Source: https://tc.vlex.es/vid/2000-stc-254967
Timestamp: 2019-10-14 05:31:40+00:00

Document:
STC 101/2005, 19 de Abril de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 254967
Número de Recurso: 2287-2000
Sentencia citada en: 21 sentencias, 18 artículos doctrinales, una disposición normativa, 6 resoluciones administrativas
Con fecha 18 de abril de 2000 la Letrada de la Junta de Andalucía, en representación de su Consejo de Gobierno, presentó un escrito en el Registro General de este Tribunal mediante el cual promovió conflicto positivo de competencia contra los arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan director de la red de parques nacionales y los siguientes apartados del anexo que contiene dicho Plan director: apartado 1 c); apartado 3, epígrafes 2 c) y d); 3 a), b), j), k), l), ll) y m); 4 c), d), e) y f); 5; 6 l), m) y n); y 8 c); apartado 4, epígrafes 3; 4; 5; 6; y 7; apartado 5, epígrafes 1 c) y e); 2 a), b) y c); 3; 4; 5; 6; 8; y 9; apartado 6; apartado 7 y apartado 8.
Según resulta del contenido del mencionado escrito los términos del conflicto y su fundamentación se sintetizan seguidamente:
La Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía comienza su alegato señalando que el Real Decreto 1803/1999, objeto del conflicto, vulnera las competencias autonómicas en materia de "espacios naturales protegidos" y de "medio ambiente" (arts. 13.7 y 15.1.7 EAAnd), con infracción de lo dispuesto en los arts. 149.1.23 y 156.1 CE.
Tras este planteamiento general la Letrada de la Junta de Andalucía analiza el reparto competencial en la materia ahora afectada. Al efecto indica que al Estado le corresponde el establecimiento de las bases en materia de "medio ambiente" y a la Comunidad Autónoma de Andalucía su desarrollo legislativo y ejecución (art. 15.1.7 EAAndnd), dirigiéndose esta competencia a la intensificación y desarrollo de las normas básicas y a su aplicación.
La Letrada de la Junta de Andalucía examina a continuación los preceptos que constituyen el objeto de la impugnación, comenzando por los arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto 1083/1999.
El reproche que se dirige al art. 3 del Real Decreto 1083/1999 por la condición de "directrices" que otorga al contenido del Plan Director se extiende a su contenido, dada su excesiva precisión y concreción, lo que supone el desconocimiento de las competencias autonómicas antes aludidas, que son de carácter tanto normativo como de gestión.
Mediante providencia de la Sección Primera de 10 de mayo de 2000, se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, al objeto de que en el plazo de veinte días pudiera personarse en el proceso y formular alegaciones. Se acordó, asimismo, comunicar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la formalización del conflicto, por si ante la misma se hubiere impugnado o se impugnare el Real Decreto 1803/1999 en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta que se produzca la resolución del conflicto, según determina el art. 61.2 LOTC. También se acordó oír al Abogado del Estado acerca de la acumulación de este conflicto a los recursos de inconstitucionalidad núms. 460/98, 469/98 y 483/98, según se solicita en la demanda, oyendo también sobre este extremo a las partes personadas en dichos recursos. Por último, se decidió publicar la incoación del conflicto en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de la Junta de Andalucía.
El día 23 de mayo de 2000, mediante el correspondiente escrito, el Abogado del Estado comparece en el proceso, en la representación que ostenta, y solicita una prórroga del plazo para hacer alegaciones.
La Sección Primera, por providencia de 25 de mayo de 2000, prorroga en diez días el plazo concedido al Abogado del Estado para realizar sus alegaciones.
Mediante escritos registrados los días 25 de mayo, 1 de junio y 6 de junio, todos ellos de 2000, las representaciones procesales de las Cortes de Aragón, Parlamento de Andalucía y Gobierno de la Generalidad de Cataluña, manifiestan al Tribunal que no se oponen a la acumulación solicitada por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
El día 6 de junio de 2000 el Abogado del Estado presenta sus alegaciones en el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 1803/1991, las cuales se resumen a continuación:
Tras hacer referencia a los preceptos del Real Decreto 1803/1999 que constituyen el objeto de este conflicto positivo de competencia el Abogado del Estado examina el objeto de dicho Real Decreto.
