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Timestamp: 2018-11-13 20:22:19+00:00

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COMENTARIOS A LA LEY 26086
REFORMAS A LA LEY DE CONCURSO Y QUIEBRAS
FUERO DE ATRACCIÓN- PRONTO PAGO LABORAL.
Por el Dr. Miguel Ángel Raspall.
a) La omisiòn de pedir verificación del privilegio:Situaciòn que se genera
Dr. Miguel Ángel Raspall.
I) Introducción.- II) Los acreedores laborales en de la reforma III) El Pronto Pago; III.1: Pronto pago en el concurso preventivo, III.2: Procedimiento dispuesto para el pronto pago, III.3: Efectos de la resolución de pronto pago: III.3.1- Verificación de créditos, III.3.2- Efectos patrimoniales, III.3.3.- Como se atribuyen los recursos III.4: El síndico y su rol en el pronto pago.- IV). Vías de verificación y fuero de atracción en los créditos laborales: IV.1. Pronto pago; IV.2. Verificación del art. 32; IV.3. Continuación de procesos de conocimiento. V) Los intereses se suspenden ¿? VI) La ley 26.086 y Pronto pago en la quiebra.
El Congreso de la Nación sancionó el fecha 22 de marzo de 2006 y fue promulgada el día 10 de abril de 2006, el texto de reformas a la ley de concursos y quiebras que hoy lleva el número 26.086.-
Los temas abordados por la ley modificatoria y sus disposiciones, muestran el constante ir y venir en materia concursal. Aspectos denostados, rechazados, criticados, vuelven a ser repuestos, con contenidos similares y por las mismas razones, similares razones o nuevas razones, lo cierto es que en esta materia todo vuelve.-
La concentración de los procesos, el conocimiento de todas las causas por un único juez, la exaltación de la concurrencia, la mayor intervención de los acreedores (control multidireccional, comités de acreedores, aspectos homologatorios, etc.) fue la característica que definió a la ley 24522 haciéndose eco de las posiciones doctrinarias que en su momento lo reclamaban y ahora, el regreso hacia la ley 19551, -agudizando algunos aspectos- con la dispersión del proceso y consecuente disminución de la concursalidad al cesar el fuero de atracción ; la atenuación de la presencia de los acreedores al limar las posibilidades de control directo en la conformación del pasivo y del control de gestión con la supresión del comité de acreedores provisorios; y en contrapartida, el crecimiento de la figura del síndico (aspecto inquisitivo) sustituyendo de algún modo a los acreedores.
No se que resultado producirá esta nueva norma y para ello deberemos esperar su funcionamiento, pero en lo que no podemos equivocarnos, es que esta redacción actual, se aleja de conocidos principios concursales, desdibujándolos, haciéndolos menos nítidos, en tal orden se ven afectados la universalidad, colectividad, concursalidad, control mutidireccional, la celeridad de los trámites y la inmediatez en las causas que resulta de la presencia de un único juez, entre otros aspectos propios de la filosofía concursal.- En trabajos anteriores he sostenido criterios contrarios a los plasmados en esta norma, donde postulaba la profundización de la concursalidad[1] (por ejemplo; fuero de atracción para las ejecuciones de garantías reales y los de familia de contenido patrimonial) o pedía una mayor acentuación de las características colectivas del proceso, reclamando el ejercicio de las facultades de control de los acreedores en la conformación del pasivo en todas las vías verificatorias y no solo en la tempestiva (art. 34 LCQ).-
Como vemos de la descripción de efectos enumerada en forma sumaria en el párrafo anterior, la ley ha tomado en cuenta no los fundamentos de buena doctrina concursal y la base dogmática que abonan sus principios y hacen a su especialidad, sino aspectos meramente economicistas, tal como, descongestionar los juzgados que atienden los procesos concursales ( sean juzgados especiales concursales, sean comerciales o la justicia civil y comercial según las norma de competencia en razón de la materia locales). En tal orden opera sobre el fuero de atracción y no solo lo excepciona, sino que dispone el reenvió a los juzgados naturales de todas las causas que fueron atraídas y que no se encuentren en estado de llamamiento de autos para sentencia.- Por ello, sostengo que la ley es mezquina, porque esta dirigida a evitar la creación de nuevos juzgados que es lo que corresponde y reclamaba toda la ciudadanía. Por lo que el legislador vuelve a tomar un atajo, que en definitiva no será una solución para el conflicto que genera la insolvencia y la multiplicidad de causas que atiborran los juzgados de todos los fueros, pero en el camino seleccionado, ha desdeñado la buena técnica concursalista y parte de sus principios rectores .-
En otro orden, la ley consolida la creciente presencia de los acreedores laborales en los concursos. Los primeros cambios de filosofía se había mostrado en la reforma al art. 190 efectuada por la ley 25589, dirigida aquella a proteger la fuente de trabajo en momentos de terribles y crecientes índices de desempleo (año 2002). Ahora, esta reforma apunta a otros dos aspectos caros y sensibles a los acreedores laborales: “ el pronto pago, y el juzgamiento de los conflictos laborales por sus jueces naturales, recuperando un territorio muy apreciado por este sector, ya que ha que quedado demostrado en la práctica de 10 años del régimen de la ley 24522, que los mismos se movían con bastantes dificultades e inseguridades en los procesos concursal.- Desaparecerán o se afectaran principios concursales vinculados con la celeridad del trámite, pues al regresar al proceso laboral pleno se aplicaran todas sus normas propias sobre prueba, impulso, caducidad de instancia etc. e implica volver nuevamente al doble trámite para alcanzar la verificación.-
Los demás aspectos abordados por las modificaciones, son funcionales u ordenadores de los antes indicados.- La ley aprovecha para dejar definidas algunas cuestiones de vieja data, (aunque ya resueltas jurisprudencialmente), y omite de tratar otros aspectos que podría haber resuelto ya que le quedaban de paso, o en el mismo camino, tal por ejemplo, en lo puramente laboral, lo relativo a si la suspensión de intereses se aplica o no a los créditos laborales, el superprivilegio general laboral y su extensión (art. 247) si solo alcanza a sueldos salarios y remuneraciones y/o a todos los rubros laborales. Asimismo pudo solucionar y tomar partido respecto del A.P.E. lo relativo a la necesariedad de la existencia de contabilidad organizada y legalmente llevada como recaudo de admisión, etc.-
A pedido de la editorial, haré el análisis de la ley 26086 en diversas entregas. En este, solamente abordaré lo relativo a los acreedores laborales y fundamentalmente, el pronto pago.- Lo relativo al fuero de atracción de los procesos laborales, será objeto de estudio detenido en la próxima entrega, al estudiar el fuero de atracción en la ley 26.086, por lo que en el presente solo habrá una mención esquemática.-
II. Los acreedores laborales en de la reforma:
Si en algún aspecto la ley 26.086 ha producido importantes cambios, ello ha sido en régimen de los acreedores laborales.- Respecto de estos acreedores, produce modificaciones en: 1) El pronto pago de sus créditos y 2) Vías de verificación de los acreedores laborales y fuero de atracción.-
Como refería supra, se muestra un fuerte interés del legislador actual, de aumentar la protección de los derechos de los acreedores laborales. En la ley 25589 (legislación de emergencia) vimos la proyección de estos acreedores obre el régimen de continuación de la explotación en la quiebra, instituto este que nos consta a todos ha sido muy empleado con la formación de cooperativas de trabajo en múltiples establecimientos industriales quebrados.-
Ahora, con la ley 26.086, los aspectos protectorios se marcan en dos direcciones:
Mejorar el régimen del pronto pago en el concurso preventivo, procurando generar un sistema que lo haga expeditivo y viable (los resultados se verán en la práctica).-
Volver al preciado fuero especial laboral para la resolución de los conflictos que emergen en la relación de dependencia, con un juez que aplique directamente la norma laboral y su principios, evitando las contradicciones que ha resultado visibles entre dos leyes especiales, la laboral y la concursal. Ahora, la ley especial laboral, será aplicada por un juez especial; fuero laboral.
