Source: http://cubaadiario.blogspot.com/2012/05/la-cooperativa-como-figura-juridica.html
Timestamp: 2020-01-19 08:29:16+00:00

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CUBA A DIARIO . Por Humberto Herrera Carlés : La cooperativa como figura jurídica. Perspectivas constitucionales en Cuba para su aprovechamiento en otros sectores de la economía nacional además del agropecuario.
Resulta pacífico sostener, entre los diversos autores estudiosos del tema, que el punto de arranque para el cooperativismo moderno se sitúa en la cooperativa de consumo Rochadle Society of Equitatible Pioneers, creada en la ciudad inglesa del mismo nombre –cercana a Manchester- en el año 1844. Esta sociedad equitativa fue constituida por obreros como alternativa a un contexto capitalista de marcada hostilidad y su éxito resultó “…decisivo para el desarrollo de las cooperativas en todo el mundo y en todos los sectores de la actividad económica”[3].
El gran mérito de los pioneros de Rochdale, no estuvo precisamente en la originalidad, sino en haber logrado codificar los principios teóricos y las reglas prácticas de las cooperativas de consumo existentes con anterioridad a la revolución industrial, marcando un antes y un después en el proceso de cooperativización; pero su carácter modélico no alcanza a sentar –exactamente- las bases del movimiento cooperativo general, pues este se ha comportado como un movimiento dinámico, adaptándose a las tendencias de los diferentes contextos socioeconómicos y políticos en todo el mundo por más de siglo y medio.
Hoy en día, atendiendo a la actividad económico-social que desarrollan, existe multitud de tipos de cooperativas; entre ellas agrícolas, bancarias, de consumo, de pesca, de salud, de vivienda, de seguros, de artesanía, de industria, de turismo… y así hasta abarcar prácticamente todos los renglones de la economía. Ellas constituyen el sostén de un movimiento complejo y de alcance mundial, para el que algunas cifras pueden ser ilustrativas de su relevancia: genera cien millones de puestos de trabajo, 20% más que todas las grandes multinacionales juntas; las 300 principales cooperativas del mundo, produjeron en el año 2008 un trillón de dólares, lo que representó el tamaño de la economía canadiense que es la número diez del mundo.[4]
La ACI, con el paso de los años, y a partir de las fluctuaciones de los intereses económicos y político prevalecientes en los diferentes contextos históricos, ha venido adaptando los originarios principios rochdolianos a las necesidades de los cooperativistas a nivel mundial, contribuyendo decisivamente a su “…alcance universal, al hacerlos aplicables a todos los tipos, tiempos y lugares…”[8]. Los Congresos de París, 1937 y Viena, 1966, fueron momentos medulares en este sentido; y más recientemente, de la “Declaración sobre la Identidad Cooperativa”, adoptada en el Congreso del Centenario (1995), celebrado a propósito en Manchester, emanaron los nuevos y actuales principios cooperativos:
<Primero: "ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA"
Quinto: "EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN"
Cuando se estudia el tratamiento jurídico -doctrinal y legal- de la cooperativa, se advierten –entre otras- algunas cualidades que son de pacífica aceptación en la generalidad de las definiciones que de ella se han dado -con independencia del contexto sociopolítico desde el cual hayan sido aportadas- a saber: la cooperativa es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se constituye a partir del acuerdo de voluntades de una pluralidad de sujetos con necesidades comunes que buscan su satisfacción a partir del esfuerzo conjunto.
Esta idea general nos sumerge en el complejo mundo de las asociaciones, donde existe multiplicidad de figuras jurídicas, incluso con esencias diferentes.
Si volvemos a Gadea, Sacritán y Vargas Vasserot[13], veremos que la cuestión de la naturaleza jurídica de la cooperativa es vieja en la doctrina. En este sentido resaltan tres posiciones básicas: la que la considera una asociación (Venezuela); la que la considera una sociedad (Brasil y España) y la que la considera una figura autónoma (Argentina y Portugal)[14].
Ante la posición anterior, hoy ganan terreno las tesis revisionistas, en defensa de la cooperativa como una sociedad mercantil. Desde esta postura se distinguen tres vertientes que intentan justificarla, a saber:
ü La interpretación amplia del ánimo de lucro: Sus defensores consideran que para que haya sociedad, es suficiente con que los socios persigan una finalidad de carácter patrimonial, susceptibles de aportarles una ventaja, ya sea con un incremento positivo de la riqueza; permitiendo el ahorro o evitando pérdidas. Sobre esta base, la cooperativa de consumo (destinada a aportar a los miembros condiciones ventajosas para la obtención de productos o servicios) y las cooperativas de producción (constituidas para favorecer las condiciones de trabajo), constituirían –en términos amplios- entidades lucrativas, y por tanto debe considerárseles sociedades.
