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Timestamp: 2020-05-25 09:01:15+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Octubre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 650679029
El licenciado C.E.C.G., actuando en representación de J.I.B., interpuso ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.211 de 26 de junio de 2007, dictada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
A efectos de comprobar el silencio administrativo y como requisito para la admisión de la presente demanda, el Magistrado Sustanciador mediante Oficio No.2211 de 1 de septiembre de 2010 (f. 55) solicitó al Director de Catastro y Bienes Patrimoniales una certificación donde indicase si el recurso de apelación interpuesto por J.I.B. en contra de la Resolución No. 54 de 18 de febrero de 2010 había sido resuelto.
El Director de Catastro y Bienes Patrimoniales General del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Nota No.501-01-2140 de 9 de septiembre de 2010, comunica que a través de la Resolución No.40 de 25 de junio de 2010 se resolvió mantener en todas sus partes la Resolución No. 211 de 26 de junio de 2007 y su acto confirmatorio emitido mediante Resolución No. 54 de 18 de febrero de 2010 que rechaza de plano la solicitud de compra presentada por la señora M.M.D.R..
Posteriormente, en resolución de 17 de septiembre de 2010 (f.60), se admite la demanda interpuesta, y se ordena correrle traslado de la misma por el término de cinco (5) días a la entidad demandada, para que rindiese el informe explicativo de conducta; así como a la Procuraduría de la Administración, para que en igual término, hiciese los descargos pertinentes.
El acto administrativo impugnado lo representa la Resolución No. 211 de 26 de junio de 2007, emitida por el Director de Catastro y Bienes Patrimoniales, mediante la cual se resolvió lo siguiente:
"PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO, la solicitud de compra de un globo de terreno con una cabida superficiaria de 3,485.00 Mts2, localizado en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé, impetrada por la señora M.M.D.R., con cédula de identidad personal No.8-781-1981.
ORDENAR, el cierre y archivo del expediente AL-482-2006, previa anotación en la tarjeta de registro correspondiente.
ADVERTIR a la interesada que contra este acto administrativo, podrá hacer uso de los recursos de reconsideración y/o de apelación, de manera subsidiaria o directa en los términos consagrados en el Artículo 1238-A del Código Fiscal.
Entre las consideraciones para la expedición del acto en mención, figura que de conformidad con la consulta elevada a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) se determinó que el terreno solicitado en compra a la Nación posee áreas que forman ecosistemas marinos, zonas de manglares y humedales por lo que deben mantenerse íntegras para prevenir la pérdida de sus recursos naturales, así como su biodiversidad, manifestando su disconformidad con la adjudicación de dichos predios a particulares. Asimismo, que la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (MIVI) manifestó que luego de investigaciones y análisis técnicos en el área, cualquier intervención podría afectar al ecosistema, lo que violentaría disposiciones legales vigentes, por lo que consideran no viable acceder a dichas solicitudes.
Quien recurre pretende que la S. Tercera declare la nulidad, de la Resolución No.211 de 26 de junio de 2007, por medio de la cual, el Director de Catastro y Bienes Patrimoniales, rechazó de plano la solicitud de compra de un globo de terreno con una cabida superficial de 3,485.00 metros cuadrados, localizado en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé, impetrada por M.M.D.R. y ORDENA el cierre y archivo del expediente y su acto confirmatorio contenido en la Resolución No.54 de 18 de febrero de 2009, ambas emitidas por el Director de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. Así como la negativa de dar respuesta al recurso de apelación propuesto contra ésta última
Que a consecuencia de tal declaratoria, se adjudique al demandante un globo de terreno de 3,485.00 metros cuadrados localizados en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé que pertenece a la Nación.
HECHOS U OMISIONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA
La parte actora, establece dentro de sus pretensiones, los siguientes argumentos:
"PRIMERO: Que M.M.D.R., presentó ante la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, a fin de solicitar, gestionar y obtener en compra, un globo de terreno de 3,485.00 METROS CUADRADOS, localizado en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé que pertenece a la Nación.
Al momento de presentarse la Solicitud de Compra de Terreno a la Nación, se cumplió con todos los requisitos establecidos en la Resolución No.62 de 2 de abril de 2003, por medio de la cual se reglamenta el Procedimiento de Venta y Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de la Nación.