Una vez expuesto el objeto del conflicto y los términos en que el mismo se sustenta el Abogado del Estado recuerda que este conflicto, al igual que el recurso de inconstitucionalidad núm. 460/98, promovido contra la Ley 41/1997, y otros recursos y conflictos estrechamente conectados con aquél, desconoce la doctrina sentada en la STC 102/1995, FFJJ 21 y 22, doctrina que justifica el carácter básico de la misma existencia del parque nacional y el modelo de gestión compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma correspondiente de los parques nacionales. Estos criterios jurisprudenciales de la STC 102/1995 se sustentan, de un lado, en la existencia de un interés general vinculado a la preservación de los principales sistemas naturales españoles, y en la correlativa mayor intensidad de la competencia estatal (art. 149.1.23 CE) en la normación y la gestión necesarias para asegurar la unidad del régimen jurídico de estos parques.
El Plan Director, continúa argumentando el Abogado del Estado, constituye un instrumento dirigido a dotar de coherencia a la red de parques nacionales, lo que justifica que su contenido se extienda a todo aquello que se considere preciso para asegurar unos mínimos criterios de conservación, utilización y protección de los parques nacionales. Por tanto su carácter de "directriz" no puede ser más lógico y proporcionado a la protección que pretende.
Tras ello el Abogado del Estado entra a examinar los motivos concretos que sustentan la impugnación a los que ya hizo referencia.
Por providencia de 19 de abril de 2005, se señaló para deliberación y fallo el día 20 de igual mes y año.
El presente conflicto positivo de competencia, planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se extiende a los arts. 1, 2 y 3 del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan director de la red de parques nacionales, y a los siguientes apartados de su anexo, que contiene dicho Plan director: apartado 1 c); apartado 3, epígrafes 2 c) y d); 3 a), b), j), k) l), ll) y m); 4 c), d), e) y f); 5; 6 l), m) y n); y 8 c); apartado 4, epígrafes 3; 4; 5; 6; y 7; apartado 5, epígrafes 1 c) y e); 2 a), b) y c); 3; 4; 5; 6; 8; y 9; apartado 6; apartado 7 y apartado 8.
Puesto que la controversia competencial se refiere al Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que constituye una de las figuras planificadoras que se proyectan sobre los Parques Nacionales, es conveniente que hagamos, con carácter previo, una breve referencia a la configuración normativa que de los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos realizan la Ley 4/1989 y el Real Decreto 1803/1999, objeto de este conflicto.
Una vez expuesto el objeto de la controversia competencial y, siquiera sea de modo general, los motivos en que la misma se sustenta, podemos empezar su análisis, atendiendo, en primer lugar, al encuadramiento competencial de los preceptos que se discuten.
Avanzando un paso más, seguidamente debemos recordar y concretar los términos en que se presenta el debate en este conflicto positivo de competencia con el fin de configurar los criterios que han de constituir nuestra ratio decidendi.
La resolución de la controversia expuesta requiere que hagamos una serie de consideraciones que determinarán nuestra labor de enjuiciamiento.
La primera de ellas tiene, lógicamente, relación con la tacha que al art. 3 del Real Decreto 1803/1999 formula la Letrada del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que conecta directamente con el reproche que dicha representación procesal dirigió en el recurso de inconstitucionalidad aludido al art. 22.bis.2 de la Ley 4/1989, tras la modificación realizada mediante la Ley 41/1997.
