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Timestamp: 2019-02-21 12:44:46+00:00

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Fecha actual Jue 21 Feb, 2019 12:58 pm
Asunto: La promotora elude pagar más de 700.000 euros a Arrecife.
Publicado: Mié 20 Jul, 2011 10:55 am
La empresa promotora de la urbanización de La Bufona, Brisa Inversiones, ha eludido el pago de más de 700.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife como compensación por no haber cedido el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico de la zona gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Por ley, cuando se desarrolla una nueva urbanización, los promotores deben ceder una décima parte del aprovechamiento del suelo al Ayuntamiento. En el caso de La Bufona, existe la obligación desde 1981, cuando se aprueba el primer plan parcial que ordenaba su desarrollo, pero nunca se llegó a cumplir.
La primera reclamación del Ayuntamiento capitalino llega en el año 2003. La respuesta que obtiene es que es imposible llevar a cabo la cesión material del suelo porque la promotora había “hecho suyos los terrenos que debía ceder al Ayuntamiento” y no quedaba suelo disponible.
Es entonces cuando el Consistorio plantea que se le abone una compensación económica. Salvo en un detalle, la inclusión en la valoración del suelo que debía haber cedido la promotora de una parcela de uso cultural de 270 metros cuadrados, estaba claro el derecho en aquel momento del Ayuntamiento de reclamar 707.000 euros.
Sin embargo, por ahora el Consistorio no va a ver ni un céntimo de euro. Paradójicamente, la promotora esgrimió, en el procedimiento judicial que inició para evitar el pago, la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en octubre de 2009 la modificación del planeamiento de La Bufona que fue tenido en cuenta para levantar la urbanización.
El Ayuntamiento de Arrecife se opuso y argumentó que la sentencia del Supremo no tenía “ninguna incidencia” en la reclamación de los 707.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia ha interpretado que, anulado el planeamiento de la urbanización, anulada la reclamación económica por el suelo que no fue cedido.
Así, el TSJC ha entendido que “habiéndose anulado” el planeamiento que definió “la calificación de algunas zonas” en La Bufona, varía también “el aprovechamiento del sector” que puede reclamar el Ayuntamiento de Arrecife.
“Un plan anulado”, expone la sentencia del TSJC, “desaparece del mundo jurídico y arrastra cualquier acto dictado en ejecución del mismo”. De esta manera, el tribunal deja sin efecto los pasos dados por el Ayuntamiento para percibir al menos una indemnización económica por no haber recibido ni un metro cuadrado en La Bufona.
En el procedimiento judicial se pudo apreciar cómo Brisa Inversiones hizo todo lo posible para evitar el pago, algo que casualmente ha conseguido gracias a la anulación del planeamiento, debido a que se omitió el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas sobre cómo afectaba la urbanización a la carretera LZ-2 y el acceso a la misma.
Como mal menor, Brisa Inversiones presentó una valoración alternativa de la consultora Tinsa en la que se reducía el importe de la indemnización a 95.500 euros. Un informe que en el procedimiento judicial fue descalificado por tomar como base la situación de los terrenos hace tres décadas.
Pero fue más allá e incluso argumentó que eran suyos los terrenos que le tocaban al Ayuntamiento en la urbanización al haberlos adquirido por usucapión, es decir, por el transcurso del tiempo. Aunque el Ayuntamiento tardó 22 años en reclamar el suelo, esta figura legal no se podría haber ejercido hasta pasados 30 años.
Brisa Inversiones también planteó en el procedimiento que, en todo caso, el Ayuntamiento debía reclamar “a todos los propietarios adquirentes de las edificaciones” construidas, argumento que no se consideró “en modo alguno admisible”.
En 2007, el Ayuntamiento rechaza las alegaciones de Brisa para no pagar, en octubre de 2009 se anula la modificación del plan parcial, en enero de 2010 el Juzgado dicta sentencia y ahora el Tribunal Superior de Justicia anula la reclamación económica.
Publicado: Lun 17 Oct, 2011 12:16 pm
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado la apertura de juicio oral por el caso de la urbanización La Bufona (Arrecife). El fiscal pide cuatro años de cárcel para los promotores y constructores de las viviendas, Antonio Caro y el arquitecto Federico Echevarría, por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave contra la autoridad por seguir con las obras a pesar de que se dictó su paralización.
También se les pide una multa de 36.000 y 22.000 euros, respectivamente, y la demolición de todas las casas de la urbanización. En el escrito de acusación se pide el archivo para el otro promotor y ex encargado municipal del catastro de Arrecife, Francisco Carmona, ya fallecido.