La Dirección de Catastro y Bines Patrimoniales, mediante RESOLUCIÓN No.211 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2007, resolvió nuestra solicitud y decidió RECHAZAR DE PLANO, la solicitud de compra a la Nación y ORDENAR el cierre y archivo del expediente.
Contra ésta Resolución, se presentó en tiempo oportuno, el 25 de septiembre de 2007, Recurso de Reconsideración con Apelación en subsidio, a fin de que fuera revocada la RESOLUCIÓN No.211 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2007 y se adjudicara la parcela pedida en compra a El Estado, mi representada.
Transcurridos, DOS (2) años de la presentación de nuestro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APLEACIÓN EN SUBSIDIO, La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, emite la RESOLUCIÓN No.54 CON FECHA 18 DE FEBRERO DE 2009, y RESUELVE MANTENER en todas sus partes la RESOLUCIÓN No.211, CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2001, con la cual se resuelve RECHAZAR DE PLANO, la solicitud de compra de un globo de terreno con una cabida superficial de 3,485.00 METROS CUADRADOS, localizados en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé, impetrada por M.M.D.R. y ORDENAR el cierre y archivo del expediente.
Contra la RESOLUCIÓN No.54 CON FECHA 18 DE FEBRERO DE 2009, se presentó en tiempo oportuno, el 29 de abril de 2009, RECURSO DE APELACIÓN, mismo que no ha sido resuelto a la fecha, como en derecho corresponde.
Al agotarse la Vía gubernativa, y al haber transcurrido los DOS (2) meses que dispone la norma y hasta el día de hoy, la entidad demandada no se ha pronunciado sobre el referido Recurso de Apelación, por lo que se ha configurado la figura jurídica denominada como SILENCIO ADMINISTRATIVO y, por consiguiente, da lugar a la negativa tácita del mismo, lo que hace viable la presentación de ésta demanda, por lo que recurrimos ante vuestro despacho a efecto de hacer valer los derechos de nuestra representada.
Debemos destacar que al momento de la presentación de la solicitud de compra a la nación, de un globo de terreno con una cabida superficial de 3,485.00 METROS CUADRADOS localizado en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé, por parte de MILEYVI MARGARIA DIAZ RODRÍGUEZ, no existía sobre la misma superficie ninguna solicitud de compra a l Nación en trámite ante la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, ni ningún traslape sobre el plano presentado.
Nuestro representada, es la única oferente en el mercado que por su particular naturaleza y características técnicas, ha cumplido con los requerimientos de la entidad, por lo que se debe aplicar la Ley 22 de 27 de junio de 2006, sobre Contrataciones Públicas, adjudicándose, el globo de terreno, con una cabida superficial de 3,485.00 METROS CUADRADOS, localizado en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, Distrito de A., Provincia de Coclé que pertenece a la Nación.
Los actos emitidos están causando graves perjuicios a mi representada, al negarle el derecho que le asiste, cuando nuestra representada ha cumplido en derecho, con las normas vigentes, para que le adjudique la superficie solcitada en compra a la Nación que nos ocupa.
La parte actora estima, que con la expedición del acto administrativo demandado, se han conculcado las siguientes disposiciones legales:
Artículo 34. Las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad. Los Ministros y las Ministras de Estado, los Directores y las Directoras de entidades descentralizadas, Gobernadores y Gobernadoras, A. y A.as y demás J.s y Jefas de Despacho velarán, respecto de las dependencias que dirijan, por el cumplimiento de esta disposición.
Arguye el demandante, que la norma citada ha sido violada directamente por omisión, al emitirse el acto impugnado, pues la entidad demandada no ha ajustado su actuación a estos principios.
"Artículo 45. El peticionario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los servidores públicos por el impulso procesal, tiene la obligación de realizar oportunamente las gestiones procesales que a él correspondan según la ley, para impulsar el desarrollo del proceso.
Cuando un proceso se paralice por un término de tres meses o más debido al incumplimiento del peticionario, se producirá la caducidad de la instancia y el proceso no podrá ser reabierto dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutoríe la resolución que así la declara. La caducidad de la instancia podrá ser declarada de oficio por el despacho respectivo o a solicitud de parte interesada".
