ANTIGUO P. INST. E INSTR. Nº 5) Rambla medular s/n, esquina c/Aragón Arrecife Teléfono: 928 59 93 58 Fax:928 59 92 60 Intervención: Denunciante Denunciante Denunciante Denunciante Denunciante Imputado Imputado
Interviniente: Gines Manuel Diaz Pallares Luis Guirao Fernandez Francisco Javier Diaz Reixa Suarez Mario Alberto Perdomo Aparicio Ezequiel Navio Vasseur Pablo Carrasco Cabrera
Procedimiento: Procedimiento abreviado Nº Procedimiento: 0001089/2009 3500441220090011540 Resolución: Auto 000011/2015
Irma Ferrer Peñate
Jose Angel Rodriguez Gil
Maria Milagros Cabrera Perez Jaime Manchado Toledo
Imputado Imputado Imputado Imputado
Miguel Angel Armas Matallana Jose Francisco Reyes Rodriguez Faustino Garcia Marquez Armando Villavicencio Delgado Juan Cesar Muñoz Sosa Andres Morales Gonzalez Leonardo Rodriguez Garcia Juan Lorenzo Tavio Santana
Gladis Acuña Machin
Beatriz Díez Labín-Gázquez
Vicente Jesus Bartolome Fuentes Evaristo Garcia Perez Manuel Jesus Isidro Spinola Perdomo Jose Juan Hernandez Duchemin
Luis Fernandez Navajas
Imputado Imputado Imputado
Jose Enrique Gomez Rodriguez De Acuña Samuel García Hernández
Jose González García Beatriz Moya Torres Beatriz Díez Labín-Gázquez
José Luis García Pérez María Nieves Africa Zabala Fernández Jose González García
Jose Carlos Ronda Moreno
Joaquin Gonzalez Diaz Gregorio Leal Bueso Noelia Teresa Hernandez Eugenio Noelia Teresa Hernandez Eugenio Maria Milagros Cabrera Perez Encarnacion Pinto Luque Joaquin Gonzalez Diaz
AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL En Arrecife a doce de junio, de dos mil quince. HECHOS PRIMERO: Por auto de fecha 13 de marzo de 2015, se acordó continuar la tramitación de las diligencias previas 1089/2009 por los trámites del procedimiento abreviado, contra Juan Francisco Rosa Marrero, BTL, Lanzarote, S.L., D. Miguel Angel Armas Matallana, D. Armando Villavicencio Delgado, D. Juan Cesar Muñoz Sosa, D. Faustino García Marquez, D. Pablo Carrasco Cabrera, D. Jose Francisco Reyes Rodriguez, D. Andres Morales González, D. Vicente Bartolome Fuentes, Dña. Gladys Acuña Machín, D. Leonardo Rodriguez García, D. Juan Lorenzo Tavio Santana y don Evaristo Garcia Perez, D. Manuel Jesús Spinola Pérdomo, D. Blas Noda Gonzalez, D. Jose Juan Hernádez Duchemín y D. Jose Antonio Rodriguez Martín, por si los hechos relatados en la resolución fueran constitutivos de los delitos recogidos en el fundamento jurídico segundo de la citada, a cuyo efecto se acordó dar traslado simultaneo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que en el plazo común de veinte días formularan escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prevista por la ley o bien el
sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedieran excepcionalmente solicitar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación. SEGUNDO: Contra el auto de transformación de procedimiento abreviado de fecha 13 de marzo de 2015 se interpuesieron los siguientes recursos. 1.- Por escrito de fecha 19 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 82/2015, el acusado don Vicente Jesus Bartolomé Fuentes interpuso recurso de reforma y subsidiaria apelación. 2.- Por escrito de fecha 20 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 87/2015, el acusado don Blas Noda Gonzalez interpuso recurso de reforma y subsidiaria apelación. 3.- Por escrito de fecha 20 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 88/2015, los acusados doña Gladis Acuña Machín, don Juan Lorenzo Tavio Santana y don Jose Antonio Rodriguez Martín interpusieron recurso de reforma y subsidiaria apelación. 4.- Por escrito de fecha 20 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 89/2015, los acusados don Juan Francisco Rosa Marrero y BTL Lanzarote, S.L. interpusieron recurso de reforma. 5.- Por escrito de fecha 23 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 90/2015, el acusado don Miguel Angel Armas Matallana interpuso recurso de apelación. 6.- Por escrito de fecha 24 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 96/2015, el acusado don Pablo Carrasco Cabrera interpuso recurso de apelación. 7.- Por escrito de fecha 25 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 99/2015, el acusado don Leonardo Rodriguez García interpuso recurso de apelación. 8.- Por escrito de fecha 25 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 101/2015, el acusado don Andres Morales Gonzalez interpuso recurso de apelación. 9.- Por escrito de fecha 25 de marzo de 2015, que quedó registrado con numero 102/2015, el acusado don Jose Juan Hernandez Duchemín interpuso recurso de apelación. Los recursos de apelación resultaron admitidos en un solo efecto por diligencias de ordenación de fecha 24, 25 y 26 de marzo de 2015. Por auto de fecha 10 de abril de 2015 se desestimaron de manera conjunta los recursos de reforma interpuestos y se admitieron a trámite en un solo efecto los subsidiarios recursos de apelación presentados. TERCERO.- Las partes acusadoras, evacuado el traslado conferido, han presentado los siguientes escritos de calificación provisional:
I.- Con entrada en el Juzgado en fecha 24 de marzo de 2015, escrito de calificación provisional del Ministerio fiscal que ha quedado registrado con numero 94/2015 , mediante el que solicita la apertura del juicio oral contra los siguientes imputados y por los siguientes delitos (se transcribe literalmente): “SEGUNDA: Los anteriores hechos son constitutivos de los siguientes delitos: -HECHO I Apartados 1º y 2º: UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL COMETIDO POR PARTICULARES, tipificado en el art. 392 en relación con el art. 390.1.2º y 74 CP, (Este delito está en relación de continuidad del art. 74 CP con el delito descrito en el HECHO III Apartado 2º subapartado B) y en relación de concurso ideal del art. 77 CP con los siguientes: Apartado 1º: Subapartado A) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en los arts. 320.1º y 338 CP, en relación con los arts. 5 y 9.1 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la ordenación urbanística del suelo rustico de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote Subapartado B) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en los arts. 320.1º y 338 CP, en relación con los arts. 5 y 9.1 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la ordenación urbanística del suelo rustico de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote Apartado 2º: Subapartado A) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS
VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en los arts. 320.1º y 338 CP, en relación con los arts. 27 y 63.5 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias (vigente desde el 12 de junio de 1999 hasta el 14 de mayo de 2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado B) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO tipificado en los arts. 320.2º y 338 CP., en relación con los arts. 27 y 63.5 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias (vigente desde el 12 de junio de 1999 hasta el 14 de mayo de 2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado C) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en los arts. 320.1º y 338 CP, en relación con los arts. 164, y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado D) UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO tipificado en los arts. 320.2º, 74 y 338 CP, en relación con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote Subapartado E) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO tipificado en los arts. 320.2º y 338 CP, en relación con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
(vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote - HECHO II Apartados 1 a 20: UN DELITO DE USURPACIÓN DE BIEN INMUEBLE, tipificado en el art. 245.2º CP en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 319.1º en relación con el art. 338 CP, en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 323.1º en relación con el art. 338 CP y los arts. 8.3, 55, 96.2.e) y 96.3.b) de la Ley 4/99 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN SU MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 325 en relación con el art. 338 CP. Apartados 1 a 21: UN DELITO DE USURPACIÓN DE BIEN INMUEBLE, tipificado en el art. 245.2º CP en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 319.1º en relación con el art. 338 CP, en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 323.1º en relación con el art. 338 CP y los arts. 8.3, 55, 96.2.e) y 96.3.b) de la Ley 4/99 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTINUADO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN SU MODALIDAD DE
REALIZACIÓN DE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 325 en relación con los arts. 74 y 338 CP (Este delito está en relación de continuidad del art. 74 CP con el delito descrito en el HECHO IV Apartado 1º y 2º subapartado a) y en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTINUADO DE HURTO DE BIENES DE VALOR HISTÓRICO DE ESPECIAL GRAVEDAD POR SU CUANTÍA, tipificado en el art. 234 en relación con los arts. 235.1º y 3º, y 74 CP. Apartado 21: UN DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 319.1º en relación con el art. 338 CP, en concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 323.1º en relación con el art. 338 CP y los arts. 8.3, 55, 96.2.e) y 96.3.b) de la Ley 4/99 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias. - HECHO III: Apartado 1º) Subapartado A) UN DELITO DE PREVARICACIÓN, tipificado en el art. 404 CP en relación con el art. 16 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011), con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado B) UN DELITO DE PREVARICACIÓN, tipificado en el art. 404 CP en relación con el art. 16 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011), con los arts.