III. El Pronto Pago:
Primero y a modo de introducción, corresponde hacer una sumaria referencia al desenvolvimiento del “pronto pago” en los concursos, cual es su función, o mejor dicho cual debería ser la deseable función a cumplir por el instituto y si a través de la reforma, mejorará su “perfomance” o no.-
Se sabe que los créditos laborales son considerados “alimentarios” y en tal orden, destinados a satisfacer una necesidad primaria, apremiante y subsistencial para quien debe percibirlos. Desde largo tiempo atrás se viene procurando lograr que estos créditos sean atendidos de inmediato, digamos, a partir del mismo momento que este aventada cualquier duda sobre su existencia. Así entonces, si el crédito en cuestión no está debatido, se concede desde el ordenamiento laboral, el derecho al pronto pago. Por ello, en un juicio laboral donde varios rubros son reclamados, los que queden reconocidos en cualquier oportunidad pueden ser apartados y el acreedor laboral instar el “pronto pago” accediendo a vías de exigibilidad inmediata.-
Siendo que los conflictos laborales en los caso de concursos son atendidos desde estos procesos, este instituto protectorio pasó del derecho laboral, al concursal y por las idénticas razones, regulándolo la ley, tanto en el concurso preventivo, como en la quiebra. Su irrupción fue en el año 1972 con el dictado de la ley 19551, la cual en su art. 17 (pronto pago laboral en el concurso preventivo) estableció las pautas de excepción para la pars conditio respecto de estos acreedores y en el art. 176 regulaba el pronto pago en la quiebra con redacción casi idéntica a la de la ley 24522.- En ambos casos, concurso preventivo como quiebra, la previsión era muy escueta, no estableciendo el mecanismo o procedimiento a través del cual se accedía, lo que le valió críticas que intentaron ser superadas por la redacción que para el pronto pago dispuso la ley 24522. Los créditos comprendidos eran infinitamente menos que en el régimen de la ley 24522 y ni que decir del maxi-ampliado régimen actual, dado que solo incluida a los salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo, que tuvieran privilegio general, o sea, salarios adeudados de los últimos seis meses ( art.270 inc. 1º ley 19551).-
Luego se dictó la ley 23.472 (1987) que modificó la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 266 a fin de corregir desde la ley especial laboral, los conflictos de interpretación que se daban respecto del pronto pago laboral en ambos regímenes (laboral y concursal). Esta ley especial, posterior a la 19551 y su modificatoria 22.917, estableció que “El juez debe autorizar el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes de trabajo y las previstas en los arts. 232, 233, y 245 a 254 de esta ley que tengan el privilegio asignado por el art. 268, previa comprobación de su importes por el síndico los que deberán ser satisfechos prioritariamente con el resultado de la explotación, con los primeros fondos que se recauden o con el producto de los bienes sobre los que recaigan los privilegios especiales que resultan de este ley. A menos que se produzcan los supuestos previstos en el párrafo siguiente, para disponer el pronto pago no será necesaria la sentencia en juicio laboral ni la verificación del crédito en el concurso y el síndico deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de los diez días de efectuada la petición. Oído el síndico, el juez solo podrá denegar el pedido mediante resolución fundada, cuando se tratare de de créditos que no surjan de la documentación laboral y contable del empleador o que estuvieren controvertidos, o existieran dudas sobre su subsistencia o legitimidad o sospecha de connivencia dolosa entre el peticionante y el concursado, en cuyos supuestos dispondrá que se produzca el incidente de verificación o, en su caso, el reclamo judicial previo en sede laboral. La resolución que deniegue el pedido de pronto pago será apelable”.-
Como puede verse, la redacción del art. 266 versión ley 23.472, es prácticamente tomada idéntica por la ley posterior ley 24522 en su art. 16, la cual modifica los créditos comprendidos, la posibilidad de que tengan privilegio especial o general y olvida la apelabilidad.- En la ley 24522, -ahora seriamente modificado- el pronto pago esta regulado en los arts. 16 y 183 LCQ respectivamente. La regulación para el ejercicio de la pretensión esta dispuesta en el art. 16 (al cual remite también el art. 183) estableciéndose un procedimiento reglado y propio que excepciona a la vía incidental. Sabemos y así diremos más adelante, que este régimen, en el concurso preventivo, fracasó estrepitosamente.-
Con menor o mayor extensión de rubros incluidos en la nómica del pronto pago, la idea sigue siendo la misma, si los rubros son reconocidos no existiendo dudas sobre su procedencia, deben ser pagados prioritariamente, razón por la cual y a esos fines, se los separa prácticamente del proceso concursal, dándoles un tratamiento preferencial.- Esta característica de los derechos laborales que acceden al pronto pago, se muestra tanto en el concurso preventivo, como en la quiebra, ya que se requiere que sean incuestionables y resulten diáfanos de las constancias del empleador, de allí que el legislador del 1972 (ley 19551) y el de 1995 ( ley 24522), generan un reconocimiento con el solo dictamen del síndico y omiten el traslado al deudor y también la apelabilidad.- Es justamente la característica de su “certeza incuestionable” la que permite su admisión y reconocimiento en forma casi directa.
Los derechos de los acreedores laborales, mediante este instituto del pronto pago en la ley concursal, producen importantes alteraciones, justamente en atención a la función alimentaria que está destinada a preservar. En el concurso preventivo, avanzan sobre la paridad de trato, pues se admite su pago, aún siendo créditos anteriores a la presentación y además, deberían de ser pagados íntegramente si fuera factible, en su totalidad, (tal cual lo expresa claramente la ley actual) y por ende, quedarían hipotéticamente, fuera de las propuestas de acuerdo que realice el deudor. Si se lograra ese (inalcanzable) ideal, estos acreedores habrían quedado excluidos del concurso y su efectos. En la quiebra, el pronto pago muestra un tratamiento también diferencial, dado que no deben esperar a la liquidación total de los bienes, ni al proyecto de distribución, sino que tienen una prelación temporal al ser pagados con “los primeros fondos que se recaude o con el producido de los bienes sobre los que recae el privilegio” (Art. 183 LCQ).-
Que juicio de valor podemos realizar sobre el “pronto pago” tanto en los concursos como en las quiebras, fue exitoso?, cumplió con las expectativas que se habían generado con su inclusión en la ley concursal ¿? La respuesta es necesariamente negativa, sin atenuantes en el concurso preventivo. En este proceso concursal, la frustración de los fines queridos, ha sido absoluta, de hecho a tantos años del dictado de la ley 24522 (11) no he visto un solo caso en que los acreedores laborales alcanzarán a cobrar mediante el pronto pago, (excepcionalmente, en algún proceso, solo migajas). Las razones son varias; la situación económico-financiera de la concursada, la imprecisa individualización legal de los recursos afectables, el corto lapso de tiempo durante el cual puede ser aplicable, llegando antes el tratamiento de las propuestas y en su caso, la homologación del acuerdo y la liberación de los acreedores privilegiados (art. 57 LCQ) que el pago a los mismos por el pronto pago. Diremos que en los concursos el instituto del pronto pago ha servido exclusivamente a los fines verificatorios, -como verificación abreviada o acelerada- y no mucho más.- Por su parte, el funcionamiento del pronto pago en las quiebras, tampoco es simple porque implica proyectos de distribución especiales, adelantados, sin poder conocerse por ese momento, cuales créditos tendrán preferencia, cuales otros deberán previsionarse, o hacerse reservas, no obstante ello, es cierto que en las quiebras si hemos visto a estos acreedores cobrar anticipadamente mediante este instituto, sin tener que esperar el proyecto de distribución del art. 218 LCQ, con lo que debemos decir, que aun con dificultades, es operativo. Esta -creo- es la razón por la cual la reforma solo aborda el pronto pago en el concurso preventivo, dado que lo que se ofrece en la quiebra, es lo máximo que la ley puede conceder.-
Desde nuestra óptica, es justo que se procure mejorar este instituto en el concurso preventivo intentando que verdaderamente cumpla el fin pretendido por la ley y entiendo que hacía esa dirección se orienta la reforma que analizamos.-
Es menester recordar que “el Instituto responde al cumplimiento de las exigencias internacionales contenidas en el art. 6º de la recomendación 180 sobre la Protección de los Créditos Laborales en caso de Insolvencia del Empleador que compleméntale convenio 173 de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que nuestro país ratificó mediante la ley 24285[2].
III.1) Pronto pago en el concurso preventivo:
La ley 26.086 solo modifica el régimen del pronto pago en el concurso preventivo y no en la quiebra, y su modificación es trascendente tal cual se verá.
La regulación permanece en el art. 16 LCQ, es decir que el legislador no ha sido seducido por las opiniones que reclamaban un espacio propio para su localización y tratamiento. El pronto pago esta inserto dentro de un artículo que regula el “desapoderamiento atenuado” en el concurso preventivo, mostrando por su ubicación metodológica, que es una excepción a la paridad de trato que este mismo artículo dispone en su primer párrafo, criterio que ha permanecido inalterado desde 1972 (ley 19551) a la actualidad.- En tal orden y siendo que excepciona el principio general que es la paridad de trato, está regulado como un acto sujeto a autorización del juez, quien cumplido el trámite legal y analizada su procedencia, “autorizará el pago”.- La excepción al principio general, se hace con control judicial.-
Como diré infra, considero que el régimen actual mejora las posibilidades de percepción por parte de los acreedores laborales, con los límites propios que la situación concursal exhiben. No obstante ello, sigo pensando que el error está en la extensión de los créditos comprendidos dentro del pronto pago, que ya era demasiado pretencioso y abaracativo en el régimen de la ley 24522 y ha sido ampliado en esta reforma.