Hemos considerado, en definitiva, que se adecúa al orden constitucional de distribución competencial que el Plan director de la red de parques nacionales tenga el carácter de directrices a los efectos del art. 8.1 de la Ley 4/1989 y, por tanto, carácter básico (art. 8.2 de la misma Ley), pudiendo con ello condicionar el contenido de los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales (art. 19.4 de la Ley 4/1989, en la redacción dada por la Ley 41/1997). Pero, a la vez, hemos dejado abierta la posibilidad de que las prescripciones normativas concretas del Plan director puedan exceder del carácter básico, invadiendo así las competencias autonómicas.
Nuestra doctrina tradicional sobre las exigencias y características de la normativa básica, que se acaba de reproducir, debe ser completada con otros criterios que, específicamente, hemos dejado sentados también como característicos de las normas básicas en materia de medio ambiente (art. 149.1.23 CE).
Comenzaremos examinando el Real Decreto 1803/1999, del que han sido impugnados sus arts. 1, 2 y 3. A continuación se reproducen estos preceptos:
Procede ahora analizar el anexo del Real Decreto 1803/1999, que contiene el Plan director de la red de parques nacionales y que ha sido parcialmente impugnado.
Procede, pues, abordar el examen de las impugnaciones relativas a apartados concretos del Plan director de la red de parques nacionales y apreciar si, como sostiene la parte actora, los mismos exceden de la competencia estatal básica en materia de "medio ambiente" (art. 149.1.23 CE).
En primer lugar se impugna el apartado 1 [Objetivos del Plan director], epígrafe c), que configura entre los "objetivos generales del Plan Director, a desarrollar mediante el programa de actuaciones de la Red contenido en el presente Plan Director", el siguiente:
Del apartado 3 [Directrices generales para la gestión coordinada de la red] se impugnan sus epígrafes 2 c) y d); 3 a), b), j), k), l), ll) y m); 4 c), d), e) y f); 5; 6 l), m) y n); y 8 c).
El epígrafe 2, c) y d) dispone lo siguiente:
El epígrafe 3 [Directrices en relación con el uso público y atención al visitante] a), b), j), k), l), ll) y m) dispone lo siguiente:
Existe una asociación significativa entre los objetivos del parque y la actividad propuesta, y
Contribuye a mejorar la comprensión de la significación de los parques por el público. Se exigirá el pago de un canon a la administración del parque para su celebración. No se autorizará, sin embargo, la celebración de actividades extraordinarias cuyo fin principal sea comercial, publicitario o de lucro".
El epígrafe 4 [Directrices en relación con la investigación y seguimiento de los recursos], c), d), e) y f) prevé:
El epígrafe 5 [Directrices en relación con las explotaciones y con los aprovechamientos y usos tradicionales] ha sido impugnado en sus letras a), b), c) y d), que establecen lo siguiente:
"Las más importantes son las que pueden afectar al principio de solidaridad. Quizá más que la invocación genérica de este principio, y de los citados arts. 2 y 138 de la Constitución, cuya importancia por otra parte no puede ponerse en duda, conviene fijar la atención en el hecho de que con arreglo al art. 128.1 de la misma ?toda la riqueza del país en sus distintas formas y fuese cual fuese su titularidad está subordinada al interés general?. En una de sus aplicaciones, este precepto supone que no pueden substraerse a la riqueza del país recursos económicos que el Estado considere de interés general, aduciendo otras finalidades, como la protección del medio ambiente. Se trata de nuevo de armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los recursos económicos. Ello supone que si bien como se ha dicho anteriormente la imposición de una carga adicional para la protección del medio ambiente no es en sí contraria a la Constitución ni al Estatuto, sí lo es la prohibición con carácter general de las actividades extractivas de las secciones C y D, que son las de mayor importancia económica, en una amplia serie de espacios aunque se exceptúen de esa prohibición los casos en que a nivel estatal y según el plan energético o cualquier otro análogo sea definida la prioridad de aquella actividad con referencia a otros intereses públicos concurrentes (art. 3.3 de la Ley). Cuestión distinta es que puedan prohibir la actividad minera en casos concretos, siempre que no exista un interés prioritario, pero el carácter general con la excepción citada, que prevé el art. 3.3 de la Ley impugnada, debe tacharse de inconstitucional por exceder la finalidad de la Ley y por substraer a la riqueza nacional posibles recursos mineros." (STC 64/1982, FJ 6).
