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Timestamp: 2019-07-18 09:53:59+00:00

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Es una verdad de a puño que Colombia acusa un gran rezago en materia de infraestructura, el cual se ha convertido en un gran cuello de botella que le resta competitividad a la economía nacional. Según Sergio Clavijo, Presidente de ANIF, “después de Haití y Bolivia, Colombia es el peor país con registro en infraestructura y esto nos va a pasar la cuenta de cobro ahora que los TLC entran en vigencia” . “En carreteras, estamos como los pobres de África” , afirmó el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade. Pero esto no es de ahora, este mal es crónico y la razón no es otra que por años es muy poco lo que se ha invertido en vías, puertos y aeropuertos en el país. Según The Economist, “para que la infraestructura de un país esté al día y se ajuste a los requisitos del mundo globalizado, es necesario que invierta al menos el 4% del PIB en este renglón. El promedio en Colombia en los últimos años ha sido 0.7% y, por lo tanto, será necesario multiplicar esta cifra por casi 6” . Y venimos de mal en peor, después de invertir en promedio el 3.9% del PIB entre 1980 – 1985 pasó a invertir menos del 2% entre 2007 y 2008, hasta llegar a estos extremos, de menos del 1%, a lo cual se vinieron a sumar los estragos en nuestras precarias vías por la doble ola invernal que azotó al país.
Y no ha sido por falta de recursos, pues Colombia, al igual que los demás países de América Latina, gozó de casi una década de auge del sector minero – energético, gracias a la demanda inusitada de los productos básicos (carbón, petróleo y ferroníquel, entre otros) y a la espiral alcista en sus precios que ello provocó. Fueron ingentes los recursos que le ingresaron al país por este concepto, los cuales a juicio de ANIF se ha debido “sembrar…bajo la forma de una rápida modernización del país” y no se hizo. Ahora, después que nos pasó este cuarto de hora estérilmente, este Gobierno se escuda en las falencias en materia de infraestructura para vender su participación en ISAGEN . Se dice que el leiv motiv de la venta es reemplazar un activo por otro y se trata de embaucar a la opinión pública haciéndole creer que si no se vende la participación que conserva la Nación en la misma la pésima infraestructura del país seguirá siendo el lastre que frena la competitividad de la economía nacional.
Pero con iguales razones se procedió en su momento a vender otros activos de la Nación por los cuales se recibieron, según ANIF, alrededor de 5.9 puntos del PIB ; a guisa de ejemplo, se recibieron $2.2 billones por BANCAFÉ, $3.2 billones por ECOGAS y $5.7 billones por el 10% de la venta de ECOPETROL. Y la gran pregunta es a dónde fueron a parar los mayores ingresos que recibió la Nación por concepto de dividendos e impuestos recaudados, productos del boom minero - energético; a dónde fueron a parar los recursos extraordinarios provenientes de tales privatizaciones. Pues la respuesta no puede ser más desconcertante, no sólo no se invirtieron en infraestructura sino que, a diferencia de los demás países de la región, de contera se mantuvo el déficit fiscal, pudiendo colegir con ello que en estos dos frentes (el de la infraestructura y en el fiscal) no estamos mejor que cuando estuvimos peor. La venta de ISAGEN, entonces, dizque para financiar la construcción de 4 vías de cuarta generación (4G) de las 47 previstas en un gran paquete por valor de $47 billones (el papel puede con todo) aprobado esta semana por el CONPES , las cuales se ejecutarían entre el 2015 y el 2020, no pasa de ser una cortina de humo. Esta es según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas “la cifra más grande en la historia para la infraestructura de transporte en Colombia” . A guisa de ejemplo, a nadie se le ocurriría en Antioquia privatizar a EPM de Medellín para financiar las Autopistas de la Montaña!
Además, han coincidido el Ministro Cárdenas y el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega en que la Nación no tiene ningún hueco fiscal que se quisiera tapar con la venta de ISAGEN , pero la realidad es otra. El propio Ministro de Hacienda se contradice, ya que recientemente declaró que la meta del Gobierno es cerrar este año en rojo y “el financiamiento de ese déficit tiene unas emisiones de bonos, deuda interna y un componente que son privatizaciones por $3 billones para financiar 2.4% del PIB; no depende de si el recaudo está bien o mal, es una meta que tenemos de ingresos de privatizaciones” . Y el año entrante no pinta mejor, pues a consecuencia de la reforma tributaria aprobada el año anterior y la desaceleración sostenida del crecimiento del PIB el recaudo de impuestos perderá dinamismo; sólo por concepto del desmonte de 2 puntos del 4 por mil la Nación dejará de recaudar $2.7 billones, aproximadamente. Ya se anuncia un descuadre de $1.6 billones, por cuenta del desmonte de la sobretasa a los servicios de energía y gas que antes pagaba la industria y ahora absorbe la Nación . Por otro lado el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles acumula un déficit que superaría los $6 billones, el cual deberá ser enjugado con cargo al Presupuesto General de la Nación. Con razón afirma el Presidente de ANIF Sergio Clavijo que, de entrada, “mínimo el Gobierno va a tener que salir por $1.2 o $1.4 billones en los recursos de tributación y hay que prepararse para eso” . Tales afugias explican el hecho, por lo demás contradictorio con los publicitados anuncios del Gobierno, que en el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso de la República se reduce el rubro de inversión en casi $4 billones con respecto al aforo de este año, el 20% aproximadamente (¡!). De llegar a cristalizarse la venta de ISAGEN la Nación se terminaría quedando con la soga y sin el ternero!
A todas esas, cabe preguntarse por qué en lugar de vender su participación en ISAGEN para invertir en infraestructura no se considera la posibilidad de recurrir más bien a endeudamiento público, máxime cuando Colombia, según lo ha expresado reiteradamente el ministro de Hacienda tiene hoy en día mayor acceso al crédito y en mejores condiciones merced al mejoramiento de la calificación de su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s. De optarse por la financiación a través del crédito público de largo plazo por parte de la Nación, los ingresos que le reporten sus activos le servirán para pagar dicha deuda y de esta manera se podrán ejecutar las obras al tiempo que el Estado los conservaría como parte del patrimonio de todos los colombianos. Muy seguramente el privado que llegue a ofertar para hacerse a esta importante empresa se apalancará financieramente con crédito para concretarla y a lo mejor le será más costoso que al Estado. A este respecto, nos parece muy razonable la duda metódica que asalta al ex presidente de la ANDI Fabio Echeverri Correa, cuando se pregunta: “será que todos los banqueros del mundo son unos imbéciles, al igual que los particulares que quieren comprar a Isagén, para prestarles el dinero unos, y recibírselos otros, a una tasa de interés superior a la tasa que le cobran al Gobierno colombiano? Ahora resulta que los únicos inteligentes son nuestros funcionarios públicos que descubrieron que todo el resto del mercado está equivocado, y por eso se abre una oportunidad?” .
