Source: http://leyesinmobiliarias.seuvella.com/va-l6-1994.html
Timestamp: 2018-11-19 07:07:06+00:00

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CAPÍTULO I. LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA Y SUS PRINCIPIOS RECTORES.
CAPÍTULO II. LA COMPETENCIA URBANÍSTICA Y SUS FORMAS DE GESTIÓN.
CAPÍTULO III. LA CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO.
TÍTULO I. LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO.
CAPÍTULO I. INSTRUMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
CAPÍTULO II. PLANES URBANÍSTICOS.
CAPÍTULO III. LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN Y LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
TÍTULO II. RÉGIMEN DE LA POTESTAD DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
CAPÍTULO I. PROCEDIMIENTO CON APROBACIÓN DEFINITIVA AUTONÓMICA.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO CON APROBACIÓN DEFINITIVA MUNICIPAL.
CAPÍTULO III. TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
CAPÍTULO IV. LOS CAMBIOS EN EL PLANEAMIENTO.
CAPÍTULO V. EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE URBANIZACIÓN.
CAPÍTULO VI. OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PLANES.
TÍTULO III. RÉGIMEN DE EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE GESTIÓN URBANÍSTICA.
CAPÍTULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN DEL SUELO.
CAPÍTULO II. LA DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO Y EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE REPARTO.
CAPÍTULO III. LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS.
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN DE LOS SOLARES, DE LAS ACTUACIONES AISLADAS Y DE LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO.
CAPÍTULO V. OTRAS DISPOSICIONES DE COMÚN APLICACIÓN A LAS ACTUACIONES AISLADAS E INTEGRADAS.
CAPÍTULO VI. EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
TÍTULO IV. INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO. LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DE FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN Y LA REHABILITACIÓN.
CAPÍTULO I. INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS ACTOS DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y EN LAS PARCELACIONES.
Artículo 82. Licencias de parcelación.
Artículo 83. Indivisibilidad de terrenos en las distintas clases de suelo.
CAPÍTULO II. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO INMOBILIARIO.
Artículo 84. Cédula de Garantía Urbanística.
CAPÍTULO III. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO POR LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE SU DEBER DE EDIFICAR.
Artículo 85. Deber urbanístico de edificar y obligación de hacerlo dentro de plazos determinados.
CAPÍTULO IV. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN POR LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES.
Artículo 86. Deber de conservación y rehabilitación.
Artículo 87. Inspección periódica de construcciones.
Artículo 88. Límite del deber de conservación y rehabilitación.
Artículo 89. Ayudas públicas para la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico.
Artículo 90. Situación legal de ruina.
Artículo 91. Intervención en edificios catalogados.
Artículo 92. Órdenes de ejecución de obras de conservación y de obras de intervención.
Artículo 93. Amenaza de ruina inminente.
Artículo 94. Pérdida o destrucción de elementos catalogados.
Artículo 95. Órdenes de adaptación al ambiente.
CAPÍTULO V. REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICIOS A REHABILITAR.
Artículo 96. Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar.
Artículo 97. Inclusión de inmuebles en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar.
Artículo 98. Efectos de la inclusión.
CAPÍTULO VI. OTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MERCADO INMOBILIARIO.
Artículo 99. Patrimonios públicos de suelo y sociedades urbanizadoras.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Consejo Superior de Urbanismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Cómputo de la población municipal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Atribuciones de los órganos municipales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Plazo para el otorgamiento de licencias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Deber de información interadministrativa en relación con actos y acuerdos urbanísticos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Convenios urbanísticos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Obras de reparación o reforma en suelo urbanizable aún no programado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Desarrollo reglamentario de la presente Ley.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Imposición de multas coercitivas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Arrendamientos históricos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Innecesariedad de adaptación de los Planes a la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Aprobación de instrumentos de planeamiento de conformidad con las disposiciones de la legislación anterior.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Clasificación del suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley. Actuaciones aisladas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Actuaciones integradas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Aprovechamiento tipo en suelo urbanizable.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Procedimientos incoados a la entrada en vigor de la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Normas Subsidiarias y Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Vigencia transitoria de la normativa anterior hasta que se desarrollen reglamentariamente determinados preceptos de esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. Régimen transitorio hasta la constitución de órganos y registros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA. Régimen Transitorio de Entidades Urbanísticas de Conservación de la Urbanización.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA. Vigencia de las normas urbanísticas contenidas en los planes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA. Régimen para facilitar el normal desarrollo de actuaciones emprendidas por empresas promotoras y constructoras antes de la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Incompatibilidad de determinados preceptos de la legislación estatal.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Derogación de determinados preceptos de la Ley de la Generalidad, 6/1989, de Ordenación del Territorio.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Cláusula derogatoria general.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Tabla de vigencia de la normativa urbanística.
I. Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.9, establece la competencia plena de la Generalidad para legislar sobre Urbanismo; competencia fundada en el artículo 148.1.3 de la Constitución. Sin embargo los intentos de ejercer esta competencia en nuestra historia autonómica se han enfrentado a una dificultad notable.
II. La Ley de 1956 publicó históricamente el Urbanismo en España. Con ella nuestro país se une, tardíamente, al grupo de las naciones civilizadas, en su forma de enfocar el régimen legal del suelo. Las decisiones sobre el destino del suelo y su potencial transformación urbanística pasan a ser, desde entonces, propias de los poderes públicos y sujetas a un proceso de racionalización global del territorio denominado Plan. Paralelamente el legislador quiso mantener la propiedad privada del suelo y admitir la participación de ésta en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
Convertir al dueño civil en agente ejecutor de decisiones públicas, tenía su lógica en un arcaico contexto económico falto de desarrollo industrial, empresarial y tecnológico, donde la tierra era un bien de capital con importancia superlativa respecto a los restantes factores de producción. En la España de los 50 la posesión de la tierra era el signo externo de riqueza por antonomasia. La Hipoteca inmobiliaria era la clave jurídica del sistema crediticio y bancario. El terrateniente era, comprensiblemente, el potentado de quien cabía esperar la colaboración inversora que permitiría ejecutar los planes urbanísticos. Era un esquema legal coherente con su contexto socioeconómico y un colofón técnicamente brillante de la legislación de ensanche del XIX.
Sin embargo, el propietario no era, ni es, por propia vocación, agente de designios públicos. Para encajarlo en ese papel la Ley centró su discurso normativo en el derecho a edificar, propio del dueño según la tradición civilista (artículo 350 del Código Civil). Como fórmula para convertirlo en agente público, se dispuso que el Plan definiera por completo el contenido material de ese derecho edificatorio y que dicho contenido (la posibilidad de construir un volumen determinado) se tornará en una especie de derecho-deber que conllevará la carga de sufragar la urbanización. De ese modo aparece el esquema legal dualista caracterizado por la contraposición beneficios-cargas, en el que los beneficios son los edificios privados y las cargas las infraestructuras públicas de urbanización. La ejecución de la urbanización, que tradicionalmente había sido la espina dorsal del Urbanismo, empieza a relegarse al papel subordinado de obligación auxiliar que condiciona el ejercicio del derecho a edificar. Este derecho, su cuantificación, su volumen y su justo reparto adquiere una importancia poco usual en el panorama del derecho comparado.
Como remedio, se dispuso que el Plan previera plazos obligatorios de ejecución bajo sanción expropiatoria. El resultado ha sido fallido. Los ritmos de la inversión privada en una economía de mercado los fija precisamente el mercado, no el decreto administrativo. En la práctica, los plazos de ejecución de los planes raramente se cumplen. La expropiación-sanción al propietario no es fiable como garantía sistemática de la dirección pública del Urbanismo.
Aceptado que el propietario civil sea agente central del Urbanismo la Administración o la sociedad civil difícilmente asumirán la expropiación-sanción sistemática, salvo para supuestos excepcionales de singular justificación. Las experiencias aplicativas de esa institución, en nuestra Comunidad, muestran su insuficiencia y su propio carácter paliativo de una patología es un remedio tardío de una disfunción ya producida.
La acusada incidencia de la calificación urbanística sobre la propiedad inmueble hace que la elaboración de los planes en que se contiene sea foco permanente de presiones económicas y tensiones sociales. La aprobación de cada Plan General es precedida de procelosos trámites tendentes a la resolución de reclamaciones jurídicas de propietarios de inmuebles. La producción de los planes no va acompañada del sosiego y la imparcialidad de juicio que debería presidir la reflexión pública sobre la organización espacial futura de la actividad residencial y productiva. La elaboración del Plan es tan lenta y sus miras, a veces, tan coyunturales que los acontecimientos llegan a desmentir las previsiones incluso antes de que se aprueben. La demora siembra incertidumbre en la inversión. Pero, sobre todo, no es razonable que el modelo colectivo de uso del territorio sea un compendio de pactos singulares con propietarios afectados, hilvanado para dotar al Plan de viabilidad. Decisiones trascendentes, a largo plazo, para la eficiencia productiva y el bienestar colectivo, se adoptan en atención a intereses puramente coyunturales. Si sus efectos se dejarán sentir a lo largo de décadas, cuando no de siglos, su adopción no debiera basarse en razones o intereses efímeros.
Si traumática es la elaboración del Plan más lo es aun su inevitable modificación. Al incidir la calificación (y la clasificación) urbanística, por sí sola y directamente, en los derechos de la propiedad inmueble, la Ley, en aras a la seguridad jurídica, impuso trabas al cambio de planeamiento y lo anudó a consecuencias costosas, para la Administración y los particulares. El sistema de planeamiento urbanístico está fuertemente jerarquizado y carece de flexibilidad. Sin embargo la vida social moderna presenta una heterogeneidad y mutabilidad incompatible con un sistema de planificación urbanística rígido.
Esto se ha tratado falsamente de solventar, por algunos planeamientos de escasas miras, confundiendo la flexibilidad con la pobreza y el esquematismo de las previsiones. La experiencia demuestra que la improvisación coyuntural en las decisiones de uso del territorio o de conformación de la ciudad, salen muy caras a largo plazo para todos los ciudadanos; la rigidez de esas decisiones, sin embargo, no se mantiene.
Todos estos problemas pueden sintetizarse en uno. En nuestra Comunidad se urbaniza poco en relación con lo que se edifica. Si se prefiere, cabe decir que se urbaniza tarde respecto al momento en que se edifica o que se urbaniza mal respecto a las demandas sociales de construcción. La inversión en urbanismo se focaliza en la vertiente edificatoria relegando el aspecto vertebrador de la urbanización, que es la base de todo desarrollo urbano racionalmente concebido.
Esto produce un encarecimiento, por escasez, del suelo urbanizado y, consiguientemente, una continua presión social por incrementar la densidad del suelo históricamente urbanizado. De rechazo, se incrementan las rentas de sustitución de la edificación existente y, así, se desincentiva la conservación de la edificación histórica. La otra cara de la misma moneda es que se rehabilita poco respecto a la que se construye de nueva planta, no porque las ciudades se expandan sino porque, en la torpeza de su expansión, tienden a crecer sobre sí mismas.
III. El propósito de la presente Ley excede la mera adaptación de la Ley estatal a las peculiaridades territoriales autonómicas. Eso, habitual en desarrollo autonómico de legislación básica estatal, no es lo propio de una legislación de competencia exclusiva autonómica, como el Urbanismo. El propio legislador estatal ha puntualizado su función supletoria respecto al autonómico deslindando el Urbanismo de los aspectos concomitantes que atañen a su competencia, tales como las valoraciones, el procedimiento expropiatorio o, lo que se ha venido a denominar, como el régimen urbanístico básico de la propiedad inmueble.
