Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421232.html
Timestamp: 2019-03-19 20:59:37+00:00

Document:
as201421232
Auto Supremo: 232/ 2014
Expediente: LP-30-14-A
Partes: Porfirio Soto y Olimpia García García. c/ Francisco Cavalcanti Montaño y
María Eugenia Paz.
VISTOS: El recurso de casación en la forma interpuesto por Porfirio Soto y Olimpia García García de fs. 203 a 206, contra el Auto de Vista D-161/2013 de 29 de agosto de 2013 de fs. 199 a 201 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de Fraude Procesal seguido por Porfirio Soto y Olimpia García García contra Francisco Cavalcanti Montaño y María Eugenia Paz, respuesta de fs. 209 a 210; concesión de fs. 211, los antecedentes del proceso y:
El Juez Quinto de Partido en lo Civil Comercial, pronunció Auto Interlocutorio Definitivo Nº 173/2011 de 18 de Julio de 2011 cursante de fs. 112 a 115, declarando PROBADA LA EXCEPCION PREVIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE OBRAR, interpuesta a fs. 46-47 por Francisco Franz Cavalcanti Montaño y María Eugenia Paz de Cavalcanti.
Contra la referida Resolución, Porfirio Soto y Olimpia García García por memorial de fs. 130 a 132, interpusieron recurso de apelación.
En virtud a esos antecedentes, la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, (mediando Auto de Vista de fs. 149 y vlta. anulado por Auto Supremo de fs. 179 a 181 y vlta.) emitió el Auto de Vista cursante a 199 a 201 y vlta., por el que CONFIRMA la Resolución Nº 173/2011 de 18 de julio de 2011 de fs. 112 a 115 de obrados.
Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma, interpuesto por parte de Porfirio Soto y Olimpia García García, que se analiza.
Luego de argumentar sobre la procedibilidad del recurso de casación y la garantía que tuvieran las partes a impugnar, en un segundo punto bajo el rótulo de FALTA DE MOTIVACIÓN refiere que uno de los requisitos básicos del Debido Proceso fuera la motivación de los fallos, que todo litigante tuviera el derecho de conocer los motivos y fundamentos por los que la autoridad judicial toma una determinación. El considerando III del Auto de Vista fuera el fundamento de la parte dispositiva, describiendo la cantidad de párrafos, de los que 13 fueran destinados a transcribir citas doctrinales y jurisprudenciales, la definición de que fuera “fraude” en derecho y procesal. Que la sentencia constitucional que se alude estuviera referida a la legitimación activa dentro de un proceso de Amparo Constitucional.
Que en la legitimación activa en materia civil, tendría que ver con la titularidad del derecho que se pretende ejercitar con la demanda o con una cualidad específica, como en el caso de ser terceros interesados, en su calidad de poseedores. Que en su último párrafo se haría una escueta referencia al recurso de apelación, en que se manifestaría que de los datos del proceso los demandantes no son, ni eran titulares de dicho bien inmueble, ni a título originario ni derivativo, además de no haber participado como parte dentro del proceso señalado de fraudulento, ello fuera insuficiente, pues no haría referencia al punto central del recurso de apelación que en calidad de legítimos poseedores del bien inmueble de la calle Pisiga No. 500 en que vivieran con sus hijos hace mas de 20 años, que el Auto de Vista debió explicar desde el punto de vista factico y legal porque considera que carecen de legitimación activa, que ilegítimamente hubieran usucapido los demandados.
No habría cita de normas legales sin la mención de que no fueran parte del proceso de usucapión y que tampoco hubieran sido citados como demandados y que la doctrina y jurisprudencia fueran incongruentes con el objeto de la apelación.
Como un segundo punto de reclamo refiere VIOLACION AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, y que el art. 236 del Código de Procedimiento Civil establecería que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior, objeto de apelación y fundamentación, que el punto central de su recurso de apelación fuera la de establecer que en calidad de terceros interesados que derivaría en ser los verdaderos y legítimos poseedores del inmueble donde vivirían con sus hijos. Con respecto a ello, el Ad quem no se pronunciaría cuando aquello fuera la parte central del Recurso de apelación y violaría así el principio de congruencia y les pondría en estado de indefensión.
Se hace referencia a Jurisprudencia de la Ex Corte Suprema, referida a la resolución en Auto de Vista a los agravios expuestos. Refiere al art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil que establecería como causal de casación en la forma, otorgar mas de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente. Reitera que no habría pronunciamiento sobre el punto central del recurso de apelación en relación a los terceros interesados y por lo mismo plena legitimación para interponer demanda de fraude procesal, infringiendo el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, inmerso en lo dispuesto por el art. 254-4) de la referida norma.
Se acusa en un punto III incumplimiento del Auto Supremo Nº 54/2013, que en su tercer considerando habría determinado se analice con detenimiento y prolijidad lo expuesto en el recurso de apelación, y en ella habrían referido ser los verdaderos y legítimos poseedores del bien inmueble por mas de 20 años, que hubiera sido objeto de usucapión por los ahora demandados que esa condición les daría legitimación activa para constituirse en demandantes del fraude procesal en calidad de terceros interesados.
Como petitorio refiere se dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista materia del recurso.
El recurso de casación en la forma basa sus fundamentos en dos aspectos, el primero referido a la presunta falta de motivación y el segundo relativo a la presunta violación al principio de congruencia.
