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Timestamp: 2017-09-24 10:07:44+00:00

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Este blog es una herramienta del aula que pretende facilitar vuestro trabajo y proporcionar los materiales que en clase necesitamos.
Blog de Historia de España de las Escuelas Pías de Tenerife
LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UE Y OTAN
Este tema se acompaña de su correspondiente explicación en presentación powerpoint en la pestaña PRESENTACIONES. Te aconsejo que acudas allí para que tengas una visión más amplia de este tema. De todas formas será usado para su explicación en clase.
España se incorporó a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) el 1 de enero de 1986. Culminaba así un largo proceso de negociaciones que se inició con la instauración de la democracia. El desarrollo económico experimentado por la economía española en la década de los sesenta, hacía necesario romper el aislamiento del país e integrarlo en el Mercado Común Europeo (CEE), que se había convertido, desde su fundación (1957, Tratado de Roma), en el eje de la economía de Europa occidental.
Durante la dictadura franquista, España solicitó la apertura de negociaciones para estudiar una plena integración, a pesar de que, en enero de 1962, el Parlamento Europeo había establecido que ésta no sería posible si los países aspirantes no contaban con un sistema político democrático.
El Contubernio de Múnich fue un término peyorativo, con el que el régimen franquista ridiculizó IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en la capital bávara en junio de 1962. Participaron en él 118 políticos españoles de todas las tendencias opositoras al régimen franquista, tanto del interior como del exilio, excepto del Partido Comunista de España: monárquicos liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes. Los 118 delegados españoles aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:
Los delegados españoles, presentes en el Congreso, expresaron su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles deseaban que esa evolución se llevara a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitiesen, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo.
La reunión de los opositores españoles alcanzó aún más repercusión porque produjo la represión política más sonada de la oposición de centro y derecha durante todo el franquismo. Franco, encolerizado por el repentino activismo de grupos que hasta entonces no habían ejercido más que una tímida oposición al Régimen dentro de las fronteras españolas, encarceló, deportó y exilió a los asistentes a medida que retornaban a España.
De este modo, las relaciones entre el régimen y la CEE se mantuvieron solo en el terreno comercial. En este sentido, la CEE ofreció a España en 1967 un acuerdo preferencial, que, tras las negociaciones, se firmó en Luxemburgo en 1970. En 1973, al acuerdo preferencial se añadió un protocolo adicional.
Con la instauración de la democracia, la solicitud española de adhesión a la Comunidad quedó desbloqueada, y comenzaron a plantearse conversaciones y plazos. Sin embargo, la Comunidad de los seis países fundadores (Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y la República Federal de Alemania), ampliada a nueve en 1972 (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda) y a diez en 1981 (Grecia), necesitaba adaptar sus propios mecanismos antes de aceptar a los nuevos candidatos: España y Portugal.
Las negociaciones del Tratado de Adhesión fueron al principio difíciles, sobre todo por las reticencias francesas. Este país estaba presionado por los intereses de sus campesinos, que veían en la agricultura española una amenaza para la salida de sus productos al mercado europeo. Alemania, sin embargo, vinculó el aumento de los fondos comunitarios a la entrada de España y Portugal, y a partir de 1982, con la subida del socialista Mitterrand al poder en Francia, las relaciones entre ambos gobiernos mejoraron considerablemente. El proceso se aceleró así entre los años 1983-1985 y el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión, en vigor desde el 1 de enero de 1986.
El Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea otorgó a España, en proporción a su población, el derecho a tener dos miembros en la Comisión Europea (gobierno de la CE) y 60 diputados en el Parlamento Europeo, que fueron elegidos, por primera vez, en las elecciones generales europeas de 1989. España es miembro del Tribunal de Justicia y de los diversos consejos y organismos comunitarios. En el primer semestre de 1989 ejerció la presidencia de la Comunidad.
La incorporación española a la Europa política y económica supuso un cambio histórico que rompía la tendencia aislacionista del país en los últimos dos siglos. Suponía asimismo un reto a la capacidad productiva de la economía que debió competir sin protección con las de sus vecinos.
La adhesión a la CEE implicó hacer más competitiva la economía española para adaptarla al resto de los países, que en general tenían un mayor nivel de desarrollo. Las medidas para la incorporación a la CEE más importantes fueron:
· La continuación de la reconversión industrial con el cierre de industrias no competitivas, la concentración de empresas y el desarrollo de la inversión en nuevas tecnologías.
· La contención de la inflación, mediante la limitación de las subidas salariales y el control del gasto público.
· La disminución del déficit público, posible gracias a la generalización de los impuestos.
A consecuencia de estas medidas, el paro se mantuvo por encima del 15 % durante la década siguiente a la entrada del país en la UE.
Por ello, a pesar de los problemas de adaptación que el tratado creó en algunos sectores concretos (lácteos, cítricos, pesca), la pertenencia a la UE fue considerada como una apuesta para el progreso económico y una garantía para la estabilidad política. Además, la política comunitaria destinaba importantes recursos para disminuir las diferencias de desarrollo entre España y los países más avanzados de Europa.
Desde su incorporación en 1986, España ha destacado en su impulso hacia una mayor integración de los doce (posteriormente ampliado a quince y, en la actualidad, a veinticinco). Así ocurrió en las negociaciones sobre el Acta Única Europea (1986) que acordó la desaparición de las fronteras internas; y en el proceso del Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992), que establecía los pasos para la unión económica y monetaria, y reforzaba la integración política y social de los ciudadanos de los doce países en las instituciones comunitarias.
Para paliar el retraso económico, España ha recibido numerosas ayudas de la UE que le han permitido crecer a un ritmo superior a la media. En 2002 el país accedió a la nueva moneda única, el euro, como consecuencia de la plena integración en Europa.
En el año 2004 se integraron en la UE diez nuevos países, casi todos ellos con una renta menor que la española. A partir de ahora las ayudas se encaminarán a estos países más pobres, aunque, a cambio, el mercado para los productos españoles ha aumentado con las nuevas incorporaciones. El 20 de febrero de 2005 se celebró en España el referéndum para aprobar el Tratado de la Constitución Europea con un resultado favorable.
En enero de 2007, dos países más de Europa Oriental, Bulgaria y Rumanía, ingresan en la UE, que de este modo cuenta ya con 27 Estados miembros. Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía son también candidatos a la adhesión.
El 13 de diciembre de 2007, los 27 Estados miembros de la UE firman el Tratado de Lisboa, que modifica los Tratados anteriores. Su objetivo es aumentar la democracia, la eficacia y la transparencia de la UE, y, con ello, su capacidad para enfrentarse a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. Antes de que el Tratado entre en vigor –lo que se espera tenga lugar antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009–, deberá ser ratificado por cada uno de los 27 Estados miembros.
Acuerdo entre España y la CEE
Uno de los pasos iniciales dados por España para acercarse a Europa se da en 1970.
1. 1. La supresión progresiva de los obstáculos respecto a lo esencial de los intercambios entre España y la Comunidad Económica Europea se efectuará en dos etapas [...].
2. 2. La primera etapa durará al menos seis años.
3. 3. El paso de la primera a la segunda etapa se efectuará por común acuerdo de las partes, en la medida en que se reúnan las condiciones [...].
Art. 13.º Se crea una Comisión Mixta que se encargará de la gestión del presente Acuerdo y de velar por su correcta aplicación. BOCE, n.º 1.107, 1 de julio de 1970
ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA OTAN
En cuanto a la adhesión de España a la OTAN, a diferencia de la UE, no se planteó por primera vez hasta el final de la dictadura. Podemos decir que los primeros pasos para el ingreso de España en la Alianza se dieron durante el primer gobierno de la Monarquía, encabezado por Arias Navarro. Ya durante el primer gobierno de Adolfo Suárez se produjo un segundo impulso. Sin embargo, no todos los países de la OTAN eran partidarios de la adhesión española, entre ellos Noruega, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido, por considerar que España no gozaba aún de las suficientes garantías democráticas.
A partir de entonces España puso en juego una discreta presión diplomática para conseguir el apoyo de todos los países miembros de la OTAN a su eventual solicitud de ingreso El 10 de diciembre la OTAN manifestaba su disposición a admitir a nuevos miembros, y en enero de 1977 el secretario general Luns declaraba ante periodistas españoles la conveniencia de que España se integrase en la OTAN, Sin embargo, esta tendencia “adhesionista” comenzó a chocar con una cierta postura ambigua del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, más interesado en los temas de política interior que en los de política exterior, algo totalmente lógico y comprensible dada la fragilidad de la nueva democracia española.