Argumenta el demandante, que la norma transcrita fue infringida en concepto de violación directa, por omisión, puesto que aunque en todo momento el señor J.I.B. cumplió con la obligación que tenía de realizar las gestiones que correspondían para impulsar el desarrollo del proceso, la entidad demandada no cumplió con su responsabilidad, dilatando su decisión de manera injustificada, imposibilitando la posibilidad de darle el trámite correspondiente.
Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos:
Cuando su contenido sea imposible o sea constitutivo de delito;
Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal;
Cuando se graven, condenen o sancionen por un tributo fiscal, un cargo o causa, distintos de aquéllos que fueron formulados al interesado."
Quien recurre, considera que la anterior norma ha sido vulnerada directamente, por omisión, porque al emitir el acto impugnado se omitió la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, debido proceso, publicidad, economía y responsabilidad; y la actuación de la entidad demandada se realizó sin apego a estas normas.
Artículo 69. Toda actuación administrativa deberá constar por escrito y deberá agregarse al expediente respectivo, con excepción de aquélla de carácter verbal autorizada por la ley. Lo propio se aplica a las gestiones escritas de las partes y a su intervención en el proceso.
Todo expediente administrativo deberá foliarse con numeración corrida, consignada con tinta u otro medio seguro, por orden cronológico de llegada de los documentos, y deberá registrarse en un libro, computador, tarjetario o mediante cualquier medio de registro seguro, que permita comprobar su existencia y localización, al igual que su fecha de inicio y de archivo.
El cumplimiento de lo establecido en este artículo será responsabilidad solidaria del J. o de la Jefa del Despacho y del S. o de la Secretaria, o de quien haga sus veces."
En concepto de violación directa, por omisión, estima el actor la norma fue infringida, pues aduce que a la fecha no consta en el expediente que la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales haya practicado prueba alguna que acredite cual es la situación real de la superficie solicitada, como para hacer propio el criterio que, extemporáneamente, manifestó la Autoridad Nacional del Ambiente, por lo que su criterio deja de ser objetivo y fundado en conceptos que no se ajustan a derecho.
Artículo 116. Son inadjudicables las siguientes tierras baldías:
Las costas marítimas que el órgano ejecutivo declare que pueden ser utilizadas para dar protección y facilidades a la navegación, o que puedan dedicarse a la construcción de ciudades, de puertos o de muelles.
Los terrenos inundados por las altas mareas, sean o no manglares, así como los comprendidos en una faja de doscientos metros (200 m.) de anchura y hacia dentro de la costa, en tierra firme."
Manifiesta el recurrente, que esta norma fue vulnerada directamente, por omisión, toda vez que para aplicar la misma, como base para el rechazo de la solicitud de compra a la Nación, era necesario determinar de forma fehaciente, si la superficie de tierra solicitada era o no inundada por altas mareas, situación que sólo podría ser acreditada a través de pruebas periciales correspondientes. Que, además, se debió probar mediante inspección ocular al área, si la superficie solicitada tiene las características de un ejido, un manglar o cualquier otro tipo de humedal, situación que no consta en el expediente.
Artículo 141. La adjudicación y el uso de las tierras comprendidas en el área y ejidos de las poblaciones serán reglamentados por los respectivos Consejos Municipales de acuerdo con las leyes sobre la materia.
En todo caso se respetarán los derechos de los ocupantes con edificios construidos dentro del área de las poblaciones.
Aduce el demandante, que esta norma fue vulnerada en forma directa por omisión, ya que al ser rechazada de plano la solicitud de compra presentada por M.M.D.R., no se tomó en cuenta que la ANAM reconoce en su nota AG-0723-07, misma que sirvió de base para el rechazo, por parte de la entidad demandada, que lo que comprende parte de tierra firme, a orillas de la playa Los Azules, está parcialmente ocupada por algunos oriundos del Distrito de A., os cuales se dedican a la pesca artesanal y otros tiene construcciones de vieja data, por lo que sus derechos deben respetarse.
