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Timestamp: 2019-01-22 06:53:40+00:00

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﻿ Sentencia T-704 de octubre 6 de 2009
SENTENCIA T-704 DE 06 DE OCTUBRE DE 2009
CONTENIDO:EL SERVICIO DOMÉSTICO. TRABAJADORES VULNERABLES. PROCEDENCIA PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL, Y EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR DEL SERVICIO DOMÉSTICO, PAGO DE PENSIÓN
Sentencia T-704 de octubre 6 de 2009
Ref.: Expediente T-2256577
El expediente llegó a la Corte por remisión que hizo el primer despacho judicial mencionado, en virtud de lo ordenado por los artículos 86 inciso 2º de la Constitución Política y 31 del Decreto 2591 de 1991, siendo escogido para su revisión por la Sala de Selección 6 de esta corporación, el 25 de junio de 2009.
Opina que la precariedad de su salud se debió, seguramente, a que a la edad de 35 años (5 años de servicios a los demandados), estos la llevaron al Hospital de Duitama, donde le practicaron intervención quirúrgica supuestamente por unos quistes que la afectaban, enterándose luego que había sido una histerectomía, sin mediar su consentimiento, lo que generó hacia ellos desconfianza y temor.
Señala que desde octubre de 2008 su salud desmejoró notablemente, con la aparición de una úlcera en la pierna izquierda, que la postró en cama e impidió desarrollar las labores domésticas, siendo conducida por los empleadores donde un facultativo, que le diagnosticó además anemia severa e infección renal, recomendando su afiliación al Sisbén.
Afirma que por las circunstancias anteriores y la ausencia de sus empleadores,de viaje fuera del país, optó por irse a vivir a Paz de Río, a petición de una sobrina, en busca de afecto, compañía, apoyo, seguridad y cuidado; solicitó a una hija de aquellos el reconocimiento de algún dinero por los servicios prestados, dada la carencia de medios para solventar sus necesidades básicas y sobrellevar la enfermedad, que la había dejado discapacitada, situación que fue puesta en conocimiento de la Personería Municipal de Paz de Río.
Comentan que siempre desearon afiliarla a la seguridad social, pero al ser imposible obtener la cédula dada su terquedad, asumieron sus gastos médicos, y luego optaron por inscribirla en el Sisbén, cuando accedió a “prestar” su documento de identidad.
Estima que la reclamación de la demandante es improcedente por perseguir prestaciones laborales que no son del resorte de la acción de tutela sino de la jurisdicción ordinaria laboral, estando vedado al juez constitucional invadir esa órbita de competencia, tema acerca del cual se ha pronunciado de manera reiterada la Corte Constitucional (T-305/98, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-859/ M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras).
Por último, para el a quo no existe vulneración de los derechos a la seguridad social, ni a la salud en conexidad con la vida, por cuanto la demandante se encuentra afiliada al régimen subsidiado de seguridad social (Sisbén), a partir de octubre de 2008, garantizándosele de esta manera la atención requerida.
Aclara que la finalidad única de la acción interpuesta es la protección de la seguridad social (pensión y salud) a que tiene derecho la demandante, cuya situación emanó del descuido de sus empleadores, por haberla dejado abandonada, desprotegida, sin ingreso alguno y con grave riesgo de su vida, lo que motivó la asistencia de la familiar y el retiro de la casa de aquellos.
Considera, finalmente, que por no contar la demandante con recursos mínimos, la afiliación al Sisbén no garantiza un futuro digno, circunstancia que evidencia el quebrantamiento del mínimo vital, protección especial de carácter constitucional establecida para personas en condiciones de vulnerabilidad.
Concluye el ad quem que no se advierte vulnerados los derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida, puesto que, sin desmedro de la obligación de los demandados de afiliar a la demandante a una EPS, ella cuenta con protección en salud por parte del Sisbén, lo cual desvanece cualquier perjuicio irremediable que pudiere llegar a existir.
a) En original: fotografías de su lesión externa; factura de elementos médicos; orden médica para la práctica de exámenes de laboratorio y sus resultados; constancia de la oficina de planeación de Duitama acerca de la inscripción al Sisbén; certificaciones expedidas por la personería de Paz de Río y el ISS sobre las condiciones de salud, cuidado y manutención de la actora y su afiliación al sistema; declaraciones acerca de la ocurrencia de los hechos.
b) En fotocopia: cédula de ciudadanía de María Emilsen Espíndola; fórmulas de medicina bioenergética; documento suscrito por María Emilsen Espíndola y Giovana Patricia Fajardo; historia clínica en el Hospital Regional de Duitama; evolución médica de la actora, con sello y firma de facultativo de Paz de Río; orden de citación a diligencia laboral; facturas de compra de medicamentos; contrato de arrendamiento sobre el inmueble que habita (fls. 24 a 63 y 96 a 99, cdno. inicial).
