Source: https://www.scribd.com/doc/98475438/Sentencia-CC-certificado-de-votacion
Timestamp: 2016-10-25 00:43:06+00:00

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BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicR JOSE YNPE,ZMARTINEZY MELCIIOR JOSE JOAQUIN MARTINEZ PINO CASILLERO CONSTITUCIONAL No. 476
ffirrructoNAI
Nffwrr.croNAr
Quitol D. M., l7
SECRETAHIA GENENAL
LE HACE SABEN LO SIGUIENTE:
il del2A0
SENTENCIA N." 011-1.2-SIN-CC
cAso N.' 0025-10-rN
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CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICION
Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Patricio Herrera Betancourt
La presente acción de inconstitucionalidad fue interpuesta el 07 de mayo del 2010 por los profesionales del derecho, abogadbs Héctor Yépez Martinez y Melchor Martínez Pino, en contra de la Resolución del Consejo Nacional
Electoral N.'PLE-CNE-7-30-3-2010 del 30 de marzo del 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.' 169 del 12 de abril del 2010, que dispone que: 'olas instituciones públicas y privadas exijan a las ciudadanas y ciudadanos, al presentar una solicitud ante esas instituciones, la exhibición del certificado de haber sufragado en las elecciones generales de 2009 o el documento que justifique la abstención o el que acredite haber cumplido a sanción impuesta"; habiendo el mismo día el Secretario General de la Corte Constitucional certificado que "no se ha presentado otra demanda óon identidad de objeto y acción".
Enprovidencia del07 de julio del 2010 a las 15h40, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional avocó conocimiento de la causa N.' 0025-10-IN y admitió a trámite la acción, disponiendo que se corra traslado de la misma al presidente del Consejo Nacional Electoral y al procurador general del Estado, así como que se proceda a la publicación de un resumen de la demanda en el Registro Oficial y al
sorteo correspondiente para sustanciación de la causa.
En el Suplemento del Registro Oficial N." 243 del26 de julio del 2010 se publicó el resumen de la demanda del caso 0025-10-IN.
virtud del sorteo correspondiente en el Pleno del Organismo del 29 de julio
del 2010, coffespondió la sustanciación del presente caso doctor Patricio Herrera Betancourt, recibiendo el expediente mediante oficio N.o 2I24-CC-SG-2010 del 30 de julio del 2010.
N.'0025-10-IN
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El 03 de agosto del 2010 compareció mediante escrito el director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, señalando casillero
El 06 de agosto del 20n el presidente del Consejo Nacional Electoral
compareció mediante escrito señalando casillero constitucional rechazo de la acción propuesta".
y solicitando "el
El juez sustanciador,
mediante providencia del 24 de agosto del 2010 a las 15h00, avocó conocimiento de esta acción de inconstitucionalidad, en la que dispuso poner en conocimiento de las partes procesales la recepción del expediente; agrégar al proceso el correspondiente ejemplar de la publicación en el Registro Oficial de la demanda, así como los escritos de la Procuraduría General del Estado y del Consejo Nacional Electoral; negar la medida cautelar solicitada, toda vez que no reúne los requisitos exigidos en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, y convocar a audienciapara el día 01 de septiembre del2010.
pública del 01 de septiembre del 2010 comparecieron los accionantes, así como el abogado en representación del Consejo Nacional
Electoral; no concuffió el abogado por la Procuraduría General del Estado, según consta en la rczón actuarial.
El 02 de septiembre del 2010, el presidente del Consejo Nacional Electoral ratificó y legitimó al abogado interviniente por dicha entidad en la audiencia
pública, profesional del derecho autorizado que presentó un alegato en la misma fecha, en tanto que los accionantes presentaron un alegato el 09 de septiembre del 2010.
juez sustanciador, mediante oficio N.o l}7ll\lCClm.S.PH del 13 de septiembre del 20L0, solicitó a la Secretaría Técnico Jurisdiccional del
Organismo como órgano de apoyo, el análisis correspondiente, mismo que fue remitido por la Coordinación del Grupo Técnico de Sustanciación mediante oficio N.'0089-GTS-STJ-CC del 02 de agosto del 2011.
Resolución del Consejo Nacional Electoral N." PLE-CNE-7-30-3-2010 del 30 de marzo del 2010, pubticada en el Suplemento del Registro Oficial N.' 169 del 12 de abril del 2010
Conre CoNsrrru
Caso N." 0025-1O-IN
CrxTE
óós*nrttctoN¡L SECRETARiA GENERAL
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..PLE-CNE-7
Considerando: Que, el Art. 62 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas
privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El voto será facultativo pala las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las
Que, el Art. 64 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine laley, por las razones siguientes:
1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;
Que, es obligación del Estado facilitar el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos; y,
Que, de conformidad con las atribuciones que le confiere al Consejo Nacional Electoral, el Art. 25 numerales 3 y 14 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia,
Art. 1.- Disponer que las instituciones públicas y privadas exijan a
'ciudadanas y ciudadanos, al presentar una solicitud ante esas instituciones, la exhibición del certificado de haber sufragado en las elecciones generales del 2009 o el documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la sanción impuesta. No exigirán la exhibición de los referidos
documentos a las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad cumplidos hasta el26 de abril de 2009, mayores de sesenta y cinco años a la misma fecha, ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, y las personas con discapacidad, cuyo voto es facultativo, de acuerdo a lo prescrito en el inciso 2do. del Art. 62 de la Constitución.
Tampoco se exigirá la exhibición del certificado de haber sufragado a las personas que se encontraban en interdicción judicial, QUe tenían sentencia ejecutoriada que les condenaba a pena privativa de libertad, a la fecha de las elecciones generales del 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 64 de la Constitución de la República del Ecuador.
Las calidades antes indicadas se acreditaún con la sola presentación de la cédula de identidad, pasaporte, carnet del Consejo Nacional de Discapacidades, credencial que acredite ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sentencia judicial o boleta de excarcelación, en original y copia.
2) Disponer la publicación de la presente resolución .l R.gistro Oficial y su "r, difusión en la página web del Consejo Nacional Electoral y en tres periódicos de circulación nacional, así como la elaboración de carteles para su colocación en sitios públicos".
