Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25889
Timestamp: 2020-02-25 10:00:09+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 44/2019
SENTENCIA 44/2019, de 27 de marzo
ECLI:ES:TC:2019:44
1. Mediante oficio de la letrada de la administración de justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona, de 6 de marzo de 2018, que tuvo entrada en el registro de este Tribunal Constitucional el 13 de marzo de 2018, se elevó al señor presidente de este Tribunal el testimonio del auto dictado por aquel juzgado el 22 de febrero de 2018, acordando el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado cuatro de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modificó la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra; por posible vulneración de los arts. 24.1 y 149.1.6 de la Constitución (CE). Se remitió asimismo copia testimoniada del procedimiento abreviado de origen, incluyendo la realización del trámite de audiencia a las partes y al ministerio fiscal que prevé el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
a) Con fecha 19 de mayo de 2017 se presentó por la representación procesal de don Rafael Olabe Mayor, demanda de recurso contencioso-administrativo contra la resolución núm. 885 del Tribunal Administrativo de Navarra, Sección Segunda, de 31 de marzo de 2017, la cual desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del ayuntamiento de Pamplona, de 5 de enero de 2017, de liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de una finca, imponiendo una cuota de 1.597,03 €.
b) La letrada de la administración de justicia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 2 de Pamplona dictó un decreto el 1 de junio de 2017 admitiendo a trámite la demanda presentada, disponiendo que se siguieran los trámites del procedimiento abreviado (núm. 143-2017), teniendo además por personada y parte a la procuradora doña Virginia Barrena Sotés, en nombre y representación del recurrente y acordando la citación a las partes al acto de la vista oral para el día 7 de febrero de 2018, a las 09:45 horas, en la sala de vistas 501 del Palacio de Justicia de Pamplona.
d) El representante procesal del ayuntamiento de Pamplona presentó escrito fechado el 18 de enero de 2018, por el que puso en conocimiento del juzgado, a propósito de la citación para acudir al acto de la vista, que el “Boletín Oficial de Navarra” de 30 de diciembre de 2017 había publicado la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modificó la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de la Ley de haciendas locales de Navarra; reforma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Que en la disposición transitoria única de dicha Ley Foral 19/2017, se contiene un apartado cuarto, titulado “Liquidaciones recurridas pendientes de resolución”, el cual se transcribe, tras lo cual directamente se pide en el suplico del escrito que, en cumplimiento de lo previsto en ese apartado cuarto de la disposición transitoria única, “con suspensión del acto de la vista, acuerde la devolución del expediente al ayuntamiento de Pamplona, declarando concluso el procedimiento”.
f) Con fecha 2 de febrero de 2018, el fiscal personado en el proceso presentó escrito a efectos del art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), manifestando no oponerse a que se pudiera plantear la cuestión de inconstitucionalidad indicada por el juzgado. En tal sentido, sostuvo que se cumplen los requisitos para su procedencia, pues en primer lugar y luego de transcribir el apartado cuatro de la mencionada disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, dice que la misma tiene fuerza de ley, lo que es conforme con el requisito del art. 27.2 de nuestra Ley Orgánica. Asimismo, el trámite se abre en un momento del proceso en el que si bien todavía no se ha celebrado la vista oral y el recurso no se halla “visto para la sentencia”, sin embargo, la peculiaridad de la norma cuestionada determina que si esta “se entiende” constitucional, el juzgado debe cumplir con lo previsto en ella, “remitir el expediente al ayuntamiento y poner fin al procedimiento, archivando el mismo”. Por el contrario, “si se considera inconstitucional”, no habría que llevar a cabo lo que ordena el precepto y el procedimiento seguiría con su tramitación, celebrándose la vista. Por ello, “dada la naturaleza de la norma la hace aplicable en este momento procesal, sin necesidad de esperar a la sentencia”.
g) El representante procesal del ayuntamiento de Pamplona presentó sus alegaciones por escrito fechado el 7 de febrero de 2018. Luego de reproducir el texto de toda la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, y el art. 149.1.6 CE, en cuya virtud la competencia exclusiva del Estado para dictar la legislación procesal lo es, aclara el escrito, sin perjuicio de permitir a las Comunidades Autónomas regular las necesarias especialidades “que inevitablemente resulten, desde el punto de vista de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica y, en este caso, para la aplicación y eficacia del Derecho tributario navarro”, invoca el art. 45.3 del Amejoramiento del Fuero en cuanto a la competencia exclusiva de la Comunidad Foral en esta última materia, indicando que “son las normas legales y reglamentarias emanadas de los órganos competentes navarros las que diseñan el sistema fiscal, lo perpetúan o lo alteran si fuera preciso”. Sobre esta base, entiende el ayuntamiento comparecido que la disposición transitoria objeto de la cuestión no resulta contraria a la Constitución, “pues su sentido no es otro que el de asegurar la aplicabilidad de los preceptos de la propia Ley Foral 19/2017, que regula el método de determinación de la existencia o no del hecho imponible en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, tal y como lo ha ordenado el Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de junio de 2017, que declaró inconstitucionales los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995 únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, límite que debe constar preservado ex lege. En cumplimiento de dicha sentencia, se aprobó la Ley Foral cuya disposición transitoria se cuestiona”.
