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Timestamp: 2018-11-16 14:28:50+00:00

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Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006 - Página 30
4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública
5. ASISTENCIA Y COOPERACION (ART. XIV)
En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de Costa Rica considere las siguientes recomendaciones
6. AUTORIDADES CENTRALES (ART. XVIII)
6.3 Asegurar que una vez designada dicha autoridad, cuente con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
OTRAS MEDIDAS TOMADAS POR EL ESTADO COSTARRICENSE PARA ERRADICAR PREVENIR, DETECTAR Y SANCIONAR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Sr.: Ronald Viquez Solís
Procurador de la Ética Pública
Apdo. 78-1003 La Corte.
ANEXOS POR ORDEN ALFABÉTICO
4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública:
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. Para cumplir con esta recomendación, la República de Costa Rica podría considerar las siguientes medidas:
a) Promover, cuando sea apropiado, formas adicionales que permitan, faciliten y asistan a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de actividades para el seguimiento de la gestión pública.
Avance realizado: a.4.5. Se ha procurado que otros sectores del Estado, promuevan y asistan a la sociedad civil en el desarrollo de actividades para el seguimiento de la gestión pública; tales como las Universidades Estatales que han realizado una serie de actividades de estudio y análisis de la normativa que regula el tema de la corrupción en el país y los principales retos que se enfrentan en este tema. La Universidad Nacional realizó en el mes de abril del 2005 el seminario internacional “Ética, poder y empresa”. La Universidad de Costa Rica en el mes de agosto del 2005 realizó una jornada de análisis y reflexión llamada “Elites, políticas y corrupción”, también se abrió en este centro universitario una cátedra en la carrera de derecho denominada” corrupción e impunidad: El problema de la administración de justicia”
El programa Estado de la Nación en su informe XI del mes de octubre del 2005, desarrolló un capitulo especial en el que aborda el tema de la corrupción política en Costa Rica, la evolución del marco jurídico para el combate de la corrupción y reflexiones que se derivan de los escándalos de corrupción del alo 2004.
También los Colegios Profesionales de nuestro país han mostrado un especial interés en el tema del combate de la corrupción y han realizado diversas actividades tanto para sus agremiados como para el público en general dentro de los que destacan: El Colegio de Abogados, realizó el congreso jurídico “ La Ética con responsabilidad social” en agosto del 2005. Organizó también una mesa redonda con el tema” Ley contra ka corrupción y enriquecimiento ilícito: marco de acción o camisa de fuerza” en mayo del 2005.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica organizó el foro “Rendición de cuentas gubernamental: base para detener la corrupción”
La Cámara de Industrias ha impartido un seminario sobre la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
b)Considerar la implementación de programas, adicionales a los ya existentes, de difusión y capacitación dirigidos a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5 de este informe.
c) Considerar, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, la conveniencia de formular normativa específica que prevea que las instancias representativas de organizaciones e instituciones de la sociedad civil que creen y articulen a nivel municipal, tengan atribuciones y facultades que faciliten a los ciudadanos el control social de los recursos públicos.
Avance realizado. c.4.5. En el marco jurídico costarricense se promulgó la Ley de Iniciativa Popular, según se indicó en el aparte b.4.3, con la que se ampliaron las posibilidades de participación ciudadana, además se pretende crear normativa específica y aplicable a toda la Administración Pública, de acceso de todo ciudadano a la información pública, con el denominado proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública., ha que se hizo referencia en el punto b.4.2.1
Por su parte el control social de los recursos públicos por parte de los ciudadanos, a cualquier nivel se logra mediante el principio de acceso a la información, instituido constitucionalmente y protegido mediante el recurso de amparo a la vez, de conformidad con el Código Municipal, las sesiones y las actas del Concejo Municipal son públicas, lo cual permite que los ciudadanos puedan asistir y pedir rendición de cuentas (Artículo 41 Código Municipal).
d) Considerar, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, la conveniencia de establecer mecanismos que posibiliten a las comunidades civiles y urbanas que se creen y articulen, atribuciones y facultades de control social de las obras y servicios de municipales de impacto vecinal y del uso de los recursos presupuestados y destinados a estos efectos.
Avance realizado: d.4.5. Tal y como se indicó en el punto d.4.3, las sesiones del Concejo Municipal son públicas por lo cual, cualquier vecino puede participar; y solicitar la rendición de cuentas de los fondos públicos que administran los Concejos Municipales en ejercicio de la garantía constitucional de acceso a la información pública, tal y como se indicó supra.
La República de Costa Rica ha adoptado medidas en materia de asistencia recíproca y cooperación técnica mutua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo XIV de la Convención. tal como se describe y analiza en el aparte 5 del capítulo II de este informe.
En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de Costa Rica considere las siguientes recomendaciones:
5.1 Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República de Costa Rica considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Así también, la República de Costa Rica debe determinar y priorizar las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos de corrupción.