RAZÓN: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por el
Pleno del Consejo Nacional Electoral a los treinta días del mes de marzo del
diez.- Lo Certifico.-
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL". Fundamentos de la demanda
doctor Eduardo Armendáriz Villalva,
Los accionantes Héctor Yépez Martinez y Melchor Martínez Pino, en su demanda del 07 de mayo de 2010, demandan la inconstitucionalidad de la Resolución N.o PLE-CNE-7-30-3-2010 del Consejo Nacional Electoral, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.' 169 del 12 de abril del 2010,
porque a su parecer "impone la presentación del certificado de votación en todas las instituciones públicas y privadas, salvo a aquellas personas que están exentas del deber del sufragio...aunque en el fondo persigue una finalidad correcta, conlleva consecuencias inconstitucionales, irracionales e injustas, en violación al derecho a la tutela efectiva, igualdad y universalidad en la prestación de servicios públicos garantizados en los artículos 75, 11.3, 11.2,y 314 de la Constitución".
ConrB CoNsrnucroN
C-oNstt'rttctoN¡i-
SECRETARIA GEil¡EHAL
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Respecto de la exigencia del certificado de votación y la tutela efectiva, los demandantes aducen que es inconstitucional que se exija el certificado de votación para presentar una demanda, comparecer a una audiencia, rendir una declaración o testimonio, puesto que "este requerimiento -que lamentablemente existe, en la práctica en la Función Judicial- vulnera a la tutela judicial efectiva gararftizada en el artículo 75 de la Constitución, en su vertiente de acceso a la
Agregan que es inadmisible que a la tutela judicial, como derecho fundamental, se le imponga como requisito sine qua non el haber sufragado, justificado la abstención o cumplido con la sanción, puesto que "conllevaría que quien no tiene certificado de vótación sería víctima de denegación de justicia". Alegan que el derecho a la tutela efectiva no puede ser objeto de discriminación alguna ni puede ser condicionado al cumplimiento de requisitos formales previo a su ejercicio "porque el I 1.3 de la Constitución lo prohíbe, cuando establece que para el ejercicio de los derechos y las garantías jurisdiccionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley".
Argumentan que si una norma jurídica estimula o permite lu i"n.gución de justicia no solo desdibuja, sino que destruye en su totalidad a la tutela efectiva. "Sobre el tema esta misma Corte ha fallado recientemente, admitiendo que la eliminación de trabas para el acceso a la jurisdicción forma parte del contenido esencial de la tutela efectiva" (Cita Sentencia 0005-10-SEP-CC del24 de febrero
Detallan que en la práctica se exige el certificado de votación "para presentar una demanda. También lo exige la Fiscalía para una denuncia. Los juzgados lo exigen par a pr acticar di ligencias". Exponen que la tutela judicial implica que el Estado no puede exigir requisitos adicionales para su ejercicio, provocando o bien denegación de justicia (en violación al derecho de acceso a la justicia) o bien indefensión (en violación al debido proceso), tanto en el campo judicial como administrativo; por tanto, "la exigencia del certificado de votación no puede aplicarse para ningún proceso judicial o administrativo, penal, o ninguna investigación pre procesal penal...esto alcanza a los procesos jurisdiccionales no judiciales que se ventilan en esta Corte Cogstitucional y en el Tribunal Contencioso Electoral, así como a todas las tidades administrativas del Estado en materia de reclamaciones, fiscalización y cualquier procedimiento que determine derechos y obligaciones. También
Caso N."
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comprende a los procesos de métodos alternos de solución de conflictos, como el arbitraje y la mediación".
entidades privadas, los accionantes expresan que es confusa la exigencia del certificado de votación por las "instituciones privadas" cuestionando "¿qué proporcionalidad, qué criterio racional existiría para impedir los actos privados por el hecho de no obtener un
de certificado de votación por
certificado de votación?... ¿qué facultad de control público tienen
instituciones privadas para fiscalizar el cumplimiento del deber de sufragio?".
Enfatizan que la resolución demandada implica una intromisión de tal magnitud en la vida privada de las personas, citando ejemplos que a su parecer implican una irracionalidad enonne del todo incompatible con el Derecho, estimando que "Estas consecuencias, notoriamente irracionales pero inherentes a la Resolución, podrían lesionar, virtualmente todos los derechos fundamentales que se ejerzan entre entidades y personas privadas.. .Podríamos añadir casos hipotéticos...y una larga lista de etcéteras".
que la resolución impugnada implica un problema
proporcionalidad y racionalidad, pues a su entender, lo que instituye en el fondo "es una forma de discriminación, que prohíbe el artículo 11.2 de la Constitución que se enunciaría así: si una persona no exhibe su certificado de votación a un una institución privada, no puede relacionarse (contratar, pedir una prestación, exigir) con ella. Así, se establece un trato diferenciado entre quien tiene el certificado y quien no lo tiene, para efectos de relacionarse con personas naturales o jurídicas particulares".
Mencionan que no toda discriminación es inconstitucional, sino aquella que resulta injustificada para los fines que la distinción concreta persigue, recalcando a su parecer que "En este caso es sin duda injustificado que se discrimine en base al sufragio para el ejercicio de derechos frente a particulares".
Tratándose de la exigencia del certificado de votación en la prestación de los servicios públicos, los demandantes recalcan que la presentación del certificado de votación en instituciones públicas cabe siempre que con ello no se atente contra la tutela efectiva de derechos, siempre que no se trate de casos donde se comprometa gravemente un derecho fundamental "pues en tal situación el derecho subjetivo prevalece siempre sobre el incumplimiento del deber de sufragio".
ConrE CoNsrnucroNAL
\Co*tttt'lcloNAl
GEfiiERAt
N.'0025-10-lN
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Señalan ejemplos en los que su parecer sería absurdo que el Estado pueda negar el servicio por no tener certificado de votación, enfatizando que "no son más que ejemplificaciones concretas del principio de universalidad de los servicios públicos que recoge el artículo 314 de la Constitución, cuyo contenido esencial implica que el Estado jamás puede discriminar en su provisión a las personas. Este principio de universalidad se encuentra ligado a la igualdad material, garantizada en el artículo 66.4 delaCarta Magna, que en definitiva conlleva la implantación real de un situación de igualdad de todas las personas en la recepción de servicios públicos". Sostienen que el Estado tiene el deber constitucional de prestar servicios públicos a todas las personas, para la satisfacción de las necesidades propias de la dignidad humana y el buen vivir bajo un criterio de universalidad e igualdad material "es inaceptable que el CNE condicione discriminatoriamente, su goce a la acreditación de haber votado, justificado la abstención o pago de multa".
