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Timestamp: 2017-07-25 08:36:57+00:00

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El blog de Jesús Membrado: 2011
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de junio la convalidación del Real Decreto Ley que regula la negociación colectiva. Esa decisión se produce en un momento en el que desde sectores empresariales, partidos de la oposición y expertos tertulianos, valga la contradicción, se viene atacando a la negociación colectiva como uno de los orígenes de la desaparición de puestos de trabajo y de la escasa competitividad empresarial en nuestro país.Buena parte de esa crítica responde a la mezcla de un doctrinarismo ideológico que enaltece el mercado y la desregulación y quiere cargar sobre los trabajadores el coste de la crisis económica que ellos, gente muy poderosa, han provocado.Por eso, lo primero que deberíamos recordar son los logros conseguidos a lo largo de todo este tiempo de negociación colectiva, y pensar en las consecuencias que probablemente tendría su imprudente desmantelamiento.Porque si España ha crecido económicamente, si es más competitiva y goza del bienestar actual, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva responsable; invisible a veces, pero que garantiza a más de 10 millones de trabajadores, salarios, jornada, turnos, vacaciones, formación, prevención de riesgos, promoción interna, pensiones. Todo ello a través de más de 5.000 convenios anuales. Durante las tres últimas décadas, sindicalistas y empresarios han sido capaces de superar una larga tradición de enfrentamiento y sustituirla por el diálogo y el acuerdo como mejor forma de establecer sus relaciones laborales. Gracias a la negociación colectiva se distribuye en términos de contabilidad nacional más de la mitad de la renta generada del país. Pocas dudas hay de que el rápido ensanchamiento de las clases medias en la España democrática tiene mucho que ver con esta práctica.Es esta tradición de negociación colectiva la que preserva el real decreto que aprobamos el 22 de mayo, y los cambios que en él se recogen responden a buena parte de las demandas de los interlocutores sociales expresadas en los últimos años.Es verdad que patronal y sindicatos no llegaron finalmente a un acuerdo, y también es cierto que ante esa situación el Gobierno debía proponer una solución. Es posible que esa solución no le guste a algunos, y no por su contenido, sino porque es una solución. Sin embargo lo es, y lo es porque el texto presentado es equilibrado y suficiente para hacer frente a los constantes cambios de la economía y el trabajo.Actualmente más del 65% de la negociación colectiva se hace a través de los convenios provinciales, cuyos contenidos fundamentales son jornada y salarios.La experiencia ha demostrado que la atomización y su escasa vertebración, les convierte en incapaces para impulsar los cambios que muchas veces necesitan nuestras empresas y nuestros trabajadores; por eso el real decreto apuesta por una negociación colectiva más cercana a la empresa facilitando estos convenios que actualmente representan apenas el 10%, y los sectoriales de comunidad autónoma, que tan solo son el 8%.Este desplazamiento del centro de la negociación hacia la empresa, va acompañado del reforzamiento de su estructura sectorial y autonómica que permitirá ordenar materias a negociar en cada ámbito articulándolas en los diferentes niveles de negociación. ¿Para qué todo ello? Para aumentar la flexibilidad en la organización de los recursos de la empresa (horario, salario, planificación de vacaciones, clasificación profesional, conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, etcétera), primándola frente a la opción de ajuste de plantillas como recurso más fácil.Los patronos no tienen nuevas prerrogativas, todos los convenios son fruto del acuerdo entre partes, y como siempre, si la patronal realiza una propuesta poco razonable y regresiva la parte social no tendrá más remedio que rechazarla. El posible desequilibrio que este tipo de negociación puede suponer se compensa en parte con la modificación del artículo 87 del ET que refuerza el papel de las secciones sindicales sobre los comités y delegados de personal en esta negociación.Frente a esta flexibilidad negociada que contempla el real decreto, los empresarios han defendido una flexibilidad impuesta que nada tiene que ver ni con lo recogido en la norma aprobada en el Congreso, ni con la filosofía que la sustenta; si a ello le unimos la no aceptación de la propuesta empresarial de suprimir la ultraactividad "limitando la