Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-192.CODI.%29
Timestamp: 2020-06-07 03:23:46+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 192, de 12/12/2012
cve: BOCG-10-D-192
158/000027 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, de Estudio sobre las Redes Sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ... (Página26)
161/001075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación mediante ley orgánica de la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico ... (Página28)
161/001071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la expulsión de personas con estatutos de refugiado y/o con riesgos para su integridad física y derechos fundamentales ... (Página30)
161/001088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Plan de Prevención de la Violencia contra Menores ... (Página31)
161/001090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la evaluación para el ascenso del militar profesional que se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como personal estatutario ... (Página32)
161/001072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación presupuestaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ... (Página34)
161/001080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la modificación de la normativa de estabilidad presupuestaria a los efectos de permitir que los ayuntamientos saneados no vean limitada su capacidad de gestión ... (Página36)
161/001073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la contratación de los proyectos de obra de la autovía A-76 Ponferrada-Monforte-Ourense ... (Página37)
161/001078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de que no se apliquen más incrementos de peajes en las autopistas, en concreto en la AP-9 ... (Página38)
161/001070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares ... (Página39)
161/001083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar los requisitos para acceder a la renta activa de inserción para las personas con discapacidad ... (Página40)
161/001084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar las condiciones de acceso a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial ... (Página41)
161/001089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la competitividad de la industria del automóvil ... (Página42)
161/001074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la preservación de los insectos polinizadores y de la supresión de la moratoria sobre los pesticidas de la familia de los neonicotinoides y fenilpirazoles ... (Página44)
161/001081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre impulso de creación de empleo a través de la bioenergía ... (Página46)
161/001082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre desafectación para la defensa de los terrenos sin uso de la base militar EVA-4 de Roses (Girona) y su posterior afectación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página47)
161/001085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático ... (Página48)
161/001086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre ampliación de la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal ... (Página49)
161/001087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el litoral malagueño ... (Página50)
161/000113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre enfermedades profesionales ... (Página51)
161/001076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del diagnóstico y el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad ... (Página52)
161/001077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Código PAOS de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores ... (Página53)
161/001079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes un Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado para adaptar dicha legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ... (Página54)
181/000595 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre fin que persigue la imposición de tasas judiciales, así como valoración de los efectos que puede tener ... (Página56)
181/000593 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si su actuación devalúa nuestra democracia ... (Página56)
181/000589 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre disposición del Gobierno a adoptar medidas para que se eliminen las comisiones bancarias de servicios básicos así como las correspondientes a cuentas de ahorro o cuentas corrientes ... (Página57)
181/000596 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre medidas previstas por RENFE para mejorar el servicio y el precio de los usuarios habituales del Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona ... (Página57)
181/000590 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Lavilla Martínez (GS), sobre construcción del Centro de Referencia Estatal de atención comunitaria a personas mayores de Soria ... (Página57)
181/000591 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Sánchez Amor (GS), sobre construcción del Centro de Referencia Estatal para la promoción de la vida independiente de Olivenza (Badajoz) ... (Página58)
181/000592 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero (GS), sobre construcción del Centro de Integral de atención a personas con discapacidad física grave de Melilla ... (Página58)
181/000594 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre alcance que plantea el Gobierno con el recorte de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público ... (Página58)
ALEGRÍA CONTINENTE, María Pilar (GS) (núm. expte. 005/000148/0001) 2 ... (Página21)
ANGULO ROMERO, María Teresa (GP) (núm. expte. 005/000253/0002) 2 ... (Página11)
BUYOLO GARCÍA, Federico (GS) (núm. expte. 005/000036/0001) 2 ... (Página16)
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, María Paloma (GS) (núm. expte. 005/000376/0000) 1 ... (Página6)
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Interior, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara de fecha 26 de junio de 1996, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, solicita la creación de una Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales, en el seno de la Comisión de Interior.
El 13 de marzo de 2012 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular par unanimidad, que instaba al Gobierno a:
"1. Reforzar la prevención del acoso por Internet, promoviendo acuerdos de protección de menores con las diferentes redes sociales, garantizando la protección de datos de carácter personal y revisando las posibilidades técnicas, operativas y jurídicas, tendentes a mejorar la seguridad de las fotografías que se cuelguen en la red, tanto por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas con competencia en la materia, como de las redes sociales y servidores o proveedores de servicios informáticos.
2. Reforzar las Unidades Policiales competentes y de protección al menor, con el objetivo de intensificar la investigación de delitos relacionados con la utilización de la red, singularmente el "cyberbullying"."
Por otro lado, la Comisión Europea ha llamado la atención sobre la contradicción que supone el hecho de que se impongan medidas de protección a la infancia a los medios de comunicación tradicionales mientras que tal protección no se haya hecho extensiva a las redes sociales en Internet.
El Informe "Victimización del menor ante las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación" del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, concluye que es imprescindible desarrollar una labor de concienciación para el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, alertar de la desregulación y anonimato reinante y buscar nuevos mecanismos de prevención capaces de articular de forma eficaz su uso responsable.
Asimismo, las Unidades Policiales de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado especializadas en la investigación de delitos relacionados con la prostitución y corrupción de menores y la lucha contra la distribución de pornografía infantil en Internet, así como los grupos operativos dedicados a la protección al menor, consideran conveniente mejorar algunos aspectos de la actual regulación penal y otros ámbitos de la persecución y prevención de delitos tecnológicos.
Los adultos también necesitan protección en las redes sociales, porque no son conscientes, en muchos casos de los peligros que corren al compartir información personal con otras personas en la red. Existen riesgos al enviar mensajes personales a través de aplicaciones como WhatsApp, sobre las que los operadores no tienen (porque legalmente no están obligados) ningún dato de tráfico, que dificultan la investigación de conductas corno el "sexting" que pueden llegar a ser ilícitas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la creación de una subcomisión de estudio como herramienta para establecer de forma consensuada una estrategia nacional de carácter integral que permita afrontar la protección y educación de nuestros menores en la red, y la prevención de delitos cometidos a través de redes sociales.
La Subcomisión estará compuesta por 4 representantes de los grupos parlamentarios con más de 100 Diputados, 2 representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de 6 diputados y 1 representante de los restantes grupos parlamentarios.
Aquellos Grupos con un representante podrán designar un suplente.
La Subcomisión habrá de culminar sus trabajos dentro de los dos próximos periodos de sesiones. El informe, una vez aprobado por la Comisión de Interior, junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2012.-P. A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
161/001075
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la regulación mediante ley orgánica de la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, para su debate en la Comisión de Justicia.
Razones de interés público, vinculadas a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, determinan la necesidad de regular mediante ley orgánica los requisitos y actos esenciales para la adopción de la medida cautelar civil de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
Ese interés público se justifica en razón a que el colectivo al que afecta esta medida es, con frecuencia, el de las personas con discapacidad mental, colectivo especialmente vulnerable, lo que confiere a esta materia una innegable importancia social.
Conviene tener presente en esta materia lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que tiene asentada doctrina referente a la conformidad de la medida de internamiento involuntario desde la perspectiva del derecho fundamental del artículo 17.1 CE, cuando es acordada directamente por la autoridad judicial, bien como medida cautelar de un proceso ya iniciado, bien como medida definitiva impuesta en sentencia.
Entiende el Tribunal Constitucional que la libertad personal solo puede ser restringida en los casos que expresamente determine la ley, uno de los cuales es el previsto en el artículo 763 LEC, pues dicha situación comporta para el afectado una privación de su libertad personal que ha de respetar las garantías que la protección del referido derecho fundamental exige; garantías que deben ser interpretadas de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España (artículo 10 CE), en la medida que pueden desplegar efectos en relación con los derechos fundamentales y constituyen una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos y libertades que la Constitución reconoce.
Así, el derecho a la libertad personal y a la seguridad personales, reconocido en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, con la consiguiente garantía de legalidad en su restricción, ha sido interpretado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el sentido de que tal derecho resulta aplicable a todas la formas de privación de libertad, como por ejemplo las enfermedades mentales.
Considerando por ello su repercusión directa sobre el derecho fundamental a la libertad personal, el Tribunal Constitucional ha declarado que la decisión de internamiento solo puede ser acordada judicialmente, y que, en lo que aquí importa, el precepto que la hace posible solo puede ser una ley orgánica, pues, dada su condición de norma que fija uno de los casos en que una persona puede ser privada de libertad, concurre al desarrollo del derecho fundamental garantizado en el artículo 17.1 CE (STC 14011986, FJ 2; STC 12911999, de 1 de julio, FJ 2; y STC 13212010, de 2 de diciembre, FJ 3, FJ 6 y fallo).
Por ello, se ha declarado la inconstitucionalidad, por infracción de la reserva de Ley orgánica establecida en los artículos 17.1 y 81.1 CE, de los concretos apartados de la norma en vigor que determinan la decisión del internamiento; concretamente del artículo 211 CC y del artículo 763.1, párrafos primero y segundo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que fue elaborada, aprobada y promulgada como ley ordinaria y que regula tanto la habilitación al Juez para acordar la medida de internamiento forzoso de las personas que padezcan trastornos psíquicos, como las reglas procedimentales para la conformación de la decisión judicial de internamiento.
Así pues, si bien el Tribunal Constitucional ha optado en diversas ocasiones por un pronunciamiento de inconstitucionalidad sin nulidad de las disposiciones, atendiendo al vacío no deseable que de otro modo se hubiera creado dentro del ordenamiento, lo cierto es que se ha instado en diversas ocasiones al legislador a que "a la mayor brevedad posible, proceda a regular la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico mediante ley orgánica", sin que a día de hoy este requerimiento haya sido todavía atendido.
El Tribunal Constitucional ha reiterado esta petición, en la reciente STC 14112012, de 2 de julio de 2012.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular mediante ley orgánica, de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Jon lñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamenta de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Interior sobre la expulsión de personas con estatutos de refugiado y/o con riesgos para su integridad física y derechos fundamentales.
