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Timestamp: 2019-12-07 05:57:41+00:00

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2013 abril | con-texto
TODO HOMBRE TIENE SU PRECIO por Carlos Manus*
Ernestina Gamas	| 30 abril, 2013
“Omnia cum pretio” (Juvenal)
Con el título de “Conservadores”, la edición del diario “La Nación” del 16/3/2003 publicó una carta del lector Hugo Gambini en la que detalla los nombres de “los conservadores que se pasaron directamente al peronismo”: Héctor J. Cámpora, Manuel A. Fresco, José Emilio Visca, Ramón Carrillo, José Arce, Jerónimo Remorino, Uberto Vignart, Edmundo Sustaita Seeber, J. Morrogh Bernard, Adrián Escobar, Oscar Ivanissevich y Ramón J. Cárcano. A esa lista cabe agregar los nombres de Angel J. Miel Asquia y de Hipólito J. “Tuco”Paz.
Entre los conservadores “que no aceptaron el convite peronista y decidieron militar en la oposición”, Gambini menciona a Vicente Solano Lima aclarando que “en 1947 Solano Lima debió exiliarse en Montevideo perseguido por Román A. Subiza, el secretario de Asuntos Políticos de Perón”. La persecución de Subiza le impidió a Solano Lima volcarse en ese entonces al peronismo, lo que concretó años después recibiendo como premio la candidatura a Vicepresidente acompañando al “Tío” Cámpora.
La nota de Gambini ha dado lugar a las siguientes aclaraciones: Pablo González Bergez (29/3/03) afirma que Adrián Escobar “no se arrimó nunca a Perón”; Horacio Manuel Resta (20/3/03) dice que “su abuelo materno, Manuel Fresco, fue peronista sólo por 90 días”; y las hijas de Morrogh Bernard (2/4/03) desmienten que su padre haya sido peronista.
Se ha dicho que los militantes de otros partidos que emigraron al peronismo eran “la resaca de esos partidos”. En el Partido Conservador siempre militaron más caciques que indios por lo que ese descalificativo no sea tal vez aplicable a la totalidad de los dirigentes mencionados los que, más que por reacción al “injusto repudio” a integrar la Unión Democrática –como dice González Bergez en su aclaración- se pasaron al peronismo por ser dirigentes de segunda línea conscientes de que no podrían llegar a ocupar posiciones de primer nivel o de que el Partido pudiera llegar a ser gobierno.
Es injusto González Bergez en culpar a la Unión Democrática de esa diáspora: el arribismo ha sido común en todos los partidos políticos y en todas las épocas.
Ese arribismo es lo que ha llevado a algunos dirigentes conservadores a aceptar los ministerios o las canonjías que en forma de embajadas les ofrecieron los distintos gobiernos o las dictaduras de turno.
Como dictaminara Joseph Fouchıé, “Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”.
Es una lástima que el Partido Conservador haya desaparecido de la escena política, desaparición que, entre otros motivos, fue producto de que sus miembros no supieron cómo ganarse limpiamente al electorado por lo que recurrieron al fraude en sus distintas formas.
En nuestro país fracasó todo intento de conformar “un partido conservador de masas” . Ni el proyecto corporativo del dictador José Félix Uriburu ni las propuestas políticas y sociales de Fresco fueron viables en la Argentina de los años 30 .
En opinión de Gonzalez Bergez “el Partido Conservador empieza a diluirse en la provincia de Buenos Aires y quien le hizo el mayor daño fue Manuel Fresco, porque no sólo era muy (sic) fraudulento, sino que además se jactaba de ello”, y agrega que Fresco “sentía orgullo por estimular el fraude y encima se confesaba fascista, admirador de Hitler y de Mussolini”.
En 1935, el Partido Demócrata Nacional de Buenos Aires consideró a Fresco el candidato ideal para las elecciones de gobernador por sus buenas relaciones con la cúpula partidaria y con los grupos nacionalistas. Fresco admiraba abiertamente a Hitler, a Franco y a Mussolini, quien lo recibió en audiencia cuando aquél preparaba su candidatura a gobernador . El mote de “Mussolini criollo” -en lugar de ofenderlo, como suponían sus opositores- le debe haber enorgullecido. Cabe recordar que Winston Churchill también era admirador del Duce.
Los jóvenes de aquélla época abrazaron el corporativismo desilusionados del sistema democrático ante el desgobierno de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Paradójicamente, Diego Luis Molinari adhirió al corporativismo siendo senador por el Partido Radical, y presentó su proyecto de Código Laboral inspirado en la Carta del Lavoro, como informa en los fundamentos del mismo.
Los conservadores sabían que para ganar las elecciones presidenciales necesitaban triunfar en las provincias más populosas (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), y estaban conscientes que, para lograrlo, era necesario recurrir al fraude pero, luego, una vez obtenido el triunfo, pretendían apartarse de los dirigentes que, como Fresco, habían incurrido en esa práctica para desvirtuar la voluntad popular.
El desprestigio del Partido Conservador se inicia con la participación de sus dirigentes en la sublevación de Uriburu y por integrar su gabinete. Dijo José Aguirre Cámara en su autocrítica:
Nosotros sobrellevamos el peso de un error tremendo. Nosotros contribuimos a reabrir (sic) en 1930 en el país la era de los cuartelazos victoriosos. El año 1930, para salvar al país del desorden y del desgobierno, no necesitábamos sacar a las tropas de los cuarteles y enseñar al ejército el peligroso camino de los golpes de estado. Pudimos, dentro de la ley, resolver la crisis. No lo hicimos, apartándonos de las grandes enseñanzas de los próceres conservadores, por precipitación, por incontinencia partidaria, por olvido de las lecciones de la experiencia histórica (sic), por sensualidad de poder. Y ahora está sufriendo el país la consecuencia de aquel precedente funesto…. .
Contrariamente a lo que sostiene González Bergez, el presidente Agustín P. Justo no impuso una economía que reactivara el trabajo: las Juntas Reguladoras fueron creadas para limitar la producción de los cereales, carnes, leche, yerba mate y vinos a fin de defender los precios de la producción agrícola-ganadera . El ministro de Hacienda Federico Pinedo careció de iniciativa para buscar mercados extranjeros donde colocar esos productos, prefiriendo que se emborracharan los caballos con el vino que en Mendoza se tiraba a las acequias en lugar de bajar los precios al consumidor o de exportar esos productos. Tampoco se reactivó el trabajo: había una gran desocupación y empezaron a aparecer las villas miseria.
Reconoce González Bergez que fue José Luis Torres el que acuñó la expresión “la década infame” para denostar el período que se inicia con la sedición del 6 de septiembre de 1930, pero no es cierta su afirmación de que “hoy nadie se acuerde de Torres”. Aunque así fuera, el supuesto olvido del autor de esa frase no hace desaparecer los actos que dieron lugar a ese descalificativo, entre los que se encuentran aquellos ocurridos durante la presidencia de su admirado Justo: pacto Roca-Runciman, prórroga de las concesiones eléctricas, atentado contra la vida del gobernador de San Juan Federico Cantoni, asesinato del senador Enzo Bordabehere , fusilamiento del cabo Paz, intervención federal a la provincia de Santa Fe , creación de la Sección Especial de la Policía, prisión y exilio de dirigentes radicales, etc.
En su afán por distraer la atención por la ilegitimidad de su mandato, el gobierno de Justo fue pródigo en la construcción de obras públicas. Tal vez sea ese el único mérito que cabe reconocérsele.
*El autor es Licenciado en Administración de Empresas y Escritor
REFLEXIONES EN TORNO A LA REFORMA JUDICIALpor Guillermo Lascano Quintana*
El Frente para la Victoria, en ninguna de las elecciones en que participó, expuso su intención de reformar el Consejo de la Magistratura, limitar la utilización de medidas cautelares, ni debatir las demás cuestiones que se presentaron, recientemente, como proyectos de ley al Congreso. Se trata, en consecuencia de “manotones de ahogado” frente a lo que el gobierno considera oposición a sus propósitos, pero que comulgan, perfectamente, con la declaración de “vamos por todo”. Sigue siendo oculto, sin embargo, que es “todo”. ¿Se contentarán con la intención de someter al Consejo de la Magistratura y disciplinar a los jueces? ¿O irán por más?
Si nos atenemos a la experiencia acumulada desde el 25 de mayo de 2003 y especialmente desde diciembre de 2011, no se detendrán aquí y tratarán de apoderase de todo lo que se les oponga o sobre lo que abriguen ambiciones. En todo ese tiempo el gobierno y sus aliados han ido destruyendo, poco a poco, los fundamentos de nuestras instituciones básicas. Han quedado heridas la familia, la libertad de comercio, la de expresar las ideas, la seguridad ciudadana, los contratos, el crédito público, las fuerzas armadas y de seguridad; todo ello en aras de una proclamada y nunca cumplida “mejor redistribución de la riqueza” y eliminación de la pobreza, olvidando que para redistribuirla primero hay que generarla y que sólo se genera en libertad, aceptando a los hombres como son y no como se los imaginan las “vanguardias esclarecidas”
No hay ninguna razón, entonces, para suponer que algún día se detendrán, por más oposición que tengan sus propuestas. El absoluto desprecio por la opinión ajena es característica indiscutible de quienes gobiernan, ignorando a niveles insólitos el clamor popular, negándole la magnitud que tuvieron las manifestaciones recientes o escondiendo la cabeza, como el avestruz, tras palabreríos superficiales e intrascendentes mientras el país se divide de un modo peligroso.
Así quienes han formado parte del Frente para la Victoria y hoy discrepan con sus propósitos y métodos, deben decirlo “con todas las letras” dejando de lado los “pasos de minué”. Tanto Massa como Scioli serán responsables de la caída al abismo de cuyas consecuencias no podrán evadirse, si no se desprenden de los pruritos que les impiden comportarse como auténticos dirigentes y no como comparsas de circo.
Los opositores deberán dejarse de molestar entre si y enfrentar la hecatombe con gallardía y magnanimidad. Carrió y Alfonsín,serán tan responsables como Massa y Scioli, si no actúa con espíritu elevado, admitiendo alianzas imprescindibles para que sea posible garantizar la libertad.