El 15 de Junio 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España y en el programa electoral de UCD no se hacía mención al tema de la OTAN. El Gobierno de UCD consideró prioritario como objetivo en política exterior la adhesión a la Comunidad Económica Europea, un objetivo sobre el que había consenso entre todos los partidos políticos.
En cuanto al procedimiento se era partidario de un amplio respaldo popular a través del Parlamento y un debate en el momento oportuno. Pero una vez más, estos temas quedaron en segundo plano como consecuencia de asuntos relacionados con la política interior, en este caso la necesidad de lograr un consenso entre los diversos partidos para sacar adelante el texto de la Constitución y la transición democrática.
Así, tras la aprobación en referéndum de la Constitución Española y la convocatoria de elecciones generales para el 1 de marzo de 1979, UCD en su programa electoral se mostró partidaria de la adhesión tras un adecuado debate parlamentario, aunque prudentemente no se comprometía a llevarla a cabo en dicha legislatura.
Además UCD había recibido un fuerte varapalo en las primeras elecciones autonómicas celebradas en Cataluña y el País Vasco, Andalucía reclamaba cada vez con más ímpetu mayores cotas de autogobierno y exigía un referéndum. La unidad interna de UCD se resentía y las tensiones internas eran cada vez mayores.
Acosado tanto dentro como fuera de su partido, Suárez tomó dos decisiones de gran importancia para la política española. En primer lugar decide integrar a España en la OTAN, tal y como lo comunica el 23 de enero de 1981 tras haber informado al Rey y a varios miembros del gobierno. Días más tarde - el 27 de enero- Suárez presentó su dimisión al Rey D. Juan Carlos.
El nuevo Gobierno de UCD, presidido por Calvo Sotelo adoptó una postura claramente a favor de la adhesión a la OTAN.. Se produce, por tanto, un giro en la política exterior con respecto al gobierno anterior
El 23 de febrero de 1981 se produjo el intento de golpe de estado del Teniente Coronel Tejero, intento que aunque fallido provocó cierta desestabilización en la situación política interna española. y provocó un parón en el proceso de adhesión. Sin embargo, en mayo de 1981 la decisión de incorporar España a la OTAN ya había sido tomada. El 4 y 5 de ese mes el Consejo de Ministros de la Alianza había examinado de manera favorable el ingreso de España. A partir de entonces los acontecimientos se desarrollan con celeridad. El 27 de octubre se iniciaba el Debate parlamentario sobre la OTAN, en un clima de movilización popular en contra. El 29 quedaba aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Exteriores con los 186 votos a favor y por los 146 en contra. La adhesión, pues, quedaba aprobada con las siguientes condiciones:
1. No aceptar compromisos que implicasen el almacenamiento o instalación de armas nucleares de la Alianza en nuestro país.
2. Obtener garantías para la defensa de todo el territorio peninsular y extrapeninsular, la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar, el fortalecimiento de la soberanía y defensa sobre toda España y la aceleración, de forma paralela, de la negociación política y económica con la CEE.
Un mes después, el 26 de Noviembre, el Pleno del Senado ratificó la decisión de la Cámara Baja por 106 votos a favor, 60 en contra y una abstención, dejando libre el camino para la presentación en Bruselas de la petición de adhesión
El día 10 de diciembre se firmaba en Bruselas, el Protocolo de Adhesión, El día 30 España se convertía en el 16° miembro de la OTAN. Poco después la bandera española era izada en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas y los ministros españoles de Defensa y Asuntos Exteriores participaron por primera vez en una reunión del Consejo Atlántico.
Como hemos visto, el proceso hacia el ingreso de España en la OTAN fue un camino repleto de obstáculos y trabas.
Tras la victoria en las elecciones generales del 28 de octubre de 1882, el primer gobierno socialista –formado el 3 diciembre de 1982- se encontró con la indeseable herencia por parte de UCD. Calvo-Sotelo había incorporado a España en la OTAN con la mayoría de la opinión pública y de los partidos políticos en contra, y sin una definición clara y precisa de la aportación española y de los términos de inserción en la OTAN. Tras el ingreso en la OTAN, y durante la campaña electoral de 1982 el PSOE contrajo dos compromisos: detener el proceso de integración y convocar un referéndum. Esta postura, era consecuente con las directrices adoptadas por el partido en el XXIX Congreso y se materializó en la presentación de numerosas propuestas y mociones cuyo objetivo era paralizar la adhesión. Sin embargo, el PSOE había asumido ya que no sacaría a España de la OTAN, pues abandonar la Alianza hubiera sido interpretado por el resto de Europa Occidental como un falta de solidaridad, que hubiera afectado la credibilidad de la política exterior española y perjudicado el ingreso de España en la CEE.
El 8 de diciembre, en una reunión del Consejo Atlántico celebrada en Bruselas, el ministro socialista de Asuntos Exteriores Fernando Morán, anunció a los aliados la intención del nuevo Gobierno de detener la integración de España en la organización militar mientras se realizaba un análisis de los intereses estratégicos de España y se celebraba un referéndum. Lenta y hábilmente el Presidente González fue desmarcándose de la posición inicial de su partido, llegando incluso a manifestar a la prensa que no era antiOTAN.
En 1984, se produjo el definitivo giro atlantista en las manifestaciones de González y del resto de los miembros del Gabinete Socialista. Se sucedieron las declaraciones favorables en TVE y los viajes al extranjero, se puso énfasis en la relación entre la permanencia en la, OTAN y la integración en la Comunidad Europea,
Los días 23 a 25 de octubre de 1984 se celebró el Debate sobre el Estado de la Nación, en el que se puso de manifiesto el cambio de actitud del Gobierno en el tema de la OTAN y anunció la celebración de un referéndum sobre la cuestión para principios de 1986.
El día 2 de noviembre de 1985, es decir cinco meses antes del referéndum, El País publicó un sondeo que mostraba claramente la actitud de los españoles en cuanto a la celebración del referéndum (un 63% de los españoles deseaban el referéndum), y debió causar gran preocupación en el Gobierno en general y en Felipe González en particular: el 46 % de los encuestados era partidario de la salida, por sólo un 19 % de la permanencia mientras que el porcentaje de indecisos se elevaba al 35 %.
El riesgo de derrota era alto, y el Gobierno se movilizó de cara a la campaña electoral. Una tarea poco sencilla para un partido que llegó al poder enarbolando la bandera anti-OTAN".
Así, declarada públicamente su postura ante la opinión española, González concentró su discurso en tres aspectos convincentes para su electorado:
· El cumplimiento del compromiso del referéndum.
· Las consecuencias negativas que para el Gobierno tendría un resultado negativo.
· Las consecuencias negativas de la salida de la Alianza a nivel internacional: el aislamiento respecto del mundo occidental, el retraso tecnológico, los riesgos impredecibles de una actitud contraria a los bloque militares, o el desprestigio internacional.
La campaña del referéndum de la OTAN.
En abril de 1985, González fijó el mes de marzo de 1986 como fecha probable para la celebración del referéndum. Un mes antes del referéndum el clima público y político del país se caracterizaba por la confrontación y la diversidad de opiniones.
Sin embargo, durante el gobierno del PSOE la opción atlantista fue recuperando gradualmente respaldo popular, animada por la presión gubernamental y por el ingreso en la CEE. A pesar de lo anterior, cinco meses antes del referéndum, el 46 % de los españoles eran partidarios de la no permanencia en la OTAN. ¿A que se debió entonces el triunfo mayoritario del sí el 12 de marzo de 1986? A este respecto se han señalado diversas causas:
§ El apoyo recibido por un buen número de votantes de Coalición Popular que contravinieron las recomendaciones (abstención) del partido.
§ Ciertos sectores de la izquierda partidarios del no percibieron que una derrota en el referéndum hubiera dañado políticamente al PSOE y supuesto la posibilidad de una derrota posterior en las elecciones generales y, consiguientemente, de un gobierno conservador plagado de figuras procedentes del franquismo.
§ El efecto de los sondeos, que pronosticaban un triunfo insalvable del no, y que forzó a un número considerable de votantes que no pensaban votar a acudir a las urnas, cambiando crucialmente el sentido del voto.
§ La influencia de los medios de comunicación. En este sentido los partidos de la oposición denunciaron la actitud de TVE a favor del sí, acusándola de oficialista y de haber manipulado sin disimulo la campaña.
§ El esfuerzo personal de Felipe González, multiplicando sus apariciones públicas, y la habilidad de su discurso centrado en las consecuencias de una victoria del no, tanto para el Gobierno como para la política exterior española.
El 12 de marzo de 1986, y después de una ‘campaña electoral a favor de la conveniencia de pertenecer a ese organismo, el resultado del referéndum celebrado es positivo.
Extraído de Kalipedia y apuntes http://www.iescasasviejas.net
Publicado por Cande Ramos en 9:53
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
La transición democrática española, el paso del régimen franquista a un régimen de libertades, fue posible por.
- la voluntad de la clase política que proviene del franquismo que se une al proceso democratizador tras abrirse la vía reformista (vía Suárez).
- la voluntad de la oposición democrática que acepta esta vía reformista, dejando a un lado la vía rupturista que proclamó abiertamente en 1974.
- el papel del rey, que desde principios del 76 se muestra abiertamente demócrata.
- y sobre todo al conjunto de la sociedad española que quiere y pide un cambio que se moviliza ampliamente desde enero de 1976 pidiendo libertades políticas. "Libertad, amnistía y estatuto de autonomía" fue el lema frecuente en muchas manifestaciones de aquellos años. Peticiones que se fueron logrando desde que Suárez es nombrado jefe de gobierno, por Juan Carlos I en julio de 1976 y forma su primer gobierno.
Este primer gobierno manifestó su voluntad democrática y anuncia una reforma constitucional y elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. Además legalizó los derechos de reunión, manifestación, propaganda y asociación y aprobó una primera amnistía. Su gran reto fue La Ley para la Reforma Política, que abriría el camino legal para la democracia. Esta ley fue aprobada por las Cortes y refrendada por el pueblo español el 15 de diciembre de 1976. El camino para la celebración de las elecciones estaba abierto pero antes había que legalizar a los partidos políticos sin ninguna excepción. Muchos partidos (PCE, PSOE, PSP, AP, PNV, CDU... y UCD) concurren a las elecciones del 15 de junio, las primeras elecciones libres después de febrero de 1936. El resultado de éstas dio la victoria a la UCD, el partido que había creado Suárez; el segundo partido más votado fue el PSOE. La población se había manifestado abiertamente por las posiciones moderadas (el país quería una salida democrática gradual y moderada tras la dictadura de Franco). La labor de estas Cortes sería la redacción de una Constitución.
Esta será elaborada por una ponencia del Congreso integrada por representantes de UCD (Pérez Llorca, Cisneros y Herrero de Miñón), PSOE (Peces Barba), PCE (Solé Tura), AP (Fraga Iribarne) y nacionalistas catalanes (Roca Junyet). La elaboración de la Constitución respondió, por primera vez en la historia de España, a una negociación entre los más importantes partidos políticos y fue fruto de un gran pacto nacional. Tras ser largamente debatida por las Cortes, fue aprobada el 31 de octubre de 1978 por la gran mayoría de los diputados, sólo votaron en contra la extrema derecha y la extrema izquierda y el PNV se abstuvo. Sometida a referéndum, fue aprobada por el pueblo español el 6 de diciembre. Votó el 67% del censo y lo hicieron afirmativamente el 88%.
La nueva Ley para la Reforma Política devolvió la soberanía al pueblo español, permitió la legalización de los partidos políticos y organizó las instituciones democráticas. Queda así expedito el camino hacia las primeras elecciones democráticas que se celebran el 15 de junio de 1977. Adolfo Suárez resulta ganador y se constituyen las Cortes Generales cuyo objetivo es la elaboración de una Constitución con la colaboración de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento.
La Constitución de 1978, supuso la configuración de España como un estado democrático, sustituyéndose, por tanto, las viejas estructuras políticas franquistas. A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.
Los acuerdos a los que había que llegar no fueron fáciles, sobre todo en materia de educación, aborto, divorcio...pero tras meses de dura discusión, se termina de elaborar y es aprobada por las Cámaras el 31 de octubre de 1978. Se celebraron las sesiones entre agosto y diciembre de 1977, no faltaron tensiones, numerosas reuniones secretas con diferentes sectores, acuerdos, pactos y transacciones hasta que el 5 de enero de 1978 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Anteproyecto de Constitución. A partir de entonces los grupos parlamentarios presentaron 3200 enmiendas al texto hasta el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados que aprueba el 21 de julio el texto del Proyecto. Posteriormente, se remite al Senado que realiza modificaciones al texto y una comisión mixta del Congreso y del Senado elabora un dictamen con el texto resultante que es sometido a votación en ambas Cámaras y es aprobado el 31 de octubre de 1978. El siguiente paso es someter a referéndum de la Nación el Proyecto de Constitución que se celebra el 6 de diciembre de 1978 fecha en la que los ciudadanos españoles ratifican la Carta Magna con el voto favorable del 87,9% de los 17,8 millones de votantes.
La Constitución se asienta en un conjunto de principios y valores esenciales (libertad, justicia, pluralismo político e igualdad ante la Ley), definiendo España como un Estado social y democrático de derecho, de forma que los poderes quedan sometidos a la legalidad; por tanto la acción de los gobernantes queda limitada por el Derecho.
De igual manera, se garantiza la participación de los ciudadanos en las elecciones políticas a través de sus representantes elegidos libremente. Por otro lado, el Estado se compromete a promover el bienestar colectivo, interviniendo en la economía y manteniendo una serie de prestaciones que aseguren unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos.
El 6 de diciembre de ese mismo año, la Constitución fue ratificada por el pueblo español con una participación del 69%, a excepción del País Vasco, donde la abstención y el “no” fueron mayoritarios.
La Constitución consta de 169 artículos reunidos en un título preliminar y diez títulos; cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Se estructura de la siguiente forma:
-Preámbulo: en el que se exponen los motivos que han llevado a la adopción del texto constitucional y los objetivos que con él se pretenden alcanzar.
-Parte dogmática: Definición del modelo de estado y principios fundamentales de su organización (Título preliminar); reconocimiento de derechos y deberes de los españoles, garantía de su cumplimiento y ejercicio y se definen los principios que inspirarán la política económica y social (Título I) Los aspectos relacionados con Economía y Hacienda se desarrollan en el Título VII.
Parte orgánica: regula los principales órganos e instituciones. La Corona (Título II), Las Cortes (Título III), del Gobierno y la Administración (Título IV), de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales (Título V), del poder judicial (Título VI), del Tribunal constitucional (Título IX), de la Organización Territorial del estado (Título VIII) y procedimiento para la reforma constitucional (Título X)
La Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho, cuya forma política es la Monarquía Parlamentaria. Reconocía y garantizaba el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Reconoce y garantiza las libertades democráticas, abolía la pena de muerte, fijaba la mayoría de edad a los 18 años. No reconocía religión estatal, pero declaraba que el Estado habría de tener en cuenta la religiosidad de los españoles y el significado de la Iglesia católica en España; abría la posibilidad al divorcio, proclamaba la libertad de enseñanza, reconocía la libertad de empresa y la economía de mercado. Reconoce también derechos sociales: a la educación, a la sanidad, a la vivienda, lo que supone una apuesta por el estado de bienestar.
Recoge la clásica división de poderes:
- Las Cortes: formada por el Congreso de los diputados (350) y el Senado (4 por provincia), tienen el poder legislativo y son elegidos por sufragio universal
- El gobierno: ostenta el poder ejecutivo, dirige la administración civil y militar y conduce la política interior y exterior.
- El poder judicial se configura como protector de las leyes y propulsor de la justicia.
-El Rey: es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas. Sus funciones son ceremoniales y representativas.
También recoge la creación de un Tribunal Constitucional.
Las autonomías en la Constitución
En la Constitución está presente desde el Título Preliminar la nueva organización territorial del estado español y el respeto por sus diferencias. Así en su artículo 2 afirma "la indisoluble unidad de la nación española" pero a continuación "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran". Y en los artículos 3 y 4 reconoce aspectos como la lengua "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos" y los símbolos que se establezcan "Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA." Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales".Pero es en el Título VIII ("De la organización territorial del Estado"), donde se desarrolla ampliamente esta cuestión. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas. Estas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno, asumiendo determinadas competencias mediante la aprobación de los respectivos estatutos.
Los principios que regirán la autonomía tienen como limitación la de no poder implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales de una comunidad sobre otras.
Se establecen las instituciones que deberán regir la Comunidad Autónoma (Asamblea legislativa, presidente y Tribunal Superior de Justicia), de definen las competencias que podrán asumir los gobiernos (urbanismo, cultura, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, política y protección del medio ambiente, sanidad e higiene) y las que quedan reservadas al Estado(relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, régimen aduanero, sistema monetario y hacienda) y establece un Fondo de Compensación para gastos de inversiones con el fin de corregir desequilibrios económicos entre diferentes territorios.
La Constitución recogía de esta forma una petición histórica de muchos territorios y por fin planteaba una concepción del Estado no centralizado, en este sentido recogía aspectos que ya lo había hecho la Constitución de 1931.
Desde septiembre de 1977, el gobierno de Suárez se plantea la reforma de la organización territorial del estado, pero es en 1979 cuando Adolfo Suárez acordó con el Consejo General Vasco y con la Generalitat los pasos para la redacción y aprobación por la vía del art. 151 de los Estatutos de Autonomía de ambas nacionalidades (aprobadas en referéndum en octubre de 1979). A finales de 1980 se aprobaba el Estatuto de Galicia. Las comunidades históricas vieron muy pronto cumplidas sus peticiones.
El proceso autonómico generó fuertes tensiones en la situación política española. Por un lado, la prensa y los grupos de extrema derecha denunciaban continuamente los riesgos de fragmentación de España, instigando al ejército a frenar el proceso. Por otra parte, en muchas regiones crecía el sentimiento de agravio ante los privilegios de las comunidades históricas. La complejidad de la situación motivó la creación de un Ministerio de Administración Territorial, que desde 1979 se encargaría de gestionar el traspaso de competencias a los territorios autonómicos.
Posteriormente, tras el intento del golpe de estado del 23 F de 1981, UCD y PSOE pactaron, con un sentido restrictivo, el desarrollo autonómico, lo que irritó a nacionalistas vascos y catalanes. Posteriormente las Cortes aprobarían en junio de 1982 la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), que fue recurrida por nacionalistas vascos y catalanes y rectificada en parte por el Tribunal Constitucional. A lo largo de la década de los ochenta, las restantes autonomías obtuvieron sus estatutos por la vía 143 y se abrió el proceso de transferencia de competencias desde el Estado central a las comunidades autónomas.
Canarias consigue su estatuto de autonomía en agosto de 1982, siendo presidente de gobierno Leopoldo Calvo Sotelo. El estatuto se modificó en diciembre de 1996.
La modificación de la organización territorial del Estado era un hecho. Entre 1979 y 1983, España se había convertido en un Estado Autónomo, integrado por 17 Comunidades, más los casos especiales de Ceuta y Melilla que accederían a la autonomía en 1994, todas ellas dotadas de instituciones y parlamentos propios y con amplia capacidad de autogobierno, especialmente en el caso de las denominadas nacionalidades históricas.
La Constitución del 78, producto del entendimiento de todos los partidos políticos, ha permitido no sólo el camino hacia la democracia sino su perdurabilidad porque quiso ser una constitución para todos los españoles y que sirviera para todo tipo de gobiernos. Con la Constitución han podido actuar gobiernos con signos políticos diferentes: UCD, PSOE, PP PSOE. Después de más 25 años sigue teniendo gran aceptación, aunque en el último año se está discutiendo la posibilidad se hacer algunas modificaciones que parecen necesarias para recoger las nuevas aspiraciones de la mayor parte de la población española.
La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2010 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.
· Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
· El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
· Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.
Nuestra Constitución reconoce la unidad e indivisibilidad de la Nación Española y se define al Estado como social y democrático de derecho.
Un hecho importante es el reconocimiento de la Descentralización del Estado, puesto que la Constitución contempla la posibilidad de que las regiones y nacionalidades pudiesen optar por convertirse en comunidades autónomas, que a su vez se organizarían en provincias y municipios, eso sí, sus Estatutos de Autonomía deben contar con la aprobación de las Cortes.
Las Comunidades Autónomas, son provincias que acceden a su autogobierno, asumiendo funciones y competencias en diferentes materias, como pueden ser urbanismo, cultura, carreteras, pesca..., mediante la aprobación de sus respectivos Estatutos, reservándose, el Estado, las competencias sobre Relaciones Internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, Sistema Monetario y Hacienda. Aún está abierto el proceso de transferencias de competencias.
Estas regiones autónomas disponen de recursos económicos propios cedidos por el Estado central, además de la tasas propias nuevas que pueden crear, estableciéndose, por parte del Estado, un Fondo de Compensación económico que trata de evitar los desequilibrios entre regiones.
Sin embargo, el proceso autonómico, a pesar de estar recogido en la Constitución del 78, había sido ya emprendido desde la reforma de 1977 y tuvo dos etapas diferentes: la primera fue la de las preautonomías, es decir, la concesión de autonomías provisionales a regiones cuyos representantes parlamentarios la pidieron; la segunda etapa se emprendería a partir del momento en el que la Constitución regulara definitivamente el carácter y procedimientos de la Autonomía. Así, las regiones fueron obteniendo una serie de transferencias de funciones. El máximo responsable de este proceso y de su diseño fue el ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo.
Empezando por la Autonomía Catalana, para lo cual Suárez inició negociaciones con el político Joseph Tarradellas (presidente de la Generalitat en el exilio) materializándose en septiembre de 1977, con el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña, siendo nombrado Josep Tarradellas presidente de la misma.
Se continuó con la Vasca aunque con otras implicaciones dada la existencia de un grupo terrorista (ETA), la presencia de un fuerte partido nacionalista histórico (PNV) y el rechazo a la inclusión de Navarra dentro de la región autonómica. El proceso vasco se materializó en enero de 1978. Mientras, Navarra siguió su propio camino hacia la autonomía.
Llegaría a continuación, unos meses mas tarde, la preautonomía Gallega (marzo-1978) a través de la creación de la Xunta, provisional, de Galicia.
Resueltos los tres casos históricos, el proceso continuó con las nuevas Autonomías. La política española optó por la extensión del mapa autonómico a todo el territorio del Estado, que se dividió enteramente en regiones autónomas. Las nuevas Comunidades Autónomas estaban formadas en unos casos por regiones antiguas con personalidad propia; en otros , se crearon autonomías uní-provinciales nuevas como Cantabria (Santander), La Rioja (Logroño) y Murcia. Algunas regiones uni-provinciales tenían personalidad histórica desde mucho antes, como Navarra o Asturias.
Partiendo de las peculiaridades de cada proceso, al que en algunos casos, como fueron Baleares o Canarias, se le sumó el problema de la insularidad, se concluyó definitivamente el nuevo modelo de Estado no centralista señalado en el Título VIII de la Constitución.
Después de 25 años, esta Constitución es la que ha tenido una vigencia más prolongada en la Historia de España. El secreto de su éxito se debe a que fue consensuada entre todas las sensibilidades políticas, es un instrumento de convivencia pacífica y democrática entre ciudadanos y pretende dar respuesta a sus anhelos. La buscada ambigüedad de algunos de sus preceptos , en concreto el Título VIII referente a la organización territorial del Estado, permite interpretarla ampliamente y dar respuestas a las reivindicaciones nacionalistas de algunos territorios como Cataluña y el País Vasco concediéndoles altos niveles de autonomía respondiendo así a la invocación de sus derechos históricos. Algunos sectores reclaman en los últimos tiempos una revisión de la Carta Magna como los nacionalistas partidarios de modificar la organización territorial del Estado a favor de un sistema federal o de soberanía compartida, pretensiones que requieren un amplio consenso no sólo político sino social que no parece ser mayoritario ni fácil de lograr.
En palabras del constitucionalista Miguel Herrero de Miñón, “la Constitución, como herramienta que es, debe ser interpretada para resolver problemas, no para crearlos o, al menos, dificultar su solución. No es la letra la que debe enfrentar a los protagonistas del proceso político, es su espíritu el que debe reavivar la imaginación y el consenso que inspiraron al constituyente.”
Publicado por Cande Ramos en 9:50
LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 1975 - 1982
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La Transición es una etapa que abarca desde la coronación de Juan Carlos I como rey, y concluyó -en su dimensión institucional- con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978.
A la muerte de Franco, España vio la restauración de la democracia. La transición de la dictadura a la democracia se produjo sin grandes sobresaltos aunque con muchos problemas. Esta etapa se inició con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de 1975 y concluyó con la llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder en 1982. Los proyectos continuistas preparados por el dictador y sus seguidores no se cumplieron, no hubo monarquía del 18 de julio; la monarquía de Juan Carlos sería, mucho antes de lo que cabría esperar, una monarquía constitucional y parlamentaria.
2. Factores que favorecieron el proyecto democratizador
Los factores que favorecieron el proceso democratizador fueron varios: las condiciones socioeconómicas españolas que ponían en evidencia que la sociedad española era una sociedad moderna muy parecida a la europea; las propias instituciones franquistas que abrían alguna posibilidad al cambio político; la labor del propio rey que desde junio de 1976 había proclamado su compromiso con la democracia; la labor de un hombre del régimen, Adolfo Suárez, que hace el cambio dentro de las instituciones franquistas y legaliza partidos políticos y sindicatos; la voluntad de compromiso y negociación de la oposición democrática que le lleva a abandonar sus postura de ruptura y a aceptar el modelo reformista de Suárez y por supuesto ayuda el contexto internacional, las dos dictaduras que pervivían con la de Franco, han desaparecido en 1974, la de Portugal (la revolución de los claveles), la de Grecia (se pone fin a la dictadura de los coroneles). En general las favorables condiciones interiores y exteriores hicieron posible el cambio.
El papel desempeñado por el rey en la transición
Don Juan Carlos era a la vez la sucesión legítima de Franco y el heredero de una tradición dinástica que, además, se identificaba con el liberalismo. Desde el momento de su designación como sucesor de Franco en 1969, tuvo una idea muy precisa de cuál debía ser el resultado de su labor como rey. Luego, cuando fue coronado, se convirtió en «motor del cambio», en palabras del ministro Areilza.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975. En ese momento las alternativas que se presentaban eran las de un más que difícil inmovilismo, la de un reformismo que fuera progresivamente acercándose a las formas democráticas de los países occidentales o la de una ruptura frontal con todo lo que había significado el franquismo. Según lo previsto en la Ley de Sucesión, el 22 de noviembre Juan Carlos I asumió a título de rey la jefatura del Estado. Desde el momento de su subida al trono, el monarca mostró su voluntad de instaurar un sistema democrático en España.
Sin embargo, el cambio político encontró numerosas dificultades. En primer lugar, el rey no pudo elegir el gobierno que deseaba, sino que debió aceptar el último gobierno franquista presidido por Carlos Arias Navarro. A pesar de que se incorporaron ministros reformistas como José María Areilza y Manuel Fraga, el gobierno de Arias no supo aplicar las reformas y el rey forzó al presidente a dimitir en julio de 1976.
3. El fracaso del gobierno de Arias Navarro.
El 22 de noviembre de 1975, conforme a las previsiones sucesorias, Juan Carlos I asumía a título de rey la jefatura del Estado y prometía para España un futuro abierto. El 4 de diciembre confirmaba como presidente de gobierno a Carlos Arias Navarro. El primer gobierno de la monarquía incorporó a ministros de talante reformista como Manuel Fraga, Jose Mª de Areilza, Antonio Garrigues y Alfonso Osorio. El monarca impuso a Torcuato Fernández Miranda, hombre de su confianza, en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Desde el gobierno se preparaba la reforma del sistema poco a poco. La oposición democrática (Junta Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática y Asamblea de Catalunya) defendía la ruptura. Sus diferentes proyectos les llevaron a un forcejeo que en muchas ocasiones alcanzó gran tensión.
Las primeras medidas de este gobierno pretendían dar un aire democratizador, pero Arias Navarro no podía ser el instrumento de la transición, era un convencido franquista y quiso hacer lo imposible: una reforma que respetase parte sustancial del legado franquista. Nunca habló ni de amnistía, ni de autonomías, ni de elecciones constituyentes, ni de libertades sindicales, ni de derogar las leyes y los tribunales más represivos del franquismo. Se plegó a los intereses de los sectores más conservadores “el bunker” y llevó la situación a un callejón sin salida. La oposición política reclamaba la ruptura democrática y la movilización de las masas fue el camino para conseguirla.
Durante el primer trimestre de 1976 las movilizaciones populares se intensificaron: huelgas que afectaron a fábricas, servicios públicos, comunicaciones, cine y teatro; manifestaciones pidiendo amnistía y movilizaciones en el P. Vasco y C. Cataluña a favor de la autonomía. Destacan en estas movilizaciones: Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco. ETA iniciaba, de nuevo, su campaña terrorista en enero de 1976.
La oposición aceleró el proceso de unidad constituyendo el 26 de marzo “Coordinación Democrática” después de que en Vitoria los enfrentamientos del 3 de marzo de 1976 entre la policía armada y los manifestantes arrojaran un saldo de 5 muertos, un centenar de heridos y provocaran una gran indignación y preocupación de la opinión pública nacional. La oposición jugó un papel destacado, porque si bien no pudo derribar al ejecutivo de Arias Navarro si que contribuyó a debilitar su posición. La credibilidad reformista del gobierno era nula. El rey parecía descontento con su jefe de gobierno. Tras dos nuevos episodios- muerte de dos jóvenes a manos de la ultraderecha en un choque entre carlistas ultra y carlistas liberales en Navarra y el rechazo por las Cortes, el 9 de junio, de la Reforma del Código Penal que despenalizaba los partidos políticos- la situación se hizo insostenible. Carlos Arias Navarro dimitió el 1 de julio
Entonces el rey designó presidente del gobierno a Adolfo Suárez. El nombramiento levantó mucha desconfianza entre los sectores reformistas y la oposición, que no consideraban a Suárez capaz de dar el paso hacia la democracia.
La oposición tras la muerte de Franco
La muerte del dictador provocó una gran movilización política y social para reclamar la democratización del país. Se sucedieron las huelgas y los actos de protesta, que fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad. La oposición se volvió mucho más activa en la vida pública y se organizó al margen de la legalidad franquista, con el objetivo de conseguir una ruptura política con el régimen e instaurar la democracia.
4. El gobierno reformista de Adolfo Suárez
a) Ley para la Reforma Política
El procedimiento para pasar de una dictadura a una democracia había sido objeto de reflexión por parte del rey, cuando era tan solo príncipe, y de Fernández Miranda, su profesor de Derecho Político. Lo que se intentó -y consiguió- fue ir «de la ley a la ley», tal como defendía el segundo. El propósito era que nadie pudiera sentirse traicionado y que la legalidad fuera modificada desde su interior.
· Reconocía la soberanía popular.
· Afirmaba la inviolabilidad de los derechos individuales.
· Creaba unas Cortes democráticas de carácter bicameral, elegidas por sufragio universal, directo y secreto (excepto hasta un 20 % de senadores que el rey quedaba facultado para nombrar). Estas podían modificar las Leyes Fundamentales o establecer una nueva legalidad.
El 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas aceptaron la reforma. Y el 15 de diciembre el proyecto de Ley para la Reforma Política se convirtió en ley tras ser ratificada en referéndum por la población española.
La reforma implicó, entre otras cuestiones, la legalización de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista (PCE), y la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1977.
b) Elecciones a Cortes constituyentes
Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977. Los resultados configuraron un Parlamento en el que ningún grupo alcanzó la mayoría absoluta.
Resultó vencedora la Unión de Centro Democrático (UCD), una formación de reciente creación que dirigía Adolfo Suárez; el Partido Socialista (PSOE), liderado por Felipe González, se convirtió en el segundo partido con más representación parlamentaria y, por tanto, en el primer partido de la oposición. Otros grupos con importante presencia en el Parlamento fueron el Partido Comunista de Santiago Carrillo y Alianza Popular de Manuel Fraga (AP).
El Parlamento aparecía ideológicamente dividido en dos bloques muy equilibrados. El de la derecha superaba ligeramente al de la izquierda.
La elaboración de la Constitución se convirtió en el eje de la vida política nacional hasta su aprobación en diciembre de 1978. Sin embargo, durante este período constituyente se abordaron también otros asuntos de indudable relevancia:
· Se acometió la reforma de la organización territorial del Estado mediante las preautonomías. La catalana, con el regreso del exilio del president Tarradellas, y la vasca fueron las primeras.
· Los partidos políticos firmaron los Pactos de la Moncloa para afrontar la grave crisis económica que se padecía desde 1974. Se defendía en ellos una política de ajuste con ciertas compensaciones a los trabajadores.
· Se aprobaron medidas de reforma fiscal.
· Las Cortes acordaron una nueva amnistía.
Una ponencia de siete miembros del Congreso de los Diputados comenzó a redactar el texto de la Carta Magna. Después de una dilatada y compleja tramitación, la Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. Obtuvo un respaldo muy amplio. Solo un muy reducido número de parlamentarios de extrema izquierda y de extrema derecha votaron en contra. El PNV se abstuvo. El pueblo español la aprobó también en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de ese año, con una participación del 67,1% y el 87,8% de los votos afirmativos.
La Constitución de 1978 define la forma de Estado y recoge los derechos y libertades de los españoles. Por primera vez en la historia de España, fue fruto del consenso.
La Constitución de 1978 estableció dos procedimientos para la creación de Comunidades Autónomas: un proceso ordinario, regulado por el artículo 143, para aq...
El texto constitucional consta de 11 títulos y 169 artículos. Incorpora, junto a los derechos políticos más tradicionales, un catálogo de derechos sociales que suponen una apuesta por el Estado del bienestar en el marco de una economía social de mercado.
· Las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, son el órgano supremo de la soberanía popular y la manifestación del poder legislativo.
· El gobierno ostenta el poder ejecutivo, dirige las administraciones civil y militar y conduce la política interior y exterior.
· El poder judicial se configura como protector de las leyes y propulsor de la justicia.
c) Acceso a la autonomía
La Constitución de 1978 estableció dos procedimientos para la creación de Comunidades Autónomas: un proceso ordinario, regulado por el artículo 143, para aquellas Comunidades que accedían por primera vez al régimen autonómico; y otro extraordinario, el establecido por el artículo 151, que permitía obtener la autonomía en un plazo más breve y que fue creado para las «comunidades históricas» que habían disfrutado ya de este régimen durante la Segunda República.
La aprobación de la Constitución fue un importante avance en el proceso de democratización, pero era necesario desarrollarla y aplicar una política que acabara con las instituciones y prácticas autoritarias que pervivían. Por otro lado, UCD empezaba a mostrar signos de agotamiento.
El consenso que había impregnado la vida política en los últimos dos años se estaba diluyendo. La acción política se guiaba cada vez más por la dinámica gobierno-oposición y Adolfo Suárez, sin mayoría absoluta, empezaba a tener problemas para sacar adelante sus propuestas. Además, la convivencia entre las distintas tendencias de la UCD era difícil.
El mayor triunfo político del ejecutivo en esta etapa fue la aprobación consensuada de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco. Fueron negociados con los parlamentarios de los grupos nacionalistas, votados por las Cortes y refrendados en sus respectivos territorios el 25 de octubre de 1979. Pero la decisión del gobierno de encauzar el proceso de desarrollo autonómico del resto de las Comunidades -salvo Galicia- por una vía más lenta le acarreó fuertes problemas. Es lo que se llamó coloquialmente en la prensa del momento “café para todos”. Cualquier autonomía que presentara un proyecto acorde a la Constitución, podía solicitar un estatuto de autonomía.
La política educativa también causó complicaciones. Un proyecto de Ley de Autonomía Universitaria no prosperó y la Ley de Centros Docentes no Universitarios fue recurrida por la oposición -con éxito- ante el Tribunal Constitucional.
Estas circunstancias aumentaron las tensiones entre las distintas tendencias políticas integradas en UCD. También crecieron las críticas al presidente Adolfo Suárez, que se encontró cada vez más aislado y carente de la capacidad de reacción que hasta entonces había demostrado.
En mayo de 1980, el PSOE promovió una moción de censura contra Suárez, que dimitió como presidente del gobierno y renunció a la dirección de UCD el 29 de enero de 1981.
e) El mandato de Calvo Sotelo
Para suceder a Suárez en la presidencia del gobierno fue designado Leopoldo Calvo Sotelo. Cuando se desarrollaba en el Congreso la votación de investidura de este último como presidente del gobierno, se produjo la reacción más grave contra el proceso democrático: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El teniente coronel Antonio Tejero, junto a un grupo de guardias civiles y algunas unidades militares, irrumpió en el Congreso, y el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, sacó los tanques a la calle. Era el inicio de un golpe de Estado que tardaría horas en desactivarse. La aparición del rey en televisión, desautorizando a los rebeldes y exigiendo su rendición, fue decisiva al apostar en favor de las libertades. Los responsables del golpe fueron detenidos, juzgados y condenados a prisión.
La intentona militar puso de relieve la fragilidad del sistema democrático. El monarca convocó al día siguiente a los líderes parlamentarios para reafirmar la lealtad de todos con las instituciones. El 25 era investido Calvo Sotelo como presidente del gobierno y el 27 se celebraban en toda España manifestaciones multitudinarias en defensa de la democracia. Calvo Sotelo inició una política de consenso con el PSOE.
· El gobierno delimitó al máximo el número de responsables en el golpe de Estado (32 militares y un civil), pero recurrió -con éxito- ante el Tribunal Supremo las bajas sentencias dictadas contra los golpistas por un tribunal militar.
· El 22 de junio de 1981 se aprobó la Ley de Divorcio y el 30 de junio de 1982, la LOAPA, una ley pactada con el PSOE que pretendía limitar las competencias de las autonomías. Los nacionalistas la recurrieron ante el Tribunal Constitucional y, en parte, fue rectificada.
En cuanto a la política exterior, el gobierno no obtuvo el apoyo socialista respecto a la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 29 de octubre de 1981, con los votos en contra de las fuerzas de la izquierda, el Congreso autorizaba la tramitación para la adhesión de España a la OTAN.
Leopoldo Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982. El PSOE logró un triunfo espectacular y consiguió la mayoría absoluta, poniendo fin a la etapa centrista. Alianza Popular se situó en segundo lugar, pero muy lejos. Los nacionalistas se mantuvieron y el PCE sufrió un gran descalabro.
5. LOS GOBIERNOS DEL PSOE
Las elecciones de 1982 significaron un cambio político importante: llegó al poder un grupo político sin vinculación con el régimen de Franco y comenzó un amplio período de estabilidad. En 1993 perdió la mayoría absoluta, obteniendo 159 diputados. Tras este resultado, el PSOE pactó con Convergència i Unió para poder formar gobierno. En 1996, perdió las elecciones al lograr 141 diputados frente a 156 que consiguió el Partido Popular.
a) Los gobiernos socialistas y su crisis
La victoria del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 fue espectacular, con más de diez millones de votos, que suponían el 48,2% de los votos emitidos y le otorgaban una mayoría absoluta muy amplia: 202 escaños. En segundo lugar, pero a considerable distancia, quedó el partido conservador Alianza Popular (26,2% de los votos y 106 diputados). La UCD y el Partido Comunista sufrieron una gran derrota debido a sus divisiones y problemas internos.
Por primera vez en la historia de España los socialistas pudieron formar un gobierno monocolor. Durante trece años, su líder, Felipe González, fue el presidente del gobierno español.
La hegemonía socialista se reforzó con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1983, celebradas en todas las Comunidades (salvo en Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, que ya disponían de Parlamento), y en las que el PSOE alcanzó también excelentes resultados.
b) Política interior de los gobiernos socialistas
A lo largo de los años ochenta la economía española creció a un ritmo del 5% anual, mayor que el de los países de su entorno. En parte, este desarrollo positivo estuvo provocado por el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea). La mejora de la economía española hizo posible la realización de algunos proyectos de gran envergadura: importantes inversiones públicas, tanto en la red de carreteras como en la construcción de centros sanitarios, docentes y culturales; y generalización de la Seguridad Social y de las pensiones.
Los gobiernos socialistas llevaron a cabo también importantes reformas económicas: se ampliaron las medidas liberalizadoras y se privatizaron algunas empresas públicas; se llevó a cabo una reconversión de las industrias más tradicionales y en crisis (textil, naval, siderurgia, etc.); y se mantuvo una política de moderación salarial.
Estas medidas lograron alcanzar una economía más competitiva y exportadora, pero con dos graves problemas: el paro y el déficit público.
· De los 2,2 millones de parados registrados en 1982 se pasó a los 2,9 en 1986. Aunque esta cifra se redujo parcialmente en los años posteriores, volvió a incrementarse desde 1993, momento en que se alcanzó los 3,5 millones de parados.
· El incremento de los gastos públicos provocó un progresivo endeudamiento que fue financiado, por una parte, con un aumento de la presión fiscal y, por otra, con la emisión de deuda pública.
Siguió una política económica liberal, combinada con numerosas reformas sociales. Entre sus decisiones más criticadas estuvo la expropiación de Rumasa, un inmenso holding industrial con el argumento de su posible implicación en acciones fraudulentas, de las que se consideran finalmente probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. También fue muy contestado el "plan de empleo juvenil" ideado con el objetivo de que los jóvenes tuvieran un primer empleo y adquirieran experiencia y que originó los contratos "basura", llamados así por su baja remuneración y porque su extinción no daba derecho a prestaciones sociales. Otras medidas muy controvertidas fueron la legalización de las empresas de trabajo temporal con el objetivo de crear empleo aunque este fuera precario y en peores condiciones; el recorte de las prestaciones por desempleo; y el primer "medicamentazo" cuyo objetivo fue ahorrar fondos públicos eliminando la subvención que recibe la prescripción de ciertos medicamentos por parte de la seguridad social. Como consecuencia de esta política sufrió las primeras huelgas generales de la democracia, lo que llevó al distanciamiento de su partido del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), también creado por el fundador del PSOE Pablo Iglesias, y a la ruptura de su amistad con el secretario general del sindicato Nicolás Redondo.
Sus gobiernos llevaron a cabo una conflictiva reconversión industrial, y la modernización y universalización tanto del sistema educativo español, como del sistema sanitario y de seguridad social, así como una ampliación y modernización de las infraestructuras, financiada mediante un controvertido aumento de la deuda pública y los Fondos de Desarrollo de la Unión Europea para el período de 1994-1999 con los que la Unión Europea pretende fortalecer la economía de los países más pobres (España, Irlanda, Grecia y Portugal). España percibió mediante este hecho más de la mitad de estos fondos, además será el país de la UE que más dinero reciba del Fondo de Cohesión y, tras Francia, de la PAC.
1992 es para España el año de las grandes celebraciones: los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Ambos acontecimientos, que se saldan con un indiscutible éxito, situaron a España dentro del reducido círculo de naciones con reputación de modernidad, desarrollo y capaces de generar orgullo interno y la admiración y el elogio generalizado del exterior. Pero son también de manera muy directa el motor de la modernización de las infraestructuras de ambas ciudades, lo cual va a redundar en beneficio de todo el país. Es el caso, por ejemplo, del tren de Alta Velocidad (AVE), que revolucionó el transporte ferroviario al unir a Madrid y Sevilla. En esta obra se invirtieron más de 400.000 millones de Pesetas. A la cual se suma a las obras de mejora de las comunicaciones por carretera, que dan un vuelco espectacular en esos años con la construcción de autovías que en número creciente atraviesan buena parte de España.
Fue convocada contra una importante reforma en el mercado laboral, abaratando el despido e introduciendo los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. Se convirtió en una movilización general del descontento con la política económica del gobierno socialista de Felipe González en su base social ante las continuas reformas en beneficio de la patronal. Con un seguimiento masivo (ocho millones de personas, el 90% de la población activa de entonces, secundaron el paro), el país fue paralizado durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos. Felipe González recibió su primer gran golpe político. La reforma prevista fue retirada y se incrementó el gasto social.
Bajo el lema «Hay que pararlos. Te juegas mucho», tuvo lugar el 27 de enero la huelga general de 1994 en España que es conocida como 27-E. Nicolás Redondo (UGT) y Antonio Gutiérrez (CCOO) convocaron un paro de ocho horas para mostrar su oposición a la reforma laboral aprobada mediante el Real Decreto sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, por el gobierno socialista de Felipe González. La reforma impulsada por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, incluía, entre otras medidas, el fomento de los contratos con bajo salario para los jóvenes, el aumento de la movilidad geográfica y el recorte de algunas prestaciones por desempleo.
Al final de su mandato las condiciones de la economía española eran objetivamente malas: 3,5 millones de parados, 5,5% de déficit público y una deuda de 60 billones de pesetas (360.000 millones de euros). A partir de 1994 el país ya iniciaba una recuperación económica, pasándose de una recesión del 1,1% del PIB en 1993 a un crecimiento económico del 2%. Del mismo modo, el nivel de inflación, que cerró 1993 en el 4,9%, pasó entre 1994 y 1996 al 3,5%. Por su parte, el paro, que en el primer trimestre de 1994 alcanzaba la tasa del 21,92%, pasó a situarse, en el último trimestre completo de la presidencia de González, el primero de 1996, en el 20,04%.
Se conoce con ese nombre al secuestro y asesinato de José Antonio Lasa Arostegui y de José Ignacio Zabala Artano en 1983. Fue uno de los casos más conocidos de la denominada "guerra sucia" contra ETA. Después de un largo y complicado juicio, el juez dictó sentencia condenatoria contra el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julián Elgorriaga y el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de las indemnizaciones.
Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Durante el juicio quedó probado que el dinero sustraído, unos 5 millones de euros, fue utilizado para uso privado, pago de sobresueldos y gratificaciones a funcionarios y altos cargos de Interior y, en algunos casos, en enriquecimiento personal.
Fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, y que estuvo al frente de la Benemérita durante el gobierno de Felipe González entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. Luis Roldán aprovechó su cargo para enriquecerse ilícita y delictivamente mediante el cobro de comisiones de obras, de estafas a los constructores y mediante la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Luis Roldán fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal.
A partir de ser nombrado Alfonso Guerra vicepresidente del Gobierno por Felipe González se le acusó de beneficiar a su familia directamente. Por ello Juan Guerra fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Fue absuelto por el Tribunal Supremo respecto del uso del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El caso Juan Guerra, conocido como por los detractores del entonces vicepresidente como el «hermanísimo», fue conocido por mediación de su ex mujer Ángeles López Rubio, que distribuyó documentación que comprometía a su marido hasta que ésta acabó en manos de Manuel Fraga, entonces líder de la oposición. Juan Guerra fue condenado en 1995 junto a su socio Juan José Arenas. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia en abril de 2001. El escándalo Juan Guerra provocó la dimisión del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra.
Fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura.
c) España y su presencia internacional
En estos años la presencia internacional de España aumentó de manera extraordinaria. Los socialistas abandonaron los postulados antiimperialistas y neutralistas y promovieron una política internacional posibilista. Así lo pusieron de manifiesto el ingreso en la actual Unión Europea en el año 1986; la ratificación en referéndum de su adhesión a la OTAN; la universalización de sus relaciones diplomáticas (ejemplificadas por el reconocimiento del Estado de Israel en 1986); su apuesta por lograr una política de apoyo a los países mediterráneos e iberoamericanos, o su destacada colaboración en los proyectos de resolución de graves conflictos internacionales (guerra del Golfo, proceso de paz entre Israel y Palestina o guerra en la antigua Yugoslavia).
La adhesión a la Comunidad Europea
El 12 de junio de 1985, España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea y poco después las Cortes lo ratificaron sin ningún voto en contra. El 1 de enero de 1986 España se convirtió en uno de los miembros de la «Europa de los Doce».
Permanencia de España en la OTAN
Los socialistas habían sido contrarios a la adhesión de España a la OTAN. La experiencia gubernamental, en cambio, les convenció de su utilidad para acabar con el aislamiento y modernizar las Fuerzas Armadas. Además, varios líderes políticos europeos insistieron en que el ingreso español en la Comunidad Europea estaba estrechamente ligado a la permanencia del país en la OTAN. Estados Unidos presionó para que España no modificara su situación en este campo.
