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Timestamp: 2019-11-18 09:13:30+00:00

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Corte suprema de justicia sala de casación civil fernando giraldo gutiérrez magistrado ponente stc13458-2014 Radicación n.º 11001-22-10-000-2014-00421-01
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STC13458-2014
Radicación n.º 11001-22-10-000-2014-00421-01
(Aprobado en sesión de primero de octubre de dos mil catorce)
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte la impugnación del fallo de 22 de agosto de 2014, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó la tutela de Enrique Beltrán Pardo frente a la Corte Constitucional, siendo vinculados Carlos Ardila Ballesteros, Gilberto Rondón González, Edgardo José Maya Villazón, Víctor Manuel Aguilar Ávila, Luis Gustavo Ampudia Asprilla, Jaime Arrubla Paucar, Luis Fernando Bueno González, Aldemar Cardozo Díaz, Héctor Rodolfo Consuegra Salinas, Daniel Armando Chicaiza Cosme, Gabriel Ángel Muriel González, Ana Feliz Romero Aranzazu, Juan Guillermo Salazar Pineda, Mario Solano Calderón, Camilo Tarquino Gallego, Flor Alba Torres Rodríguez, Clara Inés Vargas Hernández, María Consuelo Araújo Castro, José Ignacio Arias Vargas, César Norberto Barrera Ávila, Jorge Luis Vuelvas Hoyos, María Margarita Bueno González, Leonel Buitrago Carreño, Mauricio Casa-Franco Vanegas, Martha Elvira Ciodara Gómez, Indalecio Dangond Baquero, José Antonio Durán Ariza, Eduardo Ernesto Durán García, William Granados Ferreira, César González Muñoz, Clara María González Zabala, Carlos Arturo Hernández Díaz, Wilson Herrera Moreno, Carlos Mario Isaza Serrano, Orlando Lineros Velasco, Hernán Alonso Mazo Giraldo, William Abel Mercado Redondo, Milton Merchán Solano, Hernández Morales Plazas, Gabriel Ángel Muriel González, Germán José Ordosgoitia Osorio, Madeleyne de Jesús Ortiz Carrillo, José Joaquín Osorio Ruíz, Juan Ernesto Oviedo Hernández, Romeo Edinson Pérez Ortiz, María Mercedes Perry Ferreira, Álvaro Guillermo Rendón López, Eduardo de Jesús Renzo Ovalle, Máximo Rodríguez Merchán, Olga Lucía Rodríguez Mosos, Rosa Isabel Rojas Romero, Alfredo Rafael Saade Vergel, Carlos Abel Saavedra Zafra, Juan Guillermo Salazar Pineda, Jorge Julián Silva Meche, Jair Solarte Padilla, Eduardo Verano de la Rosa, Juan Guillermo Vergara Márquez, Juan Carlos Yepes Alzate, Luis Alberto Higuera Malaver, Armando Montenegro Trujillo, Luz Helena Arango Cardona y Edgardo Villamil Portilla.
1.- Obrando en nombre propio, el promotor sostiene que le violaron los derechos al debido proceso, igualdad, ejercer un cargo público, “publicidad y trasparencia”.
2.- Atribuye la vulneración a que en la escogencia de candidato a Contralor General de la República, la Corte Constitucional lo descalificó sin parámetros objetivos.
3.- Sustenta la reclamación en los supuestos fácticos que pasan a resumirse (folios 1 al 12):
3.1.- Que por reunir “ampliamente” los requisitos, que son los previstos en el artículo 267 constitucional, se anotó a la convocatoria que el 8 de mayo de 2014 abrió la accionada.
3.2.- Que la autoridad lo incluyó en el listado de dieciocho (18) inscritos que publicó, por lo que presume que verificó que cumplía las exigencias del empleo.
3.3.- Que sin indicar “los criterios técnicos respectivos”, la Corporación informó que preseleccionaría a quienes el 26 del citado mes oiría en Sala Plena y que posteriormente haría la escogencia.
3.4.- Que la demandada optó por cinco “personas que ocuparon elevados cargos en los tres poderes públicos”; y, según ese criterio, los demás no merecían “…ser siquiera escuchados ni evaluados generando claramente una total discriminación y desigualdad profesional”.
3.5.- Que ese primer proceso “…concluyó con que ni los cinco candidatos evaluados ni los 12 (sic) inscritos restantes podían ser ternados”.
