Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A206-03.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:09:38+00:00

Document:
A206-03
Auto 206/03
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-La solicitud se estructura en una cita recortada y descontextualizada de la sentencia/PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL-Se descontextualizaron consideraciones de la sentencia/NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Improcedencia para el caso
La Corte estima que el actor estructura su solicitud a partir de una cita recortada, y por supuesto descontextualizada, de lo afirmado por la Sala de Revisión. En efecto, como bien puede apreciarse la cita realizada termina en puntos suspensivos, lo que indica que se suprimió una parte de su contenido. A juicio de la Corte, dicha supresión cambia y desnaturaliza lo afirmado por dicha Sala en la Sentencia T–677 de 2003. Por tanto, la Corte encuentra censurable la actuación del solicitante, pues su comportamiento, al descontextualizar las consideraciones de esta Corporación, no se ajustó al principio de lealtad procesal, como manifestación de la buena fe en el proceso, por cuanto este principio excluye “las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, las inmoralidades de todo orden”. Por tanto, la Corte encuentra censurable la actuación del solicitante, pues su comportamiento, al descontextualizar las consideraciones de esta Corporación, no se ajustó al principio de lealtad procesal, como manifestación de la buena fe en el proceso, por cuanto este principio excluye “las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, las inmoralidades de todo orden".
Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-677 de 2003, proferida por la Sala primera de la Corte Constitucional, dentro de la acción de tutela interpuesta por Enrique Rodríguez Velandia contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral.
Bogotá, D. C, cinco (5) de noviembre de dos mil tres (2003).
Mediante escritos presentado ante esta Corporación, el señor Enrique Rodríguez Velandia solicitó la nulidad de la sentencia T-636 de 2003 proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.
El señor Enrique Rodríguez Velandia presentó el 29 de septiembre de 2003, solicitud de nulidad de la Sentencia T-677 del 06 de agosto de 2003, proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, los fundamentos de su petición son los siguientes.
Comienza refiriéndose a la Sentencia 1020 de 1999, MP. Fabio Morón Díaz, en la cual se reiteró que la nulidad de sentencias emitidas por la Corte Constitucional procedía por las siguientes causales: (i) por modificación de la jurisprudencia que implica violación del derecho fundamental a la igualdad y (ii) por incurrir en violación al debido proceso.
Antes de explicar el cambio de jurisprudencia, el actor hace precisión de lo que quiere decir la palabra reajuste. Para ello cita la Enciclopedia Cultural Junior de la Editorial Salvat S.A. (pág.171), según la cual se entiende por este término “la acción y al efecto de reajustar”.
Definición de Reajuste: Ajustar de nuevo, rectificar, por eufemismo, hablando de precios, salarios, impuestos, etc, aumentar su cuantía, subirlos.
El actor retoma la sentencia C-111 de 1996 y afirma que se ha de aplicar a las pensiones reconocidas antes del primero de enero de 1994 y las reconocidas posteriormente.
Comenta que se había solicitado se declarara tal norma no ajustada a la Constitución debido a que era violatoria al derecho de igualdad, que establecía entre las pensiones reconocidas antes del primero de enero de 1994 y las reconocidas posteriormente una diferenciación injustificada.
Pero precisamente -dice- fue declarado exequible, porque, lejos de ser desigual o diferenciador, lo que la norma estipulaba, al decretar se efectuara el reajuste, era procurar la igualdad entre los pensionados cuya pensión fuere reconocida antes de enero de 1994 y los pensionados cuya pensión fuere reconocida después.
Afirma que ello es así, porque, como dice el encabezado de dicha sentencia:
“La Corte constitucional encuentra pleno fundamento en que los pensionados con anterioridad al 1° de enero de 1994, se hallan en una situación diferente a la de quienes se pensionen con posterioridad a esa fecha, ya que aquellas personas han tenido un distinto régimen de obligaciones, montos de pensión y demás derechos y beneficios, que comprende la cotización para salud regulada bajo un nuevo sistema llamado contributivo en el nuevo sistema general de salud; pero, además, dicho fundamento de justicia y de racionalidad que aparece en el artículo 143 de la ley 100 de 1993, tiene en cuenta que, dentro del nuevo marco legal, la cotización al mencionado régimen contributivo en salud se encuentra a cargo del pensionado, mientras que quienes se pensionen con posterioridad a dicha fecha habrán cotizado para el sistema contributivo de salud en otra manera y dentro de una modalidad bien diferente, en la que participa de modo definitivo el empleador”.
