Source: http://contralaviolencia.org/K01prop_ley2.htm
Timestamp: 2017-10-22 07:56:31+00:00

Document:
CAPITULO UNICO: DEL AMBITO Y DEL OBJETO
Artículo 1.– La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Jalisco y su aplicación corresponde, en el ámbito de su competencia, al Gobierno del Estado de Jalisco, sus municipios y a los órganos desconcentrados y descentralizados.
Artículo 2.– La presente ley tiene por objeto:
Garantizar y promover el ejercicio de los derechos y precisar las obligaciones de las niñas, niños y adolescentes;
Establecer los principios rectores que orienten las políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes;
Fijar los lineamientos y establecer las bases para la instrumentación y evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa, representación jurídica, asistencia, provisión, prevención, protección y participación para la promoción y vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a fin de:
a).– Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de oportunidades de manera igualitaria para las niñas, niños y adolescentes.
b).– Establecer los mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
c).– Estimular la cultura de respeto hacia las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito familiar, escolar, comunitario y social, así como en el público y privado.
d).– Establecer las facultades y obligaciones de la Administración Pública para el cumplimiento de la presente Ley; y
e).– Promover una sociedad integrada y armónica a partir de impulsar en las niñas, niños y adolescentes de hoy, valores y principios de respeto a los derechos humanos y de solidaridad social.
Artículo 3.– Para los efectos de esta Ley se entiende por:
Abandono: La situación de desamparo que vive una niña, niño o adolescente por parte de los progenitores, tutores o responsables de su cuidado cuando dejan de proporcionarles los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para su desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan otras leyes;
Acciones de Participación: Aquellas que deben realizarse por el Gobierno Estatal, los Municipales, la familia, organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general a fin de que las niñas, niños y adolescentes estén informados, construyan una opinión propia, la expresen y puedan participar y organizarse en torno a sus intereses;
Acciones de prevención: Aquellas que deben realizarse por el Gobierno Estatal, los Municipales, la familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general a fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida de las niñas, de los niños y adolescentes, así como de las situaciones que pongan en riesgo su supervivencia y desarrollo;
Acciones de Protección: Aquellas que deben realizarse por el Gobierno Estatal, los Municipales, la familia, organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general a fin de proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de desventaja social, a efecto de revertirlas y mejorarlas;
Acciones de Provisión: Aquellas que deben realizarse por los Gobiernos, Estatal y los Municipales, la familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general a fin de garantizar la supervivencia, bienestar y desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes;
Actividades Marginales: Aquellas actividades que realizan las niñas, niños y adolescentes que viven en circunstancias de desventaja para obtener recursos económicos al margen de las normas jurídicas y de protección social que regulan el trabajo;
Administración Pública: Al conjunto de dependencias y entidades centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y para-estatales que componen el Gobierno Federal, el Estado de Jalisco y sus municipios.
Adolescente.– Todo ser humano que tiene entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.
lbergue Infantil; Es el lugar exclusivo para alojar niñas y niños en estado de abandono o con dificultades para vivir con su familia, con estancia temporal, y creado por el Estado o particulares en donde se ayuda al menor a resolver sus necesidades básicas, relacionadas con la salud, educación, y afecto mientras se resuelve definitivamente su situación jurídica.
Albergue Juvenil; Es el lugar exclusivo para alojar adolescentes en estado de abandono o con dificultades para vivir con su familia, con estancia temporal, y creado por el Estado o particulares en donde se ayuda al menor a resolver sus necesidades básicas, relacionadas con la salud, educación, y afecto mientras se resuelve definitivamente su situación jurídica
Alimentos; Los constituyen: la comida, el vestido, la habitación, la atención a la salud, educación de jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, y la capacitación para realizar algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales.
Asistencia Social; Al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o desventaja mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva
Atención Integral: Conjunto de acciones que deben realizarse por los órganos del Gobierno del Estado, los municipios, familia, organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendientes a satisfacer de manera armónica todas sus necesidades básicas para propiciar su desarrollo integral.
Atención y Protección Especial: Conjunto de acciones compensatorias y restitutivas que deben realizar los Gobiernos Estatal, y municipales, la familia, organizaciones de la Sociedad Civil y sociedad en general a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de desventaja social, y que tienen por objeto garantizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus necesidades básicas y propiciar su desarrollo integral;
Discapacitado; Todo ser humano que padece una carencia o disminución, congénita o adquirida de alguna aptitud o capacidad física, sensorial, psicomotora o mental, de manera parcial o total que le impida o dificulte su desarrollo e integración al medio que le rodea, por un período definido o indefinido y de manera transitoria o permanente.
El Organismo; La Procuraduría Social de los Menores.
Familia; Conjunto de Personas unidas por parentesco, matrimonio o concubinato, que como célula fundamental de la sociedad es una institución de interés público y ámbito natural de convivencia.
Hogar Temporal; El núcleo familiar que proporciona alojamiento temporal cuidados a una niña, niño o adolescente en situación de desamparo con el objeto de brindarle un ambiente propicio para su atención integral, en tanto se resuelve su situación jurídica definitiva;
Laudo Arbitral: Decisión dictada por la Procuraduría para resolver un conflicto que haya sido sometido a su intervención sobre cuestiones que no afecten el orden público, e inspirada en un principio de equidad y que no es propiamente una sentencia.
Ley: La presente Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco.
Maltrato Físico: Todo acto intencional de agresión que cause algún daño en la integridad física de las niñas, niños, y adolescentes aunque no deje huellas manifiestas de su acción;
Maltrato Psicológico: Todo acto intencional de agresión que pueda traer consecuencias en el desarrollo de la personalidad y en la generación de conductas inapropiadas, y desajustes psicoemocionales o de convivencia social;
Maltrato por Omisión: Toda conducta que se manifiesta en el incumplimiento de las obligaciones de atención y de cuidado aunque no genere efectos visibles o cuantificables, como puede ser: la falta de vigilancia y atención médica a los problemas de salud, de desempeño escolar, de nutrición, entre otros;
Maltrato Sexual: Aquellas acciones intencionales que agreden la sexualidad de una persona, y que pueden producir devaluación y deterioro de los conceptos relativos a la sexualidad,
Menor Delincuente: Toda niña, niño o adolescente, al que se ha considerado culpable de la comisión de un delito mediante sentencia que haya causado estado..
Niña o Niño: Todo ser humano menor de 12 años de edad;
Niñas, niños y adolescentes que se encuentran o vivan en circunstancias de desventaja social: Aquellos que dentro o fuera del ámbito familiar, y en especial por causas de pobreza o miseria, estén temporal o permanentemente sujetos a:
a) Abandono u orfandad;
b). Maltrato psicoemocional;
c). Desintegración familiar;
d). Enfermedades severas o terminales, físicas o emocionales;
e). Padezcan algún tipo de discapacidad, congénita o adquirida;
f). Padres privados de la libertad;
g). Víctimas de cualquier abuso, explotación laboral o sexual;
h). Supervivencia por mendicidad;
i). Familias que viven en situación de indigencia, carentes de hogar;
j). Padres trabajadores migrantes, refugiados o con estancia migratoria ilegal;
k). Cualquier otra situación, contingencia o actividad que ponga en riesgo o impida su desarrollo integral;
Organizaciones de la Sociedad Civil. Son aquellas organizaciones no gubernamentales con o sin personalidad jurídica que realizan acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes.
Violencia intrafamiliar. Es la acción u omisión intencional que se ejerce en contra de algún miembro de la familia, por otro integrante de la misma, independientemente de que pudiere constituir delito , que ponga en peligro o afecte su integridad física, psicológica o sexual.
TITULO SEGUNDO: DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE JALISCO
CAPITULO I: DE LOS PRINCIPIOS
Artículo 4.– Son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes:
I.– Igualdad de las niñas, de los niños y los adolescentes sin ningún tipo de discriminación.
Esta ley se aplicará a cada niña, niño o adolescente que se encuentre en el Estado, protegiéndolo de toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones o creencias de sus padres, tutores o familiares, y con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, preferencias políticas o de otra índole, el origen nacional, estatal, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquiera otra condición de la niña, niño o adolescente.
II.– Interés superior de la niña, niño o adolescente en todas las decisiones.
En todas las medidas y acciones que tomen o emprendan las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, concernientes a los niños, tendrán consideración primordial el bienestar e interés de la niña, niño o adolescente.
III.– Corresponsabilidad o concurrencia del Estado.
El Estado se compromete a asegurar a la niña, al niño y al adolescente la protección y el cuidado necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables ante la ley.
IV.– Responsabilidad del Estado de la supervisión de los servicios.
El Estado es responsable de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de niñas, niños y adolescentes, cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, garantizando una supervisión adecuada;
V.– Compromiso del Estado para garantizar la efectividad de la ley.
El Estado adoptará todas las medidas administrativas y legislativas, para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Ley
VI.– Compromiso del Estado para proporcionar recursos.
El Estado adoptará las medidas necesarias destinando el máximo de recursos económicos, materiales y humanos disponibles y cuando sea necesario canalizando la cooperación internacional, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Igualmente, para garantizar el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, deberá establecer formas para canalizar recursos de todo tipo, mediante subsidios, donativos, o subrogando servicios por contratos, para apoyar su trabajo.
VII.– El Estado garantizará el respeto a la responsabilidad de los padres con relación a sus hijos.
El Estado reconoce y respeta la responsabilidad, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, de los tutores u otras personas encargadas legalmente de las niñas, de los niños y de los adolescentes, de impartirle la dirección, información y orientación, apropiadas para que puedan ejercer los derechos reconocidos en la presente ley.
CAPITULO II: DE LOS DERECHOS
Artículo 5.– De manera enunciativa, mas no limitativa, conforme a la presente Ley, las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco tienen los siguientes derechos:
A).– A la vida:
I.- A la vida y que el Estado le garantice en la medida de lo posible la supervivencia y su desarrollo integral
B).- A disfrutar del mas alto nivel de salud.
I.– A contar con los medios necesarios para gozar de un nivel apropiado de salud;
II.– A tener acceso a los servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de la salud, los cuidados preventivos y la disminución de la morbi mortalidad infantil, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, impedir que algún menor sea privado de su
derecho al disfrute de los servicios sanitarios considerando inclusive la etapa del embarazo.
III.– A recibir orientación y capacitación para obtener conocimientos básicos en materia de salud, nutrición, higiene, saneamiento comunitario y ambiental, así como todo aquello que favorezca su cuidado personal; y
III.– La niña, niño o adolescente que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental, tiene derecho a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las circunstancias propias de su internación; y
IV.– A ser protegidos y orientados contra el consumo de drogas, estupefacientes, uso de tecnología o cualquier otra cosa que les genere estado de dependencia o adicción
C).– A recibir una alimentación sana y suficiente:
I.– A poseer, recibir y tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios, condiciones humanas y materiales que posibiliten una nutrición adecuada;
II.– A que el Estado, y en forma complementaria, las organizaciones de la Sociedad Civil en los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren o vivan en circunstancias de desventaja social, mantengan programas permanentes de apoyo alimentario.
D.-A gozar de una educación de calidad:
I.– A una educación adecuada y de calidad en los niveles de Primaria, Secundaria y Preparatoria tanto pública como privada, de conformidad con la legislación aplicable y ésta debe estar encaminada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño hasta su máximo potencial;
II.– A recibir apoyos complementarios, económicos, de asistencia u orientación, que eviten la reprobación y/o la deserción escolar;
III.- La aplicación de la disciplina escolar, deberá respetar la dignidad del niño como persona
IV.– A que la educación esté encaminada al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
V.– A que se les eduque en el amor y respeto a sus propios padres, a su identidad cultural, a su idioma y de sus valores, a los valores nacionales y de la civilizaciones distintas a la suya.
VI.- A la preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, equidad de género, amistad entre todos los pueblos, hacia los diferentes grupos étnicos, a la diversidad de creencias y de religiones.
VII.– A Recibir una sana y sólida educación sexual con base en el respeto a la propia sexualidad y a la ajena.
VIII.- A un conocimiento profundo que genere un compromiso de preservación del medio ambiente con visión de respeto a generaciones futuras.
E).- A disfrutar del descanso, el juego y actividades recreativas:
I.– A disfrutar del descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas apropiadas para su edad; y II.– A participar plenamente en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
F).– A gozar plenamente de la felicidad.
I.– A que se realicen acciones permanentes, tanto por parte del Estado como de por los particulares para impulsar una cultura de apoyo, de respeto y de amor a las niñas, los niños y los adolescentes, que permitan su felicidad;
II.– A que el Estado y los particulares impidan aquellas acciones que cuya consecuencia sea la infelicidad.
G).-A expresar sus sentimientos y emociones.
I.– A expresar libremente sus sentimientos y emociones, debiendo encausarse éstos a partir de valores éticos y sociales prevaleciendo el respeto a los demás.
II.– A recibir apoyo personal o institucional cuando su estado emocional se haya visto afectado por acontecimientos traumáticos.
H).- A estar protegido contra toda forma de explotación.
I.– A ser preservado de toda forma de explotación económica, y cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud, o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que no se ajuste a los lineamientos comprendidos en la Ley Federal del Trabajo, y a los tratados internacionales;
II.– A no ser involucrado en la producción, tráfico y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
III.– A ser protegido por el Estado contra todas las formas de corrupción, explotación y agresión sexual por lo que establecerá programas permanentes para impedir que las niñas, los niños y los adolescentes se dediquen a cualquier actividad sexual ilegal; a la explotación en la prostitución, pornografía por medio de espectáculos, fotografías, videos, películas, discos, Internet u otros medios, producto del avance tecnológico.
IV.- A que se impida por todos los medios, el secuestro, la sustracción, la venta o la trata de menores para cualquier fin que les pudiera raer como consecuencia daños o perjuicios.
IV.– A que se mantengan programas permanentes para impedir prácticas de mendicidad abierta o disimulada con trabajos de calle.
I).– A tener un nombre y nacionalidad y preservar su identidad.
I.– A ser registrados inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre y una nacionalidad.
