Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/cap.4.htm
Timestamp: 2017-10-17 09:30:45+00:00

Document:
Informe Anual 2001 - Capitulo IV - Colombia
4. De conformidad con el segundo criterio arriba mencionado, la Comisión, con fundamento en la información recibida de distintas fuentes, dará cuenta de las medidas excepcionales adoptadas en Estados Unidos, Guatemala y Argentina.
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue informada que, el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista en el cual dos aviones de pasajeros fueron secuestrados y dirigidos hacia el World Trade Center de Nueva York, donde impactaron ocasionando la muerte de 3,000 personas. Simultáneamente, un tercer avión fue estrellado contra el Pentágono, en Arlington, Virginia, y un cuarto avión cayó cerca de Pittsburgh, Pennsylvania, causando más de 200 fatalidades.
6. Como consecuencia de estos trágicos sucesos, el 14 de septiembre de 2001 el Presidente de los Estados Unidos, invocando la Constitución y otras leyes estadounidenses, declaró un Estado de Emergencia que declaró vigente desde el 11 de septiembre de 2001. El Presidente declaró igualmente su intención de ejercer las facultades que le confieren la Ley de Emergencias Nacionales para recurrir a las fuerzas armadas y a la guardia costera en situaciones de emergencia. El 18 de septiembre del mismo año, el Congreso aprobó una resolución adjunta a la Resolución sobre Poderes de Guerra, la cual autoriza al Presidente a “utilizar todos los medios de fuerza necesarios y apropiados contra aquellas naciones, organizaciones, o personas que él determine hayan planeado, autorizado, cometido o asistido los ataques ocurridos el 11 de septiembre de 2001, o que hayan acogido a dichas organizaciones o personas, con el objeto de prevenir cualquier futuro acto de terrorismo internacional contra los Estados Unidos por dichas naciones, organizaciones o personas”.
7. Posteriormente, Estados Unidos identificó a un grupo terrorista internacional conocido como Al Qaeda y a su líder, Osama bin Laden, como principales sospechosos del ataque del 11 de septiembre. Asimismo, Estados Unidos concluyó que el entonces régimen de gobierno de Afganistán, conocido como Talibán, propició condiciones seguras para que Osama bin Laden operase y estableciese campos de entrenamiento terrorista en Afganistán. En consecuencia, el 7 de octubre de 2001, Estados Unidos, con el apoyo de varios Estados alrededor del mundo, comenzó a desplegar ataques militares contra los campos de entrenamiento terrorista de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen Talibán en Afganistán. Dichas operaciones se prolongaron hasta el 2002. Muchos individuos capturados en el conflicto fueron detenidos y posteriormente trasladados a la bahía de Guantánamo en Cuba.
8. Adicionalmente, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el 26 de octubre de 2001 el Presidente emitió un “Decreto de Unificación y Fortalecimiento Mediante la Implementación de los Medios Apropiados Requeridos para Interceptar y Obstruir el Terrorismo”, mejor conocida como “US Patriot Act” de 2001. Dicha Ley reformó y amplió las leyes existentes en cuanto a supervisión de comunicaciones telefónicas, orales y electrónicas, lavado de dinero, patrullajes fronterizos, inmigración, y procedimientos de investigación, enjuiciamiento y condena criminal relativos a individuos u organizaciones sospechosos de terrorismo.
9. Seguidamente, el Presidente emitió, el 13 de noviembre de 2001, una “Orden Militar de Detención, Tratamiento y Juicio de Ciertos No-Ciudadanos en la Guerra Contra el Terrorismo”. Dicha Orden, que ha sido ampliamente comentada en los Estados Unidos y el extranjero, autorizaba la detención y enjuiciamiento de no-ciudadanos norteamericanos por parte de una comisión militar, en los casos en que el Presidente considere que éstos sean, o hayan sido miembros de la organización Al Qaeda o hayan cometido, ayudado, consentido o conspirado en la comisión de actos de terrorismo internacional que hayan causado o tenido como objetivo causar o amenazar con causar lesiones o efectos adversos en los Estados Unidos o sus ciudadanos, o hayan acogido conscientemente a dichos individuos. De acuerdo a estos términos, aquellos juzgados bajo la Orden podrían ser condenados y sentenciados al haber concurrencia de dos tercios de los miembros de la comisión presentes al momento de la votación, y estarían sujetos a la imposición de sanciones penales, incluyendo la cadena perpetua y sentencia de muerte, sin ulterior recurso ante las cortes estadounidenses, extranjeras o ante cualquier tribunal internacional. Al momento del presente informe, las reglas para la implementación de la mencionada Orden no han sido todavía promulgadas, y ninguna persona ha sido enjuiciada bajo sus provisiones.
