Source: http://derechointernacionalcr.blogspot.mx/2017/11/
Timestamp: 2018-04-22 02:29:15+00:00

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Derecho Internacional Público. Costa Rica: noviembre 2017
Como bien se sabe, esta declaración adoptada en el marco de una conferencia convocada por Naciones Unidas en 1992 contiene en su mayoría principios jurídicos para guiar a los Estados, dejándoles la libertad de aplicarlos según su marco legal e institucional (véase texto de la Declaración de Rio). No es un tratado internacional, por lo que no es vinculante para los Estados. No obstante su caracter no obligatorio, en aras de uniformar la implementación del Principio 10, se consideró oportuno en el 2012, en el marco de la conferencia Rio+20, que América Latina y el Caribe contaran con un tratado al respecto. En el 2014, la CEPAL procedió a compilar los diferentes tipos de instrumentos internacionales existentes relacionados con los alcances del Principio 10 (véase informe).
Es de señalar, entre documentos que revisten cierto interés presentados por los Estados, la nota conjunta presentada por Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay y Perú sobre el concepto de "defensores de derechos humanos en temas ambientales".
- con relación al artículo 2: "Sugerencia de supresión de definición de "toma de decisiones en materia ambiental" [Colombia] (p. 15);
- con relación a la frase del artículo 1, "El objetivo de este Acuerdo es asegurar la aplicación plena y efectiva de los derechos de acceso consagrados en el Principio 10" se lee que para Colombia, es preferible descartar "plena y efectiva" y colocar "progresiva" en su lugar (p. 11);
- el inciso 10 del Preámbulo también pareciera querer ser recortado por Colombia (remitimos a la p. 8 del mismo borrador de manera que un lector curioso descubra por sí mismo lo que puede estar motivando a Colombia).
"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".
Con relación a la idea de formalizar, en un instrumento jurídico de carácter regional, lo dispuesto en el ámbito universal bajo la modalidad del "soft-law" (al que pertenece la Declaración de Rio de 1992), se cuenta con un valioso precedente: la "Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales" adoptada en Aarhus en 1998, la cual provee un marco normativo para implementar el Principio 10, marco limitado a la región europea y a Asia central (veáse texto en español y estado oficial de firmas y ratificaciones de este instrumento).
A inicios de noviembre del 2017, se dió a conocer un informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la lider indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras en el 2016. El informe recopila información reunida desde el exterior, ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por no investigar debidamente este asesinato: véase breve nota nuestra al respecto titulada "El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE".
Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada "Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian"
En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013. El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada "Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes").
Nótese que, en el caso de Costa Rica, el juez constitucional procedió recientemente a un llamativo retroceso jurisprudencial, al declarar en febrero del 2017, con relación al polémico acueducto en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano. Se trata de una insólita decisión que resquebraja una línea jurisprudencial de la justicia constitucional de Costa Rica de muchos años, y que ha generado críticas muy duras por parte de especialistas en derecho ambiental (véase breve nota nuestra al respecto). Sobre este peligroso voto de la Sala Constitucional, se lee en el análisis de la jurista Katherine Arroyo Arce, titulado "La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica" que:
"Precisamente, en razón de lo anterior, es fundamental reflexionar sobre los alcances de una de las justificaciones señaladas en la resolución N° 1163-2017 para legitimar la reversión de la participación en materia ambiental de un derecho a un principio general, que consiste en la categorización expresa de la participación pública, en su dimensión general, como un principio y ya no como un derecho fundamental y humano".
