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Timestamp: 2014-03-11 15:09:48+00:00

Document:
EUR-Lex - 52003DC0676 - ES
Proseguir la ampliación - Documento de estrategia e Informe de la Comisión Europea sobre los progresos realizados por Bulgaria, Rumania y Turquía en la vía de la adhesión {SEC(2003) 1210, 1211, 1212}
de envío: 07/11/2003; transmitido al Consejo
adhesión, relaciones exteriores
relación 52003SC1210 relación 52003SC1211 relación 52003SC1212 Seleccionar todos los documentos que citan este documento
A. Estado actual del proceso de ampliación
B. Bulgaria y Rumania hacia la Unión
1. Progresos realizados por Bulgaria para cumplir los criterios de adhesión
2. Progresos realizados por Rumania para cumplir los criterios de adhesión
3. Estrategia de preadhesión de Bulgaria y Rumanía
4. Marco para la finalización de las negociaciones
4.1 Hacia la conclusión de las negociaciones
4.2 Marco financiero
C. Turquía en el proceso de ampliación - progresos y retos
1. Progresos realizados por Turquía para cumplir los criterios de adhesión
2. Estrategia de preadhesión de Turquía
Anexo 1: Referéndum y ratificaciones del Tratado de Adhesión de 2003
Anexo 2: Conclusiones de los informes periódicos sobre Bulgaria, Rumania y Turquía
Anexo 3: Convenios de derechos humanos ratificados por los países candidatos.
Anexo 4: Proyectos de hermanamiento y evaluaciones paritarias
Anexo 5: Estado actual de las negociaciones
Anexo 6: Principales indicadores estadísticos (2002)
La Unión Europea está a punto de asistir a uno de los mayores acontecimientos de su historia. Dentro de seis meses, el número de Estados miembros pasará de 15 a 25, con la adhesión, el 1 de mayo de 2004, de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Además de ello, se están celebrando negociaciones con Bulgaria y Rumania con la perspectiva de que se adhieran a la Unión Europea en 2007 y se está llevando a cabo una estrategia reforzada de preadhesión en favor de Turquía.
Esta ampliación, que será la quinta desde la creación de la Comunidad Europea hace cincuenta años, pone una vez más de manifiesto el poder de atracción que ejerce el modelo europeo sobre las democracias jóvenes.
Se trata, sin embargo, de una ampliación sin precedentes. En ninguna otra ocasión se han producido tantas adhesiones simultáneas. Ninguna otra adhesión se ha preparado tan minuciosamente; en efecto, las economías y las sociedades de los países candidatos han sufrido una transformación radical. En Europa Central y Oriental se han instaurado regímenes democráticos estables y economías de mercado viables. Los artífices de estos cambios son, en gran medida, los Gobiernos y la población de estos países, alentados por la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea.
Desde el punto de vista histórico, la próxima ampliación no se reduce a una nueva extensión de la Unión Europea sino que representa la aplicación a escala continental de un modelo europeo de integración pacífica y voluntaria de pueblos libres. Es, en realidad, la cristalización de un sueño de los fundadores de la integración europea, es decir, la reunificación del continente europeo, dividido a raíz de la Segunda Guerra Mundial.
Los países en vías de adhesión deberán también adaptarse a su futura condición de miembros de la Unión Europea, que les conferirá los mismos derechos que a los Estados miembros actuales. Hasta ahora, su labor de preparación de la adhesión ha consistido en adoptar y aplicar las políticas comunes; a partir de la entrada en la Unión, habrán de participar directamente en la elaboración de dichas políticas. También las instituciones comunitarias y los Estados miembros deben prepararse a la ampliación ultimando el Tratado Constitucional, marco necesario para el buen funcionamiento de la Unión ampliada.
Las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania han avanzado considerablemente y, tal como se contempla en el Tratado de Adhesión, se proseguirán con arreglo a los mismos principios que han regido las negociaciones con los diez países en vías de adhesión, sin poner en tela de juicio los resultados que ya se han obtenido.
Turquía está logrando progresos significativos en la preparación de la adhesión, que se valoran conforme a los mismos criterios de adhesión que en el caso de los demás países.
El proceso de adhesión, que ya sirvió de catalizador de cambio en los países en vías de adhesión, entraña importantes ventajas en términos de estabilidad y prosperidad. Se ha ofrecido a los países de los Balcanes occidentales una perspectiva europea. Entre ellos, Croacia ha presentado recientemente la solicitud de adhesión.
La ampliación constituye un reto que la Unión Europea ha aceptado de buen grado. Los Estados miembros actuales aceptan compartir con otros países las ventajas que ha supuesto para Europa occidental la creación de un espacio político y económico, protegido de todo peligro de guerra. Los futuros miembros ven en nosotros una garantía de estabilidad, paz y prosperidad y esperan poder participar con nosotros en la unificación de Europa. Para estas nuevas democracias, Europa es un símbolo fuerte, que representa sus valores y aspiraciones fundamentales.
En el Documento de estrategia "Hacia una Unión Europea ampliada" del año pasado, la Comisión recomendaba concluir las negociaciones de adhesión con la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. El Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 2002 aprobó las conclusiones y recomendaciones de la Comisión y confirmó su determinación a concluir las negociaciones de adhesión con estos países en el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002, al considerar que dichos países estarían en condiciones de cumplir los criterios de adhesión a principios del año 2004. El Consejo tomó asimismo en consideración todos los progresos realizados durante las negociaciones de adhesión y en la incorporación y la aplicación del acervo, así como los compromisos adquiridos por los países candidatos en las negociaciones.
Posteriormente, las negociaciones con estos diez países entraron en la fase final durante los meses anteriores al Consejo Europeo de Copenhague (diciembre de 2002). En esa ocasión, y por tanto en la misma ciudad donde se establecieron los "criterios de adhesión" en 1993, se aprobó el último paquete de medidas, un conjunto equilibrado y equitativo.
El Tratado de Adhesión se firmó el 16 de abril de 2003, en una ceremonia celebrada en la Stoa de Attalos en Atenas [1]. El Tratado se presentó a continuación para ratificación de los actuales Estados miembros y los países en vías de adhesión, con arreglo a los procedimientos nacionales de ratificación vigentes en cada Estado. Para que el Tratado pueda entrar en vigor el 1 de mayo de 2004, fecha fijada para la adhesión de los nuevos países a la Unión, este proceso debe proseguirse sin demora en los Estados en que aún no se ha llevado a cabo. El trabajo preparatorio necesario para su aplicación se encuentra en curso.
[1] Los documentos relativos a la adhesión, incluido el Tratado de Adhesión, se publicaron en el Diario Oficial (DO L 236 de 23.9.2003, p. 1) y pueden consultarse en la siguiente página Web:
Por lo que se refiere a Chipre, el Consejo Europeo ha destacado en reiteradas ocasiones su clara preferencia por la adhesión de una isla unificada. Lamentablemente, los esfuerzos realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas para hallar una solución al problema de Chipre aún no han dado fruto. En el Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003, la Unión hizo un llamamiento en favor de la rápida reanudación de las negociaciones de paz sobre la base de las propuestas del Secretario General de las Naciones Unidas y acogió favorablemente el deseo de la Comisión de ofrecer su ayuda para llegar cuanto antes a una solución de la cuestión chipriota. En respuesta a la invitación del Consejo Europeo de Copenhague, la Comisión aprobó en junio de 2003 una comunicación relativa al desarrollo económico del norte de la isla y a la aproximación de esta región a la Unión. La Comisión considera que las condiciones son favorables a un acuerdo general entre ambas comunidades sobre el problema chipriota antes de la adhesión de Chipre a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. La adhesión a la Unión Europea de un Chipre unido favorecería al conjunto de los ciudadanos chipriotas y fomentaría la paz civil y la reconciliación. Contribuiría asimismo a la estabilidad general de la región. Por otra parte, la Unión Europea prevé asignar una dotación de 206 millones de euros a la parte septentrional de la isla en caso de que se solucione el conflicto.
En todos los países en vías de adhesión, salvo en Chipre, la adhesión a la Unión se ha sometido a referéndum, en los cuales la opinión pública ha manifestado un claro apoyo a la adhesión, respaldando así los resultados de las negociaciones; el grado de participación resultó suficiente en todos los países para avalar los resultados de estas consultas por importantes mayorías. Se ofrece una visión general de los referéndum y de la ratificación del Tratado en el Anexo 1 : referéndum y ratificaciones del Tratado de Adhesión de 2003.
Los Gobiernos de los Estados miembros actuales y futuros han realizado campañas de información ciudadana sobre la ampliación y la mayoría de los países en vías de adhesión organizó también campañas intensivas previas a los referéndum. Durante varios años, la Comisión ha brindado ayuda práctica y económica en el marco de su estrategia de comunicación sobre la ampliación. Ha dedicado hasta 30 millones de euros al año para informar a los ciudadanos, mediante centros de información especializados, asociaciones, seminarios, folletos, medidas de cooperación con los medios de comunicación y páginas Web, sobre el proceso y las consecuencias de la ampliación. La Comisión seguirá apoyando la labor de información sobre la ampliación de cara a la terminación del proceso de ratificación.
Al acercarse la tan esperada fecha de la adhesión, los diez países en vías de adhesión deben esmerarse en los últimos trabajos preparatorios con el fin de integrarse en la Unión Europea en las mejores condiciones posibles. A este respecto, la Comisión presenta una evaluación de la situación en su Informe de seguimiento exhaustivo.
Se han instaurado procedimientos especiales de información y consulta para permitir que los representantes de los países en vías de adhesión participen en la elaboración del nuevo acervo una vez concluidas las negociaciones de adhesión. Así, por ejemplo, desde la firma del Tratado de Adhesión, los países en vías de adhesión han venido participando en calidad de "observadores activos" en diversos órganos del Consejo y en comités presididos por la Comisión. Los países en vías de adhesión tienen derecho a expresar sus puntos de vista sobre las distintas propuestas estudiadas, si bien no pueden votar. Además de ello, se han designado diputados de los parlamentos nacionales de los países en vías de adhesión para que asistan, en calidad de observadores, a las sesiones del Parlamento Europeo.
Los países en vías de adhesión y los candidatos actuales participaron en el debate sobre el futuro de Europa en el marco de la Convención Europea, cuyos trabajos se tradujeron en una propuesta de Tratado por el que se establece la Constitución para Europa, proyecto presentado al Consejo Europeo ante la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental sobre la futura arquitectura institucional de la Unión. Los diez países en vías de adhesión participan plenamente en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, que se abrió el 4 de octubre de 2003; la firma del nuevo Tratado está prevista después de su integración a la Unión. Como países candidatos a la adhesión, Bulgaria, Rumania y Turquía asisten a esta Conferencia en calidad de observadores.
Al igual que otros muchos acuerdos entre la Unión y terceros países, los Acuerdos Europeos firmados con Bulgaria y Rumania y el Acuerdo de Asociación con Turquía deben adaptarse para tener en cuenta la ampliación. La Comisión negociará las adaptaciones con estos países con arreglo a un mandato del Consejo. Los protocolos de los Acuerdos, que traducen los resultados de dichas negociaciones, deberían concluirse tan pronto como sea posible tras la adhesión, mediante un procedimiento simplificado previsto en el Tratado de Adhesión. Las adaptaciones que deberán sufrir los Acuerdos con Bulgaria y Rumania se referirán principalmente a las concesiones relativas al comercio de productos agrícolas (transformados o no). Estas concesiones se han mejorado en dos ocasiones en los últimos años, a raíz de las negociaciones denominadas de "doble cero" y "doble beneficio". Con el fin de proseguir este proceso de integración gradual de los mercados durante el período de preadhesión, la Comisión tiene previsto realizar otra ronda de liberalización del comercio. Entre los aspectos que deberán desarrollarse próximamente figura el reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad, mediante protocolos del Acuerdo europeo de evaluación de la conformidad.