Solicitan que la Corte Constitucional "puede sentar una interpretación con obligatoriedad general que se adecue a los principios constitucionales, sin necesidad de expulsar l.a.norma del ordenamiento jurídico". Los demandantes, en su escrito del 09 de septiembre del 2A10, insisten en los fundamentos expuestos en la demanda, sin embargo, dejan expresamente señalado lo siguiente: "Estamos conscientes, Señores Jueces, eu€ de declarar la inconstitucionalidad total de la norma impugnada no solo sería injustificado, sino que acaüearia graÍes problemas prácticos. Lo cierfo es que, fuera de los casos enunciados, el CNE sí tiene razón en que las instituciones públicas exijan el certificado de votación, siempre que ello no provoque la denegación de un servicio público. Por tanto, en virtud del principio pro legíslatore y de interpretación conforme, bastará con que esta Corte, paru salvaguardar la existencia de la norma, la interprete indicando en qué casos no puede ser aplicada, según consta de la pretensión constitucional de nuestro libelo".
Contestaciones a la demanda Del consejo nacional electoral
/1 I ' -/ \-/
El presidente del Consejo Nacional Electoral, mediante escrito del 06 de agosto del 2010, aduce que en la pretensión concreta del escrito de la demanda, los grccionantes reconocen que la Resolución N.'PLE-CNE-7-30-3-2010 objetada no es inconstitucional en su totalidad "sino en sus defectos violatorios de la tutela efectiva de los principios de igualdad y de universalidad en la prestación de
Caso N.'0025-1O-IN
servicios públicos", razón por la que los demandantes piden a Ia Corte Constitucional que siente una interpretación con obligatoriedad general que se adecúe a los principios constitucionales "sin necesidad de expulsai la norma del ordenamiento jurídico".
Alega que la Constitución de la República del Ecuador crea por primera vez en el derecho positivo del país "la Función Electoral, que de acuerdo al artículo 217 tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como lo referente aIa organización política de la ciudadanía".
Afirma que entre las funciones que la Constitución asigna al Consejo Nacional
Electoral "en el'artículo 219, consta justamente en su numeral 1), la de organizar, dirigir, vigilar y garunlizar, de manera transparente los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones, teniendo además entre sus
'reglamentar
competencia', como consta del numeral 6 del mencionado artículo".
normativa legal sobre asuntos de
Agrega que en el caso concreto de la Resolución N." pfBlCNE-7-30-3-2010: ,,El Consejo ha hecho uso de dicha facultad reglamentaria para disponer a las instituciones públicas y privadas exijan a las ciudadanas y ciudadanos, al presentar solicitud ante las mismas, la exhibición del certificado de haber sufragado en la elecciones generales del2009 o el documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido con la sanción impuesta".
Argumenta que la resolución demandada tiene como antecedentes "en su primer considerando el artículo 62 de la Constitución vigente, que en su numeral I determina que el derecho a elegir y ser elegido se constituye en el ejercicio del voto de carácter obligatorio para aquellas personas mayores de dieciocho años y aquellas que se encuentran privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, mientras que el voto tiene el carácter de facultativo en los casos que precisa el Considerando antes indicado". Detalla que la Resolución N.o PLE-CNE-7-30-3-2010 tiene el objeto de "adoptar medidas indispensables para exigir el ejercicio del voto obligatorio, mediante la presentación del coffespondiente certificado de votación".
Expresa que la resolución impugnada en su parte resolutiva "se exige únicamente la presentación de dicho certificado en las instituciones públicas y privadas
CoNsrruucroNAL
Caso N." 0025-1O-lN
Conrr,
CoxsttrtlcloNn¡-
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cuando se trata del voto ü@-do al mismo tiempo en su artículo 1) la exigibilidad de tal certif,rcado en los casos expresamente contemplados"
Expone que la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, en la Sección III del Capítulo I del Título I hace referencia al sufragio como derecho constitucional y a sus garantías, cuyo artículo 11 "determina que el derecho al voto en sus condiciones de 'obligatorio' y 'facultativo', lo cual determina que la resolución dictada se ajusta estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales vigentes". Enfatiza que el Código de la Democracia, en el artículo 11 último inciso "reitera la facultad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral". Evidencia que la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, en el artículo 23 "concede competencia privativa ala Función Electoral y a sus dos organismos para resolver en sus respectivos ámbitos, todo lo concerniente a la aplicación de dicha ley, por 1o cual es evidente que el Consejo ha actuado correctamente, dentro de sus facultades, al expedir la resolución cuestionada".
Manifiesta que el Código de la Democracia, en el artículo 289 "contiene la facultad sancionadora para imponer multas de diez remuneraciones mensuales básicas unificadas a la servidora o servidor público, que estando obligado en
ruzón de sus funciones, no exija a los ciudadanos la exhibición del certificado de ' votación, de excepción o del pago de multa".
Menciona que aceptar la supuesta inconstitucionalidad de la Resolución No. PLE-CNE-7-30-3-2010 "equivaldría justamente a romper la garantía constitucional de igualdad de las personas, ya que los únicos sancionados por la falta de exigencia del certificado de votación, serían sólo los servidores públicos y no las personas que deban ejercer el voto obligatorio".
Precisa que la resolución impugnada "no constifuye una amen aza alacceso a la justicia si no que más bien ampara y cumple con el principio fundamental que la Constitución de la República del Ecuador determina respecto a la obligación del voto en un proceso electoral". Recalca que aceptar la demanda de inconstitucionalidad "implicaría desconocer lyvigencia de normas constitucionales expresas relacionadas con el denominado
(y"otoobligatorioparatodos1osciudadanosmayoresdedieciochoañosdeedad,
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con las propias excepciones que realiza para el propósito la Constitución Ley".
Señala que el artículo 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional "dispone que la acción de inconstitucionalidad puede ser propuesta por cualquier persona y que dichas acciones se regirán por el procedimiento establecido por los artículo 77 a|97".
Sostiene que la acción se propone inicialmente como una pretensión de inconstitucionalidad de la resolución dictada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero en la parte final se la transforma en una pretensión de interpretación de la Corte Constitucional "contiene por tanto incuestionables incongruencias en su presentación que la hacen inadmisible a trámite... mientras los accionantes no realicen las respectivas correcciones en el término de cinco
Solicita en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional "el rechazo de la acción propuesta ante la Corte Constitucional". Mediante escrito del 02 de septiembre del 2010, el abogado autorizado por el presidente del Consejo Nacional Electoral explicita los argumentos de su contestación a la demanda, de la siguiente forma: "La única posibilidad concreta de exigir a los ciudadanos y ciudadanas obligados al sufragio de cumplir con esta obligación, es justamente requerir que las instituciones públicas y privadas soliciten la presentación del certificado de votación o el documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la sanción impuesta, que equivale a sostener que tal certificado de votación viene a ser una especie de cédula individual democrática... El Consejo Nacional Electoral no se opone a que como consecuencia de la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional pueda dictar noffnas interpretativas constitucionales en la materia, en uso de sus atribuciones y competencias específicas".
