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Timestamp: 2019-01-21 04:34:32+00:00

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Resumen del Concepto 20733 de agosto 8 de 2018 de la DIAN.
Su enajenación o cesión genera IVA, si se consideran como inventarios o activos intangibles asociados con la propiedad industrial.
En el impuesto sobre la renta y complementarios se declaran como activo intangible (inversión) o inventarios, y la realización del ingreso, se determina teniendo en cuenta los marcos técnicos normativos contables para los obligados a llevar contabilidad y las reglas de realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad.
Texto del Concepto.
Por considerarlo de interés, transcribimos textualmente el Concepto 20733 de agosto 8 de 2018 de la DIAN, sobre las criptomonedas en el IVA y en el impuesto sobre la renta y complementarios.
“CONCEPTO 20733 DEL 8 DE AGOSTO DE 2018 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
“Bogotá, D.C.,
CRISTHIAN ANDRES RODRIGUEZ DIAZ
Carrera 13 N° 32-93 Torre 3 Oficina 810 Parque Baviera Bogotá, D.C.
“Ref: Radicado 000269 del 03/08/2018
“De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 es función de ésta Dirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad.
“Corresponde explicar que las facultades de esta dependencia se concretan en la interpretación de las normas atrás mencionadas, razón por la cual no corresponde, en ejercicio de dichas funciones, prestar asesoría específica para atender casos particulares que son tramitados ante otras dependencias o entidades ni juzgar o calificar las decisiones tomadas en las mismas. En igual sentido, los concentos que se emiten por este despacho tienen como fundamento las circunstancias presentadas en las consultas y buscan atender los supuestos de hecho y derecho expuestos en estas en forma general; por ello, se recomienda que la lectura del mismo se haga en forma integral para la comprensión de su alcance, el cual no debe extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y estudiadas.
“Por lo anterior, le informamos que no somos competentes para contestarlas preguntas 1.1. a la 1.10, de su-consulta. De acuerdo con esto, en este Concepto sólo nos referiremos a las preguntas planteadas desde 1.11. al 1.14., las cuales se refieren a asuntos en materia tributaria.
“I ¿La venta de “criptomonedas adquiridas para uso personal y realizada de manera no profesional ni comercial, genera IVA?
“¿La venta de “criptomonedas” adquiridas con este fin, en desarrollo de una actividad comercial, genera IVA?
“De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario (en adelante, “E.T.”), el impuesto a las ventas se genera por la enajenación de bienes corporales muebles e inmuebles y la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles (literales a) y b) del artículo 420 del E.T.).
“Por lo tanto, cada contribuyente deberá revisar cuando enajene este tipo de activos si se enmarcan dentro de alguno de los hechos generadores del impuesto a las ventas, en caso contrario, no está sujeto a dicho impuesto.
“II “¿Si una persona posee “criptomonedas” las mismas deben ser incluidas en la declaración de renta? ¿en caso positivo, bajo que rubro especifico deben incluirse en la declaración de renta?”
“A. Naturaleza de las “criptoactívos”
“Con la ley 1314 de 2009, Colombia inicio un proceso de adopción de los estándares internacionales y a partir del primero de enero de 2016 el Decreto 2649 terminó su vigencia. En este sentido, el Marco Técnico Normativo del Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013: NIIF para PYMES, párrafo 2.15 Literal (a), la que la define activo como: “Un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
“Es importante mencionar que el Concejo Técnico de la Contaduría Pública expidió el concepto 10-00906-2018, en donde estableció los lineamientos contables que se deben seguir para este tipo de activos, en donde se trae un aparte, así:
“[…] En consecuencia, este Consejo recomienda que se cree una unidad de cuenta separada para el reconocimiento, medición y revelación de transacciones y otros eventos o sucesos que tenga relación con las criptomonedas, que bien podrían denominarse como “criptoactivos” o “activos virtuales”. […]
“A su vez el artículo 21-1 del Estatuto tributario establece en el primer inciso que:
“Art. 21-1. Adicionado Ley 1819 de 2016 Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. […]
“Por lo tanto, teniendo en cuenta que para efectos fiscales se parte del reconocimiento y medición contable, y sobre el se aplicará las excepciones o limitaciones que se tenga en materia tributaria, se tiene entonces que para efectos de determinar cómo se declararía el criptoactivo, dependerá de cómo lo reconozca contablemente, es decir un inventario a un activo intangible, pero aplicando las restricciones legales que existen como medio de pago.
“B. Declaración de activos
“1. ¿Qué activos deben declararse?
“En primer lugar, vale la pena aclarar que de acuerdo con el artículo 9 del Estatuto Tributario:
“Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país. (…)”
“Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los criptoactivos son consideradas como activo, los residentes colombianos que tengan en su patrimonio criptoactivos deberán declararlas en su declaración de renta anual. El valor por el cual deberán declararlas será por el valor patrimonial de éstas., ya sea como un activo intangible (inversión) o inventario. Por lo tanto, aplicará la norma de valor patrimonial de los activos que establece el artículo 267 y siguientes del estatuto tributario.
“Por todo lo anterior, es posible concluir que todos los residentes colombianos deberán reportar en su declaración de renta anual las criptoactivos que tengan en su patrimonio a 31 de diciembre de cada año gravable.
“De modo que quien tenga en su monedero virtual criptoactivos y, adicionalmente, pueda disfrutar de sus beneficios económicos, como la obtención de utilidades por la enajenación de dicho activo, deberá declararlas en su declaración de renta anual.
“No sobra advertir que el parágrafo 6 del artículo 21-1 del estatuto tributario determina que las mediciones a valor presente o valor razonable se deberán reconocer al costo, precio de adquisición o valor nominal para efectos fiscales.
“III. Las utilidades generadas con ocasión del aumento del precio de las “criptomonedas” en el mercado se consideran un ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta? En caso afirmativo, como deben incluirse en la declaración de renta?
“De acuerdo con el numeral 5 del artículo 28 del Estatuto Tributario
“5. Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, no serán objeto del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero.”
En este sentido, cuando un obligado a llevar contabilidad tenga en su patrimonio este tipo de activos, y genere ingresos producto del aumento de precio de las “criptoactivos” en el mercado, dicho ingreso no se considerará gravable sino hasta el momento en el que enajene las “criptoactivos”.
“De igual manera, y en virtud del artículo 27 del Estatuto Tributario, los contribuyentes que no se encuentren obligados a llevar contabilidad deben observar las siguientes reglas:
“Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no realizadas, sólo se gravan en el año período gravable en que se realicen.”
“De acuerdo con esto, este tipo de contribuyentes sólo deberá reconocer el ingreso al momento de la enajenación, momento en el cual recibe el pago.
“Con respecto a cómo se deben reconocer en la declaración de renta, esto dependerá de cómo se reconoció el activo para el que lo enajena.
“Finalmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: “Normatividad” – “Técnica” y seleccionando los vínculos “doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”.
“LORENZO CASTILLO BARVO
Car 8 N° 6C-38 Piso 4”
El Proyecto de Ley de Financiamiento viola el derecho fundamental a la pensión, que es un derecho irrenunciable a la seguridad social.
El Proyecto de Ley Nº 240 de 2018 Cámara, radicado por el Gobierno Nacional en octubre 31 de 2018, que apenas inicia el trámite legislativo en el Congreso de la República de Colombia, en su artículo 24, bajo el ropaje de “Normas de financiamiento en impuesto sobre la renta de personas naturales”, modifica el artículo 206 del Estatuto Tributario, sobre las rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, eliminando de tajo la exención que tienen actualmente, en el artículo 206 numeral 5 del Estatuto Tributario, las pensiones de jubilación, vejez, de sobrevivientes y de riesgos profesionales.
En efecto, actualmente, dichas pensiones están exoneradas en un valor mensual equivalente a 1.000 UVT (para 2018, 1.000 UVT x $33.156 = $33.156.000); y a partir de enero 1º de 2019, según dicho Proyecto de Ley, las pensiones estarán gravadas en su totalidad, incluidas como ingreso en la cédula general de rentas de trabajo, pensiones, capital y no laborales, según las modificaciones propuestas de los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de dicho Proyecto de Ley, a los artículos 330, 331, 333, 335 y 383 del actual Estatuto Tributario; y tributarán a las tarifas para las personas naturales residentes en Colombia, establecidas en el artículo 25 de dicho Proyecto de Ley, que modifica el artículo 241 del Estatuto Tributario; tarifas marginales que van desde el 19%, para el rango inferior de 1.090 UVT (para 2019, 1.090 UVT x $34.270 = $37.354.300), hasta el 37% para el rango superior de 13.100 UVT (para 2019, 13.100 UVT x $34.270 = $448.937.000) en adelante.
Esta norma que incluye el Proyecto de Ley, que ordena gravar con el impuesto sobre la renta y complementarios a las pensiones, es regresiva, porque, el impuesto pasa del 0% actual a las tarifas marginales indicadas; y viola el derecho fundamental de recibir pensión; y viola los Derechos Humanos incluidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; y viola la prohibición de regresividad del principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, como se demuestra a continuación.
Violación del derecho fundamental de recibir pensión.
El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia establece, que la seguridad social, y en ella, el derecho a la pensión, es un derecho irrenunciable; y, que, las mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho, por ningún motivo, pueden dejarse de pagar, congelarse, o reducirse.
Es decir, que el establecer tributos a las pensiones, que no existen actualmente, reduce la mesada pensional de los pensionados, afectando este derecho fundamental, y violando el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, porque, las amplias facultades de configuración legislativa que tiene el Congreso de la República de Colombia, para establecer impuestos, no alcanzan para violar este derecho fundamental de las pensiones ni la Constitución le da prerrogativa al Congreso para violar derechos fundamentales.
