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Timestamp: 2020-07-02 16:13:25+00:00

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Castillo Mendez1 Descolonizacion Territorial Del Sujeto y La Gobernabilidad Ivan Castillo Mendez | Gente indígena | Sistemas politicos
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martjosobrascompletasvols13-16
Bonilla (comp.) - Los Andes en La Encrucijada
P. Gonzalez Casanova - Las Nuevas Ciencias y Las Humanidades 1-240
Nuestra América crítica de los signos ocultos de la modernidad
Descolonización Territorial, del Sujeto y la Gobernabilidad
Examen Crítico del Discurso Restringido de la Inclusión (Individual) del Indígena Maya en el Sistema de Partidos Políticos
Instituto de Investigaciones y Gerencia Política -INGEP-
Universidad Rafael Landívar Instituto de Investigaciones y Gerencia Política
Licda. Guillermina Herrera Peña Rectora
P. Rolando Enrique Alvarado López, S.J. Vicerrector Académico
P. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S.J. Vicerrector de Integración Universitaria
Lic. Ariel Rivera Irías Vicerrector Administrativo
Dr. Larry Andrade-Abularach Secretario General
P. Eduardo Valdés Barría, S.J. Director General de Investigación y Proyección
Dr. Víctor Manuel Gálvez Borrell Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dr. J. Fernando Valdez Gordillo Director del INGEP
Licda. Belinda Ramos Muñoz Coordinadora de Investigación del INGEP
Esta publicación se ha realizado con recursos propios y el apoyo financiero de la Fundación Soros.
Los puntos de vista expresados en esta publicación reflejan la opinión del autor.
Diagramación: Helber García Revisión: Jaime Bran
Impreso en Serviprensa S.A. 3a. Ave. 14-62, zona 1 Teléfonos: 2232 0237 • 2232 5424 • 2232 9025 Correo electrónico: gerenciageneral@serviprensa.com Ciudad de Guatemala, Guatemala.
CAPítuLo I MARCo tEóRICo y REFEREnCIAS ConCEPtuALES BáSICAS
orígenes del concepto de geopolítica y sus relaciones con la geografía política
La (geo) política como forma de gobernabilidad
El deconstruccionismo de Derrida y la (trans) política geopolítica
El Panóptico geofinanciero
Acumulación y campesinado indígena
El lugar de los recursos naturales en la lógica de la acumulación de capital
CAPítuLo II oMISIonES y DESPLAZAMIEntoS
Derecho de los Pueblos Indígenas a su reconocimiento como sujetos colectivos
a sus propias instituciones políticas y
su reconocimiento por parte de los Estados
Sujeto colectivo y territorio en los instrumentos internacionales
CAPítuLo III SIStEMA PoLítICo y FoRMAS DE GoBIERno En CoMunIDADES MAyAS
La comunidad rural campesina
Alcaldías o municipalidades indígenas
Principios que rigen la autoridad política indígena
no monetización del servicio público
Concepción y/o enunciación del concepto ‘política’
Que ‘ya no existen los indígenas’, dicen algunos secretarios municipales
Demandas de interlocución política entre formas de gobierno indígenas y el Estado
Conflicto político sistémico
‘La ley’ y el poder
CAPítuLo IV REVISIón HIStóRICA DE LA ConFIGuRACIón DE LA GEoGRAFíA PoLítICA y LA GoBERnABILIDAD DE PuEBLoS InDíGEnAS En GuAtEMALA
De la Conquista a las Leyes nuevas
Repartimiento y encomienda
origen del cabildo en España
Teoría del buen ejemplo de españoles u organización de las Dos Repúblicas
Del Siglo XVII a las Reformas Borbónicas
Configuración y desmantelamiento de la política de las Dos Repúblicas
Mixtificación residencial como política de población
De las Reformas Borbónicas a la Independencia
Independencia y ‘soberanía’
Redefiniciones del ‘indio’ y ‘ladino’ como sujetos políticos en el periodo entre las Cortes de Cádiz y los primeros gobiernos liberales tras la Independencia
Segundo gobierno liberal (1871-1944) La municipalidad de los gobiernos liberales
El encomendero se hace del Siglo XX, antesala de la guerra
CAPítuLo V SAn BARtoLo (En LAS MEtáFoRAS DEL áRBoL y EL BoSQuE)
Sistemas políticos, identidad local y geografía política
Mapas, censos y códigos municipales
CAPítuLo VI InCLuSIón
Exhumarnos
narrativa histórica y discurso
Inclusión y financiamiento
Dominación y política
CAPítuLo VII FoRMAS DE GoBIERno InDíGEnAS y ‘DEStERRItoRIALIZACIón’ DE LA GLoBALIZACIón:
GEoGRAFíA PoLítICA y EStADo A DEBAtE
Cartografía contemporánea de recursos
El agua, uno de los recursos que se perfilan como más estratégicos
El oro y la minería
Contaminación transgénica del maíz criollo por las corporaciones biotecnológicas
Creciente oposición indígena a las políticas de la acumulación global en el altiplano occidental
San Miguel totonicapán / Chuimiq’ina’
Sololá / T’zoloj ya’. (Des)encuentros
Políticas territoriales y nuevas instituciones para la acumulación global
Consultas sobre la minería en Huehuetenango y San Marcos
Patq’um (Parlamento Q’anjob’alano)
Asamblea del Patq’um
Conceptos de sistemas políticos y formas de gobierno
Por fin tenemos en el medio académico nacional un libro que se hace cargo de presentar un enfoque no tradicional para
hablar de democracia. yendo más allá de la argumentación sobre la importancia de los valores liberales y los partidos políticos, restringidos a lo individual, se cuestionan el enfoque
y la ideología tras la concepción de la “inclusión”: incorporar
a los indígenas a esas organizaciones, en tanto ciudadanos, individuos; aunque la pretensión se presente como una buena acción contra la discriminación o la exclusión y favorable al desarrollo de la democracia en el país.
En ese camino el Maestro Iván Castillo Méndez, su autor, cuestiona la naturaleza excluyente de muchas de las prácticas políticas que se imponen desde el modelo político dominante que ha ignorado, en los hechos, ancestralmente, un mundo social completo: el de las formas e instituciones políticas que se generan desde La Costumbre, y en torno a las cuales se edifican infinitas relaciones sociales, económicas y en consecuencia también políticas, en medio de la resistencia, el cambio y cierta adaptación a las nuevas circunstancias nacionales y mundiales.
Para presentar su argumentación sobre la “inclusión” el Maestro Castillo acude –y allí está su especial originalidad–, a un enfoque desde la geopolítica y la antropología política crítica, realizando simultáneamente, además, un repaso histórico de los principales sucesos de la Colonia, hincando la agudeza en aquellos hitos que marcaron y continúan marcando nuestra
realidad prolija de desigualdades y exclusiones, desnudando los vínculos con relaciones de causalidad o no, entre geografía política, sistemas e instituciones políticas y los planes de las grandes corporaciones mundiales por el control de los recursos naturales en las sociedades y para el caso de Guatemala, justamente en las zonas históricamente habitadas por los pueblos indígenas. Minería, maíz transgénico y política se presentan relacionados.
Desde el título mismo, “Descolonización territorial, del sujeto
y la gobernabilidad. Examen crítico del discurso restringido
de la inclusión (individual) del indígena Maya en el sistema de partidos políticos”, el autor nos advierte que estamos frente a un enfoque que trasciende lo hasta ahora publicado en el país en materia de análisis del sistema político y partidos políticos,
llenando un vacío, tal vez, inexplicable, dada su relativa
obviedad, al menos en lo que atañe a los límites instrínsecos de
la teoría de la “inclusión individual a los partidos” para dotar
de suficiente representación y efectividad al (los) sistema(s) político (s) en un país cultural, étnica y lingüísticamente diverso.
El estudio que le encomendamos al Maestro Castillo aunque traza su propia ruta metodológica, se apoya en análisis anteriores promovidos por el InGEP en el marco de las grandes líneas de investigación de la universidad; particularmente, incursionando en el estudio del funcionamiento de la vida
política local tanto para mejorar el conocimiento de realidades poco estudiadas y en la línea de producir teoría de alcance medio, como para elevar la efectividad de los programas de desarrollo de liderazgo que tradicionalmente hemos impulsado
a lo largo de varios años en múltiples regiones del país.
Específicamente, el autor cita ampliamente, actualiza y agrega nuevas perspectivas a los estudios sobre el funcionamiento de
los sistemas políticos en los municipios de San Bartolo Aguas Calientes y Santa Lucía La Reforma, ambos en totonicapán (realizados por Mario Chaj) incluidos en el estudio que dirigió Ricardo Sáenz de Tejada: “Elecciones, participación política y pueblo maya en Guatemala” documentando estadísticamente el historial de participación indígena desde 1984 (INGEP, 2005), pero se refiere también a muchas otras experiencias.
En el InGEP estamos buscando nuevos caminos a problemas viejos. Sostenemos que muchas de las respuestas que priman en los medios académico y político nacional para darle vida
a una democracia intercultural tienen una debilidad de fondo:
asumen que los pueblos indígenas deben “incorporarse” al
sistema creado por los ladinos; y desde allí, hacerse representar
y luchar por sus derechos usando las instituciones que creó
las Constitución de 1985. Pero la cuestión es especialmente compleja. Veamos.
En el año 2008 publicamos Un Estado, otra Nación. Culturas políticas, ciudadanía e intermediación en Guatemala cuyos autores Belinda Ramos y Mario Sosa, realizaron un estudio cuali-cuantitativo a fondo sobre el funcionamiento de la vida política en seis cabeceras departamentales del país y dos municipales y que incluyó más de 1,600 entrevistas y la movilización de 210 estudiantes entrevistadores inquiriendo sobre las cuestiones indicadas en el título.
Evidentemente, con la excepción de Zacapa – que se seleccionó justamente por su naturaleza contrastante– todos los municipios son de población indígena. Preguntamos: “Para que los indígenas puedan participar en la toma de decisiones del país, ¿está de acuerdo con que se cree un partido político sólo de indígenas?”. A favor del sí: Colotenango 60%, totonicapán 50%, Huehuetenango 38%, Chimaltenango 36%, Cobán 30%, Quetzaltenango 29% y Zacapa 14%.
La otra pregunta relacionada con la cuestión de la intermediación y cultura política fue: “Para que los indígenas puedan participar en la toma de decisiones del país ¿está de acuerdo con que haya un órgano o consejo nacional de representantes indígenas al cual el gobierno deba consultar? Las respuestas fueron menos dispersas. A favor: Zacapa 40%, Quetzaltenango 44%, San Martín Jilotepeque 54%, Totonicapán, 63%, Huehuetenango 65%, Colotenango, 67%, Chimaltenango con 71% y Cobán con el 81%.
Al respecto de las cuestiones planteadas concluyeron los autores: “Como se vio a lo largo de la investigación, el sistema político en los ámbitos locales se caracteriza por su pluralidad. Esto sucede así especialmente en los territorios indígenas o mayoritariamente indígenas, donde subsisten sistemas políticos y jurídicos propios; de tal forma que en
sentido estricto podemos hablar de sistemas políticos locales y
de base étnica (o indígenas) diferenciados del sistema político
dominante”, por lo cual en la línea de lo establecido en los Acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo de Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas y otra legislación
internacional aplicable, es importante se vaya hacia el “reconocimiento constitucional de las formas de autoridad, gobierno y representación que se dotan los pueblos indígenas en los niveles comunitarios, municipal y regional” (pp.542- 543), lo cual tiene considerables implicaciones y es parte del debate que este país debe continuar profundizando.
un mérito de los acuerdos de paz es haber vinculado conceptualmente los temas de democratización con el tema nación, a diferencia de lo hecho en otros países, y que se ha expresado en “discursos incomunicados” como ha dicho un especialista multicitado, Alfred Stepan: “en mi opinión, dos de las cuestiones más urgentes que afrontan los teóricos y
quienes toman parte en las democracias modernas es cómo reconciliar nacionalismo y democracia, especialmente en conjuntos multiétnicos, y cómo mejorar la calidad de las democracias consolidadas”. 1 Los hechos que observamos actualmente en América del Sur: especialmente en Bolivia, en Perú, en Ecuador (que aprobó una nueva constitución en octubre del 2008 ampliando los derechos de los pueblos indígenas y especialmente los relativos a los recursos naturales y sus tierras), o los de México, continúan confirmando la pertinencia de la afirmación: los países multiculturales en la región no se han hecho cargo, en serio, de su carácter plural, pero en cambio sí, de intentar homogeneizar culturalmente con modelos políticos uniculturales, occidentales, ignorando las identidades, las ciudadanías múltiples (respecto de su pueblo ancestral y del Estado), el ejercicio de otras formas de ciudadanía, que conviven en sujetos y colectivos.
Por ello, para Iván Castillo “Aun no se formulan propuestas para una transformación del sistema político a partir del reconocimiento al derecho de la pluralización del sistema político del Estado guatemalteco”. y a lo largo de su
1 Alfred Stepan (“Las modernas democracias multinacionales:
superando un oxímoron de Gellner”, en Estado y Nación, John A. Hall, ed. Cambridge University Press, Madrid, 2000), “le sorprende que producciones bibliográficas que marcaron con preocupaciones más o menos similares y que supusieron un hito en sus respectivas disciplinas no hubiesen tenido aprendizajes recíprocos. Son los casos de la producción de Ernest Gellner (Naciones y nacionalismo, 1983) y Benedict Anderson (Imagined Communities Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 1983), por un lado, y la colección de cuatro volúmenes que editaron G. O´Donell, C. Schmitter, y L. Witehead bajo el nombre en inglés de Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy (1986), por otro. Citado en J. Fernando Valdez, El Ocaso de un liderazgo. Las élites empresariales tras un nuevo protagonismo, FLACSO, 1ª. Reimpresión, 2004, Guatemala, Capítulo VI: El Fin del Estado-Nación y los Proyectos de País. Pp. 174-175.
reflexión, describe los nexos entre los intereses por el control de los territorios con fines de explotación de los recursos y los supuestos e implicaciones de una fórmula simplista de “inclusión” en los partidos políticos; y cómo todo ello aporta
a la pérdida de las identidades colectivas, al desgaste de las ya de por sí débiles formas de representación colectiva que van quedando en el país.
El libro, audaz en varios sentidos, cierra con unas conclusiones muy provisionales; justamente en el punto en el cual ahora, se necesitaría hablar de las potenciales implicaciones de transitar
a un modelo como el pincelado por el autor, desbrozando eso
sí, lo que hay de cierto purismo que aunque se esmera el autor en acotar, allí está presente.
Estamos seguros que el libro marca el inicio de un debate más inteligente sobre el futuro de las democracias, al atreverse a tomar distancia del discurso de dominación que repetimos los ladinos de muchas formas. Se preserva el fundamental papel que deben cumplir los partidos políticos tal cual se preconizan en el modelo conceptual –tan lejano por cierto de nuestra realidad–, pero un papel que deberán jugar junto a otras formas de representación a ser reflexionadas y eventualmente reconocidas legalmente porque el modelo que tenemos hoy, para decir lo menos, es notoriamente insuficiente, y no apto para romper las inercias que vive el país.
En el fondo de la problemática no está en juego simplemente una reforma de la legislación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que regule aquí y allá sobre financiamiento, cuotas o nuevas formas de elegir diputados y que lamentablemente no producirán cambios significativos. Está en juego nada menos que construir una nueva línea de defensa de la dignidad nacional, la defensa –inteligente eso sí– de sus recursos naturales, y todo ello sólo podrá hacerse si entendemos que
el país no tendrá futuro si persistimos en el camino que llevamos: el de ignorar –o el de simular el conocimiento– de los otros mundos políticos que están más allá del Congreso de la República y de Palacio nacional: en los Cuchumatanes, en el Ixcan, en torno a los Bosques de totonicapán o en el altiplano occidental y que, de diversas formas, con mucha o con poca “Costumbre”, se harán sentir más, cada vez más.
J. Fernando Valdez Director
El estudio que presentamos parte de una indagatoria que nos fuera encomendada acerca de la cuestión ‘indígenas y partici- pación política’. En el curso de la misma pudimos entender que existe una muy marcada tendencia a denunciar y tratar de revertir la subrepresentación del indígena, en lo individual, tanto a los partidos políticos como a los órganos del Estado cuyos cargos se alcanzan a través del voto. A dicha lógica le denominamos inclusión. Ponerle nombre al discurso de la inclusión es importante porque entonces aparece como objeto de análisis.
Antes de ello, es muy fácil que el sentido común nos plan- tee que ‘indígenas’ por un lado y ‘partidos políticos’ por otro, se relacionan en términos de asimetría y de exclusión, por lo que, para ser justos y no discriminatorios, habría que plantear y propiciar eso que llamamos su inclusión.
Independientemente de si el sistema político partidario en Guatemala está en franco agotamiento como dicen algunos moderados pensadores o de si es el objeto de todo nuestro entusiasmo, el asunto ‘indígenas y participación política a la luz del discurso de la inclusión’ para nosotros adquiriría un in- terés renovado cuando traemos a colación la consideración re- levante de que los Pueblos Indígenas, sujeto colectivo, poseen sus propios sistemas políticos y formas de gobierno. Que se han venido manifestando como alcaldías o municipalidades indígenas, bastantes más de las que solemos imaginar (más allá de Sololá y totonicapán); que éstas, como instancias de
segundo nivel que convocan y estructuran en una jurisdicción determinada a “alcaldías comunitarias”, mal llamadas “auxi- liares” como en el pasado cuando fueron subordinadas (auxi- liar, mandadero) al sistema político y electoral oficial vigente, están basadas en un sistema mucho más amplio de funciona- miento político de las comunidades rurales (aldeas, caseríos, barrios, cantones) del altiplano occidental y de casi todas las comunidades indígenas del país. Que ha habido una rica pero a la vez terrible historia de grave conflictividad en la rela- ción entre el Estado colonial de dominación sobre los Pueblos Indígenas y sus formas de gobierno y nombramiento de sus autoridades. Que en su muy amplia pero oficialmente sote- rrada existencia, éstas descansan sobre una dimensión de la persona que es la comunidad, a cuya socialización y de cuya experiencia hemos sido privados en contextos urbanos de cla- se media para arriba. Que las comunidades como unidades sociopolíticas se constituyen a partir de una homogeneidad relativa de clase campesina, cuya reproducción económica se basa en la reciprocidad. Que dicha dimensión de lo comuni- tario estuvo en la base de las formas de participación y resis- tencia durante el pasado conflicto armado interno, así como en las modalidades de su represión (masacre y tierra arrasada), consideraciones que también se nos suelen escapar. Que di- versos esfuerzos contrainsurgentes dirigidos a fragmentar a las comunidades como un mecanismo de control han podi- do ser superados, en una lógica de paz que asombrosamen- te, como un reto a la comprensión, una significativa cantidad de comunidades se planteaban como imperativo histórico y cultural: la restitución de eso que llaman el tejido social; es- fuerzos exitosos que se prueban, por ejemplo, en las consultas comunitarias en torno a la minería y sus unánimes resultados, o las movilizaciones sociales que se han venido expresando en otros lugares del altiplano. y otras muchas otras cosas por
el estilo, como que el derecho internacional establece que a los Pueblos Indígenas –aquellas poblaciones originarias que quedaron dentro de los Estados al ser éstos conformados–, los Estados deben reconocerles sus propias formas de gobierno, no que ellos tengan que probar ni convencer a nadie de que
son milenarias o inteligibles; y que la lógica de configuración
a todo lo largo de la historia en Guatemala de los sistemas
de gobierno oficiales en las comunidades es indisociable de una estructuración político territorial, como explicaremos, funcional a su explotación económica (del repartimiento y la encomienda, la constitución de pueblos de indios, que luego serían encomendados como tales, a la expropiación de tierras comunales, constitución de fincas y jornales obligatorios en las mismas o para la infraestructura pública en función del modelo conocido como leyes contra la vagancia, el estable- cimiento de la dualidad minifundio y trabajo en las fincas del enganche por alcoholización y deuda, y las variadas lógicas de fragmentación y sujeción a procedimientos institucionales que no les son propios (por decir lo menos).