Las instituciones comunitarias prosiguen sus trabajos administrativos preparatorios de la ampliación, con el fin de garantizar que en la fecha de la adhesión se hayan adoptado todas las disposiciones necesarias. Se trata, en particular, de evaluar las necesidades de personal y de preparar las contrataciones, de organizar las actividades de traducción e interpretación relativas a las nuevas lenguas y de prever las oficinas y las escuelas necesarias. La Comisión ha evaluado las necesidades de recursos humanos suplementarios, que se integrarán de forma progresiva desde 2004 hasta 2008 aproximadamente [2]. La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) entró en servicio en enero de 2003 y publicó los primeros concursos para candidatos de los países en vías de adhesión durante el primer semestre de ese mismo año. La Comisión ha establecido objetivos indicativos en materia de contratación para un período transitorio de siete años. Además de ello, con el fin de responder a las necesidades de recursos humanos antes de la adhesión en algunos ámbitos, como la agricultura, las políticas estructurales y los servicios lingüísticos, se han creado quinientos puestos temporales en 2003. Estos contratados temporales, en su mayoría nacionales de los países en vías de adhesión, han empezado a entrar en funciones en los servicios de la Comisión.
[2] Véase la Comunicación de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a las actividades y recursos humanos de la Comisión en la Unión Europea ampliada [COM (2002) 311 final].
El 1 de mayo de 2004, las Delegaciones de la Comisión en los nuevos Estados miembros pasarán a ser oficinas de prensa y de representación y se dedicarán a proporcionar información a los ciudadanos y los medios de comunicación. No obstante y conforme a las necesidades, una parte del personal especializado permanecerá en funciones durante un período transitorio limitado con el fin de acompañar la supresión progresiva de la ayuda de preadhesión.
El 20 de febrero de 2003, Croacia presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea. En la sesión de 14 de abril de 2003, el Consejo decidió aplicar el procedimiento contemplado en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea e invitó a la Comisión a que presentara su dictamen sobre dicha solicitud. En el mes de julio se transmitió a las autoridades croatas una serie de cuestiones para disponer de una visión fiel de la situación. La respuesta se recibió en el mes de octubre. El dictamen de la Comisión se encuentra en fase de preparación y debería estar listo en la primavera de 2004.
La Unión ha afirmado en reiteradas ocasiones que no desea que la ampliación cause nuevas separaciones en Europa. A la luz de esta preocupación, la Comisión aprobó en marzo de 2003 una Comunicación relativa a un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur [3]. La Comisión propone una visión nueva y audaz: la creación de una zona ampliada de paz, estabilidad y prosperidad, basada en valores comunes y en el principio de una fuerte integración, y abierta a los países vecinos del Este y del Sur que no tienen, por el momento, ninguna perspectiva de adhesión a la Unión Europea. La Unión ofrecerá a sus vecinos nuevas perspectivas de aproximación económica y política como contrapartida de los progresos concretos que habrán realizado en la aplicación de reformas políticas, económicas e institucionales. La Comisión propone adoptar, en la aplicación de la iniciativa, un enfoque diferenciado, progresivo y fundado en criterios de referencia, y establecer planes de acción por país. La iniciativa ha gozado de una acogida favorable general en los Estados miembros y en los países vecinos.
[3] Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Una Europa más amplia - Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa, de 11 de marzo de 2003 [COM(2003) 104 final]. Este marco se aplica a los países siguientes: Rusia, Ucrania, Moldavia, Belarús, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria y Túnez.
En el mes de julio, la Comisión aprobó asimismo una Comunicación sobre un nuevo instrumento de vecindad [4], en la que se presenta la adaptación de la ayuda comunitaria en las regiones fronterizas a la nueva política de vecindad, conforme a un enfoque en dos fases: en la primera, que abarca hasta 2006, se mejoraría la coordinación actual entre los instrumentos existentes y se incrementaría la eficacia y la visibilidad de la cooperación transfronteriza y regional con arreglo al marco jurídico actual y de manera pragmática y dinámica. A continuación, cabría plantear una solución de mayor alcance a partir de 2007, tras una evaluación de los aspectos jurídicos y presupuestarios pertinentes.
[4] Comunicación de la Comisión - Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, 1 de julio de 2003 [COM(2003) 393 final].
La Comisión seguirá estudiando y elaborando una metodología general para llevar a la práctica el concepto de Europa ampliada - vecindad. Para ello es preciso realizar un análisis detenido de nuestras relaciones actuales con los países en cuestión y preparar los primeros planes de acción. Sobre la base de las conclusiones de Salónica, la Comisión presentará el año próximo al Consejo un informe exhaustivo, que comprenderá propuestas de acciones concretas.
El resto del presente informe se refiere a los tres países candidatos que no se adherirán a la Unión el 1 de mayo de 2004, es decir, Bulgaria, Rumania y Turquía. Los informes periódicos de 2003 relativos a estos tres países recogen un análisis detallado de los progresos que han realizado de cara a la adhesión durante los últimos doce meses. Los progresos se evalúan conforme a los mismos criterios y la misma metodología que se han venido aplicando a todos los países candidatos. De acuerdo con las conclusiones de los Consejos Europeos de Copenhague (1993) y Madrid (1995), el informe tiene presentes tanto las modificaciones legislativas como la capacidad administrativa de los países para aplicar el acervo y velar por su cumplimiento. Los informes ponen de manifiesto que Bulgaria, Rumania y Turquía han avanzado respecto a los tres grupos de criterios (políticos, económicos y relativos al acervo) establecidos en 1993 por el Consejo Europeo de Copenhague.
Bulgaria sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague. Se han realizado progresos con la aprobación de un programa y un plan de acción relativos a la aplicación de la estrategia de modernización de la administración nacional, pero el país debe seguir trabajando para disponer a medio plazo de una función pública cualificada y eficiente. La reforma global del sector judicial se ha proseguido. En particular, las enmiendas de la Constitución en relación con el estatuto de los magistrados constituyen un gran paso adelante. La corrupción sigue siendo un problema y Bulgaria debe seguir llevando a cabo una labor concertada para aplicar medidas pertinentes.
Bulgaria sigue respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se observa una mejora considerable del marco jurídico aplicable al derecho de asilo, la protección de la infancia, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación. No obstante, las condiciones de vida de los niños y de las personas con discapacidades mentales en instituciones no han mejorado. Del mismo modo, se requiere mayor esfuerzo para luchar contra las prácticas policiales degradantes y el tráfico de seres humanos. El nuevo plan de acción relativo a la aplicación del programa marco para la integración social de la población romaní constituye un paso alentador, si bien se requiere una intervención firme y continua para luchar contra las actitudes y comportamientos de carácter discriminatorio. En el se recoge un cuadro sinóptico de los convenios sobre derechos humanos ratificados por Bulgaria.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bulgaria posee una economía de mercado viable y debería poder afrontar la presión de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión a medio plazo, siempre que siga aplicando su programa de reformas para superar las dificultades que persisten.
La economía búlgara ha conseguido un grado elevado de estabilidad y ha progresado de manera significativa en sus reformas estructurales, lo que garantiza el buen funcionamiento de los mecanismos de mercado y una asignación de los recursos cada vez más eficaz. No obstante, debería incrementarse la flexibilidad de los mercados, tanto en términos de productos como de recursos humanos. Con el fin de brindar a los actores económicos un marco más estable y previsible, debería aumentarse, en particular, la eficacia del sistema administrativo y judicial. Es preciso finalizar el programa de privatizaciones y racionalizar las normas y procedimientos administrativos que se aplican a las empresas. En el figura una selección de indicadores estadísticos.
En este último año, Bulgaria ha seguido avanzando en la adopción del acervo en la mayoría de los ámbitos y, si prosigue a este ritmo, probablemente cumplirá los requisitos relativos a la incorporación de la legislación antes de la fecha prevista para su adhesión. Los progresos realizados en los distintos capítulos del acervo se detallan en las conclusiones del informe periódico sobre Bulgaria.
Bulgaria aún debe proseguir sus esfuerzos para desarrollar capacidades administrativas y judiciales suficientes para aplicar y garantizar la observancia del acervo. Además de continuar la reforma horizontal de la administración pública, el país debe, en particular, incrementar su capacidad de integración en el mercado interior y de aplicación del acervo en ámbitos tales como la agricultura, el medio ambiente y la política regional. Asimismo, Bulgaria debe instaurar la capacidad administrativa necesaria para llevar a cabo una gestión sólida y eficaz de los fondos de la UE.
Las conclusiones íntegras del informe periódico sobre Bulgaria figuran en el Anexo 2 : Conclusiones de los informes periódicos sobre Bulgaria, Rumania y Turquía.
Rumania sigue cumpliendo los criterios políticos. En el último año se han iniciado varias iniciativas positivas para reformar la función pública y el sistema judicial. Rumania debe concentrarse en la aplicación efectiva de estas medidas y ahondar la labor realizada para paliar los problemas que constituyen la complejidad de los trámites administrativos, la falta de transparencia y la escasa capacidad de aplicación de las políticas. El país ha de diseñar y aplicar una estrategia de reforma de la elaboración de políticas y del proceso legislativo. La corrupción sigue estando ampliamente difundida en Rumania. Si bien es cierto que se han adoptado diversas medidas de envergadura, procede intensificar considerablemente la labor a este respecto.
Rumania sigue respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales y ha realizado progresos notables en ámbitos como la lucha contra la discriminación, la protección de la infancia y las minorías nacionales. La aplicación de la estrategia en favor de la población romaní prosigue. Se están preparando reformas en varios ámbitos, si bien el reto futuro consistirá en aplicar realmente dichas iniciativas. En el se recoge un cuadro sinóptico de los convenios sobre derechos humanos ratificados por Rumania.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, Rumania puede considerarse una economía de mercado viable si prosiguen con firmeza los progresos satisfactorios realizados. Además de ello, para estar en condiciones de hacer frente en un futuro próximo a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión, el país deberá proseguir con vigor y determinación la aplicación de su programa de reformas estructurales.
Se ha seguido avanzando en la vía de la estabilidad macroeconómica, se han acelerado la privatización y la reestructuración de las empresas públicas y se han mejorado los mecanismos de entrada y salida del mercado. Sin embargo, se impone la prudencia en materia de política fiscal y salarial, la reforma de los gastos debe seguir adelante y ha de mejorarse el respeto de las obligaciones fiscales. Resulta prioritario endurecer la disciplina financiera empresarial, solucionando, en concreto, el problema persistente de la acumulación de atrasos. Por otra parte, es preciso avanzar en la reestructuración y la privatización de sectores clave como la energía, la minería y los transportes. En el figura una selección de indicadores estadísticos.
Rumania ha registrado importantes progresos en relación con la adopción del acervo y si prosigue a este ritmo, probablemente cumplirá los requisitos relativos a la incorporación de la legislación antes de la fecha prevista para su adhesión. No obstante, debido a las deficiencias del proceso legislativo, la calidad de la legislación incorporada es desigual y en algunos casos se impone una revisión antes de poder aplicar las leyes correspondientes. Los progresos realizados en los distintos capítulos del acervo se detallan en las conclusiones del informe periódico sobre Rumania.
En numerosos ámbitos persiste un desfase entre los progresos realizados en la incorporación de la legislación y la aplicación y el cumplimiento de las nuevas disposiciones, debido a la escasa capacidad general de la administración rumana. Se trata de un lastre considerable en los preparativos de adhesión de Rumania, cuya solución requerirá una reforma completa de las estructuras de la administración pública y del sistema judicial. Esta preocupación no se refiere únicamente a la adopción del acervo, sino también a la gestión de la ayuda financiera de la Unión Europea. Rumania ha seguido avanzando en la creación de las nuevas estructuras institucionales necesarias para aplicar el acervo, si bien los resultados obtenidos hasta la fecha son desiguales.
Las conclusiones íntegras del informe periódico sobre Rumania figuran en el Anexo 2 : Conclusiones de los informes periódicos sobre Bulgaria, Rumania y Turquía.
Conforme a las recomendaciones del documento de estrategia del año pasado, el Consejo ha aprobado las hojas de ruta detalladas y las Asociaciones para la Adhesión revisadas de Bulgaria y Rumania. Estas Asociaciones se basan en las conclusiones de los informes periódicos de 2002 y recogen una lista de las tareas concretas que han de llevarse a cabo para proseguir y concluir los preparativos de adhesión a la UE. La Asociaciones para la Adhesión tienen por objeto enmarcar en una base única las prioridades de trabajo determinadas en los informes periódicos de la Comisión, los medios financieros disponibles para ayudar a los países candidatos a llevar a la práctica estas prioridades y las condiciones aplicables a esa ayuda.
La capacitación institucional y las inversiones relacionadas con el acervo deben seguir siendo el objetivo principal de la ayuda comunitaria, en particular, en el marco del programa Phare. En este contexto, las evaluaciones paritarias y las acciones de hermanamiento constituyen instrumentos idóneos, a los que se recurre en gran medida (véanse los cuadros recogidos en el ). Estas iniciativas deben proseguirse.
El segundo objetivo principal de la ayuda comunitaria sigue siendo el fomento de la cohesión económica y social, que se centra claramente en la preparación de las administraciones búlgara y rumana, así como en las entidades beneficiarias de las futuras intervenciones de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.
Las hojas de ruta para la adhesión de Bulgaria y Rumania, propuestas por la Comisión y aprobadas por el Consejo Europeo de Copenhague, contemplan un aumento considerable de la ayuda financiera destinada a ambos países en el período de 2004-2006 (1 360 millones de euros en 2004, 1 502 millones de euros en 2005 y 1 650 millones de euros en 2006). El incremento de esta dotación, que se incluyó a continuación en la modificación de las perspectivas financieras para el período 2000-2006 decidida por las autoridades presupuestarias, tiene por objetivo ayudar a Bulgaria y Rumania a adoptar las medidas necesarias para cumplir los criterios de adhesión y proseguir los preparativos de su participación en los Fondos Estructurales.
La concesión de esta mayor ayuda estará supeditada a la realización de progresos satisfactorios en la aplicación de las prioridades de la hoja de ruta y de la Asociación para la Adhesión, así como al incremento significativo de la capacidad de estos países para administrar y utilizar eficazmente los fondos. En el marco de los preparativos, es importante seguir trabajando en la descentralización ampliada (SEDA) de Phare e ISPA, que ha de estar acabada a finales de 2004. Además de ello, Bulgaria y Rumania han de garantizar la instauración de estructuras eficaces de prevención, detección y represión de todo caso de fraude o corrupción.
2007 es el año que se han fijado Bulgaria y Rumania para la adhesión. Desde el Consejo Europeo de Copenhague, celebrado en diciembre de 2002, esta fecha es también un objetivo común de la Unión, sin perjuicio de la prosecución de los avances que deben realizarse para cumplir los criterios de adhesión. En sus preparativos, Bulgaria y Rumania deben perseguir con determinación el objetivo declarado de la Unión, es decir, su integración en 2007. Podrán contar para ello con la ayuda de la Comisión.
Se han realizado progresos constantes en las negociaciones de adhesión y se han abordado todos los capítulos del acervo con ambos países. De los 31 capítulos de negociación, 26 se han cerrado provisionalmente con Bulgaria y 20 con Rumania. En el Anexo 5 : Estado actual de las negociaciones se recoge un cuadro sinóptico del estado actual de las negociaciones.
Los principios establecidos al inicio de las negociaciones siguen constituyendo la base sobre la cual debe proseguirse la labor hasta llegar a la conclusión general. Tal como afirmó el Consejo Europeo de Salónica, las negociaciones continuarán conforme a la misma base y los mismos principios que se siguieron con los diez países en vías de adhesión.
El principio fundamental de las negociaciones consiste en que cada país avance al ritmo de sus propios méritos. Así pues, al igual que en el pasado, el avance de las negociaciones dependerá principalmente de los progresos in situ, es decir, los progresos realizados por los países en fase de negociación en la incorporación del acervo a su legislación y en la capacitación necesaria para su aplicación y su cumplimiento real. Los informes periódicos de la Comisión tienen precisamente por objeto evaluar esos progresos y orientar en consecuencia el desarrollo de las negociaciones. La Comisión seguirá supervisando el respeto de los compromisos adquiridos por los países en fase de negociación y las negociaciones avanzarán en consonancia con los progresos in situ.
Además de ello, el avance real en las negociaciones y el cierre provisional de los capítulos de negociación dependen de que todas las partes realicen las contribuciones necesarias. En el caso de los países candidatos, ello implica, por una parte, la presentación de informes de síntesis consistentes sobre los progresos realizados en cada capítulo en términos de incorporación y capacidad de aplicación desde la última ronda de negociaciones y, por otra, la adquisición de compromisos creíbles relativos a la labor pendiente. La Comisión seguirá formulando las propuestas necesarias por lo que se refiere a los capítulos aún abiertos, de manera que la Unión pueda elaborar las posiciones comunes que deben presentarse a los países candidatos.
Con el fin de que las adhesiones puedan tener lugar en 2007, debería firmarse un Tratado de Adhesión común para Bulgaria y Rumania a más tardar hacia finales de 2005, para lo cual las negociaciones deben concluir con la suficiente antelación. Antes de ello, la Comisión deberá formular una recomendación definitiva sobre el estado de preparación de Bulgaria y Rumania para la adhesión. El Consejo Europeo de Salónica apoyó a Bulgaria y Rumania en su esmero por intentar concluir las negociaciones en 2004 y los invitó a acelerar los preparativos in situ. La consecución de este objetivo dependerá de los progresos reales in situ y del proceso de negociación, que se valorarán a la luz de los méritos respectivos de cada país.
Al igual que en las negociaciones celebradas en 2002 con los diez países en vías de adhesión, la elaboración de un marco financiero coherente es una de las primeras y principales tareas para preparar el terreno a la conclusión de las negociaciones. De esa manera se abre paso a la finalización de las negociaciones de los capítulos relativos a la agricultura y la política regional, que tienen importantes repercusiones presupuestarias y guardan relación con el capítulo de las disposiciones financieras y presupuestarias.
En el caso de los países en vías de adhesión, el importe de la dotación presupuestaria prevista para la adhesión vino determinado en gran medida por el marco financiero para el período 2000-2006, establecido por el Consejo Europeo de Berlín en marzo de 1999. En el caso de Bulgaria y Rumania, aún no se ha establecido un marco financiero general en el cual inscribir las implicaciones presupuestarias de su adhesión. No obstante, en el Consejo Europeo de Salónica celebrado en junio se afirmó que "los debates o el acuerdo sobre futuras reformas de las políticas o sobre la nueva perspectiva financiera no impedirán la prosecución y conclusión de las negociaciones de adhesión, ni serán prejuzgados por el resultado de las mismas".
Por consiguiente, las propuestas de la Comisión se fundarán en el acervo vigente y en los principios y el método que rigieron la elaboración del marco financiero instaurado para las negociaciones con los diez países en vías de adhesión. Se tendrán en cuenta, en particular, los aspectos recogidos a continuación.
- En el ámbito de la agricultura, debe mantenerse el objetivo de la introducción progresiva a lo largo de diez años de pagos directos a los agricultores de los nuevos Estados miembros, partiendo del 25% del importe que se aplique entonces en la UE de los 15. La posición de negociación de la UE debería tener presente la reforma de la política agrícola común llevada a cabo entre tanto. La dotación para el desarrollo rural de Bulgaria y Rumania se calculará con arreglo a los mismos criterios que se aplicaron para dividir la dotación correspondiente entre los diez países en vías de adhesión. Los gastos adicionales relacionados con el mercado que acarreará la adhesión de Bulgaria y Rumania deberán añadirse al límite máximo total de la UE de los 25 para la partida 1.A [5].
[5] Tal como se establece en la Decisión adoptada el 18 de noviembre de 2002 por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el Consejo.
- Deberían destinarse a las acciones estructurales una tercera parte de los recursos para el fondo de cohesión y una dotación global determinada conforme a un método similar al utilizado para los diez países en vías de adhesión, entre otras cosas, teniendo presente la introducción progresiva de los fondos estructurales para reflejar el incremento gradual de la capacidad de absorción de estos países. Eso significa limitar las transferencias a un máximo del 4% del producto nacional bruto previsto para un año dado. Una vez se haya acordado el importe de la dotación global, los créditos por país y por política se desglosarán en gran medida con arreglo al método aplicado a los Estados miembros actuales para el período 2000-2006. La asignación de los créditos tendrá carácter orientativo y podrá evolucionar en función de los resultados de la reforma de las políticas, sin incidir, no obstante, en el importe total de la dotación financiera reservada.
- Además de cubrir la plena participación de Bulgaria y Rumania en las políticas internas de la Comunidad, será preciso prever fondos complementarios para el refuerzo de la capacidad institucional, al igual que se ha hecho para los países en vías de adhesión (en particular, el "mecanismo de transición").
- En el momento de su adhesión, Bulgaria y Rumania no deberían encontrarse en una situación presupuestaria neta peor que la registrada el año anterior, cuando eran aún beneficiarios de las ayudas de preadhesión.
- Deberían asignarse fondos para la resolución de problemas concretos como el cierre definitivo de las instalaciones de la central nuclear de Kozloduy.
Esta continuidad en el enfoque elegido es equitativa para los países en vías de adhesión actuales y futuros y tiene su justificación en la necesidad de no prejuzgar las futuras reformas de las políticas ni la futura perspectiva financiera global. El hecho de que la propuesta se base en los mismos principios y la misma metodología que se han seguido para los diez países en vías de adhesión podría simplificar considerablemente las negociaciones.
Si bien es cierto que, desde el punto de vista de la ampliación, sería deseable que la nueva perspectiva financiera global que se aplique a la Unión a partir de 2007 mantuviera esta continuidad, al menos como punto de partida, no puede excluirse que el marco financiero para Bulgaria y Rumania sufra importantes adaptaciones a raíz de futuras reformas de las políticas o de cambios fundamentales de la perspectiva financiera global respecto a la perspectiva actual. Es, pues, prudente y conveniente limitar el marco financiero para Bulgaria y Rumania a un período de tres años a partir de su adhesión. Se trata, en realidad, del mismo lapso de tiempo que el abarcado por las negociaciones con los diez países en vías de adhesión (hasta 2006, término de la perspectiva financiera vigente).
Si fuera preciso adaptar el marco financiero de la adhesión de Bulgaria y Rumania tras la conclusión de las negociaciones, habría que prever un procedimiento para que dichos países pudieran participar debidamente en la decisión. En su caso, el procedimiento se recogería en el Tratado de Adhesión.
La Comisión velará por que el Consejo pueda debatir estos aspectos a principios de 2004 en el contexto de un marco financiero común para la adhesión de Bulgaria y Rumania. Sobre esta base, la Comisión presentará al Consejo posiciones comunes de negociación en el ámbito de la agricultura, la política regional y las cuestiones presupuestarias, de acuerdo con el enfoque anteriormente expuesto.
El Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002 recordó su decisión de 1999 en Helsinki, según la cual Turquía es un Estado candidato destinado a incorporarse a la Unión sobre la base de los criterios aplicados a los demás Estados candidatos. Acogió con gran satisfacción las importantes medidas adoptadas por Turquía para ajustarse a los criterios de Copenhague y alentó al país a proseguir con determinación el proceso de reforma. Asimismo, concluyó que si el Consejo Europeo de diciembre de 2004 decidiera, a la luz del informe y la recomendación de la Comisión, que Turquía cumple los criterios políticos de Copenhague, la Unión Europea entablaría sin demora negociaciones de adhesión con Turquía.
En la reunión de Salónica celebrada en junio de 2003, el Consejo Europeo acogió favorablemente el compromiso del Gobierno turco de seguir adelante con el proceso de reforma y, en particular, de acabar los trabajos legislativos restantes antes de finales de 2003. Asimismo, apoyó los esfuerzos emprendidos para cumplir los criterios políticos de Copenhague con vistas a la apertura de las negociaciones de adhesión con la Unión.
Durante el año pasado, el Gobierno turco se mostró determinado a acelerar el ritmo de las reformas legislativas en los ámbitos a que se refieren los criterios políticos. Además de ello, adoptó importantes medidas para garantizar su aplicación efectiva, de manera que los ciudadanos turcos gocen de libertades fundamentales y derechos humanos acordes con las normas europeas. Esta labor constituye un progreso significativo por lo que se refiere al respeto de los criterios políticos de Copenhague.
Algunas de las reformas emprendidas afectan a ámbitos sensibles, en particular, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, los derechos culturales y el control civil de los asuntos militares, y ponen de manifiesto la determinación del Gobierno turco de proseguir en esta vía. Turquía ha ratificado dos convenios importantes de las Naciones Unidas relativos a los derechos civiles y políticos, y a los derechos sociales y económicos. Se ha procedido a la liberación de varios presos condenados por expresar su opinión de manera no violenta. Se ha reforzado considerablemente la legislación relativa a la lucha contra la tortura y se ha abolido la detención incomunicada. Se han abordado muchas de las cuestiones consideradas prioritarias con arreglo a los criterios políticos en la Asociación para la Adhesión revisada.
No obstante, pese a la determinación del Gobierno, la Comisión considera que Turquía aún no cumple plenamente los criterios políticos de Copenhague. No dispone de un marco completo y claro que garantice los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, y el país debe seguir trabajando para incrementar la coherencia entre las disposiciones jurídicas y la práctica.
En relación con el marco legislativo y reglamentario, debe prestarse especial atención al refuerzo de la independencia del poder judicial y a la mejora de su funcionamiento, al marco general para el ejercicio de las libertades fundamentales (de asociación, expresión y religión), a la prosecución de la aproximación de las relaciones entre los poderes civiles y militares a las prácticas europeas y a la situación en el sudeste del país. Deben garantizarse los derechos culturales de todos los ciudadanos turcos, con independencia de su origen.
Es preciso intensificar la aplicación de las reformas, lo que supone que todas las instituciones y personas afectadas han de aceptar el espíritu de las mismas. El cumplimiento de la legislación reformada en los ámbitos de las libertades fundamentales, los recursos, el respeto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las medidas de lucha contra la tortura compete en gran medida a los jueces y los fiscales. Por otra parte, los órganos ejecutivos a todos los niveles son también responsables de la aplicación de las reformas políticas. En varios casos, por ejemplo en los ámbitos de los derechos culturales y la libertad de religión, estos órganos han limitado el alcance de las reformas imponiendo condiciones restrictivas y evitando así que se alcanzaran los objetivos inicialmente perseguidos. A este respecto, resulta alentadora la creación por parte del Gobierno de un Grupo de supervisión de la reforma, encargado de velar por la aplicación efectiva de las reformas y de luchar contra las resistencias burocráticas.
Las profundas modificaciones introducidas en el sistema político y jurídico turco durante el año pasado se integran en un proceso histórico a más largo plazo, de manera que la población no percibirá claramente sus ventajas hasta dentro de unos años. Se necesitará tiempo para que el espíritu de las reformas se traduzca plenamente en la actitud de los órganos ejecutivos y judiciales, a todos los niveles y en todo el país, y quede patente su aplicación efectiva. En cualquier caso, ya se observan claros indicios de mejora en el ámbito del ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. No obstante, es muy preocupante que Turquía no haya respetado muchas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exigen el pago de indemnizaciones o la cancelación de decisiones contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La Comisión recuerda que los esfuerzos encaminados a resolver el problema de Chipre forman parte del diálogo político intensificado entre la Unión Europea y Turquía. Tal como ha subrayado en reiteradas ocasiones el Consejo Europeo, a Turquía y a todas las partes interesadas les conviene apoyar con determinación los esfuerzos en favor de una resolución global del problema chipriota. La Comisión considera que se dan las condiciones favorables a un acuerdo general entre ambas comunidades para solucionar el problema chipriota antes de la adhesión de Chipre a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. La falta de acuerdo podría constituir un obstáculo importante a las aspiraciones europeas de Turquía.
La Comisión recuerda asimismo que en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki se instaba a los países candidatos a hacer todo lo posible para solventar cualquier desacuerdo fronterizo y demás cuestiones conexas según el principio de la solución pacífica de los desacuerdos, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, la economía de mercado funciona mucho mejor en Turquía, si bien sigue habiendo desequilibrios macroeconómicos. Si se toman medidas decisivas en aras de la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales, se incrementará también la capacidad del país para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión.
La continuación del proceso de desinflación se ha acompañado de un incremento de la estabilidad económica, y las reformas estructurales y la modernización de las normativas del mercado y de las instituciones en este ámbito han progresado. Debe proseguirse el proceso de desinflación y reforma, en particular manteniendo la disciplina presupuestaria, reestructurando y privatizando en mayor medida el sector bancario y desregulando los mercados. Para incrementar el potencial de crecimiento de la economía, debería fomentarse la afluencia de inversiones extranjeras directas suprimiendo los obstáculos que subsisten. En el figura una selección de indicadores estadísticos.
La incorporación del acervo en Turquía ha progresado en la mayoría de los ámbitos, pero sigue siendo incipiente en numerosos capítulos. La incorporación se encuentra más avanzada en los capítulos relativos a la unión aduanera entre la Comunidad Europea y Turquía, si bien Turquía no respeta completamente sus obligaciones a este respecto. Asimismo, la incorporación se encuentra relativamente avanzada en los ámbitos en que existen otras obligaciones internacionales similares al acervo. Es necesario proseguir la labor legislativa en todos los ámbitos y Turquía debería centrarse en aplicar, en todos los capítulos y de manera más sistemática, su Programa nacional de adopción del acervo, con arreglo a las prioridades recogidas en la Asociación para la Adhesión. Además de ello, las nuevas normativas no deben apartarse del acervo. Los progresos realizados en los distintos capítulos del acervo se detallan en las conclusiones del informe periódico sobre Turquía.
La aplicación deja que desear en numerosos ámbitos. Es necesario aumentar la capacidad administrativa en varios sectores con el fin de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos del acervo. En algunos casos, la reforma administrativa requerirá la instauración de nuevas estructuras, por ejemplo en los ámbitos de las ayudas estatales y el desarrollo regional. Debe garantizarse la autonomía de los órganos de reglamentación creados recientemente y dotarlos con personal y recursos financieros suficientes.
Las conclusiones íntegras del informe periódico sobre Turquía figuran en el Anexo 2 : Conclusiones de los informes periódicos sobre Bulgaria, Rumania y Turquía.
Durante los últimos doce meses, la Unión Europea ha intensificado considerablemente la estrategia de preadhesión de Turquía. La Comisión seguirá aplicando esta estrategia en los distintos ámbitos, en particular ante la perspectiva del informe y la recomendación que presentará el año próximo con respecto a Turquía.
El 19 de mayo de 2003 el Consejo aprobó una Asociación para la Adhesión revisada, que tiene por objeto ayudar a las autoridades turcas en su intento de ajustarse a los criterios de adhesión, en particular los criterios políticos. Constituye asimismo la base de la programación de la ayuda de preadhesión con cargo a los fondos comunitarios.
El diálogo político intensificado ha proseguido durante las Presidencias danesa, griega e italiana. Entre los temas abordados figuran las reformas políticas en Turquía, los derechos humanos, Chipre y la resolución pacífica de los conflictos, así como temas internacionales más amplios. Des de 2003, la Comisión complementa el diálogo político intensificado mediante consultas periódicas y pormenorizadas con las autoridades turcas sobre los progresos realizados por el país en relación con el cumplimiento de los criterios políticos. Este enfoque se profundizará con el fin de garantizar una mayor comprensión por ambas partes de lo que está en juego. El diálogo económico entre la UE y Turquía, que se mantiene con intensidad, abarca la estabilidad y los resultados macroeconómicos, así como las reformas económicas.
El proceso de examen analítico de la legislación, llevado a cabo en el marco de los subcomités del Acuerdo de Asociación, se está complementado mediante seminarios de TAIEX y reuniones o talleres técnicos sobre temas concretos.
Las negociaciones de la ampliación de la unión aduanera entre la CE y Turquía a los servicios y la apertura recíproca de la contratación pública prosiguen y deberían concluir en 2004.
En 2003 Turquía empezó a participar en la labor de la Agencia Europea de Medio Ambiente y en los programas comunitarios relativos a los aspectos siguientes: empresa y espíritu empresarial, igualdad de trato a hombres y mujeres, lucha contra la discriminación, lucha contra la marginación social, medidas de incentivo en el ámbito del empleo y sexto programa marco de investigación. Se está preparando su participación en otros programas y, en concreto, su plena participación en los programas de educación en 2004.
En abril de 2003, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron incluir a Turquía en la partida relativa a la preadhesión de las perspectivas financieras y aumentar considerablemente la asistencia financiera para el período 2004-2006, lo que representa un importe de 1 050 millones de euros en esos tres años. Está previsto prestar especial atención a la asistencia a los órganos gubernamentales y no gubernamentales en ámbitos relacionados con los criterios políticos.
En términos generales, la incidencia de la asistencia comunitaria en favor de Turquía es cada vez más positiva. Desde octubre de 2003, la aplicación de los programas de ayuda financiera de preadhesión corresponde a las autoridades turcas, en el marco del Sistema de Ejecución Descentralizada (SED). Entre tanto, la Comisión sigue siendo responsable de numerosos proyectos en curso. En 2003 se ha seguido reduciendo el atraso de los compromisos de recursos financieros de la Unión Europea en favor de Turquía. La Comisión comprobará si Turquía cumple sus obligaciones conforme al SED y seguirá consolidando su representación en Turquía para que sus programas de cooperación financiera sigan dando resultado.
(1) Los informes periódicos de este año indican que Bulgaria y Rumania han seguido progresando a buen ritmo en la aplicación de los criterios de adhesión, siguen cumpliendo los criterios políticos y se aproximan al cumplimiento de los criterios económicos y los relativos a la incorporación del acervo.
(2) Las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania proseguirán sobre la misma base y conforme a los mismos principios que se siguieron con los diez países en vías de adhesión, en particular, el principio de los méritos propios. Al igual que en el pasado, el ritmo de estas negociaciones dependerá principalmente de los progresos realizados por los países interesados en la incorporación del acervo a su legislación y en la capacitación necesaria para su aplicación y cumplimiento eficaz. La Comisión seguirá supervisando el respeto de los compromisos de los países candidatos.
(3) El objetivo declarado de la Unión consiste en acoger a Bulgaria y Rumania en 2007, dependiendo de los progresos que vayan efectuando en el cumplimiento de los criterios de adhesión. Este objetivo debe seguir guiando con firmeza los preparativos de ambos países, para lo cual contarán con la asistencia de la Comisión. Con el fin de que la adhesión tenga lugar en 2007, debería firmarse un tratado común de adhesión con Bulgaria y Rumania a más tardar a finales de 2005, para lo cual las negociaciones deberán finalizar con la debida antelación. Antes de ello, la Comisión formulará su recomendación final sobre el estado de preparación de Bulgaria y Rumania para la adhesión. El Consejo Europeo de Salónica respaldó a estos dos países en su intento por concluir las negociaciones en 2004 y los invitó a acelerar sus preparativos in situ. La consecución de este objetivo dependerá de los progresos operativos reales y del desarrollo del proceso de negociación, sobre la base de los méritos propios de cada país.
(4) A principios de 2004, la Comisión presentará al Consejo un marco financiero común trienal para la adhesión de Bulgaria y Rumania con el fin de preparar el terreno para el cierre de las negociaciones. De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica, la continuación y la conclusión de las negociaciones de adhesión no se verán obstaculizadas por los debates o el acuerdo sobre futuras reformas políticas ni por las nuevas perspectivas financieras, que, a su vez, tampoco se prejuzgarán por el resultado de dichas negociaciones. La Comisión considera que para garantizar la equidad entre los países en vías de adhesión actuales y futuros y simplificar las negociaciones, ese marco financiero debe fundarse en los principios y el método que se siguieron en las negociaciones con los diez países en vías de adhesión. Sobre esta base, la Comisión propondrá a continuación al Consejo posiciones comunes de negociación relativas a la incidencia financiera en los ámbitos de la agricultura, la política regional y las cuestiones presupuestarias.
(5) El año pasado, Turquía aceleró el ritmo de las reformas, realizó esfuerzos manifiestos y notables progresos para ajustarse a los criterios políticos de Copenhague y avanzó considerablemente en el cumplimiento de los criterios económicos. Asimismo, el país prosiguió su labor para cumplir los criterios relativos al acervo, pese a lo cual queda mucho por hacer en numerosos ámbitos. Si bien es cierto que Turquía ha abordado muchas de las prioridades contempladas en el marco de los criterios políticos de la Asociación para la Adhesión revisada, debe seguir trabajando, en particular, por lo que se refiere al incremento de la independencia del sistema judicial y la mejora de su funcionamiento, el marco general del ejercicio de las libertades fundamentales (de asociación, expresión y religión), la prosecución de la aproximación de las relaciones entre los poderes civiles y militares a las prácticas europeas, la situación en el sudeste del país y los derechos culturales. Turquía deberá velar por la aplicación completa y efectiva de las reformas para garantizar a sus ciudadanos el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme a las normas europeas.
(6) El año próximo, tal como solicitó el Consejo Europeo de Copenhague, la Comisión evaluará los progresos realizados por Turquía para ajustarse a los criterios de adhesión. La Comisión presentará antes de finales de octubre de 2004 un informe y una recomendación sobre el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague por parte de Turquía. De ese modo, el Consejo Europeo podrá pronunciarse, cuando se reúna en diciembre de 2004, sobre la posible apertura de negociaciones de adhesión con Turquía.
(7) Por lo que se refiere a Chipre, el Consejo Europeo ha destacado en repetidas ocasiones su clara preferencia por la adhesión de una isla unificada. La Comisión considera que las condiciones son favorables a un acuerdo general entre ambas comunidades sobre el problema chipriota antes de la adhesión de Chipre a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. A tal efecto, la UE debería reiterar su llamamiento a las partes interesadas, en particular, Turquía y los dirigentes turcochipriotas, para que reanuden las negociaciones sobre la base de la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas. La falta de acuerdo podría constituir un obstáculo importante a las aspiraciones europeas de Turquía. El Consejo Europeo de Salónica afirmó la voluntad de la Unión de contemplar los términos de un acuerdo conforme a los principios fundamentales de la UE. La Comisión está dispuesta a ofrecer su ayuda para llegar cuanto antes a una solución.
(situación a finales de octubre de 2003)
Bulgaria sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.
La aprobación de un programa y un plan de acción para aplicar la estrategia de modernización de la administración del Estado, destinada a consolidar el marco jurídico en este ámbito, ha supuesto un progreso. Será necesario mantener el esfuerzo para proseguir la instauración de la reforma de la administración pública y alcanzar el objetivo que se asignó Bulgaria de disponer a medio plazo de una función pública cualificada, eficaz y capaz de aplicar y garantizar el cumplimiento del acervo a partir de la adhesión del país a la Unión.
El proceso general de reforma del poder judicial siguió adelante, conforme al plan de acción de 2002. En concreto, las modificaciones relativas al estatuto de los magistrados que se han introducido en la Constitución suponen un importante paso adelante. Otras medidas de carácter legislativo tienen por objeto reducir la duración de los procedimientos judiciales y reforzar el control judicial de las decisiones dictadas por el ejecutivo. Sin embargo, queda pendiente la reorganización del servicio de investigación para convertirlo en una rama del ejecutivo, de acuerdo con las mejores prácticas de los Estados miembros. Bulgaria debe también velar por que el presupuesto judicial permita el buen funcionamiento del poder judicial.
La corrupción sigue constituyendo un problema y Bulgaria debería proseguir sus esfuerzos concertados para aplicar las medidas pertinentes. La lucha contra la corrupción sigue siendo una de las primeras prioridades del programa político del país y ya se han adoptado algunas medidas suplementarias al respecto.
Bulgaria sigue respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Si bien es cierto que el marco jurídico relativo al derecho de asilo y la protección de la infancia ha mejorado considerablemente, las condiciones de vida de los niños en instituciones apenas si han mejorado el año pasado. Bulgaria sigue sin disponer del marco jurídico necesario por lo que respecta a los discapacitados mentales, en particular, para prohibir toda detención arbitraria. Pese a algunos esfuerzos para mejorar la situación, las condiciones de vida en las instituciones para discapacitados mentales siguen siendo difíciles y las posibilidades de reinserción y tratamiento, demasiado escasas. Bulgaria debe seguir luchando contra las prácticas policiales degradantes y el tráfico de seres humanos. En el ámbito de los derechos económicos y sociales, cabe señalar algún progreso, en particular, por lo que se refiere a la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación.
El nuevo plan de acción para aplicar el Programa marco para la integración equitativa de la población romaní en la sociedad búlgara constituye un elemento positivo, dado que se contempla una ayuda presupuestaria específica para la adopción de medidas en materia de lucha contra la discriminación, educación, cultura, vivienda, empleo y protección social. Se requiere una intervención firme y continua para luchar contra las actitudes y comportamientos de carácter discriminatorio y hacer frente a la desventaja social generalizada que padece la comunidad romaní.
Bulgaria es una economía de mercado viable y debería poder afrontar en breve la presión de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión, siempre y cuando siga aplicando su programa de reforma para paliar las dificultades que persisten.
El país ha alcanzado un grado elevado de estabilidad macroeconómica gracias a una dosificación juiciosa de las políticas: acuerdo de junta monetaria, política fiscal estricta y moderación salarial. La estabilidad económica y los claros progresos en las reformas estructurales hacen que los mecanismos del mercado garanticen una asignación de los recursos más eficaz, que, en ausencia de un tipo de cambio nominal que funcione como instrumento de adaptación, crea las condiciones para un crecimiento constante. Ello es válido, en particular, para el sector privado - cuyo papel no deja de crecer debido a las privatizaciones y la reducción de las ayudas estatales -, para el sector bancario, que registra una evolución positiva, así como para el entorno reglamentario, en el que se han observado algunas mejoras.
No obstante, es preciso seguir aumentando la flexibilidad de los mercados de la producción y el trabajo. En concreto, debe incrementarse la eficacia de la administración y el sistema judicial, de manera que los agentes económicos puedan contar con un entorno más estable y previsible y estén en mejores condiciones de hacer aplicar sus derechos de propiedad. El programa de privatización debe completarse. Es importante racionalizar en mayor medida las normativas y los procedimientos administrativos aplicables a las empresas, para ofrecer asimismo a las pequeñas y medianas empresas unas condiciones más sanas. La reestructuración y la liberalización de las industrias de redes deben seguir adelante para reducir las subvenciones, mejorar la calidad y poder reducir el precio de sus servicios. La disminución actual del desempleo debería acompañarse de medidas complementarias para hacer frente a las rigideces del mercado laboral y mejorar el sistema educativo. La aplicación de estas reformas debería favorecer la inversión, tanto privada como pública, y contribuir así al mantenimiento del crecimiento y la competitividad en la Unión.
El año pasado, Bulgaria siguió progresando en la mayoría de los ámbitos del acervo y se encuentra bien encaminada, si mantiene el ritmo actual de avance, para concluir la incorporación legislativa requerida antes de la fecha prevista para la adhesión.
Bulgaria ha seguido progresando en la mayoría de los ámbitos relativos al mercado interior. Por lo que respecta a la libre circulación de mercancías, la aprobación de una legislación sectorial en los ámbitos cubiertos por las directivas de "nuevo enfoque" ha supuesto un avance. En los sectores regulados por las directivas de "antiguo enfoque", se registraron algunos progresos, en particular, por lo que se refiere a la protección de los datos relativos a los productos farmacéuticos. Pese a las mejoras logradas en el ámbito de la seguridad de los productos alimenticios, es preciso seguir trabajando en la incorporación del acervo y aumentar la capacidad administrativa. Bulgaria debería llevar a cabo un estudio detenido de la legislación del sector no armonizado con el fin de detectar las medidas que pueden resultar incompatibles con el principio de libre circulación de mercancías. Por lo que se refiere a la contratación pública, debe proseguirse la labor de adaptación al acervo y desarrollarse la capacidad administrativa necesaria.
En el ámbito de la libre circulación de personas los progresos han sido escasos y deben realizarse importantes esfuerzos adicionales en favor del reconocimiento mutuo de cualificaciones (en especial, la formación y los programas de estudios) e instaurarse los órganos administrativos necesarios para la futura coordinación de los regímenes de seguridad social. En cuanto al derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, Bulgaria progresó con respecto al régimen no discriminatorio de tratamiento nacional de las personas extranjeras que ejercen actividades económicas en el país. La creación de la Comisión de supervisión financiera constituye un paso importante para intensificar la vigilancia. No obstante, se requieren mayores esfuerzos en el ámbito de la protección de los datos y los servicios de la sociedad de la información. Bulgaria ha progresado considerablemente en relación con la libre circulación de capitales gracias a la adopción de una nueva legislación relativa a los pagos y movimientos de capitales y a la lucha contra el blanqueo de capitales.
El derecho de sociedades ha seguido aproximándose al acervo. En este momento, Bulgaria debería centrarse en el cumplimiento de la legislación sobre protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular, mejorando la coordinación entre las autoridades competentes. También se han registrado avances en el ámbito de la política de competencia, en el que se ha consolidado el marco jurídico de la defensa de la competencia y las ayudas estatales. Es preciso incrementar el grado de cumplimiento de la legislación sobre ayudas estatales. Además de ello, Bulgaria debe reestructurar su sector siderúrgico con arreglo a las disposiciones correspondientes del Acuerdo Europeo.
En el ámbito de la agricultura, el país ha realizado progresos considerables en la adopción de legislación, en particular en los sectores veterinario y fitosanitario. Las estructuras administrativas se han consolidado, si bien deben aportarse más mejoras. Bulgaria tiene aún mucho trabajo pendiente para ajustarse a las normas de control e higiene de la Unión Europea en los ámbitos veterinario y fitosanitario. Por lo que se refiere a la pesca, el país ha alcanzado un grado razonable de adaptación de la legislación. No obstante, es preciso incrementar la capacidad técnica de los sistemas de inspección y control, así como el grado de conformidad con los requisitos comunitarios en materia de higiene y sanidad.
Bulgaria ha seguido progresando en la adaptación al acervo de la legislación sobre transporte y se ha esmerado por incrementar la seguridad marítima, progresos éstos que deben continuarse. Deben consolidarse las estructuras administrativas en el sector vial, ferroviario y marítimo, para lo cual ha de garantizarse la financiación de importantes inversiones necesarias, en particular la modernización de la red de carreteras.
Por lo que se refiere a la fiscalidad, cabe señalar una evolución positiva en los ámbitos del IVA y los impuestos especiales, en los que se ha adoptado más legislación. Sin embargo, es preciso reforzar la administración fiscal, mejorar la recaudación de impuestos y el control interno y velar por que el sistema informatizado de información fiscal sea plenamente operativo y pueda conectarse a los sistemas de Unión Europea.
En relación con la política social y el empleo, se han realizado algunos progresos, en particular, en el ámbito de la lucha contra la discriminación. No obstante, debe ahondarse en la incorporación legislativa referente, en concreto, al derecho laboral, la salud y la seguridad en el trabajo y la salud pública. Asimismo, es preciso incrementar la capacidad administrativa.
Las reformas en el sector energético han progresado, si bien aún no se ha adoptado una importante legislación con el fin de prepararse a participar en el mercado interior y establecer un marco para la eficacia energética. Los preparativos de la privatización de las empresas de distribución han avanzado. Bulgaria debe seguir respetando sus compromisos en materia de seguridad nuclear, en particular por lo que se refiere al cierre de la central nuclear de Kozloduy, y garantizando un elevado grado de seguridad nuclear en sus instalaciones.
El país ha realizado progresos considerables en la adaptación al acervo en el sector de las telecomunicaciones gracias a la aprobación de una nueva ley al respecto. Ahora debería centrar su labor en la aplicación y el incremento de la capacidad de la autoridad de reglamentación.
En relación con la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales, Bulgaria ha avanzado en los preparativos de la aplicación de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, en particular en el ámbito de la programación y las estructuras institucionales. Queda pendiente una labor considerable para instaurar, consolidar o finalizar las estructuras institucionales y adecuar la capacidad y los procedimientos administrativos (incluido el personal y la formación). Debe asimismo concederse carácter prioritario a la instauración de sistemas eficaces y enteramente transparentes de contratación pública y de gestión y control financieros, al establecimiento de sistemas de supervisión y evaluación y al estrechamiento de la coordinación interministerial.
Bulgaria ha alcanzado un grado satisfactorio de incorporación del acervo medioambiental. Ha elaborado programas de aplicación de directivas específicas y planes de financiación. Procede continuar la labor realizada con el fin de incrementar la capacidad administrativa, en particular, a escala local, y seguir elaborando mecanismos de control de la aplicación. Ésta sigue constituyendo un desafío importante, al igual que la capacidad administrativa necesaria a tal efecto y el coste de la incorporación.
Se han observado algunos progresos en la adaptación de la legislación búlgara al acervo en el ámbito de la protección de los consumidores y de la salud. Bulgaria debe ultimar su marco legislativo, en particular, por lo que se refiere a los ámbitos que no están relacionados con la seguridad. Asimismo, debe proseguir la labor para instaurar un mecanismo eficaz de vigilancia del mercado.
Se han registrado progresos alentadores en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. La nueva legislación adoptada en materia de protección de datos, visados, emigración, derecho de asilo y blanqueo de capital ha incorporado casi todo el acervo en este ámbito. No obstante, es preciso proseguir las reformas para consolidar en mayor medida el poder judicial. Deberá prestarse especial atención a la lucha contra las drogas y la emigración clandestina.
En el ámbito de las aduanas, el país ha alcanzado un grado satisfactorio de adaptación de su legislación y se han registrado avances en cuanto a la capacidad administrativa y operativa, por una parte, y a la informatización, por otra, esfuerzos que deben proseguirse. Se han adoptado diversas medidas en el marco de la estrategia de lucha contra la corrupción.
Bulgaria ha progresado considerablemente en la intensificación del control financiero, ampliando su fundamento jurídico y desarrollando la capacidad administrativa necesaria. Ahora debería centrar su labor en la aplicación de la legislación y en la consolidación de las estructuras institucionales necesarias, incluido el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
El país ha logrado progresos regulares en los demás capítulos del acervo.
Bulgaria aún debe proseguir sus esfuerzos con el fin de lograr una capacidad administrativa y judicial suficiente para aplicar y garantizar la observancia del acervo. Además de continuar la reforma horizontal de la administración pública, el país debe, en particular, mejorar su capacidad de integración en el mercado interior y de aplicación del acervo en ámbitos como la agricultura, el medio ambiente y la política regional. Asimismo, deberá instaurar la capacidad administrativa necesaria para una gestión sólida y eficaz de los fondos de la UE.
En el marco de las negociaciones de adhesión se han cerrado provisionalmente 26 capítulos. Los compromisos adquiridos en las negociaciones están orientados a la adhesión en 2007. Por lo general, se están respetando, si bien se han registrado retrasos en determinados ámbitos.
Rumania sigue cumpliendo los criterios políticos.
Existe la voluntad política de empezar una reforma administrativa y judicial y el año pasado se emprendieron diversas iniciativas positivas para reformar la administración pública y el sistema judicial. Así, por ejemplo, se revisó el estatuto del funcionariado y se inició una profunda reorganización del sistema de tribunales. A pesar de ello, el proceso de reforma está en sus comienzos. La función pública rumana sigue caracterizándose por una burocracia excesiva, escasa transparencia y capacidad limitada de aplicación de las políticas. En el sistema judicial debe mejorarse la gestión de los asuntos y aumentarse la coherencia de los juicios y la independencia del poder judicial. Estas cuestiones fundamentales deben abordarse urgentemente.
Rumania debe aún elaborar una estrategia para proceder a la reforma del proceso político y legislativo. El recurso a las resoluciones urgentes ha disminuido, lo cual constituye un avance. Las leyes relativas a la libertad de información y la transparencia en el proceso legislativo representan también pasos positivos, si bien sólo se han aplicado parcialmente. La reforma constitucional del sistema parlamentario debería acompañarse de medidas destinadas a aumentar la capacidad parlamentaria con el fin de efectuar un control eficaz de los proyectos de ley.
La corrupción sigue constituyendo un fenómeno extendido en Rumania y afecta a todos los aspectos de la sociedad. Durante el período de elaboración del informe se inició una serie de medidas emblemáticas, pero la aplicación de la política general de lucha contra la corrupción fue limitada. Las medidas adoptadas aún no han producido efecto, por lo que se requiere una intensa labor en ese ámbito.
Rumania sigue respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales y ha realizado progresos apreciables en sectores importantes.
Se han creado estructuras para aplicar la legislación antidiscriminación y se han sancionado varios casos de discriminación. Se ha incrementado la capacidad de la oficina del Defensor del Pueblo. Los progresos significativos mencionados en el informe anterior relativos a la reforma del sistema de protección de la infancia han continuado y se han tomado más iniciativas para fomentar los derechos de las minorías nacionales. La estrategia en favor de la población romaní se sigue aplicando, si bien con escasos resultados debido a la insuficiencia de los recursos. Asimismo, sigue llevándose a cabo el proceso de restitución de bienes inmuebles, si bien queda mucho por hacer.
Se han emprendido reformas en otros ámbitos: modernización de la policía, mejora de la atención a las personas con discapacidades, lucha contra la marginación social y mejora del diálogo social. Hasta ahora, la labor principal en estos ámbitos ha consistido en elaborar estrategias y preparar una legislación marco. En el futuro habrá que velar por la aplicación efectiva de dichas iniciativas. Si bien es cierto que las propuestas de reforma del Código Penal resultan alentadoras, aún es preciso consolidar la libertad de expresión. Asimismo, se requieren medidas adicionales para solucionar el problema de la superpoblación en los centros penitenciarios.
Puede considerarse que Rumania dispone de una economía de mercado viable, puesto que los progresos satisfactorios realizados se prosiguen con firmeza. Para estar en condiciones de hacer frente en un próximo futuro a la presión de la competencia y las fuerzas del mercado en la Unión, el país deberá proseguir con decisión y perseverancia la aplicación de su programa de reformas estructurales.
Se han seguido registrando progresos en favor de la estabilidad macroeconómica, puesto que la tasa de inflación, que había alcanzado cotas relativamente elevadas, ha seguido disminuyendo a pesar de las nuevas adaptaciones de los precios regulados. La posición externa ha permanecido sostenible y la política presupuestaria, prudente. Se están instaurando progresivamente medidas destinadas a mejorar la administración fiscal. En líneas generales, se han respetado los compromisos adquiridos para controlar el peso de la masa salarial del sector público y se han tomado medidas para imponer la disciplina financiera empresarial; en particular, se ha expresado una voluntad más clara de suspender la conexión a los usuarios de energía que tengan pagos atrasados. Se han acelerado la privatización y la reestructuración de las empresas públicas. La propiedad pública también se ha reducido en un sector bancario que ha seguido desempeñando su función de intermediario financiero. Se han tomado diversas iniciativas para facilitar los procedimientos administrativos de entrada en el mercado y salida de éste, así como para mejorar el entorno empresarial.
Ahora las autoridades deberían consolidar los progresos realizados en estos ámbitos y abordar con más firmeza los aspectos en que los avances han resultado insuficientes. Con el fin de mantener el ritmo hacia una mayor estabilidad macroeconómica, el reciente endurecimiento de la política monetaria debería acompañarse de políticas presupuestarias y salariales prudentes, asociadas a una reducción continua del casi déficit fiscal. Procede también consolidar las perspectivas presupuestarias a medio plazo acelerando la reforma de los gastos y mejorando el respeto de las obligaciones fiscales, lo cual permitiría consolidar la disciplina financiera empresarial, que sigue constituyendo un grave problema pendiente. Las medidas deberían centrarse en las causas profundas de la continua acumulación de atrasos en el presupuesto y en el sector de la energía. Los esfuerzos destinados a mejorar el funcionamiento del mercado deben acompañarse de una voluntad más firme de liquidar las empresas deficitarias y de fijar los precios del gas natural de manera que reflejen adecuadamente los costes a corto y largo plazo. Ahora que se ha superado la etapa inicial, debe proseguirse la reestructuración y la privatización en sectores clave como el de la energía, la minería y los transportes. Este nuevo impulso favorecería en gran medida la instauración de una economía de mercado viable y el desarrollo de la capacidad de Rumania para hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión Europea.
Rumania ha registrado progresos constantes en relación con la adopción del acervo y si prosigue a este ritmo, probablemente cumplirá los requisitos relativos a la incorporación de la legislación antes de la fecha prevista para su adhesión. No obstante, debido a las deficiencias del proceso legislativo, la calidad de la legislación incorporada es desigual y en algunos casos se impone una revisión antes de poder aplicar las leyes correspondientes.
Por lo que se refiere al mercado interior, Rumania ha seguido incorporando la legislación sectorial sobre libre circulación de mercancías y contratación pública. Debe prestar especial atención al desarrollo de la capacidad de aplicación del acervo relativo a la contratación pública, los productos alimenticios y la seguridad alimentaria. El país debe continuar el estudio detenido de las medidas que pueden resultar incompatibles con el principio de libre circulación de mercancías. En el ámbito de la libre circulación de personas los progresos han sido escasos y deben realizarse importantes esfuerzos adicionales para preparar la aplicación del acervo en materia de reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. Ha proseguido la labor de identificación de obstáculos a la libre prestación de servicios, pero hasta ahora solo se han suprimido algunas restricciones. Aunque la adaptación al acervo relativo a la libre circulación de capitales progresa de manera constante, es preciso mejorar los sistemas de pago y la lucha contra el blanqueo de capital.
Rumania ha avanzado en el ámbito del derecho de sociedades. Debería concederse carácter prioritario a la aplicación de la nueva normativa de contabilidad y auditoría. El país debería esforzarse por proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial. Si bien es cierto que la legislación rumana sobre competencia se ajusta en líneas generales a la normativa comunitaria antimonopolio, el control efectuado sobre las ayudas estatales aún no es suficiente. En el sector siderúrgico, Rumania debe seguir cumpliendo con sus obligaciones de transparencia en materia de ayudas estatales directas e indirectas.
En el ámbito de la agricultura se ha seguido progresando en la incorporación del acervo y en la reestructuración del sector. El cumplimiento de la legislación se ve obstaculizado por la escasa capacidad administrativa y de gestión. Así pues, Rumania debería esmerarse en incrementar su capacidad administrativa para garantizar la aplicación y el cumplimiento del acervo, en particular, en el ámbito veterinario y fitosanitario. En el sector de la pesca se han registrado progresos escasos y se han observado retrasos en la incorporación del acervo, en particular, por lo que respecta al registro de las embarcaciones pesqueras. Es preciso aumentar considerablemente la capacidad administrativa.
Rumania ha efectuado progresos en la incorporación del acervo relativo al transporte y en la creación de las estructuras administrativas necesarias, pero la seguridad marítima sigue suscitando preocupación. Debe concederse carácter prioritario al desarrollo de instituciones que velen por el cumplimiento de la nueva legislación y a la movilización de fondos suficientes para acometer las importantes inversiones necesarias.
Rumania ha progresado en la adaptación al acervo sobre fiscalidad y ahora debe modernizar la administración fiscal y mejorar los sistemas de tecnología de la información. La aprobación del Código Laboral ha supuesto un importante paso adelante en la incorporación del acervo sobre política social y empleo. La labor futura deberá referirse ante todo a la aplicación de las distintas iniciativas tomadas y al incremento de la capacidad administrativa. Los progresos realizados en el ámbito legislativo en el sector de la energía deben acompañarse de la instauración de estructuras de aplicación eficaces, de la realización de reformas estructurales y de la mejora del funcionamiento del mercado interior de la energía.
Ya se han sentado las bases de una política industrial moderna, pero el problema fundamental reside en su aplicación, pues las deficiencias estructurales limitan la capacidad de cumplimiento. Pese a los esfuerzos considerables para mejorar el entorno empresarial, las pequeñas y medianas empresas siguen encontrándose en una situación difícil. Rumania ha avanzado considerablemente en el ámbito de las telecomunicaciones gracias a la creación de un órgano de reglamentación, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la incorporación del nuevo acervo sobre telecomunicaciones.
El marco institucional de la política regional y la coordinación de los instrumentos estructurales aún no se ha definido con precisión y deben adoptarse disposiciones específicas relativas a la gestión y el control financieros. Rumania debe intensificar su labor para ajustar su capacidad administrativa al nivel requerido. En relación con el medio ambiente, si bien es cierto que Rumania ha incorporado una parte importante de la legislación, la capacidad administrativa y los recursos financieros dedicados al sector siguen siendo inadecuados.
La adaptación de la legislación sobre protección de los consumidores y de la salud ha seguido adelante y Rumania ha progresado por lo que se refiere a las actividades de vigilancia del mercado y a la coordinación de las acciones de control entre ministerios y autoridades competentes.
Desde el punto de vista legislativo, Rumania ha realizado progresos en la mayoría de los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, especialmente en materia de emigración, delincuencia organizada, blanqueo de capital y cooperación judicial en asuntos civiles. No obstante, la capacidad de aplicación sigue siendo escasa en casi todos los ámbitos y debería intensificarse la labor para incrementar la capacidad administrativa y estrechar la cooperación interservicios.
También se ha avanzado en el ámbito de las aduanas, pero debería prestarse mayor atención a la lucha contra la corrupción en la administración aduanera y prepararse la aplicación de las medidas que se implantarán en el momento de la adhesión. En el ámbito del control financiero se han registrado progresos considerables. Rumania debería centrar su trabajo en la aplicación de unos sistemas de control financiero sanos, la finalización de la incorporación legislativa y el incremento de la capacidad administrativa.
En diversos sectores importantes se ha producido un desfase constante entre los progresos realizados en la incorporación de la legislación y la escasa capacidad general de la administración pública para aplicar y velar por el cumplimiento de las disposiciones adoptadas. Se trata de una limitación importante, que pesa en la preparación de Rumania a la adhesión. Para paliar este problema será preciso llevar a cabo una reforma general y estructural, tanto de la administración pública como del sistema judicial. Por ello, al margen de la adopción del acervo, cabe preocuparse por la gestión de la asistencia financiera de la Unión Europea. La creación de las nuevas estructuras institucionales exigidas por el acervo ha avanzado de forma satisfactoria, si bien los resultados obtenidos hasta ahora son desiguales.
En el marco de las negociaciones de adhesión se han cerrado provisionalmente 20 capítulos. Los compromisos adquiridos en las negociaciones están orientados a la adhesión en 2007. Por lo general, se están respetando, si bien se han registrado retrasos en determinados ámbitos.
Durante el año pasado, el Gobierno turco se ha mostrado fuertemente determinado a acelerar el ritmo de las reformas, lo cual se ha traducido en una profunda ordenación del sistema político y jurídico. Asimismo, ha adoptado medidas importantes para garantizar su aplicación efectiva, de manera que los ciudadanos turcos puedan disfrutar de las libertades fundamentales y los derechos humanos de conformidad con las normas europeas. Se han adoptado cuatro paquetes principales de reformas políticas, que introducen cambios en distintos ámbitos legislativos. Algunas de estas reformas entrañan un gran significado político, pues se refieren a cuestiones sensibles en el contexto turco, como la libertad de expresión, la libertad de manifestación, los derechos culturales y el control civil del ejército. Se han abordado muchas de las prioridades relativas a los criterios políticos contempladas en la versión revisada de la Asociación para la Adhesión.
La racionalización del funcionamiento de la administración pública y el Gobierno progresa. En concreto, el Gobierno ha iniciado diversas reformas para fomentar una gestión más transparente de los recursos humanos en el servicio público e intensificar la lucha contra la corrupción.
Los deberes, los poderes y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) se han modificado ostensiblemente con el fin de ajustar las relaciones entre la sociedad civil y el ejército a las prácticas vigentes en los Estados miembros de la UE. Se ha revisado la función del Secretario General del CNS y se han suprimido sus poderes ejecutivos. Sigue habiendo representantes del CNS en órganos civiles, como el Consejo superior del sector audiovisual (RTÜK) y el Consejo superior de educación (YÖK). Debe garantizarse el control parlamentario total de los gastos militares tanto en términos de aprobación del presupuesto como de auditoría.
Debe reforzarse en mayor medida la independencia y la eficacia del aparato judicial. Ya se ha consolidado el sistema judicial gracias a la instauración de un nuevo sistema de tribunales familiares. Se ha suprimido la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles. Se han introducido modificaciones alentadoras en el sistema de tribunales de seguridad del Estado, en particular, la abolición de la detención incomunicada. Sin embargo, el funcionamiento de estos tribunales debe aún ajustarse plenamente a las normas europeas, en concreto por lo que se refiere a los derechos de la defensa y al principio del derecho a un juicio imparcial.
In situ, la aplicación de las reformas es desigual. En algunos casos, los órganos ejecutivos y judiciales encargados de la aplicación de las reformas políticas relativas a las libertades fundamentales adoptadas por el Parlamento limitaron su alcance estableciendo condiciones restrictivas y comprometiendo así la realización de los objetivos perseguidos inicialmente. El Gobierno ha reconocido que las reformas no se ponen en práctica sistemáticamente y ha creado un grupo de control de las reformas con el fin de garantizar su aplicación efectiva.
Turquía ha ratificado el Convenio civil sobre la corrupción, de manera que, el 1 de enero de 2004, pasará a ser miembro del Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Pese a las diversas iniciativas tomadas, la corrupción sigue siendo un fenómeno muy frecuente y afecta a numerosas esferas de la vida pública.
Turquía ha ratificado los principales convenios internacionales y europeos como el pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, el pacto internacional relativo a los derechos sociales y económicos, así como el Protocolo n° 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
No obstante, sigue siendo muy preocupante que Turquía no haya ejecutado muchas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigen el pago de indemnizaciones o la cancelación de decisiones contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un buen ejemplo de ello es el caso Loizidou, sobre el que dicho Tribunal falló hace ya cinco años.
Se ha intensificado la lucha contra la tortura y los malos tratos y se ha aproximado el Derecho turco a las normas europeas al respecto. El número de casos de tortura ha disminuido, si bien todavía se comunican casos concretos, lo cual sigue causando preocupación.
La reforma del sistema penitenciario ha proseguido y ha mejorado el respeto de los derechos de los presos. En la práctica, no siempre se garantiza el derecho al acceso a un abogado.
Turquía ha introducido la posibilidad de reabrir los procesos, mas en la práctica se ha hecho pocas veces. En el caso Zana y otros, hasta ahora la reapertura del proceso ha consistido básicamente en repetir el proceso anterior, lo cual mantiene viva la preocupación por el respeto de los derechos de defensa.
La adopción de los paquetes de reformas ha permitido suprimir diversas restricciones jurídicas del ejercicio de la libertad de expresión. El cumplimiento de las disposiciones modificadas del Código Penal ha dado lugar a varias absoluciones, aunque siguen emprendiéndose actuaciones judiciales contra personas que expresan opiniones sin violencia. Se ha liberado a una serie de personas encarceladas por expresión no violenta de opiniones, en virtud de disposiciones que ya han sido suprimidas.
Se han realizado progresos considerables en el ámbito de la libertad de manifestación y de reunión pacífica, mediante la supresión de diversas restricciones. No obstante, en algunos casos de manifestación pacífica, las autoridades han hecho un uso desproporcionado de la fuerza.
Por lo que se refiere a la libertad de asociación, se han reducido algunas restricciones, pero las asociaciones siguen estando sujetas a trámites engorrosos. Siguen produciéndose casos de enjuiciamiento de asociaciones, especialmente de defensores de los derechos humanos.
La ley sobre partidos políticos se ha modificado para dificultar el cierre de éstos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha prohibido el HADEP e incoado un proceso destinado a cerrar el DEHAP.
Por lo que se refiere a la libertad religiosa, los cambios introducidos por los paquetes de reformas aún no han producido los efectos deseados. Los órganos ejecutivos siguen interpretando de forma muy restrictiva las disposiciones pertinentes, de manera que la libertad religiosa está sujeta a fuertes limitaciones respecto a las normas europeas. Se trata, en particular, de la falta de personalidad jurídica, de educación y formación del personal eclesiástico y del pleno disfrute de los derechos de propiedad de las comunidades religiosas.
Se han adoptado medidas para levantar la prohibición de las emisiones de radio y televisión y de la enseñanza en lenguas distintas del turco. Hasta ahora, las reformas aprobadas en estos ámbitos han tenido escasos efectos en la práctica.
El levantamiento del estado de excepción en el sudeste ha reducido de manera general las tensiones en la población. Hay una mayor tolerancia de las manifestaciones culturales. El programa de regreso a los pueblos progresa a un ritmo muy lento. Se requiere aún una importante labor para hacer frente a los problemas de los desplazados internos y los derechos culturales en general y para aportar una solución global al problema de desarrollo socioeconómico de la región.
En las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica y en la Asociación para la Adhesión, se ha invitado a Turquía a apoyar plenamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas en aras de la resolución del problema chipriota. Turquía ha expresado en diversas ocasiones su respaldo a la labor en favor de dicha resolución y ha señalado que un acuerdo destinado a establecer una unión aduanera con la parte septentrional de Chipre no entrará en vigor.
Las relaciones entre Turquía y Grecia han seguido mejorando. Se han aplicado nuevas medidas de fomento de la confianza. Prosiguen los contactos exploratorios en el Egeo entre los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.
Turquía ha decidido dar el visto bueno, en calidad de miembro de la OTAN, a la participación de los aliados europeos que no son miembros de la Unión Europea en las operaciones realizadas por la UE con medios de la OTAN. De ese modo se ha resuelto un problema que venía obstaculizando hasta ahora el inicio efectivo de la Política Europea de Seguridad y Defensa.
En los últimos doce meses, Turquía ha realizado, en líneas generales, una labor legislativa impresionante, que significa un progreso notorio de cara al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague. Turquía debería abordar las cuestiones pendientes destacadas en el presente informe y prestar especial atención al incremento de la independencia y el buen funcionamiento del aparato judicial, al marco general del ejercicio de las libertades fundamentales (asociación, expresión y religión), a la prosecución de la aproximación de las relaciones entre los poderes civiles y militares a las prácticas europeas, a la situación en el sudeste del país y al respeto de los derechos culturales. El país debería velar por la aplicación íntegra y efectiva de las reformas con el fin de garantizar a los ciudadanos turcos el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales con arreglo a las normas europeas.
Además de ello, Turquía debería respaldar con firmeza la labor realizada en favor de una resolución global del problema chipriota.
Si bien es cierto que el país ha mejorado considerablemente el funcionamiento de su economía de mercado, los desequilibrios macroeconómicos persisten. Si Turquía adopta otras medidas decisivas para la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales, aumentaría también su capacidad de hacer frente a la presión de la competencia y a las fuerzas del mercado en la Unión.
La estabilidad y la previsibilidad económicas se han incrementado gracias a una reducción continua de las presiones inflacionistas - que siguen siendo elevadas -, y a la modernización de la normativa y las instituciones mercantiles. Las repercusiones positivas de las reformas estructurales adoptadas y progresivamente aplicadas han ayudado a Turquía a resistir los efectos de la crisis iraquí sin retrocesos económicos importantes. Las entidades independientes de reglamentación y supervisión han desempeñado un papel fundamental a este respecto. Se ha intensificado la vigilancia del sector financiero y se han sentado las bases de una legislación moderna sobre inversiones extranjeras directas. Asimismo, se han incrementado la transparencia y la eficacia de la gestión de la hacienda pública.
Es preciso continuar el proceso de reforma en curso. La disciplina fiscal y una política económica orientada a la estabilidad permiten sentar una base sólida en aras del incremento de la confianza en el mercado y la viabilidad de la hacienda pública. Con el fin de llegar a una economía equilibrada y sana, debe mantenerse el proceso de deflación. La reestructuración del sector bancario no ha avanzado en medida suficiente y debería completarse el proceso de armonización de las normas cautelares y de vigilancia con las normas internacionales. Debe acelerarse la privatización de los bancos públicos y las empresas estatales, así como la desregulación del mercado, y es preciso luchar contra las distorsiones estructurales. Con el fin de aumentar la competitividad y el potencial de crecimiento de la economía, es importante disponer de inversiones productivas públicas y privadas suficientes y prestar una atención especial a la formación. Es preciso fomentar las inversiones extranjeras directas suprimiendo los obstáculos que aún subsisten.
La incorporación del acervo en Turquía ha progresado en la mayoría de los ámbitos, pero sigue siendo incipiente en numerosos capítulos. La incorporación se encuentra más avanzada en los capítulos relativos a la unión aduanera entre la Comunidad Europea y Turquía, si bien Turquía no respeta completamente sus obligaciones a este respecto. Asimismo, la incorporación se encuentra relativamente avanzada en los ámbitos en que existen otras obligaciones internacionales similares al acervo. Es necesario proseguir la labor legislativa en todos los ámbitos y Turquía debería centrarse en aplicar, en todos los capítulos y de manera más sistemática, su Programa nacional de adopción del acervo, con arreglo a las prioridades recogidas en la Asociación para la Adhesión. Además de ello, las nuevas normativas no deben apartarse del acervo.
En relación con la libre circulación de mercancías, Turquía ha progresado, especialmente por lo que se refiere a la legislación sectorial, pero sigue siendo necesaria una importante labor para incorporar y aplicar la legislación de "nuevo enfoque" y de "antiguo enfoque" sobre la seguridad y las especificaciones de los productos alimenticios industriales y los transformados, incluida la seguridad alimentaria. Apenas si se ha avanzado en la instauración de los mecanismos e instituciones de vigilancia del mercado y de evaluación de la conformidad. El sistema de metrología legal debe mejorarse. Al modificar la ley de contratación pública, Turquía ha disminuido el grado de adaptación al acervo. El país debe dotarse sin demora de instrumentos para eliminar los obstáculos técnicos al comercio. Queda mucho por hacer para garantizar la aplicación correcta del acervo y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Decisión sobre la unión aduanera aplicable desde el 31 de diciembre de 2000.
En cuanto a la libre circulación de personas, se han realizado algunos progresos durante el período de referencia, principalmente en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, pero la incorporación del acervo sigue siendo escasa. En materia de libre prestación de servicios, Turquía ha progresado en el sector bancario, los servicios de inversión y los mercados de valores. En el ámbito de los servicios profesionales, los progresos han sido escasos. En el sector de los seguros, se requiere un esfuerzo considerable para ajustar la legislación al acervo e incrementar la capacidad administrativa. Debe proseguirse el trabajo de adopción de legislación relativa a la protección de datos y procede ajustar en mayor medida al acervo la legislación sobre servicios referentes a la sociedad de la información. En el ámbito de la libre circulación de capitales, la incorporación del acervo sigue adelante, en particular, por lo que se refiere a la liberalización de los movimientos de capitales, si bien debe continuarse la labor.
Pese a las medidas adoptadas en los años anteriores, la incorporación en el ámbito del derecho de sociedades y los derechos de propiedad industrial e intelectual sigue siendo escasa. Es necesario adoptar medidas legislativas y de ejecución para luchar contra la piratería y las violaciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual. En cuanto a la competencia, Turquía debe reforzar la legislación relativa al control de las ayudas estatales e implantar un organismo encargado de dicho control.
En el ámbito de la agricultura, se han logrado algunos progresos en los sectores veterinario y fitosanitario, en particular, por lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades de los animales, la identificación y el registro de los bovinos y los organismos nocivos para las patatas. Para lograr la conformidad total en estos sectores, Turquía debe esforzarse por incrementar la capacidad administrativa, mejorar los sistemas de control e inspección y modernizar los establecimientos de tratamiento de alimentos. Debería elaborarse una estrategia de desarrollo rural. En el ámbito de la pesca, si bien los progresos han sido escasos, se han llevado a cabo trabajos preparatorios, especialmente en relación con el control y la inspección. Sin embargo, aún está pendiente la adaptación de los instrumentos legislativos fundamentales al acervo y la reforma institucional.
Por lo que se refiere al transporte, los avances siguen siendo muy escasos. En algunos sectores, en particular el del transporte por carretera y la seguridad marítima, el grado de adaptación alcanzado guarda relación directa con la incorporación de varios convenios internacionales. Se requiere un importante esfuerzo en el ámbito de la seguridad marítima y el transporte por carretera y ferroviario. También en el sector de la fiscalidad los progresos han sido escasos, tanto en términos legislativos como de capacidad administrativa. Por lo que se refiere a la legislación, es preciso continuar la adaptación en materia del IVA, prestando la debida atención al alcance de las exenciones y la aplicación de tipos reducidos. En cuanto a los impuestos especiales, pese a una cierta aproximación de la legislación, los derechos aplicados al alcohol y el tabaco siguen siendo inferiores a los mínimos de la UE. Turquía debe aplicar asimismo el régimen de suspensión de los derechos.
Turquía ha efectuado algunos progresos en todos los ámbitos de la estadística, pero ha de seguir trabajando para ajustarse a los requisitos principales en materia de incorporación. Es preciso ajustar la legislación vigente al acervo con objeto de aplicar los principios fundamentales de imparcialidad y fiabilidad de los datos, de transparencia de las estadísticas y de confidencialidad de los datos de carácter personal. En el capítulo de la política social y el empleo, Turquía ha progresado. Se ha incrementado la capacidad administrativa y se han adoptado medidas para fomentar la igualdad de trato a hombres y mujeres en el ámbito de la legislación laboral y la política de empleo. El país ha de seguir esmerándose en el ámbito del diálogo social, la sanidad y la seguridad. Se han logrado progresos sustanciales en el sector de la energía gracias a la aprobación de diversas disposiciones de aplicación de las leyes marco en el mercado de la electricidad y el gas. También ha progresado la incorporación en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables. Pese a todo, Turquía debe seguir trabajando para asegurar la incorporación en todos los sectores energéticos.
En relación con la política industrial, Turquía ha avanzado en el ámbito de la reforma del sector público y en la adopción de una nueva ley sobre inversiones extranjeras directas, pero debe esforzarse por reorganizar las empresas estatales. La reestructuración de la industria siderúrgica sigue siendo una prioridad esencial. Turquía ha realizado progresos por lo que se refiere a la política relativa a las pequeñas y medianas empresas. La implantación de procedimientos simplificados para el registro y la creación de empresas constituye un elemento positivo. Turquía cuenta con centros de desarrollo tecnológico. La plena asociación del país al sexto programa marco pone de manifiesto su compromiso en el ámbito de la ciencia y la investigación, aunque su participación en los programas comunitarios sea muy reciente. Turquía debe invertir más en la ciencia y la investigación. Se han registrado progresos en el ámbito de la educación y la formación. El país debería seguir esmerándose por concluir los preparativos de su participación en los tres programas comunitarios, y velar por la aplicación de las medidas adoptadas.
Pese a algunos progresos, la incorporación del acervo relativo a las telecomunicaciones sigue siendo insuficiente, por lo que es preciso continuar la labor, en particular por lo que se refiere al servicio universal, la numeración, las líneas arrendadas y la protección de datos. Debe mejorarse la aplicación y el cumplimiento de la legislación vigente. Aún se requieren esfuerzos considerables para liberalizar el mercado de los servicios postales. Turquía ha realizado progresos en el ámbito legislativo de la cultura y la política audiovisual, en concreto, autorizando las emisiones en lenguas distintas del turco. Sin embargo, tiene que seguir trabajando en la incorporación del acervo. Se anima a Turquía a adoptar medidas de aplicación relativas a las emisiones en otras lenguas.
En el ámbito de la política regional, se han observado algunos progresos desde el último informe periódico, pero debe realizarse todavía una importante labor para garantizar la aplicación de la política regional a escala central y regional. Deben crearse las instituciones pertinentes y dotarse con recursos humanos y financieros suficientes. Por lo que se refiere al medio ambiente, Turquía ha logrado progresos parcos en diversos ámbitos y, en líneas generales, el grado de incorporación del acervo sigue siendo escaso en la mayoría de los sectores. El país debe velar en mayor medida por la aproximación de la legislación y su aplicación en todos los ámbitos de la política de medio ambiente.
La incorporación del acervo en materia de protección de los consumidores y de la salud ha progresado, en particular, gracias a la aprobación de la ley marco. No obstante, debe instaurarse un régimen eficaz de vigilancia y lograrse los recursos adecuados para garantizar un elevado grado de protección de los consumidores. La adopción de estrategias iniciales para la adaptación al acervo en materia de justicia y asuntos de interior ha supuesto un avance importante. La cooperación ha mejorado en numerosos ámbitos, como la lucha contra la emigración ilegal y la delincuencia organizada. Turquía debería empezar a aplicar las estrategias aprobadas e intensificar la labor de adaptación de su marco jurídico e institucional. El país debería empezar a negociar un acuerdo de readmisión con la Unión Europea.
En el capítulo relativo a la unión aduanera, debería concederse carácter prioritario a las siguientes cuestiones pendientes: la legislación sobre los aspectos aduaneros del control; las mercancías falsificadas y pirateadas; los bienes culturales y la legislación no aduanera pertinente para la aplicación de las disposiciones aduaneras a las zonas francas y a los regímenes aduaneros con repercusiones económicas. La capacidad administrativa ha aumentado, pero Turquía debería seguir estrechando la cooperación interinstitucional y mejorando las auditorías a posteriori y el control en las fronteras para alcanzar un grado satisfactorio de aplicación y cumplimiento de la legislación incorporada.
Turquía ha realizado progresos muy escasos en el ámbito de las relaciones exteriores, en el que aún debe cumplir obligaciones que le incumben desde hace mucho tiempo, en particular, en relación con el Sistema de Preferencias Generalizadas. Con respecto a los acuerdos bilaterales, Turquía debe proseguir sus esfuerzos para celebrar acuerdos de libre comercio con los socios con los cuales la UE ya ha celebrado tales acuerdos. En el ámbito de la política exterior y de seguridad común, Turquía ha seguido ajustando en gran medida su política a la de la Unión Europea. El país debería velar por que sus políticas y prácticas nacionales se ajusten a las posiciones comunes de la Unión Europea y garantizar la correcta aplicación de todas las sanciones y medidas restrictivas.
Debido al retraso en la aprobación de la Ley sobre gestión financiera pública y control financiero, Turquía apenas si ha realizado progresos en materia de control financiero. Debería aprobar dicha Ley y centrarse en aumentar la transparencia del presupuesto y las normas contables, así como en aplicar la nueva estructura del código presupuestario.
En muchos ámbitos, la aplicación deja que desear. La capacidad administrativa debe incrementarse en diversos sectores para garantizar la aplicación y el cumplimiento real del acervo. En algunos casos, la reforma administrativa requerirá la instauración de nuevas estructuras, por ejemplo en los ámbitos de las ayudas estatales y el desarrollo regional. En los casos en que se han creado órganos de reglamentación, es preciso garantizar su autonomía y dotarlos de personal y recursos financieros suficientes.
Anexo 3: Convenios de derechos humanos ratificados por los países candidatos
(a finales de octubre de 2003)
1 Pendiente de notificación al Consejo de Europa.
Evaluaciones paritarias realizadas por la TAIEX de la Comisión Europea
Octubre de 2002 - septiembre de 2003
1 Análisis de peligros y puntos de control crítico, vigilancia del mercado y metrología.
2 Servicios financieros.
3 Base de datos relativa a los bovinos, cuotas de leche, establecimientos veterinarios, vino, piensos, bienestar de los animales, zoonosis, clasificación de carcasas de vaca, organismos liquidadores, mecanismos comerciales (no todos los temas se abordan en todos los países).
4 Transporte marítimo, ferroviario y por carretera.
5 Enfermedades contagiosas.
6 Servicios postales.
7 Prevención y control de la contaminación industrial, protección de la naturaleza y calidad de los recursos hídricos.
8 Justicia y asuntos de interior, incluidos los siguientes temas: aplicación del Plan de Acción de Schengen y fronteras exteriores, poder judicial, derecho de asilo, drogas, política de visados, blanqueo de capitales, lucha contra la delincuencia económica y financiera, fraude y corrupción, cooperación policial y falsificación del euro.
Evaluaciones paritarias realizadas por la TAIEX: casos de recurso a expertos por Estado miembro
Estados miembros // Número total de recursos a expertos
Bélgica // 20
Dinamarca // 47
Finlandia // 31
Grecia // 7
Irlanda // 30
Italia // 19
Luxemburgo // 4
Países Bajos // 45
España // 18
Suecia // 25
Reino Unido // 71
Nota: Las cifras se refieren al número total de recursos y no al número total de expertos implicados.
(a 31 de octubre de 2003)
Fuentes : Eurostat, de fuentes nacionales.
(3) Esta cifra es una aproximación basada en el EPA calculado para la UE 15; el EPA relativo a la UE 25 aún no está disponible.
(3) 1999 Arriba

References: artículo 49
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