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Timestamp: 2019-05-23 05:39:42+00:00

Document:
43ª Sesión Ordinaria del 14 de noviembre de 2018 - C.SS
N.º 43 - TOMO 589 - 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
43.ª SESIÓN ORDINARIA
PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente
ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y EL DIRECTOR GENERAL, JUAN PEDRO LISTA
3) y 11) Asuntos entrados
4)	Pedido de informes
–	El señor senador García solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la solicitud realizada por la Asistencial Médica de Maldonado a los efectos de la instalación de un angiógrafo.
•	Oportunamente fue tramitado.
–	Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.
6)	Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República
–	Proyecto de ley por el que se lo modifica.
7)	Postergación del numeral segundo del orden del día
•	Por moción del señor senador Delgado, el Senado resuelve postergar su consideración.
8)	Contratos del Estado
–	Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 487 de la Ley n.º 15903 (artículo 46 del Tocaf 2012).
9)	Solicitud de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede la licencia solicitada por el señor senador Delgado.
–	Queda convocado el señor senador Draper.
10)	Proyectos presentados
–	El señor senador Cardoso presenta un proyecto de ley por el que se declara el 27 de febrero de cada año como el Día Nacional del Caballo.
•	Pasa a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el cual la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete pasará a denominarse Dr. Julio César Grauert.
•	Pasa a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios.
12)	Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III, Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III, y sus anexos
–	Proyecto de ley por el que se los aprueba.
13)	Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros
–	Proyecto de ley por el que se lo aprueba.
14)	Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria
•	Concedida.
15)	Doctora Mónica Mariella Bórtoli Porro. Designación como ministra de Tribunal de Apelaciones
–	Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia.
•	Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve enviar a la Suprema Corte de Justicia la versión taquigráfica de las palabras del señor senador Carrera.
16) y 18) Señora Laura Dupuy Lasserre y señor Luis Ricardo Nario Fagúndez. Designación como embajadores
–	Solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlos en calidad de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la república ante el Reino de los Países Bajos y ante el Gobierno de la República del Líbano, respectivamente.
17)	Prórroga de la hora de finalización de la sesión
–	Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta agotar el tema en consideración.
19)	Levantamiento de la sesión
•	Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve levantar la sesión.
1) TEXTO DE LA CITACIÓN
«Montevideo, 13 de noviembre de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 14 de noviembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se establecen modificaciones al Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República;
Carp. n.º 1113/2018 - rep. n.º 775/18 y anexo I
2.º) por el que se establece el marco regulatorio al consumo problemático de bebidas alcohólicas;
Carp. n.º 892/2017 - rep. n.º 759/18 y anexo I
3.º) por el que se modifica el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 2012, referente a la capacidad requerida para efectuar contrataciones con el Estado;
Carp. n.º 1184/2018 - rep. n.º 762/18
4.º) por el que se aprueban el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III (Convenio del Fomín III), el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Convenio de Administración del Fomín III) y sus anexos;
Carp. n.º 1004/2018 - rep. n.º 772/18
5.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, suscrito en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 14 de noviembre de 2017.
Carp. n.º 1194/2018 - rep. n.º 769/18
6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Plazo constitucional vence el 11 de diciembre de 2018).
Carp. n.º 1166/2018 - rep. n.º 761/18
7.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de ministra de Tribunal de Apelaciones, a la doctora Mónica Mariella Bórtoli Porro.
Carp. n.º 1187/2018 - rep. n.º 760/18
8.º) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:
– en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Reino de los Países Bajos a la señora Laura Dupuy Lasserre;
Carp. n.º 1227/2018 - rep. n.º 768/18
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Líbano al señor Luis Ricardo Nario Fagúndez.
Carp. n.º 1228/2018 - rep. n.º 767/18
9.º) por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa, el 25 de octubre de 2017;
Carp. n.º 1164/2018 - rep. n.º 773/18
10) por el que se aprueban el Convenio de seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y Rumania y el Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio sobre seguridad social entre la República Oriental del Uruguay y Rumania, suscritos en la ciudad de Montevideo, el 13 de setiembre de 2017;
Carp. n.º 1181/2018 - rep. n.º 770/18
11) por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014;
Carp. n.º 1192/2018 - rep. n.º 771/18
12) por el que se establece el 23 de octubre de cada año como Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación en Todos sus Ámbitos y se declara feriado no laborable para los mismos;
Carp. n.º 1137/2018 - rep. n.º 766/18
13) por el que se designa Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 64 de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 1158/2018 - rep. n.º 763/18
14) por el que se designa Luis Alfredo Pinna Colla la Escuela n.º 25 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.
Carp. n.º 1214/2018 - rep. n.º 764/18
ASISTEN: los señores senadores Álvarez, Amorín, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Berterreche, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Delgado, Eguiluz, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, López Villalba, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Peña, Pintado, Tourné y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Aviaga, Besozzi, Coutinho, De León y Larrañaga.
SEÑOR DIRECTOR GENERAL (Juan Pedro Lista).- «La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República.
–HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.
La Comisión de Defensa Nacional eleva informado un proyecto de ley por el que se amplía la jurisdicción de la Armada nacional en las aguas del río Negro, incluyendo sus islas.
–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN».
4) PEDIDO DE INFORMES
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.
SEÑOR DIRECTOR GENERAL (Juan Pedro Lista).- «El señor senador Javier García, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la solicitud realizada por la Asistencial Médica de Maldonado a los efectos de la instalación de un angiógrafo.
–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».
(Texto del pedido de informes).
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- En la sesión ordinaria del 13 de noviembre no se registraron inasistencias.
6) ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones al Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. (Carp. n.º 1113/2018 - rep. n.º 775/18 y anexo I)».
Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales trae para la aprobación del Cuerpo un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se actualiza la ley que regula el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior.
Este proyecto de ley siguió el procedimiento establecido por los artículos de la Constitución e ingresó a la Cámara de Senadores el 20 de junio de este año. En el mensaje del Poder Ejecutivo se destaca que su finalidad es actualizar el cuerpo normativo que constituye el denominado Estatuto del Servicio Exterior de la República. Conforme a lo que establece el literal A) del artículo 59 de la Constitución de la república, los diplomáticos, los militares y los funcionarios policiales están exceptuados del Estatuto del Funcionario Público y, en consecuencia, deben contar con un régimen que regule su actividad particular.
El estatuto vigente, esto es, el Decreto Ley n.º 14206, de 6 de junio de 1974, dictado en el período de la dictadura cívico-militar, contiene normas que han quedado absolutamente obsoletas, como el tribunal de honor, y son eliminadas en este proyecto de ley. La coyuntura política y las condiciones de índole funcional han cambiado sustantivamente desde entonces, así como también el mundo y los efectos de nuestra política exterior en él.
Este proyecto de ley tiene la virtud de compilar en un nuevo cuerpo normativo disposiciones que estaban dispersas; por ejemplo, el ingreso por concurso data de 1985, y la disposición para el concurso de ascenso, de 1996. Entonces, tenemos ahora la posibilidad de tener todas las disposiciones en un único cuerpo normativo. Por esa razón, el ministerio nos planteó la imperiosa necesidad de actualizar este estatuto.
La norma que tenemos a consideración está conformada por siete capítulos.
El artículo 1.º define qué se entiende por Estatuto del Servicio Exterior y cómo se integra el Servicio Exterior de la república.
En el artículo 2.º se especifican las funciones a cumplir por el personal del servicio exterior –diplomáticas y consulares–, asignadas por el Poder Ejecutivo en la república y en el exterior.
El artículo 3.º establece que además de los deberes inherentes al funcionariado público, están los especiales del personal del servicio exterior, como la probidad, la reserva, el decoro y la dignidad.
Además, se agregan causales de destitución a las comunes de todo empleado público y se especifican derechos que no estaban determinados anteriormente. Por ejemplo, se prevé la implementación del enfoque de género con el objetivo de prevenir e impedir cualquier trato discriminatorio por este motivo y promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera funcional de todo el personal del servicio exterior. Sabemos que toda su pirámide está muy masculinizada, aunque esta realidad se viene transformando significativamente en este último período en el que concursaron un conjunto de hombres y mujeres jóvenes. Al respecto, el proyecto de ley es muy firme al definir que no será aceptada ningún tipo de discriminación.
El artículo 4.º establece que el personal debe guardar absoluta reserva y discreción en los temas vinculados a su tarea y especialmente en las cuestiones clasificadas como reservadas, confidenciales o secretas, obligación que persistirá aun cuando se deje de pertenecer al servicio exterior.
En el capítulo II, «Ingreso al servicio exterior», el artículo 5.º prevé las formas de ingreso y que el Ministerio de Relaciones Exteriores asegurará que no exista ningún tipo de discriminación basada en sexo, discapacidad, origen étnico –son las que indica taxativamente– o cualquier otro tipo.
El artículo 6.º tiene que ver con las formas y condiciones para proveer las vacantes que se produzcan en los cargos del último grado del escalafón del servicio exterior, esto es, tercer secretario o tercera secretaria. En este sentido se hicieron transformaciones importantes, como el tema de la edad, que se establece en cuarenta años. Los estatutos de otros países de la región similares al nuestro prevén edades menores. Al respecto, el canciller decía que se había fijado la edad límite en cuarenta años teniendo claro que esta no era una opción laboral, sino una carrera. Él hacía la cuenta de que un ingreso a los cuarenta suponía tener que concursar a mucha mayor edad con personas que ingresaban, constituyéndose de esa manera una situación difícil. Esta es la razón por la que se establece ese límite, más allá de que sabemos que la recomendación que debemos seguir es la de no limitar por ley. Pero –reitero– el canciller se fundaba en la especificidad del ingreso a la carrera diplomática y al servicio exterior.
El artículo 7.º prevé el concurso de oposición y méritos para el ingreso al servicio exterior, que será reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior, al cual se hará referencia en artículos posteriores.
En el capítulo III, «Instituto Artigas del Servicio Exterior», se establece en el artículo 8.º que actuará como una academia diplomática responsable de organizar cursos de formación para el personal del servicio exterior.
El artículo 9.º consagra la posibilidad de que para la realización de los cursos de especialización o perfeccionamiento se recurra a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores o de otras dependencias del Estado. Asimismo, se habilita la celebración de convenios con instituciones de enseñanza o con técnicos especializados.
El artículo 10 establece directivas al Instituto Artigas del Servicio Exterior para el cumplimiento de sus cometidos.
El artículo 11 regula el deber específico de los funcionarios del servicio exterior de cumplir con un régimen de capacitación y asistencia a los cursos que se dicten. Obviamente, este tipo de capacitación va en línea con la pretensión de capacitar en todas las áreas en las que nos desempeñamos, por la importancia que reviste hacerlo a lo largo de nuestras vidas, dado los cambios tan vertiginosos que existen en el mundo.
El artículo 12 establece que lo dispuesto en los artículos 8.º y 11 se aplica a todo el personal del servicio exterior que pueda ser destinado a prestar funciones en el exterior hasta la categoría o rango de consejero o consejera, exceptuando a quienes cumplan funciones de directores o directores generales, o sean o hayan sido jefe o jefa de misión con carácter permanente.
El capítulo IV, «Ascensos», prevé en el artículo 13 los cargos del servicio exterior según orden jerárquico, categorías y grados.
El artículo 14 establece el límite temporal para la provisión de vacantes que se produzcan en el servicio exterior y el régimen de ascensos.
En el capítulo V, «Categorías y situaciones funcionales», el artículo 15 establece la consideración que tendrán los cargos de embajadores y embajadoras y ministros y ministras del servicio exterior.
El artículo 16 regula la acreditación de los funcionarios de carrera del servicio exterior.
El artículo 17 faculta al Poder Ejecutivo a asignar a los funcionarios del escalafón M, Personal del servicio exterior, la categoría inmediata superior, sin variación en las remuneraciones.
El artículo 18 establece en 72 años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M, Servicio exterior. Este artículo fue muy discutido. Es más: tenemos incluso algunas variantes, porque si bien el mundo tiene claro que las personas –particularmente, en nuestro país– tienen un envejecimiento activo importante que podría llevar a tener más años de actividad que los que ahora tenemos, también es cierto que en muchas carreras se trata de que las edades avanzadas no constituyan un tapón para el ingreso y ascenso de otras generaciones. Si bien es cierto que la discusión no dejó satisfecho a nadie, teníamos la necesidad de poner un límite, y la válvula que encontró el Poder Ejecutivo para superar las edades requeridas fue la designación como cargo de confianza en determinadas responsabilidades.
Acá, más allá de la cuestión jubilatoria y de que sobran los ejemplos de personas que con edades mucho mayores vienen desempeñando tareas de manera extraordinaria para el país, lo que queda claro es que tiene que haber un criterio general y se debe tratar de evitar las excepcionalidades que luego hacen de los artículos una cosa muy distorsionada. Advertimos que este es un tema complicado y que no nos queda del todo claro si fuimos felices con esta redacción o podría haber alguna otra. Lo que sí sabemos es que hay que poner el interés de la nación por encima y dejar escapatorias para que el Poder Ejecutivo pueda contar con esos recursos cuando los requiera.
El artículo 19 prevé las siguientes situaciones del personal de carrera del servicio exterior: la actividad, la disponibilidad y el retiro.
El artículo 20 establece el alcance que tiene la situación de actividad.
El artículo 21 consagra el alcance de la situación de disponibilidad del personal.
El artículo 22 faculta al Poder Ejecutivo a disponer el pase a situación de disponibilidad del personal en los casos taxativamente enunciados.
El artículo 23 regula los supuestos sobre pase a situación de disponibilidad.
El artículo 24 prevé el pase a situación de disponibilidad en determinados supuestos y establece el límite temporal máximo del mismo.
El artículo 25 regula el régimen de percepción de remuneraciones del personal que se encuentre en situación de disponibilidad.
El artículo 26 prevé la prohibición de ascenso en determinados casos de situación de disponibilidad.
Con relación al capítulo VI, «Disposiciones generales», el artículo 27 regula la rotación de todo el personal de carrera del servicio exterior en el desempeño de sus funciones.
El artículo 28 establece inhibiciones para el personal del servicio exterior sancionado por la comisión de faltas administrativas graves.
El artículo 29 establece la antigüedad mínima en el escalafón del servicio exterior para que los terceros secretarios y terceras secretarias puedan prestar servicios en el exterior.
En el artículo 30 se distinguen tres categorías de destinos en el exterior. Este tema ya fue discutido en la rendición de cuentas, se incorpora una definición de Naciones Unidas y se copia lo que tienen estatutos de otros países. Las categorías están graduadas según las condiciones especiales de vida que se presenten en esos destinos.
En el artículo 31 se determina el período de funciones de la primera asignación en el exterior. El tercer secretario, en lugar de salir por cinco años, lo hace por seis, tres años en un destino y tres en otro, y ambos deben ser de diferente categoría. Creemos que todo esto tiene sus correspondientes simulaciones porque se trata de que la pirámide tenga fluidez y podamos aprovechar de la mejor manera los recursos humanos.
En el artículo 32 se regula la situación del personal destinado a cumplir funciones en destinos que presenten condiciones de vida particularmente difíciles.
