Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531600.html
Timestamp: 2019-03-19 17:29:57+00:00

Document:
A.S. 600-2015
Sucre,08 de septiembrede 2015
Expediente : 225/2015-A
Demandante : Joaquín Fernando Bolívar Pérez
VISTOS: El recurso de casación en el fondode fs. 83 a 86, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista No171/2014 de 05 de agosto (fs.77 a 79 vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de reclamación por compensación de cotizaciones por procedimiento manual seguido por Joaquín Fernando Bolívar Pérez contra la entidad recurrente;el Autoque cursa afs. 90, que concedióel recurso; los antecedentes del proceso; y:
La Resolución Nº 3916 de 8 de mayo de 2013 cursante a fs. 38, por la cual la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, resolvió otorgar a favor de Joaquín Fernando Bolívar Pérez, el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones número 22,359.- en el cual se considera un monto de compensación de cotizaciones de Bs.14.548,80.- (catorce mil quinientos cuarenta y ocho 80/100 bolivianos), documento que previa aceptación es válido para la emisión del certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento manual.
El asegurado Joaquín Fernando Bolívar Pérez, mediante memorial cursante a fs. 48, interpuso recurso de reclamación, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 00442/13 de 25 de junio de 2013(fs. 56 a 59), por la cual confirmó la Resolución Nº 3916 de 8 de mayo de 2013cursante a fs. 38 de obrados, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa vigente.
Notificado el asegurado con la Resolución de la Comisión de Reclamación, éste interpuso recurso de apelación mediante memorial que cursa afs. 70, que fue resuelto a través del Auto de Vista 171/2014 de 5 de agosto (fs.77 a 79 vta.), por el cual el Ad quem, revocó la Resolución de la Comisión de Reclamaciones Nº00442/2013 de 25 de junio de 2013, disponiendo que el SENASIR, incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones del asegurado, los periodos de mayo de 1981 a mayo de 1986 (5 años), conforme los fundamentos expuestos y la documentación referida.
I.2 Motivos del recurso de casación en el fondo
De la revisión del recurso de casación en el fondo, se extrae como motivos del mismo, los siguientes argumentos:
Manifestó la entidad recurrente que, los fundamentos de la resolución de segunda instancia en los numerales 4, 5 y 6 del considerando, serían contradictorias e incongruentes y vulnerarían la R.M. Nº 498 de 07 de septiembre de 2005, referido a la certificación de aportes de la banca privada, en función a los estudios matemático actuariales de conformidad a los arts. 1 de las Resoluciones Administrativas Nos. 774 de 20 de octubre de 1999 y 618 de 06 de noviembre de 2001, no procediendo la aplicación de los arts. 13 y 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 227543 de 31 de mayo de 2004; además que en los estudios matemáticos actuariales del Banco Ganadero e Industrial del Beni S.A., no se contemplaría a la regional Cochabamba.
Así en el informe del Área de Certificación de 23 de marzo de 2012 que cursa a fs. 17, se habría evidenciado que Joaquín Fernando Bolívar Pérez, no contaría con planillas para certificar el periodo 05/86; en ese mismo sentido se remitieron al Área de Registro y según el informe técnico legal Nº 638/13 de la Comisión de Reclamación de 04 de junio de 2013, no corresponde la certificación de los periodos 05/81 al 05/86 (trabajado en el Banco Industrial y Ganadero del Beni), debido a que no se encontraría reconocido en el Estudio Matemático Actuarial de fs. 27 a 33, en relación que el asegurado no estaría consignado en la regional Cochabamba; aclarando que la elaboración de los Estudios Matemático Actuariales, sería de responsabilidad de cada entidad bancaria y no así del SENASIR.
En ese sentido, señaló la entidad recurrente que, el Auto de Vista recurrido, habría transgredido y aplicado incorrectamente el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, si bien dicha norma estableció la certificación extraordinaria a través de documentos supletorios; sin embargo, dicha normativa sólo procedería para trámites del Sistema de Reparto y no así para trámites de compensación de cotizaciones tal como establecería la Resolución Ministerial (RM) 550 de 28 de septiembre de 2005; en ese mismo sentido, el art. 18 del mencionado Decreto Supremo, establecería que para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del Decreto Supremo, normativa que corroboraría sobre la no aplicación del art. 14 en trámites de compensación de cotizaciones.
Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, casar el Auto de Vista 171/2014 de 5 de agosto (fs. 77 a 79 vta.) ahora impugnado y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 00442/13 de 25 de junio de 2013 y la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas No. 3916 de fs. 37 a 38; sea con las formalidades de rigor.
Que la institución recurrente manifiesta que el Auto de Vista recurrido, habría transgredido y aplicado incorrectamente el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, puesto que si bien dicha norma estableció la certificación extraordinaria a través de documentos supletorios, sin embargo, dicha normativa sólo procedería para trámites del Sistema de Reparto y no así para trámites de compensación de cotizaciones tal como establecería la RM 550 de 28 de septiembre de 2005; en ese mismo sentido, el art. 18 del mencionado Decreto Supremo, establecería que para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los arts. 13, 16 y 17 del Decreto Supremo, normativa que corroboraría sobre la no aplicación del art. 14 en trámites de compensación de cotizaciones.
Al respecto, inicialmente debemos mencionar que, el art. 45.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que, todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, la que debe prestarse bajo los principios de:universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social; esta misma norma Constitucional en su parágrafo IV obliga al Estado garantizar el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. La jubilación a la que hace referencia, está íntimamente ligada al derecho a percibir una remuneración, que debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos puedan gozar de una renta que permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.
