Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2011/02/
Timestamp: 2018-01-18 13:54:53+00:00

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POLITICA Y DERECHO: febrero 2011
MUNDO DE EMBAUCADORES
Hay algo peor que el insomnio. No poder dormir y prender la televisión. La madrugada se convierte en un mundo raro plagado de artículos mágicos que todo lo resuelven; una catarata interminable de charlatanería sin rubor ni límite alguno.
Malunggay, el árbol de la vida, evita más de 300 enfermedades. Sustentada científicamente -no se trata de milagros- controla los niveles de azúcar, combate las úlceras gástricas, la fatiga, las hemorroides, los dolores de cabeza. Además, siendo un producto destilado del árbol de la moringa, abate el colesterol, limpia la sangre, acaba con los tumores y es un medio para derrotar al cáncer.
El parche HairBack ayuda a rejuvenecer el pelo, logrando un cabello fuerte, sano, con un 80 por ciento de éxito comprobado. Resuelve el problema de raíz y entonces aparecen unos rizos fuertes, con volumen, abundantes, gruesos. Se trata de parches de liberación prolongada, preparados con algas marinas, que pueden comprarse en versiones para hombres y mujeres. Ese sistema de regeneración capilar le hace decir al consumidor: "todo es diferente" a partir de ahora. "Me siento más seguro", afirma un pobre hombre que vivía abatido por la calvicie.
Las tabletas NanoLiv actúan contra la pérdida de la memoria pero también contra la gastritis y la colitis. Ayudan al mejor funcionamiento del corazón, a bajar de peso y como es un diurético efectivo elimina la grasa y permite una mejor digestión. Se trata de un producto 100 por ciento natural que ha sido certificado ante notario. Está basado en una tecnología de vanguardia, la nanotecnología que incrementa la capacidad mental, favorece la expulsión de cálculos, derrota la gastritis, el estreñimiento y las varices; rejuvenece el tejido de la piel y cura la artritis y la osteoporosis. Lo recomienda, entre otros, un campeón: El Púas Olivares.
Hay también Alcachofa de Laon. Se trata de unos shots que ayudan al tránsito intestinal ya que depuran las grasas. Por supuesto, se extrae -usted ya adivinó- del corazón de la alcachofa y sirve para bajar de peso. Una ex gorda presume que en 15 días bajó 12 kilos. Las Alcachofas son mucho mejores que las dietas y las cremas. Dado que liberan los líquidos retenidos, eliminan las llantitas y permiten diálogos como el siguiente: -¡Qué guapura!; -Me siento excelente.
El spray Celluactive es un producto para esfumar la celulitis. Desaparece los hoyitos en la piel y quienes se lo aplican se sienten felices y pueden pasearse por la playa sin complejos. Estudios de velocimetría han comprobado que es útil cuando se aplica a las caderas, los muslos y los glúteos. Es una tecnología que congela los nódulos de grasa y funciona como un sellador. Desaparece la piel de naranja. Sus activos congelantes penetran la piel y sus usuarias dejan de producir repulsión.
No confundir al anterior, con Celunuvel, que evita el envejecimiento. La argumentación es contundente: si el envejecimiento se produce por el desgaste celular, Celunuvel regenera las células. Así, combate las arrugas, la flacidez, el pelo sin brillo, y los viejos se transforman en jóvenes. Es el secreto de belleza que ahora está al alcance de todos. Fortalece el sistema inmunológico y disuelve las estrías. Ya no hay que ir a Suiza, ahora en México existe un producto que hace retroceder a la edad, mejora la memoria, la gota, la diabetes.
También hay un perfume de feromonas que como usted debe saber son las hormonas de la atracción. El perfume no sólo sirve para ligar, sino también para mejorar las relaciones interpersonales y aumentar el liderazgo. (Sobra decir que ninguna de las frases anteriores es inventada. Mi imaginación, por desgracia, no da para tanto).
Chabacanería, mentira, fraude, todo en un torrente sin control que inunda en las madrugadas (y también a otras horas) las pantallas televisivas. Una explotación de la ignorancia y las esperanzas, de las carencias y los sueños, bajo el amparo de la impunidad y la soberbia.
Imagino que un día las autoridades de la Cofepris se toparon ante la mencionada avalancha y decidieron actuar. Más vale tarde que nunca. Anunciaron un proyecto de modificaciones al reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad para prohibir los productos milagro: varitas mágicas que producen transformaciones espectaculares y mentirosas. Se intenta impedir que supuestos menjunjes sean revestidos de cualidades que no tienen y evitar el fraude mayúsculo que se lleva a cabo con la complicidad de las televisoras. Por ello, se trata de hacer corresponsables a las agencias de publicidad y a los medios de comunicación que contribuyen a dar gato por liebre a auditorios cándidos o subinformados. (Reforma, 18-02-2011).
(P.D. ¿El gozo se fue al pozo? Estaba a punto de mandar el artículo cuando leí que Miguel Ángel Toscano dejaría la Cofepris "como consecuencia de las acciones puestas en marcha para intentar regular los productos milagro". -Reforma, 23-02-11- El colmo).
EL DIFERENDO DE LA PUBLICIDAD EN TV
La prensa reporta esta semana que las empresas pertenecientes al grupo Carso han decidido dejar de anunciar su publicidad en los canales de Televisa y TV Azteca respectivamente. El motivo de tal decisión es el incremento de las tarifas que las televisoras venían cobrando al anunciante. Hasta ahí, se trata de decisiones de agentes económicos privados en el marco de los contratos que voluntariamente pueden establecer y dejar de sostener entre sí. (Dejemos de lado el hecho de que las empresas involucradas son competidoras directas en algunos mercados y que la subida de precios de los anuncios pueda ser resultado de disputas económicas). ¿Quién puede salir afectado del incremento de precios y de la posterior cancelación de los contratos?, sólo agentes económicos privados, por ejemplo, las empresas que perderían ingresos por publicidad, así como las que verían mermadas sus ventas al dejar de atraer clientes entre los espectadores de las televisoras y, eventualmente, algunos consumidores de los productos de Carso que cesarían de acceder a publicidad que les da elementos para realizar sus compras. Pero no más. Se trata de un desacuerdo alrededor de contratos privados entre particulares y son sus respectivos patrimonios los que están en juego.
Ahora bien, ¿qué ocurriría si ese criterio de contrato privado se aplicara a todo lo que se anuncia en TV, en particular a las campañas electorales? Que ante una subida unilateral de precios —cosa que ocurre con normalidad en mercados de escasa competencia, como es el de la televisión en nuestro país— el anunciante tenga que apechugar la tarifa incrementada —por exorbitante que sea— o bien salir del aire.
Miles y miles de productores no pueden acceder a publicidad en televisión y, ni hablar, así es el mercado. Pero no todo lo que se ve en las barras de publicidad de la televisión son mercancías. Es el caso de los mensajes de los partidos políticos. (Claro que hay quien se refiere a las elecciones como procesos de compra-venta, donde al elector se le asigna el papel de consumidor y los partidos y candidatos son vistos como productos, mas se trata de una mera metáfora, no muy afortunada por cierto, pues si bien el elector escoge el sentido de su voto, ello no implica que pague a través de un mecanismo de precios; y en el extremo de que se llegue a dar una contraprestación económica, la compra de votos, se trata de una práctica ilegal, tipificada como delito en el Código Penal).
Los mensajes de los partidos, entonces, no son mercancías, sino que contienen —o deben de contener— elementos para que los ciudadanos —que son mucho más que consumidores— tomen la decisión política más relevante en una democracia: quién debe ocupar los cargos de gobierno y de representación popular. Se trata de un asunto público, no privado, que por lo mismo no debe estar regido por criterios de mercado, sino de asegurar que independientemente de la capacidad económica de los partidos y candidatos puedan estar presentes tanto en las pantallas de la televisión y en las ondas de la radio.
Cabe recordar, en esta suerte de amnesia colectiva en la que a veces se vuelve o se pretende volver la discusión pública, que los partidos políticos son, por definición constitucional, entidades de interés publico. Esto es, no se trata de empresas privadas que participan en el mercado con fines de lucro y que, en ese sentido, tengan que atenerse a las estructuras y normas del mercado para acceder, a su vez, al mercado publicitario.
La reforma constitucional en materia electoral de 2007 eliminó la compra-venta de publicidad electoral, asegurando que los mensajes de las entidades de interés público, los partidos, lleguen a la ciudadanía sólo con cargo a los tiempos del Estado y con un criterio de igualdad —se transmite el mismo número de anuncios en todas las frecuencias— así como de equidad entre los participantes: es una fórmula determinada en la ley y no sujeta a las capacidades económicas de los partidos y candidatos.
El diferendo entre Carso y TV Azteca y Televisa es un buen ejemplo para volver a subrayar la pertinencia de la norma constitucional en lo que se refiere a la regulación de la publicidad electoral en radio y TV. Pues, al final, si la compra-venta de votos está prohibida en la ley, ¿por qué el proceso para decidir el sentido de voto debe sujetarse a un criterio de compra-venta de publicidad?
Ganó la sensatez en el Senado de la República. Se aprobó ayer, por unanimidad, la nueva Ley de Migración que reconoce la personalidad jurídica de los migrantes, eliminando las partes que hubieran hecho pasar a México como un país esquizofrénico que exige en Estados Unidos lo que aquí -en un descuido- hubieran podido aprobar. Un conjunto de voces críticas y algunas, incluso, alarmadas tuvo impacto de forma definitiva en el debate parlamentario de los últimas días.
