Source: http://juancarlosrochaortiz.wordpress.com/2013/01/21/del-recurso-de-casacion-penal/
Timestamp: 2014-04-24 00:40:44+00:00

Document:
DEL RECURSO DE CASACION PENAL | juancarlosrochaortiz
juancarlosrochaortiz
enero 21, 2013 de juancarlosrochaortiz	DEL RECURSO DE CASACION PENAL	Del Recurso de Casación
La palabra “casar” proviene del latín casare, que significa abrogar o derogar. Por su parte, “casación” proviene del término francés cassation, derivado a su vez de casser, que se traduce como anular, romper o quebrantar.
El Recurso de Casación, es el recurso mediante el cual se procura el control jurídico de las instituciones de derecho sustantivo y adjetivo que concurren en la averiguación de un hecho punible, de forma tal, que mediante del examen de las causales previamente establecidas por la ley se postula la revisión de los yerros jurídicos aludidos a la sentencia impugnada, pretendiendo su anulación, ya sea por vicios de procedimiento, o por una deficiente calificación del derecho sustantivo declarado en la misma.
Según Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, la define de la siguiente manera: “Es una institución establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también el mantenimiento del orden jurídico penal por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva” (Ediciones Depalma Buenos Aires, 1994, página 22).
Ricardo C. Núñez, expresa: “El de casación es un recurso extraordinario por que no implica la posibilidad del examen y resolución “ex novo” de la cuestión justiciable, en todos sus aspectos de hecho y de derecho, sino, únicamente, el examen y resoluciones por este de la aplicación de la ley procesal o sustantiva hecha, en el caso, por el Tribunal a quo”
Este Recurso nació como un remedio democrático para asegurar la sujeción de los Jueces al Principio de Legalidad; el cual viene pues, a controlar el poder punitivo del Estado, definiendo su aplicación, dentro de limites que excluyen toda arbitrariedad y exceso por parte de quienes ostentan ese poder punitivo, de tal forma que la intervención estatal esté regida por el imperio de la ley. Cabe tener en consideración, además, los Principios pro homine y pro libertates. Ambos pertenecen al sistema de interpretación de la Constitución y tienen particularidades especiales, porque están referidos a la interpretación de los Derechos Fundamentales. En virtud del primero, o sea, del principio pro homine, el derecho debe interpretarse y aplicarse de la manera que más favorezca al ser humano. En virtud del segundo, principio pro libertates, el derecho, debe interpretarse en forma extensiva a todo lo que favorezca la libertad y en forma restrictiva, a todo lo que la limite. Por ello el Juez Constitucional debe tener muy en cuenta ambos principios al momento de tomar sus decisiones.
ALCANCES DE FONDO Y FORMA
El alcance jurisdiccional de este Recurso no conlleva a una nueva apreciación de los elementos probatorios desde su conjunto, pues está impedido de revalorizar las pruebas o modificar los hechos por cuanto no ha participado en el debate, en sentido contrario sería inobservado el principio de inmediación contemplado en el Nuevo Ordenamiento Procesal Penal.
La casación no constituye una nueva instancia sobre los hechos, tal como lo es el recurso de apelación donde aquella Sala si está facultada legalmente para la practica de un reexamen, ex novo de todo el material probatorio; por el contrario, al Supremo Tribunal le está impedido revalorar el material probatorio o modificar los hechos por cuanto no ha participado del debate y si se admitiera lo valioso de la inmediación se perdería, debe limitarse a examinar la corrección jurídica del fallo. No es una tercera o nueva instancia ya que en ningún momento debe considerarse a la Sala Penal del Supremo Tribunal como una instancia más donde se expresan los agravios sin enmarcarlos debidamente en los motivos que autorizan este Recurso, y es que a como menciona Alberto Binder, en su obra el Proceso Penal, que “el recurso de casación tiene un límite que ha sido, hasta ahora, infranqueable: ejerce, fundamentalmente, un control sobre la sentencia y sobre sus fundamentos ya que, por imperativo del principio de inmediación, no puede ir más allá”.
Fernando de la Rua en su obra La Casación Penal, establece que “la premisa conforme a la cual el tribunal de casación no puede descender al examen de los hechos, modificarlos, completarlos o desconocerlos, debiendo respetar los fijados por el tribunal de mérito, no impide la interpretación de la sentencia siempre que no se alteren los hechos, a fin de aplicar correctamente la ley sustantiva.” Sin embargo, el Principio de la Intangibilidad de los hechos no es una regla absoluta por lo “…que la Sala Penal si puede entrar a revalorar las pruebas y los hechos, esto cuando se trate de un grueso error evidente y llegue a provocar por ejemplo una sentencia absurda… (Sentencia 22 del 17/02/06 Considerando I).
Los hechos del Tribunal no sólo son reproducibles en casación sino que puede hacerse prueba sobre ese extremo” (Guillermo Sojo Picado, El Recurso de Casación Penal por Violación de la ley Sustantiva, Investigación Jurídicas, Págs. 39 y 40); este último criterio actual de que el principio de intangibilidad no es un dogma, tiene acogida en nuestra legislación procesal vigente, en el artículo 397 CPP en su parte pertinente se establece el principio de intangibilidad de los hechos cuando se expresa “…sobre la base de los hechos esencialmente fijados por la sentencia del juez…”; Sin embargo el mismo artículo 397 CPP en su parte pertinente establece la excepción al principio de intangibilidad de los hechos cuando se expresa “…No obstante, aún tratándose de una alegación sustantiva, podrá proceder conforme el artículo siguiente, cuando la sentencia no contenga una adecuada relación de hechos probados”.
Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal”, (págs. 175 y sigtes.) explica que la procedencia o improcedencia del recurso de casación, es decir si es admisible o no, deriva de un examen preliminar que ha de efectuarse sobre si es posible o no desarrollar el procedimiento que el recurso determina, es decir que, la procedencia del recurso de casación se da en relación con el conjunto de aquellos requisitos necesarios para que el Tribunal de Casación pueda pronunciarse sobre lo que es objeto de la impugnación; esto quiere decir, que el recurso se concederá siempre y cuando haya sido interpuesto en la forma y términos prescritos por quien pude recurrir y lo más importante si la resolución impugnada da cabida o lugar al recurso, en consecuencia se debe comprobar si concurren los siguientes elementos:
a) Existencia de un derecho impugnaticio, esto es que la ley otorgue la posibilidad de recurrir de casación de una resolución determinada (impugnabilidad objetiva), y que el sujeto esté legitimado para impugnar por tener interés jurídico en la impugnación y capacidad legal para interponerla con relación al gravamen que la resolución le ocasiona impugnabilidad subjetiva – Que concurran los requisitos formales de modo, lugar y tiempo para la interposición del recurso como acto procesal. El derecho impugnaticio, entonces, deviene en la concurrencia de las condiciones de impugnabilidad subjetiva e impugnabilidad objetiva, correspondiendo a la primera la legitimación que la ley concede a ciertas partes para ejercer determinados recursos (arto. 362 CPP) y,
b) Que se cumpla con los motivos sobre los cuales la ley concede la posibilidad de recurrir, con lo que se consagra el principio de taxatividad (arto. 361 CPP) el cual se erige como uno de sus principales soportes al establecer que: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.”
Concurriendo un tecnicismo legal para este Recurso Extraordinario, ya que “configura por ello carga del recurrente, en primer lugar, la prolija enunciación de los motivos en que basa la impugnación, es decir, el señalamiento de los concretos y específicos vicios (de juicio o de actividad), que a su criterio afectan a la sentencia, siendo por lo tanto insuficiente el recurso que se refiere a tales motivos en forma genérica” ( Palacio, Lino Enrique: Los Recursos en el Proceso Penal. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, Pág. 136). Fernando de la Rua, explica que es requisito fundamental individualizar el agravio, de modo que por los motivos se pueda individualizar también la violación de ley que lo constituye (La Casación Penal, Ediciones Desalma, Buenos Aires 1994, Pág. 226).
Al respecto señala la doctrina que el escrito que contiene el recurso de Casación “debe expresar separadamente, en capítulos, números o párrafos o en otra forma, cada uno de los motivos por los que se impugna la resolución… El incumplimiento de esta condición respecto de los motivos expuestos, basta para que el recurso sea inadmisible” (Nuñez, Ricardo: Código Procesal Penal, Córdoba, Marcos Lerner Editora Córdoba, Segunda Edición Actualizada, 1986, pág. 479).
Por consiguiente, el problema de cómo formular un recurso de casación, depende del contenido sustancial de tres elementos: 1) los requisitos, 2) los motivos (agravios, reclamos o reproches) del recurso, 3) el fundamento de cada motivo. Ahora bien, requisito en sentido genérico, es todo aquello exigido por la ley para admitir la impugnación, por ejemplo, el recurso de casación será interpuesto por escrito ante la Sala Penal del Tribunal de Apelación que conoció y resolvió el recurso de apelación, en el plazo de diez días, a contar de su notificación (parte 1ª del Arto. 390 CPP), rara vez se comete error en cuanto a los requisitos, pero en lo que se falla es en la motivación del recurso, allí es donde está el quid del problema y es donde los abogados deben esforzarse para lograr la admisibilidad. La motivación se descompone o se estructura en dos partes, una los motivos y la otra la fundamentación; la suma de los agravios y la fundamentación es lo que se llama motivación del recurso. Los motivos son las normas erróneamente aplicadas o las normas inobservadas, esto es lo que constituye el reproche.
Expresa Fernando de la Rua “Toda norma jurídica por el solo hecho de serlo, necesita que se explique su significado, precisando el sentido de su mandato tanto para juzgar como para actuar tanto para examinar como se ha juzgado, como para examinar como se ha actuado. Se interpreta la ley sustantiva para aplicarla y decidir conforme al imperativo que se deduce de su texto, la controversia que constituye el objeto del proceso; se interpreta también la ley procesal para cumplirla y se le aplica cumpliéndola conforme al imperativo que contiene y para comprobar en virtud de ello si los otros obligados a cumplirla se han ajustado a su mandato en el desenvolvimiento de su actividad. (Fernando de la Rua La Casación Penal Ediciones de Palma Buenos Aires 1994. Pág. 33). De manera que la exigencia casacional de citar tanto normas violadas como normas aplicables al caso concreto permite en ambas situaciones revisar tanto la aplicación de la ley sustantiva como la procesal para poder así determinar los errores cometidos en la memorial procesal de primera y de segunda instancia.
