Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/94/STSJC19940131.htm
Timestamp: 2018-08-18 01:22:36+00:00

Document:
Sentència de 31 de gener de 1994
de 31 de gener de 1994, núm. 2/1994 (Sala Civil i Penal)
Barcelona a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro.
VISTO por la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados del margen, el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre nulidad parcial de contratos de compraventa, cuyo recurso fue interpuesto por el demandante D. X1, representado por el procurador D. Carlos Testor Ibars y defendido por el letrado D. Pedro de Alcántara-García de Irazoqui, en el que ha sido la parte recurrida Dª Y1, representada por el procurador D. Jaume Gassó i Espina y defendida por el letrado D. Josep Soria Sabaté.
Primero. - Que ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona, fueron vistos autos de juicio declarativo de menor cuantía a instancia de D. X1, contra D.ª Y1, en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenando a la parte demandada a lo solicitado en su escrito de demanda. Al otrosí, interesó la anotación preventiva de la demanda.
Segunda. - Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento del demandado, lo que verificó oportunamente, suplicando que se desestimara la demanda y formulando al propio tiempo reconvención. Seguido el juicio por sus trámites el indicado Juzgado con fecha 16 de julio de 1991, dictó sentencia cuya parte dispositiva es como signe: «FALLO: que estimando la demanda principal formulada por X1 contra Y1 debo condenar y condeno a dicha demandada a pagar al actor la cantidad de 8.215.522 pesetas e intereses legales desde la interpelación judicial y con imposición de costas a dicha demandada. Asimismo, estimando la demanda reconvencional formulada por Doña Y1 contra Don X1 debo declarar y declaro la procedencia de vender en pública subasta, con admisión de licitadores extraños, la vivienda sita en la calle A. B. núm. 00 piso primero puerta primera, de esta Ciudad, de propiedad de las partes del juicio por mitad, en común y pro indiviso, para repartir el precio líquido obtenido entre ambas partes por mitades iguales; venta a realizar una vez firme esta resolución y si, previamente, las partes no llegasen a un acuerdo sobre la adjudicación para uno de ellos indemnizando al contrario y en el plazo que se determine en fase de ejecución de sentencia, y con imposición de costas a la parte demandada reconvencional.»
Tercero. - Contra la indicada sentencia se interpuso recurso de apelación por ambas partes y admitido el mismo en ambos efectos, y sustanciándose la alzada, la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 23 de junio de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLAMOS: Que DESESTIMANDO los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de DON X1 y DOÑA Y1 contra la Sentencia dictada en fecha 17 de julio de 1991 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, sin hacer expresa condena de las costas causadas a ninguna de las partes.»
Cuarto. - El procurador D. Carlos Testor Ibars, en nombre y representación del demandante D. X1, formalizó recurso de casación por infracción de normas de Derecho civil común y Derecho civil de Cataluña, que basaba en los motivos siguientes:
1º - Infracción de la Sentencia recurrida del artículo 13.2 del Código Civil y articulo 1º párrafo 2º de la Compilación de Derecho Civil Catalán.
2º - Infracción de los artículos 404, 1.249, 1.253, 1.621, 1.274, 1.276, 1.281.2º, 1.282 y 1.445 del Código Civil.
3º - Infracción del artículo 49 de la Compilación de Derecho Civil Catalán, conforme a la redacción dada en el texto refundido de la misma, aprobado por decreto Legislativo de la Generalidad de Cataluña número 1/1984, de 19 de julio, desarrollando la Ley 13/1984, de 20 de marzo, del Parlamento de Cataluña.
4º - Por infracción de los artículos 33, 40.d) y 79.3º y 4º de la Ley Hipotecaria.
5º - Infracción del Principio de Derecho que ampara la acción general de reclamación de la oportuna indemnización en el supuesto de enriquecimiento injusto, reconocido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
6º - Infracción del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
Quinto. - Por providencia de fecha 21 de octubre de 1993, se tuvo por interpuesto el recurso de casación y pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal a los fines del art. 1709 de la Ley de enjuiciamiento civil, el cual mediante escrito de fecha 26 de octubre de 1993, solicitó la admisión a trámite del recurso. Por auto de fecha 6 de noviembre pasado, se admitió el recurso de casación interpuesto y se concedió un plazo de 20 días para que la parte contraria formalizara escrito de impugnación, lo cual tuvo lugar, y tras los trámites oportunos se señaló día para la votación, teniendo lugar la misma el día 13 de enero pasado.