III.2) Procedimiento dispuesto para el pronto pago:
Veamos ahora cuales el procedimiento reglado desde la norma reformada, para que el acreedor laboral obtenga el pronto pago:
Informe del síndico: El síndico debe expedirse rápidamente sobre la existencia de acreedores laborales incluidos en el pronto pago.- Con una buena jugada de anticipación -veremos si es operativa en el exiguo plazo de 10 días- la reforma pone en cabeza del síndico la obligación de expedirse sobre la existencia de estos créditos. En la misma resolución de apertura, el juez debe correr vista al síndico por el plazo de 10 días contados desde la aceptación del cargo (art. 14 inc. 11), para que se expida sobre: 1) la existencia de los pasivos laborales denunciados por el deudor y; 2) si existen otros que resulten de la documentación legal y contable incluibles en el pronto pago.- De modo que en término breve, el juez debería conocer cuales acreencias laborales pueden estar incluidas en el pronto pago, teniendo así, una rápida anticipación de la situación en este orden.- Se mantiene la idea rectora que viene desde el año 1972; una determinación sumaria sobre los créditos laborales incuestionables, con la excluyente intervención en el control por parte del síndico, solo que ahora, debe hacerse si o si, aún sin petición de parte, y además, anticipadamente.-
Pronto pago automático: Cuando el crédito ha sido individualizado por el síndico y surge de su informe, el juez autorizará el pago dentro del término de 10 días de recibido el mismo. No queda claro si el juez directamente dispone que se paguen los créditos, o si requiere petición de interesado. De los debates parlamentarios resulta que la intención del legislador es que sean pagados de inmediato, disponiéndolo directamente el juez (de oficio), o sea, los controla, y si los acepta, manda que se paguen.- Si bien esta es la intención del legislador, el texto es pobre en definir ese cometido, dejando claras dudas que darán lugar a interpretaciones diversas. Si el legislador quería que el juez dispusiera el pago de oficio, en vez de usar la voz “autorizará” ( que pareciera incluir la respuesta a una pretensión previa) debió haber expresado “el juez ordenará su pago”.- En tal orden, como esta redactado, bien puede pensarse que para que el juez autorice el pago, requeriría; la inclusión por parte del síndico, la petición de legitimado y la resolución del juez, sin contradictorio.- La misma voz “autorizará” usaba el art. 16 derogado de la ley 24522 y mandaba a ser instado por pretensión de interesado. Por otra parte y profundizando nuestra duda destacamos que el reconocimiento del “pronto pago” no solo implica la posibilidad de cobrar, sino la incorporación del crédito al pasivo, o sea, suple la verificación.- Realmente que todo ello se obtenga sin postulación del interesado (titular de un derecho subjetivo patriomonial), es bastante audaz como pronunciamiento de la ley y excede la esfera de interés de las personas. No obstante ello, debemos creer que la expresión “autorizará” deberá ser interpretada como es la intención del legislador en el sentido de “ordenará el pago sin más trámite”, una forma oficiosa de acceder al pronto pago como dice Junyent Bas[3]. De cualquier modo, ante la duda y hasta tanto la jurisprudencia de muestras de que este es el criterio rector y los jueces lo apliquen, la recomendación a cualquier acreedor laboral es que ni bien este presentado el informe del síndico, realice su presentación exigiendo el pronto pago, con la totalidad de su alcances (cobro inmediato y verificación).- En esta determinación no participa el deudor, no admitiendo la ley ningún contradictorio y reitero, ello así en tanto se tratarán de créditos incuestionables y de legítimo abono. El deudor tendrá la apelación en caso de disconformidad.
Pronto pago con sustanciación (contradictorio sumarísimo): Cuado el crédito no ha sido incluido en el informe del síndico, el acreedor puede realizar igualmente su presentación reclamando el pronto pago, en tal caso, el juez corre vista al síndico y al concursado y allí podrá denegarlo conforme resulte de las acreditaciones de este contradictorio. Se trata de los créditos que no surgen de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia.- En este caso le ley ha establecido un procedimiento reglado para resolver el conflicto del pronto pago, por lo cual, no se hará por vía incidental del art. 280 LCQ, sino con el trámite antes indicado, sumamente abreviado. Petición de legitimado, vista al síndico y al concursado (debería ser un traslado si se trata de un contradictorio). En este orden no dice la ley en que plazo debe contestarse la vista, con lo cual deberá aplicarse la regla genérica del art. 273 inc. 1º, o sea, cinco días (antes eran 10).- El artículo indica claramente que el acreedor laboral con crédito no reconocido por el síndico en su informe, no tiene necesidad de recurrir a la verificación de créditos, sino que puede insinuarse al pronto pago (por ende a la verificación por esta vía) en la forma dispuesta.-
La acción individual laboral: El acreedor que no alcance la resolución de pronto pago, con rechazo total o parcial de su pretensión, no tendrá necesidad de ir por la vía verificatoria ordinaria del art. 32, ni por la tardía del art. 56 LCQ, como era en el régimen derogado, sino que iniciará o continuará, la acción laboral de conocimiento por ante su juez natural, el juez laboral de la jurisdicción que le corresponda de conformidad con las leyes procesales del lugar donde el empleado prestaba su servicio.-
Recursos contra la resolución: Por último, lo que el juez disponga respecto del pronto pago y en todos los casos, es apelable. La ley de Contrato de trabajo ( 20744 modificada por la 23.472) art. 266 dispone la apelabilidad por el acreedor laboral, lo que omitió la ley 24522, dejando sin expedirse en ningún sentido, ni para el acreedor laboral ni para el empleador. La actual redacción de la ley 26.086, recepta la opinión de la doctrina, que cuestionó fuertemente la omisión del régimen de pronto pago ahora derogado, sobre la apelabilidad de las resoluciones y que había generado múltiples pronunciamientos judiciales admitiendo la apelación.- Como en tantos otros temas, la doctrina autoral también estaba dividida. El actual art. 16 versión ley 26.086, admite que la resolución que dicte el juez es recurribilidad mediante el recurso de apelación. Dice la ley que “ En todos los casos la decisión es apelable”, o sea que en ambas variantes del pronto pago; autorización directa al pago o resolución de verificación previa sustanciación, procede la revisión de la resolución por la vía de la apelación.
Quien puede apelar: Al no indicarse quienes están legitimados, debe comprenderse necesariamente que el recurso puede ser interpuesto por todos los interesados y con ello seguramente el acreedor laboral y el concursado.
La indefinición deja abierto nuevamente el debate de quienes son interesados en un “proceso colectivo”, donde la inclusión de unos afecta a otros y en tal orden ¿podrá también recurrir otro acreedor laboral que puedan verse afectado por la inclusión incorrecta de alguien en la planilla de prorrata común? ( tanto la persona como el crédito establecido). Si bien puede tratarse de un supuesto de laboratorio, desde lo académico vale la pena reflexionarlo. Siendo coherente con criterios que he sostenido en otros trabajos sobre el derecho amplio de control que tienen todos los comprendidos dentro del proceso colectivo, y siendo que el pronto pago tramita directamente en el concurso u ante su juez, no pareciera que pudiera negarse legitimación a otro acreedor laboral para recurrir, pues la resolución afecta la esfera de su propios intereses por la disminución en la prorrata de reparto y como tal, sería alguien que tiene a ganar o perder con dicha resolución, con lo que, “interesado sustancial o material”. En definitiva, considero que tiene un interés legítimo y no tiene restricción legal. Por otra parte, la resolución de admisión es también una resolución de verificación de créditos y produce los “efectos de cosa juzgada material” y por ende oponible a todos los que participan en el proceso colectivo e irrevisable a posteriori, con lo cual no subsiste el óbice que planteaba Heredia[4] en su obra, indicando que la resolución de pronto pago era inapelable porque no producía efectos definitivos.
La especialidad recursiva: Recordemos que cuando la norma concursal dispone una vía recursiva, se debe respetar la especificidad concursal, y por ende, esta es la única que procede. En tal orden, no obstante que en el primer supuesto, “autorización directa al pago”, no le precede sustanciación y por ende, podría pensarse que el recurso apto sería el de revocatoria del derecho procesal común, ello no es así. La norma procesal concursal se aplica sin suplencias (art. 278 LCQ) cuando tiene previsión expresa y en este caso, la vía recursiva, es la apelación y no otra.
III.3)Efectos de la resolución de pronto pago:
Al igual que en el régimen derogado, la resolución de pronto pago establece dos efectos, por un lado, implica el reconocimiento del crédito en el pasivo y en tal orden, suple a la verificación de créditos y por otro lado, habilita al acreedor a cobrar las acreencias reconocidas y que resulten de cualquiera de los créditos individualizados por la ley y que tengan privilegio general o especial, cuyo detalle omitimos por haber sido individualizados en la norma.
a- Verificación de créditos:
Ampliado muy poco lo que es tan conocido, indico que el pronto pago sigue siendo uno de los caminos verificatorios que admite la ley para que el acreedor quede incluido en el pasivo. Por lo mismo, ahora más que antes, el acceso al pasivo por la vía del pronto pago está simplificado y ello es lógico y práctico ya que se trata de un crédito incuestionable o indubitable, que son los únicos que pueden acceder al pasivo, mediante el pronto pago.
En el nuevo régimen del pronto pago, el legislador ha anticipado un movimiento para viabilizarlo, y es el dictamen previo del síndico, que no es ni más ni menos que un informe de auditoria, en el que se expide sobre créditos que resultan acreditados fehacientemente de las constancias documentales y registraciones del deudor. Siendo así, la verificación procede y para las impugnaciones, queda el recurso de apelación.-
Entonces, lo primero que tenemos a la vista es que se trata de un procedimiento sumarísimo, inquisitivo y oficioso, que habilita el ingreso de estos créditos al pasivo. Insisto, tal cual la ley lo pone claramente de manifiesto, se trata de créditos irreprochables, que serán sobre los únicos que el síndico se expedirá, más allá de que hayan sido reconocidos por el deudor en su presentación o no.-
En los demás supuestos, cuando el síndico no reconoce el crédito, el acreedor igualmente puede intentar la verificación por el pronto pago, sustanciándose sumariamente la pretensión. Si bien la ley no lo dice, en tal orden la pretensión del acreedor laboral deberá realizarse ante el juez, y acompañará toda la prueba que disponga, la que indudablemente deberá ser exclusivamente documentaria. En tal orden, es válido todo lo que se ha escrito al respecto en el régimen anterior (art. 16 ley 24522) puesto que en este aspecto, ha quedado sin modificación.- La ley no regula la vía incidental, sino un trámite reglado, sumamente abreviado, que de seguro admite prueba, pero solo la autosuficiente, como es la prueba documental, tal por ejemplo, una sentencia firme dictada en un proceso laboral; un reconocimiento del deudor realizado ante la Secretaría de Trabajo y/o autoridad administrativa de control laboral, convenio o reconocimiento de pago ante autoridad judicial, y demás títulos similares.- Reiteramos, en nuestro concepto la ley regula un trámite muy abreviado, destinado tan solo a incorporar por este medio al pasivo ( y habilitar el pago nada menos) a los créditos irreprochables y todo lo que requiera contradicción, prueba y debate extenso, van por la acción individual ante la justicia laboral.- Por su parte, el deudor a quien se le corre vista, podrá presentar pruebas y alegar de descargo contra dicha documental, tal por ejemplo, recibos de pago, caducidades, prescripciones y demás, registraciones, constancias bancarias, depósitos y otras.- POr su parte el síndico analizará las que le presenten las partes y podrá generar la propia que resulte de su examen de auditoria.
Si alongar este análisis, decimos que en el nuevo régimen, el acreedor laboral que no ingresa por el camino del pronto pago no debe verificar por el camino del art. 32 o 56 LCQ, tal cual resultaba del art. 16 y 21 ley 24522, sino que tiene habilitada la acción individual laboral y la sentencia que en este se dicte, “valdrá como título verificatorio en el concurso” (art. 21 ley 26.086).-
La resolución que admita el pronto pago (en cualquiera de las dos situaciones que distingue la ley) “tendrá efectos de cosa juzgada material e importará la verificación de créditos en el pasivo laboral”(art. 16 ley 26.086). Advierta el lector, que la ley se cura en salud, indicando que la resolución tendrá los efectos de la “cosa juzgada material”, situación esta que no ha sido descripta con tanta precisión en el art. 37 LCQ que dispone los efectos de la resolución de verificación del art. 36, donde indica que “produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo”. Siendo cosa juzgada material, esta no puede volver a ser revisada en este proceso, ni en ningún otro proceso donde exista la triple identidad de sujeto, objeto y causa.-
Con la redacción actual, la ley supera el debate que existía en el régimen derogado, sobre si el juez debía dictar resolución de pronto pago, aun cuando no existieran fondos afectables del resultado de la explotación. Varios autores[5] consideraban que la existencia de fondos, era un recaudo de procedencia para el dictado de la resolución de pronto pago y otros, lo contrario, corriente en la cual he militado. Siempre entendí que se trataban de dos carriles autónomos, uno era la vía verificatoria habilitada por el pronto pago y otra cosa era el cobro o efectivización del mismo, cuando existieran fondos atribuidos a esos fines, oportunidad en la cual el juez se expedía sobre el pago y la afectación de recursos.- Con esta redacción, no queda duda alguna que el juez al admitir el pronto pago esta declarando verificado el crédito, incorporándolo al pasivo concursal, conforme redacción expresa del actual art. 16 LCQ.
Por último, la ley define un debate que existía al respecto de los honorarios en el pronto pago.- Algunas dudas se generaron si correspondía cargarle honorarios al acreedor laboral que se insinuaba por el pronto pago y no lograba obtener resolución favorable. En este caso, si había existido contradictorio (rechazo por el concursado por ejemplo) o dictamen en contra del síndico, se enfrentaba al problema de las costas generadas en tal pretensión. En el régimen de la ley 24522 me expedí en un trabajo refiriendo que no correspondía honorarios a cargo del peticionante[6], dado que este es un camino verificatorio más que la ley dispone y las verificaciones no deben generar costas, justamente porque de otro modo, inhiben al acreedor a intentarlo, lo que es notoriamente injusto y además, porque el contradictorio restringido que se genere, no implica vencedores ni vencidos. La ley 26.086, se encarga de excepcionar los caso notoriamente desajustados a derechos, abusivos, absurdos, de temeridad manifiesta o maliciosa, donde excepciona al principio general y se imponen las costas.- Sobre el tema, debemos aclarar, -lo mismo que se ha opinado en el trabajo antes citado en nota al pié- que el artículo no autoriza a que pueda pensarse, que tanto el acreedor laboral, como el deudor que contrata los servicios de un profesional, no se los deba retribuir. La norma solo indica, como no puede ser de otro modo, que no generará imposición de costas al perdidoso (principio de la derrota), pero claro está, no inhibe al abogado que la prestado su servicio profesional, a cobrarle honorarios a su parte (art. 1627 C.C.), sea el acreedor laboral o el deudor.-
b- Efectos patrimoniales:
Conforme resulta de la redacción de la ley, una larga lista de créditos laborales, superior aún a la contenida por el art. 16 versión ley 24522, ingresan en el pronto pago. La única limitación respecto de todo ese largo listado de créditos, es que los mismos deben tener privilegio general o especial. De modo que, si el crédito esta incluido dentro de los individualizados por la ley, pero todo o parte del mismo, no tiene privilegio especial o general, no quedará comprendido dentro del pronto pago (tal por ejemplo las remuneraciones debidas al trabajador que excedan los seis meses, o los intereses mas allá de dos años contados desde la mora).
En tal orden, la larga enumeración de rubros laborales incluidos en el pronto pago laboral en el concurso preventivo, deja prácticamente sin efecto la diferencia que existía con el pronto pago en la quiebra. En el régimen anterior (ley 24522) coincidía la doctrina en mostrar que los incluidos en el concurso preventivo (art. 16), eran menos que los incluidos en la quiebra (Art. 183) ya que en este último ingresan todos los que estén en el art. 241 inc. 2º y en el 246 inc. 1º el cual por su parte tiene una redacción omnicomprensiva pues incluye a “cualquier otro derivado de la relación laboral” .-
Ahora el pronto pago en el concurso preventivo, abre el abanico a una multiplicidad de supuestos antes no comprendidos. De cualquier modo y para no agotar al lector con la larga enumeración de los mismos y su análisis, diré que sigue primando el criterio restrictivo de interpretación, por dos razones trascendentes: a) Porque es un régimen de excepción al principio general del cobro de los créditos y es un régimen de privilegio y como tal, no existen privilegios que no resulten del texto legal y no pueden crearse por interpretación analógica ni por extensión; b) Porque se trata de un concurso preventivo y no de una quiebra y esta a la vista los criterios de continuación del giro y no del agotamiento del activo en la liquidación.-De modo que ante una duda de si un crédito se encuentra o no incluido, debe estar por su no inclusión por tratarse de un régimen de excepción.- Esta posición ya asumida en otros trabajos, la veo reforzada con la ampliación de rubros, dado que si alguno ha quedado fuera, no puede pensarse que el legislador no lo conocía o lo ha omitido al descuido, sino que no quiso incluirlo pues el debate es largamente conocido.- Por lo que en tal orden reitero mi posición de que los rubros laborales no incluidos en el largo y exhaustivo listado NO TIENEN PRONTO PAGO.- Para ver un detalle de los créditos excluidos sugiero al lector recurrir a los autores que trabajaron los mismos en el régimen de la ley 24522[7].-
En mi opinión, la inclusión de nuevos rubros laborales con derecho a pronto pago, con relación a los ya muy numeroso que contenía la ley 24522, conspira contra la efectividad que pueda tener el instituto para corregir en forma inmediata el pago de créditos remuneratorios o retributivos, leyes sociales, asignaciones familiares y otros adeudados a los empleados a la fecha de presentación en concurso y que a mi modo de ver, son mucho más acuciantes y necesarios que otros también incluidos en esta ampliación.- Esto también fue objeto de críticas a la ley 24522, porque la pretensión de abarcar demasiado desprotegía de última, los mas apremiantes. Al concurrir a prorrata sobre los magros fondos asignados todas las acreencias individualizadas por la ley, disminuirá perceptiblemente la posibilidad de cobro a quien le deben por ejemplo, el último mes de sueldo.- Si del informe del síndico resulta por ejemplo, que hay tres juicios por despido con doble indemnización terminados, y estos -de gran valor- concurren con sueldos adeudados, afectará severamente la posibilidad de cobro de estos en el régimen de prorrata distributiva.
Conforme a la redacción actual, una vez reconocido por el juez en la resolución respectiva, el acreedor laboral, tiene derecho de cobro anticipado, que es justamente el fin buscado por la ley.-
Si el deudor concursado, hipotéticamente contara con “fondos líquidos disponibles” los acreedores laborales tendrán derecho a cobrar la totalidad de sus acreencias, quedando hipotéticamente excluidos del concurso por agotamiento de pretensión. Caso contrario, de no tenerlos, se afectará el patrimonio del deudor con una alícuota del 1% (uno por ciento) mensual computada sobre el ingreso bruto de la concursada.- Todos los meses entonces, el síndico deberá realizar un informe (art. 14 inc. 12 y art. 16 versión actual) indicando la evolución de la empresa y “si existen fondos líquidos disponibles”.-
Varias cuestiones merecen destacarse:
Conforme a la escueta redacción, parecería que no se trata de una doble imposición; fondos líquidos más 1%., sino uno en defecto del otro. La regla es que si existen fondos líquidos disponibles, se afectan estos. Si no existieran o fueran menores al 1% del ingreso bruto del mes, se complementaran con esta alícuota. Interpreto que no son acumulativos, sino eventualmente suplementarios.-
Deberá definirse que se entiende por fondos líquidos disponibles. La elección de la frase muestra el mejor tecnicismo de esta ley, frente a la que delimitaba los recursos afectables en la ley 24522, que refería al “resultado de la explotación”, una expresión genérica, ambigua y muy vaga, que dio lugar a dudas e interpretaciones diversas de que da cuenta la abundante bibliografía sobre la materia, lo que redundó en una notoria dificultad operativa.- Sostenemos que ésta forma de individualizar un recurso afectable, es técnicamente mas depurada, mas precisa, pues fondos líquidos disponibles, entiendo, que refiere a recursos en “efectivo” (líquidos) que no están comprometidos para el pago de obligaciones exigible y que no comprometen el giro regular.- Libre disponibilidad en todo sentido o en sentido amplio, pues no sería razonable que no obstante estar líquidos al momento de la evaluación, sean imprescindibles para atender las necesidades del giro inmediato.- Estos conceptos ya habían sido expresados con mayor o menor precisión por muchos de los autores al analizar el instituto del pronto pago en la ley 24522, así en otra obra sobre verificación de créditos habíamos fijado una posición similar a la que resulta de esta redacción, refiriendo a “utilidad operativa”[8] para individualizar los recurso afectables en el régimen del art. 16 ley 24.522; y por su parte los redactores de la ley 24522 Rivera-Roitman-Vitolo[9] en misma línea de pensamiento explican que tales recursos “debe entenderse con el alcance que identifique resultado con beneficio (ingresos menos costo)…sin que corresponda otorgarle al beneficio equivalencia con ganancia o resultado favorable que emane del balance anual…” ; quien mejor definió la pauta para interpretar la ley 24522, fue Rivera[10] quien ya anticipaba la redacción actual indicando que “ el resultado de la explotación ha de ser entendido como las ganancias que deja la actividad empresaria; en otras palabras deben existir fondos líquidos sobrantes después de satisfechas las necesidades de la explotación, aquellas sin las cuales la actividad se paraliza”. Entiendo que este es claramente definido el criterio de la ley actual sobre fondos líquidos disponibles.-
Por otra parte, la eventual dificultad que pudiera existir en los primeros momentos como para que la actividad genere “fondos líquidos disponibles” -lo que sabemos ocurre en los hechos-, se suple con una contribución obligatoria “ineludible y compulsiva” y que no admite atajos ni argumentaciones, que es afectar el uno por ciento (1%) del ingreso bruto de la concursada. Aclaramos aun cuando talvez no sea necesario, que no se trata del uno por ciento de las “ventas” que es la base imponible de los impuestos provinciales, sino el 1% de los “ingresos brutos” o sea, de todos los recursos ingresados en el establecimiento o actividad del deudor sin ninguna deducción previa y que incluye cualquier ingresos por cualquier concepto, aun cuando fuera extraordinario y tal orden se separa de las ventas, que pueden ser mayores, menores que los ingresos brutos (totales y sin deducción alguna).
Al igual que en la ley anterior -de lo que dan buena cuenta las colecciones jurisprudencia-, existirán conflictos acerca de si es recurrible ( revocatoria o apelación) la resolución que se expida sobre la existencia de “fondos líquidos disponibles” y su entidad o cuantía y en caso que no exista resolución en forma expresa, la misma resultará de la aprobación de la planilla o dictamen que formule el síndico mensualmente.- Es claro que el deudor puede no coincidir con el criterio establecido por el síndico para fijar cuales de los fondos líquidos que existen están o no disponibles y en tal orden, tendrá derecho a ser escuchado. La continuación de la explotación por parte de un concursado es de por sí difícil por la notoria restricción del crédito y si a ello se le sumara errores respecto de cuales son fondos son aplicables, se agravaría su estado.- No profundizamos este comentario, indicando como nos hemos expedido antes, que la resolución debe ser recurrible, no obstante que no existe previsión al respecto lo que podría habilitar a pensar que es inapelable. Abreviadamente decimos, que es recurrible; en primer orden por recurso de reposición o revocatoria ante el mismo juez, porque es la vía recursiva más rápida y apta para que el juez pondere nuevamente la situación y la corrija (se compadece con la inmediatez y celeridad de los concurso)[11].- En caso de denegatoria, será apelable. A tal fin es de aplicación la remisión de art. 278 LCQ a los códigos locales y ello así, en función de que la resolución puede causar un gravamen verdaderamente irreparable. Odioso es admitir que por esta vía puede frustrarse el fin tutelado en el pronto pago, pero también es inaceptable que un error pueda causar un gravamen irreparable en una situación de tamaña fragilidad y con ello, le dejamos a los jueces que puedan valorar sobre la verdadera entidad de los agravios y su ajuste a pautas reales y en tal orden podrán desecharlo sin más, meramente con la vieja fórmula de no ha lugar por improcedente, e igual proceder podrá adoptar la Cámara de Apelaciones frente a la apelación, sea que el recurso llegue por hacer sido concedido por el juez inferior, o como recurso directo o de queja. Si bien es cierto que la doble instancia de grado ordinaria, no se da necesariamente en todos los caso (situación sumamente excepcional) y esto se advierte en la materia concursal (Art.273), no es menos cierto que la jurisprudencia ha venido aceptado la recurribilidad de múltiples resoluciones que no tienen expresamente reconocida la vía, por razón de la gravedad de los intereses comprometidos y su trascendencia.-
Ahora, al establecer la ley la contribución objetiva e incuestionable del 1% del ingreso bruto mensual, como mínimo, esta base no será cuestionable. O sea, que a diferencia del régimen anterior, si bien puede ser impugnable la determinación del síndico sobre el criterio “fondos líquidos disponibles”, estará la norma supletoria e incuestionable de la base mínima del 1% y el deudor nunca podrá negarse sobre dicha cuantía.-
c- Como se atribuyen los recursos ¿?.
En forma proporcional, o sea, con el sistema paritario de la prorrata. Esta situación, que tampoco estuvo contemplada en la norma derogada, había sido aconsejada por la jurisprudencia, y en tal sentido se mostraba que no era justo que cobrara todo un solo acreedor porque llegara algunos momentos antes a postularse que otros con igual derecho y en igual orden opinaba la doctrina[12]. Si se trataba de un problema de postulación y oportunidad, bien podía suceder que algunos acreedores laborales con igual derecho, no lo hubieran hecho o ingresaran luego del reparto, con consecuencias injustas por el tratamiento paritario que corresponde a los del mismo rango. Pero por otra parte, esperar a la resolución y aparición de todos como paso previo a atribuir los fondos, era -si bien justo- una demora contraria a la filosofía del pronto pago.
La ley actual resuelve un problema satisfactoriamente, y deja una duda que puede quedar sujeta al criterio del intérprete, veamos.
a) El que resuelve:
Por de pronto estarán incluidos en el pronto pago, todos los que el síndico individualice y el juez confirme mediante la autorización. Con ello se accede rápidamente a una base automática de acreedores comprendidos, permitiendo aplicar un mejor criterio de justicia distributiva entre iguales (solución satisfactoria y ecuánime por cierto).- Conforme a ello, esta norma indica que el síndico deberá efectuar un plan (proyecto) de pago proporcional (prorrata) a los créditos y sus privilegios. De esta disposición por de pronto tenemos un criterio de atribución claro, que es la prorrata respetando la cuantía proporcional de los créditos y privilegios y que el plan para distribuir los fondos que estén destinados al pronto pago, lo confecciona el síndico.- Nos deja una duda, y es por la inclusión en la frase que refiere a “ un plan de pagos proporcional a los créditos y sus privilegios[13]”. Interpretamos perfectamente el criterio de distribuir en forma proporcional al valor de cada créditos, lo que no logramos dilucidar, es que hace la mención a los privilegios en este momento. No sabemos si es una rémora propia de la forma acoplada en que nos referimos habitualmente “créditos y privilegios” o si el legislador a querido diferencia algo con esta inclusión que no logro advertir que pueda ser. En primer orden, los créditos quirografarios laborales no gozan de pronto pago. Los privilegiados, pueden ser especiales o generales, pero acá, los fondos afectados, sean los líquidos disponibles o los que corresponda al 1% de los ingresos brutos mensuales, y estos, no tienen afectación ni vinculación alguna con los privilegios, por lo que creemos que solo deberá tenerse en cuenta lo relativo a la cuantía económica del crédito no su rango.-
b) El que deja dudas:
En segundo orden y ya mucho más complejo para expedirse, es justamente donde la ley deja el vació o su defectuosa redacción dará lugar a consideraciones diversas. La duda la mostré al comienzo del estudio de este instituto y ahora se aprecia nuevamente y conforme tomemos un camino u otro arribaremos a distintas conclusiones, veamos:
Existe una determinada cantidad de créditos tanto denunciados por el deudor como determinados por el síndico e informados en el término de 10 días de haber aceptado el cargo, respecto de los cuales el juez autorizará el pago directamente y sin sustanciación.-
Discurríamos sobre si la expresión “autorizará el pago” habilitaba sin mas a cobrar o si requería de petición de interesado.-
Si vamos por la primera de las posibilidades, y decimos que la expresión “autorizará” refleja que el juez disponga por si mismo el pago de todos los que ha reconocido en su resolución de pronto pago, concluimos en que el síndico incluirá a todos los que han sido reconocidos, hubieran pretendido o no.-
Si tomamos el otro camino, solo los que se insinúen y lo pretendan, deberán estar incluidos en el plan de atribución de los recursos afectados al pronto pago.-
La duda esta instalada y rápidamente se expedirá la doctrina y la jurisprudencia. Como decíamos, los antecedentes de los debates parlamentarios, reflejan que la intención del legislador o de algunos legisladores de darle un cariz automático al método dispuesto; El juez autoriza y ello implica que se paguen con los recursos afectados.- Esta parecería ser la interpretación, pero no podemos despreciar la correcta técnica de la postulación o del ejercicio de la pretensión por parte del titular de un derecho.-
Por de pronto, mientras discutimos tecnicismos diremos que los acreedores laborales con derecho a pronto pago, no quedarán desprotegidos frente a la rapidez de otros, porque el procedimiento ideado les da suficiente protección, aun sin intervención.-
El mismo artículo destaca que el síndico modificará el plan mensualmente con las alteraciones que se vayan produciendo y en tal orden, nuevos prontos pagos que hubieran quedado reconocidos por las respectivas resoluciones, accederán a la base mensual de prorrata de cada plan mensual.-
1.4) El síndico y su rol en el pronto pago.