Así mismo, serán analizadas las declaraciones rendidas por los demandados, ordenadas y recibidas por el a quo con el fin de establecer los presupuestos de hecho del asunto en controversia (fls. 64 a 72, cdno. inicial).
“El estado de indefensión se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra inerme o desamparada, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental. El juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias del caso a fin de establecer si se presenta la indefensión a que se refieren los numerales 4º y 9º del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de tutela contra particulares(1).
De donde se ha concluido que el concepto de indefensión no es un predicado abstracto del cual puedan hacerse generalizaciones que se distancien de la realidad que ofrecen los hechos. Es por el contrario una situación relacional, intersubjetiva en la cual el demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el demandado no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de esta agresión injusta(2).
Esta corporación en múltiples decisiones judiciales(3) ha expuesto reiteradamente que la acción de tutela procede contra particulares, cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, porque así lo dispone expresamente el artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con los numerales 1º a 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
En este orden de ideas, estima la Sala que la tutela contra particulares extrae su fundamento socio-político del desvanecimiento de la distinción entre lo público y lo privado que caracteriza a la comunidad contemporánea; el fenómeno de la indefensión está encaminado a proteger a las personas de los abusos provenientes de cualquier poder: económico, social, religioso, cultural, etc.”(4).
Con el fin de eliminar esa situación, siendo deber del Estado proteger los derechos de todas las personas sin distingo alguno, el legislador ha regulado la materia y esta Corte ha expresado(5):
“Tradicionalmente al servicio doméstico se le ha restado importancia jurídica, económica y social, al estar destinado a reemplazar o complementar la labor del ama de casa que, como tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata, como lo han hecho ver estudios especializados(6), de una actividad ‘invisible’ para el resto de la sociedad.
Las condiciones laborales de los trabajadores del servicio doméstico son en la mayoría de los casos desfavorables, pues se los explota en circunstancias que equivalen a las de esclavitud y el trabajo forzoso(7).
Ciertamente, a menudo la jornada del personal del servicio doméstico es larga o incluso excesiva, sin días de descanso ni compensación por las horas extraordinarias y su salario suele ser muy bajo y tienen una cobertura insuficiente en lo que atañe al seguro médico, lo anterior dado que, en no pocas ocasiones, los empleadores prefieren mantener el vínculo laboral en la informalidad para así ahorrar costos(8).
Teniendo en cuenta que esa actividad se desarrolla en un espacio reservado como es el hogar, los trabajadores domésticos también están expuestos a que se les someta a acoso físico o sexual, violencia y abusos y, en algunos casos, se les impide salir de la casa del empleador recurriendo a amenazas o a la violencia, a la retención del pago de los salarios o de sus documentos de identidad(9).
Por tal razón, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del programa de condiciones de trabajo y empleo, ha considerado que los trabajadores domésticos están en situación de vulnerabilidad y demandan, por tanto, la protección del Estado:
Los trabajadores domésticos son trabajadores vulnerables y se exponen a muchos abusos. Los cambios arbitrarios de los contratos del trabajo, las reducciones salariales o aún el no pago de sueldos son propiciados por la naturaleza irregular de la relación laboral. La carencia de un contrato de trabajo obligatorio hace difícil que los trabajadores despedidos obtengan la paga de separación y otros beneficios complementarios obligatorios. Esta situación es agravada por el hecho de que, con frecuencia, el contrato de trabajo es de naturaleza oral, con la dificultad adicional para el trabajador de tener que probar la existencia de una relación contractual en caso de que surja controversia’(10).
No queda duda de que la labor de los empleados de hogar debe ser considerada, como cualquier otra, merecedora de la protección del Estado, la cual será especial en razón de las condiciones económicas y de otra naturaleza que conlleven situación de debilidad manifiesta (C.N., art. 13, inc. final)”.
Por lo general, la acción de tutela no es el mecanismo procedente para establecer la existencia de una relación laboral, ni el reconocimiento de prestaciones sociales(11); sin embargo, esta Corte ha indicado que cuando se hace necesario proteger derechos vulnerados que atentan contra el mínimo vital de las personas, esta acción constitucional, de manera excepcional, cumple un cometido superior de protección especial, ligado íntimamente con la dignidad humana:
… puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. Sents. T-426, jun. 24/92; T-063, feb. 22/95, y T-437, sep. 16/96); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. Sents. T-426, jun. 24/92; T-147, abr. 4/95; T-244, jun. 1º/95; T-212 mayo 14/96, y T-608, nov. 13/96); ... procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sent. T-246, jun. 3/96); que es posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sent. T-418, sep. 9/96); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical (Sent. SU-342, ago. 2/1995).
