Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1196270
Timestamp: 2020-05-26 18:17:40+00:00

Document:
Medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones
Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOCAIB de 21 de marzo de 2020) Texto completo.
La emergencia sanitaria que ha generado la propagación del COVID-19 en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas de todo tipo para luchar contra la ola de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está produciendo. El Gobierno español, de acuerdo con el artículo 116.1 de la Constitución, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El pasado día 17 de marzo ha aprobado el Real Decreto 465/2020, que modifica el anterior en algunos puntos y, en la misma fecha, ha dictado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El Decreto ley se completa con una disposición adicional y una disposición transitoria, relativas, respectivamente, a la publicidad adicional y al régimen transitorio y retroactivo de determinadas medidas en materia de contratación pública; y también con una disposición derogatoria, con la cláusula de estilo propia de la derogación tácita, y tres disposiciones finales, por las que se dispone, por una parte, la modificación puntual de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre , de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears; por otro, la facultad de desarrollo reglamentario del Decreto ley por el Consejo de Gobierno, y, finalmente, la entrada en vigor.
En cuanto a la contratación pública, deberá adoptarse al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las medidas que se deben adoptar en materia de contratación pública como consecuencia de aquello que dispone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se aprueba el Plan de medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 (BOIB núm. 37, de 18 de marzo).
Régimen especial de los convenios relacionados con el COVID-19
1. En la tramitación administrativa y la suscripción de convenios en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 no se aplicarán las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2, letras a), b ) y c), del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Mantenimiento de los conciertos educativos y de los módulos económicos
Se mantienen los conciertos educativos vigentes a la entrada en vigor de este Decreto ley y se continuarán financiando íntegramente los módulos relativos al personal docente y a otros gastos mientras se mantenga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Medidas relativas a colectivos en situación de vulnerabilidad económica
1. El Decreto 117/2001, de 28 de septiembre , por el que se regula la renta mínima de inserción, será aplicable a las personas en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19 y de la declaración del estado de alarma, a las que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, para las personas en situación de vulnerabilidad económica mencionadas que sean destinatarias de la renta mínima de inserción no es aplicable el capítulo IV del Decreto 117/2001 .
Otras medidas en materia de servicios sociales
Durante el período de vigencia del estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen las siguientes normas excepcionales:
2a. Para el acceso a las prestaciones de dependencia reguladas en el Decreto 83/2010, de 25 de junio , por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, para las personas valoradas como dependientes, será suficiente lo que disponga el plan individual de atención emitido por el trabajador social.
3.ª. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia, previstas en el Decreto 84/2010, de 25 de junio , por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que queden en suspenso, quedan exentos de participar económicamente en su coste.
5.ª. Se suspende la aplicación del capítulo IV del Decreto 117/2001 antes mencionado para todos los beneficiarios de la renta mínima de inserción.
Medidas extraordinarias en relación con la gestión de los residuos sanitarios
2. Los residuos sanitarios procedentes de centros asistenciales y de la actividad asistencial ambulante en pacientes diagnosticados o sospechosos de padecer el COVID-19 serán considerados residuos de riesgo y en su gestión se atenderá a los siguientes criterios:
1.º. Su segregación, recogida, almacenamiento, transporte y gestión, en general, incluyendo el tratamiento final y eliminación, se llevará a cabo atendiendo a lo establecido para el grupo III del Decreto 136/1996. Se identificarán con una etiqueta de COVID-19 o AISLAMIENTO y se priorizará su transporte hasta las plantas de tratamiento; todo ello con el fin de aumentar las medidas de seguridad en su gestión.
2.º. Los residuos cortantes y punzantes que contengan o puedan contener líquidos biológicos o secreciones, se recogerán en envases rígidos de cierre hermético. Si no lo son, estos se podrán agrupar a la vez en envases herméticos de mayor capacidad (30/60 litros), pero sin hacer un uso abusivo.
3.º. Para el resto de residuos procedentes de la atención sanitaria a estos pacientes, como pueden ser los equipos de protección individual (EPI), materiales de cura, gasas, sondas, bolsas de suero vacías, tubuladuras y otros, se tendrá en cuenta la previsión de la mencionada norma, si bien, en caso de utilizar la opción de doble bolsa de galga 300, de capacidad hasta 100 litros y con cierre de seguridad, excepcionalmente esta podrá ser de color diferente al amarillo siempre que resulte identificada como se establece en la letra a) anterior.
4.º. Excepcionalmente y de manera extraordinaria en casos justificados que deberán contar con una aprobación expresa por parte de la administración competente en materia de residuos y salud pública, por motivos de operatividad, se permitirán otras condiciones o períodos de almacenamiento superiores a los previstos en el artículo 9.10.g) del Decreto 136/1996 antes mencionado, siempre que se mantengan las medidas suficientes de prevención y salubridad.
5.º. Su transporte exterior hasta las plantas o instalaciones de tratamiento o eliminación autorizadas, incluido el transporte marítimo entre islas, tendrá consideración de esencial.
6.º. Dado su carácter infeccioso y las previsiones del artículo 5.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, no se permite en ningún caso su eliminación por vertido.
Medidas en materia de suspensión de plazos administrativos
1. En el marco de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a los consejeros y las consejeras del Gobierno de las Illes Balears y a las personas titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector público instrumental autonómico acordar, en el ámbito de sus competencias, mediante resolución motivada, y entre otras posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de los procedimientos administrativos en los casos en que la suspensión o paralización pueda causar perjuicios graves en los derechos o los intereses de las personas que tengan la condición de interesadas en el procedimiento. Asimismo pueden adoptar en este ámbito cualquier medida destinada a evitar o paliar situaciones de vulnerabilidad originadas por el estado la alarma.
4. En el ámbito de los consejos insulares y de los municipios de las Illes Balears, corresponde a los órganos competentes en cada caso el ejercicio de las medidas a que se refiere este artículo y la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 .
Interrupción del cómputo del plazo de duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Estos créditos tendrán la condición de ampliables, a los efectos previstos en la Ley 14/2014, de 29 de diciembre , de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Publicidad adicional de determinadas medidas
Normes que se derogan
Modificaciones de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre , de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears
1. La disposición adicional única de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre , de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears, pasa a ser la disposición adicional primera.
2. Se añade una disposición adicional, la disposición adicional segunda, en la Ley 12/2018 citada, con la siguiente redacción:
Cuando hayan sido declaradas algunas de las situaciones contempladas en el artículo 116 de la Constitución española, o en caso de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por el Consejo de Ministros, el régimen jurídico que se establezca en materia de suspensión y ejecución de contratos se aplicará a los conciertos sociales definidos en el artículo 2 de la presente Ley."
Facultades de desarrollo normativo

References: artículo 116
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 120
 Real Decreto 
 artículo 50
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 116
 artículo 2