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Timestamp: 2018-04-25 09:49:59+00:00

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MEDIACIÓN CON MENORES INFRACTORES EN ESPAÑA Y LOS PAÍSES DE SU ENTORNO Coordinadora
ESTHER GONZÁLEZ PILLADO Autores
IGNACIO COLOMER HERNÁNDEZ Mª DOLORES FERNÁNDEZ FUSTES ESTHER GONZÁLEZ PILLADO PABLO GRANDE SEARA TERESA MARTÍNEZ TÁBOAS VÍCTOR MORENO CATENA JOSÉ IGNACIO PRIETO LOIS STEFANO RUGGERI HELENA SOLETO MUÑOZ JOSÉ ALBERTO REVILLA GONZÁLEZ CARLOS VARELA GARCÍA
© Esther González Pillado y otros
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9004-718-7 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Índice Presentación..............................................................................................
Esther González Pillado Catedrática de Derecho Procesal. Universidad de Vigo
Víctor Moreno Catena Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid
Sección Primera MEDIACIÓN CON MENORES INFRACTORES EN ESPAÑA Capítulo I Origen y evolución de la Justicia Penal de Menores en España..................
Teresa Martínez Táboas Profesora Contratada Doctora de Historia del Derecho. Universidade de Vigo
Capítulo II La mediación como manifestación del principio de oportunidad en la Ley de Responsabilidad Penal de Menores.................................................
Capítulo III La mediación penal con menores infractores en la LORPM......................
Ignacio Colomer Hernández Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Capítulo IV El papel del equipo técnico en la mediación con menores infractores........ 129 José Ignacio Prieto Lois Director C. E. Xunta de Galicia. Ex-Director de Equipos Técnicos de Jurisdicción de Menores de Galicia
Capítulo V Menores infractores: entre el riesgo social y el delito. Perspectiva desde la comunidad autónoma de galicia.......................................................... 163 Carlos Varela García Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia
Sección Segunda APUNTE SOBRE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES INFRACTORES EN PORTUGAL, FRANCIA, ITALIA, REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS Capítulo I El processo tutelar educativo y la mediación con menores infractores en Portugal............................................................................................... 201 Pablo Grande Seara
Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal. Universidad de Vigo Capítulo II El sistema de justicia penal de menores en Francia: aproximación a un modelo en cambio............................................................................... 255 José-Alberto Revilla González Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de Madrid
Capítulo III La justicia penal juvenil y la mediación con menores infractores en Italia.. 287 Stefano Ruggeri Profesor Titular de Derecho Procesal Penal. Universidad de Messina (Italia)
Capítulo IV La mediación penal con menores infractores en Inglaterra y Gales............ 345 Mª Dolores Fernández Fustes Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal. Universidad de Vigo
Capítulo V La mediación con menores infractores en Estados Unidos......................... 373 Helena Soleto Muñoz Profesora titular de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid
Presentación Esther González Pillado
Catedrática de Derecho Procesal Universidad de Vigo
Ya con anterioridad a la LO 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, la mediación entre el menor infractor y la víctima se presentó como un instrumento muy útil para resolver los conflictos derivados de la delincuencia juvenil, y ello pese a la falta de regulación expresa de esta figura en la LO 4/1992, Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores. Así, ya desde la década de los 90 del siglo pasado empezaron a aplicarse los primeros programas de mediación juvenil en España y, ante los buenos resultados alcanzados, su aplicación ha ido en aumento, impulsada, por supuesto, por la introducción de una regulación expresa en la actual Ley penal juvenil. Este creciente interés por la mediación con menores infractores llevó a un grupo de investigadores de varias Universidades, la mayor parte de ellos profesores del Master en Menores en situación de desprotección y conflicto social, Master de carácter investigador impartido en la Universidad de Vigo, a solicitar hace tres años, en 2008, una subvención a la Xunta de Galicia para estudiar la mediación con menores infractores en cuanto nueva forma de respuesta social ante la delincuencia juvenil. Ha sido, precisamente, esta ayuda concedida por la Xunta de Galicia, la que ha hecho posible la publicación de esta obra que hoy tiene en sus manos el lector1. Se trata de una obra colectiva en la que profesores de Derecho Procesal de las Universidades de Vigo, Carlos III de Madrid, Pablo de Olavide de Sevilla, Autónoma de Madrid, así como de la Universidad de Messina (Italia), junto con otros profesionales que trabajan en el ámbito de los menores infractores, analizan la
Esta obra se enmarca dentro del proyecto de investigación “A mediación entre a víctima e o autor do delito: unha nova resposta social fronte á delincuencia xuvenil” (INCITE08PXIB399239PR), con vigencia entre el 1 de octubre de 2008 y el 20 de octubre de 2011.
mediación penal con menores tanto en España como en otros países de su entorno cultural y social. De acuerdo con la finalidad perseguida con este trabajo y a efectos de una mejor comprensión, el mismo se estructura en dos secciones. La primera se dedica al estudio de la mediación en España, partiendo de sus orígenes históricos que nos llevan a considerar esta figura como bastante ajena a nuestra tradición en el tratamiento de la delincuencia juvenil, hasta el análisis concreto de su regulación actual en cuanto manifestación del principio de oportunidad dentro de nuestro proceso penal de menores, destacándose qué ventajas reporta esta forma de resolución de conflictos no sólo para los menores delincuentes, sino también para las víctimas y la sociedad en su conjunto. El estudio de los distintos preceptos que la LO 5/2000 dedica a la mediación ha sido especialmente minucioso, resaltándose aquellas cuestiones que están generando más dudas en el día a día de nuestros tribunales. Esta primera sección se complementa con dos capítulos de contenido más práctico que nos dan una visión de cómo está funcionando la mediación y cuáles son sus resultados en Galicia. Para ofrecer esta panorámica, hemos contado con la colaboración del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia y con la de quien, hasta hace pocos meses, ha ocupado el cargo de Director de los Equipos Técnicos de Galicia. La segunda sección trata de aproximarnos a la regulación y funcionamiento de la mediación en los países de nuestro entorno que se nos presentan más cercanos desde punto de vista social y cultural; en concreto, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. En estos casos, el objeto perseguido era no sólo analizar la regulación de la mediación con menores infractores sino también tener una visión general de la justicia penal juvenil en esos países. Al tratarse de una obra colectiva, he intentado como coordinadora, que los distintos capítulos que conforman la misma se integren perfectamente en un todo de tal forma que la obra final aparezca como una construcción orgánica en la que se analiza la problemática derivada del tratamiento de la mediación con menores infractores con claridad expositiva. Ése ha sido el propósito perseguido que espero sea apreciado por el lector.
Finalizo esta breve presentación con un agradecimiento a todos los autores que han participado en este trabajo por su esfuerzo y dedicación y confío en que el mismo sea útil tanto para todas las personas que día a día trabajan con menores delincuentes desde los distintos ámbitos, como para quienes quieren conocer una institución que sigue presentando buenos resultados en el tratamiento de la delincuencia juvenil y que, sin duda, tiene una gran proyección de futuro en nuestro país.
Introducción Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal Universidad Carlos III de Madrid
Sumario: 1. La autocomposición: los mecanismos alternativos a la jurisdicción para la solución de conflictos. 1.1. La negociación. 1.2. La conciliación. 1.3. La mediación. 2. Las ADR en el ámbito penal.