164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado C) UN DELITO DE PREVARICACIÓN tipificado en el art. 404 CP en relación con el art. 16 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011) con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado D) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA, tipificado en el art. 320.1º en relación con los art. 16, 17 y 18 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011) con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado E) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA, tipificado en el art. 320.2º en relación con los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011) con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. APARTADO 2º) Subapartado A)
UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA, tipificado en el art. 320.1º en relación con los art. 16, 17 y 18 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011) con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado B) UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL COMETIDO POR PARTICULAR, tipificado en los arts. 392 y 74 en relación con el art. 390.1.2º CP. (Este delito está en relación de continuidad con el delito del HECHO I, Apartados 1º y 2º) Subapartado C) UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, EN SU MODALIDAD DE PREVARICACIÓN MEDIOAMBIENTAL CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 329 en relación con los arts. 325 y 338 CP y los arts. 2.2, 13.a), 18, 19, 27, 28, 30, 46 y 49 del Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Público Hidráulico; Art. 62.5.c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000); y arts. 4.2.2.2.6 y 5.4.3.3-3 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote (vigente desde el 21/06/1991). (Este delito está en relación de continuidad del art.74 CP con el delito del HECHO IV, apartado 1º) APARTADO 3º) Subapartado A) UN DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, tipificado en el art. 429 CP, en relación de concurso ideal del art. 77 CP con el siguiente: Subapartado B´1) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA, tipificado en el art. 320.2º en relación
con los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011) con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado B´2) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA, tipificado en el art. 320.1º en relación con los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (vigente desde el 31/01/1998 hasta el 15/10/2011) con los arts. 164, 166.5 y 169.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. - HECHO IV APARTADOS 1º y 2º UN DELITO CONTINUADO Y CUALIFICADO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE EN SU MODALIDAD DE EMISIÓN DE VERTIDOS CONTAMINANTES CON GRAVE RIESGO DE PERJUICIO AL EQUILIBRIO DE LOS SISTEMAS NATURALES Y LA SALUD DE LAS PERSONAS, Y CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en el art. 325.1 incisos 1º y 2º en relación con los arts. 326 b), 338, y 74 CP. (Este delito está en relación de continuidad del art. 74 CP con el delito descrito en el HECHO II Apartados 1 a 21.) APARTADO 1º UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, EN SU MODALIDAD DE PREVARICACIÓN MEDIOAMBIENTAL, COMETIDO EN COMISIÓN POR OMISIÓN CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO tipificado en el art. 329 en relación con los arts. 11, 325 y 338 CP y los arts. 2.2, 13.a), 18, 19, 27, 28, 30, 46 y 49 del Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Público Hidráulico; Art. 62.5.c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias (vigente desde el 15/05/2000); y arts. 4.2.2.2.6 y 5.4.3.3-3 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote (vigente desde el 21/06/1991). (Este delito está en relación de continuidad del art.74 CP con el delito del delito del HECHO III, apartado 2º, subapartado C), APARTADO 2º UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, EN SU MODALIDAD DE PREVARICACIÓN MEDIOAMBIENTAL, COMETIDO EN COMISIÓN POR OMISIÓN tipificado en el art. 329 en relación con los arts. 11 y 325 CP y los arts. 2.2, 13.a), 18, 19, 27, 28, 30, 46 y 49 del Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Público Hidráulico; Art. 62.5.c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (vigente desde el 15/05/2000); y arts. 4.2.2.2.6 y 5.4.3.3-3 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote (vigente desde el 21/06/1991). - HECHO V A y B) UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO COMETIDO POR PARTICULARES, tipificado en el art. 392 en relación con los arts. 390.1.2º y 74 CP, en relación de concurso ideal del art. 77 CP con UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA CUALIFICADA EN GRADO DE TENTATIVA, tipificado en los arts. 248, 250.5º, 16, 62 y 74 CP. B) UN DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO, tipificado en el art. 390.1.1º y 3º CP. TERCERA: De los anteriores hechos responden penalmente los siguientes acusados, conforme al art. 28 CP: - HECHO I Apartados 1º y 2º: Los acusados Juan Francisco ROSA MARRERO y Miguel Ángel ARMAS MATALLANA en concepto de autores. Apartado 1º Subapartado A) el acusado Faustino GARCÍA MÁRQUEZ en concepto de autor.
Subapartado B) el acusado Armando VILLAVICENCIO DELGADO en concepto de autor. Apartado 2º Subapartado A) el acusado Pablo Ramón CARRASCO CABRERA en concepto de autor. Subapartado B) el acusado José Francisco REYES RODRÍGUEZ en concepto de autor. Subapartado C) el acusado Pablo Ramón CARRASCO CABRERA en concepto de autor. Subapartado D) el acusado José Francisco REYES RODRÍGUEZ en concepto de autor. Subapartado E) el acusado José Antonio RODRÍGUEZ MARTIN en concepto de autor. - HECHO II Apartados 1 a 20, el acusado Miguel Ángel ARMAS MATALLANA en concepto de autor. Apartados 1 a 21, el acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de autor. Apartado 21, la acusada “BTL LANZAROTE S.L”, únicamente por el Delito contra la ordenación del territorio del art. 319.1º CP en concepto de autor. - HECHO III Apartado 1º) Subapartado A), el acusado Vicente Jesús BARTOLOMÉ FUENTES a t í t u l o d e cooperador necesario. Subapartado B), el acusado Andrés MORALES GONZÁLEZ a título de cooperador necesario. Subapartado C), el acusado José Francisco REYES RODRÍGUEZ en concepto de autor. Subapartado D), el acusado Andrés MORALES GONZÁLEZ en concepto de autor. Subapartado E), el acusado José Francisco REYES RODRÍGUEZ en concepto de autor. Apartado 2º) Subapartado A), el acusado Manuel Jesús SPÍNOLA PERDOMO en concepto de autor. Subapartado B), el acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de autor.
