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Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (Vigente hasta el 24 de Julio de 2012).
Vigencia desde 24 de Junio de 2008. Esta revisión vigente desde 20 de Noviembre de 2008 hasta 24 de Julio de 2012
Artículo 1 Suelo urbano. Servicios urbanísticos
Artículo 2 Suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada. Definición
Artículo 3 Cálculo y, en su caso, levantamiento de la carga dotacional en supuesto de suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada
Artículo 4 Suelo no urbanizable: usos y actividades
Artículo 5 Clasificación de suelo de núcleo rural por aplicación de normativa anterior
Artículo 6 Clasificación de suelo de núcleo rural como suelo urbano
Artículo 7 Alcance del inventario y facultades del planeamiento urbanístico
Artículo 8 Procedimiento de delimitación y regularización de fincas en suelo de núcleo rural
Artículo 9 Caseríos. Definición y régimen autorización de reconstrucción
Artículo 10 Procedimiento de tramitación de proyectos de reparcelación
Artículo 11 El supuesto de reparcelación forzosa prevista en el artículo 48.4 de la Ley 2/2006. Procedimiento y efectos
Artículo 12 Atribución de edificabilidad urbanística en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos. Cálculo y procedimiento
Artículo 13 Contenidos y alcance del plan de compatibilización
Artículo 14 Procedimiento del plan de compatibilización
Artículo 15 Cumplimiento de los estándares de edificabilidad máxima y mínima
Artículo 16 Estándares mínimos para reserva de terrenos y derechos destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales
Artículo 17 Estándares de dotaciones locales. Suelo urbano no consolidado
Artículo 18 Estándares de dotacionales locales. Suelo urbanizable
Artículo 19 Estándar mínimo de reserva de terrenos destinados a equipamientos privados. Suelo urbano y urbanizable
Artículo 20 Concepto de vivienda sometida a cualquier régimen de protección pública
Artículo 21 Forma de cumplimiento del estándar
Artículo 22 Cumplimiento en municipios no obligados
Artículo 23 Derecho de realojo
Artículo 24 Unidades de ejecución exentas de la obligación de reserva de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública
Artículo 25 Transferencias de edificabilidad residencial protegida. Contenido
Artículo 26 Transferencia de edificabilidad residencial protegida. Procedimiento
Artículo 27 Implantación de alojamientos dotacionales
Artículo 28 Cómputo y cumplimiento del estándar de alojamientos dotacionales
Artículo 29 Titularidad de las parcelas con destino a alojamientos dotacionales
Artículo 30 Modificación de la ordenación pormenorizada
Artículo 31 Impacto de las actuaciones de urbanización. Documentación de planes de ordenación urbanística
Artículo 32 Documentación mínima para el trámite de información pública
Artículo 33 Revisión total, parcial y la modificación puntual de la ordenación urbanística estructural
Artículo 34 Suspensión de licencias. Prórroga
Artículo 35 Modificaciones puntuales de planeamiento. Límites respecto al cumplimiento de los estándares
Artículo 36 Alteraciones de planeamiento. Cumplimiento de estándares de viviendas de protección pública
Artículo 37 Destino de los Patrimonios Municipales de Suelo. Los bienes destinados a dotaciones públicas
Artículo 38 Destino de los Patrimonios Municipales de Suelo. Destino preferente
Artículo 39 Destino de los Patrimonios Municipales de Suelo. Otros destinos posibles
Artículo 40 Actuaciones aisladas
Artículo 41 Actuaciones de dotación
Artículo 42 Actuaciones integradas. Relación con las unidades de ejecución
Artículo 43 Tramitación de Programas de Actuación Urbanizadora a instancia de parte
Artículo 44 Aplicación de los principios de contratación administrativa a la adjudicación de Programas de Actuación Urbanizadora en régimen de ejecución privada
Artículo 45 Expropiación Forzosa y promoción de la accesibilidad
Artículo 46 Órganos competentes para acordar la necesidad de urgente ocupación de bienes y derechos en actuaciones expropiatorias. Tasación conjunta
Artículo 47 Efectos de la aprobación del proyecto expropiatorio en tasación conjunta
Artículo 48 Cómputo de plazos para el deber de edificar
Artículo 49 Consecuencias del incumplimiento del deber de edificar
Artículo 50 Relación entre licencias
Artículo 51 Prestación de servicios por compañías suministradoras
Artículo 52 Estadística de actuaciones municipales en materia de vivienda
Artículo 53 Obligatoriedad de la Estadística de Edificación y Vivienda (EDYVI) y de la Estadística de Viviendas Iniciadas y terminadas (EVIT)
Artículo 54 Obligatoriedad de suministro de información en materia de reservas de suelo municipal con destino a vivienda de protección pública
Primera Cómputo de población a efectos de cumplimiento de obligaciones
Segunda Principio de concertación
Tercera Viviendas de Protección Pública
Cuarta Consejo Asesor de Planeamiento Municipal
Quinta Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa
Sexta Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi
Primera Situaciones en suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada
Segunda Aplicación de estándares de dotaciones locales al suelo urbano no consolidado
Tercera Procedencia de figuras de alteración de ordenación
Cuarta Aplicación de medidas compensatorias por recalificación de suelo dotacional público
Quinta Obligaciones respecto a los Patrimonios Municipales de Suelo
Sexta Sistema de Concertación. Adaptación de las Juntas de Compensación
Séptima Definición de caserío y núcleos rurales
ANEXO AL DECRETO 105/2008, DE 3 DE JUNIO . MUNICIPIOS OBLIGADOS A APLICAR ESTÁNDAR DE VIVIENDA PROTEGIDA
D 123/2012 de 3 Jul. CA País Vasco (estándares urbanísticos)
Artículo 2 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 3 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Número 2 del artículo 11 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 15 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 16 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 17 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 18 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 19 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 20 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 21 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 22 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 24 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 25 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 26 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 27 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 28 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 35 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 36 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Artículo 41 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Disposición transitoria 2.ª derogada por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Disposición transitoria 4.ª derogada por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio). Véase D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio).
