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Timestamp: 2019-07-20 14:13:24+00:00

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Práctica de pruebas por videoconferencia - Portugal
Con arreglo al Derecho nacional portugués, el juez del órgano jurisdiccional requirente debe tomar declaración directamente a las personas que deban declarar, mediante videoconferencia, sin intervención del juez del órgano jurisdiccional requerido. Esta es la regla que se aplica a las causas internas en que se realice un interrogatorio por videoconferencia. Esta misma práctica se aplica a los asuntos transfronterizos en que el órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente solicita que el interrogatorio se produzca mediante videoconferencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.
Como alternativa, en los asuntos transfronterizos, el órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente puede solicitar que el interrogatorio por videoconferencia se produzca con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 a 12 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.
Las principales normas procesales nacionales en que se enmarca la obtención de pruebas por videoconferencia de expertos, testigos y partes son las siguientes:
Artículo 486 del Código de Procedimiento Civil
Comparecencia de los peritos en la audiencia final
1 - Cuando alguna de las partes lo requiera o así lo ordene el juez los peritos comparecerán en la audiencia final a efectos de prestar, bajo juramento, las explicaciones que les sean pedidas.
2 - Los peritos de establecimientos, laboratorios o servicios oficiales prestarán declaración por teleconferencia desde su lugar de trabajo.
Artículo 502 del Código de Procedimiento Civil
Interrogatorio por teleconferencia
1 - Los testigos que residan fuera del partido judicial, o de la respectiva isla en el caso de las regiones autónomas, serán presentados por las partes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 507, apartado 2, cuando estas así lo hayan declarado en el momento de su propuesta, o serán oídos por teleconferencia en la propia audiencia y desde el órgano jurisdiccional del partido judicial en que residan.
2 - El órgano jurisdiccional que conozca de la causa fijará la fecha de la audiencia una vez oído el órgano jurisdiccional en que el testigo deba prestar declaración y procederá a notificársela para que comparezca.
3 - El día del interrogatorio, el testigo se identificará ante el funcionario judicial del órgano jurisdiccional en que vaya a prestar declaración, aunque desde ese momento el interrogatorio se llevará a cabo ante el órgano que conozca de la causa y los representantes de las partes, por teleconferencia, sin necesidad de que intervenga el juez del órgano jurisdiccional en que se presta declaración.
4 - Se interrogará por teleconferencia a los testigos que residan en el extranjero, siempre que en su lugar de residencia existan los medios técnicos necesarios.
5 - En las causas pendientes en órganos jurisdiccionales con sede en las áreas metropolitanas de Lisboa y de Oporto, el interrogatorio no se producirá por teleconferencia cuando el testigo que se vaya a interrogar resida en la respectiva circunscripción, sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 520.
Artículo 520 del Código de Procedimiento Civil
Comunicación directa del órgano jurisdiccional con el declarante
1 - Cuando resulte imposible que la persona que deba declarar en la audiencia comparezca a tiempo, o existan graves dificultades para ello, el juez podrá decidir, con el consentimiento de las partes, que toda explicación indispensable para dirimir la causa correctamente se preste telefónicamente o por otro medio de comunicación directa del órgano jurisdiccional con el declarante, siempre que la naturaleza de los hechos por averiguar o esclarecer sea compatible con la diligencia.
2 - El órgano jurisdiccional deberá asegurarse, valiéndose de los medios posibles, de la autenticidad y la plena libertad de la prestación de la declaración, concretamente disponiendo que el declarante esté acompañado por un funcionario judicial durante su comparecencia y que conste en acta tanto el contenido de la misma como las circunstancias en que fue prestada.
3 - En el caso previsto en el presente artículo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 513 [juramento e interrogatorio preliminar a cargo del juez] y en la primera parte del apartado 4 del artículo anterior [el juez puede ordenar que se repita la declaración en su presencia].
Artículo 456 del Código de Procedimiento Civil
Momento y lugar de la declaración
1 - La declaración se prestará, como norma, durante la audiencia final, a menos que sea urgente o al declarante le resulte imposible comparecer en el órgano jurisdiccional.
2 - El régimen de prestación de declaración por teleconferencia a que se refiere el artículo 502 será aplicable a las partes que residan fuera del partido judicial, o de la respectiva isla, en el caso de las regiones autónomas.
3 - Asimismo, la declaración podrá prestarse en la audiencia previa, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior, con las adaptaciones necesarias.
No existe ninguna restricción taxativa al respecto. La legislación nacional permite que declaren por videoconferencia los testigos, las partes y los peritos, tal como se desprende de los preceptos legales antes citados.
