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CONTROL DIFUSO Y CONTROL CONVENCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD - PDF
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Víctor Manuel Paz Valenzuela
1 DERECHO CONSTITUCIONAL CONTROL DIFUSO Y CONTROL CONVENCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD Por: Mtra. Xochitl Garmendia Cedillo 1 SUMARIO: Introducción. 1. Supremacía Constitucional. 2. Sistemas de Control Constitucional. 3. Control de la Constitucionalidad en México. 4. Reforma del 6 de junio del año 2011, en relación al Juicio de Amparo. 5. Derechos Humanos e Interpretación Convencional. 6. Qué son los Derechos Humanos? 7. Qué es la Dignidad de la Persona Humana? 8. Criterios de interpretación de los Derechos Humanos. 9. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conclusiones. Bibliografía. ANEXO I. Historia del proceso legislativo de las reformas constitucionales sobre Derechos Humanos. ANEXO II. Lista de Tratados en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por México. RESUMEN: El criterio adoptado por la Corte en la tesis aislada, [P. LXVIII/2011/(9ª época)], establece un nuevo sistema de control difuso, en el que jueces y magistrados no pueden invalidar la norma inconstitucional o expulsarla del sistema jurídico pero si pueden no aplicarla, lo que de alguna manera constituye un control difuso por inaplicabilidad de la norma detectada inconstitucional. Por otro lado, se deberá tomar en cuenta lo que se establece en los convenios internacionales en materia de derechos humanos, por encima de lo que diga la legislación nacional, lo que abre una dimensión amplísima de derechos para el ciudadano. Asimismo, establece la Constitución en el artículo primero, la obligación de interpretar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con la finalidad de uniformar la forma de valoración que el juzgador deberá tomar en cuenta al emitir sus resoluciones. PALABRAS CLAVE: control difuso; control convencional; derechos humanos, dignidad humana, criterios de interpretación. ABSTRACT: The court s criteria adopted in the thesis [P. LXVIII/2011/(9ª)], establishes a new system for diffuse control, where judges and magistrates cannot invalidate the unconstitutional norm or expel it from the legal system but choose not to apply it. Hence, this action represents a diffuse control due to the execution unfeasibility of the detected unconstitutional norm. Mind you, the international Human rights treaties shall be considered regardless any domestic legislation, opening a new dimension of rights for the citizens. On the other hand, the Constitution establishes, in its first article, the duty of interpretation of the Human rights according to the principles of Universality, Interdependence, Indivisibility and Escalation, aiming to standardize the criteria that the judge shall consider during the assessment of any resolution. Key words: fuzzy control, conventional control, human rights, human dignity, interpretation criteria. 1 Investigadora del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la H. Cámara de Diputados. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 1
2 Introducción La constitucionalidad de un ordenamiento jurídico equivale a la integridad y honorabilidad de una persona. En ambos debe haber congruencia en los principios y valores, en lo que se dice y se hace. La congruencia del orden jurídico se basa en que debe prevalecer el principio de supremacía constitucional en la legislación nacional, que en nuestro caso involucra a la legislación federal y estatal. La supremacía constitucional igual debe ser tomada en cuenta en la emisión de las leyes por el Poder Legislativo y cuando el Poder Ejecutivo aplica las normas al caso concreto. Sin embargo hasta el día de hoy, el único poder que lleva a cabo el control de la constitucionalidad es el Poder Judicial de la Federación, cuando resuelve y emite resoluciones de los amparos interpuestos contra normas consideradas inconstitucionales, sobre controversias inconstitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución. Con la reforma al artículo 1 constitucional llevada a cabo en el año 2011, en que se transforman a las garantías individuales en derechos humanos, y se establece la obligación para todos los jueces y magistrados judiciales y administrativos de tomar en cuenta por encima de la legislación nacional, lo que dicen los tratados internacionales en esta materia, de acuerdo a principios específicos de interpretación. Se establece además por parte de la Corte la obligación de aplicar este control convencional ex officio al mismo tiempo de dejar de aplicar aquellas normas que se consideren inconstitucionales. Esto quiere decir que el control difuso de la constitucionalidad adquiere otra dimensión, al extenderse esta obligación a todos los juzgadores, cuestión que antes sólo era materia del Poder Judicial Federal. Cabe señalar que la supremacía constitucional prevalece de todas formas, pues la Constitución se sigue conservando en primer lugar. Al efecto se explica el concepto a continuación. 1. Supremacía Constitucional La Supremacía Constitucional es la base y justificación de toda la producción legislativa y directriz de la realidad político-social realizada conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ésta (la Constitución) es la norma fundamental del Estado. 2 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
