Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/24314
Timestamp: 2019-11-17 23:40:07+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII S B 36442 DE 2017
Rechazo de la oferta por no presentar un requisito que no otorga puntaje
CE SIII S B 36442 DE 2017
Consejo de EstadoConsejo de Estado, Sección Tercera.
COLOMBIANA DE MICROCOMPUTADORES Y COMUNICACIONES LTDA. MICROCOM vs DISTRITO CAPITAL Y OTRO
El 12 de noviembre de 1996, la secretaría de educación del distrito capital dio apertura a la licitación pública nacional LPN-OP-013/96, ordenada por Resolución 5393 del 7 de octubre de ese año, para la adquisición de equipos de cómputo, impresoras, software operativo, herramientas de automatización de oficinas, equipos de protección eléctrica, concentrador y la instalación del cableado estructurado para implementar aulas de informática en centros educativos del distrito capital, ubicados en diversas localidades de la ciudad y equipos de cómputo para algunas de las oficinas de la secretaría.
La firma Colombiana de Microcomputadores y Comunicaciones Ltda. MICROCOM, presentó oferta en la licitación, para los lotes: n.° 1 (entero): una básica, por valor de $ 2 052 779 038 y una alternativa, por $ 2 245 610 664; y para el lote n.° 5 (parcial): por valor de $ 141 190 560, más capacitación, por valor de $ 23 000 000
El 16 de diciembre de 1996, la firma Texins S.A., presentó sus observaciones a las evaluaciones de las ofertas presentadas en la licitación. Específicamente sobre MICROCOM, advirtió que esta firma no poseía la autorización para distribuir los equipos que estaba ofreciendo, únicamente presentaba la distribución que le entregaba Makro Cómputo, "pero la cadena de distribución no está completa ya que no presenta la Autorización de distribución de los fabricantes a Makro. Makro no es fabricante, es mayorista", por lo tanto pidió que esta oferta fuera descalificada; advirtió así mismo que no cumplía con el requisito mínimo solicitado en el ítem 5, pantalla de los portátiles de 12.1 pulgadas y además, que MICROCOM había sido multado por incumplimiento de contrato y que no contaba con oficinas en Bogotá.
La secretaría de educación del distrito capital llevó a cabo un "acto público" de adjudicación de la licitación el acta que lo registra carece de fecha, pero en las invitaciones al mismo se lee que se llevaría a cabo el 19 de diciembre de 1996 en la cual se leyeron las observaciones efectuadas por los proponentes al informe de evaluación de las ofertas y se dio respuesta a las mismas. Entre otras cosas, se informó sobre el rechazo de la oferta presentada por MICROCOM, debido a la omisión en que incurrió, al no presentar la autorización de distribución de los equipos ofrecidos.
¿La Entidad podía rechazar una oferta por no adjuntar una certificación que no otorga puntaje?
En el ámbito de la contratación estatal, que se halla regida para entidades como la demandada en el sub-lite por la Ley 80 de 1993, una de las decisiones más importantes que se deben tomar por los jefes o representantes de las mismas, es la determinación de la persona con la cual se va a concretar una relación contractual, es decir, la decisión de adjudicación de los contratos de las entidades públicas, la cual debe obedecer, tal y como lo dispone el artículo 29 de la referida ley, a una selección objetiva, esto es, aquella en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, resultado que se impone de cara al cumplimiento de la finalidad de toda la contratación estatal, que no es otra que la de buscar el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, así como la efectividad de los derechos e intereses de los administrados –art. 3º y numeral 3 del art. 25, Ley 80 de 1993-.
“El mecanismo más idóneo para el logro de una selección objetiva, es sin duda el procedimiento de selección que garantiza la libre concurrencia de los interesados para que, en un ámbito de transparencia, igualdad y sometimiento a unas mismas reglas de juego, puedan presentar sus ofertas y optar por la adjudicación del respectivo contrato. Por ello, la ley ha establecido como regla general de escogencia de los contratistas de la administración, la licitación pública14, definida por el parágrafo del artículo 30 del estatuto contractual como “el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable”.
Esa misma norma dispone las reglas generales que estructuran dicho procedimiento de selección, el cual se inicia con la resolución que ordena la apertura de la licitación, expedida por el jefe o representante de la entidad estatal y culmina con el acto administrativo de adjudicación, como regla general y excepcionalmente, con la declaratoria de desierta de la licitación, cuando se den las circunstancias que la permiten, que no son otras que la imposibilidad de llevar a cabo una selección objetiva –num. 18, art. 25, Ley 80/93-.