10. Información disponible también indica que cientos de personas han sido arrestadas y detenidas por períodos prolongados por el Gobierno de los Estados Unidos como parte de la investigación de los hechos del 11 de septiembre de 2001, y que el Gobierno se ha rehusado públicamente a identificar a estas personas.
11. La Comisión observa que los Estados Unidos es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de acuerdo al Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Estados Unidos no ha notificado al Secretario General de Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Pacto, sobre las medidas de emergencia que puedan justificar la derogación de las obligaciones de los Estados Unidos conforme a ese tratado. Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por lo tanto, no está obligado, bajo el artículo 27 de la Convención, a notificar a los Estados Partes, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión de las garantías constitucionales y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. Sin embargo, como Estado miembro de la OEA, Estados Unidos debe respetar los derechos fundamentales de los individuos contenidos en la Carta de la OEA y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por lo tanto, la Comisión, de acuerdo con los artículos 18 y 20 de su Reglamento, continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Estados Unidos en cuanto a la observancia y protección de los derechos humanos contenidos en la Carta de la OEA y la Declaración Americana.
12. Por otra parte, el 18 de julio de 2001, ante la fuga masiva de presos considerados de alta peligrosidad, el presidente de la República de Guatemala emitió el Decreto Gubernativo 1-2001, publicado en el Diario Oficial el 20 de junio del mismo mes y año, por medio del cual declaró Estado de Alarma durante 30 días en todo el territorio guatemalteco y ordenó el cese de la vigencia de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5 (derecho a la libertad de acción), 6 (derecho a la detención legal), 9 (derecho al interrogatorio a los detenido o presos) y 26 (derecho a la libertad de locomoción) de la Constitución Política guatemalteca. Dicho Estado de Alerta fue prorrogado por 30 días, mediante el Decreto Gubernativo 2-2001 emitido por el Presidente de la República de Guatemala el 17 de julio de 2001.
13. Asimismo, el 2 de agosto de 2001, el Presidente de la República de Guatemala emitió el decreto Gubernativo 3-2001, por medio del cual declaró Estado de Sitio durante treinta días en el Departamento de Totonicapán. Como consecuencia de dicha declaratoria, y durante el tiempo de su vigor, fueron suspendidos los derechos consagrados en los artículos 5, 6, 9, 33, 38(2) y 116(2) de la Constitución Política guatemalteca. La declaratoria de Estado de Sitio obedeció a las manifestaciones públicas llevadas a cabo en el Departamento de Totonicapán, en protesta por el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que degeneraron en hechos y actos atentatorios de la seguridad de dicho departamento.
14. El Estado de Guatemala, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, informó al Secretario General de la OEA tanto de la declaratoria y la prórroga del Estado de Alarma emitida en los decretos Gubernativos número 1-2001 y 2-2001, como la declaratoria del Estado de Sitio en el Departamento de Totonicapán, emitida mediante el Decreto Gubernativo número 3-2001.
15. Asimismo, el 19 de diciembre de 2001 la República de Argentina, mediante decreto 1678/2001, declaró Estado de Sitio en el territorio argentino por treinta días. En esta ocasión, el Estado argentino expresó que los graves actos de violencia colectiva que se produjeron en el país provocaron daños y pusieron en peligro la vida y bienes de los habitantes de la República, con una magnitud que implica un estado de conmoción interna. Conforme al artículo 23 de la Constitución Nacional “en caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.
