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Timestamp: 2020-01-22 00:11:32+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 152, de 25/03/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 152
celebrada el jueves, 25 de marzo de 2010
- Proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 44-1, de 9 de octubre de 2009. (Número de expediente 121/000044.) ... (Página 2)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 2)
Proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página 2)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), presenta a la Cámara el proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Bar Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor Olabarría Muñoz para retirar las enmiendas que su grupo mantenía vivas.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la enmienda número 72 del proyecto de ley, se aprueba por 321 votos a favor.
Sometido a votación el texto del dictamen, se aprueba por 319 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Votación de conjunto ... (Página 10)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 321 votos a favor.
Se levanta la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 121/000044.)
Dictamen de proyecto de ley orgánica. Debate de las enmiendas mantenidas para el Pleno de la ley orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Esta ley exige votación de conjunto y el Reglamento obliga a anunciar con antelación el momento de la misma. Les anuncio, en cumplimiento del Reglamento, que no se producirá la votación antes de las nueve horas y cuarenta cinco minutos de esta mañana.
Señor ministro del Interior, tiene la palabra, si lo desea, para presentar el dictamen del proyecto.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco hoy ante ustedes en este Pleno para presentarles siquiera brevemente el proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
Señorías, los deberes y obligaciones a que están sujetos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el cumplimiento de su misión -garantizar la seguridad ciudadana y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades del conjunto de los españoles- trascienden la esfera del interés propio de la Administración y afectan a principios del orden constitucional, principios que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos...
Les ruego que tengan la bondad de hablar más bajo o de abandonar el hemiciclo para las conversaciones en voz alta, porque quien desea escuchar al orador lo tiene muy difícil.
Principios, les decía, que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha convertido en un auténtico código deontológico que vincula al conjunto de los miembros de los colectivos policiales. Este preámbulo breve permite entender la importancia del proyecto que hoy considera esta Cámara; un proyecto que se enmarca en el programa legislativo del Gobierno y que continúa con la línea de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso desde el concreto
punto de vista de la seguridad jurídica en sus condiciones de trabajo.
El proyecto de ley, de conformidad con lo requerido por el artículo 104 de nuestra Constitución, será una ley orgánica que va a regular con carácter general, de forma total y completa, el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. De esta forma superará la situación actual, a mi juicio insatisfactoria desde el punto de vista jurídico, ya que era un reglamento, el aprobado en 1989, en el que se recogían las peculiaridades del régimen sancionador de la Policía. Este es el contexto general en el que este proyecto llega a la Cámara, donde se ha realizado un intenso trabajo parlamentario, lo que ha permitido enriquecer sustancialmente el texto con aportaciones de todos los grupos parlamentarios, de forma que hoy nos encontramos con un texto muy discutido, muy dialogado y muy pactado tanto a nivel político como sindical, lo cual siempre es una garantía de buen texto y de ser un texto aplicable y efectivo.
El proyecto, como les decía, ha abordado la reforma del actual régimen disciplinario establecido por rango de decreto y lo ha hecho en tres capítulos distintos: por una parte, la mejora de la tipificación de las conductas infractoras; por otra parte, la adecuación de las sanciones, y las mayores garantías para los funcionarios en el procedimiento sancionador, que sería el tercero de sus grandes objetivos. Les haré alguna referencia muy breve a cada uno de estos campos, empezando por la tipificación de las conductas infractoras en las que hemos tratado de suprimir algunas que por su ambigüedad resultaban de difícil aplicación, se ha tratado de objetivar otras y se han introducido, por fin, algunas nuevas derivadas tanto de cambios legislativos de otras leyes aplicables como de las diferentes sensibilidades sociales. Así, por ejemplo, la condena por delito doloso será infracción muy grave cuando esté relacionada con el servicio y grave en el resto de los casos; hemos precisado en el texto de la ley las infracciones en materia de droga y alcohol, de tal manera que será infracción muy grave prestar servicio bajo su influencia o negarse a someterse a las correspondientes pruebas de detección. Igualmente, hemos tipificado como infracción muy grave el acoso psicológico en el marco de la relación de servicio. Hemos equiparado el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con los del conjunto de las administraciones públicas y hemos sustituido la violación de sigilo, que es un concepto ya obsoleto, por el quebrantamiento del secreto profesional como falta a recoger en la ley que vengo mencionando.
Les decía, en segundo término, que hemos tratado de adecuar las sanciones, y en este campo hemos fijado en tres meses el límite máximo de la sanción de suspensión de funciones por infracción grave, manteniéndose en seis años la cuantía máxima de esta sanción para el caso de infracciones muy graves. Hemos modificado la sanción de traslado y de cambio de residencia, que es una sanción que incluye una enorme penosidad para el entorno familiar del funcionario, y hemos reelaborado los criterios de graduación de las sanciones incorporando el historial profesional o la entidad de la condena impuesta por la comisión de un delito doloso.