prórroga de vigencia de los convenios y caso de no llegar acuerdo aplicar los acuerdos sectoriales de cobertura de vacíos", podremos comprender que la ofensiva por desregular la negociación colectiva ha fracasado, por ahora. Porque hay marco de negociación democrática en las empresas y se garantiza la prórroga del contenido regulador del convenio en su totalidad hasta que se suscriba otro nuevo, sin que pueda existir riesgo de vacío de regulación. Pasado el tiempo, ocho meses cuando la vigencia del convenio anterior fuera inferior a dos años, o 14 en los restantes, el arbitraje resolverá la controversia.Así pues, y frente a lo que se ha dicho, la negociación colectiva no sale descuartizada de esta regulación, ni de las lógicas tensiones parlamentarias que hubo en su convalidación el 22 de junio; que las hubo, ¡por supuesto!, amplificadas por la materia en discusión y por el cambio de voto de algunos grupos en el último momento. Sin embargo, ni el Gobierno ni el Grupo Socialista cedieron para modificar los dos ejes básicos que equilibran esta reforma: flexibilidad interna negociada y mantenimiento de la ultraactividad.No se cerró tampoco la posibilidad de estudiar la jurisprudencia que puede hacer volver a la redacción anterior a la aprobación del real decreto el encaje de los convenios de comunidades autónomas, como ya se hizo en el año 1994 y, por cierto, desde entonces nunca se ha roto la unidad de mercado de trabajo.El debate nos dejó algunas conclusiones: por un lado el PP no quiere descubrir sus propuestas, y a la pregunta del presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación ¿qué piensa usted sobre la ultraactividad de los convenios?, Mariano Rajoy se mantuvo en un ominoso silencio. Por otro, quedó claro que la patronal canaliza a través de CiU su modelo de negociación colectiva. Y por último, para la izquierda testimonial "cualquier tiempo pasado fue mejor", como siempre.Estos son todos los "rotos y cambalaches" que la "impericia" del Gobierno realizó ese día, según han denunciado algunos desde estas mismas páginas.La vida nos enseña a ser humildes, y la vida parlamentaria, cuando no se tiene mayoría absoluta, nos enseña a ser muy humildes. Conseguir los votos necesarios para aprobar una norma siempre nos exige ceder y transar, no hay otro camino. La cuestión es si después de hacerlo uno se sigue reconociendo en lo acordado.Este veterano sindicalista y diputado socialista se reconoce en ello, y lo defiende con el orgullo y la conciencia serena del que sabe donde está.(Publicado en El País el 25/07/2011)
La semana que terminamos ha sido poco apta para cardiacos si la medimos por la evolución de los parámetros económicos, desde el récord en la prima de riesgo a la caída de las bolsas europeas, pasando por la incorporación de Italia al club de países obligados a hacer un duro plan de ajuste. Todo ha ido confirmando que en un mundo globalizado como este, los problemas de otros son también nuestros problemas, que cuando en Grecia no se resuelven sus déficits, los pagamos los demás, porque los controles que nos protegían se han debilitado y frente a la fortaleza de los mercados solo oponemos la fragilidad de unas políticas europeas lentas y escasas.Mientras esto ocurre se hace público que las agencias de calificación han multiplicado por tres sus beneficios en España desde el 2006.¡Paradojas de la vida! Quienes fueron parte activa de la crisis con positivas valoraciones a Lehman Brothers y sus hipotecas basura, o a las finanzas griegas, ahora califican deudas, arrastran con sus valoraciones países a la quiebra y al mismo tiempo sacan enormes beneficios.¿Para cúando la limitación de estas actividades en la UE? Cada día son centenares de millones de euros los que se detraen de las rentas de los ciudadanos europeos hipotecando el presente y el futuro.EN ESTA SITUACIÓN donde hasta concertar la fecha de reunión de jefes de Gobierno para estudiar el segundo rescate de Grecia es un problema, donde declaraciones de cualquier responsable económico hace subir el diferencial de deuda soberana o bajar la bolsa, donde la prudencia es un valor en alza pero poco usada, hay algunos responsables políticos que obsesionados por el poder, no se paran en prendas para llegar a él como sea. Las declaraciones de Dolores de Cospedal el mismo día que España e Italia tenían el diferencial de deuda más alto. "Se han falseado los datos de la deuda de Castilla la Mancha, no eran reales y podrá triplicar a final de año lo autorizado por Hacienda, es decir en lugar del 1,3% permitido el 4%".