En cuanto al epígrafe 5 b), también impugnado, hay que tener en cuenta que la protección ambiental que el Estado puede imponer no se predica sólo en abstracto de los espacios naturales, sino también, según hemos señalado, "de sus habitantes vivos, los animales y los vegetales, recursos en definitiva y factores del concepto de medio ambiente en su configuración constitucional, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores y elementos principales de cualquier ecosistema por aparecer más desvalidos ante las agresiones no sólo directas sino indirectas, a través de la degradación del ?hábitat?, de su espacio vital. La flora y la fauna espontáneas y oriundas, silvestres, son por tanto los primeros sujetos merecedores de protección" (STC 102/1995, FJ 23). Este criterio nos llevó a apreciar en esta misma Sentencia, al examinar los preceptos legales de la Ley 4/1989 relativos a la caza y la pesca, que respecto de ellas también se "legitima la actuación estatal al respecto, dentro del marco estricto de su competencia sobre protección del medio ambiente que le es propia, la legislación básica, pero con una protección menos extensa e intensa, nunca expansiva, además, por topar frecuentemente con la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre la materia" (STC 102/1995, FJ 25).
El epígrafe 6 [Directrices en relación con las infraestructuras del Parque] l), m) y n), ha sido impugnado y prevé:
El epígrafe 8 [Directrices de organización, imagen y coordinación administrativa], establece en su letra c):
Procede ahora que abordemos el enjuiciamiento del apartado 4 [Directrices para la planificación de los planes nacionales], del cual se han impugnado los epígrafes 3, 4, 5, 6 y 7.
El epígrafe 3 [La zonificación de los Parques Nacionales] establece:
Para los parques nacionales se establecen las zonas siguientes, ordenadas de mayor a menor grado de protección:
Zona de asentamientos tradicionales, sólo en los casos en que así se requiera.
Contener valores naturales de primera magnitud de acuerdo a su rareza, fragilidad, biodiversidad e interés científico;
Englobar procesos de regeneración o de estudio de recursos naturales, o,
calificarse como peligrosas para el uso público.
Zona de uso restringido:
Zona de asentamientos tradicionales:
El epígrafe 4 [Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión] prescribe lo siguiente:
Una primera parte de definición de objetivos y criterios centrada en los siguientes apartados:
Objetivos del parque nacional.
Objetivos del plan rector de uso y gestión.
Una segunda parte jurídico-normativa y de regulación de actividades, con los siguientes apartados:
Identificación de actividades incompatibles con los fines del parque.
Régimen de usos y aprovechamientos.
Relación con otros instrumentos normativos y de planificación.
Una tercera parte de programación de actividades a desarrollar por la administración del parque nacional, con los siguientes apartados:
En materia de conservación.
En materia de uso público y visitas.
En materia de seguimiento.
En materia de relaciones con el entorno y difusión.
En materia de desarrollo de planes sectoriales.
Estimación económica de las inversiones correspondientes".
El epígrafe 5 [El proceso de elaboración de los Planes rectores de uso y gestión] también ha sido impugnado y prevé:
Elaboración del proyecto del plan:
Fase primera: análisis documental y diagnóstico. Esta fase tiene como objeto la realización de una evaluación detallada del estado del parque. Su elaboración corresponde a la administración del parque y es el punto de partida para el trabajo del equipo redactor.
La documentación elaborada en esta primera fase podrá ser objeto de informe por el patronato del parque antes de ser trasladada al equipo redactor.
Fase segunda: definición de los objetivos. Tiene por finalidad fijar, por parte del equipo redactor, los objetivos del plan a partir de la documentación elaborada en la fase anterior y en particular a partir de la relación de cuestiones sustanciales del documento de diagnóstico de gestión. Para su formulación habrá de tenerse en cuenta que:
Han de reflejar la situación a alcanzar durante la vigencia del plan.