La fundamentación es diferente del agravio, porque se trata de la interpretación que hace el litigante para demostrar a la Sala Penal por qué se aplicó mal una norma, y por que se debió aplicar otra; es decir, es el razonamiento para convencer a la Sala Penal de la Corte Suprema que el Juez o el Tribunal de Apelaciones dio eficacia a una norma jurídica cuando debió darla a otra. En otros términos, el motivo es la cita de ley, y, la fundamentación es la hermenéutica de esa ley. Los agravios son independientes, es decir el recurrente hace el reclamo que crea determinante para anular o revocar la sentencia, mientras la fundamentación es dependiente porque debe corresponder al motivo que se está alegando.
Así, el agravio tiene una sola oportunidad para ser alegado al momento de la interposición del recurso; la fundamentación tiene doble oportunidad, en la interposición y al celebrarse la audiencia. Los agravios tienen un efecto limitador de la competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, recordemos que el Arto. 369 CPP dispone que el tribunal de alzada queda limitado a los agravios expresados por el recurrente en su escrito. Estos limitan la competencia de la Sala de Casación excepto que ella descubra que hay una nulidad declarable de oficio en cualquier tiempo. Mientras no se descubra esta nulidad, la Sala de Casación está limitada por cada una de los motivos que alegue el recurrente. De aquí que el reproche, sobre la Sala de Casación, tiene un efecto limitador de competencia. Hay que tener presente el principio de indisponibilidad de las normas procesales, que supone que el Juez Penal debe revisarlo todo de oficio, excepto cuando actúa como tribunal de alzada. La excepción del principio de indisponibilidad se da en los recursos.
En línea de principio, conviene destacar que el Recurso de Casación -como un acto procesal se encuentra integrado por dos elementos esenciales: 1) la expresión de la voluntad de impugnar, y 2) fundamentación de la impugnación. Uno y otro, deben confluir en el mismo acto y en el mismo momento, esto es, de un lado la expresión de esa voluntad en el tiempo, modo y lugar señalados, y de otro, la fundamentación conforme a las exigencias de la ley (v. Arto. 17, 363 y 390 CPP). Es un hecho inconcuso que la voluntad de recurrir además de estar específicamente vinculada al acto que se impugna, debe individualizar de manera suficiente el motivo, y esa motivación debe contener el agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta. No basta pues, con invocar la existencia de un agravio, sino que es preciso la demostración del agravio que sirve de fundamento en el caso concreto. De ahí, que resulta imprescindible que el casacionista señale específicamente su queja, citando concretamente las disposiciones legales que considere violadas o erróneamente aplicadas, expresando conjuntamente cuál es la aplicación que se pretende.
En palabras del Jurisconsulto Clariá Olmedo, Jorge, en su obra de Derecho Procesal Penal, “…el acto debe ser claro, preciso, técnico y específico, ordenadamente elaborado y suficientemente razonado para que no esté viciado de su estructura…”. Establecida así la exigencia, fluye en puridad de términos que la mención especifica del artículo de ley respecto del cual se sostiene que se ha cometido un error de derecho, constituye un ineludible requisito para la admisibilidad de la casación, incluso cuando el recurso versa por la inobservancia de formas procesales.
Nuestro Recurso de Casación se encuentra instituido en determinados Principios y Garantías procesales y la doctrina determina su finalidad como: “… una institución establecida con el fin de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del Juicio previo exigido por la constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también el mantenimiento del orden jurídico penal por una mas uniforme aplicación de la ley sustantiva”, (La Casación Penal, Fernando de la Rúa, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1994, página 22.
Los motivos de casación en nuestro Código Procesal Penal están clasificados en:
a).- Motivos de forma (errores in procedendo) que se refiere a toda violación o inobservancia de las normas procesales. Las normas de derecho procesal constituyen reglas a las cuales las partes y el Juez deben subordinar su actividad y la inobservancia de estas reglas es censurable en casación. Sin embargo no cualquier violación o desconocimiento de una norma procesal consiente el recurso de casación por este motivo o causal. Debe tratarse, ante todo, de una norma que establezca una forma procesal que se sancione con nulidad, inadmisibilidad o caducidad.-
b).- Motivos de fondo (errores in indicando), se refieren a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva que es la reguladora del fondo del asunto cuestionado. Al respecto Fernando de la Rúa nos dice que será norma sustantiva si es la regla conforme a la cual el juez debe resolver la cuestión propuesta por las partes para su juzgamiento.
1. Inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena de invalidez, inadmisibilidad o caducidad, si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento. No es necesario el reclamo previo de saneamiento cuando se trate de defectos absolutos o de los producidos después de clausurado el Juicio; En esta causal existe una omisión expresa por parte del órgano jurisdiccional en cuanto a la falta de observancia del procedimiento establecido en el CPP(error de procedimiento). Lo esencial de esta causal es precisamente que señala la sanción que amerita tal inobservancia; las cuales son: a).- La Invalidez del acto; b).- La inadmisibilidad de la actuación, y; c).- Caducidad de la Instancia.