En relación al primero habrá que señalar que por motivación en los fallos, se entiende como la justificación razonable que respalda una resolución judicial, es decir, plasmar por escrito las razones en virtud de las cuales se toma una decisión determinada, que sirve como mecanismo interno para que los Tribunales superiores puedan ejercer un control así sea mínimo de los razonamientos esgrimidos por los Jueces de instancias inferiores.
Otro aspecto que se cumple con la fundamentación, está inmerso en el entendimiento del fallo, es decir, la racionalidad de las resoluciones dentro del marco de la normativa legal que rige la materia a partir de los principios rectores de la Constitución Política del Estado.
Desde la perspectiva señalada, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado como uno de los elementos del debido proceso, el cual se verá reflejado en la resolución cuando se han expuesto los hechos, efectuado la fundamentación legal y cita de las nomas que sustentan la parte dispositiva, cuando existe omisión de esos aspectos, se estará frente a una resolución que impide a las partes conocer cuales son las razones que sustentan el fallo.
En el caso en cuestión, el Auto de Vista recurrido, hace explicación desde su punto de vista, el porque considera que es correcta la determinación asumida por el A quo, desarrollando en el considerando III, de manera extensa las razones por las que explica primero el entendimiento de lo que representa fraude procesal, posteriormente lo referido a la capacidad y legitimación que deben ostentar las partes, además del interés para la obtención de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona y otras consideraciones que en definitiva constituyen el fundamento necesario para que arribe a la conclusión en la parte dispositiva, de que el Auto apelado merece confirmación, no siendo evidente que tan solo en el último párrafo se hubiera hecho alguna consideración con relación al tema apelado.
Los recurrentes como falta de motivación pretenden se ingrese a aspectos de fondo, cuando por ejemplo se discuta sobre la legitimación en su calidad de tercero interesado y su calidad de poseedores, lo cual no es posible considerarlo, pues los propios recurrentes reconocen que en un último párrafo y de manera escueta se haría referencia a su reclamo, pretendiendo vincular a la vez discusión sobre la calidad de legítimos poseedores del bien inmueble sobre la calle Pisiga No. 500, aspecto que debió ser solicitado en el fondo y no en la forma, consecuentemente no se encuentra transgresión de norma alguna, mas aun si consideramos que en el texto del reclamo no se hace mención de ninguna norma como transgredido.
El siguiente punto cuestionado es la presunta violación al principio de congruencia que iría en contra de lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, entendiendo que el punto central del recurso fuera la de establecer que, en calidad de terceros interesados podrían intervenir en el proceso como tal, al ser los verdaderos y legítimos poseedores, este es un aspecto que no hace a la forma, sino al razonamiento de fondo, en consideración a que los recurrentes bajo el rótulo de violación al principio de congruencia pretenden se ingrese a considerar la calidad o condición que revestirían como ocupantes del inmueble usucapido por los demandados y la legitimación que tuvieran para accionar la demanda de fraude procesal. El tribunal Ad quem de manera congruente con el razonamiento que expuso, desde su punto de vista, en función a los argumentos que expuso en el Considerando III, confirmó el fallo recurrido, es decir, la parte resolutiva es consecuencia del razonamiento expuesto en la parte considerativa y tiene pertinencia, de manera que al pretender los recurrentes no se haya ingresado con mayor énfasis a la determinación por parte del Ad quem sobre el pronunciamiento de la legitimación, es un razonamiento equivocado, pues de considerar que ello era evidente, lo correcto era plantear recurso de casación en el fondo a fin de verificar si el razonamiento expuesto tiene o no sustento, pero no como se pretende, rever el razonamiento mediante un recurso de casación en la forma. Se pretende finalmente que no existiría pronunciamiento sobre el punto central de la apelación, cuando de manera contradictoria los mismos recurrentes al plantear en el primer punto referido a la motivación señalaron que de manera escueta se habría hecho referencia al punto central de su apelación, de manera que el entendimiento que exponen resulta confusa y contradictoria, consecuentemente así sea de manera sintetizada, el Auto de Vista dio respuesta fundamentada sobre los puntos de apelación, habiendo cumplido con lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, no pudiendo enmarcarse su pretensión en lo previsto por el art. 254-4) del Adjetivo de la materia.
Finalmente si los recurrentes consideraban que el Ad quem no cumplió con lo determinado por el Auto Supremo Nº 54/2013, al no dilucidar aspectos referidos de ser ellos los verdaderos y legítimos poseedores del bien inmueble, que desde la perspectiva de este Tribunal si se dio cumplimiento conforme al razonamiento expuesto en un anterior fallo, debieron haber una vez mas planteado sus cuestionamientos en el fondo y no en la forma bajo el pretendido de falta de motivación y falta de congruencia, que se verifican en el Auto de Vista se cumplieron a cabalidad.
Consecuentemente los argumentos expuestos en la forma con la pretensión de anular nuevamente el Auto de Vista, no tienen sustento.
En virtud a lo expuesto, corresponderá dar aplicación a lo previsto por el art. 271 núm. 2) de Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los artículos 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, contenido en el memorial de 15 de noviembre de 2013 que corre de fs. 203 a 206, contra el Auto de Vista Nº D-161/2013 de 29 de agosto de 2013 de fs. 199 a 201 y vlta presentado por Porfirio Soto y Olimpia García García. Con costas.
Se regula los honorarios profesionales del abogado en la suma de Bs. 1.000.

References: Resolución 

Resolución 
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 artículo 42