El proceso jurisdiccional, con toda su trascendencia, no es el único remedio para resolver conflictos, que también pueden resolverse negociando, acudiendo al arbitraje, la mediación o la conciliación. Por supuesto, la importancia del proceso proviene de que el tercero imparcial es un órgano preestablecido por el Estado para conocer de todos los conflictos jurídicos que surjan en el seno de la sociedad, estando para ello revestido, no sólo de auctoritas, sino también de potestas; la potestad del juez dimana de la soberanía popular y puede traducirse, en su caso, en una actuación coactiva, imponiendo la ejecución forzosa de su resolución. Es decir, el juez es instituido por el Estado que le hace depositario en exclusiva de la potestad jurisdiccional, constituida por una doble vertiente: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, según se dispone en el artículo 117.3 CE. Lo primero lo hacen con igual eficacia jueces y árbitros; la ejecución de lo juzgado, que puede requerir el imperium, queda reservada en cambio al órgano público, al órgano jurisdiccional. No obstante, las vías autocompositivas y heterocompositivas alternativas a la Jurisdicción (aunque preferiría emplear esa «a» de medios alternativos, como una «a» de medios más adecuados para la resolución de conflictos), suelen resultar más ágiles, eficaces y baratas que ésta. Ahora bien, las vías autocompositivas y el arbitraje tradicionalmente se han postergado al ámbito de los derechos dispositivos, imposibilitándose el acceso a ellas en el ámbito del derecho imperativo, como es el propio del derecho penal. Sin embargo, reformas legisla-
tivas recientes han posibilitado la autocomposición, como veremos, por lo que la aplicabilidad o no de los métodos alternativos de resolución de conflictos a las materias no dispositivas es posible cuando la norma así lo admita, como es el caso de la justicia de menores, objeto central de esta obra.
1. LA AUTOCOMPOSICIÓN: LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS A LA JURISDICCIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Como es de todos sabido, las ADR, Alternative Dispute Resolution, engloban formas de resolución de conflictos autocompositivas y heterocompositivas, entre las que se incluye el arbitraje. Centrándome en las distintas formas de autocomposición, que suponen la resolución del conflicto por las partes implicadas, se pueden distinguir de acuerdo con ALCALÁ-ZAMORA1, dos clases: unilateral, o bilateral, dependiendo de si el resultado de la autocomposición se realiza a través de la actividad o inactividad de una de las partes o de ambas. La autocomposición unilateral sería aquella actividad en que una de las partes realiza o deja de realizar —puesto que es posible que, tras no realizar la carga que determina la ley, la inactividad derive en finalización del proceso—, teniendo efectos en el proceso a través del desistimiento, el allanamiento o la renuncia. En lo que toca a la autocomposición bilateral, podemos diferenciar a su vez tres formas de resolución, en virtud de la participación o no de un tercero en el procedimiento y la forma de dicha participación. En cuanto a los efectos de la autocomposición en el ámbito del proceso, dependerá de la expresa admisión de los resultados del procedimiento de autocomposición por parte de la ley, o bien se podrán incorporar a través de las figuras de la transacción, desistimiento, renuncia o allanamiento, siempre que la norma permita este poder de
N. Alcalá-Zamora, “Proceso, autocomposición y autodefensa”, en Estudios diversos de Derecho Procesal, Barcelona, 1987, pp. 55 y ss.
disposición sobre el derecho objeto de la autocomposición, quedando en ocasiones la composición fuera del conocimiento procesal.
1.1.	La negociación La negociación es la forma de autocomposición en la que las partes discuten por sí mismas la resolución de su conflicto y controlan el resultado. La negociación puede realizarse entre las partes o, las más de las veces, entre sus representantes legales. En otros sistemas, como el estadounidense, es muy frecuente la “negociación asistida”; en la que las partes son auxiliadas por “facilitadores”. Dentro de esta “negociación asistida” también se puede enmarcar la mediación2. También se acude a figuras accesorias como la “Evaluación Experta”, el “Mini Juzgado” o el “Mini Jurado”. Su instrumentalización procesal será la transacción, de tal forma que cuando las partes lleguen a un acuerdo, lo harán valer ante los tribunales a través de la transacción, aunque también podrán utilizar la renuncia, el allanamiento o el desistimiento.
1.2.	La conciliación En principio, la distinción entre conciliación y mediación no es evidente: ambas figuras se confunden en distintas legislaciones y doctrina, sin embargo, en los últimos tiempos se observa una mayor definición de la mediación, al identificarse con un tipo de autocomposición en el que el tercero mediador tiene una formación específica y utiliza determinadas técnicas. La conciliación quedaría entonces en el campo genérico de la resolución “amigable” o autocompositiva, así como en aquellos casos en los que la ley prevea el acceso a un acto en el que se procure el acuerdo de las partes. En el marco del derecho español GIMENO considera que la distinción radica en el carácter espontáneo de la mediación3 y el institucionalizado de la conciliación, pero también puede entenderse que
T. Butts Griggs, La mediación en el proceso. Apuntes sobre mediación y gestión de la ira, ICAM, marzo 2005, p. 2. V. Gimeno Sendra, Introducción al Derecho Procesal, Madrid, 2003, p. 21.
en la conciliación la intervención consiste en intentar aproximar las posturas de los contendientes y que ellos obtengan la solución, mientras que en la mediación el tercero podría facilitar diferentes salidas al conflicto4. En el sistema establecido por la LEC, el acto de conciliación resulta voluntario y se remite a la antigua LEC (arts. 460 ss. LEC de 1881) en su regulación para aquellos casos en los que se quisiera practicar. Por otra parte, también se prevé en un momento inicial del proceso, en la audiencia previa en el proceso ordinario (art. 415 LEC) en el que las partes podrán conciliarse. La naturaleza del acto de conciliación es la de una institución de jurisdicción voluntaria, de acuerdo con ALCALÁ-ZAMORA, HERCE y la jurisprudencia (STS de 5 de noviembre de 1976), y por tanto se trata de una actividad judicial, pero no jurisdiccional5.
1.3.	La mediación La mediación aparece como una forma de resolución alternativa a la jurisdicción, a través de la cual las partes en conflicto llegan por sí mismas a una solución con la ayuda de un mediador, que con su formación ofrece a las partes nuevas vías de diálogo y entendimiento. Entre las características principales de la mediación se encuentran la voluntariedad y la igualdad entre las partes, pudiéndose acceder a ella de forma autónoma respecto de la jurisdicción, así como una vez planteado el conflicto ante la jurisdicción. Con la mediación se han solventado aquellos problemas que tradicionalmente surgían sobre todo en los asuntos internacionales (hemos conocido la presencia de mediadores en los conflictos como el del Ulster, donde intervinieron centros de mediación internacional o personas como Alfonso Pérez Esquivel que actuaron como mediadores internacionales). Se han solventado conflictos de índole laboral, incluso con una institucionalización española de los centros y servicios de mediación arbitraje y conciliación en el ámbito laboral.
V. Moreno Catena, Introducción al Derecho Procesal, Valencia, 2005, p. 41. V. Moreno Catena, Introducción al Derecho Procesal..., op. cit., p. 41.
La mediación se ha asentado en España de forma muy incipiente y hay mucho camino por recorrer. Sería necesaria la colaboración de jueces, de la sociedad española y de los operadores jurídicos. Cuando ha sido comprendida la necesidad y las ventajas de la mediación ha sido cuando se ha empezado a asentar en el ámbito familiar. Así, con las leyes autonómicas de mediación familiar poco a poco se ha ido descubriendo en el contexto social e pañol que hay otro modo de solventar conflictos familiares entre parejas que quieren seguir siéndolo, o hijos que van a ser hijos de sus padres, y padres que siempre van a ser padres de sus hijos, y esto es un timbre o un estigma, según e entienda, indeleble, la relación paterno filial, por mucho que pueda pesar. Para solventar este tipo de conflictos, la mediación ha funcionado, con mayor éxito en el ámbito de las relaciones paterno-filiales que en el de los procesos matrimoniales, o de pareja en sentido amplio. A pesar de la inversión pública en mediación los resultados son poco esperanzadores o poco prometedores, y ello debido probablemente a razones culturales, que provocan que no se haya profundizado más en este tipo de mediación. La mediación está empezando recientemente a aflorar en ámbitos como el civil/mercantil y penal, incluso cuando en este último se pensaba que no podría tener cabida sin embargo es esperable que en la LECrim termine reconociéndose y regulándose la mediación, y la derivación a la mediación.
2. LAS ADR EN EL ÁMBITO PENAL La posibilidad de acudir a una ADR es evidente en el ámbito de los derechos disponibles, pero ¿qué ocurre con los que no lo son? La ausencia de las «transacciones», por ejemplo en el ámbito penal, no es absoluta, y menos tras las últimas reformas operadas en la LECrim por la Ley 38/2002 y la LO 8/2002. En efecto, el antiguo artículo 791.3 de la LECrim, ya contemplaba la posibilidad de que el acusado prestase su conformidad. Pero el actual artículo 801.2 LECrim señala que entonces la pena solicitada se reducirá en un tercio si la pena no fuera superior a tres años de privación de libertad o de diez años en otro caso.
Estamos ante la delicada cuestión del principio de oportunidad reglada en el proceso penal que demanda urgentemente atención por parte de los legisladores. Uno de los principales problemas que plantea el principio de necesidad se refiere a la proliferación de zonas de discrecionalidad implícita entre los órganos encargados del ejercicio de la acción penal, tanto mayor cuanto más rígidamente se configura el mencionado principio6. Fuera de la discrecionalidad técnica, que exige una calificación jurídica de los hechos como presupuesto del ejercicio de la acción penal, la discrecionalidad implícita es una consecuencia directa, ni querida ni reconocida del principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal pero claramente presente en el funcionamiento de nuestro sistema de enjuiciamiento penal7. Aunque los medios materiales y humanos con que cuenta la Administración de Justicia han crecido, también lo han hecho los índices de delincuencia y, sobre todo, las garantías en los procesos penales de las modernas sociedades democráticas —al menos hasta el 11 de septiembre de 2001—. Esto introduce el problema de la escasez de medios en el ámbito de la Justicia penal. Los órganos públicos de investigación, enjuiciamiento y ejecución se ven, en la creciente necesidad de adoptar decisiones que implican una elección de prioridades en la lucha contra la criminalidad. Se trata de decisiones que, en el mejor de los casos, conllevan un orden de prioridad, pero que en no pocas ocasiones conducen a que mucha notitiae criminum, generalmente en infracciones de menor gravedad, queden sin respuesta o reciban menos atención. Intentando descomponer los distintos momentos en que surge esta discrecionalidad implícita, nos encontramos con una primera manifestación de la misma en la llamada cifra negra de la criminalidad, esto es, en los delitos que, por falta de denuncia de las víctimas no llegan a conocimiento de los órganos encargados de la investigación
Vid., entre otros, Hassemayer, La persecución penal: legalidad y oportunidad (trad. Cobos Gómez de Linares), en Jueces para la Democracia, nº 4, 1988, p. 9. Vid. Sainz Moreno, “El Ministerio Fiscal y la defensa de la legalidad”, en Revista de Administración Pública, nº 108, 1985, p. 155.
oficial8. Este primer filtro, provocado por una inactividad ciudadana que no deja de mostrar una clara desconfianza hacia el sistema penal y un reconocimiento implícito a la imposibilidad de una respuesta adecuada sobre todo en lo relativo a la pequeña delincuencia, viene justificado por muy diversas causas, que afectan tanto al orden o extracción social de la víctima, como a la índole del delito9. En un segundo escalón conviene hacer referencia a la falta de control que existe en la iniciación de procedimientos penales cuando la notitia criminis llega a los órganos encargados de la investigación oficial por vías no ordinarias, esto es, mediante la aprehensión directa por Jueces y Fiscales de los hechos aparentemente delictivos. De esta forma, la selección o discrecionalidad implícita afecta no sólo a las noticias de delito formalmente comunicadas —denuncia o querella—, sino que se manifiesta muy especialmente en la inactividad, abstención o inercia ante hechos con apariencia delictiva que exigirían una intervención de oficio por parte de los órganos encargados de la investigación oficial. Finalmente y en un tercer escalón, la discrecionalidad implícita brota también a lo largo del propio proceso penal. En efecto, el incremento constante del índice de procedimientos incoados, reflejado en las sucesivas memorias de la Fiscalía General del Estado10, pone de relieve la necesidad de introducir criterios de selección de prioridades que impidan un colapso en la administración de la Justicia penal. Por ejemplo, habrá que plantearse si nuestra Justicia penal puede permitirse el actual sistema de instrucción judicial, con casi seis millones de diligencias previas, la mayoría de las cuales no llevan más que a un sobreseimiento. Voces no faltan que propongan pasar al modelo de instrucción a cargo del Ministerio Fiscal11. La imposibilidad de perse-
Vid. López Barja, “El principio de oportunidad”, en Vinculación del juez a la ley penal, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, junio, 1995, p. 155. V. Gimeno Sendra, Fundamentos del Derecho Procesal, Madrid, 1981, p. 196. Cfr. Memoria del Consejo General Judicial (http://www.poderjudicial.es) y Memoria de la Fiscalía General del Estado que hemos podido cruzar con datos —no publicados— del Ministerio del Interior. Por todos, V. Moreno Catena y V. Gimeno Sendra, La reforma del proceso penal, sendas conferencias pronunciadas en el Curso de Verano de la Univer-
guir todos los delitos denunciados provoca una diferente intensidad en la investigación que, sujeta a criterios personalísimos del Juez instructor o del Ministerio Fiscal, se traduce en una diferente asignación de medios y esfuerzos, lo que termina explicando un elevado número de sobreseimientos por falta de autor conocido12. A la vista de la resumida panorámica que se nos ofrece, no es difícil convenir en que el núcleo de todos los problemas está en la falta de control, uniformidad y responsabilidad con que la ineliminable discrecionalidad viene ejercitada. La ausencia de una respuesta normativa adecuada que haga emerger esta cuestión abandona zonas muy amplias de la política criminal en manos de una estructura autónoma —Ministerio Fiscal—, cuando no independiente y difusa —Poder Judicial—, a la que es de todo punto imposible exigir la necesaria coordinación y responsabilidad que dicha discrecionalidad comporta. Desgraciadamente, la Justicia penal también sufre el problema de la escasez, por tanto, si algunos asuntos necesariamente van a quedarse con escasa o, directamente sin atención, es preferible establecer legalmente cuáles, en lugar de dejarlo al azar o criterio personal de unos órganos sobrecargados. No se trata de eliminar márgenes de maniobra, sino de regularlos, esto es, de hacer política criminal. La necesidad de agilizar la Justicia penal, en línea con lo propugnado en la Recomendación 18 (87) del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, ha determinado, como señala GIMENO13, la introducción en nuestro modelo de proceso penal de determinadas innovaciones que aproximan nuestra conformidad a los denominados sistemas de transacción penal. Tales innovaciones consisten fundamentalmente en la posibilidad que se le confiere al acusado de formalizar su conformidad “conjuntamente con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal”. En la medida en que la decisión corresponde siempre a la defensa, constituye, como sigue señalando el autor citado, una mani-
sidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 14 de junio de 2003. Vid. Mª. I. González Cano e I. Romero Pradas, “El principio de oportunidad reglada”, en La reforma del proceso penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, p. 710. V. Gimeno Sendra, Derecho Procesal Penal (con Moreno y Cortés), Madrid, 1999, p. 600.
