Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0201
Timestamp: 2019-04-20 17:10:40+00:00

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EUR-Lex - 52019DC0201 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 52019DC0201 - EN
Document 52019DC0201
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Vigilancia reforzada - Grecia, Febrero de 2019
COM/2019/201 final
Bruselas, 27.2.2019
COM(2019) 201 final
Vigilancia reforzada - Grecia, Febrero de 2019
{SWD(2019) 201 final}
Grecia se ha integrado en el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas tras la finalización del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE. Para hacer frente a las necesidades y retos específicos de Grecia, la Comisión también ha activado una supervisión reforzada en virtud del Reglamento (UE) n.º 472/2013 1 , con efecto a partir del 21 de agosto de 2018, prorrogado por un periodo adicional de seis meses mediante Decisión de la Comisión de 20 de febrero de 2019 2 .
La supervisión reforzada ofrece un marco global para un seguimiento de la evolución económica y la aplicación de las políticas necesarias para garantizar una recuperación económica sostenible. Se prevé una evaluación periódica de la evolución reciente en materia económica y financiera en Grecia, así como la supervisión de las condiciones de financiación de la deuda soberana y la actualización del análisis de la sostenibilidad de la deuda. Una supervisión reforzada también sienta las bases para evaluar el compromiso general manifestado por Grecia en la reunión del Eurogrupo del 22 de junio de 2018 de proseguir y completar las reformas adoptadas en el marco del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE y de salvaguardar los objetivos de las reformas adoptadas en el marco de ese programa y sus predecesores. En ese contexto, la supervisión reforzada sienta las bases para un seguimiento de la aplicación de los compromisos de reforma específicos adjuntos a la declaración del Eurogrupo de 22 de junio de 2018, en los ámbitos de: i) las políticas presupuestaria y presupuestaria-estructural; ii) el bienestar social; iii) la estabilidad financiera; iv) los mercados de trabajo y de productos; v) las privatizaciones; y vi) la Administración pública 3 .
Este es el segundo informe de supervisión reforzada para Grecia y se aprobó junto con el informe por país del Semestre Europeo para Grecia. En el contexto de una mayor supervisión, la Comisión, en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) 4 , y en su caso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), realiza misiones periódicas de evaluación para verificar los progresos logrados; el MEDE participa tanto en el contexto de su Sistema de Alerta Rápida como en consonancia con el Memorando de Acuerdo de 27 de abril de 2018 sobre las relaciones de trabajo entre la Comisión y el MEDE. Como preparación de este informe, entre el 21 y el 25 de enero de 2019 se realizó una misión conjunta en Atenas.
Este informe podría servir de base para que el Eurogrupo decida sobre la aprobación del primer conjunto de medidas relacionadas con la deuda en función de las políticas, por valor de 970 millones EUR. El 22 de junio de 2018, el Eurogrupo convino en que el paquete de medidas de reducción de la deuda para Grecia debería incluir incentivos para garantizar una aplicación firme y continua de las medidas de reforma acordadas en el programa. A tal efecto, algunas de las medidas relacionadas con la deuda en función de las políticas se pondrán a disposición de Grecia semestralmente hasta mediados de 2022, a condición de que el país cumpla sus compromisos en materia de continuidad y finalización de las reformas, sobre la base de informes positivos en el marco de la supervisión reforzada. Dichas medidas relacionadas con la deuda incluyen: i) la devolución de los importes derivados de las obligaciones griegas en manos de los bancos centrales en el marco del Programa para Mercados de Valores y el Acuerdo sobre los Beneficios de los Activos Financieros Netos, y ii) una dispensa del margen del tipo de interés progresivo para una parte de los préstamos concedidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
La Comisión calcula que el PIB real crecerá un 2 % en 2018 y que se incrementará hasta cerca del 2,2 % y el 2,3 % en 2019 y 2020, respectivamente 5 . Los factores de crecimiento internos (el consumo privado y la inversión) deberían reforzarse, mientras que las contribuciones del sector exterior podrían moderarse debido a la desaceleración económica prevista de la UE y al aumento de las importaciones.
Las condiciones del mercado laboral siguieron mejorando en el segundo semestre de 2018. La tasa de desempleo cayó al 18,5 % en noviembre de 2018 desde su nivel máximo del 27,9 % a mediados de 2013 y el 20,8 % de finales de 2017. Sin embargo, el desempleo de larga duración (13,5 % en el tercer trimestre de 2018) y el desempleo juvenil (39,1 % en noviembre de 2018) siguen siendo elevados. La evolución salarial ha sido moderada hasta ahora.
Globalmente, el equilibrio de riesgos marca una tendencia a la baja. El crecimiento del consumo podrá ser superior al previsto en 2019, en caso de que la reciente subida del salario mínimo se traduzca en un mayor consumo. Sin embargo, la tendencia a la baja de los riesgos domina las previsiones. Las posibles presiones salariales suponen riesgos de revisión a la baja tanto de la recuperación de la inversión como del comportamiento de las exportaciones debido a la pérdida de competitividad. Los riesgos para la inversión se ven agudizados por el alto nivel de préstamos dudosos que siguen pesando sobre la capacidad de intermediación de los bancos. Por último, la ralentización de la economía mundial, y en particular de la UE, puede obstaculizar la recuperación de Grecia.
Políticas presupuestaria y presupuestaria-estructural
Es probable que Grecia haya superado con creces el objetivo de un superávit primario del 3,5 % del PIB en 2018, lo que representaría el cuarto año consecutivo de superación de los objetivos. Esto tiene en cuenta las devoluciones de salarios pagados al personal uniformado y a otros funcionarios públicos a raíz de una sentencia judicial, y el pago de una transferencia sometida a una investigación de medios económicos («dividendo social»), ambos ejecutados a finales de 2018. Sobre la base de la última información disponible, el superávit primario podría superar el nivel del 3,7 % anunciado en las previsiones de otoño de 2018 de la Comisión. Los datos relativos a la ejecución para 2018 estarán disponibles en abril de 2019, y la magnitud del rebasamiento en relación con el superávit primario dependerá, entre otras cosas, de la infrautilización del presupuesto para inversión pública, lo que no es deseable ya que frena el potencial de crecimiento.
Se prevé que el presupuesto de 2019, aprobado en diciembre de 2018, garantice el logro del objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB, logrando así un compromiso específico para el final de 2018. El impacto de las medidas tomadas desde la adopción del presupuesto de 2019 tendrá que incorporarse en la estrategia presupuestaria a medio plazo (EPMP) que deberá actualizarse en mayo de 2019 y que se evaluará como parte del tercer informe de supervisión reforzada. Si bien el aumento del salario mínimo, previsto por ley, a partir de febrero de 2019 plantea algunas preocupaciones en términos de sus repercusiones en la economía en general, se espera que tenga un impacto presupuestario neto positivo a corto plazo en 2019. Por el contrario, las autoridades ampliaron la reducción del IVA en cinco islas del mar Egeo que acogen centros de refugiados, vinculando su eliminación futura a la relajación de las presiones migratorias. Si bien la eliminación de la reducción era un compromiso del programa del MEDE, el coste presupuestario de la prórroga se limita a algo más de 50 millones EUR. Además, existen indicios de presiones al alza sobre la masa salarial del sector público debido un exceso de contrataciones, que deben abordarse.
