Source: https://revistaepsilon.blog/2017/03/21/aspectos-legales-de-la-asistencia-sanitaria-a-menores-de-edad/
Timestamp: 2018-05-25 07:00:20+00:00

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ASPECTOS LEGALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA A MENORES DE EDAD – Blog de la Revista Epsilon de Estudios de Enfermería
Una de las cuestiones legales que más dudas suscita en el personal de enfermería es la de la asistencia sanitaria a los menores de edad. ¿Qué hacer cuando debemos asistir a un menor no acompañado? ¿Qué acciones requieren de autorización parental y cuáles entran dentro del marco de actuación del profesional de enfermería de manera autónoma? ¿En caso de atender a un menor en una situación de riesgo vital, sin autorización de los padres, cómo se debe actuar? ¿Qué decisiones puede tomar un menor y a partir de qué edad en el ámbito sanitario?
Sin embargo, esto no siempre es así, a pesar de la limitación de la capacidad legal de los menores, el ordenamiento jurídico español reconoce la posibilidad de actuación del menor en algunos casos. De hecho, el artículo 162 del Código Civil Español, al determinar que “los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados” reconoce una serie de excepciones entre las que se encuentran “los actos relativos a los derechos de personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo”, en estos casos, “los responsables parentales intervendrán (…) en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia”. Dicho de otro modo, lo que marcará la frontera entre la capacidad o incapacidad de obrar de un menor en materia sanitaria no será tanto la edad, sino el grado de madurez. Sin embargo, la ley establece, por medio de presunciones, a qué edades se entiende que un menor tiene la madurez suficiente para opinar y a que edad puede tomar una decisión sobre su salud de manera independiente. En puridad, se trata de un reconocimiento que hace el Código Civil con la intención de salvaguardar el ejercicio de derechos fundamentales, y de determinar si el sujeto -con independencia de su edad- tiene una capacidad natural y suficiente de juicio para decidir, excluyendo así la representación legal de los padres o tutores en algunos casos.
Pues bien, con lo dicho, en el caso de los derechos de la personalidad, como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física -como veremos en seguida-, dado su carácter inalienable y absoluto, los padres no tendrían que tener poder de representación sobre ellos, pero lo tienen por imperativo legal hasta el momento en que gozan de una madurez suficiente para ejercerlo por ellos mismos. Se trata de un límite previsto en el artículo 162 del Código Civil y que hará variar el escenario del ejercicio de este tipo de derechos.
Como acabamos de adelantar, son los derechos subjetivos fundamentales reconocidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española, y que, por lo tanto, son inherentes al ser humano, absolutos y extrapatrimoniales. En esencia podríamos resumirlos en los derechos a la vida, la integridad física (art. 15 CE), y a la integridad moral -que incluye los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE).
¿Entonces, en relación a las decisiones sanitarias cuáles puede tomar el menor, y qué decisiones deben ser tomadas por sus padres o tutores en el ámbito sanitario?
Para dar respuesta a esta pregunta es necesario explicar de manera sucinta cual es el régimen general establecido para este tipo de decisiones cuando no estamos en una situación de riesgo vital. Y esto último es importante, ya que cuando sí estamos en una situación de riesgo vital debemos desarrollar otra vía jurídico-argumental distinta que trataremos al final del artículo.
Partimos de que en cualquier decisión tomada por los progenitores o tutores en todo caso prevalecerá siempre el interés superior del menor, el artículo 2 de la LO 1/1996, de 15 de enero, es claro cuando dice que “todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado” teniendo como criterios generales de interpretación “la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas”. Y en aras de ello es necesario que se respeten todas las debidas garantías, entre otras:
1.- Derecho del menor de ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo a la normativa vigente.
Este derecho del menor a ser informado, oído y escuchado viene más ampliamente desarrollado en el artículo 9 de la LO 1/1996 modificado por la LO 8/2015, al establecer que el menor tiene derecho a disfrutar de él “sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia (…) que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez”, y, para ello, “deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho”.
