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Timestamp: 2020-01-21 05:24:40+00:00

Document:
﻿ LAUDO EN DERECHO ELECTRIFICADORA DEL CARBIBE S.A. E.S.P. VS. ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. AGOSTO 27 DE 2010
LAUDO EN DERECHO DE 27 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:• SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ACTIVIDADES. SE DEBE ENTENDER QUE EL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRENDE TANTO LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN COMO POR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA.• CONTABILIDAD EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. LA EXIGENCIA DE LLEVAR CONTABILIDAD SEPARADA ES PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS QUE TENGAN OBJETO SOCIAL MÚLTIPLE.• OBJETO SOCIAL MÚLTIPLE. CUANDO LA LEY SE REFIERE A OBJETO SOCIAL MÚLTIPLE HACE REFERENCIA A AQUELLAS SOCIEDADES QUE PRESTAN DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS PÚBLICOS TALES COMO LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO YA QUE CADA UNO DE ELLOS CONSTITUYE UN OBJETO SOCIAL DIFERENTE.• CONTRATO. FUNCIÓN. EL CONTRATO ES FUNDAMENTALMENTE UN MEDIO DE PROCURAR Y REGULAR LA COLABORACIÓN INTERSUBJETIVA.• INCUMPLIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS ES MALA FE. LA NEGATIVA A CONSTITUIR LA GARANTÍA QUE ASEGURABA EL PAGO DE LO QUE SE LLEGARA A DEBER POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DEMOSTRATIVA DE LA MALA FE.• CLÁUSULA PENAL E INTERÉS MORATORIO. ACUMULACIÓN. A PESAR DE QUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA SE HA PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE QUE NO ES FACTIBLE COBRAR AL MISMO TIEMPO LA CLÁUSULA PENAL Y LOS INTERESES MORATORIOS QUE EL DEUDOR DEBE PAGAR A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LA DOCTRINA ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTA ACUMULACIÓN PUEDE EFECTUARSE CON EL ÚNICO REQUISITO DE QUE LAS PARTES EXPRESEN QUE ENTIENDEN QUE LA CLÁUSULA PENAL ESTÁ DESTINADA A CUMPLIR UNA FUNCIÓN DE APREMIO.
SECRETARIO:CLAUDIA SOFÍA FLÓREZ MAHECHA
ÁRBITROS:GABRIEL DIAGO GARCÍAFELIPE ROYET GÓNZALEZALFREDO URIBE CARBONELL
DEMANDANTE:ELECTRIFICADORA DEL CARBIBE S.A. E.S.P.
Energía Confiable S.A. E.S.P.
Barranquilla, D.E.I.P., veintisiete (27) de agosto de dos mil diez (2010).
Surtido en su totalidad el proceso arbitral adelantado para dirimir las controversias surgidas entre las sociedades ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., en lo sucesivo ELECTRICARIBE y ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P., en lo sucesivo ECONSA, procede el tribunal, de conformidad con los artículos 154 y 158 del decreto 1818 de 1998 a celebrar la audiencia de fallo decretada mediante auto Nº 45 de 25 de agosto de 2010.
1.1. OPORTUNIDAD DEL LAUDO.
En este laudo no se hará referencia a las acciones de tutela y su trámite ante la justicia ordinaria interpuestas por la parte convocada, ninguna de las cuales prosperó, debido a la poca incidencia que sus fallos tienen en las decisiones que tomará este Tribunal, así como tampoco nos referiremos a la gran cantidad de recursos de reposición igualmente interpuestos contra la mayoría de los autos proferidos por el tribunal, por la parte convocada. En consecuencia, solo serán objeto de mención y análisis relevantes y pertinentes del proceso.
La primera audiencia de trámite se surtió el 9 de marzo de 2010, y en su desarrollo se leyó la cláusula compromisoria, se determinaron las pretensiones de la demanda principal y de la demanda de reconvención y su reforma, la estimación razonada de la cuantía y se declaró la competencia del tribunal mediante auto Nº 24, el cual fue objeto de recurso de reposición interpuesto por los apoderados de las partes. Para desatar los recursos el tribunal confirmó su competencia mediante autos Nº 25 y 26, para luego proseguir con el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, según auto Nº 26 notificado a ellas en estrados, el cual quedó en firme.
En el libelo se señaló que ello de abril de 2002 las partes celebraron Contrato de Prestación de Servicios de Red de Distribución, ELECTRICARIBE en su calidad de comercializador integrado que ejerce la actividad de comercialización de manera conjunta con la de distribución, y ECONSA en su calidad de comercializador independiente, para el uso de las redes de propiedad de la convocante. Que ECONSA ha incumplido sistemática y repetidamente desde su misma celebración haciéndose imposible su normal desarrollo. Como ocurre con la obligación de otorgar garantía mediante la entrega de dos pagarés firmados, lo cual no hizo por cuanto los remitió sin firmas; el incumplimiento en el pago de los cargos, el no pago de las irregularidades en que incurren sus clientes y otros de naturaleza técnica.
Igualmente que se incumplió el contrato por cuanto no pagó los cargos por el uso del sistema de distribución local (SDL) de ELECTRICARIBE, en la forma y tiempo pactados en la cláusula novena, y además señaló la imposibilidad de liquidar adecuadamente tales cargos dado que no se puede hacer una telemedida por los inconvenientes que presentan las fronteras comerciales de ECONSA, lo cual también constituye incumplimiento. La misma situación se presentó con los transformadores que se encuentran fuera de los rangos señalados en la normatividad técnica colombiana, de lo cual se dejo constancia en actas de registro de revisiones eléctricas que ELECTRICARIBE elabora en las visitas, trayéndole como consecuencia la disminución de las sumas que recibe por el uso del SDL por parte de ECONSA, y que la energía no registrada en el medidor de frontera le fueron cargadas en el mercado mayorista a Electricaribe.
Como primeras pretensiones esgrimió ELECTRICARIBE, las de declaración de incumplimiento del contrato por parte de ECONSA; la condena al pago de cláusula penal y de intereses moratorios. Como segundas pretensiones impetró la convocante que se declare el incumplimiento en siete oportunidades por el suministro e instalación en las fronteras comerciales, por valor de $ 32.986.359, la cláusula penal y los intereses de mora. Como terceras pretensiones principales, que se declare que ECONSA incumplió en 36 oportunidades la obligación impuesta por el parágrafo único de la cláusula séptima del Contrato de Distribución, relativa al pago de irregularidades, y que se condene a la convocada al pago de la suma de $ 317.673.224, más el valor de las irregularidades que con posterioridad a la presentación de la demanda se produjeran y no se pagaran y al pago de los intereses de mora sobre lo debido a la tasa máxima legal, desde la causación del respectivo crédito hasta el pago. Y, además, se le condene al pago de la cláusula penal pactada en la cláusula vigésima del mismo contrato, equivalente a la suma de $ 10.000.000.00 por cada uno de tales incumplimientos, más la misma pena por cada una de las irregularidades que con posterioridad a la presentación de la demanda se produjeran y no se pagaran. Como cuartas pretensiones principales que se declare terminado el contrato de Distribución celebrado entre las partes ello de abril de 2002 por incumplimiento de la demandada de sus obligaciones contractuales. También solicitó ELECTRICARIBE se condene en costas a la convocada.
2.4. EXCEPCIONES A LA DEMANDA.
El apoderado de ECONSA en el escrito de contestación a la demanda bajo el título EXCEPCIONES propuso: (a) Inexistencia de los incumplimientos contractuales; (b) Contrato no cumplido; (c) Cobro excesivo de intereses o usura; (d) Cobro de lo no debido; (e) Improcedencia de acumular intereses moratorios y cláusula penal; (f) Incumplimiento de la parte convocante de normas especiales de regulación del sector eléctrico vinculadas al Contrato suscritos por las partes, de respaldo técnico y operativo para la distribución de energía; (g) Prevalencia de normas constitucionales por jerarquía normativa sobre disposiciones contractuales particulares; (h) Violación del derecho constitucional del Debido Proceso y Derecho de Defensa; (i) Improcedencia del aprovechamiento del dolo propio; (j) Indebida acumulación de pretensiones; (k) Nulidad absoluta del parágrafo de la cláusula séptima del contrato de distribución; (1) Lesión Enorme; m) Compensación y subsidiariamente cualquier otra excepción cuyos fundamentos de hecho aparezcan acreditados dentro del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.
3. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE ECONSA.
A manera de epítome, tales hechos fueron centrados por ECONSA en el incumplimiento contractual de ELECTRICARIBE, contenido en el numeral 4º de la cláusula décimo novena, que tipifica además como incumplimiento del contrato cualquier acción u omisión de las partes que impida su normal ejecución. Pues bien, el demandante en reconvención enumera, entre otros incumplimientos, los siguientes:
La omisión por parte de ELECTRICARIBE de suministrar el listado de usuarios propietarios de activos; la ruptura de sellos sin presencia del comercializador, obligación contenida en la cláusula séptima del contrato; la omisión, deficiencia e ineficiencia en la labor de AOM, contenida en la cláusula décima del contrato, relacionando 92 eventos que configuran este incumplimiento; la remisión del listado de precios de las maniobras para la adecuación de las fronteras comerciales contenida en la cláusula quinta; el cobro de una libranza al momento de solicitar autorizaciones para maniobras constituyéndose en un cobro de lo no debido, relacionando 277 eventos de pago de libranzas; suspensión del servicio de energía a los usuarios sin respetar el debido proceso; abuso de posición dominante y las prácticas restrictivas que se relacionan en la demanda; actuaciones discriminatorias en el desarrollo de las labores de respaldo operativo y comercial, que todos los anteriores incumplimientos generan; además, el cobro de la pena pecuniaria contenida en la cláusula vigésima del contrato por cada uno de los incumplimientos relacionados; por último, que el trámite de conciliación estipulado en el contrato fue en abstracto y no referido a 1284 incumplimientos por valor de más de doce mil millones de pesos (12.000.000.000), ni con relación a la pretensión de terminación del contrato y que los sucesivos retiros incidieron en la conformación del Tribunal.
Como pretensiones principales esgrimió ECONSA, las siguiente: declaración de incumplimiento del contrato por parte de ELECTRICARIBE y la declaración de cada uno de los incumplimientos contractuales relacionados en el acápite de hechos, y solicita el pago de la cláusula penal pecuniaria por cada uno de ellos; por el incumplimiento de la cláusula décima en 92 oportunidades se condene al pago de $ 920.000.000.00, por el incumplimiento de la cláusula quinta al pago de $ 90.000.000 a título de sanción penal; por el incumplimiento de las cláusulas primera, quinta y décima cuarta en 277 rubros por la suma de $ 71.605.564 y al pago de $ 2.770.000.000 a título de sanción pecuniaria; que se declare la nulidad absoluta del parágrafo de la cláusula séptima por contravenir normas de derecho público; que se declare el incumplimiento del contrato por haber incurrido en prácticas abusivas y de posición dominante que dan lugar a competencia desleal y por dicho incumplimiento se condene a ELECTRICARIBE a pagar a titulo de sanción penal la suma de $ 3.590.000.000.00, condena en costas y agencias en derecho.
3.3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN y SU REFORMA, POR PARTE DE ELECTRICARIBE.
3.4. EXCEPCIONES.
El apoderado de ELECTRICARIBE presentó bajo el título de EXCEPCIONES las siguientes: (1) Cumplimiento de sus obligaciones por Electricaribe (ii) contrato no cumplido (art. 1609 CC): (iii) Cosa Juzgada como consecuencia de la transacción celebrada el 27 de mayo de 2004, y las demás que resulten probadas en el curso del proceso.
Justamente, del estudio realizado y para lo que interesa al proceso, se concluye, que los documentos soportes del Tribunal de Arbitramento anterior entre ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. Y ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. correspondientes a 13.116 folios, allegados al proceso mediante comunicación remitida por la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, obrante a folio 3464 del Tomo X del expediente, se les otorgó su valor procesal como prueba trasladada, conforme lo dispuesto por el LAUDO ARBITRAL.
b) Los expertos en Mercado XM, obrante a folios 3119 a 3147 Tomo VIII, que da respuesta sobre los diecinueve procedimientos de limitación de suministros por mandato de la empresa ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. durante el período de mayo 11 del 2004 hasta enero de 2009.
e) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, obrante a folios 3149 a 3168 relacionada con un concepto sobre si las empresas de servicios públicos les deben reconocer en la tarifa el valor de los bienes o redes por ellos construidos y a folios 3172 a 3233 correspondiente a la circular normativa O 11 relacionada con el Debido Proceso dentro del Procedimiento de Defensa del Usuario del Servicio Público de Energía.
g) Juzgado Once Penal Municipal correspondiente a la Acción de Tutela impetrada por ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. sobre la vulneración al debido proceso y otros que obra a folios 3696 a 4454 tomos IX y X del expediente, relacionada con la suspensión del servicio y la imposición de sanción por parte de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a la empresa INTECO.
i) Administrador del sistema de intercambios comerciales, obrante a folio 4776 a 4777 Tomo XI, que certifica la totalidad de las limitaciones de suministro iniciadas a partir del 10 de abril de 2002 por Electricaribe contra Energía Confiable, por el incumplimiento en el pago de los cargos por el uso del sistema de distribución local (SDL).
4.2. DECLARACIONES DE PARTE Y PRUEBA TESTIMONIAL.
Los representantes legales de las partes rindieron declaración en audiencias dispuestas a ese fin, así: Salim Radi Pulido, representante legal de la sociedad convocada, el 18 de marzo de 2010, según acta obrante a folios 2823 y 2824, anexos 2825 a 3045 Tomo VII, y cuya transcripción aparece a folios 4495 a 4510 Tomo X; y Benjamín Payares, representante legal de la sociedad convocante, el 18 de marzo de 2010, según acta obrante a folios 3068 y 3069, anexos 3070 a 3089, Tomo VII y cuya transcripción aparece a folios 4511 a 4530 del Tomo X.
En relación con Alfonso Delgado Sancho, obra a folio 3098 Tomo VII del expediente, comunicación del Director de Recursos Humanos de la empresa ELECTRICARIBE, en la que se informa que dicho testigo no se encuentra vinculado con esa empresa y que actualmente labora para el grupo Gas Natural en la ciudad de Madrid, por lo anterior, el Tribunal mediante auto Nº 29 del 26 de marzo de 2010, requirió al apoderado de la parte convocada para que en caso de insistir con la prueba suministrara el domicilio para expedir la boleta de citación en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 225 del C. de P.E.
El apoderado de ECONSA desistió de la práctica de los testimonios de Germán Restrepo, Manuel Meléndez, Julio Mario Llinas, Jorge Otero y Andrés Meza (FI. 3090 Tomo VII).
4.3. LAS INSPECCIONES JUDICIALES PRACTICADAS.
a) Inspección Judicial con exhibición de documentos e intervención de perito contador, el 17 de marzo de 2010, en Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., carrera 55 # 72-109 piso 8º Centro Ejecutivo 11, y Energía Confiable S.A. E.S.P. calle 74 Nº 56-25 en Barranquilla, solicitada por ambas partes cuyo objeto versó sobre los libros y papeles de comercio de la sociedad ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. con exhibición de los siguientes documentos:
• Libro de Inventario y Balance, inscrito en la Cámara de Comercio bajo el número 90442 del Libro Séptimo del 22 de febrero de 2000, numero de hojas 200 utilizadas desde el folio 1 al 104 desde diciembre de 1999 a diciembre del año 2009.