El director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, mediante escrito del 03 de agosto del 2010, comparece a señalar casillero constitucional para recibir notificaciones "confoÍne a los artícul os 2 y 6 de la
Ley Orgánica institucional, 3 y 4 del reglamento orgánico funcional, en la acción pública de inconstitucionalidad No. 0025-10-IN, propuesta por Héctor José YépezMartínez y otro".
Conrn CoNsurucroNAL
CoNsrlrtlctoN¿¡-
N.'0025-10-fN
SECFETAHIA GENERAL
Disposiciones constitucionales que el legitimado activo considera violadas
Los accionantes afirman que la Resolución del Consejo Nacional Electoral N.o PLE-CNE-7-30-3-2010 del 30 de marzo del 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.' 169 del 12 de abril del 2010, conlleva efectos contrarios a las disposiciones de la Constitución, que consagra: la igualdad en el ejercicio de los derechos (artículo 1l numerales 2 y 3, y artículo 66 numeral 4),la tutela efectiva (artículo 15) y la universalidad en la prestación de servicios públicos (artículo 314),las mismas que establecen:
11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
y gozarát de los mismos derechos, deberes y
Nadie podrá ser discriminado por razoíes de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o
colectiva, temporal o perrnanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
Lopderechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 7firídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
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y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.
derecho al acceso gratuito a la justiciay a latutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
Art.75.- Todapersona tiene
agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.
Art. 314.- El Estado será responsable
de la provisión de los servicios públicos de
El Estado garcntizarlá que los servicios públicos y su provisión respondan a los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación".
Los demandantes señalan como pretensión lo siguiente:
"Evidentemente, la Resolución del CNE no es inconstitucional en su totalidad sino en sus efectos violatorios de la tutela efectiva, del principio de igualdad y del principio de universalidad en la prestación de servicios públicos, de manera que en atención al principio del conservación del derecho e interpretación conforme, recogido en el afi 76.5 de la LOGJCC, esta Corte puede sentar una interpretación con obligatoriedad general que se adecue a los principios constitucionales, sin necesidad de expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Por consiguiente pedimos a la Corte Constitucional interprete la Resolución del CNE de la siguiente manera:
a) A fin de salvaguardar el derecho de tutela efectiva, no se puede exigir certificado de votación parc acceder o defenderse ante ningún órgano jurisdiccional, sea de la Función Judicial, la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral. Tampoco puede exigirse en la Fiscalía, ni en ningún procedimiento administrativo que vaya dirigido a decidir sobre derechos y
obligaciones de las personas. Tampoco para los métodos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje y la mediación. En general, jamás puede una
CoNsrnucroNAL
lNaxli*,,.,o**
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entidad pública de defensa.
justicia o el derecho
b) Las instituciones privadas no tienen potestad para exigir el certificado
votación, porque se establecería una discriminación injustificada en el ejercicio de derechos entre particulares.
c) A fin de proteger el principio de universalidad e igualdad material, no se puede supeditar, la prestación de servicios públicos de ninguna clase, a la presentación del certificado de votación."
Competencia de Ia Corte Constitucional
El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos de carácter general, emitidos por órganos y autoridades del Estado, de conformidad con el artículo 436 numeral2 de la Constitución de la República, artículo 75 numeral I literal d de la Ley Organica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 2 literal d del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Se han observado todas las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias determinadas para la tramitación de esta demanda, por consiguiente, no se advierte la omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución del presente caso, por lo que la causa es válida y así se declara. Naturaleza jurídica, alcances
de la acción pública de
inconstitucionalidad de actos normativos de carácter general
La Constitución de la República del Ecuador en el Título IX de la Supremacia de la Constitución, en su Capítulo Segundo de la Corte Constitucional en el artículo 436 numeral 2 determína:
."--l
436.- La Corte Constitucional, eiercerá además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos
por órganos o
del Estado. La
CasoN."
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inconstitucionalidad tendrá como efecto Ia invalide impugnado".
del acto normativo
Como ya lo ha expresado la Corte Constitucional en resoluciones anteriores, sobre la base de la supremacía constitucional, todos estamos sometidos a las normas contenidas enla Carta Fundamental, de manera que todo el ordenamiento jurídico del Estado guarde relación con los preceptos constitucionales, surgiendo así la figura del control constitucional como un elemento inseparable del concepto de Constituciónl. En función de la supremacía constitucional se ha instaurado el control abstracto de constitucionalidad, denominado así porque examina si la norma incurre en una contrariedad objetiva con la Constifución, es decir, analiza si el acto normativo de manera cierta, precisa y tangible contraría la Norma Suprema. En este sentido, corresponde ala Corte Constitucional ejercer el control constitucional abstracto y evitar que las normas promulgadas por el legislativo o por las autoridades públicas que ejercen facultades normativas dicten noÍnas contrarias a la Norma
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Título III del Control abstracto de constitucionalidad, Capítulo I de las Normas generales, en los artículos 74 y 75 numeral I literal d señala:
*Art. 74.- Finalidad.- El control
como finalidad garantizar
jurídico a través de la identificación y eliminación de
abstracto de constitucionalidad tiene unidad y coherencia del ordenamiento
las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las las demás disposiciones que integran el noünas constitucionales ordenamiento jurídico".
Art.- 75.l. Resolver
Competencias.- Para ejercer el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para:
las demandas de inconstitucionalidad en contra de: d) Actos normativos y administrativos de carácter general".
d/ l-/
En el Capítulo II Normas comunes de procedimiento, el artículo 95 determina:
I Manuel Aragón Reyes, "Constitución y control
Externado de Colombi4 Bogot4 1999. p. 15.
poder: Introducción a una teoría constihtcional del conlrol". Universidad
ConrE CoNsrrrucroNAtCaso
K***r*croNA,.
{:ENERAL
"Art. 95.- Efectos de la sentencia en el tiempo.- Las sentencias que se dicten en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad surten efectos de cosa juzgada y producen efectos generales hacia el futuro. De manera excepcional se podrán diferir o retrotraer los efectos de las
sentencias, cuando sea indispensable para preservar la fierza normativa y superioridad jerárquica de las normas constitucionales, la plena vigencia de los derechos constitucionales, y cuando no afecte la seguridad jurídica y el interés general.
