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Timestamp: 2020-05-28 18:52:37+00:00

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﻿ Sentencia SU-298 de mayo 21 de 2015
SENTENCIA SU-298 DE 21 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN. LAS SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN CON EL FIN DE OBTENER LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE FACTORES SALARIALES, NO PRESCRIBEN, PUES UNA INTERPRETACIÓN CONTRARIA ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN. SIN EMBARGO, VALE PRECISAR QUE LAS MESADAS PENSIONALES SÍ DEBEN SER RECLAMADAS, MÁXIMO, TRES AÑOS DESPUÉS DE HABERSE CAUSADO, SO PENA DE PERDER EL DERECHO A RECIBIRLAS. POR LO TANTO, LOS JUECES DEBERÁN ACCEDER A ANALIZAR LAS RELIQUIDACIONES PENSIONALES PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS FACTORES A FIN DE CALCULAR EL SALARIO, PERO LAS MESADAS PENSIONALES SIGUEN SIENDO OBJETO DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTIPULA LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE VEJEZ, RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia SU-298 de mayo 21 de 2015
Ref.: Expediente T-4.615.005
Asunto: Prescripción de la acción para reclamar la reliquidación de pensión
Acción de tutela presentada por Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa —quien preside—, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
El asunto llegó a esta corporación por remisión que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2º de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991, y fue escogido para revisión por la Sala de Selección Nº 11, el día 21 de noviembre de 2014.
1. En 1987, el Banco de la República le reconoció pensión de jubilación al señor Roberto Guzmán(1).
2. El 15 de diciembre de 1997, el señor Roberto Guzmán y otros antiguos empleados del Banco de la República que recibieron pensión de jubilación de esta entidad en el año de 1987 o antes, presentaron una reclamación a la gerente de la entidad para que reajustara su pensión. En esa ocasión, solicitaron al banco una nueva liquidación que incluyera como factor salarial la prima convencional(2) recibida durante el último año de servicios(3).
4. La demanda laboral interpuesta por el señor Roberto Guzmán y otros trabajadores fue conocida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá en primera instancia. En sentencia del 5 de octubre de 2004, el juzgado señaló que los demandantes reclamaron al Banco de la República la reliquidación “diez años después, esto es para cuando ya se encontraba prescrita la acción”(4), por lo cual declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el banco.
Al emitir el fallo, el juzgado se fundamentó en la sentencia del 18 de febrero de 2004 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia(5) que sostiene que el derecho pensional no prescribe, sin embargo, sí lo hacen los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral.
5. Contra esta decisión, el apoderado de los demandantes presentó recurso de apelación en el cual sostuvo que la sentencia “resultó aplicando oficiosamente una caducidad y no una prescripción”(6). Igualmente, consideró que el a quo incurrió en error, pues si aplicó la prescripción, no debió haber absuelto a la entidad demandada.
6. En segunda instancia conoció del asunto el Tribunal Superior de Santa Marta, en virtud de una medida de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura que le asignó la competencia para decidir la apelación contra el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá. En sentencia del 22 de marzo de 2007, el tribunal señaló que, en efecto, el derecho de pensión no está sujeto a que se reclame durante cierto tiempo, pero “la imprescriptibilidad de las pensiones, no cobija al salario base de liquidación de la pensión, para estos conceptos opera la prescripción en los términos de los demás derechos derivados de la vinculación laboral...”(7). Por consiguiente, concluyó que las acciones para reclamar la inclusión de factores salariales en la liquidación pensional prescriben tres años después del momento en que la obligación era exigible.
Nombre Fecha de pensión
Promedio salarial mensual
y % liquidación de pensión Valor actual de la pensión
Roberto Guzmán Galindo 3 de febrero de 1987
$111.896 $138.142,65
81% $1.549.488
Además, el tribunal señaló que cuando los demandantes solicitaron a la gerente del Banco de la República el reajuste de la pensión, esto es, el 15 de diciembre de 1997, ya habían transcurrido más de tres años desde su reconocimiento, que se produjo en 1987. Por lo tanto, al respecto operó la prescripción a la que hace referencia el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, así como los artículos 151 del Código del Procedimiento del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo(8). De igual forma, consideró que cuando el grupo de antiguos trabajadores del banco interpuso demanda laboral en el año 2000, la acción ya había prescrito. En consecuencia, la segunda instancia confirmó la decisión del a quo de declarar probada la excepción de prescripción, y solo modificó el numeral con el cual el juzgado tercero civil del circuito absolvió al Banco de la República, pues consideró que dado que no se analizaron los derechos involucrados, no era posible determinar la absolución del banco, pues a tal conclusión se llega solo cuando se analiza el asunto de fondo.
El abogado argumentó que, así como la pensión de jubilación es imprescriptible, “los factores salariales que deben tenerse en cuenta para su liquidación no se extinguen por el transcurso del tiempo”(9). Precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional ha sido constante en afirmar la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la liquidación pensional que incluya nuevos factores salariales. En relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que estimaba omitidas, hizo referencia a las sentencias del 23 de julio de 1998 (Rad. 10784), del 26 de mayo de 2000 (Rad. 13475) y del 26 de septiembre de 2000 (Rad 14184); y con respecto a las de la Corte Constitucional enfatizó en el precedente contenido en la Sentencia T-631 de 2002.
