Source: http://ptdiputados.org.mx/iniciativa.php?id=1159
Timestamp: 2017-11-20 21:07:08+00:00

Document:
Proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que reforma los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT
Ricardo Monreal Ávila, José Isabel Trejo Reyes, Agustín Miguel Alonso Raya y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinadores de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica, al tenor de la siguiente
En México más de tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos del trabajo asalariado. El salario es un componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida.
El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que la realidad laboral mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias trabajadoras.
La relación entre el estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población con la política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años, resulta innegable. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi 80 por ciento del poder adquisitivo del salario.
Basta señalar que de diciembre de 1987 a la fecha, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.
No cabe duda de que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, y pese a que hoy existe consenso (incluso entre el sector empresarial) sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial, dicha reforma ha sido paulatinamente aplazada bajo el argumento de que tales cambios impactarían en miles de factores externos vinculados al monto del salario mínimo, como son las multas, derechos y contribuciones, o el financiamiento a los partidos políticos. Y es que durante décadas el salario mínimo también ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia para efectos legales.
Se ha generado una amplia discusión sobre cuál debe ser el rumbo de la política salarial y los términos en los que el salario mínimo deba ser mejorado, en lo que existe consenso, es en desvincular el salario mínimo de factores ajenos a su naturaleza, por ello los firmantes de esta iniciativa aportamos una propuesta específica para dar el primer paso y continuar la reflexión colectiva sobre los temas de fondo relacionados con el salario.
La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de una reforma de dos etapas. La primera requiere necesariamente de una reforma constitucional que modifique el inciso a), fracción II del artículo 41 (relativo al financiamiento de los partidos políticos, desvinculando la unidad de salarios mínimos por la unidad de referencia), así como la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123, con objeto de prohibir que el salario mínimo siga siendo utilizado como unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, señalando que para tales efectos deberá aplicarse en lo sucesivo la Unidad de Referencia, de conformidad con las leyes aplicables.
Asimismo se establece un régimen transitorio que obliga: al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor a efecto de desvincular el salario mínimo de las 140 leyes que lo contemplan; y a las dependencias y entidades de la administración pública federal, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que sustituyan las referencias al salario mínimo por la Unidad de Referencia en un plazo máximo de noventa días naturales.
El cuarto artículo transitorio fija el valor que deberá tener la Unidad de Referencia, señalando que será equivalente a sesenta y siete pesos con veintinueve centavos, y será actualizado al final de cada año por el Banco de México tomando como base el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Estimamos que el INPC es la mejor referencia para el cálculo de la Unidad de Referencia porque ésta mide la inflación, misma que a su vez se mide conforme a la variación de precios de la canasta básica. Se trata de una unidad ajustable muy precisa y, además, recurrente en otros ordenamientos legales; varias leyes ya contemplan esta referencia para la actualización automática de montos fijos, como en el caso de créditos y pensiones (Ley ISSSTE, Ley del IMSS, Ley del SAR, etcétera).
El artículo quinto transitorio ofrece una salvaguarda para evitar que las instituciones del estado que otorguen créditos a la vivienda sigan actualizando el importe de los créditos conforme al salario mínimo, y dispone que dichas instituciones (Infonavit, Fovissste, etcétera.) sustituyan su actualización por el de Unidad de Referencia a partir de la fecha de entrada en vigor de presente decreto.
Finalmente, el artículo sexto transitorio garantiza que los contratos y convenios privados que establezcan la figura del salario mínimo como unidad de referencia para cualquier efecto no se vean afectados, salvo acuerdo en contrario entre las partes.
Con las modificaciones que se plantean, se allana el camino a la desvinculación efectiva del salario mínimo de todas leyes federales que lo contemplan. Para tal efecto, acompañamos la presente iniciativa de reforma constitucional de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma 569 artículos de 140 leyes federales, misma que, además, establece de manera específica las reglas y los procedimientos de actualización y publicación de la Unidad de Referencia. Estas dos propuestas, intrínsecamente vinculadas entre sí, representan el primer paso hacia una recuperación del poder adquisitivo del salario y abre la puerta al debate sobre el aumento del salario mínimo y el establecimiento de nuevas instituciones y mecanismos para su determinación. El salario mínimo es mucho más que una simple unidad de medida: es el referente de justicia y equidad laboral que tiene una nación. Por su naturaleza social, económica e histórica, el salario no debe ser confundido; hoy es el momento para distinguirlo, rescatarlo, dignificarlo y defenderlo.
Único. Se reforma el inciso a), fracción II, del artículo 41; y la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento de la unidad de referencia vigente. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Para tales efectos se determinará una Unidad de Referencia que deberá actualizarse conforme a las reglas y procedimientos que las leyes de la materia determinen.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán sustituir las referencias al salario mínimo por la Unidad de Referencia conforme a lo dispuesto en este decreto en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de su entrada en vigor.
Cuarto. Para efectos de lo dispuesto en este decreto, la Unidad de Referencia a que se refiere la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123, será equivalente a sesenta y siete pesos con veintinueve centavos, y será actualizado al final de cada año por el Banco de México tomando como base el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Quinto. Las instituciones del estado que otorguen créditos a la vivienda dejarán de actualizar el importe de los créditos conforme al salario mínimo a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, debiendo sustituir su actualización por el de la Unidad de Referencia.
Sexto. La Unidad de Referencia no será aplicable a los contratos y convenios privados que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto utilicen el salario mínimo como unidad de referencia para cualquier efecto, salvo acuerdo en contrario entre las partes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2014.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, José Isabel Trejo Reyes, Agustín Miguel Alonso Raya y Alberto Anaya Gutiérrez (rúbricas).
Dip. Alberto Anaya

References: artículo 55
 artículo 123
 artículo 41
 artículo 123
 artículo 41
 artículo 123
 artículo 123