Finalmente les decía que hemos introducido las mayores garantías para los funcionarios en el procedimiento sancionador realizándose un esfuerzo especialmente intenso para regular un procedimiento que permita conciliar todos los intereses en juego, y me refiero al interés de reprimir las conductas socialmente reprobables, mucho más cuando esto se hace en un cuerpo policial, al tiempo que el interés de garantizar al máximo los derechos de los funcionarios de la Policía. De esta manera reconocemos expresamente en el texto de ley el derecho del expedientado a ser asistido por un letrado o por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con la correspondiente titulación; incorporamos la cancelación de oficio -antes era simplemente a instancia de parte- de las anotaciones por sanciones, o asignamos al Ministerio del Interior, concretamente al ministro, la competencia para proponer al Consejo de Ministros la resolución de las solicitudes de rehabilitación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. En resumen, señorías, hemos hecho entre todos un régimen disciplinario en el que creo que se mantiene ese difícil equilibrio entre los poderes excepcionales de los que debe dotar el Estado a un cuerpo policial y el consecuente mayor rigor en la exigencia de responsabilidad cuando esas facultades o esos poderes no se ejercen adecuadamente.
Por último me gustaría señalar que con la aprobación de este proyecto de ley, que como espero se llevará a cabo en esta Cámara después del paso de la ley por el Senado, y la aprobación que ya tuvo lugar del régimen disciplinario de la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedan dotadas de un régimen disciplinario -cada uno de los cuerpos con sus respectivas peculiaridades- que les permite afrontar con rigor y con seguridad jurídica los retos que plantea el futuro y el logro de su mayor objetivo, que no es otro que garantizar la seguridad de los ciudadanos y, por tanto, el libre ejercicio de sus derechos y de sus libertades.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra en primer lugar don Gaspar Llamazares.
Señorías, mi grupo parlamentario va a dar su apoyo a la ley que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Tengo la impresión, además, de que lo dará el conjunto de los grupos de esta Cámara porque esta es una ley que desde el trámite del proyecto de ley ya venía muy pactada, acordada con los sindicatos poli
ciales, con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y de la fiscalía y que también en su tramitación parlamentaria ha sido una ley ampliamente consensuada. Quiero agradecer en este sentido el trabajo del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cendón, y también el trabajo de la letrada Ripollés.
Nuestro grupo parlamentario considera que es en estos momentos una ley que responde a las necesidades del Cuerpo Nacional de Policía, es una ley además que establece un régimen disciplinario con objetividad, con seguridad y con proporcionalidad, y es una ley que consolida al Cuerpo Nacional de Policía como un buen servicio a los ciudadanos que combina adecuadamente la defensa de la seguridad y también la defensa de sus libertades. En nuestra opinión es, por tanto, una buena ley. Me acordaba ahora del último libro de Henning Mankell, donde el comisario Wallander, en una de sus primeras sintomatologías de Alzheimer, pierde su arma reglamentaria y una buena parte del libro trata de la incertidumbre del comisario Wallander ante la inexistencia de procedimiento, prácticamente no hay procedimiento y tanto puede ser una falta leve como una falta muy grave. Yo creo que este estatuto, este código deontológico de la Policía, permite a los policías tener seguridad sobre la falta y tener seguridad también sobre el procedimiento y las sanciones. Yo estoy orgulloso de que mi grupo haya contribuido, por ejemplo, a que haya procedimiento hasta para las faltas leves, es decir que no sea únicamente una cuestión más o menos acertada por parte del mando sino que tenga que ver fundamentalmente con un procedimiento concreto.
En relación con las propuestas o aportaciones de mi grupo parlamentario, he de destacar aquella que tiene que ver en las faltas muy graves con la defensa de los derechos ciudadanos; es decir, que la vulneración de esos derechos ciudadanos suponga claramente una falta muy grave, y también la inclusión de nuevos problemas, que nos los planteamos no solamente en el ámbito penal sino también en el de las relaciones y del servicio público, como son las cuestiones relativas al acoso. Por otra parte, con relación a las faltas graves, nos parece un avance importante la inclusión de riesgos laborales que tengan consecuencias graves en el ámbito policial.
Pero no solamente hemos incluido nuevas faltas, sino que también nos hemos preocupado por que las sanciones sean proporcionadas y proporcionales. Creo que es importante la que tiene que ver con el abandono de la responsabilidad, siempre que sea al margen de razones de fuerza mayor, y también con el traslado forzoso; traslado que no signifique en ningún caso algo similar a la pena que hubo en su momento en nuestro código con respecto al destierro, que sea un traslado pero que no signifique una pena añadida para la familia del funcionario. En ese sentido valoramos positivamente esta ley, creemos que es una ley importante, que ha dado pasos muy valorables desde el punto de vista de la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos y también de los propios funcionarios policiales y, por tanto, es un paso más, al igual que lo ha sido, por ejemplo, la reciente que tiene que ver con la Guardia Civil.
Nos falta únicamente -y termino, señorías- la ley de derechos y libertades de las Fuerzas Armadas, de nuestros militares. Le recuerdo al Gobierno que está pendiente su presentación ante la Cámara, ha habido ya contactos con los grupos parlamentarios y espero que haya, al menos, el mismo nivel de consenso que se ha alcanzado con respecto a esta ley. Con esta ley no somos la Policía sueca, no tenemos por qué serlo, pero en garantías y derechos en algunas materias, sobre todo en el procedimiento sancionador, incluso mejoramos a la Policía de Wallander.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo parlamentario tiene también la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, vamos a votar favorablemente la ley, el compañero Gaspar Llamazares lo ha dejado claro, y, además, queremos felicitar al ministro Rubalcaba porque no hemos tenido que enmendar el artículo 7; es decir, el ministro Rubalcaba ya diseñó la ley incorporando en el artículo 7, en aquel artículo relativo a las faltas muy graves, la vulneración de los derechos lingüísticos. Por esto no me duelen prendas en felicitarle desde la tribuna. Ciertamente esto ya se había llevado a cabo en la ley anterior que regulaba el régimen disciplinario de la Guardia Civil del año 2007. De manera que, felicidades. Pero usted sabe que este gran paso que usted ha patrocinado también le obliga a mucho y creo que usted es muy consciente de ello. Le recuerdo que hace pocos meses, el director general, el señor Velázquez, nos dijo en su despacho: No os preocupéis, os doy mi palabra política, al menos por mi parte no quedará -lo dijo el director general-, para que nunca más se vuelvan a repetir casos en los que ciudadanos gallegos, vascos y catalanes vean sus derechos lingüísticos vulnerados. Sé que existe todo el empeño por parte de este Gobierno y por parte del ministro Rubalcaba. Pero no solo con leyes se hace la historia, la historia se hace con educación, cultura y formación democrática, que es lo que deben hacer las escuelas de Policía y de la Guardia Civil, es decir, recursos para formar a los funcionarios en una visión moderna, en una visión de la realidad plurilingüística del Estado español; formación y, evidentemente, recursos. Y de la misma manera que he felicitado al ministro Rubalcaba, quiero felicitar a todos los ciudadanos gallegos, vascos y catalanes que durante años y años, cuando han entrado en una comisaría (por cierto, cuando uno entra en una comisaría normalmente es porque está sufriendo un problema que, como mínimo, le agobia), han sido capaces de asumir, además, la voluntad de defender sus derechos lingüísticos. Debo decir que en muchos casos los funcionarios han tenido comportamientos ejemplares, pero también es cierto que a veces ha habido una actitud de necesidad de heroicidad que no tiene ningún sentido
en el Estado moderno. Así pues, lo que pedimos es que haya recursos para formar académica y lingüísticamente a los funcionarios con una formación abierta y moderna sobre la realidad lingüística del Estado español. Este es el camino. Y, repito, el solo hecho de que no hayamos tenido que enmendar la ley ya significa que este Gobierno ha asumido el compromiso.
Ahora solo hace falta que los hechos lo demuestren. Esperamos de usted que se haga realidad el compromiso que ha adquirido.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
Me va a permitir que por razones funcionales, o disfuncionales en este caso, intervenga desde el escaño para afirmar que mi grupo mantiene vivas tres enmiendas que probablemente va a retirar al final de debate de esta importante ley, que si tuviéramos que calificarla de alguna manera tendríamos que hacerlo como una ley que prevé una tipificación de infracciones y un procedimiento sancionador que en términos convencionales podría calificarse como lato, incluso benevolente. No lo es en algunos puntos en donde el endurecimiento puede entrar en colisión con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a cuestiones que citaré brevemente a continuación, pero es una buena ley. Otra de sus características es que es una ley afortunadamente consensuada con los interlocutores del Cuerpo Nacional de Policía, muy consensuada, y hay que felicitar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y a los demás portavoces de los grupos parlamentarios por el esfuerzo de aproximación, que no ha sido baladí, ha sido muy importante, hasta el punto de que en este momento estamos todos en la tesitura de retirar las enmiendas que quedan vivas todavía. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Por último, hay tres aspectos que más bien incitan a realizar un discurso de naturaleza político-filosófica que refutaciones al contenido material o al articulado de la ley. En primer lugar, nos llama la atención, señor ministro, que se mantenga como infracción, y se puede parafrasear al señor Llamazares en este comisario que ha citado él, que no sabía qué suerte le iba a deparar desde una perspectiva sancionadora la pérdida de la pistola o la pérdida de la acreditación. Pues no, señor Llamazares, en esta ley ese tema se resuelve: es una infracción de carácter leve. ¿Este hecho merita ser calificado, cuando la pérdida de la acreditación es involuntaria, por ejemplo, como infracción de carácter leve? No. Nos parece un exceso en relación a la utilización del derecho punitivo cuando se trata de un mero accidente que puede concurrir en cualquier circunstancia y que se considere una infracción de carácter leve la pérdida de la acreditación. Es una discrepancia que mantenemos pero de naturaleza muy puntual y que no empece nuestra adhesión a los contenidos fundamentales filosóficos, ontológicos y materiales de la ley.
En segundo lugar, una cuestión que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y yo hemos tenido ocasión de discutir con recurrencia y reiteración es la relativa a la inmediata ejecutividad de los actos administrativos y de las sanciones que incorpora el proyecto de ley de forma un tanto contradictoria con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de ejecutividad inmediata de los actos administrativos. Lo hemos discutido y la verdad es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de la ejecutividad de los actos administrativos es muy curvilínea: en unos casos dice unas cosas, en otros casos dice otras. Nosotros somos poco proclives a la ejecutividad en cuanto puede alterar el derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito jurisdiccional correspondiente e incluso a la tutela administrativa mediante los recursos administrativos que la propia ley consigna para velar por derechos que pueden provocar daños de difícil reparación. Usted me invocará que los daños de difícil reparación dimanan del hecho de que un funcionario de Policía sancionado continúe en las dependencias policiales armado, con la placa y con las acreditaciones, pero tiene usted que valorar también el daño que dimana de una sanción injustamente impuesta si esta es inmediatamente ejecutiva. Es una colisión de derechos en la que el Tribunal Constitucional nunca ha logrado encontrar su punto de equilibrio, hasta el punto de que es seguramente la parte de la jurisprudencia constitucional más curvilínea y más inelástica que existe en el Estado español.
