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Timestamp: 2020-08-03 15:18:27+00:00

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﻿ SENTENCIA 2015-00825/5085-2016 DE FEBRERO 22 DE 2018
SENTENCIA 2015-00825 DE 22 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE DOCENTE NACIONAL O TERRITORIAL PARA EFECTOS PRESTACIONALES. LA OBLIGACIÓN DE INCORPORAR A LOS DOCENTES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO SURGIÓ CON EL DECRETO 196 DE 1995, EL CUAL DETERMINÓ QUE SE DEBÍA RESPETAR EL RÉGIMEN PRESTACIONAL QUE TUVIERAN LOS DOCENTES AL MOMENTO DE SU VINCULACIÓN, RECUERDA LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO. CONFORME A LO ANTERIOR, EL RECONOCIMIENTO DE LAS CESANTÍAS E INTERESES SOBRE LAS MISMAS QUEDABA A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, CUANDO SE INCUMPLIERA LA OBLIGACIÓN DE AFILIAR AL DOCENTE AL RESPECTIVO FONDO. POR LO TANTO, NO ES POR EL HECHO DE QUE UN DOCENTE HAYA SIDO NOMBRADO ENTRE 1990 Y 1996 QUE ADQUIERE EL CARÁCTER DE TERRITORIAL, SINO QUE ESTA PRERROGATIVA SOLO COBIJÓ A QUIENES CUMPLIERAN LA CONDICIÓN DE SER NOMBRADO SIN LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 43 DE 1975. ASÍ LAS COSAS, QUIENES FUERON NOMBRADOS DESPUÉS DE 1990, INGRESARON A LA CATEGORÍA DE DOCENTES NACIONALES, PESE A QUE FUERAN VINCULADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. EN CONCLUSIÓN EN EL PRESENTE ASUNTO, TODA VEZ QUE LA DEMANDANTE SE VINCULÓ COMO DOCENTE EL 23 DE MARZO DE 1993, ES DECIR, CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 91 DE 1989, SE LE APLICA PARA EL RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS LAS NORMAS VIGENTES PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ORDEN NACIONAL, ES DECIR, UN SISTEMA ANUALIZADO DE CESANTÍAS, SIN RETROACTIVIDAD Y SUJETO AL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRESTACIONES SOCIALES, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, SALARIO DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Sentencia 2015-00825/5085-2016 de febrero 22 de 2018
Rad.: 17001-23-33-000-2015-00825-01(5085-16)
Actor: Noralba Grajales García
Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —Departamento de Caldas— municipio de Pensilvania.
¿La demandante tiene derecho a la reliquidación de sus cesantías definitivas conforme al régimen retroactivo, a pesar de su vinculación al magisterio con posterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: A la demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de sus cesantías con base en el régimen retroactivo, por los argumentos que se señalan a continuación.
La Ley 6ª de 1945 en el artículo 17 señaló que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942(9).
Mediante el Decreto 2767 de 1945 se determinaron las prestaciones sociales de los empleados departamentales y municipales y, el artículo 1º les hizo extensivas las prestaciones consagradas por el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, lo cual incluyó el auxilio de cesantías(10). Y en el artículo 6º de la misma ley se señalaron las situaciones que se tendrían como despido para efectos de la liquidación del auxilio.
Por su parte, la Ley 65 de 20 de diciembre de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías y en el artículo 1º extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios y, el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 dictó normas sobre prestaciones a favor de los empleados oficiales, y definió los parámetros para la liquidación de las cesantías(11).
Régimen de cesantías de los docentes
Conforme a lo señalado por esta Subsección(13), el artículo 1º de la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989 “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio” distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en la siguiente forma:
Ahora bien, pese a que allí no se indicó el régimen de cesantías aplicable a los docentes que la misma norma calificó como territoriales, lo cierto es que el artículo 4º ib. creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que se vincularan con posterioridad a ella.
De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el ordinal 3º de este mismo artículo señaló:
“[…] A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional […]”.
