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Timestamp: 2019-12-08 15:11:49+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 285, de 07/06/2013
cve: BOCG-10-D-285
162/000663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la defensa de la negociación colectiva... (Página3)
162/000664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una moratoria de los despidos económicos ... (Página5)
162/000665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las cláusulas suelo ... (Página6)
162/000666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la seguridad de los trabajadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo ... (Página9)
162/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un plan operativo que realice el seguimiento, evalúe y presupueste las medidas y acciones contenidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 ... (Página10)
162/000668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan Integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos ... (Página12)
162/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales ... (Página13)
161/000324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales. Desestimación ... (Página14)
161/001558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el aumento de agentes de la Guardia Civil para la protección del campo valenciano. Desestimación ... (Página14)
161/001571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español. Desestimación así como enmienda formulada ... (Página14)
161/001609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página15)
161/001616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página16)
161/001629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de un Plan que garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada ... (Página18)
161/001634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ciberseguridad. Aprobación así como enmienda formulada ... (Página19)
161/001664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo. Desestimación ... (Página14)
173/000088 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se niega incluso la asistencia sanitaria ... (Página19)
173/000089 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno en torno a la reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página21)
173/000090 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a las medidas que va adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de bebés en nuestro país ... (Página22)
292/000022 Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados. Pliego de prescripciones técnicas. Modificación del Anexo I... (Página24)
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la negociación colectiva, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La negociación colectiva constituye uno de los pilares básicos de nuestro modelo de relaciones laborales. Su reconocimiento constitucional (artículo 37.1 de la CE) y su consideración de contenido esencial de la libertad sindical (artículo 28.1 CE) expresa claramente el papel que la negociación colectiva juega en el entramado de derechos y libertades en nuestro país. La negociación colectiva además de ser un derecho constitucionalmente protegido es una institución laboral de gran trascendencia económica, que ocupa un lugar central en nuestro sistema de relaciones laborales y en el gobierno de los conflictos de intereses inherentes al mundo de la empresa. Todo ello convierte la negociación colectiva en un instrumento determinante para la regulación de las condiciones de trabajo de millones de trabajadores, al tiempo que un factor económico de primera magnitud.
Durante casi cuarenta años los convenios colectivos de eficacia general, regulados por el Estatuto de los Trabajadores, han sido claves en la regulación de las condiciones de trabajo, han jugado un papel determinante en el establecimiento de los derechos de los trabajadores y se han constituido en un mecanismo de estabilidad laboral y económica para empresas y trabajadores. La negociación colectiva aporta estabilidad normativa y contractual, pero por su propia naturaleza tiene una gran capacidad de adaptación a las realidades productivas diversas y a los cambios derivados de los ciclos económicos. Además, en el caso de los convenios colectivos sectoriales también han jugado un destacado papel en el establecimiento de condiciones armonizadas para las empresas de cada sector, con lo que ello supone de desincentivo y obstáculo a las estrategias competitivas de dumping social, vía reducción de costes laborales, que desarrollan algunas empresas.
Conscientes de la importancia que tiene en estos momentos de crisis económica encontrar el equilibrio entre la necesaria adaptación de los convenios al ciclo económico y la necesidad de mantener el nivel de cobertura de la negociación colectiva para empresas y trabajadores, evitando vacíos regulatorios, las organizaciones sindicales, CCOO y UGT y empresariales firmaron el 25 de enero de 2012 el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva 2012, 2013, 2014 (BOE 6 de febrero 2012). Acuerdo, fruto de la concertación social, que el Gobierno desoyó de manera incomprensible en su Reforma Laboral del 2012.
La Reforma Laboral introducida con la Ley 3/2012 ha comportado cambios importantes en la regulación de la negociación colectiva, que afectan a los derechos de los trabajadores y al funcionamiento de las empresas. La voluntad de hacer de la depreciación interna, vía reducción de salarios, uno de los principales mecanismos de ajuste frente a la crisis económica, llevó al Ejecutivo primero y al legislador después, a aprobar cambios importantes en nuestra legislación que suponen un claro deterioro de la función de la
negociación colectiva. Entre estos cambios destacan aquellos que debilitan la fuerza vinculante de los convenios colectivos, al introducir mecanismos que permiten que en determinadas circunstancias las empresas puedan desvincularse de las obligaciones derivadas del contenido de los convenios colectivos que le son de aplicación.
Al mismo tiempo la modificación del artículo 86.3 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 suponen el fin de la llamada "ultractividad" de los convenios colectivos, una vez terminada su vigencia y el establecimiento de un período de transitoriedad de un año que vence el próximo 7 de julio de 2013. El legislador anterior a la reforma laboral del 2012 quiso dotar de estabilidad a las condiciones de trabajo y evitar el vacío regulador que puede comportar el fin de la vigencia de los convenios colectivos, sin que sean sustituidos por otro convenio.
Tal y como se puso de manifiesto en los debates del Real Decreto Ley 3/2012 y la Ley 3/2012, los riesgos que con la nueva regulación se pueda producir un vacío regulador en las condiciones de trabajo aplicables son elevados. Y ello es lo que se puede producir al finalizar el período transitorio de un año previsto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012. En estos momentos un número importante de convenios, cercano a los 1.500, que afectan a un significativo volumen de empresas y a aproximadamente 2.800.000 trabajadores están a punto de ver finalizada su vigencia el próximo 7 de julio. Ello comporta que a partir del 8 de julio, estos trabajadores y empresas dejarían de estar sometidos al convenio colectivo que les era de aplicación. Y en muchos supuestos pasarían a tener como único marco regulador el que se establece en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas laborales y en cuanto a salario por el Salario Mínimo Interprofesional.
Las consecuencias de esta situación serían sin duda muy duras para los trabajadores afectados, pero además comportan un grado importante de inestabilidad e inseguridad para las propias empresas, además del impacto negativo que ello pudiera tener para el conjunto de la economía, si el número de empresas que se acogieran a esa posibilidad fuera importante.
Es tan evidente que esta situación no interesa ni a trabajadores ni a las empresas responsables, que el pasado 23 de mayo, las organizaciones sindicales, CCOO y UGT y empresariales, CEOE y CEPYME han suscrito un acuerdo en el marco de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014. En dicho acuerdo expresan la preocupación por la situación que se puede crear como consecuencia del fin del período transitorio establecido por la Disposición adicional 4.ª de la Ley 3/2012 en relación a la vigencia de los Convenios. Y en este sentido adoptan el acuerdo obligacional de orientar y recomendar a los negociadores de ambas partes en los Convenios Colectivos bloqueados que acuerden continuar las negociaciones y mantener la vigencia de los convenios colectivos mientras se negocia, más allá del periodo transitorio de un año que establece la Ley 3/2012. Al tiempo que se recomienda a las partes negociadoras que en caso de mantenerse los desacuerdos, se utilicen los mecanismos de mediación y arbitraje establecidos en el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) o en sus homónimos de ámbito autonómico.
La firma de este acuerdo pone de manifiesto la preocupación de las organizaciones sindicales y empresariales porque la falta de acuerdo y bloqueos en un número importante de convenios colectivos comporte un deterioro de las condiciones de trabajo y al mismo tiempo niveles importantes de inestabilidad e inseguridad jurídica y económica para las empresas.
Y pone también de manifiesto que la regulación prevista por la Ley 3/2012 para otorgar más capacidad de adaptabilidad de la negociación colectiva a la situación económica puede provocar consecuencias más negativas para trabajadores, empresas y economía, que aquellas que el legislador dice querer evitar. Al tiempo que demuestra nítidamente que la regulación aprobada por la Ley 3/2012 no sirve para evitar estos vacíos reguladores.
"El Congreso insta al Gobierno a que, con anterioridad al 7 de julio de 2013 se adopten las reformas legislativas de la Ley 3/2012 que sea necesarias al objeto de:
1. Garantizar que una vez finalizada la vigencia de un convenio colectivo sin acuerdo entre las partes, se activen los procedimientos de mediación y arbitrajes necesarios que permitan la sustitución del contenido del Convenio finalizado por otro que sea resultado del acuerdo al que se llegue en los procesos de mediación o del laudo arbitral que en su caso pueda dictarse.
2. Ampliar el periodo transitorio previsto en la disposición adicional 4.ª de la Ley 3/2012 hasta tanto no se producen los cambios legales previstos en el apartado anterior."
Palacio del Congreso de los Diputado, 27 de mayo de 2013.-José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000664
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre una moratoria de los despidos económicos, para su debate en Pleno.
Transcurrido más de un año de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, posteriormente Ley 3/2012, de 6 de julio, observamos cómo esta reforma, lejos de incrementar el empleo o reducir su destrucción, está provocando una pérdida masiva del mismo.
Durante el año 2012 y lo que llevamos de 2013 se han perdido más de 1.200.000 puestos de trabajo. La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013 ya muestra una caída en la ocupación de 322.330 personas. El número de parados ha crecido en este primer trimestre en 237.400 personas, alcanzando la cifra de 6.202.700 personas desempleadas. La tasa de paro se sitúa en el 27,16%, más de cuatro puntos por encima de la registrada en el cuarto trimestre de 2011. Casi dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y prácticamente tres millones y medio de personas en paro buscan empleo desde hace más de un año. La tasa de paro de nuestros jóvenes supera el 57%.
La reforma laboral ha provocado la destrucción de empleo. El debilitamiento de los mecanismos de negociación colectiva, a favor del poder unilateral del empresario tanto en flexibilidad interna como, sobre todo, en flexibilidad externa, ha facilitado esta destrucción de empleo. La modificación del régimen jurídico de los despidos, y en especial de los despidos por razones objetivas, los ha facilitado y abaratado en un momento de crisis económica, haciendo recaer en el trabajador el fundamental coste de esta crisis.
Las previsiones del Gobierno que trasladan la creación de empleo más allá del final de la legislatura son descorazonadoras, mientras el Gobierno sólo reclama paciencia a los ciudadanos. Pero si no hay un impulso decidido y excepcional para estimular el crecimiento en España y en buena parte de Europa, las cosas podrían ir todavía peor.
Urge, pues, que el Gobierno acuerde con los interlocutores sociales medidas que permitan evitar la sangría de la destrucción de empleo que está padeciendo nuestro mercado laboral, con repercusiones severas en nuestro sistema público de protección social.
Por ello, se propone una moratoria de los despidos por causas económicas apoyada en un Programa especial de mantenimiento del empleo con ayudas a las empresas que se comprometan a no despedir y opten por la reducción de jornada. El coste de puesto de trabajo mantenido correrá a cargo del empresario y del Estado a partes iguales, excepto en el supuesto de mayores de 50 años, en cuyo caso el Estado asumirá el 60%.
Este programa, ya puesto en práctica en Alemania -denominado Kurzarbeit- a la par que permite mantener un puesto de trabajo también supone un ahorro para las arcas del sistema.
"El Gobierno, con carácter inmediato, acordará con las organizaciones sindicales y empresariales una moratoria de los despidos por causas económicas durante 2013, 2014 y 2015, articulando paralelamente un "Programa especial de mantenimiento del empleo", con el objetivo de detener la destrucción masiva de empleo.
En dicho programa se contemplarán ayudas a las empresas que se comprometan a no despedir a sus trabajadores y opten por una reducción de jornada. En este caso, el trabajador percibirá su salario reducido en la proporción en que se ajuste su jornada y la correspondiente prestación de desempleo parcial. El coste del puesto de trabajo que se mantenga correrá a cargo del empresario y del Estado, a partes iguales. En el caso de trabajadores de más de 50 años, la aportación del Estado alcanzará el 60%.
Estas ayudas se sufragarán con cargo a las partidas presupuestarias de políticas activas de empleo, a cuyo efecto, deberán dotarse suficientemente.
Transcurrido un año desde la moratoria, Gobierno e interlocutores sociales analizarán su impacto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2013.-María Concepción Gutiérrez del Castillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000665
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley sobre las cláusulas suelo, para su debate en Pleno.
La reciente sentencia n.° 241/2013 del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo de 2013, por unanimidad, ha declarado nulas las cláusulas suelo impugnadas, pertenecientes a BBVA, Cajas Rurales Unidas y NCG banco, por ser consideradas cláusulas abusivas. El Supremo ha condenado a estas entidades de crédito a eliminar estas cláusulas de sus contratos de préstamos hipotecarios y a cesar en su utilización. La sentencia no tendrá efectos retroactivos, al tener en consideración "los trastornos graves con trascendencia en el orden público económico". La resolución no afectará a los pagos efectuados hasta el momento y, por tanto, las entidades no tendrán que devolver nada, a pesar de que el Tribunal ha considerado estas cláusulas abusivas.
La citada sentencia dictamina que: la creación de una apariencia de contrato de préstamo a interés variable, la falta de información suficiente de un elemento definitorio del objeto del contrato, la creación de una apariencia de contraprestación, el enmascaramiento de la cláusula, la ausencia de simulaciones de escenarios y la inexistencia de advertencia clara y comprensible, son determinantes para la anulación de este tipo de cláusulas suelo, condenando a las entidades financieras demandadas "a eliminar estas cláusulas de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización."
El Supremo ha puesto de manifiesto que aunque las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios son legales, se ha venido produciendo, de forma bastante generalizada, una mala práctica en su aplicación. La sentencia explicita que para que no se puedan considerar abusivas estas cláusulas, deben ser "comprensibles" y "transparentes".
Para que se cumpla con estas condiciones, el titular del préstamo hipotecario debe comprender los efectos reales de la cláusula suelo y la información global ofrecida debe ser la adecuada. Las cláusulas suelo son abusivas cuando no se consideran cláusulas definitorias del objeto principal del contrato, sino que se les da un tratamiento secundario. Por ello, el cliente no puede valorar lo relevante que va a ser la cláusula suelo, para la cuantificación de las cuotas que posteriormente va a tener que pagar.
Con el objeto de delimitar el riesgo, las entidades bancarias han establecido en ocasiones límites máximos y mínimos a la variación de los tipos de interés. Si la acotación es a la baja se fija un tipo de interés suelo, con lo que el banco se asegura un beneficio mínimo con independencia de las fluctuaciones de los tipos en los mercados interbancarios. Por el contrario, en la acotación al alza se establece, en ocasiones, un techo a la subida del tipo pactado, que establecerá las cantidades a pagar por el cliente en caso de que el mercado haya sobrepasado esa barrera de interés fijada. La filosofía de este sistema, contemplada en abstracto, puede ofrecer atractivos para las dos partes. Pero el problema surge cuando no existe tope máximo, es decir techo, o cuando existe un desequilibrio entre el techo y el suelo, fijado por la entidad que es quien realmente tiene el poder de decidir.
La bajada de los tipos de interés oficiales en los últimos años debería trasladarse a las familias que contrataron un préstamo hipotecario que incluía una cláusula suelo. En la situación actual de alto nivel de desempleo y sobreendeudamiento, unos tipos de interés elevados pueden agravar la situación de deudores hipotecarios en dificultad, de los que hay desgraciadamente demasiados en nuestro país. Si los suelos son altos y los techos también altos, todas las ventajas son para la entidad y el usuario de estos servicios financieros se ve perjudicado, porque la bajada de los tipos de interés no es trasladada a sus cuotas hipotecarias. En cambio, la subida de los tipos de interés se ve escasamente limitada, con el consiguiente desequilibrio de los contratantes. La horquilla entre la cláusula suelo y techo, en caso de que ambas existan en el contrato, ofrece la clave para la valoración del interés en su establecimiento. En los contratos que existan cláusulas suelo sin contraprestación de cláusulas techo, o cláusulas suelo con límites muy altos y cláusulas techo con límites muy altos, en relación al tipo oficial fijado, podrán declararse abusivas porque vulnera el justo equilibrio de las partes en perjuicio del consumidor.
Las cláusulas suelo en muchos casos no han ido acompañadas con cláusulas techo, por lo que el beneficio en su establecimiento era exclusivamente para la entidad bancaria. Por otra parte, la cláusula suelo ha venido siendo en muchos casos tan elevada que era una extraordinaria garantía de beneficios para las entidades financieras. Mientras la subida de los tipos de interés tenía una plasmación directa en la cuota hipotecaria, las bajadas de los tipos de interés no repercutían de forma beneficiosa a los titulares del préstamo. Los efectos de la mala práctica de las cláusulas suelo en muchos contratos de préstamo hipotecario ha sido que, lo que en apariencia eran préstamos a tipo de interés variable, en realidad eran préstamos a tipos de interés fijo marcado por la cláusula suelo.
También resulta ingenuo apelar a la libre voluntad de las partes para la aceptación o rechazo de la cláusula suelo. El propio Banco de España en su informe emitido a solicitud de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, publicado en el BOE de 7 de mayo de 2010, manifiesta que "la creciente instalación de las cláusulas de limitación en las escrituras, permite concluir que el prestatario no podrá eludir en ningún caso su incorporación si pretende acceder a un diferencial competitivo". En este informe, el Banco de España pone de manifiesto que:
"- Estas cláusulas son admisibles como un elemento de estabilización de los costes y de los rendimientos de los préstamos a largo plazo. Siempre que el prestatario haya sido informado de forma adecuada, no pueden considerarse limitativas de sus derechos".
"- La valoración que de estas cláusulas se realiza en este informe, no impide reconocer que estas cláusulas, al igual que otros productos ofrecidos por las entidades con el fin de limitar los riesgos de subida de tipo de interés de los préstamos hipotecarios a particulares, no han sido efectivas para conseguir el objetivo perseguido".
Datos que aporta a 31-12-2009:
- Casi el 97% de los préstamos concedidos con la vivienda con garantía hipotecaria están formalizados a tipo de interés variable y el 3% a tipo fijo.
- El 67% de los préstamos no tienen acotaciones a la variación de los tipos de interés y el 33% tienen acotaciones (suelos y techo, sólo suelo o sólo techo).
- La media ponderada del techo es del 13,56%, del suelo 3,12% y la horquilla del 10,44%.
- En el caso de sólo suelo, la media ponderada es del 3,55%.
- El 53% de los saldos de las operaciones con limitaciones a la bajada de tipo de interés se han visto afectados por la aplicación del tope al descenso de los tipos.
Una reciente encuesta realizada entre usuarios de servicios financieros ponía de manifiesto que un 87% de los usuarios que habían contratado préstamos hipotecados no fueron informados por su entidad bancaria de la inclusión de la cláusula suelo al formalizar el préstamo hipotecario. Por tanto, se produce información asimétrica que desequilibra las relaciones comerciales entre los consumidores y las entidades de crédito.
Es imprescindible, con el objeto de garantizar la defensa de los legítimos intereses económicos de los consumidores y promover la máxima transparencia, claridad y confianza de las entidades financieras con sus clientes que, a partir de la publicación y firmeza de la sentencia, todos los titulares con contratos de préstamo hipotecario en vigor que contengan este tipo de cláusulas, puedan beneficiarse de los efectos de la misma. Para ello, debe ponerse a disposición de todos los consumidores afectados el asesoramiento
y la información adecuados con el objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de este fallo y promover la eliminación inmediata, en los contratos hipotecarios en vigor, de las cláusulas suelo que, reuniendo los requisitos fijados por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, tengan la consideración de cláusula abusiva.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para aplicar de forma efectiva la sentencia N.° 241/2013 del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios. Para ello, se adoptarán las medidas necesarias para:
1. Que las entidades de crédito afectadas por esta sentencia procedan a su aplicación inmediata, dejando sin efectos las citadas cláusulas abusivas.
2. Que las entidades de crédito que hayan recibido ayudas públicas eliminen y dejen sin efecto las cláusulas suelo y techo de los contratos vigentes de los préstamos hipotecarios, a no ser que el titular estime mantenerlas.
3. Que el resto de entidades de crédito ofrezcan obligatoriamente a los titulares de préstamos hipotecarios la alternativa de eliminar y dejar sin efecto las cláusulas suelo y techo de los contratos vigentes de los préstamos hipotecarios, a no ser que el titular estime mantenerlas.
4. A efectos de lo previsto en los puntos anteriores, se exigirá a las entidades de crédito una información puntual a todos sus clientes sobre los efectos de la sentencia.
5. Para aquellas entidades de crédito que no ofrezcan esta posibilidad a los titulares de préstamos hipotecarios, el Banco de España hará un informe que evalúe la totalidad de los préstamos hipotecarios vigentes, que tengan cláusulas suelo y techo, para analizar caso por caso, la posible falta de reciprocidad o desproporción en su establecimiento, o la posible falta de información suficiente al titular del préstamo o la falta de conocimientos e idoneidad para contratar dichas cláusulas.
6. Llevar a cabo, a través del Instituto Nacional del Consumo, una campaña de información y asesoramiento a los usuarios afectados, acordando con las asociaciones nacionales de consumidores las actuaciones a seguir para garantizar que todos los titulares de contratos de préstamos hipotecarios que tuviesen este tipo de cláusulas, puedan beneficiarse de los efectos de la sentencia.
7. Para los contratos de préstamos hipotecarios futuros garantizar el máximo nivel de protección e información a los consumidores en sus relaciones con las entidades de crédito (test de idoneidad y test de conveniencia) y establecer unas obligaciones de transparencia y conducta estandarizadas a todo el sector financiero en la contratación de préstamos hipotecarios. En particular, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Ampliación de los contenidos que deban ser objeto de información previa a los clientes de servicios financieros, para que incorporen simulaciones de escenarios diversos, en relación al comportamiento del tipo de interés variable, así como información previa sobre el coste comparativo de asegurar la variación del tipo de interés en relación con la evolución posible del índice para el período al que pudiera contratarse la cobertura.
b) Configuración de TAEs diferentes, o presentación diferente de la TAE, para los productos a tipo variable y para los de tipo fijo o revisable.
c) Promoción de prácticas de concesión y cobertura de créditos en los que la evaluación del riesgo de crédito de la operación tenga en cuenta posibles escenarios de variación de los tipos y la mayor incertidumbre que tiene la operación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-Antonio Hurtado Zurera y Pilar Grande Pesquero, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la seguridad de los trabajadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo, para su debate en Pleno.
Es un hecho que el denominado "espacio humanitario" se está reduciendo desde hace aproximadamente una década, lo cual quiere decir que las ONG que actúan y trabajan en proyectos de cooperación tienen cada vez mayores dificultades para poder hacerlo adecuadamente sobre la base de los principios humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa) y sin riesgo para sus trabajadores y cooperantes. A la complejidad logística y de gestión que supone tener que actuar rápida y eficazmente en contextos geográficamente aislados y muy complejos (producidos por catástrofes naturales o humanas como la guerra u otros conflictos), se añade desde hace unos años con fuerza pujante el aumento de la inseguridad para los trabajadores humanitarios y cooperantes.
La seguridad de los cooperantes debería ser una prioridad absoluta en un contexto de amenazas generalizadas. La multiplicación de los actores en el ámbito de la cooperación (más allá de las tradicionales ONG) contribuye a la pérdida de nitidez en el análisis de las fuerzas presentes y de su efectiva neutralidad. Hoy en día concurren en contextos muy complejos de cooperación empresas privadas, turistas solidarios sin experiencia ni formación adecuada, ejércitos (a menudo calificados de "humanitarios") y organizaciones de distinto tipo (religiosas, científicas, universitarias o medios de comunicación entre otras) que a menudo desarrollan actividades similares (milicias privadas, acciones asistencialistas, distribuciones de comida) pero con formas y principios de actuación muy diferentes a los humanitarios y que sin embargo las poblaciones que reciben asistencia no diferencian entre sí.
Esa confusión de actores implica que la percepción que se tiene de los cooperantes que actúan bajo el mandato de los principios humanitarios es, en muchas ocasiones, tergiversada o malinterpretada por los numerosos y no siempre bien identificados agentes locales y partes en conflicto (población beneficiaria, líderes políticos o religiosos, autoridades de facto o de jure, FF.AA., paramilitares, guerrillas, terroristas, mafias organizadas). Además, los socios locales tradicionales de las ONG se ven sometidos a presiones, a veces combinadas, por parte de estos grupos armados, mafias y redes terroristas internacionales. En este contexto, el negocio del secuestro prospera, nutrido por la percepción que los occidentales pagan sistemáticamente los rescates, lo que ha convertido los cooperantes en un valor mercantil en alza.
En consecuencia, los cooperantes ya no son percibidos como actores neutrales y en numerosos contextos han pasado a ser un objetivo directo, bien por razones políticas (terrorismo, guerrillas), sociales (delincuencia, agresiones) o económicas (secuestros).
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera que la cooperación al desarrollo debe ser cada vez más profesional y ello exige también una adecuada gestión de la seguridad de los cooperantes y de sus bienes. Tal gestión de la seguridad es un factor clave de profesionalidad ya que no solo puede salvar vidas o evitar exponerlas a riesgos innecesarios, sino también evitar graves perjuicios (económicos, legales, reputacionales) para el desarrollo del proyecto, para el logro de los objetivos de la cooperación española y, en última instancia, para la propia imagen de España.
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
1. Remitir al Congreso de los Diputados en el plazo máximo de seis meses un Proyecto de Ley que regule el grado de gestión de la seguridad de los cooperantes acreditado por el actor de la cooperación financiado o co-financiado. Dicha gestión de la seguridad debería recoger al menos estos elementos claves:
a) Existencia acreditada de Planes de Seguridad (país/población) y de contingencia, actualizados periódicamente y con información completa en cuanto a factores de seguridad y vulnerabilidad según contexto y actor implicado (sistemas de información y análisis de seguridad).
b) Existencia acreditada de programas de formación y de reciclaje de los cooperantes, práctica y teórica, sobre planes de seguridad, planes de contingencia y de situaciones especiales adaptadas al contexto de intervención.
c) Existencia de materiales y equipos mínimos para la gestión de la seguridad (botiquín, vehículos, equipos de telecomunicación).
d) Existencia de una persona de referencia para cuestiones de seguridad.
2. Contemplar en dicho Proyecto de Ley -y puesto que la adecuada gestión de la seguridad supone incurrir en costes extraordinarios- la máxima cobertura de financiación de los elementos clave relacionados con la seguridad de los cooperantes del punto 1.
3. Considerar en dicho Proyecto de Ley la planificación y gestión de la seguridad como indicador muy relevante en la calificación y evaluación del actor de la cooperación; y ser considerado un criterio de elegibilidad para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000667
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un plan operativo que realice el seguimiento, evalúe y presupueste las medidas y acciones contenidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, para su debate en Pleno.
En junio de 2012, el Consejo de Ministro aprobó el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), instrumento que, según el Gobierno, define las líneas maestras para mejorar la competitividad del sector turístico como motor de la economía española.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos que el Plan Nacional e Integral de Turismo es un plan de medidas de alcance limitado y que renuncia implícitamente a liderar una estrategia de renovación estratégica que el sector tiene pendiente en España. No se hizo un diagnóstico riguroso sobre la situación y posibles escenarios a medio y largo plazo del turismo español sobre los que desplegar los objetivos, medidas y acciones.
El resultado de 2012 refleja una caída del PIB turístico del 1,6 %, tras el notable crecimiento registrado en el 2011, cerrando el año con un descenso de la actividad algo superior al 1,4 % del conjunto de la economía española, a pesar del positivo comportamiento del turismo extranjero, que aumentó el 2,7 %, pero que no pudo compensar el descenso del 1,2v% en la actividad del emisor nacional.
El empleo asociado a las actividades turísticas disminuyó un 0,7 % en tasa interanual para el conjunto del año en el número de afiliados a la Seguridad Social.
El primer trimestre de 2013 la actividad turística española volvió a mostrar resultados negativos, cayendo el PIB turístico un 3,2 % respecto al primer trimestre de 2012, siendo el consumo turístico de los españoles quien lastra los márgenes y resultados del conjunto del sector.
Según la encuesta de EXCELTUR, el 64,7 % de las empresas turísticas cierran el primer trimestre de 2013 con caídas en ventas y el 66,1 % en sus resultados, sin que haya ayudado el efecto de la Semana Santa, con un balance en general bastante negativo para el 67,6 % de los empresarios turísticos, que cerraron esos días con ventas inferiores a las de 2012. Los hoteles urbanos, las agencias de viajes, campos de golf y parques de ocio son los que más han sufrido, mientras los hoteles vacacionales y las empresas de Renta Car aguantaron mejor gracias a su dependencia de la demanda extranjera.
Continúa diciendo la valoración empresarial del primer trimestre y Semana Santa de 2013 que, en un escenario de debilidad de consumo, se reconfirma la inoportunidad y el impacto muy desfavorable de la subida de las tasas aéreas y el IVA sobre la demanda y resultados del sector turístico, como ya habían anticipado en abril de 2012. La caída anual de llegadas de pasajeros aéreos por la subida de tasas, estimada entonces por EXCELTUR en 2,87 millones de personas, se ha superado en solo 9 meses con los datos a marzo de 2013.
Ante estas circunstancias, dice el Gobierno que el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) se concibe como respuesta a las principales necesidades manifestadas por el sector turístico español. Es la hoja de ruta para mejorar la competitividad de la industria turística como motor de la economía española para el período 2012-2015.
El Plan integral, además de ser un documento que señala las medidas y las acciones, debió definir los medios para alcanzarlos, las metas que lo hicieran visible, el calendario que temporalizara los objetivos, el seguimiento que supervisara su avance, la evaluación que nos ayudara a conocer entre lo comprometido y alcanzado y, desde luego, su presupuesto.
Creemos necesario, y por ello exigimos, que se haga un seguimiento del proceso de ejecución que permita verificar el cumplimiento de medidas y acciones previstas en el Plan Nacional e Integral de Turismo, con la posibilidad de introducir los ajustes necesarios para garantizar su desarrollo, junto con un calendario de implantación temporal de cada una de las medidas a corto, medio y largo plazo. También requerimos una evaluación del plan, que analice el impacto del mismo a fin de conocer si sus resultados se corresponden con las carencias del sector turístico español.
Y por supuesto, la financiación. El Plan Nacional e Integral de Turismo no dispone de ningún marco financiero para el desarrollo de las medidas y acciones. No hay un compromiso económico que marque las prioridades que se adoptarán y desarrollarán dentro de los escenarios presupuestarios.
Los presupuestos tienen por objeto expresar en términos económicos el contenido del Plan y sus implicaciones, es decir, todos los aspectos económicos y financieros. Así, este Plan, es claramente la pura expresión de voluntades, pero sin ninguna cobertura económica.
Definidos los objetivos, las medidas y las acciones, debe plasmarse de forma cuantitativa cada una de las acciones del Plan en lo que debe ser el Presupuesto del mismo. Por ello, el presupuesto debe ser una extensión del Plan Nacional e Integral de Turismo; es el que da sentido de realidad a las estrategias, medidas y acciones, convirtiéndolas en una empresa realizable.
El presupuesto dedicado al sector turístico en la legislatura 2008-2011 fue de 2.183 millones de euros. Si a ello le sumamos la ampliación del Plan Renove y el Plan FuturE 2009, dotados con 1.100 millones, estamos hablando de 3.283 millones de euros a disposición del sector, seis veces lo dispuesto en la última legislatura del PP (483 millones).
Los presupuestos de 2012-2013 han supuesto 292,6 millones de euros menos que el del año 2011 (625,3 millones), lo que hace visible el escaso compromiso del Gobierno del Partido Popular con la política turística, a pesar de los múltiples compromisos adquiridos con la industria turística.
Para ser creíble el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), con sus medidas y acciones, el Gobierno debería incrementar los recursos en el Área de Turismo y devolver la confianza y el compromiso al sector turístico español, para volver al crecimiento y a la creación de empleo y ofrecer una perspectiva más próspera y solidaria.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos señalar, una vez más, el reconocimiento explícito de la importancia estratégica del turismo para el crecimiento económico de España. Pero este reconocimiento de la industria turística debe venir acompañado de su ficha financiera para lograr su materialización.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan operativo que realice el seguimiento, evalúe, establezca un calendario y presupueste las 28 medidas y 104 acciones contenidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2013.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan Integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos para debate en Pleno.
Desde el comienzo de la actual crisis económica, cada año cerca de un millón de personas se han situado por debajo del umbral de la pobreza, una realidad que según la encuesta de Condiciones de Vida realizada en el año 2012, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), afecta al 21,1% de la población española.
Conviviendo con esta situación, en España se desperdician 10 millones de toneladas de alimentos al año, una cifra que se eleva hasta los 85 millones de toneladas en Europa, con su consiguiente impacto negativo en términos económicos, humanitarios y medioambientales. Los alimentos se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos, desde la producción inicial hasta el consumo final.
Por ser una problemática común en toda Europa, el Parlamento Europeo aprobó en el 2012 un informe en el que exige medidas urgentes para reducir el desperdicio de comida a la mitad para 2025, intentando con esta medida optimizar al máximo el aprovechamiento de los productos.
Nuestro país siempre ha destacado por su perfil solidario, siendo la primera potencia en donación de sangre, multiplicando por dos las donaciones de órganos en el último año o habiendo constituido la segunda mayor red de Bancos de Alimentos con 52 entidades y una donación anual de 84 kilogramos por año, sólo por detrás de Francia.
Son concretamente los Bancos de Alimentos quienes en los últimos tiempos han visto más incrementada la demanda de su servicio, atendiendo a 1,3 millones de personas con más de 104 toneladas de alimentos repartidas. De ahí el más que merecido reconocimiento recibido a través del otorgamiento del Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012 a la Federación Española de Bancos de Alimentos, al cual el Grupo Parlamentario Popular se quiere sumar agradeciendo la labor diaria y constante realizada por todos y cada uno de sus voluntarios y voluntarias.
Precisamente para facilitar su labor; es necesario renovar el "Programa Europeo de Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas" para el periodo 2014-2020, ya que sólo de esta manera quedará garantizada su actividad para los próximos años.
Del mismo modo, resulta imprescindible impulsar la apertura de nuevos canales de colaboración adaptados a la realidad actual, como es el caso de las colectas de alimentos "on-line". Y promover programas de sensibilización y de buenas prácticas orientados a concienciar a la industria alimentaria, a los comercios minoristas y los consumidores del problema del desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro y de consumo alimentaria.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un Plan Integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos que tenga por objeto:
1. Potenciar el papel de los Bancos de Alimentos, y a tal efecto:
- Tener en cuenta su importancia en la futura reforma del marco regulatorio del Tercer Sector.
- Defender la renovación del "Programa Europeo de Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas? para el periodo 2014-2020.
- Promover medidas legales que faciliten la donación de alimentos y de los servicios complementarios necesarios para su normal funcionamiento.
- Estudiar la regulación de colectas de alimentos "on-line? como complemento a las grandes colectas anuales.
2. Impulsar la Estrategia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "Más alimento, menos desperdicio? con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario y la valoración de los alimentos desechados.
3. Realizar campañas de concienciación sobre el consumo responsable y racional de los alimentos.
4. Mejorar la coordinación entre la Administración General del Estado, las administraciones territoriales y los distintos agentes implicados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
Las distintas administraciones públicas son el principal cliente por lo que se refiere a las compras alimentarias. El poder de modificar el mercado alimentario del que disponen las distintas administraciones públicas a través de sus procesos de compra pública y licitación de suministro y/o servicio relacionados con las restauraciones colectivas dependientes de ellas, es por tanto muy grande (escuelas, universidades, hospitales, centros penitenciarios, bancos de alimentos...) Se estima que destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias cada año, aproximadamente un 13% del PIB en el estado español. Si este volumen de compra se realizara en mercados de proximidad estaríamos ante el catalizador definitivo para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables con unas consecuencias importantes a nivel económico, social, medioambiental y cultural.
La compra pública alimentaria es una herramienta para impulsar cambios en la realidad socioeconómica y ambiental del estado, en sus distintos niveles de actuación. Además ayudará a concretar y avanzar las declaraciones y recomendaciones que desde diversos estamentos legislativos se hacen al estado español. Declaraciones como la que indica el Libro Verde de la Compra pública de la Unión Europea, Sobre la modernización de la política de contratación pública, o el Dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea: "Sistemas de alimentos locales", o el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE, además de las diversas declaraciones y documentos de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, o incluso la Moción de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado del Reino de España de 2012 instaba al Gobierno a fomentar la relación directa entre productores y consumidores, impulsando iniciativas de comercialización directa o de radio corto. Además de otras muchas declaraciones y documentos existentes en los distintos niveles de las administraciones públicas estatales, autonómicas o locales.
Demandas y propuestas, todas ellas, que animan a los gobiernos a utilizar a la compra pública alimentaria como una herramienta eficaz para cumplir con los diversos objetivos sociales y ambientales que constituyen el núcleo central de una sociedad más justa, equilibrada y sostenible.
Objetivos como la creación de empleo, el impulso a los mercados locales, la dinamización territorial y el apoyo al tejido empresarial de pequeña escala que sigue siendo la base nuclear de nuestra economía, apoyar también la diversificación e innovación como motores fundamentales para la generación de puestos de trabajo especialmente en el sector primario, incentivar el desarrollo rural para mantener a los territorios rurales con la vitalidad y el dinamismo necesarios para conseguir unas condiciones de vida dignas y estables, apoyar la viabilidad de las explotaciones familiares agrarias y caminar hacia una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero o del consumo energético, entre otros aspectos ambientales.
Existen múltiples ejemplos en la UE, destacables son las iniciativas en Francia (Rhone-Alpes) donde se satisface la demanda de un área de influencia de más de 6 millones de personas mediante alimentos
locales e Italia (Emilia-Romagna) cuyo objetivo se centra en la introducción de alimentos ecológicos locales y tradicionales en los servicios de comedores escolares.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que impulse la contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales a través del desarrollo de un Plan de Contratación Pública Alimentaria de proximidad que complemente y amplíe al existente Plan de Contratación Pública Verde que se aprobó en Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de enero de 2008. Dicho Plan deberá contar con unos objetivos concretos y un calendario, así como los procesos necesarios para asegurar la implicación de los actores sociales involucrados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000324, 161/001558 y 161/001664
La Comisión de Interior, en su sesión del día 29 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo de desestimar las siguientes iniciativas:
- Proposición no de Ley sobre medidas para hacer frente a la grave situación de robos en el campo (núm. expte. 161/001664), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 273, de 21 de mayo de 2013.
- Proposición no de Ley sobre cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales (núm. expte. 161/000324), presentada por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 49, de 6 de marzo de 2012.
- Proposición no de Ley sobre el aumento de agentes de la Guardia Civil para la protección del campo valenciano (núm. expte. 161/001558), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 259, de 23 de abril de 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
161/001571
La Comisión de Interior, en su sesión del día 29 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español, presentada por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 259, de 23 de abril de 2013.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre rechazo de todas las agresiones y manifestaciones fascistas, racistas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español.
1. Condena y manifiesta su rechazo a todas las agresiones y manifestaciones de índole extremistas, fascistas, racistas, xenófobas, homófobas y discriminatorias que se producen en el territorio español.
2. Insta al Gobierno a continuar combatiendo las actuaciones violentas producidas por grupos de ideología radical así como el control de las páginas web, foros de Internet, y redes sociales que se utilicen con fines xenófobos, homófobos y racistas.
3. Insta al Gobierno a incluir de forma transversal, en el sistema educativo, el aprendizaje de aptitudes de derechos cívicos y democráticos, así como de actitudes contrarias a la violencia, al racismo, la xenofobia, la homofobia y el fascismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001609
La Comisión de Interior, en su sesión del día 29 de mayo de 2013, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 264, de 30 de abril de 2013, en los siguientes términos:
"1. El Congreso de los Diputados reconoce el sacrificio y la generosidad de las víctimas del terrorismo, cuyo ejemplo y confianza en la Democracia y en los instrumentos del Estado de Derecho han permitido que España esté más cerca del fin de ETA.
2. El Congreso de los Diputados defiende la necesidad de esclarecer todos y cada uno de los crímenes cometidos por ETA que, a día de hoy, siguen sin estar resueltos, de modo que las víctimas puedan recibir justicia.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que continúe desarrollando cuantas actuaciones sean precisas para promover y lograr la resolución de los crímenes cometidos por ETA y la identificación de sus autores, teniendo presente que la colaboración de los terroristas presos, en los términos que establece la Ley, es la vía más adecuada para que no exista ningún tipo de impunidad."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las actuaciones del Gobierno para ayudar a resolver más de 300 crímenes de ETA que siguen sin estar resueltos.
161/001616
La Comisión de Interior, en su sesión del día 29 de mayo de 2013, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 264, de 30 de abril de 2013, en los siguientes términos:
2. Insta al Gobierno a continuar combatiendo las actuaciones violentas producidas por grupos de ideología extremistas, intensificando las acciones previstas en los planes en curso, en aquellos territorios en los que sí sea necesario, como en la Comunitat Valenciana, a través de las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y autonómicos, de las páginas Web, foros de Internet, y redes sociales que se utilicen con fines xenófobos, homófobos y racistas.
3. Incluir de forma transversal, en el sistema educativo, el aprendizaje de aptitudes de derechos cívicos y democráticos, así como de actitudes contrarias a la violencia, al racismo, la xenofobia, la homofobia y el fascismo."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de las actuaciones de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos.
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno, para prevenir, controlar, perseguir y en su caso reprimir la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos, a que:
- Promueva un plan de actuación y coordinación policial, respetando el marco competencial definido en los distintos Estatutos de Autonomía, que se adapte en sus especificidades a las de aquellos territorios como el valenciano donde la incidencia de estos grupos es muy visible y su actuación bastante habitual.
- Efectúe un seguimiento permanente de los mismos por los servicios de información de Policía, Guardia Civil, así como de los Cuerpos de Seguridad de las Comunidades Autónomas, con control de las redes sociales e internet, los cuales, en las investigaciones de los delitos cometidos por estos grupos pongan especial énfasis en aportar las pruebas pertinentes para determinar el hecho delictivo aspectos racistas o xenófobos.
- Resto igual."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención, control, persecución y en su caso castigo de la actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos.
161/001629
La Comisión de Interior, en su sesión del día 29 de mayo de 2013, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan que garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 266, de 8 de mayo de 2013, en los siguientes términos:
A promover junto a las Comunidades Autónomas, medidas que garanticen la accesibilidad al servicio de emergencias 112 a las personas sordas, con discapacidad auditiva y dificultades del habla incluyendo también el uso de las nuevas tecnologías para los teléfonos móviles."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre elaboración de un Plan que garantice la plena accesibilidad a los servicios de emergencias 112 de las personas con discapacidad auditiva, del Grupo Parlamentario Popular.
En tanto se analizan y perfilan sistemas de mayor eficacia operativa y cobertura para llegar a la plena accesibilidad al servicio, y a efectos de dar una respuesta urgente, el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá, antes de finalizar el presente año, un sistema de conectividad a través de SMS o aplicación móvil de los servicios de Seguridad y Emergencia pública del 112."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Comisión de Interior, en su sesión del día 29 de mayo de 2013, aprobó la Proposición no de Ley sobre la ciberseguridad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 266, de 8 de mayo de 2013, en sus propios términos.
"El Congreso de los Diputados, en línea con la Estrategia Española de Seguridad, insta al Gobierno a:
- Apoyar el desarrollo de empresas privadas nacionales en el sector de la ciberseguridad.
- Dotar al sector público de las capacidades necesarias para velar por la ciberseguridad con especial atención a las tecnologías para la soberanía, de forma que no existan dependencias exteriores en cuestiones de tal criticidad e interés.
- Fomentar la formación en el ámbito del desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- Promover el uso de estándares de seguridad y de certificación de comunicaciones tanto en el ámbito público como privado, con especial atención a la protección de información, protocolos y elementos en entornos críticos corno es, por ejemplo, la red de distribución eléctrica."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adicionar un nuevo punto a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la ciberseguridad.
- (nuevo) Incrementar la eficacia de los intercambios de información entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ámbito estatal y autonómico, compartiendo bases de datos y creando mayores sinergias entre los mismos con el fin de instaurar medidas de coordinación y cooperación que les permitan desarrollar sus funciones de manera más eficaz."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se niega incluso la asistencia sanitaria.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente a la Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se niega incluso la asistencia sanitaria.
2. Instar un acuerdo de todas las Administraciones para la adopción de medidas urgentes con el fin de evitar la exclusión social de las personas en riesgo y garantizar su acceso a los servicios y a las prestaciones sociales necesarias, dotado con un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias y personas en situación de pobreza y exclusión social. Con el mencionado objetivo se convocará una reunión monográfica y conjunta Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y de la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con presencia de la Federación española de Municipios y Provincias.
3. Recuperar la política de integración de los inmigrantes y hacerlo como una política dirigida a toda la ciudadanía, con estrategias que garanticen la igualdad de derechos, deberes y oportunidades tanto en el presente corno en las segundas y sucesivas generaciones, fortaleciendo las bases de la convivencia y la cohesión social en España, sobre los principios de igualdad y no discriminación, ciudadanía, interculturalidad e inclusión, y recuperando con este fin la cobertura presupuestaria del Fondo de Integración necesaria para su desarrollo.
4. Informar con periodicidad al Congreso de los Diputados de la repercusión de la crisis en los colectivos más vulnerables de población, presentando informes cualitativos y cuantitativos que presten atención específica a quienes se hallan en situación de pobreza, desempleados de larga duración, menores, personas con discapacidad y en situación de dependencia, mayores, familias desahuciadas o en proceso de desahucio y de los inmigrantes que hubieran sido excluidos del derecho a la asistencia sanitaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de la Diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción como consecuencia de la interpelación urgente sobre la reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra para su debate en el Pleno de la Cámara.
1. Iniciar con carácter de urgencia las negociaciones para modificar el Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ente público ADIF para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra, suscrito el 9 de abril de 2010.
2. Que a la vista de las modificaciones anunciadas por el Ministerio de Fomento relativas a la sustitución de la obra prevista en el tramo Pamplona-Zaragoza por la implantación de un tercer carril o tercer hilo, se revise el tramo Castejón-Pamplona y en su caso se sustituya para priorizar la conexión con la Europa continental a través de la Y Vasca.
3. Que a la vista de las condiciones manifiestamente desventajosas en que el Convenio recoge el mecanismo de devolución por el que la Administración Navarra ha de recuperar el adelanto económico que realiza, se revise dicho mecanismo acortando los plazos de devolución y derivándolo al pago con cargo a convenio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2013.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así corno publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184.2 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción, consecuencia de la Interpelación urgente al Gobierno sobre los propósitos del mismo en relación a las medidas que va adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de bebés en nuestro país, para su debate en Pleno.
En el año 2011 se destapó la posible existencia de una trama de robo de bebés en nuestro país, mediante la presentación de una denuncia por diversas asociaciones de afectados por el tráfico de bebés en España, y múltiples denuncias interpuestas directamente por afectados en los Juzgados de toda España.
Desde entonces se ha ordenado el archivo de la gran mayoría de estas denuncias, en muchos casos por causas directamente relacionadas con la ausencia de medidas legislativas concretas para atender esta situación.
A pesar de las múltiples peticiones recibidas en ese sentido por parte de las diferentes asociaciones que representan los intereses de las víctimas por el tráfico de bebés en nuestro país, aún no se han articulado medidas eficaces que faciliten la instrucción de los procedimientos mediante la obtención de las pruebas necesarias para evitar, en la mayoría de los casos, el archivo de las diligencias de investigación o procedimientos judiciales.
Es importante poner en práctica medidas que garanticen la colaboración de los hospitales públicos, privados y de la Iglesia respecto a los expedientes médicos y archivos históricos de los afectados, puesto que el extravío de expedientes y contradicciones documentales son sospechosamente comunes.
Otro obstáculo que dificulta sobremanera las actuaciones de investigación es el elevado coste económico que supone para las familias la exhumación de los restos, y posteriores pruebas y cotejos de ADN, así como el asesoramiento y asistencia por parte de profesionales. En este sentido, la apertura de una única oficina de atención al afectado en Madrid, no sólo es una medida insuficiente sino mal enfocada,
y para la que en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de los afectados, quienes se muestran reticentes respecto de la misma.
Por otra parte, la falta de unidad de criterio de los Fiscales territoriales de nuestro país ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía y ha condenado de forma inexplicable la investigación de muchos de estos casos por situarse en determinados territorios, mientras que fiscales de otras provincias sí han impulsado las investigaciones.
Ante la disparidad de criterios de los diferentes fiscales territoriales, la Fiscalía General del Estado dictó una circular, la 2/2012, de 26 de diciembre de 2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos. Esta circular hacía una serie de consideraciones y se emitían instrucciones para unificar los criterios de las diferentes Fiscalías Territoriales, en aras a una efectiva y profunda investigación de los casos denunciados.
Entre estos criterios, se establece la exigencia de apertura de diligencias de investigación individualizadas, no genéricas; la posibilidad de la práctica de ADN sin orden judicial y con la recogida de muestras biológicas tras las correspondientes exhumaciones; y se aplicaba el tipo de "detención ilegal" al supuesto de robo de bebés, sin que se entendiese que el plazo de prescripción empezase a correr desde la mayoría de edad de la víctima.
A la fecha de esta circular, sin embargo, la mayoría de las investigaciones instadas por las Fiscalías habían sido archivadas por prescripción o falta de pruebas, y las que habían accedido a la sede judicial, habían corrido la misma suerte. Y tras la circular, lo cierto es que las Fiscalías Territoriales parecen no haber tomado en consideración dicha circular, haciendo caso omiso a la misma.
Así, deben adoptarse medidas frente al archivo masivo y abusivo de estas denuncias por parte de las Fiscalías Territoriales, ya que se han dado casos en los que: se han archivado las diligencias sin ordenar la exhumación de los restos biológicos de los que obtener el ADN, prueba inequívoca de la comisión o inexistencia del delito investigado; se han archivado casos por supuesta inexistencia de indicios de delito, en supuestos en los que el denunciante consta inscrito en el Registro Civil como hijo de un padre que genéticamente no lo es, por lo que la falsedad documental es palmaria; hay supuestos en los que el archivo de las investigaciones se fundamenta en explicar y justificar las irregularidades cometidas tras el parto (no mostrar a las familias el cuerpo del bebé fallecido, enterramientos a cargo del hospital sin informar a las familias,...), diciendo que eran costumbre del momento, y sin hacer mención a la inexistencia de documentos oficiales, tales como la inscripción de legajo de aborto o fallecimiento en el Registro Civil, o públicos, como los expedientes médicos de las madres y los bebés supuestamente fallecidos.
También se han archivado casos por fallecimiento del médico que habría atendido el parto, sin llevar a cabo otras diligencias de investigación de las que se pudiera identificar a otros posibles intervinientes o conocedores de los hechos (matronas, auxiliares, directores, otras madres, etc.) e incluso la Fiscalía ha archivado el caso en que se ha verificado la comisión del delito (en el supuesto de reencuentro de madres e hijos supuestamente fallecidos), porque los familiares implicados no han querido seguir con la denuncia, olvidando el Ministerio Público que se trata de delitos perseguibles necesariamente de oficio, no bastando para su olvido el "perdón" de los afectados.
Por último, la inseguridad jurídica que introduce la disparidad de criterios entre las distintas Audiencias Provinciales respecto de la interpretación del concepto jurídico de "delito permanente" en los casos de sustracción de menores y el cómputo de los plazos de prescripción de estos delitos, cuestión en la que no puede entrar la Cámara so pena de infringir la independencia judicial, pero que sí debe ser abordada desde el punto de vista legislativo para garantizar la claridad del Código Penal.
"A tal fin se presenta la siguiente Moción, consecuencia de Interpelación urgente, por medio de la cual el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses ponga en marcha las siguientes actuaciones y reformas legislativas:
1. Se emita un requerimiento oficial por parte del Gobierno, a todas las instituciones y personas jurídicas y físicas, públicas o privadas, con las que colabore directa o indirectamente el Gobierno central o los gobiernos autonómicos, y que sean custodios de archivos (Hospitales públicos, concertados, privados, casas cunas religiosas o laicas), para que:
a) Faciliten el cumplimiento de las órdenes judiciales respecto a la entrega de datos sobre los nacimientos e identidades biológicas de los interesados.
b) Faciliten a los afectados el acceso directo a sus historias clínicas, sin necesidad de orden judicial cuando la Ley les ampare a obtener su información médica.
c) Faciliten el destino y la identidad de los custodios actuales de los archivos médicos requeridos, en el caso de no mantenerlos bajo su custodia en la actualidad.
2. Se reconozca institucionalmente la cualidad jurídica de la "víctima?, a todos los familiares separados por robo, fuerza, engaño o coacción, tras el nacimiento del bebé o como consecuencia de adopciones forzadas.
3. Se impulse la creación en todas las Comunidades Autónomas de una oficina de atención a la víctima del robo de bebés y búsqueda de orígenes, en consonancia y cooperación con la creada en Madrid en la sede del Ministerio de Justicia, para la atención directa y presencial a todos los ciudadanos afectados, así como para prestar asesoramiento y ayuda a los hijos biológicos que buscan a sus padres y madres, no sólo en el caso de ser hijos falsos, sino aún en el caso de que las adopciones fueran legales.
4. Se reconozca a todas las víctimas de la sustracción de bebés, del derecho inmediato y sin condiciones a la asistencia jurídica gratuita (de forma similar a la que ya se hace con las víctimas de violencia de género), con la asignación de abogado y procurador de oficio que les represente.
5. Se acometan las reformas legales y reglamentarias necesarias para la creación de una sección especializada de la fiscalía a fin de investigar coordinadamente los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos relacionados con la indicada trama delictiva del robo de bebés, así como intervenir directamente en todos los procedimientos relativos a dichos hechos, a fin de evitar que su tramitación separada los aboque al correspondiente archivo.
6. Se regule la utilización de la Comisión Nacional para Uso Forense del ADN, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia, a fin de asegurar la existencia de una única base de datos sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, que funcione de forma coordinada y accesible a la policía judicial y a los interesados y que permita avanzar en las diligencias de investigación y establecer los necesarios nexos y vínculos entre las víctimas de los indicados delitos, reconociendo el derecho gratuito de los afectados a someterse a las pruebas de ADN para su incorporación al archivo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 4 de junio de 2013, ha acordado dejar sin efecto el apartado "refrescos, cervezas, aperitivos, bebidas alcohólicas" del Anexo I del Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de cafetería y restauración del Congreso de los Diputados. El Anexo modificado, cuyo texto se adjunta a continuación, puede consultarse en el perfil del contratante del Congreso de los Diputados (www.congreso.es). Se mantiene la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas en el día 21 de junio de 2013, a las 14.00 horas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-El Pliego de prescripciones técnicas citado fue publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 276, de 24 de mayo de 2013.
;PRECIOS NETOS;PRECIOS IVA INCLUIDO
MENÚS;;
MENÚS DE AUTOSERVICIO;;
Menú del día (1): 1.º plato, 2.º plato y postre o dos 1.º platos y postre;8,18 ?;9,00 ?
Menú del día (2): dos 2.º platos y postre;9,82 ?;10,80 ?
Medio menú: 1.ª plato o ensalada bufé;5,18 ?;5,70 ?
Medio menú: 2.º plato;6,09 ?;6,70 ?
Plato extra: 1.º plato o ensalada buffé;3,00 ?;3,30 ?
Plato extra: 2.º plato;3,64 ?;4,00 ?
Postre Extra de Menú;1,64 ?;1,80 ?
Ensalada de bufé como guarnición (suplemento);0,91 ?;1,00 ?
MENÚ DE RESTAURANTE;;
Menú del día;12,18 ?;13,40 ?
Medio menú: 1.ª plato o ensalada buffé;6,18 ?;6,80 ?
Medio menú: 2.º plato;7,09 ?;7,80 ?
Postre de carta en Menú (suplemento);2,95 ?;3,25 ?
Zumo de naranja natural (suplemento);1,55 ?;1,70 ?
DESAYUNOS NORMALIZADOS;;
Desayuno n.º 1;0,95 ?;1,05 ?
Leche o café (solo, descafeinado, con leche) o infusiones (con o sin leche) o chocolate o leche con cacao ;;
Tostada o barrita plancha (con mantequilla y mermelada) o bollería básica (croissant, suizo, ensaimada o similares) o 4 churros o 3 porras;;
Desayuno n.º 2;1,27 ?;1,40 ?
Leche o café (solo, descafeinado, con leche) o infusiones (con o sin leche) o chocolate o leche con cacao o yogur;;
Barrita tostada con aceite y tomate natural o bollería básica plancha (con mantequilla y mermelada) o tortel, palmera o bizcocho o cereales o pieza de fruta ;;
Desayuno n.º 3;1,91 ?;2,10 ?
Leche o café (solo, descafeinado, con leche) o infusiones (con o sin leche) o chocolate o leche con cacao o yogur o refresco ;;
Pincho de tortilla o pulguita variada;;
Extra de zumo de naranja natural (vaso 20 cl);1,55 ?;1,70 ?
CAFÉS, INFUSIONES, BOLLERÍA;;
Café (solo, descafeinado o con leche) o infusiones (con o sin leche) o vaso de leche;0,77 ?;0,85 ?
Chocolate o vaso de leche con colacao;0,86 ?;0,95 ?
Yogur;0,86 ?;0,95 ?
Tostada o barrita plancha con mantequilla y mermelada;0,82 ?;0,90 ?
Tostada o barrita plancha con aceite y tomate natural;1,09 ?;1,20 ?
4 churros;0,82 ?;0,90 ?
3 porras;0,82 ?;0,90 ?
Bollería básica (suizo, croissant, ensaimada o similares);0,82 ?;0,90 ?
Bollería básica (suizo, croissant, ensaimada o similares) a la plancha con mantequilla y mermelada;1,09 ?;1,20 ?
Tortel, palmera o bizcocho, pieza de fruta;1,09 ?;1,20 ?
Churro (unidad);0,23 ?;0,25 ?
Porra (unidad);0,32 ?;0,35 ?
PLATOS COMBINADOS;;
PLATO BASE (Especificar guarniciones);6,36 ? - 12,72 ?;7? - 14 ?
Huevos (fritos, tortilla, ...); ;
Ensalada especial; ;
Pasta, arroz ; ;
Pollo (asado, escalope, ...); ;
Cerdo (escalope, guiso, ...); ;
Ternera (escalope, guiso, ...); ;
Pescado del día; ;
Otros ofertados por el licitador:; ;
SÁNDWICHES, BOCADILLOS, PULGUITAS, MONTADOS, PINCHOS Y CANAPÉS;;
SÁNDWICHES;;
Jamón de York o queso ;1,50 ?;1,65 ?
Mixto;2,27 ?;2,50 ?
Bacón ;2,05 ?;2,25 ?
Vegetal (lechuga, tomate, huevo duro, espárragos y mahonesa);2,55 ?;2,80 ?
Extra de tomate;0,32 ?;0,35 ?
Extra de queso;0,73 ?;0,80 ?
Extra de huevo;0,41 ?;0,45 ?
BOCADILLOS;;
Chorizo o salchichón;1,86 ?;2,05 ?
Chorizo ibérico o salchichón ibérico;2,95 ?;3,25 ?
Queso Manchego;2,05 ?;2,25 ?
Jamón Serrano;2,18 ?;2,40 ?
Jamón de York;1,55 ?;1,70 ?
Jamón Ibérico o lomo ibérico;4,09 ?;4,50 ?
Bonito con tomate;3,68 ?;4,05 ?
Calamares;3,68 ?;4,05 ?
Lomo adobado;3,09 ?;3,40 ?
Bocadillo de pepito de ternera;4,18 ?;4,60 ?
Bocadillo de tortilla francesa (2 huevos);2,14 ?;2,35 ?
Bocadillo de tortilla española;1,55 ?;1,70 ?
Extra de tomate ;0,32 ?;0,35 ?
Extra de queso ;0,73 ?;0,80 ?
Extra de queso manchego;1,32 ?;1,45 ?
PULGUITAS ;;
Pulguitas variadas;1,27 ?;1,40 ?
Pulguita salchichón ibérico o chorizo ibérico;1,45 ?;1,60 ?
Pulguita de jamón ibérico o lomo ibérico;1,86 ?;2,05 ?
Pulguita de anchoa o mejillones;1,45 ?;1,60 ?
Pulguita de queso manchego;1,32 ?;1,45 ?
Pulguita de bonito con tomate;1,55 ?;1,70 ?
MONTADOS ;;
Lomo adobado;1,59 ?;1,75 ?
Jamón ibérico o lomo ibérico;2,36 ?;2,60 ?
Salchichón ibérico o chorizo ibérico;2,05 ?;2,25 ?
Salchichón o chorizo ;1,45 ?;1,60 ?
Queso manchego;1,55 ?;1,70 ?
PINCHOS Y CANAPÉS;;
Tortilla;1,27 ?;1,40 ?
Ensaladilla rusa ;1,55 ?;1,70 ?
Canapés variados;1,73 ?;1,90 ?
RACIONES;;
Jamón Ibérico;15,91 ?;17,50 ?
Medio de Jamón Ibérico;8,18 ?;9,00 ?
Jamón serrano blanco;8,18 ?;9,00 ?
Media de Jamón serrano blanco;4,18 ?;4,60 ?
Chorizo o salchichón ibérico;8,18 ?;9,00 ?
Lacón ;5,27 ?;5,80 ?
Media de Lacón;3,09 ?;3,40 ?
Queso Manchego;5,73 ?;6,30 ?
Patatas Chips;1,23 ?;1,35 ?
Avellanas;2,27 ?;2,50 ?
Panchitos;1,64 ?;1,80 ?
Almendras;2,27 ?;2,50 ?
Anchoas o mejillones ;4,45 ?;4,90 ?
Aceitunas ;1,27 ?;1,40 ?
Tortilla española ;6,41 ?;7,05 ?
Tortilla francesa;2,14 ?;2,35 ?
Empanada gallega;2,18 ?;2,40 ?
RACIONES DE COCINA;;
Ensaladilla rusa ;2,68 ?;2,95 ?
Boquerones en vinagre;4,82 ?;5,30 ?
Salmón marinado ;6,09 ?;6,70 ?
Champiñón al ajillo;2,91 ?;3,20 ?
Morcilla de Burgos;4,18 ?;4,60 ?
Chistorra ;4,18 ?;4,60 ?
Calamares andaluza;4,50 ?;4,95 ?
Media de calamares;2,82 ?;3,10 ?
Croquetas bacalao un.;0,73 ?;0,80 ?
Pulpo a la gallega ;8,86 ?;9,75 ?
Pimientos asados ;7,18 ?;7,90 ?
Lacón gallega ;6,27 ?;6,90 ?
POSTRES;;
Fruta del tiempo (una pieza);1,09 ?;1,20 ?
Fruta especial (piña natural, melón, naranja preparada...);2,55 ?;2,80 ?
Macedonia de frutas naturales;2,82 ?;3,10 ?
Cuajada;1,18 ?;1,30 ?
Tarta;2,50 ?;2,75 ?
Helado de sabores;2,45 ?;2,70 ?
REFRESCOS, CERVEZAS Y APERITIVOS;;
AGUAS Y REFRESCOS;;
Agua mineral de un litro;1,50 ?;1,65 ?
Agua mineral de medio litro;1,05 ?;1,15 ?
Agua mineral de tercio;0,86 ?;0,95 ?
Agua vichy de cuarto;1,14 ?;1,25 ?
Té al limón;1,18 ?;1,30 ?
Refrescos;0,91 ?;1,00 ?
Zumos envasados;0,91 ?;1,00 ?
Zumos naturales;2,05 ?;2,25 ?
APERITIVOS Y CERVEZAS;;
Cerveza de botella 1/3;1,27 ?;1,40 ?
Cerveza sin alcohol 1/3;1,36 ?;1,50 ?
Cerveza barril copa mediana;1,09 ?;1,20 ?
Cerveza barril copa pequeña;0,86 ?;0,95 ?
Vermouth;1,32 ?;1,45 ?
Bitter Kas;1,32 ?;1,45 ?
Mosto copa;0,91 ?;1,00 ?
Tomate preparado;1,77 ?;1,95 ?
VINOS Y CAVAS;;
Rioja copa;1,50 ?;1,65 ?
Ribera copa;1,91 ?;2,10 ?
Rosado o blanco de la casa;1,05 ?;1,15 ?
Fino y similares;1,50 ?;1,65 ?
Oporto, oloroso y similares;1,59 ?;1,75 ?
Cava Brut copa;1,55 ?;1,70 ?
Cava Brut botella;21,41 ?;23,55 ?
SERVICIOS ADICIONALES;;
DESAYUNOS DE TRABAJO Y SIMILARES;;
N.º 1 (Café, infusiones, agua mineral, zumo naranja natural, pastas);8,86 ?;9,75 ?
N.º 2 (Café, infusiones, agua mineral, zumo naranja natural, pastas, minibollería, churros, pan tostado con aceite y tomate, sándwiches variados);11,32 ?;12,45 ?
N.º 3 (Hojaldritos rellenos, queso manchego, tortilla española, calamares a la andaluza, croquetas, empanadillas, pasteles, refrescos, agua mineral, vino, cerveza);9,41 ?;10,35 ?
N.º 4 (Jamón ibérico, queso manchego, canapés, tortilla española, croquetas, mini frituras, crujientes de verduras, vino blanco, rosado, tinto, jerez, agua, zumos, cerveza, refrescos);15,18 ?;16,70 ?
Servicio de agua y café en reuniones de Comisiones (por persona, mínimo 40);1,00 ?;1,10 ?
PRODUCTOS DE VENDING (Según ejemplo o similares);;
Café e Infusiones;0,45 ?;0,50 ?
Refrescos 33 cl;0,55 ?;0,60 ?
Coca-Cola normal, light o zero;;
Schweppes;;
Trina;;
Fanta ;;
Aquarius-Nestea 33 cl;0,64 ?;0,70 ?
Agua 50 cl;0,27 ?;0,30 ?
Patatas Matutano;0,73 ?;0,80 ?
Ruffles Salero;;
Ruffles Jamón;;
Lays Campesinas;;
Lays Punto de Sal;;
Lays Mediterráneas Artesanas;;
Cheetos Pandilla;;
Cheetos Pelotazos;;
Bugles 3ds;;
Doritos Tex-Mex;;
Galletas;0,82 ?;0,90 ?
Mini O2 Choco o Mini O2 Blanco;;
Chocobom Blanco o Chocobom Leche;;
Mini Digestive Choco;;
Oreo;;
MiniChips Ahoy;;
Chips Ahoy;;
Diet Fibra Choco o Diet Fibra Muesly;;
Chocolates;0,82 ?;0,90 ?
Kinder Bueno;;
Kit Kat;;
Crunch;;
Mikado;;
Huesitos Original;;
Bollería;0,82 ?;0,90 ?
Palmera;;
Pantera Rosa;;
Chipicao XI;;
Frutos Secos;0,82 ?;0,90 ?
Facundo;;
Matutano;;
Sándwiches;1,05 ?;1,15 ?
Empanadas-Croissants;1,23 ?;1,35 ?

References: artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 184
 artículo 184