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BOE.es - Documento BOE-A-2014-12650
Documento BOE-A-2014-12650
Pleno. Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1914-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias).
«BOE» núm. 293, de 4 de diciembre de 2014, páginas 114 a 122 (9 págs.)
BOE-A-2014-12650
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1914-2013, interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el art. 112 («Fondos de Compensación Interterritorial») y las partidas de gastos concordantes incluidas en la Sección 33; los arts. 2 [«De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley»] y 6 [«De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 1 de esta Ley»], en cuanto que recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; la cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos; y la disposición adicional decimotercera, todos ellos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
El segundo, con registro 5474-2012, fue igualmente promovido contra los arts. 2 [«De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del art. 1 de la presente Ley»] y 6 [«De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del art. 1 de esta Ley»], en cuanto recogen los créditos de los capítulos de gastos VI y VII; 119.1 [«Fondos de Compensación Interterritorial»] y partidas concordantes del estado de gastos; y sección 98, concepto 453 del estado de ingresos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.
Con carácter general, los preceptos impugnados infringirían la autonomía y la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Según el Gobierno canario, las diversas medidas de tipo presupuestario y financiero incluidas en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2013 vulneran los arts. 137 y 156 CE, que reconocen a las Comunidades Autónomas «autonomía para la gestión de sus respectivos intereses», lo que incluye tanto autonomía política como financiera (con cita, entre otras, de la STC 289/2000, de 30 de noviembre). Esta autonomía está desarrollada en la LOFCA en términos que habrían sido también vulnerados por las disposiciones impugnadas. Añade que esta Comunidad Autónoma tiene el carácter de región ultraperiférica, a partir del art. 299.2 del Tratado de Ámsterdam, lo que justifica un régimen especial en materia financiera.
En concreto, se alega que las cuantías presupuestadas no se ajustan al mandato de que la Ley de presupuestos generales del Estado dote adicionalmente el fondo de compensación interterritorial con una partida relativa a la variable «región ultraperiférica», con la consecuencia de que dichos fondos habrían sido dotados en cuantía inferior a la legalmente exigible. En este punto, se refiere la demanda brevemente al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que se contiene en los arts. 156 a 158 CE, para a continuación exponer la regulación del fondo de compensación interterritorial que, sin perjuicio del denominado «fondo complementario», está en realidad subdividido en tres fondos por así disponerlo el art. 16.3 a) a c) LOFCA.
A esta conclusión se llega tras exponer las notas esenciales del régimen económico y fiscal canario que, como estableció la STC 35/1984, de 13 de marzo, tiene un reconocimiento constitucional expreso que constituye una «excepción al régimen constitucional común» y que determina que, de acuerdo con el art. 46.3 EACan, su modificación requiera de informe previo del Parlamento canario, y que, a tenor del apartado 4 del mismo precepto, el Parlamento canario deba ser oído «en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico-fiscal de Canarias». Se citan igualmente en apoyo del alegato las SSTC 16/2003, de 30 de enero; 137/2003, de 3 de julio, y 109/2004, de 30 de junio.
A partir de lo anterior, razona la demanda que los créditos presupuestarios citados reflejan que la inversión teórica media estatal prevista para 2013 asciende a 483.377,01 € (miles de euros), mientras que las inversiones reales del Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias se prevén en 360.332 euros (miles de euros), por lo que hay una diferencia de inversión de 123.045 euros (miles de euros) a favor de esta Comunidad Autónoma, ya que se ha consignado presupuestariamente una menor inversión de la que hubiera correspondido según la citada Ley 20/1991. Consecuencia de ello es que los preceptos impugnados habrían incumplido o modificado el citado art. 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias, que exige que las inversiones estatales en la Comunidad Autónoma «no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular».
c) La cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos, denominada «Compensación a satisfacer por la Comunidad Autónoma de Canarias por la supresión del I.G.T.E.», contradice el sistema de financiación establecido por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la LOFCA, y vulnera los arts. 156.1 y 157.1 y 3 CE, además del art. 49 EACan. Tras exponer el origen de esta compensación, se añade que la misma debe considerarse derogada por el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, aprobado por la Ley 21/2001, sin perjuicio de que la merma del fondo de suficiencia que la misma supone infringe además el principio de autonomía financiera, en general, y el art. 13.4 LOFCA, en concreto, además de ser incompatible con los principios de eficacia y coordinación del art. 103.1 CE, que se oponen a la redundancia que supone la existencia de transferencias recíprocas.