Edicto TSJ País Vasco de 19 Ene. 2010. CA País Vasco (recurso contencioso-administrativo n.º 1692/08, por la que se declara la nulidad parcial del anexo I del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30)
Edicto n.º 1093/08 TSJ País Vasco, 9 Nov. 2009 (declara nulidad de pleno derecho de los art. 13.2, 13.3, 14.2 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo)
Apartado 2 del artículo 13 declarado nulo de pleno derecho por Edicto [PAÍS VASCO] dimanante de procedimiento ordinario n.º 1093/08 por el que se declara la nulidad de pleno derecho de los art. 13.2, 13.3, 14.2 del D. 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo («B.O.P.V.» 1 diciembre). Se confirma la nulida por la Sentencia del TSJ País Vasco de 16 de septiembre de 2009. Inciso «salvo que su propia finalidad y objetivos aconsejen extender los contenidos de la compatibilización también a las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada» del apartado 3 del artículo 13 declarado nulo de pleno derecho por Edicto [PAÍS VASCO] dimanante de procedimiento ordinario n.º 1093/08 por el que se declara la nulidad de pleno derecho de los art. 13.2, 13.3, 14.2 del D. 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo («B.O.P.V.» 1 diciembre). Se confirma la nulida por la Sentencia del TSJ País Vasco de 16 de septiembre de 2009. Apartado 2 del artículo 14 declarado nulo de pleno derecho por Edicto [PAÍS VASCO] dimanante de procedimiento ordinario n.º 1093/08 por el que se declara la nulidad de pleno derecho de los art. 13.2, 13.3, 14.2 del D. 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo («B.O.P.V.» 1 diciembre). Se confirma la nulida por la Sentencia del TSJ País Vasco de 16 de septiembre de 2009.
TSJPV, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S 573/2009, 16 Sep. 2009 (Rec. 1093/2008)
Orden Vivienda y Asuntos Sociales 26 Sep. 2008 CA País Vasco (actualiza el listado de municipios obligados a aplicar el estándar de vivienda protegida)
Municipio de Loiu excluido del anexo por número primero de la O[PAÍS VASCO] 26 septiembre 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se actualiza el listado de municipios obligados a aplicar el estándar de vivienda protegida del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 31 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco («B.O.P.V.» 31 octubre).
SUELO URBANO. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR INCREMENTO DE LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA PONDERADA
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 2/2006, se entenderá que sólo son aptos para considerar una superficie de suelo como urbano, los servicios de acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y fecales y suministro de energía eléctrica en baja tensión cuando todos ellos, además de tener la dimensión, caudal, capacidad y tensión suficiente prevista legalmente, provengan y sean suministrados desde los sistemas locales previamente existentes.
Tendrán la consideración de suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística aquellas parcelas o solares así definidos por la ordenación pormenorizada porque la ordenación urbanística vigente les atribuye un incremento de edificabilidad ponderada. El incremento de edificabilidad será el referido al incremento de edificabilidad ponderada respecto a la edificabilidad ponderada previamente materializada en el solar o parcela.
Artículo 2 derogado por la disposición derogatoria de D [PAÍS VASCO] 123/2012, 3 julio, de estándares urbanísticos («B.O.P.V.» 23 julio).
A efectos de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se procederá del siguiente modo:
a) Se calcularán las superficies de suelo de dotaciones públicas y equipamientos privados correspondientes al incremento de edificabilidad ponderada calculados en función de los estándares establecidos en el artículo 17.1 del presente Decreto.
b) Se procurará el cumplimiento de la cesión de dichas superficies de suelo, previa su urbanización, en el propio ámbito de la actuación o en el que el planeamiento así lo prevea.
c) En el supuesto de imposibilidad física de su materialización total o parcial, el importe de la indemnización sustitutoria tendrá como límite máximo el 5% del incremento de la edificabilidad ponderada calculada como se dispone en este artículo.
d) En el supuesto de incumplimiento parcial de dicha cesión de suelo por imposibilidad física de su materialización, la valoración de la indemnización será proporcional al porcentaje de dicho incumplimiento. A los efectos de este cálculo, se atribuirá las reservas constitutivas de la carga dotacional el siguiente peso relativo:
1.- Al estándar del artículo 79.2.a) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, el 50%.
2.- Al estándar del artículo 79.2.b), de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, el 30%.
3.- Al estándar del artículo 79.2.c), de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, el 20%.
e) No será admisible la sustitución e indemnización de la reserva para vegetación prevista en el artículo 79.2.d) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, si bien será admisible su cumplimiento, previa su urbanización, en otro ámbito diferente de la actuación, siempre que el planeamiento lo prevea de forma expresa.
f) El importe de esta indemnización quedará en todo caso afectado a la adquisición o mantenimiento del correspondiente patrimonio municipal del suelo con destino a la obtención de suelos dotacionales.
1.- Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.
1.- Los suelos no urbanizables de núcleo rural y que hubieran completado su desarrollo conforme a las previsiones de la Ley 5/1998, podrán seguir siendo considerados al amparo de esta misma clasificación siempre que los mismos no sean objeto de nuevos desarrollos, en cuyo caso deberán ser objeto de reclasificación como suelo urbano o urbanizable según corresponda con la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, de acuerdo con el modelo de ordenación definido en el planeamiento territorial.
La superficie de suelo ocupada por un núcleo rural podrá ser clasificada por el plan general como suelo urbano, en correspondencia con el modelo de ordenación definido en el planeamiento territorial, siempre y cuando así proceda conforme a la Ley.
1.- Las diputaciones forales elaborarán los inventarios de los núcleos rurales existentes en sus respectivos territorios históricos, a través del siguiente procedimiento: aprobación inicial, audiencia de los municipios afectados y aprobación definitiva. Dicho inventario podrá acompañarse en caso de estimarse preciso con una propuesta de delimitación.