En el artículo 33 se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar los plazos de desempeño de funciones en el exterior.
En el artículo 34 se prevén excepciones al cumplimiento de los plazos de rotación y de limitación de un solo traslado.
En el artículo 35 se consagra la incompatibilidad de prestar servicios simultáneamente en las misiones diplomáticas u oficinas consulares de la república radicadas en un mismo Estado, al personal del servicio exterior con parentesco hasta tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Asimismo, se regulan aspectos vinculados a la licencia especial.
En el artículo 36 se prevén circunstancias de destino del personal del servicio exterior casado o en unión concubinaria, cuyos cónyuges o concubinos sean extranjeros.
En el artículo 37 se prevé la prohibición de empleo en las misiones diplomáticas, delegaciones u oficinas consulares de la república radicadas en un Estado, a familiares del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando existiera relación jerárquica entre ambos.
En el artículo 38 se establece la obligación del personal del servicio exterior que desempeña funciones fuera del país de solicitar y recibir autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores para que sus cónyuges, concubinos o concubinas puedan ejercer profesiones o desempeñar tareas remuneradas en el país de destino.
En el artículo 39 se consagran condiciones y aptitudes que deben ser valoradas al disponer los destinos y traslados del personal del servicio exterior.
Pasando al capítulo VII, «Disposiciones transitorias y residuales», en el artículo 40 se regulan aspectos del personal de la clase AaA. Aclaro que quedan tres funcionarios en esta clase a que refiere el artículo 44 del Decreto Ley 14206, de 6 de junio de 1974.
En el artículo 41 se regulan aspectos del personal presupuestado del Ministerio de Relaciones Exteriores perteneciente a los escalafones administrativo (C), técnico (B) y especializado (D), y la posibilidad de que sea destinado a prestar funciones administrativas y técnicas en las misiones diplomáticas.
En el artículo 42 se prevé la posibilidad de designación del personal presupuestado del escalafón A, técnico profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, en misiones diplomáticas, oficinas consulares o delegaciones permanentes de la república en el exterior.
En el artículo 43 se prevén derogaciones, y en el 44 se establece que las normas contenidas en la presente ley integran el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República.
Como habrán escuchado los señores senadores que no integran la Comisión de Asuntos Internacionales, en este proyecto de ley hay un uso del lenguaje inclusivo y eso generó una discusión importante. Sin duda, a través del lenguaje se trasmiten, refuerzan o transforman significados y creencias sobre lo femenino y lo masculino, y por eso no es neutro en relación con el género. El uso genérico del masculino en un sentido universal destaca exclusivamente el protagonismo de los hombres e invisibiliza el de las mujeres en cualquier área de la vida social.
Por lo tanto, voy a proponerles que hagamos un ejercicio, ya que adelanto que aquí se va a dar un importante debate a este respecto. Voy a referirme a algo que nos hicieron hacer, a nosotros y a los funcionarios, en un curso que se dio en el Parlamento para aprender a legislar –lo hemos aplicado muy poco– con mirada de género. Algunas cosas hemos hecho, y una de ellas es incorporar en nuestro presupuesto nacional algunos artículos destinados específicamente a reforzar áreas que antes no existían. Por ejemplo, podemos enorgullecernos de lo destinado en el presupuesto para que las mujeres tengan financiamiento en el área del deporte, cosa que no tenían. No digo que esto sea suficiente, pero ha generado una innegable revolución de talentos y la posibilidad de que muchas de nuestras deportistas se destaquen significativamente en el país y en el mundo.
Podríamos poner muchos ejemplos al respecto, pero en el lenguaje hemos avanzado muy poco, y como ejercicio vamos a poner el caso de que para asistir a una recepción se dijera a los legisladores que pueden ir acompañados de sus mujeres; entendemos que también se debería decir que las mujeres podemos ir acompañadas de nuestros hombres. Seguramente esto rechinaría.
(Intervención de un senador que no se escucha).
–Estoy planteando un ejercicio; usted plantee el que quiera.
Bueno, se trata de que se entienda que las mujeres estamos excluidas del lenguaje y que sería bueno que comenzáramos a utilizar un lenguaje inclusivo. Dado que reconocemos que muchas veces no es muy práctico usar la «a» y la «o», adecuamos el texto y pusimos «funcionariado» en lugar de «funcionarios y funcionarias». El lenguaje inclusivo no es poner «a» y «o» en cada una de las referencias, sino encontrar las que nos abarquen a todos, y cuando se habla de «embajador» o «embajadora», decirlo claramente, de la misma forma que nosotros reivindicamos que se nos diga «legisladoras» y no «legisladores», o «presidentas» y no «presidentes».
Como todo, esto es un proceso cultural con idas y vueltas, con resistencias, y descuento que en este recinto va a ocurrir algo similar a lo sucedido en la comisión. Sin embargo, aspiramos a mantener en este proyecto de ley la inclusión en el lenguaje y ser más equitativos.
Debo destacar que recibimos al señor ministro y a su equipo, quienes fundamentaron la necesidad de resumir en un único cuerpo normas que estaban muy dispersas y aggiornarlas, porque este Decreto Ley n.º 14206, además de ser de una época nefasta de nuestra historia –me refiero a la dictadura cívico-militar–, contiene cuestiones que ya no se condicen con los tiempos que vivimos. También recibimos a integrantes de Afuseu, quienes nos hicieron llegar una serie de sugerencias, algunas de las cuales incorporamos y otras no.
Para terminar, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señora presidenta.
Quiero hacer una anotación. Nosotros estamos a favor de la inclusión absoluta de la mujer en todos los órdenes y de la no discriminación, pero me parece que hacerlo a través del lenguaje no solo es equivocado sino que quizá nos meta en líos jurídicos grandes. En definitiva, vamos a incluirlo acá, pero si no es algo que se diga en la calle, se le da al lenguaje y al idioma una finalidad que no le es propia.
La Real Academia Española –inclusive las académicas mujeres que la integran– ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que hace es tomar la forma en que se expresan los pueblos, la gente, y recoger de ahí la forma en que se habla. Sin embargo, estamos haciendo el camino inverso.
SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑORA XAVIER.- Cometí una omisión. El señor senador Bordaberry oportunamente presentó un proyecto de ley de modificación del estatuto, que también estuvo considerado en varios artículos. Cuando hice la referencia, omití decir que trabajó en la comisión y que, además, tuvimos en cuenta sus aportes.
SEÑOR BORDABERRY.- La señora senadora me ha alimentado el ego; me parece que no es muy bueno, pero valoro mucho lo que acaba de decir.
Esto a lo que estaba haciendo referencia es quizás una diferencia; de todas formas, este proyecto de ley se mejoró bastante en este aspecto, porque en lugar de hablar de funcionarios y funcionarias, y reiterarlo en todos lados, se tomó el término «personal». Declaramos entonces un empate y empezamos a utilizar términos que nos complacen a todos. De todas formas, el ingenio no alcanzó –ni siquiera el del secretario que trabaja tanto en la comisión– para encontrar una palabra adecuada a los efectos de no tener que decir: «tercer secretario, tercera secretaria; embajador, embajadora; ministro, ministra; ministro consejero, ministra consejera». En definitiva, hay una inflación de palabras en el proyecto de ley que puede generar algún lío.
El literal a) del artículo 14 dice: «Las vacantes de Segundo Secretario/Segunda Secretaria, Primer Secretario/Primera Secretaria, Consejero/Consejera y Ministro Consejero/Ministra Consejera serán provistas de acuerdo con el resultado obtenido por las listas de antigüedad calificada para el ascenso».
Decía Hemingway que la forma de escribir es sujeto, verbo y predicado y que, sobre todo, hay que tratar de dar claridad en la forma en que uno se expresa. Y, en realidad, todo esto que estaba mencionando atenta contra la legibilidad del lector y a veces nos mete en un lío; quizás en uno jurídico. Por ejemplo, me permito señalar que hay un artículo en el que omitimos decir «ciudadanos/ciudadanas», porque dijimos solo «ciudadanos»; supongo que no estaremos dejando fuera a las ciudadanas. ¡Supongo! Esto nos va a pasar varias veces al tratar de dar al idioma o al lenguaje funciones que no le son propias.
El artículo 36 comienza diciendo: «El personal del Servicio Exterior casado o en unión concubinaria cuyos cónyuges o concubinos o concubinas fueran extranjeros, sean estos o no ciudadanos legales de la República». Si vamos a ser coherentes, tendríamos que decir «ciudadanos o ciudadanas legales de la República», pero no especificamos ciudadanas. O sea que, jurídicamente, ¿estaríamos diciendo que las ciudadanas quedan fuera del alcance del artículo 36 al no incluirlas como en otros artículos?
Si empezamos así con este tema vamos a generar unos líos jurídicos enormes, porque parecería que en todo el proyecto de ley dice «ciudadanos y ciudadanas». Entonces, si un ciudadano está compitiendo con una ciudadana, puede decir que esta no tiene derecho. Me van a decir: «Vaya a la historia fidedigna de la sanción»; y yo voy a responder que no, porque las normas interpretativas vigentes expresan que cuando el texto de la ley es claro no se puede recurrir a su espíritu para interpretarlo. Entonces, corrijan ya el artículo 36 de manera que exprese «ciudadanos o ciudadanas legales».
En realidad, no vamos a arreglar la discriminación de la mujer haciendo estas cosas; esa es la verdad. Ahora vamos a sobrecargar la tarea de los legisladores y, sin duda alguna, la de los secretarios, y a perder legibilidad.
Dicho esto que expresamos con todo respeto hacia quienes piensan de otra forma, quiero dejar claro que no es que estemos en contra de quienes pretenden terminar con la discriminación, sino todo lo contrario. Las y los apoyamos –y apoyamas; a esta altura va a venir alguien a hablar así también– de la forma más fuerte, pero me parece que este no es el camino y nos va a meter en líos jurídicos grandes porque, además, estas leyes remiten a otras que no tienen esta solución y, por ende, cuando ello sucede, ¿cómo interpretamos la otra ley? Estamos ingresando en un camino respecto del cual la máxima autoridad –que es la Real Academia Española– varias veces ha dicho que no es el que corresponde.
Dicho esto, creo que es un muy buen proyecto de ley, transcribe normas que están vigentes en el país desde hace muchísimos años –tal como mencionó la señora miembro informante–, reitera algunas y mejora otras, lo que nos parece que es muy bueno. Al mismo tiempo, aclara una cantidad de normas y sería bueno –no voy a insistir con algo que hemos dicho hasta el cansancio acá– que pusiera una limitación expresa a lo que son los embajadores de confianza. Eso jerarquizaría la carrera profesional del servicio exterior; pero no lo hace del todo e, incluso, establece algún beneficio para aquellos que son embajadores de confianza frente a quienes son embajadores de carrera. Me parece que ni siquiera eso debería existir. Si nos remitimos al artículo 15, veremos que para el caso de embajadores de carrera hay un límite de edad que se deja afuera para el caso de los embajadores que no son de carrera. Si la edad es una limitación, no entiendo por qué no lo es para quien llega de paracaidista y sí para quien realizó su carrera profesional en el ministerio. Hay una especie de asimetría que no nos parece correcta y creo que este sería un buen momento –ahora que está por cambiar el Gobierno; no sé de qué signo será el próximo– para enviar el mensaje de que se termina esto de los embajadores de confianza. No deberían ser más de cinco. Entiendo que esta sería una buena oportunidad para cambiarlo y decir que va a regir a partir del 1.º de marzo de 2020.
También es muy bueno que en el artículo 30 se recoja una situación que se presenta a muchos funcionarios del servicio exterior que a veces son destinados a lugares con complicaciones no solo en materia económica y social, sino de seguridad pública. Hemos abierto una embajada en el Cuerno de África, allá arriba, y obviamente este es un lugar donde hay incertidumbre. Por eso, de ahora en adelante, esto se debe tener en cuenta y me parece que es muy bueno que quede plasmado en el proyecto de ley.
Salvo esas observaciones, entendemos que es una buena ley y vamos a acompañar a la señora presidenta, a las señoras senadoras y a los señores senadores en su aprobación.
SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: a propósito del planteo del señor senador Bordaberry, me interesa señalar que –tal como lo expresó la señora senadora Xavier– se buscó que el proyecto de ley tuviera un lenguaje neutro desde el punto de vista del género en todos sus artículos. Pero el señor senador puede estar tranquilo, porque pedimos a la asesoría legal de la Comisión de Asuntos Internacionales que por favor hiciera una especie de seguimiento de todas estas disposiciones, a los efectos de que no existiera colisión con ninguna otra norma que pusiera en duda lo que efectivamente se quiere establecer.
Sobre el artículo referido a la no limitación de la edad, quiero explicar lo siguiente. Supongo que todos tendrán presente casos de personas de gran notoriedad, que continuaron desempeñando sus funciones hasta edades avanzadas, como Julio Lacarte Muró, por ejemplo. En concreto, no se trata de un beneficio superextraordinario para los cargos de confianza, sino que la idea es recoger la posibilidad de que estas personas continúen ejerciendo funciones más allá de la limitación por edad. Además, en este proyecto de ley se dispone que cesan de todo cargo, es decir, se fija un límite bastante más estricto del establecido anteriormente.
Quería hacer esta explicación porque, como todos coincidieron en que es un buen proyecto de ley –reemplaza a un decreto ley de la Dictadura–, por lo menos, me interesa contribuir con el esclarecimiento de aquellos aspectos que parezcan más contradictorios.
SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: respaldo en un todo las palabras del señor senador Bordaberry con respecto a los textos legales, pues no podemos seguir en esta carrera de tratar de representar cada vez más cuando, en realidad, con el solo uso de los términos bien definidos en nuestro lenguaje eso ya estaría comprendido. Un día alguien que deba aplicar el derecho va a encontrar un vacío o una contradicción y entonces podremos ver el mal que hace legislar de esta manera.
Con respecto al texto, seré muy breve: vamos a votar a favor en general, pero, en la discusión particular, votaremos negativamente algunos artículos, no solo por no estar de acuerdo con su espíritu, sino por lo que manifestamos en la comisión al pedir su desglose. Pero salió afirmativo el texto propuesto por el oficialismo y, en definitiva, no compartimos esos artículos.
Simplemente, quería dejar esta constancia.
Consulto a los señores senadores si se va a plantear algún criterio de votación.
SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑORA XAVIER.- Corresponde que el señor senador que ha adelantado que va a votar de manera diferenciada plantee los desgloses y después votemos capítulo a capítulo, suprimiendo la lectura.
SEÑOR LACALLE POU.- En realidad, no corresponde eso; que lo pueda hacer es otra cosa. Lo que corresponde es votar artículo por artículo. Si se quiere votar en bloque, corresponde pedirlo y, entonces, yo solicitaría el desglose. Eso es lo que corresponde, repito.
Ahora bien, voy a aceptar la sugerencia de la señora senadora Xavier y voy a pedir que se desglosen algunos artículos, que no es lo que corresponde, pero lo voy a hacer.
SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, en principio, se propone votar por capítulos y suprimir la lectura.
