Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6598
Timestamp: 2020-02-26 06:54:44+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 179/2009
SENTENCIA 179/2009, de 21 de julio
(BOE núm. 203, de 22 de agosto de 2009)
ECLI:ES:TC:2009:179
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 7453-2007, 9194-2007, 1230- 2008 y 3802-2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia, respecto al art. 171.4 del Código penal en la redacción dada al mismo por el art. 38 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Han intervenido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.
A continuación plantea el Juzgado promotor de la cuestión su principal duda sobre la constitucionalidad del art. 171.4 CP, referida al principio de igualdad (art. 14 CE). Según el Juzgado promotor de la cuestión, la inconstitucionalidad del precepto surge por definir el sujeto activo y pasivo del delito por razón del sexo, al margen del comportamiento objetivamente realizado y por no justificar adecuadamente el tratamiento punitivo de la amenaza leve contra la mujer. Tal decisión normativa supondría una frontal vulneración del principio de igualdad, que no puede justificarse objetivamente al amparo de la doctrina de la discriminación positiva constitucionalmente admisible, pues se trata de proteger a la mujer a costa de restringir la libertad del hombre (a mayor rigor punitivo, mayor restricción de la libertad). Entiende el Juzgado promotor que el legislador ha introducido en el Código penal una discriminación positiva por razón de sexo en favor de la mujer que, de una parte, desconoce que la acción positiva no puede plantearse a través de medidas de naturaleza punitiva y, de otra, que de su propio fundamento resulta que el límite de la acción positiva es la restauración de un equilibrio perdido, por lo que no puede conducir a un desequilibrio inverso por exceso que se vendría a traducir en la previsión de un régimen punitivo más grave para determinadas conductas que se caracterizan por el sexo del sujeto activo y no por la mayor gravedad del injusto. La norma penal cuestionada presupone que en toda amenaza contra una mujer que proceda de un varón concurre la conciencia de emplear la violencia como un instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, así como la intención de abuso de superioridad sobre la misma. Y considera el Juzgado promotor que el uso de figuras penales como la cuestionada produce consecuencias inversas a las buscadas. Así sostiene que, frente al criterio legislativo, la “acción positiva” sólo se justifica en un escenario de “bienes jurídicos escasos” que colocan a la parte desfavorecida en una situación casi de indefensión, y lo cierto es que la Ley Orgánica 1/2004 nace en un contexto en el que la protección de la víctima de la violencia doméstica es desde hace años un objetivo principal de la política criminal, por lo que no estamos en un escenario de escasez de medidas sino de pluralidad de iniciativas legislativas ya en vigor, especialmente desde la Ley 27/2003. Por otra parte, se elevan a la categoría de delito las amenazas cuando el sujeto pasivo fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, por lo que sólo pueden ser cometidos por el hombre. Tras analizar la norma penal cuestionada, deduce que, ante el mismo comportamiento objetivo (amenaza leve), el hombre comete un delito mientras que la mujer una falta, a pesar de que los derechos fundamentales atacados por el comportamiento ilícito tienen en la Constitución el mismo valor cualquiera que sea la persona de la titular. Esto conduce, en la consideración del promotor de la cuestión, a otras disfunciones valorativas pues, por ejemplo, se sanciona con una pena más grave la amenaza leve si el sujeto pasivo es mujer o ha sido mujer del autor que si la amenaza va dirigida contra las personas definidas en el art. 173.2 CP.
Por último, el Juzgado promotor de la cuestión se refiere a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad ante la ley, que establece la exigencia de que, ante supuestos de hecho iguales, las consecuencias jurídicas sean las mismas, sin que puedan producirse desigualdades de trato injustas o no justificadas. Tras recoger algunas opiniones de la doctrina científica al respecto, concluye el Juzgado su análisis con citas de jurisprudencia constitucional referidas a los principios de legalidad (STC 161/1997) y de proporcionalidad de las penas (STC 55/1996), afirmando que “es manifiesto que existe una clara desproporción entre la norma penal y la magnitud de la pena de prisión (tres meses a un año) fijada en el precepto indicado, afectando a derechos fundamentales contenidos en los arts. 1, 9.3, 10 y 25 CE y por esta discrepancia se considera oportuno plantear esta cuestión ante el Tribunal Constitucional para ser resuelta en el ámbito de sus competencias”.
