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Timestamp: 2019-05-22 01:34:17+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 25390 DE 2012
Una entidad estatal no puede decidir no prorrogar un contrato de prestación de servicios, que se rige por el derecho civil y comercial, en el que se había comprometido a prorrogarlo cada tres meses hasta cumplir un período de tres años.
CE SIII E 25390 DE 2012
ERNESTO GUERRERO HERNÁNDEZ VS. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM-
En 1999, Telecom celebró un contrato de prestación de servicios con Ernesto Guerrero Hernández, persona natural, para que le prestara los servicios de administración de telefonía local en un municipio de Cundinamarca. El plazo del contrato era de tres meses, los cuales se prorrogarían sucesivamente por períodos iguales hasta por una duración máxima de tres años. No obstante, sin previo aviso, cuando se encontraba próximo el vencimiento de una de las prórrogas y sin que se hubiera completado el período de tres años, la entidad decidió que no se prorrogaría el contrato porque había detectado irregularidades y deficiencias en el servicio.
El demandante solicita entonces que se declare que la entidad incumplió el contrato por lo que es responsable de perjuicios materiales con el contratista y la nulidad del comunicado en el que se le informa de su despido.
Las normas del derecho civil y comercial son aplicables en su integridad al contrato celebrado entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM y Ernesto Guerrero Hernández, tal y como lo prescribe claramente el texto original del artículo 31 de la Ley 142 de 1993, en concordancia con el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
¿Puede una entidad estatal dejar de prorrogar un contrato de prestación de servicios, en el que se había comprometido a prorrogarlo cada tres meses hasta cumplir un período de tres años, debido a la supuesta detección de irregularidades y deficiencias en el servicio objeto del contrato, las cuales no fueron comunicadas al contratista, sin incurrir en incumplimiento del contrato?
«(…) 8.5 En ese orden de ideas, el contrato n.° 98-CUD-003260 es de prestación de servicios y no corresponde a los tipos de contrato de obra, consultoría, ni suministro de bienes, razón por la cual se encuentra sujeto exclusivamente a las normas del derecho civil y comercial y, por ende, resulta ajeno al campo de aplicación de la Ley 80 de 1993 y a las atribuciones que ésta otorga a las entidades estatales de modificar, interpretar, terminar y declarar la caducidad del contrato.
Debe recordarse que en el asunto sub judice las partes se obligaron a prorrogar el término de duración del contrato, cuestión en la cual tenía interés el contratista, y que la forma invocada por la entidad para liberarse de esa obligación fue la detección de deficiencias e irregularidades, razón por la cual la Sala considera que el simple dicho de la entidad o de las personas que se anuncian como representantes de las juntas de acción comunal no era suficiente para ello. De acuerdo con el artículo 1757 del Código Civil –“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o éstas”– y con el 177 del Código de Procedimiento Civil –“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”–, razón por la cual correspondía a la entidad acreditar de manera fehaciente el incumplimiento del contrato imputable al contratista, es decir, las irregularidades y deficiencias del servicio, cuestión que no hizo a través de los elementos probatorios referidos.
12.7 En conclusión, en el caso concreto no se probó por parte de la entidad demandada la ocurrencia de los hechos que invocó para no prorrogar el contrato, es decir no se acreditaron judicialmente las irregularidades y deficiencias en la prestación del servicio que la entidad imputó al contratista.
13 Desde otra perspectiva también relevante, la Sala observa que por mandato constitucional y legal en todas las relaciones contractuales se encuentra inmersa la obligación de actuar de buena fe, la cual cumple una función integradora del contrato en la medida en que constituye una “fuente de creación de especiales deberes de conducta, exigibles, en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes” .
13.2 A pesar de que la buena fe no puede ser predeterminada en su contenido, se ha expuesto por parte de la doctrina que uno de los comportamientos a los que este principio obliga consiste en brindar información o dar aviso respecto de las circunstancias que hayan sido conocidas por una de las partes y que sean relevantes para la otra, en procura del cumplimiento de las obligaciones contraídas y en protección de sus intereses (…)
13.3 Por ello, la decisión tomada por la entidad de no prorrogar el contrato, sin antes avisar o informar al contratista de las quejas que sobre su atención se formularon, y adelantar un procedimiento sin su presencia para tomar la decisión referida, constituye un incumplimiento a la obligación de obrar de buena fe. La omisión de la entidad está lejos de lo que hubiera sido un comportamiento debido, leal y correcto, pues de acuerdo con lo manifestado de manera explícita e inequívoca dentro del texto contractual, los contratantes perseguían “la permanencia, la continuidad y la eficiente prestación del servicio público” y si la entidad hubiera compartido esa información con el contratista, le habría posibilitado rendir las explicaciones del caso para cumplir con el contrato y satisfacer los intereses en juego.
