Source: http://www.agendadeprensa.org/2018/07/04/
Timestamp: 2018-07-21 09:13:55+00:00

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AGENDA DE PRENSA » 2018 » julio » 04
AGENDA PRENSA 4 JULIO
INFORMACIÓN ECONÓMICA 04.07.2018
NUEVO GOBIERNO, MISMA CATALUNYA
https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/07/03/la-teoria-del-pato-y-la-negativa-de-torra-a-hacerse-un-chequeo/
Carles Castro: El futuro de la independencia. El soberanismo crece históricamente en la Catalunya metropolitana aunque se estanca en la interior
http://www.lavanguardia.com/politica/20180702/45565974855/catalunya-apoyo-independencia-voto.html
Beatriz Parera: Traslado e informes finales, antesala del cierre de la causa esta misma semana
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-04/traslado-presos-informes-supremo-causa-proces_1587415/
Elisa de la Nuez: De las 50 principales unicornios en el mundo, 26 son chinas
https://hayderecho.com/2018/07/03/el-acercamiento-de-los-presos-a-cataluna-una-decision-ajustada-a-derecho/
Enric Hernandez: Los presos y la separación de poderes
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180703/aritculo-enric-hernandez-presos-separacion-poderes-6923005
Ignacio Camacho : La realidad objetiva es que los autores del golpe de octubre quedan bajo la custodia de sus compañeros golpistas
https://www.abc.es/opinion/abci-cortersia-estado-201807040157_noticia.html
Federico Jimenez Losantos: El Gobierno, con el Golpe
http://www.elmundo.es/opinion/2018/07/04/5b3bba2de5fdea92338b462b.html
Alberto Lardiés: Tardá desbloqueará RTVE si hablar “sin cortapisas” significa negociar otro referéndum
https://www.elespanol.com/espana/20180703/tarda-desbloqueara-rtve-sin-cortapisas-significa-referendum/319719062_0.html
Jorge Dioni : Excepto los pirómanos
“Cuando un gobernante acceder al poder, es lógico que quiera solucionar los problemas; en concreto, aquellos que se han producido cuando estaba fuera y que, directa o indirectamente, han provocado su acenso. Así, es normal que Sánchez busque una solución para la cuestión territorial y, sobre todo, para la situación creada en Catalunya. Es un error. Lo más probable es que cualquier intento, por bien encaminado que esté, acabe en un fracaso que, a medio plazo, puede provocar un acortamiento de su estancia en el gobierno. La clave es que la situación, ahora mismo, es irresoluble desde fuera. Cualquiera que entre se quemará. Excepto, claro, los pirómanos.El problema de Catalunya no es España, sino Catalunya. Según la doctrina política de los tres elementos, el reconocimiento de un Estado depende de si una población que habita un territorio determinado está organizada bajo una autoridad pública efectiva que tiene soberanía interna o, en el caso del período inicial, poder constituyente. Es decir, la base –hablamos de modelos democráticos– es el reconocimiento interno. El externo viene después.Cuando se analiza el otoño de 2017, se hace hincapié en la parte institucional; es decir, en la ausencia de esa autoridad pública efectiva, lo que en el procés se ha llamado “estructuras de estado”. Es probable que centrar toda la atención en el tercer factor tenga que ver con la incomodidad que provoca examinar el problema previo y fundamental: la población no reconoce el proyecto o, mejor dicho, no lo reconoce de la forma mayoritaria e incontestable que es necesaria en este tipo de procesos. El problema político de la fuga de empresas no es económico, sino político: el reconocimiento de la autoridad pública efectiva.Se puede debatir sobre si el apoyo es del 49%, del 50% o del 51%; si tal o cual partido o persona no apoya el objetivo final; pero sí, su tramitación. Si un proceso rupturista necesita material de laboratorio, como microscopios o balanzas de precisión, para medir sus apoyos, es poco probable que alcance sus objetivos. Estamos en 2018. Sobre todo, cuando los que quedan fuera no son un conjunto indiferente, sino que se posicionan claramente en contra. El proceso catalán tiene muchas cuestiones inéditas y cabe añadir otra: el partido más votado del futuro Estado es uno que quiere la destrucción del Estado.Pensar que el concepto de Estado solo engloba una estructura administrativa es tener una visión muy corta. Quizá, ese ha sido otro de los problemas. Un Estado se compone también de las relaciones sociales y podríamos decir que es el modo de actuar, más allá de la burocracia. Es decir, el Estado muestra su fortaleza tanto en la elaboración de los consensos como en la gestión de los disensos. O, quizá, más en esto último. Por eso, la moción de censura es una muestra de la solidez del Estado y la permanencia del gen convergente es una muestra de debilidad.El problema de Catalunya es Catalunya y es un problema irresoluble porque no se reconoce como tal. Siguiendo la tradición reaccionaria hispánica (Menéndez-Pelayo), no se busca la gestión del conflicto, sino la exclusión moral y simbólica de los disidentes, definidos como “anti”. Eso hace que la situación esté enquistada. No se puede volver y también es imposible avanzar. Sólo quedan los símbolos, los gestos. Y lo probable es que se usen para mantener la ficción de un conflicto.Esa es la situación a la que se enfrenta el nuevo gobierno y, por eso, fracasará. El procés ya no avanza. Es una peonza girando sobre sí misma y, como cualquier cuerpo en rotación, eleva la temperatura del espacio que ocupa. No, de una manera alarmante, pero cualquiera que entre se quemará. Excepto los pirómanos, claro. La única salida del procés es que otra peonza, otro proyecto reaccionario similar, ocupe la Moncloa por si un choque inesperado –el cisne negro que no se produjo en otoño– se da en esta ocasión”
Antonio Papell : La primera encuesta de opinión publicada por la gran prensa catalana tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha reflejado algunos movimientos telúricos en el electorado, que van en la línea ya detectada en anteriores análisis. Vaya por delante que en la simulación sociológica de las elecciones autonómicas, el soberanismo no decrece —mantiene los 70 escaños actuales y registraría una leve subida en porcentaje, hasta el 49%— sino que permanece estancado, aunque la organización más pragmática y realista que es ERC sobrepasa notoriamente a la desnortada PDeCAT (cuatro puntos porcentuales y cinco escaños más); además, ERC adelantaría por muy poco a Ciudadanos y se registraría un leve ascenso del PSC, que ganaría dos escaños. Se apreciaría en definitiva un visible trasvase de voto desde JxCat a ERC y, en menor medida, de C’s al PSC
http://www.bolsamania.com/analytiks/2018/06/28/cataluna-el-efecto-sanchez/
“En la encuesta referente a las elecciones generales, el PSC, impulsado por el efecto Pedro Sánchez —por el acceso del socialismo al poder—, sumaría más de siete puntos a su apoyo actual y se convertiría en primera fuerza en las elecciones generales. Los socialistas catalanes de Miquel Iceta aventajarían en cuatro puntos a ERC y en más de siete a los comunes, primera fuerza en los comicios del 2016. Esta nueva correlación electoral se explicaría, en el caso de los comicios legislativos, por una importante transferencia (de casi el 20% de los votos) desde C’s al PSC, que captaría también uno de cada diez electores de ERC, JxCat, los comunes e incluso el PP.El PSOE, al igual que Ciudadanos, prestó la más absoluta lealtad constitucional al Partido Popular en su gestión como gobierno del conflicto catalán, incluida la aplicación del artículo 155. Pero es notorio que el talante de Sánchez ante el soberanismo muestra serias diferencias con relación a la postura plana que adoptaba Rajoy. Los problemas políticos no se resuelven solos, a pesar de que Rajoy ha llegado a defender en público su tancredismo y ha considerado un mérito la pasividad y la apatía, y es evidente que una parte de la sociedad catalana se ha ilusionado con la expectativa de que sea posible alcanzar un equilibrio civilizado entre nacionalismo y constitucionalismo, como ocurrió durante décadas. Después de todo, durante toda la etapa de Jordi Pujol, CiU ganaba sistemáticamente las lecciones autonómicas, en tanto el PSC ocupaba la primacía en la elecciones generales y municipales. Seguramente, mucha gente de paz de Cataluña añora aquel creativo equilibrio que era el que regía en los años fecundos del entorno de los Juegos Olímpicos de Barcelona que consolidaron la senda de modernidad de Barcelona/Cataluña y la de prosperidad de todo el Estado.Con respecto al soberanismo Sánchez no ha dado pie a la menor ambigüedad: su opinión sobre el actual presidente de la Generalitat, Torra, ciertamente emitida antes de la moción de censura que derribó a Rajoy, fue nada favorable y bien explícita: los escritos del nuevo president, marioneta de Puigdemont, han destilado xenofobia y racismo, atributos incapacitantes en quien pretende ser un líder democrático. Pero el conflicto, que afecta a la colectividad catalana, debe ser resuelto mediante alguna fórmula de conllevancia que lo mitigue, lo haga llevadero y no lo convierta en una pesada losa que frene en seco el desarrollo catalán, e indirectamente el español.No será fácil, como acaba de verse. Torra tanteó este viernes en Washington el margen de tolerancia que le concede el Gobierno español, y ha podido comprobar que no existe la menor intención de aceptar en silencio sus falsificaciones históricas y sus pretensiones revolucionarias. El embajador Morenés, que fue ministro de Rajoy, ha encontrado el más absoluto respaldo de Borrell y del propio Sánchez: aquí no hay presos políticos ni exiliados, y no se va a permitir que la Generalitat haga campaña de desprestigio contra el régimen español.En el mismo orden de ideas, el derecho de autodeterminación no está ni estará sobre la mesa. Tanto porque ningún estado democrático maduro va a admitirlo cuanto porque los soberanistas saben que juegan un papel desairado y hasta ridículo al reivindicarlo sin disponer siquiera de una mayoría de electores… Pero todo lo demás puede negociarse para buscar el interés general. Y en esta expectativa cifra el nuevo gobierno sus esperanzas, en el tono más moderado posible (es obvio que las estridencias de Torra dificultan esta posibilidad real de entenderse).Es evidente que esta hipotética negociación que debería arrancar el 9 de julio está claramente entorpecida por la judicialización, lógicamente irreversible, del problema, que no hubiera tenido lugar si los soberanistas no se hubieran echado al monte… y si Rajoy hubiera actuado más prematuramente, antes de que se cometieran delitos. Pero así y todo hay salidas, y deben explorarse con la mayor discreción posible y con toda la intensidad necesaria. Parece que una parte significativa del soberanismo así lo entiende, pese a ciertos aspavientos de los más fanatizados, y como la disposición de la otra parte es favorable a la entente, no puede descartarse que el primer problema de este país empiece a encarrilarse más pronto que tarde. Pero ha de quedar claro que ello no será, por parte del Gobierno, a cambio de alguna dejación de principios, que son los que nos sostienen como país democrático y como comunidad fraternalmente vinculada a la ley”
EL MUNDO DEL PASADO Y EL DEL FUTURO
https://planetachatbot.com/https-medium-com-manuvazal-poder-transformador-inteligencia-artificial-en-mundo-f7d6b853e70e
OriolQuerol : La historia que esconde la imagen de la mujer en niqab retratada en las Ramblas: “Que los ojos queden bonitos”. La fotografía viral del momento ha sido objeto de burlas en diversas plataformas
http://www.lavanguardia.com/vida/20180702/45573533819/mujer-velo-niqab-dibujo-ramblas.html?utm_source=eleconomista&utm_medium=referral&utm_campaign=eleconomista
Juste: El día de los socios de Amazon ya tiene fecha. El llamado Prime Day durante 36 horas de descuentos para todos los usuarios de su servicio de suscripción, Amazon Prime. Amazon ha decidido alarga del 30 a 36 horas su día de compras para socios y extenderlo a Australia, Singapur, Países Bajos y Luxemburgo, donde podrán aprovechar por primera vez las ofertas del Prime Day junto con los otros 12 países habituales, entre los que se encuentra España.
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2018/07/03/5b3b41fd46163f4d4f8b4606.html
“Para los grandes operadores logísticos, Amazon es un socio complicado: ofrece un volumen incomparablemente elevado, pero es también extremadamente agresivo en precios y en calidad, y en algunos períodos, genera demandas de trabajo muy difíciles de asumir, tanto en recursos como en calidad de servicio. En muchos casos, las compañías que llevan a cabo este tipo de servicios de distribución fuerzan su capacidad intentando no escalar al mismo tiempo los costes, lo que supone una fuerte presión sobre el último eslabón, el repartidor. Una presión que posiblemente podría aceptarse en situaciones de tipo excepcional, pero que se convierte en insostenible cuando se pretende escalar al día a día, y redunda en envíos no completados, notificaciones de “ausente” a personas que están en muchas ocasiones metidas en sus casas esperando un pedido en una situación parecida a la del “arresto domiciliario”, o retrasos e imprecisiones sobre las estimaciones de entrega programada. Esto genera un flujo constante de quejas dirigidas directamente a Amazon, no a sus socios logísticos, que la compañía intenta capear como puede, en muchos casos ofreciendo compensaciones o envíos adicionales a los afectados que, en caso de generalizarse, se convierten en una importante fuente de pérdidas.Los problemas de Amazon con sus socios logísticos se complicaron más aún el pasado mayo en los Estados Unidos, cuando se supo que el presidente del país, Donald Trump, no solo había atacado a Amazon en una serie de tweets y la había hecho presunta responsable de las pérdidas del US Postal Service (cuando la realidad apunta justamente a lo contrario, que ha supuesto un gran beneficio económico para el servicio), sino que además, había llegado al punto de presionar directamente a los responsables de este servicio para que subiesen los precios a los envíos de la compañía.¿Puede Amazon crear un servicio de logística basado en pequeñas startups propiciadas por la compañía, que llegue a ser capaz de competir con compañías como UPS, DHL, Fedex, USPS y compañías similares? Aparentemente, la pretensión de Amazon es ofrecer oportunidades para compañías pequeñas creadas prácticamente ad hoc, capaces de hacerse cargo de los últimos pasos de la logística, desde el último almacén hasta la casa del cliente, y ofrecerles un volumen suficiente como para que mantengan una cuenta de resultados razonable teniendo a Amazon como único cliente. ¿Es realista una propuesta así? De entrada, la compañía espera atraer con su propuesta a cientos de personas durante el próximos año y medio, en unos veinticuatro estados que incluyen ambas costas. La propuesta incluye beneficios especiales como ayudas y devoluciones del dinero necesario para, por ejemplo, la adquisición de un vehículo pintado con los colores de Amazon, así como descuentos en cuestiones como la cobertura de seguros o el combustible. Una de las propuestas es, por ejemplo, para veteranos del ejército, que recibirían reembolsos de hasta $10,000 si se deciden a crear su compañía de la mano de Amazon. La idea es, muy probablemente, tratar de generar una oferta con una cobertura local razonable, controlando el número de compañías que sirven un área determinada – algo que la compañía puede hacer simplemente llevando a cabo una distribución adecuada o planificada de los paquetes a entregar – y permitiendo que cada compañía se convierta en el operador logístico local de su zona, con una escala que, posiblemente, podría incluso llegar a determinar una mejor atención.Amazon mantiene además servicios como Amazon Flex, del que hablamos recientemente, un modelo de uberización de la logística que permite a personas con su propio vehículo utilizar una app para programar recogidas en almacenes de la compañía y rutas de reparto de manera flexible, dedicándole el tiempo que escojan dedicarle. Como siempre, este tipo de modelos tienen dos caras: la de la visión ideal de quien tiene otro trabajo y dedica únicamente unas pocas horas al día a repartir paquetes con su propio coche para ahorrar para su sueño, frente a quien no encuentra otra cosa y termina repartiendo paquetes a tiempo completo, en un régimen laboral que no le proporciona seguridad social, vacaciones ni casi descanso si quiere cumplir con su agenda de reparto, y que además, implica que ponga él mismo el vehículo. El equilibrio entre un extremo y el otro depende, básicamente, de la gestión que se lleve a cabo.Para Amazon, claramente, puede ser una manera de desarrollar un sistema en el que podría aspirar a tener una dependencia menos de los grandes operadores logísticos con los que se juega contratos importantísimos y que tienen un poder de negociación obviamente mayor que un amplio conjunto de pequeñas compañías apoyadas por la compañía y que dependen íntegramente de ella. Pero además, supondría una forma de salir de una situación de dinámica negativa en la que el número de quejas procedentes del servicio de estos grandes operadores se incrementa a medida que crece el volumen de mercancías que los consumidores adquirimos en Amazon, un problema que afecta claramente a la percepción del servicio en general. Si consigue gestionar bien la relación, podría ser una jugada maestra. Si no lo hace, podría terminar siendo otra pesadilla más”
Emilio de las Heras: Ya tenemos datos de la NASA sobre la temperatura de los océanos de los primeros tres meses del año
http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2018/04/16/marzo-de-2018-bronceexaequo.html
Vemos que en Europa ha sido un mes fresco…
Pero en el conjunto del mundo…+0,90ºC. Una locura.
