Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sus109-99.html
Timestamp: 2016-02-08 16:58:00+00:00

Document:
et al. v. United States, Caso 10.951, Informe Nº 109/99, Inter-Am.
C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1283 (1999). 1. RESUMEN
1. La petición en nombre de los diecisiete demandantes fue presentada a la Comisión el 25 de julio de 1991 y procesada de acuerdo con
el Reglamento de la Comisión. En general, los peticionarios alegaban que
militar dirigida por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América (en
adelante "los Estados Unidos" o "el Estado") en Grenada en octubre de 1983 violó una serie de normas internacionales que regulan el
uso de la fuerza por parte de los Estados. Con respecto a su situación específica,
los peticionarios alegaron haber sido detenidos por las fuerzas de los Estados
Unidos en los primeros días de la operación militar, haber sido mantenidos
por espacio de muchos días y haber sido maltratados. Sostienen que los Estados
Unidos corrompieron el sistema judicial de Grenada al influir en la selección
de personal judicial antes de su enjuiciamiento, financiar el poder judicial
durante el juicio, y entregar pruebas testimoniales y documentales a las
de Grenada, privándolos de esta forma de su derecho a un juicio imparcial por
un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley.
peticionarios sostuvieron que los Estados Unidos violaron las obligaciones
asumidas en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
específicamente el artículo I, derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal; el artículo II, derecho a la igualdad ante la ley; el artículo XXV,
derecho a la protección contra la detención arbitraria; el artículo XVII, derecho
al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles; el
artículo XVIII, derecho de justicia, y el artículo XXVI, derecho a un proceso
C. Revisión de los trámites 5. El Estado impugnó la admisibilidad del caso ante la Comisión, afirmando que las alegaciones de los peticionarios eran incorrectas
y/o infundadas, que no debería haber sido demandado, y que la Comisión carecía
de competencia para examinar la validez legal de sus acciones militares en
ya que ello escapa a su mandato, en particular con respecto a un país que no
es parte de la Convención Americana.
7. La demanda inicial de los peticionarios del 25 de julio de 1991 fue complementada con información adicional el 4 de agosto de
1991. Se abrió el caso 10.951, y las partes pertinentes de la petición fueron
transmitidas al Estado el 1º de octubre de 1991, solicitándole una respuesta
en el término de 90 días. El 22 de octubre de 1991 se presentó una "respuesta provisoria". La respuesta de los peticionarios a la misma fue presentada el 31 de octubre de 1991, y sometida al Gobierno el 26 de noviembre de 1991.
Los peticionarios presentaron información adicional el 14 de febrero de 1992,
que fue transmitida al Estado el 3 de marzo de 1992, solicitándose una respuesta
en el término de 60 días. La Comisión reiteró esta solicitud el 27 de julio
9. El 7 de febrero de 1994 la Comisión aprobó el Informe 14/94 sobre la admisibilidad del caso. Con respecto a su jurisdicción, la Comisión
reiteró que la Declaración Americana es una fuente de obligaciones internacionales
para los Estados miembros que no son partes de la Convención Americana, y
su Estatuto la autoriza a examinar denuncias en el marco de la Declaración
y requiere que preste especial atención a ciertos derechos básicos. Como
han presentado denuncias en las que se alega la violación de derechos protegidos
por la Declaración, la Comisión declaró que serían examinadas las denuncias
que satisfacieran los requisitos aplicables. La Comisión no halló impedimentos
de procedimiento para la admisibilidad.
10. Con respecto a los fundamentos de hecho y de derecho planteados en respaldo de los alegatos de los peticionarios, la Comisión determinó que
los peticionarios habían alegado o mostrado "un suficiente nexo causal sobre el cual basar consideraciones de posibles violaciones", "sólo en cuanto a las denuncias relacionadas con su arresto y presunta detención en carácter de incomunicados" por los Estados Unidos. La Comisión admitió esas denuncias para ser consideradas y declaró que las otras denuncias planteadas
por los peticionarios eran inadmisibles. El informe fue aprobado para su transmisión
a las partes, con la recomendación de que el Estado presente información sobre
los méritos de las denuncias consideradas admisibles en el término de 90 días.
11. De conformidad con esas conclusiones, el resto del presente informe se refiere solamente a los alegatos considerados admisibles. C. Trámites sobre el fondo
12. El Informe 14/94 fue transmitido al Estado el 11 de febrero de 1994. El 10 de mayo de 1994, y nuevamente el 29 de septiembre
de 1994 se reiteró la solicitud de información sobre los méritos de las denuncias
pendientes. Los Estados Unidos proporcionaron información sobre los méritos
el 19 de octubre de 1994, que fue transmitida a los peticionarios el 29 de
de 1994, solicitando sus observaciones.
17. En su demanda inicial, los peticionarios sostuvieron que las fuerzas de los Estados Unidos los arrestaron durante el período en que
consolidaron su control sobre Grenada; que fueron mantenidos incomunicados
muchos días, y que transcurrieron meses antes de que fueran llevados ante un
magistrado o se les permitiera consultar un abogado. "Durante este período, los peticionarios fueron amenazados, interrogados, golpeados, privados del sueño y de comida, y hostigados constantemente".
20. La petición alegó que los Estados Unidos no tenían justificación legal alguna para las medidas tomadas contra los peticionarios, y en consecuencia
son responsables de violaciones a sus "derechos humanos a la libertad, la protección contra detención arbitraria, la notificación de cargos, la integridad física y mental, la protección contra tratamiento cruel, inhumano y degradante, y el castigo sólo después de una condena, en violación de los artículos I, II, XVII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana".
21. En su respuesta inicial, el Estado indicó que "el tratamiento acordado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos a todos los nacionales de Grenada y de otros países que fueron transitoriamente detenidos o arrestados por razones de seguridad u otras razones lícitas" estuvo plenamente de acuerdo con "las normas internacionales aplicables en los conflictos armados, incluidas las normas que rigen el tratamiento de civiles detenidos y prisioneros militares". En vista de su posición de que el caso es inadmisible, el Estado en ese momento no abordó la validez legal internacional de las denuncias
relacionadas con las acciones militares de los Estados Unidos en Grenada.
