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El mal manejo de la cuenca escasea el agua de calidad y aumenta el riesgo de desastres
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María Dolores María José Soler Rojo
1 2 Índice Diagnóstico De dónde viene el agua? Qué estamos haciendo para la defensa y buen manejo del agua? Por qué no estamos logrando detener el deterioro acelerado? Cómo se toman actualmente las decisiones relacionadas con el agua? Cómo podemos pasar de la destrucción y exclusión, a la sustentabilidad con equidad? Derecho humano al agua: un cambio De paradigma Reforma constitucional Iniciativa Ciudadana: La ley que México necesita Agenda Nacional: Sustentabilidad con equidad y sin desastres en 15 años Construcción del buen gobierno del agua elementos esenciales para el buen gobierno Del agua Instancias ciudadanizadas de planeación y gestión Nuevos instrumentos de planeación y gestión Concesiones condicionadas Contraloría Social del Agua y otras instancias de defensa y fiscalización Instrumentos efectivos de defensa, protección y contraloría superando las crisis Del agua Corrigiendo el sobreconcesionamiento y la exclusión Enfrentando la impunidad hidricoambiental Responsabilizándonos por los sistemas de agua potable y saneamiento Solucionando la crisis económica del agua próximos pasos Vía ciudadana Hacia el futuro posible Directorio del Grupo Promotor Nacional3 El mal manejo de la cuenca escasea el agua de calidad y aumenta el riesgo de desastres 3 El mal manejo de las cuencas pone en riesgo la vida misma. Al no cuidar las zonas que almacenan picos de lluvia, hay cada vez mayor vulnerabilidad a inundaciones. Al contaminar las aguas pluviales y superficiales se recurre a la dañina y costosa práctica de minar las aguas subterráneas milenarias causando hundimientos y grietas. Las aguas subterráneas se contaminan por actividades en la superficie, especialmente en zonas de cavernas y cenotes. En zonas costeras, la sobreexplotación de acuíferos provoca intrusión salina. Los bordes, canales y túneles aceleran la velocidad de flujos extraordinarios, provocando inundaciones río abajo. Gran parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales quedan abandonadas debido al empleo de tecnologías no costeables. Las presas, muchas de las cuales implican la privatización de la generación eléctrica, dañan la capacidad de los ríos de distribuir nutrientes y flujos extraordinarios. Por no recibir el mantenimiento requerido, la Conagua ha declarado 115 presas en alto riesgo de fallar. Hundimientos y grietas causados por la sobreextracción ponen en riesgo las viviendas y vidas de habitantes. La agricultura de gran escala en zonas áridas ocupa el 70% del agua concesionada. Recibe enormes subsidios sin pagar derechos. Contamina y derrocha el agua a costa del uso humano, de los ecosistemas áridos y de la producción agropecuaria familiar y comunitaria. Los trasvases, pozos profundos, desalinazadoras y plantas de tratamiento aerobias requieren de enormes cantidades de capital y energéticos. Implican altos costos y contribuyen al cambio climático así como a presiones para más presas hidroeléctricas. Aun con trasvases, los servicios de agua potable priorizan las zonas industriales y residenciales, dejando a zonas populares sin acceso. Donde hay deforestación o pavimentación, las lluvias bajan torrencialmente; al llegar a zonas urbanas, saturan los drenajes y provocan inundaciones con aguas negras. La minería tóxica envenena los ríos y acuíferos a cientos de km 2 a su alrededor. El fracking inyecta enormes volúmenes de agua y sustancias tóxicas para romper formaciones geológicas con el fin de extraer gas natural o petróleo. Cuando se drenan los manglares para su urbanización, estas zonas siempre se vuelven a inundar. A pesar de bordos, canales y el entubamiento de ríos, las aguas superficiales, subterráneas y marinas encuentran su lugar. Los contaminantes industriales y municipales dañan la salud de las personas, deterioran ecosistemas y se acumulan en sedimentos, cuerpos de agua, acuíferos y el mar. La sobreexplotación de acuíferos en las costas causa la intrusión de agua salina. El rápido crecimiento urbano en la península de Yucatán está contaminando los acuíferos, la única fuente actual de agua potable de la zona. agrícultores que producen para el mercado local no tienen acceso a agua para riego. La sobreextracción de aguas subterráneas es disruptiva al sistema de flujos. Resulta en el desecamiento de manantiales, ríos, lagos y humedales, y hace que el agua recientemente infiltrada de buena calidad se pierde entre los flujos profundos de aguas salinas. El agua fósil extraída de profundidades cada vez mayores es dificil de potabilizar debido a la presencia de minerales tóxicos.4 4 En todo el país nos esforzamos por cuidar y defender nuestras cuencas y agua Portal del Agua: Centro de información virtual y base de datos geográficos en línea, que difunde los avances, retrocesos y aprendizajes de los esfuerzos por lograr la sustentabilidad del agua en México. Lucha Yaqui por la recuperación de su agua: La Tribu Yaqui exige que se respete la orden de la Suprema Corte de suspender el envío de aguas del Río Yaqui a Hermosillo por el Acueducto Independencia dado que, al no haber consultado con ello su construcción violó el Convenio 169 de la OIT. www. tribuyaqui.org ANACC Barzón y Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 037 en Caborca, Sonora: Han logrado ahorrar 11 millones m 3 agua y 50% de energía eléctrica, y han reducido el abatimiento de su acuífero de 2 metros a 18 cm al año. Comités Comunitarios del Agua: En zonas rurales y semi-urbanas, el acceso al agua ha dependido históricamente de Comités del Agua manejados por comúnmente pueblos originarios, sin reconocimiento oficial ni acceso a recursos gubernamentales. Sistema de Agua Potable de Tecámac. Conselva, Costas y Comunidades: Impulsa decreto protección para Monte Mojino y coordina el grupo multisectorial Voces por el Agua en el sur de Sinaloa Red Mexicana de Cuencas: Busca fortalecer la gestión integrada de cuencas y la inserción del enfoque de cuencas en México. WWF México: Ha logrado la aprobación de una metodología para calcular los límites sostenibles de oferta de agua (NMX-AA- 159-SCFI-2012), igualmente que un Sistema Nacional de Reservas de Agua. mx/wwfmex/descargas/fs-reservas-de-aguaesp.pdf Defensa Ambiental: Las siguientes organizaciones están utilizando estrategias legales para defender el derecho humano al agua así como la integralidad entre las comunidades y sus tierras y aguas: Instituto de Derecho Ambiental (IDEA): , Academia Mexicana de Derecho Ambiental: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, , Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), org.mx, Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho RADAR: x 1409 INSTITUTO DE DERECHO AMBIENTAL, A.C. Ríos Tóxicos: Greenpeace presiona a industrias para que dejen de utilizar sustancias tóxicas en sus cadenas de producción, y exige la actualización y cumplimiento de las normas de descarga. La Vida Vale Más que el Oro: El 16 enero de 2011, en Playa El Tule, Baja California Sur, más de personas formaron con sus cuerpos mensajes de rechazo a la minería tóxica. Frente Mazahua de Desarrollo Sustentable del Cutzamala: Frente al incumplimiento de convenios anteriores, el pueblo Mazahua ha logrado prevenir aumentos en la exportación de agua a la Ciudad de México. Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Metropolitana (SEPSIAPA): En Guadalajara los trabajadores buscan defender el carácter público del sistema metropolitano a través de su ciudadanización, mayor transparencia y eficiencia. 5 5 Asociación de del Agua de Saltillo (AUAS): Documenta y cuestiona la falta de transparencia, incumplimientos legales, mala calidad del agua y prácticas discriminatorias del sistema semiprivatizado de esta ciudad Comunidad de Aprendizaje Cuencas y Ciudades: Gestión integral de cuencas urbanas involucrando comunidades rurales con el apoyo de urbanos. Foto: Mesa de Escalante y Mesa del Pueblo (Guanajuato): Tres comunidades han recuperado sus manantiales con ordenamiento ganadero, cambio de cultivos, presas filtrantes y barreras vivas. Angel Padrón José Luís García SARAR Transformación: Asesoría para el saneamiento comunitario. Red de Acción por el Agua- México: Apoya el derecho humano al agua y saneamiento a través del manejo comunitario. Caravana por el Agua: Desde 2011, en el suroriente de la Cuenca de México, se iniciaron acciones culturales y educativas para difundir y exigir la ejecución de su Plan Hídrico. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Un espacio ciudadano de encuentro, análisis, denuncia y propuesta. El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua y el Colectivo en Defensa del Agua de Puebla: Buscan defender el carácter público del agua con referéndums, amparos y otras acciones. Chiapas: ; Puebla: , Tribunal Permanente de los Pueblos: Tribunal ético internacional que determina responsabilidades gubernamentales y de intereses privados, por violaciones de los derechos. Asamblea Nacional de Afectados Ambientales: Coordina más de 133 luchas comunitarias en defensa de sus tierras y aguas. Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos: Alianza Mexicana contra Fracking Agua Compartida para Todos: Comunidades en Guerrero, asesorados por el Grupo de Estudios Ambientales, han logrado acceso permanente a agua de calidad vía obras y acuerdos comunitarios. Comité de Cuenca Valle de Jovel: Promueve la participación ciudadana en la gestión integral y monitoreo del agua en San Cristobal de las Casas, Chiapas. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA): 6 6 A pesar de todo, sigue avanzando el deterioro... Por qué? Fotoswww.dforceblog.com Greenpeace México 7 El marco legal actual es excluyente y favorece los "intereses" de mineros extractivistas, agroexportadores, inmobiliarios, hoteleros, industrias contaminantes y privatizadores del agua 7 Ley de Aguas Nacionales Establece a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad única de aguas nacionales, sin contrapesos, con los siguientes atributos: Determinar cuánta agua está disponible y a quiénes se concesiona Concesionar zonas federales y garantizar que los cauces estén libres de construcciones Concesionar construcción y operación de obras hidraúlicas Concertar créditos y cobrar derechos Proponer decretos de expropiación para Distritos de Riego Detectar y sancionar la contaminación y la extracción excesiva o clandestina Convocar y coordinar instancias de participación y acreditar a participantes Arbitrar conflictos relacionados con el agua Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) Crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependiente del Ejecutivo Federal, la cual no cuenta con la voluntad política ni los recursos requeridos para inspeccionar, cuestionar autorizaciones irregulares, garantizar el cumplimiento con medidas de mitigación, sancionar a grandes infractores ni cancelar obras dañinas. Según la LGEEPA, los Manifestaciones de Impacto Ambiental son elaborados por el promovente sin revisión pública ni evaluación del impacto socio-hídrico. Las autorizaciones no requieren del consentimiento de Leyes estatales de agua Las leyes estatales ponen los sistemas de agua y saneamiento en manos del Presidente Municipal o de empresas privadas, sin contrapesos ni mecanismos efectivos frente la ineficacia, la desviación de recursos o el incumplimiento con el derecho humano al agua y saneamiento. Sistema de concesiones excesivo y excluyente Severo sobreconcesionamiento a favor de grandes intereses Cancelación de derechos comunitarios históricos Hundimientos, Desecamiento grietas y aguas de manantiales, lagos y humedades fósiles Recursos públicos solo para megaobras privatizantes $ $ $ Compromisos a pagar futuras utilidades para obras mal concebidas No hay recursos para gestión de cuencas ni para sistemas comunitarios Pueblos originarios pierden sus tierras y aguas por trasvases Inundaciones por no cuidar las cuencas y ríos Impunidad hídrico-ambiental Autorización de actividades dañinas Contaminación y destrucción sin sanción Sobreurbanización Minería tóxica y fracking Ríos tóxicos Muerte de ecosistemas vitales Sistemas municipales al servicio