16. El día 21 de diciembre de 2001, por decreto 1678/2001, el Gobierno de la República Argentina decidió levantar el Estado de Sitio, y en la misma fecha, por medio de los decretos números 16/2001, 18/2001 y 20/2001, a petición de las autoridades de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan, el Estado declaró Estado de Sitio en dichas provincias por un plazo de 10 días. El Estado expresó que la declaración de Estado de Sitio obedeció a que continuaban los actos de violencia colectiva, como tumultos y saqueos promovidos por grupos de personas en forma organizada en los diferentes comercios, provocando daños y poniendo en peligro personas y bienes, con una magnitud que implicó un estado de conmoción interior. Dicha situación de emergencia fue suspendida el 31 de diciembre de 2001.
1. Entre el 7 y el 13 de diciembre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condujo una visita in loco en la República de Colombia, por invitación del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, con el fin de observar la situación de los derechos humanos en ese país. En vista de que la coyuntura que actualmente se vive en la República de Colombia responde a varios de los criterios consultados por la Comisión al incluir en el Capítulo IV de su Informe Anual el análisis de la situación de los derechos humanos en un Estado miembro y que la CIDH próximamente elaborará y aprobará su cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Comisión ha decidido reproducir a continuación el contenido de las observaciones preliminares que fueran volcadas en el comunicado de prensa emitido sobre el final de la visita llevada a cabo en diciembre de 2001. Las conclusiones y recomendaciones finales de la CIDH serán plasmadas en un cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia el cual será enviado al Estado para que formule sus observaciones conforme a las normas Reglamentarias correspondientes y se hará público durante el año 2002.
2. Durante su visita, la CIDH[1] se entrevistó con autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo al Presidente de la Nación, Andrés Pastrana Arango. También se entrevistó con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, representantes eclesiásticos, dirigentes políticos, periodistas y representantes de medios de comunicación social, representantes de asociaciones campesinas, étnicas y de mujeres, sindicalistas y otros representantes de la sociedad civil a nivel nacional y local. Asimismo, recibió información y testimonios sobre la situación en todas las regiones del país, en especial las de Cundinamarca, Antioquia, Magdalena Medio, Arauca, Valle, Cauca, Putumayo, Nariño, Tolima y Catatumbo. El pleno de la Comisión se reunió con los candidatos presidenciales Luis Eduardo Garzón, Horacio Serpa Uribe y Alvaro Uribe Vélez.
3. La CIDH desea resaltar la disposición favorable del Gobierno del Presidente Pastrana hacia la Comisión, que en muchos casos ha contribuido a salvar vidas y promovido la legitimidad de los valores del Estado de Derecho. Concretamente, esa disposición se ha reflejado en programas de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas y en el impulso de esfuerzos en materia de administración de justicia
4. Para hacer un análisis adecuado de la presente situación en Colombia, debe necesariamente tenerse en cuenta la dinámica del conflicto armado y el fenómeno de la violencia generalizada, en un contexto donde --por diversas razones-- la presencia del Estado es débil, e incluso inexistente, en ciertas áreas del territorio nacional. La Comisión nota que este panorama se ha complicado aun más debido a los fuertes vínculos entre actores armados y narcotráfico.
5. La CIDH reconoce los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad colombiana por instaurar un proceso de paz. La amplia experiencia de la Comisión en el hemisferio indica que los procesos de paz contribuyen significativamente a la reducción de las violaciones de derechos humanos. La CIDH apoya los esfuerzos para lograr la paz en Colombia. Sin embargo, no puede sino expresar decepción ante la lentitud de los avances registrados en un proceso iniciado hace ya más de tres años. La Comisión reitera su disposición a contribuir al logro de la paz en el marco de sus atribuciones y su anhelo de que el pueblo colombiano pueda en el futuro gozar de paz, seguridad y justicia. Por último, la CIDH desea subrayar la trascendencia de las recomendaciones que la “Comisión de Personalidades” formulara a la Mesa de Diálogo y Negociación para el Proceso de Paz como un instrumento fundamental para promover el diálogo y la solución del conflicto que aqueja al pueblo colombiano.