Subapartado C), el acusado José Juan HERNÁNDEZ DUCHEMÍN en concepto de autor. Apartado 3º) Subapartado A), el acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de autor. Subapartado B´1) los acusados Gladys ACUÑA MACHÍN, Leonardo RODRIGUEZ GARCIA, Juan Lorenzo TAVÍO SANTANA y Evaristo GARCIA GARCIA en concepto de coautores. Subapartado B´2) el acusado Vicente Jesús BARTOLOMÉ FUENTES en concepto de autor. - HECHO IV Apartados 1º y 2º El acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de autor. Apartado 1º, el acusado José Juan HERNÁNDEZ DUCHEMÍN en concepto de autor. Apartado 2º, los acusados Gladys ACUÑA MACHÍN y José Antonio RODRÍGUEZ MARTIN en concepto de autores. - HECHO V Apartados A y B Los acusados Juan Francisco ROSA MARRERO y Miguel Ángel ARMAS MATALLANA en concepto de coautores. Apartado B El acusado Blas NODA GONZALEZ en concepto de cooperador necesario. CUARTA: No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ninguno de los acusados en ninguno de los hechos delictivos. QUINTA: Procede imponer a los acusados las siguientes penas: 1. Al acusado Miguel Ángel ARMAS MATALLANA Por el delito del HECHO I, apartados 1º y 2º: DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, y MULTA DE DIEZ MESES con cuota diaria de 40 euros.
Por el delito del HECHO II, Apartados 1 a 20: SEIS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, MULTA DE CUARENTA MESES con cuota diaria de 40 euros, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTO DURANTE CUATRO AÑOS. Por el delito del HECHO V, apartados A y B: DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, y MULTA DE DIEZ MESES con cuota diaria de 40 euros. 2. Al acusado Faustino GARCÍA MÁRQUEZ Por el delito del HECHO I, apartado 1º, subapartado A): MULTA DE TREINTA MESES, con cuota diaria de 30 euros, con aplicación del art. 53 CP en caso de impago y previa declaración de insolvencia, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS. 3. Al acusado Armando VILLAVICENCIO DELGADO Por el delito del HECHO I, apartado 1º subapartado B): MULTA DE TREINTA MESES, con cuota diaria de 30 euros, con aplicación del art. 53 CP en caso de impago y previa declaración de insolvencia, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS. 4. Al acusado Pablo Ramón CARRASCO CABRERA Por el delito del HECHO I, apartado 2º, subapartado A): DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS. Por el delito del HECHO I, apartado 2º, subapartado C): DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS. 5. Al acusado José Francisco REYES RODRÍGUEZ Por el delito del HECHO I, apartado 2º, subapartado B): DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS.
Por el delito del HECHO I, apartado 2º, subapartado D): TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 14 AÑOS. Por el delito del HECHO III, apartado 1º, subapartado C): INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. Por el delito del HECHO III, apartado 1º, subapartado E): UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 6. Al acusado Vicente Jesús BARTOLOMÉ FUENTES Por el delito del HECHO III, apartado 1º, subapartado A): INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. Por el delito del HECHO III, apartado 3º, subapartado B´2): UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 7. Al acusado Andrés MORALES GONZÁLEZ Por el delito del HECHO III, apartado 1º, subapartado B): INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. Por el delito del HECHO III, apartado 1º, subapartado D): MULTA DE VEINTE MESES, con cuota diaria de 30 euros, con aplicación del art. 53 CP en caso de impago y previa declaración de insolvencia, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 8. Al acusado Manuel Jesús SPÍNOLA PERDOMO Por el delito del HECHO III, apartado 2º, subapartado A): MULTA DE VEINTE MESES, con cuota diaria de 30 euros, con aplicación del art. 53 CP en caso de impago y previa declaración de insolvencia, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 9. Al acusado José Juan HERNÁNDEZ DUCHEMÍN
Por el delito del HECHO III, apartado 2º, subapartado C), en relación de continuidad con el delito del HECHO IV, apartado 1º: TREINTA Y SEIS MESES DE MULTA, con cuota diaria de 30 euros, con aplicación del art. 53 CP en caso de impago y previa declaración de insolvencia, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 15 AÑOS. 10. Al acusado Evaristo GARCÍA PÉREZ Por el delito del HECHO III, apartado 3º, subapartado B´1): UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 8 AÑOS Y SEIS MESES. 11. Al acusado Juan Lorenzo TAVÍO SANTANA Por el delito del HECHO III, apartado 3º, subapartado B´1): UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 8 AÑOS Y SEIS MESES. 12. Al acusado Leonardo RODRÍGUEZ GARCÍA Por el delito del HECHO III, apartado 3º, subapartado B´1): UN AÑO Y DIEZ MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 13. Al acusado José Antonio RODRÍGUEZ MARTIN Por el delito del HECHO I, apartado 2º, subapartado E): DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS. Por el delito del HECHO IV, Apartado 2º: DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 14. A la acusada Gladys ACUÑA MACHÍN Por el delito del HECHO III, apartado 3º, subapartado B´1): UN AÑO Y DIEZ MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS.
Por el delito del HECHO IV, Apartado 2º: DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 9 AÑOS. 15. Al acusado Blas NODA GONZÁLEZ Por el delito del HECHO V, apartado B: DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, y MULTA DE DIEZ MESES con cuota diaria de 12 euros. 16. Al acusado Juan Francisco ROSA MARRERO Por el delito del HECHO I, apartados 1º y 2º, en relación de continuidad con el delito del HECHO III, apartado 2º, subapartado B): TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, y MULTA DE DOCE MESES con cuota diaria de 100 euros. Por el delito del HECHO II, Apartados 1 a 21, en relación de continuidad con el delito del HECHO IV, apartados 1º y 2º: NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, MULTA DE SESENTA Y CINCO MESES con cuota diaria de 100 euros, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE CUALQUIER PROFESIÓN RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA Y/O TURÍSTICA DURANTE SEIS AÑOS. Por el delito del HECHO V, apartados A y B: TRES AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, y MULTA DE DOCE MESES con cuota diaria de 100 euros. 17. A la acusada “BTL LANZAROTE SOCIEDAD LIMITADA”, Por el delito del HECHO II, Apartado 21: MULTA DE DOS AÑOS con cuota diaria de 150 euros, suspensión de sus actividades durante dos años, y prohibición de realizar durante dos años actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria.” Interesa además el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional: la clausura definitiva del complejo de instalaciones “Stratvs”; la demolición de todo lo indebidamente construido y la reposición del terreno a la forma que más se asemeje a su estado originario a costa de los acusados don Juan Francisco Rosa Marrero, don Miguel Angel Armas Matallana y BTL Lanzarote, S.L; la nulidad de las resoluciones y decretos en virtud de los cuales se