No faltará quien se fije en el descenso de la anomalía experimentada recientemente… Pero mirad la tendencia en rojo.
Más en tierra firme que en la superficie marina. Pero es que el mar es muy grande y con mucha inercia. La superficie terrestre se ha calentado casi 2 grados. Y la superficie marina casi un grado desde principios de Siglo XX. Eso no puede ser bueno”
Andres Ortega: Rusia 2018: un mundial de fútbol geopolítico
https://blog.realinstitutoelcano.org/rusia-2018-mundial-futbol-geopolitico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28Blog+Elcano%29
“El mundial ha servido, al menos temporalmente, para tapar las acusaciones de corrupción contra el comité ejecutivo de la FIFA tras la decisión de adjudicar los acontecimientos de 2018 y de 2022 a Rusia y a Qatar, dos regímenes autoritarios. Y en estas semanas el sistema Putin ha disimulado su rechazo a la comunidad LGBT.El “deporte rey” es espejo de la economía global, como bien señala el economista Francesc Trillas en su libro Pan y Fútbol (2018). En el mundial se ven reflejados algunos aspectos de la globalización, si bien de una extraña manera. Pues faltan las dos mayores potencias, EEUU y China. El primero –azote de la corrupción en la FIFA– lleva años intentando que el futbol entrase en el gusto de sus gentes. Lo ha conseguido, de momento, más para el fútbol femenino que para el masculino. Y en este intento acogerá, junto a México y Canadá (la primera vez que será en tres países), el Mundial de 2026, y eso que el NAFTA (TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte) está en tela de juicio. En cuanto a China, se propone entrar de lleno en este gran juego para 2030 y ganar en 2050.Hay otro aspecto de la globalización en el fútbol, como puso de relieve un editorial del Financial Times: desde hace algunos lustros se ve, en general y pese a destellos individuales, peor fútbol de equipo en los mundiales que, por ejemplo, en la Champions europea. Desde que la sentencia Bosman del Tribunal de Justicia de la hoy UE acabó en 1994 con el proteccionismo en el deporte privado, en los equipos con renombre juegan en la Champions europea los mejores jugadores del mundo. En eso, Europa domina, aunque a menudo gracias a jugadores no europeos. Pero, claro, están siempre las emociones nacionales. En eso, la Copa del Mundo, con sus sorpresas y con sus nacionalismos bien entendidos, resulta imbatible”
Jorge de Lorenzo : Cuando apenas se ha cumplido un mes del Gobierno de Pedro Sánchez, los cazadores han buscado el apoyo del Partido Popular Europeo para defender sus intereses. El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López Maraver, asociación que agrupa a cerca de 300.000 cazadores, se ha reunido en Bruselas con eurodiputados españoles del Partido Popular Europeo (PPE) para abordar distintos problemas que afectan a la caza en España
http://www.lacelosia.com/los-cazadores-se-apoyan-en-el-partido-popular-europeo-para-defender-sus-intereses-tras-la-llegada-de-pedro-sanchez-al-gobierno/?utm_source=Lista+de+Correo+-+La+Celos%C3%ADa&utm_campaign=14b97f08ba-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_87d59ff837-14b97f08ba-51619857
El encuentro se ha celebrado para defender la práctica del silvestrismo (captura de aves silvestres para el canto), con más de 35.000 aficionados en España, resaltar la preocupación de los cazadores sobre la posible moratoria de la caza de la tórtola, la situación del lobo ibérico y el avance de la peste porcina africana (PPA). En el mismo han participado los eurodiputados por el Partido Popular Europeo (PPE) y miembros del Intergrupo de Biodiversidad, Caza y Campo, Luis de Grandes y Pilar Ayuso. Ambos reconocen que, al igual que su partido, respaldan totalmente al sector cinegético, según recoge la propia Real Federación Española de Caza en un comunicado.Durante el encuentro con los eurodiputados del Partido Popular, la RFEC les informó sobre el plan de actuación para la acción cinegética de la tórtola común y para la modificación del Comité Ornis, que la RFEC, a través de la Fundación Artemisan, está elaborando, solicitándoles que trasladen dicho informe a las instituciones europeas para frenar la posible moratoria a su caza en la Unión Europea. La Federación pidió a Luis de Grandes y Pilar Ayuso que realizaran un último esfuerzo en apoyo del silvestrismo. La directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres establece, en su artículo 5, la prohibición de “matar o capturar de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado, todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo”. De Grandes y Ayuso confirmaron el desconocimiento existente en el Parlamento europeo sobre la realidad del silvestrismo en España, entendiendo así la RFEC que desde nuestro Ministerio de Agricultura no se ha hecho llegar a Europa “como nos hubiera gustado” la información necesaria al respecto. El mantenimiento de la caza del lobo al norte del Duero y el estudio de su situación al sur del mismo, fue otro de los temas abordados. De Grandes y Ayuso informaron a la Federación que incluso partidos “verdes” europeos están solicitando un plan de actuación sobre el lobo en Europa a raíz del incremento de los conflictos con la actividad ganadera que se vienen sucediendo en diversos países mediterráneos, como Italia, Francia y España, siendo partidario el PPE de que haya un control poblacional exhaustivo del lobo en la Unión Europea.La RFEC les solicitó, por último, que transmitieran la preocupación del sector cinegético español por la situación epidemiológica de la peste porcina africana (PPA) en Europa, pidiendo que se sigan aplicando las medidas de control impuestas sobre el movimiento de jabalíes silvestres entre los Estados miembros mientras no se controle la enfermedad”
Samuel Bentolila: ¿Cómo podemos reducir la alta tasa de paro y la dualidad laboral en España?
https://www.revistadelibros.com/discusion/como-podemos-reducir-la-alta-tasa-de-paro-y-la-dualidad-laboral-en-espana?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20180627
“mercado de trabajo español genera unos pésimos resultados económicos y sociales, que se traducen en una altísima tasa de paro estructural y unos niveles muy pobres de calidad del empleo. Basta una simple comparación internacional para percatarse de esta realidad. Como muestra el Cuadro 1, referido al último trimestre de 2017, nuestra tasa de paro prácticamente duplica la media de los países del área del euro y cuadruplica la de Estados Unidos, y algo muy similar sucede con la tasa de paro juvenil. Además, nuestra tasa de empleo −definida como el empleo dividido por la población en edad de trabajar− es significativamente inferior a las tasas de estas dos áreas y nuestra tasa de temporalidad −definida en términos del empleo asalariado− es también muy superior a la tasa media de los países del área del euro.
Cuadro 1. Magnitudes laborales, 4/2017 (en %)
Fuente: OECD.Stat. * La tasa de empleo temporal corresponde a la Unión Europea.
Otras dimensiones con malos resultados, que no discutiré aquí, son las desigualdades tanto salariales como de tasas de paro por sexo y a nivel geográfico, la altísima tasa de paro de los trabajadores menos cualificados o la alta proporción de empleo a tiempo parcial involuntario. Finalmente, una importante secuela de la última crisis económica es el paro de larga duración −es decir, un desempleo de duración superior a un año−, que representa actualmente alrededor de la mitad de los parados, a pesar de los cuatro años largos de recuperación económica transcurridos desde la última crisis.Las cifras del cuadro anterior están referidas a finales de 2017, pero no pueden considerarse como atípicas o derivadas únicamente de la «Gran Recesión» de 2008-2013. Durante los últimos treinta años, la tasa de paro observada media ha sido del 16,8% y la tasa de paro estructural −que estiman instituciones como el Banco de España o la OCDE− presenta niveles medios del 14 o 15%. Estas tres tasas aparecen representadas en el Gráfico 1.
Aunque la alta tasa de paro que sufre nuestro país puede, dada su persistencia, calificarse de estructural, no voy a ceñirme aquí a la tasa de paro estructural que reflejan estimaciones como las mostradas en el gráfico anterior. La razón es que dichas estimaciones se basan en la existencia de una relación entre el paro y la inflación (que se conoce como la curva de Phillips) y de una tasa «natural» de paro, que son dos conceptos muy cuestionados actualmente por los economistas y que tampoco son muy útiles para entender los determinantes últimos del nivel del paro.Voy a dedicar este ensayo a intentar explicar sintéticamente por qué, a mi juicio, nuestro mercado de trabajo produce unos resultados tan negativos y qué medidas podrían tomarse para reducir la tasa de paro media de nuestra economía1.
Las instituciones laborales
En mi opinión, buena parte de la anormal tasa de paro española puede achacarse a nuestras ineficientes instituciones laborales. Con este nombre estoy aludiendo a las leyes que regulan el funcionamiento del mercado de trabajo y a las normas de comportamiento que siguen los agentes que participan en la determinación de los salarios y otras condiciones de trabajo.En concreto, con el término instituciones me refiero a: 1) Las normas de protección del empleo (costes de despido y tipología de contratos laborales); 2) la estructura de la negociación colectiva que llevan a cabo los representantes de los trabajadores y los empresarios; 3) el sistema de protección por desempleo; y 4) las políticas activas de empleo. No son, obviamente, las únicas instituciones relevantes. También importan los sistemas de educación y de investigación y desarrollo o la estructura de los mercados y la política de competencia. No obstante, la investigación económica demuestra que las instituciones laborales son singularmente importantes en la determinación de la tasa de paro media en períodos largos.La tasa de paro puede analizarse como el resultado de la interacción entre estas instituciones y una serie de fuerzas que afectan a la economía de forma continua. Algunas de estas fuerzas son la tecnología (nuevos métodos de producción, robots, digitalización, etc.), la globalización (aumentos de los flujos de bienes, servicios, capitales y personas) y las perturbaciones o «choques» de oferta (por ejemplo, cambios del precio del petróleo), de demanda (por ejemplo, una caída de las exportaciones) y del sector financiero (como las quiebras bancarias derivadas del impago de créditos al sector inmobiliario).Algunos estudios han mostrado que, al producirse cambios en estas fuerzas, que son en muchos casos de ámbito mundial, las instituciones laborales que tenemos favorecen que la economía española responda generando oscilaciones del empleo y el paro mucho mayores que en el resto de países desarrollados y también mayores tasas de paro a medio plazo. Por ello resulta especialmente interesante estudiar los efectos de la reforma laboral de 2012, cuyo objetivo explícito era modificar la legislación para intentar evitar esa tendencia de la economía española a generar un paro tan alto y tan volátil.Los aspectos principales de esa reforma se circunscriben a tres áreas. Con respecto a la protección del empleo, se redujeron los costes del despido por varias vías: una reducción de las indemnizaciones por despido improcedente, una definición más precisa de las causas que justifican un despido económico y la supresión de la autorización administrativa para los despidos colectivos. En cuanto a la negociación colectiva, se dio prioridad a los convenios al nivel de la empresa sobre los sectoriales, se limitó a un año la prórroga de los convenios vencidos y se permitió, con algunas condiciones, la reducción salarial de forma unilateral por parte del empresario. Finalmente, se intentó fomentar la llamada flexibilidad interna, facilitando la reorganización del trabajo dentro de las empresas y las suspensiones temporales de empleo.
Una importante secuela de la última crisis económica es el paro de larga duración, que representa actualmente alrededor de la mitad de los parados
¿Ha funcionado la reforma? No es inmediata la contestación a esta pregunta, pues sus efectos son muy difíciles de evaluar de forma rigurosa. No obstante, los escasos estudios disponibles indican que los efectos han sido menores. En primer lugar, desde entonces la tasa de paro estructural estimada ha caído en menos de un punto porcentual. En segundo lugar, la menor protección del empleo parece haber tenido un impacto pequeño sobre las sentencias judiciales sobre despidos (que casi siempre son desfavorables a las empresas) y se observan tanto un ligero aumento de los flujos de trabajadores que transitan del paro al empleo indefinido como una leve caída de los flujos del empleo temporal al paro. Por último, en cuanto a la negociación colectiva, no se ha observado un aumento apreciable de la proporción de asalariados cubiertos por convenios de empresa (de hecho, esta ha descendido) ni de los descuelgues temporales de las empresas con respecto a los convenios colectivos de ámbito sectorial.Podría inferirse que este resultado indica que las normas afectadas por la reforma laboral de 2012 no son las causantes de la alta tasa de paro que sufrimos. Mi interpretación, que se apoya en el análisis teórico y empírico de la economía laboral, es diferente. Se basa en la idea de que la reforma no ha sido capaz de alterar suficientemente los dos pilares principales del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo: la estructura de la negociación colectiva y la dualidad contractual. Estos pilares se fraguaron durante los primeros años de la transición a la democracia y aún están en vigor. Paso ahora a desarrollar esta idea con más detalle.