Cuando la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición jurídica produzca un vacío normativo que sea fuente potencial de vulneración de los derechos constitucionales o produzca graves daños, se podrá postergar los efectós de la declaratoria de inconstitucionalidad".
de la acción pública de inconstitucionalidad, el artículo 98
"Art. 98.- Regla general.- La acción pública de inconstitucionalidad podrá
ser propuesta por cualquier persona.
Constitucional conocerá sobre
inconstitucionalidad respecto de cualquier acto normativo de carácter general y de cualquier acto administrativo con efectos generales, de conformidad con las normas establecidas en el capítulo anterior."
En el Capítulo XII del Control constitucional de actos normativos
"Art. 140.- Procedimiento.- Los procesos de inconstitucionalidad
parlamentarios y actos administrativos de carácter general, el artículo 140 señala:
normativos que se tramiten en la Corte Constitucional se sujetarán a las reglas de procedimiento previstas en el Capítulo II del Título III de la presente ley".
Siendo así, al presente caso de control constitucional de la Resolución del Consejo Nacional Electoral N." PLE-CNE-7-30-3 -2010 del 30 de marzo del 20)@"publicada en el Suplemento del Registro Oficial (acto normativo de íarácter general), conforme el Título III de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que remite la acción pública de inconstitucionalidad de un acto normativo de carácter general de origen no parlamentario (Capítulo XII, artículo 140) a las noflnas comunes de procedimiento del control abstracto de constitucionalidad (Capítulo III, artículo
Caso N." 0025-10-IN
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98) y tomando en consideración que la sentencia produce efectos a futuro o erga omnes salvo retrotracción o diferimiento (Capítulo II, artículo 95), le resultan aplicables las normas generales del control abstracto de constitucionalidad (Capítulo I, artículos 74 y 75 numeral I literal d), en específico los principios y reglas generales para el control constitucional abstracto que determinan el control integral, la presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas, el indubío pro legislatore,la pennanencia de las disposiciones en el ordenamiento jurídico, la interpretación conforme, la declaratoria de inconstitucionalidad como último recurso, la instrumentalidad de las formas y los procedimientos, el control constitucional de nonnas derogadas y la configuración de la unidad normativa (Capítulo I, artículo 76 numerales I al 9).
En tal virtud, 'el rol de la Corte Constitucional no es declarar per se la inconstitucionalidad de los actos normativos de carácter general cuya disconformidad constitucional ha sido demandada por razones de forma o de fondo, sino emprender en un esfuerzo interpretativo para examinar si efectivamente resulta incompatible con la Constitución, a fin de conciliar los principios indubio prolegislatore y de permanencia de los preceptos en el
ordenamiento jurídico, a través de una interpretación conforme, efectivizada a través de una declaratoria de constitucionalidad condicionada, de tal modo que
incompatibilidad, procede inconstitucionalidad como último recurso.
cuando sea insalvable
Problemas jurídicos a dilucidar
La solución del presente caso gira en torno a dilucidar los siguientes problemas jurídicos:
¿Existe la debida correspondencia constitucional, legal y reglamentaria sobre la exigencia del certificado de votación en el sector público y en el sector privado?
La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por el pueblo ecuatoriano en el referéndum del 28 de septiembre del 2008 y promulgada en el Registro Oficial N." 449 del20 de octubre del 2008, en su artículo 62 numeral 1, establece la obligatoriedad de las personas mayores de 18 años de edad a ejercer su derecho al voto, a excepción de los casos previstos en el numeral 2 de dicha Tdisposición, ejercicio que de conformidad con el artículo 83 numeral 17 de la Norma Suprema, implica un deber y responsabilidad de los ciudadanos. Así, dichas disposiciones establecen:
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ConrE CoNsrtrucroNAL
PáginalT de26
"Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de
conformidad con las siguientes disposiciones: 1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorlanos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente".
Art. 83.- Son deberes y
Cabe señalar que la propia Constitución dispuso en el Régimen de Transición, en el Capítulo Segundo De las elecciones en los artículos 2 15, la siguiente regulación en materia electoral:
"Art. 2.- (Responsabilidad de las elecciones).- El proceso de elección
los dignatarios señalados en estas normas de transición será organizado y dirigido por el Consejo Nacional Electoral.
Art. 15.- (Aplicación de normas).- Los órganos de la Función Electoral aplicarán todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones y en las demás leyes conexas, siempre que no se oponga a la presente normativa y contribuya al cumplimiento del proceso electoral. Dicha aplicación se extiende a las sanciones por faltas, violaciones o delitos contra lo preceptuado. Si es necesario, podrán también, en el
ámbito de sus competencias, dictar las normas necesarias para viabilizar la aplicación del nuevo ordenamiento constitucional".
Es así que las elecciones generales desarrolladas en el año 2009 se efectuaron de conformidad con laLey de Elecciones codificada en el Registro Oficial N.' 117 del 11 de julio del 2000, conforme consta en la Disposición Primera y Disposición Segunda numeral 1 del acápite Reformas y Derogatorias, y en la Disposición Final de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial N.o 578 del 27 de abril del 2009, que disponen:
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..REFORMAS
PRIMERA.- Las leyes de la materia electoral a las cuales hace referencia el régimen de transición aprobado por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008 y que ha sido la base para la organización del proceso electoral que se rcalizará este año, continuarán vigentes hasta la culminación de los referidos procesos; luego de lo cual quedarán
derogadas. quedarán derogadas las siguientes normas y toda norma contraria a su contenido: Codificación de la Ley Orgánica de Elecciones, publicada en el
SEGLTNDA.- Con
la entrada en vigencia de la presente ley,
Registro Oficial No. 111 de
2000, todas sus reformas y
No obstante su promulgación en el Registro Oficial, la presente LEY LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA,
ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE
entrará en vigencia una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones generales previstas en el Régimen de Transición de la Constitución de la República y convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 26 de abril y el 14 de junio del 2009J'
En este punto resulta preciso establecer que por expreso.mandato constitucional y legal, el proceso eleccionario desarrollado en el año 2009, se sujetó a la continuidad de vigencia de la anterior Ley de Elecciones, la misma que fue derogada con la proclamación de resultados de dichas elecciones. Siendo así, al referido proceso electoral del año 2009 le resultaba aplicable lo previsto en el artículo 179 de la anterior Ley de Elecciones que disponía:
_ L/ { /
179.- Los ciudadanos, al presentar una solicitud ante las instituciones de los sectores público o privado con finalidad social o pública exhibirán el certificado de haber sufragado en las últimas elecciones o el documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la sanción impuesta',.
