Source: http://www.ciec.org.ve/ambiente/lopca.htm
Timestamp: 2017-04-29 17:21:36+00:00

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Proyecto de Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente (LOPCA)
El Proyecto de Ley Orgánica para la Conservación del Ambiente (LOPCA), que fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional en septiembre 2002, y que se inicia en abril, con la finalidad de discutir y consultar las opiniones y documentos relacionados con la materia en las diferentes regiones del país, cuyos aportes serán considerados para el informe final de la segunda discusión de este instrumento legal. Esta Ley establece una serie de regulaciones, acciones y medidas dirigidas a la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales, la planificación ambiental, defensa ambiental, la información e investigación, la educación ambiental y participación ciudadana, la calidad ambiental, el control ambiental, los incentivos y el fondo ambiental.
Esta ley desarrolla el mandato constitucional de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, como instrumento de control en la ejecución de actividades capaces de causar daños al ambiente o a cualesquiera de sus elementos, además de promover la implementación de tecnologías limpias, así como el establecimiento de estímulos financieros y fiscales. La misma, está investida con el carácter de orgánica, en virtud del contenido de normas programáticas, las cuales imponen el acatamiento por otras leyes especiales que sean o hayan sido dictadas en la materia. Aun cuando este instrumento jurídico contiene principios y disposiciones de aplicación preferente frente a otras leyes, existen algunos aspectos que seguirán regulándose por otras normas, como es el caso de la materia penal, que se regirá por la Ley Penal del Ambiente, así como las normas técnicas que serán reguladas por instrumentos de rango sublegal.
Esta norma derogaría la Ley Orgánica del Ambiente vigente desde 1976. PROYECTO DE "LEY ORGÁNICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los derechos humanos evidencian una evolución constante, como consecuencia del descubrimiento de otros derechos asociados a las necesidades humanas emergentes, erigiéndose éstas como valores objetos de tutela jurídica. Ello se hace hoy en día más notorio en razón de que la especie humana se encamina hacia la concepción del bienestar integral, aspecto que ha determinado que junto a los derechos colectivos y a los
derechos individuales se hayan agregado los derechos de los pueblos, cuya titularidad es la humanidad. De tal manera, que en ese proceso evolutivo de los derechos humanos nace el derecho al ambiente en el ordenamiento jurídico interno, sin que exista necesariamente un señalamiento expreso y formal en el derecho positivo, en razón del carácter de derecho inherente a la persona humana. La referida evolución se enmarca en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de promover y proteger los derechos humanos de los Estados Miembros a los cuales se une el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (1966) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en el ámbito regional se enfatiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de Los Pueblos; en ésta última se
encuentra incorporado expresamente el derecho al ambiente, como derecho de solidaridad, en términos de un derecho esencial a la sobrevivencia del ser humano, inherente a lo propia especie y el cual se integra a los demás derechos humanos. De singular importancia para el desarrollo de los derechos ambientales están la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972), celebrada en Estocolmo, Suecia y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), realizada en Brasil. En la primera se aprobó la Declaración de Estocolmo, en la cual se estableció como Principio 1: "El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar..." En el orden interno es preciso indicar que la preocupación por la búsqueda de un ambiente libre de contaminación o de cualquier factor que impida o afecte el desarrollo de las actividades del hombre y que, al mismo tiempo, permita lograr el aprovechamiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales en beneficio colectivo de la presente y futuras generaciones, tiene profundas raíces históricas en el país. De hecho, las Leyes de Indias y los Decretos Conservacionistas del Libertador Don Simón Bolívar en Chuquisaca, Bolivia y Guayaquil son testimonios evidentes de esa búsqueda y preocupación. Este conjunto de instrumentos estaba lleno de normas que todavía podrían tener aplicación y vigencia en nuestros días, lo que evidencia la prudencia, prevención y buen juicio que privó en el manejo de los recursos naturales y el aseguramiento de la salud humana en términos de la consecución del equilibrio ecológico. Posteriormente, el esfuerzo emprendido por el Estado para regular el aprovechamiento de los recursos naturales fue desarrollado considerando cada bien jurídico ambiental como compartimentos estancos, siguiendo la tendencia legislativa sectorial. De esa manera se promulgó la Ley de Bosques (1910); la Ley de Caza (1944), derogada por la Ley de Protección a la Fauna Silvestre (1970); la Ley Forestal de Suelos y Aguas, derogada en 1.966 por la actual Ley Forestal de Suelos y de Aguas y la Ley de Reforma Agraria (1960), ésta derogó al Estatuto Agrario promulgado en 1949. Este marco legal interno fue reforzado con los diferentes Acuerdos o Tratados Internacionales suscritos por Venezuela, donde se destacan: la Ley Aprobatoria de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (1940); Ley Aprobatoria del Acuerdo para el establecimiento, con carácter permanente y bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del Instituto Forestal Latinoamericano de Investigación y Capacitación (1960); Ley Aprobatoria de la Constitución de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (1955); Ratificación del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (1957); Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (1961); Ley Aprobatoria de la Convención sobre Alta Mar (1961); Ley Aprobatoria de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (1961). Con este nivel referencial de conservación del ambiente el Estado fue orientando su acción en relación con la misma, lo que se materializó en los principios constitucionales de defensa y conservación de los recursos naturales del territorio, contenidos en el artículo 106 del Texto Constitucional de 1961; donde además se estableció que la explotación de los mismos estaba dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos, con lo cual el constituyente reconoció que el Estado tiene la obligación de proteger los recursos naturales en la búsqueda del bienestar colectivo. Dichos principios se asociaron y complementaron con los intereses difusos contenidos en el artículo 50 de la Carta Magna de ese entonces, en cuanto a que la enunciación de los derechos y garantías contenidas en la misma, no podían interpretarse como una negación de aquellos que siendo inherentes a la persona humana, no figurasen expresamente en dicho texto. Por otra parte el artículo 76 consagraba el derecho a la salud, como derecho humano fundamental, el cual se corresponde con el derecho a un ambiente sano, de lo contrario se soslayaría dicho derecho; por tanto, toda la actuación del Estado y por ende de los particulares, en materia de ambiente y de los recursos naturales tuvo éste marco referencial, lo que conllevó a la formulación de la política ambiental que se tradujo en
"conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos
naturales renovables"; estableciéndose de esta manera la base del desarrollo del ordenamiento jurídico en materia ambiental, durante el período 1961-1999. La declaración de Principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, sienta la base doctrinaria ambiental asimilada por casi todos los
países, constituyéndose de ésta manera en la génesis del Derecho
Internacional Ambiental. Ello influyó significativamente en los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados; efecto éste que se estima haberse propiciado por dos circunstancias: la adaptabilidad de los textos internacionales a las necesidades sociales del momento y la concepción global de los problemas ambientales a que corresponden. Ahora bien, la existencia de un marco jurídico fundamentado en la genuina iniciativa del Estado venezolano de conservar los recursos naturales y el ambiente, aunado a la influencia de la Conferencia de Estocolmo permitió que en 1976 el Poder Legislativo dictará la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo contenido planteó un profundo enfoque , para esa oportunidad, integrado entre la conservación ambiental, los recursos naturales, la planificación ambiental, la competencia institucional y el desarrollo social y económico del país con el objeto de establecer, dentro de la estrategia de desarrollo integral de la Nación, los principios rectores ambientales. Así la Ley Orgánica del Ambiente (1976), en su artículo 1° consagró como propósito el establecer dentro de la política integral del país, los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de vida. Para lo cual, se declaró de utilidad pública los referidos principios, que luego fueron desarrollados en el artículo 3° ejusdem. A pesar de ello, en ningún momento en el texto legal ni otro sublegal se precisó el alcance de dichos principios; además, la ley no llegó a establecer el concepto de ambiente.
Debe resaltarse que la Ley Orgánica del Ambiente constituyó un hecho jurídico de avanzada , ya que estableció los lineamientos para la acción del Estado destinada a la protección jurídica de los bienes considerados por los órganos del poder público y por la sociedad como
valores ambientales esenciales a la existencia y desarrollo de la población; no obstante, se requería de medidas penales lo suficientemente eficaces que permitieran sancionar los hechos y actos tanto colectivos como individuales que comportan riesgos, peligros y daños. Ello se logró parcialmente con la promulgación de la Ley Penal del Ambiente (1992), como mandato derivado del artículo 36 de la referida ley. En la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente (1992), celebrada en Brasil, se reafirmó la Declaración de Estocolmo de 1972 y se enfatizó en la persona humana y su participación individual o colectiva en los procesos de ordenación, conservación y desarrollo sustentable. De tal manera, se orienta el derecho subjetivo del ambiente hacia una perspectiva holística y antropocéntrica y desde la doble vertiente de la solidaridad intra e intergeneracional, con lo cual se recogen los tres principios que fundamentan el desarrollo sustentable, es decir: 1.) Derecho - Deber de cada generación, 2.) La equidad intrageneracional o equidad impregnada de presente, que impone que el uso de los recursos naturales se haga de manera tal que cubra las necesidades de las generaciones actuales y 3.) Equidad intergeneracional o equidad embebida de futuro, esto es que tales recursos , asimismo, sirvan para las generaciones futuras. A pesar de contarse con un ordenamiento jurídico ambiental, el profundo proceso de cambio en el orden social, económico y cultural que ha experimentado el país, ha producido la utilización intensiva de ciertas áreas del territorio nacional, particularmente en la franja norte costera lo que ha generado la aparición o magnificación de graves problemas ecológicos que atentan contra la calidad ambiental y disponibilidad de diversidad biológica y de recursos naturales, de manera tal que se ha conducido a la extinción de ciertas comunidades clímax, como es el caso de los bosques húmedos y los primarios. No obstante, el país dispone de importantes recursos que identifican la identidad nacional y que permiten establecer una estrategia de desarrollo sustentable que se traduzca en beneficio de la colectividad. Con motivo de la aprobación de un nuevo contrato social configurado en el Texto Constitucional de 1999, se hace necesario recoger las nuevas realidades ecológicas - ambientales que caracterizan al Estado. Dicho texto al tratar sobre los Derechos Ambientales hace énfasis sobre la protección del ambiente y la conservación del equilibrio ecológico como instrumentos para impulsar el desarrollo sustentable del país. Así que la elevación de los derechos ambientales a rango constitucional se inserta dentro del proceso de evolución del derecho ambiental en el ámbito
internacional, encaminado al logro del desarrollo humano y social de la población. En este orden de ideas, la Constitución dispone que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Con estos lineamientos el Constituyente de 1999 no hace sino reconocer el derecho humano al ambiente dentro del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, teniendo presente los valores de
solidaridad social e igualdad de oportunidades, como una meta teleológica de acción del Estado; para ello se prevé la toma de medidas, entre otros órdenes, de tipo financiero, infraestructura, educación ambiental, de acceso y transferencia de tecnología que permitan revertir las situaciones de degradación ambiental que existen en el país. En resumen, los derechos ambientales se equiparan con los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, educación, entre otros. Así que por primera vez en la historia constitucional del país, se establece un Capítulo "De los Derechos Ambientales", donde se identifican los principios fundamentales para la formulación e implementación de la nueva política ambiental del país; estos principios se
encuentran contenidos de manera expresa en los artículos 127, 128 y
129, complementándose con el resto del articulado de la Carta Magna. El artículo 127 ejusdem consagra que: Es un derecho y un deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los proceso ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. El artículo consagra como derecho y como deber de cada generación la protección y mantenimiento del ambiente, entendido en su acepción más amplia; es decir, la conservación del ambiente en general y de sus elementos en particular, como interés individual y colectivo que garantice el equilibrio ecológico y por ende el bienestar de la población humana y demás seres vivos. Con ello se eleva a rango constitucional el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 128 preceptúa que: El Estado desarrollará una política de ordenación del
territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. Se reconoce al ordenamiento como principio regulador del
desarrollo sustentable del país y al mismo tiempo a la participación de la ciudadanía como instrumento de gestión ambiental. El artículo 129 establece: Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.
En los contratos que la república celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley. La Constitución de 1999 señala expresamente que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado, basado en los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad y su actuación se orienta fundamentalmente a la formulación e implementación de una política de desarrollo integral del país, que promueva el desarrollo armónico de la economía nacional sobre la base de la conservación de la
diversidad biológica y de los recursos naturales, como único camino para lograr el verdadero desarrollo sustentable. Es así que el nuevo modelo de Estado reclama la necesidad de contar con mecanismos que permitan normar con eficiencia y eficacia las actividades destinadas a la conservación del ambiente, mediante el
aprovechamiento racional de los recursos y de la diversidad biológica, en pro del beneficio colectivo de la población y del propio Estado.
Bajo esta perspectiva, la nueva Ley Orgánica que se presenta constituye un marco jurídico novísimo y de avanzada, ajustada a las nuevas tendencias del desarrollo ambiental internacional, al avance e innovaciones tecnológicas y conforme a los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; adopta los conceptos y principios rectores para la conservación del ambiente bajo la premisa del desarrollo sustentable y la visión planetaria del ambiente. La finalidad de la Ley se orienta a reforzar el rol del Estado, con la activa participación de la sociedad, para garantizar el derecho a un ambiente que sea una garantía para la sobrevivencia de la especie humana y demás seres vivos, asegurando así el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para el individuo y la colectividad. En tal sentido se establece una serie de regulaciones, acciones y medidas dirigidas a la conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales, la planificación ambiental, la defensa ambiental, la información e investigación, la educación ambiental y participación ciudadana, la calidad ambiental, el control ambiental, los incentivos y el fondo ambiental. Se establece la obligación del Estado de incorporar la dimensión ambiental dentro de los planes, programas, proyectos y procesos de
desarrollo económico, tecnológico, científico, educativo y social del país, asegurando la debida participación ciudadana en la toma de decisiones. Así mismo, se desarrolla en términos generales el mandato constitucional de la elaboración de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, como instrumento de control en la ejecución de actividades capaces de causar daños al ambiente o a cualquiera de sus elementos. Por otra parte, se promueve la implementación de tecnologías limpias, así como el establecimiento de estímulos financieros y fiscales. Esta Ley debe ser investida con el carácter de orgánica, en virtud del contenido de normas programáticas, las cuales imponen su acatamiento por otras leyes especiales que sean o hayan sido dictadas en la materia. Aun cuando este instrumento jurídico contiene principios y
disposiciones programáticas, sustantivas y adjetivas de aplicación preferente frente a otras leyes que rigen la materia, existen algunos aspectos que seguirán regulándose por otras normas, como es el caso de la materia penal, que se regirá por la Ley Penal del Ambiente, así como las normas técnicas que será regulada por instrumentos de rango sublegal. Desde el punto de vista metodológico, la Subcomisión de Preservación de la Diversidad Biológica y Equilibrios Ecológicos, integrada por los Diputados Julio García Jarpa, quien la preside, Pedro Bastidas y Ezequiel Vivas Terán, conformaron un equipo técnico de trabajo, a su vez coordinador, integrado por los asesores Abogada Leila Lugo, Ingeniero Guido Osorio y el Abogado y Biólogo Edgar Useche Barrios, quienes conjuntamente con representantes del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, se encargaron de desarrollar reuniones de trabajo, sobre la base de la propuesta formulada por la referida Subcomisión en referencia, donde se plantearon discusiones filosóficas y conceptuales en materia de conservación del ambiente y de los diferentes elementos que lo integran, con el propósito de dar la orientación pertinente a la ley en cuestión, para lo cual se acudió a la doctrina, el derecho comparado y a los diferentes avances tecnológicos, operando siempre la figura del consenso en las diferentes sesiones de trabajo. Culminado en esta primera fase el proceso explanado, se presenta la presente Exposición de Motivos la cual se eleva a la consideración de la Asamblea Nacional para su primera discusión. En cuanto a la estructura la Ley Orgánica propuesta está dividida en doce (12) Títulos, estos en Capítulos y algunos en Secciones. El contenido de cada Título se desprende claramente de su denominación, así: TÍTULO I DEL OBJETO DE LA LEY DISPOSICIONES GENERALES En el Título se presentan las disposiciones generales de la Ley, las cuales contemplan los principios y definiciones fundamentales en materia ambiental, así como la declaratoria de orden público, utilidad pública e interés general que regirán la conservación del ambiente como el gran principio filosófico y conceptual que regirá la actuación del Estado y de la ciudadanía, de manera colectiva e individual. De igual manera se precisa el alcance de los objetivos del presente instrumento legal. TÍTULO II ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL En el mismo se definen los organismos involucrados en las gestión ambiental; la Autoridad Nacional, Estadal y Municipal, así como la coordinación con otros organismos del Poder Público en aras de una gestión ambiental efectiva y eficaz. Además de las Autoridades Ambientales, se identifican los órganos de la Defensa Ambiental integrados por Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; se destaca la creación del Consejo Nacional del Ambiente como órgano de carácter permanente y de asesoría técnico-científica para la formulación de las políticas públicas y estrategias ambientales del Estado. TÍTULO III DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Se consagra el marco general de planificación ambiental del país, para lo cual se consideran los lineamientos inherentes al mismo y se resalta su vinculación con el Sistema Nacional de Planificación y a la necesidad de organizar, ejecutar y actualizar los instrumentos de planificación. En el mismo se establecen los lineamientos fundamentales para la planificación ambiental. Se incluyen los instrumentos pertinentes para la planificación ambiental y los mecanismos de elaboración, ejecución y revisión de los Planes, tanto del Plan Nacional como de los Planes Ambientales Regionales, Estadales y Municipales. TÍTULO IV DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se puntualiza el objeto del proceso de educación ambiental como instrumento para la creación de aptitudes y actitudes de los ciudadanos y ciudadanas en el logro de la convivencia humana con el ambiente, basado en los principios del desarrollo sustentable. A lo largo del articulado se explana se consagran los lineamientos que regulan la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal y no formal. A continuación se aborda la participación ciudadana como principio constitucional que hace efectivo el derecho de la sociedad a intervenir en la formulación, adopción, ejecución y control de las políticas, planes, proyectos u otras medidas destinadas a la conservación del ambiente; se destaca la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, además de las formas asociativas en la gestión ambiental. Luego se reconoce la necesidad de
implementar mecanismos para la descentralización y transferencia, a las comunidades y grupos vecinales organizados, de los servicios concernientes a la gestión ambiental que a ellos competa directamente como proceso innovador para la conservación del ambiente. TÍTULO V DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA El articulado de este título fija las directrices que orientan las políticas de conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica, la valoración económica de los mismos, el reconocimiento de la prestación de los servicios ambientales, fundamentales, que éstos ofrecen para el sostenimiento de los procesos ecológicos y para la propia vida de la población humana y del resto de los seres vivos. Se incorpora la obligatoriedad de regular el aprovechamiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales sobre la base de la elaboración y aplicación de planes de manejo enmarcados en el conocimiento disponible y en la información sobre el componente, recurso o ecosistema dentro de cualquier cuenca hidrográfica y otros espacios. TÍTULO VI CALIDAD AMBIENTAL Este título aborda las disposiciones que orientan las acciones orientadas al logro de la calidad ambiental que permita alcanzar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, promoviendo de tal manera la conservación de la diversidad biológica y demás elementos del ambiente y la calidad de vida de la población humana y del resto de los seres vivos. Se desarrolla lo atinente a la gestión de la calidad ambiental, en términos de la atmósfera, el agua y el suelo. Luego se desagregan, de manera enunciativa, las actividades capaces de degradar el ambiente y lo correspondiente al control previo ambiental, donde se precisa la evaluación de impactos ambientales como un proceso de advertencia temprana que opera mediante un análisis continuo, informado y objetivo que permite identificar las mejores opciones para llevar a cabo una acción sin daños intolerables. TÍTULO VII DE LA INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL En el título se aborda el derecho a la información sobre los recursos naturales, la diversidad biológica y las cuencas hidrográficas que tiene toda persona y que debe ser reconocido por el Estado; para ello se establece que debe promoverse el intercambio de información sobre los conocimientos relacionados con los diferentes elementos del ambiente, donde se destacan las nuevas tecnologías. Se crea el Sistema de Información Ambiental, adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, el cual deberá contener los datos físicos, naturales, económicos y sociales, entre otros; se establece la obligación por parte de las Autoridades Ambientales, en sus diversos niveles, de promover la difusión y divulgación de la información técnica, documental y educativa de carácter ambiental, facilitando el acceso a la misma y definiendo
