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Timestamp: 2019-02-21 20:30:21+00:00

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DERECHO AGRARIO MEXICANO: DERECHO PROCESAL AGRARIO
Unidad 1. Sistema Agrario constitucional
Unidad 2. Los tribunales Agrario
Unidad 3. Diversos conceptos en materia procesal agraria
Unidad 4. Procedimiento agrario administrativo
Unidad 5. El juicio agrario
Unidad 6. Amparo en materia agraria
Unidad 7. Procuraduría agraria
Unidad 8. El Registro Agrario Nacional
Análisis de la fracción XIX del artículo 27 Constitucional
En efecto, antes de la Reforma al artículo 27 de la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, la Ley Federal de la Reforma Agraria (abril 1971 a enero de 1992), en su artículo 2 establecía que la aplicación de dicho ordenamiento estaba encomendado a:
La Secretaria de la Reforma Agraria;
La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
A partir del Decreto fechado el 3 de enero de 1992, estas instituciones fueron suprimidas, estableciéndose Tribunales Agrarios, con el objeto de cumplir esa función jurisdiccional del estado, consistente en la impartición de justicia agraria.
En relación a esto, considero conveniente citar el siguiente criterio jurisprudencial:
COMISIÓN AGRARIA MIXTA, CESO SU COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS PREVISTAS POR LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, A PARTIR DE QUE QUEDO CONSTITUIDO Y ENTRO EN FUNCIONES EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.
De acuerdo con la interpretación lógico-sistemática de los artículos tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional, tercero transitorio de la nueva Ley Agraria, y primero, segundo, tercero y quinto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, las atribuciones de la Comisión Agraria Mixta para conocer de los procedimientos relativos a las controversias agrarias contempladas en la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, con excepción de aquéllos pendientes de resolución en la fecha en que entró en vigor el aludido decreto (publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; en vigor el día siguiente por previsión del artículo primero transitorio), relacionados con los asuntos en materia de ampliación o dotación de tierras bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, se prolongaron hasta treinta días hábiles después de que entró en vigor la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos; en vigor al día siguiente), porque fue el plazo máximo para que el Tribunal Superior Agrario, encargado de repartir los expedientes relativos a aquellas controversias, quedara constituido. Por ello, resulta incorrecta la instauración de asuntos agrarios que se pretenda hacer ante la referida autoridad con posterioridad al ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, pues al constituirse y entrar en funciones legalmente, en esa fecha, el Tribunal Superior Agrario, es claro que la citada comisión dejó de tener las atribuciones correspondientes, que le confería la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, para conocer de los asuntos de naturaleza agraria distintos a los casos de excepción apuntados.
Amparo directo 91/94. María Luisa Rubio Saturnino. 26 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretario: Francisco Olmos Avilés.
El carácter innovador de la última reforma al artículo 27 constitucional, se expresa a partir de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial leída en el Pleno de la Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 1991, misma que respecto a la impartición de justicia dice:
“La justicia Agraria: Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria se propone establecer en el texto constitucional en la fracción VII Tribunales Federales Agrarios, de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello, se sustituye el procedimiento mixto administrativo-jurisdiccional derivado de una inmediata ejecución.” (Valle espinosa, Eduardo. El Nuevo artículo 27, editorial Nuestra, S.A. de C.V., México. 1992, p. 85)
El artículo 27 de la Constitución Federal, relativo a la procuración e impartición de justicia agraria es el siguiente:
La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios señala:
Instituciones que se establecen
Los Tribunales Agrario
Los tribunales agrarios son órganos de la administración pública federa, especializados, creados a través de un proceso legislativo, cuya finalidad es impartir justicia agraria.
Son órganos especializados
No son especiales (13 Const.)
Están previstos en la Constitución
Resuelve toda clase de conflictos agrarios
No son de naturaleza transitoria, sino permanente
No se crean con posterioridad al litigio
Son de jurisdicción especializada
Fueron creados a través de un proceso legislativo
Comenzó el 18 de noviembre de 1991.
Se aprobó con 343 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones.
Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, iniciando su vigencia el día siguiente.
