Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700102.html
Timestamp: 2019-04-24 18:01:53+00:00

Document:
se201700102
SENTENCIA: 102/2017.
EXPEDIENTE: 839/2013.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 73 a 81, interpuesta por Oscar Ramiro Montes en representación de la Fundación contra el Hambre / Bolivia (FOOD FOR THE HUNGRY INTERNATIONAL/BOLIVIA), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0831/2013 emitida el 18 de junio por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; la contestación de fs. 115 a 117 vta., réplica de fs. 121 a 122, dúplica de fs. 126 y vtal, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
Señaló que el 15 y el 19 de noviembre de 2012, fue notificada la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda. y la Fundación con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 210/2012 de 8 de octubre de 2012, por haber vencido el plazo de sesenta días otorgado para la regularización de la importación con exoneración de tributos, bajo la modalidad de despacho inmediato, para la Declaración de Importación C-3393; es decir, que giró la vista de cargo, por no haberse presentado la Resolución de Exención de Tributos, no obstante que la solicitud fue presentada a la Cancillería del Estado Plurinacional sin que hasta la fecha de la demanda se hubiera pronunciado sobre su procedencia.
Mediante Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI Nº 242/2012 de 19 de diciembre de 2102, se declaró firme la Vista de Cargo contra la que se planteó recurso de alzada, resuelto con Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0268/2013 de 8 de abril, que determinó anular la resolución determinativa con reposición de obrados hasta la Vista de Cargo inclusive y dispuso que la Administración Aduanera inicie una fiscalización posterior conforme con los arts. 104 del CTB, 48 y 49 del DS 27310 y la RD 01-008-11, acto que fue impugnado por la Administración Aduanera, cuyo recurso jerárquico mereció la resolución que impugna en el presente proceso y auto motivado AGIT-RJ 0071/2013 de 4 de julio, porque al confirmar la resolución de alzada, dispuso el cobro de la deuda de manera directa sin previo proceso; disponiendo asimismo, que previo al cobro, se verifique si el operador inició un trámite de exoneración tributaria que se encuentre pendiente o si cuenta con resolución de exención.
Acusó la violación del debido proceso y el derecho a la defensa, porque conforme se evidencia en los antecedentes, la instancia de impugnación en alzada, al anular obrados hasta el vicio más antiguo no se pronunció sobre otros aspectos que habían sido motivo del recurso de alzada, tales como la errónea calificación del ilícito de omisión de pago y de la contravención por vencimiento de plazo, así como que la donación de alimentos se encuentra exenta de pago de tributos aduaneros.
Sin embargo, la resolución jerárquica, al haber considerado improcedente la nulidad dispuesta por la autoridad inferior, determinó otra nulidad por otra causa y omitió pronunciarse con la facultad ex novo (de nuevo) sobre los otros dos aspectos demandados en el recurso de alzada. Agregó que sobre la omisión de pronunciamiento existe jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula obrados por incumplimiento del deber de pronunciarse sobre aspectos demandados y no resueltos en primera instancia, “como efecto de fallar en otros a favor del demandante” (sic). Sala Social y Administrativa, Auto Supremo 376 de 26 de septiembre de 2012.
Señaló también, la vulneración del debido proceso por pronunciamiento ultra petita y extra legal porque de la revisión del recurso jerárquico interpuesto por la Aduana, se evidencia haberse alegado como agravio, la incorrecta nulidad dispuesta en la resolución de alzada y no se planteó ningún argumento relativo al cobro directo de las declaraciones de importación que no hayan sido regularizadas por falta de pronunciamiento en la emisión de la resolución de exención; por ello, el pronunciamiento de oficio, ultra petita y extra legal, que anula la vista de cargo y dispone el cobro directo y sin previo proceso administrativo vulnera un básico principio denominado prohibición de reformatio in peius, que significa que los pronunciamientos de la sentencia de instancia que no hayan sido impugnados por ninguno de los litigante quedan excluídos de toda posibilidad de revisión por parte del órgano jurisdiccional superior, al quedar delimitada la actividad decisoria, tanto subjetiva como objetivamente a lo planteado.
Asimismo, se contradice el principio de congruencia como elemento del debido proceso y al haberse anulado todo lo obrado por la administración, disponiendo el cobro directo sin que el sujeto pasivo ni el activo así lo hubieren reclamado contradice los arts. 195. III y 198. E) así como el art. 211-I todos del CTB.