El padre Alejandro Solalinde, coordinador Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Oaxaca, por ejemplo, se apersonó en el Senado para decir que "el gobierno se quejaba de la Ley Arizona y está haciendo lo mismo... con un recalentado de la Ley SB1070...". Una doble moral, como dijera el sacerdote. Acertadamente, los senadores rechazaron los artículos más inquietantes de la iniciativa, que finalmente se aprobó sin ellos. Se excluyó prácticamente el artículo 26 que autorizaba a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Federal vigilar la entrada y la salida de personas al país y a realizar visitas de verificación en territorio nacional para comprobar el cumplimiento de la Ley Migratoria. Darle manga ancha para actuar contra los migrantes a los policías, simplemente, horrorizaba. Sólo podrán actuar a petición del Instituto Nacional de Migración, y después de algún fallo judicial. Retiraron el artículo 94, que hubiera permitido a las autoridades migratorias recibir denuncias, incluso anónimas, para actuar en contra de extranjeros. Eliminaron las sanciones económicas a quienes contrataran a personas indocumentadas (de 500 a mil días de salario mínimo) y el artículo 103 que penalizaba a quienes brindan ayuda humanitaria a víctimas y testigos de los abusos contra los migrantes.
De no haber prosperado lo que frenaron los senadores, hubiéramos visto el absurdo de ver penalizada la actuación de defensores de migrantes y de sus derechos humanos. En lugar de ayudar a los albergues que brindan asistencia humanitaria, como el de Solalinde, se pretendía hacerlos corresponsables si el migrante no se quedaba para ser procesado. La criminalización hubiera alcanzado para todos. Lo que aprobaron los senadores es diametralmente distinto a lo que se contemplaba originalmente en la ley: se reconoce a los migrantes como sujetos jurídicos con derecho a la educación, al servicio médico de urgencia, a ser registrados en el ámbito civil y a la impartición de justicia, independientemente de su estatus migratorio. Se estableció también que debe privilegiarse durante los procesos administrativos migratorios el interés de infantes, adolescentes y de la unidad familiar. La nueva ley, que ha sido remitida a la Cámara de Diputados, aumenta las penas a los polleros y a las autoridades corruptas que cometan abusos contra los migrantes.
Vamos a ver cómo es recibida esta nueva Ley Migratoria por los países expulsores y qué tipo de fenómenos se dan, en caso de ser aprobada, por la otra Cámara.
A la luz del monstruoso fenómeno criminal que se ha cebado contra los migrantes e indocumentados en los últimos años (retratado en el último informe especial de la CNDH que da cuenta de 11 mil secuestros y extorsiones en apenas un periodo de seis meses), el presidente Álvaro Colom de Guatemala, por ejemplo, había propuesto a México que se otorguen visas de carácter temporal a los migrantes, de tal suerte que puedan contar con un documento que permita su tránsito por el territorio nacional, esto ya fue aprobado por el Senado. Si México entrega a los migrantes un papel que les permita pasar, decía Colom, muchas vidas serían salvadas. Estados Unidos pondrá el grito en el cielo, por supuesto, pero algo tiene que hacer México -por esa vía o por otras-, y pronto, frente a un fenómeno que ha tomado dimensiones apocalípticas. Ahí están los testimonios desgarradores recabados por la CNDH presentados esta semana; el asesinato masivo en San Fernando, Tamaulipas, el año pasado; el secuestro de 50 centroamericanos en Chahuites, Oaxaca, en diciembre pasado; o la denuncia del secuestro masivo de esta semana en Tenosique, Tabasco; por hablar de los casos que han sido conocidos por la sociedad mexicana, sólo en los últimos meses. Por lo pronto, en el Senado se impidió que avanzará la propuesta original que criminalizaba al fenómeno con una iniciativa que parecía concebida, más bien, por algún recalcitrante de Arizona.
Choque de titanes, dicen unos. David contra Goliat, apuntan otros. Las confrontaciones entre los poderosos siempre llaman la atención. Pero además del pleito mismo, en la disputa entre el Grupo Carso y las televisoras privadas se dirime al menos en parte el futuro de las telecomunicaciones, un área en donde los cambios han sido lentos e invariablemente para beneficio de esas corporaciones. Se trata de un conflicto con numerosos ángulos. Estos son algunos de ellos. 1. Televisión y publicidad. El grupo del empresario Carlos Slim, si hemos de atender a la información periodística, se queja por el aumento en las tarifas publicitarias tanto en Televisa como en Televisión Azteca. Por eso suspendió la contratación de anuncios. En el caso de Televisa, se ha dicho que la merma en sus ingresos por venta de publicidad podría ascender a 900 millones de pesos en el transcurso de este año. Las tarifas publicitarias de esa empresa son desmesuradamente altas, pero no se han incrementado de manera significativa. Incluso, en algunos horarios esas tarifas son hoy menos altas que hace un par de meses. En diciembre pasado, un anuncio de 20 segundos a las 9 de la noche en el llamado Canal de las Estrellas, con alcance nacional, costaba 874 mil pesos. A partir de enero, los 20 segundos en ese espacio de 21 a 22 horas –que es el más costoso de Televisa– tiene un precio 829 mil pesos. Se trata de tarifas abiertas para compras “al menudeo”. Los grandes anunciantes reciben descuentos muy significativos, aunque para ello Televisa les obliga pagar en estas fechas toda la publicidad que difundirán durante el año. 2. Televisoras, refractarias a la competencia. La nuez del diferendo entre Carso y las televisoras se encuentra en otros frentes de negocios. Los propietarios de Telmex consideran que tienen derecho a difundir servicios de televisión a través del cable telefónico. Televisa y TV Azteca miran con auténtico pavor las consecuencias que tendría, para sus negocios, el surgimiento de esa competencia en toda la línea. Durante años, las televisoras se han opuesto militantemente a que haya canales de televisión comercial fuera de su control. Las prácticas de acaparamiento de mercado que han desplegado (por ejemplo cuando boicotearon los negocios del Grupo Saba que en alianza con la estadounidense Telemundo le había solicitado al gobierno mexicano que abriera licitaciones para una nueva cadena de televisión) solamente han sido posibles gracias a la decisión de la Comisión Federal de Competencia para beneficiar a Televisa en perjuicio de Telmex. Hace unas cuantas semanas, el anuncio de los aparentes proyectos de la Cofetel para abrir por fin esas licitaciones que permitirían la creación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión, exacerbó el patrimonialismo que Televisa y TV Azteca consideran que tienen sobre el espectro radioeléctrico para la difusión de contenidos audiovisuales. 3. Telmex en televisión. Aunque su título de concesión se lo prohíbe de manera expresa, Telmex ha encontrado la manera para involucrarse en el negocio de la televisión. En 1994 una subsidiaria de la empresa telefónica tenía participación en Cablevisión –en sociedad, precisamente, con Televisa–. El investigador Gabriel Sosa Plata ha recordado cómo, de manera expresa, Telmex recibió autorización para formar parte de esa empresa de televisión por cable. Ahora, sin embargo, Televisa ha presentado una demanda judicial contra Telmex debido a la alianza comercial que tiene con Dish, la firma de televisión por satélite que es propiedad de MVS y cuyos suscriptores han crecido con gran rapidez debido a que sus precios son más baratos que los de Sky –propiedad de Televisa– y a que el costo de ese servicio se puede pagar con cargo al recibo de Telmex. 4. El factor MVS. La demanda judicial fue la declaración de hostilidades de Televisa en contra de las empresas de la familia Slim. La alianza Telmex – Dish, pero sobre todo el éxito de ese servicio, disgustaron sobremanera en la empresa de Emilio Azcárraga cuyos operadores se han acostumbrado a ser los únicos en el campo de la televisión, sin más competencia que los anodinos programas de Televisión Azteca. En menos de tres años Dish tiene ya, según datos de esa empresa, 2 millones 200 mil suscriptores. Por su parte, Sky asegura contar con algo más de 3 millones de suscriptores. Aunque ambas cifras pueden ser algo exageradas, resulta claro que el servicio que ofrece la empresa MVS ha significado una fuerte competencia para la empresa satelital de Televisa. 5. La banda 2.5. MVS, además, durante varios años fue usufructuaria de un importante segmento de espectro radioeléctrico en la banda de 2.5 Ghz. Como se comentó hace un par de semanas en esta columna, esa frecuencia estaba inicialmente destinada para el servicio de televisión de paga que ofrecía Multivisión mediante microondas. Ahora, en todo el mundo, esa banda es utilizada para servicios de Internet inalámbrica y se ha vuelto muy codiciada. Como MVS no la empleaba al cien por ciento, el gobierno ha estado reticente a renovarle esa concesión. De mantener la titularidad para utilizar la banda de 2.5, MVS sería un socio muy interesante para cualquier empresa de telecomunicaciones –o un competidor fuerte-. Así que, para MVS, la concesión en la banda de 2.5 GHz puede reforzar sus lazos con las empresas de la familia Slim o, al contrario, puede ser un frente de antagonismo entre ambos consorcios. 6. Fanáticos de las conspiraciones. El interés de MVS por el refrendo de la banda 2.5 y la alianza comercial que tiene con Telmex para vender los servicios satelitales de Dish, condujeron a distintos comentaristas a suponer que detrás del litigio entre la periodista Carmen Aristegui y MVS radio estaban los intereses del empresario Carlos Slim. Hubo quienes, con gran imaginación, aseguraron que la ausencia de la periodista de los micrófonos a los que regresó el lunes pasado fue una estratagema para presionar al gobierno a fin de que renueve la concesión en la frecuencia de 2.5 Ghz. Sin embargo los autores de esa maquinación tendrían que haber corrido muchos riesgos para crear un enfrentamiento con la Presidencia de la República, esperar la reacción de los radioescuchas, suponer que habría un desenlace propicio para el regreso de la conductora como finalmente ocurrió y obtener, a partir de tal escenario, el refrendo de la concesión. Las teorías de la conspiración resultan atractivas para quienes, al diseñarlas, pretenden conocer los entresijos del poder. A menudo, sin embargo, las cosas son menos sofisticadas. No hay elemento alguno, si se analiza con seriedad, para suponer que Slim estaba tras el conflicto entre Aristegui y MVS. El litigio fue real y, en varias ocasiones durante las dos semanas que la periodista se encontró fuera del aire, la ruptura estuvo a punto de ser definitiva. Lo que no es ficticio es el alejamiento entre el grupo Carso y las televisoras. El espacio que las empresas de Slim pueden tener en frecuencias como las de MVS no sustituye la publicidad que difundían en Televisa y Televisión Azteca. Quizá, sin embargo, esa publicidad no le sea indispensable. 