estrategias permanente para su suministro. A los fines de la conservación ambiental, los medios de comunicación y difusión masivos deberán incorporar en la programación los temas ambientales, que propicien la información y el conocimiento en la población de las complejas interrelaciones y vínculos entre los procesos de desarrollo social y económico en armonía con la conservación del ambiente. TÍTULO VIII CONTROL AMBIENTAL Aborda las disposiciones que debe emprender el Estado, a través de las Autoridades Ambientales, para ejercer el control ambiental sobre los efectos de las actividades capaces de degradar el ambiente. Se consagra como derecho-deber de toda persona de participar activa y coordinadamente en las acciones de control ambiental; el control previo se basará en: la planificación ambiental, la ordenación del territorio, la normativa técnica ambiental y la evaluación de impacto ambiental, indicándose los instrumentos del control previo; se reconoce la afectación tolerable, siempre y cuando se realice conforme a los planes de ordenación del territorio, se generen beneficios socio-económicos y se cumplan las garantías, procedimientos y normas del caso. Luego se establecen los procedimientos administrativos autorizatorios. El control posterior se ejercerá a través de mecanismos de vigilancia, guardería, supervisión y de medidas y sanciones ambientales. TÍTULO IX INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FISCALES El título define los incentivos económicos y fiscales que el Estado establecerá a las personas naturales y jurídicas que efectúen inversiones para conservar el ambiente. Dichos incentivos estarán dirigidos a: estimular aquellas actividades que utilicen tecnologías limpias o mecanismos técnicos que reduzcan los parámetros permisibles, modifiquen beneficiosamente o anulen el aporte de contaminantes al ambiente; promover el empleo de nuevas tecnologías y prácticas conservacionistas y todas aquellas que así lo determinen las leyes especiales. TÍTULO X MEDIDAS Y SANCIONES AMBIENTALES Título que fija las medidas ambientales necesarias destinadas a prevenir, suspender, corregir, reparar, entre otras, las actividades ilícitas, sus efectos y los daños. En el mismo se establece como límite para las sanciones pecuniarias hasta diez mil (10.000) unidades tributarias, según la gravedad del caso; las penas privativas de libertad se remiten a las leyes especiales que rijan la materia. De igual manera, se categorizan las sanciones accesorias y las medidas preventivas. Posteriormente se establece el mecanismo para el ejercicio de la acción civil una vez agotada la posibilidad de la ejecución forzosa administrativa; por otra parte se establece que la prescripción de la infracción administrativa opera a los diez años, contados a partir del conocimiento del hecho por parte de la autoridad competente. Luego se condiciona la responsabilidad civil para toda aquella persona que ha realizado una actividad capaz de degradar el ambiente sin contar con el debido instrumento de control previo. TÍTULO XI FONDO AMBIENTAL El título tiene por finalidad la creación del Fondo Ambiental, como instancia con personalidad jurídica, patrimonio propio y distinto al Fisco Nacional, el cual estará adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y el mismo tiene por objeto el financiamiento de programas y proyectos destinados a la fiscalización y supervisión de las actividades capaces de degradar el ambiente, el cumplimiento de la normativa ambiental, así como la recuperación y restauración de los daños ambientales o como ejecución forzosa. TÍTULO XII DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PENAL AMBIENTAL Aborda la creación de la Jurisdicción Especial Penal Ambiental en el conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delito ambiental por la ley respectiva, su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica correspondiente y en el reglamento interno de los circuitos judiciales penales ambientales. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Se deroga la Ley Orgánica del Ambiente vigente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 31.004 del 16 de Junio 1976 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Se establece la vigencia de las actuales normas reglamentarias no contrarias a las disposiciones de esta Ley, hasta tanto sean sustituidas por los nuevos instrumentos que armonicen con las mismas y permita su materialización. Se fijan plazos para la creación del Consejo Nacional del Ambiente, para dictar y adecuar los planes previstos en esta Ley. Dispone que los responsables de las actividades capaces de degradar el ambiente, deberán adecuarse a las disposiciones previstas en la Ley conforme a los plazos que establezcan las normas especiales y las autoridades ambientales respectivas. Indica que el funcionamiento del Fondo Ambiental será para el ejercicio fiscal 2004. Finalmente, establece que las disposiciones legales y las reglamentaciones técnicas complementarias deberán dictarse en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la vigencia de la Ley. DISPOSICIÓN FINAL Consagra la entrada en vigencia de la Ley a partir de seis (6) meses de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta La siguiente, LEY ORGÁNICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y desarrollar los principios rectores para la conservación del ambiente en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la Sociedad, para lograr una mejor calidad de vida, contribuyendo al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado. Conservación del Ambiente Artículo 2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por conservación del ambiente al proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, sustituir, preservar, proteger, usar o aprovechar los recursos naturales, la diversidad biológica y demás elementos del ambiente, en garantía del desarrollo sustentable. Definiciones Artículo 3.A los efectos de la presente Ley, se entenderá por: Ambiente: Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio-cultural en constante interacción y en
permanente modificación por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado : Cuando los elementos que lo integran se encuentran en una relación de interdependencia armónica y dinámica que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de la especie humana y demás seres vivos. Aprovechamiento Sustentable: Proceso orientado a la utilización de la diversidad biológica, de los recursos naturales y demás elementos del ambiente de manera eficiente y socialmente útil, respetando la integridad funcional y la capacidad de carga de los mismos, en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la capacidad de regeneración. Auditoría Ambiental: Instrumento que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva realizada sobre la actividad sujeta a regulación, para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el instrumento de control, de conformidad con las disposiciones establecidas en esta Ley y demás normas ambientales. Calidad Ambiental: Características del ambiente, determinantes del nivel o grado de conservación de la pureza del aire, agua, suelo, las costas, el clima, la diversidad biológica, los recursos naturales, los procesos ecológicos, y demás elementos que permiten el desarrollo y bienestar individual y colectivo del hombre y demás seres vivos.
Calidad de Vida: Criterio de bienestar considerado integralmente, que le permite al ser humano satisfacer sus necesidades básicas en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Capacidad de Carga: Máximo valor posible que el ambiente puede aceptar o soportar de elementos o agentes internos o exógenos por un período o tiempo determinado, sin que se produzca daño, degradación o impida la recuperación natural en plazos y condiciones normales, o
reduzca significativamente sus funciones ecológicas. Compensación:Constituye una medida de reparación en especie, distinta a la indemnización o pago por daño, cuando no es posible aplicar la restitución, recuperación o restauración del daño ambiental, según cada circunstancia específica. Contaminación: Liberación o introducción al ambiente de materias, en cualesquiera de sus estados, o de energía que ocasionen modificación de la composición natural del mismo o la alteración o ruptura del equilibrio ecológico. Contaminante: Toda materia o energía o una combinación de estas, de origen natural o antrópico, que al liberarse o actuar sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composición natural o degrade su calidad.
Control Ambiental: Conjunto de acciones ejercidas por el Estado a través de sus órganos competentes sobre las actividades capaces de degradar el ambiente. Daño Ambiental: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a uno o más de sus elementos. Desarrollo Sustentable: Proceso de mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico-social, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación del ambiente, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras. Diagnóstico: Determinación, en un momento dado, del estado del ambiente, las especies, poblaciones, ecosistemas, de la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos que lo integran, sus restricciones y potencialidades de uso. Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, con sus factores o elementos no vivientes y energía, que interactúan como una unidad funcional. Educación Ambiental: Proceso continuo y permanente dirigido a la adquisición de valores, actitudes, capacidades y compromisos, a fin de desarrollar en los ciudadanos la conciencia y la motivación a participar en la conservación del ambiente. Estudio de Impacto Ambiental y Socio-cultural: Documentación técnica que sustenta la evaluación ambiental preventiva y que integra los elementos de juicio para tomar decisiones informadas con relación a las implicaciones ambientales de las acciones del desarrollo. Impacto Ambiental: Efecto, incidencia o modificación del ambiente o a uno o más de sus elementos, ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. Inventario: Análisis cualitativo y cuantitativo de la
diversidad biológica, de los recursos naturales y de los demás elementos del ambiente. Manejo: Conjunto de medidas y acciones técnico científicas destinadas a garantizar el adecuado aprovechamiento de la diversidad biológica, los recursos naturales y demás elementos del ambiente, así como aquellas orientadas a prevenir y minimizar efectos adversos por actividades capaces de degradar el ambiente. Medidas Ambientales: Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y actividades capaces de degradar el ambiente. Mejorar: Acciones tendentes a incrementar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, la disponibilidad de recursos naturales y de diversidad biológica y de los demás elementos del ambiente. Norma Técnica Ambiental: Especificación técnica, regla, método o parámetro científico o tecnológico que establece requisitos, condiciones, procedimientos y límites permisibles de aplicación repetitiva o continuada, que tiene por finalidad la conservación del ambiente, cuya observancia es obligatoria. Planificación Ambiental: Constituye un proceso dinámico que tiene por finalidad conciliar los requerimientos del desarrollo socio económico con la conservación del ambiente. Política Ambiental: Conjunto de principios y estrategias que orientan las decisiones del Estado, mediante instrumentos pertinentes, para alcanzar los fines de la conservación del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable. Preservación: Aplicación de medidas para mantener las
características actuales de la diversidad biológica y de los recursos naturales y demás elementos del ambiente. Recursos Naturales: elementos naturales que prestan servicios ambientales y son susceptibles de ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Reparación:Es el restablecimiento o la compensación o el
pago indemnizatorio de un daño ambiental, según cada caso.