• Libro de Mayor y Balance, inscrito en la Cámara de Comercio bajo el número 113829 del Libro Séptimo del 10 de diciembre de 2003 folios desde el 201 al 400, folios utilizados desde el 201 al 400 desde agosto de 2003 hasta diciembre de 2005. A continuación la siguiente inscripción: 129.233 del Libro Séptimo desde el folio 401 al 1000, anulados desde el folio 401 al 460 que corresponde a los períodos contables de enero de 2006 hasta agosto de 2006 y utilizados desde el folio 461 al 832 desde el mes contable de enero de 2006 hasta diciembre de 2009.
4.4. PRUEBA PERICIAL.
A instancias de las partes se rindieron dictámenes periciales contable y técnico, para la práctica de los cuales se nombraron a los peritos MARÍA NURIS CAÑAS QUINTERO, experta contadora, y ANDRÉS ALEJANDRO TABORDA SUESCÚN, ingeniero eléctrico, experto en la materia. El tribunal consideró procedente la práctica de estas pruebas, pues su objeto consistía primordialmente en determinar si las partes incurrieron en los incumplimientos del contrato de que trata la demanda principal y la de reconvención.
6.2. EL CONTRATO.
En punto de abordar (i) el estudio y análisis del negocio jurídico o contrato celebrado entre la parte convocante, ELECTRICFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. y la convocada ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P.; (ii) la relación contractual surgida entre ellos, y (iii) la propia relación obligatoria que mira al estrecho nexo, reciprocidad e interdependencia de las prestaciones de las partes, diremos desde ahora que entre las dos empresas aquí en contienda se celebró el día 10 de abril de 2002 el Contrato de Prestación de Servicios de Red de Distribución, actuando ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. en su calidad de distribuidor y ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. en su calidad de comercializador, para el uso de las redes de propiedad de la convocante, con el objeto de establecer los términos, condiciones, derechos y obligaciones para respaldar técnica y operativamente el servicio de distribución de energía de los clientes del comercializador ubicados dentro del área de influencia del sistema de distribución de los distribuidores.
6.3. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS.
6.3.1. INTERROGATORIOS DE PARTE.
Benjamín Payares: Por su parte el señor Payares, representante legal de ELECTRICARIBE, aclara que los incumplimientos contractuales relacionados en los hechos 13, y 14 de la demanda que datan desde el año 2004, se demandaron solo hasta el 2008, debido a que se trató de manejar la situación desde el punto de vista comercial, pero ante la continuación de los incumplimientos se procedió a solicitar el Tribunal de Arbitramento, ya que fue imposible recaudar ese dinero de las irregularidades. Afirmó ser cierto que ECONSA ha pagado todas las facturas por concepto del uso del SOL a partir del 11 de mayo de 2004, pero explicó que las cancelaba después de un proceso de limitación de suministro una vez avanzado este proceso, ECONSA procedía a cancelar, no cancelaba dentro de la fecha oportuna de pago, lo que no es un comportamiento sano en una relación, porque el contrato establecía claramente las fechas oportunas de pago; a solicitud del interrogante explica en qué consiste el proceso de limitación de suministro y que es válido para todos los agentes del mercado en caso de incumplimiento de sus obligaciones que se deriven del intercambio entre agentes como lo es el uso del SOL o compra de energía. Explicó que ECONSA debía entregar una carta de instrucciones con unos pagarés para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, que se trató inicialmente de resolver el problema requiriendo la entrega de la carta y los pagarés y a la fecha no lo han entregado. Explicó los diferentes tipos de incumplimiento que no solo se enmarcan en el no pago de las facturas por el uso del SOL, sino también entre otros, incumplimientos técnicos al momento de inscribir fronteras comerciales, en la telemedida, el no pago de irregularidades y el pago de equipos suministrados por ELECTRICARIBE.
6.3.2. PRUEBA TESTIMONIAL.
Edison Vélez Delgado: Testigo de la parte convocante. Expone su testimonio con base en su experiencia como empleado de ELECTRICARIBE en la unidad técnica de Medida Especial, encargado de garantizar la medida o sea los equipos de medida instalados en las fronteras comerciales entre ELECTRICARIBE y otros comercializadores. Interrogado sobre el desarrollo de la ejecución del contrato objeto del proceso, manifestó que su desarrollo no es normal en punto a la falta de los documentos necesarios para la inscripción de la frontera comercial, falta de cumplimiento de los requerimientos técnicos para los equipos de medida, programación de visitas tanto para inscribir un cliente nuevo como para revisar uno que ya existía y montaje de los equipos sin presencia del distribuidor. Explica en qué consiste la frontera comercial y que estas tienen que cumplir con la reglamentación establecida en las resoluciones de la CREG 25 de 1995 y 70 de 1998. Explica que es la telemedida y como esta no se podía realizar satisfactoriamente con los usuarios de ECONSA ya que no se instalaba un dispositivo especial que permitiese que el Distribuidor interrogara los medidores de los usuarios de ECONSA, lo que afecta para determinar la cantidad de energía que se le tenía que cobrar al comercializador por lo que se le podía cobrar más al distribuidor. Interrogado sobre casos concretos de estos incumplimientos el testigo no relacionó ninguno.
María Fernández Rodríguez Restrepo: Testimonio solicitado por la parte convocada. Administradora del Centro Empresarial Las Américas manifiesta que tuvieron problemas con ELECTRICARIBE para montar los contadores y por eso contrataron a ENERGÍA CONFIABLE con un excelente manejo que la mayoría de los inquilinos están con ECONSA, que se han presentado inconvenientes por cambios de voltaje, que ella en calidad de administradora llama a ECONSA para que pasen la queja a ELECTRICARIBE que técnicamente ella no sabe a que se deben las fluctuaciones.
Cristian Fernando Salgado Torres: Testimonio solicitado por la parte convocante. Responsable de Fronteras comerciales de ELECTRICARIBE, encargado del manejo comercial con los comercializadores, manifiesta que son varios los incumplimientos del contrato por parte de ECONSA, tales como no seguir el procedimiento para hacer el cambio de comercializador, en la telemedida por no poder interrogar los medidores de ENERGÍA CONFIABLE, el no pago de las irregularidades detectadas, la no suscripción del pagaré, intervenciones en la red sin autorización o sin un procedimiento de solicitud de descargo, manipulación de los transformadores por parte de los clientes de ECONSA sin autorización del operador, instalación de medidores marca PRODELEC que tienen certificado de conformidad del producto por un ente acreditado, incumplimiento en el pago por el suministro de equipos, que actualmente hay 14 comercializadores con los que se tienen buenas relaciones y los procedimientos son normales. Explico que el problema con las llamadas nocturnas a los clientes de ECONSA para interrogar al medidor se debe a la falta de adecuación técnica por parte del comercializador para poder realizar la telemedida, explica que es una frontera comercial y que para que una frontera comercial no sea objetada se requiere que se cumpla con la regulación establecida en las resoluciones 025 y 070 Y que cuando la frontera queda inscrita ante XM queda resuelta la objeción. Se da lectura a una comunicación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que se coloca de presente que no es posible otorgar los certificados de conformidad de los medidores PRODELEC porque no cuenta con los mecanismos para la aprobación de los modelos prototipo y que no es exigible su presentación. Al respecto el testigo explica que objetan con fundamento en el decreto. Reconoce que ECONSA remite mensualmente un CD con los archivos planos de los medidores pero que no le llegan directamente al testigo y que además esa información como tal no sirve para poder obtener los consumos de los medidores de los clientes de ECONSA, y sobre la pagina web de ECONSA manifiesta que se encuentra desactualizada, explica el proceso de facturación, explica además que XM supera las objeciones basados en la información que suministra el comercializador ya que ellos no verifican en el sitio de la frontera y el procedimiento para las glosas de las facturas del SDL por parte del comercializador.
En sentir del tribunal la tacha por sospecha tiene por objeto que el juzgador valore con mayor rigor la eficacia del testimonio alrededor del cual gira la desconfianza de la parte que propone aquella, por motivos que en ciertas circunstancias harían creer que la verdad narrada en la declaración no es la material, o está deformada o acomodada. En criterio de los árbitros, asuntos relativos a la ejecución del contrato, por las partes del mismo, son obviamente del conocimiento de sus empleados y, la visión de estos, constituye su percepción de tales asuntos.