No se hace mención en ningún momento sobre si se archiva o no la causa contra la ex alcaldesa María Isabel Déniz y el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero, que han estado imputados durante gran parte de la instrucción y cuyo sobreseimiento provisional pedido por el Juzgado número 3 de Arrecife está recurrido ante la Audiencia provincial.
Recientemente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado el derribo de parte de las obras de 14 chalés que se encuentran en suelo rústico. Entre los propietarios de las casas se encuentran la parlamentaria, vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y presidenta del Partido Popular insular, Astrid Pérez, o el fiscal de Las Palmas Miguel Pallarés, ex fiscal coordinador de Lanzarote.
La Apmun considera que tras la compra de las viviendas por parte de los propietarios, no se apreciaban aún algunas de las obras denunciadas, “por lo que la obligación de restablecer es imputable tanto en concepto de propietarios como de promotores de las obras”. En el escrito de la Fiscalía tampoco se hace mención a la posible responsabilidad de los propietarios.
El fiscal señala que los dos acusados movidos por “propósitos especulativos” construyeron 53 viviendas donde sólo podían construir 30, y que lo hicieron conscientemente sin licencia municipal y sin calificación territorial, ocupando además una zona de suelo rústico de valor ecológico y superando la superficie del pan parcial y la de las casas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Apmun. Las primeras denuncias contra las obras son del año 1999.
En el escrito de acusación se hace referencia a los informes técnicos realizados por el Gobierno de Canarias en los que se detallan las irregularidades tanto de la Dirección General de Urbanismo como de la Apmun.
La Fiscalía pide la declaración en la vista oral de 15 testigos, entre los que se encuentran Eduardo y Gonzalo Murillo, denunciantes y propietarios de una de las parcelas ocupadas, así como personal del Seprona, de la Dirección General del Catastro, el Servicio de Carreteras, la Consejería de Obras Públicas y la de Medio Ambiente del Gobierno canario y la Apmun. No se cita declarar a ningún técnico ni cargo público del Ayuntamiento de Arrecife.
Publicado: Mar 28 Feb, 2012 2:42 pm
Según cronicasdelanzarote.es:
La Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural (Apmun) ha dado carpetazo al expediente contra los 14 chalés de la urbanización La Bufona, en Arrecife, pendientes de demoler, entre ellos, la vivienda de la dirigente del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, a quien la Agencia obligaba a demoler algunos de los anexos de su chalé.
Tras el recurso interpuesto por la mayoría de estos 14 vecinos a través de la letrada Juana María Camero, la Agencia ha estimado el argumento que señala que el procedimiento ha caducado. Y es que, según fuentes judiciales, desde la última resolución de la Apmun incoando el expediente hasta la notificación a los afectados, que no se ha producido, han transcurrido tres meses, es decir, el plazo legal estipulado para ello.
Según recuerdan las mismas fuentes, el argumento de la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural en estos diez años de litigio se ha basado en que las viviendas se construyeron sin licencia e invadiendo suelo protegido.
La última resolución de la Apmun desestimaba las alegaciones de la política del PP y del resto de propietarios y en el mes de julio de 2011 le daba un mes para presentar un proyecto de demolición voluntaria. Hace apenas cuatro días la letrada Juana María Camero, hija del ex secretario de Arrecife Felipe Fernández Camero, ha logrado mediante un recurso presentado, el archivo definitivo de la causa. La notificación se está llevando a cabo a todos los afectados desde la pasada semana de carnavales.
NOTIFICACIÓN RESOLUCION-BUFONA:
http://www.cronicasdelanzarote.es/IMG/p ... BUFONA.pdf
Publicado: Lun 30 Abr, 2012 3:28 pm
El denunciante del caso 'La Bufona' y propietario de terrenos ocupados en ese plan parcial de Arrecife, Eduardo Murillo, ha solicitado a la presidencia del Gobierno de Canarias, que el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) reinicie los expedientes de restitución de la realidad física alterada de 14 viviendas de esa urbanización.
La Agencia, diez años después de que se precintaran las obras, elaboró las resoluciones de demolición de parte de 14 viviendas que ocupan suelo rústico. Sin embargo, las resoluciones se firmaron el día anterior a su caducidad.
Murillo considera en su escrito que la Apmun, “de manera aparentemente artificiosa y presuntamente premeditada retuvo la firma de esas resoluciones hasta el día que en que se cumplía el plazo de su caducidad, de tal forma que era materialmente imposible que fueran comunicadas en plazo” y advierte que podría considerarse como un delito de prevaricación por omisión.
La Agencia debería reiniciar de nuevo el procedimiento ya que decidió archivarlo de oficio porque se iban a comunicar fuera de plazo. Murillo hace esta petición ocho meses después de que firmaran las resoluciones y tras reunirse con la funcionaria responsable de esos expedientes, que le trasladó que ella resolvió en tiempo y forma esas resoluciones y que la orden de reinicio depende de la Dirección Ejecutiva de la Apmun.
