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Timestamp: 2016-10-22 07:57:44+00:00

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RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección Gneeral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Torelló don Javier Martínez Lehmann contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número tres de Mataró, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección Gneeral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Torelló don Javier Martínez Lehmann contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número tres de Mataró, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección Gneeral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Torelló don Javier Martínez Lehmann contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número tres de Mataró, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Dirección Gneeral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario de Torelló don Javier Martínez Lehmann contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número tres de Mataró, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Resolución en el recurso interpuesto por el Notario de Torelló don Javier Martínez Lehmann contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número 3 de Mataró, don Francisco Javier Lardiés Ruiz, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
El día 11 de enero de 2002 don Javier Martínez Lehmann, Notario de Torelló, autorizó una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca otorgada por don N.J.S.M, en nombre y representación de la entidad de crédito B.S.C.H., S.A.
En dicha escritura se expresa que don N.J.S.M. interviene, en nombre y representación de la entidad referida entidad, en virtud de escritura de poder otorgada ante el Notario deMadrid don Francisco Mata Pallarés número 559 de protocolo, que consta inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al tomo 675, folio 150l, hoja número S-1960, inscripción 547, haciendo constar el Notario autorizante de la escritura que don N.J.S.M. le asegura la vigencia e ilimitación de la representación alegada y que le exhibe copia autorizada e inscrita de la mencionada escritura de poder, en la que observa que en lo omitido no hay nada que amplíe restrinja ni, en modo alguno, modifique o condicione la parte transcrita y que juzga al compareciente, según interviene, con la capacidad y representación necesaria para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Presentada copia de la anterior escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca en el Registro de la Propiedad número tres de Mataró, causó con fecha 11 de febrero de 2002, el asiento de presentación 444 del Diario 29, y fue calificada negativamente con base a los hechos y fundamentos de derecho que a continuación se transcriben únicamente en lo que atañe al defecto que es objeto del presente recurso:
«I. Hechos. a) No se justifica la representación.
II. Fundamentos de Derecho. a) En cuanto a la representación:
1.° La vigencia del artículo 18 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 1259.2 del Código Civil. Los contratos realizados sin poder o con poder insuficiente son nulos y, por tanto inválidos. Como el artículo 18 de la Ley Hipotecaria impone al registrador la calificación bajo su responsabilidad, entre otras de la validez de los actos dispositivos (...) cuya inscripción se solicita, la representación alegada deberá ser objeto de la oportuna calificación, que sólo podrá realizar el registrador a la vista de los documentos aportados. Como quiera que el poder no está transcrito suficientemente ni tampoco se aporta, se precisa que se subsane dicha omisión para que la calificación pueda ser completa y acceder, en consecuencia, la transmisión al registro superado el tamiz que la calificación registral supone.
2.° Los artículos 98.3 de la Ley 24/2001 y 19 bis, párrafo 4.°, regla 2.ª in fine de la Ley Hipotecaria. Estos artículos confirman la necesidad de presentar la documentación complementaria (como la escritura de poder relacionada en Hechos) que la calificación registral precise (en la medida que exista una Ley que lo exija, v. gr. el artículo 18 de la Ley Hipotecaria antes citado).
3.° El artículo 98, apartados 1.° y 2.° de la Ley 24/2001, en relación con distintos preceptos del ordenamiento jurídico español, como son los artículos 24, 103, y 117 de la Constitución española; 1.259, 1.712 y 1.727 del Código Civil; 1, 3, 4 y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 42.3 y 145.3 de la Ley General Tributaria (interpretado este último por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero y 31 de marzo de 1981, entre otras), a considerar que el juicio de suficiencia del Notario ex artículo 98.1 y 2 de la Ley 24/2001 se limita a operar en el plano de la responsabilidad profesional, sin que pueda suponer un cambio en la estructura de fuentes de nuestro ordenamiento ni, en consecuencia, alterar el procedimiento de calificación que resulta del artículo 18 de la Ley Hipotecaria comentado en el apartado 1.° y del que se infiere la necesidad de aportar la escritura de poder tantas veces comentada.