¿Beneficia o perjudica la credibilidad de España?. De estas afirmaciones se aprovechan titulares de influyentes periódicos extranjeros como el de The Wall Street Journal: "La preocupación sobre el estado real de las cuentas autonómicas puede enviar la prima de riesgo española a un nuevo récord histórico", o el The Daily Telegraph: ¿"Existe la posibilidad de que haya más cadáveres en los armarios?".¿Qué se pretende con ello? Sin duda embarrar, dar por sentado que los socialistas derrochamos en la gestión y a partir de ahí defender la austeridad como estrategia política que obligará a recortar servicios y prestaciones sociales; ese es un hilo conductor claro que sirve para seguir acosando al Gobierno central al tiempo que se impide generar confianza hasta que ellos gobiernen. "España tiene solución porque el PP está a punto de llegar al poder", dijo Mariano Rajoy el día que la prima de riesgo superó los 380 puntos de diferencia. Del problema de los mercados, la poca resolución de la UE, qué se puede hacer con las agencias de calificación o cúal podría ser la solución para la crisis griega, nada.Si esto fuera tan sencillo, ¿por qué Italia atraviesa semejantes dificultades? Difícilmente se las pueden achacar al presidente Zapatero; por eso me temo que este problema no se resuelve cambiando de presidente aunque lo diga Rajoy, De Cospedal o Feijó, y nos lo cuenten potentes medios de comunicación empeñados en transformar estos problemas en una realidad virtual capaz de ocultar el mundo que vivimos.Viendo todo esto y oyéndoles en el Congreso todas las semanas, no me extraña los vehementes consejos de veteranos socialistas cuestionando las responsables actuaciones del Gobierno para hacer frente a la crisis, en soledad, sufriendo un permanente desgaste por quienes han hecho del asalto al poder su exclusivo objetivo, y a la crisis económica la brújula para llegar a él.(Publicado en El Periódico de Aragón el 17/07/2011)
Cuando el pasado miércoles subía las escaleras de la tribuna del Congreso de los Diputados para defender el decreto ley de reforma de la negociación colectiva, tras escuchar críticas inmisericordes contra ella, recordé la tarde del 11 de septiembre de 1975 en que un grupo de enseñantes, reunidos en el Centro Pignatelli de Zaragoza para confeccionar la tabla reivindicativa del convenio provincial de la enseñanza privada, terminamos pasando más de un mes en la cárcel de Torrero.¡Cuantas cosas han pasado desde entonces! Y sin embargo hay discursos de ese día que en lo sustancial enlazan con aquellos "tiempos del cólera" en que el poder de decisión de las relaciones laborales las marcaba el empresario, las modificaciones de convenio se hacían por la brava y reivindicar derechos te convertía en subversivo. Pasar de largo en este debate sin comprometerse ni dar alternativas es muy grave, pero más lo es no valorar los 30 años de negociación colectiva realizada a través del título III del Estatuto de los Trabajadores que se hizo durante el Gobierno de UCD. No es fruto del olvido sino de la estrategia que la derecha económica y política tiene para reformar las relaciones laborales.Porque si este país ha crecido económicamente, ha mejorado su competitividad y gozado del bienestar actual, entre otras cosas, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva democrática y responsable. Invisible muchas veces pero que afecta a más de once millones de trabajadores y trabajadoras en cuestiones tan esenciales para vivir como el salario, la jornada, los turnos, las vacaciones, la formación profesional, las pensiones, el empleo, los accidentes y salud laboral: son más de 5.000 los convenios que se hacen al año y miles los sindicalistas y empresarios que, superando viejos antagonismos, convierten en escuela de concertación lo que en otra época fueron momentos de represión y enfrentamiento. La negociación colectiva ha sido y es cauce para la distribución más justa e igualitaria de las rentas, si más del 35% de la riqueza de este país se distribuye por esa vía, no hay duda de que el rápido ensanchamiento de la clase media que hemos vivido en estos 30 años, tiene mucho que ver con las prácticas negociadoras en las empresas.En lo fundamental funciona, ¿por qué no se reconoce? seguramente por el deseo de algunos de aprovechar el momento para retroceder a otros tiempos. Desde algunas opciones políticas, pasando por fundaciones bien subvencionadas, catedráticos de institutos innombrables o conferenciantes y tertulianos bien pagados, todos hacen de esta reforma estructural la punta de lanza para rebajar condiciones laborales, y lo hace, la mayoría de ellos, desde el más profundo