3 Este principio responde a lo establecido por Kelsen que señalaba en su Teoría pura del derecho que: Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse, mediante un argumento deductivo lógico, de una norma fundamental básica presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en última instancia, por haber sido producida de una manera determinada por una norma fundante básica presupuesta. Por ello, y sólo por ello, pertenece la norma al orden jurídico. 2 El principio de supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad, tienen un estrecho vínculo, ya que, mientras la supremacía constitucional se encarga de ser el parámetro para que ningún acto de autoridad, ley o tratado pueda contravenir la ley fundamental, aparece otra figura jurídica que lo que pretende es mantener la constitucionalidad de las leyes el control o la jurisdicción constitucional, el que se encarga de hacer efectivo dicho principio, al otorgar los mecanismos efectivos para garantizar la supremacía constitucional. En concreto, para que la Constitución conserve su supremacía, requiere la existencia de procesos constitucionales destinados a fortalecer las instituciones aseguradas y organizadas en el texto constitucional, así como el control de leyes que emanan del Congreso. El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es el principio de origen de la legislación vigente. Kelsen señalaba: La constitución no sólo es una regla de procedimiento, sino, además una regla de fondo. 3 El doctor Héctor Fix Zamudio, dice que: El principio de supremacía, por tanto descansa en la idea de que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el punto más elevado de éste, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constituyen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han llamado secundarias y que componen el derecho positivo en general. 4 Cabe citar aquí las palabras de José María Iglesias presidente de la Corte, después de la muerte de Benito Juárez, durante la presidencia de Don Miguel Lerdo de Tejada y siempre tuvo un comportamiento apegado a derecho sobre todo a la Constitución y se le recuerda por haber dicho: Sobre la Constitución nada: Nadie sobre la Constitución Todo lo que sea separarme de la Constitución de 1857 será rechazado por mí que soy el representante de la legalidad. 2 Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, 1993, Porrúa, México, p Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional), trad. De Rolando TAMAYO y Salmorán, Rolando, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Ensayos jurídicos, núm. 5, 2001, p Fix Zamudio, Héctor, Ob Cit., p. 68. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 3
4 Desafortunadamente en el orden jurídico mexicano existen leyes inconstitucionales vigentes. Ante la ausencia de procesos efectivos de control de la constitucionalidad de las leyes que emite el Congreso e incluso los ordenamientos secundarios y reglamentarios que el ejecutivo emite. Por lo que se corre el riesgo de que las instituciones establecidas constitucionalmente se vean disminuidas, viciadas o desaparecidas por leyes o actos de alguno de los poderes del Estado. La inconstitucionalidad de las normas significa también grandes costos para el Estado; el echar marcha atrás a actos administrativos fundamentados en normas inconstitucionales repercute en todas las esferas del poder, pues se requiere que intervenga el Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de una norma que emitió el Poder Legislativo y que aplicó el Poder Ejecutivo. Es por ello que el tener un control efectivo de la constitucionalidad de las leyes significa además de una garantía de seguridad jurídica, un ahorro para el Estado, pero sobre todo significa fortalecer el Estado de Derecho y mantener su integridad. Porque cuando se emite una disposición legal en discordancia o contraria a los preceptos constitucionales, el resultado es una norma inconstitucional, que la convierte en una norma viciada de origen, esto quiere decir, que por sí misma es inválida. Ahora, con el criterio de la Corte, los juzgadores podrán dejar de aplicar aquellas normas que se consideren inconstitucionales, de tal manera que se estará ejerciendo un control difuso indirecto. No se podrá invalidar la norma como señala la