Los principios antes descritos componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en Bolivia, sino también constituyen la guía para su efectivización, en la lógica que ella obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado, como tal persigue. Esa posición hace que, los principios que ordenan y orientan al Sistema de Seguridad Social no deben ser tenidos de manera aislada, otorgándoseles una aplicación esporádica, o bien ser limitados a su enunciación retórica; sino más bien, deben ser empleados de modo preferente por parte de la administración del Estado, dada su función de hacer posible que “los regímenes de seguridad de los medios de vida [puedan aliviar] el estado de necesidad e impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las entradas perdidas a causa de la incapacidad para trabajar (comprendida la vejez), o para obtener trabajo remunerado o a causa de la muerte del jefe de familia” (Organización Internacional del Trabajo, R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida).
Al respecto y en el caso concreto, cabe señalar que, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, en sus capítulos II y III prevé el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al sistema de reparto y los trámites relacionados con el seguro social obligatorio de largo plazo, abarcando a la determinación de montos de Compensación de Cotizaciones por procedimiento manual, aspectos que la institución recurrente, no tuvo en cuenta al momento de efectuar la presente acusación; no siendo, en consecuencia evidente que, la aplicación de documentación supletoria prevista en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, esté establecida sólo para trámites de rentas en curso de pago y adquisición; sino, también corresponde su consideración y aplicación en los tramites de Compensación de Cotizaciones.
En este contexto, el citado Decreto Supremo en su art. 14, al respecto señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos elegibles será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, el art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; sin embargo, esta determinación, no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en sus archivos, se complementará supletoriamente la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.
Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que, el asegurado, al momento de iniciar su trámite de Compensación de Cotizaciones de 18 de enero de 2012 y durante la sustanciación del trámite administrativo, presentó la documentación consistente en: detalle de aportes y el total ganado en el Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. (banco Sur S.A. en liquidación); así mismo, por la documental de fs. 1 a 8, referida a los datos personales del asegurado, así como las certificaciones de trabajo de fs. 1 y 2, mediante las cuales se evidencia que entre el asegurado Joaquín Fernando Bolívar Pérez y el Banco ganadero del Beni S.A. sucursal Cochabamba, existió relación laboral de trabajo, desde el 4 de mayo de 1981 hasta9 de junio de 1986; por lo que, se entendería que el asegurado efectuó las cotizaciones extrañadas por el la entidad recurrente,realizando aportes durante los periodos extrañados por el SENASIR, desvirtuando con ello, lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuó una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante; pues, lo correcto era que dicha comisión a tiempo de pronunciar su Resolución, haya aplicado lo dispuesto en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis; pues, sólo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder como institución, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos a la seguridad social.
Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y certeza, que dichos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR, al momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor del solicitante los periodos efectivamente trabajados, de acuerdo a las certificaciones de trabajo del Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. sucursal Cochabamba y la planilla de sueldos y salarios que cursa a fs. 11, en los que se evidencia los aportes efectivos que fueron realizados, mismos que fueron desconocidos por el SENASIR, y reparados por el Tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social; máxime si el asegurado, a fin de que se proceda a una correcta compensación de cotizaciones, acompañó las literales de fs. 1 a 11; concluyéndose que, no corresponde la exclusión de los periodos extrañados por el SENASIR, en los cuales cotizó efectivamente por los periodos trabajados; no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a título de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia (que en realidad se trata de dineros de los asegurados), procedan injustamente a no calificar de manera correcta la compensación de cotizaciones del asegurado que por Ley le corresponde.
En relación a que el Tribunal de Alzada, no consideró los arts. 1 y 14 del DS Nº 27543 del 31 de mayo del 2004, la Resolución Administrativa Nº 0774/99 de 20 de octubre de 1999, y la Resolución Ministerial Nº 498 de 7 de septiembre de 2005 entre otros; cabe señalar, que si bien dichas Resoluciones, previeron ciertos parámetros para la calificación de las prestaciones jubilatorias y certificaciones de aportes del sector de la Banca Privada en base a los Estudios Matemático Actuariales y sus complementarios; sin embargo, no es menos cierto que el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, otorgó la posibilidad de que estas certificaciones se las realicen en base a documentación supletoria, como son los finiquitos, certificados de trabajo, etc. entre otros; así consta que en el art. 18 que prevé: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”.
Por ello y de la normativa citada, la revisión de obrados se advierte que conforme a la documentación presentada por el asegurado de manera oportuna, el Tribunal de Alzada ordenó al Servicio Nacional del Sistema de Reparto incluya en el cálculo de compensación de cotizaciones del asegurado, los periodos de mayo de 1981 a mayo de 1986 (5 años), conforme los fundamentos expuestos y la documentación referida, para un cálculo de la densidad de aportes.
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda Resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia, de tal forma que en la especie, resulta innegable por la documentación presentada, debidamente compulsadas por el Tribunal Ad quem, que el asegurado presto servicios en el Banco Ganadero Industrial del Beni S.A. sucursal Cochabamba, desde mayo de 1981 hasta mayo de 1986, aspecto que además esta corroborado por la planilla de sueldos y salarios del Banco BIGBENI S.A. del mes de mayo de 1986, en la que el asegurado figura como trabajador de dicha institución bancaria, en la que además se visualiza los descuentos, aportes y el total ganado del asegurado, situación que no fue debidamente valorado por la Comisión de Compensación de Cotizaciones como por la Comisión de Reclamaciones; evidenciándose en consecuencia que, el Tribunal Ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito por el DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.
De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la CPE (abrogada), debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que fueron ratificados en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual CPE, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación, por lo que, corresponde resolver conforme prescribe los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo (fs. 83 a 86) interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR.
Sin costasen aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y art. 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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