Source: https://es.scribd.com/document/187428714/Diputada-Marcela-V-RODRI-GUEZ-OBSERVACION-Expte-2239-D-2013
Timestamp: 2017-03-27 22:39:33+00:00

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NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLas Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son ArgentinasBuenos Aires, 26 de noviembre de 2013 Al Señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación Dr. Julián Andrés Domínguez S. / D.
De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de formular Observación al Dictamen de la Comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, referente al Expediente N º 2239-D-13, sobre el proyecto de ley por el cual se establece la acuñación de una moneda conmemorativa de la elección del Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J. como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en Homenaje del Pueblo Argentino”, todo ello conforme a las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de esta Honorable Cámara.
Conforme el artículo 1º del proyecto observado, se dispone la acuñación de una moneda conmemorativa de la elección del Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J. como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el artículo 2º, se determina que en el reverso de la moneda, “se labre la imagen del Papa Francisco, con la siguiente leyenda: "Homenaje del Pueblo Argentino al Papa Francisco". Por el artículo 3º, se delega en el Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda la instrumentación de las medidas necesarias para cumplimiento de la iniciativa.
En los fundamentos el proyecto observado (Expediente 2239-D-13), se expresa que: “Para los argentinos y para todos los pueblos del continente americano, la expresión latina "gaudium magnum", - gran gozo-, contenida en la fórmula del anuncio, se convirtió en una realidad palmaria; después de muchos cientos de años, un no europeo y, por primera vez, en sus más de dos mil años de historia, la Iglesia pasa a ser conducida por un hombre nacido, educado y, hasta ese momento, con funciones eclesiásticas en un país del continente americano, nuestro país; ese hombre, a partir de ese momento tendrá la responsabilidad de ser guía espiritual de 1.200 millones de católicos esparcidos por todo el mundo. En algunos aspectos simbólicos y espirituales, el nuevo Papa es el primero, y tener esa ubicación se transforma, por cierto, en todo un desafío programático en el gobierno de la Iglesia…
Creemos que, la forma de ser, el carisma y la humildad del Papa Francisco han logrado revivir la simpatía mundial por la Iglesia Católica, por su parte, los creyentes católicos de distintas partes del mundo guardan grandes esperanzas en aquello que Francisco puede realizar desde su magisterio para elevarlos como persona humana. A este argentino que, por ser buen pastor de su rebaño, especialmente de aquellos que más necesitan, de los más pobres, de los más humildes, llegó a tan gran dignidad, todos le debemos un homenaje, un gran homenaje, y nos parece oportuno que ese homenaje tenga su inicio en este cuerpo.” Tal como sostiene Laura Saldivia (“Laicidad y diversidad” en Colección de cuadernos “Jorge Carpizo”: Para entender y pensar la laicidad. Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2013), “Desde sus inicios constitucionales Argentina reconoció al credo católico como un actor público privilegiado. Los constituyentes argentinos adoptaron, un modelo de expresa vinculación y preferencia hacia esta iglesia que obliga al Estado a asistirla financieramente. (Así, el artículo 2 de la Constitución Nacional establece: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido que el tipo de apoyo que debe brindar el Estado a la iglesia católica es de índole económica y que ello no implica que el estado argentino sea confesional. Véase Daniel Alberto Sabsay y José Miguel Onaindia, La Constitución de los Argentinos. Análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, Errepar, 2009 p. 22. También, hasta la reforma del año 1994 para ser presidente y vicepresidente se exigía ser católico (ex art. 76). Esta reforma constitucional receptó la eliminación de prerrogativas que tenía el gobierno respecto de cuestiones eclesiásticas y la posibilidad de intervenir en el manejo de la iglesia católica, cuestiones que ya habían sido eliminadas en el año 1966 a través de un acuerdo celebrado con la Santa Sede (por ejemplo, el ejercicio del Patronato, el otorgamiento del pase de bulas y rescriptos pontificios o decretos de los concilios, facultad del congreso para autorizar el establecimiento de nuevas órdenes religiosas y la de promover la conversión de los indios al catolicismo). Finalmente, la Constitución regula las relaciones con la Santa Sede tal como lo hace con otros Estados extranjeros y los concordatos celebrados tienen a partir de la reforma de 1994 jerarquía superior a las leyes pues están asimilados a los tratados internacionales (art. 75 inc. 22).” Además, la Constitución Nacional garantiza la libertad de cultos y de conciencia. Así en su Artículo 14, la Constitución argentina: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de profesar libremente su culto […]”). Y, este derecho es garantizado en condiciones de igualdad.