En fin, tantas cosas que habría que retomar para nuestra con-
sideración. Pero ello nos lleva a entender, así fuera para fines de análisis, dos lógicas en principio distintas que subyacen
a esa unilateralización del discurso de la inclusión política
del indígena, en lo individual, al sistema de partidos políticos oficial. Una de ellas es cuando éste es esgrimido por par- te de think tanks (como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales –FAES– de Aznar y compañía, el National Intelligence Community –nIC– de Estados unidos, o los prin- cipales organismos financieros internacionales). El otro nivel de análisis es el que nos ofrece (y demanda) el sujeto social que inconscientemente lo enuncia, haciendo eco de un discur- so político; y un apartado específico particularmente valioso de este último, lo habría de constituir la reflexión metodoló-
gica, epistemológica e incluso filosófico política respecto de ese sujeto social, cuando quien lo sustenta es un académico o científico social.
En el primer segmento cabría considerar que existe una estra- tegia específica, bien pensada al respecto, que habríamos de intentar comprender. En el segundo (el sujeto social), aunque sería tentadoramente fácil pensar que incurre en esta omisión producto de un llano desconocimiento, por ser ladino (no indí- gena), o incluso urbano; nos inclinamos a pronunciarnos, ex- plicativamente, por una ausencia de noción de sujeto comuni- tario, dimensión de la persona de la cual estamos enajenados en aras de una creencia en una individualidad profundamente ideológica, social, cuestionable, limitada, funcional a un mo- delo de gobernabilidad dentro del cual nos desenvolvemos.
Esta ausencia reveladora de predisposición para captar y com-
prender la existencia de lo comunitario constituye un hallazgo fundamental, porque está ligada a la posibilidad de repensarse
y apropiarse socialmente la construcción de los sistemas po-
líticos y de la democracia desde bases enteramente nuevas
y abiertas –a partir de una pluralización del sistema político
guatemalteco que se abra a la inclusión no de indígenas en lo individual al sistema político oficial sino a colectividades, como lo son los Pueblos Indígenas–, incluso en otros ámbitos sociales, sobre la base de la territorialidad o no.
En lo académico, nos permite la posibilidad de ejercer ese re- curso metodológico fundamental del distanciamiento. Como sujetos sociales que también somos, las nociones inscritas en nuestra representación de la realidad, deben poder ser vistas con extrañamiento: en temas tan sensibles y de tanta introyec- ción social como lo es el sistema político y la gobernabilidad (en su complejidad foucaultiana), observar la relación entre
un Estado y su sistema político sobre la comunidad indígena
y su sistema político, nos puede permitir una mirada distan-
ciada de nuestra propia subjetividad social, mediada como el espejo de Perseo. El espejo, en términos más explícitos, fue
el escudo reluciente que Atenea (diosa griega de la sabiduría,
la estrategia y la guerra justa) le obsequió a Perseo, y desde el cual éste pudo observar, sin petrificarse, el rostro de Medusa.
La complejidad principal del análisis de la inclusión como de- manda por parte de indígenas radica en su unilateralización, en su carácter restrictivo, limitado, por el cual toda alusión al derecho fundamental de los pueblos indígenas a que se reco- nozcan sus sistemas políticos ha venido siendo hasta la fecha bastante dejado de lado. Es como decir el discurso dominan- te, por razones a determinar. En sí mismo es razonable, tradi- cionalmente el Estado de Guatemala ha conjugado estrategias de segregación y de asimilación del indígena, en el objetivo de contener y eliminar su competencia política. El racismo, con una profunda racionalidad para la dominación económica de clase, subsiste en la subjetividad y se expresa en ambas estrategias. Hay que ser élite ‘aceptable’ para codearse con las élites; pero la verdad es que en la inclusión del indígena individual (no así de las comunidades y sus instituciones, por el dominio político y territorial en que se basa el Estado, su orientación económica y su objeto), los indígenas –aún en lo individual– llegan sólo en determinado número y hasta deter- minados niveles a la conducción del Gobierno. Entonces, no puede achacársele enteramente a ese afán la ausencia de razón
y de derecho, ni en propios ni en analistas o actores sobre el modelo.
De ahí que nuestra crítica, pudiendo variar, se base únicamen- te en la exclusión del sujeto colectivo y su institucionalidad política, porque en el fondo es ésa la que ha constituido la
contradicción fundamental en toda la historia de confronta- ción y oposición de sistemas políticos: porque a ella subyace una lógica de clase en que se sitúa la mayoría de la población indígena y a partir de la cual cobran funcionalidad y corres- pondencia estructural su supervivencia, y la alteridad política que enriquece el modelo de democracia no colonial a cons- truir en Guatemala, y porque además esos sistemas políticos basados en la comunidad poseen una racionalidad, humanis- mo y eficiencia muy superiores de los cuales cualquier colec- tividad humana, aunque no sea indígena, tiene no sólo mucho que aprender sino que se puede constituir en un muy valioso activo para el futuro de una gobernabilidad diferente.
En todo caso, más allá de nuestras reflexiones filosóficas, his- tóricas y ético políticas, hay fenómenos en la actualidad que están asimismo permitiéndonos prever un importante forta- lecimiento de la reivindicación histórica por el territorio y la pluralización del sistema político, referidas a lo que muy bre- vemente acá denominaremos como la dinamización del siste- ma capitalista global. y este tiene dos vertientes documen- tales para nuestro análisis. Por una parte, el requerimiento de materias primas (que conocemos como recursos naturales) que el sistema económico está demandando, y que suelen es- tar situadas en comunidades campesinas, usualmente indíge- nas en nuestro país. A esto le dedicaremos suficientes elemen- tos analíticos, no sólo descriptivos, de por qué creemos que se está produciendo, estructural e históricamente; de cómo el Estado –sobre todo públicamente conocido y particularmente fuerte en la gestión gubernamental pasada (2004-2008)–, se limitó como de costumbre a girar cuanta licencia de conce- sión para la exploración o explotación de recursos le pareciese pertinente (para obtener recursos y luchar contra la pobreza, decía), los cuales les llovieron a las comunidades campesinas indígenas, mediante un lacónico giro de notificación dirigido
a los faxes de las municipalidades. Como podremos imaginar,
más allá del paisaje territorial que los ambientalistas hábil- mente dibujan en la geografía y su sostenibilidad, ello insti- gó fuertemente una noción diferente del territorio respecto de aquella fragmentación parcelaria en que la propiedad privada del minifundio creía haber relegado a los campesinos. E inde- pendientemente de la propiedad de las tierras a ser explotadas, ‘activó’ (y no creó como hemos constatado) una reivindica- ción territorial indígena, a la vez que generó respuestas co- munitarias y procedimientos políticos también comunitarios (que aunque estuviesen basados tanto en el Código Municipal como en el Convenio 169), fueron desconocidos por el Es- tado. De suerte que ahí está configurada la situación cuyo análisis intentamos formular.
no es sólo el ámbito de las consultas, aquí habría que con- siderar las respuestas que se están observando a todo lo lar- go y ancho principalmente del altiplano, pero no sólo en el mismo. Las movilizaciones y el Estado de Sitio declarado para totonicapán en el año 2001, con el incremento al IVA instruido por el Fondo Monetario Internacional, los intentos de implementación de modalidades del IuSI (Impuesto Único sobre Inmuebles), el Catastro, la Ley de Aguas, o el paso del cilindro de la empresa minera Montana por Los Encuentros, Sololá, en 2005, etc., configuran dinámicas en las que podrá suponerse una amplia sensibilidad, organización comunitaria
y control territorial en progreso.
Pero por otra parte, lo que plenamente identificamos como po- líticas territoriales instrumentadas por organismos financieros internacionales, desde hace más de diez años, en el norte de San Marcos y Huehuetenango en que para definir y configurar regiones, se ha aglutinado no a alcaldes sino a corporaciones municipales de algunas decenas de municipios, conformando
el “innovador marco institucional” de la mancomunidad, para a partir del mismo configurar una red de conectividad vial, cuyo costo (de préstamos al organismo financiero internacio- nal) le es trasladado desde las “regiones” al Estado de Guate- mala. Base, para región tras región, establecer un modelo de desarrollo económico y de seguridad en la región, del cual la minería sólo es apenas una de sus primeras manifestaciones.
En todo ello, el paso o el cambio ante nuestra vista de las ins- tituciones, debe situarnos en la consideración de lo que éstas representan para la geografía política. no basta la cuestión, en sí misma importante de las mancomunidades de corpora- ciones municipales, la institucionalizada coalición interparti- daria que es refuncionalizada y subsumida a la política territo- rial ahora por otros Estados o instancias supraestatales, como explicaremos. Asimismo se crean nuevos municipios, como es el caso de unión Cantinil, en Huehuetenango, logrado y ganado para la Mancomunidad de los Huistas con el objetivo expreso de construir en él una presa hidroeléctrica en el río Chanjón o Limón.
Así, pues, todos estos fenómenos vienen a incidir fuertemen- te en la posibilidad de que se fortalezcan las reivindicacio- nes político territoriales de los pueblos indígenas, y que di- cho proceso, incentivado por el impacto de las políticas de la acumulación global, en su disputa objetiva por el control del territorio, los recursos y derechos de las comunidades indíge- nas y campesinas, constituya una posibilidad de cambio en la relación que el Estado ha establecido históricamente con los Pueblos Indígenas, y por tanto una transformación del Estado. De hecho, cabe prever que estamos a las puertas de una revo- lución política por parte de los Pueblos Indígenas, mucho más importante que el reclamo y la denuncia por la no inclusión de individuos indígenas en el sistema político partidario, si bien
allá los actores y el sujeto en cuestión está tomando la inicia- tiva sin que aparezca casi visto, contextuado históricamente ni entendido.
Finalmente, hacia el final de este estudio, el 22 de febrero de este año (2008), y luego de cuatro años de ardua construcción, las corporaciones municipales de ocho municipios del nor- oriente de Huehuetenango, marcan en torno a la construcción
y experiencia de las consultas sobre la minería, un rumbo po-
lítico inédito en el país, por el cual acompañan el lanzamiento de una nueva institucionalidad, el Patq’um (o en castellano,
Parlamento Q’anjob’alano), con el explícito reclamo de una autonomía político territorial, generando nuevas instituciones políticas para un desarrollo culturalmente sostenible, y una nueva forma de relación con el Estado de Guatemala. Por unanimidad las comunidades lingüísticas mayas, aglutinadas en este espacio protoparlamentario que es la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala le confiere en reconocimiento
a Jolom Qonob’ (Santa Eulalia, centro cuyo estatus a princi-
pios del Siglo XX reconocía Oliver La Farge (1994: 22) para
Q’anjob’ales, Chujes, Akatecos y Poptis, una sola comunidad maya como en aquel entonces percibió), el constituirse en sede del VIII Encuentro de Pueblos Mayas de los Estados de Guatemala, México, Honduras y Belice.
De suerte, para concluir nuestra presentación, que la cues- tión de la participación política de los (Pueblos) Indígenas es profundamente más compleja que el recurso habitual de pug- nar por que los indígenas en lo individual sean incluidos en los órganos de los partidos políticos y en las diputaciones al Congreso de la República, tiene muchísima historia, un largo corolario de determinaciones, así como factores de dinami- zación y perspectivas para la transformación del Estado de Guatemala, de su sistema político y de una democracia que
más allá del colonialismo que representa la instauración de su modelo vigente, planteándonos retos académicos y persona- les, posibilidades y desafíos para la creatividad y una nueva gobernabilidad a construir.
La antropología política es la ciencia comparativa de los mo- dos de organización política (Abélès, en Bonte e Izard, 1991:
579). Estos modos diversos (“cristalizados”) de organiza- ción política se sobreentiende que son (socialmente) institui- dos, y que en tanto que instituciones sociales (como observó Durkheim, que suelen preexistir al individuo así como per- sistir más allá de su existencia, como reglas), toman la forma de un dispositivo organizado, que persigue el funcionamien- to o reproducción de la sociedad en cuestión, resultando de una voluntad original (acto de instituir) y de una adhesión, al menos tácita, a su supuesta legitimidad (Augustins, en Bonte e Izard, 1991: 378). Somos socializados (introyección de la representación y la norma, el habitus) en y para sociedades particulares diversas.
Figurándose así la noción de estructura social (con la cual nace propiamente la visión científico social), la noción de sis- tema político (si bien ya había sido aludida por Aristóteles, sin el tipo de mirada científica moderna de intentar comprender un fenómeno a partir de la abstracción de sus partes y funcio- namiento, es decir la estructura), habría sido enunciada por primera vez por antropólogos británicos (estructural-funcio-
Marco teórico y referencias conceptuales básicas
nalistas), concretamente a partir de la publicación de la obra African Political Systems (1940) de M. Fortes y Evans-Prit- chard. Es a partir de ese tipo de conceptualización general (el sistema político sería entonces un sub-sistema relativamente autónomo del sistema social total, al lado de otros subsiste- mas: económico, religioso o de parentesco) que, de acuerdo a Marc Abélès, se alimentarían la sociología (t. Parsons) y la ciencia política (D. Easton). (Bonte e Izard, 1991)
En African Political Systems, Fortes y Evans-Pritchard dis- tinguen principalmente dos grandes tipos de sistemas po- líticos: aquellos en que el sistema político está claramente figurado en términos de institución (los centralizados), y aquellos (para cuya sorpresa cultural, proveniendo de Esta- dos europeos) en los que la organización y control político (en función de las reglas) eran ejercidos mediante otras ins- tituciones o un conjunto de las mismas; en las sociedades con este tipo de sistemas políticos (curiosamente por ellos llamadas “acéfalas”) reconocieron una mayor propensión al consenso. [Por cierto, independientemente de estas pri- meras aproximaciones de hace setenta años sobre socieda- des no occidentales, o pueblos indígenas, la “centraliza- ción” institucional del sistema político no es requisito para la aplicabilidad o no del Convenio 169, como derecho, ni del tipo de entendimiento que supone].
A partir de la mirada estructural (tipo de visión científica no su- ficientemente entendida ni valorada: toda la obra de El Capital de Marx v.g. es un análisis estructural del sistema capitalista), además de un afán por el conocimiento en sí mismo, esta antro- pología proveía de insumos a las aspiraciones y requerimientos coloniales británicos. El colonialismo se superponía sobre esos pueblos indígenas y debía conocer cómo ejercer su poder sin ge- nerar caos social en dichas sociedades (gobernabilidad), en el ajuste de su exacción económica sobre aquéllos.
A partir del lugar que la conceptualización general de sistema político tiene en la teoría estructuralista, se empezaría a figu- rar una consideración (ya no en sistema cerrado sino abierto
a esa complejidad de sistemas políticos que el colonialismo
produce, y ya no como aproximación sincrónica sino diacró-
nica, o en el proceso, la historia) que nos ofrece una técnica más que una teoría: el estudio de prácticas, procesos políticos, dinámicas –Leach (1954), Gluckman (1963), Swartz, Turner
y Tuden (1966)–, en los que, más menos que más, aparecerá
explícitamente formulado el contexto de las relaciones colo- niales. Tuden (1966), por ejemplo, definirá a la antropología política como el estudio de procesos implicados por la elec- ción y la realización de objetivos públicos y el uso diferencial de poder por los miembros del grupo concernidos por esos objetivos (decision-making process).
Finalmente, para nuestro argumento, la perspectiva del siste- ma político en la antropología marxista, que emergería tanto en Inglaterra como en Francia, es plenamente plasmada por Meillassoux (1977), quien toma por objeto los mecanismos de la dominación.
Así, en síntesis, tenemos un tipo de visión estructural en la que la antropología política estudia a los pueblos indígenas intentando abstraer su funcionamiento político interno de las relaciones “exteriores” de dominación, coloniales o neocolo- niales. Con resultados variables, no siempre hay que echar por la borda ese intento, en algunos casos es momento pre- liminar de percepción para seguidamente intentar captar las tensiones a las que está sujeto (el modelo y su coherencia sis- témica), así como el proceso y su resolución histórica, como enunciaremos más adelante.
tenemos, asimismo, una etapa de transición en la producción científica que estudia, y sigue estudiando a la usanza del pro-
cesualismo, cómo un proceso político nos revela ciertas es- tructuras, lógicas y posibilidades.
Finalmente, un intento de comprensión estructural ampliada (de la dominación) y compleja (por su consideración de par- tes), asimismo históricamente entendida a partir de la dinámi- ca de sus tensiones internas que es fundamental determinar bien (usualmente lógicas de clases sociales), que nos ofrecen la visión del juego de relaciones de dominación, de resistencia y eventualmente lucha contra la misma entre las sociedades (pueblos) indígenas y (como se figure) el poder (colonial, Es- tado periférico, Gobierno Mundial, etc.).
Es en una perspectiva estructural de este último tipo, que la no- ción de sistema político que empleamos designa los sistemas po- líticos de los pueblos indígenas y el sistema político oficial, en el sentido de que este último desconoce y se superpone al anterior. Como lo podemos apreciar en las ausencias en la legislación vi- gente [Ley Electoral y de Partidos Políticos (Guatemala), Decre- to 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas 74-87, 35-90, 10-04 y 35-2006; cuyo Artículo 16, establece, Son organizaciones políticas: a) Los partidos políticos y los comités para la constitución de los mismos; b) Los comités cívicos elec- torales; y, c) Las asociaciones con fines políticos. Donde, estas últimas (Art. 115 de la misma ley), asociaciones con fines de cultura y formación política… tienen como finalidad esencial el conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional].
Se configura así un sistema político excluyente (no plural) dentro del cual no tienen cabida ni reconocimiento los sis- temas políticos de las comunidades y pueblos indígenas. El sistema político que puede ser definido de diversas formas en función del objeto y de su abordaje –en esta investigación exploramos varias de sus dimensiones–, como la formación
que resulta entre las normas de una sociedad y las pautas de autoridad prevalecientes (Apter, 1965), cabe considerarlo fundamentalmente expresado en sus formas y estructuras de gobierno, si bien su conformación se expresa y reproduce me- diante un conjunto de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, comportamientos, creencias, normas, actitu- des y valores que mantienen… el orden del que resulta una determinada y, por lo general, desigual y conflictiva distribu- ción de utilidades (IIDH).
Se ha escrito mucho, y cuestiones muy interesantes, acerca del concurso y la competencia de las diversas disciplinas que convergen en el conocimiento de la realidad social. Este concepto, pero sobre todo para el gran tema que nos convoca en este estudio, puede y ayudaría el poder vérsele más allá del celo o la estrechez que la antropología social, la sociolo- gía, la ciencia política y otras disciplinas, se suelen disputar. (Basta revisar cómo cada una de estas parcelas banalmente construyen su historia, autores y conceptos fundacionales). Podríamos intentar justificar que debieran de existir recursos y perspectivas útiles que la antropología aporte al fenómeno político que involucre comunidades indígenas por el hecho de haber invertido más en el estudio de la coherencia sisté- mica de sociedades tradicionales no occidentales, la atención ineludible de la dimensión política del sometimiento colonial de que han sido objeto así como sus mecanismos de resisten- cia y supervivencia cultural, quizás sobre todo los lenguajes como dimensión política en ese entrecruzamiento de miradas (sin duda las metodologías cualitativas que en esos contextos han demandado e impregnado, más allá de un imperativo de efi- ciencia, a la filosofía misma). Es evidente que el fenómeno de la reconfiguración global es políticamente inasible sin la consi- deración de las otredades, sociedades tradicionales usualmente campesinas e indígenas, que marcan uno de sus principales es-
cenarios y objeto de debate y reflexión. Sin embargo, más allá de la fácil convocatoria al ejercicio de la interdisciplinariedad, lo que nos parece que fortalece el conocimiento y su función social es un tipo de escritura deconstructivista.
Esta ‘escritura deconstructivista’ supone en su perspectiva la formación disciplinar, de una forma de ver y ordenar la realidad, a su vez vista y entendida como práctica que se substrae de un marco discursivo para un orden de go- bernabilidad determinado, volcando en el ejercicio de su escritura una (trans)política, en que el sujeto diverso que somos, pueda vislumbrar nuevas formas de construcción de conocimiento y sociedad. Esto demanda a la vez capa- cidad de propuesta, una propuesta no prematura acrítica, pero viable, en aras de cuya comprensión y construcción; la reflexividad, el juego e intercambio de lenguajes (no sólo lingüísticos) sean los que vehiculen la dialéctica de la gestación de una sociedad global vis-à-vis una hegemonía (interdisciplinaria / transdisciplinaria, da igual); que se ad- vierta pragmática y a la vez compleja.
