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Timestamp: 2018-09-23 07:35:55+00:00

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Cómo Elaborar Una Demanda Contencioso Administrativa en Contra Del Silencio Administrativo Negativo – Modelo de Demanda Contencioso Administrativa Laboral Contra El Silencio Administrativo Negativo
0738_Moriel
Revisión de actos administrativos en España
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Pregutnas 15 y 16.pdf
Instruccion Del Procedimiento Derecho Laboral
Revocación Directa de Acto Administrativo Presunto en Cumpli
Apelacion ficta badillo julio 2016.doc
Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 6. Nº 11. Abril - Septiembre 2009 Pág.
El derecho de petición y las finalidades del silencio
administrativo. Algunas concepciones doctrinarias
The petition of right and the core aims of the administrative silence,
plus some doctrinal conceptions
Abogado, especialista en derecho administrativo, docente de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Autónoma del Caribe
Email: Abel.berdejo@hotmail.com
Recibido: Abril 3 de 2009
Aceptado: Junio 4 de 2009
Este artículo de reflexión es resultado de la investigación titulada “Disquisiciones jurídicas sobre el silencio administrativo
en Colombia” realizado al interior del grupo de investigación de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos del programa de
Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe. Se realiza un análisis de algunos aspectos del derecho de petición y del
controversial tema del silencio administrativo en sus diferentes variantes, subrayando algunas concepciones de carácter
doctrinario de notables tratadistas del derecho administrativo al igual que la jurisprudencia pertinente. Se busca explicar y
justificar la razón de ser de tal institución, así como destacar la postura asumida por el autor frente a los interrogantes que
se suscitaron durante la investigación. Es relevante destacar las escasas disposiciones incluidas en el Código Contencioso
Administrativo del país, particularmente las referidas al silencio negativo sustancial y al silencio procesal, lo cual permitió
que las reflexiones iniciales se convirtieran en un proyecto de investigación.
Palabras clave: derecho administrativo, derecho de petición, silencio administrativo, silencio negativo sustancial, silencio procesal
This article is the result of a research project entitled “Legal disquisitions about administrative silence in Colombia”
carried out within the research group of social, political and legal studies law program at the Autonomous Caribbean
University. An analysis of some aspects of the right of petition and the delicate and controversial issue of administrative silence is done in its different variants, highlighting some doctrinal conceptions of notable writers on administrative law as jurisprudence, which tend to explain and justify the rationale for such an institution. , And obviously, the
position we took about this questions that were raised during the investigation. It is incredible that the few provisions
included in the Administrative Code of the country, particularly those affecting the substantial negative silence and
silence procedure, have allowed us to take more on the account about so interesting on discipline, having been really
surprised, because it initially prepared as a simple test for a magazine or legal disclosure information eventually grew
Key words: administrative law, right to petition the administration, in substantial negative silence, a silence procedure
porque de manera un tanto eufemística se detuvo más en consideraciones abstractas sobre dicho tema. Por consiguiente. la Contraloría General de la República y las contralorías regionales. Con fundamento en esa expresa autorización fue expedido el Decreto 2733 de 1959 que en su contexto. el llamado que se les formula a través del derecho de petición. tienen unas connotaciones jurídicas que es perentorio definir en atención a los alcances que de ellas puedan desprenderse. Y tampoco permite ser impugnado en sede administrativa por cuanto la ley no establece ningún recurso legal para tales fines. la Procuraduría General de la Nación. ni siquiera a quien formuló la solicitud. Se destaca también el derecho de petición en interés particular. La concepción filosófica del citado derecho de petición encarna en sí la opción que tiene el ciudadano o gobernado para acceder ante los organismos y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes (legislativo. C. debido a que de manera excluyente el tercer inciso del art. Atendiendo el orden de colocación de la reglamentación del derecho de petición en la legislación colombiana. la que vie- Se hace referencia en esta oportunidad a las determinaciones expresas que emanan de la administración. puede consistir en la remisión de un oficio informando al respecto. el procedimiento gubernativo. garanticen o mantengan derechos previamente establecidos en las leyes. y en instrucciones un tanto vagas para hacerlo efectivo en realidad. esto es. C. el Ministerio Público. la decisión expresamente acordada por la entidad oficial encargada de atender y despachar el derecho de petición de proyecciones colectivas. que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución”. no es un acto administrativo general. subdividido en tres capítulos. La decisión que se tome al respecto afectará como es obvio solamente al interesado. solamente obliga a la entidad que la ha expedido a comunicar su resultado por cualquier medio hábil. Lo que conduce a precisar conceptualmente que la determinación tomada por el Estado para darle el curso legal al derecho de petición en interés general constituye un acto sui generis que no permite ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa con la finalidad de que sea anulado. le fueron otorgadas facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República con fundamento en el ordinal 12º del artículo 76 de la Carta Política vigente en ese entonces. Al seguir los lineamientos concretos que el C. lo que equivale a que no tiene control jurídico de legalidad por la vía judicial. en las 26 . una declaración concreta de su querer para atender y despachar de manera directa. las decisiones que suelen tomar los entes administrativos competentes que reciben las solicitudes en ejercicio de ese derecho fundamental. ya que no debe ser publicado. o de un telegrama o de un fax u otro medio electrónico. la Registraduría Nacional del Estado Civil. tal determinación no es publicada para hacerla conocer a nivel colectivo.que aparece manifestada externamente y con clarísima intencionalidad su voluntad. 43. El derecho de petición L iteralmente consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de 1886. Y tampoco alcanza a ser un acto administrativo subjetivo. No obstante. sino por no ser notificado a persona alguna. el cual persigue primordialmente que se reconozcan. (Ibidem). fue excesivamente parco el expresado decreto en torno al derecho de petición. legisló sobre el derecho de petición. A. ejecutivo y judicial). el derecho de petición fue significativamente relegado al olvido por el Congreso de Colombia. lo mismo que en relación con las entidades descentralizadas. A. no solo por sus repercusiones globales. Solo en 1958. tanto naturales como jurídicas.. mediante la Ley 19. En la actualidad la Carta Política de Colombia determina en la primera parte del artículo 23. ni se le notifica de manera personal o en otra forma equivalente al peticionario directo. se observa que el que vaya a ser impetrado en interés general se encuentra ubicado en el Capítulo II de la Parte Primera del C. sea para acceder totalmente o no a lo que el interesado pretende. tiene dispuestos en torno al derecho de petición. entre otras cosas para la reorganización de la administración pública y la simplificación y economía en los trámites y procedimientos. el Consejo Nacional Electoral. objetivo o reglamentario. y acerca de la revocatoria directa de los actos administrativos. Este medio hábil de comunicación como lo llama la norma anteriormente señalada. al no reglamentarlo convenientemente a través de una legislación especial para que su ejercicio fuera posible. de los cuales no esté gozando el solicitante o se pretenda conculcarlos. incluyendo también a las entidades privadas cuando unos y otros cumplen funciones administrativas. con un alcance total por cuanto se extiende a todas las personas. O haciendo difusión de un aviso publicitario que permita conocer lo que la administración ha resuelto con ocasión de la invocación del derecho de petición en interés general. que al ser despachado oportunamente por el ente estatal que lo ha recepcionado. o apenas para favorecerlo en forma parcial.
se inicia con la solicitud de la persona interesada ante el organismo estatal que tenga la competencia para resolverlo. los resultados se concretan en simples respuestas que no comprometen en forma alguna la responsabilidad de la entidad que las suministra. en muchas ocasiones se desatiende por completo esa obligación. tales respuestas tampoco son actos administrativos. ISSN 1692-8571.Septiembre 2009 Pág. 6. lo que resulta lógico y siempre deseable por cuanto se trata de darle solución a un derecho fundamental que se debe garantizar a plenitud. En caso contrario se notificará esa negativa al peticionario y al Ministerio Público. consagra como un derecho fundamental de acceso a todas las personas. Asimismo. Falta de decisiones expresas: el silencio administrativo Por consiguiente. o en su negativa. C. En conclusión. el que por expreso mandato del artículo 35 del C. razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario. consciente o inconscientemente. lo que debe quedar formalizado dentro de los diez días siguientes a la fecha de la solicitud según el artículo 22 del C. Vol. 25-32 A través de la expedición de ese acto administrativo subjetivo que puede acceder o no a lo pedido. esto es. A.. no queda duda de que esa conducta totalmente omisiva que ha asumido el Estado por conducto de sus agentes. Nº 11. ne a consistir en un acto administrativo subjetivo. según se desprende del artículo 23 de la antes citada codificación. Si lo anterior ocurre. lo que sin duda constituye una flagrante violación del derecho fundamental de petición. siendo esta última un acto de carácter subjetivo o en la absolución de la consulta que es apenas una respuesta que contiene un parecer o apreciación de la entidad o del funcionario emisor. C. expresó: 27 . N. Lo cual denota que la decisión que deniega las informaciones solicitadas o la compulsa de las copias de documentos. sin consecuencias jurídicas de ninguna índole. si es un acto administrativo subjetivo. o un acto administrativo subjetivo si son de interés particular o bien. debe ser motivado por lo menos de manera sumaria o breve. T-391/94. En los casos anteriormente analizados en que el Estado atiende oportunamente el derecho de petición que se le formule. No obstante que tanto el artículo 23 constitucional como el artículo 31 del C. independientemente de que dicha decisión le sea favorable o adversa a quien la promovió. la entidad estatal que lo emita cumple a cabalidad el mandato constitucional del artículo 23. En tal sentido. particularmente por los organismos adscritos a la cosa pública. y el deber por parte de las mismas de resolver con prontitud. si lo resuelto por el Estado atañe a peticiones sobre informaciones o acerca de la expedición de copias de documentos oficiales no reservados. mediante una rápida y oportuna resolución de las solicitudes que en términos comedidos les sean formuladas (y siempre que aquellas sean las competentes para resolverlas). choca abiertamente con el expreso mandato contenido en las normas legales anteriormente mencionadas. es la permanente oportunidad de formalizar peticiones respetuosas ante las autoridades competentes. las que deben ser absueltas dentro del plazo máximo de treinta días. Pues el derecho de petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante. actuando estas en función administrativa. Porque lo que el articulo 23 de la C. “El derecho fundamental de petición se ve satisfecho cuando existe una pronta resolución a la solicitud formulada. y no se produce ninguna actividad cierta que responda al clamor del peticionario que va en busca de soluciones individuales. este quedará totalmente satisfecho.Justicia Juris.. A. en el suministro de la información requerida o la expedición de copias de documentos. (Los párrafos subrayados no lo están en el original). Abril . Apenas se comunican a la persona interesada. En las anteriores modalidades se subsumen las soluciones directas o expresas que la administración está obligada a dispensarle al derecho de petición en sus diferentes aspectos. imponen a todas las autoridades estatales cuando actúan en función administrativa el deber de hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición. Y en lo que compete al derecho de petición relacionado con las consultas que verbalmente o por escrito se soliciten. y se agota con la respuesta oportuna que puede ser un acto oficial sui generis como sucede con las pretensiones de interés general. el derecho de petición en lo que a su ejercicio se refiere. la Corte Constitucional en la sentencia No. A. aunque la respuesta sea negativa”. como medio para obtener la protección o reconocimiento de otros derechos. contra la que son procedentes los recursos legales y las acciones judiciales correspondientes según el inciso final del artículo 23 (Ibidem). dentro de los términos precisos que la ley ha determinado para hacerlo. siendo indiferente que se conceda o no lo pretendido al que lo haya invocado. si resulta favorable no se notifica sino que se le da inmediato cumplimiento. por lo que ni se publican ni se notifican. con estos últimos. C. con lo cual se le da una estricta aplicación a ese derecho fundamental. No puede confundirse el derecho de petición.