Por último, señor ministro, una reflexión de naturaleza filosófica.
Nosotros hemos seguido empeñados -empeño vano, como siempre- en algo que resulta casi una obsesión para mi grupo. De la misma manera que yo no he podido obtener ilustración de una persona brillante como usted de por qué la Guardia Civil, a pesar de su denominación, sigue siendo un cuerpo de naturaleza militar, y seguimos desconociendo qué telúricas razones aconsejan el mantenimiento de este carácter, seguimos pensando también que en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía la normativa subsidiaria a aplicar es la del funcionario público, prevista y configurada en el Estatuto del empleado público. No ha existido el coraje para dar este paso definitivo y funcionarizar o civilizar -en el caso de la Guardia Civil- la naturaleza en el ámbito de la aplicación subsidiaria de las normas de la función pública y para aspectos solo atinentes a la función pública, es decir, a las prestaciones laborales y otros derechos como el de la conciliación de la vida laboral y familiar, carrera profesional, prevención de riesgos laborales; por cierto, una cuestión muy bien resuelta, afortunadamente, en una profesión peligrosa por su propia naturaleza. Todo esto no empece que entre todos, el Gobierno y los representantes del Cuerpo Nacional de Policía, hayamos sigo capaces de consensuar y de encon
trar puntos de encuentro para hacer una buena ley de carácter disciplinario, señora presidenta. Por eso, cuestiones colaterales -relevantes pero colaterales- como la cuestión lingüística y otras quizás habrá que intentar ubicarlas en un proyecto de ley de naturaleza diferente. Desde la perspectiva sancionadora hemos logrado aproximaciones suficientes para decir que estamos ante una buena ley. Esperemos que estas predicciones tengan naturaleza profética y sea así.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, ser policía implica no solamente una vocación clara de servicio público; implica no solo estar dispuesto a defender los derechos y las libertades de los ciudadanos hasta el punto de arriesgar la propia integridad personal y la propia vida, sino que implica también estar sometido a un régimen disciplinario especialmente estricto. Por tanto, quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento expreso de que hoy debatimos una ley que afecta a derechos fundamentales -y por eso es una ley orgánica- de un colectivo muy importante de funcionarios, de ciudadanos uniformados que tienen la trascendente misión de defender nuestros derechos y nuestras libertades y aprovechar la presencia de representantes de este colectivo, de estos funcionarios, a través de sus asociaciones sindicales para decirles que como legisladores somos muy conscientes del sacrificio que imponemos con un régimen disciplinario específico que es especialmente estricto, que como representantes de los ciudadanos se lo agradecemos y como ciudadanos que también somos no solo se lo agradecemos sino que les expresamos nuestra admiración.
Quiero aprovechar que estamos debatiendo una ley de régimen disciplinario para hacer una reivindicación del principio de la disciplina en una sociedad democrática en su doble acepción. En primer lugar, en la dimensión moral que tiene este principio, porque la primera definición de disciplina en el diccionario de la Real Academia es: Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. En segundo lugar, también como defensa del principio de la disciplina en lo que significa de observancia de las leyes y los ordenamientos de una profesión o de una institución. Habrá quien pueda pensar que esto de la disciplina es un poco trasnochado e incluso que es contrario a las libertades. No se trata solamente de la Policía, si en las aulas no hay un mínimo de disciplina es imposible que pueda haber educación. Una policía que no tenga un código moral claro y no mantenga una observancia estricta de sus propias normas se convierte más en un problema para la sociedad que en una solución. Creo que este concepto de disciplina es especialmente necesario en una institución armada como el Cuerpo Nacional de Policía, en la que depositamos buena parte del poder coercitivo del Estado y que tiene una trascendente misión constitucional. En tercer lugar, quiero expresar la satisfacción de mi grupo por que hayamos encontrado algo así como el consenso perfecto en esta ley. Por un lado, no solamente creo que la ley va a tener el apoyo unánime de la Cámara sino que, además, creo que no vamos a tener necesidad de debatir ninguna enmienda.
Hay materias en las que el consenso pasa de ser aconsejable a ser necesario y sin duda esta es una de ellas porque, en primer lugar, como he dicho, afecta a derechos fundamentales de un colectivo importante de ciudadanos; en segundo lugar, porque estamos legislando sobre una institución básica en el funcionamiento de nuestro Estado de derecho; en tercer lugar, porque ni el régimen de personal ni el régimen disciplinario de la Policía Nacional puede depender de la alternancia de Gobierno entre partidos.
