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Timestamp: 2020-02-20 08:42:48+00:00

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La prepotencia del alcalde de Morón: ningunea al Defensor del Pueblo Andaluz
diariodemoron.com|Morón|12/02/2020
La prepotencia del alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), no tiene límites. Además de mentir a vecinos y oposición, ningunea al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y no responde cuando éste le requiere información sobre el arreglo de una calle de la localidad tras la queja de un vecino. Maeztu considera en una resolución formulada al respecto que “el silencio de esa alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones”.
Según ha podido saber Diario de Morón, los hechos se remontan al 8 de enero del pasado año cuando la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz pedía al Ayuntamiento de Morón que le indicara si era posible realizar las mejoras de un callejón que demandaba un vecino de la localidad y, de ser así, el plazo aproximado en que podrían acometerse las mismas; así como que, en caso contrario, pedía conocer las causas por las que no se estimaba procedente acceder a las peticiones formuladas para la mejora de la seguridad y accesibilidad en dicho viario.
El vecino se había dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz para exponerle que había planteado en varias ocasiones de forma verbal al Ayuntamiento el problema que le supone, debido a la discapacidad que le afecta, la conformación y mal estado del pavimento del callejón en el que tiene su domicilio, que le impide poder salir y acceder a su vivienda en las debidas condiciones de seguridad. Esta situación también afecta a su esposa que, siempre según el afectado a causa del estado del callejón, sufrió una caída que la mantuvo impedida durante varios meses.
Añadía que sus gestiones verbales ante el Ayuntamiento no habían dado resultado positivo, por lo que presentó escrito en el que exponía las circunstancias que le afectan y pedía la reparación de las irregularidades del pavimento del callejón, dotarlo de barandas y de una rampa que permita caminar por el mismo en condiciones de seguridad.
La petición de ese informe por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz no fue atendida por el Ayuntamiento, por lo que desde esta Institución andaluza se vieron obligados a reiterar en dos ocasiones dicha petición – con fechas 11 de febrero y 20 de marzo de 2019 –. A esto tampoco recibieron respuesta pese al contacto telefónico que, a los anteriores efectos, personal de esta Institución mantuvo con un funcionario de ese Ayuntamiento el 24 de abril de 2019.
Retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente
La resolución Defensor del Pueblo Andaluz, a la que ha tenido acceso este medio, recoge con respecto al Ayuntamiento de Morón que “esta Institución debe manifestar de manera expresa la deficiente atención que ha prestado a las labores de investigación. Debemos señalar la demora en atender las solicitudes que le hemos dirigido en sucesivas ocasiones, junto a la falta de respuesta a las cuestiones requeridas para analizar el caso concreto. Esa situación ha provocado un retraso innecesario y perjudicial en la tramitación del expediente a lo que se suma la dificultad para evaluar con mayor detalle los motivos de la queja”.
Asimismo, añade que “creemos oportuno significar ante todo esta valoración, esperando que tal incidente producido en el presente expediente de queja no derive en una falta de colaboración que motive la adopción de medidas reprobatorias formales”.
Maeztu considera en la resolución que “el silencio de esa esa alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones”, y recuerda que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. “Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable”.
De igual modo, señala que como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas a participar plenamente en las decisiones que les afecten, “obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable”.
“Dado el reiterado silencio de ese Ayuntamiento ignoramos si, dada la discapacidad que afecta al reclamante y a su esposa, ese Ayuntamiento va a acometer las mejoras en el callejón donde reside que reclama el interesado o, en caso contrario, las razones por las que ello no se estima procedente o posible”.
Envían los informes casi un año después
Finalmente y casi un año después, como respuesta municipal se remitieron a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz los informes del Departamento de Obras y del delegado de Obras del Ayuntamiento que indicaban las posibles actuaciones a realizar para mejorar la accesibilidad en la vía pública donde el interesado residía, añadiendo la estimación de que se podría actuar en esta zona de la ciudad (en el sentido indicado en el informe técnico), entre los meses de septiembre y octubre.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 21
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