Durante estos últimos años, se viene repitiendo una constante y confusa actuación por parte del Ministerio de Interior, en relación a la detención de personas con estatus de refugiado y a la activación de procesos de expulsión, de estas personas, a sus países de origen, Estos refugiados han sido arrestados, en su paso por España, por la existencia de una orden de detención internacional relacionada con la causa por la que esas personas, posteriormente, fueron reconocidas como refugiadas por otro Estado. Todos estos hechos se producen, a pesar de que el estatus de refugiado debe ser reconocido por cualquier Estado miembro parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
Si bien es cierto, que, hasta el momento, ninguno de estos procesos ha finalizado con la extradición de la personas detenidas, resulta preocupante que estas situaciones se continúen produciendo, ya que de seguir adelante se produciría una violación de la prohibición de no devolución impuesta por el Derecho español y por el Derecho Internacional. De la misma forma, es intolerable la situación de inseguridad a la que se somete tanto a los y las refugiados detenidos como a las personas en la misma situación que deseen transitar o viajar al Estado español.
La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva establece que no se concederá la extradición "cuando a la persona reclamada se le hubiera reconocido la condición de asilado" (artículo 4) e igualmente que "se podrá negar la extradición cuando existieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición se ha presentada con el fin de perseguir o castigar a la persona por consideraciones políticas, o la situación de esa persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones" (artículo 5.1), De igual forma, esta medida sería contraria a los tratados internacionales firmados por el Reino de España, en la materia. Se vulneraría el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados del que es parte España desde 1978 según el cual no se puede poner a ningún refugiado en la frontera de un país donde su vida o su libertad se encuentren en peligro. De lo contrario se vulnera el principio de "no devolución" o "non refoulement". Otros instrumentos internacionales que también vinculan a España y que contienen disposiciones en el mismo sentido son la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 (artículo 3), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7), así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (artículo 73). En España, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, recoge en los artículos 5 y 36(1) la prohibición de devolución.
Por otro lado, cabe señalar que los últimos casos conocidos en España, han generado alarma y distintas quejas:
- Así, por ejemplo, el ACNUR (Alto Comisionado de la ONU Naciones Unidas para los Refugiados), en el marco general de sus responsabilidades de protección a tos refugiados, tal como establece el artículo 8(.a) de su Estatuto, se ha pronunciado públicamente en contra de tales extradiciones.
- También lo han hecho diversos países, como Alemania o Finlandia, en los dos últimos casos, conocidos en 2012 en España, en los cuales han solicitado a las autoridades españolas la puesta en libertad de los ciudadanos reconocidos como refugiados por sus Estados.
- En la misma línea se pueden señalar los llamamientos y manifiestos realizados por organizaciones como CEAR o Amnistía Internacional.
Por último, hay que destacar los pronunciamientos de la Audiencia Nacional sobre esta cuestión. En 2009 la Audiencia rechazó la extradición de dos refugiados kurdos, reconocidos como tales por Suiza y Bélgica, tras considerar el estatuto de refugiado tenía "en este caso un efecto extraterritorial con respecto
a otros Estados parte de la Convención de 1951 a tenor de la Nota del Alto Comisionado de NN.UU. sobre los Refugiados (ACNUR) de abril de 2008" (Auto de 14/7/2009, Sección 2.ª, Extradición 7/09).
"1. En respeto a la legislación y tratados vigentes, no detener ni abrir procesos de extradición contra personas con estatus de refugiado, ya que su expulsión al país que lo reclama podría ser un riesgo para su vida, su libertad o su integridad física.
2. Proceda a cancelar los procesos actualmente abiertos contra personas con estatus de refugiado, en su vertiente administrativa.
3. No devolver o expulsar a personas a Estados, en los que este hecho pueda suponer un riesgo para su vida, su libertad o su integridad física.
4. No tener en cuenta las posibles "garantías diplomáticas" que pueda otorgar el país que solicita la entrega de la persona.
5. Fomentar a nivel tanto europeo como internacional una base de datos en la cual se puedan incluir los ciudadanos reconocidos por algún Estado como refugiado, en aras a mejorar la coordinación y la información en la materia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2012.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001088
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre un Plan de Prevención de la Violencia contra Menores, para su debate en la Comisión de Interior.
Según datos de la ONG Save the Children, la forma más común de violencia contra menores en España es la desatención y la negligencia (con un 78% de los casos). Según el Ministerio del Interior, durante 2006 (últimos datos disponibles) un total de 18.152 menores fueron víctimas de algún delito en España.
En nuestro país la violencia contra menores continúa siendo una realidad oculta y poco documentada, ya que no hay investigaciones ni mecanismos de recogida de datos oficiales, ni una definición única y consensuada sobre violencia contra niños y niñas.
Los menores pueden padecer violencia en cualquiera de los ámbitos en los que transcurre su infancia: en el hogar y la familia, en la escuela, en el lugar de trabajo o en su comunidad.
Solo una pequeña proporción de todos los actos de violencia contra menores se denuncia e investiga, y pocos perpetradores son llevados a juicio. La violencia se denuncia en contadas ocasiones por varios motivos. En primer lugar, por la falta de capacidad de los propios menores para denunciar en muchos casos. En otras ocasiones temen una represalia de los culpables. A veces, los propios padres son perpetradores de violencia contra menores o guardan silencio cuando otros miembros de la familia o miembros poderosos de la comunidad o la sociedad cometen violencia contra estos.
Las consecuencias de la violencia contra menores varían según su naturaleza y gravedad, pero las repercusiones de la violencia a corto y a largo plazo pueden ser devastadoras.
A pesar de que las cifras en España en comparación con otros países no son altas, por la naturaleza del delito y la vulnerabilidad de las víctimas es necesario concienciar a la sociedad y trabajar en la investigación, sensibilización y prevención de la violencia contra menores.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), en su artículo uno, afirma:
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo."
Dicha Convención sobre los Derechos del Niño exige, así mismo, en su artículo 19 que "los Estados protejan a los menores contra toda forma de violencia, prevengan este problema, le den respuesta, y presten apoyo a los niños y niñas que lo padecen".
Asegurar la existencia de mecanismos efectivos de denuncia, investigación y aplicación de la ley es deber de los gobiernos nacionales. Los menores deben disponer de mecanismos sencillos, seguros y accesibles. Todas las acusaciones de violencia deben investigarse en profundidad y con prontitud, y los denunciantes deben ser protegidos de las represalias y el culpable castigado.
Las estrategias nacionales o planes de acción sobre la violencia contra menores deberían incluir los siguientes componentes: prevención de la violencia en todos los ámbitos, atención y rehabilitación de los niños y niñas víctimas, concienciación social de la problemática, e investigación y recopilación de datos, persecución del culpable y condena del mismo.
En España, el Ministerio de Sanidad y Política Social aprobó, en diciembre de 2010, el III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 2010-2013, elaborado en base a las propuestas de las instituciones representadas en el Observatorio de la Infancia y otros departamentos ministeriales y entidades relacionadas con la infancia. Sin embargo, falta por diseñar la acción policial y judicial de prevención y persecución del culpable de este maltrato infantil.
1. Habilitar mecanismos y protocolos para la detección precoz de la violencia en los ámbitos familiar, educativo y social.
2. Crear planes policiales de lucha frente a la violencia contra menores.
3. Crear unidades provinciales de lucha contra el maltrato infantil, con presencia de jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, asociaciones y entidades ciudadanas, y medios de comunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001090
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación para el ascenso del militar profesional que se incorpore a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como personal estatutario, para su debate en la Comisión de Defensa.
Entre el personal estatutario de la Alianza Atlántica existe personal español procedente de militar profesional en situación administrativa de servicios especiales. Este personal tiene como estatuto de personal las NATO Civilian Personnel Regulations (NCPR) aprobadas por el Consejo del Atlántico Norte donde España participa de pleno derecho con un representante permanente.
Contar con personal profesional militar como personal estatuario de la Alianza es un retorno en especie de la contribución de España y le permite que ciertas decisiones sobre las operaciones que conduce la
Alianza en el mundo se hagan con más y mejor información. El personal estatuario de la Alianza está obligado por su estatuto a desplegarse en las zonas de conflicto. Así pues, este personal sigue vinculado directamente con las Fuerzas Armadas y sus operaciones y ejercicios, sirviendo como facilitadores a España en sus políticas de defensa con respecto de la Alianza.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha desarrollado muy modestamente unas pautas de promoción de los españoles en la participación en Organizaciones Internaciones (OO.II.), y en su punto 9, señala entre las acciones para hacerlo la necesidad de contar con "una política de promoción y de desarrollo de incentivos y normativa que impulsen la presencia de españoles en OO.II. y que faciliten el ejercicio de sus funciones".
Desgraciadamente nuestro ordenamiento jurídico no da solución alguna a la precariedad contractual de las OO.II., tal y como puede observarse en los RD 2805/1079 y RD 317/1985 relativos a la aplicación del Régimen de la Seguridad Social a los funcionarios de OO.II. Esta precariedad contractual se da en la Alianza Atlántica con más énfasis que en otras OO.II. por sus necesarias y continuas reorganizaciones. Actualmente se efectúa la cuarta reorganización desde 1999, con la "militarización y civilización" de puestos cada tres-cuatro años.
El Consejo de Estado observó la necesidad de permitir la evaluación para el ascenso del personal estatutario de! CNI en su Dictamen 308/2004, justificando la modificación del entonces RD 1064/2001 de evaluación y ascensos del personal militar profesional para "evitar el notorio perjuicio que en otro caso se produciría para el personal militar profesional que haya ingresado como personal estatutario del Centro y que posteriormente desee reincorporarse a la Administración militar de procedencia, si se le exigiese tener cumplido un tiempo mínimo de mando para ascender". Estos términos justificativos no se alejan en absoluto de las necesidades del personal estatutario de la Alianza, es más la precariedad contractual añade un elemento objetivo al subjetivo "deseen" señalado por el citado dictamen.
Las edades en las que el personal militar pasa a la condición de personal estatutario de la Alianza rondan los 35-45 años, las suficientes para ofrecer experiencia a la organización. La media de tiempo de servicio en la Alianza es de nueve a quince años, lo que coloca al personal militar estatutario de la Alianza en una edad muy difícil si volviera a sus empleos anteriores.
Es evidente, como lo fue en el caso del personal estatutario del CNI, que el personal estatutario de la Alianza es materia no regulada, y que requiere un desarrollo inmediato que sirva como incentivo para la presencia de personal militar español en la Alianza y no perjudique a aquellos que se incorporaron a partir del año 1999 cuando España entró en la Estructura Militar Integrada.