6.3.3. PRUEBA DOCUMENTAL.
En relación con los documentos aportados por las partes, y que constituyen la prueba documental el Tribunal considera que por lo abundante y profuso de dichas pruebas es casi imposible referirse a una por una de ellas. Sin embargo, dichas pruebas fueron estudiadas en su conjunto y analizadas a la luz de las demás pruebas practicadas a fin de establecer su concordancia. La decisión que al respecto tomará el Tribunal de este análisis se verá reflejada en la parte resolutiva de este laudo (Art. 187 del C. de P.C.).
7. LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE.
Según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos, que es lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos. La jurisprudencia nacional ha aceptado que la pericia incurre en error grave, cuando peca contra la lógica, o es por su magnitud fuente de conclusiones equivocadas(1)Nuevo ParrafoCorte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales auto, 24 noviembre 1937, GJ T. XLV, pág. 937.	. También lo ha dicho más claramente “el error grave tiene la característica de ir contra la naturaleza de las cosas, o la esencia de sus atribuciones, como cuando se afirma que un objeto o una persona tienen determinada peculiaridad y resulta que tal cualidad no existe, o en tener por blanco lo que es negro o rosado”(2)Nuevo ParrafoCorte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales auto, 18 febrero 1942 GJ T. LlI, pág. 883; 27 DE SEPTIEMBRE 1948, GJ. T. LXV, pág. 217.	. En fin, “es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven”(3)Nuevo ParrafoAuto de 13 de junio de 1957.	.
“Error grave es no verificar con diligencia la calidad o aptitud de un terreno para la agricultura, o para la ganadería, o para la irrigación, o para soportar el peso de un edificio; error grave es no verificar la resistencia de materiales por parte del arquitecto; o la herida que pudo ser mortal, o la incapacidad resultante; y lo será también equivocarse no tan solo sobre la materia de que está hecha una cosa (antigua noción de sustancia para determinar el error que invalida las obligaciones) sino sobre las propiedades cuyo conjunto determina su naturaleza especifica y las distingue, o sobre calidades adjetivas, pero que determinan el consentimiento; no es lo mismo el original que la copia de un cuadro de Goya, o de Borrero”.
“(...), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos... I (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, ‘... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...’ de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 10 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil ‘... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva...’ (G.J. tomo LXXXV, pág. 604)”.
7.1. ANÁLISIS DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE DEL DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.
14.17. Red local. Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público a una comunidad en el cual se derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de estas redes se regirá por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando este no contradiga lo definido en esta Ley.
A su vez la misma ley, determina cuales son los servicios públicos y define de manera específica el objeto social de cada una de ellas, siendo por tanto el objeto social del servicio público de la energía eléctrica compuesto por el transporte de energía eléctrica, desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.
En efecto de acuerdo con el objeto social de la empresa ELECTRICARIBE que obra a folio 158 a 171 del expediente Tomo 1, se establece en el certificado de existencia y representación legal que el objeto social principal de ELECTRICARIBE consiste en la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la realización de actividades, obras, servicios y productos relacionados, por lo tanto al comprender el objeto social las actividades de comercialización y distribución estas se refieren única y exclusivamente al servicio público de energía eléctrica por lo que esta empresa tiene de acuerdo con la ley un objeto social exclusivo.
3. Objeta la respuesta dada por la perito a la solicitud de aclaración formulada en el numeral 5 del literal K (hojas 70 a 72 del informe de aclaración) por haber distintas facturas con numeraciones en paralelo y simultáneas cuando la numeración debe tener una sola numeración consecutiva.
7.2. OBJECIÓN POR ERROR GRAVE DEL DICTAMEN PERICIAL TÉCNICO.
2. El señor perito se equivoca al conceptuar que la norma NTC 5019 es de obligatorio cumplimiento y que si la misma no se cumple entonces no será posible “la correcta medida en las fronteras comerciales de cualquier sistema”, respuestas que se objetan por error grave por cuanto la norma técnica Colombiana NTC 5019 no es de obligatorio cumplimiento ni los transformadores que eventualmente no la cumplieran incurren en una afectación de la medida, adicionalmente la norma con base en la cual conceptúa está derogada, para lo que se fundamenta en concepto emitido por la CREG identificado con el número 2-2004-002626 y otros. Además que para determinar con base en la energía facturada hora por hora a los clientes de ECONSA si el valor de corriente se encuentra dentro del rango establecido por la NTC 5019, decidió fue tomar los valores determinados subidos a XM por parte de ECONSA apartándose de lo solicitado ya que debió consultar los informes de calibración expedidos por un laboratorio acreditado para corroborar su afirmación de que menos del 1 % de las fronteras de ECONSA cumplen. Que el perito concluyó subdimensionamientos donde existen fronteras parciales o compartidas lo que hace que el cálculo no sea real, es decir se le asigna toda la carga a ECONSA, por lo que se registran subdimensionamientos que no existen.
8. Se presenta objeción por error grave en relación con la respuesta consignada a la pregunta 33 del cuestionario de ELECTRICARIBE al afirmar que es estrictamente necesario que la telemedida funcione de manera continua durante todo el tiempo que se requiera su medición, ya que el numeral 7 de la resolución 070 establece que hay otras formas de acceder a la información.
9. Se presenta objeción por error grave en relación con la respuesta consignada a la pregunta 26 del cuestionario de ELECTRICARIBE, se refiere en el caso ED HÉCTOR RODRÍGUEZ dos medidores diferentes, también errores en la liquidación de CONJUNTO RESIDENCIAL EL ENCANTO ALTOS DEL RIOMAR BLOQUE 5, EDIFICIO RIMINI, por realizar cálculos y cifras erróneas.
7.2.(sic) OBJECIONES CONTENIDAS EN EL ESCRITO DE ACLARACIÓN AL DICTAMEN TÉCNICO.
2.(sic) Se objeta por error grave la respuesta a la pregunta 7 del cuestionario 7 de ECA de las aclaraciones y complementaciones y en relación a la pregunta 4 del cuestionario Nº 1 de ECONSA, ya que se desconoce lo establecido en la resolución CREG 025 de 1995, en cuanto a supuestos incumplimientos que no lo son, tales como la afirmación según la cual las fronteras comerciales deben adecuarse para cumplir con las disposiciones contenidas en esta resolución.
3. Se presenta objeción por error grave en relación con la respuesta consignada a la pregunta Nº 19 del Cuestionario de ECA Nº 1, consistente en que el CD está completo, pero que el procedimiento empleado por este sistema es obsoleto ya que arroja información errónea.
7. Se presenta objeción por error grave en relación con la respuesta consignada a la pregunta Nº 30, 1, del Cuestionario ECA Nº 1, el error grave consiste en que no se hace ningún análisis de cada caso por parte del perito.
Es claro que además la Norma EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO, a que se hace alusión en la objeción, establece: MEDIDORES Y ACOMETIDAS (CAPÍTULO 6), pagina Nº 10: “Para los transformadores de medida se acatará la Norma NTC-S019:
“Selección de Equipos de Medición de Energía Eléctrica”. Esta norma se adjuntó en las aclaraciones presentadas.
Además la Norma Técnica de ELECTRICARIBE que obliga a ECONSA a acoger la NTC 5019 establece en el numeral 4.6.5. MEDICIÓN DE LA ENERGÍA La medición de la energía eléctrica dependerá de la carga del usuario, la selección del sistema de medida se basa en la Norma Técnica Colombiana NTC 5019. Esta norma se adjuntó en las aclaraciones presentadas.
d.(sic) La resolución 025 de 1995 en el código de conexión en el numeral 5.1 se menciona en el paso 2 La especificación de los equipos y la elaboración de los planos deben cumplir las normas internacionales lEC o sus equivalentes y las nacionales NTC (Normas Técnicas Colombianas), que sean aplicables. Así como el concepto emitido por la Comisión reguladora en respuesta a Econsa que se asocia en la respuesta, por lo tanto se tiene como bien respondida la pregunta.
e. la misma norma (resolución 025 de 1995) expresa las normas NTC que sean aplicables,
i.(sic) La curva es como se menciona en la respuesta, una curva típica y no hace referencia a la ntc 5019.
l. La información tomada es proveniente de las actas donde se especifica la carga del medidor y los transformadores asociados a ese medidor. El ejercicio es claro en el desarrollo para transformadores subdimensionados, a lo que se refiere a lo contenido en la pagina 11.