II.– A conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos.
III.– A que el Estado proporcione todos los medios para el inmediato restablecimiento de su nombre y nacionalidad, si de ellos fuesen privados.
J).– A vivir con sus padres y a tener una familia
I.– A no ser separados de sus padres contra su voluntad, salvo que esté en riesgo el interés superior de la niña, niño o adolescente y que por resolución judicial se determine la separación de uno o de ambos cónyuges por ser inadecuada la convivencia;
II.– A que el Estado adopte las medidas necesarias para no ser objeto de traslados o retención ilícita, dentro del territorio nacional o en el extranjero, ya sea por uno de los padres, tutores o terceras personas;
III.– A que el Estado les proporcione atención y protección especial en el caso de que sean privados de su medio familiar o vivan en situación de desventaja socia, mediante albergues transitorios u hogares provisionales apropiados a las características étnicas, lingüísticas, religiosas y culturales.
IV.– A que se tramite la adopción en los casos en que ésta pueda realizarse, teniendo el Estado la obligación de evitar la institucionalización, tanto pública como privada.
V.– A que el Estado tome las medidas apropiadas para que el trámite de la adopción se realice en forma ágil para que la niña, el niño o el adolescente se incorpore sin dilación a un hogar definitivo.
VI.- La adopciones deberán realizarse tomando en cuenta el interés superior del niño, por lo que éstas darán preferencia a adoptantes nacionales como norma y como último recurso habiendo demostrado fehacientemente la inexistencia de éstos, a adoptantes extranjeros.
K).– A ejercer la libertad de opinión, de pensamiento, y religión; de asociación, privacidad e información;
I.– A forjar y a tener su propia opinión y a manifestarla, misma que deberá tomarse en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluidos los procedimientos judiciales o administrativos, garantizando en su caso que la opinión no cuente con vicios de voluntad; II.– A buscar, recibir y difundir información de acuerdo a su edad y grado de madurez, siempre y cuando no afecten su sano desarrollo psicoemocional y que estén acordes a su grado de desarrollo y madurez. El ejercicio de su derecho, deberá estar normado por los criterios de sana convivencia social, de tal manera que se funden en el respeto a los derechos y a la reputación de los demás, y encaminados a la justicia y a la paz
III.– A que se respete su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en tanto no afecten la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos y las libertades de terceros.
IV.– A la libertad de asociación y reunión, siempre que no vayan en contra de los derechos de terceros; y
V.– A no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia y a no ser atacado en su honor.
L).– Al respeto a la responsabilidad de los padres, al apoyo y a la protección por parte del Estado ante los malos tratos por ellos producidos.
I.– Es responsabilidad de ambos padres la crianza de las niñas, los niños y los adolescentes, y es deber del Estado prestar la asistencia necesaria a los padres y a los tutores para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a su crianza.
II.– En los casos de que los padres trabajen, las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a que el Estado adopte las medidas suficientes para garantizar los servicios e instalaciones para proporcionar los servicios de guardería, estancias o internados de tiempo parcial;
III.– Igualmente tienen derecho a que los padres les proporcionen un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, pero en caso de que éstos no pudieran cumplir con esta obligación, el Estado deberá mantener los programas de apoyo necesarios para garantizar los aspectos de nutrición, salud, vestuario y vivienda.
IV.– Tienen derecho a que el Estado tome medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia que el cónyuge obligado deba cubrir, proporcionando temporalmente dicha pensión en los casos de familias en estado crítico con necesidad de apoyos en especie.
V.– Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, principalmente la agresión sexual, mientras el menor se encuentre bajo la custodia de los padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, tomando de inmediato las medidas legales apropiadas, y garantizando medidas cautelares para poner a salvo a los menores en riesgo.
M).– A especial consideración y apoyos especiales para las niñas y niños hijos de presos.
I.– A recibir por parte del Estado y de Organismos de la Sociedad Civil, atención y protección especial, en caso de que uno o ambos progenitores o tutores se encuentren compurgando una pena
II.– A contar con la asistencia y asesoría adecuadas a fin de evitar que desarrollen conductas delictivas.
III.– A que las autoridades competentes, una vez realizada una evaluación exhaustiva del medio familiar y atendiendo el interés superior del niño, consideren conveniente la pérdida de la patria potestad y la promoción de la adopción.
N).- A contar con acciones de prevención y de protección los hijos de trabajadores migrantes.
I.– A ser considerados como niñas, niños y adolescentes que viven en desventaja social, por lo que el Estado debe vigilar estrechamente que cuenten con habitación digna, condiciones de sanidad e higiene adecuadas, atención en su educación mediante planes especiales, servicios médicos y alimentación suficiente.
II.– En los casos en que los menores se separen del grupo y deseen continuar en el Estado, tienen derecho a contar con un programa apropiado para impedir que se queden como niños de la calle y se integren a la comunidad con los apoyos adecuados...
O).– A contar con programas apropiados los niños refugiados, o que se encuentren ilegalmente en el Estado.
I.– Los niños que se encuentren en calidad de refugiados o de ilegales tienen derecho a protección especial la cual les será proporcionada con carácter de humanitaria, proporcionándoles alimentación, alojamiento y atención médica mientras se encuentren en el estado y resuelvan su situación migratoria.
II.– Tienen derecho a que el Estado coopere con la Secretaría de Gobernación y los organismos internacionales involucrados a fin de localizar a sus familiares.
P).- A ser considerados en situación de desventaja social los niños con discapacidad y a contar con acciones apropiadas de protección.
I.– A recibir por parte de los padres, tutores o familiares, cuidados, educación, y adiestramientos especiales proporcionados con respeto y dignidad, destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad.
II.– Tienen derecho a que el Estado y los particulares, creen instituciones especiales en apoyo a los responsables de los menores, para facilitar el adiestramiento tanto de los padres, tutores y familiares, como de las mismas niñas, niños y adolescentes.
Q).- A contar con un sistema restitutorio en caso de ser víctimas de agresiones.
I.– Quienes han sido víctimas de abandono, explotación, abuso, tortura, tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes o conflictos armados, o de cualquier delito o abuso del poder deben ser apoyados para promover su recuperación física, psicológica y la reintegración social.
II.– A ser debidamente asesorados para denunciar y exigir la reparación del daño o en su caso la responsabilidad civil.
III.- Contar con centros especializados en la atención de víctimas que cuenten con personal especializado y con programas de atención permanentes.
O).- Los niños pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o de origen indígena;
I.- Se les respetará y no se le negará que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas, indígenas, ni a que tengan su propia vida cultural y a profesar y practicar su propia religión o emplear su propio idioma.
II.– En los casos de niños indígenas o de grupo lingüístico diferente, serán provistos de educación oficial mediante sistema bilingüe.
R).- A contar con un sistemas especial de administración de justicia de menores en el caso de niñas, niños o adolescentes delincuentes.
I.- Toda niña, niño o adolescente que sea acusado de haber infringido una ley penal debidamente aprobada con arreglo al Código Penal del Estado con antelación al hecho penal, tiene derecho a ser sometido a un proceso judicial mediante el Tribunal de Menores, especializado para que el menor goce de una valoración adecuada de la presunta conducta criminal realizada y su respectiva penalización.
II.- Se presumirá inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
III.– Será informado sin demora y directamente de los cargos que se le imputan. Igualmente serán informados sus padres o tutores. Desde el primer momento tendrá derecho a contar con defensor, bien sea particular o de oficio.
IV.– El proceso penal deberá realizarse sin demora, siguiendo un procedimiento penal ágil .
V.- La pena impuesta debe estar acorde a la edad, el grado de desarrollo mental, al grado de conciencia del acto realizado, la magnitud y trascendencia de la conducta..
VI.– El menor debe ser internado en un lugar apropiado durante el proceso penal y para la compurgación de la pena. Para buscar su reintegración social, deberá ser tratado por personal especializado para buscar su reeducación, con respeto a su dignidad.
IV.– No deberá ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable y podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y contar con testigos de descargo.
V.– Ningún menor será sometido a torturas, ni a otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes.
VI.- El niño tendrá libre asistencia de intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
VII.– No se deberá imponer la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación.
VIII.– Los padres, tutores o personas que los tengan bajo su cuidado serán capacitados especialmente para apoyar el proceso de readaptación del menor.
Artículo 6.– Cuando se suscite un conflicto entre dos derechos de satisfacción incompatible, la autoridad aplicará los principios contemplados en la presente Ley, allegándose de los medios probatorios que acrediten la necesidad de ponderar la supremacía de un derecho respecto del otro, aplicando en forma armónica las normas concurrentes al caso concreto.
Artículo 7.– Los órganos del Gobierno del Estado y sus municipios están obligados a otorgar y garantizar de la mejor forma posible, los servicios de defensa y representación jurídica para preservar los intereses de las niñas, niños y adolescentes, mismos que deberán ser gratuitos a través de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Procuraduría Social de los Menores, y todas aquellas creadas para este fin.
TITULO TERCERO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA FAMILIA
CAPITULO UNICO: DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 8.– La madre y el padre son igualmente responsables del desarrollo sano e integral de sus hijos, debiendo garantizar lo necesario para su subsistencia, salud, educación recreación, y su incorporación en el medio social.
Artículo 9.– Son obligaciones de los padres, tutores y demás miembros de la familia para con las niñas, niños y adolescentes.
I.– Asegurar y vigilar el respeto y el cumplimiento de los derechos establecidos en la presente Ley; tanto al interior de la familia como al exterior de ésta, en los centros de enseñanza, en los espacios de recreación, en los espacios de tránsito o de convivencia, y en las instituciones o en cualquier otro lugar en que se encuentren.
II.– Prevenir las situaciones, acciones o hechos que amenacen o violen sus derechos previstos en el presente ordenamiento y en las demás leyes;
III.– Proporcionar apoyo , cuidados, educación, protección a la salud, alimentación suficiente y adecuada;
IV.– Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro Civil;
V.– Realizar los trámites de inscripción escolar y asegurar su permanencia para que reciban la educación obligatoria;
VI.– Incentivar a las niñas y los niños para que realicen actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento, que le ayuden a sus desarrollo integral;
VII.– Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho; y
VIII.- Darles a conocer sus derechos, así como brindarles orientación y dirección para su ejercicio y debida observancia.
XI.– Corregir en forma oportuna, respetuosa y adecuada, aquellas conductas o comportamientos que pudieran producir hábitos nocivos, y con la energía necesaria, si esas conductas atentan contra los derechos de terceros.
Artículo 10.– Es obligación de los padres, tutores, miembros de la familia y responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, vigilar que éstos reciban una oportuna atención de los servicios de salud física y mental, acudiendo para ello a las instituciones de salud públicas o privadas.
Artículo 11.– Es obligación de los padres, miembros de la familia y responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, el que éstos reciban la aplicación de las vacunas que comprenden el esquema básico, acudiendo para ello a las Clínicas, Centros de Salud, o Centros temporales de vacunación.
Artículo 12.– Es obligación de los padres, tutores o familiares responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, acudir a las instituciones a solicitar apoyo u orientación para el cumplimiento de sus obligaciones educativas.
TITULO CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES
CAPITULO I: EL GOBERNADOR DEL ESTADO
Artículo 13.– Corresponde al Gobernador del Estado en relación a las niñas, niños y adolescentes:
I.– Realizar, promover y alentar los programas de defensa, representación jurídica, asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención;
II.– Concertar con la federación, Estados y Municipios, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, los convenios que se requieran, para la realización de programas de defensa, representación jurídica, asistencia, protección, provisión, prevención, participación y atención;
III.– Concertar la participación de los sectores social y privado en la planeación y ejecución de programas;
IV.– Coordinar las acciones y promover medidas de financiamiento para la creación y funcionamiento de instituciones y servicios;
V.– Fomentar e impulsar la atención integral;
VI.– Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de sus derechos, así como las obligaciones de los responsables de éstos;
VII.– Fomentar y proporcionar la estabilidad y el bienestar familiar;
VIII.– Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas de seguridad pública y de protección civil en los centros educativos, culturales y recreativos; así como programas de protección civil en los centros educativos, culturales y recreativos; así como programas de educación vial y acciones preventivas con la participación de la comunidad;
IX.– A través de la Secretaría General de Gobierno, con la concurrencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Consejo de Familia y demás instancias locales y federales establecerá las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, cuando una niña o un niño se vea separado de su familia de origen , se procure su reencuentro con ella, o bien, para la localización de sus familiares en los casos de abandono, sustracción o retención ilícita, separación por sentencia judicial, ausencia o muerte de los progenitores.
X.– Por conducto del “Procurador Social de los Menores” hacer cumplir todas las medidas de respeto a los derechos de los niños.
XI.– Crear los mecanismos o instancias correspondientes para el cumplimiento de esta ley; y
XII.– Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos
CAPITULO II: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 14.– Corresponde al Secretario General de Gobierno:
I.- Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley del Ejecutivo que sean requeridas para la mas adecuada protección de las niñas, niños y adolescentes.
II.– Vigilar el puntual cumplimiento de los preceptos constitucionales y de esta ley por parte de las autoridades estatales y municipales especialmente en lo que se refiere a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
III.– Mantener el contacto con los poderes de la Unión, los poderes de las entidades de la Federación, los demás poderes del Estado y los gobiernos municipales con la finalidad de hacer efectivos los convenios de colaboración para la búsqueda localización y restitución nacional e internacional de menores sujetos a traslados ilegales.
IV.– Mantener el contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para tramitar o vigilar el cumplimiento de los acuerdos internacionales para la obtención de alimentos en el extranjero.
V.-Establecer el contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para tramitar o vigilar el cumplimiento de los acuerdos internacionales relativos a la protección de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopciones por extranjeros.
VI– Vigilar y, en su caso proponer ante quien corresponda que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, las películas cinematográficas, la distribución de videos, se distribuyan o se publiquen en forma apropiada para no afectar el sano desarrollo psicosocial y sexual de las niñas y de los niños.
VI.– Ejercer las funciones que en materia demográfica las leyes federales le confieren con la finalidad de que los niños y las niñas tengan mejores condiciones de atención.