Excede el propósito de esta Ley predeterminar el grado cuantitativo de participación económica del sector público en la actividad urbanística. Ello sería, más bien, una opción de política presupuestaria que debiera graduarse con naturalidad, dentro de un marco legal, no una cuestión éste que deba prejuzgar de antemano, pues es preferible un contexto normativo estable, que permita desarrollar, en toda la riqueza de su potencial variedad, las distintas orientaciones de la acción de Gobierno que, sobre esa cuestión, podrán experimentarse. Lo que dispone la Ley es que el agente ejecutor del plan sea siempre un agente que actúa, jurídicamente, asumiendo la calidad de agente público. La Administración puede asumir directamente ese papel activo. Puede operar, igualmente, mediante la empresa pública. Pero también puede gestionar indirectamente el planeamiento adjudicando el protagonismo activo a una empresa (seleccionada en pública competencia) en la que delegue esa responsabilidad.
Cuando la actuación sea indirecta, la Administración se reserva la dirección y la supervisión y la empresa se convierte en el ejecutor material de sus directrices, poniendo al servicio de éstas los resortes productivos de la libertad de empresa y de la economía de mercado.
La Ley singulariza este nuevo enfoque en aquella faceta de la actividad urbanística donde brilla más evidentemente su carácter público (y donde menos satisfactoria es nuestra experiencia histórica): En la urbanización, en la prducción de infraestructuras públicas de organización. La antigua legislación contemplaba la urbanización como un problema que sólo afectaba -y enfrentaba directamente- a dos sujetos: La Administración y el propietario. Esta nueva Ley la contempla como un problema que reclama la simbiótica colaboración de tres sujetos: La Administración actuante, el urbanizador y el propietario.
No se exige al urbanizador que adquiera el terreno, ni civilmente ni por expropiación. Si se exigiera se restringiría mucho el número de empresarios concurrentes en urbanizar, limitándolo a los de mayor potencia financiera. Si se urbaniza poco, cuantas más empresas concurran en la actividad urbanizadora, mayor garantía de éxito tendrá ésta. La Ley pretende da acceso a la actividad urbanizadora a empresas de todo tamaño, incluso a las pequeñas empresas para las que -en la actualidad resulta más difícil, propiciando un acercamiento de las exigencias legales a la realidad de nuestra estructura económica. Por eso es preferible fomentar la inversión en infraestructuras que no forzarla a consumirse en la adquisición de suelo sin urbanizar, lo que alimentaría su aumento de precio y expulsaría de esta actividad productiva a las iniciativas con menor capacidad para comprometer su capital en activos inmobiliarios.
En la legislación anterior el suelo urbanizable era programado o no programado, según zonas territorialmente diferenciadas. En esta nueva Ley la distinción no es espacial, sino cronológica. El plan que contiene la clasificación y la calificación urbanística, la atribución de volúmenes y usos edificables al suelo urbanizable, no lo programa. El suelo urbanizable por el solo hecho de ser clasificado y calificado, no es todavía programado. El suelo no se incorpora al proceso urbanizador por la mera aprobación de un plan general o parcial. Su propiedad no queda obligada a ejecutar la urbanización, pero tampoco adquiere derechos como consecuencia de la mera clasificación o calificación del suelo.
La relación entre el urbanizador y el propietario, cuando ambos sean personas particulares, se articulará, preferentemente, sobre los acuerdos que libremente puedan convenir. Ello sin duda es lo más deseable por el ahorro implícito que conlleva en gastos de gestión para la Administración Pública. Pero, como es natural, habiéndose comprometido el urbanizador a desempeñar su tarea en plazos ciertos, la Ley no puede fiar por completo el éxito de esa empresa al libre convenio que el propietario del terreno interese suscribir.
En los casos de ejecución indirecta el mecanismo habitual previsto para asegurar el desarrollo obligado del planeamiento es la reparcelación forzosa.
La expropiación forzosa se contempla como una fórmula posible, aunque no imprescindible, en los programas de ejecución administrativa directa. La expropiación en beneficio de urbanizador particular queda limitada a supuestos especiales de programas para el desarrollo de áreas de excepcional aprovechamiento, en los que su ejecutor adquiera asimismo compromisos en exceso de la mera urbanización.
Ha querido esta Ley diseñar una relación equilibrada entre urbanizador y propietario, que fomente espontáneamente las fórmulas concertadas en vez de la imposición administrativa, aunque, en última instancia, habilita al urbanizador para excitar esa imposición por medios de derecho público (reparcelación forzosa, cobro de cuotas de urbanización) que garanticen el desarrollo del programa. Para el excepcional e hipotético supuesto de que algún propietario entendiera que no es rentable la programación de su terreno, se admite que, antes de que ésta se produzca, solicite voluntariamente la expropiación con arreglo al valor inicial, del suelo no programado, que implica la renuncia a participar en los rendimientos de su explotación urbanística.
Las iniciativas particulares de programación se someten a un procedimiento selectivo de pública competencia. Así ha de ser porque la condición de urbanizador, que reclaman esas iniciativas, convierte a su promotor en agente público, y le habilita a disfrutar determinadas prerrogativas por mediación de la Administración actuante. La selección del urbanizador se regula en términos que facilitan la rapidez de la decisión y su simplificación procedimental, posibilitando el inicio e impulso del procedimiento a instancia de la iniciativa particular, simultaneando los períodos de información pública y de concurrencia de iniciativas y reduciendo los actos de puro trámite a su mínima expresión. Se prevé que en un mismo acto se seleccione al urbanizador y se aprueben las condiciones del programa que ha de desarrollar. El criterio de selección no será rígido, pudiéndose valorar flexiblemente todo el elenco de objetivos públicos relevantes para decidir. Se permite que la Administración opte, en todo momento, por la ejecución directa o que rechace o posponga la programación por ser a ella a quien debe corresponder, siempre, la dirección y orientación del desarrollo urbanístico.
Sería disonante con el principio constitucional de autonomía local que la relación jurídica urbanística entre municipio y ciudadano estuviera unívocamente predeterminada por un plan de naturaleza normativa aprobado por la Administración supralocal. Esta Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas planteadas por los ciudadanos. Por su parte, la política urbanística de la Generalidad, se ha de centrar en la integración y la adecuada estructuración de las actuaciones urbanísticas dentro de ámbitos territoriales más amplios o en el seno de las políticas públicas sectoriales con relevancia territorial. La Ley precisa, incluso, cuales son los cometidos específicos básicos de esa política urbanística de la Generalidad, los cuales se complementarán, para su mejor concreción, con reglamentos de aplicación general e instrumentos de ordenación supralocal o especial.
Las previsiones del plan general podrán ser concretas y exhaustivas. Incluso se dispone que lo sean para una parte, al menos, del suelo urbanizable en la que excusa la formulación de planes parciales, para alentar su rápido desarrollo.
La Ley, además, pretende acabar con la práctica viciosa consistente en que el planeamiento general se limite a efectuar apreciaciones genéricas sobre la posible urbanización de un terreno sin concretar cuál es la estructura primaria de los espacios e infraestructuras públicas previstas en él.
IV. Las novedades antes expuestas no podían trasladarse, sin importantes matices, desde la problemática de la urbanización a la de la edificación. Nuestra tradición legislativa jamás ha reconocido el derecho de urbanizar (a generar infraestructuras públicas) como algo inescindiblemente unido a la propiedad del suelo. La legislación estatal no le reconoce ese derecho al propietario del suelo urbanizable no programado y en el terreno sujeto a un sistema de actuación pública, nunca lo concibe como una facultad de hacer. Por tanto, las medidas de esta Ley respecto a la actividad urbanizadora, pese a ser innovadoras, son claramente compatibles con los principios básicos del régimen urbanístico de la propiedad contemplados en la legislación estatal y encajan fácilmente en el concepto de propiedad inmobiliaria propio de nuestra tradición histórica, incluso, en cierto modo, vienen a delimitar las líneas divisorias entre la acción pública y privada volviendo a los más puros orígenes de nuestra tradición jurídica secular.
Primero: La actuación aislada, tendente a edificar y, en su caso, urbanizar simultáneamente una sola parcela urbana concreta por el propietario o por quien éste prefiera.