Bajo estos argumentos, el apoderado solicitó reajustar las pensiones de los demandantes, aunque reconoció que las mesadas pensionales causadas con anterioridad a los últimos tres años en los que se presentó la reclamación administrativa, ya habían prescrito. Así que su petición consistió, principalmente, en que se hiciera la nueva reliquidación pensional que incluyera como nuevo factor salarial la prima de vacaciones recibida en el último año de servicios y que la prescripción aplique solo a las mesadas “que se hubieran causado con más de tres años de anterioridad al 15 de diciembre de 1997, fecha en que interrumpieron la prescripción”(10).
8. En sentencia del 16 de octubre de 2013, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(11) decidió no casar el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta.
Al resolver el recurso, la Sala reiteró la sentencia del 7 de julio de 2005 (Rad. 25344) de la Corte Suprema de Justicia en la que estaba involucrado también el Banco de la República. Dicha sentencia sostuvo que “la jurisprudencia de esta Sala hace distinción entre los derechos de crédito que tienen incidencia en la liquidación de la mesada pensional y el derecho pensional en sí mismo considerado, para efectos de aplicar la prescripción de la acción judicial de cara al primer caso...”. A juicio de la Sala, la aplicación de la jurisprudencia vigente al momento de proferir la sentencia no afecta el principio de favorabilidad, como lo señala el apoderado, pues no había dos interpretaciones al respecto. La interpretación adoptada es el precedente vinculante para el momento de expedición del fallo, que está acorde con lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. En consecuencia, la Sala consideró que la acción para reclamar la reliquidación de la pensión para inclusión de factores salariales está sujeta a la prescripción, así como las mesadas pensionales, por lo tanto, no casó la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta.
La decisión fue adoptada por la mayoría de la Sala de Casación Laboral, sin embargo, los magistrados Luis Gabriel Miranda Buelvas, Carlos Ernesto Molina Monsalve y Clara Cecilia Dueñas Quevedo salvaron su voto. La razón por la cual se apartaron de la decisión consistió, principalmente, en que no estaban de acuerdo con considerar la prescripción sobre los derechos alegados, dado el carácter de tracto sucesivo del derecho pensional(12).
9. Inicialmente, el 16 de diciembre de 2013(13) el señor Roberto Guzmán presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que las decisiones emitidas por los jueces accionados en el curso del proceso laboral vulneraron sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, a la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador y a la protección especial a las personas de la tercera edad, porque declararon probada la excepción de prescripción con respecto a la reclamación de tener en cuenta la última prima de vacaciones en la reliquidación de su pensión.
El actor expuso que, conforme al artículo 48 de la Constitución, su derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible, “así como el derecho a reclamar la reliquidación de las pensiones cuando no se han tenido en cuenta todos los factores que integran la base para su liquidación”(14). Indicó que esta postura ha sido reiterada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2011 y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expuesta en sentencia del 22 de mayo de 2013 (Rad. 37416), esta última, decidió no casar una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que reconoció que la prima de vacaciones convencional que recibía una antigua empleada del Banco de la República constituía un factor salarial(15).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir la acción de tutela el 13 de enero de 2014, y en fallo del 28 de enero del mismo año, negó las pretensiones del accionante(16). Sin embargo, una vez el señor Guzmán interpuso la impugnación, conoció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El 3 de marzo de 2014, esta Sala declaró la nulidad de lo actuado en el proceso desde el auto de admisión de la acción de tutela. A juicio de la Sala de Casación Civil, la acción no debió haber sido admitida porque su pretensión era reabrir el debate que fue resuelto por la jurisdicción laboral. Además, advirtió que no remitiría la decisión de nulidad a la Corte Constitucional para su eventual revisión, pues no se emitió sentencia y el Decreto 2591 de 1991 dispone que se enviarán a la Corte únicamente las sentencias emitidas en las acciones de tutelas(17).
Ante esta situación, el 14 de marzo de 2014, el señor Roberto Guzmán presentó la tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. El accionante acudió a dicha corporación, con sustento en el auto del 3 de febrero de 2004 de la Corte Constitucional según el cual, cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a tramitar las tutelas, se podrá acudir a cualquier juez de igual jerarquía para que asuma su conocimiento(18).
El 20 de marzo de 2014, los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(19) adujeron que, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución, la Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por lo tanto ninguna autoridad judicial puede imponerle un criterio de interpretación. Además, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no puede conocer de las acciones de tutela contra la Corte de Suprema de Justicia porque de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000 esta función le corresponde a la misma Corte Suprema. Indicaron también que la Corte Constitucional no tiene la función de fijar competencias para avocar el conocimiento de las tutelas.
B.8. Nulidad del segundo proceso de tutela
El 14 de mayo de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de tutela desde el auto admisorio, por indebida integración del contradictorio, pues la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no notificó al Banco de la República del auto admisorio de la tutela. En consecuencia, remitió el expediente al Consejo Seccional para subsanar el error detectado y adelantar el estudio de la tutela con el lleno de los requisitos(20).
La respuesta de la entidad indicó que en una acción de tutela presentada por la señora Martha Cancino Bermúdez, con hechos similares e idénticas pretensiones a las de la tutela del señor Roberto Guzmán, en sentencia del 9 de abril de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura también decidió negar las pretensiones(21).
C.2. Impugnación
En sentencia del 17 de septiembre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó el fallo de primera instancia y negó la tutela. Constató el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, pero negó la existencia de algún defecto. Luego, de acuerdo con la sentencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema hizo una interpretación armónica del principio de favorabilidad y de legalidad, así que no estimó vulnerado el artículo 53 de la Constitución. Agregó que las decisiones judiciales cuestionadas tampoco desconocieron el precedente, pues se apoyaron en la sentencia del 27 de junio de 2002 (Rad. 17648).
