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Timestamp: 2017-01-21 02:51:35+00:00

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supuesto práctico num 39
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PERSONAS DETENIDAS EN PODER DE LA PARTE ADVERSA PLANTEAMIENTO SITUACION GENERAL. El Gobierno del Estado A, que tiene muy malas relaciones con el vecino Estado B, proporciona en su territorio alojamiento y bases de entrenamiento a numerosos miembros, nacionales de diversos Estados, de una organización armada denominada “ALCAR” (hostil al Estado B), a la que ayuda también económicamente. En el territorio del Estado A se desarrolla desde hace diez años un conflicto armado interno, entre las fuerzas armadas gubernamentales y fuerzas armadas disidentes militarmente organizadas que, apoyadas logística y económicamente por el Estado B, controlan la cuarta parte del territorio del Estado A y realizan continuos actos de hostilidad contra sus tropas gubernamentales. ATENTADOS TERRORISTAS. En ésta situación, la población civil residente en una populosa ciudad del Estado B sufre tres atentados terroristas con explosivos que causan cientos de muertos y heridos. La autoría de los atentados es reivindicada por la organización armada “ALCAR”. El Gobierno del Estado B considera el atentado como una acción de guerra cuya responsabilidad imputa al Estado A, al tiempo que le requiere para que le entregue a los responsables del “ataque armado” pertenecientes a “ALCAR”, que se encuentren en el territorio del Estado A. ACCIONES ARMADAS. Al negarse el Estado A, las fuerzas armadas del Estado B, con el apoyo del Estado C, inician una serie de ataques por medio de bombardeos aéreos, lanzamiento de misiles de largo alcance y acciones de comando contra objetivos que se encuentran en el territorio controlado por el Gobierno del Estado A. Ante éstos ataques, el Estado A moviliza a sus fuerzas armadas, en las que se integran unidades independientes formadas por miembros de la organización armada “ALCAR”. Desde la Radio-Televisión de la capital del Estado A se emiten programas de exaltación patriótica con objeto de mantener la moral de las tropas. Entendiendo que esta actividad contribuye a mantener el esfuerzo bélico del adversario, la aviación del Estado B bombardea y destruye totalmente el edificio de la citada Radio-Televisión, causando numerosos muertos y heridos entre las personas que allí trabajaban. Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolla desde antiguo su actividad en el Estado A, protegiendo a las víctimas del conflicto. Gestiona el Programa Mundial de Alimentos y ha señalizado los almacenes donde guarda víveres, ropa y medicinas con grandes emblemas de la Cruz Roja visibles desde el aire. En un ataque de la aviación del Estado B contra un acuartelamiento próximo de tropas del Estado A y debido a la gran altura a que se vuela para evitar las defensas antiaéreas enemigas, varias bombas destruyen totalmente los referidos almacenes. Ante la reclamación formulada
por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Gobierno del Estado B alega que se trata de daños incidentales. DETENIDOS EN PODER DE LA PARTE ADVERSA. En un rápido despliegue por el territorio del Estado A, las fuerzas terrestres del Estado B capturan a numerosas personas. Algunos (Grupo 1ª) son miembros del Ejército regular del Estado A que combaten vistiendo su uniforme y portando abiertamente las armas. Otros (Grupo 2º), de uniforme y portando armas, pertenecen a la organización armada “ALCAR”. Un centenar de personas (Grupo 3º) que no visten uniforme ni portan armas son detenidas cuando huyen del lugar donde se combate, acusadas de pertenecer a la organización “ALCAR”. Y, finalmente, son también capturados (Grupo 4º) campesinos del Estado A que, sin vestir uniforme, atacan por sorpresa a las fuerzas armadas del Estado B causándole numerosas bajas. Todos los detenidos son trasladados a un campamento del Estado B, en condiciones de total aislamiento, vistiendo una ropa que los identifica como reclusos, sin notificarles cargo alguno e incomunicados. El Gobierno del Estado B declara que no reconoce a ningún detenido la condición de prisionero de guerra. Por otra parte se utilizan técnicas rigurosas en el interrogatorio de los detenidos, coaccionándoles para obtener información sobre posibles futuros actos terroristas. No se da a conocer la identidad de los detenidos a sus familias, ni se les admite el derecho a la defensa por un abogado. El Gobierno del Estado B constituye Tribunales Militares de Excepción para juzgar a los detenidos, que pueden ser condenados a la pena de muerte (sin que sea precisa la unanimidad del Tribunal, como exige la legislación del Estado B) y no se les reconocen las garantías propias del Derecho Internacional Humanitario. PREGUNTAS 1ª. ¿ En qué momento y qué normas del Derecho Internacional Humanitario son aplicables, según el tipo de conflicto ? 