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Timestamp: 2019-10-18 04:13:49+00:00

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16/10/2019 mgalindo 0
La manifestación convocada este miércoles por la tarde en Barcelona, convocada por los autodenominados Comités de Defensa de la República, para protestar por las actuaciones policiales de los últimos días acabó con una tremenda batalla campal en el centro de la ciudad, mucho más grave que la de anoche, en la que además de hogueras, se quemaron una decena de coches y los radicales llegaron a lanzar cócteles molotov contra los policías, pirotecnia contra el helicóptero policial y objetos con ácido contra las fuerzas policiales.
En la manifestación, convocada originariamente en Gran Via con Marina, se concentraron unas 22.000 personas, en un primer momento con un carácter pacífico pero con cánticos continuados contra la policía. Después, muchas de estas se dirigieron luego a la Consejería de Interior, donde se han iniciado los graves altercados.
Poco antes de las 21.00 horas, los Mossos d’Esquadra cargaron contra manifestantes independentistas que habían roto un cordón de seguridad frente a la Consejería de Interior en Barcelona y estaban lanzando objetos, como latas, botellas y otros objetos, contra los agentes de la policía autonómica, mientras pedían la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.
Poco después, varias furgonetas de la Policía Nacional acudieron al lugar (el cruce de paseo de San Juan con la calle Diputación) para reforzar la seguridad y ayudar a los Mossos. Varias decenas de agentes de la Policía Nacional salieron de las furgonetas y dispersaron con contundencia a los radicales.
Barricadas todavía más preparadas
Con la dispersión, sin embargo, los activistas empezaron como la noche anterior, a organizar barricadas y hogueras, pero aparentemente más preparadas. Entre ellas, una importante hoguera en la calle Roger de Flor, que afectó como mínimo a ocho vehículos que estaban estacionados en la zona, que quedaron literalmente calcinados. Los Mossos daron cuenta también del uso de objetos y piedras impregnadas con ácido contra los agentes.
Los altercados subieron de intensidad en una de las noches de más violencia callejera de los últimos tiempos en Barcelona. Manifestantes lanzaron cócteles molotov contra los policías y pirotecnia contra el helicóptero policial durante los disturbios que se están produciendo esta noche en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos d’Esquadra.
Decenas de hogueras volvieron a arder por el centro de la ciudad, en el caso de ayer, sobre todo en el perímetro aproximado entre la plaza de Tetuan y la Monumental y entre Rosellón y Gran Via. Fue un tira y afloja entre manifestantes y agentes: en varios momentos se veía a radicales «ganando» terreno a los agentes de Mossos y CNP y después cómo se reagrupaban y prendían contenedores a una velocidad pasmosas. “Hemos ganado”, gritaban los encapuchados tras estos instantes.
Mossos d’Esquadra y Policía Nacional trabajaron con máxima sintonía entre ellos ante momentos complicados y cargados de tensión, cubriéndose las espaldas y con total coordinación, como ya ocurrió las anteriores noches de disturbios.
Se vio a policías acorralados en momentos puntuales por los violentos, lanzamientos de piedras, baldosas y canicas con tirachinas contra agentes y periodistas, piezas de andamios reaprovechadas para hacer barricadas, corredizas de encapuchados, furgones policiales yendo para arriba y para abajo… Sin duda, la peor de las caras posibles para una ciudad como Barcelona.
Información elaborada por Pablo Muñoz, Enrique Delgado, Jesús Hierro, Miquel Vera, Daniel Tercero, David Morán y Anna Cabeza
La entidad de la violencia, la frontera entre la sedición y la rebelión, el derecho a decidir, la integridad territorial, los límites a los derechos fundamentales o a la acusación popular son algunos de los aspectos que se abordan en los 493 folios de la que ya es, sin duda, una de las sentencias más importantes de la democracia española. Estas son algunas de sus claves.
Por qué no hay rebelión y sí sedición
Para los magistrados hubo «indiscutibles» episodios de violencia, pero no fue «instrumental, funcional, preordenada de forma directa» a los fines de los condenados. Se dio «absoluta insuficiencia» del conjunto de actos previstos para imponer de hecho la independencia territorial y la derogación de la Constitución española en territorio catalán. Resalta el tribunal que para la puesta en peligro de los bienes jurídicos que están en juego en un delito de rebelión ha de ser real y no una «mera ensoñación del autor o un artificio engañoso para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana».
