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﻿ Sentencia 2007-00984 de noviembre 15 de 2012
SENTENCIA 2007-00984 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:CONMUTACIÓN PENSIONAL. EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ASUMIÓ EL PAGO DE LAS PRESTACIONES QUE SE GENERARON UNA VEZ EL MISMO ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO RESPECTO DE QUIENES SE ENCONTRABAN OBLIGADOS A AFILIARSE PERO LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS POR CAJANAL CON ANTERIORIDAD CONTINUARON EN CABEZA DE DICHA ENTIDAD DE PREVISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, CONMUTACIÓN PENSIONAL
Sentencia 2007-00984 de noviembre 15 de 2012
Ref.: Expediente 250002325000200700984-02
Nº interno: 0361-2011
Consiste en determinar si la Resolución 847 de 17 de octubre de 1997, por medio del cual el Fondo de Previsión Social del Congreso afilió a la demandada a dicha entidad, asumió el pago de la pensión de jubilación reconocida por Cajanal y ordenó el pago de un reajuste pensional especial en cuantía equivalente al 75% de lo devengado por un congresista en el año 1992, se ajusta o no a la legalidad.
Resolución 0847 de 17 de octubre de 1997, proferida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, que ordenó la afiliación de la señora Blanca Ochoa de Molina como sustituta pensional del señor Gerardo Molina Ramírez y le reconoció un reajuste pensional especial en cuantía equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que devenga un congresista en el año 1992 con vigencia a partir de enero del mismo año (fl. 239).
El señor Gerardo Molina Ramírez, fue pensionado por Cajanal a través de la Resolución 03122 de 23 de abril de 1967, efectiva a partir del 20 de julio de 1964 (fl. 178).
A través de las resoluciones 5545 de 13 de diciembre de 1976 y 01830 de 27 de febrero de 1984, Cajanal reliquidó la pensión de jubilación reconocida a favor del señor Gerardo Molina incluyendo el tiempo laborado en la Universidad Nacional de Colombia y en el Congreso de la República, siendo el último cargo desempeñado de Senador de la República desde el 20 de julio de 1982 hasta el 31 de julio de 1983 (fls. 184 y 187).
Por Resolución 05254 de 10 de mayo de 1989, Cajanal reliquidó nuevamente la pensión de jubilación teniendo en cuenta el tiempo laborado por el causante como Senador de la República hasta el 19 de julio de 1986 (fl. 191).
Mediante Resolución 029596 de 2 de julio de 1993, Cajanal sustituyó la pensión de jubilación a la señora Blanca Ochoa de Molina, en calidad de cónyuge supérstite del señor Gerardo Molina Ramírez, a partir del 30 de marzo de 1991 (fl.206).
El apoderado de la demandada en el recurso de apelación advirtió que el a quo no se pronunció respecto de las excepciones de “constitucionalidad y legalidad del acto demandado, buena fe y desconocimiento de derechos fundamentales”. Tampoco “se surtieron los efectos procesales”, generados por la muerte de la señora Blanca Ochoa de Molina, ocurrida el 30 de abril de 2008 (fl. 669).
Respecto de las excepciones, la Sala advierte que las mismas constituyen argumentos de defensa que atacan la prosperidad de las pretensiones y en tal sentido, no constituyen excepciones de mérito que ameriten un pronunciamiento previo al estudio del problema jurídico.
En relación con las consecuencias procesales que genera la muerte de la demandada Blanca Ochoa de Molina, es del caso advertir lo siguiente:
De conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, “la muerte del mandante no pone fin al mandato judicial pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores”.
Atendiendo tal normativa, el apoderado de la fallecida Blanca Ochoa de Molina, continuó con el trámite procesal dado que tal situación no genera, por sí sola, la terminación del mandato. Ahora bien, en los procesos en que sea necesaria la comparecencia personal del causante, se deberá atender lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil que establece la sucesión procesal en los siguientes términos:
Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador”.
En aplicación de dicha norma, y en aras de garantizar el derecho de defensa, la magistrada sustanciadora, antes de la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, ordenó emplazar a los herederos de la demandada (fls. 731 y 734).
La orden anterior fue reiterada por auto de 14 de febrero de 2012 debido a que el apoderado de la demandada retiró los edictos emplazatorios cuando debía hacerlo la entidad demandante (fl. 743). El edicto emplazatorio fue publicado en radio y prensa el 26 de abril de 2012 (fls. 745-748).
Todo lo anterior, permite concluir que la muerte de la demandada no genera una ilegalidad de la sentencia de primera instancia porque el apoderado siguió ejerciendo el mandato conferido por la causante y se emplazó a los posibles herederos sin que comparecieran.
Aclarado lo anterior, procede la Sala al estudio del fondo del asunto en el siguiente orden:
La conmutación pensional es un “mecanismo que tiene la finalidad de permitir a un empleador particular o estatal que tiene obligaciones pensionales a su cargo sustituir esas obligaciones mediante un pago de capital, para que el pago de las pensiones sea asumido por una entidad del sistema de seguridad social”(1).
La Ley 33 de 29 de enero de 1985, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República con el objeto de que en adelanta asumiera el pago de prestaciones a favor de los empleados del Congreso de la República y del fondo y de los congresistas, las cuales venían siendo asumidas generalmente por Cajanal.
‘1. Efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo fondo.
3. Realizar inversiones que le permitan servir oportunamente los objetivos propios de la institución y le garanticen seguridad, rentabilidad y liquidez’”.
En relación con la condición de afiliado, el artículo 3º del Decreto 2837 de 1986, determinó que lo serán:
En este sentido, se puede afirmar, que al haber reconocido Cajanal la pensión del señor Gerardo Molina Ramírez, antes de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, es dicha entidad la encargada de continuar con el pago y por ende procede la nulidad de la afiliación de la demandada a Fonprecon, tal como lo advirtió el a quo.
La Ley 4a de 1992, señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
Reajuste especial. Los senadores y representantes que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4a de 1992, tendrán derecho a un reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su pensión alcance un valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales congresistas.
En ese orden de ideas, como el señor Gerardo Molina Ramírez percibió la pensión de jubilación con anterioridad a la Ley 4a de 1992, tenía derecho al reajuste pensional por una sola vez y hasta alcanzar el 50% de la pensión que devengaba un congresista para ese año, con efectos fiscales “a partir del 1º de enero de 1994”, tal como lo establece el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 modificado por el artículo 7º del Decreto 1293 de 1994.
No es de recibo la petición del apoderado de la demandada en el sentido de que el reajuste deba mantenerse en el 75% de lo que devengue un congresista por todo concepto, porque la Ley 4a de 1992, que establece tal porcentaje, está dirigida a los congresistas en ejercicio que se pensionen a partir de su entrada en vigencia y no para los “exparlamentarios”.
En relación con el tema, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 5 de agosto de 2010, Expediente 8418-05, Actor: Gustavo Salazar Tapiero, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, unificó la tesis, argumentando lo siguiente:
—El porcentaje del reajuste fijado en el 50% del promedio de las pensiones de los congresistas amparados por la Ley 4ª de 1992 para el año 1994 es razonable para los fines buscados por la norma y no vulnera el derecho a la igualdad de los excongresistas frente a los congresistas, ni el de los exmagistrados frente a los magistrados, pues no están ubicados en igualdad de condiciones, veamos:
• Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se exigió para el caso de los congresistas una dedicación exclusiva de mayor entidad a la exigida por la Constitución Política de 1886, fue así como cambió su régimen de inhabilidades(2) e incompatibilidades(3) haciéndolo más riguroso, lo cual determinó la necesidad de elevar sus salarios y prestaciones.