En todas ellas se debe tener presente lo preceptuado en el arto. 165 CPP., que prohíbe retrotraer el proceso a período ya precluido en perjuicio del reo. Sin embargo, el presupuesto procesal para la admisibilidad de esta causal es el reclamo previo de la parte agraviada según el arto. 162 C.P.P., Salvo que se trate de un defecto absoluto según el arto. 163 C.P.P., o que el defecto se haya producido luego de clausurado el Juicio.
2. Falta de producción de una prueba decisiva, oportunamente ofrecida por alguna de las partes; La citada causal, presupone la existencia de una prueba que ponga en panorámica de una forma incuestionable los argumentos esenciales de la parte que la propone. Es es, una prueba decisiva.
Se entiende por prueba decisiva: “aquella que tiene peso suficiente para modificar el resultado global de los elementos probatorios utilizando en este motivo el método de la supresión hipotética”
Así lo sostiene el Tratadista Fernando de la Rúa, en su Obra La Casación Penal, página 141, diciendo: “La prueba omitida debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no afecta la motivación.” En otras palabras, si la sentencia no se apoya solamente en los elementos de juicio impugnados, sino que tiene sustento lógico y fáctico en otras circunstancias que son suficientes para fundamentarla legítimamente, resultará que el fallo tiene suficiente sustento, puesto que se funda en otros elementos que fueron debidamente introducidos al debate y fueron analizados correctamente de acuerdo a la sana crítica racional”.
Para apreciar si la prueba omitida es decisiva –señala Fernando de la Rua-, el tribunal de casación debe acudir al método de la inclusión mental hipotética: una prueba será decisiva si al incluirla mentalmente las conclusiones hubieran sido radicalmente distintas (La Casación Penal, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1994, Pág. 145). Además debe decirse que el carácter de decisivo “debe tenerse por configurado cuando, incorporada la prueba mentalmente al razonamiento del tribunal, es posible comprobar si la conclusión a la que se arribó en el fallo hubiese sido distinta” (Lino Enrique Palacio, Los Recursos en el Proceso Penal, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1998, Pág. 120.
En otras palabras la prueba decisiva no es cualquier prueba sino una fundamental. Es decisiva según José María Tijerino Pacheco una prueba cuando tiene peso suficiente para modificar el resultado global de los elementos probatorios, para determinar si una prueba no producida tiene tal carácter, hay que hacer un ejercicio mental de adición hipotética de la prueba en cuestión al cuadro probatorio, si el resultado es una modificación sustancial de éste, la prueba es decisiva.
Este motivo es una manifestación del derecho de defensa cristalizado en la Constitución Política, el cual prevé que todo procesado tenga derecho a defenderse técnica y materialmente en todo proceso incoado en su contra, es decir es la garantía que éste tiene a su favor frente al sistema de justicia, de modo que puede acceder en igualdad de condiciones al proceso, dicho de otra forma, respetando el principio de igualdad de armas que “constituye la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación” (Jaen Vallejo, Manuel: Los Principios de la Prueba en el Proceso Penal, Universidad Externado de Colombia, 2000, Pág. 28) de lo antes expuesto se avizora con claridad meridiana que el motivo a que se hace referencia, persigue garantizarle al procesado el derecho a defenderse, por lo que el hecho de producir una prueba con carácter decisivo y no ser valorada por el Judicial, es motivo de censura, sin embargo este motivo requiere que el vicio se haya cometido por la omisión de esa prueba.
3. Cuando se trate de sentencia en juicio sin jurado, falta de valoración de una prueba decisiva, oportunamente ofrecida por alguna de las partes; Se entiende por valoración o apreciación de la prueba judicial; aquella operación mental que tiene por finalidad conocer cual es el mérito o valor de convicción que se puede deducir del contenido de la prueba legalmente practicada.
Se trata, como dice el Profesor Hernando Devis Echandía en su obra Compendio de la Prueba Judicial, de una actividad exclusiva del juez; es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria. O dicho en otros términos, es la oportunidad para determinar si la prueba, cumple o no el fin procesal a que estaba destinada, cual es el de llevarle la convicción al juez (Tomo I págs. 141).
Según lo prescrito por el Arto. 15 CPP, el sistema escogido por el Legislador para la apreciación de la prueba es el de la libertad probatoria o también denominado de la libre valoración; en el siguiente artículo, esto es, el 16 CPP señaló el límite para la valoración de la prueba, afirmando que ésta solo tendrá valor si es obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso conforme las disposiciones de este Código. Siguiendo al citado Profesor Devis Echandía, se descubre que este proceso de valoración o apreciación no es simple ni uniforme, sino, por el contrario, complejo y variable en cada caso.
Entre las fases y diversas operaciones sensoriales e intelectuales, hay tres aspectos básicos de la función valoratoria:
Está íntimamente relacionada con el principio de inmediación establecido por el Arto. 282 CPP, sobre todo cuando el juicio se realiza sin la intervención de Jurado, en que el juez debe percibir los hechos a través de los medios de prueba, para luego proceder a hacerse la representación o reconstrucción histórica de los mismos, no en forma separada sino en conjunto como lo señala el Arto. 193 CPP, poniendo en todo caso el mayor cuidado a fin de que no queden lagunas u omisiones que trastruequen la realidad o la hagan cambiar de significado.