VII.– Vigilar por conducto de la Dirección de Trabajo y Previsión Social el puntual cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales suscritos por México en materia de trabajo para menores,
VIII.- Por conducto de la Dirección del Trabajo y Prevención Social promover los mecanismos de colaboración y fomentar programas de protección para que las niñas, niños y adolescentes que se ven en la necesidad de trabajar como empacadores de tiendas de autoservicio, denominados “Cerillos”, cuenten con las suficientes garantías en materia laboral, estableciendo convenios y reglamentos, además supervisará en forma permanente que tales disposiciones sean estrictamente cumplidas.
IX.– Promover y encauzar la participación de las niñas y de los niños en los problemas de la sociedad, estimulando y apoyando la creación de organismos y estructuras de vinculación.
CAPITULO III: DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL
Artículo 15.– Corresponde al Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social:
I.– La elaboración de programas encaminados a prevenir la delincuencia en contra de los menores, en las calles, en los centros escolares y en los centros recreativos.
II.– La ejecución de medidas apropiadas para prevenir la corrupción de menores en riesgo de ser incorporados a la delincuencia en general.
III.– Vigilar que en los centros de tratamiento de menores delincuentes se lleve a cabo eficaces sistemas de atención y readaptación a efecto de lograr una reinserción adecuada a la sociedad;
IV.– En coordinación con la Secretaría de Educación deberá garantizarse la continuidad del proceso educativo para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de reclusión; y
V.– En coordinación con la Dirección de Trabajo y Previsión Social y demás instancias competentes, establecerá programas de capacitación para el trabajo.
CAPITULO IV: DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Artículo 16.– Le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado:
I.– Perseguir los delitos que se efectúen en el Estado en contra de los menores, implementando para las denuncia y demás diligencias ministeriales, condiciones para un trato respetuoso y apropiado que garantice la confianza y seguridad de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delito.
II.– Proporcionar alojamiento, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, Instituto Jalisciense de Asistencia Social, Consejo de Familia, albergues u hogares temporales de la Sociedad Civil, en los casos en que corra riesgo la integridad física, o la seguridad psicológica, proporcionando los elementos necesarios para su protección.
III.– Proporcionar al menor víctima de un delito, o a sus representantes legales la adecuada asesoría jurídica para la presentación de la denuncia y una completa información durante todo el proceso de integración de la averiguación previa. En todo caso se permitirá que la niña, niño o adolescente designe libremente a la (s) persona (s) que esté (n) presente (s) y lo acompañen en las diligencias de la averiguación previa.
IV.– Integrar la averiguación correspondiente en forma expedita, con el fin de que los daños emocionales se reduzcan en lo posible, y pueda hacerse la consignación ante la autoridad competente con la mayor brevedad posible.
V.– Proporcionar, o en su caso vigilar, que las niñas, niños y adolescentes, víctimas de delito cuenten con todo el respaldo psicológico necesario para impedir el incremento del daño emocional.
VI.– Impulsar y participar en acciones de carácter preventivo en contra de los delitos a los que las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos con mayor incidencia;
VII.– Participar conjuntamente con otras dependencias u organizaciones de la Sociedad Civil campañas educativas para estimular la prevención a partir del auto cuidado y la autoprotección.
VIII.– Cuando alguna niña, niño o adolescente sea señalado como presunto responsable de la comisión de un delito que se encuentre debidamente tipificada como tal en el Código Penal, deberá ser practicada la correspondiente averiguación previa y ser sometido a proceso judicial, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
Ningún niño será detenido o procesado por leyes que no se encontraban vigentes al momento de argumentarse que fueron infringidas.
Se presume que toda niña, niño o adolescente es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
El menor acusado será informado sin demora y directamente o, cuando sea
procedente , por medio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él.
Desde el momento que sea acusado o detenido, tendrá derecho a ser asistido jurídicamente.
Bajo ninguna circunstancia el menor será compelido a declararse culpable, teniendo derecho a interrogar o a hacer interrogar a testigos de cargo y ofrecer testigos de descargo.
Si el menor se encuentra detenido por haber sido sorprendido en flagrancia, deberá mantenérsele retenido en un lugar diferente en donde se encuentren los adultos.
Toda niña, niño o adolescente sometido a proceso penal deberá ser tratado con respeto y consideración impidiendo cualquier maltrato, incomunicación o vejación.
Toda niña, niño o adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado.
Una vez integrada la averiguación previa, será consignado dentro de las cuarenta y ocho horas al órgano jurisdiccional competente para delitos de menores.
CAPITULO V: DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
Artículo 17.– Le corresponde a la Secretaría de Educación:
I.– Formular, revisar y ejecutar el “Programa para el Desarrollo de la Educación en el Estado” incorporando y actualizando en forma permanente aquellos criterios y acciones que contribuyan al mayor grado de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, partiendo de los principios fundamentales de esta Ley.
II.– Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, promoviendo y proponiendo, principios, planes, programas, proyectos y acciones actualizadas en forma permanente, retomando los tratados, convenciones y acuerdos internacionales a favor de las niñas, niños y adolescentes.
III.– Planear, desarrollar, dirigir y vigilar la Educación a cargo del Gobierno del Estado y de los particulares, garantizando el acceso a la Educación Preescolar y al Sistema de Educación Básica, de la totalidad de las niñas, niños y adolescentes sin menoscabo de su raza, credo, y estado de salud.
IV.– Elaborar y en su caso ejecutar los convenios de coordinación que en materia educativa celebre el Gobierno del Estado, con las diferentes dependencias que lo conforman, con los gobiernos municipales existentes en la entidad y con el Gobierno Federal con el fin de cumplir y hacer cumplir la presente Ley.
V.- Coordinar, organizar, dirigir, fomentar y en su caso apoyar el establecimiento de bibliotecas, hemerotecas, videotecas, filmotecas, salas de computación y cualquier otro medio de divulgación escolar, oficial, por cooperación o coparticipación de organizaciones no gubernamentales mediante coinversiones, comodatos, etc.
VI.– Impulsar las actividades de difusión, y fomento educativo de carácter extraescolar dirigidas a las niñas. Niños y adolescentes a partir de la creación de Clubes Infantiles o juveniles de Fomento Educativo y Cultural en todo el Estado, con participación de organizaciones no gubernamentales, y acordes a las diferentes etapas de desarrollo.
VII.– Impulsar la participación de las niñas, niños y adolescentes en programas de investigación científica, diseñada ex profeso para poder incorporarlos como auxiliares de investigación y apoyados por algún tipo de beca.
VIII.– Promover, coordinar y fomentar el sentido de responsabilidad y la participación en los programas de educación para la salud.
IX.– Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica de los deportes en el Estado en su ámbito y en coordinación con otras dependencias con planes y programas semejantes, al igual que con instituciones u organismos privados, con la finalidad de optimizar los recursos materiales y humanos.
X.–Promover coordinadamente con la Secretaría de Cultura, y organizaciones no gubernamentales la programación, difusión y desarrollo de la educación artística, de las bellas artes y de las artes populares.
XI.- Vigilar con estricto apego a la ley, que las acciones escolarizadas, semi-escolarizadas y abiertas se hagan llegar a la totalidad de las niñas, niños y adolescentes en el Estado.
XII.- Realizar programas permanentes para abatir la deserción escolar y mejorar el rendimiento escolar, proporcionando los apoyos necesarios de rescate académico, apoyos nutricionales o bien de becas escolares.
XIII.- Estructurar un programa especial de apoyo, para que niñas y niños y adolescentes con desventaja social concluyan los estudios del Sistema de Educación Básica.
XIV.- Realizar programas permanentes en coordinación con la Secretaría de Salud y los Sistemas DIF para detectar y erradicar las diferentes manifestaciones de “Violencia Intra familiar” en contra de las niñas, niños y adolescentes, llevando un registro de cada uno de los casos detectados y reportándolos a la “Procuraduría Social de los Menores”.
XV.- Realizar programas y acciones permanentes al interior de la Secretaría de Educación para sensibilizar a su personal sobre el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en su caso detectar y erradicar las diferentes formas de maltrato en contra de las niñas, niños y adolescentes sancionando las conductas violatorias.
XVI.- Promover, coordinar y fomentar la educación para lograr el mejoramiento del ambiente impulsando en los ámbitos de su competencia o bien en coordinación con otras dependencias u organizaciones no gubernamentales la participación en programas, proyectos u acciones de mejoramiento ambiental.
XVII.- Proporcionar espacios dignos, higiénicos y seguros para todos los centros escolares, sin importar el nivel económico donde éstos se encuentren localizados.
XVIII.– Organizar en forma permanente programas especiales para niños con requerimientos especiales.
XVIII.– Las demás que le confieran la Ley de Educación, y los que se deriven de otros ordenamientos correlacionados y vigentes en el Estado.
CAPITULO VI DE LA SECRETARIA DE CULTURA
Artículo. 18.– Le corresponde a la a la Secretaría de Cultura:
I.– Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo cultural dirigidos a todas las niñas, niños y adolescentes en el Estado;
II.– Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, promoviendo y proponiendo, principios, planes, programas, proyectos y acciones, de carácter cultural, en base a los proyectos nacionales y los tratados, convenciones y acuerdos internacionales a favor de las niñas, niños y adolescentes.
III.– Promover y ejecutar las acciones tendientes a la preservación e incremento del patrimonio histórico, arqueológico, artístico, cultural y arquitectónico de Jalisco con la participación de las niñas, niños y adolescentes;
IV.– Fomentar y estimular las manifestaciones de la creación intelectual y artística estimulando y apoyando la formación de clubes culturales de niñas, niños y adolescentes a partir de los centros escolares, centros sociales, organizaciones de la Sociedad Civil, sindicatos, cooperativas, etc;
VI.– Estimular la apertura de espacios, tanto en la radio y televisión estatal, universitaria, como en los medios privados para la inclusión de programas con la participación de niñas, niños y adolescentes;
VII.– Llevar a cabo las acciones encaminadas a la promoción y difusión de la cultura, tanto de las bellas artes como de la cultura popular. en el que tengan acceso preferencial las niñas, niños y adolescentes; .
VIII.– Celebrar los convenios que resulten necesarios tanto con dependencias oficiales, como con organizaciones de la Sociedad Civil para la adecuada ejecución de los programas culturales a favor de los menores.
IX.– Concertar con las dependencias correspondientes, y con las de la Sociedad Civil, el apoyo para la creación de centros de documentación, bibliotecas, clubes de Internet, museos, y demás servicios culturales, sin ningún tipo de discriminación para uso predominante de las niñas, niños y adolescentes.
X.– Impulsar sistemas de financiamiento, para ofrecer descuentos, o ingreso gratuito de las niñas y niños a toda clase de eventos culturales en el Estado.
XI.– Promover sistemas de apoyo e incentivo económicos para que las niñas y niños puedan desarrollar sus potencialidades, artísticas y culturales, así como para reconocer su talento o actividad sobresaliente en el ámbito de la cultura;
XII.– Apoyar a organismos de la Sociedad Civil que promuevan la cultura para niñas, niños y adolescentes con desventaja social;
XIII.– Las demás que le confieran la Ley de Fomento a la Cultura, y los que se deriven de otros ordenamientos correlacionados y vigentes en el Estado.
CAPITULO VII: DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Artículo. 19.– Le corresponde a la Secretaría de Turismo:
I.– Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, promoviendo y proponiendo los planes, programas y proyectos de desarrollo turístico especializado para las niñas, los niños y adolescentes en el Estado, apoyándolos sin distinción de nivel cultural, social, económico o racial pero con apoyos especiales para menores con desventaja social...
II.– Dar impulso al turismo social, creando, operando, coordinando o participando en “Centros Vacacionales” exclusivos para niñas, niños y adolescentes con apoyos especiales a los provenientes de sectores de menores recursos económicos.
III.– Impulsar en coordinación con otras dependencias, gobiernos municipales, gobiernos de otros estados prestadores de servicios turísticos, organizaciones no
gubernamentales, programas de intercambio turístico de bajo costo.
IV.– Los que se deriven de otros ordenamientos correlacionados y vigentes en el Estado.
CAPITULO VIII: DE LA SECRETARIA DE SALUD
Artículo 20.– Le corresponde a la Secretaría de Salud:
I.– Participar en la elaboración del Plan Estatal de Salud promoviendo y proponiendo los planes, programas y proyectos especializados de atención a la salud para las niñas, niños y adolescentes en el Estado, comprometiendo apoyos suficientes para su atención.
II.– Proponer al Ejecutivo las políticas y los programas de coordinación con las autoridades federales, municipales y organizaciones de la Sociedad Civil en materia de salud, prevención específica y atención médica social, para que toda niña, niño o adolescente, cuente desde su gestación con la atención médica integral, proporcionada por el Sector Salud;
III.– Concertar convenios con las dependencias públicas estatales, municipales y federales e internacionales y servicios médicos particulares, para la prestación de servicios gratuitos a niñas y niños en condiciones de desventaja social, maltratados, victimas de delitos, con discapacidad, con enfermedades terminales o niñas embarazadas, en cuanto a la hospitalización, tratamiento y rehabilitación;
IV.– Garantizar que la atención médica, se haga con respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y demás disposiciones contenidas en la presente ley;
V.– Promover la participación de las niñas y los niños en campañas de atención médica preventiva;
VI.– Organizar y ejecutar campañas de;
Vacunación para la totalidad de las niñas, niños y adolescentes;
Atención odontológica;
Detección de problemas visuales;
Detección de problemas auditivos;
Prevención de enfermedades infecto-contagiosas.
VII.- Proponer, promover y coordinar acciones permanentes para posponer lo mas posible la iniciación de la vida sexual activa y la maternidad en adolescentes, impulsando la maternidad y paternidad responsable
VII.- Participar en coordinación con otras dependencias, en acciones y campañas permanentes para erradicar la Violencia Intrafamiliar y prevenir toda forma de agresión sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes.
IX.- Las demás que le confieran la Ley Estatal de Salud del Estado de Jalisco, y los que se deriven de otros ordenamientos correlacionados y vigentes en el Estado.