Así, el reajuste pensional a favor de los congresistas pensionados antes de la Ley 4a de 1992 no se fundamenta en el artículo 17 de dicha ley, que se refiere a los que se pensionen a partir de su entrada en vigencia, sino en los decretos proferidos con posterioridad que establecieron expresamente un reajuste especial a favor de los excongresistas equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales congresistas con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994 (D. 1293/94, art. 7º).
No es procedente la petición del apoderado de la demandada en el sentido de aplicar la tesis expuesta por la Corte Constitucional en Sentencia de Tutela T-456 de 1995, porque dicho fallo solo produce efectos entre las partes que componen la litis y por ello, no resulta procedente darle efectos erga omnes. Máxime si se tiene en cuenta que la posición asumida en esa oportunidad fue replanteada en la Sentencia SU-975-3 de 23 de octubre de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la que sostuvo lo siguiente:
Cuando el Gobierno Nacional, es decir, el órgano constitucionalmente competente para desarrollar la ley marco sobre las pensiones dentro del régimen especial de los congresistas, constató la existencia de una desproporción entre un grupo de pensionados antes de la Ley 4a de 1992 (los excongresistas) y un grupo de pensionados después de su vigencia (los congresistas), ambos dentro del mismo régimen especial, decidió que la desproporción se superaba si se reconocía en ese momento un reajuste especial de la pensión de un grupo de forma que esta no fuera inferior al 50% de la pensión del otro grupo. En otras palabras, el procedimiento, para superar la desproporción, aplicado por el órgano constitucionalmente competente para configurar los regímenes pensionales fue el siguiente: a) Tomar la pensión recibida por el grupo más beneficiado —los actuales congresistas—, b) comparar dicha pensión con la recibida por el grupo menos beneficiado en ese momento —año 1993—, c) ordenar que, en caso de que la diferencia entre ambas pensiones sea superior al 50% de la pensión mayor, se efectúe un reajuste especial por una sola vez. Dicho reajuste especial consiste en elevar la mesada pensional en la suma que sea necesaria hasta que esta alcance el 50% de la pensión del grupo más favorecido, lo cual se efectúa caso por caso”.
También se advierte, que el reajuste especial en cuantía del 75% aplicado a la pensión del causante no constituía un derecho adquirido pues el mismo fue aplicado erróneamente atendiendo una normatividad que no era la aplicable a su caso pues para el grupo de excongresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4a de 1992 existe norma expresa que determina un reajuste especial en un porcentaje inferior al reconocido.
Tampoco se configura la violación del derecho a la igualdad que alega el apoderado de la demandada porque es la ley la que establece un trato diferente a quienes se pensionaron en calidad de congresistas antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 4a de 1992, determinando expresamente el porcentaje del reajuste especial a favor de los congresistas pensionados con anterioridad a su entrada en vigencia, es decir, que se trata de situaciones de hecho diferentes.
Ahora bien, en relación con el principio de la buena fe es del caso advertir que la presunción establecida en el artículo 83 de la Constitución Política no fue desvirtuada dado que el causante no adquirió el derecho al reajuste especial por la comisión de actos dolosos y, en tal sentido, no hay lugar a la devolución de las sumas pagadas en exceso.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró no probadas las excepciones, decretó la nulidad parcial del acto demandado y negó la devolución de las sumas pagadas en exceso.
Confírmase la sentencia de 15 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró no probadas las excepciones, decretó la nulidad parcial del acto demandado y negó la devolución de las sumas pagadas en exceso.
(2) De conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992, por inhabilidad se entiende: “... todo acto o situación que invalida la elección de congresista o impide serlo”.
(3) De conformidad con lo establecido en el artículo 281 de la Ley 5ª de 1992, por incompatibilidades se entiende: “... todos los actos que no pueden realizar o ejecutar los congresistas durante el período de ejercicio de la función”.

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 69
 artículo 267
 artículo 60
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 83
 artículo 279
 artículo 281