Representación o reconstrucción.
Esta representación o reconstrucción puede hacerse respecto de algunos hechos por la vía directa de la percepción u observación, pero a otros se llega indirectamente, por vía de inducción o deducción, es decir infiriéndolos de otros hechos, porque solo los segundos y no los primeros hayan sido percibidos por el juez. Ahora bien, en la observación directa opera siempre una actividad analítica o razonadora, por muy elemental y rápida que sea, mediante la cual el juez obtiene las inferencias de los datos percibidos, es decir, la identificación de lo que el juez ve, oye, toca o huele.
Viene como consecuencia de lo anterior, y como parte importante del proceso de valoración de la prueba, la fase intelectual o de razonamiento en la que la lógica ejerce una función fundamental, puesto que si no hay un proceso lógico, no puede haber tampoco valoración de la prueba, ya que de lo que se trata es de razonar sobre la prueba, por lo que la lógica es indispensable para un correcto razonamiento, dado que esa actividad lógica, tiene la peculiaridad de basarse en las reglas de la experiencia (físicas, morales, sociales, sicológicas, técnicas, científicas, y las corrientes que a todos enseña la vida), que en conjunto forman las llamadas reglas de la sana crítica.
4. Si se trata de sentencia en juicio sin jurado, ausencia de la motivación o quebrantamiento en ella del criterio racional; Ausencia de Motivación.
En principio tenemos se debe señalar que la motivación es un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico; representa al conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “CONSIDERANDO:s” de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución, siendo requisitos en cuanto al contenido, que la motivación debe ser expresa, clara, legítima y lógica. En el carácter expreso el juez no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión global a la prueba rendida. Se le exige al juzgador que consigne las razones que determinan la condena o la absolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él para arribar a la conclusión. En la sentencia, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la lean, aun los legos.
En el proceso penal contemporáneo la exigencia de motivación de las decisiones judiciales en especial la sentencia se establece como una garantía del acceso de los ciudadanos a un régimen de administración de justicia que provea de manera oportuna y razonable los conflictos sometidos a su conocimiento, desde esta perspectiva debe de conceptuarse la motivación del fallo como un derecho fundamental pues es por su intermedio que puede prevenirse o corregirse la arbitrariedad en la toma de decisiones sumamente relevantes como lo son aquellas propias del proceso penal en el que con facilidad se pueden comprometer bienes esenciales del encausado (libertad, intimidad, propiedad, etc..) o bien desproteger una tutela oportuna de los intereses del damnificado” (José Manuel Arroyo Gutiérrez, Alexander Rodríguez Campos, Lógica Jurídica y Motivación de la sentencia penal, Editorial Jurídica Continental, Pág. 32).
El vicio de falta de motivación es un error in procedendo porque implica la ausencia del criterio racional, que es un precepto procesal, la inobservancia de este precepto procesal conlleva la nulidad de la sentencia cuando haya una total falta de motivación; es decir, cuando cada una de las aseveraciones de la sentencia queden sin motivar; pero, también puede darse una falta de motivación parcial, una o más aseveraciones no fueron motivadas, en esta situación, la falta de motivación debe configurar un vicio o error grave, que al suprimirlo hipotéticamente el fallo quede sin sustento, pues una sentencia está compuesta por múltiples aseveraciones que algunas no son decisivas; en consecuencia, el agravio sobre esta causal o motivo no consiste únicamente en expresar negativamente de manera general la falta de motivación del fallo, sino en fundamentar cuales aseveraciones carecen de motivación.
La valoración razonable de la prueba obedece a la necesidad de que la prueba que sirva de fundamento a un fallo sea valorada atendiendo a las reglas de la lógica, el juez no puede valorar la prueba en forma antojadiza y arbitraria sino que debe atender a criterios objetivos que le permitan de una forma más confiable arribar a un juicio valedero.
Lo cual hace entender que lo que prohíbe la ley es que la Sala inferior no haya motivado su sentencia y no el hecho de realizar una defectuosa motivación en la misma. Al respecto, la doctrina nos advierte, que la motivación de la sentencia no supone o requiere que el tribunal explique por qué razón, teoría o enseñanza jurídica, aplica el precepto, norma o principio legal (Ob. Cit. Núñez Ricardo, pág. 393). Así también se ha indicado que “No es necesario que se formulen argumentaciones jurídicas especiales para explicar por qué se encuadra el hecho en una figura penal en lugar de otra, o para justificar el alcance o interpretación de un precepto determinado. Basta con que el Tribunal indique concretamente cuál es el encuadramiento o la interpretación a que él arriba, porque cumple con el deber de motivar señalando claramente su conclusión sobre la valoración jurídica del caso (De la Rúa, Fernando: El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino, Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía-Editor, 1968, págs. 163 a 164).
La falta de motivación debe ser siempre de tal entidad que el fallo resulte privado de razones suficientes, aptas para justificar el dispositivo respecto de cada una de las cuestiones de la causa” (De la Rua, Fernando: La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, Pág. 113).
Un punto importante a señalar es que el defecto de claridad solo producirá la nulidad cuando por la oscuridad de los conceptos no se pueda inferir el pensamiento del juzgador; esta exigencia comprende a todas las cuestiones fundamentales de la causa, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El juez o Tribunal están obligados a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo; en este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y habrá falta de motivación cuando se omita la exposición de los motivos sobre un punto de la decisión.
