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Timestamp: 2017-11-17 21:09:56+00:00

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La protección posesoria entre coposeedores y su incidencia en el régimen de propiedad horizontal
Con carácter general, se puede decir que la acción prevista en el art. 250.1,4º LEC -EDL 2000/77463- se sustancia mediante el llamado juicio verbal sobre tutela sumaria de la tenencia o posesión, que es un procedimiento sumario destinado a proteger el hecho de la posesión o tenencia cualquiera que fuera su origen o naturaleza, contra el despojo consumado en daño del poseedor que, tutelando una apariencia jurídica, intenta restaurar la situación primitiva, modificada arbitraria o unilateralmente por los particulares, tomándose la justicia por su mano, sin acudir a la vía establecida por el Derecho. Tales procesos al igual que los antiguos interdictos con el mismo objeto, se basan en la prohibición de vías de hecho contra el poseedor que consagran los arts. 441 y 446 CC -EDL 1889/1-. Su ámbito se limita a la posesión de mero hecho, con indiferencia del título en que se funde, y por tanto excluye el enjuiciamiento de toda cuestión compleja, como el derecho de propiedad o la existencia de cualquier otro derecho real. Los juicios posesorios deben centrarse en la situación de hecho de la posesión, no siendo el cauce adecuado para el examen de la existencia y contenido de un concreto derecho en sí mismo considerado.
A tenor de los arts. 250.1.4º LEC -EDL 2000/77463- y 446 CC -EDL 1889/1-, la viabilidad de la acción de protección posesoria precisa la concurrencia de los cuatro siguientes requisitos:
-La prueba de la posesión jurídica o de la mera tenencia, por parte del actor de la cosa sobre la que afirma haber sido privado; requisito que implica tanto la legitimación activa, como la identificación de la cosa.
-La existencia de una inquietud, perturbación o despojo de la cosa poseída, por parte de tercero cuya determinación supone la legitimación pasiva para soportar la acción, sea causante directo, jurídico o impulsivo.
-Que la protección interdictal se promueva antes del plazo de un año.
-La existencia de actos de los que se infiera el ánimo de expoliar.
I.- La tradicional polémica sobre la procedencia del ejercicio de las acciones interdictales entre coposeedores
La coposesión viene reconocida en el art. 445 CC -EDL 1889/1- en los casos de indivisión, siendo lógico efecto de dicha situación lo dispuesto en el art. 446 CC consistente en el derecho que tiene todo coposeedor a ser respetado en su posesión, y en el caso de que fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en la misma. En parecidos términos se expresa el art. 522-7.1 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña -EDL 2006/58523-, relativo a derechos reales, que respecto a la protección dispone lo siguiente: “Los poseedores y detentadores tienen pretensión para retener y recuperar su posesión contra cualesquiera perturbaciones o usurpaciones, de acuerdo con lo establecido en la legislación procesal”.
Si un coposeedor es despojado de su coposesión por un acto de otro coposeedor ¿puede aquél pretender, frente a éste, pretender obtener la tutela sumaria de su coposesión? Es decir, ¿se halla legitimado activamente el coposeedor perturbado o despojado frente al despojante? Por otro lado, ¿se puede entender inadecuado este cauce procesal? Estas cuestiones suscitaron -durante la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 -EDL 1881/1-, y lo siguen haciendo en cierto modo, posiciones encontradas entre la doctrina y la jurisprudencia menor, advirtiéndose la existencia de varias posiciones, a saber las siguientes:
a) En primer lugar la que entiende que la defensa interdictal intraposesoria no puede considerarse factible a tenor del espíritu del anterior art. 1651 LEC 1881 -EDL 1881/1- por cuanto al legitimar como interdictante al que se halle en la posesión o tenencia de la cosa, se está refiriendo a una posesión exclusiva y excluyente o autónoma, como ya se dijo por la Sentencia de la AP Cuenca de 27 de febrero de 1992, pues una posesión compartida o indivisa y no excluyente jamás puede ser fuente de acciones interdictales, aunque se produzcan hechos que pudieran ser atentatorios y perturbadores de dicha posesión. No puede desconocerse -a decir de los defensores de esta tesis- que las acciones interdictales son remedios creados por el legislador para la defensa de la posesión exclusivamente frente a quienes no son poseedores, y tales acciones posesorias repugnan a la propia naturaleza jurídica de la comunidad de bienes, en que las fuerzas vinculantes con la cosa coposeída discurren paralelamente y no de forma coordinada o con jerarquía distinta, pues no es posible dar cabida a un concepto jerarquizado de la posesión que deje expedita la vía para el ejercicio de acciones interdictales, por no tratarse de un caso de posesión vertical, sino paralela de todos los coposeedores frente a la cosa, y por tanto con idéntico derecho de disfrute; de modo que si se han producido alteraciones en el uso de la cosa poseída en común, habrá que acudir a las normas de la comunidad o al título que rige la coposesión, y esto por ser un conflicto de derechos no puede resolverse con la defensa rápida, interina y sumaria que caracteriza a los interdictos para cuestiones de puro hecho, sino que en su caso habrá de acudirse al juicio declarativo correspondiente.