Es relevante en un sentido (trans)político, porque lo que estamos ha- ciendo es problematizar en qué medida el discurso geográfico y los sistemas de poder trabajan entre sí para proyectar mapas de las políticas globales con centros familiares y peri- ferias extrañas [foreign peripheries, extranjeras], identidades del centro [core] y espacios marginales, regiones domésticas [tame, domesticadas] y zonas silvestres [wild zones, ‘salvajes’].
G. Ó Tuathail (1994: 526)
Quizás alguna vez hayamos reflexionado acerca de las dis- tintas formas que existen de ser educados en el conocimiento de la historia, entre esas aburridas narrativas de batallas en el mundo antiguo sin mayor sentido o enseñanza precisa impar- tidas en clases de algún pobre profesor anodino, y las formas en que esos mismos acontecimientos son trasladados en las instituciones de enseñanzas de las élites que, por ejemplo en Inglaterra, son instruidas para gobernar (globalmente). un buen filme de Aníbal (de Bazalgette), que tras lograr atravesar los Alpes con sus elefantes se detuvo a las puertas de Roma –en sus etapas formativas– y, teniendo la oportunidad de arra- sarla, con ello las bases de su civilización, optó en aras de esta última por sólo contenerla, lo que a la postre se constituiría en una colosal derrota para sí y su propia civilización; es cita para el examen crítico de una enseñanza que los romanos em- plearían en todo el proceder histórico brutal de su expansión. Basta entrar a los sitios web de las academias militares de algunas potencias para comprender cómo se estudia la histo- ria con un sentido práctico profundo como el que intentamos contrastar. naturalmente estas lógicas cambian y se adecúan,
deben adaptarse en correspondencia, con los objetivos y mo- dalidades cambiantes en ese complejo llamado gobernabili- dad (global en expansión).
Al igual que la historia, otras disciplinas –en el sentido foucaultiano que más adelante explicaremos– como la geografía, igualmente nos suelen ser trasladadas en la forma más extre- ma posible de su no problematización, de suerte que podría- mos asegurar que a casi todos nos fue escolarmente impartida como la simple y llana memorización, para nuestra cultura general, de ‘accidentes’ geográficos. La geografía en la lógica educativa de la expansión (colonial o global) para la exploración, explotación y control (económico, político y militar) concibe el territorio, una variable fundamental, no como un descriptor más sino como un concepto sociopolítico de primer orden.
Gearóid ó tuathail, irlandés (también conocido con el nombre Gerard Toal, más pronunciable para los estadounidenses), es uno de los académicos más interesantes en el campo de la geografía política contemporánea. Actualmente profesor (Government and International Affairs) en Virginia tech 1 (en cuyo sitio web se pueden, y vale la pena, leer todas o cuando menos algunas de sus obras a fin de intentar comprender su lógica y estrategia), se dio a conocer hace un par de décadas con la publicación de The Language and Nature of the “New” Geopolitics: The Case of US - El Salvador Relations (1986) 2 ; en tanto que estos últimos años parecen haber atraído su atención hacia el caso de Bosnia-Herzegovina (testificando a este respecto ante el Con- greso de Estados Unidos en 2005) y el norte del Cáucaso.
Lo que su obra representa, a muy grandes rasgos, es la actualiza- ción del estudio del ejercicio de una nueva geografía política en
1 Virginia Polytechnic Institute and State university, EEuu.
2 http://www.nvc.vt.edu/toalg/Website/Publish/Papers/ToalElSalvador.pdf
tiempos en que el capital se desterritorializa (expresión que de- pendiendo de la perspectiva espacial puede ser entendida como una ola que se nos viene encima), pero en cuya expansión, la for- ma tradicional en que había venido siendo definida la cartografía (la geopolítica clásica como forma de gobernabilidad), debe ser desmontada (deconstruída siguiendo la terminología de Jacques Derrida que ó tuathail emplea), en aras de una desfronteridad (o desdibujamiento de fronteras), en proceso, entre lo diverso… Esa diversidad en derredor, objeto de la profunda paranoia de Samuel Huntington (1996) en su Clash of Civilizations (El Cho- que de Civilizaciones) que tres años antes de constituirse en li- bro, Huntington formulaba en la revista Foreign Affairs (1993). En Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society, ó tuathail observa que:
La geopolítica crítica ha tomado ampliamente en cuen- ta las dinámicas de la globalización, la informatización y la “sociedad de riesgo” seriamente, reconociendo que una nueva modernidad de ‘y’ (ambivalencia, multipli- cidad, simultaneidad, globalidad, incertidumbre, infor- malidad y no fronteridad) está explotando en nuestra modernidad inherente del esto o lo otro [‘either-or’] (la calculabilidad, singularidad, linealidad, naciona- lidad, certeza, dimensionalidad y orden/fronteras [(b) orders]. (Ó Tuathail, 1999: 109)
Nuestro objetivo será referir algunas de sus conceptualizacio- nes y análisis a fin de introducirnos en el juego de visiones de la geografía política en ascenso, que ó tuathail, su prin- cipal exponente, denomina la geografía política crítica post-estructuralista.
En Problematizing geopolitics: survey, statesmanship and strategy, ó tuathail explica que la geopolítica no es un tér- mino de significación inmanente sino un concepto histórico ambiguo e inestable (Ó Tuathail, 1994: 259). Esta es una ob- servación clave de entender, sobre la cual el autor insistirá recurrentemente en varias de sus obras. Mediante el término filosófico (inmanente), lo que este importante señalamiento intenta expresar (la escritura derrideana) y permitirnos vi- sualizar es que la geopolítica no es una realidad externa que denota algo que existe por sí mismo.
En general, tales observaciones asumen una teoría inge- nua del lenguaje en la cual las palabras y conceptos tienen identidades estables y seguras referidas no problemática- mente y sin ambigüedad a un set fijo de referentes. Esta asunción, en todo caso, ha sido ampliamente cuestionada. (Ó Tuathail, 1994: 260)
Es una forma de ver y ordenar la realidad que se nos antepone (estructura conceptual levistraussiana, habitus en Bourdieu, arqueoescritura en Derrida); como noción y propensión a la lectura de un orden o dimensión dada, no tiene existencia propia (metafísica de una presencia), no es independiente de nuestra percepción ‘individual’ –que es social (la constitución del sujeto)–, sino profundamente dependiente de una matriz y orientación histórica y política.
En vez de tratar a la geopolítica como una presencia evidente en sí misma, este artículo busca cuestionar cómo la geopolítica es presenciada en nuestra cultura política, cómo es confluencia de significado y conoci-
miento acerca de la política global, marco de una serie de prácticas preformativas. (ó tuathail, 1994: 260)
Entender la geopolítica como un discurso, un sistema de ideas no enteramente consciente, que estructura nuestra manera de ver y ordenar la realidad a partir de una normalización de la mirada, asimismo disciplinaria ya sea en el sujeto profesional (formado en una disciplina del conocimiento) o del sujeto so- cial no profesional.
¿Cómo es puesta la geopolítica en el discurso político? ¿Cómo hace su función? ¿Cuál es la problemática marca- da por su uso y despliegue? Este artículo es parte de un proyecto más amplio que ha venido a ser conocido como geopolítica crítica (Dalby, 1991; Dodds, 1993; Ó Tuathail y Agnew, 1992; Ó Tuathail, 1994). (Ó Tuathail, 1994: 260)
no por casualidad hay una profunda similitud en esto al es- fuerzo a que invitamos al lector, cuando en el presente es- tudio proponemos observar la estructuración de la política administrativa territorial del país desde la perspectiva de la ‘geopolítica crítica’, revisitando la historia a fin de poder leer la construcción discursiva de una gobernabilidad, normali- zadora de políticas de dominación: a una relectura diferente desde los Pueblos Indígenas y su lugar ante las políticas de dominación y configuración del Estado, el régimen político y la gobernabilidad, que supone una reescritura de lo que es el sujeto –constituido– (nosotros); lógica y estrategia extensible, necesaria y coherentemente, a las nociones de política, demo- cracia, gobernabilidad, sujeto y territorio.
La parte que tratamos a continuación es la más sencilla de nuestra presentación y consiste en la referencia histórica de cómo este concepto (geopolítica) es recogido en Estados uni- dos, empleado en función de su hegemonía mundial, a par-
tir de la reformulación que del mismo hiciera Alemania y la derrota de la aspiración nazi en el mismo sentido. Parte de las ambigüedades semánticas y conceptuales que, ó tuathail señala, obedecen a su uso práctico, y/o el ocultamiento de la geopolítica en la pantalla de la geografía política, ‘contra- parte académica’ supuestamente neutra. En Problematizing Geopolitics: Survey, Statemanship and Strategy, este autor da cuenta de un decurso complejo:
Originalmente acuñado en Suecia por Rudolf Kjellen en un artículo sobre los confines y límites de Suecia en 1899, la palabra geopolítica fue primeramente introdu- cida al alemán en un reconocimiento al trabajo de Kje- llen en 1903 y subsecuentemente por Kjellen mismo en 1905 (Holdar, 1992: 319-20). Más famosamente popularizado por Karl Haushofer, quien descubrió los trabajos de Kjellen durante la Primera Guerra Mundial, el término se establecía en sí mismo en Alemania du- rante el periodo entre las guerras y tomó una serie de significados distintos al de su uso como categoría en Kjellen. Kjellen fue el primero de muchos comentaris- tas en condenar la polisemia del término, en el sentido de que los alemanes estaban empleando mal la pala- bra que él mismo había acuñado. (Thermaenius, 1938:
166). Hacia los años 30’s, la palabra se hizo popular en el lenguaje político alemán en asuntos internacionales. Inevi- tablemente, esta popularización del término se acompañó por un cierto grado de confusión en cuanto a lo que real- mente significaba geopolítica. Un comentarista sugirió en 1938 que el término geopolítica tenía al menos cinco diferentes significados a partir de lo cual no era sorpren- dente que ‘una cierta cantidad de oscuridad haya acompa- ñado su empleo’ (Thermaenius, 1938: 165).
El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la subsecuen- te propaganda aliada contra la Alemania nazi facilitaron la emergencia de una palabra en el idioma inglés, geopolítica. La geopolítica vino a ser el nombre de un nuevo y ‘sombrío sistema científico’ que, en palabras de la revista Life, ‘un británico inventó, los alemanes usaron y los americanos necesitan estudiar’ (Thorndike, 1942). Una vez introduci- da en el discurso político aliado, la geopolítica vino a tener paradójicamente una doble vida. Por un lado, el término era una palabra tabú asociada con una política extranjera imperialista nazi. Por otro, la geopolítica era un mal ne- cesario, una aproximación estratégica pragmática y rígida [hardheaded] para estudiar la política global que los alia- dos no podían permitirse ignorar. ‘Permítasenos aprender nuestra geopolítica’ y ‘Es astuto ser geopolítico’ fueron los destilados sentimientos impulsados por los emigrantes an- ti-nazis a principios de los años cuarentas (Schuman 1942; Strausz-Hupe, 1943).
Aunque estigmatizada como ‘pseudociencia’ por ciertos intelectuales influyentes como Isaiah Bowman, Richard Hartshorne y Hans Morgenthau, la geopolítica vino a formar parte del discurso estratégico de la Guerra Fría. A principios de los años 50’s Schmidt (1954), en una introducción a la bibliografía sobre geopolítica para la uS Airforce, notó que se usa en una amplia variedad de sentidos. En algunas instancias, sugirió, el término parece no tener ningún significado. En los 60’s y 70’s, Henry Kissinger impulsó nuevamente la geopolítica en el discurso público general e hizo que el término se con- virtiera en uno de los favoritos entre los periodistas a ser leído como serio y de mundo [worldly]. En América Latina, al mismo tiempo, el concepto vino a formar par- te de la ideología de los regímenes autoritarios (Hepple
1992). En los Estados Unidos a principios de los 80’s, la geopolítica vino a tener significación en la administra- ción Reagan y su revitalizada producción de la Guerra Fría, apareciendo frecuentemente en discusiones con- cernientes a la América Central y el Caribe (ó tuathail, 1986; Ronfeld, 1983). (Ó Tuathail, 1994: 259-260)
El ensayo sobre la incidencia que Walsh habría tenido en la formación, desde la Universidad de Georgetown, en Washing- ton, en la formación de los diplomáticos de carrera norteame- ricanos (Spiritual geopolitics: father Edmund Walsh and je- suit anticommunism) es también importante en esta secuencia. (ó tuathail, 2000)
En su línea fundamental, la narrativa que veníamos refirien- do, prosigue en otro de sus trabajos, (Dis)placing geopolitics:
writing on the maps of global politics (1994), y en cuyo tí- tulo podemos advertir el recurso derrideano de jugar, des- componer y conjugar los significados de las palabras. Así, en cuanto a la textualidad en torno al mapa de las geopolíticas, ó tuathail explicará que:
En 1927 Carl Sauer describió la ‘geografía política’ como el niño caprichoso de la familia geográfica, un campo sin disciplina propia ni orientación metodológi- ca. […]La representación de Sauer acerca del lugar de la geografía política / geopolítica de la política se man- tuvo hasta la Segunda Guerra Mundial cuando Isaiah Bowman y Richard Hartshorne separaron la geografía política y la geopolítica diferenciándolas entre sí, con la geografía política como el niño reformado y la geopo- lítica como su relación corrompida. La postura defen- siva de Bowman “Geografía versus geopolítica” con- trasta con la distorsión y perversión de las geopolíticas
alemanas con la suya propia, desinteresada y científica geografía política. En 1935 Hartshorne escribió acerca de reformar al niño caprichoso. Hacia 1950, él con- trasta “las peligrosas doctrinas de la geopolítica” con la posibilidad de una sólidamente científica geografía política que puede “arribar a aplicaciones de sonado valor en la solución de problemas actuales”. En ambos autores, la geopolítica viene a ser el exterior de la ciencia geográfica, la imagen especular por la cual el buen y cien- tífico geógrafo se reconoce a sí mismo como objetivo y más allá de la política. Geopolítica qua geopolitik sólo vino a ser el niño malcriado de la disciplina.
La imagen de la geografía como una familia moral con un problemático niño malcriado vino como anillo al dedo a Sauer, Bowman, Hartshorne y otros. Más que haber sido un hogar de valores familiares, la historia de la geografía revela un registro de su complicidad con el poder político. David Livingstone (1993) especula que quizás la historia de la geografía debería ser clasi- ficada como no apta para menores [X-rated]. Bowman y Hartshorne hicieron uso estratégico de la categoría de “geopolítico” para legitimar sus propios involucra- mientos políticos (Kirby, por publicarse; ó tuathail, 1994b; Smith, 1984; 1989]. Junto con Sauer, ellos ac- tuaron como las figuras paternas de la disciplina que buscaron reforzar un régimen doméstico estable den- tro de la geografía. La geografía política y la política geopolítica fueron potencialmente desreguladas por- que implícitamente retaban la separación de geografía y política, ciencia e ideología, academia y abogacía. […]
Pero los patriarcas de este hogar, los ‘padres funda- dores’ como Ratzel, Mackinder, Sauer, Bowman y
Hartshorne fueron todos geógrafos políticos. […] Para excluir la geopolítica de la geografía, ellos practicaron su propia geopolítica. […] El orden moral doméstico de la geografía fue construido y gobernado por hom- bres (geo)políticos. […]
Esta más amplia problemática, histórica, institucional y materialista, concierne la producción y el funciona- miento del conocimiento de la conceptualización, in- ventarios y teorización de la seguridad, la población y el territorio que fueron geográficos y gubernamentales. (Ó Tuathail, 1994: 532-533)
Los textos científicos y filosóficos que tratan o refieren la cuestión de la gobernabilidad en francés (gouvernementa- lité) o, aunque en menor medida, en inglés (governmenta- lity), suelen estar más impregnados de la problematización filosófico política de M. Foucault y sus esferas, respecto de la noción contrastante de eso que en español llamamos “la gobernabilidad”, y especialmente su empleo usual en la Guatemala ‘post-conflicto’, donde está caracterizada por un hondo sentido discursivo no atendido que suele dificultarnos el distanciamiento necesario para su abordaje crítico en el estudio y análisis del poder.
Los discursos de la gobernabilidad no son exclusivamente creados por los aparatos de Estado sino por instituciones y grupos de interés tanto de la sociedad política como de la so- ciedad civil, remarca Ó Tuathail (1994: 533) en su reconoci- miento a Foucault para la formulación siguiente: la geopolítica es mucho más propiamente considerada una de las varias for- mas del Siglo XX de la gobernabilidad (Ó Tuathail, 1994c).
Foucault define la gobernabilidad como conducción de la conducta, en la porción (¿Cómo el poder es ejercido?) del ensayo original en francés de El sujeto y el poder. Es una no- ción central en su pensamiento que él expresará de diversas formas a lo largo de su obra. Sobre el gobierno de uno mismo y de los otros, dice Foucault en El sujeto y el Poder (Dits et Écrits IV):
‘L’exercice du pouvoir consiste à «conduire des condui- tes» et à aménager la probabilité. Le pouvoir, au fond, est moins de l’ordre de l’affrontement entre deux adver- saries, ou de l’engagement de l’un à l’égard de l’autre, que de l’ordre du «gouvernement». (Foucault, 1994: 237) [El ejercicio del poder consiste en ‘conducir conductas’ acondicionando la probabilidad. El poder, en el fondo, es menos una cuestión en el orden del enfrentamiento de dos adversarios, o de las implicaciones entre ambos, que del orden del ‘gobierno’]
Foucault dice:
Posiblemente la naturaleza equívoca del término con- ducta es una de las mejores ayudas para arribar a tér- minos con la especificidad de las relaciones de poder. Puesto que conducir es al mismo tiempo ‘guiar’ a otros (de acuerdo a mecanismos de coerción que son, a va- rios niveles, estrictos) y una forma de comportamiento en un marco más o menos abierto de posibilidades. El ejercicio del poder consiste en guiar la posibilidad de conducir conductas [conduire des conduits] y poner en orden el posible resultado. 3
3 Perhaps the equivocal nature of the term conduct is one of the best aids for coming to terms with the specificity of power relations. For to “conduct” is at the same time to “lead” others (according to mechanisms of coercion which are, to varying degrees, strict) and
De ahí, que la formulación de ó tuathail en el sentido de la geopolítica como forma de gobernabilidad (aunado al argu- mento del carácter no inmanente de la geopolítica, de una vi- sión no metafísica de su presencia), nos lleve a comprender la gobernabilidad, conceptualización que proviene de Europa y el Siglo XVIII, en los términos del triángulo con que Foucault titula su curso anual en el Collège de France en 1978 (Segu- ridad, Territorio y Población), y como una disciplina (asimis- mo en el sentido foucaultiano).
En Vigilar y castigar, (Discipline and punish, en la versión en inglés), Foucault (1979) describe disciplina como arte del adiestramiento correcto. ó tuathail explica,
Disciplina, como Foucault hace notar, entrena [o adies- tra, trains] a los individuos en hábitos particulares de pensamiento y formas de ver; separa, analiza, diferencia y codifica procedimientos de observación y estudio. La “disciplina ‘hace’ individuos; es la técnica específica de poder que ve a los individuos tanto como objetos y como
a way of behaving within a more or less open field of possibilities. The exercise of power consists in guiding the possibility of conduct and putting in order the possible outcome. Basically power is less a confrontation between two adversaries or the linking of one to the other than a question of government. Foucault, Michel. The Subject and Power. Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982), pp. 777-795. En la versión francesa: Le terme de «conduite» avec son équivoque même est peut-être l’un de ceux qui permettent le mieux de saisir ce qu’il y a de spécifique dans les relations de pouvoir. La «conduite» est à la fois l’acte de «mener» les autres (selon des mécanismes de coercition plus ou moins stricts) et la manière de se comporter dans un champ plus ou moins ouvert de possibilités. L’exercice du pouvoir consiste à «conduire des conduites» et à aménager la probabilité. Le pouvoir, au fond, est moins de l’ordre de l’affrontement entre deux adversaires, ou de l’engagement de l’un à l’égard de l’autre, que de l’ordre du «gouvernement». Foucault, M. Dits et écrits. Version Electronique, 2001: 237.
instrumentos de su ejercicio”. A esto podemos nosotros agregar que la disciplina también hace espacios; posibi- lita territorios, estados e imperios. La disciplina no sólo entrena soldados de a pie del estado o los administrado- res del imperio; también inventa procedimientos por los cuales los territorios, tanto domésticos como coloniales, pueden ser inspeccionados y controlados, mapeados y so- metidos, tasados y gobernados. (Ó Tuathail, 1994: 536)
Foucault identifica tres instrumentos de disciplina.