Avance realizado: 5.1. Con la elaboración del Programa Anual Operativo de Procuraduría de la Ética Pública, se realizó un diagnóstico de la situación orgánica, presupuestaria, tecnológica y humana, con la que se cuenta como medios para la lucha contra la corrupción.
Dentro de este análisis objetivo se llegó a determinar las debilidades o carencias del sistema o mecanismo empleados, entre las que se puede citar:
La falta de recurso humano interdisciplinario, necesario para el desarrollo de actividades de largo y mediano plazo, encaminadas a la prevención y detección.
Falta de contenido presupuestario para llevar a cabo actividades de largo y mediano plazo, encaminadas a la prevención y detección. Es necesario la cooperación técnico de otros Estados para lograr una capacitación adecuada de sus funcionarios sobre todo, tomando en consideración que la lucha contra este flagelo cada vez es más compleja y con ramificaciones que exceden la territorialidad del país, lo que pone de manifiesto la necesidad de una verdadera y eficaz cooperación internacional. Con ello se pretende posesionar a la Procuraduría de la Ética Pública como la oficina anticorrupción del Estado costarricense.
5.2 Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Avance realizado 5.2. En materia de cooperación internacional, se debe rescatar la creación de la “Red iberoamericana de Cooperación Judicial (Iber-red), misma que fue puesta en funcionamiento en noviembre del 2005 y tiene como objetivo optimizar la cooperación judicial en materia penal y civil y establecer progresivamente y mantener actualizado un sistema de información sobre los diferentes sistemas legales de la comunidad Iberoamericana.
5.3 Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar, las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción, prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Costa Rica.
Avance realizado: 5.3. El Ministerio Público, órgano por antonomasia, encargado de las investigaciones criminales y quién ejerce la acción penal ha implementado cursos de capacitación a sus funcionarios con el afán de especializar las fiscalías encargadas de los delitos económicos, corrupción y tributarios.
5.4 Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de la República de Costa Rica hacer seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia jurídica referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Avance realizado. 5.4. Siendo que la Procuraduría de la Ética Pública fue designada como la Autoridad Central prevista en el artículo XVIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es a través de esta oficina que se canalizan las cartas rogatorias.
A partir del 10 de enero del 2006, se implementó en la Procuraduría de la Ética Pública un sistema de registro de las solicitudes de asistencias jurídicas o cartas rogatorias, creando un archivo material de las solicitudes remitidas y una base de datos con la información pertinente, lo cual permite a las autoridades de la República dar seguimiento permanente a dichos requerimientos.
El Comité registra que de acuerdo con lo expresado por la República de Costa Rica en su respuesta, se ha designado la autoridad central para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en la Convención. No obstante, tomando en cuenta que esta designación fue realizada a través de un Decreto Ejecutivo que aún debe de cumplir con la formalidad de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Analizado, y como resultado, ésta designación no ha sido comunicada a la secretaría General de la OEA, el Comité sugiere que la República de Costa Rica considere las siguientes recomendaciones:
6.1 Concluir las gestiones que correspondan a fin de formalizar la designación de la Procuraduría de Ética Pública como la Autoridad Central prevista en el artículo XVIII de la Convención para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en ese tratado.
Avance realizado: 6.1 Mediante decreto Ejecutivo N° 32090 del 21 de abril de 2004, se de designa a la Procuraduría de la Ética Pública como la Autoridad Central para canalizar la asistencia mutua y la cooperación técnica, previstas en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, decreto que fue debidamente publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 de fecha 9 de noviembre del mismo año.
6.2 Comunicar, a la Secretaría General de la OEA, la designación de la Procuraduría de Ética Pública como autoridad central, de acuerdo con las formalidades previstas para ello.
Avance realizado: 6.2 El 21 de junio del 2006, Costa Rica designó a la Procuraduría de la Ética Pública como la autoridad central prevista en el artículo XVIII de la Convención Interamericana contra la Corrupción para los propósitos de asistencia y cooperación internacional previstos en el tratado, información que puede ser verificada por medio de la página web: www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-58.htm1
La Procuraduría de la Ética Pública con el fin de cumplir los fines para la cual fue creada, cuenta hasta el momento con cinco Procuradores, seis abogados, un auditor y demás personal administrativo de apoyo.
Tomando en cuenta los comentarios realizados a lo largo de este informe, el Comité sugiere que la República de Costa Rica considere las siguientes recomendaciones:
7.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
7. 2 Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.
7. 3 Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.
El Comité considerará los informes periódicos de la República de Costa Rica, sobre los avances en la implementación de las anteriores recomendaciones, en el marco de las reuniones plenarias del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de este Comité.
Asimismo, el Comité analizará los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas en el presente Informe, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y, siempre y cuando corresponda, 32 del citado Reglamento.
Comité desea dejar constancia de la solicitud formulada por la República de Costa Rica a la Secretaría para que publique el presente Informe en la página en “Internet” del Mecanismo y por cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, g) del Reglamento y Normas de Procedimiento.”
