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Timestamp: 2019-11-12 20:37:03+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 530, de 29/05/2018
cve: DSCD-12-CO-530
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 530
- Relativa al acceso de los trabajadores autónomos a los recursos de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001055) ... (Página2)
- Sobre medidas urgentes para el fomento del empleo juvenil. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000197) ... (Página2)
- Relativa al aumento de la siniestralidad laboral en el año 2017. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003046) ... (Página5)
- Relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003180) ... (Página9)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la ampliación de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003186) ... (Página12)
- Por la que se insta al Gobierno a estudiar la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el Servicio Público de Empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003250) ... (Página15)
Votaciones ... (Página17)
- RELATIVA AL ACCESO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS A LOS RECURSOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001055).
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muy buenos días. Se abre la sesión, anunciando en primer lugar que se ha retirado el punto 2.º del orden del día, correspondiente a la proposición no de ley relativa al acceso de los trabajadores autónomos a los recursos de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Siendo hoy es el día que es y por las circunstancias que todos conocemos, vengo de la Comisión de Cultura, y, efectivamente, estaba previsto terminar a la una, pero ya se está votando. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a señalar hora determinada de la votación, porque me imagino que me equivocaría y equivocaría a todos ustedes. Por tanto, más adelante iremos indicando el horizonte de la hora de votación, si les parece bien. Además, en la Comisión de Cultura ha habido grupos que no han intervenido en ninguna de las PNL.
- SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000197).
El señor VICEPRESIDENTE: Sin más preámbulo, empezamos el debate de la primera proposición no de ley, sobre medidas urgentes para el fomento del empleo juvenil, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Sorlí.
La señora SORLÍ FRESQUET: Muchas gracias, señor presidente.
Traemos hoy esta proposición no de ley entendiendo que actualmente la juventud es uno de los sectores más afectados por la crisis, uno de los sectores que han visto hipotecado su presente, ya que en muchas ocasiones se ven obligados a exiliarse o a tener que asumir y aceptar trabajos precarios; eso por no decir que casi la mitad de la población joven está en situación de desempleo y que aquella que puede trabajar lo hace de manera precaria. En esta situación, después de una crisis de más de una década, en la que hemos vistos recortados nuestros derechos, entendemos que desde el Parlamento debemos instar al Gobierno a tomar medidas para paliar esta situación, medidas urgentes para abrir nuevos nichos de trabajo, nuevos espacios desde donde poder impulsar el trabajo de las personas jóvenes, un trabajo sostenible, estable y con una remuneración adecuada.
Cuando hablamos de empleo juvenil hay que tener en cuenta que las personas jóvenes no somos un grupo de gente a la que poder precarizar y explotar. Somos el presente y el futuro de nuestra tierra y de este Estado. Por tanto, se ha de garantizar que nuestra situación es buena y que nuestro trabajo es adecuado a las funciones que cumplimos. Por eso, esta PNL intenta abordar esta situación de precariedad e impulsar un plan estatal de empleo juvenil, que se trabaje de acuerdo con todos los agentes implicados tanto de participación juvenil como de las secciones jóvenes de los sindicatos, así como promover espacios desde donde poder fomentar un empleo diferente, un empleo que ahora mismo se está olvidando, como el empleo verde, el referido al sector primario y el del mundo de los
cuidados, muy desvalorado y que actualmente puede ser estratégico para promocionar el empleo a todos los niveles.
Otro de los puntos que creemos fundamental es el relativo a combatir el fraude y el abuso de las becas y los contratos de formación, porque hoy día vemos que se firman contrato tras contrato, empalmando becas y contratos de formación, lo que nos mantiene en una situación precaria a las personas jóvenes y nos impide tener un proyecto de vida, poder emanciparnos o construir una vida propia.
Por último, entendemos que es importantísimo también incentivar el empleo de las personas jóvenes con diversidad funcional; evidentemente, de todas las personas con diversidad funcional, pero especialmente de las personas jóvenes, de modo que puedan tener un horizonte de vida digna y capacidad para poderse incluir en el mercado laboral.
Presentamos hoy esta PNL con la voluntad expresa de que el Gobierno empiece a trabajar de manera mucho más valiente con respecto al fomento del empleo juvenil, pero siempre con la garantía de un empleo digno, con la garantía de poder tener un futuro y un presente dignos para todas las personas jóvenes.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sorlí.
Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Podemos, tiene la palabra la señora Vidal por tiempo de cinco minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Lo cierto es que la Garantía Juvenil es ya una vieja conocida no solo de esta Cámara sino de mucha gente también fuera. Sonaba bien en 2012, como una especie de música que llegaba en un momento muy adecuado, pero nace -y hay que decirlo- de una forma absolutamente infrafinanciada, y además absolutamente deformada por parte del Gobierno del Partido Popular cuando intenta traducir esa Garantía Juvenil Europea a España.
Lo cierto es que la Garantía Juvenil habla de inserción, cualificación, formación y calidad de empleo, pero este último elemento es aquel que precisamente más olvida el Gobierno, y deja de lado absolutamente la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Desde 2012 han pasado seis años y, aunque la situación no es la misma que teníamos entonces en términos de paro, podemos decir que la situación es bastante peor en términos de precariedad. Hay que empezar a acuñar un concepto diferente, porque probablemente precariedad sirve a día de hoy para describir a la inmensa mayoría de los empleos de la inmensa mayoría de los españoles y españolas, y la situación en que se encuentran una buena parte de nuestros jóvenes es la de una auténtica metaprecariedad que atraviesa sus vidas, y es que las nuevas fórmulas derivadas en algunos casos de la mal llamada nueva economía colaborativa, como son los falsos autónomos y los falsos becarios, llevan a situaciones cercanas a conceptos que ni quiera tienen que ver con el siglo XIX.
Esta iniciativa nos gusta porque está muy centrada no solo en dar una vuelta a esta famosa Estrategia de emprendimiento joven, también en términos de revisar su dotación económica, etcétera, sino en aquello que nosotras echábamos tanto de menos, que básicamente es la creación de empleo, y la creación de empleo de calidad, reconociendo de este modo que el Gobierno tiene un papel protagonista en términos de control de la calidad del empleo y en términos de impulso de nuevos empleos, más dignos y a la altura de nuestros jóvenes, por lo que vamos a apoyarla. Aun así, hemos querido presentar una enmienda, que entendemos que se adecúa a la iniciativa que presentó nuestro grupo parlamentario el 17 de septiembre de 2017, aprobada por una mayoría aplastante, en la que entre otras cosas pedíamos que hubiera, previa consulta con los agentes sociales, ciertas modificaciones legislativas para mejorar las ayudas a los beneficiarios en relación con la orientación formativa, etcétera. Por tanto, veremos cómo queda recogida la enmienda que presentamos, pero anunciamos nuestro voto a favor de esta PNL.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos.
Nosotras también hemos presentado una enmienda. Pero vamos a apoyar esta iniciativa, básicamente por las razones que ya se han indicado, primero porque, aun habiendo mejorado el dato sobre desempleo entre personas jóvenes, creemos que sigue siendo inasumible, porque es vergonzoso para cualquier Gobierno que se admita la situación -como ha dicho mi compañera- no solo de precariedad sino de explotación laboral a la que se ven sometidos los jóvenes, tanto trabajadores formados como aquellos que carecen de formación. Es un colectivo sobre el que se ceban instrumentos de explotación propios, como
son las becas, los contratos de formación, las prácticas laborales y no laborales, pero sobre los que se ceban también elementos generales para cualquier trabajador, como la parcialidad, la temporalidad, los bajos salarios, la irrupción de las plataformas digitales, etcétera.
