Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-10-04_ES.html
Timestamp: 2020-03-31 00:09:14+00:00

Document:
Textos aprobados - Jueves 4 de octubre de 2018
El deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en particular el caso de Carta 97
Detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang
Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública
Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) ***I
Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso ***I
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea ***I
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
A. Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y personas jurídicas de Bielorrusia, como gesto de buena voluntad destinado a iniciar una política de contactos para alentar a dicho país a respetar los principios de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;
B. Considerando que la Unión Europea ha reiterado en numerosas ocasiones que las relaciones entre la Unión y Bielorrusia solo pueden avanzar una vez que se basen en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales;
C. Considerando que las actuales políticas en Bielorrusia socavan esos valores, lo que evita que la Unión ofrezca a Bielorrusia una mayor participación en la Asociación Oriental y unas relaciones más estrechas, o que se firmen las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia;
D. Considerando que la situación en términos de medios de comunicación y libertad de expresión continúa deteriorándose en Bielorrusia, como demuestran los graves acosos a los nuevos portales y periodistas independientes, como en el «caso BelTA»;
E. Considerando que las autoridades bielorrusas han iniciado recientemente una campaña de acoso e intimidación policial contra periodistas;
F. Considerando que Reporteros sin Fronteras concluye que más de cien periodistas fueron detenidos en 2017, la mayoría de ellos cuando cubrían protestas de la oposición; que el acoso a periodistas autónomos que trabajan para medios de comunicación independientes con sede en el extranjero ha alcanzado niveles sin precedentes, y que les resulta imposible obtener una acreditación;
G. Considerando que el principal sitio web independiente de noticias Charter 97.org (Carta 97), especializado en derechos humanos y en las causas de la oposición, y que toma su nombre de una declaración de 1997 en la que se pedía democracia para Bielorrusia y que fue firmada por periodistas, políticos opositores y activistas en favor de los derechos humanos, fue obligado a trasladarse a Varsovia (Polonia), donde lleva operando desde 2011, tras ser bloqueado en numerosas ocasiones por las autoridades bielorrusas, sufrir dos redadas policiales en sus oficinas y ver cómo se confiscaban sus equipos ese mismo año;
H. Considerando que, desde el 24 de enero de 2018, el acceso al sitio web de Carta 97 está bloqueado dentro de Bielorrusia por tiempo indefinido, sin juicio y entre vagas acusaciones de «amenazas a los intereses nacionales»; que, según la redactora jefe de Carta 97, Natalia Radina, en el mes posterior a dicho bloqueo el número de visitantes al sitio web desde Bielorrusia se redujo en un 70 %;
I. Considerando que la señora Radina ha recibido amenazas de muerte;
J. Considerando que el 16 de abril de 2018 el acceso al sitio web de Carta 97 fue bloqueado también por las autoridades rusas para el interior del territorio de la Federación de Rusia;
K. Considerando que el fundador de la Carta 97, Aleh Biabenin, fue hallado ahorcado en su domicilio cerca de Minsk en septiembre de 2010; que Pável Sheremet, bielorruso de nacimiento y portavoz de la organización que sostiene Carta 97, fue asesinado mediante un coche bomba en Kiev, la capital de Ucrania, en julio de 2016;
L. Considerando que, a comienzos de agosto de 2018, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo redadas en las oficinas editoriales de varios medios independientes bielorrusos, empezando por ut.by y prosiguiendo con registros en BelaPAN, realty.by, Belaruskaya Navuka y Kultura; que las redadas dieron lugar a detenciones y arrestos de periodistas, entre ellos, el redactor jefe de Tut.by, por supuestos accesos ilegales y uso de información en línea facilitada por la agencia de noticias estatal BelTA;
M. Considerando que, el 7 de agosto de 2018, la Brigada de Investigación de Bielorrusia abrió una causa penal en virtud del artículo 349, apartado 2, del Código Penal (cuyo tipo, acceso ilícito a información electrónica cometido por otro interés personal con resultado de daños sustanciales, contempla una pena de prisión de hasta dos años), contra periodistas y redactores de una serie de medios en línea, y detuvo a dieciocho periodistas, de los que siete fueron retenidos durante tres días como sospechosos; que se han dado casos de presiones ejercidas sobre periodistas y sus familiares, y de imposiciones a que cooperen con los servicios de inteligencia y la policía;
N. Considerando que las últimas modificaciones de la Ley de medios de comunicación de masas, adoptadas en junio de 2018, extendieron el control gubernamental a los medios de comunicación en línea; que los cambios, que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018, impondrán aún más trabas burocráticas a los sitios web que deseen registrarse como medios de comunicación en línea oficiales;
O. Considerando que a los sitios web que escojan no registrarse, pese a la nueva legislación, o no reúnan los nuevos criterios, se les denegará la acreditación para instituciones gubernamentales, lo que supone una intensificación de la censura a la prensa; que tanto los medios de comunicación en línea registrados como los no registrados estarán también obligados a registrar los nombres de quienes remitan comentarios; que los propietarios de medios de comunicación en línea registrados serán asimismo responsables del contenido de dichos comentarios;
P. Considerando que la nueva legislación exigirá que sean identificados los autores de todos artículos y comentarios en línea, y que los propietarios de los sitios web moderen dichos comentarios;
Q. Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Miklós Haraszti, y el representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, han manifestado su opinión de que estos cambios legislativos constituyen una restricción inaceptable de la libertad de expresión y del acceso a la información;
R. Considerando que Bielorrusia ocupa el puesto 155 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 de Reporteros sin Fronteras, que evalúa cada año el grado de libertad de prensa en 180 países;
S. Considerando que, desde el inicio de 2018, periodistas bielorrusos, cuyo derecho a recopilar, guardar y difundir información está garantizado por la Constitución, han sido multados más de setenta veces por cooperar con medios de comunicación de masas extranjeros sin acreditación, multas que totalizan la suma de 60 000 BYN; que el artículo 22.9 del Código de infracciones administrativas se ha convertido en un instrumento eficaz de acoso a los periodistas independientes y medios de comunicación, como Belsat TV, que lleva operando desde Polonia desde 2011;
T. Considerando que Bielorrusia sigue siendo el único país europeo donde se continúa aplicando la pena de muerte;
U. Considerando que determinadas categorías de personas en Bielorrusia son objeto de encarcelamientos ilegales y detenciones arbitrarias, denegación de asistencia adecuada y del contacto con su familiares durante su reclusión, violencia física y psicológica organizada por el Estado, enjuiciamiento y condena por cargos espurios y falsificados, sanciones económicas desproporcionadas, sanciones administrativas y otras formas de represión por parte de las autoridades bielorrusas; que entre estas categorías se encuentran los presos políticos (en especial, Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Palienka), conocidos opositores políticos, defensores de los derechos humanos, agentes de la sociedad civil, activistas medioambientales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, blogueros independientes, periodistas y editores, manifestantes pacíficos de todo tipo y, en particular, activistas de sindicatos independientes (en especial, Henadz Fiadynich e Ihar Komlik);
1. Condena firmemente el acoso reiterado y las detenciones de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación independientes en Bielorrusia; insta a las autoridades a que pongan fin al acoso judicial, las intimidaciones y las amenazas a periodistas y medios de comunicación independientes, y que permitan que todos los nuevos portales operen en libertad;
2. Considera inaceptable el bloqueo del sitio web de noticias Carta 97 por parte de las autoridades bielorrusas desde enero de 2018; reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que levanten con carácter inmediato e incondicional el bloqueo impuesto en Bielorrusia al acceso en línea al sitio web de noticias;
3. Condena enérgicamente las modificaciones de la ley de medios de comunicación adoptadas, que están siendo utilizadas para endurecer el control sobre internet; reitera su grave preocupación por el deterioro de las condiciones para los sitios web y medios de comunicación independientes y opositores y para los periodistas en Bielorrusia;
4. Opina que unos medios de comunicación independientes no constituyen una amenaza para las autoridades, sino un elemento importante para el control y el equilibrio del sistema, por lo que deben ser percibidos por el Gobierno como un posible socio crítico y no como un enemigo;
5. Lamenta que Bielorrusia persista en su política de represión antidemocrática contra periodistas, abogados, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, actores de la sociedad civil, sindicalistas y otros ciudadanos percibidos como una amenaza al poder político; subraya que dicha represión impide todo acercamiento en las relaciones con la Unión Europea y una mayor participación en la Asociación Oriental;
6. Reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que refuercen el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el respeto del periodismo veraz e imparcial, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;
7. Pide a las instituciones de la Unión que incluyan en las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia unas referencias explícitas a la independencia de los medios de comunicación y a las libertades de expresión y reunión; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que velen por que los programas de asistencia de la Unión y otras formas de cooperación bilateral, incluida la asistencia financiera, estén vinculados a avances claros y tangibles hacia la democratización y la apertura, incluidos una reforma electoral en profundidad y el respeto pleno de la libertad de los medios;
8. Pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; destaca, en este contexto, la necesidad de respaldar a todas las fuentes independientes de información de la sociedad bielorrusa, incluidos los medios que emiten en lengua bielorrusa y los que operan desde el extranjero, como Carta 97 y Belsat TV;
9. Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que supervise de cerca la situación de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en cooperación con el relator permanente de las Naciones Unidas para Bielorrusia;
10. Insta a las autoridades bielorrusas a que permitan el funcionamiento pleno y sin trabas de las organizaciones políticas y ciudadanas, y a que deroguen el artículo 193/1 del Código Penal que restringe las libertades de reunión pacífica y asociación;
11. Pide enérgicamente la liberación incondicional e inmediata de los presos políticos Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Palienka, y que todos los antiguos presos políticos sean plenamente rehabilitados; pide a las autoridades que permitan que todos los sindicatos independientes desempeñen sin obstáculos su papel legítimo y central en la sociedad civil; lamenta la condena el 24 de agosto de 2018 de Henadz Fiadynich e Ihar Komlik, activistas del sindicato independiente REP, a cuatro años de privación de libertad;
12. Elogia la labor desarrollada por el actual relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Miklós Haraszti, y llama la atención a su sucesora, Anaïs Marin, sobre los diversos abusos de poder, las restricciones de las libertades individuales y colectivas y la represión contra la sociedad civil, los sindicatos y medios de comunicación independientes, señalados claramente en los informes del Sr. Haraszti;
13. Pide a la autoridades bielorrusas, a este respecto, que reconozcan a la mayor brevedad el mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, y a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que condicionen toda asistencia financiera o técnica adicional a Bielorrusia a las circunstancias anteriormente descritas, preservando, al mismo tiempo, la capacidad de la Unión de financiar de forma directa a la sociedad civil bielorrusa;
14. Sigue preocupado por la construcción de una central nuclear en Ostrovets; toma nota del informe sobre las pruebas de resistencia y las recomendaciones publicadas el 3 de julio de 2018, y solicita que se apliquen las recomendaciones de las pruebas de resistencia como condición previa a todo avance en la cooperación entre la Unión Europea y Bielorrusia, en particular para la firma de las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia;
15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, y al presidente y al Gobierno de Bielorrusia.
