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Timestamp: 2019-10-19 17:07:34+00:00

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Sentencia, delito contra el secreto de la comunicaciones - BUROVOZ
Jurisprudencia Constitucional, Sentencia, delito contra el secreto de la comunicaciones
a) Mediante solicitud de 10 de octubre de 1996, el Grupo de Investigación Fiscal Antidrogas de la Guardia Civil de Huelva solicitó del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Ayamonte la intervención de un teléfono del que era titular don Casimiro Frigolet Guerrero, justificando tal pretensión en que pudiera estar dedicándose a actividades de contrabando de tabaco, pudiendo ser el “principal distribuidor de esta mercancía fraudulenta”, como al parecer se desprendía de las distintas “vigilancias y seguimientos” a que había sido sometido, además de “otras noticias” llegadas a dicho grupo. El Juzgado de Instrucción, luego de incoar sus diligencias previas núm. 1534/1996, autorizó dicha escucha razonando que existían “indicios racionales suficientes para sospechar que a través de este teléfono se pueden estar llevando a cabo operaciones relacionadas con el contrabando”, limitando su duración temporal a un mes. Asimismo, comisiona la práctica de esta intervención al expresado Grupo de Investigación, para dar cuenta al Juzgado de sus resultados a su término.
c) Ya en el marco de las diligencias previas 1797/96, el Servicio de Vigilancia Aduanera solicitó del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Ayamonte, con fecha 4 de noviembre de 1996, la intervención de dos teléfonos que, supuestamente, eran utilizados por los recurrentes don Juan Manuel Sosa Toscano y don Manuel Pinell Serrano. Se justificaba tal pretensión en que se trataba de una iniciativa seguida como continuación a las diligencias anteriores, “ante las sospechas de que estas personas pudieran formar parte de una organización y ante la posible continuación por los mismos de las actividades delictivas”. El Juzgado de Instrucción autorizó la escucha solicitada por Auto de la misma fecha, fundamentando simplemente tal resolución en que “de los informes presentados se desprendían indicios de que estos teléfonos están siendo utilizados para actividades delictivas por sus titulares”, siendo necesaria la práctica de la intervención “para el esclarecimiento, comprobación y averiguación de los hechos delictivos”, sin especificar en que consistían éstos. Por otra parte, dispuso una vigencia temporal de dos meses desde el 4 de noviembre de 1996 hasta el 4 de enero de 1997, comisionando para su práctica a “los agentes de la referida Unidad de Vigilancia Aduanera”, que deberían dar cumplida cuenta al Juzgado de los resultados obtenidos el día 30 de noviembre y al finalizar la intervención el día 4 de enero.
d) Por oficio de 19 de diciembre de 1996 el Servicio de Vigilancia Aduanera solicitó del Juzgado de Instrucción la observación de otros dos teléfonos, uno móvil y otro fijo, que venían siendo utilizados por don Casimiro Frigolet Guerrero, justificando tal pretensión en que se trataba de una “continuación” de las diligencias que se venían desarrollando. Al mismo tiempo se solicitaba la baja de teléfono intervenido a don Juan Manuel Sosa “a la vista de sus resultados”, así como la prórroga del que se refería a don Manuel Pinell Serrano sin expresar los motivos de tal solicitud. El Juzgado de Instrucción autorizó la intervención solicitada por Auto de la misma fecha, siguiendo el mismo modelo utilizado con fecha 4 de noviembre de 1996, donde justificaba tal restricción en la existencia de indicios suficientes de la existencia del delito así como en la necesidad de su otorgamiento para su esclarecimiento. A tal intervención se le fijó una duración temporal de dos meses, desde el 19 de diciembre hasta el 19 de febrero, comisionando para su práctica a “agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera”, que deberían dar cuenta al Juzgado en fecha 19 de enero y a su finalización. En el mismo Auto, se acordó la baja así como la prórroga antes solicitada, sin explicitar en este caso las razones que la justifican, desde el 5 de enero de 1997, en que vencía la autorización anterior, hasta el 5 de marzo del mismo año, debiéndose informar al Juzgado el 5 de febrero y a su conclusión.