El Gobierno ha informado a las instituciones europeas de que no tiene la intención de proceder en un futuro próximo a la revisión de los regímenes de pago escalonado de las deudas fiscal y de la seguridad social, ya que deben realizar nuevos análisis técnicos y reflexiones. Es importante evitar los riesgos negativos para los ingresos públicos y proteger la cultura de pago, ya que estos fueron los principales objetivos de las reformas en la recaudación de ingresos públicos aplicadas durante los programas de asistencia financiera.
Las autoridades griegas han iniciado los trabajos preparatorios sobre la evaluación de impacto presupuestario y los riesgos derivados de resoluciones judiciales sobre las reformas aplicadas en el marco de los programas de ayuda financiera. Sobre la base de la información facilitada por las autoridades, la sentencia de 2015 del Consejo de Estado contra elementos importantes de la reforma de las pensiones de 2012 conlleva un coste presupuestario insignificante en vista del muy pequeño número de demandantes elegibles; no obstante, la cuestión todavía no se ha resuelto de forma definitiva, ya que algunos tribunales inferiores han fallado en contra de la elegibilidad restringida de los pagos compensatorios, y la sentencia final sobre los principales elementos de la reforma del sistema de pensiones de 2016 está todavía pendiente. Otra importante sentencia relativa a la restauración de bonificaciones salariales estacionales para los funcionarios también está pendiente ante el Consejo de Estado. En caso de que este se pronuncie a favor de la restauración, ello podría dar lugar a un considerable coste presupuestario de un importe equivalente al 1,3 % del PIB (1,1 % corresponde a responsabilidad retroactiva y 0,2 %, a gastos recurrentes). A pesar de lo realizado recientemente por las autoridades griegas, se requieren esfuerzos y vigilancia continuados. Las autoridades griegas deben seguir supervisando los riesgos presupuestarios, incluidos los derivados de resoluciones judiciales, y se les insta a adoptar las medidas de compensación que sean necesarias para cumplir los objetivos presupuestarios a medio plazo en el marco de la Estrategia Presupuestaria a Medio Plazo (EPMP) y sus actualizaciones anuales. En el caso de las resoluciones judiciales que modifican elementos estructurales clave de las reformas acordadas al amparo del programa, las implicaciones presupuestarias recurrentes de estas resoluciones tendrían que abordarse ampliamente mediante reformas y acciones en el mismo ámbito político.
Grecia ha continuado realizando progresos en la reforma de la valoración del impuesto unificado de bienes inmuebles (ENFIA), en línea con su compromiso específico para mediados de 2019. El marco legislativo para el nuevo sistema de la tasación de inmuebles ya se ha establecido, se ha creado una Unidad de tasación del impuesto de bienes inmuebles, y se puesto en marcha dos proyectos informáticos clave para cartografiar por vía electrónica los límites de zonas y sistematizar la recogida de datos sobre bienes inmuebles.
Aunque el compromiso específico para finales de 2018 de alcanzar un nivel de 12 000 empleados fijos en la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR) no se ha alcanzado, hay margen para nuevas contrataciones de personal en los próximos meses. El personal de la Autoridad disminuyó durante 2018, pasando de 11 682 a 11 492. Las razones de la bajada son, entre otras, los retrasos en la contratación de funcionarios tributarios y aduaneros y unas bajas superiores a las previstas (principalmente a través de jubilaciones), pero también la relativamente elevada tasa de rechazo de las ofertas realizadas por la IAPR a los candidatos seleccionados. Además, el recientemente creado plan de movilidad no ha redundado aún en el número previsto de transferencias a la IAPR. Las autoridades han ofrecido garantías sobre las medidas específicas que deben adoptarse para asegurar que se cumpla el compromiso específico para finales de 2019 de contar con 12 500 empleados permanentes. Se trata, entre otras, de medidas destinadas a facilitar las transferencias de personal a la IAPR gracias al plan de movilidad, o a ultimar la reforma de los recursos humanos que permitirá a la IAPR atraer y conservar personal.
Con el fin de garantizar el cumplimiento del compromiso relativo al personal, el refuerzo de la reforma más amplia del sistema de recaudación de ingresos y con vistas a mejorar la capacidad operativa y la eficiencia de la IAPR en diversos ámbitos, las autoridades han adoptado una serie de medidas complementarias:
·La IAPR ha adoptado un plan de acción para la reforma («Plan rector») para el período 2019-2021 que establece las medidas específicas y las inversiones que serán necesarias para proseguir la transformación de la IAPR en una organización moderna, flexible y eficaz. Las autoridades se comprometieron a aportar los fondos adicionales necesarios para todas las acciones que deben realizarse (un importe a tanto alzado de 75 millones EUR y 5 millones EUR como costes recurrentes anuales).
·La Secretaría General de Sistemas de Información (dependiente del Ministerio de Hacienda) y la IAPR han llegado a un acuerdo sobre una dotación anual (5 millones EUR en 2019) para la adquisición de infraestructura y herramientas informáticas para la IAPR.
No obstante, las autoridades deben culminar el resto de las medidas complementarias que permitirán reforzar la IAPR:
·La introducción de la clasificación, la remuneración y la evaluación de resultados adaptadas se considera esencial para mejorar las perspectivas de que la IAPR atraiga a personal muy cualificado y permitir su desarrollo y evolución. Actualmente se mantienen intensos debates con las autoridades. Suponiendo que estos tengan éxito, está previsto que el Parlamento adopte a principios de marzo de 2019 una modificación de la legislación aplicable a la IAPR. Posteriormente, dicha modificación permitirá adoptar la legislación secundaria que introducirá un nuevo sistema de clasificación directamente vinculado con las descripciones de los puestos de trabajo. El último paso para introducir un régimen retributivo específico para la IAPR requerirá que la legislación primaria establezca las disposiciones para una tabla salarial suplementaria y que se adopte antes de que finalice 2019. Esta reforma está estrechamente relacionada con la reforma de la Administración pública, y en particular el nombramiento de altos cargos del sector público.
·Las modificaciones legislativas sobre protección de la responsabilidad y facilitación de la movilidad se han acordado y se adoptarán a principios de marzo de 2019.
·Se espera la adopción, a principios de marzo, de una Decisión ministerial conjunta sobre la adquisición de marcadores de combustible, que aportará una herramienta importante en la lucha contra el contrabando.
Grecia ha continuado reduciendo su volumen de atrasos netos desde el final del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE (la no acumulación de pagos atrasados es un compromiso específico continuo), pero el ritmo de reducción se ha ralentizado considerablemente y siguen produciéndose nuevos atrasos. El volumen de atrasos netos al finalizar diciembre de 2018 era de 1 400 millones EUR, por lo tanto 300 millones EUR inferior al volumen de atrasos al finalizar agosto de 2018, que es la referencia para la valoración de la no acumulación de atrasos en términos netos. Para compensar los atrasos se han utilizado la financiación del programa y recursos propios. No obstante, el objetivo original de liquidación total contemplado en el programa del MEDE no se alcanzó al final del programa, y han seguido generándose nuevos atrasos desde agosto de 2018, lentificando el progreso en la liquidación del volumen de atrasos. Aunque las reformas para resolver los cuellos de botella estructurales de la gestión y liquidación de atrasos están avanzando, es necesario proseguir los esfuerzos para reforzar el sistema de liquidación, abordando simultáneamente las causas que originan la creación de atrasos.
