Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920434.html
Timestamp: 2019-11-15 18:24:02+00:00

Document:
as201920434
Auto Supremo: 434/2019
Expediente: LP-143-18-S.
Partes: Lidia Rodríguez de Chambi c/ Concepción Liuca Espinoza.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 451 a 458, interpuesto por Lidia Rodríguez de Chambi por sí y en representación de Alberto Chambi Condori; contra el Auto de Vista Nº S-408/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 445 a 447, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho propietario y otros, seguido por los recurrentes en contra de Concepción Liuca Espinoza; la contestación de fs. 460 vta.; el Auto de Concesión del recurso de 06 de noviembre de 2018, cursante a fs. 461; el Auto Supremo de N° 1163/2018-RA de admisión de recurso; los antecedentes del proceso; y:
1. Lidia Rodríguez de Chambi, por demanda de fs. 24 a 27, subsanada a fs. 30 y vta., inició proceso ordinario sobre mejor derecho propietario y otros; acción dirigida contra Concepción Liuca Espinoza, quien, una vez citada, contestó a la demanda y reconvino por mejor derecho y reivindicación a través del memorial de fs. 118 a 120; desarrollándose de esa manera el proceso hasta dictarse la Sentencia N° 146/2017 de fecha 17 de marzo, cursante de fs. 402 a 409 vta., donde la Juez de Público Civil y Comercial Nº 12 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró PROBADA en parte la demanda principal, solo en cuanto a la clausura de luces y el pago de daños y perjuicios por deterioros en techos, desestimando las pretensiones de mejor derecho propietario, reivindicación, cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios generada por filtraciones en el alcantarillado; e IMPROBADA la acción reconvencional antes referida.
2. Resolución de primera instancia que recurrida en apelación por Lidia Rodríguez de Chambi por sí y en representación de Alberto Chambi Condori, mediante el memorial de fs. 417 a 421 vta., a meritó que la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita Auto de Vista Nº S-408/2018 de 17 de julio, cursante de fs. 445 a 447, por el que se CONFIRMÓ la sentencia mencionada; bajo el fundamento que de la pruebas ofrecidas y producidas por la parte apelante, no se habría demostrado que la construcción efectuada por la parte demandada se encontraría en invasión al predio de la parte demandante; respecto al supuesto daño por el sistema de alcantarillado, se tiene que los actos nuevos no habrían generado daños a la propiedad de la demandante, tales filtraciones habrían sido desde que el predio de la demandada se constituía en patio (sin construcciones), por tanto este hecho nuevo como es la construcción de los ambientes no causo mayor perjuicio.
3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Lidia Rodríguez de Chambi por sí y en representación de Alberto Chambi Condori, mediante el memorial de fs. 451 a 458, recurso que es objeto de análisis.
1. Acusaron que el Tribunal de Alzada no valoró correctamente las pruebas que establecen la procedencia de sus pretensiones, que son: el folio real de fs. 1, que en relación con la Escritura Pública de fs. 2 a 4 establecen la superficie real de su inmueble consistente en 171 m2; el Certificado del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de fs. 18, demuestra que el predio registrado bajo el registro Nº 38-116-5 tiene una superficie de 171 m2, que además en su contenido cuenta con la leyenda que señala “Autoriza la venta del predio urbano 38-116-5 en su totalidad 171 m2, no se garantiza afectaciones por remodelaciones urbanas”; el plano de mayo de 1970, el cual acredita las superficies; 18 m, al oeste y 17.60 m, al este. Haciendo un total de 171 m2, que la autoridad ha confundido con la superficie que actualmente cuenta el predio por las afectaciones referentes a las calles y vías; el peritaje de fs. 224 a 251 realizado por la Arq. Mónica Calisaya Condori; y el peritaje realizado por el Arq. Roberto Jiménez Blanco, no puede constituir prueba alguna en razón de haber sido objetada, ni tomar en cuenta los planos de construcción aprobados en noviembre de 1985 por la Alcaldía de La Paz y otros aspectos detallados en el recurso.
2. Denunciaron falta de fundamentación del Tribunal de Ad quem, señalando que dicho Tribunal no puede tomar como parámetro en su resolución la prueba del informe pericial antes referida, pues la misma ha sido observada y rechazada, por lo que el Ad quem, está obligado a revisar otros elementos probatorios para descubrir la realidad del hecho relacionado al sistema de alcantarillado que fuere una de las pretensiones de la demanda principal.
3. Respecto a que las pruebas consistentes en las placas fotográficas de fs. 367 a 368 así como las declaraciones testificales que cursan a fs. 259 acusaron que no fueron valoradas por el Tribunal de apelación, pues en estas se ha demostrado que el fundo dominante no sale con las obligaciones de cuidar, limpiar y hacer mejoras, lo que da cuenta de una errónea apreciación de dichos elementos probatorios.
