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Timestamp: 2018-03-21 01:07:08+00:00

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Jurisprudencia ADR - circular_por_poblacion_pudiendolo_hacer_por_vias_alternativas
JUR 2005\13128
Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 778/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 15 septiembre
Recurso contencioso-administrativo núm. 2769/1998.
Recurso nº 2769/1998
Partes: ALAS PETROLIS S A C/ DIRECCION GENERAL DE TRAFICO J T BARCELONA
S E N T E N C I A Nº 778
En la ciudad de Barcelona, a quince de septiembre de dos mil cuatro.
D./Dª DIMITRY T. BERBEROFF AYUDA , Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Sección Segunda), constituída en un solo Magistrado, de conformidad con la Disposición Transitoria Única 2, de la Ley Orgánica 6/1998, para la resolución, de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 2769/1998, interpuesto por ALAS PETROLIS S A, representado por ,Letrado Jordi Palomar Sepúlveda contra DIRECCION GENERAL DE TRAFICO J T BARCELONA, representado y asistido por Abogado del Estado.
PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso- administrativo contra .la resolución de 31 de julio de 1998 por la que se confirma la resolución en el expediente 08/005485056-5 tramitado por la Jefatura de Tráfico de Barcelona
TERCERO.- . Se continuo el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes a tenor de los escritos que obran en autos y finalmente se señaló dia y hora para votación y fallo que tuvo lugar el 23 de julio de 2004
CUARTO.- Se significa que la presente sentencia se dicta por un solo Magistrado, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Ünica de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, y del Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 30 de abril de 1999. En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
PRIMERO.-A través del presente recurso jurisdiccional, la Sociedad Limitada Alas Petroli SA, esgrime una pretensión anulatoria dirigida contra Resolución del Director General de Tráfico de 31 de julio de 1998 dictada por delegación del Ministerio del Interior, que desestima recurso ordinario contra resolución recaída al expediente número 08005485056-5 por la que se impuso a dicha mercantil la sanción de 100.000 Ptas como consecuencia de la infracción tipificada en el art. 36.6 del Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de mercancias Peligrosas por Carretera (TPC), con relación al art. 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y concordantes de la Ley 16/87, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres
SEGUNDO.-Los hechos que se imputan a la recurrente, y que dan lugar a la sanción impuesta, consisten en que se constató que el camión propiedad de la recurrente, circulaba transportando 16.000 kilogramos de gasóleo incumpliendo las limitaciones de circulación, al circular por población pudiéndolo hacer por vías alternativas.
La recurrente articula en su demanda dos argumentos impugnatorios contra la sanción impuesta, el primero de ellos basado en la falta de tipicidad de los hechos que se le imputan, y el segundo de ellos, en la falta de competencia de la Administración estatal para sancionar el hecho, toda vez que a su parecer, el órgano competente es el Alcalde, dado que los hechos se produjeron en una vía urbana.
Pero, en todo caso, la prohibición no hay que entenderla de un modo tan absoluto que impida admitir "la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora" (STC 3/1988, de 21 de enero)
En fin, el Tribunal Constitucional ha declarado la ilegitimidad de las cláusulas sancionadoras residuales, por las que se castiga genéricamente la infracción de los deberes contemplados en una norma, en cuanto remitan su concreción no a normas con rango de Ley sino a reglamentos.
Así, la sentencia 341/1993, de 18 de noviembre, enjuició la constitucionalidad del apartado "j" del art. 26 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) en el que se establecía una regla de carácter residual por la que se calificaban como infracciones leves cualesquiera incumplimientos de obligaciones o vulneración de prohibiciones establecidas ya en la propia Ley Orgánica o en leyes especiales y -éste era el inciso tachado de inconstitucional- "en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas", remisión a reglamento que -dijo- "ha de ser considerada inconstitucional, pues en modo alguno puede la ley habilitar o remitir al reglamento para la configuración ex novo de obligaciones o prohibiciones cuya contravención dé origen a una infracción sancionable. Una tal remisión a normas infralegales para la configuración incondicionada de supuestos de infracción no es conciliable con lo dispuesto en el art. 25-1 de la Constitución ".
CUARTO,.A la vista del resumen de la doctrina constitucional contenida en líneas anteriores, se evidencia la necesidad de rechazar el primer motivo de impugnación y ello con base a las siguientes consideraciones.
El análisis del argumento de impugnación, exige partir del art. 36. 6 del RD 74/1092, en cuya virtud , se considera infracción grave, de acuerdo con lo establecido en el art. 141 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: " El incumplimiento de las limitaciones a la circulación previstas en los arts. 10 y 11, así como el estacionamiento del vehículo sin respetar las normas fijadas para ello en el marginal 10.321 del anexo B de este Reglamento ".
Por su parte, el art. 11 de dicho Real Decreto 74/1992 dispone que "Los vehículos que transporten mercancias peligrosas, cuando existan itinerarios alternativos por autopista o autovía, deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que por sus características sean objeto de las restricciones a que hace referencia el artículo anterior.
Tales circunvalaciones deberán estar convenientemente señalizadas."
En consecuencia, del precepto analizado se infiere con claridad que los vehículos que transporten mercancias peligrosas deben utilizar " inexcusablemente " las vías que circunvalen las poblaciones, justificándose únicamente la entrada a la población en ciertos supuestos, como cuando hayan de realizarse en ellas operaciones de carga y descarga, y por causas justificadas de fuerza mayor.
No cabe duda que en el caso que nos ocupa, tal y como se infiere del boletín de denuncia, así como de las actuaciones posteriores realizadas en vía administrativa, y de las propias alegaciones de las partes, el camión de la recurrente fue interceptado en una vía urbana, concretamente en la Avenida 11 de septiembre a la altura del número 140, de la ciudad del Prat de Llobregat y por ende dentro de la población.
