Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/692093273
Timestamp: 2019-03-22 07:08:29+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 413/17 de Corte Constitucional, 28 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 692093273
Actor: CARLOS DANIEL GARCIA NARVEZ
Demandado: CNSC
Expediente: T-6045879
DERECHO AL DESEMPEÑO DE CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS Y DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. VULNERACION POR NO ADMITIR AL ACCIONANTE EN CONCURSO POR TENER TATUAJE. El accionante considera que la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró sus derechos fundamentales, al excluirlo de un concurso público de méritos para acceder al cargo de dragoneante del INPEC, porque en el examen médico que le realizaron lo calificaron como no apto por tener un tatuaje en el brazo. Asegura, que dicha razón es discriminatoria, pues el tatuaje no es visible y que existen dragoneantes que tienen este tipo de grabados en su piel y actualmente desempeñan el cargo. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos que reglamentan o ejecutan un concurso de méritos y se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los tatuajes. La Corte considera que la exclusión del actor del proceso de selección referido, por tener un tatuaje en un lugar que no es visible con los uniformes dispuestos por la entidad es una medida desproporcionada y por tanto, constitutiva de violación de los derechos fundamentales al trabajo, al acceso a la función pública y al libre desarrollo de la personalidad. Se CONCEDE el amparo solicitado y se ordena a la CNSC readmitir al peticionario en el proceso de selección mencionado. Se dispone para tales efectos, que se agoten con él las etapas del proceso que no haya realizado y, en el caso de aprobarlas, incluirlo en la lista de elegibles.
Acción de tutela instaurada por C.D.G.N. contra la Comisión Nacional del Servicio Civil
En la revisión de la providencia de segunda instancia, dictada el 14 de febrero de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en primera instancia el 15 de diciembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, dentro de la acción de tutela promovida por C.D.G.N. contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El 2 de diciembre de 2016, el señor C.D.G.N., actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, al considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y al trabajo, como consecuencia de su exclusión de la Convocatoria 335-2016 para acceder al cargo de dragoneante del INPEC dentro de la cual fue inhabilitado por tener un tatuaje en el brazo.
El accionante relata que en el mes de febrero de 2016 se presentó a la Convocatoria 335 de 2016 abierta por la Comisión Nacional del Servicio Civil para acceder al cargo de dragoneante del INPEC.
Agrega que superó las pruebas psicológico-clínica, de valores, físico-atlética y la entrevista.
El accionante señala que posteriormente se le practicó la valoración médica, la cual arrojó como resultado “No Apto” por “inhabilidad relación exámenes de médico ocupacional “tatuaje””[2].
Por considerar que tal decisión era discriminatoria, el señor G.N. se dirigió a la Comisión Nacional del Servicio Civil para manifestar su inconformidad por los resultados y solicitar que programaran una nueva valoración médica. La mencionada entidad sostuvo que la reclamación del accionante fue extemporánea y que no había lugar a repetir los exámenes médicos. A su vez, la Comisión manifestó que la decisión de inhabilitar al accionante se funda legalmente en el profesiograma para el cargo de dragoneante del INPEC.
El accionante aduce que su tatuaje no es visible, pues se encuentra en el brazo y, al usar el correspondiente uniforme, el tatuaje no puede ser percibido.
El señor G.N. manifiesta que, al momento de inscribirse en el concurso, podía consultarse en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil el profesiograma del cargo de dragoneante en donde consta la inhabilidad por tatuajes visibles y la justificación de tal inhabilidad.
Refiere que, durante el desarrollo del concurso, la Comisión Nacional del Servicio Civil, explicó que por tatuaje visible como causal de exclusión prevista en las normas de la convocatoria se entiende aquellos ubicados en las partes del cuerpo de fácil identificación y visualización como “las manos, cara, cuello, brazos, antebrazos, etc”.