La variabilidad del empleo como síntoma
Un aspecto que llama mucho la atención con respecto a las magnitudes laborales en España es su exagerada variabilidad. Esto se pone claramente de manifiesto en el Gráfico 1, donde la tasa de paro muestra unas oscilaciones extraordinarias, que no se dan en ningún otro país del mundo.Otra forma de medir esta variabilidad es restar del empleo total el valor de su senda tendencial, para quedarnos únicamente con la variación coyuntural derivada del ciclo económico (es decir, las expansiones y recesiones). Resulta que el empleo así medido oscila casi el doble en España que en Estados Unidos y casi un 40% más que en Francia. En el caso de la tasa de paro, nuestra variabilidad está alrededor del doble de la de ambos países.En cualquier mercado, incluido el de trabajo, una variación elevada de la cantidad (en este caso, del empleo) refleja una escasa respuesta del precio (en este caso, de los salarios y otros costes laborales). De hecho, hace décadas que muchos estudios han encontrado una reducida respuesta de los salarios al ciclo económico o, más concretamente, a las variaciones del paro. Decimos que, cuanto mayor es esta respuesta, mayor es la flexibilidad salarial.En toda economía de mercado, un descenso del paro desencadena un aumento de los salarios, dado que los trabajadores tienen más alternativas de empleo y, por tanto, mayor poder en la negociación laboral. Por el contrario, una subida del paro conduce a una caída de los salarios, debido al menor poder de negociación de los trabajadores. Este es el principal mecanismo que mitiga las oscilaciones coyunturales del paro alrededor de su nivel estructural, aunque la intensidad del mecanismo es mucho menor en este que en otros mercados, por las especiales características del trabajo como bien de especial importancia para el bienestar individual y agregado.España no es una excepción a la regla y esta relación negativa entre los salarios «reales» −es decir, descontada la tasa de inflación− y la tasa de paro existe también en nuestro país. Sin embargo, la flexibilidad salarial es menor que en el resto de economías desarrolladas. ¿Por qué? Sobre todo, por dos motivos. En primer lugar, porque la negociación colectiva, en que se determinan los salarios mínimos aplicables y otras condiciones de trabajo, tiene una dimensión esencialmente sectorial, por lo que no responde apenas a la situación particular de cada empresa. En segundo lugar, porque la negociación está en manos de un binomio de agentes ‒las cúpulas patronales y sindicales‒ que defienden esencialmente los intereses de las grandes empresas, por un lado, y los trabajadores con contrato indefinido, por el otro. De esta forma, no se tienen suficientemente en cuenta ni los intereses específicos de las pequeñas y medianas empresas −que representan la inmensa mayoría del empleo en España− ni los intereses de los trabajadores con contrato temporal y los parados. Como los colectivos cuyos intereses se reflejan en la negociación están, en la mayoría de los casos, bastante protegidos de las variaciones negativas de la coyuntura económica, los efectos de esta acaban acusándolos especialmente los demás colectivos. Por la misma razón, tampoco se encuentra una relación muy fuerte entre la evolución de los salarios y la productividad a nivel sectorial.En este punto nos encontramos con una aparente paradoja. Durante la recesión de 2008-2013, los salarios reales cayeron en mayor medida que en recesiones anteriores, lo que parece estar en contradicción con el argumento recién expuesto. La explicación de esta aparente discrepancia viene dada por dos tipos de elementos.Por una parte, es difícil separar la variación salarial que se debe a factores puramente cíclicos (la recesión) y la debida a otros factores. Candidatos de este segundo tipo no faltan, a saber: 1) La globalización −especialmente el comercio internacional−, que reduce la demanda de trabajadores menos cualificados, presionando a la baja sus salarios; 2) El progreso tecnológico, que actualmente tiende a reducir la demanda de trabajadores que desempeñan labores rutinarias −que pueden ser realizadas por máquinas y algoritmos−, y de ahí también su remuneración; 3) El desplome del sector de la construcción y sus industrias anexas, que ha reducido masivamente el empleo de este sector y por ello ha deprimido los salarios de los trabajadores especializados en él; o incluso 4) La propia reforma laboral de 2012. Los dos primeros factores tienen carácter mundial y es indudable que se han intensificado en las últimas décadas.Estos factores están detrás de parte de las caídas salariales durante y despúes de lcrisis. No obstante, conviene adoptar una perspectiva de más largo plazo, en vista de la baja flexibilidad de los salarios estimada durante décadas, y de carácter internacional, pues esas fuerzas mundiales han afectado también al resto de economías y, sin embargo, nuestro aumento del paro es mucho mayor. Por ello, hemos de acudir a una segunda explicación, relacionada con la forma en que se determinan los salarios y condiciones de trabajo en nuestro país y cuál es su interacción con la dualidad laboral.Por un lado, como en recesiones previas, los salarios negociados en los convenios colectivos durante la Gran Recesión tardaron mucho en reaccionar: de hecho, al principio de la crisis siguieron subiendo, pese a la destrucción de empleo temporal, y sólo cayeron cuando empezaron también a destruirse empleos indefinidos. Por otro lado, la mayoría de los ajustes salariales no sucedieron en el núcleo estable del empleo, sino en sus márgenes. En concreto, entre 2008 y 2012, los trabajadores que cambiaron de empresa acumularon, en promedio, un 4,8% de caída salarial real, mientras que aquellos que mantuvieron su empleo ganaron un 2% de poder adquisitivo. Además, los salarios reales iniciales, que percibieron quienes comenzaron una nueva relación laboral, cayeron sustancialmente. Entre los trabajadores adultos, la caída fue del 13% en el caso de los hombres y del 17% en el de las mujeres. Por su parte, entre los jóvenes, las caídas fueron del 16% para los hombres y del 23% para las mujeres.La impresión que transmiten estos datos se ve corroborada por estimaciones llevadas a cabo mediante métodos estadísticos rigurosos, en los que se tienen en cuenta las características de los trabajadores, cuyas diferencias podrían subyacer a esas disparidades en la evolución salarial. En concreto, esos estudios encuentran que la flexibilidad salarial es significativamente mayor en el caso de los trabajadores que cambian de empleo que entre quienes lo conservan y también hallan que, entre estos últimos, la flexibilidad salarial es menor cuanto mayor sea la antigüedad del trabajador en su empleo.Conviene aclarar que estos resultados no significan que los salarios sean en promedio demasiado altos o demasiado bajos. La participación de la remuneración de asalariados en la renta, que es el resultado de multiplicar el empleo asalariado por el salario a nivel agregado, ha sufrido oscilaciones cíclicas en los últimos veinte años y en 2016 era apenas un punto porcentual más baja que en 19972. El argumento que he expuesto es diferente y consiste en destacar que los salarios deberían crecer más en situaciones de expansión y caer más en situaciones de recesión −para que, a cambio, el empleo y el paro oscilasen menos− y también que los salarios deberían responder más a la evolución de la productividad individual y empresarial. Si se dieran estas dos condiciones, la tasa de paro media sería menor.
¿Qué puede hacerse para reducir el paro?
Mi tesis es, por tanto, que la dualidad laboral que caracteriza al mercado de trabajo español obliga a unos trabajadores, los empleados temporales, a proporcionar la mayor parte de los ajustes del empleo y de los salarios requeridos por un sistema económico en continuo cambio. Estos ajustes serían más pequeños si se repartieran de forma más equilibrada entre todos los trabajadores.La dualidad laboral tiene también otras secuelas que conviene mencionar. La dualidad genera una rotación laboral desaforada. Actualmente, del conjunto de contratos cuya duración es predeterminada, que son alrededor del 60%, la mitad dura una semana o menos. No hay una buena justificación económica para semejante rotación, más allá del uso de una vía de ahorro de costes fomentado por la ley.
Vayamos ahora a efectos más generales. En primer lugar, la inserción laboral estable de los jóvenes tarda mucho en producirse: en el período 2008-2016, el primer contrato indefinido se consiguió, en promedio, tras haber transcurrido ocho años desde el inicio de la vida laboral. En segundo lugar, la temporalidad contribuye a reducir la productividad de las empresas y la adquisición de cualificación de los trabajadores, al reducir los incentivos que tienen las empresas para invertir en los empleados temporales. Y, en tercer lugar, hay razones para pensar que la dualidad también redunda en una mayor tasa de paro, debido a la renuencia de las empresas a aceptar el mayor coste esperado del despido que se produce tras la conversión de un contrato temporal en indefinido.
Si este diagnóstico es correcto, entonces podemos derivar dos tipos de posibles remedios de forma inmediata.
El primer tipo de medida persigue luchar contra la dualidad, lo que puede hacerse por varias vías: 1) Introduciendo un sistema «bonus-malus» −como el que se utiliza en Estados Unidos− que eleve las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que presenten un exceso de rotación laboral con respecto al promedio de su sector (independientemente de los tipos de contrato que utilicen); 2) Creando un fondo de capitalización −que existe en Austria y que se introdujo en la legislación española, pero nunca se activó− a través del cual la empresa realizaría cada mes una aportación a la Seguridad Social por cada empleado, que se acumularía en un fondo y que podría luego utilizarse para pagar una parte de la indemnización por despido al rescindir su contrato; 3) Implantando un «contrato único» indefinido, con indemnizaciones que aumenten con la antigüedad del trabajador, a la vez que se suprima la mayor parte de los tipos de contrato temporal, salvo algunos justificados, como los de formación y de sustitución temporal de trabajadores.
El segundo tipo de medida pretende elevar la flexibilidad salarial por dos vías: luchando contra la dualidad y fomentando una mayor respuesta de los salarios a la situación de las empresas, tanto al alza como a la baja. Un importante freno para ello es la extensión automática de las condiciones laborales fijadas en los convenios colectivos a todas las empresas del sector. Esta extensión coadyuva a que la desigualdad salarial sea menor, pero entraña unos costes significativos en términos del empleo. Una medida adecuada sería, por tanto, que sólo se extendiesen esas condiciones si las organizaciones empresariales y sindicales alcanzaran unos umbrales de representatividad altos, lo que no se exige actualmente (ahora el umbral es muy bajo para los sindicatos y a las organizaciones empresariales ni siquiera se les exige umbral alguno).Estas propuestas no bastarían para aliviar todos los problemas que sufre el mercado de trabajo español. Como apunté en la introducción, otros asuntos de primera importancia son el aumento de la desigualdad salarial, el paro de larga duración y el bajísimo crecimiento de la productividad. La mejora de estos problemas también requeriría cambios en áreas como el sistema educativo y de I+D+i o las políticas de defensa de la competencia, por mencionar dos áreas cruciales.Sin embargo, las citadas medidas sí contribuirían a la reducción de la tasa de paro estructural y de la volatilidad del empleo. Su efecto se vería potenciado si se combinaran con otras medidas de reforma institucional. En concreto, sería deseable un aumento significativo de la eficiencia de las políticas activas de empleo y la vinculación a estas de la percepción de prestaciones por desempleo. En la actualidad, las políticas activas de empleo son totalmente inoperantes. Por otra parte, contamos con evidencia empírica sólida de que la percepción de prestaciones por desempleo alarga la duración de los períodos de paro.En un mundo de globalización y cambio tecnológico acelerados, se requiere tanto una mejora continua de las capacidades de los trabajadores como una red de protección suficiente durante los períodos de paro. Por ello, no parece oportuno reducir la generosidad de las prestaciones por desempleo, sino más bien tratarlas como prestaciones para la búsqueda de empleo, vinculando su percepción a la participación en programas de formación −si son necesarios− y a una supervisión por parte de las agencias de colocación del esfuerzo de búsqueda de empleo de los parados. La cooperación público-privada en este ámbito, habitual en otros países, podría ser muy beneficiosa.Llevamos conviviendo con la temporalidad casi treinta y cinco años y no se vislumbra su fin. Por ello, pienso que mi argumentación estaría incompleta sin una explicación de por qué, habiendo un amplio consenso entre los economistas académicos y en las instituciones multilaterales (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, OCDE) acerca del carácter pernicioso de la dualidad laboral entre fijos y temporales, ha resultado imposible que los gobiernos españoles, de izquierdas y de derechas, lleven a cabo medidas para mitigarla.La inviabilidad política de cualquier propuesta para reducir la temporalidad se debe a que la dualidad es un equilibrio político-social muy estableMi limitada experiencia de activismo social en esta área proviene de los intentos de un grupo de economistas académicos, del que formé parte, de fomentar una reforma laboral en línea con lo aquí expuesto: la Propuesta para la reactivación laboral en España, popularmente conocida como el Manifiesto de los cien, de abril de 2009. El manifiesto tuvo bastante eco en los medios de comunicación, que destacaron especialmente uno de sus componentes: la propuesta del contrato único antes mencionado.Quizá lo más sorprendente de esta propuesta sea la casi unanimidad del rechazo que suscitó. Fue muy mal recibida por la CEOE, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y los Gobiernos del PSOE y, después, del PP. Entre los partidos políticos, sólo la acogieron favorablemente UPyD y Ciudadanos, que promovieron varios debates al respecto en el Congreso.A mi juicio, la inviabilidad política de cualquier propuesta para reducir la temporalidad se debe a que la dualidad es un equilibrio político-social muy estable. La dualidad laboral beneficia a los empresarios, que pueden contratar y despedir sin apenas cortapisas y también beneficia a los sindicatos mayoritarios, porque los colectivos cuyos intereses defienden −los trabajadores con contrato indefinido− están más protegidos ante reducciones del empleo (los temporales son despedidos primero) y pueden beneficiarse más en situaciones de bonanza (los temporales están peor pagados). La dualidad tampoco es objetivo prioritario de reforma para los partidos políticos y los gobiernos, al contar esa reforma con la oposición de ambos agentes sociales y dado el insuficiente peso electoral de los más perjudicados por la temporalidad, como son los jóvenes o los trabajadores menos cualificados.Como afirmó una vez el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, «todos sabemos qué hacer, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después de haberlo hecho». Todos los gobiernos españoles han proclamado querer reducir la temporalidad, pero el coste político de hacerlo impide que lleguen a intentarlo. En la actualidad, la combinación de nuestra estructura de negociación colectiva y la dualidad contractual representa un modelo anacrónico. Aunque no haya un esfuerzo real de los próximos gobiernos para reformarla, es difícil que pueda sobrevivir indefinidamente en un mundo, como el de principios del siglo XXI, cada vez más globalizado y con cambios tecnológicos continuos.En particular, las nuevas tecnologías están favoreciendo que en algunos sectores aparezcan nuevas formas de relación entre las empresas y trabajadores independientes que, por tanto, prestan sus servicios sin un contrato de trabajo. Es la llamada «uberización», por la empresa de transporte Uber. En España, la penetración de este tipo de relación es aún escasa, pero su avance en economías como la norteamericana puede tomarse como una predicción de futuro para nuestro país. Este desarrollo pone en cuestión no ya la estructura dual del mercado de trabajo, sino la propia preponderancia del empleo asalariado, al menos en algunas actividades. Y debe reconocerse que un intento serio de legislar para reducir la dualidad podría tener como efecto secundario estimular este tipo de relación, originando una mayor incidencia de «falsos trabajadores autónomos».Sería mejor aceptar los retos de este mundo cambiante y buscar un consenso social y político para avanzar hacia un modelo más eficiente y más justo, como el de los países más avanzados de Europa. En un modelo así se restablecería la relación contractual laboral indefinida para todos aquellos empleos dependientes que, por su naturaleza, no son temporales y se determinaría qué tipos de prestaciones de servicios están mejor cubiertas por una relación de tipo mercantil. Es uno de los principales retos del mercado de trabajo español para las próximas décadas”
Marc Fortuño: ¿Cuánto habría costado liquidar el Banco Popular? Ya tenemos la primera estimación
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“ Hace ya un año en el que el BCE, de acuerdo al Reglamento del Mecanismo Único de Resolución Bancaria, determinó que el Banco Popular se encontraba en grandes dificultades o existía la probabilidad de que fuera a estarlo. Y, en consecuencia, se adoptó medidas para su resolución que se tradujeron en la venta de Banco Popular al Banco Santander por un euro.Todo esto fue motivado por un deterioro significativo de la situación de liquidez de la entidad en sus últimos días que llevó a determinar que la entidad era incapaz, en un futuro cercano, de atender el pago de sus deudas u otras obligaciones financieras en la fecha de su vencimiento.Pero ¿Y si no se hubiera vendido al Santander? ¿Hubiera supuesto un menor o un mayor coste para el total de elementos que forman parte de su pasivo? Ya tenemos la respuesta.
Según informa el diario Expansión, la consultora Deloitte ha elaborado un informe en el que se detalla cuáles habrían sido las consecuencias de liquidar el Banco Popular a través de una liquidación ordenada con la venta de sus activos. Dependiendo del tiempo de dilatación del proceso, se elabora tres entornos posibles con sus respectivos costes.Si la liquidación hubiera transcurrido en dieciocho meses según la legislación mercantil española, los costes para los acreedores se mantendrían en un rango de 28.000-34.000 millones de euros. Si esa liquidación se hubiera extendido hasta tres años, las cifras se relajan y las pérdidas se hubieran situado en 26.000-31.600 millones de euros. En el escenario de mayor plazo, hasta siete años, las pérdidas serían de 23.000-29.000 millones de euros.
En consecuencia, en el escenario más optimista, el coste para los acreedores hubiera ascendido a 23.000 millones de euros y, en el peor escenario, la cifra habría llegado a más de 34.000 millones de euros. En contraposición, las pérdidas fueron cercanas a 12.000 millones de euros. Por lo que de emprender cualquiera de las otras alternativas hubiera supuesto un coste de oportunidad de 11.000 millones hasta 24.000 millones de euros.En cualquiera de los tres entornos analizados, las quitas se hubieran extendido hacia los acreedores senior y a los depósitos superiores a los 100.000 euros. Recordemos que con la venta del Banco Popular al Santander se consiguió evitar dicho escenario y las pérdidas se repercutieron íntegramente para accionistas y acreedores junior. Por lo que la venta de la entidad evitó males mayores.
En junio de 2016, el Banco Popular impulsó una ampliación de capital de 2.500 millones de euros que se evaporaron del mercado meses después, con la caída del precio de la cotización de sus títulos.Esta ampliación de capital se justificó porque la entidad no pasó las pruebas de estrés. Dichas pruebas determinaron que, en el marco de las pruebas de resistencia adversa, el CET1 del banco alcanzaría el 7,01% en 2018, por lo que se necesitaba mejorar las ratios de capital. El problema de esta ampliación de capital es que la información transmitida no se correspondía a la realidad de la entidad. De hecho, en marzo de 2018 el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo sentenció la anulación de la compra de acciones del Banco Popular, siendo la primera sentencia en España en esta línea. Los fundamentos jurídicos en que se basa la sentencia son los siguientes:
A.- La acción de anulación al sostener que la compra de las acciones se efectuó por error provocado por la comunicación de datos engañosos y alterados sobre la situación del Banco en la información financiera publicada para la ampliación de capital. En el documento utilizado por la demandada para comunicar el hecho relevante presentado en la CNMV con fecha de 26 de mayo de 2016 ofrecía una imagen sesgada de la realidad al omitir el negocio Inmobiliario.