3. La CREG pone a consideración innumerables resoluciones para estudio de los agentes, lo cual refleja el interés en ciertos particulares tales como elementos del bloque de pruebas. La resolución mencionada fue uno de esos particulares, de todos modos la exigencia del bloque de pruebas es demarcada en el contrato al exigir por parte de los comercializadores tal elemento. En efecto, los COMERCIALZADORES deben cumplir con las normas técnicas de los DISTRIBUIDORES, tal como lo dispone el Contrato de Prestación de Servicios de Red de Distribución celebrado entre las partes, en el numeral a) del parágrafo 4º de la cláusula quinta que dispone: “a) Los distribuidores inspeccionarán las instalaciones internas y equipo de medida, y verificarán la instalación de los nuevos sellos de propiedad del COMERCIALIZADOR. Simultáneamente LOS DISTRIBUIDORES instalarán sellos de respaldo. Los equipos de medida deberán instalarse en una caja de seguridad ú otro dispositivo similar que asegure que el equipo de medida esté protegido contra interferencias cuando este resulte técnicamente viable y necesario. Adicionalmente, el COMERCIALIZADOR debe proteger el equipo de una interferencia no autorizada, tanto intencional como inadvertida. EL COMERCIALIZADOR hará las pruebas de los Transformadores de Corriente y de Potencial; la bornera de estos equipos debe ser sellada y estos equipos deben estar certificados por un laboratorio homologado por la Superintendencia de Industria y Comercio. En todos los casos el COMERCIALIZADOR y LOS DISTRIBUIDORES tratarán de homogeneizar el tipo de medidores utilizados, así como el software utilizado para la programación y lectura de los mismos, la adquisición de la licencia de software de lectura será por cuenta del interesado. Las instalaciones deben cumplir con las normas técnicas de LOS DISTRIBUIDORES” (Resaltado fuera de texto)
b. Se menciona a modo de información, mas adelante en la respuesta se detalla lo que menciona la resolución CREG 070 de 1998. La resolución 025 de 1995 no está derogada como manifiesta Econsa en su objeción. Cuando se presenten controversias sobre las disposiciones aquí establecidas, o situaciones no previstas, se seguirá el procedimiento establecido en el Anexo General de la Resolución CREG 025 de 1995, o demás normas que la modifiquen o sustituyan.
8. La respuesta hace énfasis que es necesaria la telemedida todo el tiempo ya que el registro es horario, el numeral 7 de la Resolución CREG 070/98 establece los requerimientos que deben cumplir los medidores frontera, no se establece que el mencionado numeral hace referencia a la telemedida.
9. Los anexos se presentaron en el punto de aclaraciones, se estableció como ejercicio y se explico que realizar ese cálculo es algo demasiado complejo. Las tres fronteras mencionadas no presentaron problemas de lectura de telemedida. El sistema de medición es inoperante según lo manifestado por Electricaribe en el sentido de que no es automático y demanda una gran cantidad de trabajo. No se afirma que el sistema no es suficiente o adecuado para la operación de la frontera comercial.
7.3. OBJECIONES RESPECTO DEL CUESTIONARIO Nº 1 ENERGÍA CONFIABLE S.A.
14. Los cálculos del sistema de distribución local, SDL, se realizan conforme lo establece la normativa de la CREG, debido a que esta actividad es regulada dentro de la cadena del servicio de energía eléctrica, por lo que la resolución 119 de 2007 que establece la formula general para calcular los costos (entre los cuales esta el SDL o D) que se le pueden trasladar a los usuarios regulados de los comercializadores minoristas, es la que establece el costo de Operador de red o Distribuidor, y este es el valor que puede cobrar por el uso de la red en el nivel de tensión (este componente es el cargo D). Este valor es idéntico para usuario regulados y no regulados(los únicos componentes que se pueden negociar libremente en los usuarios no regulados son los cargos de generación y comercialización). Adicionalmente, se menciona la información con base en la cual se calcula este cargo.
15. La pregunta cuestionaba si la no interrogación remota impide la operación de una frontera comercial, se presentan la descripción de de la pregunta no era aclarar si el Centro Nacional de Despacho interroga o no las fronteras comerciales de Econsa. Es necesario que se presente la interrogación remota de la frontera comercial pero no impide esto la operación de la misma. El espíritu de la norma es que las mencionadas fronteras siempre puedan ser telemedidas en primera instancia. Adicionalmente, la norma que reglamenta la medición es el código de medida sobre el cual se basa la respuesta.
17. La resolución Creg establece el usuario puede comprar el equipo de medida siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos exigidos allí establecidos. El RETIE expedido por el ministerio de minas y energía establece los requerimientos acerca del certificado de conformidad de los productos.
7.4. OBJECIONES A LAS ACLARACIONES AL DICTAMEN TÉCNICO.
CÓDIGO DE MEDIDA, Numeral Nº 2:
“El propietario de los equipos llevará un programa periódico de mantenimiento y calibración de los mismos, según las normas referenciadas en el Código y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. El equipo deberá ser nuevamente certificado cuando por cualquier causa se abran los sellos de seguridad o se cambien parámetros internos en contadores electrónicos digitales”
ANEXO CM-I
A.I. INTRODUCCIÓN
En este punto es claro que las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas técnicas de los DISTRIBUIDORES. En este sentido, las actas revisadas presentaban la información allí consignada el tema de los cables expuestos, transformadores de corriente, barrajes compartidos, lo cual en la respuesta Nº 42 de las aclaraciones y complementación se detalla mas este asunto.
7.5.3. SELLADO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.
Los sellos solo pueden ser rotos por el Comercializador con quien tenga el contrato el Usuario y en presencia del OR si este último lo considera necesario. En este caso el Usuario afectado o su representante tiene el derecho a estar presente, observar las operaciones y firmar el acta correspondiente.
Lo del multifamiliar es a manera de ilustración al tribunal, en ningún momento en el ejemplo se nombra a ECONSA en el tema de los armarios de 24 cuentas, que se explico a modo de ejemplo.
De otra parte, es claro que la exigencia legal no apunta a que el perito aporte cada uno de los soportes documentales analizados sobre los que basa su experticia, ya que el numeral 6 del artículo 237 Lo que dispone es que “El dictamen debe ser claro, preciso detallado; en él se explicarán los exámenes experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.
8. LOS INCUMPLIMIENTOS DE ECONSA ALEGADOS POR ELECTRICARIBE.
De conformidad con la posición de las partes, reflejada en sus demandas y en los respectivos alegatos de conclusión, para la convocante ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. el contrato fue incumplido desde la misma fecha de su iniciación el día 10 de abril de 2002 y, además en una serie de obligaciones contractuales planteadas en las pretensiones de la demanda.