7. Inevitabilidad cuestionada. Si el Grupo Carso mantiene esa ruptura, estará a prueba la capacidad de Televisa y TV azteca como opciones publicitarias. Durante mucho tiempo los publicistas, y desde luego los directivos de las televisoras, han pretendido que toda empresa de grandes dimensiones tiene que anunciarse forzosamente en Televisa y/o en TV Azteca para llegar a los consumidores mexicanos. Sin embargo las televisoras ya no son indispensables. Así se ha demostrado en las campañas políticas, como hemos explicado quienes hemos analizado las campañas electorales recientes: los candidatos que más se anuncian en televisión no son necesariamente los que obtienen más votos. Así también, hoy existen otras opciones de publicidad en medios muy diversos. En la década más reciente, el rating de la televisión abierta cayó a una tercera parte de lo que era todavía a fines del siglo XX. En julio de 1999, el programa de mayor audiencia en la televisión mexicana (una serie cómica) tenía 34.7 puntos de rating que significaban alrededor de 32 millones de espectadores en las ciudades en donde se realizan estudios de audiencia. En septiembre de 2010, el programa que tuvo más televidentes (una telenovela) alcanzó apenas 10 puntos de rating, que con la población que teníamos para entonces significaron menos de 11 millones de personas. La gente en México, a semejanza de lo que está sucediendo en otras latitudes, ve menos televisión o lo hace en opciones distintas de la televisión abierta. Sin embargo Televisa y Televisión Azteca mantienen las mismas tarifas publicitarias. El desafío para las empresas del Grupo Carso será encontrar otros espacios para no perder presencia pública y demostrar, así, que las actuales televisoras no son indispensables. Si así ocurriese, la pérdida para Televisa y Televisión Azteca sería mucho mayor al ingreso por publicidad que dejarán de recibir en los próximos meses. 8. Extorsión con la concesión. Hemos apuntado que, puesto que se trata de un litigio entre particulares, las autoridades no tendrían que intervenir en el diferendo Carso – televisoras. Pero hay versiones que indican que por lo menos Televisión Azteca habría incurrido en acciones de acaparamiento con el propósito de obtener beneficios en contravención a las reglas para la competencia empresarial. Una información publicada ayer jueves en La Jornada por los reporteros Miriam Posada y Roberto González Amador indica que la ruptura con la Televisión Azteca se debió a que esa televisora condicionó la transmisión de los anuncios del Grupo Carso “a que Telmex y Telcel redujeran la tarifa de interconexión que cobran a las telefónicas del Grupo Salinas”. De ser así, las empresas de Ricardo Salinas Pliego estarían ejerciendo acciones que podrían ser sancionadas por la Comisión Federal de Competencia. La Cofeco no intervendrá porque, como anotamos antes, está decididamente en contra de Telmex. 9. Regulador ausente. No se trata simplemente de una lucha de grandes consorcios, ni hay un David valeroso y magnánimo que se enfrenta al Goliat arrogante y pendenciero. Estamos ante conflictos de intereses en el campo de las telecomunicaciones, pero también más allá de él. La decisión del Estado mexicano para crear y amparar un gran consorcio en la telefonía y otro (o dos de ellos) en la televisión, ha sido desbordada por las transformaciones tecnológicas y por las ambiciones de esos grupos. La única solución favorable para la sociedad mexicana sería la diversificación de actores en ese mercado (que hoy es solamente uno porque la convergencia digital amalgama a la telefonía, la transmisión de datos y los contenidos audiovisuales) a fin de que hubiera multiplicidad de opciones, competencia auténtica, mejores servicios y tarifas más bajas (en el caso de la telefonía y la televisión de paga). Para eso haría falta que tuviéramos un gobierno con visión de Estado y capaz de mirar y actuar más allá de sus pequeños intereses coyunturales. En vez de ello tenemos un gobierno estupefacto en ocasiones, por lo general desbordado por circunstancias en las que no se anima a intervenir y sin vocación ni aptitud regulatoria en el campo de las telecomunicaciones.
El presidente Felipe Calderón volvió a decir, en el desayuno por el Día de las Fuerzas Armadas, que México está ganando la lucha (que no es guerra, según el propio Presidente), en contra de la delincuencia organizada. Al escucharlo, estoy seguro de que millones de mexicanos se preguntaron qué es lo que debemos entender por “ganar” esa lucha. La pregunta es importante y el Presidente seguramente también se la ha formulado en repetidas ocasiones. De hecho, estoy cierto de que Calderón debe haber tenido muy clara la respuesta incluso desde antes de haber iniciado su cruzada, pues toda lucha se inicia sabiendo con claridad qué objetivo se persigue y en qué momento deben cesar las hostilidades. ¿Cómo podemos saber si vamos o no ganando en la lucha contra la criminalidad? Creo que hay dos parámetros objetivos que dan cuenta del posible éxito. Uno de ellos tiene que ver con el control territorial: un Estado se impone a los grupos criminales cuando éstos no controlan partes del territorio o cuando son permanentemente hostilizados por la fuerza pública en los lugares en que se encuentran. El segundo parámetro tiene que ver con la disminución de la violencia en nuestras calles: que haya menos robos, menos secuestros y menos homicidios. Utilizando esos dos factores de medición, podemos evaluar si el Presidente tiene o no razón en ser optimista. ¿La tiene? El control territorial se ha ido afianzando desde hace un tiempo. La presencia de fuerzas federales (militares o civiles) en lugares que habían estado controlados por el narcotráfico es evidente. El amplio despliegue en Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán debe ser valorado. Queda sin embargo, mucho trabajo por hacer, ya que aun en esas entidades con operativos constantes, las personas no pueden salir a la calle con tranquilidad. Muchas veces parece el juego del gato y el ratón: entran unos y salen otros. El segundo parámetro de medición es mucho más complicado y arroja datos que no nos permiten ser tan optimistas como el Presidente. De hecho, si tomamos en cuenta las cifras de la violencia (homicidios, secuestros, etcétera), tal parece que no solamente no hemos ganado nada, sino que vamos en retroceso. Es probable que cuando los mexicanos acudamos a las urnas para elegir un nuevo presidente, lo hagamos pensando que en el sexenio de Calderón se habrá alcanzado la cifra de 50 mil personas ejecutadas. El secuestro se ha incrementado en muchas partes del país. La extorsión o cobro del “derecho de piso” es una realidad en ciudades grandes y medianas. Incluso los homicidios no vinculados con la criminalidad organizada han aumentado de forma dramática. Entiendo que el Presidente quiera motivar a las tropas y haga discursos basados en su propia percepción, pero en nuestras calles hay miles de niños que han perdido a sus padres o a sus madres por balas perdidas, por operativos mal planeados y peor ejecutados, o incluso por haber sido ejecutados sin más por agentes del orden. Human Rights Watch ya ha documentado que en Nuevo León hay al menos 10 casos de ejecuciones a manos de la fuerza pública: el Estado matando, de forma totalmente impune. El Presidente puede decir que vamos ganando, pero eso no le devolverá la vida a Bryan y Martín Almanza, los niños de seis y nueve años asesinados por el Ejército en Tamaulipas. Tampoco los dos estudiantes del Tec de Monterrey que fueron literalmente ejecutados por soldados podrán celebrar la victoria. Ni la señora que vivía en un lujoso fraccionamiento de Cuernavaca y tuvo la mala idea de salir de su casa para recibir más de 60 impactos de bala de elementos de la Marina. Son solamente unos ejemplos, que podrían ser multiplicados por miles si además de los muertos sumamos los torturados, los desaparecidos o a los que las autoridades no han podido proteger (como Marisela Escobedo). A veces se olvida que el primer deber de todo gobierno es evitar la violencia. No a costa de permitir que la criminalidad florezca, desde luego. Pero no se puede construir una democracia sólida incendiando el país. Si va a haber un despliegue de fuerza estatal, debe haber primero trabajo de inteligencia. Y absoluto respeto a los derechos humanos de todos. No se puede combatir la criminalidad cometiendo delitos. Pero todo eso se vuelve secundario en la imaginación del primer círculo presidencial, ya que están convencidos de que vamos ganando… Menos mal; no quisiera imaginar lo que sucedería si estuviéramos perdiendo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:00 No hay comentarios:
MÉXICO Y FRENCIA: PENAS INFAMES
De eso deberían preocuparse México y Francia en vez de lastimar sus relaciones diplomáticas por asuntos exclusivamente propios de la justicia y que son los de las penas de larga duración carcelaria que ambos tienen. En efecto, de Francia heredamos o adoptamos en gran parte sanciones tan severas. Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal que no le concedieron el amparo a Christiane Casses, aunque modificaron a 60 años de prisión la pena de 96 impuesta por el juez acogiéndose en estricto derecho a la legislación penal mexicana (reforma absurda en materia constitucional de 2008), contraria en todo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución que consagra el principio de la readaptación social del delincuente (¿cuál readaptación con esa cantidad impresionante de años?), no tuvieron otro camino. Pero Francia sabe bien de esto, repito, por las penas tan duras que maneja. Y la posibilidad de reducirle la sanción a Cassez en Francia, lo mismo que indultarla, se opone radicalmente a nuestro sistema constitucional y legal. Aceptarlo equivaldría a que México renunciara a su soberanía jurisdiccional para someterse a un sistema por demás cuestionable. Me remito, por ejemplo (botón de muestra), a la novela de Henri Charrière, conocido como "Papillón" -nombre también de la novela-, y que fue sentenciado a trabajos a perpetuidad en la tristemente célebre colonia penitenciaria francesa "ILe du Diable". Allí sufrió lo indecible para que al final de cuentas se lo declarara inocente. No sé si Francia conserva en la actualidad esa clase de penas infamantes que nuestra Constitución califica de inusitadas y trascendentales, prohibiéndola en su artículo 22. Pero basta y sobra con que la haya aplicado en el pasado no muy lejano para que el país del Siglo de las Luces, de la Enciclopedia, del Iluminismo, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde brilla como estrella refulgente el acatamiento a la ley escrita junto a la presunción de inocencia, caiga en una terrible contradicción. En este orden de ideas me parece un error la sugerencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso Cassez. Nada, absolutamente nada lo justificaría. Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal sentenciaron con impecable apego a la ley. Y allí está la sentencia a la vista de quien la quiera leer.
