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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO: EL NUEVO ENFOQUE INTERNACIONAL ADOPTADO POR LA REPÚBLICA DOMINICANA | jadamesrd.com
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO: EL NUEVO ENFOQUE INTERNACIONAL ADOPTADO POR LA REPÚBLICA DOMINICANA
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201202.14
by Janet Adames in Nombres de dominio
Se abordan temas relativos a la adopción de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio para los solicitantes y titulares de nombres de dominio .do por parte del Centro de Información de Redes de la PUCMM.
Nombres de dominio, Política Uniforme para la Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, signos distintivos, mar- cas, OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, Propiedad Intelectual, República Dominicana.
esde el año 1991, la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) delegó la administración de los nombres de dominio con la partícula .do al Centro de Información de Redes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Al mes de octubre del año 2011, se han registrado cerca de 18,000 nombres de dominios en dicho centro.
Es de destacar que hasta el mes de diciembre del año 2009 los pocos conflictos vinculados con nombres de dominio y signos distintivos presentados ante el Centro de Información de Redes se han resuelto dando preponderancia al titular del registro marcario, conforme al artículo 3.5 de las “Políticas Generales para el registro de los dominios.do”, que establecía:
3.5. El registrar un nombre de dominio no significa registrar una marca. Es requisito del solicitante asegurarse de que no está violando ninguna marca registrada. En caso de una disputa entre solicitantes por los dere- chos de un nombre en particular, la autoridad que registra el nombre (PUCMM) no adquiere responsabilidad alguna al registrarlo, solamente proveerá de información a ambas partes. Sin embargo, el Centro de Infor- mación de Redes de la PUCMM se reserva el derecho de revocar la dele- gación de un dominio a una organización o individuo, en caso de que la organización que posee el registro de marca de este dominio solicite su delegación. Para tales fines, el registro de marca deberá tener fecha previa a la delegación del dominio en cuestión, a otra institución o individuo.
A pesar de que en materia de nombres de dominio opera el principio “First Come, First Served”, es decir, “primero en el tiempo, primero en el derecho”, en esta política general aplicable en aquel entonces a los dominios .do se establecía como requisito al solicitante asegurarse de que su solicitud de dominio no violaba ninguna marca registrada con anterioridad. En este mismo orden, la política establecía que en caso de disputa entre solicitantes, la PUCMM se reservaba el derecho de dar prioridad a quien hubiese registrado la marca primero.
En el mes de diciembre de 2009, el Centro de Información de Redes adoptó la Política Uniforme de Solución de Conflictos en materia de nombres de dominio, ideada originalmente para la so- lución de conflictos relativos a los dominios genéricos (.com, .net, .org, .edu, .mil, .biz, .copo, .gov, .name, .pro, entre otros). La eficiencia que ha demostrado la aplicación de la política para definir controversias de dominios genéricos ha dado lugar a que 66 administradores de dominios locales (66 países) hayan optado por ampararse en ella para dirimir sus conflictos.
A continuación veremos algunos de los aspectos más relevantes de la esta política que deben ser tomados en consideración tanto por los solicitantes de dominios .do en la República Dominicana, como por quienes representamos a empresas que eventualmente pudieran estar involucradas en controversias de esta naturaleza.
¿Qué es la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio?
La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombre de dominio (en lo adelante “la Política”) es un documento adoptado el 26 de agosto de 1999 por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (mejor conocida por sus siglas en inglés ICANN), como un mecanismo de solución de controversias ideado principalmente para dar solución a los problemas que se suscitan entre marcas y nombres de dominio.
Desde su surgimiento hasta la fecha, el procedimiento adminis- trativo obligatorio contemplado en la Política ha constituido una manera eficiente y eficaz de solucionar controversias vinculadas a nombres de dominio y signos distintivos, independientemente de la ubicación geográfica del registrador del dominio, de su titular o del demandante. Se trata de un procedimiento para solución de controversias con alcance internacional, acorde con la celeridad que exigen estos tiempos.
Como veremos más adelante, existen cuatro proveedores de servicios de solución de controversias al amparo de la Política. No obstante, nos concentraremos especialmente en uno de ellos, el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (en lo adelante referido como “el Centro”), el cual ha creado una importante plata- forma de jurisprudencia y banco de expertos en las distintas áreas que son abordadas por conflictos de esta naturaleza.
