Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/06/19/pasivos-ambientales-y-la-necesidad-de-una-ley-de-presupuestos-minimos-para-la-gestion-de-sitios-contaminados-y-pasivos-ambientales-en-la-argentina/
Timestamp: 2020-02-26 15:36:46+00:00

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Pasivos ambientales y la necesidad de una ley de presupuestos mínimos para la gestión de sitios contaminados y pasivos ambientales en la Argentina – AL DÍA | ARGENTINA
Impulsaron este trabajo, la necesidad de investigar sobre un tema poco regulado y poco tratado por la doctrina nacional. Nació en nosotros, la curiosidad de indagar nada menos que en nuestros pasivos como sociedad. El Sumo Pontífice, en la Carta Encíclica «Laudato sí», dice lo siguiente: «. la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas» (2).
En la obra de Ibsen a la que nos referimos en el epígrafe, el Dr. Stockmann denuncia que las aguas del balneario del pueblo están contaminadas y son un peligro para la salud pública. Su hermano el Alcalde y las principales fuerzas sociales de la comunidad, tratan de ocultarlo argumentando que se trata de su primordial fuente de ingresos.Si bien es una obra de 1882, su problemática es muy actual. Creemos que nos debemos el debate, como sociedad, acerca de cómo gestionar los sitios contaminados y pasivos ambientales de la Argentina, para así abocarnos cabalmente a la tarea de remediarlos.
1. ¿Qué son los «pasivos ambientales»?
Una definición muy esclarecedora es la que nos provee la Ley 14.343 de la provincia de Buenos Aires en su art. 3 al consignar lo siguiente: «A los fines de la presente ley, se entenderá por pasivo ambiental al conjunto de daños ambientales, en términos de contaminación de agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública y privada, durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y / o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable»
Una segunda definición para destacar es la proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, cuando dice lo siguiente: «. se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición, se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo por el medio ambiente» (3). Los elementos comunes a estas definiciones son:
– «Existencia de un daño ambiental o sitio contaminado;
– «producido por cualquier tipo de actividad;
– «que no fue remediado;
– «pero que, por constituir un peligro actual o potencial, debe ser remediado en la actualidad;
– «que ha sido abandonado por su responsable, o no ha podido identificarse» (4).
Un breve análisis de los elementos mencionados, indica lo siguiente:
A. Existencia de un daño ambiental o sitio contaminado
El concepto de pasivo ambiental no puede separarse del concepto de daño ambiental. El art.27 de la LGA lo define como «toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos». Como se dice comúnmente: no hay almuerzo gratis. La actividad humana siempre genera efectos en el ambiente. Pero, para que se configure el daño, estos efectos deben ser: relevantes, negativos y no deben poder ser revertidos. Si los efectos producidos no tienen las características enunciadas, se denominan impactos ambientales.
Ahora bien, el Dr. Siano hace una distinción entre el pasivo ambiental generado por impacto ambiental y el generado por daño ambiental. Él apunta que los primeros son los que se producen por una acumulación sucesiva de numerosos impactos de similar naturaleza, que no fueron remediados. Un ejemplo sería la degradación de un monumento público por exposición a smog o a cenizas. Por oposición, los pasivos ambientales generados por daño ambiental, son aquellos que se producen como efecto de una alteración relevante, negativa del ambiente, no remediada en forma oportuna. Por ejemplo, cuando se produce una explosión (5). De todas maneras, esta distinción, si bien es muy ilustrativa, no va a tener efectos prácticos.
La ley de la Provincia de Bs. As. hace alusión a una «contaminación de agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas». Esta especificación nos indica que se alude a la contaminación de áreas geográficas incluyendo el conjunto de matrices ambientales (suelo, agua y aire). Países como Brasil o España han tenido un enfoque sectorial, produciendo normas para cada matriz ambiental afectada, las que pueden llegar a confluir en instancias integradoras. Tanto Estados Unidos en La Ley General de Compensación y Responsabilidades de Respuesta Medioambiental (CERCLA) de 1980 y Canadá en el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados de 1995, han tenido desde el inicio una visión genérica (6).
Cuando hablamos de pasivos ambientales, nos remite a un lugar delimitado, un espacio físico.El Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados de 2009, define al «sitio contaminado» en su glosario del siguiente modo: «. todo inmueble en el cual se desarrollen o hubiesen desarrollado actividades potencialmente contaminantes, dando origen a alteraciones físicas, químicas o biológicas debido a la presencia de sustancias contaminantes en concentraciones tales que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores, comporte un riesgo para la salud humana o el ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se establezcan por la autoridad ambiental nacional, y que así haya sido declarado mediante resolución expresa» (7).
En este sentido, el proyecto toma la definición de la Ley de la Provincia de Bs. As. 14.343, art. 4, inc. E , y agrega que la contaminación debe ser de acuerdo con los criterios y estándares establecidos por la autoridad ambiental nacional, por resolución expresa. La doctrina norteamericana denomina «site» a «la porción de una instalación que incluye el lugar de un derrame de substancias peligrosas y donde tales substancias peligrosas han sido localizadas. Como tal, la extensión de un “site” no está limitada por los límites de la propiedad y no incluye las áreas limpias dentro de los límites de la propiedad en que se encuentra la instalación» (8).
Por lo tanto, tenemos un espacio físico, ya sea tierra, agua o aire, que ha sido contaminado en proporciones tales, que en función de su uso suponga un riesgo para la salud humana o el ambiente.
B. Producido por cualquier tipo de actividad; la contaminación que presenta el sitio debe ser de origen humano. Un sitio contaminado que no haya sido generado por actividad antrópica, no será un pasivo ambiental.Así, no serán pasivos ambientales las cenizas acumuladas como consecuencia de la erupción de un volcán, no obstante los efectos ambientales negativos o los daños a la salud que puedan ocasionar (9).