3. Con fecha 22 de febrero de 2018, el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona dictó auto cuya parte dispositiva señaló:
a) Respecto de la posible contradicción de la norma cuestionada, con la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal del art. 149.1.6 CE:
“Cuarto.- […] Es más, al ordenar a los órganos judiciales que pongan fin a los procedimientos contencioso-administrativos ya incoados y en trámite, se priva al órgano judicial en cuestión de la posibilidad de aplicar la ley al caso, si procediera, concluyendo, como hemos dicho, con una sentencia de fondo y al administrado de su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la vigente Constitución española, por lo que es de aplicación, a ‘sensu contrario’, la […] STC 141/1986 […], fundamento de derecho 12 […] ya que no nos encontramos ante una norma sustantiva, sino puramente procesal, puesto que disciplina la tramitación de un procedimiento judicial en curso”.
4. El Pleno de este Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, dictó providencia el 8 de mayo de 2018 por la que acordó lo siguiente:
“1. Admitir a trámite la cuestión que, mediante las anteriores actuaciones, plantea el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona, en el procedimiento abreviado núm. 143-2017, en relación con la disposición transitoria única, apartado cuatro, número 2, de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, por posible vulneración del art. 149.1.6 CE.
5. Publicar la incoación de la cuestión en el ‘Boletín Oficial del Estado’ y en el ‘Boletín Oficial de Navarra’”.
5. El 21 de mayo de 2018, se recibió en el registro de este Tribunal escrito de la presidenta del Congreso de los Diputados, de 17 de mayo de 2018, con traslado del acuerdo adoptado en la misma fecha por la mesa de dicha cámara para su personación en el procedimiento y “por ofrecida su colaboración, a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.
6. Con idéntica finalidad, tuvo entrada en el registro de este Tribunal el 24 de mayo de 2018 escrito del presidente del Senado, de 22 de mayo de 2018, con traslado del acuerdo de la mesa de la cámara adoptado en la misma fecha, dándose por personada en el procedimiento “y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.
7. Con fecha 4 de junio de 2018, tuvo entrada en el registro de este Tribunal el escrito de alegaciones de la asesora jurídica-letrada de la Comunidad Foral de Navarra, actuando en representación de esta última entidad, interesando “que se inadmita, o subsidiariamente se desestime” la cuestión planteada:
c) En cuanto al fondo de la cuestión de inconstitucionalidad, aduce el escrito de alegaciones de la letrada de la Comunidad Foral que la disposición transitoria indicada no vulnera la competencia del Estado para dictar la legislación procesal, del art. 149.1.6 CE. Al contrario, se adecúa a ella, primero “porque los órganos jurisdiccionales solo remitirán a los ayuntamientos los expedientes, únicamente en los casos en que así resulte procedente, lo que implica pleno respeto a la normativa procesal vigente en cada momento”. Que cuando el caso se encuentra ante el juez, ha de someterse al test de la no sujeción al tributo para acreditar la existencia o no de incremento de valor, y esto han de hacerlo los ayuntamientos “que indiscutiblemente disponen de la documentación apropiada”, y si se remite el expediente a estos últimos, “la liquidación recurrida ante el órgano judicial queda sin efecto y concluyen los procedimientos judiciales”. Esta situación se traduce en una “carencia sobrevenida de objeto”, por lo que el proceso debe terminar por aplicación del art. 22.1 de la Ley de enjuiciamiento civil. Y si una vez remitido se comprueba la no sujeción al impuesto, “se producirá también una satisfacción extraprocesal de la pretensión, que es también causa de terminación del procedimiento judicial conforme al transcrito art. 22.1 LEC y al artículo 76 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa”, uno de los mecanismos de terminación del procedimiento distinto al de la sentencia, regulados en esta última ley.
d) Prosigue el escrito de alegaciones indicando que la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia para “regular las especialidades procesales que derivan de su Derecho sustantivo, en este caso dictado en el ejercicio de las competencias históricas que ostenta en materia tributaria y de haciendas locales”. A este respecto, cita el art. 149.1.6 CE, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA), y el convenio económico, con reconocimiento de dicha competencia en la STC 72/2017, FJ 4 c). Que en ejercicio de aquella competencia se ha dictado la Ley Foral 19/2017, cuya disposición transitoria única “contiene reglas de derecho transitorio y trata de hacer aplicable el conjunto de los restantes preceptos de la Ley Foral 19/2017, los cuales establecen no sólo la obligatoriedad de determinar la sujeción o no del hecho imponible en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, tal y como lo ha ordenado el Tribunal Constitucional en la antes citada sentencia 72/2017”; insiste en que son los ayuntamientos los que disponen de la documentación y medios técnicos para efectuar la comprobación de los valores.