En síntesis, los partidarios de esta tesis incidían en los siguientes puntos:
-El coposeedor demandante se halla, respecto a la posesión de la cosa, en iguales condiciones que el coposeedor perturbador o despojante y, por tanto, no tiene, frente a este último, el carácter de poseedor exclusivo.
-No puede ejercitar el interdicto de retener porque los supuestos actos de inquietación o perturbadores de su coposesión se confundirán con aquellos que legítimamente corresponden a todo coposeedor.
-En cuanto al interdicto de recobrar, su prosperidad supone convertir el estado plural coposesorio en una situación singular de posesión exclusiva de un coposeedor en perjuicio de los demás, solución que lógicamente es inadmisible.
-Por último, los interdictos protegen la posesión actual, y, como todos los coposeedores son poseedores actuales, todos ellos son acreedores a la preferencia que a aquéllos otorga el art. 445 del CC -EDL 1889/1-, cuando surge contienda sobre el hecho de la posesión.
Lo cierto es que, aunque cada día es menor la influencia de esta doctrina, existe cierto sector doctrinal y un cuerpo de resoluciones de Audiencias Provinciales que se muestran claramente contrarios a la admisión de la vía interdictal entre coposeedores, y claro está, consecuencia de lo anterior es la consideración de que falta legitimación activa al coposeedor que pretenda interponer la acción de protección posesoria contra otro coposeedor, incurriendo en tal caso en inadecuación de procedimiento.
b) Si bien es cierto que en algún momento fue mayoritaria en el seno de la jurisprudencia menor la tesis que sostenía la improcedencia de los interdictos entre coposeedores, también lo es que en la actualidad prima la tesis contraria, favorable a las reclamaciones interdictales entre coposeedores, señalando, como motivo determinante de la viabilidad de los interdictos entre coposeedores, que la protección interdictal no queda reducida a los supuestos de posesión exclusiva y excluyente por parte del actor, sino que por el contrario ha de extenderse a los supuestos de posesión compartida o coposesión a fin de recuperar la situación de hecho disfrutada frente a quien pretende desconocerla, ya que en casos de indivisión puede reconocerse la posesión como hecho en dos personalidades distintas, art. 445 CC -EDL 1889/1-, y se dispensaba a cada una de ellas la protección posesoria que dimana de lo dispuesto en el art. 446 del mismo Cuerpo normativo. También la doctrina científica mayoritaria se muestra favorable a admitir los interdictos entre coposeedores al considerar que la regulación vigente en la materia no exige, en momento alguno, que la posesión que se pretende proteger deba ser exclusiva y excluyente del demandante, estimando que no puede dudarse que constituye un verdadero despojo la conversión arbitraria y unilateral, de una posesión compartida y parciaria en una posesión exclusiva y única, a la que indudablemente la tutela interdictal puede poner coto y reponer así a todos los copartícipes en el disfrute del bien coposeido .
Los argumentos que tanto la jurisprudencia como la doctrina esgrimen en defensa de esta tesis se pueden resumir en los siguientes:
-Que el Derecho Romano parecía admitir la acción posesoria entre condóminos.
-Que tanto en nuestro Derecho histórico como en el Derecho comparado se admitía y admite la acción interdictal entre coposeedores, como remedio adecuado para subsanar los efectos derivados de las vías de hecho, que colocan en situación de privilegio a quien con desprecio de las acciones pertinentes, sustituyen los poderes del Juez, por su particular justicia.
-La redacción del art. 446 CC -EDL 1889/1- respalda al coposeedor para utilizar los interdictos.
-Porque el art. 394 CC permite a cualquiera de los partícipes servirse de la cosa común pero haciéndolo de manera que no impida a los restantes utilizarla según su destino.
-Porque, en caso contrario, el poseedor perturbador o despojante puede ganar -de no admitirse el interdicto- la posesión exclusiva por más de un año y rechazar, precisamente por la acción posesoria, al otro condómino que quiera ejercitar su derecho, llegándose con ello a la irritante conclusión de que el comunero desposeído no puede ejercitar la acción posesoria para ser mantenido o restituido en el goce de la cosa y, sin embargo, el despojante, al no haber interdicto, tiene la seguridad de que, transcurrido el año de su posesión deviene excluyente y por ello podrá ejercitar el interdicto o la acción posesoria con éxito contra su antiguo comunero si éste pretende, violentamente recuperar o volver el goce de la cosa común.