La nueva ley carga sobre las funciones del síndico, imponiéndole temprana actividad y luego una prolongación de la misma, al requerirle informes de auditoria y control de gestión. Si bien el control de gestión estaba claramente exigido en el mismo art. 15 de la LCQ (el deudor conserva la administración bajo la vigilancia del síndico), sabemos que en la práctica se había producido un relajamiento de tal obligación (salvo honrosas excepciones). Ahora, pareciera que la ley sale córtale el camino a este desvió en el control, porque el síndico deberá expedirse mensualmente y para ello, deberá controlar, lo que considero que es realmente muy sano y recomendable, evitando abusos y manejos impropios realizados por los deudores, ante la ausencia complaciente del síndico.-
En el orden de los acreedores laborales para el pronto pago, con lo dicho hasta la actualidad ya queda delineado el rol que la actual ley le atribuye y así tenemos que:
Debe individualizarlos en el término de 10 días de haber aceptado el cargo, expidiéndose al respecto. No solo los reconocidos por el deudor en su presentación, sino todos los que resultaran evidentes e incuestionables de la documentación legal y contable del deudor (art. 14 inc. 11).-
Debe contestar las vistas que se le corran respecto del pedido de pronto pago de créditos no reconocidos anteriormente.-
Debe realizar un informe mensual (art. 14 inc. 12 y art. 16) indicando la evolución de la empresa y si existen fondos líquidos disponibles, o en su caso, determinar cual es el el 1% del ingreso bruto de cada mes y exigir su afectación al pago de los prontos pagos, lo que no dudo se hará mediante depósito en el Banco donde se encuentre abierta la cuenta judicial del concurso y a la orden del Tribunal, quien dispondrá el pago en los términos de la planilla de prorrata que confecciones el síndico.
Debe realizar un plan de distribución de los mismos para los acreedores que ya están incluidos en el pronto pago, que también será autorizado por el juez, mes a mes incluyendo los que se incorporen.-
Está el síndico legitimado para recurrir las resoluciones que dicte el juez en el trámite del pronto pago ¿? Entiendo que no, no obstante que ahora la función o rol del síndico se ha visto ampliado o repotenciado, tanto en el pronto pago, como en la continuación de proceso de conocimiento en el cual este -en los términos de la ley- será “parte necesaria”. Sigo considerando al síndico como un órgano del concurso, asesor del juez, imparcial y que no tiene interés propios afectados en la faz verificatoria y como tal, no es parte en términos sustanciales.- La expresión parte necesaria la interpreto como un rol funcional de control, o sea, que deberá intervenir y controlar necesariamente. Sobre el particular, en el próximo trabajo a entregar haré alguna ampliación de estas apreciaciones.
Vinculado también con los derechos de los acreedores laborales, se le exige también al síndico que realice además, el informe sobre las consecuencias que producirá la suspensión del convenio colectivo de trabajo, en la situación futura de estos acreedores (art. 14 inc. 11 c). No se sabe bien que es lo que quiere exactamente la ley. Podemos anticipar o suponer que lo que el informe deberá contener es información sobre los efectos reales que pueda producir la suspensión del convenio colectivo de trabajo, en la suerte de la empresa, su mejora en términos de competitividad o las posibilidades que de ello resulte en cuanto a la facilitación del giro (sentido único de la existencia del art. 20 parr. 3º LCQ). Pienso que este informe permitirá conocer con mayor precisión, al deudor, y a la entidad gremial con la cual deba negociarse el convenio de crisis, la verdadera situación que produce la suspensión del convenio colectivo.- Igualmente mostrará (consecuencias) la verdadera merma en los ingresos de los trabajadores, que implicará la suspensión del convenio colectivo y volver al régimen de los contratos individuales y de la Ley de Contrato de Trabajo, poniendo en evidencia el verdadero sacrificio que este sector sufre como efecto del concurso preventivo.-
Lo que se advierte también, respecto del síndico, es que la mayor cantidad de trabajos, no han visto una modificación en la escala arancelaria. NO faltará quien diga que estos trabajos están incluidos en los que ya tenía que hacer el síndico, pues para verificar créditos, debe auditar la documentación y que solo sería una anticipación y también se dirá que el control debía igualmente hacerlo por imperio del art.15 LCQ, pero la realidad es que todo es un mayor trabajo, que requiere de informe mensuales y entonces no ya solo un control, sino una auditoria exhaustiva y rendida en el expediente, etc. lo que da razón al reclamo de la modificación razonable de la escala regulatoria, para dar adecuada retribución a las mayores tareas.-
IV. Vías de verificación y fuero de atracción en los créditos laborales.
Interesa seguidamente delinear rápidamente cuales son las vías de acceso al pasivo por parte de los acreedores laborales, conforme al régimen actual.- En tal orden, advierto al lector lo siguiente: Una parte de trabajo ha sido desarrollada supra, al analizar el “pronto pago” y otra de las vías verificatorias corresponde a la continuación o iniciación de las acciones de conocimiento por ante el fuero especial laboral, lo que será tratado in extenso en la próxima entrega, al estudiar el “fuero de atracción”.-
De modo que en esta oportunidad solo haré un rápido resumen de las vías verificatorias para los acreedores laborales.-
En definitiva, conforme a la reforma introducida por la ley 26.086, los acreedores laborales verifican sus créditos en los concursos (concurso preventivo y quiebra) de la siguiente manera:
1) Pronto pago: Este camino tiene dos posibilidades que podríamos llamarlas: Automática y sustanciada.-
a. Automática: Será la incorporación directa de los créditos laborales (totales o parciales) que hubieran sido denunciados por el deudor en su presentación, sean individualizados y aconsejados por el síndico o aquellos que habiendo sido omitidos por el deudor, el síndico los detecte e indique, dado que resulten de las constancias legales y contables del deudor. La característica de estos créditos es ser incuestionables e indubitables. El sistema de incorporación prescinde de la participación del deudor, justamente porque los créditos deben reunir esta característica. El juez analiza el informe sindical y se expide dictando una resolución fundada, que si bien la ley no lo indica, no puede ser de otra manera, pues los créditos reconocidos pasan a ser créditos verificados y tal declaración de certeza requiere resolución. Esta resolución, de no ser cuestionada, tendrá efectos de la cosa juzgada material (tal cual la resolución de verificación de créditos en los términos del art. 37 LCQ).- La resolución que es la que “autorizará el pago de los créditos”, es recurrible mediante el recurso de apelación.- Respecto de la “automaticidad” de esta verificación (sin petición de interesado) me remito a las dudas expresadas anteriormente.