A las razones de inconveniencia de la venta de ISAGEN, que son abundantes, se viene a sumar ahora el entuerto que significa la omisión de un paso de obligatorio cumplimiento previsto en la Ley 226 de 1995, para proseguir en el proceso autorizado por el Consejo de Ministros de la enajenación por parte de la Nación del 57.66%, que es su participación en la misma. Esta Ley, que es la atinente a la “enajenación de la propiedad accionaria estatal” en empresas o sociedades en las que participa, establece claramente que una vez decidido por parte del Gobierno, este debe adoptar “un programa de enajenación diseñado para cada evento en particular, que se sujetará a las disposiciones contenidas en esta Ley” . Y entre estas disposiciones está la que obliga al Gobierno a que “el plan de enajenación anual en forma global con sus avalúos preliminares respectivos, debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año” . Y, de acuerdo con la certificación que expidió el Secretario General del Senado de la República Gregorio Eljah, fechada a los 20 días del mes de agosto, “una vez revisada la información que reposa en la Sección de Leyes del Senado de la República y por información recibida de la Sección de Leyes de la Cámara de Representantes…no se encontró registro alguno sobre el cumplimiento del parágrafo del artículo 8 de la Ley 226 de 1995, en lo que respecta a la enajenación de ISAGEN S. A E.S.P en el actual período legislativo”( ver anexo).
Así las cosas, todo lo actuado por el Gobierno para poner en marcha el proceso de enajenación de marras transgrede la Ley, que es taxativa al exigir el lleno de este requisito, el cual se pretermitió, viciándolo de manera insubsanable. El Gobierno podrá alegar que para tal fin expidió el Decreto 1609, calendado el 30 de julio, “por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S. A E.S.P”. Y entre los considerandos de dicho Decreto se dice que, después de emitirse concepto favorable por parte del Consejo de Ministros, este le fue “remitido al Gobierno para su aprobación, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 8 (SIC!) de la Ley 226 de 1995”. Las mismas que se saltó a la torera el Consejo de ministros! Es del abecé del Derecho que un Decreto no puede estar por encima de la Ley que pretende desarrollar y/o reglamentar y por ello resulta improcedente. Al disponer la Ley de manera perentoria la obligación de presentar “para su conocimiento al Congreso de la República” el plan de enajenación, buscaba que el Parlamento pudiera ejercer su función constitucional del “control político sobre el Gobierno y la administración”, consagrado en el artículo 114 de la Carta, el cual se tornaría nugatorio en este caso. De esta manera se estaría violando flagrantemente este precepto constitucional, ya que el Congreso de la República quedaría reducido a su condición de convidado de piedra del ejecutivo y compelido a invocar las imprecaciones del Gitano andaluz, que le pedía al señor sólo tres gracias: la primera que la mujer no le fuera infiel, la segunda que si le llegara a ser infiel él no se enterara y la tercera que si la mujer le llegara a ser infiel y él lo llegara a saber no le importara nada.
Es explicable que al Gobierno se le hubiera pasado por alto cumplir con esta norma, dado que en sus planes no estaba la venta de su participación ISAGEN, toda vez que el propio Presidente Santos lo había descartado recién elegido . Ya había ocurrido otro tanto con el intento fallido de vender otro 10% de las acciones de la Nación en ECOPETROL y sobre ello llamamos la atención en su oportunidad . Una prueba al canto de que el Gobierno no había contemplado la venta de su participación en ISAGEN, como si lo había considerado en el caso del 10% adicional de sus acciones en ECOPETROL, es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, no aparece por parte alguna ninguna alusión a dicha venta. Huelga decir que, como lo prevé la Carta, “la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y Órganos del poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica” y, por lo tanto, era deber del Gobierno dar cuenta del propósito de enajenar su participación en ISAGEN a través del MFMP y la Regla fiscal , que son los instrumentos a través de los cuales se aplica el “marco de sostenibilidad fiscal” , que también se llevan de calle desatentadamente.
El crecimiento del sector agrícola desde el año 2000 siempre ha estado a la zaga del crecimiento del resto de la economía; entre el año 2000 y el 2010 su crecimiento promedio fue de un anémico 2%, un 50% de la tasa de crecimiento del PIB total y entre 2006 y 2010 dicho crecimiento promedio fue de sólo el 0.88%, en contraste con el 4.58% promedio del PIB total. No más el año pasado mientras el crecimiento de la economía nacional fue del 4%, el sector agrícola a duras penas creció el 2.37%. Este sector no se ha podido reponer de los estragos causados por la apertura atolondrada de los años 90. Como lo señala el estudio realizado por el Grupo de investigación en desarrollo empresarial PORTER, “la superficie cultivada, excluido el café, se contrajo en 936.255 hectáreas entre 1990 – 1999, como consecuencia de una disminución de 969.792 hectáreas plantadas en cultivos transitorios y de un aumento de 33.537 hectáreas sembradas en permanentes. Así las cosas, el 25% del área cultivada en 1990 había salido de la producción en 1999”.