En este contexto debe ubicarse la expedición de la Resolución PLE-CNE-30-32010 del 30 de marzo del 2010, publicada en el Suplemento del Registro Oñcial N." 169 del 12 de abril del 2010, la misma que se refiere a "la exhibición del
ConrB CoNsrrrucroNAtCaso
Cou.erntrctoNAL
SECR€TAftIA, GENSRE¡.
certificado de haber sufragado en las elecciones generales de|2009", resolución que en sus considerandos se refiere a la Constitución de la República del Ecuador y a La Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, por encontrarse vigentes a la fecha de su emisión.
La Constitución confiere al Consejo Nacional Electoral la potestad normativa
para reglamentar las disposiciones legales en materia electoral en el artículo 219 numeral6 que dispone:
"Art. 219.- El Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones
6. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia."
La Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, reitera dicha atribución en el artículo 25 numerales 3 y 9, que
*Art.25.- Son funciones del Consejo Nacional Electoral: 3. Resolver en el ámbito administrativo los asuntos que sean de
competencia. 9. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia." En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral ha ejercido la potestad normativa reglamentaria consagrada constitucional y legalmente, para desarrollar la previsión legal de la exigibilidad de la exhibición del'certificado de votación en instituciones públicas y entidades privadas, prevista en el artículo 174 de la anterior Ley de Elecciones que rigió el proceso eleccionario del aflo 2009, y cuya esencia fue conservada en las disposiciones contenidas en los artículos 115 inciso segundo, 289 y 292 de Ia Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia actualmente vigente, que señalan:
Art. 115.- Inciso segundo.- El elector presentará al secretario su cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte y una vez verificadala inscripción en el
dZtAfrll[jl-plido
padrón se le proporcionará las papeletas y el elector consignará su voto en forma reservada. Luego de depositar las papeletas en las ufilas, firmará el t."gistro, quienes estén imposibilitados de hacerlo imprimirán la huella el deber cívico del sufragio recibirá el certificado de
Art. 289.- Será multada con diez remuneraciones
mensuales básicas unificadas la servidora o servidor público que estando obligado en razón
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de sus funciones, no exija a Ios ciudadanos Ia exhibición del certificado de votación, de exención o del pago de la multa.
Art.292.- Las personas que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado en un proceso electoral serán multadas con el equivalent e al diez por ciento de una remuneración mensual básica unificada. Quien no concurriera a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligado, será multado con el equivalente al quince por ciento de una remuneración mensual básica unificada." (Énfasis agregado).
De esta manera, el certificado de votación se estatuye en la constancia de que el elector, es decir, quien ha cumplido 18 años y se encuentra apto para votar, ha ejercido efectivamente su derecho de sufragar cuando se encuentra obligado a hacerlo (artículo 62 numeral I de la Constitución) salvo las excepciones normativas (artículo 62 numeral 2 de la Constitución) y ha cumplido con su deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria (artículo 83 numeral 17 de la Constitución); encontrándose prevista legalmente su exhibición tanto en el ámbito público como privado, puesto que se encuentra establecida una multa para el servidor público que no 1o exija al ciudadano (artículo 289 de la Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia) y formaparte de los denominados deberes cívicos de las personas (artículos l15 inciso segundo y 292 de la Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia ).
La calidad de elector durante el proceso electoral, de ciudadano en las relaciones con el Estado, y de persona en las relaciones entre particulares, son manifestaciones de una misma personalidad, y mal podría exigirse la exhibición del certificado de votación (o del documento que acredite su exención o pago de la multa) solo en el ámbito público y no el ámbito privado.
potestad normativa reglamentaria en materia electoral (artículo 219 numeruI6 y artículos 2 y 15 del Régimen de Transición de la Constitución, en concordancia con el artículo 25 numerales 3 y 9 de Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia), mediante la Resolución N.o PLE-CNE-730.3-2010 ha reglamentado una previsión legal que exige la exhibición del ificado de votación de las elecciones del año 2009 o del documento que acredite su exención o pago de multa en instituciones públicas y en entidades privadas (artículo 174 de la anterior Ley de Elecciones que rigió el proceso eleccionario de 2009 cuya esencia se ha mantenido en los artículos 115 inciso primero, 289 y 292 de la Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones
En definitiva, el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de su
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Políticas,CódigodelaWunmecanismoparaverificarel cumplimiento de las disposiciones constitucionales que establecen la
obligatoriedad del voto, salvo las excepciones previstas (artículo 62 numerales I y 2 y artículo 83 numeral l7 de la Constitución).
Existe entonces coffespondencia constitucional, legal y reglamentaria sobre la exigencia de la exhibición del certificado de votación o del documento que acredite su exención o pago de la multa en el ámbito público y privado, tanto más que al Consejo Nacional Electoral, según el artículo 219 numeral 9 de la Constitución, le compete "Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos".
¿Existe inconstitucionalidad en algún efecto de la resolución impugnada?
La Resolución N.o PLE-CNE-7-30-3-2010 a priori no evidencia vicio
inconstitucionalidad que amerite su invalidez total (artículo 436 numeral2 de la Constitución), tal y como lo exponen los propios accionantes que solicitan a esta Corte Constitucional determine si algún efecto de la aplicación de la resolución impugnada deviene en inconstitucional, y de ser el caso emitir una declaratoúa de constitucionalidad condicionadapara mantenerla en el ordenamiento jurídico acorde a la interpretación conforme con la Constitución (artículo 76 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional).
Visto el contenido de la resolución impugnada, cabe analizar si la misma, en su aplicación, manifiesta algún efecto de inconstitucionalidad, sobre todo en el sentido de determinar si es que en su exigencia práctica supedita o no el ejercicio de los derechos y el acceso a la prestación de un servicio público.
efecto, vale citar el artículoll numeral 3 inciso segundo de la Constitución que dispone: "Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley". Esta disposición señala que el ejercicio de un derecho no puede supeditarse a la exigencia de condiciones o requisitos que no se encuentren previstos en la Constitución y en la ley en ese orden.
En el presente caso se establece como una condición constitucional que quienes r. encuentren habilitados para participar en elecciones democráticas eierzan / _.--'efectivamente su derecho al sufragio y cumplan con su deber del voto obligatorio, salvo para los casos contemplados (artícu\o 62 numerales I y 2, artículo 83 numeral 17 de la Constitución), la misma que ha merecido el desarrollo normativo a través de requisitos legales que imponen al elector durante
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segundo, artículo 289 y artículo 292 de la Ley Orgánica de Elecciones y Otganizaciones Políticas, Código de la Democracia), así como de parámetros reglamentarios que determinan dicha exhibición ante instituciones públicas y entidades privadas (Resolución del Consejo Nacional Electoral N.'PLE-CNE-7-
el proceso eleccionario, al ciudadano en sus relaciones con el Estado, y a la persona en sus relaciones con los particulares, exhibir el certificado de votación o el documento que acredite la exención o pago de la multa (artículo 115 inciso
3o-:-zoro¡.