El propietario de los terrenos de La Bufona hizo una primera petición en marzo, tras la que se reunió con dicha funcionaria. Este mes de abril reiteró su petición al Presidente del Gobierno, haciendo notar que la Apmun no ha sancionado las obras “ilegalizables” en esa urbanización, que habrían de ser demolidas al invadir suelo rústico de especial protección ecológica por paso de jable.
En junio del año pasado, la Apmun ordenó la demolición parcial de 14 chalés que se encuentran en la calle Chabusquillo de esa urbanización. En las resoluciones de la Agencia se hacía referencia, en todos los casos, a la realización de obras “sin contar con las autorizaciones pertinentes”.
Señalaba la Agencia que “ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y que son “indudable y manifiestamente ilegalizables” al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico.
En las resoluciones se decía que la infracción contra la ordenación se encuentra prescrita pero que queda pendiente la reposición de la realidad física alterada. Entre los propietarios a los que afectan estas resoluciones se encuentra la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, y Miguel Pallarés, fiscal de la Fiscalía de Las Palmas y ex fiscal coordinador de Lanzarote.
En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.
En julio del año 2000 la Agencia decretó la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua y el precinto aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.
En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, así como el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, sobre quienes se ha pedido su archivo.
Sobre el plan hay otro procedimiento, ya que los propietarios de parte del suelo de ese plan parcial, la familia Murillo, denunció hace más de diez años la ocupación de sus terrenos por parte de la empresa promotora del plan, Brisa Inversiones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, por lo que todas las casas de ese plan han quedado fuera de ordenación.
Por otra parte, estas casas, que ocupaban los terrenos de Murillo, han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Actualmente, las casas, de más de 200 metros cuadrados, presentan doble referencia catastral y aparecen como de naturaleza rústica.
Publicado: Jue 10 Ene, 2013 10:30 am
La Oficina del Plan Insular del Cabildo (PIOT) ha confirmado que las casas construidas en La Bufona no se ubican en suelo rústico de protección, como sostiene la Apmun, dando valor urbano. Así se despejan dudas, diez años después, sobre las casas con expediente de derribo y denuncia penal.
El Cabildo, a través de la Oficina del Plan Insular, acaba de certificar mediante informe que las 14 casas del Plan Parcial La Bufona Interior de Arrecife, lejos de encontrarse en suelo rústico de valor natural ecológico-jable, de la máxima protección, se encuentran en suelo urbano, lo que contradice diez años después las tesis de Agencia de protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
El informe, solicitado por los dueños, confirma que dichas viviendas, actualmente afectadas por un expediente de demolición por parte de la Apmun, según la cartografía del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote aprobado por decreto 63/1991, de 9 de abril, «se emplazan en suelo máximo delimitado ocupable por núcleos de población, capital insular de Arrecife y no en rústico de valor natural ecológico denominado jable (c1.2)».
El referido informe certifica que dicho suelo es «apto para ocupación por núcleos de población» y se acompaña, además, del correspondiente plano de situación de las viviendas, diciéndose que «están sobre el plano del límite del suelo rústico de protección a la carretera LZ-2 a la altura de las construcciones señaladas».
El documento del PIOT resulta revelador y vendría a desacreditar una denuncia que se remonta a más de diez años, cuando uno de los propietarios de suelo en esta zona, Gonzalo Murillo, denunció las viviendas de la calle Chabusquillo, en este caso las más próximas y a la promotora Brisas Inversiones, por estar supuestamente construidas en suelo rústico.
La denuncia se tramitó ante el Seprona y la Apmun abrió expediente de demolición de terrazas, piscinas y ampliaciones de las casas. También se abrió una vía penal y, de inmediato, tuvo gran repercusión, porque entre los dueños de las casas adquiridas a la promotora había personas de relevancia pública como la actual presidenta del Partido Popular (PP), Ástrid Pérez.
Publicado: Lun 28 Ene, 2013 10:16 am
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha hecho pública este lunes la resolución por la que ordena “reponer la realidad física alterada, mediante la demolición”, de la vivienda propiedad de la presidenta insular del Partido Popular (PP), Astrid Pérez, en La Bufona (Arrecife).
La resolución señala que Pérez, diputada autonómica y consejera del Cabildo, es propietaria de unas obras que son “indudable y manifiestamente ilegalizables” en la calle El Chabusquillo.
En concreto, una piscina de 36,9 metros cuadrados , una edificación de unos 42 metros cuadrados adosada al lindero de la finca, una ampliación de la vivienda de 11,5 metros cuadrados , un área ajardinada de 14 metros cuadrados , la pavimentación del patio trasero y el cerramiento perimetral del terreno.