Corte, pero sí se dejará de usar la norma, se tendrá que declarar por el Poder Judicial como inconstitucional, o el Poder Legislativo, tomará en cuenta este nuevo escenario y legislará para derogarla. Lo importante es que debe fortalecerse al Estado de Derecho. El Estado así como el Derecho son ficciones que el hombre ha creado y que van ligadas uno con el otro. El Estado se sustenta porque ha sido creado por una ley, y a su vez el Estado se fortalece en la medida que cuida la aplicación de leyes justas y equitativas lo que propicia el buen desarrollo y convivencia de sus ciudadanos. En consecuencia se establece una relación de corresponsabilidad entre ciudadano y autoridad. Cuando el ciudadano advierte que se le está aplicando una disposición inconstitucional, nace la desconfianza hacia la autoridad, y por consiguiente la falta de compromiso del cumplimiento de la norma. Desafortunadamente las normas inconstitucionales afectan a las mayorías que no tienen ni los recursos ni el conocimiento de cómo defenderse. Los ciudadanos que disponen de los medios suficientes para pagar un proceso judicial que generalmente es muy prolongado, son los ciudadanos con mayores recursos. Esta inequidad del sistema produce injusticia. 4 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
5 Un sistema justo y certero de leyes constitucionales y autoridades competentes, es el ideal de un Estado de Derecho en donde se pueden corregir las irregularidades o transgresiones a la norma dentro de un marco legal y justo. Pero cuando es desde el propio Estado, ya sea por ignorancia o por desdén del derecho que emite leyes o disposiciones inconstitucionales y las aplica, provoca un debilitamiento del orden jurídico a mi parecer, pues ya no está acorde con el principio de respeto a los fundamentos que le dieron origen, que es la Constitución. Karl Loewenstein, señala que (...) la Constitución es el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder, 5 en ella encontramos las disposiciones que otorgan facultades y límites a los poderes constituidos, garantías, derechos y obligaciones a los ciudadanos, pero sobre todo, establecen los límites al ejercicio del poder por parte de las autoridades en sus actos y resoluciones hacia sus ciudadanos. El doctor Héctor Fix Zamudio señala que: para que la constitución pueda desempeñar su papel clave en el orden jurídico, estatal y político, es preciso que se le reconozca cuando menos dos principios fundamentales, a saber: el principio de supremacía y el principio de inviolabilidad Sistemas de control constitucional Los sistemas de control constitucional se clasifican según el maestro Burgoa en: Por la naturaleza del órgano encargado del control constitucional Conforme al número de órganos que lo ejercen, y Por la orientación de la interpretación constitucional que requieren El control constitucional según la naturaleza del órgano que lo ejerce A) Control constitucional por: a) órgano político; y, b) órgano jurisdiccional. Conforme al órgano encargado del control constitucional, encontramos dos sistemas: 5 Lowesnstein, Karl, Teoría de la Constitución, trad. Alfredo Gallego Anabiptare, Barcelona, Ariel, 1983, pp.149 y ss. 6 Fix Zamudio, Héctor, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, UNAM, sexta edición, México 2009, p.68 y ss. Quiroz Acosta, Enrique, Teoría de la Constitución; Porrúa, tercera edición. México. Inviolabilidad Constitucional: significa la imposibilidad de trastocar el régimen jurídico establecido y garantizar las libertades y la seguridad jurídica del régimen. Son los principios y las medidas que adopta un régimen, por medio de un texto del orden jurídico supremo, para impedir que se elimine el propio régimen legal; que se violenten los principios que el mismo establece. Sin embargo, inviolabilidad constitucional no significa inmovilismo constitucional, una Constitución puede modificarse, enmendarse, reformarse o modificarse, mediante las reglas que prevé esta misma, o habrá quien sostenga, el "derecho" inalienable a la Revolución, el cual no es de carácter jurídico ya que sería una contradicción del propio régimen jurídico. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 5