Su finalidad es impartir justicia agraria
Antes los litigios agrarios se resolvían bajo criterios políticos, desapartándose de la interpretación y aplicación de la Ley Federal de la Reforma Agraria.
Con la creación de los Tribunales Agrarios, se da un paso para la aplicación efectiva de las leyes agrarias a los litigios. Desterrando el criterio político para solucionar los asuntos agrarios.
El Dr. Sergio García Ramírez, señala:
“Finalmente el criterio jurídico ha de sustituir al criterio político. Tales son la razón de ser y el compromiso institucional de los tribunales.”
Título Séptimo de la Ley Agraria
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Enero de 1993
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1996
Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 28 de diciembre de 1996
Participar en los programas gubernamentales destinados a brindar atención a grupos y comunidades indígenas, jóvenes y mujeres, jornaleros agrícolas y avecindados.
Asesorar a los núcleos agrarios en la organización jurídica de las unidades de producción de las parcelas escolares, de las destinadas a granjas agropecuarias o de industrias rurales de la mujer campesina y de las reservadas al desarrollo integral de la juventud.
Características de los tribunales agrarios
Son órganos dotados de plena jurisdicción
Es el Estado quien ha conferido la suprema potestad de sustanciar y resolver los asuntos que les han sido planteados, observando las disposiciones de la Ley Agraria. Es decir, el Estado ha transferido a estos Tribunales el Mandato constitucional de impartir Justicia Agraria.
Es la potestad para impartir justicia exclusivamente en materia agraria. La jurisdicción es el poder o autoridad que gozan estos órganos no únicamente para dirimir controversias a través de sentencias definitivas, sino también para proceder a su ejecución y cumplimiento.
Son órganos autónomos
Los Tribunales Agrarios son autónomos, porque dictan con plena libertad, no dependen ni se encuentran supeditados a otros órganos de la administración pública, ya sean estos Poder Ejecutivo Federal, Secretarias de Estado, Gubernaturas de los Estados o Poder Legislativo, entre otros.
Porque sus resoluciones no son motivo de revisión o impugnación por otras autoridades de la administración activa.
Al respecto el Dr. Sergio García Ramírez señala:
“Los Tribunales Agrarios son órganos “dotados de autonomía y plena jurisdicción”. Lo dice la constitución. Esto implica completamente dependencia de la Ley y absoluta independencia de otras instancias. Así ha ocurrido. Los Tribunales son autónomos y ejercen su autonomía. Me satisface decir que jamás se ha siquiera sugerido a los Tribunales el rumbo de sus decisiones, que solamente derivan de la aplicación de la Ley. En este sentido, los Magistrados tienen la mayor potestad dentro del derecho y, consecuentemente, toda responsabilidad por sus resoluciones jurisdiccionales.”
Su apego a la ley e imparcialidad
El Doctor Sergio García Ramírez seña:
“Hoy se trata de presentar y acreditar una nueva institución, que tiene estructura, estilo y procedimientos también nuevos. Sus características principales deben ser el apego a la ley y a la imparcialidad. Son órganos jurídicos, no pueden ni deben actuar de otra forma. De esto depende su respetabilidad, que apenas se está construyendo y de estos mismo derivan sus posibilidades y sus limitaciones. Se está avanzando en la comprensión de la nueva realidad.”
En ese sentido estos tribunales se deben apegar, como lo ordena los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, a las leyes y tratados internacionales donde se exprese derechos humanos.
Características de la Justicia Agraria
Procedimiento para la elección de Magistrados Agrarios
Artículo 13.- El retiro de los magistrados se producirá al cumplir setenta y cinco años de edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo.
Artículo 14.- Los emolumentos de los magistrados no podrán ser reducidos durante el ejercicio de su cargo.
Artículo 15.- Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República.
Artículo 16.- Recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores o la Comisión
Permanente en su caso, deberá resolver en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento que al efecto acuerden.
En caso de que no se apruebe la designación del número de magistrados requerido, el Ejecutivo
Federal enviará otra lista para completar el número necesario.
Artículo 17.- Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión
Permanente, durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles.