1.- A los efectos de lo dispuesto para delimitación de fincas rústicas en el artículo 29.4 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la regularización de fincas y la obtención de servicios urbanísticos se realizará a través del procedimiento de normalización de fincas establecido en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.
1.- A los efectos de lo dispuesto en el régimen del suelo no urbanizable en los artículos 29.1 y 30 la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por caserío los edificios que cumplan acumulativamente todas las siguientes condiciones:
RÉGIMEN DE REPARCELACIONES
1.- Los proyectos de reparcelación previstos en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se tramitarán y aprobarán de acuerdo a lo señalado en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, sin perjuicio de las especialidades previstas en los artículos siguientes.
1.- Las entidades públicas, en los términos previstos legalmente, podrán participar en la reparcelación aportando a favor de la comunidad reparcelatoria constituida una compensación económica a cuenta de los futuros costes de la urbanización, al objeto de obtener participación en la edificabilidad urbanística.
2.- La aportación económica podrá ser realizada en cualquier momento anterior a la finalización del periodo de información pública del proyecto de reparcelación, teniendo como límite máximo el importe total de las cargas de urbanización del ámbito. Dicha aportación a favor de la comunidad reparcelatoria constituida se materializará mediante su consignación en la Caja General de Depósitos del País Vasco.
1.- La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística regulada en el artículo 27 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se calculará y valorará en función de lo dispuesto en el artículo 35.4 del mismo texto legal.
PLANES DE COMPATIBILIZACIÓN
1.- Cuando las características y las necesidades del desarrollo urbano en las zonas limítrofes de varios términos municipales hagan necesario coordinar su ordenación urbanística, y en defecto de un instrumento de ordenación territorial que lo realice, se podrá elaborar un plan de compatibilización de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 92 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
2.- Este procedimiento también podrá ser extensivo a los supuestos en que sea precisa la coordinación, mediante Plan Especial, de la ordenación urbanística del suelo urbano ocupado por un sistema general de interés supramunicipal y el mismo se sitúe en zonas limítrofes de varios términos municipales cuando la legislación sectorial reguladora de dichos Planes Especiales prescriba su aprobación definitiva por parte de las autoridades urbanísticas y, siendo estas diferentes, exista desacuerdo entre ellas.
3.- El contenido y alcance del plan de compatibilización se limitará exclusivamente a las determinaciones propias de la ordenación estructural salvo que su propia finalidad y objetivos aconsejen extender los contenidos de la compatibilización también a las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada.
4.- En el supuesto de que la compatibilización se refiera a determinaciones de ordenación estructural, éstas podrán figurar bien en el documento de plan general o en el documento del plan de compatibilización a falta de acuerdo entre los municipios afectados en los términos establecidos legalmente.
1.- Se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, tanto para la tramitación y para la aprobación del correspondiente plan general o bien del plan de compatibilización en caso de desacuerdo en los términos establecidos legalmente y previa petición de al menos uno de los municipios.
2.- En el supuesto de que la labor de compatibilización se refiera a la ordenación pormenorizada, en defecto de acuerdo entre los municipios afectados, y previa petición de al menos uno de los municipios, se formulará, tramitará y aprobará un plan de compatibilización de ordenación pormenorizada con el procedimiento establecido en el artículo 63 y 92 de la Ley 2/2006 , de Suelo y Urbanismo.
3.- Este procedimiento no será de aplicación para aquellos Planes Especiales dictados en ejecución de las determinaciones de un instrumento de ordenación territorial.
ESTÁNDARES URBANÍSTICOS DE ORDENACIÓN
LÍMITES A LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
1.- El cumplimiento de los estándares de edificabilidad residencial máximos y mínimos establecidos en el artículo 77 de la Ley 2/2006 se realizará calculando la relación prevista entre la edificabilidad urbanística residencial habilitada por la ordenación y la superficie del área, sector o zona. En el cómputo de dicha superficie sólo podrán ser excluidos los sistemas generales de dotaciones públicas incluidos en el ámbito de ordenación.
2.- En el supuesto de áreas, sectores o zonas con uso predominante industrial o terciario, el cumplimiento del estándar previsto en el artículo 77.5 podrá ser acreditado mediante la relación existente entre la suma de la superficie de las parcelas privativas respecto a la superficie total del área o del sector. En el cálculo de dicha superficie podrán excluirse las superficies de suelo incluidas en el ámbito que no pudieran ser objeto de edificación por imposición de la normativa sectorial.
3.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, respecto al carácter automático de la aplicabilidad de los límites máximos y mínimos de la edificabilidad urbanística, el documento de adaptación de la ordenación urbanística estructural, además de ordenar el incremento o la reducción de la edificabilidad urbanística, podrá así mismo reducir o ampliar la superficie del ámbito ordenado o bien incluir o excluir superficie de suelo destinado a sistemas generales, todo ello con arreglo a lo dispuesto legalmente, en los instrumentos de ordenación territorial y en el presente Decreto.
4.- Esta adaptación podrá realizarse de dos maneras:
a) Automática. Sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento de ordenación estructural y siendo precisa la justificación de la solución adoptada en el documento de ordenación pormenorizada.
b) Documento de adaptación. A través de la redacción y tramitación de un documento de ordenación estructural que puede afectar bien a la totalidad bien a parte del municipio.
5.- En los ámbitos residenciales de concejos del Territorio Histórico de Álava y del término municipal de Orduña cuya delimitación del suelo urbano y urbanizable sea discontinua respecto a la del núcleo principal y estén integrados en municipios obligados a reservar vivienda protegida, la disminución hasta en una cuantía máxima del 20% de la edificabilidad urbanística mínima prevista en el apartado 6 del artículo 77 se entenderá autorizada por el propio informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Esta misma posibilidad regirá en los municipios que deban establecer reservas de vivienda protegida para aquellos núcleos urbanos de población menor que el núcleo principal, entendiendo por tal aquél en que tenga la sede el Ayuntamiento, cuando la delimitación del suelo urbano y urbanizable de dichos núcleos menores sea discontinua respecto a la del núcleo principal y la población del núcleo menor sea inferior a 2.000 habitantes.