Ahora bien, lo que deberían hacer Francia y México -y pienso que es increíble que a ningún político o diplomático se le haya ocurrido- es proponer que los sistemas legales y judiciales de Francia y México, a propósito del caso Cassez, sean revisados y cambiados en lo que atañe a las penas tan altas que no van de acuerdo con lo más avanzado de la doctrina jurídico penal. Y otra cosa también increíble es que a nuestros conspicuos políticos y diplomáticos tampoco se les haya ocurrido que si hubiera un cambio de esa naturaleza, ello beneficiaría automáticamente a la mujer a la que el Presidente Sarkosy en un gesto inusitado y absurdo dedicó el "Año de México en Francia". ¿Han olvidado acaso -¡qué falta de elemental conocimiento jurídico!- que el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Mexicana prescribe que: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna"? Lo que interpretado a contrario sensu significa que en beneficio sí. He allí una solución que tal vez ni siquiera se ha vislumbrado por la enorme influencia del pragmatismo penal norteamericano, que embriaga cerebros propios y ajenos, y que tan perniciosos efectos ha tenido en México a partir de la reforma constitucional de 2008. No hay que olvidar que una de las consecuencias directas del conflicto que hoy tenemos con Francia halla su origen en las imperfecciones que esa reforma pasó por alto, como la conservación y el acrecentamiento de las penas extremadamente altas. El hecho es que dos grandes países como México y Francia, al margen de las vicisitudes históricas que hemos compartido, deberíamos dar un ejemplo de constante respeto y obediencia al Derecho, a la ley y al orden jurídico universal. Francia ha escrito páginas de relevancia universal en el Derecho, y ni qué decir México. Algún historiador ha observado que dentro de las leyes intangibles de la propia historia, la intervención francesa y la heroica defensa que de la soberanía del país hizo Juárez fueron el motor que impulsó al pensamiento liberal mexicano. ¿Entonces por qué dejar eso a un lado, sacrificar la exhibición de una enorme riqueza cultural -el "Año de México en Francia"- y desunirse en el preciso momento en que la unión sería el punto de arranque de un gran ejemplo para el mundo? Lo que ha pasado es que una mala percepción política, de aquí y de allá, un terco manejo de la ya muy manoseada retórica diplomática, una cortedad de miras, han enturbiado las relaciones con la patria de Voltaire y Montesquieu. ¿Y quién ha quedado en el centro de la escena? Un personaje de dudosa calidad moral, una mujer cuya responsabilidad es evidente en un crimen nefando. ¿Es esto justo, razonable?
Y menos razonable y justo es que dejemos, que permitamos, que la frivolidad política enrarezca las relaciones entre ambos países. Es que posiblemente el Presidente Sarkozy, parafraseando "El Burgués Gentilhombre" de Molière, no sepa que durante toda su vida ha hablado, y sigue hablando...en prosa.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:57 No hay comentarios:
EUA Y LA UNIÓN EUROPEA, AJENOS A LAS REVOLUCIONES ÁRABES
Una primera conclusión que se deriva de las conmociones políticas que ocurren en Túnez, Yemen, Egipto y Libia, en cuanto a su mundo exterior, es que por primera vez en la historia del mundo árabe, los viejos actores coloniales y la superpotencia en descenso imperial, han tenido un papel secundario. ¿A qué se debe este repliegue? A que Estados Unidos ha perdido su "hard power", quizá. Por otra parte nadie puede ignorar las intensas relaciones comerciales, militares y estratégicas que tienen tanto EU como los 5 grandes de la Unión Europea -Alemania, Francia, Gran Bretaña, España e Italia-, más los movimientos revolucionarios que ocurren en el Magreb han tenido como actor principal al pueblo y a sus intereses nacionales que rechazan el autoritarismo, la miseria, las trayectorias antidemocráticas, la fuerza de los cuarteles y de la Policía y la corrupción de los dictadores sempiternos. Factor fundamental interno ha sido también el papel de los jóvenes y las emisiones desde Qatar del canal televisivo Al Yazira.
La Unión Europea cuyo talón de Aquiles "histórico," ha sido la ausencia de una política exterior común desde el Tratado de Roma, no subsanada del todo en el Tratado de Lisboa. Uno de los cargos más importantes de la Unión y el principal en política exterior está en manos una persona tibia, incompetente, indecisa e inútil, Lady Ashton, quien ha mostrado la ausencia de una estrategia rápida y congruente ante las crisis en el Magreb, frontera sur de la Unión Europea. Mientras las calles se llenaban de manifestantes en Túnez y el dictador estaba próximo a su caída, los cancilleres elaboraban un memorándum de escasa importancia comparada con los hechos que ocurrían en la "Revolución de los Jazmines". Cuando estalló la revolución en Egipto, pareciera que los líderes de la Unión Europea esperaban una señal de Washington y como su relación con Egipto es cualitativamente diferente -predominan los intereses franceses, ingleses, alemanes, españoles e italianos, en este orden-, prefirieron callar o expresarse tibiamente sólo en cuanto al tema de los derechos humanos, el diálogo, las elecciones limpias y sólo se manifestaron enérgicamente sobre la inmigración que les pareció ser fundamental. Esta parálisis puede resultar fatídica para sus relaciones futuras.
Caeríamos en una trampa si dijésemos que la actitud de los Estados Unidos fue más fina y que pasó "del dicho al hecho". Es cierto, Obama en persona ensalzó la lucha tunecina por la libertad y al fin del mes pasado Obama instó a Mubarak a ser receptivo a las demandas de su pueblo. Pero el mensaje del Presidente era uno, ante su pueblo y otras, las acciones del Departamento de Estado que envió a un exsocio de Mubarak para convencerlo y éste le respondió que no renunciaba porque la otra alternativa era el caos. Este hecho: Mubarak se dirige por última vez al pueblo egipcio y la inteligencia norteamericana cree "a pie juntillas" que sería para anunciar su renuncia -lo dijo el director de la CIA-. ¿Cómo se habrá sentido Obama, confiado en la renuncia, viendo la alocución de Mubarak en la que dijo que continuaría hasta septiembre? La "intervención" y la inteligencia de Estados Unidos habían fracasado rotundamente. Es de pensarse, como lo señalaba hace una semana, que en esa noche fatídica para la dictadura, no fue la presión de EU, ni remotamente la de la Unión Europea, la que generó la dimisión de Mubarak. Fueron sin duda los militares egipcios quienes lanzaron al precipicio al dictador y los que después constituyeron el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, no se percibe que Occidente esté participando en la conducción de una revolución que por ahora ha quedado "congelada" en manos de los militares.
En estos cuestionamientos debemos consignar que la Unión Europea sí tenía un mecanismo para actuar en forma más enérgica y no con la fraseología diplomática tradicional. En Lisboa se convino que la acción de la Unión en la escena internacional se basaría en los principios que han inspirado su creación como "la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos" y en la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 se señala que en cuanto a política exterior, en su acción debe prevalecer el interés y la conveniencia de que sus países limítrofes estén bien gobernados. Son escasos veinte kilómetros los que distan de España a Marruecos en el estrecho de Gibraltar y menos de cien entre Túnez y Lampedusa (Italia) y de trescientos a Sicilia
Sólo levantó su voz en la Unión Europea el Parlamento, señaló que era "un nuevo ejemplo europeo de pérdida del tren de la historia." Continuará... .
Sin ese reconocimiento generalizado, el juego democrático difícilmente puede llevarse a cabo sin fracturas o sin degenerar en formas que de democráticas tienen poco o nada. Por eso un discurso que “manda al diablo a las instituciones”, venga de quien venga, supone sin medias tintas una actitud antidemocrática.
Hoy las instituciones del Estado mexicano, unas más, otras menos, se encuentran en riesgo porque las expresiones que las “mandan al diablo” se extienden cada vez más entre diversos actores políticos, económicos y sociales. Más allá de la paternidad de la frase, cotidianamente escuchamos discursos y presenciamos actitudes que, en los hechos, encuadran en ese supuesto. Y eso es preocupante.