Un sistema de bienestar social moderno y sostenible: avances en el cumplimiento de los compromisos de reforma
El desarrollo del sistema de asistencia sanitaria primaria está progresando, a pesar del ritmo algo más lento de lo previsto. Según los últimos informes, se han abierto en todo el territorio alrededor de 112 unidades de asistencia sanitaria primaria (TOMYs), justo por debajo del objetivo nominal de 120, que constituye un compromiso específico para el final de 2018. Esto representa un progreso significativo en lo que es una reforma crítica pero muy compleja; el pequeño déficit no es importante y se debe en gran medida a la necesidad de abordar las dificultades y preocupaciones planteadas por las partes interesadas externas. Las autoridades están manteniendo los esfuerzos orientados a crear TOMYs en todo el país, en particular contratando médicos de familia adicionales.
La actividad de contratación pública centralizada se ha reanudado puesto que, en consonancia con el compromiso específico para finales de 2018, el principal organismo responsable de la contratación central, el EKAPY, está operativo, aunque aún no cuenta con todo el personal necesario. Según la información disponible, las autoridades han logrado los primeros resultados en términos de ahorro, aunque completando antiguas licitaciones de 2014. Se están tomando medidas para mejorar la dotación de personal y la capacidad del EKAPY con vistas a la consecución de sus objetivos de contratación para los próximos años.
El progreso en otros aspectos de la reforma de la asistencia sanitaria es desigual, puesto que las autoridades han revisado algunas de las medidas adoptadas en el marco del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE, con un impacto incierto sobre la eficiencia del sistema. Estas medidas se refieren a la frecuencia y el diseño de la revisión de los precios farmacéuticos, que pueden reducir la eficacia del marco para contener los precios, y a una modificación del sistema de reembolso de los años anteriores, lo que podría reducir la eficacia del cobro de los reembolsos. Dado que el gasto sigue excediendo considerablemente los límites máximos previstos por ley, el retraso en la recaudación del exceso en forma de ingresos mediante el reembolso podrá afectar negativamente a la liquidez del seguro de salud nacional, el EOPYY.
La reforma de las redes de seguridad social ha continuado. La revisión del sistema de prestaciones por invalidez (un compromiso específico para mediados de 2019) está avanzando, aunque con cierto retraso en la aplicación del proyecto piloto debido a algunos obstáculos iniciales que hubo que superar. El plan de la renta de solidaridad social está alcanzando su madurez, y se registran avances en la aplicación de sus elementos de inclusión social y reintegración en el mercado laboral, que deberán lograrse para el final de 2019 (compromiso específico). El diseño del subsidio de vivienda se ha revisado en comparación con los planes iniciales, para cubrir únicamente las subvenciones al alquiler. Se está estudiando un subsidio aparte para apoyar a los titulares de hipotecas con dificultades, en el contexto de un nuevo marco de protección contra la insolvencia de los hogares. Aunque su diseño aún no se ha especificado, según los debates preliminares parece que dicho subsidio se dirigiría solamente a las hipotecas dudosas. Esto penalizaría a los hogares con bajos ingresos que siguen pagando sus hipotecas, posiblemente desincentivando el pago regular de dichas hipotecas.
A pesar de los progresos realizados en el marco de los programas de asistencia financiera y de la mejora de la situación de liquidez de los bancos griegos, el sistema financiero de Grecia sigue afrontando importantes retos, en particular el muy alto nivel de préstamos dudosos. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el elevado nivel de activos por impuestos diferidos en el balance de los bancos, el nexo entre los bancos y la deuda soberana sigue siendo fuerte y los controles de capitales siguen en vigor, si bien se han relajado gradualmente (la aplicación de la hoja de ruta acordada es un compromiso continuado, que se ha cumplido). Las reformas del sector financiero son un importante objeto de supervisión reforzada, dado su papel fundamental a la hora de crear las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible.
La reducción de los préstamos dudosos ha continuado, aunque el establecimiento de herramientas para su resolución sigue estando por debajo de las expectativas. El nivel de préstamos dudosos ha ido disminuyendo, pero sigue siendo elevado, y según los últimos datos disponibles ascendía a 85 000 millones EUR, lo que supone aproximadamente al 47 % del total de exposiciones de septiembre de 2018. Los bancos cumplen sus objetivos de reducción de los préstamos dudosos, lo que será cada vez más difícil en los próximos años. Al mismo tiempo, la rentabilidad de los bancos está sometida a presiones, y junto con el elevado nivel de créditos fiscales diferidos en sus balances, limita el ritmo de reducción de los préstamos dudosos. El número de subastas electrónicas siguió aumentando en el cuarto trimestre de 2018 y la cobertura del territorio está casi completa; sin embargo, la tasa de impago en las subastas sigue siendo elevada y gran parte de las subastas finalizadas con éxito siguen acabando con la compra del activo por el banco que puso en marcha la subasta. Son necesarios esfuerzos adicionales a fin de subsanar estas deficiencias, como parte de las medidas para cumplir el compromiso específico para el final de 2018 de apoyar la resolución de los préstamos dudosos. A este respecto serán esenciales nuevos avances a la hora de abordar los obstáculos, que podrán incluir medidas legislativas y mejoras operativas del sistema. Por otra parte, la importante reforma reciente de la Ley de Insolvencia Empresarial todavía no ha contribuido al incremento previsto de su utilización por las partes interesadas. Habida cuenta de su importancia en los esfuerzos de los bancos para acelerar la reducción de los préstamos dudosos, estaría justificado que las autoridades siguieran investigando la necesidad de mejorar la claridad y seguridad jurídica en lo que respecta al ámbito de aplicación de las leyes sobre amortización y venta de préstamos dudosos, ventas y titulización, y facilitaran una adopción más generalizada de estas herramientas.
La utilización del mecanismo de resolución extrajudicial está mostrando signos de progreso después de un arranque lento. La infraestructura se está mejorando a fin de garantizar un funcionamiento sin trabas y cada vez más automatizado. En diciembre de 2018, las autoridades prorrogaron los mecanismos de resolución extrajudicial por un año, hasta el final de 2019. Si bien esta prórroga es bienvenida, las autoridades también han adoptado algunas enmiendas al marco que suscitan inquietud en cuanto a su repercusión en la reestructuración multilateral y en la duración de los procedimientos de reestructuración del sector público, y que tendrían que ser evaluadas de nuevo.
La baja tasa de tramitación de las garantías estatales con pago exigido relativas a préstamos bancarios precisa una urgente mejora. Los retrasos en la tramitación de las garantías representan una importante carga para los bancos. Las autoridades han reconocido el problema y deberían tomar medidas concretas para acelerar la tramitación y el reembolso. Asimismo, las autoridades han adoptado una disposición legislativa para eliminar la incertidumbre en cuanto a la ejecución de las garantías; esta disposición es actualmente objeto de evaluación.
