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Timestamp: 2019-06-18 09:06:57+00:00

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Desde hace unos días están llegando muchas consultas a este despacho sobre la posibilidad de que los Militares Temporales de Tropa y Marinería puedan hacerse trabajadores fijos, todo ello según alguna información proveniente de Internet y de algunas redes sociales.
Para evitar malentendidos vamos a intentar dar respuesta jurídica a estos planteamientos, intentando simplificar dentro de lo posible para que todo el mundo pueda entenderlo.
Adelantar que esto es solamente un razonamiento jurídico. En este despacho no estamos de acuerdo en que a un profesional se le rescinda su compromiso con las FAs solamente por haber cumplido 45 años de edad, creemos que los militares temporales deben tener una carrera profesional como cualquier militar de carrera, sin que la edad pueda ser un obstáculo, como en la Guardia Civil o en la Policía Nacional; pero eso es nuestra opinión y otra cosa muy distinta es lo que digan las leyes. En cualquier caso no queremos que nadie se lleve a engaño y se haga unas falsas expectativas, sobre todo referido a nuestros clientes que sean militares temporales.
Para empezar decir que podemos establecer dos tipos de relaciones jurídico-laborales dependiendo de la normativa que las regula y del ámbito en que se desarrollan:
• Relaciones laborales, reguladas por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Es lo que se denomina personal laboral.
• Relaciones estatutarias, reguladas por leyes específicas para cada ámbito. Para el caso de los militares Temporales de Tropa y Marinería serían la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería y la Ley 39/2007, de la carrera militar. Es lo que se denomina funcionarios, o personal estatutario.
Las primeras son reguladas por Derecho Privado, existe un contrato de trabajo y la relación es jurídico-privada, aunque el empleador pueda ser una Administración Pública o una empresa privada.
Las segundas son reguladas por Derecho Público, o Administrativo, no existe un contrato de trabajo y la relación es de carácter jurídico-pública, y el empleador es una administración pública u organismo público.
Por otro lado tenemos el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que viene a regular ciertos aspectos de los trabajadores que prestan sus servicios en administraciones públicas, tanto personal laboral como personal funcionario o estatutario. Esta Ley no se aplica directamente al personal militar, sólo cuando las leyes estatutarias citadas lo indiquen, porque así lo marca su artículo 4 para el personal militar de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Para saber a qué tipo de relación está sujeto un militar sólo hay que irse al ámbito de aplicación de cada ley, así tenemos lo siguiente:
1º) Respecto a las relaciones laborales, el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 1 el ámbito de aplicación para el personal laboral. En el apartado Tercero de ese artículo hace varias exclusiones al mismo, y establece textualmente como no incluido dentro de las relaciones laborales:
“La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias”.
2º) Respecto a las relaciones estatutarias de los militares profesionales de Tropa y Marinería tenemos como primer fundamento la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, que es un estatuto propio para este personal, por lo cual estarán excluidos del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, como se ha dicho en el apartado anterior.
Ambos ámbitos, el laboral y el estatutario, son estancos, y cada ley regula el ámbito de aplicación de cada colectivo, el Estatuto de los Trabajadores para el ámbito laboral, y las distintas leyes de personal de cada colectivo (Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal del CNI, etc) para cada uno de sus colectivos.
Así, el artículo 1 de la Ley 8/2006 establece en su punto segundo, que “Esta ley es de aplicación a los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas”.
Esta misma Ley establece en el apartado segundo del artículo 2, referido a los servicios profesionales de los militares de Tropa y Marinería que “Esta relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus modalidades, es una relación jurídico-pública de carácter especial que se establece mediante la firma del compromiso y se rige por esta ley”.
Nada tiene que ver esto con ninguna relación laboral de carácter especial del Estatuto de los Trabajadores porque, como se ha visto, está expresamente excluido. De hecho el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las relaciones laborales de carácter especial hace una lista cerrada de éstas, donde en ningún caso se incluye al personal militar. Lo que sí hace es permitir que una ley declare expresamente una relación laboral especial, algo que en ningún caso hace la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería ni ninguna otra para el personal militar; esto es, sólo si una ley establece expresamente este carácter de relación laboral se incluirá como tal, y esto no ocurre para el personal militar.