desconocimiento.Porque, empresarios y sindicatos, que son los verdaderos agentes negociadores, buscaban, y lo han hecho, durante cuatro meses, acordar una reforma equilibrada manteniendo en lo fundamental la estructura actual, sobre que el Gobierno lo haga por real decreto. No se pudo concluir más por el ruido mediático madrileño del tea party y las interferencias políticas del PP que por la distancia entre los negociadores.El texto presentado por el Gobierno reconoce el papel de nuestro modelo de negociación colectiva, asumiendo algunas disfunciones que le restan eficiencia y capacidad de adaptación a la cambiante economía, introduciendo equilibradamente modificaciones en tres direcciones. La estructura de la negociación colectiva está muy atomizada, con excesivo número de convenios, sin apenas relación entre ellos y materias negociadas repetitivamente en la empresa, la provincia o el sector estatal. Otro de los problemas tiene que ver con sus contenidos, su agilidad y dinamismo para poder ajustar con rapidez las condiciones de trabajo recogidas en convenio a las circunstancias económicas y productivas del ciclo económico; nuestro país ajusta por la vía del despido o la no renovación de contratos, caídas de pedidos o de actividad solucionables muchas veces con un acuerdo sobre salarios, jornada, turnos, vacaciones-en el ámbito de la propia empresa. Lo mismo ocurre con la dilación en la negociación de los convenios. Para evitarlo se limitan los tiempos y se emplaza al arbitraje, aceptado por las partes, para superar diferencias insalvables. Las tendencias presentes de nuestro mercado de trabajo, como la aparición de nuevas realidades empresariales, las diferentes formas de organización y reestructuración de las empresas o la descentralización productiva requieren una adecuación a la negociación colectiva con nuevas reglas.Tras esta propuesta nadie podrá decir que la negociación colectiva actual lastra el mantenimiento de las empresas, no toca la renovación de los convenios o que es imposible flexibilizar condiciones cuando puede hacerse un convenio de empresa.La posición de los grupos parlamentarios el pasado miércoles está basada más en la retórica consabida del PP, que le sirve para todo, y en la visión táctica de PNV y CIU que en el análisis del contenido del real decreto y sus objetivos. Otro debate perdido y otra reforma sin saber qué piensa el principal partido de la oposición ¿Por qué será?(Publicado en El Periódico de Aragón el 26/06/2011)
Tras la euforia por los resultados del 22-M, los votantes y responsables del PP seguro se llevaron un buen susto cuando Luisa Fernanda Rudideclaró esta semana en Huesca que "si el PP no gobierna en dos meses, habrá que repetir elecciones", cosa lógica porque así lo marca nuestro Estatuto de Autonomía cuando confiere derecho para disolver las Cortes y convocar elecciones, con más razón, si no se pueden formar las mayorías para elegir presidente (Arts.48 y 52 ).Quedando tanto tiempo, no es una advertencia casual, la futura presienta quiere decir algo más tanto a los suyos como a los futuros socios, porque necesita evitar roces innecesarios y precisa cerrar acuerdos por abajo sin conflicto, los ayuntamientos y comarcas son el primer paso para lubricar otros encuentros, y con la advertencia les conmina a sus elegidos con la posible repetición de campaña si no hay generosidad porque "el pescado no está todavía vendido", los futuros socios están muy sensibles y ante los nuevos tiempos se impone la prudencia y no el resquemor.La advertencia tiene un claro destinatario, el PAR, precisaría más, su presidente José Ángel Biel, que a pesar de aparentar tenerlo todo pensado y controlado estoy seguro estará en un mar de dudas cuando haya hecho un repaso de los procesos electorales vividos desde aquel 20 de mayo de 1983 en que se constituyeron en la Lonja de Zaragoza nuestras primeras cortes salidas de unas elecciones democráticas. Y es que desde aquellos 124.000 votos que obtuvo entonces, pasando por los 180.000 del gobierno de Hipólito en 1991 o los 143.000 en 1995 a los 62.193 del pasado 22-M ha corrido mucha agua por el Ebro y se ha llevado muchos votos, casi las dos terceras partes. La futura presidenta no solo sabe esto sino que la sangría del voto regionalista se produjo en la coalición PAR-PP con Santiago Lanzuela en el Pignatelli y ella alcaldesa en la plaza del Pilar, los 57.000 votos perdidos entonces dejándoles en 10 diputados que es el listón de los últimos procesos electorales, son una herida sin cicatrizar y una contradicción no superada, porque las coaliciones de centroderecha