22. Después de la aprobación del Informe 14/94 por parte de la Comisión, el Estado presentó información sobre el arresto y la detención
de los peticionarios. Reconoció plenamente "que durante la etapa inicial de la operación militar de los Estados Unidos en Grenada, los peticionarios y otros nacionales de Grenada fueron arrestados, detenidos por las fuerzas militares de los Estados Unidos por espacio de varios días, e interrogados mientras los Estados Unidos reprimían la resistencia armada a su operación militar". Citando registros contemporáneos, el Estado sostuvo que todos los peticionarios fueron detenidos bajo custodia de los Estados Unidos por un período de menos de tres semanas. El Estado dijo que el período de la detención de los peticionarios "coincidió. con la ´fase de hostilidades´ de la operación (es decir, del 25 de octubre al 2 de noviembre) cuando las fuerzas estadounidenses estaban dedicadas a poner fin a la resistencia armada de las fuerzas enemigas". Si bien los peticionarios no eran prisioneros de guerra, se hallaban en situación de "detenidos y se les acordó protección equivalente a la otorgada a los prisioneros de guerra", y de esta manera "se les acordó la más alta protección  [disponible] de acuerdo con el derecho de los conflictos armados".
23. Al citar un mensaje de 31 de octubre de 1983 del Comando Conjunto al comandante militar en Grenada, el Estado especificó que sus autoridades
militares habían recibido instrucciones de "continuar protegiendo y deteniendo a Bernard Coard, Hudson Austin y los otros nacionales de Grenada bajo su custodia, hasta que puedan hacerse arreglos para entregarlos al gobierno interino de Grenada que pueda asumir responsabilidad por su seguridad y sus derechos". Seis de los peticionarios: Bernard Coard, Phyllis Coard, Hudson Austin, Ewart Layne,
Liam James y Leon Cornwall:
24. Los Estados Unidos informaron que el 5 de noviembre de 1983 todos los peticionarios habían sido transferidos de la custodia de los
Estados Unidos a las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz del Caribe y
autoridades de Grenada. El Estado afirmó que "en vista del período relativamente breve de detención bajo custodia militar estadounidense, de aproximadamente el 25 de octubre al 5 de noviembre a lo sumo, la denuncia de que los Estados Unidos los sometió a prolongada detención resulta patentemente exagerada y poco convincente". Además,
25. El Estado negó la alegación de que el oficial en comando Metcalf hubiera engañado a la delegación del Congreso acerca del paradero de
los peticionarios Austin y Coard. El Estado presentó una declaración, firmada
por este oficial, ahora retirado, en la que recordaba que los peticionarios
Austin y Coard fueron tomados prisioneros en los primeros días de la operación. "Para asegurar su seguridad, fueron mantenidos durante varios días bajo custodia a bordo de varios buques del grupo de combate". Dicho oficial indicó que nunca se había engañado acerca de su paradero, y que ninguna delegación
como la descrita había visitado el USS Guam.
26. El Estado negó las alegaciones de que, durante su detención a manos de las fuerzas estadounidenses, los peticionarios fueran "amenazados, interrogados, golpeados, privados de sueño y comida y hostigados constantemente". El Estado sólo reconoció que los peticionarios fueron interrogados, según un
informe que decía que:
27. Los Estados Unidos manifestaron que el tratamiento acordado a los peticionarios estaba plenamente de acuerdo con las normas de la Declaración
Americana y el derecho internacional humanitario aplicable. En respuesta
recomendación de la Comisión contenida en el Informe 14/94 sobre admisibilidad,
de que el Estado proveyera información sobre las denuncias relacionadas con
el arresto y la detención de los peticionarios, la Oficina del "Judge Advocate General" del Departamento de Ejército, había preparado un memorando en el que se indicaba que los peticionarios "no fueron golpeados o maltratados". Los Estados Unidos caracterizaron los alegatos de maltrato como "infundados y no comprobados". El Estado sostuvo que los peticionarios no habían proporcionado información específica para sustanciar su denuncia
de que fueron sometidos a amenazas durante el interrogatorio, y reiteraron
su aseveración
de que las denuncias relacionadas con su arresto y detención deberían ser halladas
inadmisibles por falta de credibilidad y fundamento de los alegatos.
29. Mediante nota de fecha 27 de diciembre de 1995, los Estados Unidos presentaron una respuesta al Informe 13/95, en la que se solicitaba
que la Comisión reconsiderara y rescindiera dicho informe, de acuerdo con
establecido en el artículo 54 del Reglamento. Dicho artículo establece que
si cualquiera de las partes invocara "nuevos hechos o consideraciones de derecho" dentro de los plazos establecidos en un informe, la Comisión decidirá en su
siguiente período de sesiones si mantiene o modifica su decisión. Este procedimiento
sólo puede invocarse una vez. 30. Si bien la solicitud de reconsideración fue presentada en forma extemporánea, el 27 de diciembre de 1995, ya que debió haber sido
recibida a más tardar el 26 de diciembre de 1995, la Comisión decidió examinar
presentada durante su siguiente período de sesiones. La Comisión determinó
que el Estado había planteado dos temas que requerían aclaración adicional.
se relacionaba con la situación jurídica de los peticionarios. En la presentación
del 26 de diciembre de 1995, el Estado indicaba que "la detención y el tratamiento de los peticionarios estaban justificados en virtud del Tercer Convenio de Ginebra de 1949, relativo al trato de los prisioneros de guerra  como actos tendientes al adelanto de objetivos militares legítimos". Al mismo tiempo, el Estado sostenía que "los peticionarios también podían ser considerados detenidos civiles cuya detención y tratamiento estaban plenamente de acuerdo con las normas vigentes en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra [relacionado con la protección de personas civiles en tiempos de guerra]. En su respuesta del 19 de octubre de 1994, el Estado había indicado que se había acordado a los peticionarios protecciones equivalentes a las otorgadas a los prisioneros de guerra "aunque no eran prisioneros de guerra". En cuanto al segundo tema, relacionado con la denuncia de que los peticionarios habían sido detenidos
en calidad de incomunicados, el Estado había informado por primera vez, en
presentación del 27 de diciembre de 1995, que los peticionarios habían gozado
del derecho de acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja.