6 a) control por órgano político o b) control por órgano jurisdiccional. Ambos poseen diferencias que los oponen, aunque en realidad las características de cada uno de ellos pueden mezclarse en la realidad, volviendo flexible la distinción que enseguida apuntaremos. a) El control constitucional por órgano político: La tutela del orden constitucional se encomienda a alguno de los tres poderes políticos tradicionales o a un órgano especial distinto de ellos. La denuncia de inconstitucionalidad compete a un órgano estatal o a un conjunto de funcionarios. Ante el órgano de control no se realiza un procedimiento contencioso, pues no se plantea la inconstitucionalidad de algún acto como una litis. Las declaraciones de inconstitucionalidad emitidas en él tienen efectos generales o erga omnes. Equivale al Consejo de Estado Constitucional. b) Control por el sistema jurisdiccional: Se encomienda a un órgano judicial con competencia expresa para determinar la constitucionalidad de diversos actos. Está legitimado para iniciar el procedimiento correspondiente, el gobernado, a quien perjudica el acto tildado de inconstitucional. Ante el órgano jurisdiccional se lleva a cabo un auténtico procedimiento contencioso, cuya litis versa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado. Los efectos de la resolución dictada en él son relativos, es decir, sólo afectan a las partes que intervinieron en dicho procedimiento. Es el caso de México. Control constitucional por vías de acción y de excepción. a) Por vía de acción o directa: Por vía de acción se realiza a través de la impugnación del acto sancionado por una ley o disposición supuestamente violatoria de la Constitución, dentro de un proceso jurisdiccional previamente establecido por el Poder Judicial, para que se determine su nulidad. 6 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
7 b) Por vía de excepción, indirecta o incidental. Por vía de acción se realiza a través de la impugnación del acto sancionado por una ley o disposición supuestamente violatoria de la Constitución, dentro de un proceso jurisdiccional previamente establecido por el Poder Judicial para que se determine su nulidad. Por vía de excepción se desenvuelve a manera de defensa en un juicio o procedimiento previamente planteado, en el cual alguna de las partes reclama la inconstitucionalidad de una norma y del acto que ésta funda y le resulta perjudicial; la revisión judicial estadounidense es el ejemplo típico de esta forma de control constitucional El control constitucional según el número de órganos que lo ejerce puede ser: 1. Concentrado y 2. Difuso. 1) El sistema de control constitucional concentrado. La obra de Hans Kelsen se distingue por el hecho de que un solo órgano es el competente para examinar una ley o acto, y determinar su conformidad con lo estipulado en la ley fundamental, al cual puede otorgarse la denominación de tribunal constitucional, corte constitucional u otra similar. Es únicamente este órgano quien tiene facultades para analizar y determinar que una determinada ley o acto contraviene lo dispuesto en la Constitución y privarlo de todo efecto jurídico. 2) El sistema de control difuso. Este sistema implica que son múltiples los órganos a quienes se les ha encomendado la misión de velar por la eficacia de la Constitución. El control difuso podría manifestarse de diversos modos: a) Otorgando exclusivamente a los órganos jurisdiccionales la facultad de estudiar la constitucionalidad de una ley o acto, y b) Otorgando además dicha facultad a las autoridades administrativas, en relación con su propia actuación y la de sus subalternos a través de los medios de impugnación ordinarios; aunque en general únicamente se entiende por control difuso al primer supuesto. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 7
8 El control constitucional mexicano es parcialmente de carácter difuso, pues a través del juicio de amparo son diversos los órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la decisión de conflictos sobre la constitucionalidad de algún acto de autoridad; aunque también es parcialmente concentrado, en cuanto corresponde únicamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conocimiento de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. 7 Por lo anterior, con la expresión control difuso nos referiremos a la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales, en vía de excepción, de estudiar la Constitucionalidad de normas generales, especialmente, y omitir su aplicación en un caso concreto o, si se tratase de actos stricto sensu, declarar su nulidad El control constitucional según la orientación de la interpretación constitucional requerida El control de la constitucionalidad se encuentra íntimamente ligado con la interpretación de la ley fundamental, problema complejo que aún no acaba de discutir la doctrina -y probablemente no lo hará-, pues el control de constitucionalidad supone realizar un contraste entre una norma legal y otra constitucional, para determinar si la primera (...) 7 I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal; b) La Federación y un municipio; c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; d) Un Estado y otro; e) Un Estado y el Distrito Federal; f) El Distrito Federal y un municipio; g) Dos municipios de diversos Estados; h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 8 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