• El primero es la observación jerárquica.
La historia moderna de las políticas globales puede ser escrita como una historia de observatorios coercitivos, de cada vez más intrusivas técnicas para ver. […] mapea a fin de que un país pueda ser conocido y un ejército pue- da subyugarlo, de manera que las adquisiciones territo- riales puedan transparentarse.
Los escritos de viajes, que descienden de y fueron, en parte, en sí mismos formas de espionaje, llevaron los observatorios epistemológicos de Europa al resto del mundo y volvieron el interior de los continentes visibles a los gobiernos occi- dentales e intereses comerciales (Pratt, 1992). A partir de ello se desarrollan los modernos panópticos de nuestras disciplinas universitarias: antropología, geografía, cien- cia política, estudios de área, con su dependencia en el desprendido Hombre que ve (Haraway, 1991; Keller y Grontkowski, 1983). (Ó Tuathail, 1994: 536)
• El segundo es la individualización de ellos de acuerdo a sistemas clasificatorios.
[…]la interpretación analítica de la teoría de la moderni- zación, 4 un sistema teorético que observa lugares de acuerdo a los estándares occidentales y modelos de desa- rrollo (Popke, 1994; Luke, 1991; Slater, 1994).
[…]el panóptico global de libertad, un sistema signifi- cativo de libre flotación [free floating] que permite que estados sean calificados y gradados de acuerdo a están- dares “objetivos”: elecciones libres y justas, libertad de prensa, abusos en derechos humanos, una economía de libre empresa, restricciones para la inversión extranjera, etc. Ver y registrar estas cosas es tarea de embajadas y espías, despachos de países y oficiales regionales, perio- distas de medios de comunicación, y otros observadores internacionales. (Ó Tuathail, 1994: 537)
4 “teorético”: El saber científico es un saber de mayor rango porque alcanza a describir y explicar el hecho, el fenómeno. Es un saber que supone estar enterado del “por qué” y del “cómo” en mérito a una indagación selectiva, metódica, sistemática, experimental, radical y verificable. Es un saber penetrante: un saber teórico. El saber filosófico es un saber de mayor nivel, más profundo y general, dado que el saber científico, gracias a la ciencia, opera en determinados sectores de la realidad, por lo cual posee carácter particular, mientras que el filosófico, siendo igualmente metódico, sistemático y racional, es más amplio y totalizador, no se queda en el “por qué” y en el “cómo” sino que levita en el ámbito del por qué de los “por qué” y en el cómo de los “cómo”: es un saber no sólo teórico sino teorético. (D’anjoy, 2004: 49-50)
• La tercera técnica de la disciplina que Foucault identifica es el examen (ó tuathail la emplea deconstructivistamente en su lectura crítica de la geografía política).
[…] Las políticas globales contemporáneas están repletas de exámenes formales: los países son inspeccionados en cuanto a violaciones del control de armas, procedimientos de energía nuclear, abusos de derechos humanos, procedi- mientos de reforma de mercado y programas de ajuste es- tructural. Agregado a esto, los persistentes exámenes de diplomáticos de política internacional, analistas de mer- cado, espías, agencias internacionales de ayuda humani- taria, periodistas freelance, y los medios internacionales de noticias. Del despacho de cables al cable secreto, los partes satelitales, el reporte del Banco Mundial, la prog- nosis del FMI, y las imágenes de foto-reconocimiento, los territorios bajo examen perpetuo.
Es dentro de la emergencia histórica de la disciplinante modernidad que podemos localizar a las ciencias hu- manas, las burocracias del Estado, y las agencias de organismos internacionales. Es dentro de ello que po- demos también localizar hoy los institutos estratégi- cos patrocinados por las corporaciones, los centros de estudios internacionales, las asociaciones de políticas internacionales, y los programas de estudios universi- tarios de áreas. todos son sitios de ver y también de citas de visiones, observatorios geopolíticos que reco- nocen un insight/sitio/cita [insight/site/cite], escriben y bien [write and right], normalizan, disciplinan y cas- tigan. (Ó Tuathail, 1994: 537)
El deconstruccionismo de Derrida y la (trans)política geopolítica
[La ‘geopolítica crítica’ no es] un proyecto teorético distinto referido a un objeto conocido, [debe ser ocasión] para el (des)pla- zamiento en la geografía política, […] una interro- gación sobre el emplazamiento oficial de las políticas globales por instituciones y redes de poder.
G. Ó Tuathail (1994: 542)
En primer lugar, la práctica del desplazamiento no es un acto que tiene lugar fuera de los textos, instituciones, y figuras bajo investigación. La ‘geopolítica crítica’ nunca puede ser escrita desde y más allá de las geopolíticas, des- de un lugar afuera o más allá de la infraestructura del mapeo, la geo-grafía, el ver. Desplazando, estamos ligándonos con una tradición filosófica, un código histórico, un mapa geo- gráfico, un orden de lugares. Aún así, nos rehusamos a esta gestión de tradición/código/mapa teleológico hacia la homogeneidad, el decisionismo, certidumbres. La identidad del lugar y el lugar de la identidad son problematizados.
En segundo lugar, el acto de sistemas conceptuales en desplazamiento como ‘el mapa’, ‘la geografía’, y las ‘geopolíticas’ no es acto que requiera el peso de lo nuevo para dislocar conceptos. Conceptos tales como ‘el mapa’, ‘geografía’, y ‘geopolítica’ están ya en una condición de desplazamiento, están ya en un lugar diferente de aquel en el que claman estar.
De hecho, podemos, siguiendo los argumentos de Derri- da en el sentido de que no hay conceptos metafísicos en sí mismos, sugerir que no hay conceptos tales como ‘el
mapa’, ‘geografía’ y ‘geopolíticas’ por y en sí mismos (Gasche, 1986, pág. 165). La putativa y autosuficiente unidad y la identidad posicional de todos estos conceptos necesitan ser cambiados.
En tercer lugar, la operación del desplazamiento no es una operación que pueda presumir de anular, neutralizar, destruir las prácticas del mapeo, la escritura, la vigilancia, o el ver [seeing] que sustentan la geografía/geopolítica. Apela a y descansa en la metáfora del mapeo (cartogra- fía, posicionamiento, etc.) y en ver (escrutar, recono- cer, etc.) para hacer sus argumentos. El deconstruccio- nismo no presume en absoluto de que pueda romper con tales sistemas metafísicos. Lo más que puede hacer es revertir y desplazar esas estructuras. Escribir en estos mapas, sin embargo, es un poderoso acto (trans)político de (des)plazamiento. (Ó Tuathail, 1994: 542-543)
una vez que el curso de la (trans)política que vislumbra aca- démicamente Ó Tuathail hay que trabajarla y estudiarla de manera concreta; Aunque ‘geógrafos humanos’ van y vie- nen por América Latina, los recursos que se interponen para comprender la estructuración de la realidad que las culturas indígenas poseen, reformulan y anteponen (como parte fun- damental de su ejercicio político, sin esencialismo alguno), necesariamente suponen a nuestro juicio ciertos conocimien- tos teórico metodológicos –ya no sólo teoréticos– y no basta poder acceder a intermediarios políticos y el tipo de discurso al que solemos cultural y metodológicamente llegar en pri- mera instancia. Por eso, y desde dicha previsión, no coinci- dimos con la explicación que ó tuathail realiza por explicar el postestructuralismo de Derrida como superación de un es- tructuralismo que más parece el lingüístico de Saussure, que el antropológico de Lévi-Strauss.
El ‘mito’ y sus lenguajes son claves para comprender una cos- movisión indígena, sus sistemas clasificatorios del tiempo y la realidad. Estas estructuras conceptuales son las que ordenan la realidad social, incluido el territorio, a la vez que mantienen su coherencia y se reproducen a partir de estructuras sociales, procesos productivos y un entorno ecológico. Pero ciertamente, Lévi-Strauss para poder ir más allá del a priori kantiano, que ordena la realidad a partir de una infraestructura inconsciente, e intentar acceder al otro, propone precisamente atender la manera en que el otro organiza su realidad, cómo sus códigos simbólicos se relacionan estructuralmente entre sí para permitirnos acceder al otro por sí mismo. Conociéndose dicha metodología se sabe que, entonces, los mitos y sus significados son explorados por los miembros de esa cultura como si se tratase de ensayos académicos (eso son) si bien expresados mediante analogías, símbolos, el lenguaje en que el inconsciente universalmente se expresa (de ahí la decodificación psicoanalítica en occidente).
Lo que Derrida intenta, recogiendo la exigencia –expresada en el reclamo del mayo 68 francés contra los profesores estructu-
ralistas en el sentido de ‘romper la jaula del lenguaje’–, es la muy ansiada clave para la deconstrucción de la introyección de la representación política de la realidad, la representación de la realidad en el sujeto constituido podría decir Foucault,
a lo que el Siglo XX le dedica tanto esfuerzo (Gramsci en la
cárcel preguntándose por qué los obreros alemanes votan por Hitler, entre otras). Si lo logra o no es otra cuestión: frente
a Derrida (más que su encantadora palabra de la deconstruc-
ción), Alex Callinicos (1991), sociólogo e historiador mar- xista de Oxford, por ejemplo, es lapidario al señalar que es una retahíla de juegos semánticos sin mayor eficacia para un propósito tan fundamental (adscribiéndole la caracterización de textualismo, sugiere una diferenciación con otros –propia- mente– postestructuralismos).
De ahí que si por ejemplo, en Bourdieu, el postestructuralismo sí parezca una posible (de hecho, extraordinariamente eficien- te) explicación de cómo se reproducen las estructuras, cómo la educación y la socialización implican una apropiación desigual de un capital simbólico en la cultura que es compe- tencia, usos aceptados, monedas que se usan en los mercados de la convivencia (Bourdieu, 1979), a los que fue sensible como hijo de campesinos del sur de Francia entre las élites que estudian filosofía en París (Bourdieu y Wacquant, 1992:
181); ahí sí habría una comprensión del postestructuralismo como reproducción de estructuras (y no la reiteración sincró- nica en la que quedó fascinado Lévi-Strauss).
En otros casos, sin mayores vueltas se dice que el postestruc- turalismo es simplemente lo que siguió al estructuralismo en la cronología de la filosofía y la ciencia, vista como actores nuevos y discursos en escena.
Así, la deconstrucción que ó tuathail hace de la geopo- lítica clásica, la ventaja que nos presenta –irremplazable para pensar la geografía y el territorio desde una perspec- tiva política en tiempos de la globalización (La ‘geopolíti- ca crítica’ promete tanto un nuevo grado de politización y comprensión de la geografía y un nuevo grado de geografi- calización del estudio de las políticas globales (ó tuathail, 1994: 525)–, es la de principalmente permitirnos una visi- bilización, en los discursos, de la gobernabilidad colonial o neocolonial, su plasmación y ejercicio, así como las diná- micas políticas que subyacen a su resistencia y oposición. De suerte que podamos ser capaces de vislumbrar y viabi- lizar nuevas formas de relación, más justas y democráticas todo lo cual ha de plasmarse en el sistema político del Es- tado y las formas de gobierno que lo comprenden.
En (Dis) placing geopolitics: writing on the maps of global politics, ó tuathail expone que:
La ‘geopolítica crítica’es… el nombre de un movimiento he- terogéneo de perspectivas teóricas y agendas ampliamente asociadas con el ‘postestructuralismo’ o ‘posmodernis- mo’ (ambas etiquetas altamente problemáticas), siendo que el término posee una seductora pero problemática existen- cia al interior y a través de las fronteras disciplinarias.
La cuestión [o pregunta, question] ‘qué es…’ plantea De- rrida (1976, pag. 19) encierra la pregunta fundamental [instituting, constituyente, que instituye] de la filosofía (occidental), la cuestión que él asocia con esta tradición necesita encontrar la esencia o núcleo de significado, con su metafísica de la presencia. (Ó Tuathail, 1994: 525)
Ante la cuestión filosófica, entonces, de cómo más allá de en- tender que los conceptos e ideas que ordenan esas estruc- turas profundas, discursos del poder (que concretamente se plasman en una geopolítica del imperio, fuera español o inglés, luego alemán, ahora norteamericano o ‘global’, pero sobre todo asimismo como herencia colonial en la configuración de una geografía política para la dominación en los Estados latinoamericanos, de un modelo de gober- nabilidad basado en ello, sobre unos y otros, la sociedad, su rigidez militar, su disciplina y propensión a un tipo de normalización, jerarquización y examen de la realidad), la estrategia –epistemológica, ontológica, del aprender a co- nocer y a ser– es fundamental.
una estrategia que él emplea [Derrida] es radicalizar los conceptos que él investiga jugando con los excesos de su significación, su significado exorbitante.
Los soportes conceptuales que acompañan a la geopo- lítica –nociones de ‘geografía’, ‘mapas’, ‘la tierra’, y actividades tales como el ‘explorar, medir, referenciar’ [surveying] y ‘ver u observar’ [seeing]– desde largo tiempo atrás han venido siendo hilvanadas para bordar y coser el mismo viejo texto / textil que refiere y orien- ta la política global [threads which are used to stitch and sew the same old text(ile)s which (ad)dress global politics, citando a Doel].
Aunque muchos trivializarán tales marcaciones tex- tuales y juegos…. Esto es significativo en un sentido (trans)político, porque lo que estamos haciendo es pro- blematizar en qué medida el discurso geográfico y los sis- temas de poder trabajan entre sí para proyectar mapas de las políticas globales con centros familiares y periferias extra- ñas [foreign peripheries, extranjeras], identidades del centro [core] y espacios marginales, regiones domésticas [tame, domesticadas] y zonas silvestres [wild zones, ‘salvajes’].
Problematizando y desplazando [displacing, dislo-
cando] mapas limpios, escribiendo en su aparente transpa- rencia y legibilidad, estamos practicando políticas (trans) políticas radicales [radical (trans)political politics]
La ‘geopolítica crítica’, como yo la entiendo, es una pre- gunta y no una respuesta, un abordaje no una teoría, que abre una problemática compleja [messy] de la política de la geografía / política global [geography/global po- litics] a una problematización e investigación rigurosas. (Ó Tuathail, 1994: 526-527)
Y aquí es donde Ó Tuathail lanza lo más duro de su juicio contra el estructuralismo, en una forma que nos hará evocar a Adorno y la dialéctica:
El compromiso metafísico aquí, de acuerdo a De- rrida, es con la idea de la simultaneidad, de la apre- hensión simultánea de todos los elementos de una configuración dada (el mito de una lectura total). (Ó Tuathail, 1994: 527)
Creemos que no hay que perder de vista el concepto de to- talidad social (en una multidimensionalidad no cartesiana). Theodor Adorno (marxismo, Escuela de Frankfurt), formula- ba desde la teoría crítica del sujeto:
La separación de sociología y psicología es desacertada y correcta al mismo tiempo. Desacertada al endosar la renuncia al conocimiento de la totalidad que todavía or- dena la separación; correcta en tanto hace constar la rup- tura realmente consumada, en forma más irreconciliable que la prematura unión conceptual. (Adorno, 1986: 50)
En la tradición geopolítica, la geografía es proyectada como natural y no histórica, pasiva y no dinámica, permanente y no transitoria, sólida y no fluida, un estadio más que un drama.
Ó Tuathail, 1994: 529
En Emerging Markets and other simulations: Mexico, the Chiapas revolt, and the geofinancial panopticon, cuya versión preliminar fue presentada por G. ó tuathail en la Conferen- cia del Instituto de Geógrafos Británicos (Glasgow, enero de 1996) se hace un análisis de la figuración en la escena de un tipo de actor, libreto y performances que muy bien viene al caso traer a nuestro análisis: el panóptico (geo)financiero que ó tuathail introduce a partir de los cambios que ahora pueden observarse en la revista Foreign Affairs.
Como posiblemente recordaremos, el panóptico es una es- tructura arquitectónica de Jeremy Bentham que un magnífico estudio de Michel Foucault (El ojo y el poder, fácilmente ac- cesible en internet), rescata no para ofrecernos una metáfora del poder de ejercer la mirada de la gobernabilidad sino para entenderla en sus plasmaciones en el espacio (y a partir de ello avanzar en la comprensión del poder mismo). El panóp- tico era una torre central alrededor de la cual, los varios pisos de celdas con paredes transparentes hacia la torre central de observación, en donde se situaba la autoridad, permitía con- trolar a la población del recinto. El rico nivel de reflexiones filosófico políticas que Foucault elabora a partir del estudio del panóptico, ligadas al sujeto, el poder, la mirada y el espa- cio, puede ser erróneamente diluida desde un tratamiento del panóptico como figura metafórica (el “como si” de la analo- gía): es más bien un signo con su continuidad metonímica (un pedazo de la realidad representada) que para el caso de este ensayo, por ejemplo, denota el carácter más sustanciado en el análisis político (¿territorio y competencia?).
Foreign Affairs ha cambiado. Hace pocos años, esta pu- blicación quintaescencia del establishment del Concejo de Relaciones Exteriores de EEuu, fundado por el geó- grafo Isaiah Bowman y otros, overjoleó su apariencia con un nuevo formato y filosofía editorial.
(…)La movida más allá de la geopolítica de la Guerra Fría y las altas finanzas, que empezó en sus páginas con la pe- tro-crisis contemporánea, se ha intensificado. En vez de una pequeña comunidad de ‘hombres sabios’ en geopolí- tica y geofinanzas que escribían recurrentemente en la pu- blicación, Foreign Affairs ahora acepta una amplia gama de expertise en política internacional. uno puede ahora encontrar intelectuales geoeconómicos como Clyde Pres-
towitz y Chalmers Johnson, periodistas ‘controversiales’ como David Rieff y Karl Von Wolferen, economistas de alto perfil como Paul Krugman y Jeffrey Sachs y mana- gers de fondos globales como George Soros. Foreing Affairs ha devenido más católico en su identificación del expertise, mas (tele)visual en su presentación y literal- mente más encuadrado en los discursos anunciantes del capitalismo corporativo transnacional.
Los cambios de esta publicación son indicativos de una serie de más amplios cambios estructurales que están transformando los discursos de política internacional a fines del siglo veinte. Con el fin de la Guerra Fría, pro- cesos históricos que venían desenvolviéndose hace unas décadas se han intensificado y aclarado […]También es conocido que la conducción [conduct] de relaciones in- ternacionales está ahora abrumadoramente delineada por imágenes de tipo variado, imágenes de competencia y fuerza en la parte de bancos, corporaciones y Estados, e imágenes de medios de comunicación de amenazas, frac- turas y caos, imágenes que Foreing Affairs frecuentemen- te destila en una fotografía (u, ocasionalmente, un mapa) para ilustrar sus artículos. Finalmente, las rápidamente cambiantes condiciones del nuevo orden mundial de- mandan formas de expertise y lenguaje que ampliamente remocen el pre-existente discurso geopolítico y geofinan- ciero. En tanto que la abrumadoramente conservadora co- munidad de hombres blancos de generalists geopolíticos que encuadraron el discurso de la Guerra Fría están aún activos, esta comunidad ha visto devaluado su expertise, su visión estratégica ha devenido anacrónica y sus estra- tegias hermenéuticas abrumadas por el cambio. Más que La Comunidad de política exterior, tan sólo es ahora una comunidad de expertise entre otras. (Ó Tuathail, 1997).
A continuación, o tuathail introduce el planteamiento del caso de la insurrección zapatista en Chiapas como una provo- cadora ilustración de cómo han cambiado las cosas.