En este sentido, no nos ocupa el daño producido por causas naturales, solo el proveniente de una actividad humana, que habitualmente será económica, pero no siempre. Como ejemplo, podemos citar un cuerpo de agua que ha sido contaminado por los residuos urbanos de una comunidad.
Siguiendo con el análisis del Dr. Siano, no es relevante si la actividad humana fue realizada por el Estado o por particulares. De hecho, sostiene que muchos de los pasivos ambientales más significativos fueron generados por el Estado, ya sea en ejercicio de la actividad empresarial o por empresas privadas a su servicio (10).
Por lo tanto, la contaminación del sitio debe ser provocada por una actividad humana, ya sea particular o estatal, económica o no.
C. Que no fue remediado o que persiste en la actualidad; este elemento es el más característico del pasivo ambiental. El daño al ambiente o sitio contaminado producido por cualquier actividad humana, debe persistir en la actualidad, no debe haber sido remediado. Por lo tanto, se requiere que haya una afectación negativa sobre el ecosistema y que no tenga tratamiento o el mismo sea insuficiente.
Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿por qué estos pasivos no han sido oportunamente remediados? Nos enseña el Dr. Siano que la cuestión puede tener varias respuestas:
a. El causante conoce de su existencia, y no los remedia por omisión maliciosa. En este caso, el causante conoce muy bien la presencia del daño, su valoración negativa por la sociedad y la obligación legal de remediar. No obstante, oculta o abandona el pasivo ambiental sin la debida remediación.
b. Se desconoce su existencia física. Este sería el caso del causante que desconoce la existencia del daño y, por lo tanto, no procede a su re mediación.
c. No eran pasivos ambientales al momento de su estudio.Este supuesto es el que más nos llama la atención y se configura cuando el pasivo es generado en el pasado y contrastado con la legislación vigente en ese momento, no había obligación de remediar. El cambio de paradigma ambiental, hace que una afectación del ambiente o ecosistema perfectamente legal en el pasado, sea considerada ilegal en el presente, sin necesidad de que cambien las condiciones físicas del sitio (11).
d. Pero que por constituir un peligro actual o potencial, debe ser remediado en la actualidad; el daño ambiental o sitio contaminado causado por actividad humana que persiste en la actualidad, debe requerir remediación por constituir un peligro actual o potencial. Este elemento guarda una relación estrecha con el principio de prevención de la LGA, cuando hablamos de peligro actual o potencial. Recordemos que el principio de prevención indica que cuando existe certeza de que una actividad puede causar un daño ambiental, debe atenderse en forma prioritaria e integrada, para prevenir los efectos negativos sobre el ambiente.
e. Que ha sido abandonado por su responsable o el mismo no ha podido identificarse. Por último, la característica típica del pasivo ambiental es justamente que el generador de la contaminación: no se encuentra (por ejemplo, dejó el país), no existe más (por ejemplo, quebró) o no puede identificarse (sitios contaminados por actividades muy antiguas que no pueden atribuirse a personas determinadas).
Al respecto, el Dr. Siano hace un excelente análisis y entiende que los pasivos ambientales «son cargas que se proyectan sobre la sociedad, ya fuera porque ella resulta agredida en su relación con el ecosistema en que convive, ya sea porque se le traslada la carga de su remediación» (12).
La ley de la provincia de Bs. As. es clara en cuanto a este elemento: se requiere la condición de abandono del sitio contaminado para definirse como pasivo ambiental. Ahora bien, las Dras. Diana Rodríguez López y Andrea Burucua, no concuerdan con esta apreciación.Refieren que en el sector de hidrocarburífero, existen importantes daños ambientales sin el debido saneamiento, originados en el pasado, pero que se encuentran dentro de concesiones activas, con la empresa titular u operadora responsable, presente en el lugar (13).
En este punto, estoy de acuerdo con el Dr. Siano y con la ley Provincial de Pasivos Ambientales. Creo que la condición de abandono por parte del generador es justamente lo que diferencia a un pasivo ambiental de un sitio contaminado. Por supuesto que creo que los sitios contaminados también merecen un sistema de gestión ambiental que promueva la categorización, el registro, la auditoría y la recomposición de los sitios contaminados que fueran identificados como prioritarios para su remediación. Pero, en esencia, el pasivo ambiental es un sitio contaminado y que es contaminante en la actualidad, que ha sido abandonado y que requiere una remediación.
He tratado de analizar hasta aquí el concepto de los pasivos, y he llegado a la conclusión de que la conceptualización que nos deja la Ley de la Provincia de Bs. As. es muy completa y que podría replicarse en la norma de Presupuestos Mínimos sobre la Gestión de Sitios Contaminados y Pasivos Ambientales que queremos.
2. Breve recopilación de normas nacionales aplicables a los Pasivos Ambientales en la Argentina
Nuestro país no cuenta con una Ley Nacional que trate el tema que nos ocupa de manera integral. A continuación, haremos una breve recopilación de la legislación existente, que pueda serle aplicable. Creemos que, para argumentar la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos, debemos repasar con qué herramientas contamos actualmente. Vamos a dejar a un lado las normas provinciales, porque justamente nuestra intención consiste en demostrar el vacío legal existente en la legislación nacional.
A. Programa Nacional para la Gestión de Sitios Contaminados (PROSICO)
El Ejecutivo Nacional acogió la cuestión de los pasivos ambientales, creando un programa nacional con el objetivo de impulsar soluciones.Así fue como, el 2 de junio de 2006, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) emitió la Res. 515/06 , que creó el «Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados» (PROSICO).