9 es compatible con la segunda 8 lo que necesariamente entraña determinar el alcance del supuesto normativo de alguna disposición constitucional, mediante la atribución a ésta de un significado específico y claramente delimitado. De acuerdo con este criterio, clasificamos el control constitucional en: a) Abstracto y b) Concreto. Esta división tiene su origen en la doctrina jurídica alemana. El control abstracto de la constitucionalidad, obviamente sólo aplicable a normas generales ordinarias, estriba en la mera comparación entre éstas y los preceptos de la Constitución, con el fin de determinar si contravienen o no, las disposiciones contenidas en la norma suprema, con absoluta independencia de su modalidad de aplicación; es decir, en esta clase de control no se estudiará un caso concreto en el cual sea aplicada la norma ordinaria impugnada, cuyos elementos contingentes podrían limitar y determinar la percepción del sentido de las normas constitucional y ordinaria en cuestión, y determinar la decisión de inconstitucionalidad que se busca, pues la dialéctica del caso concreto tendrá, por lo general, un juego importante. 9 El control concreto, por otro lado, implica la existencia de un caso específico de aplicación de una norma general, que afecta a determinados sujetos con diversas particularidades que lo singularizan, y otorgan una perspectiva especial a la forma de aplicar las normas jurídicas en juego. 10 La diferencia entre la interpretación requerida en los señalados tipos de control constitucional, estriba en su orientación. El control abstracto requiere una interpretación orientada por el solo texto de la norma constitucional, en tanto el concentrado una interpretación orientada también por los hechos particulares a estudio, denominadas respectivamente por Jerzy Wróblewski interpretaciones text-orientedy facts-oriented, y que debido a sus mencionadas discrepancias obtienen diferentes resultados. 11 Ambos tipos de control podrán ser ejercidos y aplicados por el juzgador, de acuerdo al nuevo criterio, pues compararan tanto la norma contra la norma constitucional, e incluso 8 Op. Cit., p Ídem. 10 Ídem. 11 Lifante Vidal, Isabel, La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, localizado en: el 9 de noviembre de 2009, señala:( ) podemos llamar interpretación sensu larghisimo e interpretación sensu largo. La primera dice Wróblewski- se da cuando se trata de la comprensión de cualquier objeto en tanto que fenómeno cultural, mientras que la segunda, más restringida, se predica únicamente de entidades lingüísticas. En esta misma clasificación, Wróblewski introduce una tercera categoría: la interpretación stricto sensu, entendiendo por tal la determinación de un significado de una expresión lingüística cuando existen dudas referentes a ese significado en un caso concreto de comunicación. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 9
10 sobre un hecho concreto, y tienen la facultad de dejar de aplicar la norma que se considere contraria a la constitución, o que transgrede los derechos humanos del ciudadano. 3. Control de la Constitucionalidad en México En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano que se erige como tribunal de control concentrado de la Constitución, a partir de la reforma de 1987, y posteriormente en 1994 en donde se ampliaron los supuestos de procedencia y se implementaron otras formas de control de la constitucionalidad, incluso en las reformas de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue siendo el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Anterior a la reforma del artículo 1 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios respecto a la restricción del Control Difuso de la Constitución, al señalar que únicamente este órgano era el que podía llevar a cabo este control. Al respecto emitió diferentes tesis confirmando el criterio, entre otras están las tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. Tesis P./J. 73/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Pleno X, Agosto de Pág. 18. Jurisprudencia (Constitucional) CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos103 y 107, un medio de defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación. 10 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
11 Tesis P./J.74/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.- El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 74/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. Nota: Al resolver el veinticinco de octubre de dos mil once la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011,el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P. /J. 73/99 y P. /J. 74/99, de rubros: CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 11