La arena electoral fue privilegiada y los órganos administrativos y jurisdiccionales en la materia (empezando por el IFE y el Tribunal Electoral) constituyen, a pesar de sus problemas, las joyas de la corona de la transición. Pero no fueron los únicos, las Comisiones nacional y estatales de derechos humanos, el IFAI y los órganos de transparencia, el Conapred, la conversión de la Suprema Corte en un tribunal constitucional para todos los efectos (con la reforma de 1994), la creación del Consejo de la Judicatura (con todo y la regresiva reforma de 1999), son ejemplos de esa labor de construcción institucional. Y todo iba relativamente bien hasta que nos alcanzó una tendencia inversa, que yo defino como de “deconstrucción institucional”. Un fenómeno reciente —tendrá poco más de un lustro— que se caracteriza por erosionar a esas instituciones.
LA INCIERTA REFORMA PENAL
El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma a diversos preceptos constitucionales en materia penal. En el imaginario colectivo y, en alguna medida, en el profesional, esta reforma se limita a introducir novedades en la celebración de audiencias y modo de dictar sentencias. Como consecuencia de esta equivocada manera de entenderla, se ha construido la expectativa de que su funcionamiento es sólo un problema de jueces: si éstos cuentan con buenas leyes, sólida capacitación, mejores instalaciones y adecuados presupuestos, se alcanzarán los objetivos de los nuevos procesos. El asunto es más complejo. Dicho en términos muy simples, el nuevo juez habrá de escuchar en una sola audiencia la acusación de la fiscalía y las defensas del acusado, así como recibir las pruebas de ambas partes. Buena parte de lo que la acusación pueda hacer, descansará en lo que policías y peritos aporten y sostengan en esa audiencia. El juez resolverá sólo con lo que en ella se haya desahogado. Si el juez no termina convencido de la plena culpabilidad del acusado, deberá garantizar el derecho constitucional a la presunción de inocencia y absolverlo, ello con independencia de los resultados a los que la sociedad o los medios hubieren llegado en sus “juicios paralelos”. La reforma requiere jueces diferentes y para serlo deben ser capacitados a fin de adquirir nuevas habilidades. Con todo, el cambio respecto de ellos será sobre la base de una preparación profesional previa en materia jurídica y, posiblemente, experiencia en la aplicación del derecho. Hay que capacitarlos, pero no educarlos. En el caso de policías y peritos y, en menor medida, ministerios públicos, el asunto es distinto. La dimensión del cambio es mucho más profunda cuando no, de plano, novedosa. Por ser de todos conocidas, no abundo sobre las graves deficiencias de preparación, escolaridad y entrenamiento de nuestros policías. Otro es el tema que quiero señalar. Si hoy en día los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran desplegados en buena parte del territorio nacional, ¿cómo se llevará a cabo, simultáneamente, su capacitación, su entrenamiento? ¿Se formará un cuerpo adicional o especializado distinto de las fuerzas en acción? ¿El programa de capacitación será, por el contrario, para todos? Es tiempo de pensar, presupuestar y ejecutar las acciones conducentes a este profundo y complejo cambio cultural. La reforma penal, entonces, no es sólo para jueces y abogados.Otra consecuencia del equivocado entendimiento que muchos tienen de la reforma al suponer que las modificaciones atañen primordialmente a los jueces, es considerar suficiente el plazo general para su entrada en vigor (18 de junio de 2016). Con independencia de que algunos preceptos ya iniciaron su vigencia, el 18 de junio de este 2011 deberán estar funcionando los jueces competentes en el “régimen de modificación y duración de penas”. Hasta donde se, ni la Federación, ni el Distrito Federal ni buena parte de los estados, han emitido las leyes para regular su actuación. Tampoco se de la presentación de iniciativas ante los correspondientes congresos de muchos de esos órdenes de gobierno. Además de no haber leyes, ¿qué se ha hecho para capacitar a los posibles juzgadores? ¿Hay recursos presupuestales disponibles para hacerlos funcionar? Más allá de las leyes, sería bueno preguntarse si las correspondientes secretarías de gobernación han iniciado ya la ordenación de los expedientes que habrán de transferir a los poderes judiciales a efecto de que los integrantes de éstos puedan hacerse cargo de la administración de las penas de todos aquellos a quienes se les han impuesto. En este punto no quedan 5 años para llevar a cabo estas acciones, sino escasos 4 meses para que entre en vigor esta parte de la reforma y 2 meses y medio para que concluyan muchos de los periodos ordinarios de sesiones de los congresos. En un momento de nuestra historia caracterizado por la incapacidad estatal para ordenar los fenómenos delictivos, es prioritario concentrar esfuerzos nacionales para preveer la mayor cantidad de elementos presentes y futuros de este experimento (jurídico y social) en marcha. Imaginemos un momento que no se emiten oportunamente las leyes que desarrollen el nuevo sistema acusatorio; supongamos que por falta de preparación de nuestras policías, peritos o fiscales, no pueden sustentar sus acusaciones en las correspondientes audiencias; imaginemos que los juzgadores federales o locales tienen que trabajar con procesos mal o incompletamente diseñados, que no están lo suficientemente capacitados para ejecutar los cambios introducidos o no cuentan con las instalaciones necesarias para celebrar las audiencias; consideremos que los juzgadores federales no generan una adecuada relación entre el juicio acusatorio y el amparo; pensemos que los abogados defensores o los que auxilian a las víctimas, no actualizan sus conocimientos o supongamos, finalmente, que las escuelas y facultades de derecho no son capaces de dotar a sus alumnos de las habilidades que el sistema acusatorio requiere. Las consecuencias serán evidentes. A la actual crisis de confianza que padecemos los juzgadores del país, al descrédito de las fuerzas de seguridad y a la enorme impunidad existente, tendríamos que sumar más desconfianza y más impunidad, así como una grave extensión de la inseguridad. ¿Cómo será nuestro país en cinco años, cuando la reforma penal tenga que estar completamente en vigor? No lo se cabalmente. Sin embargo, sí puedo suponer que, en el mejor de los casos, no habremos terminado de salir de la grave crisis de seguridad en la que nos encontramos. Pensemos qué pasará si en ese momento nuestro sistema de justicia penal está colapsado o, con menos dramatismo, quebrado. Temo que lleguemos a ese día, pues de seguir así la vida de casi todos será más compleja, angustiada y limitada. De ser así, seguramente se incrementarán las soluciones duras y muy poco vinculadas con los derechos fundamentales y con el Estado constitucional democrático. No creo exagerar si digo que en la realización de una buena y completa reforma penal que contemple cabalmente a jueces, policías, fiscales, peritos, abogados y demás involucrados, nos va el mantenimiento de un Estado que mínimamente pueda seguirlo siendo. Es posible que el ruido de las balas no permita pensar con claridad en los objetivos de mediano y largo plazo que, y salvo la improbable derogación de la reforma hecha, tienen determinados sus plazos, materias y formas de realización. El combate a la delincuencia organizada únicamente puede hacerse desde el Estado constitucional. Por ello, es preciso que los procesos penales funcionen cabalmente y conforme a la Constitución. Ello requiere de muchas acciones que, al parecer, no se están realizando. Ha llegado el momento de dejar de hablar de la reforma penal, de seguirnos convenciendo de sus bondades, de seguir diagnosticando lo que ya todos sabemos, en una palabra, de seguir acariciándola. Es preciso identificar las tareas concretas que a cada cual le corresponden y, más importante aún, iniciar las muchas acciones concretas que, finalmente, habrán de darle contenido y ejecución.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:58 No hay comentarios:
El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República impulsa una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos políticos postulen a los cargos de elección popular únicamente a sus afiliados, con un mínimo de 18 meses antes de la fecha de elección. Según las explicaciones que dieron a los medios de comunicación el líder de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y la legisladora Norma Esparza, la iniciativa busca frenar el transfuguismo político; sin embargo, tal como lo explicaron a los medios de comunicación, también acabaría con las llamadas candidatura ciudadanas a través de los partidos políticos, pues entonces éstos únicamente podrían registrar a sus militantes, cerrándose la puerta para que ciudadanos no partidistas, ante la imposibilidad de hacerlo directamente, contiendan por la vía de los partidos con registro. Es una reacción inmediata a lo sucedido en las elecciones de Sinaloa y Guerrero, donde expriistas ganaron los comicios constitucionales para ocupar la gubernatura postulados por coaliciones de partidos distintos al tricolor. En ambos casos, los candidatos decidieron postularse por una fuerza política diferente al partido de su militancia original, después de que el PRI había definido a su candidato, es decir, cuando vieron frustradas sus intenciones de contender bajo la divisa priista. Lo mismo había pasado anteriormente en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur y, en dos ocasiones, en Chiapas, entre otras entidades. Pero en lugar de hacer una revisión crítica de lo que sucedió dentro de su partido y de mejorar sus métodos de selección de candidatos, los legisladores priistas prefieren dar otro paso para fortalecer a las dirigencias partidistas y estrechar todavía más las puertas de entrada a las contiendas electorales. En reformas sucesivas, los partidos con representación en el Congreso han ido estrechando los cauces para que nuevas fuerzas políticas se incorporen a las contiendas electorales; primero, duplicando el número de afiliados necesarios para obtener el registro, que pasó de 0.13% del padrón electoral al 0.26% (que en estos momentos significa poco más de 210 mil ciudadanos debidamente enlistados en el registro electoral); y, luego, pasando de 10 a 20 las entidades o de 100 a 200 los distritos en los que la organización debía realizar asambleas donde tenía que acreditar, en el primer caso, la asistencia de 3 mil afiliados, y en el segundo, de 300 por cada una de ellas. Asimismo, transitoriamente, colocaron como requisito para hacer el trámite tener un registro como asociación política nacional; pero en la reforma de 2007 establecieron que el proceso de registro de nuevos partidos se abriría únicamente cada seis años y no cada tres, como sucedía anteriormente. Así, el proceso no se abrirá sino hasta 2013, es decir, una vez pasada la elección presidencial de 