Esta resolución es la única norma de alcance nacional que abordó el tema de pasivos ambientales con una mirada integral (14).
En sus considerandos, la resolución establece lo siguiente: «. al carecer de un relevamiento sistemático de sitios contaminados en nuestro país que permita cuantificar el daño ambiental y establecer las medidas, responsabilidades y oportunidad de un proceso de restauración, es menester diseñar los métodos de evaluación necesarios traducidos en procedimientos que se sustenten en criterios unificados y normalizados, así como la generación de criterios económicos, financieros y tecnológicos para las acciones de recuperación de ambientes degradados por contaminación».
En su art. 2, la resolución exponía los objetivos generales del programa, a saber: «a. Identificar, sistematizar, calificar y cuantificar procesos de degradación por contaminación. b. Definir las estrategias de prevención, control y recuperación de sitios contaminados, desarrollando conjuntamente el soporte regulatorio indispensable bajo el concepto de presupuesto mínimo de protección ambiental».
Luego, disponía que esos objetivos serían llevados a cabo de manera conjunta y coordinada por el Estado nacional y todas las jurisdicciones locales. Como podemos ver, esta resolución ya planteaba la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos que regulara la gestión de Sitios Contaminados y Pasivos Ambientales.
La resolución disponía que la implementación del programa se realizaría a través de cinco proyectos o etapas que abarcaban lo siguiente: «a. Proyecto I: Inventario Nacional de Sitios Potencialmente Contaminados. b. Proyecto II: Categorización y Priorización Preliminar de Sitios Potencialmente Contaminados. c. Proyecto III: Plan Nacional de Recuperación de Sitios Contaminados y Prevención de la Contaminación. d. Proyecto IV: Bases Normativas para la gestión de Sitios Contaminados. e. Proyecto V:Sistema Nacional de Vigilancia Ambiental de Sitios Contaminados y Restaurados».
La resolución contiene un sistema de gestión muy completo que incluye el inventario, categorización o priorización, recuperación, bases normativas y vigilancia de los Sitios Contaminados y Restaurados. Lamentablemente, este programa no ha avanzado. Prueba de ello, es que hoy no estaríamos discutiendo la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Pasivos Ambientales, si se hubiese cumplimentado el proyecto IV.
B. Ley General del Ambiente (Ley 25.675) arts. 27 -34
La Ley General del Ambiente no regula específicamente a los pasivos ambientales, pero podemos encontrar a lo largo de su articulado los principios aplicables a su problemática. En su art. 1, que habla del bien jurídicamente protegido, establece lo siguiente: «. la presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable». Queda claro que los pasivos ambientales quedan dentro de su ámbito de aplicación, siendo imperativa a mi modo de entender una ley nacional que regule un sistema de gestión apropiado para los mismos.
De todas maneras, como vamos a desarrollar el tema en otro apartado de este escrito, me voy a circunscribir a las normas que hablan específicamente del Daño Ambiental, y del Fondo de Compensación Ambiental.
Entonces -como ya dijimos antes-, el concepto de Pasivo Ambiental, no puede separase del de daño ambiental, ya que se trata de un daño que no ha sido reparado. El principio rector en materia ambiental es el siguiente: «Quien contamina, paga».
La responsabilidad por daño ambiental puede ser de carácter administrativa, penal o civil y no son excluyentes. El daño ambiental es una lesión al derecho del individuo o de la comunidad, se trata de un daño más amplio.Sin perjuicio de que pueda afectar intereses subjetivos concretos, debe afectar a toda la sociedad o una parte de ella, indeterminada en tanto a sus sujetos afectados. Asimismo, aquí se juega una «doble estructura»: la preventiva y la reparadora; habiendo sanciones tanto para el que generó el daño como para quien incurrió en un comportamiento no preventivo (15).
El art. 27 de la LGA, define al «daño ambiental» de la siguiente manera: «toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, los bienes o los valores colectivos».
La norma establece que se trata de hechos o actos jurídicos, ya sean lícitos o ilícitos y que pueden ser derivados por acción u omisión de su responsable. El daño además debe ser relevante o significativo.
Luego, el art 28 de la LGA establece la regla general de que la atribución de responsabilidad por daño ambiental es objetiva y agrega que el objetivo primordial es la recomposición del daño o restablecimiento al estado anterior a su producción. Finalmente establece que de no ser posible técnicamente la recomposición, la justicia ordinaria interviniente deberá fijar una indemnización sustitutiva que deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental.
Ahora bien, el responsable del daño debe haber tomado todas las medidas necesarias para evitarlo. Es decir: medidas de seguridad, de prevención de contingencias, etc. Además, no debe existir culpa concurrente del responsable, ni en la más mínima medida. Recién cumplidas esas condiciones, se puede configurar la exención siempre y cuando los daños se produzcan: por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
En cuanto a la prescripci ón del daño ambiental, la doctrina está dividida, pero al igual que las Dras. Rodríguez López y Burucua, entendemos que el reclamo por daño ambiental es imprescriptible.Al respecto, la Cámara Nacional en fallo «Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado c/ Propietario Estación de Servicio Shell, Cámara Nacional Civil, Sala H, 1990»: «Resulta imprescriptible la acción de responsabilidad extracontractual iniciada en representación de intereses difusos o colectivos cuando el daño es ambiental, dadas sus connotaciones de perdurabilidad» (16).
Finalmente, la ley establece tres mecanismos para garantizar las indemnizaciones: el seguro ambiental (art. 22 ), el fondo de restauración ambiental que pudiera construir la empresa o «pool» de empresas responsables (art. 22) y el Fondo de Compensación Ambiental.