6.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la superación del límite máximo de edificabilidad urbanística prevista en el del artículo 77.1 se entenderá autorizada por el propio informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en los siguientes supuestos:
a) En municipios con población hasta 20.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 10.000 metros cuadrados de techo.
b) En municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 20.000 metros cuadrados de techo.
c) En municipios con población superior a 50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 30.000 metros cuadrados de techo.
ESTÁNDARES DOTACIONALES
A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 78.1 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, y para las nuevas previsiones edificatorias establecidas por el planeamiento municipal, se establece la correlación de un habitante por 25 metros cuadrados de superficie construida destinada al uso de vivienda en suelo urbano y urbanizable.
1.- La ordenación pormenorizada de áreas de suelo urbano no consolidado cuyo uso predominante sea el residencial y cuyo desarrollo se prevea mediante actuaciones integradas deberá establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las reservas de terrenos establecidas en el artículo 79.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
2.- No obstante, el estándar de aparcamiento de vehículos tanto en parcelas de titularidad privada como en terrenos destinados a dotaciones públicas podrá ser cumplimentado por la ordenación pormenorizada mediante la reserva de superficie suficiente a tal fin bajo la rasante de las parcelas de titularidad privada o del suelo con destino a dotación pública, según corresponda.
3.- En suelo urbano no consolidado cuyo uso predominante sea el industrial o el terciario, la ordenación pormenorizada deberá establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las reservas de terrenos establecidas en el artículo 79.3 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
4.- Los estándares de dotaciones locales en suelo urbano no consolidado se calcularán sobre el incremento de la edificabilidad urbanística atribuida respecto a la previamente materializada del mismo uso característico y, en su ausencia, respecto a la edificabilidad urbanística previamente atribuida por la ordenación.
5.- En el supuesto de imposibilidad física total o parcial de su materialización en el ámbito, el planeamiento, motivadamente, podrá prever bien compensar económica dicho incumplimiento en la forma y con los efectos regulados en el artículo 3 del presente Decreto bien permitir su cumplimiento en otro ámbito en las siguientes condiciones:
a) Podrá establecer la sustitución por una cantidad económica o permitir su cumplimiento en otro ámbito en los siguientes supuestos:
1) En municipios con población hasta 20.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 10.000 metros cuadrados de techo.
2) En municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 30.000 metros cuadrados de techo.
3) En municipios con población superior a 50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial inferior a 50.000 metros cuadrados de techo.
b) Podrá permitir su cumplimiento en otro ámbito en los siguientes supuestos:
1) En municipios con población hasta 20.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial superior a 10.000 metros cuadrados de techo.
2) En municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial superior a 30.000 metros cuadrados de techo.
3) En municipios con población superior a 50.000 habitantes, cuando la operación de reforma o renovación urbana tenga atribuida una edificabilidad urbanística de uso residencial superior a 50.000 metros cuadrados de techo.
1.- La ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el residencial deberá establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las reservas de terrenos establecidas en el artículo 79.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
2.- El estándar de aparcamiento de vehículos en terrenos destinados a dotaciones públicas deberá ser cumplimentado por la ordenación pormenorizada mediante la reserva de suelo suficiente a tal fin en superficie que sea de acceso público y libre.
3.- La ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el industrial o terciario deberá establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las reservas de terrenos establecidas en el artículo 79.3 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
En todo caso, el estándar previsto para equipamientos privados en el artículo 79.2.c) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, podrá ser cumplido en base al destino de esta superficie a equipamientos públicos.
ESTÁNDAR DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
1.- A los efectos de lo dispuesto en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entiende por viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública las siguientes:
a) Las viviendas de protección oficial de régimen general, de régimen especial y de régimen tasado reguladas como tales en la normativa autonómica sectorial vigente.
b) Las viviendas tasadas municipales de régimen general y de régimen especial que los Ayuntamientos decidan establecer mediante la promulgación de la correspondiente ordenanza local que regule su régimen de protección pública.
2.- No obstante lo anterior, los planes de ordenación urbanística no adaptados a la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, deberán cumplir el estándar de viviendas de protección pública sobre la base de viviendas de protección oficial de régimen general y especial.
1.- El estándar de viviendas sometidas a régimen de protección pública se aplicará en base a los m2 de techo de uso residencial autorizados por el planeamiento, no en base a unidades de vivienda.
2.- Cuando dicho estándar deba ser aplicado por existir incrementos de la edificabilidad urbanística residencial respecto a la previamente materializada, se considerará como tal tanto a aquella ya construida y consolidada por la ordenación como aquella sobre la que haya recaído licencia municipal de edificación o calificación provisional en el caso de viviendas de protección oficial.
3.- Las edificabilidades urbanísticas destinadas a usos residenciales protegidos previstas por la ordenación serán redondeadas al alza hasta cumplir la unidad mínima que pueda ser objeto de calificación como vivienda de protección pública según su respectiva normativa protectora.
4.- En ningún caso el cumplimiento del estándar en base a edificabilidad urbanística de uso residencial podrá dar por resultado, medido en número de viviendas, un porcentaje de viviendas menor en más de un 10% respecto del porcentaje legalmente establecido para vivienda de protección pública. En este caso, el estándar se ajustará a dicho límite.
1.- Los municipios no obligados a aplicar las reservas de suelo para viviendas protegidas según lo dispuesto por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, en ámbitos de ordenación de uso predominante residencial deberán destinar a vivienda de protección pública la edificabilidad urbanística residencial atribuida a los terrenos obtenidos por aplicación de lo dispuesto en su artículo 27.4.
2.- No obstante, dicho cumplimiento podrá ser acreditado mediante transferencias de dicha edificabilidad urbanística a otros ámbitos de ordenación previa autorización del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de Vivienda, según lo dispuesto en los artículos siguientes.