Ya lo había advertido el Presidente de la SAC Rafael mejía, al término de las negociaciones del TLC con EEUU, que “el sector del campo fue el gran damnificado con el cierre” de las negociaciones. Y no es para menos, dada la avalancha importadora que viene arrollando a agricultores y ganaderos por igual. Si nos atenemos a las cifras del Departamento de Agricultura de EEUU, en el período comprendido entre junio de 2011 y marzo de 2012, cuando el TLC no estaba todavía vigente, las importaciones agrícolas desde los EEUU sumaron 1´042.914 toneladas, entre tanto entre junio de 2012 y marzo de 2013, con el TLC vigente, las importaciones se elevaron hasta las 1´770.970 toneladas, “lo que significa que con el Tratado las importaciones agrícolas aumentaron el 70%”. El saldo que arroja el desbalance comercial de Colombia con EEUU es tan aberrante que, según el experto en economía agrícola Darío Fajardo asegura que el 50% de nuestra dieta alimenticia es importada, no hay derecho carajo! De acuerdo con las cifras del USTR, encargado del comercio exterior de los EEUU, que trae a colación el analista Mauricio Cabrera, sus “exportaciones de soya ascendieron 467% hasta US $118.6 millones, productos lácteos crecieron 214% hasta US $24.7 millones, productos de cerdo 66% hasta US $45.2 millones”. Para concluir que “el potencial del comercio entre EEUU y Colombia es emocionante…El futuro de nuestra relación económica, construido sobre el TLC, es brillante” para ellos, lógicamente. Con razón se pregunta Pedro Núñez, cultivador de papa en Boyacá, “quién fue el genio que negoció así los TLC”
En el Plan de Desarrollo Prosperidad para todos de la administración Santos se planteó la agricultura como una de las cinco locomotoras del crecimiento, pero después de tres años de su cuatrienio nada que arranca. Aunque para el primer Ministro de Hacienda de esta administración, Juan Carlos Echeverri, “la locomotora ya salió de la estación” y contra toda evidencia asegura que “está tomando una buena velocidad”. Y ante las decepcionantes cifras de los frutos amargos recogidos del TLC con EEUU, trata de dorar la píldora diciendo que “la mejor forma de visualizar el TLC es como una autopista de tres carriles de ida y vuelta entre EEUU y Colombia. Que haya autopistas no quiere decir que haya carros. Hasta que no haya autopista la gente no se va a poner a pensar en serio en cómo preparar su carro. Seamos más pacientes”. Qué tal esto, primero nos metemos en el embrollo y después veremos cómo salir airosos de él, este es el colmo de la irresponsabilidad.
También el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Díaz-Granados nos pide tener más paciencia. En una entrevista con el diario El Espectador, al indagársele por los productos agrícolas que han encontrado su oportunidad en el TLC suscrito con EEUU responde: “han crecido las exportaciones de frutas, de azúcar y se está entrando en una negociación con el tema de quesos frescos” y pare de contar. Ante su pobre respuesta, insiste el reportero en saber si “después de todos los posibles beneficios que nos vendieron del TLC ¿no deberían ser más los productos agrícolas exportados a Estados Unidos?” La respuesta del Ministro no puede ser más desconcertante: “Estados Unidos es el mayor productor de carne, pero así mismo es el mayor consumidor. México tan sólo después de cinco años de firmado su acuerdo logró exportar carne a ese país…Así mismo vemos un potencial enorme en el sector de los aguacates”…y mientras tanto qué, que nos coma el tigre?
El Presidente de ANALDEX Javier Díaz es muy franco al plantear que “en la actualidad, el mundo está demandando energía y alimentos. Colombia que puede ser un jugador en este mercado internacional de alimentos, no ha definido, sin embargo, si quiere jugar o no. Para hacerlo debe definir un modelo de desarrollo agrícola que le permita producciones con economías de escala y estándares internacionales que lo vuelvan competitivo a nivel internacional”. Como diría el comediante Mario Moreno, Cantinflas, “ahí está el detalle”. Así como no hemos contado con una política industrial, tampoco hemos tenido una política agraria integral, que propenda por el desarrollo y consolidación de este sector. A la economía nacional no se la preparó para resistir los embates de la competencia que conllevan los acuerdos y tratados comerciales; es tanto como si nuestro héroe nacional Nairo Quintana se hubiera ido a competir en el tour de Francia sin haber entrenado. El fracaso hubiera estado asegurado; con razón afirmó él, en apoyo de la lucha reivindicativa de sus paisanos boyacenses, “es triste sacar un bulto de papa a la plaza y no ganar ni para el transporte”. Lo dijo el ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo en su calidad de tal, apenas seis meses antes del esperado anuncio de la entrada en vigencia del TLC con EEUU, “no estamos preparados, nos falta mucho” para enfrentar el reto del TLC con EEUU. El problema no son los TLC per se, el busilis está en la ausencia de políticas públicas que contribuyan al desarrollo tanto del sector de la industria como del sector agropecuario.
Pero como el huevo de la serpiente de Ingmar, su membrana transparente ya delataba lo nefasto que sería para el país el dogma neoliberal del “libre” comercio aplicado a rajatabla. Como dijo recientemente uno de los ayatolas de dicha escuela, el ex ministro Echeverri, que “el tema de que es mejor exportar que importar tampoco es acertado. Es mejor aquello que sea un buen negocio”. Se necesita ser un orate para no estar de acuerdo con Kid Pambelé en que es mejor ser rico que pobre. Pero, con igual apego a tales teorías, nos había dicho el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, su mentor intelectual y artífice de la debacle de los 90, que “el mayor beneficio del comercio proviene de las importaciones y no de las exportaciones, como nos han acostumbrado a pensar equivocadamente los mercantilistas criollos”. Y fue más lejos, al sostener que “lo que no producimos a un costo razonable, lo deberíamos dejar importar para que la población colombiana se beneficie de los subsidios de los países ricos”.
Y esto es lo que venimos haciendo, sin preguntarnos por qué lo que se importa no lo producimos “a un costo razonable” y sin parar mientes en los perjuicios para la población colombiana de someter nuestra producción nacional agropecuaria a la ruinosa competencia desleal de los excedentes agrícolas y pecuarios de los países desarrollados, más competitivos a fuer de ayudas y subsidios estatales en sus países de origen. Imagínese usted que para las Naciones Unidas se considera pobre aquel que tiene un ingreso por debajo de dos dólares diarios y según el más reciente reporte de la OIT en Colombia el 10% de los trabajadores percibe menos de US $2 diarios. Pues bien, en la Unión Europea (UE) los dueños de los hatos ganaderos reciben US $2.67 diarios de subsidio de parte del Estado por cada cabeza de ganado; de modo que les va mejor a las vacas en la UE que a esos trabajadores en Colombia, que son más de 2 millones. Así se explica que aunque la canasta de productos que compran los colombianos pasó en los últimos 7 años de un promedio de 315 a 423, merced al mejoramiento de su poder adquisitivo, $11 de cada $100 que gastan son para adquirir artículos importados, casi el doble que en 2006. El caso de los renglones de vestuarios y calzado es muy diciente, ellos pasaron del 11.2% al 20.2%. Por ello no es de extrañar que mientras la industria registra una caída del -5.5 en junio de este año, en ese mismo mes las ventas minoristas aumentaron 4.1%; es decir, que cada vez se consumen más bienes importados en detrimento de la producción nacional. Como lo denunció la SAC, en el caso de los productos agrícolas, “las cosechas se reemplazan por importaciones”. Así no se puede!
