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Cristina Henríquez Rivero
1 Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y Resoluciones Bancarias2 Índice temático Introducción...11 Exposiciones de Motivos...17 Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB)...63 Obligaciones Garantizadas (OG), (Arts. 6 a 9)...64 Exclusiones del Pago de Obligaciones Garantizadas (Art. 10)...64 Pago de Obligaciones Garantizadas (POG), (Arts. 11 a 19)...65 Cuotas, (Arts. 20 a 27)...66 Contratación de financiamiento contingente, (Arts. 45 a 48)...68 Junta de Gobierno (JG), (Arts. 74 a 82)...73 Secretario Ejecutivo, (Arts. 83 y 84)...76 Sanciones, (Título Quinto-Arts. 90 a 94)...78 Destino cuotas, (Décimo Transitorio)...84 Ley de Instituciones de Crédito (LIC)...97 Banco Puente, (Arts. 27 Bis 1 a 27 Bis 6) Causales de Revocación, (Art. 28) Plazo de audiencia en caso de revocación, (Art. 29 Bis) Régimen de Operación Condicionada (ROC), (Arts. 29 Bis 2 a 29 Bis 5) Comité de Estabilidad Bancaria (CEB), (Arts. 29 Bis 6 a 29 Bis 12) Créditos del Banxico de última instancia con garantía accionaria de la Institución de Banca Múltiple (IBM), (Arts. 29 Bis 13 a 29 Bis 15) Crédito del IPAB a la IBM para pagar a Banxico, (Art. 29 Bis 15) Requerimientos de Capital y Suplementos - CNBV, (Arts. 50 y 50 Bis) Ring Fencing, (Art. 74) Requerimientos de Liquidez y Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, (Art. 96 Bis 1) Prohibiciones de las IBM, (Art. 106) Sanciones administrativas, (Arts. 107 a 109 Bis 8) Sanciones impuestas por el IPAB, (Art. 108 Bis 3) Programas de Autocorrección, (Arts. 109 Bis 9 a 110 Bis 1) Delitos en los procesos de Liquidación y/o Liquidación Judicial, (Art. 114 Bis 5) Planes de Contingencia - CNBV, (Art. 119)...2423 Ley de Instituciones de Crédito (LIC)...97 Planes de Resolución - IPAB, (Art. 120) Clasificación de las IBM en categorías en función de su ICAP - CNBV, (Art. 121) Medidas correctivas (Acciones Correctivas Tempranas), (Art. 122) Solicitud de información del IPAB a IBM (OG, cuotas) e intercambio de información con CNBV, (Art. 123) Clasificación de información y visitas de inspección - IPAB, (Art. 124) Intervención (CNBV) y administrador cautelar (IPAB), (Arts. 129 y 130) Facultades del administrador cautelar, (Art. 131) Métodos para la resolución de una IBM, (Art. 148) Saneamiento mediante apoyos, (Arts. 151 a 155) Saneamiento mediante créditos, (Arts. 156 a 164) Liquidación de IBM (L), (Arts. 165 a 220) L: Compensación de OG vs saldos vencidos de operaciones activas, (Art. 175) L: Prelación de Pago Liquidación (Orden de pago de créditos a cargo de la IBM en liq.), (Art. 180) L: Reservas para litigios, (Art. 182) L: Operaciones de Liquidación y Regla de Menor Costo, (Arts. 186 y 187) L: Procedimiento POG, (Arts. 188 y 189) L: P&A (transferencia de activos o pasivos), (Arts. 194 a 196) L: Transferencia de activos o pasivos a un Banco Puente, (Art. 197) L: POG en casos sistémicos, (Art. 198) L: Enajenación de bienes, (Arts. 199 a 215) L: Actos de cierre de la Liquidación, (Arts. 216 a 220) Disolución y liquidación convencional de una IBM, (Arts. 221 a 224) Liquidación Judicial (LJB), (Arts. 225 a 270) LJB: Declaración de LJB, (Arts. 227 a 232) LJB: Referencias actos y operaciones del Liquidador Judicial relacionados con la Liquidación, (Art. 233) LJB: IPAB como Liquidador Judicial y Rendición de cuentas (informe bimestral), (Arts. 234 y 236) LJB: Reconocimiento de créditos, (Arts. 239 y 240) LJB: Prelación de pago, (Art. 241 a 245) LJB: Convenio de pago con acreedores reconocidos, (Art. 246) LJB: Reservas para litigios, (Art. 247) LJB: Enajenación de bienes, (Art. 258) LJB: Actos de cierre de la Liquidación Judicial, (Arts. 263 a 265) LJB: Imposibilidad de suspender el proceso por causa de interés público, (Art. 266)...3174 Ley de Instituciones de Crédito (LIC)...97 Asistencia, defensa legal y responsabilidad, (Arts. 271 a 274) Evaluación de desempeño de las IBM, (Arts. 275 a 281) Transitorios (T) T: Plazo para que la JG del IPAB expida las disposiciones relativas a cuotas, (TRIGÉSIMO QUINTO-X) Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) Autorización para la separación de integrantes de un Grupo Financiero, (Art. 16) Nombramientos de consejeros de las Sociedades Controladoras, (Art. 35) Nombramiento del Director General y las 2 jerarquías inmediatas, (Art. 60) Enajenación de acciones de la serie F representativas del capital social, (Art. 75) Protección de los intereses del público, (Arts. 116 a 121) Convenio Único de Responsabilidad (CUR), (Art. 119) Responsabilidades de la Sociedad Controladora derivadas del CUR, (Art. 120) Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), (Art. 180) Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), (Art. 185) Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) Liquidación de sociedades, Artículos 234 a Ley de Amparo Ley de Concursos Mercantiles (LCM) Apéndice Índice por Artículo Misión / Visión e Integrantes de la Junta de Gobierno...4645 Presentación on la promulgación de la Reforma Financiera, el 10 de enero de 2014, se culminó C un arduo trabajo legislativo mediante el cual se modificaron y enriquecieron 34 leyes, a través de 13 decretos, con la colaboración de las diferentes autoridades financieras de México y contó con el trabajo decisivo del H. Congreso de la Unión. Esta Reforma recoge las mejores prácticas prudenciales a nivel internacional. Ésta es una reforma estructural que permitirá fortalecer al sistema financiero y contribuirá al desarrollo productivo del país. La Reforma Financiera impulsa la competencia bancaria y el acceso al crédito al robustecer la certeza jurídica, con lo que se democratizan los beneficios del sector financiero a favor de las familias mexicanas, y de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, la Reforma Financiera plantea una estrategia integral basada en cuatro ejes fundamentales: El primero de ellos, fortalece el estado de derecho al contar con un entorno jurídico que permite que la banca preste en mejores condiciones. El segundo objetivo incrementa la competencia en el sector, en virtud de que ésta es la mejor herramienta para lograr más eficacia y eficiencia, y para generar incentivos para la innovación y la mejora continua, lo que significará más crédito y más barato en beneficio de las familias y del sector productivo. En tercer lugar, dinamiza a la banca de desarrollo para ampliar el crédito, flexibilizando su mandato y emprendiendo acciones que fortalecen su actuar y promueven la inclusión financiera. Finalmente, el cuarto, establece la importancia de mantener la solidez y la prudencia financiera de México, es decir, la expansión del crédito debe darse en un contexto que mantenga la estabilidad alcanzada y permita que el desarrollo sea sostenido y de largo alcance. Para incrementar la solidez del sector, la Reforma Financiera fortalece las facultades de las autoridades ante una contingencia bancaria y promueve la coordinación interinstitucional. En particular, introduce la figura de Liquidación Judicial Bancaria, que es un esquema específico para la liquidación ordenada de instituciones bancarias insolventes, es decir, aquellas cuyos activos sean insuficientes para cubrir sus pasivos. Este esquema brinda certeza jurídica al proceso de liquidación, al quedar tutelado por un órgano jurisdiccional federal. Entre las principales ventajas de la Liquidación Judicial se encuentra el establecimiento de plazos definidos que permiten dar celeridad a dicho proceso, en comparación con los plazos asociados con la Ley de Concursos Mercantiles, normativa que regía las liquidaciones bancarias antes de la Reforma Financiera. p r e s e n t a c i ó n6 Asimismo, esta Reforma fortalece el marco normativo en materia de resoluciones bancarias al prever, entre otros, la elaboración de planes de resolución de instituciones por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la realización de transferencias parciales de pasivos y la reducción de los trámites para el pago de obligaciones garantizadas en beneficio del ahorrador. A través de estas mejoras se logra incrementar la certidumbre jurídica de los procesos de liquidación bancaria, se reducen los plazos asociados y se maximiza el valor de recuperación de los activos, lo que en última instancia, contribuirá a disminuir el costo de resoluciones futuras. El presente compendio del Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y Resoluciones Bancarias permite integrar en una sola publicación las diversas leyes relacionadas con el sistema de protección al ahorro bancario, como una herramienta útil de consulta y apoyo para los interesados en el tema. Dr. Fernando Aportela Rodríguez Subsecretario de Hacienda y Crédito Público p r e s e n t a c i ó n7 Prólogo El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), fue creado con posterioridad a la crisis financiera de mediados de los noventa y se le dotó de diversas funciones, de entre las cuales merecen especial atención: por un lado, operar y hacer efectivo el seguro de depósito establecido para garantizar el patrimonio de los ahorradores, por otro lado, otorgar a las instituciones de banca múltiple apoyos financieros a fin de proteger los intereses del público ahorrador y evitar el contagio