3.6.- Que no entiende por qué se le aplicó el artículo 77 del Reglamento Interno de la Corte encartada, que dispone excluir a los “candidatos” cuando fracasa la votación para ternarlos, pues, se debió evaluar exhaustivamente a quienes como él apenas alcanzaron el estatus de “inscritos”, y sólo en caso de que ninguno conociera del tema de control fiscal o no tuviera una propuesta adecuada, abrir una segunda convocatoria; sin embargo, se dio paso a ésta.
3.7.- Que se entrevistó con el magistrado Mauricio González quien le dijo que no podía ser tenido en cuenta en el nuevo trámite porque “formaba parte del grupo de los 13 inscritos de la primera convocatoria que habían sido ya descalificados”, pero no le contestó el escrito de 11 de junio con el que le sustentó la tesis contraria.
3.8.- Que mediante comunicado de 26 de ese mismo periodo, la encartada informó que eligió a Edgardo José Maya Villazón.
3.9.- Que el 3 de julio le manifestó al Presidente de la autoridad denunciada su inconformidad porque se quebrantó la disposición citada y debido a que, a pesar de colmar las exigencias, no se le dio la oportunidad que tuvieron los cinco “candidatos”; sin embargo, tampoco obtuvo réplica (en el curso de la primera instancia acusó recibo).
3.10.- Que debe existir un sustento técnico que le demuestre cómo se examinó su hoja de vida, pero si es así no entiende cómo se le descalificó impidiéndole exponer su punto de vista, teniendo en cuenta que llena todas las exigencias del puesto.
4.- Pide que se anule el trámite cuestionado y se rehaga, dándole a los “inscritos” las mismas posibilidades de que gozaron los “preseleccionados” (folio 10).
II.- INTERVENCIÓN DE LOS CONVOCADOS
Carlos Mario Isaza Serrano, como “tercero interesado en las resultas del proceso de tutela…” por ser uno de los inscritos, coadyuvó el libelo introductorio, sosteniendo que la ponderación de la situación debe darse a la luz de los hechos notorios conforme a los cuales existió un trasfondo de acuerdos políticos previos que dio al traste con la trasparencia; además, estimó que conforme al Reglamento, debió agotarse una tercera votación con los candidatos de la segunda convocatoria, pero no se hizo, sino que en cumplimiento de dicho pacto se habilitó a un participante en la primera que no se había vuelto a inscribir. Agregó que tal actuación causa un perjuicio irremediable, el que no puede solucionarse con recursos por la vía gubernativa, porque no proceden contra actos preparatorios, ni con la eventual prosperidad de una nulidad electoral debido a que no restablecería puntualmente sus garantías, sino que conllevaría otra convocatoria (folios 234 al 239).
La Corte Constitucional afirmó que no hay un procedimiento preciso y detallado para el trámite analizado, por lo que no es asimilable a un concurso de méritos y puede decidir de manera “discrecional y autónoma”, no obstante lo cual se atuvo a todos los preceptos del marco normativo que expuso. Informó el camino seguido en la primera convocatoria, destacando que la plenaria examinó la hoja de vida de los dieciocho participantes y posteriormente preseleccionó cinco por mayoría, entre ellos a Edgardo José Maya Villazón, a quienes escuchó, cumplido lo cual sufragó en tres ocasiones sin que ninguno triunfara, por lo que siguiendo su Reglamento que ordena prescindir de “todos” los candidatos anteriores y votar con “nuevos nombres” efectuó otra convocatoria. Relativo a ésta, tras reseñar la senda que transitó, indicó que después de votar en dos ocasiones con el mismo resultado que en la inicial, sometió a aprobación si hacía una tercera ronda, lo que fue negado, con lo que finalizó esa fase. Explicó que para cumplir su función, dada la cercanía de la elección que debería hacer el Congreso y el estrecho margen temporal con que contaba para otro proceso, buscó salidas jurídicas, por lo que con apoyo en la disposición reglamentaria que permite “…un acuerdo con mayoría legal sobre alguno de los candidatos que han participado en el debate o sobre uno distinto”, de la que surge la interpretación plausible que podía incluir a quienes intervinieron en ambas “convocatorias”, tomó uno de cada una y votó, saliendo favorecido el mencionado.
Adujo que sus actos son preparatorios, pero frente al definitivo del Congreso, el interesado tiene acción contencioso-administrativa, en la que podría pedir medidas cautelares de “urgencia”. Agregó que éste no se halla legitimado para obrar en representación de los restantes aspirantes ni puede pretender que “la Corte emita un documento en el que se precisen unas variables técnicas en las que se indiquen los criterios cualitativos y cuantitativos que llevaron a no incluirlo dentro del grupo de los preseleccionados” (folios 280 al 286).