6. La CIDH recibió información y observó la situación de la población civil que es víctima de la violencia generada por los actores del conflicto armado interno en Colombia. La Comisión recibió testimonios de comunidades y personas desplazadas de la mayor parte de los departamentos del país que retratan repudiables actos de violencia destinados a aterrorizar a la población civil. Estos actos, que se traducen en masacres, ejecuciones, mutilaciones, secuestros y amenazas, tienen como destinatarios a hombres y mujeres del campo, líderes sociales y políticos, sindicalistas, educadores, defensores de derechos humanos y periodistas; y golpean en forma dramática a los sectores más vulnerables de la población, entre quienes se destacan las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, las mujeres y los niños. Como consecuencia de estas acciones, poblaciones enteras en varias regiones del país se sienten desamparadas en vista del incumplimiento o imposibilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos de la violencia.
7. La CIDH observa que parte importante de los actos de violencia contra la población civil son atribuibles a los grupos armados disidentes. Entre ellos se cuentan masacres, ejecuciones sumarias indiscriminadas y selectivas, toma de rehenes, secuestros extorsivos, uso indiscriminado de minas antipersonales, y reclutamiento de niños y niñas menores de edad. Tras casi 40 años de actuación violenta, estos grupos armados (entre otros FARC y ELN) han causado un costo irrecuperable de numerosas vidas humanas y han perjudicado considerablemente el desarrollo social, económico y político de la sociedad colombiana. La participación pacífica en la vida política del país, a través de sus instituciones democráticas, es el único mecanismo que puede permitir el desarrollo pacífico, equitativo, y sustentable de la sociedad colombiana. La Comisión condena las graves violaciones del derecho internacional humanitario llevadas a cabo por los grupos armados disidentes en Colombia, incluyendo el secuestro como medio habitual de intimidación con fines económicos o de otro tipo.
8. La Comisión expresa su seria preocupación por la violencia paramilitar que se refleja en la comisión de masacres, asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamientos masivos por motivos militares, económicos o de limpieza social. El desarrollo del paramilitarismo en Colombia es un hecho cuya gravedad no puede ser suficientemente destacada. En efecto, ha introducido en el conflicto y la sociedad un elemento que recurre al exterminio de sus opositores como forma válida de hacer política. Además, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre la vinculación del paramilitarismo con actividades de carácter criminal. La CIDH nota con preocupación que este fenómeno está adquiriendo mayor aceptación social en Colombia. El incremento del apoyo social al paramilitarismo requiere la acción firme y decidida de los sectores democráticos para poner fin a este flagelo.
9. La Comisión ha notado que el Gobierno ha adoptado ciertas medidas hacia los grupos paramilitares que han resultado en capturas y la judicialización de procesos contra algunos de sus integrantes. Sin embargo, numerosos testimonios recogidos por la CIDH indican, por un lado, que el fenómeno paramilitar continúa creciendo; y por otro que subsisten indicios de gravísimas formas de cooperación con estos grupos por parte de agentes estatales. Se constató especialmente la fragilidad de los procesos de investigación que se refieren a estos vínculos ilícitos entre paramilitares y agentes de las fuerzas de seguridad. La Comisión valora el llamado del Presidente Pastrana a los uniformados a “escoger entre el uniforme de la patria y el uniforme de la infamia” y espera que se le dé estricto cumplimiento.
10. La Comisión recibió información sobre cientos de miles de personas desplazadas como resultado de la violencia patrocinada por los grupos armados. Estos gravísimos hechos fuerzan a numerosas personas y familias --en muchos casos lideradas por mujeres-- a desplazarse por el territorio nacional, y hacia las principales ciudades, en donde se suman a los afectados por los altos niveles de desempleo existentes. La CIDH reconoce y valora los esfuerzos del Estado por aliviar las consecuencias de este fenómeno mediante la acción de instancias tales como la Red de Solidaridad Social. Sin embargo, los testimonios recogidos durante la visita demuestran la insuficiencia e ineficiencia de los mecanismos vigentes para aliviar tanto las consecuencias directas del abandono del lugar de origen, como el profundo desarraigo que sufren las víctimas y el impacto en sus hijos menores que --en gran número-- ven truncada su educación y sus posibilidades futuras de desarrollo. La situación es de particular gravedad con relación a los grupos especialmente vulnerables, tales como las comunidades indígenas y afrocolombianas, que se ven forzadas a abandonar su territorio ancestral. La CIDH también corroboró la existencia de desplazamientos selectivos que afectan principalmente a educadores y sindicalistas amenazados de muerte, quienes se ven obligados a trasladarse hacia otras regiones sin recibir asistencia estatal para compensar la pérdida de empleo o continuar con su proyecto de vida.