de intereses políticos o privados Corrupción, quiebra, privatización Alzas, lucro e incumplimiento Inequidad y tarifas extraordinarias Violación al derecho humano al agua y saneamiento Desertificación Greenpeace/Centli/Delia Espinoza8 8 actualmente predomina una dinámica de extracción-desecho En la relación con la naturaleza nos encontramos en una etapa avanzada regida por la dominación y acumulación. Aunque este modelo ha logrado avances tecnológicos y comodidades, su funcionamiento se basa en privatizar y destruir los bienes comunes, dañar los ecosistemas, romper el tejido social e imposibilitar una verdadera democracia. Si no fuera por el profundo deseo humano de actuar a favor de la vida y el amor, este modelo seguiría expandiéndose al servicio de los intereses hasta provocar un colapso generalizado de los sistemas vitales. Minería Sobreexplotación de aguas subterráneas Agotamiento de suelos Fracking Extracción Destrucción de la integridad de ecosistemas Extracción petrolera Toma de decisiones en función de intereses Dinámica de dominio y acumulación Desecho Ruptura del tejido social, y de relaciones entre comunidades y sus tierras CO2 y otros gases de efecto invernadero Contaminación Basura Contaminación del suelo, de aguas superficiales y subterráneas9 Para lograr el equilibrio, tendremos que cambiar la forma de tomar decisiones 9 Cambiamos los modelos de gestión del agua Iniciamos proyectos modelo con nuestros propios esfuerzos Consensamos planes y acciones que aseguren agua, alimentos y un medio ambiente sano para Aprovechamos la lluvia y reusamos nuestra agua Tomamos la decisión de responsablizarnos Recorremos y estudiamos cómo se comporta el agua nuestro territorio Participamos en procesos organizativos Cambiamos la forma de tomar decisiones Saneamos y fortalecemos nuestras organizaciones Nos articularmos con otros para acumular fuerzas Construimos capacidad para tomar decisiones en cada escala del territorio Reorientamos el presupuestos público para favorecer la gestión sustentable del agua y cuencas Buen gobierno del agua y cuencas No usamos productos tóxicos y superamos el consumismo Documentamos, exigimos información y nos oponemos a proyectos y prácticas destructivos Defendemos nuestra agua y cuencas vía estrategias de difusión, defensa legal, movilización y redes regionales, nacionales y globales Logramos instrumentos e instancias para prevenir proyectos que causen daño socio hídricoambiental Ponemos fin a las dinámicas destructivas Se cancelan proyectos dañinos y se logra la restitución y reparación Para recuperar nuestro tejido social y armonizarnos con la naturaleza, asumimos la responsabilidad de generar procesos y proyectos sustentables, de no permitir dinámicas destructivas y de transformar las formas de toma de decisiones para favorecer la vida y el bien común.10 10 El Derecho Humano al Agua representa un nuevo paradigma para su gestión En 2010 la delegación de Bolivia logró que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobara el derecho humano al agua y saneamiento. En México, se alcanzó el reconocimiento constitucional de este derecho humano a través de la reforma al Artículo 4, publicado el 8 de febrero, Qué distingue a la Iniciativa Ciudadana? Artículo 4: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 3er Transitorio. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas. Ley o Iniciativa Ley de Aguas Nacionales (LAN: 1992, 2004) Ley General de Aguas, Iniciativa Ciudadana (reemplazaría la LAN) Ley General de Agua, Propuesta Conagua Objetivo Seguridad para inversionistas vía concesiones transferibles; devolución de distritos de riego a Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para actuales y futuras generaciones Garantías para inversión privada en trasvases y sistemas municipales; deregulación; limites a la responsabilidad del Estado por desastres Modelo de Gestión Sobreextracción-desecho y acaparamientomarginación bajo autoridad única del agua Gestión participativa y sustentable del agua y cuencas desde lo local hasta lo nacional, con acceso equitativo Trasvases en torno a grandes urbes como asunto de seguridad nacional; acceso al agua según capacidad de pago, respetando mínimo vital Objeto Aguas Nacionales (pár. 5o, Art. 27 constitucional). Excluye aguas pluviales y residuales y deja confusión respecto a las aguas subterráneas Todos los sistemas naturales y sociales que intervienen en la gestión integral del agua en cuencas, en flujos subterráneos y en asentamientos humanos Aguas superficiales, subterráneas, pluviales, residuales y marinas; obras hidraúlicas (trasvases, presas, desalinizadores, plantas tratadoras); servicios de agua y saneamiento Distribución de competencias Ejecutivo Federal: Conagua Federación, estados y Distrito Federal, municipios y ciudadanía Federación, estados y D. F., municipios, sectores privado y social, ciudadanía Lógica Regulación vía mecanismos del mercado: compra-venta de concesiones vía bancos del agua; pago de derechos por contaminar, pago de servicios ambientales, concesionamiento de macroobras. Sistemas de agua y saneamiento regidos por leyes estatales Instancias ciudadanizadas de planeación y defensa a cada escala de gestión; recursos públicos sólo para ejecución de planes consensados en torno a metas nacionales; acceso equitativo para uso personal; concesiones condicionadas según disponibilidad ecológica; usos no prioritarios pagan costo total de administración y renovación natural; no se permiten proyectos dañinos Megaobras privatizantes; fin a la gestión del agua por cuenca o acuífero y a la participación; los estados determinan la disponibilidad; libre alumbramiento de aguas subterráneas; contaminadores y prestadores de servicios de agua y saneamiento se autorregulan; autorresponsabilidad de la población frente a desastres 11 Iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas: el buen manejo y el buen gobierno del agua 11 Cumplir con el derecho humano al agua requiere pasar de un modelo de extracción-desecho hídrico discriminatorio a la gestión de ciclos locales del agua con acceso equitativo. Esto exige, a su vez, superar un régimen de toma de decisiones opaco, autocrático y excluyente. En las siguientes páginas presentamos propuestas en la forma de una Ley General de Aguas elaborada colectivamente, teniendo como base décadas de experiencias en investigación y acción para la gestión y la defensa de las cuencas y sus aguas. La Iniciativa Ciudadana establece una Agenda Nacional con metas a lograr en 15 años. Potencía y responsabiliza a comunidades y Fija obligaciones para con consecuencias inmediatas en caso de incumplimiento, al mismo tiempo que establece mecanismos eficaces para cancelar proyectos dañinos de manera precautoria. Agenda Nacional Agua para ecosistemas vitales Agua de calidad y saneamiento para Agua para soberanía alimentaria Fin a la contaminación de cuerpos de agua Fin a la sobreexplotación y destrucción de aguas subterráneas y cuencas Fin a riesgos y desastres a causa del mal manejo socio-hidricoambiental A lograr en 15 años via Planes Rectores y reorientación del sistema de concesiones Esta propuesta requiere de la construcción de capacidades y voluntad política. Se trata de un proceso de transición que no comienza ni termina con la aprobación de una ley, sino tiene su mayor expresión en los ámbitos concretos de la vida comunitaria y ciudadana. 12 12 El buen gobierno del agua requiere participación desde el nivel local hasta el nacional Nuevas instancias de planeación y gestión Instancias efectivas de defensa y contraloría La participación mayoritariamente ciudadana, con transparencia, favorecería la legitimidad y la continuidad de la gestión planificada del agua en las cuencas y por los sistemas de agua y saneamiento. Las instancias ciudadanizadas contarían con los recursos públicos requeridos para la investigación, la planeación, el diseño, el monitoreo y la evaluación. Las entidades gubernamentales del agua tendrían la obligación de realizar los actos de autoridad requeridos para ejecutar los planes y recomendaciones vinculantes de las instancias ciudadanizadas, de proveer servicios públicos y de cuidar los bienes públicos. Una Contraloría Social del Agua ciudadana, con unidades autoorganizadas en los ámbitos local, de cuenca y nacional, vigilaría el cumplimiento de servidores públicos e iniciaría acciones de defensa sociohidricoambiental frente a proyectos o concesiones potencialmente dañinos. La Contraloría Social se coordinaría con los organismos gubernamentales a cargo de la defensa, la fiscalización y la protección socio-hidricoambiental, notando que se requieren de cambios legislativos para que cuenten con mayor autonomía y voluntad política, presupuestos adecuados, capacidad vinculante y precautoria y poder de sanción. Consejo Nacional de Cuencas Consejos (Ciudadanizados) de Cuenca Comisiones (Ciudadanizadas) de Subcuenca Junta de Agua Potable y Saneamiento Municipal o del D.F. Contraloría Social del Agua Nivel Nacional SAPAS Ciudadanizados SAPAS Comunitarios Nivel de Cuenca Unidades Prioritarias de Riego Comités de Microcuenca Comités de Microcuenca Nivel Municipal13 Exige instrumentos efectivos de planeación y defensa 13 Nuevos instrumentos de planeación y gestión La Agenda Nacional fijaría las metas a nivel nacional, a ser logradas en cada cuenca y municipio a través de planes consensados y vinculantes. Se contaría con un sistema de información, monitoreo y alerta que integraría bases de datos oficiales con información generada por universidades y Un Fondo Nacional dirigiría recursos directamente a proyectos autogestivos de comunidades sin acceso a agua de calidad o saneamiento apropiado. Se reorientaría el sistema de concesiones a aguas nacionales para eliminar progresivamente la sobreexplotación, la contaminación, así como el acaparamiento y la marginación hídricos. Instrumentos efectivos de defensa, protección y contraloría Se superaría la actual política de "mitigación" de daños por una de prevención precautoria, requiriendo que los proyectos comprueben que no serán destructivos, que representan la mejor alternativa y que cuentan con el consentimiento de la población local. Se reconocerían Áreas de Importancia Hidricoambiental y se frenaría la autorización de nuevos proyectos de urbanización en cuencas con severos desequilibrios hídricos. servidores públicos serían fiscalizados y responsabilizados por actos u omisiones que vulneren el derecho humano al agua, a la salud o a la integridad física de los habitantes. Agenda Nacional Estrategia Nacional Plan Rector Programa para el Aprovechamiento Agroecológico del Agua Plan Municipal de Agua Potable y Saneamiento Sistema de Información, Monitoreo y Alerta de Cuencas y Aguas (SIMACA) Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua Registro Nacional de Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS) Evaluación Anual de Cumplimiento de Servidores Públicos Dictamen de Impacto Socio Hídrico Dictamen de Costo-Beneficio Socio Hídrico-Ambiental Declaración de cuenca en extremo estrés Hídrico Áreas de Importancia Socio- Hidricoambiental Principios del buen gobierno del agua Sistema de concesiones: Mínimo Vital Nacional; Volumen Estándar por Cuenca; planes de riego14 14 Las grandes crisis hídricas se resuelven principalmente con proyectos locales Comités de Microcuenca Sería la unidad básica para tomar decisiones y organizar los trabajos para el cuidado y defensa del agua en el territorio. La participación sería abierta y las comunidades originarias tendrían un papel vital. En zonas rurales, atenderían la restauración de suelos y ecosistemas. En zonas urbanas, se enfocarían en el aprovechamiento de aguas pluviales y residuales, así como en la prevención de inundaciones, de hundimientos y de la contaminación. Su consentimiento informado sería requisito para la autorización de obras o actividades que pudieran afectar sus tierras y aguas. Eligirían a para representar la diversidad y el bien común de su microcuenca en las instancias de subcuenca y cuenca, y nombrarían, como a investigadores con trabajo en la zona. Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPAS) Comunitarios SAPAS sin fines de lucro, administrados por sus y cuyo Consejo de Administración sería elegido territorialmente ("Comités de Agua"). Realizarían convenios estableciendo responsabilidades del municipio, del SAPAS y, en su caso, de la comisión estatal. Ejecutarían el Plan APAS, para garantizar acceso equitativo a agua de calidad y saneamiento para en su zona de cobertura, así como bebederos y baños públicos dignos. Rendirían cuentas, acordarían tarifas y aprobarían su presupuesto anual en asambleas de Los SAPAS en zonas marginadas tendrían acceso al Fondo Nacional. Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPAS) Ciudadanizados SAPAS administrados mayoritariamente por territorialmente, junto con representantes municipales, estatales y federales, en zonas urbanas o metropolitanas. Convenios establecerían responsabilidades del SAPAS y gubernamentales. Ejecutarían el Plan APAS para garantizar acceso equitativo a agua de calidad y saneamiento para así como bebederos y baños dignos públicos. Trabajarían con los industriales para que dejen de depender del sistema municipal para su agua y drenaje. Rendirían cuentas, acordarían tarifas y aprobarían su presupuesto anual en asambleas de 15 Se coordinaría la gestión del agua, saneamiento, riego y territorio en la subcuenca 15 Junta de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (APAS) Municipal o del D.F. Instancia mayoritariamente ciudadana, a cargo de la planeación y evaluación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio o el D.F., vía convenios entre el municipio/d.f. y los SAPAS. Sería integrada por desde las colonias, barrios, delegaciones y poblados; representantes del gobierno local, estatal y, en su caso, federal; representantes de la Contraloría Social del Agua; de los SAPAS comunitarios y ciudadanizados, y unidades prioritarias de riego. Elaboraría, gestionaría y monitorearía la ejecución del Plan APAS. Promovería y vigilaría la democracia interna, la transparencia, la eficiencia, la calidad de servicios, el acceso equitativo y la accesibilidad de tarifas de los SA- PAS. Se requeriría su aval para: aprobar o modificar el Plan de Desarrollo Urbano; cambiar el uso del suelo o la densidad de ocupación; autorizar licencias para unidades habitacionales; para proyectos hoteleros, o para cualquier obra o actividad que podría afectar la disponibilidad o calidad del agua para los habitantes del municipio. Comisión (Ciudadanizada) de Subcuenca (CCS) Instancia para la coordinación cotidiana entre sistemas locales de manejo del agua en el territorio, de agua y saneamiento, de riego y de otros usos productivos. Sería integrada mayoritariamente por representantes ciudadanos por los Comités de Microcuencas junto con representantes de los SAPAS ciudadanizados y comunitarios, así como representantes gubernamentales. Ahí tendrían voz investigadores por los Comités de Microcuenca. Coordinaría la elaboración y la ejecución del Plan de Gestión de Subcuenca, componente básico del Plan Rector de Cuenca, con programas de gestión de aguas pluviales y para la prevención de inundaciones; restauración de ríos, lagos, humedales y acuíferos; así como estrategias frente a sequías. Contrataría y supervisaría la Subgerencia Técnica-Operativa, responsable de la asesoría para diseñar proyectos y construir capacidades; al igual que proveer datos para el Sistema de Información, Alerta y Monitoreo de Cuencas y Aguas. 16 16 El Consejo de Cuenca se encargaría del Plan Rector y de reorientar las concesiones Consejo Ciudadanizado de Cuenca (CCC) Instancia básica de participación mixta, mayoritariamente ciudadana, para lograr el cumplimiento de la Agenda Nacional en su cuenca ( o unidad territorial en zonas sin aguas superficiales ). Elaboraría, gestionaría, ejecutaría y evaluaría el Plan Rector. Determinaría el volumen de acceso por habitante/día en la cuenca y emitiría la Recomendación Anual de Concesiones y Condicionantes. Sometería prioridades presupuestales anuales al Consejo Nacional de Cuencas. Se responsabilizaría del Sistema de Información, Alerta y Monitoreo de la Cuenca, en coordinación con universidades y organizaciones locales. Aprobaría y ejecutaría el Programa para el Aprovechamiento Ecológico del Agua Contrataría y supervisaría a la Gerencia Técnica- Operativa. Nombraría los páneles para los Dictámenes de Impacto Socio-Hídrico y de Costo Beneficio Socio-Hidricoambiental. Comité de Monitoreo y Conservación de Aguas (COMCA) Organismo asesor del CCC compuesto por investigadores, (por el sobreconcesionamiento y por el acceso discriminatorio); pueblos originarios, así como representantes de ecosistemas y cuerpos de agua. Recomendarían el volúmen de agua ecológicamente aprovechable en la cuenca, basados en un complejo sistema de monitoreo (incluyendo flujos superficiales, niveles piezométricos, calidad del agua). Ajustarían los volúmenes y los condicionantes de aprovechamiento anualmente, hasta lograr la restauración de los flujos y los ecosistemas. El Director General de la entidad federal del agua (actualmente la Conagua) sería legalmente responsable por garantizar avances anuales hacia el equilibrio y acceso equitativo en todas las cuencas del país, en cumplimiento con las recomendaciones del CCC. Este Comité coordinaría a y solicitantes de usos no prioritarios para el desarrollo de estrategias para ajustarse a la disminución de los volúmenes concesionados. Sub-Comité por el Aprovechamiento Agroecológico del Agua Este Sub-Comité del COMCA estaría compuesto por productores (regantes o no), consumidores, investigadores y especialistas en técnicas de riego eficiente. Propondría al CCC su Programa para el Aprovechamiento Agroecológica del Agua para cumplir con las necesidades alimentarias a través del uso óptimo de las aguas superficiales, subterráneas, tratadas y pluviales de la cuenca. Diseñaría y gestionaría proyectos para: reducir las pérdidas en los sistemas de conducción, priorizar a los productores comunitarios, asesorar la adopción de técnicas agroecológicas y aprovechar tanto las aguas pluviales, como las residuales de los asentamientos humanos (incluyendo plantas de tratamiento manejadas por Propondría al CCC condicionantes para el otorgamiento de concesiones de uso agrícola que permitirían superar el acaparamiento, promover la sustitución progresiva de contaminantes, fomentar el mejoramiento de suelos e impulsar la transición hacia cultivos de máximo rendimiento hídrico. Gerencia Técnica Operativa (GTO) Unidades técnicas contratadas por los Comisiones y Consejos de Cuenca, para apoyar en la elaboración y ejecución de sus Planes Rectores. Asesorarían el diseño colaborativo de proyectos; manejarían su nodo del Sistema de Información (SIMACA); prepararían informes y recomendaciones; y apoyarían la capacitación técnica, administrativa y organizativa. La suma de los presupuestos de las GTO, CCC, CCS y CCM sería mayor al presupuesto técnico-administrativo de la entidad federal del agua (Conagua). 17 El Consejo Nacional sería la máxima autoridad de política hídrica en nuestro país 17 Consejo Nacional de Cuencas Máxima autoridad de la política hídrica en México, la cual se integraría por cinco o más representantes de cada uno de los Consejos Ciudadanizados de Cuenca. Sus responsabilidades incluirían: Elaborar y dar seguimiento a la Estrategia para realizar la Agenda Nacional Proponer a la Legislatura el presupuesto anual para el sector agua Proponer políticas intersectoriales para lograr modelos agrícolas y urbanos compatibles con el buen funcionamiento de las cuencas y acuíferos Formar una Comisión de Especialistas que diseñe un sistema apropiado para la gestión, estabilización y restauración de aguas subterráneas Generar acuerdos para disminuir la dependencia en trasvases y en la extracción de flujos regionales Fijar y actualizar el Volúmen Mínimo Vital Universal Proponer reformas legislativas Revisar y realizar las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el agua y su gestión* Determinar políticas y estrategias para la buena gestión de cuencas y flujos subterráneos transfronterizos Emitir opiniones relacionadas con tratados y contratos internacionales actuales y potenciales, para garantizar respeto al derecho humano al agua y a la soberanía hídrica Nombrar la terna para Director General de la entidad federal del agua (actualmente Conagua) Secretariado del Consejo Nacional de Cuencas Unidad técnica-administrativa que sería adscrita al Consejo Nacional de Cuencas. Elaboraría los análisis requeridos para la toma de decisiones, y coordinaría las acciones necesarias para su ejecución. Operaría el Sistema de Información, Monitoreo y Alerta; gestionaría el presupuesto federal; promovería relaciones de intercambio y apoyo mutuo entre los Consejos de Cuenca; y detectaría para cumplir con sus respectivos Planes Rectores. Trabajaría en coordinación con la entidad federal del agua (actualmente la Conagua), la cual seríaa responsable exclusivamente de los actos de autoridad necesarios para ejecutar los planes y las decisiones del Consejo Nacional y los CCC, y de la operación de la infraestructura hidraúlica federal. Instituto para la Gestión Sustentable de Aguas y Cuencas Habría un Consejo (Ciudadanizado) para cada cuenca principal en el país (entre en total) * Via reforma a la Ley Federal de Metrología y Normalización. Este Instituto sería un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, reemplazando al actual Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Consistiría en una red de centros de investigación, asesoría y capacitación en cada una de las cuencas del país, a ser operados en coordinación con las universidades y organizaciones locales. Promovería la investigación aplicada en torno a: la gestión adecuada de aguas subterráneas, la transformación del los sistemas de riego y de cultivo, la retención de suelos y agua en cuenca alta, la restauración de ecosistemas, y cuerpos de agua, el ahorro hídrico, la gestión de aguas pluviales, la reducción de riesgos de inundaciones y de vulnerabilidad a sequías, el tratamiento para el reuso y la construcción de capacidades locales. 18 18 La gestion sería planificada y consensada en torno a metas nacionales Estrategia para la Agenda Nacional Instrumento vinculante de mediano plazo, a ser elaborado a través de un proceso técnico-participativo convocado por el Consejo Nacional de Cuencas, y orientado por los Planes Rectores localmente consensados. La Estrategia Nacional proyectaría una visión del país basada en las potencialidades hídricoambientales de cada región. Definiría las políticas requeridas para que los proyectos de desarrollo urbano, vial, industrial, turístico, de energía y minería respeten los límites y las funciones vitales de las cuencas y los flujos subterráneos. Contendría un Programa Nacional para la Sustentabilidad Hídroagrícola que permitiría cumplir con el derecho a la alimentación sin la sobreexplotación, la contaminación y el acaparamiento hídrico. Plantearía transitar a una producción agroecológica adaptada a las condiciones particulares de cada región del país, orientada hacia los mercados locales y el nacional, priorizando a productores familiares y comunitarios. Fortalecería la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Nacional de Protección Civil, al definir las políticas y los programas de restauración de cuencas y ecosistemas requeridos para reducir riesgos y desastres. Propondría instancias e instrumentos para la gestión de flujos superficiales y subterráneos transfronterizos, y criterios a ser aplicados previo la firma de tratados comerciales o contratos con inversionistas extranjeros. Sus lineamientos serían vinculantes para todas las autoridades y programas de los tres órdenes de gobierno. La Contraloría Social del Agua vigilaría su cumplimiento. Plan Rector de Cuenca Instrumento vinculante que orientaría a los planes y programas (de ordenamiento ecológico; de desarrollo urbano, forestal, agrícola y ganadero; y de áreas naturales protegidas) en cada cuenca, para garantizar el cumplimiento con el derecho humano al agua y la Agenda Nacional. Los Planes Rectores se consensarían desde las microcuencas; se consolidarían en las subcuencas y se aprobarían y gestionarían por cuenca, con planes específicos para: Delimitar y lograr la buena gestión de Áreas de Importancia Socio-hidricoambiental Lograr la sustentabilidad hídrica y agua de calidad para asentamientos metropolitanos y rurales Eliminar contaminantes en fuente Estabilizar y restaurar las aguas subterráneas Prevenir riesgos y evitar desastres causados por la gestión socio-hidricoambiental inadecuada PLAN RECTOR DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA Para cumplir con las metas de la Agenda Nacional Aprobado por consenso por el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala En particular, los Planes Rectores contendrían un Programa para el Aprovechamiento Agroecológico del Agua, que buscaría eficientar el riego y redimensionar los distritos y unidades de riego. Describiría las acciones requeridas para transitar hacia cultivos hídricamente apropiados, con métodos de cultivo no contaminantes que restauren los suelos, priorizando a productores comunitarios al mercado local o nacional. Cada Plan Rector incluiría: un inventario de ríos, lagos y humedales, y de infraestructura hidráulica; la delimitación de cauces, zonas federales y Áreas de Importancia Socio-Hidricoambiental, con estrategias de gestión, restricciones de uso; y el diseño de sistemas de monitoreo y alerta que formarán parte del SIMACA. Contendría, además, una cartera de proyectos, con una calendarización, la asignación de responsabilidades, indicadores de desempeño e impacto, mapas y presupuestos. Agua Compartida para Todos, Chilapa, Guerrero. Foto: GEA, A.C. 19 La gestión planificada se basaría en informacion y capacitacion 19 Plan Municipal/D.F. de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Plan vinculante a ser elaborado y actualizado por la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio o del D.F. Contendría las estrategias, políticas, obras y acciones requeridas para garantizar el acceso equitativo a agua de calidad y saneamiento para actuales y habitantes, y para la gestión óptima de las aguas residuales y pluviales urbanas. Componentes: Definición de zonas de cobertura y planes para la consolidación organizativa y administrativa de los SAPAS responsables de cada zona Programa para reordenar redes de distribución para garantizar acceso equitativo al agua potable de uso personal doméstico y servicios públicos, priorizando zonas sin cobertura; incluye la instalación de macromedidores accesible al público Programa para eliminar progresivamente el uso industrial del agua potable y de los drenajes municipales y del D.F. Prevería apoyos y asesorías para que la pequeña y mediana industria pueda eficientar sus operaciones y aprovechar aguas pluviales y tratadas. En zonas metropolitanas, contemplaría el reordenamiento de las redes de distribución para que las zonas industriales solicitaran sus propias concesiones a través del CCC Programa para lograr bebederos y baños dignos en escuelas, mercados, edificios públicos y plazas, aprovechando las aguas pluviales Programa para sistemas de saneamiento de bajo consumo de agua y energía que permitirían el reuso local de aguas residuales municipales, priorizando la soberanía alimentaria Programa para la gestión de aguas pluviales urbanas para prevenir inundaciones, lograr su aprovechamiento y proteger las plantas de tratamiento de daños causados por picos de lluvia Criterios de planeación urbana y de construcción determinando número máximo de viviendas y de habitaciones hoteleras, así como especificaciones para la gestión de aguas pluviales y saneamiento Cartera de proyectos con asignación de responsabilidades, indicadores de desempeño e impacto, programación y presupuesto Sistema de Información, Monitoreo y Alerta de Cuencas y Aguas (SIMACA) Sistema que sería coordinado por el Consejo Nacional de Cuencas involucrando a: el Servicio Meteorológico Nacional; la CONABIO, la INECC, el INIFAP, la CONAFOR, el INEGI los SAPAS y las entidades responsables del agua a nivel federal, estatal y municipal. Implicaría la integración de todos los sistemas de monitoreo climático, hidrométrico y de aguas subterráneas en el país en un solo sistema. Serviría como acervo obligatorio de todos los estudios, planes y monitoreos realizados con recursos públicos de relevancia para la gestión de cuencas cuencas, aguas e infraestructura hidráulica. Contaría con nodos por cuenca a ser manejados en convenio con universidades y organizaciones de la sociedad civil en coordinación con sus respectivos CCC. Incluiría la modelación de aguas superficiales y subterráneas; Áreas de Importancia Socio-hidricoambiental con restricciones de uso; inventario de cuerpos de agua e infraestructura hidráulica; puntos de extracción y de descarga; zonas de riesgo hídrico; análisis de calidad del agua; y estudios epidemiológicos y toxicológicos de la salud humana y de ecosistemas. Se utilizaría para la elaboración y seguimiento de Planes Rectores y de APAS municipales; planes de manejo para Áreas de Importancia Socio-hídricoambiental; planes de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos; recomendaciones de volúmenes y condicionantes para concesiones; estrategias para la eliminación de riesgos hidricoambientales; Dictámenes Costo-Beneficio y de Impacto Socio Hídrico, sistemas de alerta, entre otros. Monitoreo de calidad de aguas subterráneas Monitoreo del nivel en un cuerpo de agua 20 20 La gestión y defensa se fundamentaría en principios universales Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento Fondo auditable para el financiamiento directo a comunidades para proyectos autogestivos del agua y saneamiento en zonas sin acceso, con atención especial a garantizar agua de calidad y baños dignos en escuelas públicas. El Fondo serviría para lograr acción inmediata para superar prácticas discriminatorias y lograr el acceso equitativo sin disminuir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno al respecto. Se formaría con recursos federales, estatales, municipales y mediante el cobro de un porcentaje de las utilidades percibidas por concesionarios de aguas nacionales (usos no prioritarios). El cobro de utilidades se aplicaría también a concesionarios de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento concesionados bajo la Ley de Aguas Nacionales). Principios del buen gobierno del agua 1. El agua como bien común de la Nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro, respetando las necesidades de las generaciones futuras. 2. La integralidad entre las comunidades, sus tierras y sus aguas, lo cual implica respeto por el derecho de las comunidades al consentimiento libre e informado sobre cualquier proyecto que podría poner en riesgo esta integralidad. 3. La participación ciudadana y comunitaria en las instancias de planificación, gestión, ejecución, vigilancia y sanción, como condición fundamental para garantizar el derecho humano al agua. 4. La interculturalidad y la no discriminación, garantizando la representación en la toma de decisiones de la diversidad cultural y de género, así como la incorporación de las cosmovisiones y los usos y costumbres de los pueblos originarios. 5. La transparencia y la máxima publicidad de información. 6. La seguridad de las personas, las comunidades y los pueblos, incluyendo su patrimonio, vía la eliminación de riesgos causados por el inadecuado manejo socio-hidricoambiental. 7. Pro homine, pro naturaleza, lo que implica que en caso de vacíos o conflictos entre normas, se aplicará la interpretación que más favorezca la protección de los derechos humanos de las personas físicas y la integridad de las comunidades, de los pueblos indígenas y de la naturaleza. 8. La prevención, con la que se priorizarán medidas que eviten los daños hidricoambientales, en lugar de la reparación. 9. La precaución, que implica que aún en la ausencia de certidumbre científica se tomarán medidas, incluyendo la posible cancelación del proyecto, para prevenir daños socio-hidricoambientales graves. El promovente de una actividad llevará la carga de prueba de su inocuidad. 10. La subsidiareidad, que exige que se prioricen los procesos y proyectos locales en la planeación y gestión socio hidricoambiental. 11. La proporcionalidad, que significa que las obras y los proyectos tendrán que ser tanto necesarios, al no haber otras medidas menos restrictivas cuando se puedan lesionar derechos, como adecuados, al proveer más beneficios que perjuicios sociales e hidricoambientales. 12. La sustitución, que obliga a sólo autorizar proyectos o actividades que usen la alternativa que represente un mínimo de daños. 13. La aplicación del máximo de los recursos disponibles, lo que incluye la priorización presupuestaria de las obras y proyectos requeridos para cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento de las generaciones actuales y futuras. 14. La restauración y restitución, lo que significa que el responsable de daños hidricoambientales tendrá que lograr su plena restauración así como la restitución de las personas o comunidades afectadas. 15. La responsabilidad clara y diferenciada de las autoridades. 21 Las aguas son originariamente de la población en el territorio 21 Sistema de Concesiones Artículo 27: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La propiedad de las tierras y aguas [...], corresponde originariamente a la Nación [...] La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de [...] regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales [...] con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales [...] El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y [...] el aprovechamiento de los recursos [...] por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Asignación: Acto de autoridad que faculta a una entidad pública, ejidal o comunitaria para utilizar bienes de la Nación, según los límites y condicionantes que señala la ley. Concesión: Acto de autoridad que faculta a un particular o una sociedad para utilizar bienes de la Nación, respetando los límites y condiciones que señala la ley. Sujeto de derecho humano al agua: La Iniciativa Ciudadana considera que el derecho humano al agua corresponde únicamente a las personas físicas, a pesar del actual debate sobre si las sociedades anónimas se pueden ostentar como poseedoras de derechos humanos. El reconocimiento por parte de la Constitución que las tierras y el agua son originariamente de la Nación -el pueblo en el territorio- fue un logro fundamental de la Revolución Mexicana con raíces en nuestras culturas milenarias. Un sistema de concesiones, bien diseñado y fundado en una ciudadanía informada y organizada, representa un poderoso instrumento para asegurar el acceso sustentable y equitativo al vital líquido, como exige la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua. Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales permite al Ejecutivo Federal determinar la disponibilidad del agua, a quiénes concesionarla y bajo qué condiciones, sin mecanismos de revisión o participación pública. Tampoco hay consecuencias para las autoridades que concesionan volúmenes excesivos, que permiten el acaparamiento o niegan su acceso en base a criterios discriminatorios, o que rehusan aplicar sanciones a infractores. El sistema de concesiones propuesto por la Iniciativa Ciudadana involucraría a los habitantes de cada cuenca en procesos técnicamente fundamentados para hacer recomendaciones vinculantes a la entidad federal del agua (actualmente la Conagua) en cuanto al volumen total aprovechable; los volúmenes requeridos para el derecho humano al agua y a la alimentación; así como las prioridades y condicionantes de uso para los volúmenes restantes. Los solicitantes de concesiones de agua para usos no prioritarios colaborarían al interior del Comité de Monitoreo y Conservación de Aguas de su cuenca para proponer medidas que logren la progresiva eliminación de las actuales prácticas de contaminación, sobreexplotación y acaparamiento. El Consejo de Cuenca revisaría, ajustaría y aprobaría las medidas propuestas, al igual que las metas específicas presentadas por cada solicitante de concesión aprobada. Cada concesionario tendría que cumplir con sus respectivas metas como requisito para la renovación anual de su concesión. Este esquema no sólo protegería al ambiente y a la población en general, sino que beneficiaría a los consesionarios responsables, quienes actualmente son obligados a competir con concesionarios que buscan ventajas desleales a través del abuso hidricoambiental en violación de la normatividad vigente. 