*El autor es Abogado
CARNAVAL Y TANGO por Carlos Manus*
Ernestina Gamas	| 28 abril, 2013
En la antigua Roma se rendía culto a Momo, dios de la locura y de las burlas que con sus bromas, ocurrencias, críticas sarcásticas y mímica grotesca divertía a los dioses que moraban en el Olimpo.
Se lo representaba enmascarado y vestido de arlequín, acompañando sus chanzas con un rústico palo terminado en una cabeza de muñeco, símbolo de la locura. Por aquello que “de poeta y de loco, todos tenemos un poco” no es de extrañar, entonces, que el dios Momo fuera considerado protector de escritores y poetas.
Durante el Virreinato del Río de la Plata, los festejos del carnaval se alternaron entre autorizaciones y prohibiciones. Retomando el enjundioso estudio Breve Historia del Carnaval Porteño de Enrique Horacio Puccia (Cuadernos de Buenos Aires XLVI, MCBA, 1974), Cristina Ambrosini destaca la cualidad del carnaval de haber sido desde hace siglos “una historia de prohibiciones y censuras, primero en bandos de virreyes y luego en decretos de dictadores”.
El ya clásico trabajo de Puccia fue publicado también por la Academia Porteña del Lunfardo (Buenos Aires, 2000) con el título Historia del Carnaval Porteño. En el capítulo XV “La ciudad canta al carnaval” entre tangos, valses, milongas, candombes, shimmys, pasodobles y marchas se mencionan los nombres y los autores de más de 80 composiciones dedicadas al carnaval de las cuales he seleccionado las siguientes:
Avlis, seudónimo de Erasmo Silva Cabrera, es el autor de la letra de “Esta noche en Buenos Aires” en cuyos versos dice:
Almanaque alegre, signos de colores,
noches bulliciosas, Carnaval sonriente,
hoy se olvidará de su dolor la gente
risa y cascabel habrá en sus corazones…
¡Esta noche en Buenos Aires!…
¿Quién de mí se acordará
si el alegre Carnaval
ha de llevársela al baile?
Papelitos de color
aunque no quiera olvidarme
cubrirán su corazón…
En “Cascabelito”, dice Juan Andrés Caruso:
Entre la loca alegría
volvamos a darnos cita
misteriosa mascarita
de aquel loco Carnaval…
Emilio Fresedo canta en “Siempre es Carnaval”:
…Y siempre es Carnaval.
Van cayendo serpentinas,
unas gruesas y otras finas
que nos hacen tambalear.
Y cuando en tu disfraz
la careta queda ausente
en tu cara de inocente,
todo el año es Carnaval.
¡Y viva el Carnaval!
Vos ves siempre lucecitas.
Sos la eterna mascarita
que gozás con engañar…
Tres tangos dedicó Francisco García Jiménez a las carnestolendas. En “Carnaval” dice:
…¡Qué progresos has hecho, pebeta!
Te cambiaste por seda el percal…
Disfrazada de rica estás papa,
Lo mejor que yo vi en Carnaval…
En “Siga el corso” canta:
… Cruza del palco hasta el coche
nerviosa y fina;
como un pintoresco broche
¡Sacate el antifaz!
¡Te quiero conocer!
Tus ojos, por el corso,
va buscando mi ansiedad.
¡Tu risa me hace mal!
Mostrate como sos.
¡Detrás de tus desvíos
todo el año es Carnaval!…
Bajo los chuscos carteles
Pasan los fieles del dios jocundo
y le va prendiendo al mundo
sus cascabeles el Carnaval.
Y en “Otra vez Carnaval” dice:
En los ojos llevaba la noche
Y el amor en la boca…
Carnaval en su coche
la paseaba triunfal.
Otra vez, Carnaval,
en tu noche me cita
la misma bonita
y audaz mascarita…
otra vez, como ayer,
sus locos amores
le vuelvo a crer.
Y acaso la llore
mañana otra vez…
En “Abuelita Dominga” (o “Rosa Morena”) nos dice Héctor Pedro Blomberg:
Abuelita Dominga era muy vieja
al cantar esta copla roja de amores…
Canta Emilio Falero en “Pobre colombina”:
La fiesta está en su apogeo,
la eterna faz se quebranta…
Las mascaritas sus voces levantan,
el dios Momo canta,
ríe el dios Orfeo…
En “Después del Carnaval” dice José Amuchástegui Keen:
Se fueron las horas de algarabía
que Momo brindara con alegría
callaron las risas de colombina…
pierrot agoniza entre serpentinas.
Murió Carnaval y su cortejo
de alegre y loca bullanguería…
cornetas y gritos se escuchan lejos
vibrando las almas al recordar.
Mas el encanto de aquellas horas
al morir Momo se diluyó
Y con mi dolor, a solas lloré
la muerte de mi ilusión…
Afner Mauricio Gatti canta en “Serpentinas de esperanza”:
Esta noche bajo el arco de la vida
va paseando su locura el Carnaval,
suena el mundo la corneta de su risa
y se ha puesto una careta de bondad.
Ataviada con su luz de piedras falsas,
pasa alegre y sugestiva la ilusión,
enredando serpentinas de esperanza
en la tierna mandolina de un pierrot.
Con mis versos tiraré papel picado
para que se haga menos triste nuestro adiós,
porque aún el Carnaval no ha terminado
y prosigue en el alma de los dos.
* El autor es Licenciado en Adeministración de Empresas y Escritor
DEMASIADO DINERO, POCOS VALORES por Román Frondizi*
Ernestina Gamas	| 27 abril, 2013
Para con-texto
La teoría del salto cualitativo, cuyo origen radica en la filosofía griega y que, contribuyeron a desarrollar, entre otros, Kant, Hegel, Darwin y Marx, explica que, cuando la cantidad de un fenómeno supera una determinada medida ello modifica su calidad. Por eso no se podría definir simplemente como corrupción el giro que ha venido tomando la vida pública en nuestro país, caracterizado por el paulatino y constante menoscabo de las instituciones constitucionales cuyo paso más reciente es el paquete de leyes destinado a domesticar a la justicia, presuntamente justificado en una circunstancial mayoría electoral. Ello acontece en el marco de una ya indisimulable red de delincuencia económica protagonizada por las más altas jerarquías del gobierno y sus muchos socios y cómplices.
En realidad lo que está bajo nuestros ojos es el colapso del conjunto del sistema político-institucional, que reconoce como actor principal al gobierno nacional y a sus personeros. Es todo el edificio de la vida política y social que se está hundiendo en una ciénaga inevitable. Hoy por hoy, enteros grupos o “partidos políticos”, que giran en la órbita gubernamental, tienen su principal razón de ser en la perpetuación de un régimen que tiene como objetivo la apropiación del dinero público. Se han adoptado muchas decisiones y existen muchos organismos públicos, incluyendo sociedades aparentemente nacionalizadas, en función exclusiva del uso privado, político y clientelar del dinero del erario. Algunos ejemplos: el manejo discrecional de la obra pública, la importación de combustible, la compra de aviones para AA. A ello se unen los escandalosos negociados denunciados por el periodismo, que deberían ser investigados en serio y no lo son.
El colapso y la corrupción de la mayor parte de la clase política, en sentido amplio, no nace tan solo de la perversidad de los dirigentes o de la falta de controles eficaces (que sin duda deberían aumentarse y sobre todo mejorarse). Su causa real, así como la causa de su vastedad capilar, está en otro lado: está en la desintegración del cuadro general -ideal e institucional- en el cual aquella clase está llamada a actuar. Desde un tiempo a esta parte la mayor parte – no todos, por cierto- de quienes empiezan a hacer política – y no pocos de los que a ella se dedican profesionalmente desde antes- no tiene más ningún punto de referencia histórico-ideológico fuerte, no puede vincularse a ningún valor; en sentido estricto, se podría llegar a afirmar que no sabe ni siquiera en nombre de qué país habla, ya que no conoce la historia argentina y, en muchos casos, ni siquiera el idioma nacional. La Argentina que se les cruza en la cabeza puede ser, al máximo, la del futbol o algún otro deporte, en el mejor de los casos la del tango, o, en política, la de un vago, borroso, deformado y en realidad desconocido peronismo. Pero sí es, sin duda, la de una suerte de cosa para desguazar y apropiarse de sus despojos. Por una razón o por la otra, todo el horizonte simbólico e inclusive práctico sobre el cual fue construida la Nación, se les presenta hecho añicos. La política, los partidos, la movilidad social, la justicia, el trabajo, han perdido -para los dirigentes, salvo honrosas excepciones- toda capacidad movilizadora, no representan más aquellas seguras y plausibles líneas de acción que representaban tiempo atrás: ellas deberían ser repensadas de la cabeza a los pies, pero nadie lo hace.
Los órganos electivos –particularmente el Congreso Nacional- languidecen desde hace años en una creciente irrelevancia funcional, transformados, como bien se ha dicho, en escribanías del Poder Ejecutivo.
Quien se mete hoy a hacer política desde las filas del oficialismo se introduce en un vacío habitado por la nada salvo la apetencia del poder con fines espurios que pretende malamente disimularse con un relato pseudo ideológico. Ese vacío llama, en la mayor parte de los casos, y no por casualidad, a mujeres y hombres ellos también vacíos, sin ideas ni principios. Personas que, una vez elegidas, están destinadas a pasar su propio tiempo en las aulas parlamentarias o en las oficinas de la administración o de las empresas estatales como si fuesen peces en un acuario: ocupados en moverse sin un verdadero objeto, en dar vida a falsas pasiones o falsas batallas, su único objeto es quedarse allí, a la espera del “alimento”. Qué triste espectáculo de la inutilidad y de la frustración!