SEÑORA XAVIER.- Sí, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el criterio de votación, que será por capítulos, suprimiendo la lectura y desglosando los artículos que sea necesario.
Antes de pasar a la consideración del articulado, consulto al señor senador Lacalle Pou cuáles son los artículos a desglosar.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: ahora sí corresponde que haga este planteo.
Pedimos el desglose de los artículos 1.º, 3.º, 7.º, 15, 32, 37, 40, 41 y 42.
SEÑORA PRESIDENTE.- Votaremos en bloque el capítulo I, salvo los artículos 1.º y 3.º que han sido desglosados.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no intervine en la discusión en general, pero quiero dejar una constancia genérica, que tiene que ver con que estamos legislando de manera literal.
Realmente es un grave error –por decirlo de una forma suave– y eso se ve cuando uno empieza a leer el texto. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo venía mucho peor, pues contenía el doble de palabras que se necesitan para decir las mismas cosas. Algunos aspectos se emprolijaron pero, básicamente, este asunto del lenguaje inclusivo realmente nos lleva a legislar de una manera impropia, generando esta reacción de preocupación en quienes creemos que legislar implica también las cuestiones formales, y no solo las de contenido. El texto habla de «jefe» y «jefa», «embajador» y «embajadora», es decir que todos los cargos figuran con doble término. La verdad, si hiciéramos eso en toda la legislación tendríamos un gran lío –enorme–, cuando todos sabemos que, en los hechos, no se cambia en nada la sustancia y que lo que se pretende, por parte de algunos, es dar un mensaje, pero ciertamente el tema de la equidad de género no se juega en estas cosas sino en otras mucho más importantes, mucho más relevantes. Por tanto, esto es poco menos que caricaturesco.
De modo que voto todas estas normas porque comparto la sustancia, pero la verdad es que siento que estamos legislando mal y generando antecedentes y precedentes lamentables que espero que no se repitan en otro proyecto de ley, porque realmente le hacen daño a la propia inteligencia legislativa.
SEÑOR LACALLE POU.- En el mismo sentido que el señor senador Mieres, quiero decir que la señora senadora Asiaín me ha hecho notar que el nombre del texto legal, en realidad, habla de «funcionario». O sea que el propio nombre del texto legal podría entrar en conflicto con el articulado votado porque, reitero, se refiere al estatuto del funcionario, no de las funcionarias. Pequeño detalle: le cambiamos adentro, pero mantenemos igual el nombre. Esto lo digo, simplemente, para abonar esta preciosa discusión en la cual se nos ha introducido.
SEÑORA MOREIRA.- Las leyes se identifican por sus números, no por sus nombres. Es una lucha que vengo dando porque me encantaría que las leyes tuvieran nombre y no número ya que es mucho más fácil de recordar un nombre que un número. Reitero: las leyes se identifican por un número y así figurará en el registro de leyes; no obstante, recogemos la apreciación del señor senador Lacalle Pou.
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el artículo 1.º, que fue desglosado.
–16 en 29. Afirmativa.
En consideración el artículo 3.º.
–15 en 29. Afirmativa.
En consideración el capítulo II, que votaremos en bloque, excepto el artículo 7.º que ha sido desglosado.
–27 en 28. Afirmativa.
En consideración el artículo 7.º.
–16 en 28. Afirmativa.
En consideración el capítulo III, que no tiene artículos desglosados.
–28 en 29. Afirmativa.
En consideración el capítulo IV, que no tiene artículos desglosados.
En consideración el capítulo V, menos el artículo 15 que ha sido desglosado.
–29 en 30. Afirmativa.
En consideración el artículo 15.
–17 en 30. Afirmativa.
En consideración el capítulo VI, del que han sido desglosados los artículos 32, 36 y 37.
–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.
En consideración el artículo 32.
En consideración el artículo 36.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: a los efectos de que se tome nota, quiero señalar lo siguiente. Si los señores senadores leen el artículo 36 convendrán conmigo en que, para ser coherentes, debería decir: «El personal del Servicio Exterior casado o casada» –o es solo el casado– «o en unión concubinaria cuyos cónyuges o concubinos o concubinas fueran extranjeros o extranjeras, sean estos o no ciudadanos o ciudadanas legales», etcétera. Señalo esto para dejar en claro el berenjenal en el que nos estamos metiendo. Nos comimos pasar por el tamiz de esta nueva realidad del mundo a que nos quieren llevar, este artículo. Solamente lo advierto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36.
En consideración el artículo 37.
–16 en 30. Afirmativa.
En consideración el capítulo VII, del que han sido desglosados los artículos 40, 41 y 42.
En consideración el artículo 40.
En consideración el artículo 41.
En consideración el artículo 42.
7) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA
SEÑORA PRESIDENTE.- Correspondería pasar a considerar el segundo punto del orden del día.
SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: en la coordinación de bancada no fue acordado incluir este asunto en el orden del día, pero además el Partido Nacional tiene en el debe su discusión una vez que salió de comisión y, por tal razón, no hemos adoptado una posición.
Por lo tanto, solicitamos que se postergue la consideración de este tema.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 2012, referente a la capacidad requerida para efectuar contrataciones con el Estado. (Carp. n.º 1184/2018 - rep. n.º 762/18)».
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: me corresponde informar un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 46 del Tocaf.
Tendríamos que establecer los antecedentes de por qué estamos tratando esta norma. Podemos decir que existió un compromiso que asumimos los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos al aprobar las venias de los doctores Marcos Carámbula, Marlene Sica y del escribano Julio Martínez. En aquel momento, las futuras autoridades de ASSE realizaron la presentación de seis puntos a concretar durante su gestión, los que se van cumpliendo de manera progresiva. Podemos decir, también, que en la última rendición de cuentas que se votó, muchos de estos asuntos planteados en la Comisión de Asuntos Administrativos se estaban concretando.
Los puntos de gestión referidos por el doctor Carámbula son: la profesionalización, la auditoría, la regionalización, la descentralización, la cercanía y la adecuación normativa de la gestión de ASSE. El doctor Carámbula, en particular, hizo referencia al artículo 46.
Como todos sabemos, ASSE es una institución que tiene 33.000 funcionarios, más de 70 unidades ejecutoras, 900 centros periféricos y más de 1:300.000 usuarios. El doctor Carámbula señaló que la norma debe contemplar el conflicto de intereses y que, al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que en nuestro país todos los trabajadores del sector público –no solo médicos, todos los trabajadores– en muchos casos trabajan en mutualistas o instituciones que complementan servicios con ASSE. Por ello, es necesario adecuar la norma para que se pueda ejercer la dirección y el servicio de ASSE con transparencia, para que se contemple la situación de conflicto de intereses y, al mismo tiempo, se pueda desarrollar los cometidos.
La normativa actual –señalaban en ese momento las futuras autoridades de ASSE– constriñe a la institución a tal punto que dificulta el desarrollo de sus aspectos asistenciales. Algo que compartimos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación –por lo menos siete de los nueve integrantes que votamos a favor de esta modificación–, es que estamos de acuerdo con que la legislación impida que se esté de los dos lados del mostrador –es decir que se sea ordenador y prestador del servicio– y que es correcto que la norma limite el conflicto de intereses.
Cuando nos pusimos a trabajar en la modificación de esta norma invitamos a representantes del Ministerio de Salud Pública, de ASSE, del Tribunal de Cuentas y de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi). Esta federación no pudo concurrir a la comisión, pero envió una nota a la que voy a dar lectura porque me parece importante que los prestadores del interior del país también pongan sobre la mesa la necesidad de que se modifique esta norma. En una parte de dicha nota, Fepremi manifestó lo siguiente: «Desde que los órganos de control del Estado, en materia de legalidad de los gastos, comenzaran a observar las contrataciones de ASSE, por considerar la existencia de conflictos de intereses, quedaron comprendidas en ellas un importante número de situaciones contractuales entre las instituciones de FEPREMI y ASSE que –si bien encuadraban en el precepto legal–, no verifican la existencia de tal conflicto.
Ello ha motivado la necesidad de actualizar dicha disposición.
FEPREMI expresa que comparte todas las medidas tendientes a dar mayor transparencia y garantías a la contratación administrativa, tanto para la Administración como para los administrados».
Cuando nos pusimos a trabajar, partimos de una hipótesis que consistía en otorgar una excepción especial a ASSE, pero luego, basados en el criterio que adoptó por mayoría el Tribunal de Cuentas, decidimos hacer una interpretación con carácter general acerca de qué se entiende por «administración contratante». Esta es, también, la posición de la doctora Cristina Vázquez y del doctor Carlos Delpiazzo, quienes afirman que el concepto de «administración contratante» debe entenderse como unidad ejecutora.
En definitiva, en la iniciativa que tenemos en consideración no pretendemos en modo alguno flexibilizar la normativa ni establecer limitaciones a las incompatibilidades. En las situaciones en las cuales existen conflictos de intereses hay que actuar en consecuencia y no permitir la contratación. Lo que se busca es una herramienta de gestión, pero en ningún caso se pretende flexibilizar sino limitar las incompatibilidades a aquellas personas que formen parte de los equipos de gestión y que tengan poder a la hora de tomar decisiones, es decir: los directores, los subdirectores y los ordenadores de gastos. Esas incompatibilidades son correctas y las compartimos, pero no estamos de acuerdo con que a una persona que es dependiente de una unidad y que no participa en el proceso de decisión ni de contratación se le limite la posibilidad de contratación. Por ejemplo, hoy se puede dar el caso de que la Administración deje de lado una propuesta de mejor calidad o de menor precio aun cuando no exista ningún tipo de incidencia en la decisión.
Como dije, comenzamos a analizar una propuesta de excepción únicamente para ASSE porque dentro de la Administración pública uruguaya ese es el organismo donde se ha focalizado este problema, y optamos por la propuesta que el Tribunal de Cuentas presentó a la comisión. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, cada vez que se traten estos temas referidos a la modificación de normas de contratación administrativa y financiera del Estado, debemos escuchar al Tribunal de Cuentas. Por eso creemos que fue muy importante que este organismo hiciera una propuesta, decidida por mayoría, que fue la que aceptamos. En esa propuesta se mantiene, básicamente, el tema del conflicto de intereses y que la persona no tenga ninguna participación en el proceso de contratación; se incorpora algo que había solicitado el señor senador Heber, que era determinar con mayor fuerza que la declaración jurada tenga las consecuencias del Código Penal; y, por último –a pedido del Tribunal de Cuentas–, se establece, con carácter interpretativo, que la referencia a la «administración contratante» que se hace en el texto comprende las unidades ejecutoras del inciso del presupuesto nacional.
En síntesis, la modificación que proponemos sigue lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas que, al analizar la norma, sugirió en primer lugar reforzar el concepto de conflicto de intereses y que no se pueda dar curso a ninguna contratación cuando esté presente esta situación.
En segundo término, propuso que la persona no tenga participación en el proceso de contratación. Esta norma es mucho más abarcativa que la anterior, en la que se determina que no se tenga poder de decisión.
En tercer lugar, planteó que de las circunstancias mencionadas deberá dejarse expresa constancia en el expediente mediante una declaración jurada que tendrá las consecuencias del Código Penal.
En cuarto término, sugirió establecer con carácter interpretativo cuál es el alcance de la expresión «administración contratante», y adoptamos la posición aconsejada por el Tribunal de Cuentas que, en doctrina, es la misma que sostienen la doctora Vázquez y el doctor Delpiazzo.
A su vez, se da alcance a nivel de unidad ejecutora. A este respecto, las autoridades del Tribunal de Cuentas nos señalaban que con esta interpretación se mitigan gran parte de los problemas que tiene actualmente ASSE en el desarrollo de su gestión.
En definitiva –tal como lo señalé–, la nueva redacción recoge la interpretación mayoritaria del Tribunal de Cuentas, que es el órgano de contralor en la materia, y según lo expresado por su presidenta –la contadora Susana Díaz–, con esta norma los conflictos de intereses se manejarán con mayor claridad.
Era cuanto tenía para informar.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Quiero solicitar autorización al Cuerpo para poder hacer uso de la palabra, dado que me comprenden las generales de la ley en el tema de la salud.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud del señor senador.
Tiene la palabra el señor senador.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Muchas gracias, señora presidenta y señores senadores.
Este es un tema muy caro para alguien que va a cumplir prácticamente cincuenta años en la administración de salud, tanto pública como privada. Hablé de ello con el presidente de ASSE en cuanto asumió y me puse a sus órdenes para intentar colaborar.
Hay temas que son muy conocidos, y son históricos. Me refiero a que muchos de los directores de instituciones –sobre todo, las de pequeñas localidades– no quieren tener convenios de complementación para tratar de unir fuerzas y obtener una mejor calidad en la atención de la salud. Debido a intereses muy mezquinos que tratan de favorecer a las propias instituciones a que ellos pertenecen, nos privamos de contar con una mejor calidad de salud y terminamos teniendo pequeños centros de salud en localidades donde muchas veces ASSE es el principal prestador, cuando deberíamos tener complementación con esa misma administración, que brinda un excelente servicio, en muchos casos mejor que el de las propias instituciones. Esto también sucede en los barrios de Montevideo.
Por estas razones, me alegra que se haya presentado el tema, que se haya puesto el elefante encima de la mesa.
Reitero: hablé con el doctor Carámbula ni bien asumió la presidencia de ASSE porque creo que hay que actuar de una vez por todas; no puede haber personas que estén impidiendo que se lleven a cabo esas complementaciones, que fueron firmadas y acordadas, violando totalmente las normas. Es un delito, una falta grave, que una persona no permita una complementación que ya fue acordada y firmada en un contrato, y deban trasladarse pacientes a otros lugares, con todos los gastos y complicaciones que ello implica. Sé que lo que estoy diciendo es muy duro, pero a esta altura de mi vida y con cincuenta años de desempeño en el área de la salud, tengo que decirlo.
Uruguay tiene un excelente sistema para la formación médica, científica y técnica, pero también tenemos una importante comercialización dentro de la salud que la ha transformado en un negocio. Si no paramos esto, los perjudicados van a ser los más humildes.
Se habla de que hay cuarenta y tres sistemas mutuales –que son los primeros–, pero esas instituciones no son mutuales, y hay que decirlo. La gran mayoría son empresas; instituciones mutuales quedan solo cuatro. Las demás son empresas de salud, salvo ASSE, por supuesto. Tenemos que decirlo de una vez por todas: este es un gran negocio, y con la salud no se puede negociar porque ello va en contra de los más humildes. Sí tenemos que apostar –porque tenemos excelentes científicos– a que ese dinero que muchas veces se malgasta, pueda ser incluido para dar mayor potencial a la investigación y a los científicos. Con dolor en el alma, les digo que tengo hijos en el exterior que son científicos y que han querido volver al Uruguay, pero no han podido. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: en Uruguay los ingresos de un científico no tienen nada que ver con los de los países limítrofes, ya ni hablamos de los países del primer mundo, en donde generalmente se forman. En el área de la salud pasa eso.