Restablecer: Aplicación de un conjunto de acciones a objeto de restituir, recuperar o restaurar, desde el punto de vista técnico y científico, las características de los elementos del ambiente que han sido afectadas o degradadas, por la manifestación de un daño ambiental de origen antrópico o natural. Riesgo Ambiental: Probabilidad de ocurrencia de daños al ambiente, por efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier naturaleza. Servicios Ambientales: Son todos aquellos beneficios derivados del ambiente, en especial aquellos que brindan la diversidad biológica, los recursos naturales y demás elementos de la naturaleza, que inciden directamente en la protección y mejoramiento del ambiente y calidad de vida. Principios Artículo 4. La gestión para la conservación el ambiente, se regirá por los principios siguientes: 1. El derecho al ambiente: El disfrute de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado como derecho y garantía individual y colectivo. 2. Corresponsabilidad: El deber del Estado, la sociedad y las personas de conservar el ambiente. 3. Prevención: Medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión ambiental. 4. Precaución: La falta de certeza científica no podrá alegarse como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente. 5. Participación ciudadana: La intervención individual o colectiva como mecanismo activo para la conservación del ambiente. 6. Tutela efectiva: Toda persona tiene derecho a exigir acciones rápidas y efectivas ante la administración y los tribunales de justicia en defensa del ambiente. 7. Educación ambiental: La educación ambiental se orientará a fomentar la cultura ambiental de la población. 8. Valoración ambiental:La diversidad biológica, los recursos naturales y demás elementos del ambiente tienen un valor económico, como servicio ambiental y patrimonio de la nación. 9. Limitación a los derechos individuales: El derecho al ambiente prevalece sobre los derechos económicos y sociales, limitándolos en los términos establecidos en la Constitución y las leyes especiales.
10. De la responsabilidad en los costos ambientales: Todos los costos de reparación del daño ambiental, será por cuenta del responsable de la actividad o del infractor. 11. Evaluación ambiental: Todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un Estudio de Impacto Ambiental y socio cultural. 12. La no permisión de daños intolerables: El Estado no permitirá la ejecución de actividades que produzcan daños intolerables o irreversibles al ambiente. Utilidad pública e interés general Artículo 5. Se declara de utilidad pública y de interés general la conservación del ambiente. Orden público Artículo 6.Las normas previstas en esta Ley, en las leyes que la desarrollan y demás normas ambientales son de orden público. Política ambiental Artículo 7. La Política Ambiental deberá fundamentarse en los principios establecidos en la presente Ley y conforme a los compromisos internacionales contraídos válidamente por la República.
Objetivos Artículo 8. Son objetivos de le gestión ambiental: 1. Formular e implementar la política ambiental y establecer los instrumentos y mecanismos para su aplicación. 2. Coordinar el ejercicio de las competencias de los órganos del Poder Público a los fines previstos en esta Ley. 3. Cumplir las directrices y lineamientos de la Planificación Ambiental. 4. Fijar las bases del régimen regulatorio para la ordenación del territorio. 5. Fomentar y estimular la educación ambiental y la participación de la sociedad. 6. Prevenir, regular y controlar las actividades capaces de degradar el ambiente. 7. Asegurar la conservación del ambiente, reconociendo su valor real, que incluye los servicios ambientales que éstos brindan. 8. Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la investigación y la generación de información básica. 9. Establecer los mecanismos e implementar los instrumentos para el control ambiental. 10. Promover la adopción de estímulos e incentivos económicos y fiscales, en función de tecnologías limpias y reducción de parámetros de contaminación. 11. Cualesquiera otros que tiendan al desarrollo y el cumplimiento de la presente Ley. Incorporación de la dimensión ambiental. Artículo 9. Corresponde al Estado, por órgano de las autoridades competentes, garantizar la incorporación de la dimensión ambiental en sus políticas, planes, programas y proyectos, para alcanzar el desarrollo sustentable. TÍTULO II ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Capítulo I Disposiciones Generales Suprema Dirección de la Política Nacional Ambiental. Artículo 10. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, ejerce la suprema dirección de la política nacional ambiental.
Desarrollo de las normas ambientales Artículo 11. El Ejecutivo Nacional, a través de la Autoridad Nacional Ambiental, desarrollará las normas técnicas ambientales atendiendo a los objetivos previstos en la presente Ley y las que la desarrollen. Responsabilidad de los Órganos del Poder Público Artículo 12.Los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, son responsables de la aplicación y consecución de los objetivos de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias. Atribuciones de las Autoridades Ambientales Artículo 13. Las Autoridades Ambientales Nacional, Estadales y Municipales, ejercerán las atribuciones constitucionales y legales en materia ambiental, cada una dentro del ámbito de sus competencias, de manera coordinada, armónica y con sujeción a la directrices de la política nacional ambiental, a fin de garantizar el tratamiento integral del ambiente a que se refiere esta Ley. Complementariedad de las normas ambientales Artículo 14.Los Estados y Municipios podrán desarrollar normas ambientales estadales o locales, según sea el caso, con base en las
disposiciones establecidas en la presente Ley, y atendiendo a los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. Capítulo II De las Autoridades Ambientales Autoridad Nacional Ambiental Artículo 15. La Autoridad Nacional Ambiental, será ejercida por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales como órgano rector, encargado de formular, planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades estratégicas para la conservación del ambiente. Apoyo a la Desconcentración y Descentralización en Materia Ambiental Artículo 16. La Autoridad Nacional Ambiental apoyará los procesos de desconcentración y descentralización en materia ambiental hacia los estados y municipios, bajo principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en función de las necesidades y aptitudes regionales de conformidad con la presente Ley y las que la desarrollen. Autoridad Estadal Ambiental Artículo 17.La Autoridad Estadal en materia ambiental será ejercida por los Gobernadores de cada Estado, conforme con los principios establecidas en esta Ley, en las leyes especiales y con fundamento en los lineamientos de política dictados por el Ejecutivo Nacional. Autoridad Municipal Ambiental Artículo 18. La Autoridad Municipal en materia ambiental será ejercida por el Alcalde del Municipio respectivo, conforme con las
competencias establecidas en la Constitución, en la presente Ley y en las leyes especiales. Instancias Regionales, Estadales y Locales de Coordinación Artículo 19. A los fines de coadyuvar con la gestión de las Autoridades Ambientales, se podrán establecer instancias regionales, estadales y locales de coordinación interinstitucional Capítulo III De la Defensa Ambiental Órganos de Defensa Ambiental Artículo 20. A los fines de la presente Ley, además de las autoridades ambientales, intervienen en la defensa del ambiente, la
Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y demás organismos nacionales, estadales y municipales con competencias en la materia. Atribuciones de la Procuraduría General de la República
Artículo 21.Corresponde a la Procuraduría General de la República: 1. Defender y representar judicial y extrajudicialmente los derechos, bienes e intereses ambientales de la República. 2. Demandar la nulidad de los actos del Poder Público contrarios a los principios y disposiciones establecidas en la presente Ley, las leyes especiales y normas reglamentarias dictadas en materia ambiental. 3. Defender los actos administrativos dictados conforme a los principios contenidos en esta Ley, en las leyes especiales y normas
reglamentarias ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. 4. Actuar en cualesquiera otras materias conforme a la Constitución y las leyes que rijan su funcionamiento, en defensa del ambiente. Atribuciones del Ministerio Público Artículo 22. Corresponde al Ministerio Público: 1. Ejercer las acciones penales y civiles derivadas de los delitos ambientales. 2. Coordinar sus actuaciones con las autoridades ambientales respectivas, para la efectiva tutela del derecho al ambiente y la ejecución de las sanciones y medidas correspondientes. 3. Actuar en cualesquiera otras materias conforme a la Constitución y las leyes que rijan su funcionamiento, en defensa del ambiente. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo Artículo 23. Corresponde a la Defensoría del Pueblo: 1. La promoción, defensa y vigilancia de los derechos y
garantías ambientales en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, esta Ley en las leyes especiales. 2. Actuar en defensa de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y las ciudadanas al derecho al ambiente. 3. Interponer las acciones, amparos y demás recursos necesarios en defensa del ambiente. 4. Actuar en cualesquiera otras materias conforme a la Constitución y las leyes que rijan su funcionamiento, en defensa del ambiente. Otros Organismos Artículo 24. Los demás organismos nacionales, estadales o municipales con competencia en defensa del ambiente, actuarán conforme a las normas que rijan su funcionamiento, fundamentadas en esta Ley y las que la desarrollen. Capítulo IV Consejo Nacional del Ambiente De la creación Artículo 25. El Presidente de la República mediante Decreto, en Consejo de Ministros, creará el Consejo Nacional del Ambiente, el cual será presidido por la Autoridad Ambiental Nacional y tendrá carácter permanente, como órgano asesor técnico-científico y de consulta, que orientará la formulación de las políticas públicas y estrategias ambientales del Estado, propiciando la coordinación interinstitucional a los fines de esta Ley. Alcance del Decreto de creación Artículo 26. El Decreto de creación determinará la integración, organización y funcionamiento del Consejo Nacional del Ambiente. TÍTULO III DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL CAPÍTULO I DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Finalidad Artículo 27. La planificación ambiental constituye un proceso que tiene por finalidad conciliar el desarrollo económico y social con la conservación del ambiente, en pro del desarrollo sustentable. Lineamientos para la planificación ambiental Artículo 28. Los lineamientos para la planificación ambiental son: 1. La ordenación del territorio, a fin de asegurar la armonización de los aspectos económicos, socioculturales y ambientales, con los usos asignados del territorio. 2. La protección de los recursos naturales y la diversidad biológica, como garantía de la conservación del ambiente. 3. La conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica como un recurso indispensable para el desarrollo, asegurando el mantenimiento de los procesos ecológicos y los servicios ambientales. 4. La elaboración y la aplicación de las normas técnicas como base para el desarrollo de los postulados del desarrollo sustentable, a fin de garantizar su cumplimiento. 5. La investigación como la base fundamental del proceso de planificación orientada a determinar el conocimiento de las potencialidades, servicios ambientales, valoración económica y las limitaciones de los recursos naturales y la diversidad biológica; así como el desarrollo de tecnologías compatibles con el ambiente. 6. La transferencia y la adecuación de tecnologías limpias debe permitir que se armonicen las tecnologías con los requerimientos y exigencias del desarrollo sustentable. 7. La información para el conocimiento público y la toma de decisiones fundamentadas para la gestión ambiental. 8. La educación ambiental orientada a la concienciación ambiental de la población y asunción de compromisos de conservación ambiental. 9. La participación ciudadana como proceso que abarca todos los niveles de la planificación ambiental y todas sus fases, desde la elaboración hasta la aprobación y ejecución de los planes, así como en las
actuaciones dinámicas y continuas en la gestión ambiental. 10. La coordinación en la planificación y el control ambiental como mecanismo institucional en garantía de resultados eficaces. 11. La evaluación ambiental como garantía de prevención y minimización de impactos al ambiente. Suprema Autoridad Artículo 29. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros ejerce la suprema autoridad de la planificación ambiental. Dimensión Ambiental Artículo 30. La planificación ambiental forma parte del proceso del desarrollo integral y sustentable del país. El Ministerio de Planificación y Desarrollo como órgano rector de la planificación nacional, deberá garantizar la inclusión de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos de desarrollo de la Nación. Elaboración o adecuación de los planes Artículo 31. Todos los planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social, sean de carácter nacional, regional, estadal o municipal, deberán elaborarse o adecuarse, según proceda, en concordancia con las disposiciones contenidas en esta Ley y con las
políticas, lineamientos, estrategias, planes y programas ambientales, establecidas por las autoridades competentes. Programación y ejecución de actividades Artículo 32. Las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, deberán programar y ejecutar sus actividades de acuerdo a los planes establecidos, las disposiciones contenidas en esta Ley y los demás instrumentos legales aplicables. CAPÍTULO II DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Sistema integrado de planes Artículo 33. La planificación ambiental estará circunscrita a un sistema integrado y jerarquizado de planes, cuyo instrumento fundamental lo constituye el Plan Nacional del Ambiente, del cual se desarrollarán, con sus particularidades, los planes ambientales y de ordenación del territorio a escala nacional, regional, estadal y local, así como los sectoriales y especiales. Desarrollo de los planes Artículo 34. Los planes de ordenación del territorio serán desarrollados con base en la ley respectiva. Alcance de los planes Artículo 35. Los planes ambientales deben definir las políticas, objetivos, lineamientos, estrategias, metas y programas que orienten la gestión ambiental y prever la viabilidad social, política, económica, financiera y técnica, a los fines de lograr su imagen objetivo. Características de los planes Artículo 36. Los planes ambientales deben ser instrumentos flexibles, dinámicos, prospectivos y transversales, que definan y orienten la gestión del Estado y de los particulares, y permitan prever y
enfrentar situaciones que directa o indirectamente afectan el ambiente. De los otros instrumentos para planificación ambiental
Artículo 37. Los sistemas de información geográfica, los sistemas de información ambiental, las evaluaciones ambientales y otros instrumentos que contribuyan a la planificación, constituyen también instrumentos para la planificación ambiental. CAPÍTULO III DE LOS MECANISMOS DE ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE LOS PLANES Del Plan Nacional Artículo 38. El Plan Nacional del Ambiente es un instrumento a largo plazo que sirve de referencia a los planes de desarrollo de mediano y corto plazo del país, en concordancia con la política ambiental y contendrá las directrices en las materias siguientes: 1.La detección de los problemas ambientales del país y sus posibles soluciones, con indicación de las áreas prioritarias de atención, zonas sensibles y de riesgo. 2. Los mecanismos y acciones para la consecución de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, en aras de una mejor calidad de vida. 3. La identificación de los espacios naturales sujetos a un régimen especial de conservación y manejo. 4. La valoración de los recursos naturales, de la diversidad biológica y demás elementos del ambiente. 5. La ordenación del territorio, en función de las potencialidades y limitaciones. 6. El establecimiento de criterios prospectivos y principios que orienten en materia ambiental los procesos de urbanización, industrialización, desconcentración económica y poblamiento. 7. La conservación y manejo de los recursos naturales y de la diversidad biológica. 8. Los programas de investigación en materia ambiental.
9. Los objetivos y medidas de instrumentación del Plan.
10. La Educación Ambiental y Participación Ciudadana.
Elaboración de los planes Artículo 39. La elaboración de los planes ambientales en sus diferentes expresiones espaciales territoriales, sectoriales y especiales se realizará mediante un proceso de coordinación interinstitucional,
multidisciplinaria y permanente, que incluirá los medios de consulta y participación ciudadana previstos en la ley. Comisión Artículo 40. El Plan Nacional del Ambiente será elaborado por una Comisión creada por el Ejecutivo Nacional, la cual estará presidida por la Autoridad Nacional Ambiental y en ella estarán representados los organismos públicos y privados, nacionales, regionales, estadales y municipales; así como de la sociedad civil. Coordinación Artículo 41. Corresponde a la Autoridad Nacional Ambiental la coordinación intergubernamental e interinstitucional para la elaboración, revisión y actualización del Plan Nacional del Ambiente. Aprobación Artículo 42. El Plan Nacional del Ambiente será aprobado por el Presidente o Presidenta de la República, mediante Decreto en Consejo de Ministros, previa opinión del Consejo Nacional del Ambiente. De los Planes Ambientales Regionales, Estadales y Municipales Artículo 43. Para la formulación de los respectivos planes ambientales en cada región, estado, distrito metropolitano y municipio, se creará una comisión, presidida por la Autoridad Ambiental respectiva, en la cual estarán representados los organismos públicos y privados
regionales, estadales y municipales, según corresponda, que integren los diferentes sectores interesados. Competencia de las comisiones Artículo 44. Es competencia de las comisiones ambientales regionales, estadales y municipales la elaboración, revisión y actualización de los planes ambientales de sus ámbitos territoriales de acuerdo a las directrices establecidas en el Plan Nacional del Ambiente. Publicidad y obligatoriedad Artículo 45. Los planes ambientales serán de obligatorio cumplimiento y estarán sujetos a revisión y actualización periódica. Los planes y sus modificaciones entrarán en vigencia una vez sean publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al nivel político territorial respectivo. Armonización con los planes de desarrollo Artículo 46. Los planes de desarrollo del país deberán armonizarse con el Plan Nacional del Ambiente y los otros planes ambientales. TÍTULO IV DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Objeto Artículo 47. La educación ambiental tiene por objeto desarrollar en los ciudadanos y ciudadanas aptitudes y compromisos de convivencia humana con el ambiente basado en los principios del desarrollo sustentable. De la promoción de la educación ambiental Artículo 48. El Estado con la participación de la sociedad promoverá el proceso de la educación ambiental. De la obligatoriedad de la educación ambiental Artículo 49. La educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El Estado estimulará también la educación ambiental no formal. Sistema educativo formal Artículo 50. Los contenidos y las actividades ambientales constituyen un eje transversal de la enseñanza y práctica del sistema educativo formal. El diseño de los planes curriculares, la elaboración y actualización de los programas de docencia, investigación y extensión en la educación superior, deberán incluir la dimensión ambiental para la construcción de perfiles profesionales que den respuesta al desafío del
desarrollo sustentable. Sistema educativo no formal Artículo 51. La educación ambiental debe estar integrada en los procesos de planificación, formulación de políticas y decisiones a nivel nacional, regional y local. Generación de procesos de educación ambiental Artículo 52. Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, responsables en la formulación y ejecución de proyectos que impliquen la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica, deben generar procesos permanentes de educación ambiental que permitan unir esfuerzos entre los sectores públicos, privados y las
comunidades involucradas en la conservación ambiental. Promoción de recursos y creación de mecanismos Artículo 53. Las instituciones públicas y privadas promoverán la formación en el área ambiental de sus recursos humanos y crearán mecanismos de participación ciudadana para la ejecución de aquellos programas y proyectos en favor del desarrollo sustentable. Consideración de aportes Artículo 54. En el proceso de enseñanza de la educación ambiental, se tomarán en consideración los aportes de los pueblos y comunidades indígenas y locales en los conocimientos tradicionales, técnicas e
innovaciones asociados con el uso de los componentes de la diversidad biológica, los recursos naturales y su forma de vida armónica con el ambiente. CAPÍTULO II DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Derecho y deber a participar Artículo 55. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión ambiental. Mecanismos de participación Artículo 56.El Estado conjuntamente con la población establecerá los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio legítimo del derecho a la participación en la formulación, adopción, ejecución y control de las políticas, planes, proyectos y otras medidas dirigidas a la conservación del ambiente, en cualquiera de sus manifestaciones, expresiones o áreas de estudios. Participación de los pueblos indígenas y comunidades locales Artículo 57.Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen el derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptible de afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras que ocupan o utilizan colectivamente. Formas asociativas en la gestión ambiental Artículo 58.Los grupos, organizaciones no gubernamentales y otras formas asociativas, podrán desarrollar procesos de autogestión o cogestión enmarcados en una gestión ambiental compartida y comprometida con la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable.