sistémico y, en última instancia, servir como autoridad rectora en el procedimiento de salida del sistema de aquellas instituciones que no puedan solventar sus problemas financieros. A partir de entonces, a través de la legislación nacional, se fue construyendo un esquema jurídico para abordar y resolver los problemas que pueden llegar a enfrentar las instituciones de banca múltiple, señaladamente cuando se ponga en riesgo su liquidez, estabilidad o incluso su solvencia. Este esquema se compone de tres etapas sucesivas: A. En 2004, se incorporó al marco legal entonces vigente el régimen de acciones correctivas tempranas o alertas tempranas, que sentó las bases para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): realizara la clasificación de las instituciones de banca múltiple en categorías, con base en su índice de capitalización (ICAP); identificara de manera oportuna a aquéllas cuya situación financiera se encuentre en proceso de deterioro; y, más importante, se adoptaran medidas para corregir los problemas en tiempo oportuno. Una de las ventajas de esta etapa es la detección oportuna de las situaciones que pudieran afectar la operación de las instituciones, además de promover que el IPAB se involucre con suficiente anticipación para definir e implementar, en su caso, el método de resolución más conveniente. B. Posteriormente, en 2006 se impulsó la inclusión, en el marco jurídico aplicable a las instituciones de crédito, del régimen de resoluciones bancarias. Esta etapa fue diseñada ante la posibilidad de que algunas instituciones bancarias no lograsen resolver sus problemas financieros a través del esquema de acciones correctivas. En esta etapa, la legislación faculta al IPAB para incluso la toma de control y la administración de una entidad financiera, a fin de determinar e implementar el método de resolución más adecuado. Con ello, se permite salvaguardar los intereses del público ahorrador y en general del sistema financiero, al maximizar la recuperación de activos a través de dos métodos de resolución: saneamiento o liquidación/disolución de instituciones de banca múltiple, evitando el contagio sistémico y procurando al mismo tiempo la coordinación de las autoridades financieras en la aplicación de dichos procedimientos. p r ó l o g o8 C. A pesar de los avances legislativos enunciados, una asignatura quedaba pendiente: la relativa a establecer un procedimiento especializado para el tratamiento de la quiebra de una institución de banca múltiple, puesto que esta figura se seguía rigiendo por la legislación general de concursos mercantiles. Aún y cuando esta ley contara con un capítulo dedicado al concurso o quiebra de entidades financieras, resulta evidente que éste era insuficiente para atender la especialidad requerida en esa materia tratándose de un banco y mantenía diversas deficiencias, tales como lentitud en su sustanciación; ausencia de privilegios de prelación de los depositantes frente a los acreedores comunes de la institución, y carencia de mecanismos eficientes para la recuperación de los activos, entre otros problemas. Es así que, finalmente, en el marco de la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero pasado, se regula el procedimiento denominado liquidación judicial, y que habrá de ser aplicable para instituciones de banca múltiple que se encuentren en estado de extinción de capital, entendiendo como tal el supuesto que se actualiza cuando los activos de la institución no son suficientes para cubrir sus pasivos. Con esta tercera etapa se deroga el procedimiento de quiebra de las instituciones de banca múltiple que estaba previsto en la Ley de Concursos Mercantiles. La culminación de esta tercera etapa a través de la Reforma Financiera requirió de un gran esfuerzo y dedicación para todo el equipo de trabajo en el que participaron las distintas autoridades del sector financiero de nuestro país. La experiencia internacional sirvió también como referencia en los trabajos de elaboración de la iniciativa propuesta al Congreso de la Unión. Entre las medidas que se integran como parte del esquema aprobado en la reciente reforma, destacan: (i) otorgar el carácter de liquidador judicial al IPAB, considerando la intervención del juez en todas las etapas de la liquidación judicial bancaria, lo que le da certeza jurídica a las partes; (ii) integrar un procedimiento expedito para el pago de obligaciones garantizadas y para el reconocimiento de acreedores de la institución; (iii) agilizar la enajenación de bienes bajo los principios de economía, eficacia, imparcialidad y transparencia, buscando en todo momento las mejores condiciones y