En este contexto se denota que existen condiciones constitucionales y requisitos legales que regulan la exigencia del certificado de votación o del documento que
sector privado, no limitando el ejercicio de derechos constitucionales, ni restringiendo el acceso a la provisión de un servicio público, ni imponiendo una exigencia injustificada que genere la desigualdad alegada.
cual ha sido desarrollada reglamentariartrente para su exhibición en los trámites en el sector público y en el
acredite su exención
o pago de la multa, la
Sin embargo, en función de
la prácticajudicial dicha exigencia implica una incorrecta aplicación por parte de los operadores de justicia, se enfatiza que la exhibición del certificado de votación o del documento que acredite su exención o pago de la multa, no puede limitar o restringir el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 75 de la Constitución, que dispone: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión", pues en este caso se estaría incurriendo de forma tangible y objetiva en la prohibición contemplada en el artículo 169 parte final de la Constitución, que señala: "No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidadss", y en el incumplimiento del principio previsto en el artículo 172 inciso segundo de la Norma Suprema que establece "Las servidores y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de debida diligencia en los procesos de administración de justicia".
profesionales del derecho en libre ejercicio, de que en
por los accionantes, que son
', virtud de meras formalidades
Constifucionalmente, la determinación de aquellos operadores de justicia, que en no deben sacrificar la justicia, debiendo al contrario actuar con la debida diligencia, tiene relación con el ejercicio de la potestad jurisdiccional para administrar justicia, ejercida por "los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución" (artículo 169)'
Conr¡
ConrB CoNsrnucIoNAL
Caso N." 0025-10-lN
CoNsrrrtrctoN¿,1-
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Es por ello que conforme al presente análisis, no se exigirá la exhibición del certificado de votación o del documento que acredite su exención o pago de la multa en la Función Judicial, específicamente en la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, Tribunales y Juzgados como "órganos jurisdiccionales... encargados de administrar justicia" (artículo 178 inciso primero); en la Defensoría Pública que como "órgano autónomo de la Función Judicial... prestará un servicio legal técnico... en el patrocinio y asesoría jurídica" (artículo 191); en la Fiscalía que como "órgano autónomo de la Función Judicial... dirigirá, de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal" (artículos 194 y 195); en la Defensoría del Pueblo que "tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos" (artículo 215); y en la propia Corte 'Constitucional "máximo órgáno de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia" (artículo 429).
Cabe señalar que sí se exigirá el certificado de votación o el documento que acredite su exención o pago de la multa, en los órganos que, aunque están relacionados con el sector justicia, ejercen constitucionalmente sus funciones en el ámbito propiamente administrativo, así: en el Consejo de la Judicatura, como "órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial" (artículo 178 inciso segundo), en los "órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales" (artículo 178 inciso tercero); y en el arbitraje y la mediación como "procedimientos alternativos de solución de conflictos" (artículo 190).
De igual manera, sí se exigirá el certificado de votación o el documento que acredite su exención o pago de la multa, tratándose de órganos que no ejercen estrictamente potestad jurisdiccional, sino que en su lugar ejercen constitucionalmente otras atribuciones y competencias de orden político, ejecutivo, técnico y operativo, así:
Tratándose del Estado Central en:
J . yRepública,losMinisteriosdeEstadoylosdemásorganismose
constitucionalmente: de "presentaf proyectos de iniciativa popular normativa" (ufículo poder público" (artículo 6l numeral 5) y otros de características similares.
La Función Legislativa ejercida por la Asamblea Nacional como órgano de legislación y f,rscalizaóiln(artículo 120 numerales 6 y g)2. I-a Función Ejecutiva integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la
2 En el ámbito de legislación y de fiscalización, se exígirá ef certificado de votación en los t¡ámites
contemplados numeral 3), de'fiscalizar.los actos del
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instituciones competentes en la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas (artículos 141)'. La Función de Transparencia y Control Social que impulsa el control de las entidades y organismos del sector público y se integra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias (artículo 204)a . La Función Electoral que garantiza el ejercicio de los derechos políticos y la organización política, y se integra por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral (artículo 217)'.
el ámbito de ejecución de políticas públicas se exigirá el certificado de votación en los trá.r¡nites relacionados a las competencias exclusivas previstas constitucionalmente relativas a: "La defensa nacional, protección interna y orden público" (artículo 261 numeral l) en et Ministerio de Defens4 Ministerio de Seguridad Intema, Ministerio del Interior, Ministerio de Justici4 Secretarla de Transparenci4 Secretaria de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadan4 Consejo de Desanollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Agencia Nacional de Transito, Comisión de Transito del Ecuador Fue¡zas Armadas, Policía Nacional, Gobernaciones, Intendencias, Comisarias, Tenencias Políticas y demas entidades del sector.
"Las relaciones internacionales" (artículo 261 numeral 2) y "Las que les corresponda aplicar como resultado de tlatados internacionales" (artículo 261 numeral 9) en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Secreta¡ía Técnica de Cooperación
Intemacional y demas entidades del sector. " El registto de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio" (arlículo 261 numeral 3) en la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Dirección de Extranjerí4 Dirección de Migración, Secretaria Nacional del Migrante y demas entidades del sector. "La planiJicación rncional" (artículo 261 numeral 4) en la Secretaria Nacional de Desarrollo y demris entidades del sector. "Las políticas económica, tributarid, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exteñor y endeudamiento" (artículo 261 ¡umeral 5) en el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Indust¡ias, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Compras Públicas, Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Banco Nacional de Fomento y demás entidades del sector. "Las políticas de educación, salud, seguridad social, viyienda" (a¡tículo 261 numeral 6) en el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Patrimonio, Consejo de Educación Superior, Secreta¡ía Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnologí4 Universidades, Escuelas Politécnicas, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescenci4 Ministerio de Salud, Ministerio de
. Seguridad Social y demas entidades del sector. "Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales" (articulo 261 numeral 7) en el Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional del Agu4 Parques Nacionales y demas entidades del sector. "El manejo de desastes naturales" (artículo 261 numeral 8) en la Secretaria Nacional de Riesgos, Dirección de Defensa Civil y demas entidades del sector. "EI espectro radioeléctrico, y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos" (artículo 261 numeral l0) en el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, Consejo Nacional de Electricidad, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y demas entidades del sector. " Los rectrsos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recarsos forestales " (artículo 261 numeral 1 l) en el Ministerio de Energi4 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesc4 Programas de Forestación y Reforestaóión y demas entidades
Viviend4 Banco Ecuatoriano de la Viviend4 lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco del Instituto Ecuato¡iano
"El control y administración de las empresas públicas nacionales" (artículo 261 numeral 12) en Pehoecuador Corporación Nacional de Telecomunicaciones, EmpresaNacional de Fármacos y demás entidades del sector.
