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Timestamp: 2017-06-22 16:34:40+00:00

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¿Se imputan a la sociedad o al nuevo socio comprador los actos propios del socio único? Un problema de retribución de los administradores sociales - Lexology
¿Se imputan a la sociedad o al nuevo socio comprador los actos propios del socio único? Un problema de retribución de los administradores sociales
Análisis GA&P | Marzo 2016 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1. El alcance de la reserva estatutaria en materia de retribución de administradores Bajo el imperio del artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas/1989 (art. 217 LSC), llegó a ser doctrina de los tribunales que la re‑ muneración de los administradores debía ser fijada en todo caso en los estatutos sociales y que esta exigencia de tutela de los socios aje‑ nos a la administración de la compañía (socios minoritarios normalmente) no podía ser elu‑ dida mediante el expediente de celebrar con el administrador un contrato «laboral» de alta dirección o civil de «arrendamiento de servi‑ cios» donde el consejo de administración y el administrador «laboralizado» pactaran las condiciones económicas que quisieran. El clímax de esta jurisprudencia se alcanza con dos célebres sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 13 de noviembre del 2008 (RJ 2009, 59 y 453) en las que se recoge la doctrina consolidada de las Salas de lo Civil y de lo Social del Tribunal Su‑ premo y se aplica a la cuestión de la deduci‑ bilidad fiscal de las retribuciones pagadas por la sociedad. Estas sentencias pivotaban sobre dos postu‑ lados radicales. Primero, una rigurosa inter‑ pretación del artículo 130 de la Ley de So‑ ciedades Anónimas/1989 sobre lo que debía entenderse por determinación estatutaria del carácter retribuido del cargo y por sistema de la retribución del administrador. Segundo, la recepción de la citada «doctrina del vínculo», creada por la Sala de lo Social y desarrollada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, conforme a la cual no son compatibles la vin‑ culación orgánico‑societaria del administrador con la sociedad y la vinculación laboral (o con‑ tractual, mediante arrendamiento de servi‑ cios de consultoría) para el desarrollo de las mismas funciones ejecutivas y de dirección de la empresa, siendo finalmente éstas (la labo‑ ral o la civil) absorbidas por aquélla (la orgá‑ nico‑societaria). Con todo, los matices resultaban inevitables. En la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 31 de octubre del 2007 se trata‑ ba de una sociedad de socio único. El Tribu‑ nal Supremo considera conducta contraria a la buena fe prevalerse del artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas para negar la obli‑ gación societaria de abonar la remuneración establecida en el contrato como administra‑ dor. No existiendo alteridad entre sociedad y socio (único), no tiene sentido invalidar una obligación de pago que no puede ser ajena al socio único, como dueño material de la socie‑ dad. No puede ser aplicable el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas cuando decae el supuesto de hecho protector de la norma, a saber, que existan socios no partícipes y aje‑ nos a las decisiones sobre retribución de los administradores, en particular en lo que se re‑ fiere a la indemnización por cese en el cargo, lo cual afecta al principio de revocabilidad ad nutum. ¿Se imputan a la sociedad o al nuevo socio comprador los actos propios del socio único? Un problema de retribución de los administradores sociales Ángel Carrasco Perera y Fernando Marín de la Bárcena Consejo Académico de Gómez-Acebo & Pombo Análisis GA&P | Marzo 2016 2 En el caso de la Sentencia del Tribunal Supre‑ mo (Sala de lo Civil) de 24 de abril del 2007, el contrato de administración (de alta dirección) con su cláusula de indemnización por cese, que tampoco estaba prevista en los estatutos, había sido autorizado por el Consejo de Admi‑ nistración integrado por dominicales designa‑ dos por todos los socios (varias empresas y Administraciones Públicas). El tribunal afirma que la ratio legis del artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas es «proteger a los accionistas de la posibilidad de que los admi‑ nistradores cambien la retribución por propia decisión», pero añade que la autorización del Consejo «carece del necesario sentido unívo‑ co» como acto concluyente «de exterioriza‑ ción de la efectiva conformidad de todos los socios» respecto del