A) EMPRESA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO
A folios 2880, 2884, 2886, 2887 Y 2888, de conformidad con el peritazgo contable rendido por la perito, doctora MARÍA NURIS CAÑAS QUINTERO, aparecen las solicitudes hechas por ECONSA a través de correo electrónico dirigidas a ELECTRICARIBE en donde le adjuntan la orden de compra 1615, expedida por PI CENTRO DE INGENIERÍA S.A., empresa que funciona en el mismo local de ECONSA y cuyo representante legal lo es el señor SALIM RADI, también representante legal de ECONSA, lo que hace establecer con claridad meridiana que la orden de compra, a pesar de estar elaborada por una sociedad aparentemente diferente de ECONSA, corresponden al pedido de esta última, quien obra en desarrollo del parágrafo 4 de la cláusula 5a del contrato, suscrito entre las partes, ya que es de un todo absurdo suponer que una entidad organizada como es ELECTRICARIBE responda a una orden de compra de una empresa que no tiene vínculo alguno con ella. Toda la documentación relativa a esta prueba reposa en el expediente, por haber sido acompañada por la perito en su experticio, al igual que el acta de instalación Nº 2599 de agosto 24 de 2004 de los equipos suministrados por ELECTRICARIBE a dicha frontera comercial por valor de $ 765.399.00, valor que la convocante se vio obligada a compensar en forma parcial con la deuda que a su turno esta tenía con ECONSA por reconocimiento de activos (folio 2973 del experticio contable). En consecuencia, quedó demostrado que ECONSA incumplió con el contrato en lo atinente a este punto, lo cual se tendrá en cuenta al momento de resolver.
En este caso no se pudo demostrar que la convocada solicitó los equipos a ELECTRICARIBE, muy a pesar de que se encuentran descritos en las actas de instalación suscrita por ambos contratantes, lo cual demuestra que dichos equipos fueron suministrados e instalados por ELECTRICARIBE en cumplimiento en lo dispuesto en la cláusula décima primera del contrato. El valor de las facturas que emitió ELECTRICARIBE ascienden a la suma de $ 7’226.610, suma que igualmente fue compensada por ELECTRICARIBE en la misma forma que las anteriores, lo que se tendrá en cuenta en la parte resolutiva de este laudo.
En este caso el procedimiento fue muy similar al desarrollado con la EMPRESA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO, comprobándose a través del peritazgo realizado un incumplimiento en el pago de equipos de $ 5’788.080, valor que la convocante se vio obligada a compensar en forma parcial con la deuda que a su turno esta tenía con ECONSA por reconocimiento de activos, hecho que se tendrá en cuenta.
El procedimiento, al igual que en el caso anterior fue el mismo que se utilizó en el caso de EMPRESA TRANSPORTADORA DEL ATLÁNTICO. La cuantía es de $ 2’297.840, valor que la convocante se vio obligada a compensar en forma parcial con la deuda que a su turno esta tenía con ECONSA por reconocimiento de activos, hecho que el tribunal tendrá en cuenta.
Igual que en los casos anteriores, la orden de compra fue emitida por PI CENTRO DE INGENIERÍA S.A., empresa cuyos nexos con ECONSA están suficientemente probados en el expediente, de lo cual se deduce que la obligación incumplida lo fue por la convocada y su valor asciende a la suma de $ 5’792.200, valor que la convocante se vio obligada a compensar en forma parcial con la deuda que a su turno esta tenía con ECONSA por reconocimiento de activos, lo que se tendrá en cuenta para resolver.
Como se hizo constar en el peritazgo contable, en agosto 9 de 2004, ECONSA le envió un correo electrónico a la convocante, que obra en el expediente, solicitándole la presencia de personal de medidas especiales para la normalización de equipo de medidas para el día 13 de agosto de 2004 a las 2:00 p.m. El equipo fue instalado como consta en el acta de instalación Nº 08177 de agosto 18 de 2004. El valor de este equipo ascendió a la suma de $ 8’369.990, valor que la convocante se vio obligada a compensar en forma parcial con la deuda que a su turno esta tenía con ECONSA por reconocimiento de activos, lo que se tendrá en cuenta para resolver.
La convocada solicitó la instalación del equipo con base en el contrato de transacción Nº 1085907 celebrado entre ECONSA y ELECTRICARIBE. El valor del equipo es de $ 2’743.240, valor que la convocante se vio obligada a compensar en forma parcial con la deuda que a su turno esta tenía con ECONSA por reconocimiento de activos, lo que se tendrá en cuenta al resolver.
8.1. IRREGULARIDADES VIOLATORIAS DE LA CLÁUSULA 7a DEL CONTRATO.
En el punto que el apoderado de la convocante denomina terceras pretensiones principales, se pudo establecer, de acuerdo al experticio rendido por la doctora MARÍA NURIS CAÑAS QUINTERO que, efectivamente la convocante emitió 36 facturas que según ella correspondían a 36 irregularidades cometidas por los usuarios señalados en el hecho 14 de la demanda, violatorias del Parágrafo de la cláusula 7a del contrato. Dicho Parágrafo reza:
“En caso de constatarse irregularidades en las instalaciones de un CLIENTE o en los medidores o sus elementos de seguridad, que no permitan que el equipo de medición registre en forma total la energía consumida por el CLIENTE, COMERCIALIZADOR deberá pagar a DISTRIBUIDOR el consumo no registrado, que se cuantificará en un todo de acuerdo con lo establecido en los Parágrafos 1º Y 2º del artículo 54º de la Resolución CREG-108 de 1997. Para estos efectos se entenderá que el CLIENTE del COMERCIALIZADOR es el responsable del consumo no registrado y como tal el comercializador tendrá irrevocablemente toda la facultad de repetir contra dicho usuario una vez le cancele estos conceptos al distribuidor. Los Distribuidores emitirán una factura independiente por estos conceptos, las cuales tendrán una fecha de vencimiento propia y no serán tenida (sic) en cuenta en el pago de Uso de SOL. Adicionalmente, DISTRIBUIDOR suspenderá el servicio y desconectará las instalaciones del CLIENTE hasta tanto se eliminen y/o corrijan las anomalías encontradas y se cancelen los consumos no registrados, y los costos por desconexión y restablecimiento del servicio, los cuales deberán ser cargados a la cuenta del CLIENTE a través de COMERCIALIZADOR”.
De ellas ECONSA rechazó 32 facturas correspondientes a irregularidades cometidas por sus usuarios que ella no aceptó, y de las 4 restantes cuyas irregularidades aceptó, pidió la modificación de la liquidación de dichas facturas correspondientes a: EDIFICIO TRIANA 1, CENTRO COMERCIAL JORGE WASHINGTON, IMPUCHE (2 facturas).
8 Fundación médico clínica del prado 11100506003790 1.535.790 08/07/2005
11 General de equipos de Colombia 13200506004276 778.640 08/07/2005
12 Clínica cervantes barragán 11100409001329 17.266.040 27/09/2004
22 Calcáreos mal ambo 11400412000414 7.175.910 07/01/2005
Las facturas dejadas de cancelar por ECONSA suman en su totalidad la cantidad de $ 317’673.224.00 Y así se le condenará en la parte resolutiva de este fallo.
8.2. INCUMPLIMIENTOS CAUSAL la CLÁUSULA 19a
Otro incumplimiento que la convocante le imputa a ECONSA es el pago de las facturas por los cargos por uso del sistema de distribución local de que trata la causal la de la cláusula décima novena del contrato. Se estableció que la convocada incumplió esta obligación en los siguientes años:
Año 2006, 3 incumplimientos correspondientes a facturas acumuladas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre.
Año 2007, 1 incumplimiento correspondiente a facturas en los meses de enero, febrero y marzo.
8.3. INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS EN QUE INCURRIO ECONSA.
8.3.1. SOLICITUD DE CAMBIO DE COMERCIALIZADOR.
Dieciocho (18) incumplimientos por violación de la resolución CREG-025 de 1995 y de las cláusulas 6a y 8a del contrato por no existir equipos de medida instalados en la frontera comercial.
Doscientos doce (212) incumplimientos por violación de la resolución CREG-024 DE 1995 Y las cláusulas 6a y 8a del contrato, por no existir telemedida en la frontera comercial.
Doscientos ochenta tres (283) incumplimientos del Código de Medida establecido en la resolución CREG-025 DE 1995 Y la cláusula 7a del contrato.
8.3.2. INSTALACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES.
Cincuenta y nueve (59) incumplimientos por levantamiento de sellos, con violación del numeral 7.3 de la resolución CREG 070 DE 1998 y los literales A, C y E del parágrafo 4 de la cláusula 5a del contrato.