1. Desarrollar, al menos, a nivel reglamentario que el militar profesional que preste sus servicios como personal estatutario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cumplirá condiciones para ser evaluado para el ascenso al igual que el militar profesional nombrado personal estatutario permanente del Centro Nacional de Inteligencia.
2. Enmarcar este desarrollo en la promoción de los españoles en la participación en Organizaciones Internaciones (OO.II.) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
AI amparo de lo establecido en el Reglamenta de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación presupuestaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
El Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, creó la Agencia Estatal Consejo Superior de investigaciones Científicas y aprobó su Estatuto. El cambio de situación jurídica, pasando de organismo autónomo de carácter comercial a agencia, significó modificaciones en su estructura y órganos de gobierno, y también en la elaboración y gestión de sus presupuestos.
Hasta 2007, antes de la puesta en marcha de la Agencia, los presupuestos del CSIC se incorporaban en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la función 46 y comprendían, básicamente, las subvenciones del Estado en los distintos capítulos (personal, gastos corrientes, transferencias corrientes y de capital, inversiones, etc.). Sin embargo, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de las servicios públicos y el Real Decreto 1730/2007 que desarrolla la Agencia CSIC establecen que:
"1. El CSIC se financiará con siguientes recursos:
c) Los ingresos provenientes de la enajenación de tos bienes y valores que constituyan su patrimonio.
f) Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas corno consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones.
Además, el CSIC podrá financiarse con cargo a los créditos previstos en el Capítulo Vlll de los Presupuestos Generales del Estado adjudicados mediante pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo, con los límites establecidos anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la medida que tenga capacidad para generar recursos propios suficientes."
El cambio de régimen jurídico supuso la modificación de las normas de elaboración del anteproyecto de presupuesto, según lo establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda. En particular, y a partir de 2009, los presupuestos del CSIC incluyen sus recursos propios, que se sitúan en torno a 200 millones de euros anuales alcanzando los 214 millones de euros en 2012.
La inclusión en los PGE de las antes denominadas operaciones comerciales (autofinanciación conseguida por los investigadores en proyectos competitivos del Plan Nacional, Programa Marco de la UE, programas regionales, contratos con la industria o asistencia técnica) exigida por esta nueva situación de Agencia Estatal, enmascara la reducción de la subvención desde 622,7 millones de euros en 2008 a 412 millones en 2013, una caída del 34% que ningún organismo puede soportar sin fracturarse. Este recorte se ha reflejado en la reducción de casi 1.400 plazas de funcionarios y laborales fijos desde 2010, resultado de la amortización de vacantes y de la no reposición de jubilaciones.
Otro aspecto muy preocupante derivada de este recorte es que las transferencias del Estado en 2013 no alcanzan para cubrir el capítulo de personal, con un déficit de más de 15,9 millones de euros que se suma al déficit de 20 millones de 2012, y que deberá financiarse con recursos propios. Los proyectos conseguidos por los investigadores, la autofinanciación de los centros, tienen carácter finalista y por tanto no pueden utilizarse para cubrir el déficit de las cuentas del Estado. Pero estos presupuestos están en la práctica obligando a cubrir salarios con recursos propios.
Por otro lado, a los recortes 2012 hay que sumar la caída de las transferencias corrientes y del capítulo II de gastos generales en el 12%, el fuerte recorte del 23% en inversiones y la drástica caída del 43% en las transferencias de capital en los PGE 2013. Una política que hipoteca el desarrollo normal de la actividad y la utilización eficiente del nuevo equipamiento, olvidando que las inversiones científicas no acaban al comprar los equipos sino que es necesario mantenerlos.
El programa de Formación de Personal Técnico e Investigador propio del CSIC, las becas/contratos JAE, sigue perdiendo recursos (un 45%, lo que representa 6 millones de euros) y queda reducido al mínimo desde los 30,2 millones de euros que tenía el programa en 2009. Ya se ha anunciado que en 2012 y 2013 no habrá convocatorias de nuevas becas/contratos y se está analizando cómo pagar los contratos ya concedidos en este programa, una pieza estratégica del Plan de Actuación 2010-2013.
La reducción de los presupuestos del CSIC, que comenzó su andadura como Agencia CSIC en 2008-2009, significa vaciar de contenidos la propia figura de la agencia, ya que no hay presupuestos efectivos para dotar su contrato programa. La elaboración del Plan Estratégico en todos sus institutos y áreas de conocimiento, junto al estudio de los mecanismos de evaluación por resultadas de la actividad, aparecen como papel mojado poniendo en duda la seriedad y estabilidad de las políticas de los gobiernos que han gestionado la crisis.
Sin embargo, y aún en un escenario de crisis, el organismo continúa consiguiendo proyectos nacionales y retornando recursos europeos. En las PGE 2012 se presupuestaron 66 millones de euros corno ingresos del Plan Nacional, 44,3 millones en proyectos y 22 millones más por contratos FPI asignados a estos proyectos, el 31% del total del Capítulo 7 (Transferencias de Capital) del presupuesto de ingresos del CSIC. Resuelta la convocatoria, el organismo consiguió más de 70 millones de euros demostrando su aptitud y eficiencia para la elaboración ajustada de sus presupuestos.
Para los PGE 2013 el CSIC volvió a presupuestar la misma cantidad total de 66,3 millones de euros en este concepto. Sin embargo, este año la Intervención General de la Administración del Estado ha prohibido incluir esta partida del Plan Nacional en el anteproyecto de presupuesto del CSIC, sin dar ninguna explicación coherente. De hecho, el interventor del CSIC no ha cambiado y ha sido el responsable de visar las presupuestos en las años previos en los cuales se incluyeron estos ingresas.
La imposibilidad de incluir estos recursos ha conducido a una reducción neta del 10% en el presupuesto CSIC de 2013 respecto a 2012. Esto abre la posibilidad de presentar expedientes de regulación de empleo para el personal laboral temporal, fijo e indefinido. La situación sería muy diferente si se incluyen los ingresos aludidos pues la caída se reduciría en el entorno del 3%.
Con esta prohibición, el Gobierno incumple claramente la Ley de Agencias que exige incluir en los PGE de la Agencia CSIC su auto-financiación, como se ha hecho en los últimos 4 años (2009-2012). El estrangulamiento presupuestario del CSIC y las argucias presupuestarias que agravan su situación financiera son difíciles de entender, ya que ponen al mayor centro de investigación del país en peligro real de suspensión de pagos. A menos que sean una maniobra para alcanzar el 10% de reducción total abriendo el camino a despidos del personal laboral.
Hasta aquí los hechos que suponen cambiar sin explicaciones las normas de elaboración de presupuestas vulnerando sin paliativos la Ley de Agencias. No hay explicación alguna para reducir el presupuesto con artilugios contables, condenando a la incertidumbre al mayor organismo público de investigación de este país y a sus más de 14.000 trabajadores.
Se impone respetar la legislación y no agravar la delicada situación financiera del CSIC, un centro que día a día sigue demostrando su capacidad de generar recursos y conocimiento de frontera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, tomar las medidas oportunas para que el presupuesto de ingresos de la Agencia Estatal Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), incluya en su capítulo VII de transferencias de capital los 66,32 millones de euros presupuestados como ingresos de la convocatoria 2013 del Plan Nacional de l+D+i."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Púbicas
161/001080
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la normativa de estabilidad presupuestaria a los efectos de permitir que los ayuntamientos saneados no vean limitada su capacidad de gestión.
Durante el presente ejercicio 2012 el Gobierno ha impulsado un conjunto de medidas encaminadas a reducir el gasto de las entidades locales y a garantizar la estabilidad presupuestaria, acompañadas de la articulación de determinados mecanismos de ayuda a la financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
El 9 de marzo se promulgó el Real Decreto 7/2012 por el cual se creaba el fondo para la financiación de los pagos a los proveedores.
El 29 de junio de 2012 se aprobó la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, la cual prorrogó lo acordado en el 2011 en lo relativo a la congelación salarial de los funcionarios públicos.
El 13 de julio de 2012 se aprobó también el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, mediante la cual, en otras muchas cosas, se suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre para el personal del sector público.
Esta relación de medidas legislativas se han impuesto de forma generalizada sobre la totalidad de las Ayuntamientos y entidades locales del territorio del Estado.
Si bien es cierto que el contexto económico actual obliga a adoptar medidas de austeridad y de ajuste presupuestario a todas las administraciones, también lo es que en el pasado hubo administraciones prudentes que gastaron dentro de sus posibilidades y administraciones que no lo fueron. Obligar por igual a las administraciones saneadas y a las no saneadas comporta que las medidas diseñadas por la administración central repercuten de forma injustificada sobre la actividad y las retribuciones del personal de aquellos Ayuntamientos o Entidades que hasta el momento han gestionado sus recursos públicos con rigor y austeridad.
Son muchos los Ayuntamientos que han formulado sus presupuestos de forma prudente y que no se han visto obligados a solicitar un crédito al Estado para pagar a sus proveedores, son Ayuntamientos que han actuado de forma responsable, prudente y conscientes de que los recursos públicos también son finitos.
En cambio, estos están sometidos al mismo régimen de reducción de gasto que aquellos que no han sido prudentes y que ahora son insolventes. Al personal de los ayuntamientos bien gestionados se les debe suprimir la paga extraordinaria de Navidad de sus trabajadores, además de que ya se han visto perjudicados por la congelación salarial, suponiendo todo ello un 3,5% adicional de pérdida.
Mediante la implantación de esta regulación uniforme se está dando la razón a aquellos alcaldes y gobernantes que no llevaron a cabo una política presupuestaria prudente. Los alcaldes que han actuado de forma prudente y responsable no obtienen ninguna garantía, simplemente se les imputan las mismas obligaciones y recortes que al resto de imprudentes.
Y no solo el personal al servicio de las administraciones locales bien gestionadas queda perjudicado por las medidas adoptadas, sino toda la actividad local al servicio del municipio queda cuestionada, ya que las disposiciones adoptadas limitan la capacidad de inversión y de competitividad de la que podrían disponer los Ayuntamientos responsables en sus presupuestos, con las citadas normativas no pueden cumplir con sus compromisos y ven limitada su capacidad de crecimiento por hechos ajenos a su cuenta de resultados.