8. Mediante escrito registrado en este Tribunal en la misma fecha, 4 de junio de 2018, el abogado del Estado presentó sus alegaciones por las que interesó se dictase sentencia “estimando la presente cuestión, declarando inconstitucional y nula —en lo referido a los recursos pendientes ante órganos jurisdiccionales— la disposición transitoria única apartado cuatro, epígrafe 2 de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre”:
a) Tras identificar la norma cuestionada en este proceso, y precisar que de los dos ámbitos a los que la misma afecta, la revisión de los actos en alzada por el tribunal administrativo de Navarra o su fiscalización en sede jurisdiccional, es solo el segundo de ellos el aquí concernido, en concreto por vulneración de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal “y vulneración del artículo 24 CE”; por tanto, en relación “con los recursos contencioso-administrativos contra liquidaciones no firmes por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”. En cuanto a su contenido, dice que “la norma cuestionada no prevé pronunciamiento alguno del órgano jurisdiccional, sino que se limita a ordenar a los juzgados de lo contencioso-administrativo la ‘conclusión del procedimiento’ y la remisión al ayuntamiento autor del acto de los expedientes pendientes de resolución para que practique, en su caso, las nuevas liquidaciones que resulten pertinente con arreglo a lo dispuesto en la disposición transitoria. Es decir, según el tenor literal de la disposición, se trata de procedimientos que concluyen ope legis, limitándose el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la constatación de que el acto impugnado es una liquidación no firme a la que es aplicable la disposición transitoria, supuesto en que, sin pronunciamiento alguno fundado en Derecho, se ordena la declaración del procedimiento como concluso y la devolución del expediente al ayuntamiento. Se trata de un auténtico óbice al ejercicio de la jurisdicción, a la que se desapodera del conocimiento y fallo de los recursos pendientes con arreglo al derecho transitorio establecido por la Ley 19/2017. A partir de ese momento de conclusión, la ley no precisa la suerte posterior del acto administrativo, que, ante este silencio legal, seguirá presumiéndose válido y produciendo sus efectos (artículo 39 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas)”, ni se ofrece a los ciudadanos “procedimiento alguno que pudiera entenderse como ‘equivalente jurisdiccional’”, ni sobre el “reintegro a los particulares de los honorarios de abogado y procurador y demás gastos derivados de estos recursos que terminan de modo abrupto”.
b) Señala más adelante el escrito de alegaciones del representante del Gobierno de la Nación, que el precepto cuestionado (apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017) “contradice frontalmente el art. 149.1.6 de la CE”, y reproduce al efecto el fundamento jurídico 4 c) de la STC 2/2018, de 11 de enero, sobre distribución de competencias en materia de legislación procesal. Siguiendo la metodología trazada por la doctrina constitucional, continúa diciendo que hay que determinar en primer lugar cuál es el derecho sustantivo respecto del que se establece la supuesta especialidad procesal. Y en este punto, afirma que “no existe peculiaridad alguna del Derecho sustantivo autonómico o, dicho de otro modo, que la disposición cuestionada es por completo ajena al Derecho sustantivo”, limitándose la disposición transitoria a fijar el régimen aplicable a las liquidaciones por hechos anteriores al 15 de julio de 2017. Lo que en realidad comporta “un equivocado entendimiento de la STC 72/2017, un apartamiento de los órganos jurisdiccionales para la fiscalización de las liquidaciones con aplicación de la Ley 19/2017”, pues la STC 72/2017 lo que hace es reservar al legislador la determinación de los supuestos en los que nace la obligación tributaria pero, producida tal intervención legal, “nada impide a los órganos jurisdiccionales resolver los recursos pendientes con aplicación del régimen transitorio establecido en la misma”.
c) En cuanto a cuál sería la legislación estatal que se modula por el precepto cuestionado, niega el abogado del Estado que lo sea el art. 22 LEC, pues no se está ante un supuesto de terminación del proceso por falta de objeto, lo que sería aplicable solo “si los ayuntamientos revocasen las liquidaciones recurridas al amparo del artículo 219 de la Ley general tributaria. Pero […] el acto recurrido permanece válido y surtiendo sus efectos hasta que, en su caso, el ayuntamiento adopte actos posteriores, sobre los que nada ordena la ley”.
Y nada, por lo demás, permite considerar la disposición cuestionada como “necesaria” o “inevitable” a efectos del art. 149.1.6 CE, no levantando así la carga que impone al legislador autonómico la STC 47/2004, FJ 4, sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables por requerirlo alguna particularidad del derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la ley se desprendan o infieran esas “necesarias especialidades” (ahora, con cita de la STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5). Insiste en que la conclusión ope legis de los procedimientos no es la “constitucionalmente correcta” antes de la aprobación de la Ley Foral 19/2017, sino que, “expulsados ex origine los preceptos que amparasen las liquidaciones, el correcto entendimiento de la doctrina constitucional llevaba a la estimación de los recursos interpuestos contra las liquidaciones pendientes, carentes de amparo legal”, con cita en su apoyo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 1/2018, de la que reproduce algunos pasajes. Tampoco procede aquella conclusión procedimental después de la aprobación de la Ley Foral 19/2017, pudiendo los órganos jurisdiccionales aplicar sus reglas y, de acuerdo con ellas, estimar los recursos y ordenar la retroacción de las actuaciones para que los ayuntamientos practiquen nuevas liquidaciones. “Pronunciamiento que deberá realizarse por sentencia, sin que sea aceptable la conclusión del procedimiento que prevé la disposición transitoria única”.
9. Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 6 de junio de 2018, el letrado del Parlamento de Navarra, actuando en nombre y representación de esta Cámara, formuló alegaciones en este proceso, interesando que se dicte sentencia “por la que se declare la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada […] o, subsidiariamente, su desestimación, al no vulnerar el artículo 149.1.6 CE en los términos solicitados”:
a) En parte siguiendo la línea argumental de la letrada de la Comunidad Foral, una vez expuestos los antecedentes del caso y el objeto (transcripción) de la norma cuestionada, se hace una primera precisión en el sentido de que la providencia del Pleno de este Tribunal que admitió a trámite la cuestión planteada dejó fuera la impugnación que en el auto del juzgado a quo se incluía por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley, quedando contraído el objeto de debate a la posible contradicción de la norma autonómica con la competencia exclusiva del Estado para dictar legislación procesal, en los términos del art. 149.1.6 CE. Efectuada esta precisión, avanza el escrito diciendo que la Ley Foral 19/2017 se presenta como norma de ejecución del fallo de la STC 72/2017, de 5 de junio, en concreto en su fundamento jurídico 4, acerca del alcance de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos que se identifican, y el margen de libertad del legislador autonómico para configurar los elementos del impuesto que se enjuicia, en términos que no permitan su sujeción en caso de que no exista un incremento del valor “en la transmisión de los terrenos de naturaleza urbana”.
Se añade que la STC 72/2017 “no contiene en sus fundamentos indicación alguna sobre los efectos pro pretérito de la declaración de nulidad, en especial sobre las situaciones pendientes desde la declaración de inconstitucionalidad, ni los órganos legitimados para ello han solicitado aclaración del Tribunal sobre el alcance de su fallo, en tal extremo”. Que ha sido por tanto en ejercicio de su “libertad de configuración normativa”, como la Ley Foral 19/2017, “guiada por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance prospectivo de sus fallos enunciado desde la STC 45/1989, de 20 de febrero con la que enlaza la más reciente STC 51/2017, de 11 de mayo, ha regulado los efectos de las liquidaciones pendientes de resolución”, con un régimen transitorio para aquellas liquidaciones del impuesto que, a falta de una decisión definitiva por el Tribunal Administrativo de Navarra o en su caso de los órganos judiciales, no han adquirido firmeza aún.
c) Tras esta última alegación, no obstante, se aborda el fondo de los razonamientos del auto que promueve la cuestión, en torno a la norma autonómica y su posible desconocimiento del art. 149.1.6 CE. Entiende el letrado del Parlamento de Navarra, que el juzgado a quo ha partido en sus consideraciones “de un concepto equívoco de ‘legislación procesal’ en el marco de una materia en la que la Comunidad Foral de Navarra tiene derecho sustantivo propio, como es el Derecho tributario local”. Mediante una interpretación “armónica” del art. 76 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y de forma supletoria en el art. 22 de la LEC, es posible alcanzar una “interpretación conforme” de la disposición cuestionada, “al considerar que cuando remitido el expediente al ayuntamiento, no se produzca la sujeción al impuesto por haber acreditado el sujeto pasivo la inexistencia de incremento de valor, se producirá también una satisfacción extraprocesal de la pretensión, que es también causa de terminación del procedimiento judicial” según aquellos preceptos de la legislación estatal. En cambio, el auto del juzgado lleva a cabo una “interpretación mecanicista” de la norma, sin intento de integrarla con las leyes procesales mencionadas. Por ello, más allá de la imprecisión conceptual de situar en un mismo plano el Tribunal Administrativo de Navarra y los tribunales de justicia, lo que no pasa de ser un problema de técnica legislativa que no comporta vicio constitucional (con cita de la STC 40/2018, de 26 de abril), debe efectuarse aquella interpretación conforme, en virtud del principio de unidad de interpretación de la Constitución, en términos que declara la STC 33/2018, de 12 de abril.
10. Con fecha 16 de julio de 2018, la fiscal general del Estado formalizó en el registro de este Tribunal, escrito de alegaciones interesando que se declare “la inconstitucionalidad y nulidad” del precepto objeto de la cuestión planteada, “pero únicamente respecto de los términos: ‘los órganos jurisdiccionales’”:
a) Una vez presentados los antecedentes de hecho relevantes, reproducir la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, resumir los argumentos desarrollados por el juzgado a quo en el auto por el que promueve la presente cuestión, advertir que del objeto de este proceso debe excluirse la impugnación por supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), al no haberlo sometido a alegaciones de las partes y del fiscal en el trámite del art. 35 LOTC; y en consecuencia precisar que la controversia se ciñe a verificar si la norma cuestionada infringe la competencia del Estado en materia de legislación procesal, ex art. 149.1.6 CE, el escrito de alegaciones de la fiscal general del Estado, antes de entrar en el fondo, pasa revista sobre la concurrencia de los requisitos procesales para la formalización de la cuestión.
Sobre esto, recuerda que se llevó a cabo el trámite de audiencia exigido —siempre, en relación al mencionado art. 149.1.6 CE—, que el juzgado ha explicado los motivos para justificar la aplicabilidad de la norma al caso concreto, al tratarse de un supuesto de liquidación no firme que por tanto ha de seguir las reglas previstas en la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, por lo que “necesariamente de la validez de dicha disposición depende la posibilidad de que por el órgano judicial se proceda a dictar una resolución de fondo, si fuera procedente, sobre la controversia planteada”. También se cumple el requisito del juicio de relevancia, tal y como el mismo se define entre otros en el ATC 267/2013, FJ 4 y en la STC 201/2015, FJ 2. El órgano judicial ha razonado cómo la aplicación de la norma cuestionada supone “una manera de conclusión de dichos procesos no prevista en la legislación procesal estatal (LJCA y LEC), y, en fin, en cuanto al momento en que se formaliza la cuestión, este no se considera prematuro pues la norma autonómica ordena la conclusión del proceso “cualquiera que sea su estado”.