12 todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos, 103 y 107, un medio de defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación. Con la reforma al artículo 1 constitucional, la Suprema Corte de Justicia emite nuevo criterio: Tesis P. LXVIII/2011(9a) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 Pág. 535 Tesis Aislada (Constitucional) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.- De conformidad con lo previsto en el artículo1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en 12 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
13 cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Como ya se señaló al principio, este nuevo criterio abre una nueva forma de control difuso, al permitir que los juzgadores dejen de aplicar aquellas normas que se consideren contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 4. Reforma del 6 de junio del año 2011, con relación al Juicio de Amparo Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a los artículos 94, 103 y 104 y 107 de la Constitución, relativos al juicio de amparo que básicamente señalan: Artículo 94. ( ) Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. (Falta que se emita la ley para que opere correctamente la reforma constitucional) La reforma del artículo 103 señala: Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. ( ) III. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 13
14 IV. V. VI. La reforma del artículo 107 en su fracción I señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ( ) II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Este párrafo es el que prevé el control difuso al señalar: Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. 14 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
15 Este último párrafo, crea el desajuste de nuevo, por qué exceptuar a las normas fiscales? Si se parte del principio de que todos debemos contribuir con parte de nuestros ingresos para el erario federal, para que así el Estado esté en posibilidad de proporcionar servicios y seguridad a los ciudadanos. Esta es la parte del contrato social que teóricamente todos firmamos de estar de acuerdo de ceder parte de nuestras libertades y parte de nuestro esfuerzo traducido en recursos económicos vía contribuciones al Estado, para que éste nos los regrese a los ciudadanos en forma de servicios. Lo que es inexplicable, es por qué el Estado no se preocupa de instrumentar leyes fiscales constitucionales, que respeten los principios de igualdad, proporcionalidad y equidad? Si así fuere, no se impugnarían las leyes fiscales, no habría necesidad de devolver impuestos incorrectamente cobrados. No se causarían gastos excesivos en la recaudación y fiscalización de los mismos. Buscar tener un orden jurídico constitucional, contribuiría a fortalecer el Estado de Derecho, y no a ponerlo en duda. Las reformas constitucionales efectuadas, aún no se pueden articular correctamente, pues no se ha expedido la nueva Ley de Amparo, eso está pendiente. Respecto a la inclusión de los derechos humanos como concepto y dimensión que tienen tanto en la doctrina y en lo determinado en los tratados y convenios internacionales, y como consecuencia de una corriente internacional tanto por las decisiones de las cortes internacionales en la materia, México lleva a cabo una modificación constitucional trascendente en la que se modificaron los términos y alcances de las antes garantías constitucionales y se denominan ahora derechos humanos. 5. Derechos Humanos e Interpretación Convencional Propuestas de reforma constitucional y análisis 12 La Reforma que se llevó a cabo respecto a la inclusión del concepto de derechos humanos y para substituir el término de garantías individuales, constituyó un paquete de propuestas 12 Proceso Legislativo: Fecha: De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. Aprobado en la Cámara de Diputados con 287 votos en pro y 1 en contra, el jueves 23 de abril de Votación. Aprobado en la Cámara de Senadores con 97 votos en pro, el jueves 8 de abril de Con modificaciones. Devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictaminado de nuevo el miércoles 15 de diciembre de Gaceta Parlamentaria, número 2743-XVI, jueves 23 de abril de Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 15
16 de reformas constitucionales a diferentes artículos de la Constitución, del cual se anexa un documento compilado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a la reforma del artículo 1 constitucional, que nos ocupa conocer y analizar en el presente trabajo, se transcriben dos de las propuestas de reforma que se formularon en la Cámara de Diputados, para conocer sus antecedentes y entender el propósito de la reforma se incluye un análisis que aparece en la Gaceta de la Cámara de Diputados, respecto de las propuestas de reforma. Primera propuesta 1.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 8 de noviembre de 2007, la diputada Holly Matus Toledo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 y adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, la cual fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se considera en el presente dictamen por coincidir en la materia. 