sus filiales,
En el ámbito de control y regulación se exigirá el certificado de votación en los trámites relacionados a las competencias
constitugionales de:. el Consejo,de Participación Ciudalana y Control-Social q,y9 y establecerá fttecanismos de control limpulsará asuntos de interés ptiblico" (artlculo 207);la Contraloría General del Estado como "organismo técnico encargado del de la utilización de los recarsos estatales" (artículo 21 l); las Superintendencias que se constituyen en "organismos técnicos vigilancia, auditoría, intemencióny control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los seryicios" (artículo l3); la Procuraduría General del Estado al que como "organismo público, técnico jurídico(...)corresponderá...controlar con sujecíón a Ia ley los actos y contdtos" (artículos 235 y 237 numeral 4). En el ámbito de la organización política se exigirá el certificado de votación en los trámites propios en materia electoral previstos constitucionalmentecomo: "Elegiryserelegidos"(artículo6lnumeral 1),"Serconsultados"(artículo6lnumeral 4),"Revocarel mandato que hryan conJerido a las autoridades de elección popular" (artículo 61 numeral 6), "Conformar partidos y movimientos políticos" (articulo 6l numeral 8) en el Consejo Nacional Electoral encargado de "Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, conyocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones" (artículo 219 numeral l) así como de "Conocer y resolver las impugnaciones y r
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GEruERAL
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Tratándose del Régimen Seccional:
Parroquiales Rurales (artículo 238)6 .
Descentralizados: consejos Regionales, Consej os Provinciales -Prefecturas-, Consej os Metropolitanos -Distritos Metropolitanos*, consejos cantonales -MunicipalidadesJuntas
r El Régimen Pspecial de Galápagos:
(artículo 258).7
consejo Gobierno de Galápagos
Finalmente, vale acotar que a diferencia del caso de la tutela judicial efectiva, los accionantes plántean casos hipotéticos o eventuales violaciones que podrían suscitarse por la incorrecta aplicación de la exigencia de exhibición del certificado de votación o del documento que acredite la exención o el pago de la multa, en el acceso a la provisión de servicios públicos y por las personas privadas, es decir, sin evidenciar una contrariedad tangible u objetiva con la Constitución; además, como se indicó anteriormente, no existe una justificación jurídica para aplicar dicha exigencia solo al ciudadano en sus relaciones con el Estado (sector público) y no a la persona en sus relaciones con los particulares (sector privado), tanto más que conforme al citado artículo 426 inciso primero de la Constitución, sus disposiciones sujetan a todas las personas (efecto constitucional de irradiación en el ámbito público y privado).
reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales e imponer las sanciones que correspondan" (artículo 219 numeral ll). Se exigirá el certificado de votación en el Tribunal Contencioso Electoral por cuanto constitucionalmente le compete "Conocer y resolver los recursos eleclorales en contra de los aclos del Consejo Naeional Electoral y de los organismos desconcentrados, y los
sobre financiamiento, propaganda, gasto elecloral
asuntoslitigiososdelasorgani:acionespo!íticas" (artículo2llnumeral 1)asícomo "sancionarporincumplimientodelasnormas y en genzral por vulneraciones de normas electorales " (ártículo 2l I numeral 2).
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Se exigirá el certificado de votación en los trámites relacionados al ejercicio de las competencias constitucionalmente asígnadas a: Gobiemos Regionales encargados de "Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planifcación nacional, provincial, cantonal y parroquiaf' (utículo 262 numeral I y ss.). Gobiernos Provinciales encargados de " Planifcar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planifcación nacional, regional, cantonal y parroquiaf' (artículo263 numeral I y ss.). Gobiemos Municipales encargados de "Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento lerritorial de manera arliculada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con elfin de regular el uso del suelo urbano y rural' (artículo 264 numeral I y ss) y del "sistema público del registro de la propiedad que será administrado de concurrenle entre el Ejecutivo y las municipalidades" (artículo 265). -¡nafrera Gobiemos de los Distritos Metropolitanos que "ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales" (artículo 266). Gobiemos Parroquiales Rurales encargados de"Planficar el desarrollo parroquial y su cotespondienle ordenamiento territorial en coordinqción con el gobierno cantonal y provincial" (articulo 267).
Se exigirá el certificado de votación en los trámites relacionados al ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Consejo de Gobiemo de Galápagos "que dictará las polílicas en coordinación con los municipíos y juntas patoquiales, quienes las ej ecutarán " (artículo 258).
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En méiilo de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el período de transición, expide la siguiente:
Se declara la constitucionalidad de la Resolución del Consejo Nacional Electoral N.' PLE-CNE-7-30-3 -2010 del 30 de marzo del 2010, publicada en el Sr-plemento del Registro oficial N." 169 del 12 de abril del 2010, condicionando su aplicación en lo relativo a la tutela judicial efectiva; en consecuencia, no se exigirá la presentación del certificado de votación, erl los trámites jurisdiccionales dentro de la Función Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y esta Corte Constitucional.
2. Notifiquese, publíquese y c
HB COPIA ocr OHGltlAl.
Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz
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Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate, Nina Pacari Vega y Patricio Pazmiño Freire, en sesión extraordinaria del día jueves martes diez y siete de abril del dos mil doce. Lo certifico.
Dra. M SEC
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CorusrlrucroN.o,
SECRgTARíA GENERAL
CAUSA OO25-IO-IN Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes once de junio de dos mil doce.- Lo certifico.
ARIA GENERAL
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Sentencia CC certificado de votación by Hector Yepez Martinez2.2K viewsEmbedDownloadDescriptionSentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que resuelve que no se puede exigir el certificado de votación para ningún acto jurisdiccional del Estado, concediendo demanda de inconstitucionalida...Sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que resuelve que no se puede exigir el certificado de votación para ningún acto jurisdiccional del Estado, concediendo demanda de inconstitucionalidad de los abogados Héctor Yépez Martínez y Melchor Martínez Pino.Interests: Types, Business/Law, Court FilingsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
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