El Estado argentino es un Estado laico. El principio de laicidad o neutralidad estatal se deriva de la Constitución Nacional y, ha sido fortalecido con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Este proyecto de ley, al disponer acuñar una moneda conmemorativa en virtud de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, implica una clara toma de posición estatal en favor de la religión católica, sobre la base y con la leyenda impresa “Homenaje del Pueblo Argentino al Papa Francisco”, viola el principio constitucional de igualdad y no discriminación en perjuicio de aquella personas que profesan otros credos o religiones o que no profesan credo ni religión alguna, y que deberán tolerar un inadmisible mensaje estatal que da preeminencia a una religión determinada. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC y la Asociación Pensamiento Penal (APP) en su Campaña en favor de la Neutralidad Religiosa en el Poder Judicial entre otros fundamentos expone que:
“La exhibición de imágenes religiosas en salas donde se celebran audiencias
públicas y en espacios públicos del Poder Judicial, se contrapone con el principio de neutralidad religiosa del Estado argentino, así como del derecho de los habitantes a ser tratados igualitariamente, sin ningún tipo de discriminación religiosa (artículos 2 y 16 de la Constitución nacional, 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
La obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de toma de
posición estatal a favor de un credo determinado, es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera imparcial (artículo 18 de la Constitución nacional, artículos 8.1. de la Convención Americana y 14.1. del Pacto Internacional).” (Ver http://www.adc.org.ar) Continuando con las palabras de Laura Saldivia (Ob. Cit): “El apoyo destacado de parte del Estado hacia la iglesia católica coloca a sus discursos y prácticas en un plano privilegiado respecto de los de otros grupos que carecen de dicho favoritismo. Dicha posición jerarquizada proviene tanto del sostén económico, que permite a una religión destinar recursos a su tarea proselitista, como del lugar central y –especialmente- el carácter de “oficial” que se otorga a un credo que se coloca frente al resto en un lugar difícil de continuar considerando “igual” frente al resto de los cultos. Todo ello resulta más grave cuando los discursos y prácticas que reciben el favoritismo estatal enarbolan ideas discriminatorias contra aquellos grupos de personas cuyas costumbres se diferencian y se apartan del dogma mayoritario. Y todavía más aun cuando el credo favorecido se opone y aboga activamente contra las reivindicaciones y el
reconocimiento de los derechos fundamentales de los grupos minoritarios, desaventajados e invisibilizados. En ambos casos, se viola el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas señaladas en último término. Una mirada robusta de este derecho, reconoce las diferencias culturales de las personas y ordena remover todos aquellos arreglos jurídicos, culturales y económicos que determinan una estructura de subordinación para grupos con cosmovisiones, características e intereses diversos respecto de los de la mayoría dominante. Por ello, corresponde poner una suerte de cerrojo constitucional que impida que el Estado continúe privilegiando al credo católico. El desarrollo de la práctica constitucional en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983, orientada a una mayor protección a los derechos de las minorías identitarias, lo que incluye una reforma constitucional -1994- que de forma explícita recepta tal protección
, obliga a armonizar
una mirada robusta de la igualdad y los derechos que ella reconoce, con el privilegio conferido al catolicismo.” En efecto, este proyecto vulnera los arts. 2, 16 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Asimismo, viola los artículos 7 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los arts. 1 y 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los arts. 2 y 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los arts. 2 y 18 del Pacto de Derechos Políticos y Civiles y las respectivas interpretaciones de los organismos encargados de su interpretación y monitoreo. Saldivia, prosigue: “El Estado debe tener autonomía de los sectores religiosos que persiguen imponer cierta cosmovisión ética y moral para así ser imparcial en términos valorativos y de reconocimiento de las otras cosmovisiones éticas y morales existentes en estas sociedades plurales y abiertas. El ideal de un Estado laico consiste en un proyecto político que propone la neutralidad religiosa del Estado a fin de proteger la libertad de conciencia de las personas, protección que sólo puede ser conferida por la adopción de los principios democráticos, los cuales aseguran los mismos derechos para todas las personas cualquiera sean sus creencias. Es importante dejar en claro que el laicismo no pretende negar ni subestimar la idea de Dios, ni a ninguna religión en particular; en cambio, su objetivo es ser neutral para así proteger y garantizar la libertad de todas las personas bajo su manto. Así, la fuente de legitimidad política de un Estado laico proviene de la voluntad popular, de la democracia. A la idea que quiere evitar la cooptación del Estado por algún credo en particular o que el Estado encarne los ideales de alguna religión específica, y frente al hecho de una realidad social donde conviven muchas religiones, se ha agregado aquella relativa al