11. La CIDH ha constatado que los grupos armados disidentes incorporan en sus filas a menores de 18 años. Por su parte, hay casos en que fuerzas de seguridad los utilizan en servicios auxiliares, lo cual podría llevar a abusos y a la posible participación de los menores en la lucha armada.
12. La Comisión considera que la impunidad existente sobre las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario contribuye significativamente a la perpetuación de la violencia. La investigación, juzgamiento y sanción de los culpables es un instrumento clave en la erradicación de la violencia. La CIDH apoya la labor de los funcionarios de los órganos de garantía, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Derechos Humanos donde se encuentran radicados un número considerable de procesos sobre graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión deber expresar su preocupación por la falta de judicialización de numerosos actos de violencia que han afectado a la población civil, así como por el lento avance o el estancamiento de las investigaciones. Si bien existen estadísticas sobre casos donde se ha vinculado o dictado medidas de aseguramiento contra miembros de grupos al margen de la ley, en muchos casos no se han hecho efectivas las capturas correspondientes. En este sentido, la Comisión se ve sorprendida por la holgura con la cual autores confesos de graves crímenes de lesa humanidad, con órdenes de captura pendientes de cumplimiento, se desplazan por el territorio nacional y se sienten incluso con la libertad de conceder entrevistas en medios masivos de comunicación.
13. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la CIDH y otros organismos intergubernamentales, han sido categóricos en su apoyo a la labor de las personas, grupos y organizaciones dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos y ven con gravísima preocupación las amenazas, los señalamientos en los medios de comunicación, los actos de hostigamiento, atentados, asesinatos y desapariciones perpetrados contra los defensores de derechos humanos en Colombia. La Comisión considera que los ataques a los defensores de derechos humanos tienen un grave efecto multiplicador sobre las violaciones a los derechos humanos de toda la población. En lo que va del año 2001 han sido asesinados trece defensores de derechos humanos. Cuando se silencia la voz de los que denuncian los asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones, la sociedad entera se perjudica por el ambiente de violencia e impunidad que encuentra en el silencio a su mayor cómplice. La preocupación de la Comisión por los defensores de derechos humanos se ve reflejada en los numerosos procedimientos de medidas cautelares por ella abiertos con el fin de proteger y dar seguimiento a la situación de ciertos defensores y organizaciones, así como en su visita a la ciudad de Barrancabermeja donde la delegación hizo presencia en las sedes de la Organización Femenina Popular y CREDHOS.
14. La Comisión debe reiterar su preocupación por los términos de la Ley 648 sobre defensa y seguridad nacional,[2] recientemente aprobada por el Congreso de la República en relación con las obligaciones asumidas bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH observa que, de ser puesta en práctica, esta norma socavará el principio de la independencia judicial y la división de poderes y sancionará la primacía de la autoridad militar sobre la autoridad civil. La Comisión resalta su convicción de que los Estados tienen el derecho y el deber de adoptar las medidas necesarias para combatir a los agentes generadores de violencia que amenazan a su población. Dicho fortalecimiento debe enmarcarse en el Estado de Derecho y en los parámetros establecidos en la Convención Americana, marcos adecuados para obtener la seguridad a la que legítimamente aspira la población. La CIDH considera que la aplicación de normas imbuidas de la doctrina de la seguridad nacional resulta incompatible con dicho marco.
