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Timestamp: 2019-03-22 05:50:29+00:00

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Sentencia de Tutela nº 971/09 de Corte Constitucional, 18 de Diciembre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 425931622
Sentencia de Tutela nº 971/09 de Corte Constitucional, 18 de Diciembre de 2009
Actor: Agustin Florez Cuello
Demandado: Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar
Expediente: T-2045677
Vida, integridad personal, igualdad, presunción de inocencia. El accionante es defensor del pueblo seccional cesar actúa en representación de las internas de la torre 9, del epcams de valledupar, interpuso acción de tutela debido a que la entidad accionada mantiene confinadas en un mismo pabellón tanto a condenadas como a sindicadas, cosa que no sucede con los hombres reclusos. La sala se pronuncia sobre la legitimación del defensor del pueblo para interponer la tutela, se observa que el representante del ministerio público busca la protección de los derechos fundamentales de un número plural de internas que puede identificarse, quienes actualmente se encuentran recluidas en condición de detenidas, en consecuencia se cumplen las condiciones para que el defensor del pueblo interponga la acción de tutela de la referencia, luego se pasa a estudiar si existe vulneración al derecho a la igualdad, se aplica un test de igualdad en cuanto a la diferencia de los hombres internos que sí están separados entre acusados y condenados y las mujeres internas que no lo están, la situación de las internas en otros establecimientos de reclusión, se concluye que trato diferenciado que se está dando a las internas en el establecimiento demandado y en otros establecimientos penitenciarios, no se funda en razones que puedan armonizar con el ordenamiento superior ni puede por tanto considerarse proporcionado, y resulta discriminatorio por lo cual es evidente la vulneración del derecho a la igualdad, se estudia la vulneración del principio de inocencia, en relación con la separación entre detenidos y condenados en la constitución, la ley las normas internacionales y la jurisprudencia, se encuentra que la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia, por ultimo se estudia la vulneración de los derechos a la vida y la integridad personal, la relación entre la separación de detenidas y condenadas y los derechos a la vida y a la integridad física, se concluye que la no separación de las internas vulnera sus derechos fundamentales, por lo tanto se ordena al inpec iniciar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para proceder a separa las internas condenadas de las que están sindicadas en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país donde esa medida no se aplica concede.
T-971-09 SENTENCIA T-971/09 SENTENCIA T-971/09
A partir del test de igualdad, encuentra la Sala que el trato diferenciado que se está dando a las internas en el establecimiento demandado y en otros Establecimientos Penitenciarios y C., en comparación del que tienen detenidos y condenados entre el personal masculino, no se funda en razones que puedan armonizar con el Ordenamiento Superior ni puede por tanto considerarse proporcionado, y resulta discriminatorio por lo cual es evidente que se ha vulnerado el derecho a la igualdad.
Accionante: A.F.C.D. delP. SeccionalC. quien actúa en representación de las internas (sindicadas y condenadas) de la torre 9, del EPCAMS de Valledupar.
Demanda y pretensión[2].
Mediante una visita realizada por la defensoría del pueblo al EPCAMS de Valledupar, encontró que las internas en condición de condenadas (66) unas, y de sindicadas (24) otras, se encontraban recluidas en el mismo pabellón[3].
Respuesta del accionado[5].
Decisión de tutela objeto de revisión. (Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito del 19 de junio de 2009. Única instancia)
Intervención ante la Corte de la Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria
Informa que la Defensoría del Pueblo ha recordado a las autoridades carcelarias, que la separación entre sindicados y condenados constituye una de las más elementales bases de la política penitenciaria y que el no cumplimiento de ese principio representa una flagrante violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia de las personas sindicadas.
6.5.2. La infraestructura del centro Penitenciado y C. no se presta para separar las internas condenadas de las sindicadas pero sí se realiza una distinción de carácter administrativo y judicial.
6.7.1. Dentro de la organización y clasificación de los Establecimientos de Reclusión, el INPEC cuenta con diez (10) Reclusiones de Mujeres y treinta y nueve (39) Establecimientos Penitenciarios y C. para población Interna masculina con pabellones para mujeres, de los cuales, cuatro (4) Establecimientos para hombres cuentan con Resolución de destinación de pabellones para la reclusión de mujeres y los demás, es decir, treinta y cinco (35), han destinado pabellones exclusivos para mujeres.
6.7.2. A mayo 5 de 2009, se contabilizan 4.598 internas, de las cuales 1.954 tienen la condición de detenidas. En las diez R. exclusivas para mujeres (RM), existen pabellones independientes para internas sindicadas y condenadas[17]; en los demás centros carcelarios Nacionales, donde se halla personal femenino, sólo existe un patio para éstas, donde no opera la clasificación, debido a problemas geográficos y de infraestructura[18].[19]
Artículo 46. Legitimación. El Defensor del Pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo o indefensión.
Artículo 47. Parte. Cuando el Defensor del Pueblo interponga la acción de tutela será junto con el agraviado, parte en el proceso.
La Defensoría del Pueblo puede interponer acción de tutela a nombre de cualquier persona, siempre y cuando ésta se lo solicite o se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional[22], el Defensor del Pueblo o sus delegados sólo pueden actuar dentro de los precisos límites que la ley ha señalado a sus actuaciones, por lo tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos fundamentales no pueda promover directamente su propia defensa, por hallarse en una situación de desamparo o indefensión, o que solicite la intervención de dicho defensor[23][24].
Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el J. le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.
3.1.3.2. Que por la naturaleza de la conducta punible y el perfil de alta seguridad de las reclusas, convergen sindicadas (hoy acusadas) y condenadas, lo cual no comporta un trato discriminatorio o indistinto, como quiera que a las sindicadas no se les exige el porte de uniforme, ni se les impone el trabajo como medio terapéutico; para alcanzar la resocialización.
3.1.4.1. Esta Corporación encuentra que la razón invocada referente al cumplimiento de la resolución 0137 de 2005[26] no es de recibo, en tanto en la misma uno de los considerandos se funda en la obligación de cumplir con la Clasificación (sic) de los internos de Conformidad (sic) con lo establecido en el artículo 63 de la ley 65 de 1993, artículo que como se vio antes establece la obligación de separar a los detenidos de los condenados, amén de que tal obligación está prevista también en los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad[27] y por tanto son de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento interno.
3.1.4.2. Tampoco es admisible el argumento de que por la naturaleza de la conducta punible y el perfil de alta seguridad, no se separen sindicadas (hoy acusadas) y condenadas, pues del artículo 63 citado y de las normas pertinentes incluidas en los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, se deriva que no hay lugar a diferencias entre hombres y mujeres internos que autorice al Estado para separar los sindicados o acusados de los condenados respecto de los primeros y no de las segundas, ni se faculta para realizar excepciones a ese principio.
De hecho si la finalidad de la detención preventiva es asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, y la efectividad de la pena impuesta y Son cárceles los establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados de acuerdo con los artículos 11 y 21 de la Ley 65 de 1993 respectivamente, es claro para la Sala que si bien corresponde a la administración el cumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas con la detención, o la ejecución de las penas privativas de la libertad que se impongan por el juez competente a los condenados, tal labor debe desempeñarse en los estrictos términos previstos en la Constitución y la ley, y es al Estado al que corresponde asegurar que en los establecimientos carcelarios existan las medidas de seguridad y las garantías suficientes para que no se evada la acción de la justicia, sin que so pretexto de cumplir esa función se puedan conculcar derechos fundamentales de quienes aún no han sido condenados. Si el Estado no está en capacidad de garantizar que los detenidos no evadan la acción de la justicia, ello no es imputable a quienes no están condenados, ni avala en manera alguna la violación de los derechos de éstos.