derecho al cobro de la indemnización. Es de suponer que, si en ese Consejo hubiesen participado representantes orgánicos de los socios, la solución habría sido distinta. Con esto llegamos al caso resuelto por la Sen‑ tencia del Tribunal Supremo de 17 de diciem‑ bre del 2015. La administradora única de una sociedad anónima unipersonal tenía suscrito desde hacía años un denominado «contrato de alta dirección» con la compañía en el que estaba previsto, aparte de otras retribucio‑ nes, el cobro de una indemnización en caso de cese injustificado en el cargo. Era ésta una indemnización contradictoria con los estatutos de la sociedad que, desde el 2006, estable‑ cían que el cargo de administrador sería re‑ tribuido mediante una asignación fija anual, dietas de asistencia a las reuniones del Conse‑ jo e indemnizaciones de gastos por desplazamiento, pero nada decían sobre indemnización por cese. En octubre del 2008 cambió el socio único (que en su momento había firmado el contrato «laboral» de alta dirección) y el nuevo socio, adquirente del cien por cien de las acciones, decidió cesar a la administradora única, pero se negó a pagarle la indemnización prevista en el contrato alegando que dicha retribución no constaba en los estatutos, como estable‑ cen los artículos 130 de la Ley de Sociedades Anónimas y 217 de la Ley de Sociedades de Capital. La administradora reclamó ante los juzgados de lo Social el pago de la indemnización pre‑ vista en el contrato de alta dirección, pero su pretensión se desestimó por falta de jurisdic‑ ción mediante la aplicación de la doctrina del vínculo («La remuneración fijada en el con‑ trato de alta dirección retribuía las funciones que como administradora realizaba la deman‑ dante»). Entonces interpuso demanda ante un juzgado civil que estimó la pretensión y ésta fue confirmada en fase de apelación. La Sentencia de la Audiencia de Madrid de 17 de julio del 2013 declaró que el acto propio generado en un principio por la socie‑ dad, cuando pertenecía al antiguo socio único, mediante la firma del contrato de administra‑ ción con su cláusula de indemnización por cese «se propaga en sus efectos al que trae causa de la misma, pues es efecto característico de la transmisión derivativa. Y ello, aunque, con más propiedad, habría que referir el acto propio a la sociedad en sí, cuya personalidad jurídica no ha variado ni se ha visto afectada por las trasmisiones de sus acciones». El nuevo socio único no podría considerarse tercero de buena fe protegido por la falta de constancia en el Registro Mercantil de este concepto retributivo para el administrador sa‑ liente: «Porque se incide en la confusión entre sociedad obligada al pago y sociedad adqui‑ rente del capital social de aquélla. Ésta, al ad‑ quirir las acciones en su totalidad, pasa a re‑ gentar una sociedad con personalidad jurídica independiente y separada de la de su socio, de modo que no hay ruptura alguna (ni siquiera sucesión) en las obligaciones contraídas con terceros o con personas integradas en la mis‑ ma por la sociedad adquirida». 2. Los propios actos y la reserva estatutaria del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital La doctrina de los actos propios ha sido desa‑ rrollada desde mediados del siglo xix por una jurisprudencia constante que luego ha acabado reconduciendo aquella doctrina al principio de buena fe del artículo 7 del Código Civil (CC). Para los efectos que siguen, bástanos decir que se trata de una doctrina a medio camino entre Análisis GA&P | Marzo 2016 3 la vinculación que directamente resulta del contrato y la regla de la responsabilidad por apariencia. La sentencia de la Audiencia se atuvo en el presente caso a la doctrina de los propios actos, en el sentido de que «el acto propio ge‑ nerado inicialmente por la sociedad propaga‑ ría sus efectos con la transmisión de las accio‑ nes a un nuevo socio único». Estimó por tanto que la sociedad (cuyo subyacente es ahora en exclusiva el socio único adquirente) debía considerarse «vinculada» por el acto propio del socio único vendedor, el cual, años atrás, formalizó con la administradora demandante el contrato de administración societaria que incluía la indemnización referida. Según la sentencia del Tribunal Supremo, por el contrario, «la doctrina de los actos propios sólo puede ser opuesta frente a quien realizó la actuación que se considera vinculante […] puesto que se trata de un acto personalísimo y en el presente caso el acto propio no es tanto de la sociedad (pues en tal caso, de existir con‑ trato de alta