respeto de la libertad de optar por cualquiera de los diversos cultos existentes o la de optar por ninguno. A esto cabe adicionar la idea referida a garantizar el respecto recíproco entre los distintos credos. Para ello el Estado debe ser neutral ante las múltiples manifestaciones religiosas. Esta tolerancia estatal de las religiones implica garantizar que ninguna iglesia se imponga sobre las otras. Este Estado neutral en materia religiosa, en aquellos casos en los cuales se ve obligado a inmiscuirse en temas religiosos, debe limitarse a garantizar la libertad de todos los creyentes, como así también de quienes no lo son. Cuando se privilegia la visión particular del orden social y moral que tiene la confesión religiosa católica, se trata de forma desigual a otros valores morales y sociales que no comulgan con los parámetros de la religión privilegiada. De esta forma, se ubica en un lugar de inferioridad, en términos económicos y de valoración social, a las visiones distintas a la privilegiada, violándose de este modo un entendimiento robusto del derecho a la igualdad que manda rever las dinámicas y prácticas estructurales que generan relaciones de dominación que confluyen en la denostación de un grupo.” Por su parte, Roberto Saba (“Laicidad y símbolos religiosos” en Colección de cuadernos “Jorge Carpizo”: Para entender y pensar la laicidad. Universidad Nacional Autónoma de México, México. 2013) explica: “Muchos autores afirman que existen dos formas de entender el significado del principio de igualdad. Por un lado, la aproximación que lo entiende como la expresión del principio de no discriminación o, entendido como equivalente, el principio de trato no arbitrario. Según esta idea de igualdad, el Estado está impedido de realizar tratos desiguales, irrazonables o arbitrarios entre las personas. La irrazonabilidad se da cuando el trato diferente se funda en criterios que no guardan relación con el fin buscado por la regulación que recurre a ellos… La otra idea de igualdad es la que la asocia con el principio de no sometimiento. Esta noción de igualdad entiende que el compromiso del Estado con la igualdad se relaciona con su obligación de evitar, o de desmantelar, toda estructura social generada por normas o por prácticas del Estado o de personas particulares, que conducen a colocar a un grupo de individuos en una situación peor que a otros grupos de personas de un modo sistemático y a través del tiempo… Bajo ambas visiones del principio de igualdad, el Estado tiene la obligación de evitar que se trate con privilegios a quienes profesen una fe determinada, ya sea porque ello sería irrazonable, en el sentido de arbitrario, o porque, en algunos casos, podría contribuir a perpetuar la subordinación de un grupo particular diferente de quien recibe el trato privilegiado. Es preciso destacar que en algunos casos la adopción de una determinada creencia religiosa por parte del Estado conduce a profundizar la situación de sometimiento y de desigualdad estructural de ciertos grupos, como suele suceder con las mujeres o los homosexuales. De este modo, el
compromiso del Estado con la igualdad funcionaría como un impedimento para que este lleve a cabo tratos preferenciales hacia los miembros de un grupo religioso determinado, sea mayoritario o minoritario. Cualquier Estado que asumiera ese compromiso con el ideal de la igualdad de trato estaría asumiendo implícitamente un compromiso con la neutralidad en materia religiosa y, por ende, con la laicidad.” Saba analiza con precisión los argumentos que se han expresado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia comparada, con el fin de desconectar los símbolos con connotación religiosa con la significación que ellos tienen para personas que comparten o no esa fe. El primero de estos argumentos apunta a despojar al símbolo de su significado religioso. El segundo, reconoce el significado religioso, pero no lo interpreta como la adopción por parte del Estado de una creencia como oficial o verdadera, sino que considera los valores que nutren a esa creencia o a la iglesia como parte de la identidad histórica nacional. Luego de criticar exhaustivamente estos argumentos, Roberto Saba, concluye “Esos intentos interpretativos de la práctica estatal