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BOE.es - Documento BOE-T-2002-7195
Documento BOE-T-2002-7195
Pleno. Sentencia 67/2002, de 21 de marzo de 2002. Cuestión de inconstitucionalidad 4170/98. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administrativos públicas, introducido por la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992. Límites constitucionales al contenido material de las leyes de presupuestos. Validez del precepto. Voto particular.
«BOE» núm. 91, de 16 de abril de 2002, páginas 67 a 75 (9 págs.)
BOE-T-2002-7195
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4170/98, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con la supuesta inconstitucionalidad del art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, introducido por el art. 34 de la ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, por poder vulnerar los arts. 9.3 y 134.2 de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El día 7 de octubre de 1998 tuvo entrada en el Registro del Tribunal un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, un Auto dictado por este órgano judicial el día 24 de septiembre de 1998 en el cual se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 16.4 de la Ley 53/1984, reguladora de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas (en adelante, LIPAP), introducido por el art. 34 de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
a) Un Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria solicitó del Rectorado de esta Corporación Académica la pertinente autorización para compatibilizar su actividad pública con el ejercicio de la abogacía. Su petición fue denegada por Resolución de 15 de junio de 1997. Para el Rector, los profesores universitarios a tiempo completo (como era el caso del solicitante) no pueden ser autorizados para la realización de otras actividades públicas o privadas ; así se desprende de la legalidad aplicable, que, para el Rector, consistía en los arts. 11 y 45.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, los arts. 16 y 17.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el art.
15.1 del Real Decreto 589/1985, de 30 de abril, y los Estatutos de la Universidad de Cantabria.
d) El recurrente a quo sostuvo en su escrito de alegaciones que el hecho de que el art. 16, apartado 4, de la Ley 53/1984 haya sido reformado por una Ley de Presupuestos "puede ser, ... a la vista del art. 134.2, un defecto formal, pero discutible, pues, por otro lado, la única limitación que la Constitución establece con respecto a estas leyes anuales se encuentra en el art.
134.7, donde se recoge la prohibición de crear nuevos tributos, pero en absoluto la regulación de otras materias". En la súplica del escrito no se interesaba nada en relación con el posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
Entiende el órgano judicial que en esta materia es perceptible una progresiva tendencia de la jurisprudencia constitucional hacia la reconducción del contenido de las Leyes anuales de Presupuestos a los límites materiales que marca el art. 134.2 de la Constitución ; tendencia que, acompañada asimismo por una creciente preocupación doctrinal, propende a evitar que, como se ha dicho, las Leyes de Presupuestos constituyan una especie de totum revolutum, en el cual se anuncia algo así como el anual Edicto del Pretor. En este sentido, mientras en las SSTC 63/1986 y 65/1987 se mantuvo un criterio relativamente amplio en relación con el contenido constitucionalmente lícito de estas Leyes, la ten dencia contraria se ha hecho evidente a partir de la STC 76/1992, confirmada por las SSTC 178/1994 y 195/1994.
Para la Sala, atendida esa evolución jurisprudencial, podría resultar necesario entender contrario a la Constitución el apartado 4 del art. 16 de la Ley 53/1984.
En efecto, la determinación del status funcionarial y del régimen de incompatibilidades inherente a los funcionarios constituye materia propia de una ley de contenido funcionarial, y no de una norma llamada a prever la totalidad de los ingresos y gastos del Estado. Por sí mismo ello no es determinante de infracción constitucional alguna, toda vez que, superado el círculo del contenido mínimo e indisponible de este tipo de Leyes, hay que verificar si, no obstante, resulta posible regular en ellas una cuestión como la que ahora nos ocupa por guardar directa relación con los gastos e ingresos o con los criterios de política económica general de la que el Presupuesto es instrumento. La Sala avanza, sin embargo, que una y otra condiciones difícilmente se cumplen en el supuesto de autos.
Entrando en otro orden de consideraciones, tampoco acaba de vislumbrar el órgano judicial las razones de política económica en que puede ampararse la regulación del régimen de incompatibilidades dentro de una ley de contenido presupuestario, toda vez que la política económica apela al conjunto de actuaciones tendentes a la consecución de los objetivos de carácter económico constitucionalmente fijados en el marco de los principios rectores de la actividad económica de los poderes públicos, todo ello cristalizado en las Leyes de Presupuestos.