8.3.3. REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE FRONTERA COMERCIAL.
8.3.4. INSCRIPCIÓN DE FRONTERAS SIN CUMPLIR REQUISITOS TÉCNICOS.
Veinticinco (25) incumplimientos con violación del artículo 7 de la resolución 070 de 1998 y el parágrafo 4 de la cláusula 4a del contrato.
8.3.5. TELEMEDIDA.
Trescientos cuarenta y cuatro (344) incumplimientos por igual número de clientes a los cuales no se les pudo medir la energía consumida con violación del Código de Medida, la resolución CREG 025 de 1995 y las cláusulas 6a y 8a del contrato.
Cinco (5) incumplimientos consistentes en la dificultad de acceso a la frontera comercial, con violación del Código de Medida, la resolución CREG 025 de 1995 y la cláusula 7 del contrato.
8.4. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
Por otra parte, ELECTRICARIBE (como distribuidor) con fundamento en los incumplimientos reiterados de ECONSA demandó la terminación del Contrato de Prestación de Servicios de Red de Distribución de Energía Eléctrica celebrado entre las partes el día 10 de abril de 2002, cuyo objeto es el de establecer los términos, condiciones, derechos y obligaciones de las partes contratantes para respaldar técnica y operativamente el servicio de operación de energía de LOS CLIENTES del COMERCIALIZADOR, ubicado dentro del área de influencia del sistema de distribución de los distribuidores, con fundamento en algunas de las causales de incumplimiento contenidas en la cláusula décima novena del citado contrato, entre las que cabe mencionar: 1a, la mora en el pago de tres facturas consecutivas o no dentro del año respectivo, por parte del comercializador; 2a, la falta de presentación o renovación de la garantía consistente en dos pagarés con sus correspondientes cartas de instrucción para ser llenados por el distribuidor de acuerdo a tales directivas, cuya finalidad era asegurar el pago de las obligaciones del contrato y sus renovaciones, incluyendo intereses moratorios y cláusula penal en caso de darse los supuestos contemplados en la cláusula décima quinta del referido contrato.
En cuanto a la prueba de tal incumplimiento y por tratarse de una negativa indefinida, le correspondía a ECONSA probar su cumplimiento, demostrando que había presentado en forma oportuna a ELECTRICARIBE la citada garantía, así como haberla renovado en el tiempo por tratarse de un contrato de tracto sucesivo. Por el contrario, ECONSA aceptó haber incurrido en este incumplimiento como se desprende claramente de la confesión que sobre el particular hizo su representante legal, señor SALIM RADI PULIDO, con ocasión de la declaración de parte a que fue llamado por el apoderado de ELECTRICARIBE el día 18 de marzo de 2010, en la cual manifestó ante la pregunta de por qué no tenían firma los pagarés y la carta de instrucciones enviados por ECONSA, contestó: “Porque no la firmamos”. Tal obligación era coetánea al nacimiento del contrato por cuanto se trataba de garantizarle al DISRIBUIDOR el pago de las obligaciones surgidas en su ejecución.
También es válido considerar por parte del Tribunal que la negativa de constituir la garantía que en cierto sentido aseguraba el pago de lo que se llegara a deber a la convocante por parte de ECONSA durante la ejecución del contrato, es demostrativa de la mala fe con que esta actuó al dejar a la convocante sin una herramienta tan eficaz para obtener el pago de las sumas de dinero que ocasionara su incumplimiento.
9. LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
9.1. INEXISTENCIA DE LOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
9.2. CONTRATO NO CUMPLIDO.
9.3. COBRO EXCESIVO DE INTERESES MORATORIOS O USURA.
9.4. COBRO DE LO NO DEBIDO.
“Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal” (negrillas nuestras).
“PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de la obligaciones derivadas del presente contrato, la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá demandar de la parte incumplida, además de las obligaciones propias del contrato, los intereses y los perjuicios que se causen, un valor a título de pena equivalente a DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 10.000.000.00)”.
9.6. INCUMPLIMIENTO POR LA PARTE CONVOCANTE DE NORMAS ESPECIALES DE REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO VINCULADAS AL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES, DE RESPALDO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.
9.7. PREVALENCIA DE NORMAS CONSTITUCIONALES POR JERARQUÍA NORMATIVA SOBRE DISPOSICIONES CONTRACTUALES PARTICULARES.
9.8. VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA.
9.9. PROCEDENCIA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOLO PROPIO.
9.10. INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.
9.11. NULIDAD ABSOLUTA DEL PARÁGRAFO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN.
Lo primero que cabe anotar es el hecho de que esta excepción tiene como fundamento una posible violación de los derechos del usuario, partiendo de la base a todas luces errónea de que la convocada en el contrato suscrito con ELECTRICARIBE ostenta la posición de usuario de los servicios que presta la convocante, siendo así que en el contrato no solo asume la posición de comercializador sino que tal hecho es fácil de establecer con una simple lectura del mismo, sin necesidad de un análisis de los fundamentos en que se basa tal aseveración.
9.12. LESIÓN ENORME.
10. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE ECONSA y SU REFORMA. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES.
Como se anotó anteriormente en el acápite pertinente (3.2) de este laudo, la convocada formuló las pretensiones consistentes en la de declaración de incumplimiento del contrato por parte de ELECTRICARIBE y la declaración de cada uno de los incumplimientos contractuales relacionados en el acápite de hechos y solicita el pago de la sanción penal pecuniaria por cada uno de ellos; por el incumplimiento de la cláusula décima en 92 oportunidades y se condene a la convocante al pago de $ 920.000.000.00; por el incumplimiento de la cláusula quinta, al pago de $ 90.000.000 a título de sanción penal; por el incumplimiento de las cláusulas primera, quinta y décima cuarta en 277 rubros por la suma de $ 71.605.564 y al pago de $ 2.770.000.000 a título de sanción pecuniaria; que se declare la nulidad absoluta del parágrafo de la cláusula séptima por contravenir normas de derecho público, sobre la cual ya este Tribunal se pronunció; que se declare el incumplimiento del contrato por haber incurrido en prácticas abusivas y de posición dominante que dan lugar a competencia desleal y por dicho incumplimiento se condene a ELECTRICARIBE a pagar a titulo de sanción penal la suma de $ 3.590.000.000, condena en costas y agencias en derecho, asunto sobre el cual este Tribunal también se pronunció.
Además, subsidiariamente, alegó el incumplimiento de la obligación derivada de la cláusula décima cuarta del contrato, por no observar la reglamentación eléctrica en punto a la falta de comunicación de los eventos programados ni observar el agotamiento de la vía gubernativa; de igual manera solicita, como consecuencia, que se condene a la convocante al pago de la suma de $ 360.000.000.00 a título de sanción penal.
Estudiadas las pretensiones de la demanda en reconvención y su reforma, cuyo contenido hemos sintetizado, así como los hechos en que esta se fundamenta, a la luz de las pruebas documentales aportadas, de los testimonios rendidos y de los dictámenes realizados a petición de ambas partes, las cuales han sido analizados en su conjunto, en cumplimiento al mandato del artículo 187 del C. de P.C., el tribunal pudo establecer que ELECTRICARIBE no incurrió en los incumplimientos alegados por ECONSA. Cabe anotar que en cuanto a los testimonios pedidos por las partes al igual que las declaraciones de parte, además de la tacha de sospecha de que fueron objeto, para el tribunal es claro que a dichas deposiciones no se les puede dar una mayor credibilidad, habida consideración de su indudable nexo de dependencia con cada una de las partes, ya que es apenas lógico suponer que su dicho no puede contrariar las pretensiones de una y de otra por tal dependencia.
c) Cosa juzgada. Esta excepción esta llamada a prosperar en virtud de que las partes en el contrato de transacción número 1085907 pusieron fin al procedimiento de irregularidad cometida por INTECO, cliente de la convocada, y renunciaron a cualquier clase de acción, pretensión, reclamo y procedimiento relacionado con dicha irregularidad transada. En efecto, en virtud del artículo 2483 de C.C. esta excepción se declarará probada.
11. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.