Violación de los Derechos Humanos, incluidos en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Colombia.
Los siguientes son Derechos Humanos:
La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 (III) de diciembre 10 de 1948. Ley 13 de 1945.
El artículo 22 de esta Declaración establece el derecho a la seguridad social que tiene toda persona, indispensable para su dignidad y para el libre desarrollo de su personalidad.
El artículo 25.1 de la misma Declaración establece el derecho de la persona a los seguros por enfermedad, invalidez, viudez y vejez.
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ley 74 de 1968.
El artículo 9 de este Pacto reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social.
El Protocolo de San Salvador de noviembre 17 de 1988. Ley 319 de 1996.
El artículo 9 de este Protocolo consagra el derecho a la seguridad social, que protege la vejez y la incapacidad física o mental, que asegure una vida digna y decorosa.
Todos estos Tratados Internacionales de Derechos Humanos hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia, y no pueden ser limitados por el legislador.
Es decir, que el establecer tributos regresivos, desproporcionados y sin justificación, como el que se propone sobre las pensiones, viola los Derechos Humanos a la seguridad social, establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad.
Violación de la prohibición de regresividad dentro del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, como límite a la libertad de configuración legislativa en materia tributaria.
Esta prohibición está consagrada en el artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968, y que establece:
“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
……… (negrillas fuera del texto).
Como un límite de la potestad tributaria del legislador, se erige el principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, en su aspecto de prohibición de regresividad, donde el Estado no puede retroceder en el grado de protección alcanzado. Este principio está regulado en el artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968, donde se exige que los Estados deben lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos allí reconocidos. Es decir, que para lograr la plena efectividad de estos derechos, se requiere gradualidad progresiva, pero, en ninguna forma, se admite la regresividad en dicha efectividad plena.
El establecer impuesto sobre la renta y complementarios, a pensiones, que, ahora, están exentas de este impuesto, constituye una regresividad del sistema tributario colombiano, que viola este Derecho Humano de la prohibición de regresividad dentro del principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales, porque, dicho Pacto exige que los Estados deben lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos allí reconocidos con gradualidad progresiva; y no regresividad, como ocurre en esta norma que se propone de Financiamiento, que, es, en realidad, una reforma tributaria regresiva en el aspecto de las pensiones, entre otros.
Este principio de no regresividad del sistema tributario está amparado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-492 de 2015, C-776 de 2003, C-507 de 2008, C-182 de 2010, C-503 de 2014 y C-643 de 2011, así:
La C-492/15 de agosto 15 de 2015.
A pesar de corresponder a una demanda sobre el IMAN e IMAS, estableció, en general, el precedente constitucional para la aplicación de la exención del 25% de los ingresos laborales, como integrante del derecho fundamental del Mínimo Vital y Móvil; y que está amparada, también, por la prohibición de regresividad dentro del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley 74 de 1968, que conforma el Bloque de Constitucionalidad, en materia de Derechos Humanos, con el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia.
La C-776/03 de 2003.
Estableció el precedente constitucional para la reforma tributaria del IVA, en cuanto violaba el Derecho al Mínimo Vital del Estado Social de Derecho, vulnerando los principios de progresividad y de equidad que rigen el sistema tributario.
La C-507/08 de 2008.
Estableció el precedente constitucional sobre el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y la prohibición de regresividad, en cuanto a la destinación de recursos de las universidades estatales.
La C-182/10 de 2010.
Estableció el precedente constitucional sobre el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y prohibición de regresividad, en cuanto a la fijación del monto de una contribución parafiscal.
La C-503/14 de 2014.
Estableció el precedente constitucional sobre el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y prohibición de regresividad, en cuanto a la modificación del destino de los recaudos de una estampilla para el bienestar del adulto mayor, considerada como tasa parafiscal.
La C-643/11 de 2011 sobre la obligatoriedad del precedente constitucional.
Obliga a las autoridades, entre éstas el Congreso de la República, a tener en cuenta, según su parte resolutiva, además de las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado, de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpretan las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia, sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúen el control abstracto de constitucionalidad.
Las pensiones no son ingreso tributario sino un reembolso de los aportes efectuados por el trabajador durante todos sus años de vinculación laboral.
Las normas del citado Proyecto de Ley, identifican a las pensiones como ingresos con las mismas características de las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, cuando en realidad, las pensiones constituyen un reembolso de los aportes efectuados por el trabajador durante todos sus años de vinculación laboral; por lo tanto, no tienen las mismas características de los ingresos por rentas de trabajo, rentas de capital o rentas no laborales, porque, no constituyen ingresos tributarios, en los términos del artículos 26 del Estatuto Tributario, debido a que, por ser un reembolso de aportes, no son susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio del pensionado al momento de su percepción.
Al respecto el artículo 1.2.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2015, establece:
“Artículo 1.2.1.7.1. Concepto de incremento neto del patrimonio. Para los efectos del artículo 15 del Decreto 2053 de 1974 (hoy artículo 26 del Estatuto Tributario), se entiende que un ingreso puede producir incremento neto del patrimonio, cuando es susceptible de capitalización aun cuando ésta no se haya realizado efectivamente al fin del ejercicio.
“No son susceptibles de producir incremento neto del patrimonio los ingresos por reembolso de capital o indemnización por daño emergente.” (negrillas fuera del texto).
Por lo cual, las pensiones, como provenientes de reembolso de los aportes, son, en realidad, un reembolso de capital, y no pueden considerarse como ingreso tributario.
Gravar las pensiones con las tarifas propuestas en el Proyecto de Ley, implica una desmejora exorbitante para los pensionados, porque, constituyen los gravámenes más altos de todas las personas naturales.
Las tarifas propuestas, para las pensiones, que van desde el 19%, para el rango inferior, hasta el 37%, para el rango superior, para los valores anuales gravables percibidos, por los pensionados, amén de las retenciones en la fuente mensuales, a las mismas tarifas sobre las mesadas mensuales, inferior de 85 UVT (para 2019, 85 UVT x $34.270 = $2.912.950) y superiores de 1.140 UVT (para 2019, 1.140 UVT x $34.270 = $39.067.800) en adelante, más los aportes a la salud del pensionado del 12% (los más altos de todas las personas), más los aportes del pensionado al fondo de solidaridad pensional del 1%, implica la descapitalización de los pensionados colombianos, que ven disminuidos (aspecto regresivo), en detrimento de su calidad de vida, los ahorros de toda su vida por los aportes efectuados, en beneficio del Estado Colombiano.
El Congreso de la República de Colombia, al tramitar el Proyecto de Ley de Financiamiento, tiene gran responsabilidad con los pensionados colombianos.
PATRIMONIO DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.
Obligados a declararlo en Colombia.
Sociedades y entidades nacionales.
Sociedades y entidades extranjeras caracterizadas como sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios.
Diferentes disposiciones del Estatuto Tributario establecen la obligación de declarar en Colombia el Patrimonio por los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable.
Personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, y sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en Colombia en el momento de su muerte.
El artículo 9º inciso 1º del Estatuto Tributario establece, que las personas naturales residentes en Colombia están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro o fuera de Colombia.
En el mismo sentido, el artículo 261 inciso 2º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 1739 de 2014, establece, que los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras y los establecimientos permanentes, deben incluir en el patrimonio bruto, también, los bienes poseídos en el exterior. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en Colombia en el momento de su muerte, deben incluir los bienes poseídos en el exterior a partir del año gravable en que adquieran la residencia en Colombia.
Personas naturales, nacionales o extranjeras, no residentes en Colombia, y sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en Colombia en el momento de su muerte.
El artículo 9º inciso 2º del Estatuto Tributario establece, que las personas naturales no residentes en Colombia sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en Colombia.
Interpretando el artículo 261 inciso 2º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 1739 de 2014, se tiene, que, al no ser residentes en Colombia, no deben incluir en el patrimonio bruto los bienes poseídos en el exterior.
Pero si estas personas naturales nacionales o extranjeras, no residentes en Colombia, se convierten en residentes en Colombia, por las reglas de residencia para efectos tributarios del artículo 10 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 2º de la Ley 1607 de 2012 y adicionado su parágrafo 2º por el artículo 25 de la Ley 1739 de 2014, deben incluir los bienes poseídos en el exterior a partir del año gravable en que adquieran la residencia en Colombia.
El artículo 12 inciso 1º del Estatuto Tributario establece, que las sociedades y entidades nacionales son gravadas sobre sus rentas de fuente nacional y sobre las que se originen de fuente fuera de Colombia.
El artículo 261 inciso 2º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 1739 de 2014, establece, que los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras y los establecimientos permanentes, deben incluir en el patrimonio bruto, tanto los bienes poseídos en Colombia como los bienes poseídos en el exterior. Se entiende, que las sociedades y entidades nacionales tienen domicilio principal en Colombia.
El artículo 261 parágrafo 1º del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 113 de la Ley 1819 de 2016, establece, que se entiende como activo los recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos para la entidad; y, que no integran el patrimonio bruto los activos contingentes de conformidad con la técnica contable, ni el activo por impuesto diferido, ni las operaciones de cobertura y de derivados por los ajustes de medición al valor razonable.
Concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios.