Por lo que concierne al fondo de la impugnación contenida en el auto del juzgado a quo, desde la perspectiva del desconocimiento del art. 149.1.6 CE, se resume la doctrina constitucional sobre el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas que enuncia dicho precepto, con cita de las SSTC 2/2018 y 54/2018, que recuerdan lo afirmado en las anteriores 47/2004 y 21/2012. Considera la fiscal general del Estado que la norma cuestionada “incide en el desarrollo normal del proceso, pues ordena, en los casos en que fuera procedente su aplicación, la conclusión del procedimiento, condicionando, por tanto, una futura resolución de fondo de la controversia suscitada en la litis por sentencia […] e imponiendo un supuesto de terminación anormal del proceso no previsto en la normativa estatal” (LJCA y LEC, esta segunda de aplicación supletoria). Es contrario al art. 149.1.6 CE establecer “una causa de terminación del proceso que impide al órgano judicial pronunciarse sobre la controversia planteada por el demandante, afectando a su función de juzgar y, por ello, a la aplicación de la ley al caso concreto, impidiendo que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, si ello fuera procedente, tal como recoge el art. 117.3 CE”. Por tanto, la norma cuestionada vulnera aquel precepto constitucional.
Sin perjuicio —prosigue diciendo— de que la Comunidad Foral de Navarra tiene competencia para establecer sus propios tributos, ex art. 45.3 LORAFNA, la excepción que contempla el art. 149.1.6 CE en favor de la intervención legislativa procesal de las comunidades autónomas (“sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo” de dichas comunidades) no concurre aquí, porque la forma de terminación de los procesos que impone el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única, no responde a especialidades de su derecho impositivo propio, tan solo a aclarar los efectos de la STC 72/2017, sin que la exposición de motivos de la Ley Foral ayude a alcanzar una conclusión distinta. La norma “procesal” cuestionada, “no afecta necesariamente a la regulación material del tributo litigioso, no incide sobre el fondo material de la liquidación tributaria cuestionada en el proceso subyacente de la cuestión de inconstitucionalidad. […]; ninguna repercusión tiene sobre el derecho sustantivo foral de Navarra”. Por lo demás, añade luego, los ayuntamientos pueden “hacer valer en el proceso judicial sus derechos, facultades y competencias en orden a la defensa de sus intereses en relación con la liquidación practicada, lo que hace perder su finalidad a la norma procesal cuestionada”. En definitiva, “la finalidad de la disposición transitoria única se puede alcanzar sin necesidad de concluir de forma anormal el proceso y con infracción de la reserva competencial que el art. 149.1.6 CE, establece a favor del Estado”. Las partes pueden alegar la nueva regulación sustantiva del impuesto que trae la Ley Foral 19/2017, lo que excluye que su apartado cuatro, epígrafe 2, pueda calificarse de “especialidad procesal necesaria para la efectividad del derecho tributario de la Comunidad Foral de Navarra”.
11. La secretaría de justicia del Pleno de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el 16 de julio de 2018 para hacer constar que, dentro del plazo conferido en la providencia de admisión a trámite del presente recurso, se habían presentado alegaciones por “el abogado del Estado, el fiscal general del Estado y las representaciones legales del Gobierno y Parlamento de Navarra”.
12. Por providencia de 26 de marzo de 2019, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
1. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona, mediante auto de 22 de febrero de 2018, ha planteado cuestión de inconstitucionalidad en relación con el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, por posible contradicción con los arts. 149.1.6 (competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal), 24.1 (derecho a la tutela judicial efectiva) y 24.2 (derecho al juez ordinario predeterminado por la ley) de la Constitución (CE). Tanto la letrada de la Comunidad Foral de Navarra, como el letrado del Parlamento de Navarra, en la representación que respectivamente ostentan, han interesado que se inadmita la cuestión por falta de algunos requisitos formales exigibles, y subsidiariamente que sea desestimada. Por su parte, el abogado del Estado y la fiscal general del Estado solicitan su estimación, al entender vulnerado el art. 149.1.6 CE.
La Ley Foral 19/2017 señala, en el párrafo primero de su preámbulo, que la misma se dicta “para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 72/2017, de 5 de junio de 2017”, con el fin de “ofrecer una respuesta normativa rápida con el objetivo de clarificar los efectos de la mencionada sentencia en relación con la gestión y la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”, al haberse declarado por este Tribunal la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Procede dicha Ley Foral 19/2017 también a incluir una disposición transitoria única que contiene el régimen aplicable a las liquidaciones de dicho impuesto, articulado en cuatro apartados. El apartado uno se refiere a liquidaciones firmes cuyos hechos imponibles se produjeron con anterioridad al día 15 de julio de 2017 (fecha de publicación en el “BOE” de la STC 72/2017); el apartado 2 a liquidaciones que alcanzaron firmeza entre el 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 (fecha esta de entrada en vigor de la Ley Foral 19/2017, conforme a su disposición final segunda y a su publicación en el “Boletín Oficial de Navarra” núm. 249 extraordinario, de 30 de diciembre de 2017) “ambos inclusive”; mientras que el apartado 3 regula el régimen transitorio de las liquidaciones “que no han alcanzado firmeza, correspondientes a hechos imponibles producidos hasta el día 31 de diciembre, inclusive” (liquidaciones, se entiende, no impugnadas aún administrativa ni judicialmente, por distinción con los supuestos de los apartados anteriores y con el del siguiente, del que ahora en parte nos ocuparemos).