Asimismo, hay que recordar nuevamente que la Constitución establece en sus artículos 140 y 142 que se debe garantizar la autonomía de los municipios y que los mismos deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye nutriéndose de sus tributos y de los que participen del Estado o de sus respectivas Comunidades Autónomas, cuestión que nuevamente ha sido obviada.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el plazo de un mes, las modificaciones de la normativa estatal necesarias, a los efectos de permitir que los ayuntamientos saneados no vean limitada su capacidad de gestión ordinaria, reconsiderando específicamente y como mínimo la supresión de la paga extraordinaria y la congelación salarial de los trabajadores y del personal de la corporación local así considerada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la contratación de los proyectos de obra de la autovía A-76 Ponferrada-Monforte-Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.
La autovía A-76 entre Ponferrada, Monforte y Ourense fue diseñada por el anterior Gobierno socialista como una actuación de gran trascendencia para la vertebración de las comarcas por las que discurre, constituyendo un tercer acceso de gran capacidad desde Galicia hacia Castilla y León. Su longitud, en torno a 125 km y el volumen de inversión necesaria, estimado en más de 1.100 millones de euros, dan idea de la importancia de esta actuación.
Su estudio informativo revistió gran complejidad, no solo desde un punto de vista técnico, sino también ambiental, al discurrir por zonas de especial relevancia medioambiental, como los ríos Sil y Lor o los parques naturales de Enciña da Lastra y de Las Médulas.
A todo ello hubo que añadir la oposición de la Xunta de Galicia al trazado propuesto, y su retraso en remitir todos los informes necesarios para poder completar el expediente y que el Ministerio de Medio Ambiente pudiese emitir la declaración de impacto ambiental, motivos por los que dicho expediente no pudo remitirse al Ministerio de Medio Ambiente hasta el último trimestre del pasado año.
Esta es la situación administrativa en la que se encontraba esta autovía cuando se produjo el cambio de Gobierno. Desde entonces, la única realidad es que la A-76 ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado. Sirva como ejemplo el proyecto de ley de PGE para el año 2013, en el que se consignan 17 mil euros en la parte gallega y 3 mil euros en la parte leonesa, sin proyectarse partida alguna para los años siguientes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la contratación de los proyectos de obra de la autovía A-76 Ponferrada-Monforte-Ourense a fin de acelerar el inicio de las obras de ejecución de esta infraestructura vital para la vertebración del interior de Galicia y la comarca del Bierzo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2012.-José Blanco López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que no se apliquen más incrementos de peajes en las autopistas, en concreto en la AP-9, para su debate en Comisión de Fomento.
El Ministerio de Fomento está tramitando una nueva subida de los peajes de las autopistas a aplicar a partir del 1 de enero de 2013. De seguir adelante con esta decisión se trataría de la cuarta vez que el Ministerio lleva a cabo alzas de los precios de los peajes en un año.
Según diversas informaciones, el Ministerio estaría preparando otro aumento de los costes de los peajes para adecuarlos al IPC entre noviembre de 2011 y octubre de 2012.
El Ministerio señala al respecto que la siguiente subida se hará en función de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se calcula que el porcentaje de aumento a aplicar podría ser del 3,1%.
A modo de breve recordatorio, es preciso destacar que el Ministerio aprobó a finales del mes de julio un incremento del 7,5%, a lo que se añadió la aplicación de la subida del IVA en septiembre. Sin olvidar que ya hizo una actualización del IPC que tuvo como consecuencia una subida del 3,29% para este año 2012.
Con todos estos aumentos el precio del peaje de la AP-9 se sitúa en un nivel totalmente inasumible para los gallegos y las gallegas. El coste del trayecto entre A Coruña y Vigo superará los 15 euros. El trayecto entre Ferrol y la frontera de Tui, el recorrido completo de la AP-9, podría acercarse a partir de enero a los 20 euros.
La AP-9 o Autopista del Atlántico es una de las autopistas más caras del Estado, y como hemos puesto de manifiesto en numerosas iniciativas, tiene el añadido de no contar con un Programa de Descuentos a semejanza del existente en todas las autopistas del Estado. Los constantes incrementos de los precios de los peajes, van cuatro en un año, en un contexto de grave crisis económica, con 6 millones de parados, ha reducido de manera muy importante el número de usuarios de la AP-9. Los usuarios gallegos están utilizando otras vías como la N-550, en un estado de gran deterioro, con tramos en mal estado que suponen un peligro para la conducción.
El trasvase de usuarios a vías como la N-550 está dando lugar a colapsos y atascos porque no son vías con las condiciones adecuadas para absorber tanto tráfico.
La Ministra de Fomento solo mostró su disposición a intentar que se rebajen los precios de los peajes solo en el tramo entre Pontevedra y Vigo (Vigo-Rande), un tramo muy caro, tiene la consideración de ser el trayecto con el precio por kilómetro más alto. Sin embargo, desde el BNG consideramos que es hora de revisar la política sobre peajes.
La AP-9 es la única autopista que tiene Galicia que vertebra el territorio de norte a sur, en materia viaria podría decirse que es la columna vertebral de Galicia. Sin embargo, el grave contexto de crisis económica impide a muchos conductores que utilizaban este vial por motivos laborales o profesionales seguir circulando por la AP-9. Una autopista muy cara, excesivamente gravosa para los difíciles tiempos que se viven.
Por eso resulta sorprendente que el Ministerio continúe empeñado y obcecado en aprobar subidas de los precios de los peajes prácticamente cada trimestre. Incrementar dichos costes cuatro veces en un año es a todas luces un abuso. En este sentido, la falta de sensibilidad social del Gobierno llama poderosamente la atención en un momento tan difícil para la ciudadanía que es la que está pagando los platos rotos de una crisis que no provocó. Es complicado sobrevivir en una situación de continuos aumentos de costes por todas partes mientras crece el paro hasta cifras récord y mientras se reducen los servicios públicos a la mínima expresión.
El Ministerio de Fomento debería tener en cuenta la situación general de crisis y dar marcha atrás en su decisión de incrementar el precio de los peajes para el 1 de enero de 2013.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Fomento a:
- No aumentar el precio de los peajes para el 1 de enero de 2013, puesto que sería la cuarta vez en el transcurso de un año.
- Revisar la política de peajes, de modo que se camine en la dirección de rebajar los costes de los peajes, máxime en un contexto de grave crisis económica como el actual."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2012.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-M.ª Olaia Davila Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001070
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González y, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares, para su debate en Comisión.
El sistema actual implantado en gran parte de las Comunidades Autónomas para el acceso a los libros de texto escolares hace imprescindible conceder ayudas públicas y becas para adquirir los manuales requeridos en la ESO. Esta propuesta ofrece otras alternativas a la creciente demanda de ayudas públicas por parte de las familias, otra consecuencia de la crisis económica, para adquirir los manuales que los centros educativos emplean durante la educación obligatoria (desde los 6 hasta los 16 años).
Los efectos de la crisis sobre la capacidad adquisitiva de muchas familias obligan a poner en cuestión un sistema pensado para periodos de bonanza económica. La profunda crisis que atravesamos hace urgente buscar soluciones que permitan preservar el derecho a la educación de todos los alumnos en condiciones de igualdad, esto es, sin hacer depender ese derecho de la renta familiar y de sus posibilidades de adquirir o no libros de texto, pero también evitando el traslado directo de esa carga financiera a las administraciones públicas, obligadas a racionalizar sus gastos y a priorizar inversiones.
La disminución de los precios de los textos por unidad no solucionaría el problema, pues el precio medio de cada manual no es el factor más determinante a la hora de evaluar el impacto total de la adquisición de libros de texto sobre las economías familiares (especialmente en la etapa primaria de 6 a 12 años), al ser habitual que el número de libras requeridos para cada materia se incremente de manera importante.
Las condiciones económicas adversas actuales ofrecen una oportunidad para adaptar nuestro particular sistema de libros de texto al empleado en la mayor parte de los países que consideran la universalización efectiva de la enseñanza uno de sus valores más preciados. Se trata de la reutilización y préstamo de libros y manuales escolares en distintas modalidades. Es un sistema largamente probado tanto en Europa como en América, que logra un uso racional de los recursos disponibles desde el punto de vista medioambiental, económico y educativo. En efecto, es necesario imprimir y reciclar menos unidades de libros, todos los escolares que así lo prefieran pueden obtenerlos en préstamo, y el propio sistema incentiva el aprendizaje de los valores de responsabilidad y propiedad social.
Para hacer posible la reutilización efectiva de los libros deben adoptarse normas de empleo que permitan la cooperación entre los editores de libros de texto y los centros que los usan, incluyendo el abandona de los manuales fungibles (que requieren trabajo directo en sus páginas, lo que impide su reutilización).
Otro factor a considerar es la necesidad de preservar la libertad de cátedra de los docentes a la hora de seleccionar el material de estudio, para lo cual todos los libros de textos aprobados por el Ministerio deberían poder ser empleados en redes de préstamo.
Contra este plan se han hecho algunas objeciones desde el sector editorial, pero hay sentencias judiciales favorables, como la Sentencia de 3 de febrero de 2010, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que desestimó el recurso contencioso administrativo que se interpuso contra la Orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocó el programa de gratuidad de libros de texto en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para niveles obligatorios. Dicha sentencia señalaba que el sistema de préstamo gratuito de libros de texto no afecta a la unidad de mercado y es proporcional al objeto que persigue: profundizar en la gratuidad del servicio público educativo en los tramos de la educación básica. De igual forma pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2011, 31 de enero de 2012 y 24 de abril de 2012.
En definitiva, se trata de profundizar en la universalidad de la educación, y especialmente en la educación básica, mediante programas de gratuidad de los libros de texto en los centros sostenidos con fondos públicos, facilitando a los alumnos de familias que así lo prefieran la obtención en préstamo de los libros de texto necesarios para el trabajo escolar, respetando los legítimos intereses de editores de libros de texto, centros escolares, docentes y familias.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las administraciones educativas a:
3. La inclusión de este sistema de préstamo gratuito de libros de texto, en la etapa educativa obligatoria, en el próximo Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Educativa.
