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Timestamp: 2020-06-04 12:16:48+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 15, de 16/09/2016
cve: BOCG-12-D-15-C1
158/000008 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el estudio de un Pacto Nacional por la Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos ... (Página4)
Ceses ... (Página6)
Nombramientos ... (Página8)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento ... (Página9)
162/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la paralización, hasta que se alcance un Pacto Nacional por la Educación, del calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos aún pendientes de ser implantados, lo que conlleva la derogación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ... (Página10)
162/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno en funciones apruebe por Decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos ... (Página11)
162/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las medidas y decisiones a adoptar para posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan elaborar sus presupuestos para el ejercicio 2017 ... (Página13)
162/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la denegación por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Habilitación Personal de Seguridad de un trabajador de la empresa pública Navantia Ferrol y sobre la vulneración de derechos políticos ... (Página15)
Dirigidas, en el caso de su aprobación, al Gobierno que se constituya
162/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la desmilitarización de la zona de Malpaso, en la isla de El Hierro y su declaración como bien de interés cultural ... (Página16)
162/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% ... (Página17)
162/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página18)
162/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico ... (Página19)
162/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación del sector lácteo y medidas para atajar la crisis por los bajos precios de la leche ... (Página21)
184/000121 Autor: Serrano Jiménez, María Jesús.
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento previstas para la provincia de Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, así como repercusión sobre dichas inversiones si se produce el adelanto del cierre del presupuesto ... (Página23)
184/000220 Autor: Jordà i Roura, Teresa.
Aportación del Gobierno a la financiación de la Ley de Dependencia en cada Comunidad Autónoma ... (Página23)
184/000572 Autor: Ábalos Meco, José Luis.
Botella Gómez, Ana María.
Such Palomares, María.
Blanquer Alcaraz, Patricia.
López Milla, Julián.
Rallo Lombarte, Artemi.
Cierre de empresas públicas municipales deficitarias en la Comunitat Valenciana ... (Página25)
184/001167 Autor: Martín Llaguno, Marta.
Creación de una zona franca en el puerto de Alicante ... (Página26)
184/001182 Autor: Terrón Berbel, Ana Belén.
Aislamiento ferroviario de la provincia de Granada ... (Página26)
184/001702 Autor: Rufián Romero, Gabriel
Venta de material de defensa a Arabia Saudí ... (Página29)
184/001738 Autor: Ruiz i Carbonell, Joan.
Estación Ferroviaria de Clasificación en Tarragona ... (Página31)
158/000008
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el estudio de un Pacto Nacional por la Educación.
Admitir a tramite y trasladar a la Comisión de Educación y Deporte, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara de fecha 26 de junio de 1996, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, solicita la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación y Deporte, para el estudio de un Pacto Nacional por la Educación.
El derecho a una educación básica universal y gratuita es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y corresponde a los poderes públicos desarrollar políticas educativas eficientes que proporcionen una formación de alta calidad a sus ciudadanos, garantizando la igualdad de oportunidades, y contribuyan a formar personas libres y responsables. La educación no es solamente uno de los determinantes principales del crecimiento económico a largo plazo de los países, sino que constituye un instrumento esencial para luchar contra las desigualdades y fomentar la cohesión social. Sin una adecuada inversión en educación, los avances tecnológicos no se traducen en prosperidad económica y los países ven mermada su capacidad para competir con otras economías mundiales cada vez más basadas en el conocimiento.
Nuestro sistema educativo ha sido reformado por siete diferentes leyes desde la llegada de la democracia. Ni una sola de ellas ha estado vigente más de seis años, y ninguna contó con el consenso de los principales partidos de la Cámara. A pesar de algunos logros importantes conseguidos, como la escolarización universal hasta los dieciséis años o la extensión de la educación infantil, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes carencias de calidad y equidad. La tasa de abandono escolar continúa siendo la más alta de la Unión Europea -más del 20% de nuestros alumnos siguen abandonando la escuela de forma temprana- y ocupamos una posición mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales, desacorde a nuestro nivel económico.
Uno de los retos más importantes de nuestro sistema educativo es su capacidad de garantizar adecuadamente la igualdad de oportunidades desde el acceso a la escuela infantil hasta la universidad.
En España, el estatus socioeconómico de los padres continúa teniendo una influencia demasiado elevada sobre los resultados académicos y no contamos con planes eficaces para tratar a los alumnos con necesidades educativas diferentes. En demasiadas ocasiones se recurre a la repetición de curso -uno de cada tres alumnos ha repetido curso antes de cumplir los quince años-, una solución costosa que agrava los problemas en las aulas.
Los profesores deben ser los protagonistas del cambio de nuestro sistema educativo, pues son el determinante principal de la calidad de la enseñanza, por encima de los recursos tecnológicos o el tamaño de las aulas. Actualmente solo el 8% de nuestros profesores cree que su labor docente es valorada por la sociedad y la mayoría no cuenta con 105 suficientes apoyos para desarrollar su labor diaria y mejorar sus métodos docentes. Cualquier cambio en nuestras leyes educativas debe incluir una reforma en profundidad de la carrera profesional de los profesores -siguiendo el espíritu del libro Blanco de la Profesión Docente y su Entorno Escolar-, desde los sistemas de selección hasta los mecanismos de promoción, para que estén fundados exclusivamente en la capacidad académica y pedagógica.
Igualmente, debe abordarse también una reforma en profundidad de nuestro sistema universitario público para que cumpla adecuadamente con sus dos tareas fundamentales: la formación de nuestros jóvenes y la generación de nuevas ideas y conocimiento. Nuestras universidades siguen sin aparecer en los "rankings" internacionales y en demasiados casos no forman adecuadamente a los jóvenes para encontrar su lugar en el mercado de trabajo. España no ha tenido un premio Nobel desde hace más de un siglo, y seguimos rezagados en las clasificaciones de patentes y empresas innovadoras salidas de la universidad.
Por ello es necesario explorar vías para mejorar los sistemas de financiación y gobernanza universitaria, siguiendo el espíritu del informe "Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español" elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español en 2013. Además, continúa siendo imprescindible un cambio en los sistemas de selección del personal docente e investigador (POI) de las universidades públicas que termine de una vez con el fenómeno de la endogamia universitaria, y establezca incentivos adecuados a la excelencia investigadora. Asimismo, se hace necesario un plan nacional para consolidar la FP dual en el que participen todos los sectores, desde la gran industria hasta las pequeñas empresas, y que cuente con pasarelas que permitan que los jóvenes sigan vinculados a los otros niveles del sistema educativo.
Todas las fuerzas políticas representadas debemos demostrar que estamos a la altura de la responsabilidad que nos exige la sociedad para alcanzar un acuerdo en materia educativa con vista a una generación, que ponga lo que nos une por encima de las diferencias políticas. Es sin duda una oportunidad histórica de poner los cimientos de un sistema educativo mejor, de más calidad y más inclusivo, que constituya la base de la prosperidad y el progreso futuro de la sociedad española.
1. Fomentar un debate con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas sobre el estado y situación del sistema educativo español.
2. Recabar la información necesaria de la comunidad educativa, expertos en la materia y profesionales del sector sobre las principales deficiencias y posibles soluciones.
3. Elaborar un informe para su debate y aprobación por la Comisión de Educación y Deporte en el que se expongan las conclusiones de la Subcomisión.
4. Comprometer a las fuerzas políticas participantes a fin de elaborar un Proyecto de Ley en materia de educación que contenga las medidas consensuadas.
La Subcomisión estará compuesta por un total de quince miembros: tres representantes del Grupo Popular y dos representantes del resto de Grupos Parlamentarios.
Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 7 de septiembre de 2016, de D.ª Margarita Ansón Peironcely, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados,Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D.ª Margarita María Cazenave Zarandona, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D.ª Concepción Gea Manuel, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D.ª Ana Isabel Grande Collados, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D. Alberto Lázaro Nieto, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 7 de septiembre de 2016, de D. Javier Saugar Azpa, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 6 de septiembre de 2016, de D. Francisco José Casamayor Santiago, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 12 de septiembre de 2016, de D.ª María Paz Vaello Olave, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Francesc Homs i Molist, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D. Josep Cortell Moya, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª María Teresa Astolfi González-Mogena, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesora de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Margarita Ansón Peironcely, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 8 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Javier Saugar Azpa, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 8 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Cristina Muñoz Serrano, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 12 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Gabriela Sierra Cibiriain, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con efectos de 12 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Josep Cortell Moya, a propuesta del Excmo. Sr. D. Francesc Homs i Molist, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Paloma Abejón Mendoza, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Pilar Rojo Noguera, con efectos de 7 de septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Peticiones.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a tramite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000101
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización, hasta que se alcance un Pacto Nacional por la Educación, del calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos aún pendientes de ser implantados, lo que conlleva la derogación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para su debate en Pleno.
Nuestro sistema educativo ha sido reformado en múltiples ocasiones y ninguna de ellas contó con el consenso de los principales partidos de la Cámara. A pesar de algunos logros importantes, como la escolarización universal hasta los dieciséis años o la extensión de la educación infantil, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes carencias de calidad y equidad. La tasa de abandono escolar continua siendo la más alta de la Unión Europea -más del 20% de nuestros alumnos siguen abandonando la escuela de forma temprana- y ocupamos una posición mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales, desacorde con nuestro nivel económico.
Es tiempo de dejar de lado la política de bandos y empezar a trabajar juntos en la construcción de consensos para lograr un Pacto Nacional por la Educación que sea para una generación y no para una legislatura. Es el propósito de Ciudadanos que, como en las naciones más avanzadas del planeta, se empiece a tratar la educación en España como una cuestión de Estado. Debemos empezar a remar todos en la misma dirección para abordar los grandes retos educativos comunes de forma conjunta y en beneficio de todos.
A finales de noviembre de 2013 se aprobó en el Congreso de los Diputados, con 182 votos a favor, el texto final de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Todas las fuerzas parlamentarias, exceptuando el Partido Popular, votaron en contra de esa Ley. La razón principal de ese rechazo fue la falta de voluntad política a la hora de generar los acuerdos y consensos necesarios para reformar un asunto tan delicado y tan esencial para el futuro de nuestra sociedad y nuestra economía como es la educación.
Entre los principales escollos de la LOMCE a la hora de alcanzar un mayor número de apoyos está la implantación de las pruebas de evaluación de final de etapa de carácter nacional en diferentes cursos. Sin embargo, el Gobierno, aun estando en funciones, aprobó el pasado 29 de julio, el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
En Ciudadanos consideramos que la vía de la imposición por Decreto no es una buena base para comenzar un nuevo tiempo de diálogo en el ámbito de la educación. Pero también consideramos que la
derogación de la LOMCE en su totalidad y el consiguiente retorno a la LOE no es una buena solución. El sistema anterior tampoco dio los resultados deseados y además el retorno a la LOE causaría un tremendo desbarajuste en los planes educativos.
Por esa razón pactamos en sendos acuerdos con PSOE y PP (uno de gobierno y el otro de investidura) un marco común para avanzar hacia un nuevo Pacto Nacional por la Educación. En concreto el Grupo Popular y el Grupo Socialista se comprometieron, en su literalidad, a:
"Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En el primer mes de gobierno se constituirá una Subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor."
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es necesario un Pacto Nacional por la Educación que se asiente en el consenso de las principales fuerzas políticas del país de modo que no se legislen nuevos modelos educativos con cada cambio de Gobierno. Atendiendo a la necesidad de construir un sistema basado en el acuerdo y orientado a evitar conflictos y problemas entre las administraciones, pero sobre todo, atendiendo a los estudiantes y sus familias, consideramos que es preciso paralizar la implantación de la LOMCE, lo que exige la derogación del Real Decreto 310/201 y que se ponga en marcha cuanto antes una mesa de diálogo para llegar, en el plazo de seis meses, a un Pacto Nacional por la Educación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
a) Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, que permita la elaboración de un marco legal consensuado y tenga como principal objetivo lograr que la educación sea una herramienta eficaz para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades. Hasta que se logre un Pacto Nacional, se paralizará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos pendientes aún de ser implantados.
b) Derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
A su vez, el Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de constituir una Subcomisión parlamentaria, mediante el procedimiento correspondiente y en el plazo más breve posible, que permita sentar las bases de un Pacto Nacional por la Educación en el plazo de seis meses."
162/000102
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno en funciones apruebe por Decreto-ley, en caso de prorroga presupuestaria, el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos, para su debate en Pleno.
El apartado 3 del artículo 134 de la Constitución establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". El apartado 4 del mismo artículo dispone que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".
El fracaso de la propuesta de investidura de don Mariano Rajoy, tanto en la primera votación como en la segunda, en la que solo precisaba de mayoría simple, va a impedir probablemente el cumplimiento del plazo ordinario para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos y a dificultar por tanto el cumplimiento del previsto para su aprobación.
No obstante, como se ha señalado, la Constitución contempla expresamente en estos supuestos la prórroga de los presupuestos vigentes, arbitrando así un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal.
Tras la aprobación de la Constitución, esta prórroga presupuestaria se ha producido en cuatro ocasiones: en 1983, 1990, 1996 y 2012. En todas ellas, la prórroga vino acompañada de otros tantos decretos-leyes sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (Real Decreto-ley 24/1982, de 29 de diciembre, Real Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre, Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre y Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre). Mediante estos decretos-Ieyes se actualizaron previsiones presupuestarias que la simple prórroga automática no hubiera contemplado.
Así ocurre, por ejemplo, con las retribuciones de los funcionarios o las pensiones de jubilación, que hubiesen permanecido congeladas hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos de no haberse acordado un incremento inmediato, así como diferentes previsiones de la ley de Presupuestos, como las relativas a las autorizaciones para emitir Deuda Pública o la prestación de avales públicos, entre otros aspectos.
El incremento de las pensiones públicas es una medida de incuestionable interés general, especialmente tras los cambios introducidos por la Ley 23/2013 en el mecanismo de revalorización, que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, y cuya situación se ha visto agravada por las medidas adoptadas por el Gobierno en menoscabo de sus derechos como el copago farmacéutico. Lo mismo cabe decir de las retribuciones de los empleados públicos, colectivo que se ha visto particularmente afectado por la crisis económica y cuyos salarios han perdido poder adquisitivo de forma muy acusada en los últimos años.
La situación del Gobierno en funciones no le impide adoptar medidas para incrementar las pensiones públicas y las retribuciones de los funcionarios y demás empleados públicos. Entre las limitaciones a las facultades del Gobierno en funciones no se encuentra la prohibición de dictar decretos-leyes. Todo lo contrario, las razones de urgencia e interés general inherentes y habilitadores de esta facultad del Gobierno son también las que permiten que el Gobierno en funciones pueda adoptar medidas que excedan del despacho ordinario de los asuntos públicos.
Por ello, en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución, se han aprobado decretos-leyes por gobiernos en funciones sin que se haya cuestionado su capacidad para hacerlo. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, se aprobaron por gobiernos en funciones:
- el Real Decreto-ley 6/1989, de 1 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias torrenciales;
- el Real Decreto-ley 10/1993, de 18 de junio, sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 222.441.315.588 pesetas, para atender insuficiencias producidas durante 1991 en el Instituto Nacional de Empleo, en materia de gestación de prestaciones por desempleo;
- el Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza;
- el Real Decreto-ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 31.804.000.000 pesetas y se autoriza a concertar operaciones de crédito al Ente Público RTVE y sus sociedades estatales;
- el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.
