Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168923
Timestamp: 2019-05-20 01:33:58+00:00

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Con estimación del recurso interpuesto, el TS anula la resolución de la comisión de selección del proceso selectivo convocado para la provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de Guías, con destino a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Aprecia la Sala infracción del art. 54 de la Ley 30/1992, con la consiguiente indefensión a la recurrente, por el desconocimiento de los criterios observados por la comisión de selección para aplicar la base décima de la convocatoria, la falta de motivación de su decisión de excluir a la actora, junto a otros aspirantes, en la última fase del proceso selectivo y la ignorancia de las razones por las que las finalmente propuestas fueron consideradas idóneas para el puesto mientras que no lo fue la recurrente. Esta última fase consistió en una entrevista privada de los aspirantes, procediéndose posteriormente a una votación secreta para decidir el resultado. Ello va en contra del principio de publicidad que han de regir los procesos selectivos; publicidad que se configura como condición necesaria para asegurar el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Sentencia 2487/2016, de 22 de noviembre de 2016
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 4453/2015
Ponente Excmo. Sr. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo n.º 4453/2015, interpuesto por doña Claudia, representada por la procuradora doña Mónica de Oca Zayas, contra la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 26 de octubre de 2015, por la que se acordó desestimar el recurso interpuesto contra la resolución de la comisión de selección de 27 de junio anterior. Ha sido parte demandada el Congreso de los Diputados, representado por la Letrada de las Cortes Generales doña Paloma Martínez Santa María.
PRIMERO.- Por escrito presentado el 23 de diciembre de 2015 en el Registro General de este Tribunal Supremo, la procuradora doña Mónica de Oca Zayas, en representación de doña Claudia, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 26 de octubre de 2015, por la que se acordó desestimar el recurso interpuesto contra la de la comisión de selección de 27 de junio anterior.
SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 28 de diciembre de 2015 se tuvo por interpuesto el recurso y, admitido a trámite, se requirió al Congreso de los Diputados la remisión del expediente administrativo y que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción.
TERCERO.- Verificado, se hizo entrega a la procuradora Sra. Oca de Zayas, en representación de doña Claudia, a fin de que formalizara la demanda. Trámite evacuado por escrito presentado el 7 de mayo de 2016 en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó oportunos, suplicó a la Sala que
“[...] previo recibimiento del pleito a prueba, que expresamente se solicita desde este momento, se dicte sentencia revocando el acto impugnado, declarando la NULIDAD de la RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2015 POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE CANDIDATOS AL PROCESO SELECTIVO CUYA CONTRATACIÓN SE PROPONE, por no ser la misma ajustada a derecho, con expresa imposición de costas a la administración demandada”.
CUARTO.- La Letrada de las Cortes Generales contestó a la demanda por escrito registrado el 11 de abril de 2016 en el que pidió la desestimación del recurso, declarando conforme a Derecho, dijo, la resolución recurrida.
QUINTO.- Por decreto de 20 de abril de 2016 se tuvo por contestada la demanda y se fijó la cuantía del recurso en indeterminada. Y por auto del siguiente 10 de mayo se tuvo por aportada la documentación acompañada a la demanda y el expediente administrativo.
SEXTO.- Conferido traslado a las partes por término sucesivo de diez días, a fin de que presentaran sus conclusiones, evacuaron el trámite mediante escritos de 9 y 22 de junio, incorporados a los autos.
SÉPTIMO.- Mediante providencia de 29 de junio de 2016 se señaló para la votación y fallo el día 8 de noviembre del corriente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
OCTAVO.- El acuerdo de la Sala de Gobierno de 14 de junio de 2016 (BOE núm. 163, de 7 de julio de 2016) ha establecido una nueva organización de las secciones de la Sala Tercera para acomodarla al nuevo régimen del recurso de casación. Como consecuencia de lo previsto en la regla segunda de dicho acuerdo las materias de las que conocía la anterior Sección Séptima pasan a esta nueva Sección Cuarta.
NOVENO.- En la fecha acordada, 8 de noviembre de 2016, han tenido lugar su deliberación y fallo.