El Director de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas rindió su informe explicativo de conducta por medio de la Nota No.501-01-2290 de 27 de septiembre de 2010, señalando que la señora M.D.R. solicitó la compra de un globo de terreno con una cabida superficiaria de 3,485.00 ubicado en el Corregimiento cabecera del Distrito de A., Provincia de Coclé, sobre el cual manifestó ejercer un derecho posesorio, ya que ha usufructuado de el por muchos años. Que con su solicitud, adjuntó copia de cédula y de planos describiendo los linderos y colindantes del globo de terreno objeto de la solicitud de compra.
En su informe de conducta, plantea que, para tales fines, la Oficina Regional de Catastro en Coclé procedió a remitir el expediente contentivo de la solicitud adjuntando el informe de inspección ocular y avalúo del área solicitada que es coincidente con la descrita en el memorial.
Señala el informe, además, que se procedió a realizar un informe técnico geodésico por parte del Departamento de Cartografía (Sección de Geodesia) del área solicitada en compra, donde se indicó que en la parte posterior a los lotes cercados existen áreas de esteros con abundante vegetación de mangle y en cuanto a la viabilidad de servidumbre se interrumpe por el manglar aproximadamente 500.00 metros, lo cual obliga a usar la playa como acceso alterno; de acuerdo a lo anterior se recomiendan las consultas a la ANAM y al MIVI para la evaluación de la situación existente y se determine la factibilidad y lotificación para la zona.
Concluye el informe señalando que de acuerdo a las recomendaciones realizadas y criterios de éstas se determinó la no viabilidad de la asignación de éstos terrenos.
Que la Resolución objeto de la presente demanda fue debidamente notificada a la apoderada legal de la señora D., contra la cual anunció recurso de Reconsideración con apelación en subsidio y a través de la Resolución No.54 de 18 de febrero de 2010, se mantuvo el acto recurrido basados en que el área solicitada en compra es inadjudicable, por ser áreas protegidas.
Por su parte, el Procurador de la Administración mediante Vista No.1312 de 25 de noviembre de 2010 (fs.66-74, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la S. se nieguen todas las declaraciones demandadas.
En ese sentido, la Procuraduría de la Administración realiza un recuento de los hechos que motivaron la expedición de la Resolución impugnada e infiere que la entidad demandada no ha infringido ninguna de las normas invocadas por la parte actora, por lo que concluye que los argumentos del apoderado judicial del actor con relación a la alegada infracción de las disposiciones legales que invoca en su defensa carecen de asidero jurídico.
Asimismo, la Procuraduría de la Administración adujo excepción de falta de legitimación activa en la causa de J.I.B. para interponer la demanda que dio inicio al presente proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Que tampoco se encuentra legitimado para reclamar a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas indemnización alguna por los supuesto daños y perjuicios provocados a M.D.R., habida cuenta que si bien el recurrente alega que ambos celebraron un contrato de compra venta de derechos posesorios el 26 de octubre de 2005, lo cierto es que dentro del expediente judicial no existe constancia del supuesto contrato.
Y, es en virtud de lo anterior, que solicita a los honorables Magistrados que integran la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se sirvan admitir la excepción de falta de legitimación activa en la causa.
Vistos los argumentos de las partes involucradas en este proceso, la S. pasa a decidir el fondo del presente negocio, previas las siguientes consideraciones.
Se ha sostenido ante este Tribunal, que la Resolución No.211 de 26 de junio de 2007, así como sus actos confirmatorios, expedidas por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, infringen normas legales contenidas en la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 y en el Código Fiscal que rigen, por una parte, el debido proceso en las actuaciones de la administración pública; y, por la otra, el trámite de adjudicación de tierras pertenecientes al Estado.
Ahora bien, esta S. estima necesario resolver, en primer lugar, la excepción de falta de legitimidad activa en la causa de J.I.B. para interponer la demanda que dio inicio al presente proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción y que fue invocada por el Procurador de la Administración en su Vista Número 1312 de 25 de noviembre de 2010, visible a fojas 72 a 74 del expediente judicial.