La expiración prevista de la protección de la residencia principal con arreglo a la legislación sobre insolvencia de los hogares y las especulaciones sobre posibles nuevos regímenes de protección del deudor han dado lugar a un notable aumento de solicitudes en el cuarto trimestre de 2018. A pesar de que la tasa de tramitación de casos también aumentó, el incremento de solicitudes implica que la acumulación de asuntos no ha disminuido sustancialmente durante el cuarto trimestre. Es inevitable que esto afecte negativamente al ritmo de tramitación de los asuntos pendientes en los tribunales. En este sentido, el plan de acción dirigido a reducir el número de asuntos pendientes en el contexto de la legislación sobre insolvencia de los hogares tendría que actualizarse e incluir elementos concretos, lo que contribuiría a la credibilidad de una trayectoria bien identificada que conduzca a la supresión, para el final de 2021, de los retrasos acumulados, tal como se prevé en los compromisos de Grecia posteriores al programa. Al mismo tiempo, se han logrado avances en la mejora de la capacidad de tramitación de los órganos jurisdiccionales a través de la contratación de personal y mediante la formación financiera de los jueces, siendo este último un compromiso específico para el final de 2018).
Las autoridades compartieron sus propuestas legislativas sobre un nuevo régimen para la protección de la residencia principal, pero sigue habiendo un gran número de importantes cuestiones pendientes. Se acordó que la protección de la residencia principal de las familias en el marco de la insolvencia de los hogares sería una medida temporal de crisis hasta el final de 2018. Sin embargo, la protección se amplió unilateralmente en diciembre de 2018 por dos meses, periodo durante el cual las autoridades presentaron un nuevo régimen de protección que ofrece también un subsidio estatal limitado al prestatario. En función de un análisis preliminar, la propuesta plantea graves problemas en cuanto a su incidencia en la cultura de pago y en los balances de los bancos, y su diseño general podría permitir impagos estratégicos. En particular: i) las condiciones de elegibilidad propuestas serían mucho más amplias que en el marco de la actual protección de la residencia principal, incluidos los préstamos a las empresas; ii) la propuesta crearía un sistema de protección adicional que se aplicaría en paralelo a la actual legislación sobre insolvencia de los hogares; iii) el régimen de sustitución parece exigir a los bancos que acepten obligatoriamente reestructuraciones de deuda predefinidas para un amplio grupo de prestatarios elegibles; iv) la propuesta no está suficientemente orientada a las personas más vulnerables e interactúa directamente con otros procedimientos, tales como la quiebra o la administración especial, los mecanismos de resolución extrajudicial, las titulizaciones y ventas de préstamos dudosos concluidas; v) la propuesta corre el riesgo de crear nuevos retrasos para los deudores con solicitudes pendientes en el marco del actual régimen de protección y que soliciten el nuevo régimen, dado que todos los procedimientos en curso se suspenderían hasta que se haya completado el nuevo procedimiento de reestructuración; vi) no se ha facilitado ninguna evaluación de impacto de la nueva propuesta, por ejemplo sobre el impacto potencial en la base de capital de los bancos; vii) el amplio alcance pone en riesgo el compromiso de las autoridades de eliminar el atraso de todas las solicitudes sobre insolvencia de los hogares antes de que finalice 2021; viii) se espera que las nuevas suspensiones de las acciones de ejecución introducidas por la propuesta afecten a futuras subastas y procedimientos de ejecución hipotecaria; ix) se precisa una mayor claridad sobre los aspectos fiscales del régimen. Están en curso debates con las instituciones, con vistas a resolver las cuestiones pendientes. Las autoridades también han iniciado una consulta formal al BCE sobre su propuesta legislativa, mientras que cualquier nuevo régimen requerirá la aprobación de la Comisión desde el punto de vista de las ayudas estatales.
Ha habido avances en lo que respecta a la labor del Fondo Griego de Estabilidad Financiera. Más concretamente, y en consonancia con el compromiso específico para el final de 2018, el Fondo Griego de Estabilidad Financiera ha desarrollado su estrategia de salida para la venta de sus participaciones en los cuatro bancos sistémicos. Aunque la estrategia será aplicada por dicho Fondo como institución independiente, la posible intervención de las autoridades en la fase final de la venta aún está sujeta a examen. Las autoridades han aclarado que, en su opinión, la adaptación del mandato del comité de selección al del Fondo Griego de Estabilidad Financiera (compromiso específico para el final de 2018) no exige una modificación legislativa; esto está sujeto a confirmación por parte del Consejo de Estado. En consonancia con la Ley del Fondo Griego de Estabilidad Financiera, el ministro de Hacienda deberá completar la designación del consejero delegado adjunto del Fondo y el puesto vacante del Consejo General sobre la base de la lista elaborada por el comité de selección. El establecimiento del marco operativo de los cuatro bancos sistémicos a raíz de sus planes de reestructuración y la estrategia de salida están estrechamente relacionadas, y el FGEF ha trabajado sobre estas dos cuestiones en paralelo.
Las autoridades griegas están explorando iniciativas adicionales para apoyar los esfuerzos de reducción de los préstamos dudosos en colaboración con las partes interesadas, incluido el Fondo Griego de Estabilidad Financiera y el Banco de Grecia. Las autoridades han enviado recientemente un proyecto de propuesta a los servicios de la Comisión para un tipo de régimen de protección de activos que aspira a acelerar los actuales esfuerzos de resolución de los préstamos dudosos. La propuesta tendrá que ser evaluada desde la perspectiva de las ayudas estatales.
Reformas del mercado laboral y del mercado de productos
Las reformas de las instituciones del mercado laboral y del marco de negociación salarial en los últimos años han ayudado a que Grecia recupere la competitividad de costes y están contribuyendo al aumento de las tasas de empleo y la disminución del desempleo. La aplicación de estas reformas a largo plazo es fundamental para que Grecia alcance un crecimiento económico sostenible. El funcionamiento del mercado de trabajo está apoyado por la aplicación de un plan de acción sobre el trabajo no declarado y los esfuerzos en curso encaminados a reforzar las políticas activas del mercado laboral.
El Gobierno ha incrementado el salario mínimo legal en un 10,9 %, efectivo a partir del 1 de febrero de 2019, y ha suprimido el salario por debajo del mínimo para las personas menores de 25 años (lo que implica un aumento del 27 % para este grupo). En la revisión, las autoridades siguieron formalmente el procedimiento (compromiso específico para el finales de 2018) establecido en el artículo 103 de la Ley 4172/2013, que consiste en la obtención de análisis de distintas instituciones, una consulta a los interlocutores sociales y la publicación de un informe con recomendaciones de un comité de expertos independiente designado específicamente a tal efecto. No obstante, la Comisión considera que es necesario extraer lecciones importantes para la próxima revisión del salario mínimo en junio de 2020. La calidad del diálogo con los interlocutores sociales podría mejorarse, y el comité de expertos tendría que tomar en consideración las inquietudes de las instituciones por lo que respecta a las carencias analíticas significativas sobre la estimación del porcentaje del salario mínimo de los trabajadores. Por otra parte, la transparencia y la credibilidad del proceso mejorarían aún más si se dieran explicaciones en caso de que el incremento final decidido por el Gobierno se desviase de la recomendación formulada por el comité de expertos.