Por otra parte, la autoridad demandada fundó su facultad de anular el acto administrativo en el art. 36.II de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el caso, el acto administrativo anulado, alcanza a la Vista de Cargo, la que según la AGIT no debió ser emitida, sino que debió cobrarse en forma directa sin juicios previos; sin embargo, tal precepto legal, cuando se trata de defecto de forma, a la autoridad le es prohibido aplicar una anulabilidad por cuanto esta se limita a los casos en que el acto no alcanzó su fin, lo cual no es evidente porque la Vista de Cargo estableció un pseudo tributo que se pretende reemplazar con la ejecución de una declaración (póliza) que ni siquiera cursa en el expediente o a los casos, en que el acto provoca indefensión, que no fue fundamento de la anulación dispuesta por la autoridad demandada.
Señaló que la propia AGIT, en muchos fallos, de manera expresa delimitó su competencia en razón del principio de congruencia, tal como ocurrió en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0051/2012 de 9 de julio de 2012 y AGIT-RJ 0203/2012 de 9 abril de 2012.
Acusó también, la vulneración del derecho a la defensa, porque se dispuso el cobro directo de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan; sin embargo, respecto a la primera disposición, el fundamento de la resolución impugnada consiste en que la Declaración de Mercancías de importación a consumo con exoneración de tributos aduaneros bajo la modalidad de despacho inmediato, constituye una declaración jurada; es decir un título de ejecución tributaria y que por tanto, debió aplicarse el procedimiento previsto en el art. 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) y en su defecto, el art. 108-6) el CTB. En este punto transcribió los puntos ix, xvi y xvii de la resolución impugnada y apuntó que dicha argumentación vulnera el derecho a la defensa por cuanto, es erróneo el criterio de que la Declaración de Mercancías de Importación con exoneración de tributos despachada bajo la modalidad de despacho inmediato constituye una declaración jurada y por tanto, un Título de Ejecución Tributaria de inmediata ejecución o de ejecución forzosa, sin considerar que la declaración jurada a la que hace referencia el art. 108. I. 6) del CTB, debe ser determinada por el sujeto pasivo sin ninguna intervención de la Administración, a lo que se denomina “autodeterminación”, que en otros términos, consiste en que el sujeto pasivo, por si y de manera voluntaria, decide liquidar cuánto corresponde pagar por concepto de tributos.
Indicó que en el caso concreto ni la Fundación ni la ADA CIDEPA Ltda, declararon en la Declaración de Importación (antes denominada Póliza de Importación) ningún monto a pagar, es más ninguna declaración de importación de tributos bajo la modalidad de despacho inmediato, determina o autoliquida ninguna deuda o mejor dicho, todas las declaraciones de esa naturaleza efectúan la autoliquidación de la deuda con cero (0) como tributo a pagar, por tanto, tampoco en la DUI C-3393 existe autodeterminación ni por el consignatario ni por el despachante de aduanas; es más dicha DUI no se encuentra ni fue puesta en conocimiento de la AGIT, ni cursa en el expediente administrativo por lo que la suma que pretendía cobrar la Aduana, emerge y nace de la Vista de Cargo que efectúa una liquidación llamada “Liquidación de la Administración Aduanera”, que fue sometida a presentación de descargos, para luego emitirse la Resolución Determinativa que a su vez, fue impugnada en el recurso de alzada y posteriormente, en recurso jerárquico.
Continuó señalando que del precepto contenido en el art. 12 de la LGA, se infiere claramente que en materia aduanera, no se ha previsto la determinación mixta; es decir, que sobre la base de la Declaración de Mercancía que declara cero (0) tributos, la Administración no tiene facultad de efectuar liquidaciones para luego – sin juicio previo – proceder a su cobro como dispuso la resolución jerárquica, lo que importa la flagrante violación al derecho a la defensa.
Finalmente, señaló que existe contradicción entre la resolución impugnada con las propias resoluciones de la AGIT, que en casos fácticos idénticos, ha procedido a revisar el acto impugnado así como el acto de la Administración Tributaria, tales como las Resoluciones de Recurso jerárquico AGIT-RJ 505/2012 de 9 de julio y 663/2012 de 9 de julio.