los plazos más cortos de recuperación de recursos; (iv) reconocer la preferencia en el orden de pago y prelación a los ahorradores del banco; (v) no suspender el proceso de liquidación judicial, resolviendo cualquier controversia por la vía incidental y; (vi) permitir la constitución de reservas para dar certeza jurídica a los acreedores que han entablado juicios en contra de la institución bancaria en liquidación judicial, para el caso de que éstos se resuelvan una vez terminado el proceso. Sin duda alguna, con este procedimiento especial de liquidación judicial bancaria, México se coloca a la vanguardia en el ámbito de resoluciones bancarias, al tomar en consideración las diversas experiencias internacionales de las crisis recientes. Asimismo, es a través de esta última reforma, que el IPAB logra consolidarse no sólo como el administrador y operador del seguro de depósito, sino como el actor central en los procedimientos ya sea para la estabilización financiera de un banco, como para su liquidación y salida ordenada del sistema financiero mexicano. Dr. Javier Laynez Potisek procurador fiscal de la Federación SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO p r ó l o g o9 Índice I. Introducción...11 II. Exposiciones de motivos de Iniciativas de legislación relevante para el Instituto a. Exposición de motivos de la Iniciativa de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de fecha 18 de noviembre de b. Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de fecha 30 de marzo de c. Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la Ley del Mercado de Valores, de fecha 8 de mayo de III. Ley de Protección al Ahorro Bancario...63 IV. Ley de Instituciones de Crédito...97 V. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Artículos con referencia expresa al Instituto) VI. Ley General de Sociedades Mercantiles (Artículos aplicables a actos del Instituto) VII. Ley de Amparo (Artículos relacionados con actos del Instituto como autoridad financiera) VIII. Ley de Concursos Mercantiles (Régimen transitorio aplicable a procesos en curso al 10 de enero de 2014) í n d i c e 810 I INTRODUCCIÓN11 Introducción erivado de la Reforma Financiera presentada por el C. Presidente de la República D y que contó con la participación activa del H. Congreso de la Unión y de las autoridades financieras, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta actualmente con el marco legal que refuerza su actuación en procesos de resoluciones bancarias, a favor de la protección de los ahorradores. A quince años de su creación, el Instituto tiene mayores atribuciones y responsabilidades derivadas, tanto del ordenamiento que le dio origen, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, como de la Ley de Instituciones de Crédito, y de otros ordenamientos legales que brindan el marco jurídico para el cumplimiento de sus mandatos, en línea con su Visión, Misión y Valores institucionales. A lo largo de estos años, el andamiaje jurídico relacionado con la protección al ahorro bancario y resoluciones bancarias se ha ido fortaleciendo de forma continua en tres etapas sucesivas: i) Acciones Correctivas Tempranas, finalizada en 2004; ii) Resoluciones Bancarias, incorporada en 2006, y iii) Liquidación Judicial Bancaria, contenida en la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de Estas mejoras han incorporado la propia experiencia nacional, así como las mejores prácticas internacionales. Con la incorporación del esquema de Liquidación Judicial Bancaria, los procesos de liquidación de instituciones de banca múltiple con problemas de solvencia serán más eficientes al establecer plazos definidos en cada etapa del proceso, lo que permitirá dar celeridad a la enajenación de activos y maximizar el valor de recuperación de éstos, al tiempo que brinda mayor certeza jurídica a la liquidación. Esta publicación denominada Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y Resoluciones Bancarias constituye un trabajo de compilación que reúne la legislación aplicable al IPAB, a las instituciones de crédito y, en general a los actos de las autoridades de la Red de Seguridad Financiera, incluyendo las exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante, que permiten conocer y entender la evolución del marco legal del sistema financiero, en particular, de la creación del Instituto, así como del régimen de alertas tempranas, resoluciones bancarias y el nuevo proceso de Liquidación Judicial Bancaria, con lo que se ha concretado un importante ciclo de fortalecimiento al andamiaje jurídico. Con la Reforma Financiera se realizaron modificaciones relevantes