Y luego, en la parte de consideraciones de la Corte se dijo:
“En efecto, cabe destacar que para las personas pensionadas con anterioridad al 1o. de enero de 1994 y por disposición de la Ley 100 de 1993 y del artículo 30 del Decreto 1919 de 1994, se incrementó el monto de la cotización al sistema de salud, quedando fijado en un once por ciento para 1995 y en un doce por ciento para 1996 de lo recibido como mesada pensional; debido a esta situación, el reajuste contemplado en la norma acusada pretende colocar en igualdad de condiciones a los dos grupos de personas, con lo cual “desarrolla el principio de la igualdad en su dimensión de igualdad como diferenciación“, ya que la Ley 100 de 1993 impone un nuevo monto en la cotización que no se hallaba establecido en las disposiciones anteriores aplicables a los pensionados antes de aquella fecha, y esta regulación supone una nueva obligación económica que afecta el monto de lo que efectivamente se recibe como mesada, por la pensión que ya se ha consolidado y se ha decretado antes de aquella fecha”. (subrayados fuera del texto).
De lo anterior concluye que el juez Constitucional estipuló expresa y claramente que se variaba el monto de que lo que recibe como mesada pensional, precisamente a fin de lograr la equidad y la igualdad en relación con los pensionados que adquieren tal calidad después del primero de enero de 1994.
Luego de reproducir varios apartes de la Sentencia citada considera que la Corte en aquella ocasión reconoce que el ISS debe cubrir, es decir, pagar, cancelar, un AUMENTO, y que tal aumento se ha de producir, EN EL MONTO DE LA PENSIÓN.
Por último, estima que mientras en la sentencia C-111 de 1996 se habla de la exequibilidad de la orden de aumentar o incrementar el monto de las pensiones cuyo pago corre a cargo del ISS, en la sentencia T- 677 de 2003 manifiesta lo contrario, cuando dice: “Por todo lo anterior la Corte concluye que el reajuste pensional ordenado por el primer inciso del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no significa un incremento en el valor de la mesada que deben recibir los pensionados, …”
Concluye diciendo que la anterior frase o afirmación, que resulta contradictoria a lo dispuesto en la sentencia C-111 de 1996, fue lo que sirvió de fundamento (que pierde su valor por la causal de nulidad consistente en la modificación de la jurisprudencia) a la decisión que denegó la tutela.
Reitera que ha de notarse como, mientras en al sentencia C-111 de 1996 se habla de un aumento efectivamente en el monto de la pensión, en la sentencia T-677 de 2003 se dice que ello no significa un incremento en el valor de la mesada, por lo que se está ante afirmaciones contrarias. Razón por la cual, al adoptarse una jurisprudencia diferente a la ya establecida, se violó el debido proceso.
II. CONTENIDO DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD (T-677 de 2003)
A continuación se transcriben apartes relevantes de la Sentencia T – 677 de 2003, objeto de censura en el presente caso.
Manifiesta el demandante que evidentemente el articulo 143 de la Ley 100 de 1993 no es muy claro en su contenido, razón por la cual fue necesaria su reglamentación, procediendo a citar tal disposición, según el cual “[a] quienes con anterioridad al primero de Enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte tendrán derecho a partir de dicha fecha a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente Ley".
El amparo de los derechos invocados, que se deje sin efecto la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 14 de agosto de 2002 y se profiera sentencia de reemplazo, que una vez fallado en derecho, le sean reconocidos y pagados los reajustes pensiónales por incremento de las cotizaciones en salud de los meses de enero 1 de 1994 hasta mayo 30 de 1995 y desde agosto 1 de 1996 hasta octubre de 2001 dejados de cancelar por parte del Ministerio de Agricultura (IDEMA) y desde el 1 de junio de 1994 hasta la fecha por parte del Instituto de los Seguros Sociales, que el señor juez de tutela decida, de conformidad con las normas legales del caso, si es el IDEMA (Actualmente Ministerio de Agricultura) quien debe reconocerle lo estipulado en el articulo 143 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994 en su artículo 42, por la totalidad de la pensión, incluyendo el valor que comparte con el ISS, por la pensión de vejez, o que cada entidad reconozca lo que corresponde conforme al pago que cada una hace al demandante.