13.4 Finalmente, de acuerdo con lo expuesto por parte del demandante en el sentido de que se le vulneró su derecho al debido proceso, encuentra la Sala que a pesar de que el presente caso no involucra la actividad de la entidad estatal bajo las prescripciones de la Ley 80 de 1993, el contratista tenía derecho a que en los términos antes expuestos respecto del cumplimiento de las obligaciones que emanan de la buena fe, se le avisara de las actuaciones que se surtían en su contra y que se le brindara la oportunidad de defenderse en la oportunidad respectiva. En atención a ello, la Sala concluye que no obstante que el contrato se hallaba regido por las normas del derecho civil y comercial, la entidad estatal ha debido respetar el derecho del particular de tener un debido proceso y, en ese orden de ideas, también se vulneró el derecho fundamental protegido por el artículo 29 de la Constitución Política (...)»
Una entidad estatal no puede dejar de prorrogar un contrato de prestación de servicios, en el que se había comprometido a prorrogarlo cada tres meses hasta cumplir un período de tres años, debido a la supuesta detección de irregularidades y deficiencias en el servicio objeto del contrato, las cuales no fueron comunicadas al contratista, sin incurrir en incumplimiento del contrato, porque:
El contrato es de prestación de servicios y no corresponde a los tipos de contrato de obra, consultoría, ni suministro de bienes, por lo que se encuentra sujeto a las normas de derecho civil y comercial. Así, resulta ajeno a las atribuciones que otorga la Ley 80 de 1993 a las entidades estatales de modificar, interpretar y declarar la caducidad del contrato.
La entidad estatal no cumplió con el deber de acreditar de manera fehaciente el incumplimiento del contrato imputable al contratista, es decir, las irregularidades y deficiencias del servicio.
En todas las relaciones contractuales se encuentra el deber de actuar de conformidad con el principio de la buena fe, en virtud del cual, se debe brindar información o dar aviso respecto de las circunstancias que hayan sido conocidas por una de las partes y que sean relevantes para la otra, en procura del cumplimiento de las obligaciones contraídas y en protección de sus intereses.
El contratista tenía derecho a que se le avisara de las actuaciones que se surtían en su contra y que se le brindara la oportunidad de defenderse.
REVOCAR la sentencia del 29 de mayo de 2003, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom incumplió el contrato n.° 98-CUD-003260, celebrado el 25 de junio de 1998, entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM y Ernesto Guerrero Hernández, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom a pagar a favor de Ernesto Guerrero Hernández, la suma de doscientos sesenta y seis millones trescientos nueve mil seiscientos veinticuatro pesos moneda corriente ($266 309 624).
TERCERO: Aplicar lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTO: Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.
Ley 142 de 1993. Artículo 31. Ley 80 de 1993. Artículo 32. Ley 57 de 1887. Artículos 1626 y 1627.
Contrato de prestación de servicios. «(…)el objeto del contrato estará constituido por las actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Las prestaciones del contrato podrán comprender: servicios profesionales, trabajos artísticos, desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, apoyo a la gestión de la entidad; sólo procederá el contrato de prestación de servicios cuando no haya personal de planta suficiente o se requieran conocimientos especializados; en caso de que el objeto sea el apoyo a la gestión de la entidad, procederá cuando se tengan fines específicos o el personal de planta sea insuficiente; el término de duración será el estrictamente necesario.[1](…)»
Del incumplimiento de los contratos: «(…) El Código Civil define el cumplimiento de las obligaciones y de los contratos al indicar en el artículo 1626 que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe” y en el 1627 que “el pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes”. Así, el incumplimiento de la obligación o del contrato se entiende como la disconformidad de la conducta descrita como debida y esperable en el título o en la ley, con la conducta efectivamente desplegada por el deudor de la obligación respectiva. (…)»
[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2007, expediente n.° AP-369, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
Ficha: Una entidad estatal no puede decidir no prorrogar un contrato de prestación de servicios, que se..
Una entidad estatal no puede decidir no prorrogar un contrato de prestación de servicios, que se..

References: artículo 31
 artículo 32
 artículo 1757
 artículo 29
 artículo 115
 Artículo 31
 Artículo 32
 artículo 1626