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Timestamp: 2019-10-19 23:07:25+00:00

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﻿ SENTENCIA C-981 DE NOVIEMBRE 13 DE 2002
SENTENCIA C-981 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. LAS PARTES CUENTAN CON DISTINTAS OPORTUNIDADES PARA CONTROVERTIR Y OBJETAR LAS CUENTAS PRESENTADAS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PROPÓSITO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Sentencia C-981 de noviembre 13 de 2002
Sentencia C-981 de 2002
Ref.: Expediente D- 4089
Actor: Jorge Flórez Gacharná
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 418 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil.
Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., a los trece días del mes de noviembre de dos mil dos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida.
“221. El artículo 418, quedará así:
Rendición provocada, de cuentas. En los procesos de rendición de cuentas a petición del destinatario se aplicarán las siguientes reglas:
3. Si el demandado alega que no está obligado a rendir las cuentas, el punto se resolverá en la sentencia, y si en ésta se ordena la rendición, se señalará un término prudencial para que las presente con los respectivos documentos. Dicho término correrá desde la ejecutoria de la sentencia, o desde la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso.
La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, por haberse originado en la demanda contra normas que hacen parte de un decreto con fuerza de ley (num. 5º del art. 241 de la Constitución).
Sostiene el demandante que la norma acusada, al establecer que cuando el demandado no presente las cuentas en el término señalado por el juez, se ordenará pagar lo estimado en la demanda, quebranta el artículo 13 de la Constitución, según el cual no puede existir trato discriminatorio, pues es razonable que si se le da la oportunidad al demandante para hacer la afirmación desde la presentación de la demanda y ésta surte efectos a partir de la segunda parte del proceso, lo justo sería que si el demandado las presenta en la contestación de la demanda se les pueda tener en cuenta a partir de la segunda parte de la misma. Igualmente, para el actor la norma quebranta el artículo 228 de la Carta Política, porque éste consagra el principio de la primacía del derecho sustancial.
Se analizarán, en consecuencia, estos argumentos. No obstante, antes de abordar el cargo formulado se considera necesario referirse a algunos aspectos del proceso de rendición de cuentas y específicamente, a la rendición provocada de cuentas consagrada en el estatuto procesal colombiano.
3. El proceso de rendición de cuentas. Naturaleza jurídica.
El proceso de rendición de cuentas, es un proceso civil especial “de conocimiento”, denominado así porque en este tipo de procesos previamente se impone al juez el conocimiento de los hechos y de las pruebas, para después adoptar la declaración correspondiente.
Se adelanta bajo el trámite de un proceso abreviado, y persigue dos fines claramente determinados: a) Inmediato: constituido por las cuentas, esto es los ingresos y egresos, con sus respectivos soportes, de la actividad desarrollada por quien se ha encargado de administrar bienes o negocios de otra persona, sea que su origen esté en un acto de voluntad de las partes, como acontece con el contrato, o de una situación contemplada en la ley, como en el secuestre o el albaceazgo; b) Mediato: consiste en establecer quién debe a quién y cuánto, o sea, cuál es el saldo que queda a favor de una parte y a cargo de otra, llámese demandante o demandado.
3.1. Rendición espontánea de cuentas.
En esta hipótesis aquel que debe rendir cuentas a otro, pero que no ha podido rendírselas con anterioridad al proceso, acude al juez para expresar bajo la gravedad del juramento cuáles son esas cuentas, la razón de ellas y en su caso, el monto del saldo a su cargo. Ese juramento estimatorio de las cuentas, presentadas así desde la demanda, puesto en conocimiento del demandado, es decir, de quien ha de recibir las cuentas, en la oportunidad del traslado puede ser objeto de controversia cuando el demandado no las acepta, en todo o en parte; o pueden ser aceptadas por el interesado totalmente de manera expresa, en cuyo caso, el juez mediante providencia da por terminado el proceso; o puede ocurrir que el demandado guarde silencio, caso éste en el cual a ese silencio se le asigna por la ley como consecuencia la de una aceptación tácita de las cuentas presentadas con ese juramento estimatorio y en tal virtud, el juez mediante providencia así lo declara y da por terminado el proceso.
3.2.Rendición provocada de cuentas.
Si el demandado para que las rinda no lo hace dentro del término señalado para ello, el juez dicta un auto aprobando las cuentas presentadas en la demanda, si las rinde, se corre traslado al demandante para que se manifieste en relación con las cuentas presentadas. El demandante puede no objetarlas, el juez las aprueba y ordena el pago de la suma que resulte a favor de cualquier parte, si formula objeciones, se tramitarán como incidente que se decidirá mediante sentencia (CPC, art. 418, num. 4º).
En conclusión, la norma demandada establece diferentes términos procesales, dentro de los cuales las partes cuentan con distintas oportunidades para controvertir y objetar las cuentas presentadas.