El pleno apoyo de mi grupo a este proyecto de ley desmiente, además, ese mito de que el Partido Popular ejerce una oposición del no a todo. El consenso alcanzado hoy es una buena muestra, una muestra más de que la crítica dura que merece el Gobierno -y la merece en muchas ocasiones- es perfectamente compatible con el apoyo a proyectos cuando están en juego los intereses fundamentales de los ciudadanos.
Vamos a apoyar este proyecto de ley por cuatro razones fundamentales. En primer lugar, porque estamos ante un proyecto de ley que se parece más al último proyecto de ley aprobado por un Gobierno del Partido Popular que al primero que aprobó un Gobierno del Partido Socialista. No pretendo entrar en una discusión sobre la paternidad de la criatura que hoy alumbramos, pero sí quiero decirles que legítimamente nos sentimos al menos copartícipes y coautores de esta iniciativa. La segunda razón por la que lo apoyamos es porque este proyecto de ley -y se ha dicho ya en esta tribuna- ha despertado un amplio consenso sindical. A iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, también los de la Policía Local, tuvieron oportunidad de comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso para exponer sus puntos de vistas. En esas comparecencias expresaron un acuerdo básico sobre este proyecto y nos expusieron también algunas reclamaciones que, con más o menos fidelidad, distintos grupos hemos recogido en parte de nuestras enmiendas. Quiero aprovechar para resaltar la profesionalidad, la responsabilidad y la altura de miras que las organizaciones sindicales han mostrado en este tema y en muchos otros que nos toca tratar en la Comisión de Interior. La tercera razón es que gracias al trabajo de todos -y quiero unirme al agradecimiento expreso a la letrada, doña Rosa Ripollés; lo reconocía también el propio ministro del Interior- hemos conseguido mejorar el texto que nos remitió el Gobierno.
Me corresponde reivindicar desde esta tribuna el trabajo realizado por mi grupo parlamentario. Presen
tamos un total de veintinueve enmiendas y hemos llegado a acuerdos, bien por aceptación en sus propios términos, bien por diferentes transacciones, en más de la mitad, en dieciséis de ellas. Hemos negociado hasta el último minuto, y prueba de ello es que en este mismo Pleno hemos firmado una enmienda transaccional a una enmienda presentada por mi grupo, la 72, referida a la devolución de haberes. Sin caer en el pasteleo parlamentario, sí creo que es de justicia agradecer al Grupo Socialista la receptividad y la flexibilidad con la que han acogido al menos las enmiendas de mi grupo parlamentario y hacer extensivo este agradecimiento al resto de los grupos parlamentarios, que no solamente han facilitado en todo lo posible el acuerdo sino que en alguna ocasión incluso lo han propiciado entre los dos grupos mayoritarios. Creo que hemos tenido un excelente clima de trabajo y quiero decir que en mi corta experiencia legislativa ha sido una de las ponencias más gratificantes a las que he asistido por la calidad y el clima que hemos creado en ella.
Sin ánimo de ser exhaustivo, porque ya lo ha dicho el ministro y ya lo han dicho en buena medida el resto de grupos parlamentarios, quiero mencionar, simplemente mencionar, aquellas mejoras propuestas por mi grupo parlamentario que a nosotros nos parecen más sustanciales. En primer lugar, que la tolerancia ante una falta disciplinaria no puede ser considerada inducción o autoría, como venía en el borrador inicial, sino en todo caso encubrimiento y, por tanto, una sanción menor. Hemos logrado también que una parte importante, yo diría que la mayoritaria de las faltas penales en las que incurra un funcionario de Policía, no en su calidad de tal sino como un ciudadano más, o no tengan consecuencias disciplinarias o las tengan de carácter leve. Hemos introducido la eximente de causa mayor en la falta de abandono del servicio. Se ha tipificado el acoso laboral como infracción muy grave con las salvaguardias necesarias para que no haya un abuso en la denuncia de este tipo de conductas. Hemos conseguido que la ostentación de distintivos en manifestaciones sea falta leve y no grave. Se ha tipificado como falta grave el incumplimiento de las normas de riesgos laborales, nuevamente con las debidas cautelas para que en este asunto no terminen pagando justos por pecadores. Se ha sustituido la sanción de traslado con cambio de residencia por el traslado forzoso para evitar el doble castigo a las familias. Termino ya, señora presidenta. Hemos mejorado técnicamente los procedimientos sancionadores. Hemos incorporado la información reservada al expediente disciplinario, mejorando la transparencia y las garantías para el infractor. Hemos introducido al Consejo de la Policía entre los órganos con competencia para instar la suspensión de la ejecución de una sanción e incluso la inejecución total.
Quiero anunciar, señora presidenta, para terminar, la aceptación por mi grupo de la enmienda transaccional, que lógicamente hemos firmado, así como la retirada de las otras dos enmiendas que continuaban vivas en aras de ese consenso que tanto he elogiado. Y quiero decir, como última reflexión, que el principio de disciplina que yo he defendido en esta tribuna en absoluto es incompatible con la garantía de los derechos de los funcionarios de Policía, porque difícilmente podemos garantizar nuestros derechos si no garantizamos los derechos de aquellos que están encargados de defenderlos.
Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, subo muy brevemente a la tribuna por la importancia que tiene este proyecto de ley orgánica que estamos discutiendo en este momento. Realmente el espacio de tiempo que voy a ocupar podría haberlo utilizado desde mi escaño y haberles hecho perder menos tiempo a ustedes, pero habida cuenta de que estamos hablando de un proyecto de ley que presumiblemente va a salir de esta Cámara apoyado por unanimidad de todos los diputados y de todos los grupos, no quisiera que diera la impresión de que esa unanimidad es producto de que estamos hablando de algo poco importante o poco trabajado. Es justamente lo contrario. Es una de esas ocasiones -aunque tengo una corta vida parlamentaria- en las que me ha dado un extraordinario gusto trabajar en ponencia con el conjunto de los diputados que han hecho ese trabajo, con los servicios profesionales extraordinarios de la señora Ripollés -siempre es un gusto poder contar con su asesoramiento- y particularmente con el portavoz del Grupo Socialista, que ha hecho un trabajo extraordinario de búsqueda de consenso, favorecido por el interés del conjunto de los grupos de que ese consenso se produjera. Hemos hecho política de verdad en un tema que es muy importante; lo es para nosotros y también para el conjunto de los ciudadanos; lo es para los policías, que son los encargados de velar por nuestra seguridad, por nuestras libertades y de asegurarlas, precisamente porque son ciudadanos españoles que necesitaban que su reglamento disciplinario tuviera un mayor rango que el que tenía hasta el momento presente, un rango de ley orgánica, en cumplimiento, porque así lo hemos interpretado, del artículo 104 de nuestra Constitución.
Hemos hecho el trabajo de dotar de un reglamento fiable y seguro -como ya han dicho los compañeros que han intervenido antes que yo- para garantizar la seguridad de aquellos que están destinados a proteger la nuestra. Es una ley orgánica de reglamento disciplinario que lo adapta a los tiempos que vivimos, que lo adapta a esta sociedad moderna del siglo XXI, que es equilibrada en derechos y en obligaciones derivadas para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de su carácter de ciudadanos, que es lo principal, pero también
de la especial responsabilidad que tienen a la hora de desarrollar su tarea.
Me congratulo del trabajo que entre todos se ha hecho que, insisto, ha estado favorecido por el clima existente entre los diputados, que creíamos que teníamos que hacer ese esfuerzo. Es verdad -como aquí se ha dicho- que el proyecto de ley venía muy trabajado porque los sindicatos han trabajado con los grupos, han trabajado con el Gobierno, y el Gobierno también ha tenido una actitud de búsqueda de acuerdo, lo que nos ha ayudado mucho. Pero además de nuestra actitud, la de todos nosotros, y desde luego la mía como única diputada que estaba en representación del Grupo Mixto, en nombre de Unión Progreso y Democracia, quiero reiterar una vez más el agradecimiento a todos los diputados miembros de la ponencia y de la Comisión y, particularmente, al portavoz del Grupo Socialista.
Para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem. (Rumores.) Por favor, señorías.
Señor ministro, sin mayor preámbulo, paso a exponer que desde Convergència i Unió vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Un proyecto que, tal y como se señala en la exposición de motivos, trae causa de lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución y que va a sustituir el régimen disciplinario actual de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que está hoy contenido en solamente dos artículos de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el reglamento de régimen disciplinario.
Esta es una reforma que se realiza tras dos décadas sin modificaciones. Es una reforma que, a nuestro entender, se enmarca en un proceso más amplio de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el que, tal y como se ha señalado, está comprometido el Ministerio del Interior. Un proceso que incluye también, y así se ha dicho en numerosas ocasiones, mejoras retributivas, mejoras de las condiciones de seguridad y del trabajo en general, así como mayores y mejores medios materiales.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Un momento, por favor, señor Pigem. Señorías, es imposible atender a la diputada que está en el uso de la palabra. Les ruego, por favor, un poco de silencio.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Decía que este es un proceso que se incluye en un marco mayor en el que, entre otras cosas, hay también mayores y mejores medios materiales para que tanto la Policía como la Guardia Civil puedan desarrollar con plenas garantías su trabajo. Una normativa que, conviene recordar, no agota la regulación estatal sobre la materia pues inciden en ella otras normas, entre ellas la Ley del estatuto básico del empleado público, y además, por la estructura territorial compuesta del Estado y la existencia de policías integrales en determinados territorios -y quiero recordar aquí, a la luz de la intervención del señor Tardà, que en Cataluña el despliegue es de sustitución- por ser esta composición territorial del Estado, esta ley va a convivir con diversas leyes autonómicas en materia policial. Desde Convergència i Unió consideramos que esta es una ley necesaria, y de manera similar al desarrollo específico que se hizo del régimen disciplinario de la Guardia Civil, nos parece oportuna la elaboración de una norma que dote al Cuerpo Nacional de Policía de un régimen disciplinario adaptado a nuestros días que dé respuesta a las exigencias de un cuerpo policial moderno, que mejore la seguridad jurídica, definiendo con claridad los derechos y deberes que impone el servicio público de, nada menos, que la protección de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y que permita conciliar las reivindicaciones, justas reivindicaciones, de sus integrantes con las garantías derivadas de la tan importante misión que la Constitución les encomienda.