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en China, en particular la de 26 de noviembre de 2009 sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte(1); de 10 de marzo de 2011, sobre la situación y el patrimonio cultural en Kashgar (Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China)(2); de 6 de julio de 2017, sobre los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che(3); de 15 de diciembre de 2016, sobre los casos de la Academia Budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti(4); y de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE-China(5),
– Vistos el artículo 36 de la Constitución de la República Popular China, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de culto, y el artículo 4, que consagra los derechos de las minorías nacionales,
– Vistas la asociación estratégica UE-China iniciada en 2003 y la Comunicación conjunta, de 22 de junio de 2016, de la Comisión Europea y el SEAE al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China» (JOIN(2016)0030),
– Vista la 36.ª ronda del diálogo sobre derechos humanos UE-China celebrada en Pekín los días 9 y 10 de julio de 2018,
– Vistas las observaciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su alocución a la 39.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 2018, en la que expresó su profunda preocupación por los «campos de reeducación» y pidió al Gobierno chino que permitiera la entrada de investigadores independientes,
– Vista la reciente carta de alegaciones generales enviada en mayo de 2018 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas al Gobierno chino, en la que se expresaba la preocupación por el continuo deterioro de la situación y por el aumento del número de uigures detenidos arbitrariamente,
A. Considerando que la promoción y el respeto de los derechos humanos universales, la democracia y el Estado de Derecho deben seguir ocupando el centro de la relación que mantienen desde hace tiempo la Unión Europea y China, de acuerdo con el compromiso de la Unión de defender estos valores en su acción exterior y con el interés manifestado por China por adherirse a ellos en su cooperación para el desarrollo y su cooperación internacional;
B. Considerando que, desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder, la situación de los derechos humanos en China se ha deteriorado en mayor medida y que el Gobierno está intensificando su hostilidad hacia la disidencia pacífica, las libertades de expresión y religión y el Estado de Derecho;
C. Considerando que la situación en Xinjiang, donde viven unos once millones de uigures y de kazajos, se ha deteriorado rápidamente en los últimos años, ya que el control absoluto de Xinjiang ha adquirido la categoría de máxima prioridad, mientras que los periódicos atentados terroristas en Xinjiang o supuestamente relacionados con Xinjiang cometidos por uigures plantean nuevas dificultades;
D. Considerando que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha citado unas estimaciones según las cuales podrían estar detenidos en la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang un número indeterminado de uigures comprendido entre decenas de miles y un millón, sin que se hayan presentado cargos contra ellos ni hayan sido sometidos a juicio, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso; que este sería el mayor número de personas pertenecientes a una minoría étnica encarceladas en masa en todo el mundo en la actualidad;
E. Considerando que la Comisión ejecutiva sobre China del Congreso de los Estados Unidos también ha señalado que existe información fidedigna de que uigures, kazajos y otras minorías étnicas fundamentalmente musulmanas de la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang han sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, graves restricciones culturales y de sus prácticas religiosas, y de un sistema de vigilancia digital tan invasivo que controla todos los aspectos de la vida diaria mediante cámaras de reconocimiento facial, escáneres de teléfonos móviles, recogida de muestras de ADN y una presencia policial masiva e intrusiva;
F. Considerando las informaciones según las cuales los detenidos están recluidos en condiciones precarias y son sometidos a adoctrinamiento político, lo que incluye cursos obligatorios de patriotismo, y obligados a revelar su identidad étnica y religiosa; que, según informes recientes, se han producido muertes de detenidos, incluidos suicidios;
G. Considerando que, al parecer, al ser recluidos sus padres arbitrariamente en campos de internamiento, miles de niños han sido separados de ellos y retenidos en orfanatos abarrotados, aunque solo estuviera recluido en un campo uno de los progenitores;
H. Considerando que, en la audiencia de las Naciones Unidas celebrada el 13 de agosto de 2018 en Ginebra, la delegación china negó las acusaciones de los expertos de las Naciones Unidas según las cuales musulmanes de etnia uigur están detenidos en campos de «reeducación» en la región occidental de Xinjiang; que existen pruebas de la construcción y ampliación de estas instalaciones;
I. Considerando que algunos periodistas extranjeros han sufrido presiones para que no informen sobre cuestiones sensibles como los derechos humanos de los uigures y la utilización de campos de internamiento, incluida en algunos casos la negativa a renovar sus credenciales de prensa;
J. Considerando que en ninguna parte del mundo sufre la población una vigilancia tan estricta como en la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang; que el Gobierno provincial ha reclutado a decenas de miles de nuevos miembros de los servicios de seguridad;
K. Considerando que los datos son recogidos por una plataforma de operaciones conjuntas integrada que también almacena otros datos relativos a la población, incluidos hábitos de consumo, actividades bancarias, estado de salud y perfil de ADN de todos y cada uno de los habitantes de la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang; que se exige a los musulmanes de la región que instalen una aplicación espía en sus teléfonos móviles, y que el incumplimiento de esta exigencia se considera delito;
L. Considerando que testimonios de primera mano e investigaciones académicas dignas de confianza han señalado que la selección de uigures que tienen vínculos con personas en el exterior y de los que tienen creencias religiosas es intencional;
M. Considerando que se ha presionado a los uigures de ultramar para que regresen a China, contando a menudo con el apoyo de los Estados de acogida; que las embajadas chinas en el extranjero se han negado a renovar muchos pasaportes uigures, con la consiguiente inseguridad en lo que se refiere al trabajo y a los estudios;
N. Considerando que el Gobierno chino ha rechazado sistemáticamente las peticiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de otros mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, para que se envíen investigadores independientes a Xinjiang;
O. Considerando que el profesor uigur de Economía Ilham Tohti fue condenado a cadena perpetua el 23 de septiembre de 2014 por un presunto delito de separatismo, tras haber sido detenido en enero del mismo año; que siete de sus antiguos estudiantes también fueron detenidos y condenados a penas de reclusión de entre tres y ocho años acusados de colaborar con el Sr. Tohti; que Ilham Tohti siempre ha rechazado el separatismo y la violencia y ha perseguido la reconciliación basada en el respeto de la cultura uigur;
1. Manifiesta su profunda preocupación por el régimen cada vez más represivo impuesto a varias minorías, en particular los uigures y los kazajos, cuyas garantías constitucionales están siendo objeto de restricciones adicionales en lo que se refiere a sus derechos a la libertad de expresión cultural y culto religioso, expresión y asociación y reunión pacíficas; pide que las autoridades respeten estas libertades fundamentales;
2. Pide al Gobierno chino que ponga fin de inmediato a la detención masiva y arbitraria de miembros de las minorías uigur y kazaja, que cierre todos los campos y centros de detención y que libere de forma inmediata e incondicional a las personas detenidas; está profundamente preocupado por las numerosas acusaciones que hacen referencia a malas condiciones y casos de tortura y muertes dentro de los campos; recuerda a las autoridades chinas que los campos de reeducación no tienen ninguna base desde el punto de vista jurídico;
3. Manifiesta su alarma por las informaciones sobre la muerte de Muhammad Salih Hajim, Abdulnehed Mehsum, Ayhan Memet y otros, todos ellos uigures de edad avanzada, académicos y líderes comunitarios, en campos de internamiento;
4. Expresa su profunda preocupación por el estado en que se encuentra la aplicación de medidas para garantizar la «supervisión integral» de la región mediante la instalación del sistema chino de vigilancia electrónica «Skynet» en las principales zonas urbanas, la instalación de rastreadores de GPS en los vehículos de motor, el uso de lectores de reconocimiento facial en los puestos de control, estaciones de tren y gasolineras y la iniciativa de toma de muestras de sangre por la policía de Xinjiang para seguir ampliando la base de datos de ADN china;
5. Destaca que el control gubernamental y la recogida masiva y obligatoria de datos de los ciudadanos se dirige y afecta principalmente a uigures, kazajos y otras minorías étnicas, lo que supone una violación del principio de prohibición de la discriminación contemplado en el Derecho internacional;
6. Insta al Gobierno chino a que facilite a las familias afectadas todos los detalles sobre las personas que han desaparecido de manera forzada en Xinjiang, en particular sus nombres, su paradero y su situación actual;
7. Está profundamente preocupado por la Ley Antiterrorista china (2015) y por el Reglamento sobre desextremización, que contienen una definición extremadamente amplia de lo que constituye un acto terrorista; pide, por lo tanto, a China que establezca una diferencia clara entre disidente pacífico y extremista violento;
8. Reitera su llamamiento al Gobierno chino para que libere de forma inmediata e incondicional al profesor universitario Ilham Tohti y a todos los demás detenidos por el mero hecho de haber ejercido pacíficamente su libertad de expresión y, a la espera de su liberación, pide a China que garantice que puedan ponerse en contacto regularmente y sin ningún tipo de restricción con sus familiares y los abogados de su elección; pide, asimismo, la liberación de Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun y Abdukerim Abduweli, con arreglo a lo ya solicitado por la Unión durante la 36.ª ronda del diálogo sobre derechos humanos UE-China celebrada en Pekín los días 9 y 10 de julio de 2018;
9. Insta a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros a que controlen atentamente la evolución de la cambiante situación de los derechos humanos en Xinjiang, en particular el aumento de la represión del Gobierno hacia los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas, y que envíen un mensaje firme al más alto nivel del Gobierno chino para poner fin a las grotescas violaciones de los derechos humanos;
10. Pide a las autoridades chinas que permitan que los periodistas y los observadores internacionales puedan acceder libremente y sin ningún tipo de restricción a la provincia de Xinjiang;
11. Recuerda la importancia de que la Unión y los Estados miembros aborden con las autoridades chinas la cuestión de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Xinjiang, incluso a nivel de dirigentes, en consonancia con el compromiso de la Unión de hablar con una voz firme, clara y unida en sus relaciones con el país, en particular en el diálogo sobre derechos humanos que se celebra anualmente y en la próxima cumbre euro-asiática;
12. Manifiesta su profunda preocupación por las informaciones de casos de acoso de uigures que viven en el extranjero por parte de las autoridades chinas con el fin de obligarlos a actuar como informantes contra otros uigures, regresar a Xinjiang o guardar silencio sobre la situación que se registra allí, en ocasiones deteniendo a miembros de sus familias;
13. Se felicita de la decisión de Alemania y Suecia de suspender el regreso a China de todas las personas de etnia uigur y kazaja y de otros musulmanes de origen turco, habida cuenta del riesgo que correrían de ser víctimas de detención arbitraria, tortura u otros malos tratos en el país, y pide a todos los demás Estados miembros que den curso a las solicitudes de asilo de los musulmanes de origen turco que corren el riesgo de ser devueltos por la fuerza a China y las agilicen; pide, asimismo, a los Estados miembros de la Unión que apelen al Derecho nacional, cuando proceda, para investigar la intimidación del Gobierno chino hacia las comunidades de la diáspora de musulmanes de origen turco en Europa;
14. Recuerda a China sus obligaciones en materia de derechos humanos tras la firma de una amplia gama de tratados internacionales sobre derechos humanos, y reitera, por lo tanto, que se espera que China cumpla estos compromisos;
15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China.
(1) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 80.
(2) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 185.
(3) DO C 334 de 19.9.2018, p. 137.
(4) DO C 238 de 6.7.2018, p. 108.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0343.