4. Promover las acciones legales para que los libros de texto y materiales curriculares didácticos no puedan ser sustituidos por otros durante un periodo mínimo de tiempo que comprenda cinco cursos. Además, los libros deberán ser materialmente reutilizables en los niveles correspondientes a la enseñanza básica.
5. Promover el desarrollo de materiales didácticos digitales gratuitas, homologados por las administraciones educativas, a disposición de escolares y docentes."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar los requisitos para acceder a la renta activa de inserción para las personas con discapacidad.
El programa de la Renta Activa de Inserción, regulado por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, establecía, hasta que fue
modificado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que para ser beneficiario de la renta activa de inserción, el beneficiario debía haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial, establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que se tratara de una persona con discapacidad.
A partir de la modificación, operada por el citado Real Decreto-ley 20/2012, se ha suprimido esta última excepción, de forma que las personas con discapacidad también deben, para beneficiarse de esta ayuda, acreditar que han agotado las prestaciones de desempleo,
Esta medida parece a todas luces injusta y discriminatoria para las personas con discapacidad, muchísimas de las cuales no llegan a acceder a un empleo que genere prestaciones de desempleo. Inexplicablemente se ha suprimido una medida positiva dirigida a compensar las desventajas de dichas personas en el mercado de trabajo.
Si nos remitimos a los datos, por ejemplo, según datos del INE de diciembre de 2011, la tasa de actividad de las personas con discapacidad está muy por debajo de las personas sin discapacidad (Un 35% para el primer grupo y un 76% para el segundo). Si observamos la tasa de empleo en 2010, respecto a las personas con discapacidad era del 27,7% mientras que para las personas sin discapacidad se situaba en el 60,6%. Y si lo que consideramos es el grupo de personas con discapacidad que además son mujeres, estas cifras son todavía peores.
Ante una situación claramente de desventaja, los poderes públicos deben adoptar medidas de acción positiva para prevenirlas y compensarlas, para garantizar la no discriminación, y en todo caso deben mantener las medidas con este objetivo existentes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restituir con la máxima celeridad, la posibilidad para las personas con discapacidad de acceder a la Renta Activa de Inserción sin que deban cumplir el requisito de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial."
161/001084
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar las condiciones de acceso a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia formulada el pasado 22 de noviembre, considera que las condiciones de acceso a una prestación contributiva de jubilación para los trabajadores a tiempo parcial, establecidas en la legislación española, son discriminatorias para las mujeres. Considera asimismo que esta normativa es contraria a la directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.
Aunque no haya en el texto dispositivo sobre pensiones, condiciones de acceso distintas en función de si se es hombre o mujer, aún cuando la norma está redactada de forma neutra, al afectar a un número mucho mayor de mujeres que hombres, supone según el tribunal comunitario, discriminación por razón de género. Se trata de una discriminación indirecta pero discriminación al fin.
La sentencia considera que el cómputo de horas cotizadas que se tienen en cuenta para acceder a la pensión contributiva anula en la práctica para estos trabajadores, las posibilidades de su obtención. La ley exige a los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial un periodo cotizado proporcionalmente mucho mayor que a quienes han trabajado a tiempo completo, hecho que tampoco se justifica desde el punto de vista del importe de la prestación, puesto que el colectivo a tiempo parcial ya ve reducida la cuantía de esta al calcularse sobre la jornada realizada.
A ello cabe añadir como ya se ha apuntado, que la Ley afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, lo cual revertirá en el futuro en pensiones diferentes apara hombres y mujeres, El 74% de los trabajadores a tiempo parcial en el tercer trimestre de 2012, según la Encuesta de Población Activa, son mujeres. De un total de 2.488.500 trabajadores a tiempo parcial, 1.850.100 son mujeres y solo 638.400 son hombres.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar con la mayor celeridad posible, las condiciones de acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial para poner fin a la discriminación que sufren y evitar así, que la normativa española relativa a esta cuestión sea contraria a la directiva europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, de acuerdo con las consideraciones que a este efecto, ha formulado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 22 de noviembre."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la competitividad de la industria del automóvil, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
El diseño institucional para fomentar el sector industrial va a ser clave para el impulso de un nuevo modelo de crecimiento durante los próximos años basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental en un contexto internacional de creciente competencia.
La grave y profunda crisis económica y financiera ha acelerado la necesidad de contar con una política industrial proactiva para incrementar la competitividad en un mundo cada vez más globalizado. La evidencia nos dice que la industria conlleva más internacionalización (exporta aproximadamente el 90% de los bienes y el 60% del conjunto de bienes y servicios), más innovación (ejecuta el 44% del l+D privado de nuestra economía) y mayor productividad (un 10% superior a la del conjunto de la economía).
Por ello, la orientación de la política industrial debe dirigirse a sectores estratégicos de nuestra economía como es el sector del automóvil, que tienen una mayor capacidad de arrastre sobre la industria (efecto tractor) y una clara orientación a la exportación. El sector del automóvil aporta casi el 10% del PIB, representa el 9% de la población activa directa e indirecta y representa el 18% del total de las exportaciones de nuestro país. Por tanto, un sector absolutamente estratégico para la economía que se está viendo gravemente afectado por la subida del IVA y los recortes presupuestarios que está aplicando el Gobierno.
La industria del automóvil en España siempre ha jugado un papel clave, tirando de la economía, modernizando su estructura y situando a nuestro país en el mapa del comercio internacional. El "Plan 3
millones", fija como objetivo alcanzar una producción en las plantas españolas de tres millones de vehículos, un millón más que en la actualidad.
Según los cálculos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), la consecución de estos objetivos permitiría crear 73.000 empleos, reducir en 10.000 millones de euros los costes logísticos, incrementar en un 4% las exportaciones españolas y contribuir al crecimiento económico con una aportación adicional al PIB, del orden del 1%.
El informe CARS 21 de la Comisión Europea propone una visión estratégica del sector de automoción en el horizonte 2020 y presenta recomendaciones específicas en diversas áreas de actuación de gran importancia para el futuro del sector en Europa. En este sentido, indica que se deben readaptar los sistemas productivos y logísticos, asegurar el acceso a materias primas y energías a costes razonables, incorporar y formar a los profesionales de mayor talento y encontrar nuevos modelos de negocio y colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, en el marco de una regulación coherente y de coste eficiente.
La industria del automóvil en España debe ser más competitiva que las opciones que existen en Europa y que están compitiendo denodadamente por inversiones y carga de producción para asegurar su existencia al menos a medio plazo.
Según el Plan 3 millones, el sector del automóvil debe tener como objetivos:
- Crecer en producción de vehículos para aumentar el peso de la industria en la economía española.
- Hacer un planteamiento en profundidad y estructural que permita un salto en competitividad.
- Aglutinar todos los esfuerzos de la cadena de valor del sector del automóvil.
- Resolver ineficiencias y asegurar la producción y la exportación de automóviles desde España.
- Convertir a la industria del automóvil en un caso de éxito para la reindustrialización de España.
Para ello, dicho Plan 3 millones propone las siguientes medidas:
1. Recuperar el dinamismo del mercado interior.
2. Mejorar la competitividad industrial en mercados globales.
3. Mejorar la integración sectorial.
4. Regulación más inteligente y con menos costes administrativos.
5. Nuevas formas de movilidad.
Si nos fijamos en las medidas de impacto que cambien las perspectivas actuales de consumidores y operadores económicos, habría que orientarlas hacia a un escenario de mayor confianza y más posibilidades de consumo.
En este sentido, se han desarrollado medidas bajo distintas fórmulas y en todos los casos con repercusiones muy positivas en la demanda, la recaudación y la actividad económica. Recordemos, por ejemplo, los Planes Renove (94-95), Prever (97-2007), Plan E (2009-2010), Plan Vive (2008-2009) y el reciente Plan PIVE (2012).
Sin embargo, después de las diferentes contradicciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la puesta en marcha de un Plan Renove, se ha lanzado finalmente el Plan de Incentivos al Vehículo Eficiente (Plan PIVE). No obstante, el Plan PIVE acabará en marzo de 2013 o cuando se agote el presupuesto disponible.
1. Dar continuidad y ampliar el Plan PIVE para reorientarlo hacia los vehículos más eficientes energéticamente, cuya mayor entrada en el parque ayudará a modificar positivamente las tendencias actuales tanto medioambientales como de consumos energéticos.
2. Impulsar de manera decidida el plan integral para el desarrollo del coche eléctrico en España, reforzando los incentivos fiscales para estimular la demanda potencial y las dotaciones presupuestarias.
3. Crear una mesa de diálogo con los agentes económicos y sociales relacionados con la industria del automóvil para que en un plazo aproximado de 6 meses se propongan medidas fiscales, económicas, medioambientales y sociales para recuperación del mercado y mantener el empleo en el sector.
4. Definir claramente las líneas de actuación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la industria del automóvil para hacerla más competitiva, con las existentes en el marco de la Unión Europea. Contar con dotaciones presupuestarias suficientes para el programa de apoyo a la competitividad industrial en el sector de la automoción.
5. Poner en marcha programas de ayuda a la inversión para fomentar la competitividad del sector de automoción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2012.-María del Puerto Gallego Arriola y Félix Lavilla Martínez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la preservación de los insectos polinizadores y de la supresión de la moratoria sobre los pesticidas de la familia de los neonicotinoides y fenilpirazoles, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los neonicotinoides y fenilpirazoles son una clase de insecticidas que actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos. Este tipo de pesticidas están presenten en el mercado de los agroquímicos desde 1994. Bajo estos nombres, nos encontramos con los siguientes principios activos: tiametoxam, imidacloprid, tiacloprid, acetamiprid, clotianidina para las neonicotinoides, y el fipronil para la familia de los fenilpirazoles.
La abeja es el vector de polinización indispensable para la biodiversidad. La falta de polinizadores conducirá inevitablemente a una disminución de los cultivos, par ello es necesario proteger a las abejas y tener en cuenta los servicios ambientales que prestan. El valor de la polinización fue estimado en 153 mil millones por año.
De manera similar, el 35% de la producción mundial de alimentos está relacionada con los insectos polinizadores. Mientras que la población mundial está creciendo inexorablemente, la presión sobre los mercados de alimentos son fuertes, de tal forma que miles de millones de seres humanos dependen de la polinización para alimentarse, hay por tanto una urgente necesidad de actuar.