B.- Manipulación de las ratios de rentabilidad del banco en la imagen de la presentación comercial que el Banco publicó para recomendar a sus clientes la compra de acciones, que obra en la página once de aquel documento. En el mismo se utilizó medida de la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre los fondos invertidos en la entidad la Ratio on Tangibles Equity (ROTE).
C.- Manipulación del RoA (return of assets). El Banco manipuló este índice en la presentación comercial de la ampliación de capital, en que informó que se encontraba en el 0,92%, cuando según la memoria del 2015 era de sólo el 0,07% y según la del año 2016 era de -2,25%. El buen dato que se ofrece para la ampliación de capital se debe a la manipulación de las cuentas y al hecho de que se hace el cálculo sólo sobre el negocio principal, obviando la parte inmobiliaria […] El RoA lo mostraba como el banco más rentable de España. Tal presentación resulta contradicha por la intervención del Banco y su venta al Banco Santander por sólo 1 € poco pocos meses después.
A pesar de los pesares… El sistema rescates bail-in funciona mejor que el bail-out
La Unión Europea entró en un nuevo y valiente mundo de “rescates” bancarios a principios de 2016. Europa ha malgastado tanto dinero de los contribuyentes en rescatar a los bancos en quiebra en los últimos años que lo lógico era que fueran los inversores -y no los contribuyentes- los que ayudaran a ayuden a pagar las facturas en el futuro. Sin embargo, el duro nuevo régimen conlleva grandes riesgos políticos.La nueva regla clave se basaba en que ningún banco podía ser rescatado con dinero público hasta que los acreedores que representen al menos el 8% de los pasivos del prestamista hayan recapitalizado la entidad. Los llamados rescates típicamente significan borrar las inversiones de los acreedores, recortar su valor o convertirlas en acciones del banco. Los depositantes no asegurados podrían quedar atrapados junto con los inversionistas profesionales.Por otra parte, dentro de la Eurozona, las autoridades nacionales ya no serán responsables de tratar con los bancos en quiebra, ya que este trabajo acaba de ser transferido al mecanismo único de resolución.Durante la crisis financiera mundial, los rescates fueron la forma normal de apuntalar a los bancos en quiebra. La Comisión Europea aprobó 592.000 millones de euros de ayuda estatal a los prestamistas entre octubre de 2008 y finales de 2012. Esto se justificaba porque si los bancos se derrumbaban y los depositantes perdían su dinero, se produciría un caos económico.El problema fue que el rescate de los bancos provocó el aumento de la deuda pública y contribuyó a la crisis del euro. De ahí la idea de que los inversores, y no los contribuyentes, deberían ayudar a pagar el coste del rescate o cierre de bancos, la norma en los Estados Unidos desde la Gran Depresión”
Eulogio Lopez: Santander no paga a traidores: rompe con Allianz. El histórico responsable de la aseguradora en España, Vicente Tardío, no entró en el Consejo de Administración con Luis Valls como presidente: no se fiaba de él
https://www.hispanidad.com/confidencial/santander-no-paga-a-traidores-rompe-con-allianz_12002479_102.html
“La alianza de bancaseguros entre el Popular y Allianz ha llegado a su fin. El Santander tenía dos opciones encima de la mesa: ampliar su acuerdo con Aegon o firmar con Allianz, socio del Popular en bancaseguros. Sólo podía quedar uno -ambos tenían cláusulas de exclusividad- y ese ha sido el grupo holandés, que llegó a España en el año 1980 a través de Seguros Galicia y que comenzó a distribuir seguros de protección y generales con el Santander en 2012.La decisión, anunciada este martes en un comunicado remitido a la CNMV, pone punto final a un acuerdo que ha estado vigente desde el año 1989 y que ha permitido a la aseguradora construir con una importante cartera de clientes en nuestro país.No sólo eso, la alianza entre ambos no se ha limitado al acuerdo de bancaseguros. Recuerden cómo en 2002 Allianz se convirtió, con el 10%, el primer accionista del Popular por delante, incluso, de la Sindicatura (9,7%). Ahora bien, el matrimonio Allianz-Popular pasó por diversas etapas a lo largo de los años y no siempre fue una relación fácil. Por ejemplo, la compañía tuvo que esperar hasta la llegada de Ángel Ron para que Vicente Tardío, responsable de Allianz en España hasta que se jubiló en junio de 2015, se incorporara al Consejo de Administración. El anterior presidente del banco, Luis Valls, no se fiaba de él.Más reciente fue la reacción de Allianz ante la resolución del Popular, tras la que llegó a poner en duda la veracidad de las cuentas del banco. Una postura sorprendente toda vez que en la noche de autos Allianz era el cuarto accionista del banco con el 3,9% del capital. Tardío encabronó a sus compañeros de Consejo cuando, tras la intervención comenzó a asegruau que a lo mejro no se le habia dcho toda la verdad como consejero. Con ello, ponia en solfa la sinceridad durante los mandatos de Ángel Ron como de Emilio Saracho.En defintiiva, Roma no paga traidores.Pero a Tardío no le ha valido de nada. El Santander ha tenido que optar entre Allianz y Aegon… y ha optado por Aegon. En la sede central de Allianz en Munich no deben estar muy contentos.Todo esto es historia. Ahora queda saber la indemnización que tendrá que pagar el Santander a Allianz por la ruptura del acuerdo y el futuro de la gestora de fondos del Popular que también está en manos de Allianz. Si para seguros no había muchas dudas, para la gestora menos todavía: el Santander tiene su propia gestora integrada en la división de Wealth Management cuyo máximo responsable es Víctor Matarranz, una de las figuras emergentes del banco.De momento, Aegon amplía su alianza con el banco que preside Ana Botín en la venta de seguros de vida-riesgo y de varios ramos de seguros generales. La aseguradora pagará al Santander 215 millones de euros más un variable de 75 millones en función de la evolución del negocio durante los próximos cinco años”
Borja Adsuara: ¿ Es la Directiva europea de copyright una ‘máquina de censura’?
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/maquina-de-censura-la-directiva-europea-de-copyright-levanta-suspicacias/6351014
“El 20 de junio pasado se votó y se dio luz verde en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo a la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital.Esta propuesta de Directiva de la Comisión europea data de 2016 y se tramita por el procedimiento legislativo ordinario de codecisión del Parlamento europeo, -que todavía debe aprobarla en el Pleno- y del Consejo (de Ministros de la UE).Si no se aprobara en el Pleno (en su conjunto, porque allí ya no cabe presentar enmiendas), volvería a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y si se aprueba, iría al Consejo, para su aprobación definitiva, más o menos, hacia finales de este año.Uno de los artículos que más polvareda está levantando es el artículo 13, que se refiere al “Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios”. Es decir, qué tienen que hacer las redes sociales con los contenidos subidos por usuarios: Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios (p. ej: redes sociales) adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos.Estos acuerdos (que, en principio, son voluntarios) entre los titulares de derechos -sobre obras y prestaciones- y los proveedores de servicios de la sociedad de la información -que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios- (p. ej: redes sociales) son tanto para el uso de éstas como para impedir que estén disponibles en esos servicios.Una cuestión crítica de estos acuerdos y de la adopción y aplicación de medidas para su cumplimiento (o funcionamiento) es quién debe realizar la identificación de tales obras y prestaciones y, sobre todo, de sus usos indebidos. La directiva europea se limita a decir, simplemente, que serán “identificadas por los titulares de los derechos, en cooperación con los proveedores de los servicios”.Pero lo que más críticas -y suspicacias- ha levantado es que el artículo 13 dice, expresamente, que las medidas pueden consistir en “el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos”. Lo que se ha interpretado como la ‘censura previa’, por mucho que inmediatamente a continuación, la directiva europea diga que dichas medidas “serán” (deben ser) siempre “adecuadas y proporcionadas”.
El artículo 16 de la LSSI
La posibilidad (no obligación) de estos acuerdos entre los titulares de derechos de contenidos y los proveedores de servicios de la Sociedad de la Información no es nueva. Ya estaba contemplada en el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico (2002), que incorporaba al ordenamiento español la Directiva europea sobre la misma materia (de 2000).El artículo 16 de la LSSI, sobre “responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos”, ya admitía la posible existencia de “procedimientos de detección y retirada de contenidos, que los prestadores de los servicios apliquen en virtud de acuerdos voluntarios”. Aunque no decía nada sobre quiénes debían identificar las obras y prestaciones y sus usos indebidos.Tampoco decía nada -expresamente- sobre si dicha detección o reconocimiento de contenidos debía ser ‘a posteriori’ o podía ser incluso ‘previa’ a la publicación por un usuario. Pero “según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto” (que es el primer criterio de interpretación de las normas), es evidente que para poder ‘retirar’ un contenido, antes hay que haberlo publicado.
Libertad de Expresión y límites de la Propiedad Intelectual
Una interpretación sistemática de la Directiva europea de propiedad intelectual, con la Directiva europea sobre Comercio electrónico y, sobre todo, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 11) y la Constitución Española (art. 20), sobre la libertad de expresión y de información, nos lleva a concluir que en la UE no puede haber un instrumento de censura previa.Sé que, en principio, publicar contenidos de otro, sujetos a propiedad intelectual, sin su autorización, no entraría dentro de mi libertad de expresión (porque no son míos). Pero no olvidemos que la propiedad intelectual tiene límites, que permiten usar y publicar esos contenidos sin autorización del autor o titular de derechos, por lo que un reconocimiento y bloqueo previo sí podrían constituir una censura.Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los ‘memes’, que estarían amparados por la parodia, pero también en el derecho de cita y, en general, en los usos inocuos “que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, o que no vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran” (el art. 40 bis de la LPI es lo más parecido que tenemos al ‘fair use’ anglosajón).
Mecanismos de reclamación y supervisión
Pero, más que el apartado 1 del artículo 13 de la propuesta de Directiva europea de propiedad intelectual, a mí me preocupa el apartado 2, que dice: “Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios implanten mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 1”.Está bien que los “proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios” (p. ej: las redes sociales) implanten mecanismos de reclamación y recurso internos, a los que puedan acceder sus usuarios en caso de que les borren un contenido, pero parece que esto es es insuficiente.Lo peor que tiene, a mi juicio, el artículo 13 de la propuesta de Directiva europea de propiedad intelectual es que deja en manos de las grandes multinacionales de internet y, en especial, de las redes sociales, la decisión de qué contenidos puede borrar, sin ninguna supervisión externa; haciendo así la Unión Europea y sus Estados miembros una auténtica dejación o cesión de funciones.Esto no es nuevo, porque ya lo hemos visto en materia de protección de datos, (obligando a los buscadores a que sean ellos los que decidan si aplican -o no- el ‘derecho al olvido’; es decir, si suprimen -o no- los resultados de una búsqueda) y también en materia de libertad de expresión, obligando a las grandes empresas de internet a borrar contenidos de apología del terrorismo o de discurso del odio.¿Quiénes son las multinacionales de internet para hacer de policías y de jueces, en temas que, además, afectan a derechos fundamentales, que, según nuestra Constitución, tienen ‘tutela judicial efectiva’? Pero, sobre todo, ¿quiénes son la Comisión europea, el Parlamento europeo y el Consejo de Ministros europeos para dejar en sus manos estos temas, sin ningún mecanismo de supervisión?”
Alberto Penades: ¿Quién tiene ministerio de cultura? . Entre las democracias más maduras, no lo tienen los gobiernos federales; sí lo tienen las demás
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/democracias-ministerio-cultura_6_784681548.html
““i su país es federal y se encuentra entre las primeras democracias avanzadas (voy a llamar así a los países que ya eran democracias cuando España hizo la transición) notará que no tiene ni ministra ni ministro de cultura y no lo ha tenido nunca. Es una prueba de tornasol inapelable para el federalismo entre las democracias más maduras, siete de un total de 24 países. Sí y solo sí es federal, no es cultural; no basta el truco de descentralizar. Eso es lo que revela una lectura paciente de la Wikipedia. En todos los demás casos hay un ministerio de alto nivel con el nombre de “Cultura” en la puerta. Que además, menos en griego, japonés y hebreo, que no usan el abecedario, se dice siempre igual: o cultura o kultur, o cosa muy parecida, hasta en finés. Alcanzo a distinguir que los griegos usan el equivalente a “civilización” (la palabra tiene la raíz “polis”), pero lo pasamos por cultura. Los federales son estos:
EEUU. Hay algunas agencias de promoción de las artes y la cultura, como el National Endowment of Arts, sin rango gubernamental. El Departamento de Estado (exteriores) tiene una oficina de asuntos “educativos y culturales” para llevar la relación con otros países en esas materias.
A veces se intenta contraponer una especie de modelo anglo, en el que “lo de la cultura” se refiere más al patrimonio y a las artes, a un modelo gálico, que toma el asunto como algo más, digamos, espiritual, pero de mucha contundencia política. En Francia, el Ministerio de Cultura lo introdujo De Gaulle, y se lo entregó a Malraux, en su momento más nacional. En España, con este pico de mantel se hace un argumento anglófilo y anti-estatalista que suele resonar a la derecha del centro.Algo de eso hay, aunque habría que decir modelo anglo-holandés, ya que el primer ministerio en llevar la palabra “Arte” en su rótulo parece que fue Holanda en 1918, si bien ya lo encontramos con la denominación”Cultura, Recreo y Asuntos Sociales” en 1965. Gran Bretaña no crea un ministerio del “Patrimonio” ( Heritage) hasta 1992, aunque ya lo llaman de cultura en 1997; Irlanda espera hasta 2002 ( Arts), y hasta 2010 no introduce en el nombre la “Cultura”, junto al patrimonio y a los asuntos de las tierras del gaélico, como para recordarme qué poco les agradaría cargar con lo de anglo-holandés; el Ministerio de Artes de Nueva Zelanda se crea en 1975, doce años después ya era de “Artes y Cultura” (hoy lo es también del patrimonio); en Canadá se crea el Ministerio del Patrimonio Canadiense en 1996, pero nunca han hecho la transición a la Cultura (solo, tentativamente, a la Multiculturalidad, todo un tema); Australia tiene cargos de rango inferior al ministro dedicados a las Artes y al Patrimonio, pero no Ministerio, y no Cultura.Aunque esta diferencia anglo-latina tiene bastante interés -en España, el Patrimonio depende, en gran medida, del Ministerio de Hacienda- no me parece la más decisiva. Si a eso vamos, igualmente interesante es la evolución de los ministerios de cultura nórdicos desde unos primitivos ministerios de asuntos religiosos (nombre que han recuperado algunos gobiernos conservadores en Noruega, hasta hoy mismo) frente a una cultura laica y más decididamente estatal. Es esa diferencia que va de gestionar algo que se crea en la sociedad a administrar la cuestión con mentalidad de productor de bienes públicos. De hecho, los ministerios de cultura nórdicos a menudo se emparejan con los de asuntos de la sociedad civil, la igualdad, la participación democrática y… los medios de comunicación. Aquí hay un temazo, pero me estoy desviando.El caso es que todos estos matices no son nada comparados con la gran divisoria: los estados federales no tienen Ministerio de Cultura y son los únicos que no los tienen. Por lo demás, los modelos parece que convergen, al menos, en la adopción del rótulo, que se generaliza casi del todo al final del siglo pasado. Las democracias ex-comunistas tienen todas su ministerio, a veces heredado de las repúblicas populares. Las democracias latinoamericanas están llegando más tarde, pero con resolución. Es interesante que en Latinoamérica los países federales sí se están dotando de ministerios de cultura, algunos recentísimos (México en 2015 y Argentina en 2014) pero alguno es más veterano (Brasil lo tiene desde 1985). No soy ninguna autoridad en federalismo, pero estoy seguro de que no todos los federalismos son iguales. ¿Es usted federalista? Hágase la pregunta de si, con todo lo progresista que le pueda parecer la cultura, o con todo lo que la quiera ver bajo su bota, no le parecería mejor que, en lugar de ensalzar o someter, “todo eso” se administrara regionalmente. Salvo unas cuantas cosas que, en rigor, deberían autoadministrarse (como los grandes museos y bibliotecas), recomendando al gobierno qué hacer, más que esperando al gobierno de turno para ver a quién les pone. Yo, solo por esto último, ya compro”
Miguel Sebastian : El coste económico de la corrupción
https://www.lainformacion.com/opinion/miguel-sebastian/
En febrero de 2018 el CIS señalaba que la corrupción era el segundo problema que más preocupaba a los españoles, sólo detrás del paro. Y este motivo de preocupación es coherente con lo que recogen los principales índices de corrupción internacionales.El más conocido y utilizado es el de Transparency International, que el pasado 21 de febrero publicaba su índice de Percepción de la Corrupción, referido al año 2017, y cuyo ranking se refleja de forma gráfica en el siguiente mapa:El mapa resulta bastante bochornoso para nuestro país. Ocupamos el puesto 42 de un total de 180 países, pero, dentro de la Unión Europea, nos situamos en la posición 20 de un total de 28 estados miembros, por detrás de países más pobres que el nuestro, como son Portugal, Polonia, la República Checa, Chipre, Eslovenia o los 3 países bálticos.Y, lo que es peor, no parece que la tendencia sea positiva. En el ranking de 2017 hemos perdido una posición con respecto a 2016. Pero con respecto a 2012 hemos perdido 12 puestos, pues nos situábamos en el número 30 en el año en que Rajoy llegó a la Moncloa.Pese a ser el más utilizado (Fondo Monetario Internacional, The Economist, World Economic Forum) el ranking CPI de Transparency International (TI) no es el único que refleja la preocupante situación de nuestro país. En la tabla a continuación recojo los principales índices internacionales sobre la corrupción en el mundo.