Además, en la mayoría de estos casos, los diferentes gobiernos -recordemos, en funciones- incluyeron disposiciones por las que se modificaban los créditos presupuestarios vigentes.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que, en el caso de que se vaya a producir la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado prevista en el 134.4 de la Constitución, apruebe un Decreto-ley para su convalidación por esta Cámara que contemple el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas y del sector público, al concurrir tanto las circunstancias constitucionalmente previstas para la utilización de este instrumento normativo como las razones de urgencia e interés general exigidas por la Ley 50/1997 para que el Gobierno en funciones pueda adoptar medidas que excedan del despacho ordinario de los asuntos públicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000104
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas y decisiones a adoptar para posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan elaborar sus presupuestos para el ejercicio 2017, para su debate en el Pleno.
Los objetivos de déficit de las CC.AA. para 2016 y 2017 se fijaron en el -0,3% y -0,1% de su PIB, respectivamente, el 11 de septiembre de 2015 (para las CC.AA. de régimen común) y el 12 de febrero de 2016 (para las CC.AA. de régimen foral), de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, a finales de abril del presente año, el Gobierno aprobó y remitió a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), que incorpora una nueva senda de reducción del déficit público del -3,6, -2,9 y -2,2 para el conjunto de las Administraciones Públicas en el periodo 2016-2018. Un día antes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, que fijaba un nuevo objetivo de déficit para las CC.AA., que sería del -0,7% del PIB para este año y del -0,5% para 2017, compatible con los objetivos de reducción del déficit del conjunto de administraciones públicas mencionados anteriormente. Siguiendo instrucciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las CC.AA. han elaborado y presentado Planes Económicos y Financieros que se ajustan, con carácter general, a la senda 2016-2017 propuesta por el Gobierno en la APE, pese a que no son los objetivos que están legalmente vigentes.
Posteriormente, en julio, el Consejo Europeo aprobó la Recomendación de la Comisión Europea que, como parte del proceso sancionador contra España por el incumplimiento del déficit, incorpora una nueva senda trianual de reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas. En concreto, el objetivo de déficit aprobado por el Consejo Europeo es del -4,6% para este año y -3,1% para 2017, es decir menos exigente que el incorporado en la APE. Sin embargo, el Gobierno en Funciones no ha dado traslado a nivel nacional de los nuevos objetivos de déficit aprobados por el Consejo Europeo para 2016 y 2017 Y su distribución vertical entre administraciones públicas. Esta situación, en la que se dan varios objetivos diferentes de déficit para el conjunto de las administraciones públicas y para las CC.AA. en particular, supone una incertidumbre que dificulta la elaboración de los presupuestos autonómicos.
Al mismo tiempo, el Gobierno en Funciones aún no ha comunicado a las CC.AA. de régimen común la cuantía de las transferencias por las entregas a cuenta contempladas en el Sistema de Financiación
Autonómica (SFA) para el año 2017, ni la previsión de la liquidación definitiva de los recursos del año 2015. Tradicionalmente, en julio de cada año, una vez aprobado el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, el Gobierno informa a las CC.AA. de régimen común de la cuantía de dichas transferencias para el año siguiente. La falta de esta información, que solo el Gobierno puede estimar con precisión, dificulta la elaboración de los diferentes presupuestos autonómicos, pues las transferencias del Estado procedentes del SFA suponen más del 75% de los ingresos de las CC.AA.
El Gobierno esgrime que la falta de aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad y del consiguiente anteproyecto de presupuestos le impiden comunicar a las CC.AA. dicha información. El propio Presidente del Gobierno en funciones, en su discurso en el debate de investidura celebrado el pasado 30 de agosto señaló que de los Presupuestos Generales del Estado depende la financiación de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común está perfectamente establecida en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con base en esta Ley, más del 75 por ciento de los recursos del SFA no dependen ni de la aprobación de los PGE, ni del techo de gasto. Algunas partidas del SFA, tales como la aportación del Estado al Fondo de Garantía de servicios fundamentales, la cuantía del Fondo de Suficiencia o la liquidación de los Fondos de Convergencia sí que requieren de su correspondiente dotación en los PGE. Pero las cuantías de estas partidas no son discrecionales, ni están incluidas en el techo de gasto, sino que se derivan directamente de las previsiones de ingresos y de otros criterios establecidos en el SFA, cuya estimación es conocida por el Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, un mínimo de lealtad institucional del Gobierno en funciones con el resto de administraciones del Estado, incluidas las CC.AA., exige que el primero comunique en tiempo y forma a las segundas, las previsiones de los montos de las transferencias correspondientes a las entregas a cuenta del SFA para 2017, así como la provisión de la liquidación definitiva de los recursos del año 2015. De no hacerlo así, se pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea en el ámbito de ejecución que corresponde a las CC.AA.
Por todo lo anterior, resulta claro que, en la actual situación excepcional, deben adoptarse cuantas medidas sean necesarias para facilitar a las CC.AA. los datos que precisen para la elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017, así como posibilitar, a través del órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera (Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas), que puedan acordarse los criterios y reglas, que deberán seguirse para dicha elaboración en particular el objetivo de déficit para las CC.AA. para el año 2017.
- Comunicar a la mayor celeridad posible la información que precisen las Comunidades Autónomas para la elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017, en particular la estimación de las cuantías correspondientes por entregas a cuenta según establece la Ley 22/2009 en base a la información actualmente disponible sobre estimaciones de recaudación, revisiones del fondo de suficiencia global, índices de distribución territorial de los impuestos cedidos y las variables poblacionales establecidas para el cálculo de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y las cuantías correspondientes, y por la liquidación del ejercicio 2015.
- Proceder a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas al objeto de acordar los objetivos de estabilidad actualizados para el ejercicio 2017, así como cualesquiera otras reglas, criterios y decisiones necesarias para facilitar la elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-Pedro Saura García y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000105
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la denegación por el CNI de la Habilitación Personal de Seguridad de un trabajador de la empresa pública Navantia Ferrol y sobre la vulneración de derechos políticos.
La dirección de la empresa Navantia, S.A., ha impedido a un empleado el acceso a salas con documentación clasificada, tras la denegación de la preceptiva habilitación personal de seguridad (HPS) impidiendo la prestación de sus servicios. Las razones aducidas por la empresa para la denegación y entrada en dichas dependencias se deben a que estamos ante un "trabajador peligroso para la seguridad nacional.
El referido trabajador entabló acciones judiciales en defensa de sus derechos laborales, dictando Sentencia la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. En el cuarto de los fundamentos de Derecho, la Audiencia Nacional hace un repaso exhaustivo de los requisitos de fondo dimanantes de la norma NS/02 sobre los criterios para valorar la idoneidad de las personas relativas a la habilitación de seguridad de personal y resuelve que dichos requisitos no resultan de aplicación a este caso.
En el sexto de los fundamentos de Derecho, la resolución señala que es necesario motivar dicha prohibición al trabajador para acceder a la referida Sala con documentación clasificada para no caer en arbitrariedades prohibidas por el ordenamiento jurídico.
Finalmente, la resolución dictada por la Audiencia Nacional estima el recurso de apelación interpuesto por el trabajador y señala que la prohibición de acceso del empleado adolece de falta de motivación. A pesar de la Resolución dictada por la Audiencia Nacional y con el ánimo de "motivar dicha prohibición", en fecha 3 de noviembre del pasado año, el Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia, don Félix Sanz Roldán reconoce mediante escrito las verdaderas razones por las que se niega al trabajador la habilitación de seguridad que no son otras que políticas.
