Source: http://www.enfoquederecho.com/2012/02/21/quien-puede-arrestar-a-omar-al-bashir/?replytocom=842
Timestamp: 2020-06-02 20:07:37+00:00

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Así, en el marco de este otorgamiento de jurisdicción, la Corte, a través de la Primera Sala de Cuestiones Preliminares (la «Primera Sala») decidió emitir dos Órdenes de Arresto Internacional en contra del Presidente sudanés en funciones, Omar al-Bashir, acusándolo primero de cometer delitos contra la humanidad y crímenes de guerra y, posteriormente, genocidio.
«Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella».
Sin embargo, esta primera argumentación de la Sala, de que no existe inmunidad para casos que se ventilen ante tribunales internacionales, es simplemente equivocada. La inmunidad es un derecho que tienen los Estados y que se transmite a sus altos oficiales en razón de la naturaleza de los actos que desempeñan, no de la naturaleza del tribunal que los juzga. Así lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en el Caso de la Orden de Arresto entre Congo y Bélgica al señalar que «en el Derecho Internacional Consuetudinario, las inmunidades otorgadas [a un Jefe de Estado] no se otorgan para su beneficio personal, sino para asegurar la efectividad de sus funciones a nombre de sus respectivos Estados» (Ver Sentencia de 14 de febrero de 2002, ¶ 53, traducción libre).
Para la Primera Sala, empero, existe una diferencia entre los foros domésticos y los foros internacionales, en el sentido de que «la razón por la que a los oficiales de estados extranjeros se les permita alegar inmunidad personal ante tribunales domésticos es que de otro modo las autoridades nacionales podrían usar los procesos para impedir o limitar indebidamente la habilidad del Estado de enfrascarse en acciones internacionales. (…) este peligro no se presenta en los tribunales y cortes internacionales que son totalmente independientes de los Estados y están sujetos a estrictas reglas de imparcialidad» (Sentencia de 12 de diciembre de 2011, ¶ 34, traducción libre).
«El principio de Derecho Internacional que, bajo ciertas circunstancias, protege a los representantes de un Estado, no puede ser aplicado a actos que son condenados como delictivos por el Derecho Internacional. Los autores de estos actos no pueden escudarse detrás de su posición oficial a fin de ser liberados de castigo en procedimientos adecuados» (Ibid., ¶ 25, traducción libre).
Esta situación según la cual hay tribunales internacionales que pueden remover inmunidad y tribunales internacionales que no pueden remover inmunidad, fue implícitamente reconocida por la Corte Internacional de Justicia en el Caso de la Orden de Arresto cuando señaló que «un [Jefe de Estado] que esté o no en funciones puede ser sometido a un proceso penal ante ciertas cortes penales internacionales, allí donde tengan jurisdicción» (Ver ¶ 61, traducción libre, subrayado agregado); esto es ciertas, pero no todas.
Así pues, es claro que la mera naturaleza de la Corte Penal Internacional no le puede arrebatar a al-Bashir su inmunidad personal. Y si esta parte del argumento es desestimado, entonces la segunda parte del argumento de la Sala, a saber, que existe una excepción consuetudinaria a la inmunidad en casos de delitos internacionales, cae también por su propio peso, teniendo en cuenta que la Corte Internacional de Justicia ya señaló en el Caso de la Orden de Arresto que «no ha podido deducir (…) ninguna clase de excepción a la regla que otorga inmunidad de jurisdicción penal e inviolabilidad a [Jefes de Estado] en funciones, cuando sean sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad» (¶ 58, traducción libre).
Asi, la Primera Sala notó que existía una tensión inherente entre el artículo 27(2) y el artículo 98(1) del Estatuto (¶ 37), pero superó esta tensión concluyendo que sería manifiestamente inconsistente que, por un lado, los Estados Miembros le hayan conferido jurisdicción a la Corte para juzgar personas que gocen de inmunidad vía el artículo 27(2), sólo para luego impedir, vía el 98(1) que estas mismas personas puedan ser puestas a disposición de la Corte. Así, «interpretar el artículo 98(1) de tal forma que justifique no entregar a Omar al-Bashir en base a su inmunidad desarticularía a la Corte y a la justicia penal internacional en formas completamente contrarias al objetivo del Estatuto que Malawi ha ratificado» (¶ 41).
Por supuesto, una forma de superar este inconveniente sería que el Consejo de Seguridad, en aplicación de sus atribuciones bajo el Capítulo VII, removiera la inmunidad de al-Bashir por cuenta propia o que, en todo caso, obligara a los Estados Miembros de la ONU a arrestar a al-Bashir incluso en contravención a su inmunidad. Esto, sin embargo, no ha ocurrido, ya que la Resolución 1593 únicamente «exhorta» -pero no obliga- «a todos los Estados (…) a que también cooperen plenamente [con la Corte]». Esta exhortación es, por ejemplo, marcadamente diferente a lo señalado por el Consejo al solicitar la colaboración de la Comunidad Internacional en la ejecución de las funciones del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, en donde, mediante Resolución 827, «decide» que:
«Todos los Estados deberán cooperar plenamente con el Tribunal Internacional y sus órganos (…) y que, en consecuencia, todos los Estados deberán adoptar las medidas necesarias con arreglo a su derecho interno para aplicar las disposiciones de la presente resolución y el Estatuto, incluida la obligación de los Estados de acceder a las solicitudes de asistencia y cumplir las resoluciones de una Sala de Primera Instancia con arreglo al artículo 29 del Estatuto» (Subrayado agregado).
Victor 22 febrero, 2012 at 16:27
jb 23 febrero, 2012 at 23:46

References: artículo 27
 artículo 98
 artículo 27
 artículo 98
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 29