13 Análisis de la iniciativa de la diputada Holly Matus Toledo 14 La legisladora Matus precisa que, para la existencia de la gobernabilidad en un Estado dentro de una sociedad democrática, se requiere como condición esencial, el cumplimiento cabal de los derechos humanos. Adecua su posición a algunos autores como Peter Häberle, al expresar a los derechos humanos como origen del Estado Constitucional, y en concordancia con Luigi Ferrajoli, estima que, debe cambiarse de un sistema normativo en el que sólo se consagren las garantías individuales, como mecanismos necesarios para la prevención de las violaciones a los derechos inherentes a la persona. También razona necesario establecer el principio de que, en materia de derechos humanos se está a la aplicación de la disposición normativa más favorable a la persona, independientemente si se trata de la Ley Suprema o un tratado internacional, pues señala que, la dignidad humana no debe supeditarse al principio de la Supremacía Constitucional. Consecuentemente la diputada Matus apunta que lo que se debe aplicar son los principios de interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, pues plantea 13 Ver documento en: 14 Ver documento en: pp. 26 a Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
17 que, aunque la mayor parte de los derechos se encuentra en las Constituciones, lo están con mayor precisión en los tratados. Destaca la legisladora que, este aspecto ya se encuentra en muchas constituciones, porque éste consiste en la imposibilidad de modificarla o derogarla por los mecanismos establecidos por la legislación ordinaria. Por otro lado, señala que, la obligatoriedad en el cumplimiento de los tratados internacionales de forma general, encuentra su fundamento en los artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establecen que, obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, aunado al compromiso de diciembre de 1998, en el que México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que las sentencias emitidas por los tribunales internacionales a los que México les ha reconocido jurisdicción, en específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, al tratarse de un tribunal de derecho que ofrece seguridad jurídica, se estima que, debe atenderse en nuestro texto constitucional la incorporación de sus sentencias. Respecto a la exposición de motivos de la diputada Matus, merece la pena señalar los alcances que pretendió con su propuesta que es muy parecida a como quedó el texto aprobado. La dignidad humana no debe supeditarse al principio de la Supremacía Constitucional En el ámbito jurídico mexicano, como ya se explicó con anterioridad, la supremacía constitucional constituye el principio que rige y da coherencia al orden jurídico vigente, (hasta el día de hoy), todo bajo la Constitución, nada sobre de ella. Ahora bien, señala la diputada Matus, que la dignidad humana no debe supeditarse al principio de supremacía constitucional, se entiende que en la interpretación y aplicación de las normas debe tenerse presente la dignidad humana; este concepto se explica y define más adelante. a) Establece el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, pues plantea que, aunque la mayor parte de los derechos se encuentra en las Constituciones, lo está con mayor precisión en los tratados. Con base en esta idea, se establece la interpretación conocida como convencional, la que es obligatoria para todos los tribunales quienes aplicarán de acuerdo a lo que señala el artículo primero constitucional: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 17
18 Segunda propuesta Una segunda propuesta que se considera en este trabajo es la siguiente: 2.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, celebrada el 29 de noviembre de 2007, el Diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 15, 25, 29, 32 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, la cual fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se considera en el presente dictamen por coincidir en la materia. Análisis de la iniciativa del Diputado Obdulio Ávila Mayo 15 El diputado Ávila Mayo aborda el análisis de los derechos humanos desde distintas posiciones. Por un lado, las que conciben a los derechos humanos como inherentes al ser humano, y por el otro, las que los identifican con ciertos derechos positivados, comúnmente denominados garantías individuales, derechos fundamentales o derechos subjetivos públicos; a este respecto señala que, hay una diferencia, puesto que estos últimos son los derechos vistos desde la potestad del Estado y el correlato de éstos que son los derechos subjetivos públicos o garantías individuales que se contraen a ciertos derechos humanos reconocidos por el Estado. En este sentido, los derechos humanos desde