En un reciente análisis al respecto, titulado "La encrucijada de los derechos humanos ambientales en la Sala Constitucional", el profesor Mario Peña Chacón concluye por su parte que :
"A todas luces, el recurso de amparo constitucional se constituye actualmente en la única vía procesal que logra cumplir a cabalidad la obligación de protección judicial efectiva de los derechos humanos ambientales, exigida en el Pacto de San José. De ahí que su cierre total o bien, su limitación irracional, podría constituirse en una nueva regresión jurisprudencial y abrir las puertas de la justicia interamericana"
Debilitar la participación ciudadana en materia ambiental es el objetivo de algunos sectores en Costa Rica (así como fuera de ella). Hace unos años, un burdo intento en la Asamblea Legislativa de impedir la reelección del magistrado costarricense Fernando Cruz Castro (véase nota sobre votación) se justificó por la necesidad de favorecer "el clima de negocios" desde la Sala Constitucional, según manifestado por la bancada oficialista del Poder Legislativo en aquel momento. La maniobra política generó una gran movilización en Costa Rica (y fuera de ella), y terminó en un estrepitoso fracaso.
No obstante, pocos se esperaban a una decisión tan regresiva por parte del juez constitucional, como la dictaminada en el 2017: la cual fue tomada por cinco magistrados contra el parecer de dos de sus integrantes, Fernando Cruz y Paul Rueda, quiénes en una nota conjunta reiteran el carácter constitucional de la participación ciudadana "como un claro y legítimo derecho fundamental".
GINEBRA (27 de noviembre de 2017) - Expertos en derechos humanos de la ONU* urgen a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que adopten un acuerdo firme sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la justicia.
"Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente", dijeron los expertos.
"Felicito los esfuerzos realizados por los Estados durante los últimos años de negociaciones. Se ha recorrido un largo camino y se ha logrado grandes avances. Pero el tiempo apremia. Los Estados deberían finalizar su labor mediante la adopción de un tratado fuerte, jurídicamente vinculante para la región", subrayó uno de los expertos, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.
La mayoría de los Estados de la región ya han firmado una declaración en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicación del principio 10. "La
adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región. Sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente", dijeron los expertos.
"Acogeríamos con satisfacción que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deberían incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no sólo impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros impactos sociales, incluyendo impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento", los expertos destacaron.
"Espero que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales", añadió Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos.
"Para proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente", subrayó Knox. "Este acuerdo sería un salto adelante en ese esfuerzo crucial".
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Este 20 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado a conocer su decisión con relación a las demandas reconvencionales solicitadas por Colombia en el caso de la primera demanda que planteó en el 2013 Nicaragua en su contra (véase comunicado en francés y en inglés): de las cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Colombia, las dos primeras son rechazadas por la CIJ, las dos siguientes aceptadas.
La demanda reconvencional en breve
La demanda reconvencional, prevista en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ, constituye una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una ordenanza o providencia. Es lo que ha dado a conocer en este día 20 la CIJ, rechazando las dos primeras demandas reconvencionales colombianas y aceptando las dos últimas. Nótese que en el caso de la primera y segunda demanda reconvencional, el rechazo fue adoptado en el seno de la CIJ por 15 contra uno; en el caso de la tercera, la CIJ la aceptó por 11 contra 5, y la cuarta por 9 contra 7.
El contexto procesal en el que se enmarca este incidente procesal
En su demanda contra Colombia con fecha del 13 de setiembre del 2013, Nicaragua pidió a la CIJ fijar el límite de su plataforma continental en la zona en la que hay traslapes con la de Colombia, y precisar las reglas aplicables con relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas en el Caribe. Resulta oportuno precisar que pocos días antes, el 10 de setiembre del 2013, Colombia anunció oficialmente que el fallo de la CIJ del 19 de noviembre del 2012 era “inaplicable”: se trata de un interesante caso en el que un anuncio de esta naturaleza es respondido por una acción legal ante la CIJ.
En una segunda demanda presentada el 26 de noviembre del 2013, Nicaragua pidió a la CIJ que dictaminara que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia. Es de notar que esta demanda se presentó a pocos días de surtir sus efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, formalizada en noviembre del 2012.
