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Timestamp: 2018-10-16 17:01:53+00:00

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﻿ Sentencia 31760 de septiembre 14 de 2009
SENTENCIA 31760 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:ACEPTACIÓN DEL ALLANAMIENTO. NO HAY LUGAR A CONTROVERTIR CON POSTERIORIDAD A LA ACEPTACIÓN DEL ALLANAMIENTO POR PARTE DEL JUEZ, LA EXISTENCIA DEL DELITO O LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PENAL, IMPUTADO, ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO, DEBERES DEL JUEZ, DELITO
Sentencia 31760 de septiembre 14 de 2009
1. Anotación inicial. Ausencia de impedimentos.
La Sala advierte que no concurren circunstancias que comporten impedimento de alguno de los integrantes de la Sala, por cuanto no obstante haber conocido de cuatro acciones de tutela en sede de impugnación, siendo dos de ellas por los mismos hechos, no se observa que se hubiere emitido concepto de fondo sobre el desarrollo del proceso penal que conlleve el apartamiento del conocimiento en sede de casación:
i) El radicado 36181 del 17 de abril de 2008, se declaró improcedente al encontrarse en curso el proceso.
ii) Se declaró la nulidad de lo actuando al desatender la Sala la declaratoria de temeridad a cargo del tribunal de primera instancia.
2. La inadmisión de la demanda.
Conforme a las previsiones de la Ley 906 de 2004, el recurso de casación propende por la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes y la reparación de los agravios inferidos a estos, de donde se colige que es indispensable que el censor demuestre tratándose del sistema acusatorio la necesidad de intervención de la Corte a través de un discurso lógico jurídico y con suficiente claridad y precisión.
Como fácilmente se advierte, la demanda promovida en esta ocasión no reúne los requisitos mínimos exigidos por el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal de 2004 como que se trata de un mero alegato de instancia ante la inconformidad por los resultados del trámite y su afán de retractarse de los cargos, razón por la cual se inadmitirá.
El desatino del censor es evidente por cuanto, entre otras muchas falencias, si invocó como finalidad del mismo el respeto a las garantías de los intervinientes en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, la técnica manda que el ataque extraordinario bajo la égida de la Ley 906 de 2004 ha debido rituarlo por la senda de la causal segunda del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal(9), tema que no obstante ser crucial no le comportó ninguna inquietud por cuanto por parte alguna asomó la causal.
Y es que la contradicción es patente, pues simultáneamente se reclama fallo de reemplazo (esa es la consecuencia de invocar la violación indirecta) y retrotraer el trámite (solución a las faltas al debido proceso), posturas que por repelerse no pueden ser presentadas en el mismo cargo, sino separada y subsidiariamente.
Esa irregularidad por sí sola daría lugar a la inadmisión de la demanda, empero, teniendo en cuenta, como la Sala tiene dicho, que las causales de casación no son un fin en sí mismas, sino un instrumento a través del cual se protegen las garantías de los derechos fundamentales vulnerados, es que la Corte se ocupa de su análisis.
3. Falta de interés para recurrir. Acogimiento a cargos.
El libelista carece de interés para recurrir, pues aunque no es dable soslayar que la demanda la dirige contra un fallo obtenido mediante el sistema de allanamiento, y en el desarrollo propende por la protección de garantías fundamentales, evento en que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación(10), se legitiman el procesado o su defensor para interponer el recurso extraordinario de casación cuando se trata de sentencias proferidas en forma anticipada.
En suma, si la alegación se refiere a la vulneración de sus garantías fundamentales, o al quantum de la pena y a los aspectos operacionales de la misma, nace el interés jurídico para recurrir por vía de apelación e, incluso mediante la casación, la sentencia obtenida a través de la aceptación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio; no así, como en este caso, cuando lo que se pretende es discutir aspectos relacionados con el injusto y su responsabilidad(11). Así lo tiene dicho la Sala:
En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral del procesado, que decide allanarse a los que le fueron formulados en la audiencia de imputación con el fin de obtener una rebaja significativa en el quantum de la pena —como ocurre en este caso—, no hay lugar a controvertir con posterioridad a la aceptación del allanamiento por parte del juez, la lesividad del comportamiento, o a aducir causales de justificación o de inculpabilidad.
En otras palabras, luego de que el juez de control de garantías acepta el allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no es posible retractarse de lo que se ha admitido y el juez de conocimiento debe proceder a señalar fecha y hora para dictar sentencia e individualizar la pena (L. 906/2004. arts. 131 y 293). En consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, toda impugnación que busque deshacer los efectos del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad.
De ello se sigue una segunda conclusión: el procesado tiene facultad para discutir en apelación y posteriormente alegar en casación la vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma, aspecto éste último que le está vedado controvertir a quien preacuerda con la fiscalía los términos de su responsabilidad y el quantum de la pena, siempre y cuando el juez, como le corresponde, los haya respetado (L. 906/2004, art. 351, inc. 4).