2. En el año 2000, el señor Roberto Guzmán y otros trabajadores del Banco de la República demandaron ante la jurisdicción laboral a su antiguo empleador para obtener la reliquidación de su pensión, recibida en el año de 1987 o antes. Solicitaron que se calculara nuevamente el monto de su pensión teniendo como factor salarial la prima de vacaciones recibida durante el último año de servicios. Las dos instancias del proceso laboral declararon probada la excepción de prescripción y no estudiaron de fondo si la prima de vacaciones debía ser incluida en la liquidación de la pensión. Para los juzgadores, la reliquidación de la pensión solo puede solicitarse dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la misma y, en este caso, la reclamación administrativa ocurrió en el año de 1997 y la demanda ante la jurisdicción laboral, en el año 2000; así que transcurrieron más de tres años entre el reconocimiento de la pensión y la petición de reajuste.
5. El artículo 86 de la Constitución señala que la tutela procede cuando los derechos fundamentales resultan amenazados o vulnerados “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”(22). Por lo tanto, esta corporación ha estimado que si de una providencia judicial surge una afectación a los mencionados derechos fundamentales, es posible acudir a la acción de tutela para solicitar su protección. Así pues, cuando la Constitución señala que la tutela procede contra cualquier acción de autoridad pública, allí deben incluirse las actuaciones de los jueces en el curso de los procesos que resuelven.
En un primer momento, no se consideraba admisible la acción de tutela contra providencias judiciales. En la Sentencia C-543 de 1992 la Corte estudió la constitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 relativos a la caducidad y competencia para conocer de tutelas contra decisiones emitidas por los jueces. En esa oportunidad, esta corporación resolvió declarar inexequibles los artículos demandados porque consideró que eran contrarios a la autonomía judicial, a la administración de justicia y a la seguridad jurídica(23).
Sin embargo esa postura jurisprudencial cambió para permitir la interposición de la acción de tutela cuando una autoridad judicial incurría en una vía de hecho y con ello afectaba derechos fundamentales. Inicialmente, se consideraba que se configuraba una vía de hecho cuando los jueces actuaban de forma caprichosa y arbitraria, y posteriormente se precisó que esta “incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”(24).
En ese sentido, desde un inicio, la jurisprudencia desarrolló algunas causales respecto de las cuales era posible concluir la existencia de una vía de hecho y las caracterizó como defectos de la decisión judicial. Algunas de ellas, expuestas en la Sentencia T-231 de 1994 eran: “Si este comportamiento —abultadamente deformado respecto del postulado en la norma— se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental)...”(25).
Actualmente las tutelas contra providencias judiciales deben cumplir con estos estrictos requisitos para determinar su procedencia. El objeto de hacer ese riguroso análisis es obtener un punto medio que, por un lado, permita a las personas solicitar la protección de los derechos fundamentales, incluso si la afectación se desprende de la acción de un juez; y por otro lado, sea respetuoso de la administración de justicia, la independencia judicial y la seguridad jurídica.
7. En consecuencia, para determinar la procedencia de la tutela es necesario verificar dos tipos de requisitos. En un primer nivel están los requisitos generales, que “habilitan la interposición”, pues indagan por las características que comúnmente se exigen para la presentación de esta acción, solo que se adecuan a la situación específica de cuestionar una providencia judicial. Si se cumplen tales requerimientos, es posible continuar con el examen de los requisitos específicos, que están en un segundo nivel de análisis y “tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”(26).
b) Que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios para constatar que la acción es subsidiaria y no se utiliza como mecanismo principal cuando el sistema judicial ofrece otras vías para tramitar la reclamación. Esto con el fin de que la tutela no vacíe las competencias de otras jurisdicciones. Vale anotar que ante la existencia de perjuicio irremediable que no haga posible acudir a los mecanismos ordinarios, es posible flexibilizar este principio de acuerdo con el artículo 86 superior.
c) El cumplimiento del requisito de inmediatez tiene como objeto verificar que la acción de tutela se ejerza en un término razonable después del hecho del cual se deriva la afectación. A través de esta exigencia se permite que las personas puedan acceder a la acción de tutela, sin poner en riesgo la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
d) En caso de alegarse una irregularidad procesal, que esta tenga la entidad de afectar derechos fundamentales y haya sido determinante en el sentido de la decisión judicial que se reprocha, “[n]o obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio”(27).
e) Que la parte actora identifique tanto los hechos, como los derechos vulnerados, y que haya esgrimido sus argumentos en el proceso judicial, de ser posible. Este requerimiento tiene como fin que el accionante exponga claramente cuál es la posible afectación a sus derechos y que, en las instancias oportunas para que los jueces consideren sus razones, lo haya explicado, más no que la tutela se convierta en una oposición per se a la decisión en general.
f) Que la tutela no se interponga contra un fallo de tutela, “por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida...”(28).
Los requisitos específicos son aquellos que indagan de fondo si la providencia vulneró algún derecho. Estos son:
b) Defecto procedimental que consiste en que el juez actúa al margen del procedimiento legal dispuesto para el asunto puesto en su conocimiento;
d) Defecto material o sustantivo, que se presenta cuando la providencia adopta una decisión con base en normas inexistentes, inconstitucionales o “que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”(29);
g) Desconocimiento de precedente en el que incurren la decisión que limita o se aparte el precedente fijado por las altas cortes. Como ha señalado esta corporación, “... en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”(30);
Para considerar procedente esta acción en contra de una providencia judicial, se debe comprobar la existencia de todos los requisitos generales señalados, y considerar demostrado al menos uno de los requisitos específicos.