Estas obras, “vinculadas al uso residencial” fueron “realizadas” según la Agencia de Protección del Medio, “sin contar con las autorizaciones pertinentes”, la calificación territorial y la licencia municipal de obras.
Además, destaca que se ejecutaron en suelo clasificado y categorizado como rústico de protección y de valor natural ecológico, según el vigente Plan Insular. Añade que se levantaron “fuera de asentamiento rural” o “asentamiento agrícola”, por lo que no tienen cabida legal.
“La acción tendente a exigir la restauración de la realidad física alterada es de ejercicio inexcusable”, recalca la Agencia , que agrega que “se ha de dirigir a los actuales propietarios” de las obras.
Asimismo, recuerda que se abrió otro procedimiento sancionador en el año 2000 “que no pudo ser resuelto y notificado dentro del plazo legalmente previsto, por lo que fue declarada la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones”. Sin embargo, al mantenerse la infracción urbanística se ha reabierto el caso.
La resolución de la Apmun ha sido publicada este lunes en el boletín oficial de Canarias al no haber podido notificarla personalmente. Pérez tendrá 15 días para aportar alegaciones en contra.
Publicado: Lun 28 Ene, 2013 1:36 pm
La presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, presentará alegaciones a la resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que le ordena demoler la ampliación de su vivienda y de su piscina en La Bufona, en Arrecife. Pérez ha querido dejar claro que ella “no ha construido nada, sino que compró la casa como está ahora”. Además, ha asegurado que “la Agencia está equivocada”, puesto que la vivienda “no está en una zona de protección”.
La presidenta insular del PP ha señalado que esta notificación no le ha llegado sólo a ella “sino a todos mis vecinos”. “La diferencia es que a ellos se les ha podido notificar por correo y a mí no porque nunca estoy en casa y por eso me lo han notificado a través del BOC”, ha señalado a La Voz. Además, Pérez ha insistido en que la Agencia de Protección “ha archivado tres veces este expediente y lo han vuelto a incoar tres veces”.
Pero, sobre todo, lo que quiere “dejar claro” es que el constructor le vendió la vivienda “hasta con las piscina”. “Yo la compré como está ahora. Se la compré a una constructora y promotora cuyo abogado era el socialista Manolo Fajardo Palarea. Yo no he construido nada ahí”, ha vuelto a insistir.
Y es que Ástrid Pérez ha asegurado que “la Agencia está equivocada porque la casa no está en zona de protección, porque así lo certifica el Cabildo y así lo dice el Plan de Insular de Ordenación del Territorio”. En concreto, en un certificado con fecha de 3 de diciembre de 2012, el Cabildo señala que “estas viviendas no se encuentran en suelo rústico de protección”.
Además, también ha querido dejar claro que esta orden de demolición no le afecta sólo a ella “sino a todos los vecinos, porque por una cosa u otra, toda la urbanización está sometida a la demolición”.
Publicado: Vie 07 Jun, 2013 9:32 am
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso que 12 propietarios de chalés en la calle Chabusquillo de La Bufona (Arrecife) habían interpuesto contra una resolución del Ministerio de Economía y Hacienda que a su vez anulaba otra de la Dirección Provincial del Catastro de enero de 2008 por la que los terrenos de la familia Murillo se inscribían a nombre estos propietarios.
Sobre los terrenos de Murillo, unos 12.000 metros cuadrados, clasificados como rústicos de protección de jable y urbanos, se construyeron 18 viviendas que hasta el año 2008 estuvieron omitidas de la base de datos del catastro, por lo que no pagaban impuestos. Murillo lleva peleando en los tribunales por estos terrenos desde hace 13 años.
Por otra parte, la Agencia de protección del medio urbano y natural ha iniciado un expediente de demolición para derribar la parte de esas casas que ocupan los terrenos de Murillo, ya que considera esas obras ilegalizables. Además, el Tribunal Supremo ha anulado todo el plan parcial, que está fuera de ordenación.
En enero de 2008 la Dirección Provincial del Catastro de Las Palmas emitió una resolución por la que Murillo desaparecía como propietario de ese suelo y se inscribía a nombre de los dueños de las viviendas. Murillo denunció el caso y pocos días después se destituyó al gerente provincial del Catastro. El propio Ministerio admitió que ese cambio de titularidad se hizo sin que hubiera procedimiento, es decir, que nadie lo solicitó y que no existía expediente.