1.- El derecho de realojo consiste en la puesta a disposición, por parte del promotor de la actuación urbanística y a favor de la persona afectada y ocupante legal de una vivienda habitual cuyo régimen de tenencia se deba extinguir como consecuencia de dicha actuación urbanística, de una vivienda de protección pública en el mismo régimen de tenencia en que la persona afectada ocupaba legalmente su vivienda habitual.
1.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 80.5 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, podrán considerarse exentas las actuaciones integradas en suelo urbano que comprendan una o varias unidades de ejecución continuas de uso predominante residencial en el que se prevea un número de viviendas menor o igual a 20 viviendas o a 2.000 m2 de techo.
2.- La totalidad de las viviendas resultantes de dicha o dichas unidades de ejecución se deberán destinar a viviendas de régimen tasado municipal. En el caso de que no haya sido dictada la correspondiente ordenanza municipal reguladora de su régimen jurídico y económico, se deberá aplicar la normativa autonómica relativa a las viviendas de protección oficial de régimen tasado en función de la regla de supletoriedad dispuesta en los párrafos segundo y tercero el artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
1.- El cumplimiento de la edificabilidad urbanística mínima con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se realizará individualmente por cada sector, área o unidad de ejecución salvo que el planeamiento general establezca en su primera formulación o revisión integral las determinaciones para cumplir de manera diferente los estándares fijados legalmente bien en el conjunto de suelo urbanizable o en el conjunto del suelo urbano.
2.- En el supuesto de que en expedientes de primera formulación o revisión integral del planeamiento general el cumplimiento se acredite mediante transferencia de edificabilidad urbanística residencial protegida entre diferentes clases de suelo, será preciso que el Departamento de la Administración Autónoma en materia de vivienda autorice la opción elegida. Así mismo, para garantizar una calificación equilibrada de las reservas que evite los riesgos de segregación socio espacial, será precisa también la autorización de este Departamento cuando más del 80% de la edificabilidad residencial protegida total derivada de dicho expediente en municipios de población superior a 7.000 habitantes y más del 60% en el resto de los casos se sitúe en un solo ámbito de ordenación o en ámbitos de ordenación continuos.
3.- En el supuesto de expedientes de revisión parcial o de modificación puntual de la ordenación estructural, a instancia del Ayuntamiento afectado, el Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de vivienda, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, podrá aprobar el cumplimiento global de los estándares mínimos de viviendas de protección pública mediante su transferencia, que por sí sola o acumulada con otras anteriores, en todo caso respetará los límites del apartado anterior. Para ello será preciso acreditar en el momento de realizar la solicitud, y justificado en el expediente de modificación o revisión parcial, el cumplimiento de las siguientes circunstancias:
a) La ejecución previa o simultánea de la edificabilidad urbanística protegida objeto de transferencia respecto a la edificabilidad urbanística liberada de dicho cumplimiento. Para ello el Ayuntamiento acompañará compromiso municipal de no otorgamiento de licencia de obra a las viviendas libres eximidas con carácter previo a las licencias de obra de las viviendas protegidas transferidas.
b) La proporcionalidad de los valores de viviendas libres entre los ámbitos transferidos y objeto de transferencia. Para ello en la memoria de la solicitud de transferencia se justificará tanto la diferencia como la proporcionalidad de dichos valores.
4.- Cuando la transferencia de edificabilidad residencial protegida, al objeto de cumplir el estándar mínimo, se produzca entre un ámbito de titularidad privada y otro de titularidad mayoritariamente pública, se habrán de justificar en el expediente de solicitud de autorización las razones de interés público existentes para liberar de la obligación de reserva mínima el ámbito de titularidad privada así como detallar las contraprestaciones acordadas si existieren, aportando el acuerdo contraído al respecto.
5.- En todo caso, la autorización emitida con ocasión de los supuestos regulados en este artículo quedará condicionada a la no suspensión de la efectividad de los ámbitos de ordenación tanto transferidos como objeto de transferencia. Si la Administración competente para la aprobación definitiva del documento de planeamiento general acordase la suspensión o denegación de la misma en relación a un ámbito que hubiese sido objeto de dicha autorización, dicho acuerdo de suspensión o denegación supondrá la suspensión o denegación de la autorización previamente realizada.
6.- Las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que sirvieran para acreditar o bien el cumplimiento global en expedientes de revisión integral o bien la transferencia de la edificabilidad residencial protegida en expedientes de revisión parcial o en modificaciones puntuales y que no hubieran sido efectivamente ejecutadas durante la vigencia del documento de planeamiento general, deberán ser tenidas en cuenta para ser adicionadas a los estándares legales que deban ser cumplidos por el expediente de revisión de dicho planeamiento general.
1.- La aplicación del procedimiento de autorización previsto en los artículos anteriores podrá realizarse:
a) En expedientes de revisión integral de la ordenación estructural: presentando un documento en el que se acredite que el planeamiento general propuesto da cumplimiento a los estándares previstos legalmente y señalando los ámbitos en que se solicita que los estándares sean reducidos.
b) En expedientes de modificación puntual para su adaptación a los contenidos de la Ley 2/2006, tal como señala su Disposición Transitoria Segunda: presentando un documento en el que se acredite que el planeamiento general propuesto da cumplimiento a los estándares previstos legalmente y señalando los ámbitos en que se solicita que los estándares sean reducidos.
c) En expedientes de revisión parcial o modificación puntual de la ordenación estructural: presentando una propuesta de alteración de la ordenación estructural conjunta tanto del ámbito para el que se solicita la reducción del estándar como del ámbito en el que se habrá de reubicar incrementando la edificabilidad residencial protegida transferida.
2.- No será de aplicación este procedimiento a los instrumentos de planeamiento no adaptados a la Ley de Suelo de 1975.