atorizó en via administrativa la construcción y actividad de las diferentes construcciones y actividades del complejo “Stratvs”; la nulidad de determinadas escrituras públicas otorgadas por la Notario doña Carmen Martinez Socias; la nulidad del cambio de titularidad catastral de las referencias catastrales 001700200FT20F0001BP y 35034A007010060000QE; la nulidad de las inscripciones registrales que se determinan del escrito así como la deducción de testimonio de particulares con el fin de que sea objeto de instrucción e investigación un presunto delito de fraude de subvenciones en que hubiera podido incurrir el acusado don Juan Francisco Rosa Marrero por si o a través de las sociedades “Juan Francisco Rosa e Hijos, S.L.” o “B.T.L. Lanzarote, S.L.” y /o “Bodegas Stratvs, S.L. en la obtención de subvenciones públicas para la construcción ilegal de las edificaciones, instalaciones y/o desarrollo de la actividad del complejo “Stratvs”. Interesa por último en su escrito la incorporación de los folios nº 3362 y 3363 de las diligencias previas 697/2008, así como el decomiso de todos los efectos, productos e ingresos que se hayan obtenido por los acusados don Juan Francisco Rosa Marrero y BTL LANZAROTE, S.L. con ocasión de la construcción y explotación del complejo de instalaciones, conforme el artículo 127 del Código Penal. II.- Con entrada en el Juzgado en fecha 20 de abril de 2015, escrito de calificación provisional de la acusación particular ejercitada en nombre de don Jose Juan Negrín Ramos, doña Olga María Ramos de Paiz, doña Olga María Negrín Ramos y doña Maria Teresa Negrín Ramos, que ha quedado registrado con numero 141/2015 , mediante el que se adhiere al Ministerio Fiscal en relación a las personas contra las que dirige la acusación, delito y pena solicitada, y amplía la solicitud de responsabilidad civil añadiendo a lo ya solicitado por el Ministerio Público (se trascribe literalmente: “…Asimismo les deberán indemnizar en la cantidad de 389.673,20 €, por el valor de la parte alícuota (1/18 parte) correspondiente al espacio ilegítimamente usurpado y edificado, según tasación pericial que se aporta como documental y cuyos valores de Tasación se indican en dicha pericial; ascienden a la cantidad de 6.789.442,47 € para la finca 3630 y de 224.675,20 € para la finca 3629.” III.- Con entrada en el Juzgado en fecha 13 de mayo de 2015, escrito de calificación provisional cursado por la Asociación de Transparencia Urbanística, que quedó registrado con numero 188/2015 , mediante el que solicita la apertura del juicio oral contra (se transcribe literalmente): “SEGUNDA.- Los anteriores hechos son constitutivos de los siguientes delitos que habrán de añadirse a los ya señalados por el Ministerio Fiscal sobre los que declaramos nuestra conformidad complementándolos en: - HECHO I Apartados 1º y 2º:
A2) UN DELITO CONTINUADO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, tipificado en el art. 429 del C.P. y en relación de concurso ideal del art. 77 CP con las prevaricaciones señaladas en el escrito del Ministerio Fiscal en el apartado 1º y 2º y con los siguientes delitos calificados por esta acusación: Apartado 1º: Subapartado C) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO, tipificado en los arts. 320. 1º y 338 CP, en relación con los artículos 5 y 9.1 d la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la ordenación urbanística del suelo rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote . Habrá de añadir en la tipificación de los delitos del subapartado A, B y C, “y el RDL 1302/1986, de 28 de Junio en cuanto a la necesidad de Estudio de Impacto Ambiental previo y el artículo 4.2.2.6 B1 del Decreto 63/1991, de 9 de Abril, por el que se aprueba el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Apartado 2º: Subapartado B´2) UN DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA CON AFECTACIÓN GRAVE A LOS VALORES OBJETO DE PROTECCIÓN DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO COMETIDO POR OMISIÓN y tipificado en los arts. 320.2º y 338 CP., en relación con los arts. 27 y 63.5 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias (vigente desde el 12 de junio de 1999 hasta el 14 de mayo de 2000), y con el art. 4.2.2.6 del Decreto 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote. Subapartado C´2) Un DELITO DE FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, tipificado en el artículo 346 CP. - HECHO III:
A 2) UN DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, tipificado en el art. 346 CP, en relación de continuidad con el HECHO IV apartado 1 y 2. y en relación de concurso ideal del art. 77 CP con las prevaricaciones señaladas en el escrito del Ministerio Fiscal en el apartado 1º , 2º y 3º. - HECHO IV A 2) UN DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, tipificado en el art. 429 del CP y en relación de continuidad con el HECHO III, apartado 1º, 2º, y 3º. y en relación de concurso ideal del art. 77 CP con las prevaricaciones señaladas en el escrito del Ministerio FIscal en el apartado 1º y 2º. - HECHO V A 2) UN DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, tipificado en el art. 429 del Código Penal. y en relación de concurso ideal del art. 77 CP con el delito de falsedad en documento público señalado en el escrito del Ministerio Fscal en el apartado B: TERCERA: De los anteriores hechos responden penalmente los siguientes acusados, conforme al art. 28 CP que habrá de añadirse a los señalados por el Ministerio Fiscal sobre los que esta parte manifiesta su conformidad: - HECHO I Apartados 1º y 2º: A 2) El acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de autor. Apartado 1º Subapartado C) el acusado JUAN CESAR MUÑOZ SOSA en concepto de autor. Apartado 2º Subapartado B´2) el acusado José Francisco REYES RODRÍGUEZ en concepto de autor. Subapartado C´2) el acusado PABLO CARRASO CABRERA y VICENTE BARTOLOMÉ FUENTES en concepto de autores. - HECHO III Apartado1º, 2º, y 3º,
A 2), el acusado Juan Francisco Rosa en concepto de autor - HECHO IV Apartados 1º y 2º. A 2) el acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de Autor - HECHO V Apartados A y B. A 2) el acusado Juan Francisco ROSA MARRERO en concepto de autor. CUARTA: No conforme con la calificación del Ministerio Fiscal sí concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en don Vicente Bartolomé Fuentes. QUINTA: Procede poner a los acusados las siguientes penas, que habrá de añadir a las recogidas por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre las que esta parte muestra su conformidad: 18. Al acusado don Juan César Muñoz Sosa, por el delito C, HECHO I, apartado 1, la pena de MULTA DE TREINTA MESES, con cuota diaria de 30 euros, con aplicación del art. 53 CP en caso de impago y previa declaración de insolvencia, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO PÚBLICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 12 AÑOS. 5. Al acusado don José Francisco Reyes, por el delito B 1), del HECHO I, apartado 2º, la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo por igual tiempo, e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA CARGO PÚBICO RELACIONADO CON EL DELITO COMETIDO DURANTE 14 AÑOS. 4. Al acusado don Pablo Carrasco Cabrera, por el delito C 2) del HECHO I, apartado 2º, la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de 9 años. 6. Al acusado don Vicente Bartolomé Fuentes, por el delito C´2 del HECHO I, la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación para cargo público por tiempo de 9 años.
