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Timestamp: 2018-01-23 17:49:22+00:00

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Sentencia nº 16/2012 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 13 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 379820402
Número de Recurso: 2477-2009
El recurrente en amparo fue condenado por un delito de quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento impuesta en una causa en la que ya se había dictado Sentencia absolutoria, que nada decía sobre la subsistencia de dicha orden de alejamiento. Se otorga el amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del condenado. Las sentencias impugnadas han considerado hecho probado que la orden de alejamiento estaba vigente cuando el demandante se presentó en el lugar de trabajo de su excompañera, ya que la sentencia absolutoria no era firme y el silencio de la misma sobre la medida concreta venía a corroborar dicho punto. Sin embargo, el Tribunal señala que la argumentación utilizada por los órganos judiciales intervinientes viene a ligar de manera no justificada la falta de firmeza de la sentencia absolutoria con la prórroga del alejamiento, realizando una interpretación inaceptable desde la perspectiva constitucional. El art. 69 de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, determina que las medidas cautelares podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen, en cuyo caso, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas. Dentro de las medidas a las que se refiere dicho precepto se incluye la orden de alejamiento impuesta al recurrente y por sentencia “definitiva” debe entenderse la Sentencia dictada en la instancia y por lo tanto, es evidente que la ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la medida cautelar en la Sentencia absolutoria conlleva la finalización de la vigencia de dicha medida en el momento en que tal Sentencia fue dictada. Así, la falta de este pronunciamiento por parte del Juzgado determina el decaimiento de la referida medida de protección y, por ello, su pérdida de eficacia.
Sentencia citada en: 827 sentencias, un artículo doctrinal, un tema práctico
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 17 de marzo de 2009, don Raúl Cebrián Díaz manifestó su intención de interponer recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento, a cuyo fin solicitaba la designación de Procurador y Letrado del turno de oficio. Una vez realizados dichos nombramientos, la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Alejandra Briones Torralba formalizó la demanda de amparo mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 23 de junio de 2009.
El Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza dictó Sentencia de 19 de diciembre de 2008, en el juicio oral núm. 476-2008 dimanante del Juzgado de Instrucción núm. 8, por la que condenaba al recurrente, como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468.2 del Código penal (CP), a la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales.
Por auto de fecha 11 de octubre de 2008 el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Zaragoza acordó en Diligencias Indeterminadas núm. 159-2008 la prohibición del acusado de aproximarse a su ex pareja Esperanza Sánchez Ortiz a una distancia de cien metros, así como a comunicarse con ella.
La sentencia que absolvía al acusado fue recurrida en apelación por la acusación particular encontrándose todavía vigente la orden de alejamiento.
En efecto, el acusado reconoció en el acto del juicio que conocía la orden de alejamiento y que llamó a su abogada para preguntarle si podía aproximarse a su ex pareja y que pudo cometer el error de pensar que la resolución era firme. En efecto, de las manifestaciones del acusado se desprende que su abogada le advirtió que la sentencia no era firme y que estimaba que no sería recurrida, pero no le dio seguridad, con lo cual el acusado tenía que ser consciente, cuando se presentó en el bar donde trabajaba su compañera, de que podía seguir vigente la orden de alejamiento.
De todo lo expuesto resulta que el acusado cuando se presentó en el bar sin previo aviso, y sin asegurarse de si la orden de alejamiento estaba vigente, cometió el delito enjuiciado, ya que tal encuentro no estaba consentido por la denunciante y el acusado tenía conciencia de ilicitud, dolo eventual, pues su abogado no le había informado de la firmeza de la sentencia, sino de que pensaba que no se recurriría.
El recurrente interpuso recurso de apelación contra la Sentencia condenatoria, denunciando la indebida aplicación del artículo 468.2 CP, en relación con el artículo 69 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Alegaba que la Sentencia que le absolvió en la causa anterior por delito de malos tratos en el ámbito familiar no contenía pronunciamiento alguno manteniendo la orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Instrucción, durante el tiempo de sustanciación de los recursos, por lo que dicha medida había perdido vigencia y, en consecuencia, su conducta habría de reputarse atípica. Por otra parte, se invocaba también como vulnerado en el referido recurso el principio in dubio pro reo porque la duda acerca de la vigencia o no de la orden alejamiento y de la existencia de un hipotético recurso de apelación no debe utilizarse en contra del acusado, sino a favor del mismo, por lo que éste debe ser un motivo adicional para su absolución. Sin perjuicio de considerar también que de la propia actuación de la denunciante, al haber consentido diversos encuentros con el acusado y la hija común, parecía desprenderse que ésta había renunciado voluntariamente al contenido de dicha medida de alejamiento.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó el recurso presentado por Sentencia de 11 de febrero de 2009, recaída en el rollo de apelación núm. 38-2009, confirmando el pronunciamiento condenatorio de instancia.