Por regla general, las personas deben declarar por videoconferencia en el órgano jurisdiccional. No obstante, los peritos de servicios oficiales pueden prestar declaración por videoconferencia desde su lugar de trabajo. Con carácter excepcional, y siempre que se den las circunstancias previstas en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil (citado en la respuesta a la primera pregunta), el órgano jurisdiccional puede tomar declaración por videoconferencia a una persona que se encuentre en un lugar distinto de la sede del mismo.
Sí, los interrogatorios por videoconferencia se graban siempre mediante los sistemas de grabación sonora existentes en los órganos jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el Estado miembro requerido sea Portugal, la lengua en que debe llevarse a cabo el interrogatorio varía en función de las siguientes situaciones:
a) Cuando se presentan solicitudes con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 a 12 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, se emplea el portugués. En caso de que tuviesen que declarar extranjeros, estos pueden expresarse en una lengua distinta si no tienen conocimientos de portugués. Para ello, el órgano jurisdiccional requirente debe informar al órgano jurisdiccional requerido de tal circunstancia para que este último designe un intérprete que estará presente en el órgano jurisdiccional requerido.
b) Cuando se presentan solicitudes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, se emplea la lengua prevista en la legislación nacional del Estado miembro al que pertenece el órgano jurisdiccional requirente. En caso de que tuviesen que prestar declaración personas que no conocen dicha lengua, el órgano jurisdiccional requirente puede designar, con arreglo a su legislación nacional, un intérprete que estará presente en el órgano jurisdiccional requirente. Como alternativa, el órgano jurisdiccional requirente puede pedir al órgano jurisdiccional portugués (requerido) que designe un intérprete para que esté presente en el órgano jurisdiccional requerido.
En cualquiera de los casos referidos en las letras a) y b) en que resulte necesario designar un intérprete para que esté presente en el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido, este pedirá al órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente que abone los honorarios debidos al intérprete, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.
Véase la respuesta a la pregunta 6.
En el Derecho nacional, el procedimiento aplicable a las diligencias para el interrogatorio y para la citación de una persona para que comparezca en un acto procesal está contemplado esencialmente en el artículo 7, apartado 3, en el artículo 172, apartados 5 y 6, en el artículo 220, en el artículo 247, apartado 2, en el artículo 251, apartado 1, y en los artículos 417, 507, 508 y 603 del Código de Procedimiento Civil portugués.
En general compete a la secretaría del órgano jurisdiccional citar de oficio a los testigos, los peritos, las partes y sus representantes cuando deban comparecer en un acto judicial como resultado de una providencia. En concreto, cuando la parte requiera el interrogatorio de un testigo por videoconferencia, compete a la secretaría citar a dicho testigo.
Las citaciones cuyo fin sea emplazar en el órgano jurisdiccional a testigos, peritos y otros intervinientes accidentales (p. ej., un intérprete, un asesor técnico) se llevan a cabo mediante un aviso enviado por correo certificado en el que se indique la fecha, el lugar y el objeto de la comparecencia. La citación se considerará efectuada incluso aunque el destinatario se niegue a recibir el expediente, en cuyo caso el repartidor del servicio postal deberá hacer constar por escrito tal circunstancia.
La citación destinada a emplazar a una parte para que comparezca en un acto judicial o preste declaración se lleva a cabo mediante un aviso enviado a dicha parte por correo certificado y en el que se indique la fecha, el lugar y el objeto de la comparecencia. En este caso, cuando la parte haya designado un abogado, o cuando esté representada simultáneamente por un abogado y un procurador, se notificará también al abogado y al procurador.
Los representantes de las partes son citados electrónicamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden n.º 280/2013, de 26 de agosto de 2013. El sistema informático certifica la fecha de realización de la citación.
La ley no establece ningún plazo estricto en cuanto a la antelación de la citación con respecto a la fecha de la audiencia. En cualquiera de los casos antes referidos, la citación se presume efectuada tres días después del registro o de su realización por vía electrónica. Si el tercer día posterior no fuese hábil, la citación se presume efectuada el primer día hábil siguiente. Por cuestiones prácticas, es necesario respetar como mínimo este plazo de antelación con respecto a la fecha de la audiencia para que se considere que la citación se ha efectuado con validez.
En casos urgentes, el emplazamiento o la anulación de un emplazamiento de testigos, peritos, de otros intervinientes accidentales, de las partes o de sus representantes, se puede efectuar por telegrama, teléfono u otro medio de telecomunicación análogo. La comunicación telefónica se documenta siempre en los autos y va seguida de la confirmación a través de cualquier medio escrito.