24. El procedimiento en sí mismo, está compuesto por i) el periodo comprendido entre su apertura y cierre, destinado a que los interesados presenten sus ofertas a la administración y que corresponde a un plazo fijado por la entidad de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, dentro del cual se podrá llevar a cabo una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y oír a los interesados -de lo cual podrán resultar modificaciones a dicho documento-; seguido de la ii) etapa de evaluación y calificación de las ofertas, que culminará con un informe que, a su vez, debe ser puesto a disposición de los participantes, con el fin de que hagan las observaciones que consideren pertinentes en relación con el mismo, en cuanto a la propia calificación o la otorgada a los demás proponentes y finalmente, iii) la adjudicación, que deberá efectuar la administración a través de un acto administrativo.
"La licitación pública se rige por un pliego de condiciones, que deberá detallar todos los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias, para garantizar reglas objetivas, claras y completas. De acuerdo con lo establecido en el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80, en los pliegos de condiciones se deben indicar los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección; así mismo, se incluirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación.
“Es claro que en el marco legal que rige el procedimiento de selección de contratistas de la licitación pública, las entidades estatales gozan de una relativa libertad de configuración del pliego de condiciones, el cual deberán elaborar estableciendo su contenido de acuerdo con las necesidades de la adquisición que se propone, siempre que se respeten las exigencias mínimas de la ley en cuanto a los elementos configuradores de dicho documento”
“La entidad debe establecer los requisitos de participación en la licitación pública, qué documentos deben ser aportados por los interesados, cuáles serán los factores de calificación, qué puntajes se les atribuirán, cuál será la ponderación de los mismos, etc. y así mismo, deberá determinar cuáles de esos requisitos y documentos exigidos resultan indispensables, a tal punto que su ausencia pueda dar lugar al rechazo de las ofertas, para lo cual, la administración, deberá utilizar criterios razonables que impidan desechar buenas propuestas por incumplimientos menores, de requisitos no indispensables para la comparación de las ofertas o que nada le aportan a la calidad de las mismas”
En un procedimiento reglado como lo es la licitación pública, las decisiones discrecionales son improcedentes. Como ya se advirtió, la entidad cuenta con una relativa libertad para elaborar el pliego de condiciones y por lo tanto, puede establecer en él tanto los requisitos de participación como los criterios de selección que considere pertinentes y necesarios, con miras a la obtención de las ofertas más favorables para los intereses de la administración. Así mismo, puede establecer aquellos requisitos y documentos que considera indispensables para el logro de esa finalidad de selección objetiva18, de tal manera que, de no acreditarse, se haga imposible la consideración de esas ofertas, debiendo tratarse, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia, de requisitos que incidan en la parte sustantiva de las ofertas y no de meros requisitos formales susceptibles de ser subsanados, es decir “(…) que en realidad sean necesarios, esto es forzosos, indispensables, ineludibles, para la comparación de las propuestas”
Sí, teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones se fijó ese requisito y tener una calidad o derecho y no demostrar que se tiene, equivale a no tener, por cuanto la sola afirmación del interesado resulta insuficiente. Así, cuando la entidad exige el cumplimiento de un determinado requisito, el destinatario de dicha exigencia debe presentar pruebas de que efectivamente, lo cumple.
Además en varias disposiciones del pliego de condiciones se resaltó la necesidad de que los proponentes acreditaran la autorización de distribución de los equipos ofrecidos y además, uno de los ítems de calificación era el de las especificaciones técnicas, dentro de las cuales se evaluaba, entre otras cosas, i) el respaldo internacional; ii) la experiencia y soporte, en el cual se le otorgaba puntaje a las certificaciones enviadas por los proveedores, factor en el cual si bien se le otorgó un puntaje al demandante, no se relacionó certificación alguna que hubiere allegado.
PRIMERO: MODIFÍCANSE los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia apelada, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación.
SEGUNDO: DECLÁRASE oficiosamente la caducidad de la acción en relación con la pretensión 2 de la demanda.
TERCERO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONFÍRMASE en todo lo demás el fallo impugnado.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2004, expediente 13790, M.P. Nora Cecilia Gómez Molina.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, expediente 24059, C P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado sentencia de la Subsección C, del 12 de junio de 2014, expediente 21324, C P. Enrique Gil Botero.
Artículos 11, 12, 24, 25 Ley 80 de 1993. Artículo 2, Decreto 287 de 1996
Ficha: CE SIII S B 36442 DE 2017

References: Resolución 
 artículo 29
 artículo 30
 resolución 
 artículo 24
 Artículo 2