15. La Comisión considera que la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento democrático y el eventual logro de la paz y se encuentra sumamente preocupada por la información recibida sobre asesinatos, ataques y amenazas contra periodistas. Dicha información se refiere también a la existencia de una estrategia por parte de los grupos armados, en particular de los paramilitares, orientadas a silenciar a los periodistas de investigación por medio del asesinato, la intimidación o el desplazamiento forzado. Colombia es el país de la región con mayor cantidad de periodistas asesinados, en los últimos años, en el ejercicio de sus funciones y la impunidad de estos crímenes contribuye a la perpetuación de la violencia. En el mismo sentido, la Comisión debe expresar su preocupación por la grave situación de los educadores, los miembros de la comunidad universitaria y los sindicalistas. La Comisión ha recibido asimismo múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará en la forma de atentados contra la vida y la integridad personal de las mujeres.
16. La CIDH tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo con el fin de corroborar el cumplimiento con medidas de protección por ella oportunamente dictadas. Las amenazas proferidas por internos paramilitares contra los llamados presos políticos en dicho centro penitenciario se materializaron en un ataque que tuvo lugar en julio pasado con un alto saldo de muertos y heridos, a pesar de la vigencia de las medidas cautelares de la CIDH. En su visita al penal, la CIDH pudo constatar que no se ha dado pleno cumplimiento a las medidas cautelares. El Gobierno se comprometió a dar comienzo a la construcción de un separador antes del 31 diciembre de 2001 con el fin de evitar nuevos actos de violencia. La Comisión seguirá observando de cerca las condiciones de seguridad en la cárcel y el cumplimiento con las medidas cautelares. Por último, la Comisión pudo constatar que los presos comunes viven en promiscuidad total y fuera de los estándares internacionales. Un gran número de detenidos se alojan en los corredores y túneles de ciertos sectores del presidio.
17. Durante el año 2001 los ciudadanos colombianos demostrarán su voluntad democrática concurriendo a las urnas para elegir a sus futuros dirigentes. La CIDH espera que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente pacífico y de intercambio de ideas entre los líderes políticos y el pueblo colombiano con pleno respeto a sus distintas opiniones. La CIDH prestará especial atención a las denuncias de intimidación contra los candidatos, y sus partidarios, así como contra los votantes. Los candidatos presidenciales reflejan un amplio espectro de las opiniones políticas existentes en Colombia. Para la democracia colombiana es fundamental que se proteja efectivamente a quienes participan en el sistema político democrático, dando pleno cumplimiento al derecho a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana.
18. Como comentario final y en virtud del análisis anterior, la Comisión considera que el respeto de los derechos humanos fundamentales se ve gravemente afectado en Colombia. Asimismo nota que, a pesar de los esfuerzos realizados dentro y fuera del Gobierno, se ha registrado un deterioro progresivo de la situación desde su visita anterior, en diciembre de 1997, y este deterioro está relacionado en parte con la falta de pleno cumplimiento con las recomendaciones formuladas por la CIDH en dicha ocasión. La Comisión desea enfatizar que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que han sido y continúan siendo cometidas por los distintos actores en el conflicto armado constituyen crímenes de jurisdicción internacional que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía.
[1] La Delegación de la CIDH estuvo integrada por su entonces Presidente, Decano Claudio Grossman; su Primer Vicepresidente, doctor Juan E. Méndez; su Segunda Vicepresidenta, la licenciada Marta Altolaguirre; y los demás miembros de la Comisión, Profesor Robert K. Goldman, Profesor Hélio Bicudo, doctor Peter Laurie, y doctor Julio Prado Vallejo. Participaron en la visita el Secretario Ejecutivo y Relator para la Libertad de Expresión, Embajador Santiago A. Canton y los abogados Verónica Gómez, Mario López e Ignacio Alvarez, con el apoyo administrativo de las señoras Gabriela Hageman, Gloria Hansen y Gloria Molina. La delegación de la CIDH estuvo también acompañada por la abogada Débora Benchoam y la señorita Victoria Amato, funcionarias de la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en las Américas.
[2] Ver Informe Anual de la CIDH 2000, Capítulo IV, Colombia.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 23
 artículo 23