a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Amparo y la Ley de Concursos Mercantiles; mismas que se incluyen en la presente compilación y que fortalecen la labor del IPAB, a la vez que consolidan nuestras facultades y contribuyen al logro de nuestro objetivo principal: ser el garante de los depósitos de los pequeños y medianos ahorradores. i n t r o d u c c i ó n 1112 El presente trabajo editorial ha reunido en un solo tomo dicho régimen legal, como un documento de consulta y apoyo para el quehacer institucional, así como para los interesados en tan importantes temas relacionados con el sistema de protección al ahorro bancario. C.P. Lorenzo J. Meade Kuribreña Secretario ejecutivo INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO i n t r o d u c c i ó n 1213 14 15 II EXPOSICIONES DE MOTIVOS DE INICIATIVAS DE LEGISLACIÓN RELEVANTE PARA EL INSTITUTO16 17 A. Exposición de motivos de la Iniciativa de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de fecha 18 de noviembre de 1998 I. INTRODUCCIÓN Desde los años setentas y hasta la fecha muchos países han experimentado crisis bancarias. Estos fenómenos, ocasionados por un conjunto de factores macro y microeconómicos, tanto externos como internos, han tenido lugar en países desarrollados o en vías de desarrollo. Dichas crisis han puesto en evidencia la enorme vulnerabilidad del sistema financiero en el cual confluyen la gran mayoría de las transacciones de carácter económico, así como el crecimiento desmesurado del volumen de las propias transacciones financieras y, sin lugar a dudas, también el desarrollo complejo y sofisticado de los instrumentos financieros. Es pertinente no olvidar que el fenómeno de las crisis bancarias coincide, en su mayor parte, con el proceso de integración de los mercados de capitales y el crecimiento en el volumen de transacciones internacionales, dentro del marco de globalización económica, colocando a las instituciones financieras dentro de un escenario mucho más interdependiente, de manera que se acentúa el riesgo sistémico y su contagio. Una crisis bancaria puede tener efectos negativos en el desempeño del sector real de la economía. Dado que las crisis bancarias son fenómenos complejos en los que intervienen un gran número de variables, limitaremos nuestro análisis a la sufrida en el sistema bancario mexicano. II. Causas de la Crisis Bancaria Mexicana Con base en las experiencias de crisis bancarias en otros países, se puede afirmar que no son consecuencia de un fenómeno específico, sino que tienen su origen en diversos factores que ocurren y concurren simultánea y sucesivamente que, retroalimentados, gestan el colapso del sistema bancario. Ciertamente uno de los factores que influyó en la crisis bancaria mexicana fue sin lugar a dudas un cambio súbito y brusco en los términos de intercambio y en las tasas de interés, como ocurrió en diciembre de 1994 a raíz de la devaluación. Sin embargo, también influyeron en la crisis de la banca mexicana otros factores, todos ellos internos, provenientes de decisiones equivocadas, que podemos sintetizar fundamentalmente en los siguientes: a) Una política económica errática, en materia monetaria y cambiaria; exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 1718 b) Durante el período en que la banca estuvo estatizada, se dedicó fundamentalmente a prestar el ahorro de la población al gobierno para financiar su déficit, desvirtuando así la función de servicio público de apoyo crediticio a la población en general; c) Una ineficiente administración de la banca, tanto cuando estuvo estatizada como ya reprivatizada; d) La forma como se llevó a cabo la privatización bancaria y el hecho de que algunos de los nuevos banqueros hayan resultado sin la solvencia moral y técnica requeridas; e) Desregulación del sistema, eliminando techos y controles a las tasas de interés, so pretexto de promover una intervención financiera más eficiente pero que, en muchas ocasiones, como sucedió en nuestro país, no estaban dadas las condiciones para garantizar que ello ocurriera, por lo que tales medidas en realidad dieron lugar a una reducción sustancial en el ahorro interno privado, así como el crecimiento acelerado pero ineficiente del sector financiero que se tradujo en un mayor crédito bancario al sector privado generando un sobreendeudamiento público y privado; y f) Acciones de corrupción y fraude en el sistema bancario o cometidas a través de él. III. Programas de Saneamiento y Rescate Bancario Siendo el sistema bancario el centro neurálgico en donde confluyen la mayor parte de las transacciones y operaciones económicas, es evidente que evitar la quiebra del sistema