festación clara del principio de oportunidad ya que no queda sujeta a prestación o condición alguna, sino únicamente al cumplimiento de la pena impuesta. La conformidad se puede dar en distintos momentos del proceso: en la instrucción, caso en el que puede ser “premiada”, por remisión del artículo 779.1.5° al 800 y 801 LECrim (supuesto en el que ante la respuesta afirmativa por parte de la acusación a la pregunta referida a la formulación de escrito de acusación de acuerdo con la conformidad del acusado, se tramitarán diligencias urgentes si la pena es inferior a tres años de prisión, o de diez años de otras penas), en los juicios rápidos (art. 801 LECrim), en la fase intermedia (art. 655 LECrim), al inicio del juicio oral (art. 787.1 LECrim) e, incluso, en el juicio por jurados, al final de la prueba (art. 50 LOTJ). Por otra parte, también se hace referencia a la conformidad en el inicio del juicio oral, al regularse la “confesión”, en el artículo 688 LECrim., y que tendrá los efectos de vinculación del artículo 655 LECrim a la pena solicitada si la pena es menos grave, “correccional”. Por el contrario, la confesión en otro caso no tendrá como efecto la vinculación del Tribunal a la autocomposición realizada, salvo que fuera la única prueba de cargo, caso en el que algunos autores consideran que estamos ante una prueba tasada (en este caso, entonces, la confesión ejercería sus efectos como prueba tasada, pero no como acto de disposición de la parte, a diferencia de los demás actos de conformidad citados). En general, se puede establecer que donde se permita la conformidad, es decir, donde pueda tener el efecto de vincular al Tribunal en la petición de la pena, es posible la “transacción”; en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al establecerse en el artículo 787, que antes de iniciarse la práctica de la prueba en el procedimiento abreviado, existe la posibilidad de que la defensa se conforme con la calificación realizada o con el nuevo escrito de calificación que se presente en este momento, se está realizando una expresa referencia a dichos acuerdos. En el ámbito de la Justicia de menores es donde de forma más evidente se admite la mediación, con el fin de que el agresor y la víctima lleguen a un acuerdo relativo a la reparación del daño, que en muchas ocasiones pasará simplemente por la admisión del daño o la petición de perdón a la víctima.
De forma expresa, en el artículo 19 de la LO 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, se alude a la resolución alternativa de conflictos: podrá desistir el Ministerio Fiscal de la continuación del expediente atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor “y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico”. Este resultado se podrá alcanzar previsiblemente por la simple negociación o conciliación, o, de forma más adecuada, a través de la mediación, a la que se hace referencia en el apartado tercero del citado artículo 19 LO 5/2000: «el correspondiente equipo técnico realizará las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado... e informará al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento”. En lo que toca a los malos tratos, ha de ponerse en relieve la exclusión de la mediación por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, exclusión curiosa, cuanto más si en otros países está dando un resultado muy positivo14. Entendemos que allí donde exista un margen de disposición, pueden darse las técnicas de resolución alternativa de conflictos, concretamente la negociación o la mediación, con el fin de dar fin al proceso penal. Así los momentos procesales en los que se permite la conformidad, pueden ir precedidos de una negociación más o menos compleja que pueda englobar un procedimiento de mediación. A diferencia de aquellos casos en los que se prevea expresamente dicha mediación, esta actividad sólo se llevará a cabo a costa de las partes o a iniciativa del Ministerio Fiscal o del Juez.
J. M. Busto Lago, “Violencia doméstica: algunas respuestas desde el derecho civil (II)”, Revista de Derecho de Familia, nº 20, 2003, p. 79; H. Soleto Muñoz, “La mediación en el ámbito de la ruptura matrimonial”, en Familia, matrimonio y divorcio en los albores del siglo XXI (dir. Lasarte), Madrid, 2005.
La mediaci贸n penal se est谩 realizando con buenos resultados en el 谩mbito de los menores, y nada impide que se pueda realizar en los espacios en los que la conformidad se admita.
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References: resolución 
 artículo 117
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 791
 artículo 801
 artículo 779
 artículo 688
 artículo 655
 artículo 787
 artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 resolución