Frente a ello, la mercantil recurrente aduce que resultaría de aplicación la excepción prevista en el art. 11 del RD 74/1992, desde el momento que la presencia del camión dentro de la población del Prat de Llobregat respondía a la finalidad de suministrar al consumidor final el gasóleo, no encontrándose por tanto transportando materia peligrosa en tránsito.
Esta alegación, se encuentra huérfana de toda justificación, toda vez que en ningún momento ha sido realizada prueba alguna tendente a su demostración, sin que sea posible concluir la veracidad de la misma a partir de lo que la propia recurrente denomina albarán de circulación, que obra en el expediente administrativo, toda vez que dicho documento identificado, por el número 443, de fecha 3 de septiembre de 1997, hace referencia a diversas entregas de gasóleo, en distintas poblaciones, si bien a partir del mismo cabe objetar las siguientes consideraciones: en primer término, de dicho albarán se infiere que el camión salió del almacén con 8000 litros de gasóleo, no correspondientes por ende con los 16.000 litros, que según consta acreditado, transportaba el camión cisterna en el momento de su interceptación por la policía local; por otro lado, aparecen entregas de gasóleo en las poblaciones de San Andreu, Molins de Rei y Gavá, especificando los litros de gasóleo entregados en dichas poblaciones, obrando no obstante en la tercera línea horizontal de dicho albarán, la localidad del Prat de Llobregat, una empresa (Bolet Trans SL) ubicada en el polígono Carretera Rivas , si bien con relación a ésta, no consta ni los litros de gasóleo entregados, ni tampoco que dicha empresa se encontrase ubicada en una vía urbana, que eventualmente justificase la presencia del camión en una vía de la misma naturaleza, toda vez que dicha empresa aparece en el albarán ubicada dentro de un polígono que su vez hace referencia a una carretera.
Por ello, ante la falta de justificación del alegato de la recurrente, en torno a la aplicación de la excepción del artículo 11 del Real Decreto 74/1992, el primero de los argumentos debe decaer.
QUINTO.- Por lo que se refiere a la Administración competente para sancionar el hecho arriba descrito, debe confirmarse la competencia en el caso que nos ocupa de la Administración periférica estatal, a través del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
En efecto, el art. 146 de la Ley 16/87 de 30 de julio, en la redación vigente en la fecha de los hechos, ninguna luz arroja sobre la Administración y órgano competente específico para la imposición de la sanción aquí combatida, toda vez que la competencia - según expresa- " corresponderá los órganos que legal o reglamentariamente la tengan atribuida .
" El artículo 32 del RD 74/1992 remite el art. 146 de la Ley 16/87 de 30 de julio proclamando ya su condición de desarrollo reglamentario especial del propio Real Decreto, con relación al Capítulo 1 del Título Quinto de la Ley 16/1987 respecto del transporte de mercancias peligrosas por carretera.
Finalmente, debe constatarse que el art. 7. A del Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo no puede esgrimirse válidamente como pretende el recurrente, para fundamentar la competencia del municipio para la imposición de la sanción combatida, por cuanto si bien el hecho se produce en una vía urbana, se desconoce en primer término la titularidad municipal de la misma, tal y como exige el art. 7. A para la sanción de los hechos que se produzcan en dichas vías urbanas, y por otra parte, dicho precepto parece atribuir de forma subsidiaria la potestad sancionadora al municipio, únicamente cuando la sanción de dichos hechos " no esté expresamente atribuida a otra Administración ".
Asimismo, el artículo 68 .2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, apunta que la sanción por infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los respectivos Alcaldes, si bien los Gobernadores Civiles (hoy Delegados del Gobierno) asumirán esa competencia cuando por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida por los Alcaldes.
A la vista de lo expresado, cabe concluir que de una interpretación conjunta de los artículos 68.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, del artículo 204 del Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre y del el artículo 17.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, debe inferirse que la competencia para imponer sanciones como la aquí impugnada, corresponde al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, siendo competente para conocer del recurso ordinario (hoy alzada) contra la resolución sancionadora, el Ministro del Interior, quien podrá delegar en el Director General de Tráfico.
Refuerza la anterior conclusión, la circunstancia, de que en todas aquellas infracciones que fundamentalmente constituyen materia de seguridad vial, la competencia para sancionar las infracciones que incidan sobre dicho título o materia, corresponden a los órganos competentes en relación con la ordenación del tráfico y seguridad vial, tal y como se infiere el art. 146. 1 de la Ley 16/1987, del artículo 204.2 del Real Decreto 1211/1990 y del artículo 32 del Real Decreto 74/1992, afectando sin lugar a dudas a la seguridad vial, la infracción apreciada por la Administración
Si acudimos al expediente administrativo, con absoluta claridad se infiere que la imposición de la sanción ha sido verificada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que el recurso interpuso contra la misma ha sido resuelto por el Director General de Tráfico, por delegación del Ministro del Interior, sin que pueda entenderse que la sanción haya sido impuesta por la Jefa accidental de la Unidad de Sanciones, quien únicamente procedió a notificar la resolución del Delegado del Gobierno, por todo lo cual, se impone la desestimación del presente recurso jurisdiccional.
SEXTO.-De conformidad con art. 131 LRJCA al no apreciarse mala fe ni temeridad en ninguna de las partes, no ha lugar a hacer especial pronunciamiento en costas
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Sociedad Limitada Alas Petroli SA, contra la resolución arriba expresada, por ser conforme a Derecho. Sin costas

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 68
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 204
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 204
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución