Source: http://www.icalp.org.bo/2013-07-10/ley-no-387-del-09-de-julio-de-2013-ley-del-ejercicio-de-la-abogacia.htm
Timestamp: 2017-08-23 19:24:33+00:00

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LEY No 387 del 09 de Julio de 2013 - Ley del Ejercicio de la Abogacía
El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la Sociedad, del Derecho y la Justicia.
4. Lealtad. Por la que se debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades.
ARTÍCULO 6 (EJERCICIO).-
3. Las abogados y los abogados se someterán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados.
3. Percibir honorarios profesionales, de acuerdo a la presente Ley.
4. A la inviolavilidad por las opiniones verbales o escritas que emita en el ejercicio profesional ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas.
13. A renunciar a la afiliación de un Colegio, salvo proceso pendiente.
14. A la afiliación a un Colegio de Abogados.
2. Sujetarse al procedimiento por las infracciones a la ética.
6. Denunciar los actos contrarios al ordenamiento jurídico de servidoras y servidores judiciales, fiscales, personal de apoyo, administrativo o de otros profesionales abogados, ante las autoridades competentes.
9. Guardar respeto con la persona patrocinada, las partes, las servidores y los servidores judiciales, fiscales, abogadas o abogados y terceros interesados.
12. Abstenerse de patrocinar una causa que previamente fue encargada a otra u otro profesional, salvo fallecimiento, renuncia de la o el abogado patrocinante o a petición del patrocinado y autorización del juez.
17. Las abogadas y los abogados recientemente titulados, prestarán defensa de oficio.
18. Someterse al control del ejercicio profesional, a través del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados.
19. Consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por el Ministerio de Justicia.
20. La abogada y el abogado debe actualizarse permanentemente.
ARTÍCULO 11 (GRATUIDAD Y DEFENSA DE OFICIO).-
I. Las abogadas y los abogados en ejercicio libre de la profesión, podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.
II. El Ministerio de Justicia remitirá listas de las abogadas y los abogados registrados en el último año al Órgano Judicial, para la designaciones de abogadas y abogados de oficio, para que presten asistencia judicial, conforme a la Ley No 025 del Órgano Judicial. Están excentos de tal obligación quienes se encuentren en relación de dependencia.
Es la función del Estado por la que se establece un registro de las abogadas, los abogados y sociedades civiles, con calidad de documento público, para el ejercicio de la abogacía.
I. El Ministerio de Justicia luego del registro, en acto público y formal, otorgará una credencial en el que estará signado un número único de matrícula.
III. El Registro Público y la Matriculación estarán a cargo del Ministerio de Justicia, de acuerdo a reglamento.
1. Registrar y matricular a las abogadas y los abogados, y las Sociedades Civiles de Abogadas y Abogados.
2. Designar a los miembros del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y a los Tribunales Departamentales de Ética de la Abogacía, para el control de las Abogadas y los Abogados que no estén afiliados a algún Colegio de Abogados.
3. Coordinar con los Colegios de Abogadas y Abogados las acciones referidas al cumplimiento de la presente Ley.
5. Velar por el cumplimiento transparente y oportuno de los procesos por infracciones a la ética, así como el cumplimiento de las sanciones impuestas.
7. Remitir listas de registro de abogadas y abogados al Órgano Judicial, para la designación de abogados y abogadas de oficio.
Toda abogada y abogado podrá afiliarse en un Colegio Profesional, de la misma forma, tendrán derecho a renunciar a dicha afiliación, salvo proceso pendiente.
1. La asamblea de todos sus afiliados es su máxima instancia de decisión.
2. La organización de su Directorio y sus diferentes instancias garantizarán los principios de participación democrática, establecidos en la Constitución Política del Estado.
3. Los miembros de los Directorios, en representación del Colegio Nacional o de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados no podrán realizar actividades político-partidarias, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética.
Los Colegios se conformarán para el cumplimiento y control de la ética profesional de la abogacía de sus afiliados, y tendrán fines académicos o investigativos y de defensa de sus afiliados en el marco de la presente Ley.
I. Los Colegios podrán incorporar a las abogadas y los abogados que tuvieran domicilio procesal en el departamento respectivo, con la sola presentación de la copia legalizada de la credencial emitida por el Ministerio de Justicia y el señalamiento de domicilio procesal.
II. En ningún caso los Colegios podrán incorporar a abogadas o abogados que no estén previamente registrados y matriculados en el Ministerio de Justicia.
I. Los Colegios de Abogadas y Abogados deberán remitir periódicamente al Ministerio de Justicia, las listas actualizadas de sus afiliados, conforme reglamento.
II. Los Colegios de Abogadas y Abogados podrán contar con recursos propios y específicos, provenientes de aportes voluntarios de sus afiliados, donaciones o créditos de organismos nacionales e internacionales.
Es la organización nacional que coordina las labores de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, tiene plena personalidad representativa de los Colegios Departamentales; así como de sus afiliados y tiene por sede la ciudad de La Paz.
I. El Colegio Nacional de Abogadas y Abogados está constituido por un Directorio Nacional, que es su órgano ejecutivo y estará conformado por un ente colegiado formado por Presidentas y Presidentes de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados.
II. Cada uno de las presidentas y los presidentes de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados asumirán la presidencia del Colegio Nacional de Abogadas y Abogados de manera rotativa.
III. La renovación de los miembros del Directorio Nacional, se realizará anualmente en reunión convocada específicamente para el efecto, de entre las Presidentas y los Presidentes en ejercicio de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados.
1. Promover el fortalecimiento académico de sus afiliados, a través de la realización o auspicio de cursos, seminarios, conferencias, charlas y debates.
2. Representar, dentro de sus atribuciones específicas a los abogados afiliados en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Coordinar y coadyuvar en las funciones del Ministerio de Justicia, de acuerdo a la presente ley.
4. Promover el ejercicio correcto de la profesión de sus afiliados.
6. Velar por el bienestar social y económico del profesional abogado.
ARTÍCULO 24 (COLEGIOS DEPARTAMENTALES DE ABOGADAS Y ABOGADOS).-
Son Colegios de Abogadas y Abogados, aquellas agrupaciones de profesionales que se encuentran constituidas y gozan de personalidad jurídica de derecho público de acuerdo a Ley. En cada Capital de departamento solo existirá un Colegio de Abogadas y Abogados.
I. Los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados estarán organizados por un Directorio, que constituye el Órgano Ejecutivo del Colegio Departamental, conformado por un Presidente, dos Vicepresidentes y los Vocales que se consideren necesarios, de acuerdo a sus estatutos y reglamentos.
II. La renovación del Directorio de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, será cada dos años improrrogables y solo podrán ser reelectos por una sola vez.
2. Representar, dentro de sus atribuciones específicas a las abogadas y los abogados afiliados al interior del Departamento que corresponda.
3. Coordinar y coadyuvar en las funciones del Ministerio de Justicia de acuerdo a la presente Ley.
5. Proponer a la Asamblea estutos, reglamentos o sus modificaciones conforme a la presente Ley.
II. Los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados podrán generar instancias de asistencia jurídica gratuita.
I. Las abogadas o abogados mediante acuerdo expreso de sociedad o documento público o privado podrán ejercer su profesión organizando Sociedades Civiles, designando expresamente a la directora o al director responsable de la misma, su régimen económico, su razón social y su reglamento.
II. Las Sociedades Civiles de Abogadas o Abogados, deberán registrarse obligatoriamente en el Ministerio de Justicia, conforme a la presente Ley y su reglamento.
I. El Ministerio de Justicia, mediante Resolución Ministerial aprobará cada (2) años el arancel de honorarios profesionales de la abogacía para cada Departamento, el que será publicado en un medio de circulación nacional.
El patrocinio, sea este por litigio o por conciliación u otro medio alternativo de solución de conflictos, tendrán la misma retribución, sin importar el tiempo empleado.
I. La abogada o el abogado no podrá patrocinar una causa que fue encomendada a otra abogada o abogado, salvo lo establecido en el presente Artículo.
II. El cambio de patrocinio sobreviene por fallecimiento o renuncia de la abogada o del abogado que patrocinó la causa o a petición de la parte patrocinada y autorización ante la jueza o juez que conoce la causa.
I. Las abogadas y los abogados son responsables en el ejercicio libre, el servicio público, la función judicial, fiscal o administrativa de la profesión, cuando incurran en infracciones a la ética previstas por la presente Ley, para su procesamiento ante las instancias establecidas.
II. La responsabilidad por infracciones a la ética no exime de la responsabilidad penal, civil o administrativa.
ARTÍCULO 33 (AUTORIDADES).-
I. Las autoridades que sustanciarán y resolverán las denuncias que se plantean contra abogadas o abogados por infracciones a la ética, son las siguientes:
a) Tribunales Departamentales de Ética de Abogadas y Abogados; y
b) Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía.
En los Colegios de Abogados y Abogados a sus afiliados:
b) Tribunales Departamentales de Honor de los Colegios de Abogadas y Abogados; y
a) Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía.
III. Las autoridades señaladas en el presente Artículo, son independientes en el desempeño de su funciones.
ARTÍCULO 34 (DEBER DE COOPERACIÓN).-
i. El Ministerio de Justicia y los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, tienen el deber de cooperación para remitir de oficio las denuncias por infracciones a la ética que no correspondan a sus competencias.
II. El Ministerio de Justicia y los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, deberán informarse recíprocamente, sobre las sanciones impuestas a abogadas y abogados.
I. El Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia, estará conformado por nueve (9) miembros titulares y nueve (9) suplentes, designados conforme a Reglamento de la presente Ley. Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.
II. El Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía del Colegio de Abogadas y Abogados, estará conformado por ueve (9) miembros elegidos en su asamblea. Ejercerán sus funciones por el periódo de dos (2) años.
III. Los Tribunales Nacionales conocerán y resolverán en segunda instancia los recursos de apelación de las resoluciones de primera instancia, dictaas por los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogadas y Abogados.
I. Los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, estarán conformados en proporción al número de registrados o afiliados. Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.
II. Los Tribunales Departamentales conocerán y resolverán en primera instancia las infracciones a la ética, previstas por la presente Ley.
I. Los miembros de los Tribunales Nacionales y Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogadas y Abogados, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener cuatro (6) años de experiencia en el ejercicio de la abogacía.
c) Tener conocimientos o experiencia en materia disciplinaria o precesal, debidamente acreditados.
d) No contar con pliego de cargo ejecutoriado.
ARTÍCULO 38. (INFRACCIÓN A LA ÉTICA).-
Se considera infracción a la ética a toda acción u omisión prevista y sancionada conforme a la presente Ley.
ARTÍCULO 39. (CLASIFICACIÓN).-
ARTÍCULO 40. (INFRACCIONES LEVES).-
1. No promover o no favorecer la conciliación, cuando fuera permitida.
2. Hacer falsas citas doctrinales o jurisprudenciales que induzcan en error a jueces o magistrados.
3. Ofrecer sus servicios profesionales mediante formas engañosas o referencias anticipadas sobre tiempo o resultado o menoscabando el prestigio de sus colegas.
4. No defender los intereses o mandatos de la persona patrocinada.
5. No guardar respeto a la persona patrocinada, servidoras y servidores judiciales, abogadas o abogados, a las partes o terceros.
6. No informar a la persona patrocinada sobre los temas de su interés, estado y avance de la causa.
7. Patrocinar una causa que previamente fue encargada a otra u otro profesional, sin que exista renuncia del anterior abogada o abogado patrocinador o solicitud del patrocinado y autorización del juez que conoce la causa, para la contratación de un nuevo patrocinio.
8. No registrar su domicilio profesional o el cambio de éste ante el Ministerio de Justicia en el plazo de noventa (90) días, si se estuviera ejerciendo la abogacía individual o colectivamente.
9. No denunciar los actos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico de servidoras y servidores judiciales, personal administrativo u otros profesionales.
10. No prestar atención profesional personal a su patrocinado o hacerlo por intermedio de otro, salvo impedimento justificado o aceptación expresa del patrocinado.
11. Patrocinar causas cuando se encuentre en la función pública.
12. No asistir, injustificadamente, a un acto señalado por autoridad competente dentro de un proceso judicial, ocasionando dilación o perjuicio a la persona patrocinada.
13. No prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos, en conformidad a lo establecido en la norma vigente.
1. La reincidencia de una infracción leve, dentro de los siguientes trescientos sesenta y cinco (365) días.
2. No informar a su patrocinado de la relación de amistad o parentesco que tiene con la otra parte, fiscal, juez o magistrado.
3. Ejercer influencias sobre una autoridad judicial, servidora pública o un servidor público o personal particular a fin de obtener una ventaja ilegítima para si o un tercero.
4. Permitir el aprovechamiento de su firma por persona ajena o permitir que su nombre o firma sea usado para facilitar el ejercicio ilegal de la profesión.
5. Asistir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas o tóxicas, a audiencias en juzgados o tribunales jurisdiccionales o administrativos.
6. Propiciar o participar en agresiones físicas o verbales en dependencias judiciales o de servicio público.
7. Retener o no hacer entrega de bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión encomendada.
8. No resguardar los bienes o documentos que la persona patrocinada le hubiere entregado.
1. Ejercer la profesión teniendo sanción de suspensión o inhabilitación especial.
2. La reincidencia de una falta grave, dentro de los siguientes trescientos sesenta y cinco (365) días.
3. Patrocinar o asesorar intereses opuestos dentro de la misma causa.
4. Anteponer su propio interés al de su patrocinado, o solicitar o aceptar beneficios económicos de la parte contraria.
5. El incumplimiento del depósito por sanción emitida por infracción a la ética.
6. Registrar para si, o de un tercero, bienes del litigio de la persona que hubiera patrocinado.
7. Patrocinar causas sin estar registrado y matriculado en el Ministerio de Justicia.
8. Cobrar honorarios más allá de los pactado.
9. Realizar actividades político partidarias en representación del Colegio de Abogados en su calidad de miembro del Directorio.
1. Infracciones leves. Llamada de atención y multa pecuniaria de un (1) salario mínimo nacional;
2. Infracciones graves: Suspensión temporal de uno (1) a doce (12) meses y multa de dos (2) a seis (6) salarios mínimos nacionales; o,
3. Infracciones gravísimas: Suspensión temporal de un (1) año a dos (2) años y multa de seis (6) salarios mínimos nacionales.
1. En seis (6) meses, por infracciones leves;
2. En un (1) año por las infracciones graves;
3. En dos (2) años para faltas gravísimas.
ARTÍCULO 45. (PERENCIÓN).-
Se opera la perención de la acción por infracciones, si ésta ha sido abandonada por más de (6) meses.
ARTÍCULO 46 (REMISIÓN DE ANTECEDENTES).-
Toda autoridad jurisdiccional o administrativa que sancione a una abogada o abogado en el ejercicio profesional, que hubiera cometido delito o infracción a la ética en su calidad de magistrado, juez, fiscal o como profesional libre; remitirá los obrados, la resolución o sanción impuesta, al Ministerio de Justicia y al Colegio respectivo, para que sea incorporado en su archivo personal.
ARTÍCULO 47. (DENUNCIA).-
I. El procedimiento por infracciones a la ética se iniciará por denuncia escrita o verbal registrada en acta, presentada por cualquier persona con interés legítimo o de oficio ante el Ministerio de Justicia o los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados
II. La denuncia contendrá una relación circunstanciada y clara del hecho, derechoteca el nombre y dirección de la oficina de la abogada o el abogado, o el domicilio procesal que le sea conocido, y deberán acompañarse o señalarse las pruebas que sustenten la denuncia.
ARTÍCULO 48. (CONCILIACIÓN).-
Las partes podrán conciliar hasta antes de la emisión de la resolución de primera instancia, con efectos de cosa juzgada.
ARTÍCULO 48. (SUMARIO).-
I. Recibida la denuncia los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogadas y Abogados, en el plazo de setenta y tres (3) días hábiles, pronunciarán auto de apertura sumarial o auto de rechazo de la denuncia.
II. Con la denuncia y el auto de apertura sumarial se citará a la o el denunciado para que conteste en el plazo de tres (3) días hábiles más el término de la distancia. En la respuesta fijará domicilio procesal y podrá formular excepciones conforme a la presente Ley.
III. Con o sin respuesta se abrirá un término probatorio de diez (10) días hábiles.
IV. Concluido el plazo probatorio, se dictará auto de clausura con el que se notificará a las partes, momento desde el cual se computará el plazo para dictar la resolución sumarial de primera instancia.
V. Los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogadas y Abogados, dictarán resolución sumarial de primera instancia en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, declarando probada o improbada la denuncia.
ARTÍCULO 50. (RECURSO DE APELACIÓN).-
I. El recurso de apelación procederá contra la resolución de primera instancia. La persona procesada o el denunciante podrán presentar recurso de apelación ante el tribunal que dictó la resolución de primera instancia, fundamentando los agravios en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles computables a partir de su notificación con la resolución de primera instancia.
II. Los Tribunales Departamentales del Ministerio de Justicia y de los Colegios de Abogadas y Abogados, concederán la apelación en el efecto suspensivo y remitirán los antecedentes ante el Tribunal Nacional que corresponda, en el plazo de dos (2) días hábiles, debiendo quedar fotocopiar legalizadas de todo lo obrado.
III. El Tribunal Nacional de Ética del Ministerio de Justicia y el Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía de los Colegios de Abogadas y Abogados, podrán abrir un nuevo término de prueba de hasta diez (10) días hábiles posteriores a su radicatoria. Vencido este término pasará a despacho del Tribunal de apelación para resolución.
ARTÍCULO 51. (RESOLUCIÓN FINAL).-
I. El Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y El Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía de los Colegios de Abogadas y Abogados, emitirán resolución final de segunda instancia en el plazo de diez (10) días hábiles.
II. La resolución final de segunda instancia podrá ser confirmatoria total o parcial, revocatoria total o parcial, o anulatoria, sin recurso ulterior.
III. Si se estableciera además indicios de haberse cometido delitos, a petición de parte o de oficio, el Tribunal de Ética del Minsiterio de Justicia o del Colegio de Abogadas y Abogados, remitirá antecedentes al Ministerio Público.
ARTÍCULO 52. (ACLARACIÓN O ENMIENDA).-
I. Notificada la resolución de primera o segunda instancia, no podrá el Tribunal que la dictó, alterarla o modificarla; sin embargo, en el plazo de 24 horas, podrá a solicitud de cualquiera de las partes aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y enmendar los errores de copia, referente a cálculo numérico que aparecieron de manifiesto en la resolución.
II. El Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia, se pronunciará en el plazo de tres (3) días hábiles de conocida la solicitud de aclaración o enmienda; en tanto que los Tribunales de Honor de la Abogacía de los Colegios de Abogadas y Abogados, se pronunciarán inexcusablemente en su próxima sala plena, conforme a reglamento.
ARTÍCULO 53. (NOTIFICACIONES).-
I. La notificación será personal, por cédula o por edicto, conforme a Ley.
II. Las demás actuaciones serán notificadas a las partes en su domicilio procesal señalado. Si la o el denunciado no contesta o no fija domicilio procesal, se le notificará en tablero del Tribunal correspondiente.
III. La notificación por medios de comunicación electrónicos, podrán ser enviados mediante fax o a la dirección del correo electrónico del profesional denunciado, si previamente y por escrito en su apersonamiento hubiere aceptado ser notificado de esa manera. En estos casos la fecha de su reporte enviado será la prueba del actuado.
ARTÍCULO 54. (IMPROCEDENCIA DE INCIDENTES O EXCEPCIONES).-
I. El procedimiento sólo admitirá las siguientes excepciones: La prescripción de acción, cosa juzgada o eximentes de responsabilidad, cuyo pronunciamiento se emitirá en resolución.
II. No se admirán incidentes que tiendan a dilatar el proceso y no serán aplicables otros recursos procesales que no están previstos en la presente Ley.
ARTÍCULO 55. (EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES).-
I. Las resoluciones finales por infracciones a la ética, serán ejecutadas por el Ministerio de justicia y los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados.
II. Las multas serán depositadas a las cuentas del Ministerio de Justicia y de los Colegios Departamentales de Abogadas y Abogados, según corresponda en el plazo perentorio de treinta (30) días calendario a partir de la notificación con la ejecutoria de la resolución. (Derecho teca) En caso de incumplimiento serán ejecutables por la vía jurisdiccional que corresponda.
III. Las sanciones de suspensión, en caso que la o el abogado sancionado incumpla la misma, será pasible a la acción penal por ejercicio ilegal de la profesión.
IV. La suspensión del ejercicio de la abogacía será puesta en conocimiento oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General del Estado, los nueve Tribunales Departamentales de Justicia y las nueve Fiscalías Departamentales.
V. Cuando los Tribunales del Ministerio de Justicia sanciones a abogadas o abogados, éste transmitirá la información de la sanción al Colegio de Abogadas y Abogados que corresponda, y viceversa.
ARTÍCULO 56. (RECURSOS ECONÓMICOS).-
Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a asignar el presupuesto y realizar las transferencias de los recursos necesarios al Ministerio de Justicia, para la implementación de la presente Ley, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
ARTÍCULO 57. (FUENTES DE FINANCIAMIENTO).-
II. El Ministerio de Justicia aprobará los montos a depositarse por concepto de registro y reposición de credencial de las abogadas y los abogados, así como el registro y actualización de Sociedades Civiles, los que serán exclusivamente destinados al cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo a reglamento.
I. Los procesos ya iniciados concluirán con el anterior régimen disciplinario, los procesos por iniciarse se sujerán a lo dispuesto por la presente Ley.
II. Continuarán tramitándose por el régimen disciplinario anerior, los actos procesales en plena ejecución, así como las impugnaciones interpuestas, manteniendose los plazos que empezaron a correr.
Las abogadas y los abogados que no se han registrado en el Ministerio de Justicia y cuenten con matrículas expedidas por los Colegios de Abogados, tendrán validez mientras dure el plazo para su registro en el Ministerio de Justicia.
I. El plazo para la conformación de los Tribunales del Ministerio de Justicia es de seis (6) meses, a partir de la promulgación de la presente Ley.
II. Hasta que se conforme los Tribunales del Ministerio de Justicia, las denuncias por infracciones cometidas, por abogadas y abogados, se podrán presentar al Ministerio de Justicia o al Colegio de Abogadas y Abogados.
III. Si la abogada o abogado denunciado no estuviere afiliado al Colegio donde se presente la denuncia, éste la remitirá al Ministerio de Justicia, cuando se constituyan los Tribunales de este Ministerio.
Las abogadas y los abogados que no se hayan registrado y matriculado en el Ministerio de Justicia, tendrán el plazo de dos (2) años para hacerlo, a partir de la promulgación de la presente Ley.
Los Colegios de Abogadas y Abogados con personalidad jurídica reconocida antes de la promulgación de la presente Ley, deberán adecuar sus estatutos y reglamentos a los establecido en la presente Ley, en el plazo máximo de un (1) año.
Se suspende el plazo de la prescripción hasta que se constituyan los Tribunales de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia.
El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Supremo reglamentará la presente Ley, en el plazo de noventa (90) días calendario, computables a partir de su promulgación.
Las matrículas extendidas por la Oficina del Registro Público de Abogados, dependiente del Ministerio de Justicia, con anterioridad a la publicación de la presente Ley, mantendrán su plena vigencia.
I. Se abrogan las siguientes disposiciones:
1. Decreto Supremo No 29783 de 12 de noviembre de 2008
2. Decreto Supremo No 26084 de 23 de febrero de 2001
3. Decreto Supremo No 26052 de 19 de enero de 2001
4. Decreto Supremo No 11782 de 12 de septiembre de 1974
5. Decreto Supremo No 19845 de 17 de octubre de 1983
6. Ley de 8 de diciembre de 1941, que eleva a rango de ley el Decreto Supremo del estatuto orgánico para el ejercicio de la abogacía, de 18 de enero de 1938.
Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los cinco días del mes de julio del año dos mil trece.
Fuente: http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-387-del-09-julio-2013

References: ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 24
 Resolución 

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40
e contrario

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46
 resolución 

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48
 resolución 

ARTÍCULO 48
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 51
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 52
 resolución 

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57