22 22 Las concesiones condicionadas garantizarían el acceso sustentable y equitativo Cómo funcionaría? 1. Sólo se concesionaría el volumen ecológicamente aprovechable El Comité de Monitoreo y Conservación de Aguas del CCC, junto con su Gerencía Técnica-Operativa, realizaría trabajos de campo y analizaría los datos disponibles para recomendar ajustes anuales en los volúmenes y condicionantes de aprovechamiento hasta lograr el equilibrio y restauración de los ecosistemas y de las aguas superficiales y subterráneas (el uso de aguas residuales y pluviales no requeriría de una concesión). 2. El agua sería prioritariamente para la vida A partir de las recomendaciones del Comité de Monitoreo, los CCC emitirían Recomendaciones Anuales de Volúmenes y Condicionantes, priorizando al derecho humano al agua y los volúmenes requeridos para la soberanía alimentaria. Las recomendaciones sobre los volúmenes restantes dependerían de las prioridades de habitantes de la cuenca y de la viabilidad de las propuestas de aprovechamiento presentadas por solicitantes. 3. Se garantizaría el acceso equitativo Los CCC emitirían recomendaciones vinculantes de los volúmenes a asignar a los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento para la distribución doméstica equitativa y para el uso personal-público/servicios (sin que este uso exceda el 25% del total asignada), según el volumen de acceso por habitante/día acordado en esta cuenca. Los SAPAS en zonas urbanas contarían con macromedidores que transmitirían datos en tiempo real, disponibles en línea, para detectar fugas y monitorear la distribución equitativa. El Consejo Nacional de Cuencas determinaría y actualizaría el Mínimo Vital Universal que se debería garantizar a habitantes del país inmediatamente y bajo cualquier circunstancia. La Contraloría Social del Agua vigilaría el acceso equitativo y recopilaría datos para el Registro Nacional del Derecho Humano al Agua. El Fondo Nacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento proveería financiamiento directo e inmediato para proyectos autogestivos en comunidades sin acceso a agua de calidad o saneamiento apropiado. 4. Se respetaría la integridad de las tierras y aguas de los pueblos originarios En cumplimiento con el 2o Art. Constitucional, se registrarían y se respetarían los derechos de los pueblos originarios a las aguas en sus territorios, así como los acuerdos entre pueblos para cuidar y aprovechar sus aguas conjuntamente. En donde se han perdido las fuentes históricas debido a trasvases o sobreexplotación, los Planes Rectores contendrían las acciones requeridas para recuperarlas y restituir los daños. 5. Las concesiones serían condicionadas y anualmente renovables Las nuevas concesiones requerirían de Dictámenes de Impacto Socio-Hídrico y su renovación dependería del cumplimiento con condicionantes de uso, incluyendo la instalación de medidores con transmisión en tiempo real, la progresiva eliminación en fuente de contaminantes, el acceso público y permanente a los puntos de descarga (uno por concesión), y la entrega trimestral de datos sobre el comportamiento de las fuentes de las aguas extraídas. La Contraloría Social del Agua emitiría una Evaluación Anual del Cumplimiento con Condicionantes que serviría como base, junto con los ajustes recomendados por el Comité de Monitoreo, para que el CCC emita su Recomendación Anual de Volúmenes y Condicionantes. El incumplimiento con los condicionantes pondría en riesgo la renovación parcial o total de la concesión. 6. Las concesiones no serían transferibles Para recuperar la rectoría del agua a favor de la Nación, no se permitiría la actual compra-venta de concesiones vía mercados negros o bancos del agua. El cambio del concesionario o del uso de aguas nacionales requeriría la cancelación de la concesión vigente y la solicitud de una nueva concesión dentro del esquema de planeación y condicionamiento del CCC. 7. Se realizarían inspecciones oficiales y monitoreo ciudadano, con acceso público a los resultados Los CCC, la Contraloría Social del Agua y la procuraduría contarían con recursos (20% de los derechos cobrados) para monitorear los volúmenes utilizados y detectar contaminantes en las descargas. Los datos generados por las inspecciones oficiales, los medidores de entrada y descarga, y el monitoreo ciudadano serían disponibles en línea vía el SIMACA.23 Se condicionaría el acceso al agua según su uso 23 Uso Uso personal doméstico y servicios públicos Uso para la soberanía alimentaria Uso agrícola en transición a la sustentabilidad Uso ganadero Uso industrial Uso para la construcción Embotelladoras. Uso industrial consuntivo Uso minero, fracturación hidráulica, industrias extractivas Uso termoeléctrico (Enfriamiento) Uso hidroeléctrico Uso hotelero y recreativo Uso acuícola Condicionantes Asignación prioritaria para el uso de agua de calidad, reconociendo sobre todo los derechos de los pueblos originarios. Los volúmenes asignados a cada SAPAS se calcularían con base en el número de habitantes servidos y el Volúmen Estándar de Acceso en la cuenca, a ser utilizada exclusivamente para la distribución equitativa a domicilio y servicios públicos. No se permitiría el subconcesionamiento ni otros usos. Los SAPAS tendrían que constatar el acceso equitativo vía sistemas eficientes, el tratamiento y reuso de sus aguas residuales (prioritariamente para soberanía alimentaria), la democracia interna y la rendición de cuentas. Segunda prioridad de uso. Aguas de calidad para la producción de alimentos básicos por parte de unidades familiares o comunitarias sin fines de lucro, para el mercado local o nacional, cumpliendo con la sustitución progresiva de contaminantes y la adopción de prácticas de cultivo que restauren suelos y prevengan el azolve. Los derechos a aguas superficiales en tierras de pueblos originarios y núcleos agrarios se registrarán sin necesidad de concesión. No se permitiría el uso de aguas salinas que pondrían en riesgo la fertilidad de los suelos. Dependiendo de la disponibilidad. Los solicitantes de concesiones nuevas o renovadas tendrían que cumplir con planes aprobados por el CCC para sustituir contaminantes, restaurar suelos, y lograr la transición a cultivos hidricamente apropiados. Se redimensionarían los Distritos de Riego, con un volúmen máximo por concesión; tendrían que cumplir con metas de acceso equitativo, democracia interna y rendición de cuentas. Se programaría la eliminación de este uso con aguas salinas y en zonas vulnerables a la desertificación. Según disponibilidad. Requeriría cumplir con planes de ordenamiento ganadero aprobados por el CCC para prevenir daños a suelos, vegetación y a aguas superficiales y subterráneas. Según disponibilidad. Requeriría no utilizar tóxicos, y cumplir con la sustitución progresiva de sustancias dañinas y la reducción en los volúmenes de agua utilizados, llegando a cero descargas (100% reciclaje) en 15 años. Acceso público y permanente a puntos de descarga. Concesión de volumen fijo por obra, según disponiblidad. Obras que requieran más de 100 mil m 3 tendrían que contar con un Dictamen de Impacto Hídrico-Ambiental para asegurar que la obra, una vez construida, no dañe el funcionamiento del ciclo hidrológico en la cuenca. No se permitiría el uso de agua potable de sistemas municipales para obras de construcción. Según disponibilidad. Se aplicaría una tarifa extraordinaria a ser destinada a la gestión de cuenca, al Fondo Nacional DHAS y a la instalación de bebederos públicos. Sus botellas tendrán que ser retornables o biodegradables. No se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica o de sustancias radiactivas, o para la fracturación hidráulica "fracking". Otros proyectos extractivistas (incluyendo la industria petrolera) requerirían de una asignación o concesión, pendiente un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico y el consentimiento libre e informado de la comunidad local y del CCC. Sólo se permitiría el uso de un volumen fijo de agua a ser reutilizado vía reciclaje interno (cero descargas). Según disponibilidad. Este uso consuntivo requiriría de un Dictamen de Impacto Socio Hídrico, y la elaboración y cumplimiento de un programa para transitar hacia tecnologías que permitan el enfriamiento vía el reciclaje interno. Asignación no consuntiva. Requeriría de Dictámen de Costo-Beneficio y de Impacto Socio Hídrico, demostrando que no afectaría al caudal ecológico, a las reservas de agua, a la soberanía alimentaria, a los ecosistemas vitales, ni a la capacidad del río de distribuir nutrientes y manejar picos de lluvia. Tendría que contar con el consentimiento libre e informado de las comunidades locales y del CCC. Según disponibilidad. Requeriría de un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico. Tratamiento y reuso obligatorio de sus aguas residuales. En donde haya condiciones, el CCC podría autorizar la asignación de un volumen adicional a un SAPAS para el uso hotelero, según criterios especificados por el CCC y el SAPAS. Si se descubriera que el SAPAS sacrifica el uso doméstico y de servicios públicos a favor de la industria hotelera, se cancelería el volúmen adicional asignado y las empresas hoteleras tendrían que obtener sus propias concesiones vía el CCC. Según disponibilidad. Requeriría de un Dictamen de Impacto Socio-Hídrico, garantizando el respeto por los humedales y otros ecosistemas nativos. Se exigiría una transición progresiva hacia cero contaminantes y el 100% reciclaje de nutrientes.24 24 La responsabilización ciudadana favorecería mayor defensa y contraloría Contraloría Social del Agua (CSA) La Contraloría Social del Agua sería un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de composición ciudadana que buscaría erradicar la corrupción y la impunidad en el desempeño de la función pública del agua. Tendría autonomía presupuestaria (financiada con el 10% del cobro de derechos a aguas nacionales) y de decisión, así como capacidad vinculante. Contaría con unidades auto-organizadas a nivel municipal, de cuenca y nacional, asegurando la participación de ciudadanos afectados, pueblos originarios, investigadores, mujeres, jóvenes, ambientalistas y especialistas en derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaría el proceso de elección de tres Contralores (posición honorífica, sin conflicto de interés) por cuenca por parte de los integrantes de las unidades auto-organizadas locales; y tres más a nivel nacional, desde las cuencas. representantes de las CSA tendrían acceso como observadores a todas las reuniones oficiales de toma de decisiones relevantes al derecho humano al agua y al buen manejo de cuencas. Vigilarían la construcción y funcionamiento democrático y transparente de las instancias ciudadanizadas y comunitarias de gestión del agua y de cuencas. Mantendrían el Registro Nacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento y presentarían Evaluaciones Anuales de Cumplimiento de Públicos, solicitando, en su caso, la aplicación de sanciones o la revocación del mandato de incumplidos. Promovería demandas de acción colectiva para cancelar proyectos dañinos y para lograr la restauración socio-hidricoambiental. fortalecimiento de la defensa socio-hidricoambiental La defensa del derecho humano al agua requerirá contar con un conjunto de organismos con fuerte base social, y con procedimientos que garanticen su autonomía frente a intereses políticos o particulares. Requieren contar con presupuesto garantizado, capacidad vinculante, pleno acceso a la información así como mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas. La defensa y realización del derecho humano al agua requiere poder prevenir o cancelar inmediatamente cualquier obra, actividad o concesión que pudiera resultar en daños socio-hidricoambientales graves. Además, dado el contexto internacional actual, se requiere generar estrategias para enfrentar potenciales demandas de inversionistas extranjeros que pudieran argumentar afectaciones a utilidades esperadas (vea CIADI, p.35). Con el fin de construir estas capacidades, se propone el fortalecimiento o rediseño de las siguientes instituciones: Auditoría Superior de la Federación (ASF): Este organismo coadyuvante de la Legislatura Federal fiscaliza los gastos públicos y el desempeño de federales. La ASF tendría la obligación de investigar