Quisiera hoy, en este último paso de la tramitación parlamentaria, señalar y poner en valor, en primer lugar, el trabajo del ministerio y de los sindicatos policiales, que dio como fruto la elaboración de un proyecto ya muy consensuado que recogía buena parte de las propuestas de los colectivos policiales, algunos de cuyos representantes hoy nos acompañan y a los que, desde esta tribuna, quiero especialmente saludar (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Quiero señalar también que a lo largo de la tramitación parlamentaria se ha podido mejorar el proyecto, enriqueciéndolo con las aportaciones y reflexiones que nos hicieron los representantes policiales en las comparecencias celebradas en la Comisión, en donde tuvimos oportunidad de escuchar y tomar buena nota de cuáles eran los cambios a su juicio necesarios. Asimismo, quiero poner también en valor el trabajo serio, riguroso y exhaustivo, realizado tanto en ponencia como en Comisión, que ha dado como fruto la introducción en el proyecto de mejoras importantes, algunas de las cuales ya se han señalado aquí abundantemente, pero que también quisiera resaltar. La corrección del grado de responsabilidad de los superiores que toleren el encubrimiento de la comisión de una falta grave, que se contemple como eximente la existencia de causa de fuerza mayor que impida comunicar al superior el abandono del servicio -podría ser, por ejemplo, dar a luz, entrar en un proceso de parto-, la introducción del acoso laboral como falta muy grave, la consideración como falta grave de la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales o la acotación de que la falta grave de asistencia, manifestación o reunión pública se
cometa cuando se asista de uniforme a las mismas. Que se haya sustituido la sanción de traslado con cambio de residencia por el traslado forzoso, las mayores garantías en la tramitación de los procedimientos disciplinarios o que la información reservada, practicada para el esclarecimiento de los hechos, pase a formar parte del expediente disciplinario si finalmente se acuerda incoar el mismo. Estas serían algunas de las mejoras, a nuestro juicio, más relevantes. Un buen trabajo hubiera sido imposible sin la disposición de todos los ponentes, y quiero personalizarlo en los del Grupo Socialista, especialmente don José Manuel Bar, y del Grupo Popular, don Ignacio Cosidó. Asimismo, hubiera sido imposible sin el trabajo serio, riguroso, impecable una vez más, de la letrada doña Rosa Ripollés. Por todo ello, tal como he señalado al comienzo de mi intervención, Convergència i Unió va a votar afirmativamente el dictamen de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don José Manuel Bar.
El señor BAR CENDÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, quisiera comenzar mi intervención con un sentido recuerdo a Jean Serge Nerin, policía francés, y sencillamente uno de los nuestros. (Aplausos.) Nuestra condolencia y nuestra gratitud con su familia, sus compañeros y el pueblo amigo francés se acompañan de una convicción rotunda: la de que junto a la solidaridad hacia los suyos llegará también muy pronto la justicia que merece quienes truncaron su vida.
Señorías, en el breve tiempo de exposición que me corresponde intentaré desarrollar tres ideas que fundamentan el proyecto de ley orgánica que se somete a su aprobación. Primero, es una ley que responde a un cambio necesario; segundo, es una ley que acompasa, que compagina los derechos ciudadanos y los anhelos corporativos; tercero, esta ley, en buena medida, es una expresión de la confianza que ciudadanos, Gobierno y legislador depositan en el Cuerpo Nacional de Policía. Y añadiré una consideración final, y es que la hemos hecho en consenso, la hemos hecho entre todos.
No sería justo si no empezase con un breve capítulo de agradecimientos.
Primero, dedicado al esfuerzo de negociación realizado entre el ministerio del Interior y representantes sindicales, cuya presencia en la tribuna de público quiero agradecer muy afectuosamente, ya que entre ambos nos han allanado mucho el camino. Segundo, a los ponentes de todos los grupos, que en cada reunión sumaron gestos de aproximación y entendimiento para el acuerdo. Mi grupo quiere agradecerles sinceramente la voluntad de consenso aportada. Tercero, más personalizado, a quienes participaron de forma discreta, pero siempre en los momentos oportunos e imprescindibles. Me refiero al director general, a las asesoras ministeriales, a nuestro portavoz, Antonio Hernando, y cómo no, a nuestra rigurosa y sabia letrada, doña Rosa Ripollés. A todos ellos, gracias otra vez.
Señorías, el proyecto de ley orgánica que hoy se debate aquí responde a una perentoria necesidad de modificar la normativa vigente desde hace más de veinte años, y no solo por el tiempo transcurrido. Su rango legal, un real decreto, era insuficiente y su articulado a todas luces obsoleto en relación con un ordenamiento jurídico general y una jurisprudencia que están en evolución constante. El régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía requería de una regulación específica e integral que superase la fragmentación y los vacíos legales existentes. Y lo más importante, porque nuestra policía no puede sustraerse a las nuevas realidades mucho más complejas y diversas que han ido apareciendo, como los nuevos delitos y faltas que dan como resultado nuevos retos y nuevas exigencias para el Cuerpo Nacional de Policía. De este modo, la nueva ley incorporará notables actualizaciones, como son las sanciones por acoso sexual o laboral, las discriminaciones por razón de origen, convicciones u orientación sexual, los abusos de autoridad, los relacionados con las drogas o las faltas relacionadas con las nuevas tecnologías y el derecho a la intimidad.
