Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5870
Timestamp: 2020-02-26 05:15:42+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 268/2006
SENTENCIA 268/2006, de 11 de septiembre
ECLI:ES:TC:2006:268
En el recurso de amparo núm. 6806-2004, promovido por don Alberto Marín Etxebarría, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Angeles Almansa Sanz y asistido por el Abogado don Carlos Aguirre de Cárcer Moreno, contra los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, recaídos el 30 de julio y el 15 de octubre de 2004 en los recursos de alzada núm. 218-2004 y de reforma núm. 692-2004, respectivamente. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito fechado el 2 de noviembre de 2004, presentado en el Registro de instancias del centro penitenciario de Daroca (Zaragoza), el interno don Alberto Marín Etxebarría manifestó su intención de recurrir en amparo ante este Tribunal Constitucional. Dicho escrito fue recibido por correo el 12 de noviembre de 2004, registrándose el día 16 de noviembre, y en él solicitaba el recurrente asistencia jurídica gratuita. Una vez efectuados los oportunos nombramientos de Abogado y Procurador de oficio, la Procuradora de los Tribunales doña María Angeles Almansa Sanz presentó la demanda, formalizando la interposición del recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
a) El 21 de enero de 2004 la Comisión disciplinaria del centro penitenciario de Daroca (Zaragoza) acordó imponer al demandante de amparo una sanción de cinco fines de semana de aislamiento en celda, como responsable de una falta muy grave prevista en el art. 108 b) en relación con el art. 109 a) del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, como consecuencia de que el 26 de diciembre de 2003, a las 17:45 horas, después de mantener una comunicación telefónica, dirigiéndose a los funcionarios de servicio, dijo: “valiente hijo de puta, no te jode, me dice: cuelgue que ya lleva los cinco minutos. Había que darle una patada en los cojones y reventarle”.
b) El demandante de amparo interpuso recurso de alzada ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitencia contra el referido acuerdo sancionador. En su recurso alegaba que la resolución sancionadora no daba respuesta a las alegaciones formuladas en el pliego de descargos: en dicho trámite había alegado que el pliego de cargos no especificaba si el expediente sancionador se había incoado de oficio, por petición de otro órgano o por denuncia de persona identificada; que no figuraba el puesto de trabajo del Instructor del expediente; que no se especificaba que en el cómputo del plazo de tres días para presentar el pliego de descargos sólo debían contarse los días hábiles; además, de manera subsidiaria, negó los hechos imputados, afirmando que sólo por los aspavientos o ademanes que empleó no pudo el funcionario entender que profiriera las expresiones que se le imputan; añadía que en el pliego de cargos el insulto y la amenaza están redactadas en singular, pero se suponen dirigidas a una pluralidad de funcionarios, no existiendo concordancia gramatical entre la expresión y sus destinatarios; finalmente, alegó que la calificación de los hechos no se ajustaba a Derecho.
c) El recurso de alzada fue desestimado por Auto de 30 de julio de 2004, cuyo razonamiento jurídico único expresa:
“Está acreditado en las actuaciones la comisión de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta, correctamente calificad[os] como constitutivos de una falta del art. 108-B en conexión con 109-A del Reglamento Penitenciario aprobado por R.D. 1201/1981 de 8 de mayo, por lo que siendo la sanción impuesta proporcional a la entidad del hecho, procede confirmar el acuerdo impugnado”.
d) El interno presentó recurso de reforma, en el que denunciaba que el Auto que resolvió el recurso de alzada no responde a ninguna de las alegaciones planteadas en el escrito de recurso, lo que vulnera los arts. 24.1 y 120.3 CE.
e) El recurso fue desestimado por Auto de 15 de octubre de 2004 en consideración a que:
3. El demandante de amparo alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Señala que se dirigió por dos veces al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, recurriendo primero en alzada y después en reforma, indicando que en el procedimiento sancionador se habían vulnerado sus derechos, detallando en sus escritos las infracciones que consideraba cometidas. Sin embargo la respuesta proporcionada por el Juzgado resulta extraordinariamente vacía de contenido preciso, siendo abstracta, genérica, y susceptible de ser extrapolada a cualquier otro caso. Añade que con ser esto criticable, y ya de por sí susceptible de constituir una vulneración de la tutela judicial efectiva, lo más grave es que, además, no se da respuesta, ni genérica siquiera, a la cuestión central planteada por el recurrente al interponer su alzada frente a la decisión sancionadora de la Administración penitenciaria, a saber, la infracción de normas del procedimiento sancionador, la falta de motivación de la resolución que puso fin al procedimiento, no haberle sido puesto de manifiesto el expediente y no haber recibido respuesta a su solicitud de asesoramiento en el expediente, entre otros derechos.
4. Por providencia de 7 de febrero de 2006 la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, interesar del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que emplazara a quienes fueron parte en los expedientes de alzada núm. 692-2004 y de reforma núm. 218-2004, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda.
5. El Abogado del Estado solicitó su personación mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2006.
6. Por diligencia de ordenación de 16 de marzo de 2006 se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado en la representación que ostenta y, conforme al art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
7. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 29 de marzo de 2006, solicitando la desestimación del recurso de amparo, por considerar que tanto la actuación de la Administración penitenciaria como las resoluciones judiciales impugnadas son ajustadas a Derecho. Señala que las alegaciones del recurrente adolecen del carácter abstracto y genérico que reprocha a la propia resolución que recurre, y que en sus escritos ha invocado insistentemente el principio constitucional de la sumisión de la Administración al ordenamiento jurídico, pero sin concreción alguna respecto del contenido de la queja, ni de la norma o principio supuestamente inobservado por la Administración.
8. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones en escrito registrado el 24 de abril de 2006. Entiende el Fiscal que basta leer los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que se impugnan para comprobar que no contestan a las pretensiones del actor, interno en el centro penitenciario. No hacen una explícita o implícita referencia a los medios de prueba denegados, ni tampoco al asesoramiento que el recurrente ha interesado durante el expediente. Sus respuestas son, por el contrario, generales y no relacionadas con los pedimentos de quien recurre, ni con la problemática del caso concreto. Puede decirse que carecen de fundamentación, ya que no permiten conocer las razones o criterios jurídicos que fundamentaron su decisión en relación con lo interesado por la parte. Se trata, pues, de una clara falta de motivación que, por lo tanto, lesiona el derecho invocado a la tutela judicial efectiva. Añade el Ministerio Fiscal que, por lo dicho y sin entrar en consideraciones sobre los derechos de defensa y de prueba, ya que no se ha contestado a ello por el Juzgado ni lo interesa la demanda de amparo, procede otorgar el amparo y retrotraer las actuaciones al momento anterior a resolverse el recurso de alzada, para que por el Juzgado se realice respetando el derecho a la tutela judicial efectiva desde la vertiente de la motivación.
9. La representación procesal del recurrente dio cumplimiento al trámite de alegaciones conferido, mediante escrito presentado el 20 de abril de 2006, en el que reiteró las efectuadas en el escrito de demanda.
10. Por providencia de 5 de septiembre de 2006 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 de septiembre de 2006.
1. La demanda de amparo, presentada por don Alberto Marín Etxebarría, se dirige contra el Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, de 15 de octubre de 2004, desestimatorio del recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 30 de julio de 2004, que desestimó en alzada su queja contra el Acuerdo de 21 de enero de 2004 de la Comisión disciplinaria del centro penitenciario de Daroca (Zaragoza), por el que el demandante, interno en dicho establecimiento, es declarado responsable de una falta muy grave tipificada en el art. 108 b) (“agredir, amenazar o insultar a los funcionarios”) en relación con el art. 109 a) (“la falta de respeto o consideración a los funcionarios”) del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, y se le sanciona con cinco fines de semana de aislamiento en celda.
2. Para resolver la cuestión planteada debemos partir de que este Tribunal ha venido afirmando, en una reiterada y consolidada doctrina, que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso (SSTC 108/2001, de 23 de abril, FJ 2; 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 6; y 264/2005, de 24 de octubre, FJ 2).
3. No desconoce este Tribunal las dificultades en que deben desarrollar su actividad muchos órganos judiciales. Pero, como en otras ocasiones hemos dicho, por más que las lesiones constitucionales apreciadas hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica no puede llegar a alterar nuestro juicio de constitucionalidad (SSTC 7/1995, de 10 de enero, FJ único; 180/1996, 12 de noviembre, FJ 7; 109/1997, de 2 de junio, FJ 2; 223/1999, de 29 de noviembre, FJ 3; y 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5).
4. La aplicación de la doctrina anteriormente expuesta exige valorar las circunstancias del caso, y, en particular, cuáles fueron las pretensiones deducidas por el hoy recurrente en amparo ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, para poder juzgar si la motivación contenida en los Autos impugnados dio o no una respuesta suficiente y congruente con las mismas, respetuosa del derecho a la tutela judicial efectiva.
5. De lo expuesto se deriva que las respuestas ofrecidas en las resoluciones impugnadas se refieren exclusivamente a los hechos y a su calificación jurídica, sin que, ni de forma implícita ni explícita, se encuentre alusión alguna a las irregularidades presuntamente cometidas en el procedimiento sancionador o a la falta de respuesta de dichas alegaciones en el recurso de alzada. Éstas y no otras eran las auténticas causas de pedir del recurso, es decir, el fundamento de su pretensión de anulación del acuerdo sancionador, sobre las cuales, sin embargo, los Autos del Juzgado guardaron completo silencio.
Otorgar el amparo solicitado por don Alberto Marín Etxebarría y, en consecuencia:
2º Declarar la nulidad de los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, de 30 de julio y 15 de octubre de 2004.
3º Retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior al dictado del primero de dichos Autos, a fin de que se dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6806-2004
Promovido por don Alberto Marín Etxebarría frente a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que desestimaron sus recursos contra el centro penitenciario de Daroca sobre sanción por falta de respeto.
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria incurrió en denegación de tutela al no dar respuesta a las pretensiones del recurrente [FJ 4].
El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones [FJ 2].
La salvaguarda del ejercicio de los derechos constitucionales de los reclusos, preventivos o penados, compete a las propias instituciones penitenciaras y, subsidiariamente, a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria [FJ 2].
Si bien se admite la licitud constitucional de la respuesta judicial estereotipada o producto de un formulario en la medida en que peticiones idénticas pueden recibir respuestas idénticas, no es menos cierto que la utilización de formularios puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva cuando deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por el recurrente (SSTC 161/1993, 143/1995, 195/1995) [FJ 3].
El alcance del amparo consistirá en el reconocimiento al recurrente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, anulando los Autos impugnados y ordenando la retroacción de las actuaciones al momento procesal anterior al dictarse el primero, para que se dicte una nueva resolución respetuosa del derecho fundamental reconocido [FJ 5].
Artículo 109 a), ff. 1, 4
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de octubre de 2003 (Ezeh y Connors c. Reino Unido)
Control de la Administración penitenciariaControl de la Administración penitenciaria, f. 2
Funciones del juez de vigilancia penitenciariaFunciones del juez de vigilancia penitenciaria, f. 2
Garantías de los derechos fundamentales de los reclusosGarantías de los derechos fundamentales de los reclusos, f. 3
Juzgado de Vigilancia PenitenciariaJuzgado de Vigilancia Penitenciaria, ff. 2, 3

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

Artículo 109