Creo que es bueno que quede constancia de esto en la versión taquigráfica, que se ponga sobre la mesa, que se controle estrictamente y se castigue a aquel que comete infracciones. Y digo esto porque hay quienes muchas veces incurren en cuestiones macabras, como perjudicar a un tercero para que ese perjudique a otro; se dan cosas insólitas dentro de este sistema.
Estoy de acuerdo con que hay que transparentar, pero también hay que ejecutar, y quien no tenga esa posición no puede estar dentro de la salud dirigiendo las instituciones, ni ASSE, ni un hospital ni ningún centro de salud. Hay gente muy capaz que tiene sentido de servicio, y hay que prepararla, por ejemplo, dándole cursos de administración de salud. He aquí otro de los problemas: la salud tiene costos y lo sabemos. En algún momento hablamos de esto con el señor ministro de Economía y Finanzas dado que los costos cada vez se elevan más. Por eso, debe haber un control estricto en la administración, en cada uno de los gastos que se hacen, y los técnicos y médicos tienen que aprender a trabajar con los costos. A su vez, la informatización, la historia clínica y todo lo que son controles desde el punto de vista informático nos tienen que servir para evaluar el costo en tiempo real y poder llevar las cuentas, porque la salud va a ser cada día más cara. Ya lo sabemos. Si en el mundo la industria farmacéutica tiene mayores ganancias que la armamentista, tenemos muy claro, señores senadores, que no va a ser sencillo, y cada día hay más medicamentos y más técnicas. ¡Por suerte! Antes había estudios prediagnósticos que llevaban setenta y dos horas o a veces tres o cuatro días; hoy, en una hora y media o dos horas ya tenemos los resultados. Ahora bien, eso hay que pagarlo; lógicamente, esa tecnología hay que pagarla.
Resumiendo y agradeciendo que me hayan dado la oportunidad de hacer este planteo, reitero: tenemos que ser muy duros –¡muy duros!– si verdaderamente queremos tener una salud igualitaria, porque la salud no puede ser un negocio. Desde hace muchos años se ha entreverado todo, y hoy es lo mismo una institución mutual que un seguro o un seguro con mutual, entonces es muy difícil administrar con desigualdad de posibilidades. Las clínicas privadas también deben estar reguladas. Muchas veces las instituciones mutuales y ASSE tienen que contratar clínicas privadas, que también deben tener controles estrictos en sus costos, porque eso nos está llevando a que muchas veces no se le dé a un paciente todo lo que se debería porque los costos son muy altos. El gasto promedio por paciente es de USD 62 a USD 65 para las instituciones que están reguladas cien por ciento por el Fonasa. Para las otras, que pueden ser seguros y estar reguladas por Fonasa, el costo es mucho mayor.
Repito una vez más: ¡debemos ser muy exigentes porque la salud no es un negocio! Tenemos que defender la salud, aunque muchas veces nos duela y tengamos que pegarle a gente que, a pesar de que la conocemos desde hace muchos años, no ha entendido que debe manejarse de otra forma.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: hemos firmado este proyecto de ley con salvedades y vamos a pedir que se desglose el inciso final porque queremos tener cierta cautela al votar una explicitación tan categórica.
Esto empezó con una excepción vinculada con ASSE. En la comisión se entendió que era mejor generar una definición general con respecto al problema de los intereses creados y las contrataciones cruzadas. Eso podemos acompañarlo. Ahora bien, luego vinieron los representantes del Tribunal de Cuentas y señalaron –por mayoría– que para ellos es mejor tener claro el alcance con que se tienen que medir las eventuales implicancias de contrataciones, y se dijo que era mejor introducir el concepto de unidad ejecutora que dejarlo indefinido. Estuvimos pensando en el tema y realmente nos parece que se está tomando muy rápido una definición de esta naturaleza, que implica un mandato legislativo a que el alcance de las eventuales implicancias de la contratación cruzada o de la contratación personal quede restringido a una unidad ejecutora, y eso para toda la Administración. O sea que pasamos de una norma que buscaba controlar excepciones para ASSE –eso fue lo que el Poder Ejecutivo nos había enviado– a esta otra que establece los alcances de las limitaciones en la contratación para toda la Administración. Puedo estar de acuerdo con el inciso primero. Ahora, en el segundo inciso se dice: «Establécese con carácter interpretativo, que la referencia a la Administración contratante realizada en el presente numeral, comprende a las Unidades Ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional». Esto significa que si mañana o pasado dentro del inciso se produce una situación de implicancia pero no está en la misma unidad ejecutora, no tiene ninguna trascendencia y es jurídicamente correcto. En lo que me es personal, no tomaría ese riesgo; más allá de que hay posturas de especialistas en derecho administrativo que han sostenido esta idea, me parece que la generalización es riesgosa.
Entiendo que hay tiempo porque el tratamiento de esta norma está en la primera cámara y, además, en la comisión no se solicitó –asumo mi error– la presencia de representantes de las cátedras de Derecho Administrativo, lo que hubiera sido necesario para tener una mirada mucho más garantizada de lo que vamos a votar, ya que este último inciso tiene mucha trascendencia. Estamos estableciendo que las contrataciones dentro del inciso, aunque haya vinculaciones de dependencia, no van a ser consideradas una dificultad; basta que no ocurra esa situación en una unidad ejecutora. Es un salto muy grande que nosotros no estamos en condiciones de acompañar en este momento.
SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: nosotros votamos en comisión el proyecto de ley y también vamos a votarlo aquí, ahora, en el plenario.
Este no es un proyecto fácil. Era un aditivo de la rendición de cuentas pero, creo que sabiamente, desglosamos este artículo. Por ello quiero felicitarme y, sobre todo, reconocer la actuación del presidente de la comisión, el senador Charles Carrera, que teniendo la mayoría podía haber impuesto una solución que no era la mejor –se había planteado incorporarlo como aditivo–; sin embargo, prefirió desglosar este artículo para estudiarlo en la Comisión de Constitución y Legislación.
En la comisión escuchamos al Tribunal de Cuentas, que tenía dos posiciones: una en mayoría y otra en minoría. El informe en mayoría –gente vinculada con nuestro partido estaba en contra de este informe del Tribunal de Cuentas– sostenía dos cosas que, por lo menos a mí, me hicieron reflexionar. Una es que la administración contratante era en el pasado la unidad ejecutora, y el Tribunal de Cuentas –no recuerdo cuáles fueron las razones que narraron– cambió ese criterio para definir que la administración contratante fuera el inciso.
No cambiamos nada de lo que existe, salvo lo que refería el miembro informante, señor senador Carrera, sobre establecer que la declaración jurada está sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal, que es más severa en el caso de que no se diga claramente si tiene vinculación o no con la administración contratante. O sea, se establece la obligación y se pena por el artículo 239, pero lo demás está igual.
Lo que cambia, reitero, es el criterio, es decir, si es el inciso o la unidad ejecutora la administración contratante. El inciso, señora presidenta, es muy grande en la salud y abarca a mucha gente que, de diversas formas, se relaciona con la administración. Entonces, la relación de dependencia con respecto al inciso es tan abarcativa que genera una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas a ASSE. Esta situación nos lleva, por lo menos, a acotar esto. No se trata de ser más flexibles con las medidas relativas a que no puede existir ningún tipo de vinculación, o sea, a aquello de estar de los dos lados del mostrador; esto no entra en el criterio de que quienes son directores –porque ahí está la unidad ejecutora– no pueden ordenar, como tales, un contrato de ambulancia de la que son dueños, por poner un ejemplo. Esto no se flexibilizaría. ¿Por qué? Porque es la unidad ejecutora, en este caso, quien actúa.
Ahora, esto ha llevado a impedimentos y a costos altos en la salud, porque en la disputa empresarial por los servicios que se dan al Ministerio de Salud Pública, la competencia muchas veces lleva a que, en un concepto tan abarcativo como es el de inciso, se descalifique a empresas que podrían dar un servicio bueno y más eficaz, como decía el senador López Villalba. En la administración de ASSE estamos pagando más caro muchos servicios producto de este concepto tan general, que son las razones de dependencia con el inciso. Al establecer que la administración contratante es la unidad ejecutora acotamos esto.
Es solo eso lo que hacemos, y vamos a estar vigilando para ver cómo funciona y si esto es algo que mejora la situación.
Lo que a mí me importa no es que ASSE levante las observaciones del Tribunal de Cuentas, que han sido sistemáticas y por miles –debe ser el organismo del Estado que más observaciones del Tribunal de Cuentas tiene–, sino que efectivamente esto no ampare a gente que pueda estar en situación de directa participación en la empresa privada y en la Administración pública.
Por eso, señora presidenta, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Estuve hablando con los directores de ASSE en su momento y me parecen razonables los planteos que hacen. Ojalá esta modificación los ayude a resolver estos temas; si no, tendremos que legislar nuevamente al respecto.
SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Mieres.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: quiero poner de manifiesto que, en realidad, si ese fuera el alcance, si esto fuera para ASSE, quizás estaría bien, pero estamos legislando para toda la Administración. Ese es el salto mortal que estamos dando. Es decir, de pensar una solución para el caso de ASSE, que fue el sentido del planteo del Poder Ejecutivo, en la comisión se llegó a una norma general que pretende establecer el límite de las implicancias en las unidades ejecutoras, no de ASSE sino de toda la Administración central y descentralizada.
Nosotros estuvimos analizando el tema y la verdad es que entendemos que dar un salto de esa magnitud, de golpe, de una semana para otra, por una modificación introducida en la comisión, ¡es de alto riesgo! Es de alto riesgo porque no sabemos si fijar el límite de las unidades ejecutoras en el conjunto de la Administración es suficiente o no. En algún caso, quizás la implicancia en el inciso sea importante. Entonces, ¿por qué vamos a legislar genéricamente cuando ni siquiera el Poder Ejecutivo lo había planteado así?
Lo que decía el señor senador Heber vale para el problema de ASSE, pero estamos yendo mucho más allá de ASSE, y quiero advertir al Cuerpo al respecto. Se trata de una modificación general para toda la Administración, y creo que nos mereceríamos un poco más de tiempo para analizarla.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: es de recibo la observación que hace el señor senador Mieres, pero no tenemos una alternativa al respecto. Si se pudiera acotar a ASSE, naturalmente, estaríamos mejor, más tranquilos, pero no tenemos ninguna redacción alternativa para hacerlo.
SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR HEBER.- Enseguida se la concedo.
Es verdad lo que dice el señor senador Mieres en cuanto a que establecer que la administración contratante comprende las unidades ejecutoras y no la totalidad del inciso es un tema que no sabemos cómo repercute en otras áreas de la Administración. Eso es así. Pero también es cierto que el Tribunal de Cuentas nos confesó que ese era el criterio que utilizaba antes y que después, por distintos motivos, lo varió. Y no hemos tenido situaciones de escándalos ni de denuncias. Estoy hablando –según lo que recuerdo que dijeron sus miembros– de que diez años atrás, más o menos, el criterio del Tribunal de Cuentas era tomar en cuenta las unidades ejecutoras y no la totalidad del inciso. Cuando escuché ese argumento pensé que si hace diez años funcionaba bien y existía la posibilidad de tener el contralor en base a acotar el tema a las unidades ejecutoras, podía salir de aquello de que, por temor a perderme en el camino, me corto las piernas. Ese es un concepto que muchas veces existe en la Administración –que no va en desmedro del contralor, de la observación y de la legalidad de los actos–, pero debemos acotarnos a esta situación.
Seguramente haya casos que puedan demostrarse, pero ya no habría que descalificar a esas empresas para contratar con la Administración –aspecto que creo que ha sido utilizado en la actividad de todos los días–, porque el argumento es que la competencia por brindar servicios a la Administración pública lleva a descalificar a aquellas que pueden dar un buen servicio y más barato, y que no estarían fuera de carrera si la norma dijera que la administración contratante es la unidad ejecutora y no la totalidad del inciso.
Entonces, me inclino a votar este proyecto de ley porque establece un criterio que ya se venía aplicando. Creo que la Administración se complicó al cambiar el criterio, llevándolo de las unidades ejecutoras al inciso. En lo demás puede haber implicancia, pero hay que demostrarla y, de alguna manera, no se descalifica a una persona o una empresa que mañana quiera contratar con la Administración. Me parece que esas son las prácticas que se están dando en la realidad, en donde esa competencia está llevando a que se utilice este concepto para sacar lo que puede ser una competencia que brinde un servicio bueno y barato a la Administración pública. Creo que he explicado cuál es nuestra posición.
El señor senador Michelini me había solicitado una interrupción, que se la doy con mucho gusto.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Pocas veces en el Senado vamos a ver que el señor senador Heber y quien habla estamos de acuerdo, pero este tema lo ha explicado con total claridad.
Hace unos años –más o menos diez– el Tribunal de Cuentas tenía esta interpretación, pero después la cambió; mañana la puede modificar nuevamente. Cuando nosotros los llamamos por el tema puntual de ASSE nos dijeron que querían que la ley estableciera cuál era la interpretación. Si estábamos de acuerdo con la que ellos nos acercaban, muchísimos problemas se iban a estar solucionando. Por supuesto, vamos a estar mirando y observando que la solución que nos da el Tribunal de Cuentas sea la correcta.
Como figura en las carpetas, siempre planteamos el tema en función de ASSE, pero el Tribunal de Cuentas fue en una dirección distinta y nos terminó convenciendo. Se trata de un tema delicado, en el que preferimos que la solución tuviera la mayor cantidad de respaldos y, además, que no hubiese sido escrita por nuestro puño y letra, sino por el propio tribunal.
Tantas veces discrepamos con el señor senador Heber que una vez que estamos de acuerdo en un tema –que además ha explicado con tanta claridad– quería que constara en la versión taquigráfica.
SEÑOR HEBER.- Me han solicitado otras interrupciones pero pido disculpas. Las reflexiones que hice dieron lugar a otras reflexiones, lo que me parece importante. Acepto lo dicho por el señor senador Michelini y es bueno que se le haga costumbre.
(Hilaridad).
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- Estoy preocupado por esta coincidencia entre los señores senadores Michelini y Heber, porque no es habitual que esto ocurra. ¿No será que el señor senador Heber ve la posibilidad de estar más cerca de un Gobierno y empieza a pensar en el futuro cercano con este tipo de normas, como lo ha hecho hasta ahora el señor senador Michelini? Estoy seguro de que no debe ser así.
Llamamos la atención sobre lo que expresó el señor senador Mieres en cuanto a que para solucionar el tema de ASSE armamos lío en toda la Administración. Ese es el primer tema que debe preocuparnos.
Sabemos que ASSE tiene un problema, dados los vínculos y un mercado tan chico como el uruguayo, en donde todo se cruza y siempre alguien conoce a alguien. En el Uruguay siempre decimos que si uno no tiene un pariente, tiene un amigo o un conocido, y eso también pasa en ASSE a cada rato.
Creo que hoy de tarde hay una interpelación en la Cámara de Representantes por el tema de ASSE, justo cuando estamos tratando este proyecto de ley.