A dónde han conducido estos desvaríos y esta falta de políticas públicas que favorezcan la producción agropecuaria y el desarrollo rural? Además del decrecimiento del sector industrial y del bajo crecimiento del sector agrícola, ello se ha traducido en el último año en una destrucción de empleo de 70.000 plazas en la industria y 140.000 en la agricultura. Cómo explicar la aparente contradicción de que mientras ello ocurre, según el DANE para el mes de julio de este año la tasa de desempleo bajó desde el 10.9% en julio del año pasado a 9.9%, la más baja para dicho mes en los últimos 12 años. La explicación está en que la misma se mide sobre la tasa de participación y esta ha disminuido notoriamente; esto es, hay menos gente buscando activamente trabajo, lo cual se explica en gran medida porque se desaniman al resultar infructuosos sus esfuerzos para conseguirlo, así como también a los efectos perversos de la política asistencialista. Según el mismo DANE, “la tasa de ocupación se ubicó en 57.8% frente a 58.8% de junio de 2012, con lo que el volumen de ocupación pasó de 21’022.000 a 20’988.000, con una variación de -0.2% en dicho período”.
El impacto social de este modelo económico ha sido devastador. Como lo sostiene el mismísimo ex ministro Hommes, la situación del campesinado es patética, “la brecha de ingresos y de calidad de vida entre las ciudades y el sector rural es muy grande y tiene muchos componentes…Uno de cada dos habitantes del sector rural es pobre y el acceso a servicios públicos, educación de buena calidad y seguridad social es menor en el campo que en los centros urbanos, lo cual hace más crítica la situación de pobreza rural…”, más del doble que en las cabeceras municipales (46.8% vs 18.9%, según Fedesarrollo). Lo que resulta curioso, viniendo de quien viene, es que Hommes salga ahora a decir que “una estrategia de mejoramiento de los ingresos rurales y de la calidad de empleo pasa necesariamente por mayores aumentos en la productividad y en el empleo, lo que se facilitaría con un aumento significativo de las exportaciones de productos agropecuarios”, siendo que pare él “el mayor beneficio del comercio proviene de las importaciones y no de las exportaciones”.
Ya la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria (EOEA) del 15 de agosto daba cuenta de que “por primera vez en cinco años, la opinión de los productores agropecuarios sobre su situación económica indica un pesimismo sin precedentes”. 43% de los interrogados consideró que en el trimestre pasado su realidad fue mala, lo cual implica un salto de 16 puntos porcentuales en relación con igual período del 2012. Las peores calificaciones la dieron “quienes se dedican al café y a los cultivos semestrales, entre los cuales se encuentran la papa y la cebolla”. Al parecer el único que no se percató de ello fue el Gobierno y por ello desestimó la amenaza del Paro Nacional Agrario. Entre los reclamos planteados están los altos costos de los agroinsumos importados, los altos costos de transporte, la excesiva intermediación, falta de acceso al crédito, carencia de apoyo y asistencia técnica, amén de la invasión de productos importados al amparo de los TLC y contra el contrabando.
A juicio del Ministro de Comercio, a quien se le olvidó que también es el Ministro de Industria, los TLC no tienen nada que ver con la crisis del campo y con la motivación del paro; según él “dejar de hacer un acuerdo comercial para solucionarlo no es la salida. No hemos tenido acuerdos comerciales, los estamos teniendo en estos tres años y para mí es una agenda trasnochada. Es una agenda de hace siete años en América Latina que Colombia está dando apenas hasta ahora”. No obstante, el Ministro de Hacienda toma distancia con respecto a la posición de su colega de gabinete al plantear que en los TLC “hay mecanismos que se pueden utilizar en condiciones excepcionales, como son las salvaguardas. Son una protección temporal, cuando hay un crecimiento exponencial en las importaciones de algún producto” y este es el caso. Por lo tanto, si el Ministro de Hacienda está esgrimiendo el mecanismo de las salvaguardas es porque se está dando el crecimiento exponencial de las importaciones cobijadas por los TLC que niega el Ministro de comercio.
Reconoce sin ruborizarse el Presidente de la República Juan Manuel Santos que “estamos volando sin instrumentos, no sabemos cuál es la verdadera situación de nuestro sector agropecuario”. No duda el Presidente de la República en atribuir el enardecimiento de los campesinos y su movilización en todo el país a “la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias”. Pero, él no está exento de culpa, primero porque él ha formado parte de los equipos de gobierno durante un largo período, hasta Primer designado de la Nación fue y segundo porque él ya lleva tres años de gestión de sus cuatro años de gobierno. Cabe preguntarle, si es cierto como él lo predica que el campo está entre sus prioridades, cómo se explica que pese al anuncio a finales de mayo de este año en el sentido que se radicaría el 20 de julio, junto con la iniciación del último período legislativo de este Congreso, el proyecto de ley de desarrollo rural y no se cumplió con esta promesa.
Además, cómo es posible que en vísperas del “tal paro”, anunciado con suficiente antelación, el Ministro de Hacienda presenta a la consideración del Congreso de la República un proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 (Proyecto No. 035 2013 Cámara y 028 2013 Senado) y en el mismo se recorta la partida correspondiente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas, pasando de $2.131’205.991.560 en 2013 a $1.437’583.371.833. El rubro correspondiente a la inversión en el sector agropecuario sufrió un tijeretazo del 37%, al pasar de 1.428’871.305.470 en 2013 a 879’074.696.521. Entidades como el ICA tendrían un recorte del 27% en su presupuesto y el INCODER del 55%. Más grave aún, que habiéndose comprometido el Gobierno, para conjurar un nuevo paro, a mantenerles a los cafeteros el programa de Protección de Ingreso al Caficultor (PIC), que en marzo de este año se pactó con Dignidad Cafetera que sería de aproximadamente $830.000 millones, no incluyen esta partida en su proyecto de presupuesto. Tal exabrupto llevó a su colega el Ministro de Agricultura Francisco Estupiñán a plantear que “con la reducción presupuestal se ponen en riesgo todos los programas a cargo de esta entidad”.
Y, como si lo anterior fuera poco, estando en la cresta de la ola del Paro Agrario Nacional, se le ocurre al Ministro Cárdenas volar a Chile a ratificar los acuerdos de la Alianza Pacífico y extender la desgravación arancelaria prácticamente al 100% del universo arancelario, a pesar de la oposición abierta de FEDEGAN y la SAC al considerarlo supremamente lesivo para el sector. De acuerdo con Rafael Mejía, con la puesta en marcha de este bloque económico se pondrá en riesgo el 48% de lo que queda de la maltrecha producción agropecuaria de Colombia. Estamos hablando de “$16.9 billones al año y equivale a 9.1 millones de toneladas”. Están en juego nada menos que 1´254.000 empleos rurales; esta es una bomba social de impredecibles consecuencias.