La motivación, para ser completa, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal, y sobre las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan. El juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, e históricamente ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen, relativamente al supuesto de hecho investigado, a una conclusión afirmativa o negativa.
La necesidad de motivación impone al juez el deber de apreciar razonadamente las pruebas. No puede el judicial bajo ninguna razón, reemplazar su análisis crítico por una remisión genérica a ” las constancias del proceso “, o a ” las pruebas de la causa “, o con un resumen meramente descriptivo de los elementos que lo conducen, ya que se estaría apartando de su función principal que es la de hacer su análisis y valoración critica de los elementos de pruebas con los que sustentará su fallo. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, están en cambio sujetas al control del proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. El tribunal de casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se han observado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. (Las reglas de la experiencia son las que conoce el hombre común, el límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados; las reglas de la Psicología referidas no a las normas elaboradas por la ciencia de la Psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del juez o tribunal en caso de que un testigo se ponga nervioso, más de lo normal, al contestar una pregunta, o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración; las reglas de la lógica; Que son las reglas de la sana crítica o criterio racional).
La motivación es una operación lógica fundada en la certeza, y el juez debe observar los principios lógicos supremos o “leyes supremas del pensamiento” que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son necesariamente, verdaderos o falsos.
La valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones inferidas de ellas, es potestad soberana del tribunal de mérito. El tribunal de casación sólo puede controlar si esas pruebas son válidas (legitimidad), si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano (logicidad), y si la motivación así constituida es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas prescriptas, en una palabra, si la motivación es legal. Fuera de éste límite el ejercicio de la libre convicción del juzgador está excluido del control de la casación.
La Falta de motivación significa ausencia de motivación. Esa falta o ausencia puede verificarse totalmente, como carencia formal de un elemento estructural del fallo. Pero este caso puede ser considerado puramente teórico, porque “no se concibe una sentencia en que la motivación esté totalmente omitida”. Por eso se designa como falta de motivación, en realidad, a la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones. La legitimidad de la motivación, comprende tanto la validez intrínseca de las pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate. La prueba invocada debe ser válida.
Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse exclusivamente en prueba válidamente introducida en el debate y no omitir la consideración de prueba decisiva introducida en él. Esta es una consecuencia del principio de verdad real y del de inmediación que es su derivado, el cual supone la oralidad. El tribunal cognitivo no esta obligado a considerar todas las pruebas introducidas al juicio, porque no todas las pruebas son contundentes, útiles y tampoco producen certeza en el juzgador, para influir en su pensamiento.
La sentencia debe tener una motivación lógica por lo que esta deberá: ser coherente: constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y tercero excluido. Congruente, en cuanto las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones que deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas. No contradictoria: en el sentido de que no se empleen en él, razonamientos contrastantes entre sí, que al oponerse se anulen. Inequívoca: de modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a duda sobre su alcance y significado, y sobre las conclusiones que determinan.
MOMENTOS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD FUNDAMENTADORA
1).- fundamentación fáctica.- En esta se trata de establecer conforme un criterio concluyente del juzgador, qué hechos estima probados o no;
2).- Fundamentación Jurídica.- Tiene como base la descripción circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por establecido con el anterior proceso probatorio, se trata de que el juez o tribunal enuncie el núcleo fáctico y después de analizar las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes racionalmente opte por una de ellas diciendo por que considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva, incluyendo la motivación en el momento de la individualización de la pena que no es más que las razones que justifican la individualización de la sanción en tal o cual extremo punitivo.
3.- Fundamentación Probatoria descriptiva. En esta se expresa resumidamente los elementos de juicio con que se cuentan. Es indispensable la consignación de cada elemento probatorio útil involucrado mediante una referencia explícita a los aspectos más sobresalientes de su contenido se trata de dejar constancia de las ideas principales y pertinentes de lo que dijo el testigo procurando no hacer una transcripción literal cargada de lenguaje coloquial o repetitivo, también se trata de dejar constancia de los datos más relevantes de la prueba documental y pericial especialmente de las conclusiones atinentes o relevantes al caso de manera que el lector de la sentencia ajeno al fallo pueda comprender a cabalidad de donde se extrae la información que hace posible determinadas apreciaciones y conclusiones;
4.- fundamentación Probatoria Analítica o intelectiva. En esta etapa el juzgador debe dedicarse a la valoración propiamente dicha de la prueba, no basta con que cada elemento de prueba se valore individualmente sino de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la masa probatoria, sin duda alguna es válida la técnica judicial de exponer genéricamente la prueba de que dispuso en plenario y sirvió para fundamentar los hechos probados, siempre y cuándo se exponga su contenido esencial y se analice de forma individual y conjunta conforme la pautas del criterio racional.
Quebrantamiento del Criterio Racional ( Sana crítica)
Para que exista el quebrantamiento del criterio racional, es necesario que la construcción lógica de la motivación, rompa con todas las reglas de la lógica, es decir, que se haya irrespetado el principio de “razón suficiente”. Como dice Don Fernando de la Rúa en su tratado de la Casación Penal: “La motivación es una operación lógica fundada en la certeza y el juez debe observar los principios lógicos supremos o “leyes supremas del pensamiento” que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuales son, necesariamente, verdaderos o falsos… Estas leyes están constituidas por leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente”.