El porcentaje de aumento, superior al 10 %, plantea dudas por lo que se refiere a las consecuencias a medio plazo para el crecimiento y la competitividad. Un cierto incremento en el salario mínimo legal era previsible y se acoge favorablemente, ya que su nivel estaba estancado desde 2012. A corto plazo, el incremento puede tener efectos positivos en términos de aumento de la renta disponible y del consumo. Sin embargo, las perspectivas de empleo de determinados grupos podrían verse afectadas negativamente, y la incidencia a medio plazo justifica un examen muy detenido por varias razones:
·Incluso antes del gran aumento previsto en la legislación, el nivel del salario mínimo en Grecia se encontraba ya a los niveles observados en muchos países de la zona del euro, tanto en términos absolutos como en porcentaje de la mediana salarial. Un incremento de casi el 11 % es muy superior a la tasa prevista de crecimiento de la productividad en Grecia en los próximos años y, por tanto, supondrá una pérdida de competitividad en términos de costes relativos en comparación con otros países de la zona del euro.
·Aunque las estimaciones varían según los estudios económicos, la magnitud del incremento, junto con el hecho de que una proporción relativamente alta de trabajadores gana el salario mínimo en Grecia, aumenta el riesgo de efectos negativos para el empleo, en particular para los trabajadores jóvenes y poco cualificados. Cabe recordar que Grecia tiene tasas de empleo inferiores y tasas de desempleo (juvenil) mucho mayores que otros países de la zona del euro, y que otros antiguos países del programa han adoptado un enfoque más prudente y gradual al revisar el nivel de sus salarios mínimos poco después de la salida del programa. El aumento del salario mínimo podría incrementar la incidencia del trabajo no declarado e infradeclarado, que aún se considera un fenómeno muy extendido en Grecia.
·Una cuestión clave es la medida en que la subida del salario mínimo tiene efectos indirectos sobre el conjunto de los salarios, en particular a través de las negociaciones salariales colectivas y la ampliación de los convenios colectivos sectoriales. Sería importante que el Gobierno evaluase las consecuencias directas en el mercado de trabajo de la subida del salario mínimo, al tiempo que también supervisa la evolución general de los salarios objeto de negociación colectiva. Esto incluye tanto la firma de nuevos acuerdos sectoriales que podrían ampliarse después, como los resultados de las decisiones de arbitraje.
Las reformas del mercado de productos han progresado. En el marco de la reforma de las licencias de inversión, la legislación necesaria sobre los procedimientos de instalación y autorización para las actividades en el sector de las infraestructuras medioambientales se ha adoptado con la adopción de una decisión ministerial conjunta, completando así el compromiso específico para el final de 2018. Las autoridades están realizando los trabajos preparatorios para los compromisos con plazos para los últimos años del programa. El trabajo avanza a buen ritmo en cuanto al catastro y los mapas forestales. Sin embargo, la creación de la nueva agencia griega del catastro ha experimentado cierto retraso por lo que se refiere a los nombramientos de los altos cargos y la integración de las oficinas de hipotecas. Deberían dedicarse más esfuerzos a dichas acciones (que constituyen compromisos específicos para los últimos años). En términos más generales, también podría caber una mayor ambición en cuanto a reformas más amplias de los mercados de productos, a fin de mejorar el atractivo de Grecia para las empresas y atraer inversiones.
La reforma del mercado de la energía ha avanzado, aunque a un ritmo lento y con algunas cuestiones pendientes. La venta de la empresa pública de electricidad (compromiso específico para el final de 2018) se ha retrasado dado que en el procedimiento de licitación no se recibieron ofertas válidas. Deben acordarse con la Comisión medidas para remediar esta situación, y las autoridades han manifestado su intención de presentar una nueva propuesta a principios de marzo de 2019. La Comisión invita a las autoridades a que garanticen que la nueva propuesta sea lo suficientemente detallada para permitir que se realice una evaluación en cuanto a si se está avanzando adecuadamente en el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia y en cuanto al cumplimiento del compromiso específico para el final de 2018. El Gobierno dio importantes pasos hacia la implantación del modelo objetivo para la electricidad (compromiso específico para mediados de 2019) con la publicación de los códigos normativos de los mercados de balance y de spot (diario e intradiario). Aunque el proyecto ha sufrido retrasos en comparación con los planes iniciales acordados en junio de 2018, el modelo objetivo parece estar en el buen camino para comenzar a funcionar no más tarde de octubre de 2019, con la plena puesta en marcha del mercado de balance, diario e intradiario. Deben evitarse retrasos adicionales. Las subastas de electricidad (NOME) se realizan en consonancia con el mecanismo adoptado para la corrección de las cantidades que deben subastarse. Teniendo en cuenta la estrecha vinculación de la corrección de las cantidades subastadas con el abandono de la explotación de lignito, la evaluación conjunta prevista comenzará más tarde de lo previsto, y en ese contexto se estudiará la posible necesidad de medidas estructurales o políticas alternativas.
La SHAP y la privatización
La aplicación del plan estratégico de la Sociedad Helénica de Activos y Participaciones (SHAP) se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto (compromiso específico continuo). La SHAP procedió en diciembre de 2018 a la preparación de su plan empresarial para el período 2019-2021, aplicando el plan estratégico y estableciendo indicadores clave de rendimiento cuantitativos y cualitativos para sus filiales directas y las demás filiales no cotizadas. La SHAP también siguió avanzando en sus carteras de activos y la reestructuración de sus filiales. La reestructuración de la filial inmobiliaria (ETAD), que fue un compromiso específico para el final de 2018, se ha completado con arreglo a lo previsto.
La SHAP continúa su trabajo sobre la gobernanza de las empresas estatales, en particular por lo que respecta a la revisión (y la sustitución, en caso necesario) de los consejos de administración de las empresas estatales, y la mejora de la capacidad de auditoría interna y externa. Se ha puesto en marcha el mecanismo de coordinación que establece los procedimientos y los resultados de la interacción entre el Estado, la SHAP y las empresas públicas. Las autoridades han acordado abordar el límite legislativo con respecto a la remuneración de los miembros de los consejos de administración de las empresas estatales que suponen obstáculos a la hora de atraer a los solicitantes mediante la adopción de una modificación legislativa a tiempo para el tercer informe de supervisión reforzada. La transferencia del Centro Olímpico, OAKA, (compromiso específico para el final de 2018), sin embargo, llevará mucho más tiempo de lo previsto inicialmente debido en parte a la complejidad del proyecto y en parte a retrasos en el marco del control del Gobierno. Las autoridades han desarrollado una hoja de ruta para las medidas específicas que deben adoptarse a lo largo de 2019 para resolver las cuestiones técnicas pendientes, que parece adecuada a la luz de la complejidad del proyecto.