La lista de cultivos en los cuales la polinización de las abejas está involucrada es larga: Fruta (albaricoque, almendro, cerezo, fresa, melocotón, pera, manzana, ciruela), cucurbitáceas (calabacín, melón, sandía), solanáceas (tomate, pimiento), el kiwi, las culturas oleaginosas (colza, girasol) y proteaginosas (habas), legumbres y condimentos (alcachofa, col, hinojo, cebolla, perejil, puerro, escarola y cultivos forrajeros (alfalfa, trébol). etc. Algunas cultivos no existirían sin la pecorea de los olinizadores: frambuesas, moras, grosellas negras, grosellas, etc. Las abejas no son los únicos polinizadores esenciales en la actividad agrícola los abejorros desempeñan también un papel de liderazgo y también se enfrentan al riesgo del uso masivo de pesticidas sistémicos.
La Unión Nacional de Apicultura Francesa (UNAF) apunta varias pruebas concordantes que explica la relación entre la mortalidad de las abejas y el uso de pesticidas sistémicos:
- La distribución geográfica de las pérdidas: las ciudades son mucho menos afectadas.
- La coincidencia de este fenómeno con el uso de este tipo de plaguicidas.
- Las variaciones en la ubicación de un apiario a otro: la causa de esta la mortalidad se encuentra en la proximidad inmediata de las colmenas.
Numerosos estudios científicos han demostrado la alta toxicidad de estos pesticidas sobre las abejas. Estos pesticidas se utilizan en el tratamiento de semillas: El recubrimiento del grano da como resultado un efecto sistémico llamado "de alta persistencia", es decir que el pesticida se distribuye a lo largo de la vida de la planta, incluyendo las flores que pecorean las abejas. No siendo aplicado por pulverización pero sí por revistimiento, el producto mucho más nocivo, con efectos a largo plazo muy perjudiciales.
Un estudio francés publicado en la revista Science el 29 de marzo, 2012 reveló los riesgos de los plaguicidas sobre el sistema nervioso central de las abejas, causando la muerte indirectamente relacionada con la pérdida de sentido de la dirección y por lo tanto la no vuelta a la colmena. La mayoría de los estudios se centran en las dosis letales de los pesticidas, en particular en el contexto de las autorizaciones de puesta en el mercado. Pero en dosis no letales, a menudo en dosis bajas, pueden tener consecuencias catastróficas para las abejas, el efecto letal es entonces indirecto. Este estudio mostró una mortalidad muy elevada de las abejas expuestas a una dosis 5 veces más baja que la dosis considerada como letal. Lejos de su colmena, las abejas mueren tres veces más que la tasa normal. Solo hay una explicación, los pesticidas interfieren con el sistema de orientación de las abejas, lo que provoca la muerte indirecta por no regresar a la colmena.
La evaluación de riesgos de los plaguicidas debe pues necesariamente y sistemáticamente tener en cuenta los efectos letales indirectos incluyendo el impacto sobre los polinizadores y la toxicidad crónica, larvaria y subietal.
Otro estudio británico publicado el mismo día ha revelado los riesgos de los pesticidas en las poblaciones de abejorros: colonias infectadas por plaguicidas mostraron una reducción significativa en el crecimiento, y producen el 85% de las reinas menos que las colonias de control, por lo tanto el 85% de nidos menos para el año siguiente. Italia prohibió los insecticidas neonicotinoides en maíz en 2008. Desde la prohibición, la apicultura italiana está "en sólida recuperación después de una mortalidad masiva de abejas en los últimos años", según el informe de 2011 el INEA (Instituto Nazionale di Economia Agraria-Instituto Nacional Italiano para la Economía Agrícola). España debería hacer lo mismo.
Muchas instituciones, incluidas las internacionales y europeas, piden a los Estados adoptar una legislación más respetuosa con la biodiversidad y las abejas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en un informe del 10 de marzo de 2011 con el nombre descriptivo "El desorden en las colonias de abejas y otras amenazas sobre los polinizadores", constata la fuerte caída en el número de colonias en el mundo y hace un llamamiento para el establecimiento de incentivos para la restauración del hábitat de los polinizadores.
El 23 de mayo de 2012, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una opinión científica, de gran importancia, sobre la manera de cómo los pesticidas deben ser evaluados por su impacto en abejas. Este análisis muestra que los pesticidas sistémicos de la familia de los neonicotinoides y los fenilpirazoles nunca han sido adecuadamente evaluados y, en consecuencia, las autorizaciones para la puesta en el mercado se basan en evaluaciones erróneas. La autoridad ha revisado las evaluaciones realizadas hasta el momento y ha encontrado numerosas deficiencias en el sistema de evaluación existente, como ejemplo, señala "grandes debilidades" en los estudios en pleno campo.
La EFSA reconoce pues que los tests aplicados a las sustancias activas antes de la autorización no permiten científicamente cumplir con los objetivos reglamentarios: permitir a la autoridad política evaluar si los efectos son aceptables o no. Se admite por la EFSA que los métodos de evaluación del riesgo se han utilizado indebidamente para medir la toxicidad de los nuevos plaguicidas sistémicos, por esto todas las autorizaciones de los pesticidas sistémicos deberían ser suspendidas, durante el tiempo de una revisión completa de los productos.
La Comisión Europea, en una comunicación de enero de 2011 sobre la salud de las abejas así como el Parlamento Europeo en una resolución de 15 de noviembre 2011 pide acciones concretas para la protección de las abejas.
El plan Ecophyto 2018 adoptado en el cuadro de Grenoble de medio ambiente prevé una reducción en el uso de pesticidas en un 50% de aquí al año 2018. Es necesario cumplir con estos criterios, la conversión hacia una agricultura sostenible, duradera es ya un requisito en el que ya no es posible transigir.
En Francia, el Ministerio de Agricultura ha retirado el pasado 28 de junio la autorización de comercialización del producto Cruiser OSR par la colza. Esta prohibición es solo el primer paso. En España ninguno de estos productos ha sido prohibido.
Los riesgos no se pueden negar, esta proposición tiene como objetivo prohibir todos los neonicotinoides pesticidas y fenilpirazoi en España para preservar la biodiversidad, las abejas y los servicios ecológicos que proporcionan.
De acuerdo con el Reglamento de la UE sobre la puesta en el mercado de los productos phytopharmacéuticos (110712009), y en particular, su artículo 49, el procedimientos de prohibición ya no es exclusivamente nacional. Este Reglamento establece que los Estados miembros deberán informar a la Comisión de la intención de prohibir el uso de semillas tratadas con una sustancia activa. Si la Comisión no hace nada, entonces el Estado podrá prohibir, después de la aprobación de los Estados miembros y de la Comisión. España debe aplicar este procedimiento.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para proceder a:
- La suspensión de la fabricación, comercialización y utilización del conjunto de todos los plaguicidas neonicotinoides y fenilpirazoles en España.
- La protección de los insectos polinizadores y en especial a las abejas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001081
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para impulsar la creación de empleo a través de la bioenergía.
La bioenergía es una fuente de energía renovable. Es el término que se utiliza para definir los sistemas de generación de energía a partir de la biomasa. A su vez, la biomasa es un término amplio que se usa para denominar la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.
En cuanto a fines energéticos, la biomasa más adecuada es la de origen agrícola o forestal: residuos agrícolas -paja, orujos-, podas de frutales, residuos forestales, restos de las industrias de la madera -astillas, serrín- y cultivos energéticos -cardo, girasol, paulownia-, entre otras materias.
La biomasa se utiliza para diversos usos: generación de calor, frío, electricidad o transporte. Para facilitar su uso se transforma en biocombustible sólido (pellets, briquetas o astillas), líquido (biodiésel o bioetanol) o gaseoso (biogás). Se trata de un combustible no fósil, neutro desde el punto de vista del ciclo del carbono. Su uso contribuye a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera siempre que sustituya a un combustible fósil.
Los beneficios derivados de la producción y consumo de la bioenergía son diversos. Es una energía renovable, de futuro, respetuosa con el medioambiente, contribuye a la lucha contra el cambio climático. Se produce localmente, lo que permite la creación de empleo en el media rural, fija población en esas zonas, abre nuevos caminos a la Agricultura, supone una gestión forestal sostenible y ayuda a prevenir el riesgo de incendios forestales. Permite reducir la dependencia energética respecto a los recursos fósiles e incrementar en consecuencia, el ahorro.
La producción de energía a partir de la biomasa es una fuente muy importante de generación de empleo: desde la obtención y recolección de la materia prima, a su transformación y transporte, como la fabricación de calderas, silos, maquinaria para la recolección y primera transformación de biomasa, fábricas de pellets, etc. Hay numerosos ejemplos de ello en países como Austria, Suecia o Italia. En
opinión del Grupo Parlamentario Catalán puede ser una de las medidas a adoptar en el contexto de las actuaciones destinadas a hacer frente a la grave crisis económica, a las elevadas cifras de paro y a fas dificultades para generar empleo.
Por otra lado, la necesidad de promover el uso intensivo de la biomasa para obtener energía forma parte de la Estrategia española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-2020, en diversos apartados. En concreto, compromete al Gobierno a fomentar las funciones y valores de los ecosistemas naturales promoviendo que las Comunidades Autónomas propongan planes autonómicos de uso intensivo de biomasa, revegetación y restauración de ecosistemas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar financieramente el establecimiento de planes autonómicos de incremento del uso de sistemas de generación de energía a partir de biomasa, con el objetivo de crear empleo y de luchar contra el cambio climático contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para desafectación para la defensa de los terrenos sin uso de la base militar EVA-4 de Roses (Girona) y su posterior afectación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por su topografía y geografía, la línea de costa gerundense ha sido desde hace décadas una ubicación estratégica para la defensa militar.
En el año 1953 se construyó en Roses (Girona), en virtud del Convenio de Defensa con los Estados Unidos la base militar EVA 4 (Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4) conocida como la Base del Pení, tomando el nombre de la montaña sobre la que se halla construida, en pleno Parque Natural del Cap de Creus.