Sobre el particular, ha señalado esta S. que la "La legitimación de la causa puede definirse como la titularidad efectiva del interés o relación material legítima que debe ser objeto de la sentencia o del interés por declararse o satisfacerse por medio de la sentencia, constituyéndose en presupuesto necesario, de ser activa, para determinar quien puede o debe demandar." (Resolución de 9 de febrero de 2010. Demanda Contencioso-Administrativa de Indemnización para que se condene a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre)
En ese sentido, tenemos que de conformidad con el numeral 2 del artículo 203 de nuestra Constitución Nacional la Acción de Plena Jurisdicción puede ejercerla sólo la persona afectada por el acto (acción privada), a diferencia de la acción de Nulidad (acción popular o pública) la cual puede ser propuesta por cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada en el país.
Dentro de este contexto, la Ley 38 de 31 de julio de 2000 define en su artículo 201 el término Parte como la persona que reclama o defiende un derecho subjetivo (num.72) y éste es aquel que le corresponde a título personal o, individual, a una persona natural o jurídica (num. 33).
Según consta en autos, el acto administrativo cuya nulidad se solicita fue dictado por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas como consecuencia de una solicitud de adjudicación o compra de un globo de terreno presentada por M.M.D.R. el 26 de octubre de 2005.
En virtud de lo anterior, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la Resolución No.211 de 26 de junio de 2007, negó a M.M.D.R. la solicitud de compra del referido terreno. Contra esta decisión, la cual fue notificada a la propia solicitante el 24 de julio de 2007 según consta en la copia autenticada visible a foja 58 del expediente judicial, se interpuso, a través de apoderado, recurso de reconsideración con apelación en subsidio (ver reverso de la foja 58). Dicho recurso fue resuelto a través de la Resolución No.54 de 18 de febrero de 2010 por medio de la cual se mantuvo en todas sus partes la Resolución No.211 de 26 de junio de 2007.
Asimismo, observa la S. que en el expediente administrativo que sirve de prueba en el proceso que nos ocupa consta la Resolución No. 040 mediante la cual el Viceministro de Finanzas (MEF) al conocer del recurso de apelación sustentado por los apoderados legales de la señora M.M.D.R., decide igualmente mantener en todas sus partes la Resolución No. 211 de 26 de junio de 2007 y su acto confirmatorio emitido mediante Resolución No.54 de 18 de febrero de 2010, ambas de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales por la cual se resolvió rechazar de plan la solicitud de compra presentada por la señora D.R..
Luego de analizar los argumentos en que se fundamenta la excepción incoada, conjuntamente con las constancias en autos, la S. estima que le asiste la razón a la Procuraduría de la Administración, en el sentido que el demandante J.I.B. carece de legitimidad activa para demandar el acto administrativo contenido en la Resolución No. 211 de 26 de junio de 2007 y sus actos confirmatorios, toda vez que "...si bien el recurrente alega que ambos celebraron un contrato de compra venta de derechos posesorios el 26 de octubre de 2005, lo cierto es que dentro del expediente judicial no existe constancia del supuesto contrato..." Es decir, el demandante no logra acreditar un derecho subjetivo lesionado con la emisión del acto administrativo impugnado.
Cabe destacar que en el fallo de 16 de mayo de 2012, en un caso similar al que nos ocupa, la S. señaló lo siguiente:
Como se desprende de lo anterior, la persona afectada por el acto demandado, es la señora B.E.C.R., y no J.I.B., quien demanda.
Además, no se observa a lo largo del proceso que la señora B.C. le haya otorgado poder de representación al señor J.B., careciendo este último de legitimidad para actuar.
Por otra parte, de las pretensiones del demandante se hace evidente la falta de legitimidad del señor B., y que el mismo presenta el proceso para reclamar intereses propios y no de quien tiene el derecho legítimo de actuar, B.C., ya que se presenta al proceso solicitando entre otras cosas, que se le adjudique a él el globo de terreno referido en la resolución impugnada, y que además se le indemnice por daños y perjuicios causados.
Esto se desprende del libelo de demanda de plena jurisdicción, presentada por el licenciado C.E., C.G., en representación de J.I.B., foja 5, en el cual solicita lo siguiente:
Que luego de la declaración anterior, SE ADJUDIQUE a nuestro mandante, un globo de terreno de 1549,77 METROS CUADRADOS, localizado en Playa Los Azules, Corregimiento de El Chirú, distrito de A., provincia de Coclé, que pertenece a la Nación.