Citamos literalmente: "[ ... ] El Sr. Sinde ha demostrado una continuada participación en organizaciones y grupos cuyos ideales defienden una estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e internacionalista... Si bien esta participación es lícita, se considera discordante con la protección clasificada que el Ministerio de Defensa cede a la industria para sus desarrollos armamentísticos'~ Este trabajador, informático, viene prestando servicios para la empresa Navantia Ferrol desde hace muchos años, siempre desempeñó sus funciones sin problema alguno y, al amparo a sus derechos constitucionales milita y desarrolla su compromiso sindical en CCOO. Las afirmaciones vertidas por el Director del CNI son graves en un Estado Social y Democrático de Derecho, no hacen más que recordar las prácticas macartistas, pero no hay ninguna razón que avale la posición discriminatoria del Gobierno en esta cuestión.
No podemos olvidar que si este trabajador prestara sus servicios en una empresa auxiliar de Navantia, esta práctica discriminatoria, supondría su despido. Esta flagrante discriminación fue denunciada ante la Xunta de Galicia quien se limitó a señalar que no puede actuar porque estamos "ante una competencia estatal ajena a las competencias del Gobierno gallego."
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
"- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice las gestiones oportunas que conduzcan a garantizar los derechos constitucionales que en la actualidad se vulneran con la segunda negativa a autorizar la habilitación personal de seguridad al referido empleado de Navantia Ferrol y, conceda la HPS para poder prestar las funciones propias de su cargo en condiciones de igualdad al resto de sus compañeros de trabajo.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que remueva los obstáculos que pesan en la decisión del CNI para discriminar a un trabajador por estrictos motivos políticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000100
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda Unida a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desmilitarización de la zona de Malpaso, en la isla de El Hierro y su declaración como bien de interés cultural, para su debate en Pleno.
Desde 1986 el Ministerio de Defensa ha mantenido el proyecto de instalar en el Pico de Malpaso (El Hierro, Canarias) un radar de uso militar pretendiendo inicialmente la ocupación "de una parcela de 35.000 m2 de terrenos de la propiedad de este Ayuntamiento en Pico de Malpaso, para llevar a cabo el programa de potenciación de la defensa aérea del archipiélago canario, instalaciones a efectuar por el Ejercito del Aire (Ministerio de Defensa)".
Dicha pretensión fue inicialmente rechazada por el pleno extraordinario del Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro), concitando el rechazo del conjunto de la sociedad herreña no solo por su reiterada apuesta por la paz y la neutralidad del archipiélago sino también por ser un sitio histórico de gran valor cultural y una zona de espacios naturales a proteger, incluidos en el avance de las normas subsidiarias, ya que la construcción de dicha instalación contradice el Proyecto de Ley de Espacios Naturales del Archipiélago Canario, aprobado por el Gobierno Autónomo y pendiente de la aprobación del Parlamento de Canarias.
El 24 de noviembre de 1987, a propuesta de dos de los tres diputados de la isla, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó la siguiente Proposición no de Ley: "El Parlamento de Canarias acuerda: Instar al Gobierno de Canarias para que en defensa de la tradición cultural, histórica y religiosa y de los valores ecológicos de la zona de Malpaso de la isla de El Hierro, solicite del Ministerio de Defensa la no ubicación en ella de instalaciones militares".
La amenaza de militarización de una isla ' que, por sus características geográficas y sociales, presenta una gran fragilidad que se vería gravemente alterada con una instalación de este tipo, ha generado un amplio movimiento social que abarca a la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sectores sociales de El Hierro.
En febrero de 2002 el Gobierno de España, con absoluto desprecio a lo manifestado por el conjunto de la sociedad y Parlamento de Canarias, procedió a la declaración de la zona como "Zona de Interés para la defensa nacional" mediante el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, decreto que no ha sido revocado por los sucesivos Gobiernos, manteniéndose como una amenaza permanente sobre la isla, sin que se haya llegado a ejecutar el proyecto durante estos casi 30 años, muestra más que evidente que el
mismo carece de la urgencia y necesidad que se argumentaba por la "sombra" producida por el Teide en el control de la aviación civil.
- Derogar el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona de interés para la defensa nacional el asentamiento de la estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso a la misma.
- Declarar la zona de Malpaso de la isla de El Hierro, debido a su interés arqueológico, histórico y cultural, como bien de interés cultural (BIC) a partir de lo regulado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, lo que impedirá en el futuro las instalaciones militares en ella."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2016.-Eva García Sempere y Miguel Bustamante Martín, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000103
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo del 10%, para su debate en el Pleno del Congreso.
En 2012, el anterior Gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 12/2012 diversas medidas dirigidas a la reducción del déficit público entre ellas la posibilidad a los obligados tributariamente de ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones estableciendo un gravamen especial del 10%. Esta polémica regularización fiscal -más y mejor conocida como amnistía fiscal- asestó un golpe fatal a la ya frágil conciencia fiscal de nuestra sociedad y supuso un enorme fracaso que ha sido objeto de repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria.
En aquel momento el gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin embargo, según datos de la AEAT se afloraron 40.000 millones -y escasamente se recaudaron 1.193 millones-, lo que supone un tipo efectivo inferior al 3% y no del 10% como establecía el Real Decreto Ley. El anterior gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización fiscal permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda y del Congreso de la XI Legislatura, que los defraudadores pagasen el 3% en lugar del 10% legalmente previsto. Además, el citado informe señalaba textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las declaraciones por las que los contribuyentes se acogieron a la regularización "no eran comprobables".
Con el objetivo de paliar el daño causado por esta de facto amnistía fiscal, el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su punto seis: "Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria."
No obstante, dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes.
Hay que recordar también que esta regularización fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del Tribunal Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan adquirido firmeza. Esto solo
ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que prescriban las obligaciones tributarias de los defraudadores.
De este modo, urge instar al Gobierno, antes de que prescriban las obligaciones defraudadas, a que ponga a la Agencia Tributaria a comprobar y liquidar a estos defraudadores para recaudar los 2.800 millones de euros que se dejaron de ingresar.
Considerando fundamental mantener por un lado el compromiso con la estabilidad presupuestaria, habida cuenta de los desvíos de déficit, deuda y gasto devengados hasta la fecha, incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea y por otro lado, la necesidad de recursos para potenciar las políticas sociales y de bienestar dada la alta tasa de desempleo y precariedad laboral, más que nunca son necesarios esos 2.800 millones de euros dejados de ingresar por los defraudadores fiscales acogidos a esta amnistía fiscal, dinero público de todos los españoles y no de unos pocos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
1. Realice con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria.
2. En ejecución de lo anterior, anule las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012.
3. Ordene a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización de 2012, y a que estas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para garantizar que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, es decir, pagando el 10% de las cuantías afloradas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Francisco de la Torre Díaz, Diputado.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000106
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
La dejadez de los Gobiernos del PP al desatender las condiciones en las que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a nivel global para desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las inversiones acomodadas en la planta de A Coruña suponen una peligrosa amenaza para el empleo y la continuidad de la actividad industrial en la capital herculina, al igual que el progresivo retraso en la celebración de la subasta por los incentivos para las grandes empresas consumidoras de energía.
El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad económica sin que el Gobierno del PP defina un sistema de precios que entregue estabilidad a esta actividad industrial y al empleo asociado tanto directo como indirecto.
Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megavatios porque las subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para
definir inversiones, también de la necesaria garantía -que no tenemos- acerca de la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica quede excluida.
Preservar la industria -segmento productivo definidor de productos de mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo energético, caracterizado por su condición de sostenible y social, y que responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en el campo energético, con una producción que supone impactos ambientales severos y una exportación de alrededor del 40% del total de energía producida en nuestro país.
La administración tiene que acordar una política de precios que garantice el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el consumo de energía, las emisiones y fomente el empleo.
1. Continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, especialmente en las plantas de Alcoa, de A Coruña, San Ciprián y Avilés.
2. Impulsar todas aquellas reformas necesarias para estudiar el restablecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible que permita disponer de unos costes energéticos asumibles para la industria eléctrica española, y en particular para las grandes industrias consumidoras de energía eléctrica del país. Este posible nuevo sistema debe basarse en la transición a las renovables, eficiencia energética y en la revisión de costes fiscales, y que supondrían un gran beneficio reduciendo los costes productivos como en el caso de Alcoa, y otras grandes consumidoras de energía eléctrica.
3. Emprender las medidas que procedan para fomentar la implementación por parte de estas grandes industrias consumidoras de energía de un plan de inversiones que favorezcan la eficiencia energética, la rebaja de emisiones contaminantes y la innovación y creación de valor añadido en su producción; todo ello teniendo en cuenta el importante peso que estas industrias poseen en la economía y el empleo de las zonas en las que desarrolla su actividad.
4. Promover un Pacto de Estado de la Energía, a partir del diálogo con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para dotar a la política energética de la estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. Un modelo basado en las energías renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda.
5. Solicitar a la Unión Europea que exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo de Adhesión con China de la OMC."
162/000107
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico.
La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad como una herramienta para flexibilizar la operación del sistema eléctrico y dar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del sistema, mediante la prestación de un servicio retribuido al operador del sistema "Red Eléctrica de España, S.A.", por parte de consumidores debidamente cualificados para dicha prestación.
Los ingresos obtenidos por la prestación de este servicio constituyen, para empresas con procesos de producción electrointensivos, un componente muy importante de su estructura de precios y por lo tanto de su competitividad e incluso su viabilidad en mercados de productos, como el aluminio primario que, en general, son objeto de contratos a medio o largo plazo.
En estas condiciones y considerando que, de acuerdo con el artículo 4.2 de la IET/2013/2013 modificado por la IET/1752/2014, de 26 de septiembre, desde el 29 de julio pasado debe de obrar en la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la propuesta del operador del sistema, informada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el requerimiento de potencia interrumpible para la temporada eléctrica 2017, una propuesta de fechas para la realización de las subastas y un calendario de los hitos a realizar de cara a la celebración de las mismas.
Por otra parte, el pasado 12 de agosto se publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 5 de agosto, por la que se aprueban las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la participación en las subastas.
En consecuencia, desde el pasado 12 de agosto, están disponibles todos los elementos técnicos y regulatorios para que la Secretaría de Estado de Energía de cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.5 de la resolución de 5 de agosto, antes citada, y publique la resolución con el detalle de las subastas, cantidades y precios, así como las fechas de realización de las mismas.
Si se toma como referencia la temporada eléctrica 2016, el 10 de julio de 2015 ya se había publicado el calendario de subastas y el 4 de setiembre de 2015, ya habían tenido lugar las mismas y los consumidores interrumpibles estaban en disposición de planificar su producción para el año 2016.
Por lo tanto resulta de todo punto incomprensible que todavía no se disponga del calendario de las subastas, la potencia interrumpible a subastar y los precios de salida de los productos. Una situación que de prolongarse, puede causar daños irreversibles a la producción de muchas empresas y por consiguiente poner en peligro miles de puestos de trabajo.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, con carácter de urgencia, la siguiente
"a) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar las razones por las cuales, de acuerdo con la regulación vigente, la Secretaría de Estado de Energía no ha hecho público las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad
b) Considerando las repercusiones de la situación actual para la viabilidad y el empleo de muchas industrias y en particular las electrointensivas, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a tomar alguna medida para remediar esta situación.
c) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a publicar, de forma urgente, la información necesaria para proceder a la realización de las subastas."
162/000108
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, y del Diputado don Antón Gómez-Reyno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno, relativa a la situación del sector lácteo y medidas para atajar la crisis por los bajos precios de la leche.
Aunque ha disminuido la atención mediática sobre el tema, lo cierto es que la crisis del sector lácteo gallego sigue sin resolverse. Es más, desde la finalización del sistema de cuotas lácteas hace ya un año, la situación no ha hecho más que agravarse. El panorama se resume con brevedad: los precios de la leche en origen siguen cayendo, son ya los más bajos de la década, y las explotaciones ganaderas continúan cerrando de manera galopante. De hecho, en estos meses han cerrado en Galicia 323 explotaciones ganaderas, 51 de ellas en el mes de julio.
Los precios se sitúan en Galicia por debajo de los 24 céntimos, son los más bajos del Estado, lo cual no cubre ni mínimamente los costes de producción que están se sitúan por encima de los 30 céntimos. Las pérdidas económicas para los ganaderos son enormes, mientras se les añaden problemas como los créditos y la falta de liquidez para poder sacar adelante su explotación ganadera.
El principal problema está en los bajos precios de la leche que bajo nuestro punto de vista y el de las organizaciones del sector, se solventaría con el establecimiento de precios de referencia. Varias son las demandas de los ganaderos que nunca se han tenido en cuenta.
Por mucha propaganda que el Gobierno hizo del Acuerdo Lácteo firmado en septiembre del pasado año 2015 entre la industria del sector, las empresas de distribución y solo una parte de los productores, es más que evidente su estrepitoso fracaso dadas las ambiguas e insuficientes medidas. Conviene recordar que no participaron en su firma las principales organizaciones lácteas que representan a la mayoría del sector lácteo del estado. Ya advertían entonces que era papel mojado, y que no garantizaría la resolución de la crisis de los precios, entre otras cosas, por la negativa a recoger un precio mínimo y justo, además de la necesidad de contemplar garantías para su cumplimiento por parte de las industrias de modo que se impusiesen sanciones en caso de incumplimiento. Eran las principales demandas del sector: precios de referencia de la leche, y ante los continuos incumplimientos de pactos anteriores con industrias y distribución, la necesidad de contemplar sanciones.
El contenido del Acuerdo de septiembre de 2015 es abstracto y ambiguo, no obliga a las industrias a pagar precios sostenibles a los ganaderos. Todo son vanas recomendaciones y su efectividad ha sido escasa. El sistema implantado de abuso de poder por parte de las grandes industrias lácteas sigue vigente.
El Gobierno del PP prefirió alinearse con los intereses de las grandes industrias lácteas y cadenas de distribución antes de defender al eslabón más débil de la cadena: los productores. No nos valen los reiterados argumentos centrados en la normativa comunitaria sobre competencia porque países como Francia han aprobado Acuerdos Lácteos que incluyen los precios de referencia. Por tanto, el Estado español podría haber hecho exactamente lo mismo. Es una cuestión de voluntad política.
Los problemas continúan pendientes de resolución. Además de las demandas mencionadas, los ganaderos llevan tiempo pidiendo sin éxito que no se utilice la leche como producto de reclamo para atraer compradores en las áreas comerciales. Demandan que se indique la procedencia de la leche puesto que solo uno de cada tres cartones informa sobre el origen, o las medidas para que se prioricen los productos autóctonos sobre los lineales. El etiquetado del origen de la leche en los cartones posibilitaría una revalorización del producto autóctono.
Dado que todos los paquetes lácteos o acuerdos no contemplaron medidas de penalización, los contratos homologados entre industrias y ganaderos nunca se han cumplido. El problema principal reside en la escasa o nula capacidad que tienen los productores para negociar los contratos con las industrias que son las que establecen las condiciones y solo ofrecen a los ganaderos la posibilidad de firmar o no, pero ningún margen para la negociación: De ahí la necesidad de una figura intermedia, de un mediador para este tipo de negociaciones.
Cuando se cumple ya un año de la finalización del sistema de cuotas lácteas, el balance no podría ser peor. Cada día cierran dos explotaciones lácteas en Galicia cuyo número se sitúa ya por debajo de las 9.000 explotaciones ganaderas.
A la pasividad del Gobierno central, se une la ineficacia interesada de la Unión Europea que no ha aportado soluciones ni previsto medidas para solucionar la grave crisis a nivel europeo del sector lácteo. No ha aceptado aumentar los precios de intervención, y se ha decantado por permitir una reducción unilateral y voluntaria de la producción en cada estado miembro en lugar de una conjunta que a priori podría ser más efectiva.
La ausencia de medidas de la UE ha frustrado al sector que llevaba cinco años preparándose para la eliminación de las cuotas lácteas, el conocido como "aterrizaje suave".
Otro de los graves problemas que hemos citado es la delicada situación financiera en la que se hallan muchas explotaciones. La crisis láctea ha llevado a muchas granjas gallegas a una situación financiera crítica. El nivel de endeudamiento en el último año se ha elevado a unos 75 millones de euros. Más de la mitad de las granjas están perdiendo capacidad económica mientras el volumen de sus deudas sigue creciendo entre dos y cinco céntimos con cada litro de leche que producen. Algunos cálculos indican que el montante pasivo de las explotaciones llegaría a superar los 125 millones de euros. Las deudas de los ganaderos repercuten en toda la cadena de servicios dada la incapacidad para poder costearlos.
Las entidades financieras y bancarias son reacias a dar préstamos o créditos al sector, que acusa así la falta de liquidez como otro de sus grandes problemas.
El sector lácteo en Galicia tiene un peso muy importante, y de hecho es el principal productor a nivel estatal. El sector primario junto con el mar, ha sido uno de las fuentes de creación de empleo en el territorio gallego en muchas comarcas del interior. Pero la difícil situación del sector ha llevado a una enorme pérdida de empleo en los últimos ejercicios. Hace solo dos años, un tercio del empleo en localidades como Meira, Os Ancares o A Fonsagrada procedía del campo. Actualmente ese porcentaje no lo alcanza ninguna comarca del territorio gallego. Tan solo en Poi, Pastoriza y Paradela (en Lugo) y, Rodeiro (Pontevedra), el ámbito de la agricultura genera más empleo que otros sectores, lo cual da muestra de la importante destrucción de empleo agrario que se ha producido en Galicia.
Con todas estas cuestiones sobre la mesa, consideramos vital que se adopten medidas urgentes, esta vez eficientes, útiles y que aporten soluciones reales y concretas.
Adoptar medidas concretas y útiles para solucionar la grave crisis del sector lácteo:
1. Introducir en la Ley 12/2013, de la cadena alimentaria, el concepto de precio de referencia, que será fijada en función de los costes de producción, con el objetivo de que los productores lácteos perciban un precio justo y digno.
2. Contemplar un régimen sancionador o de penalización como instrumento necesario para garantizar el cumplimiento por parte de las industrias de las condiciones establecidas en los pactos y en los contratos homologados.
3. Prohibir que se utilice la leche como producto de reclamo para atraer consumidores en las áreas comerciales.
4. Obligar a etiquetar fielmente la procedencia de la leche en los cartones, informando adecuadamente sobre su origen e incentivando así los productos autóctonos sobre los lineales.
5. Aprobar la figura del mediador lácteo o intermediario con capacidad normativa suficiente para desempeñar el papel de negociador en los contratos entre las industrias y los productores, siempre que una de las dos partes lo demande.
6. Habilitar líneas de crédito o de financiación públicas destinadas a aliviar el enorme endeudamiento al que se ha visto obligado el sector ganadero debido a la pérdida de capacidad económica por la situación de aguda crisis."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
184/000121
Autor: Serrano Jiménez, María Jesús (GS).
Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento previstas para la provincia de Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, así como repercusión sobre dichas inversiones si se produce el adelanto del cierre del presupuesto.
Teniendo en cuenta la corrección de error remitida mediante escrito número de registro 2345, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Doña María Jesús Serrano Jiménez y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
- ¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento previstas para la provincia de Córdoba en los PGE (Presupuestos Generales del Estado) para el año 2016?
- ¿Cuál sería la repercusión sobre esas inversiones previstas si se produce el adelanto del cierre del presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.
184/000220
Autor: Jordà i Roura, Teresa (GER).
Aportación del Gobierno a la financiación de la Ley de Dependencia en cada Comunidad Autónoma.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Doña Teresa Jordà i Roura, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, tiene como principal objetivo el reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Una ley inspirada bajo los principios del carácter público de las prestaciones del sistema, la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia en condiciones de igualdad y no discriminación, la atención a las personas de forma integral e integrada así como la cooperación interadministrativa dado el carácter autonómico de la competencias en materia de asistencia social como determina el punto 20 del artículo 148 de la Constitución Española.
Es la misma Ley 39/2006, en el artículo 10, establece el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como el organismo de cooperación interadministrativa entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y sucesivamente, en el artículo 11, los diferentes mecanismos y medidas de cooperación entre administraciones.
Sin embargo, la financiación por parte del Estado hacía la CC.AA. para la aplicación de esta ley no ha sido la esperada, poniendo en una situación de estrechez económica a muchas comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, los continuos incumplimientos de financiación de la Ley de Dependencia, por parte del Estado han supuesto una pérdida de 240 millones de euros por la desinversión de estatal en el ámbito de la dependencia, suponiendo también un sobreesfuerzo del Govern de la Generalitat con tal de mantener los servicios y las prestaciones de la Ley de Dependencia, pese a los incumplimientos del Estado.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007, el Govern de la Generalitat ha destinado (a fecha de octubre de 2015) 7.796,46 millones de euros, mientras que el Estado ha aportado 1.708,54 millones de euros. Unos porcentajes del 82,5% y del 17,4% respectivamente, siendo incluso la aportación de los usuarios a través del copago más elevada que la aportación que ha realizado el Estado.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el porcentaje y cantidad de financiación para la Ley de Dependencia que aporta el Gobierno del Estado a cada Comunidad Autónoma anualmente desde su inicio?
- ¿Cuál es la cantidad por persona beneficiaria de la Ley de Dependencia que aporta el Gobierno del Estado a cada Comunidad Autónoma anualmente desde su inicio?
- ¿Tiene previsto el Gobierno del Estado aumentar las transferencias a las Comunidades Autónomas para las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.
184/000572
Autor: Ábalos Meco, José Luis (GS).
Such Palomares, María (GS).
Cierre de empresas públicas municipales deficitarias en la Comunitat Valenciana,
Teniendo en cuenta la subsanación de firma contenida en el escrito número de registro 2122, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Don José Luis Ábalos Meco, doña Ana María Botella Gómez y doña María Such Palomares, Diputados por Valencia; doña Patricia Blanquer Alcaraz y don Julián López Millá, Diputados por Alicante, y don Artemi Vicent Rallo Lombarte, Diputado por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:
Recientemente el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha remitido cartas a numerosos Ayuntamientos valencianos con empresas públicas deficitarias en las que exige el cierre inmediato de estas entidades. En estas misivas se recuerda a los Alcaldes que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias y que la propia norma detalla que aquellas empresas que el 1 de diciembre de 2015 no hayan saneado su situación financiera no podrán realizar otra actuación que no sea la de su desaparición. El Ministerio no solo recuerda este extremo, sino que da un ultimátum de 15 días a las instituciones municipales para adoptar estas medidas. Todo ello, sin tener en cuenta las consecuencias que una decisión así puede suponer para las corporaciones locales y sin ofrecer ningún plan alternativo para la prestación de servicios ni para los empleados que en ellas trabajan.
Por ello estos Diputados plantean las siguientes preguntas:
Tras el anuncio del cierre de las empresas públicas municipales en la Comunitat Valenciana:
1. ¿Cuántas entidades piensa el Gobierno que se verán afectadas por esta medida?
2. ¿Cuáles son las entidades que según el Gobierno se deben liquidar?
3. ¿Ha calculado el Gobierno el impacto económico que va a suponer el cierre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-José Luis Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez, María Such Palomares, Patricia Blanquer Alcaraz, Julián López Milla y Artemi Rallo Lombarte, Diputados.