8. El desconocimiento del precedente es una causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales. Esta puede configurarse a través de dos vías: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo o (ii) al evidenciar un desconocimiento de precedente de forma autónoma; pues, como ha expuesto esta corporación, no hay un límite indivisible entre estas causales(31).
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”(32) (negrillas propias del texto).
11. Si bien la Constitución señala que los jueces están sometidos al imperio de la ley (art. 230), en las decisiones judiciales se fijan los parámetros para la interpretación y aplicación de dicha ley. A través del estudio caso a caso, los jueces fijan reglas que precisan y llenan de contenido las disposiciones legales, por lo tanto, se convierten en parte de las mismas que deben ser tenidas en cuenta en casos posteriores. Por consiguiente, esta corporación ha expuesto que los precedentes no son solo orientadores en la labor de administración de justicia, sino también obligatorios(33).
“(1) [E]n virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (C.P., art. 13), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (2) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben ser ‘razonablemente previsibles’; (3) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (C.P., art. 84), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (4) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico (dogmática jurídica)”(34).
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”(35).
Una vez reunidos los requisitos esbozados anteriormente subsiste en el juzgador un deber de decidir en la misma línea argumentativa de los casos anteriores. Sin embargo, la sujeción al precedente no es una regla absoluta. En atención al carácter dinámico del derecho(36) y al principio de razonabilidad(37), un juez puede optar por una forma diferente de resolver, pero “construyendo una mejor respuesta al problema jurídico”(38). En ese sentido, el juez o tribunal que se aparte de una decisión que constituya precedente en el caso que resuelve, deberá asumir una fuerte carga argumentativa, y debe:
“(i) referirse expresamente al precedente anterior, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo desapercibido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia), y, (ii) exponer la razón o razones serias y suficientes para el abandono o cambio, si en un caso se pretende decidir en sentido contrario al anterior encontrándose en situaciones fácticas similares (principio de razón suficiente)”(39).
Pero, sin duda, el precedente es una herramienta que cohesiona el sistema judicial porque conecta las decisiones individuales a través de una misma línea argumentativa para la resolución de los mismos asuntos. Conecta las decisiones de un mismo nivel jerárquico con las de los funcionarios superiores. Al respecto se distingue entonces el precedente horizontal que “supone que, en principio, un juez —individual o colegiado— no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias”, del vertical que implica “que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes”(40).
La Corte Constitucional como intérprete autorizada de la Constitución se encarga de fijar el alcance de los derechos fundamentales. Al respecto, esta corporación ha insistido que ella “... es la encargada de fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales, de manera que tienen un aspecto subjetivo, relativo al caso concreto, y objetivo, que implica consecuencias generales en cuanto determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos”(41).
“(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”(42).
19. En relación con la fuerza vinculante de los precedentes que provienen de sentencias de tutela en salas de revisión, esta corporación ha precisado que allí se cumple también la labor de unificación de jurisprudencia y de desarrollo de la Constitución(43). Como ha insistido esta Corte, tales decisiones “constituyen precedente obligatorio sobre los alcances y límites aplicables a los derechos fundamentales por parte de los diferentes operadores jurídicos”(44). Además, los efectos de las tutelas “pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades”(45).
21. Del derecho a la seguridad social se desprende el derecho a la pensión de jubilación, que consiste en recibir el goce efectivo de una mesada calculada de acuerdo con los factores dispuestos por la ley para la situación de cada persona. Se trata de un derecho fundamental que tiene como objeto brindar las condiciones económicas para la vida digna de quienes han trabajado por mucho tiempo(46).
Por ejemplo, la Sentencia C-230 de 1998, retomada posteriormente en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional(47), precisó:
“... la pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a la seguridad social (C.P., arts. 1º, 46 y 48), determinando a su vez una realización efectiva del valor fundante que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la disposición demandada...”(48).
23. Ahora bien, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre el derecho a la pensión propiamente dicho, y los derechos crediticios que surgen de esta. Mientras el reconocimiento del derecho a la pensión goza de características tales como la imprescriptibilidad, los otros están sujetos a mayores restricciones, siempre que tales limitaciones no sean desproporcionadas.
Particularmente, en relación con la prescripción de las acciones laborales, esta corporación ha advertido que el derecho a la pensión es imprescriptible, sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción extintiva de los derechos que surgen en virtud de un derecho fundamental(49).
“Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho”(50).
La Corte Suprema decidió no casar la sentencia porque consideró que el carácter imprescriptible de la pensión incluye a la posibilidad de reclamar los reajustes a la misma. Determinó que solo se extingue con el paso del tiempo, la posibilidad de recibir las mesadas pensionales no exigidas después de tres años. Y fundamentó el sentido del fallo en lo dispuesto en la sentencia del 26 de mayo de 1986 de la Corte Suprema de Justicia que sostuvo:
“... la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y además, trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años”(51) (destacado fuera del texto).
En la citada sentencia se estudió el caso de un grupo de antiguos trabajadores del Banco de la República que solicitaron, más de tres años después de empezar a recibir su pensión, que se calculara nuevamente el monto de la misma y se incluyera como parte del salario una prima de vacaciones. La Sala Laboral del Tribunal de Bogotá ordenó hacer el reajuste, por lo cual, el banco interpuso recurso de casación contra ese fallo. Al decidirlo, la Sala Laboral retomó su jurisprudencia, de acuerdo con la cual los hechos, tales como el estatus de pensionado, no se extinguen con el paso del tiempo, y señaló que “la prescripción solo se aplica a las mesadas pensionales, más no así al hecho que generó la reliquidación del derecho, vale decir, la inclusión de la prima de vacaciones en la base salarial”(52).
“Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (sent. oct. 21/85, Rad. 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en los términos de las citadas normas laborales.
En esa misma línea, decisiones posteriores han retomado ese cambio jurisprudencial, tal como lo hizo la sentencia del 18 de febrero de 2004, con ponencia del magistrado Fernando Vásquez Romero (Rad. 21231). En ese caso, un grupo de pensionados del Banco de la República reclamaba que se reliquidara su pensión, incluyendo en la fijación del salario, la prima de vacaciones recibida durante el último año de servicios. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia retomó el precedente del 15 de julio de 2003 que modificó el criterio que hasta el momento se había acogido por esa corporación y concluyó que “la prescripción que ello regula [Código Sustantivo Laboral, art. 488] sí cobija a los factores salariales que se omitan para tasar el valor de la mesada pensional...”(53).
En el mismo sentido del último fallo mencionado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia del 7 de julio de 2005, que resolvió un recurso de casación interpuesto por un antiguo trabajador del Banco de la República para que no se aplicara la prescripción de su acción en su solicitud de reliquidación pensional(54). Al decidir, la Sala acogió el precedente del 15 de julio de 2003 citado in extenso con anterioridad.
Finalmente, en una reciente sentencia del año 2014, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar una decisión judicial que declaraba la prescripción de la acción para solicitar la reliquidación pensional(55).
27. En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al derecho a reclamar la reliquidación de la pensión, son relevantes, en especial, dos decisiones: las sentencias T-762 de 2011 y T-456 de 2013. Estas providencias comparten con el caso que se estudia, que los accionantes solicitaron la reliquidación de su pensión, entre una de las varias peticiones que elevaron a diferentes despachos judiciales. La respuesta que recibieron consistió en que su acción había prescrito, pues la reclamación no se presentó después de tres años del reconocimiento de la pensión. Cuando la Corte se encargó de resolver los problemas jurídicos respectivos, en la sentencia del 2011 concluyó que resulta desproporcionado imponer un límite para solicitar el reajuste pensional —en ese caso porque la liquidación se hizo con un régimen diferente—; y en la sentencia del 2013 reiteró que ante una incorrecta liquidación, subsiste el derecho a requerir, en cualquier tiempo, un cálculo adecuado de la pensión.
La Sentencia T-762 de 2011 estudió la tutela presentada por el señor Raúl Bernal Villegas contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín. El accionante reclamaba la reliquidación de su pensión para que el nuevo cálculo se efectuara teniendo en cuenta otra norma que consideraba aplicable. En el año 2001 Cajanal le reconoció su pensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 2005 el actor solicitó que para definir la cuantía de su pensión se tuviera en cuenta el artículo 6º del Decreto 546 de 1971. Dado que no recibió respuesta de Cajanal, interpuso demanda ordinaria laboral el 21 de abril de 2005. En 2007, un día antes del fallo de primera instancia recibió respuesta de la entidad, la cual aseguraba que no era posible aplicarle el régimen solicitado porque este tenía como destinatarios únicamente a quienes adquirieron el estatus de pensionados antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín consideró que la prestación no estaba afectada por la prescripción, pero declaró probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas causadas antes de los tres últimos años. Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión y declaró probada la excepción de prescripción porque consideró que el actor disponía de tres años para reclamar la reliquidación de su pensión, pero actuó después de dicho término. El accionante interpuso recurso de casación, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar el fallo, en concordancia con el precedente de esa corporación (Rad. 19557, jul. 15/2003) según el cual el derecho a la pensión es imprescriptible, pero los derechos crediticos se extinguen si no son reclamados en tres años.
“[S]í (sic) una entidad encargada del reconocimiento de una pensión vulnera el derecho fundamental a la correcta liquidación de la misma, el afectado no puede renunciar a reclamar lo debido, y por tanto, no resulta razonable ni proporcionado sancionarlo con la prescripción de la acción para hacer efectivo su goce”(56).
En la Sentencia T-456 de 2013 esta Corte estudió una tutela presentada por el señor Jesús María Restrepo Gutiérrez contra el Instituto de Seguros Sociales —ISS—. De acuerdo con la citada sentencia, en 1996 el ISS reconoció pensión de jubilación al señor Jesús María Restrepo y en 2001 él solicitó la reliquidación de la misma(57). Después de agotar la vía gubernativa, el señor Restrepo presentó demanda laboral para obtener la nueva liquidación pensional, pero el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín declaró probada la excepción de prescripción porque la solicitud se elevó después de tres años de habérsele reconocido la pensión. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo. Ante esa situación, el accionante presentó tutela para que se protegieran sus derechos a la igualdad, a la seguridad social, y a recibir un salario (pensión) digno y justo, los cuales estimó vulnerados por la negativa del ISS de reliquidar su pensión. Agregó que en un caso similar al suyo, el Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín reconoció el derecho a solicitar el reajuste de la pensión del señor Manuel Fernando Quiroz.
“... la posición jurídica asumida tanto por los jueces de instancias como por los jueces de tutela, y en su caso por el mismo ISS, en cuanto a que operó la prescripción de la acción para reclamar la reliquidación pensional anotada, desconocen abiertamente la jurisprudencia constitucional fijada por esta corporación en múltiples oportunidades, según la cual, y en aplicación de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que se predica de todos los derechos de la seguridad social, las personas a quienes se les ha reconocido una pensión tienen derecho a que dicha prestación les sea adecuadamente liquidada según el régimen legal que les sea aplicable”(58).