PRIMERO.- Doña Claudia participó en el proceso selectivo convocado por resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 29 de diciembre de 2014 para la provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de Guía con destino en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General (Boletín Oficial de la Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie D, n.º 587, de 9 de enero de 2015). La posterior resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 13 de enero de 2015 (Boletín Oficial del Estado del 15) corrigió los errores advertidos en la anterior.
(1.ª) Un ejercicio teórico según el temario incluido en el anexo I, consistente en responder a cuarenta preguntas eligiendo la única alternativa correcta a calificar hasta con 40 puntos, siendo necesarios 20 para superarlo.
(2.ª) Una prueba de inglés dividida en tres ejercicios a calificar con hasta 10 puntos cada uno (traducción directa sin diccionario, traducción inversa con diccionario y conversación con la comisión de selección), siendo precisos al menos 5 puntos en cada uno para superarlos.
(3.ª) La valoración de los méritos indicados en la base novena: (i) conocimiento de francés a comprobar mediante conversación con la comisión de selección (la calificación de apto supondría 5 puntos); (ii) servicios prestados en el Congreso de los Diputados como funcionario o personal laboral (0,15 puntos/mes hasta 10 puntos); (iii) experiencia previa en visitas guiadas (0,15 puntos/mes hasta 20 puntos); (iv) poseer alguna de estas titulaciones universitarias: licenciatura en Bellas Artes, Historia del Arte, Historia, y Derecho, a razón de 7,5 puntos cada una; o grado en Bellas Artes, Historia del Arte, Arte, Historia del Arte, Historia, y Derecho, a razón de 6 puntos cada uno.
(4.ª) Una entrevista personal a la que se llamaría solamente a los aspirantes con más de 12,5 puntos en la fase de méritos y que se calificaría hasta con 20 puntos siendo necesarios al menos 5 para superarla.
“(...) versará sobre la experiencia profesional de los aspirantes, funciones específicas del puesto convocado y, en general, sobre aclaraciones que se consideren necesarias en relación con la documentación aportada por el aspirante para justificar los méritos aducidos”.
La Sra. Claudia fue entrevistada, al igual que otros cuatro aspirantes que también llegaron a esa fase del proceso selectivo el 24 de junio de 2015 a partir de las 12:15 horas (acta n.º NUM000 ). Tras la celebración de todas ellas, la comisión de selección (acta n.º NUM001 ) deliberó y, a propuesta de su presidente, votó en secreto sobre los cinco aspirantes entrevistados a resultas de lo cual doña Candida obtuvo cinco votos, doña Gregoria, tres votos y don Alexis dos votos. Asimismo, decidió asignar 5 puntos a las Sras. Candida y Gregoria y no puntuar al resto de los aspirantes por entender que no habían superado esta fase del proceso selectivo.
En consecuencia, en resolución de 27 de junio de 2015 hizo públicos los nombres de quienes proponía para su contratación como Guías: las Sras. Candida y Gregoria.
La Sra. Claudia recurrió ante la Mesa del Congreso de los Diputados esta resolución, cuya suspensión solicitó igualmente. Adujo que antes de la entrevista era la aspirante mejor puntuada, a mucha distancia de la tercera (14,75 puntos), que no se le permitió acceder al acta relativa a las entrevistas personales, que la resolución de 27 de junio de 2015 no indicaba las puntuaciones de las propuestas ni constaba la de los demás aspirantes y que en el proceso selectivo no se había respetado el procedimiento establecido en la convocatoria ni la comisión de selección había motivado su decisión, infringiendo, así, los artículos 35.a) 53 y 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También alegaba desviación de poder. Por todo ello pedía la declaración de nulidad de la actuación impugnada o su anulación.
La Mesa del Congreso de los Diputados, que ya había denegado el 4 de agosto de 2015 la suspensión cautelar solicitada, en resolución de 26 de octubre de 2015, además de confirmar la improcedencia de esa suspensión, desestimó las pretensiones de la Sra. Claudia.
