Source: http://www.derechoynormas.com/2010_03_01_archive.html
Timestamp: 2017-09-25 18:56:22+00:00

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Del derecho y las normas: marzo 2010
Tal vez tenga que ver con las penas previstas para el delito de prevaricación y lo digo porque será dificil que se encuentre a ningún funcionario público de carrera que esté dispuesto a jugarse esta (la carrera) por ser acusado de prevaricación.
Otra cosa será si se elige para ese cometido a no funcionarios que podrían tener interés en arriesgarse y en este sentido hay que valorar la primera de las propuestas en la que los miembros serían personas ajenas a los cuerpos de funcionarios.
Por lo tanto podemos ver los requisitos para que se pueda apreciar un delito de prevaricación de acuerdo a la construcción del Tribunal Supremo (Sentencias Sala 2ª Tribunal Supremo de 20 de abril de 1995, o 1 de abril de 1996, entre otras):
Así el artículo 24 del mismo texto legal especifica quienes son autoridad o funcionario público a los efectos penales:
2- Resolución arbitraria
Son "arbitrarias" (como sintetiza la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 16 de noviembre de 2009) las resoluciones y los actos contrarios a la justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho. Esta ausencia de fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor, y la manifiesta contradicción con la justicia, son los elementos que caracterizan al acto arbitrario (sentencias 61/1998, de 27 de enero, 487/1998, de 6 de abril o 674/1998 de 9 de junio).
"La injusticia o arbitrariedad a que se refiere la resolución puede verse concretada en la absoluta falta de competencia del acusado, en la inobservancia de las mas elementales normas del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, de modo que ésta implique un torcimiento del derecho, o una contradicción con el Ordenamiento jurídico, de tal manera patente, que pueda ser apreciada por cualquiera, no bastando la mera ilegalidad que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el mundo del Derecho (sentencias Sala 2ª Tribunal Supremo de 20 de abril de 1995, o 1 de abril de 1996, entre otras)."
Pero no basta con que la resolución sea contraria a derecho para que pueda reputarse un delito, la injusticia que permite el reproche penal de la conducta sólo se da cuando sea evidente, patente, flagrante y clamorosa.
"[...] el Código Penal vigente ha puesto el acento en el dato, más objetivo y de fondo, del "ejercicio arbitrario del poder" proscrito por el art. 9.3 CE. Se ejerce arbitrariamente el poder cuando el funcionario dicta una resolución que no es efecto de la aplicación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico - a los que están sujetos tanto los poderes públicos como los ciudadanos según el art. 9.1 CE - sino, pura y simplemente, de su capricho, de su voluntad convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa así y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión del mejor derecho - si la resolución ha de reconocerlo a uno u otro ciudadano - o del interés colectivo - si es éste el que está en juego - se "pone" el elemento objetivo de la prevaricación."
3- Actuación "a sabiendas" o dolosa del funcionario
De esa forma, en mi opinión, si los miembros de la Sección Segunda adoptasen la medida de cierre o retirada de contenidos estarían incurriendo en un delito de prevaricación.
Ahora hay que valorar que, ya puestos en sacar adelante esta aberración jurídica que es la Disposición Final Primera de la LES, siempre será posible encontrar a alguien dispuesto por un buen sueldo a formar parte de esa sección, tomar las resoluciones que sean y dentro de un tiempo, cuando se levanten las medidas o se resuelva sobre la prevaricación, ser inhabilitado para empleo o cargo público, aunque sea por 7 años y esa es la razón por la que es casi seguro que no habrá funcionarios públicos en la Sección Segunda, porque es un instrumento diseño para prevaricar.
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Etiquetas: Absurdo, Delitos, Derecho, ética, Propiedad Intelectual
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References: artículo 24
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