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Timestamp: 2019-10-22 16:45:13+00:00

Document:
STC 101/2015, 25 de Mayo de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 577727278
Número de Recurso: 3874-2014
El Juzgado de Primera Instancia, a demanda del recurrente en amparo, declaró la liquidación de su sociedad conyugal sin incluir una finca controvertida, al considerarla un bien privativo. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid incluyó dicha finca en el activo de la sociedad de gananciales al otorgar presunción de ganancialidad al bien controvertido en la Sentencia impugnada. En aplicación de la doctrina contenida en la STC 102/2014, de 23 de junio, se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva anulando la inclusión de la finca entre los bienes gananciales por falta de razonabilidad de la resolución, dado que no se ofreció una motivación suficiente que permitiese identificar los criterios sobre los que se funda la calificación del bien como ganancial.
Sentencia citada en: 47 sentencias, una noticia
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 18 de junio de 2014, la Procuradora de los Tribunales doña Paloma Manglano Thovar, en nombre y representación de Jean Basile Catris, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Alcobendas, en el juicio verbal núm. 780-2012, dictó Sentencia en fecha 14 de febrero de 2013, estimando en lo sustancial la demanda promovida por el hoy recurrente contra su esposa, doña Carla Amar Villar, y declaró que procedía la liquidación de la sociedad de gananciales de ambos litigantes, sin incluir en el activo de la misma, por considerarlo un bien privativo del marido, una finca rústica en Lozoyuela.
Frente a dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación por doña Carla Amar Villar, tramitado con el núm. 813-2013 en la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que dictó Sentencia en fecha 31 de marzo de 2014, en la que estimaba el recurso e incluía la referida finca de Loyozuela en el activo de la sociedad de bienes gananciales.
Por escrito, presentado en fecha 6 de mayo de 2014, la representación procesal de don Jean Basile Catris planteó incidente de nulidad de actuaciones contra la citada Sentencia. En su escrito denunciaba la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su manifestación del derecho a una resolución fundada en derecho, al entender manifiestamente irrazonable la decisión, puesto que se afirmaba un engaño a la esposa en la adquisición de la finca controvertida a partir de una donación del dinero con el que se pagó el precio de la compraventa que hicieron los padres a su hijo (el demandante), lo que es absolutamente legal, sin que se explique en qué consiste el engaño.
Este incidente fue inadmitido por providencia de 12 de mayo de 2014, cuyo tenor literal, es:
Dada cuenta del escrito presentado por la Procuradora doña Paloma Manglano Thovar, en nombre y representación de Don Jean Basile Catris promoviendo Incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia dictada el 31 de marzo de 2014, y no ha lugar a su admisión a trámite.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En su demanda de amparo, el recurrente aduce que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), lesión que imputa a la providencia de fecha 12 de mayo de 2014, en su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, así como a la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, en este caso por ser manifiestamente irrazonable la motivación de la decisión.
Por providencia de 23 de octubre de 2014 la Sala Segunda acordó conocer del presente recurso de amparo, admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimosegunda, así como al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Alcobendas, para que el plazo de diez días remitieran testimonio, respectivamente, del recurso de apelación núm. 813-2013 y del juicio verbal núm. 780-2012, interesándose al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Por escrito presentado en fecha 19 de diciembre de 2014, por la Procuradora doña Paloma Sánchez Oliva, en representación de doña Carla Amar Villar, se puso en conocimiento de la Sala el fallecimiento del demandante don Jean Basile Catris.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de fecha 22 de diciembre de 2014 se requirió a la representación de la actora para que, en el plazo de diez días, alegara a su derecho, compareciendo doña Sofía Rossomolinos Ep Catris, representada por la Procuradora doña Paloma Manglano Thovar, en su condición de administradora de la herencia del demandante y solicitó que se acordara la sucesión procesal y el mantenimiento de las pretensiones sustentadas en el presente recurso de amparo por don Jean Basile Catris.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de 21 de enero de 2015, se tuvo por personada y parte a la Procuradora doña Paloma Manglano Thovar, en nombre y representación de doña Sofía Rossomolinos Ep Catris, como sucesora procesal del recurrente, y se acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
La representación procesal de la entidad demandante de amparo, formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el día 23 de febrero de 2015, en el que reprodujo sustancialmente las alegaciones realizadas en su escrito de la demanda y recordó, en apoyo de sus pretensiones, la doctrina establecida en la STC 204/2014, de 15 de diciembre
El Fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 6 de marzo de 2015, interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su modalidad de acceso al recurso, por falta de motivación de la providencia recurrida, declarando su nulidad y con retroacción de actuaciones al momento procesal anterior al dictado de la misma, para que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Alega, con cita de las SSTC 43/2010, de 26 de julio, y 153/2012, de 16 de julio, que una respuesta incorrecta o incompleta dada en el incidente de nulidad puede producir el efecto de dejar huérfano de protección al ciudadano, pues no toda violación procesal de un derecho fundamental podrá ser sometida al escrutinio del más alto interprete de la doctrina constitucional, ya que puede existir la quiebra del derecho fundamental pero no cumplirse el requisito de la especial trascendencia constitucional. Los únicos requisitos legales que pueden dar lugar a un rechazo de plano del incidente son: que la alegación no lo sea de uno de los derechos fundamentales del art. 53.2 de la Constitución y que éste haya podido alegarse antes de que se ponga fin al proceso o que la resolución no fuera firme porque frente a ella cupiera cualquier recurso, ordinario o extraordinario.