CAPITULO IX : DE LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Artículo 21.– Es responsabilidad de la Secretaría de Vialidad y Transporte:
I.– Proponer al Ejecutivo del Estado los planes, programas y proyectos especializados de educación, protección y seguridad vial para las niñas, niños y adolescentes en el Estado;
II.– Realizar permanente operativos en coordinación con las Sociedades de padres de Familia, con la finalidad de proteger a los menores a la hora de entrada y salida de los centros escolares.
III.– Crear y mantener en condiciones adecuadas los señalamientos y medidas de protección y prevención de accidentes en las cercanías de zonas escolares;
IV.– Promover tarifas especiales y trato preferencial a los niños, niñas y adolescentes en el sistema de transporte público; y
V.– Planear, concertar y coordinar con la Secretaría de Educación, acciones de educación vial dirigida a niñas y niños;
CAPITULO X: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 22.– Le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
I.- Diseñar un programa de Educación en Derechos Humanos orientado a las niñas, niños y adolescentes, desde nivel preescolar;
II.- Realizar actividades permanentes en la comunidad para crear una cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes;
III.– Integrar un equipo con personal suficiente y especializado para atender las quejas de las niñas, niños y adolescentes, para garantizarles en forma oportuna, seguridad personal y atención expedita.
IV.- Prestar apoyo y asesoría en materia de Derechos Humanos a todos los menores que lo soliciten y los medios para su ejercicio.
V.– Celebrar convenios y acciones conjuntas en materia de derechos humanos, con la Procuraduría Social de los Menores y otras dependencias afines, al igual que organizaciones de la Sociedad Civil, para garantizar la protección, defensa y promoción de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes;
VI.- Vigilar que en los procedimientos que se sigan en contra de menores delincuentes, se garantice su estricto apego a la ley de la materia, impidiendo desde su inicio aprehensiones e incomunicación ilegal así como tortura;
VII.– Realizar visitas periódicas a zonas donde habitan niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes temporales, para escuchar sus quejas directamente y de ser necesario con intérpretes capacitados, para dictar las recomendaciones pertinentes cuando existan violaciones a sus derechos;
VIII.– Realizar visitas a los albergues infantiles, hogares temporales, hospicios, centros de tratamiento mental, centros para discapacitados y organismos que trabajen con la niñez para verificar la observancia y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes contenidos en la presente Ley y otras afines.
IX.– Las demás que le confieran la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su reglamento, y los que se deriven de otros ordenamientos correlacionados y vigentes en el Estado.
CAPITULO XI: DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Artículo 23.- Le corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en materia de niñas, niños y adolescentes:
I.- Realizar las actividades de asistencia social, así como fomentar y promover la estabilidad y el bienestar familiar;
II.- Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación
a las niñas y niños, a sus progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su cuidado.
III.- Ejecutar acciones de prevención y protección a niñas, niños y adolescentes maltratados, en desamparo o con problemas sociales, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas para su custodia, formación e instrucción, así como garantizar en todo momento su situación jurídica conforme a lo previsto en el Código Civil;
IV.- Coadyuvar con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco en la atención y tratamiento de las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito;
V.- Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desventaja social, así como proporcionar la protección y atención especial que se requiera.
VI.- Promover, mediante la vía conciliatoria, la solución a la problemática de Violencia Intrafamiliar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones previstas en el libro VI del Código de Asistencia Social;
VII.- Recibir quejas, denuncias e informes sobre quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, curatela o guarda y custodia o quienes los tengan bajo su cuidado, respecto de la posible violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, haciéndolo del conocimiento de las autoridades competentes;
VIII.- Denunciar ante las autoridades competentes cualquier caso de maltrato, lesiones, agresión física, psíquica, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acción que perjudique a la niña, niño o adolescente;
IX.- Poner a disposición del Ministerio Público o de cualquier órgano jurisdiccional los elementos a su alcance para la protección de las niñas, niños o adolescentes;
X.- Vigilar que las instituciones y los hogares temporales reúnan las condiciones adecuadas y presten el cuidado y atención apropiada a las niñas, niños y adolescentes, a través de mecanismos de seguimiento y supervisión, en coordinación con la Instituto Cabañas y la Procuraduría Social de los Menores;
XI.- Promover el registro oportuno y correcto de las niñas, niños y adolescentes en el Registro Civil para generar certeza de su respectiva filiación, y sus efectos en su identidad y sus derechos;
XII.- Gestionar ante el Registro Civil la inscripción de las niñas, niños y adolescentes con exención de pago por situación de pobreza, solicitadas por instituciones oficiales u organismos de la Sociedad Civil;
XII.– Establecer programas de apoyo a las familias para impedir que la falta de recursos genere la separación del hogar, de las niñas, niños y adolescentes;
XV.,- Comparecer ante las autoridades o instituciones competentes, en los casos en que corresponda o se le designe para ejercer la guarda y custodia provisional y en su caso, la tutela de las niñas y niños en los términos de las disposiciones legales aplicables;
XVI.- Recabar los informes y datos estadísticos que requiera para el debido cumplimiento de sus atribuciones y solicitar el auxilio de las demás autoridades en el ámbito de su competencia; y
XVII.- Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.
CAPITULO XII: INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
Artículo 24.- Le corresponde al Instituto Jalisciense de Asistencia Social:
I.– Promover y obtener recursos económicos adicionales para financiar programas de apoyo, tanto de dependencias públicas, como de organismos no gubernamentales para niñas, niños y adolescentes con desventaja social.
II.– Impulsar entre la sociedad civil actitudes y acciones favorables al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el Estado; y
III.– Vigilar que los organismos privados que trabajen con niñas y niños, cumplan con lo establecido en la presente ley y en su defecto, proceder conforme lo establece su Ley Orgánica y Reglamento interno;
CAPITULO XIII: INSTITUTO CABAÑAS
Artículo 25.– Le corresponde al Instituto Cabañas:
I.– Proporcionar por su conducto o por otros organismos afines, los satisfactores básicos a las niñas, niños y adolescentes cuyas condiciones de desventaja social les impidan permanecer con sus familiares o quienes carezcan de ellos;
II.– Otorgar por su conducto o con el apoyo de otras instituciones públicas o privadas, alojamiento temporal a las niñas y a los niños, que se encuentren relacionados con algún procedimiento judicial, cuando ello se juzgue necesario;
III.- Llevar el control administrativo en todo el Estado de todas las niñas y niños que se encuentren a disposición del Ministerio Público o de autoridades judiciales, independientemente del hogar temporal en que se localicen;
IV.– Proporcionar los servicios profesionales de educadores, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, etc., como acto compensatorio a las niñas y los niños que sufran desventaja social temporal o permanente y que se encuentren bajo su cuidado;
V.– Proporcionar un trato digno y afectuoso a las niñas y a los niños para permitir que posteriormente se puedan incorporar en mejores condiciones a la sociedad;
VI.– En los casos en los que resulte mas beneficioso para las niñas, niños y adolescentes, la incorporación a hogares debidamente valorados, promover la adopción en el marco de la legislación aplicable al caso, o en su caso la custodia o la tutela; e
VII.– Impulsar una cultura de solidaridad hacia los niños en desventaja social, promoviendo la adopción por parte de nacionales como la mejor alternativa para las niñas, niños y adolescentes.
CAPITULO XIV: SISTEMA DE HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA
Artículo 26.- Le corresponde al Hospital Civil de Guadalajara:
I.– Destinar un área especializada para la atención pediátrica con todas las especialidades necesarias para proporcionar atención de calidad.
II.– Establecer un programa de medicina preventiva para que las niñas, niños y adolescentes tengan garantizada la vigilancia médica desde el embarazo hasta la mayoría de edad.
III.– Contar con sistema de farmacia para proporcionar a precio bajo toda clase de medicamentos necesarios para la prevención o curación.
IV.– Mantener un sistema permanente de educación para la salud a desarrollar con los usuarios del servicio así como con niños con desventaja social.
V.– Proporcionar atención médica sin ningún costo a todos los niños que se encuentren tanto en hogares temporales como en albergues infantiles y juveniles.
CAPITULO XV: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Artículo 27.– Le corresponde a la Unidad Estatal de Protección Civil:
I.– Elaborar un programa para que en todos los centros escolares desde Educación Inicial y preescolar se promueva entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la prevención en todas las áreas de riesgo;
II.– Establecer programas de participación de las niñas, niños y adolescentes en acciones preventivas en su comunidad organizando brigadas permanentes;
III.– Formar niñas, niños y adolescentes líderes en sus respectivas comunidades, escolares, habitacionales, clubes u otras organizaciones con la finalidad de contar a mediano plazo con particulares que auxilien en las tareas de protección civil;
IV.– Promover cursos formales de protección civil con entrenamiento para niñas, niños y adolescentes; y
V.– Apoyar y coordinarse con organizaciones de la Sociedad Civil, en el entrenamiento y organización para la atención de las niñas, niños y adolescentes en los casos de accidentes o desastres, con el fin de agilizar la atención requerida.
CAPITULO XVI: EL CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO
Artículo 28.– Corresponde al Consejo Electoral del Estado, en coordinación con la Secretaría de Educación:
I.– Desarrollar la conciencia de participación democrática de los menores desde los niveles básicos de educación.
II.– Organizar y realizar en forma sistemática con las niñas, niños y adolescentes, en los centros escolares, ejercicios de participación ciudadana encaminados a crear un ambiente y una disciplina democrática.
III.- Apoyar con toda clase de materiales especialmente diseñados para la capacitación de menores en el ejercicio de la administración de jornada para la realización de plebiscitos, referéndum y elecciones para puestos de representación.
CAPITULO XVII: EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
Artículo 29.– Corresponde al COPLADE:
I.– La inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo de planes y programas especiales para la atención de las niñas, niños y adolescentes, canalizando los recursos económicos suficientes para su ejecución.
II.– Llevar un seguimiento pormenorizado de las inversiones hechas a favor de las niñas, los niños y los adolescentes.
III.– Establecer sistemas de evaluación permanente de los planes y programas en ejecución a favor de la niñez.
TITULO QUINTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo 30.– Son obligaciones de las niñas, los niños y los adolescentes:
I.– Guardar consideración, obediencia y respeto razonado y conciente hacia sus padres, tutores o familiares que los tengan bajo su custodia o cuidado;
II.– Manifestar su gratitud hacia padres, tutores, familiares maestros y adultos en general por los apoyos o servicios por ellos proporcionados;
III.– Manifestar respeto y solidaridad a sus amigos, amigas, compañeros, compañeras, familiares o ajenos;
IV.– Guardar respeto razonado y conciente hacia los adultos ajenos a su familia, en particular a los adultos mayores.
V.- Aceptar y colaborar con los cuidados relacionados con la atención a su salud, teniendo el derecho a ser informado de acuerdo a su grado de desarrollo y comprensión;
Artículo 40.– La Secretaria General de Gobierno por conducto de la Dirección del Trabajo y Prevención Social promoverá los mecanismos de colaboración y fomentará programas de protección para que los adolescentes que se ven en la necesidad de trabajar como empacadores de tiendas de autoservicio, “Cerillos”, cuenten con las suficientes garantías en materia laboral, estableciendo convenios y reglamentos.
Artículo 41.- La Administración Pública impulsará proyectos de empleo y capacitación, en coordinación con los sectores social y privado, para la creación de empleos y bolsas de trabajo apropiadas para los adolescentes mayores de 14 años que tengan necesidad de trabajar.
Artículo 42.– La Secretaria General de Gobierno por conducto de la Dirección del Trabajo y Previsión Social promoverá los mecanismos de colaboración y fomentará programas de protección para que los adolescentes menores de 14 años, por ningún motivo se vean obligados a realizar ninguna actividad de carácter laboral.
SECCIÓN QUINTA : DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD
Artículo 43.- La Procuraduría Social de la Niñez, la Secretaría de Salud y los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia propiciaran, con la participación de los organismos públicos e instituciones privadas y sociales, los programas dirigidos a las niñas, niños y adolescentes para la prevención y la rehabilitación de discapacidades, su integración familiar, educativa y social así como la creación de talleres para su capacitación para el trabajo, y organizaciones que propicien la recreación y participación en el deporte y demás medios dirigidos a su rehabilitación integral.
Artículo 44.- La Procuraduría Social de los Menores, en coordinación con las Dependencias e Instituciones Especializadas implementarán las acciones encaminadas a la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes discapacitados. Los servicios inherentes a estas medidas se proporcionarán gratuitamente, cuando las condiciones económicas de los afectados así lo requieran.
DE LAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
VI.- Cumplir con la participación que le corresponda en los cuidados de su persona y de su hogar colaborando con todas las responsabilidades sin privilegios de género, siempre y cuando dichas responsabilidades sean acordes a su edad y sus posibilidades;
VII.- Asistir regular y puntualmente a clases, cumpliendo con las tareas encomendadas ,y preparándose sobre los temas escolares;
VIII.– Respetar tanto al personal escolar como las correspondientes instalaciones,
colaborando cuando se le solicite, en las actividades de mejoramiento, conservación, limpieza o rehabilitación;
IX.– Colaborar y participar en todas las actividades escolares, de carácter científico, cultural o deportivo que se realicen a favor de su entorno social;
X.– Cumplir con el programa completo de educación obligatoria.
XI.– Guardar espeto a la propiedad ajena, tanto casas o edificios de particulares como de edificios e instalaciones públicas;
XII.– Cuidado y conservación y limpieza de los lugares públicos, como parques jardines, bosques, calles, zoológicos, etc.
XIII.– Cuidado, conservación y respeto a toda clase de señalamientos públicos relacionados con información o vialidad; y
XIV.– Todas aquellas normas impuestas por la sociedad orientadas a una convivencia social equitativa, respetuosa y pacífica.
XV.– Cuidado, respeto y atención a toda clase de animales propios y ajenos que sean considerados o no como mascotas. En caso de serlo, tratarlas con cuidado contribuyendo a su alimentación y aseo, respetando sus necesidades de manejo y sus estados o sentimientos.