Preguntémonos con desprejuiciada sinceridad: ¿qué más puede hacer verdaderamente significativo para su presente y su futuro, en estos tiempos, un diputado o un senador cualquiera, que enriquecerse cuánto más y mejor pueda, o al menos acomodarse todo lo posible, él, su familia y amigos, sacar frenéticamente ventaja, y construirse una buena clientela personal? Y qué decir de ciertos ministros y gobernadores! Basta de ilusiones: abandonada por la fuerza de las ideas y por la autoridad de las instituciones, la política y sus alrededores ha sido trasformada cada vez más en un territorio destinado a caer en las manos de gente indecente. Es lo que está sucediendo.
Claro que hay reacciones que generan esperanza.
Provienen de la sociedad civil, que ha dado tres grandes lecciones, en todo el país, con las multitudinarias manifestaciones del 13S, el 8N y el 18A.
Sus principales destinatarios no son solamente los hombres del gobierno, en quienes no cabe depositar esperanza alguna y a cuyo respecto el repudio ha sido total. Son también los políticos y dirigentes sociales opositores, quienes parecen no querer comprender el reclamo de millones de argentinos de que deben reaccionar de una vez por todas proponiendo un programa de gobierno concreto, con prioridades claras, capaz de suscitar un consenso ciudadano, y unirse a través de acuerdos que despierten confianza en una actitud menos sectaria y más patriótica. Deben recoger la furia de los honestos y canalizarla hacia soluciones posibles.
Es hora de apretar filas, de una solidaridad democrática de mirada abarcativa, de largo alcance, que se concentre sobre los problemas prioritarios del trabajo, de la inseguridad, de la corrupción, de la justicia, de la economía, de la vivienda, de la salud y de la educación.
El tiempo se agotó. Qué esperan?
LA REFORMA JUDICIAL AUMENTA LA INDEFENSIÓN DE LOS CIUDADANOS FRENTE AL ESTADO por José Armando Caro Figueroa*
Ernestina Gamas	| 22 abril, 2013
El Gobierno declama progresismo pero avanza hacia la conformación de una seudo-democracia de corte franquista. Se trata de una estrategia que utiliza una retórica “izquierdista” para consolidar un “capitalismo de amigos” y edulcorar hechos antidemocráticos.
Ha recurrido a este productivo método a la hora de aniquilar la división de poderes, de eliminar los controles institucionales, y de erosionar los frenos que ejercen los ciudadanos a través de los medios de comunicación y de los jueces. La reforma que promueve el kirchnerismo es una prueba más de esta deriva autoritaria.
Es bueno recordar aquí que en la España de Franco existía un solo Poder: “El sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones”[1]. Por ese entonces la “función judicial” administraba justicia en nombre del Caudillo[2]. Franco, al igual que luego otros dictadores latinoamericanos, fue contrario al liberalismo político que alumbró la Constitución de Cádiz (1812)[3] y que potenció nuestra Constitución alberdiana (1853).
Hoy, como en tiempos del caudillo ferrolano, los argumento para la concentración del poder apuntan tanto a la “eficacia” (“los controles obstruyen las geniales intuiciones del Jefe”), como a un presunto “interés general” encarnado, precisamente, en la persona de doña Cristina Fernández de Kirchner.
Obsérvese que a consecuencia del híper presidencialismo -que agrede a los partidos políticos-, y de nuestras viciadas prácticas electorales, la obtención de una simple mayoría habilita para ocupar el Gobierno (todos los gobiernos, en todo el país), disciplinar la “función legislativa”, y neutralizar los órganos de control. La ansiedad hegemónica que consume a los ideólogos de la naciente autocracia hace, entonces, urgente poner en un mismo puño al Poder Judicial en donde se detectan focos de resistencia.
Para lograr objetivo tan ambicioso como antirrepublicano, la Presidenta ha diseñado un paquete legislativo que apunta no solo a controlar la designación de los jueces, sino a vigilar que su comportamiento se sujete a las directrices oficiales, y, llegado el caso, facilitar su expulsión merced a criterios viciados de politización.
Otro de los ejes de la reforma procura, por si aquella subordinación resultara insuficiente, blindar las decisiones que la mayoría simple y ocasional pueda adoptar en contra del bloque constitucional federal y cosmopolita que la Argentina fue conformando en un itinerario que comienza en 1853, avanza en 1957 (artículo 14 bis) y se consolida en 1994 con la irrevocable inserción de nuestro país en el orden de los Derechos Fundamentales consagrados en Tratados y Convenios Internacionales (CN, artículo 75.22).
Inmunidades y privilegios del Estado
A mediados del siglo XIX el Estado argentino no podía ser ni siquiera demandado antes los tribunales[4]; los juristas que defendían tal privilegio del Estado respecto de las personas lo explicaban como una emanación de la soberanía que, de tal suerte, residía en el Gobierno y no en los ciudadanos. Desde entonces hasta aquí, la lucha de los demócratas logró que aquellas inmunidades y privilegios del Estado fueran cediendo en beneficio de los derechos individuales y colectivos de todos y cada uno de nosotros.
Fue así como la Ley 3.592[5] de 1900 suprimió la “venia legislativa”[6], abriendo un proceso que profundizaron las leyes[7] de creación de la jurisdicción contencioso-administrativa de carácter judicial[8], y que adquirió fuerza definitiva en dos momentos muy significativos: En 1957, cuando la SCJN hizo lugar recurso de amparo (caso SIRI[9]), y en 1994 cuando la Convención Constituyente incorporó los Tratados internacionales que, entre otros derechos fundamentales, reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.
Adviértase, en este sentido, que antes de esta crucial reforma constitucional de 1994, el derecho de los particulares a acceder a una jurisdicción contencioso administrativa de rango judicial radicaba, ante la restrictiva fórmula del artículo 116 de la Constitución Nacional[10], en la voluntad del legislador ordinario y, como tal, estaba sujeta a revisión o abrogación por parte del Congreso de la Nación.
Por tanto, desde 1994, el derecho a tal jurisdicción judicial plena, que incluye -como no- el acceso a las medidas cautelares, es un derecho fundamental anclado en el bloque constitucional federal y cosmopolita. Como bien explica GARCIA PUELLÉS “la competencia del Poder Judicial de la Nación, cuando un ciudadano reclama por la violación de sus derechos fundamentales, no surge de la ley sino de su propia dignidad como persona o, en el peor de los casos, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido elevados a jerarquía de norma constitucional por el artículo 75 inciso 22 de la Ley Suprema de la Nación”[11].
Si bien subsisten aun algunos privilegios en favor del Estado (jurisdicción especial, plazos procesales, agotamiento de la instancia administrativa, habilitación de instancia, vías ejecutivas), lo cierto es que nuestros legisladores y jueces democráticos han construido un régimen jurídico complejo en donde las relaciones entre el Estado y los ciudadanos tienden a equilibrarse basándose en principios de derecho común[12] (o en normas construidas sobre el principio de igualdad procesal y no sobre prerrogativas), y en donde las personas cuentan con remedios -más o menos eficaces- para frenar los abusos de cualquier poder público y, si acaso, cubrir sus omisiones.
En este contexto de consolidación del derechos de los particulares a demandar al Estado, la batalla, en la Argentina y en otros países, se ha trasladado al campo de las medidas cautelares; una batalla de especial trascendencia en nuestro país en tanto se inserta dentro de la estrategia del actual Gobierno por rehuir de los controles republicanos.
La pretensión de la Presidente de la República y de las fuerzas políticas que la acompañan de restringir la potestad de los jueces de dictar medidas cautelares contra el Estado, tal y como está formulada en el Proyecto que da origen a esta nota, constituye un avasallamiento al Poder Judicial (ya que no puede concebirse la función de hacer justicia desprovista de las herramientas necesarias para hacer eficaces sus resoluciones) tanto como al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva. Resultan especialmente irritantes la agregación de requisitos habilitantes (artículos 13, 14 y 15) y los plazos de caducidad (artículo 5) de las medidas cautelares, y el régimen recursivo (artículo 13.3) ideado en el Proyecto que acaba de aprobar la Cámara de Senadores.
Cabe añadir, dentro de este breve repaso a los aspectos más regresivos del Proyecto, la autorización prevista por el artículo 17 para que el Estado pueda demandar judicialmente medidas urgentes tendientes a restablecer la normalidad de los servicios públicos[13]. Una primera lectura de su redacción originaria dejaba pocas dudas de que este artículo apuntaba a habilitar intervenciones administrativas contra medidas de protesta protagonizadas por los ciudadanos; vale decir, a regular por la puerta falsa el derecho de huelga y otras medidas de fuerza desplegadas por los trabajadores y otras expresiones sociales. El añadido que, a instancias de una organización no gubernamental vinculada al Gobierno, aprobó el Senado, además de revelar el potencial anti huelgas del Proyecto originario, termina por esterilizar la norma.
Es cierto que hay segmentos de la justicia en donde impera la obediencia a los gobiernos de turno o en donde mandan determinados intereses corporativos o personeros influyentes. Es cierto también que no en todos los casos los ciudadanos podemos obtener justicia con la celeridad, objetividad (entendida como imperio del principio de legalidad) e imparcialidad y que en este sentido padecemos un déficit democrático en el ámbito del Poder Judicial. Pero es igualmente cierto que ninguno de los seis proyectos apunta a remediar esta acuciante enfermedad institucional.
Por el contrario, la politización de la designación y remoción de jueces, y las severas restricciones que se oponen a las medidas cautelares contra el Estado van en la dirección contraria y violan tratados de rango constitucional, tal es el caso de la Declaración Americana de Derechos del Hombre (artículo 18), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8), del Pacto de San José de Costa Rica (artículo 8) o de los Pactos de Nueva York.
Sólo la resistencia cívica y los residuos de independencia judicial[14] pondrán las cosas en su sitio.
* Ex Ministro de Trabajo 1993/1997
[1] Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, artículo 2.II.
[2] Artículo 6, de la misma Ley.
[3] Esta Constitución apuntó a poner fin a la monarquía absoluta (“la confusión de funciones, característica del antiguo régimen, era consecuencia de la unidad de poder encarnada en el Rey”). Como explica SANCHEZ AGESTA, “al limitarse y circunscribirse el poder del Rey, surge la función legislativa con un órgano propio, las Cortes, y se separa netamente la organización y el procedimiento judicial” (“Historia del Constitucionalismo español”, Editorial Centro de Estudios Constitucionales, Madrid – 1974, página 98).