Primero. - El caso objeto de enjuiciamiento consiste en una controversia entre cónyuges en estado jurídico de separación, en torno a la propiedad del piso que constituyó vivienda conyugal, habiendo actuado como actor-reconvenido el marido D. X1 que postula como pretensión principal la titularidad exclusiva (y alternativamente, en realidad subsidiariamente), la condena de la demanda al pago del valor actual de la mitad indivisa cifrado en 28.436.943,50 Pts., o de la suma que ha recibido del esposo para comprar dicha mitad indivisa que fija en 8.214.522 Pts., e intereses legales, y como demandada-reconviniente Dª Y1 que, partiendo de la base de constituir la vivienda litigiosa sita en la Calle A.B., núm. 00 y 00, piso primero, puerta primera, de esta Ciudad una propiedad en común «pro indiviso» con su marido, interesó, en ejercicio de la «actio communi dividundo», la disolución de la comunidad y, por ser dicha vivienda indivisible, la venta en pública subasta. El Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de esta Ciudad, en sentencia de 17 de julio de 1984, estimó la demanda en cuanto a la pretensión de condena de 8.214.522 Pts. e intereses legales con imposición de costas a la demandada, y también acogía la reconvención en los términos postulados con imposición de las costas al reconvenido. Dicha resolución, apelada por ambas partes, fue confirmada por Sentencia de la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de 23 de junio de 1993. Contra esta última resolución se interpuso por D. X1 el recurso de casación cuyos motivos, todos ellos por el cauce del ordinal cuarto del art. 1692 LEC, se examinan a continuación.
Segundo. - El primer motivo del recurso no puede ser estimado. Se denuncia una infracción de los artículos 13.2 de Código Civil y 1º, párrafo segundo, de la Compilación de Derecho Civil Catalán, fundamentada en que dada la naturaleza de las pretensiones ejercitadas en la demanda es de aplicación el Derecho Civil vigente en Cataluña. Se incurre en el motivo en varios defectos de técnica casacional, y si bien en lo que hace referencia a alguno de ellos como el de expresar en los antecedentes datos, cual el del cauce procesal, que deben figurar en los motivos, no tienen relevancia práctica y se han de salvar en aras a un principio de flexibilidad que impone no exagerar el rigor formal de la casación en aras de la tutela judicial (art.24 Constitució espanyola y 11, tres de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en cambio, la formula defectuosa de citar como precepto infringido normas mediales hace improsperable el motivo. Es claro que una norma medial no puede por sí sola ser base de casación. Y aunque ello, en ocasiones y en la idea de atender al máximo el principio de la tutela judicial efectiva, puede salvarse, es preciso sin embargo que conste la norma o precepto que ha de producir el efecto jurídico concreto, sin que sea recibo la remisión a las que «luego veremos» (en otros motivos). Y precisamente en el caso no es posible saber cual sea esta última norma. Además, tampoco basta citar preceptos genéricos, y por otro lado no es de ver en que punto se ha incidido en una hipotética inaplicación del Derecho civil Catalán, tanto más si se advierte que la Sentencia de 1ª Instancia (cuyos fundamentos de Derecho acepta expresamente la de la Audiencia) declara como hechos vinculantes «la existencia de una regionalidad catalana y un sistema de separación de bienes» como régimen económico matrimonial. Cierto que hay alguna referencia a preceptos del Código Civil (art. 1437) que es inadecuada, pero deviene intrascendente, tanto porque no afecta para nada al fallo, y es sabido que el recurso se da contra la parte dispositiva, y no contra los fundamentos jurídicos no determinantes de la decisión judicial adoptada, como porque la solución jurídica en el particular es idéntica en el Código y en la Compilación (arts. 7º y 49, Texto de 1960, a contemplar en el caso por razones de Derecho intertemporal).