Finalmente, un apartado cuatro trata de las liquidaciones “recurridas pendientes de resolución”. Consta a su vez de dos números: el primero, en cuanto a la resolución de los recursos administrativos de reposición aún pendientes (ante la propia administración autora del acto), y el segundo, que es el que aquí importa por ser el cuestionado por el juzgado a quo, el cual dispone lo siguiente:
Las dudas de constitucionalidad se suscitan por el auto que promueve la cuestión, específicamente en lo que concierne a la actuación que deben seguir los órganos judiciales que estén conociendo de recursos contencioso-administrativos contra liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y a las cuales resultan de aplicación las declaraciones efectuadas por este Tribunal en su STC 72/2017 y la nueva regulación sustantiva del tributo que, a raíz de nuestra sentencia, aparece en el art. 1 de dicha Ley 19/2017, como así sucede con la liquidación que se impugna en el procedimiento a quo. Por tanto, queda excluido de este proceso todo lo concerniente a la competencia que la propia norma cuestionada asigna al Tribunal Administrativo de Navarra, órgano encargado de resolver determinadas pretensiones de carácter económico-administrativo contra actos dictados por los ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulta previa a la vía jurisdiccional (Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la administración local de Navarra, arts. 337 y siguientes; y Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, que aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de aquella Ley Foral).
2. Antes de abordar el análisis de los argumentos de fondo presentados por el auto de 22 de febrero de 2018, procede hacer una precisión sobre el objeto de este proceso constitucional e, inmediatamente tras ello, dar respuesta a las alegaciones de inadmisión formuladas por los letrados de la Comunidad Foral de Navarra y el Parlamento de Navarra, en cuanto que de estimarse alguna de ellas, resultaría impeditivo de un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada:
a) Debe precisarse, ante todo, que conforme se colige del contenido de la providencia de 8 de mayo de 2018, dictada por el Pleno de este Tribunal al admitir a trámite la presente cuestión, han quedado fuera de nuestro examen los motivos de supuesta contradicción de la norma autonómica impugnada con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario predeterminado por la ley, pues los mismos no fueron sometidos a consideración de las partes del proceso a quo y del ministerio fiscal en el trámite de audiencia abierto ex art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), lo que determina su consiguiente exclusión conforme a nuestra reiterada doctrina, al tratarse este de un trámite esencial y no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ello [entre otras, SSTC 152/2011, de 29 de septiembre, FJ 2 c), y 28/2017, de 16 de febrero, FJ 3].
b) Las instituciones forales aquí personadas alegan, como primera causa de inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad, que el auto de 22 de febrero de 2018 efectúa una interpretación errónea del precepto controvertido, pues este no obliga en todo caso a devolver el expediente al ayuntamiento y archivar el respectivo recurso contencioso-administrativo instado por el interesado, sino solamente “en los casos en que resulte procedente”, poniendo ambas como ejemplo los casos de no sujeción al impuesto. Añaden que en el proceso a quo el juzgado podía haber resuelto seguir adelante y dictar finalmente sentencia. La letrada de la Comunidad Foral, en concreto, califica esta supuesta errónea apreciación del juzgado como ausencia del requisito de relevancia, ex art. 163 CE y 35.1 LOTC.
c) En segundo y último lugar, con no mejor resultado que el anterior, se invoca por ambas instituciones forales el incumplimiento del requisito de su planteamiento temporáneo, al haberse elevado el auto correspondiente en el proceso abreviado núm. 143-2017, antes de la celebración de la vista oral y, por ende, de dictarse sentencia, apartándose así de lo ordenado en el art. 35.2 LOTC (a tenor del cual, el órgano judicial “sólo podrá plantear la cuestión… una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia”).
El motivo también ha de denegarse, al resultar de aplicación la doctrina constitucional reiterada, de la que constituye muestra el ATC 168/2016, de 4 de octubre, FJ 2, en el sentido de que “este Tribunal ha venido interpretando con flexibilidad este requisito temporal del art. 35.2 LOTC, cuando las normas cuestionadas son de carácter procesal (e incluso, más excepcionalmente, de naturaleza sustantiva), cuando la continuación del proceso hasta la sentencia no pudiera aportar ningún elemento adicional de juicio sobre la aplicabilidad de la norma cuestionada ni sobre su efecto determinante en el fallo, ni sobre su legitimidad constitucional, o cuando la propia norma tuviere una incidencia anticipada e irreversible en el propio proceso en curso (por todas, SSTC 8/1982, de 4 de marzo, FJ 1; 25/1984, de 23 de febrero, FJ 2; 19/1988, de 16 de febrero, FJ 1; 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 2, y 110/1993, de 25 de marzo, FJ 2; y AATC 121/1990, de 13 de marzo, FJ 2; 47/1994, de 8 de febrero, FJ 1; 24/2000, de 18 de enero, FJ 1; 103/2004, de 13 de abril, FJ 2, y 76/2015, de 30 de abril, FJ 3)”.