les han ido muy mal a los paristas tanto en el ámbito electoral como en el político y muy bien haciendo gobiernos de centro-izquierda.Primero porque las lindes ideológicas de las dos formaciones son muy difusas y pasar del acuerdo "al abrazo del oso" se hace de forma natural, más cuando la otra opción va de crecida y aumentando poder. Por otro lado un partido que toca gobierno desde hace 23 años difícilmente se puede controlar en la oposición si quien absorbe el poder institucional está en el mismo espacio de pensamiento, en la misma familia.Pero no todo "lo que reluce es oro" el centro-derecha aragonés tiene profundas diferencias políticas en temas estratégicos para esta tierra, desde la interpretación del desarrollo autonómico y su futuro control, al papel de las empresas públicas en la transformación de la comunidad (la candidata a Presidenta dijo en campaña de vender algunas, cerrar otras, agruparlas), la organización del territorio en base a la estructura comarcal no le gusta, es más la criticó y planteó su reducción o desaparición, a pesar de que sabe es la joya de la corona del PAR; el papel de las instituciones en la salida de la crisis es irrelevante para una "neocon" como ella, pero no para sus posibles socios vinculados de siempre con la estructura empresarial y sobre todo con las pyme; el uso del déficit en la construcción territorial, muchas veces oí a Jose Angel Biel decir que un kilómetro de autovía puede esperar pero las ayudas sociales, subvenciones, o pequeñas inversiones en el territorio es electoralmente hablando "oro molido" ¿lo podrá seguir haciendo?, la interpretación del estado del bienestar regionalista choca también en esa coalición al concebirla más dentro de las ideas democristianas que liberales.PARA LOS conservadores aragoneses el agua sigue siendo un problema, la decisión de futuras aventuras trasvasistas estará determinada por la presión de territorios muy potentes electoralmente hablando, Valencia, Murcia y ahora se puede incorporar Castilla-La Mancha; no sería de extrañar que resucitasen aquel PHN que derogó Zapatero. Actualmente la DGA está dotada de un autogobierno claro, prestando servicios esenciales y haciéndose oír en todo el estado, ha abanderado los problemas de las comunidades del interior y superado viejos tópicos de "Zaragoza contra Aragón", los doce años pasados del gobierno de centroizquierda han puesto el listón alto, para estar a la altura, los socios tienen que creerse el estado de las autonomías sin tapujos ni conveniencias, arriesgar, discrepar ante Madrid si es necesario y sacar adelante proyectos e iniciativas, centrar la gestión en el ahorro y control del gasto solamente, asfixiará a los regionalistas y nos hará recordar las políticas municipales de aquella alcaldesa de Zaragoza sin nada que mostrar tras sus cinco años de gestión.La experiencia de estos 28 años de autogobierno demuestra que el mayor grado de inestabilidad se produjo con gobiernos de centroderecha, durante 16 años tuvimos seis presidentes en la DGA si contamos el corto período de Ramón Tejedor, numerosas desavenencias, dimisiones de consejeros, paralización de proyectos... etc, etc. Repetir aquella fórmula, aunque obligada por los resultados electorales, no es buena noticia para esta tierra, porque pesa el pasado y hace desconfiar del futuro.(Publicado en El Periódico de Aragón el 12/06/2011)
Del ´Tea Party´ madrileño al ´Neo.com´ aragonés
Cuando de forma reiterada los informes demoscópicos del CIS presentan a los políticos como uno de los principales problemas del país, decepciona. Hacemos política porque pensamos que son posibles los cambios para avanzar, que siempre podremos encontrar un espacio suficiente para conseguir que la sociedad pueda vivir mejor y en libertad.Los enormes avances de estos últimos treinta años en nuestro país, son fruto de la política democrática: con acuerdos y diálogo se fue imponiendo la idea de que "es mejor no ganarlo todo que perderlo todo". Con ella construimos las instituciones actuales, hicimos políticas que nos han trasladado del autoritarismo a la libertad, de la autarquía económica al club de los países más desarrollados del mundo.Pero a pesar de ello se habla mal de la política. La única explicación son las excesivas expectativas que se ponen en ella. La decepción que produce cuando no las cumple ó como en esta crisis, parece incapaz de garantizar lo que creíamos tener conseguido para siempre. La desesperanza ante la misma ha convertido la política y a los políticos en meros objetos donde depositar la rabia. Porque todos sabemos que vivimos momentos de