Esto integra un tema aún más grande y es que el sistema jurídico uruguayo prevé normas de contratación para administraciones a las que luego les exigimos trabajar como empresas. En definitiva, estamos poniendo un parche a un sistema que hay que reformar mucho más a fondo. Le pasa a Ancap, a UTE y a ASSE, todas ellas administraciones que, en definitiva, tienen que competir mejor. Entonces, reitero, acá hay un tema mucho más de fondo. ¿Qué es lo que sucede? O bien empezamos a aflojar en todo lo que tiene que ver con el sistema de compras y relacionamiento, o disparan a las sociedades anónimas y a los controles. En definitiva, no tenemos ni una cosa ni la otra, porque van a las empresas públicas sin el control de estas y le disparan a la Administración sin sus controles.
Más allá de eso, quiero recordar que en el período pasado, cuando llegamos a las excepciones al Tocaf, con el senador Abreu –que se sentaba donde actualmente lo hace el señor senador Delgado– se dio cuenta de que habíamos agotado el abecedario; se trataba de literales y llegamos a la zeta, por lo que tuvimos que cambiar por numerales. Cuando uno agota el abecedario es porque tiene un problema, ya que la excepción es la regla; en definitiva, hay más gente afuera que adentro. Entonces, ¡no nos hagamos más trampas al solitario!
En este caso, aparte de lo que dijo el señor senador Mieres, me permito señalar otro tema que es importante. La norma anterior permitía dar curso a las ofertas presentadas solamente cuando no existían conflictos de intereses, y cuando la persona no tenía participación en procesos de contratación, en el caso de dependencia. Acá se puede dar curso, no solamente en el caso de dependencia, sino también en el caso de representación, dirección o asesoramiento. O sea que puede ocurrir que un jerarca esté asesorando a una empresa, que el día de mañana la termine dirigiendo, y que después diga que no interviene, lo que habilita a que se pueda hacer la compra. Esto es muy malo para la actuación pública, porque cuando sale en la tapa del diario los ciudadanos no van a la letra chica, sino que simplemente piensan que era el director, el que la asesoraba, y resulta que él mismo es el que la contrata.
Parecería ser que vamos muy lejos y que esto no es una buena solución. Entendemos el problema y estamos dispuestos a trabajar, pero nos parece que este no es el camino.
SEÑOR HEBER.- Voy terminando, señora presidenta, porque creo que ya he hablado lo suficiente sobre el tema.
Insisto en que, según el Tribunal de Cuentas, esta interpretación no había dado tanto problema hace diez años; me refiero a que la administración contratante no fuera el inciso, sino las unidades ejecutoras. Ahora volvemos al concepto de unidades ejecutoras.
De todas formas, si hay alguna alternativa de redacción que pueda acotar el tema a ASSE –en función de las dudas que le ha merecido a algunos senadores–, estoy dispuesto a analizarla. Pero reitero que no hemos tenido ninguna redacción alternativa que planteara, con carácter interpretativo, que la referencia a la administración contratante fuera exclusivamente para ASSE. Si la hubiera, con mucho gusto la estudiaríamos, porque la idea es ver cómo podemos hacer para que la administración no esté permanentemente observada, pero tampoco se den otras prácticas que pueden ser, incluso, muy cuestionables, ya que a la hora de realizar un llamado a precios liquidan competencia por este tipo de conceptos de quién es la administración contratante. Esta es una parte de los problemas que tenemos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Es cuanto teníamos para decir, señora presidenta.
SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.
SEÑOR PEÑA.- Gracias, señora presidenta.
Quiero decir que estoy radicalmente en contra de este proyecto de ley. Creo que Uruguay no está necesitando flexibilizar normas que ataquen la corrupción, sino que, por el contrario, está necesitando mayor cantidad de normas que controlen el Estado y la Administración.
Precisamente con respecto a este tema, hace un año y cuatro meses presenté un proyecto de ley que sigue durmiendo en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Ese proyecto de ley refiere a tres delitos que faltan en el Uruguay. Hace un tiempo nuestro Estado internalizó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero dejó fuera tres delitos de corrupción privada. Estos tres delitos son: el soborno de funcionarios internacionales en la vía privada –léase: caso FIFA–, el soborno de funcionarios privados en la órbita privada –caso AUF– y el uso de información privilegiada de ambos lados del Estado, donde podríamos enumerar infinidad de casos que se están dando en ASSE, así como también en toda la Administración. Por esa falta; también estamos dejando por fuera todo lo que son las sociedades anónimas que funcionan con fondos públicos pero están dentro de la órbita privada.
Este tipo de normas que apuntan a flexibilizar los controles y las interpretaciones con respecto a estar de un lado y del otro del mostrador cuando faltan controles, no van en la línea que creemos debe ir el Estado y el Uruguay.
Entiendo que el tema de ASSE apuntaba a mejorar la gestión y a atacar una corrupción que, claramente, está arriba de la mesa, pero sobre eso podremos discutir. Efectivamente, hay una interpelación proyectada; en el día de hoy, todos los partidos políticos de la oposición vamos a plantear un llamado a sala al ministro de Salud Pública por los flagrantes casos de corrupción en ASSE.
Quiero ser bien claro en esto: acá no estamos solucionando un problema de la Administración; no se trata de un problema de la Administración, sino que lo que hubo fue un problema de conducción y, claramente, de corrupción de ASSE en muchos aspectos, de lado a lado del país.
Me parece que este tipo de normas que van en la línea de flexibilizar o de adecuar las funciones de la Administración a lo que ha sido una pésima gestión, no son las que se deben aplicar. Creo que la línea que deberíamos seguir desde el Parlamento es la contraria: se deberían aplicar normas mucho más duras, mucho más firmes y mucho más claras, y quien tenga que ordenar y arreglar la Administración para que sea más cristalina se deberá adecuar a ellas. No estoy de acuerdo con normas que flexibilicen la ley para adecuarla a una gestión que está muy cuestionada, que tiene graves problemas –y me hago cargo de lo que digo– de corrupción flagrante en muchos aspectos. Estos casos generalmente quedan sin aclarar, y adecuar la norma para que las cosas no queden claras, nos preocupa.
Por tanto, no vamos a votar este proyecto de ley e intentaremos que el que presentamos hace más de un año se pueda aprobar a fin de que seamos mucho más firmes, claros y cristalinos, que es lo que la gente nos está pidiendo.
SEÑOR CARRERA.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de diez minutos.
El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.
(Así se hace. Son las 11:16).
(Vueltos a sala).
–Habiendo número, continúa la sesión.
(Son las 11:41).
SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como señaló el señor senador Heber, este no es un proyecto de ley fácil. A nivel de la comisión trabajamos con mucho empeño y escuchamos a todas las partes. Creemos que esta iniciativa, por la que se modifica lo relacionado con la capacidad en los temas de contratación administrativa, tiene que lograr el mayor consenso posible. Por tal motivo, solicitamos el cuarto intermedio, y los legisladores del oficialismo nos reunimos con los legisladores del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Partido Colorado que son miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, a efectos de proponer un artículo sustitutivo –que se entregó a la Mesa– por el que se establece esta excepción únicamente para ASSE, que es la unidad del Estado uruguayo que tiene este inconveniente. Pensamos que la problemática de ASSE debe ser considerada y de ahí, pues, nuestra propuesta.
El Tribunal de Cuentas hizo un gran esfuerzo para lograr una solución pero, en definitiva, dictaminó que quedaba a lo que definieran los señores legisladores, que somos quienes tenemos competencia para legislar. Luego el tribunal acatará lo que decidamos.
Consideramos que el artículo sustitutivo propuesto mejora la redacción y establece una excepción para ASSE. El artículo, básicamente, expresa: «Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, cuando se trate de vínculo de dirección o dependencia, podrá darse curso a las ofertas cuando las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición, de lo que deberá dejarse constancia expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal».
Es cuanto quería informar, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa informa que el señor senador Carrera pudo hablar nuevamente por ser el miembro informante; el señor senador Peña podrá hacer uso de la palabra por la vía de fundamento de voto en la discusión particular.
(Dialogados).
–Ahora vamos a votar en general el proyecto; luego se pondrá a consideración el único artículo y en ese momento podrá hacer uso de la palabra el señor senador.
SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra para fundar el voto.
Quiero dejar constancia de que, casualmente, en este Parlamento hubo dos votos negativos del Partido de la Gente, y, en esta oportunidad, para la redacción del nuevo artículo único de este proyecto de ley –que, insisto, es un disparate–, tampoco fuimos consultados. Si bien esta redacción es mejor que la anterior, sigue siendo un disparate igual.
(Parte de esta exposición ha sido eliminada en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Senado).
–Queríamos dejar clara nuestra posición.
SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: voy a usar la vía del fundamento de voto porque la verdad es que lo que estamos aprobando en el día de hoy es una modificación o una excepción al artículo 46 del Tocaf y no otra cosa. Y me parece que en las fundamentaciones de voto hay que referirse al tema en cuestión y no a otros asuntos. Por lo tanto, voy a fundamentar mi voto diciendo que apruebo y voté este proyecto de ley porque lo comparto.
Ahora bien, todos los demás comentarios que puedan surgir en una fundamentación de voto que nada tengan que ver con esto y que incluyan alusiones, creo que no deberían estar sobre la mesa. Si estoy en lo cierto, pido a la Mesa que se revise lo manifestado por la vía de fundamento de voto, en función de lo que expresa –según me dicen– el artículo 104 del Reglamento del Senado.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo 104 del Reglamento.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 104.- Toda votación será afirmativa o negativa con relación a los precisos términos del artículo o proposición.
En el curso de la votación nominal o después de la sumaria, podrá fundarse el voto, disponiéndose al efecto, hasta de tres minutos.
En los fundamentos de voto no se admitirán interrupciones, ni podrá hacerse aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores.
La Mesa llamará al orden al Senador que fundando el voto, formulara alusiones personales o políticas, disponiendo, asimismo, la eliminación de su fundamento de la versión taquigráfica».
SEÑORA PRESIDENTE.- Vamos a proceder a cumplir con el artículo 104.
(Manifestaciones del señor senador Daniel Peña que no se escuchan).
–No le di la palabra. Un momentito. Están hablando todos cuando quieren.
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: hemos votado este proyecto de ley porque queremos conciliar tres cosas. La primera es bajar los costos del Estado, que es una obligación que tenemos todos los legisladores que integramos este ámbito. La segunda es generar niveles de competitividad, porque muchas veces las normas actuales impiden que varios oferentes se presenten. La tercera es la transparencia. Cuando hay competitividad hay mayor transparencia y bajan los costos.
Independientemente de esos argumentos, cada uno vota con pasión por lo que siente y con las consideraciones que entienda pertinentes. Ahora bien, me parece que no corresponde pensar que los demás que están acá sentados no entienden, son tontos o tendrían que hacer otra cosa; o creer que uno es dueño de la verdad y el resto no. Creo que cada uno es respetuoso de los demás y hace las cosas con convicción. Todos podemos levantar la voz, pero el propósito de este artículo que están votando integrantes de varios partidos políticos es que el Estado sea eficiente con sus recursos a la hora de generar salud, que haya más competitividad y más transparencia.
Nada más, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo único tal como vino de comisión.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Sustitúyese el numeral 1) del artículo 487 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 22 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 (numeral 1) del artículo 46 del TOCAF 2012), por el siguiente:
“1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. Podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de contratación. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal.
Establécese con carácter interpretativo, que la referencia a la Administración contratante realizada en el presente numeral, comprende a las Unidades Ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional”».
Si no se hace uso de la palabra, va a votar el artículo como vino de comisión.
–0 en 30. Negativa.
Léase el artículo sustitutivo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Incorpórase al numeral 1) del artículo 487 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 27 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011 y 22 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015 (artículo 46 del TOCAF), el siguiente inciso:
“Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, cuando se trate de vínculo de dirección o dependencia, podrá darse curso a las ofertas cuando las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición, de lo que deberá dejarse constancia expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal”».
–28 en 30. Afirmativa.
(Texto del proyecto de ley aprobado).
SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.
SEÑOR PEÑA.- Vamos a seguir opinando por la vía de la fundamentación de voto, en la medida en que lo hacemos sobre un artículo que trata específicamente un tema de ASSE. Estoy intentando atacar el tema de ASSE, que es donde principalmente tenemos problemas. Y me estoy refiriendo a por qué no voto este artículo.
Si digo que no voto este artículo porque ayuda a mantener una corrupción flagrante –que es lo que creo y por lo que presenté una denuncia penal–, entiendo que más claro no puedo ser y mejor fundamento no puedo dar. Si se entiende que eso es una alusión política, que se ponga el sayo el que se lo quiera poner, y capaz que todavía termina mucho más complicado. Acá lo que es público y lo que hace que muchos legisladores presenten una denuncia penal es que no está claro cómo se funcionó en ASSE.
Creo que esta norma no ayuda específicamente a algo que hoy se necesita, y mucho, desde la política: a ser muy cristalinos en el funcionamiento y en la Administración pública. Y donde más se necesita que se sea cristalino es en ASSE, y entiendo que esta norma no contribuye a eso sino que va en la dirección contraria. Deberíamos estar aprobando otras leyes que fueran en la dirección en la que muchos creemos que debería ir la normativa: en la de dejar mucho más cristalinos los gestores del Estado y en la de atacar una corrupción que en el Uruguay existe y que específicamente existió en ASSE. Hay muchos que no solo lo creemos, sino que además presentamos una denuncia penal.
SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que el fundamento más importante para votar este nuevo proyecto de ley es que, obviamente, se ha reducido el ámbito a la situación de ASSE, a la espera de una solución más amplia y más profunda. Pero también porque nosotros hemos acompañado todas las investigaciones en ASSE, así como en ANCAP, y entendemos que no podemos quedarnos solamente en la investigación o en la denuncia si entendemos que hay algún tipo de responsabilidad. Siempre tenemos que actuar con la ética de la responsabilidad de presentar soluciones para que no se reiteren los problemas que estamos denunciando. Este es el gran tema y por eso lo estamos votando hoy acá. No alcanza con decir que hubo problemas en tal o cual administración; tras decirlo, hay que traer soluciones para que no vuelvan a suceder. Y esto inicia un camino en ese sentido.
Creo que le consta al Cuerpo que he sido opositor en este período –las senadoras Payssé y Tourné se ríen–, pero lo que no pueden decir es que nos hemos quedado solamente con la oposición, ya que hemos sentido la responsabilidad de proponer caminos alternativos. ¡Es muy fácil quedarse sentado tirando piedras cuando la responsabilidad es del otro! No; lo que hay que hacer es pensar: «Si yo estuviera ahí creo que este debiera ser el camino». Y eso es lo que estamos haciendo hoy: actuando con esa ética de responsabilidad que todos los que integramos el sistema político siempre debemos tener.
SEÑORA PRESIDENTE.- El primer día de la legislatura el señor senador Bordaberry presentó cerca de treinta proyectos de ley.
SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR PINTADO.- No es cierto que se le hayan rechazado todos los proyectos al señor senador Bordaberry. Hay una iniciativa que el senador presentó junto con la señora presidenta del Senado –y que readecuamos–, por la que hoy la sala del aeropuerto de Punta del Este lleva el nombre Carlos Páez Vilaró. Y también le hemos votado otras.