irregularidades detectadas por la CSA en sus evaluaciones anuales de servidores públicos. Aplicaría las sanciones correspondientes incluyendo la revocación del mandato a que incumplan, emitan autorizaciones irregulares o desvíen recursos. La CSA formaría parte del Sistema Nacional de Fiscalización promovido por la ASF. 25 Nuevos instrumentos fincarían las responsabilidades de públicos 25 Comisión Nacional de Derechos Humanos: La CNDH es un organismo constitucional autónomo cuyo director es nombrado por el Senado. La Sexta Visitaduría (DESCA y Agua) certificaría el proceso de elección de los responsables de la CSA. Apoyaría a la CSA en la construcción y mantenimiento del Registro Nacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, y emitiría recomendaciones a Orientaría, junto con los CCC y CSA, la aplicación del Fondo Nacional para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en comunidades marginadas. Procuraduría del Agua: Se propone una Procuraduría del Agua y Ambiente, constitucionalmente autónoma (la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente depende del Ejecutivo Federal), con una unidad en cada cuenca, financiada con 5% de los derechos del agua, responsable de inspeccionar y sancionar violaciones de la normatividad. Tribunales Especializados: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental requiere el establecimiento de un Tribunal Especializado (del poder judicial) en el tema ambiental. La LGA requeriría adicionalmente de jueces especializados en el tema socio-hidricoambiental. Defensoría Socio-hidricoambiental: Para lograr la cancelación inmediata de obras, actividades y concesiones ilícitas o con autorizaciones irregulares, al igual que la restauración de daños socio-hidricoambientales, se utilizaría 5% de los derechos al agua para financiar asesoría legal pública (a través del poder judicial) para demandas individuales y de acción colectiva. Registro Nacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento El Registro sería manejado por la Contraloría Social del Agua, con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluiría datos georreferenciados sobre patrones de distribución (para detectar prácticas discriminatorias) y de habitantes sin acceso a agua de calidad o servicios apropiados de saneamiento. Se utilizaría para orientar las acciones del Fondo Nacional, tanto como para fincar responsabilidades de servidores públicos. Ver cuadro: En la Cuenca de México, a pesar de contar con tarifas escalonadas, la dotación por habitante (la cual incluye el uso industrial) varía de 60 a 560 litros al día Evaluación anual del cumplimiento de La Contraloría Social del Agua a nivel municipal, de cuenca y nacional, en coordinación con la ASF, publicaría evaluaciones anuales del cumplimiento de con las siguientes responsabilidades claves para el derecho humano al agua y saneamiento, y la reducción de riesgos hídricos: Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales: Garantizar que los Manifestaciones de Impacto Ambiental cuenten con consultas públicas y con análisis imparcial e integral, asimismo, que hayan sanciones efectivas y restauración en caso del incumplimiento con las medidas de mitigación. Director General de la entidad federal del agua/conagua: Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, y el cumplimiento con la Agenda Nacional vía la ejecución de Planes Rectores y la reorientación de concesiones. Asegurar que los recursos federales del sector agua sean aplicados exclusivamente para la ejecución de los planes y el Fondo Nacional. Otorgar concesiones sólo según recomendaciones del CCC. Mantener cauces libres de construcciones y asegurar extinción progresiva de concesiones de materiales pétreos y de zonas federales. Procurador Federal de Protección al Ambiente: Realizar inspecciones, aplicar sanciones y proceder legalmente contra infractores. Clausurar pozos clandestinos así como obras sin Dictamen de Impacto Socio-Hídrico. Secretario de Desarrollo Urbano Estatal/D.F.: Garantizar que el Plan de Desarrollo Urbano respete los Planes Rectores. No autorizar proyectos de urbanización en cuencas en extremo estrés hídrico o que no cuenten con el Dictamen de Impacto Socio-Hídrico favorable. Director de la Comisión Estatal del Agua: Garantizar que el Plan Hídrico Estatal respete los Planes Rectores; que los recursos estatales sector agua sean aplicados exclusivamente para Planes Rectores y Municipales, y sólo para proyectos con Dictamenes de Costo-Beneficio Socio-hidricoambiental; que las aguas asignadas a los SAPAS solamente sean para uso personal, con acceso equitativo. Presidente Municipal o Jefe de Gobierno D.F.: Garantizar la elaboración del Plan APAS y que los recursos destinados al agua sean utilizados sólo para la ejecución del plan. Garantizar acceso equitativo a agua de calidad y saneamiento para Garantizar que el Plan de Desarrollo Urbano, así como los cambios en los usos del suelo y las licencias de construcción, respeten el Plan Rector. 26 26 Se contaría con nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección Dictamen de Impacto Socio-Hídrico Este dictamen sería requisito para la Manifestación de Impacto Ambiental. Sería emitido por un panel de expertos sin conflicto de interés, nombrado por el CCC. Para ser autorizado, el Dictamen tendría que demostrar que el proyecto no provocaría daños socio-hidricoambientales que vulneren el derecho humano al agua o a los derechos asociados. Se requeriría constatar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales potencialmente afectadas. Dictamen Costo-Beneficio Socio-Hídrico Ambiental Este Dictamen sería emitido por un panel de expertos sin conflicto de interés, nombrados por el CCC, como requisito para cualquier obra hidráulica con un valor mayor a 50 mil salarios mínimos. Se evaluaría los costos y beneficios socio-hidricoambientales del proyecto a lo largo de su vida útil para asegurar que la obra propuesta tenga claras ventajas sobre cualquier otra alternativa, incluyendo su no realización. Declaración de cuenca en extremo estrés hídrico Por recomendación vinculante del CCC, una cuenca sería declarada en extremo estrés hídrico cuando sufra dos o más de los siguientes fenómenos: inundaciones crónicas de asentamientos humanos; grietas o hundimientos mayores a 5 cm/año en sus zonas de pozos; desecamiento progresivo de ecosistemas vitales; ríos, lagos, acuíferos sin la calidad para uso agrícola o humana; asentamientos sin acceso al derecho humano al agua y saneamiento. No se permitiría la autorización de proyectos de nueva urbanización en estas cuencas hasta que sus problemáticas queden resueltas. Áreas de Importancia Sociohidricoambiental y zonas federales Los Planes Rectores delimitarían los ríos, lagos, humedales, manantiales, zonas de recarga, cauces (extendiendo la zona federal a 15 m a ambos lados de sus límites máximos), planicies de inundación, cenotes y zonas de riesgo hídrico, entre otras, que realizan una función vital para la cuenca y sus aguas. Para estas Áreas de Importancia Socio-hidricoambiental, se definirían restricciones federales a las actividades permitidas, con atención especial a la prevención de la contaminación. Cambios de uso del suelo en estas áreas requerirían de autorización federal y aprobación del CCC. Esta instancia contaría con recursos para elaborar y ejecutar Planes de Gestión para las Áreas de Importancia, asegurando el pleno involucramiento de las comunidades locales. Se buscará en particular la restauración de humedales y de la vegetación nativa en zonas de cenotes y ribereñas. Con el fin de restaurar la capacidad de manejar flujos extraordinarios, no se permitiría el otorgamiento de nuevas concesiones a zona federales. Los CCC vigilarían la cancelación (en casos de violación de los términos de autorización) o rescate (por causa de interés público) de las actuales concesiones a estas zonas. No se permitiría el desecamiento de corrientes vía represas o entubamientos, y se extinguiría progresivamente el sistema de concesiones para la extracción de materiales pétreos (gravas y arenas) de cauces. Marismas Nacionales, Nayarit y Sinaloa. 27 De la crisis al buen gobierno del agua 27 Construcción del buen gobierno del agua En esta sección exploramos cómo nuestros esfuerzos para enfrentar las crisis del agua están sentando las bases para el modelo de gestión participativa y sustentable propuesto en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Problemas Causas Soluciones Pág. Desecamiento de manantiales, ríos, lagos y humedales Daños físicos por ingestión continua de agua fósil Hundimientos y grietas Falta de reconocimiento de derechos comunitarios a fuentes de agua Sistema de concesiones que fomenta el sobreconcesionamiento, el derroche y la exclusión Disminución y reasignación de volúmenes hasta lograr el equilibrio con equidad 30 Productores agrícolas familiares y sin acceso a agua para riego Abatimiento y contaminación de pozos; intrusión salina Sobreurbanización Contaminación del agua por agroquímicos y descargas industriales Destrucción de cuencas y sistemas de aguas subterráneas y superficiales por minería, fracturación hidráulica, sobre-urbanización, autopistas, megaproyectos turísticos y trasvases Asentamientos humanos construidos en zonas inundables o de cenotes Marco legal-institucional deficiente que permite la impunidad socio-hidricoambiental Acción ciudadana con acceso oportuno a la información, e instrumentos legales que cierran el paso a proyectos dañinos 32 Denuncias ambientales y demandas legales sin efecto Distribución preferencial a zonas industriales y residenciales; tandeo y pipas en zonas populares; escuelas cerradas por falta de agua Falta de planificación, eficiencia, transparencia, continuidad Plantas de tratamiento mal diseñadas e inoperantes; ríos y arroyos urbanos convertidos en caños Sistemas de agua y saneamiento en manos de intereses políticos o de empresas privadas Responsabilización comunitaria y ciudadana por la administración de sistemas de agua potable y saneamiento 34 Privatización de sistemas de agua y saneamiento Persecución de sistemas comunitarios en zonas de crecimiento urbano Faltan recursos para el buen manejo de cuenca alta, para restaurar ecosistemas vitales y para los sistemas comunitarios de agua y saneamiento Desplazamientos y pérdida de aguas comunitarias por trasvases Inundaciones por falta de buena gestión de cuenca alta Recursos públicos dedicados prioritariamente a megaobras hidráulicas privatizantes, mal concebidas Inversión pública en la gestión sustentable 36 Alzas en tarifas e impuestos para cubrir costo de energía y utilidades28 28 Frente a la sobreextracción de aguas subterráneas Los polígonos rojos representan los 125 "acuíferos sobreexplotados", siendo las unidades administrativas de aguas subterráneas en donde la Conagua reconoce haber concesionado más agua de la disponible. En realidad, se trata de zonas de extracción intensiva de flujos regionales cada vez más profundos y extensivos. Los puntos color púrpura representan pozos agrícolas; mientras que los amarillos, pozos de uso público-urbano y los anaranjados, pozos de uso industrial. Las ciudades cuyos nombres aparecen aquí dependen por su agua de estas zonas de extracción no sustentable. Un total de 34 millones de personas, siendo el 30% de la población del país, viven en ciudades que dependen del minado de aguas subterráneas milenarias, las cuales son dificiles de potabilizar e implican cada vez más energía para su extracción. El riego con aguas "fósiles" saliniza los suelos y provoca la desertificación. La política de sobreexplotación de aguas subterráneas vulnera el derecho humano al agua y alimentación para las actuales y futuras generaciones. 