El artículo 12-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 84 de la Ley 1607 de 2012, adicionado sus parágrafos 5º y 6º por el artículo 31 de la Ley 1739 de 2014, establece el concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios, cuando tengan su sede efectiva de administración en territorio colombiano; y, también, las que cumplan alguna de las condiciones establecidas en dicho artículo, como que tengan domicilio principal en territorio colombiano, y que hayan sido constituidas en Colombia. Se entiende por sede efectiva de administración en territorio colombiano el lugar en donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como un todo, teniendo en cuenta los lugares donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen sus responsabilidades y llevan a cabo las actividades diarias de la alta gerencia de la sociedad o la entidad. No se considera que la sociedad o entidad es nacional, por el simple hecho de que su junta directiva se reúna en territorio colombiano o que entre sus accionistas o socios se encuentren personas naturales residentes en Colombia o sociedades o entidades nacionales.
Sociedades y entidades extranjeras caracterizadas como sociedades o entidades nacionales.
O sea, que si las sociedades o entidades extranjeras tienen sede efectiva de administración en territorio colombiano, son sociedades o entidades nacionales para efectos tributarios; así, sean, para efectos legales o comerciales o contables, sociedades o entidades extranjeras.
Es decir, que si una sociedad o entidad extranjera es considerada para efectos tributarios, como sociedad o entidad nacional, por tener la sede efectiva de administración en territorio colombiano, es gravada en Colombia sobre sus rentas de fuente nacional y sobre sus rentas de fuente extranjera, de acuerdo con el artículo 12 inciso 2º del Estatuto Tributario; y, de acuerdo con el artículo 261 inciso 2º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 1739 de 2014, con excepción de las sucursales de sociedades extranjeras y establecimientos permanentes, deben incluir en el patrimonio bruto, tanto los bienes poseídos en Colombia como los bienes poseídos en el exterior. Sin embargo, en este aspecto, se debe considerar si están obligadas a llevar contabilidad en Colombia, como se analiza, enseguida; porque, puede ocurrir, que estas sociedades y entidades extranjeras caracterizadas como sociedades o entidades nacionales, por no tener domicilio en Colombia (sucursales o establecimientos permanentes en Colombia) no estén obligadas a llevar contabilidad en Colombia; pero sí deben cumplir las regulaciones tributarias indicadas para las sociedades o entidades nacionales.
La obligación de llevar contabilidad, la establece en Colombia, la ley.
El Código de Comercio, en su Título IV del Libro I, artículos 48 al 74, establece quiénes están obligados a llevar contabilidad y cómo deben llevarla. Otras leyes pueden establecer la obligación de llevar contabilidad para personas o entidades específicas.
Para efectos tributarios, el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819 de 2016, establece, que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los contribuyentes sujetos a este impuesto, obligados a llevar contabilidad, deben aplicar los sistemas de reconocimiento y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellos, y en los casos en que ésta no regule la materia. Los marcos técnicos normativos de información financiera están contenidos en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.
Para efectos contables, no se distingue, si las rentas y ganancias ocasionales son de fuente nacional o de fuente extranjera y si el patrimonio es poseído dentro o fuera del país. Estas distinciones, son sólo para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, en Colombia, de acuerdo con las normas del Estatuto Tributario, que se han indicado.
Para efectos contables, los conceptos a tener en cuenta, entre otros, son los conceptos de devengo contable (acumulación o devengo), para ingresos, costos y gastos; y el concepto de devengo contable (acumulación o devengo) y reconocimiento y medición del activo contable, del pasivo contable y del patrimonio contable. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el concepto de devengo contable se acoge, aunque con diferencias tributarias, en las normas del Estatuto Tributario, en los artículos 28 y siguientes para los ingresos, 59 y siguientes para los costos, y 105 y siguientes para las deducciones; el concepto de reconocimiento y medición del activo contable se acoge, aunque con diferencias tributarias, en el artículo 21-1 y en el artículo 261 y siguientes, del Estatuto Tributario; y el concepto de reconocimiento y medición del pasivo contable se acoge, aunque con diferencias tributarias, en el artículo 21-1 y en el artículo 283 y siguientes, del mismo Estatuto.
Es decir, que los marcos técnicos normativos contables no fueron acogidos plenamente en las normas tributarias colombianas, sino con diferencias tributarias, establecidas en el mismo Estatuto Tributario; lo que ocasiona conciliaciones entre la renta contable y fiscal, el activo contable y el fiscal, el pasivo contable y el fiscal, y el patrimonio contable y el fiscal; y, cuyo control contable y tributario es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 137 de la Ley 1819 de 2016.
Por lo tanto, las distinciones de renta o ganancia ocasional de fuente nacional o de fuente extranjera, y de patrimonio poseído dentro o fuera de Colombia, son exigencias tributarias, que deben respetarse, porque, priman sobre las normas contables, según el artículo 4º de la Ley 1314 de 2009.
El artículo 20 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 85 de la Ley 1607 de 2012, en armonía con el artículo 12 inciso 2º del Estatuto Tributario, establece, en general, que las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, únicamente, en relación con sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente, de que perciban dichas rentas y ganancias ocasionales directamente o a través de sucursales o establecimientos permanentes ubicados en Colombia. Se les aplica el régimen de las sociedades anónimas nacionales.
Según el artículo 21 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 88 de la Ley 1607 de 2012, se consideran sociedades o entidades extranjeras, las que no sean sociedades o entidades nacionales.
Estas normas no mencionan si están sujetas o no al patrimonio poseído dentro o fuera del país.
Por lo cual, es necesario acudir al artículo 261 del Estatuto Tributario, que establece, en su inciso 1º, que el patrimonio bruto está constituido por el total de bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable; y el inciso 2º de este artículo, por interpretación sistemática, que establece, que, para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las sucursales de sociedades extranjeras y los establecimientos permanentes, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos en el exterior; es decir, que, en sentido contrario (aunque es interpretación discutible en normas tributarias por el principio de legalidad tributaria), para los contribuyentes sin residencia o domicilio en Colombia (distintos de las personas naturales no residentes, que sí tienen regulación en el artículo 9º inciso 2º del Estatuto Tributario), el patrimonio bruto no incluye los bienes poseídos en el exterior; o sea, que sí incluye los bienes poseídos en Colombia; pero, si se interpreta esta norma, de acuerdo con el principio de legalidad tributaria (artículo 338 de la Constitución Política Colombia), para los contribuyentes sin residencia o domicilio en Colombia (distintos de las personas naturales no residentes, que sí tienen regulación en el artículo 9º inciso 2º del Estatuto Tributario), no hay norma tributaria que establezca, cuál patrimonio bruto se incluye; o sea, que, por interpretación, no hay norma legal que obligue a las sociedades o entidades extranjeras, contribuyentes sin domicilio en Colombia, a incluir algún patrimonio bruto en Colombia.
Distinto sucede, para las sucursales y establecimientos permanentes de sociedades o entidades extranjeras, para los cuales, sí hay norma en el Estatuto Tributario, en relación con el patrimonio, como se analiza a continuación.
Sucursales o establecimientos permanentes de sociedades o entidades extranjeras.
El artículo 20-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 87 de la Ley 1607 de 2012, establece, que las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras, a través de establecimientos permanentes o sucursales en Colombia, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, que les sean atribuibles al establecimiento permanente o sucursal; para lo cual, éstos deben llevar contabilidad.
En cuanto al patrimonio del establecimiento permanente o sucursal en Colombia de personas naturales no residentes y/o de personas jurídicas y entidades extranjeras, se debe distinguir: si éste realiza la actividad de una persona natural sin residencia en Colombia, se aplica el artículo 9º inciso 2º del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 87 de la Ley 1607 de 2012, que indica la sujeción en el impuesto sobre la renta y complementarios respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en Colombia; y no le aplica, por excepción, por tener domicilio en Colombia, el artículo 261 inciso 2º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 1739 de 2014; si éste realiza la actividad de una sociedad o entidad extranjera, se aplica el artículo 20 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 87 de la Ley 1607 de 2012, que indica la sujeción en el impuesto sobre la renta y complementarios, únicamente, en relación con sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, percibidas, a través del establecimiento permanente o sucursal; y respecto de su patrimonio poseído en Colombia, por excepción, no le aplica el artículo 261 inciso 2º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 30 de la Ley 1739 de 2014, debido a, que, por tener domicilio en Colombia, por la excepción establecida en dicho artículo en el inciso 2º, el patrimonio bruto no debe incluir los bienes poseídos en el exterior; o sea, que sí debe incluir los bienes poseídos en Colombia.
REGISTRO CONTABLE DE BIENES RECIBIDOS POR EL FIDEICOMISO.
Concepto Nº 2018064649-002-000 de junio 15 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Por considerarlo de interés, transcribimos textualmente el Concepto Nº 2018064649-002-000 de junio 15 de 2018, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el registro contable en el fideicomiso, del valor de los bienes allí aportados en el Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliaria, que cambia completamente la exigencia anterior, que establecía, que el fideicomitente debía informar al fiduciario, luego de constituirse la fiducia mercantil, el valor asignado a dichos bienes.
“SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
“Radicación: 2018064649-002-000
Fecha: 2018-06-15 17:24 Sec.día: 1573
Trámite: 116-CONSULTAS ESPECÍFICAS
Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E
Remitente: 421000- DIRECCION DE FIDUCIARIAS
Destinatario: 3406746-HUMBERTO LONGAS LONDOÑO
HUMBERTO LONGAS LONDOÑO
Carrera 37 A No. 5 B2 – 71
“Número de Radicación : 2018064649-002-000
Trámite : 116 CONSULTAS ESPECÍFICAS
Actividad : 39 RESPUESTA FINAL E
Expediente : 2018
“Respetado señor Longas:
“Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, mediante la cual consulta lo siguiente:
De acuerdo con la actual Circular Básica Contable de la Superintendencia Financiera de Colombia ¿Cuál es el valor con que debe efectuarse el registro contable de los bienes recibidos por el Fideicomiso al momento de constituirse el Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliaria? O sea, ¿Cuál es el valor del reconocimiento inicial de los bienes recibidos por el Fideicomiso? Y, ¿Cómo y de quién se obtiene dicho valor?