ESTÁNDAR DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES
1.- A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de reserva de suelo dotacional para la implantación de alojamientos dotacionales los planeamientos de ordenación pormenorizada, establecerán la ubicación concreta de la obligación de reserva establecida en la ordenación estructural. Las determinaciones de ordenación pormenorizada podrán ser establecidas bien mediante Planes Parciales en suelo urbanizable bien en Planes Especiales de Ordenación Urbana en suelo urbano no consolidado o bien mediante Planes Especiales de Alojamientos Dotacionales en los supuestos de destinarse a tal fin suelo urbano consolidado preexistente, sin perjuicio de su posible regulación en propio documento de planeamiento general.
2.- El Departamento de la Administración autónoma en materia de Vivienda será la administración pública competente respectivamente para establecer la población que deba ser objeto de atención mediante dichos alojamientos y la regulación de las características de los mismos en defecto de regulación específica municipal mediante Ordenanza.
1.- La obligación de calificación de suelo descrita en el artículo anterior se realizará sobre parcela libre de toda carga de urbanización con la única excepción de la urbanización interior a la parcela.
2.- El cumplimiento del estándar puede realizarse bien individualmente en cada ámbito bien dentro de cada clase de suelo bien globalmente en el municipio, de acuerdo a lo que señale a tal efecto la ordenación estructural.
3.- La entidad superficial de la reserva para alojamientos dotacionales será el resultado de aplicar el estándar de superficie de suelo de parcela neta legalmente establecido en el artículo 81 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, al incremento de techo residencial o número de viviendas que con carácter previo legitimara la ordenación urbanística, con carácter independiente de su efectiva materialización. No obstante, la aplicación de este estándar deberá dar lugar al menos a una parcela completa libre de cargas en expedientes de modificación puntual o revisión parcial y a dos parcelas completas en expedientes de revisión integral de la ordenación a salvo lo dispuesto en el artículo 105.5 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
4.- El Ayuntamiento podrá justificadamente acreditar y compensar este cumplimiento, previa autorización del Departamento de la Administración autónoma competente en materia de Vivienda, con otros alojamientos dotacionales ya promocionados antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
1.- De cada cuatro parcelas a las que se diera lugar por aplicación de este estándar las tres primeras serán promovidas por el Departamento de la Administración autonómica competente en materia de Vivienda y la cuarta por el respectivo Ayuntamiento salvo que este decidiera reservarse más parcelas a este fin.
DETERMINACIONES SOBRE TRAMITACIÓN
La ordenación pormenorizada integrada en el planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o el Plan Parcial, según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006.
1.- Todos los planes urbanísticos que deban estar sometidos a evaluación conjunta de impacto ambiental (ECIA) por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección del Medio Ambiente, deberán contener, al menos y sin perjuicio del resto de la documentación específica exigida en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, para determinados planes de ordenación urbanística, la siguiente documentación:
f) Memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará particularmente el impacto de la actuación urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como el impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo que resulte destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización.
En los procedimientos de aprobación o alteración de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, además de la documentación comprensiva de dichos planes e instrumentos, deberá ser expuesta al público un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
DETERMINACIONES SOBRE ALTERACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
1.- Sin perjuicio del resto de los motivos legalmente establecidos en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, la reconsideración total de la ordenación establecida por los planes urbanísticos y, en todo caso, de la ordenación estructural de los planes generales precisa su revisión integral. Se entenderá que esto se produce cuando la alteración de dicha ordenación suponga por sí misma o en unión con otras alteraciones anteriores:
1.- Las administraciones competentes para la aprobación inicial de los planes urbanísticos podrán acordar la suspensión, por el plazo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, la modificación o revisión de dichos planes desde su aprobación inicial, en todo caso, o desde la adopción del acuerdo de formulación del avance o del propio documento en aquellos supuestos en el que el avance no fuese preceptivo.
1.- Los terrenos que, mediante la figura de la modificación puntual, se reclasifiquen a urbanos por ejecución del planeamiento vendrán obligados a mantener los estándares propios del suelo urbanizable previstos en el artículo 83 de la Ley 2/2006 a salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes.
2.- Las modificaciones puntuales de los planes de ordenación urbanística mantendrán el uso dotacional público de las parcelas y solares cuyo destino precedente haya sido este en cualquier clase de suelo. No obstante, previo informe preceptivo de la administración competente para la implantación del uso de que se trate por razón de la materia en el que se justifique la innecesariedad del suelo a tal fin, las citadas parcelas y solares serán destinadas preferentemente a otros usos dotacionales públicos, incluyendo en el mismo el uso para alojamientos dotacionales.
3.- No obstante, las modificaciones puntuales de los planes de ordenación urbanística también podrán destinar dichas parcelas o solares a otros usos lucrativos. En el supuesto de que la recalificación tenga por objeto un ámbito con al menos a una tercera parte de la totalidad de su superficie con uso dotacional obtenido por el Ayuntamiento previamente por cesión urbanística, el documento de la modificación puntual, a efectos de la compensación y reposición de la superficie dotacional perdida, vendrá obligado a la recalificación adicional, incrementando los estándares mínimos exigibles, de al menos la misma superficie de suelo con destino dotacional público en el mismo u en otro ámbito de ordenación.
4.- En el supuesto contemplado en el artículo 105.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, al objeto de mantener el estándar de zonas verdes y espacios libres la mayor previsión de sistema general de zonas verdes y espacios libres en correlación al incremento de edificabilidad se realizará sin considerar el posible exceso que con respecto al mínimo legal existiese en el planeamiento, salvo que el planeamiento prevea expresamente el cómputo y gestión de dicho exceso y, además, este exceso disponga de una localización adecuada para este objeto.
5.- En el supuesto contemplado en el artículo 105.4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, únicamente podrá estimarse que un área tuviera excedente de sistema local de espacios libres cuando proviniera de la ordenación y ejecución de un plan parcial que con respecto a la situación legal de aplicación en el momento de su aprobación definitiva realizara una previsión excedentaria.
1.- En los expedientes de modificación puntual de planeamiento de ordenación estructural, en municipios obligados a aplicar el estándar por la Ley 2/2006, en que se produzca un incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial respecto a la previamente atribuida, deberán cumplir en su integridad con los estándares de vivienda sometida a algún régimen de protección pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de este Decreto.