Casi todos los propietarios de las viviendas afectadas recurrieron esa decisión en los tribunales, defendidos por la abogada Juana Fernández de las Heras, que era la abogada también de la promotora de las viviendas, Brisa Inversiones. Los propietarios consideraban que no constaba la titularidad catastral de Murillo sobre esos terrenos. En la sentencia, del pasado mes de abril, se reconoce que el Catastro hizo esa alteración privando al interesado de su derecho a defensa
En esa alteración no sólo se cambió la titularidad sino que también se cambió el nombre de la calle, pasando a llamarse Chubasquillo en lugar de Chabusquillo. Ahora, el catastro se ha adaptado a la realidad física y se da la paradoja de que los terrenos siguen siendo de la familia Murillo pero se reconoce que sobre ellos hay varios chalés.
El TSJC considera que la alteración del catastro “está incursa en la nulidad más absoluta, por vulnerar el procedimiento administrativo, y permitir la inscripción y otorgar una referencia catastral nueva a 18 viviendas, en una calle distinta a la que consta en las escrituras presentadas por los particulares”. “No es que se haya adecuado el registro catastral a la realidad, por el contrario se ha creado artificiosamente una realidad nueva, al margen del procedimiento legalmente establecido”, dice el tribunal.
Murillo ha presentado dos escritos, ante el Gobierno y el Ayuntamiento. En el primer caso, se queja del informe del Cabildo por el que se considera suelo urbano su suelo rústico y pone de manifiesto que el asesor legal de San Ginés es el marido de la abogada de los propietarios de La Bufona. En el segundo pide que se identifique al funcionario responsable de tramitar los expedientes que acaba de declara nulos la Justicia “por las responsabilidades patrimoniales y penales en las que se pudiera haber incurrido”.
Publicado: Vie 30 Ago, 2013 7:50 am
Noticia del Diario de Lanzarote. Viernes, 30 de agosto de 2013
Tras la controversia por la interpretación de un informe del PIOT. El Cabildo también considera “ilegalizables” las viviendas de La Bufona que ocupan suelo rústico.
El Cabildo de Lanzarote, a través de un escrito del presidente, Pedro San Ginés, califica las viviendas de La Bufona como “ilegalizables”. Propietarios de las 14 viviendas involucradas en expedientes de demolición de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) habían interpretado que la Oficina del Plan Insular del Cabildo les había dado la razón y había considerado que estaban sobre suelo urbano, con el objetivo de tratar de salvar las edificaciones.
[Viernes, 30 de agosto de 2013]
Sin embargo, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, a través de su jefe de planeamiento, Jesús Luna, ha dejado claro que los terrenos que “exceden” la “delimitación” de la urbanización de La Bufona por el norte y que fueron ocupados por las construcciones, unos 8.000 metros cuadrados , “están clasificados como suelo rústico” y calificados como zona de valor ecológico por paso de jable, según Plan General de Arrecife.
La controversia surgió a raíz de la petición al Cabildo por parte de la asociación de los propietarios que han sido expedientados por la Apmun para que emitiese una certificación urbanística en la que se hiciera constar que las viviendas no se encontraban, según el Plan Insular, en suelo rústico protegido.
Un técnico del Cabildo señaló en su informe que los terrenos se emplazan dentro de los límites del suelo “máximo ocupable” de la ciudad de Arrecife y que correspondía “al planeamiento municipal” definir de qué categoría eran los terrenos. El técnico ha aclarado después que cuando indicó que las viviendas no estaban sobre “suelo rústico de interés supra municipal”, que es el que define el Plan Insular, se debe a que son terrenos sobre los que la “competencia” recae en el Ayuntamiento.
La familia Murillo, propietaria del suelo rústico usurpado por las edificaciones de La Bufona, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de volver a catastrar a su nombre tras haber sido inscrito de manera ilegal por los propietarios de los chalés, pidió que se abriera expediente al técnico del Cabildo al considerar, entre otras razones, que había entrado a informar sobre un ámbito de competencia municipal y que su dictamen había sido utilizado para manipular la realidad legal de las edificaciones con orden de derribo.
El presidente San Ginés abrió “diligencias informativas previas” al técnico, Gustavo Navarro, que ha pedido su archivo, mientras que Murillo ha insistido en que se expediente al funcionario.
Noticia de La Provincia. (Aránzazu Fernández 30.08.2013)
San Ginés investiga a un técnico por el informe del suelo de La Bufona.
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, abrió el pasado 13 de junio diligencias informativas para aclarar si procede incoar expediente disciplinario al funcionario de la Oficina Técnica Gustavo Navarro. El técnico informó en diciembre del pasado año que las 14 viviendas de la calle Chabusquillo de La Bufona (Arrecife) no están sobre suelo rústico de protección de jable.