Que se declare a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, como responsable de los daños y perjuicios causados a mi representada, los cuales debe pagar a mi representada.".
Como vemos, no es que el señor J.I.B., venga siquiera actuando a favor o en nombre de la señora B.E.C.R., sino que movido por sus intereses particulares quiere que se declare la nulidad del acto acusado y así lograr la adjudicación e indemnización a su nombre, todo esto sin tener legitimidad en el proceso.
Además, el hecho de que el demandante refiera haber celebrado contrato de compra venta de derechos posesorios con la señora B.C., del cual no se tiene constancia probatoria, no lo faculta para impugnar un acto emanado de un proceso administrativo en el cual no fue parte.
En las demandas de plena jurisdicción como la que nos ocupa, lo que se busca es la reparación de un derecho subjetivo, a través de la anulación del acto administrativo que la afecta, siendo que dicha demanda debe ser interpuesta por la afectada o por quien legitime para tal efecto, y no por cualquier persona como si de demanda de nulidad se tratase.
A propósito de la legitimación, el autor D.E. señala que, "hay peticiones que sólo corresponde hacerlas a determinada persona y frente o contra otras determinadas, y no por o contra los demás. Es decir, se puede ser parte en un proceso, pero no ser la persona con interés sustancial para obtener o controvertir las declaraciones que se impetran...".
En sentencia, de fecha 19 de diciembre de 2003, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente:
El gran procesalista español J.G. (q.e.p.d.) analizó el tema de la legitimación en causa, señalando que "la legitimación sustancial es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación, con el objeto del litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean precisamente dichas personas las que figuren como partes en tal proceso o, lo que es lo mismo, la necesidad de que una cierta demanda sea propuesta por o sea propuesta frente a ciertas personas que son los legitimados para actuar como partes en un proceso determinado" (J.G., Derecho Procesal Civil, Tomo I, pág. 185).
El procesalista español J.M.A., comentando la posición de ANDRES DE LA OLIVA sobre la legitimación, señala:
"Los derechos subjetivos privados no se pueden hacer valer sino por sus titulares activos y contra los titulares de las obligaciones relativas, y por eso la legitimación no es un presupuesto del proceso, sino un presupuesto de la estimación o desestimación de la demanda, o, si se prefiere, no es un tema de forma sino de fondo. Los temas de forma o procesales condicionan el que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto; el tema de fondo condiciona el concreto contenido de la sentencia. Si falta un presupuesto procesal, como es la capacidad, no se dicta sentencia sobre el fondo, sino meramente procesal o de absolución en la instancia; si falta la legitimación, sÍ se dicta sentencia sobre el fondo, denegándose en ella la tutela judicial pedida." (J.M.A., "La legitimación en el proceso civil", pág. 32-3, Madrid, 1994, España)
La legitimación ad causam es un presupuesto para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden demandar; es decir, el proceso necesita que actúen quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis, como enseña O.G. (autor citado, "La legitimación en el proceso civil", pág. 102, Buenos Aires, 1996).
De lo expresado, podemos concluir que el señor J.I.B. no estaba legitimado para interponer la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en contra la Resolución No.306 de fecha 20 de julio de 2007, emitida por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, ni para solicitar las demás declaraciones pedidas, por lo que corresponde es declarar probada la excepción de falta de legitimación activa en la causa y ordenar el archivo del expediente.
Ante tal declaratoria se hace improcedente el análisis del fondo de la controversia, porque como ha quedado demostrado el señor J.I.B., ha actuado de forma ilegítima en el proceso.
En atención a las consideraciones anteriores, la S. estima que lo procedente es declarar probada la excepción invocada por el Procurador de la Administración.
En consecuencia, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE ILEGITIMIDAD ACTIVA EN LA CAUSA propuesta por la Procuraduría de la Administración dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.211 de 26 de junio de 2007, dictada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.
EFRÉN C. TELLO C. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

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Artículo 34
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Artículo 52

Artículo 69

Artículo 116

Artículo 141
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