se tiene por otorgado lo que el petente pretende que le sea concedido. por considerar que viola en forma directa el artículo 23 de la Carta Política que ha encumbrado al rango de derecho fundamental las peticiones respetuosas que se formulan ante los entes estatales. En cuyo evento ese silencio de la administración equivale a que esta accede a la consulta o a que se suministren las copias solicitadas. siempre que no tengan el carácter de reservados. referente al derecho de petición cuando mediante éste se pretenda la consulta de documentos que reposen en las oficinas Como el silencio negativo sustancial y el silencio negativo procesal producen consecuencias de derecho adversas a los gobernados.. C. En resumen. el silencio de la administración equivale a decisión positiva. muy excepcionales. o cuando estén relacionados con la defensa o la seguridad nacionales. sobreentendida o tácita. contrariamente. es común a ellos la indiferencia de la administración pública. dando por fallida la pretensión concreta a que aspira el solicitante. Sin perjuicio de ratificar ahora nuestra posición en torno al silencio administrativo. de reemplazar uniformemente lo que el Estado ha dejado de hacer. El primero de esos casos se conoce como silencio administrativo negativo. lo que como consecuencia conlleva no reformar o revocar los actos administrativos recurridos. Dijérase complementariamente que se trata de un paliativo para suplir o tapar la falta de definición por parte del Estado al derecho de petición anteriormente formulado. otorga también callando. se entenderá que ésta es negativa. accediendo a ellas. Haciendo también extensivas las siguientes observaciones al silencio procesal. enfocaremos algunas concepciones de carácter doctrinario que propenden explicar y justificar la razón de ser de tal institución. A. Porque según la norma en cita. a ignorarlos por completo. tanto el negativo como el positivo. que fuera modificado por el artículo 25 de la Ley 57 de 1983. lo que da como resultado funesto para el recurrente la denegación de esos medios directos de impugnación. El que en la mayoría de los casos en los que aparece legislado. es de concluir que para ambos silencios. Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva. para presumir en cambio que sí se ha producido un pronunciamiento administrativo que en realidad nunca existió. con anterioridad. ya había dado vida al silencio administrativo positivo. los que por tal razón quedan en firme. públicas. concediéndole efectos jurídicos plenos a su propia conducta omisiva. el artículo 22 (Ibidem). Y la otra eventualidad que suele ser llamada silencio administrativo positivo. dentro del término de caducidad que la ley establece. referenciado en el artículo 60 del C. el silencio administrativo. y en otros. que tiene lugar cuando el Estado no decide dentro del término prefijado por el legislador los recursos que hayan sido interpuestos para agotar la vía gubernativa contra los actos administrativos subjetivos. Y en el silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales. De allí que el silencio administrativo positivo sea excepcional. para eludir la resolución pronta y oportuna que se le debe prodigar al derecho de petición. veamos según el criterio de algunos expositores 28 . pero dejando a merced de la ley la voluntad de darle vida concreta a dicha figura. y en el segundo de tales. para permitir entonces que sean demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. gracias a la inactividad total de los entes estatales. constituyen una forma facilista. la falta de decisión de esos recursos legales equivale a no tenerlos en cuenta. que el silencio administrativo de carácter positivo puede tener lugar. en el primer inciso del artículo 40 anuncia en los siguientes términos: Silencio negativo. a través de la figura conocida legal y doctrinariamente en forma genérica como silencio administrativo.Ante la muy frecuente posibilidad de que no se tomen oportunamente decisiones administrativas alrededor de la formulación del derecho de petición. equivale tácitamente a negar de plano lo que se ha solicitado mediante el ejercicio del derecho de petición que a la postre ha resultado insoluto. o que se expida copia de ellos. que es del siguiente tenor: Silencio positivo. que el C. aparece mencionada en el artículo 41 (Ibidem). A. ya que requiere para su existencia jurídica real que sea especialmente consagrado. niega al callar. puesto que en el de carácter negativo. Empero. Enunciando apenas la última de las disposiciones transcritas. ha sido creada a manera de sustituto coyuntural una forma cómoda. C. si dentro de los diez días siguientes a la solicitud no se le ha dado respuesta al peticionario. prohijada por la propia ley. en el primero de los casos. De lo anteriormente expuesto.