Por eso, para los militares, se excluye la aplicación de cualquier otra ley fuera de este estatuto propio, como el Estatuto de los Trabajadores. Los ámbitos de aplicación de cada una de las leyes son claros, y sería temerario decir que el Estatuto de los Trabajadores pueda regular la relación de servicios de la Tropa y Marinería.
Asimismo no se puede establecer una equidad entre los compromisos de la Tropa y Marinería regulados en la Ley 8/2006 con los contratos laborales regulados en el Estatuto de los trabajadores, los primeros tienen carácter jurídico-público y los segundos tienen carácter jurídico-privado. La relación de los primeros los marca una Ley, no existe contrato alguno, sin embargo en los segundos se está a lo estipulado por las partes en la firma de un contrato. Los derechos y obligaciones entre ambos son completamente distintos, regulados por normas distintas y ambos son perfectamente legales, puesto que ambos están regulados por sendas leyes ordinarias.
En cuanto a un posible fraude de ley laboral, esta situación se da cuando, dentro del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, se celebran contratos temporales para simular un contrato indefinido, estableciéndose en el mismo Estatuto de los Trabajadores qué es un contrato indefinido, todo ello dentro de este Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo ya se ha explicado que las relaciones de servicios de los militares no están incluidas en ese Estatuto de los Trabajadores, lo están en la ya citada Ley 8/2006 que regula los distintos compromisos y la condición de permanente, por lo que no se puede aplicar una consecuencia regulada en el Estatuto de los Trabajadores a unos hechos regulados en la Ley de Tropa y Marinería.
Uno de los requisitos para que exista un fraude de ley es que se busque un resultado contrario al ordenamiento jurídico. Este requisito no existe, puesto que la finalización del compromiso a los 45 años es acorde al ordenamiento jurídico, ya que viene regulado en una Ley, la de Tropa y Marinería, aprobada por el Parlamento. No puede ser contrario al ordenamiento jurídico algo que regula expresamente una Ley, a no ser que ésta sea inconstitucional, y no es así.
De ser cierta esa argumentación de aplicar el Estatuto de los Trabajadores a una regulación establecida en la Ley de Tropa y Marinería haría que los Tribunales no aplicaran esta última, y los Tribunales no pueden hacer eso, su actuación no se basa en hacer justicia, sino en aplicar la ley, les guste a los jueces o no. A los Tribunales les vinculan las leyes (emanadas del parlamento) y no pueden inaplicarlas (no como los reglamentos emanados del gobierno), sólo el Tribunal Constitucional puede anular una Ley o parte de ella, y sólo si vulnera la Constitución, no en ningún otro caso.
La Ley de Tropa y Marinería (que emana directamente del poder legislativo) viene a regular el Estatuto de los militares de Tropa, por lo que pensar que se ha realizado para defraudar otra ley es absurdo, ya que el mismo legislativo modificaría la Ley que se pretendiera defraudar si quisiera conseguir ese resultado.
Por último la jurisdicción competente, es decir, a qué tribunales habría que acudir para resolver los conflictos de los militares, será la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en el caso de acudir a la jurisdicción laboral, regulada en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el Juez inadmitirá la demanda o se inhibirá a favor de los Tribunales de los Contencioso-Administrativo.
Los militares temporales de Tropa y Marinería están sujetos a un estatuto propio, regulado en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y en la Ley de Carrera Militar, excluyéndose de su aplicación otras leyes laborales como el Estatuto de los Trabajadores.
La Ley 8/2006 que regula los compromisos de los militares temporales es aplicable y obliga a todos los Tribunales, por injusta que nos parezca esta norma. Los Tribunales la aplicarán para cualquier asunto relacionado con los compromisos de los militares temporales.
No existe ningún fraude de ley que se pueda utilizar para “hacer fijos” a los militares temporales, porque esta figura es del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, que excluye a los militares.
Sólo modificando la Ley de Tropa y Marinería por vía parlamentaria se puede conseguir que no se rescinda el compromiso a los militares por cumplir 45 años.
Por ello, con todo nuestro pesar, cualquier acción judicial que pretenda sortear la Ley de Tropa y Marinería para que se aplique el Estatuto de los Trabajadores con el fin de hacer “fijos” a los militares temporales fracasará con toda seguridad, por mucho que lo veamos como una injusticia. Será injusto, pero será legal.
En cualquier caso si tiene cualquier duda puede contactar con nosotros y con gusto se la resolveremos.
« Sobre las reclamaciones de los Militares Temporales para solicitar el acceso a la permanencia

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2