Unidad 2. Los Tribunales Agrarios
Artículo 1o.- Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.
Artículo 2o.- Los tribunales agrarios se componen de:
2.1. Análisis de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
2.1.1. El Tribunal Superior Agrario
2.1.1.1. Integración
Artículo 3o.- El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá.
Artículo 4o.- El Presidente del Tribunal Superior Agrario, será nombrado por el propio Tribunal, durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto.
Artículo 5o.- Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en distritos, cuyos límites territoriales determinará el Tribunal Superior Agrario, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo.
Artículo 6o.- En lo no previsto expresamente en esta ley, se aplicará supletoriamente en lo que sea acorde con la naturaleza de los tribunales agrarios, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 7o.- El Tribunal Superior Agrario tomará sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. Para que sesione válidamente, se requerirá la presencia de por lo menos tres magistrados, entre los cuales deberá estar el Presidente. Este tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 2º. El Tribunal Superior está integrado por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá y un supernumerario que suplirá las ausencias de los titulares; contará además con los siguientes órganos:
2.1.1.2. Atribuciones
2.1.1.3. Competencia
2.1.1.3.1. Recurso de Revisión
El recurso de revisión es el único medio de impugnación ordinario que consigna la Ley agraria, una vez concluido el proceso dando lugar a la segunda instancia.
Se puede definir como la inconformidad que presenta una de las partes en contra de la sentencia definitiva dictada por un tribunal unitario agrario, únicamente cuando se han resuelto algunas de las acciones contenidas en las fracciones I, II y IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Es decir, cuando se han dirimido cuestiones relativas a conflictos de límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; a la tramitación de un juico agrario en el que se demande la restitución de tierras ejidales; o la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias.
La parte recurrente, persigue como propósito que el tribunal de alzada, en este caso, el Tribunal Superior de Agrario, revise la sentencia dictada por el a quo y al estudiar los agravios planteados en relación con el contenido de la sentencia, deberá proceder a:
Modificar la sentencia, esto es, cambiar el sentido y trascendencia de algunos de sus puntos resolutivos, y
Revocar la resolución dejándola insubsistente, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo para las pretensiones del recurrente.
Al no resolverse ninguna de estas cuestiones entonces el tribunal superior agrario confirmará la sentencia dictada en primera instancia, en virtud de que los agravios resultaron infundados e inoperantes encontrando que la resolución combatida se encuentra de conformidad a derecho
2.1.1.3.2. Jurisprudencia
Interpretación que efectúan los jueces de los preceptos legales en casos concretos. Se considera como una norma que colma omisiones y lagunas de la ley y que se funda en las prácticas seguidas por los tribunales, en casos iguales o análogos. Por ser un criterio interpretativo de la normatividad, se encuentra establecida en la Constitución, la cual dispone que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, acerca de la interpretación de la ley fundamental, leyes, reglamentos federales o locales y los tratados internacionales.
En materia agraria, el Tribunal Superior Agrario tiene competencia para conocer del establecimiento de jurisprudencia; para ello, se requerirá de cinco sentencias en un mismo sentido sin ninguna en contrario, las que deberán ser aprobadas por el pleno del citado Tribunal al menos por cuatro de sus cinco magistrados. Dicha jurisprudencia será obligatoria para los Tribunales Unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario. (Véase C art. 94, párrafo octavo; LOTA art. 9°, fracc. V; RITA art.19, y “Suprema Corte de Justicia de la Nación”.)
2.1.1.3.3. Impedimentos y excusas
Artículo 27.- Los magistrados y secretarios de acuerdos de los tribunales agrarios estarán impedidos para conocer los asuntos en los cuales se presente alguna de las causas previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 28.- Los magistrados y secretarios de acuerdos no son recusables, pero tienen el deber de excusarse del conocimiento de los asuntos en que exista alguno de los impedimentos previstos en los términos del artículo anterior, debiendo expresar aquél en que se funden.
Artículo 29.- Los magistrados, secretarios de acuerdos y actuarios estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo público o de particulares, excepto los de carácter docente. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia.