32. La respuesta del Estado, de fecha 30 de agosto de 1996, indicó que los peticionarios "eran detenidos civiles retenidos brevemente por razones de necesidad militar", y "fueron tratados de facto de acuerdo con las más altas normas legalmente disponibles de protección". La información provista en cuanto a la presencia del CICR indicaba sólo que, en el momento de realizarse la operación militar, los Estados Unidos habían proporcionado a esa organización una lista con los nombres de los detenidos, y que los representantes del CICR "tenían el derecho normal de acceso a los individuos detenidos". El Gobierno indicó que no había podido localizar informes de tales visitas del CICR, aunque había confirmado por teléfono que
durante el período en cuestión se habían realizado visitas a los detenidos,
que el CICR no identificó.3 El Gobierno afirmó además que se había permitido a los peticionarios comunicarse por escrito con sus parientes cercanos, dentro de los siete días subsiguientes a su detención, como lo requiere el artículo 70 del Cuarto Convenio de Ginebra. 33. Recibida la solicitud de reconsideración, y después de tratar de aclarar ciertas incongruencias en la posición del Estado con respecto a la situación de los peticionarios en el momento en que fueron detenidos, la Comisión revisó las comprobaciones y recomendaciones contenidas en el Informe 13/95 e hizo ciertas modificaciones. La Comisión aprobó el informe final 82/99 el 7 de mayo de 1999.
35. Los hechos presentados ante la Comisión, que no son objeto de controversia, indican que el 25 de octubre de 1983 o alrededor de esa fecha,
miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos arrestaron a los 17
mientras participaban en la operación militar que en esos momentos se llevaba
a cabo en Grenada. Los peticionarios permanecieron detenidos por períodos
9 a 12 días, y luego fueron entregados a las autoridades de Grenada. Lo que
se halla en disputa es la caracterización legal del tratamiento acordado
peticionarios una vez arrestados y detenidos. Los peticionarios alegaron que
su arresto y su detención violaban, entre otros, los artículos I, XVIII y
de la Declaración Americana. El Estado sostuvo que el tema estaba total y exclusivamente
regido por el derecho de los conflictos armados internacionales, para cuya
la Comisión carece de mandato, y que la conducta en cuestión estaba, en cualquier
caso, justificada plenamente desde el punto de vista del derecho y de los hechos.
37. Si bien la aplicación extraterritorial de la Declaración Americana no ha sido cuestionada por las partes, la Comisión encuentra pertinente
señalar que, en ciertas circunstancias, el ejercicio de su jurisdicción sobre
actos ocurridos en un lugar extraterritorial no sólo será congruente sino
por las normas pertinentes. Los derechos fundamentales de la persona son proclamados
en las Américas sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación: "sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo".5 Dado que los derechos individuales son inherentes simplemente en virtud de la humanidad de una persona, todos los Estados americanos están obligados a respaldar los derechos protegidos de cualquier persona sujeta a su jurisdicción. Si bien ello se refiere comúnmente a las personas que se hallan dentro del territorio de un Estado, en determinadas circunstancias puede referirse a la conducta con un locus extraterritorial, en que la persona está presente en el territorio de un Estado, pero está sujeta al control de otro Estado, por lo general a través de los actos de los agentes en el exterior de este último.6 En principio, la investigación no se refiere a la nacionalidad de la presunta víctima o a su presencia en una determinada zona geográfica, sino a que si en esas circunstancias específicas, el Estado observó los derechos de una persona sometida a su autoridad y control.7 38. En términos de la ley aplicable al presente caso, los peticionarios manifestaron que sus denuncias estaban regidas por las disposiciones de la Declaración Americana. Los Estados Unidos sostuvieron que la situación denunciada estaba regida totalmente por el derecho internacional humanitario, conjunto de normas para cuya aplicación la Comisión carece de jurisdicción o de experiencia especializada. De acuerdo con el marco normativo del sistema, cuando examina casos individuales relacionados con países que no son partes de la Convención Americana, la Comisión utiliza la Declaración Americana como la principal fuente de obligaciones internacionales y de ley aplicable8. Ello no significa, como sostienen los Estados Unidos, que la Comisión no puede hacer referencia a otras fuentes legales en el cumplimiento de su mandato, incluido el derecho internacional humanitario.9
39. En primer lugar, si bien el derecho internacional humanitario se aplica principalmente en épocas de guerra y el derecho internacional de
los derechos humanos se aplica más plenamente en épocas de paz, la posible
de uno no excluye o desplaza necesariamente al otro. Existe una vinculación
integral entre los derechos humanos y el derecho humanitario, ya que ambos
un "núcleo común de derechos no derogables y un propósito común de proteger la vida y la dignidad humana",10 y puede haber una sustancial superposición en la aplicación de ambos cuerpos normativos. Ciertas garantías básicas se aplican en todas las circunstancias, incluidas las situaciones de conflicto,11 y ello se refleja, inter alia, en la designación de ciertas protecciones relacionadas con la persona como normas perentorias (jus cogens) y obligaciones erga omnes, en un vasto conjunto de derecho de los tratados, en principios de derecho internacional consuetudinario, y en la doctrina y la práctica de los órganos de derechos humanos como esta Comisión.12 En consecuencia, ambos sistemas normativos pueden aplicarse a la situación bajo estudio.
41. En tercer lugar, la afirmación del Estado de que la aplicación del derecho humanitario podría desplazar totalmente la aplicación de la Declaración
también es incongruente con la doctrina y la práctica del sistema. La Comisión
ha encontrado situaciones que requieren hacer referencia al artículo XXVIII
de la Declaración, que establece que "los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático" desde el inicio de su sistema de casos. La Declaración no tiene por objeto aplicar
términos absolutos ni en el vacío,15 y la Comisión necesariamente ha vigilado la observancia de sus términos con referencia a su doctrina sobre limitaciones permisibles y no permisibles, y a otras obligaciones relevantes que guardan relación con ese tema, incluso el derecho humanitario.16
42. En cuarto lugar, en una situación de conflicto armado, la prueba para evaluar la observancia de un determinado derecho, como el derecho a la libertad, puede, en determinadas circunstancias, ser distinta de la aplicable en épocas de paz. Por esa razón, la regla a aplicarse debe deducirse por referencia a la lex specialis aplicable.17 La Declaración Americana está redactada en términos generales, y no incluye disposiciones
específicas relacionadas con su aplicabilidad en situaciones de conflicto.
en el análisis que sigue, la Comisión determinó que el análisis de las denuncias
de los peticionarios bajo la Declaración dentro de su contexto jurídico y de
hecho, requiere hacer referencia al derecho internacional humanitario, que
una fuente autorizada de orientación y proporciona las normas específicas que
se aplican a las situaciones de conflicto. En el presente caso, las normas
derecho humanitario contribuyen a definir si la detención de los peticionarios
fue "arbitraria" o no de acuerdo con los artículos I y XXV de la Declaración Americana. En general, si bien la Comisión puede considerar necesario apelar
a las normas aplicables del derecho internacional humanitario al interpretar
y aplicar las normas del sistema interamericano de derechos humanos, dos ordenamientos
que ofrecen distintos niveles de protección, la Carta de la OEA le ha impuesto
el mandato de hacer efectiva la normatividad que mejor proteja los derechos
43. Su Estatuto obliga a la Comisión a examinar denuncias que alegan la violación de un derecho protegido en el marco de la Declaración.