e) El Servicio de Vigilancia Aduanera en oficio de 15 de enero de 1997 informó al Juzgado de Instrucción núm. 2 que la baja solicitada con fecha 19 de diciembre de 1996 había sido cumplimentada en la expresada fecha, según lo ordenado, adjuntándose ahora seis cintas con las grabaciones de las que no se desprendería “ningún dato relevante para la investigación”. Finalmente, el Servicio de Vigilancia Aduanera con fecha 19 de febrero de 1997 solicitó el cese de las intervenciones que continuaban vigentes, al “no aportar ningún dato de interés a la investigación”, remitiendo entonces al Juzgado veintitrés cintas grabadas con las conversaciones del teléfono que había sido prorrogado, usado por don Manuel Pinell Serrano, así como siete cintas del teléfono fijo y una cinta del teléfono móvil, usadas ambas por don Casimiro Frigolet Guerrero. Tal cancelación se acuerda por Auto de la misma fecha del Juzgado de Instrucción.
Tal pronunciamiento se fundamentó en las pruebas practicadas en el plenario, en particular las testificales realizadas por los miembros de la Guardia civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera, las declaraciones de los acusados prestadas ante el Juzgado de Instrucción, reproducidas en el juicio oral a fin de ser sometidas a contradicción por haberse negado éstos a declarar en dicho acto, así como la documental obrante en autos “con exclusión de todo lo concerniente a las intervenciones telefónicas”.
En relación a las alegaciones de la defensa sobre declaración de nulidad de lo actuado por la ilegitimidad de las intervenciones acordadas, el Juzgado de lo Penal desestima tal pretensión por cuanto las referidas intervenciones “no han tenido influencia en los hechos enjuiciados”, siendo así, que, por otra parte, las escuchas efectuadas por la Guardia civil no habían sido relevantes para la detención de los acusados, siguiendo este cuerpo una investigación diferente a la del Servicio de Vigilancia Aduanera.
h) Contra la anterior resolución, la representación de los acusados interpuso recurso de apelación, insistiendo en su pretensión de nulidad con base a la forma en que se habían practicado las escuchas, confirmando íntegramente la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva, por Sentencia de 18 de abril de 2002, la resolución de instancia, argumentando que “la irregularidad de las intervenciones telefónicas sería indiferente porque el juzgador no funda en ellas la condena”, valorándose, por el contrario, otras pruebas, como las testificales de los agentes y las declaraciones de los acusados.
Así las cosas, la invocada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y, en su caso, a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), dependería de si se han utilizado o no como incriminatorias pruebas que derivan de la intervención telefónica practicada con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Según el Abogado del Estado, determinar si existe “conexión de antijuridicidad” entre la intervención telefónica, excluida como prueba, y otras pruebas inculpatorias es cometido propio de los tribunales penales, mientras al Tribunal Constitucional compete un mero control externo de razonabilidad (cita en apoyo de su argumentación, las SSTC 28/2002, FJ 4, y 184/2003, FJ 14). En este sentido, el Juez de lo Penal negó que las pruebas en que basaba su condena tuvieran relación con las intervenciones telefónicas excluidas por él mismo como fuentes de prueba, añadiendo que no había ningún dato que relacionara la actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera con las conversaciones transcritas. La Audiencia Provincial, por su parte, aceptó la fundamentación de la Sentencia apelada, confirmando que la condena no se basaba en dichas intervenciones, sino en las testificales de los agentes y las declaraciones de los imputados ante el instructor. Tales valoraciones impiden entender, también, que se hayan vulnerado los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, según la anterior doctrina, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que se precisa para que puedan entenderse fundadas que se encuentren apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control y, en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona (STC 165/2005, 20 de junio, FJ 4, entre otras). Este es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando en diversas resoluciones exige la concurrencia de “buenas razones o fuertes presunciones” de que las infracciones están a punto de cometerse (STEDH de 6 de septiembre de 1978, caso Klass, y de 5 de junio de 1992, caso Lüdi), expresando en nuestro Ordenamiento el art. 579 de la Ley de enjuiciamiento criminal que han de concurrir “indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa” (art. 579.1 LECrim) o “indicios de responsabilidad criminal” (art. 579.3 LECrim). No se trata de satisfacer los intereses de una investigación meramente prospectiva, pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, por más legítima que sea esta aspiración, pues de otro modo se desvanecería la garantía constitucional (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 8; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 11). De otra parte, aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención se exteriorice directamente en la resolución judicial, ésta, según una consolidada doctrina de este Tribunal, puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 2; 184/2003, de 23 de octubre, FFJJ 9 y 11).