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, titulada «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa» (COM(2017)0572),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, titulada «Apoyar la inversión mediante una evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura» (COM(2017)0573),
– Vista la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública — Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública (C(2017)6654)(1),
– Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE(2),
– Vista la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE(3),
– Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión(4),
– Visto el informe de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, relativo al examen de la aplicación práctica del documento europeo único de contratación (DEUC) (COM(2017)0242),
– Vista la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública(5),
– Visto el informe de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, relativo a la evaluación de la norma europea sobre facturación electrónica, de conformidad con la Directiva 2014/55/UE (COM(2017)0590),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de febrero de 2018,
– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la opinión de la Comisión de Comercio Internacional y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8‑0229/2018),
A. Considerando que aún no se está aprovechando plenamente el potencial de la contratación pública en lo que respecta a ayudar a construir una economía social de mercado competitiva, y que más de 250 000 administraciones públicas de la Unión gastan cada año alrededor del 14 % del PIB, casi dos billones de euros, en la adquisición de servicios, obras y suministros;
B. Considerando que la contratación pública implica el gasto de una parte considerable del dinero de los contribuyentes, lo que significa que debe efectuarse de manera ética, con transparencia e integridad y de la manera más eficiente, en términos tanto de costes como de calidad, con el fin de ofrecer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos;
C. Considerando que, si se aplican correctamente, las normas de contratación pública son un instrumento fundamental para reforzar el mercado único y apoyar el crecimiento de las empresas de la Unión y la creación de empleo en esta, y que el uso inteligente de la contratación pública puede ser una herramienta estratégica en la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acelerando así la transición hacia cadenas de suministro y modelos empresariales más sostenibles;
D. Considerando que, por lo que se refiere a la transposición de las normas de la Unión en materia de contratación pública y concesiones, es esencial transponer y aplicar plenamente el Derecho de la Unión, a fin de que resulte más fácil y barato para las pequeñas y medianas empresas participar en concursos públicos, en el pleno respeto de los principios de la Unión de transparencia y competencia;
E. Considerando que la Comisión puso en marcha, el 3 de octubre de 2017, una consulta específica sobre el proyecto de orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación, y, el 7 de diciembre de 2017, una consulta específica sobre el alcance y la estructura de una guía de la Comisión sobre contratación pública socialmente responsable;
F. Considerando que, según una encuesta de 2016 a la que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión COM(2017)0572, solo cuatro Estados miembros recurrieron a las tecnologías digitales para la totalidad de las fases principales de la contratación pública, es decir, la notificación, el acceso a los documentos de la licitación, la presentación, la evaluación, la adjudicación, el pedido, la facturación y el pago electrónicos;
G. Considerando que, de acuerdo con la ficha temática del Semestre Europeo sobre contratación pública, de noviembre de 2017, el número de licitaciones con solo una oferta aumentó, pasando del 14 % al 29 % para el período 2006‑2016, y que, según la Comunicación de la Comisión COM(2017)0572, «las pymes logran solamente el 45 % del valor de los contratos públicos por encima de los umbrales de la UE, claramente por debajo de su peso en la economía»;
H. Considerando que las nuevas normas introducidas mediante las Directivas de 2014, al facilitar la celebración de contratos públicos e imponer más controles, deben contribuir a la puesta en práctica de la Estrategia Europa 2020 para una economía sostenible, más social, innovadora e integradora;
I. Considerando que, según la Comunicación de la Comisión COM(2017)0572, el 55 % de los procedimientos de contratación pública siguen utilizando el precio más bajo como único criterio de adjudicación, en lugar de incluir, por ejemplo, criterios sociales y medioambientales estratégicos;
J. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas;
K. Considerando que es de crucial importancia que los proveedores confíen en que los sistemas de la Unión sobre contratación pública prevén procedimientos digitales simples y accesibles, una transparencia completa, integridad y seguridad en materia de datos;
Marco legislativo y ejecución
1. Acoge con satisfacción, casi cuatro años después de concluirse la revisión exhaustiva del marco legislativo sobre contratación pública de la Unión, el conjunto de medidas no legislativas propuesto por la Comisión y confía en que así se impulse una mejor aplicación;
2. Expresa su profunda decepción por el ritmo al que muchos Estados miembros han transpuesto las Directivas de 2014 en el ámbito de la contratación pública, así como por los numerosos retrasos registrados, y lamenta que la Comisión haya tenido que incoar procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros; insta a que se complete rápidamente la transposición en todos los Estados miembros sin mayores retrasos;
3. Expresa su preocupación respecto de la próxima serie de plazos previstos en las Directivas sobre contratación pública electrónica y la transición por parte de los Estados miembros a un sistema de contratación plenamente electrónico, incluida la facturación electrónica; subraya la necesidad de que las agendas digitales de los Estados miembros incluyan el fomento de un sistema de contratación plenamente electrónico;
4. Solicita a la Comisión que ultime rápidamente las orientaciones sobre contratación pública en materia de innovación y la guía sobre una contratación pública socialmente responsable, a fin de facilitar la aplicación de las respectivas disposiciones legales en los Estados miembros;
5. Pide a la Comisión que organice mejor y con mayor claridad las guías y otras herramientas concebidas para ayudar a los Estados miembros a aplicar el marco sobre contratación pública, de manera que su uso sea más intuitivo y accesible y proporcionen una buena visión de conjunto a todos los profesionales, prestando atención al mismo tiempo a las lenguas disponibles;
6. Acoge favorablemente las nuevas orientaciones sobre contratación pública para los profesionales, de febrero de 2018, destinadas a ayudar a los funcionarios nacionales, regionales y locales a garantizar unos procedimientos de contratación pública eficientes y transparentes para los proyectos financiados por la Unión;
Contratación estratégica y coordinada
7. Señala que la legislación de la Unión en vigor permite, más que nunca, utilizar la contratación pública como un instrumento estratégico para promover los objetivos de las diferentes políticas de la Unión, y anima a los Estados miembros a sacarle el máximo partido; recuerda que la contratación pública es también una herramienta importante a escala regional y local en cuanto complemento de las estrategias regionales y locales, y anima a la celebración de audiencias y consultas públicas con los usuarios finales de los productos y servicios;
8. Aboga por el uso generalizado de la contratación innovadora al objeto de lograr un crecimiento inteligente, ecológico e integrador y reforzar la economía circular; hace hincapié en la importancia que reviste la economía circular y, en este sentido, en las posibilidades que pasan a brindar las nuevas Directivas sobre contratación pública en lo que respecta a los productos y servicios reutilizados, reparados, reelaborados y reacondicionados, así como el resto de productos y soluciones sostenibles y eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos;
9. Insta a los Estados miembros a que utilicen la contratación pública de manera estratégica con el fin de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el que estén incluidas las pymes y las empresas de la economía social; subraya que ello exige de los Estados miembros que se den sistemáticamente indicaciones para tales actuaciones al más alto nivel y se apoyen al efecto a los compradores y los profesionales de las administraciones públicas;
10. Señala la importancia de que las condiciones de licitación no supongan una carga excesiva, de tal forma que los contratos públicos sigan resultando accesibles para todas las empresas, incluidas las pymes;
11. Acoge favorablemente la adopción de estrategias nacionales sobre contratación pública y anima a más Estados miembros a seguir ese ejemplo como medio de modernización y racionalización de sus sistemas de contratación pública de modo que ganen en eficacia; resalta que la contratación pública es un ámbito transversal a las distintas administraciones públicas, por lo que es esencial que haya no solo coordinación, sino también una estructura de gobernanza que englobe a las principales partes interesadas de forma que las decisiones fundamentales puedan tomarse de un modo más colaborativo y sean aceptadas por todos los participantes;
12. Celebra que muchos Estados miembros hayan dispuesto lo necesario para que se utilicen criterios de calidad (incluida la mejor relación calidad‑precio) y anima a que el uso de estos sea sistemático; apoya que los poderes adjudicadores apliquen criterios distintos de meramente cuál es el precio más bajo o el mejor coste‑efectividad y tengan en cuenta aspectos cualitativos, medioambientales o sociales;
13. Reconoce que, en algunos casos, un precio bajo puede ser un reflejo de soluciones innovadoras y una gestión eficiente, aunque expresa su preocupación por el uso excesivo del precio más bajo como principal criterio de adjudicación, marginando la calidad, la sostenibilidad y la integración social, en una serie de Estados miembros, y, por tanto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen e informen sobre las razones que motivan esa situación y propongan soluciones adecuadas cuando proceda;
14. Pide a los Estados miembros que velen por que las prácticas de contratación pública se ajusten a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; solicita a los Estados miembros que impulsen en este sentido la consulta de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan;
15. Pide que se adopte un código ético europeo sobre contratación pública para los diferentes agentes del proceso de contratación pública;
16. Destaca que para los poderes adjudicadores es importante tomar en consideración en sus decisiones de adquisición, cuando proceda, el ciclo de vida completo de los productos, incluido su impacto en el medio ambiente, y pide a la Comisión que contribuya a la elaboración de metodologías para la aplicación del concepto de «coste del ciclo de vida»;
17. Señala que las consideraciones innovadoras, sociales y medioambientales son criterios de adjudicación legítimos y fundamentales en la contratación pública, y que los poderes adjudicadores también pueden perseguir objetivos ecológicos, innovadores o sociales mediante unos pliegos de condiciones bien concebidos y permitiendo variantes de forma no discriminatoria por lo que respecta a las ofertas, siempre y cuando estas características estén vinculadas al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este;
18. Recuerda que el marco legislativo de la Unión en materia de contratación pública obliga a los Estados miembros a garantizar que los contratistas y subcontratistas cumplan plenamente las disposiciones jurídicas medioambientales, sociales y laborales aplicables en el lugar en el que se ejecuten las obras y que se presten los servicios o se produzcan o suministren los productos, con arreglo a lo establecido en los convenios y las convenciones internacionales aplicables, en el Derecho nacional y de la Unión, así como en los convenios colectivos celebrados con arreglo al Derecho y a las prácticas en el ámbito nacional; pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros cumplen esta obligación en la transposición y aplicación de las Directivas de 2014 y que facilite el intercambio de buenas prácticas en este ámbito;
19. Es consciente de que para llevar a cabo una evaluación cualitativa de las ofertas hacen falta compradores cualificados, y pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a difundir los métodos y las prácticas en materia de evaluación, en particular mediante la organización de talleres y cursos de formación; subraya que deberían tener acceso a esta ayuda todos los niveles administrativos en los que se realice contratación pública;
20. Destaca que una contratación pública socialmente responsable debe tener en cuenta las cadenas de suministro y los riesgos asociados a los fenómenos de esclavitud moderna, dumping social y violaciones de los derechos humanos; señala que se deben adoptar medidas tendentes a garantizar que los bienes y servicios adquiridos mediante contratos públicos no hayan sido producidos de un modo que vulnere los derechos humanos; pide a la Comisión que incluya disposiciones sobre ética en las cadenas de suministro en su nueva guía sobre la consideración de los aspectos sociales en las contrataciones públicas;
21. Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por varios Estados miembros para crear órganos responsables de la coordinación de la contratación, y es consciente de que ello contribuye a implantar una contratación pública eficiente y estratégica;
22. Hace un llamamiento para que un mayor número de Estados miembros aprovechen las ventajas de las compras centralizadas y la agrupación de las compras públicas, y señala que las centrales de compras podrían y deberían acelerar la difusión de los conocimientos especializados, de las buenas prácticas y de la innovación;
23. Destaca que es importante, especialmente al objeto de fomentar la innovación, que los poderes adjudicadores se relacionen con el mercado y recurran en grado suficiente a la fase previa a la contratación a modo de preparación para las siguientes fases; opina que la fase previa a la contratación es asimismo una fase esencial a la hora de brindar apoyo a la participación de las pymes;
24. Estima que el nuevo procedimiento de asociación contribuirá a fomentar la innovación, y anima a los poderes adjudicadores a cooperar con el mercado para la obtención de métodos, productos, obras o servicios innovadores que todavía no existan; celebra en este sentido que se hayan iniciado hasta la fecha diecisiete procedimientos de asociación para la innovación;
25. Acoge favorablemente la evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura, como propone la Comisión, y pide a esta que implante rápidamente el servicio de ayuda, el mecanismo de notificación y el mecanismo de intercambio de información, dentro del pleno respeto de la confidencialidad;
Digitalización y buena gestión de los procedimientos de contratación pública
26. Lamenta la lenta aceptación de las tecnologías digitales en el ámbito de la contratación pública en la Unión, e insta a los Estados miembros a que se esfuercen en favor de una rápida transformación digital de los procedimientos y la introducción de procesos electrónicos para la totalidad de las fases principales, a saber, desde la notificación, el acceso a los documentos de la licitación y la presentación hasta la evaluación, la adjudicación, el pedido, la facturación y el pago;
27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que implanten los formularios electrónicos para finales de 2018 a más tardar;
28. Recuerda que la contratación pública electrónica ofrece una serie de beneficios importantes, como un ahorro considerable para todas las partes, procesos simplificados y de menor duración, menores cargas burocráticas y administrativas, y mayor transparencia e innovación, así como un mejor acceso de las pymes a los mercados de contratación pública;
29. Coincide con la Comisión en que los registros de contratos pueden ser un instrumento rentable para gestionar los contratos, mejorar la transparencia, la integridad y los datos, y alcanzar una mejor gobernanza de la contratación pública;
30. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de interconectar los registros de contratos nacionales con TED (diario electrónico de licitaciones), de forma que los poderes adjudicadores no tengan la obligación de publicar la misma información en dos sistemas;
31. Llama la atención sobre las dificultades que pueden plantearse para los licitadores, en especial para las pymes, en relación con los requisitos para los certificados y las firmas, y anima a que haya un régimen de requisitos sencillos a ese respecto, así como la plena aplicación del principio de «solo una vez», con el fin de reducir al mínimo la carga que recae en los licitadores;
32. Hace hincapié en que todos los Estados miembros deben estar en condiciones de facilitar todos los datos necesarios sobre la ejecución de la contratación pública, en particular los relativos a las ofertas, procedimientos y contratos e información estadística, también a fin de que la Comisión pueda evaluar el mercado único en el ámbito de la contratación pública;
33. Pide a los Estados miembros que fomenten un uso innovador de los datos en formato abierto, pues se trata de datos esenciales para que cualquier Gobierno pueda gestionar su Administración Pública, y hagan posible al mismo tiempo que el potencial económico de dichos datos pueda ser aprovechado por las empresas, alentando asimismo la transparencia y la responsabilidad en el seno de las instituciones y organismos que intervienen en la contratación pública; resalta que, al publicar esos datos, se deben tener siempre en cuenta el principio de proporcionalidad y el respeto del acervo de la Unión en materia de protección de datos y de secreto comercial;
Mercado único y mejora del acceso a la contratación pública
34. Señala que la licitación resulta esencial para la contratación pública y observa con preocupación la reducción en intensidad de la competencia en este ámbito estos últimos años en la Unión; insta a aquellos Estados miembros en los que se registra un elevado porcentaje de anuncios con solo un licitador a que resuelvan ese problema;
35. Insta a los Estados miembros a que recurran en mayor medida a los procedimientos conjuntos de contratación pública, también a nivel transfronterizo, que las normas revisadas de la Unión facilitan, y pide a la Comisión que preste un apoyo integral en este ámbito; considera, sin embargo, que estos procedimientos no deberían desembocar en contratos de tal envergadura que las pymes queden efectivamente descartadas en la fase más inicial del proceso;
36. Lamenta que las pymes y las empresas de la economía social sigan teniendo dificultades para acceder a la contratación pública, y pide a la Comisión que evalúe la eficacia de las medidas establecidas en las Directivas de 2014 y proponga nuevas soluciones de ser necesario;
37. Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre la aplicación sobre el terreno del principio de «cumplir o explicar» contemplado en el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE, que obliga a los poderes adjudicadores a indicar las principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes, lo que ha de explicarse por sistema en los pliegos de la contratación o en el informe específico;
38. Solicita a los Estados miembros que apoyen la participación de las pymes en las licitaciones públicas, por ejemplo mediante la división obligatoria en lotes cuando sea posible o una limitación del volumen de negocios necesario para participar en una licitación; destaca que la división de los contratos públicos en lotes impulsa la competencia en el mercado y evita el riesgo de depender de un único proveedor; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan servicios de asesoramiento y formación para las pymes al objeto de una mejor participación de estas en los procesos de licitación;
39. Pide a la Comisión que analice en particular los obstáculos a la contratación pública transfronteriza derivados de las barreras lingüísticas, administrativas, jurídicas o de otra índole y que proponga soluciones o intervenga para garantizar el funcionamiento de la contratación pública transfronteriza;
40. Subraya la importancia que reviste garantizar la interoperabilidad por lo que respecta a los bienes y servicios adquiridos, así como evitar la dependencia respecto de un proveedor determinado, y pide a la Comisión que proponga medidas en ese ámbito;
41. Lamenta la falta de datos claros y consolidados sobre los contratos públicos en la Unión y señala que para verificar la responsabilidad de las autoridades públicas se necesitan datos fiables sobre el acceso a la contratación pública, que además son un medio para luchar contra el fraude y la corrupción;
42. Acepta los resultados de la evaluación de la Directiva sobre procedimientos de recurso y la decisión de la Comisión de no proponer una revisión legislativa, pero pide que prosiga la cooperación de los órganos nacionales de recurso y que la Comisión dé más orientaciones sobre las Directivas;
43. Lamenta que la Directiva sobre contratos públicos de defensa todavía no haya dado los frutos deseados, en particular en lo concerniente a los proyectos de infraestructuras transnacionales, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que redoblen esfuerzos para mejorar la ejecución de las normas aplicables actualmente;
44. Destaca la importancia de la transparencia y el carácter no discriminatorio de los procedimientos de contratación pública; recuerda la importancia de contar con procedimientos de recurso adecuados y de tener acceso a asesoramiento sobre el modo de presentar un recurso;
45. Pide que la Unión tome medidas para mejorar el acceso de los proveedores de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países, habida cuenta de que el mercado de la contratación pública de la Unión es uno de los más abiertos del mundo;
46. Expresa su preocupación por la competencia desleal en los procedimientos de contratación pública como consecuencia de la intervención del Estado en relación con competidores de terceros países, en particular, aunque no exclusivamente, en el mercado de los vehículos eléctricos y las baterías; considera que es necesario un vínculo entre los instrumentos de defensa comercial y las prácticas de contratación pública;
47. Subraya que los mercados de contratación pública revisten una gran importancia económica, habida cuenta de que se calcula que el gasto ligado a la contratación pública representa el 20 % del PIB mundial y que, por consiguiente, la mejora del acceso a los mercados de contratación pública de terceros países, así como el establecimiento de unas condiciones de igualdad para las empresas europeas, puede ser un importante motor de crecimiento en el comercio de bienes y servicios, además de redundar en más opciones y una mayor rentabilidad del dinero de los contribuyentes tanto en la Unión como en terceros países;
48. Señala que los mercados de contratación pública de terceros países suelen estar cerrados de iure o de facto a los licitadores de la Unión; anima a la Comisión a que recopile y facilite mejor información sobre los procedimientos de contratación pública internacionales; recuerda que la Comisión calcula que más de la mitad del mercado mundial de contratación pública está cerrado en la actualidad a la libre competencia internacional debido a medidas proteccionistas, que están en aumento a escala mundial, mientras que los contratos públicos de la Unión están abiertos, por un valor de aproximadamente 352 000 millones de euros, a los países miembros del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC; subraya la necesidad de que la Unión aborde este desequilibrio sin recurrir a medidas proteccionistas; pide a la Comisión que vele por que las empresas europeas tengan un acceso al mercado similar a aquel del que disfrutan nuestros competidores extranjeros en el mercado de la Unión y observa que el denominado «instrumento de contratación pública internacional» que se propone podría en determinadas circunstancias servir para impulsar un mayor acceso al mercado;
49. Acoge con satisfacción que uno de los seis ámbitos prioritarios de acción de la Comisión en materia de contratación pública sea la mejora del acceso a los mercados de contratación pública; subraya que la mejora del acceso a los mercados de contratación pública de terceros países, también a nivel subnacional, reviste un interés ofensivo importante para la Unión en las negociaciones comerciales al ser muchas de las empresas de la Unión muy competitivas en varios sectores; destaca que la contratación pública debe incluirse en todos los acuerdos comerciales futuros con vistas a maximizar la participación de las empresas europeas en licitaciones extranjeras; pide a la Comisión que vele por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones en materia de mercados de contratación pública presentes en los acuerdos de libre comercio de la Unión; recuerda que los acuerdos comerciales deben utilizarse para la mejora del acceso a los mercados de contratación pública de terceros países y que dicha mejora, así como el refuerzo de las normas para unos procedimientos de contratación pública modernos, eficientes y transparentes, que son cruciales para obtener una mejor rentabilidad en el uso de los fondos públicos, deberían ser elementos clave de cualquier acuerdo comercial que alcance la Unión, respetando siempre plenamente los objetivos legítimos de política pública consagrados en las directivas de la Unión en materia de contratación pública; subraya que los operadores económicos de terceros países deben cumplir los criterios sociales y medioambientales europeos para poder optar a contratos públicos, de conformidad con las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, y alienta, en este sentido, el uso de los criterios relativos a la oferta económicamente más ventajosa para la adjudicación de dichos contratos; señala que los acuerdos de libre comercio bilaterales y subregionales no siempre garantizan el pleno acceso a los mercados de contratación pública; pide a la Comisión que negocie el mayor acceso posible a los mercados de contratación pública en terceros países;
50. Hace hincapié en que toda estrategia para abrir los mercados de contratación pública de los terceros países debe abordar de forma concreta los obstáculos y las necesidades específicas de las pymes para facilitar su acceso a los mercados, dado que están en una situación de especial desventaja cuando se trata de introducirse en los mercados de contratación pública de terceros países, y que al mismo tiempo deben tenerse asimismo debidamente en cuenta las consecuencias para las pymes de verse expuestas a nuevos competidores de terceros países; pide a la Comisión que fomente la inclusión en los acuerdos comerciales de procedimientos de contratación pública favorables para las pymes (incluidas iniciativas transfronterizas y la división de las licitaciones en lotes); subraya las ventajas que pueden aportar, en particular a las pymes, la digitalización y el uso de la contratación pública electrónica en todos los procesos de contratación pública con terceros países;
51. Señala que algunas de las principales economías emergentes, como Brasil, China, India y Rusia, aún no forman parte del ACP, si bien China y Rusia se encuentran oficialmente en proceso de adhesión, y pide a la Comisión que aliente e impulse a terceros países en su intento por adherirse a dicho Acuerdo, dado que los acuerdos multilaterales y plurilaterales son la mejor manera de establecer unas condiciones de competencia equitativas a largo plazo; subraya que los acuerdos comerciales bilaterales con disposiciones ambiciosas en materia de contratación pública que respeten los principios subyacentes del ACP pueden ser un trampolín para fortalecer la cooperación multilateral;
52. Destaca la importancia del ACP no solo para brindar acceso de iure a los mercados de contratación pública de terceros países, sino también para reforzar la transparencia y previsibilidad de los procedimientos de contratación; anima a la Comisión a que fomente la elaboración de normas mundiales y convergentes en materia de transparencia de la contratación pública en cuanto importante instrumento en la lucha contra la corrupción; pide a la Comisión, más concretamente, que procure incluir en las disposiciones de los acuerdos comerciales normas comunes para la contratación pública que permitan la denuncia de casos de corrupción, simplifiquen los procedimientos, y refuercen la integridad y la transparencia para los licitadores;
53. Acoge favorablemente las recomendaciones de la Comisión sobre la profesionalización y pide a los Estados miembros que elaboren planes nacionales con carácter prioritario; propone que los distintos planes diferencien entre tipos de contratación pública, especialmente debido a que pueden facilitarse de forma diferente el acceso a dicha contratación para servicios e infraestructuras digitales en el caso de las pymes y el acceso a los contratos públicos relativos a grandes infraestructuras;
54. Pide a la Comisión que proponga medios para apoyar financieramente con cargo a los fondos de la Unión las acciones pertinentes en materia de profesionalización en los Estados miembros;
55. Lamenta el bajo nivel de profesionalización de los responsables de compra pública y pide a los Estados miembros que mejoren las competencias de todos los que intervienen en las distintas fases del proceso de contratación pública;
56. Destaca que tanto los compradores como los proveedores han de estar adecuadamente formados para llevar a cabo su labor de manera eficiente en todas las fases de la contratación, y que, en lo que respecta a la profesionalización, se debe prestar atención a todos los niveles de la Administración Pública, así como a criterios de calidad, en particular sociales y medioambientales; opina que se pueden alcanzar mejores resultados si se logra mejorar la manera en la que las administraciones públicas se plantean qué van a licitar y de qué modo van a hacerlo; lamenta que, sin perjuicio del procedimiento negociado, la contratación pública pueda a menudo ser presa fácil de las empresas con mayor experiencia, las cuales ayudan en la fase de diseño del contrato de licitación y, por consiguiente, se hallan en una posición ventajosa para llevarse el contrato;
57. Pide a los Estados miembros que animen a las universidades a que ofrezcan más cursos universitarios sobre el Derecho de la Unión en materia de contratación pública y que mejoren la formación y la gestión de carreras de los profesionales de la contratación pública, incluidos los que trabajan en pymes, en particular en lo que respecta al desarrollo y la aceptación de herramientas informáticas accesibles; apoya la creación de un marco común europeo de las competencias técnicas e informáticas pertinentes;
58. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
(1) DO L 259 de 7.10.2017, p. 28.
(2) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(3) DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.
(4) DO L 94 de 28.3.2014, p. 1.
(5) DO L 133 de 6.5.2014, p. 1.
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0535),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0240/2013),
– Visto el dictamen motivado presentado por el Senado checo, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de junio de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0320/2017),
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de octubre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea para la Coperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1727.)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0819),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0002/2017),
– Visto el dictamen motivado presentado por el Senado checo, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0001/2018),
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de octubre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1805.)
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0495),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0312/2017),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 15 de febrero de 2018(1),
– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 29 de junio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0201/2018),
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de octubre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1807.)
(1) DO C 227 de 28.6.2018, p. 78.
– Vistos los artículos 2, 3, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),
– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas(1),
– Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común(2),
– Vistos los artículos 207 y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vistos el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia aprobado por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012 y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia 2015‑2019 aprobado por el Consejo el 20 de julio de 2015,
– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos en su Resolución 17/4, de 16 de junio de 2011,
– Vista la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión,
– Vistas las orientaciones sectoriales de la Comisión para la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos(3),
– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 14 de julio de 2015, sobre el estado actual de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (SWD(2015)0144),
– Visto el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre la mejora del acceso a vías de recurso en el ámbito de la actividad empresarial y los derechos humanos a escala de la Unión(4),
– Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 2014, por la que se decide «establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos»,
– Vista la observación general n.° 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales (E/C.12/GC/24),
– Vistos los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales(5),
– Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas(6),
– Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,
– Vista la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo, revisada en 2017,
– Vista la guía de la OCDE sobre diligencia debida para el sector de la confección y del calzado,
– Visto el documento «Derechos del Niño y Principios Empresariales», elaborado por Unicef,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre las empresas y los derechos humanos,
– Vista la norma orientativa ISO 26000 sobre responsabilidad social,
– Vista la guía de la OCDE sobre diligencia debida para una conducta empresarial responsable,
– Visto el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(7),
– Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos(8),
– Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo(9),
– Vista la Recomendación del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre los derechos humanos y las empresas, aprobada el 2 de marzo de 2016,
– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión(10),
– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto(11),
– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la Estrategia UE‑África: un impulso para el desarrollo(12),
– Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección(13),
– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo(14),
– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales(15),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera(16),
– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(17),
– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2016, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015)(18),
– Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo(19),
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(20),
– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión(21),
– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el sector privado y el desarrollo(22),
– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto(23),
– Visto el estudio encargado por su Subcomisión de Derechos Humanos titulado «Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights» (Aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos)(24),
– Vistas las preguntas a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión y al Consejo sobre la contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos (O‑000074/2018 – B8‑0402/2018, O‑000075/2018 – B8‑0403/2018 y O‑000078/2018 – B8‑0404/2018),
– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo,
A. Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos; que sus acciones en la escena internacional (incluidas sus políticas comerciales y de desarrollo) deben guiarse por estos principios, así como ser conformes con el de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), consagrado en el artículo 208 del Tratado de Lisboa; que este principio de la CPD ha de respetarse en toda acción exterior de la Unión de conformidad con el artículo 208 del TFUE;
B. Considerando que la Unión es una potencia tanto normativa como económica; que, como tal, debe encabezar la difusión de buenas prácticas y la elaboración de normas mundiales;
C. Considerando que la ejecución de la Agenda 2030 conlleva que el desarrollo económico vaya de la mano de la justicia social, la buena gobernanza, y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales y el derecho a la dignidad humana y la libertad para todos, así como de normas laborales y medioambientales exigentes; que el desarrollo sostenible, el comercio y los derechos humanos pueden influirse y reforzarse mutuamente;
D. Considerando que las obligaciones en materia de derechos humanos corresponden fundamentalmente a los Estados; que, si bien los Estados no son de por sí responsables de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes privados, pueden infringir sus obligaciones derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos en los casos en que se les puedan atribuir tales violaciones, o cuando no adopten la diligencia debida correspondiente para prevenir, investigar, sancionar y corregir los abusos de los agentes privados; que, por lo general, los Estados tienen libertad para decidir qué medidas adoptan haciendo uso de las políticas, la legislación, las normativas y las sentencias;
E. Considerando que la «debida diligencia» es un concepto del que se hace mención en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales(25);
F. Considerando que los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos dentro de su territorio o ámbito de competencia territorial; que los Estados miembros deben establecer claramente la premisa de que la obligación de proteger conlleva regular de modo que quede garantizado que todas las empresas domiciliadas en su territorio o ámbito de competencia territorial respetan los derechos humanos en todas sus operaciones, también en sus filiales y empresas y entidades controladas a lo largo de su cadena de suministro en todo el mundo;
G. Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, hechos suyos por el Consejo de Derechos Humanos, siguen constituyendo el marco de referencia imprescindible para prevenir y afrontar el riesgo de repercusiones negativas sobre los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial, y que en el estudio de 2017 encargado por su Subcomisión de Derechos Humanos titulado «Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights» se muestra claramente que los Estados miembros de la Unión son los más avanzados en el contexto mundial en lo relativo a la aplicación de estos Principios Rectores de las Naciones Unidas al contar con el mayor número de planes de acción nacionales aprobados o en curso;
H. Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos se aplican a todos los Estados y todas las empresas, sean transnacionales o no, independientemente de su tamaño, sector, localización, propiedad o estructura, y que se basan en los tres principios fundamentales del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», a saber: 1) la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, 2) la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, y 3) la mejora del acceso de las víctimas a vías de recurso, tanto judicial como extrajudicial, efectivas; que cabe destacar que, aunque los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos no son jurídicamente vinculantes, gozan de amplio reconocimiento y apoyo, además de constituir el punto de partida a la hora de plantear políticas en relación con las empresas y los derechos humanos a escala internacional, así como el reconocimiento tanto de las obligaciones vigentes de los Estados de respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales como del papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones específicas y están obligados a cumplir con toda la legislación aplicable y a respetar los derechos humanos y de la necesidad de que existan vías de recurso adecuadas y eficaces en los casos en que se vulneren tales derechos y obligaciones; que los datos de que se dispone apuntan a que la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas es menor allí donde se ponen en práctica estos Principios Rectores de las Naciones Unidas;
I. Considerando que en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se solicita a las empresas multinacionales que, dentro de su ámbito de influencia, adopten, apoyen y apliquen un conjunto de valores centrales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción mediante un compromiso con estos valores y su integración en la actividad empresarial con carácter voluntario;
J. Considerando que las empresas son uno de los principales agentes de la globalización económica, los servicios financieros y el comercio internacional, y que están obligadas a cumplir todas las leyes y tratados internacionales vigentes y a respetar los derechos humanos; que estas empresas, así como las nacionales, pueden en ocasiones provocar abusos contra los derechos humanos o violaciones de estos, o contribuir a ello, y perjudicar los derechos de grupos vulnerables, como las minorías, los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, así como agravar los problemas medioambientales; que pueden desempeñar también un papel destacado ofreciendo incentivos positivos en términos de promoción de los derechos humanos, la democracia, las normas medioambientales y la responsabilidad social de las empresas;
K. Considerando que existe una asimetría entre los derechos y las obligaciones de las empresas transnacionales, sobre todo en los tratados de protección de la inversión, en los que se conceden a los inversores amplios derechos, como el «trato justo y equitativo», que no siempre tienen el contrapeso de obligaciones vinculantes y ejecutorias en términos de respeto de los derechos humanos y la legislación laboral y medioambiental a lo largo de toda la cadena de suministro;
L. Considerando que se reconoce la repercusión positiva a largo plazo en materia de derechos humanos de las empresas europeas que operan a escala mundial y predican con el ejemplo a través de una cultura empresarial no discriminatoria;
M. Considerando que la Unión ha desempeñado, en lo que se refiere a la coherencia interna y externa de sus políticas, un papel destacado en la negociación e implantación de una serie de iniciativas de responsabilidad global que van unidas al fomento y el respeto de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos; que la Unión y sus Estados miembros también se han comprometido con una serie de instrumentos, en particular los Principios Rectores de las Naciones Unidas de 2011 y la Recomendación de 2016 del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y las empresas;
N. Considerando que en los últimos años la Unión y sus Estados miembros han empezado a aprobar medidas legislativas destinadas a incrementar la responsabilidad de las empresas y a incorporar elementos de diligencia debida en materia de derechos humanos en la legislación; que estas medidas contribuyen ahora a establecer unas normas mundiales, pero que pueden desarrollarse más, y que ejemplos de las mismas son el Reglamento sobre minerales de guerra de la Unión, la Directiva sobre divulgación de información no financiera de la Unión y el Reglamento sobre el comercio de la madera; que la Comisión, sin embargo, se ha mostrado reacia a presentar nuevas medidas legislativas para otros sectores como el de la confección, a pesar de las repetidas peticiones del Parlamento en ese sentido; que la multitud de iniciativas legislativas nacionales podría generar una desigualdad de condiciones ineficaz e injusta dentro de la Unión; y que un tratado vinculante de las Naciones Unidas podría ser un paso hacia adelante significativo en este sentido;
O. Considerando que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las que estén implicadas empresas de la Unión pueden reclamar en la Unión una compensación ante los tribunales nacionales en virtud del Reglamento (UE) n.º 1215/2012; que las disposiciones contempladas en ese Reglamento requieren un marco internacional más estricto para mejorar su eficiencia con respecto a las partes afectadas, garantizando al mismo tiempo unas condiciones equitativas entre las empresas que están domiciliadas en la Unión y las que no lo están;
P. Considerando que sigue faltando un enfoque integral con respecto a la responsabilidad de las empresas en materia de violaciones de los derechos humanos; que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las que participan empresas transnacionales se enfrentan a múltiples obstáculos para acceder a las vías de recurso judicial, incluidos los recursos judiciales y las garantías de no repetición; que tales obstáculos al acceso a las vías de recurso constituyen otra grave violación de los derechos humanos; y que un enfoque integral proporcionaría seguridad jurídica tanto a las empresas como a las personas en el contexto de la proliferación de las iniciativas en materia de diligencia debida a escala nacional;
Q. Considerando que la desigualdad de género implica que las mujeres suelen ser particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos y se enfrentan a cargas especiales cuando buscan acceder a vías de recurso;
R. Considerando que el dictamen de 2017 de la Agencia de los Derechos Fundamentales concluye que puede hacerse mucho más para garantizar un acceso jurídico y no jurídico efectivo a vías de recurso en los casos de violaciones de los derechos humanos por las empresas dentro y fuera de la Unión, incluso proporcionando a las víctimas más asistencia para acceder a los tribunales y la posibilidad de interponer acciones de clase, facilitando la carga de la prueba, incentivando las obligaciones de diligencia debida de las empresas, incluso para las empresas matrices vinculadas a los resultados en materia de derechos humanos en las filiales o en las cadenas de suministro;
S. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea impone obligaciones tanto nacionales como extraterritoriales de los Estados en lo que respecta a su deber a la hora de dar acceso a las vías de recurso judicial a las víctimas de violaciones de los derechos humanos;
T. Considerando que en las Naciones Unidas se está negociando un sistema de responsabilidad de las empresas en casos de violación de los derechos humanos en el marco del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014; que tanto la Unión como sus Estados miembros desempeñan una función en el grupo de trabajo intergubernamental, pero que la Comisión no tiene un mandato del Consejo para dirigir las negociaciones en nombre de la Unión en relación con su participación en dicho grupo de trabajo intergubernamental;
1. Observa que la globalización y la creciente internacionalización de las actividades empresariales y las cadenas de suministro aumentan la importancia de la función que desempeñan las empresas en lo referente a velar por el respeto de los derechos humanos después de crear una situación en la que los estándares, las normas y la cooperación internacionales son fundamentales para evitar violaciones de los derechos humanos en terceros países;
2. Considera que las empresas transnacionales deben abstenerse de financiar o de participar en actividades comerciales o no comerciales que puedan alimentar el radicalismo o el extremismo, en particular cuando esto implique la manipulación de un credo religioso, y de toda ayuda directa o indirecta a grupos que promuevan, defiendan o justifiquen la violencia;
3. Cree firmemente que el sector privado es un aliado importante para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y movilizar recursos adicionales para el desarrollo; destaca que, a la vista de su papel cada vez más importante en la cooperación al desarrollo, los agentes del sector privado deben adherirse a los principios de la eficacia del desarrollo y atenerse a los principios de responsabilidad de las empresas durante todo el ciclo de vida de los proyectos;
4. Recuerda que la diligencia debida es un componente esencial del segundo pilar de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas y el respeto de los derechos humanos; subraya que unas prácticas eficaces en materia de diligencia debida también pueden ayudar a reforzar el acceso a las vías de recurso; anima a la Unión y a sus Estados miembros a que busquen la adopción de un marco coherente en el que se establezcan los requisitos obligatorios para empresas en materia de diligencia debida sobre derechos humanos;
5. Recuerda que el proceso de creación de un plan de acción nacional, si se diseña bien y se ajusta al contexto local, puede contribuir no solo a garantizar la aplicación eficiente de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, sino también al refuerzo de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos;
6. Reitera su llamamiento a los representantes de la Unión para que invoquen de forma coherente la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y otras normas internacionales sobre responsabilidad de las empresas en las negociaciones con terceros países sobre derechos humanos;
7. Apoya firmemente la plena aplicación, dentro y fuera de la Unión, de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, respaldados por unanimidad por el Consejo en junio de 2011, y pide a la Unión y a los Estados miembros que elaboren y aprueben tanto a escala nacional como de la Unión planes de acción ambiciosos y operativos que establezcan unas expectativas claras para los gobiernos y para las empresas de todo tipo en relación con la aplicación exhaustiva, efectiva y rápida de los citados principios; considera que los planes de acción nacionales deben incluir indicadores que midan los resultados; destaca también que la Unión debe garantizar una revisión interpares periódica e independiente de los planes de acción nacionales de los Estados miembros y de los progresos realizados, en particular para facilitar el acceso a las vías de recurso: recuerda que los Principios Rectores de las Naciones Unidas pueden complementarse con iniciativas vinculantes paralelas que compensen sus deficiencias;
8. Considera deplorable que aún no haya un enfoque global para abordar la manera en que las empresas transnacionales acatan la legislación en materia de derechos humanos y garantizan la existencia de otros mecanismos de recurso, lo que puede contribuir a la impunidad de las empresas transnacionales en casos de violaciones de los derechos humanos y por lo tanto ir en detrimento de los derechos y la dignidad de las personas; lamenta que los Principios Rectores de las Naciones Unidas no se hayan recogido en instrumentos ejecutables; recuerda que la deficiente aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, igual que en el caso de otras normas reconocidas internacionalmente, se atribuye en buena medida a su carácter no vinculante;
9. Observa con inquietud que aún persisten muchos obstáculos al acceso a vías de recurso judicial, en especial en el caso de las empresas transnacionales, debido, por ejemplo, a las dificultades con que tropiezan las víctimas a la hora de identificar al tribunal competente, la falta de tipificación de determinadas violaciones de los derechos humanos en los códigos penales o la corrupción, todo lo cual puede socavar los procedimientos legales en los países en desarrollo; recuerda que los recursos extrajudiciales adecuados también son de vital importancia, pero a menudo no se dispone de ellos; insta a los Gobiernos nacionales a que redoblen sus esfuerzos para garantizar por medios judiciales, administrativos o legislativos u otros medios apropiados que, cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos en su territorio o ámbito de competencia territorial, las personas afectadas tengan acceso a vías de recurso eficaces;
10. Reitera la urgente necesidad de actuar de manera efectiva y coherente a todos los niveles, incluidos los niveles nacional, europeo e internacional, a fin de abordar efectivamente las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales, facilitar acceso a vías de recurso, y abordar los problemas jurídicos derivados del carácter transnacional de las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas, la creciente complejidad de las cadenas de valor mundiales y la dimensión extraterritorial de las empresas transnacionales, así como la consiguiente incertidumbre acerca de a quién incumbe la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos; reitera la necesidad de aplicar plenamente las obligaciones extraterritoriales de los Estados con arreglo a lo establecido en los Principios de Maastricht y apoyándose en los diversos instrumentos del Consejo de Europa, en particular en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); insta en un contexto más amplio a la Unión a que adopte iniciativas para mejorar el acceso a vías de recurso en casos extraterritoriales, en consonancia con las recomendaciones establecidas en el Dictamen de la FRA de 2017;
11. Reitera la primacía de los derechos humanos en el Derecho internacional, de conformidad con el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, y la necesidad de consolidarla mediante un sistema inequívoco por el que las obligaciones de derechos humanos prevalezcan efectivamente sobre otros tipos de obligaciones en conflicto y se dispongan mecanismos adecuados para hacer cumplir la legislación en materia de derechos humanos, de control y de reparación, junto con un sistema adecuado de sanciones y compensaciones en caso de violaciones; insiste en que se trata de una cuestión esencial para superar los desequilibrios de la globalización y para dar prioridad a los derechos de las personas y al planeta; subraya que la coordinación y el intercambio de información y de buenas prácticas permiten contribuir positivamente a las iniciativas emprendidas por aquellas empresas que han decidido respetar los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales;
12. Destaca que, al plantear la responsabilidad social de las empresas como algo voluntario, se corre el riesgo de crear las condiciones para una competencia desleal que perjudique a aquellas que hayan decidido cumplir las normas internacionales; destaca asimismo que tal responsabilidad social no basta para garantizar la estricta observancia de las normas y obligaciones internacionales en el contexto de la aplicación del deber de diligencia;
13. Acoge con satisfacción, en este contexto, el trabajo iniciado en el seno de las Naciones Unidas a través del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para crear un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, y considera que se trata de un paso adelante necesario en la promoción y protección de los derechos humanos;
14. Destaca que el tratado vinculante debe partir del marco de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y comprender: la definición de obligaciones imperativas de diligencia debida para las empresas transnacionales y otras empresas, también con respecto a sus filiales, el reconocimiento de obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos, así como de la responsabilidad penal de las empresas, mecanismos de coordinación y cooperación entre los Estados en los ámbitos de investigación, procesamiento y ejecución en casos transfronterizos, y el establecimiento de mecanismos internacionales de carácter judicial y extrajudicial para fines de supervisión y ejecución; considera que el nuevo instrumento debe imponer a los Estados la obligación de adoptar medidas legislativas que exijan a las empresas la aplicación de políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, y propone que se haga cumplir esta obligación haciendo que las empresas sean responsables en el territorio en el que se causó el daño o en aquel en el que se constituyó la empresa matriz o esta tiene una presencia significativa;
15. Insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que protejan las negociaciones frente a intereses comerciales y otros intereses creados, siguiendo el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del artículo 5, apartado 3, del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT OMS), incluidas unas normas éticas estrictas para evitar los conflictos de intereses y la representación de intereses no ética, y exigiendo plena transparencia con respecto a las interacciones de la industria con partes presentes en las negociaciones;
16. Recuerda la necesidad de adoptar un enfoque sensible con respecto al género a lo largo del proceso y de prestar especial atención a los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y los niños;
17. Recuerda que el Parlamento ha expresado su apoyo inequívoco a este proceso multilateral en el seno del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta en ocho resoluciones distintas;
18. Destaca la importancia de que la Unión y sus Estados miembros participen activamente en este proceso intergubernamental mediante la creación de un grupo de trabajo con participación de todos los servicios pertinentes de la Comisión, el SEAE, el Grupo de Trabajo del Consejo «Derechos Humanos» y las comisiones competentes del Parlamento, sobre la base del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;
19. Reitera una vez más su petición a la Unión y a sus Estados miembros de que participen de buena fe y constructivamente en estas negociaciones y en el proceso intergubernamental orientado a la realización del mandato del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta; pone de relieve la vital importancia de que la Unión contribuya de forma constructiva a la consecución de un tratado vinculante para afrontar de manera efectiva la cuestión de la responsabilidad de las empresas por violaciones de los derechos humanos y otros problemas afines;
20. Pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que velen por que las negociaciones que conduzcan a la adopción de un tratado se lleven a cabo de manera transparente y en consulta con una amplia gama de titulares de derechos que puedan verse afectados por él, en particular organizaciones de la sociedad civil y plataformas de víctimas; insta a la Unión y a los Estados miembros a que integren un enfoque significativo de género en su posición negociadora;
21. Pide a la Unión que vele por que todo documento de revisión o documento de estrategia que se elabore en el futuro en relación con el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia recoja objetivos claros y parámetros de referencia mensurables para la participación de la Unión en las negociaciones del tratado de las Naciones Unidas;
22. Decide seguir de cerca el proceso de negociación del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta;
23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior.
(1) DO C 101 de 16.3.2018, p. 19.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0230.
(3) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en
(4) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-opinion-01-2017-business-human-rights_en.pdf.
(5) https://www.etoconsortium.org/nc/es/main-navigation/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=21
(6) https://www.unglobalcompact.org/
(7) DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
(8) DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
(9) DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0066.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0494.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0448.
(13) DO C 298 de 23.8.2018, p. 100.
(14) DO C 252 de 18.7.2018, p. 62.
(15) DO C 337 de 20.9.2018, p. 33.
(16) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(17) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
(18) DO C 238 de 6.7.2018, p. 57.
(19) DO C 224 de 27.6.2018, p. 36.
(20) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(21) DO C 101 de 16.3.2018, p. 47.
(22) DO C 58 de 15.2.2018, p. 209.
(23) DO C 399 de 24.11.2017, p. 151.
(24) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
(25) http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre la situación en Yemen (2018/2853(RSP))
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Yemen, en particular las de 25 de febrero de 2016(1) y 15 de junio de 2017(2) sobre la situación humanitaria en Yemen, y las de 9 de julio de 2015(3) y 30 de noviembre de 2017(4) sobre la situación en Yemen,
– Visto el informe publicado el 28 de agosto de 2018 por el grupo de expertos eminentes internacionales y regionales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Yemen sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, incluidos los abusos y las violaciones cometidos desde septiembre de 2014,
– Vistas las declaraciones conjuntas de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP(AR), Federica Mogherini, y del comisario Christos Stylianides, de 13 de junio de 2018, sobre los últimos acontecimientos en relación con Al-Hudaida (Yemen), y de 4 de agosto de 2018, sobre los ataques aéreos en Al-Hudaida,
– Visto el informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de 24 de septiembre de 2018, sobre la situación en Yemen,
– Vista la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de marzo de 2018,
– Vista la declaración del presidente del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen, de 6 de septiembre de 2018,
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Yemen, y en particular las Resoluciones 2216 (2015), 2201 (2015) y 2140 (2014),
A. Considerando que el actual conflicto en Yemen ha entrado en su cuarto año y que más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria; que más de 17 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, extrema y con riesgo de hambruna para 8 millones de estas; que la actual fragmentación del conflicto es un signo claro de la erosión de la unidad del Estado; que la situación en Yemen conlleva también graves riesgos para la estabilidad de la región;
B. Considerando que este conflicto estalló en 2015 cuando los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, depusieron al presidente del país reconocido por la comunidad internacional, quien posteriormente propició la intervención de una coalición multinacional dirigida por Arabia Saudí para combatir a los rebeldes y las tropas aliadas con estos;
C. Considerando que desde noviembre de 2017 la coalición dirigida por Arabia Saudí ha impuesto un bloqueo a todas las importaciones destinadas al territorio controlado por los hutíes, a excepción del material humanitario y de auxilio urgente; que, según la OCAH, desde que comenzó el bloqueo Yemen ha satisfecho únicamente el 21 % de sus necesidades de combustible y el 68 % de sus necesidades de importación de alimentos; que en algunos casos los rebeldes hutíes han bloqueado el abastecimiento de suministros médicos básicos, alimentos y ayuda humanitaria a las ciudades controladas por el gobierno;
D. Considerando que en junio de 2018 la coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos inició una ofensiva para tomar la ciudad de Al-Hudaida; que Save the Children ha dado parte de cientos de víctimas civiles en esta operación; que Al-Hudaida es el puerto yemení más importante y el lugar por donde pasa hasta el 70 % de la ayuda alimentaria y humanitaria esencial que recibe el país; que, según las Naciones Unidas, desde principios de junio de 2018, casi 470 000 personas han huido de la provincia de Al-Hudaida; que un nuevo ataque a Al-Hudaida tendría consecuencias catastróficas para la población civil; que las partes en conflicto tienen la obligación de permitir y facilitar el paso rápido y expedito de la ayuda humanitaria, en particular de medicamentos, alimentos y otros artículos necesarios para la supervivencia;
E. Considerando que las negociaciones de alto el fuego dirigidas por el enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths, dieron lugar a la interrupción temporal de la ofensiva; que el fracaso de la última tentativa de celebrar conversaciones de paz en Ginebra supuso la reanudación de las hostilidades el 7 de septiembre de 2018; que, desde el inicio de la ofensiva, el número de muertes de civiles ha aumentado en un 164 %; que, pese a la presión internacional para que se encuentre una solución política estable e integradora a la crisis, las partes en el conflicto y sus valedores regionales e internacionales, incluidos Arabia Saudí e Irán, no han logrado alcanzar un alto el fuego ni ningún tipo de acuerdo, y que los combates y bombardeos indiscriminados no cesan;
F. Considerando que el 9 de agosto de 2018 un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí impactó en un autobús escolar en un mercado de la provincia septentrional de Sada y causó numerosas víctimas, entre ellas al menos cuarenta niños, la mayoría de ellos menores de diez años; que este ataque fue seguido dos semanas más tarde, el 24 de agosto, por un nuevo ataque de la coalición liderada por Arabia Saudí que causó la muerte a veintisiete civiles, la mayor parte niños, que huían de la violencia que asola la ciudad meridional sitiada de Al-Hudaida;
G. Considerando que la campaña liderada por Arabia Saudí y los intensos bombardeos aéreos, incluidos los ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, agravan el impacto humanitario de la guerra; que el Derecho aplicable en la guerra prohíbe los ataques deliberados e indiscriminados contra civiles y objetivos civiles tales como escuelas y hospitales; que, habida cuenta de las conclusiones del grupo de expertos eminentes internacionales y regionales (GEE), dichos ataques pueden ser constitutivos de crímenes de guerra, y quienes los comprometen, procesados por estos delitos; que las investigaciones realizadas por la coalición liderada por Arabia Saudí de los supuestos crímenes en Yemen ha carecido de credibilidad y no ha proporcionado una reparación a las víctimas civiles;
H. Considerando que, desde marzo de 2015, más de 2 500 niños han perdido la vida y más de 3 500 han resultado mutilados o heridos, y que cada vez son más los niños reclutados por los grupos armadas sobre el terreno; que las mujeres y los niños se ven especialmente afectados por las continuas hostilidades; que, según Unicef, casi 2 millones de niños están sin escolarizar, lo que compromete el futuro de toda una generación de niños en Yemen debido a un acceso limitado o nulo a la educación, lo que los hace vulnerables frente al reclutamiento militar y a la violencia sexual y de género;
I. Considerando que en agosto de 2018 un informe elaborado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que había motivos razonables para creer que todas las partes en conflicto podían haber cometido crímenes de guerra; que fuerzas de ambos bandos del conflicto han sido acusadas de utilizar armamento pesado contra zonas urbanizadas y muy pobladas, con ataques a hospitales y otras estructuras no militares;
J. Considerando que la guerra también ha provocado la destrucción de infraestructuras y el hundimiento de la economía de Yemen, así como perturbaciones generalizadas en el acceso a productos básicos y el suministro de servicios públicos, saneamiento y agua potable; que a finales de 2016 dejó de realizarse el pago periódico de los salarios de hasta 1,4 millones de funcionarios no militares de Yemen;
K. Considerando que vetar el uso de los vuelos de las Naciones Unidas a los medios internacionales y a las organizaciones de derechos humanos imposibilita una cobertura independiente de la situación en Yemen y contribuye a la desatención general hacia el conflicto;
L. Considerando que la violencia sexual de género ha aumentado exponencialmente desde el inicio del conflicto; que el sistema de justicia penal ha perdido totalmente su ya limitada capacidad para atajar la violencia sexual y de género y que no se han efectuado investigaciones sobre prácticas como el secuestro y la violación de mujeres o las amenazas de cometerlos como medio para extorsionar dinero a familias y comunidades;
M. Considerando que los defensores de los derechos humanos han sido objeto de un acoso incesante, amenazas y campañas de difamación de todas las partes en conflicto; que las mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas han sufrido una represión específica de género;
N. Considerando que las autoridades hutíes de facto han llevado a cabo una campaña sistemática de acoso, encarcelamientos abusivos y arbitrarios y desapariciones forzosas y torturas contra los defensores de derechos humanos, periodistas y minorías religiosas; que 24 yemeníes de la minoría Baha'i, incluido un niño, se enfrentan a cargos que podrían conducir a la pena capital simplemente por sus ideas y acciones pacíficas;
O. Considerando que se ha acusado a los rebeldes hutíes de causar víctimas civiles a gran escala durante su asedio a Taiz, la tercera ciudad más importante de Yemen; que dichos rebeldes han librado una guerra de desgaste contra las poblaciones civiles de las zonas bajo el control del gobierno; que también han desplegado minas antipersona prohibidas y han reclutado a niños;
P. Considerando que Kamal al-Yandubí, presidente del GEE, que publicó un informe para el Consejo de Derechos Humanos el 28 de agosto de 2018 sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, es víctima de una campaña de difamación cuyo objetivo es intimidar a los miembros del GEE y suscitar dudas sobre sus conclusiones;
Q. Considerando que Yemen ha firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pero que todavía no lo ha ratificado; que varias disposiciones del Estatuto de Roma, en particular las relativas a los crímenes de guerra, reflejan el Derecho internacional consuetudinario;
R. Considerando que en febrero de 2018 Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se ponía de relieve la participación de Irán en este conflicto;
S. Considerando el embargo internacional de armas en vigor contra las fuerzas hutíes apoyadas por Irán y que, según el 18.º Informe anual de la Unión sobre la exportación de armas, los Estados miembros de la Unión han seguido autorizando las transferencias de armas a Arabia Saudí desde la escalada del conflicto, incumpliendo así la Posición Común del Consejo 2008/944/PESC de 8 de diciembre de 2008 por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares(5); que el pasado año algunos Estados miembros de la Unión suspendieron total o parcialmente los envíos de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos; que el Parlamento ha instado reiteradamente a la VP/AR a que ponga en marcha una iniciativa para imponer un embargo de armas de la Unión a Arabia Saudí, en consonancia con la Posición Común 2008/944/PESC;
T. Considerando que la mayoría de los ataques perpetrados por las fuerzas de los Estados Unidos en Yemen son ataques letales con drones; que la decisión de añadir a determinadas personas a las listas de objetivos de las operaciones con drones se toma, a menudo, sin orden ni resolución judiciales; que el establecimiento como objetivo y el asesinato posterior de determinadas personas pueden, en determinadas circunstancias, considerarse ejecuciones extrajudiciales;
U. Considerando que la guerra en Yemen abre posibilidades para que grupos extremistas, incluida Al‑Qaeda de la Península Arábiga, amplíen su radio de acción y amenacen con ello a la región en general; que un Yemen estable, seguro y dotado de un gobierno que funcione adecuadamente es fundamental para asegurar el éxito de los esfuerzos internacionales necesarios para luchar contra el extremismo y la violencia, tanto en la propia región como fuera de ella, así como para consolidar la paz y la estabilidad en el país;
V. Considerando que la estabilidad de toda la región es de crucial importancia para la Unión; que la Unión está comprometida con un enfoque global y estratégico en el que participen todos los agentes regionales relevantes; que encontrar una solución política al conflicto bajo los auspicios de la iniciativa de paz de las Naciones Unidas en Yemen debería ser una prioridad para la Unión y para la comunidad internacional en su conjunto;
W. Considerando que la Unión mantiene su compromiso de seguir facilitando ayuda encaminada a salvar vidas a todas las personas necesitadas en Yemen; que, al mismo tiempo, la Unión comparte las preocupaciones de las Naciones Unidas y de los demás donantes respecto a la continua disminución del espacio humanitario; que desde 2015 hasta hoy la Unión ha financiado ayuda humanitaria para Yemen por valor de más de 233 millones de euros;
1. Condena taxativamente la violencia que asola Yemen y todos los ataques dirigidos contra la población y las infraestructuras civiles; subraya su preocupación por un conflicto que sigue degenerando en una de las más graves crisis humanitarias, políticas y económicas; recuerda a todas las partes implicadas, incluidos sus valedores regionales e internacionales, que la selección deliberada como objetivos de civiles y de infraestructuras civiles, incluidos los hospitales y el personal médico, los sistemas de agua, los puertos, los aeropuertos y los mercados, constituyen graves violaciones del Derecho internacional;
2. Lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas como consecuencia del conflicto, así como el sufrimiento de todos los que se han visto involucrados en él y transmite su pésame a las familias de las víctimas; reafirma su compromiso de continuar apoyando a Yemen y al pueblo yemení;
3. Pide a todas las partes en el conflicto que abandonen inmediatamente las hostilidades; insta a Arabia Saudí y a otros agentes implicados a que levanten el bloqueo actual sobre Yemen; pide a todos los Estados y agentes relevantes implicados directa o indirectamente, incluido Irán, que ejerzan una presión máxima sobre todas las partes con el fin de que trabajen en favor de la distensión y que dejen de facilitar, con carácter inmediato, apoyo político, militar y financiero a los actores militares sobre el terreno, ya sea directamente o a través de representantes;
4. Hace hincapié en que únicamente una solución política, inclusiva y negociada al conflicto puede restablecer la paz y preservar la unidad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Yemen; pide a todos los actores internacionales y regionales que colaboren de forma constructiva con las partes de Yemen para permitir una distensión del conflicto y conseguir una solución negociada;
5. Apoya los esfuerzos del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths, en favor del relanzamiento del proceso político; toma nota de sus declaraciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pronunciadas el 11 de septiembre de 2018, según las cuales, pese a la ausencia de una de las partes en la ronda de consultas de Ginebra la semana pasada, y aun no habiendo salido todo como estaba previsto, conseguimos relanzar el proceso político con un claro apoyo del pueblo yemení y de la comunidad internacional; se congratula de la visita de Martin Griffiths a Saná efectuada el 16 de septiembre de 2018; pide que se otorgue al enviado especial acceso pleno y sin impedimentos a todas las partes del territorio yemení; pide a la VP/AR y a todos los Estados miembros de la Unión que proporcionen al Sr. Griffiths respaldo político con vistas a alcanzar una solución negociada e integradora;
6. Condena todos los atentados terroristas en los términos más enérgicos; expresa su profunda preocupación por la presencia cada vez mayor en Yemen de grupos delictivos y terroristas, incluido Al-Qaeda de la Península Arábiga y el EIIL/Dáesh; pide a todas las partes en el conflicto que adopten acciones decididas contra dichos grupos; condena la presencia de combatientes extranjeros y pide la expulsión de todos estos combatientes de Yemen;
7. Pide a todas las partes en el conflicto que permitan el inmediato y pleno acceso de las organizaciones humanitarias a las zonas afectadas por el conflicto para que puedan prestar su ayuda a las personas necesitadas; pide que, en el contexto de la aplicación de la Resolución 2216(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones, tanto este último como el Consejo identifiquen a aquellas personas que obstaculicen la prestación de la ayuda humanitaria en Yemen y les impongan sanciones específicas;
8. Destaca que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha hecho hincapié en su apoyo al mecanismo de verificación e inspección de las Naciones Unidas (UNVIM) y que la Unión respalda plenamente la continuidad del mismo y el desempeño pleno y sin impedimentos de su mandato;