Derecho y deber de denunciar agresiones al ambiente Artículo 59. Toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar por ante las instancias competentes, cualquier hecho que atente contra la conservación del ambiente. Descentralización hacia las comunidades Artículo 60. Las Autoridades Ambientales Nacional, Estadales y Municipales deberán implementar los mecanismos para la descentralización y transferencia de los servicios concernientes a la gestión ambiental que a ellos competa directamente, a las comunidades y grupos
vecinales organizados, previa demostración de su capacidad para asumirlos, conforme al principio de la corresponsabilidad y para desarrollar
procesos autogestionarios y cogestionarios de conservación ambiental. De los grupos principales Artículo 61. Para el logro de una gestión ambiental compartida, es prioritario el aporte de la mujer, los niños y jóvenes, los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades locales, los trabajadores y sindicatos, la empresa, el comercio y la industria, la comunidad científica y tecnológica, los agricultores y campesinos, entre otros. TITULO V DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 62. Las disposiciones del presente título tienen por objeto establecer los lineamientos para la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica, como elementos indispensables para el desarrollo sustentable del país. De las cuencas hidrográficas Artículo 63. A los fines de asegurar el manejo integral de los recursos naturales y de la diversidad biológica, se considerará, entre otras, a las cuencas hidrográficas dentro de los lineamientos de la
ordenación territorial. Valoración económica de los recursos Artículo 64. La Autoridad Nacional Ambiental, en el marco del desarrollo sustentable, establecerá los lineamientos para la valoración económica de los recursos naturales, de la diversidad biológica, sus componentes y demás elementos del ambiente, a objeto de su incorporación como valores monetarios en las cuentas nacionales y en la contabilidad general del país. Servicios ambientales Artículo 65. Los recursos naturales y la diversidad biológica, además de tener valores económicos patrimoniales para el país, prestan servicios ambientales fundamentales para el sostenimiento del sustrato natural, de los procesos ecológicos y para la vida, siendo su conservación corresponsabilidad del Estado y de la población. Leyes especiales Artículo 66. Las leyes especiales establecerán las normas para la conservación de los recursos naturales, de la diversidad biológica y de las cuencas hidrográficas. CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES Protección Artículo 67. La Autoridad Nacional Ambiental, ante la presunción o inminencia de posibles impactos negativos al ambiente y con fundamento en razones técnicas debidamente justificadas que ameriten la preeminencia del interés colectivo sobre el interés particular, podrá prohibir o, según el caso, restringir total o parcialmente actividades en ejecución que involucren recursos naturales, diversidad biológica, áreas de una cuenca hidrográfica o de un ecosistema, sin que ello implique el nacimiento de derechos de indemnización. La falta de prueba científica Artículo 68. Cuando exista riesgo de daños graves e irreversibles a los recursos naturales y la diversidad biológica, la falta de prueba científica no será razón para postergar la adopción de medidas ambientales eficaces, a los fines de impedir la actividad y el posible daño. Medidas prioritarias de protección Artículo 69. A los fines de la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica, serán objeto de medidas prioritarias de protección: 1. Los ecosistemas frágiles, los de alta diversidad genética y ecológica, y los que constituyan áreas de paisajes naturales de singular belleza o ecosistemas prístinos, poco intervenidos y lugares con presencia de especies endémicas. 2. Las especies o poblaciones de animales y plantas particularmente vulnerables, endémicas o que se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. 1. Las especies raras o poblaciones de singular valor
ecológico, científico, estratégico o económico, de utilidad actual o potencial. 4. Las especies animales de la fauna con potencial para la zoocría y aquellas especies de plantas y animales que puedan ser utilizadas para el mejoramiento genético. 1. Las poblaciones animales de importancia económica que
se encuentren sometidas a presiones de caza o pesca excesivas, o sobre-explotación para fines comerciales, o a procesos de pérdida y fraccionamiento de sus hábitats. 6. Los ecosistemas que presten servicios ambientales, susceptibles de ser degradados o destruidos por las intervenciones humanas.
1. Las áreas naturales que tengan un interés especial para su conservación. 8. Los suelos, en especial los de alta calidad agroecológica. 9.Los bancos de germoplasma, de genes y centros de tenencia y manejo de vida silvestre. 10.Cualesquiera otros ecosistemas, recursos y espacios que ameriten protección Planes de manejo Artículo 70. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica en las diferentes cuencas hidrográficas, ecosistemas u otros espacios, estará sujeto a la formulación e implementación de los respectivos planes de manejo. En los correspondientes instrumentos de control se fijarán las condiciones y limitaciones a las que queda sometida la actividad.
Recuperación de los recursos naturales y de la diversidad biológica Artículo 71. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica debe garantizar una afectación tolerable y la recuperación de los mismos. Capacidad de recuperación Artículo 72. El aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica no podrá exceder su capacidad de regeneración o recuperación, ni causar daños irreversibles a las cuencas hidrográficas, ecosistemas u otros espacios, a los cuales pertenecen.
Quedan exceptuados aquellos casos de especies exóticas que sean declaradas perjudiciales, las cuales estarán sujetas a programas de control de erradicación. Conocimiento e Información Artículo 73. Todo aprovechamiento deberá promoverse en función del conocimiento disponible y del manejo de información sobre el componente, recurso o ecosistema dentro de cualquier cuenca hidrográfica y otros espacios. Libre aprovechamiento Artículo 74. El Ejecutivo Nacional podrá decretar el libre aprovechamiento de determinados recursos naturales y de los componentes de la diversidad biológica por razones de subsistencia, catástrofe natural o situaciones similares que pongan en peligro a la población. Adopción de medidas Artículo 75.La Autoridad Nacional Ambiental, en coordinación con los órganos competentes, adoptará las medidas necesarias para mejorar, recuperar y restaurar los recursos naturales, la diversidad biológica, los ecosistemas y las cuencas hidrográficas, sometiéndolos a planes de manejo y programas especiales que garanticen su conservación y la
calidad ambiental. TÍTULO VI CALIDAD AMBIENTAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Orientación de acciones Artículo 76. El Estado deberá orientar sus acciones a lograr una calidad ambiental que permita alcanzar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, promoviendo la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y demás elementos del ambiente y la calidad de vida, en los términos establecidos en esta Ley. Alcance de la gestión Artículo77. A los efectos de esta Ley la gestión de calidad ambiental comprende: 1. La corrección o prohibición de las actividades capaces de degradar el ambiente. 2. El control, reducción o eliminación de factores, procesos o elementos del ambiente que sean o puedan ocasionar perjuicios a los seres vivos. 3. La generación de la información de la calidad del agua, aire y suelo. 4. La evaluación ambiental e implementación de los instrumentos de control. 5.El establecimiento y actualización de normas técnicas ambientales 1. La formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y acciones para la conservación de los recursos naturales, de la diversidad biológica y demás elementos del ambiente. 7. El fomento de tecnologías ambientalmente seguras y aplicación de prácticas sustentables de producción y consumo. CAPÍTULO II DEL AGUA, ATMÓSFERA Y SUELO Prioridad Artículo 78. El Estado dará prioridad a la conservación del agua, atmósfera y suelo, como elementos básicos para la vida sobre el planeta. Desarrollo de programas Artículo 79. El Estado debe desarrollar programas de medición y control de la calidad ambiental del agua, atmósfera y suelo. Sección Primera: De la calidad del agua Recurso único Artículo 80.El agua es un recurso único, vulnerable, de uso múltiple y esencial para la vida, las actividades humanas y el ambiente, que debe conservarse. Gestión integral del agua Artículo 81. La gestión integral del agua está orientada a asegurar su conservación, garantizando sus condiciones de calidad y cantidad. Ciclo hidrológico Artículo 82. Para asegurar un adecuado desarrollo del ciclo hidrológico y de los elementos que intervienen en él, se prestará especial atención a los suelos, áreas boscosas, formaciones geológicas y capacidad de recarga de los acuíferos. Conservación de la calidad Artículo 83. Para la conservación de la calidad del agua se considerarán los siguientes aspectos: 1. La clasificación de las aguas atendiendo a las características requeridas para los diferentes usos a que deba destinarse. 2. Las actividades capaces de degradar las fuentes de
aguas naturales, los recorridos de éstas y su represamiento.
3. La reutilización de las aguas residuales. Sección Segunda: De la calidad de la atmósfera Elemento de la atmósfera Artículo 84. El aire como elemento natural de la atmósfera constituye un valor fundamental que debe conservarse. Conservación de la atmósfera Artículo85. La gestión para la conservación de la atmósfera por parte de las autoridades ambientales, estará dirigida a: a. Asegurar que las emisiones a la atmósfera no sobrepasen los niveles permisibles establecidos en las normas técnicas. b.Reducir y controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera producidas por la operación de fuentes artificiales y naturales, fijas y móviles, de manera que se asegure la calidad del aire y el bienestar de la población y demás seres vivos, atendiendo a los parámetros establecidos en las normas que la regulan y en cumplimiento de los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República. c.Establecer en las normas técnicas ambientales los niveles permisibles de concentración de sustancias aisladas o en combinación y de partículas capaces de causar molestias, perjuicios o deterioro en el ambiente y en la salud humana, animal y vegetal. d.Establecer prohibiciones, restricciones y requerimientos relativos a los procesos tecnológicos y la importación de tecnologías, en lo que se refiere a la emisión de gases y partículas, entre otros, los que afectan la capa de ozono o inducen al cambio climático. e. Dictar las normas técnicas ambientales para el establecimiento, operación y mantenimiento de sistemas de monitoreo de calidad del aire y de las fuentes contaminantes. f. Llevar un inventario y registro actualizado de las fuentes artificiales y naturales, fijas y móviles de contaminación y la evaluación de sus emisiones. Sección III De la calidad del suelo Conservación del suelo Artículo 86. La gestión para la conservación del suelo debe realizarse atendiendo a los lineamientos siguientes: 1. La clasificación de los suelos en función de sus capacidades agroecológica. 2. El uso y aprovechamiento del suelo debe realizarse en función a su vocación natural, la disponibilidad y acceso a las tecnologías ambientalmente seguras, a fin de evitar su degradación.