2012. En la reforma constitucional de 2007 establecieron en el artículo 116 de la Constitución que: “IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: ... e) Los partidos políticos (…) tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”, con lo cual cerraron el paso a las reformas que se habían hecho en Sonora y Yucatán para permitir el registro de candidaturas no partidistas, cuya constitucionalidad ya había avalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y respaldado el electorado, particularmente el yucateco, que ya había elegido a un alcalde no partidista. Los partidos políticos aprovecharon la reforma de 2007 para constitucionalizar la partidocracia blindando su vida interna, incrementar sustancialmente el financiamiento público para actividades ordinarias, fortalecer a sus dirigencias nacionales, y debilitar a la autoridad electoral, lo que hoy también se hace manifiesto particularmente con las embestidas mediáticas del contralor general de dicha institución (Proceso 1610). Mientras tanto, en la reforma legal incluyeron varias disposiciones en el mismo sentido, entre las que destacan el establecimiento de una categoría de información “no pública”, para proteger algunos documentos del escrutinio público, y el “requisito indispensable (…) para que las coaliciones en las elecciones estatales” tuvieran la aprobación del órgano de dirección nacional (Proceso 1623). En caso de concretarse y aprobarse esta nueva iniciativa, más allá de cerrar el paso a los ciudadanos sin militancia en partidos políticos para ser postulados, las dirigencias partidistas también se fortalecerían pues estrecharían los márgenes de acción de sus propios militantes, incluyendo desde luego a quienes ocupan cargos de elección popular. De este modo, la disciplina partidaria se potencia particularmente tras de que se vence el plazo de 18 meses antes de la elección: un legislador con aspiraciones a otro puesto de elección popular durante ese periodo tendrá que obedecer ciegamente las consignas partidarias si no quiere ver canceladas sus posibilidades, pues su única opción depende de la voluntad de su dirigencia partidista. El problema no es que cierren el paso al cambio de partido de sus militantes, sino los efectos colaterales que esto conlleva: un mayor ensimismamiento de los partidos políticos, al ensanchar los poderes discrecionales de sus dirigentes o líderes para imponer candidatos a los puestos de elección popular; el fortalecimiento de las dirigencias nacionales para disciplinar a sus militantes, particularmente los legisladores con aspiraciones políticas ulteriores; y la exclusión de las boletas electorales, ahora sí definitiva, de cualquier ciudadano no militante de un partido político. Ante su creciente desprestigio, los partidos políticos, en lugar de buscar acercarse a la ciudadanía e impulsar su democracia interna y su comunicación con el electorado, optan por blindar a sus dirigencias. Al menos esto es lo que denotan las últimas reformas en la materia y esta iniciativa que preparan los senadores priistas.
OTRAS NORMAS NACIONALISTAS EN EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
Para completar el panorama de defensa de los intereses patrios a través del empleo de normas jurídicas, es pertinente agregar a las disposiciones que se mencionaron en el artículo de fondo anterior, importantes preceptos que respaldan lo que pertenece a nuestro país.
Así, cabe mencionar que, el artículo 27 de nuestra Carta Magna, en el párrafo cuarto, indica que: "Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas. Esta disposición aparece breve pero, su alcance es de enorme magnitud. En efecto, la plataforma continental está constituida por el lecho del mar y el subsuelo debajo de ese lecho, en las zonas contiguas a las costas mexicanas y que se adentra en el mar hasta una profundidad de doscientos metros. En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982 y que entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, se define la plataforma continental de la manera siguiente: "La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de la exploración y la explotación de sus recursos naturales. Nuestro país, que tiene un territorio de tierras emergidas de poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados, posee una plataforma continental de medio millón de kilómetros cuadrados. He aquí la importancia singular de la plataforma continental y del artículo 27 constitucional.
Asimismo, el artículo 27 constitucional establece, en su octavo párrafo: "La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados." En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se define la zona económica exclusiva como un área situada más allá del mar territorial, adyacente a éste, sujeta a régimen jurídico específico establecido en las disposiciones de la Convención; respecto a la situación que corresponde a los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño, así como los derechos y libertades de los demás Estados, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua de las corrientes y de los vientos.
A nuestro país, dado que tiene una extensión aproximada de diez mil kilómetros lineales en sus litorales, alrededor de su territorio, le corresponde una zona económica exclusiva de tres millones de kilómetros cuadrados, debidamente reconocidos según la referida Convención y conforme al artículo 27 constitucional.
De los datos que anteceden se desprende la trascendencia mayúscula del artículo 27 constitucional en lo marítimo y corresponde a generaciones actuales y futuras conservar, aprovechar y proteger lo que pertenece a nuestro país.
Las demandas colonialistas del gobierno francés en el caso de Florence Cassez han servido como la perfecta cortina de humo para esconder el entreguismo del gobierno de Felipe Calderón a Estados Unidos. Este sábado, 19 de febrero, una aplastante mayoría (277 en favor, 149 en contra) de integrantes en lo que sería la Cámara de Diputados estadunidense aprobó una iniciativa que prohíbe al gobierno de ese país solicitar informes sobre la venta de armas de alto poder cerca de la frontera con México. Los informes no habrían implicado limitación alguna a la venta de las famosas armas de asalto , sino solamente una mínima transparencia para perseguir y castigar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Esta nueva muestra de la falta de voluntad política de Washington hacia México no mereció extrañamiento alguno de la Presidencia de la República, y ni siquiera un comunicado formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La única reacción fue un escueto mensaje de 140 caracteres del embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, en su cuenta personal de Twitter: Lamentable que mayoría en Camara de Representantes haya votado anoche para bloquear que el gobierno de EU obligue a armerías reportar ventas múltiples de armas de asalto . Frente a este nuevo fracaso para la diplomacia mexicana, lo único que el representante de todos los mexicanos ha atinando a hacer ante el gobierno estadunidense es tomar un paño de lágrimas para lamentar la decisión. Ya en diciembre, la clase política de EU le había dado su espalda a México cuando el Senado paró en seco la dream act que habría legalizado a 800 mil jóvenes y estudiantes indocumentados (ver mi análisis sobre el tema en: http://bit.ly/gZT7gR). Hoy, los políticos estadunidenses han ratificado su absoluta indiferencia, si no es que abierto desprecio, por nuestro país al permitir la total opacidad de las 8 mil 500 tiendas que venden armas asesinas en los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México. Habría que recordar que, de acuerdo con los datos oficiales, 90 por ciento de las armas decomisadas en México tienen origen en EU. Así mismo, ya existe en ese país un sistema casi idéntico de informes para el caso de pistolas y armas cortas. El detalle es que estas armas cortas sí representan un peligro para los estadunidenses, porque son utilizadas frecuentemente en delitos de aquel lado de la frontera, mientras las largas son las armas favoritas para los delincuentes del lado mexicano. Los 277 diputados que votaron en favor de la prohibición de la medida en los hechos están diciendo que están conformes con la matanza que hoy está diezmando una generación entera de la juventud mexicana. Es un grito a cielo abierto que a los políticos estadunidenses simplemente no les importa el derecho a la vida más allá de su frontera sur. En este contexto, resultan simples bravuconadas la cancelación del año de México en Francia y el abandono del embajador en París de un acto en el senado galo. Lo que hacen falta son acciones verdaderamente contundentes para defender los intereses de los mexicanos y construir una solución de largo plazo para la actual tragedia nacional. Muy envalentonado, Calderón ha dicho: No se puede pensar que México, porque es un país en desarrollo, porque es un país con carencias, es un país que se va a dejar, pues por supuesto que no, y se equivocan quienes así piensan . Falta que ponga en práctica este supuesto interés en defender la soberanía nacional, ahora con respecto a los estadunidenses. Por ejemplo, tal como ya lo hemos propuesto en un par de artículos recientes, tanto en Proceso (http://bit.ly/g8cPDB) como en The Guardian (http://bit.ly/dKpZEf), si el gobierno de EU no toma medidas definitivas para combatir el flujo de armas hacia México, el gobierno mexicano debería negarse a dar prioridad al combate al trasiego de drogas hacia allá, y de la mariguana en particular. Esta decisión liberaría importantes recursos en materia de seguridad pública para la persecución de delitos realmente dañinos para la sociedad mexicana, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas. Si a los políticos estadunidenses únicamente les importa su propio país (evidenciado con el criterio contradictorio respecto de los informes sobre armas de asalto y sobre armas cortas), no tienen cara para exigirnos a los mexicanos sacrificar docenas de miles de nuestros jóvenes con tal de proteger los millones de consumidores en EU, la mayoría de las cuales además fuman su mariguana con gusto y muchos ya de manera legal. Otra acción recomendable sería condicionar la entrada de agentes estadunidenses en el territorio nacional a desarrollar acciones claras en materia migratoria o de control de armas. La FBI ya se encuentra en los hechos a cargo de la investigación del ataque a los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila, la semana pasada. Los nuevos agentes vienen a engrosar las filas de los cientos (o quizás miles) que ya se encuentran operando en territorio nacional y cuentan con su base de operación en la nueva Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida . La colaboración y la cooperación tienen sentido, siempre y cuando sea un camino de dos vías. Entregar todo a cambio de nada no es más que repetir el error histórico de Antonio López de Santa Anna de rematar el territorio nacional al vecino del norte.