El accionante argumenta que muchos dragoneantes tienen tatuajes en alguna parte de su cuerpo, lo cual no ha sido impedimento para que desempeñen sus labores en el cuerpo de custodia y vigilancia.
Solicita que se le declare apto para continuar con el curso-concurso para el cargo de dragoneante y que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil que en un término perentorio de 48 horas continúe con el proceso de selección.
Mediante auto del 5 de diciembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto admitió la acción de tutela y vinculó a la Universidad M.B. y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Pasto con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos relatados en la tutela. Adicionalmente, vinculó a los terceros interesados en la presente acción con el propósito de hacer uso de su derecho a la defensa y que se pronuncien sobre los hechos que motivaron la acción de amparo. Para lo anterior ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Universidad M.B. y al INPEC que publicaran durante dos días en los portales web de cada entidad, la tutela presentada por el accionante y allegaran al despacho las manifestaciones que se produjeran en esa oportunidad.
Determinó que no se violaban los derechos fundamentales del señor G.N., pues el accionante efectivamente estaba incurso en una causal de exclusión del proceso de selección porque posee un tatuaje ubicado en el brazo. La aclaración durante el desarrollo del concurso se expidió en ejercicio de la facultad contenida en el literal b) del artículo 15 del Acuerdo 563 de 2015 y, en ese sentido, no es una modificación de las reglas que implique violación al debido proceso.
Así mismo, volvió a presentar los argumentos como el concepto solicitado por la Universidad M.B. a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre el entendimiento de la inhabilidad por “tatuaje visible” y el hecho de que “muchos dragoneantes, ya dentro de la institución tienen tatuajes en alguna parte de su cuerpo y esto no ha sido impedimento, para que sigan con sus labores de cuerpo de custodia y vigilancia”[8].
El accionante interpuso acción de tutela contra la CNSC por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, trámite al que se vincularon el INPEC, la Universidad M.B. y la IPS Fundemos.
Para abordar el problema jurídico planteado, la Sala: (i) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la práctica de tatuajes para, con fundamento en ese marco constitucional; (ii) resolver el caso concreto.
En el caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que C.D.G.N. tiene legitimación por activa para formular la acción de tutela de la referencia, en la medida en que es titular de los derechos constitucionales fundamentales cuya defensa inmediata invoca.
La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en el evento en que se acredite la misma en el proceso[20]. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares.
En el expediente de la referencia, la acción de tutela se dirige en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. Se trata de una entidad pública de origen constitucional[21] que tiene capacidad para ser parte, y tiene a su cargo la función de establecer los reglamentos y lineamientos generales con los cuales se desarrollan los procesos de selección para la provisión de empleos de carrera, por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar en este proceso según los artículos 86 Superior y el 5º del Decreto 2591 de 1991.[22]
Respecto de la Universidad M.B., se tiene que la institución de educación superior suscribió un contrato con la Comisión Nacional del Servicio Civil cuyo objeto es “desarrollar desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la publicación de convocados a curso” de dragoneantes del INPEC. En este sentido, la Universidad realizó la etapa de valoración médica del concurso y le correspondía resolver las reclamaciones de los aspirantes con ocasión de los resultados de la misma[23].
El INPEC fue vinculado al trámite de la acción de tutela como entidad pública de origen legal[24] que tiene capacidad para ser parte, y expidió la Resolución No. 005657 del 24 de diciembre de 2015 como una de las normas que rigen el concurso-curso abierto de méritos y estableció los tatuajes como inhabilidad para el desempeño del cargo de dragoneante. Por lo tanto, se encuentra legitimado en la causa por pasiva para actuar en este proceso.
El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela no procede cuando se trata de actos de carácter general, impersonal y abstracto. En ese sentido, la Corte ha indicado que esta acción no procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.[26] Lo anterior se debe a que, dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción constitucional, quien pretenda controvertir el contenido de un acto administrativo, debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la jurisdicción contencioso administrativa
En el caso concreto, la Sala considera que la tutela procede como mecanismo definitivo de protección de los derechos fundamentales invocados por el accionante, puesto que los mecanismos ordinarios de defensa judicial a disposición del accionante no son idóneos ni eficaces.