Tras la entrada en vigor de la LEC 2000 -EDL 2000/77463- la situación no ha variado sustancialmente: el coposeedor está legitimado activamente para interponer las acciones protectoras de la posesión contra otro coposeedor (perturbador o despojante), siendo éste un cauce procesal adecuado.
En este sentido cabe destacar la Sentencia del TS, núm. 723/2009, de 12 de noviembre -EDJ 2009/259047-, que confirmó la Sentencia de la AP León de 12 de abril de 2005 -EDJ 2005/41458- que entendió que no existía dificultad en admitir el interdicto entre comuneros como protección del derecho de propiedad. Frente a dicha resolución la parte apelada interpuso recurso de casación al amparo del art. 477.2, 3º LEC -EDL 2000/77463-. La sentencia del TS citada confirmó, como ya se ha dicho, la resolución recurrida con el siguiente argumento: “El art. 250.5 LEC dice que se resolverán en juicio verbal las demandas" (...) que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva", recogiendo el denominado "interdicto de obra nueva", que consiste en el derecho que tiene un poseedor para suspender una obra que se encuentra en construcción, de modo que lo que se quiere evitar es impedir que con la construcción de la obra nueva continúe una perturbación de la posesión, lo que puede presentar algunas coincidencias con la acción de retener o de recobrar la posesión. En este caso, la acción ejercitada presenta mayores analogías con las de retener o recobrar que con la de obra nueva, aunque tampoco aparece alejada de ésta, al tratarse de trabajos subterráneos de nueva planta para la construcción de una galería minera. Ya se ha argumentado en el fundamento anterior que los demandantes ahora recurridos estaban legitimados para ejercitar esta acción, por tratarse de coposeedores y no haberse pactado entre ellos las facultades que cada uno podía ejercitar en el terreno en copropiedad. La perturbación es clara y por ello, habiéndose probado, no cabe admitir este motivo…”.
c) Partiendo de la anterior consideración, con el tiempo se ha consolidado una tercera posición que puede calificarse de ecléctica y según la cual se ha de admitir el ejercicio de la acción interdictal entre coposeedores sólo en el supuesto de que la perturbación y el despojo sean de tal naturaleza e intensidad que prive y excluya de la posesión en común al promovente, es decir, cuando se convierte arbitraria y unilateralmente una posesión compartida y parciaria en otra exclusiva.
En este sentido César Sentías Ballester exponía la existencia de un tercer grupo de sentencias -ecléctico- en busca de un término medio que duda de las soluciones extremas de las otras dos tesis expuestas. En este sentido destacaba la Sentencia de la AP Granada de 2 de marzo de 1960 que realizó una serie de consideraciones sobre el punto que nos interesa, las cuales parecen inclinarse por la tesis afirmativa, es decir, por la posibilidad del ejercicio de la acción posesoria entre condóminos, pero limitado al caso en que uno de los coposeedores pretendiera la posesión exclusiva; tesis admitida muy ampliamente en la actualidad tanto en la doctrina como en la práctica judicial en los casos en que uno de los coposeedores pretenda la posesión exclusiva y se la niega al otro, y esto por la razón de que en estas situaciones de coposesión a ninguno de los integrantes en la misma le viene permitido para sí la posesión exclusiva, contraviniendo lo dispuesto en el art. 441 CC -EDL 1889/1-, estando amparados el resto de los partícipes en la coposesión.
Actualmente, como se ha expuesto, con la LEC 2000 -EDL 2000/77463- también la posición mayoritaria es favorable al ejercicio de las acciones protectoras de la posesión entre copoosedores, apreciándose en los últimos tiempos un notable incremento de los partidarios que limitan el ejercicio de dichas acciones únicamente cuando un coposeedor despoja a otro totalmente de la posesión sobre la cosa común; tesis defendida, entre otras, por la Sentencia de la AP Cáceres nº 447/2012, de 17 de octubre -EDJ 2012/248322-, para la que: “…si bien es cierto que la doctrina y jurisprudencia menor se ha encontrada dividida en cuanto a la procedencia de esa vía de protección posesoria en la resolución de los conflictos entre coposesores, no es menos cierto que debe admitirse la viabilidad cuando se produce un total despojo de la cosa que se posee en común. En efecto, la posibilidad de interdicto frente a los coposeedores ha sido admitida cuando va encaminada a impedir que uno o varios de los coposeedores -coherederos transformen, por un acto de propia voluntad la posesión compartida, en posesión excluyente a través de un acto de despojo…”.
II.- La incidencia de dicha polémica en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal
La denominada propiedad horizontal es una institución compleja en la que coexisten una titularidad dominical ordinaria sobre los diversos pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública y un dominio sui generis sobre los demás elementos comunes del inmueble, de ahí que se diga que el régimen de propiedad horizontal es dual, tal y como se deriva del art. 396.1 CC -EDL 1889/1-, la propiedad separada sobre cada piso o local independiente “llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, pasos, muros…”.
