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Timestamp: 2019-05-19 21:44:55+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 45
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
ENVÍO A COMISIÓN DE PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA.
CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. Primer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA EN PROYECTO DE LEY SOBRE ADECUACIONES DE PLAZOS PROCESALES EN LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DE LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACITADOS.
INVESTIGACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PRENDARIO.
CREACIÓN DE COMITÉ INVESTIGADOR DEL ALZA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES.
MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL USO DEL GAS NATURAL EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS.
RECURSOS PARA CIERRE PERIMETRAL DE COMPLEJO DEPORTIVO EN QUILICURA. Oficios.
PRECIOS PAGADOS POR INDUSTRIALES MOLINEROS A PRODUCTORES DE ARROZ PADDY. Oficio.
REVISIÓN DE DECISIÓN MINISTERIAL DE RESTRINGIR VENTA DE PÍLDORA ANTICONCEPTIVA. Oficio.
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL SOBRE JORNADA LABORAL EN LA COMPAÑÍA MINERA LA ESCONDIDA. Oficio.
Tomas Jocelyn Holt Letelier
JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE DEL RETÉN “LA PUNTA”, DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, E INFORMACIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A CARABINEROS. Oficio.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA FIEBRE AFTOSA. Oficio.
DESCONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD DE TALCA. Oficio.
INVESTIGACIÓN SOBRE ARRIENDO DE CONCESIONES MINERAS EN TOCOPILLA. Oficio.
AUTORIZACIÓN DE PÍLDORA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA. Oficio.
AUMENTO DEL CONSUMO COMO MOTOR DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Oficios.
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA DE LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios.
CIERRE DE VERTEDEROS EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO. Oficio.
REPACTACIÓN DE DEUDAS AGRÍCOLAS. Oficio.
PAGO PROPORCIONAL POR USO DE RUTAS CONCESIONADAS. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE ESTERO CATRICO, EN VALDIVIA. Oficios.
OTORGAMIENTO DE LICENCIA TÉCNICOPROFESIONAL A ALUMNOS EGRESADOS DE LICEO B8, DE VALLENAR. Oficio.
Sesión 45ª, en martes 20 de marzo de 2001
(Ordinaria, de 11.26 a 14.54 horas)
II. Apertura de la sesión10
III.Actas10
IV.Cuenta10
Prórroga de plazo a Comisión de Ciencias y Tecnología10
Envío a Comisión de proyecto del Orden del Día10
V.Acuerdos de los Comités10
Creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Primer trámite constitucional11
Integración de Comisión Mixta en proyecto de ley sobre adecuaciones de plazos procesales en la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado33
Constitución de Comisión especial de estudio de legislación sobre discapacitados34
Investigación del funcionamiento de la Dirección de Crédito Prendario34
Creación de comité investigador del alza de precios de los combustibles35
Medidas para incentivar el uso del gas natural en vehículos motorizados37
Recursos para cierre perimetral de complejo deportivo en Quilicura. Oficios38
Precios pagados por industriales molineros a productores de arroz Paddy. Oficio39
Revisión de decisión ministerial de restricción de venta de píldora anticonceptiva. Oficio40
Incumplimiento de la normativa legal sobre jornada laboral en la compañía minera La Escondida. Oficios40
Justificación del cierre del retén “La Punta”, de San Francisco de Mostazal, e información sobre distribución de recursos a Carabineros. Oficio42
Adopción de medidas preventivas contra la fiebre aftosa. Oficios43
Descontaminación de la ciudad de Talca. Oficio44
Investigación sobre arriendo de concesiones mineras en Tocopilla. Oficio44
Autorización de píldora anticonceptiva de emergencia. Oficio44
Aumento del consumo como motor de la reactivación económica. Oficios45
Operatividad del sistema de atención médica de urgencia de la Región Metropolitana. Oficios46
Cierre de vertederos en Concepción y Talcahuano. Oficio47
Repactación de deudas agrícolas. Oficio49
Pago proporcional por uso de rutas concesionadas. Oficio50
Información sobre proyecto de canalización de estero Catrico, en Valdivia. Oficios50
Otorgamiento de licencia técnicoprofesional a alumnos egresados del liceo B8, de Vallenar. Oficio50
Mensajes de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1.Sobre calificación de la producción cinematográfica (boletín Nº 267504)52
2.Prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva (boletín Nº 267614)62
3.Establece un sistema de incentivos de remuneraciones a los funcionarios municipales (boletín Nº 267706)64
4.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva (boletín Nº 267614)70
5.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que rigidiza el cumplimiento del presidio perpetuo y deroga la pena de muerte (boletín Nº 236707)71
Oficios de S.E. el Presidente de la República por los cuales retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma” para el despacho de los siguientes proyectos:
6.Sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo (boletín Nº 103507)71
7.Modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (boletín Nº 261007)72
8.Sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (boletín Nº 243920)72
9.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley sobre donaciones con fines culturales contenida en el artículo 8º de la ley Nº 18. 985 y otras disposiciones tributarias (boletín Nº 228804)73
10.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto de reforma constitucional en materia de nacionalidad (boletín Nº 264907)73
11.Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que autoriza por una sola vez a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago por las cotizaciones previsionales adeudadas por los empleadores (boletín Nº 267213) (S)73
12.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que modifica la ley Nº 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras operaciones de dinero que indica (boletín Nº 260305)80
13.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que concede una indemnización a los funcionarios municipales que se acojan a jubilación durante el período que se especifica (boletín Nº 260906)83
14.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que concede una indemnización a los funcionarios municipales que se acojan a jubilación durante el período que se especifica (boletín Nº 260906)89
De la Comisión de Ciencias y Tecnología, constituida como Comisión investigadora para analizar el problema de la inscripción de dominios en Internet, por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le otorgue un nuevo plazo de 60 días para conocer de dicha materia.
Corporación de Investigación Tecnológica IntecChile
Municipalidades de Valparaíso, San Joaquín, Pelluhue, Punta Arenas, Corral, San José de la Mariquina, San Rosendo, Longaví, San Miguel, Buin, Independencia, Renca, San José de Maipo, Lota, Monte Patria, Macul, Pencahue, Antuco, Iquique, Rengo, Coronel, Calle Larga, Pichilemu, San Felipe, Ollagüe.
Gobernaciones de Concepción, Limarí, San Antonio, Iquique.
Intendencias de Maule y Biobío
Del diputado señor Kuschel, regularidad, frecuencia e intensidad de inspecciones técnicas y administrativas a escuelas e internados.
Mantenimiento de líneas aéreas de empresas de servicios.
Coordinadora General de la 42ª Asamblea de Gobernadores BIDCII
Invitación a participar en seminarios.
Estadísticas segundo semestre año 2000.
Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
Asistieron, además, los ministros del Interior, señor José Miguel Insulza; de Justicia, señor José Antonio Gómez; de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, señor Jaime Ravinet, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.'
Se abrió la sesión a las 11.26 horas.
El acta de la sesión 38ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 39ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Pido la palabra por un asunto de la Cuenta.
Señor Presidente, como se debe fijar la tabla de la sesión del jueves, solicito incluir en ella el proyecto de ley figura en la letra c) del punto 1 que concede una indemnización a los funcionarios municipales que se acojan a jubilación durante el período que se especifica, es decir, a los que cumplen con los requisitos.
La Comisión de Ciencias y Tecnología, constituida como investigadora para analizar el problema de la inscripción de dominios en internet, solicita el acuerdo de la Cámara para que se le otorgue un nuevo plazo de sesenta días.
A petición de parlamentarios y del Ejecutivo, que desea presentar una nueva indicación al proyecto que adecua la legislación interna a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio suscritos por Chile, propongo a la Sala que la iniciativa vuelva a Comisión antes de ser informada y debatida.
Sería valioso aprobar esta sugerencia, porque nos permitirá discutir y votar con mayor disponibilidad de tiempo los proyectos en tabla.
Se suspende la sesión y se cita a una reunión de Comités.
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités.
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto , adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
Discutir en la presente sesión sólo el proyecto relativo al adulto mayor. Las votaciones correspondientes se efectuarán a partir de las 13.30 horas.
En la sesión del miércoles, en la mañana, la tabla estará constituida por los siguientes proyectos:
1ºLa ley que prorroga la regulación de la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva. (Sin discusión).
2ºEl informe de la Comisión Mixta sobre patentes mineras.
3ºEl proyecto sobre deudas previsionales, respecto del cual los distintos Comités parlamentarios dispondrán de dos horas, divididas proporcionalmente, al término de las cuales se procederá a la votación.
En el día de mañana, en la tarde, se citará a una sesión especial, de 16.00 a 18.00 horas, con el objeto de conocer el proyecto que rigidiza el cumplimiento del presidio perpetuo y deroga la pena de muerte. La discusión durará hasta dos horas, distribuidas proporcionalmente, sin perjuicio del tiempo que ocupe el señor diputado informante.
Corresponde conocer, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Luis Monge .
Segundo informe de la Comisión de Familia, boletín Nº 2296-18, sesión 42ª, en 13 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Señor Presidente, vuestra Comisión de Familia pasa a informaros, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Para los efectos de este segundo informe, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Manuel Pereira López , secretario ejecutivo del Comité Nacional para el Adulto Mayor, y de la señora Tania Mora , abogada asesora de dicha secretaría ejecutiva.
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 130 y 288 del Reglamento, este informe versa sobre el proyecto aprobado en general por la honorable Cámara en su sesión 28ª ordinaria, de 19 de diciembre de 2000, con todas las indicaciones presentadas y admitidas a tramitación en la Sala, que constan en la respectiva “hoja de tramitación” elaborada por la Secretaría, sin perjuicio de las nuevas indicaciones que la Comisión pudiere acordar introducirle con ocasión de este segundo trámite reglamentario, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:
1.Artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones o indicaciones en el segundo informe.
En esta situación se encuentran los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 2º transitorio del texto del proyecto propuesto en la parte final de este informe.
2.Artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.
Los artículos 4º, 6º y 9º permanentes, del texto del proyecto propuesto en la parte final de este informe, tienen carácter de orgánico-constitucionales, por cuanto se apartan de la estructura y organización básica que para los servicios públicos ha estatuido la ley orgánica constitucional respectiva. En efecto, dichos artículos hacen excepción de las reglas generales establecidas en los artículos 28 y 29 de la ley Nº 18.575, sobre bases generales de la Administración del Estado.
Asimismo, el artículo 16 permanente también es orgánico-constitucional, toda vez que determina una nueva función para los municipios, al imponerles el deber de satisfacer los requerimientos que les formule el secretario ejecutivo del servicio que se propone crear.
No existen en el proyecto disposiciones que tengan el carácter de normas de ley de quórum calificado.
3.Artículos suprimidos.
No hubo artículos suprimidos.
4.Artículos modificados.
En este segundo trámite reglamentario, la Comisión introdujo en el articulado del proyecto las siguientes modificaciones:
Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la República. Su inciso segundo establece que los decretos supremos que se refieran al Servicio y en que no aparezca una vinculación con un determinado ministerio, serán expedidos a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Su inciso tercero dispone que el Servicio tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, y podrá encomendar funciones específicas, a nivel regional, a los intendentes regionales.
La Comisión aprobó por unanimidad una indicación formulada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, destinada, primeramente, a sustituir, en el inciso primero, la frase “directa del Presidente de la República” por “del Presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia” y, seguidamente, en concordancia con lo anterior, a suprimir el inciso segundo.
Para ello, la Comisión tuvo en consideración lo expresado por los representantes del Ejecutivo en cuanto a que la vinculación con la Secretaría General de la Presidencia constituirá una señal al país sobre la importancia que se atribuye al nuevo Servicio que se desea crear. Dicha cartera es la más cercana al Presidente de la República y dentro de ella funciona, además, la Comisión de Modernización del Estado, lo cual garantizaría una adecuada coordinación con los restantes organismos del Estado para los efectos de ubicar al Servicio, en definitiva, donde más convenga.
A continuación, la Comisión de Familia acogió también por unanimidad la proposición formulada por la Comisión de Hacienda de rechazar la última oración del inciso tercero de esta disposición la cual faculta al nuevo Servicio que se propone crear, para encomendar funciones específicas, a nivel regional, a los intendentes regionales, habida cuenta de que ella alteraría de modo significativo la organización básica de la administración del Estado, dispuesta por la ley orgánica constitucional respectiva, y de que la descentralización territorial del Servicio, que se buscaba al incluirla, estaría garantizada por las obligaciones impuestas a los intendentes regionales por el decreto que creó los comités regionales para el adulto mayor.
Encarga al nuevo Servicio que se crea la tarea de proponer las políticas destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del adulto mayor y la solución de los problemas que lo afectan. Su inciso segundo, mediante doce letras, agrega otras doce funciones que, en especial, también le corresponderán.
Entre ellas, la letra d) de esta disposición le encomienda la función de “fomentar la integración del adulto mayor en el seno de su familia”.
En relación con esta disposición, la Comisión aprobó, por unanimidad, las dos indicaciones siguientes formuladas por el Presidente de la República.
lºPara agregar, en la letra d) del inciso segundo del artículo 3º, la siguiente expresión final: “y de la comunidad”.
2ºPara agregar, en el inciso segundo del artículo 3º, la siguiente letra “ll)”, nueva:
“ll) Fomentar y promover la inserción del adulto mayor en el mundo del trabajo”.
Se hace constar que estas indicaciones son idénticas a otras dos presentadas en la Sala por el diputado señor Urrutia , que perseguían el mismo propósito que las precedentes, las que debieron ser declaradas inadmisibles por la presidenta de la Comisión, debido a que las materias sobre las cuales recaían, por mandato constitucional, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Consagra la existencia de un Comité Consultivo del Adulto Mayor, encargado de asesorar al consejo directivo en todo lo relativo a las acciones, planes y programas del Servicio que se sometan a su consideración, pudiendo realizar las sugerencias que estime convenientes, formular las observaciones y proposiciones que considere necesarias y, en general, dar su opinión acerca de las materias en que se solicite su colaboración.
Su inciso segundo establece que dicho Comité, que será presidido por el secretario ejecutivo del Servicio, estará formado por quince personas naturales o representantes de diferentes personas jurídicas de reconocida trayectoria en materias relativas al adulto mayor, designadas por el Presidente de la República, las cuales permanecerán en sus cargos mientras cuenten con su confianza y desempeñarán sus funciones sin derecho a percibir remuneración alguna. La integración de este Comité estará conformada, entre otros, por representantes de organizaciones de adultos mayores, entidades académicas y organismos que trabajen con adultos mayores.
Su inciso tercero remite a un reglamento la regulación del funcionamiento interno del Comité y dispone que los acuerdos y decisiones de éste no serán obligatorios, sino que constituirán recomendaciones para el Consejo del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Sus incisos cuarto y quinto se refieren al número de sesiones que deberá celebrar; al reglamento; al carácter que tendrán ante el Consejo Directivo sus acuerdos, al nombramiento de sus representantes (uno titular y uno suplente) para integrar dicho Consejo, y a la duración de los mismos.
Los diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Montes y Palma, don Andrés , formularon una indicación para intercalar, en el inciso segundo del artículo 9º, a continuación del primer punto seguido, dos nuevas oraciones, del siguiente tenor:
“Al menos cinco miembros serán representantes de las principales organizaciones nacionales que agrupen a pensionados, jubilados y montepiadas del país. Las normas de selección de las agrupaciones con derecho a representación estarán contenidas en un reglamento dictado al efecto.”