o reposición y subsidiario de apelación). ISSN 1692-8571. es entonces una prerrogativa. sino que el solicitante se someta en su petición a las condiciones y requisitos previamente establecidos. A. una sanción a la morosidad o desidia de la administración pública en contestar o resolver. que se entiende como “denegación presunta”. o de alcanzar algún derecho especial igualmente garantizado. 2002. 1997. la inactividad de la administración. Reimpresión. Vol. Por otra parte. Jairo Enrique. la decisión o el recurso no son decididos por la autoridad competente dentro del plazo legal para ello. Página 158. si sus efectos no le conceden lo que haya solicitado mediante el derecho de petición en interés particu- 1 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Bogotá. 1 Y en esta eventualidad el silencio positivo entra a suplir. cuando este no toma una decisión al respecto dentro del plazo preclusivo que la ley en cada caso específico consagra. quienes necesitan de la oportuna solución a sus reclamos. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. en primer lugar. Bogotá. se puede considerar tal resultado como una sanción contra el Estado por no haber resuelto oportunamente. el silencio positivo que de allí se deriva. considerar como lo considera el tratadista glosado en esta oportunidad. que el silencio administrativo es una garantía para los derechos de los gobernados. 29 . Es una especie de sanción a la inercia administrativa y una garantía para los derechos de los administrados. ¿cómo se puede calificar como una garantía para el gobernado la falta de una decisión oportuna.Septiembre 2009 Pág. para que este tenga lugar no basta la formulación del derecho de petición en interés particular encaminado a lograr alguna concesión previamente consagrada por la ley. el doctor Jairo Enrique Solano Sierra. sobreviniendo respecto a la primera petición que el interesado formula ante el Estado. por sí solo el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. lo que le permite. pues la eficacia de los derechos depende en la mayoría de los casos de la prontitud y diligencia de las decisiones de los administradores de la cosa pública”. Derecho Procesal Administrativo y Contencioso. que viene a ser una ostensible violación del derecho de petición? Porque en caso contrario no se tendrá por concedido tácitamente lo que el peticionario pretenda. con la observancia de los requisitos previstos en la ley. 25-32 de derecho administrativo. Además. 2 En consecuencia. quienes necesitan de la oportuna solución a sus reclamos y recursos. consagrada en el ordenamiento jurídico ante el silencio de la administración. porque de todas maneras hubiera decidido favorablemente a los intereses del solicitante. 6. Décima Edición. emite el siguiente concepto: “El silencio negativo es una presunción legal a favor del administrado o particular. Derecho Procesal Administrativo. interpuestos por el peticionario o por personas interesadas en la actuación administrativa alguno de los recursos ordinarios señalados en la ley (reposición o apelación. porque los efectos jurídicos que de él se derivan le otorgan al peticionario lo que le ha solicitado al Estado. En primer término procedemos a transcribir lo que el tratadista Miguel González Rodríguez conceptúa sobre el particular: “Se da la figura conocida con el nombre de silencio administrativo cuando quiera que. Nº 11. porque esto lo ha de conducir a agotar la vía gubernativa si así lo prefiere. o cuando quiera que. Otro comentarista colombiano de derecho administrativo.Justicia Juris. cuáles son la finalidades de esas figuras. Pero no lo consideramos así si en cambio ese silencio resulta ser el negativo. con sobradísima razón y con arreglo a la ley. o a acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. C. Al enfatizar el mentado expositor que el silencio administrativo es una especie de sanción a la inercia administrativa. sino que propende a la salvaguarda jurídica de los intereses del administrado ante la ocurrencia de ese comportamiento”. es valedera solamente si se trata del silencio positivo por el cual se decide en favor del solicitante lo que este pretende que se le conceda. no No se entiende la razón de este expositor para afirmar. dentro de los plazos establecidos. 41 del C. puesto que este silencio es excepcional como lo predica el art. no se notifica decisión al respecto. No es. por corresponder sus efectos jurídicos a los de un acto administrativo reglado. que el silencio negativo repercuta a favor del administrado. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda. Miguel. se podría considerar así en principio pero únicamente cuando se trata del silencio positivo. Página 83. Abril . que se constituye como garantía cuando habiendo formulado una petición o interpuesto los recursos procedentes. entonces. si la petición reúne esos requisitos mínimos y el interesado no obtiene una respuesta oportuna. formulada una petición a la administración. por el simple silencio que guarde la entidad receptora durante el período dentro del cual deba resolver. y esto será analizado con detalles cuando examinemos el silencio positivo. 2 SOLANO SIERRA. No obstante.