El principio de no discriminación, por su parte, asociado con el perfil negativo de la igualdad, da cuenta de ciertos criterios que deben ser irrelevantes a la hora de distinguir situaciones para otorgar tratamientos distintos. Estos motivos o criterios que en la Constitución se enuncian, aunque no en forma taxativa, aluden a aquellas categorías que se consideran sospechosas, pues su uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de desventaja a ciertas personas o grupos, vrg. mujeres, negros, homosexuales, indígenas, entre otros. Los criterios sospechosos son, en últimas, categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales." El constituyente consideró, entonces, que cuando se acude a esas características o factores para establecer diferencias en el trato, se presume que se ha incurrido en una conducta injusta y arbitraria que viola el derecho a la igualdad[29]. (Subraya la Sala)
Considerando que la entidad demandada ha aceptado que existe para las mujeres un tratamiento diferente frente al aplicado a los hombres allí recluidos y que los criterios usados para asignar tal tratamiento al personal femenino relacionados con la gravedad de la falta y el perfil de alta seguridad, aparecen como absolutamente inconsistentes a juicio de esta S. dado que respecto de los hombres internos también se presentan esas condiciones, ello conduce a concluir, que la no separación entre detenidas o acusadas y condenadas, como sí ocurre con el personal masculino entre detenidos y condenados, sí es discriminatoria y viola el derecho fundamental a la igualdad.
En cuanto a la situación de las internas en el resto de los Establecimientos Carcelarios y P., aparece demostrado que a mayo 5 de 2009 de un total de 1.954 detenidas en los diferentes Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del país, respecto de 534[30] no se cumple el mandato de separarlas de las condenadas, manteniéndose con ello el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-153 de 1998[31], e incumpliéndose la orden de realizar esa separación allí impartida.
El artículo 29 de la Constitución Política establece en su inciso 4 que Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
El artículo 10 numeral 2 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: [Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. La obligación de mantener apartados los sindicados de los condenados se establece en forma similar en el numeral 4 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el mismo sentido se encuentran el numeral 8 literal b) de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos[34], y el Principio XIX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[35].
Así, al declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional la Corte en Sentencia T-153 de 1998[36] manifestó que el derecho a la presunción de inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los condenados y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas, para la reclusión de los primeros. (N. fuera del texto)
En la misma providencia señaló que la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia (Resalta la Sala).
En dicha oportunidad la Corte, dado que la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia, y atendiendo al hecho de que la confusión de los mismos impide desarrollar las políticas de resocialización de los condenados, ordenó al INPEC en el numeral 7 de la parte resolutiva de la sentencia que en un término máximo de cuatro años[37], separe completamente los internos sindicados de los condenados.
lo que está en juego cada vez que se dictan medidas de aseguramiento es la manera como tales medidas se proyectan sobre uno de los bienes jurídicos más valiosos de todos los que sustentan y legitiman el Estado de Derecho: la presunción de inocencia. No existe ni puede existir discrecionalidad al respecto. La autoridad pública, cualquiera que ella sea, judicial o administrativa, debe respetar el derecho a la presunción de inocencia[38].(Subrayas dentro del texto).
La presunción de inocencia permea todo el desarrollo del proceso y es sólo el juez, mediante sentencia ejecutoriada el que puede declarar la culpabilidad[39], de manera que no puede la administración " desvirtuar la presunción de inocencia, interpretando la sindicación como índice de peligrosidad social y de culpabilidad individual"[40].
La situación de convergencia entre detenidas y condenadas en que se encuentran las internas del EPCAMS de Valledupar y en general 27,32 % de las reclusas vulnera el derecho a la presunción de inocencia y desconoce la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-153 de 1998[42], manteniéndose por tanto el estado de cosas inconstitucional que allí fue declarado, entre otras cosas, porque la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia.
Vulneración de los derechos a la vida y la integridad personal.
Al declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional la Corte en Sentencia T-153 de 1998[43] manifestó que en materia de privación de la libertad los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia requeridos (Negrilla fuera del texto)
6.2. La Sala encuentra también que la no separación entre las mujeres condenadas y las detenidas vulnera el derecho a la presunción de inocencia de éstas, porque, como lo ha señalado la Corte la reclusión indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia[44]
Segundo.- REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Civil de Circuito de Valledupar, del 19 de julio de 2008 y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos solicitada por el Defensor del Pueblo Seccional Cesar en beneficio de las internas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar.