En relación con esta indicación, los representantes del Ejecutivo informaron que en la actualidad sólo existe una sola agrupación que representa a los adultos mayores a nivel nacional, que es la Cupemchi (Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile), en tanto que a nivel regional y provincial recién se está gestando la formación de coordinadoras o federaciones de clubes y uniones comunales que no tienen carácter reivindicativo. Afirmaron que todas estas organizaciones tendrán participación en el Comité Consultivo, e incluso podría aumentarse el número de sus representantes a medida que se desarrollaran otras similares, pues la ley no establece un límite máximo al respecto.
Por ello, tanto los miembros de la Comisión como los representantes del Ejecutivo consideraron inflexible esta indicación, toda vez que, de aprobarse en los términos propuestos, excluiría a una serie de organizaciones de adultos mayores que no se agrupan en ninguno de los colectivos arriba nombrados (pensionados, jubilados y montepiadas) de la posibilidad de tener representación en el referido Comité Consultivo, no obstante desarrollar ellas actividades sociales, culturales o recreativas destinadas a personas de la tercera edad. Del mismo modo, estimaron que impediría a numerosas organizaciones recién formadas, de alcance regional o local, tener igual representación. Adicionalmente, consideraron que sería difícil y polémico determinar el carácter de “principales” de las referidas agrupaciones. En consideración a ello, la indicación fue rechazada por unanimidad.
El Ejecutivo, recogiendo en parte la idea expresada en la indicación precedente, formuló una indicación para reemplazar la última oración del inciso segundo del artículo 9º, por la siguiente:
“La integración de este Comité estará conformada, entre otros, por representantes de organizaciones de adultos mayores, en un número no inferior a cinco; por representantes de entidades académicas y organismos que trabajen con adultos mayores.”
La Comisión estimó que la redacción anterior es lo suficientemente amplia como para asegurar que al menos un tercio (cinco de los miembros del Comité Consultivo) quede reservado a representantes tanto de organizaciones de adultos mayores que persigan fines sociales, culturales o recreativos, como también de organizaciones que persigan reivindicaciones económicas de los mismos (pensionados, jubilados y montepiadas), sin importar el carácter nacional, regional o local que tengan, por lo que no sería necesario ni conveniente, a nivel legal, regular con más detalle esta materia.
No obstante lo anterior, se concordó con los representantes del Ejecutivo que resulta necesario complementar esta norma con una modificación del decreto supremo Nº 9, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que creó los comités regionales para el adulto mayor, a fin de asegurar en éstos la participación de aquellas organizaciones que no puedan integrar el Comité Consultivo. Al efecto, dichos representantes se comprometieron a recomendar la modificación del citado decreto por parte del Presidente de la República, a fin de hacer expresamente obligatoria esta forma de integración de los comités regionales, con el objeto de asegurar a las organizaciones de adultos mayores relevantes a nivel de cada provincia dentro de cada región, un grado mínimo de participación en dichos comités.
En definitiva, la Comisión aprobó por unanimidad la indicación del Ejecutivo, con la sola enmienda formal de sustituir en ella la frase “entidades académicas y organismos que trabajen con adultos mayores” por “entidades académicas relacionadas con la temática del adulto mayor e instituciones que trabajen con este grupo etario”.
El artículo 1º transitorio restringe a 15 personas la dotación máxima del Servicio, sólo durante 1999, levantándose dicha restricción a partir del 2 de enero del año 2000.
La Comisión, sin debate, aprobó por unanimidad una indicación formulada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, destinada a sustituir los guarismos “1999” y “2000” por “2000” y “2001”, respectivamente.
El artículo 3º transitorio consigna la partida presupuestaria con cargo a la cual se financiará la ley en proyecto, disponiendo, además, que el Presidente de la República, mediante decreto supremo, cree el capítulo respectivo de ingresos y gastos del presupuesto del Servicio.
La Comisión, asimismo, sin debate, aprobó por unanimidad una indicación formulada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda, destinada a sustituir, en su inciso primero, el ítem “50-01-03-25-33.004” por “50-01-03-25-33.104” y el guarismo “1999” por “2000”.
No se introdujeron artículos nuevos al proyecto ni tampoco se consideró que alguno de ellos fuera conocido por la Comisión de Hacienda.
5.Indicaciones rechazadas por la comisión.
1.De los diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Montes y Palma, don Andrés , para intercarlar en el inciso segundo del artículo 9º, a continuación del primer punto seguido, las siguientes oraciones:
2.De la Comisión de Hacienda, para rechazar el artículo 17, el cual dispone que los comités regionales para el adulto mayor creados por decreto supremo, en 1997, se considerarán comités operativos del Servicio para los efectos de esta ley en proyecto, señalados en el artículo 7º, letra j).
Esta indicación fue rechazada en atención a las razones expuestas por los representantes del Ejecutivo, en relación con la necesidad de reevaluar el costo financiero del proyecto en caso de optarse por elevar a rango legal la creación de los comités regionales para el adulto mayor a que se refiere el decreto supremo Nº 9, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
6.Indicaciones declaradas inadmisibles.
De conformidad con el inciso cuarto, Nº 2, del artículo 62 de la Constitución Política de la República, y por recaer en una materia que es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, la presidenta de la Comisión, con el apoyo unánime de los restantes miembros presentes, declaró inadmisibles las siguientes indicaciones:
1.Del diputado señor Urrutia , para agregar, en la letra d) del inciso segundo del artículo 3º, la siguiente expresión final: “y de la comunidad”.
2.Del mismo diputado, para agregar, en el inciso segundo del artículo 3º, la siguiente letra “ll” nueva: “ll) Fomentar y promover la inserción del adulto mayor en el mundo del trabajo”.
Por las razones expuestas y por las que se han dado a conocer durante este informe, la Comisión de Familia recomienda aprobar el siguiente proyecto, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la Corporación, se le han introducido algunas modificaciones que no se detallan y que han sido incluidas en su texto.
Dicho informe fue acordado en sesiones de fechas 10 de enero y 7 de marzo de 2001, con la asistencia de las diputadas señoras Adriana Muñoz , Isabel Allende , Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa , y de los diputados señores Haroldo Fossa , Carlos Kuschel , Luis Monge y Exequiel Silva .
Señor Presidente, quiero abordar dos temas relacionados con este proyecto tan importante y que ha concitado la atención de la gran mayoría de esta Cámara.
En primer lugar, plantear un tema de carácter formal y reglamentario, relacionado con el artículo 1º. Estimo que su inciso primero está absolutamente de más, puesto que afirma que este proyecto de ley tiene “por objeto establecer la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que velará por la plena integración del adulto mayor y por el ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen”.
De acuerdo con el artículo 1º del Código Civil, “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”.
El artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en consonancia con lo anterior, dispone: “Los artículos de todo proyecto de ley deberán contener en términos precisos el mandato, prohibición o regla que se va a erigir en ley, sin aducir las razones o motivos en que se fundan”.
En consecuencia, ese inciso primero está de más, desde el punto de vista reglamentario.
Además, en el artículo 2º está consultado exactamente lo mismo, porque se consigna el mandato de la ley: “Créase el Servicio Nacional del Adulto Mayor,”, y señala, a continuación, que se trata de un “servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”.
Luego, el artículo 3º señala las atribuciones y facultades que tendrá el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
En consecuencia, desde el punto de vista reglamentario, me parece que, en razón de una mejor técnica legislativa y para hacer más conciso el texto mismo de la ley, debería suprimirse el inciso primero del artículo 1º del proyecto de ley.
En segundo lugar, quiero abordar un tema que lo reconozco corresponde a las atribuciones exclusivas del Presidente de la República.
Me parece que hay una omisión, la cual debería salvarse en el Senado.
El artículo 10 del proyecto crea el “fondo concursable de financiamiento de iniciativas de apoyo directo al adulto mayor, el cual será provisto por los recursos que anualmente asigne la ley de Presupuestos”.
Su reglamento señalará la operatividad del fondo; sin embargo, no se consideran las organizaciones, las instituciones que se dedican al cuidado del adulto mayor en forma permanente y que incluso lo atienden en forma gratuita, sobre todo a los ancianos en situación de indigencia, agravada, además, por otros hechos, como la violencia intrafamiliar, el aislamiento, el alcoholismo y el deterioro psicoorgánico.
Generalmente, estos centros de atención acogen a adultos mayores indigentes con problemas crónicos de salud, con discapacidad física o psíquica parcial y leve, y con posibilidades de permanecer en su medio si cuentan con apoyo y protección permanentes.
He recibido un fax del Hogar de Cristo, institución benemérita y reconocida en nuestro país, en el cual se solicita que el Ejecutivo introduzca los siguientes incisos cuarto y quinto al artículo 10 del proyecto que crea el Fondo Nacional del Adulto Mayor:
“Sin perjuicio de la concursabilidad de los recursos del Fondo Nacional del Adulto Mayor a que se ha hecho referencia en los incisos anteriores, cuando se trate de actividades permanentes de mantención, apoyo y promoción de adultos mayores indigentes abandonados, desarrolladas por instituciones privadas sin fines de lucro que dispongan al efecto de la infraestructura y personal necesario para el adecuado cumplimiento de dichas actividades o funciones, tales instituciones podrán ser objeto de financiamiento directo y permanente por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con cargo a recursos consultados en el Fondo Nacional del Adulto Mayor, o a través de convenios entre dicho servicio y la institución beneficiaria.
“Las instituciones sin fines de lucro beneficiarias del financiamiento directo, deberán estar previamente registradas en una categoría especial en el registro indicado en el inciso tercero del artículo 3º de esta ley, debiendo un reglamento regular la forma y requisitos para la inspección en dicha categoría, un sistema de evaluación periódica de desempeño de las instituciones y de suspensión o eliminación del registro”.
Reitero que lo solicitado por el Hogar de Cristo corresponde a una atribución del Presidente de la República; sin embargo, aprovecho la presencia del ministro señor Álvaro García para darle a conocer esta propuesta a fin de que el Gobierno la estudie y la incorpore en el segundo trámite en el Senado, en el cual creo que será acogida favorablemente. También la Cámara de Diputados debe apoyar esta iniciativa, que va en beneficio de muchos ancianos, quienes, por sus enfermedades y su especial situación, no pueden contar con los proyectos concursables, que son de duración temporal y no de asistencia permanente a las personas que están en el ocaso de sus vidas.
En consecuencia, formulo dos observaciones al proyecto: la supresión del inciso primero del artículo 1º de carácter reglamentario y la incorporación de los incisos cuarto y quinto al artículo 10 del proyecto que crea el Fondo Nacional del Adulto Mayor.
Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por el diputado señor Sergio Elgueta en lo que se refiere a incluir en el Título IV, sobre el Fondo Nacional del Adulto Mayor, la indicación a que hizo referencia, con el objeto de establecer una alternativa para los proyectos que no son concursables o que eventualmente fueran desechados en un concurso.
En relación con el mismo capítulo, y sin repetir lo que dije en una sesión anterior, cabe señalar que en nuestro país hay alrededor de un millón quinientos mil adultos mayores, de los cuales un millón son mujeres y 500 mil, varones, cifras que, en conjunto, representan 10,5 por ciento de la población, con un crecimiento anual que fluctúa entre 0,5 y 0,8 por ciento.
Cito estas cifras porque no conocemos la cantidad de dinero de que dispondrá el Fondo Nacional del Adulto Mayor. En consecuencia, debemos hacer un llamado para que el presupuesto nacional considere efectivamente una importante suma de ayuda al adulto mayor y no una cantidad misérrima, que sólo daría una señal equivocada al país.
Junto con los fondos concursables destinados fundamentalmente a mantener proyectos de resguardo y cuidado del adulto mayor, es indispensable tener presentes algunas correcciones que exigen los adultos mayores. Me refiero a que la parte previsional tiene escasa cobertura; a que el sistema de salud, respecto de ellos, presenta irregularidades y, a veces, ausencia de especialidades propias de enfermedades del adulto mayor; a que también hace falta preparación para atenderlos en forma adecuada; a que las atenciones de salud que se les brindan, que de por sí son caras, deberían considerar quizás su gratuidad en caso de ser necesario.
Es indispensable considerar también que los locales que atienden a los adultos mayores son meramente casas normales y no cuentan con infraestructura suficiente ni facilidades para atenderlos. No podemos olvidar que muchos de nuestros adultos mayores viven en impresionante marginalidad, toda vez que poseen pensiones mínimas, bajísimas, y carecen de una organización social adecuada.
Consecuente con esta realidad, el Fondo Nacional del Adulto Mayor debe considerar necesariamente los suficientes recursos para abordar la situación de estos adultos mayores. De no ser así, corremos el riesgo de caer en la formación de un servicio absolutamente inoperante, que no tendrá capacidad de fiscalización, ni entrega, ni administración de recursos, y habremos promovido una cuestión social de difícil desarrollo.
Por todas estas consideraciones, formulo un llamado a las autoridades de Gobierno, a fin de consultar los recursos indispensables para abordar el proyecto.
Señor Presidente, hoy la Cámara de Diputados debe pronunciarse, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público.
Chile debe enfrentar uno de sus mayores desafíos en cuanto al mayor envejecimiento de su población; por lo tanto, la necesidad de dar respuesta al numeroso conglomerado de adultos mayores más de un millón y medio de personas, es cada día mayor.
¿Qué respuesta se les debe dar a las personas que se encuentran en esa etapa de la vida?
Nuestra población no sólo envejece, sino que ha aumentado la longevidad del ser humano, y cada vez los adelantos y las tecnologías en salud permiten que el promedio de vida sea mayor.
Los nuevos desafíos que como país y como sociedad se requieren deben estar orientados a un cierto cambio cultural. Se debe mirar al adulto mayor en forma diferente. El primer desafío es ser capaces de lograr su plena integración, con opciones y oportunidades deportivas, culturales, recreativas, incluso microempresariales.
Concuerdo con la Comisión de Familia en cuanto al rechazo de la indicación formulada al artículo 9º, la que permitía la representación, en el Comité Consultivo, de las principales organizaciones nacionales que agrupan a pensionados, jubilados y montepiadas. El tema se discutió extensamente en la Comisión; pero los representantes del Ejecutivo informaron que en este nivel reivindicativo existe una sola agrupación que representa a los adultos mayores a nivel nacional: la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile (Cupemchi), en tanto que a nivel regional y provincial existen clubes, asociaciones y uniones comunales que, obviamente, no tienen aquel carácter, por lo que quedarían fuera. Por ello, en la Comisión fuimos bastante prolijos para garantizar no sólo la integración de aquellas organizaciones con carácter reivindicativo, aunque no sean nacionales, sino también la participación a nivel regional y provincial.
En ese sentido, fue correcta la posición unánime adoptada por la Comisión de Familia, de rechazar la indicación y establecer la integración del Comité, garantizando la presencia, asociativa, de representantes de organizaciones de adultos mayores en un número no inferior a cinco, a fin de lograr una mayor participación. También es importante la representación de entidades académicas y de organismos que trabajen con adultos mayores, ojalá en forma permanente.