2.1.1.3.4. Responsabilidades
Artículo 30.- Los magistrados de los tribunales agrarios y demás servidores públicos de éstos, son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento que expida el Tribunal Superior.
2.1.2. Los Tribunales Unitarios Agrarios
2.1.2.1. Integración
Artículo 5º. Cada Tribunal Unitario estará a cargo de un magistrado numerario y contará con las siguientes unidades administrativas y servidores públicos:
I. Uno o varios secretarios de acuerdos, cuando así los estime el Tribunal Superior, y en caso de que el Tribunal Unitario tenga varias sedes se podrá designar a uno o más secretarios de acuerdos para cada uno de ellos, también por determinación del Tribunal Superior.
VI. Unidad de Control de Procesos;
2.1.2.2. Competencia
VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;
2.1.2.3. Distritos iniciales
2.1.2.4. Modificación y creación de nuevos Distritos
Artículo 46. El Tribunal Superior hará la división del país en distritos de justicia agraria en los que ejercerán su jurisdicción los tribunales unitarios, tomando en cuenta los volúmenes de trabajo. Los distritos podrán comprender una o más entidades federativas o regiones de éstas.
El Distrito Federa es 8 y el Estado de México es el 9
3.1. Proceso y procedimiento agrario
Proceso. “…el conjunto de actos desarrollados por el órgano jurisdiccional, las partes interesadas y los terceros ajenos a la relación sustancial, cuya finalidad consiste en aplicar una ley o disposición general al caso concreto controvertido para darle la solución correspondiente.”
Proceso jurisdiccional. “…el conjunto de actos que, a través de diversas fases y dentro de un lapso específico, llevan a cabo dos o más sujetos entro los que ha surgido una controversia, a fin de que un órgano con facultades jurisdiccionales aplique las normas jurídicas necesarias para resolver dicha controversia, mediante una decisión revestida de fuerza y permanencia, normalmente denominada sentencia.”
Procedimiento.- “…es el conjunto de actos que se verifican en la realidad dentro de un proceso, que habrá sido instaurado a causa de un litigio.”
Podemos afirmar que el proceso agrario es una institución jurídica mediante la cual los tribunales aplican la Ley Agraria en sus sustantivas y adjetivas a casos concretos y específicos, ya sea de controversia, o bien de jurisdicción voluntaria, implica también una relación jurídica que se establece entre el órgano jurisdiccional, el actor y el demandado. En este conjunto de ideas, podemos considerar que el procedimiento constituye la forma específica de realización del proceso en sus diferentes etapas, proceso que concluye con la sentencia definitiva, en términos de los artículos 163 al 189 de la Ley Agraria.
3.2. Jurisdicción agraria
Jurisdicción. “…es una potestad que las leyes otorgan a cierto órganos para que dentro de un territorio determinado, conozcan de controversias derivadas de la aplicación del derecho y decidan la situación jurídica controvertida.”
Jurisdicción. (Proviene del latín jurisdictio-onis, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes.) Potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas a los casos concretos sobre los que deben decidir. En materia agraria, constitucionalmente se estableció la creación de los Tribunales Agrarios con plena autonomía y jurisdicción para la solución de controversias, con motivo de los derechos establecidos en la LA que sean sometidos a su consideración. La LOTA y la normatividad emitida con base en ella, precisa la jurisdicción atendiendo la materia y territorio. (Véase Art.27, fracc. XIX; LA art. 168; LOTA arts. 1º, 18; RITA art. 46; “Competencia”, “Tribunales Agrarios” y “Tribunal Unitario Agrario”.)
3.3. Acción agraria
La acción “…es el derecho subjetivo que se concede a las personas físicas y morales para que puedan provocar que un órgano jurisdiccional conozca de un conflicto de intereses determinado y lo resuelva mediante una sentencia.”
Acción agraria. Es el derecho que ejercitaban, principalmente, los núcleos agrarios y los grupos campesinos carentes de tierras, la LFRA establecía 64 acciones dentro de las que destacaban la restitución, dotación de tierras, ampliación de ejido, creación de nuevos centros de población y reconocimiento y titulación de bienes comunales.
La referida ley sigue aplicándose en materia de rezago agrario respecto de las acciones agrarias pendientes de resolución. La ley vigente en la materia mantiene los procedimientos de reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios, derivado de las acciones de restitución de sus tierras comunales, de un acto de jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión que detentan, de una resolución en juicio cuando exista litigio respecto de las tierras y la conversión de ejido a comunidad.
Actualmente, diversas acciones que eran resueltas por las autoridades agrarias respecto de núcleos constituidos y derechos de sus integrantes, son acordadas por la asamblea del núcleo ejidal o comunal, siguiendo las formalidades previstas en la normatividad. Otras son resultas envía de conflicto o jurisdicción voluntaria por los Tribunales Agrarios. (Véase LFRA Libro V Procedimientos agrarios; LA arts. 23, 98-100; LOTA art.18, y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)
Acción procesal agraria. Se entiende como un derecho abstracto de obrar, facultad inherente a la persona para requerir la intervención del Estado, ejercitando ese derecho. La acción procesal tiene como finalidad impulsar la actividad jurisdiccional de los tribunales y juzgados competentes, a efecto de que resuelvan o diriman una controversia puesta a su consideración. En materia agraria, pueden considerarse los actos que motivan las actividades realizadas por los Tribunales Agrarios dentro del juicio o procedimiento tendentes a resolver asuntos o litigios, sometidos a su consideración y de los cuales son competentes para conocer de conformidad con la normatividad aplicable. La LA, dentro del juicio agrario, establece que las partes en la audiencia de ley harán valer todas las acciones y excepciones, sin substanciar artículo o incidentes de previo y especial pronunciamiento. (Véase LA arts. 163, 185; LOTA arts. 9º, 18, y “Acción agraria”.)
3.4. Diferencia entre proceso y procedimiento
Podemos afirmar que el proceso agrario es una institución jurídica mediante el cual los tribunales aplican la Ley agraria en sus partes sustantivas y adjetivas a casos concretos y específicos, ya sea de controversia, o bien de jurisdicción voluntaria, implica también una relación jurídica que se establecen entre el órgano jurisdiccional, el actor y el demandado. En este conjunto de ideas, podemos considerar que el procedimiento constituye la forma específica de realización del proceso en sus diferentes etapas, proceso que concluye con la sentencia definitiva, en términos de los artículos 163 al 189 de la Ley Agraria.
UNIDAD 4. PROCEDIMIENTOS AGRARIOS ADMINISTRATIVOS
4.1. Expropiación de bienes Ejidales y Comunales
4.2. Conversión de Ejido a Comunidad y de Comunidad a Ejido
4.3. División y fusión de Ejidos
4.4. Terminación del Régimen Ejidal
4.5. Enajenación de terrenos nacionales
4.6. Regulación de colonias y titulación de lotes de colonias
Colonias agrícolas y ganaderas. Régimen de propiedad rural establecido por las legislaciones anteriores, que tenía como finalidad la colonización de tierras y su aprovechamiento, mediante la creación de colonias y el incremento de la producción agrícola y ganadera. Generalmente se expedía un decreto de colonización y con posterioridad los interesados adquirían los lotes sujetos a este régimen para formar la colonia, la cual contaba con una protección especial respecto de las acciones de dotación de tierras; constituidas como personas morales, cuentan con un órgano de decisión denominado asamblea general y otro de representación, que es el consejo de administración. Actualmente la LA dispone que las colonias agrícolas y ganaderas puedan optar por continuar sujetas a este régimen o adquirir el dominio pleno de sus tierras, en cuyo caso se regirán por la legislación civil del fuero común; en este último supuesto el RAN expedirá los títulos de propiedad correspondientes que deberán inscribirse en el RPP. El RLAMOPR establece las disposiciones aplicables a este tipo de propiedad. (Véase LA art. 8º transitorio; RLAMOPR arts. 134-158, 6º y 7º transitorios.)
ARTÍCULO OCTAVO.- Las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar por continuar sujetas al régimen establecido en el Reglamento de Colonias Agrícolas y Ganaderas o por adquirir el dominio pleno de sus tierras, en cuyo caso se regirán por la legislación civil de la entidad en que se encuentren ubicadas.