“Los negocios fiduciarios deben establecer el marco normativo aplicable para el reconocimiento de los hechos económicos teniendo en cuenta lo siguiente:
“El artículo 1.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 (anteriormente Decretos 2784 de 2012 y 3024 de 2013) estableció que el marco normativo aplicable a los preparadores de información financiera que hacen parte del Grupo 1 incluyendo los negocios fiduciarios que tengan inscritos valores en el RNVE o que sean de interés público corresponde a NIIF plenas aplicando las excepciones otorgadas a las entidades y negocios vigilados por esta Superintendencia.
Por otra parte, mediante el Decreto 3022 de 2013 y el Decreto 2267 de 2014 se establecieron las NIIF para Pymes para los preparadores de información financiera que hacen parte del Grupo 2, sobre las cuales deberán reportar los negocios fiduciarios que cumplen las condiciones establecidas en el literal b), del artículo tercero del Decreto 2267 antes citado.
Por último, atendiendo las facultades otorgadas a esta Superintendencia en el artículo cuarto del Decreto 2267 de 2014, aquellos negocios fiduciarios que no deban aplicar los marcos normativos citados anteriormente deberán preparar su información en los términos establecidos en el Capítulo XXIX de la Circular Básica Contable y Financiera.
“Teniendo presente que la consulta se limita a este último marco normativo a continuación daremos respuesta a cada uno de los interrogantes planteados en la consulta:
“1. ¿Cuál es el valor con que debe efectuarse el registro contable de los bienes recibidos por el Fideicomiso al momento de constituirse el Contrato de Fiducia Mercantil Inmobiliaria?
“Al respecto, para efectuar el registro contable de un bien recibido en el fideicomiso al momento de la constitución se debe evaluar el objeto del negocio fiduciario y el tipo de bien transferido conforme a los principios para el reconocimiento de activos establecido en el Capítulo XXIX de la Circular Básica Contable y Financiera; norma en la cual se establecen los principios para el reconocimiento inicial y posterior de cada uno de los tipos de activos en los negocios fiduciarios.
“Por ejemplo, si el objeto del negocio es la conformación de un patrimonio autónomo para que el fideicomitente por su cuenta y riesgo realice la construcción de un proyecto inmobiliario para su posterior enajenación y el bien transferido al momento de la constitución es el inmueble sobre el cual se desarrollará el proyecto, conforme a las definiciones establecidas en la norma estaríamos frente al reconocimiento de un inventario.
“En el reconocimiento inicial los inventarios deben medirse al costo de adquisición, tal como se establece en el numeral 6.6.2 del Capítulo XXIX de la CBCF:
“El costo de adquisición debe incluir el valor de compra y los demás costos en que se haya incurrido para que los inventarios se encuentren listos para su uso o comercialización. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros: el precio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), costos de transporte, transformación y los otros directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales, productos o servicios. Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares se descontarán en la determinación del costo de adquisición.”
“2. ¿Cómo y de quién se obtiene dicho valor?
“El valor para el reconocimiento debe ser el que figura en el documento que soporta la transferencia del bien al negocio fiduciario.
“Continuando con el ejemplo para el caso de un bien inmueble en un proyecto inmobiliario el valor de reconocimiento estaría soportado en la escritura pública de constitución del patrimonio autónomo. Este valor, igualmente debe estar soportado en los hechos económicos del fideicomitente, es decir, si para la construcción del proyecto es necesario la adquisición del bien inmueble, el valor del reconocimiento deberá soportarse en la negociación entre el vendedor del lote o aportante en especie y el constructor; o si por el contrario el bien inmueble es propiedad del constructor y lo está aportando al negocio fiduciario el valor de transferencia debería reflejar el costo en libros del bien conforme a las normas contables que le apliquen a dicho tercero para el reconocimiento de sus operaciones.
“De esta manera dejamos atendido el objeto de su consulta, con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
MARIA FERNANDA BELTRÁN VIEIRA
421000-DIRECTOR DE FIDUCIARIAS
CONFIGURACIÓN DE CONTROL EN SAS. CON ACCIONISTA ÚNICO PERSONA NATURAL.
Decreto Reglamentario 667 de abril 18 de 2018.
Por considerarlo de interés, transcribimos textualmente los artículos 1 y 2 del Decreto Reglamentario 667 de abril 18 de 2018, en el cual se establece la inscripción de la situación de control de sociedades por acciones simplificadas – SAS, con accionista único persona natural.
“ARTÍCULO 1. Adiciónese una sección 6 al capítulo 41 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015, la cual quedará así:
“INSCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL EN SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS CON ACCIONISTA ÚNICO PERSONA NATURAL
“Artículo 2.2.2.41.6.1. Inscripción de la situación de control en sociedades por acciones simplificadas con accionista único persona natural. Cuando se presente para inscripción en el Registro Mercantil la constitución de una sociedad por acciones simplificada en la que el único accionista sea una persona natural, las Cámaras de Comercio suministrarán al constituyente de la sociedad un formato para que este proceda a inscribirse como contralante de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
“En caso de que la persona rehúse inscribirse como controlante, para que proceda la inscripción de la constitución de la sociedad deberá manifestar por escrito dirigido a la Cámara de Comercio que no ejerce el control sobre la .sociedad, el fundamento de su declaración y, si considera que otra persona es el controlante, informar el nombre e identificación de dicha persona. Dicho documento será remitido por la respectiva Cámara de Comercio a la Superintendencia de Sociedades.
“Parágrafo primero: La inscripción a que hace referencia el presente artículo en ningún caso exime al controlante de la obligación de inscribir la situación de grupo empresarial, así como toda modificación de la situación de control, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. En las sociedades por acciones simplificadas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente artículo, el controlante debe inscribir la situación de control o grupo empresarial en los términos de la norma señalada.
“En el caso en que el accionista único de la sociedad por acciones simplificada sea una persona jurídica o no se trate de accionista único, no habrá lugar al suministro del formato a que hace referencia el inciso primero del presente artículo, toda vez que es deber del controlante o controlantes de la sociedad inscribir la situación de control o grupo empresarial en los términos del artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
“Parágrafo segundo: La inscripción del documento a que hace referencia el inciso primero de este artículo causará el pago del impuesto de registro y los derechos de inscripción con la base gravable y la tarifa establecidas en la Ley”.
“ARTÍCULO 2.-.VIGENCIA. El presente decreto regirá a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan tres meses de su publicación.”
EL ÚLTIMO AÑO DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO A LA RIQUEZA.
El último año del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria al Impuesto a la Riqueza, corresponde al año gravable 2017, y que se causó por la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes en enero 1º de 2017, debiéndose cumplir con la presentación de la declaración del Impuesto a la Riqueza por el año gravable 2017, cuyos plazos para la presentación y pago de la primera cuota, según el último dígito del NIT, corrieron entre mayo 9 de 2017 y mayo 22 de 2017, y cuyos plazos para el pago de la segunda cuota, según el último dígito del NIT, corrieron entre septiembre 8 de 2017 y septiembre 21 de 2017. Todo, de acuerdo con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014, y el artículo 1.6.1.13.2.23 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificado por el artículo 17 del Decreto Reglamentario 2105 de 2016.
La tarifa de este último año del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria al Impuesto a la Riqueza, fue el trece por ciento (13%) del valor patrimonial de los activos omitidos, según el artículo 37 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014.
Corrección de la declaración del impuesto a la Riqueza por el año gravable 2017, para incluir el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria para este año gravable.
De no haberse incluido en la Declaración del Impuesto a la Riqueza por el año gravable 2017, el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria para este año gravable, se puede corregir aquella declaración tributaria, de conformidad con el artículo 588 del Estatuto Tributario por aumento del impuesto, liquidando la correspondiente sanción por corrección del diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar, de acuerdo con el artículo 644 numeral 1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 285 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
Presentación extemporánea de la declaración del Impuesto a la Riqueza por el año gravable 2017, para incluir el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria para este año gravable.
De no haberse presentado la declaración del Impuesto a la Riqueza por el año gravable 2017 para incluir allí el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria para este año gravable, se puede presentar aquella declaración tributaria extemporáneamente, liquidando la correspondiente sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo por el cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo sin exceder del ciento por ciento (100%), de acuerdo con el artículo 641 del Estatuto Tributario.
Pago del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, que se incluye en la corrección o en la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto a la Riqueza por el año gravable 2017.
Este pago debe efectuarse antes de diciembre 31 de 2017 (o antes de la fecha de cierre bancario del año 2017), porque el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, para el último año, corresponde al año 2017, como lo dispone el artículo 35 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014.
Intereses de mora por el pago extemporáneo del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria por el año gravable 2017.
Este pago extemporáneo de este impuesto ocasiona intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 635 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 279 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, porque la primera cuota para el pago de dicho Impuesto ocurrió entre mayo 9 de 2017 y mayo 22 de 2017, y la segunda cuota para pago de dicho impuesto ocurrió entre septiembre 8 de 2017 y septiembre 21 de 2017.