Mataró, a 19 de febrero de 2002.El Registrador, Don Francisco Javier Lardies Ruiz.»
La citada calificación negativa, de fecha 19 de febrero de 2002, se notificó al notario autorizante de la escritura, el mismo día 19 de febrero de 2002, y tras subsanar el segundo defecto que no es objeto de este recurso por diligencia de rectificación y acompañar testimonio de la escritura de poder que se había requerido, con fecha 26 de febrero de 2002, el Notario de Torelló, Don Javier Martínez Lehmann, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, constando la escritura inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha 6 de marzo de 2002.
En dicho recurso, en esencia, alega que el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas y que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades. Y resume sus argumentos de la siguiente forma: a) El artículo 98 ha venido a recoger lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto 853/1959, modificando el sistema previsto en el artículo 166 del Reglamento Notarial que obligaba a copiar, unir o acompañar a la escritura los documentos acreditativos de la representación; b) La reforma se enmarca en el conjunto de medidas que el legislador ha introducido para agilizar el tráfico documental, simplificarlo y favorecer la confección y envío electrónico de las escrituras notariales. La Ley 24/2001 introduce, como medio de agilización del tráfico inmobiliario y mercantil, las nuevas tecnologías y para ello se regulan aspectos tan esenciales como el documento público electrónico, el empleo de la firma electrónica avanzada del Notario y el medio de obtención de ésta. Desde esta perspectiva es plenamente coherente que se intente simplificar la confección de las escrituras notariales, haciendo desaparecer la obligación de que el Notario uniera o transcribiera en la escritura notarial los documentos protocolares que acreditan la representación con la que actúa el otorgante del acto o negocio que se documenta, y ello, con independencia de que el destinatario del instrumento público sea un Registro; c) La reforma en nada contradice lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, puesto que la calificación registral debe atenerse a lo que resulte de la propia escritura, y por ello, no se trata de que el artículo 98 de la Ley 24/2001 haya derogado tácitamente el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, sino que este precepto debe interpretarse coordinadamente con aquel artículo, sin que ninguno pierda su virtualidad; d) Todo ello en armonía con la distinción entre el control de legalidad que el Notario está obligado a realizar en el momento de la firma del contrato y la calificación registral del documento, si este tuviera cláusulas inscribibles, calificación que realiza posteriormente el Registrador a los solos efectos de determinar la inscribibilidad de tales cláusulas. Esta distinción fundamental ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/1999, al afirmar que «A los Notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe en el desempeño de la función notarial el juicio de legalidad, sea con apoyo en una ley estatal o autonómica, dado que el art. 1 de la vieja Ley por la que se rige el Notariado, Ley de 28 de mayo de 1862, dispone que El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales, función de garantía de legalidad que igualmente destaca el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en su artículo 145, párrafo 2, al imponer a los Notarios no sólo la excusa de su ministerio sino la negativa de la autorización notarial cuando ... el acto o el contrato, en todo o en parte, sean contrarios a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres, o se prescinda por los interesados de los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos», sosteniendo a continuación que: «La función pública notarial incorpora, pues, un juicio de legalidad sobre la forma y el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por ello, que el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como fedatario público».
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 26 de marzo de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero de 2005, entre otras.
Por ello, en las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de enero, 8 de febrero, 3 de marzo y 17 de noviembre de 2003 y 3 de enero de 2004, se expresó que el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno. Cabe añadir, en este punto (y como ha sido puesto de relieve en otras Resoluciones más recientes citadas en los «Vistos» de la presente), que el informe del Registrador tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etcétera.
18 de la Ley Hipotecaria y 18.2 del Código de Comercio, pues de su simple lectura se advierte que en el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento público notarial ex artículo 17 bis de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862».
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizadas por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y los datos de inscripción en el Registro Mercantil; así mismo se expresa que el otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título que juzga al apoderado con capacidad y representación necesaria para el otorgamiento de la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Madrid, 12 de marzo de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad número 3 de Torelló.

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