[3] Manifestación del demandante. Ver Folio 1 del cuaderno 1. También se encuentran en el expediente (i) una queja presentada por las internas de la torre 9 del EPCAMS de Valledupar el 14 de mayo de 2008, ante la defensoría del pueblo por el hecho de converger sindicadas y condenadas en un mismo pabellón lo que implica un trato desigual respecto de los hombres recluidos en el mismo establecimiento, folios 4 y 5 del cuaderno 1; y (ii) la petición del Defensor del Pueblo Seccional Cesar, al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar para la separación de las internas según fueran detenidas o condenadas, folio 7 del cuaderno 1.
[6] Obra en el expediente el Oficio No.1015 del 6 de junio de 2008, el Director del EPCAMSCASVAL dio respuesta al derecho de petición, presentado por el Defensor del Pueblo seccional del Cesar, manifestándole que (i) tanto las acusadas como las condenadas presentan un perfil de alta seguridad y las medidas adoptadas buscan que las detenidas no evadan la acción de la justicia y (ii) en materia de salud todas las internas reciben el mismo trato. Folio 32 del cuaderno 1.
[8] Memorando No. 04851 del 6 de junio de 2008, por medio del cual el T.C. ® H.R.G., Director del EPCAMSCASVAL solicitó al Director General del INPEC, MG ® E.M.B. la construcción del pabellón para mujeres sindicadas. Ver folio 31 del Cuaderno 1.
[10] Mediante comunicación 7110-OPL-0641 de fecha 19 de agosto de 2008, informó al Ministerio de la acción de tutela No. 2008-00093, respecto a las internas sindicadas de las condenadas en la Cárcel de Valledupar, el Ministerio, a través de la Dirección de Infraestructura, le dio respuesta en los siguientes términos: "1. Los documentos CONPES 3277 de 2004 y 3412 de 2006 establecieron que los recursos corrientes de la nación pueden utilizarse, a manera de crédito, como fuente de financiación de la ampliación de la oferta de cupos penitenciarios y carcelarios en complemento de los de destinación específica (recursos de la Ley 55 de 1985 y del Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado - PRISCO). Lo anterior, para no recurrir a la participación de terceros (concesión), opción calificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación como demasiado costosa para el país. // De otra parte, como es de dominio público, los proyectos presentan un retraso frente a la programación inicial en razón a diversas causas, el retardo en la ejecución de la estrategia de ampliación de la oferta de cupos y otros inconvenientes surgidos con posterioridad inciden de manera apreciable sobre el incremento en los costos de construcción y dotación de la nueva infraestructura para reclusos. // El aumento en el valor de los proyectos y la obligación de reponer los recursos corrientes que la nación adelantó, ocasionan que las fuentes propias deban destinarse de forma exclusiva a la financiación de la estrategia e imposibilitan el inicio de otras iniciativas, por lo menos durante tres años contados a partir de 2011. Es claro que la prioridad es entregarle al país los más de 20 mil cupos para disminuir el grave hacinamiento a nivel nacional y dar cumplimiento a las obligaciones legalmente contraídas. // Cualquier apropiación presupuestal adicional a la aprobada en el Marco de Gastos de Mediano Plazo debe contar con un aumento en el ingreso. Por lo limitado de las fuentes específicas, son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación a Quienes compete decidir sobre la asignación de partidas para provectos diferentes a los priorizados en los documentos CONPES en mención. // Con base en lo anterior, no es posible para este Ministerio acceder a recursos que permitan brindar apoyo en la ampliación de los establecimientos existentes". (Subraya y N. en el texto)
[12] Internamente las celdas del piso 5 del pabellón 9 podrían ser destinadas en forma independiente para albergar a las 24 internas, pudiendo éstas desplazarse por el respectivo pasillo, igualmente se tendrían que programar horarios para que desarrollen actividades en el patio, sin que se crucen con las previstas para las internas condenadas.
[15] Copia del Memorando Nº 4851 de junio 6 de 2008 donde también refuerza la necesidad de construir un pabellón por el traslado de 400 internos aproximadamente, (hombres y mujeres) del EPC La Judicial de Valledupar a EPCAMSCASVAL de esa ciudad. Folio 46 del cuaderno de la Corte.