El uso y el disfrute de los elementos comunes constituyen el derecho fundamental de todo propietario de un apartamento o local sujeto al régimen especial de la propiedad horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal (a partir de ahora, LPH) hace referencia al derecho de disfrute en distintos preceptos; sin embargo, no contiene una doctrina sistemática sobre este derecho. Ante la ausencia de normas al respecto contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal, habrá que añadir las normas que contiene el CC sobre la comunidad de bienes, y en concreto, el art. 394 CC -EDL 1889/1-, cuando declara que: “cualquier partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho”, precepto éste que cuida de las relaciones internas entre comuneros y parte de un uso solidario de la cosa común, en el sentido de que cada uno de ellos pueda utilizar la cosa, incluso, en su totalidad, siempre que no impida el uso de los demás.
1.- ¿Son viables las acciones protectoras de la posesión para la defensa de los elementos comunes?
¿Puede la Comunidad de propietarios ejercitar estas acciones frente a los comuneros individuales que realizan obras afectantes a elementos comunes? Esta cuestión ha sido debatida por la doctrina y jurisprudencia constituyendo un punto esencial en el régimen de uso de la cosa común por los comuneros y de la realización de obras en el seno de la Comunidad.
Como se ha expuesto, es conocida la vieja polémica entre los procesalistas sobre la viabilidad o no de las acciones interdictales en aquellos casos en que uno de los copropietarios ha de dirigir su acción contra otro cualquiera de ellos; y esto, con más razón, como advierte Fuentes Lojo, cabe extenderlo a las fincas en régimen de propiedad horizontal por apartamentos en lo que afecta, naturalmente, a los elementos comunes, y es que, como apunta Zanón Masdeu, cuando existe una coposesión es difícil discriminar la existencia de un expolio de las citadas cosas.
La jurisprudencia se ha venido mostrando, también en este ámbito, muy dividida; algunas resoluciones de Audiencias Provinciales han negado la posibilidad del ejercicio interdictal entre coposeedores, en base al argumento de que tratándose de cosas llevadas en común falta el presupuesto de la posesión exclusiva, que se entiende indispensable para el ejercicio de la acción interdictal; prevaleciendo, no obstante, el criterio de la procedencia del interdicto de recobrar para el caso de que uno de los cotitulares se arrogue la exclusiva posesión sobre un elemento común, ya lo haga por unilateral decisión ya por virtud de acuerdo no tomado con la preceptiva unanimidad. Así, v.gr., la Sentencia de la AP Orense de 20 de mayo de 1970 admitió el interdicto por la realización de obras en las escaleras que van del local sito en los bajos a los sótanos, así como al patio de luces, o la Sentencia de la AP Madrid de 27 de enero 1972 que admitió la procedencia de la acción interdictal contra el propietario que por iniciativa propia procedió al cierre con cristales de una terraza en la fachada del edificio.
Entendemos que se tratan de medios hábiles para este fin, y así lo ha venido reconociendo buena parte de la jurisprudencia menor con anterioridad a la nueva LEC 2000 -EDL 2000/77463-, admitiendo la viabilidad de los interdictos promovidos por la Comunidad contra un comunero. Así, respecto de un interdicto de obra nueva contra una obra ilegal, cabe citar la Sentencia de la AP Valencia, sec. 2ª, de 4 de mayo de 1998 -EDJ 1998/14903- para la que: “...si un propietario u ocupante, por propia y exclusiva iniciativa, realiza o empieza a ejecutar mutaciones, alteraciones u obras en un elemento común, sin previo acuerdo unánime de la Junta, ésta representada por su Presidente o por cualquier titular puede promover pretensión en juicio declarativo ante los Tribunales pidiendo se le condene a demoler lo legítimamente realizado; o bien, dadas las características y finalidad preservativa de este pronunciamiento, puede utilizar la vía del interdicto de obra nueva, para impedir la continuación iniciada y no ultimada, y conseguir la suspensión...”; o respecto de un interdicto de recobrar la posesión, la Sentencia de la AP Madrid, sec. 21ª, de 27 de enero de 1995 cuando declara que: “...es procedente el interdicto de recobrar la posesión por parte de la Comunidad cuando se produce una perturbación posesoria por modificación de las cosas comunes...”. Así es, si un propietario u ocupante, por propia y exclusiva iniciativa, realiza o ejecuta obras de alteración de un elemento común, sin previo acuerdo unánime de la Junta, ésta representada por su Presidente o por cualquier titular puede promover pretensión en juicio declarativo ante los Tribunales pidiendo que se le condene a demoler lo legítimamente realizado, o bien, puede utilizar la vía del interdicto de obra nueva para impedir la continuación iniciada y no ultimada, y conseguir la suspensión.