TITULO SEXTO: DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN
0 VIVEN EN CIRCUNSTANCIAS DE DESVENTAJA SOCIAL
CAPITULO ÚNICO : DE LAS ACCIONES DE PROTECCION
Artículo 31.- Toda persona que tenga conocimiento de niñas o niños en condiciones de desventaja social, podrá pedir la intervención de las autoridades competentes, para que se apliquen de inmediato las medidas necesarias para su protección y atención.
Artículo 32.- Para efectos del articulo anterior, la Administración Pública establecerá programas interinstitucionales para proteger a las niñas y niños que se encuentren en desventaja social, teniendo como organismo responsable a la Procuraduría Social de los Menores.
SECCIÓN PRIMERA: DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ADICCIONES
Artículo 33.- Las niñas, niños y adolescentes adictos a sustancias que producen dependencia, tendrán derecho a recibir tratamiento médico orientado a su rehabilitación, tomándose las medidas necesarias a fin de apoyar su salud física y psicológica. Para tal fin la Secretaria de Salud destinará recursos suficientes para apoyar programas integrales enfocados a combatir las diversas formas de dependencia física o emocional.
SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE MALTRATO
Artículo 34.- Cualquier persona, servidor público autoridad o dependencia que tenga conocimiento de hechos de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, o de riesgo en su integridad personal, tendrá la obligación de hacerlo de conocimiento del Ministerio Público, y de la Procuraduría Social de los Menores.
Artículo 35.- Aun cuando la niña, niño o adolescente se encuentre bajo la custodia de su en peligro, a fin de proceder siempre en atención a su interés superior y apegados a la legalidad. Padre, madre, tutor o de cualquier persona que lo tenga legalmente o en acogimiento, el Ministerio Público y la Procuraduría Social de los Menores, estará facultado para intervenir de oficio en los casos en que su integridad física o psíquica este en riesgo.
SECCION TERCERA: DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE
Artículo 36.- La Procuraduría Social de los Menores con el apoyo de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia tendrán la obligación de establecer un programa especifico y prioritario para brindar a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, las medidas que faciliten la reincorporación al seno familiar cuando lo fuera posible y adecuado. De no serlo así, promover la orden judicial para ponerlos al cuidado de albergues temporales apropiados para su rehabilitación. En todos los casos se les proporcionará defensa y asistencia jurídica, de provisión, prevención y protección.
Artículo 37.- La Procuraduría Social de la Niñez establecerá la coordinación y concertación con organismos, instituciones e instancias competentes para generar la participación efectiva de la comunidad y de las organizaciones sociales en la discusión de las políticas y la ejecución de programas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
Artículo 38.- La Procuraduría Social de la Niñez y los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia establecerán medidas de provisión, y compensatorias, con apoyos directos orientados a prevenir y evitar que las niñas, niños y adolescentes realicen actividades marginales o de sobrevivencia.
SECCION CUARTA: DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES, EN SITUACION DE DESVENTAJA
Articulo 39.- La Secretaria General de Gobierno por conducto de la Dirección del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Procuraduría Social de la Niñez, fomentará programas de protección para que los adolescentes mayores de 14 años cuenten con la protección laboral y el respeto a los derechos que otorga la ley Federal del Trabajo.
SECCIÓN QUINTA: DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD
TITUL0 SEXTO: DE LAS INSTITUCIONES DEDICADAS
A LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES
Artículo 45.- Las instituciones públicas y organizaciones sociales e instituciones de asistencia privada de atención a niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de disposiciones contenidas en otros ordenamientos, tendrán las obligaciones siguientes:
I.- Respetar los derechos y garantías contenidas en la presente Ley;
II.-Promover el restablecimiento y la preservación de los vínculos familiares, tomando en consideración que éstos resulten beneficiosos;
III.-Promover el restablecimiento y la preservación de los vínculos familiares, tomando en cuenta que éstos no resulten en su perjuicio;
IV.- Coordinarse con las autoridades competentes cuando se requiera integrar a la niña o niño a un hogar provisional o a un albergue;
V.- Hacer del conocimiento de las niñas, niños y adolescentes, sus derechos y obligaciones y normas vigentes; las atribuciones que tiene el personal de éstas, y precisar las instancias internas y externas a las que puede acudir en
caso de ser necesario para denunciar incumplimientos, abusos y cualquier clase de violación a sus derechos;
VI.- Llevar un registro de las niñas, niños y adolescentes atendidos;
VII.– Llevar el seguimiento y evaluación de los casos atendidos.
VIII.-Reportar a la Procuraduría Social de los Menores todos los casos de maltrato a las niñas, niños y adolescentes;
CAPITULO SEGUNDO: DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED
DE ORGANISMOS PUBLICOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
Artículo 46.– La Procuraduría Social de los Menores coordinará una Red de Atención integrada por instituciones públicas y organizaciones sociales que desarrollen actividades a las que se refiere el Artículo anterior, misma que tendrá los siguientes objetivos:
I.- Establecer una coordinación interinstitucional entre las instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan con niñas, niños y adolescentes en condiciones de desventaja social para ampliar la cobertura y pertinencia de los servicios;
II.- Intercambiar experiencias sobre los modelos de atención que aplica cada institución, así como sus avances y dificultades que se presentan en el desarrollo de los mismos, para procurar la optimización de recursos disponibles y la calidad de los mismos;
III.- Garantizar un sistema de canalización y seguimiento a los casos de niñas y niños sujetos a tutela dativa definitiva y de las demás figuras que prevé el Código Civil para que estos sean enviados a las instituciones que ofrezcan servicios adecuados a sus circunstancias y necesidades-, y
IV.- Propiciar los apoyos que requieran los programas de atención de las instituciones y organizaciones que integren la red.
Artículo 47.- Las organizaciones sociales que integren la red a que se refiere el Artículo anterior deberán:
I.- Estar legalmente constituidas;
II.-Tener dentro de su objeto la protección, atención, o cuidado a niñas y niños en abandono y desventaja social o en alguna de sus variantes; adolescentes en condiciones de desventaja social para ampliar la cobertura y pertinencia de los servicios;
III.- Intercambiar experiencias sobre los modelos de atención que aplica cada institución, así como sus avances y dificultades que se presentan en el desarrollo de los mismos, para procurar la optimización de recursos disponibles y la calidad de los mismos;
IV.- Garantizar un sistema de canalización y seguimiento a los casos de niñas y niños sujetos a tutela dativa definitiva y de las demás figuras que prevé el Código Civil para que estos sean enviados a las instituciones que ofrezcan servicios adecuados a sus circunstancias y necesidades-, y
V.- Propiciar los apoyos que requieran los programas de atención de las instituciones y organizaciones que integren la red.
Artículo 48.- Son derechos de las niñas, niños y adolescentes sujetos a la guarda y custodia en Albergues u Hogares Temporales, los siguientes:
I.- Ser atendidos sin ningún tipo de discriminación;
II.- Recibir un trato digno tanto por el personal del centro, como por las otras personas beneficiadas;
III.– Mantener el secreto profesional y utilización reservada de su historia¡ y de los datos que en el mismo consten, pudiendo ser solicitado únicamente por el Ministerio Público o la autoridad judicial competente, a efecto de determinar su situación jurídica;
IV.-Conservar los vínculos con sus familiares y recibir sus visitas en la institución, salvo que exista mandamiento judicial en contra;
V.-Tener cubiertas suficientemente las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que les permitan el adecuado desarrollo personal; VI.- Acceder a los servicios de salud, educación y los necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad, y que no le sean satisfechas en el propio centro;
VII.- Ser respetados en su intimidad personal y de sus pertenencias individuales en el contexto educativo que debe regir en el centro educativo;
VIII.- Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación y actividades que favorezcan a su desarrollo integral;
IX.- Participar de manera activa en la elaboración normativa y programática de actividades de¡ centro y en el desarrollo de éstas, sean internas o externas;
X.- Conocer su situación legal en todo momento y a participar en la elaboración de su proyecto individual de vida; y
XI.- Ser escuchados en las decisiones de trascendencia
TITULO SEPTIMO: DE LAS SANCIONES
CAPITULO I: DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 49.- Las sanciones administrativas previstas en la presente ley serán impuestas por las respectivas autoridades municipales, a cualquier persona por la realización de los siguientes actos:
A).– Por propinar golpes a un menor independientemente del instrumento con el que se haga, ya sea en público o privado, haya o no lesiones físicas o emocionales siempre y cuando las lesiones sean de las que tardan menos de quince días en sanar y que no pongan en peligro la vida, se le sancionará de uno a tres días de arresto y multa de veinte a trescientos días de salario mínimo, dependiendo de la magnitud de la agresión. Si el agresor fuera reincidente hasta en una tercera vez la sanción será elevada hasta dos veces. Al que reincidiera por una cuarta vez en la agresión, será consignado al Ministerio Público por el cargo de Maltrato al Menor, pudiendo promoverse la pérdida de la Patria Potestad.
B).– Al que abandonare a sus hijos menores de doce años por un máximo de veinticuatro horas sin atención de una persona encargada de su cuidado y de su alimentación se le aplicará una sanción de uno a tres días de arresto y multa veinte a cuatrocientos días de salario mínimo, dependiendo de las condiciones de riesgo en que hubieran quedado expuestos los menores, además según sea el caso, se promoverá la pérdida de la Patria Potestad. Al que reincida por una segunda vez en el abandono, será consignado al Ministerio Público por el cargo de Maltrato al Menor.
C ).– Al que a consecuencia de alcoholismo, drogas, enervantes, estupefacientes o apuestas de cualquier clase, incumpla con su obligación de proporcionar alimentos hasta por un máximo de siete días, quedando comprendidos en este rubro los señalados en el Código Civil del Estado, se le aplicará una sanción de uno a tres días de arresto y multa veinte a cuatrocientos días de salario mínimo, dependiendo de las condiciones de riesgo en que hubieran quedado los menores, independientemente de lo previsto en cuanto a la pérdida de la Patria Potestad.
LA PROCURADURIA SOCIAL DE LOS MENORES
TITULO I (SEPTIMO): LINEAMIENTOS GENERALES
Artículo 50.- La Procuraduría Social de los Menores es un organismo de orden público e interés social, descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter permanente, y de servicio gratuito encargado de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, así como de los acuerdos internacionales a favor de la niñez en el Estado de Jalisco.
Artículo 51.– En esta Ley Orgánica, siempre que se mencione el nombre de Procuraduría, se referirá a la Procuraduría Social de los Menores.
Artículo 52.-La Procuraduría será la defensora de los derechos de las niñas y de los niños que se encuentren en el Estado en forma permanente, temporal, como migrantes transitorios e inclusive con estancia irregular en el país, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.
Artículo 53.– La Procuraduría es el órgano oficial para dar seguimiento estadístico en el Estado de Jalisco en materia de niñas, niños o adolescentes, para lo cual administrará un banco de datos y normará los criterios estadísticos que en este renglón se lleven en el Estado.
TITULO II (OCTAVO): DE LA PROCURADURIA SOCIAL DE LOS MENORES
CAPITULO 1: DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES
Artículo 54.- Es competencia de esta Procuraduría conocer de oficio o a petición de parte todas las circunstancias o hechos que afecten de alguna manera a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el Estado de Jalisco.
Artículo 55.- Son atribuciones propias de la Procuraduría Social de los Menores las siguientes:
A).– En materia de Seguridad Jurídica y Justicia de Menores.
I.-Coadyuvar y en su caso representar a las niñas, niños y adolescentes no sujetos a patria potestad o tutela que se encuentren en el Estado de Jalisco con residencia habitual, temporal, como migrantes, de tránsito, e inclusive con situación migratoria irregular, en todos los asuntos que tengan alguna relación con ellos, y ante las autoridades respectivas.;
II.– Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y orientación a las niñas, niños, adolescentes, y a sus progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su cuidado en asuntos relacionados con los menores.
III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre los personas a que se refiere el artículo anterior, cuando esto no contravenga ninguna disposición legal, tomando siempre en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes;
IV.– Patrocinar y representar a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de desventaja social ante los órganos jurisdiccionales en los trámites o procedimientos relacionados con éstos.
V. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación institucional de dispositivos legales en contra de menores de edad, por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto en el ámbito estatal como federal y darle seguimiento;
VI. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica de las niñas, niños y adolescentes, principalmente en la lucha contra el trafico y distribución de drogas y estupefacientes;
VII. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios del Poder Ejecutivo, de los organismos desconcentrados y descentralizados, paraestatales y municipales tanto en el ámbito Federal como Estatal, en la atención y respeto a las niñas, niños y adolescentes.
VIII. Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos,
IX. Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de grupos de crimen organizado, principalmente en relación con la explotación sexual, venta y tráfico y otras formas de explotación en contra de las niñas, niños o adolescentes, coadyuvando tanto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco como con la Procuraduría General de la República;
X. Asesorar y representar, o en su caso coadyuvar con el Ministerio Público en los casos en que los menores sean víctimas de delito;
XI. Denunciar de oficio o a petición de parte ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito, o faltas administrativas en contra de menores;
XII.- Atender las denuncias sobre irregularidades en la integración de las averiguaciones previas para ponerlas en conocimiento de la autoridad competente.
XIII. Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalan.
B).– En materia de salud.
I.– Vigilar el cumplimiento de los programas de Salud formulados por la Secretaría de Salud a favor de las niñas, niños y adolescentes;
II.– Hacer observaciones y en su caso las reclamaciones pertinentes por los incumplimientos que se presentaran en la diferentes etapas de la atención a la salud.
III.– Orientar, asesorar, y patrocinar legalmente a las niñas, niños y adolescentes, a sus padres, tutores o representantes legales, en los casos en que se presentara algún tipo de negligencia por parte del personal del Sector Salud, o bien de los servicios médicos particulares.
IV. Servir de enlace entre las niñas, niños y adolescentes y los servicios médicos del Sector Salud o bien de los servicios médicos particulares para la debida canalización y el correspondiente seguimiento del servicio solicitado.
V.– Promover ante el Sector Salud, toda clase de programas relacionados con la educación para la salud y acciones preventivas.