b. Sustanciada: Cuando el crédito no hubiera sido denunciado por el deudor y/o el síndico no lo hubiera reconocido y aconsejado en su informe, el acreedor laboral no tiene obstruida por ello la vía del pronto pago, sino que puede intentar igualmente la verificación, (el reconocimiento del crédito y del privilegio) y el derecho a cobro por este camino.- En tal caso y ya no quedan dudas, debe realizar la presentación ante el juez requiriendo el pronto pago, de lo cual el juez correrá “vista” al deudor y al síndico y luego dictará resolución.-Indica la norma como calificando la actuación del tribunal, que el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago, mediante resolución fundada, solo cuando se trate de créditos que no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursado, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.- Esta última parte recuerda perfectamente al criterio de análisis y exclusión que el mismo art. 16 ley 24522 tenía establecido.- Como digo, de algún modo la ley le marca una pauta de interpretación al juez, indicándole que de no darse estos supuestos de exclusión, el pronto pago debería proceder.- Remito también a lo analizado supra sobre este modo verificatorio, procedimiento, pruebas, términos y demás. La resolución que en el mismo se dicte y que recepte total o parcialmente los créditos, produce los efectos de la cosa juzgada y la verificación del crédito, salvo recurso de apelación.-
2) Verificación del art. 32: La norma modificatoria no excluye la posibilidad de que los acreedores laborales vengan directamente por el camino de la verificación ante el síndico y así lo demuestra la redacción del art. 21 inc. 2º al indicar “ los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los arts. 32 y concordantes”. E inclusive, podría el acreedor laboral optar por dicha vía verificatoria ante el síndico, sin recurrir al pronto pago, pues no esta prohibido, solo que la aplicación de esta opción sería antifuncional o lo o que es lo mismo decir, que sería un error de criterio al seleccionar el camino verificatorio.- Porque sería un error a mi entender: a) Porque si el crédito lograra acceder por la vía del art. 32 es porque su existencia -casi seguramente- se acredita suficientemente con los títulos, documentación, libros registros y demás y en tal caso, la opción mejor sería recurrir por el pronto pago aún en la vía sustanciada.- b) Porque sino puede acreditar sumariamente su derecho y privilegio, es porque necesita de un juicio de conocimiento amplio, que genere la oportunidad suficiente de debate y prueba y para ello la ley le deja la posibilidad de continuar o iniciar la acción individual en el fuero laboral.- Por lo que, hasta donde logro analizar con anticipación al ejercicio de estas nuevas normativas, la vía del art. 32 LCQ, si bien no prohibida, parecería inoperante o una mala opción.- De cualquier modo, si el acreedor laboral intentara por la vía del art. 32 (verificación ordinaria) y fuera rechazado total o parcialmente, estando en dicho camino y siendo de aplicación el art. 32 y concordantes, le quedará entonces el recurso de revisión contra la resolución denegatoria (art. 37 LCQ).-
3) Continuación de procesos de conocimiento: Tal cual explicado, en esta oportunidad un mero análisis somero de cómo funciona esta posibilidad verificatoria.- Las posibilidades son varias:
a. Frustración total o parcial del pronto pago: Los que iniciaron el camino del pronto pago y no alcanzaron el reconocimiento de sus derechos, pueden iniciar o continuar (en su caso) las acciones de conocimiento ante el juez laboral de la jurisdicción que corresponda. De modo que, no van ni por verificación ante el síndico (supuestamente ya vencida y seguramente inconducente) ni por incidental (recurso de revisión), ni por verificación tardía, sino por el juicio de conocimiento. No existe recurso de revisión contra la denegatoria total o parcial del pronto pago, sino la apelación, razón por la cual, no hay acción incidental del art.280.-Entiendo que la ley le cierra el camino incidental del art. 280 al referir en términos claros que “ la que lo deniegue (al pronto pago), habilitará al acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento ante el juez natural”.- (Ver Junyent)
b. Continuación de procesos ante los jueces laborales: Sin entrar a extenderme en esta oportunidad por las razones ya explicadas, que lo relativo al fuero de atracción en la reforma, lo trataré en próximo artículo a editarse seguidamente, indico a modo de introducción necesaria que se ha derogado íntegramente el art. 21 (Ley 24522) que reglamentaba el fuero de atracción en el concurso preventivo e igualmente se modificó severamente el art. 132 ley 24522 que regulaba lo propio en la quiebra.- Ahora, los juicios de conocimiento que están tramitando –sea en la jurisdicción del tribunal del concurso o en ajena y tanto en el concurso preventivo como en la quiebra- no se atraen, continuando ante sus jueces naturales hasta alcanzar sentencia.-
En tal orden, un acreedor laboral que esta tramitando un juicio contra el deudor puede :
1) optar por ir recurrir a la vía del pronto pago y lograr el reconocimiento total o parcial de los derechos y privilegios (acceder eventualmente al cobro de los reconocidos). Por los rubros aceptados en el pronto pago, la resolución que así los reconoce, produce la verificación con efecto de la cosa juzgada material. Los rubros no reconocidos en este trámite sumamente abreviado (los que los deniega total o parcialmente), seguirán ante el juez originario, a donde deberá ser remitido nuevamente el expediente, si es que fue acompañado al pedido de pronto pago y a sus fines.- Allí alcanzaran sentencia en el orden que corresponda y la misma servirá “valdrá como título verificatorio”, conforme redacción del art. 21 parr. 7º.- Igualmente, en caso de rechazo del pronto pago total o parcial, en caso que no le precediera un juicio laboral, el acreedor puede promoverlo. No rige ni el fuero de atracción, ni la suspensión de acciones, ni la prohibición de iniciar nuevas acciones en el caso de acreedores laborales.-
2) Directamente no intentar el pronto pago ni total ni parcial y continuar el proceso laboral en trámite y por ante el mismo juez donde esta radicado. En todos los casos interviene el síndico.
4) Iniciación de nuevas acciones ante los jueces laborales: Por último, la otra posibilidad es que, el acreedor laboral ante el concurso o quiebra de su deudor, y no teniendo acciones promovidas aún, no vaya por el pronto pago o solo lo haga por rubros parciales y por el resto, directamente promueva la acción de conocimiento. Un ejemplo simple: A un empleado le deben un mes de sueldo y además, horas extras o retribución no regular (en negro) u otros derechos cuya acreditación requiere de un proceso. En tal caso, el acreedor laboral irá por el pronto pago por los rubros reconocibles, y promoverá directamente la acción individual laboral, por el resto.- Reitero que en este proceso debe “necesariamente” darle participación al síndico.-
Como puede apreciarse, en el caso de los acreedores laborales, la norma hace una excepción al principio general que en su actual redacción establece el art. 21 1er. parr., que refiere a la prohibición de iniciar nuevos juicios , conforme debe interpretarse de dos disposiciones: a) una en el art. 16 que dice que denegado el pronto pago el acreedor laboral podrá “iniciar o continuar”… b) El art. 21 parr. 5º que indica “ En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones “laborales nuevas”.- debería interpretarse que la excepción a la promoción de acciones nuevas, lo es solo para los acreedores laborales.-
En todos los caso de continuación de proceso o iniciación de procesos la sentencia que en el mismo se dicte, valdrá como título verificatorio.-
V. Los intereses se suspenden ¿?
Por último, y como cuadro anticipatorio de lo que puede resultar de un régimen desmembrado de reconocimiento del derecho de los acreedores, debemos preguntarnos nuevamente sobre este aspecto siempre debatido y sin definiciones o consensos; se suspende el curso de los intereses de los créditos laborales ¿?.- La doctrina se ha expedido reiteradamente en forma diversa, para algunos sí[14], para otros no[15]. Todos los autores que han escrito sobre los créditos laborales en los concurso ( que han sido muchos) necesariamente se han expedido sobre este tema trascendente y como decía, las respuestas han sido en ambos órdenes.- Por mi parte[16] siempre milité considerando que la suspensión procedía, pues es el principio general y no existe norma que los excepcione, razón por lo cual, no se advierte que en el régimen de la ley 24522, deba interpretarse de otro modo.- Donde la ley no distingue… y además, existiendo previsión expresa suspensiva, se requiere que la excepción surja de la misma ley y no de la interpretación como sería en este caso, aplicándose el criterio restrictivo sin duda.
Ahora bien, siendo que los juicios laborales (acciones individuales) tramitaran fuera del Tribunal del concurso, en esos procesos, el juez que dicte sentencia, ¿ condenará al pago de intereses devengados o se abstendrá por el concurso?. Yo no dudo que van a condenar al pago de los intereses, y si dicha sentencia vale como título verificatorio tal cual lo dispone el art. 21 (ley 26.086), ya tenemos un problema en ciernes.- La situación descripta, debilita notoriamente la teoría de la suspensión del curso de los intereses de los acreedores laborales, justamente por lo antes expresado.- Ahora bien, en ese orden la ley no fue modificada y tal cual anticipara al comienzo del trabajo, el legislador ha sido mezquino en este orden, por no expedirse frente al nuevo régimen de los créditos laborales sobre este aspecto.- Ante lo expresado, quienes sostenían que no se suspendían, encuentran mejorada su posición. Por mi parte, no obstante la notoria dificultad que ello va a acarrear, insisto en que la ley concursal no ha sido modificada en los arts.19 ni en el 129, por lo que las mismas razones antes expuestas siguen siendo válidas.- Cuando llegue el Acreedor con la sentencia laboral, el juez admitirá en el pasivo los rubros que correspondan y los intereses deberá rechazarlos por haber estado suspendido su devengamiento. Es una dificultad sin duda y hace a la reflexión que se formula Junyent Bas-Flores en trabajo antes citado en nota al pie: dualidad de fueros generan conflictos y retardos, pudiendo serle notoriamente contraproducente a los mismos a quien la ley quiere beneficiar.-
VI) La ley 26.086 y Pronto pago en la quiebra:
Como en tantas otras ocasiones donde las reformas son parciales, quedan cabos sueltos que luego requieren del ajuste interpretativo para su aplicación.- La ley 26.086 no es una excepción al respecto.