En el caso de que la Justicia establezca una indemnización sustitutiva, por imposibilidad técnica de recomposición del ambiente, esta debe depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental. Este fondo, será administrado por la autoridad competente en cada jurisdicción y estará destinado a garantizar: la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos y peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales, la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente y a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado (art. 34 )
De todas maneras, esa grandilocuente enumeración de destinos del fondo, que bien podría haberse circunscripto a un par de conceptos básicos, no ha tenido consecuencias en la realidad en virtud de que aún no se ha dictado la ley especial que reglamenta su integración, composición, administración y destino (art. 34, tercera parte) (17).
C. Código Civil y Comercial de la Nación
Recordemos en este punto que no es nuestro objetivo aquí, hacer un análisis sobre las normas aludidas, sino una breve recopilación de las normas nacionales que pueden aplicársele a los pasivos ambientales, a falta de una normativa nacional integral. Ahora bien, el nuevo Código define al daño en su art.1737 : «Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva».
Sobre la base de este artículo, en coincidencia con Pablo Lorenzetti, consideramos que todas las herramientas vinculadas a la responsabilidad civil plasmadas en la nueva norma, resultan directamente aplicables a los daños ambientales colectivos (18).
Recordemos que el art. 1709 del nuevo digesto, establece la siguiente prelación normativa: «En los casos en que concurran las disposiciones de este Código y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación: a. las normas indisponibles de este Código y de la ley especial; b. la autonomía de la voluntad; c. las normas supletorias de la ley especial; d. las normas supletorias de este Código».
El art. 1717 de la nueva norma dispone lo siguiente: «Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada».
Dice Pablo Lorenzetti que presenciamos aquí un concepto de antijuridicidad de carácter «material» y ya no «formal» y «objetivo» y ya no «subjetivo», tal como lo reclamaban tanto la doctrina como la jurisprudencia durante la vigencia del Código de Vélez (19). El código luego enumera en el art. 1718 una serie de justificaciones, entre las que se encuentra «el ejercicio regular de un derecho». Por lo tanto, la reparación tiene como base la violación al deber de no dañar y no la culpabilidad (20).
Luego, se tipifica la responsabilidad objetiva en el ámbito extracontractual en el art. 1722 , que expresa lo siguiente: «El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario».
La contractual se prevé en el art. 1723 que dispone lo siguiente:«Cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido entre las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva».
La responsabilidad objetiva en el Código Civil y Comercial comprende numerosos supuestos fácticos, por lo que la culpa es el factor residual de atribución de responsabilidad y solo opera en «ausencia de norma expresa» (art. 1721 ) (21).
Por otro lado, el nuevo código establece en el art. 1710 el deber de prevenir el daño e instituye una acción preventiva en los arts. 1711 y 1712 . La acción preventiva que tendrá lugar «cuando una acción u omisión antijurídica (entendemos en los términos del art. 1718) hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento». Será entonces la acción preventiva, «aquella que persigue evitar que se produzca, repita, agrave o persistan daños potenciales, a partir de una situación fáctica existente, haya o no un vínculo jurídico preexistente con el accionado. (Reviriego, 2012:142)» (22).
Por último, el art. 1757 incorpora manifiestamente el concepto de actividad riesgosa como causa de daño, viniendo así a resolver una discusión doctrinaria y jurisprudencial al respecto: «Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención».
D. Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051
En primer lugar, es necesario aclarar que esta norma no es Ley de Presupuestos Mínimos, sino que es una norma nacional, que invita a las provincias a adherir. Comprende los procesos de contaminación derivados de la generación y gestión de residuos peligrosos.
Define a los residuos peligrosos en su art.2 así: «. aquellos que pueden causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».
La ley se complementa con dos anexos que fueron tomados del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. El anexo I, que establece la nómina de los residuos que serán considerados peligrosos, y el Anexo II contienen las características de peligrosidad que deben tener los residuos. La Ley 24.051 y sus complementarias, han sido durante bastante tiempo la base legal de referencia, toda vez que se ha presentado un conflicto derivado de la contaminación de sitios. Estas normas ofrecen aproximación al tema central de los sitios contaminados, aludiendo en forma genérica a residuos que puedan causar «daño, directa o indirectamente a seres vivos o que puedan contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general» (SADS, 2006:9) (23).
La ley prevé un sistema de responsabilidad por daños, según el cual existe responsabilidad del generador en calidad de dueño, del transportista en calidad de guardián y de los titulares de plantas de tratamientos y / o disposición final, en calidad de guardianes (24). Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo peligroso es cosa riesgosa según los términos del párr. 2.° de art. 1113 del Código Civil. (art. 45 ).
No es oponible a terceros la transmisión o abandono voluntario del dominio de los residuos peligrosos, en los casos de responsabilidad extracontractual (art. 46 ).
Luego, el art.
Para culminar el capítulo sobre responsabilidades, la ley establece que la responsabilidad del generador no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de los desechos peligrosos, a excepción de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiere como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado en la planta de tratamiento o disposición final (art.48 ).
En el capítulo VI, la ley contiene la regulación correspondiente a las plantas de tratamiento y disposición final, y todo lo relativo al registro, instalación y cierre de las mismas.
Es una ley mixta, que contiene un régimen penal. Establece un tipo doloso (art. 55 ) y un tipo culposo (art. 56 ), donde el bien jurídico protegido es la salud pública.
E. Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos
Capítulo aparte merece el tema hidrocarburífero. No queríamos ahondar en el tema, al tratarse de normas sectoriales. Es nuestra intención demostrar la necesidad de una norma nacional e integral que regule la gestión de los pasivos ambientales en la Argentina, con independencia de la actividad generadora.
La Ley Nacional de Hidrocarburos regula la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, pero poco y nada dice sobre protección ambiental o daños ocasionados por la actividad. Sí encontramos normativa local que regula este tema en Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, Salta.