4. Análisis de cargo formulado.
Una vez hechas las anteriores precisiones, procede la Sala al estudio del cargo presentado por el actor.
En relación con el derecho a la igualdad, la Corte Constitucional ha dicho que:
Así mismo, el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil señala como deber del juez: “hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que éste mismo código le otorga”.
Con relación al derecho a la igualdad en Sentencia T-230 de 1994, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, se indicó:
B.El principio de la no discriminación.
2. Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos han ampliado y desarrollado la idea de la Revolución Francesa. La declaración universal dice en su artículo 2-1 que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
3. Los motivos de discriminación anotados no excluyen otros posibles que puedan dar lugar aun trato infundado. Los textos internacionales, así como la Constitución colombiana en su artículo 13, tienen un propósito enunciativo y no taxativo. Esta interpretación es, además, la única compatible con el postulado de la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política y con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, en los cuales se prohíbe la discriminación por razones de color, raza, sexo, idioma, religión, opinión, (...) y por cualquier otra condición.
(2) CEDH. Sentencia del 23 de julio de 1968, pág. 34.
5.1. Cuando la diferencia de trato se enmarca dentro de una de las razones explícitamente señaladas por el artículo 13 de la Carta como discriminatorias, quien la lleve a cabo asume la carga de la prueba que justifique su actuación, pues si ello no es así, se mantiene la presunción de trato inequitativo.
En todo caso el trato diferenciado es de recibo si el mismo se orienta a promover la igualdad de una categoría de personas ubicadas en situación de desigualdad.
4.1. Para que quien aplique el derecho justifique un trato diferenciado debe probar tres elementos: 1. empírico: que se trate de casos diferentes; 2. normativo: que exista un fin normativo que justifique racional y proporcionalmente la diferencia de trato, y 3. valorativo: que la medida adoptada sea adecuada —razonable— a la luz de los principios y valores constitucionales”. (Sent. C-918/01, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería).
Así las cosas, en el caso objeto de estudio, se aduce por el actor que el aparte demandado vulnera el derecho a la igualdad, entre el demandante y demandado, pues al primero se le concede la oportunidad para determinar en la demanda el quantum de lo debido, y además esta consagración se tiene en cuenta en el evento en que el demandado no presente las cuentas en el término señalado por el juez; mientras que al demandado no se le reconoce otra oportunidad distinta a la señalada por el funcionario judicial.
Para la Corte, contrario a lo expuesto por el ciudadano demandante, la norma demandada como inconstitucional, no consagra ningún trato discriminatorio, por cuanto, tanto demandante como demandado tienen la oportunidad procesal de aceptar o no las cuentas presentadas y lo que impone el numeral 5º acusado, es una consecuencia jurídica por el silencio del demandado, a quien aun dándole la oportunidad de presentar su estimación sobre las cuentas, no lo hace.
Por otra parte, en el evento en que el demandado considere que no está obligado a rendir ningún tipo de cuentas, situación prevista en el numeral 3º del artículo 418, la estimación hecha por el demandante se tendrá como subsidiaria, siguiéndose el trámite del proceso abreviado hasta que en la sentencia, se decida si en realidad existe obligación por parte del demandado, caso en el cual, se otorgará un término prudencial para que las rinda.
Como puede apreciarse, la norma deja plena libertad al funcionario judicial para fijar el término destinado para rendir cuentas, pues no se precisa término alguno; solo se indica que debe ser prudencial (art. 418, nums. 2º, 3º y 5º), y esto obedece a la cláusula general de competencia señalada por el legislador, en virtud de la cual, la ley puede señalar las normas propias de cada juicio, determinar las actuaciones, términos, recursos y requisitos de cada uno de ellos.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el artículo 228 de la Constitución, que consagra la primacía del derecho sustancial, cabe decir que la norma procesal demandada respeta esta garantía constitucional.
Recuérdese que la primacía de los derechos reconocidos por la ley sustancial, está expresamente reconocida por el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, desde 1970, así:
Y esta fue la regla que consagró el artículo 228 de la Constitución al determinar que en las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, “prevalecerá el derecho sustancial”.
Puede, entonces concluirse que no existe vulneración de ningún derecho fundamental, pues la norma consagra tanto para demandante como para demandado diferentes oportunidades procesales para controvertir y objetar las cuentas presentadas, asegurando el acceso a la administración de justicia y el debido proceso dentro de las actuaciones presentadas.
Por lo anterior, se declarará exequible el numeral 5º del artículo 418 del Código de Procedimiento Civil.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 5º del artículo 418 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente:

References: ARTÍCULO 418
 artículo 418
 artículo 418
 artículo 13
 artículo 228
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 418
 artículo 228
 artículo 4
 artículo 228
 artículo 418
 artículo 418