Concluyó solicitando se emita sentencia declarando probada la demanda y en consecuencia se anulen los referidos fallos dictados por la AGIT.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y contestó a la demanda en la que apuntando que, no obstante que la resolución está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnicos-jurídicos, es pertinente remarcar y precisar lo siguiente:
Que debe tenerse presente que habiéndose emitido una Vista de Cargo, unificando procedimientos y la Resolución Determinativa, la Aduana Nacional inició una determinación de oficio cuyo procedimiento debe enmarcarse en las previsiones establecidas para el efecto, porque la mercancía fue sometida a control durante despacho con el sorteo al respectivo canal, y retirada del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, se tiene que los actos procesales deberían realizarse dentro de una fiscalización posterior, la cual se inicia con la notificación de la respectiva orden de fiscalización; no obstante, debe considerarse que este tipo de control, conforme consigna la RD 01-008-11, se efectúa con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, con posterioridad al despacho aduanero, siendo que en este caso, el despacho aduanero está pendiente de regularización.
En ese sentido, la Administración Aduanera realizó acciones dirigidas al cobro emergente de una DUI, cuya mercancía fue despachada sin el pago de tributos aduaneros, situación que se encontraba condicionada a la regularización con la presentación de la resolución que otorga la exención de pago de tributos; sin embargo, realizó sus acciones mediante una determinación de oficio que no se ajusta a lo señalado en los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB), emitiendo en forma directa la Vista de Cargo, unificando procedimientos, para dictar posteriormente, la Resolución Determinativa, acto por el cual, se suplanta y desecha la declaración hecha por el contribuyente, la cual emerge de una autodeterminación efectuada por él mismo, es así que las actuaciones dirigidas al cobro de la obligación impaga – como efecto de la falta de solicitud de exención y del pago de impuestos internos – deben enmarcarse en lo señalado en el cuarto párrafo del art. 10 del RGLA (DS25870), modificado por el art. 46 del DS 27310 (RCTB); 11 y 12 de la LGA, las cuales permiten a la Administración Aduanera efectuar una liquidación de la deuda tributaria no pagada de la DUI sujeta a exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaria. Asimismo, el procesamiento de los ilícitos tributarios, considerando que los mismos no están vinculados a una determinación de oficio efectuada en el marco de los arts. 95 y siguientes del CTB, debe efectuarse en observancia del art. 168 de la misma norma y de la RD 01-011-04 de la Aduana Nacional.
Por lo que en el presente caso, la Administración Aduanera debió verificar si el operador inició un trámite de exoneración tributaria que se encuentre pendiente o si cuenta con resolución de exención, considerando que de su procedencia dependerá la existencia de una obligación exigible, en ese sentido, se debe subsanar el procedimiento, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo de conformidad con lo previsto por los arts. 36-II de la Ley de Procedimiento Administrativo y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente por mandato del art. 74 del CTB.
Sobre la supuesta contradicción con otras resoluciones jerárquicas, aclaró que no existe semejanza en los procesos, toda vez que en las resoluciones señaladas el sujeto pasivo sí contaba con la resolución de exención de tributos.
Solicitó se declare improbada la demanda interpuesta por la Fundación Contra el Hambre Bolivia, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 831/2013.
El 12 de marzo de 2008, la ADA CIDEPA Ltda. por cuenta de su comitente Fundación contra el Hambre/ Bolivia, registró y validó la DUI C 3393, bajo la modalidad despacho inmediato, sin el pago de tributos de importación de 1380 sacos de arvejas.
El 15 y el 19 de noviembre de 2012, fue notificada la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda. y la Fundación con la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 210/2012 de 8 de octubre de 2012, estableciendo un monto total de deuda tributaria de 194.078,54 UFV, por contravención de omisión de pago que incluye tributo omitido, intereses y multa del 100%, más la sanción por la contravención aduanera por vencimiento de plazo, abriendo el plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos.
La Fundación, el 14 de diciembre, se apersonó y presentó descargos, señalando que la donación de alimentos fue realizada al amparo del PL-480, presentando fotocopia de la Resolución Administrativa Nº 195 de 29 de mayo de 2002, del Ministerio de Hacienda; y del memorial de solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando la exención de gravámenes arancelarios de alimentos donados.
La Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 242/2012 de 19 de diciembre de 2012, que declaró firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI Nº 00210/2012 , por unificación del proceso en cuanto a la omisión de pago, multa por omisión de pago y contravención aduanera, por 194.078,54 UFV.
Resolución contra la que la Fundación planteó recurso de alzada, resuelto con Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0268/2013 de 8 de abril, que determinó anular la resolución determinativa con reposición de obrados hasta la Vista de Cargo inclusive y dispuso que la Administración Aduanera inicie una fiscalización posterior conforme con los arts. 104 del CTB, 48 y 49 del DS 27310 y la RD 01-008-11.
Finalmente, interpuesto recurso jerárquico, la autoridad demandada, con Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0831/2013 de 18 de junio, confirmó la resolución de alzada, anulando obrados con rreposición hasta la Vista de Cargo ANGRLPZ-ELALA 210/2012 de 8 de octubre, inclusive, debiendo la Administración Aduanera aplicar los procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano, el Decreto Supremo 27310, Reglamento a la Ley General de Aduanas y Resolución de Directorio Nº RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan; conforme establece el Inciso c), Parágrafo I del art. 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).
En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil y concluido el trámite se decretó autos para Sentencia.
Que el motivo de la litis en el presente proceso, se origina en:
Determinar si la Resolución Jerárquica impugnada al anular la resolución de alzada con reposición de obrados hasta la vista de cargo inclusive, vulneró el debido proceso en su elemento congruencia y el derecho a la defensa, porque “de oficio”, la AGIT concluyó que correspondería el cobro directo en vía de ejecución tributaria, aspecto que no fue objeto de impugnación, de manera que el procedimiento fue ultra petita, extra legal, vulneratorio de los arts. 195.III y 198.e) de la Ley 3092, así como ordenar la aplicación de los procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano (CTB), Decreto Supremo (DS 27310), el Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) y Resolución de Directorio (RD) 01-011-04 de 23 de marzo de 2004, para el cobro directo de la deuda tributaria y la imposición de las sanciones que correspondan.
A efecto de resolver la controversia planteada, corresponde considerar lo siguiente:
V.1. De la importación de mercancías con exención de pago de tributos aduaneros.
El art. 91 de la LGA, señala que la importación de mercancías para el consumo, con exoneración de tributos aduaneros - independientemente de su clasificación arancelaria - procederá cuando se importen para fines específicos y determinados en cada caso, en virtud de Tratados o Convenios Internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por el Estado Boliviano, mediante los que se otorgue esta exoneración con observancia a las disposiciones de la presente ley y otras de carácter especial.
Conforme con la previsión del art. 128 concordante con el art. 129-11) del RLGA, dichas mercancías son internadas al territorio nacional mediante despacho inmediato. Por su parte, el art. 131 del mismo Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) aprobado por DS 25870, vigente en el momento de la importación, señala: “… las donaciones procedentes del exterior y consignadas expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita, así como las importaciones realizadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos Internacionales acreditados en el país y por entidades estatales, regularizarán los trámites de despachos inmediatos dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda, en los casos que corresponda…”.
En el caso de autos, la Fundación demandante, presentó como prueba de descargo la Resolución Administrativa Nº 195 de 29 de mayo de 2002, la misma que da cuenta que el 16 de junio de 1954, el Gobierno Nacional y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, suscribieron un Acuerdo autorizando la cooperación entre los dos países, para proporcionar alimentos, suministros y equipo a través de las Agencias voluntarias, como parte de la Ley Pública 480 de los Estados Unidos, Título II, denominado “Programa de Alimentos para la Paz”. Dentro de dicho convenio, USAID dona alimentos a las Agencias voluntarias para su distribución en Bolivia (fs. 22 a 23 carpeta 1). En la misma carpeta, de fs. 24 a 29, se encuentra el señalado acuerdo, en cuyo Art. III, numeral 2, indica que todo fondo monetario, materiales y equipo internados a Bolivia por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en conformidad con dichos convenios sobre programas y proyectos, estarán exentos de impuestos, honorarios por servicios prestados, requisitos para inversión o depósito y controles sobre la moneda.