Ana Feliz Romero Aranzazu coadyuvó el pliego introductorio, manifestado que en la terna hizo falta una mujer e informando que está en curso el amparo que interpuso ante el Consejo de Estado con ocasión del mismo asunto (folio 305).
Milton Merchán Solano pidió la nulidad de lo actuado por la Corte Constitucional, afirmando que participó en la segunda convocatoria, en la que no se hizo entrevista y se escogió a Maya Villazón sin estar inscrito. Se dolió que no hubo trasparencia, debido a que todo estaba predeterminado por convenios políticos (folios 309 al 311).
Los restantes vinculados guardaron silencio.
Desestimó el resguardo porque ante el hecho notorio y cumplido, que el 19 de agosto de 2014 el Congreso designó Contralor General, la controversia puede y debe plantearse “por la vía ordinaria, ante la jurisdicción competente, para el control de legalidad del acto definitivo…”, mediante juicio de nulidad electoral, por lo que el juez constitucional no puede suplantar al natural (folios 313 al 320).
IV.- IMPUGNACIÓN
Ana Feliz Aranzazu apeló limitándose a explicar que se presentó a las dos convocatorias junto con el promotor y que por ello apoyó la petición de éste (folio 503).
1.- Esta Sala es competente para resolver la alzada por ser superior jerárquico del Tribunal, quien estaba facultado para desatar la primera instancia dado el carácter de autoridad del orden nacional de la Corte Constitucional, quien en el caso debatido no obró en sede jurisdiccional.
2.- La controversia se centra en establecer si dicha entidad lesionó las prerrogativas del promotor por la manera como escogió su candidato al empleo de Contralor General de la República.
3.- El amparo es un instrumento de carácter preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, por particulares. Por su naturaleza residual sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que lo presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4.- Para efectos el análisis que se realiza, está acreditado lo que a continuación se destaca:
4.1.- Que Edgardo José Maya Villazón, Enrique Beltrán Pardo y Ana Feliz Romero, entre otros, se inscribieron en la convocatoria que el 8 de mayo de 2014 abrió la Corte Constitucional para ternar un candidato al aludido cargo; únicamente el primero fue incluido dentro de los cinco preseleccionados en la Sala Pena efectuada el 26 del mismo mes (folios 246 y 306, cuaderno 1).
4.2.- Que fracasada esa “convocatoria” porque en las votaciones realizadas el 28 de dicho periodo ninguno logró la mayoría absoluta necesaria, el 1º de junio la Corporación comenzó una nueva, en la que los dos últimos mencionados volvieron a anotarse, sumándoseles Carlos Mario Isaza Serrano y otras cincuenta y un personas; Maya Villazón no reiteró su aspiración (folios 246 y 307).
4.3.- Que de dicha relación, el 25 de esa mensualidad, la Corporación “preseleccionó” a Jorge Luis Buelvas Hoyos, José Joaquín Osorio Ruiz, Eduardo Verano de la Rosa, Álvaro Guillermo Rendón López y Germán José Ordosgoitia Osorio (folio 267).
4.4.- Que el mismo día, una “votación” inicial dio como resultado un empate entre Rendón López y Verano de la Rosa; en una ronda adicional que sólo consideró el nombre de estos dos, no se alcanzó la supremacía requerida (ídem).
4.5.- Que según el comunicado N°. 24 de esa fecha, la encartada aplicó el parágrafo del artículo 77 de su Reglamento, y en tal virtud sufragó y escogió, entre un participante de la “convocatoria” primaria y otro de la posterior, a Maya Villazón (folios 31 al 37).
4.6.- Que el 19 de agosto pasado, el Congreso eligió como Contralor a Edgardo José Maya Villazón.
5.- No prospera la impugnación por las razones que pasan a mencionarse:
5.1.- No es posible adoptar ninguna medida constitucional, porque el acto complejo de elección del Contralor, del que no sólo participa la Corte Constitucional, sino las demás autoridades que concurren para la designación los otros dos integrantes de la terna, Corte Suprema y Consejo de Estado, y el Congreso de la República que realiza la elección final, concluyó el 19 de agosto de 2014 cuando se verificó ésta. Entonces, en el supuesto de que haya existido alguna vulneración a los derechos de los inscritos, especialmente del accionante o de los coadyuvantes expresos, el eventual daño que se generó estaría consumado, conforme al numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que establece “la acción de tutela no procederá: (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”.