La Ley diferencia entre deber y obligación de edificar. Siguiendo el mandato básico de la legislación estatal los propietarios deben edificar sus solares en plazos determinados so pena de expropiación. Ahora bien, en desarrollo de dicha legislación, la Ley establece que eso sólo sucede cuando el deber genérico de edificar se concreta en una obligación específica, que se le ha de poner de manifiesto al interesado en una orden expresa, la cual fijará el plazo último en el que el propietario debe edificar su solar. Asimismo, para evitar rigorismos innecesarios en el capítulo de las exigencias al propietario, si éste, por cualquier circunstancia, no está en condiciones de cumplir con su obligación de edificar, podrá evitar la expropiación de sus bienes con minusvaloración por incumplimiento, cuando antes de incurrir en él, solicite voluntariamente la inclusión de su terreno en el Registro previsto para la venta forzosa.
La venta forzosa se instrumenta mediante la simple aplicación del régimen de programación propio de las actuaciones integradas a la edificación del solar.
Como quiera que esa modalidad de actuación puede derivar de solicitud voluntaria del propietario, no se excluye, en tal supuesto, la ulterior colaboración de éste con el promotor del programa para la edificación.
V. La Ley presta una atención especialísima a la tan olvidada problemática de la conservación de la edificación. Se modifica el vetusto concepto de ruina legal hasta ahora vigente que, a la sazón, no era sino una salida demolicionista, propiciada por puerta falsa, al propietario agobiado por las consabidas rigideces de la legislación de arrendamientos urbanos.
Se unifican los conceptos de ruina física y económica. Se hace depender ésta del valor de renovación, concepto mucho más objetivable y menos susceptible de controversia que el impreciso valor actual , el cual, además de no ser rigurosamente mensurable, conceptualmente elevaba la posibilidad de declarar la ruina económica en proporción, no directa, sino exponencial, respecto al deterioro real del edificio, lo que carecía de justificación e ignoraba la vida útil agregada que la rehabilitación puede reportarle al inmueble. Se dispone asimismo la obligatoriedad de practicar inspecciones periódicas del estado de conservación para los edificios más antiguos o valiosos, para que el control del estado de la edificación no se limite a las situaciones límite. Por último, la declaración de la situación legal de ruina respecto a inmuebles catalogados no legitimará la demolición de los mismos, aunque coherentemente con la Ley del Estado, determinará que sea inexigible al dueño que desembolse el coste en la parte constitutiva de exceso sobre su deber normal de conservación. Para la rehabilitación de estos edificios, se hace jugar de nuevo el mecanismo de la programación, dando cabida al tercer inversor que actúe como empresario rehabilitador, sin perjuicio de que el propietario cumplidor de sus deberes urbanísticos, pueda participar normalmente en la actuación y en sus beneficios de forma proporcionada.
VI. Recapitulando, cabe decir que estamos ante una Ley estrictamente urbanística, como pone de manifiesto su propio título. Su cometido se ve allanado por el esfuerzo que el legislador estatal realizó durante el bienio 1990-92. Así el legislador autonómico puede excusar la definición de aspectos, siempre espinosos, relativos a los rasgos más aparentes del régimen urbanístico de la propiedad y que ya vienen resueltos por la Ley estatal y se asumen en sus propios términos, como las cesiones obligatorias y los porcentajes de cesión.
Cuenta, asimismo, con un horizonte despejado de incógnitas en materia de valoraciones de suelo y con una nada despreciable ordenación del Registro de la Propiedad reorientada al servicio del urbanismo. Por tanto, en los albores del cambio de siglo, aun estamos a tiempo de cambiar el discurso legal del urbanismo, abriéndolo a nuevas temáticas con perspectivas que lo liberen de la trasnochada herencia de décadas pasadas, reubicándolo en el contexto de nuestro derecho comparado y salvando lo que de positivo ha fertilizado en el campo de la tradición experimentada.

References: Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99
 artículo 31
 artículo 148
 resolución