3. La adopción de medidas tendientes a evitar y corregir las acciones que generen erosión, salinización, desertificación y otras formas de degradación o modificación de las características topográficas y geomorfológicas. 4. La restauración y recuperación del suelo que haya sido afectado por la ejecución de actividades. Sistema nacional de control ambiental Artículo 130. Se crea el Sistema Nacional de Control Ambiental, del cual deberán formar parte las autoridades ambientales, los entes públicos y privados y la población, estando su rectoría a cargo de la Autoridad Nacional Ambiental, a fin de implementar y coordinar lo previsto en los artículos 15 de esta Ley. Constancia ambiental Artículo 131. Las personas que ejecuten actividades capaces de degradar el ambiente, podrán solicitar por ante las autoridades ambientales, según corresponda, constancias de cumplimiento o de desempeño ambiental, mediante las cuales se verifique el cumplimiento de la normativa ambiental en general y de las condiciones impuestas en los instrumentos de control previo. Liberación de garantías ambientales Artículo132. Las garantías ambientales no quedarán liberadas hasta tanto se verifique el cabal cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales, con el otorgamiento de la constancia ambiental. En las pólizas y documentos de garantías respectivos se establecerá como condición esta exigencia. Autogestión ambiental del particular Artículo 133. Todos los responsables de actividades capaces de degradar el ambiente, deberán ejercer la autogestión ambiental de acuerdo al tipo de actividad y efectos contaminantes derivados de la misma, basada en la normativa ambiental y en los instrumentos de control previo. Cumplimiento de la autogestión Artículo 134. La autogestión ambiental se cumplirá mediante: 1. Supervisores ambientales acreditados ante la Autoridad Ambiental Nacional; 2. Auditorías ambientales periódicas; 3. Equipos adecuados; 4. Personal capacitado; 5. Mecanismos de prevención y contingencias; 6. Cualesquiera otras por iniciativa propia o de acuerdo a la normativa ambiental. Supervisor ambiental Artículo 135. El supervisor ambiental del responsable de la actividad capaz de degradar el ambiente, deberá verificar el cumplimiento del Plan de Supervisión Ambiental exigido conforme al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, los instrumentos de control previo y demás medidas ambientales. TÍTULO IX INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FISCALES Establecimiento de los incentivos Artículo 136. El Estado establecerá los incentivos económicos y fiscales que se otorgarán a las personas naturales y jurídicas que efectúen inversiones para conservar el ambiente en los términos establecidos en la presente Ley, en las leyes que la desarrollen y en las normas técnicas ambientales, a fin de garantizar el desarrollo sustentable. Fines de los incentivos Artículo 137. Los incentivos económicos y fiscales estarán dirigidos a: 1. Estimular aquellas actividades que utilicen tecnologías limpias o mecanismos técnicos que redúzcanlos parámetros permisibles, modifiquen beneficiosamente o anulen el aporte de contaminantes al ambiente. 2. Promover el empleo de nuevas tecnologías y prácticas conservacionistas. 3. Todas aquellame vos que determinen las leyes especiales. Identificación Artículo 138. Los incentivos económicos y fiscales a que se refiere este Título son: 1.Sistema crediticio financiado por el Estado o los entes multilaterales y administrados por el sistema bancario. 2. Exoneraciones del pago de Impuestos, tasas y contribuciones. 3. Cualquier otro incentivo económico y fiscal legalmente establecido. Otorgamiento de exoneraciones Artículo 139. El Presidente o Presidenta de la República mediante Decreto, oída la opinión favorable de la Autoridad Nacional Ambiental, podrá otorgar las exoneraciones a que se refiere el artículo anterior.
Incentivos estadales y municipales Artículo 140. Las Autoridades Estadales y Municipales, dentro del ámbito de sus competencias, podrán establecer incentivos fiscales y económicos en función de lo establecido en el presente Título. TÍTULO X MEDIDAS Y SANCIONES AMBIENTALES Multas y penas Artículo 141. Las infracciones administrativas y los delitos previstos en las leyes ambientales, serán sancionados con multas y con penas privativas de la libertad en los términos que en éstas se establezcan. Medidas Artículo 142. La aplicación de las multas y penas a que se refiere el artículo anterior, no obsta para que se adopten e impongan las medidas necesarias para prevenir, suspender, corregir, reparar, entre otras, las actividades ilícitas, sus efectos y los daños. Graduación de medidas reparatorias Artículo 143. Las sanciones que se apliquen incluirán la imposición de las medidas que garanticen el restablecimiento del ambiente a su estado natural si este resultare alterado. En caso de no ser posible el restablecimiento previsto en este artículo, deberán adoptarse otras medidas que garanticen la recuperación del daño al ambiente, en especie y en el mismo lugar de la afectación o en su defecto mediante
reparación, compensación o pago de una cantidad sustitutiva por el doble del valor del daño causado. A los efectos de esta Ley se entiende por medida de restablecimiento al estado natural, aquella destinada a restituir el ambiente afectado a las mismas condiciones existentes antes de haberse causado el daño. Responsabilidad administrativa Artículo 144.La responsabilidad administrativa, a los efectos de esta Ley, es objetiva y para demostrarla basta la comprobación del ilícito ambiental y la relación de causalidad entre el sujeto imputado y el hecho investigado, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. De los delitos Artículo 145. Las personas naturales o jurídicas responsables de los delitos ambientales serán sancionados por los órganos
jurisdiccionales competentes conforme a las leyes especiales que rijan la materia. De las infracciones Artículo 146. La Autoridad Ambiental Nacional, Estadal o
Municipal aplicará, según corresponda, las sanciones administrativas y medidas que en materia ambiental prevé esta Ley y demás leyes especiales, previo procedimiento legal respectivo. Multa Artículo 147. Los responsables de las infracciones, serán sancionados, de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado al ambiente, con multas de hasta diez mil (10.000) unidades tributarias. En la aplicación de las multas se tomarán en cuenta las circunstancias del caso. Valoración del daño provocado Artículo 148. Para la imposición de las multas y medidas
correspondientes, la autoridad ambiental competente deberá realizar una valoración que comprenda los aspectos técnicos, económicos y jurídicos del daño provocado. Sanciones accesorias Artículo 149. La autoridad ambiental competente aplicará, según las circunstancias y el tipo de infracción, las sanciones
accesorias siguientes: 1. El comiso de los recursos naturales o sus productos
obtenidos ilegalmente y los agentes contaminados y contaminantes.
2. Comiso de equipos, instrumentos, armas, materiales y cualesquiera otros medios distintos a los indicados en el numeral 3, utilizados para la comisión del ilícito ambiental. 3.Retención de vehículos y medios de transporte utilizados para la comisión del ilícito ambiental, hasta tanto se pague la multa, se repare el daño o se garantice la reparación efectiva del mismo. 4. Inhabilitación hasta por un período de cinco (5) años para obtener los instrumentos de control previo ambiental, mencionados en esta ley, leyes especiales y la normativa ambiental. 5. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos que con su actividad degraden el ambiente, directa o indirectamente. 6.Prohibición temporal o definitiva de las actividades degradantes. 7. Modificación, demolición de construcciones violatorias de esta ley, leyes especiales o de la normativa ambiental. 8. Destrucción de agentes contaminados o contaminantes.
9. Suspensión o revocatoria del instrumento de control previo otorgado al responsable del daño ambiental. 10. Cualesquiera otras tendientes a evitar la continuación del daño ambiental y asegurar la reparación del mismo. Medidas preventivas Artículo 150.El organismo competente para decidir acerca de las infracciones previstas en esta Ley y Leyes especiales, podrá adoptar desde el inicio y en el curso del procedimiento correspondiente, las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga, las cuales podrán consistir en: 1. Ocupación temporal; total o parcial de las fuentes contaminantes, hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante. 2. La retención de los recursos naturales, sus productos, los agentes contaminados o contaminantes. 3. La retención de maquinarias, equipos, instrumentos y medios de transporte utilizados. 4. Clausura temporal del establecimiento que con su actividad degrade el ambiente. 5. Prohibición temporal de las actividades degradantes del ambiente. 6. Cualquier otra medida necesaria para proteger y prevenir los daños al ambiente. Imputación de los costos y gastos Artículo 151. Los costos y gastos justificados en que incurra la administración por el procedimiento administrativo, serán imputados a los responsables de la infracción, lo cual se determinará en el acto administrativo sancionatorio. De la información falsa Artículo 152. Las personas naturales o jurídicas responsables de la elaboración de Estudios de Impacto de Ambiental y Socio-Cultural o cualquier otra documentación para la obtención de cualquier instrumento de control previo; que suministre información falsa será castigado con prisión de dos a cuatro años y, además, si con base en esa información falsa se realizó una actividad que produjo daños ambientales, será condenado adicionalmente con la reparación del mismo, sin menoscabo de las otras responsabilidades penales, administrativas y civiles a que haya lugar De la acción civil Artículo 153. El incumplimiento de las sanciones y medidas impuestas por las Autoridades Ambientales, dará lugar, una vez agotados los mecanismos de la ejecución forzosa administrativa, a la interposición de la acción civil ante los tribunales competentes, por la Procuraduría General de la República, Procuradores Generales de los Estados, Síndicos Procuradores Municipales y otros órganos con atribuciones en la materia, según los casos. Prescripción de la infracción Artículo 154.El ejercicio para el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios y para la imposición de las sanciones en sí, prescribe a los 10 años contados a partir del conocimiento del hecho por parte de la autoridad competente. Prescripción de las sanciones y medidas Artículo 155. La ejecución de las sanciones y de las medidas impuestas en los actos administrativos sancionatorios prescriben a los 10 años contados a partir de la notificación del mismo. La responsabilidad civil prescribe en este mismo lapso.
