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Timestamp: 2018-02-22 01:24:56+00:00

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Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal y Procesal: Artículos doctrinales: EL PROCESO CONCURSAL DE PERSONAS NATURALES NO EMPRESARIOS.
Artículos doctrinales: EL PROCESO CONCURSAL DE PERSONAS NATURALES NO EMPRESARIOS.
AUTOR: RAMÓN BADIOLA DÍEZ. MAGISTRADO.
(Muchas gracias Ramón por este extraordinario trabajo que has querido compartir con todos nosotros)
La reforma por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre de 2015, ha ampliado las competencias de los Juzgados de Primera Instancia, atribuyéndoles el conocimiento de los “concursos de personas naturales no empresarios”. Así lo contempla el artículo 85.6 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma, a la que la Exposición de Motivos no dedica una sola línea, no parece tener otro objetivo que descargar de trabajo los Juzgados de lo Mercantil, y sus efectos puede anticiparse que van a ser muy negativos para el funcionamiento ordinario de los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, órganos que sufren unas cargas de trabajo actuales que exceden en mucho de lo razonable – en Madrid, por citar un ejemplo, la carga de trabajo se estima en un 200% de la fijada por el Consejo General del Poder Judicial -, y que asimismo se verán incrementadas notablemente por los asuntos de tráfico, recientemente despenalizados.
El presente trabajo pretende, simple y llanamente, ante la inminencia de la nueva competencia, servir de guía de referencia en lo más importante del proceso concursal, siguiendo el esquema del libro “El proceso concursal” del Catedrático de Derecho Procesal de la UNED don Manuel Díaz Martínez, en el cual el lector podrá hallar una explicación más pormenorizada de los distintos temas.
En este primera parte abordaremos el estudio de la competencia objetiva, de los presupuestos del concurso, la legitimación, el procedimiento y los efectos del auto de declaración del concurso.
I) Competencia objetiva
La competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia viene delimitada, respecto del conocimiento de esta clase de concursos, conforme a lo establecido en el artículo 45.2 b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su nueva redacción por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya entrada en vigor está prevista el día 1 de octubre de 2015. El artículo 231 de la Ley Concursal permite concretar el ámbito competencial, pues no todos los concursos de personas naturales son competencia de los Juzgados de Primera Instancia, sino únicamente los de “personas naturales no empresarios”.
En efecto, dicho precepto, incardinado dentro del Título X que lleva por rúbrica “El acuerdo extrajudicial de pagos”, permite restringir el ámbito competencial, excluyendo la competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia cuando se trate del concurso de:
a) los que tuvieren la consideración de empresarios conforme a la legislación mercantil.
b) aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social.
Por tanto, en estos supuestos, deberá el Juzgado de Primera Instancia, previa audiencia del Fiscal y de la persona legitimada que solicitare la declaración de concurso, apreciar de oficio la falta de competencia objetiva y abstenerse de conocer del procedimiento, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y contra el auto que se dicte cabrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
II) Presupuestos del concurso
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) configura la declaración de concurso en torno a dos presupuestos:
A) Presupuesto subjetivo.
a) deudor
Establece el artículo 1.1 LC que “La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica”.
En este trabajo estudiaremos el proceso concursal desde el punto de vista del deudor persona natural, competencia de los Juzgados de Primera Instancia.
b) pluralidad de acreedores
No es concebible la tramitación de un concurso con un solo acreedor, pues éste dispone del procedimiento de ejecución singular para hacer efectivo su crédito sobre el patrimonio del deudor.
Por tanto, la existencia de una pluralidad de acreedores justifica la existencia del concurso como un procedimiento encaminado, en caso de que no se obtenga un convenio con los acreedores, a la liquidación ordenada de la totalidad del patrimonio del deudor.
La acreditación de este requisito constituye un presupuesto necesario para que el concurso pueda ser admitido a trámite.
B) Presupuesto objetivo.
Establece el artículo 2.1 LC que “La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común”.
El artículo 2.2 LC nos da una noción de lo que ha de entenderse por insolvencia a los efectos de la regulación del concurso “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.