Creemos que hasta ahora el Gobierno no ha sabido gestionar la Garantía Juvenil ni la Iniciativa de Empleo Juvenil. De hecho, muchas de las propuestas presentadas a través de ellas han sido puramente anecdóticas, y consideramos que es momento de impulsar medidas nuevas, distintas y garantizar que los trabajadores jóvenes encuentran relaciones laborales adecuadas y trabajo decente. Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa.
Como decía antes, hemos presentado una enmienda y estamos a la espera de lo que nos pueda comentar el portavoz del grupo proponente. Pero nos parece una iniciativa muy necesaria y en la línea de seguir trabajando por una cuestión que nuestro grupo ha defendido sistemáticamente.
Hay varios portavoces que no van a intervenir o no están presentes. Por tanto, tiene la palabra la señora Marcos, del Grupo Popular.
Señorías, en agosto de 2016 diputados de Compromís, del Grupo Mixto, presentaron esta PNL, y lo hicieron apoyándose en un dato que entonces, sin duda, resultaba preocupante. La PNL decía, textualmente: "El paro juvenil se sitúa en el 46,5 % en el segundo semestre de 2016". Efectivamente, así era. En 2016 la cifra se situaba en el 46,5 %, y en 2013 esa tasa de paro juvenil llegó a un tremendo 56,9 %. Esta es la evolución. (Muestra un gráfico). Y llegó a un 56,9 %. Pero es que en 2013 aún no habíamos conseguido frenar una crisis que empezó en 2007 y se negó de manera vergonzosa, señora De Frutos, hasta 2010. El Gobierno no pudo empezar a revertirla hasta el año 2012, después de ganar las elecciones. Sin embargo, desde 2013 hasta hoy el paro juvenil ha bajado más de veinte puntos. Según la última EPA, el paro juvenil ha pasado del 56,9 % al 36 %. Efectivamente, sigue siendo alto, pero las cosas han mejorado. Desde que ustedes presentaron su PNL hasta hoy ha bajado diez puntos. ¿Por qué mantienen la iniciativa y no la han retirado? Quizás porque no quieren ver la clara diferencia entre una mala política económica y una buena política económica. Y hoy vemos un ejemplo del miedo que puede dar la mala política económica en la evolución del IBEX y la prima de riesgo: la peor sesión hoy, a unos niveles que habíamos olvidado. Y ahora tenemos que decidir si continuamos con una política que crea empleo y oportunidades para todos y reduce año tras año la tasa de paro o si preferimos volver a los tiempos en que el paro juvenil se disparaba hasta un 57 %, señorías. Es una decisión que tomaremos en esta Cámara si algunos, quizás los señores de Podemos y Compromís, deciden sumarse a la moción destructiva, que no constructiva, que ha presentado el señor Sánchez.
Evidentemente, queda mucho por hacer, pero los presupuestos que aprobamos en esta Cámara la semana pasada incluyen medidas para luchar eficazmente. Eficazmente es con medidas que funcionan, y demuestran que funcionan con datos, y es ofrecer mejores oportunidades de empleo a los jóvenes, que hoy en día está creciendo a un ritmo del 8,7 %. Y no es lo mismo destruirlo al ritmo del 9 o el 10 % que crearlo al ritmo del 8,7 % -esto es fácil de entender-. Pero todavía queda un millón de personas de menos de treinta años en desempleo. Y un dato relevante: la mitad de ellas no han completado ni siquiera los estudios de la ESO. Por eso, todas las medidas que ha adoptado el Gobierno desde el año 2012 para impulsar el empleo juvenil tratan de reforzar la formación de los jóvenes desempleados.
Ha dicho la portavoz de Compromís que quieren medidas urgentes y valientes. Si me permite el señor presidente, querría recordar muy brevemente solo las que están previstas en los presupuestos que aprobamos la semana pasada y ya están en el Senado: en políticas activas de empleo, que son una de las grandes prioridades de los presupuestos, se prevé un importe global de 24 500 millones de euros, y, de esa cuantía, solo para promover la integración de desempleados en el mercado laboral, con medidas específicas para jóvenes y parados de larga duración, hay una partida de 5800 millones de euros, un 4 % más que el año pasado, de tal manera que el gasto por desempleado en políticas activas de empleo aumenta un 16 % y se sitúa a los niveles de 2011. ¿Por qué? Porque, como la cantidad se aumenta en términos absolutos y hay menos parados, podemos volver a las tasas de aquel año.
En todo caso, lo más relevante es la formación, porque creemos que los jóvenes han de intentar mejorar su formación para tener más oportunidades de empleo, y para eso los presupuestos contemplan medidas específicas por importe de más de 3300 millones de euros. La inversión en formación profesional para el empleo es de 2400 millones de euros, con un aumento del 7 %, casi 170 millones de euros más
que el año pasado. Son recursos dirigidos al aprendizaje y a la mejora de la experiencia profesional, la cualificación y el reciclaje de los jóvenes, porque creemos que la formación les ayudará a mejorar su inserción laboral. Y en esta línea se enmarca la apuesta más decidida del Gobierno para la formación de los jóvenes, el programa de formación profesional dual, para la inserción laboral de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que, como saben, se lleva a cabo mediante el bono de formación de Garantía Juvenil, dotado con 500 millones de euros, por el que se ofrece a los jóvenes una ayuda de 430 euros mensuales durante dieciocho meses.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Marcos, por favor, vaya terminando.
La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Estoy acabando.
Además, si ese contrato se convierte en indefinido, los empresarios se bonificarán con 250 euros al mes en cuotas durante tres años.
Me dice el presidente que termine. Podría seguir desgranando datos que garantizan la mejora de los cifras sobre empleo en España, lo que se consigue gracias a las políticas del Partido Popular, con las que ya hemos logrado recuperar el 70 % del empleo destruido durante la crisis. Se han recuperado ya 2,2 millones de empleos durante cincuenta meses consecutivos de crecimiento del empleo indefinido. Ahora tenemos que decidir si queremos mantener la senda de recuperación o volver a los peores tiempos de la crisis, y es una decisión que vamos a tomar en muy pocos días.
Pregunto a la señora Sorlí si acepta las enmiendas presentadas.
La señora SORLÍ FRESQUET: Voy a intentar transaccionar con los dos grupos.
- RELATIVA AL AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL AÑO 2017. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003046).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al aumento de la siniestralidad laboral en el año 2017. Es del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos y tiene la palabra el señor Rodríguez.
El deterioro de las condiciones en la calidad del empleo en nuestro país durante los últimos años a raíz de las políticas de austeridad impuestas tanto por los Gobierno del Partido Socialista como del Partido Popular creo que es a todas luces evidente. Este deterioro se traduce en la práctica diaria en un aumento de la jornada de trabajo, en una menor flexibilidad para adaptar los horarios que posibiliten la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, en la falta de autonomía y la exigencia de trabajar a mayor velocidad, en un aumento considerable de las tareas que han de llevarse a cabo y en muchas casos con un salario menor. Además, estos factores afectan a la población joven, que sufre una incorporación al mercado laboral cargada de incertidumbres y en peores condiciones que la de las generaciones que la preceden, así como, por supuesto, a la población más mayor, en la que el proceso natural de envejecimiento, que evidentemente provoca un deterioro físico y, por ende, en la salud, se ve agravado por las circunstancias en las que ahora deben desempeñar su trabajo.