Más de 21,000 demandas han sido sometidas ante el Centro al amparo de la Política. El pasado año 2010 fueron sometidas 2,696 demandas por parte de los titulares de registros de marcas, lo cual significó un incremento de un 28% en comparación con las presentadas en el año 2009.3 Las resoluciones emitidas por el Centro se encuentran debidamente publicadas en su ciberpágina, lo cual permite a los usuarios acceder a una variada jurisprudencia, con- sultada frecuentemente no solo por las partes y los expertos, sino también por profesionales y personas interesadas en el tema.
A pesar de que el procedimiento establecido en la Política es mucho más ágil y eficaz que los procesos judiciales que tienen lugar al amparo del sistema judicial local, es de destacar que según la disposición contenida en el párrafo 4.k de la Política, el hecho de someterse al proceso administrativo obligatorio no impide que el demandante someta su controversia a un tribunal competente antes o después de concluido el procedimiento.
Implicaciones inmediatas para los titulares de nombres de dominio .do
Al efectuar una solicitud de registro de dominio, cada solici- tante se obliga a someter cualquier conflicto que pudiera surgir respecto del nombre de dominio en cuestión al procedimiento que establece la Política Uniforme de Solución de Conflictos en Materia de Nombre de Dominio.
Características principales de la Política Uniforme de Solución de Controversias
La Política es aplicable a las controversias relativas a nombre de dominio genéricos de nivel superior y a los dominios correspondientes a códigos de países que expresamente han adoptado la política, como es el caso de los nombres de dominio .do.
Dado que en materia de nombres de dominio opera el princi- pio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir que quien primero registra un dominio es quien tiene derechos sobre él, sin que, en principio, quien registra deba asegurarse que su acción viola o no derechos de propiedad industrial de terceros, el al- cance del procedimiento administrativo establecido en la Política se limita a resolver casos de registros abusivos y de mala fe, lo cual, como hemos señalado, no impide que cualesquiera de las partes someta el conflicto a los tribunales nacionales competentes.
Es menester destacar que la Política ha gozado de tal aceptación entre los titulares de marcas que resultan escasos los casos resueltos al amparo de esta que también hayan sido dirimidos por ante tribunales locales.
Consecuentemente, según el artículo 4.a de la Política, cada ti- tular de nombre de dominio registrado está obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero someta una demanda fundamentada en una de las causales previamente mencionadas. En este tenor, el demandante debe probar de manera acumulativa que en el caso en cuestión concurren los siguientes aspectos:
i) Que el demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
ii) Que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) Que el demandado posee un nombre de dominio que ha sido registrado y que se utiliza de mala fe.
La política en este sentido establece que la prueba de la concurrencia de los elementos previamente citados recae sobre el demandante. De no probarse la existencia de estos elementos, el recurso entonces podría ser denegado.
¿Por ante cuáles organismos debe someterse una demanda vinculada al registro abusivo o de mala fe de un nombre de dominio .do?
La demanda debe ser sometida ante uno de los proveedores de servicios de resolución de conflictos designados por la ICANN, los cuales hasta el momento son cuatro:
Centro de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Asiático (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre – ADNDRC-), con tres oficinas: Beijing, Hong Kong y Seoul;
El Foro de Arbitraje Nacional (The National Arbitration Forum -NAF-);
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través del Centro de Mediación y Arbitraje (World Intellectual Property Organization), y
La Corte de Arbitraje Checa (Czech Arbitration Court -CAC-).
De todos estos proveedores, el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI ha resultado uno de los más destacados, considerando la importante jurisprudencia creada respecto de estos temas así como la calidad y cantidad de sus expertos. La plataforma creada por el Centro permite que los procesos sean resueltos a tono con la velocidad con que hoy se realizan transacciones y negocios que involucran aspectos de propiedad intelectual.
¿Cómo se interpone una demanda o un escrito de contestación al amparo de la Política y cuáles son las distintas etapas que componen el proceso?
En el caso del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, a través de la ciberpágina de dicha institución se ha incluido un formato de demanda que sirve de guía a los demandantes. Asimismo, el Centro facilita guías que pueden ser consultadas por los interesados, así como un banco de las resoluciones dictadas que sirven de parámetro y orientación al momento de presentar la demanda.
El proceso administrativo establecido en la Política puede resu- mirse en cinco etapas:
El demandante procede a seleccionar uno de los proveedo- res de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN -los cuales ya mencionamos previamente- y procede a presentar su demanda ante dicho proveedor. La demanda debe ser presentada electrónicamente y en papel, siguiendo las di- rectrices ofrecidas por los proveedores de servicios de solución de controversias de elección.