OTRAS MEDIDAS TOMADAS POR EL ESTADO COSTARRICENSE PARA ERRADICAR PREVENIR, DETECTAR Y SANCIONAR ACTOS DE CORRUPCIÓN:
En busca de métodos prácticos para erradicar la corrupción se está implementando por parte del Registro Público de la Propiedad un proyecto que pretende abolir la práctica de favorecimientos personales a la hora de realizar los trámites o adquirir información, tomando las siguientes medidas
-Medición del trabajo de los registradores. (calidad y cantidad): “Bajo el principio si se mide se controla y si se controla se mejora se implementó el proyecto denominado “Medición del trabajo de registradores del Registro Nacional” cuyo objetivo es definir cada uno de los registros indicadores que brinden información sobre la calidad, cantidad y eficiencia de la producción registral.
-Guías de calificación: (calidad): Con el fin de tener a lo interno y externo las reglas claras de la calificación registral se está desarrollando el proyecto denominado “Confección y aplicación de Guías de Calificación Registral”
-Oficina de Control y Fiscalización: El proyecto se ha desarrollado con el fin de contar con una oficina que se encargue de realizar, de oficio, por denuncia interpuesta, mediante solicitud o por orden expresa, investigaciones preliminares respecto a actos de corrupción y hechos irregulares dentro del Registro Nacional, así como también fiscalice de manera aleatoria el trabajo de los funcionarios registrales.
- Prioridad Registral: Como respuesta a la mala práctica de algunos Registradores de no respetar el orden de presentación de los documentos, nace el Proyecto “Prioridad Registral”, mismo que se desarrolló e implementó a partir del mes de noviembre del 2005.
Tiene como acción específica modificar los sistemas informáticos de cada uno de los Registros para que se impida la registración de documentos cuando el mismo tuviera otro “asiento en fila”. Es decir, el registrador debe cancelar su reparto de trabajo diario para comenzar el otro, de lo contrario el sistema no se lo permite.
Control de acceso y estadía: Se procedió al control de acceso y estadía de personal únicamente autorizado para cada zona. Impidiendo que un funcionario asignado a un área, visita o tenga acceso a otra área ajena a su función.
Nombre del registrador: Se modificaron los sistemas de cómputo para que no se logre obtener el nombre del registrador responsable de un documento, esta información únicamente puede ser obtenida por las Jefaturas. De esta manera se evita que el público o usuario localice al registrador encargado para obtener de él un favorecimiento personal con respecto al documento de su interés.
Regulación en la atención por parte de coordinadores de registradores: Realizando el análisis de atención que brinda los coordinadores se concluyó que el mismo era prestado en su mayoría a personas definidas como “tramitadores” que usualmente no comprendían los defectos consignados en las escrituras. En ese sentido se implementó la directriz de que los coordinadores únicamente atenderán Notarios debidamente identificados.
También, aunque aún no ha entrado en vigencia, se aprobó en el Asamblea Legislativa,“ El Código Procesal Contencioso –Administrativo”, que busca reglar el aspecto procesal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, misma que tutelar las situaciones jurídicas de toda persona para garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo.
Es importante recalcar, los esfuerzos realizados por la Procuraduría General de la República al crear el Manual de Procedimiento Administrativo y editarlo en cd- room para distribuirlo a todos los servidores de la institución con el fin de que se garantice que los sistemas, normas, medidas y mecanismos del proceso, se apliquen y manejen responsablemente.
(a) Estado Parte: República de Costa Rica
b) El funcionario a quien puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:
Título/cargo: Procurador de la Ética Pública
Organismo/oficina: Procuraduría General de la República
Dirección postal: Apdo. 78-1003 La Corte.
Número de teléfono: (506)243 8359
Número de fax: (506)233- 70- 10
Correo electrónico: ronaldvs@pgr.go.cr
Acuerdo de Cooperación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública N° 24-CG-04
Decreto N°32090, Se designa a la Procuraduría de la Ética Autoridad Central
Decreto 33146. Ética en las funciones
Directrices generales sobre principios éticos
Esquema Sector Público
Estatuto Autónomo de Servicios
Guía Interna para el trámite de denuncias PGR
Ley de Personal de la Asamblea Legislativa
Ley de Registro y Archivos Judicial
Ley General de Concesión de Obras Públicas
Límites para determinar los procedimientos de contratación administrativa
Lineamientos para la atención de denuncias CGR
Manuel de Procedimiento Administración Personal Docente
Organigrama CCSS
Organigrama Racsa
Presupuesto Promedio para la adquisición de bienes
Reforma Ley Contratación Administrativa
Reforma Reglamento Orgánico de la Contraloría
Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
Reglamento sobre el Refrendo de las contrataciones de la Administración Pública.
Resolución N° 4680. Contraloría General de la República.
1 El artículo 194 Constitucional indica cual es el juramento que deben rendir los funcionarios públicos, a saber:
“ARTÍCULO 194.- El Juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente;
“¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? - Sí, juro.- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.” “.
2 La Constitución Política en el artículo 130 señala: “El Poder Ejecutivo lo ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores”.
