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Timestamp: 2018-11-17 15:18:19+00:00

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JURISDICCIÓN EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS Y APARCERÍAS.
2. Todas las atribuciones asignadas al IRYDA y a las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos en la presente Ley se entenderán siempre sin perjuicio del derecho que asiste a los intereses para plantear la cuestión en vía civil ante el Juzgado correspondiente. Cuando la resolución judicial confirme el informe o determinación del IRYDA o la decisión de la Junta Arbitral se impondrán de oficio las costas al vencido.
La fijación de la renta, su actualización o su revisión.
La denegación de prórroga para cultivo directo del arrendador.
La realización de las obras a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.
La determinación de la cantidad que el arrendador haya de abonar al arrendatario por la mejoras que éste opte por dejar en la finca de acuerdo con el artículo 62 de la presente Ley.
La aplicación del artículo 99 del presente texto legal.
La conversión de la aparcería o del arrendamiento parciario en arrendamiento ordinario.
La liquidación y adjudicación de los frutos en el contrato de aparcería.
4. Las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos decidirán, también como trámite previo a cualquier contienda judicial y con carácter ejecutivo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a los Tribunales de acuerdo con el apartado 2 de este artículo las cuestiones que se planteen acerca de:
La determinación del importe de la renta cuando las partes no lo hayan hecho constar en el contrato, así como en los arrendamientos tácitos previstos en el artículo 4, apartado 2 de esta Ley, y en aquellos en que el IRYDA sea arrendatario al amparo del artículo 17, párrafo primero, de la presente Ley.
La fijación de la nueva renta en el supuesto previsto en el artículo 58, apartado 2, de esta Ley.
El señalamiento de la cuantía en que ha de elevarse la participación del arrendatario cuando concurra el supuesto prevenido en el artículo 101, apartado 2, de la presente Ley.
La resolución de las discrepancias que surjan entre las partes sobre el valor de las aportaciones de los aparceros y su participación en los productos.
La preferencia a que se refiere el artículo 93.2.
5. Cada Junta Arbitral estará constituida por un Presidente, un Secretario y por seis Vocales, tres de ellos exclusiva o predominantemente arrendatarios. La determinación del ámbito de las Juntas Arbitrales corresponde a las Comunidades Autónomas.
Para cada Junta Arbitral de la Administración de Agricultura correspondiente designará los funcionarios de la misma que asumirán la Presidencia y la Secretaria. El Secretario, que no tendrá voto, será Licenciado en Derecho.
Los candidatos a Vocal deberán estar en posesión de todos sus derechos civiles, ser Vocales de las Cámaras Agrarias de la Comarca y residir en la misma. Serán presentados por la Organizaciones profesionales agrarias con representación en las Cámaras de la Comarca o por agrupaciones de Vocales independientes en la forma que reglamentariamente se determine.
Las normas complementarias de funcionamiento de la Juntas Arbitrales se elaborarán, según corresponda, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
1. Cuando por razones de urgencia, o por tratarse de plazos perentorios, se presente la demanda judicial sin el previo informe del IRYDA, sin el previo intento de avenencia ante la Junta Arbitral o sin la resolución de ésta y estos trámites fuesen preceptivos de acuerdo con la presente Ley, el Juez acordará que se cumplimenten antes de dar trámite a la demanda, sin perjuicio de adoptar las medidas precautorias que procedan.
2. Será competente la Junta Arbitral de la comarca en que se encuentre la finca a que se refiera la cuestión planteada. Si la finca se encontrase en más de un comarca, la competencia de la Junta Arbitral se determinará por las mismas normas que la del Juzgado.
2. En las aparcerías la cuantía litigiosa vendrá dada por la valoración de la aportación del litigante, si estuviera determinada, y en su defecto, la valoración de la participación que al mismo haya correspondido en la liquidación del año precedente sin que existiere prueba escrita de la misma. En defecto de ello se estimará como de cuantía indeterminada.
3. Cuando el litigio verse sobre una reclamación concreta la cuantía se determinará por el valor de lo efectivamente reclamado.
En cuanto a representación y defensa se aplicarán las disposición vigentes en los juicios respectivos, si bien cuando el interesado, en los casos en que la Ley le autorice, no haga uso del derecho a comparecer y defenderse por sí mismo habrá de valerse de Abogado y Procurador.
1. Podrá el actor acumular las acciones que le asistan contra el mismo demandado.
Se exceptúan de la norma anterior los juicios de desahucio por falta de pago y los de retracto.
2. Igualmente podrá acumular la acciones que le competan contra distintos arrendatarios o aparceros cuando unos y otros los sean de la misma finca, salvo que la competencia corresponda a Juzgados distintos y siempre que se fundamenten en hechos comunes.