[4] GARCIA PULLÉS, Fernando (director) “El contencioso administrativo en la Argentina”, Editorial ABELEDO PERROT, Buenos Aires – 2012, Tomo I, páginas 1 y siguientes).
[5] Esta Ley fue promulgada por el Presidente Nicolás Avellaneda. Así y todo, la Ley 3.592/1900 no otorgó a los jueces el poder de ejecutar las sentencias contra el Estado que, de tal suerte, tendrían efectos meramente declarativos.
[6] Antes de entonces, para demandar al Estado era necesario obtener una Ley especial a través de la cual el Congreso de la Nación autorizaba al ciudadano a promover una acción judicial contra el Estado. Inaugurando este camino, la Ley 675 autorizó a la compañía Aguirre Carranza a entablar demanda.
[7] Me refiero a las leyes provinciales, dado que, como bien recuerda el Proyecto en debate (Mensaje 377 n° 377 de 8 de abril de 2013), “en el orden nacional no existe un régimen orgánico del proceso judicial frente a las autoridades públicas. Sólo el título I de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos número 19.549, prevé normas reguladoras generales de la admisibilidad de la pretensión procesal administrativa”.
[8] En el temprano año de 1826 el salteño Manuel Antonio de Castro impulsó la judicialización de esta instancia en la Constitución Nacional unitaria que fuera más tarde anulada por Manuel Dorrego (véase Atilio Cornejo “Bibliografía jurídica de salteños”, Ediciones Limache, Salta – 1983).
[9] En los años de 1950, la Policía de la Provincia de Buenos Aires clausuró el diario “Mercedes”, que se publicaba en la ciudad del mismo nombre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso planteado por su director Ángel SIRI, que invocó la violación de derechos constitucionales; la Corte ordenó a las autoridades cesar en las medidas restrictivas de los derechos fundamentales. Con esta sentencia, nace el recurso de amparo que completa y mejora la vía del tradicional habeas corpus.
[10] Algún sector de la doctrina inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución de 1853, sostuvo que el artículo 116 sólo se refiere a las causas en donde el Estado sea parte actora. Era, además, la opinión del Convencional y ministro José Benjamín Gorostiaga.
[11] Obra citada, página 9.
[12] Precisamente esta situación da pie al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para criticar el régimen jurídico vigente (“el trámite y los requisitos de admisibilidad y procedencia de las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados se encauzan por conducto de las mismas normas procesales que rigen el proceso entre particulares, ignorándose, de ese modo, la preminente nota de interés público que gobierna toda la actividad estatal”), y propiciar un régimen especial y autónomo de medidas cautelares contra el Estado. Si bien no es mi propósito profundizar en este tema, es oportuno dejar sentado aquí la necesidad de debatir y poner en cuestión el concepto mismo de interés público como concepto unitario que define y opera en todos los casos el Gobierno; en mi opinión es más adecuado hablar de intereses públicos y admitir que los mismos pueden ser portados y operados por otros actores sociales en concurrencia o competencia con el propio Estado. Pretender, como pretende el Proyecto que comento, que el argumento del interés público es suficiente para otorgar prerrogativas al Estado, es una pretensión anacrónica y contraria al concepto de “Estado constitucional social de derecho” que esgrime el mismo Proyecto.
[13] “Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas que tengan a su cargo la supervisión, fiscalización o concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para requerir previa, simultanea o posteriormente a la postulación de la pretensión procesal principal, todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurad el objeto del proceso en orden a garantizar la prestación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o la integridad o destino de los bienes d que se trate. Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación” (Artículo 17)
[14] La principal dificultad que encuentra y encontrará el Gobierno actual reside, precisamente, en la potestad de los jueces para revisar la constitucionalidad de las normas que, seguramente, aprobará el Congreso de la Nación para avasallar su independencia.
GOBIERNO, PROVINCIAS, ESTADO Y POLÍTICA: LA COPARTICIPACIÓN FISCAL por Luis Alberto Romero*
Nestor Grancelli Cha	| 20 abril, 2013
En este texto examinaré, de manera esquemática, la relación que existe desde fines del siglo XIX, entre el partido político gobernante, el Poder Ejecutivo Nacional, y los gobiernos provinciales; una relación que está en el meollo de la cuestión del federalismo. Secundariamente, voy a hacer algunos comentarios sobre las formas de negociación entre el gobierno nacional y las provincias en materia de reparto de los fondos públicos. Ambas cuestiones me parece que hoy tienen cierta actualidad.
En el período que va desde 1880 a 1916 se consolida el Estado nacional. Hacia 1880 se termina de configurar el régimen institucional federal establecido en la Constitución, precisamente en el momento en que la relativa igualdad entre las provincias, que era la clave de este sistema, pierde toda verosimilitud. Una parte del país crece espectacularmente, y otra se queda y retrocede. Muchas provincias que tiene un peso político institucional muy importante -por ejemplo, dos senadores- empiezan a ser financieramente poco viables, y sólo pueden subsistir con recursos de las más ricas, que el gobierno central les transfiere de distintas maneras.
¿Cómo contribuyen las provincias al mantenimiento de un régimen político presidencialista? En esta época hay pocos ciudadanos, poca participación electoral, y una fortísima incidencia en los resultados por parte de los gobernadores. Cada gobernador “produce” la elección en su provincia, en el sentido de que tiene una incidencia fortísima sobre el resultado. El Presidente articula a esos gobernadores, los organiza y disciplina, y obtiene el apoyo o el consenso, por ejemplo, para designar a quien será su sucesor. El instrumento político de esa articulación es el Partido Autonomista Nacional, el PAN, expresión de la Liga de Gobernadores. Es un partido sin afiliados, ni programa, ni convención partidaria, pero sumamente eficaz, no para gestionar elecciones democráticas, sino para gestionar el orden institucional. El jefe natural del PAN es el Presidente de la Nación, y es por eso que se habla de “unicato”, o unificación de la conducción del estado y de la política. El jefe del Estado utiliza un recurso institucional fuerte, la intervención provincial, para zanjar en última instancia los problemas en cada una de las provincias. Visto en el largo plazo, y dejando de lado muchos episodios, las cosas funcionaron bastante eficientemente. Poco federalismo quizás, pero bastante orden y administración.
Deben destacarse dos características de este funcionamiento. La primera: las candidaturas de las provincias se negocian entre el Presidente, el gobernador, y quizás los senadores. La pregunta es entonces, ¿a quién representan los representantes?, ¿a las provincias, o al gobierno nacional? La segunda característica se refiere a la circulación de los recursos. El apoyo político de las situaciones provinciales se asegura mediante la redistribución de ingresos, realizada desde el estado central de maneras diversas y con alcances diferentes. Un caso extremo es el de la provincia de Tucumán, cuya industria azucarera fue financiada por el Estado, y luego por los consumidores de Buenos Aires o Rosario, que pagaban caro lo que hubieran podido conseguir barato. Otro caso de redistribución se da entre aquellos dirigentes y los notables de cada provincia, que hacen su carrera política en la Capital y, paralelamente, construyen sus fortunas personales; por ejemplo, adquieren estancias en la zona pampeana, como fue el caso de Ramón J. Castillo, o del mismo Roca, que venía de una modesta familia tucumana. Finalmente, en provincias, el presupuesto nacional costea muchos cargos, en la administración pública, la administración, la justicia; por ejemplo, las famosas maestras normales, Estos sueldos, seguros y mejores que los locales, son la base de la pequeña fortuna de las modestas gentes decentes locales, convertidas, quizás, en tropa electoral del gobierno nacional.
Desde 1916 existes democracia electoral y grandes partidos democráticos y populares, como el radicalismo, y luego el peronismo. El radicalismo introdujo en el país la nueva forma de organización de los partidos, consistente en afiliación, organizaciones de base, ideario, programa y órganos de gobierno elegidos democráticamente en el nivel local, provincial y nacional. Es decir, todo lo que preveía la democracia institucional y federal. Con algunas variantes de importancia, -que no se señalarán acá- también el peronismo tuvo, posteriormente, una organización de ese tipo. Esto no significa que, cuando el radicalismo y el peronismo gobernaron, la relación entre el gobierno central y los provinciales se movió un poco más hacia el federalismo. Todo lo contrario. Ambos partidos fueron los protagonistas de un proceso de incorporación ciudadana que, más allá de las formas, fijadas por sus estatutos partidarios, transcurrió por la vía del plebiscito y el liderazgo carismático, como era usual en su época. Yrigoyen y Perón establecieron una relación más directa con sus partidarios, que dependía poco de las maquinarias locales o provinciales. No hubo en las provincias líderes similares a escala provincial. Pero si los hubo, los líderes nacionales se ocuparon de sacarlos a tiempo.
Por esa debilidad de los liderazgos locales, las secciones provinciales del partido solían dividirse en facciones, que vivían en guerra encarnizada entre sí, y que afectaban el funcionamiento del gobierno. La intervención nacional disciplinadora siguió funcionando con Yrigoyen y con Perón, y más que antes. Más que antes. Para poner orden a la vez, en la provincia, y en el propio partido. Así, el presidencialismo se hizo más fuerte. El unicato, es decir la coincidencia en una persona del jefe de partido y el jefe de gobierno- se potenció con la legitimidad propia de un líder plebiscitario, que no dependió de acuerdos o de componendas partidarias. Los gobernadores se convirtieron en parte de ese orden que arrancaba desde la cúspide y bajaba hasta la base. Para Perón, sobre todo para el Perón de la segunda parte de su presidencia, los gobernadores eran los delegados tácticos del comando estratégico, o sea, él. En suma, los partidos populares y democráticos fortalecieron el poder presidencial, y redujeron el espacio de los gobiernos provinciales.