3. Todas las partes personadas en este proceso aceptan que la norma autonómica sobre la que se plantean las dudas de constitucionalidad es un precepto de naturaleza procesal. Esta apreciación debe considerarse correcta, puesto que la regla que en ella se contiene determina, cuando se dan las condiciones ahí establecidas, que un recurso contencioso-administrativo abierto y en trámite, tenga una terminación anticipada y distinta de la que resultaría del dictado de una sentencia definitiva, resolutoria de las pretensiones de fondo de las partes. En concreto, según se viene diciendo, debe acordarse el archivo de las actuaciones dejando imprejuzgada la demanda interpuesta contra la liquidación tributaria que ha sido objeto de impugnación, por lo que su repercusión directa y exclusiva (en los límites planteados por el juzgado a quo, que no se extienden al Tribunal Administrativo de Navarra) sobre procedimientos judiciales conduce efectivamente a situar el debate competencial en los términos del art. 149.1.6 CE, donde se reconoce como competencia exclusiva del Estado la “legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”.
Pues bien, en lo que tal alegación pueda querer significar, con palabras de nuestra reciente STC 2/2018, de 11 de enero, FJ 4 b), que la norma cuestionada resulta tan solo una “inocua reiteración de una norma procesal general”, hemos advertido justamente en dicha resolución que “si bien la doctrina de este Tribunal ha establecido que ‘la mera reiteración de reglas procesales generales en la legislación autonómica no hace buena, sin más, una tal previsión’ (SSTC 71/1982, FJ 20, y 173/1998, de 23 de julio, FJ 16), esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas procesales por el legislador autonómico (leges repetitae) no es absoluta, y hemos admitido la reiteración cuando solo persigue dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico dentro de sus competencias (STC 47/2004, FJ 8)”. Todo ello, en el bien entendido de que, tratándose de normas procesales, es doctrina reiterada de este tribunal que “las Comunidades Autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, operación que quedaría vedada por la doctrina sobre la lex repetita… según la cual la reproducción de normas estatales en normas autonómicas es inconstitucional cuando la Comunidad Autónoma carece de la correspondiente competencia salvo que —lo que no es el caso— la reiteración de la norma estatal sea imprescindible para el entendimiento del precepto… Salvo esta última excepción, al legislador autonómico le está vedado reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. Y con mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar o de cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que no forman parte de su acervo competencial” [SSTC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c), y 13/2019, de 31 de enero, FJ 2 b)].
4. A este respecto, la STC 2/2018 recién citada, reproduce en su fundamento jurídico 4 c) la doctrina precedente contenida en nuestra STC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4, donde se describen las tres operaciones necesarias para esclarecer si el precepto cuestionado resulta o no acorde con aquel reparto de competencias. Las dos primeras operaciones ya están hechas: (i) identificar el derecho sustantivo autonómico del que se aduce la especialidad procesal: la regulación del impuesto local varias veces mencionado, y el régimen transitorio aplicable a las liquidaciones no firmes a la entrada en vigor de la Ley Foral 19/2017 y (ii) cuál es la legislación procesal estatal de la que justamente se separa la especialidad dictada: el régimen de terminación anticipada del proceso contencioso-administrativo por satisfacción extraprocesal de la pretensión, regulado en el art. 76 LJCA y el supletorio art. 22.1 LEC. La tercera operación es la que procede realizar ahora y consiste en indagar “si entre las peculiaridades del ordenamiento sustantivo autonómico y las singularidades procesales incorporadas por el legislador autonómico en la norma impugnada existe una conexión directa tal que justifique las especialidades procesales” [STC 2/2018, FJ 4 c), reproduciendo en lo sustancial a la STC 47/2004, FJ 5].
A su vez, para calibrar cuándo esta última situación concurre, la misma STC 2/2018, FJ 4 c), citando de nuevo la STC 47/2004, enseña que “la competencia asumida por las Comunidades Autónomas al amparo de la salvedad recogida en el artículo 149.1.6 CE no les permite, sin más, introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el artículo 149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión ‘necesarias especialidades’ del citado precepto constitucional, tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado por la propia comunidad autónoma o, dicho en otros términos, las singularidades procesales que se permiten a las comunidades autónomas han de limitarse a aquéllas que, por la conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengan requeridas por estas (STC 47/2004, FJ 4). […] Le corresponde al legislador autonómico o, en su defecto, a quienes asuman la defensa de la Ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables, cuando menos siempre que del propio examen de la Ley no se puedan desprender o inferir esas ‘necesarias especialidades’ (SSTC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5; 47/2004, FJ 4, y 21/2012, FJ 7). Teniendo presente que la necesidad a que se refiere la cláusula competencial del artículo 149.1.6 CE ‘no puede ser entendida como absoluta, pues tal intelección del precepto constitucional dejaría vacía de contenido y aplicación la habilitación competencial que este reconoce en favor de las Comunidades Autónomas’ (STC 47/2004, FJ 5)”. En el mismo sentido, STC 92/2013, de 22 de abril, FJ 4.
5. La aplicación de la doctrina de referencia, conduce a la conclusión de que el precepto cuestionado no resulta conforme con el reparto competencial previsto en el art. 149.1.6 CE. En efecto:
a) Se parte del dato indiscutido de la competencia de la Comunidad Foral para la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de los ayuntamientos situados dentro de su territorio (disposición adicional primera CE y art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra), regulación que se contenía en los arts. 172 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, y de entre los que se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de tres de ellos por la STC 72/2017, de 5 de junio, todos de contenido sustantivo. (arts. 175.2, 175.3 y 178.4). Dentro de la libertad de configuración que esta última sentencia reconoció al legislador autonómico, siempre que no sometiera otra vez a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de dichos inmuebles, este procedió a dictar nuevas normas a través de la Ley Foral 19/2017 que, como ya se expuso, declara al principio de su preámbulo que tiene por finalidad, precisamente, dar cumplimiento a lo acordado en la STC 72/2017.