Concluyeron solicitando se revoque el auto de vista y se case la demanda disponiendo el mejor derecho propietario, reivindicación, demolición de la pared y la construcción del sistema de alcantarillado.
Señaló que el recurso de casación no cuenta con términos claros y precisos, cuál o cuáles los errores cometidos, si es en la forma o en el fondo o tal vez en ambos y tampoco establece cuál debió ser la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa; agregó que se confunde la finalidad porque en el petitorio se señaló se revoque el Auto de Vista y se case la demanda, cuando en realidad lo que se pretende con el recurso de casación en el fondo es casar el Auto de Vista recurrido, más no la resolución de primera instancia.
III.1. Del error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.
El Auto Supremo No. 293/2013, de 07 de junio, entre otros, conceptualizando sobre el error de hecho y el error de derecho en la apreciación de la prueba, señaló que: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica”.
1. Acusaron que el Tribunal de Alzada no valoró correctamente las pruebas que establecen la procedencia de sus pretensiones, que son: el folio real de fs. 1 que en relación con la Escritura Pública de fs. 2 a 4 establecen la superficie real de su inmueble consistente en 171 m2; el Certificado del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de fs. 18 demuestra que el predio registrado bajo el registro Nº 38-116-5 tiene una superficie de 171 m2, que además en su contenido cuenta con la leyenda que señala “Autoriza la venta del predio urbano 38-116-5 en su totalidad 171 m2, no se garantiza afectaciones por remodelaciones urbanas”; el plano de mayo de 1970, el cual acredita las superficies; 18 m, al oeste y 17.60 m, al este. Haciendo un total de 171 m2, que la autoridad ha confundido con la superficie que actualmente cuenta el predio por las afectaciones referentes a las calles y vías; el peritaje de fs. 224 a 251 realizado por la Arq. Mónica Calisaya Condori; y el peritaje realizado por el Arq. Roberto Jiménez Blanco, no puede constituir prueba alguna en razón de haber sido objetada, ni tomar en cuenta los planos de construcción aprobados en noviembre de 1985 por la Alcaldía de La Paz y otros aspectos detallados en el recurso.
La denuncia expresada propone la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba, para examinar la misma, en los parámetros descritos en la doctrina legal aplicable, debemos previamente establecer que la problemática radica en verificar si el muro de contención, divisorio entre las propiedades de ambos contendientes, se construyó íntegramente dentro la propiedad de la parte actora, o fue construido en parte de la propiedad de la demandada, constituyéndose en un muro medianero.
En esa esfera, podemos verificar que el folio real de fs. 1, registra la Escritura Pública N° 280 /1982, correspondiente al título de los recurrentes, evidentemente acredita una superficie de 171 metros cuadrados de propiedad, al igual que el Certificado del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de fs. 18; sin embargo ese dato de superficie no podría ser considerado como absoluto, primero, por el declive sobre el que está construida la propiedad de Lidia Rodríguez de Chambi y Alberto Chambi Condori, debidamente explicada en las pericias, y además, porque no existe coincidencia de datos técnicos entre los documentos presentados por la parte actora. Veamos que, conforme ya lo detectó el juez de origen, la cota (medidas), oeste era de 18,00 m en el plano demostrativo de fs. 18 y el plano de construcción de fs. 19, además con una cota norte de 9,55 m, cota sud de 9,50 m, y cota este de 17,60 m que otorgaban una superficie de 171,00 m2; sin embargo, en el formulario catastral de fs. 6 aparecen la cota oeste con 17,20 m, cota norte de 9,50 m, cota sud de 9,55 m y cota este de 17,60 m, verificándose que solo la cota este mantuvo su longitud 17,60 m, variando en todas ellas las longitudes de su medidas sin que altere la superficie de 171,00 m2; variación que no puede ser considerada por la apertura de calles o línea nivel, por cuanto todos los documentos referidos mantienen el ancho de vía al inmueble de 8 m equivalente a 4 m del eje de vía. Paradójicamente, bajo las mismas medidas del certificado catastral de 2011, los mismos actores señalan que tiene una superficie –incluido el muro de contención- de 161,50 m2, conforme se verifica del plano presentado de fs. 14.