La Secretaría de Energía acogió el tema de pasivos ambientales en algunas de sus resoluciones. Se regula el tema de pozos abandonados o mal abandonados, piletas, derrames, instalaciones en desuso y residuos en general. Las Dras. Rodríguez López y Burucua realizaron una exhaustiva recopilación de estas resoluciones. Nos limitaremos a mencionar algunas de ellas:
– Res. 145/71. Establece normas reglamentarias de los trabajos de superficies que se llevan a cabo durante las tareas de exploración de hidrocarburos. Dispone la obligación de que, al concluir los trabajos, se levantarán las instalaciones y la superficie ocupada será restituida en las mismas condiciones de limpieza y nivelación en que se haya encontrado.
– Res. 105/92. Aprueba las normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos.
– Res. 236/93.Prohíbe el aventamiento de gas natural de pozos gasíferos y petroleros donde la relación gas-petróleo supere los 100 m3/m3 (al momento de la promulgación) y establece ciertos límites permisibles decrecientes. Fue modificada por la Res. SE 143/98.
– Res. 309/93. Aprueba métodos para la realización de trabajos de mensura y deslinde.
– Res. 341/93. Aprueba normas y cronograma para el reacondicionamiento de piletas y restauración de suelos. Si bien dicho cronograma ya finalizó, la norma asimismo dispone las condiciones que deberán cumplir las piletas que permanezcan por ser de uso habitual y necesario.
– Res. 342/93. Aprueba la estructura de planes de contingencia en su art. 1. Si bien fue parcialmente modificada por la Res. SE 24/04, dicho artículo permanece vigente.
– Res. 5/96. Dispone normas y procedimientos para abandono de pozos de hidrocarburos.
– Res. 201/96. Extiende el plazo para saneamiento de piletas de tierra, fijado en el Anexo I de la Res. 341/93. La extensión es hasta el 31/3/96 y dispone el plan de saneamiento de las piletas usadas empleadas en la perforación en los 90 días corridos desde la culminación de los trabajos de terminación y / o abandono de aquellos pozos que se perforen a partir del 1 de enero de 1996.
– Res. 24/04. Dispone a las empresas operadoras de áreas de exploración y explotación el deber de informar a la Subsecretaría de Combustibles, la ocurrencia de incidentes ambientales que afecten o puedan afectar recursos humanos, naturales y / o de valor socioeconómico.
– Res. 25/04. «Normas para la presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de hidrocarburos».
– Res. 2057/05. Modifica la Res. Nacional 319/93 por medio de la cual las empresas declaran a la nación el gas aventado en cada una de sus áreas.
– Res. 785/05. Instituye el programa nacional de control de pérdidas de tanques aéreos de almacenaje localizados en el país.
– Res.324/06 . Dispone que las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos deberán presentar anualmente información sobre las reservas comprobadas, no comprobadas y recursos de hidrocarburos.
– Res. 1040/09 . Nomenclatura de pozos petroleros. Incorpora definiciones sobre pozos abandonados (25).
III. LA NECESIDAD DE UNA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS QUE REGULE LA GESTIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y PASIVOS AMBIENTALES EN LA ARGENTINA
Ya analizamos el concepto de pasivos, vimos las normas nacionales que pueden aplicársele actualmente y ahora vamos analizar la necesidad de una normativa que regule el tema de manera integral.
Raúl Brañes dice que la gestión ambiental es el conjunto de actividades humanas que tienen por finalidad el ordenamiento del ambiente. Sus principales elementos son: la política, el derecho y la administración ambiental. Por lo tanto, se incluye en el concepto de gestión ambiental a los «actos normativos» con arreglo a los cuales debe llevarse a cabo el manejo del medio ambiente (26).
El maestro Esain, considera que el derecho ambiental no es una parte de la gestión ambiental, sino que se coloca por encima de esta. Al respecto, dispone que el derecho ambiental es «la base de toda gestión del ambiente, la que debe necesariamente darse en el ámbito jurídico, en todo tiempo» (27).
Vamos a comenzar por analizar el art. 41 de la CN. El párr. 1.° dice lo siguiente: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley».
La convencional Roulet, en el debate de la Convención Constituyente de 1994, analiza el párr. 1.° del artículo y dice así: «. la sanidad es la primera calidad que debemos exigirle al ambiente.Este primer principio se estableció también en la Declaración de Río de Janeiro y, además, acompaña el pensamiento ecologista desde hace muchos años» (28).
Este concepto no solo comprende la preservación y no contaminación de los recursos naturales, como el agua, el aire y el suelo, sino que, además, se refiere a todos aquellos ámbitos construidos por el hombre (29).
Siguiendo con la exposición de Roulet: «. la segunda calidad de ese ambiente que queremos garantizar es la del equilibrio. (…) Significa el equilibrio de los ambientes transformados por el hombre, lo que quiere decir que, las modificaciones a que se somete ese ambiente deben buscar respuestas que sean equivalentes, en condiciones aceptables, a las que resultan de la propia actividad del hombre. Ese mismo ambiente debe ser apto para el desarrollo humano. Quiero resumir este concepto de desarrollo humano en la noción pascaliana de desarrollo, a saber: “es el desarrollo de todos los hombres y del todo del hombre”» (30).
Continúa explicando Roulet lo siguiente: «. dentro de esa búsqueda de un desarrollo que no solamente asegure al hombre de hoy, sino a los hombres del futuro la posibilidad de un desarrollo aceptable, se dice que se debe preservar en las actividades de producción la capacidad del ambiente para poder dar satisfacción a las necesidades presentes, sin comprometer las de los hombres del mañana. Así, se habla de compromiso, compromiso hacia el futuro, es decir, lo que se considera el derecho intergeneracional» (31).