Esta dramática situación en nuestro mercado laboral solo ha sido posible imponerla mediante el recorte sistemático de las posibilidades de organización de los trabajadores y las trabajadores, la disminución del poder de la negociación colectiva, el proceso de retroceso democrático en los centros de trabajo, la silenciosa dictadura del aquí mando yo y si no te gusta te vas y, en última instancia, la represión sindical y el miedo como arma para imponer condiciones de forma totalmente arbitraria. Es imposible hablar de seguridad y salud en el trabajo -y en nuestras vidas, por lo tanto- sin destacar el brutal aumento de la exposición a riesgos de tipo psicosocial en clara relación con la organización del trabajo, lo que está desencadenando multitud de trastornos de salud mental, musculoesqueléticos y cardiovasculares, entre otros. La ansiedad, los infartos, la depresión, etcétera, no son patologías de moda, sino consecuencia
directa de la política laboral de las élites económicas y políticas de nuestro país -creo que en esto no hay ninguna duda-.
Aterrizando con los datos -porque, evidentemente, detrás de los datos hay personas-, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y su estadística sobre accidentes de trabajo en 2017, el número de estos ha sido de 583 000 accidentes de trabajo con baja y de 738 000 accidentes de trabajo sin baja. Comparando estas cifras con las de enero a diciembre del año anterior, se observa un aumento de un 5 % en el total de accidentes con baja. De los producidos durante la jornada se registra un aumento del 4,9 %, y de los in itinere de un 5,3 %. Sin duda -creo que en esto coincidiremos todos y todas-, el dato más sorprendente -sorprendente, con todas las comillas del mundo- es que durante el año 2017 fallecieron 618 personas mientras trabajaban o acudían o regresaban de sus centros de trabajo. Esto hace una media de 1,7 personas muertas al día, de gente que se levantó, fue a trabajar y no volvió. Estas cifras son expresión de personas de carne y hueso para las que no hay homenajes, portadas ni declaraciones institucionales pero la realidad está ahí, su muerte está ahí, así como el drama que supone a nivel social, para sus familias y su entorno.
Por eso, traemos una serie de medidas a través de esta iniciativa que esperamos que cuenten con el apoyo mayoritario de los grupos en esta Comisión para que salgan adelante. Paso a relatarlas -y con esto termino-. En primer lugar, realizar los trámites necesarios para promover la reforma en la legislación vigente para garantizar que ningún trabajador realiza su trabajo sin protección efectiva; segundo, realizar los trámites necesarios para iniciar la reforma legislativa con la finalidad de garantizar el desempeño de la labor profesional de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de su prestación; tercero, incrementar las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales; cuarto, incrementar sostenidamente el número de inspectores e inspectoras de trabajo para aproximarlo a la media de la Unión Europea, eximiendo a dicho cuerpo de funcionarios del principio de reposición cero y reposición mínima, por lo que se incrementarán sus efectivos mediante las correspondientes ofertas de empleo público de forma suficiente para que puedan desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que su ley de ordenación les encomienda; quinto, convocar la mesa de diálogo social al objeto de acordar las modificaciones en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, para potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los ajenos; sexto, dar cumplimiento a la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020; séptimo, territorializar en todo caso y con la mayor celeridad posible los fondos destinados a la prevención de riesgos laborales entre las administraciones autonómicas que tienen asumidas las competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de seguridad social e higiene en el trabajo, tal como está previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, para que estas administraciones puedan gestionarlos, dando cumplimiento así, entre otras, a sentencias que fallan a favor de las autonomías por invasión de competencias en la materia, así como para poner fin a la reiterada intromisión competencial que supone la imposición de trabas y obstáculos a la lucha que estas administraciones llevan a cabo para la prevención de riesgos laborales; octavo, modificar el Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, que modifica el Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, para añadir como enfermedades profesionales el estrés y el acoso laboral. Hasta aquí el paquete de medidas, que esperemos que cuente con el apoyo necesario.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez.
Buenos días, señorías. Yo tengo que empezar diciendo, como en otras ocasiones que hemos abordado este tema, que es un hecho alarmante que la siniestralidad laboral haya ido en aumento en España en estos últimos seis años. Con anterioridad sabemos que desde el año 2000 al 2012 conseguimos rebajar los índices de siniestralidad a la mitad, constituyendo el año 2012 el suelo en cuanto a tasas de siniestralidad. Pero a partir de entonces la tendencia se ha revertido y el número de accidentes ha crecido de forma alarmante. Asimismo, en este periodo 2012-2017 ha escalado la tasa de siniestralidad y en el año 2016 la tendencia al alza se consolidó, produciéndose 514 622 accidentes con baja, lo que supone un 7,3 % más que en el año 2015.
En el año 2017 -ya lo ha dicho antes el portavoz del Grupo de Unidos Podemos-, según las últimas estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se han producido 583 425 accidentes de trabajo con baja, además de 738 584 accidentes de trabajo sin baja, lo cual supone otra vez un aumento del 5 % respecto al año anterior. Además, en 2017 desgraciadamente han fallecido 618 personas en accidentes en su centro de trabajo o in itinere, por lo que el índice de mortalidad ha crecido un 1,8 %. Tenemos que señalar que la curva ascendente se repite en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores y en todas las ramas de actividad. Por todo ello nos encontramos, señorías, con los alarmantes datos que avergonzarían a cualquier país europeo y que requieren medidas inmediatas para revertir esta cruel dinámica y garantizar la seguridad de los trabajadores en su jornada laboral.
Mi grupo ha exigido a través de múltiples iniciativas en esta Cámara, tanto en Pleno como en Comisión, que de forma urgente se dotaran y cubrieran todas las plazas vacantes del cuerpo de inspectores de trabajo y personal auxiliar del mismo, que se ampliaran mediante las correspondientes ofertas públicas de empleo el número suficiente de personal en dicho cuerpo de funcionarios, de manera que puedan razonablemente desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que la ley les encomienda. A su vez hemos exigido al Gobierno la ejecución real de las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento del Plan de Prevención 2016-2020, dando participación en su cumplimiento efectivo en las empresas a los trabajadores a través de los delegados de la prevención. Pero, señorías, hasta la fecha no tenemos conocimiento de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social haya adoptado medidas acordes con estas reivindicaciones.
Para el Grupo Parlamentario Socialista la causa de esta situación deviene de la precariedad del mercado laboral y de la laxitud del Gobierno en sus tareas de control. La precariedad en el trabajo está produciendo el deterioro de la salud de los trabajadores, la falta de seguridad en las condiciones de trabajo y la ausencia de formación para la prevención de riesgos. Además, las medidas de prevención de riesgos laborales son invisibles y les resulta fácil a las empresas no aplicarlas. La consecuencia -vuelvo a repetir- de este escenario son 619 personas muertas y 583 425 trabajadores que han tenido que causar baja por siniestralidad laboral. Señorías, a mi grupo le indignan estas cifras, porque detrás de los números fríos y de las estadísticas hay personas; personas que han sufrido la peor parte de la crisis y que también están sufriendo lo peor de la recuperación y que son, sobre todo, los trabajadores más vulnerables, y entre ellos, están las mujeres. Por eso hemos presentado una enmienda que solicita la modificación de la Ley 31/1995 y su normativa de desarrollo, incorporando la perspectiva de género en esta materia y que se tenga en cuenta la perspectiva de género en todas las medidas de prevención de siniestralidad laboral que se tomen.