184/001167
Autor: Martín Llaguno, Marta (GCs).
Creación de una zona franca en el puerto de Alicante.
1. En cuanto a la petición de que se facilite el estudio al que se refiere el punto 2.a de la presente pregunta, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente, solicitando no obstante a la Sra. Diputada que haga constar el previo conocimiento de su Grupo Parlamentario, según establece el citado artículo 7 del Reglamento.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
Doña Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la creación de una zona franca en el puerto de Alicante.
Desde hace meses existe el debate sobre la necesidad de crear una zona franca en el puerto de Alicante que permita mejorar la competitividad del mismo y atraer mayor tráfico de mercancías a este. De hecho, existen estudios de INECA que detalla con cifras el impacto social y económico que tendría esta iniciativa.
En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha evaluado desde el Gobierno la posibilidad de crear una zona franca para el puerto de Alicante?
2. ¿Existe algún estudio de viabilidad e impacto elaborado desde algún departamento ministerial al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.
184/001182
Autor: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM).
Aislamiento ferroviario de la provincia de Granada.
1. En cuanto al último punto de la presente pregunta, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente, solicitando no obstante a la Sra. Diputada que haga constar el previo conocimiento de su Grupo Parlamentario, según establece el citado artículo 7 del Reglamento.
Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, doña Ana Belén Terrón Berbel, Diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, plantea al Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta por escrito.
El aislamiento ferroviario al que está sometida la provincia de Granada desde hace más de 500 días es producto de una mala planificación, de una descoordinación entre el Ministerio de Fomento y su organismo adscrito ADIF que ha provocado una desconexión absoluta vía ferroviaria entre Granada y el resto de provincias de España. No solo afecta al transporte de pasajeros sino que también se ve afectado el transporte de mercancías de empresas y comercios granadinos, de sus polígonos industriales y del Puerto de Motril, puerto de interés general del Estado.
Granada es una ciudad con una historia, un paisaje y un patrimonio únicos que la han convertido en uno de los destinos turísticos más solicitados a nivel nacional e internacional. La llegada de la alta velocidad a nuestra ciudad debía dar por fin solución a los problemas que durante más de un siglo lleva sufriendo su ciudadanía.
Estudiando el documento que el propio Ministerio de Fomento publicó en el año 2013 titulado "Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad" se puede comprobar fácilmente como la inversión por habitante en Granada es de 53,35 euros mientras que en ciudades como A Coruña con una población similar se invierte una cantidad de 119,28 euros/habitante o Xátiva con un 90 % menos de habitantes tiene una inversión similar. La conclusión es que Granada es una de las ciudades en las que menos se va a invertir para la llegada de la alta velocidad actuando con prisas, con soluciones improvisadas que no resuelven la problemática existente desde hace más de un siglo.
El tráfico ferroviario se puede restablecer con carácter urgente e inmediato. Las obras que actualmente se están llevando a cabo para adecuar el trazado del ferrocarril en su llegada a la ciudad se deberían haber planificado correctamente de manera que se hubiese trabajado en horario nocturno sin la desconexión que está sufriendo Granada desde hace casi año y medio ya. Según informa ADIF estas obras ya están acometidas en un 95% por lo que la puesta en marcha del ferrocarril convencional no se puede retrasar más. No tiene explicación el aislamiento en la vía Linares-Baeza o la conexión con Murcia y el Levante puesto que en nada se ve afectado su trazado por la adecuación de la vía a Antequera. El coste de este aislamiento es muy alto, está suponiendo a la ciudadanía el transporte por autobús desde la estación de Andaluces de Granada hasta la estación Santa Ana de Antequera, vendiéndose los billetes a precio AVE y no a precio del tren convencional por lo que supone un aumento y un desencanto para la gente a la hora de elegir el ferrocarril como medio de transporte.
Como solución a los problemas urbanísticos que supone la entrada del ferrocarril convencional y de alta velocidad a Granada y que no se van a resolver con las obras que se están llevando a cabo actualmente, se propone el soterramiento de las vías de acceso a la estación de Andaluces, de la propia estación y de la playa de vías. Al disponer de toda esta infraestructura a una cota inferior a la actual se abre la perspectiva a un nuevo uso del suelo en la zona en la que se encuentran actualmente, dotando así a la ciudad de nuevos espacios abiertos y de espacios intermodales en los que confluyan todos los medios de transporte de la ciudad. Es una apuesta por el transporte público sostenible que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero haciendo de Granada una ciudad eficiente energéticamente y sostenible, en pro de cumplir uno de los objetivos marcados en la estrategia Europa 2020.
Por otra parte, el tramo del paso de la alta velocidad por Loja está paralizado desde hace ya 8 meses tras haber ejecutado la UTE adjudicataria de empresas aproximadamente el 20% del proyecto. Esta unión temporal de empresas compuesta por Dragados-Tecsa solicitó un modificado del proyecto al Ministerio de Fomento por una cantidad que excede del 10% el precio de adjudicación del contrato por lo que conforme al artículo 107.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en adelante), "la modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria" y según el artículo 107.3.d) del TRLCSP "se entenderá que se alteran las condiciones de licitación y adjudicación del contrato cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato".
Hace unos días se ha conocido que la UTE adjudicataria ha solicitado la rescisión del contrato por lo que en base al artículo 225.3 del TRLCSP "cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada" y asimismo el artículo 223.g) "La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I" marca la causa de resolución del contrato. Por tanto, es responsabilidad de la UTE de empresas adjudicataria adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad e indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, tal y como establece el artículo 225.6 del TRLCSP. Es por ello que el Ministerio de Fomento como órgano de contratación y basándose en la Ley, tiene que obligar a la UTE de empresas a llevar a cabo la reposición, adecuación y limpieza de la vía a su paso por Loja para restablecer el tráfico ferroviario cuánto antes y así poder abrir la línea de Granada-Antequera en fechas próximas. No tiene ningún sentido continuar con esta desconexión absurda a la que Granada está sometida.
La reconexión inmediata es prioritaria en la búsqueda de soluciones para el paso de la alta velocidad por el Poniente Granadino ya que la alternativa adoptada por el Ministerio de Fomento de adecuar el trazado actual no presenta suficientes garantías respecto a la protección de los acuíferos existentes en la zona o la posible afección ambiental del río Genazar de Loja que está totalmente desprotegido encontrándose sus especies autóctonas de flora y fauna a escasos metros de los taludes y sin ninguna medida de seguridad ambiental por el abandono de las obras.
Es necesario un consenso entre los representantes políticos para unir fuerzas y conseguir que Granada tenga una llegada de la alta velocidad como se merece.
Este Grupo Parlamentario desea conocer:
- Fecha de reconexión de las dos líneas ferroviarias que llegan a la estación de Andaluces en Granada, una dirección Madrid y Levante español vía Moreda y otra correspondiente a Andalucía Occidental por Antequera que han estado funcionando durante más de un siglo.
- ¿Cuáles son los motivos concretos para la desconexión desde el 7 de abril de 2015 del tráfico ferroviario en Granada? ¿En base a qué informes se adoptó esta decisión?
- Si va a haber comparecencia pública por parte del Presidente de ADIF, el representante de la UTE Dragados-Tecsa como unión de empresas adjudicatarias del proyecto de adecuación de la vía y estación
de Loja así como del Secretario de Estado del Ministerio de Fomento (mientras no haya Ministro/a en funciones designado/a) para dar una explicación sobre las consecuencias de la solicitud de rescisión del contrato por parte de la UTE.
- Fechas en las que se va a llevar a cabo la denominada fase II que implica el soterramiento de las vías de acceso a la estación granadina y de la propia estación de Andaluces para solucionar el problema existente durante más de 100 años. Descripción detallada de cómo y cuándo se ejecutarán los trabajos para mantener el tráfico ferroviario en Granada.