2. Por providencia de 23 de abril de 2013, el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra los arts. 112 [«Fondos de Compensación Interterritorial»] y las partidas de gastos concordantes incluidas en la Sección 33; los arts. 2 [«De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley»] y 6 [«De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 1 de esta Ley»], en cuanto que recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; la cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos; y la disposición adicional decimotercera, todos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el «BOE», lo que tuvo lugar en el número 114, de 13 de mayo de 2013.
Recuerda a continuación el origen de esta compensación, que radica en la supresión de este tributo estatal a consecuencia de la creación del impuesto general indirecto de Canarias, y todo ello en el marco de la transformación del régimen especial canario, reflejado en el «Acuerdo de bases sobre la reforma del régimen económico fiscal de Canarias», suscrito en Madrid el 24 abril 1990, entre el Estado, la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Gobierno de Canarias contra el art. 112 («Fondos de Compensación Interterritorial») y las partidas de gastos concordantes incluidas en la Sección 33; los arts. 2 [«De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley»] y 6 [«De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 1 de esta Ley»], en cuanto que recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; la cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos; y la disposición adicional decimotercera, todos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013 (en adelante, Ley 17/2012).
La conexión existente entre los dos recursos citados y el presente consiste en la similitud tanto de su objeto, pues se dirigen contra similares preceptos de diferentes leyes de presupuestos generales del Estado, como a los motivos impugnatorios, que son también sustancialmente coincidentes, como afirman ambas partes de la controversia:
a) El primero de ellos (2410-2008) fue interpuesto contra los arts. 2 [«De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley»], 6 [«De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h) e i) del artículo 1 de esta Ley»] y 119.1 («Fondos de Compensación Interterritorial»), así como contra las secciones 33 («Fondos de Compensación Interterritorial») y 98 («Presupuesto de Ingresos del Estado»), de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2008, al considerar que se vulneran los artículos 156.1, 157 y 158, y la disposición adicional tercera de la Constitución; el art. 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias y los arts. 1, 2.1 d), 13.4 y 16.3.c) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.
b) El recurso registrado con el número 5474-2012, fue igualmente promovido contra los arts. 2 [«De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en las letras a) a d) del art. 1 de la presente Ley»] y 6 [«De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h), i) y j) del art. 1 de esta Ley»], en cuanto recogen los créditos de los capítulos de gastos VI y VII; 119.1 («Fondos de Compensación Interterritorial») y partidas concordantes del estado de gastos; y sección 98, concepto 453 del estado de ingresos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.
a) El art. 112 de la Ley 17/2012, que determina las cuantías de los fondos de compensación interterritorial para 2012, y su reflejo presupuestario contenido en la sección 33, se reputan inconstitucionales en los términos ya descritos porque se considera que contraviene el art. 16.3 c) de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) al no ajustarse las cuantías presupuestadas al mandato de que la Ley de presupuestos del Estado dote adicionalmente el fondo de compensación con una partida relativa a la variable «región ultraperiférica», con la consecuencia de que el fondo habría sido dotado en cuantía inferior a la legalmente exigible.
En este caso, y como hace constar el Abogado del Estado en su escrito, es claro que la cuantía agregada dotada en concepto de fondos de compensación interterritorial en la Ley 17/2012 supera con creces el mínimo establecido en el bloque de la constitucionalidad, pues el propio art. 112 de la Ley 2/2012 eleva este porcentaje al 40,12 por 100 en el caso de Canarias, al tener en cuenta la variable de «región ultraperiférica».
Esta misma doctrina fue reiterada, en el fundamento jurídico 2 b) de la STC 175/2012, para desestimar la impugnación de los arts. 2 y 6 de la Ley 2/2012, allí impugnados.
c) Por último, la denominada «compensación a satisfacer por la Comunidad Autónoma de Canarias por la supresión del IGTE», que aparece reflejada en el estado de ingresos del presupuesto del Estado (sección 98), se reputa inconstitucional por su impacto negativo sobre los ingresos que corresponden a la Comunidad Autónoma, lo que se considera que contraviene los arts. 156.1 y 157.1 CE, y el art. 49 EACan, toda vez que dicha compensación opera, según la demanda, sobre la participación en ingresos del Estado, actualmente denominada «Fondo de suficiencia», reduciendo las transferencias recibidas por este concepto.
1.º La extinción del presente recurso de inconstitucionalidad, por desaparición sobrevenida de su objeto, respecto de la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
DICTADA en el Recurso 1914/2013 (Ref. BOE-A-2013-4950).
DECLARA su extinción, por desaparición sobrevenida de su objeto, respecto a la disposición adicional 13 y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás en relación con la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).

References: artículo 1
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