Ahora bien, la LC contempla, a efectos de la declaración de concurso, dos posibles situaciones:
a) Insolvencia actual, que se corresponde con la noción de insolvencia que contiene el artículo 2.2 LC.
b) Insolvencia inminente, que contempla el artículo 2.3 LEC “Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones”.
Constituye asimismo un presupuesto objetivo del concurso por razones prácticas la suficiencia de masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.
Es evidente que la constatación por el Juez, desde el primer momento, de la inexistencia de bienes en el deudor que puedan ser objeto de ejecución determina que no resulte razonable iniciar un procedimiento tan costoso, por lo que es justificable en tal supuesto la inadmisión a trámite del concurso.
Dicha posibilidad ha sido objeto de regulación en el artículo 176 bis LC, en virtud de la reforma operada por Ley 38/2011, que en su apartado cuarto establece que “También podrá acordarse la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros”.
El concurso de acreedores no puede ser declarado de oficio, sino que precisa solicitud de parte legitimada.
El artículo 3 LC nos dice que están legitimados el deudor, cualquiera de los acreedores y el mediador concursal.
A) Legitimación del deudor
Se trata del denominado concurso voluntario.
A efectos del deudor, la regulación legal contempla dos posibles situaciones, la primera que el deudor se encuentre ya en estado de insolvencia, y la segunda que aún no concurra tal supuesto pero que la insolvencia sea inminente.
a) Situación de insolvencia del deudor
La solicitud de la declaración de concurso en este caso por parte del deudor se configura por la LC como un deber.
Así lo establece el artículo 5.1. “El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia”.
El incumplimiento de este deber lleva aparejada una importante consecuencia práctica, cual es la calificación del concurso como culpable.
Así lo establece el artículo 165.1.1º LC “1. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso”.
El artículo 2.4 LC regula una serie de situaciones en las que se presume este estado de insolvencia y por tanto el deudor está obligado a presentar la solicitud de concurso, tal es el caso del deudor que deja de atender de una manera general al cumplimiento de sus obligaciones o su patrimonio se ha visto sometido a embargos generalizados por parte de sus acreedores.
b) Insolvencia inminente del deudor
En este caso, la LC no impone la obligación de solicitar el concurso, por lo que este es un acto voluntario del deudor.
Se trata del supuesto en que el deudor aún no ha dejado de atender al cumplimiento de sus obligaciones, pero es previsible que ello vaya a suceder en atención a su falta de liquidez.
B) Legitimación de los acreedores
Se trata del denominado concurso necesario.
El artículo 3.1 LC reconoce legitimación para solicitar la declaración de concurso “a cualquiera de los acreedores”.
No obstante, contempla una excepción en el apartado segundo “no está legitimado el acreedor que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos ínter vivos y a título singular, después de su vencimiento”.
C) Legitimación del mediador concursal
El artículo 231 LC permite que el deudor que se encuentra en estado de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, pueda iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.
En este caso, el mediador concursal tiene la obligación de promover la declaración de concurso del deudor cuando la mayoría de los acreedores no acepten la propuesta del deudor o el acuerdo fuere incumplido.
IV) El procedimiento de la declaración de concurso cuando lo solicite el deudor
El trámite se inicia mediante escrito firmado por Procurador y Abogado, en el que el deudor deberá indicar si su situación de insolvencia es actual o inminente, y al que deberá acompañar los documentos prevenidos en el artículo 6 LC.
En el proceso concursal el Juez deberá cerciorarse de que se cumplen los presupuestos objetivos del concurso, esto es, la situación de insolvencia del deudor, ya sea actual o inminente, por lo que el deudor deberá proporcionar la información económica precisa para dicha finalidad.
Concretamente, deberá aportar necesariamente:
a) una memoria sobre su situación económica, y si el deudor fuera persona casada indicará la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio.
b) un inventario de bienes y derechos, con una estimación de su valor real actual. Se indicarán también las cargas y gravámenes que les afectan.
c) una relación de acreedores, con indicación de la cuantía y vencimiento de sus créditos y las garantías personales o reales constituidas.
Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente se indicará el procedimiento correspondiente y el estado de las actuaciones.
Presentada dicha documentación el Juez dictará auto declarando el concurso cuando considere que se ha acreditado suficientemente la situación de insolvencia del deudor.
Así lo establece el artículo 14.1 LC “Cuando la solicitud hubiere sido presentada por el deudor, el juez dictará auto que declare el concurso si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de alguno de los hechos previstos en el apartado 4 del artículo 2, u otros que acrediten la insolvencia alegada por el deudor”. Si faltare alguna documentación, o existiere algún defecto procesal se dará un plazo para subsanación que no excederá de cinco días (artículo 13.2 LC).
Contra el auto que desestime la declaración de concurso únicamente cabe interponer recurso de reposición (artículo 14.2 LC), por lo que no cabe recurso contra el que lo declare.
V) El procedimiento de la declaración de concurso cuando lo solicite el acreedor
La declaración de concurso necesario se inicia mediante solicitud por escrito, con firma de Abogado y Procurador, presentada por cualquier acreedor legitimado.
La legitimación podrán acreditarla aportando la documentación correspondiente, por ejemplo mediante la aportación de un título en virtud del cual se despachó ejecución sin que del embargo resulten bienes suficientes para el pago de la deuda.
No obstante, también podrán fundar la solicitud en la existencia de algunos de los indicadores de insolvencia contemplados en los cuatro subapartados del artículo 2.4 LC, en cuyo caso podrá proponer en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse para acreditar la insolvencia del deudor.
Artículo 2.4 Ley Concursal
4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período ; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades
En lo que se refiere a la competencia territorial, deberá presentarse la solicitud de concurso en el Juzgado competente conforme a lo prevenido en el artículo 10 LC, que es el correspondiente al “lugar en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, entendiéndose por tal “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses”.
Presentada la solicitud la LC distingue en el trámite la declaración de concurso sin audiencia del deudor y con audiencia del deudor.
La declaración de concurso necesario sin audiencia del deudor procederá en el supuesto prevenido en el artículo 15.1 LC, “Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor y se fundara en un embargo o en una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia, el juez dictará auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente. El deudor y los demás interesados podrán interponer frente a este auto los recursos previstos en el artículo 20”.
En los demás casos será preceptiva la audiencia del deudor antes de dictar el auto de declaración de concurso, al que se emplazará por el plazo de cinco días para que pueda oponerse a la solicitud de concurso y proponer los medios de prueba de que intente valerse.
No obstante, en este segundo caso, si resultare infructuosa la investigación y emplazamiento del deudor el juez podrá dictar auto de declaración de concurso cuando estimare que de la documentación aportada por el acreedor y de las averiguaciones que se hubieren realizado resultare acreditada la situación de insolvencia (artículo 184.7 LC).
Caso de formularse oposición por el deudor, se citará a las partes a la celebración de una vista, en la que podrán comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse y que puedan practicarse en el acto.
El objeto del juicio verbal es la acreditación del hecho que justifica la declaración de concurso, esto es, la situación de insolvencia del deudor, debiendo tenerse en cuenta a efectos de la distribución de la carga de la prueba, que al acreedor le corresponde probar dicha situación, mediante la aportación del correspondiente título de ejecución y el embargo infructuoso de los bienes del deudor, o bien mediante la prueba de alguno de los hechos externos reveladores de la insolvencia que se contienen en el artículo 2.4 LC.
Probados estos hechos la insolvencia se presume, por lo cual será el deudor el que asumirá la carga de la prueba de su situación de solvencia. En cuanto al régimen de recursos, contra el auto que estime o desestime la declaración de concurso procede interponer recurso de apelación. Si se trata de recurrir únicamente alguno de los demás pronunciamientos contenidos en el auto, las partes podrán oponerse a las concretas medidas adoptadas en el mismo mediante la interposición de recurso de reposición.