4.7. Otros Procedimientos ante la Asamblea Ejidal de las Fracciones VII a la XIV del Artículo 23 de la Ley Agraria
5.2. Sujetos en materia agraria
Sujeto agrario. Término que designa de manera general a aquellas personas a quienes les es aplicable la legislación agraria. Para la LA y el RIPA son sujetos agrarios y objeto de los servicios de la PA, los siguientes: ejidatarios, comuneros, sucesores de estos, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general. (Véase LA art. 135; RIPA art. 1º; “Avecindado”, “Colono” “Comunero”, “Comunidad”, “Ejido”, “Sucesor” y “Pequeño propietario”.)
5.3. Peculiaridades del juicio agrario
5.3.1. Principio de oralidad
5.3.2. Suplencia de la queja
Potestad conferida al juez para que en los casos señalados en la legislación subsane el error o la insuficiencia en que incurrió el quejoso al formular su demanda. El ejercicio de esta facultad no es discrecional sino una obligación para el juzgador. Esta figura se establece de manera precisa en el juicio de amparo en materia penal, agraria y del trabajo.
En el juicio de amparo los juzgados y tribunales competentes deberán suplir la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos en que sean parte como quejosos o como terceros los núcleos de población ejidal o comunal y los ejidatarios o comuneros o aspirantes a serlo, en los que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad o posesión de sus bienes ejidales o comunales.
En el juicio agrario, los tribunales en la materia están obligados a suplir la deficiencia en sus planteamientos de derecho cuando se trate de ejidos o comunidades o de ejidatarios o comuneros. (Véase LDA arts. 76-bis, 212, 227, y LA art. 164.)
5.3.3. Defensoría de oficio
México, D.F., a 31 de marzo de 2011.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Secretaria.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Rúbricas."
5.3.4. Suspensión del acto reclamado
En materia de amparo esta figura jurídica se refiere a detener los efectos del acto reclamado y es decretada por el juez de distrito, de manera provisional o definitiva o por el Tribunal Colegiado de Circuito como suspensión definitiva; de acuerdo con la normatividad se emite de oficio o a petición de parte.
Los efectos de la suspensión en juicio de garantías son ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas para evitar la consumación de los actos reclamados.
En el juicio agrario, el Tribunal competente dictará las diligencias precautorias necesarias para proteger los intereses de las partes y, en su caso, podrá acordar la suspensión del acto de autoridad que pudiere afectar a los sujetos agrarios en tanto se resuelve el procedimiento. Dicha suspensión se regulará aplicando supletoriamente la LDA.
Este término, con una connotación diferente, se prevé también en el juicio agrario, en el supuesto de que el Tribunal Agrario ordene la suspensión del juicio cuando se declare incompetente para conocer del litigio por razón de jurisdicción o competencia; asimismo, cuenta con atribuciones para suspender el procedimiento cuando una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, en tanto solicita los servicios de un defensor de la PA. (Véase LDA, arts. 122-144, 170-176; LA arts. 166, 168 y 179.)
5.3.5. La composición amigable
Amigable composición. (Del latín amicabilis, lo amistoso, propio de amigos.) Forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra de terceros, amigos de ambas, sin sujetar sus procedimientos a normas de derecho vigentes y apegarse para la decisión a la equidad y buena fe. En materia agraria, es la invitación que realiza el magistrado del Tribunal Unitario Agrario a las partes en el juicio antes de dictar sentencia, para que lleguen a un acuerdo que, en su caso, resuelva el conflicto. (Véase LA art. 185, fracc. VI, y “Conciliación en materia agraria”.)
Conciliación agraria. Procedimiento por el que los sujetos agrarios en conflicto de común acuerdo dirimen su controversia. La conciliación constituye la vía administrativa preferente para resolver los litigios sobre derechos agrarios que le son planteados a la PROCURADURÍA AGRARIA. En juicio agrario dentro de cualquier fase del procedimiento y en todo caso antes de emitir sentencia, el Tribunal Unitario Agrario exhortará a las partes a la conciliación y de lograrse su avenencia, se dará por terminado el procedimiento y se suscribirá el convenio respectivo, el cual, aprobado por dicho Tribunal, tendrá el carácter de sentencia. (Véase LA art.136, fracc. III; RIPA arts. 13, fracc. VIII, 21, fracc.II, 30, fracc. III, 41; “Amigable composición” y “Acta de audiencia conciliatoria”.)
