Source: http://www.unav.ws/publico/memoria-2002/informes-memoria-2002-sociedad.htm
Timestamp: 2019-08-20 09:36:24+00:00

Document:
Con el propósito de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, que contempla determinados aspectos de la Sociedad de la Información y, concretamente, el comercio electrónico en el mercado interior, y transponer parte de la Directiva 98/27/CEE del Parlamento Europeo, regulando la llamada acción de cesación, el Estado español, a través de la Ley 34/2002, de 11 de julio, del Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 12 siguiente.
Está previsto, dentro de las actividades a realizar en la próxima Convención de UNAV en 2003, dedicar una Jornada a esta Ley, que desarrollará nuestro Secretario General, y que, esperamos, sea la ocasión adecuada para internarnos en su profuso contenido e intentar dar respuesta a los interrogantes que, a no dudar, suscita.
A efectos de esta Memoria, acotaremos a continuación algunos de los aspectos que, aún cuando han sido y son objeto de divulgación, no ha de resultar ocioso reiterar, ya que alguno de ellos establece plazos para su cumplimiento, y además, como se aprecia de la lectura de sus artículos 38, 39, 41 y 42, contiene un específico catálogo de infracciones y sanciones. Así:
Esta nueva Ley exige la solicitud en el Registro Público, en el que los prestadores de servicios figuren inscritos y cuando en 12-10-2002 vinieran utilizando uno o más nombres de dominio o direcciones de Internet. La anotación en dicho Registro de, al menos, uno de dichos nombres, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, es decir que el plazo para cumplimentar este requisito expira el 12 de octubre de 2003.
Para aquellos prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que hayan obtenido la dirección de Internet o el/los nombre/s de dominio después de la entrada en vigor de la Ley, la obligación de comunicar los datos antes indicados se hará constar en el Registro correspondiente en el plazo de 1 mes desde la obtención, sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección de Internet.
En cuanto al sistema de asignación de nombres de dominio bajo el ".es", que deriva del de la Ley de Marcas, entró en vigor el día 13-10-2002, por lo que nos permitimos recomendar la atenta lectura de la Disposición Adicional Sexta de esta Ley.
Las comunicaciones comerciales no solicitadas, realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónicos equivalentes, han de estar expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.Se ha de poner a disposición del usuario un procedimiento gratuito y accesible para revocar el consentimiento, informando del mismo. Si se trata de "publicidad", se habrá de indicar así, incluyendo este término al principio del mensaje.
Se han de facilitar, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, los datos identificativos y circunstancias de la empresa(inscripción registral, dirección postal y de correo electrónico, CICMA y normas legales que regulan la actividad, tales como la Ley 21/95, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados, y, en el caso de la Comunidad de Madrid, el Decreto 99/96, de 27 de junio), precio del producto o servicio, con la indicación de si están o no incluidos los impuestos y gastos de envío.
Esta Ley establece su aplicación territorial y regula su ámbito para prestadores de servicios establecidos en España o en Estado miembro de la Unión Europea o no pertenecientes a la misma o al Espacio Económico europeo.
Establece y regula el principio de libre prestación de servicios y sus restricciones.
Proclama, en su Título IV, la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, regulando su prueba, ley aplicable y lugar de celebración del contrato (lugar de la residencia habitual del consumidor y, entre empresas y profesionales, si no hay pacto en contrario, donde esté establecido el prestador de servicios).
A continuación, por su interés e importancia, transcribimos completa la parte dispositiva de dicha Ley.
La salvaguarda del orden público, la investigación pena¡, la seguridad pública y la defensa nacional.
El respeto ala dignidad de la persona ya¡ principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo en el plazo de quince días desde su adopción. Asimismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.
Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, deforma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:
Cuando un órgano competente por razón de la materia hubiera ordenado, en ejercicio de las funciones que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, podrá ordenar a dichos prestadores, directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación que realizaran.
Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán conservar los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la localización del equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información.
Los datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional, poniéndose a disposición de los Jueces o Tribunales o del Ministerio Fiscal que así los requieran. La comunicación de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.
Reglamentariamente, se determinarán las categorías de datos que deberán conservarse según el tipo de servicio prestado, el plazo durante el que deberán retenerse en cada supuesto dentro del máximo previsto en este artículo, las condiciones en que deberán almacenarse, tratarse y custodiarse y la forma en que, en su caso, deberán entregarse a los órganos autorizados para su solicitud y destruirse, transcurrido el plazo de retención que proceda, salvo que fueran necesarios para estos u otros fines previstos en la Ley.
Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de
La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los cimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los servicios de la sociedad de la información.
En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación se expresen deforma clara e inequívoca.
Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los siguientes extremos:
Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
El oferente está obligado a confirmarla recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:
Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores que estén habilitadas ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas".
El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en la forma y con la periodicidad que se acuerde mediante Convenio entre ambos órganos todas las resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en juicio, o sobre los derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Los órganos arbítrales y los responsables de los demás procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 32.1 comunicarán al Ministerio de Justicia los laudos o decisiones que revistan importancia para la prestación de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la información.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.
El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10. 1.
No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b), e), d), e) y g) del mismo.
No facilitar la información a que se refiere el artículo 2 7. 1, cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.
Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa del sancionado, de la resolución sancionadora en el "Boletín Oficial del Estado", o en el diario oficial de la Administración pública que, en su caso, hubiera impuesto la sanción en dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con el de actuación de la citada Administración pública o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador, una vez que aquélla tenga carácter firme.
La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Ciencia y Tecnología, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo.
Sexta.( Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el ".es".
Primera. Modificación del artículo 37 de la Ley 11/ 1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
"a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funciona¡ a Internet.
A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal.&quot:
Tercera. Adición de una nueva disposición transitoria a la Ley 1111998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de que sea necesario, el operador designado para la prestación del servicio universal podrá concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio público radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso de las bandas de frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta disposición. Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que podrá establecer las condiciones de salvaguarda del interés público que estime necesarias."
Cuarta. Modificación de la disposición derogatoria única de la Ley 11/ 1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
"Servicios de la sociedad de la información" o "servicios" todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o telex.
"Servicio de intermediación" servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información.
"Destinatario del servicio" o "destinatario" persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.
"Comunicación comercial" toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
"Contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico" todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.
"Ámbito normativo coordinado" todos los requisitos aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de aplicación, y que se refieran a los siguientes aspectos:
"Organo competente": todo órgano jurisdiccional o administrativo, ya sea de la Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, de las Entidades locales o de sus respectivos organismos o entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 2
 resolución 
 artículo 37