El hecho de que la resolución de tal denuncia pueda requerir referencia a
tratado no impide la jurisdicción, y la Corte Interamericana ha respaldado
la práctica de la Comisión de invocar "otros tratados relacionados con la protección de los derechos humanos" en sus resoluciones e informes.18 Si la Comisión declinara ejercer jurisdicción en tal caso, arriesgaría dejar sin protección ciertos derechos fundamentales, en contravención con el mandato que se le ha encomendado.
45. El artículo I de la Declaración Americana establece que todos los seres humanos tienen el derecho a la libertad. El artículo XXV establece
que ninguna persona puede ser privada de ese derecho, excepto de acuerdo
las normas y procedimientos establecidos en leyes preexistentes. Este artículo
especifica, en su parte pertinente, que cualquier persona privada de su libertad "tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida  [y] el derecho a un tratamiento humano durante la privación de su libertad".. De manera que el texto del artículo XXV especifica tres requisitos fundamentales:
en primer lugar, la detención preventiva, por cualquier razón de seguridad
debe basarse en los fundamentos y los procedimientos establecidos por la ley;
en segundo lugar, no puede ser arbitraria; y en tercer lugar, debe contarse
con un control judicial sin demora. En consecuencia, en el presente caso la
Comisión debe establecer la base legal para las detenciones, verificar que
mismas no fueron ilegales ni arbitrarias, y evaluar las salvaguardas y verificar
el control judicial sin demora.
46. Los Estados Unidos han invocado varias bases legales para la detención de los peticionarios. En su presentación del 19 de octubre de
1994, el Estado indicaba que los peticionarios habían sido detenidos por
y de seguridad, para que pudieran ser entregados a las autoridades de Grenada
con el fin de ser enjuiciados por el asesinato de Maurice Bishop y otros.
no fueron considerados por los Estados Unidos como prisioneros de guerra, el
Estado indicó que se les habían otorgado las protecciones correspondientes
esa calificación. Después de la recepción del Informe 13/95 de la Comisión,
el Estado indicó que, en vista de "su prominente posición política en Grenada, y su ubicación en la estructura de comando y control de la oposición armada a las fuerzas estadounidenses y caribeñas", la detención de los peticionarios había estado justificada en virtud del Tercer Convenio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra. También podían ser considerados "detenidos civiles", en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra. El Estado aclaró que los peticionarios no habían sido "arrestados en el ejercicio de una autoridad de justicia penal" y reiteró que había sido necesario detenerlos hasta que pudieran ser entregados a las autoridades de Grenada para su posterior enjuiciamiento. "Ya sea como prisioneros de guerra o detenidos civiles", los Estados Unidos invocaron los Convenios de Ginebra de 1949 como la base legal para la
detención de los peticionarios.
48. Las presentaciones de las partes son equívocas con respecto a si los peticionarios eran civiles con derecho a protección de acuerdo con
el Tercer Convenio de Ginebra o prisioneros de guerra en virtud del Cuarto
Los peticionarios identificaron a algunos de los integrantes de su grupo como "civiles", aunque sin identificación o explicación ulterior. Como se señala, al tratar a los peticionarios tanto como civiles cuanto como prisioneros de guerra, el Estado asumió como posición final que los peticionarios eran "detenidos civiles mantenidos brevemente en custodia por razones de seguridad militar", y que "se les acordaron los derechos y privilegios de quienes podían haber tenido la calidad de prisioneros de guerra porque dicha situación asegura un mayor grado de protección". El Estado afirmó que "desde el punto de vista técnico, ya sea que fueran detenidos como detenidos civiles o como prisioneros
de guerra no importa para los propósitos de decidir esta petición. Fueron tratados de facto de acuerdo con los más altos niveles de protección legalmente disponibles que pueden acordarse a las personas en tal situación".
49. Desde el punto de vista de los hechos, los informes emitidos en la época en que se produjeron los acontecimientos bajo estudio indican que
algunos de los peticionarios eran entonces miembros de una entidad conocida
como Consejo Militar Revolucionario (en adelante "CMR"), y anteriormente habían sido oficiales del Ejército Revolucionario del Pueblo. Según la información
proveniente de fuentes contemporáneas, éstos eran el comandante Hudson Austin,
el teniente coronel Liam James, el teniente coronel Ewart Layne, el mayor
Cornwall, el mayor Dave Bartholomew, el mayor Christopher Stroud, el capitán
Lester Redhead y el teniente Cecil Prime.
Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán en armonía con un procedimiento regular que habrá de ser fijado
por la Potencia ocupante, a tenor de las disposiciones del presente Convenio.
Semejante procedimiento debe prever el derecho de apelación de los interesados.
Se estatuirá sobre esta apelación en el menor plazo posible. Si se mantuvieran
las decisiones, habrán de ser objeto de revisión periódica26
53. Las disposiciones aplicables del Cuarto Convenio de Ginebra confieren a las autoridades sustancial discreción para efectuar la determinación
inicial, caso por caso, de si una persona protegida representa una amenaza
su seguridad, y los antecedentes no proveen base alguna para disputar el argumento
de seguridad alegado en este caso. Sin embargo, el expediente no revela en
medida la decisión de detener a cada peticionario fue realizada de acuerdo
con un "procedimiento regular". Las presentaciones del Gobierno han indicado que los peticionarios fueron detenidos por razones de seguridad, pero han proporcionado
escasa información en cuanto a los procedimientos específicos seguidos por
fuerzas de los Estados Unidos que iniciaron y mantuvieron la custodia.
54. Como se ha señalado, las normas aplicables de derecho internacional humanitario relacionadas con la detención de civiles establecen que el "procedimiento regular" mediante el cual se toman tales decisiones incluya el derecho de los detenidos a ser oídos y a apelar la decisión.27 "Se estatuirá sobre esta apelación en el menor plazo posible". Este derecho a ser oído asegura al detenido que la decisión se tome por lo menos
con una mínima determinación de la necesidad de detener según las circunstancias
del caso. Estas son garantías mínimas contra la detención arbitraria.