VI) Contenido, publicidad y notificación del auto de declaración de concurso
Se regula en el artículo 21 LC.
a) carácter necesario o voluntario del concurso.
b) efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio.
c) nombramiento y facultades de los administradores concursales.
d) en caso de concurso necesario el requerimiento al deudor para que en el plazo de diez días presente los documentos enumerados en el artículo 6 LC (que son aquellos que ha de presentar en caso de concurso voluntario).
e) las medidas cautelares que el Juez considere necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor hasta que los administradores concursales acepten el cargo.
f) el llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos (el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto).
g) la publicidad que haya de darse a la declaración de concurso.
h) en su caso, la formación de la pieza separada en relación con la disolución de la sociedad de gananciales que puede solicitar el cónyuge del concursado, conforme previene el artículo 77.2 LC.
i) la decisión, en su caso, sobre la procedencia de aplicar el procedimiento abreviado
El artículo 190 LC atribuye al Juez la facultad de aplicar dicho procedimiento cuando, a la vista de la información disponible, considere que el concurso no reviste especial complejidad, atendiendo a las siguientes circunstancias:
1º Que la lista presentada por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores.
2º Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros.
3º Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros.
Se regula en los artículos 23 y 24 LC.
Se contempla la publicación del extracto de la declaración de concurso, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el BOE, la cual contendrá únicamente los datos indispensables a que se refiere dicho precepto. Asimismo, y en el caso de que el deudor fuere persona natural, será objeto de inscripción en el Registro Civil.
Se regula en el artículo 21.5 LC. Además de a las partes, se establece la obligatoriedad de la administración concursal de comunicar sin demora a los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación del concurso, tanto del auto de declaración como del deber que sobre ellos recae de efectuar la comunicación de sus créditos (artículo 21.4 LC).
VII) Efectos de la declaración de concurso
El auto de declaración de concurso produce una serie de efectos con carácter inmediato, siendo el mismo ejecutivo aún cuando no sea firme por haberse interpuesto recurso de apelación (artículo 21.2 LC).
Podemos dividir los efectos en las siguientes categorías:
A) Efectos sobre el patrimonio del deudor
B) Efectos sobre los derechos y libertades fundamentales del deudor
C) Efectos sobre los acreedores
D) Efectos sobre los contratos
a) intervención y suspensión de las facultades patrimoniales del deudor
Una vez declarado el concurso de acreedores, el ejercicio de las facultades patrimoniales del deudor puede quedar sometido a un doble régimen, bien a la intervención o a la suspensión de las facultades para la administración y disposición de sus bienes.
En el régimen de intervención el deudor conserva tales facultades, pero sus actos quedan sometidos a la intervención de los administradores concursales. En el régimen de suspensión el deudor el ejercicio de dichas facultades queda en suspenso y pasan a ser asumidas por los administradores concursales.
Se regula esta materia en el artículo 40 LC, que establece como regla general que el régimen de intervención corresponde a los supuestos de concurso voluntario, mientras que el régimen de suspensión se acordará en los supuestos de concurso necesario, si bien en esta materia el Juez del concurso goza de amplias facultades, pudiendo acordar la aplicación de uno u otro régimen si lo estimare procedente, con independencia de la clase de concurso.
b) alcance de las limitaciones a las facultades patrimoniales del deudor
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.6 LC el ámbito material de la intervención o suspensión de las facultades patrimoniales del deudor aparece limitado a los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en la masa activa.
Según el artículo 76.1 LC “constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento”. Dicho precepto excluye expresamente de la masa activa los bienes legalmente inembargables (artículo 76.2 LC).
En consecuencia, ninguna restricción sufrirá el deudor en el ejercicio de sus derechos de la personalidad, en los derechos derivados de la relación familiar, en la facultad de testar o en el ejercicio de sus derechos de carácter político.
c) efectos de la infracción por el deudor de las limitaciones impuestas
El artículo 40.7 LC contempla la posibilidad de que la administración concursal, cualquier acreedor o quien hubiere resultado afectado por dicha actuación por parte del deudor, puedan ejercitar la acción de anulación, propiamente se trata de una anulabilidad, que se tramitará como incidente concursal.