La tesis de la Sala guarda perfecta armonía con el contenido del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, en cuanto preceptúa que la aceptación de la imputación por parte del indiciado no admite retractación, cuando la misma es voluntaria, libre y espontánea(12) y con la Sentencia C-1195 del 22 de noviembre de 2005 emitida por la Corte Constitucional(13).
Y es que el principio según el cual la última palabra del procesado debe primar, no puede mantener en la indefinición el trámite del proceso una vez se ha producido el acogimiento a cargos y se ha verificado con el pleno respeto a las garantías del acusado bajo el sofisma de sus garantías superiores o como lo exaltó el casacionista su derecho a la contradicción en la audiencia de lectura de sentencia(14).
Entonces, cuando el juez de control de garantías o el de conocimiento, acepta el allanamiento por considerarlo que fue voluntario, libre, espontáneo, informado y asistido, le surge al procesado la imposibilidad de retractarse de lo que ha admitido; adicional a ello, es incompatible con el principio de lealtad toda impugnación que busque deshacer los efectos de la aceptación de la responsabilidad.
Y es que, verificado lo sucedido en la audiencia de formulación de imputación, permite advertir que se ofrece no solo sesgada, sino descontextualizada, fragmentaria y claramente interesada la versión que de ello presenta el casacionista. La audiencia de formulación de imputación celebrada dentro del trámite fue respetuosa de la forma en que se han de formular los cargos en sede de la audiencia preliminar desarrollada ante el juez de control de garantías, pues, no solo la fiscalía y la defensa(15) cumplieron cabalmente con su tarea, sino que la funcionaria encargada de dirigir la audiencia, ilustró, instruyó, en debida forma al imputado sobre las consecuencias que se derivaban en uno y otro sentido, lo que por contera le garantizó la plena efectivización de sus derechos, no solo haciéndoselos conocer, sino verificando su adecuada comprensión. En estos términos se ofreció(16):
“Señor Luis Jaime Cuartas Murillo. Usted acaba de escuchar a la señora fiscal que le formuló cargos por el delito de acceso carnal con incapaz de resistir, este delito se encuentra contemplado en el Código Penal en el artículo 210 inciso primero y conlleva una pena de 64 a 144 meses de prisión. Esto quiere decir que a usted se le está investigando porque al parecer usted accedió carnalmente, esto es, le introdujo el pene al menor J.D.G.O. hijo de José Fernando García, siendo usted conciente de que este menor poseía o posee un trastorno mental. Por estos hechos y por el delito que le acabo de mencionar Usted está siendo investigado. Usted en esta audiencia tiene derecho a guardar silencio, si usted renuncia a ese derecho debe manifestar si acepta o no acepta los cargos tal y como le fueron formulados por la fiscalía. Si usted acepta los cargos esa decisión debe ser libre, conciente y voluntaria, es decir, sin estar presionado para aceptar, ni obligado por nadie, debe estar Usted en este momento en sus cinco sentidos, conciente en entender el delito y los hechos por los que le está investigando y la pena que conlleva ese delito. Debe ser también usted la persona que finalmente a su libre voluntad acepta los cargos. La consecuencia de aceptar es obligatoriamente una sentencia condenatoria en su contra. Usted renunciaría al principio de inocencia y contradicción, es decir, Usted después no podría decir que es inocente, que no cometió ese delito o que Usted tuvo una causal de justificación para cometerlo. Por aceptar tendría el derecho a una rebaja de hasta el 50% de la misma, esto de conformidad pues con lo que ha mencionado la señora fiscal en cuanto a que los hechos se han sucedido con anterioridad al Código del menor por lo que se le puede entonces ofrecer esa rebaja de pena. No es posible una retractación, es decir, si usted hoy acepta después no podrá arrepentirse de haber aceptado. Hasta este momento llegaría entonces la investigación, el proceso se terminaría con una sentencia condenatoria en su contra emitida ya por un juez de conocimiento y con el derecho a la rebaja de hasta la mitad de la pena. Si usted no acepta los cargos su caso entonces sería llevado a juicio, un juicio oral, público, contradictorio y concentrado, es decir, con todos los derechos y garantías que tendría usted como persona acusada. Usted en este juicio podría aportar las pruebas que tenga para contradecir las que presente la fiscalía en su contra. El principio de inocencia lo acompañaría ahí si hasta el final del proceso y no tendría derecho a la rebaja que hoy se le esta ofreciendo por aceptar. En este momento entonces el despacho le pregunta al señor Luis Jaime Cuartas Murillo. Usted entiende los cargos que le ha formulado la fiscalía? Usted entiende el delito por el que se le está investigando y la pena que conlleva el delito? Qué tiene entonces para manifestar al respecto. Únicamente debe manifestar acepto o no acepto o guardo silencio.
Acepto los cargos. Esa aceptación es libre, conciente y voluntaria”.
Agréguese a lo dicho: la condición de abogado titulado del imputado permite inferir como inadmisible su desconocimiento frente a la acusación y la admisión de los cargos.