Cuando el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria implique la inclusión de activos omitidos en el exterior, en la declaración del Impuesto a la Riqueza y en la declaración de renta y complementarios, se debe presentar la declaración anual de activos en el exterior, establecida en los artículos 42 y 43 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014, que adicionaron los artículos 574 numeral 5 y 607 del Estatuto Tributario, respectivamente, cuyos plazos de presentación vencieron para los Grandes Contribuyentes entre abril 10 de 2017 y abril 26 de 2017, para las personas jurídicas entre abril 10 de 2017 y mayo 11 de 2017, y para las personas naturales entre agosto 9 de 2017 y octubre 19 de 2017, según el artículo 1.6.1.13.2.24 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, modificado por el artículo 1º del Decreto Reglamentario 220 de 2017.
Declaración de renta y complementarios del año gravable 2017.
Los activos omitidos, objeto del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, deben incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, a que se refiere este impuesto. Es decir, que este impuesto corresponde al año 2017, por lo cual, los activos omitidos deben ser incluidos en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2017; y no hay lugar a determinar renta líquida gravable por comparación patrimonial ni a determinar renta líquida gravable por declaración de activos omitidos.
El registro extemporáneo en el Banco de la República de los activos en el exterior que se normalizan, como inversión de colombianos en el exterior, no genera infracción cambiaria, según el artículo 39 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014.
Sanción por extemporaneidad por la presentación extemporánea de la declaración anual de activos en el exterior.
La presentación extemporánea de la declaración anual de activos en el exterior ocasiona una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor de los activos poseídos en el exterior, si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o el tres por ciento (3%) del valor de los activos poseídos en el exterior, si la misma se presenta con posterioridad al citado emplazamiento, y antes de que se profiera la respectiva sanción por no declarar; pero la sanción por extemporaneidad no puede superar el veinticinco por ciento (25%) del valor de los activos poseídos en el exterior, según el artículo 641 del Estatuto Tributario, adicionado con el parágrafo 1º por el artículo 283 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
Sanción por no declarar los activos en el exterior.
La sanción por no declarar los activos en el exterior es el cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto de la última declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada; o el cinco por ciento (5%) del patrimonio bruto que determine la Administración Tributaria, el que fuere superior, de acuerdo con el artículo 643 numeral 8 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 284 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
Sanción por inexactitud por activos omitidos o por la inclusión de pasivos inexistentes.
Cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, la sanción por inexactitud es el doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado por la Administración Tributaria, según el artículo 648 numeral 1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016. Esta sanción es aplicable a partir del período gravable 2018. Para el período gravable 2017, aplica la sanción por inexactitud del ciento por ciento (100%) del mayor valor del impuesto a cargo, según el artículo 648 inciso 1º del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
Delito por la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes.
El artículo 338 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, adicionó el artículo 434A al Código Penal, y allí estableció, que, cuando el contribuyente de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con éstos o declare pasivos inexistentes, en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales vigentes (para 2017, 7.250 x $737.717 = $5.348.448.250), y con ello, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y multas del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo inexistente.
La acción penal se extingue cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o las declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos.
Otras sanciones penales.
La omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, puede ocasionar, además, otras sanciones penales, dependiendo de la conducta penal incurrida, tales como, fraude procesal, falsedad documental, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etc.
Declaración de activos omitidos y eliminación de pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando no se hace uso del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria.
De conformidad con el artículo 239-1 del Estatuto Tributario, aún vigente, los contribuyentes pueden incluir como renta líquida gravable en la declaración de renta y complementarios o en sus correcciones, el valor de los activos omitidos y de los pasivos inexistentes originados en períodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando su respectivo impuesto (que es el impuesto ordinario según las normas tributarias generales), sin que se genere renta por diferencia patrimonial.
Si la Administración Tributaria detecta que hay activos omitidos o pasivos inexistentes no declarados o declarados en forma inexacta, determina la correspondiente renta líquida gravable y aplica la sanción por inexactitud.
TARIFA ESPECIAL DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS.
El artículo 246 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 8º de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció la tarifa del cinco por ciento (5%) para los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras, cuando provengan de utilidades que hayan sido distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
El inciso 1º de este artículo establece, que, cuando los dividendos provengan de utilidades que no sean susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, estarán gravados a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual, el impuesto del cinco por ciento (5%) se aplica una vez disminuido el impuesto del treinta y cinco por ciento (35%). El impuesto será retenido en la fuente.
Como se observa, esta tarifa especial aplica únicamente para los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras. Es decir, que si las sociedades extranjeras no tienen establecimiento permanente en Colombia, los dividendos y participaciones que perciban están sujetos únicamente a la tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el valor pagado o abonado en cuenta (ver nuestro Boletín de Impuestos Nº 379 de octubre 31 de 2017).
Ahora bien, este artículo 246 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 8º de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, no estableció tarifa especial para los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de personas naturales no residentes en Colombia; sobre lo cual, queda la disyuntiva de si se aplica la tarifa especial de dividendos y participaciones de personas naturales no residentes en Colombia del cinco por ciento (5%), según el artículo 245 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 7º de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, o si se aplica la tarifa general del impuesto de renta de las personas naturales sin residencia en Colombia del treinta y cinco por ciento (35%), según el artículo 247 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
En nuestra opinión, aplica, para los dividendos y participaciones percibidos por personas naturales no residentes en Colombia, el artículo 245 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 7º de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 (ver nuestro Boletín de Impuestos Nº 379 de octubre 31 de 2017), porque, la tarifa general del impuesto de renta sobre la renta gravable de fuente nacional de las personas naturales sin residencia en Colombia, establecida en el artículo 247 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, es “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 245 de este Estatuto”, como expresamente lo indica aquel artículo 247.
Debe tenerse en cuenta, que, las personas naturales sin residencia en Colombia pueden tener establecimientos permanentes en Colombia, de acuerdo con el artículo 20.1 del Estatuto Tributario; y, que, los establecimientos permanentes en Colombia son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, que le sean atribuibles, de acuerdo con el artículo 20.2 del Estatuto Tributario.
Anotamos que, por el régimen de transición para el impuesto a los dividendos, establecido en el artículo 246-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9º de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, lo previsto en el nuevo régimen de dividendos, es aplicable a los dividendos que se repartan con cargo a utilidades generadas a partir del año gravable 2017.
LA COMPRA DE ACCIONES EN EL MARCO DE UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.
Efectos en el costo fiscal de los aportes en dinero o en especie.
El artículo 53 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, numeral 2 literal a), que modificó el artículo 74 del Estatuto Tributario, establece, que la compra de acciones o cuotas o partes de interés social, en el marco de una combinación de negocios, no origina activos intangibles, y, por lo tanto, el valor de adquisición corresponde al costo fiscal.
Se entiende como una combinación de negocios la transacción u otro suceso en el que el contribuyente adquiriente obtiene el control de uno o más negocios, lo cual corresponde a un conjunto integrado de actividades, activos y pasivos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad.
Anteriormente, según las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y de acuerdo con las Circulares de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando se adquirían acciones, para ejercer el control de una Sociedad, y el precio de adquisición era superior al valor intrínseco, este exceso debía registrarse como un intangible denominado crédito mercantil, que debía amortizarse en un período mínimo de 10 años. En la actualidad, según el citado artículo 53 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, dicha adquisición de acciones, en el marco de una combinación de negocios, no origina activos intangibles, y el valor de la adquisición se convierte en costo fiscal.
Esta compra de acciones, en el marco de una combinación de negocios, tiene efectos en los aportes en dinero y en especie. Veamos.
El aporte en dinero o en especie, en el marco de una combinación de negocios, por constituir una compra de acciones o cuotas o partes de interés social, está cobijada por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016; y, por lo tanto, en dicho aporte en dinero o en especie no se originan activos intangibles y el valor de la adquisición se convierte en costo fiscal. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 319 numeral 3 del Estatuto Tributario, que continúa vigente, el costo fiscal de las acciones o cuotas de participación recibidas por el aportante es el mismo costo fiscal que tenían los bienes aportados al momento del aporte en cabeza del aportante. Pero, como se acaba de ver, el artículo 53 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, establece que en la compra de acciones, en el marco de una combinación de negocios, no se originan activos intangibles, y el valor de la adquisición se convierte en costo fiscal. Lo que significa, que este valor de la adquisición de las acciones no siempre es igual al costo fiscal que tenían los bienes aportados al momento del aporte en cabeza del aportante. Por lo tanto, por ser norma posterior, que regula la misma especie, aplica el artículo 53 numeral 2 literal a) de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, por encima del artículo 319 numeral 3 del Estatuto Tributario, y el valor de las acciones recibidas se convierte en costo fiscal de dichas acciones. Debe tenerse en cuenta, además, que según el parágrafo 1º del artículo 319 del Estatuto Tributario, para efectos mercantiles y contables, se tiene como valor del aporte en dinero o en especie el valor asignado por las partes, de acuerdo con las normas mercantiles y contables.