Las autoridades han continuado aplicando el plan para el desarrollo de activos (PDA), y se ha progresado adecuadamente con las operaciones programadas como compromisos específicos que deberán completarse al final de 2018. El PDA se actualizó en diciembre de 2018, según lo previsto. La transacción del gestor de la red de transporte de gas natural (DESFA) y la concesión del aeropuerto internacional de Atenas han concluido con éxito, generando unos ingresos combinados de la privatización de alrededor de 1 400 millones EUR. Las autoridades han proseguido sus esfuerzos para completar las condiciones previas para la transferencia de las acciones de Hellinikon al promotor. No obstante, el proyecto ha sufrido retrasos debido a factores fuera del control del Gobierno, como retrasos en el proceso de concesión de licencias de casino y en la aprobación de algunos estudios de urbanismo y medio ambiente. Como principales etapas intermedias, la solicitud de propuestas para la licencia de casino ya se ha iniciado y la planificación urbana y los estudios ambientales del inversor se han presentado.
Los progresos realizados en algunas operaciones de privatización que está previsto concluyan a finales de 2019 son positivos, pero el panorama general se ve ensombrecido por repetidos retrasos en otras transacciones. Se han registrado progresos satisfactorios en la licitación para la concesión a largo plazo de la marina de Alimos, y se han tomado medidas adicionales para preparar la venta conjunta (junto con el otro socio estratégico, PanEuropean Oil and Industrial Holdings SA) de una participación mayoritaria en la sociedad Hellenic Petroleum. Además, se han superado los obstáculos a la privatización de los puertos regionales, que fueron señalados en el primer informe de supervisión reforzada. En cambio, la concesión de la autopista Egnatia sigue enfrentándose a obstáculos recurrentes: en enero de 2019, las autoridades acordaron una serie de medidas que debían aplicar rápidamente ellas y Egnatia SA con el fin de hacer frente a estos obstáculos. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha aplicado un número limitado de estas acciones, mientras que una serie de importantes medidas para eliminar obstáculos siguen pendientes de finalización, especialmente con vistas a facilitar recursos financieros y de personal adecuados a Egnatia S.A.
Administración pública y sistema judicial
El progreso en las reformas de la Administración pública ha sido desigual. Por lo que se refiere al compromiso específico para el final de 2018 sobre la contratación de altos cargos en la Administración pública, ha concluido el nombramiento de 90 directores generales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha procedido a ninguno de los 69 nombramientos de secretarios administrativos previstos. Habida cuenta de este déficit muy significativo con respecto al objetivo, las autoridades han adoptado una serie de medidas complementarias para garantizar que los objetivos fundamentales de la reforma sigan por buen camino. Estas medidas incluyen la adopción de una ley de necesidad crucial para introducir la planificación de contrataciones a más largo plazo y vincularla más estrechamente a la estrategia financiera a medio plazo. Además, las autoridades han concretado las modalidades de la evaluación independiente del proceso de selección que está previsto se complete a mediados de 2019, con recomendaciones que deberán ser objeto de seguimiento en septiembre de 2019. El tercer ciclo del programa de movilidad se puso en marcha en agosto de 2018 con vistas a completarse como compromiso específico para mediados de 2019, mientras que está previsto que el cuarto ciclo de movilidad se ponga en marcha a finales de febrero de 2019. Si bien el uso del programa de movilidad ha ido en aumento constante, las transferencias relacionadas con los dos ciclos anteriores todavía están pendientes de finalizar. Las autoridades han proseguido sus decididos avances hacia el establecimiento de un sistema integrado de gestión de recursos humanos, lo que constituye un compromiso específico para finales de 2019. Por último, están avanzando en una importante reforma de recursos humanos relativa a la Administración tributaria, que ha iniciado la vinculación de la clasificación a las descripciones de los puestos de trabajo. Se trata de la primera fase de ejecución de un proyecto piloto para una reforma más amplia de la Administración pública que vincule las capacidades y las tareas con un sistema de remuneración suplementaria.
Los recientes anuncios de contratación por las autoridades suscitan preocupación en lo que respecta a la consecución de los objetivos relativos a la masa salarial y la dotación de personal. Los límites máximos para la contratación de personal permanente establecidos por la norma de reducción de efectivos 1:3 en 2018 se superaron ligeramente en alrededor de 1 000 personas. Aunque esta pequeña desviación refleja acontecimientos imprevistos (principalmente menos jubilaciones de las esperadas) y podría absorberse con el tiempo, los anuncios de las autoridades sobre la contratación de personal permanente en 2019, si se aplican plenamente, podrían conducir a un nuevo incumplimiento de la norma de reducción de efectivos en cerca de 1 800 personas. El aumento de personal temporal ha sido más significativo, superándose el límite máximo para 2018 en 1 500 puestos, mientras que otras categorías no contabilizadas como parte del límite máximo, en particular las entidades públicas de Derecho privado, han experimentado un considerable aumento de personal desde 2016. Por tanto, será fundamental que las autoridades sigan prestando especial atención a la evolución de los efectivos del sector público, cumpliendo la norma de sustitución (1:1 a partir de 2019) para la contratación indefinida, pero también controlando la tendencia al aumento del personal temporal, a fin de evitar un retorno a la situación previa a la crisis con un número excesivo de funcionarios y la correspondiente presión sobre los objetivos presupuestarios.
Se ha producido un avance desigual en los esfuerzos encaminados a aumentar la eficiencia del sistema judicial. La primera fase del sistema integrado de gestión de asuntos judiciales (OSDDY/PP) a finales de 2018, un compromiso específico para el final de 2018, finalizó a su debido tiempo y seguirá una segunda fase. Sin embargo, los retrocesos en el funcionamiento del nuevo marco de mediación extrajudicial, una importante reforma adoptada en el marco del programa de apoyo a la estabilidad del MEDE, deben solventarse lo antes posible. Asimismo, es fundamental garantizar que se despliegan esfuerzos en pro de la rápida y exhaustiva aplicación de todas las acciones del proyecto, y con carácter más general, del actual plan estratégico trienal para la Justicia.
Las autoridades han proseguido sus esfuerzos para luchar contra la corrupción en una serie de ámbitos incluidos en el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Las autoridades están finalizando las propuestas legislativas, que se someterán al Parlamento en los próximos tres meses, referidas a: i) la creación de un marco jurídico relativo a la protección de los denunciantes de irregularidades en los sectores público y privado; ii) la auditoría interna en toda la Administración pública; y iii) una actualización del mandato de la Secretaría General de Lucha contra la Corrupción. La creación de un mecanismo de coordinación para los asuntos de corrupción requerirá especial atención en los próximos meses.