Tercero. - En el segundo motivo se acusa infracción de los arts. 404, 1249, 1253, 1261, 1274, 1276, 1281, segundo, 1282 y 1445 del Código Civil. La improsperabilidad resulta del propio planteamiento. Se mezclan en el motivo preceptos heterogéneos sin conexión entre sí, y que incluso pueden llevar a soluciones jurídicas dispares, aparte de dificultar el razonamiento, tanto para la contraparte como para el Tribunal, introduciendo con ello oscuridad e imprecisión, Lo que está vedado en casación (art. 1707 Ley de enjuiciamiento civil), y que ya debió determinar inadmisión (art. 1710, uno, segunda, inciso primero, de la misma Ley Procesal). No obstante con el único propósito de extremar la satisfacción en justicia en relación con el principio de tutela judicial efectiva, y con una cierta dosis especulativa y dialéctica por lo antes expuesto, es oportuno añadir lo que sigue. No cabe hablar de vulneración del art. 404 porque la declaración judicial de indivisibilidad de la cosa común (piso) constituye una cuestión de hecho, y por ende facultad privativa del Tribunal de instancia, y aunque excepcionalmente pudiera ser «quaestio iuris» cuando la argumentación no afecte a la fijación de la base fáctica sino a su valoración jurídica, no es éste el caso. Los arts. 1249 y 1253 hacen referencia a las presunciones judiciales -«hominis» o de hecho-, que en la técnica legal, art. 1215 del Código Civil, se enumeran como medios de prueba, con la consideración en la práctica judicial y jurisprudencia de «indirectos», en tanto que la opinión doctrinal dominante las configura como razonamientos integrantes del juicio independientes de la apreciación y valoración probatoria. Su denuncia en casación ya no es viable en cuanto al art. 1249, habida cuenta la Reforma del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por la Ley 10/1992, de 30 de abril, que suprimió el anterior ordinal cuarto, en el que la Jurisprudencia permitía ubicar la denuncia casacional siempre que se basase en un documento «strictu sensu», no valorado en la instancia, que fuera literosuficiente y no contradijere los restantes elementos probatorios (a salvo siempre reglas de prueba legal), y en todo caso, de configurarse la infracción con base en el actual ordinal cuarto sólo sería posible a través de infracción en la valoración de la prueba con cita del precepto vulnerado, o doctrina jurisprudencial aplicable. La conculcación del art. 1253 tiene acceso a la casación, pero será preciso argumentar en qué extremo se ha incurrido por la sentencia recurrida en una inferencia errónea, ilógica o ilegal, sin que baste la mera duda o posibilidad alternativa de otras deducciones con el mismo nivel de equivocidad, y asimismo es preciso que sea trascendente al fallo. Por lo que respecta a los arts. 1261 y 1445 del Código Civil, al recoger meros preceptos genéricos, y además una simple definición el segundo, no pueden servir de base aislada a un motivo casacional. Los arts. 1281, segundo, y 1282 relativos a la interpretación contractual pueden servir de fundamento a una denuncia casacional, pero es necesario que conste que el Tribunal de instancia incurrió en evidente equivocación (por ilógica, errónea, o ilegal, y con más razón si es inverosímil o absurda), pues en otro caso, la interpretación de las cláusulas escritas de los contratos, como la de la generalidad de los negocios jurídicos, es facultad privativa de los Tribunales de instancia, sin que la duda, la mera oportunidad, o conveniencia práctica, puedan dar lugar a una alteración casacional del fallo recurrido, so pena de convertir en otro caso al recurso extraordinario en una tercera instancia. Por último, resta analizar los arts. 1274 y 1276 del mismo Cuerpo legal que los anteriores, y que se refieren a la causa. La causa de la obligación hace referencia a la función económica social del contrato, que en el caso de la compraventa es el cambio de cosa por precio (arts. 1274, 1445 y 1450 del Código Civil). Desde el momento en que hay un acuerdo serio sobre la cosa y el precio (sinalagma genético) se perfecciona la compraventa, nace a la vida jurídica, y desde que la cosa se entrega, aunque el precio no haya sido pagado, se produce la transmisión de la propiedad a los compradores. La entrega de la cosa y el pago del precio no afectan a la perfección, sino a la consumación del contrato (sinalagma funcional). Por lo tanto el que el precio haya sido pagado por uno solo de los dos compradores, como si lo hubiera sido por un tercero, no afecta para nada a la perfección del contrato de compraventa, y por ende en nada puede incidir sobre la causa. Aparte de lo dicho, se habla también, especialmente en la doctrina, de la causa del contrato, con referencia a la causa del contrato CONCRETO que se celebra, o dicho de alguna manera al MOTIVO COMÚN elevado a base fundamental de la específica