En todos ellos se repite el mismo patrón de comportamiento que en el índice de TI: (i) España se encuentra en un lugar extraordinariamente malo en lo que se refiere al ranking de corrupción, muy por debajo de lo que le correspondería por su nivel de renta per cápita (el puesto 20-22 del mundo), del índice de desarrollo humano o los índices de desarrollo democrático y (ii) la posición de España en los últimos años ha empeorado, perdiendo puestos en el ranking internacional.
Pese a esta percepción generalizada, el hasta esta semana Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, despedía su mandato con una comparecencia en la que, apenas dos días antes de la moción de censura, sorprendía a propios y extraños al afirmar que “los casos de corrupción en el país no alcanzan a tener un impacto apreciable en la tasa de crecimiento del PIB y no tienen interés macroeconómico”.La afirmación resultó chocante porque multitud de organismos, nacionales e internacionales, vienen alertando del coste económico de la corrupción en todos los países. Para el caso español, en un informe publicado en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo estimaba en 48.000 millones de euros, cerca del 5% del PIB, aunque otras estimaciones casi duplican esa cifra. Para muchos autores se trata de cifras exageradas, que extrapolan los extra costes, según un promedio internacional, sobre el volumen de contratación pública de nuestro país. Pero no creo que sea una magnitud excesiva, pues ignora otros muchos costes de “segunda generación” asociados al fenómeno de la corrupción.El FMI, en un documento de 2016 titulado: “La corrupción: costes y estrategias para mitigarla”, cuantificaba en un 2% del PIB mundial el coste promedio global directo de la corrupción. Trasladando esa cifra al caso español, estaríamos hablando de, al menos, unos 20.000 millones de euros. La cifra podría subir si suponemos, a juzgar por los rankings anteriores, que el nivel y, por tanto, el coste de la corrupción en España está por encima de la media mundial. Pero es que, además, esa cuantía se refiere sólo a los costes directos. Y el impacto de la corrupción sobre el crecimiento es mucho mayor, aunque esos costes inducidos sean más difíciles de cuantificar.
En general, se considera que el coste económico de la corrupción se puede desagregar en 5 categorías:
1.- El impacto directo o “coste de oportunidad” del dinero perdido en las actividades relacionadas con la corrupción. Tanto si se trata de dinero pagado por las empresas, en comisiones o sobornos, como de apropiación indebida de las aportaciones de los contribuyentes, todo ese dinero podría dedicarse a una actividad alternativa, tanto productiva como social, lo que los economistas llamamos “coste de oportunidad”. Este es el coste más fácil de estimar, pues equivale a la cuantía del dinero público desviado a cuentas privadas, generalmente a otros países o paraísos fiscales, los sobrecostes de los proyectos de inversión o las comisiones por las decisiones regulatorias o de compras públicas.
2- . Los costes de eficiencia derivados de una mala inversión tanto pública como privada. En el caso de la inversión pública, si un proyecto de infraestructuras se asigna a una empresa por el simple hecho de que ha pagado una comisión, habrá un coste de eficiencia, pues con casi total seguridad ese procedimiento hará que el proyecto no recaiga en la empresa más eficiente o más competitiva. Si se trata de una inversión privada también habrá un coste de eficiencia, pues las empresas sufrirán un sobrecoste (la comisión) que, como si se tratara de un impuesto, frenará o reducirá las decisiones de inversión y el crecimiento económico a largo plazo.
3.- Los costes a largo plazo derivados de diversos problemas de incentivos. Un primer problema es el incentivo a cumplir con el fisco. Si la población percibe que sus administraciones públicas son corruptas, perderá un incentivo a contribuir fiscalmente, pues sospechará que una parte de sus impuestos no irán destinados a fines apropiados, sino que se desviarán hacia las cuentas de los corruptos. La economía sumergida, por tanto, se generalizará. También habrá desincentivos para la formación. Muchos se preguntarán qué interés puede haber en dedicar años a invertir en tu propia educación si, a la hora de la verdad, los buenos puestos en el sector privado o público no se asignan en función de los méritos sino del enchufismo o los sobornos. El mismo problema de incentivos puede surgir en lo que se refiere a la inversión en investigación, en innovación, o en la protección medioambiental.
4.- El daño a la imagen o “marca” país. La percepción que tengan de nuestro país en el exterior afecta no sólo a la inversión extranjera directa, sino también a los intercambios comerciales e incluso al turismo. ¿Querríamos tratar de vender en un país donde nadie nos garantiza que la clave de nuestro éxito no es la calidad o el precio de nuestros productos o servicios, sino nuestra capacidad con acertar con la “tecla apropiada”? ¿Y comprar productos de un país corrupto? ¿Alguien nos garantiza su calidad o trazabilidad? ¿Y qué decir del turismo? ¿Nos sentimos más cómodos yendo a un país transparente y limpio o a otro donde quizás haya que pagar a alguien bajo cuerda para que no te pierdan la maleta, no te roben en la habitación del hotel o no te timen en el transporte?
5.- El impacto sobre la estabilidad política y social. Los países con un nivel de corrupción elevado son más inestables, política y socialmente. Sus divisas más débiles y la volatilidad de su economía, más elevada. La experiencia de la “Primavera Árabe” es un ejemplo claro. También los casos más recientes de Argentina, Guatemala o Brasil. Muchos estudios encuentran una elevada correlación entre nivel de corrupción y prima de riesgo. También entre corrupción y flujos de cartera.En España ya hemos dado un gran paso al quedar en evidencia que la corrupción pasa factura política. Quizás nos queda pendiente el reconocer, pese a lo que afirman algunos, que los costes económicos son muy relevantes, tanto a corto como a largo plazo. Minimizar estos costes no ayuda a atajar el problema, para situarnos en el nivel que nos corresponde en el escenario internacional”
Moises Romero : A Wall Street siempre le han ido bien las guerras…”
http://lacartadelabolsa.com/leer/articulo/a_wall_street_siempre_le_han_ido_bien_las_guerras
“Los conflictos bélicos y los consiguientes ataques provocan miedo entre los consumidores, generan menos confianza en los inversores y un crecimiento negativo a través de cierre de fronteras y medidas de emergencia. A la mayor parte de los mercados globales, las escaladas bélicas le van mal..menos a USA y al Templo de todos los Tempolos de la Bolsa, a Wall Street. Y esa es mi pregunta ¿se rpetirá este fenómeno con el ataque concertado de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria inciado la noche del viernes pasado?”, me dice J.L. analista londinense, que añade “recuerdo que en agosto de 2014, el comentario del premio Nobel de la Paz y entonces presidente estadounidense, Barack Obama dejó un mensaje polémico cuando dijo que “en determinadas circunstancias las guerras son necesarias”. No culpemos de todos los males bélicos al belicoso Trump. Casi todos los presidentes USA han tenido sus propias guerras, sus propios conflictos”. Busco en mi archivo y encuentro lo que sigue. Ilustrativo al máximo:Desde el análisis de los mercados existe una interpretación a esto: las fuertes caídas bursátiles duraderas en el tiempo, en muchas oportunidades han generado conflictos bélicos importantes.Desde 1695 hubieron subidas en las bolsas que llevaron a la gran euforia de 1710-1720 que terminó con la fortuna del célebre Isaac Newton. El abanderado de la época de la razón, cayó en la codicia y la euforia de las grandes burbujas.Desde 1720 hasta 1790 hubo una gran caída que duró prácticamente 70 años, y le quitó a los índices casi el 99% de su valor, o sea, entró en un gran ostracismo. Recién a partir de allí, se vio una gran recuperación.Estos derrumbes crearon entre 1770-1815 años de guerras de independencia en América, la decapitación del rey de Francia y fin de la monarquía en ese país. En este último caso, en el que el pueblo muerto de hambre se abalanza sobre Versalles para luego ajusticiar al monarca, el rey, se puede apreciar el estado de crispación social, y cómo cuando llega a niveles muy altos desemboca en la peor de las manifestaciones: la guerra, el asesinato, la guillotina.Luego, hubo un gran avance hasta aproximadamente 1838, donde se vivió una gran euforia, con 48 años de subidas para ubicarse en niveles muy similares a los de 17201. Allí sobreviene una caída que fue de cerca de entre el 70 y el 75% de su valor desde 1838 que, en realidad, fue una tendencia de ajuste que recién culmina hacia 1862.Este descenso, que duró 25 años hasta que pudiera revertirse, fue el protagonista de la Guerra de Secesión en los EE.UU., que se produjo luego de la caída bursátil tan importante en el país.Luego, sobrevino un nuevo y vigoroso avance desde 1862 hasta 1929 que desembocó en la gran euforia y burbuja financiera que llevó a la Bolsa de valores de 5 hasta niveles de 440 puntos.Pero entre 1929 a 1932, el índice Dow Jones se derrumbó de 440 a 40 puntos entre 1929 y 1932, lo que generó la Gran Depresión de 1930 y desembocó en la Segunda Guerra Mundial, que culminaría en 1945.La Bolsa de Nueva York subió dese 1932 hasta 1966 y su indicador de referencia alcanzó los 1.000 puntos por primera en su historia, aunque, en 1974 se desplomó hasta los 574, tiempos en los que sobrevino la guerra de Vietnam, que tuvo a los EE.UU. como protagonista.Desde 1981, con Ronald Reagan como presidente, el Dow Jones comenzó una gran tendencia positiva y alcanzó los 2.750 puntos en agosto de 1987. Sin embargo, en octubre de 1987 cayó un 40% en tres días (conocido como Black Monday).Pero recién en el derrumbe de 1990 se generó una recesión pequeña en los EEUU, junto con una rápida guerra: la de Kuwait. Para cuando los cazabombarderos arreciaron Bagdad, en enero de 1991, el índice ya estaba subiendo nuevamente.El Dow Jones siguió con su meteórica alza hasta los 12.750 puntos y el Nasdaq alcanzó la marca de los 4.840 en marzo de 2000. Desde allí, los mercados se desplomaron hasta bien avanzado 2002 con pérdidas que rozaron el 30% para el primero y el 80% para el segundo.Entre 2001 y 2003 se desató la lucha contra el terrorismo, donde el mundo presenció la caída de las Torres Gemelas (11 de septiembre de 2001), la guerra de Afganistán y, luego, la de Irak.En el lapso que va desde 2007 hasta comienzos de 2009, ocurrió un nuevo derrumbe del Dow Jones, donde perdió casi el 60% de su valor en poco menos de un año y medio. Allí, no ocurrieron conflictos bélicos importantes, sólo escaramuzas como la de comienzos de 2009 en la franja de Gaza, entre Israel y Palestina”
Roger Senserich: El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado esta semana un informe sobre la red europea de ferrocarriles de alta velocidad. Es un informe relativamente corto (103 páginas), que los medios españoles han recogido con una serie de calificativos sensacionalistas (“demoledor“, “saca los colores“, “político“) como cada vez que alguien habla del AVE en España.También, como de costumbre, los titulares son bastante tendenciosos, en parte porque nadie se parado a leerlo con demasiada atención. Por añadido, como es habitual en estos casos, hay una desantención general a lo que significan los datos incluídos, y una interpretación torpe de muchas de ellas
https://politikon.es/2018/06/28/alta-velocidad-informes-y-lecturas-sesgadas/
“Los auditores de la UE, al analizar la red europea de ferrocarriles de alta velocidad, se concentran en la planificación de infraestructuras ferroviarias a nivel europeo, no a nivel nacional. Para ello analizan el plan europeo de alta velocidad y su aplicación a nivel continental, es decir, para toda la UE. Dado que esta es la agencia que vigila cómo se utilizan los fondos europeos, el estudio está dirigido, por encima de todo, a ver si la millonada que ha puesto la UE en LAVs está contribuyendo a construir una red de ferrocarril europea coherente, o si cada estado ha cogido el dinero y se ha dedicado a hacer las cosas que les convenían individualmente sin mirar a la red paneuropea en su conjunto.Dado que la comisión europea no tienen instrumentos legales y ni poderes especiales para asegurar que los estados miembros inviertan en la red prioritaria transeuropea, os podéis imaginar la respuesta: no, nadie lo hace. La mayoría de calificativos negativos del informe (“incoherente”, “poco valor añadido”, “consideraciones políticas”) se refiere al uso de los fondos europeos en relación a esta quimérica red europea, no a la red española en particular.Esto no quita, por supuesto, que la red española no sea incoherente, tenga escaso valor añadido o se haya construido siguiendo consideraciones políticas. Aunque en agregado las LAV españolas están planificad mucho más as de lo que se dice habitualmente (lo expliqué con cierto detalle aquí), hay un número considerable de pufos, malas ideas y gastos inútiles que son dignos de criticar (algunos ejemplos aquí, aquí y aquí). El informe de la UE, sin embargo, no hace eso. No es un examen de la red española, sino de toda la UE.
Los medios se han lanzando a hablar sobre como el informe describe los interminables plazos de ejecución de las obras, el “elevado coste” de las LAV, cuántos millones vale ahorrar un minuto de viaje, el coste por kilómetro, y cómo modernizar una línea convencional podría ser una mejor alternativa. Esta es la descripción que dan los auditores, ciertamente, sobre el ferrocarril de alta velocidad en Europa, pero la historia es bastante distinta si miramos los datos en detalle, comparando las cifras españolas con las del resto del continente.