Explicó, en efecto, que se le dio vista del expediente y se respetó el procedimiento. Asimismo, dijo que en la celebración y calificación de las entrevistas se observó el procedimiento. En particular, destacó que las bases, consentidas, no exigen que el acta de las entrevistas refleje exhaustivamente su desarrollo y que en el acta n.º NUM001 constaban las calificaciones. También dijo que, al no determinar las bases la forma en que debían valorarse las entrevistas, no podía reprocharse la manera en que procedió la comisión de selección. A este respecto, recuerda que la base tercera prevé que decida por mayoría de votos de los miembros presentes y que el del presidente fuera dirimente en caso de empate. Y que se puntuó con cinco puntos, el mínimo indispensable, a dos aspirantes y con ninguno a los demás. En fin, añadió que la decisión de la comisión de selección estaba motivada porque el acta n.º NUM001 refleja la valoración a través de las votaciones de los aspirantes, entre los cuales hubo dos grupos: el de los que superaban el juicio de idoneidad y el de los que no lo pasaban, sin que la falta de descripción individualizada de los méritos supusiera ausencia de motivación.
SEGUNDO.- En su demanda la Sra. Claudia insiste en que antes de la entrevista superaba en diez puntos a la segunda aspirante y en que no hay constancia alguna del desarrollo de las entrevistas ni del curso de las deliberaciones de la comisión de selección y que tampoco se conocen los criterios que siguió para adjudicar las puntuaciones. Reitera que no hay constancia tampoco de las puntuaciones finales de las aspirantes propuestas ni de las del resto. Por otro lado, señala que su mejor puntuación respecto de las propuestas antes de las entrevistas no incluye la valoración adecuada de su ejercicio de francés por el que no consta que se le acreditara ningún punto. Además, señala que es Guía-Intérprete del Patrimonio Nacional desde 1998 y que presta sus servicios en el Palacio Real.
TERCERO.- La Letrada de las Cortes Generales pide la desestimación del recurso porque, a su parecer, la actuación de la comisión de selección se ha ajustado a las bases de la convocatoria sin incurrir en ninguna ilegalidad.
“prevalece el carácter de privacidad de la entrevista, por esa naturaleza de (...) encuentro personal, privado y cerrado entre la Comisión y el candidato”.
“Al llevar implícita la entrevista la emisión de un juicio de naturaleza personal sobre las personas entrevistadas, con posible afección a derechos personales (honor profesional, imagen, intimidad, etc.) hubiera sido necesario contar con el apoyo normativo de las bases para haber dejado constancia de todo su desarrollo y contenido, incluidas las deliberaciones y valoraciones personales”.
Tampoco necesitaba la Sra. Claudia, dice la contestación a la demanda, conocer por qué otros aspirantes fueron considerados idóneos. Esas razones, dice, y las deliberaciones sobre los demás, "nada tienen que ver con la decisión de la comisión de no considerarla apta a ella". Por lo demás, subraya que la comisión no actuó de manera libérrima sino que se atuvo a la base décima y del hecho de que no recibiera ningún voto en la primera preselección que hizo deduce que había otros candidatos más idóneos que ella y con mejor adecuación para el puesto.
Por último, la contestación a la demanda afirma que no hubo omisión del procedimiento establecido pues la expresión del acta n.º NUM001 "se decide no puntuar al resto de los candidatos" no significa que no se les calificase sino que se les dio 0 puntos. Y que tampoco carece la actuación cuestionada de la necesaria motivación pues, aunque la resolución impugnada no la expresara, consta en el acta n.º NUM001, de la que se desprende igualmente la valoración de los aspirantes que llegaron a la fase final del proceso selectivo. Niega, por último, toda desviación de poder pues, dice, no se atisba dato alguno que permita suponer que la comisión de selección utilizó la potestad administrativa que le correspondía para fines distintos de los previstos en las normas que debía observar.
CUARTO.- El recurso debe ser estimado y anuladas las resoluciones impugnadas de la Mesa del Congreso de los Diputados de 26 de octubre de 2015 y de la comisión de selección de 27 de junio de 2015 que propuso la contratación de las Sras. Candida y Gregoria con las consecuencias que se dirán después.