La ley de identidad dice que “lo que es, es”, o en forma lógicamente más exacta: “lo que es verdadero, es verdadero”; mejor aun, “si algo es verdadero entonces es verdadero”. La ley de contradicción dice que “lo que es no puede no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido”, o más rigurosamente: “dos proposiciones contradictorias entre sí no pueden ser ambas verdaderas”; mejor aún, “no es el caso que una proposición sea verdadera y también no lo sea”. La ley de tercero excluido nos dice, finalmente, que “entre el ser y el no ser no hay término medio”, o sea: “dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas falsas”; mejor aun, “una proposición o bien no es verdadera, o bien lo es”.
Que el arto. 15 CPP señala: “La prueba se valorará conforme el criterio racional observando las reglas de la lógica”, es decir, que la valoración que debe realizar un Juez o Tribunal no es omnímoda, libérrima o sin limitaciones, sino que tiene un límite: respetar las reglas de la lógica, esta garantía mínima que el CPP repite de forma necesaria en su parte pertinente como es el Arto. 153CPP que trata de la fundamentación de la sentencia se manifiesta que “la fundamentación debe ser clara y precisa”, en cuanto a las clases de fundamentación, es decir, la fundamentación: fáctica, jurídica y la probatoria (Teoría del Caso), y ejemplificando necesariamente el CPP manifiesta, que “no existirá fundamentación válida cuando se hayan inobservado las reglas del criterio racional con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo” y expresamente sanciona que “los autos y las sentencias sin fundamentación serán anulables”. Y es que la Certeza dice José Cafferata Nores, en su obra, Las Pruebas Penales, Argentina, Buenos Aires, página, 25, tiene una doble proyección, Certeza Positiva (firme creencia de que algo existe) y Certeza Negativa (firme creencia de que algo no existe) pero estas posiciones (certeza positiva y certeza negativa ) son absolutas. La carencia de ésta racionalidad que debe derivarse de los elementos fácticos concurrentes y el resultado de su análisis configuran un claro vicio intrínseco del acto jurisdiccional capaz de implicar la falta de motivación.
Se debe de entender que la prueba se valora a luz de la razón cuando se excluye todo prejuicio, emotividad y arbitrio y se sigue un criterio acorde con las reglas de la lógica, en cada eslabón de la cadena de pensamientos que conducen a la decisión del juzgador, a un sistema de esa naturaleza se refiere el CPP cuando utiliza la expresión “criterio racional” en los artículos 15,153, 193,194,331,361.1 y 387.4, CPP entonces se debe de comprender que cuando la ley procesal penal dice “quebrantamiento del criterio racional” esta haciendo referencia a la errada valoración de los medios de prueba realizada por el juez y la revaloración del Tribunal de Apelaciones, a diferencia de la falta de motivación que es la omisión de razones que sustentan la decisión jurisdiccional.
5. Ilegitimidad de la decisión por fundarse en prueba inexistente, ilícita o no incorporada legalmente al Juicio o por haber habido suplantación del contenido de la prueba oral, comprobable con su grabación.
Existirá la ilegitimidad de la decisión en la medida que también exista ilegitimidad en la motivación de la decisión, porque la ilegitimidad deviene del fundamento probatorio, cuyo vicio puede consistir en que la prueba basal sea inexistente, ilícita o que no fue debidamente incorporada al juicio o por haber suplantado el Juez de Juicio el contenido de la prueba oral, comprobable con su grabación.
a) prueba inexistente.
Una prueba es inexistente cuando no existe, y el juez en su fallo evoca un fundamento ficticio; es Ilícita, cuando para obtenerla se han quebrantado las garantías constitucionales del encartado; se considera ilegalmente incorporada al juicio, aquella prueba que aunque intrínsecamente legal, no fue presentada en la forma establecida en la norma adjetiva; se considera que ha habido suplantación del contenido de la prueba, cuando se afirma que a través de ella se ha comprobado un hecho diferente al contenido en dicha prueba.
Prueba inexistente es aquella que no fue presentada en el intercambio de información ya sea por parte del Ministerio Público o del acusador particular (arto. 265, 268, 269 CPP),y que el juez la haya usado para fundamentar las sentencias, la prueba ilícita o no incorporada legalmente al juicio hace referencia a aquel medio probatorio que no ha cumplido con los requisitos legales para su incorporación al juicio debiendo entenderse esta ilicitud por vulneración a las normas procesales o normas constitucionales y cuando se refiere a la suplantación del contenido de la prueba oral se hace referencia a que dicha prueba ha sido debidamente incorporada y producida en juicio pero que su contenido ha sido alterado lo cual puede comprobarse con la grabación del juicio.