La Comisión ha seguido supervisando los avances en relación con los procedimientos legales contra los miembros del Comité de Expertos de TAIPED y el antiguo presidente y el personal directivo de la autoridad estadística griega, ELSTAT, conforme a la petición del Eurogrupo de 22 de junio de 2018. Por lo que respecta al Comité de Expertos, el Consejo del Tribunal Supremo admitió el recurso contra una sentencia que remite el asunto a un juicio público, y lo remitió de nuevo al Consejo del Tribunal de Apelación. En enero de 2019, el fiscal de este último presentó su propuesta ante el Consejo, que concluyó en favor de la desestimación de las imputaciones formuladas contra los inculpados. El asunto está actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelación. En el caso contra el anterior presidente de ELSTAT, Georgiou, relacionado con la publicación de estadísticas presupuestarias, no se han registrado novedades con respecto a las descritas en el anterior informe de supervisión reforzada. El caso sigue suscitando gran preocupación, y hace hincapié en la importancia de brindar una protección adecuada a los funcionarios responsables de la información estadística a fin de reforzar la confianza en la integridad de los datos estadísticos. La Comisión seguirá de cerca la evolución de la situación en ambos procedimientos e informará al respecto en el marco de la supervisión reforzada.
Evaluación general sobre los avances en materia de los compromisos de reforma
Grecia ha avanzado considerablemente en la aplicación de los compromisos de reforma específicos anejos a la declaración del Eurogrupo de 22 de junio de 2018, que debían completarse para el final de 2018. Más concretamente:
·Los siguientes compromisos específicos para el final de 2018 pueden considerarse alcanzados: i) la adopción de un presupuesto para 2019 que debe alcanzar un objetivo de superávit primario del 3,5 % del PIB; ii) la no acumulación de atrasos netos, si bien aún son necesarios esfuerzos adicionales para eliminar los atrasos acumulados y evitar la generación de otros nuevos; iii) la apertura de una masa crítica de centros sanitarios de atención primaria (TOMYs); iv) la finalización de importantes medidas para garantizar una adquisición centralizada de material y equipos sanitarios; v) la relajación de los controles de capitales, en consonancia con la hoja de ruta acordada; vi) la definición y adopción de la estrategia de venta del Fondo Griego de Estabilidad Financiera, con la posible intervención de las autoridades en la fase final de la venta aún sujeta a examen; vii) la adopción de legislación que permita la utilización de licencias de inversión; viii) la revisión del salario mínimo formalmente en consonancia con el procedimiento adoptado, aunque la magnitud del incremento plantea riesgos para el empleo y la competitividad; ix) la finalización de la fase I del proyecto de justicia en red; x) la aplicación del plan estratégico de la SHAP; xi) la reestructuración de la ETAD y el inicio de la implantación del mecanismo de coordinación para las empresas estatales incluidas en la SHAP a la vista de los retrasos en la transferencia del Centro Olímpico (OAKA); xii) la actualización del plan para el desarrollo de activos de la agencia de privatización (TAIPED), la conclusión de las principales licitaciones de privatización, incluida la red de transmisión de gas (DESFA) y la prórroga de la concesión del Aeropuerto Internacional de Atenas, así como la finalización de importantes medidas relacionadas con el proyecto de Hellinikon; y xiii), las autoridades han acordado con la Comisión las modalidades para llevar a cabo una evaluación independiente del proceso de designación de los secretarios administrativos y directores generales para mediados de 2019, y han adoptado legislación clave para mejorar la planificación de las contrataciones en el sector público y vincular el plan de contratación plurianual con la estrategia financiera a medio plazo.
·Hay un amplio acuerdo sobre las acciones requeridas para completar los siguientes compromisos específicos para el final de 2018; sin embargo, estas reformas solo se considerarán completas una vez se adopten todas las medidas acordadas: i) la adopción de la legislación relativa a la reestructuración de la DEPA; ii) la finalización de todas las medidas acordadas para mantener la transacción de Egnatia en vías para su finalización en 2019 en consonancia con la actualización del plan de desarrollo de activos de la TAIPED; y iii) el nombramiento del director general adjunto y el puesto vacante en el Consejo General del FGEF y la confirmación sobre el mandato del comité de selección por parte del Consejo Jurídico del Estado.
Prosiguen intensos debates entre las autoridades griegas y las instituciones europeas sobre los siguientes compromisos de reforma específicos para el final de 2018 y con respecto a los cuales es urgente llegar a un acuerdo en un futuro próximo. Más concretamente:
·El compromiso para aplicar reformas destinadas a restablecer la salud del sistema bancario no se ha cumplido aún. Siguen en curso los debates sobre una propuesta griega para un nuevo sistema de protección de las residencias principales que sustituya a las actuales protecciones en el marco de la ley sobre insolvencia de los hogares (Katseli) (que expira a finales de febrero de 2019). Las instituciones europeas han compartido sus observaciones y preocupaciones. Hay un gran número de detalles técnicos y de diseño que deben resolverse para garantizar que el régimen sea verdaderamente temporal, esté bien orientado para proteger a los hogares más vulnerables y no incite impagos estratégicos. Se requiere un análisis ulterior para comprender plenamente el impacto potencial en el balance de los bancos y cuantificar las repercusiones fiscales. Las autoridades enviaron una solicitud de dictamen jurídico al BCE el 19 de febrero de 2019, y cualquier nuevo régimen requerirá la aprobación de la Comisión desde el punto de vista de las ayudas estatales. Las instituciones europeas están comprometidas a trabajar con las autoridades griegas para llegar a un acuerdo sobre un régimen que no suscite graves preocupaciones, lo que requiere cambios significativos en relación con varios parámetros clave. En segundo lugar, deben abordarse las deficiencias en los marcos jurídicos pertinentes para la resolución de los préstamos dudosos. El plan de acción para reducir el número de casos pendientes en el marco de la legislación sobre insolvencia de los hogares tendría que especificar suficientemente de qué manera podría alcanzarse el objetivo de la eliminación de la acumulación de asuntos pendientes de aquí a 2021, y de qué manera el nuevo régimen propuesto para la protección de la residencia principal afectará al avance. Es preciso abordar los obstáculos al correcto desarrollo de las subastas. También es preciso actualizar el actual plan de acción sobre préstamos garantizados por el Estado y hacerlo suficientemente ambicioso.
·Se precisan nuevas medidas para finalizar las medidas complementarias para abordar el déficit de personal en la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos. En particular, las autoridades deben adoptar una modificación legislativa de la legislación de la Autoridad. Esto también contribuirá al programa general de reforma de la Administración pública, en cuyo contexto el compromiso de designar secretarios administrativos va muy retrasado.
·El compromiso relacionado con la venta de centrales de lignito no se ha realizado, tras un procedimiento de subasta fallido. Los debates entre las autoridades griegas, la compañía nacional de electricidad y la Comisión están todavía en curso, con el fin de encontrar una solución aceptable para este asunto de defensa de la competencia en consonancia con los requisitos del Derecho de la UE. Esto es un importante revés para el logro de una reforma estructural fundamental, que pretende introducir la competencia, atraer inversiones, aumentar la competitividad y apoyar así el crecimiento potencial.