La entidad o persona contra la cual se presenta la demanda debe presentar un escrito de defensa en el plazo que le sea indicado por el proveedor de servicios de solución de controversias.
El proveedor de servicios de solución de controversias procederá a nombrar a los expertos que tendrán a bien decidir la controversia.
Emisión de resolución por parte del grupo administrativo de expertos y posterior notificación tanto a las partes como a los registradores interesados y a la ICANN.
Finalmente, la resolución emitida por el grupo administrativo de expertos es ejecutada.
Impugnación de resoluciones del grupo administrativo de expertos
Las resoluciones del grupo administrativo de expertos pueden ser impugnadas. Así lo dispone el párrafo 4.k de la Política. Así, el titular que no esté de acuerdo con la resolución emitida puede impugnar la resolución ante el tribunal competente, tomando en
consideración el domicilio del registrador del dominio.
Costo y duración del proceso administrativo establecido en la Política
Cada centro de solución de controversias tiene sus parámetros para el establecimiento de tasas. En el caso particular del Centro de la OMPI, este ha establecido tasas en las que se consideran principalmente los nombres de dominio que abarcan la demanda y el número de expertos que tendrán a bien decidir la cuestión. Las tasas deben ser pagadas por el demandante. Una demanda que involucre entre uno y cinco nombres de dominio, cuya resolución sea cuestión de un solo experto de la OMPI, por ejemplo, tendría un costo de US$1,500.00, mientras que una demanda que abarque entre seis y diez nombres de dominio y sea resuelta por un único miembro del grupo de expertos ascendería a US$6,000.00.
En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, este normalmente es completado en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la demanda por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.
Vistas en el curso del proceso establecido en la Política
El proceso es totalmente escrito. No obstante, el Reglamento de la Política Uniforme (artículo 13) prevé la celebración de vistas (conferencias vía Internet, videoconferencias o teleconferencias) solo cuando el grupo de expertos de manera excepcional lo considere de lugar para la toma de su decisión respecto del caso.
Debemos reconocer que los nombres de dominio, a pesar de que surgieron para cubrir una necesidad técnica de identificar a usuarios conectados a Internet, cada vez son más utilizados para identificar marcas, empresas, iniciativas, etc., cuyos intereses son protegidos a través de los derechos de propiedad industrial y que los conflictos que se podrían suscitar entre ambas figuras (marcas y nombres de dominio) ameritan de la existencia de procedimien- tos ágiles y eficaces para soluciones adecuadas.
En este tenor, contar con un procedimiento que permita de- terminar cuándo un nombre de dominio ha sido registrado o está siendo utilizado para perpetrar actos de competencia desleal y mala fe, así como con un grupo de expertos calificados en las áreas que son abordadas en conflictos de esta naturaleza, sin duda es un gran salto, en especial considerando que se trata de un sistema obligatorio y de alcance internacional, aplicable a cualquier titular o solicitante, independientemente de su ubicación geográfica o de la del registrador o demandante.
A pesar de que en nuestro país no se han suscitado aún conflictos que ameriten la emisión de resoluciones por parte de los proveedores de servicios de solución de controversias, consideramos que ha resultado muy conveniente la adopción de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, pues ante el eventual surgimiento de conflictos de esta naturaleza ya contamos con una plataforma que ha probado ser exitosa para este fin.
ICANN. “Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nom- bres de Dominio”. 26 de agosto de 1999, en línea, disponible en http:// www.wipo.int/amc/es/docs/icannpolicy.pdf. Consultada por última vez el 20 de octubre del 2011.
. “Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio del 26 de agosto de 1999”. Disponible en http://www.wipo.int/amc/es/docs/icannrules.pdf. Consultado por última vez el 20 de octubre del 2011.
NIC.do. “Políticas Generales para el registro de nombres de dominio .do en la República Dominicana”. Archivos en línea: www.nic.do.
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y Nombres de Dominio en Internet. Disponible en http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged. Consultado por última vez el 20 de octubre del 2011.
Artículo Publicado Originalmente en GACETA JUDICIAL AÑO 15, NO. 303, FEBRERO 2012
EL VALOR DEL CAPITAL INTELECTUALLA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA NO USADA
Janet Adames (Janet Adames)
Licenciada en derecho de la Universidad Apec. Admitida a la práctica del derecho en el año 2001. Su ejercicio profesional se concentra en el ámbito de la propiedad intelectual, procesos administrativos y judiciales, contratos, mediación y resolución alternativa de disputas.
EL VALOR DEL CAPITAL INTELECTUAL
LAS MEDIDAS EN FRONTERA: UN ALTO A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
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