En caso de ausencia de una persona que deba comparecer, esta debe justificar su ausencia en la propia audiencia o en el plazo de cinco días (días naturales, aunque si el último día no es hábil, el fin del plazo se traslada al día hábil inmediatamente siguiente).
En caso de ausencia, el Derecho nacional portugués prevé las siguientes medidas coercitivas: Cuando el ausente sea un testigo, en caso de que haya sido citado en tiempo y forma y no justifique su ausencia en el plazo legalmente previsto, será condenado al pago de una multa y el juez puede ordenar su comparecencia bajo custodia. Estas sanciones no se aplican si la vista se pospone por motivos distintos de la ausencia del testigo. Cuando el ausente sea un perito u otro interviniente accidental, en caso de que haya sido citado en tiempo y forma y no justifique su ausencia en el plazo legalmente previsto, será condenado al pago de una multa. Cuando el ausente sea una parte, en caso de que haya sido normalmente notificada y no justifique su ausencia en el plazo legal, será condenada al pago de una multa y el órgano jurisdiccional valorará libremente el valor de la negativa a efectos probatorios. Además, si el órgano jurisdiccional estima que la negativa de la parte hace imposible asumir la carga de la prueba, este puede invertir dicha carga.
No se cobran gastos por el uso de la videoconferencia.
Cuando el órgano jurisdiccional portugués sea el requirente de una solicitud con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, este citará por correo a la persona que deba declarar para que comparezca en el órgano jurisdiccional designado en el otro Estado miembro (requerido), siguiendo uno de los métodos indicados anteriormente en la respuesta a la pregunta 8, según cada caso. Esta posibilidad de llevar a cabo la citación por correo está contemplada en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, de 13 de noviembre de 2007. En la notificación de la citación se informa a la persona que va a declarar de que su comparecencia es voluntaria.
Cuando el requerido es un órgano jurisdiccional portugués, compete al órgano jurisdiccional requirente notificar a las personas que deban declarar e informarlas de que su comparecencia es voluntaria.
De mutuo acuerdo entre los órganos jurisdiccionales requirente y requerido, la citación de la persona que deba declarar y la comunicación de que su comparecencia es voluntaria puede llevarla a cabo el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido. Esta situación puede darse en la práctica tanto cuando el órgano jurisdiccional portugués es el requirente como cuando es el requerido.
En el momento del interrogatorio, el funcionario judicial comprueba la presencia de la persona que se va a interrogar y se lo comunica al juez que conducirá el interrogatorio o al órgano jurisdiccional requirente cuando este conduzca directamente el interrogatorio.
Cuando el interrogatorio lo conduce el juez portugués, una vez iniciada la diligencia y antes de que comience la declaración propiamente dicha, se produce, en este orden: i) el juramento del declarante, testigo o perito, prestado ante el juez; ii) el interrogatorio preliminar para identificar a la persona que va a prestar declaración, dirigido por el juez.
Compete al juez llevar a cabo el interrogatorio preliminar mediante el cual identifica a la persona que va a declarar, preguntándole su nombre, profesión, domicilio, estado civil y otras circunstancias que considere necesarias para identificarla.
Además, el juez pregunta a la persona que va a declarar si es pariente, amigo o enemigo de alguna de las partes y si tiene un interés directo o indirecto en la causa, a efectos de evaluar la credibilidad de la declaración.
Si el juez comprueba durante el interrogatorio preliminar que un testigo no es apto o que no es la persona que se debe interrogar, no admitirá que declare. Se considera que un testigo no es apto cuando, sin estar impedido por una anomalía psíquica, no tiene capacidad natural (aptitud física o mental) para prestar declaración.
El interrogatorio preliminar permite al juez, asimismo, determinar si se encuentra ante uno de los casos en que, conforme al Código de Procedimiento Civil portugués, los testigos o las partes pueden negarse a declarar.
Pueden negarse a declarar en calidad de testigos (salvo en las acciones cuyo objeto sea atestiguar el nacimiento o el fallecimiento de los hijos):
a) los ascendientes en las causas de los descendientes y los adoptantes en las de los adoptados, y viceversa;
b) el suegro o la suegra en las causas del yerno o de la nuera, y viceversa;
c) cualquiera de los cónyuges, o excónyuges, en las causas en que sea parte el otro cónyuge o excónyuge;
d) la persona que conviva, o haya convivido, en una unión de hecho en condiciones análogas a las de los cónyuges con alguna de las partes de la causa.
Compete al juez advertir a las personas a que se refieren las letras anteriores de que les asiste la facultad de negarse a declarar.