La estimación procede porque en la actuación de la comisión de selección se aprecia la infracción del artículo 54 de la Ley 30/1992, tal como lo viene interpretando reiterada jurisprudencia, con la consiguiente indefensión originada a la recurrente. En efecto, el desconocimiento de los criterios observados por la comisión de selección para aplicar la base décima de las de la convocatoria, la falta de motivación de su decisión de excluir a la recurrente, junto a otros aspirantes, en esa última fase del proceso selectivo y la ignorancia de las razones por las que las finalmente propuestas fueron consideradas idóneas para el puesto mientras que no lo fue la Sra. Claudia dibujan un escenario en el que, además de la indefensión de la que se queja la demanda no se puede descartar la sombra de la arbitrariedad.
En efecto, conviene recordar que los procesos selectivos para ingresar en el empleo público se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad por exigencia directa de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. Por otro lado, la jurisprudencia sentada por la Sección Séptima ha insistido que la necesaria motivación de las decisiones de los tribunales calificadores o comisiones de selección no se satisface con la emisión de una calificación numérica y que en los casos en que algún aspirante cuestione la que se le haya dado, bien por considerarla insuficiente en relación con sus propios méritos o con el contenido de sus ejercicios, bien por comparación con el trato dado a otros aspirantes, se debe explicar el camino seguido para la asignación de la calificación concedida.
QUINTO.- Siendo cierto que las bases de la convocatoria no se ocupan de la forma en que se había de documentar la realización de las entrevistas ni las deliberaciones de la comisión de selección, cuanto se ha dicho en el fundamento anterior lleva a excluir que hubiera cualquier impedimento jurídico para hacer constar en el acta correspondiente los criterios que se iban a seguir para valorarlas y los aspectos principales de la de cada uno de los aspirantes que las realizaron.
Sabemos, en efecto, que la comisión de selección consideró que la recurrente no debía superar la fase de entrevista pero no es posible conocer por qué ni tampoco por qué entendió lo contrario de las Sras. Candida y Gregoria.
En definitiva, la comisión de selección ha aplicado incorrectamente las bases de la convocatoria, en particular, la novena y la décima, y no ha motivado su actuación en la fase de entrevista, dejando indefensa a la Sra. Claudia. Ha infringido, pues, el artículo 54.2 de la Ley 30/1992 y la jurisprudencia que lo ha interpretado y recogen las sentencias antes citadas, de manera que procede, según se ha anticipado, estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la actuación contra la que se ha dirigido.
SEXTO.- La anulación de las resoluciones de la Mesa del Congreso de los Diputados de 26 de octubre de 2015 y de la comisión de selección de 27 de junio de 2015 comporta la necesidad de que se resuelva el proceso selectivo conforme a las bases de la convocatoria y los principios que se han indicado. Esto supone que ha de desglosarse la puntuación atribuida a cada aspirante en la fase de méritos por cada uno de los contemplados en la base novena y que ha de realizarse de nuevo la fase de entrevista. Para ello, habrá de fijar previamente la comisión de selección y dar a conocer a los aspirantes llamados a ella, los criterios que va a seguir para valorar su experiencia profesional y los que considere relevantes en atención a las funciones específicas del puesto de Guía. Y de ello deberá dejar constancia escrita suficiente en el acta correspondiente así como de los extremos relativos a los méritos o a la documentación aportada por los interesados que, a su parecer, necesiten ser aclarados.
SÉPTIMO.- Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponemos al Congreso de los Diputados las costas de este recurso. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 3.000€. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido 1.º Que estimamos el recurso contencioso- administrativo n.º 4453/2015 interpuesto por doña Claudia contra la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 26 de octubre de 2015 desestimatoria de su recurso contra la resolución de 27 de junio de 2015 de la comisión de selección del proceso selectivo convocado para la provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de Guía, con destino en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, resoluciones que anulamos con las consecuencias señaladas en el fundamento sexto. 2.º Que imponemos a la recurrida las costas de este recurso en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 139
 resolución 
 resolución