la concepción positiva son, en su mayor parte, los derechos que la Constitución denomina garantías individuales, y que la doctrina identifica como derechos subjetivos públicos, contrario a la visión iusnaturalista, que señala que, los derechos humanos son consustanciales a la persona, inseparables de su ser y por lo tanto, existen más allá de las normas, que en última instancia, sólo cumplen la tarea simple y accesoria de inscribirlos en su redacción al expresarlos objetivamente, a la vez, que los hace exigibles subjetivamente. El diputado Obdulio Ávila hace una reseña histórica, aclarando que, después de la Segunda Guerra Mundial, la protección internacional de la persona comenzó a experimentar una evolución, fundamentalmente, de la conciencia generalizada de proteger la dignidad humana después de los horrores de la guerra, cambiando radicalmente la idea de la protección de determinadas categorías de personas, para adentrarse en la defensa de la persona, genéricamente considerada la titular de los derechos inherentes a su dignidad consustancial. En este contexto, el legislador Ávila aprecia que, la conciencia internacional ha cambiado tanto en los organismos internacionales como el ámbito interno en muchas naciones, ejemplos de ello son los siguientes: 15 Ver: pp. 26 a Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad
19 (Realiza una descripción histórica de los derechos humanos en las diferentes declaraciones internacionales sobre el tema) Reforma Constitucional de 10 de junio de 2011 Con fecha 10 de junio de 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se modifican diversos artículos, como lo señala el: ( ) ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( ) Esta reforma, además de establecer el principio rector en el artículo 1 constitucional, se hacen los cambios en los artículos 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, 105 en los que se modifica el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos, se amplían las bases del amparo constitucional. El artículo 1 constitucional constituye actualmente el punto de partida del nuevo sistema de derecho que habrá de construirse por todos los órganos de gobierno, éste sienta las bases a partir del cual, se dará sentido a este nuevo derecho, basado en lo que ya constituían anteriormente las garantías individuales, ahora llamadas derechos humanos. La adición consiste en: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 16 Se agrega al presente ensayo, como ANEXO 1.- Historia del proceso legislativo de las reformas constitucionales sobre Derechos Humanos. Maestra Xochitl Garmendia Cedillo 19
20 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ( ) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La inclusión del concepto de derechos humanos en la Constitución, corresponde a una corriente internacional auspiciada por las Naciones Unidas, donde institucionalmente pasó a ser atendido por una Comisión que arrastraba grandes problemas de funcionamiento y legitimidad para contar con un alto Comisionado para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos a partir de 1993, 17 y con la conversión de la Comisión en un Consejo de Derechos Humanos en el año En México, primero se instauró la tutela no jurisdiccional de los derechos humanos con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH en el año de 1990, y su constitucionalización en el año de 1992, y la creación posterior de organismos semejantes a nivel Estatal. En el año de 2002, por medio de un acuerdo técnico con la Oficina del Alto Comisionado para la promoción y protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la instalación de una oficina del Alto Comisionado en nuestro país en el año de Además de que México ha suscrito 171 Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos, además de haber aceptado la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 17 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos fue creado por la Asamblea General mediante la resolución 48/141, del 20 de diciembre de La creación del Consejo de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General mediante la resolución , el 15 de marzo de 2006, en la que en el inciso e del punto 5 establece el examen periódico universal. 20 Control Difuso y Control Convencional de Constitucionalidad

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 ARTÍCULO 133
 artículo 133
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 ARTÍCULO 133
 artículo 1
 artículo1
 artículo 1
 artículo133
 artículo 1
 Artículo 94
 artículo 103
 artículo 105
 artículo 107
 Artículo 107
 artículo 103
 artículo 72
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 33
 artículo 89
 artículo 97
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 29
 artículo 33
 artículo 102
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1
 resolución 
 resolución