La segunda idea se deriva de que la policía es un servicio público que se dirige a la protección de la comunidad, pero sus integrantes son también titulares y sujetos de derechos. El reto consistía en hacer una norma que permitiese conciliar los anhelos corporativos con las garantías derivadas de la misión que la Constitución les encomienda: los derechos y garantías ciudadanas. Y, además, que mejorar una cosa redundase en la mejora de la otra. Para ello se han aproximado sus normas a las del conjunto de la Función pública y muchas de las disposiciones son casi idénticas, suprimiendo así injustas desventajas. Tal es el caso del tratamiento de las incompatibilidades, el abandono del servicio, la publicación de secretos oficiales, la no observación de normas de riesgos laborales o la rehabilitación del funcionario sancionado. Pero hay elementos que las hacen más específicas. Los policías llevan uniforme oficial, llevan distintivos y llevan armas, son guardianes de la ley como autoridad pública y por eso se les requiere ejemplaridad.
Decía Ortega y Gasset que el derecho a mandar no es sino un anejo de la ejemplaridad, pero advertía también de que el prestigio de la autoridad durará lo que dure el recuerdo de las personas que la ejercieron. A menudo juzgamos nuestro sistema de salud -ya no digamos a los políticos- o nuestra educación no tanto por las cifras de eficacia sino por la actuación personal de quienes nos atendieron, y con la Policía pasa exactamente igual. Por eso, se sanciona severamente la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas, la práctica de tratos inhumanos o vejatorios a los ciudadanos o la no trami
tación de sus quejas y reclamaciones. Así se convierte también en una garantía para los ciudadanos, porque a través de su régimen disciplinario saben cuáles son las obligaciones de sus servidores públicos y saben que las van a cumplir.
Señorías, el proyecto de ley orgánica que se presenta es ciertamente mucho más garantista y atenúa notablemente el rigor y la severidad del régimen vigente. Era una severidad desfasada -es cierto-, decimonónica la llamaban algunos, pero tenemos la enorme ventaja, y yo diría que el orgullo, de tener una Policía que junto a la Guardia Civil consigue que la percepción de seguridad de nuestro país sea una de las más elevadas del mundo. Tenemos una policía que ha sacrificado generosamente su vida en terribles ocasiones, una policía que nos está llevando al fin de la banda terrorista ETA, que golpea duramente a la delincuencia organizada, pero que también sabe estar presente en nuestras calles. Por eso, la ley significa una actualización, una democratización, pero sobre todo es una expresión de confianza, la que tienen los ciudadanos, la que tiene el Gobierno y la que debe tener ahora el legislador. Así, el proyecto incorpora la revisión de todo el elenco de faltas, dando mayor seguridad y garantías jurídicas tanto en la tipificación como en los procedimientos disciplinarios; acorta los plazos de tramitación y de prescripción; atenúa las sanciones especialmente graves y muy graves; reconoce el derecho a la asistencia letrada y enfatiza el principio de non bis in idem y distingue mejor entre la vida privada y la vida profesional de los policías.
Señorías, decía al principio de mi intervención que esta ley es fruto del trabajo de muchos, pero lo más importante es que se ha hecho con un altísimo grado de consenso y de generosidad por todos los intervinientes.
Primero, en la negociación entre el ministerio y los sindicatos, que dio como resultado que el borrador inicial incluyese total o parcialmente cuarenta de las sesenta peticiones formuladas. Ya en sede parlamentaria, en la que por cierto también pudieron expresarse de modo inédito los representantes sindicales, los ponentes de la ley de los distintos grupos fueron alcanzando en sucesivas reuniones acuerdos en más de una cincuentena de las setenta y siete enmiendas presentadas. Vuelvo a agradecer aquí la disposición del resto de los portavoces por la aceptación de transacciones o por la retirada de prácticamente la totalidad de las enmiendas. Por último, la vista en Comisión del pasado día 16 acabó con una votación por unanimidad, como espero que hoy se repita.
Cabe recordar algunas incorporaciones importantes -y con esto acabo- fruto de ese trabajo. El mejor tratamiento del acoso laboral y de los riesgos laborales, el procedimiento para faltas leves, el concurso del Consejo de Policía para proponer la suspensión de sanciones, la incorporación al expediente de las informaciones reservadas, la eximente de fuerza mayor en el abandono del servicio o la especificidad de la segunda actividad sin destino. Por ello, la vocación de esta ley no puede ser otra que la del consenso y la unanimidad, la misma vocación que debiera presidir las futuras leyes en ciernes, y hoy estoy seguro de que así será.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bar.
Señor Olabarría, ¿qué desea?
Intervengo solo a los efectos de dar por retiradas las enmiendas que mi grupo mantenía vivas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Quedan retiradas.
Votaremos dentro de cinco minutos. Ya saben que se trata de votación de ley orgánica. Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 319; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, votamos en votación de conjunto todo el proyecto por tener el carácter de orgánico. Como saben SS.SS., es preciso que obtenga para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de derecho de la Cámara, 176 votos al menos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos.) Se remite al Senado para su ulterior tramitación.
Eran las diez y diez minutos de la mañana.

References: artículo 104
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 104
 artículo 104