compraventa que se perfecciona, y cuya falta se entiende produce la frustración del fin del contrato. Tanto una como otra causa (la de la obligación -genérica-, como la del contrato -concreta-) hacen referencia al vínculo vendedor (es), por un lado, comprador (es) por otro. Por lo tanto, en nada tienen que ver con los posibles pactos, compromisos o acuerdos que puedan existir entre los varios compradores entre sí (como los que pudiera haber entre los vendedores entre sí de ser también varios). La causa en la compraventa se fecunda, patentiza y desarrolla en la correspectividad, en el sinalagma contractual. La simulación contractual como supuesto jurídico que elimina la causa ha de manifestarse, por ende, en ambas partes contratantes. Exige acuerdo de voluntades, y que éste implique la voluntad de no celebrar ningún negocio (lo que determinaría la inexistencia contractual), o celebrar un negocio distinto al de compraventa (simulación relativa). En el caso en nada tiene que ver la voluntad del vendedor en relación con el tema controvertido. Tan es así que el actor (aquí recurrente), ni siquiera le llamó al proceso, lo que cuando menos habrá de llevar consigo la aplicación de la doctrina de los actos propios. Los acuerdos entre dos compradores en orden a que el que adquiere es uno solo no afectan al vendedor, y en cualquier caso nunca a la causa de la obligación que, como se puede advertir por lo antes dicho, es objetiva. Por lo tanto, los preceptos invocados no pueden servir de base al efecto jurídico pretendido, que es que se tenga por comprador único al actor (aquí recurrente). Cierto que el hecho de hacer figurar en el contrato como comprador junto a uno verdadero a otro simulado o ficticio podría dar lugar a ciertos efectos jurídicos (incluso en relación con el vendedor si éste está interesado en la componenda), pero ello es ajeno a la causa de la obligación. Y si bien en el recurso no existe un planteamiento jurídico adecuado para tratar el tema, a los meros efectos de agotar la polémica procede decir que las Sentencias de instancia no apreciaron la existencia de acuerdo especial alguno en relación con la adquisición del piso (titularidad única, o adquisición «pro indiviso»), ni en relación con el vendedor, ni en la relación entre compradores, y claramente han sentado que la adquisición fue conjunta. Esta base fáctica es inconmovible en casación. Y además este Tribunal la considera cabalmente ajustada a derecho. Llevar las gestiones de compra, o aportar el dinero del peculio privativo (máxime cuando ello ha tenido lugar en entregas aplazadas y constante matrimonio), no suponen sin más que la adquisición fuere individual, tanto más cuando hay en autos otras varias razones que abonan la solución judicial adoptada, y que resulta ocioso reproducir. Por todo ello, decae el motivo, y es absolutamente procedente la acción de división de cosa común ejercitada por la demandada reconviniente (aquí recurrida), cuya impugnación, asimismo con base en el art. 404 del Código civil, decae aquí por falta de efecto antecedente que elimina el efecto consecuente.
Cuarto. - En cuanto al tercer motivo en que se denuncia infracción del art. 49 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña tampoco puede ser acogido. Bastaría para la desestimación remitirse a la Sentencia de esta propia Sala de 10 de mayo de 1993 que resolvió un caso sensiblemente igual. Sólo en el propósito de dar una respuesta concreta es oportuno indicar brevemente: El art. 49 de la Compilación en la redacción que se alude no estaba vigente al tiempo de la perfección, que es el momento que importa, no el de la consumación, del contrato de compraventa del piso (privado de 28 de diciembre de 1983 -por integración de factum, permitido en casación; elevado a escritura pública el 7 de marzo de 1984), al haber sido introducida la nueva normativa por la Ley de 20 de marzo de 1984. Por otro lado, el precepto no dice que del pago del precio ha de extraerse la consecuencia de que la titularidad de la cosa se presume del dueño de aquél, sino que justificada la adquisición exclusiva (la titularidad única) se presume (máxima de experiencia legal) que el dinero es de quién adquirió, salvo claro está prueba en contrario, y por último, es obvio que no cabía establecer ninguna presunción de liberalidad, y el «animus donandi» hay que probarlo, sin que quepa deducirlo del hecho de pagar el precio sólo uno de los cónyuges compradores. Precisamente la más reciente jurisprudencia ha resuelto el polémico problema de la donación disimulada (simulación relativa) en el sentido de entender que su admisibilidad depende, además del cumplimiento de los restantes requisitos legales (forma, que no sea inoficiosa, etc.) de que conste se pruebe claramente la existencia del «animus domini», pero sin que quepa deducir éste de la mera falta de precio.