Para el ordenamiento jurídico español el arco de edad que abarca la minoría de edad es amplísimo, desde el nacimiento hasta los 18 años. Lógicamente no tiene la misma capacidad intelectiva un niño de 2 años que uno de 15. Sin embargo, si no podemos tener en cuenta el factor etario, por ser un criterio que pueda suponer discriminatorio -lo que está prohibido, entre otros, por el artículo 9 que acabamos de transcribir-, tendremos que buscar otro criterio para establecer el límite de este derecho.
Dicho criterio será el de la madurez, ya adelantado en el artículo 162 del Código Civil nombrado al comienzo, y desarrollado en el apartado 2 del mismo artículo 9 de la LO 1/1996, que considera que, para poder el ejercer el derecho a ser oído y escuchado, en todo caso tiene “suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos”. Se trata de una presunción que los juristas llamamos Iuris tantum, es decir, una presunción que admite prueba en contrario. Se puede demostrar, mediante informes pertinentes, que un menor de 12 años tiene la madurez suficiente para ejercer el derecho a participar en el proceso de decisión, o que uno mayor de 12 años no tiene aún la madurez suficiente para hacerlo. Pero, salvo prueba en contrario, la ley presupone que cualquier menor con 12 años cumplidos tiene la madurez suficiente para hacerlo. Es importante recalcar, eso sí, que esta presunción afecta exclusivamente a su derecho a ser oído y escuchado en los procesos decisorios, no a decidir por sí mismo.
En otras palabras, la normativa específica establece, en relación con la madurez, la edad de 12 años como una primera frontera a partir de la cual el menor puede comenzar a ejercer cierta autonomía en las decisiones sanitarias que le afectan. Con 12 años cumplidos el menor aún no decide por sí mismo, pero sí tiene derecho a ser oído y escuchado y a formar parte de la decisión que tomen sus representantes legales.
Ahora bien, con lo dicho podemos comenzar a ver algo de luz sobre estas sombras. Si estamos ante un paciente menor de edad, con 12 años cumplidos tenemos que tener en consideración sus opiniones, debemos informarle, oírle y escucharle y él será quien participe activamente en las decisiones que le conciernen en relación a su derecho a la vida y sus derechos a la integridad física y moral, pero no quien decida autónomamente.
¿Pero qué sucede si es menor de edad y, además, no tiene los 12 años cumplidos?
La respuesta la podemos encontrar en el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el cual establece, en su apartado 3.c. la posibilidad del consentimiento por representación para el caso, entre otros, de que el paciente menor de edad no sea capaz “intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención”.
En este caso, la decisión sobre el consentimiento informado la ejercerá el representante legal del menor. Se trata de una representación que deberá hacerse en todo momento de manera adecuada a las circunstancias, y siempre en favor del paciente y respetando su dignidad personal, tal y como se recoge en el apartado 7.
Entonces, hasta este momento tenemos grosso modo varios escenarios. En el caso de un paciente menor de 12 años -no goza presunción de madurez- no formará parte activa del proceso decisorio, y serán los padres quienes actúen en representación del mismo. Por su parte, en el caso de un paciente con 12 años cumplidos, se le presume madurez suficiente para formar parte del proceso decisorio, pero no para tomar la decisión el solo, sino para ser oído y escuchado y tener en cuenta su opinión. Nos queda ver, entonces, a partir de que edad un menor puede tomar la decisión de manera autónoma.
Este límite lo encontramos en el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, que establece que “cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c)”, es decir, que no tengan la capacidad modificada judicialmente ni se trate de un menor incapaz, “no cabe prestar el consentimiento por representación”, o dicho de otro modo, a partir de los 16 años será el menor quien tome la decisión. Y ello, siempre y cuando no se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o la salud del menor.
Juspedia “Derecho a la vida, a la integridad física y moral. Prohibición de torturas y tratos inhumanos” [En línea] disponible en: http://derecho.isipedia.com/segundo/derecho-constitucional-ii/09-los-derechos-fundamentales-y-las-libertades-publicas-i-los-derechos-del-art-15-ce
Derecho Sanitario, Enfermería de la Infancia y Adolescencia, Enfermería Materno-Infantil, Urgencias y emergencias

References: artículo 162
 artículo 162
 artículo 2
 artículo 9
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 artículo 9
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