Finalmente, respecto al alcance de su fallo, la Corte señaló que “la interpretación constitucional fijada por la Corte determina el contenido y el alcance de los preceptos de la Constitución y hace parte, a su vez, del ‘imperio de la ley’”, por lo tanto, “el desconocimiento de las interpretaciones realizadas por la Corte Constitucional implica el desconocimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, y en esa medida, constituye una infracción al debido proceso”(59).
Bajo ese presupuesto, la Sala decidió que negar la solicitud de reliquidación desconoce los principios de imprescriptibilidad, irrenunciabilidad y favorabilidad y es contrario a “la interpretación jurisprudencial que ha hecho esta corporación, con lo cual se estaría desconociendo el derecho al debido proceso”(60). Pero aclaró que la no aplicación de la prescripción para el derecho a reclamar el nuevo cálculo de la pensión no afecta la prescripción de la que sí son objeto las mesadas dejadas de percibir y no reclamadas después de tres años. Así pues “la materialización de este derecho pensional, representado en las mesadas pensionales si tiene un término de prescripción de tres (3) años para su cobro o reclamación”(61).
El requisito de inmediatez también se cumple en el caso concreto, pues el accionante presentó la tutela en un tiempo razonable después de la última decisión que cuestiona. El actor radicó la acción el 16 de diciembre de 2013 en contra de varias providencias judiciales(62), siendo la más reciente de ellas, la del 16 de octubre de 2013 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que resolvió el recurso de casación interpuesto por el señor Guzmán. Es decir, que pasaron dos meses entre la última decisión atacada y la presentación de la acción de tutela.
Es pertinente precisar que el accionante señala que las providencias de la jurisdicción laboral también desconocieron la sentencia proferida el 22 de mayo de 2013 por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia (Rad. 37416), sin embargo, se advierte que tal providencia no constituye precedente en el caso de la referencia. En la decisión que se trae a debate(63), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por el Banco de la República contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se reconoció a una pensionada del banco, que podía ejercer la acción de reliquidación en cualquier tiempo, y que la prima convencional de vacaciones que recibió en el último año, debía ser calculada como factor salarial.
Ahora bien, en el recurso de casación, la Sala Laboral no se detuvo en analizar lo relativo a la prescripción de la acción. El cargo que tangencialmente reprochó la prescripción, tenía como cuestionamiento principal que el ad quem otorgó a la prima de vacaciones un carácter salarial, y cuando la Corte se ocupó de estudiar el cargo, se concentró en el reproche con respecto a la naturaleza de la prima de origen convencional y posteriormente concluyó que el cargo estaba mal orientado, por lo cual, no prosperó(64). En consecuencia, no hay consideraciones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia acerca de la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la reliquidación, que es la discusión de esta tutela. Por lo tanto, esta sentencia no se tendrá como precedente de la jurisdicción laboral.
“... sí (sic) una entidad encargada del reconocimiento de una pensión vulnera el derecho fundamental a la correcta liquidación de la misma, el afectado no puede renunciar a reclamar lo debido, y por tanto, no resulta razonable ni proporcionado sancionarlo con la prescripción de la acción para hacer efectivo su goce”.
“... al materializarse dicho derecho subjetivo en una prestación inadecuadamente liquidada, y negársele al beneficiario de la misma, la posibilidad de que esta se reajuste en los términos legales, implica de suyo el desconocimiento de los principios constitucionales ya anotados y de paso contrariar la interpretación jurisprudencial que ha hecho esta corporación, con lo cual se estaría desconociendo el derecho al debido proceso”.
Teniendo en cuenta que las decisiones emitidas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional comparten elementos fácticos claves, el problema jurídico y la regla de la decisión, con el caso concreto; y tienen fuerza vinculante porque a través de ellas se ejerce la función de unificación de jurisprudencia, encuentra la Sala que las sentencias señaladas constituyen un precedente que debió haber sido tenido en cuenta en la resolución de la tutela de la referencia. Y dado que la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (oct. 16/2013) no las tuvo en cuenta al momento de emitir la sentencia, ni expuso las razones para apartarse de ellas, es dable concluir que esta última incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional. No se constata esta causal específica en las decisiones de primera y segunda instancia del proceso ordinario, pues se produjeron con anterioridad a la expedición de las sentencias T-762 de 2011 y T-456 del 15 de julio de 2013, de esta corporación.
34. No desconoce la Sala que existen dos precedentes que en la misma materia tienen dos posturas diferentes. Uno, el precedente de la jurisdicción especializada; y otro, el constitucional. Ante esta situación, la Sala recuerda que el precedente constitucional, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no solo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional.
El alcance de tal precepto ha sido definido por esta corporación, en reiterada jurisprudencia, entre la cual se encuentra la Sentencia C-168 de 1995(65), en la que la Corte expresó:
“... La ‘condición más beneficiosa’ para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador...” (destacado fuera de texto)(66).
La aplicación del principio de favorabilidad en el caso concreto implica que se aplique la interpretación más favorable al trabajador. En este caso, las posturas que ha tenido la jurisprudencia representan las interpretaciones para abordar el problema jurídico relativo a si prescriben las solicitudes de reliquidación pensional. Aunque actualmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostiene que sí aplica la prescripción(67), esta corporación se ha apartado de tal precedente en razón de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de todos los derechos a la seguridad social(68). Desde una perspectiva de derechos fundamentales, se ha esbozado otra interpretación según la cual no opera la prescripción.