sin la 3 Anales del Consejo de Estado. con fundamento en el inciso segundo del articulo135 del C.lar formulado por él. De esta manera. es la permanente oportunidad de formalizar peticiones respetuosas ante las autoridades competentes. o si será preferible utilizar la garantía del silencio para someter inmediatamente su caso a la revisión jurisdiccional” 3. es importante señalar que la Corte Constitucional. está otorgando una garantía al gobernado para que decida. independientemente de que dicha decisión le sea favorable o adversa a quien la promovió y por lo tanto no se debe entender “conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario. según le convenga. T-391/94. choca abiertamente con el expreso mandato De acuerdo con esta última transcripción. en el salvamento de voto manifestado en el seno del Consejo de Estado. a fin de que sea esta la que determine a través de una sentencia si concede o no al reclamante. Con relación a este punto. 30 . informan sobre este aspecto en los siguientes términos: “Como garantía para los gobernados. dentro de los términos precisos que la ley ha determinado para hacerlo. sea agotando previamente la vía gubernativa contra los actos administrativos expresos y contra los presuntos. segundo semestre de 1970. o demandándolos directamente. bajo el subtítulo de “El silencio administrativo en la jurisprudencia”. LXXIX. Tampoco se llega a concebir siquiera en qué forma pueden ser esos dos silencios una garantía para el solicitante. — Para impedir que la administración esquive el control jurisdiccional mediante la prolongación indefinida del proceso gubernativo. esto es. la ley que acoge el principio del silencio como motivo para dar por terminado el proceso gubernativo en sustitución de la resolución de segunda instancia. C. En otras palabras: si la presunción establecida por la ley no fuera de que el acto deniega sobre las peticiones que le han sido formuladas sino que las acepta. por parte de los doctores Andrés Holguín. actuando estas en función administrativa. Miguel Lleras Pizarro. no habría oportunidad para la revisión jurisdiccional. que da lugar a que se configure el silencio procesal. A. pues lo que el artículo 23 de la Carta Política consagra como un derecho fundamental de acceso a todas las personas. de responder prontamente al clamor del peticionario que va en busca de soluciones individuales pues no se produce ninguna actividad cierta que responda. ha indicado que la satisfacción de este derecho fundamental se realiza justamente cuando existe una pronta resolución a la solicitud formulada. lo que infructuosamente ha pretendido formalmente ante el interlocutor directo que es el Estado. en muchas ocasiones se hace caso omiso a esa obligación. Obviamente este silencio se caracteriza por la presunción de que el acto administrativo es contrario a los derechos o intereses demandados por el gobernado. el silencio negativo le abre las puertas a la persona a quien no se le ha resuelto dentro de los términos legales el derecho de petición inicialmente formulado. Conclusión Por lo demás. Esta posición de la Corte debe comprenderse plenamente. entrará a revisar ese comportamiento oficial inadecuado frente a los gobernados. porque. cuando el Estado no resuelve los recursos legales interpuestos para agotar la vía gubernativa. si de todas maneras esa oportunidad siempre la tiene. al permitirle el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa. o los recursos legales interpuestos por ella para agotar la vía gubernativa. no habría nada qué revisar. se puede afirmar que el derecho de petición. Su aplicación en materia impositiva. y en el ordinal 3º del artículo 13 (Ibidem). tal como lo consagra la Constitución Política del país en la primera parte del artículo 23. permitiéndole acudir ante una autoridad distinta de carácter judicial. el silencio negativo le pone clausura a la falta de definición que el Estado adopte ante el derecho de petición que se le formule.. incluyendo también a las entidades privadas cuando unos y otros cumplen funciones administrativas y para presentar peticiones respetuosas ya sea por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. se estableció como garantía para los gobernados el instituto del silencio administrativo. t. Sin lugar a dudas esa conducta totalmente omisiva que asume el Estado por conducto de sus agentes. según el cual el gobernado puede ejercer la acción para que la justicia repare el derecho ofendido si después de cierto tiempo no se ha pronunciado el gobierno. se presenta como una facultad que tienen los asociados para acudir ante los organismos y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes. cual fácilmente evitaría que la jurisdicción contencioso administrativa. en torno a la sentencia de 30 de julio de 1970. en la sentencia No. Jorge De Velasco Álvarez y Jorge Dávila Hernández. si su derecho estará mejor protegido esperando la decisión que ponga término al proceso gubernativo. y con el deber por parte de las mismas de resolver con prontitud. aunque la respuesta sea negativa”. A manera de conclusión. números 427 y 428. como receptora del control jurídico por acción. Por la razón expresada. y mucho menos. si no fuera así. como requisito previo de procedibilidad. Pese a lo anteriormente mencionado.