El populismo apela a las emociones, toma al pueblo como coartada mas no como actor de los cambios sociales, aspira a movilizar adhesiones elementales pero intensas a favor de un líder o una causa que se proponen como representantes, por lo general únicos, de las mayorías. La ausencia de matices refuerza la contundencia de las propuestas populistas: buenos contra malos, justicieros ante bribones, protectores frente a negligentes. El líder populista se muestra afable pero no suele ser condescendiente; el temperamento intransigente se presenta como salvaguarda de la sociedad. Para el líder populista los ciudadanos no son interlocutores, sino individuos desvalidos a los que es preciso proteger. Para eso están ellos. El populismo no está comprometido con un signo ideológico específico. De hecho, el totalitarismo populista entraña la posibilidad de que el dirigente guarecido en esas prácticas cambie de ideas y de bando político. Instalado por encima de partidos e ideologías, el líder populista necesita de la fuerza de la euforia y del respaldo de las imágenes. Un gesto paternal, el ademán desdeñoso, la mirada fija que no mira al horizonte histórico sino a los coyunturales pero emocionados beneficiarios de sus favores, son rasgos del dirigente populista. Según el sentido de sus decisiones, presentadas siempre como desplantes providenciales que no requieren de legitimación institucional, el populismo puede ser de izquierdas o de derechas. En la primera vertiente se ubican los más tradicionales populismos latinoamericanos, desde el peronismo y el cardenismo (el del General), hasta esas caricaturas de aquellos movimientos que han sido el chavismo en Venezuela o el comportamiento en México de López Obrador. Encarnaciones del populismo de derechas, han existido en Europa desde Mussolini hasta Berlusconi. Quizá en Chile se desarrolla un populismo de ese signo alrededor del presidente Sebastián Piñera. En México, Vicente Fox contaba con todos los ingredientes para ser un mandatario populista y de derechas: rancherote y bronco, desmarcado de los compromisos institucionales, respaldado al menos al principio por la expectación de los ciudadanos que asistían demasiado confiados a la inauguración de la alternancia, beneficiario de circunstancias que lo ponían encima o al margen de su partido y de compromisos específicos, favorecido además por la debilidad y/o la fragmentación de los partidos rivales. Si el gobierno de Fox no devino en un populismo más acentuado y autoritario, de debió a la falta de rumbo, a la fragilidad de las convicciones del presidente, a la exigencia de los segmentos más críticos de la sociedad y acaso, también, a los efectos del prozac y las ambiciones de la señora Marta que superaban las capacidades caudillistas de su cónyuge. De izquierdas o derechas, los populismos contemporáneos se apoyan fundamentalmente en la televisión. Las arengas antes escenificadas en la Plaza de Mayo o en el Zócalo, ahora se han desplazado a los estudios televisivos. La enjundia de los viejos líderes populistas queda ceñida a la docilidad al telemprompter pero las cámaras amplifican los gestos, congelan los ademanes y acercan al pueblo como nunca antes al rostro, desde luego escrupulosamente maquillado, del dirigente populista. En comparación con los caudillos de antaño, cuyo autoritarismo era proporcional a la fidelidad que suscitaban, los populistas de hoy resultan aminorados y descafeinados. Pero populista es, por el abuso retórico, la reivindicación de una legalidad a modo, la invocación a las emociones, la construcción de un escenario maniqueo y el aprovechamiento de adversidades ajenas, el presidente Nicolás Sarkozy. La defensa que Sarkozy hace de Florence Cassez no resiste un examen jurídico riguroso (como ha demostrado, entre otros, el investigador Emilio Rabasa). Sin embargo, parapetado en los medios e imbuido de un nacionalismo ramplón (que suele ser distintivo de los populismos más exaltados) el presidente francés creyó encontrar, un adversario a modo para desatar el fanatismo de sus compatriotas. El rechazo al intervencionismo de Sarkozy, que ya se manifiesta entre los propios franceses, indica que la maniobra no le ha funcionado como pretendía. Populista es también, aunque se trate de un populismo con minúscula, el reembolso fiscal de los gastos en colegiaturas privadas que ha dispuesto el presidente Felipe Calderón. No se trata, como engañosamente dice, de una acción “de justicia distributiva”. Si así fuera, con ese mismo principio los contribuyentes que acudimos a servicios de medicina privada tendríamos derecho a que nos reintegraran los gastos en médicos y hospitales cuando, siendo derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, no nos atendemos en esas instituciones. El pequeño populismo del presidente Calderón tiene signo electoral y forma parte de la disputa por el aplauso social y mediático. La devolución de colegiaturas beneficiará poco y a pocos mexicanos porque el gasto de quienes envían a sus hijos a escuelas privadas en mucho mayor y porque esa restitución está supeditada a la tortuosa declaración de impuestos. Se trata de una medida populista porque no resuelve los problemas de fondo de la educación. Peor aún, no forma parte de un proyecto educativo ni de un proyecto fiscal más amplios. Ocurrencias, palabrería y fallidos esfuerzos para congraciarse con una sociedad en donde encuentra posibles votantes pero no ciudadanos con derechos (entre ellos el derecho a una educación suficiente y de calidad) son rasgos de ese populismo de bolsillo que despliega, con gran dificultad, el presidente Calderón.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:26 No hay comentarios:
Un dato: la deducibilidad fiscal del pago de colegiaturas en escuelas particulares de nivel preescolar a bachillerato se da cuando ha caído la inscripción en esas escuelas. En el ciclo 2007-08 se matricularon 4.56 millones de alumnos, para el ciclo 2009-10 se inscribieron 150 mil alumnos menos (cifras tomadas del IV Informe de Gobierno, 2010).
Ahora bien, en el debate suscitado por el decreto del Ejecutivo se han esgrimido algunas afirmaciones que conviene revisar.
Es el caso, por ejemplo, de la aseveración formulada por algunos comentaristas de que la gente tiene que recurrir a las escuelas particulares porque no hay lugar en el sector público. En educación básica ello carece de sustento, pues desde hace tiempo que está cubierta prácticamente la totalidad de la demanda de este nivel, el único de carácter obligatorio en nuestro país. Quedan, hay que reconocerlo, algunas comunidades aisladas donde la escuela pública está lejos y hay dificultades para que los hijos de las familias que ahí habitan hagan efectivo su acceso a la enseñanza. También hay situaciones de pobreza extrema que dificultan o impiden que los niños acudan a la escuela. Pero no se trata, en ningún caso, de que se acuda a la enseñanza privada por exclusión o falta de lugar en la escuela pública. Quien envía a sus hijos a la escuela particular es porque así lo prefiere —por buenos o por malos motivos— y punto.
Otra afirmación que se ha repetido es que quien no comparte la decisión del Ejecutivo sataniza a la educación privada. Por supuesto que no: la educación privada es una opción legítima, y hay escuelas particulares con encomiables sistemas de enseñanza y transmisión de valores. (También hay unas que son lo contrario: malas escuelas y que inculcan antivalores para la convivencia y la formación ciudadana). Pero una cosa es no satanizar a la educación privada y otra es respaldar que con los impuestos de toda la nación se subvencione a unos cuantos.
En el mismo tenor que el ejemplo anterior, se ha llegado a cuestionar la legitimidad de la crítica al decreto si quien la formula tiene a sus hijos en la escuela privada. Se trata de un razonamiento peculiar: si alguna medida te beneficia en lo individual, es buena per se. Y quizá esa reacción explique el por qué de la calidad de la deliberación pública que construyen algunos comentaristas: opinan desde su interés peculiar, viendo si algo les beneficia directamente o no. Y como la opinión publicada está conformada por sectores de altos ingresos, no cabría esperar que se defendieran sino sus privilegios. En mi opinión, un ejercicio intelectual honesto debe partir de otra base: analizar si una medida o decisión gubernamental es correcta en sus propios términos y en sus consecuencias sobre el bienestar general —si es eficiente y eficaz, si promueve la equidad o la lesiona—, y no viendo si genera dividendos o pérdidas para la cartera de quien opina.
Se ha repetido en estos días algo que, desde hace tiempo, parece instalado en cierto sentido común: la escuela privada es sinónimo de calidad, la pública de mediocridad. No es así. Más bien, hay un problema general de calidad educativa en todo tipo de escuela. Pagar por educación no quiere decir enviar a los hijos a buena enseñanza. En México los resultados de las pruebas PISA o Enlace dicen que las escuelas públicas están muy mal y que las privadas también. Hay, por supuesto, escuelas privadas muy buenas y algunas públicas buenas. Pero la diferencia sustancial está en quién acude a las escuelas, esto es, las familias que tienen mayor ingreso y mayor capital cultural generan mejores estudiantes. Es la calidad de la demanda educativa, más que la de la oferta, la que determina qué tipo de escuela se acaba teniendo.
El gobierno ha sostenido que la medida no es regresiva porque hay tope a la deducibilidad. Aun con los topes, habrá gasto fiscal a favor de quienes pagan colegiaturas, es decir, una transferencia de recursos públicos a las familias de más alto ingreso. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2008 —que son los datos más recientes disponibles hasta la fecha— evidenció que las familias pertenecientes al decil más rico gastan más del 12% de su ingreso en educación, mientras que las del más pobre apenas gastan el 4%. (Y cabe decir que el gasto de los pobres no es en colegiaturas, sino en útiles, por ejemplo, de tal forma que no se beneficiarán del decreto). Es decir, se subsidia un gasto cargado hacia los sectores de altos ingresos, lo que constituye una evidencia más del carácter regresivo de la medida.