dirección, nunca podría alegarse como obstáculo para la efectividad de la retri‑ bución la ausencia de reflejo estatutario, y el artículo 130 LSA quedaría vacío de contenido) como del socio conocedor del acuerdo de re‑ tribución con el administrador y que no puede pretender posteriormente la tutela que supone la previsión del artículo 130 TRLSA». En nuestra opinión, la doctrina de la Audiencia, tal como se expone, es inobjetable, siempre que de verdad el acto propio haya sido generado por la sociedad. Pero en ningún caso ocurren las cosas exactamente así, porque la genera‑ ción del acto —que luego se imputa a la sociedad o no— sólo puede haberse producido en la persona del socio único o en la persona del administrador. Es decir, el acto propio de la sociedad tiene que ser primera y sustan‑ cialmente un acto propio de alguna persona física y que sea luego imputable a la sociedad en virtud de alguna regla jurídica societaria o contractual. Tanto en el texto de la sentencia del Tribunal Supremo como en la de la Audiencia se ma‑ nejan con algún equívoco cuatro pares con‑ ceptuales que han de mantenerse separados. Primero, el acto propio del administrador (fir‑ mante), que se imputa a la sociedad en su cali‑ dad de representante orgánico (art. 234 LSC). Segundo, el acto propio del socio único vendedor que en su caso pueda imputarse a la sociedad. Tercero, el acto propio de la sociedad como tal. Por último, el acto propio del socio único vendedor que en su caso pueda impu‑ tarse al socio único comprador. Es evidente, sin más, que ceteris paribus, el acto propio del socio, aunque sea el titular de todo el capital social, no se puede imputar a la sociedad unipersonal, de la misma forma que el acto propio de la sociedad, como acto propio del administrador que es imputado a aquélla, tampoco puede imputarse al socio único como acto propio de éste, aunque de hecho el socio único también llegue a ser el administrador único de la compañía. Es también evidente que el acto propio de la sociedad (que tendrá que haber sido efectua‑ do por alguna persona física que represente a aquélla) vincula a la propia sociedad en los términos ordinarios de la doctrina sobre actos propios desarrollada por la jurisprudencia en aplicación del artículo 7 del Código Civil. Por tanto, en contra de la opinión del Tribunal Su‑ premo, los propios actos a que se refiere la regla de la buena fe no son «personalísimos», porque, si así fuera, la sociedad nunca queda‑ ría vinculada por «sus» propios actos. En nuestra opinión, el acto propio del socio o de la sociedad sólo podría ser imputado «arri‑ ba y abajo del velo de la personalidad separa‑ da» si se dieran las condiciones de aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. En efecto, no tiene sentido que, bajo estas condi‑ ciones, se pueda imputar una responsabilidad tras el velo de la personalidad y que, sin em‑ bargo, no se pudiera imputar un acto propio en el sentido de la jurisprudencia relativa al artículo 7 del Código Civil. No vamos a consi‑ derar ahora las condiciones de aplicación de esta doctrina del «levantamiento». En principio, no existe ninguna razón por la que el administrador social no pudiera ser be‑ neficiario de la aplicación de la doctrina de los propios actos, neutralizando de esta forma el efecto adverso que le pueda producir el Análisis GA&P | Marzo 2016 4 artículo 217 de la Ley de Sociedades de Ca‑ pital. Basta decir al respecto que no existe ninguna objeción a que el administrador pue‑ da confiar legítimamente en que el acto del socio único se imputa a la sociedad o vice‑ versa. Con todo, después explicaremos cómo en el presente caso no es necesario acudir a dicha hipótesis. ¿Se imputará a la sociedad el acto propio del administrador social? Aquí hay que hacer dis‑ tinciones. Parece claro que frente a terceros ajenos a la sociedad, el acto propio del admi‑ nistrador social se imputa siempre a la socie‑ dad si dicho acto se produce en el desempeño (no extralimitado) de las funciones y compe‑ tencias propias del cargo en su condición de representante orgánico (art. 234 LSC). Porque sería un sinsentido que no se pudiera imputar el acto propio del administrador a la sociedad, cuando se puede imputar a la sociedad la vo‑ luntad contractual, la culpa in contrahendo, la propia turpitudo, la culpa y el dolo civil o penal, etcétera, del administrador. Pero el acto propio del administrador no se puede imputar contra la sociedad y en favor del propio administrador como beneficiario de la confianza generada por su propia conducta porque se