2ª. ¿ Es lícito el ataque contra la Radio-Televisión del Estado A, conforme al Derecho Internacional Humanitario ? 3ª. ¿ Puede justificarse la destrucción de los almacenes del Comité Internacional de la Cruz Roja ? 4ª. ¿ Qué condición debe reconocerse a los integrantes de cada uno de los cuatro grupos de detenidos ? 5ª. ¿ Cual será el trato debido y las normas de Derecho Internacional Humanitario aplicables a cada grupo de detenidos ? 6ª. ¿ Se ha infringido alguna norma de Derecho Internacional Humanitario por el Estado B en relación con el trato debido a las personas detenidas ?
SUPUESTO PRÁCTICO NUM. 39
PERSONAS DETENIDAS EN PODER DE LA PARTE ADVERSA SOLUCIÓN RAZONADA PLANTEAMIENTO GENERAL No han faltado autores que han llegado a justificar la legítima defensa individual o colectiva ante actos terroristas de una determinada dimensión, cometidos por grupos armados que actúan en tanto que órganos estatales, de hecho o de derecho, o son controlados o tolerados por un Estado, así como en el caso de un Estado que apoya logística o financieramente a ese grupo terrorista. Admitiendo incluso que si un Estado sirve como santuario y estos territorios-refugio sirven deliberadamente para dar protección a los terroristas con el fin de que puedan después continuar los ataques armados desde otras bases, el Estado lesionado tiene derecho a atacar estos territorios respetando el principio de proporcionalidad. No vamos a entrar en el análisis de la legalidad o no de la respuesta armada del Estado B contra el Estado A. Únicamente debemos dejar constancia de que, en la reacción inicial del Gobierno del Estado B, se calificaron los ataques terroristas sufridos como actos de guerra. En consecuencia, el examen de la licitud o ilicitud de las acciones armadas ejecutadas es cuestión ajena al campo del Derecho Internacional Humanitario ( ius in bello) , que se limita a establecer normas para la protección de las víctimas de los conflictos armados. 1ª. PREGUNTA: LA APLICACIÓN DEL DERECHO HUMANITARIO EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL
Ahora bien, en todo caso, si se produce una respuesta que pueda calificarse de guerra, lucha o conflicto armado (internacional o interno) u ocupación de un territorio de otro Estado, se deben aplicar plenamente las normas del DIH a las personas protegidas, en todas las circunstancias y sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado. En efecto, en primer lugar, no hay duda de que el conflicto que se inicia con la intervención armada del Estado B en el territorio del Estado A (donde previamente existía un conflicto armado interno) reviste el carácter de un conflicto armado internacional al producirse un enfrentamiento entre dos Estados (A y B, con la ayuda del Estado C), por lo que la existencia de una organización como “ALCAR” no impide la aplicación del DIH. El hecho de que la acción armada de un Estado invoque la legítima defensa contra una organización terrorista, no le exime de cumplir las normas que regulan la acción hostil contra la Parte adversa en el conflicto y, mucho menos, las que otorgan protección a las personas civiles que no participan en la lucha armada. Con independencia de las causas del conflicto, cuando comienza la lucha armada se aplican automáticamente las normas de los Convenios de