Por lo tanto, el constituyente nos está diciendo en este sentido que cualquier actividad que emprendamos, deberá respetar la viabilidad futura del hombre. Nos enseña Esain lo siguiente: «. la toma de los recursos, la forma de vida, nuestro desarrollo, las instituciones jurídicas todas, deberán someterse al nuevo límite del desarrollo sostenible» (32).
Por lo tanto: el art. 41 introduce el concepto de desarrollo sustentable y el valor solidaridad transgeneracional.
Si entendemos entonces al desarrollo como un progreso que permita la viabilidad de las generaciones futuras, ¿cómo puede suceder que no demos tratamiento a nuestros pasivos ambientales?Creo que este párr. 1.° de la Constitución impone la discusión sobre la gestión de Sitios Contaminados y Pasivos Ambientales. Mal podemos hablar del derecho a un ambiente sano si no nos ocupamos de remediar nuestros pasivos o deudas ambientales.
Por último, el daño ambiental tiene jerarquía constitucional. Ya hemos desarrollado anteriormente este concepto, pero reforzamos en este punto el mandato constitucional de prioritariamente recomponerlo.
Vamos a mencionar ahora un caso emblemático de pasivo ambiental en la Argentina: la llamada «causa Riachuelo». Un grupo de vecinos liderados por Beatriz Mendoza, se presenta ante la Corte solicitando indemnización por los daños y perjuicios en su salud y propiedad, y los daños colectivos por la contaminación del río Matanza-Riachuelo (33).
Queremos recordar que la contaminación de la cuenca la podemos remontar a los años de la colonia. En el siglo VIII, se instalaron los primeros saladeros y en 1800 se instalaron las primeras curtiembres en sus márgenes. En esos tiempos, el concepto de desarrollo no estaba ligado a la viabilidad humana futura, sino a obtener un mayor progreso sin más. Esto hace de la cuenca Matanza-Riachuelo un emblema de pasivo ambiental. La cuenca fue calificada por Sabsay como una cloaca a cielo abierto (34).
Ahora bien, volviendo a la causa, la Corte dividió las pretensiones y se declaró incompetente para los daños individuales, pero tomó a consideración el daño ambiental de incidencia colectiva. En la resolución, dice el maestro Esaín, «la Corte advierte una inconstitucionalidad por omisión, de la que se deriva un daño ambiental de incidencia colectivo, directamente generado por la falta de un plan» (35).
La gran importancia de este fallo para el derecho ambiental, radica en que la Corte consolida la operatividad del derecho a un ambiente sano y equilibrado en el marco del desarrollo sostenible (consid. 7.° del voto mayoritario) (36).
La causa Mendoza nos refuerza la necesidad de una Ley Nacional de Gestión de Sitios Contaminados y Pasivos Ambientales.A saber, el 8 de julio de 2008, la Corte determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento. Por otra parte, el Máximo Tribunal encomendó al Defensor del Pueblo de la Nación y a las ONG la conformación de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento y de las obligaciones y fallos que la Corte establece en esta sentencia. Con posterioridad, en su resolución del 19 de diciembre de 2012, la Corte Suprema advirtió que «los avances realizados en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo traen aparejados nuevas y complejas problemáticas» resultando en consecuencia «conveniente una división transitoria de la ejecución del pronunciamiento» de fecha 8 de julio de 2008 «entre dos magistrados». Así, se designó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12 para «el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA ENHOSA), del tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así como su nivel de ejecución presupuestaria (…). En tanto “todas las restantes competencias atribuidas en la sentencia de julio de 2008 (…)” quedaron a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 d e Morón» (37).
Creemos que, de existir una ley que se ocupe de cómo deben gestionarse, auditarse, identificarse y controlarse los sitios contaminados y pasivos ambientales, no habría necesidad de que los Jueces tengan injerencia en esos asuntos.
El párr. 2.° de nuestra Carta Magna dicta lo siguiente: «Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales».
La Constitución recepta entonces el concepto amplio de ambiente incluyendo la preservación del patrimonio cultural, la información y la educación ambiental.Se refuerza también el mandato de protección del ambiente a las autoridades.
Finalmente, en el párr. 3.°, dice así: «Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales».
Queda más que claro el mandato constitucional de proteger el ambiente instando al Congreso a dictar las normas de presupuestos mínimos de protección. Ya dijimos que la legislación está por encima de la gestión ambiental.
Ahora bien, para hablar de la necesidad de una ley de presupuestos mínimos para la gestión de pasivos ambientales, debemos retomar el análisis de la Ley General del Ambiente. En sus objetivos, la ley trata los lineamientos de la política ambiental nacional y luego en su art. 4, establece que «la interpretación y aplicación de la siguiente ley, y de toda norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios (.)».
Estos principios son normas obligatorias conforme al art. 16 del Código Civil y la enumeración que hace la Ley General del Ambiente es enunciativa, por lo que no se excluyen otros principios generales y de política ambiental (38).
La ley precisa al principio de progresividad así: «. los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos». Otros instrumentos que recogen este principio son el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su art. 2.1 y La Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 26 .
Esain, con gran criterio, nos habla de las dos caras de este principio. Por un lado, significa la imposición de adoptar soluciones graduales, por oposición a medidas drásticas, siempre en pos de la protección del ambiente.De esta manera, la progresividad evita medidas extremas que puedan comprometer derechos individuales. Por otro lado, este principio impone que la protección del ambiente y el esfuerzo realizado por el Estado no puede disminuir, sino que debe ser «cada vez mayor, sobre todo a la sazón de las reglas derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22 , CN)» (39).
De esta manera, una adecuada evaluación de nuestros pasivos ambientales y sus riesgos para después proceder a su remediación, implicaría la adopción gradual de mejoras de estándares ambientales (40).