Pueden ser objeto de revisión durante el proceso de elaboración del plan.
Es un listado de fines, no de medios. No avanzan soluciones.
Incorporan la participación pública en su determinación.
Reflejan con claridad las limitaciones que la protección de los recursos conlleve.
Toman en consideración la capacidad de gestión del parque.
Fase tercera: establecimiento y selección de soluciones. Tiene por objeto establecer y seleccionar las acciones adecuadas para abordar las cuestiones sustanciales. Estas quedarán enmarcadas en el ámbito de alcance del plan, por lo que no cabe considerar aquellas de alcance superior al mismo. En caso de que se entienda adecuado proponer acciones de dicha índole deberá utilizarse el cauce adecuado para cada caso.
Opción de no intervención. Analiza la situación a la que se llegaría durante el periodo de vigencia del plan en caso de que las cosas siguiesen su curso actual y no se emprendiesen nuevas acciones.
Opción de intervención limitada. Recoge la acción requerida para proporcionar, de acuerdo con las finalidades del parque, una capacidad básica de protección de sus recursos, de acogida de visitantes, de gestión del espacio y, en su caso, de mantenimiento de las instalaciones y de los servicios ya existentes.
Opción de intervención sustantiva. Incluye las acciones necesarias para desarrollar ampliamente los objetivos del parque en materia de conservación de recursos y uso público. Como resumen de lo anterior se elaborará un documento de opciones evaluadas, sintético y de fácil comprensión, con los elementos básicos para orientar la toma de decisiones, que contendrá:
Una descripción de cada cuestión sustancial.
Una enumeración de las opciones propuestas para cada cuestión sustancial, con indicación de sus ventajas e inconvenientes.
Una indicación valorada para cada opción de su incidencia ambiental, su coste económico y su viabilidad.
Fase cuarta: redacción del proyecto del plan. A partir de las opciones seleccionadas, y de acuerdo con el contenido establecido en el apartado 4.4, el equipo redactor, conforme a las determinaciones de la Comisión Mixta de Gestión, procede a la redacción del proyecto de plan.
Tramitación del proyecto del plan:
El epígrafe 6 [Elaboración de los planes sectoriales] dispone lo siguiente:
El epígrafe 7 [Otras cuestiones relacionadas con la planificación de los parques nacionales] establece:
En la elaboración de los instrumentos de planificación el Organismo autónomo Parques Nacionales ejercerá las funciones de secretaría y proveerá de los medios precisos para el funcionamiento de los equipos planificadores.
Al objeto de asegurar la aplicación armónica del proceso de planificación en toda la red, el Organismo autónomo Parques Nacionales podrá establecer, previo informe del Consejo de la Red, las medidas necesarias para garantizar dicha homogeneidad".
Cumple ahora iniciar el examen del apartado 5 [Programa de actuaciones de la red], del que han sido impugnados sus epígrafes 1 c) y e); 2 a), b) y c); 3; 4; 5; 6; 8; y 9.
El epígrafe 1 [Actuaciones generales y consolidación de la red dentro de la política nacional de conservación de la naturaleza] c) y e) dispone:
El objetivo a alcanzar durante la vigencia del Plan Director es el de determinar el esquema potencial de la red de parques nacionales y su articulación espacial dentro de un modelo de seguimiento homogéneo, y armonizar las estrategias de gestión y planificación, para ello se desarrollarán las siguientes actuaciones:
El epígrafe 2 [Conservación de los valores naturales contenidos en la red de parques nacionales] a), b) y c), establece lo siguiente:
Evaluar la situación de calidad ambiental en que se encuentre la biodiversidad en el ámbito de la red a completar en el plazo de tres años. Durante el resto del período de vigencia del Plan Director se desarrollarán aquellas actuaciones necesarias con el objetivo de reducir los factores de riesgo al máximo posible.
