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Timestamp: 2018-12-11 05:46:50+00:00

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Texto 16 Hume
REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 2.a Época, n.° 8° (2001), págs.
DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS
Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN
Dra. en Derecho. Profesora de Derecho Penal. Universidad de Zaragoza
I. INTRODUCCIÓN. II. LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO DELITOS ESPECIALES.
1. Delitos comunes y delitos especiales. 2. Naturaleza y fundamento material de la limitación de la esfera de posibles autores
en los delitos contra la Administración pública. 2.1. La infracción de un deber jurídico. 2.2. La relación entre el autor idóneo y
el bien jurídico protegido. 3. La teoría del dominio social como
fundamento material de la responsabilidad en los delitos contra la Administración Pública. 3.1. El dominio social como accesibilidad al bien jurídico. 3.2. La implicación del bien jurídico
en el ejercicio de una función social derivadad de un status personal. 3.3. Las características de la acción típica de dominio social. III. SUJETOS ACTIVOS QUE NO OSTENTAN EL STATUS FORMAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO O
AUTORIDAD 1. Supuestos de autoría de un particular que participa en el ejercicio de funciones públicas expresamente tipificados. 2. Supuestos de autoría de un particular expresamente
tipificados. 3. Supuestos de participación expresamente tipificados. IV. EL PARTÍCIPE EXTRANEUS EN LOS DELITOS
COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMETIDOS POR UN INTRANEUS 1. La diferenciación en
el tratamiento de la participación delictiva en los delitos especiales propios e impropios 2. La atenuación de la pena del partícipe extraneus en un delito especial.
Una investigación sobre los delitos contra la Administración Pública regulados en el Título XIX1 en los artículos 404 a 445 del Código penal de 1995 como prototipo de los delitos especiales2, requiere el tratamiento de las dificultades que plantea desde un punto de vista
dogmático la participación en tales delitos3, lo cual se ha convertido,
con carácter general, en un tema profundamente controvertido4. Los
problemas fundamentales en torno a los delitos especiales se circunscriben a la teoría de la autoría y de la participación5. Por una parte, en
el ámbito de la participación la mayor parte de las cuestiones dudosas,
* Abreviaturas utilizadas: ADPCP: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales;
AP: Actualidad Penal; AT: Allgemeiner Teil; CP: Código penal; CDJ: Cuadernos de Derecho Judicial; EpenCr: Estudios penales y criminológicos; FS: Festschrift; GA: Goltdammer´s Archiv für Strafrecht; LH: Libro Homenaje; LK: Leipziger Kommentar; ob.
cit.: obra citada; PG: Parte General; RDPCr: Revista de Derecho Penal y Criminología;
SK: Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch; StGB: Strafgesetzbuch; Vol.:
volumen; ZStW: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.
Véanse en torno a esta rúbrica, a mero título de ejemplo, MUÑOZ CONDE, F.:
Derecho Penal, Parte Especial, 12ª ed, pp. 921 y ss.; OLAIZOLA NOGALES, I.: El delito
de cohecho, pp. 77 y ss.; MORALES PRATS, F./RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, 2ª ed., Aranzadi, pp. 1161 y ss.; RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: El delito de cohecho, pp. 35 y ss.
Crítico OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.: Derecho penal, poderes públicos y
negocios. (Con especial referencia a los delitos de cohecho), LH-Torío López, 1999, pp.
866 y 867.
Sobre los delitos contra la Administración Pública como delitos especiales, cfr.
CEREZO MIR, J.: Curso, II, 6ª ed., pp. 118 y 119. También destacan la importancia del
bloque de delitos de funcionarios en el estudio de los delitos especiales QUINTERO
OLIVARES, G.: Los delitos especiales y la teoría de la participación, p. 29; ALONSO
ALAMO, M.: El sistema de las circunstancias del delito. Estudio general. Universidad de
Valladolid, Facultad de Derecho, 1981, p. 281; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal,
Parte Especial, 12ª ed, p. 926. En relación a los §§ 331 y ss. del StGB, JAKOBS, G.: Strafrecht, AT, 2ª ed., p. 176 [trad. p. 214]; WAGNER, H.: Amtsverbrechen, Duncker &
Humblot, 1975, p. 21; ROEDER, ZStW, 69, p. 252; JESCHECK, H. H.: LK, 11ª ed.,
1997, comentario previo al § 331, nº 10.
MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN señalan que, en la actualidad, los problemas de
participación en los delitos especiales se plantean casi exclusivamente con relación a
los delitos contra la Administración pública cometidos por Autoridad o funcionario
público; cfr. MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN, Derecho Penal, 4ª ed., tirant lo blanch,
2000, p. 516.
Cfr. con carácter general y no sólo circunscrito a los delitos contra la Administración pública, HERNANDEZ PLASENCIA, J. U.: La autoría mediata en Derecho penal, Comares, 1996, p. 303.
Cfr. LANGER, W.: Das Sonderverbrechen, p. 462. ROXIN considera que la significación práctica de los delitos de infracción de un deber como fundamento material
de la limitación de la esfera de posibles autores en determinados delitos, reside ante
todo en el ámbito de la autoría y participación; cfr. ROXIN, C.: Diskussion im Ansch-
REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA...
como ha señalado Samson, «se pueden reconducir a la problemática de
en qué modo se han de repartir los elementos del tipo de delito entre los
autores principales y los partícipes, de qué elementos tiene que mostrar
el partícipe y cuáles el autor principal»6. Por otra parte, se plantea el
problema relativo al quantum de la pena a imponer al extraneus que
participa en un delito especial —propio o impropio— cometido por un
intraneus, y en quien no concurren las condiciones personales exigidas
en el autor. En nuestro ordenamiento jurídico penal, a diferencia de lo
que sucede en el Código penal alemán7, no se resuelve esta cuestión de
un modo expreso lo que nos obliga de lege lata a deducir la pena a imponer al partícipe extraneus del marco correspondiente al autor intraneus8. La situación que se deriva de una estricta aplicación de la ley penal ha sido calificada de “insatisfactoria”9, razón por la cual la doctrina
ha propuesto una solución que se evidencia asimismo en una nueva corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo, que supone la atenuación de la pena del partícipe no cualificado en un delito especial y la
equiparación punitiva del partícipe extraneus en un delito especial propio respecto del partícipe en un delito especial impropio10.
El punto de partida con el que debemos comenzar es la determinación del fundamento material de la limitación de la autoría en estos delitos especiales a determinadas categorías de sujetos, ya que ello condicionará tanto el tratamiento de la participación del extraneus en esta
luß an den Vortrag von Prof. Dr. Bacigalupo. Sonderausgabe zum Taiwanesisch-DeutschSpanischen strafrechtlichen Symposium. Chengchi Law Review, vol. 50, 1994, p. 414.
Cfr. SAMSON, H. J.: SK, 5ª ed., comentario previo al § 26, nº 3, p. 36; de acuerdo PEÑARANDA RAMOS, E.: La participación en el delito y el principio de accesoriedad, p. 336. MIR PUIG señala igualmente que «un importante problema particular que
plantea la accesoriedad de la participación es si deben comunicarse al partícipe las
condiciones personales del autor o, por el contrario, cada sujeto interviniente debe responder de aquellos elementos personalísimos que sólo en él concurren»; cfr. MIR
PUIG, S.: Derecho Penal, PG, 5ª ed., L 15/40.
Sobre la regulación positiva en Alemania del partícipe extraneus en el delito especial véase STRATENWERTH, G.: Strafrecht, AT, 4ª ed., Carl Heymanns Verlag, Köln,
2000, § 12, nº 191 y 192.
Véase, en este sentido GRACIA MARTIN, L.: El actuar en lugar de otro, II, Ed.
Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 115, nota 64.
Cfr., por ejemplo, CHOCLAN MONTALVO, J. A.: La atenuación de la pena del partícipe en el delito especial propio, AP, n.º 8, 1995, p. 95.
Sobre esta corriente jurisprudencial, véanse, CHOCLAN MONTALVO, J. A.: La
atenuación de la pena del partícipe en el delito especial propio, AP, n.º 8, 1995, pp. 95 y
ss.; MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. B.: La atenuación de la pena al partícipe no
cualificado en delitos especiales. (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de
18 de enero de 1995 y 24 de junio de 1995), AP, nº. 8, 1996, pp. 19 y ss.; MIR PUIG, C.:
Los delitos contra la Administración pública en el nuevo Código penal, J. M. Bosch, Barcelona, 2000, pp. 72 y ss., en relación con el delito de prevaricación de los funcionarios públicos.
Comares.: Strafrecht.. 14 SILVINA BACIGALUPO considera. atendiendo según un sector doctrinal a una mejor individualización de la pena11. GIMBERNAT ORDEIG. RDPCr.: Lehrbuch. nº. Ed. AT. cfr. Algunas cuestiones de participación en el delito fiscal. 141 y ss. Derecho Penal. p. S. G.: Principios. 11.. PG. MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS. J. E. I. H. JESCHECK. G.: Derecho Penal.. JAKOBS. MIR PUIG. J. 15 Cfr..: La autoría mediata en Derecho penal. E. 4ª ed. CEREZO MIR. 160.: Curso. por ejemplo. pp. 355.: Autor y Cómplice. por ejemplo. p. nº16. Curso. 5ª ed. LUZON PEÑA. 1. 2000. tendentes a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico15.: Derecho Penal. 176 [trad. S. 11 y ss. 1996. PG. AP. porque el criterio de imputación penal es el “dominio del hecho”14 en la medida en que se prohibe a todos los individuos la realización de acciones que quedan dentro de sus posibilidades de actuación.: Derecho penal español. 135 y ss.. 2ª ed.. 12 Véanse. p.. 13 No toda la doctrina acepta el criterio del dominio del hecho como.. nº. p. p. 1 extraordinario. de acuerdo con un amplio sector de la doctrina al que me adscribo. 350 y ss. 304 y 305. 1993.. 5ª ed. 2000. pp.: La atenuación de la pena al partícipe no cualificado en delitos especiales. L. 1996. 260 y ss. II. E. 229 y 230. J. L 9/45. CUELLO CONTRERAS. H. pp. SILVINA BACIGALUPO. 4ª ed. BACIGALUPO. el mismo. G. tirant lo blanch. L 9/45 y ss. p. PG.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. pp. sin embargo. como la cuestión de si le corresponde al partícipe extraneus una pena atenuada por no concurrir en él la cualidad de funcionario público. 303. MIR PUIG. AP. II. U. pp. . Prensas Universitarias de Zaragoza. Delitos comunes y delitos especiales En la doctrina se maneja la distinción entre delitos comunes y delitos especiales en la clasificación de los delitos según la estructura del tipo desde el punto de vista de las características del sujeto activo12.. 16 Cfr. B. Los tipos del delito común describen al autor 11 Véase.. 118. Los delitos contra la Administración Pública como delitos especiales. QUINTERO OLIVARES. p. 293 y ss. p. GRACIA MARTIN./WEIGEND.130 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN clase de delitos. 8. 6ª ed.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. 21. HERNANDEZ PLASENCIA. 214]. 2ª ed. Cuando los tipos delictivos protegen los bienes jurídicos frente a todos podemos considerar. pp. MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN. 5ª ed. p. pp.: El actuar en lugar de otro. T.. 266. por ejemplo.. 401. que el criterio de imputación en los delitos de dominio es la creación del peligro jurídicamente no permitido. que estos tipos son “delitos de dominio”13. (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1995 y 24 de junio de 1995). AT. En estos supuestos nos encontramos con los llamados delitos comunes que pueden ser realizados por cualquier persona16. QUINTERO OLIVARES.
2ª ed.Z. En cambio. L. 118. 302 y ss. p.: El actuar en lugar de otro. PG... 176 [trad. también el artículo 217 del CP: «el que contrajere segundo o ulterior matrimonio». 6ª ed.. L. J. LUZON PEÑA. QUINTERO OLIVARES. MIR PUIG.: La participación en el delito y el principio de accesoriedad. 31. en virtud del cual se explica la limitación de la autoría en los delitos especiales a determinadas categorías de sujetos. DIEZ RIPOLLES ha señalado que el fundamento del acceso restringido de la cualidad personal del sujeto activo en los delitos especiales radica en «la especial significación para el injusto específico del precepto de tales elementos.: Strafrecht. 304 y 305. cfr. 5ª ed. O. L.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. 214]. p. 356. GRACIA MARTIN.: Derecho Penal. p. es el artículo 257 del Código penal de 1995. p. 18 Un precepto en el que el legislador utiliza el anónimo «el que» sin que se trate de un delito común sino especial.: Das Sonderverbrechen. A. 134..REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. pp.: El actuar en lugar de otro.: El actuar en lugar de otro. Al analizar la acción típica observamos que no cualquier persona puede ser este «el que». p. . 6ª ed.. RDPCr. 6ª ed.. exige la condición de cónyuge en un primer matrimonio. pp.: Curso.U. GRACIA MARTIN. G. pp.: Strafrecht.. 10/128. L. la distinción entre delito común/delito especial no es una distinción meramente formalista sino que tiene un fundamento material. por ejemplo. G. 51. 1995. II. D. CEREZO MIR. 131 mediante el anónimo “el que”17. 20 Véase ARMIN KAUFMANN. p. los delitos especiales se caracterizan porque la acción típica sólo puede ser realizada por aquella persona que reúne determinadas cualidades19 que precisan más al sujeto de la norma. p.. 3ª ed. BOLDOVA PASAMAR.: Curso. I. PG. MIR PUIG. Cfr. 119. como señalara Quintero Olivares. C. 95. siguiendo a Piotet. QUINTERO OLIVARES. J. AT. S. estaremos en presencia de un delito especial21. p.. que llega al punto de que se cierre el acceso al injusto típico a todo aquel que no acceda a esos elementos de modo inmediato y completo». GRACIA MARTIN.. Civitas-P. 22 Cfr.: Una interpretación provisional del concepto de autor. QUINTERO OLIVARES. M. 19 Véanse PEÑARANDA RAMOS. II. en propios e impropios. p. II. 15. 119. 383. p. I. Quintero Olivares. S.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. II. a su vez. al autor del acto normado20. 88 y ss. véase LANGER. 21 Cfr.. 304. LUZON PEÑA. M.: Derecho Penal. J.: Curso. AT. D. PG.: El actuar en lugar de otro. 61 y ss. p. pp. GRACIA MARTIN. Lebendiges und Totes. J. M. 283. En torno a esta clasificación y otras. definir lo que significa el con17 Cfr. CEREZO MIR. Los delitos especiales se dividen. sino sólo aquellos que por tener facultades de disposición de un patrimonio pueden atacar de forma penalmente relevante el bien jurídico protegido. E. aunque no siempre es así18. ha señalado que siempre que una condición personal se exija por el sentido del tipo. DIEZ RIPOLLES. L 9/46 y 48.. Si bien es cierto que.. L 9/45. pp. G. PG.: La comunicabilidad de las circunstancias. p. 14 y ss. 1998. p. ROXIN. p. pp. donde se recoge en su primer apartado que «Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1º El que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores». Sin embargo. G. CEREZO MIR.: Los delitos especiales y la teoría de la participación.. Los delitos especiales propios no tienen una figura delictiva común paralela mientras que los delitos impropios sí tienen una correspondencia con un delito común22.: Curso. I. nº. L. 5ª ed. 344 y ss. W.: Curso. 1. JAKOBS.
por todos. 29 Véase. se han indicado dos vías que fundamentan la limitación de la esfera de posibles autores a los funcionarios públicos o Autoridades. p. 76 y ss. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación. En todo caso. 2. los deberes positivos surgen de una relación especial como. no obstante. pp. si bien es cierto que el dominio del hecho es un criterio que se utiliza para determinar el concepto de autor en la mayor parte de los delitos. pp. Véase JAKOBS. 1978. Para la primera vía. QUINTERO OLIVARES. El titular del deber positivo desempeña un rol especial que constituye una característica personal especial. pp. Es necesario advertir.. G. nº 22 y ss. 142 y ss. 25 Cfr. II. § 12. 59 y ss. tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados. pp. Sánchez-Vera27 y Gracia Martín28. tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. Naturaleza y fundamento material de la limitación de la esfera de posibles autores en los delitos contra la Administración Pública En un gran número de los delitos contra la Administración pública se exige una determinada condición para ser autor que constituye un elemento del tipo objetivo: la de ser funcionario público o Autoridad29. Jakobs26. Stratenwerth25. pp. W. 4ª ed. 2. En general.: Curso. Duncker & Humblot.: La omisión: estado de la cuestión. no es un principio universal que pueda ser aplicado por igual a toda clase de de23 Cfr. en el ámbito de los delitos contra la Administración pública..: El actuar en lugar de otro. la que existe entre el empleado público y el ciudadano. J. J. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas». que el CP proporciona un concepto penal específico de funcionario público o autoridad en el artículo 24 según el cual. SANCHEZ-VERA.: Das Sonderverbrechen. GRACIA MARTIN. LANGER. 26 JAKOBS diferencia entre deber negativo y deber positivo que le conduce a la distinción entre delito común y delito de infracción de deber.132 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN cepto de delito especial en la doctrinal es excepcional23. Civitas. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. 390 y ss. del Senado.. p. CEREZO MIR. I. 1999. 118. 349 y ss. 6ª ed. «1. 17. por ejemplo. L. 67 y ss. G.: Bruns-Festschrift. § 8. AT. STRATENWERTH. de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Ed. G. .: Pflichtdelikt und Beteiligung. en la mayoría de los delitos especiales y. Mientras que los deberes negativos provienen del status general de la Persona. hay que mencionar los esfuerzos de Langer24. 2000. nº 4 y 5. 24 Cfr. 28 Cfr. Se plantea así la cuestión de explicar la naturaleza y el fundamento material por el que algunos tipos limitan la esfera de posibles autores.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. en concreto. Strafrecht. 27 Cfr. EL MISMO.
JAKOBS. ADPCP. Para la segunda vía. 7ª ed. B. 1997-3.. pp. pp. § 8. p. 51. 385 y ss. p. J. AP. QUERALT I JIMENEZ.: Strafrecht. E... Derecho penal español.. sobre los delitos de infracción de deber. 137 y ss. ZUÑIGA RODRIGUEZ explica la relación del funcionario con el sujeto activo a través de la posición especial del funcionario que ostenta una serie de facultades en relación al bien jurídico. ZUÑIGA RODRIGUEZ. 96 y ss. 1997. Fundamento del deber jurídico. G. En palabras de Stratenwerth «sólo es decisivo el deber especial y no la posición del autor»34.: Autor y Cómplice. J. p. 51 y ss. Valencia. C..: Los delitos especiales y la teoría de la participación. AT. En España aceptan esta construcción. GOMEZ BENITEZ. pp. 385 a 434. pp.. 363 y ss. pp.. pp. 126 y ss. ADPCP.º 8. E. la conducta del autor de los delitos especiales lleva aparejada la infracción de un deber jurídico específico32 que constituye lo injusto jurídico-penalmente relevante33. Duncker & Humblot.: Strafrecht. cfr.. 372 y ss. 4ª ed. 2ª ed. C. AT. pp. sobre todo por Roxin35 con las elaboraciones posteriores 30 Véase. sino que respecto a algunos de ellos.. DIEZ RIPOLLES. 14. determina la posición instrumental respecto al bien jurídico protegido —único en su opinión— que es común tanto a particulares como a funcionarios públicos. J.: Autoría y dominio del hecho. 2ª ed.: Sobre la naturaleza de los delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos..REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. G. Barcelona. Estudios Jurídicos en memoria del Dr. pp. 7ª ed.. GRACIA MARTIN. se basa en la existencia de una determinada relación entre el autor idóneo del delito especial y el bien jurídico protegido que constituye un presupuesto del tipo31. pp. SANCHEZVERA. pp. sobre todo en los delitos de funcionarios. R. La infracción de un deber jurídico En la dogmática actual se puede considerar opinión dominante que desde un punto de vista material y en relación con el contenido de lo injusto. ARMIN KAUFMANN. GIMBERNAT ORDEIG. nº 4. 1993.. 22 y ss. 296. I. 35 Cfr. 1984. ROXIN. . 32 Véase CEREZO MIR.: Strafrecht. De esta concepción se han extraído unas consecuencias para la teoría de la autoría y de la participación. RDPCr. pp. 1995. 1681. principalmente. Véanse también los autores citados por QUINTERO OLIVARES. 169. PPU. 742 y ss. Casabó Ruiz.. p. 1984. G. FEIJÓO SANCHEZ. 2000. nº 4.: Autoría y dominio del hecho.]. G. D. STRATENWERTH. 34 Cfr.: Principios. [trad. II. 791 y ss. 6ª ed. 4ª ed. 142 y ss.: Una interpretación provisional del concepto de autor. 1. 133 litos. 1998. § 8. 2. p. Vamos a ocuparnos de sendas aportaciones incidiendo en los argumentos que emplean para limitar la esfera de posibles autores. MENDEZ RODRIGUEZ. L. L. 31 Cfr.. C.: El actuar en lugar de otro. n. L. AT. pp. STRATENWERTH. PE. 1. pone de manifiesto la esencial importancia de la infracción de un deber en los delitos especiales. CHOCLAN MONTALVO. 655 y ss. 33 Cfr. la autoría se debe determinar con arreglo a otros criterios como la infracción de un deber30. 119 y 154..: La atenuación de la pena del partícipe en el delito especial propio. ROXIN. 338 y ss. 1999. nº. con referencias bibliográficas.: Libertad personal y seguridad ciudadana. BACIGALUPO. Civitas. 160 y ss. pp. EL MISMO..: Curso.. 37 y 38. 568. Ed. p. pp. 36. J. el fundamento material de la limitación de la autoría en estos delitos especiales a determinadas categorías de sujetos. La Ley.: Pflichtdelikt und Beteiligung.: Delitos contra la Administración pública. 4ª ed. 114 a 118.. La omisión: estado de la cuestión. A. J.
7ª ed.: Autoría y dominio del hecho. 50. 385 y ss. Se trata de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma y. 37 Cfr. p. WAGNER en Alemania ya planteó que no quedaba claro por qué el deber es un deber extrapenal. 2ª ed. WAGNER. 386. 791 y ss. Diskussion im Anschluß an den Vortrag von Prof. Dr. como sucede con los deberes jurídico-públicos de los funcionarios. 39 Cfr.: Autoría y dominio del hecho. Sonderausgabe zum Taiwanesisch-Deutsch-Spanischen strafrechtlichen Symposium. los mandatos de sigilo en ciertas profesiones o estados y las obligaciones jurídico-civiles de satisfacer alimentos y de lealtad. El propio ROXIN ha considerado que la concepción de delitos de infracción de un deber ha sido «asumida y mejorada por JAKOBS». cfr. 655 y ss. C. J. cfr. EL MISMO. 7ª ed. 7ª ed. ROXIN. pp. pp. 40 Cfr. 38 Cfr. 414 y ss. 1975. 420 y 421. «Los conceptos de "dominio" y de "deber".: Pflichtdelikt und Beteiligung. cit. p. 387 y 388. pp. se originan en otras ramas jurídicas. cuya infracción consciente fundamenta la autoría39. como autores. relativa en concreto a la interpretación de los tipos individuales»... C.: Strafrecht. Bacigalupo. En la sexta edición de su libro ROXIN se ha cuestionado que todos los deberes especiales sean de índole extrapenal. ROXIN. ROXIN. Chengchi Law Review.]. 41 Cfr.. 367 y ss.: Autoría y dominio del hecho. se presentan frente a los respectivos tipos como datos previos de estructura definida. En opinión de Roxin debe distinguirse entre delitos en que la autoría y participación se delimitan con base en el criterio del dominio del hecho37 y delitos que consisten en la infracción de un deber38. EL MISMO. cfr. 401. AT. Para Roxin en los delitos de funcionarios se pone de manifiesto que no es la condición de funcionario lo que convierte a un sujeto en autor. 1999. p. p. EL MISMO. en opinión de Roxin.. C. [trad. En estos delitos el partícipe se caracteriza por una “participación sin infracción de deber especial”41 y 36 Cfr.. H. pp. JAKOBS. Para ROXIN. En todos estos casos el criterio determinante para la autoría se basa en la infracción de un deber que. pp. Duncker & Humblot. 743. entre los que bien es cierto que el legislador elige según sus intenciones. SANCHEZ-VERA. sino marcadamente teleológica. EL MISMO. 7ª ed. Duncker & Humblot.. G. cfr.134 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN de Jakobs36. «la delimitación entre delitos de infracción de deber y de dominio no es una cuestión lógico-conceptual. una vez realizada la elección... 1994. 211. p. que aisladamente considerados muestran un carácter más o menos normativo. vol. pp.: Amtsverbrechen. 7ª ed. tiene un carácter extrapenal y que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el delito pero que es necesaria para la realización del tipo. 72. 7ª ed. ob. p.. pero que. caracterizan la regulación de todas las cuestiones de participación». ROXIN.: Autoría y dominio del hecho. ROXIN. . precisamente debido a esta obligación40.: Autoría y dominio del hecho. cit. C. cit. C. por lo general.. Todos ellos se caracterizan porque el obligado sobresale entre los demás cooperadores por una especial relación con el contenido de injusto del hecho y porque el legislador los considera como figura central del suceso de la acción. ROXIN. ob. p. ob. C. pp. 644. 421.: Autoría y dominio del hecho. sino que más bien es el deber específico (que se deriva de tener encomendada una concreta materia jurídica) de los implicados de comportarse adecuadamente.
[pp. Duncker & Humblot. pp. ya de propia mano.: Intervención delictiva e imputación objetiva. A juicio de Jakobs existen delitos en los que determinadas personas tienen que responder de la existencia de un bien y no sólo de que la propia organización no afecte a un bien.: Pflichtdelikt und Beteiligung. p.. Cfr. LUZON PEÑA. E. cit.: La prevaricación del funcionario público. en tanto que garantes. 126 y ss. ob. a juicio de Roxin es irrelevante en esta clase de delitos42.: Autoría y dominio del hecho. esta concepción vulnera el principio de legalidad como señaló Gimbernat. 945. menoscabándolo. 401. 1996. SANCHEZ-VERA. OCTAVIO DE TOLEDO. 296 y 298. pp. 1995. pp. 1995.: Curso. La imputación objetiva en Derecho penal. 229. 29 y ss. BOLDOVA PASAMAR considera que esta construcción puede trans42 43 . ni cualitativa ni cuantitativa. En segundo lugar. cfr. ROXIN. 791]. cit. Aluden igualmente al principio de legalidad para rechazar la opinión de ROXIN. SANCHEZ-VERA. 2ª ed. H. pp. ob. pp.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. EL MISMO. p. 137 y ss.: Intervención delictiva e imputación objetiva. un cualificado sector doctriCfr. EL MISMO. J. En primer lugar. para quien aunque en los delitos especiales la infracción del deber juega un papel muy destacado. el mismo. Cfr. 1966. Duncker & Humblot. Sobre los deberes en virtud de responsabilidad institucional.. ADPCP. a la tutela institucionalmente asegurada de un bien43.. ADPCP. EL MISMO. p. 305 y 306. 135 la cuestión del dolo del hecho principal que decide sobre el dominio del hecho. 168. D. 926 y 927. p. 44 Cfr. 944 y 945]. Véase también LESCH. JAKOBS. acciones de autoría si el Código penal no lo dice expresamente45. AT. en los delitos de infracción de un deber «no hay absolutamente ninguna diferenciación de las distintas formas de intervenir en el delito. cfr. EL MISMO. ob. MUÑOZ CONDE. 655 [trad. J. E. en su opinión. cooperación necesaria o complicidad. y así. cfr. p. ob. ya mediante aportes cuantitativamente preferentes o de poco valor. C.. En los delitos de infracción de un deber los autores están obligados. Parte Especial.: Derecho Penal. cfr. 944. 145 y 146. p. 45 Cfr. Así los delitos de funcionarios públicos son. p.: Strafrecht. Sobre los fundamentos en la distinción entre delitos de dominio y delitos consistentes en la infracción de un deber.: Autor y Cómplice. 12ª ed. PG.. qua lesión del deber» [cfr. pp. H. a cuyo tipo sólo puede acceder un extraneus con ayuda de un intraneus y como compensación al extraneus se le otorga el privilegio previsto en el parágrafo 28 del StGB. 7ª ed. 994 y 995]. En su opinión puede haber una intervención accesoria entre el extraneus y el obligado especialmente «per organización y no. cit. 1999. GIMBERNAT ORDEIG. LESCH. pp. Civitas. ya mediante un hacer positivo o por omisión. de modo que para el tipo del delito de infracción de un deber un dominio del obligado es irrelevante: el obligado es siempre autor y ello con independencia de si ostenta o no el dominio del hecho44. Esta opinión doctrinal ha generado una serie de críticas que se pueden resumir en las siguientes tesis. pp. interpretables como delitos de organización. 67 y ss. Muy por el contrario rige el principio de autor único: todo quebrantamiento del deber. 1999. A juicio de LESCH... cit. G.. 943 y ss.: Pflichtdelikt und Beteiligung. M. sobre la exposición de JAKOBS.. Roxin va demasiado lejos porque el principio de legalidad prohibe que se considere a las acciones de inducción. conduce a una responsabilidad completa: como autor». p. F.
Dr. 416. M. pero fundamentar en estos casos la tipicidad del delito especial en la infracción de un deber específico de naturaleza extrapenal supone una tautología49. 366. 245. GRACIA MARTIN. M. L. BOLDOVA PASAMAR. GRACIA MARTIN. “deber de obediencia”. p. E. Casabó Ruiz. 433. Valencia. 413. cit. pp. . 334 y 336 cuando analiza el tipo de la apropiación indebida del artículo 535 del anterior CP. 1997. pp. pp. 333 y 334. J. 439. EL MISMO. 438. 432. 419. p. 48 En los delitos contra la Administración Pública se recogen una serie de deberes extrapenales en cuanto vienen impuestos no por la ley penal. EL MISMO. 416. 442. A. 337. C. 357 y ss. 49 Véase GRACIA MARTIN. D. Diskussion im Anschluß an den Vortrag von Prof. “deber de subordinación”. I.: El actuar en lugar de otro. 420. SCHÜNEMANN puso también de manifiesto que en la mayor parte de los delitos especiales no se puede afirmar que los tipos incorporen la infracción de deberes extrapenales. SCHÜNEMANN.: Sobre la naturaleza de los delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. D. L. vol. 305. 47 Cfr. 414. p. sino por la correspondiente norma administrativa de organización. 280 y 281. pp. Bacigalupo. pp. La infracción de un deber jurídico extrapenal como fundamento material de la responsabilidad en los delitos contra la Administración gredir «el significado que tiene la participación dentro de un sistema restrictivo de autor como el nuestro. Chengchi Law Review. Sonderausgabe zum Taiwanesisch-Deutsch-Spanischen strafrechtlichen Symposium. véase. en virtud de la índole de sus aportaciones no ha previsto como tales». 92 y 94 cuando analiza diversos tipos del Código penal alemán. I. 415. Cfr. 93. LUZON PEÑA. además. infringiendo abiertamente el principio de legalidad. 421. nos conduce a la afirmación de Muñoz Conde.: La comunicabilidad de las circunstancias. etc. Cfr. 417. en los delitos contra la Administración pública tiene lugar efectivamente la infracción de un deber48 que se pone de relieve claramente cuando en muchos tipos penales incluidos en el Título XIX. según el cual es poco indicativo de la naturaleza de estos delitos la constatación de un vago quebrantamiento de deberes profesionales50. Estudios Jurídicos en memoria del Dr.: El actuar en lugar de otro. GRACIA MARTIN alude al “deber de fidelidad”. 441. R. Con carácter general. 46 Cfr. 445 bis).: La prevaricación del funcionario público. se alude expresamente al quebrantamiento de una función encomendada al funcionario público o a la autoridad “por razón de su cargo” (arts. 335 y ss. I. cfr. OCTAVIO DE TOLEDO. nota 223. y ha negado que la infracción de un deber extrapenal sea la ratio essendi de tales delitos47 pues.. B. 436.: Curso. ob. L. 50. 335. Y. véase MENDEZ RODRIGUEZ.136 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN nal ha considerado que el criterio de la infracción del deber no es el adecuado para una correcta interpretación de los delitos especiales46. B. I.: Unternehmenskriminalität. pp. pp.: El actuar en lugar de otro. 425. por hacer autores a quienes la ley. GRACIA MARTIN denuncia que la estructura de los delitos consistentes en la infracción de un deber lleva a consecuencias dogmática y político-criminales discutibles y que estos delitos no sólo consisten en la infracción de un deber. pues afirmar lo contrario nos llevaría a deducir que lo injusto de estos delitos se agota en el desvalor de la acción. pp. p. PG. 1994. GRACIA MARTIN.: El actuar en lugar de otro.: Unternehmenskriminalität. 428. véase SCHÜNEMANN. L.
. GRACIA MARTIN. L. I. pp. p. nota 132. 128..: GA.: Unternehmenskriminalität. I. En virtud de las críticas vertidas a este criterio de la infracción de un deber algunos autores han elaborado un criterio material que fundamenta la limitación de la autoría basado en la idea rectora del dominio. 54 Cfr. B. pp.17. 57 Véase BOTTKE. Así. construye un principio normativo que sirve como principio fundamentador de cualquier forma de autoría en los delitos “especiales de garante”. p. y aunque sobre la infracción de estos deberes recae un juicio de valor negativo. 52 Véase ARMIN KAUFMANN. 922. A. p. 408 y ss. p. Täterschaft und Gestaltungsherrschaft. cfr. desmarcándose de los planteamientos de Roxin. 1986. Lebendiges und Totes. quedan obligados por la norma penal a actuar de una determinada manera o a abstenerse de actuar53. 56 Véase SCHÜNEMANN. en las siguientes palabras de BOLDOVA PASAMAR. pero al fin y al cabo también los primeros aparecen sujetos al deber general de no fomentar hechos que presentan esos caracteres delictivos». B. un deber “personalísimo” de realizar u omitir una acción determinada51. I. 92 y 93. y cuya infracción constituye un elemento materialmente relevante para la construcción de los tipos penales52. en los delitos de omisión y en los delitos de comisión activa y que se denomina “el dominio sobre el fundamento del resultado”56. Parte Especial. BOLDOVA PASAMAR. 12ª ed. 141 y ss. pp.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. por ejemplo.: Derecho Penal. para quien «es cierto que sobre los extraños no pesan los deberes específicos que obligan a los autores de estos delitos. Bottke también se refiere a un “dominio de configuración”57. esto no es lo decisivo para la tipicidad. 331. Schünemann55. Cursiva añadida. pp. Un segundo ámbito es el de los deberes extrapenales que tienen como fundamento a una persona en cuanto es centro de imputación de derechos y deberes54. Véase también sobre el deber de actuar del sujeto cualificado formalmente por el elemento de la autoría de dominio social GRACIA MARTIN. 88 y ss. 325. Entre nosotros. 128. 50 51 . véase ARMIN KAUFMANN.. 138 y ss. El deber “personalísimo” de acción penal surge porque unos determinados sujetos tienen un dominio. L. 55 Véase SCHÜNEMANN.: La comunicabilidad de las circunstancias. sin embargo. por ejemplo.: El actuar en lugar de otro.. pp. nota 132. deben distinguirse porque hacen referencia a dos ámbitos diferentes. 100 y ss. 44 y ss. 325. GRACIA MARTIN. 332 y 333.: El actuar en lugar de otro.. p. 53 Sobre la concreción del deber personalísimo de acción en las normas generales y especiales. 137 Pública parte de un presupuesto equivocado: identifica el deber de acción extrapenal con el deber de acción penal que. F. La existencia de este primer ámbito se pone de manifiesto. un poder de disposición sobre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y como han accedido de tal forma al bien jurídico. Así ARMIN KAUFMANN. Un primer ámbito es el del deber de acción penal. 253.. Lebendiges und Totes. Gracia Martín ha fundamentado el sustrato material de un gran grupo de delitos con especiales elementos de la autoría a través del "doVéase MUÑOZ CONDE. L. M. pp.: El actuar en lugar de otro. 60 y ss. Lebendiges und Totes.
que constituyen el elemento esencial para determinar los motivos que han inducido al legislador para restringir la autoría en los delitos especiales. 12 62 Véase GRACIA MARTIN. I. pp. L. necesariamente.138 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN minio social del bien jurídico por el sujeto cualificado”58. GRACIA MARTIN. como cualidad de la autoría. 2. cfr.: El actuar en lugar de otro. 2. p. 60 Véase ARMIN KAUFMANN. La relación entre el autor idóneo y el bien jurídico protegido En la doctrina se ha reconocido que en los delitos especiales existen unas relaciones especiales entre el sujeto idóneo del delito especial y el bien jurídico protegido59. con su relación respecto al oficio público ejercido61. En concreto.: El actuar en lugar de otro. 214]. pp. Este debe ser. p. 2ª ed. para quien Cfr. p. Esta vía ha sido trabajada por Armin Kaufmann. El fundamento material de la responsabilidad en los delitos contra la Administración Pública debe tener en cuenta la exigencia de un dominio que se basa en que el sujeto tiene un poder de disposición sobre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. 15.: Strafrecht. quien ha considerado con carácter general para todos los delitos especiales. 1993. que en ellos el sujeto y la materia de la norma. 61 Véase ARMIN KAUFMANN. cfr. Véase al respecto GRACIA MARTIN. L. el sustrato en virtud del cual el legislador ha establecido un deber “personalísimo” de acción penal para el supuesto de que un sujeto se encuentre en la situación típica de un delito especial. ADPCP. ADPCP.. en los delitos de funcionarios apunta Armin Kaufmann que la caracterización de la función pública. Recientemente también ha apuntado esta cuestión CUELLO CONTRERAS quien señala que sólo pue58 59 . 30. JAKOBS considera que el grupo de los delitos especiales alcanza perfiles más precisos si se le reduce a la alternativa de si el autor del delito en cuestión sólo puede ser una persona que. resultan caracterizados al mismo tiempo mediante una relación especial entre el sujeto y la materia de la norma o mediante el no ejercicio o ejercicio defectuoso de una función por parte de su titular60. 354 y ss.. 368 y ss. Esta tesis ha sido también sostenida entre nosotros por Gracia Martín62. nº. 1984. G. 16. p. Fundamento del deber jurídico. El menoscabo de las funciones de la Administración tiene lugar “desde dentro” y “durante” o con motivo del ejercicio de las propias competencias». ASUA BATARRITA. 176 [trad. con independencia de la comisión del delito. A. aparece unida con la cualidad especial de la acción. I. I. IVAP. EL MISMO. pp.: El actuar en lugar de otro. pp.: La tutela penal del correcto funcionamiento de la Administración. p. JAKOBS. o de si la relación con el bien sólo la proporciona el comportamiento delictivo. 1984. 230 y 231. se encuentra en una relación (estatus) con el bien jurídico (delito especial en sentido estricto). Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal.1997. AT. AP. Fundamento del deber jurídico. autor y acción u omisión típicas. ASUA BATARRITA ha señalado también específicamente en los delitos contra la Administración del Título XIX que el «elemento común en la mayor parte de las figuras del grupo es el ejercicio de las funciones del cargo como situación desde la que se realiza la conducta ilícita. 338 y ss. L.
La teoría del dominio social como fundamento material de la responsabilidad en los delitos contra la Administración Pública Si nos centramos en la formación de los tipos delictivos especiales se constata la existencia de dos grandes grupos65. L. pp. Universidad de Valladolid. Por un lado. . 16. 282 y 283. y que pone de manifiesde ser autor de los delitos de funcionarios «quien desempeñe una función pública en cuyo seno se realice la actividad delictiva». 64 Véanse ARMIN KAUFMANN. y que Gracia Martín denomina relación de dominio social63. destacan los delitos con especiales elementos de autoría basados en cualidades personales inseparables de un sujeto determinado. A su juicio «la distinción entre figuras de delito en que el sujeto se encuentra en una especial posición jurídica. EL MISMO. I. 403 y ss.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal. 78 y ss. Tirant lo blanch.. El actuar en lugar de otro. AP.. señala asimismo que entre los delitos especiales por excelencia. de tal forma que son irremplazables dichos elementos66. Valencia. 79. 230 y 231. 242 y ss. 12. pp. cfr. p. ob. M. 401. ALONSO ALAMO.. 1993. 2ª ed. 65 Véase también la clasificación de ROEDER. 1984. Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales. y figuras de delito en que el sujeto se encuentra en una especial posición social puede ser traída aquí a efectos de distinguir entre los delitos de los funcionarios públicos. En suma. cfr.: El actuar en lugar de otro. Fundamento del deber jurídico. por lo demás. Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales. pp. pp.. los delitos de funcionario público. 66 Véase GRACIA MARTIN. GRACIA MARTIN. por ejemplo. por ejemplo. LA MISMA. de un lado. diferencias sustanciales.: Derecho penal español. 368 y ss. 1993. es decir. 63 Véase GRACIA MARTIN. 354 y ss.. I. L. ADPCP. p. para esta postura los delitos especiales se caracterizan por la valoración del comportamiento con base en el ejercicio de una función64. Facultad de Derecho. destaca otro grupo de delitos en los que el elemento de autoría introducido en el tipo describe una función social o institucional del sujeto cualificado. cit. 1993. J. de otro». Así. Valencia. Estudio general.: El sistema de las circunstancias del delito. vida humana independiente y libertad. p. pp.: ZStW. 1957. nº. H.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. que determina una estrecha y peculiar relación entre el sujeto competente para su ejercicio y el o los bienes jurídicos involucrados en el ejercicio de aquella función. 139 el fundamento material de la limitación de la autoría en los delitos especiales a determinadas categorías de sujetos se basa en el ejercicio de una función específica. p. 282. la condición de cónyuge en un primer matrimonio que se exige en el artículo 217 del CP. Tirant lo blanch. EL MISMO. En el siguiente epígrafe indagaremos sobre la relación concreta de dominio social en el ámbito de los delitos contra la Administración pública. pp. pp. vida humana independiente y libertad. Por otro lado. CUELLO CONTRERAS. y el parricidio. y el parricidio. I. L. 1981. EL MISMO. 3. existen.: El actuar en lugar de otro..
357 y ss. nº. cuando el legislador construye los tipos delictivos especiales se guía por la idea del “dominio sobre la vulnerabiliCfr. AP. pp. GRACIA MARTIN. 69 Cfr. p. 75 En los tipos especiales propios se manifiesta que algunos bienes jurídicos existen únicamente en el seno de determinadas estructuras sociales o institucionales en las que o bien cumplen su función social. EL MISMO. 73 Véase con carácter general GRACIA MARTIN. I. Si se analizan los tipos de los delitos contra la Administración pública. 356 y ss Véase GRACIA MARTIN. EL MISMO. I. L. AP. AP. 361 y ss. L. 231. GRACIA MARTIN. 1993. y es definido como la posibilidad normativa de ejercicio del dominio del hecho70. 1993.140 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN to la posición de dominio del ámbito de protección de la norma que ostentan ciertas clases de sujetos frente al resto67. con carácter general. vida humana independiente y libertad.: El actuar en lugar de otro. 1) El dominio social como accesibilidad al bien jurídico. 16. constituye un criterio rector de interpretación71 de los delitos contra la Administración pública y se concreta mediante los siguientes criterios normativos en el ámbito de tales delitos72: 3. 72 Cfr. Esta característica se puede apreciar tanto en los delitos especiales propios como en los impropios75. sino que desempeñan una concreta y específica función social dentro de unas estructuras sociales o institucionales “cerradas” a las que no tienen acceso legítimo todos los individuos73. p. L. En efecto. Esta posición que Gracia Martín denomina “dominio social”. como ha señalado Gracia Martín. 357. El actuar en lugar de otro. GRACIA MARTIN.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal. 1993. algunos bienes jurídicos sólo son accesibles de un modo especialmente relevante desde el interior de una determinada estructura social o institucional de carácter cerrado (estructuras de dominio social) en la que aquél debe desarrollar y cumplir una función social específica74. Por ello. pp. o bien es la función que desempeñan en la propia estructura social o institucional la que tiene como misión su desarrollo y su fomento para alcanzar determinados fines sociales o individuales. L. pp. Valencia. GRACIA MARTIN. El actuar en lugar de otro. 359 y ss. 71 Cfr. L.: El actuar en lugar de otro.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal. p. 74 GRACIA MARTIN. 231. 16. pp.: El actuar en lugar de otro. p. p. Estos bienes jurídicos sólo pueden ser lesionados por aquel individuo que ejercita las funciones propias de 67 68 . El “dominio social” es una característica objetiva del tipo de lo injusto de un gran número de delitos especiales69. con carácter general. I.: El actuar en lugar de otro. 16. 70 Cfr. Tirant lo blanch. 230. se pone de relieve que los bienes jurídicos que se protegen no se hallan en un espacio social accesible a todos. GRACIA MARTIN. p. I. nº.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal. nº. L. 78. L. L. 1993. 357.: Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales. El dominio social penalmente relevante tal y como lo ha desarrollado Gracia Martín. I. I. se erige en el fundamento material de los elementos especiales de autoría68.
concluyen que «el bien jurídico común a los delitos incluidos en el Título XIX. 2) La implicación del bien jurídico en el ejercicio de una función social derivada de un status personal Dentro de estas estructuras se desempeña una función específica cuyo ejercicio precisa involucrar a un bien jurídico (función con dominio un rol social. «permite identificar como interés común a todos los tipos comprendidos en este título el correcto desempeño de la función pública. Aranzadi. 2ª ed. es susceptible de una mayor vulnerabilidad frente a los sujetos que realizan una determinada función en el seno de ciertas estructuras./RODRIGUEZ PUERTA. GRACIA MARTIN. comprensiva de la actividad administrativa. 3.: El actuar en lugar de otro. sin embargo. MORALES PRATS. Aranzadi. 79 MUÑOZ CONDE. 1163.. Valencia. OLAIZOLA NOGALES. 364 y ss.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. contenida en el Título XIX del Código penal. Entonces./RODRIGUEZ PUERTA. L. 1162. 141 dad del bien jurídico”76. MORALES PRATS. J. 356. 352. 1993. común a todos los tipos comprendidos dentro de los delitos contra la Administración Pública. estará constituido por la “función pública ejercida correctamente. 351. entendido como la imparcialidad. p. En los delitos especiales impropios el legislador considera que el bien jurídico que se encuentra protegido frente a todos en un tipo común paralelo.. 80 Sin embargo. legalidad y objetividad. 361 y ss. I. p. M. p. Naturalmente. GRACIA MARTIN. F. La doctrina no desconoce la existencia de esta concreta estructura jurídico-pública en la que se encuentran algunos bienes jurídicos. p. 76 Cfr. M./RODRIGUEZ PUERTA.. que fundamenta una relación específica de dependencia del bien jurídico con respecto a un sujeto o a una clase de sujetos y determina la posibilidad de actualización del dominio del hecho típico77. J. F. 12ª ed. no es otro que el correcto desempeño de las distintas actividades públicas desde la perspectiva de la Administración prestacional. L. 922. y «no constituye más que el marco en el que se realizan los delitos que en él se tipifican»79. que entraña la realización de una actividad a la que es inherente la posibilidad de realizar las acciones u omisiones que atenten contra dichos bienes jurídicos de la forma recogida en tales tipos. esta idea gené- .. se enmarca el dominio en la protección de la gestión correcta de los intereses públicos que. dentro de la legalidad”. 77 Cfr. OLAIZOLA NOGALES considera también que «el bien jurídico general protegido den los delitos del título XIX del CP es el buen funcionamiento de la Administración pública. 2ª ed. 78. esto es.: El delito de cohecho. p. Tirant lo blanch.. GONZALEZ CUSSAC señala que «el bien jurídico común o categorial. GRACIA MARTIN.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. F. vida humana independiente y libertad..: El actuar en lugar de otro. L. p.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. no constituye en sí mismo un bien jurídico a proteger80. Cfr. Parte Especial. judicial y legislativa»78.: Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales. M. cfr. pp. 78 MORALES PRATS.: Derecho Penal. o atención a los intereses generales de la sociedad en la actuación administrativa» cfr. I. J. I. 87. F. cuando considera que la nueva rúbrica de los delitos contra la Administración Pública. plenamente sometida al Derecho y al resto de principios constitucionales que ordenan su funcionamiento».
1993. I. J. GRACIA MARTIN. . 85 Este precepto establece que «a la autoridad o funcionario público que. 367 y 369./RODRIGUEZ PUERTA. en tales casos la cualidad específica de la acción típica es esencial al ejercicio de la función84.: Comentarios al Código penal. Si el ejercicio de la función se lleva a cabo de un modo correcto el bien jurídico cumplirá la función social a la que está destinado. 81 Cfr.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal.. 82 GRACIA MARTIN. J.: El actuar en lugar de otro. 230. p. 1086 y ss. lo constituye el correcto funcionamiento de la Administración pública. J. 1997-3.. p. A modo de ejemplificación tomemos el artículo 404 del Código Penal de 1995 que tipifica la prevaricación de la autoridad o del funcionario público85. es el correcto ejercicio de la función pública conforme a los principios constitucionales de legalidad. Barcelona. I. de modo que este ejercicio está afectando permanentemente al bien jurídico involucrado en la realización de la función. cfr. dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años». Barcelona. FEIJOO SANCHEZ apunta que la Administración pública es el bien jurídico protegido con carácter general que debe concretarse en cada tipo en particular. GRACIA MARTIN. B.142 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN social)81. 19. 2000. aunque en algunos delitos… se protege de un modo directo e inmediato el aspecto interno».: Los delitos contra la Administración pública en el nuevo Código penal. nº.: Delitos contra la Administración pública. AP. FEIJÓO SANCHEZ. Aranzadi. 364 y ss. 1166. GRACIA MARTIN. 1993. Coord. EL MISMO. M. mientras que un ejercicio desviado de los fines a los que sirve conduce a una frustración del cumplimiento de la función del bien jurídico conforme a las expectativas sociales y. 364 y ss. 2000. cfr. como señala Gracia Martín. I. 83 Cfr. p. GONZALEZ CUSSAC. 16.: La nueva regulación de los delitos de los funcionarios públicos en el Código penal de 1995: la prevaricación. 37. 1997. 86 Cfr. Bosch. p. B. C. 1996. L. en su vertiente objetiva de “función pública” o servicio público. que rica requiere una posterior concreción en cada uno de los concretos tipos delictivos».: El actuar en lugar de otro. F. 17. pp. GONZALEZ CUSSAC. pp. En esta estructura jurídico-pública se encuentran involucrados una serie de bienes jurídicos en el ejercicio de la función pública. pp. 2ª ed. L. J. L. MORALES PRATS. El bien jurídico protegido. FEIJÓO SANCHEZ. M.: La nueva regulación de los delitos de los funcionarios públicos en el Código penal de 1995: la prevaricación. Dir. Jorge Barreiro. Será esencial la implicación cuando el bien jurídico protegido sea la esencia misma de la función que ejerce el sujeto y. 1996. en su aspecto más bien externo…. CARLOS MIR PUIG considera que «el bien jurídico protegido con carácter general…. cfr. MIR PUIG. Bosch. a la lesión o peligro de éste82. 42. nº. 84 Cfr. 231. C. p. objetividad e imparcialidad86. Rodríguez Mourullo. pp. 1678 y ss.: Los delitos contra la Administración pública en el nuevo Código penal. L. L. La implicación de los bienes jurídicos puede ser esencial u ocasional83. MIR PUIG. pp. AP. en consecuencia. Civitas.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. a sabiendas de su injusticia.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal. La ley. p. J. p. M. L. El actuar en lugar de otro. según la opinión doctrinal mayoritaria. 16.
. 89 Señalan esta cuestión MORALES PRATS. Barcelona.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA.1.1.: El actuar en lugar de otro. estamos en presencia de un delito especial de dominio social que. pp. En caso contrario será nula de pleno derecho. F. modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.b) establece que «los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: b) Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio». pp. y lo que también justifi87 Véanse MUÑOZ CONDE. además. 364. 2ª ed. pp. 1167. MORALES PRATS. F. L.. M. 12ª ed. 88 Cfr. Aranzadi.. F.: El actuar en lugar de otro. GONZALEZ CUSSAC. I. I./RODRIGUEZ PUERTA. J. Bosch.. 46 y ss. 72. GRACIA MARTIN. J. M. Este sujeto cualificado no puede ser un funcionario público o una autoridad cualquiera. 1169 y MUÑOZ CONDE. Como afirma Roca Agapito. MORALES PRATS. 2ª ed. 90 Consideran que este delito es un delito especial propio. MIR PUIG. 369. F. por tanto. p.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. 2000. pp. 48 y ss. 1997. 143 constituye la esencia misma de cualquier actuación administrativa. 2ª ed.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. la especial relación entre el funcionario y los caudales es lo que dota a la malversación de una naturaleza no meramente patrimonialista. GRACIA MARTIN. 91 Cfr. 98 y 99. pp. El artículo 62. La acción típica —dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo “a sabiendas de su injusticia”87— no se puede realizar si al mismo tiempo no se lleva a cabo el ejercicio de la función que compete al sujeto cualificado88. 54 y ss. según el artículo 62. . Una resolución administrativa sólo puede ser válida si se dicta por la autoridad competente en un procedimiento determinado. C. 929 y ss.: Derecho Penal. Este mismo razonamiento se puede apreciar en los artículos 432 y siguientes del CP donde se tipifica el delito de malversación de caudales o efectos públicos que el funcionario “tenga a su cargo por razón de sus funciones”. 369 y 370. Barcelona. sino que debe tratarse de un funcionario público que conozca un asunto en un procedimiento administrativo determinado según el ámbito de sus competencias89. el dominio sobre esta esfera de la función pública. F.: Los delitos contra la Administración pública en el nuevo Código penal..: El actuar en lugar de otro. Aranzadi.: Los delitos contra la Administración pública en el nuevo Código penal. L.: El delito de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos. M. Bosch.. Parte Especial. p. La acción típica en estos delitos pone de manifiesto el ejercicio de unas funciones específicas que sólo pueden ser realizadas por determinados sujetos que dominan el ámbito social o institucional en el que se encuentra involucrado el bien jurídico. 930.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal../RODRIGUEZ PUERTA. J. J. J. GRACIA MARTIN. Como el funcionario público tiene un poder de disposición sobre la lesión o puesta en peligro del bien jurídico y. pp.: Derecho Penal. p. 2000. Parte Especial. C.. J. MIR PUIG. 12ª ed. M. 2ª ed./RODRIGUEZ PUERTA. L. p. es propio90 porque el bien jurídico protegido sólo es accesible a esa determinada clase de sujetos91. 1166 y ss. p. L.b) de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre. I... M. Aranzadi.
tipificado en el artículo 405 del Código penal. 372. cit. 94 Cfr. L. con lo cual se convierten en garantes del bien jurídico protegido pero en el sentido de no realizar determinadas acciones cuando se desempeñe una función pública94. como ha apuntado Mir Puig.: El delito de malversación de caudales públicos. 1999. Afirma este autor que «esta conducta deviene relevante para el Derecho penal no sólo por su ataque al patrimonio. S. pp. negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Como el sujeto ejercita una función determinada en el ámbito de sus competencias ostenta el dominio social. . CDJ. conservación y gestión que sobre él recaen». L. en Los delitos de los funcionarios públicos en el Código penal de 1995. en Los delitos de los funcionarios públicos en el Código penal de 1995. y en consecuencia controla también la estructura social o institucional en la que se encuentra el bien jurídico por lo que tiene la posibilidad de llevar a cabo aquellas acciones adecuadas para lesionar o poner en peligro al bien jurídico de un modo típico93. y no meramente dicho patrimonio92. E interpreta correctamente la tenencia por razón de sus funciones con arreglo a un criterio estricto. 1996. cfr. pp. 156 y ss. p. 1999.: El actuar en lugar de otro. 12ª ed. MIR PUIG. hace que lo que se vea comprometido en este delito sea la correcta gestión del patrimonio público. A su vez el bien jurídico protegido en este ámbito sólo es accesible típicamente a estos sujetos en virtud del ejercicio de esta función. de modo que presupuesto objetivo es que el nombramiento (ilegal) se practique en el ejercicio de la competencia del funcionario o autoridad. cfr. 932. 162. 96 Cfr. 95 Cfr. ob. lo que significa un abuso de esa competencia que es lo que constituye el núcleo del delito96. EL MISMO. En el delito de nombramientos ilegales. directamente el correcto funcionamiento de la organización administrativa e indirectamente el servicio público que debe prestar a los ciudadanos95. cit. El que el ataque al patrimonio provenga del funcionario que específicamente tiene la competencia para el ejercicio de funciones de gestión —que conlleva la custodia— de los caudales públicos. 312 y 313. ROCA AGAPITO. negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. S. ROCA AGAPITO considera que la exigencia de que los caudales están “a su cargo” supone una disponibilidad o poder del funcionario sobre el destino de dichos caudales. I. p. pp. cfr. Sin embargo. 310. F.: El delito de malversación de caudales públicos. ROCA AGAPITO. será ocasional la implicación cuando el bien jurídico queda involucrado por el conjunto de posibilidades de acción que 92 Cfr. MUÑOZ CONDE. p. 152. 93 En relación al delito de malversación de caudales públicos.144 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN ca que se encuentre regulada dentro del Título de los delitos contra la Administración pública. EL MISMO. GRACIA MARTIN. CDJ. 161.: Nombramientos ilegales. sino también por el quebrantamiento de las obligaciones de custodia. 1996. L. p.: Nombramientos ilegales. ob. Parte Especial.: Derecho Penal. p. MIR PUIG. se pone de relieve cómo la función llevada a cabo por el funcionario público condiciona.
En primer lugar. según el artículo 445 del Código penal101. 145 la competencia para el ejercicio de esa función otorga al sujeto97. B. F. La ley. 12ª ed. Ahora bien. I. Parte Especial. p. se prevale de su posición y dentro de la actividad que le es inherente para conseguir sexualmente a una persona. que establece que «la autoridad o funcionario público que. GRACIA MARTIN. pp.. porque se pone de relieve la existencia de un dominio social por parte de la autoridad o funcionario público en el que se encuentra involucrado ocasionalmente el bien jurídico libertad sexual.: Derecho Penal. frente a él en una situación de especial vulnerabilidad98. p. al hacerse referencia expresa en el artículo 443 a la solicitud sexual a una persona que “tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquél o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior”. Cfr. no es casualidad que estos delitos ya no se califiquen como limitaciones de la libertad sexual. 12ª ed. incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos. Por ejemplo. e inhabilitación especial para empleo 97 98 . además de tener el dominio social típico. Parte Especial. 367 y 368. I. en los artículos 443 y 444 del CP se pone de relieve que el funcionario público ostenta un dominio social típico en un determinado ámbito en el que ejerce sus competencias dentro de las funciones que le han sido encomendadas. “a una persona sujeta a su guardia”. 99 Véase MUÑOZ CONDE. 101 Teniendo en cuenta lo dicho en el texto. de modo que el funcionario público accede más fácilmente al bien jurídico libertad sexual. GRACIA MARTIN. en estos supuestos el bien jurídico libertad sexual no es un contenido “específico” del ejercicio de ninguna función social o institucional. Estos tipos se configuran dogmáticamente como delitos de dominio social por dos motivos. Cfr. 1997-3.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. por ello.: Derecho Penal. 952 y FEIJÓO SANCHEZ. si un funcionario. pp. sino como abusos en el ejercicio de la función pública100. porque las conductas típicas se refieren sólo a la “solicitud sexual a una persona”. Así. como apuntan Muñoz Conde y Feijóo Sánchez. 367 y 368. 100 Véanse MUÑOZ CONDE. lo que supone una tentativa de ataque a la libertad sexual pero no una forma consumada de éste99. se puede criticar el artículo 438 del CP. L. F. O el artículo 444 se refiere a la solicitud sexual del funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores.. p. pero ha ingresado de una forma ocasional en el ámbito del dominio social en el que el funcionario público ejerce sus competencias dentro de la actividad que le es inherente. que queda. 1688. realiza el tipo del 443 o el del 444 en concurso de delitos con el delito contra la libertad sexual que corresponda. L. En segundo lugar.: El actuar en lugar de otro.: El actuar en lugar de otro. Entonces.: Delitos contra la Administración pública. en su mitad superior. 953. cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida. abusando de su cargo.
104 Cfr. 351 y ss. GRACIA MARTIN. de manera que. En otros delitos la acción típica supone también el ejercicio de una función que compete al sujeto. Entonces. 1997-3. y ello es así porque la lesión penalmente relevante del bien jurídico sólo puede tener lugar mediante acciones realizadas en el curso del ejercicio de la función102. GRACIA MARTIN. pp.: El actuar en lugar de otro. I. es posible la realización de cierta clase de acciones (acciones de dominio social)105. AP.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal.146 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN 3. en estos delitos sólo la competencia para el ejercicio de la función y únicamente en el ejercicio de ésta. caracteriza la relación especial entre la cualidad del autor y su actuar. la cualidad específica de la acción típica es esencial al ejercicio de la función tal y como se pone de relieve en los verbos típicos104: “dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo” (art. GRACIA MARTIN. El actuar en lugar de otro. “destinar a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones” (art. I.: El actuar en lugar de otro. 16. L. nº. 368 y ss. En este supuesto el funcionario público o autoridad no vulnera un bien jurídico que está involucrado esencialmente u ocasionalmente en el ejercicio de sus funciones de dominio social. 433 del Cp). Como se puede apreciar. 369.: El actuar en lugar de otro. 103 Cfr. 1993. en relación a los delitos de estafa y de apropiación indebida. pero este ejercicio es ocasión de la realización de la acción típica que ejecutada en otras circunstancias perdería su sentido106: “exigir directa o indirectamente derechos. El dominio sobre el ámbito de la función pública en el que el autor cualificado ejerce sus competencias. L. L. GRACIA MARTIN. no era necesario haber construido este tipo penal pues era suficiente haber apreciado el delito de estafa o apropiación indebida y la agravante genérica del artículo 22. I. La Ley. 1687. I. . El actuar en lugar de otro.7º del Código. FEIJÓO SANCHEZ. como indica Gracia Martín. p. p. 102 Cfr. las propias acciones típicas realizadas por un funcionario público o autoridad se derivan de una función que es monopolio de una cierta clase de sujetos103. El funcionario público no ostenta ningún dominio social típico porque no actúa en el ejercicio de sus competencias. AP. 404 del Cp).: Delitos contra la Administración pública. nº. quien señala también que su aplicación desplaza a la circunstancia agravante 7ª del artículo 22 del CP. EL MISMO. p. 1993. tarifas. 106 Cfr. 3) Las características de la acción típica de dominio social La autoría de los delitos especiales que hemos analizado debe limitarse a aquellos sujetos que tienen competencia para el ejercicio de la función que se tiene en cuenta para la protección del bien jurídico. 230. EL MISMO. por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la señalada” (art. p. 437 del Cp). GRACIA MARTIN. pp. En efecto. p. I. p. L. B. 105 Cfr. 371. 16. En otras ocasiones es la situación del bien jurídico o del objeto o cargo público por tiempo de dos a seis años». 231. 370. L.
368 y ss. L. L. 1994. 138. p. Fundamento del deber jurídico. pp. 372 y ss. L. el legislador ha configurado de un modo expreso y directo una autoría mediante la descripción como posibles autores del hecho a una clase de sujetos que no ostentan el status formal de funCfr. vol. ADPCP.: El actuar en lugar de otro. B.: El actuar en lugar de otro. El criterio del “dominio social” sirve para averiguar las posibilidades de un sujeto de realizar la acción típica. ARMIN KAUFMANN. 293. 370. EL MISMO. 109 Cfr. L.. 122 y ss. GA. A través del criterio del “dominio social” se determina el ámbito de protección de la norma de los delitos especiales110. I. Diskussion im Anschluß an den Vortrag von Prof. I. p. Efectivamente. GRACIA MARTIN.: El actuar en lugar de otro. pp..: El actuar en lugar de otro. EL MISMO. Igualmente ha defendido la tesis de que los delitos especiales son delitos de garante regulados por el legislador SCHÜNEMANN. I. ya que estos sujetos tienen que garantizar la protección del bien jurídico y. El sujeto que ejerce el dominio social asume. pues quien lo ostente va a tener un mayor acceso para lesionar o poner en peligro el bien jurídico. porque éste desempeña unas funciones en las cuales está inserto dicho bien jurídico. GRACIA MARTIN.. una posición de garante del bien jurídico protegido108.: El actuar en lugar de otro. p. el bien jurídico y la acción típica en estos delitos111. 412. 1984. Sonderausgabe zum Taiwanesisch-Deutsch-Spanischen strafrechtlichen Symposium. 428. Dr. 413 del Cp). I. 107 108 . I. para llevar a cabo esta protección tienen un deber de acción que surge de las normas que imponen la consecución de una situación ideal en la que debe encontrarse el bien jurídico109. 12. BOTTKE. 110 Cfr. GRACIA MARTIN. El sujeto que ostenta el dominio social debe protegerlo frente a situaciones que lo lesionen o lo pongan en peligro ya que sólo él tiene una (mayor) disponibilidad sobre el bien jurídico. Sujetos activos que no ostentan el status formal de funcionario público o autoridad En una serie de preceptos dentro de los delitos contra la Administración pública. pp. 111 Cfr. p. GRACIA MARTIN. p. pp.: Unternehmenskriminalität. GRACIA MARTIN. Cfr. 50. 1986. III. Täterschaft und Gestaltungsherrschaft. Chengchi Law Review. L. el bien jurídico se encuentra en un relación de dependencia respecto del sujeto cualificado. 331 y ss. Bacigalupo. entonces. 147 material lo que pone de manifiesto que la cualidad específica de la acción es su incardinación en el ejercicio de una función107: “destrucción de documentos cuya custodia les está encomendada por razón de su cargo”(art. p. De todo ello se deduce la relación tan estrecha que existe entre el intraneus —funcionario público o autoridad— que ostenta el dominio social en el que se desarrolla la función pública.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA.. 416.
Parte Especial. 923 y ss. CEREZO MIR. o bien de facto. pp. I. J. El concepto formal de funcionario público se recoge en el artículo 24. que aunque a veces coinciden no siempre es así. 12ª ed. que no se produce por el hecho de que un sujeto tenga la titularidad de una posición jurídica en virtud de la cual pueda realizar una actividad específica.2 del Código Penal de 1995 «se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas».148 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN cionario público o autoridad. I. según los planteamientos desarrollados. pp. distinguir el concepto formal (status) de funcionario público y el concepto material (contenido de las funciones que tiene atribuidas y que le otorgan unas posibilidades de actuación y de dominio). 162 y ss. el concepto material de funcionario público alude al ejercicio de unas competencias que pueden asumirse de derecho. 1997. entonces.. al margen del concepto penal de funcionario público o autoridad del artículo 24 del CP. Para poder explicar la naturaleza y el fundamento material de la limitación de la esfera de autores en estos tipos a esta categoría de sujetos es imprescindible. . a determinados particulares a los efectos de determinar el círculo de los posibles sujetos activos de algunos tipos delictivos. L. GRACIA MARTIN. 383 y ss. Sin embargo. Es necesario. 154.: Derecho Penal. F.: El actuar en lugar de otro.: Curso.. indagar las razones por las que el legislador ha equiparado a los sujetos que ostentan el status formal de funcionario público o autoridad. que se refiere al contenido de las funciones atribuidas y que otorgan unas posibilidades de actuación y de dominio. El desvalor del resultado está representado por la lesión o el peligro concreto del bien jurídico protegido114. p. pp. Sobre el concepto de funcionario público véanse. 114 Cfr. II. con lo que aquí coincide originariamente el concepto material con el status de funcionario público. si bien es cierto que la asunción fáctica no siempre es posible113. RODRIGUEZ PUERTA. 77 y ss.2 del Código Penal de 1995112. es decir. OLAIZOLA. M. J. 6ª ed.: Concepto de funcionario público a efectos penales.: El delito de cohecho. sino que la lesión se produce por el 112 Según el artículo 24. 1.. MUÑOZ CONDE. IVAP. 113 Véase sobre las funciones de dominio social inherentes a un status que pueden ser delegables. elección o nombramiento de autoridad competente. pp. y hace referencia a la titularidad de la posición jurídica del sujeto en virtud de la cual participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición inmediata de la ley. Supuestos de autoría de un particular que participa en el ejercicio de funciones públicas expresamente tipificados El Código penal ha considerado en determinados tipos como sujeto activo de un delito contra la Administración pública a un particular que participa en el ejercicio de funciones públicas.
nota 59. 141. 2ª ed.: El delito de cohecho. materialmente sí que disponen de las mismas funciones que éstos y éste es el fundamento que ha servido al legislador para incorporarlos a la esfera de los sujetos activos. F. por ejemplo. los mismos. Por tanto los que no ostenten el status formal de funcionario público o Autoridad pueden realizar también estos Cfr.: El delito de cohecho. p. 12ª ed. OLAIZOLA NOGALES.: Los delitos de malversación. RODRIGUEZ PUERTA. 119 Cfr. 1999. L. Cfr. por no cumplir el primer requisito establecido en el artículo 24. Asimismo MORALES PRATS y RODRIGUEZ PUERTA opinan que el artículo 440 extiende la responsabilidad penal a sujetos que debiendo intervenir necesariamente en la valoración de bienes del artículo 440 del CP. son cláusulas de extensión de la responsabilidad117.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. 158 y ss. De este modo se incorpora al tipo una especial característica de la autoría porque sólo una determinada clase de sujetos son capaces de llevar a cabo las acciones adecuadas de lesión o peligro de un bien jurídico y. es decir. J.. El reconocimiento del concepto material de funcionario público. Aranzadi. porque se persigue la comprensión de supuestos de otro modo impunes o únicamente reconducibles hacia figuras comunes. RODRIGUEZ PUERTA.: El delito de cohecho. el bien jurídico se protege frente a las agresiones de determinadas personas116. 1997-3. como han destacado Olaizola Nogales118 y Rodríguez Puerta119.. 925. p. un dominio social que fundamenta una relación específica de dependencia del bien jurídico con respecto a un sujeto o a una clase de sujetos. 416. En mi opinión. aprovecharan tal intervención para obtener una ventaja personal. Cfr. B. 351. la participación en el ejercicio de las funciones públicas. En el artículo 422 se advierte con más claridad que el legislador incluye como posibles autores del delito de cohecho a determinados sujetos que. 167. La ley.: El actuar en lugar de otro. MORALES PRATS y RODRIGUEZ PUERTA han señalado. M. GRACIA MARTIN. 365.: Derecho Penal. 1687. pp.. si bien es cierto que a todos los sujetos mencionados en estos preceptos no se les puede atribuir la cualidad formal (status) de funcionario público. GRACIA MARTIN. cit. medios y posibilidades de acción derivadas de una función que le corresponde y que le otorga un dominio sobre una determinada esfera social115. J. sin ser funcionarios públicos. MUÑOZ CONDE. Aranzadi. 167. 149 ejercicio de facultades. p. sí que cumplen el segundo.: El actuar en lugar de otro.2 del CP. Véase la interpretación de este precepto llevada a cabo por MORALES GARCIA. según un sector doctrinal. I. p. I. 1294 y FEIJÓO SANCHEZ. p. p. 115 116 . Aranzadi. 1304. Cfr.. M. p. En estos tipos se puede apreciar. en relación al artículo 435 —donde se tipifica el delito de malversación impropia— que se amplía el círculo de sujetos activos.: Delitos contra la Administración pública. p. 1999. L. ob. 118 Cfr. O. p. 117 Cfr. 435 y 440 que. por esta razón. Parte Especial. el que se refiere al contenido de las funciones atribuidas y que otorgan unas posibilidades de actuación y de dominio aparece expresamente recogido en el Código penal en los artículos 422. I. los mismos. Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. entonces.
J. tirant lo blanch. se tiene que dar «esa incorporación a la actividad pública en cuestión (en este caso la custodia de caudales o efectos públicos. Además. C. 366. 383 y ss. 168. sino que se indica que participa en el ejercicio de funciones públicas y que el legislador acude a una ficción (considerar a dicho sujeto como funcionario) para equiparar estas conductas a las cometidas por un funcionario que tenga a su cargo por razón de sus funciones caudales públicos. El motivo por el que es necesaria la regulación expresa de las actuaciones en lugar de otro se fundamenta en que sujetos que no poseen el elemento formal de la autoría del delito. en su opinión. Civitas. ob. Valencia. 1993. Dir. GRACIA MARTIN. 285 y 286.150 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN tipos delictivos. L. El legislador también parece considerarlo así en los artículos 422 y 435 del CP.: Derecho Penal. que a veces coinciden aunque no siempre. Coord.: AP. cfr. AP. en relación con los artículos 416 y 435. ROCA AGAPITO. 924. como ha señalado GRACIA MARTIN. Jorge Barreiro. Incluso en el ar120 Cfr. los sujetos mencionados en el tipo objetivo de tales tipos. Aranzadi. p. 1997. porque establece el mismo quantum de pena al particular que al funcionario público o Autoridad que realiza esas conductas. EL MISMO. en las funciones efectivamente desempeñadas. cit.. señalan en relación con el artículo 422 del CP que «el particular se sitúa en una posición muy próxima a la del funcionario a cuya custodia está encomendado el documento». L. ROCA AGAPITO considera que los títulos por los que una persona se encuentra encargada de fondos públicos no confieren al autor la cualidad de funcionario público.: El delito de cohecho.: Comentarios al Código penal. de autoridades o de funcionarios públicos coloca a los particulares en la especial posición jurídica de aquéllos». si ejercitan el contenido de las funciones que les han atribuido y que les otorgan unas posibilidades de actuación y de dominio sobre la esfera del bien jurídico.: Sobre la naturaleza de los delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Cfr. o de los documentos en cuestión)». lo cual nos lleva a afirmar con MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN que se ha puesto el acento más que en el cargo (status) que se ostenta. p. 1999. desde un status diferente al del funcionario público o Autoridad. Rodríguez Mourullo. Estudios Jurídicos en memoria del Dr. M. B. 227. Derecho Penal. p. cfr. 1993. MUÑOZ CONDE. con carácter general sobre estas cuestiones. En relación al artículo 416 del CP. F. MORALES PRATS. M. nº 16. J. FEIJÓO SANCHEZ considera «que la delegación de funciones por parte del Gobierno.. LA MISMA. se ha distinguido entre el concepto formal (status) y el concepto material (contenido de las funciones que tiene atribuidas y que le otorgan unas posibilidades de actuación y de dominio) de administrador. concluye que tanto particulares y funcionarios ostentan una posición particular respecto al bien jurídico que. Aranzadi. p. D. Desde un punto de vista valorativo. 2ª ed. J. es similar. 372. I. MUÑOZ CONDE apunta también que para atribuir la cualidad de funcionario a efectos penales al particular que realiza determinadas funciones. Parte Especial.: El actuar en lugar de otro. nº 16. Casabó Ruiz. F. cfr. Cuando este precepto se refiere a la titularidad de la posición jurídica del sujeto. 2000. 2º del CP. 524. 1999. MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN. 225. están en idéntica relación material con el bien jurídico que aquéllos120. R. MENDEZ RODRIGUEZ. aunque en su opinión no es idéntica. esta interpretación está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 31 del CP. p. pp. GRACIA MARTIN.. p. 1997. entran en la misma relación que el sujeto idóneo desde un punto de vista material.: El delito de malversación de caudales públicos. L. 1119. 4ª ed. 1216 y RODRIGUEZ PUERTA. p. p. 12ª ed. ..: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal./RODRIGUEZ PUERTA. Véase FEIJOO SANCHEZ. p. pp.
con una pena inferior a la del funcionario público o Autoridad que realiza la misma conducta descrita en el artículo 414. la misma pena al particular que al funcionario que realiza la misma conducta. 2ª ed. 122 Cfr. en algunos casos. 1209 y 1216. 2. J. a juicio de estos autores. M./RODRIGUEZ PUERTA. pp. realizar determinadas actividades y concluye afirmando que no se protege el correcto funcionamiento de la Administración pública.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. MORALES PRATS. 1216. ob. cfr.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal.. profesión u oficio. Aranzadi. tutela o curatela121. véase MORALES PRATS. . 1216.: Delitos contra la Administración pública. p. 2º. En este punto debemos poner de manifiesto que el legislador no ha sido coherente al prever. los mismo. 123 De modo que. M. Conviene señalar que esta conducta del particular complementa al artículo 414. 151 tículo 440 el quantum de pena a imponer a los sujetos activos es superior a la pena impuesta en el artículo 339.. p. mientras que en el supuesto del artículo 416. J. 1688. 1º que castiga al funcionario público o Autoridad que. p. cit. F. F. La Ley. B. Ahora bien./RODRIGUEZ PUERTA. Supuestos de autoría de un particular expresamente tipificados También existen otros tipos como el artículo 414. por razón de su cargo. en lo referente a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal.. 2ª ed. sino de otras instituciones. No estoy de acuerdo con lo que mantienen estos autores al concluir que el reproche jurídico debe ser distinto según la concreta vinculación de los sujetos activos con el objeto tutelado. no ha mantenido la misma valoración en cuanto al quantum de la pena a imponer. 1997-3. cfr. FEIJÓO SANCHEZ.. tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y que consiente su destrucción o inutilización. el artículo 416 conmina a los particulares encargados de la custodia y despacho de documentos con una pena inferior a la que corresponde al funcionario que comete esta misma conducta. lo que ha sido valorado por algún sector doctrinal de forma positiva122. que tipifica la conducta llevada a cabo por un particular consistente en destruir o inutilizar los medios puestos por la Autoridad competente para impedir o restringir el acceso a un documento. Morales Prats y Rodríguez Puerta estiman que la circunstancia de que el ataque provenga de un particular es tomada por el legislador para atenuar la pena. ya que el respeto de los principios esenciales para el correcto funcionamiento de la Administración vincula de distinta forma a los funcionarios y a los particulares123. En mi opinión el respeto de los prin121 FEIJÓO SANCHEZ considera en relación al artículo 440 del Código penal que en este precepto se prohibe a personas con deberes jurídicos o posiciones jurídicas especiales que no son funcionarios o autoridades.. Aranzadi. el distinto status de unos y otros comporta una diversa valoración jurídico-penal de sus conductas. guarda. 1º.
Este es el motivo que fundamenta la atenuación de la pena en el artículo 414. p. 3. cfr. OLAIZOLA NOGALES. J. .152 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN cipios esenciales para el correcto funcionamiento de la Administración del que hablan estos autores no es suficiente para explicar el contenido de lo injusto de este tipo delictivo. 1º. N. Por el contrario. DE LA MATA BARRANCO./RODRIGUEZ PUERTA. I. J. y en virtud del cual realiza la conducta delictiva del artículo 414. 112. p.: La participación del funcionario público en delitos comunes y especiales. 423. Supuestos de participación expresamente tipificados A continuación vamos a estudiar el fundamento en virtud del cual unos tipos penales han recogido expresamente la responsabilidad del partícipe (extraneus) junto a la del funcionario público o Autoridad (intraneus)125. La característica común en todos estos supuestos es que el funcionario público ostenta el dominio social típico en la estructura social en la que se encuentran los bienes jurídicos protegidos en los delitos contra la Administración Pública. 190 y ss.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. incapaz de expresar el completo desvalor de la conducta. consideran que si no existiese esta cláusula. distinguiendo ambas responsabilidades.: El delito de cohecho. cfr. como se indicaba. Este acceso del particular al dominio social en el que se encuentra involucrado el bien jurídico protegido. bien contemplando expresamente la posibilidad de participación del particular en un delito de funcionario o. 187. En virtud de este acceso se realiza la conducta por el particular que fundamenta un desvalor diferente del que se recoge en el delito de daños124. la diversidad de opciones que han de proponerse en razón del delito al que dicha teoría pretende aplicarse». tratando de ofrecer vías alternativas a una complicada discusión doctrinal que no atiende en muchas ocasiones. 2ª ed. pero es el funcionario público quien ostenta la función de dominio social inherente a su status. bien elevando a la categoría de autor otras formas de colaboración. M. como sucede en los artículos 418 y 423. IVAP.. comporta una diferente valoración jurídico-penal de la conducta del particular respecto a la del funcionario que ostenta el dominio social típico. por el contrario. OLAIZOLA NOGALES. la conducta del particular sería atípica o. y en la que son competentes para ejer124 MORALES PRATS. F. el contenido de injusto se explica por el hecho de que el particular accede de un modo puramente fáctico al dominio social para lesionar el bien jurídico protegido. pp. Aranzadi.1997. a lo sumo.: El delito de cohecho. 1210. I. 1º y 429. estaría integrada en el delito de daños. 125 DE LA MATA BARRANCO señala que estas previsiones «tratan de solucionar por expresa regulación positiva cuestiones que afectan a la teoría de la participación criminal. 126 En relación a la equiparación de las penas entre el funcionario que comete cohecho pasivo y el particular que comete cohecho activo. p. 2º con una pena inferior a la impuesta para los funcionarios públicos y en los artículos 406. 2º del CP. donde se establece la misma pena126.
aunque no se haya llegado al nombramiento o a la toma de posesión que. M. constituye el punto de referencia del tipo. En este caso concreto el acceso al dominio social típico tiene lugar en la fase de agotamiento del delito. Si resulta grave daño para la causa pública o para un tercero. la pena será de prisión de uno a seis años. 128 Cfr. F. será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. como una modalidad comisiva del delito de nombramientos ilegales. La Ley. 130 La consumación del artículo 405 no precisa la terminación o el agotamiento material de la lesión del bien jurídico./RODRIGUEZ PUERTA. la pena será de prisión de uno a seis años. p.: Derecho Penal. la pena será de prisión de uno a seis años». FEIJÓO SANCHEZ. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero. La consumación se produce con la realización . MUÑOZ CONDE. p. si quien hace uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo. La conducta del particular sería impune como atentado contra la Administración pública si no existiera este tipo delictivo128. Aranzadi. La pena del 442 es de multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. Parte Especial. Ahora bien. Si se obtiene el beneficio perseguido se impondrá la pena en su mitad superior. Así. como también sucede en el artículo 405 del CP. habrá que aplicar el artículo 442.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. es una autoridad o un funcionario público con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. propuesta o toma de posesión tiene lugar en la fase de agotamiento del delito130 recogi- 127 En este precepto se establece que «el particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad. 129 Cfr. como apunta Muñoz Conde. nota 77. El problema que se plantea es precisar la relación que existe entre la acción de los particulares y el ejercicio de la función pública que.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. El acceso al dominio social típico por parte del particular está efectivamente determinado por el funcionario público. 418 y 442 del CP. 12ª ed.: Delitos contra la Administración pública. Sobre las relaciones entre los arts. B. 417 del CP. constituyen actos posteriores impunes ya castigados con la propuesta129. 1997-3. 932. la simple propuesta de la Autoridad o funcionario público. Como la intervención del particular que acepta el nombramiento. como hemos visto.. donde se tipifica. véase MORALES PRATS. 2ª ed. 1223. necesita previamente que el funcionario haya consumado la conducta descrita en el art. Si se tienen en cuenta estas consideraciones se llega a la conclusión de que la pena del artículo 418 es inferior a la del 442: la pena del artículo 418 es de multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. p. e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.. como afirma Feijóo Sánchez el particular que realiza la conducta tipificada en el artículo 418 del CP127. J.. Si resulta grave daño para la causa pública o para un tercero. 1693. F. 153 citar la función social a la que está destinado el bien jurídico involucrado en la misma. o de una información privilegiada.
F. Aranzadi. AT. S.154 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN do en el artículo 405131. es que mientras el funcionario público ostenta el dominio social típico.: Strafrecht. 185 y ss. M. I. 733. En otros casos nos hallamos ante los “tipos de participación necesaria”. 131 La conducta del particular que se tipifica en el artículo 406 y que consiste en aceptar la propuesta. p. Aranzadi. p. o en el cohecho donde se tipifica en el artículo 423 la conducta del particular que con dádivas. pp. 1179.: El delito de cohecho. 1999. y tanto uno como otro tienen un poder de decisión acerca de la situación del bien jurídico. OLAIZOLA NOGALES. cfr. p. Revista de Derecho y proceso penal. en los dos supuestos contemplados se tipifican conductas de participación en el agotamiento del delito porque son difíciles de reconducir a las reglas generales de participación. G. porque no se acepta la codelincuencia entre la consumación formal y la terminación o agotamiento del delito132. J. Pamplona.. el extraneus accede al mismo en el que se desarrolla la función pública133. 1999. 2ª ed. J. J. de modo que además de requerirse una conducta activa por parte del autor del delito. p. J. p. formal de los elementos del tipo y antes del eventual agotamiento material del hecho. M.: La responsabilidad de particular en el delito de cohecho. Gimbernat Ordeig puso de manifiesto que «mientras que en la prevaricación. F. su castigo no podía haberse efectuado a través de las reglas generales de la participación delictiva. que el cohecho es un delito de convergencia en el que se necesita la concurrencia de dos personas: un particular y un funcionario público o autoridad [cfr. En suma. M. 859]. M. 132 Cfr. 133 Por su parte han apuntado MORALES PRATS y RODRIGUEZ PUERTA. I. p. 5ª ed. BITZILEKIS. 2ª ed. 428 y 429)134. 188]. 1. 1836 y ss./RODRIGUEZ PUERTA.: ComNCP. pp.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. JAKOBS.... ya que no se exige que el sujeto activo sea sólo un funcionario público sino que se tipifica la participación en el delito de cohecho expresamente.: Strafrecht. . 135 La doctrina suele señalar.: El delito de cohecho. 188.1229. MORALES PRATS. N. ZStW. 708 y 709 [trad. tiene lugar una vez que el funcionario público ha realizado el comportamiento recogido en el artículo 405. AT.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. por ejemplo. o de participación necesaria [cfr./RODRIGUEZ PUERTA. que también la función pública puede resultar lesionada o puesta en peligro a través de conductas de particulares.]. 1987. pp. M. L 13/79. Sobre este artículo 423 MORALES PRATS. G.: El delito de cohecho. p. como sucede con el delito de tráfico de influencias (arts. JAKOBS. 2ª ed... 134 Véase RODRIGUEZ PUERTA. es necesario que otro sujeto lleve a cabo una “acción positiva” para su apreciación. 2ª ed. pp. Aranzadi. 708 y 709 [trad. 285 y ss. PG.. OLAIZOLA NOGALES. RODRIGUEZ PUERTA. F. cfr. MORALES PRATS.: Derecho Penal. 859].. MIR PUIG. ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos con las mismas penas de prisión y multa que éstos135. presentes. pp. nº./RODRIGUEZ PUERTA.: Vollendung und Beendigung der Straftat. El fundamento en virtud del cual la conducta del particular está expresamente regulada y castigada junto a la actuación del funcionario público. J.
en relación al delito de cohecho OLAIZOLA NOGALES considera que «el bien jurídico protegido en el delito de cohecho sólo puede afectarse directamente por el funcionario. cfr. en vez de dejarlo conforme a las reglas generales de participación. M. Pero al hacerlo. p. es el funcionario el que “desde dentro” puede actuar con criterios ajenos a la imparcialidad. 294. pp. Quiere ello decir que en la tipificación del intento de corromper al funcionario estamos ante un caso normal de instigación a cohecho elevado a categoría de delito autónomo». ya que en esta clase de delitos la intervención del particular es una condición que posibilita un determinado ejercicio del dominio social típico que ostenta el funcionario público138. 139 Cfr. y ése es el fundamento dogmático de la incriminación del corruptor. pp. como el funcionario público o Autoridad ejerce una función de dominio social en la estructura social en la que está involucrado el bien jurídico protegido en estos delitos. El bien jurídico protegido en tales delitos resulta afectado no sólo por el funcionario sino también por el particular137. porque resalta que lo importante es la conducta de cada sujeto por su lado».REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. 1999. VELEIJE ALVAREZ.: El delito de cohecho. al tipificar la conducta del partícipe. Revista de Derecho y proceso penal. 247. p.: La responsabilidad de particular en el delito de cohecho. sino que rige para los restantes delitos especiales. que está tipificando un comportamiento que acompañará siempre —y necesariamente— al delito en cuestión136». I. la acción del particular tiene un efecto lesivo o de puesta en peligro del bien jurídico porque accede al dominio social que ostenta el sujeto cualificado. GIMBERNAT ORDEIG. 155 el intraneus puede realizar el delito completamente solo. pp. 294 y 295. E. «la tendencia —aunque tal vez sea inconsciente— tiene mucho mayor vigor cuando el legislador siente. E. el funcionario corrupto y el particular corruptor. Para VELEIJE ALVAREZ «el particular que con dinero logra hacer nacer en el funcionario la voluntad de cometer un delito en el ejercicio de su cargo no hace más que inducirlo o instigarlo a cometer el referido delito.: El delito de cohecho. nos plantearemos si puede sostenerse el mismo fundamento material para que el extraneus responda por el delito especial139. Este autor concluye precisamente que la regla del cohecho no es excepcional. 138 Véanse más argumentos en RODRIGUEZ PUERTA. 1. En efecto. 1966. J. 189 y 190.: Autor y Cómplice. El tratamiento penal de la corrupción del funcionario. p. objetividad y legalidad». . En los restantes delitos especiales contra la Administración pública en los que el legislador no haya previsto expresamente la participación de un extraneus. Los motivos que fundamentan la tipificación de la conducta del particular en estos delitos se pueden explicar asimismo desde el punto de vista de la teoría del dominio social.. I.. 1966. no es este el caso del cohecho». véase OLAIZOLA NOGALES. 195 y ss. cfr. se refuerza el argumento de la unilateralidad del delito de cohecho. I. y el legislador ha indicado expresamente la responsabilidad de cada uno de ellos. 190. OLAIZOLA NOGALES recientemente ha considerado que «se regulan expresamente estas conductas porque normalmente en el delito de cohecho intervienen dos personas.. 136 Véase GIMBERNAT ORDEIG.: Autor y Cómplice. 137 Sin embargo. nº. ya que el particular no tiene la capacidad funcional de lesionar el correcto funcionamiento de la Administración. OLAIZOLA NOGALES.
p.: Lehrbuch. 142 Cfr. 1. El partítipe extraneus en los delitos contra la administración pública cometidos por un intraneus En este apartado vamos a efectuar un análisis del tratamiento de la problemática que plantea la participación de un extraneus en un delito especial cometido por un autor intraneus. la doctrina mayoritaria considera injusta la equiparación punitiva del intraneus y del extraneus a pesar de que el segundo no infringe los deberes especiales. G. 1966. algunas personas especialmente caracterizadas (por ejemplo. en los delitos que ahora nos interesan el funcionario público o autoridad)141. 141 Cfr. 5ª ed. T. JAKOBS.: Autor y Cómplice. G.: Strafrecht. Los delitos especiales impropios se caracterizan porque pueden ser cometidos por cualquiera. pp. 515.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. Preci140 Cfr. H. p.: Autor y Cómplice. tirant lo blanch. GIMBERNAT ORDEIG. 214]. 176 [trad. p. E.. p.º 8. 1995. p. p. La diferenciación en el tratamiento de la participación delictiva en los delitos especiales propios e impropios En los delitos especiales propios la especial cualidad del sujeto activo fundamenta la existencia del delito. AP. AT. I. de modo que sólo se incluyen en el tipo. G.: El delito de cohecho. MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN. 1981. 252 y 253. 2ª ed. En segundo lugar. 214]. pp. 456. AT. p. H.. Estudio general.. 176 [trad. Facultad de Derecho. 1966. 51 y ss. J. OLAIZOLA NOGALES. p. por ejemplo.. QUINTERO OLIVARES.: El sistema de las circunstancias del delito. p. por todos. la opinión dominante distingue entre la participación en un delito especial propio y un delito especial impropio. QUINTERO OLIVARES. W. 2000. AT. n. Derecho Penal. CHOCLAN MONTALVO.: La atenuación de la pena del partícipe en el delito especial propio. 2ª ed. 181. JESCHECK. 283.: Derecho penal. E. como autores. 266. pero las propiedades del autor exigidas por el tipo suponen una agravación de la pena142. 31.: Los delitos especiales y la teoría de la participación.156 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN IV. pp. 207. 4ª ed.. G. ALONSO ALAMO. LANGER. PG. M. A. J.: Derecho penal. 2ª ed. En primer lugar hay que señalar que en este ámbito de cuestiones. 252 y 253..: Das Sonderverbrechen. J. lo que supone que el castigo de los partícipes extranei en un delito especial se fundamente de distinta forma según se trate de una u otra clase de delitos140. CEREZO MIR. la doctrina converge en un fin último reconocido de forma expresa por casi todos los autores: la atenuación de la pena del partícipe extraneus en los delitos especiales para tener en cuenta el distinto (menor) contenido de injusto que hay en el extraneus en quien no concurre la cualidad personal. p. GIMBERNAT ORDEIG. p. JAKOBS. Universidad de Valladolid. pp.: Strafrecht. y aunque al respecto existen diversos razonamientos. CEREZO MIR. 2ª ed. PG. .. 207./WEIGEND. 99. p.
1 a la participación en delitos especiales determinará que cuando éstos sean impropios se castigue al extraneus con la pena atenuada prevista en el delito común paralelo.. Parte Especial. En efecto. 510. Tomo II.1 es aplicable sólo por analogía in bonam partem. 8. 1983 pp. ya sea por analogía in bonam partem del artículo 65. 456. 1 del Código penal anterior—. Tomo II. pero claro está que no es aquí donde debe buscarse su pena. 4ª ed.: «la Jurisprudencia ha entendido (con razón) que el precepto del art. p. 297 y ss. cómplices o encubridores en él. es en el ámbito de los delitos especiales impropios donde se ha planteado la conveniencia o no de romper el título de la imputación y al respecto han surgido las siguientes posturas y argumentos. 21 y 22 CP. BACIGALUPO. y PACHECO. Camargo Hernández. J.: La participación en el delito y el principio de accesoriedad.: Derecho Penal. que determina que las circunstancias personales únicamente pueden ser aplicadas a los partícipes en quienes concurran143. 1996..: La comunicabilidad de las circunstancias. 65 se refiere tanto a las circunstancias genéricas (arts. 97 y ss. 1881. (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1995 y 24 de junio de 1995).: La atenuación de la pena al partícipe no cualificado en delitos especiales. PG. 143 La aplicación directa del art. 1 a los delitos especiales propios. F. E..: Código Penal. es sostenida por autores como ESCRIVA GREGORI: La participación del «extraneus» en el parricidio y del «intraneus» en el homicidio. Bosch.º 8. A. M. ya sea directa. en tales delincuentes. 144 La postura que aboga por la ruptura del título de imputación pero considera que el artículo 65. son sólo privados. A.. Modernamente aplica directamente el art. En mi opinión esta doctrina que parece ser la dominante incurre en graves contradicciones y conduce a resultados injustos. AP. ya que en estos casos no existe ninguna figura de delito común paralela.. pp. J.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. pp. 232 y ss. E. J.. 1 a los delitos especiales impropios CEREZO MIR. p.. pp. 5ª ed. 1 del CP anterior fue defendida para los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo por CUELLO CALON. 21 y ss. AP. 207. MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS. pero debería determinar también consecuentemente la total impunidad de este extraneus cuando el delito especial en el que ha participado es uno propio. 21. Barcelona. El presente capítulo no dice sobre ellos nada. revisado y puesto al día por C. 14ª ed. 144 .. si bien es cierto que esta autora sólo se refiere a los delitos es- . 349 y ss. 6». 359 y ss. 65. 1975. Ed. B. n. E. pp. 60. E. Tomo I. 65. Una primera postura aboga por la ruptura del título de imputación en virtud de la aplicación. quien considera que «conjuntamente con los empleados que cometen este delito. en Estudios jurídicos en honor de Pérez-Vitoria. CHOCLAN MONTALVO.: La atenuación de la pena del partícipe en el delito especial propio. volumen I.. 1 del Código penal —el artículo 60. 354.. 1995. y corresponden a títulos que hallaremos después». pueden concurrir particulares que sean co-autores. la aplicación del art. 157 samente. Madrid. nº. 65.. Tales delitos.. p.: Principios. pp. BOLDOVA PASAMAR. 381 y ss. 2ª ed.: Derecho penal. En los delitos especiales propios considera que «el partícipe no cualificado es punible con una pena atenuada por la vía del art. Para evitar estas inconvenientes lagunas de punibilidad la doctrina a la que ahora hacemos referencias opta —y aquí radica su incoherencia— por la inaplicación del art. PEÑARANDA RAMOS.) como a las contenidas en los delitos particulares».
. peciales propios. E. 799]. G. 237. Ed. GIMBERNAT ORDEIG. por lo que el autor principal va a determinar el hecho en virtud del cual se castigará a los partícipes148. 252. La participación sólo es posible cuando concurre realmente un hecho cometido por un autor147. AT. 181 y ss. p. Junto a estas posiciones doctrinales existe otra que mantiene la unidad del título de imputación porque. 93 y ss. pues carece de explicación que se atenúe la pena del extraño en relación con delitos en que la cualidad especial de la que carece simplemente modifica la gravedad del hecho. 4ª ed. J: Comentarios al Código penal. AT. 797]. 797]). A la hora de analizar el título de imputación de la participación en los delitos especiales sobre todo desde el contexto de los delitos de infracción de un deber. Tirant lo blanch.. La punibilidad de un causante de tales delitos en quien no concurre personalmente tales elementos sólo puede explicarse mediante la idea de la accesoriedad de su conducta con respecto a lo injusto de otro en quien concurra aquellos elementos.: La participación en el delito y el principio de accesoriedad. C. pp. E..: Strafrecht. pp. 163. 2ª ed. Barcelona. 22 y ss. Sin embargo. BOLDOVA PASAMAR. M. 147 Cfr. a título de ejemplo. Tomo II. GRACIA MARTIN. mantienen otra postura PEÑARANDA RAMOS. 149 Véase JAKOBS. 163 y ss. 145 Mantienen que el art. CEREZO MIR. 1972. PG. Por otro lado y con carácter general véase sobre esta postura que considera que es inaplicable el artículo 65 —artículo 60 del anterior CP— a los delitos especiales propios. 2ª ed. L. p. BACIGALUPO. Concurso. 1993. Ariel. E. 2ª ed. 660 y 661 [trad. y que no se atenúe dicha pena en aquellos delitos en los que dicha cualidad fundamenta lo injusto específico del hecho145.: La inducción a cometer del delito. AT. JAKOBS. 1 del CP no se aplica a los delitos especiales propios.: Principios. Valencia. pp. pp.. es consecuencia obligada en un Código en el que está vigente el principio de accesoriedad de la participación146. Autoría en la Doctrina del Tribunal Supremo (coautoría mediata y delitos impropios de omisión).: Derecho penal..: Strafrecht. G. p. J. J. p.: Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales. 148 Cfr. por un lado. 1966. «la participación en los delitos especiales conduce a la imputación a pesar de la separación de papeles» (cfr. A juicio de este autor el principio de accesoriedad que rige la participación en nuestro ordenamiento jurídico penal. G. 661 [trad. 382.158 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN pero entonces se incurre en una nueva contradicción. pp. 207. 660 [trad. p.: Teoría general de las circunstancias. 1995. 215. en este caso de índole valorativa. pp. E. EL MISMO. 25 y ss. 2ª ed. 146 Cfr. A. como ha advertido Jakobs149. M. p. CORDOBA RODA. p. MORENO Y BRAVO. 65.: Strafrecht. tiene sólo un sentido de “límite” negativo y no implica la necesidad de admitir la “accesoriedad positiva” que supone la comunicación al partícipe de los elementos personales. se suele afirmar que el partícipe se encuentra conectado con el hecho principal a pesar de carecer del status. p.: La comunicabilidad de las circunstancias.: Autor y Cómplice. de modo que en los delitos de infracción de un deber el hecho prin- . p. 251 y ss. JAKOBS. o en palabras de JAKOBS. p. p. véase GOMEZ RIVERO. PEREZ ALONSO. GOMEZ RIVERO considera que el carácter accesorio de la participación obliga a aceptar la unidad del título de imputación para todos los intervinientes en la comisión de un delito que sean partícipes en el mismo.
: Pflichtdelikt und Beteiligung. 1991. 1997. pp. p. ROCA AGAPITO. supra.: Derecho Penal. C. Según este último autor se trata de una accesoriedad en el sentido original del término latino “accedere”: el extraneus “participa” en el delito de infracción de un deber mientras se adhiera a una lesión de un deber ajeno. GIMBERNAT ORDEIG. 172. H. 1975. Duncker & Humblot. la idea rectora decisiva para la tipicidad de los delitos especiales contra la Administración pública no es la infracción de un deber.. según esta posición doctrinal el artículo 65 del CP es inaplicable a estos supuestos. p. nº. MUÑOZ CONDE.. 1966. 12ª ed. G. M. pp. 398. 11ª ed. L. véase sobre la misma BOLDOVA PASAMAR.: Pflichtdelikt und Beteiligung. F. pp. Por otro lado. Tirant lo blanch. p. p.. H.: Autor y Cómplice. H. 223 y ss. 335. 90. ZStW. comentario previo al § 331. 115. E.: El delito de malversación. comentario previo al § 331. A. L..: Amtsverbrechen.: Derecho Penal. 159 y ss. 5ª ed.: SK. Tirant lo blanch. 152 Cfr.: Autor y Cómplice. Las sentencias aludidas están recogidas en la p. cit. R. 154 Véanse GRACIA MARTIN. 1978. p. 1999. 1966.: La autoría.: Autor y Cómplice. 166 y 167. 11ª ed. lo cipal vincula al partícipe con una institución positiva que no le concierne como ha afirmado SÁNCHEZ-VERA.. DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. 227. M. 1999. 1993. pp.: La comunicabilidad de las circunstancias. I.: LK... WAGNER. PG. Parte Especial. G. pp.: LK. M. Cfr. véase EL MISMO.: Pflichtdelikt und Beteiligung. Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales.: Delitos contra Bienes Jurídicos Fundamentales. 151 Cfr.. pp. S. 185. pp. BOLDOVA PASAMAR. 1994. 153 Cfr. 1993. 4 y ss. QUINTERO OLIVARES. 1966. 163. OLAIZOLA NOGALES. 144. 159 de modo que la participación no se debe a sí misma su contenido de injusto. . pp. GIMBERNAT ORDEIG.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. pues se refiere a las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas de los artículos 21. a mi juicio. 280 y ss. JESCHECK. 63 y ss. A. 65 y ss. Este elemento fundamenta lo injusto específico de estas figuras delictivas y.. GRACIA MARTIN. 5ª ed. nº. ROXIN. § 28. En suma al partícipe extraneus se le hace responder como partícipe del delito especial cometido por el intraneus152. además de los autores citados en la nota anterior. 7 y 8. H. p. L 15/42. MIR PUIG.. p. J. Esta última postura es. p. p. pp. la más convincente por varios motivos. sino el dominio social típico que ostenta el funcionario público y en el que se encuentran involucrados determinados bienes jurídicos de una manera esencial u ocasional para el cumplimiento de unas funciones sociales153. Como aval de esta postura hay que hacer referencia a una corriente jurisprudencial. ob. pp.. 1999. nº 5. J. II.: La autoría. Duncker & Humblot. GIMBERNAT ORDEIG. J. En primer lugar. 926. por ello. SANCHEZ-VERA. 12. SANCHEZ-VERA. 163. 279 y ss.: El delito de cohecho.. E. EL MISMO. pp. nota 17. J. DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. 149 y ss.: El actuar en lugar de otro. está sometido a la categoría dogmática del tipo154. 171 y 172. 152 y ss. Duncker & Humblot.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. M.: Los delitos especiales y la teoría de la participación. 1991. 276 y ss. sino que éste procede de la contribución o favorecimiento de un hecho ajeno150. 150 Cfr.: La comunicabilidad de las circunstancias. pp.. RUDOLPHI. En Alemania defienden la unidad del título de imputación CORTES ROSA. En relación al anterior Código penal: QUINTERO OLIVARES. Sobre el principio de accesoriedad en el anterior Código penal y en el Código penal alemán. Cfr. SANCHEZ-VERA. E. Duncker & Humblot. 22 y 23 del CP151. 413 y ss..
. determinado. se fundamenta en el ejercicio de una función pública y es el motivo por el que los delitos especiales propios e impropios adquieren una significación normativa propia. a la realización del proyectado hecho. pp.: Curso. IVAP. L. que es tenido en cuenta por la ley para medir la gravedad de lo injusto o de la culpabilidad». 90. 135. J. el 155 Véase GONZALEZ CUSSAC. relación o dato concreto. p. OLAIZOLA NOGALES. 946). La agravación genérica de prevalimiento del cargo. 158 Cfr. el sujeto se aprovecha de la cualidad de funcionario público pero no dentro de la actividad que le es inherente y con respecto a cuyo ejercicio se protege un bien jurídico de un modo específico frente al funcionario159. 159 Cfr.: Previsiones específicas en materia de penalidad. J. es decir.: El actuar en lugar de otro. En relación con esta circunstancia concreta CEREZO MIR.: Previsiones específicas en materia de penalidad. 1997. en este último ámbito. 350. 157 Cfr. II. II. Inhabilitación y suspensión. I. . IVAP. I. 5 de diciembre de 1973 (A. CEREZO MIR. Aprovecha la cualidad de funcionario. p.. La diferencia entre el ejercicio de la función pública y el prevalerse del carácter público estriba en que. I. 6ª ed. cit. a fin de gozar de una mayor facilidad para conseguir su delictuoso móvil». (A. J. sino que además impide aplicar este precepto por analogía al no contemplarse una identidad de razón entre la circunstancia de prevalerse del carácter público del responsable y el ejercicio del dominio social. 1997. véase CEREZO MIR. J. 6488). pero no dentro de la actividad que le es inherente. p..: ob. Véanse los autores citados en la nota 151. haciendo valer su posición oficial para llegar al objeto propuesto. 397. 6ª ed. 7635). 1997. L. La agravación genérica de prevalimiento del cargo. 361 y ss.. Cfr. Esta distinción aparece recogida el la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1990. 156 Cfr. p. La circunstancia de prevalerse del carácter público del responsable supone un dato concreto y determinado que es tenido en cuenta por la ley para medir la gravedad de lo injusto156 y se debe apreciar cuando un funcionario se prevale del carácter público de su status157. Inhabilitación y suspensión. GRACIA MARTIN. (A. en estos delitos especiales que estamos tratando lo básico para la tipicidad es la realización de la acción por un funcionario en el ejercicio de las funciones que caen dentro de sus competencias. En segundo lugar.: El delito de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos.160 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN cual impide no sólo que quede sometido al régimen de la comunicabilidad de las circunstancias del artículo 65 del CP puesto que este artículo es aplicable a las circunstancias de la parte general y no a los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva155. 30 de octubre de 1987 (A. OLAIZOLA NOGALES. El dominio social que constituye el sustrato material para limitar la esfera de los posibles autores. 29 de octubre de 1956 (A. 350 en relación con las circunstancias en general. 3329). además. que el agente obra como particular más prevaliéndose de las funciones o carácter público que ejerce. las STS de 2 de julio de 1941 (A. de 19 de julio de 1993. CEREZO MIR define la circunstancia como «todo hecho. 2ª ed. 6254) en cuyo Fundamento de Derecho número VII se establece que «la circunstancia referida se refiere expresamente al prevalimiento del carácter público y no al abuso de la función. p.: Curso. 91. p. lo que implica una situación de mayor accesibilidad del bien jurídico protegido158. Sin embargo. 4911).
. 98.: Pflichtdelikt und Beteiligung. de modo que convenimos con la opinión doctrinal que considera que respecto del extraño que participa en un delito especial propio o impropio. cfr. II. Por el contrario. dada la especial exposición del bien jurídico y su especial vulnerabilidad por el dominio de tales sujetos. Por este motivo no estoy de acuerdo en la conclusión a la que llega MIR PUIG cuando afirma en relación con el artículo 167 del Código penal que «cuando la ley prevé cualificaciones accidentales como la de ser el sujeto autoridad o funcionario. GRACIA MARTIN. 195 y ss. su conducta (de partícipe) contiene el desvalor que se expresa en el delito especial sea propio o impropio. 2000. p. Consecuentemente. tanto en los delitos de infracción de un deber propios o impropios se trata de igual manera de la lesión de una institución positiva.: La omisión: estado de la cuestión. p. L. valora como más grave el ataque en tales estructuras y otorga una protección especial destacada de la protección general frente a todos162. Ed. 1999. . 98.: El actuar en lugar de otro. En los delitos especiales impropios es cierto que se protegen bienes jurídicos accesibles en principio al dominio de todos. la mayor pena que se prevé para el sujeto sólo puede imponerse a dicho sujeto —no al particular que interviene en el hecho. los funcionarios públicos o las autoridades que ejercen sobre ella su dominio161. MIR PUIG. S.. p. aunque sea inductor o cooperador no ha de verse como un partícipe en un delito especial del funcionario. G.: Derecho Penal.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. Civitas. 28». 162 Cfr. 161 Cfr. generalmente.. todos los que intervienen ya sea como autores — y ostentan el dominio social típico— o como partícipes —y acceden al 160 SANCHEZ-VERA considera asimismo que si se aplica consecuentemente la teoría de los delitos de infracción de un deber no existe un campo para los delitos de infracción de un deber impropios. Pero cuando el bien jurídico ha entrado circunstancialmente en una determinada estructura social dominada por cierta clase de sujetos definidos.. el Derecho penal. GRACIA MARTIN. pp. 150.: El actuar en lugar de otro. 5ª ed. 161 partícipe extraneus en un delito contra la Administración pública. SANCHEZ-VERA. en el caso de los delitos contra la Administración pública.. En los delitos especiales propios no existe una figura paralela común porque normalmente el bien jurídico sólo existe en una estructura social determinada que está dominada por sujetos muy definidos. PG. Duncker & Humblot. II. 203 y ss. De la exposición efectuada resulta ya cuestionable que se diferencie el tratamiento de la participación delictiva en los delitos especiales propios e impropios160. JAKOBS. L 15/43. J. que. el extraño responde con base en el delito especial. L. sino en el único delito existente de detenciones ilegales— y tanto si es autor en sentido estricto como si es uno de los autores asimilados del art. conoce que al funcionario público o a la autoridad le resulta más accesible el bien jurídico que se pretende vulnerar en esa estructura social. cfr. Así cuando un extraneus ha participado en un ataque al bien jurídico en el seno de estas estructuras sociales realizado por un intraneus que ostenta el dominio social típico.
DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. Sin emCfr. es decir. una atenuación de la pena. 1991. 157. realmente. ya que no se tiene en cuenta el «distinto (menor) contenido de injusto que en el extraneus pudiera haber por no concurrir en él la cualidad personal»165. Ello es un signo desfavorable que tiene un fundamento material. es injusta la solución que hace responder de modo similar a los intranei y a los extranei. Para CHOCLAN MONTALVO la opción de castigar con la misma pena al intraneus que al extraneus. participa en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico que sólo se puede producir a través del dominio social típico en el que está involucrado dicho bien y que ostenta el autor intraneus163. I. La imposición de la pena correspondiente al delito especial al partícipe extraneus es proporcionada a la gravedad de lo injusto que se ha cometido. DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. 165 Cfr. «se 163 164 . valerse de un dominio social típico que ostenta un intraneus para lesionar más fácilmente un bien jurídico. M. M. pp. L. 78 y ss. La atenuación de la pena del partícipe extraneus en un delito especial Llegados ya a este punto en estos supuestos de intervención de un extraneus en un delito especial debemos plantearnos si merece o no. 2. aunque es un sujeto que formalmente no pertenece a la esfera de posibles autores. 363 y ss. como ha afirmado Díaz y García Conlledo en relación con los delitos especiales con un carácter más general. Por ello podemos afirmar también que el castigo del partícipe extraneus conforme al delito especial se fundamenta en juicios de merecimiento y necesidad de pena164. 1991. GRACIA MARTIN. Sobre estos juicios cfr.: La autoría. En estos supuestos la imposición de la pena correspondiente al delito especial al partícipe extraneus se fundamenta en que accede a un dominio social típico para lesionar más fácilmente un bien jurídico.: El actuar en lugar de otro. El extraneus que participa con un intraneus en la comisión de un delito especial.: La autoría. Al respecto se puede afirmar que existe unanimidad en la doctrina en torno a la exigencia de la atenuación de la pena del partícipe extraneus y ello porque. pp. p. por lo que concurren elementos que son desfavorables y que fundamentan o gravan su responsabilidad.162 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN dominio social típico para lesionar más fácilmente al bien jurídico protegido— responderán por el delito especial cometido. El autor intraneus de un delito especial se caracteriza porque ejerce el dominio social típico en virtud de una función específica mediante la que accede al bien jurídico protegido pudiendo lesionarlo. puesto que se han establecido determinadas conexiones fácticas y valorativas que son relevantes para el enjuiciamiento jurídico penal.
su conexión con lo típico existe. p. 231. Pero... con razón o sin ella el Código Penal no lo ha recogido como tal circunstancia. cfr.: La atenuación de la pena al partícipe no cualificado en delitos especiales. GIMBERNAT ORDEIG. 1966. al no concurrir en él la condición de funcionario. 8. L. J. 292. DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. 135. GONZALEZ CUSSAC también ha apuntado que el artículo 21. cit. AP. se pueden conseguir en muchos de los casos soluciones bastantes adecuadas al desvalor de las conductas y. cfr. 23.. B. CHOCLAN MONTALVO. «el menor desvalor de la conducta del extraneus se fundamenta por el hecho de que la falta de cualificación lo aleja o distancia (en caso de participación stricto sensu) más que en los casos normales del ámbito de lo típico en los delitos especiales. p. GIMBERNAT ORDEIG. 1966. que «el extraño. M. pero es menor que en los casos normales. cit. Inventarla no me parece dogmáticamente posible»166. nota 204. pero sí una rebaja en la misma». Gimbernat Ordeig señala «que el hecho de no estar vinculado por un deber especial podría considerarse una circunstancia atenuante en los delitos especiales de funcionarios es evidente. pues le falta el plus de tal carácter que en él no concurre y que es el determinante. 98. ob. pp. en general. LA MISMA. por así decirlo. . y entre ellas no se encuentra la de no ser funcionario público. cfr. es decir. en el supuesto de los delitos especiales impropios. p. 167 Cfr. p. (Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1995 y 24 de junio de 1995). nº. p. si se castiga al partícipe extraño en los delitos especiales propios con una pena restrictiva de derechos de inhabilitación especial. no actúa con la potencialidad y fuerza de antijuridicidad que caracteriza a quien sí posee esta condición. con una interpretación hábil de los preceptos. 166 Cfr. del nacimiento de la figura penal alrededor de la cual giran las correspondientes participaciones delictivas».REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. A. 1996.: La atenuación de la pena del partícipe en delito especial propio. Considera más acorde con la política criminal la aplicación de una pena de multa. cfr. 161 y 162. E.: La autoría. Díaz y García Conlledo propone como vía de solución «tanto para los delitos especiales propios como para los impropios. J. En cualquier caso en un Código penal que dé suficiente margen al juego de las circunstancias agravantes y atenuantes. a los postulados de la justicia material» suscribiendo las solu- ha considerado manifiestamente injusta». ob. Para DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. cfr. la doctrina difiere en las distintas soluciones que tienen como fin atenuar la pena del partícipe extraneus. EL MISMO. 6º se refiere sólo a las circunstancias atenuantes. Y propuso en su momento que el juez impusiera al extraneus partícipe el grado mínimo de la pena del delito especial en virtud del arbitrio que le concede la ley167. 1995. E. GONZALEZ CUSSAC. 8. nota 55. p. nº. 22. 293. E. 1997. la referencia a la infracción de deberes contenida en el parágrafo 32 del Código penal austríaco.: Autor y Cómplice. A juicio de esta autora se detecta una falta de adecuación respecto a la utilidad y necesidad de pena. 163 bargo. 2ª ed. p. AP. Así. MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS..: Autor y Cómplice. MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS apunta en el marco de los delitos contra la Administración pública.: El delito de prevaricación de autoridades y funcionarios públicos. lo cual justificaría la no exclusión de los extranei de la punición. por ejemplo.
: El actuar en lugar de otro. L. párr. mientras que en los propios se intenta apreciar en el no cualificado una atenuación. p. DIAZ Y GARCIA CONLLEDO. de modo que «tanto para los delitos impropios como para los propios se estaría prescribiendo una misma solución a base de circunstancias: en los delitos especiales impropios no se aplican al extraño los efectos de lo que es materialmente considerado como circunstancia específica. CEREZO MIR. nº 1 y ss. 1994. A.: La comunicabilidad de las circunstancias. AP.: La autoría. L. aunque genérica».: El delito de cohecho. En concreto para BOLDOVA PASAMAR al partícipe extraño que interviene en un delito especial propio habría que aplicarle una atenuante porque no está vinculado con el deber específico que vincula al autor. se deberá atenuar la pena según el parágrafo 49. entonces. atenúen o excluyan la pena. 1993. p. véase. GRACIA MARTIN.. J. por ejemplo.172.: Derecho penal.: Instrumentos de imputación jurídico penal en la criminalidad de empresa y reforma penal. Sobre este parágrafo. 170 Véase la propuesta de GRACIA MARTIN. PG. 182. 16. 1. nota 64. M. 171 CEREZO MIR ha considerado que sería deseable introducir en el Código penal de lege ferenda un precepto que establezca una atenuación de la pena para aquellos supuestos en los que falte en los partícipes extranei las circunstancias personales que fundamentan la punibilidad de la conducta. C.164 Mª ÁNGELES RUEDA MARTÍN ciones propuestas por Gimbernat168. 2ª ed. 115. se propone de lege ferenda un precepto que establezca una atenuación de la pena. 2) Si la ley determina que los elementos personales especiales agraven. 11ª ed. lo que puede llevar en muchas ocasiones a soluciones comparativamente injustas. ROXIN. cfr. 1991. Los efectos lesivos o de puesta en peligro del bien jurídico que se derivan de las acciones de los partícipes extranei. manteniendo la unidad del título de imputación170. 1991. II. 230. Akzesorietät der Teilnahme und persönliche Merkmal. Crítica con esta solución OLAIZOLA NOGALES. p. esto sólo vale para aquel interviniente (autor o partícipe) en que concurra». p. 169 Cfr. BOLDOVA PASAMAR.: LK. no pueden tener para lo injusto el mismo significado que los derivados de las acciones de los partícipes intranei. 207. para aquellos supuestos en los que falte en los partícipes extranei las circunstancias personales que fundamentan o agravan la punibilidad de la conducta y que consistiría en disminuir la pena a imponer al autor del delito especial propio o impropio en un grado171.. En concreto.. p. 168 Cfr. sucede con el parágrafo 28 del StGB que establece que «1) Si faltan en el partícipe (inductor o cómplice) elementos personales especiales. El tratamiento de la atenuación de la pena del partícipe extraneus debe encontrar su lugar sistemático en las reglas de medición de la pena. Como. El menor potencial lesivo de estas acciones degrada. M. GA. 166 y 167. HERZBERG. igualmente circunstancial. pp. que fundamentan la responsabilidad del autor. . I. Estas opiniones doctrinales solucionan la cuestión de la atenuación de la pena del partícipe extraneus mediante la aplicación de una atenuante genérica. nº. la medida de su injusto y su contenido de injusto tiene un significado diferente que debe reflejarse en la medición de la pena169. 255.
Véase asimismo las consideraciones acerca de las posibilidades de atenuación de la pena del partícipe extraño en los delitos de infracción de un deber que realiza SANCHEZ-VERA. pp. o si el extraneus realiza sólo el quantum de una ayuda (con una doble atenuación de la pena). 2) Si por el contrario las cualidades o relaciones personales especiales afectan exclusivamente a la culpabilidad. C. (Este sistema parte de un concepto unitario de autor).: La autoría. 145 y ss. incluso cuando esas cualidades o relaciones concurran sólo en uno de ellos. 172 Por su parte. 85 y ss. 2000. 1999. 163.: Teoría general de las circunstancias. 130 y ss.: Autoría mediata en Derecho penal. PEREZ ALONSO considera que para conseguir la no impunidad del partícipe se debe pagar el “alto precio” de equiparar la pena del inductor o cooperador extraño con la del autor material del delito especial propio y es necesario acercarse a la justicia material mediante la aplicación analógica.: La inducción a cometer del delito. Tirant lo blanch. J. M. J.REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE EXTRAÑOS EN LOS DELITOS CONTRA. DIAZ Y GARCIA CONLLEDO.. Cfr. pp. distinguiendo si la contribución al hecho del extraneus realiza el quantum de un autor (con una sola atenuación de la pena). M. 1991. E.164 y 165... se aplicará la ley a todos los intervinientes.162. . 1995. de las reglas de disminución de la pena previstas para la tentativa. C. GOMEZ RIVERO. PEREZ ALONSO.. El parágrafo 14 del StGB austríaco establece que «1) Cuando la ley haga depender la punibilidad o la gravedad de la pena de cualidades o relaciones personales especiales que se refieran al injusto del hecho.: Pflichtdelikt und Beteiligung. Véase BOLEA BARDON. deberá cumplirse también este requisito. 240 y 241. 165 pp. si el injusto del hecho depende de que el titular de las cualidades o relaciones personales especiales ejecute inmediatamente el hecho o colabore en él de una forma determinada. Pero. Valencia. Duncker & Humblot. pp. a favor del reo. pp. se aplicará la ley únicamente a los intervinientes en que concurran dichas cualidades o relaciones». pp. 211 y ss.
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