Por providencia de 21 de mayo de 2015 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 31 de marzo de 2014 dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, recaída en recurso de apelación núm. 813-2013, y contra la providencia por la que se inadmite a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones dictada por la misma Sección, de fecha 12 de mayo de 2014.
Se plantea, una vez más, el análisis desde la estricta perspectiva constitucional de la cuestión relativa a las decisiones de inadmisión a trámite del incidente excepcional de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la reforma operada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el cual fue promovido por la recurrente por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a obtener una resolución fundada en derecho.
A la vista del planteamiento que se realiza en la demanda, en que se dirige la impugnación contra la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, y contra la providencia dictada por la Audiencia Provincial, de fecha 12 de mayo de 2014, de inadmisión del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, invocándose en ambos casos la vulneración del art. 24.1 CE, en su vertiente de resolución no fundada en derecho, es preciso acotar el objeto del presente recurso de amparo.
Este Tribunal ha tenido ocasión de delimitar el contenido y alcance del derecho anteriormente enunciado, en la faceta relativa a la obtención de una resolución motivada y fundada en Derecho.
Este Tribunal viene expresando reiteradamente que la motivación se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y consiste en la expresión de los criterios esenciales de la decisión o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi (SSTC 119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril, y 60/2008, de 26 mayo), por lo que se produce infracción constitucional cuando no hay motivación —por carencia total—, o es insuficiente, pues está desprovista de razonabilidad, desconectada con la realidad de lo actuado. Del mismo modo, hemos afirmado que ‘la arbitrariedad e irrazonabilidad se producen cuando la motivación es una mera apariencia. Son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, cuando, aún constatada la existencia formal de la argumentación, el resultado resulte fruto del mero voluntarismo judicial, o exponente de un proceso deductivo irracional o absurdo (STC 248/2006, de 24 de julio)’.
Corresponde por tanto a este Tribunal, como garante último del derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, examinar desde el plano de la motivación los razonamientos en que se funda la decisión judicial; motivación que ha de ser suficiente —en el sentido de expresiva ad casum de la ratio decidendi— y ajustada a aquellos límites de su fundamentación en Derecho —esto es, no arbitrariedad—, manifiesta irrazonabilidad o error patente en la interpretación de la causa legal aplicada.
En este caso, los vicios de motivación que se imputan a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se refieren al pronunciamiento sobre la naturaleza ganancial de una finca en la localidad de Lozoyuela, que se contiene en el punto 1 del fallo con base en el razonamiento que se realiza en el fundamento jurídico 5.
En relación a la providencia de fecha 12 de mayo de 2014, debe indicarse que la estimación del anterior motivo y consecuente anulación de la Sentencia con retroacción de actuaciones al momento anterior al de su dictado, implica necesariamente la nulidad de esta resolución procesal posterior de inadmisión del incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por el recurrente, pues el Tribunal rechazó de plano el incidente con la única mención de que “no ha lugar a su admisión a trámite”, lo que pone de manifiesto que no se realizó un control sobre la lesión constitucional invocada por la parte promotora del incidente.
Por todo lo expuesto, debe otorgarse el amparo, con nulidad de ambas resoluciones, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2014 por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación 813-2013, para que sea dictada otra con respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Sentencia de 31 de marzo de 2014 dictada por la Sección Vigesimosegunda de la Audiencia Provincial de Madrid, recaída en recurso de apelación núm. 813-2013, así como de la providencia de 12 de mayo de 2014 que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por el demandante de amparo.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones en relación al pronunciamiento anulado para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
STS 625/2016, 16 de Marzo de 2016
STSJ Cantabria 904/2012, 29 de Noviembre de 2012

References: resolución 
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 artículo 228
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