La inadecuación de la previsión cuestionada a esta segunda condición es, para la Sala, patente, pues no se aprecia ninguna conexión entre el régimen de incompatibilidades de los funcionarios y los criterios de política económica que pueda trazar el Estado.
a) Como argumentación principal manifiesta que la cuestión planteada no es relevante para resolver el procedimiento jurisdiccional del que resulta. En tal sentido indica que la finalidad del recurso contencioso-administrativo que da origen a este procedimiento es la de dilucidar si el recurrente tiene derecho a obtener la declaración de compatibilidad con el ejercicio de una actividad profesional privada en su condición de funcionario docente de la Universidad de Cantabria con un complemento específico que no supera el 30 por 100 de su retribución básica. Esta cuestión ya ha sido resuelta por diversas resoluciones judiciales, entre ellas las Sentencias de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de 11 de marzo de 1997 (recurso núm. 557/95) y de 8 de julio de 1997 (recurso núm. 151/95). En dichas Sentencias se establece de una manera clara y terminante que el art.
16.4 LIPAP no es aplicable al personal docente universitario, porque dicho personal se rige por una normativa especial, contenida en el art. 16.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, así como en diversos preceptos de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. Es decir, resulta irrelevante que el art. 16.4 LIPAP sea o no constitucional, pues no es el precepto aplicable al supuesto controvertido.
El art. 16.4 afecta a un elemento del sistema de retribuciones, el complemento específico que se regula en el art. 23.3 b) de la Ley 30/1984, siendo definido como el "destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompa tibilidad, peligrosidad o penosidad". El art. 16.4 persigue, pues, configurar el complemento específico en relación con la exigencia de incompatibilidad.
Destaca el Abogado del Estado que, hasta la modificación operada precisamente por el art. 16.4, la percepción del complemento específico impedía cualquier compatibilidad. Ello se fundamenta en que el complemento específico, que en la Ley 30/1984 no se configuraba como norma básica, de hecho se generalizó para todos los puestos, lo que determinó la necesidad de modular las consecuencias de su percepción en relación con el sistema de incompatibilidades. El cambio normativo tiene una indudable proyección económica sobre los gastos e ingresos públicos, pues determinados puestos dotados con un complemento específico que no supone el 30 por 100 de su retribución básica pueden ser cubiertos por funcionarios que realicen otra actividad privada, bien procediendo de otros puestos, con o sin complemento específico, bien procediendo de la excedencia. Ello tiene una repercusión económica sobre el gasto al permitir la compatibilidad reducir la aportación pública en cuanto al complemento específico, de un lado, y, de otro, cubrir mejor ciertos puestos vacantes mediante la reducción de dicho complemento.
"Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los arts. 1.11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad." Para la Sala proponente, el precepto reproducido abre la posibilidad a todos los funcionarios públicos, incluidos
los funcionarios docentes de la enseñanza universitaria, de compatibilizar la actividad expresada con el ejercicio de actividades privadas cuando se cumplan los requisitos allí regulados acerca de la cuantía de su complemento específico en relación con sus retribuciones básicas, excluida la antigüedad.
Se trata, por tanto, de un precepto que regula una dimensión propia del estatuto funcionarial, concretamente el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos, por lo que, de acuerdo con la doctrina constitucional recaída en relación con el contenido de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (SSTC 76/1992, de 14 de mayo ; 178/1994, de 16 de junio, y 195/1994, de 28 de junio, entre otras), resultaría ilegítima la inclusión de la norma considerada en este instrumento normativo al no resultar reconducible a su contenido necesario, la relación de gastos e ingresos públicos, ni tampoco a su contenido eventual, es decir, el vinculado con los criterios de política económica. Por ello podría resultar vulnerado el art. 134. 2 CE, relativo al contenido de las Leyes de Presupuestos y, como consecuencia, el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), dada la localización inadecuada del precepto puesto en cuestión.
El Abogado del Estado suscita, como cuestiones previas, la necesidad de acordar la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en razón, por un lado, a que el artículo cuestionado no sería el aplicable al caso en el proceso judicial previo, y, por otro, a la mala fe procesal del recurrente en dicho proceso, que fundamenta en las circunstancias detalladas en el antecedente quinto.
Subsidiariamente aduce que procedería la desestimación de la cuestión, pues el art. 16.4 LIPAP responde perfectamente al contenido normal de las Leyes de Presupuestos por su estrecha conexión con el sistema de retribuciones de la función pública.