Honorarios del perito contador 8.000.000
Honorarios del perito técnico 15.000.000
Anticipo de gastos del perito 500.000
Agencias en Derecho: 350.000.000
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de los incumplimientos contractuales; contrato no cumplido; cobro excesivo de intereses moratorios; cobro de lo no debido; improcedencia de acumular intereses de mora y cláusula penal; incumplimientos de normas especiales sobre regulación del sector eléctrico; prevalencia de normas constitucionales y legales sobre disposiciones contractuales; violación del debido proceso y el derecho de defensa; aprovechamiento del dolo propio; indebida acumulación de pretensiones; nulidad del parágrafo de la cláusula séptima del contrato, y lesión enorme, propuestas por el apoderado de ENERGÍA CONFIABLE S. A. E.S. P contra la demanda inicial, por las razones expuestas en la parte motiva.
CUARTO: Declarar probadas las excepciones de cumplimiento de sus obligaciones, contrato no cumplido y cosa juzgada, propuestas por el apoderado de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., contra la demanda de reconvención y su reforma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.
QUINTO: Denegar las pretensiones principales de la demanda de reconvención y su reforma, y las pretensiones subsidiarias de la demanda de reconvención y su reforma, presentadas por ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P., y en consecuencia, se absuelve a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. de tales pretensiones, en razón de lo expuesto en la parte motiva de este laudo.
SEXTO: Declarar que ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. como COMERCIALIZADOR, ha incumplido las obligaciones definidas como tales en la cláusula décimo novena del Contrato de Prestación de Servicios de Red de Distribución celebrado el día 10 de abril de 2002 con ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., como DISTRIBUIDOR, de conformidad con la parte motiva de este laudo.
SÉPTIMO: Como consecuencia de lo anterior, declarar terminado el Contrato de Prestación de Servicios de Red de Distribución celebrado el día 10 de abril de 2002 entre ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. y ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. y, además, en guarda del principio de la continuidad establecido en el inciso cuarto del artículo 6º de la Ley 143 de 1994, ordenar que el servicio de energía lo siga prestando ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a los usuarios de la convocada hasta que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo dichos usuarios señalen libre e individualmente al comercializador que deberá suministrárselo.
OCTAVO: Condenar a ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. al pago de la cantidad de SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60’000.000.00) a título de sanción penal pecuniaria por los seis (6) incumplimientos con las fechas establecidas en la cláusula novena del contrato, por el uso del Sistema de Distribución Local (SDL), de acuerdo con lo establecido en la cláusula décimo novena del contrato.
NOVENO: Condenar a ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. al pago de la cantidad de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10’000.000.00) por el incumplimiento consistente en la obligación de constituir y entregar al DISTRIBUIDOR la garantía de los dos pagarés junto con su carta de instrucciones de que trata la cláusula décima quinta del contrato.
DÉCIMO: Condenar a ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. al pago de la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE PESOS (15.270’000.000.00) a título de sanción penal pecuniaria pactada en el contrato, por concepto de los MIL QUINIENTOS VEINTISIETE (1.527) incumplimientos demostrados en la prueba pericial practicada dentro del proceso.
UNDÉCIMO: Condenar a ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. al pago de cada una de las treinta y seis (36) facturas a su cargo por concepto de irregularidades en las instalaciones de sus clientes, que totalizan la cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 317’673.190.00), de que trata el hecho 14 de la demanda, más intereses moratorios causados a partir del vencimiento de cada factura, a la tasa máxima legal permitida, desde que la obligación se hizo exigible hasta que se produzca el pago y, además, por DIEZ (10) incumplimientos del contrato, la cantidad de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100’000.000.00) a título de sanción penal pecuniaria, de acuerdo con lo establecido en el numeral primero de la cláusula décimo novena del contrato.
DUODÉCIMO: Condenar en costas a ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. por las siguientes cantidades: por concepto de honorarios de los peritos, VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 23.500.000) MIL; por concepto de gastos y honorarios del presente proceso arbitral la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 163.652.400) MIL, Y por concepto de agencias en derecho, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 350.000.000.) M.L para un total de costas y agencias en derecho de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 537.152.400) MIL, por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo.
DÉCIMO CUARTO: Entréguese copias autenticas a cada una de las partes del presente laudo, una vez finalice la presente audiencia.
Gabriel Diago García, presidente—Felipe Royet González, árbitro—Alfredo Uribe Carbonell, árbitro.
Barranquilla, D.E.I.P., ocho (8) de septiembre de dos mil diez (2010).
En cuanto a la complementación del laudo arbitral solicitada por ECONSA, considera el Tribunal que tal solicitud no es procedente por cuanto la parte resolutiva del laudo en los puntos undécimo, octavo noveno y décimo, se resolvieron ciñéndose en un todo a lo dispuesto en el artículo 304 del C. de P.C. al cual se remite el Decreto 1818 de 1998 que a la letra dice:
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este código...”.
En cuanto a la primera solicitud de aclaración del laudo realizada por ECONSA, esta no es procedente por no corresponder al verdadero sentido de una aclaración. Sobre este punto el tribunal considera pertinente transcribir el pronunciamiento que sobre el particular hizo la C.S. de J. Sala de Casación Civil mediante sentencia de julio 12 de 1990 en donde se hace claridad sobre el significado de la solicitud de aclaración y sus limitaciones:
“Este recurso como lo señala la leyes eminentemente estricto ya que de lo contrario, se desvirtúa su naturaleza entrando al campo de otros recursos.
“Bien expresa este artículo que los conceptos que ofrezcan verdadero motivo de duda deben estar contenidos en la parte resolutiva del fallo, o influir en ella, entendiendo esto último en el sentido de que la interpretación de la parte resolutiva ofrezca ambigüedad a consecuencia de ser también ambiguo algún concepto o frase de la parte motiva” (Ingeniería y Construcción Ltda. —Inconstruct— vs. La Empresa Colombiana de Petróleos —Ecopetrol— abril 30 de 1986. Laudo Arbitral).
“Lo anterior significa que es requisito indispensable de la aclaración que con ella no se pretenda ni se llegue a modificar, alterar o reformar lo decidido en la sentencia. Por el sendero que traza ese remedio procesal, no es posible, pues, despejar las contradicciones que se puedan palpar entre la parte expositiva y resolutiva del fallo, si en verdad se entiende la redacción de esta de modo tal que es advertible su cabal ejecución.
Por lo demás, tal petición rebasa las ordenaciones del inciso primero del artículo 309 del C. de P.C. aplicable al caso controvertido, por lo que tal petición no es atendible.
Sobre la solicitud de corrección del laudo arbitral, el tribunal considera que realmente se trató de un simple error de transcripción en donde se agregó a la cifra en letras una palabra (mil), y en virtud de lo anterior se corregirá mediante auto susceptible de los mismos recursos que proceden contra el laudo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 del C. de P.C., en el sentido de que el valor en letras de la condena es de QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS.
En cuanto a la complementación del laudo solicitada por ELECTRICARIBE, el tribunal considera que no es procedente acceder a ella habida cuenta de que tal cosa solo sería posible en el evento de que en el laudo se haya omitido resolver sobre alguna pretensión o excepción de fondo formulada oportunamente por las partes u otra declaración que deba efectuarse oficiosamente como lo referente a su protocolización (artículo 311 del C. de P.C.).
DÉCIMO: Condenar a ENERGÍA CONFIABLE S.A. E.S.P. al pago de la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS (15.270’000.000.00) a título de sanción penal pecuniaria pactada en el contrato, por concepto de los MIL QUINIENTOS VEINTISIETE (1.527) incumplimientos demostrados en la prueba pericial practicada dentro del proceso.
Danilo Devis Pereira, apoderado parte convocante.
Pedro Montero Linares, parte convocada.

References: artículo 306
 artículo 225
 artículo 238
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 artículo 237
 artículo 54
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 artículo 7
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 artículo 187
 artículo 2483
 artículo 6
 artículo 304
 artículo 309
 artículo 310