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Timestamp: 2018-02-24 13:40:01+00:00

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La retórica independencia del poder judicial en España
La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pocos díaa antes de asumir la investigación por un delito de sedición contra los presidentes de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y en vísperas del Día de los Ángeles Custodios (2 de octubre de este año), la magistrada recibió del Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, casualmente, también, magistrado, pero, por supuesto, en excedencia, la medalla al mérito policial ( alguién ha escrito que el Ministro tuvo "buen ojo") . Para a continuación, días después, el 2 de noviembre, encarcelar a ocho miembros del Govern derrocado en Catalunya, en una cuestionada y crticada (incluso por Jueces para la Democracia) actuación judicial, por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Y lo mismo ocurrió el año anterior, en octubre de 2016, cuando la magistrada Lamela asumió la instrucción del caso Alsasua, en que casualmente, también, recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. El caso Alsasua, recordemos, es el que, por el cual, la magistrada envió a prisión, acusados de terrorismo a unos jóvenes (de los cuales, de ocho, tres siguen en prisión), que han sido procesados como autores de la agresión, hace un año, a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. Piden para ellos penas de entre 62 y 12 años, que suman un total de 375 años.
Apertura del año judicial en la jurisdicción militar
El 31 de octubre de este año, en vísperas, podríamos decir, del encarcelamiento de los miembros depuestos del Govern, en la sede del Tribunal Central Militar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, mostró su "preocupación" sobre la situación en Catalunya al comienzo de su discurso en la apertura del año judicial militar, acompañado del Fiscal General, José Manuel Maza (promotor de la querella, que ya había presentado el día anterior, contra el President de la Generalitat, el Govern y la mesa del Parlament) y de la Ministra de Defensa del Gobierno español. El presidente del Tribunal Militar Central, Rafael Eduardo Matamoros, que, también, intervino en el acto, expresó su "admiración" por los agentes de la Guardia Civil desplegados en Catalunya. Y éste concluyó: "Estoy seguro de hablar en nombre de todo los jueces militares orgullosos de nuestros colegas de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía, y como militares de los compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por su comportamiento y las actuaciones ejemplares desde todos los puntos de vista llevadas a cabo en Cataluña durante las últimas semanas, cuentan con todo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro apoyo".
EL "discurso" publicado en el periódico conservador ABC del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, previo y el mismo día del encarcelamiento judicial del Govern derrocado.
Al respecto, el General de División, en situación de retiro, Rafael Dávila Álvarez,, en su artículo publicado en el denominado "blog General Dávila" dice : "El diario ABC del jueves 2 de noviembre trae un artículo del General de Ejército y Jefe del Estado Mayor de la Defensa Fernando Alejandre Martínez en el que recoge el sentir de los actuales Ejércitos y que les hemos ofrecido en un comentario del día escrito por el General Chicharro. Nada distinto a lo que en su momento dijo el Teniente General Mena". ¿Y qué publicó el Sr. Chicharro?, pues esto: "...En definitiva, las FAS están sometidas plenamente al Gobierno y no es labor de éstas el ponderar de forma autónoma decisiones al respecto. Esto está muy claro y así nos lo recuerda, también, en su artículo el General Alejandre, pero también conforme a la propia letra de la Constitución si lo que deviniera en algún momento fuera contrario a la letra de la propia Constitución y los responsables de su defensa no actuaran consecuentemente ahí nos encontraríamos con el citado artículo 8". Refiriéndose el Sr. Chicharro al artículo 8 de la Constitución Española, Y lo recoge así: "...el artículo 8.1. nos dice : las FAS tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".
El espectro de Montesquieu parece que se ha esfumado del Reino de España, pues lo mismo parece que se aplica el derecho penal del enemigo como que la dureza del Código Penal, fundamentalmente, está para los “robagallinas”.
En todo caso, no está de más recordar que el derecho a la garantía de un Juez imparcial, supone que el Juez "no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra".
La frustrada vocación política del Magistrado Landete
En un comunicado a los Medios de Comunicación, el Magistrado Landete denuncia que "las llamadas a la desobediencia del derribo del mamotreto son una irresponsabilidad inadmisible”.
¿Presunto delincuente o presunto inocente?
La Constitución española, en su artículo 24 apartado 2, dice así:
Los errores judiciales de los siervos de la ley
“No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu).
Tribulaciones y alegrías del 'indigente' Zerolo
Ante el doble rasero de la Justicia
Escrito por Ramón Afonso
¿Es el Presidente de la Audencia un anti-sistema?
¿Lo es la Fiscal Jefe? ¿Y el Juez Decano?
El caso "gestora de La Laguna"...
El caso "gestora de La Laguna", un dislate judicial
Decía Ignacio De Otto que “la decisión del juez sólo puede alcanzar aceptación general, esto es legitimidad, si se basa en premisas que a su vez gocen de esa aceptación”.
Derechos Humanos; 68 años después: ¿Respetados o conculcados?
El pasado 10 de diciembre de 2016, se celebró el día de los Derechos Humanos; lastimosamente, los mismos continúan siendo, en más de las ocasiones deseadas, vulnerados o conculcados por parte de muchos países, para los cuales son una mera cuestión de principios rimbombantes, que, en la praxis carecen del respeto y la protección merecida y esperada; ello, pese a los años transcurridos, sesenta y ocho, desde que la Organización de las Naciones Unidas promulgara la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de dicha Organización, la cual sería signada en París un 10 de diciembre de 1948, mediante la Resolución 217 A (III), rigiendo como un ideal común para todos los pueblos y naciones; extractando, por su esencialidad, de su Preámbulo, el primer Considerando: "Que la libertada, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". (1)
Visto los acontecimientos que, reiterativa y desafortunadamente, desde hace décadas, vienen vulnerando los principios contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, en diferentes y diversas partes del mundo; acontecimientos, frente a los cuales la sociedad mundial deviene incapaz y estremecida. La avalancha de noticias, ofrecida por diversos canales de comunicación nacionales e internaciones, sobre los comportamientos de los países en que se violan, sistemáticamente, los Derechos Humanos en sus respectivos territorios nacionales, resulta abrumadora e inquietante.
De acuerdo al trabajo realizado por la Organización “Human Rights Watch”, en su análisis ofrecido en su Informe Mundial 2015, sobre la situación en la que se encuentran los Derechos Humanos en el Mundo; dicho Informe, se ha elaborado sobre una muestra referida a un total de diecinueve países, en los cuales se hallan, con mayor asiduidad, conculcados los derechos humanos de los ciudadanos y/o colectivos concretos. Para todos aquellos lectores más interesados, la situación detallada de cada uno de los diecinueve países referenciados en dicho Informe, pueden consultarse, de manera abierta, a través de la página web de Human Rights Watch (2)
Asimismo; encontramos el Examen Periódico Universal (EPU), organismo creado el 15 de marzo de 2006, virtud Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estableció también el Consejo de Derechos Humanos. EPU, elabora Informes, en un proceso de colaboración, de la situación en la que se encuentran los derechos humanos, en los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU, actualmente, es el único medio universal de las características y capacidades de dicha institución. Su función está en recordarle a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente el conjunto de los principios y libertades fundamentales, contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Finalmente, el EPU intenta mejorar la situación de derechos humanos en todos los países, afrontando las situaciones vulneradoras, allá se hallan acometido.
El pasado 10 de marzo de 2016, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, presentó el Informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos; expresando, que estaba alarmado por el creciente número de amenazas que se ciernen sobre la democracia en el mundo. (3)
A manera orientativa; la vulnerabilidad de los derechos humanos en el mundo, sin agotar las causas, podemos citar entre las más destacadas, por su magnitud e importancia, las a continuación indicadas: a) terrorismo internacional, b) crimen organizado transnacional, c) institucionalización de la corrupción, d) pobreza y subdesarrollo, e) paraísos fiscales, f) blanqueo de capitales, g) estados fallidos, h) explotación y tráfico de seres humanos, i) crímenes de guerra, etc.
Conclusión: La situación actualmente referida al respeto de los derechos humanos en el mundo, siguiendo los informes consultados, podremos afirmar de manera irrefutable, no sin tristeza que los mismos, se encuentran afectados de gravedad; empleando un símil de carpintero, cual mueble infecto por la carcoma, en el que a simple vista parece el mueble en buen estado, pero que apenas se toque comienza aparecer serrín; de hecho, de no ponerse a disposición de las Naciones Unidas, urgentemente, más medios materiales y humanos civiles y militares, dotándole de los recursos económicos necesarios, tendentes a la observancia del respeto, por todos los medios, incluso recurriendo a la fuerza coercitiva si fuere preciso, de los derechos humanos y las democracias; una de las piezas fundamentales, pasaría por el otorgamiento de competencia transfronteriza, en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, a todos los respectivos tribunales de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas; al objeto, de evitar la impunidad de la que gozan, actualmente, los vulneradores de unos derechos investidos, teóricamente, de la máxima protección.
Haciéndonos eco de lo expresado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los derechos humanos, Zeid Raad Al Hussein; podríamos aseverar, sin temor a yerro alguno, que tales derechos estarán seriamente arrumbados a convertirse en simples o meros principios revestidos de una rimbombancia de carácter filantrópico, pero en la praxis ungidos (coronados) por la inanidad. Ante tan indeseado panorama, no queda por menos, urgir a la Comunidad Internacional a reponer a su exacto lugar de protección a los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo cual requiere, entre otras medidas, una inmediata inversión, eficiente y eficaz, en la educación de los pueblos y naciones del mundo.
En relación con lo expuesto en los párrafos precedentes; no queda por menos, que referirnos a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968; entrando en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII; extractándose, por su claridad al respecto, lo establecido en su Art. 1 apartado b) “Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”. (4)
Juan F. Ramírez (Abogado, Analista Político e Investigador)
Notas utilizadas:
(1) La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas
(2) https://www.hrw.org/es/world-report/2015
(3) http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/ZeidPresentsHisAnnualReport.aspx
(4) http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx
Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria
Por supuesto: no son todos los jueces
Son días de gozo para la salud democrática: los medios de comunicación regionales informaron pormenorizadamente sobre supuestas irregularidades –acaso punibles- relacionadas con algunas señorías. Pero a pesar de la espectacularidad, se trata de minoritarias minorías dentro del amplio colectivo. Por tanto, ajenas a la función primera de un juez: “Dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.
Son, insisto, actuaciones individuales, aunque por su impacto desestabilizan a unos y refuerzan a incrédulos o críticos radicales. Además, perplejan y anonadan pues en muchas mentes jamás se consideró la condición humana de sus señorías. Tal vez no eran dioses olímpicos; ni tan siquiera lares, a la manera de la sociedad romana dos veces milenaria. Pero humanos humanos, lo que se dice seres con debilidades, manías, pasiones naturales, contradicciones o equívocos, ni hablar.
Hasta hace poco nadie contradecía su fallo. Muy al contrario, la prudencia recomendaba aquella locución tan socorrida de “Asumo el veredicto, pero no lo comparto”, artilugio lingüístico para manifestar en público la disconformidad con una sentencia. Y a causa de tal trasnochado dogma (siempre actúan sin errores humanos posibles), la tan auxiliadora construcción próxima a políticos hipotéticamente delincuentes: “Tengo mi conciencia tranquila. Confío plenamente en la Justicia”. Es decir, en los humanos que actúan por ella. (Se mantienen otros dos recursos: si la sentencia es favorable, “Siempre confié en la Justicia”. Si no, “Jamás comento las decisiones judiciales”, construcciones ambas tan presentes en la señora vicepresidenta, astuta ella.)