2.- No obstante lo anterior, en las modificaciones puntuales de planeamiento de ordenación estructural que tengan por objeto el incremento de la edificabilidad urbanística residencial respecto a la previamente atribuida en ámbitos de ordenación bien excedentarios o bien deficitarios de viviendas de protección pública, bien por cumplimiento global bien por haber sido previamente objeto de autorización de transferencia de viviendas, el cumplimiento del estándar se calculará medido en edificabilidad y calculado respecto a la edificabilidad urbanística residencial previamente atribuida por la ordenación.
3.- Todas las alteraciones de planeamiento urbanístico, cualquiera que fuera su forma de instrumentación, que tengan por objeto la reclasificación de terrenos a la clase de urbanos con uso predominante residencial deberán respetar las siguientes reglas:
a) Si la clasificación urbanística previa total o parcial de ese suelo fuera la de suelo no urbanizable, el estándar a aplicar a dicha superficie de suelo reclasificado será la correspondiente al suelo urbanizable.
b) Si la clasificación urbanística previa total o parcial de ese suelo fuera la de suelo urbanizable y el mismo no se encontrara legalmente transformado o bien estuviera el mismo carente de los servicios urbanísticos propios del suelo urbano al momento de la aprobación inicial del expediente en el que se pretenda la alteración de dicha clasificación, el estándar a aplicar a dicha superficie de suelo reclasificado será la correspondiente al suelo urbanizable.
c) Si la clasificación urbanística previa total o parcial de ese suelo fuera la de suelo urbano industrial o de actividades económicas y el mismo no se encontrara legalmente transformado o bien estuviera el mismo carente de los servicios urbanísticos propios del suelo urbano al momento de la aprobación inicial del expediente en el que se pretenda la alteración de dicha clasificación, el estándar a aplicar a dicha superficie de suelo reclasificado será la correspondiente al suelo urbanizable.
PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO
1.- Los bienes de cualquier naturaleza que formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo estén destinados por la ordenación urbanística a dotaciones de carácter público deberán destinarse a tal fin a salvo lo dispuesto legal y reglamentariamente sobre la alteración de dicha calificación urbanística.
1.- Los bienes de cualquier naturaleza que formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo no estén destinados a dotaciones de carácter público y la totalidad de los recursos integrantes de dicho Patrimonio Municipal de Suelo se deberán destinar preferentemente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, entendiendo englobado en este concepto exclusivamente lo siguiente:
1.- Con carácter adicional, los bienes de cualquier naturaleza que formando parte del Patrimonio Municipal de Suelo no estén destinados a dotaciones de carácter público y la totalidad de los recursos integrantes de dicho Patrimonio Municipal de Suelo podrá ser destinados a los siguientes fines:
1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por actuación aislada aquellas que tengan por exclusivo objeto la promoción de la edificación de las parcelas y de los solares y, en su caso, la urbanización previa o simultánea a la edificación en las condiciones previstas en la citada Ley.
1.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por actuación de dotación aquellas que tengan por objeto el levantamiento de la carga dotacional en supuestos de incremento de edificabilidad urbanística ponderada respecto a la previamente existente en los términos establecidos en los artículos 2 y 3 del presente Decreto.
2.- Las actuaciones de dotación se aplicarán exclusivamente sobre solares o parcelas considerados individualmente y que, con carácter independiente de la liberación de la carga dotacional descrita anteriormente, sólo requieran para la adquisición de la condición de solar la realización previa o simultánea a la edificación de las obras complementarias de urbanización conforme a lo establecido en el artículo 195.1 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
3.- Las actuaciones de dotación podrán definirse mediante la composición, por una parte, de una parcela con edificabilidad urbanística sobre la que se incrementa la edificabilidad urbanística ponderada y, por otra parte, una superficie de suelo que, aun con carácter discontinuo, tenga por exclusivo objeto el levantamiento de la carga dotacional prevista el en el artículo 25.2 de la Ley 2/2006.
1.- Tendrán la consideración de actuaciones integradas aquellas que no tengan cabida en la definición de actuaciones aisladas, de dotación o de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales o locales.
SISTEMAS PRIVADOS DE EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Al efecto de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por personas ajenas o entidades ajenas a la Administración las relacionadas en el artículo 157 en la letra e) y en la letra d) siempre que no deba entenderse comprendido en el párrafo siguiente.
1.- En el supuesto de que el Programa de Actuación Urbanizadora propusiera como sistema de actuación el sistema de concertación regulada en los artículos 160 y siguientes de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, y a los efectos de adjudicar la gestión por concesión de los contenidos del mismo, los principios de publicidad y concurrencia deberán entenderse cumplidos en el trámite de aprobación del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.
SISTEMA DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 177.j) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, será posible la aplicación de la expropiación por inobservancia del deber de actualizar, en las edificaciones de uso predominantemente residencial y en los términos requeridos por la ordenación urbanística, los servicios e instalaciones precisos para hacer efectiva la accesibilidad prevista en la legislación sectorial aplicable. Para ello, deberán darse con carácter previo los siguientes requisitos:
1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 178.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por una actuación expropiatoria deberá ser acordada por los siguientes órganos:
La aprobación del proyecto de tasación conjunta producirá los efectos previstos en el artículo 138 del Real Decreto 1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
DEBER DE EDIFICACIÓN
1.- Las parcelas y los solares deberán edificarse en los plazos máximos que fije el planeamiento pertinente y, en su caso, el Programa de Actuación Urbanizadora. Los plazos para el inicio de la edificación en ningún caso podrán superar el año desde la finalización de las obras de urbanización.
1.- El incumplimiento del deber de edificar comportará la incoación de un programa de edificación que tendrá por objeto la declaración del incumplimiento del deber y optará por la venta forzosa, la adjudicación a agente edificador o el sistema de expropiación, que podrá gestionarse mediante beneficiario.