Buenos días, señorías. Con carácter general me parece siempre oportuna una iniciativa que tenga como horizonte incidir en la cultura de la prevención de los accidentes de trabajo, más aún si cabe cuando la evolución estadística nos está indicando que hay un aumento de la siniestralidad, probablemente derivada no tanto del relajamiento de las medidas como del aumento en la creación de empleo. En Foro creemos que el desarrollo de la Estrategia 2015-2020 es un instrumento útil, que además está consensuado con las organizaciones sindicales y empresariales. Del mismo modo existe en España un plan de acción por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Escuchando al portavoz de Unidos Podemos he podido comprobar cómo descalifica con palabras muy gruesas la situación, relacionándola además con el aumento de la siniestralidad. La creación de puestos de trabajo es la principal prioridad política, económica y social de España. Yo creo que en nuestro país existe un cuadro legislativo y normativo en el que no solamente está implicada la Administración del Estado, sino también el resto de la Administración, así como los sindicatos y las organizaciones empresariales. Con esto quiero decir que estamos ante una materia en la que existe una gran participación para tratar de atajar la siniestralidad laboral mediante medidas de prevención de riesgos laborales. Siempre que haya un accidente de trabajo, significa que hay un fracaso, que algo ha fallado y que, por tanto, hay un margen para la mejora. Sin embargo, a nosotros nos parece que tenemos en España herramientas y avances muy significativos.
La portavoz socialista se ha referido al año 2012, cuando España tenía dos millones y medio de puestos de trabajo menos que los que tenemos ahora. Estas cifras hay que subrayarlas porque creo que existe una correlación entre el aumento de puestos de trabajo y el aumento de los siniestros laborales. No es una buena noticia que aumente la siniestralidad, por supuesto, pero sí es una buena noticia que España sea hoy el país europeo en donde se están creando más puestos de trabajos. Creo que hay que insistir en la cultura de la prevención, pero discrepo del enfoque que se le ha dado por parte del grupo proponente y también por parte del grupo enmendante. Por tanto, me abstendré a la hora de la votación.
En primer lugar, hay que lamentar todos los accidentes laborales -todos-, y en especial esas 618 personas que han fallecido como consecuencia del accidente laboral. Todos los trabajadores tenemos el derecho a trabajar con seguridad y con salud.
Dice el señor Rodríguez en su exposición de motivos que la principal causa de muerte en el trabajo, un tercio de todas ellas en el año 2016, fueron causadas por un infarto o un derrame cerebral. A partir de ahí elabora una teoría en virtud de la cual el estrés y la presión laboral son los causantes del infarto y del derrame cerebral. Señor Rodríguez, no hay nada que le cause más estrés y presión a un trabajador que quedarse en paro, sobre todo, cuando tiene que pagar una hipoteca y pagar muchas facturas. De eso, de estrés y de presión por dejar a los trabajadores en paro saben mucho sus amigos, los socialistas del PSOE.
Ha dicho que en el año 2017 han crecido los accidentes de trabajo. Cuando se aplica la ley de la probabilidad pasa eso: a mayor número de personas trabajando, más probabilidad de que aumente el número de accidentes. De 2016 a 2017 se crearon más de 500 000 puestos de trabajo, por tanto, deduzca usted mismo.
Además, hace una mención a la formación en su proposición no de ley. Estoy de acuerdo con usted en ese tema, pero fíjese, en cuanto a la formación sus amigos los socialistas en Andalucía han tenido que devolver más de 1000 millones de euros en las políticas de formación para los trabajadores, precisamente para prevenir también ese problema del accidente laboral.
Señor presidente, el ordenamiento jurídico español en materia de prevención de riesgos laborales constituido fundamentalmente por la Ley de Prevención de Riesgos Labores, que traspone la Directiva Marco 89/391 y el Convenio 155 de la OIT, establece como fundamento el principio de deber de seguridad empresarial, debiendo de garantizar la salud, la seguridad de los trabajadores, además del deber de cooperación, información y vigilancia, establecido en los supuestos de concurrencia empresarial. Por ello pretender, como se afirma en la proposición no de ley, que existen trabajadores sin la efectiva protección legal es simplemente una falacia.
En cuanto a las partidas presupuestarias que usted solicita he de decirle que son 36 millones de euros los que se han dotado para la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2015-2020, a razón de 12 000 millones de euros para cada uno de los planes de acción. Habla también de la necesidad de aumentar el número de inspectores. Cuando se aprobó la Ley 23/2015, que ordenaba el sistema de Inspección de Trabajo, hubo varias novedades, entre ellas, la de crear una escala de subinspectores de Seguridad Social y salud laboral, con funciones específicas en materia de prevención laboral. Se ha incrementado el número de efectivos, tanto de inspectores como subinspectores: en el año 2012 se ofertaron 17 plazas de inspectores, mientras que en el año 2017 se han ofertado 69 plazas de subinspectores. Por tanto, ha habido un gran aumento de plazas de subinspectores en materia de prevención de riesgos laborales.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Romero, vaya terminando.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Finalizo, presidente.
En cuanto a los servicios de prevención nuestra normativa dice que pueden ser propios y también externalizados, y así lo recoge también la directiva marco de la Unión Europea.
Usted ha dicho que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene que cumplir, pero es que se lleva cumpliendo hace tiempo. Se creó la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que garantiza el cumplimiento de estas tareas mediante el seguimiento y evaluación de las mismas.
Termino, presidente. En cuanto a la territorialización, señor Rodríguez, ya están territorializados todos esos fondos para cumplir de esa manera la disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por eso, y por otras muchas razones a las que por tiempo no me voy a referir, nosotros no vamos a apoyar su iniciativa. (Aplausos).
Señor Rodríguez, ¿acepta la enmienda presentada?
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Sí.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo, se incorpora la enmienda.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL ÁMBITO DEL HOGAR FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003180).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al 4.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González.
Hoy traemos de nuevo aquí -no es la primera vez que este Grupo Parlamentario Socialista presenta esta propuesta- una reivindicación de las empleadas del hogar, que el Gobierno y el Partido Popular quieren ocultar. Digo ocultar porque ninguna de las propuestas traídas a esta Comisión, que han sido aprobadas mayoritariamente, han sido puestas en marcha por este Gobierno. Hace escasamente unos meses trajimos la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Eso fue en marzo, pero no era la primera vez, ya que hace tres años también se aprobó por mayoría esa iniciativa. Hoy volvemos a la carga, hoy en esta iniciativa exigimos que se garantice la seguridad y la salud de las personas que prestan servicio en el ámbito del hogar familiar y que se modifique la ley relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras del hogar.
Según datos de Comisiones Obreras hay más de 700 000 personas trabajando en el sector doméstico, y el 90 % de ellas son mujeres. Por otro lado, las personas dadas de alta en Seguridad Social rondan las 425 000 mujeres. Por tanto, continuamos aún con muchas mujeres trabajadoras fuera de la economía formal, sin protección legal, sin contrato y con todo lo que ello implica en términos de protección social e inseguridad laboral. Para estas 425 000 mujeres que están en la economía formal el Gobierno tiene la obligación de avanzar hacia la eficacia y efectividad con medidas de protección de riesgos laborales, incorporando también la perspectiva de género porque con ello ganará toda la sociedad. Es difícil de entender que las mujeres que están en la economía formal, es decir, las que están hoy dadas de alta en Seguridad Social, no cuenten con un desarrollo normativo de las obligaciones preventivas en su lugar de trabajo. Esto les limita a la hora de la declaración de las enfermedades que sufren estas mujeres como profesionales y el reconocimiento de prestaciones, lo que las obliga a pleitear ante los juzgados.