El problema que surge es el correspondiente al costo fiscal de los bienes aportados recibidos por la sociedad receptora del aporte. Según el artículo 319 numeral 2 del Estatuto Tributario, vigente, la sociedad receptora del aporte debe incluir como costo fiscal de los bienes aportados el mismo que tenía el aportante respecto de tales bienes. Pero, el aporte en especie, tiene los mismos efectos del trueque o de la permuta, en el cual, lo que se da debe ser igual a lo que se recibe, para mantener la ecuación contractual. Por lo cual, la diferencia que surge entre el valor asignado por las partes al aporte y el costo fiscal anterior de los bienes aportados, que es la misma que surge entre el costo fiscal de las acciones recibidas según el valor de adquisición y el costo fiscal anterior de los bienes aportados, como se indicó, necesariamente debe declararse como un activo patrimonial o como un mayor valor del costo fiscal de los bienes aportados recibidos por la sociedad receptora, porque, de todas formas, hay un incremento patrimonial no gravado en el aporte en especie; y este mayor valor es un derecho apreciable en dinero, de conformidad con el artículo 262 del Estatuto Tributario, y le es aplicable el sistema de reconocimiento y medición y la base contable de la acumulación o devengo, establecidos, para el impuesto sobre la renta y complementarios, en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016. Ahora bien, esta diferencia que surge, no puede ser gravable, porque en el aporte en dinero o en especie no se genera ingreso gravado ni el aporte se considera enajenación ni da lugar a pérdida deducible, según el artículo 319 del Estatuto Tributario. Este es uno de los aspectos incongruentes que ocasiona la deficiente Reforma Tributaria estructural plasmada en la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – VIS. VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO – VIP.
Renta exenta a partir de enero 1º de 2017.
Fines de utilidad pública gravados.
Reforma tributaria de 2016.
Fines de utilidad pública.
El artículo 376 numeral 1 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 derogó expresamente, entre otros, el numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario.
El numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, vigente hasta diciembre 29 de 2016, establecía:
“Artículo 207-2 del Estatuto Tributario. Otras rentas exentas.
“Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento:
“9. La utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva, sin que exceda en ningún caso de diez (10) años. También gozarán de esta exención los patrimonios autónomos indicados” (negrillas fuera del texto, y corresponde a la disposición derogada).
Los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, a que hace referencia la norma derogada, establecen:
“Artículo 58. Motivos de utilidad pública. El artículo 10 de la Ley 9º de 1989, quedará así:
“b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9º de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo;
“c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos; (negrillas fuera del texto).
O sea, que de acuerdo con la derogatoria del numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, por el artículo 376 numeral 1 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, la utilidad en la enajenación de predios destinados a los fines de utilidad pública a que se refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, quedó gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios, a partir de enero 1º de 2017, a no ser que otras normas tributarias hayan establecido su exención.
Vivienda de Interés Social – VIS, y Vivienda de Interés Prioritario – VIP.
En efecto, para la Vivienda de Interés Social – VIS y para la Vivienda de Interés Prioritario – VIP, el artículo 99 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, adicionó el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, y allí estableció, a partir de enero 1º de 2017, la exención para estas viviendas así:
Artículo 99 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016.
“Adiciónese el artículo 235-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2018. A partir del 1° de enero de 2018, sin perjuicio de las rentas exentas de las personas naturales, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del Estatuto Tributario son las siguientes:
“6. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario:
“a) La utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y/o de vivienda de interés prioritario;
“b) La utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y/o de interés prioritario;
“c) La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana;
“d) Las rentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, en los términos allí previstos;
“e) Los rendimientos financieros provenientes de créditos para la adquisición de vivienda de interés social y/o de interés prioritario, sea con garantía hipotecaria o a través de leasing financiero, por un término de 5 años contados a partir de la fecha del pago de la primera cuota de amortización del crédito o del primer canon del leasing.
“Para gozar de las exenciones de que tratan los literales a) y b) de este numeral 6, se requiere que:
“i) La licencia de construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado sea de vivienda de interés social y/o de interés prioritario.
“ii) Los predios sean aportados a un patrimonio autónomo con objeto exclusivo de desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o de interés prioritario;
“iii) La totalidad del desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o de interés prioritario se efectúe a través del patrimonio autónomo, y
“iv) El plazo de la fiducia mercantil a través del cual se desarrolla el proyecto, no exceda de diez (10) años. El Gobierno nacional reglamen­tará la materia.
“Los mismos requisitos establecidos en este literal serán aplicables cuando se pretenda acceder a la exención prevista por la enajenación de predios para proyectos de renovación urbana.”
Los parágrafos 1º y 2º de este artículo establecen, que las rentas consagradas en el numeral 6 de este artículo, aplican a partir de enero 1º de 2017, incluso en proyectos, que a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 (enero 1º de 2017), se hayan aportado predios al patrimonio autónomo constituido con el objeto exclusivo del desarrollo de Vivienda de Interés Social – VIS y/o Vivienda de Interés Prioritario – VIP.
Concepto de la DIAN 03215 de febrero 9 de 2017.
Por considerarlo de interés, se transcribe en su totalidad este Concepto, referente a los fines de utilidad común o de interés social, y a la exención, de los proyectos de Vivienda de Interés Social – VIS e Interés Prioritario – VIP.
“CONCEPTO 03215 DEL 9 DE FEBRERO DE 2017
Carrera 19 N° 90-10 Piso 3
“Ref: Radicado 041213 del 12/12/2016
“Tema: Impuesto a la Renta
Descriptor Renta Exenta
Funte s (sic) Formales: Atículo (sic) 207-2 del Estatuto Tributario
“Cordial saludo, Ora (sic) Sandra;
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, es función de esta Dirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia de la DIAN.
“En atención a su solicitud de reconsideración de las tesis planteadas en los conceptos 031220 de 22 de mayo de 2014 y 016193 de junio 22 de 2016, este Despacho considera pertinente precisar que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, el Legislador es quien está facultado para establecer los motivos de utilidad pública o de interés social, lo que significa que su desarrollo obedece al principio de reserva de ley.
“De otra parte, se precisa que en ejercicio de dicha facultad, el legislador determinó como fines de utilidad común o de interés social, la utilidad en la enajenación de predios destinados para la construcción de vivienda de interés social, entre otros, que hayan sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva por un término igual a la ejecución del proyecto de construcción y su liquidación, sin exceder en ningún caso más de diez (10) años, gozando también del mismo beneficio de exención los patrimonios autónomos indicados.
“Dado que la competencia para la declaratoria de fines de interés social o utilidad pública deviene de las facultades expresas que tiene el legislador, no se puede inferir que se requiera por parte de autoridad administrativa del poder ejecutivo la expedición de algún acto que las declare, como también no hay lugar a que se encuentre identificado puntualmente en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT- los predios en donde se construirán los proyectos de vivienda de interés social (VIS y VIP), teniendo en cuenta, como lo señala la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda en oficio Nro. 2016EE0119430 de diciembre 16 de 2016, “que los mismos pueden ser ejecutados -a falta de restricción legal- en cualquier suelo apto para construir vivienda según la demarcación general de uso residencial que realiza el POT”.
“Así las cosas, cuando el artículo 207-2 del Estatuto Tributario en su numeral 9o, hace remisión expresa a los fines de utilidad pública a que se refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, consistentes en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9a de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; como también la ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos, se observa que además de haber reconocido tales eventos como de utilidad común o de interés social, ha estructurado la norma para que cumplidos los requisitos y controles que para el efecto establece el Decreto Reglamentario 2755 de 2003, se obtenga el respectivo beneficio de rentas exentas por tales conceptos.
“En consecuencia, la exención contenida en el anterior numeral 9o del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, (hoy numeral 6o del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016), procede cuando en los predios aportados al patrimonio autónomo se desarrollen proyectos de vivienda de interés social, conforme con las normas que regulen éste tipo de viviendas, programas y proyectos de renovación urbana o provisión de espacios públicos urbanos, sin que deba mediar un proceso de declaración como bienes de utilidad pública o de interés social y sin que se requiera que los predios aportados al patrimonio autónomo se encuentren calificados o zonificados por el Plan de
Ordenamiento Territorial correspondiente, para el desarrollo de VIS o de VIP.
“De otra parte, de acuerdo con parágrafo 1o del artículo 2.1.1.1.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015, el valor de la vivienda nueva será el estipulado en los contratos de adquisición, y se presumirá que el mismo incluye tanto el valor de los bienes muebles e inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a esta, entre los cuales se encuentran los parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, como el correspondiente a contratos der (sic) mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros. El valor consolidado de la vivienda no podrá superar el monto de los salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) que le corresponda según sea VIS o VIP.
“Para efectos fiscales, todo monto que supere los máximos establecidos por SMLMV para cada unidad habitacional de VIS o VIP o la inclusión de otros muebles o inmuebles que no están previstos en la norma como de usos y servicios complementarios o conexos, como lo son los locales comerciales, no serán considerados como base de la exención.
“En los anteriores términos se reitera la revocatoria del oficio Nro. 043236 del 21 de julio de 2014, el cual fue revocado por oficio Nro. 001243 de 19/01/20015, e igualmente se revoca la doctrina incorporada en los oficios Nros. 031220 de mayo 22 de 2014 y 016193 de junio 22 de 2016, proferidos por la Dirección de Gestión Jurídica.
“LILIANA ANDREA FORERO GOMEZ
Directora de Gestión Jurídica”
El Decreto Reglamentario 537 de marzo 30 de 2017, estableció normas sobre el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas, la emisión y control de boletería electrónica para los espectáculos públicos de las artes escénicas, la inversión y el seguimiento de la contribución parafiscal cultural.
Registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas.
Deben registrarse en la página web del Ministerio de Cultura, diligenciando el formulario digital, adjuntando los siguientes documentos.
Acto de creación legal de las entidades públicas; certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas; cédula de ciudadanía para las personas naturales.
Copia simple del RUT, donde se incluya como actividad económica principal o secundaria el Código 9007 “Actividades de espectáculos musicales en vivo” y/o 9008 “Otras actividades de espectáculos en vivo”.
Relación de los espectáculos públicos de las artes escénicas producidas en Colombia en los dos (2) últimos años.