En cuanto al tema que nos ocupa, quiero decir que lo voté con convicción y con alegría, señora presidenta. Quiero reconocer el trabajo de los compañeros de la bancada del Frente Amplio que integran la comisión, que tuvieron flexibilidad. Siempre se nos acusa de que tenemos mano de yeso, de que no escuchamos a la oposición, de que somos rígidos, de que la mayoría es automática, pero en esta oportunidad nada de eso operó. Hubo sensibilidad de parte de nuestros compañeros, quienes entendieron que el camino del acuerdo amplio entre los partidos de la oposición y el partido de gobierno era un mejor mecanismo. Esto nos hizo cambiar la óptica y circunscribir el proyecto a ASSE, aunque nuestra vocación era un poco más amplia.
Además de congratularme, quiero decir que voté con convicción. Destaco la labor de los compañeros y la flexibilidad –reitero– que han demostrado, porque el resultado final que se ha conseguido da mucho más sustento al proyecto, más allá de que podríamos haberlo aprobado solo nosotros porque contábamos con los votos para hacerlo.
9) SOLICITUD DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de noviembre de 2018
A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, del 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 15 de noviembre del corriente.
10) PROYECTOS PRESENTADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador José Carlos Cardoso presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara el 27 de febrero de cada año como el Día Nacional del Caballo.
–A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA».
(Texto del proyecto de ley presentado).
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual la represa hidroeléctrica de Rincón del Bonete pasará a denominarse Dr. Julio César Grauert.
–A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS».
11) ASUNTOS ENTRADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Varios señores senadores presentan una nota para la cual solicitan al señor intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, haga suya una propuesta de denominar Jaime Pérez el espacio libre de propiedad del Poder Legislativo ubicado entre las calles Avda. Daniel Fernández Crespo, Avda. de las Leyes y Madrid.
–TÉNGASE PRESENTE».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III (Convenio del Fomín III), el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Convenio de Administración del Fomín III) y sus anexos. (Carp. n.º 1004/2018 - rep. n.º 772/18)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: este proyecto de ley persigue la aprobación del Convenio del Fomín III y el Convenio de Administración del Fomín III.
El fondo es alimentado por países donantes y promueve el desarrollo sostenible por medio del sector privado a fin de crear oportunidades para poblaciones pobres y, por ende, vulnerables de los países en desarrollo miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
El fondo proporciona financiamiento en forma de recursos no reembolsables, préstamos, garantías, inversiones de capital y diversas combinaciones de estas modalidades.
El Fomín es administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y es gobernado por el Comité de Donantes, siendo la función de ellos aprobar todas las propuestas de operaciones del fondo, determinar el nivel de recursos no reembolsables dentro del programa de operaciones y tomar decisiones estratégicas.
Cabe consignar que Uruguay está vinculado al Fomín desde larga data, por lo que podemos afirmar que como instrumento financiero ha funcionado bajo diversas administraciones de gobierno.
El Fondo Multilateral de Inversiones fue creado por el Convenio Constitutivo suscrito el 11 de febrero de 1992 y fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2007. Tanto el citado convenio como el respectivo Convenio de Administración del Fomín fueron ratificados en Uruguay mediante la Ley n.º 16496, de 15 de junio de 1994. A esta etapa se la conoce como Fomín I.
Luego vendría el Fomín II, que fue aprobado el 9 de abril de 2005 por el Comité de Donantes en su convenio constitutivo. Este entró en vigor el 13 de marzo de 2007, finalizando en esa fecha el Fomín I.
A partir de allí, el Fomín II asumió los activos y pasivos respectivos. El Fomín II fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2020. Y en esta oportunidad fue la Ley n.º 18866, de 23 de diciembre de 2011, la que ratificó el Fondo Multilateral de Inversiones II.
Finalmente, en el año 2016, las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones iniciaron un proceso que debía entender en el futuro y la financiación del Fomín.
Este proceso concluyó con la aprobación de la reposición para el Fondo Multilateral de Inversiones por medio de una resolución conjunta de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación lnteramericana de Inversiones y del Comité de Donantes del Fomín durante la reunión anual celebrada en Asunción el 2 de abril de 2017.
En esa instancia los donantes que adhirieron al Convenio del Fomín II y los probables donantes del Fomín III se manifestaron en el sentido de asegurar la continuidad de las actividades del Fomín y generar un Fomín III renovado que asumiera los activos y pasivos del Fomín II. Salta a la vista que es un proceso similar al momento en el cual se pasó del primer fondo al segundo, que es este que estamos mencionando.
Se trata de algo beneficioso para el país, sin ningún lugar a dudas. Durante la etapa del Fomín I y Fomín II el país donó USD 6:000.000, pero recibió un contravalor de USD 55:000.000, que fueron vertidos a las actividades de las mini- y pequeñas empresas. Tengo en mi poder el informe –que está a disposición de los señores senadores– entregado por la coordinadora de organismos multilaterales de crédito del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Mariela Maglia.
Para el Fomín III, el Uruguay se compromete a donar USD 6:000.000 y se supone, en función de los antecedentes, que va a ser superior la cantidad que va a recibir porque, obviamente, hay países donantes que dan enormes cantidades en virtud de su poderío económico y financiero.
Señora presidenta: tendría mucho más para decir sobre este importante asunto, pero los señores senadores tienen el informe a su disposición; simplemente estoy repitiendo lo que está escrito en el proyecto.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales, recomendamos la aprobación a este asunto que es importante para el desarrollo de las empresas privadas del Uruguay.
–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Léase el artículo 1.º del proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 1º.- Apruébanse el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones III (el “Convenio del FOMIN III”), el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (el “Convenio de Administración del FOMIN III”) y sus Anexos, aprobados por una Resolución conjunta de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación lnteramericana de Inversiones (CII), y del Comité de Donantes del FOMIN, durante la Reunión Anual celebrada en Asunción el 2 de abril de 2017».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: propongo que después de donde dice «celebrado en Asunción», se incluya una coma y se agregue «República del Paraguay», porque es lo que está faltando, según me indica la secretaría de la Comisión de Asuntos Internacionales.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1.º con la modificación indicada.
Léase el artículo 2.º del proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los créditos presupuestales correspondientes de acuerdo al cronograma previsto en el convenio, con cargo a los mecanismos establecidos en el TOCAF».
–20 en 21. Afirmativa.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día:
«Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, suscrito en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el 14 de noviembre de 2017. (Carp. n.º 1194/2018 - rep. n.º 769/18)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.
SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: voy a realizar un informe sintético, pero quiero aclarar que la importancia que asignamos a este acuerdo es inversamente proporcional a la síntesis que vamos a hacer del proyecto. De manera que la fundamentación va a ser breve, pero la importancia de este acuerdo es muy grande.
Las aduanas, como ya sabemos, cumplen un rol estratégico en el comercio internacional, enfrentando nuevos desafíos relacionados con dos conceptos que están en tensión permanente: la facilitación del comercio y su debido equilibrio con el mantenimiento de la seguridad y la correcta percepción de los tributos aduaneros. Es fundamental que las aduanas dispongan de información exacta y oportuna sobre las operaciones comerciales, a los efectos de disponer las medidas de control más adecuadas.
Este acuerdo es una buena forma de mejorar e incrementar el comercio bilateral –tenemos un tratado de libre comercio con México–, habida cuenta de la fluidez del tránsito de bienes y mercancías que pasan por las aduanas de los países, facilitando y agilizando el comercio, a través de la valoración precisa de los derechos e impuestos aduaneros, así como de otros cargos impuestos a la exportación o importación de mercaderías, al tiempo de velar por la correcta aplicación de las medidas de prohibición, restricción y control.
El acuerdo, además de fortalecer las relaciones bilaterales, resulta un instrumento útil a los efectos de complementar el marco jurídico que actualmente rige las relaciones entre ambos Estados. Resulta un instrumento que, a la vez que agiliza, facilita el intercambio comercial bilateral y las inversiones, permitiendo alcanzar el objetivo de un mayor grado de diversificación de dicho intercambio comercial.
El acuerdo consta de un preámbulo y seis capítulos, que contienen veintiséis artículos.
El capítulo I, «Disposiciones general», abarca los artículos 1 y 2, que establecen las definiciones y el alcance del acuerdo, respectivamente.
El capítulo II, «Información», va del artículo 3 al 7, que refieren a la información para la aplicación de la legislación aduanera, al intercambio de información –ya sea reclamada por una oficina u otra– y a cuáles son los mecanismos para obtenerla.
El capítulo III, «Procedimientos generales de asistencia», va del artículo 8 al 13 y refieren a los procedimientos generales de asistencia, a la asistencia espontánea, y a cómo se regula la presencia de funcionarios de un territorio en el territorio de la otra parte.
El capítulo IV, «Cooperación y capacitación», hace referencia a los programas de operador económico autorizado, a la capacitación, a las misiones de estudio, a la visita de expertos, a arreglos para las visitas y capacitación de expertos, y a la comparecencia de expertos y testigos.
El capítulo V, «Uso, confidencialidad y protección de la información», abarca los artículos 21 y 22.
Y el capítulo VI, «Disposiciones finales», va de los artículos 23 al 26, relativos a la instrumentación y aplicación del acuerdo, su aplicación territorial y la entrada en vigor, enmiendas y terminación del acuerdo.
En realidad, tiene más o menos el mismo formato que los acuerdos de este tipo, pero para la relación de Uruguay y México es un tratado fundamental, que refuerza mucho más las relaciones y acuerdos que tenemos con los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto teníamos para informar.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, suscrito en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos el día 14 de noviembre de 2017».
–24 en 25. Afirmativa.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día.
(Así se hace. Son las 12:14).
(Son las 12:20).
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de ministra de Tribunal de Apelaciones a la doctora Mónica Mariella Bórtoli Porro. (Carp. n.º 1187/2018 - rep. n.º 760/18)».
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: antes de entrar al fondo del informe, quisiera hacer alguna consideración.
En primer lugar, estuve tratando de analizar la naturaleza jurídica de la venia y, a esos efectos, busqué en los manuales, en los libros que tenía más a mano, pero advertí que no hacían mucha referencia al tema. El único tratadista o profesor de Derecho Público que se detiene en este asunto es el doctor Korzeniak, quien manifiesta que es una autorización previa a la designación. Se destaca la importancia de la participación del Senado en este acto. Concretamente, el doctor Korzeniak, sobre la designación de los Tribunales de Apelaciones, destaca: «… requiere aprobación de la Cámara de Senadores o en su receso la de la Comisión Permanente. Aunque desde el punto de vista práctico la aclaración terminológica que haremos no trae consecuencias nos parece que el vocablo “aprobación” está usado en este numeral […] en el sentido de “autorización”. […] El pronunciamiento del Senado es previo a la designación».
La Cámara de Senadores se asesora con una de sus comisiones internas, la de Asuntos Administrativos, que aconseja al plenario que otorgue o no este consentimiento. En lo que estamos analizando para miembros de tribunales, la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado cuenta con un elemento muy valioso para calibrar el mérito o la justicia de la designación propuesta. En efecto, la Suprema Corte de Justicia, por Acordada n.º 7192, de 3 de junio de 1993, creó una comisión asesora con el cometido de confeccionar anualmente una lista de diez magistrados que en cada categoría repute más capacitados para el ascenso.
Quiero destacar la importancia de este aspecto, porque desde que estoy acá –hace poco más de un año– hemos tenido que analizar tres situaciones de este tipo. En este caso, la resolución que nos remite la Suprema Corte de Justicia dice «Líbrese mensaje» –lo que es correcto–, pero en los considerandos, cuando hace referencia a la actividad jurisdiccional, se omite información. Creo que esto sucede en forma inadvertida, porque dice que ingresó en setiembre de 1997 y fue designada como jueza de paz, cuando en realidad la doctora Bórtoli ingresó como jueza de paz en 1992, en la 12.ª sección de Lavalleja, José Batlle y Ordoñez.
Lo que quiero señalar, en definitiva, es que es un acto muy importante la autorización que estamos dando, y me parece que la documentación que debemos tener a la vista es fundamental. Nos tienen que remitir toda la información.
Este error nos dio la oportunidad de que pidiéramos más información, que compartió la comisión: antigüedad en el cargo como jueza letrada de primera instancia en la capital; antigüedad en la materia como jueza letrada de primera instancia en la capital en la cual se solicita venia; antigüedad en la lista para el ascenso; legajo laboral de méritos y sanciones; cursos de actualización permanente obligatorios, y cursos de perfeccionamiento. Esta información se pidió porque la comisión asumió que es una tarea muy importante.
Me parece que esto tiene que ser un llamado a reflexionar que cada vez que estudiemos las venias, debemos analizar todos estos temas, incluso los dictámenes jurídicos, porque también solicitamos que nos remitieran dos de ellos que se consideran de importancia.
En definitiva, lo primero que quiero informar es que la doctora Mónica Mariella Bórtoli Porro reúne el requisito de antigüedad como jueza letrada de la capital. Surge que la magistrada propuesta se desempeña como jueza letrada suplente desde el 28 de julio de 2010, por Resolución n.º 430/2010, y como jueza letrada de la capital con competencia en materia civil desde el 14 de abril de 2011, por Resolución n.º 240/2011.
La magistrada propuesta reúne antigüedad en el cargo como jueza letrada de primera instancia en la capital para la cual se solicita venia y antigüedad en la lista de ascenso, ya que la doctora Bórtoli ha estado presente en las últimas tres listas de ascenso.
Fue considerado su legajo personal, los cursos de actualización y perfeccionamiento. Sin embargo, me llamó la atención que la lista que solicitamos a la Suprema de Corte de Justicia fue enviada en orden alfabético y no pudimos hacer los puntajes, cuando lo correcto sería que la Cámara de Senadores pudiera acceder a ellos. Personalmente, no comparto que la Suprema Corte de Justicia nos remita la información en orden alfabético y pienso que lo correcto hubiera sido que nos enviara toda la documentación.
SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR PINTADO.- Simplemente, quiero volver a dejar constancia de que, más allá de que el senador Carrera presentó una iniciativa a nuestra bancada y está a discusión del Parlamento un proyecto de ley en este sentido, creo que ha llegado el momento de que el Poder Judicial actúe de la misma forma que lo hace la Fiscalía General de la Nación y se instrumenten mecanismos de concurso para estos cargos, lo que facilitaría su estudio y, además, daría razones mucho más objetivas para poder resolver estos ascensos. Aclaro que no estoy hablando de este caso particular ni de los méritos que tiene la doctora Mónica Bórtoli –a quien, como bien señalaba el senador Carrera, vamos a apoyar–, sino de las dificultades que señalaba el senador Carrera, que son las que permanentemente tenemos al analizar estos casos.
SEÑOR CARRERA.- Gracias, señora presidenta.
En definitiva, a través del trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Administrativos podemos decir que, dada la carrera judicial de veintiséis años como magistrada de la doctora Bórtoli, consideramos de recibo otorgar la venia solicitada –de conformidad con el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la república– para designarla ministra del Tribunal de Apelaciones, por las consideraciones que anteriormente fundamenté.