En estos siete años de Gobierno todas las políticas del Partido Popular han ido encaminadas a la pérdida de derechos de los trabajadores, disminuyendo de manera progresiva la desprotección de las personas trabajadoras, pero también de las desempleadas, y con las empleadas del hogar no ha sido menos. También se aplaza el poder cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social hasta el año 2023, de nuevo el Gobierno se olvida de estas 700 000 personas que trabajan en el empleo del hogar. Escuchen a todas esas mujeres que se están manifestando hoy en cualquier punto de nuestro país. Ellas no piden otra cosa que tener los mismos derechos que cualquier otro colectivo trabajador de nuestro país.
Por eso los socialistas pensamos que la norma española, que presenta bastantes vacíos, hay que corregirla. Esa falta de concreción de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en las empleadas de hogar precisa que se cubran estos vacíos, porque estos provocan precariedad laboral, afectando directamente a la seguridad y a la salud en el trabajo; provocan trabajo no declarado, así como
trabajo a tiempo parcial y temporalidad; provocan ausencia casi absoluta de formación preventiva, y además, vienen acompañados de salarios bajos. Todas estas circunstancias unidas a la escasa información, tanto del empleador como de la trabajadora, sobre las obligaciones y los derechos hacen que estas trabajadoras estén más expuestas a riesgos psicosociales y que aumente su exposición a otro tipo de riesgo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos planteando desde hace años la necesidad que tenemos de crear un marco legal que estimule la contratación por vía regular de estas trabajadoras, dentro de un marco que garantice la seguridad laboral de estas personas. Hablo en femenino porque como he dicho antes el 90 % son mujeres y un porcentaje muy alto, más de la mitad, son mujeres inmigrantes en una situación de especial vulnerabilidad laboral y esto hace que en su ámbito de trabajo haya unas condiciones de creciente riesgo. Por eso se hace necesario que el Gobierno comience a trabajar para que en el menor tiempo posible sea una realidad que este colectivo tan amplio tenga las mismas oportunidades que otros sobre la mejora de protección social y en un marco legal que ampare y que las proteja.
Necesitamos unas políticas reales que incorpore a más personas a la economía formal y facilite los servicios que son esenciales para nuestra familia, a los que puedan acceder en las mejores condiciones de seguridad y salud. Hay que hacer frente a las numerosas situaciones de abuso que sufren las trabajadoras internas, aquellas que viven con su empleador y que no tienen garantizado ni un horario de trabajo ni los términos y condiciones de empleo, ni las determinaciones sobre las horas de trabajo, la remuneración o las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Por ello tenemos que mejorar la labor de la Inspección de Trabajo y la protección de Seguridad Social. Es necesario revertir esta situación de vacío legal con relación a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, en un entorno laboral que no es otro que el de las casas particulares de muchas familias españolas. Por ello piensen en esas personas que permiten que muchas familias puedan salir a trabajar porque ellas cuidan de su casa, pero también cuidan de su familia.
Solicitamos a los demás grupos que aprueben esta iniciativa, porque con ella le pedimos al Gobierno que actúe para acabar con la discriminación que existe en este colectivo tan importante para mantener nuestra red social. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos al Partido Popular que revierta esta situación, porque proteger a los desempleados hace a un país más próspero y más cohesionado.
Hay una enmienda presentada por el Grupo de Unidos Podemos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Franco.
El empleo doméstico como todos sabemos es el empleo asalariado que realizan las personas en los hogares familiares, trabajos que se hacen para realizar las tareas domésticas habituales del hogar. Se trata de trabajos remunerados de cuidados y que en la gran mayoría de los casos están haciendo las mujeres, es decir, trabajos de cuidados que como todos estos tipos de trabajo están feminizados. Estos trabajos de cuidado han sido vistos durante muchísimo tiempo, y aún a día de hoy, como empleos de segunda, tanto por la sociedad en general y muy específicamente por los representantes políticos y representantes gubernamentales de nuestro país, como en muchas ocasiones también han sido vistos así los distintos trabajos que realizamos las mujeres.
A día de hoy alrededor de 17,1 millones de hogares en España tienen contratados algún tipo de servicio doméstico en su hogar. Hay un total de 700 000 trabajadoras que están realizando trabajando doméstico y una de cada tres de estas mujeres -digo mujeres porque la gran mayoría lo son- no está dada de alta. Además, el mercado privado que se ha adentrado en este tipo de empleos no está permitiendo que haya un reparto equitativo de hombres y mujeres en este tipo de trabajo de cuidado, ni tampoco la mejora de la protección social.
Con todo esto quiero decir que las trabajadoras del empleo doméstico, del empleo del hogar, están excluidas del artículo 3.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que al desarrollar su trabajo en un ámbito privado es muy difícil o casi imposible que alguien pueda asegurar que se está cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Gran parte de ellas han reconocido que han sufrido un acoso sexual en algún momento; tratan con productos químicos; cuidan a personas enfermas en el hogar familiar, sin que se tenga en cuenta el posible riesgo que pueda tener para la salud de las trabajadoras; la gran mayoría de ellas no pueden darse de baja, unas porque no tienen contrato de trabajo, y otras, porque si se trata de una enfermedad larga pueden quedarse en desempleo y no tienen prestación por desempleo,
y por tanto no se quieren dar de baja, o bien porque si se dan de baja por un tiempo largo, dejando su puesto de trabajo por un tiempo determinado, es muy probable que no les guarden su puesto de trabajo, y por tanto no quieren, ni se lo pueden permitir, darse de baja.
Además, no se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT ni se tienen en cuenta tampoco las especificidades de las mujeres migrantes, ni las políticas de interseccionalidad. Asimismo, hay que añadir la alta precariedad por la inestabilidad del puesto de trabajo y los bajos salarios, la ausencia de prestaciones sociales como por ejemplo de desempleo, que nadie puede ver la duración de sus jornadas laborales, es decir, si se está cumpliendo la normativa laboral o si tienen enfermedades profesionales, etcétera.
Para más inri en estos Presupuestos Generales del Estado, que fueron aprobados en el trámite del Pleno del Congreso la semana pasada, se ha incorporado una enmienda del Partido Popular que retrasa otros cinco años la incorporación al Régimen General de las Seguridad Social, tal y como estaba previsto en una reforma de hace seis años. Se preveía que esta incorporación iba a ser para el año 2019 y ahora va a haber que esperar otros cinco años más; una enmienda que perpetúa el retraso histórico en la equiparación de los derechos laborales y sociales de las trabajadoras del hogar y que no considera los efectos negativos que estas trabajadoras tienen por no cotizar o por cotizar por debajo de salarios reales.
Por todas estas razones nosotros hemos presentado dos enmiendas que pretenden acabar con parte de la discriminación de las trabajadoras del hogar en los términos en los que se han presentado a esta proposición no de ley. Una enmienda plantea al Gobierno que ratifique de una vez por todas el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 201 sobre el trabajo doméstico y la otra propone la inclusión de las empleadas del hogar en la aplicación de los artículo 197.4 y 209.1 b) de la Ley General de Seguridad Social para considerar los periodos no cotizados en el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente, y que por fin estas mujeres se puedan equiparar al resto de trabajadores y trabajadoras que están incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
En conclusión, a nosotros nos parece positiva la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista. Con estas dos enmiendas pedimos ahondar más en esa equiparación y que por fin las trabajadoras del hogar se equiparen en los derechos laborales y sociales con el resto de trabajadores, así como acabar con la precariedad y con la falta de derechos de las trabajadoras del hogar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Reynés.