VI.– Promover en forma coordinada con el Sector Salud y organizaciones no gubernamentales, acciones efectivas para evitar el uso de estupefacientes entre las niñas, niños y adolescentes.
VII.– Gestionar ante la Secretaría de Salud, la creación de Centros de Salud donde éstos sean urgentes para la atención de niñas, niños y adolescentes;
VIII.– Colaborar con el Sector Salud en aspectos comunes, conjuntamente con otras dependencias oficiales, o bien de particulares;
IX.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalan;
C).– En materia de Educación y Cultura.
I.– Vigilar que se cumplan y observen plenamente las disposiciones de esta Ley en lo que se refiere específicamente a la educación y cultura de niñas, niños y adolescentes impartida por el Estado y los particulares.
II.- Proponer a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura proyectos y programas así como realizar convenios para impulsar, desarrollar y garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
III.– Colaborar con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura en todas aquellas acciones tendientes a mejorar y garantizar el respeto al derecho de las niñas, niños y adolescentes;
IV.– Vigilar y en su caso denunciar ante la autoridad competente las violaciones que a esta ley se dieran en el ámbito del sistema educativo;.
V.– Realizar conjuntamente con la Secretaría de Educación programas para la difusión, conocimiento y aplicación de la presente ley en todas las escuelas oficiales y particulares del Estado;
VI.– Recibir informes tanto del personal de la Secretaría de Educación como de escuelas particulares, sobre situaciones que pongan en riesgo la salud y la integridad tanto física, psicológica y moral, de las niñas, niños y adolescentes;
VII.– Representar y apoyar tanto a las niñas, niños y adolescentes así como a las sociedades de padres de familia y las autoridades escolares en gestiones cuyo objeto sea mejorar las condiciones sanitarias de los centros escolares;
VIII.– Gestionar y encauzar el apoyo técnico de carácter internacional disponible;
IX.– Contactar y apoyar a los organismos de la sociedad civil dispuestos a participar con acciones acordes a lo previsto en la presente Ley.;
X.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen;
D).– En materia laboral.
I.- Elaborar conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno y la Dirección del Trabajo y Previsión Social, programas de atención a menores trabajadores para que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.
II.- Representar a los menores gratuitamente en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para realizar toda clase de demandas laborales;
III.- Dar seguimiento a los acuerdos, convenciones y toda clase de compromisos que se establezcan a nivel internacional en materia de trabajo para su debida aplicación en el Estado en relación a menores;
IV.- Realizar permanentemente actividades de información a las niñas y los niños trabajadores acerca de sus derechos laborales;
V.- Vigilar y proteger a las niñas, niños y adolescentes empacadores de tiendas de autoservicio, a fin de que se cumplan las garantías mínimas establecidas por la Ley Federal del Trabajo, para que éstas se mejoren.
VI.- Vigilar y proteger a las niñas, niños y adolescentes para impedir que se den actitudes discriminatorias en los centros de trabajo;
VII.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalan.
E).– En materia Recreación, Esparcimiento, Deporte y Turismo.
I.- Promover en coordinación con las dependencias afines, planes, programas, y acciones tendientes a lograr el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes a partir de recreación, esparcimiento, deporte y turismo organizados, sin ninguna forma de discriminación.
II.- Realizar gestiones en conjunto con las dependencias antes mencionadas y organismos no gubernamentales, para la obtención de fondos que permitan a las niñas, niños y adolescentes de bajos recursos económicos, gozar de las actividades de recreación, esparcimiento, deportivas y turísticas con aportaciones económicas mínimas;
III.- Promover conjuntamente con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y otras afines, al igual que organismos municipales y gobiernos de otros estados, actividades de turismo cultural.
IV.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen
F).– En materia de familia.
I.- Promover en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco y los municipios, la preservación de las sanas relaciones familiares como factor determinante para lograr el adecuado desarrollo bio-psico social y sexual de los menores;
II.– Promover en coordinación con el Registro Civil y el Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, que todo niño sea registrado debidamente después de su nacimiento para que obtenga el registro de su nombre, nacionalidad y entronque familiar.
III.– Participar en todas aquellas disposiciones que se le asignan en los códigos Civil y de procedimientos Civiles relacionadas con menores.
IV.– Vigilará y promoverá cuando los padres dejen a sus hijos en estado de abandono, o no deseen ejercer la patria potestad o bien la pierdan porque su convivencia se determine judicialmente nociva para el sano desarrollo bio-psico-social de la niña o el niño, se tramite de inmediato la adopción siguiendo la regla de preferencia de adopción por parte de familias del estado, del país y como último recurso la adopción con extranjeros;
V.– En los casos de adopción como lo previene el Código Civil del Estado de Jalisco, vigilará que las niñas y los niños conserven el inalienable derecho de conocer sus antecedentes familiares, y si es su deseo conservar el derecho de relación con su familia de origen, salvo que por resolución judicial se hubiera calificado esa relación como inconveniente y dañina para su sano desarrollo tomando en cuenta el interés superior de la niña, niño o adolescente;
VI.– En los casos de retenciones y traslados ilícitos dentro del país o en el extranjero de niñas, niños o adolescentes, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del resto de la República y las autoridades judiciales, apoyarán con las acciones que estén dentro de sus facultades, para la repatriación o la reintegración con quienes legalmente tengan la custodia del menor, salvo que ésta se hubiera obtenido en forma irregular y significara un riesgo para el menor, ante lo cual promoverá las acciones legales conducentes.
VII.- Promoverá un sistema de registro e información expedita para la localización de menores maltratados, explotados sexualmente, o explotados por mendicidad,
VIII.-Realizará los procedimientos necesarios para el rescate y depósito de los menores antes señalados por conducto del Instituto Cabañas, en algún albergue infantil o en algún hogar temporal para su adecuada protección y custodia.
IX.- Llevará un registro de todos las niñas, niños y adolescentes robados, sustraídos, o desaparecidos y colaborará con todas las organizaciones de búsqueda de menores.
X.- En los casos de reporte de maltrato al menor como consecuencia de violencia intrafamiliar, derivará el caso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio correspondiente y dará seguimiento de la atención proporcionada;
XI.- En todos los casos de maltrato al menor como expresión de la violencia intra familiar, llevará un registro, con su respectivo seguimiento haciendo reporte mensual al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
XII.- En el caso de personas que infieran maltrato de cualquier tipo al menor, podrán ser citados con apercibimiento que de no presentarse voluntariamente, se les hará comparecer mediante el uso de la fuerza pública.
XIII.- En los casos de flagrancia de maltrato a un menor podrá según sea el caso:
a).- Ordenar la detención de quienes infieran el maltrato con intervención de la fuerza pública;
b).-Poner a disposición del Ministerio Público para iniciar la averiguación previa correspondiente; o
c).– Iniciar el proceso administrativo correspondiente; u
d).– Ordenar la presentación de los que infieren maltrato conforme al procedimiento contemplado en el inciso XII.
XIV.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalan.
G).– En materia de desarrollo social
I.– Vigilará y en su caso cuidará de que la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y religión por parte de las niñas, niños y adolescentes sea respetada y estimulada.
II.– Vigilará y cuidará porque se respete el derecho a la información adecuada y apropiada según la edad, garantizando el acceso a los medios convenientes.
III.– Promoverá que el Estado destine los recursos suficientes y adecuados para apoyar todas las acciones indispensables a favor de las niñas, niños y adolescentes que presenten desventajas sociales, y así cuenten con los medios adecuados para superarlas hasta donde sus posibilidades lo permitan;
IV.– Llevará un registro de los presupuestos que por dependencia sean destinados a acciones a favor de los menores;
V.- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalan.
CAPITULO 2: DE SU DOMICILIO
Artículo 56.- La Procuraduría tendrá su domicilio en la ciudad de Guadalajara y establecerá delegaciones en todos los municipios, así como oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario.
Artículo 57.– Las controversias en los que la Procuraduría sea directamente parte, serán competencia de los tribunales estatales. Las autoridades, estatales y municipales y las organizaciones no gubernamentales, serán coadyuvantes de la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones.
CAPITULO 3: DE LA INTEGRACION
Artículo 58. La Procuraduría estará presidida por un Procurador. Se integrará, además, por los Subprocuradores Especiales, sustitutos del Procurador en el orden que lo señale el Reglamento Interior, por un Secretario General, Subprocuradores Regionales, por los Delegados Municipales, Delegados Especiales, por un Cuerpo de Especialistas en Menores, así como por las demás unidades técnicas y administrativas que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.
Artículo 59.- El Procurador deberá satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y tener una residencia mínima ininterrumpida de cinco años en el Estado;
II.– Contar con una edad mínima de 35 años al día de su nombramiento;
III.– Contar con título profesional de Licenciatura en Derecho, Trabajo Social, Psicología, Educación, Pedagogía o alguna carrera afín con formación jurídica, y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado, con una antigüedad de cinco años;
IV.-. Contar con experiencia mínima acreditable de cinco años de trabajo en cuestiones relacionadas con menores;
V.– No ser ministro de culto religioso alguno , ni haber desempeñado cargo de dirigencia estatal o municipal de algún partido político en los dos años previos al nombramiento;
VI.– No haber sido procesado por algún delito en el que la víctima hubiera sido un menor, aunque la sentencia hubiera sido absolutoria;
VII.- Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena corporal;
Artículo 60.- Los Subprocuradores y el Secretario General deberán satisfacer los siguientes requisitos:
II.– Contar con una edad mínima de treinta años al día de su nombramiento;
III.– Contar con título profesional de Licenciatura en Derecho, Trabajo Social, Psicología, Educación, Pedagogía, o alguna carrera afín, con una antigüedad de cinco años;
V.– No ser ministro de culto religioso alguno, ni haber desempeñado cargo de dirigencia estatal o municipal de algún partido en los dos años previos al nombramiento;
VIII.– Cubrir el perfil específico que se señale en el Reglamento Interior para cada Subprocuraduría.
Artículo 61.– El Procurador Social de los Menores, los Subprocuradores y el Secretario General estarán impedidos mientras dure su ejercicio, para:
a).– Ser ministros de culto.
b).– Desempeñar cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político.
c).– Realizar cualquier acto de proselitismo partidista o religioso.
d).– Desempeñar cargos, empleos, o comisiones dentro de la administración publica federal, estatal o municipal, o de elección popular a excepción de los de relacionados con docencia.
Artículo 62.- El Procurador una vez nombrado solo podrá ser removido de su cargo por razones graves, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y con la aprobación o a petición del Congreso del Estado conforme al Reglamento Interior de Trabajo.
CAPITULO 4: DE LA DESIGNACION Y DURACION EN EL CARGO
Artículo 63.- El Procurador Social de los Menores será nombrado conforme al siguiente procedimiento:
I.– El Titular del Poder Ejecutivo expedirá una convocatoria pública dirigida a los organismos no gubernamentales, colegios de profesionistas, universidades, y a la sociedad en general, con la finalidad de allegarse propuestas de candidatos.
II.– De los candidatos propuestos por la ciudadanía el Congreso del Estado en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento Interior, con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes designará al ciudadano que fungirá como Procurador el cual será propuesto al titular del Poder Ejecutivo quien aprobará o rechazará dicha designación, motivando y fundando la razón en el caso de rechazo.
III.– En el caso de que la propuesta hubiera sido rechazada, en un lapso no mayor de un mes se hará la siguiente designación la cual si fuere aprobada por unanimidad de los Diputados presentes, el Titular del Poder Ejecutivo no podrá rechazarla y la aceptará como definitiva.
Artículo 64.- Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría serán nombrados mediante el siguiente procedimiento:
I.-El Procurador Social de los Menores expedirá una convocatoria pública dirigida a los organismos de la Sociedad Civil, colegios de profesionistas, universidades, y a la sociedad en general, con la finalidad de allegarse propuestas de candidatos los cuales deben ajustarse al perfil específico de cada Subprocuraduría conforme al Reglamento Interior y al Manual de Puestos vigente.
II.– El Procurador Social de los Menores propondrá a los funcionarios mencionados al Congreso del Estado el cual después de evaluar las propuestas en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento Interior, con la aprobación de mayoría simple de los diputados presentes designará a los ciudadanos que fungirán como Subprocuradores los cuales serán propuestos al titular del Poder Ejecutivo quien aprobará o rechazará dicha designación, motivando y fundando la razón de su rechazo.
III.– En el caso de que la propuesta hubiera sido rechazada, en un lapso no mayor de treinta días naturales se harán las siguientes designaciones las cuales si fueron aprobadas por la mayoría de los diputados presentes, el Titular del Poder Ejecutivo no podrá rechazarlas y las aceptará como definitivas.
ARTICULO 65.– La duración del Procurador y Subprocuradores en su encargo será por cuatro años, y exclusivamente podrán ser designado para un segundo período, respetando el procedimiento realizado para la designación inicial.
ARTICULO 66.-El Procurador Social de los Menores, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Actuar como representante legal de la Procuraduría;
II.-Proponer al Congreso del Estado para su designación a los Subprocuradores.
III.- Dirigir, planear y coordinar los funciones de la Procuraduría, distribuyendo y delegando funciones a los Subprocuradores en los términos que para tal efecto establezca el Reglamento Interior.
IV.– Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Procuraduría.
V.- Nombrar y remover al Secretario General, al personal técnico y administrativo comprendido en el presupuesto de egresos de la institución así como señalar sus funciones, áreas de responsabilidad y remuneración de acuerdo con el presupuesto programado;
VI. Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría.
VII.– Otorgar licencias y permisos al personal de la Procuraduría en los términos de su Reglamento Interior;
VIII.– Instaurar el procedimiento administrativo cuando alguno de los servidores públicos de la Procuraduría incurra en alguna falta, e imponer las sanciones que procedan, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y demás disposiciones legales aplicables;
IX. Expedir los manuales de organización y procedimientos. y dictar normas para la adecuada desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución;
X.– Elaborar y proponer al Titular del Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento Interior, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicio al Público.