5.3.6. La prueba
Prueba. Actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un hecho o acto; es la verificación o confirmación de las afirmaciones de los hechos expresados por las partes. Se designa como prueba al conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr el cercioramiento sobre los hechos discutidos. En el juicio agrario son admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos a que se refieran. (Véase LA arts.186-187, y “Audiencia de Ley”.)
5.3.6.1. Sistema probatorio agrario
5.3.6.2. Recabación de oficio de las pruebas
Obligación del juzgador de recabar pruebas. El magistrado de los Tribunales Agrarios, tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, de recabar oficiosamente pruebas y de acordar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias a favor de la clase campesina, en la interpretación de lo dispuesto en los artículos 186 y 187 de la LA, que utilizan el vocablo “podrán” en vez de “deberán”, ya que no puede aceptarse que percatándose de que carece de los elementos indispensables para resolver con apego a la justicia, quede en libertad de decidir si se allega o no esos elementos. (Véase Jurisprudencia 54/1997, Segunda Sala de la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del mes de noviembre de 1997, tomo VI, página 212; registro IUS 197.392, y “Juicio de Amparo”.)
5.3.6.3. La estimación de ellas
5.3.7. Avenimiento de las partes para la ejecución de la sentencia y el otorgamiento de fianza
5.4. Disposiciones generales
5.5.1. Demanda
Demanda. Acto procesal por el cual una persona se constituye en parte actora o demandante, expresando la causa y su fundamento ante el órgano jurisdiccional, con el cual inicia el proceso y solicita una sentencia favorable a sus pretensiones. También se conoce como demanda al escrito que contiene lo precisado anteriormente.
En el juicio agrario, el actor puede presentar su demanda por escrito o por comparecencia; en este último caso, el Tribunal Unitario Agrario solicitará la coadyuvancia de la PROCURADURÍA AGRARIA para que formule la demanda por escrito; el Tribunal del conocimiento analizará la demanda y si hubiere irregularidades o no cumple con los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que lo subsane, en el término de ocho días. (Véase LA arts. 170, 178, 180-182,185, fracc. I, y “Juicio agrario”.)
5.5.2. Emplazamiento
5.5.3. Contestación de la demanda
Contestación de demanda. Acto por el cual el demandado en juicio responde a las pretensiones solicitadas por el actor, ya sea negándolas, confirmándolas u oponiendo excepciones. En materia agraria instaurado el juicio, el demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia de ley, pudiendo hacerlo por escrito o mediante comparecencia, en cuyo caso el Tribunal solicitará el auxilio de la PROCURADURÍA AGRARIA para quela formule por escrito. En el supuesto de que el demandado al con-testar la demanda o en la audiencia de ley confiese expresamente la demanda en todas sus partes y dicha confesión sea verosímil, apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, se pronunciará sentencia de inmediato; en caso de negarla o reconvenirla al momento dela contestación, el procedimiento continuará su trámite. (Véase LA arts. 178, 180, 182; CFPC art.329; “Prueba plena” y “Reconvención”.)
5.5.4. Suspensión del procedimiento
Este término, se prevé también en el juicio agrario, en el supuesto de que el Tribunal Agrario ordene la suspensión del juicio cuando se declare incompetente para conocer del litigio por razón de jurisdicción o competencia; asimismo, cuenta con atribuciones para suspender el procedimiento cuando una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, en tanto solicita los servicios de un defensor de la PA. (Véase LDA, arts. 122-144, 170-176; LA arts. 166, 168 y 179.)