Se dice que es un decreto a favor de las familias. Ya se explicó que se trata, nada más, de algunas familias, no de todas ni de las que más necesitan de apoyos económicos. Pero además, hay un sector directamente beneficiado que son las escuelas particulares, esas que están viendo caer su demanda. Una parte del precio que se paga por educación privada será reintegrado a los consumidores de ese servicio. En este caso, parte del precio de las colegiaturas se distribuirá entre todos los consumidores. Y como el fisco —es decir, todos los contribuyentes— apoquinará parte del precio, hay un “incentivo” para el alza de las colegiaturas.
"Muera Sarkozy". "No nos vamos a dejar". "México no se va a someter a Francia". "Todos unidos con Felipe Calderón". "Dejemos de comprar queso Brie". Expresiones del enojo que los mexicanos sienten ante el controvertido caso de Florence Cassez y el embate diplomático que ha generado. Manifestaciones de la indignación que los mexicanos despliegan ante la reacción francesa y los sentimientos nacionalistas que ha despertado. Lástima que la crítica y el enojo y la denostación se han dirigido al blanco equivocado. En lugar de odiar al presidente galo, deberíamos odiar al sistema judicial mexicano. En lugar de denostar a la Secretaria de Relaciones Exteriores de Francia, deberíamos increpar al secretario de Seguridad Pública de nuestro propio país. En lugar de envolvernos en la bandera mexicana, deberíamos empezar a desmancharla. Porque si algo queda claro del conflicto Cassez -como lo demuestran los admirables reportajes de Guillermo Osorno-, es que no se cumplió con el "debido proceso" que Francia tiene derecho a exigir y México aún no sabe cumplir.
El "debido proceso" basado en el principio de que el gobierno debe respetar todos los derechos de una persona de acuerdo con la ley. Cuando un gobierno daña a una persona, sin seguir la ley al pie de la letra, eso constituye una violación del "debido proceso". Y eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Cassez desde el momento en que fue aprehendida. Desde el momento en que no fue presentada inmediatamente ante un Ministerio Público. Desde el momento en que se le mantuvo encerrada en una camioneta durante 24 horas. Desde el momento en que Genaro García Luna ordenó la "recreación" de su captura para el beneficio de la televisión. Desde el momento en que el Ministerio Público no informó al consulado francés de la detención. Desde el momento en que se volvió más importante maquillar la reputación de la policía que obedecer el imperativo de la ley.
Y sí, Sarkozy debe ser criticado por sus improperios verbales. Y sí, el presidente francés debe ser cuestionado por la decisión de convertir el Año de México en Francia en una plataforma para el caso Cassez. Pero eso no oculta el hecho ineludible de que -como sugiere Guillermo Osorno- todos, absolutamente todos, han dicho algo diferente en sus declaraciones. La única que no ha cambiado su posición es Florence Cassez. Como queda constatado, las víctimas del secuestro -Cristina Ríos y su hijo- no reconocen la voz ni la fisonomía de la francesa en su declaración inicial y sólo lo hacen después de visitas posteriores y documentadas a la SIEDO. Otro testigo, Ezequiel Elizalde, dice que cerca del dedo meñique tiene una cicatriz producto de la supuesta inyección que le adminstra Cassez, pero investigaciones subsecuentes revelan que no es una cicatriz sino una mancha. Y existen dudas sobre si Elizalde estaba realmente en el rancho del cual supuestamente fue rescatado, o si se encontraba en Xochimilco. Reportajes posteriores lo presentan como un testigo errático, poco confiable, hasta mentiroso.
Y sí, es posible argumentar que México debe archivar el Convenio de Estrasburgo si no se llega a un acuerdo sobre los términos de la condena que Cassez necesitaría cumplir en Francia. Y sí, Felipe Calderón puede escalar una crisis diplomática porque es políticamente redituable hacerlo. Pero eso no debería ser pretexto para rehuir la responsabilidad de un sistema penal y judicial podrido. Allí está el ejemplo del novio de Florence Cassez -Israel Vallarta- cuyo juicio aún no termina, cuando el de Florence Cassez fue sorprendentemente expedito. Allí está el hecho de que al igual que en el caso de Antonio Zúñiga -documentado de forma estrujante por Presunto culpable- no hay evidencia física que la ponga en el sitio del secuestro. No hay investigación creíble por parte de policías que la aprehenden primero para construir el caso contra ella después. No hay más que las declaraciones contradictorias e inconsistentes por parte de víctimas que cambian de versión como si cambiaran de calcetín. Y el resultado: una condena de 60 años basada en dichos variantes en vez de evidencia verificable.
El caso de Florence Cassez se tiñó de injusticia cuando su captura fue recreada como montaje a modo. Cuando la hombría de García Luna pesó más que el respeto a los derechos individuales. Cuando el "debido proceso" se convirtió en el "indebido proceso". Eso, en cualquier democracia funcional, hubiera implicado su liberación automática. Eso, la justicia convertida en farsa, es lo que más debería indignar a los mexicanos. La capacidad que tiene el sistema judicial para aprehender a presuntos inocentes y transformarlos en indudables culpables. La habilidad que tiene el sistema penal para encarcelar a alguien con base en la palabra "sagrada" -aunque variable- de las víctimas. La sensación surrealista que queda después de leer el expediente y ver lo que ocurrió. Aquello que Lewis Carroll narra en Alicia en el País de las Maravillas: "¡No, no! -dijo la Reina-. Sentencien primero y den el veredicto después".
DE TUMBO EN TUMBO EL GOBIERNO ILEGÍTIMO
HERMILIO LÓPEZ SÁNCHEZ BASSOLS
Este gobierno ilegítimo e impopular sigue de tumbo en tumbo, errando en las cosas del Estado. Una minoría hace cinco o más precisamente hace 11 años, decidió instalar un gobierno para que nos llevara, presuntamente, a mejores estadios en la vida económica, política y social de México que la que nos habían sumergido los rapaces políticos neoliberales. No es casualidad entonces que "El País", el 15 de febrero pasado, publica una encuesta sobre los actores de la política mexicana en la que reprueba, al mero fondo de su tabla, a los secretarios del Gabinete de Calderón. Cuando llegaron a Los Pinos, hace cuatro años, los funcionarios neoconservadores ocupaban el primer lugar en la misma tabla de aprobación nacional que incluía: periodistas, ministros de la Corte, obispos, Ejército, Procuraduría, diputados, gobernadores, senadores y policías. Ahora, están totalmente desacreditados como resultado de su incapacidad, torpeza, obscuridad y otras prendas.
Me refiero esta vez, porque la lista es extensa a dos funcionarios ignorantes en el manejo de su cartera, que como encargados del despacho, no han podido atinar en su gestión una frase congruente, una declaración razonable y nacionalista en su menester y mucho menos conducir sabiamente la Secretaría a su cargo. Se ubican, al frente de la otrora Cancillería de lujo de Tlatelolco ahora despachando en la Alameda y en la Secretaría (Vasconcelos, Bassols, Torres Bodet y Reyes Heroles) que tiene la más alta responsabilidad en formar jóvenes aptos para los retos laborales del México subdesarrollado al que pertenecemos.
Allá en La Alameda no acaban de solventar un litigio por la publicación de cables diplomáticos a/de Washington que explícitamente documentan la percepción que el Departamento de Estado y sus funcionarios diplomáticos tienen sobre las acciones de gobierno que han puesto en entredicho la gobernabilidad del Estado mexicano. Inútil fue la visita de Hillary Clinton -con quien Obama se encuentra furioso por su proceder en Egipto- para restaurar una relación dañada por los excesos de la derecha norteamericana y por la incompetencia de las autoridades mexicanas que constantemente, en vez de defender al país como corresponde, justifican penosamente la actitud arrogante del buen vecino. Allá en La Alameda no atinan ahora en encontrar una verdadera fórmula diplomática para resolver un diferendo con Francia. En la mente de todo mexicano está claro que Florence Cassez es culpable y que si se le llega a extraditar podría ser liberada en su país. Pero tratar a un gobierno arrogante y también impopular, con trampas, engaños y amenazas conduce al lamentable estado de cosas del día de hoy. Siempre he dicho que los diplomáticos que dieron lustre y brillo a nuestra Cancillería tenían "sesos y bien capeados." Ahora se dice: "México no adopta decisiones sobre política exterior consultando a presidiarios" o "llegaremos hasta donde Francia quiera."
Los herederos de los dos imperios -Iturbide y Maximiliano- que pretenden modificar la historia a su arbitrio, han decidido cometer una grave tropelía -postulado de la ultra derecha mexicana- por la que se permitirá que ciertos gastos de colegiaturas en escuelas privadas sean deducibles fiscalmente. Confirma el régimen, estando a la vuelta de la esquina de una elección federal, que puede perder y que es hora de lanzar un mensaje electorero a una clase media disminuida y alta, boyante, que por pruritos sociales principalmente -que no académicos- lleva a sus hijos a las aulas privadas donde la mayor parte de ellos son esquilmados con colegiaturas de primer mundo y donde se les programa para despreciar a los mexicanos que reciben su enseñanza como marca nuestra Constitución. Algunos, en efecto consiguen empleo pero en el negocio de sus padres.
Se despreocupa el régimen de los recursos indispensables para la enseñanza pública y con semejante concesión ahonda la brecha entre los ricos, súper ricos y clase media alta y una descendente clase media baja y clase pobre. Esta acción pretende fortalecer a las escuelas particulares cobijándolas con beneficios a los privilegiados y dejando a su suerte a los millones de padres de familia cuyos hijos atienden el aula del Estado. Es a ellos exactamente a los que habría de subsidiar, pero al presente gobierno no le interesa más que demagógicamente la suerte de las mayorías en profunda pobreza en México.
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