3 La Sala Constitucional en el voto N° 5129-94 de las 17:30 horas del 7 de setiembre de 1994, señaló: “(…) la estabilidad en el empleo tutelada por los artículos 191 y 192 Constitucionales, son normas que tutelan la estabilidad pero no la inamovilidad en el empleo, de forma tal que si por razones de eficiencia en la Administración es preciso el traslado de funcionarios, el cambio de funciones o la reorganización administrativa, no puede alegarse la inamovilidad de los empleados, pues tales causas permiten el movimiento de funcionarios (…)”.
4 Reglamento de la Carrera Docente, Decreto Ejecutivo N° DE-2235 del 14 febrero de 1972.
5 Reglamento de la Carrera Docente, artículo 2.
6 Reglamento de la Carrera Docente, artículo 5.
7 El artículo 55 del Estatuto de Servicio Civil señala: “Para ingresar a la carrera docente se requiere:
c) Declarar que se está libre de obligaciones o circunstancias que inhiban el buen cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.”
8 Reglamento de la Carrera Docente, artículo 31.
9 Reglamento de la Carrera Docente, artículo.
10 Artículo 14.-Son atribuciones del Tribunal de Servicio Civil, conocer:
c) En única instancia de las reclamaciones contra las disposiciones o resoluciones de los Jefes, cuando se alegue perjuicio causado por ellas, previa información levantada por la Dirección General. (énfasis agregado).
11 En este sentido ver Dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-287-2005 del 8 de agosto del 2005, que se refiere al tema de los docentes nombrados de forma interina.
12 Ley de Personal de la Asamblea Legislativa N° 4556 del 29 de abril de 1970, artículo 9.
13 Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, artículo 10.
14 Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, artículo 11.
15 Se entenderá por Directorio, al Directorio de la Asamblea Legislativa.
16 Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, artículo 12.
17 Ver Procuraduría General de la República, Dictamen N° C-256-2006 del 19 de junio de 206.
18 Estatuto de Servicio Judicial, Ley N° 5155 del 10 de enero de 1973, artículo 1.
19 Es preciso indicar que nos referiremos al nombramiento de los Magistrados más adelante.
20 Por Manual Descriptivo de Clases se entiende el conjunto de especificaciones en que se establecen los deberes y atribuciones de los diferentes cargos del Poder Judicial y los requisitos exigibles para quienes los desempeñen. El Manual será elaborado por el órgano técnico correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, aprobado por acuerdo de Corte Plena, teniendo en cuenta, en lo aplicable, las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto de Servicio Judicial. Las modificaciones que se hagan del Manual también deberán ser aprobadas por la Corte Plena. (artículos 1 y 2 de la Ley de Salarios del Poder Judicial, Ley N° 2422.)
21 Estatuto de Servicio Judicial, artículo 18 y 18 bis.
22 Estatuto de Servicio Judicial, artículo 19 y 19 bis.
23 Estatuto de Servicio Judicial, artículo 20 y 20 bis.
24 Estatuto de Servicio Judicial, artículos del 23 al 32.
25 Estatuto de Servicio Judicial, artículos del 83 al 78.
26 La Sala Constitucional se ha manifestado sobre el tema en las resoluciones 2002-07832 de las 9:45 horas del 12 de agosto del 2002, y en la resolución N° 20036-01111 de las 14:41 horas del 12 de febrero del 2003.
27 Ley de Salarios y Régimen de Méritos del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Ley N° 4519 del 24 de diciembre de 1969, artículo 2 y 3.
28 Constitución Política, Ley N° 0 del 7 de noviembre de 1949, artículos 100 y 101.
29 El artículo transitorio de la Ley N° 1353 del 24 de junio de 1965 establece “La elección de los tres nuevos Magistrados suplentes se hará dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de esta reforma constitucional; en ese acto la Corte Suprema de Justicia mediante sorteo, fijará la fecha en que vencerá el período de cada uno de esos suplentes elegidos antes de la presente reforma y que en lo sucesivo pueda procederse a elegir cada dos años a dos de los suplentes”.
30 Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República, Ley N° 3724 del 8 de agosto de 1966, artículo 2.
31 Estatuto Autónomo de Servicios, Resolución N° 4DRH-96 del 3 de mayo de 1996, artículo 11.
Artículo 11. —Sobre las normas aplicables a los cargos de Dirección Superior.
1) Comprende los puestos de Contralor (a) General de la República y SubContralor (a) General de la República que tienen a su cargo respectivamente la responsabilidad superior y última de la buena marcha de la Institución.
2) Su nombramiento y remoción se rige por el artículo 183 constitucional, así como por el régimen establecido por los artículos 38 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
(Así adicionado por resolución de la Contraloría General de la República de 19 de diciembre de 2002)
(Así reformado mediante resolución R-SC-04 del 7 de julio de 2006)
32 Artículo 12. —Sobre las normas aplicables a los cargos de Confianza.
1) Comprende los cargos directamente adscritos al Despacho del Contralor (a) General y del Subcontralor (a) General que prestan servicios técnicos y de asesoría los cuales son: Asistente A, Asistente B, Asesor A y Asesor B, cuyas funciones, requisitos y demás aspectos atinentes deberán ser establecidos en el respectivo manual clasificatorio.