trataría de un supuesto circular en el que no se generaría una necesaria protección de la confianza. Por eso la sociedad es titular, entre otras, de la acción social de responsabi‑ lidad, sin que el administrador pueda oponerle eventualmente la excepción in pari delicto con fundamento en que su condición de repre‑ sentante orgánico sirvió para «infectar» a la propia sociedad del mismo virus (de responsabilidad) en que incurrió el administrador. Por la misma razón, la sociedad siempre puede pedir la restitución de pagos indebidos hechos a sí misma por el administrador, sobre la base de un contrato de administración celebra‑ do por él en su propio nombre y en el de la sociedad (problemas de autocontratación al margen). Con todo, en nuestro supuesto no es la doc‑ trina de los propios actos la que la deman‑ dante (ex administradora única) podía querer imputar a la sociedad demandada. Lo que podría oponer es la doctrina jurisprudencial misma que excepciona de la regla de reserva estatutaria del artículo 217 de la Ley de Socie‑ dades de Capital los contratos celebrados con el administrador por la sociedad de socio único porque, en esos casos, la norma que exige la constancia estatutaria pierde su finalidad de protección. No se trata entonces de que los actos propios del socio o del administrador se imputen a la sociedad, sino que ésta se en‑ cuentra vinculada por el contrato de adminis‑ tración y debe pagar la indemnización, ya que, en el presente supuesto, conforme a la doctri‑ na jurisprudencial, no se aplicaría la regla de la reserva estatutaria de los artículos 130 de la Ley de Sociedades Anónimas y 217 de la Ley de Sociedades de Capital. El conflicto resuelto en esta sentencia, como en la de 31 de octubre del 2007, es un conflicto propio del derecho de contratos (del art. 1255 CC), no un conflicto de simple protección de la buena fe en térmi‑ nos de la doctrina de los actos propios. Y con esto nos precipitamos hacia la conclu‑ sión final. Si la administradora podía oponer a la socie‑ dad la validez del contrato retributivo, merced a la inaplicabilidad de la mencionada reserva estatutaria, entonces se la puede oponer a la sociedad en todo caso, sin importar si en el momento en que se pretenda esta oposición es uno u otro el socio único de la sociedad en cuestión. El «acto» en cuestión (el contrato de administración sin base estatutaria) ya fue imputado a la sociedad en virtud del contrato mismo (válido) de administración. La sociedad estaba «obligada», no por el acto propio del socio ni del administrador, que eventualmente se imputaría a la sociedad, sino por su propio acto contractual válido. Y en este sentido, en fin, tiene razón la sentencia de la Audiencia cuando sostiene que «con más propiedad ha‑ bría que referir el acto propio a la sociedad en sí, cuya personalidad jurídica no ha variado ni se ha visto afectada por las transmisiones de sus acciones». Carece incluso de importancia que el socio nuevo (adquirente) conociera o no la existen‑ cia de aquel contrato y de las circunstancias en que se había celebrado y también que el socio comprador se hubiera obligado o no con el socio vendedor a no hacer reclamacio‑ nes por los actos relativos a la administración Análisis GA&P | Marzo 2016 5 Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York que fueran anteriores a la compra de las ac‑ ciones. Fuera de la doctrina de los actos propios, hay otra consideración hecha por la sentencia del Tribunal Supremo que merece también una reflexión. La sentencia concede como cosa evidente que la sociedad no puede solicitar la nulidad del contrato o la restitución de las can‑ tidades frente al administrador único porque el comprador ha renunciado frente al vendedor a realizar ninguna reclamación relativa a la ad‑ ministración de la sociedad con anterioridad a la venta. Pero, ¿por qué es evidente que un compromiso entre partes del contrato de com‑ praventa de acciones puede vincular o puede imputarse a la sociedad de alguna manera? Es posible que un contrato de compraventa de ac‑ ciones contenga una estipulación en favor de la sociedad, pero no es eficaz un pacto de este tipo entre vendedor y comprador en contra de la sociedad, que es lo que en definitiva conclu‑ ye como válido la sentencia comentada. Una heteroeficacia de esta clase sólo podría haber‑ se justificado si la sentencia hubiera defendi‑ do —no lo hace— que el acto propio del socio comprador se imputa a la sociedad merced a la doctrina del levantamiento del velo.
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