Las personas jurídicas deben adjuntar Estados Financieros certificados por un Contador Público y/o Revisor Fiscal, del año anterior a la solicitud de registro, informando, entre otros, el patrimonio líquido del productor. Las personas naturales deben acompañar copia simple de la declaración de renta del año anterior a la solicitud de registro y los Estados Financieros certificados por Contador Público.
Declaración juramentada suscrita por el productor o su representante legal indicando, que la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas no es usada para la realización de actividades al margen de la ley tales como lavado de activos o la financiación del terrorismo.
Clasificación de los productores.
Realizan diez (10) o más espectáculos públicos de las artes escénicas en un período de dos (2) años; o que, en este período o menos, produzcan festivales o temporadas de espectáculos públicos de las artes escénicas que involucren veinte (20) o más eventos, funciones o presentaciones.
Los productores permanentes u ocasionales, se clasifican:
De gran formato. Con patrimonio líquido superior a 1.552 SMMLV.
Mediano formato. Con patrimonio líquido entre 201 y 1.551 SMMLV.
Pequeño formato. Con patrimonio líquido inferior a 200 SMMLV.
Los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas que ofrezcan al público boletería y derechos de asistencia en formato digital, pueden hacerlo, en tanto implementen, el sistema de facturación electrónica, de acuerdo con lo consagrado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y sus adicciones, complementaciones y sustituciones.
Boletería física.
Se rige por el artículo 616 – 1 del Estatuto Tributario, y por los artículos 1.6.1.4.24 numeral 2 y 1.6.1.4.25 literal b) numeral 2, del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.
Declaración de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
Los responsables de esta contribución, que sean productores permanentes, deben presentar una declaración bimestral ante el Ministerio de Cultura y la DIAN, a través del mecanismo electrónico habilitado para ésta. El plazo es el establecido por el Gobierno Nacional para presentar la declaración de IVA.
Los productores ocasionales deben presentar una declaración por cada espectáculo público que realicen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su realización.
El contenido de esta declaración, está regulado en el artículo 15 del Decreto en mención, que modificó el artículo 2.9.2.1.5 del Decreto Reglamentario 1080 de 2015.
Declaración de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
Los agentes de retención lo deben hacer mensualmente y en forma electrónica ante el Ministerio de Cultura, en los plazos señalados por el Gobierno Nacional para la declaración de retención en la fuente.
El contenido de esta declaración, está regulado en el artículo 18 del Decreto en mención, que modificó el artículo 2.9.2.2.6 del Decreto Reglamentario 1080 de 2015.
Tarifa de retención en la fuente.
La tarifa, que deben practicar los agentes de retención de esta contribución parafiscal, definidos en el Decreto Reglamentario 1080 de 2015, es el 10% sobre el valor total de la boletería o derechos de asistencia generados en el correspondiente mes, cuyo precio o costo individual sea igual o superior a 3UVT (para el año 2017, 3UVT x $31.859 = $95.577).
No hacen parte de la base de retención en la fuente el valor de la retribución que recibe el operador de boletería, ni el importe de los gastos asociados a la comercialización o distribución que se cobre por parte de ellos. Estos servicios están sujetos a IVA.
construyendo bases sólidas.
Humberto Longas Asesores S.A.S se constituyó en el año de 1986. Su Representante Legal es el Doctor Humberto de Jesús Longas Londoño quien es profesional en las siguientes áreas:
- DESCARGAR HOJA DE VIDA -
Especialización en Derecho Constitucional y Parlamentario
Compuesto por Contadores Públicos y Abogados expertos en el campo impositivo, contable y legal.
Satisfacer las necesidades de los clientes en los aspectos impositivos, administrativos, financieros, contables, de auditoría, jurídicos y legales.
Prestar un servicio oportuno y eficaz en todas nuestras áreas, a los clientes.
que representan importantes ahorros de impuestos
ELÍGE EL SERVICIO QUE DESEAS CONOCER
PLANEACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE RENTA, VENTAS E INDUSTRIA Y COMERCIO, Y OTRAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES DE RENTA, RETENCIONES EN LA FUENTE, VENTAS E INDUSTRIA Y COMERCIO, Y OTRAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
OPINIÓN SOBRE DECLARACIONES TRIBUTARIAS
ESTUDIOS TRIBUTARIOS ESPECIALES
Este servicio consiste en dar a nuestros clientes la asistencia profesional que requieran para solucionar problemas generales o específicos tributarios, y se presta bien sea a través de reuniones o a través de conceptos escritos, teléfono, online por Skype y e-mail, página web, redes sociales, en los cuales materializamos nuestras sugerencias y la mejor forma de llevarlas a la práctica.
Este servicio se presta por el sistema de consultoría permanente en impuestos o por el sistema de consultoría eventual u ocasional en impuestos, a elección del cliente.
Este aspecto de nuestro trabajo corresponde a un programa de revisión de los documentos contables que registran las transacciones comerciales, para verificar que se están cumpliendo los requerimientos legales en materia de impuestos de renta, de ventas, de timbre nacional, de industria y comercio, de cambios internacionales, de libros de contabilidad, etc. Este trabajo se desarrolla a través de pruebas, utilizando para ello técnicas y normas de auditoría generalmente aceptadas y su resultado se comunica a través de un memorando de observaciones y recomendaciones. Si se requiere adicionalmente una opinión sobre las declaraciones tributarias, se efectúa el trabajo en concordancia con lo descrito en el posterior punto OPINIÓN SOBRE DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
El trabajo de planeación de las declaraciones mencionadas consiste en instruir al personal de nuestros clientes encargados de su preparación en la forma más adecuada de acumular la información contable y necesaria y en la preparación de los anexos, modelos de los cuales suministramos a los clientes. La instrucción al personal se efectúa a través de la supervisión del trabajo desarrollado y de reuniones periódicas con el mismo.
Nos encargamos de la revisión de las declaraciones mencionadas para verificar el cumplimiento de todos los requisitos formales en la presentación de los datos que deben consignarse en tales declaraciones. El resultado de este trabajo se comunica a través de una carta en la cual se hacen las observaciones aplicables y se dan las recomendaciones necesarias para obtención de beneficios impositivos, si ello es posible.
Damos opinión profesional escrita sobre el cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales en las declaraciones tributarias, previo un trabajo de auditoría tributaria, efectuado en la forma descrita en el anterior punto AUDITORÍA TRIBUTARIA.
Debido a los cambios de las disposiciones legales en materia de impuestos, prestamos asesoría desde el punto de vista de prevenir situaciones futuras; para lo cual, desarrollamos estudios tributarios especiales proyectados, por medio de los cuales se determina la mejor forma de operación de la empresa, la naturaleza jurídica que más ventajas ofrezca a la sociedad y a sus socios y/o accionistas, y en general todas las circunstancias que tomadas en cuenta en el presente produzcan beneficios fiscales futuros.
Adicionalmente a los servicios detallados, nuestra organización de impuestos se encarga de la preparación de respuestas a requerimientos especiales, emplazamientos, requerimientos ordinarios, pliegos de cargos, revocatorias directas, recursos y demandas contra las actuaciones de las autoridades de impuestos, y presta la asesoría para atender visitas de las autoridades de impuestos, y en general dedica toda su capacidad de servicio a resolver los problemas de orden tributario que puedan tener nuestros clientes.
Nuestros servicios se prestan básicamente en las oficinas del cliente, por visitas periódicas de nuestros profesionales, de tal manera que se detecten y corrijan las diferentes situaciones tributarias con la correspondiente premura y solvencia profesional.
Se cotizan y facturan de acuerdo con cada servicio solicitado, previo arreglo con el cliente, según la Política de Cotización y Facturación de Honorarios más reciente.
Para el efecto, tenemos dos sistemas de cotización y facturación de honorarios, a escoger por el cliente, según los servicios solicitados, así:
Política De Honorarios Por La Inclusión De Nuevas Sociedades O Personas Sobre Las Incluidas Inicialmente En La Consultoría Permanente
Procedimiento Establecido Para Los Trabajos De Asesoría Tributaria Sobre Clientes Referidos
Política De Cotización Y Facturación De Honorarios De Humberto Longas Asesores S.A.S.
Política De Honorarios Para La Consultoría Especializada Y Puntual En Aspectos Tributarios De Humberto Longas Londoño.
Vigente 2013.
Tarifa de consultoría permanente:
Tarifa básica: 50% sobre el salario mínimo legal mensual vigente por hora
Incremento en la tarifa por cada nueva sociedad o persona que se incluyen: 15% sobre el salario mínimo legal mensual vigente por hora
Las horas en exceso de las convenidas inicialmente en la Consultoría Permanente en Impuestos tiene como tarifa la siguiente:
Tarifa Básica: 100% sobre el salario mínimo legal mensual vigente por hora
El procedimiento establecido por Humberto Longas Asesores S.A.S. y por Humberto Longas Londoño para los trabajos de asesoría tributaria sobre clientes referidos es el siguiente:
Una vez conocido el cliente referido, le solicitamos la información necesaria para preparar la cotización previa del trabajo a realizar.
La cotización, cuando sea viable, se envía directamente al cliente referido con copia a quien lo remitió.
Aprobada la cotización por el cliente referido, y obtenida la información necesaria requerida, se inicia el trabajo contratado.
El trabajo terminado se presenta directamente al cliente referido con copia a quien lo remitió.
La factura se envía directamente al cliente referido para el pago por él.
Pagada la factura por el cliente referido, se cancelan a quien lo remitió los honorarios del doce por ciento (12%) sobre el valor de los honorarios facturados al cliente, cuando se trate de un trabajo puntual; y del doce por ciento (12%) sobre el valor de los honorarios facturados al cliente por cada mes por los primeros cuatro meses, cuando se trate de una asesoría continua mensual.