56. En el presente caso, con base en el expediente, la Comisión no puede identificar la existencia de salvaguardas en vigor que aseguraran
que la detención de los peticionarios no quedó a la sola discreción de las
de los Estados Unidos encargadas de realizarla. En el expediente no existen
indicaciones de que los peticionarios fueran oídos en cuanto a su internamiento,
o de que tuvieran acceso a una apelación "en el menor plazo posible" ante una autoridad con competencia para ordenar su liberación si ello fuera
57. En circunstancias normales, la revisión de la legalidad de la detención tiene que realizarse sin demora, lo que generalmente significa "tan pronto como sea posible".30 El artículo 78 del Cuarto Convenio de Ginebra indica que la revisión debe llevarse a cabo "en el menor plazo posible". Si bien los Estados Unidos se han referido a diversas fases de sus operaciones militares en Grenada, incluida la "fase de hostilidades" entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1983, sus propios registros indican que la lucha cesó el 27 de octubre de 1983 o alrededor
de esa fecha.31 Los peticionarios quedaron bajo custodia estadounidense por un total de nueve a doce días antes de ser transferidos a la custodia de Grenada o de las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz del Caribe, lo cual significa que fueron retenidos durante seis a nueve días después del cese de las hostilidades sin acceso a ninguna instancia de revisión de la legalidad de su detención. Esta demora, que no es atribuible a una situación de hostilidades activas ni está explicada con otra información en el expediente, era incompatible con los términos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entendida con referencia al artículo 78 del Cuarto Convenio de Ginebra.
59. Si bien la necesidad de proteger los derechos de otros puede proporcionar una base para la limitación de ciertos derechos consagrados
en la Declaración, cualquier restricción de este tipo debe provenir y estar
regida por una ley. Incluso en circunstancias extremas, la Comisión siempre
ha encontrado que la utilización de medidas restrictivas en el marco de la
no puede ser de tal naturaleza que "deje a los derechos individuales de la persona sin protección legal".33 "Ciertos derechos fundamentales nunca pueden suspenderse, como es el caso, entre otros, del derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal o el derecho al debido proceso  en ninguna circunstancia los gobiernos pueden utilizar  la negación de ciertas condiciones mínimas de justicia como un medio para restablecer el orden público".34 Si bien los derechos humanos y el derecho humanitario permiten cierto equilibrio entre la seguridad pública y los intereses de la libertad individual, este equilibrio no permite que el control de una detención corresponda exclusivamente a los agentes encargados de llevarla a cabo.35
60. El internamiento de civiles por razones imperativas de seguridad puede permitirse cuando se establece la base requerida en cada caso
particular, y en el expediente la Comisión no ha hallado nada que permita
la justificación de seguridad presentada por los Estados Unidos. Sin embargo,
las mismas reglas que autorizan a esta medida como una medida excepcional
seguridad requieren que sea puesta en práctica de acuerdo con un procedimiento
regular que permita al detenido ser oído y apelar la decisión "en el menor plazo posible". Tal procedimiento regular requiere que la decisión de mantener a una persona bajo detención no quede en manos de los agentes que efectuaron
la privación de la libertad, y asegure un mínimo nivel de supervisión por parte
de una entidad que tenga autoridad para ordenar la liberación si ello resultara
justificado. Esta es la salvaguarda fundamental contra una detención arbitraria
o abusiva, y las disposiciones pertinentes de la Declaración Americana y del
Cuarto Convenio de Ginebra analizadas más arriba establecen que esa protección
debe acordarse en el menor plazo posible. Teniendo en cuenta que los peticionarios
eran, de acuerdo con el análisis anterior, civiles detenidos por razones de
seguridad, y que fueron mantenidos bajo custodia de las fuerzas estadounidenses
por espacio de alrededor de nueve a doce días, incluso seis a nueve días después
de haber cesado las hostilidades, la Comisión observa que los peticionarios
no contaron con acceso a una revisión de la legalidad de su detención en el
1. Lleve a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados con el fin de determinar y atribuir responsabilidad
a quienes sean responsables de las violaciones, y reparar las consecuencias.
2. Examine sus procedimientos y prácticas para asegurar que, en cualquier instancia en que sus fuerzas armadas puedan ser responsables por
la detención de civiles, se apliquen adecuadas salvaguardas, de acuerdo con
las normas aplicables de la Declaración Americana y más específicamente del
derecho internacional humanitario, de manera que tales personas sean oídas
el menor plazo posible por una autoridad judicial competente con el poder de
ordenar su liberación si la detención fuera considerada ilegal o arbitraria.
64. El 30 de julio de 1999, los Estados Unidos presentaron información en respuesta al Informe 82/99 y las recomendaciones contenidas
en el mismo. Con respecto a la recomendación 1, que requería que el Estado
realizara "una completa, imparcial y efectiva investigación de los hechos denunciados con el fin de determinar y atribuir responsabilidad a quienes fueran responsables por las violaciones pertinentes, y reparara las consecuencias", el Estado indicó que, de conformidad con el procesamiento del presente caso, había investigado las circunstancias que rodearon la detención y el tratamiento de los peticionarios. Este aspecto había sido abordado en la comunicación que el Estado envió a la Comisión el 30 de agosto de 1996. En consecuencia, el Estado indicó que, desde su punto de vista, había "realizado una investigación tan completa, imparcial y efectiva ... como puede razonablemente hacerse". Indicó que, en su opinión, era improbable que una investigación ulterior produjera información material, y que por lo tanto sería injustificada. Además, la comunicación indicó que "en vista de las circunstancias que enfrentaba el personal militar en Grenada entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre de 1983, el Gobierno de los Estados Unidos considera que no hay consecuencias que ´reparar´ con respecto a los peticionarios".
65. En cuanto a la recomendación 2, que requería que el Estado revisara sus procedimientos y prácticas para asegurar que cuando sus fuerzas
armadas detengan a civiles existan las adecuadas salvaguardas, de acuerdo
la legislación aplicable, que aseguren que tales personas sean oídas con la
menor demora posible por una autoridad judicial competente para ordenar su
si la detención fuera considerada ilegal o arbitraria, el Estado informó que "realiza revisiones y evaluaciones regulares de las prácticas y procedimientos descritos por la Comisión". El Estado indicó además que "aplica procedimientos y prácticas que cumplen o exceden las salvaguardas del debido proceso mínimo requerido legalmente en las limitadas instancias en que nuestras fuerzas armadas detienen a civiles en el curso de un conflicto armado".