La medida cautelar no había sido dejada sin efecto, y aunque en la Sentencia de primera instancia, no se hiciera constar que subsistía, debe entenderse que existía, y, lo realmente relevante, es que el acusado, incluso ha reconocido conocer de su vigencia e informarse ante su letrado, acerca de la Sentencia absolutoria de primera instancia y si iba a ser o no recurrida. El procedimiento todavía no concluye, pues termina cuando el pronunciamiento deviene firme y las sentencias son firmes cuando se deja pasar el plazo sin interponer recurso, o cuando recae resolución definitiva, en este caso, en la segunda instancia, contra la que no cabe recurso ordinario.
Por ello, no puede entenderse que la conducta sea atípica, como pretende la parte apelante, con base en el precedente motivo esgrimido o invocado, máxime si tenemos en cuenta las declaraciones prestadas por el propio acusado en el acto del juicio, interesándose y preguntando al letrado sobre la sentencia recaída en primera instancia.
El acusado solicitó del letrado y obtuvo información acerca de si la Sentencia se había recurrido o no y, por ende, sabía que la Sentencia pese a que aún no se había recurrido, restando plazo para ello, no era firme y pendía la orden de alejamiento. En cualquier caso, también podría haber acudido al Juzgado para despejar cualquier duda. En definitiva, el acusado conocía la realidad de la medida cautelar acordada y de su vigencia, así como de las consecuencias de su infracción.
El Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza, por Auto de 29 de abril de 2009, acordó sustituir la pena de prisión impuesta al demandante de amparo por la de seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad, en atención a la naturaleza del hecho delictivo y el bajo nivel de peligrosidad del condenado.
El demandante de amparo interesa en su recurso la nulidad de las Sentencias impugnadas, con su consiguiente absolución del delito de quebrantamiento de medida cautelar por el que ha sido condenado, al haberse vulnerado por las mismas el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Razona a tal fin que dichas resoluciones infringieron lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en cuanto determina que la Sentencia que se dicte habrá de hacer constar el mantenimiento o no de las medidas adoptadas durante el procedimiento. Por el contrario, en la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 5 de Zaragoza, que absolvía al ahora recurrente del delito que se le imputaba (malos tratos en el ámbito familiar), no se establecía absolutamente nada sobre la vigencia de la prohibición de aproximación y comunicación que en su momento había dictado el Juzgado de Instrucción, por lo que un eventual recurso de apelación contra dicha Sentencia nunca podía mantener en vigor la medida cautelar que la Audiencia Provincial de Zaragoza consideró que había sido quebrantada. Por otra parte, se añade en la demanda presentada, la decisión condenatoria adoptada por el Tribunal habría supuesto también una vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente, generándole una grave indefensión.
La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 4 de octubre de 2010, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atentas comunicaciones a los órganos judiciales competentes para la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento de quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que, si lo desearen, pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal de 17 de noviembre de 2010 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
La representación procesal de la parte recurrente cumplimentó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 23 de diciembre de 2010, limitándose a ratificar las consideraciones vertidas en su recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal, por su parte, presentó sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el día 10 de enero de 2011, interesando la estimación de la demanda de amparo.
Por providencia de fecha 9 de febrero de dos mil doce, se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
Es objeto de impugnación en este recurso de amparo la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de febrero de 2009, que confirma la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de la misma ciudad de 19 de diciembre de 2008, por la que se condena al recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Éste considera que las referidas resoluciones judiciales han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al haber sido condenado por dicho tipo penal no obstante no estar vigente la orden de protección que se dice infringida, habiéndose también lesionado, por el mismo motivo, el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
Sobre la base de las alegaciones del recurrente, que invoca el derecho a la tutela judicial efectiva —art. 24.1 CE—, y las precisiones del Ministerio Fiscal, que añade la vulneración del principio de legalidad penal —art. 25.1 CE— y de la presunción de inocencia, —art. 24.2 CE— hemos de señalar que el conjunto de cuestiones que suscitan los hechos que integran el sustrato de este proceso nos llevan a indicar, en primer término, que la tipificación del delito contenida en el art. 468. 2 CP no plantea duda ninguna respecto de la certeza de la descripción que formula, de suerte que resulta claramente “previsible” la aplicación del precepto cuando se produzcan las conductas en él descritas: la decisión sancionadora será “un fruto previsible de una razonable administración judicial o administrativa de la soberanía popular” —STC 13/2003, de 28 de enero, FJ 3—.