4. Las Secciones correspondientes de este Tribunal acordaron mediante las respectivas providencias admitir a trámite las cuestiones núms. 7453-2007, 9194-2007, 1230-2008 y 3802-2008, que sobre la constitucionalidad del art. 171.4 CP había planteado el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, de conformidad con el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso correspondiente y formular las alegaciones que estimaren convenientes. En las mismas providencias se acordó publicar la incoación de las cuestiones en el “Boletín Oficial del Estado”.
En los informes emitidos en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 9194-2007 y 3802- 2008, evacuados con posterioridad a dictarse las SSTC 59/2008, de 14 de mayo, y 99/2008, de 24 de julio, afirma el Abogado del Estado que para descartar que el art. 171.4 CP vulnere el art. 14 CE, en relación con los arts. 1.1 y 10.1 CE, basta con remitirse a la doctrina sentada en tales Sentencias. Y en los informes emitidos con anterioridad al dictado de aquellas Sentencias (cuestiones núms. 7453-2007 y 1230-2008), reitera los argumentos que ya expuso en los procesos constitucionales que dieron lugar a las mismas.
En síntesis, señala el Abogado del Estado que los Autos de planteamiento dan por supuesto que la mayor tutela penal dispensada por el nuevo art. 171.4 CP ha de calificarse como una discriminación positiva por razón de género, que sería inconstitucional por entrañar una “discriminación negativa” para los varones. Considera el Abogado del Estado que esta premisa no puede sostenerse si la confrontamos con el texto del art. 171.4 CP, pues, ni en la parte expositiva ni en la dispositiva de la Ley Orgánica 1/2004 existe el más mínimo fundamento para conceptuar de ese modo (medida de acción positiva pro feminis, o discriminación positiva por razón de género) la tutela penal dispensada mediante el nuevo art. 171.4 CP. En suma, de lo que se trata es de enjuiciar si se han respetado los límites externos que el principio de igualdad impone desde la Constitución a la intervención legislativa, que son los propios del principio de igualdad y no los de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
En definitiva, el legislador ha atendido a elementos diferenciadores que tienen una indudable justificación, pues en el “tipo de relaciones de que se trata” y el “sexo de los que las mantienen o las han mantenido” guarda relación con la producción de “ataques a bienes y derechos de constitucionales de innegable transcendencia” y con que “tales actos constituyan uno de los mayores fenómenos delincuentes de nuestro tiempo”. Por ello su toma en consideración no puede tildarse de carente de justificación, no habiéndose restringido el fin que con esa agravación punitiva se persigue a la protección de las mujeres en las relaciones de pareja, sino que se ha extendido a todas las víctimas que reclaman especial protección sin distinción de sexo, y en virtud de la técnica punitiva empleada se ha ofrecido a los Jueces y Tribunales la posibilidad de que valoren la incidencia que tales condiciones han tenido en el caso concreto, permitiendo una respuesta punitiva a cada caso específico, por lo que las consecuencias de la disparidad normativa no lesionan el derecho a la igualdad.
Por lo expuesto, procede la inadmisión parcial de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas en lo que se refiere al párrafo segundo del art. 171.4 CP y, en consecuencia, el objeto del presente proceso constitucional se contrae a examinar la pretendida inconstitucionalidad del párrafo primero del referido precepto, que castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años” a quien “de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.
3. Perfilado el objeto del presente proceso, las dudas de constitucionalidad planteadas por el Juzgado proponente quedan concretadas, sustancialmente, a que el precepto cuestionado —el párrafo primero del art. 171.4 CP— establece una ilegítima discriminación por razón de sexo, conculcando por ello el art. 14 CE. En tal sentido las pretendidas vulneraciones de los arts. 1.1, 9.3, 10 y 24 CE, vienen a formularse en los Autos de planteamiento como complementarias o adjetivas respecto de la violación del derecho a la igualdad (art. 14 CE), en el que quedan englobadas.