La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Este tema que se trae hoy, tal y como ya ha dicho la señora González, ha sido debatido en varias ocasiones en esta Cámara, en Pleno y en Comisión, cuando hemos hablado sobre la ratificación del Convenio 189 y de la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Como ustedes saben, la seguridad y la salud en el trabajo es una tarea del Gobierno, pero también de las comunidades autónomas, de los interlocutores sociales y de los representantes legítimos de los ciudadanos y en colaboración con ellos hemos adoptado precisamente varias medidas muy importantes. Una de ellas es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, dotada con más de 36 millones de euros y con medidas concretas que ya están en funcionamiento.
En lo que a la Inspección se refiere se aprobaron recientemente por el Consejo de Ministros del pasado 6 de abril dos iniciativas: en primer lugar, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, y en segundo lugar, la entrada en funcionamiento del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Empezando por el plan estratégico, con su aprobación, damos cumplimiento a un compromiso parlamentario que se aprobó en esta misma Comisión de Empleo y Seguridad Social el día 19 de septiembre con un amplio consenso. Así pues, en él se refleja una clara reorientación de los objetivos programáticos de la Inspección y se da una mayor prioridad a la contratación temporal, la injustificada discriminación por género, la brecha salarial, el fraude en el cumplimiento del tiempo de trabajo y los falsos autónomos. En este plan estratégico también hay una línea específica y son las nuevas campañas que tienen incidencia sobre la seguridad y la salud, en el envejecimiento, en riesgos musculoesqueléticos, en riesgos psicosociales, en recursos o modalidades de contratación temporal o a tiempo parcial y en trabajo no declarado. Señorías -todos coincidiremos en ello-, España necesita cada día más empleo, pero también de mejores empleos en términos de empleo seguro. En este sentido hemos ampliado y aumentado la actividad inspectora en prevención de riesgos laborales.
Además el Gobierno, también dentro del acuerdo con los agentes sociales y en el marco del diálogo social, ya está trabajando en distintas medidas para mejorar la protección de los empleados en el hogar y para buscar soluciones a la economía sumergida en materia laboral, intentando encontrar definición en nuestro marco jurídico para pautas claras a la hora de considerar lo que debiera ser un trabajo de igual valor. También se están estudiando posibles modificaciones legislativas de los planes de igualdad y de las auditorías salariales; se está trabajando para impulsar medidas que garanticen el mantenimiento del empleo y la mejora de las carreras profesionales de las mujeres para establecer mecanismos de flexibilización de la jornada laboral o de la organización del trabajo y para garantizar la racionalización de los horarios y favorecer una formación que pueda conciliarse con las necesidades familiares.
Seguro que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que las últimas modificaciones normativas han mejorado la integración del régimen especial de empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que en la actualidad tienen derecho a las mismas prestaciones, en los términos y condiciones establecidos en el régimen general, tienen cubiertas todas las contingencias profesionales y gozan del mismo derecho de protección y de las mismas garantías que el resto de los trabajadores del régimen general, con la única salvedad -hay que decirlo- del recargo de las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, debido a que es difícil delimitar la responsabilidad objetiva derivada del incumplimiento por el empleador en su propio domicilio de las normas sobre prevención de riesgos laborales.
Es verdad que en la actualidad siguen existiendo en nuestro ordenamiento algunas peculiaridades de empleados de hogar que obligan a reflexionar sobre la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación número 201, lo cual no impide avanzar con vistas a su ratificación en un futuro, aunque ustedes conocen las dificultades de la regulación en esta materia, precisamente por las características especiales y particulares que presenta este colectivo.
Para finalizar, creo que es importante recordar que a fecha de hoy el Convenio 189 solo ha sido ratificado por veinticinco países, de los cuales únicamente seis son miembros de la Unión Europea. El hecho de hacerlo, en algunos casos implicaría tener que retroceder en el reconocimiento de los derechos del trabajador doméstico en nuestro país, ya que aquí se le están garantizando derechos superiores a los que reconoce el mencionado Convenio de la Organización Internacional del Trabajo.
Señora González Bayo, ¿acepta la enmienda?
La señora GONZÁLEZ BAYO: Vamos a aceptar la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda incorporada.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN PARA EL CUIDADO DE HIJOS CON CÁNCER O ENFERMEDAD GRAVE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003186).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la ampliación de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la Comisión de Empleo una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a continuar trabajando de manera prioritaria en la mejora de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave, a fin de ampliar su alcance para que cubra todo el periodo que necesitan los progenitores para el cuidado domiciliario del menor, además del tratamiento hospitalario, como sucede hasta el momento.
La prestación a la que se refiere la proposición no de ley trae causa de la regulación del permiso por cuidado de hijo o menor acogido afectado por cáncer o enfermedad grave, que actualmente se encuentra recogida en el artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En dicho artículo se regula el derecho del progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente a una reducción de la jornada, con la disminución proporcional del salario, de al menos la mitad de la duración de aquella para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, y como máximo hasta que el menor cumpla los dieciocho años. La protección dispensada por el sistema de Seguridad Social a este colectivo se concreta en la protección económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que también es aplicable a los trabajadores por cuenta propia que cesen de forma parcial en su actividad en idénticas circunstancias, con el objetivo de compensar la pérdida de ingresos al tener que reducir la jornada durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
Es una responsabilidad social apoyar a las familias que se ven afectadas por este diagnóstico a un hijo o una hija. Ante esta dramática situación, además del trauma personal y afectivo que ello implica, es habitual que uno de los progenitores, o ambos, se vean obligados a reducir su jornada para atender y cuidar del niño enfermo. Conforme al artículo 2 de la norma reglamentaria, el cáncer o enfermedad grave que padezca el menor deberá implicar un ingreso hospitalario de larga duración que requiera su cuidado directo, continuo y permanente durante la hospitalización y tratamiento continuado en la enfermedad, si bien se considera, asimismo, como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave. Este requisito, no obstante, se ha visto flexibilizado al objeto de facilitar su acceso a otras situaciones de naturaleza semejante de las que se desprenda la concurrencia de las anteriores circunstancias. Así, aun cuando no haya existido hospitalización en régimen de internamiento ni hospitalización domiciliaria, se considera cumplido este requisito cuando el menor que padezca una de las enfermedades tasadas en el mencionado anexo deba acudir de manera periódica y continuada a un hospital de día para recibir el tratamiento de larga duración prescrito para curar su enfermedad, debiendo concurrir el resto de los requisitos exigidos en la norma, entre los que se encuentra que dicha situación implique la necesidad de atención directa, continua y permanente por parte del trabajador a cuyo cargo se encuentre. Se constata, por ello, que la citada flexibilización en la aplicación de los requisitos previstos en la norma se alinean con la finalidad perseguida por esta iniciativa que traemos hoy aquí a su consideración, señorías.
Por último, con objeto de ampliar el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, actualmente está en tramitación un proyecto normativo tendente a modificar el anexo en el que se encuentra el listado de enfermedades graves que pueden dar lugar al reconocimiento de la referida prestación y se propone la inclusión en el mismo de tres nuevas enfermedades graves, como son: la epidermolisis bullosa, el síndrome de Smith-Magenis y el síndrome de Behçet.