crisis, que no es obra intencionada de ningún gobierno, la suma de factores que la han creado, demuestra que han hecho falta muchas piezas y muchas manos para construir este laberinto.Por eso me estremecen los discursos mesiánicos, las críticas soeces o las soluciones radicalizadas que ponen al mercado como solución a todos los problemas económicos, obviando cuestiones de Estado y respondiendo con actitudes enfermizas ante problemas como el terrorismo; en Madrid y aquí, Esperanza Aguirre y Luisa F Rudi, invocan el neoliberalismo económico y sociológico como única fuente de prosperidad. Si recapacitasen fuera de la ortodoxia, reconocerían que durante décadas hemos visto crecer el poder del mercado, rompiendo barreras, fronteras, sectores vedados, hasta llegar a ocupar enormes espacios de la política diaria.¿Ha supuesto esto más prosperidad para los ciudadanos? No, todo lo contrario, la etapa más neoliberal no ha traído más bienestar o menos crisis, la etapa más intervencionista del S.XX con políticas socialdemócratas desarrolladas por los partidos socialistas y democristianos europeos, produjo más crecimiento y mayor distribución de la riqueza, el estado del bienestar. Lo mismo podríamos decir de la lucha antiterrorista ¿estando tan cerca el final por qué reacciona así el PP, busca acaso afianzar sus votos mas extremos?En un sistema tan interdependiente como el actual, donde la "creatividad financiera" es constante y con escasos medios se puede hacer mucho daño económico a países y personas, me resulta incomprensible que no se vea necesario aumentar la regulación en nuestra economía financiera, mejorar la información y formación como defensa de los ciudadanos y hasta del propio Estado, huyendo de las noticias fáciles o editoriales interesados que puedan tener rédito electoral, porque la impunidad de algunas grandes corporaciones en la generación de la crisis y en la salida de la misma y la sensación de que nunca serán castigadas por ello, es un arma más para el descrédito político.La desnaturalización de los procesos democráticos forma parte también de esta concepción política; convertir las próximas elecciones municipales y autonómicas en un plebiscito sobre el gobierno central o la marcha de la crisis, es parte de su estrategia para seguir acercándose al poder, porque poder y mercado es el binomio perfecto para el tea party madrileño y los neo.com aragoneses. Tanto el alcalde del pueblo más pequeño como el de la ciudad más grande, no se merecen esto, porque quieren saber la opinión de sus electores ante la enorme variedad de asuntos que afectan a nuestra vida, que van desde la cuna a la tumba y que deben valorarse democráticamente el 22 de mayo.EN LOS ayuntamientos y en las comunidades autónomas se concentran los problemas y soluciones que más directamente afectan a nuestra vida cotidiana, desde las escuelas infantiles, al colegio, el instituto, la universidad, la sanidad, limpieza de calles, recogida de basuras, atención a nuestros mayores, gestión del territorio, agua, actividad económica, medio ambiente, etc, etc.Dotar de contenido este debate democrático, informando al ciudadano de nuestras propuestas, evaluando el pasado pero construyendo el futuro, es la obligación política del político, hacerlo sería un buen ejercicio para la recuperación de credibilidad y reforzamiento democrático. El recurso al radicalismo ideologizado, cegado por una extraña mezcla de neoliberalismo económico, integrismo religioso y nacionalismo político que practica Esperanza Aguirre, se destila en las 160 medidas de la estrategia Aragón 2025 presentada por Luisa F. Rudi. Por este camino solo producimos hartazgo, rechazo de la política y abstencionistas a montones.(Publicado en El Periódico de Aragón el 17/04/2011)
Conforme nos acercamos a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, las estrategias electorales se imponen a la actividad política de los ayuntamientos y gobiernos de comunidades autónomas. Establecer el debate con los contenidos propios de esta cita electoral, conseguir que las alternativas y soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos determine el voto de ese día, será el principal y mas difícil trabajo de candidatos y afiliados socialistas, frente a la engrasada práctica del PP de tensionar y crispar la vida política con aquello que más le interesa, llegar a la Moncloa.Es una técnica, que si la medimos por las encuestas, les viene dando buenos resultados. Centrando su discurso en que la crisis es culpa de los socialistas y una supuesta insolvencia del Gobierno para superarla, cumplen con dos objetivos, evitar