En resumidas cuentas: salvo tesis minoritarias, se puede afirmar que procede que la Comunidad de propietarios ejercite las acciones protectoras de la posesión cuando se produce una perturbación posesoria por modificación de las cosas comunes; por tanto, la Comunidad de propietarios se encuentra legitimada activamente para promover un procedimiento de esta clase contra cualquier comunero (único o plural) que desarrolle obras ilegales.
2.- ¿Y entre los comuneros que integran la comunidad?
Esta cuestión tiene íntima relación con otras como la de la legitimación activa para ejercitar las acciones protectoras de la posesión y la adecuación de procedimiento.
La LPH articula un entramado procesal que atiende a las peculiaridades del régimen jurídico propio de esa forma de propiedad, y así regula la acción de reclamación de cuotas a los propietarios morosos, la de cesación, la acción para la adopción de acuerdos, la de impugnación de acuerdos, la de designación o relevo del presidente, las acciones dirigidas contra la comunidad de propietarios. Esto no quiere decir que los propietarios en régimen de propiedad horizontal, como cualquier otro poseedor, no puedan, en defensa de su posesión, y con estricto sometimiento a la LEC -EDL 2000/77463-, utilizar el juicio verbal para reclamar de otro propietario que le reponga en la posesión de la que le despojó. Lo cierto es que la LPH -1960/55- no limita los derechos procesales de los propietarios, sino que refuerza su protección y la de la comunidad. Nuestro ordenamiento jurídico no impide la protección posesoria en las comunidades de propietarios, es verdad que la LPH articula el procedimiento de impugnación de acuerdos de autorizaciones de la Junta para llevar a cabo obras, pero no lo impone como única vía posible, de manera que el poseedor afectado puede acogerse también al procedimiento del art. 250.1.4º LEC, siempre que concurran los requisitos exigidos en este.
La elección de uno u otro procedimiento corresponde al inquietado o despojado que puede, dentro de su derecho a obtener la tutela judicial efectiva, optar por la vía procesal que considere más conveniente según las circunstancias del caso concreto. Nos encontramos ante un supuesto de lo que la doctrina del Tribunal Constitucional ha denominado derecho a la elección de procedimiento; efectivamente, una constante jurisprudencia de dicho Tribunal, de la que son muestra, entre otras muchas, las sentencias del TC 20/1993 de 18 enero -EDJ 1993/187-, 178/1996 de 12 noviembre -EDJ 1996/7026- y 160/1998 de 14 de julio -EDJ 1998/10018-, declara que: «…el mandato contenido en el art. 24.1 de la Constitución -EDL 1978/3879- encierra el derecho a escoger la vía judicial que el interesado estima conveniente para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, aunque sólo sea porque no puede decirse que sean los mismos los efectos y consecuencias jurídicas que ofrecen los distintos tipos de procesos previstos en nuestro ordenamiento para la defensa de derechos e intereses. Por ello, siempre que la vía elegida sea procesalmente correcta conforme a las normas legales vigentes, habrá de estimarse que la indebida privación o denegación de la misma equivale a una privación o denegación de la tutela judicial efectiva, en contra de lo dispuesto en dicho precepto constitucional».
Actualmente es predominante la tesis que admite el ejercicio de las acciones protectoras de la posesión entre los comuneros integrados en régimen de propiedad horizontal en los casos en que uno de los coposeedores pretenda la posesión exclusiva y se la niegue al otro. En esta línea se ha pronunciado, respecto a un supuesto de interdicto de obra nueva, la Sentencia de la AP Ciudad Real, sec. 1ª, nº 262/2005, de 18 de octubre -EDJ 2005/215402- para la que: “…la primera cuestión a resolver es la viabilidad del interdicto de obra nueva entre copropietarios o comuneros, afectos al régimen de propiedad horizontal, y en tal sentido, se parte ya por la práctica generalidad de los Tribunales de su admisibilidad, como medio urgente y sumario de defensa de los elementos comunes cuando pretendan, sin justificación o al margen de las previsiones legales, ser alterados unilateralmente por uno de los propietarios, si bien como cada copropietario puede servirse de los elementos comunes, siempre que haga un uso adecuado de los mismos se requiere en estos casos de coposesión, de una privación exclusiva y excluyente de la posesión de los demás y un perjuicio sensible para los restantes coposeedores, que exceda del normal uso de la cosa. En este caso, la afectación, cuando menos de la fachada, es de significación y supone una alteración trascendente de su configuración, en cuanto se realizan accesos nuevos y se sustituyen los huecos de las ventanas por escaparates…”. En parecidos términos se pronunció también la Sentencia de la AP Alicante, sec. 7ª, nº 368/2005, de 12 de septiembre -EDJ 2005/337821-, para la que la acción de protección posesoria entre coposeedores procede sólo en el supuesto de que la perturbación y el despojo sean de tal naturaleza e intensidad que prive y excluya de la posesión en común al promovente.