significaba, en última instancia, evitar un colapso de la economía. La crisis bancaria mexicana fue una crisis sistémica, es decir, que el sistema de pagos en su conjunto corre peligro de colapso debido al efecto en cascada por la incapacidad de uno o varios bancos de cumplir sus obligaciones. Lo cuestionable fue la forma en que se enfrentó la crisis, tanto en los aspectos legales como técnicos, y al muy amplio margen de discrecionalidad e inequidad en el tratamiento de los problemas. En primer término, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el gobierno carecía de facultades expresas en ley para intervenir y tomar acciones en el rescate financiero, salvo los créditos de emergencia que en moneda extranjera otorgó el Banco de México a la banca mediante el establecimiento de una ventanilla de liquidez en dólares a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en moneda extranjera. Sin embargo, las otras acciones emprendidas por el gobierno federal, principalmente la asunción de obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del Programa de Saneamiento Financiero, se hicieron al margen de la Constitución, por haber asumido obligaciones frente a la banca en violación flagrante al Artículo 73, Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige la previa autorización y aprobación del Congreso para contraer deuda pública. Más aún, ninguna ley, en el tiempo en que el gobierno ejerció las acciones conducentes al rescate bancario, preveía o prevé actualmente, de manera expresa, la atribución al Estado para realizar ese tipo de acciones. Es pertinente recordar que ni bajo el régimen de estatización de la banca, al amparo del Artículo 77 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el gobierno federal podía apoyar directamente al fideicomiso denominado Fondo de Apoyo Preventivo para las Instituciones de Banca Múltiple (Fonapre), ni tampoco en los términos del actual ar- exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 1819 tículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito de 1990, que prevé la constitución de Fobaproa, se establece la intervención del Ejecutivo de manera directa en el rescate financiero implementado. En estas condiciones, las acciones emprendidas por el Ejecutivo violentaron no sólo la Constitución sino el principio de legalidad estricta a que está sujeto todo órgano del Estado. En lo concerniente a los programas de capitalización y compra de cartera y el de saneamiento bancario, desarrollados a través de Fobaproa, están muy lejos de haber cumplido con los principios a los cuales en todo caso debió haberse sujetado el gobierno, esto es: (i) un apoyo transparente; (ii) gasto gubernamental mínimo, debiendo recaer principalmente en los dueños de los bancos el mayor peso posible para recapitalizarlos y, en última instancia, ser los primeros en asumir las pérdidas; (iii) haber adoptado acciones inmediatas para que los bancos con problemas no aumentaran su crédito a deudores de alto riesgo o que hubieren incurrido en cartera vencida; (iv) sólo dar apoyo gubernamental a los bancos a condición de que éstos implementaran políticas de racionalización en sus transacciones, tanto activas como pasivas; y (v) en los casos de recibir un banco el apoyo gubernamental debe ser supervisado de manera intensa y permanente por las autoridades competentes. Desafortunadamente las medidas tomadas por el gobierno para lograr el rescate bancario fueron prácticamente todas ellas contrarias a las elementales y sanas prácticas que se exigen en tales circunstancias. Frente a este problema que está deteriorando la ya de por sí grave situación económica que vive el país, al pueblo de México se le han presentado dos opciones que son, a juicio de Acción Nacional, inaceptables. Por un lado, el Ejecutivo Federal pretende que el Congreso apruebe la conversión a deuda pública soberana, es decir, a deuda pública directa a cargo de la población, la cantidad de $552, , (quinientos cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) más accesorios, que significaría una carga extraordinaria para el pueblo mexicano, deuda asumida, como ya se dijo, en contravención a la Constitución y a las leyes que regulan el sistema financiero. La propuesta del Ejecutivo, puede ahora decirse sin lugar a dudas, que conduce a maximizar los costos fiscales para la sociedad, sin resolver, a fondo, el sistema de incentivos perversos que ha generado el rescate del sistema bancario por parte de Fobaproa; por el contrario, estimula el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los créditos, toda vez que tanto el acreedor como el deudor encuentran