El informe señala que el coste medio por kilómetro de una LAV esta sobre €25 millones, y aumentando. Los medios han repetido esta cifra, llevándose las manos a la cabeza sobre el despilfarro.Si miramos los datos de cada una de las LAV analizadas, sin embargo, vemos que hay de hecho tres grupos claros. Por un lado, tenemos a los italianos y alemanes, que están pagando entre €22 y €50 millones por kilómetro en sus LAVs (la peor, por cierto, es la Stuttgart-Munich, que da para un libro). Un poco por debajo tenemos a los franceses, que están construyendo a €16-18 millones el kilómetro. Por debajo de ellos, y con todas la líneas a €15 millones/kilómetro o menos, tenemos el país con la orografía más complicada de Europa, España.Como comparación: la línea francesa más barata (LGV Est) es llana en todo su trayecto excepto para cruzar los Vosgos con un túnel de 4 Km, y les ha salido por €16,5 millones / Km. La LAV Madrid-Barcelona- Francia cruza el Sistema Ibérico, tiene el mayor desnivel de cualquier LAV en el mundo, tiene decenas de túneles, incluyendo dos largos túneles urbanos, montones de viaductos, y ha salido más barata (€15.2 millones/Km).Mirando las cifras generales (más allá de los 10 proyectos analizados), la ventaja de costes de España se mantiene. De media, las LAV las hemos construido a €12 millones/Km comparado con €13 millones para los alemanes (muchas LAV alemanas son para 250 Km/h o adaptadas de líneas convencionales), €15 para los franceses y €28 para los italianos.
Si miramos a los sobrecostes, las LAV españolas salen bien paradas. Los italianos (genios) han evitado tener sobrecostes utilizando el maravilloso método de no tener estimaciones de costes antes de empezar las obras. Las tres LAV españolas analizadas oscilan entre un 38,5% de sobrecoste (Madrid-BCN-Francia) y el 26,3% del Eje Atlántico. Los franceses son ligeramente más competentes que nosotros en las dos LAV analizadas (entre 26 y 28%) y los alemanes son extravagantemente inútiles, con sobrecostes entre un 76 y un 622% (la Stuttgart-Munich es un festival).Las cifras españolas son, además, un tanto engañosas. Es mucho más difícil estimar el coste de construir una infraestructura en terreno montañoso o en túneles, y las cuatro LAV analizadas tienen montones de ellos. En el caso de la LAV de Barcelona, gran parte del sobrecoste se debe al tramo norte debido a la decisión de soterrar la línea en Girona. Aunque un sobrecoste de un 30% parezca elevado, a nivel comparado es una cifra más que competente.
La tabla más importante del informe está en la página 32, donde los auditores dividen el coste de la obra por el tiempo de viaje ahorrado por la LAV. Por aquí repito a menudo que una de las claves de la planificación ferroviaria en España es que las líneas convencionales pre-LAV eran una castaña, así que el retorno de inversión de hacer una línea nueva es mucho más elevado.Centrémonos en las dos líneas que cuando entran en servicio substituyen un trazado por completo, la LAV de Barcelona y el Eje Atlántico. Cada minuto de tiempo ahorrado en tiempo de viaje en la LAV Madrid-Barcelona-Francia ha costado €39,7 millones. En el Aje Atlántico, €34,61 millones. La única LAV que se mueve en cifras parecidas es la Rhin-Rhone francesa, una línea donde la línea clásica dada un rodeo tremendo. En el resto de Europa, nadie baja de los €100 millones, en gran medida porque las líneas convencionales paralelas a la LAV tenían trazados decentes.Vale la pena mencionar el comparativamente elevado coste por minuto de la Madrid-Galicia y Madrid-León (€70 y €57 millones, respectivamente). El motivo no es que la línea convencional en esas relaciones fuera decente, sino que el cálculo de tiempo ahorrado se hace en base a la reducción de tiempos de viaje con la apertura de nuevos tramos a partir de Valladolid y Medina del Campo. Si contamos el coste ahorrado para el total de la línea desde Madrid, los costes serían muy inferiores, dado que el paso por el Guadarrama era el peor tramo de la línea convencional.Dar el coste por separado tiene sentido, sin embargo, porque nos recuerda que las LAV son mucho más baratas cuando son líneas troncales, no antenas a líneas ya construidas. Aún así, incluso estas antenas siguen siendo mucho más baratas que la media europea.
En contra de lo que dicen muchos medios, el informe no da como preferencia general actualizar líneas convencionales en vez de construir una LAV nueva; sólo señala la excepcionalmente cara Venecia-Trieste en Italia como un ejemplo donde eso puede tener sentido (el motivo: la línea clásica es muy buena y no está saturada), y el tramo Munich-Verona en el pufo épico alemán (por tener demasiadas paradas). El informe sí indica que la diferencia de coste entre construir una línea nueva para 250 Km/h o para 350 Km/h no es demasiado elevada, cosa que también he mencionado por aquí alguna vez.Lo más curioso, en todo caso, es que el Eje Atlántico es de hecho una renovación de una línea convencional. El trazado antiguo era infernal en muchos tramos, así que gran parte de la línea se hizo nueva, pero no es una LAV pura. El hecho que el coste por kilómetro sea parecido da un pista sobre el escaso ahorro de renovar convencionales en país tan montañoso como el nuestro.
Lo he explicado otras veces, pero lo repito de nuevo: la cifra sale de un estudio del 2007 que calcula este número basándose en el coste esperado de la obra y el total de tiempo de viaje ahorrado. El estudio, además, es excepcionalmente tacaño analizando los beneficios de una LAV, sólo teniendo en cuenta ahorro de tiempo, sin ningún otro impacto económico. Los nueve millones son una cifra “media” para LAVs que substituyen una línea convencional decente (160/200) con coste de construcción de €20 millones/kilómetro. En el caso español, estamos construyendo por debajo de este coste, substituyendo líneas convencionales mucho peores.La Comisión Europea utilizó esta cifra en un informe de 2008 (su guía para analisis coste-beneficios de proyectos), que es de donde lo sacan casi todos los periodistas. En la edición del 2014 del mismo informe retiraron este baremo, ya que resulta ser poco operativo.
Los medios españoles han dedicado una cantidad de tiempo considerable a recalcar que el informe dice que “los trenes no circulan a su velocidad máxima”, diciendo cosas como que los trenes Madrid-Barcelona circulan a un 54% de lo que deberían según el diseño de la línea. Es una lectura chapucera del informe, ya que los trenes en una LAV nunca tienen velocidades comerciales cercanas a la velocidad máxima. Un AVE, al fin y al cabo, tarda su tiempo en acelerar y frenar; las entradas y salidas de las ciudades, además, tienen a menudo tramos lentos. La velocidad media, en general, es siempre muy inferior a la máxima.Miremos entonces las LAV españolas. De las cuatro analizadas, sólo hay una que está realmente terminada, la Madrid-Barcelona-Francia, con una velocidad comercial de 209 Km/h. Sólo una línea de todas las analizadas tiene velocidades medias más rápidas, la LGV Est y sus 250 Km/h, porque los franceses son unos bestias y esa línea es estupenda. La cifra de la LAV española, sin embargo, es engañosa, ya que los trenes Madrid-frontera tienen paradas, y el tramo Barcelona-Figueres es más lento (200/250). Los trenes más rápidos en la Madrid Barcelona circulan a 235 km/h de velocidad comercial, cosa que es una animalada en una línea tan larga y si pasar de 310 (Renfe y el ADIF de momento han renunciado a circular a 350, la velocidad de diseño de la línea).Las otras tres LAV españolas en el estudio todas tienen sus asteriscos. Madrid-León no está acabada; entre Valladolid y el final de línea aún está limitada a 200 a espera de acabar el ERTMS. En el Eje Atlántico sucede algo parecido. La LAV de Galicia estará también limitada de inicio por el mismo motivo. Aún con estas limitaciones, León y el Eje Atlántico están por encima de la media en aprovechamiento, y Galicia estará cerca del 50% cuando todo esté en servicio, como sucede en el resto de la red con la infraestructura terminada. Sólo Figueres-Perpignan desentona, en gran medida porque es un tramo muy cortito”
Jesus Alfaro : El caso American Express. ¿Acuerdos restrictivos o abuso de posición de dominio?
http://derechomercantilespana.blogspot.com/2018/06/el-caso-american-express.html
“El Tribunal Supremo norteamericano ha decidido que la cláusula que American Express (AmEx) incluye en sus contratos con los comerciantes que aceptan su tarjeta y por la cual éstos se obligan a no inducir a los clientes que pretenden pagar con esta tarjeta a que paguen con otra (al parecer, lo que no impide esa cláusula es que el comerciante induzca al cliente a pagar en dinero o con tarjeta de débito o con un cheque), no es anticompetitiva. Para un europeo, la primera perplejidad surge del fundamento para calificar como anticompetitiva o no la cláusula. AmEx, según el Tribunal Supremo, sólo tiene el 26 % de cuota de mercado – por volumen de transacciones – detrás de VISA y un poco por delante de Master Card. Por tanto, no tiene posición de dominio individual. Y no veo cómo podría decirse que AmEx está tratando de “monopolizar” el mercado americano de tarjetas de crédito. En realidad, lo que alegaron los Estados que demandaron a AmEx es que esa cláusula conducía a elevar los precios y que la subida de precios se repartía entre todos los consumidores. O, en otros términos, que el resto de los consumidores – los que no usaban la tarjeta AmEx estaban subvencionando a éstos. La razón: que la comisión que AmEx cobra a los comerciantes que aceptan su tarjeta es mucho más elevada que la que cobran las tarjetas “normales” de VISA o de MasterCard. De hecho, éstas dos aceptaron eliminar la cláusula de sus contratos con los comerciantes.También es de interés señalar que el número de establecimientos que aceptan AmEx es muy inferior al de los que aceptan las otras tarjetas (AmEx se acepta en 6,4 millones de establecimientos y las otras en 9,4 millones).Así pues, no parece que pueda decirse que AmEx tenga poder de mercado en el sentido del Derecho de la Competencia. Y si no tiene poder de mercado ¿cómo puede calificarse de anticompetitivas las cláusulas de sus contratos? La única vía es la seguida, históricamente, por el TJUE y la Comisión Europea – y ahora utilizada por las autoridades nacionales de competencia en Europa – de enmarcar estos casos en el art. 101 TFUE, o sea, considerarlos como un caso de acuerdos restrictivos de la competencia: el contrato entre AmEx y los comerciantes que aceptan esta tarjeta como medio de pago serían acuerdos en el sentido del art. 101 TFUE (acuerdos verticales) con lo que la exigencia de probar la existencia de una posición de dominio (art. 102 TFUE) no resulta necesaria. Como hemos dicho varias veces, esto es una trampa en el razonamiento que pone del revés el sistema. Pero es también el camino que ha decidido seguir el Tribunal Supremo norteamericano. Efectivamente, la sentencia dice que estamos ante un acuerdo vertical al que es aplicable la “rule of reason” para examinar su compatibilidad con la Sect. 1 de la Sherman Act. En el ámbito europeo, diríamos que no es una infracción “por objeto” pero que puede ser una infracción por los efectos que produce el acuerdo entre AmEx y los comerciantes que se refleja en la cláusula “antisteering” que hemos descrito más arriba. El efecto perverso de enmarcar estos casos en el art. 101/Sect 1 en lugar de hacerlo en el art. 102/Sect 2 es que el análisis para determinar si es anticompetitivo o no se vuelve borroso y poco convincente y, en función de las “querencias” del Tribunal, se traduce en que nunca se consideran restrictivos de la competencia (es lo que ocurre en los Estados Unidos donde es dificilísimo que, bajo la rule of reason se acabe declarando nulo y sancionándose un acuerdo vertical) o que siempre se consideran restrictivos de la competencia, como ocurre en Europa con las cláusulas de PVP y las de protección territorial o las de prohibición al distribuidor de comercializar los productos del fabricante en internet. Una solución más “sincera” y que armonizaría el Derecho de la Competencia en línea con la jurisprudencia norteamericana pasaría por considerar que los acuerdos verticales, en la medida en que no son acuerdos entre competidores, no pueden ser nunca “cárteles” en sí mismos y, por tanto, que solo pueden considerarse anticompetitivos si esconden un acuerdo horizontal entre competidores (como cuando los fabricantes utilizan a los distribuidores para cartelizarse entre sí) o si alguna de las partes tiene poder de mercado. En el caso norteamericano, como cabía esperar, el Tribunal Supremo dice que – teniendo los demandantes la carga de argumentar – “los demandantes no ofrecen ninguna prueba que el precio de las transacciones realizadas con tarjeta de crédito sea más elevado que el precio que cabría esperar encontrar en un mercado competitivo”. La subida de los precios, no acompañada de una reducción de la oferta, no es prueba de ausencia o restricción de la competencia. La razón es que, aunque AmEx haya retenido parte de ese incremento de precios – no lo haya trasladado a sus clientes en forma de mejores ventajas – el aumento del tamaño del mercado indica que el aumento de precios no refleja explotación del poder de mercado, sino mejora del bienestar de los consumidores. La reacción de VISA y MasterCard, ofreciendo tarjetas “platino” más parecidas a AmEx es indicativo de un mercado que funciona con arreglo a criterios de competencia. Es más, dice el Tribunal, que desde los años 50 del siglo XX, las comisiones que se cobran a los comerciantes se han reducido a la mitad. Así que la conclusión es que, en la medida en que la cláusula correspondiente sólo la usa AmEx, su efecto es, más bien, procompetitivo (¡qué sorpresa!) o eficientista ya que corrige una externalidad: que los competidores de AmEx se beneficien de la labor comercial de AmEx cerca de sus clientes. Cuando el establecimiento – dice el Tribunal Supremo – induce al consumidor a utilizar otra tarjeta, está disminuyendo el valor de la American Express a los ojos del cliente porque éste encuentra que su aceptación por el establecimiento no es automática e inmediata (“Cards Welcome” solía poner en la puerta).