"La corporación insular no es competente para informar sobre la categoría del suelo sino el ayuntamiento, según reconoció el propio Navarro en junio pasado", recordó ayer el denunciante del caso, Gonzalo Murillo. Añadió que "en contestación a la denuncia contra Navarro, San Ginés califica como ilegalizables las viviendas de la Bufona objeto del expediente del funcionario".
Publicado: Vie 13 Sep, 2013 3:32 pm
El denunciante del caso ‘La Bufona’ y propietario de gran parte de los terrenos de ese plan parcial, Gonzalo Murillo, ha registrado un escrito ante el Ayuntamiento de Arrecife en el que asegura que dos de las parcelas donde Supermercados Marcial plantea la construcción de un centro comercial serían de dominio público, al haber sido expropiadas. Este grupo empresarial ha solicitado licencia para un centro que ocuparía 17.745 metros, de los cuales algo menos de la mitad estarían destinados a suelo comercial, con un presupuesto de ejecución de más de nueve millones de euros.
Según señala Murillo en su escrito, la franja no edificable de ese plan parcial, tras el desdoblamiento, hace años, de la carretera LZ-2 y la aparición de la circunvalación, es de más de 8.000 metros cuadrados, como asegura un informe de un perito del Gobierno de Canarias del año 2000, por lo que sería imposible edificar en dos de las seis parcelas en las que Supermercados Marcial presenta su proyecto, la parcela C2 y la parcela C5.
El terreno que compró Supermercados Marcial en esa urbanización es de 7.350 metros cuadrados urbanos en cinco parcelas, pero que actualmente casi 4.000 serían de dominio público por expropiación. Por este motivo, Murillo, como propietario afectado por el futuro centro comercial, pide al Ayuntamiento de Arrecife que aclare si el centro va a ocupar las dos parcelas expropiadas y se pregunta cómo es posible hacer un centro de 17.000 metros si sólo quedan libres poco más de 3.000. Además, se da la circunstancia de que la escritura presentada por los arquitectos del proyecto para llevar a cabo ese centro comercial es de una finca de naturaleza rústica que no se encuentra en el plan parcial La Bufona interior, donde se pretende hacer el centro.
Murillo también pide que se aclare si se puede conceder licencia de obra para ejecutar ese centro en una urbanización que carece de accesos por carretera, ya que no se ejecutaron en su momento, y que no ha aprobado la Junta de compensación ni ha cedido los espacios libres al Ayuntamiento. También señala que la tipología del centro no se adecua a la que se fijaba en el plan parcial de 1981, que es el único válido en la actualidad.
En 2009 el Tribunal Supremo anuló la modificación del plan parcial La Bufona, promovido por Brisa Inversiones, del arquitecto Federico Echevarría, imputado en un proceso penal junto al constructor Antonio Caro por la invasión de suelo de Murillo, por lo que el único planeamiento válido en la zona es el del plan parcial original de 1981. Para tramitarse el centro comercial tendría que hacerse una modificación del plan general de ordenación municipal.
Publicado: Jue 31 Oct, 2013 9:20 am
La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ha acordado suspender los plazos de tramitación de la licencia comercial para el centro comercial de 7.300 metros cuadrados que quiere construir Supermercados Marcial en La Bufona.
Esta empresa pidió la licencia al Gobierno en julio de este año. El proyecto se sometió a exposición pública y los vecinos y propietarios de la zona que se consideran afectados hicieron alegaciones. Entre las objeciones principales está la de los accesos, porque se considera que se podría producir un caos circulatorio en la zona, ya que no se contempla un acceso nuevo.
Otra de las objeciones es que parte de los terrenos donde se quiere llevar a cabo el centro estarían expropiados por el Gobierno desde hace años, así como que el planeamiento vigente sería el que marca el plan parcial de 1981, porque la modificación posterior del plan la anuló el Tribunal Supremo, y que por tanto no se contemplaba ese centro.
El pasado 10 de octubre el Gobierno pidió informe de adecuación del centro comercial al planeamiento urbanístico vigente al Ayuntamiento de Arrecife, que según el Gobierno, “se considera determinante para la resolución del expediente”.
Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado, a su vez, al Cabildo, que informe si a los terrenos en los que se pretende instalar el centro comercial les corresponde tanta superficie comercial como se refleja en el proyecto y sobre la disponibilidad de ese suelo. El Ayuntamiento debe entregar su informe en un plazo de tres meses.
Publicado: Jue 31 Oct, 2013 2:33 pm
La Audiencia Provincial ha archivado definitivamente la causa contra la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz y el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero, por la causa de La Bufona. Los dos estaban acusados de conceder licencias ilegales en ese plan parcial y, en el caso de Déniz, de haber levantado el precinto que impedía la continuación de las obras.