Realmente se pudo estudiar y analizar toda la documentación, y la doctora Bórtoli tiene los méritos para que se le otorgue la venia solicitada por lo que, con tranquilidad, puedo aconsejar a este Cuerpo que actúe en consecuencia.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Aprúebase la solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia para designar en el cargo de ministra de Tribunal de Apelaciones a la doctora Mónica Mariella Bórtoli Porro».
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR MICHELINI.- Solicito que las palabras del senador Charles Carrera sean enviadas a la Suprema Corte de Justicia.
16)	SEÑORA LAURA DUPUY LASSERRE Y SEÑOR LUIS RICARDO NARIO FAGÚNDEZ. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADORES
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:
– en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Reino de los Países Bajos a la señora Laura Dupuy Lasserre. (Carp. n.º 1227/2018 - rep. n.º 768/18);
– en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Líbano al señor Luis Ricardo Nario Fagúndez. (Carp. n.º 1228/2018 - rep. n.º 767/18)».
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1227/2018, correspondiente a la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar a la señora Laura Dupuy Lasserre en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante el Reino de los Países Bajos.
Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Moreira.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: es un gusto para mí informar esta venia.
La embajadora Laura Dupuy Lasserre es licenciada en Relaciones Internacionales por la UdelaR y diplomática de carrera. Ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores por concurso de oposición y méritos, en 1990, y asciende en la carrera mediante sucesivos concursos.
Ejerce como directora general para Asuntos Técnico-Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores entre marzo de 2015 y abril de 2017, y se desempeña como representante de esa cartera ante el Consejo Nacional de Género, siendo responsable de los temas de seguridad de la información.
Por su parte, ejerce la cocoordinación de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI, organizada por Uruguay junto con el Reino de los Países Bajos. Esta es una actividad en conjunto, donde tenemos la misma perspectiva en materia de derechos humanos, de diversidad, de desigualdad de género, etcétera. Dirige oficialmente un panel de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Dije que era un gusto informar la venia de la embajadora porque se destaca en temas de derechos humanos, en temas relativos a la situación de la mujer y también de medioambiente; entre sus muchas virtudes, estas son tres muy destacadas y eso se ve en su currículo.
La embajadora fue directora de la Dirección de Medio Ambiente, entre 2014 y 2015; fue vicepresidenta de la mesa del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, entre 2013 y 2015; fue representante permanente de Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, entre 2009 y 2014; fue presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 2011 y 2012, siendo la primera mujer en ejercer dicho cargo; fue presidenta relatora del foro social de 2010 del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas llamado «Cambio climático y derechos humanos»; fue directora de derechos humanos y derecho humanitario, entre 2008 y 2009; fue directora para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores en relaciones bilaterales con los treinta y cuatro países de la región, incluyendo la negociación de instrumentos jurídicos varios y el impulso de la cooperación fronteriza por cuencas hidrográficas; fue representante alterna en la OEA en temas de derechos humanos, jurídico-políticos, drogas, medioambiente y comercio, entre 2002 y 2007; fue coordinadora nacional alterna a nivel nacional de la Comisión de Comercio del Mercosur, entre 2000 y 2002; fue delegada de Uruguay en la misión permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, entre 1995 y 2000; y se desempeñó en la Dirección Regional Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1991. Tiene muchas conferencias académicas y artículos sobre derechos humanos, trata de personas, la posición de las Naciones Unidas en las conferencias sobre desarrollo humano, etcétera.
Ese es su currículo; y ahora paso rápidamente a referirme a su proyecto como embajadora de la república ante el Reino de los Países Bajos.
Uruguay cuenta actualmente con la Embajada ante el Reino de los Países Bajos y la representación permanente ante los organismos internacionales con sede en La Haya. Esto es muy importante porque la embajadora no solo va a tener a su cargo la representación diplomática en los Países Bajos, sino que también debe participar y hacer el seguimiento de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia. Luego voy a mencionar todas las conferencias e instituciones que revistan en La Haya, que son muchas y de las cuales es importante que el Uruguay siga participando.
A la fecha existen dos funcionarios diplomáticos asignados para abordar la tarea diplomática bilateral con los Países Bajos y multilateral con todos estos organismos, y la tarea consular con un embajador, más un funcionario de rango protocolar más bajo.
Las primeras relaciones formales empiezan en 1854 y durante la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez se designó a Daniel Muñoz como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la república en Inglaterra, Holanda, Suecia y Noruega. Fue el primer jefe de misión acreditado por la república ante el Reino de los Países Bajos. Se trata de una relación de larga data.
Con respecto a las relaciones bilaterales tenemos el mecanismo de consultas políticas bilaterales relanzado entre los Países Bajos y Uruguay en 2014. En julio de 2016, el ministro de Relaciones Exteriores, Bert Koenders, realizó una visita oficial a la república, la primera de un canciller holandés en más de veinte años, que se dio en el contexto de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI.
Tenemos varios acuerdos: el acuerdo sobre servicios aéreos, de 2016; un acuerdo relativo al intercambio de información tributaria aprobado en 2012; un acuerdo de asistencia administrativa recíproca para la adecuada aplicación de leyes aduaneras y para la prevención, investigación y combate de delitos aduaneros de 2010; un acuerdo relativo a la seguridad social de 2005 y su acuerdo administrativo, en vías de modificación mediante negociaciones en 2018 con el BPS sobre un protocolo modificativo; un acuerdo de protección recíproca de inversiones, de 1988; y después tenemos los primeros acuerdos que datan de la década de los cincuenta.
Países Bajos es un país de ingresos altos. Fue la decimoctava economía más grande del mundo y la sexta en la Unión Europea. En 2017 su PBI per cápita fue de USD 52.000.
El comercio bilateral entre Uruguay y los Países Bajos tiene un fuerte componente de exportaciones de las zonas francas. En 2014, alcanzó los USD 732:000.000, no obstante decreció en el año 2015 –en comparación con el año anterior– a USD 597:000.000. En 2016, alcanzó los USD 626:000.000 de los cuales USD 317:128.217 corresponden al intercambio comercial desde zonas francas.
En 2017 exportamos, por unos USD 534:003.849, celulosa y soja desde zonas francas a los Países Bajos e importamos de allí, principalmente, aceites de petróleo.
También Uruguay exporta carne bovina fresca o refrigerada, arroz, madera y cítricos –allí tuvimos un pequeño problema con la mancha negra de los cítricos que el Uruguay está en vías de resolver–, jugos de fruta y carne ovina. Si tomamos en cuenta el resto de lo que se exporta, es decir, lo que no se exporta desde las zonas francas, la carne bovina fresca o refrigerada corresponde a la mitad de lo exportado. Holanda es el segundo destino de las exportaciones uruguayas que se efectúa a través de las zonas francas. Es importante la posición de los Países Bajos en la estructura de la balanza comercial del Uruguay, ubicándose en la posición número ocho como destino de las exportaciones uruguayas.
Desde territorio no franco las principales empresas exportadoras hacia los Países Bajos fueron Frigorífico Tacuarembó, Barraca Jorge Erro, Breeders & Packers Uruguay S. A. y Ontilcor S. A.
Las principales empresas importadoras fueron Ancap, Conaprole, Antel; hay que recordar que importamos aceite de petróleo.
Tenemos algunas cuotas de carne: la cuota cárnica 481, la cuota exclusiva de carne ovina y caprina, la cuota GATT y la cuota Bilan.
A partir de 2014 dejamos de tener beneficios arancelarios otorgados en el marco del sistema generalizado de preferencias con los Países Bajos y con la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos. Los sectores que se vieron más perjudicados por la caída de los beneficios arancelarios fueron el pesquero y el frutícola.
Entre los proyectos que se plantea la futura embajadora, señora Dupuy, está la posibilidad de establecer en el puerto de Róterdam un hub logístico o centro regional de distribución de mercadería uruguaya para potenciar el comercio con Europa, ya que es así como funciona Holanda, que es uno de los principales exportadores de productos agrícolas, no porque los venda, sino porque funciona como hub para la entrada y salida de Europa.
En cuanto a las inversiones de los Países Bajos en Uruguay, tenemos una inversión extranjera acumulada de USD 264:000.000 en el año 2015 y en ese mismo año los flujos de inversión externa directa fueron de USD 5:000.000 y en 2014 de USD 29:000.000.
Las empresas que operan en Uruguay con capital neerlandés son: Pinturas INCA S. A.; Nidera Uruguaya S. A., productora internacional, comerciante y distribuidora de productos y servicios agrícolas y de bioenergía y Royal IHC, que tiene el contrato de la draga.
Entre los objetivos económicos comerciales planteados por nuestra futura embajadora está el de organizar una ronda de negocios junto a Uruguay XXI para marzo-abril de 2019 como forma de identificar nuevos nichos de mercado. También se podrá sondear la idea de un centro regional de distribución de mercaderías nacionales en Róterdam.
Además, se tratará de estimular la reapertura de la Embajada de los Países Bajos en Uruguay, puesto que desde el 2012 dejó de ser residente en Montevideo para trasladarse a Buenos Aires –los Países Bajos cuentan con 114 embajadas–, así que este es uno de los proyectos de la embajadora.
Con respecto a todo lo que tiene que ver con las instituciones multilaterales con sede en La Haya y la Corte Internacional de Justicia, cabe destacar que se están tratando muchos litigios que tienen que ver con América Latina. De los quince jueces electos por nueve años, el doctor Antônio Augusto Cançado Trindade fue el único juez latinoamericano reelecto en 2018 en la Corte Interamericana de Justicia. En cuanto a la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Uruguay tiene interés en seguir siendo sede a futuro de cursos regionales de dicha institución. Quiero mencionar la Corte Permanente de Arbitraje y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, donde se participa del Consejo de Asuntos Generales y Política y del Consejo de Representantes Diplomáticos. Para junio de 2019 se prevé la conclusión de las negociaciones y aprobación de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y se dará seguimiento a la labor de los tribunales penales internacionales.
Para la Corte Penal Internacional nominamos a la doctora Ariela Peralta, que finalmente no triunfó, a pesar de haber sido señalada por el Comité de Expertos como experta altamente calificada en una preselección. En la Corte Penal Internacional nuestro país se destaca por la legislación nacional de implementación del Estatuto de Roma y cooperación con la corte, de avanzada. Durante 2015-2016 ocupa la vicepresidencia de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. Asimismo, voy a destacar el rol del fondo fiduciario en beneficio de las víctimas, que Uruguay integra en la persona del doctor Felipe Michelini, en representación de América Latina y el Caribe, que tiene por objetivo facilitar la asistencia y reparación de víctimas y sus familias y el apoyo para reinsertarse en sus comunidades, propiciando la justicia reparadora.
Finalmente, me interesa mencionar la organización para la no proliferación de armas químicas, entre otros organismos internacionales vinculados con temas de seguridad y justicia, como la Europol, la Eurojust, la Agencia Espacial Europea –ESA– que planeaba enviar una misión a Marte en octubre de 2018.
En síntesis, recomiendo muy calurosamente aprobar esta venia porque la embajadora tiene todas las credenciales para este cargo y su currículo así lo indica; es un destino para ella. Al mismo tiempo, quiero recordar que los Países Bajos tienen todas estas competencias y que nuestra embajada allí está un poco flaca de recursos humanos. Insisto en que los Países Bajos son el octavo destino de exportaciones de nuestro país y es sede de muchas e importantes organizaciones multilaterales de las que el Uruguay forma parte y debería hacerlo en forma más decidida y sistemática.
SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: apenas uno revisa los currículos de los embajadores cuyas venias se van a votar, se da cuenta de que se trata de profesionales que han tenido una buena carrera y tienen una buena preparación. Sin perjuicio de esto, nosotros vamos a votar en contra estas venias porque no es la primera vez que la situación de estos dos embajadores de alguna manera incide en lo que es la política de Estado en relación con los otros países.
El otro día decía en la comisión que no es justo que se someta a la comisión asesora y a la Cámara de Senadores a aprobar una venia que tiene un condicionamiento totalmente familiar y personal. Hace poco más de un año votamos una venia del embajador Nario para representarnos ante el Reino de los Países Bajos. Recuerdo que vino con una planificación, un programa y una agenda muy abundante y buena, pero al poco tiempo, habiéndose cumplido apenas un año de los cinco que tiene en el destino, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin razón alguna, hace un cambio que no tiene una motivación de política de Estado. El Gobierno no esgrime ninguna razón para hacer un cambio en la política de Estado; lo que hay es un tema familiar, muy respetable, pero no se puede traer al Senado una venia que implique un cambio en la política exterior por esa razón.
No es la primera vez que el Estado se ve sometido a esta situación y lo lamento. Me hubiera gustado que se hiciera una consulta previa para no tener que expresar todo esto porque, insisto, se trata de buenos profesionales, pero no estoy dispuesto a torcer una propuesta que se hizo al Senado hace poco tiempo y que ya tenía una planificación, por una situación personal. Se saca a un embajador que está en ese destino hace apenas un año, se deja en esa embajada a su mujer, que es embajadora, y a él se lo envía al Líbano. En realidad, si seguimos el razonamiento, hubiera sido mucho mejor que el embajador continuara en funciones en el Reino de los Países Bajos y, eventualmente, se enviara a esta otra profesional, que da la casualidad que es cónyuge del otro embajador, al Líbano o a otro país.
Si alguien expresa alguna razón de interés nacional o ministerial para esta sustitución, quizás cambie de opinión, pero hasta ahora no he escuchado ninguna. Se han defendido los currículos y entiendo que está bien, pero no se sabe el porqué de esta sustitución. Bueno, vamos a decir las cosas como son: se trata de un tema familiar que tiene un antecedente que no llegó aquí, pero sabemos que se intentó darle otro cargo.
Si bien no me gusta tener esta actitud cuando estamos ante buenos profesionales, no vamos a acompañar esta venia porque no obedece a una política de Estado, y los temas familiares no deberían ser tratados en la comisión del Senado y en la Cámara de Senadores como política de Estado. Por lo tanto, reitero que vamos a votar en contra.
SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.
SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: sin duda, esta discusión no solo se va a plantear en este punto sino también en el siguiente. Me refiero a las dos venias que deberíamos conceder en el día de hoy que, como ya se ha dicho, fueron discutidas en la Comisión de Asuntos Internacionales.
Creo que queda claro que nadie discute que estos dos integrantes del personal del servicio exterior, de más de treinta y cinco y veinticinco años en la función, han tenido una evidente competencia de la máxima jerarquía para las responsabilidades que han desempeñado, incluso antes de llegar a este destino.
Creo que decir que acá no hay una política de Estado o un interés nacional, sino un condicionamiento familiar y personal, es una verdadera injusticia que se repite desde hace ya un buen tiempo y que muestra que a veces el interés nacional no está por encima del interés partidario.