Otro efecto derivado de dichos actos es que mientras no sean confirmados o convalidados por la administración concursal, o se acredite la caducidad de la acción o su desestimación firme, no podrán tener acceso a los Registros públicos.
d) deberes del deudor concursado
El artículo 42 LC impone al deudor de comparecer personalmente ante el Juez del concurso o ante los administradores concursales cuantas veces sea requerido, así como el colaborar o informar a dicha órganos sobre cualquier circunstancia necesaria o simplemente conveniente para el interés del concurso.
e) derecho a alimentos
Se recoge en el artículo 47 LC el derecho del deudor de percibir alimentos cuando se encuentre en estado de necesidad, y que se prestarán con cargo a la masa activa del concurso, siempre que en ella existan bienes suficientes.
f) restricciones de la capacidad procesal del deudor para el ejercicio de acciones
Se regula esta cuestión en el artículo 54 LC, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos:
Si el deudor se encontrare sujeto al régimen de intervención el deudor precisará el consentimiento de la administración concursal para interponer ejercitar acciones que puedan afectar a su patrimonio. Para ejercitar el resto de acciones conserva la capacidad procesal.
Si el deudor se encontrare sujeto al régimen de suspensión la legitimación para el ejercicio de las acciones la legitimación para el ejercicio de las acciones de contenido exclusivamente patrimonial corresponderá a la administración concursal. Para ejercitar el resto de acciones precisará la conformidad de la administración concursal tanto para ejercitar la acción como para realizar cualesquiera actos de disposición del objeto del proceso (allanamiento, desistimiento, transacción) cuando la materia litigiosa pueda afectar a su patrimonio.
El artículo 42 LC establece un deber amplio de colaboración del deudor en el proceso concursal, que se concreta en la obligación de comparecencia ante el Juez del concurso y la administración concursal cuantas veces sea requerido, con la finalidad de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso, especialmente aportando cuantos documentos y datos tengan relación con el objeto del proceso.
En el supuesto de que el deudor no cumpliera con este deberes de comparecencia, colaboración e información que la LC le impone, se contempla en la denominada LO 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, una serie de medidas que restringen determinados derechos fundamentales del deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio y libre residencia y circulación por el territorio nacional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado en diversas resoluciones, por ejemplo pueden citarse dos sentencias de fecha 17 de julio de 2003 – casos Luordo contra Italia y Bottaro contra Italia – que las medidas restrictivas de derechos fundamentales en los procesos concursales sirven a un fin legítimo.
a) intervención de las comunicaciones
b) entrada y registro en el domicilio del deudor
c) obligación de residencia y arresto domiciliario
Con carácter previo, debe ponerse de manifiesto que al afectar a derechos fundamentales, tales medidas deben adoptarse por el Juez del concurso respetando el principio de proporcionalidad, que se concreta en la exigencia de dos requisitos:
- la idoneidad de la medida, esto es, que sea adecuada y útil para la obtención del fin perseguido en el proceso concursal, que es la satisfacción del interés de los acreedores
- la necesidad, es decir que no exista alguna otra alternativa menos gravosa para asegurar el cumplimiento de los fines del concurso
Es preciso asimismo que concurra el requisito de la motivación, es decir que en el auto acordando la medida se expresen por el Juez del concurso las circunstancias que justifican la limitación de derechos fundamentales.
Es asimismo preciso que en el auto se fije la duración de la medida, con fijación del tiempo máximo de vigencia, que no podrá exceder del estrictamente necesario.
Están legitimados para solicitar la adopción de estas medidas los acreedores y la administración concursal, aunque también existe la posibilidad de que se acuerden de oficio por el Juez.
En lo que se refiere al procedimiento, se requiere la preceptiva audiencia del Ministerio Fiscal, dictándose después el auto por el Juez del concurso, contra el que cabe recurso de apelación.