Por último, resalta la postura que considera a la cooperativa como una figura autónoma, con minoritario respaldo doctrinal y legal, pero no por ello menos importante. En ella no se acepta el carácter societario de la cooperativa por carecer de ánimo de lucro -elemento que se considera consustancial a la sociedad- y a su vez se niega que sean asociaciones propiamente dichas, por no perseguir los fines públicos de éstas, y además, por tener una serie de rasgos diferenciadores: “La Cooperativa constituye una entidad de naturaleza especial. Se ha sostenido que no es comercial, ni civil. Por tanto el régimen y principios jurídicos que ordenan su funcionamiento y actividades son propios y específicos de estas entidades”[17].
Como se observa, el principal mérito de esta vertiente intermedia, es el de reconocer el carácter sui generis de la cooperativa: destaca sus rasgos, que si bien en ocasiones coinciden con los de las tradicionales asociaciones, y en otras con los de las sociedades, en su conjunto poseen la suficiente sustancia como para dotarlas de una identidad propia. Pero en este caso, ¿cuál sería el derecho supletorio aplicable para dirimir un conflicto en el supuesto de ser insuficiente la normativa especial? ¿a caso los principios cooperativos? ¿a caso el Derecho Civil? ¿y cuál habría de ser la jurisdicción competente para resolver un conflicto entre cooperativas? ¿a caso una jurisdicción especial? ¿a caso aquella competente para el resto de los asuntos mercantiles?.
Pese a que bajo el rubro de mutualidades se reconocen a otras figuras[20], lo que diferencia al fenómeno cooperativo de otras actividades genéricamente mutualistas, es justamente el organizarse para el desarrollo de una empresa. Quizás sea esta una de las causas para que su concepción doctrinal y legal esté sufriendo importantes trasformaciones: En opinión de Cano López, “la cooperativa solo será socialmente útil si es capaz de operar en el mercado sometida a criterios de economicidad, (…) y ello exige un real y progresivo abandono del principio de mutualidad, (…) en otras palabras, que la mutualidad no constituye un elemento esencial, ni para la constitución, ni para el posterior funcionamiento de la sociedad cooperativa.”[21] Esta afirmación, alude a una realidad objetiva: la ampliación del objeto social de la cooperativa hacia la realización de actividades con terceras personas que no tengan la condición de socio.
Existe coincidencia en que la crisis de la mutualidad como elemento distintivo de la cooperativa, tiene fundamento en un reacomodo de la figura como única alternativa para garantizar su supervivencia: “Hoy la cooperativa como empresa debe poder enfrentarse en el mercado a otras empresas ordinarias. A tal fin la empresa cooperativa debe contar con un mercado de desembocadura más amplio que el configurado tradicionalmente por su sola base social.”[22]
En el contenido de este precepto, resalta lo adelantado de considerar a la cooperativa como empresa, teniendo en cuenta que la ACI lo hace por primera vez en 1995.
No se define a la cooperativa como fenómeno asociativo en ninguna de sus manifestaciones, dejando el constituyente amplias prerrogativas a los poderes públicos para la definición de su naturaleza jurídica y de su enrumbamiento social; aunque su ubicación en el texto (Sección Primera del Título Sexto, dedicada al “Trabajo” y no la Sección Segunda dedicada a la “Propiedad”) la convierten en una alternativa laboral, algo que para el profesor Fernández Peiso evidencia “…la influencia del pensamiento de los constituyentes progresistas presentes en la Asamblea, en tanto apreciaron que su naturaleza diferenciada deviene de su contenido sociológico y no de su contenido patrimonial, y que este contenido patrimonial está destinado a realizar una actividad de empresa con todas sus consecuencias, al servicio de sus miembros.”[32]
En Cuba se impone hoy una reestructuración del modelo económico: los hechos demuestran la necesidad de elevar la productividad, aligerar la maquinaria administrativa, desconcentrar y descentralizar, aumentar la autonomía local y, en sentido general, terminar con las manifestaciones de sobreprotección o paternalismo estatal en la satisfacción de las necesidades sociales.
La cooperativa es una alternativa empresarial que, además de adecuada para dar respuesta a las necesidades de la comunidad, sería consecuente con la esencia popular y participativa del sistema socioeconómico que defendemos.
La Constitución socialista cubana en el artículo 20, autoriza la organización de cooperativas de producción agropecuaria –en los casos y en la forma que la ley establece-, después de reconocer el derecho de los agricultores pequeños a asociarse entre sí.
Si se realizara una interpretación mimética del texto constitucional, podrá parecer que es un derecho exclusivo de los campesinos el de asociarse en cooperativas, y no así prerrogativa de otros sectores del pueblo trabajador. Sin embargo, no debemos olvidar que la Constitución socialista cubana y la revolución popular que en ella se consolidó, es fruto de la fuerza pujante no solo de los campesinos, sino además de otros trabajadores manuales e intelectuales, que de igual forma pudieran disfrutar de los beneficios de esta “…forma avanzada y eficiente de producción socialista…”[51].
Como ya hemos explicado, en el contexto cubano actual rige un sistema de economía basado en el predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción, como máxima expresión de la propiedad socialista de todo el pueblo; pero al artículo 15 constitucional, que define la amplia gama de medios de producción de que es titular el Estado -en representación de todo el pueblo-, se incorporó -con la reforma constitucional de 1992- un párrafo en el que, a buen decir de la profesora Prieto Valdés[61], se ha usado una formulación negativa general, que rompe con el carácter estrictamente irreversible de la propiedad estatal: “Estos bienes no pueden transmitirse a persona natural o jurídica -y a continuación admite la excepción autorizante- salvo los casos excepcionales en que la transmisión total o parcial de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo”[62].