Ginebra y de otros instrumentos de DIH, de forma que las víctimas tienen derecho a la protección que les otorgan y los Estados deben respetar y hacer respetar las reglas protectoras de los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y población civil, bienes culturales y medio ambiente natural. Particularmente, deben cumplirse las normas sobre la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades, haciendo siempre distinción entre la población civil y los combatientes, y entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares. En especial, están prohibidos los ataques indiscriminados y la acción bélica debe estar presidida por el principio de proporcionalidad, sin que pueda afectar a los bienes indispensables para la supervivencia de las personas civiles. 2ª. PREGUNTA. ¿ ES LICITO EL ATAQUE CONTRA LA RADIO-TELEVISION DEL Estado A ? No cabe duda que una emisora de Radio-Televisión que se limita, en tiempo de conflicto armado, a emitir programas de exaltación patriótica para mantener la moral de las tropas, no puede ser considerada como un objetivo militar, según la definición del artículo 52.2 del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, pues no se trata de un objeto que por naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuya eficazmente a la acción militar o cuya destrucción, total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Además, en caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin (artículo 52.3 del mencionado Protocolo I). En consecuencia, el Estado B incumplió la prohibición establecida en el artículo 52.1 del aludido Protocolo I: “Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias”. 3ª. PREGUNTA: ¿ PUEDE JUSTIFICARSE LA DESTRUCCIÓN DE LOS ALMACENES DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA ? En el supuesto de un conflicto armado, como en el caso propuesto, se activan los mecanismos para la protección de las víctimas. Y así se legitima la actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyo ofrecimiento de servicios (invocando su derecho de iniciativa) no puede nunca ser considerado como injerencia en el conflicto. El CICR debe tener acceso rápido y sin obstáculos para asistir a la población civil con acciones de socorro y permanecer presente para proteger a las víctimas de un conflicto. El artículo 9 de los Convenios I, II y III y el artículo 10 del IV Convenio de Ginebra garantizan las actividades humanitarias que el CICR emprenda para la protección de heridos, enfermos, prisioneros de guerra o personas civiles, así como para proporcionarles socorros. Los Centros de la Cruz Roja realizan funciones de asistencia sanitaria, proporcionan prótesis para los mutilados por minas, almacenan material sanitario, víveres y bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (programa mundial de alimentos y otras necesidades perentorias).
Los establecimientos sanitarios y los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (I y IV Convenios de Ginebra y Protocolo I Adicional) no pueden ser en ningún caso intencionadamente destruidos, objeto de ataques ni de represalias. El artículo 44 del I Convenio de Ginebra regula el empleo del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja para proteger los establecimientos sanitarios, otorgando este derecho a las Sociedades Nacionales que desempeñen tareas sanitarias, debidamente autorizadas por el Gobierno. Además dispone que los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal ( como el Comité Internacional de la Cruz Roja ) pueden utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Estos establecimientos humanitarios gozan de inmunidad si están claramente visibles los emblemas distintivos de su misión y tal protección no puede cesar, incluso en el caso de que fueran utilizados indebidamente, sino tras una intimación que determine un plazo razonable, y que no surta efectos. En definitiva, no se trata sólo de la obligación de evitar los daños incidentales o colaterales en un ataque (pues éstos se rigen por el principio de proporcionalidad) sino del deber de respetar la inmunidad de las instalaciones humanitarias que gozan de protección especial y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques ni de represalias en ninguna circunstancia. 4ª. PREGUNTA. LA CONDICION DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUATRO GRUPOS DE DETENIDOS En las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), particularmente, en el III Convenio de Ginebra y en el Protocolo I Adicional, se determina el concepto de combatiente en los conflictos armados internacionales, puesto que a tal condición se anudan dos consecuencias jurídicas: el derecho a participar (directa y legítimamente) en la acción hostil y el derecho al estatuto de prisionero de guerra. En general para que concurra en una persona la condición de combatiente el DIH exige, en primer lugar, que pertenezca a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto y, por tanto, que se encuentre encuadrado en