- Acceso a los estudios de viabilidad, informes y proyectos de ejecución realizados en la Fase I del acceso de la alta velocidad a Granada y de la adecuación de las vías y estación de Loja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2016.-Ana Belén Terrón Berbel, Diputada.
184/001702
Autor: Rufián Romero, Gabriel (GER).
Venta de material de defensa a Arabia Saudí.
El Diputado Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El 25 de marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia Saudí y formada por Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar, Senegal, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos inició una devastadora campaña militar contra los huzíes, un agente no estatal armado yemení que se ha hecho con el control de gran parte del territorio de Yemen, incluida la capital, y ha derrocado al gobierno. Hay indicios crecientes de que la coalición militar encabezada por Arabia Saudí sigue sin adoptar todas las precauciones posibles para preservar a la población civil en medio de los ataques aéreos que está lanzando en todo Yemen.
Además de los bombardeos aéreos, también han causado muertes y heridas entre la población civil las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante los combates terrestres entre el grupo armado huzí y las fuerzas leales al ex presidente Ali Abdullah Saleh, por una parte, y los Comités de Resistencia Popular contrarios a los huzíes por otra; todas las partes del conflicto han lanzado ataques indiscriminados con morteros, granadas propulsadas por cohetes y artillería. Amnistía internacional y Human Rights Watch también han documentado el uso por la coalición encabezada por Arabia Saudí de municiones de racimo prohibidas internacionalmente.
Según datos oficiales, entre 2011 y el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.100 millones de euros. En el primer semestre de 2015, cuando la coalición encabezada por Arabia Saudí ya había iniciado sus operaciones militares en Yemen, el Gobierno español autorizó la venta a Arabia Saudí de material de defensa por valor de más de 27 millones de euros, incluida munición por valor de 6,9 millones de euros, bombas torpedos y misiles por importe de 17,3 millones de euros, 645.00 euros en sistemas de dirección de tiro y aviones valorados en 2,2 millones. Además, en el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 447 millones, incluidos dos aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y asistencia técnica, munición, una estación de control remoto para armas y pistolas de uso deportivo para una empresa particular.
Ha sido en el desarrollo de este conflicto, que un informe de la consultora de inteligencia ARES (Armament Research Services), en su Research Report número 6, documenta la utilización de dos armas de fabricación española como son la arma de infantería C-90 y las granadas de mano con espoleta de doble retardo electrónica, Alhambra. El informe concluye a la vez que prueba con documentos gráficos que el uso de ambas armas ha sido documentado en los enfrentamientos armados acaecidos a lo largo de la frontera yemení y saudita. Del mismo modo que concluye que parte de dicho armamento ha caído a manos de las fuerzas huzíes.
Pese a que la última edición del documento de Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (EEEMD), que data de 2014, no contempla ningún tipo de exportación de productos de defensa al Yemen; sí que contempla la exportación de productos de defensa por valor de 292, millones, un 9,1 % del total a Arabia Saudita.
Ambas armas son fabricadas por la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza. La compañía es conocida por la producción de bombas y lanzadores de cohetes equipando a países de todo el mundo. Empresa en la que el ministro de Defensa en funciones, el Sr. Pedro Morenés, desempeño las labores de consejero entre el 26 de agosto de 2005 hasta el 30 de marzo de 2009. La participación de empresas armamentísticas españolas en este conflicto, supone un elemento más en la escalada bélica y contribuye, aún más si cabe, a la imposibilidad de conseguir un cese al fuego y el inicio de conversaciones de paz.
Es necesario recordar que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en su sesión de 14 de abril de 2015 y encomendado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la prestación de asistencia para la transición política en el Yemen, aprobó la resolución 2216/2015 por la que se establecía un embargo de armas de todos los Estados Miembros para impedir que de forma directa o indirecta se suministrasen armas las fuerzas huzíes y las leales al presidente Saleh.
Así pues, el hecho de que una coalición liderada por Arabia Saudita, uno de los principales clientes armamentísticos del Estado Español, esté liderando una coalición internacional en el Yemen supone que existe un riesgo manifiesto de que estas armas acaben en manos de las fuerzas hutíes o las leales al presidente Saleh, tal como ya ha corroborado el informe anteriormente citado de ARES.
Además es necesario recordar la aprobación de la Proposición no de Ley 161/000264 (BOCG D-60, de 25/04/2016, pág. 46) en la XI Legislatura, por la que se pedía, entre otras cosas:
"1. Revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas desde el 25 de marzo de 2015 mientras subsista un riesgo sustancial, a tenor de los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso. En ese sentido, denegar las autorizaciones para transferir armas a las partes del conflicto de Yemen, cumpliendo el Tratado sobre Comercio de Armas y con el análisis de riesgos de la Junta Interministerial. Esa prevención sobre el comercio de armas con las partes en conflicto se deberá mantener mientras se siga teniendo información de fuentes de fácil acceso y fidedignas, o mientras subsista un riesgo sustancial a tenor de los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso.
2. Investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en la comisión de presuntos crímenes de guerra y violaciones graves del derecho internacional humanitario en los bombardeos en Yemen.
6. Adoptar medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas que eviten la venta de armas para cometer violaciones graves del derecho internacional."
A la vista y tenor de los hechos publicados en el informe de ARES, resulta evidente que las fuerzas armadas de la coalición liderada por Arabia Saudita están usando armas de fabricación española que pueden ser usadas, como ya lo han sido tal como documenta Amnistía Internacional, contra la población civil y que además corren el serio riesgo de ser capturadas por fuerzas huzíes sobre las cuales cuelga un embargo de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Finalmente, esta transacción armamentística entre el Estado español y Arabia Saudita, está incurriendo en una vulneración flagrante y manifiesta del artículo 8 puntos a y d de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, por los que se establecen que determinaran la denegación de solicitudes de autorización, suspensión o revocación del comercio de armas.
1. ¿Considera el Gobierno que está cumpliendo con el artículo 8 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso?
2. ¿Tiene conocimiento el Gobierno del Estado que parte del armamento vendido de cohetes C-90 y granadas Alhambra a Arabia Saudita corre el riesgo de caer en manos de las fuerzas huzíes, sobre las cuales cuelga un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas?
3. ¿Qué medidas de control piensa establecer el Gobierno del Estado para asegurar que el armamento vendido a Arabia Saudita no será utilizado contra la población civil ni tampoco será utilizado por las fuerzas huzíes?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno del Estado revisar la política armamentística en relación a los países en conflicto y especialmente en relación al Conflicto del Yemen?
5. ¿Va a dejar el Gobierno español de exportar armas y material de doble uso a Arabia Saudí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Gabriel Rufián Romero, Diputado.
184/001738
Autor: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Estación Ferroviaria de Clasificación en Tarragona.
Admitir a trámite, como pregunta al Gobierno y trasladar al mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
Don Joan Ruiz i Carbonell Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, en cumplimiento de sus funciones parlamentarias, presenta las siguientes preguntas:
- ¿En qué se ha invertido y cuál ha sido el coste, en cada uno de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en la Estación Ferroviaria de Clasificación en Tarragona?
- ¿Cuál ha sido la relación de descarrilamientos producidos en la estación en cada uno de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015?
- ¿Cuál ha sido la media de trenes que han circulado por dicha estación en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015?
- ¿Cuáles son el número de vías, existentes en la estación, con fecha 31 de julio de este 2016?
- ¿Cuál es el número de vías que no se podían utilizar y están cerradas debido a su estado, con fecha 31 de julio de 2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2016.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

References: Real Decreto 
 Resolución 
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 artículo 190
 artículo 185
 artículo 7
 artículo 185
 artículo 7
 artículo 185
 artículo 107
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 artículo 107
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 artículo 223
 resolución 
 artículo 225
 artículo 185
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
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