No planteándose aquí, como ya hemos dicho, ninguna cuestión respecto de la interpretación del art. 468.2 CP, el estudio del caso nos lleva al derecho a la presunción de inocencia —art. 24.2 CE—. Reiteradamente hemos declarado que “sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado (STC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2 y, citándola, entre otras muchas, SSTC 135/2003, de 30 de junio, FJ 2; 137/2005, de 23 de mayo, FJ 2; 26/2010, de 27 de abril, FJ 6).” (STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 24).
Para aplicar la doctrina expuesta al caso que enjuiciamos, ha de indicarse, como se expuso en los antecedentes, que el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza condenó al recurrente por un delito de quebrantamiento de medida cautelar al declarar probado que tenía pendiente una orden de alejamiento acordada en otra causa y que pese a ello se acercó al lugar de trabajo de su ex-compañera. Cuando ya se había dictado Sentencia absolutoria en esta última causa, Sentencia que nada declaró sobre la subsistencia de la orden de alejamiento, el recurrente “se presentó en el lugar de trabajo de su ex-compañera”, hechos estos que dieron lugar a la condena del demandante. La Audiencia Provincial de Zaragoza, al resolver la apelación, confirmó la condena del demandante por el delito de quebrantamiento de medida cautelar al entender que ésta no había sido dejada sin efecto, pues “aunque en la Sentencia de primera instancia, no se hiciera constar que subsistía, debe entenderse que existía”, razonando que “el procedimiento todavía no concluye, pues termina cuando el pronunciamiento deviene firme y las sentencias son firmes cuando se deja pasar el plazo sin interponer recurso, o cuando recae resolución definitiva, en este caso en la segunda instancia, contra la que no cabe recurso ordinario”.
Por otra parte, tal modo de razonar de los órganos judiciales, además de ser contrario al tenor de los preceptos estudiados (art. 468.2 CP en relación con el art. 69 de la Ley Orgánica 1/2004), puede considerarse divergente de las pautas de interpretación comúnmente aceptadas, a la vista de los intereses y valores constitucionales en juego. En efecto, la orden de protección, de acuerdo con su naturaleza de medida cautelar, tiene como presupuesto, entre otros, la razonada previsión de un hecho punible a una persona determinada, pudiéndose mantener por el Juez en tanto en cuanto subsistan las condiciones que la han justificado, en el caso de los delitos de violencia doméstica ante la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima (544.ter de la Ley de enjuiciamiento criminal). Por ello, esta medida está sometida al principio de variabilidad, como instrumental del proceso penal en curso, de tal modo que el órgano judicial debe dejarla sin efecto cuando se modifiquen las circunstancias que aconsejaron su imposición.
Todo ello conduce, de conformidad con lo previsto en el art. 53 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a la estimación del recurso de amparo interpuesto por don Raúl Cebrián Díaz, dado que la condena de que ha sido objeto por parte del Juzgado de lo Penal núm. 4 y Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por un delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468.2 CP, ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia —art. 24.2 CE—, pues el razonamiento que han formulado para entender probada la concurrencia de uno de los elementos del tipo penal ha sido irrazonable, contraria al tenor de las normas aplicadas y discrepante respecto de las pautas interpretativas al uso en la comunidad jurídica.
Reconocer su derecho a la presunción de inocencia —art. 24.2 CE—.
Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de febrero de 2009, dictada en el rollo de apelación núm. 38-2009, así como de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de la misma ciudad de 19 de diciembre de 2008, recaída en el juicio oral núm. 476-2008.
Auto nº 391/2008 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 22 de Diciembre de 2008
Sentencia nº 721/2004 de TSJ Comunidad de Madrid (Madrid), Sala de lo Contencioso, 1 de Junio de 2004
Sentencia de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Contencioso, 10 de Octubre de 2002

References: resolución 
 artículo 468
 artículo 69
in dubio
 resolución 
 artículo 69
 resolución