Por lo que se refiere a la duración de la medida, este Tribunal, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH Valenzuela Contreras c. España, de 30 de julio de 1998, y Prado Bugallo c. España, de 18 de febrero de 2003), han señalado que ha de procederse con especial cautela en el momento de procederse a fijar por el órgano judicial este límite temporal en su resolución (STC 205/2005, de 18 de julio, FJ 5), siendo así que las autorizaciones judiciales que restringen determinados derechos fundamentales, como en este caso la intimidad, no puedan establecer unos límites temporales tan amplios que constituyan “una intromisión en la esfera de la vida privada de la persona” (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3.b). De no ser así, la medida de intervención telefónica, originariamente legítima desde una perspectiva constitucional perdería esta virtualidad, al devenir desproporcionada en atención a su dimensión temporal, implicando un sacrifico excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza, contrario al valor “Justicia” y a las mismas exigencias del “Estado de Derecho”.
En primer lugar, el Auto de 10 de octubre de 1996, del Juzgado de Instrucción núm. 3, autorizó la observación telefónica con el único razonamiento de que existían “indicios racionales suficientes para sospechar que a través de este teléfono se pueden estar llevando a cabo operaciones relacionadas con el contrabando”, sin particularizar los elementos objetivos en que se basaba tal convicción. Se trata, en consecuencia, de una resolución estereotipada, tal como sostienen los recurrentes y el Ministerio público, no resultando subsanada esta deficiencia, desde nuestra perspectiva constitucional, por la circunstancia de que el mismo Auto se remita a la solicitud de la Guardia civil. Es decir, en este caso la resolución judicial no puede entenderse motivada, ni incluso integrada con la solicitud de la Guardia civil, por cuanto ésta se limita a afirmar la existencia del delito y la participación en él de la persona respecto a la que se solicita la intervención telefónica, pero sin expresar en la misma dato objetivo alguno que pueda considerarse indicio de la existencia del delito ni de la conexión del afectado con el mismo sobre el que pudiera sustentarse el referido conocimiento.
En efecto, en esta solicitud, cuyo contenido hace suyo el titular del Juzgado, se alude a la existencia de una investigación previa motivada por un notable incremento en la venta de tabaco de procedencia extranjera en la zona, apareciendo como “principal distribuidor de esta mercancía fraudulenta” el ahora afectado por la medida, deduciéndose tales afirmaciones de las distintas “vigilancias y seguimientos” a que había sido sometido además de “otras noticias” llegadas al Grupo, sin que se indiquen los datos concretos en los que se sustenta la concurrencia del hecho delictivo ni la conexión del investigado con el mismo. Como este Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar, el hecho en que el presunto delito pueda consistir no puede servir como fuente de conocimiento de su existencia. La fuente del conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa (SSTC 299/2000, de 11 de diciembre, FJ 5; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 3).
En el mismo sentido, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Ayamonte, por Auto de 4 de noviembre de 1996, autorizó las observaciones y escuchas de dos teléfonos de los recurrentes, don Juan Manuel Sosa Toscano y don Manuel Pinell Serrano, fundamentando simplemente tal iniciativa en que “de los informes presentados se desprendían indicios de que estos teléfonos están sido utilizados para actividades delictivas”, siendo necesaria la adopción de tal medida “para el esclarecimiento, comprobación y averiguación de los hechos delictivos”, utilizando el mismo modelo impreso, con los mismos argumentos, en el Auto posterior de 19 de diciembre de 1996, donde autoriza la intervención de dos teléfonos del otro recurrente, don Casimiro Frigolet Guerrero. En estas resoluciones, además, no se contiene una alusión específica al tipo delictivo por el que se autorizan las intervenciones, lo que ha servido al Ministerio público para afirmar que, por ello, podrían haber sido útiles para autorizar la escucha en la investigación de cualquier delito. Tampoco puede darse validez en este caso a dichas resoluciones judiciales, al estar integradas con las solicitudes de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, por cuanto en éstas simplemente se justifican tales peticiones ante el titular del órgano judicial “ante las sospechas de que estas personas pudieran formar parte de una organización y ante la posible continuación por las mismas de las actividades delictivas”, sin que tampoco se expliciten las circunstancias particulares en que se fundamentan tales aseveraciones.
