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Timestamp: 2019-11-13 11:33:30+00:00

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Sentencia de Tutela nº 538/94 de Corte Constitucional, 29 de Noviembre de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43558598
Fecha de Resolución: 29 de Noviembre de 1994
Sentencia citada en: 492 sentencias, 14 artículos doctrinales
Sentencia No. T-538/94
NORMA LEGAL-Improcedencia de su interpretación por tutela
La divergencia en la interpretación de las normas legales, en principio, no es materia constitucional que pueda ser objeto de la acción de tutela. Los recursos judiciales ordinarios dentro de cada jurisdicción, permiten la superación de las diferencias de interpretación de las normas y promueven la unificación de criterios entre los funcionarios judiciales con vistas a una aplicación uniforme de la ley. La tutela, por otra parte, no puede dar lugar a reabrir el litigio de asuntos ya decididos en el proceso penal.
SENTENCIA CONDENATORIA-Impugnación/RECURSO DE APELACION-Desierto/VIA DE HECHO
La actuación de hecho habría consistido entonces en privar al procesado del derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria, lo que se produjo en virtud de la decisión de declarar desierto el recurso interpuesto, con fundamento en un hecho inexistente, a saber: la negligencia de la parte consistente en no cumplir con los términos legales al presentar en forma extemporánea la sustentación del recurso de apelación. La decisión de declarar desierto el recurso se revela defectuosa en grado absoluto. La Sala demandada no consideró los efectos que para el condenado acarreaba declarar desierto el recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del plazo señalado por el Juzgado Penal. No se trataba, en el caso sub-examine, de la desestimación de uno de tantos recursos que la parte pudiera incoar a lo largo del proceso, sino del único y último medio de defensa judicial a disposición del condenado con el fin de mantener el equilibrio procesal y concluir la dialéctica de acusación y defensa.
La conducta del particular que se sujeta a la interpretación razonable del Juez de instancia, a la postre incorrecta según el concepto autorizado del superior jerárquico, no configura un incumplimiento del deber de observar estrictamente la ley. El error del secretario, en estas circunstancias, no es imputable a la parte que ha confiado en la información por éste suministrada. La conducta del sujeto procesal en modo alguno pretende modificar los términos. Simplemente, se determina según el entendimiento razonable que de su contabilización realiza el secretario judicial.
Una interpretación literal del artículo 26 de la Ley 81 de 1993 como la acogida por el Tribunal, permite afirmar que el término de traslado se contabiliza a partir del momento en que el expediente se deja a disposición de las partes. Otra interpretación de la norma es aquella según la cual los (5) días del término para sustentar el recurso son días completos, lo que justifica su contabilización a partir del día siguiente al día en que se deja la constancia secretarial. Esta última interpretación es más favorable para el procesado, en particular, cuando el acto secretarial dispuesto por la ley con el objeto de informar a los sujetos procesales que tienen a su disposición el expediente, es efectuado luego de transcurrido parcialmente el día judicial. Ambas interpretaciones, una literal y la otra finalista, son igualmente admisibles y razonables. A la luz del principio pro actione, sin embargo, la segunda interpretación, en el marco del proceso penal, es más conforme con la Constitución, ya que garantiza la plena efectividad del derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria.
CONFIANZA DE LOS PARTICULARES EN LAS AUTORIDADES PUBLICAS
El Secretario del Juzgado hace parte del despacho judicial y sus actuaciones comprometen a la administración de justicia, hasta el extremo de que por sus errores puede deducirse responsabilidad contra el Estado por falla en la prestación del servicio (CP art. 90). No se discierne la razón que lleva a la Sala de Decisión Penal demandada a sustraer relevancia al presunto error cometido por el Secretario del Juzgado y a imputarle, en cambio, el desconocimiento de los términos de ley a la parte que se acogió a la interpretación del referido servidor público, luego corroborada por el Juez de la causa mediante auto. La decisión analizada es, por lo tanto, en extremo inequitativa, pues, castiga la confianza legítima del particular en las autoridades y sacrifica el derecho de defensa. En lugar de asumir la responsabilidad de los actos propios de la administración de justicia, traslada íntegramente a la parte las consecuencias del error judicial y hace nugatorio su derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria.
La expectativa que ampara el principio de la buena fe, en consecuencia, está indisolublemente ligada a la legítima pretensión de que las autoridades públicas orienten su quehacer de modo tal que las prestaciones que constituyen la esencia de los diferentes servicios, en lo posible, se realicen como conviene a la razón de ser de las autoridades, que no es otra que la de proteger efectivamente a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (CP art. 2).
TERMINO JUDICIAL-Comienza a contarse a partir del día siguiente
La interpretación más ajustada a la Constitución, en esta materia, es la de no incluir el día en que se deja la constancia secretarial dentro de los cinco días del término legal de sustentación del recurso, pues, éste debe ser pleno a fin de garantizar el derecho de defensa.
ERROR JURISDICCIONAL-Corrección por el superior
El sindicado es sujeto procesal y no víctima procesal. Las consecuencias del error judicial que enmienda y corrige el superior, no pueden gravitar negativamente en la parte procesal hasta el punto de que ésta pierda la oportunidad de utilizar un recurso de defensa por haberlo presentado dentro del término que le indicó el juzgado de la causa con base en una interpretación prima facie razonable, esto es, por haber conformado su conducta procesal a los autos y demás actos procedentes de dicho despacho judicial. La administración de justicia, a través de las diferentes instancias, debe corregir sus propios errores, pero no a costa del sacrificio del legítimo derecho de defensa de los sindicados y menos escarmentando la buena fe que ellos razonadamente hayan puesto en los actos de las autoridades. Los dictados de la buena fe se ignoran al obrar con tan máxima severidad y dar lugar a iniquidad manifiesta. En definitiva, para corregir el error judicial - falencia interna del servicio de administración de justicia - no era necesario sacrificar de manera tan palmaria el derecho de defensa del sindicado y considerar falta suya el haber confiado razonadamente en la autoridad pública.
DEBIDO PROCESO-Vulneración/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA/EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación más favorable
El debido proceso y el acceso a la justicia son derechos fundamentales que obligan a interpretar las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione). Si bien los derechos mencionados no se vulneran cuando se inadmite un recurso o acción por no concurrir los presupuestos legales para su aceptación, la decisión judicial no debe ser arbitraria ni irrazonable. Se impone, por lo tanto, adoptar la interpretación que tome en cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea más favorable para la efectividad del derecho fundamental.
Ref.: Expediente T-42515
Actor: F.J.U.S.
- Tutela contra providencias judiciales
- Principio pro actione
En el proceso de tutela número T-42515 promovido por F.J.U.S., contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín.
F.J.U.S. fue condenado a la pena principal de doce (12) años y seis (6) meses de prisión, por el delito de tentativa de homicidio, mediante sentencia de marzo cuatro (4) de 1994, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín.
El defensor del condenado apeló la providencia al momento de su notificación personal, el día ocho (8) de marzo, y expresó que sustentaría por escrito el recurso.
El secretario del Juzgado dejó constancia en el expediente del vencimiento del plazo para apelar y señaló a las partes el término de ley para sustentar los recursos que hubieran interpuesto:
"CONSTANCIA: en marzo 11/94, a las 6:00 p.m., venció el término que los sujetos procesales tenían para interponer recursos en contra de la sentencia proferida. A partir de la fecha, entonces, dejo a disposición de los apelantes el expediente, por el término de cinco (5) días, para que sustenten el recurso que han interpuesto. Lo anterior, de conformidad con el art. 27 de la ley 81 de 93. El término vence el próximo 22 a las 6:00 p.m.
Medellín, marzo 14 de 1994."
El apelante sustentó por escrito el recurso interpuesto, el día veintidós (22) de marzo del presente año.
Mediante providencia del siete (7) de abril de 1994, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, considerando que el abogado defensor impugnó oportunamente el fallo y lo sustentó luego en debida forma, concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La Sala de Decisión Penal, mediante auto del catorce (14) de abril de 1994, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, "por haber sido sustentado después del término legal para ello", con los siguientes argumentos:
6.1. El recurso en vez de concederse debió haberse declarado desierto, ya que la Sala encuentra que se sustentó en forma extemporánea, esto es, fuera del término legal.
6.2. El defensor contaba con cinco (5) días para sustentar el recurso interpuesto en tiempo, los cuales transcurrieron entre el catorce (14) y el dieciocho (18) de marzo, según los artículos 26 y 27 de la Ley 81 de 1993. El memorial de sustentación fue presentado el 22 de marzo, lo que prueba su extemporaneidad.
6.3. El error del secretario del Juzgado al señalar el plazo para sustentar el recurso, "es intrascendente procesalmente", porque los términos legales son de orden público, o sea, de obligatorio cumplimiento. "Los sujetos procesales deben estar atentos a su discurrir y a su exacta contabilización y verificación, de manera que cualquier error en su cómputo por parte del Juez o el Secretario es inidóneo e ineficaz". Lo contrario sería desconocer las normas que los consagran.
6.4. Estas consideraciones son acordes con pronunciamientos reiterados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha señalado que los términos legales tienen carácter de orden público (1), que no es posible que puedan ser modificados por la actuación errónea o dolosa de la secretaría de un despacho judicial (2), que las partes no quedan relevadas de su obligación de vigilar el desarrollo del proceso (3) y, finalmente, que los errores en su contabilización no pueden apoyarse en el quebranto de los derechos y garantías de los sujetos procesales (4).
Contra la anterior decisión de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, el apoderado judicial interpuso recurso de reposición. Los motivos de su inconformidad fueron los siguientes:
7.1 Los cinco días que la ley otorga al apelante de la sentencia para sustentar el recurso, comenzaban a contarse el día siguiente hábil, es decir, el quince (15) de marzo y vencían el día veintidós (22) a las seis de la tarde. La razón le asiste, por consiguiente, al Juzgado de instancia y no a la Sala del Tribunal, que contabilizó el día catorce (14) de marzo dentro del término del traslado.
7.2. En el procedimiento penal, al igual que en el procedimiento civil, los términos tanto de autos, sentencias o traslados, comienzan a correr a partir del día siguiente hábil.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante auto del cinco (5) de mayo de 1994, resolvió no reponer la providencia recurrida. Estimó que el impugnante no interpretó correctamente el texto del artículo 26 de la Ley 81 de 1993, ya que éste es muy claro al disponer que una vez vencido el término para recurrir, "el secretario, previa constancia dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de (5) días, para la sustentación respectiva...". El rechazo del recurso se apoyó en las siguientes razones:
8.1 La norma es clara y no admite una interpretación tan equivocada como la expuesta en su escrito por el censor. Desde el momento en que el secretario, previa la constancia respectiva, deja a disposición del apelante el expediente, y no desde el día siguiente, comienza a correr el término para la sustentación.
8.2 Dada la existencia de un término impuesto por la ley procesal penal, no es necesario acudir a las normas del Código de Procedimiento Civil, o a otras disposiciones del Código de Procedimiento Penal - artículo 174 -, que regulan hipótesis diferentes.
8.3 El tenor literal de la norma es claro, lo que impide al intérprete apartarse de aquél, so pretexto de consultar su espíritu.
F.J.U.V., por intermedio de su apoderado, interpuso acción de tutela contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín. Alega que la providencia judicial del catorce (14) de abril de 1994, que declaró desierto el recurso de apelación, viola "el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de legalidad y el Estado de Derecho". A su juicio, si existió una irregularidad por parte del Juzgado de primera instancia en la contabilización de los términos, la Sala del Tribunal ha debido declarar la nulidad de lo actuado a partir de la nota de traslado y no, como lo hizo, declarar desierto el recurso de apelación. Considera que la sustentación fue oportunamente presentada. Anota que el Juzgado no tuvo en cuenta el día catorce (14) de marzo como uno más del traslado, por la sencilla razón de que a dicha constancia secretarial "no se le coloca la hora", circunstancia que hace que el traslado comience a correr a partir del día hábil siguiente. Solicita, en consecuencia, que se tutelen los derechos fundamentales del petente y que se ordene a la Sala Penal demandada, admitir el recurso de apelación.
La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquía, mediante sentencia del catorce (14) de junio de 1994, concedió el amparo solicitado y ordenó a la autoridad judicial darle trámite al recurso de apelación. A su juicio, la providencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, violó los derechos del actor a un debido proceso (CP art. 29) y a la doble instancia (CP art. 31), por las siguientes razones:
10.1. Los secretarios judiciales tienen la misión de auxiliar al juez en el ejercicio de su función, anotar la fecha de presentación de los escritos y cuidar el transcurso de los términos (Decreto 1265 de 1970).
10.2 El artículo 26 de la Ley 81 de 1993 - artículo 196A del C. de P.P. -, asigna al secretario la función exclusiva de dejar el expediente a disposición de los que apelaron por el término de cinco días para la sustentación del recurso en primera instancia. En el presente caso, dicho empleado señaló un plazo válido que vencía el día 22 de marzo a las 6:00 p.m..
10.3 Las actuaciones de los particulares y de las autoridades deben ceñirse a los postulados de la buena fe (CP art. 83). Las que se efectuaron por el apoderado del procesado como por el secretario del Juzgado, deben analizarse a la luz de este principio.
10.4 La forma como contabilizó los términos judiciales el secretario del Juzgado goza de fundamento jurídico. El artículo 21 del C. de P.P., dispone que en las materias no "expresamente reguladas en este Código, son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del Procedimiento Penal". Por su parte, el artículo 108 del C. de P.C. regula los traslados y establece, como regla general, que los términos corren desde el día siguiente.
10.5 La acción de tutela es procedente contra las actuaciones de hecho imputables al funcionario (Sentencia de la Corte Constitucional C-543 del 1° de octubre de 1992).
El Magistrado J.O.R.R. salvó el voto. Consideró que la actuación del Tribunal al declarar desierto el recurso no sustentado en tiempo, no puede calificarse como una vía de hecho. Adicionalmente, sostiene, que al juez de tutela no le es admisible inmiscuirse en el trámite judicial del recurso, "ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la Carta)".
Luego de surtida la notificación de la sentencia de tutela contra la Sala de Decisión Penal demandada, uno de sus integrantes impugnó la decisión, con fundamento en las siguientes premisas:
12.1 Las providencias dictadas el 14 de abril y 5 de mayo de este año relativas al proceso seguido contra U.S., pusieron fin a dicha actuación y no constituyen una vía de hecho. La acción de tutela era, en consecuencia, improcedente en virtud de la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991.
12.2 La decisión que declaró desierto el recurso se adoptó en virtud de una precisa argumentación jurídica, y no de facto o caprichosamente.
El Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante sentencia de julio ocho (8) de 1994, revocó el fallo impugnado y, en su lugar, denegó por improcedente la acción de tutela instaurada, con base en las siguientes consideraciones:
13.1 Se pretende mediante la acción de tutela, con la misma argumentación expuesta dentro del recurso de reposición del auto que declaró desierto el recurso por extemporáneo, instaurado dentro del proceso penal, que se revoque una providencia judicial que puso fin a una actuación.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 30847 de 18 de Enero de 2011

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 174
 artículo 26
 artículo 196
 artículo 21
 artículo 108
 artículo 40