Randy Picker ha hecho un excelente análisis del caso AmEx en Promarket. Como es sabido, desde Evans y Schmalensee, a los que la sentencia cita profusamente, el éxito de una plataforma se basa en conseguir que se adhieran y que la utilicen tanto los demandantes como los oferentes de un producto o servicio, cuya participación se refuerza recíprocamente lo que convierte a las plataformas en “monopolios naturales” (economías de escala por el lado de la demanda o economías de red) porque pueden servir a todo el mercado. Como dicen Rochet y Tirole, en un mercado de dos caras “donde dos productos o servicios se venden a dos grupos de clientes, hay que distinguir entre nivel y estructura de precios”. El nivel de precios viene determinado por la suma de los dos precios, el que se cobra a los establecimientos y el que se cobra a los consumidores – en el caso de las tarjetas de crédito – y la estructura de precios es la razón entre los dos precios (60/40, 70/30 por ejemplo). Y dicen estos autores que un mercado tiene dos caras si la “plataforma puede afectar el volumen de transacciones cargando más a uno de los lados y reduciendo el precio pagado por el otro lado en una cuantía idéntica. En otras palabras, la estructura de precios es relevante y las plataformas deben diseñarse para atraer a ambas partes del mercado… un mercado tiene dos caras si la estructura de precios es no-neutral” Como añaden Filistrucchi y otros – también citados por el Tribunal Supremo –, “para que el precio sea no-neutral, tiene que ser imposible para el lado que paga más – el comerciante en el caso de las tarjetas – pasarle la diferencia en sus costes de interactuar a la otra parte”, es decir, en el caso, el comerciante no debe estar en condiciones de traspasar la mayor tasa que le cobra AmEx a los que pagan con esa tarjeta. “Si un traspaso completo fuera posible, la estructura de precios elegida por la plataforma sería irrelevante y no podría controlar el precio relativo cargado a ambas partes”Y, en este marco, que la plataforma – AmEx en este caso – pueda subir los precios que carga a una de las partes del mercado – a los establecimientos en este caso – no quiere decir que esté ejerciendo poder de mercado. Simplemente, la plataforma trata de maximizar sus ingresos y sube los precios a los comerciantes o a los consumidores en función de la elasticidad de la demanda correspondiente. Si los consumidores huyen de la tarjeta AmEx cuando les suben la cuota, AmEx no la subirá. Si los comerciantes no rechazan la tarjeta como medio de pago cuando AmEx les sube la comisión que les cobra, AmEx la subirá. La conclusión es que “incrementos de precio en uno de los lados de la plataforma… no indican efectos anticompetitos sin alguna prueba de que han incrementado los costes totales de los servicios de la plataforma”. Picker sostiene que la sentencia es correcta y que AmEx, en realidad, ofrece a los establecimientos comerciales a un conjunto de clientes que, de no poder utilizar la tarjeta AmEx como medio de pago, no comprarían y los comerciantes han de decidir si prefieren renunciar a esos clientes – lo que muchos hacen ya que no aceptan la tarjeta AmEx como medio de pago – o hacer a esos clientes un “descuento” mayor que otros clientes en forma de comisiones de intercambio más elevadas que pagan a AmEx. Este mayor descuento lo traspasa AmEx a sus clientes – a los titulares de la tarjeta – en forma de ventajas, premios, promociones etc ligadas al uso de la tarjeta. Naturalmente – recuerda Picker – no le traspasa el 100 % del descuento. AmEx se queda con una parte. Los observadores que están indignados con la sentencia lo están porque, al parecer AmEx ha podido subir los precios que carga a los comerciantes “impunemente” – sin perder clientela – veinte veces en los últimos años. Lo cual sería una señal inequívoca de que “ejerce” poder de mercado. Picker dice – con razón – que no. Piénsese en AirBnb y en los incentivos, tanto de los que buscan un alojamiento en una ciudad extranjera por unos pocos día como de los que tienen casas disponibles para tal uso para ofrecer y buscar el servicio en la plataforma de AirBnb y no en una plataforma competidora de menor tamaño. AirBnb entra en una espiral virtuosa porque su mayor atractivo le permite aumentar sus ingresos y aumentar sus inversiones para mejorarla elevando, por consiguiente, el coste de un potencial competidor para entrar en el mercado. Tirole explica aquí con gran claridad los problemas de competencia y las posibles soluciones que estas empresas plantean. La literatura es cada vez más consciente de que no todas las plataformas son iguales. AirBnb y AmEx no se parecen mucho, al menos, en algún aspecto crucial y AmEx no se parece tanto a VISA o MasterCard . Las primeras son infraestructuras para la realización de transacciones “sobre ellas”. Son mercados en el sentido de que lo son las ferias medievales o el bazar de Teherán. Otras plataformas – que reúnen a ambas partes del mercado – no son transaccionales según hemos visto, por ejemplo, anunciantes y potenciales clientes se “reúnen” en los periódicos. (v., aquí para la distinción entre “transactions” y “non-transactions” two sided markets y las consecuencias respecto a la delimitación de los mercados relevantes).Pero, al caso de AmEx, quizá no sea aplicable esta distinción. No sé si habría que ensayar otra clasificación de las plataformas en función del papel neutral o parcial del operador de la plataforma. AmEx puede verse, más bien, como un agente de pagos de los consumidores. AmEx ofrece a los consumidores que son titulares de su tarjeta la posibilidad de pagar sin dinero en efectivo, comodidad a la que añade descuentos en los pagos, pero descuentos en forma de premios (avíos o millas gratis en vuelos, acceso a espectáculos, regalos en especie o en dinero….) o ventajas asociados a la titularidad de la tarjeta. Naturalmente, AmEx, si pretende ser un fiel servidor de sus clientes – los titulares de las tarjetas – tiene que extraer de los comerciantes el máximo descuento posible (la comisión más elevada posible) para maximizar, a su vez, las ventajas, premios etc que puede ofrecer a sus clientes titulares de la tarjeta. Si está en competencia con otros emisores de tarjetas por captar a estos consumidores, el traspaso de la comisión de intercambio a los consumidores se acercará al 100 %. Y si está en competencia con otros emisores de tarjetas por lograr que los establecimientos acepten la tarjeta, tampoco podrá explotar a éstos. Es decir, habría que concluir que los establecimientos comerciales aceptan pagar una tasa de intercambio mayor a AmEx porque los clientes titulares de tarjeta AmEx son mejores clientes (compran más y compran cosas más caras o que dejan más margen al comerciante) y, por tanto, merecen un descuento mayor que los clientes que pagan con otras tarjetas. Como dice Arnold Kling, la discriminación lo explica todo. AmEx permite a los establecimientos comerciales discriminar entre su clientela haciendo, paradójicamente, un descuento mayor a clientes menos sensibles al precio. El descuento no se refleja en el precio de venta sino en prestaciones adicionales proporcionadas por AmEx pero financiadas por el comerciante. Por ejemplo, cuando Amazon ofrece a los vendedores que utilicen su plataforma, les está “vendiendo” sus 300 millones de clientes. Lo lógico es que sean los vendedores los que paguen a Amazon y que Amazon traspase una mayor o menor parte – en función de su poder de mercado – de estos ingresos a sus clientes en forma de mejores precios o ventajas (como la de Amazon Video, los envíos gratuitos, el acceso a libros electrónicos gratis etc). Que Amazon no sea propiedad de los clientes de Amazon – que no sea una mutualidad – no es un obstáculo para realizar este tipo de análisis. La ventaja de hacer el análisis en estos términos es que podemos analizar adecuadamente los incentivos de las partes. Así, AmEx tratará de maximizar, no el número de establecimientos en los que se acepte su tarjeta sino el número de titulares de la misma. Porque de esa forma maximiza sus ingresos (la cuota que pagan los titulares) y aumenta el valor de la misma para los establecimientos comerciales si ser titular de la AmEx aumenta en el margen la probabilidad de que un consumidor realice una compra. Es obvio que el volumen de pagos con la tarjeta aumenta conforme aumenta el número de establecimientos en los que se acepta, pero inducir a los titulares a realizar más pagos y de mayor envergadura con la tarjeta es una vía más “barata” de aumentar el volumen de transacciones que aumentar indiscriminadamente el número de establecimientos que la aceptan (por ej., ¿qué gana AmEx con que esta tarjeta sea aceptada en los McDonalds? Dice la Sentencia que AmEx es la segunda tarjeta “la mayor parte de los titulares de AmEx tienen una Visa o MasterCard pero solo una pequeña parte de los que tienen una Visa o MasterCard tienen una AmEx”). El “modelo de negocio” de AmEx, continúa la sentencia, es distinto del de Visa o MasterCard que obtienen sus ingresos, sobre todo, de cobrar intereses a los clientes por prestarles dinero. AmEx gana dinero con las comisiones que cobra a los comerciantes. Por tanto, AmEx, en función de quienes son sus clientes, no perseguirá aumentar ilimitadamente el número de establecimientos que la aceptan pero sí el número de clientes de cierto poder adquisitivo). Es difícil imaginar a AmEx como un agente de los establecimientos comerciales. La razón es obvia: si AmEx gana dinero en forma de un porcentaje del volumen de compras de sus clientes, tratará de maximizar las compras de sus clientes y, para ahorrar en costes de transacción, asegurarse que las compras de mayor volumen de sus clientes se hacen con su tarjeta lo que, de por sí, concentra su interés en estar presente en aquellos establecimientos comerciales donde típicamente se hacen compras de cierta envergadura. Y, como dice la sentencia, para mejorar su “oferta” a los titulares de la tarjeta, intentará aumentar la tasa de intercambio que cobra a los comerciantes todo lo que pueda. Y, si los establecimientos tienen “poder de mercado” en el sentido de que el cliente típico de AmEx realiza sus compras de determinados productos o servicios en tal establecimiento (piénsese en El Corte Inglés), AmEx se avendrá a reducirle las tasas de intercambio del mismo modo que una empresa de seguros sanitarios intentará que un cardiólogo prestigioso forme parte de su cuadro médico si observa que una parte de sus clientes así lo prefieren.”
Enrique Fanjul : China, el «Gran Salto Adelante» en tecnología
https://blog.realinstitutoelcano.org/china-gran-salto-adelante-tecnologia/
“hina se está convirtiendo de forma imparable en una potencia global en tecnología, contradiciendo la teoría de que los países con regímenes políticos autoritarios están seriamente limitados para la innovación. China ha puesto también en cuestión la efectividad de las supuestas políticas de Estados Unidos y otros países para frenar su avance tecnológico. El mundo debe prepararse para una China que será, que ya empieza a ser, líder global en tecnología.
El pasado 17 de junio el Financial Times publicaba un artículo con el elocuente título de “China is winning the global tech race”. En él se destacaba cómo de las primeras 50 unicornios (startups con un valor de al menos 1.000 millones de dólares) del mundo, 26 son chinas y 16 estadounidenses. No hay ninguna de Europa.Por otro lado, más allá de las empresas líderes en el mundo startup, se reconoce que las empresas chinas en general están progresando con gran rapidez en su capacidad de innovación. El pasado 20 de junio se publicó la edición 2018 del Business Confidence Survey que elabora la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. Se trata de una de las publicaciones más importantes y reconocidas para conocer cómo evoluciona el marco de negocios en China, elaborada sobre la base de una encuesta entre empresas europeas.Pues bien, según esta última edición del estudio un 61% de las empresas encuestadas señalan que las empresas chinas son igual o más innovadoras que las empresas europeas. La progresión respecto a la anterior edición del estudio es llamativa: la proporción de empresas que expresan esta opinión aumenta en 15 puntos porcentuales respecto a 2017.
La mayoría de las empresas europeas considera que las empresas chinas son tan o más innovadoras. Fuente: Business Confidence Survey 2018. European Union Chamber of Commerce in China.La emergencia, aparentemente imparable, de China como potencia tecnológica global fue uno de los temas discutidos en una conferencia sobre el tema (“China’s Economic Growth and Its Impact to the World”) celebrada el pasado 21 de junio en IE Business School, organizada conjuntamente con el China Club, la organización que se ha convertido en los últimos años en una influyente y prestigiosa plataforma de los profesionales chinos en España.Este ascenso de China como gran potencia tecnológica puede suscitar varias reflexiones.
En primer lugar, el despegue tecnológico de China cuestiona la teoría de que un país con un régimen político autoritario está seriamente limitado para desarrollar su capacidad de innovación y tecnología.China ya ha demostrado sobradamente la invalidez de una teoría anterior: que el desarrollo económico terminaría acarreando al cabo de un tiempo la implantación de un sistema político democrático (una idea basada en gran medida en los trabajos seminales del sociólogo estadounidense Seymour Martin Lipset de fines de los años cincuenta, sobre la relación entre modernización y democracia).Son ya varias décadas en las que China ha estado creciendo económicamente a altas tasas, protagonizando la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. Aunque el país se ha suavizado enormemente en lo que se refiere a libertades personales de la población, el poder del Partido Comunista ha permanecido inalterable. Las perspectivas no apuntan a que esto vaya a cambiar en el futuro. Más bien al contrario, en los últimos años estamos asistiendo a un reforzamiento del autoritarismo.China ha mostrado que desarrollo económico sostenido y capacidad de innovación son compatibles con el mantenimiento de un sistema político autoritario.En segundo lugar, el imparable avance tecnológico de China parece cuestionar también la efectividad de las supuestas políticas de algunos países, principalmente Estados Unidos, que pretenderían frenar este avance. Algunos analistas consideran que el objetivo de fondo de las políticas proteccionistas de Trump no es tanto lograr una corrección del déficit comercial como frenar el ascenso de China a una posición de liderazgo tecnológico en el mundo, que amenace el liderazgo americano. De ser así, el dinamismo que muestra China pone de relieve las dificultades que tendrá alcanzar ese supuesto objetivo.
En tercer lugar, un aspecto importante a tener en cuenta es que el avance tecnológico de China se debe en una manera fundamental al impulso de su gobierno (o del Partido Comunista). China es un claro ejemplo de lo que podríamos llamar capitalismo de Estado, es decir, un sistema económico en teoría de mercado pero con un fuerte intervencionismo del gobierno. Este ha establecido unos objetivos claros, en particular en el denominado plan Made in China 2025, en el que el objetivo central es propiciar el ascenso de China en las cadenas tecnológicas de valor de la economía mundial –evitando el riesgo de caer en la denominada “trampa de la renta media”.El gobierno chino ejerce un firme dirigismo sobre la economía. No sólo a través de la extensa presencia de empresas estatales, sino también el mediante el empleo de subvenciones, créditos favorables, intervenciones informales (como simples instrucciones que son seguidas disciplinadamente por los agentes económicos, incluidos los privados), etc., a través de los que orienta el desarrollo económico por la senda que considera deseable.Finalmente, el ascenso tecnológico de China evidencia la necesidad de llevar a cabo una reflexión acerca de sus implicaciones, y acerca de las políticas que deben llevar a cabo los países occidentales, y en especial los europeos. ¿Qué consecuencias tiene para la comunidad internacional el ascenso de China a una posición de liderazgo tecnológico? ¿Puede suponer para los países europeos el riesgo de perder el control sobre determinadas tecnologías? ¿Qué políticas se deben adoptar por parte de la Unión Europea frente a las compras de empresas tecnológicas europeas por parte de empresas chinas? ¿Se deben permitir sin trabas estas compras, cuando en China las inversiones de las empresas extranjeras están sometidas a fuertes restricciones?En fin, éstas son algunas de las cuestiones para el debate. La Unión Europea debe desarrollar una estrategia conjunta, con el fin de tener un poder de negociación y de influencia que sus países individuales, por su cuenta, jamás tendrían”
Javier de Lucas: Asistimos todos los días a gravísimos incumplimientos de normas jurídicas internacionales y estatales sobre derechos de los refugiados, lo que lleva al ánimo de la opinión pública que, en el fondo, no se puede castigar la inobservancia ni la violación de esas normas. Se impone así la consideración pragmática, propia de seudoespecialistas en ciencia política, a quienes no se les cae de la boca la invocación al realismo político y que nos aleccionan en la necesidad de abandonar concepciones “moralistas”. Y fíjense que dicen moralistas, porque no consideran que el incumplimiento de los deberes jurídicos que imponen los Convenios internacionales sea, de verdad, sancionable, como lo son un hurto, una estafa, o una paliza.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1641bcaf798d6f9a
Sin embargo, esto no es cuestión de limosnas, moralinas o buenas intenciones, sino de derechos y deberes, exigibles mediante coacción. En 2016, la ONU emprendió un proceso de análisis, debate e informes hacia un Global Compact on Refugees (GCR) que debería adoptarse ahora, en 2018, con la intención de que los Estados parte en ese GCR asuman obligaciones respecto a los refugiados. El punto de partida fue el acuerdo en torno a una Comprehensive Refugees Response Framework (CRRF), que puede leerse aquí. Los principales hitos quedaron establecidos en el Roadmap publicado el 17 de mayo de 2017. Hoy se trabaja ya sobre documentos –en febrero de 2018 se publicó un borrador cero y en abril se conoció el borrador 1 (pueden consultarse aquí), que permiten apuntar hacia propuestas, es decir, hacia políticas que gestionen de forma global, legítima y eficaz esta realidad que adquiere nuevos perfiles y por tanto exige nuevas respuestas, más allá de los instrumentos internacionales básicos (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York, 1977). Quizá la novedad más significativa y para la que aún no tenemos respuesta sea la del incremento exponencial de las personas que se ven obligadas a desplazarse y buscar lugar seguro como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que en 20 años serán el grupo más importante de personas en busca de protección, refugiados y desplazados medioambientales.En todo caso, lo que me parece más grave es que creíamos consolidados esos instrumentos internacionales básicos de Derechos de los refugiados, pero hemos descubierto que son permanentemente puestos en duda, incluso violados, por los propios Estados firmantes, como –sin necesidad de acudir a las barbaridades del Gobierno Trump– nos lo demuestra pertinazmente la realidad europea desde 2013, y los centenares de muertes de las que son responsables en cierta medida, al menos por omisión, nuestro Gobierno.No sé cómo calificar, por ejemplo lo que se vivió en 2013 en aguas del canal de Sicilia, por la irresponsabilidad de Italia y Malta y que supimos 4 años después gracias al trabajo de investigación de un periodista de L’Espresso: las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos entre el Centro coordinador de rescates de Roma y el de Malta, del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo. Esta semana pasada hemos estado a punto de asistir a algo similar (ya vivido por los pasajeros de barcos como el St Louis o el Tampa), con motivo de la decisión del Gobierno italiano (aparentemente respaldado por la mayor parte de la población, según sondeos publicados por Repubblica), que cerró sus puertos a buques de salvamento de ONG, concretamente al Aquarius, con 630 rescatados a los que se quería condenar a regresar a Libia prolongar su agonía en el mar a la vista de todos. Por cierto, el muy honorable y exquisito Sr Macron, tan atento a la hora de exigir que nadie le tutee, negó sus puertos al mismo barco. Y hoy hemos conocido sondeos que ofrecen un respaldo de la mayoría de los franceses a tan solidaria decisión.Este año hemos alcanzado, según el ACNUR, los 68,5 millones de desplazados y refugiados. En puridad, personas que quieren que les sea concedida la protección que supone el derecho de asilo o, en su defecto, la protección internacional subsidiaria, de forma que es más correcto llamarles asylum seekers. De ellos, más de la mitad son niños. UNICEF estima que en Europa, se embarcaron en la ruta del Mediterráneo central no menos de 25 846 menores (el 90% no acompañados), el doble que en el año anterior y de ellos al menos 700 murieron. De todos los abrumadores datos que saltan a la luz estos días con motivo de la presentación de Informes sobre la situación de los refugiados en el mundo, como el de CEAR, o el de la propia ACNUR, éste me parece el más grave y acuciante.Acabamos de ver imágenes para las que no tengo otro término que el de abominación (por ejemplo, en este reportaje de la BBC. Nos muestran a niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y exhibidos- sí, exhibidos- como ejemplo de la firme política de la administración Trump respecto a los cientos de miles de personas (inmigrantes la mayoría, pero también hay posibles demandantes de asilo) que tratan de alcanzar la esperanza de lo que siguen creyendo un país de derechos y oportunidades, un refugio. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Aún peor, ¿cómo consentimos, por ejemplo, que una parte de esos niños que buscan refugio desaparezcan sin explicación, sin que haya consecuencias?”