El Gobierno es consciente del padecimiento de las familias afectadas por ello, y recientemente tanto el secretario de Estado como el presidente del Gobierno han anunciado que trabajarán para ampliar el alcance de la prestación, a fin de que esta cubra todo el periodo que necesitan los progenitores para el cuidado domiciliario del menor y no solo el tratamiento hospitalario.
Termino, señor presidente. Nos encontramos ante una medida muy positiva para apoyar a las familias afectadas que están atravesando una situación difícil, buena para el hijo que estará acompañado por sus padres mientras esté enfermo y también para la empresa, puesto que evita bajas sin justificación, además de contribuir a fidelizar a su empleado. Por ello, entendemos fundamental y prioritaria la ampliación de esta prestación en los términos anunciados.
En efecto, como terminaba su intervención el portavoz del Grupo Popular, esa es una medida muy positiva, porque es una iniciativa parlamentaria que promueve la mejora de la prestación para el cuidado de los hijos con cáncer o enfermedad grave. Tiene mucho sentido, porque nuestro sistema de Seguridad Social está concebido precisamente para ofrecer respuestas a situaciones imprevistas como las que aquí se están describiendo, en las que los padres necesitan tiempo para atender los tratamientos continuados, muy exigentes, y acompañar la evolución de los hijos menores de dieciocho años con enfermedades graves.
Los indicadores estadísticos nos dicen que hay un significativo aumento de padres y madres que solicitan ayudas para poder simultanear la atención de sus hijos enfermos con sus horarios y condiciones laborales. Hasta ahora, como ha dicho el diputado del Grupo Popular, se concedían ayudas compensatorias que tenían en cuenta los casos de hospitalización, y lo que aquí se propone es ampliarlo al cuidado domiciliario.
La proposición no de ley me parece necesaria, y yo añadiría que es una norma prioritaria, por lo que contará con mi voto favorable.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco.
Nosotros vemos bien esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, la vemos razonable, necesaria, porque es cierto que hay muchas familias a las que unas veces nos les queda más remedio que dejar sus empleos y otras más que reducir sus jornadas laborales para poder cuidar de sus hijos e hijas que por malas cuestiones de la vida, por cuestiones indeseables tienen enfermedades graves como el cáncer o algunas otras.
Lo que no entendemos, y es una cuestión que viene repitiendo una y otra vez el Grupo Popular, es por qué traen a la Comisión de Empleo medidas que no suponen una gran modificación normativa en vez de llevarlas directamente al Consejo de Ministros. Para nosotros es incomprensible. Medidas tan urgentes, tan necesarias y que implican una mejora en la vida de las familias que están sufriendo porque sus hijos e hijas tienen enfermedades graves, las traen a la Comisión a través de una proposición no de ley que no obliga a nada al Gobierno, en vez de hablar con el Gobierno, que es de su signo político, para que las lleve al Consejo de Ministros y que la normativa recoja estas situaciones. Repito que es algo que no entendemos, sobre todo, porque para otras cosas se dan mucha prisa. En mayo de 2011 se celebraron las elecciones que ganó el Partido Popular; el 21 de diciembre Mariano Rajoy fue investido presidente y formó su Gobierno. Del 21 de diciembre de 2011 a febrero de 2012, escasamente en dos meses, modificaron todo el sistema normativo laboral de nuestro país, absolutamente todo el sistema normativo laboral: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo, etcétera. Y esto, que no supone que haya que modificar el sistema normativo de forma contundente, lo traen a la Comisión de Empleo en vez hablarlo con el Gobierno de su propio grupo y que se apruebe en el Consejo de Ministros.
Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley porque nos parece importantísima, pero pedimos al Grupo Parlamentario Popular que hable con el Gobierno, que es de su mismo signo, para que esto se apruebe en el próximo Consejo de Ministros.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Muchas gracias.
Nosotras no solo vamos a apoyar esta proposición, sino que ojalá lo cumplieran cuanto antes. Mi grupo parlamentario ha presentado proposiciones no de ley en la Comisión de Discapacidad que van en este mismo sentido, y creo recordar que el Grupo Popular se abstuvo. Nos alegra que hayan rectificado y ojalá mañana mismo se pongan a trabajar en ello.
Mi grupo parlamentario, como he dicho, ya había traído a la Comisión de Discapacidad, así como también lo hemos registrado en la de Empleo, el hecho de que el catálogo de enfermedades graves, aprobado por el Real Decreto 1148/2011, está provocando muchas situaciones de desprotección. ¿Por qué? Porque las mutuas y el INSS, al reconocer la prestación a los progenitores que solicitan la reducción de la jornada para el cuidado de sus hijas e hijos, entienden que el catálogo de enfermedades es un listado cerrado, por lo que de forma casi sistemática está denegando la prestación, con lo cual, los padres y las madres se ven abocados a largos juicios, en los que en unos casos se les concede y en otros no.
Leyendo el catálogo y la Ley General de la Seguridad Social, mi grupo entiende, como creo que todo el mundo, que el legislador en ningún caso pretendió excluir a niños y a niñas que tienen enfermedades graves, aunque no estén diagnosticadas, o que aunque lo estén no se incluyen en el catálogo. Son enfermedades que cursan con una necesidad de cuidado continuado por parte de sus padres y de sus madres, que es para lo que estaba diseñada la reducción de jornada prevista en el Estatuto de los Trabajadores y para lo que estaba diseñada la protección prevista en el Real Decreto de 2011.
Como hemos dicho, ojalá el Partido Popular se ponga las pilas, ojalá ya no realice esas tres modificaciones que dicen que van a hacer en el catálogo, que además tienen su origen en tres
proposiciones no de ley que presentó el Grupo Socialista en la Comisión de Discapacidad, sino que se resuelva el problema de una vez por todas y se decida a entender el listado del Real Decreto como una lista abierta, en la que quepa cualquier enfermedad de un menor o de una menor que, diagnosticada o no, curse con esa necesidad de cuidado constante y permanente por parte de sus progenitores. Hemos presentado iniciativas, en el sentido mencionado por el portavoz del Grupo Popular, para que no se conceda la prestación solo en casos de hospitalización, porque todos sabemos que muchas de estas enfermedades no precisan la hospitalización de los niños y de las niñas.
Repito que ojalá el Partido Popular lleve a cabo las reformas necesarias, ojalá sean extensivas a cualquier enfermedad grave y no solo puntuales para determinadas dolencias, porque eso no acabaría con el problema que nos han señalado asociaciones como Objetivo Diagnóstico o la Coordinadora de Plataformas de la Dependencia, que han estado con nosotros registrando estas iniciativas. Para acabar con este problema necesitamos menos PNL y más actividad de Gobierno.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTUDIAR LA INCLUSIÓN DEL BIOTECNÓLOGO COMO PROFESIÓN REGLADA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003250).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a estudiar la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el Servicio Público de Empleo.
Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora González Guinda.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, señor presidente.
La biotecnología es definida, como ustedes saben, por la OCDE como el conjunto de técnicas y métodos que utilizan organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de bienes, productos, conocimientos o servicios. La biotecnología es muy amplia en sus aplicaciones: existe la biotecnología roja, con aplicaciones en el área de salud humana y animal; la biotecnología verde, con aplicaciones en agricultura y agroalimentación; la gris, centrada en la creación de soluciones tecnológicas sostenibles que ayudan a proteger el medio ambiente; y la azul, que incluye, entre otras aplicaciones, la búsqueda de sustancias de interés biomédico en organismos marinos.