El juicio se celebrará finalmente contra el constructor Antonio Caro y el promotor Federico Echevarría, para los que se pide cuatro años de cárcel ﻿por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave contra la autoridad, por seguir con las obras a pesar de que se dictó su paralización.
El caso se inició hace 13 años cuando se comienza a construir en esa urbanización. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) pide el precinto de las obras, que se llegan a parar, aunque luego se terminó construyendo toda la urbanización y se dieron las licencias para las casas. Hace tres años el Tribunal Supremo anuló por completo el planeamiento de esa zona, dejando todas las casas fuera de ordenación.
Además, se construyeron más casas de las permitidas y con mayor superficie. Sobre la misma urbanización se siguen más procedimientos: uno de Gonzalo Murillo que denunció la ocupación de parte de sus terrenos para construir las casas, otro sobre la omisión de la base de datos del catastro de muchas casas que no pagaron impuestos durante años y una orden de derribo de la Apmun sobre 14 casas que ocupan parcialmente suelo rústico.
El Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife ya archivó la causa contra Déniz y Camero en varias ocasiones y la Audiencia le obligó a reabrirla, por los recursos de Murillo, que consideraba que las resoluciones judiciales carecían de motivación. En esta ocasión, el fallo de la Audiencia ha sido en sentido contrario. La Audiencia considera que aunque se hubiera vulnerado la legalidad administrativa, no implica necesariamente que hubiera prevaricación “sino que se exige algo más que la mera ilegalidad que puede y debe ser controlada por la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Según el auto, la imputación de Déniz y Camero “carece del mínimo fundamento serio”. Murillo alegaba que lo relevante era que se incumplió la paralización de las obras y la Audiencia señala que Déniz no era alcaldesa cuando se ordenó esa paralización y que “no se atribuye ese incumplimiento a ningún acto o resolución administrativa concreta a dicha imputada”.
De Camero la Audiencia señala que “se limitaba a firmar las licencias urbanísticas en su competencia funcionarial de dación de fe como secretario de la corporación municipal, pero sin emitir declaración de voluntad alguna” y que no tenía la obligación de emitir informes jurídicos. La Audiencia dice que se debe archivar la causa “con independencia de que el informe de la Apmun de octubre de 2008 detalla toda una serie de graves irregularidades relacionadas con el plan parcial de La Bufona-interior y su planeamiento”.
Publicado: Vie 08 Nov, 2013 8:57 am
La Consejería de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias considera que no es posible comprobar, con los documentos que obran en poder de esa Consejería, si las parcelas de uso comercial del plan parcial La Bufona están o no afectadas por la línea límite de edificación o se encuentran en zona de dominio público de carreteras.
En un informe del pasado 14 de octubre firmado por el Jefe del servicio técnico de planeamiento urbanístico, Jesús Luna, la Consejería evita pronunciarse sobre la petición realizada por Eduardo Murillo, propietario de terrenos en ese plan parcial, que alega que parte de ese suelo, donde se prevé construir un centro comercial promovido por Supermercados Marcial, pertenecería al Gobierno de Canarias que debía haberlo expropiado para llevar a cabo el desdoblamiento de la carretera LZ-2.
Luna argumenta, para no pronunciarse, que las cinco parcelas comerciales están acotadas interiormente, según los documentos que hay en la Consejería, pero no respecto al viario que las circunda ni a la carretera LZ-2.
También pone como excusa que el plan parcial se aprobó en 1981, con anterioridad al desdoblamiento de esa carretera y que en sus planos solo se refleja la antigua carretera.
Señala que los planos de esa urbanización están a una escala 1/500 mientras que los planos, con la carretera incorporada, que aporta el interesado para su comparación, están en una escala 1/1.000 y que no es posible la superposición de ambos documentos al no tener la misma escala.
Según las alegaciones de Murillo al proyecto de centro comercial, unos 4.000 metros de los 7.350 que compró Supermercados Marcial formarían parte del dominio público. Los promotores del plan parcial, en lugar de ceder estos terrenos al Gobierno, los habrían vendido a la empresa de supermercados.
Publicado: Jue 05 Dic, 2013 12:06 pm
Los terrenos en los que Supermercados Marcial pretende levantar un centro comercial, en la urbanización La Bufona, están catastrados como de naturaleza rústica, cuando, según el plan parcial aprobado en 1981, deberían ser urbanos. Esos terrenos, por lo tanto, no habrían pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde hace más de veinte años.
El propietario de suelo en ese mismo plan parcial y denunciante del caso La Bufona, Gonzalo Murillo, ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Arrecife por el que advierte de que se podría haber estado cometiendo un supuesto delito de fraude fiscal.