De esta manera, la Constitución admite –excepcionalmente- la transmisión de la titularidad de los bienes de propiedad estatal, con presupuestos claros y rigurosos; pero la cooperativa se aviene cabalmente a ellos.
Teniendo en cuanta que no existe hasta hoy ninguna ley que autorice la constitución de cooperativas, asociaciones o cualquier tipo de organización colectiva de producción, comercialización o prestación de servicios en Cuba, concebida para propiciar la colectivización de la producción económica individual a que el trabajo por cuenta propia da lugar, tenemos dos variantes interpretativas para el precepto contravencional citado: a) –Negativa- es un precepto que acentúa la prohibición del vacío legislativo; o b) –Positiva- es un precepto que acentúa la autorización de una futura legislación.
Pese a que la norma deviene sin transformaciones –en su parte dispositiva- del original Decreto-Ley 174/97, sin que hasta la fecha haya existido legislación que dé contenido a la ambigua cláusula autorizante (“estar expresamente autorizado por la ley”), preferimos pensar en “positivo”, pues sería ponderar –como hemos venido analizando- la esencia popular y constitucional de las transformaciones a que viene llamado el modelo económico cubano.
[1] Contrasta con esta tendencia de las ciencias jurídicas en Cuba, la tesis doctoral del profesor Fernández Peiso, quien -si bien arriba a la cooperativa desde el Derecho Agrario y en esta rama obtiene sus resultados- exhibe en su obra un estudio general, integral y profundo sobre el movimiento cooperativo y sobre la cooperativa como figura jurídica viable en otros espacios socioeconómicos: Vid. Fernández Peiso, L.A.: El fenómeno cooperativo y el modelo jurídico nacional. Propuesta para la nueva base jurídica del cooperativismo en Cuba; tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Jurídicas, Cienfuegos, 2005.
[31] En este sentido, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Tercer Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 1ro. de agosto de 2009 (en www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2009/08/01/raul-castro-discurso-asamblea-nacional-poder-popular, consultado en octubre de 2010) que: “La tarea que tenemos por delante los comunistas cubanos y todo nuestro pueblo es grande, se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país, única garantía para su verdadera independencia.”
[32] Fernández Peiso, L.A.: op. cit., p. 60.
[34] Quinta Disposición Transitoria al Título Segundo de la Constitución de 1940: “A los efectos del Artículo setenta y cinco de esta Constitución, en cada Término de la República se fundará por el Gobierno Municipal una cooperativa de reparto de tierras y casas denominada <José Martí>, con el fin de adquirir tierras laborables y construir casas baratas para campesinos, obreros y empleados pobres, que carezcan de ellas en propiedad.
Estas cooperativas estarán bajo la fiscalización del Gobierno de la República, y serán regidas y administradas por sus cooperadores con representación del Municipio, la Provincia y el Estado y bajo la presidencia del representante de este último pero sin que estas representaciones puedan por sí solas decidir ninguna votación.
[45] No obstante, con la reforma constitucional de 1992 sufre una importante transformación al introducirse el adjetivo “fundamentales” para caracterizar a los medios de producción de propiedad social.
[46] Este precepto fue complementado con la Ley No. 36 De Cooperativas Agropecuarias, de 22 de julio de 1982.
[50] El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al presentar la Ley de Reforma Constitucional ante este órgano en el XI Período Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura, el 10 de julio de 1992, afirmó que: “En los artículos 19 y 20, también se proponen modificaciones, pero solo con el objetivo didáctico de referir uno, a los agricultores pequeños y el otro a las cooperativas de producción agropecuaria.” Escalona Reguera, J.: “En torno a la Ley de Reforma Constitucional”, en Revista Cubana de Derecho No. 8, La Habana, 1992, p. 10.
[51] Artículo 20 de la Constitución socialista cubana de 1976 (actualizada).
[55] Aún cuando nuestras valoraciones en torno a la naturaleza jurídica de la cooperativa en la Constitución cubana, será objeto de trabajos posteriores, es pertinenete resaltar aquí que el texto del artículo 23 de la Constitución socialista cubana de 1976 (actualizada), consta con la suficiente amplitud como para tolerar cualquier posición teórica que se asuma para explicarla, a saber: “Artículo 23: El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley.
El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan.”
[56] Vid. Ley No. 77 de 1995 “De la Inversión Extranjera”.
[57] Vid. Resolución No. 260 de 1999 del Ministerio del Comercio Exterior, “Reglamento de constitución de sociedades mercantiles cubanas”.
[58] Artículo 14 de la Constitución socialista cubana de 1976 (actualizada).
Publicado por Humberto Herrera Carlés en 5/02/2012 10:19:00 a. m.

References: sui generis
 artículo 20
 artículo 15
 Artículo 20
 artículo 23
 Resolución 
 Artículo 14