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Timestamp: 2019-03-24 01:16:25+00:00

Document:
Notaría Barajas. Notario en Madrid
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Telf.: 91.333.60.54
Antonio F. Peralta Esperilla
Preguntas frecuentes. Notaría Barajas
Los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del Derecho, con plena autonomía e independencia en su función y que, como profesionales del derecho que son, con la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y asesorarles sobre los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar.
El párrafo segundo del artículo 3º del Reglamento Notarial establece que los particulares tienen el derecho de libre elección de notario y que la condición de funcionario público del notario impide que las Administraciones Públicas o los organismos o entidades que de ellos dependan puedan elegir notario, turnándose la autorización de los documentos entre los notarios con competencia en el lugar del otorgamiento.
En España hay alrededor de tres mil notarios, por lo que será fácil encontrar uno cerca de tu domicilio, que te asesorará y estudiará tu caso sin cobrarte naday te aconsejará sobre la forma más conveniente de tratarlo, indicándote las ventajas e inconvenientes de cada opción, así como su coste aproximado.
Especialidades entre los Notarios
PARTICULARES: En el caso de documentos entre particulares la regla general es que se respete lo pactado entre las partes y, en último caso, el derecho de elección corresponderá al obligado al pago de la mayor parte de los aranceles notariales.
CONSTRUCTORES, PROMOTORES, ENTIDADES FINANCIERAS...: En el caso de transmisiones onerosas de bienes o derechos realizadas por personas, físicas o jurídicas, que se dediquen a ello habitualmente, o bajo condiciones generales de contratación, como constructoras, promotoras, entidades financieras, el derecho de elección corresponderá al adquirente o cliente de aquéllas, quien sin embargo, no podrá imponer un notario que carezca de conexión razonable con algunos de los elementos personales o reales del negocio.
ENTIDADES PÚBLICAS: Y cuando el otorgante, transmitente o adquirente de los bienes o derechos, fuere el Estado, las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, o los organismos o sociedades dependientes de ellos, participados en más de un cincuenta por ciento, o en los que aquellas Administraciones Públicas ostenten facultades de decisión, los documentos se turnarán entre los notarios con competencia en el lugar del otorgamiento.
Función notarial sobre la certificación de la eficiciemcia energética
En aplicación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, a partir del pasado 1 de junio se impone la obligación al vendedor o arrendador de mostrar y entregar al comprador o nuevo arrendatario el certificado de eficiencia energética del edificio cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos.
¿Qué es el certificado de eficiencia energética? El certificado de eficiencia energética es un documento suscrito por técnico competente que contiene información sobre las características energéticas y la calificación de eficiencia energética de un edificio en base a los equipos técnicos instalados destinados a calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua caliente sanitaria o iluminación, entre otras.
¿Quién es técnico competente para suscribir el certificado de eficiencia energética de un edificio? En un edificio ya existente el técnico competente es aquel que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificios o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, tales como Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, etc. En el caso de un edificio de nueva construcción el técnico competente es el director de obra y el director de la ejecución de la obra.
¿Quién está obligado a obtener el certificado de eficiencia energética? El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o existente, será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio. El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor o propietario, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial lo que permitirá realizar las labores de inspección y control técnico y administrativo.
¿A qué edificios se aplica este Real Decreto?
Será de aplicación, entre otros, a:
Edificios ya existentes que no dispongan de un certificado en vigor.
Se excluyen del ámbito de aplicación, entre otros:
Y edificios de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.
¿Cuál es la función notarial en aplicación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril?
En primer lugar, el notario debe informar de la obligación de mostrar y entregar al comprador o nuevo arrendatario el certificado de eficiencia energética del edificio cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos. Y de una forma más práctica:
En las escrituras de declaración de obra nueva terminada o en las actas de final de obra de un edificio o vivienda unifamiliar de nueva construcción, incluso en caso de autopromotor, el notario exigirá el certificado de eficiencia energética para su incorporación a la matriz, tal como establece el artículo 20.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. Sin el certificado de eficiencia energética el Registrador denegará la inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad.
En las escrituras de declaración de obra por antigüedad no es necesario incorporar el certificado de eficiencia energética al instrumento público, pues nada dice al respecto el artículo 20.4 de la citada Ley de suelo.
En las escrituras de compraventa o cualquier escritura de transmisión a título oneroso y arrendamiento de edificios o parte de los mismos se debe consignar el cumplimiento de la obligación por el vendedor o arrendador de mostrar y entregar al comprador o arrendatario del certificado de eficiencia energética del edificio, e incluso incorporar a la escritura un testimonio de dicho certificado. El incumplimiento de esta obligación no afectará a la eficacia del negocio jurídico que se entenderá perfeccionado desde el momento de su otorgamiento, pero implicará sanción por infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
Advertencias especiales en escrituras de préstamos y créditos hipotecarios
El pasado 29 de julio de 2011 entró en vigor el capítulo II del título III, a excepción de la sección 3ª, de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre,de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que establece, entre otras disposiciones, una serie de obligaciones a los Notarios en la autorización de créditos y préstamos hipotecarios concedidos por entidades financieras a personas físicas en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir.
Estas obligaciones establecidas en el artículo 30 de dicha Orden son las siguientes:
1. Los notarios deben tener a disposición del cliente para su examen un borrador de la escritura de crédito o préstamo hipotecario durante al menos tres días hábiles anteriores a su otorgamiento.
No obstante, el cliente podrá renunciar expresamente a este derecho siempre que el otorgamiento de la escritura tenga lugar en la propia notaría, lo que se hará constar expresamente en la escritura.
2. Los notarios denegarán la autorización de la escritura de crédito o préstamo cuando el mismo no cumpla lo previsto en dicha Orden y la legalidad vigente.
3. Los notarios están obligados a informar al cliente del valor y alcance de las obligaciones que asume.
4. Los notarios comprobarán si el cliente ha recibido adecuadamente y con la suficiente antelación la Ficha de Información Personalizada (FIPER).
¿Qué es la Ficha de Información Personalizada (FIPER)? Es un documento que las entidades financieras tienen la obligación de poner a disposición del cliente antes de que quede vinculado por cualquier contrato u oferta, de forma gratuita, una vez que éste le haya facilitado la información que precise sobres sus necesidades de financiación, su situación financiera y sus preferencias, que le permite comparar los préstamos disponibles en el mercado, valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el crédito o préstamo, y que debe adecuarse al modelo que figura en el anexo II de dicha Orden.
Los notarios examinarán la FIPER, en caso de que la haya, y comprobarán si se ajusta al modelo que figura en el anexo II de la Orden, así como si la fecha de dicho documento no es posterior a la fecha de la escritura o de la oferta vinculante si ha sido solicitada. En caso de que el cliente no haya recibido el FIPER o éste no se ajuste al modelo que figura en el anexo II de la Orden, o sea de fecha posterior al del otorgamiento de la escritura de crédito o préstamo o de la oferta vinculante si ha sido solicitada, los notarios denegarán la autorización del crédito o préstamo, salvo que el cliente renuncie a este derecho, en cuyo caso se hará constar expresamente en la escritura.
5. Si ha sido solicitada la oferta vinculante por el cliente, los notarios comprobarán si existen discrepancias entre las condiciones de dicha oferta y la escritura y, en caso de que existan discrepancias, informar al cliente de la obligación de la entidad financiera de aceptar las condiciones ofrecidas al cliente en la citada oferta vinculante dentro del plazo de su vigencia.
¿Qué es la oferta vinculante? Es un documento que el cliente puede solicitar a la entidad financiera una vez que hayan mostrado ambas partes su voluntad de contratar un crédito o préstamo hipotecario, se disponga de la tasación correspondiente del inmueble y se hayan efectuado las oportunas comprobaciones sobre su situación registral y sobre la capacidad financiera del cliente. La oferta vinculante se facilitará mediante una Ficha de Información Personalizada (FIPER), que debe ajustarse al modelo que figura en el anexo II de la Orden, y en la que adicionalmente se especificará que es una oferta vinculante y su plazo de vigencia. La oferta vinculante y la FIPER se pueden entregar al cliente en un único documento si la entrega se hace en la misma fecha y coincide íntegramente en cuanto a contenido. En el caso de hipoteca inversa será obligatoria la entrega de la oferta vinculante.
Los notarios examinarán la oferta vinculante, en caso de que haya sido solicitada, y comprobarán si se ajusta al modelo que figura en el anexo II de la Orden, si figura que se trata de una oferta vinculante y su plazo de vigencia y si existen discrepancias entre la misma y la escritura de crédito y préstamo (importe del préstamo, duración, tipo de interés, periodicidad en el reembolso, importe de las cuotas, tabla de amortizaciones, vinculaciones, amortización anticipada, etc...). En caso de que el cliente no haya recibido la oferta vinculante después de haberla solicitado a la entidad financiera, o ésta no se ajuste al modelo que figura en el anexo II de la Orden y que conste que es una oferta vinculante y su plazo de vigencia, o que existan discrepancias entre dicha oferta y la escritura de crédito o préstamo, los notarios denegarán la autorización de dicha escritura e informarán al cliente de la obligación de la entidad financiera de aceptar las condiciones ofrecidas al cliente en la citada oferta vinculante dentro del plazo de su vigencia, salvo que el cliente no quiera ejercitar estos derechos, en cuyo caso se hará constar expresamente en la escritura.
6. En el caso de préstamos a tipo de interés variable, los notarios comprobarán si el cliente ha recibido la información sobre instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés, cláusulas suelo y techo, y cuotas a satisfacer en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés.
Los notarios examinarán la FIPER, en caso de que la haya, y comprobarán si consta anexo a dicha Ficha de Información Personalizada la información relativa a los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés, cláusulas suelo y techo, y cuotas a satisfacer en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés. En caso de que la FIPER no contenga dicha información, los notarios denegarán la autorización del crédito o préstamo, salvo que el cliente no quiera ejercitar este derecho, en cuyo caso se hará constar expresamente en la escritura.
7. En el caso de préstamos a tipo de interés variable, los notarios advertirán expresamente cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el tipo de interés de referencia pactado no sea uno de los oficiales siguientes:
c) Que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés, como cláusulas suelo o techo. En particular, el notario consignará en la escritura esa circunstancia, advirtiendo expresamente de ello al cliente e informándole, en todo caso, sobre:
Los efectos de estos límites ante la variación del tipo de interés de referencia.
Las diferencias entre los límites al alza y a la baja y, de manera especial, si se ha establecido únicamente un límite máximo a la bajada del tipo de interés.
8. Los notarios informarán al cliente de cualquier aumento relevante que pudiera producirse en las cuotas como consecuencia de la aplicación de las cláusulas financieras pactadas. En particular deberá advertir de los efectos que la existencia, en su caso, de períodos de carencia tendría en el importe de las cuotas una vez finalizados tales períodos; así mismo, advertirán de la previsible evolución de las mismas cuando se hubieran pactado cuotas crecientes o cuando se hubiera previsto la posibilidad de interrumpir o posponer la amortización del préstamo.
9. Los notarios informarán al cliente de la eventual obligación de satisfacer a la entidad ciertas cantidades en concepto de compensación por desistimiento o por riesgo de tipo de interés en los términos previstos en los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
10. En el caso de que el préstamo no esté denominado en euros, los notarios advertirán al cliente sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio.
11. Los notarios comprobarán que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican para el cliente comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cláusulas financieras.
12. En el caso de hipoteca inversa los notarios verificarán la existencia del correspondiente asesoramiento independiente y la entrega de la oferta vinculante que, en este caso, es obligatoria. En caso de que la formalización de la hipoteca inversa se realice en contra de la recomendación realizada por el asesoramiento independiente, se deberá advertir de este extremo al cliente.
13. Los notarios informarán al cliente de los costes exactos de su intervención.
La decisión del notario por la que deniegue la autorización de la escritura de crédito o préstamo, deberá efectuarse mediante escrito motivado, ordenado en hechos y fundamento derecho, decisión que será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en los plazos y forma previsto para el recurso de alzada.
El IBI es el acrónimo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antes llamado Contribución Urbana), que grava anualmente la titularidad de un derecho sobre los bienes inmuebles y que se calcula en base a su valor catastral, cuya liquidación y recaudación es competencia exclusiva de los ayuntamientos.
Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles:
a) De una concesión administrativa.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone en su artículo 75 que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se devenga el primer día del período impositivo y que éste coincide con el año natural; y, en su artículo 63 dispone que son los sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y otras entidades que ostenten la titularidad del derecho sujeto al impuesto.
Por lo tanto queda claro que el obligado a pagar dicho impuesto es el titular del derecho a uno de enero, independientemente de que las partes contratantes pacten otra cosa en el documento privado o en la escritura pública que documente la transmisión.
El testamento es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. El término "testamento" procede del latín, testatio mentis, que significa "testimonio de la voluntad".
Podrán testar las personas mayores de catorce años, excepto para el testamento ológrafo que se necesita la mayoría de edad, y las que se hallaren en su cabal juicio.
Cuando una persona fallece sin hacer testamento, le Ley determina quiénes son sus herederos legales, en cuyo caso, será necesario realizar la declaración de herederos ab intestato para determinar quiénes son esos herederos legales del fallecido o causante. Si los herederos son el cónyuge, ascendientes o descendientes, la declaración de herederos puede hacerse por acta notarial, pero si los herederos son hermanos, primos o tíos, hay que acudir a un procedimiento judicial. El proceso de realizar la declaración de herederos siempre es mucho más costoso que hacer testamento y complica considerablemente el trámite de la herencia, por eso lo más recomendable es siempre otorgar testamento, sólo por alrededor de 40 euros, se tenga la edad que se tenga.
El testamento puede ser común o especial. Dentro del testamento común está el ológrafo, el abierto y el cerrado, y dentro del testamento especial está el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.
Este tipo de testamento sólo podrá otorgarse por personas mayores de edad. Para que sea válido deberá estar escrito íntegramente y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue.
El testamento ológrafo deberá protocolizarse una vez fallecido el testador, presentándolo con este objeto al Juez de primera instancia del último domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese fallecido. El Juez comprobará la autenticidad del testamento por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testador o por medio de cotejo pericial de letras. Si el Juez estima justificada la identidad del testamento, acordará que se protocolice.
El testamento ológrafo es sencillo y barato, pero es frecuente su nulidad por falta de los requisitos formales exigidos, es necesario un procedimiento judicial para reconocer su validez, se pueden producir problemas de interpretación por ser redactado por el propio testador y no queda constancia de su existencia. Por todo ello no es recomendable utilizar este tipo de testamento.
El testamento abierto es el más frecuente en la práctica por ser el más ventajoso.
Este tipo de testamento deberá ser otorgado ante Notario, profesional del derecho, que previo asesoramiento redacta el testamento conforme a Ley y ajustándose a la verdadera voluntad del testador expresada libremente y en pleno uso de sus facultades mentales.
Mediante el testamento abierto se garantiza su adecuada conservación, ya que se guarda en el protocolo notarial, entregando al testador una copia del mismo. Una vez otorgado el testamento el notario notificará su existencia, que no su contenido, al Registro
General de Últimas Voluntades, lo que permitirá determinar fácilmente si existe o no testamento, cual es el último testamento válido y en qué notario se realizó.
El testamento cerrado deberá ser escrito privadamente por el testador u otra persona con su firma, lugar y fecha, que se pondrá dentro de una cubierta cerrada y sellada y se le entregará al Notario por el testador para su autorización.
En presencia del Notario, el testador manifestará que el pliego que presenta contiene su testamento y el Notario extenderá sobre la cubierta del testamento la correspondiente acta de su otorgamiento, dando fe del conocimiento del testador y de hallarse con la capacidad legal necesaria. Autorizado el testamento cerrado el Notario lo entregará al testador, después de poner en el protocolo corriente copia autorizada del acta de otorgamiento. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, dárselo a una persona de confianza o depositarlo en poder del Notario autorizante.
El Notario o la persona que tenga en su poder un testamento cerrado deberán presentarlo al Juez competente una vez conocido el fallecimiento del testador, para su apertura y posterior protocolización.
No podrán hacer testamento cerrado los ciegos y los que no sepan o no puedan leer.
Este tipo de testamento apenas se usa por las complicadas formalidades de su otorgamiento y de su posterior protocolización y la única ventaja que tiene es que ni el propio Notario conoce su contenido.
El testamento militar es el otorgado por los militares, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército, ante un oficial que tenga por lo menos la categoría de Capitán, en tiempos de guerra.
Estos testamentos caducarán a los cuatro meses de que el testador hubiera dejado de estar en campaña.
Los testamentos otorgados serán remitidos lo antes posible al cuartel general y por éste al Ministro de la Guerra o de Defensa. Una vez fallecido el testador el Ministro remitirá el testamento al Juez del último domicilio del difunto, para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión.
Para el otorgamiento de este tipo de testamento siempre será necesaria la presencia de dos testigos idóneos.
El testamento marítimo es el otorgado por las personas que durante un viaje marítimo vayan a bordo de un buque, ante el Contador con el visto bueno del Comandante en un buque de guerra o ante el Capitán en un buque mercantil.
Estos testamentos caducarán a los cuatro meses de que el testador desembarque en un lugar donde pueda testar en la forma ordinaria.
Los testamentos otorgados en alta mar serán custodiados por el Comandante o por el Capitán y se harán mención de ellos en el Diario de navegación y si el buque arribase a un puerto extranjero donde haya Agente diplomático o consular de España, éstos entregarán a dicho Agente copia de los testamentos otorgados que serán remitidos al Ministro de Marina. Una vez fallecido el testador el Ministro remitirá el testamento al Juez del último domicilio del difunto, para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión.
Para el otorgamiento de este tipo de testamento siempre será necesaria la presencia de dos testigos idóneos que serán elegidos entre los pasajeros.
Los españoles podrán estar fuera del territorio nacional, sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen.
También podrán los españoles que se encuentren en país extranjero otorgar su testamento, abierto o cerrado, ante el funcionario diplomático o consular de España que ejerza funciones notariales en el lugar del otorgamiento. El Agente diplomático o consular remitirá copia de los testamentos otorgados al Ministerio de Estado para que se deposite en su Archivo.
La Aapostila de la Haya o legalización de documentos extranjeros
La Apostilla de la Haya simplifica de manera considerable la autenticación de documentos públicos que deben ser utilizados en el extranjero y sirve para que un país firmante del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, reconozca la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio.
La Apostilla certifica la autenticidad de la firma o sello de la persona o autoridad que firmó o selló el documento público y la capacidad que tenía para hacerlo, es decir, certifica el origen del documento público al cual se refiere (p.e. un certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, una sentencia, una constancia de un registro, un testimonio o legitimación notarial), evitando legalizaciones consulares o diplomáticas a la hora de presentar un documento público fuera del país de origen. En ningún caso la Apostilla certifica el contenido del documento público al cual se refiere.
Se considerarán como documentos públicos en el sentido del citado Convenio:
La Apostilla sólo tiene validez entre los países firmantes de este tratado, por lo que si el país donde se necesita utilizar el documento no pertenece a él, entonces será necesaria una legalización diplomática o consular.
El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y que lleven la apostilla.
Testamento vital - Instrucciones previas sobre su tratamiento y el cuidado de su salud
El testamento vital es un documento con instrucciones previas que realiza una persona mayor de edad, capaz y libre, en el que manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.
El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. La existencia del citado documento evita la amplitud de interpretaciones sobre cuidados y tratamiento de la salud del paciente que pudieran darse tanto por los profesionales médicos como los familiares y hace valer así la posición única del paciente incapacitado.
En España se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, cuyos principios básicos son los siguientes:
Identificación de las personas físicas en la escritura pública
Las circunstancias identificativas de los otorgantes o sus representantes en un instrumento público se harán constar por lo que resulte de los documentos de identidad aportados y, en su caso, por sus manifestaciones.
Los documentos de identidad válidos para la identificación de los otorgantes son los siguientes:
Respecto de españoles: Documento Nacional de Identidad o pasaporte, vigentes.
Respecto de extranjeros residentes en territorio nacional: pasaporte o permiso de residencia expedido por autoridad española, vigentes.
Y respecto de extranjeros no residentes: pasaporte o cualquier otro documento oficial expedido por autoridad competente de su país de origen que sirva a efectos de identificación, vigentes –lo que se certificará en caso de duda por la autoridad consular correspondiente-.
No es válido en carnet de conducir.
En todo caso los documentos empleados para la identificación deberán tener fotografía y firma (artículo 161 del Reglamento Notarial), y el notario deberá conservar copia de dichos documentos así como de los poderes utilizados en la identificación durante un periodo de seis años, a contar desde la fecha en la que esa persona intervino por última vez en un acto o negocio autorizado en la Notaría.
En el caso de otorgantes habituales, el notario podrá dar fe de conocimiento personal, conforme al artículo 23 de la Ley del Notariado, siempre que anteriormente se haya identificado al compareciente con alguno de los documentos antes indicados y se hubiera dejando copia en la Notaría del documento identificativo.
Si se trata de escrituras púbicas relativas a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobres bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con transcendencia tributaria, los comparecientes acreditarán ante el Notario autorizante sus Números de Identificación Fiscal y los de las personas o entidades en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura.
El formato del NIF consiste básicamente en ocho números más un dígito de control para españoles con DNI o bien en una letra, siete números y un dígito de control para el resto de personas físicas:
DNI: Españoles con DNI asignado por el Ministerio del Interior.
NIF K: Españoles menores de 14 años.
NIF L: Españoles residentes en el extranjero sin DNI.
NIF M: NIF que otorga la AEAT a extranjeros que no tienen NIE.
NIF X: Extranjeros identificados por la Policía con un Número de Identidad de Extranjero (NIE), asignado hasta el 15 de julio de 2008.
NIF Y: Extranjeros identificados por la Policía con un NIE, asignado desde el 16 de julio de 2008 Orden INT/2058/2008, BOE del 15 de julio).
NIF Z: Letra reservada para cuando se agoten los 'Y' para Extranjeros identificados por la Policía con un NIE.
En los casos en que no consten los números de identificación fiscal, no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 254.2 de la Ley Hipotecaria), salvo que sea subsanado dicho defecto mediante escritura pública en la que consten todos los números de identificación fiscal de los otorgantes. La edad de los menores se expresará por indicación de la fecha de nacimiento.
Tratándose de mayores de edad, bastará consignar esta expresión, salvo cuando la indicación de número de años de edad cumplidos fuere indispensable para el acto o contrato de que se trate, lo exija alguna disposición legal o reglamentaria, o el Notario lo juzgue conveniente. Las circunstancias relativas al estado de cada compareciente se expresarán diciendo si es soltero, casado, separado judicialmente, viudo o divorciado. Si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, y el acto o contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del cónyuge a quien afectase o pudiese afectar, así como el régimen económico matrimonial. Las circunstancias a que se refiere este párrafo se harán constar por el Notario por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes. Se expresará en todo caso el régimen económico de los casados no separados judicialmente. Si fuere el legal bastará la declaración del otorgante.
Si fuese el establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente, a todos los efectos legales, que se le acredite al Notario su otorgamiento en forma auténtica. El Notario identificará la escritura de capitulaciones y en su caso, su constancia registral. Medios supletorios de identificación, en defecto de conocimiento personal del Notario (artículo 23 Ley del Notariado).
a. La afirmación de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aquéllos responsables de la identificación.
b. La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta última dé fe de conocimiento el Notario.
c. La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas. El Notario en este caso responderá de la concordancia de los datos personales, fotografía y firma estampados en el documento de identidad exhibido, con las del compareciente. d.
El protocolo es la colección anual de las matrices autorizadas por un Notario, (originales de las escrituras o actas de los cuales se extraen todas las copias).
Se presentan en volúmenes encuadernados y foliados, y contiene dos índices: uno cronológico, relativo a los documentos, y otro alfabético, relativo a las personas que intervienen en los documentos y las que los otorgan.
El protocolo notarial es propiedad del Estado y los Notarios los conservarán, con arreglo a las leyes, como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad.
Acto en virtud del cual una persona a cuyo favor se defiere una herencia, por testamento o ab intestato, hace constar su resolución de tomar la calidad de heredero con todas sus consecuencias legales.
Es decir, el heredero nombrado, bien por el testador, bien por la ley, manifiesta su conformidad con tal nombramiento.
Avda. de Logroño, 144 - 1º B
91 333 60 54
91 305 89 80
Registro de Últimas Voluntades y Seguros de Cobertura
La Notaría. El Notario
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References: artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 30
 artículo 75
 artículo 63
 artículo 23
 resolución