29 ...corregiremos el sobreconcesionamiento de aguas subterráneas 29 Desde ahora, podemos: Formar grupos de coordinación entre investigadores, y para: Geoposicionar y fotodocumentar el desecamiento y la degradación de la calidad del agua de manantiales, arroyos, ríos, lagunas, lagos, humedales y pozos comunitarios, así como de los daños causados por hundimientos y grietas. Participar en la creación de la Plataforma Colaborativa de Información del Agua y Cuencas (www.aguaparatodos.org.mx). Defender los derechos comunitarios sobre fuentes históricas del agua. Exigir que se frene la sobreexplotación y que se reparen los daños ambientales, comunitarios y patrimoniales. Utilizar el Registro Público de Derechos al Agua para determinar qué empresas cuentan con concesiones para aguas subterráneas, los volúmenes concesionados y la ubicación de los pozos. Geoposicionar y reportar pozos clandestinos; documentar si las autoridades los clausuren. Documentar la sobreexplotación de aguas subterráneas para usos no prioritarios en detrimento al derecho humano al agua: termoeléctricas, la agroexportación, la minería, embotelladoras... Difundir información sobre el abatimiento de pozos y la calidad del agua subterránea potable, incluyendo su edad geológica. Promover técnicas agroecológicas para la soberanía alimentaria, sin requerir la sobreexplotación ni la contaminación del agua. Iniciar dinámicas entre agrícolas o industriales, para reducir volúmenes utilizados de manera voluntaria. Iniciar proyectos para el aprovechamiento de aguas pluviales y el reuso de aguas tratadas. Presionar para que estas estrategias se conviertan en política pública. Organizar demandas de acción colectiva y otras formas de presión para cuestionar el sobreconcesionamiento de aguas subterráneas como violación al derecho humano al agua. Al lograr los cambios que proponemos... En cada cuenca 1, comunidades y ciudadanos investigadores, representantes de ecosistemas y formarían Comités de Monitoreo y Conservación de Aguas. Estos Comités se coordinarían con escuelas y comunidades locales para el monitoreo de manantiales, humedales, ríos y lagos; de hundimientos, grietas; y de pozos autorizados y clandestinos. Contarían además con información cuatrimestral entregada por los concesionarios reportando los niveles de abatimiento y la temperatura y calidad de las aguas subterráneas. Toda esta información sería analizada por el Comité de Monitoreo, que propondría ajustes en los volúmenes extraídos, y, en su caso, la reubicación o clausura de pozos para prevenir daños y empezar a restaurar los flujos subterráneos. de aguas subterráneas trabajarían al interior del Comité para diseñar propuestas para reducir los volúmenes extraídos (y en la medida en que sea posible, para aumentar los volúmenes recargados, vía lagunas y pozos de infiltración principalmente) hasta llegar al equilibrio. El Comité para el Aprovechamiento Agroecológico del Agua tendría un papel fundamental en reducir los volúmenes extraídos. El CCC utilizaría estos lineamientos para acordar una Recomendación Anual de Concesiones y Condicionantes. a ser ejecutada por la entidad federal del agua (actualmente Conagua). La Contraloría Social del Agua, compuesta por contaría con recursos para vigilar que de la entidad federal del agua (actualmente Conagua) disminuyan los volúmenes concesionados y clausuren los pozos en cumplimiento con la Recomendación Anual del CCC. En caso contrario, a través de la Defensoría Hidricoambiental, se iniciarían procedimientos legales para la clausura de pozos y la cancelación de concesiones irregulares. El Comité de Monitoreo y la Gerencia Técnica del CCC realizarían los monitoreos para garantizar que las medidas tomadas sean suficientes para reducir los niveles de abatimiento y aumentar la calidad del agua extraída. 1 Se propone manejar las concesiones a aguas subterráneas por cuenca hasta lograr una mayor comprensión de los flujos subterráneos regionales. Bajo la Ley de Aguas Nacionales, los acuíferos son unidades administrativas, delimitados en función de zonas de extracción intensiva.30 30 Frente a las problemáticas que ponen en riesgo el derecho humano al agua... En este mapa se aprecian las actividades cuya realización vulnera el derecho humano a agua de calidad para las actuales y futuras generaciones Vea para mapa interactivo y fuentes de cada capa de información georeferenciada. 31 ...superaremos la impunidad socio-hidricoambiental 31 Desde ahora, podemos: Al lograr los cambios que proponemos... Organizarnos como e investigadores, y asumir las tareas de la futura Contraloría Social del Agua: Recolectar información sobre los daños hidricoambientales, identificando sus causas y responsables. Solicitar inspecciones, la sanción de infractores y la cancelación de autorizaciones irregulares; documentar si las autoridades dan seguimiento a las denuncias ambientales. Preparar demandas de acción colectiva para frenar actividades dañinas, y para lograr la reparacion de daños. Organizar acciones de difusión y de presión. Hacer frente común a nivel nacional para: a) Cuestionar el reconocimiento del supuesto derecho humano al agua de empresas mineras y otras sociedades anónimas. b) Exigir el respeto al derecho de los pueblos originarios a la participación libre, previa e informada en cualquier decisión que afecte a sus tierras y aguas, en cumplimiento con la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ahora con rango constitucional). c) Exigir la cancelación de las concesiones y autorizaciones que ponen en riesgo el derecho humano al agua, incluyendo la prohibición inmediata de la minería tóxica, fracturación hidráulica ("fracking") y el uso de sustancias tóxicas industriales o agrícolas. d) Presionar para corregir las severas debilidades del actual marco legal-institucional (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, NOMs, entre otros). En cada municipio, cuenca y a nivel nacional, organizarían unidades de la Contraloría Social del Agua, las cuales realizarían monitoreo ciudadano (de calidad del agua, descargas, pozos, distribución equitativa). Emitirían Evaluaciones Anuales del Cumplimiento de Servidores Públicos y procederían contra cuyos actos u omisiones resulten en daños socio-hidricoambientales u obstaculicen el cumplimiento con la Agenda Nacional. El Dictamen de Impacto Socio-Hídrico, emitido por un panel de expertos sin conflicto de interés, por el Consejo de Cuenca ciudadanizado, sería requisito obligatorio para la autorización de nuevas concesiones y de cualquier obra que requiere de una Manifestación de Impacto Ambiental. Se tendría que demostrar que el proyecto no resultaría en daños socio hídricoambientales, y que cuente con el consentimiento libre e informado de las comunidades potencialmente afectadas, así como del CCC. Las Contralorías servirían como espacios para organizar demandas de acción colectiva para la suspensión de obras o actividades dañinas, y la reparación de los daños causados, contando con el apoyo de la Defensoría Hidricoambiental. La reorientación del sistema de concesiones de aguas nacionales serviría para eliminar progresivamente la contaminación y la sobreexplotación. Para obtener una concesión, solicitantes tendrían que demostrar que su extracción y aprovechamiento no causaría daños hidricoambientales. Para la renovación anual de la concesión, solicitantes tendrían que cumplir con un programa para reemplazar agroquímicos dañinos con alternativas biodegradables; o, en el caso del uso industrial, tendrían que disminuir el volumen utilizado y sustituir sustancias tóxicas por compuestos inocuos, avanzando hacia cero descargas en un periodo de 15 años. Se prohibiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica y la fracturación hidráulica, igualmente que para el uso, el manejo o la disposición de sustancias tóxicas o radiactivas que implique un potencial contacto con aguas superficiales o subterráneas. Los Planes Rectores definirían los límites a la expansión urbana en las cuencas y designarían Áreas de Importancia Hídrica con restricciones al uso del suelo. Frente a fuertes desequilibrios, un CCC podría emitir la recomendación vinculante de declarar su cuenca en extremo estrés hídrico, implicando la no autorizacion de nuevos proyectos de crecimiento urbano hasta lograr prevenir riesgos hidricoambientales y garantizar el derecho humano al agua y saneamiento de habitantes actuales.32 32 Frente a la crisis de los sistemas de agua y saneamiento... Cómo nos responsabilizaremos por nuestros sistemas de agua y saneamiento Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Saneamiento utilizado con fines políticos o de lucro Servicios de mala calidad, privilegiando zonas industriales y residenciales; plantas de tratamiento mal diseñadas inoperantes Pérdida de credibilidad con usuarios Falta de responsabilidad y pago por el agua Endeudamiento o privatización del SAPAS Aumento en tarifas para garantizar utilidades, incumplimiento con obligaciones contractuales, mayores inequidades y menos transparencia Abandono de zonas rurales y urbanos populares Sistemas auto-organizados, sin reconocimiento ni acceso a recursos Incumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento Desde ahora, podemos: Luchar por el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua, y buscar su fortalecimiento por medio de redes regionales, y la construcción de capacidades, la democracia interna y la rendición de cuentas. Luchar para mantener los sistemas del agua y saneamiento en manos públicas y comunitarias, haciendo alianzas entre y trabajadores, e impulsando la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua, referéndums estatales y amparos para prohibir su privatización. Buscar intercambios y asesorías vía organismos como la Plataforma de Acuerdos Públicos y Comunitarios de las Americas, iniciativa de organizaciones sociales, sindicales, empresas públicas y sistemas comunitarios que promueve la gestión pública-comunitaria del agua en Latinoamérica. Formar comités locales para diseñar y gestionar la captación y potabilización de aguas pluviales en escuelas y mercados, y para promover baños dignos y sistemas de saneamiento con tecnologías apropiadas. Formar comités locales de contraloría social para: mantener un censo de zonas sin agua potable o saneamiento; diagnosticar sistemas de distribución y proponer cambios para lograr el acceso equitativo; monitorear la calidad de agua potable ; vigilar las finanzas de los SAPAS; vigilar que las nuevas plantas de tratamiento sean diseñadas para contar con bajos costos de operación; monitorear, y exigir inspecciones. Documentar qué industrias están utilizando el agua potable y el drenaje de los sistemas municipales o del Distrito Federal. Rechazar nuevos trasvases e insistir en la reparación de fugas, la distribución equitativa, el reciclaje industrial y el aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. Documentar incumplimientos del contrato en sistemas privatizados. Para agricultores, presionar por acceso a aguas tratadas para la soberanía alimentaria y para la construcción de plantas de tratamiento con tecnologías apropiadas (anaerobias, humedales, lagunas de oxidación) con bajos costos de operación, que podrían ser operadas por los beneficiarios a cambio de acceso a su fertiagua.33 ...Crecerá la responsabilidad comunitaria y ciudadana 33 Al lograr los cambios que proponemos... La Junta Municipal, así como los Consejos de Administración de los SAPAS municipales, metropolitanos o del Distrito Federal, estarían compuestos mayoritariamente por representantes elegidos libremente por barrio, colonia o delegación. La Junta Municipal coordinaría la elaboración participativa, la gestión y la ejecución del Plan Municipal Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, y garantizaría procesos de construcción de capacidades, de planeación, de democracia interna y de rendición de cuentas de los SAPAS. Los sistemas comunitarios y de los pueblos originarios serían reconocidos como legítimos actores. Las comunidades y habitantes sin acceso al agua o saneamiento serían prioritarios en los sistemas de distribución y en la aplicación de recursos públicos para proyectos autodefinidos. Los SAPAS contarían con recursos públicos para equipar escuelas y mercados (empezando en zonas dependientes del tandeo o pipas), con la finalidad de convertirlos en centros de acceso a aguas pluviales potabilizadas. Los SAPAS tendrían que asegurar bebederos y baños dignos en escuelas y plazas públicas. La Contraloría Social del Agua autoorganizada a nivel municipal tendría acceso a las reuniones de la Junta Municipal y de los Consejos de Administración de los SAPAS. Contaría con recursos del cobro de derechos para monitorear la calidad del agua y su distribución equitativa. Vigilaría que el agua potable de los SAPAS se dedique solamente al uso personal público o doméstico, y que se