Según señala Murillo en su escrito, Supermercados Marcial presenta ante el Gobierno para solicitar la licencia comercial una certificación del Registro de la propiedad que evidencia que las parcelas donde se pretende construir dicho centro son de naturaleza urbana y no rústica.
Murillo pide al Ayuntamiento, por una parte, que el responsable municipal del departamento de rentas emita un informe que aclare cómo es posible que en septiembre de este año esas fincas sumaran una superficie de más de 13.000 metros cuadrados y en noviembre sumen solo 8.000, así como el motivo por el que se ha catastrado esa finca como rústica cuando el promotor del centro comercial aporta una certificación en la que asegura que es urbana.
Así, solicita que depuren las responsabilidades oportunas sobre una posible alteración de esa finca en el catastro. El cambio de superficie descrita, entre septiembre y noviembre, se produce después de que Murillo pusiera de manifiesto en sus alegaciones al centro comercial que los promotores no disponían de la totalidad de los terrenos necesarios para poder construirlo.
En la primera certificación catastral, del mes de septiembre, la finca aparece con una superficie de 13.000 metros, y en la segunda, de noviembre, con 8.000 y dividida en cinco parcelas, de las cuales, una parte de dos de ellas estaría parcialmente sobre los terrenos expropiados por el Gobierno de Canarias para hacer los accesos a la urbanización, que no se llegaron a ejecutar. En todo caso, en ambas certificaciones, se describe a la finca como rústica.
A su vez, Murillo ha registrado un escrito ante la Dirección General de Consumo y Comercio del Gobierno de Canarias en el que pone de manifiesto que Supermercados Marcial estarían reconociendo que no es propietario de todos los terrenos donde se pretende levantar el centro comercial, ya que la oficina técnica del el Ayuntamiento de Arrecife señala en un informe que para ejecutar ese centro hacen falta más de 13.000 metros, incluyendo 5.000 de espacios libres, y la cadena de supermercados sólo certifica que son propietarios de algo más de 7.000.
Según Murillo, los promotores estarían intentando aparentar que cuentan con esos terrenos aportando una escritura de compra de otra finca registral que está fuera del ámbito del plan parcial. También recuerda que se siguen sin prever los accesos al centro comercial y que en ningún momento los promotores presentan el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas sobre los accesos.
Publicado: Mié 11 Dic, 2013 10:50 am
El Ayuntamiento de Arrecife ha echado por tierra el proyecto de la empresa Supermercados Marcial para la construcción y apertura de un centro comercial con una superficie de venta de 7.295 metros cuadrados en el plan parcial La Bufona, concretamente entre las calles Marrubio y Drago. El informe municipal que se le ha hecho llegar a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias destaca que el centro comercial es inviable desde el punto de vista urbanístico al estar ocupando suelo destinado a espacios públicos.
Según el informe municipal la finca donde está proyectado el centro comercial se encuentra situada en parte en terrenos destinados a uso de espacios libres y otra parte son de naturaleza rústica al estar afectados por las infraestructuras viarias que rodean el futuro establecimiento. Y es que la promotora sólo cuenta con algo más de 7.000 metros cuadrados que serían aptos para un centro comercial de los aproximadamente 13.000 que necesitaría para edificar el establecimiento.
De hecho, en un informe municipal elaborado en agosto del pasado año ya se le informaba a los promotores que en estas parcelas existía una superficie de 5.000 metros cuadrados para zonas de espacios libres, además de otra parcela de unos 1.000 metros cuadrados para equipamiento cultural.
El informe concluye que el futuro centro no es compatible con la ordenación urbanística en vigor. "Por tanto, en el momento actual hay una parte de esta parcela que no es edificable por estar destinada al uso de espacios públicos y sistema general viario, el resto de la parcela es edificable conforme a las ordenanzas del plan parcial de la Bufona, aprobado por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 17 de mayo de 1981", señala el informe.
Con este informe en la mano, la Dirección General de Comercio ya ha advertido a los promotores que no podrá conceder la licencia comercial para el centro comercial. No obstante, Comercio ha dado trámite de audiencia a las partes previo a la propuesta de resolución de conformidad con lo establecido en las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias que establece que "en caso de alguno de los informes considerados vinculantes fuese de carácter desfavorable se emitirá resolución desestimatoria de la solicitud sin que sea preciso el cumplimiento de los demás trámites procedimentales a excepción del preceptivo trámite de audiencia".
La Dirección General de Comercio tuvo que requerir en dos ocasiones al Ayuntamiento de Arrecife para que emitiese el preceptivo informe urbanístico sobre la viabilidad de este centro comercial en La Bufona al entender que se consideraba determinante para la resolución del expediente, "tanto por su contenido como por tener carácter vinculante si fuera desfavorable". Un informe que ha sido entregado ayer a las partes personadas en el expediente.

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