Entonces, es por estas inconsistencias que permitieron la relevancia de la pericia técnica de oficio, que ante las posturas encontradas de las pericias de las partes, tuvo que ordenarse un examen pericial dirimidor; siendo esa la respuesta a la no consideración de la pericia de la arquitecta Mónica Callisaya; habiendo además, los jueces de instancia, correctamente acudido a la pericia de fs. 321 a 336 y complementada de fs. 351 a 354, facultad que emerge del art. 441 del Código de Procedimiento Civil abrogado aplicado en primera instancia, que orientaba que la fuerza probatoria del dictamen debe ser estimado por el juez en la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción; cuyo resultado incidió en considerar que el muro de contención se constituye en medianero y que fue construidó en parte de la propiedad de la demandada Concepción Liuca Espinoza; en esa consideración no se evidencia la existencia de error de hecho en la apreciación de la prueba denunciada por la parte recurrente; en tal caso, no se acredita una errónea valoración de hecho de las literales aludidas por las disimilitudes advertidas, habiendo acudido correctamente el Tribunal de alzada a la pericia dirimidora como herramienta técnica para resolver la controversia.
Cabe aclarar, que el hecho de que la demandada hubiera realizado su construcción sin la autorización debida por la autoridad municipal, no significa que se le tutele ese actuar, como inadecuadamente manifiestan los recurrentes, sino que aquella omisión por la construcción clandestina debe ser sancionada administrativamente por la autoridad competente, siendo la controversia judicial ajena a esa situación; además, el hecho que la construcción del muro de contención realizados por la parte actora, que no está en discusión, no significa que otorgue derecho propietario sobre esa superficie por no coincidir con su título de propiedad.
2. Acusaron falta de fundamentación del Tribunal de Ad quem, señalando que dicho Tribunal no puede tomar como parámetro en su resolución la prueba del informe pericial antes referida, pues la misma ha sido observada y rechazada, por lo que el Ad quem, está obligado a revisar otros elementos probatorios para descubrir la realidad material del hecho relacionado al sistema de alcantarillado que fuere una de las pretensiones de la demanda principal.
A la denuncia, debemos referir que, en concordancia a lo explicado supra, por aplicación del art. 441 del Código de Procedimiento Civil abrogado, aplicado en la etapa de debate, que regula la fuerza probatoria del dictamen pericial, orientaba que la fuerza probatoria de dictamen debe ser estimado por el juez en la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción; por ello, el hecho de que la parte actora hubiera observado la pericia de oficio dirimidora, no se traduce en restar el valor probatoria a la pericia en forma mecánica, pues es el juez quien debe estimar aquella fuerza probatoria, en función a las otras periciales y las reglas de la sana crítica, como expresa la norma aludida.
En la etapa de debate, no se estableció por prueba idónea que la afectación en el inmueble fuera por el sistema del alcantarillado, conforme lo identifican los Tribunales de instancia, por lo que en esta etapa casacional no se puede asumir acción o decisión al respecto. Sin embargo, se debe recomendar que por el principio ético moral del “vivir bien” consagrado en el art. 8 de la Constitución Política de Estado, que tiene como propósito esencial la vida en comunidad basada en la complementariedad, el equilibrio, dualidad y armonía, postulados que deberán ser “los hilos conductores” de la interpretación de derechos en contextos intra e interculturales (SCP 0778/2014); por lo cual las partes deben aportar con sus actos para alcanzar esa meta, sin que sea necesaria una determinación judicial que les imponga obligación, de ahí que, en previsión de sus propiedades, deben aportar actos de cuidado de sus inmuebles y, a la vez, verificar que no exista perjuicio a la propiedad vecina, que podría repercutir en un obligación de resarcir esos daños, posteriormente.
3. Respecto a que las pruebas consistentes en las placas fotográficas de fs. 367 a 368 así como las declaraciones testificales que cursan en fs. 259 no fueron valoradas por el Tribunal de apelación, pues en estas se ha demostrado que el fundo dominante no sale con las obligaciones de cuidar, limpiar y hacer mejoras, lo que da cuenta de una errónea apreciación de dichos elementos probatorios; se debe manifestar que esas pruebas, fueron valoradas, pero aquellas, en relación a las placas fotográficas, si bien muestran la afectación sufrida pero no demostraron que fuera la causa exacta de la afectación por humedad en el fundo sirviente, más aun considerando que antes de la construcción existía la humedad, que fue señalada por el Tribunal de alzada. En relación a la prueba testifical de fs. 259, aquella solo da versión de la construcción del muro que no tiene que ver con el mantenimiento; sin embargo, nuevamente, se insta a las partes a que, realicen actos de cuidado y mantenimiento de sus propiedades, que a la vez constituyan una previsión de no afectar a predios vecinos, para “vivir bien” en nuestra sociedad.
Por lo manifestado, se concluye que los argumentos de casación no son suficientes para revertir la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido, por lo que corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 451 a 458, interpuesto por Lidia Rodríguez de Chambi por sí y en representación de Alberto Chambi Condori, contra el Auto de Vista Nº S-408/2018 de fecha 17 de julio, cursante de fs. 445 a 447, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costos y costas a los recurrentes.
Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000.

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