Hace una década, la revuelta de campesinos zapatistas en Chiapas sin duda habría sido situada [sited] dentro de la óptica geopolítica de la Guerra Fría, una óptica de revuel- tas históricamente caracterizadas en esta región (como las luchas de los sandinistas de nicaragua, el FMLn en El Salvador o el Ejército Guerrillero de los Pobres en Gua- temala) como incidentes de ‘subversión comunista’, citas referidas [cites] dentro de una lucha Este-oeste. En el caso de la revuelta zapatista, sin embargo, la óptica do- minante de reconocimiento y evaluación no es más una rígida geopolítica moderna sino una flexible geofinancie- ra posmoderna. En vez de producir espacio global como escena estabilizada y geopolíticamente significativa, un panóptico red-céntrico geofinanciero produce la super- ficie de asuntos globales como espacios multimediables fungibles, obscenas escenas [(ob)scene (i.e. unanchored scene, donde unanchored significa tanto consorcio como desanclaje, escenas de desanclados consorcios)] de un mercado turbulento de inversiones que sin descanso co- mercia las 24 horas del día. Un ejército de mutantes [ga- zers, seres fantásticos mutantes, de las tiras cómicas de Marvel] –corresponsales de tV, reporteros de periódicos, analistas del mercado internacional de valores, managers de fondos mutuales, agentes institucionales de informa- ción, oficiales de inteligencia económica, aseguradores de deuda o agencias de calificación de crédito, observa- dores de naciones unidas y la intelligentsia de Foreings Affairs– constituyen un máquina perpetua de observación planetaria, una panóptica infoestructura electrónica que proyecta y reproyecta la superficie representativa de un
mundo que gira. Ciertamente, el globo que gira hoy está perpetuamente bajo el ‘giro’ de Financial Network, CNN International, SkyNews, el servicio mundial de la BBC y el Wall Street Journal.
[…]Eventos que históricamente podrían haber sido vistos puramente como locales y de limitada significación nacio- nal –como una rebelioncita campesina en una provincia trasera de un país tercermundista– ahora son registrados en las ciberpantallas de un panóptico financiero global, que funciona como un ‘jurado electrónico’ votando su confianza o demostrando su desaprobación diariamente en los mercados electrónicamente cableados de valores y tasas de cambio globales.
Las consecuencias políticas del ‘jurado electrónico’ en países en vías de desarrollo carentes de capital son pro- fundas. La política pública es definida por parámetros del panóptico; las vicisitudes de la política pública están per- petuamente bajo evaluación. Ciertas conceptualizaciones discursivas, posturas en política e infraestructuras finan- cieras como una bolsa de valores moderna y la produc- ción regular de estadísticas son imperativas. Las élites de Estado deben siempre tener cuidado de tocar para una audiencia global: líderes y ministros de finanzas deben personalmente desenvolverse en los circuitos de la socie- dad transnacional y las cumbres internacionales, confe- rencias continentales o reuniones de negocios de alto ni- vel. Algún artículo ocasional en Foreign Affairs también es considerado un tanto a favor, ya que sus páginas son parte del panel de jurados.
[…]El panóptico financiero global es una red de geo- inteligencia que se ha desarrollado al lado de infoes-
tructuras más establecidas del panóptico tecnomilitar. Este último panóptico de seguridad tiene como centro la vieja guardia de las burocracias de la Guerra Fría tales como la Agencia nacional de Seguridad, la CIA
y el Pentágono. En la era de Postguerra Fría, estas
instituciones han reformateado el espacio global a fin de aislar malos sectores conformados por (…) estados fallidos o pesadillas humanitarias.
[…] Como el panóptico militar, el sistema geofinancie-
ro busca denodadamente una transparencia global y sitúa
gran valor a la ‘visión estratégica’. En contraste con el anterior panóptico, sin embargo, este es un conjunto difu- so de ‘agencias de inteligencia’ relativamente pequeñas, no tan abultadas y más flexibles, de Financial Network a las unidades de inteligencia de Economist o Info-South, un sitio de venta de información anunciado en Foreign Affairs que ofrece ‘acceso en línea a información sobre el clima político y económico, noticias de negocios, y actividad corporativa en América Latina y el Caribe’. Ilustrado con un mapa hemisférico en una computadora, este mismo anuncio muestra gráficamente el eclipse de la geografía por los sistemas de información geográfica –verdaderamente, lo real abrumado por lo hiperreal–. La geografía ya no reside más en lo real sino en lo hiperreal de la electrónica. Como Baudrillard ha también notado a principios de los años 80’s:
Lo real es producido de miniaturizadas células o celdas, matrices, y bancos de memoria, modelos de control –y pueden ser reproducidos infinito número de veces a partir de éstos–. ya no es más necesario ser racional, porque no se mide más a sí mismo ya sea frente a un ideal o instancia negativa. no es sino
operacional. Es hiperreal, producto de la radiante síntesis de modelos combinatorios en un hiperespa- cio sin atmósfera. (Ó Tuathail, 1997).
En este trabajo, Ó Tuathail analizará la simulación de Salinas (en su promoción de una imaginería neoliberal que luego se cae estrepitosamente) así como las zapatistas, ambas a tra- vés de la importancia de la imagen, los medios y su impacto en este panóptico geo-financiero. Pone esta dimensión de la simulación y sus efectos en escrutinio. En un detallado re- cuento del fenómeno que conoceremos y la problematización ya básicamente referida anteriormente, explica cómo el Wall Street Journal le bajó el tono al fenómeno del 1 de enero de 1994, por su no impacto en el sistema geofinanciero (análisis político que tendrá sus contrapuntos, pero en el mismo senti- do de quién, cómo y por qué interpreta, como veremos con el memo de Chase Manhattan).
Puesto que la insurrección inicial en Chiapas fue la gota que colmó el vaso en el mercado mexicano de valores, el conflicto fue interpretado por los medios estadounidenses como una historia en el ámbito de las inversiones. En consecuencia, el círculo de expertise que convergía alre- dedor de la historia estuvo formado por observadores y analistas financieros, una algo sorprendente comunidad de expertos para una rebelión campesina indígena. (ó Tuathail, 1997).
no obstante, este geógrafo irlandés citará una nada desprecia- ble ilustración como contrapunto al (frecuentemente ingenuo) discurso, dominante, en cuanto al carácter de los cambios en proceso relativos al ascenso de un nuevo ‘expertise’ financie- ro (supuestamente light) en materia de geografía política y go- bernabilidad. ó tuathail, además de ofrecernos la posibilidad
de un reconocimiento (crítico) del fenómeno en cuestión, nos formula una invitación a considerar las potencialmente graves implicaciones de ciertos escenarios y reconfiguraciones que estos expertises financieros pueden adoptar –y hay que enten- der que se arrogan–, en la esfera política:
La ilustración más gráfica de esta forma de razonamiento –y, ciertamente, de la operación de la infoestructura del panóptico geofinanciero como un sistema de proscripción en materia de política exterior en este caso– fue el memo escrito por el grupo de mercados emergentes del Chase Manhattan Bank en enero de 1995, el cual advertía que una solución pacífica a la rebelión de Chiapas era ‘difícil de imaginar’ luego de que las pláticas de paz cara a cara sostenidas con el gobierno un año antes habían fallado en cuanto a la desmovilización de los rebeldes. El memo advertía que el Subcomandante Marcos ‘podía decidir avergonzar al gobierno con un incremento en la violencia local y forzar a la administración a ceder a las demandas zapatistas, aceptando un vergonzoso revés político’. ‘Si bien Chiapas, en nuestra opinión, no plantea una amenaza fundamental a la estabilidad política mexicana, así es per- cibido por varios en la comunidad de inversionistas’, agre- gaba el memo. ‘El gobierno necesitará eliminar a los zapa- tistas para demostrar su efectivo control sobre el territorio nacional y de la política de seguridad’. (Ó Tuathail, 1997).
“El gobierno necesita demostrar su efectivo control sobre el territorio nacional y la política de seguridad”, así tal cual… (seguridad, población, territorio); Prosigue,
una vez que se hizo público el memorándum, Cha- se Manhattan trató de tomar distancia del mismo. Su existencia, sin embargo, revela cómo ciertos elementos dentro del panóptico geo-financiero pueden construir
imperativos en política exterior basados en una preocu- pación por mantener una provechosa economía simbóli- ca de inversiones. […] La autoridad jurisdiccional del centro necesitaba aplastar a los rebeldes de las márgenes. (Ó Tuathail, 1997).
En el final del ensayo de Ó Tuathail, de su puño y letra: Undo indent! This is not a quote! (quitar el margen, esta no es una cita). [Trad. A pesar de todo, aunque sirva de poco consuelo, también revela el potencial de la resistencia, el poder de aún un pequeño grupo organizado de rebeldes, consientes de la importancia de los medios, suficientemente locos para gritarle al mundo ¡Basta Ya!
Fuente: Emerging Markets and other simulations: Mexico, the Chiapas revolt, and the geo- financial panopticon (Ó Tuathail, 1997).
Consideramos necesario, como la tercera fundamentación conceptual, el explicar teóricamente algunos fenómenos de carácter estructural cuya importancia explicativa sustenta nuestro análisis y previsión de cambios (que se empiezan a esbozar) desde las comunidades y Pueblos Indígenas mayas, respecto del modelo vigente de administración político terri- torial del país así como la conformación del sistema político del Estado en Guatemala.
Como puede fácilmente advertirse, en menos de un lustro, el tema –que se presenta simplificadoramente como medioam- biental en el área rural–, se ha venido a constituir en uno de los más importantes de la agenda política del país, objeto
de importantes diferencias y conflictos entre las comunidades
y el Estado, caracterizadas por el señalamiento creciente de
entreguismo en las esferas públicas oficiales y de connivencia con una apropiación y saqueo de los recursos naturales, prin- cipalmente en favor de corporaciones transnacionales.
Hace falta explicar a este respecto si el fenómeno es solamen-
te producto de que políticamente “se abrió la llave” a este tipo
de inversión extranjera, o si esto último responde a un fenó-
meno global de carácter estructural.
En el mismo sentido, es también relevante y necesario el aná- lisis de las contradicciones de esta disputa en torno de los re- cursos naturales entre los cambios estructurales que se están produciendo en el sistema económico capitalista y la econo- mía política del campesinado (cuestión última que no obstante
la relevancia de su peso relativo en Guatemala, y su importan-
cia, sigue sin ser adecuadamente abordada y entendida), como nos parece que correspondería.
Finalmente, en base a lo anterior, el lugar que la comuni- dad suele tener en buena parte del área rural de Guatemala (extensión ontológica y política de la persona) como ex- presión de la clase social (campesina). Este fundamento socioantropológico de la comunidad indígena rural, que nos parece esencial descubrir y perfilar en el análisis polí- tico de este estudio, nos demarca de interpretaciones esen- cialistas del fenómeno étnico político en curso, sustentan- do como podremos apreciar las lógicas de funcionamiento de los sistemas políticos indígenas. Hace falta, entonces, abordar a la comunidad rural campesina desde la teoría de su economía política.
Entender la acumulación es fundamental no sólo para com- prender la profunda preocupación que existe mundialmente en cuanto al medio ambiente, su deterioro en progreso y con- secuencias, así como la importancia creciente que en torno de ello están cobrando las luchas campesinas e indígenas en todo el planeta. Son aspectos de una misma dinámica estructural que condicionan de manera determinante una serie de cam- bios, hasta ahora pendientes, respecto del lugar y la represen- tación política de los pueblos indígenas en los Estados, ante diversos órdenes e instancias globales emergentes y para la configuración de la historia misma.
Estas cuestiones ya habían sido previstas políticamente hace ya casi un siglo por Rosa Luxemburgo, cuando en 1912 escri- bió La Acumulación. no obstante la extraordinaria importan- cia que tiene esta vigente obra para ayudarnos a comprender fenómenos que se están produciendo, no podremos, por ra- zones de espacio, sino enunciar sus trazos más generales y
ofrecer otros estudios específicos que hemos realizado previa- mente (Castillo Méndez, 1999), como referencia.
Marx inicia la exposición de El Capital explicando que las mercancías, como productos destinados al intercambio, pue- den ser intercambiadas a partir del lenguaje común de las cantidades de trabajo socialmente necesario que ha costado producirlas y que está encarnado en las mismas (valor). El intercambio mercantil es así un intercambio de valores (o can- tidades de trabajo) equivalentes. Si bien no todo lo que se produce es para el intercambio (para el mercado) en sistemas de producción no capitalistas que mantienen un renglón de producción para el autoconsumo, por el análisis de la natura- leza y funcionamiento del renglón mercantil se puede hacer una caracterización y diferenciación de los diversos sistemas de producción englobados como mercantiles. De dicho aná- lisis emergerán diferencias que nos permitirán comprender la especificidad de la producción mercantil en el capitalismo, el (gran) objeto (primero) de explicación en Marx.
Así podemos arribar a dos sistemas de producción mercan- til, el simple cuya fórmula (que se aplica a los sistemas de producción no capitalistas como el campesino, y el industrial artesanal o pesquero artesanal) es M-D-M, o bien mercan- cías que se colocan en un mercado para obtener un dinero a cambio de ellas (que es una convención simbólica de cantida- des de valor o trabajo), dinero con el cual se adquieren otras mercancías cuya incorporación permite la reproducción del ciclo económico. y también la producción mercantil amplia- da o capitalista, cuya fórmula es D-M-D l , y que consiste en la inversión de un dinero inicial (por cuya lógica específica se le denomina capital), con el cual se producen mercancías que al ser vendidas permiten la recuperación del dinero ini- cialmente invertido, o capital, más una ‘ganancia’. Por su
lógica y naturaleza, la producción capitalista funciona no para una virtuosa provisión de bienes a la sociedad salvo en la medida que, en tanto que mercado, la compra social de sus productos permita en uno y otro ciclo de producción la obtención de esa ganancia.
De ahí que resulte fundamental la explicación económico política de cómo es que se genera ese valor adicional, esa ‘ganancia’, obtenida al final del ciclo de producción en la re- producción mercantil ampliada o capitalista. Para el efecto, Marx explica que la unidad orgánica que previamente existe entre los productores y sus medios de producción (tierras y bosques) es rota a través de mecanismos políticos (sean física- mente violentos, legislativos, tributarios, etc., usualmente una combinatoria de todo ello). A resultas de dicha disociación o separación, el productor desprovisto de sus medios de produc- ción se ve en la necesidad de disponer de lo único que le resta, que es su fuerza de trabajo y colocarla como mercancía en un mercado específico a cambio de un salario.
Seguidamente, Marx realiza un desglose del capital de acuer- do a los renglones que al interior del proceso de producción capitalista los segmentos del capital están cubriendo (lo que es esencial para proseguir en su explicación del origen de la ganancia capitalista). Llama así capital constante a aquella parte del capital destinada a cubrir el costo de las materias pri- mas y las herramientas o máquinas (su depreciación detalla- damente calculada), y le denomina capital constante porque no es ahí donde se explica el origen de la ganancia: lo que se invierte en ello se recupera constante, sin cambio o varia- ción, en el momento de venta de la producción. Por otra parte, denomina capital variable a aquella parte del capital destinada al pago de la fuerza de trabajo (o los salarios), que contrastando con el anterior sí es la clave de la varia-
ción entre la inversión respectiva y la ganancia que a partir de aquélla se obtiene.
Para comprensión de lo anterior, Marx explica que de acuerdo a la productividad del trabajo (no la ampliación de la escala de la producción sino el rendimiento del trabajo), todo pro- ceso productivo arroja una cantidad de valor que en primer lugar debe ser suficiente para garantizar la reiteración del ci- clo productivo, que el productor pueda arribar en las mismas condiciones (alimentado, sano y competente) a repetir nueva- mente el ciclo productivo; a esta cuota de trabajo y de valor le llama trabajo necesario. Más allá del mismo, en base a in- novaciones tecnológicas, conocimientos adquiridos o formas eficientes de organización social para el trabajo, los procesos productivos generan una cuota adicional que se denomina tra- bajo o valor excedente. Este se expresa no sólo como mejoras en la calidad de vida de los productores en lo individual sino que subyace a todas las manifestaciones de la civilización y la cultura humana.
Entonces, lo que ocurre con el capital variable (o salario) es que está cubriendo más o menos la cuota de trabajo necesario –que produce un valor en parte de la jornada de trabajo, por decir 3 horas del mismo–, valor que se le reintegra a la fuer- za de trabajo (al trabajador o trabajadora asalariados) para su mantenimiento, y reiteración del ciclo; en tanto que el valor generado, como trabajo excedente, en las otras horas restan- tes de la jornada laboral, y que es valor real encarnado en la mercancía producida, no le es devuelto al trabajador; sí recu- perado, realizado, cuando se vende la mercancía, y apropiado como ganancia por el dueño del capital.
Lo que ocurre en el caso de los sistemas no capitalistas de producción que están subsumidos al modo de producción
capitalista (a esta forma diferente de explotación se le llama subsunción formal respecto de la subsunción pura del trabajo al capital que ocurre en la esfera obrera), es que la fuerza de trabajo no está constituida por el individuo sino por la unidad doméstica (familia que vive bajo el mismo techo) y que no está disociada o separada de sus medios de producción. En la subsunción formal del trabajo campesino al capital la trans- ferencia de valor tiene lugar no en la esfera de la producción como en el caso obrero sino en la esfera de la circulación o del intercambio.
El intercambio desigual que tiene lugar de manera permanen- te y sistemática (estructural) es producto de la articulación del sistema campesino con el capitalista y del resultado de sus lógicas distintas. Si el capitalismo se basa en una contabilidad rigurosa (de donde la importancia del reloj y el cronómetro), el costo de reposición de la fuerza de trabajo, como salario, es fundamentalmente determinada (y políticamente, económico políticamente, disputada entre ambas clases sociales). En el caso del sistema de producción campesino, el costo del traba- jo no es cuantificado (ni el trabajo necesario ni el excedente). En la lógica campesina del intercambio, la incorporación de mercancías no producidas por la unidad doméstica tiene por objeto su consumo o su inversión para la producción, no es contabilizada de manera tal que se monitoree y garantice la recuperación de su costo en todo el proceso. De ahí que los flujos de intercambio entre el campesinado y las mercancías, frente a la lógica de maximización de ganancias capitalista, opere siempre como dice el refrán popular campesino que Ar- mando Bartra recoge: Es la ley de San Garabato: comprar caro y vender barato (Bartra, 1979).
El intercambio desigual, la forma específica en que opera la explotación del trabajo de la clase campesina, conlleva enton-
ces una dinámica por la cual el renglón de la autosubsistencia (en el que se producen los bienes y consumen sin ser adqui- ridos en el mercado), y que es donde se sitúa lo más granado y precioso de la ciencia y tecnología de los pueblos campesi- nos indígenas de Mesoamérica, se va reduciendo a favor del renglón de producción mercantil (en que precisamente tiene lugar el intercambio desigual).
Asimismo conlleva la necesidad económica de venta estacio- nal (durante las estaciones de cosecha) en las fincas, para con el salario, y sus otros ingresos, intentar la reproducción econó- mica. Como el salario capitalista supuestamente se determina por el garantizar la reproducción simple del trabajador y su unidad doméstica, el hecho de disponer de sus propios medios de producción y disponer de una producción inscrita en el in- tercambio desigual, ese salario (siendo una misma cantidad de trabajo) tiende a bajarse de manera especial, y por tanto a representar un caso especial, de transferencia de valor.
Las tasas de crecimiento demográficas muy ligadas a la nece- sidad de intensificar el trabajo, entran en una serie de estrate- gias de expulsión de fuerza de trabajo a las periferias urbanas o como migración laboral al extranjero, desde donde se envía siempre dinero a la unidad doméstica campesina, el cual si- gue toda la ruta del comercio no regulado desigual en que se desenvuelve. El crédito presenta ya sea tasas de interés espe- cialmente altas como parte de la relación estructural, aunán- dose a la lógica descrita.
Angel Palerm (1982) desarrolló un magnífico esquema de los flujos de intercambio y de transferencia de valor desde la unidad doméstica campesina hacia los diversos sectores de la esfera capitalista (agrícola, industrial, financiera), que pueden considerarse a partir de lo anterior.