DECISIÓN OBJETO DE REVISION
La providencia objeto de revisión es la que a continuación se presenta
La Corte Constitucional resolvió negar la acción de tutela presentada por Enrique Rodríguez Velandia, por las razones que a continuación se relacionan
El reajuste pensional ordenado por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no significa pago efectivo de dinero. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional en la Sentencia C–111 de 1996, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, tuvo oportunidad de estudiar la constitucionalidad del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, señalando los alcances de esa disposición. en los siguientes términos. Así, la Corte expresó que con el inciso 1° de la norma citada se busca compensar a quienes se pensionaron con anterioridad al 1° de enero de 1994, en el sentido de otorgarles un reajuste equivalente al incremento de la cotización en salud, que resulte de la aplicación de la Ley 100 de 1993. Para mayor precisión citamos los apartes pertinentes de la sentencia.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD FORMULADA
1. La Sala Primera de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre las solicitud nulidad de la Sentencia T–677 del 06 de agosto de 2003, proferida por esta misma Sala de esta Corporación, que presentó el señor Enrique Rodríguez Velandia.
Asuntos a decidir
2.Corresponde a la Corte Constitucional, conforme a los antecedentes narrados, establecer si en la Sentencia T–677 de 2003 se incurrió en alguna irregularidad que implique la violación del derecho fundamental al debido proceso, atendiendo a las objeciones formuladas.
Para el solicitante la Corte violó el debido proceso al negarle la tutela, en sentencia T-677 de 2003. Estima que mientras en la sentencia C-111 de 1996 se habla de la exequibilidad de la orden de aumentar o incrementar el monto de las pensiones cuyo pago corre a cargo del ISS, en la sentencia T-677 de 2003 manifiesta lo contrario.
Antes de efectuar cualquier consideración sobre el interrogante planteado la Corte determinará si la solicitud de nulidad fue presentada oportunamente, esto es, dentro del término establecido para tal efecto.
Término para presentar la solicitud de nulidad
3. El señor Enrique Rodríguez Velandia presentó, ante esta Corporación escrito de petición de nulidad de la sentencia 677 de 2003 el día 29 de septiembre de 2003, por el cual habrá de determinar si este fue presentado en la oportunidad correspondiente.
Como ya lo tiene establecido la Corte en reiterada jurisprudencia y como bien lo señala el actor, el término para presentar solicitudes de nulidad es de tres días contados a partir del día siguiente al de notificación.
Al señor Enrique Rodríguez Velandia le notificaron la sentencia T-677 de 2003 el 24 de septiembre de 2003, tenia Para presentar la nulidad hasta el 29 de septiembre de 2003.
La solicitud de nulidad a la sentencia T-677 de 2003 fue presentada por el actor el 29 de septiembre de 2003 (fl.1). En consecuencia, fue planteada dentro del término correspondiente.
Análisis del cargo formulado por el señor Enrique Rodríguez Velandia
4. A continuación la Corte entrará en el estudio del cargo de nulidad formulado por el señor Enrique Rodríguez Velandia.
En este orden de ideas, el motivo de inconformidad expresado por el solicitante se refiere a que en la sentencia C-111 de 1996 se habla de la exequibilidad de la orden de aumentar o incrementar el monto de las pensiones cuyo pago corre a cargo del ISS, en la sentencia T-677 de 2003 manifiesta lo contrario. Para demostrar su aserto el actor cita lo que en su concepto fue el argumento en que se basó la Sala Primera de Revisión para denegar su solicitud de tutela, así:
“Por todo lo anterior la Corte concluye que el reajuste pensional ordenado por el primer inciso del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no significa un incremento en el valor de la mesada que deben recibir los pensionados, ….”