1.- Las licencias reguladas en la Ley 2/2006 son independientes entre sí por lo que su otorgamiento no lleva aparejado el otorgamiento de las demás licencias o títulos jurídicos habilitantes exigidos por la normativa sectorial.
Los Ayuntamientos del País Vasco comunicarán anualmente a efectos estadísticos al Departamento de la Administración autonómica competente en materia de Vivienda:
1.- La cumplimentación, entrega, junto a la recepción y envío de la documentación estadística al Departamento de la Administración autonómica competente en materia de estadística de Edificación y de Vivienda, se remitirá al momento de producirse la concesión administrativa de la licencia urbanística de obra y de la licencia de primera ocupación, según corresponda, por parte de los Ayuntamientos vascos.
1.- El Departamento de la Administración autonómica competente en materia de estadística de Edificación y de Vivienda, y mediante los acuerdos de colaboración precisos, normalizará el procedimiento informatizado de tratamiento de la información estadística de reservas municipales de suelo, mediante el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas de la sociedad de la información.
El cómputo de la población municipal, a los efectos del cumplimiento de estándares, de determinar la competencia para aprobación definitiva de planeamiento urbanístico y para el resto de las determinaciones de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, que se hicieran depender de la entidad poblacional del respectivo municipio, se realizará en el momento de aprobación inicial del documento que recoja dichas determinaciones y se acreditará según la población certificada por el servicio de padrón municipal.
Sin perjuicio de las facultades que asisten a la Administración foral para el auxilio de las entidades locales, los Ayuntamientos con competencia para la aprobación definitiva de planeamiento de ordenación estructural y las Diputaciones Forales, en aplicación del principio establecido en el artículo 6.1 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, podrán concertar entre ellas la forma y el alcance de las labores de cooperación y asistencia de cada Administración en el ejercicio de la competencia municipal de aprobación definitiva de dicho planeamiento, todo ello con sujeción a lo establecido al efecto en la legislación básica de régimen local y sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
El régimen jurídico y económico de las viviendas de protección oficial de régimen tasado será de aplicación a aquellas parcelas que estén destinadas y calificadas por el planeamiento urbanístico a la promoción de viviendas tasadas municipales hasta tanto el Ayuntamiento no apruebe la correspondiente Ordenanza Municipal prevista en el párrafo cuarto de la Disposición Adicional Octava de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo en función de la supletoriedad establecida en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
Los expedientes de modificación puntual y revisión de planeamiento general aprobados inicialmente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, deberán anexar al acuerdo de aprobación provisional del citado expediente el informe preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal junto con la consideración o contestación que el Ayuntamiento haya adoptado respecto a las sugerencias o recomendaciones formuladas por aquel en aquellos supuestos en que el sea exigible según lo dispuesto por la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
Se modifica el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 244/1988, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa que queda redactado como sigue:
El Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, creado por la Disposición Adicional 11.ª de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo se constituye como el organismo consultivo y de asesoramiento del Gobierno Vasco, los Ayuntamientos y la ciudadanía en materia de vivienda.
En solares o en parcelas vacantes o edificadas conforme a un régimen urbanístico anterior al vigente, los incrementos de edificabilidad serán referidos al incremento respecto a la edificabilidad ponderada atribuida por la ordenación urbanística anterior siempre que no hubieren vencido los plazos de ejecución de la misma, en cuyo caso se estará a la edificabilidad materializada.
Los estándares de dotacionales locales a aplicar al suelo urbano no consolidado a desarrollar mediante actuaciones integradas y previstos en el artículo 17 de este Decreto serán de aplicación a todos los planes de ordenación pormenorizada que no tuvieran la aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
Lo dispuesto en el presente Decreto en relación con la obligatoriedad de proceder a la alteración de la ordenación urbanística estructural bien mediante expedientes de revisión integral, de revisión parcial o de modificaciones puntuales, será de aplicación a todos aquellos expedientes que tengan por objeto dicha alteración y cuya aprobación inicial se realice con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
Las medidas compensatorias en supuestos de recalificación para uso lucrativo de los suelos destinados a dotaciones públicas y previstas en el artículo 35.3 de este Decreto serán de aplicación a todos las modificaciones puntuales de planeamiento que no tuvieran la aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
Las obligaciones relativas a los Patrimonios Municipales de Suelo establecidas a los Ayuntamientos en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, en materias tales como consignación en presupuestos municipales y destinos de aplicación obligatoria de sus bienes y derechos no afectarán a aquellas operaciones presupuestarias previstas y aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma que habrán de sujetarse a lo dispuesto en la Ley 20/1998, de Patrimonios Públicos de Suelo. Todo ello sin perjuicio de la obligación de adaptación a la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, de sus contenidos para la aprobación de los presupuestos municipales de futuros ejercicios.
Las reglas del sistema de concertación previstas en los artículos 160 y siguientes de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, serán de carácter obligatorio y sustituirán las reglas de compensación en el supuesto de ser precisa, conforme al régimen de transitoriedad establecido en dicha Ley, la aprobación de Programas de Actuación Urbanizadora.
Los requisitos establecidos en este Decreto a efectos de considerar una edificación como caserío y una agrupación de caseríos como núcleos rurales no serán de aplicación a aquellos núcleos rurales así clasificados en el planeamiento urbanístico a la fecha de entrada en vigor del mismo, siempre y cuando dicha clasificación se haya realizado de conformidad con lo señalado en la Ley 5/1998, de 6 de marzo de medidas urgentes en materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 48

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Artículo 29

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Artículo 49

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Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

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 Artículo 35
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 Artículo 41
 artículo 13
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 artículo 14
 artículo 11

Artículo 2
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 29
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 63
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 3
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 27
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 105
 artículo 83
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 21
 artículo 136
 artículo 137
 artículo 195
 artículo 25
 artículo 158
 artículo 157
 artículo 177
 artículo 178
 artículo 138
 Real Decreto 
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 artículo 80
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 35