Se examinará ahora la cuestión del reparto de los recursos fiscales. Visto a grandes rasgos, la experiencia de gobierno del radicalismo y el peronismo tienen muchas cosas en común. Sin embargo, entre ambos gobiernos, en los años ’30, sucede algo muy importante: el surgimiento del Estado dirigista, diseñado por Federico Pinedo y Raúl Prebisch para enfrentar la crisis de 1930. Un punto importante de sus reformas fue la creación del Impuesto a los Réditos, que acabó con la dependencia de fiscal de los derechos a las importaciones. Simultáneamente, en 1934 se estableció un régimen de coparticipación federal. De momento, este régimen tuvo un criterio “devolutivo”: devolver lo recaudado. Tanto aportan las provincias, tanto reciben. Lo más importante fue que las provincias iniciaron el camino del abandono de la responsabilidad de la recaudación fiscal, cediendo ese campo al Estado central. Esto fue malo para el federalismo. Otros mecanismos de intervención estatal, más conocidos, fueron el Control de Cambios, el Banco Central, las Juntas Reguladoras. El peronismo avanzó por ese camino, potenció esos instrumentos, y terminó de configurar lo que Marcelo Cavarozzi ha llamado “la matriz estado céntrica”. En la coparticipación hubo un cierto margen para la negociación con los gobiernos provinciales, pero lo más importante, indudablemente, fue el aumento del gasto del gobierno central y su manejo arbitrario -sin rendir cuentas-, que acompañaron la evolución del régimen peronista. Un ejemplo extremo es la Fundación Eva Perón, en la cual nunca fue posible distinguir la parte pública y la parte privada, y cuyo presupuesto y manejo contable, siguen siendo un enigma para los que quieren estudiarlo.
Desde 1958, en la época de Frondizi, los recursos manejados desde el Estado aumentaron notablemente, con los distintos regímenes de promoción, como la promoción de las inversiones externas o promoción industrial regional. Se entra en la fase conocida como “el Estado de franquicia”, que a larga derivaría en el “estado prebendario”. Se trata de un estado muy grande, con una gran capacidad para dirigir los recursos, y simultáneamente, muy débil: institucionalmente débil, políticamente débil. Su existencia consistió en negociar cotidianamente con aguerridas corporaciones de intereses, que se disputaban la orientación de esos recursos. Son –siguen siéndolo- corporaciones frecuentemente enquistadas en las mismas agencias estatales.
La negociación con las provincias me parece un caso dentro de este conjunto de disputas corporativas alrededor de lo que el Estado podía dar. Quiero mirar esta cuestión examinando sucesivamente a los distintos gobiernos democráticos, desde fines de la década del ‘50 hasta ahora, para ver cómo afrontaron esas negociaciones en torno de un Estado a la vez providente y prebendario. Dejo de lado a los gobiernos militares, que tienen una dinámica propia, por cierto muy interesante y compleja.
Los gobiernos de Frondizi e Illia se caracterizaron por su insanable debilidad, derivada de la ilegitimidad que generó la proscripción del peronismo. En esos años el panorama político electoral fue muy complejo, mucho más complejo que en la etapa democrática anterior. A diferencia de aquella, no había una fuerza política unificadora. Los partidos no peronistas se fracturaron, y además surgieron muchos partidos provinciales, algunos de ellos neoperonistas, y otros conservadores. Uno de los aspectos de la puja corporativa, característica de estos años, posibilitada por la debilidad política de los gobiernos, fue el tironeo federal. El tironeo entre el Estado central y las provincias, por el reparto de los recursos fiscales. ¿Cómo funcionó ese tironeo?
No conozco bien qué pasó en la época de Frondizi. Frondizi tenía amplia mayoría en el Congreso, de modo que allí no debió negociar. A la vez, tampoco tuvo nunca la intención de utilizar el Congreso como espacio de negociación. La negociación deben de haberla llevado a cabo los gobernadores provinciales. De hecho, obtuvieron puntos adicionales en el reparto de los fondos coparticipables. Quizás esto ocurrió en el Consejo Federal de Inversiones, que se fundó en 1959, pero en verdad no lo sé bien. Por otra parte, es sabido que Frondizi utilizó recursos estatales para ganar elecciones, sobre todo en provincias pobres. Le fue bien, pero no le alcanzó para derrotar al peronismo en las decisivas elecciones de 1962.
Es más conocido lo que ocurrió con Illia. No tenía mayoría en el Congreso, y debió convivir con partidos opositores y con partidos provinciales, que le vendieron razonablemente caro su apoyo parlamentario. Las provincias obtuvieron mucho del gobierno central, pero sin reclamar o hacerse cargo de la responsabilidad de recaudar lo que estaban reclamando. Es decir que en este juego de corporaciones frente al Estado, las provincias se comportaron más o menos, como simultáneamente se comportaban los sindicalistas: presionar sin asumir responsabilidades. Esto no es bueno para el federalismo. En la época, este chalaneo parlamentario fue incorporado a la desprestigiada imagen de las instituciones, e integró como un elemento más la crítica de la democracia parlamentaria que avanzó demoledoramente desde el momento mismo que asumió Illia, y culminó con la glorificación de Onganía en 1966. A la distancia, sin embargo, da la impresión de que el Congreso era el mejor ámbito para esas negociaciones, aunque haya habido un poco de chalaneo. Era el ámbito más público y transparente posible por entonces.
Salteando las dos dictaduras y el interludio del ’73, vale la pena preguntarse qué ha pasado en esta materia durante los casi 30 años de democracia. Algunas cuestiones son bien conocidas. La primera es que la democracia que tenemos se ha desarrollado en el contexto de una profunda crisis estatal. Este es el punto de partida para cualquier cosa que se diga sobre la democracia en su historia reciente. No se trata de la democracia para un Estado que funciona, sino la democracia para un Estado que se desmorona y que no empieza a reconstruirse. Estamos en el final de esa historia de la “matriz estado céntrica”. Sus rasgos conocidos son la crisis fiscal y la reducción de los grandes programas nacionales de financiamiento. Todo lo que se organizó a partir de 1958, que podemos ejemplificar con el CONADE. No se trata de la desaparición de la acción estatal, pero sí del fin de los criterios universales de asignación. La focalización de los subsidios estatales, tanto los subsidios llamados sociales, como los subsidios de viejo estilo, que llamaba prebendarios. Agregaría ahora un tercer género de subsidio, que podr{ían llamarse políticos. En los tres casos, la caracterización que corresponde es, en mi opinión, arbitrariedad en el manejo. La crisis fiscal es más aguda en las provincias por la transferencia de servicios como la educación, por ejemplo, y también porque los gobiernos provinciales se han hecho cargo de absorber una parte de la desocupación provocada por la transformación económica. En suma, se subrayan dos puntos: discrecionalidad mayor y mucho más déficit.
Segunda cuestión. La democracia se ha construido con partidos políticos que son muy diferentes, no sólo de lo que imaginamos en 1983, sino también de los partidos que tuvimos en la larga primera experiencia democrática de radicales y peronistas, hasta 1955. Pese a que los partidos tienen su historia y su tradición, en verdad son partidos con poca ideología y escasa magia carismática. Conmueven mucho menos de lo que conmovían sus predecesores, hay en ellos mucho menos reclamo de esencia nacional -esto es bueno-, y mucha menos hegemonía, lo que también es bueno. Hay mucho más pluralismo, lo que es excelente. Pero por otro lado, con el ejercicio regular de las elecciones, con la necesidad de “producir” regularmente resultados electorales, aumentó notablemente el uso de recursos estatales para producirlos. Gracias a esos recursos, en cada provincia el gobernador puede establecer un firme control de la situación, al igual que lo hacen los intendentes del conurbano bonaerense.
La pregunta que sigue es: ¿de dónde obtienen esos recursos estos gobiernos provinciales, cuyo déficit financiero es mucho mayor que a escala nacional? . En cada provincia, o en cada intendencia -me parece que a esta altura, las intendencias son tan importantes como las provincias- los recursos provenientes del gobierno central son decisivos para la “producción” del sufragio, y aún para la subsistencia fiscal de las provincias. Esto vale tanto para las provincias poco viables en términos fiscales como para las que son viables, pero que tienen una larga historia de abandono de su independencia fiscal. Lograr esos recursos del gobierno central es hoy la clave y la esencia de la política.
En estos veinticinco años las cosas fueron un poco distintas, según se tratara de gobiernos centrales débiles o fuertes, lo que está en buena medida asociado, pero no solamente, con que fueran o no fueran peronistas. El primer caso es el gobierno de Alfonsín, que fue un poco débil al principio, y mucho más después de 1987. El Congreso fue el lugar de la negociación, como en tiempos de Illia. Lo que se negoció fue aquello que desde el poder central se podía hacer por una provincia, como el reparto de los ingresos fiscales, la obra pública u otros beneficios indivisibles, que se otorgan globalmente.
El segundo caso es el gobierno de Menem. Su fuerza no provino de la magia del liderazgo carismático, sino del contexto de la crisis, el desprestigio de cualquier otra alternativa política, y el impulso social a lo que hoy se llama el decisionismo de emergencia. Esto le dio a Menem un amplio margen, Es sabido que ese poder fue usado para operar una drástica transformación y reducción del Estado, pero curiosamente, en ese proceso el Estado central concentró aún más el manejo de los ingresos fiscales a través de los llamados pactos fiscales. Pero sobre todo, su fuerza provino del hábil manejo de los recursos para la formación de clientelas entre los gobiernos provinciales e intendencias. Cuando comenzó la recesión que acompañó los últimos años de su gobierno, y a la vez se evidenció que difícilmente sería reelegido, el poder de Menem amenguó. Resurgió el Congreso como lugar de los reclamos y como ámbito de negociación, y los senadores fueron clave en esa historia. Hay dudas sobre si lo que se negociaba eran beneficios generales indivisibles -por ejemplo, puntos en la coparticipación- o beneficios particulares, solo divisibles entre los senadores. No toda negociación es necesariamente la que a uno le gustaría.
