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Timestamp: 2019-01-20 15:51:32+00:00

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Régimen Jurídico de Créditos Públicos en Venezuela
La Constitución de 1999 consagra expresamente la posibilidad que tienen los órganos del Estado de realizar operaciones de crédito público, para lo cual el artículo 312 señala lo siguiente:
«La Ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública. Las operaciones de crédito público requerirán, para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica. La ley especial indicará las modalidades de las operaciones y autorizará los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto».
La precedente disposición, así como los demás principios y normas establecidos para la Administración Económica y Financiera Nacional, «…regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables» (Vid. último aparte del artículo 311).
Resulta claro, entonces, que de acuerdo al nuevo régimen constitucional los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, pueden realizar operaciones de crédito público, previa promulgación de una ley especial que las autorice y establezca las modalidades de operaciones a ser utilizadas. Asimismo, se encomienda al legislador nacional la limitación al ejercicio de las facultades de endeudamiento público.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (en adelante “LOAF”)[1][1] es el instrumento legal que desarrolla el nuevo Sistema de Crédito Público. En concreto, el Capítulo I al V del Título III de la referida ley, establece una serie de disposiciones a objeto de regular las operaciones de crédito o endeudamiento público que lleven a cabo los órganos de la Administración Pública, con la finalidad de “arbitrar recursos o fondos para realizar obras reproductivas, atender casos de evidente necesidad o de conveniencia nacional…” (Vid. Artículo 78).
De acuerdo al mencionado artículo, no pueden realizar operaciones de crédito público los institutos autónomos cuyo objeto principal no sean actividades financieras y demás personas jurídicas públicas descentralizadas funcionalmente que no tengan el carácter de sociedades mercantiles, así como las fundaciones constituidas por alguno de los órganos previstos en el artículo 6 de la LOAF. Es decir que, dentro del ámbito de la Administración Descentralizada, sólo pueden realizar operaciones de crédito público las Empresas del Estado y los institutos autónomos que requieran de tales operaciones para el desarrollo de actividades financieras (i.e. Fondo de Inversiones de Venezuela), cuando éstas constituyan su objeto principal. Se aplicarán entonces las normas del Sistema de Crédito Público que prevé la LOAF a los siguientes órganos:
El Distrito Metropolitano de Caracas y el Distrito Alto Apure.
Los Institutos Autónomos (cuyo objeto fundamental sean actividades financieras)
Las personas jurídicas estatales de derecho público
Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas que tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social.
Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere la letra anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social.
Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en esta numeración, cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio, efectuados por una o varias de las personas referidas, represente el cincuenta por ciento o más de su presupuesto.
2.2.- Operaciones de Crédito Público
Emisión y colocación de títulos, incluidas las letras del tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería.
La apertura de créditos de cualquier naturaleza
El otorgamiento de garantías
2.3.- Régimen Autorizatorio
El ejercicio de las potestades de endeudamiento público no es absoluto, antes por el contrario, la Ley impone una serie de requisitos y prohibiciones que deben tomar en cuenta los órganos de la Administración Pública al desarrollar ese tipo de operaciones. Estas son las siguientes:
a) Autorización de la Asamblea Nacional
El artículo 79 de la LOAF condiciona la operación de crédito público a la obtención de una autorización de la Asamblea Nacional, la cual debe ser otorgada mediante ley especial. En el caso de los Estados, Distritos y Municipios dicha autorización deberá ser formulada por medio de Acuerdo del respectivo Consejo Legislativo o Concejo Municipal, y será enviada al Ejecutivo Nacional para que, una vez aprobada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, sea sometida a la autorización de la Asamblea Nacional.
En el ámbito de la Administración Central, esa autorización está contenida –comúnmente- en la Ley Especial de Endeudamiento Anual, la cual debe presentar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional conjuntamente con el proyecto de ley de presupuesto (Artículo 80). Dicha ley debe establecer el monto máximo de las operaciones de crédito público a contratar durante el ejercicio presupuestario respectivo por la República; y el monto máximo de endeudamiento neto que podrá contraer durante ese ejercicio así como el monto máximo en letras del tesoro que podrán estar en circulación al cierre del respectivo ejercicio presupuestario.
Asimismo, la Ley Especial de Endeudamiento Anual contendrá las modalidades de las operaciones y se autorizará la inclusión de los correspondientes créditos presupuestarios en la ley de presupuesto. En ningún caso, dicha ley podrá establecer prohibiciones o formalidades autorizatorias adicionales a las previstas en la LOAF.