Santafé de Bogotá. Lecciones de Derecho Constitucional. 1997. 1998. 1985. El Acto Administrativo. Madrid. Buenos Aires. GONZÁLEZ PÉREZ. Lerner. LXXIX. Editorial Bibliográfica Argentina. Álvaro. BERROCAL GUERRERO. máximas y aforismos latinos y castellanos. haya sido creada la figura del “Silencio Administrativo” a manera de sustituto coyuntural y como una forma cómoda. Bogotá. para presumir en cambio que sí se ha producido un pronunciamiento administrativo que en realidad nunca existió. GARCÍA. Repertorio jurídico de locuciones. Hernando. 1962. Los Actos Administrativos. Madrid. números 427 y 428. Madrid. Quinta Reimpresión. Jesús. Nº 11.Justicia Juris. Luis Enrique. Décima Edición. Cuarta Edición. Bibliográfica Ameba. Derecho Procesal Administrativo. DROMI. Grouz. Segunda Edición. t. BETANCUR JARMILLO. Carlos. Civitas. El Silencio Administrativo en Derecho Español. Instituciones de Derecho Administrativo. ISSN 1692-8571. GARCIA-TREVIJANO FOS. Abel. Medellín. 25-32 contenido en las normas legales anteriormente mencionadas. COPETE LIZARALDE. Sentencia de 30 de julio de 1970 en Anales del Consejo de Estado. Tomo I. Bogotá. 31 . José Roberto. Manual de Derecho Procesal Administrativo. BERDEJO VIANA. Ediciones Ciudad Argentina. Miguel. 1972. Vol. CONSEJO DE ESTADO. 1986. 2003. Civitas. José Roberto. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda. Tratado de Derecho Administrativo. Principios de lo Contencioso Administrativo. Barranquilla. 6. GORDILLO. Buenos Aires. Civitas. Serie Major 7. DEVIS ECHANDÍA. constituyendo así una flagrante violación del derecho fundamental en comento. Referencias ALTAMIRA. El Proceso Contencioso Administrativo. 1991. José Antoni. 1999. Diké Editora Jurídica. 1998. Pedro Guillermo. Bogotá.TREVIJANO GARNICA. 2006. GARCÍA HERREROS. segundo semestre de 1970. Abril . Buenos Aires. Guillermo. Diké Biblioteca Jurídica. Ernesto.Septiembre 2009 Pág. 1960. 1959. Librería Ediciones del Profesional. Compendio de Derecho Procesal. sobreentendida o tácita. 1997. 2002. Manual del Acto Administrativo. Temis. Medellín. Lecciones de Derecho Administrativo. DROMI. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Agustín. Segunda Edición. Universidad Sergio Arboleda. Reimpresión. Madrid. Pero Lo que resulta aún más censurable es el hecho de que ante la muy frecuente posibilidad de que no se tomen oportunamente decisiones administrativas alrededor de la formulación del derecho de petición. Bogotá. CABANELLAS. Orlando. de reemplazar uniformemente lo que el Estado ha dejado de hacer. Derecho Procesal Administrativo. Ediciones Uniautónoma.
32 . PENAGOS. Editorial Leyer. MARTÍNEZ CEBALLOS. Tercera Edición. Bogotá. Jaime. ORDENAMIENTO JURÍDICO Constitución Política de 1886. 1995. T-391/94. Tomo II. VIDAL PERDOMO. 1997. El Silencio Administrativo. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. El Derecho de Petición. Temis. Jaime Orlando. SANTOFIMIO GAMBOA. 2002. William René. 2000. 1994. Temis. Fundamentos Procesales y Pretensiones Contencioso Administrativas. Santafé de Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Santafé de Bogotá. Bogotá. RAMÍREZ ARCILA. Bogotá. PARRA GUTIÉRREZ. Manual de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ley 19 de 1958. Decreto 2733 de 1959. Duodécima Edición. Temis. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Bogotá. Jairo Enrique. Undécima Edición. SOLANO SIERRA. Ediciones Librería del Profesional. 1997. Bogotá. Bogotá. 1983. Derecho Administrativo General y Colombiano. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Tomo II. Derecho Procesal Administrativo y Contencioso. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia No. Carlos. MORALES MOLINA. Código Contencioso Administrativo. Constitución Política de 1991. Derecho Administrativo. 2003. 1985. Derecho Administrativo. Gustavo. Hernán Fabio. Gustavo. Temis. Hernando Curso de Derecho Procesal Civil.LÓPEZ BLANCO. Bogotá. Bogotá: 1973. Ley 57 de 1983. Libardo. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Guillermo José. Bogotá. 1997. Ediciones Librería del Profesional. Parte General. Temis. PENAGOS.
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