Pero la SAC no es la única que se queja, también el Presidente del gremio de los arroceros Rafael Hernández se pone las manos en la cabeza para exclamar que “qué puede sentir un agricultor frente a una amenaza como este acuerdo…Aquí se está poniendo en riesgo a 500 mil productores del cereal asentados en 215 municipios del país”. Estábamos, entonces, como lo vaticinó el Presidente de la SAC, “en vísperas de protestas de sectores como los arroceros, lecheros, porcicultores, azucareros y maiceros por las negociaciones que el Presidente Juan Manuel Santos está haciendo con la Alianza del Pacífico. Todo esto se convierte en inconvenientes para el agro colombiano”. El fantasma de la triangulación de productos, especialmente agrícolas y pecuarios, así como de manufacturas y autopartes maquilados especialmente en México, empiezan a espantar a los productores nacionales.
Para añadirle injusticia al agravio, el ICA se encargaría con su desafuero y arbitrariedad de exaltar aún más los ánimos, ya de por sí crispados, al ordenar el decomiso y posterior destrucción de parte de la cosecha que un cultivador de arroz había reservado como semilla, al considerar que ello violaba la Resolución 970 de 2010 que ampara los derechos de patente de las semillas en el capítulo sobre la propiedad intelectual del TLC suscrito con EEUU! Se podrá alegar que las prescripciones que se recogen en esta Resolución regían desde 1994, cuando a través del Decreto 1840 se autorizó al ICA para sancionar, con multas y suspensión de sus servicios a quienes infringieran tal normativa, con el cual se procuraba prevenir la propagación de plagas y daños sanitarios. Pero, lo cierto es que, como lo advierte el columnista Jorge Orlando Melo, aunque dicha Resolución “repite los argumentos sanitarios del Decreto 1840, lo que hace es proteger la propiedad industrial de las empresas de semillas certificadas o registradas”.
Después de este repaso uno puede llegar fácilmente a la conclusión que los principales instigadores del paro fueron los propios altos funcionarios del gobierno, quienes en una actitud además de indolente provocadora llevaron a los labriegos al borde del desespero. Como rezaba una pancarta que portaba uno de los manifestantes: “el problema más grande se hubiera podido solucionar cuando todavía era pequeño”. Frase esta de Witter Bynner, además de contundente, demoledora. Pero, qué va, esperaron que el problema se les agrandara para ahí sí salir en volandas, extinguidor en mano, a sofocar el incendio que ellos mismos atizaron. Se comprometieron a bajar a cero 23 subpartidas correspondientes a agroinsumos importados. Ahora el Gobierno se muestra “interesado en la refinanciación de los créditos para aliviar la carga a los agricultores”. A ello se añadió el anuncio, largamente esperado, que ya firmaron el Decreto “que elimina el cupo de importaciones de lactosueros, que era algo que nos pedían”. Y a todas estas, uno se pregunta si esta protesta no era previsible y prevenible o sino para qué sirvieron los costosos estudios que se contrataron para determinar el impacto que tendrían los TLC, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Una de dos: o esa platica, por lo visto, se perdió y en este caso habría lugar a un detrimento patrimonial del Estado o estando advertidos de lo que iba a pasar no le pararon bolas a sus recomendaciones y tuvieron que esperar el ruido ensordecedor de los cacerolazos para despabilarse.
El problema, entonces, es estructural y no coyuntural; que no se equivoque el Presidente, creyendo que ya la tormenta pasó; esta no pasará mientras subsista el abandono y se puede convertir en un huracán de imprevisibles consecuencias si no se actúa a tiempo. Si no se avispan, Colombia puede llegar a tener su propia primavera, no por cuenta de los indignados como en Europa sino bajo el emblema de la dignidad que ha enarbolado el campesinado colombiano. No basta con el anuncio con bombos y platillos del Presidente de la República de que van “a trabajar para construir un gran pacto por el agro y el desarrollo rural”, porque el desastrado campo colombiano no está como está por falta de tales anuncios sino a falta de la realización de los mismos. De allí la falta de credibilidad en las promesas oficiales, que más parecen promesas de cumbiambera! A quienes de verdad quieran encarar la problemática del campo, muy respetuosamente, les recomendamos la lectura de los dos tomos del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 del PNUD Colombia Rural, razones para la esperanza, dirigido por el profesor Absalón Machado, en el cual se descubre que Colombia es más rural de lo que creíamos, que allí está asentada el 32% de la población colombiana y no el 25% como se pensaba antes del mismo. Ahora que, por fuerza de las circunstancias, el país ha volteado su mirada hacia el campo y caen en cuenta los citadinos que, como afirma El Tiempo, “la comida no viene del supermercado o de la tienda, sino de la tierra”, sería de mucha conveniencia que este Informe se convierta en la Cartilla de leer para todos los colombianos.
[1]Ministro de Minas y Energía
Muy seguramente pensando en que no hay peor castigo para los mortales que someterlos al inútil esfuerzo como suplicio y purgar de esta manera su desprecio por los dioses, Sísifo fue obligado a subir una pesada roca hasta la cima de una montaña y cuando ya estaba a punto de lograrlo la roca rodaba hasta el fondo del precipicio, desde donde debía insistir, resistir y persistir una y otra vez en el vano intento de lograr su cometido. Traigo a colación esta pieza de la mitología griega porque le viene como anillo al dedo a propósito del empeño de las regiones colombianas en pos de consolidar la descentralización y reivindicar la autonomía prescritas en la Constitución Nacional. Los avances alcanzados son siempre seguidos de retrocesos que obligan a recomenzar, a nuevos intentos.
Después de dejar atrás la conquista de las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, que luego fueron disueltos de la peor manera y de la frustrante expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) light, tenemos en ellos hitos importantes de la larga marcha, en procura esta vez de que lo prescrito en la Constitución de 1991 no quede en la Carta como un simple saludo a la bandera. Colombia que desde siempre ha sido un país de regiones por primera vez en su historia republicana lo reconoció y fue más lejos al consagrar su autonomía como principio fundamental. Pero más parece que estuviéramos en su sesión de aeróbicos desplegando un gran esfuerzo para imprimirle velocidad a una bicicleta, pero al ser esta aerostática no avanzamos un ápice.
