Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-1051_2001.html
Timestamp: 2019-05-24 14:05:09+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-1051_2001]
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano ORLANDO POSADA RUIZ, demandó el artículo 12 de la Ley 53 de 1989 "Por la cual se asignan funciones al Instituto Nacional del Transporte, se adicionan las relacionadas con el tránsito terrestre automotor en todo el país, y se conceden facultades extraordinarias para reformar el Código Nacional de Tránsito Terrestre."
Artículo 12. Para la creación de los organismos de tránsito de nivel municipal se requerirá concepto previo favorable de las oficinas departamentales de planeación."
- El concejo municipal, por mandato del artículo 313-6 superior, "tiene facultad para la creación, a iniciativa del Alcalde, de los organismos de tránsito municipal, en consecuencia, el concepto previo favorable de las oficinas de Planeación departamental, consagrado en el artículo 12 de la ley 53 de 1989, materia de demanda, viola el principio de la autonomía municipal, al someter la voluntad del Concejo a una dependencia de orden departamental como lo es Planeación", pues determinar la estructura de la administración significa poder crear, modificar, reestructurar, suprimir o fusionar la administración municipal, función exclusiva del Concejo o del Alcalde, cuando aquél le confiere facultades para hacerlo.
- Después de referirse a la jurisprudencia de esta corporación en relación con la autonomía de las entidades territoriales, señala que "si se está en presencia de un interés local, confinadamente local, el único competente para su regulación es la autoridad local, libre de toda incidencia de las autoridades superiores, entre éstas tanto las seccionales como las nacionales, el Gobierno y el legislador (…) es ésta la primera regla de solución de conflictos de competencia que recoge la sentencia C-478/92. Pues bien, no es preciso ir más allá en la evocación de tan paradigmática decisión, pues ésta es la regla que corresponde aplicar en el presente caso. Crear un organismo de tránsito es algo que no trasciende para nada los límites municipales, es una atribución integrante del haz de competencias recogidas en la estructura de la administración municipal, como bien entiende el demandante, luego es inconstitucional toda intromisión de cualquier otra autoridad. Cosa distinta es la categoría que se asigne a ese organismo de tránsito, y en consecuencia, las competencias que puede ejercer. El tránsito vehicular (no el organismo sino la actividad) es una competencia que conjuga intereses de todos los órdenes, luego debe ser concurrente. Esta constatación permite sostener que bien puede (y debe) el legislador condicionar el ejercicio de determinadas competencias complejas a los organismos de tránsito municipales, al cumplimiento de los requisitos que se señalen, entre los cuales perfectamente puede estar la homologación por parte de organismos de tránsito departamentales o nacionales, o aún el concepto técnico de Planeación Departamental. Para el efecto, puede fijar categorías a los organismos de tránsito, o directamente a los municipios."
- Es inconstitucional que para crear un organismo de tránsito municipal deba pedirse el concepto previo y favorable de Planeación departamental, "máxime que la misma ley, en el artículo anterior (11), ha admitido la existencia de intereses municipales en materia de tránsito, y como es sabido, el principio de competencia reclama que a todo interés corresponde un órgano que lo tutele (…) Privilegiar la autoridad departamental sobre la municipal en un asunto de interés municipal es malentender el principio de subsidiariedad, que hace del municipio el ente fundamental de la división política (art. 311)."
- El artículo 1 de la Constitución debe leerse en forma íntegra pues allí se consagra que Colombia es un Estado unitario, lo que significa que la autonomía de las entidades territoriales no es absoluta sino relativa y, por tanto, dichos entes tienen "derechos propios, pero con sujeción a un régimen superior dentro del cual está concebida su individualidad." Tales derechos se encuentran consagrados, expresamente, en el artículo 287 de la Constitución.
- Los municipios ejercen con autonomía las competencias previstas en la Constitución y la ley, pero dentro de los precisos cauces que éstos les marcan y sujetos a los principios de coordinación, complementariedad e intermediación (art. 298 C.P.). La atribución consagrada en el artículo 313-6 del Estatuto Superior a los Concejos para determinar la estructura de la administración y las funciones de sus dependencias, "tratándose del tema específico de los organismos de tránsito, en el cual las competencias sobre la materia están compartidas por diferentes niveles de autoridades municipales, y nacionales, involucran decisiones en estas diferentes instancias". El concepto previo de Planeación departamental es eminentemente técnico, de modo que si se tiene en cuenta que las funciones de esas oficinas son técnicas "el concepto, más que un requisito que condicione al concejo el ejercicio de su función constitucional para determinar, dentro de la autonomía relativa que posee, la estructura administrativa del municipio, es el resultado de un estudio especializado sobre los diferentes aspectos involucrados técnica y presupuestalmente en la conformación del nuevo organismo de tránsito, que lo hacen o no viable en su funcionamiento y eficacia."
- La autonomía que consagra la Constitución "es un concepto relativo es decir, como que se trata de una república unitaria, significa que la autonomía no es ilimitada, total, por el contrario se mantiene en unidad coherente, porque si fuera lo contrario, estaríamos frente a otro Estado." El artículo 287 superior establece la autonomía de las entidades territoriales, pero dentro de los límites de la Constitución y la ley. Por consiguiente, las normas constitucionales que consagran la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, no pueden ser tomadas en términos absolutos.
- El artículo 12 de la ley 53 de 1989 no viola la Constitución, pues al Ministerio de Transporte, como ente rector en materia de tránsito y transporte, le corresponde fijar los requisitos para autorizar la creación y el funcionamiento de los organismos de tránsito y/o transporte. "No se debe perder de vista que de acuerdo con el decreto 101 de 2000 la suprema autoridad del sector transporte y del sistema nacional de transporte es el Ministerio de Transporte y de acuerdo con el artículo 1 de la ley 105 de 1993 dicho sistema nacional lo conforman entre otros, los organismos de tránsito y/o transporte municipal."
- El concepto previo del órgano departamental a que alude la norma acusada debe interpretarse de conformidad con el artículo 288 superior, que consagra los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los órganos nacionales y territoriales. El tránsito y el transporte "por los desarrollos económicos interrelacionales no pertenecen a jurisdicciones territoriales exclusivas de tal manera que unilateralmente no puede el ente de cualquier orden planificarlos conforme a sus intereses particulares, requiriéndose de estos principios adyacentes al de economía planificada que también consagra la Constitución, para lograr un sector transporte armonioso, ordenado y racional susceptible de ser administrado. Estos principios se logran por la planeación macro, de tal suerte que el concepto previo de la oficina de planeación departamental se enmarca en estos principios constitucionales y no constituye marginamiento de la autonomía de los municipios."
- De conformidad con la sentencia C-066 de 1999 de la Corte Constitucional, el transporte como servicio público nacional, según la ley 105 de 1993 tiene un régimen jurídico que debe ser fijado por la ley (art. 365 C.P.) y "al incidir en el goce de los derechos fundamentales y en la preservación de la seguridad de las personas, la regulación del transporte no puede ser extraña a las autoridades nacionales ya que a éstas, como a las otras entidades territoriales, les corresponde garantizar el bienestar y la seguridad de todos los colombianos en igualdad de condiciones (arts. 2 y 13 C.P.), teniendo en cuenta que está definido como elemento básico para la unidad nacional (art. 2 ley 105/93)."
- "(…) siendo el sistema de transporte de carácter nacional, no resulta extraño a su configuración que la ley 53 de 1989 en el artículo demandado, exprese que para la creación del organismo de tránsito en los municipios se requiera el concepto previo favorable de las oficinas departamentales de planeación, oficinas que deben ajustarse a los requisitos señalados en la resolución No. 3846 del 11 de agosto de 1993, expedida por el INTRA."
- Dado que el transporte es un servicio público del orden nacional, el precepto demandado debe interpretarse de conformidad con el artículo 300 de la Carta, que faculta a las Asambleas Departamentales para regular lo atinente a esta materia, "y en aplicación del principio de coordinación (art. 248 C.P.) determinar en qué ente municipal debe crearse una oficina de transporte que ayude a prestar el servicio que en su cabeza radica la Constitución, siempre y cuando a ello acceda el respectivo concejo municipal". Por tanto, no se vulnera el artículo 313-6 de la Constitución, "por cuanto en cabeza de los concejos municipales sigue la función de crear los organismos municipales, sólo que para la creación de una oficina de transporte en su territorio, el departamento debe autorizar ésta, pues este es un servicio que por su naturaleza no le corresponde prestarlo a los entes municipales."
- "No es cierto que los asuntos relativos al transporte aun cuando tengan carácter administrativo sean esencialmente de naturaleza local, por cuanto existen intereses regionales y nacionales que justifican claramente el establecimiento de ciertas regulaciones que puedan restringir la autonomía municipal para alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, como es la existencia de un sistema nacional de transporte. Bajo estas circunstancias, la norma en cuestión tiene justificación, en la medida que busca que el municipio cumpla con una serie de requisitos para la creación de organismos de tránsito, con el propósito único de verificar su viabilidad y la posibilidad de descentralizar funciones propias de los departamentos en dichos entes territoriales."
Facultad del legislador para regular el servicio público de Transporte
[14] Díez, Manuel María, El Acto Administrativo, 2da edic., 1961, citado en sentencia T-545 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz

References: artículo 12

Artículo 12
 artículo 313
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 287
 artículo 313
 artículo 287
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 288
 resolución 
 artículo 300
 artículo 313