Desarrollar un programa de acción común, capacitación, formación y ensayo, con carácter aplicado, para la mejora de la situación de la biodiversidad amenazada en la red de parques nacionales, reintroducción de especies desaparecidas, restauración de hábitat y erradicación de especies introducidas. A partir del primer año de vigencia del Plan Director se desarrollará un programa especifico con carácter demostrativo. Se prestará particular atención a las especies presentes en más de un parque o incluidas en el Catálogo Nacional de especies amenazadas.
Establecer unos criterios comunes de evaluación ambiental tanto para las actuaciones como para los planes y programas que se desarrollen en parques nacionales. Definición del protocolo en el plazo de doce meses".
El epígrafe 3 [Uso público de los parques nacionales] ha sido impugnado en su totalidad y dispone lo siguiente:
Adoptar las directrices comunes para la determinación de la capacidad de acogida de visitantes en los parques nacionales, en el plazo de dieciocho meses.
Determinar las directrices comunes en interpretación de la naturaleza que incluirán un programa de contenidos mínimos a desarrollar en el conjunto de los parques nacionales, en el plazo de dos años. Asimismo, se programarán, diseñarán y ejecutarán actuaciones horizontales en materia de interpretación a desarrollar en los parques nacionales y fuera de ellos.
Establecer un programa de actuación para favorecer la inclusión de los aspectos derivados de los parques nacionales entre los contenidos de la enseñanza reglada, en colaboración con las Administraciones competentes en materia educativa.
Abrir al público el Centro Nacional de Interpretación de la Red de Parques Nacionales en el plazo máximo de cuatro años. Contará con información e interpretación de la red de parques nacionales con carácter estable y permanente, y con una amplia capacidad de atención directa.
Puesta en marcha, con carácter complementario a las instalaciones de cada parque nacional, de la central de información y reservas en materia de servicios de uso público en los parques nacionales. En el plazo de doce meses estará en funcionamiento.
Desarrollar un programa para dotar a los parques nacionales de las infraestructuras básicas y complementarias de acogida al objeto de permitir un nivel homogéneo en los servicios de atención al público. En lo referido a infraestructuras básicas el programa deberá estar completado en el plazo de dos años".
El epígrafe 4 [Sensibilización y participación social en la red de parques nacionales], determina:
Se elaborará una estrategia de comunicación exterior para la red en el plazo de seis meses.
Intensificación de los programas de voluntariado en parques nacionales, con el objetivo de alcanzar una cifra anual de 2.000 voluntarios a la finalización de la vigencia del Plan Director, sin menoscabo de la capacidad de creación de empleo.
En materia de patrocinio y mecenazgo en el plazo de dieciocho meses se definirá un programa especifico de actuaciones que determine las acciones a llevar a cabo y coordine los procedimientos".
El epígrafe 5 [Investigación] establece:
Establecer, en colaboración con la comunidad científica y tras un proceso de diálogo, el programa de investigación para la red en el plazo de dos años. Incluirá los criterios necesarios para establecer prioridades en cuanto a los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación calificados en el mismo como prioritarios deberán iniciarse antes de un plazo de doce meses a partir del establecimiento del programa.
Creación de un comité científico especializado para el apoyo y asesoramiento en las decisiones de parques nacionales que así lo requieran.
Elaboración en el plazo de seis años de un atlas científico de cada parque que incluirá un cartografiado de los procesos ecológicos esenciales y caracterizadores del mismo".
El epígrafe 6 [Desarrollo sostenible e integración social] prevé lo siguiente:
Establecer los criterios de elegibilidad, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los municipios, para la aplicación del artículo 22.quater de actividades de desarrollo sostenible a incentivar en las áreas de influencia socioeconómica de los parques, así como los mecanismos para la divulgación de los resultados, al objeto de lograr un efecto demostrativo, antes de dos años. En los casos adecuados dichas actividades se podrán integrar en programas piloto.