2) Quienes ocupen los citados cargos tendrán la condición de servidores de confianza, de tal manera que su nombramiento y remoción son actos discrecionales del Contralor (a) General, de quien dependen directamente. Las personas que sean nombradas en estos cargos deberán cumplir con los requisitos establecidos en los manuales respectivos, verificación que corresponderá realizar a la Unidad de Recursos Humanos.
3) Los nombramientos en cargos de confianza podrán cesarse unilateralmente sin responsabilidad patronal por el Contralor (a) General. En caso de que finalice el nombramiento del Contralor (a) General por cualquier motivo, automáticamente cesarán los nombramientos en cargos de confianza. En lo demás, estarán sujetos a las mismas disposiciones que rigen para los funcionarios regulares de la Institución.
En los casos indicados todo servidor deberá cubrir sus compromisos económicos o de otra índole con la Institución de previo a su salida de la misma, no obstante la Contraloría podrá aceptar las garantías que éste señale, como aval de que hará frente satisfactoriamente a los citados compromisos que pudieren estar pendientes.
33 Artículo 13. —Sobre las normas aplicables a los cargos Gerenciales.
1) Comprende los cargos que tienen bajo su responsabilidad la orientación y organización de la Estrategia de la Institución, en cuya definición participa. Incluye los siguientes cargos: Gerente de División, Gerente de Área y Gerente Asociado, siendo cada uno de ellos responsable de los resultados de la dependencia que tiene a su cargo.
2) En el caso de los Gerentes de División su designación es a plazo fijo por un período de 8 años. El nombramiento regirá a partir del 01 de enero del año siguiente en que le corresponde a la Asamblea Legislativa designar ordinariamente al Contralor (a) General conforme al artículo 183 constitucional. En caso de que por cualquier motivo el gerente designado no complete el período de nombramiento, el sustituto será designado únicamente por el plazo restante.
3) En el caso de los Gerentes de Área y Gerentes Asociados su designación es a plazo fijo por un período de 8 años. El nombramiento regirá a partir del 01 de enero del año subsiguiente en que le corresponde a la Asamblea Legislativa designar ordinariamente al Contralor (a) General conforme al artículo 183 constitucional. En caso de que por cualquier motivo el gerente designado no complete el período de nombramiento, el sustituto será designado únicamente por el plazo restante.
Transitorio I: Los funcionarios que con anterioridad a la presente reforma y como producto de los procesos concursales correspondientes, hayan sido nombrados a plazo fijo en cargos de Gerente de División, Gerente de Área, Gerente Asociado, Jefe de Unidad y Asistente Técnico de la FOE, mantendrán los plazos de designación conferidos originalmente así como los derechos vigentes al momento de su designación a plazo fijo.
Transitorio II: Los funcionarios que sean designados por primera vez a partir de la vigencia de la presente reforma para ocupar los cargos de Gerentes de División serán nombrados a plazo fijo por un período que vencerá hasta el 31 diciembre de 2012, en tanto que los Gerentes Asociados y Gerentes de Área serán nombrados a plazo fijo por un período que vencerá el 31 de diciembre de 2013.
Transitorio III: Los funcionarios que hayan sido nombrados a plazo fijo en cargos de Jefe de Unidad y de Asistente Técnico de la FOE con anterioridad a esta reforma, al finalizar su nombramiento volverán al puesto que ostentan en propiedad, pudiendo participar en los procesos de selección correspondientes para el nombramiento de quienes ocuparán esos cargos por tiempo indefinido.
4) Los nombramientos de Gerentes de División, Gerentes de Área y Gerentes Asociados serán realizados por el Contralor (a) General conforme al procedimiento de selección que se establezca. Los designados deberán satisfacer los requisitos exigidos para el cargo y las designaciones quedarán sujetas a un periodo de prueba de un año.
5) Los funcionarios nombrados en cargos gerenciales gozan de estabilidad en dichos puestos únicamente por el plazo de sus nombramientos, sin perjuicio de que puedan ser removidos antes del término de éstos siempre y cuando incurran en una falta grave o se produzca una reorganización para el mejor y más eficiente servicio público.
6) Los servidores de la Contraloría nombrados en alguno de estos cargos gozarán, de pleno derecho y durante su nombramiento, de una licencia especial sin goce de salario en el cargo en que se encuentren nombrados en propiedad, al cual podrán regresar una vez finalizado su nombramiento.
7) Las personas que ingresan o reingresan a la Contraloría General a uno de los cargos citados en el presente ordinal, al superar el procedimiento de selección respectivo y una vez cumplido satisfactoriamente el periodo de prueba de un año, se le asignará una plaza de Fiscalizador en propiedad según las posibilidades institucionales, en la cual gozará de pleno derecho de licencia especial sin goce de salario hasta el término de su nombramiento a plazo fijo. En esta plaza podrá ubicarse el servidor una vez finalizado su nombramiento en el cargo gerencial.