[17] Menciona que Dentro de la organización y clasificación de los Establecimientos de reclusión, el INPEC cuenta con diez (10) Reclusiones de Mujeres y treinta y nueve (39) Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios para población interna masculina con pabellones para mujeres, de los cuales, cuatro (4) Establecimientos para hombres cuentan con Resolución de destinación de pabellones para la reclusión de mujeres y los demás es decir treinta y cinco (35), han destinado pabellones exclusivos para mujeres.
[21] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[24] T-896 A de 2006 M.P.M.G.M.C..
[25] Ver al respecto las sentencias SU 474 de 1997, M.P.V.N.M., y T-622 de 1995, M.P.E.C.M..
[27] El literal a) del numeral 2 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: [l]os procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. La obligación de la administración penitenciaria de mantener apartados los sindicados de los condenados se establece en forma similar en el numeral 4 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[28] M.P.E.C.M..
[29] T-371 de 2000 M.P.C.G.D..
[31] M.P.E.C.M.. En esa oportunidad la Corte ordenó al INPEC que, en un término máximo de cuatro años, separara completamente los internos sindicados de los condenados.
[34] Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. El propósito general de dichas reglas no consiste en efectuar una descripción del sistema penitenciario modelo. Se busca, más bien, teniendo en cuenta conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo así como elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, determinar los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Entre las principales reglas se encuentran, en primer lugar, aquellas que regulan lo atinente a la administración general de los establecimientos penitenciarios y se aplican a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el juez. En segundo lugar, se encuentran las reglas que tienen aplicación únicamente a las categorías de reclusos a que se refiere cada sección. No obstante, existe claridad en que las reglas de la sección A, aplicables a los reclusos condenados serán igualmente aplicables a las categorías de reclusos a que se refieren las secciones B, C y D, siempre que no sean contradictorias con las reglas que las rigen y a condición de que sean provechosas para estos reclusos. En la segunda parte, esto es, en el acápite que contiene las reglas aplicables a categorías especiales se efectúan un conjunto de determinaciones para clasificar e individualizar a los distintos grupos de reclusos. En relación con las personas detenidas o en prisión preventiva se dispone lo siguiente: C.- Personas detenidas o en prisión preventiva 84. 1) A los efectos de las disposiciones siguientes es denominado "acusado" toda persona arrestada o encarcelada por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. 2) El acusado gozará de una presunción de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia. 3) Sin perjuicio de las disposiciones legales relativas a la protección de la libertad individual o de las que fijen el procedimiento que se deberá seguir respecto a los acusados, estos últimos gozarán de un régimen especial cuyos puntos esenciales solamente se determinan en las reglas que figuran a continuación. 85. 1) Los acusados serán mantenidos separados de los reclusos condenados. 2) Los acusados jóvenes serán mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en establecimientos distintos.
[35] Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26. Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o del personal, las necesidades especiales de atención, u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna. // En particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y adultos; jóvenes y adultos; personas adultas mayores; procesados y condenados; y personas privadas de libertad por razones civiles y por razones penales. (Resaltado fuera del texto).
[36] M.P.E.C.M.. Ver además T-1030 de 2003 M.P.C.I.V.H.. En esta providencia la Corte recordó el estado de cosas inconstitucional declarado, entre otras razones, por la no separación entre detenidos y condenados y reiteró que tal separación es una regla que debe cumplirse estrictamente.
[38] Sentencia T-827 de 2005 M.P.H.A.S.P..
[41] M.P.E.C.M.. En esa oportunidad la Corte ordenó al INPEC al INPEC que, en un término máximo de cuatro años, separara completamente los internos sindicados de los condenados.
[42] M.P.E.C.M..
[43] M.P.E.C.M.. Ver además T-1030 de 2003 M.P.C.I.V.H.. En esta providencia la Corte recordó el estado de cosas inconstitucional declarado, entre otras razones, por la no separación entre detenidos y condenados y reiteró que tal separación es una regla que debe cumplirse estrictamente.
[44] T-153 de 1998 M.P.E.C.M..
[45] M.P.E.C.M..
Providencia nº 11001010200020140058700 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 2 de Abril de 2014

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 5