1. REANUDAR los términos dentro del proceso de tutela de la referencia, los cuales fueron suspendidos en auto del 16 de abril de 2015 por la magistrada sustanciadora, después de que la Sala Plena en sesión del 15 de abril del mismo año decidió asumir el conocimiento del asunto.
2. REVOCAR el fallo proferido el 17 de septiembre de 2014 por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en su momento confirmó el dictado el 6 de agosto del mismo año, por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por el cual se había negado la presente acción de tutela.
3. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Roberto Guzmán. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las decisiones judiciales del 16 de octubre de 2013 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de marzo de 2007 del Tribunal Superior de Santa Marta; y del 5 de octubre de 2004 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, por medio de las cuales se declaró probada la excepción de prescripción con respecto a la reclamación que elevó el demandante para que el Banco de la República reajustara su pensión teniendo en cuenta un nuevo factor salarial en la liquidación.
Magistrado: María Victoria Calle Correa, con aclaración de voto—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con salvamento de voto—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio, con aclaración de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ausente con excusa—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta, en 1987 el Banco de la República le reconoció una pensión legal por el valor de 111.896,00 pesos, cuyo valor al momento de proferir el fallo de segunda instancia (mar. 21/2007) alcanzaba un total de $1.549.488. Ver folio 85 del cuaderno anexo de tutela.
(2) En el expediente hay un fallo que aborda una controversia legal en torno a la prima de servicios que el Banco de la República le entregó a algunos funcionarios del Banco de la República en virtud de las convenciones colectivas. Es útil traerlo a consideración para ilustrar mejor el tipo de prima que entregaba el banco a sus empleados. Se trata de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que resolvió el recurso de casación presentado contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que decidió la demanda de Dora Cadavid Sánchez contra el Banco de la República. En el proceso ordinario, se solicitó la reliquidación de la pensión para que se contara como parte del salario lo correspondiente a la prima de vacaciones convencional recibida durante el último año de servicios. En ese caso se explicó que el artículo 4º de la convención colectiva de trabajo de 1985 dice: “ART. 4º—Para las vacaciones que se causen a partir del primero (1º) de enero de (...) 1986, el banco reconocerá a sus trabajadores una prima de dinero, al momento de salir a disfrutarlas, de acuerdo con la siguiente tabla (1): Adicionalmente a loa(sic) anterior, el banco reglamentará la suma fija en la siguiente forma (2): (fl. 154, cdno. anexo tutela).
Años de servicio Nº de décadas Sueldos Suma fija
De uno a cuatro 2.5 Hasta $40.000 $4.500
De cinco a nueve 3.0 De $40.001 a $80.000 $3.600
De diez a catorce 3.5 De $80.001 y más $3.200
(3) Este hecho no está claramente identificado en la acción de tutela, pero sí está probado en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Santa Marta, así: “Según se desprende de los documentos que obran a folios 13-15, 18-20, 23-35, 28-30, 33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75, 78-80, 83-85, 88-90, 93-95, 98-100, los demandantes solicitaron a la gerente de la demandada el reajuste de la pensión el 15 de diciembre de 1997...”. Ver folio 100 del cuaderno anexo de tutela.
(4) Sentencia del 5 de octubre de 2004 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá. Ref.: Ordinario Nº 1282 de 2000, interpuesta por Fermín Antonio Rengifo Ramírez y otros, contra el Banco de la República, fl. 71, cdno. anexo tutela.
(5) Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, M.P. Fernando Vásquez Botero, Rad. 21231.
(6) Argumentos de la impugnación, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Santa Marta del 22 de marzo de 2007, M.P. Luz Dary Rivera Goyeneche. Fl. 75, cdno. anexo de tutela.
(7) Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral, sentencia del 22 de marzo de 2007. M.P. Luz Dary Rivera Goyeneche. Fl. 81, cdno. anexo de tutela.
(8) El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo señala: “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.
(9) Recurso de casación presentado por el abogado Francisco Yezid Triana. Fl. 105, cdno. anexo de tutela.
(10) Recurso de casación. Fl. 113, cdno. anexo de tutela.
(11) Rad. 35547.
(12) Fl. 141, cdno. anexo de tutela.
(13) La fecha del 16 de diciembre es la fecha en la que se hizo la presentación personal ante notario de la acción de tutela. Si bien no se sabe con certeza si esta fue la fecha en la que se presentó la acción, porque tampoco lo precisan las sentencias de instancia, sí fue para esa fecha o alguna muy cercana, pues el primer auto de admisión de la tutela se produjo el 13 de enero de 2014.
(14) Acción de tutela presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Fl. 2, cdno. original de tutela.
(15) En el caso de la referencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por el Banco de la República contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión atacada en el recurso señaló que la señora Dora Cadavid Sánchez, pensionada del Banco de la República podía ejercer la acción de reliquidación de su pensión en cualquier tiempo, y consideró que la prima convencional de vacaciones que recibió en el último año debía ser calculada como factor salarial. Ahora bien, en el recurso de casación, la Sala Laboral no se detuvo en analizar lo relativo a la prescripción de la acción. El cargo donde tangencialmente se reprochó la prescripción, tenía como cuestionamiento principal que el ad quem otorgó a la prima de vacaciones un carácter salarial, y cuando la Corte se ocupó de estudiar el cargo se concentró en el reproche con respecto a la naturaleza de la prima de origen convencional y posteriormente encontró mal orientado, por lo cual consideró que no prosperaba. Ver: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 22 de mayo de 2013, Rad. 37416, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
(16) En el expediente no obra la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero sí se encuentra la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a quien correspondía tramitar en segunda instancia la acción de tutela, y decidió anular el trámite de la misma desde el auto admisorio. De esa providencia judicial se toma la fecha del fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
(17) Auto del 3 de marzo de 2014 de la magistrada Ruth Marina Díaz, Rad. 11001-02-04-000-2013-02770-01.