Le hemos escuchado decir al novel Director de Planeación Nacional (DNP) Simón Gaviria que el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo cuatrienio (2014 – 2018) “se construirá desde las regiones”, lo cual nos parece muy plausible, creo que se le debe coger la flota, máxime cuando, como el lo ha sostenido, este Plan “contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas”. Ello es tanto más urgente habida cuenta de las enormes brechas tanto interregional como intrarregional que acusa el territorio colombiano, lo cual amerita una especial atención en aras de la equidad. Es la oportunidad, además, de que cada región del país se de su propio Plan de desarrollo y de esta manera este pueda insertarse en el Plan Nacional de Desarrollo como lo manda la Ley Orgánica de Planeación.
Aunque el propósito último de las regiones debe seguir siendo el poder constituirse en entidades territoriales, como lo prevé la Carta y lo elude la LOOT vigente, las demás regiones del país deben seguir el ejemplo de la región centro encabezado por el Distrito Especial de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, que ya dio un primer paso de la mayor importancia al constituirse como Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). El resto de regiones debe hacer lo propio, debe organizarse y para ello lo único que hace falta es voluntad política. Y para luego es tarde!
Así como nos lamentamos del hecho que al expedirse la LOOT se hubiera omitido toda referencia a las entidades territoriales indígenas (ETIs) previstas en la Constitución, tenemos ahora que ponderar la importancia del paso que acaba de dar el Gobierno Nacional a través del Decreto 1953 del 7 de octubre, al reconocerlas al tiempo que se le dan funciones y competencias y se le asignan los recursos para que las ejerzan autónomamente. De ahora en adelante los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que por ministerio de la Ley les corresponde le llegarán a sus autoridades tradicionales, sin intermediarios y serán estas las que dispondrán de dichos recursos para atender sus requerimientos en materia de salud, educación y saneamiento básico. Con ello, además, se hace justicia a las comunidades indígenas
Medellín, octubre 13 de 2014
Muy seguramente pensando en que no hay peor castigo para los mortales que someterlos al inútil esfuerzo como suplicio y purgar de esta manera su desprecio por los dioses, Sísifo fue obligado a subir una pesada roca hasta la cima de una montaña y cuando ya estaba a punto de lograrlo la roca rodaba hasta el fondo del precipicio, desde donde debía insistir, resistir y persistir una y otra vez en el vano intento de lograr su cometido. Traigo a colación esta pieza de la mitología griega porque le viene como anillo al dedo a la región Caribe, en su Día clásico, a propósito de su denodado empeño en alcanzar su integración y su autonomía. El 10 de octubre de 2011 se reunieron en Cartagena gobernadores, alcaldes, historiadores y artistas connotados de la región para celebrar por primera vez el Día de la Región Caribe. La escogencia de la fecha fue una alegoría a la gran gesta del prócer guajiro José Prudencio Padilla, quien en un día como hoy en 1821 logró coronarse de gloria una vez más expulsando desde tierras cartageneras a los últimos reductos de quienes le profesaban una fidelidad canina a la Corona Española, que vieron de esta manera hecha añicos su osada empresa de reconquistarla.
Después de dejar atrás ensayos como el Sistema de Integración y Planificación Urbana y Regional (SIPUR) y conquistar las regiones de planificación, más conocido como CORPES, para luego verlos disueltos de la peor manera, de haber formulado el primer Plan regional de desarrollo en el país, Un viaje hacia el futuro, que se quedó escrito en el papel y de la frustrante expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) light, tenemos en ellos hitos importantes de la larga marcha, en procura esta vez de que lo prescrito en la Constitución de 1991 no quede en la Carta como un simple saludo a la bandera. Colombia que desde siempre ha sido un país de regiones por primera vez en su historia republicana lo reconoció y fue más lejos al consagrar su autonomía como principio fundamental. Pero más parece que estuviéramos en su sesión de aeróbicos desplegando un gran esfuerzo para imprimirle velocidad a una bicicleta, pero al ser esta aerostática no avanzamos un ápice.
Le hemos escuchado decir al novel Director de Planeación Nacional (DNP) Simón Gaviria que el Plan Nacional de Desarrollo para este nuevo cuatrienio (2014 – 2018) “se construirá desde las regiones”, lo cual nos parece muy plausible, creo que se le debe coger la flota, máxime cuando, como el lo ha sostenido, este Plan “contendrá las estrategias para reducir las brechas sociales y el rezago que se presenta entre las zonas rurales y urbanas”. La región Caribe junto con la región Pacífica son las más urgidas de cerrar esas brechas, además de la gran brecha interregional e intrarregional que las agobian. A este propósito es menester dejar en claro que la región Caribe no es un lienzo en blanco en materia de diagnóstico y planificación; es mucho cuanto se ha avanzado en ello, de lo que se trata entonces es de unificar criterios por parte de parte de sus líderes políticos, sociales y comunales, así como de los gremios y la academia, antes de tener esa interlocución con Planeación Nacional. El Observatorio del Caribe, que goza de un gran reconocimiento y credibilidad en la región, puede jugar el papel de integrador y facilitador en este proceso, que nos debe conducir a volver a contar con nuestro propio Plan de Desarrollo de la Región Caribe que nos sirva de brújula en medio de tantos desvaríos como los que estamos presenciando y, lo que es más importante, lograr su inserción en el Plan Nacional de Desarrollo como lo manda la Ley Orgánica de Planeación.
El Voto Caribe en las elecciones parlamentarias de 2010 sentó un precedente en este país, toda una región se pronunció de manera contundente “a favor de la Constitución de la Región Caribe como una Entidad territorial de derecho público, con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución colombiana”. Nada más, pero tampoco nada menos!
Sin renunciar a este cometido, la región Caribe debe seguir el ejemplo del centro del país encabezado por el Distrito Especial de Bogotá y Cundinamarca, que ya dio un primer paso de la mayor importancia al constituirse como Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). El Caribe no se puede quedar a la zaga después de haber estado a la vanguardia de esta lucha de las regiones por su reivindicación. Lo único que hace falta para ello es voluntad política y para luego es tarde!
La región Caribe debe saber aprovechar este cuarto de hora, en el que parece se hubieran alineado los astros: presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, dos y casi tres ministras con cartera, con la titular del Departamento para la prosperidad social (DPS), con Directora de la ESAP, con Contralor General de la República. Ah falta que nos va a hacer el patricio liberal Aníbal Martínez Zuleta (q. e. p. d), cuya partida constituye una sensible pérdida para la causa de la autonomía regional. No se puede malograr esta oportunidad única y feliz, porque, además, el que espera desespera!