9. Pide a todas las partes que pongan fin con carácter inmediato a todos los ataques contra la libertad de expresión y que liberen a todos los periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos por el mero ejercicio de sus derechos humanos; pide a todas las partes que dejen de obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación internacionales y el personal humanitario en relación con el conflicto;
10. Insta a todas las partes en el conflicto armado a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar unas investigaciones efectivas, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del Derecho internacional humanitario, con arreglo a las normas internacionales; expresa su profunda preocupación por las informaciones difundidas según las cuales se estaría conculcando la libertad de religión o creencias, con discriminaciones, detenciones ilegales, actos de violencia y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de violencia sexual y de otro tipo contra mujeres, hombres, niñas y niños, vulnerándose las normas internacionales;
11. Pide a todas las partes en el conflicto a que pongan fin al reclutamiento o utilización de niños como soldados y a otras graves violaciones cometidas contra los niños vulnerando el Derecho y las normas internacionales aplicables; pide, asimismo, a todas las partes que liberen a los niños que ya han sido reclutados y que cooperen con las Naciones Unidas para su rehabilitación y reinserción en sus comunidades; respalda la fundamental labor de UNICEF en Yemen;
12. Pide al Tribunal Penal Especializado, situado en Saná en territorio controlado por los hutíes, que absuelva y libere a Asmaa al-Omeisy, Saíd al-Ruwaishad y Ahmad Bawazir, quienes desaparecieron a la fuerza y fueron torturados y condenados a muerte tras un juicio claramente injusto por haber prestado supuestamente ayuda a un país enemigo;
13. Pide al Tribunal Penal Especializado de Saná que libere inmediatamente a las 25 personas que profesan la fe Bahá´í que se encuentran actualmente detenidas por practicar pacíficamente su religión y que se enfrentan a cargos susceptibles de ser castigados con la pena de muerte;
14. Recuerda a todas las partes en el conflicto que son responsables de los delitos que cometan con arreglo al Derecho internacional; insta a todos los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para exigir responsabilidades a los presuntos autores de crímenes, en particular mediante el procesamiento a escala nacional o internacional de toda persona, grupo y organización sospechoso de haber cometido tales violaciones o la aplicación del principio de jurisdicción universal y la investigación y procesamiento de los presuntos autores de atrocidades en Yemen;
15. Encomia el trabajo emprendido por el GEE y expresa su plena solidaridad con su presidente, Kamal al-Yandubí; se felicita del informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de 24 de septiembre de 2018, sobre la situación en Yemen, en el que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió prorrogar el mandato del GEE durante un año más, renovable tal y como ha autorizado el Consejo de Derechos Humanos, para incluir la recopilación de pruebas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Yemen, con el fin de perseguir y castigar a los culpables de tales violaciones; pide que se remita la situación de Yemen a la Corte Penal Internacional (CPI); insta a Yemen a adherirse a la CPI, lo que permitiría el enjuiciamiento de todos los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto, a falta de una remisión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
16. Pide a la Unión y a todos los Estados miembros que presten un apoyo cohesionado, rápido y efectivo al GEE en todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y en particular en el Consejo de Derechos Humanos;
17. Insta al Consejo, a la VP/AR y a los Estados miembros a que se opongan a las ejecuciones extrajudiciales, también mediante la utilización de drones, reafirmen la posición de la Unión con arreglo al Derecho internacional y velen por que los Estados miembros no perpetren, faciliten o participen de algún modo en operaciones letales ilícitas; insta al Consejo a que adopte una posición común sobre el uso de drones armados;
18. Pide a la Unión que tome la iniciativa en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos para plantear la cuestión de la pertenencia al mismo de Estados con un historial de derechos humanos más que cuestionable;
19. Insta a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros a que sigan dialogando con los países de la región sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales; manifiesta su disposición a mantener un diálogo constructivo y abierto con las autoridades de los países de la región sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; pide que se realice un intercambio de conocimientos en materia judicial y jurídica para reforzar la protección de los derechos individuales en los países de la región;
20. Pide al Consejo que promueva efectivamente el cumplimiento del Derecho internacional humanitario de acuerdo con lo establecido en las directrices pertinentes de la Unión; reitera, en particular, la necesidad de que todos los Estados miembros de la Unión apliquen de forma estricta las normas establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC; recuerda, a este respecto, las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen de 25 de febrero de 2016 y 30 de noviembre de 2017; insta a todos los Estados miembros de la Unión, a este respecto, a que se abstengan de vender armas y cualquier equipo militar a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y cualquier miembro de la coalición internacional, así como al Gobierno yemení, y a todas las demás partes en el conflicto;
21. Denuncia la destrucción del patrimonio cultural yemení por los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí, en particular la ciudad antigua de Saná y el casco histórico de Zabid; lamenta y recuerda la responsabilidad de la coalición por esta destrucción y destaca que se le pedirán cuentas también por estos actos; pide al secretario general de las Naciones Unidas que remita al Consejo de Seguridad la cuestión de la protección de todos los emplazamientos culturales amenazados por el conflicto en Yemen, con vistas a la adopción de una resolución en la materia;
22. Se congratula del Plan de Respuesta Humanitaria para Yemen de Naciones Unidas de 2018 y de la Conferencia de alto nivel de donantes para la crisis en Yemen de 2018, en la que los donantes internacionales se comprometieron a aportar más de 2 000 millones USD; deplora, sin embargo, que siga existiendo un déficit de financiación para Yemen; celebra que la Unión se haya comprometido a ayudar a los afectados por el conflicto en Yemen y a aportar 107,5 millones EUR; insta a todos los donantes a que desembolsen rápidamente sus compromisos; se felicita por que la Unión siga proporcionando ayuda al desarrollo a Yemen, dando prioridad a las intervenciones dirigidas a la estabilización del país, y por que colabore en las zonas estables con las autoridades locales en aras de promover la resiliencia, contribuya a mantener la prestación de servicios básicos y fomente medios de subsistencia sostenibles para las comunidades;
23. Se reserva el derecho de volver a examinar esta cuestión hasta que se alcance una solución negociada; recomienda que su Subcomisión de Derechos Humanos examine la evolución de la situación de los derechos humanos en Yemen y que elabore un informe sobre las violaciones de los derechos humanos y civiles cometidas en el país;
24. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, al secretario general de la Liga de los Estados Árabes y al Gobierno de Yemen.
(1) DO C 35 de 31.1.2018, p. 142.
(2) DO C 331 de 18.9.2018, p. 146.
(3) DO C 265 de 11.8.2017, p. 93.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0473.
(5) DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
120k 45k
– Visto el Decimoséptimo informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude relativo al año 2016,
– Vista la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal(1),
– Vistos el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea(2), la Decisión (UE) 2018/1094 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de los Países Bajos en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea(3), y la Decisión (UE) 2018/1103 de la Comisión, de 7 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de Malta en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea(4),
– Vistos el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión(5) y los actos delegados y de ejecución conexos,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de abril de 2016, relativa a un plan de acción sobre el IVA (COM(2016)0148),
– Visto el Informe Especial n.º 24/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 3 de marzo de 2016, titulado «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica»,
– Visto el régimen aduanero 42, que establece la exención del IVA aplicable a las mercancías importadas en un Estado miembro cuando posteriormente se envíen a otro Estado miembro,
– Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(6),
– Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.º 19/2017, de 5 de diciembre de 2017, titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»,
A. Considerando que los recursos propios tradicionales, compuestos principalmente por los derechos sobre las importaciones procedentes del exterior de la Unión y las cotizaciones sobre el azúcar, representan aproximadamente el 12,8 % de los recursos propios de la Unión;
B. Considerando que a primeros de 2017 la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) concluyó la investigación de un caso de fraude aduanero en el Reino Unido cuyas principales conclusiones se publicaron en el informe de actividad 2017 de la OLAF;
C. Considerando que la OLAF estimó una pérdida de 1 987 millones de euros para el presupuesto de la Unión en derechos de aduana no percibidos por productos textiles y calzado importados de China a través del Reino Unido en el periodo 2013-2016;
D. Considerando que, a título comparativo, la OLAF recomendó en 2016 la recuperación de un importe total de 631,1 millones EUR como resultado de las 272 investigaciones llevadas a cabo;
E. Considerando que el fraude en cuestión implica una infravaloración por la que los importadores pueden obtener beneficios evadiendo derechos aduaneros e impuestos conexos al pagar mucho menos de lo que establece la ley;
F. Considerando que la investigación reveló asimismo la existencia de una importante evasión del IVA en relación con importaciones a través del Reino Unido, cometida mediante suspensiones abusivas del pago del IVA, el denominado régimen aduanero 42; que la estimación de estas pérdidas acumuladas es de unos 3 200 millones para el período 2013-2016, lo que también supone una pérdida para el presupuesto de la Unión;
G. Considerando que la OLAF ha emitido una recomendación financiera a la Dirección General de Presupuesto de la Comisión, una recomendación administrativa a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera y una recomendación judicial a la Fiscalía de la Corona del Reino Unido para iniciar procesos judiciales contra los implicados en evasión fraudulenta de derechos aduaneros y contra los implicados a sabiendas en el blanqueo del producto de ese delito;
H. Considerando que la OLAF investiga actualmente un nuevo caso de infravaloración aduanera que afecta al puerto de El Pireo en Grecia, que representa una grave pérdida para los recursos de la Unión y que se estima que ha costado a Italia decenas de millones de euros en IVA no pagado, aunque el importe total podría ser muy superior ya que la investigación sigue su curso;
I. Considerando que los casos británico y griego distan mucho de ser casos aislados y deberían servir de detonantes para tomar medidas;
J. Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado que no existe una aplicación armonizada y normalizada de los controles aduaneros por parte de los Estados miembros y que esto puede animar a los defraudadores a elegir el eslabón más débil de la cadena para llevar a cabo sus importaciones fraudulentas;
1. Acoge con satisfacción la incoación del procedimiento de infracción por la Comisión el 8 de marzo de 2018 a consecuencia del caso de fraude aduanero del Reino Unido;
2. Pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para recuperar los recursos propios de la Unión no cobrados a fin de incorporar esos ingresos al presupuesto de la Unión;
3. Pide a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera que tome medidas para prevenir en el futuro el uso abusivo del régimen aduanero 42;
4. Pide a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento de las recomendaciones de la OLAF y que informe al respecto, y lamenta el hecho de que la recuperación de fondos pueda demorarse hasta diez años;
5. Insta a la Comisión a que garantice que los Estados miembros cumplirán plenamente las disposiciones del Código Aduanero de la Unión que entró en vigor el 1 de mayo de 2016, y a que aclare toda disposición que pueda inducir a confusión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la aplicación de las normas comunes por las autoridades aduaneras se organice de manera que se evite realmente el fraude, incluido el fraude «en cascada», y se refuercen los controles en los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y en internet;
6. Pide a la Comisión que contribuya a la realización y a la sostenibilidad financiera de los sistemas de información aduanera de la Unión;
7. Pide a la Comisión que desarrolle un método adecuado y elabore estimaciones periódicas de la brecha aduanera a partir de 2019, y que informe al Parlamento a este respecto cada seis meses;
8. Pide al Consejo que alcance un rápido acuerdo con el Parlamento sobre un marco jurídico de la Unión en materia de infracciones y sanciones aduaneras para permitir la aplicación de sanciones administrativas armonizadas y la aplicación de los mismos criterios a las infracciones; recuerda que el Parlamento ya aprobó su posición en octubre de 2016; pide a la Comisión que facilite este acuerdo;
9. Lamenta que no todos los Estados miembros de la Unión hayan acordado formar parte de la Fiscalía Europea;
10. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que concluyan lo antes posible sus negociaciones sobre los esfuerzos encaminados a aplicar un régimen del IVA definitivo tendente a armonizar el cobro y el pago del IVA en toda la Unión para evitar, entre otras cosas, el fraude;
11. Pide a la Comisión que desarrolle un plan de acción que garantice la aplicación plena y oportuna del Reglamento del IVA en todos y cada uno de los Estados miembros para afianzar esta fuente de recursos propios de la Unión;
12. Pide a la Comisión que considere la transferencia de las responsabilidades aduaneras de las autoridades nacionales a la Unión para garantizar un tratamiento armonizado en todos los puntos de entrada de la Unión, supervisar la ejecutoria y las actividades de las administraciones aduaneras y recoger y procesar los datos aduaneros;
13. Respalda los objetivos del Reglamento (UE) n.º 1294/2013(7) (Aduana 2020) de apoyar a las autoridades aduaneras en la protección de los intereses financieros y económicos de la Unión y de los Estados miembros, incluida la lucha contra el fraude; destaca que la Comisión debe tomar medidas apropiadas que garanticen que los intereses financieros de la Unión estén protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude;
14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.
(1) DO L 198 de 28.7.2017, p. 29.
(2) DO L 283 de 31.10.2017, p. 1.
(3) DO L 196 de 2.8.2018, p. 1.
(4) DO L 201 de 8.8.2018, p. 2.
(5) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(6) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
(7) DO L 347 de 20.12.2013, p. 209.

References: artículo 349
 artículo 22
 artículo 193
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 artículo 36
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 46
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 artículo 294
 artículo 85
 artículo 69
 artículo 294

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 artículo 294
 artículo 82

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 artículo 294
 artículo 114
 artículo 69
 artículo 294
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 artículo 208
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 artículo 103
 artículo 5
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