Así las cosas, resulta, sin embargo, que nuestra sentencia en ningún momento determinó, ni de manera preceptiva ni opcional, que fuera necesario o conveniente que la nueva regulación de los elementos del tributo referido que alumbrara un nuevo texto legal subsanando el vacío normativo ocasionado por aquella declaración de nulidad, tuviera que incluir un régimen transitorio que afectara al devenir normal de los procedimientos judiciales abiertos y aún no finalizados, para conocer de la impugnación de liquidaciones practicadas en situaciones de decremento del valor del inmueble. Por tanto, la regla procesal del apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única citada, no puede reputarse dictada para el cumplimiento de la STC 72/2017, de 5 de junio.
d) Tampoco se cohonesta con esta hipotética finalidad de especialización del régimen sustantivo tributario, el hecho de que la referida norma objeto de la cuestión planteada ni siquiera garantice, como ya se ha dicho, que la nueva liquidación vaya a ser favorable para los intereses del justiciable (mientras esta no se dicte, la anterior, que ha quedado excluida del control judicial, seguirá produciendo sus efectos, como advierte el abogado del Estado en su escrito de alegaciones). Añadiendo entonces el apartado cuatro, epígrafe 2, que de no serlo tendrá el recurrente que iniciar una nueva impugnación jurisdiccional (recuérdese, el proceso anterior se cerró, y la norma no contempla que se reabra), con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Todo, con el único objetivo de ahorrar a la administración recurrida las consecuencias económicas que se anudarían a una sentencia estimatoria si el proceso anterior se tramita hasta el final, incluyendo en su caso la imposición de costas por vencimiento (art. 139.1 LJCA), imposición que no está clara cuando el proceso finaliza por satisfacción extraprocesal de la pretensión (el art. 76 LJCA no dispone de una regla sobre costas, y el art. 22.1 LEC ordena que no se impongan).
6. Procede por tanto la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en los términos en que esta quedó delimitada en nuestra providencia de admisión a trámite de 8 de mayo de 2018. Declaramos en consecuencia que es inconstitucional y nulo el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, en los incisos, “o en los órganos jurisdiccionales” de su párrafo primero, y “y los órganos jurisdiccionales” de su párrafo segundo.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 1319-2018
Se enjuicia la constitucionalidad de un apartado de la disposición transitoria de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, que impone –mediante la devolución del expediente a los ayuntamientos– la terminación anticipada de los recursos contencioso-administrativos que tuvieran por objeto la impugnación de liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a las que fuera aplicable la doctrina de la STC 72/2017, de 5 de junio.
Se estima la cuestión de inconstitucionalidad por vulnerar el precepto enjuiciado la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal. Por un lado, la norma autonómica no contempla un supuesto de satisfacción extraprocesal; por lo que no puede considerarse como un caso imprescindible de reproducción de la legislación estatal sobre formas de terminación del procedimiento. Por otro, no hay base objetiva para calificarla como una especialidad necesaria derivada de la regulación foral del impuesto local. La disposición examinada no puede entenderse dictada para el cumplimiento de la STC 72/2017 y tampoco como necesaria –por privar a los tribunales del control sobre las liquidaciones no firmes del impuesto– para que la norma sustantiva despliegue sus efectos.
Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre. Modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
Disposición transitoria única, apartado 4, 2 en los incisos "o en los órganos jurisdiccionales" de su párrafo primero y "lo órganos jurisdiccionales" de su párrafo segundo (anula)
Artículo 337, f. 1
Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de Navarra. En materia de impugnación de los actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra
Artículo 175.2, ff. 1, 5
Artículo 175.3, ff. 1, 5
Artículo 178.4, ff. 1, 5
Artículo 74.7, f. 3
Artículo 76, ff. 3 a 5
Artículo 76.2 in fine, f. 3
Artículo 139.1 (redactado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre), f. 5
Artículo 22.1, ff. 3 a 5
Preámbulo, párrafo primero, ff. 1, 5
Disposición transitoria única, apartado 1, f. 1
Disposición transitoria única, apartado 2, f. 1
Disposición transitoria única, apartado 3, f. 1
Disposición transitoria única, apartado 4, 1, f. 1
Disposición transitoria única, apartado 4, 2, ff. 1, 2, 5
Disposición transitoria única, apartado 4, 2 en los incisos "o en los órganos jurisdiccionales" de su párrafo primero y "lo órganos jurisdiccionales" de su párrafo segundo, f. 6
Acotación del objeto de la cuestión de inconstitucionalidadAcotación del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, f. 2a)
Competencias en materia de legislación procesalCompetencias en materia de legislación procesal, ff. 3 a 5
Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenosImpuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, f. 1
Juicio de relevanciaJuicio de relevancia, f. 2b)
Planteamiento temporáneoPlanteamiento temporáneo, f. 2c)
Especialidades procesalesEspecialidades procesales, ff. 4, 5
Reproducción de normas estatalesReproducción de normas estatales, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 76
 artículo 24
 resolución 
 artículo 219
 artículo 149
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149

Artículo 337

Artículo 175

Artículo 175

Artículo 178

Artículo 74

Artículo 76

Artículo 76
in fine

Artículo 139

Artículo 22