En definitiva, se trataba de una «fórmula de presión política sobre el Gobierno del Estado», porque sabían que no hay marco jurídico para una secesión lograda por la simple vía de hecho. Sí cometieron, sin embargo, un delito de sedición, que consiste en movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales. Que sea un delito de orden público no impide incluir en su ámbito conductas de especial y cualificada gravedad, dice el Supremo, pues el elemento tendencial puede estar encaminado de igual forma «a subvertir el orden constitucional».
No hay un derecho a decidir
«Todo movimiento de secesión unilateral en una sociedad (…) es, por definición, un movimiento antidemocrático porque antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional». El Tribunal recuerda que el derecho a decidir no existe: «su realidad no es otra que la de una aspiración política». A ello se suma que el derecho de autodeterminación que contemplaban los condenados sería solo de una parte de la ciudadanía, «la que se dejó seducir por las llamadas del Govern a una votación que se presentaba falazmente como legítima». «La construcción de una república independiente exige la alteración forzada del sujeto de la soberanía», avisa el tribunal.
La sobreprotección de la unidad de España «no es una extravagancia» que singularice nuestro sistema constitucional. Los magistrados recuerdan que «la práctica totalidad de las constituciones europeas incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos Estados».
Sólo algunos exconsejeros malversaron
Pese a que hay un acuerdo de gobierno suscrito por todos los consejeros en el que asumían de forma solidaria todos los gastos que se promovieran por el Govern para la realización del referéndum, a algunos condenados se les ha eximido de este delito. Es el caso de Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Josep Rul
l. Dice el tribunal que no ha quedado acreditado que ninguno de ellos pusieran la estructura de los departamentos que dirigían al servicio de gastos concretos justificados para la celebración del referéndum ilegal. Por contra, el resto de los consejeros sí «ejecutaron actos concretos de dispendio económico».
Desobediencia en el Parlament
A propósito de la actuación de Forcadell, y en lo que puede extrapolarse a la senda que parece retomado Roger Torrent en el Parlament, la Sala señala que el blindaje democrático que proporciona la prerrogativa de la inviolabilidad no extiende su protección a «actos intencionados de rechazo de las decisiones del Tribunal Constitucional». Y añade que el acto parlamentario que se aparta de su genuina funcionalidad y se convierte en el vehículo para desobedecer lo resuelto por el TC no es un acto amparado por el derecho».
Sin cortapisas para el tercer grado
El tribunal rechaza la petición de la Fiscalía de prohibir la clasificación en tercer grado de los condenados antes de cumplir la mitad de la pena. La Fiscalía trataba de blindar así al menos el cumplimiento de la mitad de la condena. La Sala señala que esto supondría anticiparse a decisiones de la administración penitenciaria, que «ya tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión». El artículo 36.2 del Código Penal al que apelaba la Fiscalía permite al tribunal efectuar un pronóstico de peligrosidad para evitar que se vuelvan a vulnerar los mismos bienes jurídicos. En este sentido, la Sala considera que la inhabilitación ya cumple esa función.
Lo cierto es que ahora , tanto por la vía de la clasificación inicial que tiene que hacer servicios penitenciarios como por la del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, los independentistas podrían empezar desde el primer día a disfrutar de salidas diarias de prisión o permisos. La progresión de grado sería recurrible ante el tribunal sentenciador. No así la segunda vía, cuyo camino termina en la Audiencia de Barcelona.
La sentencia del «procés», que previsiblemente será comunicada hoy o mañana, delimitará las responsabilidades penales de los líderes del golpe de octubre de 2017 y, a la vez, y de manera nada menor, reordenará el tablero político en Cataluña y el conjunto de España. Rompiendo la situación de interinidad en la que había entrado la política catalana desde que la aplicación del artículo 155 y el enjuiciamiento de los líderes secesionistas desbarató la intentona rupturista de otoño de 2017, el fallo debería permitir hasta cierto punto una recomposición y reequilibrio de las distintas fuerzas políticas y sus estrategias.
La digestión del fallo, de hecho, ya ha comenzado incluso antes de conocerse su detalle, y en medios políticos catalanes, sobre la previsión de que los reos del 1-0 no serán condenados por rebelión -tal y como se ha filtrado este último fin de semana-, se coincidía ayer en señalar que la estrategia en la que ahora se encuentra alineada ERC y parte del independentismo -más posibilista, por así decirlo, pero sin renunciar en ningún caso al objetivo último de la ruptura con España- es la que sale más reforzada.