una organización militar dotada de disciplina interna, mando responsable y que respete las normas del DIH. En segundo lugar, que se distinga de la población civil, portando un signo fijo reconocible a distancia y llevando las armas abiertamente. En cuanto al primer requisito, hay que señalar que las fuerzas armadas de una Parte en conflicto no sólo se componen de las fuerzas regulares, sino de todas las fuerzas, grupos y unidades armadas militarmente organizadas, colocadas bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados. De manera que, conforme al artículo 4 del III Convenio de Ginebra, son prisioneros de guerra: a) Los miembros de las milicias y cuerpos de voluntarios que formen parte de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto. Es decir, los que se integran o forman parte del ejército. b) Los miembros de otras milicias y de otros cuerpos de voluntarios (no integrados, por tanto, en las fuerzas armadas de una Parte en conflicto), incluidos los de un movimiento de resistencia organizado, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio,
aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones : 1ª estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; 2ª tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia; 3ª llevar las armas a la vista; 4ª dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. Así los miembros de “otras milicias y de otros cuerpos de voluntarios” y de los “movimientos de resistencia” incluyen, recogiendo la experiencia de la segunda guerra mundial, a los llamados “partisanos” (personas que realizaban actos de hostilidad en territorio ocupado, organizados en pequeñas unidades combatientes), puesto que el citado III Convenio de Ginebra los asimiló al estatus de las milicias y cuerpos de voluntarios no pertenecientes a los ejércitos. Naturalmente, estas milicias, cuerpos de voluntarios o movimientos de resistencia han de pertenecer a una de las Partes en conflicto, porque es necesario que concurra el requisito de legitimidad, es decir su vinculación a un sujeto internacional responsable. Justamente este es el problema que puede plantearse en la concesión o reconocimiento de la condición de combatientes en el conflicto armado internacional entre los Estados A y B. Es indudable que debe ser aplicado el III Convenio de Ginebra y que, de acuerdo con los preceptos que hemos citado, los miembros de las fuerzas armadas (ejército regular) del Estado A (GRUPO 1º) y las milicias que forman parte de estas fuerzas armadas, al ser capturados por la Parte adversa, gozan de la protección de tal norma y, si reúnen los requisitos individuales mencionados (signo distintivo y armas a la vista), tienen derecho al trato debido a los prisioneros de guerra. Por lo que se refiere a los miembros de “ALCAR” capturados luchando en el curso de éste conflicto armado internacional (GRUPO 2º), la imputación de que constituyen o están integrados en un grupo terrorista internacional no puede impedir que se les reconozca la condición de combatientes, si concurren los requisitos colectivos e individuales que establece el III Convenio de Ginebra. En efecto, será determinante conocer si estas milicias o cuerpos de voluntarios se integraban o formaban parte de las fuerzas armadas del Estado A o pertenecían a esta Parte en conflicto, estaban mandados por una persona que responda de sus subordinados y dirigían sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. En principio no parece que existan razones para dudar de la concurrencia de los citados requisitos colectivos puesto que los miembros de “ALCAR” no se encontraban en el Estado A de forma clandestina sino con la autorización del Gobierno del país al que apoyaban en su lucha armada. Los requisitos individuales necesarios para gozar de la condición de combatiente no se pueden, como es obvio, determinar de modo global sino caso por caso, tanto en los miembros de las fuerzas armadas del Estado A como de “ALCAR”. Es de destacar que el reconocimiento de la condición de combatientes y, en consecuencia, del trato debido a los prisioneros de guerra, no es obstáculo alguno para que puedan ser juzgados por los crímenes que pudieran haber
cometido, conforme a las normas del Derecho internacional. Por ello ha afirmado el CICR su convicción, que compartimos, de que la observancia del DIH no constituye en modo alguno un obstáculo en la lucha contra el terror y el crimen.
LA INICIAL PROTECCIÓN DEL III CONVENIO DE GINEBRA A LAS CATEGORÍAS DUDOSAS DE COMBATIENTES La práctica internacional en el reconocimiento o denegación, muchas veces arbitrarios, de la condición de combatiente ha llevado a la proclamación, en el párrafo segundo del artículo 5 del III Convenio de Ginebra, del principio de la presunción de tal condición en caso de duda. En efecto, si no aparece clara la pertenencia de una persona que haya cometido un acto de beligerancia y que haya caído en poder del enemigo, a una de las categorías del artículo 4 del Convenio, dicha persona se beneficiará de la protección debida a los prisioneros de guerra. La duda debe versar sobre la condición de combatiente (o de las categorías de personas que, sin serlo, tengan derecho al trato como prisioneros de guerra) y la consecuencia es que debe gozar del trato establecido en el III Convenio de Ginebra hasta que un tribunal competente haya determinado su estatuto. Para la aplicación de este principio “pro status de prisionero” debe existir, en primer lugar, una duda razonable sobre su condición que se derive de las circunstancias de su captura (requisitos individuales y colectivos) y tratarse de una persona que haya cometido un acto de beligerancia y que haya caído en poder del enemigo. No se puede olvidar que si no pertenece a las diversas categorías de combatientes se considera persona civil (GRUPO 3º) y que en caso de duda de la condición de una persona, se la considerará civil (artículo 50.1 del Protocolo I de 1977). Según la doctrina no existe contradicción entre el artículo 5 del III Convenio de Ginebra y el artículo 50.1 del Protocolo Adicional I, pues regulan situaciones diferentes. En el caso del III Convenio se trata de personas que han practicado actos de hostilidad y que solicitan la condición de combatientes, mientras que en supuesto del artículo 50.1 son personas que no han realizado actos de hostilidad pero su condición es dudosa, dadas las circunstancias, por lo que no pueden ser atacadas. Ahora bien, si se trata de los campesinos del Estado A que, sin vestir el uniforme, atacan por sorpresa a las fuerzas armadas del Estado B causándole numerosas bajas (GRUPO 4º), no se les puede reconocer la condición de combatientes y, por tanto, de prisioneros de guerra, ni la de población civil protegida (que debe abstenerse de actos de hostilidad) . Serán considerados “francotiradores” o combatientes ilegítimos, que no gozan del estatuto de los prisioneros de guerra. La protección del III Convenio de Ginebra a los presuntos combatientes o prisioneros debe garantizarse desde el momento de su captura hasta que se pronuncie sobre su estatuto un tribunal competente. Naturalmente puede tratarse de un tribunal de la potencia detenedora y, según su legislación interna, esta competencia puede corresponder a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción militar.
Estimamos que tal decisión corresponde exclusivamente a un tribunal perteneciente al poder judicial, que no puede ser sustituida por la decisión de una autoridad administrativa, particularmente si la detención tiene por objeto la exigencia de responsabilidades penales. En todo caso la competencia no se puede conferir a tribunales excepcionales donde no se respeten las garantías fundamentales previstas en el DIH. El artículo 84 del III Convenio dispone que no se hará comparecer a un prisionero ante un tribunal que no ofrezca garantías de independencia e imparcialidad generalmente reconocidas y si su procedimiento no garantiza al acusado los derechos y las medios de defensa. Por otra parte, como consecuencia de la presunción, la carga de la prueba de que el interesado no tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra corresponde a la Potencia detenedora. En el caso de los detenidos de los Grupos 1º y 2º, ya se trate de miembros de las fuerzas armadas del Estado A o de miembros de “ALCAR”, en principio se deben beneficiar de esta presunción y gozar del trato debido a los prisioneros de guerra. Esta presunción no es aplicable a los detenidos integrantes de los Grupos 3º y 4º. El CICR ha mantenido, con su habitual discreción, la aplicación del III Convenio de Ginebra y el procedimiento establecido en el DIH para determinar cuando las personas detenidas no tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra. Sus delegados podrían visitar a las personas detenidas por el Estado B, de conformidad con el cometido que se asigna al CICR en el III Convenio de Ginebra. 