Normas particulares Artículo 156.Las leyes especiales que desarrollen esta Ley, establecerán las normas particulares sobre los delitos, las infracciones, las sanciones y la responsabilidad civil, en materia ambiental, que no prescribirán por constituir materias que regulan derechos humanos fundamentales. De los funcionarios públicos Artículo 157. Serán sancionados con multa entre 20 y 100
unidades tributarias aquellos funcionarios que hubieren otorgado instrumentos de control previo ilegales para la realización de actividades capaces de degradar el ambiente, sin menoscabo de la declaratoria de nulidad absoluta del acto en cuestión y de las demás sanciones administrativas, penales y civiles. Sanción pecuniaria Artículo 158. Sin menoscabo de otras sanciones administrativas, penales y civiles, serán sancionados con multa entre 100 y 500 unidades tributarias los funcionarios que en el ejercicio del control posterior ambiental: 1. No tomen las previsiones ni dicten las medidas preventivas, para evitar la continuación del ilícito ambiental y de los daños como tales; o 2. No impongan las multas conforme a las establecidas para la infracción; o 3. No apliquen o implementen las sanciones accesorias o las medidas ambientales para la reparación del daño ocasionado; o
4. Tergiversen u oculten información en el acto administrativo sancionatorio la realidad de los hechos ocurridos vinculados con el ilícito ambiental. Responsabilidad de los funcionarios públicos Artículo 159. Los funcionarios públicos responsables del control ambiental, responderán civil, penal y administrativamente por los hechos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones. De la responsabilidad civil Artículo 160. Sin perjuicio de la aplicación de las penas, sanciones y medidas, previstas en los artículos anteriores, quienes
realicen actividades capaces de degradar el ambiente sin contar con el debido instrumento de control previo, serán responsables de los daños causados. Determinación de la cuantía Artículo 161. La determinación de la cuantía del daño se hará por experticia que determine lo pertinente, la cual se agregará al expediente correspondiente y servirá de base para las sanciones y medidas ambientales. TÍTULO XI FONDO AMBIENTAL Fondo Ambiental Artículo 162. Se crea el Fondo Ambiental, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto al Fisco Nacional, adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Objeto del Fondo Ambiental Artículo 163. El Fondo Ambiental tendrá por objeto el financiamiento de programas y proyectos destinados a la fiscalización y supervisión de las actividades capaces de degradar el ambiente, cumplimiento de la normativa ambiental, así como la recuperación y restauración de los daños ambientales o como ejecución forzosa indirecta. Patrimonio del Fondo Ambiental Artículo 164. El patrimonio del Fondo Ambiental estará constituido por: 1. Los ingresos que le sean asignados de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 2. Los recursos obtenidos de donaciones o legados 3. Los bienes que adquiera por cualquier concepto. 4. Los recursos provenientes de las multas y remates.
5. Los recursos que obtenga de fuentes nacionales, internacionales y de organismos multilaterales. 6. Los recursos provenientes producto de las decisiones
judiciales favorables por la indemnización de daños y perjuicios causados al ambiente y por cobro de bolívares con ocasión de la ejecución forzosa de los actos. 7. La contribución que se establezca por concepto de tasas por contaminación. 8. El producto de las contribuciones que le sean otorgadas por ley. 9. Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier otro concepto. Aplicación de los ingresos del Fondo Ambiental Artículo 165. Los ingresos a que se refiere el artículo
anterior, obtenidos por el fondo ambiental serán destinados de manera exclusiva al cumplimiento de los fines que le son propios, de acuerdo con el objeto previsto en esta Ley orgánica. Orientación del financiamiento del Fondo Artículo 166. Los Programas y Proyectos de financiamiento estarán orientados por las políticas y planes ambientales aprobados por la Autoridad Ambiental, y a tal efecto atenderán las siguientes actividades: 1. Financiar el diseño de estrategias, programas y proyectos orientados a la actualización e implementación de normas ambientales.
2. Promover, financiar y disponer de recursos económicos y técnicos para apoyar la adquisición de equipos tecnológicos que sirven de soporte para los programas y proyectos de supervisión, fiscalización y control ambiental. 3. Financiar programas y proyectos específicos de recuperación de daños causados al ambiente. Evaluación y opinión favorable de la Autoridad Ambiental
Artículo 167. A los efectos del cumplimiento del artículo anterior, se requerirá la evaluación y opinión favorable de las dependencias adscritas a la Autoridad Ambiental, dentro del ámbito de sus competencias. Competencia del Fondo Ambiental Artículo 168. Es competencia del Fondo Ambiental: 1. Destinar recursos mediante la suscripción de contratos o convenios de financiamiento, provisión de fondos, fideicomisos, donaciones y subvenciones. 2. Destinar recursos mediante la suscripción de contratos o convenios de asistencia técnica, capacitación, transferencia tecnológica. 3. Ejercer la supervisión y control de los contratos o convenios a los fines de verificar la debida aplicación de los recursos otorgados. 4. Administrar sus propios recursos, los asignados por el Ejecutivo Nacional y aquellos provenientes de organismos nacionales e internacionales. 5. Realizar operaciones financieras en instituciones calificadas, nacionales o internacionales, que generen la máxima rentabilidad de los recursos y no estén sujetos a pérdidas de valor de ninguna naturaleza y de fácil realización, siempre que el producto de éstas sea destinado al cumplimiento de su objeto. 6. Evaluar la viabilidad de los proyectos en función de los programas o políticas ambientales aprobados por la Autoridad Ambiental. 7. Presentar a la consideración de la Autoridad Nacional Ambiental el informe de sus actividades y los estados financieros a los fines de su consolidación. 8. Presentar a la consideración de la Autoridad Nacional Ambiental el informe trimestral de las actividades del Fondo Ambiental. 9. Las demás competencias que le sean otorgadas por ley. Administración del Fondo Ambiental Artículo 169. La administración del Fondo Ambiental será ejercida por un Directorio integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un Gerente Administrativo, un Gerente Técnico con sus respectivos suplentes, de libre nombramiento y remoción, a ser designados de la siguiente manera: 1. Un Presidente designado por el Presidente de la República, quien ejercerá la representación legal del Fondo Ambiental.
2. Un Vicepresidente designado por la Autoridad Nacional Ambiental. 3. Un Gerente Administrativo y un Gerente Técnico, designados por la Autoridad Nacional Ambiental y sus respectivos suplentes, designados en la misma forma, quienes llenarán las faltas temporales de los titulares. Reglamentación del Fondo Artículo 170. El Ejecutivo Nacional reglamentará su constitución y funcionamiento, así como lo referente a la recepción, administración y rendición de cuentas del Fondo Ambiental. Atribuciones del directorio del Fondo Ambiental Artículo 171. Son atribuciones del Directorio: 1. Administrar el patrimonio e ingresos del Fondo, destinándolos a los fines previstos en esta Ley; 2. Otorgar poderes de representación judicial y extrajudicial; 3. Presentar a consideración de la Autoridad Nacional Ambiental, para su aprobación, el Plan Operativo Anual, el presupuesto y su Memoria y Cuenta Anual; 4. Elaborar o modificar los manuales de organización, normas y procedimientos para su funcionamiento; 5. Dictar su Reglamento Interno en concordancia con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos; 6. Aprobar la celebración de Convenios y Contratos de acuerdo con la normativa vigente; 7. Decidir acerca de la adquisición o enajenación de bienes muebles o inmuebles, de conformidad que regulan la materia; 8. Presentar semestralmente a la Autoridad Nacional Ambiental un informe sobre el funcionamiento general del Fondo; 9. Las demás que le sean atribuidas por esta Ley, su Reglamento y otras normas aplicables. Funciones del Presidente del Fondo Ambiental Artículo 172. Corresponde al Presidente del Fondo: 1. Ejercer la administración del Fondo; 2. Ejecutar y hacer cumplir los actos de efectos generales que dicte el Fondo; 3. Nombrar, remover, destituir al personal del Fondo y ejecutar los actos necesarios para el mejor ejercicio de la función pública, de conformidad con la ley; 4. Elaborar el proyecto de presupuesto, el plan operativo anual y el balance general del Fondo y someterlo a la autorización del Directorio para su envío a la Autoridad Nacional Ambiental; 5. Ordenar o realizar los actos o actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines relativos al Fondo previstos en esta Ley; 6. Expedir certificación de documentos que cursen en los archivos del Fondo, cuando sea procedente de conformidad con las normas generales sobre la materia; 7. Otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial del Fondo, previa autorización del Directorio; 8. Delegar atribuciones así como la firma de determinados documentos en los casos que determine el Reglamento Interno; 9.Las demás que le atribuya la ley. TÍTULO XII DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PENAL AMBIENTAL Creación Artículo 173. Se crea la Jurisdicción Penal Ambiental para el conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delito por la ley especial respectiva. Organización, composición y funcionamiento Artículo 174. La organización, composición y funcionamiento de los órganos de la Jurisdicción Penal Ambiental se regirán por las
disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la ley orgánica correspondiente y en el reglamento interno de los circuitos judiciales penales ambientales. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única.Se deroga la Ley Orgánica del Ambiente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.004 del 16 de Junio 1976. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Las normas reglamentarias vigentes no contrarias a las disposiciones de esta Ley se mantendrán en vigencia hasta tanto sean sustituidas por los nuevos instrumentos que las sustituyan. SegundaEL Consejo Nacional del Ambiente, será creado por el Ejecutivo Nacional dentro de un plazo de dos años contados a partir de la vigencia de esta Ley. Tercera.El Ejecutivo Nacional de los Estados y de los Municipios y demás autoridades competentes, dictarán y adecuarán los Planes previstos en esta Ley en un plazo de tres años contados a partir de su entrada en vigencia. CuartaLos responsables de las actividades capaces de degradar el ambiente, deberán adecuarse a las disposiciones previstas en esta Ley en los plazos que a tal efecto establezcan las normas especiales que la desarrollen y las autoridades ambientales respectivas. Quinta.El Fondo Ambiental creado por esta Ley será puesto en funcionamiento para el ejercicio fiscal 2004. Sexta. Hasta tanto se constituya la Jurisdicción Penal
Ambiental corresponderá a la Jurisdicción Penal Ordinaria el conocimiento y decisión de las causas provenientes de acciones u omisiones tipificadas como delitos por la ley especial respectiva. Séptima. Las disposiciones legales que desarrollen esta Ley, así como las reglamentaciones técnicas complementarias deberán dictarse en un plazo máximo de dos años contados a partir de la vigencia de esta Ley. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única Esta Ley entrará en vigencia transcurridos que sean seis meses a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los días año 190 de la Independencia y 141 de la Federación.

References: artículo 106
 artículo 50
 artículo 76
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 36
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 129
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20

Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36

Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 72
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo77
 Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 80
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo85
 Artículo 86
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo132
 Artículo 133
 Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 147
 Artículo 148
 Artículo 149
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 152
 Artículo 153
 Artículo 154
 Artículo 155
 Artículo 156
 Artículo 157
 Artículo 158
 Artículo 159
 Artículo 160
 Artículo 161
 Artículo 162
 Artículo 163
 Artículo 164
 Artículo 165
 Artículo 166

Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 169
 Artículo 170
 Artículo 171
 Artículo 172
 Artículo 173
 Artículo 174