Source: http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/10/19/439707/el-problema-de-los-republicanos-mujeres-si-latinos-no
Timestamp: 2017-01-22 05:58:39+00:00

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EL INFORME OPPENHEIMER - El problema de los republicanos: ¿mujeres sí, latinos no? | Listín Diario
George W. Bush, el último republicano que llegó a la Casa Blanca, obtuvo el 40 por ciento del voto hispano en 2004. El excandidato republicano John McCain obtuvo 31 por ciento en 2008, Mitt Romney consiguió el 27 por ciento en 2012 y Trump -según la última encuesta de Centro Pew, realizada antes de conocerse el video en el que el candidato republicano se ufana de agredir sexualmente a las mujeres- tiene 19 por ciento este año.
La mayoría de ellos, como McCain, explicó que tomó su decisión porque “tengo hijas”. ¿Y no tienen amigos hispanos?
¿Dónde estaban cuando Trump -quien nunca ha servido en las fuerzas armadas- menospreció a la familia Khan, los padres musulmanes del soldado estadounidense que murió en Irak mientras trataba de rescatar a sus compañeros heridos, y que recibió una estrella de oro póstuma por el acto de heroísmo?
¿Dónde estaban cuando la exMiss Universo, Alicia Machado, de Venezuela, le dijo al mundo que Trump la había llamado “Miss Piggy” y “Miss Mantenimiento” -o empleada doméstica- después que ella aumentó de peso?
Deberá crear un mecanismo para expulsar de sus filas a quienes no se rijan por principios básicos de decencia humana según los cuales no se debe demonizar a otros por su origen étnico, religión o género. Si no lo hace, el Partido Republicano debería disolverse, porque seguirá cayendo en picada. Estamos en dictadura. Cada día el gobierno se encarga de recordarlo. Los actos inconstitucionales denuncian al régimen y la conducta de los jefes autoritarios que se han apropiado de Venezuela.
Con el asesinato del principio de la separación de los poderes, el cerco presupuestario a la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición, el encarcelamiento de los adversarios, torturas y maltratos a los presos políticos, persecución a la libertad de prensa y opinión, insulto a las instituciones que son elementos constitutivos de nacionalidad como la Iglesia Católica, Nicolás Maduro y sus secuaces han liquidado la democracia en Venezuela. No puede pretender la oposición venezolana, la opinión pública internacional que el régimen sea como las dictaduras militares de los años cincuenta de la pasada centuria. Los métodos cambian y se sofistican. La conclusión es la misma: un país donde un hombre ejerza todos los poderes es una dictadura.
La vocación pacifista del pueblo venezolano va llegando a su fin. Estamos a punto de que la amplia mayoría que adversa este gobierno, escoja los caminos de la desobediencia civil, la resistencia y la clandestinidad. No deseamos para este país ni la calle violenta, ni la guerrilla fratricida. Cada amenaza del dictador Maduro a la sociedad civil es un escalón a ese sombrío panorama que nos espera.
Al igual que en enero de 1958, los Colegios Profesionales han comenzado a pronunciarse. El Manifiesto de los Colegios de Abogados y de las instituciones conexas con el mundo jurídico no solo denuncia las violaciones a la Constitución Nacional, sino que insta valientemente a desconocer desde los palacios de justicia a los magistrados del Tribunal Supremo y sus sentencias. Precedida por el hambre, la falta de medicinas, inseguridad, galopante corrupción de los jerarcas del régimen y la camarilla militar que lo respalda, han conformado una realidad que grita al cielo. No aguantamos más. Maduro es una vergüenza nacional insoportable. Jefes de Estado, ex presidentes y primeros ministros, el secretario general de la OEA, organismos internacionales, cardenales, escritores, premios nobel, superiores de órdenes religiosas, eminentes economistas, médicos y juristas, cantantes, artistas de cine y televisión, periodistas, rectores de universidades, candidatos presidenciales, de todo el mundo han denunciado a la satrapía venezolana como violadora de los derechos humanos y antidemocrática.
Lo que no se explica la comunidad internacional es cómo una minoría iletrada, una soldadesca corrompida, unos magistrados descarados, puedan imponerse a todo un pueblo. Lo explica, el terror de Estado, las bayonetas, respaldo del narcotráfico, mezquinos intereses de gobiernos parásitos responsables de la quiebra de Venezuela y la cárcel de la legalidad que no ha sido distinguida de la legitimidad y el desconocimiento de los textos bíblicos que justifican el fin de la bestia.
Social y Democrático de Derecho, establecido en el artículo 7 de la Constitución.