Existe ya una reiterada doctrina de este Tribunal acerca del alcance del denominado juicio de relevancia, determinante de la admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad (art. 37.1 LOTC). Al efecto hemos venido manteniendo un criterio flexible de las previsiones de la LOTC, lo que se justifica por la conveniencia de que las cuestiones planteadas por los órganos judiciales encuentren, siempre que sea posible, solución por Sentencia con el objeto de contribuir a la depuración del Ordenamiento jurídico de preceptos presuntamente inconstitucionales, extendiendo así la fuerza vinculante de la Constitución gracias a la cooperación entre los órganos judiciales y el Tribunal Constitucional. En este sentido hemos declarado también que es a los Jueces y Tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a quienes, en principio, corresponde comprobar y exteriorizar la existencia del llamado juicio de relevancia, de modo que el Tribunal Constitucional no puede invadir ámbitos que, primera y principalmente, corresponden a aquéllos, adentrándose a sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en que "de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos se desprenda que no existe nexo causal entre la validez de los preceptos legales cuestionados y la decisión a adoptar en el proceso a quo, ya que en tales casos sólo mediante la revisión del juicio de relevancia es posible garantizar el control concreto de constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad y evitar que los órganos judiciales puedan transferir al Tribunal Constitucional la decisión de litigios que pueden ser resueltos sin acudir a las facultades que este Tribunal tiene para excluir del ordenamiento las normas inconstitucionales" (SSTC 189/1991, de 3 de octubre, FJ 2 ; 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 4.a ; 174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 203/1998, de 15 de octubre, FJ 2 ;; ATC 14/1993, de 19 de enero).
Complementariamente debemos tener en cuenta, asimismo, que "no es preciso ni pertinente que, correspondiendo al órgano judicial en el ejercicio de la función que constitucionalmente le corresponde (art. 117.3 CE) interpretar los requisitos ordenadores de los procesos propios de su jurisdicción, este Tribunal Constitucional, con la excusa de constatar el carácter de norma decidendi de la norma legal cuestionada, se adentre a sustituir o modificar el criterio del órgano judicial proponente que, aun pudiendo ser discutible, no resulta irrazonable o radicalmente infundado. De este modo -se concluye-, siendo claro que la negación de la aplicabilidad de los preceptos legales cuestionados sólo sería posible mediando una interpretación de este Tribunal de signo contrario a la mantenida por el órgano judicial proponente y que esta interpretación, que no necesariamente es la única posible y ajustada a Derecho, sólo al órgano judicial compete en principio efectuarla, debe concluirse que no es apreciable la inexistencia de juicio de relevancia, pues, no siendo rechazable a limine la tesis de la aplicabilidad de los preceptos legales cuestionados, la inconstitucionalidad, en su caso, de éstos tendría incidencia en la resolución del recurso" (STC 203/1998, de 15 de octubre, FJ 2 ; ATC 14/1993, de 19 de enero).
Sin embargo, este hecho no ha escapado a la apreciación del órgano judicial, que también ha valorado la aplicabilidad al caso del citado art. 15.1 del Real Decreto
598/1985 y la ha descartado al considerar que ha sido derogado por el precepto legal cuya constitucionalidad somete al juicio de este Tribunal. No siendo irrazonable esta interpretación, y habida cuenta de nuestra doctrina acerca del juicio de relevancia a que antes hemos hecho referencia, debemos rechazar esta primera tacha de procedibilidad.
"Dicha doctrina se contiene] en una relativamente amplia serie de resoluciones, que se inicia con la STC 27/1981, de 20 de julio, y que, tras las SSTC 84/1982, de 23 de diciembre, 63/1986, de 21 de mayo, 65/1987, de 21 de mayo, 134/1987, de 21 de julio, 126/1987, de 16 de julio, y 65/1990, de 5 de abril, culmina con la STC 76/1992, de 14 de mayo, cuya doctrina ha sido posteriormente reiterada en las SSTC 178/1994, de 16 de junio, 195/1994, de 23 de junio, 16/1996, de 1 de febrero, 61/1997, de 20 de marzo, 174/1998, de 23 de julio, 203/1998, de 15 de octubre, 130/1999, de 1 de julio, 131/1999, de 1 de julio, 234/1999, de 16 de diciembre, 32/2000, de 3 de febrero, 180/2000, de 29 de junio, y 274/2000, de 15 de noviembre. Así, y con base en esta doctrina, en nuestra STC 203/1998, de 15 de octubre, FJ 3, se razonaba que la Ley de Presupuestos aparece, en primer lugar, como una verdadera ley, lo cual no ha impedido subrayar su peculiaridad consistente en que el ejercicio del poder legislativo por las Cortes Generales está condicionado en estos casos por las disposiciones contenidas en los apartados 1, 6 y 7 del art. 134 CE y por las restricciones impuestas a su tramitación parlamentaria por los Reglamentos de las Cámaras. Estas peculiaridades derivan, a su vez, de la función que el art. 134.2 de la Norma fundamental atribuye a estas leyes: se trata de las leyes que cada año aprueban los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y la consignación del importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. De aquí que al mismo tiempo aparezcan como un instrumento de dirección y orientación de la política económica del Gobierno.