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución”(12).
La dignidad humana, entendida como el “merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal”(13) aparece consagrada en el artículo 1º de la carta política como sostén del estado social de derecho, de manera que en el ordenamiento jurídico se erige como derecho fundamental de especial protección, cobrando mayor relevancia para quienes estén en circunstancias de debilidad manifiesta y, de otra parte, se encuentra ligada al derecho a la vida como elemento inmanente y trascedente, asociada al mínimo de subsistencia del ser.
“La Corte encuentra que en el caso bajo examen, por no haberse reconocido, durante el tiempo que duró la relación laboral, unas condiciones de trabajo justas, y finalizada esa relación, un mínimo vital que le permita a la tutelante sobrevivir en condiciones acordes con su situación de persona de la tercera edad, se ha desconocido su dignidad. La normatividad jurídica de rango legal aplicable al servicio doméstico, consagra mecanismos de previsión social que tienden a proteger a las personas de la terceraedad cuando han perdido su capacidad laboral. Estasnormas, desde el año de 1988(14), imponen al empleador el deber de afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, obligación que se ha mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, y cuyo incumplimiento hace responsables a los empleadores, quienes pueden verse obligados a pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la denominada por la ley “pensión sanción”. Y aun por fuera de estas prescripciones legales, cuya aplicación al caso presente debe ser decidida por la justicia ordinaria, el deber constitucional de solidaridad que se impone a todo ciudadano en virtud de lo dispuesto por el artículo 95 superior, obligaba a los demandados aatender el mínimo vital de subsistencia de la persona de la tercera edad que, viviendo bajo su mismo techo, les prestó sus servicios personales durante más de diecisiete años”(15).
El derecho a la seguridad social, aun cuando catalogado como de carácter económico y social (C.N., art. 48) cuyo reconocimiento requiere de regulación del legislador, debe, sin embargo, ser protegido por vía tutelar cuando al desconocerse su prestación, corren grave riesgo otros derechos de características fundamentales, como la vida misma, su dignidad y la integridad física, circunstancia que permite inscribirlo como tal, más aún cuando resulten afectadas personas que merecen especial protección, como niños, adultos de edad avanzada, mujeres cabeza de familia, enfermos terminales, discapacitados, etc.
Así se ha pronunciado la Corte Constitucional(16):
“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (C.N., art. 46, inc. 2º), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (C.N., art. 11), la dignidad humana (C.N., art. 1º), la integridad física y moral (C.N., art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (C.N., art. 16) de las personas de la tercera edad (C.N., art. 46).
‘Como se expresó por esta Sala de Revisión en la Sentencia T-111/94, ante la pérdida de su capacidad laboral las personas de la tercera edad muchas veces se encuentran limitadas e imposibilitadas para obtener un mínimo vital de ingresos económicos que les permita disfrutar de una especial calidad de vida. En estas circunstancias, el no reconocimiento de las prestaciones a su favor por las entidades de previsión social, su no pago oportuno o la suspensión de este, pueden significar atentados contra los aludidos derechos y principios; ello justifica plenamente la especial protección que la Constitución ha dispuesto para las personas de la tercera edad (arts. 46, 47 y 48), la cual se traduce en la imperatividad de la norma del inciso 3º del artículo 53, que dice: ‘El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’”.
7.1. La interesada en el caso objeto de estudio es persona de la tercera edad (71 años), merecedora de especial protección del Estado, encontrándose en condición de debilidad manifiesta (C.N., art. 13) por su nivel educativo, social, económico y de salud, con seria afectación sobre su mínimo vital, configurándose en ella un estado de indefensión que hace procedente esta acción contra particulares (C.N., art. 86, inc. final y D. 2591/91, art. 42, num. 9º).
Aparece acreditado que la señora María Cecilia Espíndola trabajó para los esposos Luis Alfonso Fajardo y Nelly Prieto de Fajardo en la residencia de estos, desempeñando las tareas domésticas propias y cuidando hijas y nietos de ellos, labores que realizó entre julio de 1973 y noviembre de 2008, cuando debió retirarse a la edad de 68 años, por razones de salud y la indolencia de sus empleadores, que no le asignaron salario ni seguridad social, que permitiera satisfacer dignamente sus necesidades básicas y sobrellevar la enfermedad que padece.
