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Timestamp: 2018-09-19 05:46:39+00:00

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﻿ AUTO 7909 DE OCTUBRE 22 DE 1992
AUTO 7909 DE 22 DE OCTUBRE DE 1992
CONTENIDO:DETENCIÓN DOMICILIARIA, SE CUMPLE EN LA CASA DE HABITACIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, DETENCIÓN DOMICILIARIA, PREVARICATO, PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DOMICILIO DEL SINDICATO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:252 DE DICIEMBRE DE 1992, PÁG.1180
Auto 7909 de octubre 22 de 1992
•DETENCIÓN DOMICILIARIA
SE CUMPLE EN LA CASA DE HABITACIÓN
EXTRACTOS: «Es claro que el nuevo Código de Procedimiento Penal establece varias categorías como medida de aseguramiento y por ello en el artículo 388 consagra que
“Son medidas de aseguramiento para los imputables la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 397 del citado estatuto el delito de prevaricato por acción que se le imputa al doctor B... tiene prevista como medida de aseguramiento la detención preventiva. Sin embargo, el artículo 396 ibídem preceptúa que
“Cuando se trate de hecho punible cuya pena mínima prevista sea de dos años de prisión, o menos el funcionario judicial podrá sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria si establece que el sindicado por sus características familiares, laborales y vínculos con la comunidad, comparecerá al proceso, y no coloca en peligro a la comunidad. En tal caso le impondrá caución y ordenará que la detención preventiva se verifique en el domicilio del sindicado. Adicionalmente podrá imponer la obligación de realizar trabajo social durante el término de la detención domiciliaria o los fines de semana”.
El a quo para resolver la petición subsidiaria elevada por el defensor del acusado en providencia de fecha 6 de julio del presente año y en atención al principio de favorabilidad, sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva por la de detención domiciliaria por considerar presentes los requisitos exigidos en el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal vigente, decisión que no fuera objeto de impugnación sino de simple aclaración de conformidad con lo previsto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la providencia aclaratoria por expreso mandato legal no era susceptible de recurso alguno.
Entonces, lo que el nuevo defensor del ex-juez B... pretende, así las decisiones no tengan el carácter de cosa juzgada, es revivir situaciones ya consolidadas dentro del proceso, que su antecesor halló conformes pues, se repite, no interpuso contra ellas los recursos ordinarios consagrados en la ley.
No obstante lo anterior, el tribunal dio respuesta a sus inquietudes y como el resultado fue adverso por tratarse de auto interlocutorio susceptible del recurso de apelación, debe la Corte pronunciarse con relación a sus pretensiones.
Existe discrepancia en el hecho de si los términos de domicilio y residencia son sinónimos o si por el contrario en materia penal deben aplicarse de acuerdo a la concepción civilista prevista en el Código Civil Colombiano.
Es claro que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal dependen para su correcta aplicación de normas sustanciales previstas en el Código Penal, de ahí que para la procedencia de la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, por la de detención domiciliaria, el funcionario debe recurrir al correspondiente precepto penal a fin de determinar el mínimo de la sanción prevista para el delito que se le atribuye. En el caso concreto, no admite duda que el artículo 149 del Código Penal (prevaricato por acción) la sanción a imponer en evento de sentencia condenatoria sería entre el mínimo de un (1) año y el máximo de cinco (5) años, de acuerdo con las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes y los criterios previstos en los artículos 61 y 67 del estatuto represor.
El Código Penal consagra en su artículo 42 como penas accesorias la restricción domiciliaria la que define en el artículo 57 ibídem, como “la Obligación impuesta al condenado de permanecer en determinado municipio o en la prohibición de residir en determinado lugar”, es decir, que independientemente de la pena privativa de la libertad en el evento de la concesión de uno cualquiera de los subrogados penales previstos en los artículos 68 y 72 del citado estatuto, el juez podrá, si lo considera necesario (art. 52) disponer que el procesado no puede salir durante un determinado tiempo del municipio donde reside o prohibirle fijar su residencia en un determinado lugar.
Por otra parte, el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal consagra las obligaciones del sindicado en los casos de libertad provisional o cuando se impone medida de aseguramiento distinta de la detención preventiva, entre las cuales se encuentra la de informar todo cambio de domicilio y no salir del país sin previa autorización del funcionario. De lo anterior, podría pensarse que en efecto el legislador ha determinado como residencia la casa o sitio en que el procesado deba vivir con su familia y como domicilio la ciudad o municipio donde tenga el asiento de sus negocios o donde ejerce su actividad, profesión u oficio.
Sin embargo, el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, emplea el término de domicilio para indicar el sitio de detención parcial cuando el sindicado deba proveer por disposición de la ley a la subsistencia de una o más personas, siempre que no tenga en su contra sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional; que se le sindique por un delito cuya pena máxima no excede de seis (6) años de prisión y que no haya eludido su comparecencia en la actuación procesal. Así mismo la detención podrá cumplirse en el lugar de trabajo, pero en todo caso el procesado deberá regresar al establecimiento carcelario inmediatamente después que termine sus labores diurnas o nocturnas las que, de acuerdo con la disposición debe realizarlas en un sitio determinado de trabajo o en su domicilio, es decir, en su casa de habitación.
Así mismo el artículo 407 del estatuto procesal penal consagra la suspensión de la privación de la libertad por tres causales y en el evento de ser procedente por cualquiera de ellas “El funcionario determinará si el sindicado debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital, en el lugar de trabajo o estudio”, es decir, que el término domicilio lo emplea inequívocamente referido a su residencia o casa de habitación.
Cabe agregar que según el diccionario de la Real Academia Española por domicilio se entiende la morada fija y permanente; lugar en que legalmente se considera establecida una persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos; casa en donde uno habita o se hospeda.
Las anteriores consideraciones resultan suficientes para que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONFIRME la providencia recurrida de fecha, origen y naturaleza ya precisados».
(Auto de octubre 22 de 1992. Expediente 7909. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

References: artículo 388
 artículo 397
 artículo 396
 artículo 396
 artículo 309
 artículo 149
 artículo 42
 artículo 57
 artículo 419
 artículo 409
 artículo 407