Más allá del logro de los compromisos de reforma específicos para el final de 2018, y teniendo en cuenta el compromiso general de proseguir y completar las reformas, las evoluciones en algunos ámbitos suscitan preocupaciones sobre la realización y la continuidad de la reforma, en particular en vista de los riesgos para las perspectivas a medio plazo. Esto se refiere a varios compromisos específicos para el final de 2018, así como el compromiso general de proteger las reformas clave aplicadas en el marco del programa. Se plantean problemas, en particular, en cuanto a:
·El nivel de ambición a la hora de abordar los retos presupuestarios estructurales subsistentes y evitar la creación de nuevos riesgos presupuestarios, en particular por lo que respecta a la contratación de personal en el sector público: Aunque no se han acumulado nuevos atrasos en términos netos, los avances en la supresión de los atrasos se han ralentizado, y deben abordarse con un mayor nivel de ambición los obstáculos estructurales que impiden una solución a la generación de atrasos. Con el fin de evitar riesgos presupuestarios, es preciso estudiar con mucha precaución posibles propuestas sobre regímenes de pago escalonado; si están mal concebidos, estos regímenes podrían socavar la recaudación de ingresos públicos y la cultura de pago. El nivel de personal permanente del sector público a finales de 2018 se situaba ligeramente por encima de la regla de sustitución 1:3, y las cifras para algunas categorías de agentes temporales también van en aumento. Mientras que las autoridades han manifestado su intención general de hacer los ajustes necesarios en la contratación de personal permanente en 2019 a fin de mantener estables los efectivos del sector público, esto no parece coherente con otros anuncios de contrataciones previstas: sería importante tanto desde una perspectiva estructural como presupuestaria respetar los compromisos existentes sobre la dimensión del sector público. Por último, las autoridades han enviado señales mixtas sobre sus intenciones de emprender importantes reformas fiscales favorables al crecimiento en 2020 que incluyan la ampliación de las bases tributarias y la reducción de los tipos impositivos para las empresas y el trabajo.
·El ritmo de los avances y la prioridad que se concede a las medidas necesarias para restablecer una buena salud del sector bancario. Las autoridades han indicado que reconocen la importancia de abordar los problemas en ámbitos como las subastas en línea, la resolución extrajudicial, los atrasos en materia de insolvencia de los hogares y las garantías estatales. El trabajo sobre los instrumentos sistémicos para lograr un ritmo más rápido de reducción de los préstamos dudosos es bienvenido, aunque su ritmo ha sido hasta ahora relativamente lento y carece de una clara orientación a los mercados. La coordinación entre departamentos gubernamentales y de cara a las partes interesadas pertinentes, como el Banco de Grecia y el FGEF, deben mejorarse a fin de garantizar el diseño y la aplicación de políticas coherentes a la altura de los retos y riesgos a que se enfrenta el sector bancario griego. En términos más generales, será fundamental que las autoridades resistan las presiones para abordar los problemas de endeudamiento a través de soluciones transversales que, al proteger a los morosos estratégicos, agravan los riesgos de peligro moral y minan la cultura de pago.
·El compromiso de proteger la competitividad salarial a medio plazo y de crear un entorno favorable a las empresas y a la inversión. Un posible efecto positivo a corto plazo sobre la actividad económica del incremento significativo del salario mínimo conlleva el riesgo de reducir el crecimiento del empleo y una pérdida sostenida de la competitividad. Pueden justificarse salarios más elevados si se ven apoyados por el crecimiento de la productividad subyacente. De manera más general, si bien las autoridades han realizado avances en la finalización de algunas licitaciones de privatización y algunas reformas estructurales (por ejemplo, el catastro), que son importantes para el entorno empresarial y la inversión, Grecia sigue rezagada con respecto a los indicadores de competitividad internacional y la inversión sigue siendo débil. Los retrasos en la ejecución de algunas privatizaciones clave (por ejemplo, Egnatia) y la incapacidad persistente de lograr importantes cambios estructurales en los mercados de la energía debido a la posición dominante de la compañía nacional de electricidad no conducen a una estrategia de reforma convincente que apoye la inversión y el crecimiento potencial, que es una prioridad clave para la economía griega en el futuro.
Financiación de la deuda soberana y análisis de sostenibilidad de la deuda
Grecia logró captar 2 500 millones EUR mediante la emisión de bonos del Estado a 5 años a finales de enero de 2019, la primera emisión de obligaciones desde febrero de 2018, es decir, también desde el final del programa del MEDE. La transacción atrajo una demanda cuatro veces superior al importe emitido. Esto permitió un rendimiento inferior en un 3,6 % al inicialmente previsto, en la gama del 3,75-3,85 %. Si bien es una evolución positiva, también muestra que los diferenciales de rendimiento de Grecia siguen siendo elevados y sensibles no solo a las condiciones del mercado, sino sobre todo también a factores internos.
El perfil de financiación de la deuda soberana de Grecia sigue siendo favorable a medio plazo. No se han producido cambios importantes en los riesgos de refinanciación de la deuda pública de Grecia desde el informe de supervisión reforzada publicado en noviembre. Grecia sigue beneficiándose de una estructura de la deuda con vencimientos muy largos y con tipos de interés favorables. Las amortizaciones a medio y largo plazo siguen siendo moderadas. También se beneficia de una gran cantidad de depósitos estatales, que ascendía a 26 800 millones EUR a finales de 2018 y que, debido a la amortización y a la falta de nuevas emisiones, se prevé que alcance los 16 100 millones EUR a finales de 2019.
Una actualización técnica del análisis de sostenibilidad muestra que la evaluación de la sostenibilidad de la deuda griega se ha mantenido prácticamente sin cambios desde el último análisis actualizado, publicado en noviembre de 2018. Conforme a las hipótesis de referencia, las necesidades brutas de financiación de Grecia rondarán el 10 % del PIB hasta 2032. Más tarde, dichas necesidades empezarán a remontar lentamente, pero se prevé que sigan siendo sostenibles, en torno al 18 % del PIB en 2060.
(1) La Comisión publicó su primera evaluación en el marco de la supervisión reforzada para Grecia el 21 de noviembre de 2018. Véase el Informe de supervisión reforzada - Grecia, noviembre de 2018, Institutional Paper 90, noviembre de 2018.
(2) La Comisión activó una supervisión reforzada para Grecia en virtud del Reglamento (UE) n.º 472/2013 (DO L 140 de 27.5.2013, p. 1), con efecto a partir del 21 de agosto de 2018, por un período de seis meses [véase la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativa a la activación de una supervisión reforzada para Grecia, DO L 211 de 22.8.2018, p. 1]. La supervisión reforzada se prorrogó por otros seis meses el 20 de febrero de 2019 [Decisión de Ejecución (UE) 2019/1481 de la Comisión, de 20 de febrero de 2019, sobre la prórroga de una supervisión reforzada para Grecia].
(4) El personal del BCE participó en la misión de revisión, y de conformidad con las competencias del BCE aportó su experiencia sobre las políticas del sector financiero y cuestiones esenciales desde el punto de vista macroeconómico, como los objetivos presupuestarios globales y las necesidades en materia de financiación y sostenibilidad.
(5) Las previsiones más recientes de la Comisión se publicaron el 7 de febrero de 2019. Previsiones económicas europeas, invierno de 2019 (provisional), Institutional Paper 96, febrero de 2019. https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-winter-2019_en

References: resolución 
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 artículo 103
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