Pese a lo expuesto por la Sala Penal de la Corte Suprema que en segunda instancia consideró que no se cumplía el presupuesto de subsidiariedad porque el accionante cuenta con la suspensión provisional, la Corte Constitucional ha señalado, en casos similares al actual, que “es claro que la existencia de la suspensión provisional del acto que ordena la exclusión de los accionantes no tiene el efecto, como se desprende de su rigor normativo[28]http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-785-13.htm - _ftn29, de que los demandantes pudiesen reingresar al proceso adelantado por la CNSC, lo que los pondría en la imposibilidad de obtener una respuesta inmediata frente a la resolución de su controversia”[29].
Esta Corporación ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[35], su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo[36], habida cuenta de que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados[37]. En tal sentido, la regla de inmediatez se encuentra orientada a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros[38].
En el asunto de la referencia, el requisito de inmediatez se cumple toda vez que entre la fecha en que la CNSC respondió a la reclamación efectuada por el accionante y confirmó su exclusión de la Convocatoria (18 de noviembre de 2016) y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela (2 de diciembre de 2016), transcurrieron 14 días.
Con fundamento en lo anterior, se encuentra establecida la procedencia de la acción de tutela en el presente caso. Por tanto, a continuación se presentarán los aspectos de fondo anunciados para pasar a la solución del problema jurídico formulado.
El artículo 16 de la Constitución Política reconoce el derecho de las personas a desarrollar su personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico. De conformidad con este enunciado constitucional, la Corte ha dicho que este derecho se encuentra íntimamente ligado con la dignidad humana y se encuadra en la cláusula general de libertad que le confiere a la persona natural la potestad para decidir autónomamente sobre sus diferentes opciones vitales, dentro de los límites mencionados[40].
En este orden de ideas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la autonomía indudablemente conlleva a la construcción de la identidad personal como la facultad de decidir quién se es como ser individual[43]. Es decir, la posibilidad de autodefinirse desde la apariencia física, el modelo de vida que se quiere llevar hasta la identidad sexual o de género[44]. Lo anterior incluye un amplio espectro de decisiones que abarcan desde la ropa que se lleva[45]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/c-246-17.htm - _ftn77, el peinado[46], los aretes, adornos, tatuajes o su ausencia[47], el modelo de vida que se quiere llevar hasta la determinación del género como “las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y [e]l significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas”[48] y el nombre.
Correlativamente, este derecho implica una restricción para el Estado como una obligación de no interferencia y para la sociedad del respeto de las decisiones que hacen parte del ámbito de la intimidad de cada persona, lo cual incluye la expresión exterior del sujeto en el ejercicio de la autonomía personal, siempre que ésta no afecte derechos de terceros ni los valores y principios del Estado. Así pues, el ejercicio de algunas de las libertades que se derivan del libre desarrollo de la personalidad a su vez se inscriben en las protecciones del derecho a la intimidad que “hace parte de la esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico”[49].
En este sentido, el reconocimiento de la autonomía personal comprende el respeto del ámbito que le corresponde a la persona como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia, pero también acerca de su apariencia y su identidad. De ahí que decidir por éste, es “arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen”[50]. Así pues, el ámbito que encierra este derecho, comprende la libertad general de acción, esto es, que la persona pueda hacer o no lo que considere conveniente. La amplitud de su objeto se explica por el propósito del Constituyente de reconocer “(…) un derecho completo a la autonomía personal, de suerte que la protección de este bien no se limite a los derechos especiales de libertad que se recogen en el texto constitucional, sino que las restantes manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de autonomía ingresen en el campo del libre desarrollo de la personalidad. El mencionado derecho representa la cláusula de cierre de la libertad individual”[51].
En conclusión, el derecho al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la autonomía personal protege la posibilidad para los individuos de escoger libre y espontáneamente, según sus convicciones y criterios, el modelo de vida que deseen llevar a cabo, sin interferencias indebidas. Lo anterior, significa la posibilidad de construir la identidad personal mediante la autodefinición, lo cual cobija desde la apariencia física y el modo de vida hasta la identidad sexual o de género. En concordancia, la naturaleza de estas determinaciones también está amparada por el derecho a la intimidad y de la garantía de ambas protecciones se fundamenta la prohibición de interferencia del Estado o terceros en el ejercicio de este derecho que encuentra sus límites en los derechos de los demás y el orden jurídico.
Al respecto del problema jurídico concreto, cabe destacar que en la Sentencia T-030 de 2004[52], la Corporación constató que considerar como no apto “para el servicio penitenciario y carcelario a un candidato que presente tatuajes o incluso cicatrices por retiro de los mismos” es manifiestamente inconstitucional por cuanto lesiona gravemente los derechos fundamentales a la identidad personal y a la propia imagen[53]. Del mismo modo, la Sentencia T-717 de 2005 se refirió a las cicatrices resultantes de la remoción de tatuajes como causal de exclusión de un proceso de ingreso a la Policía Nacional y consideró que tal actuación correspondía a un aspecto estético que constituía una “vulneración de su derecho a la identidad personal y a la propia imagen”[54]. En conclusión, es claro que la Corte ha establecido que existe una relación entre la presencia de tatuajes y los derechos al libre desarrollo de la personalidad, acceso a cargos públicos y trabajo, susceptible de protección constitucional.
Como fue previamente anunciado, el examen de la Corte consiste en determinar si la exclusión del accionante del concurso abierto de méritos para proveer los cargos de dragoneante del INPEC por incumplir una de las condiciones de aptitud médica establecida en las normas que rigen el concurso (“tatuaje visible” en el brazo) vulneró su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cabe mencionar que la inhabilidad por tatuaje visible, aunque es establecida dentro del concurso de méritos en la etapa de valoración médica, no guarda relación con el funcionamiento del cuerpo, ni el INPEC o las otras entidades encargadas de adelantar las fases del concurso brindan justificaciones de índole médica de la inhabilidad por tatuajes visibles.
Respecto del juicio o test de proporcionalidad, cabe recordar que este es una herramienta empleada por los Tribunales constitucionales para efectos de examinar la constitucionalidad de específicas limitaciones o restricciones de derechos fundamentales[55] y establecer si “determinada medida resulta adecuada y necesaria para la finalidad perseguida, sin que se sacrifiquen valores, principios o derechos de mayor entidad constitucional para el caso concreto que se analiza”[56].
El principio de proporcionalidad que subyace al mencionado juicio parte de la premisa según la cual “ningún órgano o funcionario público puede restringir los derechos fundamentales sino cuando se trata de una medida estrictamente necesaria y útil para alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el beneficio en términos constitucionales es superior al costo que la restricción apareja. Cualquier restricción que no supere este juicio carecerá de fundamento constitucional y, por lo tanto, debe ser expulsada del mundo del derecho”[58].
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el test de proporcionalidad adopta diversas modalidades – leve, intermedia o estricta – según su grado de intensidad[59]. En este sentido, la Corte Constitucional ha desplegado un test estricto de proporcionalidad cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos, prima facie, afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental[60].
Teniendo en cuenta que la medida de exclusión del concurso para proveer los cargos de dragoneantes del INPEC por presentar tatuajes visibles restringe el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, esta Sala desarrollará para el caso concreto un test estricto de proporcionalidad de la medida respecto de las particularidades del accionante G.N. para determinar si su exclusión del proceso de selección es constitucionalmente admisible o, por el contrario, constituye una restricción inconstitucional por desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad del accionante.
Sobre los pasos que componen el test estricto de proporcionalidad la Corte ha manifestado que los elementos de análisis “son los más exigentes, en la medida en que, en desarrollo del mismo, el fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso, y el medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino, además, necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, en el test estricto se incluye, como cuarto paso, la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la medida deben exceder claramente las restricciones impuestas por la medida sobre otros principios y valores constitucionales”[61].
El INPEC adoptó la Resolución No. 005657 del 24 de diciembre de 2015 mediante la cual estableció como una de las inhabilidades médicas para los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC la presencia de “tatuajes visibles”. Mediante oficio del 20 de septiembre de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil expuso que por tatuaje visible “se puede entender como partes del cuerpo de fácil identificación y visualización como lo son las manos, cara, cuello, brazos antebrazos, etc., lo cual podría vulnerar la seguridad de la persona”. El Acuerdo 563 de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil se refirió en su artículo 6º a esa Resolución, como una de las normas que rigen el concurso-curso abierto de méritos y con fundamento en ella se adelantó la valoración médica al accionante que arrojó como resultado “no apto”, por tener un tatuaje en su brazo derecho, arriba del codo.
A juicio de la Sala, la finalidad de preservar la integridad y seguridad de los dragoneantes manifestada por el INPEC para la medida que fija como una inhabilidad para el cargo de dragoneante la presencia de tatuajes visibles tiene fundamento en disposiciones constitucionales. En este sentido, la Constitución determina que las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en territorio colombiano[62] y además consagra la vida como un derecho inviolable[63]. Con base en lo anterior, es plenamente válido y constitucionalmente legítimo, a la luz de las normas constitucionales, que el INPEC adopte medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física de sus dragoneantes.
Corresponde ahora establecer si la inhabilidad médica por tatuajes visibles de la que fue objeto el accionante constituye una medida idónea y eficaz para lograr la finalidad de preservar su integridad y seguridad. En este sentido, el INPEC aportó como justificación de la inhabilidad por tatuajes visibles que tales figuras permiten la identificación y el señalamiento del personal de los establecimientos penitenciarios por parte de los internos, que “se traduce en una inhabilidad por razones de seguridad”[67]. De este modo, con la ausencia de tatuajes visibles se busca evitar que el dragoneante “se convierta en objetivo de atentados dentro y fuera del establecimiento carcelario”[68].
Para la Sala, la medida es idónea para reducir el riesgo de identificación de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC por parte de la población reclusa de los establecimientos penitenciarios. En efecto, los tatuajes visibles pueden ser un medio para que los internos identifiquen a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. En un ambiente uniformado como es el del conjunto de dragoneantes del INPEC, un tatuaje ubicado en el brazo incrementa la posibilidad de sea individualizado y, por ende, se exponga a un riesgo en su seguridad.
Por lo anterior, la Sala concluye que la exclusión del señor G.N. por presentar tatuajes en sus brazos es una medida apta para obstaculizar o impedir su fácil identificación en caso de que se desempeñara como dragoneante del INPEC y, por ende, es un medio idóneo para garantizar la vida e integridad física del personal del instituto penitenciario.
Pese a que la exclusión del concurso de méritos del accionante por presentar un tatuaje en su brazo obedece a un fin legítimo, importante e imperioso y a que la medida es idónea y efectivamente adecuada como una medida para garantizar su seguridad e integridad, tal exclusión no es el único medio con que cuenta el INPEC para impedir la identificación del accionante por tatuajes visibles, especialmente por el lugar en el que se encuentran los tatuajes del señor G.N..
En el expediente consta que el accionante tiene un tatuaje de aproximadamente 30 cm ubicado en la cara interna del brazo derecho[69]. Igualmente el señor G.N. adjuntó fotografías en las que viste un uniforme del INPEC de manga larga y en otras en las que viste una camiseta cuyas mangas cortas cubren hasta encima de sus codos[70]. Con las fotografías muestra que, con las prendas de vestir mencionadas, el tatuaje ubicado en la cara interior de su brazo derecho no es visible[71].
En la respuesta de la Universidad M.B. se explica que “los dragoneantes del INPEC tendrán uniforme que puede tener manga larga o manga corta y esto también dependerá de la ciudad asignada y al clima de la misma, de manera que aun cuando en las fotografías aportadas al escrito, tiene el uniforme con manga larga, también podrá usar el siguiente uniforme[72]”. A partir de tal consideración, para la Sala es claro que existen otras medidas que el INPEC puede adoptar para garantizar en forma adecuada la seguridad e integridad de aspirantes como el señor G.N. que tienen tatuajes en los brazos en un lugar que sólo es visible si se lleva un uniforme sin mangas (mangas sisa), que impidan su identificación por rasgos característicos como los tatuajes visibles y que a la vez resultan menos lesivas de los derechos fundamentales al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad del accionante.
En este sentido, el INPEC puede hacer exigible que el accionante, de llegar a desempeñarse como dragoneante, porte los uniformes reglamentarios del INPEC que no permiten que su tatuaje ubicado en la cara interna del brazo derecho sea visible. Esto se refuerza con las imágenes adjuntadas por el accionante[73] en las que viste con una réplica del uniforme del INPEC y donde se evidencia que tales tatuajes son imperceptibles con el uniforme de manga larga o el uniforme de clima cálido cuyas mangas llegan a la altura del antebrazo. Al respecto, cabe decir que, en este caso, a pesar de que el tutelante tiene tatuajes en el brazo derecho y así se ha establecido la causal de exclusión, el lugar en el que están situados permite que lleve los tipos de uniformes que tiene dispuestos el INPEC, sin que el tatuaje sea visible . Solamente en los casos en que el posible dragoneante tuviera que utilizar camisetas sin mangas, por el calor o por alguna circunstancia estos serían visibles. En la respuesta del INPEC no se precisó si éste era el caso, y las respuestas de otras entidades como la Universidad M.B. muestran que los uniformes que podría usar el accionante al desempeñarse como dragoneante no permiten que el tatuaje en el brazo del accionante sea perceptible.
La aplicación de esta medida que, como ya se estableció, no es necesaria para garantizar la seguridad e integridad del accionante, lo excluye de la posibilidad de acceder al cargo de dragoneante y, en esa medida, viola sus derechos fundamentales al acceso a cargos públicos y al trabajo[74].
En estos términos, la exclusión del señor G.N. del proceso de selección para desempeñar el cargo de dragoneante del INPEC por tener un tatuaje en un lugar que no es visible con los uniformes dispuestos por la entidad, es una medida desproporcionada y, por lo tanto, tal exclusión constituye una violación de sus derechos fundamentales al trabajo, al acceso a la función pública y al libre desarrollo de la personalidad.
En consecuencia, se revocará la sentencia proferida por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 14 de febrero de 2017, que confirmó la denegación del amparo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016; y se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que readmita al accionante en el proceso de selección del concurso, se le realicen las pruebas faltantes, y si las mismas son aprobadas, y cumple con el lleno de los demás requisitos exigidos, se le inscriba en la lista de elegibles.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de febrero de 2017, que confirmó la denegación del amparo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016 dentro del proceso de tutela de C.D.G.N. contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. En su lugar, PROTEGER sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, acceso a cargos públicos y al trabajo.
Segundo.- ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que en el término de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia, readmita al señor C.D.G.N. al proceso de selección de la Convocatoria 335 de 2016 para proveer los cargos de dragoneantes del INPEC. Para tales efectos, se deberán agotar respecto del señor G.N. las etapas del proceso que él no haya realizado, y en caso de aprobarlas, deberá ser incluido en la lista de elegibles.
[20] Sentencia T-373 de 2015, M.P.G.S.O.D..
[23] Según la respuesta allegada por la Universidad M.B., cuaderno 1, folio 139. Artículo 54 del Acuerdo 563 de 2016.
[25] Sentencia T-373 de 2015. M.P.G.S.O.D.; sentencia T-313 de 2005. M.P.J.C.T..
[26] Sentencia T-315 de 1998, M.P.E.C.M.. En esta oportunidad la Corte, luego de examinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial transitorio, encontró que no era posible inscribir al actor en la carrera judicial por cuanto el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un concurso de méritos como el ordenado por la Ley 270 de 1996. En el mismo sentido ver las sentencias SU-458 de 1993, M.P.J.A.M. y T-1998 de 2001, M.P.M.G.M.C..
[27] Sentencia T-662 de 2016. M.P.G.S.O.D..
[29] En la Sentencia T-785 de 2013, M.P.L.G.G.P., la Corte consideró procedente la acción de tutela para establecer si al excluir a los accionantes de una convocatoria pública efectuada para proveer el cargo de dragoneante, por encontrarlos “no aptos” conforme a los resultados de los exámenes médicos realizados por una firma contratada para ello, a partir de las condiciones previstas en el proceso de selección, se les trasgredió o no sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos.
[30] Sentencia T-1098 de 2004, M.P.Á.T.G. y Sentencia T-572 de 2015, M.P.M.V.C.C..
[31] M.P.L.G.G.P..
[32] M.P.M.V.C.C..
[34] Sentencia T-045 de 2011, M.P.M.V.C.C. y T-572 de 2015, M.P.M.V.C.C..
[35] Sentencia T-805 de 2012. M.P.J.I.P.P., entre otras.
[36] Sentencias T-834 de 2005. M.P.C.I.V.H. y T-887 de 2009. M.P.M.G.C..
[37] Sentencia T-246 de 2015. M.P.M.V.S.M..
[38] Sentencia T-662 de 2016. M.P.G.S.O.D..
[39] Este acápite reitera las consideraciones expuestas en la sentencia C-256 de 2017, M.P.G.S.O.D..
[40] Sentencia T-565 de 2013. M.P.L.E.V.S..
[41] Sentencia C-373 de 2002. M.P.J.C.T..
[42] Sentencia C-639 de 2010. M.P.H.S.P..
[43] Sentencia T-086 de 2014 M.P.J.I.P.C. en relación a la posibilidad del cambio de nombre acorde a la identidad sexual.
[44] Sentencia T-622 de 2014 M.P.J.I.P.C.; Sentencia T-789 de 2013 M.P.L.G.G.P. citando Sentencia SU-641 de 1998 que dijo: “Más allá de lo anotado, el largo del cabello y la forma del peinado, el maquillaje y el adorno corporal, así como el uso de accesorios hacen parte del derecho a la propia imagen, en cuyo ejercicio toda persona está facultada para decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás, si acepta que su figura sea captada y difundida por los medios de comunicación cuando no se halla en un lugar público o abierto al público, si usa barba o bigote, si disimula o resalta determinada característica física, si usa o no las prendas que están de moda, etc”; Sentencia T-1025 de 2002 M.P.R.E.G..
[45] Ver entre muchas otras, sentencias: T-243 de 1999 M.P.M.V.S.M. y T-832 de 2011 M.P.J.C.H.P..
[46] Ver, entre otras las sentencias: T-1023 de 2010 M.P.J.C.H.P., T-578 de 2008 M.P.N.P.P., T-356 de 2013 M.P.J.I.P.C. y T-789 de 2013 M.P.L.G.G.P..
[47] Ver entre muchas: Sentencia T-789 de 2013 M.P.L.G.G.P. acerca de la facultad de llevar el pelo corto o largo en el colegio en el marco del derecho al libre desarrollo de la personalidad. “Esta Corporación ha resaltado la importancia de la palabra “libre” en la caracterización de este derecho, ya que ella implica la imposibilidad de exigir determinados modelos de personalidad admisibles frente a otros que se consideran inaceptables o impropios. Por ello se ha insistido en que el ejercicio de este derecho debe ser un reflejo de los intereses, deseos y convicciones de las personas, bajo el reconocimiento de una libertad general de acción, en los distintos campos de actuación del individuo”; Sentencias T-259 de 1998 M.P.C.G.D. y T-839 de 2007 M.P.C.I.V.H..
[48] Sentencia T-084 de 2014 M.P.J.I.P.P. citando Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ACNUDH-, 20 de noviembre de 2013. Definiciones tomadas de Recomendación general núm. 28 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa al artículo 2° de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW/C/GC/28, 16 de diciembre de 2010, párr. 5.
[49] Sentencia C-881 de 2014 M.P.L.E.V.S.: “El derecho fundamental a la intimidad se proyecta en dos DIMENSIONES: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, o (ii) como libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada” Reiterando las sentencias T-517 de 1998, M.P.A.M.C.; C-692 de 2003, M.P.M.G.M.C.; C-872 de 2003, M.P.C.I.V.H.; T-787 de 2004, M.P.R.E.G.; C-336 de 2007, M.P.J.C.T.; T-405 de 2007, M.P.J.C.T.; T-158A de 2008, M.P.R.E.G.; T-303 de 2008, M.P.M.G.M.C.; T-708 de 2008, M.P.C.I.V.H.; T-916 de 2008, M.P.C.I.V.H.; T-044 de 2013, M.P.G.E.M.M.; T-634 de 2013, M.P.M.V.C.C. y C-850 de 2013, M.P.M.G.C..
[50] Sentencia C-098 de 2003. M.P.J.A.R..
[51] Sentencia C-387 de 2014. M.P.J.I.P.P..
[52] M.P.C.I.V.H.. Tal consideración fue reiterada en la Sentencia T-717 de 2005, M.P.Á.T.G..
[55] Sentencia C-113 de 2017, M.P.M.V.C.C..
[56] Sentencia C-695 de 2013, M.P.N.P.P..
[57] Sentencia T-1023 de 2010. J.C.H.P.. En esta providencia, la Corte constató que la prohibición hecha por una institución privada de educación a sus estudiantes de llevar el pelo largo no cumplía con el principio de proporcionalidad, puesto que el fin pretendido con tal medida podía ser alcanzado con otros medios menos lesivos del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la entidad de los fines pretendidos era inferior al sacrificio que tal prohibición comportaba para el mencionado derecho.
[58] Sentencia C-720 de 2007, M.P.C.B.M..
[59] Sentencia C-354 de 2009, M.P.G.E.M.M. y C-838 de 2013, M.P.L.E.V.S..
[60] Sentencia C-354 de 2009, M.P.G.E.M.M.. En esta providencia se enunciaron las siguientes circunstancias para ejercer un test estricto de proporcionalidad: “1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares y discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos, prima facie, afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental, o, 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio”.
[61] Sentencia C-354 de 2009, M.P.G.E.M.M.
[64] Sentencia T-694 de 2012, M.P.M.V.C.C..
[66] M.P.C.I.V.H..
[72] Las fotografías referidas por la Universidad M.B. aluden al uniforme de dragoneantes del INPEC para clima cálido que, según el Manual de Uniformes, I., D. y Condecoraciones para el personal del INPEC un elemento obligatorio del uniforme de servicio es una “camisa tipo guayabera, tela azul pixelado con puño doble para clima frío y con la manga remangada a la altura del antebrazo, para climas que superen los 20 grados centígrados” (énfasis añadidos).
[74] Sentencia T-045 de 2011, M.P.M.V.C.C..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 0500122100002014-00133-01 de 3 de Julio de 2014
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas nº T 88364 de 18 de Octubre de 2016

References: artículo 15
 artículo 86
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 16
 Resolución 
 artículo 6
 Artículo 54
 artículo 2
 artículo 13