Estamos llegando al presente, y las cuestiones generales que plantea. Dicho de una manera una manera muy esquemática, el funcionamiento actual se parece, sobre todo, al del Partido Autonomista Nacional roquista de principios del siglo XX. Inclusive con sus conflictos. El partido Justicialista, con bastante menos magia que la que tuvo en sus buenos tiempos, recuerda la Liga de Gobernadores que organizó el PAN. Hay gobiernos electores, y producción del sufragio, con el combustible de los recursos estatales, que vienen centralmente del gobierno nacional. La negociación por los recursos, ya sean subsidios políticos, sociales o prebendarios, se realiza entre el gobierno nacional y los gobernadores, con intervención variable, pero más bien secundaria del Congreso. No obstante, esa intervención del Congreso no es desdeñable, y por épocas es significativa. Hoy nos parece que quizás la mayor novedad de estos meses sea que el Congreso aparece como un ámbito alternativo, y claramente más abierto y transparente para esa negociación. Al menos, algunas de las discusiones constan en la actas.
Si se considera cómo han sido designados los congresistas, es decir cómo han sido incorporados a las listas, resulta que frecuentemente surgen del acuerdo político entre el gobierno provincial y la jefatura nacional. La pregunta es entonces: ¿a quién representan los congresistas? ¿A esa jefatura?, ¿A las provincias? ¿A ellos mismos, devenidos en corporación? Como aspiración, ciertamente lejana, suponemos que debería existir una preocupación compartida y un ámbito adecuado para discutir el reparto de este tipo de recursos, con criterios de equidad o de interés general. Es lo que decimos que debería ocurrir. En verdad, no se vislumbra mucho de eso, salvo en ámbitos amables como éste, que –aunque poblados por quienes han hecho de la política su profesión- no parecen exactamente los mismos que los de la política.
*El autor es historiador. Miembro del Club Político Argentino..
ARCHIVOS, PLURIMIRADAS
NO A LA RE-REELECCIÓN por Nestor Grancelli Cha
Nestor Grancelli Cha	| 19 abril, 2013
Publicada en el diario La Nación el día 18-04-2012, con el objeto de pedir un "COMPROMISO" a quienes presenten sus candidaturas a legisladores en las próximas elecciones
Si bien los actuales legisladores nacionales de la oposición se han manifestado formalmente contrarios a una enmienda constitucional que permita la re-reelección, lo cierto es que a raíz de los próximos comicios de renovación parlamentaria muchos de ellos dejarán sus cargos y serán reemplazados por otros. La experiencia de casos clamorosos de travestismo político aconseja la conveniencia de que, al aceptar sus candidaturas, quienes aspiren a ingresar al Congreso Nacional por los partidos de la oposición, asuman bajo juramento el compromiso cívico y moral de no propiciar ni apoyar durante su mandato iniciativa alguna tendiente a reformar la Constitución Nacional. Los partidos deberían instruir a sus apoderados para que no inscriban a postulantes que no suscriban previamente este compromiso.
Nestor Grancelli Cha
CI 3.803.902
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN por Esteban Lijalad*
Ernestina Gamas	| 17 abril, 2013
Cuando esta pesadilla termine- supuestamente en 2015- habrá que crear los reaseguros para que NUNCA vuelva un "modelo" semejante: el de centralización del poder, intervencionismo en la economía, control de la prensa, mentira estadística, planes sociales clientelares, corrupción incontrolada, manejo de la caja para disciplinar gobernadores, etc.
Esto se dice fácil, pero será muy difícil de implementar. Habrá que luchar contra una cultura política estatista que todos, gobierno y oposición, comparten.
Habrá que reformar la Constitución.
No, obviamente en el sentido que éste gobierno desea sino es uno mucho más esencial: garantizar la separación y equilibrio de poderes. Esto implica NO tocar la parte doctrinaria de la Constitución, una herencia esencial que debemos a JB Alberdi.
En cambio, SÍ modificar la estructura de los poderes del Estado, sus atribuciones, límites y relaciones. Más de un siglo y medio de régimen "republicano, representativo y federal" deben ser revisados, a la luz de los insistentes fracasos.
Lo principal en este sentido es que no se le puede otorgar al Ejecutivo y el Legislativo tal capacidad de fuego, tanto poder. Hay que limitar las cuestiones que pueden ser legisladas. No podemos correr el riesgo de que el único límite sea la eventual declaración de inconstitucionalidad que un solo cuerpo, la Corte Suprema, decida realizar. Nos jugamos así a todo o nada. Basta con un juez de la Corte venal o manipulable para que el Ejecutivo o el Legislativo tengan el poder de hacer "ley" una norma que afecte derechos individuales imprescriptibles, que atente contra la vida, la propiedad o la libertad de los ciudadanos. Tiene que haber múltiples filtros que impidan desde el inicio que esas iniciativas avancen.
La primera gran reforma es dividir al poder Legislativo en dos cámaras independientes y con funciones distintas. Es que hay dos funciones del Estado que son absolutamente distintas y que, sin embargo, se confunden unas con otras.
La primera función se basa en poner en práctica normas generales, abstractas, que pongan los límites a la acción individual o grupal. La segunda en dar directivas a la organización para mejorar el servicio que brinda el Estado.
Desgraciadamente la misma asamblea que legisla sobre lo primero- las normas generales de conducta- legisla sobre lo segundo- como la ley de Presupuesto- y a ambos tipos de reglas los llama “ley”. Y la misma asamblea que puede sancionar cualquier ley no puede ser limitada por ella misma. No hay un poder superior, una Ley, en el sentido clásico del término- que limite su accionar. Los resultados son dramáticos: la dignidad de la Ley se transforma en la dignidad de las Directivas administrativas. Se llega así a sacralizar una simple directiva administrativa, con el nombre pomposo de “Ley”, con el deseo de que sea “obedecida” como si fuera una norma de conducta moral. De este modo, inundándonos de “leyes” el Estado se apropia del país: lo transforma en una fuente de recursos dependiente de los fines del Estado.
Así, el Estado no existe para el país, sino el país para el Estado.
La asamblea legislativa omnipotente actual puede sancionar cualquier cosa para la que tenga mayoría. Un impuesto especial, un subsidio a tal actividad, la prohibición de comprar tal mercadería- por ejemplo, divisas- , la prohibición de exportar libremente- por ejemplo, carne-, un Plan social para supuestos beneficiarios, un contenido educativo determinado. Nada escapa a su poder, solo limitado por el acceso a la mayoría legislativa. Para obtener esa mayoría suele entrarse en procesos de negociación por los cuales, a cambio de algún beneficio particular se obtienen los votos necesarios. Se crea así “la Caja”: unos fondos utilizados discrecionalmente para obtener beneficios políticos , comprando votos legislativos.
El proceso es autogenerado y creciente: cuanto más poder tiene un gobierno, más débil es ante el lobby de los “intereses organizados”, cuanto más beneficios pueda repartir, más demandas de beneficios particulares se generan.
Por lo tanto, hay que terminar con esta estructura de poder institucional cambiando, profundamente, la Constitución del Estado.
Para ello deben crearse dos Cámaras parlamentarias.
La Cámara Legislativa que sanciona leyes (normas generales, abstractas, de recta conducta, destinadas a evitar el conflicto, garantizar la libertad y los derechos) y la Cámara Gubernamental que sanciona Directivas organizativas para administrar el Estado cumpliendo normas superiores que no puede modificar. La Legislativa revisa todas las normas sancionadas por la Gubernativa cuidando que no extralimiten su ámbito de acción, a fin de preservar libertad, propiedad y derechos de los ciudadanos. Los eventuales conflictos entre ambas cámaras se ventilan en un Tribunal Constitucional.
La Cámara legislativa debería estar compuesta por personalidades elegidas no por su pertenencia a determinado partido, sino por su experiencia profesional en el campo jurídico, económico y social. Sus periodos de duración en el cargo y los momentos de elección deben ser independientes de las elecciones habituales de diputados y autoridades ejecutivas. Debería reunir en su seno el poder de Auditoría de la gestión y el poder de revisión de los proyectos de Ley.
Las elecciones y los periodos de ambos tipos de legisladores deben ser totalmente independientes. Los de la Cámara Legislativa con largos plazos de actuación (por ejemplo, 15 años) y los de la Gubernativa según el modelo actual de 4 años. El Gobierno, como tal, es una “comisión” específica de la Cámara Gubernativa, ante la cual tiene que responder
Esta propuesta puede parecer compleja o desatinada, pero es, al menos un intento de modificar de raíz la enfermedad de la democracia: la transformación de las asambleas en poderes omnipotentes, escenarios de un toma y daca permanente para obtener y mantener la mayoría y el desaforado aumento de los gastos, ya que hay que responder a las demandas de los grupos de interés organizados, desde sindicatos a cámaras empresariales o productores de tal o cual bien.
La pregunta es si la actual cultura política del país- incapaz de replantearse el rol del Estado y de la política- será capaz, siquiera, de empezar a discutir estas cuestiones. Quizás este artículo pueda operar como un disparador de esa discusión, central para no volver a caer en pocos años en un nuevo “Modelo” que arrase con la República.
*Sociólogo e Investigador Cultural
UN PELIGROSO INTENTO DE SOMETER A LA JUSTICIA por Daniel A. Sabsay*
Ernestina Gamas	| 16 abril, 2013
“Democratización de la Justicia” es el atractivo título a través del cual la Presidenta de la Nación ha presentado una iniciativa de reforma que integran seis proyectos que se proponen modificar la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura, limitar las medidas cautelares interpuestas contra actos u omisiones del Estado., cuestiones vinculadas con la transparencia de los actos del Poder Judicial y el acceso en calidad de empleado al mismo, junto a la creación de una instancia de Casación a nivel federal, en las materias Civil y Comercial, Contencioso Administrativa del Trabajo y la Previsión Social, que se ubicaría entre las Cámaras de Apelación y la Corte Suprema.
La primera de las iniciativas es inconstitucional ya que viola de manera grosera lo previsto en el artículo 114 de la Constitución. Ello, en tanto prevé la elección por sufragio universal de los representantes de jueces y de abogados, quitándoles a éstos una facultad exclusiva de decidir quienes los representarán en el órgano de administración del Poder Judicial, al igual que los abogados. Lo mismo ocurre en relación con los técnicos y científicos. En la actualidad son los mismos jueces y abogados quienes eligen a sus representantes a través de los organismos directivos de sus actividades en la que toman parte en calidad de electorado magistrados y letrados de la Capital y de las provincias. Asimismo, se determina que los técnicos y científicos también serán elegidos por sufragio y que no es necesario que se trate de abogados.