Los Jueces de Primera Instancia conocerán de cuantos litigios se promuevan en ejercicio de acciones que se funden en derechos reconocidos por esta Ley.
El juicio de desahucio solamente se podrá utilizar en el supuesto de falta de pago de la renta o cantidades asimiladas. Se substanciará conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 1571 y siguientes, teniendo en cuenta las reglas siguientes:
El demandado podrá enervar la acción si en cualquier momento anterior a ser notificado de la sentencia que no dé lugar a ulterior recurso él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición en el Juzgado el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que en dicho instante debiere.
Sólo cuando el pago o consignación se realice hasta el mismo día señalado para el juicio, y antes de su celebración, podrá este proseguirse por las costas, y en tal caso si el demandado intentare acreditar el ofrecimiento de las rentas al actor con anterioridad a la presentación de la demanda se admitirán otras pruebas procedentes en derecho además de las que autoriza el párrafo segundo del artículo 1579 de la Ley Procesal Civil.
El demandado podrá rehabilitar de plena vigencia el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición, depositándolo incluso en poder del encargado de ejecutar la diligencia, que en todo caso lo tomará y dará recibo el importe de las cantidades que por principal debiera en dicho instante, el 25 % del mismo y los intereses legales a contar estos desde la fecha de la demanda, por las sumas vencidas y, desde el día en que el pago debió hacerse, por las pendientes.
Dentro de los diez días siguientes podrá el demandante pedir que, de cuenta del demandado, se tasen las costas y gastos legítimos que con ocasión del juicio hubiere realizado. Practicada la tasación de resultar su importe igual o superior al 25 % depositado por el demandado, se entregará al demandante; más si fuere inferior, se reintegrará al demandado la diferencia, archivándose sin más las actuaciones, tanto en unos como en otros casos, sin perjuicio del derecho del actor a reclamar la diferencia ejercitando la oportuna acción personal.
Cuando el actor deje transcurrir los diez días sin instar la tasación, el Juzgado, de oficio y a cargo del demandado, liquidará las costas judiciales exclusivamente y, entregando a este último la diferencia.
Cuando se reiterare tres o dos veces consecutivas el uso del beneficio a que las precedentes reglas se refieren no tendrá efectos enervatorios la consignación efectuada, a cuyo fin el actor podrá, en el curso del litigio, alegar dicha reiteración y practicar la prueba para acreditarla.
Los juicios de embargo de bienes para pago de deudas nacidas de contratos de arrendamientos o de aparcerías, los de intervención de cosechas y los de aseguramiento de bienes agrícolas o pecuarios litigiosos se sustanciarán por los tramites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el ejercicio de las acciones de esta índole.
Los juicios no comprendidos en las normas anteriores se sustanciarán por las normas del juicio de cognición con las siguientes particularidades:
El Juez, para mejor proveer, podrá acordar toda clase de pruebas, pedir antecedente y asesoramientos y dentro de cinco días dictará sentencia.
Entre dichas diligencias para mejorar proveer, si no se hubiera incorporado por los litigantes, el Juez podrá solicitar informe a la Cámara Agraria del lugar de situación de las fincas en los casos en que deban tenerse en cuenta los usos y costumbres locales, aun cuando la no solicitud de este informe no constituye vicio de procedimiento ni en su falta puede apoyarse el recurso de revisión.
El Juez o Tribunal tendrán en todo caso atribución plena para determinar la renta justa en cada caso sometida a su revisión o para establecer la cláusula de actualización de renta en los contratos que no la tengan sin que la solicitud de aumento impida pronunciar fallo rebajando la renta o lo solicitado sobre el particular y, viceversa, no siendo preciso que el demandado haga uso de la reconvención.
Salvo el recurso contra providencias de mero tramite autorizado en el artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que será substanciado y resuelto según dicho precepto legal, todos los incidentes, excepciones y reposiciones que pudieran plantearse en los procedimientos que se indican en los artículos anteriores habrán de ser resueltos necesariamente en la sentencia que recaiga sobre la cuestión principal, haciendo pronunciamiento previo sobre cada una de las cuestiones incidentales y absteniéndose de entrar en el fondo del asunto cuando la naturaleza de estos pronunciamientos previos lo impidiera.
3. En los juicios de desahucio por falta de pago las costas se impondrán al demandado cuando se declare haber lugar al mismo o que esta hubiera procedido de no mediar el pago o la consignación, y al actor en los demás casos.
5. En los pleitos a que se refiere el artículo 39, entablados para que por el Juez se añada al contrato de arrendamiento la cláusula de actualización, si el arrendatario se opusiera a su existencia será condenado en costas, y si se opusiere en cuanto al módulo para fijar la renta o su cuantía, se hará pronunciamiento sobre costas, pudiendo serle impuestas al demandante o demandado según la apreciación de la buena o mala fe del litigante.