caixabankresearch.com :Las exportaciones y la calidad del empleo
http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/im_1806_29_f8_es_1.pdf
“La recuperación de la economía española, además de por su vigor en términos de crecimiento del PIB, se caracteriza también por el auge de las exportaciones de bienes y servicios, que han aumentado su peso en el PIB desde el 25,6% de 2010 al 34,4% de 2017, y el fuerte crecimiento del empleo (+1,9 millones de ocupados desde el 2T 2014). En un Focus anterior,1 analizamos el efecto positivo de las exportaciones sobre la cantidad de empleos creados. En este artículo, analizamos si el auge de las exportaciones también está ayudando a mejorar la calidad del empleo.Para analizar esta cuestión, clasificamos los 54 sectores de actividad de bienes y servicios que figuran en la Encuesta Industrial de Empresas y la Encuesta Anual de Servicios en el año 2015 (última encuesta disponible) según su intensidad exportadora, entendida esta como el porcentaje de las ventas al exterior sobre el total. Seguidamente, a partir de los datos de la EPA, calculamos la calidad del empleo en dichos sectores. En primer lugar, observamos que existe una relación positiva entre la calidad del empleo y la propensión exportadora de los sectores. Es decir, los sec­­tores con una propensión exportadora superior a la media tienen menor temporalidad, mayor proporción de trabajadores a tiempo completo y menor proporción de trabajadores a tiempo parcial involuntarios y de trabajadores que querrían trabajar más horas.Esta diferencia de calidad del empleo entre sectores según su intensidad exportadora es mayor en el ámbito de los proveedores de servicios que en el de los productores de bienes. Los sectores manufactureros son más ho­­mo­­géneos entre sí en términos de intensidad exportadora y también en cuanto a la calidad del empleo (que, en ge­­neral, es superior a la de los servicios). Por ejemplo, en 2017, la tasa de temporalidad en los sectores manufactureros era del 20,9% frente al 28,4% observada en los servicios. Dentro de los servicios, sin embargo, conviven sectores muy abiertos a la exportación, como los sectores relacionados con el turismo (transporte aéreo, alojamiento y agen­­cias de viajes) o los sectores de alto valor añadido (programación, consultoría e informática, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería) con otros que son más difícilmente exportables (servicios jurídicos, actividades inmobiliarias, servicios a edificios y jardinería). Así, en 2017, ponderando por número de empleados, la temporalidad media de los 12 sectores de servicios con una mayor intensidad exportadora fue del 25,6%, mientras que en los 20 sectores menos exportadores fue del 29,5%; la proporción de empleo a tiempo completo fue del 89,9% frente al 77,2%; la tasa de personas empleadas a tiempo parcial de forma involuntaria, del 46,6% frente al 58,8% (diferencial de 12,2 p. p.), y la proporción de empleados que querrían trabajar más, del 8,5% frente al 17,1% (diferencial de
8,7 p. p.). Estas diferencias sugieren que existe un impacto positivo de la internacionalización empresarial en la calidad del empleo.Una vez constatado que los sectores con mayor intensidad exportadora cuentan con empleos de mayor calidad, analizamos si el proceso de internacionalización de las empresas españolas está espoleando la generación de puestos de trabajo de mayor calidad. En este sentido, observamos que el aumento de la temporalidad en los primeros años de la recuperación también fue más moderado en los sectores más exportadores. Sin embargo, sorprende el hecho de que el dinamismo de los sectores exportadores, que como hemos visto suelen generar empleos de mayor calidad, no se esté traduciendo en una mejora de la calidad del empleo a nivel agregado. Ello se explica por el hecho de que, en los sectores más exportadores, el aumento de la cifra de negocios se sustenta en mejoras de la productividad laboral y no tanto en el crecimiento del empleo. En concreto, los 12 sectores con una mayor intensidad exportadora fueron responsables del 61% del crecimiento de la cifra de negocios entre 2013 y 2015, pero, en cambio, solo generaron un 21% de los em­­pleos. No obstante, con una perspectiva temporal más am­­plia, es de esperar que, con la consolidación de la recuperación y de la competitividad exportadora, la mayor productividad acabe por traducirse en una mejor calidad del empleo a nivel agregado”
Fernando Gonzalez: El escándalo de Cambridge Analytica y la necesaria regulación de las GAFA
https://hayderecho.com/2018/04/15/el-escandalo-de-cambridge-analytica-y-la-necesaria-regulacion-de-las-gafa/
“Estamos transitando a trompicones de lo analógico a lo digital y en este proceso nos vamos enterando de cesiones masivas de datos, de encauzamientos de decisiones políticas y de la creación de inmensos monopolios. Las grandes redes sociales saben más de nosotros que nosotros mismos mediante los likes y corazones. Esta transmisión y concentración de conocimiento masivo, está cuestionando los cimientos del sistema democrático, del capitalismo y de la meritocracia como se ha visto en el caso de Cambridge Analytica. Ello con el agravante que el desarrollo de las tecnologías es exponencial, mientras que el desarrollo de la normativa es aritmético, en el mejor de los casos. Es decir que se llega tarde, muy tarde, en cualquier caso.. Estamos transitando a otra dimensión, la dimensión digital que cambia nuestro entorno, pero que no debe cambiar nuestros principios.Por ello, hago las siguientes reflexiones y preguntas:
1.- Debe permitirse operar pagando por el servicio de Facebook y Google con dinero y no con datos personales como actualmente.
2.- Debe informarse a los usuarios a cuanto dinero equivalen los datos cedidos, cuanto ganan estas sociedades con nuestros datos.
3.-Me pregunto ¿se debe permitir pagar con datos personales? ¿cualquier tipo de datos? ¿A cualquiera?
4.- ¿Que normativa tiene/ debe regir esta nueva moneda universal sin banco central emisor?
5.- Debe de informarse de manera más sencilla al consumidor.
6.-Debe abordarse la competencia. He aquí algunas ideas de ello. https://www.nytimes.com/2018/03/28/technology/social-media-privacy.html
7.-Debe existir una institución que vele por los derechos de los usuarios y las instituciones que tanto han costado construir. Pero, sobre todo, que anticipe los grandes cambios que se avecinan. Antes de la Segunda Guerra Mundial IBM vendía tecnología a la Alemania Nazi. Hitler apreciaba tanto esta relación que condecoró al presidente de IBM Thomas J. Watson. Declarada la guerra, en 1940, el presidente de IBM devolvió al régimen Nazi una medalla y publicó un solemne artículo en el New York Times. Sin embargo el Sr. Watson cayó que la sociedad continuó vendiendo tecnología a la Alemania Nazi.Me pregunto si no estamos ante la gestación de un too big to regulate de consecuencias impredecibles con las GAFAs: Google, Amazón, Facebook, Apple. La reciente comparecencia de Zuckerberg en el Senado de los Estados Unidos no indica un giro, por el contrario, se ancla en el mismo principio. Zuckerberg insiste en que la gente da sus datos voluntariamente.”
Gonzalo Garcia Andres: Todo empezó en el verano de 2008 cuando Hank Paulson pidió al Congreso americano con su voz grave que le dieran un bazooka para estabilizar las agencias hipotecarias. Desde entonces, se fijó la idea de que para acabar con una crisis financiera lo que se necesita es dinero, mucho dinero. Este enfoque, aplicado al área del euro, ha degenerado en un debate estéril sobre qué países pagan y qué países gastan, programas de rescate, supuestas transferencias de renta y otras zarandajas. A pocos días del Consejo Europeo que debe aprobar las medidas para que el euro se haga definitivamente grande, se aprecian indicios esperanzadores. La declaración franco-alemana de Meseberg queda lejos del gran impulso que pedimos muchos, pero abre la puerta a avances no desdeñables en la construcción de instituciones comunes para la unión monetaria.El objetivo de esta reforma debería ser equiparar al área del euro con el resto de principales economías en cuanto a su capacidad para preservar la estabilidad económica y financiera
http://blognewdeal.com/gonzalo-garcia-andres/la-oportunidad-de-meseberg/
“Para lograrlo hay que conseguir dos cosas. La primera es que se sea capaz de proveer un seguro eficaz y creíble contra la incertidumbre que ocasiona una crisis financiera. La incertidumbre es lo que convierte problemas de liquidez en problemas de solvencia y calamidades localizadas como la crisis fiscal griega en amenazas sistémicas. La segunda es que pueda resolver las situaciones de insolvencia, tanto de bancos como de soberanos, con el menor coste social posible.Para evaluar las propuestas franco-alemanas, o para determinar dónde convendría dar la batalla en el Consejo Europeo, conviene no enredarse en los números y fijarse en quién y cómo tomará las decisiones, así como en la capacidad de evolución del marco que se acuerde.Empecemos por lo más urgente, que es la liquidez y el funcionamiento uniforme de la política monetaria. Debería quedar claro que solo el BCE puede desempeñar con éxito esta labor crucial. La historia de cómo el programa Outright Monetary Transactions (OMT) consiguió acabar con la crisis del euro es aleccionadora. Pero todavía hay al menos dos cosas importantes que se deben hacer para fortalecer esta función.La Declaración hace una referencia a la primera, al aludir a la provisión de liquidez durante la resolución. La Unión Bancaria tiene aquí un agujero peligroso que es imprescindible tapar. La función de prestamista de última instancia, una de las más antiguas de los bancos centrales, se instrumenta en el área del euro de manera descentralizada. Son los bancos centrales nacionales los que proveen la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) a entidades solventes pero con necesidades de liquidez, a un tipo superior al de las facilidades regulares del Eurosistema y con la garantía de activos financieros de calidad. Aunque existe el deber de informar al BCE y el Consejo de Gobierno se puede oponer a partir de operaciones superiores a los 2.000 millones de euros, lo cierto es que, como demostraron los casos irlandés, chipriota y griego, el modelo ha tendido a fragmentarse cada vez más. Por otra parte, como quedó claro en el caso del Banco Popular, no existe un esquema adecuado para que esta función pueda prolongarse en el caso de que una entidad entre en resolución. Una vez unificada la supervisión bancaria, urge centralizar la provisión de ELA en el BCE y acordar un marco para la provisión de liquidez durante la resolución. Una opción razonable para esto último, avanzada por Fernández de Lis y García (2018) es que el Fondo Único de Resolución y en su caso el MEDE, concedan garantías al BCE para apoyar la provisión de liquidez.La segunda acción en este ámbito sería la creación de un mecanismo para que el programa OMT pueda activarse sin condicionalidad para países cuya deuda pública sea sostenible y que cumplan las reglas fiscales. Gregory Claeys, de Bruegel, ha hecho una propuesta muy inteligente, que dejaría en manos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) la autorización al BCE para activar este OMT puro de liquidez.El segundo aspecto fundamental de la discusión en el Consejo Europeo versará sobre las funciones, la toma de decisiones y el encaje institucional del MEDE. Es preocupante que la Declaración proponga empezar con una renegociación del Tratado del MEDE que incluya un mecanismo de estabilización con condicionalidad. El documento previo acordado por los Ministerios de Finanzas en París y Berlín revela el intento de aplicar condicionalidad ex ante. Pero no conviene perder el tiempo; el MEDE ya cuenta con facilidades precautorias similares a las del FMI, que no sirvieron de nada cuando la crisis se agravó.Aquí las claves son atribuir al MEDE el soporte último de la Unión Bancaria (apoyo financiero al Fondo Único de Resolución con línea de crédito, fondos o garantías) y convertirlo en una institución común que decida por mayoría cualificada. Aunque el tamaño máximo que se señala en la Declaración, cercano pero inferior al del Fondo Único de Resolución, parezca irrisorio, hay que asegurarse de que podrá actuar con flexibilidad cuando se necesite. La Declaración es ambigua, pues habla de preservar los rasgos básicos de la gobernanza; el artículo 5 del Tratado del MEDE, que señala que las decisiones de concesión de asistencia financiera se adoptarán por consenso, es una anomalía en una institución dedicada a la estabilidad financiera. El FMI adopta sus decisiones sobre los programas de financiación por mayoría cualificada (a pesar de funcionar con una cultura de consenso) y el MEDE debería hacer lo propio (la mayoría cualificada con el 80% de los votos ya está prevista para decisiones menores). Este es un tema crucial que debería quedar claro en el Consejo Europeo.El tercer bloque de la discusión será el presupuesto para el área del euro. En la declaración no se menciona el tamaño, pero sería un error centrar la discusión sobre un número en vez de sobre las funciones y la toma de decisiones. La mención a la inversión y a un posible mecanismo de reaseguro para las prestaciones por desempleo permite incluir la estabilización entre sus funciones, más allá de la convergencia y el crecimiento. Por el lado de los ingresos será igualmente importante dar contenido a la referencia a aportaciones nacionales, asignaciones de ingresos y recursos comunes. Es muy posible que la reacción airada del grupo de los doce países de la antigua órbita alemana contra la idea del presupuesto euro se deba a las implicaciones para los ingresos (no olvidemos que Irlanda y Luxemburgo están entre ellos).El presupuesto del euro tiene que concebirse como una base sobre la que construir a medio y largo plazo. No será la solución frente a la próxima recesión, ni un catalizador inmediato para la convergencia. Sin embargo, su potencia institucional y política puede ser enorme. Primero habrá que probar los programas de gasto y recuperar la confianza, idealmente mediante un periodo prolongado de crecimiento, cumplimiento de las reglas fiscales y reducción de los niveles de deuda pública respecto al PIB. En una segunda fase se podrá ampliar la dotación para los mecanismos de estabilización y se podrá empezar a contemplar el ensamblaje institucional definitivo entre el presupuesto euro y el MEDE. Y es que si este último se integra en las instituciones comunitarias, acabará deviniendo de forma natural el Tesoro del presupuesto, emitiendo deuda conjunta de manera regular.Aceptemos pues que los eurobonos tardarán todavía y aprovechemos para deshacernos del galimatías de los ESBies (proyecto para crear activos seguros mediante ingeniería financiera) como ya sugería el documento de los Ministerios de Finanzas. En cuanto al fondo de garantía de depósitos, el texto de la Declaración no permite vislumbrar avances a corto plazo.En definitiva, el paso dado por el gobierno alemán, en un contexto político doméstico difícil y con el desafío del nuevo gobierno italiano a las autoridades europeas, debe valorarse y aprovecharse. Este tren no es de alta velocidad, pero va en la buena dirección, así que conviene subirse a la locomotora y ayudar a conducirlo por la vía de las instituciones comunes y las decisiones por mayoría”

References: artículo 155
 artículo 5
 Resolución 
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 artículo 13
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 artículo 16
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