No obstante los servicios prestados en ese largo período, los demandados apenas le proporcionaron esporádicamente sumas exiguas y esporádicas de dinero, privándola de descanso semanal, vacaciones y demás prestaciones sociales económicas previstas en las respectivas leyes laborales. Tampoco le posibilitaron el acceso a la seguridad social en cuanto a salud, riesgos profesionales y pensión, como deberes que son de los empleadores, conforme a la preceptiva vigente.
7.2. Los juzgados de instancia negaron el amparo solicitado, entendiendo que el reconocimiento de las pretensiones de la demandante, de contenido salarial y prestacional, compete a la justicia ordinaria laboral, sin que sea permitido al juez constitucional invadir esa jurisdicción, lo que en principio se aviene a reiterada jurisprudencia de esta Corte, pero no a la que también ha señalado que sí debe prosperar el amparo constitucional cuando, de manera excepcional, como mecanismo transitorio, sea necesario e inaplazable conceder medios de pervivencia, por ejemplo un pago mensual equivalente al salario mínimo legal, a favor de quien se halle en condiciones de debilidad manifiesta, en cuanto su mínimo vital, integridad física y dignidad humana estén siendo conculcados(17).
Surge incuestionable que la demandante María Cecilia Espíndola se encuentra dentro de esos supuestos de especial protección constitucional, según se deduce del acervo probatorio, incluidas las declaraciones recibidas a Luis Alfonso Fajardo y a Nelly Prieto de Fajardo, donde informan no solo sobre la realidad de la relación laboral subyacente, sino acerca de la angustiosa situación que padece quien fuera trabajadora de ellos, carente de recursos mínimos para su subsistencia digna, no dejando tiempo a que la justicia ordinaria decida.
De otra parte, se constata que solo ante el agravamiento de la enfermedad de su empleada y aconsejados por un médico particular, se propició la vinculación al régimen subsidiado en salud (Sisbén), a partir de octubre 22 de 2008, descargando en el Estado la obligación de asistencia en salud.
1. REVOCAR la sentencia proferida el30 de marzo de 2009 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama, confirmatoria de la dictada el 20 de febrero de dicho año por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de esa misma ciudad, negando la tutela instaurada por María Cecilia Espíndola contra Luis Alfonso Fajardo Rodríguez y Nelly Prieto de Fajardo, la cual, en su lugar, se dispone CONCEDER.
2. En consecuencia, ORDENAR a Luis Alfonso Fajardo Rodríguez y a Nelly Prieto de Fajardo, solidariamente y como mecanismo transitorio de protección del mínimo vital, la seguridad social y la integridad física de la señora María Cecilia Espíndola, que si aún no lo han realizado, le paguen a partir de octubre de 2009 y dentro de los primeros cinco días de cada mes sucesivamente, a título de pensión provisional, el valor de un salario mínimo legal mensual, y la afilien al régimen contributivo de seguridad social en salud (POS) que ella libremente elija. El pago tendrá lugar hasta que la justicia ordinaria se pronuncie sobre los derechos laborales de la actora.
3.SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Duitama que presten la vigilancia y la colaboración que corresponda, al igual que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Duitama, en todo lo que conduzca al efectivo y oportuno acatamiento de lo dispuesto en esta sentencia.
Magistrado: Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Iván Palacio Palacio—Humberto Antonio Sierra Porto.
(1) “T-265/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz”.
(2) “T-172/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz”.
(3) “T-506/92, M.P. Ciro Angarita Barón; T-605/92 y T-162/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-365/93, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-036/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-602/96, M.P. José Gregorio Hernández Galindo”.
(4) T-351/97, M.P. Fabio Morón Díaz.
(5) C-310/07, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(6) “Colectivo Ioé. ‘El servicio doméstico en España. Entre el trabajo invisible y la economía sumergida’. Informe de investigación, editado y financiado por Juventud Obrera Cristiana de España. Madrid, 1990”.
(7) “OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 92ª reunión, 2004. Informe VI. Pág. 67”.
(8) “OIT, ib.”.
(9) “OIT, ib.”.
(10) Ramírez-Machado, José. “Domestic work, conditions of work and employment: A legal perspective”, publicado en “Conditions of Work and Employment Series”, Nº 7. www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/publ/7cwe.htm.
(11) Cfr. T-001/97, M.P. José Gregorio Hernández; T-123/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-161/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-613/97, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-332/98, M.P. Fabio Morón Díaz.
(12) T-001/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Cfr. además T-299/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-031/98, T-103/98, T-107/98, T-123/98 y T-221/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-118/98, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(13) SU-062/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(14) “Ley 11 de 1988, artículo 1º”.
(15) SU-062/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(16) SU-062/99. Cfr. también T-426/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(17) Cfr. T-495/99, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1008/99 y T-101/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-092/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-1055/01, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

References: artículo 42
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 95
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 1