La siguiente es nuestra constante política de cotización y facturación de honorarios por servicios profesionales en asesoría tributaria, desarrollada por más de treinta años, y que se presta por los profesionales de la Oficina.
1.1. Tiempo mínimo de consultoría permanente.
El periodo de prestación de la consultoría permanente es el mes.
No se acepta consultoría permanente por debajo de cuatro (4) horas mes.
No se acepta consultoría permanente que se cause repetidamente por periodo superior al mes.
1.2. Tarifa de consultoría permanente.
La tarifa de consultoría permanente corresponde al cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora.
2. Consultoría eventual u ocasional.
No implica vinculación obligante de consultoría permanente, y se cotizará previamente en cada caso, dependiendo de la importancia de la consulta.
En general, la cotización y facturación se harán sobre el ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir. La fracción de hora se cotiza y factura por minuto, en razón de uno punto sesenta y siete por ciento (1,67%) del salario mínimo legal mensual vigente por minuto incurrido o que se estime incurrir.
Excepcionalmente, se utilizará el sistema de cuota litis, cuando el beneficio tributario que se estime u obtenga sea importante, y se estipula en el treinta por ciento (30%) del beneficio tributario que se estime u obtenga.
Se entiende por beneficio tributario, los ahorros o eliminación de contingencias, de impuestos, recargos, sanciones e intereses, que se obtenga o estime obtener por la consultoría.
La cotización y facturación no pueden ser inferiores al ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir, o al uno punto sesenta y siete por ciento (1,67%) del salario mínimo legal mensual vigente por minuto incurrido o que se estime incurrir.
3. Planeación y revisión de declaraciones tributarias.
Se cotizará previamente en cada caso.
La cotización y facturación se harán con base en el ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir.
Excepcionalmente, sólo para clientes que contraten el servicio de Consultoría Permanente en Impuestos, la cotización y facturación se hará con base en el cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir.
4. Auditoría tributaria u opinión sobre declaraciones tributarias.
5. Respuestas a requerimientos especiales, revocatorias directas, recursos o demandas, y otros memoriales por actuaciones tributarias.
En general, la preparación de cada memorial se cotizará y facturará de acuerdo con el tiempo real incurrido o que se estime incurrir a la tarifa del ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora; y se imputará, cuando sea del caso, a los honorarios definitivos que se liquiden por cuota litis; de no haber beneficio tributario, dicho valor corresponderá al honorario definitivo, si no se actúa como apoderado especial.
Excepcionalmente, se utilizará el sistema de cuota litis, que se estipula en el treinta por ciento (30%) del beneficio tributario que se obtenga o estime obtener por el fallo favorable.
La actuación como apoderado especial, que es diferente de la preparación del memorial, se cotizará y facturará separadamente como valor único en razón del doscientos por ciento (200%) del salario mínimo legal mensual vigente, imputable a los honorarios definitivos, cuando se liquide la cuota litis; de no haber beneficio tributario, dicho valor corresponderá al honorario definitivo que se adicionará con el honorario definitivo por la preparación del memorial.
La tramitación e impulso del proceso e intervención en audiencias por el apoderado especial, se facturará separadamente en razón de dos (2) horas mensuales a la tarifa del cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora.
Los gastos de viaje y viáticos se facturarán de acuerdo con los desembolsos reales debidamente soportados.
6. Otros trabajos.
Son otros trabajos: preparación de declaraciones tributarias, preparación de estudios especiales, revisión de solicitudes de devolución, planeación y proyecciones contables y tributarias, revisiones contables y tributarias, y otros trabajos de impuestos diferentes de los anteriores.
6.1. Tarifa de los estudios especiales.
En general, la cotización y facturación se harán con base en el ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir.
Excepcionalmente, se utilizará el sistema de cuota litis, que se estipula en el treinta por ciento (30%) del beneficio tributario que se estime obtener u obtenga.
Se entiende por beneficio tributario, los ahorros o eliminación de contingencias, de impuestos, recargos, sanciones e intereses, que se estime obtener por el estudio.
De no haber beneficio tributario estimado, la cotización y facturación se harán sobre el ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir.
La cotización y facturación no podrán ser inferiores, en ningún caso, al ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir.
6.2. Los demás trabajos.
Se cotizarán previamente en cada caso.
Consultoría tributaria especializada y puntual, estudios tributarios y conceptos tributarios, respuestas a requerimientos, recursos, demandas, y memoriales, en materia tributaria, que se efectuarán directamente por Humberto Longas Londoño.
POLÍTICA DE COTIZACIÓN Y FACTURACIÓN DE HONORARIOS.
1. Consultoría especializada y puntual en aspectos tributarios.
Se presta directamente por Humberto Longas Londoño en reuniones, teléfono, on line (web, Skipe, e-mail, redes sociales), para atender consultas especiales y puntuales en aspectos tributarios, por el tiempo que se cotice y apruebe.
No implica vinculación obligante de Consultoría Permanente en Impuestos, y se cotizará previamente en cada caso, dependiendo de la importancia de la consulta.
En general, la cotización y facturación se harán sobre el doscientos por ciento (200%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir.
La fracción de hora se cotiza y factura por minuto en razón de tres punto treinta y cuatro por ciento (3,34%) del salario mínimo legal mensual vigente por minuto incurrido o que se estime incurrir.
Excepcionalmente, se utilizará el sistema de cuota litis, que se estipula en el treinta por ciento (30%) del beneficio tributario que se obtenga o estime obtener.
Se entiende por beneficio tributario, los ahorros o eliminación de contingencias, de impuestos, recargos, sanciones e intereses, que se estime obtener por la consultoría.
La cotización y facturación no pueden ser inferiores al doscientos por ciento (200%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir, o al tres punto treinta y cuatro por ciento (3,34%) del salario mínimo legal mensual vigente por minuto incurrido o que se estime incurrir.
El exceso de las horas convenidas, por hora incurrida, se factura por el trescientos por ciento (300%) del salario mínimo legal mensual vigente; o al cinco punto cero uno por ciento (5,01%) del salario mínimo legal mensual vigente por minuto incurrido o que se estime incurrir.
2. Respuesta a requerimientos especiales, revocatorias directas, recursos o demandas, y otros memoriales por actuaciones tributarias.
La preparación de los memoriales se hará directamente por Humberto Longas Londoño de acuerdo con el tiempo cotizado y que se apruebe.
En general, la preparación del memorial se cotizará y facturará de acuerdo con el tiempo real incurrido o que se estime incurrir a la tarifa del doscientos por ciento (200%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora, y se imputará a los honorarios definitivos, cuando se liquide por cuota litis; de no haber beneficio tributario, dicho valor corresponderá al honorario definitivo.
Excepcionalmente, se utilizará el sistema de cuota litis, que se estipula en el treinta por ciento (30%) del beneficio tributario que se obtenga por el fallo favorable.
La actuación como apoderado especial, que es diferente de la preparación del memorial, se cotizará y facturará separadamente como valor único en razón del trescientos por ciento (300%) del salario mínimo legal mensual vigente, imputable a los honorarios definitivos, cuando se liquide por cuota litis; de no haber beneficio tributario, dicho valor corresponderá al honorario definitivo que se adicionará con el honorario definitivo por la preparación del memorial.
La tramitación e impulso del proceso e intervención en audiencias por el apoderado especial se facturará separadamente en razón de dos (2) horas mensuales a la tarifa del ciento por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora.
3. Estudios tributarios y conceptos tributarios.
La preparación de éstos se hará directamente por Humberto Longas Londoño de acuerdo con el tiempo cotizado y que se apruebe.
Se entiende por beneficio tributario, los ahorros o eliminación de contingencias, de impuestos, recargos, sanciones e intereses, que se estime obtener por el estudio o el concepto.
La cotización y facturación no podrán ser inferiores al doscientos por ciento (200%) del salario mínimo legal mensual vigente por hora incurrida o que se estime incurrir; o al tres punto treinta y cuatro por ciento (3,34%) del salario mínimo legal mensual vigente por minuto incurrido o que se estime incurrir.
Mensualmente publicamos un boletín de impuestos en el que se describen en detalle las novedades tributarias más importantes ocurridas durante cada período. Aquí podrá encontrar todos los númerales desde el año 2012 en adelante, los cuales pueden visualizarse online o descargar:
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 artículo 420
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 artículo 21
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 artículo 206
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 artículo 241
 artículo 48
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 Resolución 
 artículo 22
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
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 resolución 
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 26
 artículo 9
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 artículo 30
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 artículo 2
 artículo 25
 artículo 12
 artículo 261
 artículo 30
 artículo 261
 artículo 113
 artículo 12
 artículo 84
 artículo 31
 artículo 12
 artículo 261
 artículo 30
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 artículo 21
 artículo 261
 artículo 21
 artículo 283
 artículo 772
 artículo 137
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 85
 artículo 12
 artículo 21
 artículo 88
 artículo 261
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 87
 artículo 9
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 artículo 87
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 artículo 648
 artículo 288
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 artículo 246
 artículo 8
 artículo 246
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 artículo 245
 artículo 7
 artículo 247
 artículo 10
 artículo 245
 artículo 7
 artículo 247
 artículo 10
 artículo 245
 artículo 247
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 246
 artículo 9
 artículo 53
 artículo 74
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 319
 artículo 53
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 artículo 319
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 artículo 376
 artículo 207
 artículo 207
 artículo 58
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 artículo 10
 artículo 53
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