Medellín, octubre 10 de 2014
Después de un largo ciclo, que se prolongó por una década (2003 – 2012), el boom del sector minero – energético, caracterizado por los altos precios del carbón, el oro, el ferroníquel y el petróleo, ahora estamos de vuelta por cuenta de la contracción de sus mercados y la destorcida de sus precios. Los precios del carbón ha caído más del 38%, los del oro y el ferroníquel más del 24% y los últimos en caer han sido los del petróleo, cuyo desplome es mayor, en más del 50%, debido a su represamiento. Ello tiene un alto impacto en la economía y en las finanzas nacionales, empezando por el deterioro de los términos de intercambio que redunda en un déficit que se acrecienta mes a mes de la Balanza de pagos del país. Después de tener una Balanza comercial superavitaria de US 1.646 millones entre enero y noviembre de 2013, para el mismo período del año 2014 arroja un déficit de US $4.807 millones, con una variación negativa del orden de los US $6.454 millones (¡!). Entre tanto el déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos se amplía y se estima que pudo haber cerrado el 2014 en un 4.8% (¡!).
Desde luego, ello también ha repercutido en la caída de la inversión extranjera directa en un 10.7% en 2014, lo que resulta más preocupante aún al registrar que, contrariamente a lo esperado, en otros sectores, como el industrial, cayó más que en el sector de minas y petróleos, 14.8% y 9.7%, respectivamente. Esta circunstancia y al mayor déficit de la Balanza de pagos han contribuido a acentuar la devaluación del peso frente al dólar, que se ha venido fortaleciendo aupado por la caída del precio del crudo, que se cotiza en dicha moneda, así como por el recorte de la liquidez por parte de la Reserva Federal de EEUU (FED), al poner coto a las ayudas anabólicas que se implementaron en su momento para capear los estragos de la crisis hipotecaria que se desató en 2008. Ello ha hecho del peso colombiano la moneda más devaluada del mundo (24.2% en 2014) después de Rusia y Ucrania.
Este revés en el sector externo incide en la ralentización del crecimiento de la economía; solamente la baja en la cotización del petróleo en un 10% se traduce en una reducción del potencial de crecimiento de la economía en 0.2 punto porcentual del PIB y, ya dijimos, la caída ha sido superior al 50%. Ello explica en gran medida la revisión a la baja del crecimiento de la economía colombiana por parte del FMI, de 4.8%, que fue su pronóstico en octubre pasado, a 3.8%. Por su parte el Banco de la República acaba de corregir, también a la baja, su proyección de crecimiento del PIB para este año, de 4.3% a un modesto 3.6%; entre tanto el Gobierno mantiene la suya de un 4.2%. Y, como es obvio, con un menor crecimiento se verán afectadas las metas de recaudo de impuestos y también la generación de empleo, poniendo en riesgo los avances logrados en la reducción de la pobreza.
EL GOLPE A LAS FINANZAS PÚBLICAS
Con la descolgada de los precios del petróleo, especialmente, reducen sensiblemente los ingresos del Estado, tanto por concepto de recaudo de impuestos, como por el pago de dividendos por parte de la estatal ECOPETROL y de las regalías que van al Sistema General de Regalías (SGR). Ya el Gobierno Nacional, en la exposición de motivos del Proyecto de ley del Presupuesto bianual de regalías (2015 – 2016) había estimado que los impuestos a pagar por parte de ECOPETROL en el 2014 serían de $2.4 billones, un 17.9% menor que en 2014 cuando pagó $2.9 billones. Y todavía para entonces la caída de los precios del petróleo no era tan pronunciada. En cuanto a las utilidades de ECOPETROL podemos decir que sólo faltando el último trimestre del año anterior sus utilidades se cifraban en $8.42 billones, un 24% menor que para igual período del año anterior.
Además, el mismo Ministerio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) dado a conocer en junio pasado calculó los ingresos que espera recibir este año por concepto de los dividendos que repartirá ECOPETROL en su Asamblea de marzo próximo en $8.4 billones, 22% menos que el año pasado. Y, de contera, según un estudio que acaba de realizar FEDESARROLLO, se estima que en 2014 se recibirán menores ingresos por concepto de regalías del orden del billón de pesos, sólo a consecuencia de la caída de los precios del crudo. Si extrapolamos estos resultados a toda la industria, es de esperarse que los ingresos del estado por todo concepto se pueden ver disminuidos en un 20%, por lo menos.
LAS REGIONES LLEVAN LA PEOR PARTE
Indudablemente que el mayor impacto y el más inmediato de este cuadro tan desolador como amenazador recaerá sobre las regiones, especialmente los departamentos, las cuales verán menguados ostensiblemente sus ingresos. La afectación en las finanzas territoriales se dará por partida doble, por las menores transferencias vía Sistema General de Participaciones (SGP), toda vez que los ingresos corrientes de la Nación, que son la base de cálculo y liquidación de las mismas, se reducirán severamente y también por los menores recursos provenientes de las regalías que captará el SGR, fuente principal de financiamiento de sus proyectos de inversión. A diferencia de lo que pasó con el Presupuesto General de la Nación, que se aforó ( $18.269.824´762.110) tomando como base un precio del crudo de US $97 el barril de petróleo, en el caso del presupuesto para 2015 – 2016 del SGR se tuvo el cuidado de revisar a la baja el precio de referencia del crudo pasando de US $94 el barril para el 2015 y US $91 para 2016 a US $85 para los dos años, precio este todavía luce muy alejado de la cruda realidad.
En medio de estas aulagas el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas al estimar en $9 billones los menores ingresos que se recibirán este año a consecuencia de la destorcida de los precios del petróleo, manifestó que $4.5 billones de este faltante se esperan financiar a través de la reforma tributaria recientemente expedida y los otros $4.5 billones aumentando el déficit, el cual se cubrirá, como dijo el Ministro, “con un poco de endeudamiento, para no incurrir en una reducción abrupta de la inversión pública” . Afortunadamente la deuda soberana de Colombia ha recibido las mejores notas de parte de las firmas calificadoras de riesgo recientemente, lo cual abarata el costo de este mayor endeudamiento, aunque con la gran devaluación reciente del peso con respecto al dólar, se ha encarecido desproporcionadamente. Además, en el transcurso de 2014 el Gobierno adelantó operaciones para reducir las amortizaciones programadas y las necesidades de financiamiento, lo cual le abre un amplio espacio a los requerimientos que ahora se plantean. Huelga decir que estos recursos, los del endeudamiento, no hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y en consecuencia no cuentan para el giro de las transferencias a las regiones.