de desplegar símbolos religiosos que buscan no considerarlos tales, sino alegorías sobre los valores de la justicia, la tolerancia o la diversidad, o expresiones de una cierta identidad histórica nacional, podrían ser más verosímiles si no fuera porque esa práctica está acompañada también de un contexto en el que las normas y las políticas específicas se apoyan en la misma creencia religiosa que esos símbolos expresan. Si fuera posible afirmar y demostrar que esos símbolos ya no tienen el significado religioso que tenían en otros tiempos, y que se convirtieron en alegorías de valores o rasgos culturales o tradicionales, quizá esos esfuerzos interpretativos tendrían algún grado de aceptación o mayor verosimilitud. Sin embargo, no es lo que sucede en muchos de los casos que observamos en América Latina.” Un ejemplo de ello ha quedado manifiestamente plasmado en la reciente discusión del dictamen del proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial, donde se mantienen los privilegios a la Iglesia Católica, entre ellas, la de considerarla persona jurídica pública. Igualmente grave fue la concesión que se realizó a la Iglesia Católica en la eliminación de institutos jurídicos y especialmente en la fórmula que establece el reconocimiento del comienzo de la existencia de la persona y las restricciones a las técnicas de reproducción asistida, pese a que este mismo Congreso de la Nación sancionó, hace escasos meses, la Ley de Reproducción Medicamente Asistida. La Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida fue sancionada el 5 de junio de 2013 y promulgada de hecho el 25 de junio de 2013. Es decir, a menos de 6 meses, este Congreso cambia de criterio , por la intervención de la Iglesia Católica, contrariando los derechos de los tratados
internacionales y la jurisprudencia reciente en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murrillo ("Fecundación in vitro) y Otros vs. Costa Rica. (Sentencia de 28 de noviembre de 2012). (2)
Por todas estas razones es que, considero que corresponde el rechazo al Dictamen cuestionado y se presenta esta observación. Diputada Marcela V. RODRÍGUEZ Bloque Democracia Igualitaria y Participativa
Notas: (1) “Entre otros cabe destacar los artículos 75 inc. 17 (“Reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”), artículo 75 inc. 23 (“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”) y el artículo 75 inciso 22 que reconoce con jerarquía constitucional a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.” (2) “145. En primer lugar, el Tribunal resalta que, a diferencia de lo dispuesto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el cual sólo se protege el derecho a la vida familiar bajo el artículo 8 de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de manera complementaria. Al respecto, la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho reconocido en el artículo 17 de la misma. El artículo 17 de la Convención Americana reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general. La Corte ya ha indicado que el derecho de protección a la familia conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Es un derecho tan básico de la Convención Americana que no se puede derogar aunque las circunstancias sean extremas. El artículo 17.2 de la Convención Americana protege el derecho a fundar una familia, el cual está ampliamente consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que la posibilidad de procrear es parte del derecho a fundar una familia. 146. En segundo lugar, el derecho a la vida privada se relaciona con i) la autonomía reproductiva, y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del derecho “a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. Así, la protección a la vida privada incluye el
respeto de las decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo la decisión de la pareja de convertirse en padres genéticos. 150. Finalmente, el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El derecho al goce de los beneficios del progreso científico ha sido reconocido internacionalmente y en el ámbito interamericano se encuentra contemplado en el artículo XIII de la Declaración Americana y en el artículo 14.1 b) del Protocolo de San Salvador. Cabe mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Declaración sobre este derecho señaló la relación entre éste y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población. Por tanto, y conforme al artículo 29 b) de la Convención Americana, el alcance de los derechos a la vida privada, autonomía reproductiva y a fundar una familia, derivado de los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana, se extiende al derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones. Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones reproductivas que correspondan en cada persona”
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