16. al acusado don Juan Francisco Rosa Marrero; Por el delito A 2) del HECHO I, apartado 1º y 2º, la pena de DOS AÑOS DE PRISION en inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 10 años. Por el delito A 2) del HECHO III, apartados 1º, 2º y 3º, en relación de continuidad con el delito A 2) del HECHO IV, apartado 1º y 2º, la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años. Por el delito A 2) del HECHO V, la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo por igual tiempo y MULTA DE DIEZ MESES con cuota diaria de 100 euros.” IV.- El 27 de abril de 2015 tuvo entrada en el Juzgado escrito de la Asociación Ecologista y Cultural AGONANE (reg. num. 154/2015), quien una vez subsanados los defectos procesales que se observaron según diligencia de ordenación de fecha 28 de abril de 2015, se la tuvo por personada en autos según diligencia de ordenación de fecha 11 de mayo de 2015. Por diligencia de ordenación de fecha 15 de mayo de 2015 se hace saber a la Asociación Ecologista y Cultural AGONANE se les emplaza por 20 días para la presentación de escrito de calificación provisional, plazo precluido sin que se haya presentado escrito de calificación provisional. V.- Precluido el plazo, la Abogacía del Estado no ha presentado escrito de calificación provisional. RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO.- Establece el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que una vez solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará, salvo que se entienda que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado o que los hechos no son constitutivos de delito, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Los citados indicios de criminalidad se analizaron en el auto de fecha 13 de marzo de 2015, que dio lugar a la acomodación del procedimiento al trámite de procedimiento abreviado y que se sustentan en las diligencias practicadas obrantes en la causa y en la prueba interesada por las acusaciones en sus respectivos escritos de acusación, por lo que las actuaciones ofrecen méritos suficientes para atribuir provisionalmente la comisión de delitos objeto de este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar dicha apertura. A su vez, dispone el artículo 783.2 del citado texto que debe el juez resolver al mismo tiempo sobre las medidas cautelares procedentes, tanto respecto del acusado como de los responsables civiles, a quienes exigirá fianza si no la prestare el acusado en el plazo que se
le señale, así como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente a quienes no hubieren sido acusados. La resolución por la que se acuerde la apertura del juicio oral señalará el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa, y contra aquélla no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas. El auto de apertura de juicio oral supone un juicio del Instructor en el que decide si en la imputación de hechos existe materia delictiva para abrir el juicio o por el contrario es procedente acordar el sobreseimiento, y en el primer caso ha de concretar los hechos que se atribuyen a determinados sujetos, previamente imputados, los cuales han de estar igualmente designados, y contra los que pueden acordarse las pertinentes medidas cautelares. La calificación jurídica de los hechos provisionalmente efectuada en dicho auto por el órgano jurisdiccional encargado de la preparación del juicio, sólo tiene por objeto determinar el procedimiento a seguir y el órgano judicial ante el que debe seguirse, sin mayores vinculaciones (STS 513/2007, de 19 de junio). Supone ello un límite o control que hace efectivo el derecho del justiciable, entre los que se encuentra la presunción de inocencia. La seriedad y trascendencia para el circulo individual y repercusión pública en toda formulación de juicio de acusación, acrecienta la necesidad de un trámite garantista, cuya finalidad es evitar que se abra el juicio oral contra una determinada persona sin haber constatado previamente la consistencia de la acusación que frente a ella se formula o con ausencia de ella, dado que nuestro sistema pivota en torno al principio acusatorio. El Tribunal Supremo señala que en la fase intermedia tiene lugar un “momento estelar” del proceso, que no es otro que aquella decisión del órgano jurisdiccional competente acordando sobreseer, o por el contrario, ordenando la apetura del juicio oral. Tal sustancial trámite cumple una “función de depuración” de la acusación, el juicio acerca de la procedencia o no de abrir el juicio oral “es un juicio negativo en virtud del cual el juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación” (STS de 17 de mayo de 1990, Sala 2ª; ATS de 20 de diciembre de 1996, “caso Filesa”). Es por ello que el auto de apertura del juicio oral constituye uno de los actos procesales de mayor relevancia en relación a la fijación del objeto procesal, por cuanto que el ámbito material de enjuiciamiento a partir de este momento no podrá ser sustancialmente variado por las partes, sino a lo sumo para realizar alguna aclaración o rectificación, no relevante en el trámite de cuestiones previas o en el trámite de calificación definitiva para retocar los hechos objeto de acusación a la vista de la prueba practicada. En ningún caso podrán introducirse en el debate hechos nuevos no contemplados en los escritos de calificación provisionales y en el auto de apertura del juicio oral, pues supondría una vulneración de las garantías que asisten a todo imputado de ser oído en instrucción sobre hechos por los que ha adquirido tal estado procesal y tener así la posibilidad de combatirlo mediante la propuesta o participación en las diligencias de investigación, porque los principios inspiradores de nuestro procedimiento penal no permiten
la formulación de una acusación permanente que conduciría a la acusación, a una irremediable indefensión que traería al proceso principios inquisitivos ancestrales hoy desterrados de esta fase del procedimiento, donde debe regir siempre el estricto principio acusatorio, con pleno respeto a las garantías básicas. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 186/1990 de 15 de noviembre de 1990), “es de tener en cuenta, a estos efectos, que aunque el juez instructor corresponde controlar la consistencia o solidez de la acusación que se formula con las vinculaciones y excepciones previstas en la ley, ese juicio, de existir, es un juicio negativo en virtud del cual el juez cumple funciones de garantía jurisdiccional, no de acusación”, pues tras enunciar la Ley la regla general de la vinculación del instructor con la apertura del juicio oral, únicamente le permite denegarla, una vez solicitada, cuando el hecho no sea constitutivo de infracción penal o ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento que proceda (artículo 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Adelantaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su exposición de motivos que “el juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates delante del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar imparcialmente y dar el triunfo a aquel de los contendientes que tenga la razón y la justicia de su parte. La calificación jurídica provisional del hecho justiciable y de la persona del delincuente, hecho por el acusador y el acusado una vez concluso el sumario, es en el procedimiento criminal lo que en el civil la demanda y su contestación, la acción y las excepciones. Al formularlas empieza realmente la contienda jurídica, y ya entonces sería indisculpable que la Ley no estableciera la perfecta igualdad de condiciones entre el acusador y el acusado. Están enfrente uno de otro, el ciudadano y el Estado” (párrafo XIX de Exposición de Motivos de la Lecrim.). A lo anterior se suma que la doctrina del Tribunal Constitucional se ha mostrado siempre contraria a las iniciativas judiciales inculpatorias mediante juicios positivos de imputación, reiterando la función que recae en el instructor de supervisión y control de las acusaciones a través de juicios negativos. Es precisamente en los casos en que se deniega la apertura del juicio oral cuando esa resolución alcanza su verdadero significado. Si el juez de instrucción, en el auto por el que acuerda la apertura del juicio oral, omite, sin acordar expresamente el sobreseimiento, un delito por el que una de las partes acusadoras formuló acusación, ello no vincula al órgano de enjuiciamiento que deberá celebrar el juicio oral respecto de todos los hechos, con sus calificaciones, contenidos en los escritos de acusación. La parte acusada no podrá alegar indefensión ni vulneración del derecho a ser informado de la acusación, pues el artículo 784 prevé que , abierto el juicio oral, se emplazará al imputado con entrega de copia de los escritos de acusación por lo que tendrá pleno conocimiento de la imputación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico. Si el instructor abre el juicio oral respecto de unos delitos y sobresee expresamente respecto de otros, las partes acusadoras podrán interponer los pertinentes recursos contra la parte del auto que acordó el sobreseimiento. Sólo pues, la declaración expresa y formal de sobreseimiento contenida en