La Ley de Presupuestos tiene así un "contenido esencial" o "indisponible", mínimo y necesario, distinguiéndola respecto de las demás Leyes del Estado, que viene expresamente recogido en el número 2 del art. 134 del Texto constitucional, y que se concreta en la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2, y 84/1982, de 23 de diciembre, FJ 3), y en las normas de naturaleza financiera que desarrollan y aclaran los estados cifrados para su ejecución congruente o simétrica en el respectivo período anual (STC 65/1990, de 5 de abril, FJ 3). Contenido propio, mínimo y necesario que no puede considerarse como exclusivo y excluyente, de modo que impida que en las Leyes de Presupuestos se contengan disposiciones que no coincidan exactamente con dicho contenido (STC 65/1987, de 21 de mayo, FJ 4). En este sentido pueden además acoger un "contenido eventual" o "disponible", justificado en el carácter funcional de la Ley de Presupuestos como vehículo director de la política económica del Gobierno, que no se excluye en la redacción del art. 134.2 de la Constitución, y que se concreta en aquellas otras disposiciones que, no siendo estrictamente presupuestarias, están dirigidas de modo directo a ordenar la acción y los objetivos de política económica y financiera del sector público estatal o, lo que es lo mismo, inciden en la política de ingresos y gastos del sector público o la condicionan (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2 ; 63/1986, de 21 de mayo, FJ 12 ; 65/1987, de 21 de mayo, FJ 4; 134/1987, de 21 de julio, FJ 6 ; 65/1990, de 5 de abril, FJ 3 ; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4; 195/1994, de 23 de junio, FJ 2 ; 16/1996, de 1 de febrero, FJ 6 ; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 2; 174/1998, de 23 de julio, FJ 6 ; 203/1998, de 15 de octubre, FJ 3; 130/1999, de 1 de julio, FJ 4 ; 131/1999, de 1 de julio, FJ 2 ; 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 4; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 5, y 180/2000, de 29 de junio, FJ 4). La Ley de Presupuestos puede contener, en consecuencia, disposiciones que, aun no suponiendo una previsión de ingresos o una habilitación de gastos en sentido estricto, sí guarden relación con unos o con otros. Es dentro de ese contenido "eventual" o "disponible" donde encajan aquellas otras normas que, aun no constituyendo una previsión de ingresos o habilitación de gastos, sí guardan en todo caso una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, o responden a los criterios de política económica del Gobierno o a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto, y respetan, finalmente, tanto el límite previsto en el número 2 del art. 134 de la Constitución, como el recogido en el numero 7 del mismo artículo (SSTC 65/1987, de 21 de mayo, FJ 4, y 65/1990, de 5 de abril, FJ 3).
Por otra parte, la justificación de la limitación del contenido constitucionalmente posible de las Leyes de Presupuestos se halla, no sólo en la función específica que
le atribuye la Constitución (la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado incluyendo la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal y la consignación de los beneficios fiscales que afecten al Estado), sino también en las peculiaridades y especificidades que presenta su tramitación parlamentaria.
Dicha tramitación conlleva restricciones a las facultades de los órganos legislativos en relación con la tramitación de otros proyectos o proposiciones de Ley, al tener sus trámites de enmienda y debate restringidos por las disposiciones de las Cámaras que regulan su procedimiento (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 2 ; 65/1987, de 21 de mayo, FJ 4 ; 65/1990, de 5 de abril, FJ 3; 76/1992, de 14 de mayo, FJ 4 ; 178/1994, de 16 de junio, FJ 5 ; 195/1994, de 28 de junio, FJ 2; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 2 ; 174/1998, de 23 de julio, FJ 6 ; 203/1998, de 15 de octubre, FJ 3 ; 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 4 ; 32/2000, de 3 de febrero, FJ 5, y 180/2000, de 29 de junio, FJ 4).