Debe abstenerse de declarar en calidad de testigo todo aquel sujeto al secreto profesional, al secreto de los funcionarios públicos o al secreto de Estado por lo que respecta a hechos amparados por el sigilo. En ese caso, el juez comprueba la legitimidad de la causa de abstención y, si lo estima necesario, lo exime del deber de sigilo.
Las partes únicamente pueden declarar en relación con hechos personales. En una acción de naturaleza civil no se admite que la declaración de la parte incida sobre hechos delictivos o contrarios a la moral pública o las buenas costumbres de los que se acuse a la parte en un proceso penal.
Conforme al Derecho nacional portugués:
Antes de que comience la declaración, el juez advierte a la persona que se va a interrogar de la importancia moral del juramento que va a prestar, del deber de ser fiel a la verdad y de las sanciones aplicables en caso de falso testimonio.
A continuación, el juez conmina al declarante a que preste el juramento siguiente: «Juro por mi honor decir toda la verdad y nada más que la verdad».
Negarse a prestar juramento equivale a negarse a declarar. Ambas situaciones se consideran desobediencia, y como tal son punibles cuando no haya una justificación y siempre que el juez realice la advertencia correspondiente.
Durante la obtención de pruebas practicadas directamente en Portugal por videoconferencia, por parte del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, el órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente debe informar al órgano jurisdiccional portugués (requerido) de los siguientes elementos identificativos de la persona que va a declarar: nombre, profesión, domicilio, estado civil y otras circunstancias que estime necesarias para identificarla; en calidad de qué va a prestar declaración (p. ej., parte, testigo, perito, asesor técnico); la lengua en que se expresa; si es necesario designar un intérprete en el órgano jurisdiccional requerido.
Dichos elementos resultan necesarios para que el órgano jurisdiccional portugués (requerido) pueda, por un lado, disponer la designación de un intérprete, y, por el otro, comprobar la presencia de la persona que se va a interrogar a la hora fijada para la videoconferencia.
No obstante, dado que el juez portugués no interviene en la diligencia, el juramento debe prestarse por videoconferencia ante el juez del órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente. Lo mismo sucede con el interrogatorio preliminar, en su caso, y con las cuestiones relativas a la incapacidad de declarar, la negativa a hacerlo, o la abstención, dirigidas por el juez del órgano jurisdiccional requirente, con arreglo a lo dispuesto en la legislación procesal civil del Estado miembro requirente, según lo previsto en el artículo 17, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001.
Los dos órganos jurisdiccionales, tanto el requirente como el requerido (una vez determinado este por la autoridad central), deben entablar contacto directamente para programar la videoconferencia y convenir un día para realizar una prueba previa.
Por cuestiones prácticas, es preferible que, siempre que sea posible, se lleve a cabo la prueba antes de citar al testigo, para lo cual debe preverse la fecha de la prueba con antelación suficiente para permitir citar al testigo oportunamente.
El día de la prueba y en la fecha de la audiencia por videoconferencia deben estar presentes en ambos órganos jurisdiccionales un técnico informático, de telecomunicaciones, o un funcionario judicial con conocimientos adecuados.
En Portugal, el IGFEJ (Instituto de Gestión Financiera y Estructuras Judiciales, «Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça») dispone de un equipo dedicado a las videoconferencias en los órganos jurisdiccionales.
Por motivos de organización, siempre que sea posible debe comunicarse al IGFEJ la fecha de la prueba y la fecha de la audiencia con tres días de antelación. De esta forma, el IGFEJ podrá comprobar si se reúnen las condiciones técnicas necesarias para realizar la videoconferencia, intervenir inmediatamente en caso de que surja algún problema de comunicación entre los órganos jurisdiccionales, y realizar un seguimiento de las videoconferencias de prueba.
Programación de una videoconferencia en otro Estado miembro a instancias de un órgano jurisdiccional portugués
El órgano jurisdiccional portugués (requirente) debe solicitar previamente al IGFEJ que garantice las condiciones técnicas necesarias para realizar una videoconferencia, intervenga para solventar posibles problemas de comunicación entre los órganos jurisdiccionales y realice un seguimiento de las videoconferencias de prueba.
Para solventar los problemas técnicos, el órgano jurisdiccional portugués solicita al órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido que designe igualmente a un responsable del servicio que presta la videoconferencia a efectos de realizar un seguimiento de la prueba o proporcionar la asistencia técnica necesaria en colaboración con los técnicos portugueses.