eliminen las descargas industriales en el sistema municipal. Asimsimo, mantendría el Registro de Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en coordinación con la CNDH. No se permitiría el concesionamiento de los servicios de agua y saneamiento ni su operación con fines de lucro. Cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento Recursos públicos prioritarios para acceso equitativo, prevención fugas, lluvia, reuso Servicios con calidad y equidad; Rendición de cuentas Junta APAS Municipal o del D.F. Representantes ciudadanos por barrio o delegación, Comités de Microcueca, Contraloría social del agua, Representantes Municipales y Estatales. SAPAS Cogestionado (ciudadanos con representantes gubernamentales) Planeación y gestión ciudadanizada Fondo Nacional DHAS para sistemas autogestionados SAPAS Autogestionados (comunidades,ciudadanos solamente) Servicios con calidad y equidad; Rendición de cuentas Asambleas por barrio o delegación para evaluar avances, definir propuestas y elegir al SAPAS y a la Junta34 34 Frente a la crisis económica del agua Lograr más recursos propios... El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), ratificado por México en 1981 (aunque falta firmar el protocolo facultativo), exige la aplicación del máximo de los recursos disponibles para lograr el cumplimiento progresivo de los derechos humanos, incluyendo el del agua. México, sin embargo, queda lejos de cumplir con sus compromisos, ya que en 2012 nuestro pais sólo dedicó 0.28% de su PIB al sector del agua, mientras que el mínimo recomendado es 0.5%, y la media internacional es 0.7% (www.fundar.org.mx/mexico/pdf/ppydh.pdf; Informe GLAAS, onu 2012) 1. Lograr un sistema más justo de captación fiscal El cumplimiento con los derechos humanos requiere de un sistema de impuestos que cobre más a los que más benefician de la economía. Si México eliminara los tratos especiales para grandes corporaciones, se podrían captar 220 miles de millones de pesos (MMP) adicionales al año. (Bergman et al. Evasión fiscal de Ingresos Sobre la Renta de persona morales. CIDE 2006.) 2. Aumentar el porcentaje del presupuesto federal dedicado al agua Los principios del PIDESC exigen priorizar el derecho humano al agua en el presupuesto, lo cual se podría lograr aumentando el porcentaje dedicado al agua de 1.5% (38.5 MMP, SINA) en 2012, a 5 por ciento. 4. No concesionar obras ni sistemas de agua, para evitar litigios en tribunales que protegen inversiones extranjeras Los tratados y acuerdos comerciales (incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) cuentan con mecanismos para proteger las utilidades esperadas de inversionistas extranjeros frente al impacto de medidas gubernamentales, como son: nuevas regulaciones, nuevos impuestos o la modificación o suspensión de concesiones. Los casos son decididos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Relacion a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, con sede en Washington. Sólo se permite la presentación de casos de inversionistas contra gobiernos, y sólo según las condiciones de los contratos o tratados comerciales, sin importar la legislación nacional ni convenios internacionales. 3. Dejar de subsidiar a grandes Actualmente se cobran sólo siete mil millones de pesos al año en derechos de agua. grandes agrícolas (principalmente exportadores) y las termoeléctricas no pagan derechos, y las embotelladoras sólo pagan 16 pesos por cada litros de agua. Los derechos cobrados a grandes concesionarios del agua tendrían que cubrir el costo total de su administración (investigación, inspecciones, monitoreo, recaudación y fiscalización), provisión y renovación (cuidado de cuencas y de aguas subterráneas). Quiénes utilizan y quiénes pagan derechos de aguas nacionales Agrícola y Termoeléctrica 5% uso Público-Urbano Industrial 77% uso Termoeléctrica Agrícola No pagan derechos 14% uso 81% pago 4% 19% pago Únicamente 1.4% de los casos del CIADI han sido contra los gobiernos del G8, y 99% de sus fallos, inapelables, han sido a favor de los inversionistas. En caso de salir del CIADI, un país se obliga a acatar sus fallos por 10 años más. Brasil no reconoce el CIADI y Argentina ha rehusado pagar las compensaciones exigidas, argumentando el incumplimiento de las empresas cuyas concesiones fueron canceladas. Ecuador, Bolivia y Venezuela se han retirado de este mecanismo. Por otro lado, México no ha entrado, pero acepta la autoridad del CIADI vía el TLCAN en sus acuerdos bilaterales y contratos con consorcios internacionales. Mexico es el cuarto país en el mundo más demandado frente al CIADI. (Transnational Institute, 2013)35 la inversión pública en la gestión sustentable 35...y aplicarlos mejor 1. Invertir en obras multipropósito de gestión de ciclos del agua en cuencas sanas La inversión pública en el buen manejo hídrico garantizaría agua, empleo, arraigo y restauración ecológica en las zonas más marginadas del país, mientras que las megaobras dañan comunidades y ecosistemas, e implican altos costos de capital, energéticos y soberanía. Por ejemplo, se ha convenido pagar al Consorcio Carso 13.5 MMP por los 4.5 MMP que invirtió en la planta de tratamiento Atotonilco y cubrir los exhorbitantes costos de su alto consumo de energéticos y desmedida generación de lodos contaminados. 2. Aprender a vivir bien, con acceso equitativo al agua disponible Cada nuevo volumen de agua para una ciudad tiene un mayor costo socio-hidricoambiental. La actual política de permitir mayores niveles de consumo por parte de que puedan pagar más no genera ahorro, sino motiva dotaciones excesivas a zonas en donde las tarifas del agua son más "rentables". Sólo el acceso equitativo garantiza agua para dentro de los límites de la sustentabilidad. 3. Eliminar la corrupción en el sector agua Se requiere de mayor transparencia y fondos auditables, así como requerir que los recursos públicos sean aplicados exclusivamente a la ejecución de obras con Dictamen Costo-Beneficio Socio-hidricoambiental previstos en planes consensados. La ciudadanización de los Consejos de Administración de los SAPAS los obligaría a rendir cuentas. que desvien recursos enfrentarían la revocación de su mandato así como sanciones administrativas o penales. Modelo actual: Megaobras privatizantes CUTZAMALA EMISOR ORIENTE POZOS VALLE DE MÉXICO DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO OTROS ACUEDUCTO OAXACA CANALES, BORDOS Y EMERGENCIAS APAS URBANAS PLANTAS DE TRATAMIENTO APAS RURALES En 2012 el modelo de importación-expulsión del Valle de México absorbió 25% de los recursos federales para el agua, sin resolver las inundaciones, hundimientos, grietas, mala calidad del agua y tandeo que sufren sus habitantes. Ahora se propone expandir este modelo a las principales ciudades del país vía grandes obras, principalmente concesionadas a inversionistas privadas. Estamos a tiempo de cambiar el modelo Modelo potencial: Gestión de ciclos en cuencas sanas El Valle de México podría lograr la sustentabilidad hídrica (100 litros hab/día, sin sobreexplotación ni trasvases) y la protección frente a inundaciones en 10 años, sin inversiones privadas. Se requiere reorientar los 94 MMP previstos durante la próxima década para megaproyectos de extracción e importación (40 mmp que incluye mantenimiento), pozos ultraprofundos (2 mmp), túneles (40 mmp), y megaplantas de tratamiento (12 mmp) para poder: Retener e infiiltrar en cuenca alta 50% de la lluvia actualmente expulsada (400 Mm3/año; 5 mmp); sanear y habilitar lagos de infiltración o de retención y potabilización de las aguas pluviales restantes (12 m3/s; 36 mmp); sanear presas para potabilización (1 m3/s; 2 mmp); restaurar ríos y chinampas para la prevención de inundaciones y la soberanía alimentaria (8 mmp); renovar sistemas de distribución para acceso equitativo sin fugas (9 mmp); equipar escuelas y mercados como centros de abastecimiento de agua pluvial potabilizada (6 mmp); construir recolectores y plantas de tratamiento anaerobias (tamaño máximo de 2 m 3 /s) para reuso, riego e infiltración (23 m3/s; 28 mmp); clausurar pozos que causan hundimientos; lograr cero uso industrial de agua potable municipal; desmantelar progresivamente los sistemas Lerma y Cutzamala; rechazarla autorización a nuevos proyectos que detonen la expansión urbana hasta estabilizar la cuenca. 36 Vía Ciudadana 37 La reforma política del 9 agosto de 2012 creó dos nuevos instrumentos para la acción ciudadana directa: la Iniciativa Ciudadana y la Consulta Popular. La Iniciativa Ciudadana permite a los ciudadanos presentar leyes al Congreso sin patrocinio partidista (con 0.13% de la lista nominal, o 104 mil firmas). La Consulta Popular permite (con 2% lista nominal, o 1.6 millones de firmas) colocar un tema de trascendencia nacional en la boleta de la próxima elección federal; si votan 40% de los electores, el resultado es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. participantes en el Congreso Ciudadano en 2012 tomamos la decisión de presentar nuestra propuesta de Ley General de Aguas en la forma de una Iniciativa Ciudadana. Adicionalmente, se ha contemplado la necesidad de prepararnos para una Consulta Popular sobre un tema trascendente a ser acordado en el segundo Congreso Ciudadano, para continuar avanzando hacia el buen gobierno del agua. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Iniciativa ciudadana Artículo 35. Son derechos del ciudadano: VI. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso [...] Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la República; II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; III. A las Legislaturas de los Estados; y IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Artículo 116. Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. Consulta popular Artículo 35. Son derechos del ciudadano: VIII. Votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: 1o. Serán convocados por el Congreso de la Unión a petición de: a) El Presidente de la República; b) [...] 33% de cualquier de las dos cámaras del Congreso, o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas... 7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.37 38 El futuro posible... Para contar con agua de calidad a futuro, tendremos que hacer crecer y confluir nuestras luchas, para defender y construir el buen gobierno del agua de nivel territorial hasta nivel nacional. JOVENES ORGANIZACIONES CAMPESINAS, AGRICULTORES INVESTIGADORES COMITÉS DE CUENCA SISTEMAS COMUNITARIOS PUEBLOS ORIGINARIOS Primer Congreso Ciudadanos y la Sustentabilidad del Agua en México Elaboración de propuesta ciudadana Ley General de Aguas Formación Grupo Promotor Campaña Nacional AFECTADOS POR LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA Talleres Regionales para la formación de promotores Organización de Grupos Promotores y comités locales Construcción Plataforma Información Agua y Cuencas Redes sociales ORGANIZACIONES URBANAS, RESIDENTES DE FRACCIONAMIENTOS Ferias y caravanas para intercambiar experiencias y extender el proceso Pre-Congresos Regionales y Sectoriales Segundo Congreso Nacional Compartir avances en organización, gestión y defensa Presentar Iniciativa Ciudadana al Congreso de la Unión Consensar tema y preparar Campaña para Consulta Popular AFECTADOS POR HUNDIMIENTOS, GRIETAS Y CONTAMINACIÓN Iniciar campaña de firmas AFECTADOS POR PRESAS, MINAS Y FALTA DE ACCESO AL AGUA PASTORAL SOCIAL ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Iniciativa Ciudadana > 130,000 firmas ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS 38 El futuro posible Grupos Promotores de procesos organizativos en barrios, escuelas, comunidades, ejidos, microcuencas, delegaciones, municipios, estados y cuencas Empezar a solucionar la crisis del agua valiéndonos de nuestros propios esfuerzos Articulación de luchas frente la minería, megaproyectos, trasvases, contaminación industrial y petrolera, fracking Tercer Congreso Articulación de luchas para gestión y defensa del agua y el territorio Integración nacional por regiones, sectores y temas Cuarto Congreso Estrategias de organización para garantizar el agua en nuestras manos Campaña Consulta Popular > 1.6 millones de firmas Votación Consulta Popular > 40% de los electores, > 50% votos a favor Mostrar más
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