En base a estos conceptos básicos de economía política pode- mos, ahora, arribar a la cuestión de la acumulación. Al final
cada ciclo de producción capitalista, esa ganancia obtenida
divide en la cuota puramente consumida por el capitalista y
aquella otra, la acumulación propiamente, que es reinvertida
para repetir el ciclo de producción a una escala mayor.
y es aquí donde Rosa Luxemburgo, en La Acumulación, le
corrige el esquema a Marx con sendas implicaciones para la
comprensión del capitalismo. Es fundamental entender que cuando se explica la economía política, sea en el caso de los sistemas no capitalistas de producción o del modo de pro- ducción capitalista, hay que partir de sus unidades mínimas:
la empresa capitalista y la unidad de producción y consumo
campesina. Ahí la acumulación capitalista no presenta ningún problema. Sin embargo, al atender el fenómeno en su totali- dad Luxemburgo repara en que al modelo le falta algo, está incompleto. Dice, en el proceso de acumulación del capital total de Marx –esto es en una sociedad absolutamente capita- lista, pura, y en su conjunto–, no se explica quién está com- prando las mercancías capitalistas: no tiene sentido que sean los capitalistas mismos (no habría acumulación) y no pueden ser los obreros y obreras, porque éstos sólo disponen como poder adquisitivo de sus salarios, capital variable que es sólo una parte del valor de la producción total en venta. ¿Quién compra, pues, la producción capitalista?
En ese descubrimiento esencial, Rosa Luxemburgo llega a ex- plicar que el capitalismo es un sistema que no puede existir nunca en forma pura, absoluta, sino que presupone necesaria- mente la existencia de otros sistemas de producción no capita- listas de donde proviene el valor fuera de la órbita capitalista, y permite su funcionamiento. En tal sentido, sin embargo, la acumulación misma implica que, en uno y otro ciclo, el capi-
talismo avanza de tal manera que necesita siempre cantidades crecientes de materias primas (los recursos naturales) o capi- tal constante; de más y más cantidades crecientes de fuerza de trabajo que se incorpore de manera permanente en la rela- ción salarial, o capital variable; y de más y más mercados que compren sus productos, mediante lo cual realiza la plusvalía, objeto de su funcionamiento.
Eso establece, entonces, una contradicción estructural por la cual el capitalismo es como un virus que estructuralmente avanza creciendo por sobre los sistemas no capitalistas de pro- ducción a pesar de que, también estructuralmente, los necesita para poder existir. Lo cual marca la naturaleza histórica desde el punto de vista estrictamente económico del capitalismo, si bien Rosa Luxemburgo aclara que seguramente antes de que tal límite se alcance (y que puede ser similiar al Peak Oil o la deshidratación del organismo: no es necesario que se agote la última gota de petróleo o de agua del cuerpo para inducir una crisis sistémica generalizada), antes de ello se presentará la crisis política del modelo.
Es muy sugerente, también, que la contradicción fundamental que Marx intentaba formular entre el desarrollo de las fuerzas productivas y un orden de relaciones sociales de producción, estén mostrándonos, en los ritmos de explotación de uno de los componentes de las fuerzas productivas (materias primas/ recursos naturales) y serios riesgos de crisis ecosistémica que conlleva su agotamiento y alteración, la proximidad de un lí- mite objetivo en el modelo y la necesidad de una solución de continuidad que figure una nueva forma de desarrollo y socie- dad a escala planetaria.
De hecho, son aspectos de una misma dinámica estructural en proceso.
Estamos, pues, ante un sistema capitalista en fuerte expansión global. La dinamización que ha adoptado está relacionada con un efecto económico de la caída del modelo socialista de la ex- unión Soviética y Europa del Este. Cuando grandes seg- mentos territoriales se abren al mercado capitalista ocurren cambios como los que tuvieron lugar en el Siglo XVI con el descubrimiento de América, la configuración de un merca- do global y el establecimiento del capitalismo mercantil; y asimismo a finales del Siglo XIX cuando el colonialismo se extendió al áfrica, Medio oriente y Asia respecto del capi- talismo industrial.
Como plantea Rosa Luxemburgo, los tres grandes renglones demandados por la acumulación capitalista (materias primas, fuerza de trabajo y mercados) alimentan como combustible una dinámica creciente de éstos. Es el impacto de la llamada desterritorialización de capitales hacia las periferias, parti- cularmente a aquellas últimas regiones en que la penetración pura y dura del capital no se había producido.
El intento de control de recursos estratégicos, como el petró- leo, en el mundo por parte de Estados unidos está relacionado con sus esfuerzos por conservar y garantizar a futuro su hege- monía en el mundo capitalista. El costo económico de dichas ambiciones amenaza al límite las posibilidades de conseguirlo sin guerras. otros actores ilustran el renovado ímpetu econó- mico, así como la reconfiguración de la hegemonía que aho- ra, como en otros tiempos, se está gestando: el crecimiento y expansión de la unión Europea, el Medio oriente en disputa económica y política, la incorporación de China al sistema económico mundial, el surgimiento de potencias emergentes como India, Brasil, Sudáfrica.
En todo ello, el oro en su especial condición de referente mo- netario financiero (frente a la caída del dólar estadounidense) pero asimismo una amplia gama de recursos naturales, vienen a convertirse en objeto de un apetito, revalorización y afán de control estructuralmente crecientes.
El agua que implícitamente es reconocida ya por fuentes mili- tares norteamericanas como estratégica en razón del anuncia- do calentamiento global, es imprescindible a razón de 2,500 litros por minuto (cuando menos) en la explotación minera a cielo abierto y súbitamente se ve ansiada también en función de represas hidroeléctricas, el control de cuencas y zonas de recarga hídrica, que no son otra cosa que los bosques.
Arribamos así a la segunda cuestión que nos formulábamos abordar estructuralmente, relativa a la contradicción que en torno al control de estos recursos se está dando de manera objetiva entre los requerimientos de la acumulación global y los de los sistemas de producción campesinos que tradicio- nalmente han detentado un acceso y uso sostenible de esos recursos para su reproducción económica.
Más allá de la perspectiva ambiental y una economía políti- ca de los recursos naturales entre las lógicas de reproducción de la acumulación y el campesinado, lo que hacemos en esta investigación es contrastar el discurso de las corporaciones y el Estado (no por supuesto en el sentido de que sea para ayu- dar a paliar la pobreza y la extrema pobreza inocultables en el país, particularmente entre las comunidades campesinas e indígenas más marginadas donde todo esto tiene lugar, sino) en el sentido de que éstos argumentan que el campesinado ha sido reducido a la retícula minifundista parcelaria que se ins- tauró con la revolución liberal de fines del Siglo XIX, cuando se les arrebataron grandes extensiones de tierras y bosques comunales que pasaron a constituirse en fincas, y primero por
la fuerza y luego por la lógica económica del desbalance in- troducido en su economía política se vieran forzados a penar a cambio de salarios miserables; y que bajo el régimen ins- taurado de esa retícula parcelaria de propiedad, no tendrían por qué alegar que en otra propiedad privada se disponga de los recursos. Los ambientalistas dibujaron demarcaciones territoriales desde el punto de vista sólo de la geografía y/o los ecosistemas, dependiendo de su perspectiva enfatizan esta dimensión. Sin embargo desde la perspectiva de la geogra- fía política y el modelo de gobernabilidad en que todo esto se desenvuelve, la contradicción económico político vino a despertar una reivindicación político territorial como pueblos indígenas distinta de la unilateralización de la demanda por inclusión que se aprecia a partir de los contextos urbanos in- dígenas, y postula su derecho a interlocución con el Estado como sujetos colectivos.
La dimensión colectiva de la comunidad, enunciada como sustento de los sistemas políticos indígenas, descansa en las formas de reciprocidad económica y social de las unidades domésticas campesinas entre sí. En el acceso a la tierra, prác- ticas que subsisten de trabajo colectivo recíproco para la cons- trucción de viviendas o labores de cultivo. En el acceso regu- lado (por instituciones propias) a recursos naturales comuni- tarios tan fundamentales para la reproducción económica de las unidades campesinas como el bosque o el agua. Para no mencionar un muy largo listado de otras prácticas políticas, sociales y culturales con incidencia económica para formas mutuamente asistidas de reproducción social bajo condicio- nes de dominación.
“Identity politics. Increasing portions of the population are identifying themselves as indigenous peoples and will demand not only a voice but, potentially, a new social contract. Many reject globalization as it has played out in the region, viewing it as an homogenizing force that undermines their unique cultures and as a US-imposed, neoliberal economic model whose inequitably distributed fruits are rooted in the ex- ploitation of labor and the environment”.
Políticas identitarias. Porciones crecientes de la población se están identificando a sí mismas como pueblos indígenas y demandarán no sólo tener voz sino, potencialmente, un nuevo contrato social. Varios rechazan la globalización en la forma en que ha sido implementada en la región, percibiéndola como una fuerza homogeneizadora que mina sus culturas únicas y como un modelo económico neoliberal impuesto por los Estados Unidos cuya inequitativa distribución de sus frutos está en la raíz misma de la explotación del trabajo y el medio ambiente. (nIC, 2004)
En el otro extremo se situarían quienes no se reconocen en la tradición del constitu- cionalismo liberal latinoamericano, rechazan la filiación europea de sus institucio- nes y ponen en cuestión los fundamentos del sistema democrático.
Esta izquierda prima los supuestos derechos colectivos frente a los individuales, ig- norando al individuo en beneficio del grupo, sea etnia, sindicato o clase social.
La pertenencia étnica y la mirada atrás, a una mítica arcadia precolombina, colec- tivista e igualitaria, es una de las ilusiones de esta izquierda latinoamericana, sobre todo en los países con un fuerte componente amerindio en su población, cuestionan los Estados nacionales modernos que superaron el Antiguo Régimen con el constitu- cionalismo liberal del Siglo XIX.
El indigenismo sustituye el concepto de ciudadano de una república por el de miem- bro de una comunidad étnica, subordinan principios e instituciones liberales como la división de poderes, el mérito y capacidad, la igualdad ante la ley y el respeto por los derechos individuales, al logro de sus objetivos. (FAES, 2007)
El análisis de la cuestión ‘indígenas y participación política’ suele conllevar una omisión y un sobreentendido que hay que despejar a fin de realizarlo a fondo y críticamente. El sobre- entendido es que la problemática tendría que definirse dentro de los límites de un Estado dado, ajeno pero implícitamente legitimado, y la configuración actual de su régimen político electoral. La conveniente omisión es a nivel del sujeto en la gramática de ese sistema político dominante en cuya subjeti- vidad nos movemos: indígenas… ¿en lo individual o como colectivo?
Estas dos observaciones que un esfuerzo inicial de atención nos permitirá en lo futuro captar en los textos (las narrativas) “algo”, que llamamos el discurso de la inclusión, formalizan la constitución arqueoescritural de una política de gobernabi- lidad determinada.
La inclusión plantea que el indígena (hay que entender que se refiere al indígena en lo individual) debe incorporarse al sistema político (el aparato político partidario del que emanan las formas de representación política de la ciudadanía) del Es- tado. todo lo demás que en torno de esta prognosis se plantea es secundario si bien objeto precioso para el análisis científico y filosófico en la necesidad, ineludible, de comprender el fun- cionamiento del sistema político y la gobernabilidad.
Como es importante comprender, esta cuestión de la relación política entre el Estado y los pueblos indígenas en Guatemala
Omisiones y desplazamientos
no es algo que podamos referir históricamente solamente ni en los términos de ese ímpetu democratista que se ha venido observando en el correr de la última década. Las agendas, la disponibilidad de fondos internacionales, las en ocasiones autosuficientes y dispuestas intervenciones sociales discurren, se pronuncian y actúan en torno de temas como la goberna- bilidad, la inclusión, el poder local, etc., de manera muy ca- racterística más allá de la cual hay que ir para comprender la dimensión histórica y política del asunto.
Aunque para el efecto de la deconstrucción de los dos pilares en que se asienta el discurso de la inclusión liberal viene a ser de mucha utilidad el revisitar, a la luz de la geografía política y la construcción del modelo de gobernabilidad actual, la historia de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas a la luz de la evolución de la estructuración político territorial del país (gobernabilidad como tríada seguridad, población, territo- rio), los antecedentes del lugar que en ello ocupa de manera específica la dominación de un sistema político por otro, que más adelante emprenderemos; nos parece de utilidad el ofre- cer en lo inmediato algunas consideraciones acerca de esos dos pilares en los que se asienta el discurso de la inclusión.
una de las cuestiones, claves, más importantes a ver y com- prender en cuanto a ‘los indígenas’ –así en su abstracto gra- matical como suele enunciarse– es la de que constituyen su- jetos colectivos (pueblos). Con la herencia colonial de la que se precian Aznar y compañía [En el otro extremo se situarían quienes no se reconocen en la tradición del constituciona- lismo liberal latinoamericano, rechazan la filiación europea de sus instituciones y ponen en cuestión los fundamentos del
«sistema democrático» (entrecomillado nuestro)], la resisten- cia de los Estados latinoamericanos, y del guatemalteco en lo particular, al reconocimiento del estatuto colectivo del sujeto indígena es producto de que cambiaría un modelo de gober- nabilidad basado en la dominación de los pueblos indígenas y
a cuya preservación responde el sistema político oficial y su
oferta, promulgada y promovida por el sistema político vigen- te, de incluir a los indígenas en lo individual. (¡Más allá de esos cómos secundarios, que estimábamos preciosos desde el punto de vista científico y filosófico, aquí se esboza asimismo un ¿por qué? sociológico!)
Esta no es una cuestión que, ahora que la organización de las Naciones Unidas ha finalmente arribado a reconocer (sus Estados miembros), haya que rastrear entre los pliegues de las narrativas, sus implícitos y omisiones. Para Guatemala
resulta altamente revelador el volver a desempolvar algunos documentos públicos que expresaban estos mismos debates
y pugnas en torno a las negociaciones de la paz, específica-
mente del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas allá por los años de 1992 y que resultan altamente valiosos para nuestra comprensión del asunto. nos referimos
a Guatemala, una paz justa y democrática. Contenido de la
negociación de uRnG; a En respuesta al planteamiento glo- bal de la “URNG”, hecho en mayo de 1992 del Gobierno de
la República; a Comentarios al documento: “Guatemala, una
paz justa y democrática: contenido de la negociación”, ela- borado por la URNG, del CACIF; y a Derecho de respuesta a los comentarios del CACIF sobre nuestro documento, Gua- temala una paz justa y democrática: contenido de la negocia- ción, de uRnG.
Este cruce público de posiciones que permitían ventilar visio- nes del Estado guatemalteco nos permite acceder a la formali-
zación más explícita y seria posible acerca de estas cuestiones por parte del poder en Guatemala.
uRnG planteaba que,
El derecho político de la representatividad propia y es- pecífica tiene que ser explícito y positivo y expresarse en todos los niveles de la sociedad. Es consubstancial para una solución integral, encontrar las modalidades de divi- sión administrativa que conjuguen expresiones lingüísti- cas, formas y tradiciones jurídicas y necesidades econó- micas. (URNG, 1992) 5
El documento del Gobierno plantea en respuesta:
Sin embargo, a través del efectivo apropiamiento social de los gobiernos locales, las municipalidades están llamadas a expresar los intereses, criterios y modalidades culturales de las etnias concernientes. La articulación de municipios co- rrespondientes a una misma etnia configurará una subregión cultural, a través de la cual podrá eventualmente, dependien- do de la dinámica del mismo proceso de desarrollo, esta- blecer la base para una futura distribución administrativa. (Gobierno de la República de Guatemala, 1992)
Este documento, más allá de la postura que el Estado sustentó de cara a la no implementación de la pluralización del sistema político y a una redefinición de la administración político territorial del país, es de enorme importancia porque en ella, de manera pú- blica y oficial, el Estado se compromete a lo siguiente,
5 El derecho a mantener y perpetuar su identidad histórica y desarrollarlas hacia el porvenir, así como cultivar su memoria colectiva es esencial para cualquier pueblo, pero en particular para el que ha sido discriminado. Esto conlleva, no la actitud estática de reconocer un rasgo del pasado, sino establecer un hecho vigente y vivo, susceptible y capaz de desarrollar y configurar conjuntamente con otros factores nacionales el patrimonio global de la guatemalidad sin límites ni restricciones. URNG, Una paz justa y democrática (1992: 22).
El Gobierno considera oportuno dejar que sea el propio desarrollo político del país el que sugiera las modalidades administrativas más eficaces y seguras de proteger sólida- mente los derechos de cada etnia. (Gobierno de la Repú- blica de Guatemala, 1992)
Que es precisamente lo que entendemos que está ocurriendo y hay que abordar. Sin embargo, por su parte, el sector empre- sarial organizado por medio del CACIF formalizó la postura que revela la vinculación del sistema político vigente y de la administración político territorial, en un esquema de gober- nabilidad definido para el sometimiento económico y político por las élites locales (y que como toda indagación no forma- lista sino históricamente sociológica demuestra, siempre se gestó a partir de los intereses estructurales de un orden preciso de dominación):
[…]el CACIF está consciente de que la población gua- temalteca está conformada en la actualidad por un gran porcentaje de indígenas pertenecientes a más de veintidós comunidades con diferentes lenguas. Esto significa que sus costumbres, lenguaje y culturas han sido respetados.
[…]Lo que pretende la URNG es extralimitar los dere- chos, protección y excederse en privilegios hacia un grupo étnico específico, en detrimento de los demás ciudadanos. Nuevamente pretende quebrantar el principio jurídico de igualdad ante la ley.
[…]Consideran consubstancial para una solución inte- gral, encontrar las modalidades de división administrativa que conjuguen entre otros aspectos «tradiciones jurídicas y necesidades económicas». Esto conlleva el espíritu de inspirar sentimientos separatistas.
[…]El CACIF se opone a esta pretensión por razones ex- presadas con anterioridad. La primera, es que reconoce en el Gobierno de la República al representante válido
legítimo de todos los ciudadanos que conformamos
nación y en el Presidente, al depositario de la unidad
nacional. Que, por lo tanto, le corresponde conocer las expresiones y aspiraciones de los indígenas, como las de otros ciudadanos dentro de sus facultades, así como de acuerdo a la ley, satisfacerlas.
[…]El CACIF coincide en que los conceptos y valores de la democracia deben ser ampliamente difundidos, pero para fo- mentar la responsabilidad, no sólo de quienes nos gobiernan, sino de los que somos gobernados. (CACIF, 1992)
Es importante conocer y reexaminar detenidamente estos do- cumentos públicos emitidos años antes de las proclamas en Chiapas, los grandes proyectos regionales de la globalización como el Plan Puebla-Panamá y la amplia y creciente configu- ración en curso de ese ‘desarrollo político’ al que el Gobierno guatemalteco hacía referencia, los cambios políticos y legis- lativos en América Latina y las declaraciones internacionales relativos a pueblos indígenas, en particular del sistema intera- mericano y de naciones unidas.
La cuestión del entendimiento, entonces, de ‘los indígenas’ como individuos y/o como sujetos colectivos es crucial para entender la lógica política en que se mueve la (geo)política de la inclusión como modelo de gobernabilidad.
Explicar por qué un Pueblo Indígena tiene derecho a ser re- conocido como sujeto colectivo y no sólo como agregado de ciudadanos en lo individual (como propugna el sistema po- lítico guatemalteco, y a su vez, en ocasiones ingenuamente, se promueve como ‘democratización’) sería repetir, segura-
mente sin el mismo nivel de documentación y calidad, lo que tanto años ha venido siendo discutido, también, en los foros internacionales.
Como bien dijo Rigoberta Menchú en la Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas (Ottawa, 2001) en relación al enton- ces proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “no podemos volver a discutir otros veinte años lo que ya se discutió por veinte años” (Menchú, 2001).
Más adelante, sin embargo, referiremos algunos contenidos de los instrumentos internacionales respectivos.
Derecho de los Pueblos Indígenas a sus propias instituciones políticas y a su reconocimiento por parte de los Estados
Como podrá observarse en el pilar anterior de la tesis de la inclusión (o de su promoción política como estrategia para el reforzamiento del modelo de gobernabilidad histórico de dominación del indígena como sujeto colectivo), además de enunciarla y contextuarla frente a la dimensión de la colecti- vidad (refiriendo sus antecedentes inmediatos previos al entu- siasta activismo de esta última década, en los que se advierten las posiciones del poder económico, su postura y la inferencia de la lógica en la defensa del sistema político vigente, que él ha creado), optamos de momento por referir esa gramática del sujeto como individuo o como colectividad a un orden político y jurídico internacional; pero no hemos podido aún desentrañar qué hay, sociológicamente por llamarle de algu- na manera, en el funcionamiento de ese sistema político ac- tual que sea funcional a un modelo de gobernabilidad (geo) político de dominación. y aunque la sola enunciación de la
tríada que alcanza a formalizar Foucault en la configuración de la gobernabilidad (seguridad, población, territorio) nos da pistas, sin mayores elementos históricos aún al respecto de la ilación colonial que la configura, debe de haber un ejercicio
clave, más allá de una rancia tradición, por la cual al poder le resulte afín la forma en que se desenvuelve el sistema político guatemalteco, sus estructuras partidarias; incluso, aunque este
es un momento de abstracción científica, si el sistema político
electoral vigente y las estructuras partidarias funcionaran a las mil maravillas como se supone que funcionan en otros lugares.