Sorprende que dichas designaciones se lleven a cabo a través del mismo procedimiento que para la elección de los integrantes de los poderes políticos. Esto es, recurriendo a la mediación de los partidos políticos por medio de boletas electorales. Es decir que estas candidaturas se agregarán como una sección más a las que ya integran según la categoría de candidatos de que se trate, las denominadas “listas sábana”. Parece que se ha olvidado que el Consejo es parte del Poder Judicial y que a sus miembros se les prohíbe toda afiliación partidaria. Tampoco se ha tenido en cuenta que el objetivo que se persiguió con la incorporación en 1994 del Consejo a la Constitución fue precisamente el de despolitizar y de “despartidizar” a la Justicia. Hoy con esta modificación se produce lo inverso convirtiendo a los jueces en candidatos, obligándolos a formar parte de asociaciones partidarias que financiarán sus campañas y a las que por lógica luego les deberán obediencia. Ello así, en el futuro ocurrirá algo similar a lo que sucede en el Legislativo en el que se consiguen las mayorías a través de la disciplina partidaria. El problema es que los asuntos del Poder Judicial refieren a cuestiones de control, de equilibrio en el que están en juego el goce de derechos garantizados en la Constitución y en tratados internacionales.
No olvidemos que en lo sustancial son los órganos derivados de la voluntad popular quienes tienen a su cargo la tarea de nombrar a los jueces. En primer lugar el Ejecutivo nombra, cada vez que se produce una vacante, cuando escoge de la terna que le eleva el Consejo a quien considere más apropiado en cada caso. Luego el pliego es enviado al Senado para que este órgano preste el correspondiente acuerdo. Por otra parte, los dos poderes políticos también están representados en el Consejo a través de legisladores –diputados y senadores- y un representante del Ejecutivo. A esta peligrosa novedad se le agrega la modificación del régimen de mayorías, pues en adelante se disminuye la mayoría de dos tercios de miembros para la elevación de la terna y para la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, a la mayoría absoluta de miembros. Cantidad que será fácilmente alcanzable por el oficialismo de turno. Ello así, semejante cambio no puede ser visto sino como un intento de dominar a la Justicia, en detrimento de los intereses de los justiciables. Se considera de manera grotesca al Consejo como un ámbito de decisión política en el que se debe preservar la primacía del partido que ocupa el Poder Ejecutivo y controla el Legislativo. Precisamente el sentido de una Justicia independiente es que ella sea capaz de controlar los actos de los otros dos poderes y no de someterse a la voluntad de quienes se suceden como sus titulares.
El propósito de someter a la Justicia a los designios del poder político de la Nación, también surge nítido cuando se comprueba el serio debilitamiento de las medidas cautelares cuando deben ser interpuestas contra el Estado. En efecto, se ha ideado un sistema que jugará como una suerte de “blindaje” a favor de quien ejerce la autoridad estatal, provocándose una enorme desigualdad entre partes. El Estado de Derecho es un régimen político cuyo objetivo es la construcción de un gobierno con poderes limitados a efectos de que en toda circunstancia impere el pleno goce de los derechos humanos. Ello así resulta fundamental que se pongan en marcha diferentes herramientas encaminadas a asegurar el control de la actividad de los gobernantes. La evolución de las instituciones permitió que en un primer momento las constituciones contuvieran un catálogo de derechos, con el tiempo a esto se agregó la necesidad de dotar a los titulares de esos derechos de instrumentos aptos para su defensa. Se trata de las garantías que nuestra Ley Fundamental incorporó en su art. 43 con la reforma de 1994. Así en el marco de un proceso de amparo es posible recurrir a la justicia a través de un trámite veloz y desprovisto de formalidades para que se anulen los actos arbitrarios e ilegítimos que atenten contra el goce de los derechos. Las medidas cautelares representan un complemento indispensable ya que permiten que antes que el juez dicte una sentencia definitiva se detenga la ejecución del acto cuestionado cuando quede demostrado que lo que se reclama es verosímil y que hay peligro en la demora, ya que si se espera hasta el dictado de la sentencia el derecho en juego ya no podrá ser restablecido.
Los requisitos impuestos para la interposición de esas medidas contra actos del Estado en el proyecto que integra la tan mentada “democratización de la justicia”; como son la necesidad de notificar al Estado, la demostración de que le produce un perjuicio a quien demanda, la suspensión de sus efectos en caso de apelación, entre otras novedades, no hacen sino destrozar el sentido de las mismas. Se trata de claras garantías frente a la posible omnipotencia de los actos de la autoridad estatal, tienen como sustento la base del constitucionalismo que hemos mencionado. Sin embargo, la concepción de la Dra. Kirchner pareciera reposar en la presunción de que el Estado o mejor dicho quienes son sus titulares en cada momento, nunca se equivocan y que por el contrario siempre actúan en beneficio de los intereses de los gobernados. Los hechos muestran una realidad diferente y que se debe “empoderar” a los gobernados para impedir el avance sobre sus derechos. Así se logra detener actos e impedir omisiones que atentan contra el derecho a la vida, a la expresión de las ideas, al ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios, a la preservación del salario digno, a la movilidad de las jubilaciones, entre muchas otras cuestiones de la vida cotidiana de las personas. Si este proyecto se convierte en ley se debilitará gravemente la defensa de los derechos, ya que ante la falta de una herramienta tan valiosa se estaría permitiendo que triunfe la irresponsabilidad del Estado sin que los particulares puedan detener a quienes los gobiernan, como sucedió en 2001 para enfrentar al “corralito”. De ser así, como se ha puesto de manifiesto recientemente los actos estatales pueden llevarse la vida y la salud de las personas.
En efecto, las nuevas condiciones impuestas para la interposición de esas medidas, la necesidad de notificar al Estado, la suspensión de sus efectos en caso de apelación, entre otras novedades, no hacen sino destrozar el sentido de las mismas. Se trata de claras garantías frente a la posible omnipotencia de los actos de la autoridad estatal. Tienen como sustento la base del constitucionalismo que tuvo como gran objetivo la construcción de un gobierno limitado para asegurar el pleno goce de los derechos humanos. Sin embargo, la concepción de la Dra. Kirchner pareciera reposar en la presunción de que el Estado o mejor dicho quienes son sus titulares en cada momento, nunca se equivocan y que por el contrario siempre actúan en beneficio de los intereses de los gobernados.
Los hechos muestran una realidad bien diferente en la que es necesario “empoderar” a los gobernados de modo de impedir el avance sobre sus derechos. Gracias a ello se logra detener actos e impedir omisiones que atentan contra el derecho a la vida, a la expresión de las ideas, al ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios, a la preservación del salario digno, a la movilidad de las jubilaciones, entre muchas otras cuestiones que abarcan otros tantos ámbitos en los que transcurre la existencia humana. De convertirse en ley estos proyectos se debilitaría seriamente la defensa de los derechos, ya que careciendo de una herramienta tan valiosa se estaría permitiendo que triunfe la irresponsabilidad del Estado. La que como se ha puesto de manifiesto recientemente puede llevarse la vida y la salud de las personas.
La creación de tres nuevas Cámaras de Casación lejos de agilizar el funcionamiento de la Justicia como se afirma en la exposición de motivos del respectivo proyecto provocará el efecto contrario, pues provocará grandes demoras. Esto nos preocupa sobretodo en lo que hace a las cuestiones de corte previsional, pues ya en el presente se obliga a los jubilados a reclamar judicialmente el ajuste de sus haberes mal calculados y ante las sucesivas apelaciones que automáticamente efectúa el ANSES, contra las decisiones que le son adversas, muchos accionantes fallecen antes de lograr que se le conceda lo que les corresponde. Pues bien, ahora a estas dilaciones se les agregará un plazo de varios años más para que intervenga la Cámara mencionada.
Nos parece importante asegurar la transparencia de los actos del Poder Judicial, claro que hoy ya existe en los sitios virtuales creados por la Corte Suprema y otros tribunales un enorme acceso a las sentencias y demás resoluciones de los jueces. También en materia de declaraciones juradas. Nos sorprende que esta feliz iniciativa sea estimulada por la titular de un poder que no brinda información en cuestiones tan esenciales como son las compras y las licitaciones, la propiedad de las empresas que se expropian, aún frente al pedido de los jueces, la negativa inclusive de brindarle información a la Auditoría General de la Nación, los que son sólo algunos ejemplos de la opacidad en que se mueve el accionar de dicho poder. Recordemos, igualmente, que con la designación de Daniel Reposo al frente de la Sindicatura General de la Nación, el nuevo titular decidió rápidamente dejar sin efecto la resolución que lo obligaba a comunicar vía internet sus dictámenes y demás decisiones. Inclusive el nombrado le niega información a la Auditoria General de la Nación.
Asimismo, apoyamos el acceso democrático a los niveles administrativos de la Justicia, siempre que el mismo se maneje correctamente. Claro que nos parece que en esta ocasión el Ejecutivo a través de esta iniciativa legislativa pretende abusar de la facultad del Congreso de dictar la leyes de organización de la Justicia y los Códigos de Procedimiento, al inmiscuirse en cuestiones reservadas a la administración interna de un poder, que de ningún modo pueden serle impuestas por otro órgano. También en este punto, nos sorprende que el impulso sea dado por quienes en sus respectivas órbitas efectúan la designación del personal que los asiste sin concurso y casi siempre tomando como único antecedente su pertenencia al partido de quien efectúa los nombramientos. Por lo tanto, creemos que estos proyectos se proponen el cercenamiento de la independencia de la Justicia, lo que resulta claro de las palabras recientemente vertidas por varios de los principales referentes del oficialismo, que pusieron de manifiesto las aspiraciones hegemónicas del oficialismo. Además, adolecen de serias violaciones a las disposiciones tanto constitucionales como de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Ello así, la efectiva sanción de lo propuesto redundará en un debilitamiento aun mayor de nuestra ya dañada República.