Así pues, y solo como ejemplo, transcribo subtítulos leídos aquí y allá y que llevaron a la asociación Jueces para la Democracia (una de las cuatro del colectivo) a exigir el cese (hoy también significa ‘deposición, destitución’) del señor X, magistrado con excesivo protagonismo en las páginas de periódicos e informativos de radio. Además, reclamó la apertura de expediente disciplinario". Léense en aquellos textos distintas variantes relacionadas con llamativas formas de actuar, visitas a despachos, entradas por zonas reservadas... Otros son enjundiosos o, cuando menos, impactantes: “El juez X grabó a un compañero de la Audiencia Provincial en su despacho”; “El audio entre el abogado […] y el magistrado X revela aventuras amorosas, abonos sospechosos de dinero y oscuras maniobras”…
Pero hay más: “La conversación entre el magistrado X y el empresario Z duró 45 minutos más de lo que reflejan las grabaciones”… En efecto: días antes el señor Z, empresario, había registrado sin consentimiento de la otra parte la conversación mantenida con el señor X, juez, en torno a una jueza, la señora F, hoy exdiputada de Podemos y ayer candidata de esta agrupación al ministerio de Justicia. Pero hete aquí que la grabación entregada por el señor Z estaba incompleta según técnicos especialistas de la Guardia Civil.
Vaya por delante el inviolable principio que exime a cualquier ciudadano de culpabilidad mientras esta no se demuestre. Pero si a los dos párrafos anteriores añadimos la transcripción titulada “Deliberaciones nada secretas” (Canarias7, 5 de noviembre), la imagen se difumina pues, al menos, determinados comentarios resultan inapropiados en sus señorías, por más que pueda tratarse de una reunión informal. Sorprende la afirmación de alguien sobre la mafiosidad de todos “los jovencitos” rusos fuera de su país o que “todas las rumanas, [son] putas”: aparentan generalizaciones al menos muy precipitadas y, por supuesto, imprudentes.
Digo al principio “días de gozo para la salud democrática” y digo bien: jamás de los jamases el bisturí diseccionador de las palabras públicas había abierto en canal una estructura tan cerrada, monolítica y en momentos de la Historia muy temida. Por ejemplo, los tribunales de Orden Público, uno de los tantos elementos represivos usados en la dictadura franquista contra colectivos y personas amantes de libertades (Agustín Millares Cantero; Maxi Páiser…) y, las más de las veces, sacrificadas en su nombre. Así, sindicalistas (en honor a la verdad, casi todos de CC OO, la otra); proletarios que reivindicaban justicia social; miembros y simpatizantes de partidos políticos (PCE, sin menoscabo de otros); profesores que pregonaron en las aulas palabras de ilusiones y esperanzas frente a violencias del Estado, Carabanchel, sanciones económicas… (Le debo a la libertad / muy grande deuda le tengo. / Y como le debo, debo pagarle, pues soy honrado. / Llévenme, pues, a la cárcel / para que más libre sea.)
Anteayer intervino, al fin, el Consejo General del Poder Judicial. Expedienta al magistrado X (señor Alba) por dos faltas muy graves y una tercera grave, referidas a “inobservancia del deber de abstención” […], “revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función […] cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona y, finalmente, al “exceso o abuso de autoridad”.
Insisto, sin embargo, en las imperfecciones inherentes a todas las sociedades humanas, a todas. Torpe sería negar, por tanto, desaciertos en quienes imparten justicia: Errare humanum est (‘Errar es humano’), dice la expresión latina que intenta enmendar naturales fallos o errores cometidos incluso por señorías, aunque sin ánimo de perjudicar.
