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Timestamp: 2019-07-19 14:25:28+00:00

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Gloobal - Crisis humanitaria en un área minera de carbón en Colombia
Crisis humanitaria en un área minera de carbón en Colombia
Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien (autoría)
Los afectados por las minas de carbón han quedado con poca tierra productiva y la industria minera ha creado pocos puestos de trabajo para los miembros de la comunidad.La situación se ha deteriorado en las últimas semanas, agravada por la sequía.
En la actualidad, sólo 13 personas de El Hatillo están empleadas, y las 130 familias de la comunidad luchan para ejercer su derecho a la alimentación sin ingresos suficientes ni tierras productivas para comprar o producir alimentos suficientes.
Heidelberg, Geneva, 19 de febrero de 2013.
Carrera 7 # 6-54.
fax: +57 1 337 5890.
Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la crisis humanitaria de 130 familias de la comunidad de El Hatillo, municipio de El Paso, Departamento Cesar. Según la evidencia obtenida de las comunidades y de quienes abogan por sus derechos humanos, la ausencia de alimentos, las extremas condiciones de insalubridad a causa de la contaminación por las minas de carbón a cielo abierto y la alta tasa de desempleo han generado una crisis humanitaria de tremendas dimensiones.
La comunidad El Hatillo es una comunidad campesina que habita en un territorio en el cual en los años 90 fue encontrado carbón térmico. Como consecuencia, la tierra y los baldíos de esta región fueron entregados en concesión a varias empresas para la explotación minera. Desde esa fecha la vida de los campesinos y campesinas se ha visto afectada negativamente: La cercanía a las minas afecta la salud de la gente debido a la contaminación causada por la explotación a cielo abierto, las personas deben soportar un botadero de residuos a solo más o menos 200 metros de sus viviendas y más de un 50 % de la población está sufriendo de problemas respiratorios, de la piel o de los ojos [1]. Más allá, la baja de las cosechas causada por reducción de las tierras para el cultivo, la baja del pescado en el río aledaño y la alta tasa de desempleo, causadas como consecuencia de la actividad minera han confinado a la comunidad a graves condiciones de pobreza, incluyendo una grave situación de inseguridad alimentaria.
En el 2010, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial ordenó a las empresas involucradas en la explotación de carbón en la zona el reasentamiento de la comunidad de El Hatillo, pero también de las comunidades Plan Bonito y Boquerón [2]. Las empresas recurrieron la resolución y buscaron evitar la obligación de reasentar las comunidades mencionadas [3]. De acuerdo con la evidencia recibida, hasta la fecha el proceso ha sido lento y todavía no se implementó un plan de transición para atender las necesidades de las familias afectadas, mientras se desarrolla el reasentamiento, lo cual ha conllevado a la crítica situación actual [4].
En las últimas semanas se ha agudizado bastante la situación: debido a la sequía la cosecha ha seguido reduciendo y las cantidades de pescado siguen disminuyendo. Los vientos fuertes que traen los residuos de la mina han aumentado los problemas de salud, sobre todo los problemas respiratorios. La crisis existente en las minas ha incrementado la tasa del desempleo, de manera que hoy en día de las personas (130 familias en total) que viven en El Hatillo solamente 13 tienen empleo. La gente no tiene cultivos de pancoger ni dinero para adquirir alimentos para su consumo.
En la semana del 28 de enero Pensamiento Acción Social y el Grupo Suiza-Colombia presentaron un derecho de petición ante las entidades del estado alertando la situación que están viviendo las comunidades del Hatillo y solicitando un Banco de Alimentos durante mínimo 4 meses, considerando que en este plazo los proyectos productivos que están por implementarse en el marco del plan de transición deberían comenzar a producir [5].
Hasta el día de hoy la Presidencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Gobernación del Departamento del Cesar han respondido al derecho de petición, no obstante se ha tratado de respuestas escritas que argumentan que la competencia se encuentra en cabeza de la Alcaldía y a la Gobernación de la zona. Mientras las autoridades se disputan sus responsabilidades, hasta ahora ni en el nivel nacional, ni en el departamental o el municipal se ha implementado alguna acción real para solucionar la urgencia alimentaria de las familias del Hatillo de manera adecuada.
El viernes, 15 de febrero, la gobernación llegó al Hatillo con un equipo conformado por médicos, nutricionistas y periodistas, liderado por la primera dama, evaluando la salud de los/as niños/as y entregando un mercado. Este mercado alcanza para alrededor de 4-5 días, en nuestra opinión no es una solución a mediano o largo plazo. La gobernación en está visita no anunció otras acciones para atender la crisis alimentaria [6].
Ante esta situación, el Estado Colombiano se encuentra en una situación de violación de las obligaciones internacionales que ha asumido bajo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas violaciones incluyen el incumplimiento de:
La obligación de respetar: Porque se han adoptado políticas públicas para la promoción de la minería que desconocen estándares internacionales de protección de los derechos humanos y que en el caso del Hatillo, han causado efectos negativos en los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda, el trabajo y otros derechos relacionados.
La obligación de proteger: Porque no ha adoptado medidas oportunas y efectivas para impedir que el impacto de las actividades de actores no estatales afecte la vida digna de las comunidades, ni ha adoptado medidas efectivas para asegurar que se reparen los daños producidos y se eviten daños futuros previsibles.