Eso lo vamos a encontrar en el hecho de que no sólo para los indígenas sino para toda la población (que no ciudada- nía, el discurso de ciudadanía, sino para la población que a
su vez lejos de ser figura común de la ‘demografía’ refiere un concepto que Foucault advierte como construcción del suje- to social en su concepción del poder, conduire des conduits,
y supone una constitución de los sujetos como objeto de la
dominación), la individualización liberal es una ficción ideo- lógica que tiene por objeto la desagregación política de la co-
munidad. No existe, es como el traje invisible del rey, pero en cuya pose no solamente pervierte las posibilidades de que la sociedad adquiera para sí una dimensión de comunidad sino de una verdadera individualidad (no en los términos liberales del Siglo XIX, en desmedro de la comunidad), sino de eso que
el marxismo de la Escuela de Frankfurt buscaba sobre otras
bases como individuación a construir a partir de colectivida- des humanas nuevas que recogiendo valores previos y subse- cuentes alternativos a la ficción individualista de la alienación burguesa, pudieran sentar las bases societales para su efectiva gestación y desenvolvimiento político.
Pero tendría que ser aún más precisa nuestra determinación de los mecanismos por los cuales en base a la dimensión ideoló-
gica de una individualidad cooptada y dirigida [conduire des conduits], en el fondo irrealizada e irrealizable salvo como desplazamientos relativos dentro de la estructura de poder, ese tipo de ejercicio político tiene por efecto de manera visual, descriptiva, la oclusión de esa dimensión colectiva de la per- sona que es la comunidad. La comunidad como expresión política es intervenida y fragmentada, controlada en extremos variables de eso que llaman la legitimidad (antes de la coer- ción directa, física por el poder), mediante el recurso de la competencia.
La competencia es un concepto que debiera ser profunda- mente indagado en la simultánea complejidad de sus signifi- cados a la luz de un ejercicio de deconstrucción; previo a su abordaje político. Por una parte, competencia significa (y es precisamente lo que desarrolla Pierre Bourdieu a lo largo de toda su obra) esa desigual distribución de poder, de capital simbólico, y su andamiaje institucional dictaminador, que se expresa como el ser competente o incompetente en los diver- sos mercados simbólicos a los que se concurre.
Por otra parte, la competencia refiere, como dice el dicciona- rio: 1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo; 2. f. oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa; 3. f. Situación de empresas que ri- valizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. 4. f. Persona o grupo rival. Se ha pasado a la competencia. (DRAE)
una agenda de competitividad (por supuesto no aquí en el sentido empresarial) es establecida como sistema para pro- piciar y garantizar una justa lid entre intereses políticamente contrarios en la sociedad (diferencias entre sectores de la cla- se dominante, que es como todo esto empezó a principios del
siglo XIX con las fallidas Cortes de Cádiz o nuestra primera Constitución, o entre clases sociales, de las posiciones ideoló- gico culturales en su extensión y problematización moderna, intereses sectoriales diversos ahora, etc.), como mecanismo de resolución y alternancia política en un orden social deter- minado. Se dice (ahí vamos y venimos), que si en ello más ve- nimos que vamos es por desequilibrios en cuanto a la institu- cionalización y controles que ese esquema requiere. y podría ser cierto, pero como nuestro objeto no es juzgar si nos gusta en lo particular o no ese sistema político, lo que corresponde es ver qué ocurre cuando más que como forma de regular la competencia entre facciones existentes, lo que hace sociológi- camente es introducir facciones en donde no las hay.
y esto nos lo explicaba muy ilustrativamente un ataviado an- ciano (autoridad) indígena de San Juan Atitán, Huehuetenan- go. Decía que él recordaba, cuando era un niño, la primera vez que todo esto se empezó a dar en sus comunidades. El anciano, que ahora porta su vara de mando en el sistema de autoridad propio, recuerda que su papá cuando él era ‘chiqui- to’ le explicó que aquella vez que resonaron los tambores en las montañas, notificación pública llamando por algún acon- tecimiento socialmente relevante, estaban anunciando que el gobierno decía que iban a haber elecciones. La comunidad poseía su propio sistema de organización social y política. Las autoridades propias eran electas por las comunidades, de entre los mejores, para llevar la penosa tarea de servir a la comunidad regulando y arribando a las decisiones más pro- videnciales a que se pudiera arribar, a fin de garantizar, en base tanto al respeto de la comunidad como de las partes, el restablecimiento de una armonía social en que se fundamenta la reproducción de su cultura y de su sociedad bajo relacio- nes históricas de dominación. no tenemos que darle muchas vueltas a las nociones del poder en el sentido de que se decía,
anteriormente, que ‘los indios tienen sus formas de arreglar sus asuntos’. Así que cuando las comunidades supieron que decía ‘el gobierno’ que tenía que haber elecciones, pensaron
y actuaron en la consecuencia de que había que interponer
una especie de traducción, adaptándose formalmente a ese requerimiento (no sólo de ‘afuera’ sino ‘desde arriba’). En
consecuencia, se vieron en la necesidad de ‘hacer como si’ hubiera una competencia entre partidos políticos. Ese recurso en nuestros días sigue presente en varios lugares del altiplano de este país. Pero dice que el problema no fue ahí sino cuando (ve qué interesante), los recursos de esa competencia fueron instalados como estructuradores de la comunidad misma, para lo cual los partidos (todo lo que cualquiera conoce y puede suponer pero invitamos a ver con el extrañamiento socio- lógico del caso), seleccionaron a los que habrían de verse
a sí mismos y de ser vistos en la comunidad como líderes,
a los cuales proveyeron de recursos (propaganda, discurso, información, acceso a redes, etc., y sobre todo una moti- vación propia) que enfrentó sistémicamente a los líderes entre sí, en el marco de la competencia electoral, lo que suponía –ante los ojos de la comunidad y sus instituciones que velaban precisamente por el sostenimiento de la co- munidad– eso que llaman bases sociales en torno de cada motivado líder y la instauración de fracturas dentro de la comunidad. Dos sistemas políticos estaban contrapuestos en sus socio-lógicas diferentes.
Paralelo a ello, ya la demarcación territorial en municipios venía segmentando a las comunidades indígenas de un mis- mo Pueblo Indígena entre sí. El Estado habría de establecer todos los mecanismos por los cuales reconoce, y en los que debe desenvolverse aquel que reconoce, como autoridad en
La consecuencia no es solamente la manera en que un siste- ma político se sobrepone a otro, marginándolo y debilitán- dolo –mucha resistencia y funcionalidad asimismo socioló- gica puede este tener–, sino que la población como objeto de la gobernabilidad es entonces estructurada de suerte que sea expurgada por su potencialidad política bajo la domi- nación económica (que el sistema político plantea resolver individualmente a través de los mecanismos de competen- cia para ello).
Entonces, el segundo pilar de la tesis de la inclusión consiste en omitir el hecho de que los pueblos indígenas, como sujeto colectivo, tienen el derecho al reconocimiento de sus propias formas de organización política.
En calidad de referencia, presentaremos algunos breves frag- mentos de dos instrumentos internacionales para su conside- ración al respecto tanto de los Pueblos Indígenas como suje- tos colectivos de derechos a ser reconocidos por los Estados, algunas alusiones al derecho a territorios, así como también al derecho a sus propios sistemas políticos. Como podrá apreciarse no se trata precisamente del “extremismo” que escandaliza a Aznar y compañía. Asimismo más que una autocomplaciente información, tiene por objeto práctico la necesidad de replantear las acciones en torno al tipo de de- mocracia y Estados a construir.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (169) de la OIT, de 1989 y suscrito por el Estado de Guatemala en 1996, establece (subrayados nuestros);
En sus considerandos:
Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desa- rrollo integral como pueblos
Artículo 1. El presente convenio se aplica:
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colo- nización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, eco- nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territo- rios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la Asamblea General de naciones unidas el 13 de septiembre de 2007, establece (subraya- dos nuestros)
ConSCIEntE de la urgente necesidad de respetar y pro- mover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especial- mente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,
ConVEnCIDA de que el control por los pueblos indíge- nas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y pro- mover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de
vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y
desarrollar sus sistemas o instituciones políticos
En el sistema político de las comunidades mayas están im- plicados tres términos recurrentes y fundamentales (alcaldía indígena, alcaldía auxiliar y alcaldías comunitarias) a partir de los cuales podemos iniciar nuestra descripción y análisis de su estructura, funcionamiento y valores en que se sustenta. Se- guidamente avanzaremos hacia aquello que por el momento referiremos de manera general como dinámicas con el sistema político oficial y tendencias que pueden preverse a partir de tensiones que se establecen con el modelo de acumulación global y su impacto en las comunidades campesinas indígenas.
De estas tres figuras, la alcaldía indígena (asimismo llamada municipalidad indígena como en el caso de Sololá, y refie- re una contraposición identitaria y sociológica que ha podido preservarse y se sostiene nominalmente frente a una institu- cionalidad municipal impuesta), constituye la expresión de segundo nivel en la cual convergen las representaciones de todas las comunidades de una jurisdicción, usualmente mu- nicipal. Así vemos, por ejemplo, que para el caso del muni- cipio de totonicapán, una de las formas de gobierno que convergen en su estructura gubernamental es la asamblea denominada de los 48 Cantones.
El término de alcaldía auxiliar aunque varios aún lo toleran (igual que se tolera el llamarle Maximón al Rilaj Mam de San- tiago Atitlán), está en desuso porque conlleva, en la semántica de la auxiliatura, una carga de subordinación de un sistema
Sistema político y formas de gobierno en comunidades mayas
político por otro. Referida principalmente a las alcaldías co- munitarias, aunque en ocasiones también a las autoridades in- dígenas de segundo nivel –jurisdiccionales municipales–, el término auxiliar, plasmado en tales términos en legislaciones pasadas recientes, viene a ser cuestionado en el sentido de que fue empleado por la institucionalidad política del Estado en los municipios, como “mandaderos”: pretendida refunciona- lización sin compensación salarial del principio de reciprocidad y servicio universal en que la comunidad se había venido y se sigue organizando en términos políticos. El sistema de organi- zación social y política de las comunidades en el área rural de los municipios, si por ello entendemos usualmente todas aquellas poblaciones fuera de las cabeceras municipales, si- gue estando basada en lógicas propias pero muy generalizadas que implican una posibilidad de mecanismos de coordinación, transmisión de convocatorias, informaciones públicas de las municipalidades del Estado hacia las comunidades a través de los “alcaldes auxiliares”, autoridades comunitarias. En- tonces es un término que hay que mencionar para compren- der su no pertinencia y desuso por un progresivo cuestiona- miento de carácter político en las comunidades indígenas.
En tercer lugar, tenemos a las alcaldías comunales o comu- nitarias que no es simplemente “la base” de las alcaldías o municipalidades indígenas sino, a juicio nuestro, la clave ex- plicativa y dimensión real de la cuestión. Subsista o no la forma nominativa de alcaldía comunitaria, las comunidades rurales indígenas que suelen caracterizarse por bajos niveles de división social interna del campesinado –usualmente una homogeneidad en sus patrones de reproducción campesinos–, funcionan políticamente en términos de comunidades.
Las asambleas comunales y otras formas de participa- ción y deliberación y de toma de decisiones con carác-
ter corporativo, han sido invariablemente reportadas por investigadores que han observado el gobierno lo- cal y los sistemas comunitarios en comunidades mayas
(Falla, 1980; Smith, 1991; Vetorazzi, 1999; Tzaquitzal
et al., 2000; López Batzin et al., 1997; González, Jaco-
bo, 2000; Tallet, 2001; Ekern, 2001; Esquit, 2002).
[…]Las asambleas comunales no se pueden disociar de los ejes de la organización comunitaria. Vetorazzi (1999) subraya la importancia del concepto de organización co-
munal, resaltando que una organización es un actor de lar- ga duración, constituido por el conjunto de instituciones
y organizaciones creadas y apropiadas o reformuladas
por las comunidades con el objetivo de organizar, admi- nistrar y gobernar aspectos globales relativos a las con- diciones de vida del conjunto de la comunidad (ochoa, 2002: 21)
La asamblea comunitaria, por tanto, será un reflejo de formas deliberativas, formas de participación y formas de organización. Esto significa que la asamblea deviene el motor de la participación y de la organización comu- nal, en la medida en que conduce, por un lado, a defi- nir las prioridades de la acción comunitaria, y por otro, a distribuir funciones y cargos, dando a los responsables un mandato, consignas y una misión. una asamblea es un proceso deliberativo, de diálogo y negociación, cuyo objetivo sería lograr acuerdos sociales, consultar, dar consentimientos, delegar responsabilidades, reco- nocer derechos, asignar misiones, hacer escogencias. Como en todo proceso democrático, estos son los ele- mentos sustantivos, no la figura, sea esta “asamblea”, “consejos” u otra. (Ochoa, 2002: 204)
La comunidad se convoca y regula social y políticamente. En La Representación K’iche’ de lo Político, Saquimux Canastuj explica:
Chomanik es el espacio social donde participan todas las familias que viven en el komon, en la cual se dan relacio- nes e interacciones sociales, además es el centro del deba- te, consulta, diálogo y búsqueda de consensos y acuerdos comunes. El chomanik es también como la asamblea que realiza la junta directiva cada quince días o las reuniones que se efectúan en los cantones. (Saquimux, 2005: 180)
Exista o no ese cuadernillo en el que se lleve un registro de las sesiones a las que en algunas ocasiones buscan darle un tipo de formalidad y reconocimiento, muchas veces más impuesto más que como un recurso necesario de validación exterior, las comunidades suelen poseer formas asamblearias de arribar a tomas de decisiones, regulaciones, nombramientos de tareas ya sea para su funcionamiento mismo o para intentar superar sus necesidades y mejorar su nivel de vida. Esta dimensión por la cual las comunidades se piensan a sí mismas como tales, y se organizan para su vida social y gestión, es en sí mismo el fenómeno que levanta todo el sistema político indígena.
Las comunidades rurales –aldeas, barrios, cantones, caseríos– poseen formas de organización, muchos de cuyos dispositivos inciden de manera directa o indirecta a favor de la reproduc- ción económica y social de sus unidades domésticas. Hemos hecho ya una introducción general a las lógicas estructurales de reproducción del campesinado como clase social y la diná- mica adversa a la que es sometido en el intercambio desigual, por la cual debe seguir una serie de derroteros implacables
en términos de cambio de prioridades en los renglones de su producción, en la venta de fuerza de trabajo estacional y la migración, entre otras. Hemos de recordar para la configura- ción generalizada de esta lógica del minifundio privado, de la retícula parcelaria del paisaje, el cómo la revolución liberal a partir de fines del Siglo XIX llevó a cabo un despojo de bos- ques, y tierras de cultivo incluso, de las comunidades indíge- nas, las cuales otorgó a diestra y siniestra para la constitución de fincas cafetaleras, principalmente (vale la pena revisar ese documento magnífico que produjo la Facultad de Ciencias Ju- rídicas y Sociales de la USAC (1960) que se llama 444 Años de Legislación Agraria en Guatemala, que compendia una enorme cantidad de decretos de gobierno y casos en tal senti- do). Revisando para fines de esta investigación el expediente preparado para la creación del municipio de unión Cantinil, por ejemplo, uno puede leer sobre esas tierras que les fueron cedidas a ‘los chiantlecos’ (municipio de Chiantla, Huehuete- nango, élite criolla que apoyó al general liberal Justo Rufino Barrios, y a donde temporalmente por ello se desplazó la ca- pital del departamento de Huehuetenango), que en aquellas tierras de lo que ahora es unión Cantinil, no había nadie “sólo indios sembrando milpa”, o sea que ni siquiera eran bosques sino tierras de cultivo. Puede verse que existe memoria de esas grandes fincas que se irían constituyendo para el café, que es como una pista para empezar a inferir cuándo es que se constituyeron y a partir de qué origen.
El 3 de diciembre de 1889, el Presidente de la República, con- siderando que la mayor parte de indígenas “por ignorancia o escasez de recursos, no adquieren título legítimo de propiedad sobre los lotes de terreno baldío que han poseído desde tiem- po inmemorial; […]ACUERDA 1º. Que a la mayor breve- dad posible, y con intervención de la Jefatura Política, cada Municipalidad nombre una comisión que mida a cada uno de
los indígenas poseedores de baldíos, 200 cuerdas de 25 varas, en el lugar en que tengan su vivienda o sus sementeras; 2º. Que el Jefe Político expida a favor de cada indígena, título de adjudicación gratuita de la indicada superficie de terreno, con expresión de linderos;” (Linares en CEIDEC, 1987: 51)
Usualmente se sabe y refiere históricamente que a partir de la revolución liberal se produjo este gran despojo de tierras y el surgimiento de fincas. Pero falta insistir en la configuración de la economía política del campesinado como clase que se instaura en esta modalidad precisa del desbalance que implica para su reproducción el que las parcelas empiecen a depen- der del mercado y de la venta de fuerza de trabajo estacional. Asimismo en el hecho generalizado a partir de entonces de la retícula de propiedad minifundista que se instaura en la geo- grafía, sin que necesariamente se corresponda con la misma ideología que uno pudiera considerar que predomina en otras formas de reproducción económica, mucho más individuali- zada y monetizada, como ocurre en las ciudades.
Recordamos no obstante, por ejemplo, una obra de Larissa Adler Lomnitz (1975) (Cómo Sobreviven los Marginados), que para los espacios urbanos mismos describía a la pobreza conllevando la interposición de una serie compleja de meca- nismos de ayuda entre los vecinos para tratar de paliar, en base a la reciprocidad, su falta de dinero. En otros espacios urbanos, en contraste, vecinos de clase media alta casi ni ne- cesitan relacionarse con sus vecinos de residencia; lo que se pueda necesitar, se compra, se paga. no necesitan “andar pidiendo favores”, son más “independientes”. El dinero (la monetización del intercambio) sustituye las redes sociales del intercambio basadas en la reciprocidad. todo lo cual tiene implicaciones en la manera de ver el mundo, de la autoper- cepción de sí y de percepciones en ocasiones erradas de cómo otros ámbitos de la sociedad gestan su reproducción.
Entonces, en el caso de las comunidades campesinas (tal y como explicaba Eric Wolf (1957) en su clásico estudio sobre las comunidades corporativas campesinas de Java y Meso- américa, existen flujos de intercambio ya sean directa o in- directamente económicos, mediados por reglas sociales así como valores y lenguajes culturales, que nos permiten en- tender que existe no sólo una conciencia de la comunidad como dimensión de la persona sino esfuerzos expresos diri- gidos a mantenerla (dado que se oponen a una lógica que el capitalismo impone y conlleva con mucha fuerza, tendiente
a la individualización, competencia, desvalorización de lo
comunitario como tal e indiferencia por la suerte ajena). En tanto dimensión de la persona y como práctica de re- sistencia política y cultural, estos dispositivos tan variados en función de la comunidad rural campesina nos muestran
aquí y allá, situaciones variables que no sólo apuntan a su erosión, sino a su mantenimiento y en ocasiones a su recu- peración incluso.
En torno de la producción, de la infraestructura comunitaria fun- damental y requerida, en la existencia y generosidad de los siste- mas de salud tradicional, de la función de cohesión y redistribu-
ción del sistema de fiestas, en las formas propias de espiritualidad
y el ordenamiento social, en la atención generalizada de la comu- nidad en los trances de la unidad doméstica (casamiento, parto, fallecimiento, viudez, orfandad, enfermedad, problemas), en la lógica rearticuladora y reparadora del orden social comu- nitario que constituye la justicia indígena, en ello y mucho más, existen dimensiones por las cuales la comunidad se vive y reproduce como necesidad pero también como opción.