El diputado señor Elgueta ha dado a conocer una sugerencia del Hogar de Cristo que considero interesante. Pero es importante saber la posición del Ejecutivo al respecto, para lo cual se necesita una respuesta del señor ministro secretario general de la Presidencia , don Álvaro García , para estudiar una indicación con estas características, la que podría ser viable en el Senado desgraciadamente, la Cámara de Diputados no tuvo oportunidad de verla, porque la Comisión de Familia no tuvo conocimiento de ella.
En principio, estoy dispuesta a dar mi aprobación a dicha indicación, ya que evidencia que, más allá de los fondos concursables, en Chile existen, particularmente bajo el alero del Hogar de Cristo, entidades que trabajan en forma permanente con adultos de la tercera edad, básicamente indigentes y personas de muy escasos recursos, a los cuales se les hospeda y alimenta, y muchas veces ellas se constituyen en verdaderas acogidas para adultos mayores en situación económica muy precaria.
Sin perjuicio de la consolidación de los proyectos, ello crea un grado importante de participación de la comunidad. Sería interesante ver esta opción. Sin embargo, además de los proyectos concursables, debe existir la posibilidad de garantizar el financiamiento para las entidades que trabajarían en forma más permanente.
En resumen, es muy importante que esta Cámara dé su aprobación al proyecto, puesto que es una necesidad y una realidad. Buscamos, con una mirada al futuro, la integración del adulto mayor; buscamos una actitud cultural distinta, con mucha más apertura y respeto hacia la dignidad de las personas de la tercera edad; buscamos, efectivamente, espacios y oportunidades que no existían; en definitiva, buscamos la plena integración del adulto mayor.
Señor Presidente, valoro enormemente la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque aun cuando es un fenómeno mundial, Chile hoy enfrenta un acelerado envejecimiento de su población, realidad que lo obliga a diversificar en forma muy especial sus políticas públicas y sociales.
En este sentido, algunas políticas públicas, por su generalidad, no apuntan a sectores determinados. Es así como el Servicio Nacional de la Mujer se encuentra en un proceso de transversalización de sus políticas públicas. Esperamos que el Servicio Nacional del Adulto Mayor pueda ser capaz de hacer un diagnóstico en los distintos campos de la situación del adulto mayor, a fin de diseñar políticas en todos los ámbitos y a través de los distintos ministerios que tienen que ver con acciones y políticas sociales. Hacia allá debe apuntar este Servicio; eso es lo más importante. También debe apuntar a animar actividades en los adultos mayores organizados y a apoyar el desarrollo de su organización, que es fundamental; pero el núcleo de este nuevo servicio es ser un organismo especializado que apunte con precisión en un diagnóstico de primer nivel para que las políticas sociales de los distintos ministerios realmente resuelvan los problemas de este sector de la población, que avanza en forma amplia y vertiginosa hacia su amplitud.
Es importante que el Servicio Nacional del Adulto Mayor dependa de la Secretaría General de la Presidencia, que tiene el nivel de poder necesario para que las políticas que allí se diseñan sean adoptadas por los distintos ministerios, para lo cual debe contar con especialistas capaces de diseñar políticas públicas precisas. Es de esperar como ocurre con el Servicio Nacional de la Mujer que en el Presupuesto de la nación se indiquen las partidas correspondientes para saber cuánto estamos invirtiendo en las políticas sociales dirigidas al ámbito del adulto mayor. Considero fundamental que esas políticas se concreten mediante la entrega de recursos que permitan ir solucionando los problemas.
Por lo tanto, con la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos dando un paso hacia la modernización de las políticas sociales públicas e integrales. Sería lamentable no creo que suceda que dicho Servicio se transforme en una especie de ayuda caritativa a los adultos mayores; debe ser un servicio estatal moderno, con toda la transversalidad del caso, y con un presupuesto ad hoc que permita saber cuánto se está invirtiendo en este sector de la población.
Además, es importante rescatar algunos elementos modernos relacionados con la participación. Existe un ejemplo en Concepción, donde su gobernadora, María Angélica Fuentes , creó una modalidad muy interesante: un parlamento del adulto mayor cuyo universo soberano son las organizaciones de adultos mayores que eligen a sus parlamentarios; todo ello dentro del sistema llamado “accountability”; es decir, la forma en que la gente puede fiscalizar las políticas públicas en relación con su sector. El resultado de esta participación que no es retórica o romántica, sino muy clara ha permitido a ese parlamento fiscalizar las políticas de salud en el sentido de la forma como llegan éstas a los adultos mayores de la región, de cómo se materializan las políticas de los distintos ministerios y de cómo esos adultos son capaces, en su calidad de beneficiarios, de fiscalizar su cumplimiento. Creo que son elementos muy importantes que pueden orientarse a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Valoramos profundamente esta iniciativa, porque apunta a la modernidad de un Estado, al enfoque especializado e integral de sus políticas sociales, y, por lo mismo, es muy importante que el Servicio avance en la forma más clara posible.
A continuación, quiero referirme al planteamiento del diputado señor Elgueta a quien respaldo, respecto de los adultos mayores abandonados por sus familias. Discutimos esta materia durante la tramitación del proyecto en la Comisión; la hicieron presente representantes del Hogar de Cristo que concurrieron a ella, y nosotros se la transmitimos al Ejecutivo. Consideramos que es importante porque existe un grave problema de pobreza en ese sector y se requieren aportes directos que contribuyan a su sostenimiento, puesto que insisto muchos adultos mayores viven en una verdadera indigencia. Sería muy conveniente que el Ejecutivo estudiara esta grave situación, que conocemos en nuestros distritos, a fin de garantizar en la ley los fondos necesarios para paliarla.
Recalco, una vez más, el apoyo a esta iniciativa. Ojalá que su tramitación en el Senado sea más rápida que la de la Cámara y contemos, a la brevedad, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Espero que los colegas que están conversando hayan escuchado mis planteamientos el diputado Juan Pablo Letelier lo hizo, porque después critican nuestro comportamiento en las sesiones y nos exigen conductas sin reparar en las propias.
He formulado mis planteamientos con mucho respeto y en apoyo a la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Señor Presidente, sin duda, dignificar a la tercera edad, al adulto mayor, es nuestra obligación como país. Asimismo, reconocer el abandono en que se encuentran miles de ancianos es una realidad que debemos enfrentar.
Valoro el hecho de que se haya destinado tiempo y esfuerzos en favor de los adultos mayores o ancianos. Este proyecto establece, claramente, como objetivos iniciales, primordiales, promover y coordinar los asuntos relacionados con los adultos mayores dentro de la sociedad civil y mejorar sus niveles de calidad de vida a través de programas y proyectos que los mantengan activos e insertos en dicha sociedad, asumiendo roles en los ámbitos económico, social, cultural y político.
Pero quiero preguntar lo siguiente: ¿Qué efectividad puede tener, en la práctica, el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que se crea mediante este proyecto? ¿No sería conveniente mirar hacia atrás y recordar lo que sucedió con proyectos similares? En 1993, como integrantes de la Comisión de Salud, estudiamos durante casi dos años el proyecto que creaba un fondo nacional de la discapacidad, iniciativa necesaria e importante si consideramos que en Chile hay más de 600 mil discapacitados que requieren especial preocupación por parte del Estado. Ese proyecto también fue estudiado por el Mideplan y por muchos profesionales; sin embargo, se aprobó sin la provisión de fondos y sin establecer responsabilidades suficientes para poder hacer una labor efectiva en favor de los discapacitados. El hecho de que no se entregaran los recursos necesarios para enfrentar el problema de los discapacitados originó, incluso, la renuncia de Liliana Mahns, gran promotora de la iniciativa.
¿Qué sucede hoy con el Fonadi? Que no ha podido cumplir con todas las funciones para las cuales fue creado.
¿Qué sucedió con el Instituto Nacional de la Juventud, que pretendía resolver el problema de los jóvenes de Chile? No logró nada. Incluso, en más de una oportunidad estuvo a punto de desaparecer.
Entonces, temo que este proyecto, que contiene las mejores intenciones, que apunta a dignificar y a ayudar a las personas de la tercera edad, va a correr la misma suerte. El servicio que se crea dependerá del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué tiene que ver dicha Secretaría con proyectos sociales? Como el Mideplan, que debería ser el encargado de los proyectos sociales y no funciona, también ha estado a punto de desaparecer y se ha dedicado, más bien, a resolver los problemas de los mapuches que a impulsar proyectos en favor de los pobres. Ahora, los problemas de desarrollo social los entregan a la Secretaría General de la Presidencia, cuyo ministro está presente en la Sala. Me gustaría que dijera, cuando intervenga, de qué forma va a ayudar a los ancianos de Chile. Todos sabemos que el verdadero problema que los afecta es, principalmente, la pobreza; pero no sólo a los ancianos pobres, sino también a los de clase media, que disponen de escasos ingresos, de pensiones mínimas muchas veces, sus deudas superan su capacidad de pago y deben pagar impuestos y cotizaciones previsionales.
Entonces, ¿qué sacamos con crear proyectos con fondos concursables? ¿Para qué? ¿Para que los ancianos puedan ir a la playa, para que lo pasen bien? Estupendo, que lo pasen bien, que los hagan felices, que los hagan bailar y cantar; pero, ¿por qué no resolvemos los problemas de fondo? ¿Hasta cuándo parchamos? Lo que sucede en este país es que tenemos buenas intenciones, pero reitero no resolvemos los problemas de fondo.
¿Qué pasa con las pensiones asistenciales? Hay más de 200 mil ancianos que requieren recibir una pensión asistencial con urgencia. Aquí, el otro día, un diputado presentó un proyecto para aumentar el número de pensiones que permitan un sustento mínimo a los ancianos pobres, y entiendo que fue rechazado, no obstante haber sido presentado varias veces.
Entonces, ¿hasta cuándo seguimos presentando proyectos concursables? Estamos llenos de ellos. Además, hay 700 millones de pesos con ese fin. ¿Para que concursen quiénes? ¿Por qué seguimos hablando de descentralización si seguimos centralizando las cosas? No es efectivo que esto signifique descentralizar. Si queremos hacerlo y ayudar a los ancianos, está bien, elaboremos programas e indiquemos sus objetivos; pero apuntemos hacia donde corresponde: a las pensiones, a la previsión y a la salud, de manera que los ancianos que sufren de hipertensión, los diabéticos; las mujeres que sufren de depresión, de neurosis, tengan donde atenderse. Si todos nosotros vemos realidades en nuestros distritos ¿por qué sus soluciones no las concretamos en proyectos?
Aprecio la preocupación por la tercera edad, pero, si queremos ayudarla, apuntemos a que se den los recursos necesarios. Si al ministro secretario general de la Presidencia, presente en la Sala, realmente le importa el proyecto, debe buscar la forma para que los ancianos puedan tener una respuesta. En los municipios existe la gran posibilidad de ayudarlos a través de los consultorios de salud, donde se puede encontrar la forma de acercar sus beneficios, sus servicios. ¿Por qué tienen que ir a cobrar sus pensiones lejos del lugar donde viven? ¿Por qué, por último, no buscamos una forma de abaratarles los costos en el transporte público? Un proyecto en ese sentido también ha sido propuesto varias veces en el Congreso Nacional.
Creo que hay mil cosas que se pueden hacer; pero me duele el hecho de que cueste mucho tiempo presentar un proyecto a esta Cámara y después no resulte.
Señor Presidente, quiero decirle al ministro, a través de la Mesa, que esta oportunidad es importante. Definitivamente, los ancianos están desvalidos de la mano de Dios, y si queremos ayudarlos, busquemos los mecanismos para que este proyecto no muera en buenas declaraciones, en buenos principios y en buenas intenciones. Hagámoslo realidad y ayudemos de verdad a los ancianos donde lo necesitan.
Quiero hacer una pequeña reflexión que, a lo mejor, no tiene que ver con el proyecto, pero sí con algo que aquí se ha mencionado: el problema demográfico que deberá enfrentar el país debido al aumento paulatino del envejecimiento de su población. También hago un llamado para que el país haga una evaluación de lo que está sucediendo con su crecimiento demográfico. Cada día el crecimiento de su población disminuye y su población adulta aumenta. Creo que hay una tarea de Gobierno, que no puede dejar de preocupar. Lo digo, justamente, a la luz de los temas que hoy se han planteado.
Por último, a través de su Señoría, quiero felicitar a la diputada María Antonieta Saa por su intervención a la salida de la estación Mapocho , cuando enfrentó a un grupo de personas que hacía manifestaciones. Creo que estuvo muy bien y fue muy valiente al decirles, claramente en su cara, que no tenían por qué insultarla ni decirle improperios, porque no se los merecía.
Asimismo, quiero decirle que entienda nuestra situación cuando grupos de manifestantes nos gritan en la cara: “asesinas”, en circunstancias de que nunca hemos asesinado a nadie. Su actitud fue correcta, pero repito quiero que ella me entienda a mí cuando tengo que enfrentarme a esos mismos grupos.
Perdóneme , señor Presidente, pues lo último no tiene nada que ver con el adulto mayor; sólo fue en respuesta a un comentario formulado por la diputada.
Señor Presidente, quiero asumir que estamos frente a un proyecto acotado en sus alcances y que, sin duda, tiene una tremenda importancia, por cuanto marca el inicio de un compromiso institucional del Estado chileno con actores emergentes, como los adultos mayores.
No creo que sea secundario señalar que en la Cámara hay quienes usan conceptos distintos para abordar el tema; siguen hablando de los ancianos o de los abuelitos, y, a mi juicio lo digo con mucho respeto, no tienen la capacidad de entender que lo que hay detrás de este debate es la valoración cultural de un actor, de un segmento de la sociedad constituido por los adultos mayores, por aquellas personas que han cumplido su ciclo laboral, y el cual, debido al progreso de la ciencia, de la humanidad, su expectativa de vida ha crecido y va a seguir creciendo, al contrario de lo que sucedía en el siglo pasado, en que fallecían a los 50 años. En ese contexto, quiero valorar lo que significa la creación de esta entidad del adulto mayor como servicio público.
Pero al hacer esta reflexión no puedo dejar de plantear lo que le dije a la colega María Angélica Cristi que iba a ocurrir en este debate: la confrontación de concepciones. Ella habla con gran pasión sobre los temas previsionales de los adultos mayores, de sus ingresos, de su situación de salud; pero deja de hablar de otros temas. Estoy seguro de que no es por falta de interés, porque ha estado al frente de un municipio y, por su compromiso con el lugar que representa, ha trabajado con múltiples organizaciones de adultos mayores, que conoce muy bien. En su visión, no logro comprender porque no lo dice de dónde sale la plata. Parece que es bien fácil; como si hubiera un saco sin fondo para enfrentar los problemas estructurales, que van más allá de lo cultural.
Debemos entender que, a partir de esta institución, cuando se habla del ingreso del adulto mayor, se debe crear una plataforma para estudiar situaciones críticas y estructurales, como el sistema previsional de nuestro país, que está en crisis.
La colega ha hablado de cómo ha aumentado en forma exponencial la petición de pensiones asistenciales. Es obvio, porque el sistema previsional que nos rige, de las AFP, no sirve para un segmento muy amplio de chilenos y chilenas; de mujeres, en particular. No da cuenta de su realidad y, como en muchas ocasiones lo ha planteado el diputado José García en este hemiciclo, se necesita abordar estructuralmente el problema. En el sistema de las AFP, si a quienes jubilan o se pensionan se les agotan sus fondos, sólo les queda la pensión asistencial de 37 mil pesos que garantiza el Estado. Asumir el problema de los niveles de ingreso tiene que ver, en cierto sentido, con la necesidad de un país que envejece.
Hasta ahora no se ha inventado en ningún país del mundo una solución para este problema que no pase por una política de impuestos, de recaudación de ingresos específicamente destinada a una política previsional distinta a la nuestra, que significa subsidios cruzados. Eso es algo que aquí no se quiere asumir en plenitud para un segmento muy grande de adultos mayores.
Sin duda, el proyecto no aborda eso; pero el Servicio del Adulto Mayor va a servir para hacer los estudios y para promover la conciencia cultural, como sociedad, ante una tremenda tarea pendiente.
Adicionalmente, más allá del debate entre el Fonasa y las isapres, se podrá asumir que el gasto en nuestro sistema de salud va a crecer cada vez más en la medida en que la población envejece. Eso requiere de una lógica de salud pública distinta, muy cara, de recursos públicos especiales, y espero que el Servicio del Adulto Mayor no tengo dudas de que así va a ser, en conjunto con el Ministerio de Salud, logren proyectar la magnitud del desafío hacia delante.
El proyecto, más bien, aborda en forma inmediata otros temas, que dicen relación con la valoración social del adulto mayor, como actor, para fomentar su organización, su proceso de asociación y, por cierto, contar con recursos a los cuales concursar para financiar derechos básicos que están negados a muchos adultos mayores del país, cuales son la recreación, el tiempo libre y el desarrollo y despliegue de sus capacidades.
Creo que en esa dimensión, que el país recién comenzó a apreciar en la última década, a través de diferentes instrumentos, como la Digeder, el Fosis o el programa del Ministerio de Salud, el Estado impulsó en forma muy eficaz una valoración social del adulto mayor. Tengo la convicción de que una ventanilla única, como el Servicio Nacional del Adulto Mayor, servirá para focalizar mejor esos fondos pero, lo más importante, de modo de resaltar mejor el rol de este actor social.
También será muy importante el proceso de certificación y de reconocimiento, así como la facultad de fiscalización, que a mi juicio debe precisarse, respecto de aquellas iniciativas empresariales sobre establecimientos para el cuidado de los adultos mayores. El hecho de que se produzcan hechos como los que hemos visto a través de la prensa en el último tiempo, de lugares no reconocidos, sin patente y en condiciones infrahumanas, no es sólo un problema que debe abordarse a través de un sistema de certificación, sin perjuicio de asumir que los adultos mayores tienen familias que los han dejado desprotegidos y abandonados. El Estado, además de cumplir las funciones de certificación y de fiscalización de los centros u hogares que se generen, debe buscar los mecanismos para establecer subvenciones adecuadas a fin de que las personas que lleguen a cierta edad sin la acogida adecuada, la puedan tener en condiciones dignas.
Hay instituciones vinculadas con la Iglesia Católica, que han cumplido una función tremendamente positiva y que han sido el centro de acogida para muchos adultos mayores. También hay iniciativas privadas, más bien con fines comerciales, que cumplen esta función. Espero que el Estado, en el futuro, después de realizar un debate a fondo para determinar de dónde van a salir los recursos y de que el país asuma que es bueno que los recursos públicos que provienen de un impuesto se destinen en mayor volumen a esta finalidad, logre establecer sistemas de subvención para el cuidado de los adultos mayores.
Entiendo que este proyecto es pequeño y presenta alcances muy limitados para establecer un servicio público; pero contiene una tremenda perspectiva, y su avance o no dependerá mucho de los discursos que aquí se planteen. Al respecto, me hago cargo de las palabras de la colega señora María Angélica Cristi en el sentido de que esto es malo e insuficiente. La desafío a que busquemos recursos nuevos, frescos, para contar con una política efectiva hacia los adultos mayores del país, que permita, no sólo su valoración social, sino, adicionalmente, abordar los problemas estructurales de los sistemas previsional y de salud, y, sin duda, buscar recursos para crear mecanismos de subvención.
Lo cierto es que, gracias a los gobiernos de la Concertación, al adulto mayor se le deja de tratar como “abuelito” y se le valoriza como persona con conciencia y capacidad de usar sus aptitudes no sólo psíquicas, sino también físicas. Durante estos gobiernos es cuando más se han impulsado políticas hacia el adulto mayor, y espero que esta institución nos sirva de nueva plataforma para seguir avanzando en esa dirección.
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro García .
El señor GARCÍA (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el informe del diputado señor Monge , por cuanto la discusión que se llevó a cabo en la Comisión refleja muy bien el espíritu del proyecto, como también las intervenciones posteriores, en el sentido de que es una iniciativa más que se suma a una serie de acciones que el Estado ya ha emprendido en beneficio de los adultos mayores. Estamos conscientes de que el hecho de contar con un servicio que atienda especialmente a este grupo etario, que crece en importancia en el país, es muy significativo; pero también lo estamos en cuanto a que su atención plena requiere de actividades complementarias, muchas de ellas ya emprendidas. Baste recordar que en este año 2001 se ha iniciado un extensivo programa de alimentación complementaria para adultos mayores, que va a mejorar sus condiciones de salud de manera muy significativa. En los próximos días, enviaremos al Congreso un proyecto de ley que elimina la sobrecotización que más de cien mil adultos mayores efectúan en los servicios de salud, para así corregir injusticias que provienen del pasado.
Como recién señalaba el diputado señor Juan Pablo Letelier , el propósito del Servicio es restringido; se trata de coordinar, de atender, de abrir canales de participación a los adultos mayores y de velar por que otros servicios públicos, responsables de tareas específicas, como la salud y la previsión, se comporten de manera adecuada a los intereses de los adultos mayores.
Quiero aprovechar la oportunidad para acoger la iniciativa del diputado señor Elgueta . Vamos a estudiarla con detención. De hecho, creo que su propuesta está en el espíritu del proyecto, en el sentido de financiar a las múltiples instituciones que hoy atienden al adulto mayor.
Además, nos parece que el mecanismo concursable es, sin duda, el mejor, por cuanto ofrece mayor transparencia a la ciudadanía. Hay instituciones, como el Hogar de Cristo, que cumplen una función permanente hacia este grupo etario y a los cuales debemos contribuir a financiar, lo que puede hacerse por la vía concursable; pero entiendo la inquietud del diputado señor Elgueta respecto de que esas instituciones requieren de un financiamiento más permanente. Sin embargo, tenemos una dificultad práctica, ya que el fondo se establece anualmente en la ley de Presupuestos y, por lo tanto, es difícil comprometer recursos de manera permanente. Pero estamos más que bien dispuestos a analizar esa materia e incorporar su discusión en el Senado.
Invito a las señoras y señores parlamentarios a aprobar este proyecto, porque, sin duda, constituye un avance adicional en la perspectiva de apoyar a los adultos mayores, conscientes de que nos resta un gran camino por recorrer. En ese sentido, valoro mucho las palabras del diputado señor Juan Pablo Letelier . Creo que si en esta Cámara existe un real compromiso con este grupo etario, ello se tiene que manifestar en la identificación de las formas de financiamiento de las políticas para que lo beneficie. En este momento se discute en el Senado un proyecto con el cual se pretende reducir la evasión tributaria y que tiene, como único propósito, financiar la acción social del Gobierno. Por lo tanto, de aquellos parlamentarios que señalan que hay que fortalecer la acción social, esperaría coherencia con su voto aprobatorio de los proyectos de ley que apuntan precisamente a financiarla.
Tiene la palabra el diputado señor Luis Monge .
Señor Presidente, quiero destacar el grado de consenso, de acuerdo, y el espíritu con que se discutió en las dos oportunidades el proyecto en la Comisión de Familia. Hemos tratado de que la iniciativa del Ejecutivo fuera mejorada y permitiera recoger las experiencias de un sinnúmero de instituciones como iglesias, filántropos, etcétera, que, desinteresadamente, por muchos años se han dedicado en el país a atender a los adultos mayores. Al respecto, también hemos tratado de que la acción de este miniservicio que se crea llegue hasta el último rincón del territorio nacional, porque muchas veces se circunscribe a las capitales regionales o a las ciudades donde hay mayor densidad poblacional.
Por supuesto, el nombre Servicio Nacional del Adulto Mayor puede crear muchas expectativas. Es un poco ampuloso para un miniservicio formado por una planta de 30 funcionarios. No obstante, creemos que es una buena instancia de coordinación para que se generen políticas en beneficio efectivo del adulto mayor.
Poco podríamos agregar sobre esta materia, porque en la discusión de este tema subyace un problema de fondo: el estado de abandono en que se encuentran nuestros adultos mayores. Las políticas previsionales inadecuadas y la insuficiencia de los recursos que recibe el sector pasivo se reflejan digámoslo con sus letras en pensiones de hambre, en pensiones asistenciales insuficientes, que no permiten al adulto mayor ser una persona plenamente capaz, autovalente. En muchos casos, ellos son prácticamente indigentes, lo que a menudo se agrava en zonas de pobreza, cuando reciben una pensión asistencial y deben mantener, con esos exiguos recursos, dos y hasta tres familias que viven “colgadas” de los adultos mayores, quienes, con espíritu de inmensa generosidad, ayudan a mantenerlas, por lo cual, por supuesto, sus ingresos se hacen mucho más insuficientes.
Quiero explicar por qué cuando el proyecto se discutió en general en la Comisión, en una primera instancia me abstuve. Lo hice como una señal de protesta por esa situación, ya que, en la medida de que en el futuro podamos mejorar los ingresos de los adultos mayores, se solucionarán muchas de las carencias y necesidades que ahora pretendemos suplir con la acción de este Servicio.
Ojalá que nuestros adultos mayores puedan ser plenamente capaces y autovalentes en un porcentaje importante ése es mi anhelo y que este Servicio sólo ayude a aquellos que no están en esa condición y necesitan la acción subsidiaria del Estado para mejorarla.
En el entendido de que este proyecto es un paliativo para esa situación, formulamos votos para que en el futuro se cuente con recursos que permitan la solución del problema como lo hicieron presente quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y esperamos que la iniciativa sea aprobada y, una vez puesta en práctica, demuestre ser una herramienta eficaz para resolver las muchas carencias. Por esas razones, anuncio mi voto favorable.
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez para plantear un asunto de Reglamento.
Señor Presidente, como hay varios diputados inscritos y queda una hora para el término del Orden del Día, solicito a los señores diputados que hablen cinco minutos cada uno, a fin de que todos los inscritos puedan hacer uso de la palabra. Creo que este proyecto es importante para todo el país.
La sugerencia del diputado señor Aníbal Pérez es bastante razonable y lógica. Intentemos eso, porque todavía quedan diez honorables señoras diputadas y señores diputados inscritos.
Señor Presidente, pocas veces he intervenido en la Sala con tanta satisfacción como en esta oportunidad, lo cual se debe a que en esta ocasión me ha correspondido presidir la Comisión de Familia y conocer en detalle la discusión de este importante proyecto de ley.
Tal como lo dijo el diputado señor Monge , quiero manifestar que en la Comisión se buscó el consenso para tratar de mejorar y perfeccionar la iniciativa del Ejecutivo. Hemos tenido un trabajo muy fructífero en ese sentido.
En relación con la creación de un servicio especial para el adulto mayor, recordemos que en la ficha Casen 1996 se estableció que estos adultos alcanzaban al 10,5 por ciento de la población total del país, y que las proyecciones indican que en 2025 se duplicará esa cantidad, o sea, habrá más de 3 millones. Es una realidad y, como país, debemos hacernos cargo de ella.
Como Chile irá cambiando demográfica y etariamente la población está envejeciendo, debemos adoptar políticas que apunten a hacernos cargo de esa realidad; por ejemplo, prestar atención especial a los adultos mayores en los servicios de salud, contratar médicos especialistas en geriatría y profesionales de la salud, como enfermeras, terapeutas ocupacionales, traumatólogos, etcétera. Las universidades, y en general la educación, deben preparar profesionales en asignaturas como gerontología social, e investigar lo relativo al envejecimiento.
Sabemos que durante muchos años la gran mayoría de nuestros adultos mayores han sido discriminados y han recibido pensiones que, a veces, no les alcanzan ni siquiera para la alimentación mínima. Por eso, en enero de 1995, las autoridades de gobierno crearon la Comisión Nacional para el Adulto Mayor y se dio un plazo de nueve meses para establecer cuáles eran las principales necesidades de los adultos y presentar un plan de trabajo.
Posteriormente, en 1996, se creó el Comité Nacional para el Adulto Mayor y sus comités regionales.
Alguien dice: “Esto no sirve para nada”. No es así. Hay muestras concretas de que el Gobierno se ha preocupado de crear un comité especial para estudiar la temática del adulto mayor, el cual ha dado algunos frutos. Probablemente, todavía sean pocos para los adultos mayores, pero se han conseguido beneficios concretos para ellos. Por consiguiente, debemos pensar que la creación de un servicio nacional específico todavía debiera dar mayores frutos.
Sólo quiero reseñar algunos de ellos. Aparte de la pensión asistencial de ancianidad y de la pensión por edad o vejez, se creó la tarjeta de identificación del pensionado, que le permite obtener descuentos y mejores condiciones para acceder a determinados servicios y productos. Además, se estableció el programa del adulto mayor en salud, a fin de otorgar bonificación para lentes y audífonos; la atención integral de enfermería en el domicilio y en centros de salud; el descuento en turismo, a través del Servicio Nacional de Turismo, el cual lo coordina con diversas empresas turísticas. También están los programas de alimentación complementaria para los enfermos crónicos de hipertensión y diabetes, a quienes se les entrega dos kilos mensuales de un puré enriquecido con micronutrientes, vitaminas y fibras.
Por otra parte, aunque no sirve para el distrito de Iquique, que represento, se creó un beneficio para el adulto mayor en el uso del Metro.
Además de los que mencioné, hay un montón de otros beneficios que nos indican que la preocupación del Comité Nacional para el Adulto Mayor ha dado frutos concretos.
Asimismo, existe el programa de vivienda para el adulto mayor, sin perjuicio de que, en mi opinión, ella debería darse en propiedad y no en arrendamiento, y de que exista para los mismos una cantidad de cupos específicos. Estos adultos no deberían tener la incertidumbre de que perderán sus viviendas y de que, por lo tanto, sus hijos o nietos no podrán continuar viviendo en esas casas.
En fin, hay muchas cosas que perfeccionar; pero no podemos desconocer que hoy ¡por fin! estamos trabajando en serio por el adulto mayor, para crearle un espacio donde existan las condiciones mínimas para que no sólo los adultos mayores en situación de pobreza, sino todos en general, puedan vivir bien. Debemos integrarlos y hacerlos parte de nuestra sociedad en forma activa y positiva.
Me felicito por haber trabajado en este proyecto de ley. Es absolutamente coherente con lo que está impulsando el Presidente de nuestra Cámara, el diputado señor Jeame Barrueto , quien nos dio a conocer en la Comisión de Régimen Interno un proyecto que crea el Parlamento del Adulto Mayor, que dará la oportunidad a los adultos mayores de todo el país de estar sentados aquí, en el Congreso Nacional, a fin de que puedan plantear sus problemas e inquietudes. ¡Cuántas deudas tiene el país con los adultos mayores! Ya fue aprobada la creación de este Parlamento y ahora estamos discutiendo su reglamento. Estoy segura de que lo sacaremos adelante.
Entiendo las aprensiones de la diputada señora María Angélica Cristi . Sé que este proyecto no es perfecto, pero pienso que lo iremos perfeccionando en el tiempo, y que constituye un paso serio e importante.
Señor Presidente, indudablemente, es urgente satisfacer los anhelos de los adultos mayores, como asimismo los deseos de nuestro distinguido colega y Comité del PPD, don Aníbal Pérez , en orden a que no intervengamos por más de cinco minutos, con el fin de que todos tengamos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista.
Señor Presidente, es de clara evidencia que el adulto mayor desea estar integrado a la sociedad y no segregado de ella, por lo cual, como ya lo han anunciado mis colegas María Angélica Cristi y Haroldo Fossa , vamos a apoyar decididamente el proyecto, pues entendemos que este nuevo Servicio es una suerte de continuación de la Comisión Nacional del Adulto Mayor, creada por los años 1995 ó 1996. Luego, se creó el Comité Nacional del Adulto Mayor, que ha tenido una eficiencia no discutida; en realidad, ha prestado bastantes servicios.
Con todo, estimo innovadora esta propuesta, por cuanto dispone que el Servicio Nacional del Adulto Mayor desarrollará y mantendrá un sistema de información de carácter público, en virtud del cual se podrá establecer un registro de personas naturales y jurídicas que presten servicios remunerados y no remunerados a adultos mayores. Uno de los grandes problemas lo que veo continuamente en la comuna de Estación Central, donde hay gran número de adultos mayores es que no tienen información de ninguna especie; prácticamente, no saben cómo, cuándo ni dónde deben recurrir para dar a conocer sus múltiples necesidades, por lo que me parece altamente positivo este sistema de información.
Por otra parte, es conveniente recordar que deben existir unos 300 mil millones de pesos destinados a diferentes fondos concursables. Se han planteado innumerables denuncias en cuanto a que se pagan honorarios, a través de esos fondos, a personas y empresas que realmente no prestan ningún servicio o no realizan trabajo alguno. En consecuencia, estimo que sería mucho más conveniente que, tal como decía la colega María Angélica Cristi , en vez de que hubiera tantos fondos concursables, que muchas veces no llegan nunca a su destino, se otorgara a las municipalidades la posibilidad de atender directamente al adulto mayor.
Hace bastantes años, cuando fui alcalde de Santiago, creamos una hospedería e impartimos clases de gimnasia para el adulto mayor, labor que, a nuestro juicio, tuvo mucho éxito; lamentablemente, la municipalidad no mantuvo ese programa.
En cuanto a la petición del señor ministro secretario general de la Presidencia, le podemos decir que no tenga ninguna duda de que este proyecto será aprobado por unanimidad o por casi la unanimidad de los diputados presentes, porque estamos conscientes de que no se repetirán aquí los infundios que se dijeron en el Instituto Nacional de la Juventud, sino que, muy por el contrario, vamos a dar un paso adelante para seguir apoyando al adulto mayor.
Señor Presidente, como se ha señalado, estamos discutiendo un proyecto de ley de mucha trascendencia.
Quiero hacer un par de observaciones y de consultas al señor ministro secretario general de la Presidencia.
En primer lugar, deseo saber por qué no se incorpora al Ministerio de Planificación y Cooperación, Mideplan , en el consejo directivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, ya que dicho ministerio, a través del Fosis, es un organismo del Estado que está trabajando activamente con adultos mayores en todas las regiones. Reitero, me llama la atención que solamente se incorporen a ese consejo los Ministerios de Salud, del Trabajo y todos los que se mencionan en el proyecto evidentemente, tienen una relevancia importantísima en el tema, en circunstancias de que, por lo que he visto, los programas de ayuda se realizan a través del Mideplan, organismo que está más cerca de los adultos mayores que el Ministerio del Trabajo que tiene que ver con la previsión, el Ministerio de Educación o el de Salud. Me parece que aquí hay una omisión, y me gustaría saber por qué se produce. Considero muy bueno el trabajo que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social ha realizado en mi región. Ha habido una verdadera revolución en este tema durante los últimos años, y es importante destacarlo.
En segundo lugar, me preocupa esta planta de sólo 30 funcionarios que establece el proyecto, ya que, aun cuando estoy de acuerdo con disminuir la burocracia, impedirá que este organismo cuente con una estructura en regiones, a pesar de que debiera tener presencia para fiscalizar las políticas destinadas al adulto mayor.
¿Por qué digo esto? Porque tengo una preocupación. Indudablemente, hay una revolución y se ha avanzado mucho en el tema. Creo que estamos comenzando un cambio cultural, en que la población de nuestro país está entendiendo que debe dar un mejor trato y valorar a los adultos mayores; pero también veo, en algunos municipios, fundamentalmente, y en otros organismos, que se hace cierta utilización de estos adultos. He ido a actos organizados por municipios, en los cuales se utiliza ésa es la palabra a los clubes con una finalidad que no es la más importante, despreocupándose de lo esencial, cual es la valoración del adulto mayor. Incluso, me atrevería a decir que en algunos casos se los usa políticamente y se emplean recursos de los municipios para hacer la fiesta del Día del Adulto Mayor. Esto es jugar con su situación de necesidad, ya que esa acción no está orientada a valorarlos, y a que todos entendamos que gracias a los adultos mayores de hoy nosotros estamos acá, pudimos estudiar y realizar nuestras vidas como seres adultos.
En síntesis, me gustaría que el Servicio Nacional del Adulto Mayor tuviera presencia regional para que fiscalice las políticas que se implementarán de acuerdo con su estatuto.
Finalmente, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin destacar la importante labor que se realizó en esta materia a partir de 1995, durante el gobierno del entonces Presidente Eduardo Frei RuizTagle , en especial el impulso que le dio doña Martita Larraechea de Frei , actual concejala por Santiago.
Señor Presidente, este es un momento de bastante satisfacción para todos los diputados, porque estamos tratando un proyecto de ley absolutamente necesario.
Todos sabemos que el estrato de adultos mayores de 60 años no sólo ha aumentado considerablemente en el país, sino que se ha ido organizando casi espontáneamente a partir de los gobiernos de la Concertación, los cuales han estimulado esa organización a través de iniciativas presidenciales. A propósito, debo señalar que en la Constitución Política de 1980 no existe ninguna mención al adulto mayor.
Quiero valorar las palabras del ministro secretario general de la Presidencia aquí presente cuando ha hecho mención de las políticas sobre el adulto mayor del actual Gobierno del Presidente Lagos, al señalar que en este momento estamos sumando algo más a lo bastante que ya se ha hecho en los gobiernos de la Concertación, ya que en períodos anteriores se fue creando prácticamente una cultura del adulto mayor, que alguien llamó de invisibilidad, por el hecho de no verlo y olvidarlo por completo a la hora de asignar recursos, institucionalidad, asistencia o ayuda.
El adulto mayor comenzó a adquirir visibilidad en los gobiernos de la Concertación, al constituir el Presidente Frei una comisión que propusiera políticas, a raíz de la cual se creó el Comité Nacional del Adulto Mayor, que presidió la Primera Dama de la época.
Así es como se han constituido clubes o comités del adulto mayor a lo largo de Chile, y hoy su organización es una realidad en el país. El adulto mayor ha salido de la oscuridad, de su invisibilidad, y ha adquirido cuerpo en miles de clubes que existen en Chile: organizaciones regionales y comunales. Todas ellas son una realidad y ahora están demandando, lógicamente, mayor relevancia. Todos sabemos que el proceso para dar apoyo al adulto mayor se acaba de iniciar.
¿Qué necesita el adulto mayor? Desde luego, que se resuelvan temas de salud; que el Servicio Nacional de Salud organice diría secciones especiales para que sus problemas sean atendidos en forma preferente. Requiere inserción en la sociedad, pero preferentemente laboral, porque, no por motivos de edad, ha dejado de serle útil. Puede ser valioso, pero nuestra cultura, que lo excluye sistemáticamente, lo va dejando marginado. Estimo que el Ministerio del Trabajo debería crear una instancia que hiciera posible la inserción de los adultos mayores en términos laborales.
Desde luego, también debe valorarse y acogerse en todo lo que vale la sugerencia del diputado señor Elgueta , en cuanto a la actividad que desarrollan con los adultos mayores organismos de acción privada, sin fines de lucro, porque, en general, estos adultos, en un alto porcentaje, están en condiciones de indigencia. El 17,8 por ciento de los mayores de sesenta años se hallan en condiciones de pobreza, y casi el 70 por ciento se atienden por Fonasa, en forma gratuita, lo cual está indicando la precariedad en que se encuentran. Por eso considero que el aporte hecho por el diputado señor Elgueta , al plantear que se dé un apoyo directo a esas instituciones sin fines de lucro que atienden a personas pobres en condición de indigentes, para que haya una relación no sólo concursable, sino a través de convenios, podría ser una iniciativa extraordinariamente positiva para mejorar el proyecto y hacerlo mucho más viable.
Es mucho lo que debemos agregar en relación con el proyecto, pero una vez que se cree por ley este nuevo servicio habrá un período de mayor satisfacción para los adultos mayores, y también una nueva etapa en el proceso de igualdad y de no discriminación en que está empeñada la política del Supremo Gobierno. En verdad, hasta aquí, la edad ha sido un factor de discriminación muy fuerte, muy potente y muy agresivo.
Por eso, en este proyecto, sin duda hay un cambio en la cultura y en la actitud del país.
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
Señor Presidente, estamos frente a un proyecto que quizás no responde a cabalidad a lo que idealmente debería ser un organismo de esta naturaleza, esto es, dotado de capacidades reales, humanas y económicas para hacerse cargo de un sector tan importante y cada día más numeroso en el país, como es el de los adultos mayores; sin embargo, constituye un paso importante que se da para valorarlos social y culturalmente. Desde ese punto de vista, el proyecto es positivo.
No obstante, en su discusión particular quiero referirme a algunos aspectos que creo necesario modificar para que el proyecto de ley tenga más viabilidad y sea más efectivo.
Me refiero a la letra f) del artículo 3º, que, entre las funciones específicas del Servicio, establece: “Prestar asistencia técnica y supervisar a organismos privados con y sin fines de lucro que brinden acogida, atención y bienestar al adulto mayor y faciliten su integración a la sociedad”.
Creo sinceramente que esas atribuciones son insuficientes y que sería conveniente que al Servicio también le correspondiera la fiscalización directa de los hogares de ancianos, casas de reposo y otros establecimientos que reciben a personas de la tercera edad, como manera de salvaguardar de mejor forma los derechos de varios cientos de miles de adultos mayores que viven en esa clase de establecimientos.
Hace pocos días, junto con personeros de organismos que representan a los adultos mayores, hicimos ver públicamente nuestra preocupación por el hecho de que en nuestra legislación hay un evidente vacío en este aspecto. Existen serias deficiencias en el control de las condiciones en que viven miles de ancianos que, por distintas razones a veces casi increíbles, están recluidos en asilos y hogares.
En la actualidad, al Servicio de Salud le corresponde la fiscalización de esos aspectos. Ahí se consignan los requerimientos materiales de los hogares de ancianos, donde éstos viven en condiciones mínimas para su atención y, como decía, dejan a cargo de estos servicios el cumplimiento de estas normas.
La experiencia ha demostrado que estas disposiciones son insuficientes, toda vez que la capacidad de fiscalización del Servicio de Salud es casi nula para controlar recintos de esta naturaleza; además, está sobrepasado en sus actuales funciones en materia de sanidad ambiental, control de clínicas y hospitales privados, laboratorios, profesionales médicos.
Prueba de lo anterior es que, la semana recién pasada, el propio alcalde de la comuna Pedro Aguirre Cerda debió aplicar la normativa municipal para clausurar un asilo clandestino, en el cual subsistían, a medio morir, decenas de ancianos abandonados en medio de la basura y de los roedores. Hechos de esta índole constituyen un escándalo, razón por la cual no podemos permitir que se sigan repitiendo. De ahí que requiramos un organismo con capacidad suficiente para controlar y fiscalizar lo que ocurre al interior de estos establecimientos, la que hoy es casi nula.
Por ello, he propuesto indicación para conceder, en la letra f) del artículo 3º, mayores atribuciones a este Servicio.
Para avalar la indicación, hago presente que en el diseño original del proyecto se considera esta repartición como “un servicio de coordinación de políticas públicas”, algo parecido a lo que hoy es el Instituto Nacional de la Juventud, INJ. Y la realidad ha evidenciado perdonen la expresión que esta entidad no ha servido para nada, porque carece de atribuciones, de recursos y de capacidad, además de que no funciona como organismo dedicado al tema de la juventud.
Por mi parte, no deseo que al Servicio del Adulto Mayor le ocurra lo mismo que al INJ; no quiero un INJ para el adulto mayor. En consecuencia, es menester otorgar mayores atribuciones, recursos y capacidades para que este organismo no sólo pueda coordinar políticas públicas, sino que también cuente con capacidad para fiscalizar y controlar.
Desde ese punto de vista, es un avance muy positivo el hecho de que aquí se haya considerado el aspecto social y cultural. Sin embargo, para que el Servicio tenga efectividad en el desarrollo de una política para el adulto mayor, es necesario dotarlo de mayores atribuciones controladoras.
Desde esa perspectiva, solicito la unanimidad de la Sala para la aprobación de la indicación que he propuesto.
Los siguientes señores diputados, que están inscritos, pero que no alcanzaron a hacer uso de la palabra, podrán insertar sus discursos: Jaramillo , Vilches , Delmastro , Walker , Ortiz , Martínez, don Gutenberg ; García, don René Manuel ; Silva y González , doña Rosa.
En votación el proyecto que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público.
Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los artículos 1º, 3º, letras a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) y l); 5º, 7º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, permanentes, y 2º transitorio.
Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 4º, 6º y 16; pero, por tratarse de normas que contienen materias propias de ley orgánica constitucional, también deben ser votados en particular.
En votación los artículos 4º, 6º y 16.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Acuña , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa), Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Krauss , Leal , Leay, León , Letelier (don Felipe) , Longton , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Reyes, Rincón , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Se abstuvo el diputado señor Kuschel .
Si le parece a la Sala, con el mismo quórum anterior, se dará por aprobado el segundo informe de la Comisión.
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro por un asunto reglamentario.
Señor Presidente, sólo para señalar un asunto de forma: el Senado deberá modificar las fechas que indica en el artículo 1º transitorio.
El texto aprobado por la Cámara establece que “la dotación máxima de personal para 2000 será de 15 personas y, para el 2 de enero del año 2001, de 15 personas más”, en circunstancias de que debería decir para 2001 y 2002 o, en su efecto, efectuar la contratación de la planta durante todo el 2001.
Eso deberá ser corregido por el Senado, señor diputado.
Por lo tanto, el proyecto queda aprobado en general y en particular.
Propongo a la Sala la siguiente nómina de diputados para integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece adecuaciones en la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado: la señora Pía Guzmán y los señores Francisco Bartolucci , Sergio Elgueta , Edgardo Riveros y Juan Bustos.
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 525, que propone constituir una Comisión especial para analizar legislación en favor de discapacitados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Acuña , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ávila , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Elgueta , Encina , Galilea (don Pablo) , Girardi , González (doña Rosa), Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Ibáñez , Jarpa , Leal , Leay , Longton , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Olivares , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Se abstuvo el diputado señor Mesías.
Es el número 526, del diputado señor Víctor Pérez :
1.Que hace algunos días el país ha sido testigo de un inusual robo perpetrado en las oficinas de la Dirección de la Caja de Crédito Prendario de la Unidad Los Andes.
2.Que producto de dicho robo, se han visto afectadas miles de familias de la provincia de Los Andes y San Felipe que perdieron joyas y otros bienes de incalculable valor comercial y sentimental.
3.Que, según estimaciones preliminares, el monto de lo sustraído asciende a cerca de dos millones y medio de dólares, convirtiéndose este robo en el más grande de la historia de la ciudad de Los Andes.
4.Que, lamentablemente, el reglamento que regula este tipo de créditos data del año 1951 y establece que en caso de pérdida del bien empeñado, la Caja sólo se obliga a indemnizar el avalúo de la joya practicado por la propia caja, incrementado en un 50%.
5.Que si bien ya se han iniciado las investigaciones encaminadas a determinar las circunstancias en que se han producido estos hechos y sus responsables, se ha solicitado la designación de un ministro en visita y se ha reforzado la labor policial con personal de Santiago, hay ciertos hechos nuevos que ameritan una investigación más acuciosa.
6.Que estos nuevos hechos se refieren a una serie de denuncias efectuadas por la Asociación Nacional de la Caja de Crédito Prendario en relación a irregularidades y deficiencias en materia de infraestructura, sistemas de seguridad y alarmas de una serie de unidades, específicamente de la unidad de Los Andes.
7.Que estas irregularidades han sido confirmadas por la Contraloría General de la República en informe Nº 37/98.
La Cámara de Diputados acuerda que:
Con motivo del escandaloso robo perpetrado en la Caja de Crédito Prendario de la ciudad de Los Andes y las circunstancias en que ha ocurrido, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se constituya en Comisión investigadora con el objeto de analizar el funcionamiento de la Dirección de la Caja de Crédito Prendario y las irregularidades denunciadas en materia de infraestructura y seguridad. Esta Comisión deberá emitir un informe a la Sala en un plazo no superior a 60 días”.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo .
Señor Presidente, estimo que debe votarse a favor el proyecto de acuerdo, a pesar de haber sido presentado por un diputado que no es del distrito en que se perpetraron los hechos que se relatan en él. A todas luces, es conveniente que se investigue en profundidad lo que pasó en la Caja de Crédito Prendario de Los Andes, donde hubo un robo que afectó a muchas personas.
Es más; es necesario que dichas personas tengan la reparación adecuada por parte de ese organismo del Estado, a través del resarcimiento por la pérdida de sus bienes.
Por eso, anuncio mi voto a favor del proyecto de acuerdo.
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Bertolino , Caraball ( doña Eliana) , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Encina , Galilea (don Pablo) , García (don José) , Gutiérrez , Jaramillo , Leay , Longton , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Mora , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Ojeda , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Prokurica , Reyes, Rincón , Rocha , Rojas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Soria , Ulloa , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Velasco , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio)
Se abstuvo el diputado señor Montes.
Es el número 527, de los señores Vilches, Mora, Dittborn, Prokurica, Seguel, Montes, Krauss, Bertolino , Osvaldo Palma y Coloma :
Una situación caótica amenaza al mercado de los combustibles chilenos, luego de conocerse el anuncio de nuevas alzas de precios de los combustibles, que Enap aplicará desde el próximo lunes. Cuando se apliquen estos aumentos, estimados en 17 pesos por litro, para todos los octanajes, por primera vez el precio de la bencina superará los 400 pesos, cifra que será aún mayor en las regiones, donde se incorpora un margen extra por concepto de transporte.
Tales alzas significan que desde el 1 de enero y contando la variación del lunes, la bencina ha subido más de 60 pesos el litro. Traducido en dólares, el producto costaba a principio de mes el equivalente a 60 centavos, pero desde el lunes ese costo será de 71 centavos, cifra definitivamente alta y que explica la profunda inquietud que está causando la política petrolera oficial.
Esta última es absolutamente inaceptable, pues supone traspasar a los usuarios todo el peso de los aumentos internacionales de los combustibles, lo que se agrava al producirse el agotamiento del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, cuyos recursos apenas totalizan unos 5 millones de dólares. Por otra parte, el Gobierno se ha negado a acoger las sugerencias de diversos sectores, que demandan con plena razón una rebaja de los impuestos que sobrecargan el valor final del producto. El país debe saber que cada litro de bencina paga 210 pesos por concepto de impuestos.
De esta forma, el mercado de los combustibles está siendo afectado por una crisis, de la cual son las autoridades responsables. Desde principios de año, fue aumentado de 5,2 a 6 UTM el impuesto específico a la bencina, para compensar la rebaja de aranceles, pero al mismo tiempo, se está asumiendo el mayor precio internacional de este combustible. A esto se agrega la amenaza cierta de que a fines de enero volverá a aumentar el precio internacional del petróleo, porque la Opep está decidiendo hoy nuevos recortes de producción, del orden del millón y medio de barriles diarios.
Esta escandalosa situación traerá graves consecuencias para todos los habitantes, con mayores presiones inflacionarias y aumentos inevitables de todos los servicios y productos que dependen de los combustibles.
Sobre la base de lo precedentemente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar al Presidente de la República que instruya a los ministros de Hacienda y de Economía la creación de un Comité de Crisis que, además de replantear la política oficial seguida hasta ahora, proponga medidas inmediatas frente al excesivo aumento en el precio de los combustibles”.
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches .
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo, suscrito por diputados de distintas bancadas, se justifica por el alza de los precios de los combustibles tanto en el mercado nacional como en el externo.
Durante el presente año, en promedio, la gasolina ha llegado a los cuatrocientos pesos el litro. Con el acuerdo anunciado esta semana por los países organizados en la Opep, de reducir en dos millones y medio de barriles diarios la producción de petróleo a contar del 1º de abril, habrá una reducción de la oferta de crudo en el mercado y, consiguientemente, un alza espectacular del precio de los combustibles.
A quienes son renuentes a aceptar la realidad del alza de los precios de los combustibles, les debo señalar que el año recién pasado su valor subió en cuarenta por ciento, y que en el presente se han acumulado sesenta pesos por litro.
Si a tales cifras se agrega la disminución de la oferta de crudo en el mundo, de nuevo nos veremos enfrentados a un alza que significará un duro golpe a la economía nacional.
Por eso, el comité de crisis, cuya creación se propone, tendrá, entre otras funciones, la de analizar los precios internacionales y nacionales del petróleo y su proyección, de manera de formular determinadas propuestas que permitan al Gobierno tomar medidas adecuadas. Por ejemplo, la rebaja del impuesto específico, que en la actualidad corresponde a la mitad del valor de la gasolina y que pagamos todos los chilenos.
En consecuencia, llamo a mis honorables colegas a aprobar el proyecto de acuerdo.
Es el número 528, de los señores Bartolucci , Dittborn , Masferrer , Alvarado y Víctor Pérez :
1.Que es de interés nacional el uso, en nuestro país, de energías alternativas.
2.Que el gas natural se constituye en un combustible de real significación que, además de ser más limpio y menos contaminante, es más económico.
3.Que se ha dispuesto por el Ministerio de Transportes mediante el decreto Nº 131 de 2000, la autorización para que algunos vehículos puedan ser convertidos al uso del gas natural.
4.Que el Gobierno estableció para el uso de este combustible, un impuesto fijo anual de 19,260 utm/m3, equivalente a $ 506.538 pesos al año.
5.Que, para la conversión de un vehículo de bencina a gas, cualquier particular puede adquirir los respectivos kit; sin embargo, la autorización y la homologación la otorga el Ministerio de Transportes, en la planta que tiene este servicio en Santiago.
6.Que la antigüedad permitida para la reconversión se restringe a 5 años.
7.Que en otros países, como en Argentina, en donde el gas natural es un combustible de uso masivo, no existe la restricción de años en el parque automotor por reconvertir.
Los diputados abajo firmantes venimos en solicitar al Ministerio de Transportes y de Hacienda, respectivamente, lo siguiente:
a.Que el impuesto al gas natural se haga sobre la base del consumo.
b.Que se amplíen los años de reconversión a 12 con un estudio que avale la no restricción a todo vehículo.
c.Que se estudie el emplazamiento de servicios autorizados por regiones, para la instalación y homologación de los vehículos, con el necesario control del Ministerio de Transportes.
d.Que, en consideración a la difícil situación socioeconómica y a las permanentes alzas de la bencina y como una forma de incentivar el uso del gas como combustible no contaminante, se suspenda el pago del impuesto por un plazo de tres años”.
Para hablar a favor, ofrezco la palabra.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Se va a llamar a votar a los señores diputados.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones
Nuevamente no hubo quórum.
El proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
En el primer turno, correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay .
Señor Presidente, pido que se dirija oficio a la ex Digeder, Dirección General de Deportes y Recreación, a la fecha Instituto Nacional del Deporte, en relación con unos recursos entregados a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Anfa , en 1999, con el objeto de destinarlos al cierre perimetral de un complejo deportivo de fútbol amateur en Quilicura.
Deseo saber si se ejecutó dicho cierre y si la Anfa rindió cuenta de la utilización de estos recursos a la Digeder.
Del mismo modo, pido que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que me haga llegar un informe en relación con la referida rendición de cuentas.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Zarko Luksic , Waldo Mora , señorita Antonella Sciaraffia , señores Ricardo Rincón , Osvaldo Vega , Jaime Jiménez , señora Eliana Caraball y los señores Edmundo Villouta , José Miguel Ortiz , Eugenio Tuma , Enrique Jaramillo , Gabriel Ascencio , Sergio Velasco , Carlos Vilches , Osvaldo Palma , Felipe Letelier y José Pérez .
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
Señor Presidente, intervengo para denunciar ante el país el abuso en que incurren algunos poderes compradores de cereales. Me refiero concretamente a los poderes compradores de arroz los molineros industriales, que pretenden pagar al productor agrícola un precio inferior a 8 mil pesos el quintal de arroz paddy. No hay duda de que es un precio miserable y una verdadera estafa, porque no corresponde al de mercado.
Un análisis efectuado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, Odepa , demuestra que el precio internacional del arroz ha subido. Ello porque el consumo ha ido aumentando y, por lo tanto, en el nivel mundial los “stocks” de arroz han ido bajando.
En relación con el Mercosur, estudios demuestran que Argentina, Uruguay y Brasil tendrán, por razones climáticas, menor producción de este grano en esta temporada. Brasil, dado que prácticamente no tiene “stock”, deberá optar por absorber la totalidad de los excedentes existentes en Argentina.
Estos antecedentes, que están en poder de la Odepa y que me fueron proporcionados por el Ministerio de Agricultura, indican que el precio del arroz paddy que se debería pagar al agricultor oscila entre 9 mil a 9.500 pesos el quintal, precio muy superior al que pretenden pagar los molineros industriales del cereal.
Uno se pregunta cómo es posible que ocurra esta verdadera estafa y cómo es posible que, teniendo el mercado un precio superior, dichos empresarios paguen a los productores agrícolas valores inferiores. La explicación radica en que no opera un real libre mercado.
Los molineros industriales muy pocos en nuestro país; no más allá de seis o siete se ponen de acuerdo y, burlándose de los precios internacionales y de un mercado transparente, simplemente fijan precios arbitrarios los que a ellos les conviene con el objeto de obtener utilidades inmorales.
Estamos cansados de este tipo de empresarios, quienes provocan esta tremenda cesantía, pues sólo piensan en utilidades desvergonzadas y no en el papel social que les corresponde como tales. Abusan de su poder y, en este caso, de su poder monopólico en la comercialización del arroz.
Un solo ejemplo demuestra lo fácil que resulta ponerse de acuerdo en este mercado: la gran industria molinera Tucapel controla el 55 por ciento del mercado de compra del arroz. ¡Por Dios, qué fácil es ponerse de acuerdo con ese control!
Este precio arbitrario va a significar la ruina de los pequeños productores de arroz que tienen menos de 10 hectáreas. Si calculamos los empleos directos e indirectos involucrados en este problema, concluiremos que estaremos condenando a la cesantía y, por ende, a una mayor pobreza, a no menos de 60 mil personas.
Pido que se oficie a la Fiscalía Nacional Económica para que tome conocimiento de estos hechos y con estos antecedentes, más lo que existen en la Odepa, realice una investigación acuciosa de lo que ocurre en el mercado del arroz, para que, en definitiva, con las herramientas legales de que dispone, sancione a quienes están abusando de su poner monopólico.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los diputados señores Eugenio Tuma , Enrique Jaramillo , Juan Ramón Núñez , Homero Gutiérrez , Sergio Velasco , Zarko Luksic , Ricardo Rincón , Osvaldo Vega , Víctor Reyes y Waldo Mora.
Señor Presidente, el Ministerio de Salud, después de una amplia discusión habida en el país, ha resuelto autorizar la venta del medicamento llamado “píldora del día después” sobre la base de informes técnico-científicos emitidos por sociedades médicas y expertos que aseguran que impide el embarazo. Dicho ministerio ha establecido que sólo es posible adquirirlo con receta médica; aún más, que ésta será retenida.
Pido que, en mi nombre, se oficie a la señora ministra de Salud con el objeto de que revise esta decisión, por cuanto el hecho de restringir el medicamento a quienes pueden obtener su receta constituye una discriminación, falta de equidad y le quita la oportunidad a muchas mujeres de escasos recursos que no van a poder acceder a la consulta privada ni mucho menos a los hospitales, consultorios o postas, que ya están colapsados por la atención de emergencias con riesgos de vida.
De modo que, cuando decimos que la adquisición de esta píldora va a ser de libre elección, de decisión personal y para una emergencia, debemos ser consecuentes y dar facilidades para que las personas que la requieran puedan acceder a ella a través de su venta libre, así como una cincuentena de otros medicamentos de las mismas características que las mujeres están obligadas a consumir ininterrumpidamente durante 28 días de cada mes.
Ahora, si es un fármaco que sólo se va a ingerir un día, cuando se estime conveniente para evitar un embarazo no deseado, también podemos facilitar su acceso a la mujer campesina, rural, pobladora y de escasos recursos, evitando, de paso, que se constituya un mercado negro con su venta.
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Homero Gutiérrez , Felipe Valenzuela , Sergio Aguiló , Juan Pablo Letelier y Waldo Mora .
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela .
Señor Presidente, quienes han estudiado la vida o la personalidad, el espíritu, el desarrollo y la construcción material orgánica de los hombres, han señalado que su tiempo debe dividirse en tres partes: ocho horas para su trabajo; ocho horas para su descanso y recuperación, y ocho horas para su recreación o para estar con la familia.
Con relación a la última parte, se ha escuchado, en estos días, una interesante propaganda realizada por el Ministerio de Educación, en el sentido de que el padre o la madre acompañe a sus hijos en la actividad escolar, recomendándoles el estudio conjunto o su participación en los centros de padres.
Pero, en estos breves minutos, quiero referirme a las ocho horas que el hombre dedica al trabajo. Tengo en mis manos el Código del Trabajo, que establece, en su artículo 22, que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de las cuarenta y ocho horas semanales.
Ahora bien, el artículo 28 dispone que el horario máximo legal, establecido en el inciso primero del artículo 22 es decir, 48 horas, no podrá distribuirse en más de seis ni en menos de cinco días. Es decir, el artículo 28 obliga a que la jornada semanal de trabajo se distribuya en seis días de ocho horas cada uno, o en cinco días de 9 horas y un poco más, de lunes a viernes. Esa es la regla general. De esta manera, la ley señala reitero que un hombre puede dedicar 8 horas, y hasta 9 horas diarias, a su trabajo, y otras 8 horas al descanso o a la recreación familiar.
Sin embargo, se establece, además como complemento, que un trabajador puede desempeñar, como máximo, dos horas diarias extraordinarias, siempre que se autoricen por escrito como tales. Es decir, a lo sumo podría trabajar, normalmente, hasta 10 horas diarias. Pero no sé por qué el inciso final del artículo 38 del Código de Trabajo establece: Con todo, el Director del Trabajo podrá autorizar, en casos calificados y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales no habla de jornadas especiales de distribución de jornadas de trabajo y descanso en forma diferente.
Al respecto, en el norte, por ejemplo, debido al desarrollo de la gran minería, se han establecido, en forma rutinaria no excepcional jornadas de trabajo de cuatro por cuatro horas; de ocho por cuatro horas; de diez por diez horas y otras extrañas, que no están establecidas en el Código y que implican que un trabajador deba desempeñarse durante doce horas continuas.
En la minera La Escondida por nombrar una empresa, el trabajador debe permanecer arriba de un enorme camión durante doce horas al día y que no detiene ni siquiera para hacer sus necesidades. Incluso, lo utiliza como comedor, porque no dispone de tiempo para alimentarse en forma normal. Eso es totalmente inhumano.
Codelco, nuestra principal empresa minera, no tiene ese sistema. Funciona en tres turnos y obtiene utilidades.
La empresa Mantos Blancos también tiene tres turnos; sus trabajadores se desempeñan de 0 a 8 horas, de 8 a 16 horas y de 16 a 24 horas, y gana plata.
Sin embargo, en el norte, la mayoría de las empresas nuevas del sector privado están trabajando con un horario deshumanizado, de 12 horas diarias, el cual se habría aceptado desde su instalación.
Quiero destacar que, el otro día, un señor a quien no conocía me detuvo en una notaría para decirme que era conveniente legislar en un sentido diverso en razón de la enorme cesantía que existe en el país, especialmente en la Segunda Región, donde ha aumentado de 4 por ciento a 10 por ciento. Allí está radicado el porcentaje de desempleo más alto del país.
Por lo anterior, solicito que se envíe un oficio al señor ministro del Trabajo y a la señora directora nacional del Trabajo para que, en la medida de lo posible, se abstengan de aplicar el inciso final del artículo 38 del Código del Trabajo o, de lo contrario, se estudie detenidamente su aplicación, que autoriza a la Dirección del Trabajo para fijar jornadas excepcionales.
Insisto, al respecto, en que la compañía minera La Escondida, desde su inicio, hace alrededor de 8 ó 9 años, trabaja con jornadas de 12 horas sin contar con la autorización de la Dirección del Trabajo. O sea, no sólo establece jornadas arbitrarias, injustas y deshumanizadas, sino que, además, está actuando en forma ilegal.
Por eso, repito, no sólo por las necesidades humanas que he mencionado, sino, fundamentalmente, porque vivimos en un período de enorme cesantía y de desempleo que preocupa tanto a los partidos de Gobierno como a los de Oposición que nos ha obligado, incluso, a crear una Comisión conjunta a fin de presentarle al Ejecutivo un proyecto de colaboración para disminuir la cesantía, que se eviten estas jornadas excesivas de trabajo y se permita al hombre como a la mujer chilenos trabajar únicamente ocho horas al día.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señorita Antonella Sciaraffia y señora Fanny Pollarolo , y de los diputados señores Enrique Jaramillo , Waldo Mora , Sergio Velasco , Salvador Urrutia , Homero Gutiérrez , Ricardo Rincón , Tomás Jocelyn-Holt y José Miguel Ortiz .Asimismo, se adjuntará el texto de su intervención.
Señor Presidente, hoy, a tempranas horas, se ha cerrado el retén “La Punta”, de San Francisco de Mostazal, primera comuna de la Sexta Región, visto de norte a sur. Se ha retirado la placa de Carabineros de Chile y la dotación ha hecho abandono de la instalación policial que era fundamental para una localidad rural, bastante habitada, situada al nororiente de Rancagua, y cuya vinculación con dicho retén constituía precisamente su seguridad.
Vecinos del sector y la alcaldesa de San Francisco de Mostazal, Mirenchu Beitía , me llamaron temprano por teléfono para darme a conocer con pena estos hechos. Sin informar al municipio, a las autoridades ni a los dirigentes de las juntas de vecinos, hacían abandono del retén, que repito era fundamental para la seguridad y tranquilidad de dicho sector.
Además, desde hace tiempo, Carabineros había sostenido que disminuiría su dotación allí, pero que mantendría permanentemente, al menos, un funcionario con el objeto de que el retén continuara en pleno funcionamiento, y que los efectivos que retiraba se reasignarían de manera de aumentar las rondas policiales.
Claramente, surge la duda de si lo dicho hace un tiempo era verdad al apreciar los hechos de hoy en la mañana.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional, para que nos informe sobre las razones que ameritan, primero, no cumplir con el compromiso adquirido el año pasado, en el sentido de designar, al menos, un funcionario para mantener operativo el retén “La Punta”, dependiente de la comisaría de Graneros, y, segundo, por qué se procede como hoy, sin avisarle a nadie; prácticamente, como arrancando de una localidad que, además, ayudó materialmente, con recursos económicos y humanos, para que ese cuartel existiera. Fue parte del deseo de la comunidad y del esfuerzo de los propios vecinos. ¿Cuál es el propósito? ¿Van a seguir las regiones soportando que los esfuerzos en seguridad y de Carabineros se centren exclusivamente en la capital? Mientras a la capital se asignan 1.600 efectivos y una determinada cantidad de motos, a las regiones se les entrega menos de la mitad, sumadas en conjunto.
El tema de la política de seguridad de Carabineros de Chile debe ser revisado, porque no podemos financiar, desde regiones, la seguridad de los santiaguinos. Hoy, el costo para las regiones significa cerrar sus retenes y cuarteles.
Por eso, solicito ese oficio para que se nos mande un detalle de cada una de las distribuciones de personal, de funcionarios y de equipamiento que está haciendo el Gobierno, con recursos propios o asignados a través de la institución Carabineros de Chile, la cual es una institución querida por toda la República y que debe servir por igual no sólo en Santiago, sino también en regiones.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señorita Antonella Sciaraffia y de los diputados señores Homero Gutiérrez , Sergio Velasco , Waldo Mora , Alejandro García-Huidobro , Osvaldo Vega , Sergio Delmastro , Patricio Cornejo y José Miguel Ortiz.
Asimismo, se adjuntará el texto de su intervención.
Señor Presidente, hemos tomado conocimiento del serio problema ya confirmado de que en la República Argentina se ha declarado una epidemia de fiebre aftosa que amenaza nuestras zonas ganaderas.
Por eso, pido que, en mi nombre, se envíe un oficio al señor ministro de Agricultura con el fin de que se tomen medidas excepcionales, urgentes, fuertes y coordinadas, para evitar la introducción a nuestro país de este flagelo que afecta a la masa ganadera.
Quiero sumarme a la petición de algunos parlamentarios de declarar zona de emergencia agrícola, particularmente a las regiones Séptima y Octava, con el propósito de allegar mayor número de recursos para combatir esta potencial plaga, de coordinar esfuerzos y de que haya mayor control. El hecho de que nuestro país esté libre de ella, constituye una conquista lograda después de mucho tiempo y que ha significado un alto costo en recursos y la preocupación profesional del Servicio Agrícola y Ganadero, al que debemos agradecer su capacidad y diligencia para frenar la epidemia.
Pero las noticias recibidas de la República Argentina de que se conocen veinte o más casos de fiebre aftosa no se sabe exactamente el número, nos motiva a tomar todas las medidas posibles. Entre ellas, impedir el ingreso de su carne a través de los pasos trasandinos, de Uruguay o de Paraguay, que son las otras vías por donde podría ingresar carne proveniente del vecino país.
Como dije, adhiero también a la declaración de zonas de emergencia agrícola a las regiones Séptima y Octava , por lo siguiente:
En primer lugar, debido a la existencia de una numerosa masa ganadera en la precordillera, y, en segundo lugar, porque creo que son zonas que cuentan con el mayor número de pasos cordilleranos, conocidos por baquianos, y por donde se incorporan vacunos a nuestro país. No son pasos oficiales, sino sólo conocidos por los campesinos y por gente que trabaja con animales.
Esas dos medidas son indispensables. Hay que recordar que, años atrás, la fiebre aftosa ingresó a nuestro país a través de las veranadas de la precordillera de Linares. Es un antecedente muy importante.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Delmastro , Vega, Mora , Patricio Cornejo y José Miguel Ortiz .
Señor Presidente, asimismo, quiero que se envíe oficio a la señora ministra de Salud con el fin de que se elabore un plan de descontaminación de la ciudad de Talca. Su prensa ha denunciado, en forma reiterada y abundante, la existencia de contaminación permanente y de numerosos basurales y microbasurales repartidos por toda la ciudad, lo cual atenta contra la calidad de vida de su gente, contra su presentación como capital y, por supuesto, contra el turismo. Nadie quiere ir a un lugar donde lo primero que observa son montones de basura y descuido.
Por eso, haciéndome eco de las denuncias de la prensa de Talca, solicito que se envíe un oficio reiterativo a la señora ministra de Salud para que, con las autoridades del ramo y con la intendencia y la gobernación de Talca, se efectúe una labor organizada y eficaz y a la que se alleguen los recursos necesarios para elaborar un plan coordinado de descontaminación de la referida ciudad y se eliminen todos los basurales que atentan contra su presentación.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Delmastro , Vega, Mora , Patricio Cornejo y de quien habla.
La bancada de Renovación Nacional ha cedido tres minutos de su tiempo al diputado señor Mora .
Tiene la palabra su Señoría por siete minutos.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero denunciar, con todas mis fuerzas, algo que me parece gravísimo y que ocurre bajo una seudojustificación de carácter legal.
Es de público conocimiento que en Tocopilla, en una oportunidad, pequeños mineros se tomaron unas minas debido a la falta de recursos y de apoyo hacia la minería de esa localidad, en particular, sin desconocer su alto porcentaje de cesantía.
Allí existe la Compañía Minera de Tocopilla que, prácticamente, tiene el 80 por ciento de las concesiones mineras de la comuna, las cuales no explota ni trabaja, sino que las arrienda a los pequeños mineros y les renueva sus contratos cada 30 días, lo cual impide que puedan operar con créditos comerciales, a través de la Corfo, del Banco del Estado o con la Subsecretaría de Minería, y utilizar los programas especiales que se otorgan a la pequeña minería, porque cuando encuentran una veta de buena calidad, la compañía minera no les renueva el arriendo y los deja absolutamente liquidados económicamente y cesantes, situación que me parece un abuso incalificable.
Por eso, pido que se envíe un oficio al subsecretario de Minería para que investigue e informe a la Cámara sobre esta situación irregular que denuncio.
Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a un hecho que también me parece delicado.
El jueves de la semana pasada participé en la Comisión de Salud, en la cual se abordó el tema de la “píldora del día después”, que tiene atravesada a la sociedad, pero ante el cual no hay que ponerse una venda en los ojos, porque dice relación con un problema real como son los embarazos no deseados, las violaciones, y que afecta especialmente a la gente más pobre.
Ese jueves, la señora ministra, en una exposición brillante, sólida y contundente, dijo que estaba recién estudiando e interiorizándose del tema. Asimismo, señaló que el Ministerio no había tomado una decisión al respecto; que recabaría información y analizaría más exhaustivamente la materia; que había una serie de otras pastillas que podrían considerarse anticonceptivas y que la “píldora del día después” no era más que otra de esas mismas pastillas, que contiene mayor cantidad de medicamentos y que previene un embarazo no deseado.
Me quedé con la duda de si esa pastilla podría significar alguna promiscuidad o aumento del contagio del sida, porque la juventud, que sería la principal usuaria, en el caso de los varones, para evitar un embarazo, tal vez optara por no usar condones o preservativos.
Pero me parece grave el hecho de que el domingo pasado apareciera en los diarios que el Gobierno dijo: “La pastilla va” sin discusión o debate en el Congreso. O sea, nos notifican que va y, más todavía como bien dijo el diputado señor Tuma , deciden que se venderá con receta médica retenida.
Quiero protestar por esta falta de respeto para con el Congreso. Aquí es donde se debe discutir el tema.
Soy partidario del uso de la pastilla y creo que no debemos cerrar los ojos ante el problema por ser católicos, o cristianos; es un problema que el mundo debe enfrentar con la seriedad que requiere.
En consecuencia, solicito que se oficie a la señora ministra de Salud para señalarle mi protesta por la falta de respeto para con el Congreso, puesto que insisto el jueves pasado se dijo que no hay ninguna decisión al respecto y el domingo siguiente se nos notifica por la prensa la autorización.
He querido hacer notar esa situación, porque el Congreso tiene derecho a debatir, con la participación de toda la sociedad que desee opinar, una materia tan delicada como ésta.
Quiero referirme al plan de reactivación económica anunciado por el Gobierno para ayudar a las Pymes. También participé, aun sin ser miembro, en la Comisión que trata sobre ese tema, porque, al igual que los diputados señores Fossa y Delmastro , estoy interesado en él.
El plan económico del Gobierno me parece un buen paso, una buena intención; pero no apunta a solucionar el problema. Creo que el país debe tomar conciencia de la grave situación que estamos viviendo en materia económica.
La reprogramación de las deudas de las Pymes no es nada más que un “mejoral”, pan para hoy y hambre para mañana, como lo fue también el famoso Fogape de reprogramación de deudas que, al final, resultó ser una ayuda económica para los bancos.
El hecho de que hoy se dispongan de mil millones de dólares para reprogramar créditos financieros es otra ayuda a los bancos, y el que se tengan que renegociar las deudas previsionales no es solución para las Pymes. La gente que hoy es demandada por dichas deudas, perfectamente, a través de abogados, puede solucionar su problema en dos o tres años, con un mayor costo.
En cuanto al problema tributario, si no se otorga un período de gracia a los pequeños empresarios, no sólo en su renegociación de la deuda tributaria, no va a haber reactivación económica.
Aquí hay que reactivar el consumo, y el Gobierno no apunta ninguna medida en ese sentido.
Mientras a los usuarios de tarjetas de crédito pido a los que me están escuchando que las miren les cobran el 3,5 por ciento de interés mensual, que significa un 50 por ciento de interés anual, los jubilados o a personas que tienen un ahorro de un millón de pesos, por ejemplo, y lo depositan en un banco, reciben el 0,2 por ciento mensual, que significa apenas el 2,4 por ciento anual, y que es absolutamente nada.
Si no se toman medidas que reactiven el consumo, el problema de las Pymes se agravará en seis meses más con una situación generalizada de cesantía, de quiebras y de demandas.
Además, aquí hay de por medio un problema político: dentro de las alianzas políticas no puede haber gente que esté en contra de rebajar los impuestos. Es un incentivo muy importante para reactivar el consumo.
Al mismo tiempo, solicito oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a fin de modificar el sistema que rige las tarjetas de crédito de los bancos, y al Ministerio de Hacienda, con el objeto de liberar, de la ley de Timbres y Estampillas, por un año, a aquellas personas que quieran renegociar deudas hipotecarias, ya que muchas compraron con un interés del 10 por ciento, tasa que hoy ha bajado al 6 por ciento, lo cual significa una rebaja promedio de un 30 por ciento en los dividendos mensuales que deben pagar.
He querido hacer un aporte, dando a conocer una serie de medidas que, a mi juicio, son indispensables para reactivar la economía.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, haciendo presente que el oficio a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se hará llegar a través del Ministerio de Hacienda, adjuntando las partes pertinentes de su intervención en razón de los fundamentos planteados y con la adhesión de los diputados señores Homero Gutiérrez , Luis Pareto, José Miguel Ortiz , Patricio Cornejo , Roberto Delmastro , Osvaldo Vega y Haroldo Fossa .
Tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado señor Patricio Cornejo .
Señor Presidente, antes de entrar en materia, adhiero con mucha fuerza al planteamiento del diputado señor Waldo Mora , en el sentido de que el tema de “la píldora del día siguiente” no fue debatido con la intensidad y altura que merecía.
El uso del medicamento denominado levonorgestrel, que para mucha gente tiene efectos abortivos y para otros no, merecía un debate nacional debido al alto contenido valórico y a las importantes repercusiones que puede tener en la salud pública.
Señor Presidente, en mi calidad de médico cirujano, miembro de esta Cámara y ex presidente de la Comisión de Salud, quiero referirme a un tema de salud pública de la mayor importancia, que dice relación con el sistema de atención de urgencia de la Región Metropolitana.
Hace algunos días señalé, junto con el presidente del consejo regional del Colegio Médico, un hecho extraordinariamente preocupante.
El denominado Samu , que tiene a su cargo el sistema de regulación y rescate de pacientes de urgencia de la Región Metropolitana, que cubre desde El Arrayán hasta Melipilla y desde Colina hasta Paine , sólo dispone de 23 ambulancias, de las cuales 17 están operativas.
El dispositivo regulador de las atenciones de emergencia no cuenta con un número adecuado de médicos, no dispone de suficiente personal de colaboración médica enfermeras y enfermeros ni de paramédicos.
Esto es de la mayor relevancia, porque se trata de la ciudad capital de Chile y, sobre todo, de un sistema que se puso a disposición de ella y que no está dando los resultados necesarios. A ello se agrega el hecho de que, en virtud de la supresión del llamado cheque en garantía aprobado por la Cámara de Diputados se encomendó al Samu el traslado de los pacientes, quienes, luego de llegar a los recintos privados y una vez estabilizados, son derivados a los hospitales públicos, tal como lo establece la ley y el reglamento respectivo.
En consecuencia, solicito oficiar a la ministra de Salud, al secretario regional ministerial de Salud de la Región Metropolitana, a los directores de los Servicios de Salud Metropolitanos Norte, Central, Sur, Occidente, Oriente y Suroriente, para que informen a esta Cámara respecto de la situación en que se encuentra la operatividad del Samu, sobre la cantidad de personal disponible para dicho servicio, del número de ambulancias M1, M2 y M3, es decir, de los denominados móviles básicos, intermedios y avanzados de que dispone Santiago , y del nivel presupuestario que existe actualmente para estos efectos.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia a todas las autoridades de salud de la Región Metropolitana, con la adhesión de los diputados señores Waldo Mora , Roberto Delmastro , Osvaldo Vega , Haroldo Fossa y José Miguel Ortiz .
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa .
Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a una denuncia que ha sorprendido a la opinión pública de la Octava Región, al país y, por supuesto, al diputado que habla. Se trata de algo que todos deben haber leído o escuchado respecto de los vertederos actualmente activos en la zona de Concepción. ¡Curiosa situación!
De un tiempo a esta parte, se puso en jaque a uno de los vertederos más grandes que existen en el límite entre Talcahuano y Concepción, llamado Carriel Norte, y a otro que se encuentra cerca de Penco, denominado Cosmito , los cuales se ponen en duda por problemas sanitarios, de cercanía del aeropuerto, por situaciones equis y, lo más importante, por cuanto estaría corriendo riesgo la operación de los aviones del aeropuerto Carriel Sur debido a la existencia de numerosas aves que circularían alrededor de los mencionados vertederos. Quienes han hecho las denuncias han señalado que esta última sería la principal causa de ello.
En Concepción hemos constituido un grupo de estudio integrado por el doctor Günthr Domke y otros destacados profesionales y hemos analizado la situación con mucha objetividad, haciéndonos asesorar por gente de la Universidad de Concepción, del Eula, por antiguos vecinos de la zona e incluso por la Dirección de Aeropuertos. Llegamos a la siguiente conclusión: el sector donde está instalado el aeropuerto Carriel Sur es de larga data; el hábitat natural de un grupo muy importante de aves estaba quince años antes de la instalación del vertedero Carriel Norte, época en que sucedió un primer incidente del cual se tiene conocimiento: en 1972, un avión de hélice se habría encontrado con una de estas aves.
Como se pide el cierre de los vertederos, yo pregunto: ¿se van a terminar los pájaros con esa medida? Más aún, la Dirección de Aeronáutica amenaza a la ciudad de Concepción y a sus alrededores con cerrar el aeropuerto, todo esto en horas. No me cabe duda de que esto obedece a una intención que denunciaré más adelante.
Después de la ampliación del aserradero y del proyecto inmobiliario del aeropuerto, con una enorme inversión en el sector, se dice que un vertedero está poniendo en riesgo la operatividad de los aviones y a toda la zona, descartando el aspecto técnico. Debo manifestar responsablemente que se van a cerrar los vertederos de hecho, en la prensa de hoy se informa que ya se habría cerrado uno; sin embargo, les puedo garantizar que los pájaros no se irán, puesto que ése es su hábitat. Podría explicar lata y técnicamente por qué conviven allí muchas aves.
También se dijo que habían llegado allí aves carroñeras, que viven de los basurales, las que antes no existían es probable, pero precisamente viven en los basurales, y se hizo toda clase de advertencias que produjeron pánico y decepción en toda la comunidad regional.
Sin embargo, a veces, los intereses son superiores a las razones técnicas. Han avisado que se cerrarán los vertederos, dejando en la más absoluta indefensión a Talcahuano, que pagaba un peso por kilo de basura, lo que ya le significaba una importante suma de dinero. Entonces, es fácil suponer que al alcalde, señor Leocán Portus , no le alcanzará el presupuesto, porque el traslado de los vertederos representará un gasto cinco, siete o diez veces mayor de lo que se pagaba. Ya está pidiendo auxilio y solicitando recursos por sobre los 200 millones de pesos. Claro, como estamos en una situación tan holgada lo digo irónicamente, creo que no será un problema de fondo.
Considero que aquí existe una actitud irresponsable de quienes han estado denunciando el asunto, de los que lograron que toda la población se preocupara, yendo, incluso, más allá de la verdad. Yo le pregunto a la Dirección de Aeronáutica: ¿qué hará para eliminar las aves que viven allí? ¿Acaso se pretende detener un proyecto que está autorizado por todas las instituciones del Estado? No logro comprenderlo.
No me cabe duda con esto termino de que hay intereses creados, porque, paralelamente, extranjeros y connacionales han promovido la instalación de otros vertederos que, naturalmente, deben ser un negocio muy lucrativo. Entonces, se trata de provocar un problema, de la noche a la mañana, dejando a la población, en particular a la de la comuna de Talcahuano tal como lo dije, en la más absoluta indefensión, con el objeto de satisfacer algunos intereses que estamos investigando.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Dirección de Aeronáutica y a quien corresponda, a fin de que informe sobre las verdaderas causas que la movieron a advertir sobre el eventual cierre del aeropuerto, qué medidas se tomarán ahora y qué seguridad tenemos los habitantes de Concepción y de los alrededores de que las aeronaves comerciales podrán seguir operando en nuestro querido aeropuerto Carriel Sur .
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Defensa Nacional puesto que de ese ministerio depende la Dirección de Aeronáutica, al cual se agregará el texto completo de su intervención, con la adhesión de los honorables diputados señores Prokurica , Delmastro , Vega y del que habla.
El diputado señor Fossa ocupó siete de los trece minutos que le corresponden al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Vega .
Señor Presidente, he querido intervenir hoy, porque he visto que la situación de la agricultura se ha agravado durante el último tiempo. Soy agricultor de una zona pobre, en la cual la mayoría de los campesinos son pequeños agricultores.
Esta situación se viene produciendo desde hace mucho tiempo. El año pasado hubo problemas debido al precio del trigo. Se formó, con mucho aspaviento, una mesa de diálogo agrícola, en la cual hay personas que no tienen idea de lo que es la agricultura. En diciembre se empiezan a discutir los precios que se fijan en enero, cuando las cosechas de trigo, desde San Carlos al norte, están vendidas, puesto que ese mes el precio es 20 por ciento superior al de diciembre.
Eso está bien para el trigo. Pero hoy día tenemos el problema del arroz. Escuché recién al colega Ceroni , y es efectivo lo que planteó. La semana pasada sostuve una larga reunión con el ministro de Agricultura, quien me explicó que había tenido una reunión prácticamente con todos los molineros y arroceros, en la cual no se había llegado a ninguna conclusión.
Sucede lo siguiente: el año pasado, el precio del arroz paddy era de 9.500 pesos el quintal. Según un anuncio hecho ayer por la empresa Tucapel , estaría pagando 7.100 pesos por el quintal, en circunstancias de que, como consecuencia del alza del dólar en 80 pesos, este año deberíamos haber tenido un precio superior a los 11 mil pesos.
Como ustedes comprenderán, se trata de un problema exclusivamente monopólico. Soy defensor de la empresa privada, pero durante toda una vida he tratado de servir a mi comunidad, y la verdad de las cosas es que veo con tristeza cómo esta situación monopólica está liquidando absolutamente la agricultura del país.
Como si esto fuera poco, hoy día tenemos un problema mucho más grave: el que afecta a la vitivinicultura. Hace dos años, los pequeños productores estábamos bien porque exportábamos gran cantidad de vino. Ahora sólo están exportando las grandes empresas, las cuales no tienen merma en el precio, en las botellas, en los envases tetra ni en la exportación. Pero este año el precio es vergonzoso. Hace dos años, el vino se transaba a 12 mil pesos la arroba es decir, 40 litros; en cambio, hoy se están haciendo negocios a 2 mil pesos la arroba. Lo peor de todo es que las bodegas están llenas y, como no podemos vendimiar, le estamos regalando la uva a la gente; no vale la pena recogerla.
Ésta es, lisa y llanamente, una práctica monopólica de las diez o doce viñas que hoy están exportando, con lo cual están liquidando a algunos pequeños productores, como ocurre en toda la zona vinera de Chile. Considero que esta situación no debe continuar.
Cuando también era parlamentario, allá por los años 1960, 1961 y 1962, había un trato especial del Banco del Estado: las letras por trigo y otros granos eran descontadas hasta 210 días después, con el mismo interés. Es decir, un agricultor vendía el trigo en diciembre, y el molino pagaba en junio; se hacía un contrato con el molino y tenía siete meses de gracia; daba vuelta el año con dos letras, pagando intereses reales.
Pero vino la privatización y ahora todo ha pasado a manos de la banca privada. Por eso no podemos pagar los intereses ni tenemos cómo vivir. Considero que, debido a la situación existente, el Estado debe intervenir y recordarle a la banca privada que no olvide que le regalamos, prácticamente, 40 años para que pagara sus deudas. En cambio, nosotros no tenemos ni siquiera 90 días para hacerlo.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda y al presidente del Banco del Estado, pues podrían ayudarnos a solucionar este problema, porque, de lo contrario, la situación se convertirá en caótica, llegaremos a los juzgados y nuestros bienes serán rematados en los próximos días.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al ministro de Hacienda, para que lo haga llegar al presidente del Banco del Estado, adjuntando el texto completo de su intervención, con la adhesión de los honorables diputados señores Delmastro y Prokurica .
Señor Presidente, deseo plantear la molestia que existe, en general, en la ciudadanía desde La Serena a Puerto Montt por las concesiones de caminos privados otorgadas en los últimos años, permitiendo el cobro de peajes cada 100 kilómetros, amén de los peajes laterales en cada bajada hacia las ciudades adyacentes a la ruta 5.
En concreto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que tenga a bien informar en qué se basan los concesionarios para efectuar un cobro cada 100 kilómetros y no hacerlo por el camino recorrido; es decir, si uno recorre 20 kilómetros de doble vía, debe pagar un valor proporcional de los 100 kilómetros. Esto se encuentra establecido en la ley de concesiones y, por lo tanto, es factible aplicar un sistema más justo para la gente que usa, dentro de sus comunidades, pequeños tramos de la doble vía.
Se enviará el oficio en nombre de su Señoría.
Señor Presidente, solicito, además, que se oficie al ministro de Vivienda y al contralor general de la República respecto de la canalización del estero Catrico en la ciudad de Valdivia, en la cual se han gastado 600 millones de pesos. La obra quedó inconclusa por mal diseño hace más de un año.
Solicito información respecto de la gestación del proyecto, cómo fue administrado y quién lo supervisó en términos técnicos.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Prokurica y Vega.
Señor Presidente, quiero plantear en esta oportunidad una situación que me parece absolutamente injusta, que se está produciendo en la educación técnico-profesional, específicamente en el Liceo B8 de la comuna de Vallenar, en la Tercera Región.
Se trata de casi 30 alumnos que han egresado de cuarto medio y que se han matriculado en cursos nocturnos que se imparten en el mencionado establecimiento, con el fin de acceder a la licencia técnico-profesional para contar con una formación superior y poder enfrentar la vida de mejor manera.
A estos alumnos se les debiera entregar la licencia correspondiente a dos años lectivos. Sin embargo, quienes han concluido su carrera y otros que están estudiando se han encontrado con la desagradable sorpresa de que no se les entrega la licencia. El director provincial de educación se ha negado a otorgarla, manifestando que el Estado no está en condiciones de seguir financiando la educación técnico-profesional de esos alumnos, que ya han obtenido anteriormente su licencia de enseñanza media.
Esta respuesta nos parece insólita, por cuanto, a nuestro juicio, el derecho de educación está consagrado como garantía constitucional, y porque, además, a estas personas se les ha permitido matricularse sobre la base de una opción que otorga el Estado; o sea, se les ha permitido estudiar, a algunos dos años, pero ahora no se les quiere dar la licencia.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que nos dé una respuesta y proponga una solución para la gente que ya terminó su período de enseñanza y no se la quiere licenciar, y para quienes llevan un año o un año y medio estudiando y no se les permite matricularse de nuevo.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Delmastro y Vega.
Se levantó la sesión a las 14.54 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO Jefe de la Redacción de Sesiones.

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