3.- La doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en esta materia.
Las divergentes posiciones adoptadas por las distintas Audiencias Provinciales hasta el momento auguraban un pronunciamiento por parte de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, el cual ha tenido lugar a través de su Sentencia nº 207/2012 -EDJ 2012/66887-, de 11 de abril que resuelve el recurso nº 1017/2009 interpuesto contra la Sentencia de la AP Vizcaya, sec. 4ª, de 3 de marzo de 2009 -EDJ 2009/149619- que estimó el recurso de apelación contra la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao el 29 de junio de 2007, que revocó, y por la que declaró lo siguiente: “…debemos estimar y estimamos la demanda de recobrar la posesión sobre el patio y los elementos comunes de la Comunidad de Propietarios de la casa … de Bilbao afectados por la instalación de la chimenea, condenando a la demandada a reintegrar la posesión a los actores y a la Comunidad de la que forman parte y a abstenerse de la realización de actos perturbadores, condenando a la demandada a reponer las cosas al estado anterior y previo a su modificación…". La parte demandada interpuso el citado recurso de casación por existencia de interés casacional en base a lo dispuesto en el art. 477.2,3 de la LEC -EDL 2000/77463-, alegando que la sentencia impugnada se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, además, existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en relación con los arts.s 445 y 446 CC -EDL 1889/1- y, en concreto, sobre si es posible ejercer una acción posesoria de recobrar entre coposeedores, citando a favor de tal posibilidad las sentencias de la AP de Madrid, sec. 21ª, de 13 de febrero de 2007 -EDJ 2007/52591- y de 1 de julio de 2005 -EDJ 2005/107019-, y en contra de dicha posibilidad, las Sentencias de la AP de Cuenca de 4 octubre de 1995 -EDJ 1995/8445- y de 27 de febrero de 1992. Admitido a trámite, la Sala 1ª del Tribunal Supremo dictó la citada Sentencia nº 207/2012 -EDJ 2012/66887-, desestimando el recurso de casación y confirmando la sentencia de apelación.
El objeto del recurso fue la fijación por la Sala 1ª del Tribunal Supremo de la doctrina que se estime adecuada sobre la cuestión planteada por el recurrente, respecto de la cual ha acreditado la presencia de interés casacional por la existencia de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales. Se trata de determinar si procede o no la admisión del ejercicio de acciones posesorias entre coposeedores, tal como ha ocurrido en este caso en que varios integrantes de la Comunidad de propietarios del edificio de Bilbao acuden a la vía judicial, en ejercicio de una acción de tal clase, contra la demandada a fin de que retire la chimenea para evacuación de humos que ha instalado desde su local afectando al patio y a otros elementos comunes, absteniéndose de la realización de actos perturbadores y reponiendo la situación de hecho a su estado anterior.
Para resolver el recurso de casación, el TS parte de los siguientes fundamentos jurídicos que, obviamente, en adelante deberán ser tenidos cuando se planteen estos asuntos:
“Procede reiterar ahora la doctrina sentada por esta Sala en la citada sentencia de 12 de noviembre de 2009 en cuanto sostiene la posibilidad de ejercicio de tales acciones, de forma contraria a lo afirmado por las sentencias de la Audiencia Provincial de Cuenca de 27 febrero 1992 y 4 octubre 1995 -que cita la parte recurrente como favorables a su tesis- según las cuales una posesión compartida jamás puede ser fuente de acciones interdictales (denominación anterior de las acciones posesorias en la LEC 1881 -EDL 1881/1-) aunque se produzcan hechos que pudieran ser atentatorios y perturbadores de dicha posesión, ya que estas acciones están pensadas contra quienes no son previamente poseedores y, por tanto, si se producen alteraciones en el uso de la cosa poseída en común habrá que acudir a las normas que rigen la coposesión o que rigen la comunidad.
No obstante, dada la posibilidad de hecho de que un coposeedor se arrogue en su beneficio y de forma exclusiva el disfrute de la posesión sobre la cosa común, privando de ella a los demás, resulta procedente que, en tales casos, estos últimos puedan acudir no sólo a las acciones declarativas, sino también a las de carácter provisional que, como las posesorias, tienden a lograr una restitución de la posesión de hecho a su estado anterior de forma rápida y provisoria y sin efectos de cosa juzgada material.
Así lo han venido reconociendo la mayoría de las Audiencias Provinciales, siendo ejemplo de ello, además de las resoluciones ya citadas por la propia parte recurrente, la sentencia de la propia Audiencia de Madrid de 27 enero 1995, la de la Audiencia de Valencia de 4 mayo 1998 y la de Barcelona de 18 noviembre 1980, todas ellas referidas precisamente a conflictos posesorios generados en el ámbito de la propiedad horizontal…”.