XI. Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduría;
XII. Delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos que el Reglamento Interior de la Procuraduría señale,
XIII.– Enviar al titular del Poder Ejecutivo del Estado el informe anual correspondiente al ejercicio que comprende los estados financieros y demás datos que muestren el registro de las operaciones efectuadas, debiendo poner a disposición la documentación que compruebe y justifique dichos movimientos financieros y proporcionando toda la información que se le solicite en el ejercicio de sus funciones;
XIV– Enviar a cualquier poder del Estado, dependencia, u organismo descentralizado de la administración pública estatal o municipal, si así lo considera conveniente, un informe anual especial sobre el comportamiento de sus instituciones en cuanto al respeto y apoyo a los derechos de las niñas y de los niños, haciendo las observaciones que se consideren pertinentes;
XV.– Celebrar convenios de colaboración con autoridades, organismos públicos y organismos no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones culturales y medios de comunicación masivos interesados en el apoyo y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
XVI. las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.
Artículo 67. Al Secretario General corresponderá:
a). Realizar los tareas administrativas de la Procuraduría, coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del Procurador;
b). Firmar conjuntamente con el Procurador aquellos acuerdos que así lo exijan conforme al manual de procedimientos de la Procuraduría.
Artículo 68.- A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interior de la Procuraduría, atendiendo las tareas relativas a la asistencia y defensa de las niñas, niños y adolescentes y la vigilancia del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 69. El cuerpo de servicios periciales y asesores se integrará por los expertos de las distintas disciplinas profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría. Tendrán a su cargo la realización de los estudios, peritajes, consultas y dictámenes que lo sean requeridos por la propia dependencia.
CAPITULO 5: DE LOS INFORMES DE LA PROCURADURIA SOCIAL DE LOS MENORES
Artículo 70.– El Procurador Social de los Menores rendirá un informe anual ante el Poder Ejecutivo, con participación del Poder Legislativo y el Poder Judicial, sobre las actividades realizadas, los resultados del seguimiento de los compromisos internacionales a favor de los menores, y el estado que guardan los menores en ese momento.
Artículo 71.– Además del informe general, el Procurador Social de los menores entregará un Informe Especial a cada una de las dependencias relacionadas conteniendo los avances específicos, los asuntos atendidos y los asuntos en proceso, especificando la situación particular de cada uno de ellos.
CAPITULO 6: DE LAS GARANTIAS DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL
Artículo 72.– El Procurador Social de los menores, los Subprocuradores el Secretario General, los Delegados Especiales y los Delegados Municipales, no podrán ser detenidos ni sujetos de responsabilidad civil, penal o administrativa por las opiniones o resoluciones que dicten, o por los actos que realicen conforme a derecho y en ejercicio de las funciones propias de sus cargos, por lo que sólo mediante juicio político y declaración de procedencia podrán ser sujetos de juicio como lo marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
CAPITULO 7: DE LA FE PUBLICA
Artículo 73.- El Procurador, los Subprocuradores, el Secretario General y los Delegados Municipales tendrán fe pública en sus actuaciones para certificar la veracidad de los hechos en relación con las quejas, denuncias y peticiones presentadas ante la Procuraduría Social de los Menores.
Artículo 74.– Para los efectos de esta Ley, se entenderá por fe pública la facultad de autentificar los documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos servidores públicos, sin perjuicio del valor probatorio que se le atribuya, en los términos de este ordenamiento y otras leyes aplicables, Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará el servidor público correspondiente.
TÍTULO NOVENO: DEL PROCEDIMIENTO
ARTICULO 75.- El procedimiento que se siga ante la Procuraduría deberá ser breve, sencillo y gratuito; sólo estará sujeto a las mínimas formalidades que se requieran en la investigación de los hechos buscando siempre la conciliación cuando sea legalmente posible. Se tramitará además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración, rapidez y deberá, en la medida de lo posible, estar en contacto directo con quejosos y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.
ARTICULO 76.- El personal de la Procuraduría deberá dar trato confidencial a la información o documentación de los particulares y funcionarios, relativa a los asuntos de su competencia,
ARTICULO 77.- Estará legitimada para presentar quejas, denuncias, solicitud de representación jurídica o peticiones a la Procuraduría Social de los Menores, toda persona que tenga conocimiento de presuntas violaciones a los derechos humanos, delitos o necesidades de las niñas, de los niños.
ARTICULO 78.- La queja, denuncias, solicitud de representación legal, o peticiones no requieren ningún requisito de formalidad, podrán presentarse por escrito o verbalmente ante la propia Procuraduría. En casos urgentes, podrá enviarse por cualquier medio de comunicación y deberá ratificarse dentro de los cinco días siguientes a su presentación. En todos los casos operará, invariablemente, la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual, la Procuraduría orientará y apoyará a los quejosos sobre el contenido de la misma y tratándose de personas que no entiendan el idioma español, o sean sordomudos se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete. Se pondrán a disposición de los quejosos formularios que faciliten el trámite.
ARTÍCULO 79.- Cuando las quejas, denuncias o peticiones provengan de personas que se encuentren en un centro de detención o reclusorios, deberán ser transmitidas a la Procuraduría o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin demora alguna por los encargados de dichos centros, pudiendo hacerlo también directamente a través de los Delegados Especiales. Para los efectos de la presente ley, todos los días y horas deberán considerarse hábiles. Habrá personal de guardia para recibir y atender quejas, denuncias y peticiones, las veinticuatro horas del día.
ARTÍCULO 80.- Las denuncias relacionadas con un presunto delito sólo podrán presentarse dentro del término que señalen para su prescripción los correspondientes Códigos Penales, contado a partir de la fecha en que se hubiere concluido la ejecución de los hechos que se estimen delictuosos, o de que el quejoso hubiere tenido conocimiento de los mismos. Las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos sólo podrán presentarse dentro del lapso de un año contando a partir de la fecha en que se hubiera concluido la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la Procuraduría se dirigirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y solicitará ampliar dicho plazo mediante argumentación razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones a la integridad personal, ya sea física o moral. Las quejas que reciba la Procuraduría, se tramitarán sin ninguna dilación no prejuzgando sobre procedencia o improcedencia, sólo se limitará a dar seguimiento.
ARTICULO 81.- Las quejas, denuncias o peticiones que se presenten ante la Procuraduría, así como los acuerdos, y peticiones que ésta dicte, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, ni suspenderán o interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá hacerse del conocimiento de los quejosos en el acuerdo de admisión de la instancia.
ARTÍCULO 82.- El Procurador y los Subprocuradores tendrán la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.
CAPÍTULO 2: DEL TRAMITE DE QUEJA POR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 83.- El quejoso, o en su caso la Procuraduría, integrará queja con los siguientes datos:
I. El nombre, edad, sexo, nacionalidad, ocupación o profesión, domicilio y firma de la persona que la promueva; en el caso de no saber firmar, estampará su huella digital y otra persona lo hará a su ruego;
II. De ser posible, una breve relación de los hechos motivo de la queja, especificando circunstancias de tiempo, modo y lugar;
III. El nombre y cargo de servidor o servidores públicos que intervinieron o, en caso de no conocerlos, los datos mínimos que lleven a su identificación, así como el nombre de la dependencia o institución a la que se encuentren adscritos. En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la instancia será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos;
IV. Las pruebas que estén a su disposición, tendientes a comprobar las imputaciones vertidas en contra de los presuntos responsables. Cuando la queja, no sea presentada por el directamente afectado, se deberá indicar cuando menos su nombre y demás datos que se tengan.
ARTICULO 84.- Formulada la queja con toda la información recibida, la Procuraduría remitirá la documentación original recabada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un término de cuarenta y ocho horas si la queja no implica peligro de pérdida de la vida o pérdida de la libertad, en cuyo caso se notificará vía telefónica y se remitirá la documentación vía Fax, enviando la documentación original en el plazo ya mencionado, conservando copia para el archivo, sin prejuzgar sobre su procedencia o improcedencia de la queja.
ARTICULO 85.- Las quejas presentadas ante la Procuraduría cuyo conocimiento competa a otra Comisión Estatal o a la Comisión Nacional, por razón del territorio, materia o servidores públicos involucrados, serán enviadas mediante acuerdo dentro de un plazo máximo de cinco días a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Jalisco para que ésta la remita al organismo que corresponda, notificando de ello a los quejosos en un lapso de cinco días.
ARTICULO 86.- Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos mínimos que permitan la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ésta requerirá directamente por escrito al quejoso o bien a la Procuraduría para que haga las aclaraciones pertinentes. Si después de este requerimiento, el quejoso no contesta en un término de cinco días, se enviará al archivo por falta de interés. No obstante, en cualquier momento, teniéndose los datos necesarios, se continuará con el trámite respectivo.
ARTICULO 87 Una vez admitida la queja, la Comisión continuará integrando el expediente con la participación de la Procuraduría como coadyuvante, incluyendo hasta la interposición del Recurso de Inconformidad.
CAPITULO 3: DEL TRAMITE DE DENUNCIA POR PRESUNTOS DELITOS
ARTICULO 88.- En los casos de denuncia, la Procuraduría integrará el expediente con los siguientes datos:
I.- El nombre, edad, sexo, nacionalidad, ocupación o profesión, domicilio y firma de la persona que la promueva; en el caso de no saber firmar, estampará su huella digital y otra persona lo hará a su ruego;
II.– Una relación detallada de cuándo, dónde y como acontecieron los hechos, precisando en que consistieron, sus consecuencias como daños físicos, psicológicos y sociales.
III. Una descripción detallada del o los presuntos responsables, si es posible nombres y domicilios.
IV.– Las pruebas que estén a su disposición, tendientes a comprobar las imputaciones vertidas en contra del presunto responsable.
ARTICULO 89.- Cuando se considere que la instancia es inadmisible por ser notoriamente improcedente, se deberá rechazar mediante acuerdo motivado y fundado, dentro de un plazo máximo de cinco días naturales, el cual se le notificará al denunciante, con la observación de que quedan a salvo sus derechos, para intentarlo personalmente o por otra vía.
ARTICULO 90.- Las denuncias anónimas serán admitidas siempre y cuando el denunciante proporcione la información mínima necesaria para poder comprobar los delitos que se denuncien en contra de menores. En el caso que exista temor fundado de peligro de la integridad física o psicológica de un menor, se procederá conforme al procedimiento que garantice de antemano el menor riesgo y la mayor celeridad posible para impedir el daño.
ARTICULO 91.- La Procuraduría llevará el seguimiento de todo el proceso penal, coadyuvando en todo momento con el Ministerio Público.
CAPITULO 4: DE LA REPRESENTACIÓN DE MENORES EN PROCEDIMIENTOS CIVILES
ARTICULO 92.- La Procuraduría Social de los Menores desempeñará el cargo de tutor de oficio, sin necesidad de solicitud expresa por parte de las niñas, niños o adolescente y sin necesidad de discernimiento del cargo, en los casos de:
I.– Niñas y niños expósitos;
II.– Niñas, niños y adolescentes abandonados;
III.-Niñas, niños y adolescentes maltratados por sus familiares.
IV.– Niñas, niños o adolescentes no sujetos a Patria Potestad o a Tutela que se encuentren internados en casas de asistencia, instituciones educativas, ya sean públicas descentralizadas de organismos de asistencia y seguridad social o privados, los internados en inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia;
V.– En todo lo previsto por el Código Civil y el de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco relacionado con menores.
ARTICULO 93.- En todos los casos que se trate de intereses jurídicos de menores, la Procuraduría pondrá a disposición abogado patrono y Tutor conforme a las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
CAPITULO 5: DE LA REPRESENTACIÓN EN ASUNTOS LABORALES
ARTICULO 94.- En los asuntos laborales en los que el niño, niña o adolescente sean los trabajadores, la Procuraduría a petición expresa, podrá acompañar al menor ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, o bien podrá actuar en las Juntas designándole abogado apoderado según sea el caso.
CAPITULO 6: DE LA COADYUVANCIA O DEFENSA EN ASUNTOS PENALES
ARTÍCULO 95 En los asuntos de carácter penal en los que la Procuraduría intervenga a petición de parte expresa, si la niña, niño o adolescente es víctima se le nombrará abogado para que intervenga como coadyuvante del Ministerio Público.
ARTICULO 96.- Si en un mismo proceso estuvieran intereses contrarios de niñas o niños, la Procuraduría deberá abstenerse de seguir participando con el abogado defensor, renunciando para que asuma el cargo o el defensor de oficio o el abogado particular.
CAPITULO 7: DE LA SOLICITUD DE INTERVENCION
ARTICULO 97.- En los casos los que se solicite la intervención de la Procuraduría Social de los Menores, con el fin de gestionar alguna acción en beneficio de la niñez, ésta actuará según sea el caso, apoyando la gestión o haciendo el trámite directamente ante las autoridades competentes, para lo cual los interesados deberán llenar y entregar el formulario que para tal efecto se formule.
ARTICULO 98.- Si la solicitud se considerara notoriamente improcedente, inadecuada, o bien contraria a los intereses de algún sector de niñas, niños o adolescentes, se intentará actuar de mediador para encontrar alguna solución, levantando acta circunstanciada de cada una de las sesiones de mediación . De no lograrlo y seguir considerando la solicitud inadecuada, por escrito, y en un término de cinco días la Procuraduría dará contestación a los interesados notificando el acuerdo tenido.
CAPÍTULO 8: DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS
ARTTICULO 99.- El informe de las autoridades o servidores públicos deberá rendirse dentro de un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el requerimiento y, en el cual, se consignarán los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones, así como los elementos de información que se consideren necesarios para la documentación del asunto. En el caso de privación ilegal de la libertad o peligro inminente de la integridad corporal de niñas o niños, el informe deberá rendirse en un plazo que no deberá exceder de seis horas, el cual se podrá realizar en forma verbal de inmediato y, posteriormente, por escrito, sin que exceda del término de veinticuatro horas. A la falta del informe que deben rendir las autoridades, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva en que incurran, se tendrán por ciertos los hechos motivo de la queja, salvo prueba en contrario.