Desarrollar un programa de ayudas y subvenciones a instituciones públicas y privadas entre las poblaciones de las áreas de influencia socioeconómica, al objeto de crear iniciativas económicas competitivas que generen tejido empresarial.
Elaborar un programa de mantenimiento de actividades tradicionales compatibles en los parques nacionales como parte de la estrategia de conservación de sus valores naturales y culturales antes de cuatro años.
En los casos en que resulte procedente, establecer y aplicar, conforme a la legislación vigente, criterios y mecanismos ágiles para la valoración e indemnización de aquellas actividades y derechos que sea necesario limitar o suprimir en razón de su incompatibilidad con los fines de los parques nacionales".
El epígrafe 8 [Imagen y coherencia], establece:
Renovar la imagen corporativa y la identidad gráfica de la red antes de doce meses. Completar la señalización de los parques nacionales en el plazo de veinticuatro meses.
Reglamentar el uso de la imagen exterior de los parques nacionales por parte de terceros. Antes de doce meses se adoptará dicho reglamento mediante Orden.
Establecer la red Inpar de información general sobre parques nacionales. En dieciocho meses se pondrá en marcha la red, que será de acceso gratuito para los ciudadanos.
Promover la proyección de la red y de los parques nacionales a través, entre otras acciones, del desarrollo de un programa especifico de publicaciones. Dicho programa, que asegurará un nivel homogéneo en las publicaciones de los parques, incluirá también la edición de una revista. Se complementará el centro de publicaciones existente, con la constitución de un consejo responsable del plan editorial".
El epígrafe 9 [Organización administrativa y formación del personal], impugnado en su totalidad dispone:
Elevar al Consejo de la Red en el plazo de nueve meses una propuesta de criterios de financiación y de asignación de prioridades para la distribución de recursos entre los parques y los programas.
Establecer un centro de documentación y un banco de datos sobre parques nacionales. Dotar la Red de un sistema de información geográfica integrado para todas las unidades como medio de apoyo a la gestión.
Establecer un programa de formación y perfeccionamiento de personal de parques nacionales".
Por tanto, sus letras a) ?financiación y asignación de prioridades? y c) ?formación y perfeccionamiento? vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por el contrario, su letra b) ?establecimiento de un centro de documentación y de un banco de datos relativos a todos los parques? se inscribe en la competencia estatal, por razón de coordinación y supraterritorialidad.
El apartado 6 [Fuentes financieras y criterios de distribución], impugnado en su integridad, dispone:
El apartado 7 [Evaluación y seguimiento del Plan director], dispone:
Por último, se impugna el apartado 8 [Ejecución, vigencia y revisión del Plan], que prevé lo siguiente:
Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia núm. 2287-2000, planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra diversos preceptos del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre por el que se aprueba el Plan director de la red de parques nacionales y, en consecuencia:
Declarar que vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía los siguientes apartados del anexo de dicho Real Decreto que contiene el Plan director de la red de parques nacionales:
- apartado 3, epígrafes 3 a), b), j), último inciso y l); 4 d), segundo inciso, y f);
- apartado 4, epígrafes 4; 5; 6; y 7;
- apartado 5, epígrafes 1, último inciso de las letras c) y e); 3 a), b), c) y f); 4; 5 a) y c); 6; 8, salvo el inciso "renovar la imagen corporativa y la identidad gráfica de la red" de su letra a) y 9 a) y c); y
- apartado 8.