Dice Carlos Rodríguez, que «el concepto de progresividad implica un aumento paulatino de la protección ambiental, de manera de aumentar los activos ambientales y disminuir los pasivos ambientales del país». (41).
En autos «Barragán, José Pedro v. Autopistas Urbanas S. A. – Gustavo Cima y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA)», la Cámara de Apelaciones dispuso lo siguiente: «. los ruidos generados por el flujo vehicular no deben ser susceptibles de afectar el derecho a la salud, aquí entendido como ruido susceptible de causar un déficit auditivo, de acuerdo con las pautas internacionales antes indicadas que, cabe recordarlo, no son establecidas por la legislación de un Estado extranjero, sino las fijadas por la organización internacional dedicada exclusivamente a la salud. Además hay que tener en cuenta, en este punto, el principio de progresividad» (42).
Ahora bien, otro de los principios que respaldan la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Sitios Contaminados y Pasivos Ambientales, es el mentado principio de prevención. Dice la Ley General del Ambiente lo siguiente: «. las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir».
Una de las características principales del derecho ambiental es que sus objetivos son preventivos.Este principio nos enseña que cuando existe certeza de que una actividad puede causar un daño medioambiental, se deben tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitarlo o amortiguarlo. La herramienta más usada, en este sentido, es la llamada «evaluación de impacto ambiental». Pero este principio impone un deber de prevención aún más amplio. La protección ambiental no debe ser algo aislado, se requieren políticas integrales en la totalidad de los órdenes de la administración estatal, como por ejemplo en políticas económicas, de obras públicas o de acción social (43).
El Dr. Pettigiani en su voto como ministro de la Corte de la Provincia de Buenos Aires en las causas «Almada, Hugo N. v. Copetro S. A. y otro s/ daños y perjuicios» (JA 2001, III, 305); señala que asignamos a la prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, ya que la agresión al ambiente se manifiesta en hechos que provocan por su mera consumación un deterioro cierto e irreversible de tal modo que permitir su avance y prosecución importa una degradación perceptible de la calidad de vida de los seres humanos, por lo que su cesación se revela como una medida impostergable» (44).
Queda por demás de claro que este principio nos impone la creación de una normativa de gestión de pasivos ambientales. La contaminación genera impactos sobre la salud de generaciones presentes y futuras, degradación de la calidad de recursos naturales y del ambiente, pérdida de usos de suelo o cuerpos de agua, pone en peligro la diversidad biológica, y genera costos económicos como incertidumbre para posibles inversionistas, con lo cual debemos atender de manera prioritaria su remediación.
Por último, y sin agotar el análisis de esta cuestión, queremos referir al principio contaminador-pagador, que ha estado presente a lo largo de todo el recorrido de este trabajo. Dice la ley, en su art. 4, lo siguiente:«. el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan». Otras manifestaciones sobre este principio las encontramos en el principio 22 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, el principio 13 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el Convenio de Basilea.
Siempre que haya una cuestión ambiental, hay una responsabilidad compartida entre empresas privadas, los habitantes en general y del Estado, en especial sus funcionarios. Este principio se traduce así: «El que contamina, paga» (45).
Por lo tanto, de la aplicación de este principio deriva la responsabilidad del generador de la contaminación y su obligación de remediar.
A lo largo del trabajo, hemos definido a los pasivos ambientales como un sitio contaminado y que es contaminante en la actualidad, que ha sido abandonado y que requiere una remediación. Hemos analizado sus elementos.
Seguidamente hemos realizado una breve recopilación de las normas de carácter nacional que pueden aplicársele a los pasivos ambientales a falta de una ley que regule el tema de manera integral. De esta forma, hemos podido demostrar la laguna legal existente en la normativa nacional.
Por último, hemos argumentado la necesidad de una ley nacional de presupuestos mínimos que regule un sistema de gestión ambiental que promueva la categorización, el registro, la auditoría y la recomposición de los sitios contaminados y pasivos ambientales que fueran identificados como prioritarios para su remediación. Así, hemos analizado los principios constitucionales de equidad intergeneracional y de sustentabilidad y los principios de gestión ambiental aplicables al tema.
Esperamos no ser acusados de enemigos del pueblo, como se acusó al Dr. Stockmann en la célebre y vanguardista obra de Ibsen, pero entendemos que no podemos mirar hacia el futuro y hablar de equidad intergeneracional o sustentabilidad, si no tenemos compromiso con nuestros pasivos ambientales.Ellos están ahí, para recordarnos el cambio de paradigma ambiental, esperando que hagamos algo al respecto.
– BEC, Eugenia, y FRANCO, Horacio J.: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. Tratamiento completo de su problemática jurídica. Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2010.
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– Carta Encíclica «Laudato Sí» del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común (56), en http://www.vatican.va.
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– Código Civil y Comercial de la Nación.
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– Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972).
– Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).
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– Ley General del Ambiente (Ley 25.675) .
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– Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966).
– Resolución 515/06 de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente.
Resoluciones 145/71, 105/92, 236/93, 309/93, 341/93, 342/93, 5/96, 201/96, 24/04, 25/04, 2057/05, 785/05, 324/06, 1040/09 de la Secretaría de Energía.
– Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, in re «Barragán, José Pedro v. Autopistas Urbanas S. A. – Gustavo Cima y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA)», 3/10/2003, Microjuris, MJ-JU-M-2169-AR .
– Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re, «Mendoza, Beatriz Silvia y otros v. Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación del Río Matanza -Riachuelo)», 10/11/09, Microjuris, MJ-JU-M-51197- AR .