Como era previsible, ante estas dos demandas de Nicaragua, la estrategia colombiana consistió en poner en tela de duda la competencia de la CIJ en ambos casos. En el caso de la primera demanda de Nicaragua, Colombia presentó cinco excepciones preliminares y mantuvo idéntica cifra de excepciones preliminares en aras de evitar un examen en cuanto al fondo en el caso de la segunda. La estrategia colombiana no surtió mayores efectos: sus pretensiones fueron rechazadas por los jueces de La Haya, declarándose competentes en su decisión del 16 de marzo del 2016 (véase texto del fallo de la CIJ en el que se declara competente con relación a la primera y texto de la decisión de la CIJ con relación a la segunda demada). Al ser informado de su contenido, el jefe de Estado colombiano calificó de "injuriosa" (sic.) esta decisión del juez internacional. Sobre los pormenores de esta decisión de la CIJ, remitimos a nuestros estimables lectores a este breve análisis titulado "Nicaragua / Colombia: la CIJ se declara competente", publicado en Debate Global el 21 de marzo del 2016.
En su ordenanza del 28 de abril del 2016, el juez internacional indicó a ambos Estados los siguientes plazos para la presentación de sus escritos con relación a la primera demanda: la memoria de Nicaragua, a ser entregada el 28 de setiembre del 2016; y la contramemoria de Colombia, el 28 de setiembre del 2017. En el caso de la segunda demanda, la CIJ ordenó a Colombia entregar su contramemoria el 17 de noviembre del 2016.
Es precisamente en su contramemoria presentada con relación a esta segunda acción de Nicaragua que Colombia recurrió al incidente procesal de la reconvención: optando por presentar un total de cuatro demandas reconvencionales. La primera demanda reconvencional se relacionaba con una supuesta violación de Nicaragua en materia de preservación del ambiente marino en el Sur Oeste del Caribe; la segunda a una supuesta violación por parte de Nicaragua de proteger los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés desde la perspectiva ambiental; la tercera, a los derechos de pesca artesanal de las comunidades de este mismo archipiélago, y la cuarta al Decreto Ejecutivo 33-2013 de Nicaragua adoptado en agosto del 2013 que establece las lineas de base rectas (y que, según Colombia, extienden las aguas interiores y los espacios marítimos de Nicaragua más allá de lo que prevé el derecho internacional).
En su ordenanza (véase texto en francés y en inglés), la CIJ estima con relación a las dos primeras demandas que:
"Alors que la Colombie cherche à établir que le Nicaragua a manqué à son obligation de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, le Nicaragua entend démontrer que la Colombie a violé la juridiction et les droits souverains dont il jouit dans ses espaces maritimes. 39. En conséquence, la Cour conclut à l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en droit, entre les deux premières demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua" / "While Colombia seeks to establish that Nicaragua has failed to comply with its obligation to protect and preserve the marine environment in the south-western Caribbean Sea, Nicaragua seeks to demonstrate that Colombia has violated Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction within its maritime areas. 39. The Court therefore concludes that there is no direct connection, either in fact or in law, between Colombia’s first and second counter-claims and Nicaragua’s principal claims".
Mapa extraído de artículo de prensa publicado en Semana (Colombia) titulado de manera errónea "El contraataque de Colombia en conflicto limítrofe con Nicaragua"
Contrario a lo leído y oído en Colombia en los últimos días, una demanda reconvencional no es ninguna "contrademanda": permite simplemente al juez proceder a un examen más amplio de un asunto a solicitud de la parte demandada. Con relación a las dos demandas reconvencionales rechazadas por el juez internacional a Colombia, no hay cómo plantearlas en alguna demanda formal contra Nicaragua que pudiese (esta sí) constituirse en una respuesta colombiana a las demandas de Nicaragua. En efecto, sesde el punto de vista jurídico, el problema para Colombia radica en el hecho que ya no es parte al Pacto de Bogotá, al haber decidido denunciarlo en el 2012 (surtiendo efectos jurídicos esta denuncia a partir de noviembre del 2013). Tampoco es parte a la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), instrumento que le podría conferir alguna base de competencia para introducir ante la CIJ una demanda contra otro Estado Parte a dicha convención (a la que sí es parte Nicaragua).