Es aquella que nunca se practicó durante el juicio y a pesar de esto la sentencia se basa o se funda en éste, por lo que deviene en ilegítima; prueba ilícita, es aquella que se obtuvo violando los principios, derechos y garantías o a pesar de haberse obtenido sin violación a principios, derechos y garantías, no se incorpora legalmente al juicio, es decir, violando la garantía mínima constitucional y procesal penal de legalidad procesal penal y el principio constitucional y procesal penal de oralidad, y finalmente la suplantación de prueba, que es expresar en la sentencia, algún aspecto esencial de forma distinta, a la prueba practicada en juicio o al anticipo jurisdiccional de prueba personal, comprobándose con la grabación del juicio, todo sobre la base del arto. 387 inciso 5 del Código Procesal Penal.
b) prueba ilícita. Es la que se obtiene por un medio ilícito, es decir, con violación de las normas procesales y las garantías Constitucionales.
c) prueba ilegalmente incorporada. Es aquella que se obtiene en forma lícita pero ella, es incorporada al proceso en forma ilegal en abierta violación a las disposiciones procesales establecidas en el Código Procesal Penal
Pero una misma prueba no puede ser inexistente e ilícita a la vez, pues para la primera es necesario que la argumentación sea abstracta y por ende no exista la prueba que sirva de fundamento a ese criterio, distinto es cuando la prueba es ilícita, pues esta existe pero no puede surtir efectos en juicio pues para obtenerla se quebrantaron derechos y garantías constitucionales a favor del encartado.
6. El haber dictado sentencia un juez, o concurrido a emitir el veredicto un miembro del jurado en su caso, cuya recusación, hecha en tiempo y forma y fundada en causa legal, haya sido injustificadamente rechazada. Esta causal requiere que previamente durante el proceso se haya promovido un incidente de recusación en contra del juez o miembro del Jurado, el cual fue rechazado injustificadamente; así como la demostración de unos de los motivos señalados en el arto. 32 C.P.P., en cuanto a las personas señaladas. (Ver arto. 38 CPP).
1. Violación en la sentencia de las garantías establecidas en la Constitución Política o en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, Para que prospere la cesura casacional basada en presuntas violaciones a normas de la Constitución o de Tratados y Convenios internacionales, el agravio o irrespeto contra tales normas debe ser directo, es decir, no debe consistir en un atropello indirecto a las mismas, o cometido por la violación de otro tipo de normas.- (Sent. N° 20 del 18/03/05).-
2. Inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva o de otra norma jurídica que deba ser observada en la aplicación de la ley penal en la sentencia. Fernando de la Rúa comenta en su obra “La Casación Penal”, que tanto la inobservancia y errónea aplicación, que si bien en apariencia contemplan diversos casos, ambas quedan comprendidos en el concepto de violación de la ley sustantiva y que en la primera el interesado aduce que se debió aplicar una disposición que no se aplicó, incurriendo en una omisión y en el segundo caso, se incurre en error la aplicación de la disposición legal, existiendo una inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada al caso concreto (Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, páginas 36 al 38). Asimismo, señala el autor antes relacionado, que el concepto de la ley sustantiva comprende no sólo las normas incriminadoras, sino también las que establecen circunstancias agravantes, calificanes, atenuantes, o relativas a la pena o efectos penales, es decir a todas las cuestiones relativas a la configuración jurídica de los hechos de la causa, comprendido en los conceptos de calificación, definición o subsanación legal (La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, Página 46).
Expresa Fernando de la Rúa: “Toda norma jurídica por el sólo hecho de serlo, necesita que se explique su significado, precisando el sentido de su mandato tanto para juzgar como para actuar tanto para examinar como se ha juzgado, como para examinar como se ha actuado. Se interpreta la ley sustantiva para aplicarla y decidir conforme al imperativo que se deduce de su texto, la controversia que constituye el objeto del proceso; se interpreta también la ley procesal para cumplirla y se le aplica cumpliéndola conforme al imperativo que contiene y para comprobar en virtud de ello si los otros obligados a cumplirla se han ajustado a su mandato en el desenvolvimiento de su actividad. (Fernando de la Rua La Casación Penal Ediciones de Palma Buenos Aires 1994. Pág. 33). De manera que la exigencia casacional de citar tanto normas violadas como normas aplicables al caso concreto permite en ambas situaciones revisar tanto la aplicación de la ley sustantiva como la procesal para poder así determinar los errores cometidos en la memorial procesal de primera y de segunda instancia.
Lo que cuenta para decir el tipo de error cometido es la naturaleza de la norma violada, y no su origen. Es decir: Si la norma tiene por fin establecer y resguardar derechos subjetivos o señalar el ámbito represivo de restricción de la libertad personal (derecho penal), su naturaleza es sustantiva.
Se entiende por indebida aplicación, cuando el juez al aplicar la norma, lo hace con falta de equidad; mientras que la errónea interpretación, es cuando el juez, aún conociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella, consecuencias que no concuerdan en su contenido.
Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada fue publicada en Derecho Procesal Penal II. Guarda el enlace permanente.
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD Y LIBERTAD SEXUAL →
Entradas recientes	ACUSACION
LIBRO DEL PROF ROCHA
MANUAL DE INTRODUCCIÒN AL DERECHO II
ESTADO Y DERECHO (FOLLETO 2 DE INTRODUCCION AL DERECHO)
Categorías	Derecho Constitucional I y II
Seguir “juancarlosrochaortiz”

References: resolución 
 artículo 397
 artículo 397
 resolución 
 resolución 
 resolución