La implantación del título de Biotecnología, a raíz del Real Decreto 1285/2002, por el que se creaba la licenciatura, que posteriormente pasaría a ser un grado, significó el reconocimiento por parte de la comunidad académica, docente e investigadora, y en general por la sociedad, de la importancia que representan los avances obtenidos en el campo de las ciencias experimentales en biología, bioquímica, biología molecular e ingeniería, así como sus aplicaciones biotecnológicas. Actualmente, son más de veintiséis las universidades españolas que lo ofrecen, graduándose 1300 biotecnólogos anualmente. Me gustaría destacar la Universidad de León, mi tierra, que fue pionera desde el primer curso 2004-2005, cuya federación de biotecnólogos, que ha sido muy activa en la defensa de lo que proponemos hoy aquí, fue la tercera en constituirse, tras la catalana y la andaluza.
El sector de la biotecnología en España continúa su crecimiento año tras año. En gran medida, esto se debe al carácter transversal que posee la biotecnología, ya que cada vez más empresas de diferentes sectores incorporan actividades biotecnológicas a sus productos y servicios. Prueba de ello es que se ha producido un creciente peso de facturación de las empresas del sector de la biotecnología en el PIB español. Esa evolución ha sido constante aun en los años de crisis, como lo evidencian los valores del año 2014, cuando esa cifra se situó en un 10,35 % frente al 2,98 % del PIB del año 2008, según los informes de Asebio, Asociación Española de Bioempresas. Este valor de 10,35 ha igualado incluso las cifras del turismo en el país, uno de los pilares de la economía española. Según el último informe de la OCDE, de 2016, el total de empleos en este sector ascendía a 930 000, casi un millón, y actualmente España se posiciona como el segundo país con mayor número de compañías relacionadas con la biotecnología en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Además, España es líder en medicina personalizada y en desarrollo de fármacos innovadores para el tratamiento del cáncer, enfermedad de Alzheimer y enfermedades autoinmunes, situándose entre los diez primeros países europeos en el desarrollo de fármacos, dato dado por la Beyond Borders Report en 2014.
En los últimos años, dicho sea de paso, la profesión de biotecnólogo ha ido consiguiendo logros, como lo demuestra su inclusión en las convocatorias de biólogos internos residentes o químicos internos residentes, y sin embargo, todavía no pueden participar en otras. Desde el año 2008, este colectivo, a través de la Federación Española de Biotecnólogos, viene solicitando la inclusión de biotecnólogo como profesión reglada en el SEPE. Todas las ocupaciones dadas de alta en el SEPE están codificadas en un catálogo oficial, organizado por temáticas, como bien saben. Actualmente, si un biotecnólogo pierde su empleo o busca trabajo no puede inscribirse en el SEPE con un perfil adecuado a los estudios cursados, sino que debe elegir entre otros muchos que no se adecuan a las competencias que posee. De igual manera, las empresas que requieren de un profesional en el campo de la biotecnología, no pueden realizar la búsqueda de este perfil puesto que no existe y se ven obligados a abrir la oferta a otros profesionales cuyas aptitudes quizá no se adecuan con tanta exactitud al trabajo ofertado.
Para que este colectivo obtenga su merecido reconocimiento profesional, sería conveniente incluir su profesión en el catálogo nacional de ocupaciones utilizado por el SEPE como listado oficial. Así, lo que la Federación Española de Biotecnólogos reclama, siguiendo la estructura actual de codificación del SEPE, es incluir esta profesión dentro del código 242 correspondiente a profesionales en ciencias naturales, incluyéndose un nuevo epígrafe exclusivo para biotecnólogos.
En definitiva, dado el auge de esta profesión cada vez con más futuro y más presencia en nuestro mercado laboral, resulta necesario incluir la profesión de biotecnólogo en el catálogo nacional de ocupaciones utilizado como listado oficial del SEPE, a fin de reconocer profesionalmente a este colectivo a todos los efectos. Este es el objetivo de esta PNL.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez, por un tiempo de tres minutos.
Como es obvio, vamos a apoyar esta iniciativa. Las empresas que tienen actividades relacionadas con la biotecnología se sitúan en torno a un 9 % del producto interior bruto de nuestro país, una cifra nada desdeñable que irá en aumento en el futuro, porque es un sector que tiene gran valor añadido, que diversifica la economía de nuestro país y que va a tener un crecimiento continuado en los próximos años.
En 2002 se creó la licenciatura de Biotecnología, que ahora mismo es un grado. Como el resto de los grupos parlamentarios, hemos tenido reuniones con la sociedad civil, en concreto con la Federación Española de Biotecnólogos, y adquirimos el compromiso, como no puede ser de otra manera, de que esta profesión, la biotecnología, esté dentro del catálogo nacional de ocupaciones que es utilizado por el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, concretamente dentro del código 242, que es el que corresponde a los profesionales de las ciencias naturales.
Vamos a apoyar esta iniciativa. Nos gustaría que no quedara solo en una PNL y que el Gobierno hiciera uso de las prerrogativas que tiene en su mano para implementar este cambio cuanto antes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
Como no podía ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa. Señora González Guinda, después de la exposición que ha hecho, no le pediría al Gobierno que lo estudiara, pásele todo lo que nos ha argumentado aquí para que lo hagan directamente, como decía la portavoz de Podemos en la iniciativa anterior.
El Gobierno sabe, como todas sus señorías, que todos los grupos parlamentarios hemos apoyado públicamente, tras las reuniones mantenidas con la Federación Española de Biotecnólogos, la inclusión de la profesión de biotecnólogo en el catálogo nacional de ocupaciones del Servicio Estatal Público de Empleo. No me voy a extender en la descripción del trabajo realizado por estos profesionales porque ya lo han hecho ustedes, pero me voy a quejar de que no hayan hecho su trabajo, porque desde el año 2010, cuando se modificó, han tenido tiempo de hacerlo, y en lugar de eso han preferido hacer recortes,
abandonar la ciencia, abandonar a los investigadores y que tengan que buscar fuera de nuestras fronteras el trabajo que podrían hacer en nuestro país.
Bienvenida sea la iniciativa y que hoy la apoyemos todos los grupos parlamentarios. Quizá así hagan desde el Gobierno el trabajo que, como he dicho, ya podría estar hecho. Si después de lo que acontezca esta semana no les da tiempo, como va a ser, según se ha hecho público, con el apoyo de todos los grupos, supongo que algún otro Gobierno lo hará inmediatamente. Solo hace falta un real decreto, como los dos que hizo el Gobierno socialista en los años 2008 y 2010.
Damos tres minutos ante de comenzar las votaciones. (Pausa).
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Falta el Grupo Ciudadanos, pero habíamos dado tres minutos y ya han pasado. (La señora Villalobos Talero: Si no están es que no tendrán mucho interés. Estarán en otras cosas).
Claro, estarán en otras cosas.
En primer lugar, votamos la PNL sobre medidas urgentes para el fomento del empleo juvenil. Se ha presentado una transaccional que ha sido aceptada.
Votamos la proposición no de ley relativa al aumento de la siniestralidad laboral en el año 2017.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 1.
Votamos la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar.
Pasamos a votar la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la ampliación de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave.
Votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a estudiar la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el Servicio Público de Empleo.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 197
 artículo 37
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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