Es una dimensión que se expresa en las formas de atención y lenguajes empleados cuando tres personas al menos intercam- bian entre sí en las comunidades indígenas. Hay un orden,
una dinámica de equilibrio por la cual se vela en la relación. Ello genera un nivel de atención adicional a aquello de lo que se está hablando y la forma en que se está haciendo, una atención condicionada por una ética específica en tal sen- tido, una procuración y sensibilidad. La dimensión de lo comunitario muy sugerentemente tiene mucho que ver con la capacidad para emplear tan sutilmente el lenguaje y leer- lo en términos complejos.
Cuando la inmersión en la reflexión de una comunidad tie- ne lugar, el tiempo de la escucha, los lenguajes abiertos a la subjetividad y la experiencia, la consideración e importancia del consenso y otros tantos aspectos subrayan procesos cog- nitivos diferenciados. La búsqueda del consenso se realiza en base al respeto de los ancianos, las ancianas, las personas, los más humildes son objeto de respeto, cada quien tiene algo qué decir y una forma de hacerlo, la forma es enriquecimiento, el análisis y la visión es aprendizaje, todo ello nutre en for- mas específicas a los miembros de la asamblea. La práctica social comunitaria es enriquecedora, en la percepción de las comunidades; distinta de cuando, por el contrario, intenciones ocultas, procedimientos intencionalmente instrumentados de poder o ejercicios inconscientes hasta involuntarios del capi- tal simbólico se emplean en otros espacios (yo sé, yo puedo hablar bien, e infinitos recursos más del conduire des con- duits foucaultiano que constituyen nociones usuales del ‘li- derazgo’, para un ‘buen ejercicio del poder’). Aquí la forma es tan o más importante que el objetivo (el fin y los medios), porque en el medio de la relación interpersonal (o social) está esa construcción comunitaria presente, como una mirada más, cuya importancia es pues tanto cognitiva, cultural, existencial como fundamental para la cohesión social, armónica, a partir del cual la vida y reproducción devienen posibles.
Recuerdo cómo en torno de esto un funcionario de proyectos internacionales de desarrollo reflexionaba cómo venían a las comunidades indígenas (pensaban que eran una cultura casi de tabla rasa para entenderse entre sí), a plantearles metodo-
logías de diagnóstico y ‘selección lo más legitimadas posibles de proyectos’, etc., que los funcionarios les pedían que vo- taran, ‘levantando la mano’, por las propuestas de proyectos que consideraran mejores; y que en vez de eso, ellos hablaban
y hablaban entre sí, y cuando todos se ponían de acuerdo no
levantaban la mano, sino que aplaudían, porque habían logra- do consensuar.
De las comunidades emergen comisiones para intentar ges-
tiones en el exterior (salud, agua, escuelas, caminos, etc.). Se nombran encargados. Con lógicas individualistas, partidos políticos y otros actores también con intereses políticos, in- tentan cooptar a esos líderes. Creen que existe un rebaño y algunos cuantos que logran destacar por tener un poco más de ambición. no siempre captan que la comunidad a veces se- lecciona a las personas no sólo por su ética y desenvolvimien- to en el seno de su comunidad, sino que para llevar a cabo esa comisión de la comunidad, eligen a quienes puedan desenvol- verse mejor y conservar una ética al respecto. Desde fuera y el afán de cooptación se suele interpretar que esas supuestas
reales variables se enmarcan necesariamente en la ideología
tipo de ordenamiento social que existe en otros contextos.
Muchas veces, como tanto se ve sobre todo en las relaciones entre sistemas políticos, todo eso es informado y sabido por la comunidad, manejado como estrategias comunitarias, an- tepuesto como considerando de funcionamiento del sistema pero controlado por la comunidad misma. Por ejemplo, en un municipio al norte de los Cuchumatanes pude ver cómo al final del proceso electoral un partido político llegó ofreciendo paquetes de diez mil quetzales por comunidad (directamente
por comunidad), las comunidades lo aceptaban pero enviaban
a un emisario para avisar –ya que el pueblo había arribado a
su decisión de por quién iban a votar, para decir que no por aceptarlo eran ‘traidores’, me llamó mucho la atención la in- tensidad del término, porque iban a votar por quien ya habían acordado–. Decir que es una dimensión de lealtad es decir poco: es cultura, tiene su raigambre en su sociología, en su reproducción económica atentamente sustentada y que presu- pone prácticas políticas diferentes dentro de las cuales están inmersas las comunidades.
una de las cuestiones más importantes que hay que considerar
a este respecto es que si bien (al igual que la importancia de la
administración político territorial y del sistema político como modelo geopolítico de gobernabilidad, que a ‘los sujetos co- munes’ –por no referir una retahíla de variables como lugar y patrón de residencia, cultura, clase, etc.–) se nos suele esca-
par, no así al poder. tampoco esta dimensión de la comunidad como unidad política (y su sustentación), es extraña ni lo ha sido para el poder.
Si nosotros reflexionamos cómo fue el desenvolvimiento de
las comunidades durante el pasado conflicto armado interno,
y las formas de represión implementadas en su contra podre-
mos entender el por qué de las formas de represión, todas: La masacre, como eliminación de la comunidad hasta sus raíces; Las prácticas de terror en su impacto en otras comunidades, como miedo y fragmentación dentro de las mismas; La in- serción de las sectas evangélicas para romper el espacio de
la costumbre como ordenamiento social; La persecución, in- tento de cooptación y mediatización de las prácticas políticas
y espirituales propias de los pueblos indígenas. El reordena-
miento social de las comunidades para servicio de la contrain- surgencia en términos de seguridad. toda la lógica dirigida a
impedir que los indígenas, como comunidad, es decir las co- munidades indígenas en lo específico de un mapa rompieran con el modelo, fueran fragmentadas y sometidas.
Esa fue la razón de que las iglesias o sectas evangélicas fueran diseminadas entre las comunidades indígenas: información, fragmentación y reordenamiento social. Pertenecer a una sec-
ta evangélica, o la Acción Católica en menor medida, podía
constituirse en elemento a favor en cuestión de sobrevivencia física. La gente se veía forzada a abandonar su cultura, prác- ticas e instituciones a favor de esa lógica para el control social
A pesar de todo, mucha gente –y comunidades incluso– man-
tuvieron o desarrollaron formas de resistencia cultural y po- lítica en todo el sentido de la expresión. Las comunidades indígenas en la actualidad, aunque golpeadas por el conflicto y la pobreza, nos muestran que aún existen como tales no sólo por la necesidad económica como estrategia contra la pobreza sino como una decisión política en tal sentido. A este respec- to, cabe reflexionar cómo para algunos, la búsqueda de las comunidades indígenas por alcanzar realmente la restitución de eso que llaman su ‘tejido social’ no fuera debidamente en- tendido: ¿Cómo y por qué tratar de reconciliarse con los ex patrulleros, por ejemplo? ¿Cómo y por qué considerar alian- zas con familias o comunidades evangélicas, etc.? ¿Por qué tratar de mantener nexos comunitarios institucionales con mi- grantes en Estados unidos?
La recomposición de las comunidades es un objetivo de gran importancia política para las comunidades indígenas, su cultura –que se expresa nuevamente a partir de diferencias que se han incrustado en su seno–, el avance hacia la defensa de intereses territoriales y por una nueva forma de relación con el Estado.
Las consultas comunitarias sobre la minería en Huehuetenan- go, con tan impresionantes niveles de unanimidad –que más adelante reflexionaremos en sí mismas– son un claro ejemplo de cómo esas fracturas que el conflicto armado interno generó en las comunidades han venido siendo ya superadas (en térmi- nos de las comunidades mismas).
otro elemento que habrá de considerarse con vistas a la re- composición de las comunidades es el hecho de que parece estar ocurriendo un traslado desde las formas políticas pro-
pias, expresadas durante la colonia y gran parte del Siglo XIX de la cofradía indígena, como el lugar en el que la organiza- ción política de la comunidad había logrado refugiarse, en el marco del poder de la iglesia y los templos católicos, a una necesidad y capacidad por una parte de poder expresar su propia espiritualidad (por muchos denominada la costumbre)
y al mismo tiempo poder figurarse más como una instancia
de naturaleza explícitamente política y propia, en la cual las religiones o espiritualidades van dejando de ser un factor de fragmentación comunitaria. Podemos referir algunas alu- siones que más adelante abordaremos. El caso de Santiago Atitlán nos mostrará cómo, más allá de las cofradías –lo que no quiere decir que éstas den visos de debilitamiento–, se fi- gura un conflicto del anciano Cabecera del pueblo (el más alto cargo de la autoridad indígena que custodia los títulos fundacionales y jurisdiccionales de ese pueblo T’zutujil) con
el alcalde municipal oficial (también indígena), figurándose y
creándose una Alcaldía Indígena, que cuenta con el respaldo de comunidades indígenas Kaqchiqueles y K’iche’s. Cómo en Chichicastenango, el conflicto con el Alcalde de la Mu- nicipalidad oficial –en contraste– hace resguardarse a un sistema político con tanta tradición e importancia como esa Alcaldía Indígena en las 14 cofradías de Chichicastenango. Cómo en totonicapán o Sololá, en suma –y como cabría
esperarse a partir de la conformación actual diversa en lo religioso de las comunidades indígenas–, es muy claro que el sistema funciona en toda su vigencia y es respetado por la población como su sistema político, independientemente de credos o prácticas religiosas de sus habitantes. Vemos en ello una posible tendencia a que las formas de gobierno propias de las comunidades indígenas estén definiéndose más abiertamente como una forma política de organiza- ción, que se expresa como tal en la medida que va siendo posible una emergencia de sus derechos culturales propios, y que a la vez va mostrando ejemplos de cómo se da una recomposición más allá de las fragmentaciones religiosas inducidas, lo que a su vez incide en la definición y reconoci- miento de un carácter más esencial y explícitamente político.
Para el funcionamiento del sistema político y las formas de gobierno indígenas, la comunidad es, en síntesis, su funda- mentación sociológica; el lugar, el espacio a partir del cual los elementos de una visión, un espíritu en base a socialización y experiencia, el sistema político se configura. Pero es asimis- mo de donde ese concepto de sí, concepto político también, viene a alcanzar su abstracción al momento de que todas esas comunidades convergen en una instancia de segundo nivel. ya no es la comunidad tal o la comunidad cual, es la comunidad como forma de expresión sociopolítica. Esa representación plena, con su legitimación y funcionalidad por la cual nos ex- plicaban en totonicapán, cuando se habla en las asambleas de todos los cantones, ya no es don zutano o don mengano quien se expresa, sino las comunidades.
Finalmente, aunque no existan las instancias de segundo nivel, la amplia existencia de estas formas de organización política en las comunidades indígenas rurales plantea el suponer la facilidad relativa del surgimiento, en geografías, de instancias
de segundo nivel a partir de su sola convergencia, permitién- donos suponer el escenario de una relativamente fácil recon- figuración política entre los Pueblos Indígenas. No tienen en realidad que estar inventando formas de comunidad a partir de la nada o intentar inspirarse en otras experiencias para abrirse paso, tan fecundamente por lo visto, a formas de organización y participación política que cabría imaginar también en un fu- turo distinto y abierto a la pluralidad.
En totonicapán nos explicaban cómo cuando a una persona de la comunidad le llega el momento de servir a la misma como autoridad, esa persona podrá haber sido el amigo de toda la vida, con el que se jugó y se creció desde pequeños, pero que una vez es investida como autoridad, a la gente le nace lla- marle ‘Don’ antes de su nombre, como señal de respeto y re- conocimiento. no es una farsa de la cual haya que reírse o burlarse (cómo hiciste, ya te vas a beneficiar, no te lo creás mucho, etc.), todo lo contrario. Es meritorio de una gran legi- timidad. no es una pauta que haya que observar solamente, es algo que nace entre los actores sociales porque la autoridad en cierto sentido es portadora del espíritu de la comunidad en sí. Como hemos señalado, esto no significa que una vez que dicho nombramiento ha tenido lugar, se arrogue por sí mismo la voluntad de la comunidad ni mucho menos le imponga a ésta lo que a él o ella se le ocurra: el resguardo de las formas de funcio- namiento político, regulación de la armonía social, resolución de conflictos para el restablecimiento del orden, puente con la tra- dición de los antepasados, servicio y garantía de una resistencia, expresión del camino colectivo a un porvenir, todo ello se ex- presa en la autoridad (como veremos más adelante expresado asimismo en sus nombres en idiomas indígenas).
Como decía Víctor Turner (1980), estudiando las teorías de Van Gennep sobre ritos de paso en comunidades africanas, la comunidad ya no le mira de la misma manera porque él tam- bién (esto que viene es maya) lleva la carga de ver de una for- ma distinta por el colectivo. Servir como autoridad es llevar una carga, el contraste de la fiesta de celebración de cuando los candidatos en las contiendas político electorales triunfan es algo que no sólo no tiene lugar en el sistema político indí- gena, sino que configura profundamente sus parlamentos, su visión y sus nombres mismos.
Con el término alcalde o ajkalte’ se designó, hasta media- dos del siglo XX, tanto al responsable de la cofradía como al responsable de la alcaldía municipal, al responsable de la comunidad (aldea, cantón o paraje), a los responsables de la alcaldía indígena y de la alcaldía de barrio. (ochoa, 2002: 195)
En k’iche’, por ejemplo, se usa ahora el término q’atb’al tzij. En el Siglo XVI este término significaba “sentencia y lugar donde se da, también dar término y comprometer” (Bastea); habrían tres componentes de esta definición: el sentido de lugar, de diálogo y de orientación.
Q’atb’al es el término que designa el edificio o lugar en que se sitúa la alcaldía o municipalidad, mismo que designa al juzgado o tribunal. La alcaldía es considera- da como lugar de asiento de la autoridad y del juzgado. (Ochoa, 2002: 195)
La terminología actual sobre las formas de autoridad comunitaria cubre un rango muy amplio en el idioma k’iche’. Se presentan a continuación una serie de catego- rías pero esto no agota ni pretende explicar este complejo campo semántico; tampoco puede generalizarse debido a
las variantes lingüísticas y diferentes tradiciones políticas en las sociedades mayas:
• ajk’axk’olib (aj: agentivo; k’ax, dolor, sufrimiento, fracaso; k’ol, guardar, conservar; literalmente las per- sonas que toman su sufrimiento (k’iche’ de Momos- tenango). Se dice que las autoridades sólo están para atender las necesidades de la comunidad, se entiende que sólo desempeñan un servicio que es una sufrida responsabilidad difícil de sobrellevar, por eso se les llama “los que guardan el sufrimiento”.
• Ajk’axk’olib es una noción de autoridad que hace re- ferencia a las responsabilidades de carácter general para con la comunidad que se asumen como un ser- vicio voluntario y un sufrimiento. Además, su cum- plimiento está expuesto a la crítica y censura de la gente. toda necesidad y problema de la comunidad se observa y se resuelve con dolor y sufrimiento pues los servidores salen del hogar para cumplir funcio- nes, descuidando a la familia y haciéndola sufrir. El servicio público es una función que se presenta con diferentes grados de responsabilidad y siguiendo un proceso de iniciación y formación.
• Reqalb’al (r-: posesivo; eq: carga) es un genérico que lite- ralmenteidentificauna posición en la jerarquía (aweq’elen pa le komon: tu cargo en la comunidad). El concepto nuclear aquí es keqlen (k’eq: cargar, elen: agente).
• Weqomal: (w-: pos 1ª. Sing; eqo: carga). Designa el hecho de poseer una responsabilidad, refiriéndola como un cargo que se le confía a una persona para ser transportado. Ser responsable es identificado con la noción de saber llevar una carga.
• Chapmal (chap: agarrar, tomar, perseguir), que hace referencia a alguien que ha sido tomado para el servi- cio público por la comunidad. Se trata de una noción importante porque está asociada al haber sido selec- cionado (cha’ik) o incorporado al cuerpo de servido- res de la comunidad.
• Kab’an ke (Ka-: tiempo presente; b’an: hacer; k- pos. 3ª. Plural –e relacional: modal). Literalmente: el que hace). Esta es una noción que designa a un ejecutor, un rango en que también se sitúan, además de alcal- des comunales, aquellos con responsabilidades espe- cíficas (sobre el bosque, la iglesia, el agua, la escuela, los comités locales).
• Taqanel (taq: orden; an sufijo el: agentivo). Literal- mente “el que da órdenes”; con este término se desig- na al emisor de una orden. Se aplica a autoridades locales y estatales.
• Patanajik (patan: mecapal, tarea, trabajo, cofrade). Este término identifica un esfuerzo físico, el desem- peño de un cargo importante, alude a una responsa- bilidad; generalmente se usa para designar un cargo en la cofradía o en la iglesia. El término ajpatan, de- signa un cargo en la cofradía. Este término identifica responsabilidades precisas, de tareas, y obligaciones que hacen referencia a lo sagrado, lo digno. Patanij quiere decir servir sin pago alguno. Xqapatanij ri qa- tinamit: Servimos a nuestro pueblo; cuando se trata de servir a la comunidad, sin recibir salario. (ochoa, 2002: 196-198)
En general, esta terminología apunta dos realidades, en primer lugar, el gobierno comunitario articula el funcionamiento de
las formas de autoridad a través de un sistema de servicio pú- blico comunitario y un esquema de mandatos y de responsabi- lidades sobre los recursos y bienes comunitarios. En segundo lugar, la terminología no solamente está orientada a la noción de individuos que prestan servicios a la comunidad, también se extiende a la noción de responsabilidades que se se asumen con el fin de garantizar los derechos de las personas. En otras palabras, la autoridad local no está pensada solamente para suministrar servicios, también para velar por los derechos de las personas.
En las sociedades mayas la noción de autoridad se sitúa den- tro de un universo de significaciones regido por la concepción de los deberes-derechos de las personas. Concepción indica que se accede a cierto tipo de autoridad, en un tiempo y en un espacio definido, en la medida en que se muestra que se sabe cumplir con los deberes y responsabilidades que le están asociados. Deberes que implican un proceso formativo y una ruta de pasaje. Deberes que se asumen y se asignan con relación a la clase de edad, los conocimientos y también el género.
Glifos mayas del clásico identifican a los que ejercen res- ponsabilidades como cargadores. un irresponsable es aquel que se rehúsa, sin inmutarse, a cargar aquello que debería transportar por un determinado espacio y tiempo; a quien no puede llevar un deber, no se le puede confiar algo como la autoridad. (Ochoa, 2002: 196-199)
Ser autoridad es una carga temporal que se asume, un deber a honrar.
Esto está expresado en los formidables atavíos de las autorida- des Kaqchiqueles de Sololá o K’iche’s de Chichicastenango, por ejemplo. También hemos recogido imágenes que vienen
de ladinos (o no indígenas) no racistas que nos narran la im- presión de reconocimiento y respeto que invocan, el cómo la gente se abre y les saluda siempre con respeto, en ocasiones con reverencia.
Las formas de nombramiento de las autoridades varían, en ocasiones se deja colocada una flor blanca en la puerta de la casa de quien va a llevar el cargo. En otras, los ancianos –que han pasado por distintos cargos comunitarios, tienen expe- riencia y lectura de los retos de la comunidad–, son quienes eligen a las nuevas autoridades, que en el futuro, después de la visión y experiencia adquirida con la edad, tendrán la tarea de elegir. Los ancianos siempre, independientemente del meca- nismo, tienen un lugar especial por su capacidad de consejo. Las más de las veces el proceso de nombramientos tiene lugar en espacios colectivos por la colectividad misma y/o sus re- presentaciones.
Cristina Chávez (en comunicación verbal de avances de Mé- dicos Descalzos en investigaciones colectivas de ajq’ijab’ de comunidades K’iche’s de la región de Chinique, Joyabaj, Sa- capulas, Sajcabajá, Uspantán y unos otros diez municipios, principalmente de El Quiché, en prensa), complementando los apuntes de Saquimux Canastuj sobre los komon y el con- cejo Chomanik, anota el nombre de Chuch Tat Komo para las autoridades del ámbito político territorial. Donde el Päkiq’ab Chuch Tat es concebido como una de las causas de la pérdida de lo que la cultura maya entiende como la salud, desenca- denando enfermedad. Este último término (Päkiq’ab Chuch Tat) proviene de las raíces Päkiq’ab, que significa ‘En las ma- nos de’ o ‘En las ramas de’, y Chuch Tat<

References: resolución 
 Artículo 16
e contrario
 resolución 

Artículo 1
 resolución