7. En lo pertinente se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 121.
Los procedimientos entablados y los recursos interpuestos al amparo de los precedentes artículos gozará de los siguientes beneficios:
Cuando se inste una resolución judicial que haya de surtir efecto en el futuro, como en los casos de conversión de la aparcería en arrendamiento, denegación de prórroga del arrendamiento o de la aparcería, entre otros, podrá plantearse la acción inmediatamente con el fin de sustanciar el litigio antes de que se produzca la fecha en que debe alcanzar efectividad el pronunciamiento, aun cuando no se ejecute hasta que la misma llegue y siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a la resolución.
1. En los casos en que se discuta la cuantía de la renta el arrendatario deberá consignar previamente ante el Juzgado la pactada, de la cual podrá disponer el arrendador. Tratándose de aparcería, si fuera conocida la participación del cedente deberá hacerse la consignación de la figura con los mismos efectos que la renta. Si no fuera conocida o determinada el aparcero consignará o pondrá disposición del cedente lo que estime adecuado, pudiéndose hacer cargo de ello el propietario, sin que ello implique conformidad, y el Juez, en la sentencia que dicte, atendiendo a las circunstancias del caso, prevendrá los procedente en cuanto a lo que debe ser objeto de consignación.
2. En los casos de revisión, reducción o condonación de renta el Juez podrá autorizar al arrendatario o aparcero a que consigne solo una parte o dispensarle totalmente de consignar.
En todo lo que no esta especialmente previsto en este Título regirán en materia de jurisdicción, como supletorias, las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las orgánicas de los Tribunales.
Primera. Quedan sujetos a esta Ley los contratos de arrendamiento o aparcería sobre fincas rústicas, cualquiera que sea la fecha de su celebración, con las salvedades que establecen las siguientes reglas:
Los contratos existentes a la entrada en vigor de esta Ley se regirán en cuanto a su duración por lo establecido en la legislación anterior.
No obstante cuando se trate de cultivadores personales en los términos que define el artículo 16 de la presente Ley, éstos tendrán derecho a las prórrogas que la misma determina, hasta el limite de veintiún años, contados desde la iniciación del contrato
Las consecuencias previstas en los artículos 17 y 19 no serán de aplicación a los contratos actualmente en vigor en tanto no finalice el plazo estipulado o la prórroga se halle en curso, sin que puedan prorrogarse en ninguna forma, ni aun con consentimiento del arrendador.
Los arrendamientos concertados con anterioridad a la publicación de la Ley de 15 de marzo de 1935 en que se hubiere perdido memoria del tiempo por el que se concertaron, cuando el cultivador sea personal, se entenderán prorrogados por dos períodos de tres años; durante estos períodos el arrendatario podrá hacer uso del derecho de acceso a la propiedad en los términos establecidos en el párrafo primero del artículo 98 de esta Ley.
Segunda. En tanto no tengan lugar las próximas elecciones para Cámaras Agrarias, las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos estarán constituidas por seis Vocales que lo sean de las Cámaras Locales radicadas en la comarca correspondiente. Los vocales serán designados por sorteo entre los que se ofrezcan para desempeñar tal función.
La Presidencia y la Secretaria de las Juntas Arbitrales serán cubiertas de acuerdo con lo indicado en el artículo 121, apartado 5.
La aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales en todos los territorios del Estado donde existen normas peculiares al respecto.
La conservación, modificación o desarrollo por las Comunidades Autónomas de las normas de su Derecho Civil relativas a las materias reguladas en esta Ley.
2. En materia de aparcerías se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la presente Ley.
3. Las facultades conferidas en esta Ley al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o al IRYDA serán asumidas en su caso, por las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo que se establezca en los respectivos estatutos y las transferencias de servicios que se realicen de acuerdo con la Constitución
4. Quedan excluidos del ámbito de esta Ley los bienes comunales, los de propios de las Corporaciones Locales y los montes vecinales en mano común, cuyo disfrute incluso en supuesto arrendaticios, se regulará por normas especificas
Quedan derogadas las leyes de 15 de marzo de 1935, 28 de junio de 1940, 23 de julio de 1942, 18 de marzo de 1944, 18 de diciembre de 1946, 17 de julio de 1954, sus Reglamentos y cuantas se opongan a la presente Ley.
Dada en Baqueira Beret a 31 de diciembre de 1980.
Artículo 134.1 y 2 ;
Derogado por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de reforma procesal.

References: resolución 
 artículo 52
 artículo 62
 artículo 99
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 58
 artículo 101
 resolución 
 artículo 93
 resolución 
 artículo 1579
 artículo 376
 artículo 39
 artículo 121
 resolución 
 artículo 16
 artículo 98
 artículo 121
 artículo 106

Artículo 134