Así, como con más detalle se recoge en el antecedente tercero de esta Sentencia, el Juzgado promotor de las diversas cuestiones acumuladas considera, de una parte, que el art. 171.4 CP puede vulnerar el art. 14 CE en cuanto introduce en favor de la mujer una ilegítima diferencia de trato por razón de sexo; diferencia que devendría en indebida discriminación negativa en perjuicio del varón en tanto se concreta, cuando éste es sujeto activo de amenazas dirigidas a la mujer, en la mayor duración de la pena privativa de libertad prevista para su conducta. Tal decisión normativa no podría justificarse como medida de acción positiva en favor de la mujer porque va más allá del fomento de la igualdad de trato y produce un efectivo desequilibrio inverso en perjuicio de otro grupo de personas: los varones. Esta constatación permite superar, por sí misma, cualquier duda que pudiera plantearse respecto del satisfactorio cumplimiento del trámite de audiencia exigido por el art. 35.2 LOTC en lo que se refiere al art. 24.2 CE, dado que —por más que en la providencia que abrió dicho trámite no se hacía expresa mención a este precepto— resulta evidente que de la sucinta argumentación ofrecida por el Juzgado en dicha providencia se desprendía con toda claridad que el “punto central” —en palabras del Abogado del Estado— de esta cuestión era la supuesta vulneración por los preceptos cuestionados del principio de igualdad por razón de sexo, vulneración de la que se derivan, sin autonomía alguna ni desarrollo argumentativo propio en el Auto, las dudas complementarias y adjetivas y, entre ellas, las que en dicho Auto de planteamiento se basan, simplemente, en la invocación, junto con los arts. 1.1, 9.3 y 10 del art. 24 CE.
4. En relación con la supuesta vulneración del art. 14 CE en la que, según el Juzgado promotor de las cuestiones, habría incurrido el legislador al definir el tipo penal en el precepto cuestionado, hemos afirmado en la STC 45/2009, de 19 de febrero, FJ 3 (con la misma ratio decidendi de la anterior STC 59/2008, de 14 de mayo), que el punto de partida de nuestro análisis viene definido por la competencia exclusiva del legislador para el diseño de la política criminal y el amplio margen de libertad que le corresponde, dentro de los límites de la Constitución, para la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo. Por ello, el juicio de constitucionalidad que nos compete no lo es de eficacia, conveniencia o calidad de la norma, sino que, más limitadamente, a la jurisdicción constitucional compete sólo “enjuiciar si se han respetado los límites externos que el principio de igualdad impone desde la Constitución a la intervención legislativa”. A lo que hemos añadido que el canon de enjuiciamiento para afrontar la respuesta de constitucionalidad que se nos pide es el propio del principio general de igualdad y no el de la prohibición de discriminación por razón de sexo que el Juzgado promotor de las cuestiones utiliza al expresar su duda de constitucionalidad, pues no constituye el del sexo de los sujetos activo y pasivo un factor exclusivo o determinante de los tratamientos diferenciados, sino que “la diferenciación normativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa … que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada”.
Con la perspectiva que delimita el principio general de igualdad, la constitucionalidad de la norma cuestionada exige, según nuestra consolidada doctrina al respecto, “que el tratamiento diferenciado de supuestos de hecho iguales tenga una justificación objetiva y razonable y no depare unas consecuencias desproporcionadas en las situaciones diferenciadas en atención a la finalidad perseguida por tal diferenciación” (STC 59/2008, FJ 7, y 45/2009, FJ 4). Y en la STC 45/2009, FJ 4, hemos declarado que la previsión normativa establecida en el art. 171.4 CP responde palmariamente a un fin legítimo, que no es otro que “prevenir las agresiones que en el ámbito de la pareja se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal contexto; su pretensión así es la de proteger a la mujer en un ámbito en el que el legislador aprecia que sus bienes básicos (vida, integridad física y salud) y su libertad y dignidad mismas están insuficientemente protegidos. Su objetivo es también combatir el origen de un abominable tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad y de hacerlo con distintas clases de medidas, entre ellas las penales”. También hemos afirmado que “resulta razonable el entendimiento del legislador de que concurre un mayor desvalor en las agresiones del hombre hacia quien es o fue su mujer que en cualesquiera otras en el ámbito de la relación de quienes son o fueron pareja afectiva, y que, más en general, en cualesquiera otras en el ámbito de las relaciones a las que se refiere el art. 173.2 CP (relaciones familiares y de guarda y custodia en centros públicos o privados). Si es razonable la apreciación de que tal mayor desvalor concurre en las primeras conductas, también lo es la de que debe imponerse una pena mayor para prevenirlas”.