Por contra, la estrategia del bloqueo y de la confrontación directa con el Estado que alimentan el fugado Carles Puigdemont y su entorno de Waterloo, su delegado en Cataluña Quim Torra, así como los diputados más fieles del grupo de Junts per Cataluña, se vería debilitada. En este sentido, y a falta de conocer el número de años exactos de condena, la posibilidad de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiese acceder a corto plazo al tercer grado penitenciario -del mismo modo que la consejería de Justicia de la Generalitat se aprestó a dárselo a Oriol Pujol Ferrusola-, permitirían al republicano en buena forma seguir de manera activa en la política, como de hecho y en la práctica ha seguido haciendo en estos dos años de prisión preventiva. Aunque inhabilitado para el ejercicio de cargo público, la condena no impedirá que Junqueras siga siendo el presidente y líder natural de ERC, emulando el modelo de Xabier Arzalluz en el PNV, más reforzado si cabe con la aureola de la cárcel.
En este contexto, la posibilidad de que las condenas no sean por rebelión sino por sedición era valorado ayer en medios independentistas como un aval a la estrategia del secesionismo no hiperventilado. No obstante, abogados de los presos consultados ayer por este diario recordaban que, más allá de qué delito considera el tribunal que se cometió, la clave estará en conocer los años efectivos de condena, informa Jesús Hierro.
El posicionamiento público de los partidos independentistas, y más en una semana en la que los discursos moderados en este campo van a tener poca cabida, en ningún caso les permite hablar de alivio al conocerse que no habrá probablemente condenas por rebelión. Todo lo que no sea la absolución será injusto, sostienen. Cosa distinta es que ya se empiecen a componer estrategias sobre la idea de que, una vez superada la emotividad de las próximas semanas se va a tener que seguir haciendo política.
De hecho, el distinto modo con que ERC y JpC están alentando la respuesta ciudadana a la sentencia del Tribunal Supremo ya hace evidente que las estrategias, para ahora, pero sobre todo a medio plazo, son distintas.
Desde Bélgica, el exconsejero fugado Toni Comín se descolgaba esta semana con unas declaraciones animando a los catalanes a «desgastar» al Estado por la vía de perjudicar su economía, asumiendo sin dudar que esto tendría también un coste para Cataluña que había que asumir. Sus palabras tuvieron que ser descalificadas incluso desde dentro del gobierno catalán. A la vez, en el Parlament, Quim Torra llamaba a la «desobediencia civil», alineando su estrategia con la de los CDR.
En contraste, y casi como intuyendo una condena menos severa de lo posible, Junqueras o Raül Romeva instaban estos días a dar una respuesta contenida y desde la serenidad al TS, del mismo modo que Gabriel Rufián cuestionaba incluso la estrategia de la ANC de buscar el «colapso» viario, y por extensión dañar la economía, con sus tres días de marchas lentas a finales de esta semana. Incluso en la articulación de la respuesta institucional se va con cierto tiento: el presidente del Parlament, Roger Torrent, confirmaba en TV3 que se realizará un pleno extraordinario de la Cámara esta semana -como avanzó ABC el sábado-, sin que por ahora haya previsión de que en dicha sesión se aprueba nada que tenga consecuencias jurídicas.
En paralelo al impacto de la sentencia en la guerra interna del secesionismo por hacerse con la hegemonía política, la condena por sedición, confirmándose el criterio de la Abogacía del Estado y en detrimento del de la Fiscalía, reforzaría la estrategia de apaciguamiento del presidente Pedro Sánchez y de un Miquel Iceta que llegó a avalar un referéndum, se recuerda en medios políticos. Una condena por rebelión habría volado los puentes. Una por sedición, pese a todo el ruido, sigue dejando margen para la política y para un hipotético acercamiento, o acuerdo parlamentario si se requiriese, con una ERC «moderada» en la forma pero no en el fondo.
En el turno de exposición del programa de gobierno, la dirigente de Cs señaló que, en su opinión, era «un imperativo moral (echar a Torra) porque jalea a los radicales», advirtió de que «no está escrito, en ningún lugar, que los catalanes tengamos que arrastrar la roca del «procés»» y añadió que «otra Cataluña es posible». Centró su propuesta de programa en diez grandes ejes destacando, sobre todo, los de «parar el «procés»» y reforzar los servicios públicos dependientes de la Generalitat. No sirvió de mucho. Los rifirrafes ocultaron las propuestas. Los diputados de Cs Carlos Carrizosa, por la mañana, y Nacho Martín Blanco, por la tarde, dieron apoyo a Roldán con sus intervenciones.
Flotó en el ambiente que la moción de ayer no dejará huella. Se espera la sentencia del Tribunal Supremo. «La moción de censura no prospera», dijo Roger Torrent, para levantar la sesión. E, insólitamente, unanimidad en el hemiciclo: aplausos. Unos, para Torra; otros, para Roldán.