Cuando la Constitución establece desde su artículo 2 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo pudiendo ejercerla por medio de representantes o en forma directa, está asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. En este sentido, Armando Rendón Corona, citado por la investigadora parlamentaria Claudia Gamboa Montejano, nos dice: “Si los ciudadanos pueden determinar quién gobierna, ello no implica que determinen cómo se gobierna ni los objetivos del gobierno, lo cual sólo en parte es atenuado en aquellas democracias que ocasionalmente consultan al pueblo sobre cuestiones relevantes para la vida social”.
De esta manera, los derechos y mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas que permiten asegurar e incentivar la participación de la población dominicana en la resolución cotidiana de los asuntos públicos.
La Constitución Dominicana se hace eco de este espíritu de inclusión y establece a través de su articulado, en primer término, el reconocimiento de estos derechos y, en segundo lugar, la disposición de mecanismos de control. Así lo refleja el artículo 22, en donde se plasman los derechos de la ciudadanía a elegir y ser elegibles, a decidir mediante referendo (consultivo y aprobatorio), a proponer iniciativas populares (tanto legislativas como normativas), a ejercer el derecho de petición y denunciar las faltas de los funcionarios públicos, entre otros.
Además de lo establecido en el artículo 22, la Constitución Política de la República Dominicana de 2015, plantea una amplia carta de derechos de ciudadanía que permiten una intervención directa del pueblo para el ejercicio de su soberanía. Encontramos mecanismos de participación directa en los artículos 49, 77.4, 91, 92, 114, 116, 203, 208, 209, 210, 245 y 272.
Ahora, y en virtud del texto constitucional, los dominicanos tienen mayores posibilidades de incidencia en la vida estatal, pudiendo proponer iniciativas, ser consultados o propiciar consultas, informarse, colaborar en la gestión de recursos, concertar soluciones, vigilar el cumplimiento de decisiones y fiscalizar el accionar general de los representantes del Estado; en definitiva, servir de contrapeso adicional a los poderes que integran el Estado, ejerciendo un verdadero control social.
La Dra. Bertha Salinas Amescua, investigadora mexicana que labora para la CEPAL, definió este poder decisorio del ciudadano como aquel que se refiere a “una nueva forma de relación, de convivencia, de comunicación y de autoridad horizontal y equitativa, que se está dando en todos los espacios de convivencia humana (...)”.
Esta nueva dimensión de la sociedad adquiere un rol protagónico en la Constitución Dominicana, que proclama un ciudadano activo, sujeto de derechos, deberes y obligaciones.
De igual manera, una de las leyes cardinales en el desarrollo de Estado dominicano reconoce la necesidad de esta forma inclusiva de participación. En la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END-2030), la importancia de esta práctica quedó reconocida como una de sus políticas transversales al decir de su artículo 15, relativo a la “participación social” y en el Objetivo General 1.3 de la misma ley, respecto de la “Democracia Participativa y Ciudadanía Responsable”. Esta ley establece la necesidad de ”establecer una Ley de participación social, con criterios de afirmación positiva para grupos tradicionalmente excluidos, que garantice a la población la canalización de sus necesidades, demandas y propuestas a las instancias correspondientes”; y esta demanda ha sido reconocida por juristas como Cristóbal Rodríguez Gómez, quien ha establecido claramente que “reconocer la potestad ciudadana de control y fiscalización podría convertirse en un instrumento extra-poder que actúe como mecanismo de presión para romper la inercia y obligar a la activación y efectiva vigencia de la vigilancia recíproca.”
Para Alejandro Gándara, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, “la diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla”. Esta autodeterminación nos llevará a una auténtica democracia y la Constitución Dominicana ha establecido, sin dudas, los medios necesarios para ejercerla.
Hoy, la democracia es un sistema esencial sin el cual no se concibe el desarrollo humano de las sociedades modernas. Ella, la democracia, es no sólo un concepto sino un proceso en constante construcción donde nadie es indispensable, y en cada instante se va nutriendo de todos los elementos de la sociedad para fortalecer su significado.
OPPENHEIMER, EL PROBLEMAS NO ES SOLO DE LOS REPUBLICANOS COMO TALES, LO ES TAMBIEN DE DEMOCRATAS Y DE LOS DIFERENTES LIDERES DE LA SOCIEDAD MUNDIAL, CUYO OBJETIVO BASICO ES OBTENER DINERO A CUALQUIER COSTO. ASI LO DIJO SAN PABLO; 'EL AMOR AL DINERO ES LA RAIZ DE TODOS LOS MALES'
19 oct 2016 04:20 p.m.
En todo lo referente a la nacion dominicana y su constitucion, aun ciertas no justifica que la oposicion perdedora dicte lo que se debe hacer, ignorando la constitucion. 19 oct 2016 01:22 p.m.
Trump: ¡el miedo!
¿Cuándo caerán los pejes gordos?
Con mi blusa verde
“Vengan… los haré pescadores de hombres”
Criterios de Martin Luther King

References: artículo 7
 artículo 2
 resolución 
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 15