De manera que, dadas las circunstancias puntuales en que se produjo el allanamiento a la imputación formulada contra Luis Jaime Cuartas Murillo es evidente la carencia de interés para discutir en esta sede aspectos relacionados con el tema probatorio ora sobre la existencia del delito imputado o su responsabilidad, pues, se reitera, el allanamiento a la imputación, en tanto se respeten las garantías procesales en los términos antes reseñados, no admite posibilidad alguna de su retractación y por tanto la propuesta impugnatoria que busque dicho efecto debe ser rechazada.
En tales condiciones, dentro del marco del principio de lealtad que las partes deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral del imputado o acusado, no hay lugar a controvertir con posterioridad a la aceptación del allanamiento por parte del juez, la existencia o no tanto de la conducta punible como la responsabilidad del procesado.
Entonces, cuando la censura formulada contra la sentencia por vía de la casación tiene como finalidad debatir aspectos relacionados con el injusto, su responsabilidad, el caudal probatorio, el actor carece de interés, aspecto que, como se indicó en precedencia, se constituye en presupuesto imprescindible para la admisibilidad de la demanda(17).
Son todas las anteriores razones las que llevan a inadmitir la demanda, destacando la Sala que la única pretensión del casacionista se encamina a desconocer la aceptación a los cargos efectuada en su momento, en una clásica retractación que resulta manifiestamente improcedente, como lo tiene señalado la Corte de manera reiterada.
De igual manera, no se observó vulneración a las garantías superiores, tampoco —contrario al criterio del censor— se precisa del fallo para la unificación de la jurisprudencia pues como se vio sobre la temática se ofrece prolífica y pacífica.
2. El mecanismo de la insistencia
Al amparo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, cuando la Corte decida no darle curso a una demanda de casación, es procedente la insistencia, cuyas reglas, en ausencia de disposición legal, han sido definidas por la Sala en los siguientes términos(18):
Con tal propósito, teniendo en cuenta que la decisión a través de la cual no se selecciona la demanda está contenida en un auto a cuyo enteramiento o publicidad debe procederse obligatoriamente, con arreglo a lo dispuesto en Sentencia C-641 del 13 de agosto de 2002, por vía del procedimiento señalado en el artículo 169, inciso 3, de la Ley 906 de 2004, esto es mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes, se establecerá el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que se produzca alguna de las anteriores formas de notificación al demandante, como plazo para que este solicite al Ministerio Público o a alguno de los magistrados integrantes de la Sala, si a bien lo tiene, insistencia en el asunto.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el procesado Luis Jaime Cuartas Murillo.
(9) ART. 181.—Procedencia. (...) 2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
(10) Cfr. entre otros radicación 26587, 21 de febrero de 2007 y 27159, 18 de abril de 2007.
(11) Radicado 24.026, 20 de octubre de 2006.
(12) “ART. 293.—Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.
(13) “...5. Sobre la base del cumplimiento de las anteriores garantías, en relación con la norma demandada, una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, sin justificación válida y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante.
A este respecto debe destacarse que en la verificación del cumplimiento de los mencionados requisitos de la manifestación de voluntad, el juez debe poner en conocimiento del imputado en forma previa y clara las consecuencias jurídicas de la misma…”.
(14) Id. “...En este aspecto cabe señalar que si bien el llamado “derecho a la última palabra” del imputado o acusado, previsto en algunas legislaciones, como por ejemplo en el artículo 739 de la L. E. Crim. Española, el cual constituye una expresión clara del derecho de defensa y está contemplado también en algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004, no puede racionalmente entenderse en el sentido de que el desarrollo del proceso y por ende la voluntad punitiva del Estado a través de la jurisdicción penal queden subordinados a la voluntad de aquel, ya que la razón de ser de dicha modalidad del derecho de defensa es la garantía de que imputado o acusado tenga la posibilidad de controvertir todas las razones o argumentos expuestos por los demás sujetos del proceso, en las oportunidades en que las normas de procedimiento prevén su confrontación, lo cual lógicamente sólo es posible mediante la intervención en último lugar en cada una de tales oportunidades...”.
(15) La Corte destaca que al record 1.33 la defensa solicitó un receso, el que le fue concedido, para efectos de ilustrar en debida forma a su asistido sobre las consecuencias que se derivaban del allanamiento.
(16) Record 1.41:22 de la audiencia de legalidad de captura y formulación de imputación.
(17) Ver, entre otras, casación 24026 del 10 de octubre de 2005, casación 25765 del 7 de septiembre de 2006, casación 26587 del 21 de febrero de 2007, casación 26645 del 11 de abril de 2007, casación 27159 del 18 de abril de 2007 y casación 27108 del 3 de mayo de 2007.
(18) Auto del 12 de diciembre de 2005 (rad. 24.322).

References: artículo 184
 artículo 29
 artículo 181
 artículo 293
 artículo 210
 artículo 184
 artículo 169
 artículo 739