Al respecto, la Sala ha dicho en casos en que se cuestiona el procedimiento seguido en concursos para proveer cargos
Del mismo modo y como quiera que ya se conformó el registro de elegibles, cualquier orden que el Juez de tutela impartiera a ese respecto carecería de objeto actual, lo que constituye un hecho consumado que a voces del numeral 4º del artículo 6º del decreto 2591 de 1991 también hace improcedente la presente acción (CSJ STC, 10 sep. 2012, exp.00235-01).
5.2.- Desde otra perspectiva, la tutela impetrada es inviable dado que si bien es cierto contra los actos preparatorios como el que se reprocha a la Corte Constitucional no cabía impugnación judicial, ahora que el trámite concluyó definitivamente el 19 de agosto pasado con la elección por parte del Congreso del Contralor General de la República, surgió un mecanismo ordinario de defensa que a juicio de la Sala es idóneo, toda vez que mediante el mismo es viable que cualquier interesado solicite a la jurisdicción contencioso-administrativa la nulidad electoral, conforme lo prevé el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, cuyo inciso primero señala que
Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
Al respecto, a propósito del mismo caso que ocupa a la Sala, el Consejo de Estado ha dicho
Comienza el Despacho por señalar que la acción de nulidad electoral está establecida para el control jurisdiccional de los actos de elección o de nombramiento esto es, los que conllevan acceso a la función pública. Este no es el carácter que tiene el acto de escogencia como candidato de un ciudadano para integrar una terna, pues en este caso se trata de un acto que no elige ni nombra. Unicamente confiere derecho a optar por una elección que a futuro habrá de producirse y en la cual tienen opción, participando como aspirante ternado. Por ende la decisión administrativa de escogencia de un ciudadano para una terna no es pasible del medio de control judicial acción de nulidad electoral al que se refiere la Constitución Política en el artículo 237 numeral 7 y que regula el CPACA en los artículos 139 y 275 a 295, con normas propias como proceso especial. La esencia connatural que caracteriza este pronunciamiento (escogencia para integrar la terna) es la de ser un acto preparatorio o de trámite. Con él se da inicio a una actuación administrativa compleja que culminará, en este caso, con la elección que del Contralor General de la República produzca el Congreso de la República. En este orden de ideas, las presuntas irregularidades que se atribuyan al órgano o cuerpo colegiado que ternó, que constituye la etapa preparatoria para la expedición del acto definitivo de elección deben ventilarse en el escenario del juicio de nulidad electoral cuando la actuación administrativa haya concluido con la declaratoria de la elección correspondiente, si ésta recayere en el ternado que se considera que fue irregularmente seleccionado. Como quiera entonces que el acto demandado en el presente caso no es el de elección del doctor Edgardo José Maya Villazón como Contralor General de la República por parte del Congreso de la República, sino el acto de la Corte Constitucional que lo seleccionó para integrar la terna de la cual el mencionado órgano legislativo debe producir la elección, decisión de ternar que es un acto preparatorio o de trámite, según lo explicado, en tal condición no es acto que pueda ser objeto o materia de control judicial a través de nulidad electoral (Sección quinta, auto de 15 de agosto de 2014, exp. 00070-00).
Adicionalmente, dentro de dicha actuación, el interesado puede pedir la medida cautelar que de acuerdo con los artículos 229 al 241 ídem resulte apropiada para restarle transitoriamente y mientras se desata de fondo, efectos al procedimiento reprobado.
5.3.- En relación a la efectividad del mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales del actor, es de ver que si el mismo tuviera como resultado la nulidad de la elección y, por ende, el reinicio del proceso, sería suficiente para ese fin, pues, le brindaría la posibilidad integral de inscribirse nuevamente y participar.
En ese sentido, la Sala ha dicho que
No es de recibo la alegación de que si no se corrige la presunta falla específica que se denuncia no se protegen eficazmente los derechos fundamentales invocados, toda vez que en ningún momento se ha dicho que los remedios ordinarios necesariamente deben remover la actuación concreta, sino que basta que de alguna manera sirvan para remediar la presunta falencia.
6. En este orden de ideas se impone ratificar el fallo opugnado.
Comuníquese por el medio más expedito lo resuelto en esta providencia a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

References: artículo 267
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 139
 artículo 237