el auto de apertura, una vez que alcance firmeza, producirá efectos vinculantes para el juicio oral. Sólo los supuestos en los que la resolución excluya expresamente un determinado hecho o un determinado delito puede reconocerse eficacia configurativa negativa al auto de apertura. En lo demás, la resolución sólo sirve para posibilitar que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación, y para señalar el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, pero no fija los términos del debate ni en los hechos ni en su calificación jurídica. Sencillamente porque la Ley no lo dice, siendo ésta la opinión dominante en la jurisprudencia del TS. En este sentido la SSTS de 19 de junio de 2007, de 20 de marzo de 2007 y 20 de marzo de 2000 disponiendo esta última (STS 488/2000) que “constituye doctrina consolidada de esta Sala 2ª, como nos recuerda el Fiscal, que al escrito de conclusiones definitivas debe ir referida la relación o juicio de congruencia del fallo (SSTS 26 de julio de 1988, STC 16/1987, de 12 de febrero), en cuanto el proceso se orienta y prepara por los escritos de calificaciones provisionales primero, y se consolidad y concreta, a la vista de la resultancia del plenario, por las definitivas. Teniendo el instructor la facultad de denegar la apertura del juicio oral, conforme al art. 790.6 (actualmente 783) de la Lecrim., esta Sala ha declarado que tal apertura en modo alguno viene a condicionar los delitos concretos objeto de enjuiciamiento, llegando así a la conclusión de que el principio acusatorio que constituye una de las garantías esenciales del proceso penal con rango de derecho fundamental no ha resultado vulnerado ni se ha producido indefensión en cuanto ha existido una correlación estricta entre el contenido de la acusación y el fallo de la sentencia, sin que pueda cumplir ese cometido delimitador el auto de apertura del juicio oral”. Sólo puede producirse una delimitación negativa cuando el instructor, en el mencionado auto, excluya expresamente un determinado hecho o un determinado delito. Por ello el auto que acuerda la apertura del juicio oral sólo sirve para permitir que el procedimiento entre en la siguiente fase. Su finalidad es valorar la consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas y con ello la llamada “pena de banquillo”, actuando en este caso el juez “en funciones de garantía jurisdiccional, pero no de acusación” (STS 41/1998 de 24 de febrero de 1998). El auto supone un juicio de racionalidad sobre la existencia de motivos bastantes para el enjuiciamiento, supliendo de esta manera en el proceso abreviado la falta de auto de procesamiento del proceso ordinario, pero ni tiene como éste naturaleza inculpatoria ni tiene el alcance de conformar positivamente los términos fácticos y jurídicos del plenario, pues eso es función de las acusaciones. SEGUNDO.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, y según lo solicitado en los escritos de calificación provisional reseñados en el antecedente de hecho tercero, procede acordar la APERTURA DE JUICIO ORAL y tener por dirigida la acusación contra las personas que seguidamente se relacionarán, por si los hechos a ellos imputados pudieren ser constitutivos de los presuntos delitos que se dirán (en referencia a los apartados de hechos presuntamente delictivos contenidos en los diferentes escritos de acusación, que seguidamente se enunciarán, sin perjuicio del detalle obrante en los mismos y del recogido en los Antecedentes de Hecho de este Auto):
1.-D. Juan Francisco Rosa Marrero, por delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particulares (art. 392 en relación con el art. 390.1.2º y 74 del Codigo Penal -en adelante “CP”-) en relación de continuidad con delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular (art. 390.1.2º del CP); delito de usurpación de bien inmueble (art. 245.2º CP); delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 319.1º en relación con el art. 338 del CP); delito contra el Patrimonio Histórico con afectación grave a los valores objeto de proteccion de un Espacio Natural Protegido (art. 323.1º en relación con el art. 338 del CP); por delito continuado contra el medio ambiente en su modalidad de realización de excavación y extracción con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 325 en relación con los arts. 74 y 338 del CP) en relación de continuidad con delito continuado y cualificado contra el medio ambiente en su modalidad de emisión de vertidos contaminantes con grave riesgo de perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, y con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegico (art. 325.1 incisio 1º y 2º en relación a los arts. 326 b), 338 y 74 del CP);por delito continuado de hurto de bienes de valor histórico de especial gravedad por su cuantía (art. 234 en relación con los arts. 235.1º y 3º y 74 del CP); por delito continuado de falsedad en documento público por particulares (art. 390.1.2º y 74 del CP) por delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa (art. 248, 250.5º, 16, 62 y 74 del CP); todos ellos relacionados en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las demás acusaciones personadas, y delito de tráfico de influencias (art. 429 del CP) en la forma relacionada en el escrito de calificación de la acusación popular. 2.- BTL, Lanzarote, S.L., por delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 319.1º en relación con el art. 338 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las acusaciones personadas. 3.- D. Miguel Angel Armas Matallana, por delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particulares (artículo 392 en relación con el artículo 390.1.2º y 74 del CP); delito de usurpación de bien inmueble (artículo 245.2 del CP); delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 319.1 en relación con el art. 338 del CP); delito contra el patrimonio histórico con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 323.1 en relación con el art. 338 del CP); delito contra el medio ambiente en su modalidad de realización de excavación y extracción con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 325 en relación al art. 338 del CP); delito continuado de falsedad en documento público cometido por particulares (art. 392 en relación
con los arts. 390.1 y 2 del CP); y delito continuado de estafa cualificada en grado de tentativa (arts. 248, 250.5º, 16, 62 y 74 del CP); todos ellos relacionados en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las demás acusaciones personadas. 4.- D. Armando Villavicencio Delgado, por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 320.1 y 338 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las acusaciones personadas. 5.-D. Juan Cesar Muñoz Sosa, por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 320.2 y 338 del CP)en la forma relacionada en el escrito de calificación de la Acusación Popular. 6.- D. Faustino García Marquez, por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 320.1 y 338 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las acusaciones personadas. 7.- D. Pablo Carrasco Cabrera, por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 320.1 y 338 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las acusaciones personadas; y delito de fraude a la Administración (art. 436 CP) en la forma relacionada en el escrito de calificación de la acusación popular. 8.- D. Jose Francisco Reyes Rodriguez por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 320.2 y 338 del CP); por delito de continuado de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 320.2 en relación al art. 74 y 338 del CP); delito de prevaricación (artículo 404 del CP) y delito de prevaricación urbanística (artículo 320.2 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las acusaciones personadas; por delito de prevaricación en su modalidad de prevaricación urbanísitica cometido en comisión por omisión (art. 320.2 en relación con los arts. 11 y 338 del CP) en la forma relacionada en el escrito de calificación del la acusación popular. 9.- D. Andres Morales González, por delito de prevariacación (art. 404 del CP); por delito de prevaricación urbanísitica (art. 320.1 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativos de las acusaciones personadas. 10.- D. Vicente Bartolome Fuentes, por delito de prevaricación (artículo 404 del CP); por delito de prevaricación urbanísitica (artículo 320.1 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas; y delito de fraude a la Administración (art. 436 CP) en la forma relacionada en el escrito de calificación de la acusación popular.
11.- Dña. Gladys Acuña Machín, por delito de prevaricación urbanística (arts. 320.2 y 338 del CP); por delito contra el medio ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental cometido en comisión por omisión (art. 329 en relación con los arts. 11 y 325 del CP);en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 12.- D. Leonardo Rodriguez García por delito de prevaricación urbanística (art. 320.2 del CP)en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 13.- D. Juan Lorenzo Tavio Santana por delito de prevaricación urbanística (art. 320.2 del CP)en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 14.- D. Evaristo Garcia Perez, por delito de prevaricación urbanística (art. 320.2 del CP)en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 15.- D. Manuel Jesús Spinola Pérdomo, por delito de prevaricación urbanística (art. 320.1 del CP)en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 16.- D. Blas Noda Gonzalez, por delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público (art. 390.1.1º y 3º del CP)en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 17.- D. Jose Juan Hernádez Duchemín, por delito de prevaricación medioambiental con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (art. 329 en relación con los art.s. 325 y 338 del CP) en relación de continuidad con un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de prevaricación medioambiental, cometido en comisión por omisión con afectación grave a los valores objeto de protección de un espacio natural protegido (art. 329 en relación a los arts. 11,325 y 338 del CP); en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas. 18.- D. Jose Antonio Rodriguez Martín, por delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores objeto de protección de un Espacio Natural Protegido (arts. 320.2 y 338 del CP); por delito contra el medio ambiente en su modalidad de prevaricación medioambiental cometido en comisión por omisión (art. 329 en relación con los arts. 11 y 325 del CP);en la forma relacionada en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y correlativas de las acusaciones personadas.