8) La relación de servicio de los funcionarios que se encuentran nombrados en cargos gerenciales podrá finalizar por cualquiera de las siguientes razones:
a) Cuando el servidor no se desempeñe en forma eficiente durante el período de prueba.
b) Cuando el servidor disponga retirarse del cargo y ubicarse en la plaza que ostenta en propiedad, en cuyo caso no será necesario otorgar preaviso.
c) Por renuncia del servidor al servicio de la Contraloría, en cuyo caso otorgará el preaviso según los términos de ley, correspondiéndole el pago de los extremos laborales.
d) Por cese de funciones para acogerse al derecho jubilatorio, o por incapacidad permanente dictada por un órgano competente.
e) Por despido sin responsabilidad patronal, en los casos en que proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en esta materia.
En esta situación la destitución alcanzará también la plaza que eventualmente ostenta en propiedad.
f) Por despido con responsabilidad patronal en los casos estrictamente necesarios y a juicio del Contralor (a) General, cuando el servidor permaneciere incapacitado por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social por un período continuo mayor a tres meses, en cuyo caso podrá ser separado de su puesto mediante el pago del importe del preaviso y el auxilio de cesantía, vacaciones y otros extremos laborales que correspondan al trabajador.
34 Artículo 14. —Sobre las normas aplicables a los cargos Regulares.
1) Comprende todos los cargos que se gestionan con aquellos servidores indispensables para satisfacer las necesidades propias permanentes de la Institución, que hayan cumplido con todos los requerimientos concursales ordinarios para el ingreso al servicio del Órgano Contralor, cuyos ocupantes por ende tienen derecho a ser ascendidos, trasladados o permutados a otros códigos presupuestarios.
2) Los cargos regulares son todos aquellos que tiene la Institución y que no están incluidos en los artículos 11), 12), 13) y 15) de este capítulo y la relación de servicio se rige conforme lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y este Estatuto, incluyendo al Auditor Interno salvo en cuanto al procedimiento de nombramiento y remoción, el cual se rige por lo dispuesto por la Ley General de Control Interno y demás disposiciones específicas aplicables.
3) En estos cargos los nombramientos son por tiempo indeterminado, sujeto a un periodo de prueba de seis meses en el cual cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación de servicio sin responsabilidad.
4) Para ingresar al servicio de la Contraloría en un cargo en propiedad de este tipo, todo aspirante deberá demostrar su idoneidad para lo cual deberá ajustarse al procedimiento de concurso que defina la Unidad de Recursos Humanos. Se podrán realizar nombramientos interinos mientras se realiza el respectivo concurso o regresa el titular de la plaza, para lo cual bastará con que el candidato cumpla con los requisitos que exige el cargo y la Unidad de Recursos Humanos realice el estudio de vida y costumbres.
5) Los ascensos de los funcionarios se realizarán en los términos que a continuación se indican:
1.Cuando al interior de una División o de la Auditoría Interna se disponga de una plaza vacante, en forma definitiva o temporal, el Gerente de División o el Auditor Interno podrán recomendar el ascenso directo de cualquiera de los colaboradores que presten sus servicios para dichas dependencias, siempre y cuando la promoción que se pretenda realizar cumpla con lo siguiente:
a) Que el candidato propuesto ocupe una plaza en propiedad o en su defecto desempeñe interinamente un cargo reservado en el que haya sido nombrado mediando concurso de ingreso.
b) Que sea a la clase de nivel salarial inmediato superior que ocupe el candidato propuesto.
c) Que el candidato propuesto satisfaga los requisitos establecidos para la clase a que va a ser promovido.
d) Que no se trate de propuestas de ascenso directo a la clase de fiscalizador asistente, dado que la misma es la puerta de ingreso a clases de naturaleza técnica que son la antesala del nivel profesional, por lo que se trata de una línea de actividad distinta, que demanda que en tales casos deberá llenarse a través de los trámites concursales que correspondan.
2. La Unidad de Recursos Humanos proporcionará al respectivo Gerente de División o al Auditor Interno la información que requiera, verificará el cumplimiento de lo establecido en el punto anterior y tramitará el nombramiento correspondiente.
3. Cuando un Gerente de División o el Auditor Interno decida no proceder de conformidad con la potestad establecida en el punto 1 anterior, deberá justificarlo en forma motivada y expresa, fundamentación que servirá para que la Unidad de Recursos Humanos realice el siguiente procedimiento:
a) Convocatoria a concurso interno a nivel institucional, salvo que existan registros de elegibles con candidatos internos con base en los cuales se confeccionará la respectiva terna. Cuando el Gerente de División o el Auditor Interno no seleccionen a ninguno de los candidatos que resulten por esta vía, deberá justificarlo por escrito. De tal justificación dependerá la procedencia de conformar una terna con candidatos externos según se indica en el punto siguiente.
b) Convocatoria a concurso externo, salvo que existan registros de elegibles con candidatos externos con base en los cuales se confeccionará la respectiva terna.
c) Cuando el servicio público lo requiera y así quede debidamente fundamentado por el Gerente de División respectivo o por el Auditor Interno, se podrá proceder directamente con el concurso externo sin necesidad de que exista concurso interno previo.