4. Entrando ya a examinar, partiendo de la doctrina reproducida, la conformidad del art. 16.4 de la Ley 53/1984, objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad, con el art. 134.2 de la Constitución, resulta evidente que aquel precepto carece de conexión con el contenido "esencial" o "indisponible" de las Leyes de Presupuestos, toda vez que no contiene determinación normativa alguna acerca de la previsión de ingresos o de la habilitación de gastos para el correspondiente ejercicio económico. Resta, pues, por analizar si puede o no conectarse con el llamado contenido "eventual" o "disponible" de dichas Leyes ; es decir, si su regulación sustantiva, aun no siendo estrictamente presupuestaria, se dirige a ordenar la acción y objetivos de la política económica y financiera del sector público estatal, incidiendo en la política de ingresos y gastos del sector público. A esta cuestión responde afirmativamente el Abogado del Estado, quien defiende la existencia de una proyección del precepto cuestionado sobre los gastos y los ingresos públicos.
Para el enjuiciamiento del tema planteado ha de tenerse presente que en una ocasión precedente hemos declarado que: "Cabría, sin duda, argumentar que la sede normativa natural y técnicamente más correcta de las regulaciones de los conceptos retributivos de los funcionarios es el de las disposiciones generales que disciplinan el régimen jurídico aplicable a todos los funcionarios. Cabría argumentar también que, dada la temporalidad propia de las Leyes de Presupuestos, resulta conveniente, en el caso de haber incluido preceptos del tipo del aquí cuestionado en una Ley de Presupuestos, incorporarlos con posterioridad a la legislación funcionarial, como se hizo con los que fueron objeto de enjuiciamiento en la STC 65/1990. Sin embargo, debe tenerse presente, de un lado, que el criterio de temporalidad no resulta en principio determinante de la constitucionalidad o no de una norma como la cuestionada desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos (STC 65/1990, FJ 3) ; por otro lado, el hecho de que el precepto previsiblemente afecte a un número limitado de funcionarios puede poner de manifiesto que su regulación no incide en los criterios de política económica general, pero no es suficiente para negar la repercusión directa de los complementos retributivos regulados en los gastos presupuestados, y, finalmente, debe tenerse en cuenta que en supuestos como el presente nuestro control de constitucionalidad no es un juicio sobre la cualidad técnica del ordenamiento jurídico, ni sobre la oportunidad de las opciones adoptadas por el legislador. Dentro de los límites del contenido posible o eventual de las Leyes de Presupuestos, el legislador goza de un margen de libre configuración que este Tribunal debe respetar y en el presente caso, como queda dicho, no cabe negar en modo alguno la relación directa del precepto cuestionado con los gastos previstos en el Presupuesto" (STC 32/2000, de 3 de febrero, FJ 6).
En definitiva, no se aprecia que el art. 16.4 de la Ley 53/1984, introducido por el art. 34 de la Ley 31/1991, vulnere, conforme a la doctrina establecida en anteriores pronunciamientos de este Tribunal, el art.
134.2 CE.
Dada en Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dos.-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Tomás S.
Voto particular que formula el Magistrado don Pablo García Manzano a la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4170/98, y al que se adhieren los Magistrados don Pablo Cachón Villar y don Javier Delgado Barrio
3. Pero lo esencial, a mi juicio, es que se viene a modificar, introduciendo una pieza aislada, y de carácter excepcional, lo que constituye un sistema, pues así lo define el art. 103.3 de la Constitución: "La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, ... el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones". La Ley 53/1984, que obedece este mandato constitucional, instaura, pues, un sistema, es decir, un régimen jurídico completo o global, en el que cada elemento de la regulación ha de ser coherente con los restantes, no inconexo, y en el que la introducción de modificaciones requiere, por ello, una configuración de conjunto. No en vano la Disposición adicional segunda de la propia Ley 53/1984 establece que "Toda modificación del régimen de incompatibilidades de la presente Ley contendrá una redacción completa de las normas afectadas".
Por ello, ha de concluirse que, al igual que hemos apreciado con ocasión de otras regulaciones sobre función pública contenidas en Leyes presupuestarias autonómicas (así, nuestras SSTC 130/1999, de 1 de julio, y 274/2000, de 15 de noviembre), la materia de incompatibilidades de los funcionarios públicos tiene su sede propia de regulación en la normativa configuradora del
estatuto funcionarial, siendo ajena al contenido eventual o contingente de la Ley de Presupuestos.
Y para que conste mi discrepancia, suscribo el presente Voto particular, conforme a lo dispuesto en el art.
90.2 LOTC, en Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dos.-Pablo García Manzano.-Pablo Cachón Villar.-Javier Delgado Barrio.-Firmado y rubricado.
Fecha de disposición: 21/03/2002
Fecha de publicación: 16/04/2002
DICTADA en la CUESTIÓN 4170/1998 (Ref. BOE-A-1998-24415).
la DESESTIMACIÓN en la relación con el art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 31/1991, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1985-151) y (Ref. BOE-A-1991-30903).

References: artículo 16
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto