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Timestamp: 2019-09-23 00:59:39+00:00

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﻿ SENTENCIA 19638 DE JULIO 23 DE 2002
SENTENCIA 19638 DE 23 DE JULIO DE 2002
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN. LAS SENTENCIAS PROFERIDAS CON POSTERIORIDAD AL PRONUNCIAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, RECURSO DE CASACIÓN, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Sentencia 19638 de julio 23 de 2002
Aprobado acta Nº 84
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de queja interpuesto por el defensor de los procesados Jorge Hernán Sánchez Alejo, María Mábel Sánchez Alejo y Ana Silvia Rodríguez Alejo contra la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que denegó el recurso de casación.
1. De las copias allegadas a este especial trámite, se establece que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante sentencia del 28 de enero de 2002 confirmó el fallo de condena que el Juzgado 47 Penal del Circuito de la misma capital, impuso contra los procesados Jorge Hernán Sánchez Alejo, Ana Silvia Rodríguez Alejo y María Mábel Sánchez Alejo como coautores responsables de infringir la Ley 66 de 1968 modificada por el Decreto 2610 de 1979 a la pena de 24 meses de prisión y les concedió el beneficio de la condena de ejecución condicional.
2. Contra la sentencia de segunda instancia, el defensor de los procesados interpuso el recurso extraordinario de casación el que mediante auto de abril 30 del presente año, fue negado por el tribunal con el argumento que el delito por el que se procede no contempla pena privativa que exceda de 8 años.
3. Contra esta decisión el impugnante interpuso el recurso de reposición y, subsidiariamente, en el evento de que no se acceda a su petición interpone el “recurso de queja”, para lo cual deberá ordenar la expedición de copias para tramitarlo en debida forma.
Destaca el recurrente, en primer lugar, que los hechos por los cuales fueron condenados sus representados tuvieron ocurrencia antes de la vigencia de la Ley 553 de 2000, motivo por el cual el procedimiento aplicable al caso es al anterior a la citada ley.
Considera suficiente tal argumento para que el tribunal revoque la decisión porque la norma anterior permitía la casación de las sentencias con penas de 6 años en adelante, situación que se presenta en el presente caso.
Añade que el recurso de casación es único, es decir, el mismo procede contra las sentencias de segunda instancia ya sea de manera directa o discrecional, por tanto, es indiferente que el recurrente especifique o no cuál la razón o motivo por el cual interpone el recurso de casación. Considera que tal aspecto es determinante pero en la sustentación del recurso y no en la mera o simple interposición del mismo “por lo que dicha situación impondría un técnica adicional innecesaria para obtener la oportunidad de presentar la demanda o la sustentación del recurso de casación”.
4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con auto del pasado 17 de junio mantiene inalterable su decisión adoptada conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, que subrogó el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal y en apartes de la providencia de esta Sala de la Corte de fecha de marzo 7 de 2001, atinente al caso y, a la vez, ordenó la remisión de las copias a esta corporación para decidir el recurso de queja.
1. Importa precisar, inicialmente, que el recurso de queja (antes de hecho) resulta procedente contra el auto del Tribunal Superior de Bogotá que denegó el de casación, porque la sentencia de segunda instancia fue proferida en vigencia de la Ley 600 de 2000 y la negativa del recurso extraordinario se soportó en motivo diferente a la extemporaneidad de su presentación, atendiendo, además, que con ocasión a la declaratoria de inconstitucionalidad de varias normas de la Ley 553 de 2000, que introdujo reformas sustanciales al recurso de casación y que posteriormente fueron consagradas en la Ley 600 del mismo año, corriendo la misma suerte de los anteriores. Dados los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de dichos preceptos, recobraron vigencia algunas de las disposiciones del Decreto 2700 de 1991.
En efecto, esta Sala de la Corte, señaló:
“1.1. La Ley 553 de 2000, que entró en vigencia el 15 de enero del mismo año, introdujo modificaciones al capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 1991, relacionado con la casación, entre otras, en vista de que el instituto dejaba de ser un “recurso extraordinario” y procedía contra “sentencias ejecutoriadas” proferidas en segunda instancia por los tribunales, suprimió el anterior término de quince (15) días para interponer la impugnación y obviamente varió las condiciones para empezar a correr el término de treinta (30) días destinado a presentar la demanda, pero se conservó en su cantidad (arts. 1º y 6º).
1.2. Ocurre que la Sentencia C-252 de 2001 (feb. 28) declaró inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91) tal como fueron modificados por el artículo 6º de la Ley 553, así como los mismos apartados del artículo 210 de la Ley 600 de 2000 (Nuevo Código de Procedimiento Penal). Esta última determinación fue adoptad en vista de la unidad normativa, porque las mismas disposiciones de la Ley 553 fueron reproducidas en el estatuto procesal penal vigente.
1.3. Para la fecha del fallo de inconstitucionalidad, todavía no estaban en vigencia la Ley 600 de 2000, pues ella se previó a partir del 25 de julio de 2001, conforme lo señalado en el artículo 536.