66. En general, el Estado reiteró su punto de vista de que en todo momento durante los acontecimientos en cuestión, cumplió plenamente
sus obligaciones legales internacionales, incluida la legislación de conflicto
armado, y que su personal siguió las leyes, políticas y prácticas estadounidenses
aplicables. El Estado también reiteró su "vigorosa excepción" a las conclusiones de la Comisión de que (a) los peticionarios habían sido sometidos a "excesiva detención"; (b) que había violado cualquier disposición de la Convención Americana; ( c) "la Declaración Americana constituye una fuente de obligación legal internacional para los Estados Unidos"; y (d) que ciertos aspectos de la legislación sobre conflicto armado, incluidos los Convenios de Ginebra, están dentro del alcance de la jurisdicción de la Comisión. Por último, el Estado reiteró que fue la comisión de actos de homicidio, una manifiesta violación de los derechos humanos por la cual los peticionarios fueron posteriormente condenados, "en combinación con el colapso de las instituciones gubernamentales en Grenada, que precipitó la intervención conjunta ... [y] en última instancia condujo a su breve pero legítima detención".
69. Con respecto a la información provista en cuanto a su segunda recomendación, la Comisión considera en general que "las revisiones y evaluaciones regulares de los procedimientos y prácticas" informadas por el Estado proporcionan un importante mecanismo potencial de supervisión. Sin embargo, el Estado no
ha provisto información específica en cuanto a la revisión de los procedimientos
y prácticas en discusión en este caso a la luz de las violaciones establecidas
de la Declaración Americana y las conclusiones y recomendaciones indicadas
arriba. Las otras consideraciones generales planteadas por el Estado han sido
plenamente abordadas en las secciones precedentes de este informe.
70. Como se señala anteriormente, las normas que permiten el confinamiento de civiles como medida excepcional de seguridad requieren que
tal privación de la libertad se realice de acuerdo con un procedimiento regular
que permita a los detenidos ser oídos y apelar la decisión "con la menor demora posible". Ello asegura que la decisión de mantener a una persona detenida no recaiga en los agentes que efectuaron la privación de libertad,
y asegura un mínimo nivel de supervisión por parte de una autoridad competente
para ordenar su liberación si ello se justifica. No puede dejar de señalarse
enfáticamente que este procedimiento constituye una salvaguarda fundamental
contra una detención arbitraria o abusiva. Como ya se señaló, esa salvaguarda
no fue ofrecida a los peticionarios en este caso con la menor demora posible,
como lo requiere la legislación aplicable.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, D.C., a los 29 días
del mes de septiembre de 1999. (Firmado): Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente,
y Comisionados Alvaro Tirado Mejía, Carlos Ayala y Jean Joseph Exumé.
TEMA: Ocupación estadounidense de Grenada. Presunta privación ilegal de la libertad de los peticionarios. Aplicabilidad simultánea
del Tercer y el Cuarto Convenios de Ginebra y de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre. Incertidumbre en cuanto al status de los peticionarios de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Las nuevas tendencias del sistema de protección de la persona humana exigen la aplicación de los derechos humanos aún en caso de guerra. Las detenciones deben efectuarse de acuerdo con las disposiciones del derecho humanitario, respetando, en la medida en que sea normativa y operativamente posible, la Declaración Americana. En el caso (informe), no se aplicaron armónicamente los dos sistemas de protección.
5. Corresponde señalar desde el principio que no compete formalmente a la Comisión evaluar los motivos políticos de la ocupación estadounidense
de Grenada, aunque en algunas instancias como se verá más adelante- el tema tiene relevancia.
2. Declarar que los Estados Unidos son responsables por la violación del derecho a la libertad, artículo I; del derecho a la
protección contra la privación arbitraria de la libertad, artículo
y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos
civiles, artículo XVII.1 (Énfasis agregado).
14. Por medio de la "respuesta del Gobierno de los Estados Unidos al Informe Nº 13/95" el Estado responde a las conclusiones de la Comisión, alega que las detenciones fueron legales de acuerdo con el derecho
internacional humanitario y defiende la inaplicabilidad de los derechos humanos
en la hipótesis de enfrentamiento militar, la imposibilidad material del recurso
a la autoridad judicial de Grenada durante el conflicto, y la legalidad del
traslado de los detenidos a la penitenciaría de Richmond Hill, una vez concluidas
17. La primera cuestión jurídica que corresponde considerar es la validez simultánea de las convenciones humanitarias y de derechos humanos.
Como es sabido, la CIDH tiene competencia para "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y  servir como órgano consultivo de la Organización [de los Estados Americanos] en esta materia".3
24. Es cierto que compete a la CIDH fiscalizar el cumplimiento de la Declaración y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre
los enunciados de este acuerdo multilateral, el artículo XXV determina que "nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes".
5. () El artículo XXV especifica que en cualquier caso en que un Estado prive a una persona de su libertad, tal acción debe
provenir y ser ejecutada por una autoridad competente, debe realizarse
acuerdo con las leyes prestablecidas, y debe someterse a la brevedad posible
a supervisión judicial.
34. Se llega así a la conclusión de que los dos sistemas normativos internacionales en cuestión -el humanitario y el de derechos humanos-- son aplicables y que, por tanto, compete a la Comisión Interamericana investigar
los procedimientos adoptados por las partes involucradas en el conflicto.
40. La respuesta del Gobierno de los Estados Unidos, a su vez, afirma que "[l]os peticionarios no fueron detenidos en ejercicio de una autoridad judicial penal, sino de acuerdo con el derecho internacional
que rige para las fuerzas armadas en un conflicto internacional armado. () Dada la posición prominente de los peticionarios en el Comité Central del Partido y en Grenada, así como su posición dentro de la estructura de comando y control de la oposición armada a las fuerzas estadounidenses y caribeñas, su detención y tratamiento estaban justificados, de conformidad con el Convenio de Ginebra de 1949 relativa al trato de los prisioneros de guerra (Convenio Tercero), ya que se trataba de llevar adelante objetivos militares legítimos".11
A falta de las disposiciones a este respecto en convenios concertados entre las Partes contendientes para poner fin a las hostilidades,
o a falta de un tal convenio, cada una de las partes en cuyo poder
hallen los prisioneros establecerá por sí misma y ejecutará sin tardanza
un plan de repatriación en armonía con el principio enunciado en el párrafo anterior.12 (Énfasis agregado).
2. miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados,
pertenecientes a una Parte contendiente y que actúen fuera o dentro
propio territorio, aunque este territorio se halle ocupado, siempre que
esas milicias o cuerpos organizados, incluso los movimientos de resistencia
organizados, llenen las condiciones siguientes:
6. la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir a las
tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas
armadas regulares, siempre que lleve francamente las armas y respete
leyes y costumbres de la guerra. (Énfasis agregado).
Las personas protegidas por el () Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949  relativa al trato de prisioneros de guerra, no serán consideradas como personas protegidas en el sentido del presente
Si la potencia ocupante estimase necesario, por razones imperiosas de seguridad, tomar medidas de seguridad respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, a lo más, una residencia forzosa
o proceder a su internamiento.
Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán en armonía con un procedimiento regular que habrá de ser fijado por la Potencia ocupante, a tenor de las disposiciones
del presente Convenio. Semejante procedimiento debe prever el derecho
de apelación de los interesados. Se estatuirá sobre esta apelación en el menor plazo posible. Si se mantuvieren las decisiones, habrá de ser
objeto de revisión periódica, a ser posible semestralmente, mediante
competente constituido por la dicha Potencia. (Énfasis agregado).
56. Por motivos evidentes reconocidos por la doctrina y por innumerables precedentes en los órganos de seguridad y de protección de los derechos humanos de distintas organizaciones internacionalesla fiscalización de los derechos humanos abarca actos practicados en situaciones de conflicto
armado entre las naciones y entre una nación y sus nacionales.
5 Carta, artículo 3 (l); véase Declaración Americana, artículo II; véase también Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz, Resolución XL (1945)
(que indica que una de las metas al iniciarse el sistema regional de derechos
humanos fue la eliminación de violaciones al principio de la "igualdad entre nacionales y extranjeros").
6 Por ejemplo, "Cuando los agentes del Estado, ya sean militares o civiles, ejercen poder y autoridad (jurisdicción o jurisdicción de facto) sobre personas situadas fuera del territorio nacional, deberá presumirse que continúa la obligación
del Estado de respetar los derechos humanos pertinentes". Theodor Meron, "Extraterritorialidad de los tratados sobre derechos humanos", 89 A.J.I.L. (1995) 78, 81; véase también, id., p. 79, n. 7, citando a Thomas Buergenthal, "To Respect and Ensure: State Obligations and Permissible Derogations," en The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights 72, 74 (Louis Henkin ed. 1981).
9 Véase, Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-1/82, "Otros tratados" sujetos a la jurisdicción consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Ser. A No. 1, párrafo 46.
11 Véanse, por ejemplo, Resolución 2675 de las Naciones Unidas (XXV) (1970) (que refleja el reconocimiento de que los derechos fundamentales "se aplican plenamente en situaciones de conflicto armado"); Resolución 237 del Consejo de Seguridad (1967) (en la que se indica que los derechos esenciales e inalienables deben
ser respetados, incluso en épocas de guerra) y Resolución 2252 de la Asamblea
General (ES-V) (1967); Comisión Europea de Derechos Humanos, Chipre c. Turquía,
4 E.H.R.R. 482, párrafos 509-10 (en que se cita la aplicabilidad del régimen
europeo de derechos humanos a situaciones de conflicto, citando la Resolución
13 Véase, en general, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31(3)(c). Si bien la Declaración no es un tratado, la Comisión interpreta sus términos en virtud de su competencia basada en la Carta de la OEA. 14 Corte I.D.H., OC-10/89, supra, párrafo 37, citando CIJ, Consecuencias legales para los Estados, de la continuada presencia de Sudáfrica en Namibia (Africa Sudoccidental) a pesar de la Resolución 276 del Consejo de Seguridad (1970), Opinión consultiva, C.I.J., Informes 1971, págs.16, 31. 15 "Una norma de derecho internacional, ya sea consuetudinaria o convencional, no opera en el vacío; opera en relación con hechos y en el contexto de un marco más amplio de normas jurídicas de las cuales sólo constituye una parte", CIJ, Interpretación del Acuerdo del 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, 1980, C.I.J. 73,
21 El artículo 4 establece que el Tercer Convenio de Ginebra se aplica a los "miembros de las fuerzas armadas de una Parte en el conflicto, y a las milicias o fuerzas voluntarias que forman parte del mismo; los miembros de las milicias deben satisfacer cuatro criterios adicionales, incluso los de "estar comandados por una persona responsable de sus subordinados" y "conducir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra", y "los miembros de las fuerzas armadas regulares que profesan lealtad a un gobierno o a una autoridad no reconocidos por la potencia que los detiene". Los anteriores criterios requieren, en cualquier caso, una jerarquía organizada y conocimiento
y respeto por las leyes y costumbres de la guerra, factores respecto de los
cuales las evidencias de que dispone la Comisión son insuficientes para efectuar
22 Con respecto a la situación alternativa de prisioneros de guerra, suponiendo que ciertos
de los peticionarios hubieran reunido las condiciones para ser considerados
prisioneros de guerra, el artículo 5 del Tercer Convenio de Ginebra podría,
en principio, haber autorizado su confinamiento con el propósito de prevenir
su futura participación en combate. Tal confinamiento puede extenderse sólo
hasta "la cesación de las hostilidades", en cuyo momento el prisionero de guerra debe ser "liberado y repatriado sin demora". El artículo 12 del Tercer Convenio de Ginebra estipula que la potencia que realiza el arresto es responsable por el tratamiento que se da al prisionero de guerra, que por consiguiente, no puede ser arbitrario. En términos de salvaguardas, si existen dudas en cuanto a la situación de una persona que, "habiendo cometido un acto beligerante" ha "caído en las manos del enemigo", el artículo 5 del Tercer Convenio establece que deben acordársele las protecciones de dicho Convenio "hasta el momento en que su situación haya sido determinada por un tribunal competente". No corresponde, sin embargo, que los civiles que caen en las manos del enemigo sean tratados como prisioneros de guerra. Debe
señalarse que el Tercer Convenio de Ginebra establece que los prisioneros de
guerra pueden presentar demandas relacionadas con cualquier aspecto de las
de su detención, a las autoridades militares que los han detenido, así como
a los representantes de las potencias protectoras. Sin embargo, como la situación
de prisioneros de guerra no ha sido planteada a la Comisión en este caso, no
es preciso elaborar más estas consideraciones generales.