El pronto pago en la quiebra esta regulado en el art. 183, el cual tiene una doble previsión: a) Por una parte lo relativo a los créditos y de donde se cobran; b) Lo relativo al procedimiento para instarlo, o sea, como se ejerce la pretensión de pronto pago, para lo cual, remite al art. 16 del mismo ordenamiento. Ello es lógico, dado que en dicho artículo ya esta previsto o reglado el procedimiento mediante el cual, el legitimado accede al reconocimiento de su derecho que el pronto pago implica y en tal orden, lo convalida como camino verificatorio.-
Ahora bien el art. 16 (pronto pago en el concurso preventivo) ha sido severamente modificado, no obstante ello, el art. 183 no fue modificado ni adecuado y así vemos que, previsiones del actual art. 16, no pueden ser aplicadas sin más en el régimen del art. 183.-
Habrá entonces de hacer un ajuste para poder aplicar el procedimiento del art. 16, al reconocimiento de derechos del acreedor laboral en la quiebra.-
Esta claro que la ley 26.086 no modifica la sentencia de declaración de quiebra, ni tampoco dispone que las previsiones del art. 14 inc. 11 sea aplicables en la quiebra.- Por lo que, no esta dispuesto entonces que el síndico realice un dictamen anticipado en el término de 10 días de dictada la sentencia de quiebra para detectar rápidamente los acreedores que se encuentran en dicha situación. En la mayoría de los casos, tanto en las quiebras directas necesarias como aún en las voluntarias, no habrá denuncia alguna de cuales acreedores laborales existen y cuales sus créditos.-
En tal orden, el procedimiento de incorporación al pasivo automático que resulta del régimen del art. 16, no sería aplicable en la quiebra.- La situación tiene su lógica, dado que en el concurso preventivo la declaración automática de los acreedores laborales, esta destinada a que estos se beneficien de inmediato con su incorporación y pago, puesto que para ello la ley indica que recursos se afectarán de inmediato. En cambio en la quiebra, por muy rápido que vayamos todo dependerá de la liquidación de los bienes y esto no se logra de inmediato ni mucho menos, sino que siempre es un procedimiento largo, que demora.-
En tal orden entonces podremos coincidir en que el régimen automático del concurso preventivo, no es necesario en la quiebra, ya que no cumpliría ningún fin en particular.-
Pues bien, la pregunta será entonces, que de lo previsto en el art. 16 será aplicable en el pronto pago de la quiebra (art. 183) pues este último no tiene régimen propio sino norma de remisión.-
Sostengo que se aplicaran las previsiones del art. 16 que sean compatibles con la naturaleza y régimen de la quiebra, sin forzar sus aspectos para hacerlo encajar, y teniendo en cuenta, como digo supra, que la celeridad del concurso preventivo, no es tal en la quiebra.-
Por de pronto, el síndico no esta obligado a expedirse anticipadamente, lo que suprime entonces el régimen automático, para lo cual, queda habilitada la petición de inclusión en el pasivo mediante la postulación de parte interesada, en definitiva, el ejercicio de la pretensión por parte del acreedor laboral legitimado.- Por lo que, del art. 16 LCQ se aplicará desde el párrafo que habilita el ejercicio de la acción por legitimado, lo que hemos denominado como trámite sustanciado, en adelante. Estamos hablando de lo que hace al procedimiento propiamente dicho, sus efectos y consecuencias, siempre vinculado con la faz verificatoria del pronto pago, pues lo que hace al modo de cobro, se aplican las previsiones propias del art. 183.-
Es válido entonces, todo lo dicho supra sobre la modalidad incorporativa sustanciada y requerirá petición de interesado. No faltará quien diga que el procedimiento establecido en el art. 16 debería aplicarse sin más en la quiebra, justamente para evitar que algunos cobren y otros dormidos no se hayan aún presentado y demás, pero lo cierto es que no esta legislada la posibilidad, ni armado mecanismo o procedimiento que lo admita derechamente. Para alcanzar dicho objetivo, se requeriría de un fuerte voluntarismo del juez, que desde su rol de director del proceso, articule las vías para que el síndico se expida y demás. Creo sinceramente que es mucha complicación para un instituto (pronto pago en la quiebra) que siempre ha funcionado sin complicaciones.-
[1] Raspall, Miguel A. “ Verificación de Créditos”-Raspall-Medici. Editorial Juris. Rosario 2000 p. 5, 18 etc.-
[2] Heredia, Pablo. “Tratado Exegético de Derecho Concursal “. Editorial Abaco. Bs. As. 2000 t.1,p.436.
[3] Junyent Bas, Francisco. “Los nuevos ejes del fuero de atracción. Otra vuelta de tuerca sobre el pronto pago y la competencia laboral” L.L. 5. de abril de 2006. En igual sentido: Junyent Bas – Flores en trabajo facilitado por los autores próximo a editarse en Errepar, “Las recientes reformas a la ley de concursos y quiebras. Consecuencias prácticas de su aplicación.-
[4] Heredia, Pablo. Ob. cit. p. 443.
[5] Medici, Ruben. Verificación de Créditos. Raspall-Medici. Editorial Juris, Rosario 2000 p. 90; Rivera, Julio, Instituciones de Derecho Concursal. T.1, Rubizal y Culzoni, p.240; Ferrer, Patricia, “Las relaciones laborales en los procedimientos concursales .La nueva normativa introducida por la ley 24522”. RDPC nº 10 p. 111.-
[6] Raspall, Miguel A. “Los honorarios en la verificación de créditos”. Doctrina Judicial. La Ley. Nº 43, 26.10.05, p. 544. “Por lo tanto, el pronto pago es un medio “ordinario” mas que admite la ley, como camino verificatorio, tanto en el concurso preventivo, como en la quiebra…Existe imposición de costas en esta vía verificatoria ¿? Y respondemos: Debe seguirse el mismo lineamiento que para la verificación tempestiva, o sea, no hay costas c argo de las partes, ni aún cuando exista contradictorio u oposición .Siendo un medio ordinario de acceso al pasivo, tanto la pretensión, como la eventual oposición total o parcial del deudor, como el dictamen desestimatorio del síndico, no implica vencedores ni vencidos y no habrá imposición de costas…Este es el principio general, pero no puede desecharse sin más (casuismo) que una pretensión notoriamente absurda o desajustada pueda implicar como sanción por haber forzado la actividad profesional y jurisdiccional innecesaria y abusivamente, imposición de costas”.
[7] Medici, Rubén. “Verificación de créditos”. Raspall –Medici. Juris, Rosario,2000, p.82/82.; Junyent Bas, Francisco y Flores, Fernando. “ Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra” Abaco, marzo 2004, p. 219; Maza, Alberto – Lorente, Javier. “ Créditos laborales en los concursos “. Edit. Astrea, Bs.As. 2000, p.51.
[8] Medici, Rubén. “Verificación de créditos”. Raspall –Medici. Juris, Rosario,2000, p.86/87.” Los fondos que podrán aplicarse al pronto pago ,se ubicaran dentro de lo que se denomina “ utilidad operativa” de la empresa y no antes de la obtención de la misma, de lo contrario se afectará gravemente el desarrollo de la actividad tendiente al saneamiento.- Junyent Bas, Francisco – Flores, Fernando. “ Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra”.Editorial Abaco, 2004, p.230.”
[9] Rivera –Roitman –Vitolo. “ Ley de Concursos y Quiebras. Tercera edición . Rubinzal y Culzoni, S.Fe 2005, p- 363.-
[10] Rivera, Julio C. “Instituciones… Ob.cit. t.1, p. 240.
[11] Baracat, Edgar. “Derecho procesal concursal”. Editorial Nova Tesis, Rosario, 2004, p.385
[12] Alberti, Ignacio en “ Quintana Ferreyra –Alberti. Concurso, t. 3 p. 350/54; Vazquez Vialard, Tratado de derecho del trabajo.t.5 p.659 (citados por Maza –Lorente); Maza –Lorente. “Cred…Ob. cit. p.68.-
[13] El subrayado me pertenece.
[14] Rivera ,Julio C. –Instituciones de Derecho Concursal, Tomo I, pag. 221. Rubinzal y Culzoni 1996; Junyent Bas, Francisco; Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra. Pag. 271, Ed. Abaco 2004; Barbieri, Pablo, Relaciones Laborales en la nueva ley de concursos. Universidad de Bs.As., 1996, p. 109; Negre de Alonso, Liliana , Efectos de la sentencia de apertura del concurso preventivo. R.D.P.C.-Rubinzal y Culzoni, nº 10 pag. 98; Maza-Lorente, , Créditos laborales en los concursos. Editorial Astrea 2ª edición 2000, pag. 127/128; Martorell, Ernesto. Tratado de Concursos y Quiebras, Tomo II B, pag. 6 Editorial Depalma 2001; Heredia, Pablo. Tratado Exgético de Derecho Concursal, Tomo I pag. 498/499. Editorial Abaco .año 2000; Junyent Bas, Francisco. y Molinas Sandoval, Carlos. Ley de Concursos y Quiebras. Tomo II pag. 175. Lexis Nexis.de Palma; Maza, Alberto. Intereses y créditos laborales en los concursos. Derecho del Trabajo- 2000- B-1397..-
[15] Grispo, Jorge, Tratamiento legal de los intereses en materia concursal.- L.L. 1997-A-896; Fassi-Gebhardt .Concursos y Quiebras , pag. 80, Editorial Astrea 1996; Capel.C.Com. Lomas de Zamora, Sala I, causa 55.899, 8.9.03, Autos, Novo, Jose Eduardo c. Expreso Esteban Echeverría s. Despido y cobro de pesos.-
[16] Raspall, Miguel A. “Régimen de intereses de los acreedores laborales”. Revista de Derecho Concursal, Tomo II, Editorial Zeus, Rosario, 2004, p. 57.

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