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Timestamp: 2020-02-23 22:40:47+00:00

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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Agosto de 2006, M. 802. XXXIX - Jurisprudencia - VLEX 40305479
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Agosto de 2006, M. 802. XXXIX
S.C.M. n° 802, L. XXXIX.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IV), confirmó la sentencia de grado y rechazó la demanda por incapacidad laboral sustentada en la ley civil (cfse. fs.
458/461).
Para así resolver, en suma, adujo la constitucionalidad del artículo 39 de la ley n° 24.557 y juzgó aplicable el antecedente de Fallos:
325:11, al tiempo que estimó que los cuestionamientos al artículo 12 del decreto n° 491/97 eran ajenos a la causa y, en todo caso, debían formularse en el fuero correspondiente, en el supuesto de promover un reclamo contra terceros. Desestimó, por último, la aseveración de la actora en orden a que el régimen especial la priva de una reparación por la muerte de su hijo; así como que se hubiera logrado demostrar la existencia de un gravamen económico (fs. 516/518).
Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario (fs. 524/532), que fue contestado (fs.
536, 537/538) y denegado a fojas 540, dando lugar a la queja (fs. 171/181 del cuaderno respectivo).
En síntesis, la recurrente aduce que el resolutorio involucra un asunto federal en los términos del artículo 14, inciso 1°, de la ley n° 48, pues se debate la validez constitucional de los artículos 1 y 39 de la ley n° 24.457 y 12 del decreto n° 491/97. Sostiene, igualmente, que es arbitrario, por cuanto introduce afirmaciones dogmáticas que constituyen unfundamento aparente sobre la constitucionalidad de la prohibición de la vía civil, al tiempo que arguye que la
Alzada no concreta un tratamiento cierto de lo que se refiere al artículo 12 del decreto citado y soslaya los extremos del caso al aplicar el precedente de Fallos: 325:11. Destaca que recién el decreto n° 1278/00 reconoce legitimación activa a los progenitores del trabajador siniestrado (fs. 524/532).
Creo menester puntualizar ante todo, dado que la accionante recurrió la sentencia con sostén en la falta de fundamento del fallo de la alzada, que, sin perjuicio de la materia federal planteada, corresponde tratar, en primer orden, los agravios que atañen a la arbitrariedad, dado que de existir no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha (cf.
En tal sentido, entiendo que se debe hacer lugar al recurso interpuesto pues el juzgador, en suma, basó su decisión en el precedente "G." (Fallos: 325:11), sin concretar un esfuerzo argumentativo que justifique su aplicación al sublite, máxime cuando, prima facie, las circunstancias fácticas de uno y otro caso aparecen como disímiles (v. Fallos: 312:1473, 2096; entre otros).
En efecto, el pronunciamiento recurrido no tiene en cuenta que las co-demandadas no desconocen el infortunio laboral que ocasionó la muerte del trabajador, sino que se limitan a sostener que ocurrió por culpa de la víctima (fs.
En consecuencia, lejos nos hallamos aquí de desconocer la existencia y cuantía del daño y de los eventuales resarcimientos, como en el antecedente al que se acude (v. Fallos: 325:11, cons. 12), y, por ende, del riesgo sobre el que allí se alerta de que se predique in abstracto
S.C. M. n° 802, L. XXXIX.
Procuración General de la Nación que la ley especial conduce a la concesión de reparaciones menguadas, con menoscabo de derechos de orden constitucional (cfr. Fallos: 325:11, cons. 18).
Por lo demás, la actora alegó al reclamar que, a la fecha del infortunio (20.10.97), el régimen especial le desconocía legitimación para requerir un resarcimiento por la muerte de su hijo (cfr. art. 18, ítem 2, LRT, en su redacción original), la que recién vendría a estar dada por la modificación introducida al precepto a través del decreto n° 1278/00 (BO:
03.01.01), circunstancia que la condujo a promover la demanda en el marco de la legislación civil y en materia de higiene y seguridad laboral, previo cuestionar la constitucionalidad de la prohibición de acudir a esa vía (cfr. fs. 23), y de la que la Juzgadora no se hace debidamente cargo.
En ese contexto, es claro que la alzada, de un lado, soslayó considerar que la actora carecía -a prioride legitimación para reclamar en el marco de la ley n° 24.557; de otro, que se expidió por la validez de los artículos 1 y 39 de la citada normativa de manera dogmática, prescindiendo de los extremos de la causa.
Se suma a lo que antecede que tampoco puede pasarse por alto que la peticionante en su demanda, además de resistir -insisto- la aplicación de la ley n° 24.557, cuestionó las normas contenidas en el artículo 12 del decreto n° 491/97 (fs.
24/25); reproche que fue descartado por la Sala sin dar razones suficientes para ello (cfr. ítem I del dictamen). Lo anterior es así, tanto más cuando se advierte, por una parte, que el juez a quo se declaró competente para conocer en las actuaciones; y por otra, que situada en el marco del artículo 39, puntos 4 y 5, de la ley n° 24.557, la actora promovió
acción en el ámbito del derecho civil contra el empresario principal de la obra y su contratista (cf. fs.
458/461), sujetos a quienes el reglamento cuestionado -contrariando la preceptiva de fondo, en la perspectiva de la actora- exceptúa de la calidad de terceros y, con ello, de la posible reclamación en el plano de la ley civil (arts. 39.4, LRT y 12, pár. 2°, dec. n° 491/97). No es ocioso resaltar a este respecto que, si bien la pretensora, en origen, reclamó también al empleador del operario siniestrado, más tarde desistió de dicha pretensión, sin que se concretara, por otra parte, la citación del último como tercero por las co-demandadas (v. fs.
459vta., ítem V).
Frente a tales elementos, que diferencian, insisto, el presente caso del de Fallos: 325:11, donde ni siquiera se había substanciado el proceso, cabe tener presente lo expresado por V.E. al examinar la causa S.C.
2652, L XXXVIII "A., Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.", del 21 de septiembre de 2004; recientemente ratificado en autos S.C. D. 995, L. XXXVIII; "Díaz, T. c/ Vaspia S.A.", del 7 de marzo del corriente, a cuyos términos cabe remitir, en lo pertinente, brevitatis causae.
Concluyo que la decisión de la Cámara no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a la circunstancias del caso, por lo que, al afectar las garantías constitucionales invocadas, corresponde descalificarla con base en la doctrina de la arbitrariedad. Lo anterior es así, tanto más a la luz de las consideraciones expresadas por V.E. al examinar el antecedente de Fallos: 327:3753 ("A."), al que se hizo referencia precedentemente.
Lo aseverado no implica anticipar un criterio sobre la solución que, en definitiva, procede adoptar sobre el fondo del tema, extremo que, por otra parte, es potestad exclusiva
Procuración General de la Nación de las instancias competentes en tales materias, ajenas a la vía del artículo 14 de la ley n° 48, sin perjuicio de que el alcance de la propuesta me exima de tratar los restantes agravios.
Por lo dicho, estimo que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y restituir las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado.
Es copia M.A.B. de G.
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 26 de Febrero de 2010 (caso Flores, Myriam Beatriz C/ Cromwell Plc Cooperativa de Credito Consumo y Vivienda Limitada S/ Despido)

References: artículo 39
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 39
 artículo 14