Pues bien, el TS sienta la siguiente doctrinal jurisprudencial con carácter general: “la posibilidad de ejercicio de acciones posesorias entre coposeedores siempre que alguno de ellos se haya irrogado con carácter exclusivo la posesión de todo o parte del bien sin autorización de los demás partícipes o de cualquier otro modo haya faltado a lo convenido entre ellos sobre tal extremo”. La doctrina expuesta -entendemos- aclara de forma decisiva la cuestión objeto del presente art. de opinión, puesto que la doctrina expuesta resulta especialmente aplicable a los supuestos de conflicto surgido entre coposeedores en el régimen de propiedad horizontal y, en absoluto, puede calificarse de contraria a lo dispuesto por los arts. 445 y 446 CC -EDJ 1889/1-, pues precisamente la situación de indivisión a que se refiere el art. 445 da lugar en el caso de los elementos comunes en régimen de propiedad horizontal a la situación de coposesión de que se trata y, en tal supuesto, la posesión, como hecho, puede ser reconocida en dos personalidades distintas como la propia norma prevé.
III.- ¿Los comuneros pueden ejercitar estas acciones contra la Comunidad?
A este respecto hay que distinguir entre si la Comunidad de propietarios actúa conforme a los cauces pertinentes o si por el contrario obra en vía de hecho.
1.- ¿Cabe plantear estas acciones contra los acuerdos aprobados por la Junta de propietarios?
Es decir, ¿puede uno de los comuneros acudir a la protección posesoria para paralizar las obras de reforma adoptadas en un acuerdo tomado por la Junta de la Comunidad? Esta cuestión se planteó durante la vigencia de la LEC 1881 -EDL 1881/1-, llegándose a la conclusión de la inviabilidad de estas acciones para atacar o desconocer un acuerdo de una Comunidad en régimen de propiedad horizontal y, en consecuencia, se podría incurrir en inadecuación de procedimiento en el caso de interponerse.
Ahora, con la LEC 2000 -EDL 2000/77463- la respuesta es idéntica. Las acciones de protección posesoria ejercitadas por un comunero contra los acuerdos de la Junta de propietarios a la que pertenece no son procedentes, por lo que las decisiones de dichos órganos rectores sólo son atacables por los cauces impugnatorios que la misma prevé en su art. 18, mas no por vía interdictal. De tal forma que aun cuando el acuerdo de la Junta conlleve despojo de la posesión que se venía disfrutando sobre un elemento común, la solución no debe ser otra que impugnar dicho acuerdo, pero no acudir a la vía interdictal, en la que se estaría impugnando tal acuerdo en un procedimiento especial y sumario en vez de en el declarativo (1).
Un caso relativamente frecuente en la praxis es el referido a la instalación ex novo del ascensor comunitario, que al invadir y ocupar el hueco correspondiente, constituye una obra que por su propia naturaleza, afecta a elementos comunes y puede producir perjuicios a los condóminos, y contra cuyas obras algún copropietario puede verse tentado a plantear un interdicto de obra nueva. La Sentencia de la AP Barcelona, sec. 14ª, de 30 de septiembre de 1997 ya denegó esta vía procedimental dado que -como se dice en esta resolución- no se podía "soslayar" la realidad de una actuación del órgano directivo y gestor de la Comunidad, sin que el mismo haya sido impugnado por contrario a la Ley y a los Estatutos, dentro del plazo legal; tal realidad es suficiente para constituir una apariencia legitimadora de la actuación de la Comunidad, que diluye el concepto de "hecho perturbador de la posesión" al actuarse sobre la "realidad" de un "consenso" que de no ser previamente impugnado, en principio integra una posible "colisión de derechos", pero que vacía la procedencia del interdicto de obra nueva, es el sustituir acciones normativamente reguladas en su contenido y vivencia, por un juicio meramente posesorio, esquemático y cautelar. El argumento expuesto es de aplicación, también, hoy en día.
Así, como regla general cabe decir junto a la Sentencia de la AP Alicante, sec. 4ª, de 28 de febrero de 1995, en un supuesto de interdicto de obra nueva, que: “...no son los interdictos los procedimientos adecuados para dejar sin efecto un acuerdo de la Junta de propietarios, ya que el cauce adecuado es la impugnación de los acuerdos…”, y -como se ha expuesto- esto es perfectamente trasladable a la actualidad por cuanto que no ha variado el régimen aplicable, siendo ejemplo de esto la Sentencia de la AP Pontevedra, sec. 6ª, nº 697/2008, de 18 de diciembre -EDJ 2008/351788-, que tuvo que resolver si procede o no el ejercicio de una acción de tutela sumaria de la posesión frente a la decisión adoptada por la Comunidad demandada -en la que físicamente se ubicaba una plaza de garaje-, de realizar unas obras consistentes en arreglar la tubería de agua del edificio, declarando que: “…no es razonable considerar que el arreglo de las tuberías del agua aprobado por la comunidad demandada constituya un acto de despojo por parte de ésta que atenta al estado posesorio que disfrutaba el actor, es decir, lo acordado no implica un acto de despojo ilícito susceptible de obtener la protección que ofrece el procedimiento para la tutela sumaria de la posesión. A lo anterior cabe añadir que este tampoco es el procedimiento adecuado para discutir la validez de un acuerdo comunitario e incluso dejarlo sin efecto, pues se trata de cuestiones más complejas que deben resolverse en un procedimiento declarativo…”.