«Las negociaciones no han cumplido nuestras expectativas y finalmente se han roto», ha explicado Kim en declaraciones a la prensa frente a la Embajada norcoreana en Estocolmo.
La delegación norcoreana llegó a Suecia el jueves, un días después de que fuera probado con éxito un nuevo misil balístico lanzado desde un submarino, el ensayo más comprometedor realizado desde la reanudación del diálogo entre Pyongyang y Washington en 2018.
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU ha prohibido expresamente a Corea del Norte el uso de tecnología de misiles balísticos porque podrían ser utilizados para portar cabezas nucleares.
La etnia de los alumnos no influye en el acceso a la universidad en España
02/10/2019 mgalindo 0
Este martes la justicia estadounidense dio la razón a la Universidad Harvard al considerar la raza para admitir a sus alumnos. Un juez desestimó la demanda de una organización conservadora que acusaba a la prestigiosa universidad de discriminación contra los candidatos asiáticos.
En concreto consideró que su proceso de selección es «muy bueno» porque garantizar la diversidad de sus estudiantes. Asimismo, desde hace décadas, la universidad más antigua de Estados Unidos cuenta con un plan para impulsar las inscripciones de minorías.
En España la etnia de los alumnos no influye aún en el acceso a la universidad. No obstante, un Real Decreto aprobado en 2014 establece que se deben reservar plazas a distintos colectivos para facilitar su acceso a la enseñanza superior. Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 años, se destina un 2% de las plazas.
Además, un máximo del 3% de los puestos están reservados para mayores de entre 40 y 45 años que acrediten experiencia profesional. También se destina al menos un 5% de las plazas ofertadas para los alumnos con una discapacidad igual o superior al 33%.
Los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento tienen asignado un 3% de los puestos en la universidad, según un Real Decreto de 2007. Por último, los estudiantes que ya tengan una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará al menos un 3% de las plazas.
El PSOE lanzó un documento en el que aparecía una propuesta que establecía una matrícula gratuita por ser mujer
En España no existe ninguna discriminación positiva por el género en la universidad, pero el pasado mes de agosto el PSOE lanzó un documento en el que aparecía una propuesta que establecía una matrícula gratuita por ser mujer.
La medida planteaba la gratuidad del primer año de matrícula en la universidad para las jóvenes que se matriculen en carreras STEM -de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- «donde haya de media menos de un 30% de estudiantes mujeres». Además, abren la puerta a aplicar puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado.
Víctor Ruiz del Almirón.-
La convicción de que Ciudadanos sufrirá un fuerte deterioro electoral es uno de los elementos que están en el radar de La Moncloa y que motivaron, en su momento, la decisión de no ceder en las negociaciones y buscar la repetición electoral. El paso siguiente es llegar a los electores por su flanco derecho, para lo que Pedro Sánchez ha cambiado su discurso sobre Cataluña. Poniendo el acento en la constante advertencia respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ayer el presidente del Ejecutivo avisó a la Generalitat «que no juegue con fuego», refiriéndose a su rechazo a condenar la violencia y adviritó que el 155 «se puede aplicar con un Gobierno en funciones». Apenas han pasado nueve meses de sus intentos de acercamiento al independentismo, cuando criticaba a «aquellos que hablan del artículo 155 y que abogan por un 155 perpetuo» porque «lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña».
El presidente del Gobierno ha mutado por completo. De una estrategia política que pretendía orillar el conflicto catalán a un discurso de precampaña electoral en el que él mismo ha querido poner encima de la mesa la posibilidad de aplicar el artículo 155. Lo hace tanto en entrevistas como en actos de partido, sin que medie pregunta al respecto sino por voluntad propia. El cambio es abismal, empezando por el lema de campaña «Ahora, España», si se compara con su acción de Gobierno. No hay que olvidar aquella declaración de Pedralbes en las que se ignoraban las referencias explícitas a la Constitución. Ni sus críticas a Pablo Casado y Albert Rivera por haber venido reclamando esta aplicación. Ahora intenta capitalizar en campaña una eventual aplicación e intentar llegar hacia un electorado que sitúa la integridad territorial como su prioridad.
En contraste con su discurso de estos meses, Sánchez desveló que ya se ha estudiado la posibilidad de aplicarlo con las cámaras disueltas: «El Gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema ni desde el punto de vista de la constitucionalidad ni de la legitimidad. La Diputación Permanente del Senado permanece abierta, con plenas capacidades. Habría sin lugar a dudas posibilidad de actuar a través del 155».

References: artículo 36
 artículo 100
 artículo 155
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155