6. Los nombramientos en estos cargos se realizarán de la siguiente manera: en los cargos de Auditor Interno, Jefe de Unidad y Asistente Técnico de la FOE, será el Contralor (a) General, en los demás casos el Gerente de División respectivo o el Auditor Interno propondrá el nombramiento que corresponda el cual será formalizado por la Unidad de Recursos Humanos como dependencia delegada por el Contralor (a) General para estos efectos.
7. En caso de nombramientos interinos en plazas reservadas, los Gerentes de División y el Auditor Interno podrán realizar traslados a otras plazas reservadas de la misma clase y nivel salarial que ocupe el candidato siempre que sea dentro de la misma dependencia.
8. La relación de servicio de los funcionarios que se encuentran en cargos regulares podrá finalizar por cualquiera de las siguientes razones:
a. Cuando el servidor no se desempeñe en forma eficiente durante el período de prueba, o cuando el servidor voluntariamente disponga retirarse del cargo en dicho período.
b) Por renuncia del servidor al servicio de la Contraloría, en cuyo caso preavisará según los términos de ley, correspondiéndole el pago de los extremos laborales.
c) Por cese de funciones para acogerse al derecho jubilatorio, o por incapacidad permanente dictada por un órgano competente.
d) Por despido sin responsabilidad patronal, en los casos en que proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en esta materia. En los casos de funcionarios que estén ascendidos interinamente, la destitución alcanzará también la plaza que eventualmente ostenta en propiedad.
e) Por despido con responsabilidad patronal en los casos estrictamente necesarios y a juicio del Contralor (a) General, cuando el servidor permaneciere incapacitado por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social por un período continuo mayor a tres meses, en cuyo caso podrá ser separado de su puesto mediante el pago del importe del preaviso y el auxilio de cesantía, vacaciones y otros extremos laborales que correspondan al trabajador.
35 Artículo 15. —Sobre las normas aplicables a los cargos de Servicios Especiales y a las Prácticas Estudiantiles.
1) Los servicios especiales cubren los cargos a plazo fijo de nivel profesional, técnico o administrativo que como tales se encuentran así consignados en las partidas de Sueldos por Servicios Especiales o Jornales Ocasionales en la Ley de Presupuesto y que mantienen una relación laboral para realizar trabajos de carácter especial y temporal subordinado a la obra o servicio producido, cuya iniciación y terminación se conocen previamente. El personal debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de lo establecido en este Estatuto.
2) Para realizar nombramientos de Servicios Especiales bastará con que la Unidad Recursos Humanos verifique que el candidato cumpla con los requisitos de idoneidad. Dichos nombramientos los realizará el Gerente de División o el Auditor Interno según corresponda.
3) La relación de servicio de los funcionarios que se encuentran en cargos de Servicios Especiales podrá finalizar por cualquiera de las siguientes razones:
a) Cuando finalice el periodo de su nombramiento.
b) Cuando el servidor no se desempeñe en forma eficiente conforme a la evaluación periódica de sus servicios.
c) Por renuncia del servidor al servicio de la Contraloría, en cuyo caso deberá otorgar preaviso según los términos de ley, correspondiéndole el pago de los extremos laborales.
d) Por despido sin responsabilidad patronal, en los casos en que proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en esta materia.
4) La Contraloría podrá facilitar la realización de prácticas de estudiantes de colegios vocacionales, de trabajo comunal universitario y de otros tipos de trabajos académicos sin que exista vínculo laboral alguno dado que se trata de labores ad honorem con finalidades meramente educativas.
De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria la Contraloría podrá otorgar ayudas consistentes en el pago de servicios de alimentación únicamente en el caso de estudiantes de colegios vocacionales dado que deben prestar un servicio que aunque temporal posee naturaleza continua.
En el caso de prácticas de estudiantes de colegios vocacionales, las solicitudes deberán formularse ante la Unidad de Recursos Humanos a la cual corresponderá autorizarlas siempre que se cuente con el visto bueno de la gerencia de división respectiva o del Auditor Interno.
En los demás casos será responsabilidad de los Gerentes de División o del Auditor Interno permitir la realización de trabajos comunales universitarios y de otros tipos de trabajos académicos, de lo cual únicamente deberá informar a la Unidad de Recursos Humanos.
36 Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos de la Defensoría de los Habitantes de la República, Reglamento N° 596 del 20 de noviembre de 2001, artículo 1.
37 Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos de la Defensoría de los Habitantes de la República, artículo 6.
38 Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos de la Defensoría de los Habitantes de la República, artículos del 21 al 24.