Finalmente, diremos que las dos primeras medidas antes citadas, intervención de las comunicaciones y entrada y registro en el domicilio del deudor, tienen como finalidad la obtención de información y documentación que sea relevante a los fines del concurso, mientras que la obligación de residencia y el arresto domiciliario están justificadas cuando existe un peligro de fuga o de ocultación personal del deudor al proceso concursal.
a) integración en la masa pasiva del concurso
Uno de los efectos característicos del concurso es que los acreedores quedan vinculados a la ejecución colectiva de los bienes del deudor, perdiendo la posibilidad de ejercitar acciones individuales de ejecución. Es lo que se denomina como “vis atractiva del proceso concursal”.
Se recoge en el artículo 49.1 LC según el cual “Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes”. Y añade el apartado segundo de dicho artículo que “En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, que sean, además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal.
b) efectos sobre los procesos declarativos
Tenemos que distinguir dos supuestos:
1º en relación con los procesos declarativos incoados sobre materias que no sean competencia del Juez del concurso.
En este caso la tramitación del concurso no producirá efecto alguno sobre tales procesos, con la única especialidad de que se emplazará a la administración concursal y se la tendrá como parte en defensa de la masa, si se personare (artículo 50.4 LC).
2º en relación con los procesos declarativos incoados sobre materias que sean competencia del Juez del concurso, que son las descritas en el artículo 8 LC.
A su vez, distinguiremos dos supuestos:
- que el proceso declarativo se haya incoado con posterioridad a la declaración del concurso
En este caso, y conforme a lo establecido por el artículo 50.1 LC, la competencia del Juez del concurso es absoluta, por lo que el juez que conozca de esta demanda deberá dictar auto absteniéndose de conocer, por falta de competencia objetiva, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el Juez del concurso.
La competencia para el conocimiento de estos procesos declarativos se atribuye al Juez del concurso, siendo tramitados por el cauce del incidente concursal (artículo 192.1 LC).
- que el proceso declarativo se haya incoado con anterioridad a la declaración del concurso
En este supuesto habrá de aplicarse lo dispuesto en el artículo 51 LC, por lo que seguirán tramitándose ante el Juez que estuviere conociendo de los autos hasta que la firmeza de la sentencia. No obstante, existe una especialidad recogida en el artículo 51 bis 2 LC, en relación con los procesos derivados del ejercicio de la acción directa del artículo 1597 del Código Civil, respecto de los cuales la LC establece que quedarán en suspenso desde la declaración del concurso.
c) efectos sobre las ejecuciones y apremios
De los artículos 55 LC y 568 LEC se desprende que una vez se dicte el auto de declaración de concurso no podrán iniciarse procedimientos de ejecución contra los bienes que integran la masa pasiva del concurso, quedando en suspenso los ya iniciados.
d) especialidad de las ejecuciones hipotecarias y demás con garantía real
La LC – ver Exposición de Motivos - permite al acreedor hipotecario o titular de un derecho con garantía real la ejecución separada del bien afectado, respetando la naturaleza propia de estos derechos reales, que impone una regulación diferente de los derechos de crédito integrados en la masa pasiva del concurso.
No obstante, se procura por el legislador que la ejecución separada de las garantías reales no perturbe el mejor desarrollo del procedimiento concursal, ni impida soluciones que puedan ser convenientes para los intereses del deudor y de la masa pasiva.
Por ello, el artículo 56 LC contempla la posibilidad de la paralización temporal de las ejecuciones de garantías reales sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial hasta la aprobación del convenio.
e) prohibición de compensación
Se regula dicha cuestión en el artículo 58 LC, a tenor del cual declarado el concurso no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado. Ello resulta razonable por cuanto la compensación daría lugar a un trato privilegiado a favor de los acreedores-deudores del concursado frente a los demás acreedores que no son sus deudores.
No obstante, se contempla una excepción respecto de aquellos acreedores en quienes los requisitos de la compensación ya concurrían con anterioridad a la declaración de concurso y no lo hubieran hecho valer antes de dicho momento. Estos acreedores, podrán después de haberse declarado el concurso exigir la extinción de su crédito contra el concursado hasta la cuantía del crédito que el concursado tenga contra él.
Se regula esta materia en los artículos 61y siguientes de la LC, de cuya regulación podemos extraer los siguientes aspectos de interés.