1.4. En relación con los efectos del fallo de inexequibilidad, la Corte Constitucional ha señalado que reviven las normas que habían sido derogadas por la disposición que declarada contraria a la Constitución siempre y cuando en su confrontación no aparezca igualmente reñida con el texto fundamental, situación que no puede ocurrir cuando el fenómeno sea el de la derogación de la norma derogatoria, pues allí tendría plena vigencia la prohibición del artículo 14 de la Ley 153 de 1887...”.
Así las cosas, las normas de los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, parcialmente derogadas o modificadas por la Ley 553, reviven no tanto porque se pretenda darle efectos a disposiciones expresamente sacadas por el legislador del escenario jurídico (sin enfrentar problemas de favorabilidad y ultractividad), sino porque, ante la sensación de vacío normativo, son las que en sentir de la Corte Constitucional reflejan el espíritu constitucional...
Con todo, en vista de que la Corte Constitucional declaró la existencia de unidad normativa entre las disposiciones pertinentes de las leyes 553 y 600 de 2000, porque unas reprodujeron a las otras, lo obvio es que entendidas ellas como un solo precepto, también habrá de concluirse que ambas tuvieron como único precedente legislativo más inmediato los artículos 223 y 224 del Código de Procedimiento Penal de 1991, cuya vigencia debe restaurarse Ipso Iure. Por otra parte, como quiera que la sentencia C-252 de 2001 apenas declaró inconstitucionales algunas normas de la Ley 600 de 2000, dejando incólume la de su vigencia diferida por un año (art. 536) ha de considerarse que el efecto revivificante sólo se produce llegado el momento de vigor del estatuto procesal completo del cual se extrajo la norma por inexequibilidad” (1) .
(1) C.S. de J. M.P. Dr. Gómez Gallego, Jorge Aníbal, auto de octubre 22 de 2001.
2. De suerte que, las sentencias proferidas con posterioridad al pronunciamiento de inconstitucionalidad en relación con el recurso de casación sea ordinario, ora discrecional, deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia, correspondiendo al tribunal decidir si lo concede o no pero limitando su inadmisión a la extemporaneidad de su interposición, pues como lo ha venido señalando la Corte, las demás condiciones de viabilidad del recurso atañe analizarlas a la Corte en el momento en que se proceda a calificar la demanda de conformidad con el artículo 213 de la Ley 600 de 2000 (2) .
(2) CSJ, M.P. Córdoba Poveda Jorge, auto de marzo 6 de 2002.
3. Ahora bien, en el asunto sometido a consideración de la Corte, se tiene que la sentencia de segunda instancia fue proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el día 28 de enero de 2002 y que su última notificación de produjo por edicto que permaneció fijado por 3 días entre el 27 de febrero y el 1º de marzo siguiente.
Se observa entonces que el memorialista enraíza su inconformidad en que el Tribunal Superior de Bogotá D.C., le negó el recurso extraordinario de casación interpuesto oportunamente contra la sentencia del 28 de enero del presente año, con el argumento de que el quantum punitivo, no se reunía ya que la conducta punible (infracción a la L. 66/68) no excedía a 8 años de prisión, argumento, que a no dudarlo, rebasa la competencia asignada al tribunal por el artículo 210 del Código de Procedimiento Penal, en el aparte que no fue declarado inconstitucional por la Sentencia C-205 de 2001, pues de su tenor literal (“Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará, mediante auto que admite el recurso de reposición”) se colige lo equivocado de su decisión. Así mismo puede ocurrir que el tribunal extralimitando sus funciones, deniegue el recurso de casación por motivos diferentes, por ejemplo, por falta de interés, o en ejercicio del control del derecho de postulación concede el recurso a quien no está legitimado, como cuando quien recurre no es sujeto procesal u obra sin poder de quien si lo es, por la pena asignada al delito, etc., caso en el cual es procedente interponer el recurso de queja, ante la Sala de Casación Penal (3) pues el estudio de tales aspectos corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Corte, máxime cuando el artículo 9º de la Ley 553 de 2000, que modificó el 228 del Código de Procedimiento Penal de 1991, atinente a la calificación de la demanda, permaneció inalterable luego del examen de constitucionalidad.
(3) CSJ, M.P. Lombana Trujillo Édgar. Auto de julio 2 de 2002.
Siendo evidente, entonces, la procedencia del recurso de queja, deberá la Sala, consecuente con lo anterior, conceder el de casación interpuesto oportunamente por el defensor de los procesados, por lo que se ordena el regreso de la actuación al tribunal de origen para que se corran los traslados de rigor.
3. Cabe anotar, finalmente, que contra esta providencia no procede recurso alguno, decisión que comporta su ejecutoria el día en que es suscrita.
Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal.
1. CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de los procesados Jorge Hernán y María Mábel Sánchez Alejo y Ana Silvia Rodríguez Alejo, contra la sentencia del 28 de enero del presente año.
2. En consecuencia, al regreso de la actuación el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., correrá los traslados de rigor.
3. Retorne la actuación al tribunal de origen.

References: artículo 1
 artículo 218
 artículo 223
 artículo 6
 artículo 210
 artículo 536
 artículo 14
 artículo 213
 artículo 210
 artículo 9