5ª Y 6ª PREGUNTA. TRATO DEBIDO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA (GRUPOS 1º Y 2º) Conforme al DIH cuando un combatiente cae en poder del enemigo pasa a ser una persona fuera de combate y se convierte en una víctima de la guerra, protegida por el III Convenio de Ginebra. En su interrogatorio el prisionero sólo está obligado a dar su nombre y apellidos, su empleo militar, la fecha de su nacimiento y el número de identificación asignado. La Potencia detenedora deberá comunicar los datos personales de los prisioneros de guerra a la oficina de información nacional y a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra del CICR, mediante la Tarjeta de captura, facilitando así la comunicación con las familias interesadas. Los prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o cuerpos de tropa que los han capturado. Por tanto tal Potencia es responsable del trato que reciban (artículo 12, III Convenio). No se les podrá infligir tortura física o moral ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueren. Quienes se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún género (artículo 17, III Convenio). El prisionero debe conservar en su poder sus efectos personales y, de los de servicio, su casco protector y la máscara antigás. En el menor tiempo posible debe ser evacuado a la retaguardia. Los prisioneros deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias, prohibiéndose todo acto u omisión que comporte la muerte o ponga en grave peligro su salud, como las mutilaciones físicas o experimentos
médicos o científicos. Se prohíben las represalias y tienen derecho al respeto a su persona y honor (Artículos 13 y 14, III Convenio). Muy particularmente deben ser protegidos en todo tiempo contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos o la curiosidad pública. De forma que se infringe de modo evidente el DIH mostrando la imagen de los prisioneros de guerra a los medios de comunicación, violando su intimidad, si se les expone a la curiosidad pública en la situación de personas privadas de libertad. Los principios que presiden el trato a los prisioneros de guerra son: a) deben ser tratados siempre con humanidad. b) tienen pleno derecho a su dignidad personal, a su honor y respeto a su rango militar. c) tienen derecho a ser mantenidos gratuitamente. d) tienen derecho a no ser discriminados con respecto a otros prisioneros de guerra. Salvo que incurran en sanciones penales o disciplinarias durante el cautiverio no podrán ser encerrados ni confinados más que cuando tal medida sea necesaria para la protección de su salud (art.21, III Convenio). Excepto en casos especiales justificados por el propio interés de los prisioneros, éstos no serán internados en penitenciarías (art.22, III Convenio). Las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra serán tan favorables como las del alojamiento de las tropas de la Potencia detenedora acantonadas en la misma región (art. 25, III Convenio). El traslado de los prisioneros se efectuará siempre con humanidad y en condiciones que no deberán ser menos favorables que las de las tropas de la Potencia detenedora en sus desplazamientos (art. 46, III Convenio).
GARANTIAS JUDICIALES PREVISTAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Los prisioneros de guerra acusados en virtud de la legislación de la Potencia detenedora por actos cometidos antes de haber sido capturados disfrutarán, aunque sean condenados, de los beneficios del III Convenio de Ginebra (art. 85). En el artículo 99 del III Convenio se establece un conjunto de normas que someten a un control internacional las diligencias penales emprendidas por un Potencia de la que un prisionero de guerra no es nacional. Y en el mismo Convenio se exige que las personas protegidas sean juzgadas por los mismos tribunales y según el mismo procedimiento que los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora (art.102, III Convenio). Y la Potencia detenedora debe notificar cualquier procedimiento judicial contra una persona protegida a la Potencia protectora o al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las principales garantías judiciales previstas en el DIH son las siguientes: - Derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial (art. 84 (2) III Convenio de Ginebra) - Derecho a ser informado acerca de los cargos formulados