motivos para no cubrir el crédito, a sabiendas de que la pérdida final será pagada hasta en un 75 por ciento promedio por los contribuyentes. También es preciso decirlo que el programa de saneamiento financiero, en el que participaron 13 bancos que se colapsaron, ha sido notoriamente ineficiente, y en muchos aspectos con claros visos fraudulentos. La Iniciativa presidencial en su conjunto tampoco ha resuelto los problemas de los pequeños deudores, de quienes solicitaron de buena fe un crédito para su vivienda, para financiar sus cosechas o para mejorar la condición productiva de sus empresas, y que, por causas imputables al gobierno y totalmente ajenas a la voluntad del deudor, les impide cumplir sus compromisos de pago. En diverso documento, Acción Nacional presentará Iniciativa de Ley para implementar un programa adicional de apoyo a deudores. IV. objetivos Por las razones señaladas, siendo totalmente inadmisible la Iniciativa del Ejecutivo Federal, por lo que concierne a la creación de los dos entes públicos descentralizados (FOGADE y COREBI) y el reconocimiento incondicional como deuda pública directa exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 1920 por la cantidad de $552, , (quinientos cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), Acción Nacional, a través de la Iniciativa de Ley que por este conducto se somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, propone los siguientes objetivos: 1. Una solución integral que considere los diferentes aspectos del problema y que beneficie al país a corto y largo plazo. En particular, que la solución evite la quiebra del sistema financiero y las consecuencias nocivas para la vida de todos los mexicanos. Ciertamente que, además de la Iniciativa de Ley, deberán tomarse otras medidas legislativas para lograr tal propósito. 2. Evitar en lo futuro crisis como éstas. 3. Mediante las auditorías que la Cámara de Diputados está practicando a Fobaproa, identificar las irregularidades y errores en el manejo del rescate, así como identificar a los responsables y lograr que sean sancionados. 4. Reducir el costo fiscal a partir de distribuir, con justicia y equidad, las cargas derivadas de su solución entre los diversos actores del problema. 5. Aliviar la condición de millones de mexicanos que son pequeños deudores que no han podido hacer frente a sus compromisos bancarios por causas verdaderamente ajenas a su voluntad y evitar, al mismo tiempo, que aquéllos que estén en posibilidad de pago se aprovechen de los contribuyentes para ignorar sus compromisos. En cumplimiento de los objetivos antes mencionados, Acción Nacional a través de la presente Iniciativa de Ley y de otras que en su momento serán presentadas, se propone lo siguiente: Primero. Garantía de Protección al Ahorro y a los depósitos bancarios El objeto principal de la Iniciativa es establecer un seguro de depósito a favor de quienes realicen cualquiera de las operaciones de préstamo, ahorro y depósito en el sistema bancario, excluyendo desde luego ciertas obligaciones tales como los pasivos en favor de entidades financieras, nacionales o extranjeras; obligaciones en favor de cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al que pertenezca, en su caso, el banco; obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos del banco y, en general, aquellas operaciones celebradas en contravención a las disposiciones legales. Asimismo, también es objeto de la ley regular los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones, en beneficio de los intereses de las personas a quienes se protege su inversión, depósito o ahorro, y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. El seguro de depósito es un mecanismo importante para mantener la confianza de los agentes en el sistema financiero, por lo que también la Iniciativa da las bases para una recapitalización del seguro de depósito. En la Iniciativa se propone que el monto máximo que se garantice sea el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión, por persona física o moral, y a cargo de una misma institución. La recapitalización del seguro de depósito prevé que las instituciones estarán obligadas a aportar al Instituto, tanto cuotas ordinarias como extraordinarias, siendo las primeras no menores al cuatro al millar del importe a que asciendan las operaciones pasivas de las instituciones, en un año, cuya fijación individual de las cuotas a las diferentes instituciones estará en función del riesgo a que se encuentran expuestas. exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante para el instituto 20 Mostrar más
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