El inédito comunicado de Colombia del pasado 16 de noviembre
Ante este exiguo panorama, cobran mayor interés los términos usados por Colombia en un comunicado del 16 de noviembre pasado que, al parecer no cuenta con precedente alguno en la práctica procesal de los Estados que litigan en La Haya. Este comunicado oficial de la diplomacia colombiana generó una gran confusión, al anunciar dos "contrademandas" contra Nicaragua, presentando de forma muy parcial, como era previsible, la decisión de la CIJ, y refiriéndose únicamente a los aspectos favorables de esta; además, con este insólito texto, Colombia se anticipó de varios días al servicio de comunicación y de información de la CIJ, y recurrió al uso de términos erróneos en este texto divulgado por su aparato diplomático. Sobre este hecho bastante inusual, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en Debate Global y titulada "Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ".
Un nuevo plazo en el procedimiento contencioso
En su decisión dada a conocer este 20 de noviembre del 2017, la CIJ procedió también a fijar los siguientes plazos sobre ambas demandas reconvencionales solicitadas por Colombia, que fueron aceptadas por el juez internacional: 15 de mayo del 2018 para la réplica de Nicaragua, y 15 de noviembre del 2018 para la dúplica que deberá presentar Colombia.
No cabe duda que con este nuevo incidente procesal, la decisión definitiva de la CIJ para resolver la disputa entre Nicaragua y Colombia en el Caribe no podrá ser leída si no es hasta el año 2020. Ello siempre y cuando Colombia no recurra a alguna otra herramienta procesal en aras de dilatar el procedimiento. Como bien se recordará, la demanda inicial presentada por Nicaragua en diciembre del 2001 culminó tan solo en noviembre del 2012, debido a diversos incidentes procesales por parte de Colombia, y a la solicitud de intervención (tardía) de Costa Rica y de Honduras en el 2010 (rechazadas ambas en el 2011 por la CIJ).
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ASESINATO DE BERTA CÁCERES EN HONDURAS: LAS CONTUNDENTES CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GAIPE
A pocas semanas de la muerte de Berta Cáceres, un primer informe elaborado por los integrantes de una misión internacional ya había detectado la poca voluntad de las autoridades hondureñas para esclarecer debidamente este crímen (véase informe titulado "Justicia para Berta Cáceres Flores"; el Anexo 2 contiene la serie de amenazas recibidas por Berta Cáceres). En febrero del 2017, la ONG Amnistía Internacional calificaba de "vergonzosa" la investigación realizada por las autoridades hondureñas (véase comunicado de prensa).
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo en nuestra breve nota publicada en ElPais.cr, al conmemorarse el primer año de la muerte de Berta Cáceres:
En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013 (Nota 1). La muerte de Jairo Mora Sandoval oficialmente fue explicada en razón de acciones violentas en su contra por parte de hueveros y narcotraficantes, sin que la Fiscalía explorara otras hipótesis de manera a saber quiénes más podrían tener interés en que el monitoreo de nidos de tortuga en Playa Moín dejara de realizarse. Sin que existiera ninguna investigación de iniciada, el Vice Presidente de Costa Rica Alfio Piva adelantó prematuramente que esta (hueveros y narcotraficantes) era la tésis a seguir. Un reciente artículo titulado "El magistrado y los elefantes" refiere a una peculiar reacción de quién hoy es magistrado (suspendido) en Costa Rica, a raíz de una crítica sobre su actitud como Vice Ministro de Seguridad cuando se registró el fallecimiento del jóven biólogo en Moín. En este comunicado del 2015 de la FECON, se lee que:
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References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 Artículo 80