La Corte estima que el actor estructura su solicitud a partir de una cita recortada, y por su puesto descontextualizada, de lo afirmado por la Sala de Revisión. En efecto, como bien puede apreciarse la cita realizada termina en puntos suspensivos, lo que indica que se suprimió una parte de su contenido. A juicio de la Corte, dicha supresión cambia y desnaturaliza lo afirmado por dicha Sala en la Sentencia T–677 de 2003. Para mayor precisión se reproduce a continuación la proposición completa y que fue recortada por el actor, así:
“Por todo lo anterior la Corte concluye que el reajuste pensional ordenado por el primer inciso del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no significa un incremento en el valor de la mesada que deben recibir los pensionados, luego de deducida la cotización en salud, sino que ese incremento se hizo con el fin de compensar el mayor valor (4% a 12%) de la cotización que bajo la Ley 100 de 1993, tendrían que hacer los pensionados con anterioridad al primero de enero de 1994”. (la parte subrayada es la suprimida).
Como puede observarse, el sentido y alcance integral de la afirmación de la Sala, es que el reajuste ordenado no significa un incremento en el valor de la mesada que deben recibir los pensionados, luego de deducida la cotización en salud; pues, como allí mismo se dice, el incremento –reclamado por el actor– se hizo con el fin de compensar el mayor valor de la cotización que bajo la Ley 100 de 1993, tendrían que hacer los pensionados con anterioridad al primero de enero de 1994.
Lo anterior se reforzó aún más al momento de entrar la Sala en el análisis del caso concreto, donde se concluyó que:
“Lo que permite concluir a la Corte que el referido ajuste ordenado por la citada norma no representa un aumento en el monto de la mesada pensional luego de deducida la cotización que el pensionado debe realizar al sistema de seguridad social en salud, sino que ella tiene como finalidad compensar el incremento del porcentaje de la cotización para salud que deben realizar los pensionados antes del 1° de enero de 1994, como resultado de la aplicación de la Ley 100 de 1993”.
Es claro entonces que el reajuste, no comporta un aumento en el monto de la mesada pensional que efectivamente recibe el beneficiario, dado que dicho aumento se destina a cubrir la mayor cotización en salud (De 4% a 12%) que deben realizar al Sistema de Seguridad Social las personas que se pensionaron con anterioridad al primero de enero de 1994. Si esto no fuera así a la mesada que en la actualidad reciben los pensionados habría que deducirle un 8%, para completar el 12% que deben cotizar para salud. Sin embargo, ello no ocurre, puesto que el reajuste que se les efectuó está destinado a compensar ese aumento. Conforme se desprende de la Sentencia C–111 de 1996, lo cual se reiteró en la Sentencia T–677 de 2003.
Por tanto, la Corte encuentra censurable la actuación del solicitante, pues su comportamiento, al descontextualizar las consideraciones de esta Corporación, no se ajustó al principio de lealtad procesal, como manifestación de la buena fe en el proceso, por cuanto este principio excluye “las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada, las inmoralidades de todo orden”[1]. En ese sentido, no es admisible que se presenten las argumentaciones de la Sala Primera de Revisión de manera deformada –pues se muestra sólo una parte de lo que ella realmente afirmó[2]– para luego afirmar que se está contrariando o cambiando la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Consideraciones que le permiten a esta Corporación negar la solicitud de nulidad de la Sentencia T–677 de 2003, presentada por Enrique Rodríguez Velandia, por cuanto no contraría la Sentencia C–111 de 1996, sino que la respeta y desarrolla.
Primero.- NEGAR la solicitud de nulidad de la Sentencia T–677 del 06 de agosto de 2003, proferida por la Sala Primera de la Corte Constitucional dentro de la acción de tutela interpuesta por Enrique Rodríguez Velandia contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral.
[1] Devis Echandia, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil, Bogotá: Temis, pág. 124.
[2] Esta falta en la argumentación constituye la falacia conocida como de “suprimir prueba”. Consiste esta en presentar sólo una parte de un conjunto de datos que apoyen su afirmación, ocultando las partes que la contradicen. Cfr. Las claves de la argumentación. Weston, Anthony, Barcelona: Ariel, 2001. p. 134.

References: artículo 143
 artículo 30
 artículo 143
 artículo 42
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 143