5. A lo expuesto cabe añadir, en línea con lo resuelto por los AATC 233/2004, de 7 de junio, y 332/2005, de 13 de septiembre, y en atención a la cuantía de la pena prevista en la norma cuestionada, a sus posibilidades de adaptación a la gravedad del hecho y a las finalidades que la justifican —la protección de la libertad y la seguridad de las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja y la lucha contra la desigualdad de la mujer en el mismo—, que tampoco se aprecia vulneración del principio de proporcionalidad de las penas. Tal como dijimos en la STC 45/2009, FJ 8: “a la vista de la relevancia social y la entidad constitucional de los bienes jurídicos que el precepto tutela y de la idoneidad de las sanciones en él previstas para prevenir tales conductas (nada de lo cual se cuestiona tampoco en el presente caso), y ante la inexistencia de medidas alternativas de menor intensidad coactiva, pero igualmente eficaces para conseguir la finalidad legítimamente deseada por el legislador … ha de concluirse que la tipificación de tales conductas como delitos, estableciendo como sanción principal a las mismas no sólo la pena de prisión, sino como alternativa a ella la de trabajos en beneficio de la comunidad (lo que permite atemperar la sanción penal a la gravedad de la conducta), no vulnera el principio de proporcionalidad, al no poder constatarse un desequilibrio patente y excesivo entre el desvalor de la conducta y la sanción impuesta”.
6. En fin, debemos señalar que la previsión normativa contenida en el primer párrafo del art. 171.4 CP no vulnera el contenido del principio de culpabilidad penal (que puede considerarse garantizado por el art. 25.1 CE, invocado en los Autos de planteamiento de las cuestiones), pues no se sustenta en la existencia de una presunción legislativa de que en las agresiones del hombre hacia quien es o ha sido su mujer o su pareja femenina afectiva concurre una intención discriminatoria, o un abuso de superioridad, dado que “el legislador no presume un mayor desvalor en la conducta descrita de los varones … a través de la presunción de algún rasgo que aumente la antijuridicidad de la conducta o la culpabilidad de su agente. Lo que hace el legislador, y lo justifica razonablemente, es apreciar el mayor desvalor y mayor gravedad propios de las conductas descritas en relación con la que tipifica el apartado siguiente (amenaza leve con armas u otros instrumentos peligrosos) y, a título de falta, el párrafo tercero del art. 620 CP (amenaza leve sin armas u otros instrumentos peligrosos)” [STC 45/2009, FJ 5, con cita a su vez de la STC 59/2008, FJ 11].
También ha de descartarse que el precepto cuestionado incurra en una forma de Derecho penal de autor por atribuir al varón “una responsabilidad colectiva, como representante o heredero del grupo opresor” que vulnere el principio de responsabilidad por el hecho, pues no hay en la previsión legal sanción por hechos de otros. En efecto, “que en los casos cuestionados el legislador haya apreciado razonablemente un desvalor añadido, porque el autor inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa, no comporta que se esté sancionado al sujeto activo de la conducta por las agresiones cometidas por otros cónyuges varones, sino por el especial desvalor de su propia y personal conducta: por la consciente inserción de aquélla en una concreta estructura social a la que, además, él mismo, y solo él, coadyuva con su violenta acción.” [STC 59/2008, FJ 9 b)].
1º Inadmitir parcialmente las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 7453- 2007, 9194-2007, 1230-2008 y 3802-2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia respecto al art. 171.4 del Código penal en la redacción dada al mismo por el art. 38 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en lo que se refiere al párrafo segundo del citado precepto.
2º Desestimar en todo lo demás las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 7453-2007, 9194-2007, 1230-2008 y 3802-2008.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 21 de julio de 2009, dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 7453-2007, 9194-2007, 1230-2008 y 3802-2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia, respecto al art. 171.4 del Código penal en la redacción dada al mismo por el art. 38 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Javier Delgado Barrio respecto de la Sentencia de 21 de julio de 2009, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7453- 2007 y acumuladas.
3. Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez a la Sentencia de 21 de julio de 2009 que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7453-2007 y acumuladas.
4. Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, respecto a la Sentencia del Pleno de fecha 21 de julio de 2009 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7453-2007 y acumuladas.
Número y fecha BOE [Núm, 203 ] 22/08/2009
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 7453-2007, 9194-2007, 1230-2008, 3802-2008
Planteadas por el Juzgado de lo Penal núm. 12 de Valencia respecto al artículo 171.4 del Código penal en la redacción de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Se inadmiten parcialmente las cuestiones de inconstitucionalidad en cuanto tienen por objeto preceptos no aplicables a la causa penal, desestimándose en todo lo demás por aplicación de la doctrina de la STC 59/2008, de 14 de mayo, y STC 45/2009, de 19 de febrero.
El párrafo primero del art. 171.4 CP no resulta inconstitucional –ex principio de igualdad ante la ley– por la desproporción en las consecuencias jurídicas de las normas que se ofrecen como contraste, dado que la justificación de las finalidades de la diferenciación se sustenta en la protección de la libertad y la seguridad de las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja y en la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito (STC 59/2008) [FJ 4].
La pena prevista en la norma cuestionada no vulnera el principio de proporcionalidad atendiendo a su cuantía, a sus posibilidades de adaptación a la gravedad del hecho y a la justificación de las finalidades de la diferenciación que se sustenta en la protección de la libertad y la seguridad de las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja y en la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito (STC 45/2009; AATC 233/2004, 332/2005) [FFJJ 4, 5].
No cabe apreciar que la diferencia en las consecuencias jurídicas de las normas que se ofrecen como contraste entrañe una desproporción que conduzca, por esta vía, a la inconstitucionalidad, ex principio de igualdad, del primer párrafo del art. 171.4 CP [FJ 4].
La previsión del primer párrafo del artículo 171.4 CP no desconoce el principio de culpabilidad penal, pues no se sustenta en la existencia de una presunción legislativa de que en las agresiones del hombre hacia quien es o ha sido su mujer o su pareja femenina afectiva concurre una intención discriminatoria, o un abuso de superioridad, sino que aprecia el mayor desvalor y gravedad propios de las conductas descritas en relación con las que tipifica en otros preceptos [FJ 6].
Se descarta que el precepto cuestionado incurra en una forma de Derecho penal de autor por atribuir al varón una responsabilidad colectiva, como representante o heredero del grupo opresor que vulnere el principio de responsabilidad por el hecho, pues no hay en la previsión legal sanción por hechos de otros [FJ 6].
Artículo 1.1, ff. 1, 3, VP IV
Artículo 9.3, ff. 1, 3, VP IV
Artículo 10, ff. 1, 3, VP IV
Artículo 14, ff. 1, 3, 4, VP IV
Artículo 24, ff. 1, 3, VP IV
Artículo 25, f. 1, VP IV
Artículo 25.1, ff. 3, 6
Artículo 171.4 (redactado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre), ff. 1 a 4, VP IV
Artículo 171.4 párrafo 1 (redactado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre), ff. 2 a 4, 6
Artículo 620 párrafo 3, f. 6
Cláusula general de igualdad versus discriminación por razón de sexoCláusula general de igualdad versus discriminación por razón de sexo, f. 3
Desvalor de la conducta punibleDesvalor de la conducta punible, ff. 4 a 6
Tratamiento penal diferenciadoTratamiento penal diferenciado, f. 4, VP I, VP II, VP III, VP IV
Amenazas levesAmenazas leves, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Política criminalPolítica criminal, f. 4
Situación de especial vulnerabilidadSituación de especial vulnerabilidad, f. 4
Violencia doméstica y/o violencia de géneroViolencia doméstica y/o violencia de género, Doctrina constitucional, ff. 4 a 6, VP I, VP II, VP III, VP IV

References: artículo 171
 artículo 171

Artículo 1

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 171

Artículo 171

Artículo 620