5.5.5. Reconvención
Reconvención. Es la acción que la ley concede al demandado para que en un procedimiento administrativo o jurisdiccional reconvenga al actor exigiéndole prestaciones que pueden formar parte de la controversia. A la reconvención se le conoce jurídicamente también con el término de contrademanda. En el juicio agrario, la reconvención la puede ejercitar el demandado únicamente en el escrito o comparecencia en que conteste la demanda, ofreciendo las pruebas que se estime pertinentes para fundamentar las prestaciones que exige del actor. En este caso el magistrado del Tribunal Agrario notificará al actor de la reconvención para que conteste lo que a su derecho convenga y diferirá la audiencia para que esté en condiciones de realizarla. (Véase LA art.182, y “Contestación de demanda”.)
5.5.6. La audiencia y sus prevenciones
Audiencia de Ley. Se le conoce con este nombre a la audiencia establecida en el artículo 185 de la ley de la materia dentro del juicio agrario, en la cual las partes expresan oralmente sus pretensiones y ofrecen las pruebas que estimen conducentes a su defensa, presentando en su caso, a los testigos y peritos; asimismo, hacen valer en este acto todas las acciones, excepciones o defensas; en la audiencia el magistrado del Tribunal Unitario Agrario que invariablemente deberá presidirla, podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a los interesados y en cualquier momento del acto, antes de pronunciar el fallo, exhortará a las partes a una amigable composición. (Véase LA art. 185, y “Juicio agrario”.)
5.5.7. Desahogo de pruebas
Desahogo de pruebas. Actividad judicial para apreciar el grado de convencimiento del juzgador respecto de la veracidad de los hechos objeto de prueba, determinando el valor que deben tener los medios probatorios en el procedimiento. En el juicio agrario, el desahogo de pruebas se efectúa dentro de la audiencia de ley y serán admisibles toda clase de ellas mientras no sean contrarias a la normatividad; el Tribunal Agrario podrá acordar en todo tiempo la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de los puntos cuestionados. Dentro del procedimiento, las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. (Véase LA arts.184-187, y “Prueba”.)
5.5.8. Sentencia y su ejecución
Sentencia en juicio agrario. (Del latín sententia, máxima.) Es la resolución que pronuncia el juez o Tribunal jurisdiccional o administrativo para resolver el fondo de un litigio, conflicto o controversia; significa la terminación normal del proceso. En el juicio agrario, en el que se dirimen y resuelven las controversias que se suscitan con motivo de la aplicación de la LA, substanciado el procedimiento, el Tribunal Agrario debe emitir su sentencia concluida la audiencia de ley; el fallo se dictará a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas estrictas sobre la valoración de las pruebas, apreciando los hechos y los documentos en conciencia, fundando y motivando la resolución.
Ejecución de sentencia. (Del verbo exsequor, significa cumplimiento, ejecución o administración). En términos legales se entiende por ejecución el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la fuente de que proceda, ya sea contractual, legal o judicial. En materia agraria, los tribunales están obligados a proveer la inmediata ejecución de sus sentencias; para tal efecto, podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio. (Véase LA art. 191; “Cosa juzgada” y “Sentencia”.)
5.5.9. Tramitación del recurso de revisión
Características especiales en el juicio de amparo agrario
6.3.1 Términos
6.3.2. Notificaciones
6.3.3 Suplencia de la deficiencia de la queja
6.3.3.1 Respecto a las exposiciones
6.3.3.2 Respecto de las comparecencias
6.3.3.3 Respecto de los alegatos
6.3.4. Desistimientos
6.3.5. Inactividad procesal y caducidad
6.3.6. 3 Suspensión de plano
7.1. Naturaleza Jurídica
7.3. Atribuciones
7.3.1 En el juicio agrario
7.3.2. En las asambleas ejidales
7.3.3. Para emitir opiniones en problemas agrarios
8.1. Naturaleza jurídica
8.2. Actos y documentos que deberá inscribir
8.3. Atribuciones agrarias
Publicado por Lic. Gustavo A. Jiménez M. en 15:01
Unknown 19 de noviembre de 2017, 13:22
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Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 2
 artículo 18
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Artículo 27
 artículo 82

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 5
 artículo 27

Artículo 46
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 Artículo 23
 artículo 185
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