Por lo tanto, a modo de conclusión se puede decir que es inadecuada la acción de protección posesoria contra los acuerdos adoptados por la Comunidad con el fin de paralizar unas obras acordadas, debida o indebidamente, por la Junta de propietarios.
2.- ¿Y en los supuestos en que la Comunidad obre en vía de hecho?
La posibilidad de ejercitar las acciones de protección posesoria queda reducida al supuesto de actuación de la Comunidad que, en vía de hecho, implique un obstáculo actual e inmediato al uso del bien por el poseedor; es decir, cuando la Comunidad obre, apartándose de forma grosera, de lo dispuesto en la LPH -EDL 1960/55- (2). En este sentido es interesante el supuesto analizado por la Sentencia de la AP Pontevedra, sec. 6ª, nº 976/2010, de 30 de diciembre -EDJ 2010/318158-, que admitió la vía interdictal (acción para la tutela sumaria de la posesión -art. 250.1,4º LEC- -EDL 2000/77463-) ejercitada por un arrendatario contra la comunidad de propietarios al instalar ésta, sin previo acuerdo comunitario, una puerta en la rampa de acceso al local que el arrendatario destina a usos comerciales y que también daba acceso a los garajes de la Comunidad que alteraba el preexistente status. De esta resolución se pueden extraer los siguientes pasajes: “La singularidad de este caso radica en que el conflicto no se plantea entre la comunidad y un comunero, o entre comuneros, sino entre la comunidad de propietarios y el arrendatario de un comunero. Aún más, si se admite que el propio arrendatario pueda valerse de los interdictos frente a su propio arrendador, con mayor razón frente a la comunidad de propietarios. En definitiva, y para enervar los efectos de una acción interdictal, era preciso que constara acreditada la existencia de un acuerdo concreto de la comunidad sobre la instalación del portón. La prueba era sencilla y estaba en manos de la comunidad mediante aportación de la certificación del acuerdo de la junta, si efectivamente existe. Siendo así, debe admitirse la protección interdictal, para que la actora recobre su estado posesorio anterior”.
En definitiva, a modo de conclusión se puede decir que, aunque la doctrina ha discutido la posibilidad de acudir a este procedimiento en los supuestos en que una obra afecte al uso de los elementos comunes de un inmueble privando a los copropietarios de este derecho y la opinión mayoritaria se decanta por su admisibilidad, ello es sobre la base de que se actúe por la vía de hecho, ya que en otro caso -si la Comunidad actúa conforme a lo dispuesto en la LPH- -EDL 1960/55-, se deberá acudir a los procedimientos específicamente señalados en ésta para la impugnación de los mismos.
1. En esta línea se pronuncia José María Rives Seva (en “Aspectos procesales en las demandas sobre tutela sumaria ante situaciones de perturbación o despojo de la posesión”. Revista de Jurisprudencia, nº 3. Marzo 2011) cuando afirma que: “No puede ser materia de decisión interdictal la limitación o restricción de la posesión si se presenta como expresión de lo acordado por una Comunidad de Propietarios, en la Junta correspondiente, para el adecuado disfrute de los elementos comunes del edificio al que corresponde y sobre los que tiene encomendada la regulación de su aprovechamiento, y hasta su disposición, con las mayorías legalmente exigibles, por cuanto los acuerdos adoptados por dicho órgano comunitario son provisionalmente ejecutivos, aunque infrinjan las disposiciones de la LPH o los Estatutos de la Comunidad, hasta tanto no se invaliden por decisión judicial en el proceso declarativo correspondiente, promovido dentro del plazo de caducidad que la LPH señala”.
2. Apréciese especialmente en este sentido la nueva redacción de los arts. 10 y 17 de la LPH -EDL 1960/55- en virtud de la Disposición Final Primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas -EDL 2013/104919-. En especial habrá que tener en cuenta los supuestos contenidos en el art. 10 cuya reforma ha sido de gran calado. Los dos preceptos citados marcan el ámbito de actuación de la Comunidad de propietarios, por lo que si ésta prescinde de lo establecido en éstos podría estarse ante una vía de hecho contra la que, llegado el caso, se pudiera plantear una acción protectora de la posesión.

References: e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
sui generis
 resolución