En 1964 se desactivó la unidad estadounidense y pasó a manos del Ejército Español. Actualmente la estación lleva a cabo tareas de control por radar del espacio aéreo español y de la OTAN, estando al servicio del Ejército del Aire.
El año 2009 empezaron las obras para su modernización y adecuación, por un importe superior a los 6 millones de euros, para entre otros, sustituir los radares analógicos por uno solo digital, y para replegar todo el personal de la Base y los aparatos operativos en un solo edificio.
Este repliegue significa que el resto de los edificios de la actual instalación, en breve, van a quedar vacíos y sin uso para la Defensa. Se trata de unos edificios que, ubicados en pleno Parque Natural, se encuentran en un perfecto estado de conservación.
El abandono de estas instalaciones tendrá como consecuencia elevados gastos de mantenimiento para evitar su degradación y otros costes de vigilancia al encontrarse en un lugar muy concurrido y de fácil acceso.
Por otra parte, su enclavamiento en pleno Parque Natural del Cap de Creus da la oportunidad a las administraciones de revalorizar sus usos para que sean destinados al estudio y la difusión de los valores del Parque Natural.
Al efecto cabe recordar la implicación del Ministerio de Medio Ambiente en la recuperación del paraje correspondiente al antiguo Club Mediterranée, en el municipio de Cadaqués.
1. Que se desafecte para la defensa la parte de la finca que quedará sin utilidad para su posterior afectación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2. Que los edificios desocupados se pongan al servicio del Parque Natural del Cap de Creus, para ubicar en ellos la dirección y los servicios del mismo y para ser destinado a espacio para el estudio y la difusión de los valores del Parque."
161/001085
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático.
Tal y como señala el Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, el calentamiento del sistema climático es inequívoco y ello lo evidencian los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. Las consecuencias y efectos del aumento de temperatura pueden ser tan importantes que si no se adoptan medidas de mitigación, desbordarán probablemente, a largo plazo, la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y humanos.
El cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Los datos científicos, técnicos y socioeconómicos facilitados por los expertos, pueden y deben ayudar a los gobiernos y a otros decisores de los sectores público y privado, a formular e implementar respuestas adecuadas frente a la amenaza del cambio climático inducido por los seres humanos.
Muchos de los impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados con políticas y medidas de mitigación adecuadas. Los esfuerzos y las inversiones de los dos o tres próximos decenios, influirán en gran medida, en las oportunidades de conseguir unos niveles de estabilización de la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, más bajos. Por contra, un aplazamiento de la reducción de emisiones limitaría considerablemente las posibilidades de alcanzar esos niveles de estabilización más bajos e incrementaría el riesgo de impactos más graves del cambio climático. Es sin duda alguna, imprescindible y urgente intervenir, y se debe hacer utilizando todos los instrumentos posibles. La crisis económica no puede suponer un obstáculo para llevar a cabo un cambio de modelo económico, sino que debe servirnos de estímulo para lograr una transición hacia economías verdes, bajas en carbono y sostenibles.
La estabilización de la concentración de los GEI en la atmósfera debería ser un objetivo prioritario a nivel global, y en parte así lo es. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto lo evidencian. Sin embargo, en esta materia todavía hay que intensificar los esfuerzos. Según señala el IPCC las emisiones de GEI globales deberían reducirse en 2050 a la mitad respecto a las de 1990. Ello supone que alrededor del 2020 deberían reducirse entre un 25 y un 40% respecto a las consideradas como punto de referencia.
La UE ha avanzado de manera importante en esta senda, asumiendo compromisos y adoptando medidas en el ámbito comunitario. Ejemplo de ello es el compromiso asumido por la UE de reducir las emisiones de GEI en un 20% respecto a las de 1990 en el 2020, porcentaje que podría elevarse a un 30% si se alcanzase un acuerdo internacional. El objetivo de la Unión de reducir las emisiones de un 80 a 95% en 2050, en comparación con los niveles de 1990. O la Hoja de ruta para una economía baja en carbono en 2050, que establece objetivos de reducción para 2030, 2040 y 2050.
El Estado español como parte integrante de la UE, deberá cumplir también con estos compromisos y no cabe duda, que para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y para adoptar medidas de adaptación, resulta imprescindible que se dote de un marco jurídico adecuado.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático, que de manera coherente con los acuerdos internacionales y en consonancia con la normativa comunitaria en esta materia:
- Concrete los objetivos de reducción de emisiones y de adaptación en territorios y sectores, y los criterios generales que deben regir las acciones para alcanzarlos.
- Distribuya territorialmente los recursos para materializar las políticas de mitigación, adaptación e investigación climática que otras administraciones deben llevar a cabo.
- Conceda a las Comunidades Autónomas y entidades locales el protagonismo que les corresponde en relación a sus competencias, por ejemplo en materia de sectores difusos.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la participación de las administraciones autonómicas en los "Proyectos Clima" derivados del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, tanto en la recepción de solicitudes, como en la definición de criterios y en la selección final de los proyectos."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para ampliar la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal.
Tal y como señala el Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, el calentamiento del sistema climático es inequívoco y ello lo evidencian los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. Las consecuencias y efectos del aumento de temperatura pueden ser tan importantes que si no se adoptan medidas de mitigación, desbordarán probablemente, a largo plazo, Ia capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y humanos.
El cambio climático es uno de los retos más importantes, sino el mayor, al que se enfrenta la humanidad. Los datos científicos, técnicos y socioeconómicos facilitados por los expertos, deben ayudar a los gobiernos y a otros decisores de los sectores público y privado a formular e implementar respuestas adecuadas frente a la amenaza de un cambio climático inducido por los seres humanos.
Muchos de los impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados mediante políticas y medidas de mitigación adecuadas. Los esfuerzos y las inversiones de los dos o tres próximos decenios influirán en gran medida en las oportunidades de conseguir unos niveles de estabilización más bajos. Por contra, un aplazamiento de la reducción de emisiones limitaría considerablemente las posibilidades de alcanzar unos niveles de estabilización más bajos e incrementaría el riesgo de impactos más graves del cambio climático. Es sin duda alguna, imprescindible y urgente intervenir, y se debe hacer utilizando diversos instrumentos. Uno de ellos puede ser la fiscalidad ambiental.
En este sentido, se han dado algunos pasos importantes, como por ejemplo: la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos para 2007 -relativa a la incorporación de elementos de fiscalidad verde-, o la modificación del impuesto de matriculación cuya cuantía depende del grado de emisiones contaminantes de cada vehículo -a mayor emisión, mayor importe-, pero no suficientes. En opinión del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) debemos avanzar más en esta senda. La tributación medioambiental puede contribuir de forma importante, a la lucha contra el cambio climático y ésta debería ser la legislatura en la que este objetivo tendría que materializarse.
Del mismo modo, se ha manifestado esta Cámara en diversas ocasiones, y en concreto el 4 de julio de 2007 cuando, con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, se aprobó una propuesta de resolución que instaba al Gobierno a: "evaluar con las Entidades Locales y, en su caso, Forales la correspondiente modificación de la Ley de Haciendas Locales referida al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para que, en consonancia con los criterios incorporados al Proyecto de Calidad del aire y de la atmósfera relativos al Impuesto especial sobre determinados vehículos, se fije el cuadro de cuotas aplicable a los mismos, sobre la base de las emisiones de CO2, en lugar de sobre la potencia y clase del vehículo.
Dicho mandato fue incluido entre las medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, aprobadas por el ejecutivo en julio de 2007, y en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética. En esta última se consideraban las medidas legislativas destinadas a modificar, en concreto, la fiscalidad de los vehículos en función de su eficiencia energética y emisiones, como determinantes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley, en el plazo de 6 meses, que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, incorpore las modificaciones normativas necesarias en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para facilitar y favorecer, en mayor medida, la presencia de criterios ecológicos en la fiscalidad municipal.
En especial, el Proyecto de Ley citado deberá posibilitar la adopción de medidas referidas a los impuestos de los Vehículos de Tracción Mecánica, en consonancia con los criterios incorporados al Proyecto de Ley de Calidad del Aire y de la Atmósfera relativos al impuesto especial sobre determinados medios de transporte, con el fin de contribuir a la lucha contra el Cambio Climático y a la mejora de la calidad del aire de las ciudades."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el litoral malagueño, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Durante el pasado mes de octubre de este año ha finalizado la moratoria que estableció la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura sobre el cumplimiento del artículo 9.3 del Regiamente (CE) 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2847/93 y se deroga el Reglamente (CE) 1626/94, y que hace referencia al tamaño mínimo de las mallas de las redes de arrastre.
Es obligatorio desde entonces establecer unas nuevas características para estas redes de arrastre, unas nuevas redes impuestas por la Unión Europea que ai sector de Ia pesca de arrastre le está provocando consecuencias muy negativas, así como al conjunto de los pescadores del Mediterráneo, y en particular, en la provincia de Málaga. El empleo de estas mallas va a reducir las capturas entre un 60 y un 70% en los distintos puertos.
El problema es el grosor del hilo exigido para confeccionar las redes, que es tan pequeño -3 milímetros- que muchas de las especies autorizadas para este arte terminan escapándose de la malla. El arte de arrastre cuenta en el litoral malagueño con medio centenar de embarcaciones que emplean entre 200 y 300 marineros. La mayor parte de los barcos tienen su base en Caleta de Vélez, uno de los puertos más importantes de todo el Mediterráneo.
Las mallas que se han impuesto no se corresponden con el tipo de pesca que se da en el Mediterráneo, ya que las especies que se pescan en los caladeros del Mediterráneo son capturas de menor tamaño (calamaritos, chopitos, gambas, bacaladilla, pescadilla, cinta o torito) y éstas se escapan de la malta. Algo que se ha comprobado mediante pruebas que han demostrado que especies como la merluza de 20 centímetros o el jurel de 15 se salen de la red y el hilo o torzal de tres milímetros lo que hace es que las especies se escapen y que las que quedan estén más dañadas, disminuyendo su valor en la lonja.
Ante el conflicto, la Dirección General de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha intervenido ante la Unión Europea para que técnicos europeos se desplacen a Málaga a comprobar la situación, con el objetivo de revisar el Reglamento europeo, ya que de no ser así puede suponer ia ruina para el sector de arrastre y del pescado de calidad en Málaga.