Continuando con el análisis, se tiene que la DUI C-3393 de 12 de marzo de 2008 (fs. 65 de la carpeta 1), refiere como proveedor a FOOD FOR THE HUNGRY, INC, con sede en Estados Unidos de Norteamérica y como importador a la Fundación contra el Hambre con sede en La Paz, Bolivia de 1.380 bultos conteniendo 69.156.500 kg. de arvejas, y consignó como importe total a pagar la suma de Bs. 0,00.
La copia legalizada de fs. 50, consistente en un memorial suscrito por el Director Nacional de la Fundación, da cuenta de que fue suscrito el 17 de abril de 2008 y dirigido al Director de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando exención de gravámenes con relación a la mercancía importada con DUI C-3393, de conformidad con el Decreto Supremo 22225 de 13 de junio y Resolución Ministerial Nº 006 de 28 de enero de 2008.
De acuerdo al Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/2116/12 de 5 de octubre de 2012, cursante de fs. 62 a 64, que dio origen al procedimiento que culminó con la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 242/2012 de 19 de diciembre de 2012, la Fundación no regularizó el despacho inmediato hasta esa fecha, al no haber presentado ni el importador ni el Agente Despachante de Aduana la Resolución de Exoneración Tributaria conforme el art. 131 del RLGA.
V.2. Del procedimiento en los casos de incumplimiento en la presentación de la resolución de exención.
En el caso de la importación de mercancías bajo el régimen de despacho inmediato efectuadas al amparo del art. 91 de la LGA, que no hubieran sido regularizadas en el plazo de seis meses señalado por el art. 131 del RLGA, aprobado con DS 25870, vigente en el momento de la importación, no corresponde la aplicación del procedimiento señalado en el cuarto párrafo del art. 10 del RGLA (DS 25870), modificado por el art. 46 del DS 27310 (RCTB); 11 y 12 de la LGA, que permite a la Administración Aduanera efectuar una liquidación de la deuda tributaria no pagada de la DUI sujeta a exención total o parcial de tributos y la intimación al pago bajo apercibimiento de ejecución tributaria. Tampoco el procesamiento de los ilícitos tributarios, considerando que los mismos no están vinculados a una determinación de oficio efectuada en el marco de los arts. 95 y siguientes del CTB, debe efectuarse en observancia del art. 168 de la misma norma y de la RD 01-011-04 de la Aduana Nacional.
La afirmación anterior, tiene sustento en que la Fundación contra el Hambre/Bolivia goza de exención por la importación de mercancía donada, por tratarse, conforme a la previsión del art. 91 de la LGA, de importaciones efectuadas para fines específicos en el marco de Tratados y Convenios Internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por el Estado Boliviano y únicamente si se cumple la previsión del art. 93 de la misma norma legal aduanera; es decir, que si la mercancía importada es objeto de comercialización final deben pagarse los impuestos correspondientes, motivo por el cual correspondía efectuar en el caso, el procedimiento de fiscalización conforme al entendimiento asumido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencias 166/2014 de 8 de agosto de 2014 y 236/2014 de 15 de septiembre, toda vez, que no existía una autodeterminación que a la luz del art. 10 del RLGA, permitiera efectuar el requerimiento de pago y consiguiente ejecución y así lo entendió la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0264/2013 de 8 de abril, indebidamente revocada por la AGIT.
En autos, por las características del problema planteado, se concluye que corresponde aplicar en la resolución de la demanda, el criterio esgrimido reiteradamente por esta Sala Plena, en sentido de que ante el incumplimiento en la presentación de resolución de exoneración de tributos aduaneros en los casos de importación de mercancías con exención de tributos aduaneros, corresponde a la Administración Aduanera efectuar un procedimiento de fiscalización, criterio que además se sustenta en la norma contenida en el art. 9-b) de la LGA, que señala que la obligación de pago en Aduanas, se genera por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor residual de las mercancías importadas.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, declara PROBADA la demanda de fs. 73 a 81, interpuesta por Oscar Ramiro Montes en representación de la Fundación contra el Hambre / Bolivia (FOOD FOR THE HUNGRY INTERNATIONAL/BOLIVIA, y en su mérito revoca la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 831/2013 de 18 de junio y el Auto Motivado Complementario AGIT-RJ 0071/2013 de 4 de julio y mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0268/2013 de 8 de abril.

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