Quinto. - Igual suerte desestimatoria debe seguir el motivo cuarto (infracción de los arts. 33, 40, d) y 79, tercero y cuarto, de la Ley Hipotecaria), cuya desestimación deviene obvia habida cuenta la falta de base sustantiva (atribución de la titularidad exclusiva del piso al recurrente) que permita el consiguiente efecto registral (modificación del asiento, mediante la cancelación de la referencia a su esposa en la inscripción). Es de añadir también que el razonamiento del último inciso del motivo resulta ininteligible, pues no es de ver como es dable apreciar la omisión de algo que se ha hecho según el propio fundamento del motivo.
Sexto. - Tampoco puede ser acogido el motivo quinto en que se alega infracción de la doctrina jurisprudencial en relación con el principio general de derecho que veda el enriquecimiento injusto. Con independencia de que no basta la cita de unas Sentencias del Tribunal Supremo (al menos dos) para un adecuado planteamiento casacional con base en la infracción de la jurisprudencia por el cauce del ordinal cuarto del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, sino que es preciso expresar la concreta doctrina que se infringe, y haciendo abstracción de los preceptos que se mencionan en el cuerpo (y por ende, incorrectamente) del motivo, por cuanto ya se ha dicho que no ha habido donación del marido a la mujer, por lo que huelga cualquier comentario en relación con la supuesta liberalidad y sus hipotéticas consecuencias, DE CUALQUIER MODO lo que importa (en relación con la denuncia del encabezamiento) es decir que no hay ningún enriquecimiento injusto. El marido adelantó, anticipó, puso dinero de su peculio para su esposa. Desde que lo hizo adquirió un crédito contra ella. Lo reclamó ahora y se condena a la deudora a su pago. Si no se le concedió antes su importe fue porque no lo pidió. Por lo tanto, no hay aprovechamiento torticero, por lo que la denuncia efectuada carece de consistencia alguna. La parte final del cuerpo del motivo en la que se alega error en la apreciación de la prueba por no haberse valorado todo ello y en su conjunto es absolutamente contraria a las más elementales exigencias para la excepcional posibilidad en que una consideración probatoria pueda examinarse en casación, por lo que al pretender convertir ésta en una tercera instancia no se hace preciso añadir ningún comentario más.
Séptimo. - Por último, asimismo debe rechazarse el motivo sexto en el que se alega infracción del art. 523 de la Ley de enjuiciamiento civil por proceder en el caso contemplado la imposición de las costas del juicio al litigante que le sean rechazadas sus pretensiones, cuya condena de pago corresponderá a la esposa demandada (sic). Parece que el argumento de la parte recurrente está pensado para la hipótesis de que se estimase el recurso de casación, y operase el art. 1715, uno, tercero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en cuyo caso, de conformidad con el apartado dos, inciso primero, de dicho artículo, la Sala habría de resolver «en cuanto a las costas de las instancias, conforme a las reglas generales», y aún cuando el planteamiento de un motivo, para tal efecto resulta anómalo, en todo caso, como no se estima el recurso de casación, huelga aplicar tal efecto jurídico. Fuera de dicha perspectiva no es de ver cómo se ha podido infringir el precepto, pues el artículo 523, aplicable solamente a las actuaciones de la primera instancia, ha sido escrupulosamente respetado en ambas instancias, como se puede comprobar con el examen del fallo, que resulta superfluo reproducir.
Octavo. - Al desestimarse todos los motivos de recurso procede condenar a la parte recurrente a las costas causadas en el mismo y a la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del art. 1715 de la Ley de enjuiciamiento civil.
En nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo.
Que desestimando el recurso de casación interpuesto por el Procurador Sr. Testor Ibars en representación procesal de D. X1 confirmamos la Sentencia dictada por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de junio de 1993 (en la que se confirmó la pronunciada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de la misma Ciudad de 17 de julio de 1991) con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en este recurso y condena a la pérdida de depósito constituido. Líbrese certificación de esta Sentencia que se remitirá a la Sección 16ª juntamente con el rollo y autos recibidos en su día, y publíquese esta resolución conforme se halla establecido.

References: resolución 
 artículo 13
 artículo 49
 artículo 523
 resolución 
 artículo 523
 resolución