La obligación de garantía: Porque no ha adoptado las medidas que faciliten a las personas alimentarse por sí mismas en el contexto de dificultad de acceso a los recursos productivos que ha generado la explotación minera y porque tras haber permitido que las comunidades hayan llegado a una situación en la que definitivamente no pueden alimentarse por sus propios medios, no ha proveído ayuda alimentaria oportuna y adecuada que garantice su seguridad alimentaria, ni ha implementado una estrategia que les permita recuperar su autonomía alimentaria.
Como Estado parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Colombiano tiene la obligación de adoptar tan pronto como sea posible y sin discriminación, todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar la realización de estos derechos, especialmente para quienes habitan en su territorio. Con base en lo anterior le solicitamos respetuosamente que:
Adopte a la mayor brevedad posible todas las medidas necesarias para garantizar de manera sostenible el derecho a alimentarse de los campesinos y campesinas del Hatillo, mediante la adopción de programas concertados, que les permitan producir en sus tierras los alimentos que necesitan para vivir de una manera digna y autónoma (obligación de garantizar/facilitar). Si es del caso el Estado deberá suministrar transitoriamente a estos campesinos y campesinas los recursos necesarios - en género o en especie - para adquirir alimentos, hasta cuando ellos se encuentren nuevamente en capacidad de producir sus propios alimentos.
Adopte las medidas de protección necesarias para asegurar que el derecho a la alimentación adecuada y los derechos relacionados de los campesinos y campesinas no siga siendo afectado por actores no estatales.
Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la reparación oportuna y adecuada por parte de los responsables de todos los daños que se han causado como efecto de las actividades mineras en la región.
Adopte todas las medidas de vigilancia necesaria para asegurar que no se produzcan nuevos daños.
Agradecemos su atención a la presente y le solicitamos que me nos mantenga informados sobre las medidas adoptadas para responder a nuestras solicitudes.
Secretario General de FIAN Internacional.
Stephan Suhner.
Grupo Suiza-Colombia.
Esta carta respaldan las siguientes organizaciones:
Colombia Solidarity Campaign, Londres.
Kolko e.V. Derechos Humanos por Colombia, Berlin.
NMRZ Centro de Derechos Humanos de Nuremberg.
FDCL - Centro de Investigación y Documentación Chile Latinoamérica, Berlin.
Pax Christi Alemania, Berlin.
BUND Koblenz.
Centro de Información Dritte Welt e.V., Dortmund.
Iglesia evangélica de Dortmund y Lünen.
Bündnis DEW kommunal, Dortmund.
Relator de Naciones Unidas para el Derechos a la Alimentación, Sr. Olivier de Schutter.
Relatora de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Pobreza Extrema, Sra. Magdalena Sepúlveda.
Relator Especial de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Medioambiente, Sr. John Knox.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unidad sobre los derechos económicos, sociales y culturales.
ncolledan[email protected]
Programa Presidencial para la protección y vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Sra. Alma Viviana Pérez.
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, Representante Permanente ante la ONU, Sra. Alicia Victoria Arango Olmos.
Gobernador del Cesar, Sr. Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
Defensor del Pueblo de Colombia, Sr. Jorge Armando Otálora Gómez.
Defensor del Pueblo Regional para el Departamento Cesar, Sr. Agustín Alberto Flórez Cuello.
Alcaldía de El Paso, Sr. Luis Alberto Murgas.
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Encargado de DDHH del Gobierno Alemán, Sr. Markus Löning.
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Jefe Adjunto, Estados Andinos, Sr. Johannes Bloos.
Embajada Alemana, Encargado de Derechos Humanas, Sr. Helge Holleck.
Embajada de Suiza, Sra. Embajadora Dora Rapold.
Departamento Federal de Asuntos Exteriores, División Seguridad Humana, Embajador Claude Wild.
Resolución 0970 del 20 de mayo del 2010.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/Res0970.pdf.
Resolución 1525 del 5 de agosto del 2010.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/Res1525.pdf.
Resolución 540 del 24 de marzo del 2011.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/Res540.pdf.
Gobernación del Cesar, Secretaria de salud, Informe de estudio poblacional sobre prevalencia de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental en la vereda El Hatillo Corregimiento La Loma- Municipio del Paso, 5-7 de abril del 2011.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/InformeSalud.pdf.
Derecho de Petición de PAS y ASK, enero del 2013.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/1301PETICION.pdf.
Comunicado Publico de la Comunidad del Hatillo del 7 de febrero del 2013.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/130207Comunicado.pdf.
Respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a PAS/ASK del 8 de febrero del 2013.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/130208ANLA.pdf.
Comunicado Publico de PAS; ASK, CINEP del 8 de febrero del 2013.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/130208Comunicado.pdf.
Comunicado Publico de la Comunidad del Hatillo del 15 de febrero del 2013.
https://dl.dropbox.com/u/7204164/Hatillo/130215Comunicado.pdf.
® Informe de estudio poblacional sobre prevalencia de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental en la vereda El Hatillo Corregimiento La Loma- Municipio del Paso, abril 5-7 de 2011.
® Resolución 0970 del 20 de mayo del 2010.
® Resolución 1525 del 05 de agosto del 2010 y Resolución 0540 del 24 de marzo del 2011.
® Comunicado Público de la Comunidad de El Hatillo del 07 de febrero del 2013.
® Derecho de Petición de PAS y ASK de enero del 2013.
® Comunicado Público de la Comunidad de El Hatillo del 15 de febrero del 2013.
http://www.democraciaycooperacion.net/espacio-colaborativo/america-latina/adjunta-tus-documentos-para-el/article/crisis-humanitaria-en-un-area
Fuente original: Foodfirst Information and Action Network.
<http://www.fian.org/es/news/article/detail/carta-abierta-crisis-humanitaria-de-familias-de-la-comunidad-de-el-hatillo/fc41fba9110a6c165612eac8588f28fb/>

References: resolución 

Resolución 

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