24 Con respecto a la competencia de una potencia ocupante para llevar a cabo actividades de
ejecución de las leyes que involucran a civiles, puede hacerse referencia
particular al artículo 70 del Cuarto Convenio de Ginebra, que estipula en la
parte pertinente que "las personas protegidas no podrán ser detenidas, enjuiciadas o condenadas por la Potencia ocupante a causa de acciones cometidas u opiniones expresadas con anterioridad a la ocupación  so reserva de infracciones a las leyes o costumbres de la guerra". En su respuesta al Informe 13/95, el Estado aclaró que los peticionarios "no habían sido arrestados en el ejercicio de autoridad de justicia penal".
25 Véanse, en general, artículo 27, Cuarto Convenio de Ginebra (que establece que las partes de un conflicto pueden adoptar las medidas de control y seguridad que
sean necesarias como resultado de la guerra); artículo 79 (que establece que
una parte "no podrá internar a personas protegidas más que con arreglo a las disposiciones de los artículos 41, 42, 43, 68 y 78"). Los artículos 41, 42 y 43 pertenecen a la Sección II del Cuarto Convenio ("extranjeros en el territorio de una parte contendiente") y, excepto por los procedimientos establecidos en el artículo 43 en lo que se relaciona con el artículo 78, no son directamente relevantes para el presente caso. El artículo 68 se refiere a la detención como medida penal, que, como se señala en la nota precedente, no está en discusión. El artículo 78, que está en discusión, permite a una potencia ocupante utilizar la internación de civiles sólo por "razones imperiosas de seguridad".
27 Si bien al Estado se le acuerda discreción para decidir el procedimiento, debe cumplir
las disposiciones del artículo 43 del Cuarto Convenio de Ginebra. Este último
especifica que el Estado puede actuar a través de "un tribunal o consejo administrativo competente", que "ofrezca las necesarias garantías de independencia e imparcialidad". Comentarios, supra, pág. 260. En cualquier caso, este requisito tiene por objeto asegurar que la decisión se tome en forma conjunta en vez de ser tomada por un individuo. Id. Pág. 369.
28 La aplicación del habeas corpus y otros recursos similares desempeña un papel fundamental en, inter alia, proteger contra el arresto arbitrario y la detención ilegítima, y aclarar la situación de las personas desaparecidas. Tales recursos,
además, pueden "obstruir oportunidades para que las personas ejerzan poder sobre los detenidos cometiendo actos de tortura u otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes". Resolución 34/178 de la Asamblea General de la ONU (1979) (conmemorando el 300o. aniversario de la ley que otorga vigencia
estatutaria al habeas corpus). 29 Véase la nota 34. Véase también, Erica-Irene Daes [relatora especial de la ONU] "Freedom of the Individual under Law", (1990), 179 (observando el papel del habeas corpus como protección básica requerida bajo la Declaración Universal).
31 Véase, la presentación del Gobierno de los Estados Unidos, del 19 de octubre de 1994, página 6 y Anexo B, párrafo 3. Fue en esa época que supuestamente los Estados Unidos comenzaron a interrogar a los detenidos. Id. Ello es congruente con informes contemporáneos que indican que todos los objetivos militares significativos
se hallaban bajo control estadounidense para el 27 o el 28 de octubre de 1983.
El Presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso en la televisión
el 27 de noviembre de 1983, en el cual indicaba que las fuerzas de los Estados
Unidos se hallaban en una "fase de limpieza" ["mopping up"]. New York Times, 28 de octubre de 1983, A10, columnas 5-6. Véase en general, Mayor Bruce Pirnie, "Operation Urgent Fury: The United States Army in Joint Operations" (1986) (documento desclasificado), 133-68 y 169 (donde se señala que la resistencia organizada había cesado el 26 de octubre de 1983).
34 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, OEA/Ser.L/V/II.49, doc.19, págs. 26-27, 11 de abril de 1980. Véase, por ejemplo, CIDH, Informe sobre Colombia, págs. 15-18; CIDH, Diez años de actividades, 341-42; CIDH,
Resolución sobre la protección de los derechos humanos en relación con la suspensión
garantías o "estado de sitio",12 de septiembre de 1968.
35 No puede recalcarse demasiado la importancia de tales salvaguardas. De acuerdo con las
normas actuales de derecho humanitario, el internamiento de civiles "tanto en el territorio de las partes en conflicto como en territorios ocupados está sujeta a normas que habrían proporcionado protección a millones de seres humanos si hubieran sido aplicadas durante la Segunda Guerra Mundial". Comentarios, supra, pág. 372.
2/ Proyecto de Informe sin número de 1998, pág. 13 y 41. 3/ Artículo 1 del Reglamento de la CIDH.
7/ Veáse Convenio de Ginebra relativa al trato de los prisioneros de guerra artículo 2: Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se
aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto
que surja entre dos o varias de las Altas Partes contratantes, aunque el
estado de guerra no haya sido reconocido por alguna de ellas. El Convenio
se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de la totalidad
parte del territorio de una Alta Parte contratante, aunque la ocupación
no encuentre resistencia militar. (Énfasis agregado).
8/ Robert Alexi, importante constitucionalista alemán, examina la existencia de un criterio
hermenéutico que se considera relevante en este caso, aunque no tenga aplicación
Para Alexi, las normas constitucionales se diferencian de las normas infraconstitucionales
por tener aquéllas validez en cualquier circunstancia, siendo un contrasentido
decir que cierto principio constitucional fue "revocado" por otro. Sin embargo, se sabe de la existencia de conflictos entre principios constitucionales que, de acuerdo con el autor, sólo pueden resolverse mediante "una ley de colisión" elaborada judicialmente para cada caso especifico. Para un estudio más profundo, véase Alexi, R. (1993), Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pág. 86 y 87.
10/ En verdad, el Gobierno de Grenada sólo delegó los poderes de policía a las fuerzas de ocupación después de cesar las hostilidades, por medio de la ordenanza Nº 1 de 1983. 11/ "Respuesta del Gobierno de Estados Unidos al Informe Nº 13/95 sobre el caso 10.951 (Grenada)." Pág. 4.
12/ Convenio de Ginebra relativa al trato de los prisioneros de guerra. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: artículo 54
 artículo 70
 resolución 
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución

 artículo 31
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 70
 artículo 27
 artículo 79
 artículo 43
 artículo 78
 artículo 68
 artículo 78
 artículo 43
 Resolución 

Resolución 
 Artículo 1
 artículo 2