Además procede la apertura del juicio oral como responsables civiles contra don Juan Francisco Rosa Marrero y don Miguel Angel Armas Matallana, quienes en su caso habran de responder de manera conjunta y solidaria de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos imputados, ex. Art.116 del CP, por los daños y perjuicios causados a Dña. Olga Maria Ramos Paiz, don Jose Juan Negrín Ramos y Maria Teresa Negrín Ramos en las siguientes cantidades de modo conjunto (sin distinguir cuartas partes): 1.- Por el volumen de rofe sustraido.- 1/18ava parte de 266.581,20 euros. 2.- Por la destrucción de la vivienda.- 1/18ava parte de 16.981,37 euros. 3.- Por el espacio ilegitimamente usurpado y edificado.- 389.673,20 euros. TERCERO.- Dispone el artículo 589 de la L.E.Cr., de aplicación al Procedimiento Abreviado según los artículos 764.1 y 783.2 que, desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades si no se prestare la fianza exigida; previéndose asimismo por el art. 783.2 LECrim la exigencia de fianza respecto de los responsables civiles si no la prestare el acusado en el plazo que se le señale. A su vez, el artículo 615 de la LECrim. dispone que cuando en la instrucción del sumario aparezca indicada la existencia de la responsabilidad civil de un tercero con arreglo a los artículos respectivos del Código Penal, o por haber participado alguno por título lucrativo de los efectos del delito, el Juez, a instancia del actor civil, exigirá fianza a la persona contra quien resulte la responsabilidad, y si no la prestase el Secretario judicial embargará los bienes que fueren necesarios. En primer lugar, cabe realizar un análisis del contenido del concepto de la responsabilidad pecuniaria, cuyo alcance no resulta coincidente con el de responsabilidad civil. El capítulo IV del Título V del Código Penal distingue en su epígrafe la responsabilidad civil y las restantes “responsabilidades pecuniarias” pudiendo considerarse dentro de este concepto de “responsabilidades pecuniarias” las recogidas en el artículo 126 del Código Penal. Este artículo recoge además un orden de preferencia para el pago de las cantidades abonadas por el penado, en caso de que llegue a serlo, donde la pena de multa se situa en último lugar. Así el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias tiene por finalidad garantizar: 1) el pago de la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios, 2) la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa, 3)las costas del acusador particular o privado cuando se impusiera en la sentencia su pago 4)las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados y, por último, a la pena de multa. Debe tenerse en cuenta no obstante que el Código Penal preve en el artículo 53 que, si el condenado no
satisficiere, voluntariamente o por via de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Sin embargo, el punto tercero del mismo artículo establece que la citada responsabilidad subsidiara no es aplicable a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años. Por ello, deberán tenerse en cuenta las penas solicitadas, no siendo necesario la imposición de medida civil alguna en aquellos casos en los que los acusados no son responsables civiles y no se solicita contra ellos pena que exceda de los cinco años de privación de libertad (computada en suma la responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago), habida cuenta de las alternativas contempladas en el artículo 53 del Código Penal. En cuanto a la cuantía establecida, en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se dispone que el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias, por lo que la cantidad acordada es la mínima exigida por la ley, debiendo prestarse en cualquiera de las formas admitidas en derecho, esto es, personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier medio que, a juicio del Juez o Tribunal garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. En el presente caso, a la vista de las solicitudes efectuadas en los respectivos escritos de acusación presentados, de las personas sobre las que recae la responsabilidad civil de los daños y perjuicios, así como las eventuales multas económicas a imponer a cada acusado y de lo expuesto anteriormente en cuanto a su procedencia y necesidad según la pena solicitada (art. 53 del CP) procede fijar las siguientes fianzas: 1. D. Juan Francisco Rosa Marrero: - En concepto de multas: 267.000 €. - En concepto de responsabilidad civil: 405.426,676 €. - TOTAL (+1/3 –art. 589 LECrim-): 896.568 €. 2. D. Miguel Angel Armas Matallana: - En concepto de multas: 72.000 €. - En concepto de responsabilidad civil: 405.426,67 €. - TOTAL (+1/3 –art. 589 LECrim-): 636.568,9 €.
Todo ello sin perjuicio de los incrementos que procedan ulteriormente sobre las cantidades antes referidas en concepto de intereses de demora, intereses legales y procesales, y moratorios. CUARTO: No se han adoptado en el presente procedimiento medidas cautelares personales, ni se entienden necesarias llegado este momento procesal. En cuanto a las medidas cautelares reales, tras la solicitud cursada el 28 de noviembre de 2013 por el perjudicado Sr. Jose Juan Negrín Ramos, en fecha 18 de diciembre de 2013 se celebró vista, tras la que se dictó en fecha 20 de diciembre de 2013 auto mediante el que se acordó la clausura total del complejo Stratvs y la suspensión de cualquier actividad dentro del mismo, con carácter cautelar, mientras dura la instrucción de la causa o sea dejada sin efecto por resolución posterior, y por un plazo máximo de cinco años, documentándose todo lo relativa a la misma en la correspondiente pieza de medida cautelar. La anterior resolución fue confirmada por auto de laIlma. Audiencia Provincial de Las Palmas, de 22 de mayo de 2014 (rollo de apelación 288/2014). En fecha 4 de diciembre de 2014, la representación procesal del imputado don Juan Francisco Rosa Marrero, y BTL Lanzarote, S.L., interesó mediante escrito registrado con numero 686/2014 el alzamiento de la medida de cierre cautelar y suspensión de actividad de la instalación Stratvs, solicitud que fue denegada por auto de 23 de enero de 2015 sobre el que actualmente pende recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial. QUINTO.- Respecto al órgano jurisdiccional competente para el enjuiciamiento, dados los tipos penales objeto de acusación, resulta competente la Audiencia Provincial de Las Palmas (artículo 14.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), siendo los hechos calificados -al menos en algunos de los supuestos- como delitos castigados con pena privativa de libertad superior a cinco años y no superior a nueve años, así como las penas de inhabilitación superiores a 10 años. SEXTO-. En relación a la solicitud del Ministerio Fiscal, consistente en la incorporación testimoniada a la causa de los folios nº 3362 y 3363 de las diligencias previas seguidas ante este Juzgado con nº 697/2008, no ha lugar a la misma, obrando ya la incorporación que fue interesada en previo informe del Ministerio fiscal de fecha 15 de noviembre de 2013 y acordado por providencia de fecha 22 de noviembre de 2013(folios 4812 a 4815), por la que se procedió a la incorporación de los citados folios que se corresponden con los folios 13.715 y 13.716 de los autos. Por último interesan las acusaciones la deducción de testimonio de particulares al observar indicios sobre la posible comisión de delito de fraude de subvenciones cometido por don Juan Francisco Rosa Marrero, por si o a traves de alguna de las sociedades “Juan Francisco Rosa e Hijos, S.L:”, “BTL Lanzarote S.L.” y/o “Bodegas Stratvs, S.L.” en la obtención de subvenciones públicas para la construcción ilegal de las edificaciones, instalaciones y/o desarrollo de la actividad del complejo “Stratvs”. Habiendo manifestado el Sr. Rosa en su declaración (f. 14.893) la obtención de subvenciones del Gobierno de Canarias y la
