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Timestamp: 2019-10-20 16:17:29+00:00

Document:
STS 1051/2016, 13 de Diciembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 661459757
Número de Recurso: 1742/2015
Número de Resolución: 1051/2016
En Madrid, a 13 de diciembre de 2016
Esta sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representados y asistidos por el letrado de la Administración de la Seguridad Social D. Ángel Cea Ayala, contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2015 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso de suplicación núm. 317/2015 , formulado frente a la sentencia de fecha 13 de octubre de 2014, dictada en autos 1193/2013 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Donostia - San Sebastián, seguidos a instancia de MUTUA MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2, contra el INSS, la TGSS, DOÑA Claudia y OSAKIDETZA-HOSPITAL DONOSTIA, sobre PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA. Ha comparecido ante esta Sala en concepto de parte recurrida Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2, representada por el Procurador D. Jorge Deleito García.
Con fecha 13 de octubre de 2014, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Donostia-San Sebastián, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO: Que DEBO ESTIMAR y ESTIMO la DEMANDA interpuesta por la Mutua MUTUALIA contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General del Seguridad Social, contra la Sra. Claudia , y OSAKIDETZA declarando la responsabilidad del pago del INSS exclusivamente de la pensión de incapacidad permanente absoluta reconocida en su día al Sra. Miriam , debiendo estar y pasar las partes por esta declaración, condenando a las entidades gestoras a que procedan a reintegrar a la Mutua MUTUALIA el importe ingresado por esta entidad por el capital coste de renta en la cuantía de 650.064,23 euros».
En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: «PRIMERO.- Que D. Jacinto , nacido el NUM000 de 1955, prestó servicios como electricista para la empresa OSAKIDETZA, en el HOSPITAL de Aránzazu y de DONOSTIA durante el período comprendido entre el año 1974 hasta que cursó baja médica el día 30 de noviembre de 2010.
SEGUNDO.- Que durante ese tiempo, este trabajador estuvo expuesto en un ambiente con presencia de amianto, así como a radiación X ionizante y a radiaciones microondas no ionizantes.
TERCERO.- Que el actor permaneció en situación de IT por contingencia profesional desde el día 30 de noviembre de 2010 hasta el día 30 de junio de 2011. Que este proceso de IT fue adscrito a la contingencia de enfermedad profesional por Resolución del INSS de 18-10-2011, recaída en el expediente de Determinación de Contingencia n° NUM001 .
CUARTO.- Que por resolución de 18 de noviembre de 2011 el INSS reconoció al Sr. Jacinto , afecto de una incapacidad permanente absoluta, por la contingencia de enfermedad profesional, con derecho al percibo de una prestación económica consistente en el 100% de la base reguladora de 3.117,14 euros, doce veces al año, con efectos desde el día 30 de junio de 2011, declarando la responsabilidad del pago a la Mutua MUTUALIA. QUINTO.- Que el estado físico y psíquico que presentaba el Sr. Jacinto , cuando se le reconoció dicho grado de incapacidad permanente era el siguiente: HTA CONTROLADA CON MEDICACIÓN EN TRATAMIENTO CON EUTIROX POR TIROIDECTOMIA TOTAL EN 1998. LOBECTOMIA INFERIOR DERECHA POR ADENOCARCINOMA DE PULMÓN. T2N2M0.ESTADIO IIA. MTAS A NIVEL LINFATICO.
SEXTO.- Que por resolución de la TGSS de fecha 20 de diciembre de 2011, se acordó requerir a la Mutua Mutualia el pago del importe del capital coste de renta de la pensión por incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional reconocida al Sr. Jacinto por importe de 639.181,56 euros, que fue objeto de ingreso por MUTUALIA el día 20 de diciembre de 2011 a favor de la TGSS.
SÉPTIMO.- Que el INSS mediante resolución de fecha 12 de noviembre de 2013, acordó desestimar la reclamación administrativa previa interpuesta el día 3 de octubre de 2013 por MUTUALIA frente a la resolución dictada en el expediente NUM002 por la que se establecía la responsabilidad de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y que en consecuencia se procediere a exonerar a la Mutua de toda responsabilidad, y que se acordase por parte de la TGSS a la devolución del capital coste de renta ingresado por la Mutua por importe de 639.181,56 euros».
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictó sentencia con fecha 17 de marzo de 2015 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Se desestima el recurso de suplicación formulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de San Sebastián dictada el 3-10-14 , en los autos nº 1193/13, seguidos por MUTUA MUTUALIA contra el citado recurrente, TGSS, Claudia y OSAKIDETZA-HOSPITAL DE DONOSTIA. Se confirma la sentencia. Sin costas».
Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal del INSS y la TGSS, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 12 de noviembre de 2013 , así como la infracción de lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de la Jurisdicción social y art. 43.1 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el art. 9.3 de la Constitución .
Por providencia de esta Sala de fecha 13 de octubre de 2015, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
Evacuado el trámite de impugnación, pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 30 de noviembre de 2016, fecha en que tuvo lugar.
La sentencia de instancia recaída en las presentes actuaciones estimó la demanda de la Mutua accionante sobre revisión de imputación de responsabilidad de prestaciones por incapacidad permanente absoluta (IPA) derivada de contingencia profesional, declarando la responsabilidad exclusiva del INSS en el pago de la pensión reconocida en su día al trabajador afectado, lo que motivó que la Administración de la Seguridad Social acudiese a la Sala de suplicación con un recurso que fue desestimado por sentencia de 17 de marzo de 2015, que confirmaba el pronunciamiento del Juzgado.
El recurso de casación unificadora es formulado por dicha Administración que expone un primer "fundamento" sobre la contradicción alegada, con referencia a la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de la Rioja de 12 de noviembre de 2013 , siguiendo con un segundo sobre la infracción legal cometida en la sentencia impugnada en el que se denuncia la vulneración del art 71 de la LRJS y 43.1 de la LGSS en relación con el art 9.3 de la Constitución Española (CE ) y con la jurisprudencia que menciona, y un tercero acerca del quebranto producido en la unificación del derecho y la formación de la jurisprudencia, prácticamente carente de contenido, dada la brevedad del mismo en el que tan solo se dice constatar tal quebranto "de acuerdo con la exposición realizada en el apartado anterior".
Impugna la Mutua demandante y el Mº Fiscal se pronuncia proponiendo en su preceptivo informe que se declare la procedencia del recurso.
En el presente caso se trata de un trabajador que fue declarado afecto, como ya se ha indicado, de una IPA derivada de enfermedad profesional por resolución del INSS de 18 de noviembre de 2011, con derecho a una prestación del 100% de su base reguladora declarando la responsabilidad en el abono correspondiente de la Mutua demandante, y tras ser ésta requerida a satisfacer el importe del capital coste de renta por resolución de la TGSS de 20 de diciembre de 2011, así lo hizo en la misma fecha, si bien el 3 de octubre de 2013 reclamó contra tal resolución y que se la procediese a exonerar de la responsabilidad referida con devolución del susodicho capital, lo que la entidad gestora (INSS) denegó por resolución de 12 de noviembre de 2013.
Por su parte, la precitada sentencia referencial del TSJ de La Rioja llegó a solución opuesta a la de autos en un caso que reviste sustancial identidad, por tratarse en ella de un trabajador declarado en situación de IPA en 2002 que falleció en Diciembre de 2009, con reconocimiento por el INSS de prestaciones por muerte en Enero de 2010 a cargo de una Mutua Patronal, que asumió el pago, si bien ulteriormente efectuó reclamación de 25 de Septiembre 2012 en solicitud de revisión de su responsabilidad económica.
Consecuentemente, ha de darse por cumplido el requisito establecido en el art 219.1 acerca de la contradicción entre las sentencias comparadas.
En cuanto al fondo de la cuestión litigiosa, es muy reiterada la jurisprudencia en la materia, representada, entre otras sentencias de esta Sala, por las dos (Sala General) de 15 de junio de 2015 ( rrcud. 2648 y 2766/14 ), seguidas, entre algunas de las más recientes, por las de 20 de octubre de 2015 ( rcud 3927/14 ), 15 de diciembre de 2015 (dos , rrcud 288 , 291/2015 ), 16 de diciembre de 2015 ( rcud 441/15 ), 2 de marzo de 2016 (tres , rrcud 1244 , 1448 y 2029/15 ), 15 de marzo de 2016 ( rcud 1448/2015 ), 31 de marzo de 2016 ( rcud 749/2015 ), 3 y 12 de mayo de 2016 ( rrcud 346 y 517/2015 ), 7 y 22 de junio de 2016 ( rrcud 1887 y 436/2015 ) y 12 de julio de 2016 ( rcud 401/2015 ). A todas ellas se hace remisión dando expresamente sus argumentos por reproducidos, tanto en orden a la apreciación de la contradicción exigible como en cuanto al fondo del asunto.
En concreto, en la mencionada 12 de mayo de 2016, rcud 517/2015), cuyo primer motivo tiene también como sentencia de contraste la misma que la del presente caso ( STSJ de La Rioja de 12 de noviembre de 2013 ) se argumenta: " ..........Sin necesidad de mayores precisiones, ya que la cuestión que se debate en las presentes actuaciones es de constante reproduccion en unificacion de doctrina, tanto en la denuncia como en las decisiones referenciales invocadas, hemos simplemente de referir -en el plano formal- que el primer motivo cumple exquisitamente la exigencia de contradiccion, y que el segundo unicamente sería examinable en cuanto a la cuestion sustantiva, a la que dimos respuesta en numerosas ocasiones [ SSTS 15/01/13 -rcud 1152/12 -; ... 06/03/14 -rcud 126/13 -; ... 19/05/15 -rcud 1455/13 -], pero en el que ya no entraremos por su cualidad subsidiaria y porque -como veremos- hemos de acoger el primer motivo .
SEGUNDO.- 1.- Reiterando una vez mas nuestra doctrina hemos de indicar que el tema litigioso planteado con el primer motivo consiste en determinar si la no impugnacion de una resolucion del INSS en el plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decision se le imputo responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en via judicial frente a aquella imputacion antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
2.- La decision recurrida argumenta -en síntesis- que la situacion procesal en que se traduce la falta o ineficacia de la reclamacion previa a la vía judicial es la caducidad de la vía administrativa solamente, no de la accion cuyo ejercicio permanece vivo mientras el derecho material que la sustenta no prescriba, por lo que cuando se ha abandonado el tramite de reclamacion frente a una determinada resolucion o ni tan siquiera se inicia, no se pierde el derecho, sino la posibilidad de acceder a la vía jurisdiccional de forma directa, pudiendo reanudarse -o reiniciarse- a traves de la reclamacion oportuna, que inicia nuevamente la posible virtualidad del derecho.
Muy contrariamente, en la decision referencial se razona su divergente conclusion, diciendo que la usual doctrina de que el transcurso del plazo establecido por el art. 71 LPL sin interponer demanda «en modo alguno puede universalizarse a todos los actos de la Administracion Institucional de la Seguridad Social hasta el punto de reducir a la esterilidad los plazos de impugnacion jurisdiccional de tales actos ..., y cabe de aquella jurisprudencia deducir que la misma queda referida sustancialmente a los beneficiarios de las prestaciones y a su derecho al reconocimiento de las mismas, pero no alcanza a supuestos, como el enjuiciado, totalmente ajeno a dichos condicionantes, pues en el no se insta un reconocimiento del derecho a una prestacion (o a los elementos de la misma) por su beneficiario, sino que lo pretendido es la extincion de una obligacion impuesta por la resolucion administrativa firme por quien ademas no tiene la condicion de beneficiario, como es el caso de una Mutua de Accidentes, en quien, a diferencia del beneficiario, no se puede suponer o intuir que tenga dificultad en el conocimiento y defensa de sus intereses en la materia de Seguridad Social que constituye el objeto de su actividad».
3.- La cuestion que en los presentes autos se suscita fue resuelta por el Pleno de la Sala en dos sentencia de 15/06/2015 [recursos 2766/14 y 2648/14], en las que fijamos que la doctrina ajustada a Derecho era la mantenida por la -entonces y hoy- sentencia de contraste; decision cuyo criterio ha sido reiterado ya en numerosas ocasiones (entre las ultimas, SSTS 15/12/15 -rcud 288/15 -; 15/12/15 -rcud 291/15 -; y 16/12/15 - rcud 441/15 -) y que por elementales razones de seguridad juridica vuelve a serlo en estas actuaciones.
TERCERO.- 1.- Es consolidada doctrina de esta Sala que el defectuoso agotamiento de la via administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, por inobservancia del plazo de treinta dias que establece el art. 71.2. 71.2 LRJS [antes, el art. 71.2 LPL ], no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripcion alguna, sino que unicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa perdida del tramite, por lo que tal defecto no resulta obstaculo para el nuevo ejercicio de la accion, siempre que la misma no estuviese ya afectada por el instituto de las referidas prescripcion o caducidad (asi, desde la STS 07/10/74 Ar. 3903, dictada en interes de ley).
2.- Destaquemos igualmente que esta doctrina se ha positivizado en el art. 71.4 de la vigente LRJS , a cuyo tenor «... podra reiterarse la reclamacion previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho... ». Y que la prevision de este precepto significa una excepcion al regimen comun administrativo, en el que en aras al principio de seguridad juridica, al interes general en juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproduccion de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
3.- Sen~alemos tambien que si se excepciona de tal consecuencia -propia del regimen comun del Derecho Administrativo- a la «materia de prestaciones de Seguridad Social», hoy en el art. 71 LRJS y antan~o en nuestra mas temprana jurisprudencia [desde la citada resolucion en interes de Ley], muy posiblemente ello sea atribuible al presumible desvalimiento juridico de los beneficiarios y a la consideracion de que ciertos mecanismos protectores -frente a su desconocimiento legal- no solamente no estan privados de justificacion, sino que incluso responden mas adecuadamente al principio de irrenunciabilidad de los derechos al que en ocasiones alude el Tribunal Constitucional (asi, SSTC 120/1984, de 10/Diciembre ; 14/1985, de 1/Febrero ; y 97/1987, de 10/Junio ) y que en todo caso ha sido consagrado por nuestra mas antigua doctrina.(vid., por ejemplo, las SSTS 07/05/53 Ar. 1217 ; 14/02/61 Ar. 1596 ; 04/04/61 Ar. 1419...).
4.- En esta misma linea -de limitar la excepcion a los beneficiarios de las prestaciones de Seguridad Social- apunta el texto del art. 71 LRJS , cuya literalidad invita a entender que el privilegio va exclusivamente referido al «reconocimiento» de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y que -por lo mismo- tiene por destinatario implicito al «beneficiario», no a las Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamacion previa. Asi, las expresiones utilizadas por la norma [«materia de prestaciones»; «alta medica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento inicial»; «modificacion de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamacion efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, mucho despues de dictada la resolucion, pretendiendo que se deje sin efecto no los terminos de la «prestacion», sino la imputacion de su responsabilidad, y que con su consentimiento habia adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia...........
........CUARTO.- 1.- Nuestra respuesta sería incompleta si no contrarrestasemos minimamente los argumentos ofrecidos por la Mutua en defensa de su pretension en las presentes actuaciones [escrito de impugnacion ] y en general por tales Entidades Colaboradoras en muchos otros procedimientos, rechazando -en primer lugar- sus afirmaciones acerca de la «desigualitaria interpretacion» del precepto que nuestra tesis comporta. Digamos al efecto, justificando el diferente tratamiento que a nuestro juicio otorga el art. 71 LRJS a los beneficiarios de las prestaciones y a la Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que en materia de igualdad son precisiones clasicas de la doctrina constitucional desde la Sentencia de 22/1981, de 2/Julio , las que siguen:
a).- Que «... el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstraccion de cualquier elemento diferenciador de relevancia juridica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulacion de una determinada materia supone una infraccion del mandato contenido en el art. 14 CE , sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificacion objetiva y razonable para ello». b).- Que lo propio del juicio de igualdad es «su caracter relacional conforme al cual se requiere como presupuestos obligados, de un lado, que, como consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorias de personas» [ STC 181/2000, de 29 de junio , FJ 10] y, de otro, que «las situaciones subjetivas que quieran traerse a la comparacion sean, efectivamente, homogeneas o equiparables, es decir, que el termino de comparacion no resulte arbitrario o caprichoso» [ SSTC 148/1986, de 25 de noviembre , FJ 6 ; 29/1987, de 6 de marzo , FJ 5 ; 1/2001, de 15 de enero , FJ 3] (entre las recientes, SSTC 63/2011, de 16/Mayo , FJ 3 ; 79/2011, de 6/Junio , FJ 3 ; ; 17/2011, de 4/Julio , FJ 4 ; 205/2011, de 15 de diciembre , FJ 3 ; 160/2012, de 20 de septiembre , FJ 7 ; - Pleno- 41/2013, de 14/Febrero , FJ 6 ; - Pleno- 61/2013, de 14/Marzo , FJ 4 ; 45/2014, de 07/Abril , FJ 3 ; 51/2014, de 07/Abril , FJ 3 ; 60/2014, de 05/Mayo, FJ 3 ; y 156/2014, de 25/Septiembre , FJ 4. Y -tambien proximas- SSTS 20/01/15 - rcud 401/14 -; y 13/Enero/2016 -rco 286/13 -).
Doctrina que se complementa con la exigencia de acreditacion del necesario «tertium comparationis» en regimen de igualdad [ SSTC 111/2001, de 7/Mayo FJ 2 ; 39/2002, de 14/Febrero, FJ 4 y 5; 103/2002, de 6/Mayo FJ 4 ; 39/2003, de 27/Febrero FJ 4], pudiendo decirse que dos individuos son iguales, esto es, pertenecen a la misma clase, cuando en ellos concurre una cualidad comun, un «tertium comparationis», que opera como elemento definitorio de la clase, y que son desiguales cuando tal circunstancia no se produce [ SSTC 125/2003, de 19/Junio ; 53/2004, de 15/Abril ]. De forma que «para poder efectuar un juicio de igualdad es imprescindible tener un termino de comparacion valido [ STC 219/2013, de 19 de diciembre , FJ 5], para lo cual no solo es necesario precisar si las situaciones subjetivas son efectivamente comparables o cotejables, sino si el legislador ha atribuido a un mismo grupo o categoria personal creado por el mismo unas consecuencias juridicas diversas sin introducir un factor diferencial [ SSTC 148/1986, de 25 de noviembre , FJ 6 a); 29/1987, de 6 de marzo, FJ 5 c ); y 139/2005, de 26 de mayo , FJ 6]» ( STC -Pleno- 8/2015, de 22/Enero , FJ 9.a).
2.- Asi pues, desde el momento en que no existe censurable desigualdad, en tanto que el principio de igualdad unicamente puede invocarse con exito cuando estamos ante «situaciones juridicas iguales» [circunstancia inexistente en el caso], el hecho de que la Mutuas Colaboradoras hayan de sujetarse al regimen comun administrativo y a la consiguiente inatacabilidad del acto firme [ art. 28 LJCA ], dificilmente puede comportar -como se argumenta- la vulneracion del principio «pro actione» y consiguientemente del derecho a la tutela judicial, pues:
a).- Tal principio no impone «... a pesar de su ambigua denominacion, la forzosa seleccion de la interpretacion mas favorable a la admision de entre todas las posibles de entre todas las que lo regulan... ya que el deber que este principio impone consiste unicamente en obligar a los organos judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma proporcionada «impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen desproporcionadamente el derecho a que un organo judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretension a el sometida» ( SSTC 88/1997, de 05/Mayo , F. 2 ; 207/1998, de 26/Octubre , F. 3 ; 38/1998, de 17/Febrero , F. 2 ; 122/1999, de 28/Junio ; 195/1999, de 25/Octubre , , FJ 2 ; 160/2001, de 5 de julio , F. 3 ; 27/2003, de 10 de febrero , F. 4 ; 177/2003, de 13 de octubre , F. 3 ; 3/2004, 14 de enero , F. 3 ; 79/2005, de 2 de abril , F. 2 ; 133/2005, de 23 de mayo , F. 2 ; 327/2006, de 20/Noviembre , FJ 3 ; 52/2007, de 12/Marzo, FJ 2 ; y 25/2010, de 27/Abril , FJ 3).
b).- Para la Sala es claro que ninguna «desproporcion» cabe atribuir a un criterio -el nuestro- que se limita a otorgar el privilegio del art. 71 LRJS a quienes literalmente se les atribuye por la norma [los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social] y a excluir a personas juridicas que no solamente no estan incluidos en la literalidad del precepto, sino que tampoco se hallan comprendidas en ella atendiendo a criterios finalisticos [las Mutuas colaboradoras], y a las que -a mayor abundamiento- tampoco se atisba razon alguna para eximirlas del regimen comun del Derecho Administrativo.
c).- Finalmente, tampoco cabe olvidar que el derecho a la tutela judicial efectiva no es «un derecho de libertad, ejercitable sin mas y directamente a partir de la Constitucion, ni tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la prestacion jurisdiccional, sino de un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujecion a una concreta ordenacion legal», sino que «[e]n cuanto derecho prestacional es conformado por las normas legales que determinan su alcance y contenido y establecen los presupuestos y requisitos para su ejercicio, las cuales pueden establecer limites al pleno acceso a la jurisdiccion, siempre que obedezcan a razonables finalidades de proteccion de bienes e intereses constitucionalmente protegidos [ SSTC 311/2000, de 18 de diciembre , FJ 3 ; 124/2002, de 20 de mayo , FJ 3 ; 73/2004, de 22 de abril , FJ 3 ; 144/2004, de 13 de septiembre , FJ 2 ; 182/2004, de 2 de noviembre , FJ 2 ; 327/2005, de 12 de diciembre , FJ 3 ; 135/2008, de 27/Octubre , FJ 2 ; 40/2009, de 9/Febrero , FJ 4 ; 165/2011, de 3/Noviembre, FJ 3 ; y - Pleno- 20/2012, de 16/Febrero , FJ 7).
QUINTO.- Las precedentes consideraciones nos llevan a afirmar -tal como informa el Ministerio Fiscal- que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida por la sentencia de contraste y que -en consecuencia- la recurrida ha de ser revocada. Sin imposición de costas [ art. 235.1 LRJS ]".
En este transcripción se recoge, pues, cuanto puede oponerse a la vulneración que en su escrito de impugnación sostiene la Mutua demandante que se produce de vulneración de los arts 14 y 24.1 de la CE con la doctrina de nuestra sentencia de 15 de junio de 2015 .
Por su parte, en fin, nuestra más reciente sentencia de 21 de junio de 2016 recaída en el rcud 1459/2015 , en su segundo fundamento de derecho, puntos dos y tres, alude, con remisión a la jurisprudencia anterior que cita, a la limitada funcionalidad del art 71.4 de la LRJS y a la imposible extensión del privilegio a las Mutuas, en términos que cabe igualmente dar por reproducidos, sin perjuicio, de todos modos, de transcribir el apartado b) del primero de tales puntos (2) que dice que " una cuidada lectura del art 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va exclusivamente referida al "reconocimiento" de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizadoy que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al "beneficiario", no a las Entidades colaboradoras , las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamación previa. Así las expresiones utilizadas por la norma ("materia de prestaciones", "alta médica", "solicitud inicial del interesado", "reconocimiento inicial", "modificación de un acto o derecho", y, sobre todo, "en tanto no haya prescrito el derecho", resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la "prestación" sino la imputación de su responsabilidad y que con su consentimiento había adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia".
En igual sentido de cuanto antecede, nuestras posteriores sentencias en la materia de 11 de octubre de 2016 ( rrcud 2170 , 2218 , 3092 y 3441/2015 ), entre otras.
En virtud de todo cuanto queda dicho, sin necesidad ya de mayores argumentos en el mismo sentido y de conformidad con la propuesta del Mº Fiscal, procede estimar el recurso interpuesto.
Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2015 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso de suplicación núm. 317/2015 , formulado frente a la sentencia de fecha 13 de octubre de 2014, dictada en autos 1193/2013 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Donostia - San Sebastián, seguidos a instancia de MUTUA MUTUALIA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2, contra el INSS, la TGSS, DOÑA Claudia y OSAKIDETZA-HOSPITAL DONOSTIA, sobre PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y absolvemos de toda responsabilidad al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con el objeto de demanda. Sin costas.
STSJ Asturias 1145/2016, 24 de Mayo de 2016

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