en su contra (art. 104 (2) del III Convenio) - Derecho a la defensa, a ser defendido por un abogado calificado y a un intérprete(arts. 99 y 105 III Convenio) - Principio de legalidad penal: nullum crimen sine lege (art. 99 (1) III Convenio) - Principio non bis in idem (art. 86 III Convenio) - El derecho a ser informado acerca de sus derechos de recurso (art.106 III Convenio) - La prohibición de dictar condenas y de las ejecuciones sin previo juicio ante tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados (art.3 común a los Convenios) - La irenunciabilidad de los derechos conferidos por el DIH (art. 7 común a los Convenios de Ginebra) Las sentencias dictadas contra los prisioneros de guerra se cumplirán en los mismos establecimientos y en las mismas condiciones que para los miembros de las fuerzas armadas de la Potencia detenedora (art. 108, III Convenio). 5ª Y 6ª PREGUNTAS. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CIVILES EN PODER DE LA PARTE ADVERSA (GRUPO 3º) La falta de reconocimiento del estatuto de prisioneros de guerra a un grupo de personas durante un conflicto armado internacional no priva a éstas de la protección del DIH. El IV Convenio de Ginebra contiene normas específicas que se refieren a la población civil, principal víctima de las guerras modernas. En primer lugar se consideran personas protegidas quienes, en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas (art. 4, IV Convenio de Ginebra). Así pues, se trata de los nacionales del Estado enemigo presentes en el territorio de un beligerante y de los habitantes de un territorio ocupado que no posean la nacionalidad de la Potencia ocupante. Sin embargo, la jurisprudencia emanada del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha flexibilizado el rígido criterio de la nacionalidad para ampliar el concepto de “personas protegidas” a las víctimas civiles de los actuales conflictos internacionales. El artículo 27 del IV Convenio de Ginebra protege, en todas las circunstancias, la persona, el honor, los derechos familiares, las convicciones y prácticas religiosas, los hábitos y las costumbres de las personas civiles y establece que deberán ser tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las “personas civiles protegidas”, en especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones (art. 31, IV Convenio). Se prohíbe, además, toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas que se encuentren en su poder. Prohibición que no se aplica solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares (art. 32 del IV Convenio).
Por lo que se refiere a la detención e internamiento de personas civiles, el IV Convenio de Ginebra les concede una serie de garantías procesales para que la decisión pueda ser revisada por un tribunal u órgano administrativo competente (art. 43, IV Convenio). Asimismo los artículos 79 y siguientes de la misma norma establecen una regulación muy detallada de las condiciones de internamiento de civiles, muy similares a los preceptos citados que regulan el trato debido a los prisioneros de guerra. 5ª Y 6ª PREGUNTA. LA PROTECCIÓN RESIDUAL ( GRUPO 4º ) En definitiva, como se ha escrito, el propósito del DIH es la defensa de la dignidad humana en las excepcionales circunstancias de un conflicto armado, de manera que las personas civiles en poder del enemigo no quedan a su merced, sino que poseen un conjunto de derechos que el Estado tiene la obligación de salvaguardar y que se concretan en el IV Convenio de Ginebra. Más aún, las personas las a quienes se niega o se restringen los derechos otorgados por el IV Convenio, incluidos los ciudadanos de Estados que no son parte en el conflicto y las personas a quienes se deniega el estatuto de prisioneros de guerra, gozan de las garantías fundamentales del artículo 75 del Protocolo I Adicional de 1977, norma que protege a las personas que estén en poder de una Parte en conflicto y que no disfruten de un trato más favorable en virtud del DIH, concediéndoles el nivel mínimo de protección que se deriva de los Derechos Humanos de universal aceptación. El artículo 75 no es obstáculo para el enjuiciamiento de las personas acusadas de crímenes internacionales, como el terrorismo, pero confirma la necesidad de garantizar un trato humano y respetar las garantías judiciales previstas del DIH en todas las circunstancias. Por último, la Cláusula Martens (Preámbulo de los Convenios de La Haya y del Protocolo Adicional I) dispone que: en todos los casos no previstos, las personas civiles y los no combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. -------------
SUPUESTO PRÁCTICO NÚM. 39 PERSONAS DETENIDAS EN PODER DE LA PARTE CONTRARIA
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 artículo 4
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 artículo 5
 artículo 50
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 artículo 84
 artículo 99
 artículo 27
 artículo 75
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