Cuando los órganos jurisdiccionales portugueses son los requirentes, normalmente solicitan la ayuda del Punto de Contacto de Portugal de la RJE en Materia Civil y Mercantil, que en ese caso establece contacto directo con los órganos jurisdiccionales requeridos a efectos de programar la prueba y la videoconferencia. Cuando tiene constancia de la existencia de problemas técnicos, el Punto de Contacto se dirige directamente a los equipos responsables de la videoconferencia en cada uno de los Estados miembros participantes para solicitar las conexiones, datos o ajustes técnicos necesarios e informar a los órganos jurisdiccionales participantes en consecuencia. Esto permite superar las barreras lingüísticas y llevar la videoconferencia a buen término.
Programación de una videoconferencia en un órgano jurisdiccional portugués a instancias de otro Estado miembro
En Portugal, la DGAJ (Dirección General de la Administración de Justicia, «Direcção-Geral da Administração da Justiça») es la autoridad central competente para recibir y aceptar las solicitudes realizadas al amparo del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, procedentes de otro Estado miembro. Una vez aceptada la solicitud, la DGAJ indica al órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente cuál será el órgano jurisdiccional portugués (requerido) en que tendrá lugar la videoconferencia. Una vez ventilado este trámite, deben ser los órganos jurisdiccionales requirente y requerido quienes directamente acuerden una fecha para llevar a cabo una prueba y una fecha posterior para el interrogatorio por videoconferencia.
La DGAJ, en calidad de autoridad central, facilita los contactos directos entre los órganos jurisdiccionales requirente y requerido, así como el contacto del equipo de apoyo a la videoconferencia del IGFEJ para solventar posibles problemas técnicos. Asimismo, el Punto de Contacto de Portugal de la RJE en Materia Civil y Mercantil también puede facilitar los contactos necesarios si así se le solicitase.
Mediante los contactos directos entre los órganos jurisdiccionales se reserva la sala de videoconferencia y se designan los funcionarios que, respectivamente en los órganos jurisdiccionales requirente y requerido, establecerán las conexiones técnicas y acompañarán la videoconferencia. Por regla general, en Portugal, la elección recae en un funcionario judicial con los conocimientos adecuados, a ser posible acompañado del técnico informático del órgano jurisdiccional portugués.
Cuando la videoconferencia se lleva a cabo mediante conexión IP, esta debe realizarse obligatoriamente desde Portugal. A tal efecto, el órgano jurisdiccional portugués solicita previamente al IGEF la apertura de las comunicaciones al exterior.
Por lo que respecta a las videoconferencias llevadas a cabo por la línea telefónica (ISDN), la conexión con los órganos jurisdiccionales portugueses puede realizarse desde órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros.
Cuando surjan problemas técnicos, tanto el técnico informático del órgano jurisdiccional portugués como un técnico del IGFEJ pueden prestar el apoyo necesario.
Al realizar la solicitud de videoconferencia, deben indicarse en el campo 12 del formulario I anexo al Reglamento n.º 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, o anexarse a dicho formulario, los siguientes elementos:
1. Datos técnicos del equipo de videoconferencia utilizado por el órgano jurisdiccional requirente, a saber:
Protocolo de comunicación utilizado (p. ej., H.323, H.320)
Protocolos de vídeo (p. ej., H.261, H.263 e H.264)
Protocolos de audio (p. ej., G.711a, G.711u, G.722, G.729)
Protocolos de intercambio de contenidos, en caso de que sea necesario [p. ej., H.239 o BFCP (SIP)]
Seguridad: H.235 y el respectivo cifrado compatible
Equipo standalone, MCU o Gateway
En caso de MCU o Gateway, si tiene IVR.
2. Datos de conexión RDIS (ISDN) y/o IP pública del órgano jurisdiccional.
3. Solicitud para programar una videoconferencia de prueba antes del acto de obtención de pruebas.
4. Nombre y contactos directos (teléfono, fax y correo electrónico) de la persona que prestará asistencia a la videoconferencia (un funcionario judicial, a ser posible acompañado de un técnico informático o de telecomunicaciones que preste asistencia al órgano jurisdiccional).
La información que consta en la presente ficha no vincula ni al Punto de Contacto de la RJE en materia civil ni a los órganos jurisdiccional u otras entidades y autoridades. Tampoco exime de la lectura de los textos legales en vigor. Está sujeta a actualización periódica y a la evolución de la interpretación de la jurisprudencia.

References: artículo 17

Artículo 486

Artículo 502
 artículo 507
 artículo 520

Artículo 520
 artículo 513

Artículo 456
 artículo 502
 artículo 520
 artículo 155
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 7
 artículo 172
 artículo 220
 artículo 247
 artículo 251
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17