Ahora bien, el Gobierno Nacional ha sido consciente de los apremios a que se van a ver enfrentados los departamentos productores por el bajonazo que se veía venir del monto de las asignaciones directas que le corresponden en virtud del Acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012, debido a que el año anterior concluyó el período de transición (2012 – 2014) y a partir de este año las mismas se reducen a sólo el 20% remanente del SGR, después de deducir los porcentajes correspondientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (30%), el Fondo de Ciencia y Tecnología (10%) y el Fondo de Pensiones Territorial (10%). Para atenuar el impacto en dicho tránsito del régimen transitorio al permanente y con el ánimo de compensarlos así sea parcialmente, el Gobierno se anticipo a incluir en el Presupuesto bianual del SGR aprobado por el Congreso de la Republica (2015 – 2016) la apropiación de $2.2 billones adicionales al que le correspondía a departamentos y municipios productores con destinación a las asignaciones directas para este año 2015, pasando de $1.9 billones a $4.1 billones. Para ello echó mano de los rendimientos en la Cuenta Única en la Tesorería General de la Nación de los recursos provenientes de las regalías, se desahorraron parte de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, amén de los recursos de compensación provenientes del Fondo de Desarrollo Regional previsto en la norma transitoria, la cual prevé que se les debe garantizar a los productores como asignación directa por lo menos el 40% del promedio histórico de lo que recibieron entre 2007 y 2010. Estos recursos los podrán utilizar desde el primer año de vigencia del Presupuesto y no tendrá que esperarse hasta el año vencido, como prescribía la norma. También se liberaron recursos del Fondo de Pensiones Territorial e incluso se apretó el cinturón el Gobierno Nacional disponiéndose para tal efecto de parte de los recursos que le corresponden por ministerio de la Ley al funcionamiento del SGR. Adicionalmente, el Gobierno Nacional se desprendió del 50% que le corresponde de los recursos provenientes del margen de comercialización a favor de los productores.
Celebramos que el señor Ministro de Hacienda se haya resistido a la tentación de proceder a hacer recortes draconianos en los presupuestos, como lo acaba de hacer el Presidente Enrique Peña Nieto en México, que ordenó un recorte de US $9.000 millones, equivalente al 0.7% del PIB. Ello es tanto más importante porque evita la parálisis de la inversión, especialmente en las regiones, que es la que podrá mantener a flote la economía y evitar que esta entre en barrena. Desde la Federación Nacional de Departamentos le hemos propuesto al Gobierno apelar a los recursos que por más de $6 billones están ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que se creo en su momento con el objetivo de guardar parte de las regalías generadas por la actividad extractiva en la época de las vacas gordas para poder contar con ellos cuando sobreviniera la época de las vacas flacas y este es el caso. En este momento es preferible desahorrar parte de ellos para invertirlos en la infraestructura que requiere el país a tener esos recursos invertidos en el exterior rentando nada, porque es bien sabido que los rendimientos son nimios toda vez que las tasas de interés en los EEUU y en la Unión Europea están en el piso, 0.25% y por debajo del 1%, respectivamente.
Claro que, de aquí en adelante, se impone la austeridad en el gasto público, toca ganar en eficiencia haciendo más con menos, pero sin caer en la trampa de tomar medidas austericidas de corte Merkeliano; la sindéresis aconseja que es mejor aplicar la receta keynesiana tomando medidas contracíclicas, para evitar que la economía se deslice por el tobogán de una maldita recesión. Se deberán tomar medidas complementarias para lograr este cometido, como son las Alianzas Público – Privadas (APP) para acometer aquellas obras de mayor envergadura. Y, ante la proximidad de la entrada en vigor de la Ley de garantías, que congela la inversión, se deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a agilizar los trámites de viabilización y aprobación de los proyectos en los OCADs y asignarle rápidamente los recursos para, de esta manera, garantizar su pronta y cumplida ejecución. Y, a propósito de los OCADs, el Gobierno está en mora de presentar al Congreso de la República su propuesta de prescindir de ellos cuando se trate de la ejecución de los recursos de regalías correspondientes a las asignaciones directas a los departamentos y municipios productores, como lo prometió en el curso de su campaña que le dio el triunfo para ejercer su segundo mandato y, de esta manera, honrar su compromiso. Claro está, que ello se debe dar sin perjuicio de la necesaria vigilancia y control para garantizar la transparencia de los procesos de contratación y ejecución de los proyectos, así como el necesario rigor técnico para la identificación, priorización y estructuración de los mismos.
Nos preocupa sobremanera como Federación la norma que quedó consagrada en la Ley del Presupuesto bianual del SGR (2015 – 2016), en el sentido que “el DNP definirá los criterios de priorización de los proyectos que se aprueben en los OCADs, porque ello puede prestarse para la obstrucción del trámite y aprobación de los proyectos y tiene cierto tufillo centralista. Pero, nos preocupa aún más la resurrección del fantasma del poder de veto en las decisiones que se toman en los OCADs. Se recordará que en la Ley de Presupuesto bianual (2013 – 2014) quedó consagrado el poder de veto por parte del Gobierno central, sin su voto afirmativo no se podía impartir aprobación a ningún proyecto (Ley 1606, artículo 31) y la Corte Constitucional lo declaró inexequible (C–624 de 2013) por considerar que ello sacrificaba “de manera desproporcionada los principios democráticos, de descentralización y autonomía, así como los mandatos del artículo 361 de la Carta”.
Ahora quedó peor, porque al requerir prácticamente el consenso en el seno de los OCADs a la hora de la toma de las decisiones, la reticencia de cualquiera de sus miembros es suficiente para impedir la aprobación de un proyecto y eso es grave, pues puede bloquear cualquier decisión, lo que conduciría a una virtual parálisis de los OCADs, justo en el momento que más se requiere de la agilidad en sus decisiones. Ello va en contravía de las declaraciones del Director del DNP, Simón Gaviria, en el sentido que “hay que mejorar el sistema en eficiencia, planificación, eliminación de trámites y uso racional” de los recursos. Tan pronto trascendió la noticia de la existencia de este endriago en la Ley de presupuesto del SGR los gobernadores y alcaldes pusieron el grito en el cielo y con razón; este entuerto debe ser corregido cuanto antes. No hay derecho!

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 114
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 361