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Timestamp: 2017-11-24 13:06:52+00:00

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Home 2012 Julio 2012 Impuesto sobre la renta
· Los proyectos de infraestructura presentados ante el CIEPA deberán venir acompañados de los estudios de factibilidad o pre-inversión que permitan verificar los criterios de evaluación del proyecto atrás indicados.
· El demandante consideró que el artículo 317 de la Constitución Política consagra al menos tres parámetros normativos: primero, que los municipios están autorizados para gravar la propiedad inmueble; segundo, que únicamente los municipios están autorizados para ello y por lo tanto ni los departamentos ni la Nación, y por consiguiente tampoco el legislador, tienen esa autorización; tercero, que esta competencia exclusiva de los municipios se contrae a la posibilidad de gravar a los propietarios de bienes inmuebles, y en consecuencia no es válido gravar a los tenedores de los mismos.
· Sobre el particular, la Corte no comparte la interpretación acerca de que el artículo 317 de la Carta autoriza a gravar sólo a los propietarios de bienes inmuebles, y prohíbe cualquier clase de gravamen sobre personas como los tenedores, que tienen un título distinto al de dominio sobre dichos bienes. El demandante argumenta que una conclusión distinta a esa es irrazonable, ya que si el Constituyente hubiera deseado hacer una autorización semejante no habría usado los vocablos “propiedad inmueble” sino otros que fueran más claros para esos efectos tales como “propiedad o tenencia de inmuebles”. No obstante, esa forma de argumentar es poco convincente para la Corte, y de hecho se devuelve contra la pretensión del ciudadano, pues en ese sentido también sería válido decir que si el Constituyente hubiera querido prohibir los gravámenes sobre los tenedores de inmuebles lo habría dicho expresamente así, y que como no lo hizo no puede derivarse de la Constitución una prohibición de ese género.
· Así las cosas, en criterio de la Corte, la norma constitucional invocada como parámetro no le impide al Congreso que mediante una Ley incluya a los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión dentro del grupo de sujetos pasivos del impuesto predial y de la contribución por valorización. El artículo 317 de la Constitución, interpretado en el contexto de las demás normas constitucionales relevantes en un Estado democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria y descentralizada, dispone expresamente que “sólo los municipios [pueden] gravar la propiedad inmueble” pero este enunciado no le establece un limitante al legislador para hacer una regulación como la que contiene el artículo 54 (parcial) de la Ley 1430 de 2010.
· En ese orden de ideas, la DIAN entiende que al existir una definición técnica del concepto de “hidrocarburos”, por parte del Ministerio de Minas y Energía fijada mediante acto administrativo, el agente retenedor deberá practicar retención en la fuente por los ingresos provenientes del exterior en el caso de ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros, de acuerdo con los porcentajes fijados en el reglamento, teniendo en cuenta para cada caso las definiciones técnicas citadas por la Administración.
· La DIAN señala el artículo 175 del Decreto - Ley 0019 de enero 10 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámite sin necesarios existentes en la Administración Pública”, modificó el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio, eliminando la obligación de inscribir en el registro mercantil los libros de contabilidad.
· Ahora bien, la Administración entiende que la ley es obligatoria y surte sus efectos desde el día en que ella misma se designa, y en todo caso después de su promulgación. Así las cosas, toda vez que el Decreto - Ley 0019 de 2012 fue publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, a partir de dicha fecha quedó derogada la obligación relativa a tener inscritos los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio, como presupuesto para que las nuevas pequeñas empresas puedan acceder al beneficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios prevista por la Ley 1429 de 2010.

References: artículo 317
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 54
 artículo 175
 artículo 28