Una vez sancionada la ley de endeudamiento anual, el Ejecutivo Nacional procederá a celebrar las operaciones de crédito público en las mejores condiciones financieras que pueden obtenerse e informar periódicamente a la Asamblea Nacional.
b) Opinión del Banco Central de Venezuela
De acuerdo al artículo 86 de la LOAF, en concordancia con el artículo de 13 de la Ley de Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal del año 2006[2][2], el Ejecutivo Nacional deberá consultar al Banco Central de Venezuela, sobre los efectos fiscales y macroeconómicos del endeudamiento y el monto máximo de letras del tesoro que se prevean en el proyecto de ley de endeudamiento anual. Asimismo, deberá consultarse al Instituto Emisor sobre el impacto monetario y las condiciones financieras de cada operación de crédito público. Si bien la opinión del Banco Central de Venezuela es un requisito indispensable para realizar la operación de crédito público, el contenido de ésta no es vinculante para el Ejecutivo Nacional, por lo que el órgano encargado de realizar la operación puede apartarse del criterio del Banco Central de Venezuela, sin que ello afecte la legalidad de la actuación realizada.
2.4.- Excepciones al régimen autorizatorio
El Capítulo III del Título III de la LOAF prevé una serie de operaciones y entes exceptuados de la aplicación del régimen autorizatorio anteriormente explicado. En ese sentido, no requerirán ley especial que las autorice las siguientes operaciones:
La emisión y colocación de letras del tesoro con la limitación establecida en el artículo 80 de esta Ley, así como cualesquiera otras operaciones de tesorería cuyo vencimiento no trascienda el ejercicio presupuestario en el que se realicen (numeral 1° Artículo 87).
Las obligaciones derivadas de la participación de la República en instituciones financieras internacionales en las que ésta sea miembro (numeral 2° Artículo 87).
Operaciones de refinanciamiento reestructuración que tengan como objeto la reducción del tipo de interés pactado, la ampliación del plazo previsto para el pago, la conversión de una deuda externa e interna, la reducción de los flujos de caja, la ganancia o ahorro en el costo efectivo de financiamiento, en beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando.
De igual forma, quedan excluidos del referido régimen autorizatorio los siguientes entes administrativos:
El Fondo de Inversiones de Venezuela
Sociedades mercantiles del Estado sometidas a la intermediación de crédito, regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, (Artículo 89)
Sociedades mercantiles creadas o que se creen de conformidad con la Ley Orgánica de Reserve al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, (Artículo 89)
Sociedades Mercantiles creadas o que se creen de conformidad con el artículo 10 del Decreto Ley N° 580 del 26 de noviembre de 1974, mediante el cual se reservó al Estado la industria de la explotación del mineral de hierro[3][3] (Artículo 89),
Institutos autónomos cuyo objeto principal sea la actividad financiera y las demás sociedades mercantiles distintas a las mencionadas en los literales anteriores[4][4].
En este último caso, aún cuando están exceptuados de la ley especial autorizatoria, requerirán la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministro. (Artículo 90).
2.5.- Prohibiciones para las operaciones de crédito público
El artículo 92 prohíbe a la República y a las sociedades cuyo objeto principal sea la actividad financiera, otorgar garantías para respaldar obligaciones a terceros, salvo las que se autoricen conforme al régimen legal de concesiones de obras y servicios públicos nacionales (artículo 92). Asimismo, se prohíbe la contratación de operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales (artículo 93); y en ningún caso, los Estados, Municipios y Distritos, y los entes creados por ellos, podrán realizar operaciones de crédito público externo o en moneda extranjera, o para garantizar obligaciones de terceros. (Artículo 95).
2.3. Control y Supervisión de las operaciones de crédito público.
La LOAF creó la Oficina Nacional de Crédito Público como órgano rector del Sistema de Crédito Público, el cual estará adscrito al Ministerio de Finanzas y tendrá como función principal asegurar la existencia de políticas de endeudamiento y controlar la programación y utilización de los medios de financiamientos que se obtengan mediante operaciones de crédito público (vid. artículo 96). Las atribuciones específicas de dicho órgano se encuentran reguladas en el artículo 96 de la LOAF.
[1][1] Gaceta Oficial Nº 38.198 del 31 de mayo de 2005. La LOAF fue publicada originalmente en Gaceta Oficial N° 37.029 del 5 de septiembre de 2000 y fue reformada parcialmente de manera sucesiva el 9 de enero de 2003 (Arts. 51 y 80) y el 4 de mayo de 2004 (Arts. 178 y 193).
[2][2] Publicada en Gaceta Oficial N° 5.794 Extraordinario del 20 de diciembre de 2005.
[3][3] En el caso de todas estas sociedades mercantiles, deberá certificarse su capacidad de pago, para lo cual, la respectiva sociedad publicará en un diario de circulación nacional y, por lo menos, en un diario de la zona donde tenga su sede principal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de su ejercicio económico, un balance con indicación expresa del monto de endeudamiento pendiente, debidamente suscrito por un contador público inscrito en el Registro de Contadores Públicos en ejercicio independientemente de la profesión que lleva la Comisión Nacional de Valores (artículo 89).
[4][4] En este último caso, están exceptuados de la ley especial autorizatoria para realizar operaciones de crédito público, sin embargo, requerirán la autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

References: artículo 312
 artículo 311
 Artículo 78
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 86
 artículo 80
 Artículo 87
 Artículo 87
 artículo 10
 artículo 92
 artículo 96
 artículo 96