De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 1990 “lo que según la definición contenida en los artículos 1º y 2º, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales”, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.
Así mismo, el personal docente que continuaba con vinculación departamental, distrital y municipal(14) sería incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetaría el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Por su parte, el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 al limitar el régimen especial de los educadores estatales en cuanto al régimen estatal indicó que era el que allí se señalaba y el previsto en las leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
Por tanto, la obligación de incorporar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio surgió con el Decreto 196 de 1995, el cual, en su artículo 5º determinó que se debía respetar el régimen prestacional que tuvieran los docentes al momento de su vinculación, y conforme a los previsto en el artículo 7º ib. el reconocimiento de las cesantías y los intereses sobre las mismas quedaba a cargo de la entidad territorial, cuando se incumpliera la obligación de afiliar al docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Quiere decir lo anterior que no es solo por el hecho de que un docente haya sido nombrado entre 1990 y 1996 por el alcalde o gobernador que este adquiere el carácter de territorial regido por normas prestacionales del orden territorial aplicables antes de la Ley 91 de 1989, sino que esta prerrogativa solo cobijó a quienes cumplieran la condición de ser nombrado sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
Los demás, nombrados a partir de 1990, ingresaron a la categoría de docentes nacionales, pese a que fueran vinculados por el representante de la entidad territorial.
1. A través del Decreto 23 del 23 de marzo de 1993(15) expedido por el alcalde del municipio de Pensilvania (Caldas), la demandante fue nombrada como docente en la Escuela “La Mesa”, cargo del cual tomó posesión en la misma fecha, según el Acta Nº 18 que obra a folio 30.
2. Se evidencia a folio 27 y vuelto del expediente la Resolución 5833-6 de 23 de junio de 2015, expedida por el secretario de educación del Departamento de Caldas en nombre y representación de la Nación, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de $ 22.494.742 por concepto de las cesantías parciales de la demandante, liquidadas, con el sistema anualizado.
De lo anterior se colige, que tal como lo ha señalado esta Subsección en asuntos similares(16), de que a pesar de que la demandante fue nombrada por el alcalde del Municipio de Pensilvania (Caldas) como docente del mismo ente territorial en el año de 1993, este nombramiento se realizó:
i). Con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43 de 1975 el cual inició el 1º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de 1980 y en esa medida se le aplica el régimen prestacional y salarial de los docentes del orden nacional señalado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y distritales.
Finalmente, no le asiste razón a la parte demandante al señalar que por ser una docente vinculada con anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996, tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, porque el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluyó de su aplicación a los docentes vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es decir, a partir del 1º de enero de 1990.
En el presente asunto, toda vez que la demandante se vinculó como docente el 23 de marzo de 1993, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, se le aplica para el reconocimiento de cesantías las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.
Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez(17) tuvo la oportunidad de sentar posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo Nº 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condena en costas en segunda instancia a la demandante, toda vez que resulta vencida en el proceso de la referencia y la entidad demandada “Municipio de Pensilvania (Caldas)” intervino dentro del trámite de la segunda instancia.
1. Confirmar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Noralba Grajales García contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento de Caldas y Municipio de Pensilvania.
9 ART. 17.—Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
a).Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1º de enero de 1942. […]
10 ART. 1º—Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo”.
11 El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuero menor de doce meses.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia del 25 de agosto de 2016, Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16, demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo, demandado: Municipio de Soledad.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 19 de octubre de 2017, Consejero ponente William Hernández Gómez, número interno 5010-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27 de noviembre de 2017, Consejero ponente William Hernández Gómez, número interno 0472-2016.
14 Docentes designados por los entes territoriales sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el aval de la Nación, los que conservaban el régimen prestacional de cada entidad territorial.
15 Folios 28 y 29
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 19 de octubre de 2017, Consejero ponente William Hernández Gómez, número interno 5010-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27 de noviembre de 2017, Consejero ponente William Hernández Gómez, número interno 0472-2016.

References: ARTÍCULO 10
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 1
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 artículo 4
 artículo 115
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 11
 artículo 10