Comunidad Europea para la financiación de una instalación/actividad presuntamente ilícita 30
según el relato de hechos contenido en el auto de acomodación a procedimiento abreviado de fecha 13 de marzo de 2015, de donde se infiere necesariamente la falsedad de los datos comunicados para la concesión de las subvenciones, procede deducir testimonio de las declaraciones de imputado de don Juan Francisco Rosa Marrero y BTL Lanzarote, folios 1.803 a 1.810 (tomo IV) ,folios 14.890 a 14.895 (tomo XXVIII), de los folios 2.197-2.198 del tomo IV y de las cuentas anuales de la mercantil “Juan Francisco Rosa e Hijos, S.L) correspondientes al año 1999 a 2006, y de la mercantil BTL Lanzarote, S.L. del año 1999 a 2012 (f. 15.537 a 15.944, tomo XXX), con indicación de que son las obrantes en el deposito mercantil habida cuenta de que las restantes no están depositadas. Los anteriores testimonios deberán ser remitidos a Fiscalía para su investigación, junto con testimonio del presente auto y del auto de acomodación a procedimiento abreviado de fecha 13 de marzo de 2015. SÉPTIMO.- En el fundamento jurídico cuarto del auto de trece de marzo de 2015 mediante el que se acordó seguir los trámites de procedimiento abreviado, se acordó ampliar el plazo establecido en el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al de 20 días de carácter simultáneo, en atención al volumen y complejidad de la causa, medida que se adopta en idéntico sentido y por la misma justificación en orden a dar traslado a las defensas para que ,con entrega de la causa digitalizada actualizada donde obrará no sólo el presente auto, sino unidos los escritos de calificación de las presentados, puedan formular los correspondientes escritos de defensa según establece el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. PARTE DISPOSITIVA I.- Se acuerda la APERTURA DEL JUICIO ORAL respecto a los hechos objeto del procedimiento abreviado 1/2014, teniéndose por formulada acusación, por los delitos y en los términos recogidos en el fundamento jurídico segundo de la presente resolución, contra las siguientes personas: 1. D.Juan Francisco Rosa Marrero, 2. BTL, Lanzarote, S.L. 3. D. Miguel Angel Armas Matallana 4. D. Armando Villavicencio Delgado 5. D. Juan Cesar Muñoz Sosa 6. D. Faustino García Marquez 7. D. Pablo Carrasco Cabrera 8. D. Jose Francisco Reyes Rodriguez 9. D. Andres Morales González 10. D. Vicente Bartolome Fuentes
11. Dña. Gladys Acuña Machín 12. D. Leonardo Rodriguez García 13. D. Juan Lorenzo Tavio Santana 14. D. Evaristo Garcia Perez 15. D. Manuel Jesús Spinola Pérdomo 16. D. Blas Noda Gonzalez 17. D. Jose Juan Hernádez Duchemín 18. D. Jose Antonio Rodriguez Martín Abierto el Juicio Oral contra don Juan Cesar Muñoz Sosa unicamente a instancia de la acusación popular, dese traslado al Ministerio fiscal por plazo de tres días para que formule escrito de acusación salvo que renuncie a ello (art. 783.3 Lecrim) II.- Procede la APERTURA de JUICIO ORAL como responsables civiles directos de manera conjunta y solidaria contra don Juan Francisco Rosa Marrero y don Miguel Angel Armas Matallana, III.- Se declara como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo en la presente causa la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas. IV.- Notifíquese la presente resolución a las partes personadas a través de la representación que obra en autos, haciendoles saber que contra el auto de apertura del Juicio Oral no cabe recurso alguno excepto en lo relativo a la situación personal y requiriéndoles, en su caso, para que designen Abogado y Procurador, o únicamente Procurador en los supuestos de que conste exclusivamente personado Letrado, entendiéndose que en caso de no alegar al respecto, ratifican la designación que obra en autos. Y significando que para el caso de que no designen representación procesal o soliciten la designación de profesionales del turno de oficio, que, conforme a los arts. 121 LECrim y 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no pueden actuar simultáneamente abogado de oficio y procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por escrito a sus honorarios o derechos en los términos expuestos en el citado artículo. V.- Hágase entrega de las actuaciones a todas las partes acusadas para que en el plazo simultaneo de VEINTE DIAS HÁBILES presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas, proponiendo en su caso las pruebas de que intenten valerse las partes interesadas. Si en el plazo de veinte días hÁbiles no presentaren el escrito escrito de defensa, se entenderá que se oponen a la acusación y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse, como determina el art. 784 de la LECrim.
Se entenderá verificado el traslado referido, y empezará a contar el plazo desde el día siguiente a aquel en que conste en autos la notificación personal de la presente resolución y la entrega de las actuaciones digitalizadas actualizadas, para lo que deberá citarse las partes acusadas para que comparezcan en el juzgado en el plazo máximo de TRES DIAS. VI.-Requierase a los acusados a fin de que en el término de cinco días habiles presten fianza en cualquiera de las clases admitidas en derecho por la cuantía de 896.568 €. en el caso de don Juan Francisco Rosa Marrero y por la cuantía de 636.568,9 €. en el caso de don Miguel Angel Armas Matallana. Si transcurrido dicho termino no lo verifican, embárguenseles bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir dicha suma y de no ser posible, déseme cuenta. Llevese testimonio de esta resolución y con ella procedase a la apertura de las correspondientes piezas de responsabilidad civil. Respecto de la situación personal de los acusados se decreta el mantenimiento de las acordadas con anterioridad, no habiéndose acordado medida alguna. VII.-Deduzcase testimonio de las declaraciones de imputado de don Juan Francisco Rosa Marrero y BTL Lanzarote, folios 1.803 a 1.810 (tomo IV) ,folios 14.890 a 14.895 (tomo XXVIII), de los folios 2.197-2.198 del tomo IV y de las cuentas anuales de la mercantil “Juan Francisco Rosa e Hijos, S.L) correspondientes al año 1999 a 2006, y de la mercantil BTL Lanzarote, S.L. del año 1999 a 2012 (f. 15.537 a 15.944, tomo XXX), con indicación de que son las obrantes en el deposito mercantil habida cuenta de que las restantes no están depositadas. Los anteriores testimonios deberán ser remitidos a Fiscalía para su investigación, junto con testimonio del presente auto y del auto de acomodación a procedimiento abreviado de fecha 13 de marzo de 2015. VIII.- Presentandos los escritos de defensa, o trascurrido el plazo para ello, elevese el procedimiento al órgano enjuiciador, participando los recursos no suspensivos que queden pendientes. XIX.- Se ratifican las medidas cautelares ya acordadas en el procedimiento, quedando a tal efecto confirmadas por la presente resolución todas las medidas adoptadas en la correspondiente pieza separada de Medidas Cautelares, así como en las restantes actuaciones,todo ello en los términos acordados en el razonamiento Jurídico CUARTO de la presente resolución, y sin perjuicio del recurso de apelación pendiente sobre el mantenimiento de la misma. Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma, D./Dña. Silvia Muñoz Sanchez, titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Arrecife (antes mixto nº 5), y de su cumplimiento, yo
el/la Secretario/a doy fe.
Report "AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL"

References: resolución 
 artículo 127
 artículo 4
 artículo 346
 artículo 783
 artículo 783
 artículo 783
 resolución 
 resolución 
 artículo 784
 resolución 
 resolución 
 artículo 390
 artículo 589
 artículo 615
 artículo 126
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 589
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 artículo 780
 artículo 784
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