A pesar de este compás de espera hasta Ia realización de estas comprobaciones por parte de los técnicos europeos, se está produciendo una serie de inspecciones continuadas a los pescadores, cuyo detonante ha sido Ia intervención de una patrullera de la Armada con inspectores del Ministerio que ha llegado a precintar embarcaciones con base en el puerto de Caleta de Vélez, al entender que se faena con mallas no reglamentarias. El precinto del copo, además, es objeto de un expediente sancionador que puede alcanzar hasta los 60.000 euros de multa.
No obstante lo anterior, es evidente que la pesca de arrastre es muy dañina para el medio ambiente pues conlleva la sobreexplotación del 80% de los caladeros y lleva aparejada más de un 60% de descartes de las capturas, que acaban tirándose al mar de nuevo. Además, este tipo de pesca solo produce el 0,95% del empleo del sector, mientras que la pesca artesanal, un arte sostenible con el medio ambiente, genera más del 28% de los puestos de trabajo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer con carácter de urgencia una comisión de estudio que permita conocer la realidad de la pesca de arrastre mediterránea, y en particular en el litoral malagueño, en el marco de una gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000113
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre enfermedades profesionales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 31, de 7 de febrero de 2012.
Por medio del presente escrito el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, subsana error advertido en la Proposición no de Ley sobre enfermedades profesionales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con número de registro 2585 y fecha 18.01.2012.
"..., en el marco de la Estrategla 2007-2012 de seguridad y salud en el trabajo."
"..., en el marco de la Estrategia de seguridad y salud en el trabajo a partir de 2013."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/001076
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es definido por la Organización Mundial de Ia Salud (OMS) como un trastorno hipercinético que se inicia en Ia infancia y se caracteriza por la presencia en el menor de dificultades para mantener la atención, la hiperactividad, el exceso de movimiento y las dificultades para controlar las impulsos.
Los niños que padecen TDAH presentan alteraciones en los niveles de algunos neurotransmisores del cerebro, es decir, en las sustancias químicas que favorecen la transmisión de mensajes entre las neuronas, corno, por ejemplo, Ia dopamina.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar medidas con las que mejorar la diagnosis y el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, impulsando la detección precoz y promoviendo un abordaje multidisciplinar y transversal que implique a las administraciones sanitarias, sociales y educativas, impulsando las recomendaciones establecidas en la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes, publicada en 2010, en el marco del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Código PAOS de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, plantea en su preámbulo que la eficacia de las medidas para proteger a la infancia de la publicidad de alimentos son más eficaces si se adoptan con el apoyo activo de los propios anunciantes y de los prestadores del servicio de comunicación comercial audiovisual.
Con el objetivo de proteger a la infancia, y en el marco de la Estrategia NAOS sobre nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, impulsada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2005, se aprobó, en el mismo año, el Código PAOS de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores para la prevención de la obesidad y la promoción de la salud.
El Código PAOS establece un conjunto de reglas que guían a las compañías adheridas en el desarrollo, ejecución y difusión de sus mensajes publicitarios dirigidos a menores de hasta 12 años.
Durante los 7 años transcurridos desde su entrada en vigor, el código se ha revelado como un instrumento útil para mejorar la calidad de la publicidad destinada a menores de hasta 12 años, y su impacto ha sido evaluado mediante estudios independientes.
Con la aplicación del Código PAOS se ha conseguido una mejora de la calidad del mensaje publicitario y una reducción del impacto y la exposición comercial a los niños como segmento de población más vulnerable.
La experiencia acumulada a lo largo de los 7 años de aplicación efectiva del código ha resultado satisfactoria, suponiendo un avance en la regulación de la publicidad infantil de alimentos, no solo porque establece los principios que han de regir el diseño, la ejecución y difusión de los mensajes publicitarios, sino también porque fija los mecanismos que garantizarán el control y la aplicación de las normas.
No obstante, algunos estudios ponen de manifiesto el significativo incremento de la publicidad dirigida a menores en Internet a causa del gran uso que de este medio realizan los menores de edad.
De hecho, tal y como se contempla en la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de septiembre de 2008 sobre el libro blanco de la Comisión Europea relativo a la estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad, debería considerarse el empleo de nuevas formas de comercialización mediante medios electrónicos, dado que otros medios de comunicación, como Internet, están incrementando la presencia de publicidad de alimentos, dirigida principalmente a adolescentes.
Por otro lado, la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 2010 sobre tos efectos de la publicidad en el comportamiento de los consumidores sugiere a los Estados miembros que no cuenten todavía con organismos de autorregulación que, sobre la base de las mejores prácticas de otros Estados miembros, faciliten su creación o que los reconozcan formalmente.
Dicha resolución contempla de forma específica los problemas generados por el desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías, y se establece la necesidad de una protección de los niños y los adolescentes dada su especial vulnerabilidad a estos medios.
Por último, la Comisión Europea ha reconocido la necesidad de ofrecer contenidos seguros y adecuados, especialmente para menores y niños en Internet, en su Comunicación del 2 de mayo de 2012 sobre una "Estrategia Europea en favor de una Internet más adecuada para !os niños".
Por todo lo expuesto, y en desarrollo de los artículos 45 y 46 de Ia Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar el ámbito de aplicación del Código PAOS de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud, a la publicidad en Internet dirigida a los menores de 15 años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de Ia Discapacidad
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a remitir a la Cortes un Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado para adaptar dicha legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, prohíbe cualquier disposición legal o reglamentaria que pueda ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
Con la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el Estado se compromete a fomentar y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad, incluido el derecho de acceso y participación en la administración de justicia, en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Para ello existe el compromiso de eliminar cualquier práctica o disposición legal discriminatoria y aprobar aquellas otras que favorezcan los derechos humanos de este grupo de ciudadanos.
La Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, en su artículo 8 "Requisitos para ser jurado", punto 5, establece entre los requisitos "el no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado". Se trata de un precepto genérico e inconcreto, que puede permitir interpretaciones restrictivas en cuanto al derecho de participar en los asuntos públicos, incluido el acceso a la Administración de Justicia, de las personas con discapacidad. No todas las discapacidades imposibilitan la actuación como jurados de los sujetos que las padecen, depende del tipo y grado de la misma, y de si existen medios o procedimientos que eliminen barreras y posibiliten realizar la función inicialmente considerada como imposible.
Por lo anterior, en su sesión del día 16 de junio de 2009, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para eliminar las disposiciones que entran en conflicto con la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, evitando cualquier trato discriminatorio, en los siguientes términos: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Incluir entre las materias a tratar en los trabajos previos que se están llevando a cabo para la adaptación de nuestra legislación a la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la revisión de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, a fin de evitar cualquier trato discriminatorio. 2. Regular los apoyos materiales y humanos necesarios que permitan a las personas con discapacidad llamadas a ser jurado el desempeño de esa función con normalidad y en condiciones de igualdad."
A su vez, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 8 de marzo de 2011, tomó en consideración por unanimidad la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad que establecía lo siguiente: "Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Uno. El número 5 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción: 5. Tener capacidad suficiente para el desempeño de la función del jurado. Dos. El artículo 20 pasa a tener la siguiente redacción: Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolverán al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado, haciendo constar aquellos impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales que puedan dificultarles el ejercicio de la función de jurado, acompañarán las justificaciones documentales que estimen oportunas y concretarán los medios de apoyo que necesiten para ejercer este derecho. Disposición adicional única. Provisión de los medios de apoyo. Las Administraciones Públicas competentes proveerán los medios de apoyo necesarios en los Tribunales de Justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a ser jurado. Disposición final primera. Título competencial. Esta ley se dicta al amparo de la competencia del Estado atribuida en el artículo 149.1.5.º de la Constitución. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado." La iniciativa pasó a la Comisión de Justicia donde se amplió el plazo de enmiendas hasta el día 27 de septiembre de 2011. Posteriormente, y como consecuencia de la disolución de la Cámara, la Mesa acordó darla por caducada el 28 de octubre de 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto y dado que en la pasada legislatura esta Cámara ya mostró su disposición a dicho cambio, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sigue considerando prioritario modificar la Ley del Tribunal del Jurado para eliminar preceptos genéricos que pueden resultar discriminatorios.
1. Remitir a las Cortes un Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para adaptar dicha legislación a la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, con el fin de evitar cualquier trato discriminatorio.
2. Regular, en la legislación sobre la institución del Jurado, los apoyos materiales y humanos necesarios que permitan a las personas con discapacidad llamadas a ser jurado el desempeño de esa función con normalidad y en condiciones de igualdad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
181/000595
¿Persigue un fin recaudatorio la imposición de tasas judiciales?
¿Ha valorado el Gobierno los efectos que esta reforma puede tener?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2012.- Elvira Ramón Utrabo, Diputada.
181/000593
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo.
¿Considera el Gobierno que su actuación devalúa nuestra democracia?
181/000589
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía
¿Está dispuesto el Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que se eliminen las comisiones bancarias de servicios básicos así como las correspondientes a cuentas de ahorro o cuentas corrientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/000596
¿Qué medidas va a tomar Renfe para mejorar el servicio y el precio de los usuarios habituales del Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2012.-Pere Macias i Arau, Diputado.
181/000590
Diputado don Félix Lavilla Martínez.
¿En qué estado se encuentra la construcción del Centro de Referencia Estatal de atención comunitaria a personas mayores de Soria? ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento? ¿A cuánto asciende la dotación para este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2012.-Félix Lavilla Martínez, Diputado.
181/000591
Diputado don José Ignacio Sánchez Amor.
¿En qué estado se encuentra la construcción del Centro de Referencia Estatal para la promoción de la vida independiente de Olivenza (Badajoz)? ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento? ¿A cuánto asciende la dotación para este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2012.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.
181/000592
Diputada doña Rosa Aguilar Rivero.
¿En qué estado se encuentra la construcción del Centro integral de atención a personas con discapacidad física grave de Melilla? ¿Cuándo se pondrá en funcionamiento? ¿A cuánto asciende la dotación para este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.
181/000594
¿Cuál es el alcance que plantea el Gobierno con el recorte de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 17
 artículo 763
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 211
 artículo 763
 artículo 193
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 193
 artículo 19
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 49
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 9
 artículo 193
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 149