ARTICULO 100.-Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que sea considerada de carácter reservado, lo. comunicarán a la Procuraduría y expresarán las razones para considerarla de esa naturaleza. En ese supuesto, los Subprocuradores tendrán la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva y solicitar que se les proporcione la información o documentación que se manejará en la más estricta confidencialidad.
CAPÍTULO 9: DE LA INVESTIGACION
ARTICULO 101.- Admitida la queja o denuncia y requerido el informe que señala el capítulo anterior, la Procuraduría iniciará de inmediato la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Para tal fin, practicará visitas e inspecciones a las dependencias por medio de su personal técnico, el cual solicitará o recibirá las pruebas de la autoridad o del servidor público presunto infractor, así como del quejoso y practicará todas aquellas actuaciones que estime pertinentes. En la realización de las investigaciones, se observarán los principios legales a que se deberán sujetar las autoridades y servidores públicos, dándose prioridad a los que señala la presente ley. En todos los casos que se requiera, la Procuraduría levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.
CAPÍTULO 10: DE LAS PRUEBAS
ARTICULO 102.- La Procuraduría Social de los Menores podrá solicitar la presentación y desahogo de todas aquellas pruebas que a juicio del Procurador o de los Subprocuradores resulten indispensables.
ARTICULO 103.- Una vez recibido el informe, se abrirá el periodo probatorio cuya duración será determinado por la Procuraduría de acuerdo con el caso, tomándose en cuenta la gravedad y dificultad para allegarse de los elementos probatorios. Se admitirán pruebas de toda índole y naturaleza, siempre y cuando no vayan en contra de la moral o del derecho, pudiéndose recabar de oficio cualquier probanza.
ARTICULO 104 El Procurador valorará las pruebas en su conjunto, de conformidad con los principios de lógica, experiencia y legalidad, a fin de que pueda producir convicción sobre los hechos materia de la queja o denuncia.
CAPÍTULO 11: DE LAS RESOLUCIONES
ARTÍCULO 105- Las resoluciones que dicte la Procuraduría tendrán carácter de laudo arbitral, las que no tendrán un carácter vinculatorio por lo que serán las autoridades jurisdiccionales de la materia las que emitirán las sentencias o laudos correspondientes. Una vez dictado el acuerdo por parte de la Procuraduría, el promovente si estuviese inconforme con el acuerdo, tendrá expedita la vía correspondiente para continuar con su inconformidad.
CAPITULO 12: DE LA CONCILIACION
ARTICULO 106.- Cuando en una queja o en una denuncia de querella se contemplen actos u omisiones que no impliquen violaciones a los derechos de la vida o a la integridad física, psíquica, y a otras que se consideren especialmente graves por el número de niñas, niños o adolescentes afectados o sus posibles consecuencias, la misma podrá sujetarse a un procedimiento de conciliación con las autoridades o particulares señalados como presuntos responsables. En los delitos de oficio no procede la conciliación.
ARTICULO 107.- La Procuraduría deberá formular una propuesta de conciliación que, de manera breve y sencilla, presentará por escrito a la autoridad, servidor público, o particulares, con el fin de lograr una solución inmediata a la violación. Para este efecto, el Subprocurador deberá escuchar al quejoso y le hará de su conocimiento este proyecto, aclarándole en qué consiste. Asimismo, lo mantendrá informado del avance del trámite hasta su total conclusión.
ARTICULO 108.- La autoridad servidor público o particular a quien se envíe una propuesta de conciliación, dispondrá de quince días naturales a partir de la notificación para responderla por escrito y enviar las pruebas que considere pertinentes De no contestar se entenderá como aceptada la propuesta o bien, aceptada la propuesta, se dictará el laudo arbitral correspondiente el cual surtirá efectos una vez notificado. Si durante los quince días siguientes a la aceptación de la propuesta la autoridad o el particular no la hubiere cumplido totalmente, el quejoso lo hará saber a la Procuraduría para que ésta, en su caso, dentro de las setenta y dos horas hábiles siguientes, contadas a partir de la interposición del escrito del quejoso, se allegue del informe de la autoridad o del particular y resuelva sobre la reapertura del expediente para continuar con la acción jurisdiccional correspondiente ante la autoridad competente además de determinar las acciones cautelares que correspondan. Cuando la autoridad, servidor público o particular correspondiente no acepte la propuesta formulada por la Procuraduría, la consecuencia inmediata será que el Procurador elaborará acta circunstaciada de la negativa de haber llegado a una conciliación, continuando con el proceso de integración de la queja o la denuncia.
ARTICULO 109.- En cualquier estado del procedimiento, la Procuraduría, si la queja o denuncia se ajustan a lo previsto en el artículo anterior, impelerá hacia la conciliación de las partes que, de lograrse, dará origen a la conclusión del expediente, siempre que la autoridad, servidor público o particular le acrediten, dentro del término de quince días naturales, haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias. Dicho plazo podrá ser ampliado, previo acuerdo, cuando así lo acredite la naturaleza del asunto.
ARTICULO 110.- En el caso de que la autoridad, servidor público o particular no cumpla con las medidas conciliatorias acordadas en el plazo establecido, el quejoso lo hará del conocimiento de la Procuraduría para que ésta reabra el expediente y, continúe con el procedimiento jurisdiccional en proceso para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado, por conducto de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
CAPÍTULO 13: DE LOS ACUERDOS, PETICIONES, DECLARACIONES, RESOLUCIONES Y LAUDOS ARBITRALES
ARTICULO 111.- La Procuraduría puede dictar acuerdos de trámite y peticiones en el curso de las investigaciones que realice. Los acuerdos serán obligatorios para los particulares, autoridades y servidores públicos que deban aportar información o documentos y su incumplimiento traerá aparejadas las sanciones y responsabilidades señaladas en el Capítulo XII de Título Undécimo del presente ordenamiento legal. Igualmente, en el caso de que no se comprueben los actos u omisiones que se le imputen al servidor público, autoridad o particular, se dictará sobreseimiento por desvanecimiento de datos.
ARTICULO 112.- La petición procede:
I. Cuando se solicitan informes sobre presuntas violaciones o sobre presuntos incumplimientos en las obligaciones de los servidores públicos.
II. Cuando se soliciten documentos o cualquier otro tipo de pruebas;
III. Cuando se pida el cumplimiento de los términos de un laudo arbitral;
IV. Cuando se solicite la comparecencia de un funcionario, o de un particular;
V. Cuando se solicite el cese de las violaciones en los centros de readaptación o de detención.
VI. Cuando se solicite al superior jerárquico de un servidor público o de un particular se aplique una medida disciplinaria por no cumplir con las peticiones de la Procuraduría u obstaculizar las investigaciones que ésta emprenda, y
VII. Las demás que señale el Reglamento Interior.
ARTICULO 113.- El laudo arbitral será la principal resolución que emita la Procuraduría cuando la materia sobre la que se acuerde lo permita, con el fin de buscar soluciones que sean equitativas y ocasionen a los menores el menor daño posible.
ARTICULO 114.- La Procuraduría, habiendo agotado la etapa de conciliación, sin haberlo logrado, deberá iniciar el proceso judicial ante la autoridad competente, penal, civil, administrativa, o del trabajo, aportando las actuaciones realizadas, así corno los elementos de convicción obtenidos por la Procuraduría. Cuando del resultado de las investigaciones exista presunción de la comisión de un delito diverso al investigado, la Procuraduría presentará la. denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público. El proyecto de laudo arbitral contendrá un capítulo de resultados, una parte considerativa y concluirá con proposiciones concretas que deberán señalar las medidas que procedan para la efectiva restitución de los derechos fundamentales de los afectados y, en su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. Los proyectos antes referidos serán sometidos al Procurador para su consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y observaciones que estime convenientes y emitirá la resolución final.
ARTICULO 115.- La Procuraduría deberá notificar fehaciente e inmediatamente a los quejosos los resultados de la investigación, el contenido, la aceptación y la ejecución del laudo arbitral emitido.
ARTICULO 116.- Corresponde a la Procuraduría comprobar o cerciorarse que se haya cumplido con el laudo arbitral para lo cual podrá realizar toda clase de diligencias, pudiendo actuar por moción propia o a petición de parte.
ARTICULO 117.- La Procuraduría no estará obligada a entregar ninguna de las pruebas o copias certificadas de sus actuaciones a la autoridad, servidor público, o particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de entregarse o no.
ARTICULO 118 El Procurador publicará en los medios de comunicación que estime pertinentes, en su totalidad o en forma resumida, los laudos arbitrales. En casos excepcionales, podrá determinar si los mismos sólo deban comunicarse a los interesados, de conformidad con las circunstancias del caso concreto.
TITULO CUARTO: DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO ÚNICO: DE LOS RECURSOS DE EXHIBICIÓN DE PERSONA Y RECURSOS ORDINARIOS
ARTICULO 119.- En caso de desaparición o detención ilegal, cualquier persona o el propio quejoso, cuando lo pueda hacer, podrá interponer ante la Procuraduría el recurso extraordinario de exhibición de persona, en cuyo caso el Procurador, los Subprocuradores, Secretario General o los Delegados Municipales tendrán facultades para inspeccionar o buscar en las oficinas, separos, centros de detención, de prisión, albergues, hogares temporales o cualquier otro lugar en donde se presuma que se encuentra ilegalmente retenido el menor afectado. Las autoridades estatales y municipales de dependencias administrativas, de procuración de justicia, de seguridad pública y de vialidad o cualquier otro servidor público que hubiese ordenado una detención presumiblemente ilegal, deberán dar las facilidades correspondientes para que la Procuraduría pueda garantizar el cese a dichas violaciones. El recurso de exhibición de persona no prejuzga sobre la responsabilidad penal ni administrativa del detenido.
ARTICULO 120.- En todos los casos que se presente el recurso de exhibición de persona, deberá comunicarse telefónicamente, por fax o por cualquier otro medio en forma inmediata a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para que de ser posible se realicen las diligencias de manera conjunta, dándose el lugar que le compete a cada dependencia.
ARTÍCULO 121.- El Procurador, los Subprocuradores, el Secretario General o visitadores podrán solicitar a las autoridades administrativas señaladas en el artículo que antecede, le exhiba o presente físicamente a la persona que mantenga privada de su libertad, en cuyo caso la presunta autoridad responsable deberá justificar la detención de quien se trate y garantizar la preservación de su vida e integridad corporal, así como su salud física y mental.
ARTICULO 122.- El recurso de exhibición de persona se podrá hacer valer ante la Procuraduría en cualquier momento e incluso de manera verbal cuando esté en riesgo la vida, la integridad corporal, la salud física y mental de una persona. La Procuraduría resolverá de inmediato la procedencia o improcedencia del citado recurso. Su resolución será inatacable. En caso de que la Procuraduría resuelva procedente la solicitud del recurso de exhibición de persona, se trasladará al sitio en donde la denuncia afirme que se encuentra detenida ilegalmente un menor, a fin de dar cumplimiento a su resolución. Al efecto, se hará acompañar del solicitante o de quien conozca al detenido y del médico de guardia, para que, en su caso, pueda certificar la identidad del presentado, así como el estado físico en que se encuentra, o bien de que no se encontraba dicha persona en el lugar descrito.
ARTICULO 123.- Si la autoridad responsable exhibiera a la persona agraviada, el Procurador podrá disponer la no incomunicación y la imposibilidad de cambiarla de lugar sin autorización. Asimismo, si no estuviera a disposición del Ministerio Público, o de la autoridad administrativa competente, podrá solicitar que se ponga de inmediato a disposición de ésta, y si ya estuviera, podrá disponer que ésta resuelva sobre la detención de la persona en los plazos y términos constitucionales, lo anterior en cuanto no interviniera la autoridad federal por medio de] juicio de amparo y cuando se trate de casos de extrema urgencia. En su caso, podrá solicitar a la autoridad señalada como responsable, un informe por escrito con relación al recurso promovido, el cual deberá rendirse en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir de que se le haya notificado a dicha autoridad. El desacato a las resoluciones que emita el Procurador con relación a este recurso, así como los informes falsos o incompletos que rindan las autoridades señaladas como responsables, se sancionará conforme a las leyes en la materia.
ARTICULO 124.- Contra el Laudo Arbitral no proceden recursos recurso alguno. En las resoluciones jurisdiccionales proceden los recursos propios según de la materia que se trate
TITULO QUINTO: DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS
CAPITULO 1: DE LAS OBLIGACIONES Y COLABORACION DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS CON LA PROCURADURIA
Artículo 125.- Todas las autoridades, dependencias y entidades de los poderes estatales y gobiernos municipales deberán proporcionar, veraz y oportunamente, la información y documentación que solicite la Procuraduría. El incumplimiento de esta obligación faculta para fincar la responsabilidad a que hubiere lugar, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de¡ Estado y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 126.- Todas las autoridades y servidores públicos estatales y municipales, incluso aquellos que no hubieren intervenido en los actos u omisiones materia de la investigación, pero que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información, deberán cumplir con los requerimientos que les dirija la Procuraduría en tal sentido.
CAPÍTULO II: DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Artículo 127.- Los servidores públicos y los particulares serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de denuncias, de conformidad con lo establecido en las disposiciones constitucionales y demás ordenamientos legales aplicables.
Aetículo 128.- La Procuraduría podrá solicitar a las autoridades competentes la imposición de las sanciones administrativas correspondientes a las infracciones en que incurran servidores públicos, bien sea por los actos u omisiones materia de las quejas o por los actos u omisiones que entorpezcan las investigaciones que realice dicha Procuraduría. Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir los servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Procuraduría, se podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.
TÍTULO SEXTO: DEL PATRIMONIO
CAPITULO ÚNICO: DEL PATRIMONIO DE LA PROCURADURIA
ARTICULO 129.- El patrimonio de la Procuraduría se integrará por:
I. Los bienes muebles o inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de sus fines;
II. Los recursos que por otros medios legales pueda obtener, y
III. Los recursos que le asigne el Congreso del Estado.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 resolución 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
 resolución 

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

ARTÍCULO 79

ARTÍCULO 80

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 95

ARTÍCULO 105
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 121
 resolución 

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127