En nuestro caso, ahora enjuiciado, el Auto de 19 de diciembre de 1996 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Ayamonte autoriza la prórroga del teléfono de don Manuel Pinell Serrano sin ofrecer ningún argumento que justifique la adopción de esa medida, no ofreciéndose tampoco justificación alguna en la solicitud remitida por el Servicio de Vigilancia Aduanera Además, dicha autorización se cursa por el Juzgado sin tener conocimiento de los resultados de la intervención anterior, autorizada en relación a la misma persona por Auto de 4 de noviembre de 1996. En este sentido, según consta en los antecedentes, en la expresada fecha el Juzgado aún no había recibido ningún informe sobre los resultados de la intervención de este teléfono, hasta que con fecha 18 de febrero de 1997 el Servicio de Vigilancia Aduanera solicita el cese de las intervenciones “al no aportar ningún dato de interés a la investigación”, remitiendo entonces al Juzgado las cintas grabadas del teléfono que había sido prorrogado.
Por otra parte, la interdicción procesal de las pruebas ilícitamente adquiridas se integra en el contenido esencial del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), en la medida en que la recepción procesal de dichas pruebas implica “una ignorancia de las garantías propias del proceso”, comportando también “una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio, desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quién ha recabado instrumentos probatorios en desprecio de los derechos fundamentales de otro” (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 12; 28/2002, de 11 de febrero, FJ 4; 205/2002, de 11 de noviembre, FJ 6). En nuestra STC 81/1998, de 2 de abril (FJ 3), ya resaltábamos, además, que la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio opera en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías. A partir de estas premisas, ha de afirmarse que, al valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, puede resultar lesionado, en consecuencia, no sólo el derecho a un proceso con todas las garantías, sino también vulnerada la presunción de inocencia. En la Sentencia antes citada (mismo fundamento), y en otras posteriores, se ha venido consolidando la doctrina de que ello sucederá, evidentemente, si la condena se ha fundado exclusivamente en tales pruebas, por cuanto, si existen otras de cargo válidas e independientes, podía suceder que, habiéndose vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, la presunción de inocencia no resulte, finalmente, infringida (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 14; 205/2002, de 11 de noviembre, FJ 6; 25/2005, de 14 de febrero, FJ 7).
Por lo dicho, cabe concluir que la comprobación de si existe o no una conexión causal entre la intervención vulneradora del art. 18.3 CE y las demás pruebas incriminatorias tomadas en consideración por el órgano judicial, es el primer análisis que se debe hacer para comprobar si se ha transmitido a estas últimas el efecto invalidante; sólo si se ha acreditado esta conexión causal o relación natural entre las mismas, se habrá de ponderar, ya en un segundo plano, si se ha transmitido la expresada ilegitimidad entre dichos elementos probatorios, partiendo de las premisas que este Tribunal ha ido configurando en torno a la denominada “conexión de antijuridicidad”. En el presente caso, el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Huelva fundamenta la condena de los recurrentes, además de en el propio hecho objetivo de la aprehensión del tabaco, en la declaración de los funcionarios que habían intervenido en la investigación y en las declaraciones autoinculpatorias de los acusados, excluyendo como elemento probatorio las referidas intervenciones telefónicas. En relación a las alegaciones de la defensa sobre declaración de nulidad de lo actuado vista la ilegitimidad de estas intervenciones, desestima tal pretensión, como consta en los antecedentes, por “no haber tenido éstas influencia en los hechos enjuiciados”, añadiendo que las escuchas efectuadas por el Grupo de Investigación Fiscal Antidrogas de la Guardia civil no han sido relevantes para la detención de los acusados, siguiendo este Grupo una investigación diferente a la del Servicio de Vigilancia Aduanera El órgano de apelación ratifica, por su parte, la resolución de instancia, subrayando sus mismos argumentos. De lo anterior se desprende que el órgano judicial tomó en cuenta, en este caso, únicamente el primero de los presupuestos a que antes se ha hecho referencia, es decir la inexistencia de una relación causal o mera conexión entre la prueba de intervención telefónica y el resto de las pruebas incriminatorias ponderadas para hacer su pronunciamiento condenatorio, sin necesidad de prolongar, por ello, su análisis al segundo de los presupuestos, es decir a la constatación de una conexión de antijuridicidad entre la prueba originaria y las posibles pruebas derivadas. Y ello porque, si se aprecia ab initio la falta de relación natural entre dichas pruebas, resulta necesariamente excluido el posible análisis subsiguiente sobre la referida transmisión de ilegitimidad de unas pruebas a otras.
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