Acepto, pues, la expresión latina como algo innato del individuo, consustancial a su propia imperfección. Pero tal máxima debe llevarse a su mayor encumbramiento con un segundo elemento: …Sed perseverare diabolicum (‘Pero es diabólico perseverar’ [en el error]). Por tanto, actuó el CGPG. Puede estar en juego algo rigurosamente importante en una sociedad libre: la pureza de sus estructuras judiciales, acaso bajo sospecha de extraños entramados en los cuales se mezclan señorías, influencias, poderes económicos, caminos enrevesados, tuteos…
A pesar de todo, y a la manera de Blas de Otero, tiendo mi mano a la inmensa mayoría de jueces, magistrados… y defiendo su pudor profesional: me identifico con la “indignación” generalizada en todos sus órganos de Canarias. A la par, me felicito por la revitalización de la Prensa, elemento absolutamente imprescindible para el control democrático de nuestra sociedad (tal como estimo en sus fuentes de información). Sus señorías, mientras, meditarán sobre excesivas confianzas… o acaso imprudencias.
13 en el banquillo
Entre cañitas, montaitos de lomo, algún vinito del país, en el bar de Pepe la gente escucha Radio San Borondón, esa radio que se ha convertido en la voz del pueblo canario.
Sobre el macrojuicio de Las Teresitas
Que caiga de una vez, que ¡YA ESTÁ BIEN!
Demasiadas artimañas para construir, justificar y eludir la orden de derribo del mamotreto, que aún, a estas alturas, está a meses vista de que se haga realidad lo sentenciado en firme. Claro, esto forma parte de la tercera etapa, eludir como sea, bien mintiendo o sacándose de la manga alguna que otra estratagema, su demolición.
Escrito por Cándido Quintana
LexNet: Sistema impuesto, ineficiente y vulnerador de la privacidad
Cuando han transcurrido seis meses de la implantación del sistema de comunicaciones LexNet, sistema impuesto discrecionalmente desde el poder, con el pretexto de modernización de la Justicia; dicho sistema, obligatorio, se ha mostrado totalmente deficiente; siendo de obligatorio cumplimiento desde el pasado 01 de enero de 2016; dicho sistema de comunicación, vía medios electrónicos, entre los operadores jurídicos (abogados y procuradores) en su relación con la Administración Judicial; resulta un sistema que, itero, ha demostrado, desde el mismo instante de su puesta en funcionamiento, altamente ineficaz; no obstante, pese a que pudiera resultar subsanable las deficiencias de carácter técnico denotadas; hay que significar, de manera clara y rotunda, la oposición de muchos profesionales liberales, operadores de la abogacía y de la postulación, que vienen sufriendo las inconveniencias de, por razones varias y obvias, un sistema de comunicación no consensuada e impuesta desde el Gobierno; sistema generador de más errores que aciertos; además, no se ha tenido en consideración la vulnerabilidad a la que se hallan expuestos los diferentes sistemas informáticos; especialmente, tratándose de datos judiciales de carácter patrimonial y personal, datos altamente sensibles contenidos en todo expediente judicial; expedientes judiciales, obligados a circular, mor de una ley, a través de los canales electrónicos quedando, ineludiblemente, expuestos a los múltiples y variados sistemas de espionaje informático, entre otros muchos peligros de la red.
Escrito por Juan Francisco Ramírez S.
Juez Alba: ¿Y ahora qué les digo a los alumnos?
El lunes próximo, finalizando el cuatrimestre, tengo que explicarles a los alumnos de la Facultad el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Nuestra lucha contra el olvido
Refugiados: suerte que aún puedes elegir
El Tribunal Supremo español obstaculiza las energías renovables
La mafia canaria va cayendo poco a poco
"Las campanas no deben doblar"
Tribunal Supremo: Los plenos municipales se pueden grabar
Rubens Tabares Hernández (1919-1941), el primer canario asesinado por los nazis en el campo de concentración de Mauthausen

References: artículo 8
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 artículo 24
 Resolución 
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