(18) Corte Constitucional, auto del 3 de febrero de 2004 de la Sala Plena.
(19) El oficio está firmado únicamente por los magistrados Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Elsy del Pilar Cuello Calderón, Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Gustavo Hernando López Algarra.
(20) Sentencia del 14 de mayo del 2014 del Consejo Superior de la Judicatura, M.P. Wilson Ruiz Orejuela.
(21) La representante del Banco de la República referenció el fallo de tutela del Consejo Superior de la Judicatura en el caso de Martha Cancino Bermúdez contra los mismos accionados de la tutela de la referencia, pero solo anexo el fallo de primera instancia proferido por el Consejo Seccional. En dicho fallo de primera instancia, se negó la acción de tutela porque no hubo desconocimiento del precedente. Ese despacho encontró que las autoridades accionadas decidieron con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia según la cual la posibilidad de solicitar la reliquidación de la pensión prescribe a los tres años.
(22) El primer inciso del artículo 86 de la Constitución señala: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
(23) Corte Constitucional, Sentencia C-542 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(24) Corte Constitucional, Sentencia T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(25) Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(26) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(27) Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(31) Corte Constitucional, Sentencia T-1112 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(32) Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(34) Corte Constitucional, Sentencia T-546 de 2014 y Sentencia C-816 de 2011.
(35) Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(36) Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(37) Corte Constitucional, Sentencia T-1112 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(39) Corte Constitucional, Sentencia SU-400 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
(40) Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(41) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(42) Corte Constitucional, Sentencia T-1092 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(43) Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(45) Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(46) Corte Constitucional, Sentencia T-013 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(47) Esta sentencia ha sido retomada por los fallos: C-624 de 2003, C-298 de 2002, T-1260 de 2008 y T-896 de 2010, entre otros.
(48) Corte Constitucional, Sentencia C-230 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(49) Corte Constitucional, Sentencia C-298 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(50) Ibíd. Tomado literalmente por la Sentencia C-624 de 2003, y la idea general ha sido retomada por los fallos T-762 de 2011, T-217 de 2013 y T-456 de 2013, entre otros.
(51) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 26 de mayo de 1986, Rad. 0052.
(52) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Francisco Escobar Henríquez, Rad. 17648, sentencia del 27 de julio de 2002.
(53) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Fernando Vásquez Botero, Rad. 21231, sentencia del 18 de febrero de 2004.
(54) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Eduardo López Villegas, Rad. 25344, sentencia del 7 de julio de 2005.
(55) En esta ocasión el recurso de casación era presentado por las cónyuges de trabajadores del Banco de la República que solicitaban la reliquidación de su pensión. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Rad. 40317, sentencia del 14 de mayo de 2014.
(57) En la sentencia no se hace referencia a la razón por la cual se solicitó la reliquidación.
(58) Corte Constitucional, Sentencia T-456 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub retoma lo expuesto en la Sentencia T-762 de 2011.
(62) Como se explicó en la redacción de los hechos, la fecha del 16 de diciembre es la fecha en la que se hizo la presentación personal ante notario de la acción de tutela. Si bien no se sabe con certeza si esta fue la fecha en la que se presentó la acción, porque tampoco lo precisan las sentencias de instancia, sí fue para esa fecha o alguna muy cercana, pues el primer auto de admisión de la tutela se produjo el 13 de enero de 2014.
(63) Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 22 de mayo de 2013, Rad. 37416, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
(64) Esta descripción está incluida también en el pie de página 14 de esta sentencia.
(65) Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(66) Estas consideraciones fueron tomadas de la Sentencia SU- 245 de 2015.
(67) Ver también: Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del 2 de abril de 2014, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz; sentencia del 14 de mayo de 2014, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz; sentencia del 23 de julio de 2014, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
(68) En la Sentencia T-762 de 2011 esta Corte conceptuó que la jurisprudencia de la jurisdicción laboral sobre prescripción de la solicitud de reliquidación porque consideró que dichas decisiones desconocen la jurisprudencia constitucional “de acuerdo con la cual, en aplicación de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que se predica de todos los derechos de la seguridad social, los pensionados tienen derecho a que se les liquiden sus mesadas de acuerdo con el régimen que les es aplicable. Bajo esta perspectiva, sí la persona cumple con los requisitos previstos por la ley para obtener el derecho a la pensión conforme a un régimen especial, esta situación concreta no puede ser menoscabada, en tanto la posición de quien cumple con lo exigido por la ley ‘configura un auténtico derecho subjetivo exigible y justiciable’. De manera que si la entidad encargada del reconocimiento de una pensión realiza una incorrecta liquidación de la mesada, el afectado tiene derecho a reclamar lo debido en cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por simples decisiones de las empresas administradoras de pensiones, derechos que por lo demás son irrenunciables e imprescriptibles”.

References: ARTÍCULO 53
 artículo 41
 artículo 48
 artículo 235
 artículo 53
 artículo 86
 artículo 86
 resolución 
 artículo 36
 artículo 6
 resolución 
 artículo 4
 artículo 488
 artículo 86