debatir sus alternativas y su programa, al tiempo que fidelizan sus votantes para que les apoyen, no solo cuando lo hagan bien, sino también cuando lo hagan mal. La crispación les permite el apoyo de los sectores mas extremos del electorado que se movilizan y votan masivamente. Es decir movilizan a los suyos (hasta el punto de mantener más del 80% de sus anteriores votantes con intención de repetir) y generan retraimiento y abstención en los rivales.EL HASTÍO que producen las descalificaciones e insultos al Gobierno, por la derecha mediática, jaleada por responsables del PP reconvertidos en tertulianos, es insoportable: porque debilita nuestro sistema democrático y hace que se responsabilice en exclusiva a los políticos de la mala valoración que sobre la situación política perciben los ciudadanos (el 78% así lo manifiestan según el informe del Pulso de España 2010 de la Fundación Ortega-Marañon). Una valoración así no se conocía en nuestro país desde hace veinte años, la suma del rechazo en igual proporción al Gobierno y a la oposición explican estos resultados.Cuando en este informe se recoge que tres de cada cuatro españoles sienten nostalgia de la transición por el estilo de hacer política, entendida ésta como la subordinación de los intereses particulares o partidistas a los generales del país y el destierro de la grosería y el insulto político como sistema, aparte de la visión romántica que el tiempo traslada de aquellas duras confrontaciones dialécticas, es innegable reconocer que hubo altura de miras para hacer frente a una situación mucho más complicada que la actual.El giro del presidente del Gobierno, desde la ética de la convicción de las políticas sociales a la ética de la responsabilidad, producido en mayo al tener que asumir el plan de estabilización presentado por la Comisión europea, a sabiendas del coste electoral y personal que iba a tener, es lo más parecido a esa forma de hacer política tan añorada por muchos; porque nadie podrá negar que se primaron los intereses generales del país.Viendo la situación de Portugal en estos últimos días, rechazando los diputados de la izquierda y la derecha el programa de estabilidad y crecimiento, pactado anteriormente con el BCE y la Comisión, como condición "sine qua non" para recibir el aval para el fondo de rescate europeo, recuerdo que el 12 de mayo pasado, un voto de diferencia evitó algo parecido en España. ¿Cómo estaríamos ahora? El PP votó en contra, hizo aquello que tanto recriminan los nostálgicos de la transición, primar los intereses electorales a los generales del país ¿por qué?, porque la responsabilidad política sin el poder no le sirve. Lo cual dice muy poco del concepto que tiene del sistema democrático, pero eso es "harina de otro costal".¿Dónde quedan aquellas declaraciones de Mariano Rajoy acusando al Presidente de no querer la energía nuclear por principios ideológicos? Tras la catástrofe de Fukhusima ¿repetirá su visita del 2009 a la central de Garoña o cambiará el paso pronuclear como acaba de hacer la señoraMerkel en Alemania? Porque llegó a prometerles "conmigo en el Gobierno Garoña no se cerrará".Cuando los informes sobre las causas de la crisis de la comisión de control del Congreso de los EEUU y del FMI previos a 2004-2007 afirman que la cultura financiera de la autorregulación y la desregulación son el eje central de las dificultades sufridas posteriormente y a pesar de que ningún directivo del Banco Mundial y del FMI (y Rato lo presidía) sospechó de su llegada hasta que se les derribó el edificio encima, el PP sigue "remachando el clavo" con dos ideas; la culpa de la crisis económica y del paro es del Gobierno y solo gobernando ellos podemos salir de la misma. La realidad de los hechos está demostrando el escaso rigor de sus análisis y la débil consistencia de sus alternativas. Por eso están contrariados con la reunión del día 26 en Moncloa donde algunos empresarios abogaron por la estabilidad como factor importante para la recuperación y por concluir la legislatura sin sobresaltos. Afirmación que rompe su continuada línea populista de prometer algo que se sabe imposible de conseguir y alterar los tiempos políticos en función de sus intereses.(Publicado en El Periódico de Aragón el 3/04/2011)