El 23 de octubre de 1984, Felipe González admitió en el Congreso de los Diputados el mantenimiento de España en la OTAN.
El referéndum se convocó para el 12 de marzo de 1986. El gobierno recomendó el voto afirmativo con tres condiciones: no integrarse en la estructura militar; prohibir la instalación, el almacenamiento o la introducción de armas nucleares; y reducir la presencia militar estadounidense. La participación fue más bien baja (algo menos del 60 %) y los votos afirmativos llegaron solo al 52,5% de los emitidos.
6. LOS GOBIERNOS DEL PP
El Partido Popular (PP) se mantuvo durante ocho años en el gobierno bajo el liderazgo de José María Aznar. A partir de 2001 mostró signos de desgaste debido a la crisis económica y a la política exterior.
Las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 tuvieron una participación bastante alta (77 %) y los pronósticos se cumplieron solo en parte. El PP consiguió la victoria, pero con una ventaja sobre el PSOE muy reducida. Al igual que había ocurrido con el PSOE en la anterior legislatura, el PP precisaba para gobernar del apoyo de algún otro partido. CiU (Convergència i Unió) volvió a cumplir con ese cometido, tras acordar la cesión del 30 % del IRPF a las Comunidades Autónomas. Apoyó a los populares en el Parlamento, pero siguió negándose a participar directamente en el ejecutivo. Asimismo, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria pactaron con el PP sus respectivos apoyos.
La recuperación económica iniciada en 1995 se consolidó en los años de mandato de los populares. Una política antiinflacionista y de rigor presupuestario, practicada por Rodrigo Rato desde el Ministerio de Economía y Hacienda, y la buena coyuntura económica internacional dieron como resultado un crecimiento medio por encima del 3 %, y permitieron cumplir con los requisitos de convergencia: la inflación se situó en el 2 %, los tipos de interés en el 6,9 %, el déficit público en el 2,9% y la deuda pública en el 68,1% del PIB. El paro también cayó al 15 % al final de la legislatura. El 1 de enero de 1999, España pudo incorporarse al grupo de países fundadores del euro.
El gobierno del PP aceleró considerablemente el proceso de privatización de empresas públicas (Repsol, Endesa, Telefónica, etc.), emprendido de forma cautelosa por los socialistas, y prosiguió la liberalización de los mercados del gas, electricidad y petróleo. Asimismo, pactó con los sindicatos cambios que tendían a flexibilizar el mercado laboral y a incrementar la estabilidad en el empleo.
La política exterior de los populares se asentó básicamente sobre las coordenadas anteriores. En 1997, España se incorporó a la estructura militar de la OTAN. En 1999, participó en las operaciones de bombardeo de la Alianza Atlántica contra el territorio yugoslavo en la guerra de Kosovo. En América Latina, el presidente Aznar tuvo que reconsiderar la política de firmeza que aplicó con Cuba en los primeros momentos de su mandato.
En política interior, el gobierno culminó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Quedaban reducidas a 150.000 efectivos y se suprimía el servicio militar obligatorio a partir de 2003. En septiembre de 1998 ETA declaró una tregua indefinida, a la que puso fin un año después. Tras estos hechos, el gobierno endureció su postura frente al terrorismo. Los principales problemas en política interior han sido el terrorismo y la inmigración. El terrorismo continúa activo. El aumento de la cooperación internacional y el acuerdo entre PP y PSOE han supuesto considerables avances en la lucha antiterrorista
La crisis económica que comenzó en 2001 provocó el crecimiento de la inflación y del desempleo. Por otra parte, el aumento de los precios de la vivienda, de alrededor de un 10-15% anual durante este período, muy superior al de los salarios, se convirtió en una de las principales preocupaciones de los españoles.
En 2001 se empezaron a distribuir las monedas y billetes en euros. El 1 de enero de 2002 comenzaron a tener valor legal como medio de pago.
Se emprendieron reformas en ámbitos muy diversos, entre ellos los siguientes:
· La educación, con la aprobación de la Ley de Calidad de la Enseñanza y de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
· El mercado de trabajo, con la Ley de Contratación Laboral.
· La inmigración, con la reforma de la Ley de Extranjería que había sido aprobada al final de la legislatura anterior.
· La lucha contra el terrorismo, con la aprobación de la Ley de Partidos en 2002, que declaraba ilegales a aquellos partidos que no condenasen la violencia y también con la intensa actividad judicial contra los apoyos políticos y económicos de la banda terrorista ETA.
El hundimiento del petrolero Prestige el 13 de noviembre de 2002 produjo el mayor desastre ecológico de la historia española. La oposición y los grupos ecologistas responsabilizaron al gobierno.
En 2003 el gobierno español apoyó la invasión de Irak por Estados Unidos en contra de la opinión de los demás partidos políticos y de la mayoría de los ciudadanos.
La cultura y la educación han tenido, desde la época de la Segunda República, una importante presencia en la sociedad española.
Al terminar la guerra, gran parte de los artistas, escritores y científicos españoles se exiliaron y muchos de los que permanecieron vieron interrumpida la divulgación de sus creaciones por la censura impuesta por el nuevo régimen que les condenó a un «exilio interior».
La literatura de posguerra sufrió los efectos de la censura y solo algunas personalidades literarias de gran calidad, entre las que destaca Camilo José Cela con novelas como La familia de Pascual Duarte o La colmena, paliaban el desierto literario.
En los años cincuenta y sesenta aparecieron autores que escribían una literatura crítica, como Gabriel Celaya, Juan Goytisolo o Luis Martín-Santos, o con preocupaciones sociales, como Blas de Otero, Buero Vallejo o Sánchez Ferlosio.
En el período democrático la literatura se ha centrado en la narración de la vida interior de los protagonistas, con autores de reconocido prestigio como Javier Marías o Antonio Muñoz Molina.
El cine vio la aparición de notables directores durante el franquismo como Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem o Carlos Saura, que prepararon la eclosión de grandes creadores ya en época democrática. Entre estos últimos los que han logrado un mayor reconocimiento internacional han sido Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.
Durante la dictadura España era un país con una cifra elevada de analfabetismo (17,34 %), lo que frenaba el desarrollo. La educación estuvo ligada a la enseñanza privada religiosa, que monopolizó especialmente la enseñanza secundaria.
De la LODE a la LOCE
La generalización de la educación ha sido uno de los grandes cambios experimentados. La transformación comenzó en los años sesenta, coincidiendo con la industrialización del país, y se consolidó con la Ley General de Educación en 1970, que extendió la enseñanza obligatoria hasta los 14 años. Fue en esa época cuando comenzó a erradicarse el analfabetismo, hasta entonces tan elevado.
Con posterioridad, los gobiernos democráticos han intensificado el esfuerzo educativo, primero con la aprobación de la LODE en 1984, que concreta el derecho a la educación reconocido en la Constitución. Después, vino la aplicación de la LOGSE en 1990, que amplió hasta los dieciséis años la enseñanza obligatoria, la LOCE en 2002 y la LOE en 2006. Todas estas leyes han tratado de afrontar los nuevos retos educativos.
A pesar de todo ello, España continúa presentando unos preocupantes índices de fracaso escolar en todas las etapas no universitarias, problema que lastra los logros conseguidos.
· La plena escolarización ha hecho necesario desarrollar programas de atención personalizada para los alumnos.
· La actualización de la educación, al compás del desarrollo científico y tecnológico, con la introducción de las nuevas tecnologías y la puesta al día de las áreas de conocimiento en los currículos educativos.
La aplicación de estas novedades se ve dificultada por la falta de acuerdo entre los diferentes sectores implicados.
Hoy España presenta unos rasgos culturales y educativos comparables a los de otros países desarrollados: el índice de analfabetismo es muy bajo, pues solo el 2,5% de la población no sabe leer ni escribir (la mayoría personas ancianas) y la escolarización incluye a todos los menores de 16 años. Esto ha permitido el desarrollo de la investigación en el país, ha limitado la dependencia tecnológica y ha facilitado el auge de la industria cultural.
Fuente: Kalipedia y apuntes de la profesora
Publicado por Cande Ramos en 9:49
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