(1) IBSEN, Henrik: Un enemigo del Pueblo (edición en español), 2017. Edición digital Amazon, ASIN B06X9ZV1MQ, Acto Segundo, loc. 1021 y 1031 (32%).
(2) Carta Encíclica «Laudato Sí» del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común (56), disponible en http://www.vatican.va.
(3) http://www.semarnat.gob.mx en SIANO, Juan Martín: «Pasivos Ambientales y Cambio de Paradigma.Aplicaciones Prácticas del Principio de Progresividad», en Revista de Derecho Ambiental. Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica. Buenos Aires, julio-septiembre de 2014, N.° 39, p. 140.
(4) SIANO, Juan M.: Pasivos Ambientales y Cambio de Paradigma. Aplicaciones Prácticas del Principio de Progresividad, en Revista de Derecho Ambiental. Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Práctica. Buenos Aires, julio-septiembre de 2014, N.° 39, p. 140.
(5) Ibídem, p. 140.
(6) Res. 515/06 de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, en sus considerandos.
(7) Proyecto de Ley Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados, N.° expte: 0101-D-2009, disponible en http://www.bdlaw.com.
(8) SIANO, Juan Martín, op. cit., pp. 140 y 141.
(9) Ibídem, p. 141.
(10) Ibídem, p. 141.
(11) Ibídem, p. 142.
(12) Ibídem, p. 143.
(13) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Diana, y BURUCUA, Andrea: Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina. Análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente. Buenos Aires, El Jinete Insomne, 2015, p. 58.
(14) Ibídem, p. 54.
(15) RODRÍGUEZ, Carlos A.: Serie de Legislación Comentada. Ley General del Ambiente de la República Argentina. Ley 25.675 Comentada. Normativa Complementaria., 4.a ed. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, pp. 159 y 162.
(16) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Diana, y BURUCUA, Andrea: op. cit., p. 72.
(17) Ibídem, p. 72.
(18) LORENZETTI, Pablo: Antijuricidad como Presupuesto de la Responsabilidad Civil por Daño Ambiental. Su Reformulación a partir del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en Revista de Derecho Ambiental. Buenos Aires, julio-septiembre de 2015, N.° 43, p. 31.
(19) Corte Sup., «Saladeristas Podestá, Bertam, Anderson, Ferrer y otros v. Provincia de Buenos Aires», 14/5/1887, en Colección de análisis jurisprudencial derecho constitucional, La Ley. Buenos Aires, 2005, p. 257, con nota de Ernesto Cionfrini.
(20) RODRÍGUEZ LÓPEZ, Diana, y BURUCUA: op. cit., pp. 67 y 68.
(21) Ibídem, p. 68.
(22) Ibídem, p. 68.
(23) Ibídem, p. 82.
(24) Ibídem, p.82.
(25) Ibídem, pp. 87-90.
(26) BRAÑES, Raúl: Manual de Derecho Ambiental Mexicano, p. 117. México, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y Fondo de Cultura Económica, 2000.
(27) ESAIN, José Alberto, y GARCÍA MINELLA, Gabriela: Derecho Ambiental en la Provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 8. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013.
(28) Los debates de la Convención Constituyente de 1994 se pueden consultar en: http://www.infoleg.gob.ar.
(29) ESAIN, Jose Alberto y GARCÍA MINELLA: op. cit., p. 48.
(30) Los debates de la Convención Constituyente de 1994 se pueden consultar en http://www.infoleg.gob.ar.
(31) Los debates de la Convención Constituyente de 1994 se pueden consultar en: http://www.infoleg.gob.ar.
(32) ESAIN, José A., y GARCÍA MINELLA, Gabriela: op. cit., pág. 50.
(33) Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re «Mendoza, Beatriz Silvia y otros v. Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación del Río Matanza – Riachuelo)», 10/11/2009, Microjuris, MJ-JU-M-51197-AR.
(34) SABSAY, Daniel A.: El modelo de Desarrollo Sustentable, en ESAIN, José Alberto, y GARCÍA MINELLA, Gabriela: Derecho Ambiental en la Provincia de Buenos Aires, t. 1, p. 53. Buenos Aires, Albeledo Perrot, 2013.
(35) ESAIN, Jose Alberto, y GARCÍA MINELLA: op. cit., p. 53.
(37) http://www.acumar.gob.ar .
(38) RODRÍGUEZ, Carlos A.: op. cit., p. 67.
(39) ESAIN, José A., y GARCÍA MINELLA: op. cit., p. 121.
(40) SIANO, Juan Martín: op. cit., pp. 150 y 151.
(41) RODRÍGUEZ, Carlos Aníbal: op. cit., p. 73.
(42) Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, in re «Barragán, José Pedro v. Autopistas Urbanas S. A. – Gustavo Cima y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA)», 3/10/2003, Microjuris, MJ-JU-M2169-AR.
(43) RODRÍGUEZ, Carlos A.: op. cit., pp. 69 y 70.
(44) Nota del Dr. Camps, Carlos E.: Actualidad del Acceso a la Justicia Ambiental JA 2002-III-921 en CAPELLUTO, Marcelo Fabián, Manual de Derecho Ambiental y de la Conservación y Explotación Racional de los Recursos Naturales. Buenos Aires, El Puente del Saber, 2013, p. 27.
(45) RODRÍGUEZ, Carlos A.: op. cit., pp. 73 y 74.
(*) Abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario (T. 118, F. 172 CPACF), 2006-2011. Abogada, Departamento ART, Estudio Romera, Ongay, Romano, Castellani y Figueroa Casas, 2017. Diplomatura de Derecho y Política Ambiental Universidad Austral, Colegio Público de Abogados.
Tag: Ambiental, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, DAÑO AMBIENTAL, DERECHO AMBIENTAL, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, RESIDUOS PELIGROSOS
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