La reacción de los grupos parlamentarios ante el primer debate en el Congreso de los Diputados sobre las políticas sociales en España, ha sido, cuando menos, curioso. Desde la valoración como "ejercicio de propaganda" de Rajoy hasta "el primer mitin de campaña electoral" de Gaspar Llamazares, hay un hilo conductor que les vincula de una u otra forma al resto de fuerzas políticas con un denominador común, no es necesario hablar de nuestro estado de bienestar, sus problemas, su futuro, los efectos de la crisis en su desarrollo; pero esos sí, hacer una comparecencia del presidente del Gobierno cada trimestre, para evaluar la situación económica, es imprescindible. ¿Porqué les resulta incómodo un debate con el Gobierno sobre los avances o retrocesos en las políticas sociales durante estos años? Rajoy se escabulle diciendo que para el PP la mejor política social es el empleo, coartada para eludir cualquier compromiso con los demás ámbitos de una verdadera política social, es fácil entender que un debate así no le guste. Porque ¿quiere eso decir que con el pleno empleo se suplen todas las desigualdades? ¿Que el Gobierno no debería haberse ocupado de la dependencia, la atención a la infancia, la discapacidad, la educación, la salud?... La política social ni se acaba con el empleo ni este es la única política social. ¿Cómo sino se puede proteger a los ciudadanos de los estragos de la economía de mercado? Con argumentos como este, el PP desprecia el sentido y los avances del estado del bienestar porque lo mezcla con su estrategia de centrar la responsabilidad del paro en el Gobierno, evitando compromisos con estas políticas y haciendo suyas las tesis de Margaret Thatcher "la sociedad no existe solo hay individuos y familias". Porque la incomodidad del grupo parlamentario de IU-ERC, no se deriva de planteamientos filosóficos diferentes, la izquierda nos sentimos comprometidos con las políticas sociales como instrumento de igualdad de oportunidades y de cohesión social. Los ritmos, el papel que deben jugar, su desarrollo o la titularidad pública de las mismas, producen contradicciones que son superables. La cercanía electoral hace que se exceda en valoraciones negativas que confunden al ciudadano y solo sirven para justificar algunos exabruptos del PP. Es justo reconocer que desde el 2004 ha habido mejoras en el incremento de las políticas sociales, tanto en las cuantías de los recursos, un 40% más de lo que destinaba el PP (sin contar las prestaciones por desempleo) como por los nuevos derechos sociales creados; Ley de dependencia, renta básica de emancipación para jóvenes (213.000 jóvenes menores de treinta años reciben 210 euros de ayuda para alquiler de vivienda), ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, reconocimiento de pensión a las parejas de hecho, protección a mujeres víctimas de maltrato, integración de inmigrantes, desempleo a los autónomos, prestación de 426 euros durante seis meses para desempleados que hayan agotado sus derechos a paro y subsidio (800.000 afectados). Son realidades que afectan a millones de ciudadanos, construidas con nuestros impuestos, de las cuales deberíamos sentirnos orgullosos porque el camino recorrido ha sido muy rápido en estos treinta años. Pero la construcción del estado del bienestar, no puede darse por terminada, todavía estamos en el -5% del PIB de gasto respecto de la media comunitaria dedicada a prestaciones sociales. Aunque en este período de crisis hayamos seguido creciendo un 27%, la situación económica y el mayor gasto derivado del envejecimiento de nuestra población, nos obliga a reorientar algunas de ellas para poder mantener otras en el futuro.La eliminación de los 2.500 euros por nacimiento de hijo o de los 400 euros de deducción fiscal para todos, es una prueba de cómo la crisis obliga a priorizar prestaciones. Porque para consolidarlo y ampliarlo, necesitamos un crecimiento económico sostenible y sostenido, basado en una economía más competitiva, que precisa reformas para aumentar su productividad. Las emprendidas desde hace un año, tienen ese objetivo: desde la laboral, políticas activas de empleo, pensiones, futura negociación colectiva, sistema financiero, economía sostenible. Sabemos que los países de nuestro entorno que las hicieron en la pasada década han resistido mejor la crisis, crecen establemente y tienen un envidiable estado del bienestar. Nuestra aspiración es igualarnos a ellos, conseguirlo pasa por una mayor convergencia de renta per cápita y transformar nuestro modelo social para hacer frente a los retos que lo amenazan.Y esto hay que hacerlo, porque como dice Tony Judt "debemos a nuestros hijos un mundo mejor que el que heredamos, pero también debemos algo a quienes nos precedieron". (Publicado en El Periódico de Aragón el 6/03/2011)

References: Real Decreto 
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 artículo 87
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