39 Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992, artículos del 3 al 10.
40 Constitución Política, artículos del 188 al 190.
41 Constitución Política, artículos del 168 al 169
42 Código Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, artículos del 115 al 133.
43 Constitución Política, artículos del 84 al 87.
44 La Sala Constitucional en el voto N° 01313 de las 13:54 horas del 26 de marzo de 1993, se refirió a la independencia de funciones de la siguiente manera:
“Expuesto lo anterior resulta necesario hacer algunas precisiones. Conforme lo dispone el artículo 84 de la Constitución Política, las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por ésto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: artículos 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución No.495-92). Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En este sentido la Universidad no es una simple institución de enseñanza (la enseñanza ya fue definida como libertad fundamental en nuestro voto número 3559-92), pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en el caso de los países subdesarrollados, o poco desarrollados, como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse, según se dijo en el voto que se acaba de citar, en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el "sistema de libertad", además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política), y la Justicia (41 ídem); en síntesis, para esos propósitos es creada, sin perjuicio de las especialidades o materias que se le asignen, y nada menos que eso se espera y exige de ella. La anterior conceptuación no persigue agotar la totalidad de los elementos, pero de su contenido esencialmente se deduce -y es lo que se entiende que quiso y plasmó el Constituyente en la Ley Fundamental- que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese, su gran cometido.-
VII.- LOS LIMITES DE LA POTESTAD LEGISLATIVA EN RELACION CON LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA.- Definida en sus aspectos sustanciales la autonomía universitaria, procede sintetizar los cánones fundamentales que determinan su relación con el principio de legalidad. Si bien es cierto -como ya se comprobó- la Asamblea Legislativa puede regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado imposibilitar, restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades que les son necesarias para cumplir su correspondiente finalidad y que conforman su propia Autonomía. Es decir, para expresarlo en los términos de cierta doctrina relevante, esos entes tienen la titularidad y el ejercicio inicial, independiente e irrestricto de todas las potestades administrativas y docentes para el cumplimiento de su especialización material, sin que ésto pueda ser menoscabado por la Ley. Pero además, dentro de la modalidad docente explicada, también sirve de escudo a esa autonomía, la libertad de cátedra (artículo 87 de la Carta Política), que se puede entender como la potestad de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza que imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, o bien, en el sentido de la facultad de los docentes universitarios de expresar sus ideas al interno de la institución, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (véase sobre las limitaciones legítimas de la libertad, el precitado voto 3550-92). Por supuesto, también, que esos entes por disposición constitucional (artículo 85), están sujetos a coordinación por el "cuerpo encargado" que ahí se indica, y a tomar en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo Vigente.”
45 El Dictamen N° C-269-2003 del 12 de setiembre del 2003, de la Procuraduría General de la República señaló en lo que interesa referente al tema de la autonomía universitaria:
“(…) La autonomía le garantiza a la Universidad independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, como es lo normal en tratándose de entes autónomos. Pero, además y a diferencia de esos entes autónomos, la autonomía permite a la Universidad "darse su organización y gobierno propios". Dado su alcance, la autonomía de la Universidad es especial, por lo que no se subsume en lo dispuesto en el Título XIV de la Constitución relativo a las instituciones autónomas. La particularidad de la autonomía universitaria se origina, precisamente, en el reconocimiento de una autonomía en materia organizativa y de gobierno. De manera que la Universidad reúne tres clases de autonomía: de gobierno, organización y administración. Además, por el hecho mismo de que no se está en presencia de una de las entidades a que se refieren los artículos 188 y 189 de la Constitución, se sigue que la autonomía política es plena: no puede ser sometida a la ley. Por consiguiente, es acertada la afirmación según la cual del Texto Constitucional se deriva que la independencia de las universidades es más amplia que la garantía que cubre a las instituciones autónomas. Especialidad y amplitud de la autonomía que las exime no sólo de la dirección del Poder Ejecutivo, sino también de la Asamblea Legislativa en orden a la regulación de su servicio. La autonomía permite a la Universidad autodeterminarse, adoptar sus planes, programas, presupuestos, organización interna y darse su propio gobierno, definiendo además cómo se distribuyen sus competencias en el ámbito interno. Lo cual no sería posible si la autonomía no abarcara la facultad de normar lo académico y la adopción de los medios para satisfacer sus fines. Una autonomía que, en criterio de la Sala Constitucional, tiene como finalidad procurar al ente "todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores." En su resolución N° 1313-93 de 13:54 hrs. del 26 de marzo de 1993 el Tribunal Constitucional se refirió in extenso a la autonomía universitaria:
(La Universidad cuenta) "con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la resolución No.495-92). Son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria

References: artículo 30
 artículo 25
 artículo 49

Resolución 
 artículo 194
 artículo 11
 artículo 130
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 55
 artículo 31
 Artículo 14
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 183
 resolución 
 resolución 
 Artículo 12
 Artículo 13
 artículo 183
 artículo 183
 Artículo 14
 Artículo 15
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 84
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