**Profesor titular de Derecho Constitucional y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
DESAPARECIDOS CON MERCANTE por Ariel Kocik*
Ernestina Gamas	| 14 abril, 2013
El escritor brasileño Carlos Heitor Cony, víctima de la dictadura de su país, quien sufrió el secuestro de sus dos hijas, cree que la justicia debe perseguir a los “grandes peixoes” de la represión, es decir a los peces gordos que dieron las órdenes, antes que a los subalternos. Parece la línea de 1983 en la Argentina, el castigo a las cúpulas. La tradición de América Latina, España e Italia era de pactos y perdones sin límites, idea que el justicialismo probó en las urnas con su candidato Italo Luder. En 1958 el partido de Perón se había beneficiado por una amnistía de Arturo Frondizi, en nombre de la paz nacional. Los policías autores de castigos aprovecharon la ocasión. Como antecedentes, en Alemania hubo empleados de los campos que trabajaron para el presidente Konrad Adenauer. La revolución bolchevique de 1917 (Rusia) y el golpe sandinista de 1979 (Nicaragua) integraron a los represores del zarismo y a los verdugos del dictador Somoza a nuevas funciones, explicó Raúl Alfonsín. La comisión de la verdad en el Brasil hoy se propone investigar crímenes desde 1946 hasta 1988, asumiendo que la democracia popular tuvo lo suyo. Cony admira a Getulio Vargas sin negar una fase dictatorial. Lo importante es el coraje de mostrar a la sociedad quiénes la oprimieron, aunque estén muertos, afirma. En la Argentina se habla de “juicio para todos”, pero a nadie se le ocurriría ir tan lejos.
Muy poca gente lo sabe o lo recuerda. El periodista Rodolfo Pandolfi dejó su testimonio, que permite salvar los hechos. El 18 de setiembre de 1955 fue interceptado en Cosquín, provincia de Córdoba, el auto en que viajaban Juan Carlos Roque Posse y su hija Beatriz, esposa del capitán Efraín Arruabarrena. Venían de Icho Cruz, cerca del lago de Villa Carlos Paz. El esposo de Beatriz había muerto en los combates por la revolución, proclamada por el general Eduardo Lonardi, con gran apoyo civil en Alta Córdoba. El capitán Arruaberrena había caído al acercarse a la Escuela de Infantería junto a los tenientes Julio Fernández Torres, Alfredo Viola Dellepiane y otros dos soldados. La escuela estaba al mando del coronel Guillermo Brizuela, leal al gobierno de Perón. El único sobreviviente, Fernández Torres, afirmó que “murieron Arruabarrena, Viola y uno de los soldados, casi totalmente decapitado”. El otro soldado murió antes de ser atendido. Junto a Roque Posse y su hija iban más personas, como Marcelo Amuchástegui, Teresa Pitt y Miguel Ángel Cárrega Nuñez.
Mientras intentaban alejarse del centro, la policía cordobesa los paró y les preguntó si estaban con los rebeldes. Como eran parientes de gente involucrada, les dispararon a quemarropa, pese a los gritos que imploraban piedad. Beatriz intentó proteger a su pequeño hijo Mario Amadeo, de siete meses. Los asesinos tiraron contra la criatura, que perdió la vida, mientras la madre era gravemente herida. Juan Carlos Roque Posse fue directamente fusilado. Miguel Ángel Cárrega Nuñez les gritó a los policías que eran unos cobardes y fue muerto a tiros. Teresa Pitt fue herida con dos balazos. Rodolfo Pandolfi denunció puntualmente “el fusilamiento de diez miembros de la familia radical Arruabarrena en setiembre de 1955”. La violencia se había desbordado en el país. La última escalada pasara por las bombas opositoras en la Plaza de Mayo (1953), la venganza peronista con el incendio de sedes políticas y una ola de torturas, la represión a la huelga metalúrgica de 1954, el ataque aeronaval contra la Casa Rosada, el incendio de templos religiosos y el llamado presidencial al crimen entre civiles, cerrando casi la pacificación. Más hechos fueron silenciados. El mito del peronismo, que atraviesa la política argentina, no menciona casos como los siguientes.
Más allá de la General Paz
Cierta vez Ricardo Balbín dijo que los secuestros fuera de la capital no trascendían. Un diario provincial describió un “engranaje de terror” en tierra del coronel Adolfo Marsillac, jefe de la mejor del mundo en tiempos de Mercante. Un grupo de policías había mostrado un “sadismo a toda prueba” que llegó a “sanguinarias torturas y horribles homicidios”. Era el caso de “los cadáveres de Florida”, silenciado por la censura y hablado por lo bajo. En 1951 unos niños encontraron restos humanos cuando jugaban en un baldío al costado de la avenida General Paz. Alguien habló de obreros ferroviarios ultimados. El oficial Roberto Miguel Nieva Malaver había llegado a la seccional Florida (Vicente López) para perseguir a “elementos de mal vivir” por la zona balnearia. Podían ser rateros o vagabundos, pero los edictos policiales incluían a “comunistas”. Malaver se desempeñó entre octubre de 1950 y mayo de 1951 con la ayuda de su amigo Ricardo Luis “Fito” Pirlot y de Carlos Segundo Doro, un vigilante de la quinta de Olivos. Actuaban “con toda impunidad al amparo del régimen”, según El Laborista. Este periódico nacido en 1945 fue casi el único que apoyó la candidatura de Perón en 1946. Después quedó en manos de Mercante, pero fue devuelto al sindicalista Cipriano Reyes en 1955.
Las razzias nocturnas de Malaver derivaban en torturas y castigos que le quitaron la vida a muchos humildes sin acceso a abogados. El diario El Día de La Plata tituló: “Impresionantes contornos rodearon la perpetración de crímenes en masa”. A su vez, El Laborista señaló: “Sádicos torturadores policiales son los autores de los crímenes misteriosos de Florida en el año 1951”. En tanto el matutino El Mundo expresó: “Cerca de veinte detenidos fallecieron torturados en la comisaría de Florida”. El legendario Crítica, el diario de Natalio Botana, sacó en tapa la trágica comprobación y también afirmó que “las torturas deben desaparecer para siempre”. El mesurado La Nación publicó que se habían reconocido los restos de cinco obreros. El vespertino La Razón aclaró: “Pruébanse 13 asesinatos de Malaver”. La prensa gráfica se expresó después de setiembre de 1955, cuando se rompió la “cadena” de medios armada por el funcionario Raúl Apold. Interrogado por el juez del crimen Abel Viglioni, el oficial Malaver declaró que luego de su traslado aparecieron más cuerpos sin vida en la zona, sugiriendo que las víctimas de Florida sumaban decenas. La investigación estuvo a cargo de los inspectores Saúl Mocoroa, Prudencio Chávez y Héctor Durand. Se hizo bajo la órbita del coronel Julio Moreno.
El obrero Teodoro Baziluk, afiliado comunista nacido en Polonia, quedó detenido por un delito improbable. Fue picaneado muchas veces pero con su fortaleza física pudo sobrevivir. Entonces lo dejaron morir por inanición, sin darle agua ni alimentos. Su cadáver llevado en auto fue arrojado al arroyo Morales (Matanzas), atado a una viga de cemento, saliendo a flote el 7 de febrero de 1951. Su compatriota Estanislao Kosiky fue asesinado y luego dejado en unos matorrales junto a la Avenida Internacional. El señor José Natalio Lettieri también murió por las aplicaciones de picana. Su cuerpo fue arrojado a las aguas desde el puente de la avenida Derqui y la General Paz. El ciudadano Horacio Pérez falleció por el excesivo voltaje, pero Malaver obtuvo un certificado de “muerte por síncope cardíaco”. Fue sepultado en el cementerio de Vicente López. El joven Pedro Moreno también fue ultimado en la comisaría balnearia y se intentó pasar su caso como suicidio. Otra víctima fatal, el joven de 23 años Martín Graneros, murió luego de sobrecogedores tormentos y quedó en un despoblado, según El Mundo. A otros detenidos les aplicaban instrumentos cortantes que aceleraban su final. Lo hacía el propio Malaver, según El Laborista.
Los cadáveres eran desfigurados antes de ser desaparecidos. Al menos cinco cuerpos fueron enterrados en el vaciadero de basuras de Florida. Es el mismo barrio donde vivían algunas víctimas retratadas por el escritor Rodolfo Walsh. Un documento de junio de 1951, con aval de Crisólogo Larralde (radical de origen anarquista), afirma: “ha desaparecido el derecho a la vida… aparecen cadáveres desfigurados que no se identifican”. Evita preparaba el Cabildo Abierto del justicialismo, el gran evento que se llevó las fotos del año. La policía comprometida en las desapariciones respondía al gobernador Domingo Alfredo Mercante, mimado por el progresismo o peronismo pituco. En 1955 apareció otro cuerpo en Florencio Varela. El inspector Constantino Vesiroglos (cercano al gobernador Carlos Aloé) creyó que podía pertenecer al médico Juan Ingalinella, casi el único muerto claramente asumido de entonces. El ministro Ángel Borlenghi decía que la policía era peronista, como la justicia, aclarando que no era un juego de palabras. “No puede ni debe haber jueces que no sean justicialistas”, expresó el 1° de febrero de 1955. Por décadas ninguna cátedra de historia ha mencionado los hechos narrados hasta hoy. Si se recuerdan además los crímenes masivos a los pilagaes en 1947 en la actual provincia de Formosa, se comprende un poco más el camino de la violencia antes de 1955. La palabra “fusilados” se asocia a 1956, pero antes también los hubo.[1]
*El autor es periodista e investigador de historia.
[1] Los hechos se amplían en la nota “Una temporada de terror en Florida”, publicada en la agencia Anred (www.anred.org) el 21 de noviembre de 2010, con las fotografías de las víctimas y de los policías responsables.

References: e contrario
 artículo 75
 artículo 116
 artículo 75
 artículo 17
 artículo 2
 Artículo 6
 artículo 116
e contrario
 artículo 114
 resolución