Voto particular que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel respecto de la Sentencia dictada en el conflicto de competencia número 2287/2000, planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, contra diversos preceptos del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
El análisis del precepto exige tener presente en todo momento, como de hecho hace la Sentencia de la mayoría, dos elementos de la máxima trascendencia. En primer lugar, que nos encontramos ante un supuesto de concurrencia en el mismo espacio físico de competencias que tienen distinto objeto jurídico, la competencia estatal de protección ambiental (art. 149.1.23ª CE) y las competencias sectoriales sobre caza, pesca fluvial y pesca en aguas interiores, marisqueo, etc. (art. 13.18 EAAnd.). En segundo lugar, hay que tener en cuenta el canon de no vaciamiento de la competencia sectorial. Es decir, que "en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica, aun siendo menor que en otros ámbitos, no puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 149/1991 (fundamento jurídico 1, D, in fine) de la cual hemos de apartarnos en este punto, a tal grado de detalle que no
permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido". (STC 102/1995, FJ 8).
En el ámbito determinado por la caza y pesca, al que se circunscribe este Voto, los anteriores principios permiten afirmar, tal como se desprende de la resolución mayoritaria, que la protección ambiental que el Estado puede imponer no se predica sólo en abstracto de los espacios naturales sino también "de sus habitantes vivos, los animales y los vegetales, recursos en definitiva y factores del concepto de medio ambiente en su configuración constitucional, como ya se ha dicho en ocasiones anteriores y elementos principales de cualquier ecosistema por aparecer más desvalidos ante las agresiones no sólo directas sino indirectas, a través de la degradación del ?hábitat?, de su espacio vital" (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 23). Es claro, de este modo, que "la finalidad de conservación y mejora de los animales y plantas forman parte del medio ambiente" STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 23).
Por esta razón, en esta misma Sentencia afirmamos, en cuanto a la caza y la pesca, que en relación con ellas está legitimada "la actuación estatal al respecto, dentro del marco estricto de su competencia que le es propia, la legislación básica, pero con una protección menos extensa e intensa, nunca expansiva además, por topar frecuentemente con la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas sobre la materia" (STC 102/1995, FJ 26).
De acuerdo con este principio, y en rigurosa aplicación del mismo, se declaraba perfectamente constitucional la regulación contenida en el art. 33 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Dicho artículo contenía, en la redacción entonces analizada (su apartado 1 fue modificado por el art. 122.3 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), "la doble prohibición de que la caza y la pesca afecten a las especies catalogadas y de que su ejercicio respecto de las autorizadas "se regulará" de modo que queden garantizados su conservación y fomento, con una reserva de la competencia propia de las Comunidades Autónomas, a quienes se encomienda "la determinación de los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie" y el establecimiento de "las normas y requisitos" para "el contenido y aprobación de los planes técnicos cinegéticos y acuícolas", que se acomodarán a los Planes de Ordenación de recursos de la zona cuando existan" (STC 102/1995, FJ 26).
Es decir, que, en primer lugar, la Ley establece tres principios generales. El primero, la prohibición de caza y pesca de especies catalogadas. El segundo, la posibilidad de cazar y pescar las restantes especies, a las que, por tanto, no se aplicaba la prohibición de dar muerte contenida en el art. 26.4 de la Ley 4/1989, en los casos en se regule específicamente en la legislación de montes, caza o pesca continental, o cuando reglamentariamente sean declaradas piezas de caza o pesca. El tercero, el condicionamiento de que el ejercicio de la caza y la pesca continental deben regularse de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio. A partir de tales principios básicos, quedaba, como se ha indicado, un espacio competencial amplio a desarrollar por las Comunidades Autónomas.
Este esquema nos llevó a concluir que "es notoria la correcta articulación de las competencias respectivas, una, la estatal, constreñida a lo básico, y otra, la autonómica, a la cual convienen las normas adicionales y, en su caso, el desarrollo legislativo para la protección del medio ambiente y, por supuesto, la regulación de la caza y de la pesca".
La situación varía sustancialmente, sin embargo, en la regulación del Plan Director que ahora se somete a nuestro enjuiciamiento.
STSJ Cataluña 665/2011, 8 de Septiembre de 2011
STSJ Asturias 968/2014, 25 de Abril de 2014
STSJ Comunidad Valenciana , 25 de Mayo de 2005
SAP Jaén 43/2007, 27 de Febrero de 2007

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
in fine
 resolución