1ª) vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas
En principio, y como regla general, la declaración de concurso no impide que los contratos concertados por el deudor con anterioridad a la solicitud surtan los efectos que les son propios. Si el contrato contiene obligaciones recíprocas para las partes, el artículo 61.1 LC establece que “el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso”.
Asimismo se dispone en el artículo 61.2 LC que “Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa”.
Por tanto, será la Administración concursal la que deberá calificar el contrato y las obligaciones que del mismo se desprendan, tanto para el concursado como para la otra parte, lo cual habrá de verificar en el denominado trámite de “informe”, previo a la delimitación de las masas activa y pasiva del concurso.
2ª) facultad de resolver el contrato
El referido precepto, en el segundo párrafo del apartado segundo, contempla la posibilidad de que, tanto la administración concursal como el propio deudor concursado, puedan “solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso”, lo cual, y en el caso de que no exista acuerdo entre las partes del contrato, dará lugar a la existencia de un incidente concursal que se resolverá por el juez del concurso, con audiencia de la otra parte contractual, del deudor y de la administración concursal, dictando finalmente un auto en el que resolverá lo que estime procedente en derecho, “acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa”.
3ª) ineficacia de las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes
Así específicamente lo dispone el apartado tercero del artículo 61 LC, que establece que dichas cláusulas “se tendrán por no puestas”, por lo que no vincularán al juez del concurso.
4ª) acciones de resolución por incumplimiento
Se regula en el artículo 62 LC la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda ejercitar la acción de resolución por incumplimiento contractual de la otra parte, que dará lugar asimismo al correspondiente incidente concursal, y cuyos efectos contempla de forma pormenorizada dicho precepto.
Si el juez entiende, “atendiendo al interés del concurso”, que lo más adecuado sea acordar el cumplimiento del contrato, serán “a cargo de la masa las prestaciones debidas o que deba realizar el concursado”.
Si el juez accede a la resolución del contrato “quedarán extinguidas las obligaciones pendientes de vencimiento”. En cuanto a las vencidas, “se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda”.
5ª) rehabilitación de contratos de préstamo y de créditos
Regula este supuesto el artículo 68 LC. Se trata de la facultad que se atribuye a la administración concursal para pedir la rehabilitación de esta clase de contratos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
a) que se haya producido el vencimiento anticipado, por impago de cuotas de amortización o de intereses devengados, dentro de los tres meses anteriores a la declaración de concurso.
b) que, antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa.
No obstante, el ejercicio de la facultad de rehabilitación del contrato por parte de la administración concursal no surtirá efecto en el caso de que el acreedor se hubiere opuesto a la rehabilitación y, con anterioridad a la apertura del concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra cualquier garante.
6ª) rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado
Se regula en el artículo 69 LC, el cual toma como referencia los contratos cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concurso. Se requiere asimismo para que la administración concursal pueda rehabilitar el contrato que antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la rehabilitación y asuma los pagos futuros con cargo a la masa.
El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando, con la misma antelación, hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero, lo que habrá de acreditar suficientemente si no constare a la administración concursal.
7ª) enervación del desahucio en arrendamientos urbanos
Se contempla en el artículo 70 LC la posibilidad que la administración concursal pueda enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a la declaración del concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento.
En tales casos, deberán pagarse con cargo a la masa todas las rentas y conceptos pendientes, así como las posibles costas procesales causadas hasta ese momento. No será de aplicación en estos casos la limitación que establece el último párrafo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Publicado por Juan José Cobo Plana en 18:49
Etiquetas: Artículos Doctrinales, Concurso de Acreedores, Derecho Concursal

References: artículo 85
 artículo 45
 artículo 231
 artículo 48
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 176
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 165
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 231
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 2
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Artículo 2
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 artículo 20
 artículo 2
 artículo 21
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 artículo 61
 artículo 61
 resolución 
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 artículo 61
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 artículo 62
 resolución 
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 artículo 68
 artículo 69
 resolución 
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 artículo 70
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