Entiendo que cuando no se asignaron dos embajadores o embajadoras a los organismos internacionales y al Reino de los Países Bajos –no estoy hablando de la creación de dos embajadas, que nunca estuvo planteado–, se cometió una gran injusticia. Voy a transcribir –me parece que es bueno que quede en la versión taquigráfica– una nota verbal en la que queda claro que la acreditación de representantes permanentes ante la OPAQ u otros organismos internacionales con sede en La Haya es una acreditación que procede. Reitero que no se trata de embajadas para cada una de las responsabilidades, sino de embajadoras o embajadores asignados a cada una de las responsabilidades.
La nota dice que se puede contar con una representación permanente ante la OPAQ, conforme al acuerdo de sede vigente. Por lo tanto, cuando de manera mediática se dijo que no existía sustento legal para acreditar embajadores o embajadoras en un mismo país, uno frente al Reino de los Países Bajos y otro ante el director general de la OPAQ, no era así. Existe norma habilitante y es el acuerdo de sede que está vigente. Queda claro que esta es la misma situación que se ha dado en Ginebra con las Naciones Unidas y la OMC; en Francia, con la Embajada en París y la Unesco; y en Estados Unidos.
Voy a leer la nota porque hay alguna diferenciación y, dado que esto ha llevado bastante tinta en los medios de prensa, me parece importante que también tenga su espacio en la versión taquigráfica. Dice así: «Siendo este el único Acuerdo de sede que especifica la posibilidad de contar con una Representación Permanente diferente a la Embajada, las credenciales deben ceñirse a la OPAQ, para acceder a las inmunidades y privilegios correspondientes (extendiéndose una tarjeta de identidad diplomática que así lo indica)». Quiere decir que está perfectamente determinado qué se debe hacer y qué alcance tienen las competencias y los derechos de cada uno de los representantes.
La nota continúa diciendo: «Respecto a otros Organismos internacionales con sede en La Haya, cuyos tratados constitutivos y Acuerdos de sede no mencionen la posibilidad de contar con una Representación Permanente separada de la Embajada, se asumirá que los Estados Parte/Miembros están representados por los Embajadores y funcionarios diplomáticos acreditados ante el Reino de los Países Bajos». O sea que vuelve a quedar claro que todos los organismos pueden tener determinada representación, además de la representación de Estado ante el Reino de los Países Bajos.
Y continúa: «En caso de que se prepare una credencial que asigna el seguimiento de otros Organismos internacionales al Representante Permanente ante la OPAQ (de contar el Estado con uno separado), el Reino de los Países Bajos podrá aceptar la credencial, pero recuerda que para dicho seguimiento no se asignan inmunidades y privilegios, sino los correspondientes a representantes de Estados Parte que participan de reuniones internacionales pertinentes.
Asimismo se aclara que en la Tarjeta de Identificación que otorga la Cancillería holandesa, solo figurará la condición de Representante Permanente ante la OPAQ».
Me parece que como esta cuestión viene de antes, debe quedar meridianamente clara, porque también ha estado en la discusión que hoy tenemos presente.
En otro orden de cosas, no creo que 4156 kilómetros sea un arreglo favorable para un núcleo familiar. El sentido común indica que 4156 kilómetros no son precisamente una proximidad que aliente a cualquier familia a decir: «Bueno, esta puede ser nuestra solución». El Estado uruguayo se privó durante un año y medio de la competencia de la embajadora Dupuy porque ella hizo una elección: la de la unidad familiar. Así es. Cualquiera de nosotros sabe que, cuando tenemos entornos familiares, en nuestras opciones de vida buscamos contar con los elementos que favorezcan la unidad –a no ser que tengamos una disociación importante y un día hablemos de la familia como unidad constructora de la nación, y al día siguiente eso no nos importe–, pero, obviamente, en función de que hay carreras –no opciones laborales, sino carreras, como decíamos cuando discutimos el primer punto del orden del día de la sesión de hoy– que condicionan muchísimo. Esta es una situación que la modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República trata de subsanar.
Veamos qué es lo que queda claro con esta solución.
Obviamente, el Líbano no es un paraíso; todos sabemos cuál es la situación de ese país en la actualidad. Creo que esto puede haber sido tenido en cuenta en la ponderación de elementos para decidir qué embajador debía ir al Líbano. El Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República contempla esto, volviendo a ratificar que deben considerarse las peculiaridades a la hora de asignar los destinos. El Líbano –así como otros países– era un destino para el que estaba pendiente la asignación de embajador o embajadora por parte de nuestro país. Me parece que se ha encontrado una solución adecuada para estos destinos diplomáticos en función de la competencia de dicho personal y no de una solución familiar, pues a todas luces queda claro que ni la distancia ni uno de los destinos en sí mismo son elementos facilitadores de la vida de las personas, menos en el sentido de una unidad familiar.
Aquí hubo expresiones como «su mujer», que muestran que la discusión que tuvimos al considerar el primer punto del orden del día sigue teniendo a la mujer como subsidiaria cuando, entre otras cosas, el país se enorgulleció de la representación que la embajadora Dupuy tuvo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siendo ella la primera mujer que llegaba a la presidencia de dicho consejo y habiendo tenido una actuación brillante, como efectivamente tuvo.
Es todo, señora presidenta. Gracias.
SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR LACALLE POU.- Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente quiero decir que no recibimos una respuesta del porqué del traslado, cuál es la cuestión de Estado, cuál es la razón de interés nacional.
Insisto: el currículo es muy bueno y conozco la situación familiar, pero no hay una respuesta de por qué a un embajador votado por esta cámara hace un año y pocos meses –cuando recién empieza su gestión– se le hace este tipo de traslado. No hay una razón de interés nacional.
SEÑORA MOREIRA.- La razón del traslado del señor Nario la dará, en todo caso, el miembro informante.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.º 1227/2018.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Reino de los Países Bajos a la señora Laura Dupuy Lasserre».
–16 en 27. Afirmativa.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundamentar el voto.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: quiero dejar constancia de que acompañé la votación de esta venia, tanto en comisión como en el plenario, sin perjuicio de que, cierta y efectivamente, estas decisiones no son las más adecuadas, aunque sí parte de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo. Probablemente nosotros hubiéramos tenido otro criterio, pero independientemente de eso, tanto en el caso de esta venia como en el de la que vamos a tratar a continuación, se trata de dos embajadores de carrera, que tienen una trayectoria que no merece ningún cuestionamiento. En función de ello y reconociendo que está dentro del margen de decisión de la Cancillería, hemos acompañado esta venia.
SEÑORA XAVIER.- Solicito que se rectifique la votación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente si se concede el acuerdo solicitado.
–17 en 27. Afirmativa.
17) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN
SEÑORA TOURNÉ.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el tema en consideración.
18)	SEÑORA LAURA DUPUY LASSERRE Y SEÑOR LUIS RICARDO NARIO FAGÚNDEZ. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADORES
SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.
En discusión la carpeta n.º 1228/2018, correspondiente a la solicitud de acuerdo para acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Líbano al señor Luis Ricardo Nario Fagúndez.
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo	.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: antes de considerar los antecedentes del embajador Luis Ricardo Nario Fagúndez –a quien tengo el gusto de conocer personalmente por la función parlamentaria–, quiero decir que con los asuntos de familia hay que ser muy delicado, y comprendemos la preocupación expresada en sala.
Con la designación de Nario como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República del Líbano, concurrente en Nicosia, Chipre, la Cancillería ha sido muy salomónica, al tiempo de respetar su carrera funcional desde todo punto de vista.
La Cancillería nos presenta esta venia objetivamente ligada al numeral 12) del artículo 168 de la Constitución de la república –es decir, apegada a nuestra carta magna– que nada dice de aspectos que tengan que ver con la subjetividad. Personalmente, me cuesta hablar de un tema que es absolutamente familiar, de una relación profunda entre dos personas.
Creo que el Estado uruguayo, frente a los excelentes antecedentes de la embajadora Dupuy –que se han mencionado en esta cámara– y, por supuesto, del gran nivel diplomático del embajador Nario, ha actuado –como dije recién– con justicia y comprendiendo las dificultades que tenía este asunto desde el punto de vista reglamentario.
Quizás este tema podría ser mejor focalizado en alguna entrevista que tengamos a nivel de comisión con la Cancillería, pero no le doy tanta importancia en cuanto a que sea un asunto de Estado. Creo que más bien es un tema de armonización de las reglas con aspectos particulares de la vida de nuestros diplomáticos, que no son máquinas ni robots, sino seres humanos, y tienen todo el derecho a enamorarse y a seguir hacia adelante. Pienso que la Cancillería, desde este punto de vista, ha sido muy comprensiva.
El otro día, cuando se planteó esta situación en la comisión no di mi opinión como senador porque, honestamente, me desbordaba, pero hoy tengo que darla y es lo que hago, señora presidenta.
Estaba en conocimiento de este asunto porque hace como un año y medio –o dos, ya no recuerdo– leí un artículo en Búsqueda que evidenciaba que este era, realmente, un problema. A mi criterio, con esta salida la Cancillería da una respuesta y, al mismo tiempo, hace una propuesta a ambos diplomáticos, que son de carrera, que son excelentes, y que además de eso vienen prestando muy buenos servicios en un renglón en el que la república no tiene tanta gente especializada.
Recuerdo los tiempos del canciller Gonzalo Fernández, cuando nos juntaba a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes en la sede de la Cancillería y nos decía que, dadas las demandas de presencia en diversos y múltiples ámbitos diplomáticos, Uruguay necesitaba, por lo menos, un lote de un centenar de funcionarios más.
Esta es una tarea muy complicada y, a nuestro entender, altamente necesaria para el país. Por ende, es preciso poner en rodamiento a estos dos diplomáticos que califican tan alto.
Creo que con la comprensión de todas las partes –incluidos la embajadora Dupuy y el embajador Nario– estamos en condiciones de conceder al Poder Ejecutivo tanto el acuerdo que acaba de ser votado como el que vamos a votar a continuación, si los señores senadores admiten este informe.
Señora presidenta: el embajador Luis Ricardo Nario ingresó al servicio exterior de la república en el año 1982, por lo que lleva una larga carrera. Es egresado del Instituto Artigas del Servicio Exterior, para el que acabamos de votar nuevas responsabilidades al considerar las modificaciones a su estatuto del funcionario, y ahora tiene la calidad de academia por la profundidad del conocimiento que imparte sobre todo el servicio exterior. Luego asciende por concurso de oposición y méritos hasta alcanzar el cargo de ministro consejero.
Desde el inicio ha tenido una amplia foja de servicios a la Cancillería y, por supuesto, entonces, al país.
Este proyecto de ley adjunta el beneplácito de estilo para que el señor Nario sea embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Gobierno de la República Libanesa y, a su vez, concurrente a Chipre. Cabe decir que el embajador Nario, respecto a su nuevo destino, presentó un informe que se agrega al repartido que los señores senadores tienen, en el que consta toda su carrera diplomática. Es un informe muy interesante, que plantea las actividades que va a desarrollar en el Líbano.
Como ya se ha señalado en sala –y como es de conocimiento de todos los señores senadores–, desde el mes de junio de 2017 hasta octubre de 2018 el señor Nario prestó servicios como embajador en los Países Bajos y como representante ante diversos organismos radicados en La Haya.
El embajador Nario, en su presentación de cuarenta y dos páginas –que este fin de semana me tomé el tiempo de leer, después del clásico–, ha realizado una buena y deseable acción, en primer término, porque nos presenta un cierre de su actuación en los Países Bajos, lo que es casi inédito, pues no es común que los legisladores recibamos información de los señores embajadores relacionada con el programa que presentaron para ejercer cierta actividad, una vez que la desarrollaron. Esto que hace el embajador Nario es inédito, repito, y me sorprende gratamente. La señora presidenta sabe lo importante que es ligar a la Cancillería y a diversos institutos vinculados con el comercio exterior con nuestro Senado y con la Cámara de Representantes, porque el Parlamento tiene que moverse con otra dinámica, abastecido del conocimiento por todas estas circunstancias e institutos a que me estoy refiriendo.
Rescato este punto, señora presidenta, porque siempre es importante e interesante –y no para criticar– ver los logros de las acciones de los diplomáticos, en quienes ponemos nuestro crédito cuando concedemos una venia, por la importancia que le asignamos a la actividad que desarrollan en representación de todos los uruguayos en los destinos que les fueron asignados.
De las cuarenta y dos páginas del informe del embajador Nario voy a decir, sencillamente, que una parte está dedicada a la rendición de cuentas de su misión en los Países Bajos –como mencioné–; otra es un plan de acción para el trabajo en el Líbano; y la última es otro plan de acción para el trabajo en Nicosia, Chipre. Es muy interesante, refiere a asuntos económicos, a exportaciones, y permite seguir el trabajo de otros grandes embajadores, como fue Jorge Giuria, a quien conocí en el Líbano, trabajando firmemente por los intereses del país en oportunidad de la misión parlamentaria que presidió la señora senadora Passada. Es decir que en el informe –que invitaría a leer– se detalla una serie de actividades en el Líbano, que es un lugar muy estratégico en nuestras políticas del Medio Oriente. Entiendo que el embajador Nario, con su ponderación y su equilibrio, sabrá manejar todos estos temas tan importantes en las relaciones internacionales del país con esta vieja nación mediterránea.
En lo que hace a la política exterior de la República del Líbano, explica claramente cómo se armonizan allí las innumerables confesiones políticas y religiosas, en cuyo equilibrio alcanzan la paz permanente en ese lejano país.
Cabe acotar que la tercera comunidad en número de descendientes en el Uruguay, después de la española y la italiana, es la libanesa.
Por otra parte, conformamos el Grupo de Amistad Uruguay-Líbano y creemos que la designación del señor Nario es muy importante para proseguir con la clásica amistad entre ambos países.
No vamos a dar lectura a las cuarenta y dos páginas del informe, pero consideramos que deberíamos conceder esta venia en función de los antecedentes del señor embajador Nario y del encomiable informe que presentó a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.
Por lo tanto, en nombre de la comisión solicitamos al Cuerpo que conceda esta solicitud de acuerdo al Poder Ejecutivo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.º 1228/2018.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República del Líbano al señor Luis Ricardo Nario Fagúndez».
–17 en 25. Afirmativa.
El Senado dará cuenta al Poder Ejecutivo.
19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: en virtud de que falta poco tiempo para la hora de finalización de la sesión y por eso no vamos a poder considerar como corresponde el próximo proyecto de ley, propongo que se levante la sesión.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.
–22 en 24. Afirmativa.
(Así se hace, a las 13:16, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Álvarez, Aristimuño, Asiaín, Ayala, Berterreche, Bianchi, Cardoso, Carrera, Castillo, Delgado, Garín, Heber, López Villalba, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier).

References: artículo 487
 artículo 46
 artículo 118
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
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 artículo 14
 artículo 15
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 artículo 29
 artículo 30
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 artículo 40
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 artículo 42
 artículo 43
 artículo 14
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 15
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 7
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 artículo 15
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 artículo 32
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 104
 artículo 46
 artículo 104
 artículo 104
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 artículo 487
 artículo 22
 artículo 46
 artículo 239
 artículo 487
 artículo 239
 artículo 1
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 artículo 1
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
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 artículo 239
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 artículo 168
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