Source: https://www.scribd.com/document/7469430/Incumplimiento-de-los-Plazos-en-la-Etapa-Preparatoria-del-Proceso-Penal
Timestamp: 2017-03-29 21:50:47+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinINTRODUCCIÓN1 El constante incremento de procesos en los juzgados penales ha provocado que la justicia no sea pronta y cumplida, las razonesprincipales son insuficiente presupuesto del Organismo Judicial que no ha permitido más juzgados penales como tampoco ha permitido hacer efectivas las reformas del Código Procesal Penal para que los Juzgados de Paz conozcan de delitos cuya pena sea menor a cinco años. El presente trabajo analiza la problemática, causas y responsables del incumplimiento de los plazos, proponiendo las soluciones del caso. La pregunta que guía esta investigación: ¿se cumplen los plazos en la etapa preparatoria del proceso penal?
Licenciado Mario Antonio Morales Monroy Abogado y Notario Universidad Panamericana M. A. en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Universidad Mariano Gálvez Pensum Cerrado en Doctorado Universidad Mariano Gálvez
En el desarrollo del proceso penal es necesario el análisis de las cuatro etapas de las cuales se compone, que son: etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio y etapa recursiva.
La pregunta de investigación que guiará el presente trabajo es ¿Se cumplen los plazos en la fase preparatoria del proceso penal?
Dentro de esta etapa, el incumplimiento de los plazos establecidos en el Artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece que a los detenidos se les debe hacer saber el motivo de su detención dentro del plazo de seis horas, y esto es así porque la misma situación de incertidumbre que provoca la prisión es protegida por la Constitución Política de la República de Guatemala al establecer que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por la autoridad judicial competente, exceptuando, desde luego, el delito flagrante.
Adicionalmente, la imposibilidad que tienen los juzgados de primera instancia del ramo penal de cumplir con lo establecido en Artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que el interrogatorio de detenidos o presos debe llevarse a cabo en un plazo que no exceda las veinticuatro horas. A este respecto, es común que esta diligencia judicial se lleve a cabo entre cuatro y ocho días provocando problemas colaterales
como lo son la sobrepoblación de reclusos, la incertidumbre de los familiares del detenido, la sosobra del detenido y la decepción del abogado litigante de que no sean acogidas sus pretensiones para el cumplimiento de los plazos para el interrogatorio de su patrocinado y consecuentemente, resolverle su situación jurídica.
Mención especial merece el hecho de que las seis horas en las que se le hace saber el motivo de su detención a la persona, tienen que descontarse del plazo de veinticuatro horas que se establece para su indagatoria. En este sentido, el juez de primera instancia cuenta con el plazo de dieciocho horas para indagar al detenido y resolverle su situación jurídica. A este respecto, la Corte de Constitucionalidad ha opinado que “respecto al plazo establecido en el Artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no precisa a partir de qué momento debe completarse, bien fuera el momento del momento de la consignación de tribunal o de la detención de la persona. Esta duda quedó legalmente despejada al tenor del Artículo 87 del Código Procesal Penal que lo determina a partir del momento de la aprehensión. Esto significa, que descontadas las seis horas que la autoridad ejecutiva tiene como máximo, para consignar a un detenido, quedarían dieciocho horas para hacer comparecer al aprehendido a efecto de que preste su declaración. La normativa
constitucional y la legal persiguen que la prisión preventiva o cautelar se prolongue lo menos posible, articulando para ello, medidas, que de no ser por conductas específicas, permiten en general un régimen de libertad controlado mediante medidas sustitutivas a fin de que prevalezcan los valores de libertad y de presunción de inocencia.”2
Corte de Constitucionalidad: Gaceta No. 43, expediente No. 929-96, página No. 27, sentencia: 24-02-
característica el ser perentorios
improrrogables, por lo tanto, los juzgados de primera instancia deben acatar lo dispuesto por la norma y cumplir los plazos en los términos señalados. El hecho de que haya sobrecarga de procesos, es responsabilidad del organismo judicial crear los mecanismos adecuados que ataquen el fondo del presente problema, pudiendo ser entre otras medidas alternativas de solución al constante incremento de procesos, que se le de competencia a los juzgados de paz penal para que conozcan de los delitos de posesión para el consumo regulados en la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República, ya que dichos delitos representan un gran porcentaje de la totalidad de procesos. Esta alternativa
trasciende en importancia ya que al iniciarse el proceso por el delito de posesión para el consumo conoce a prevención el juez de paz, posteriormente se remite el proceso al juzgado de primera instancia penal, éste si ya declaró el procesado, resuelve su situación jurídica al dictarle auto de procesamiento o falta de mérito; si le dicta auto de procesamiento, el procesado queda ligado al proceso por el término de tres meses ya que en este delito no se puede aplicar ninguna de las medidas sustitutivas previstas en el Código Procesal Penal. Posteriormente para continuar con la tramitación del proceso se señala día y hora para la audiencia de incineración de la droga incautada. Una vez realizada la incineración, se remite el proceso al juzgado de paz, para que se señale día y hora para la aplicación del criterio de oportunidad, a pesar de no ser ésta la solución jurídica, ya que personalmente estimo que debería ser a través del procedimiento abreviado o la suspensión condicional de la pena, por cuanto que la ley específica, Ley Contra la Narcoactividad, prohíbe la aplicación del criterio de oportunidad. Otra alternativa de solución al incremento de procesos, es que de once
juzgados de primera instancia que conocían en la torre de tribunales, actualmente solo han quedado nueve, ya que dos de ellos conocen delitos de acto impacto, en consecuencia, el mismo Organismo Judicial tiene responsabilidad directa en que los jueces de primera instancia no le den cumplimiento a los plazos.
Es importante señalar el hecho de que tampoco se cumplen los plazos señalados para que el Ministerio Público se pronuncie acerca de la medida conclusiva del proceso, razón por la cual, se prolonga la prisión y angustia del procesado. Como ejemplo de ello, el proceso que se sigue en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y Delitos Contra el Ambiente, en donde la etapa preparatoria lleva cuatro años, dicho proceso se identifica con el número ocho mil ciento noventa y nueve cero uno (8191-01). Estos casos se repiten en todos los juzgados en donde se tramitan los procesos debiendo en todo caso, el abogado litigante, acudir al juez de primera instancia para que emplace al Ministerio Público para la formulación de ley. Dentro de este contexto es importante también señalar el hecho de que el Ministerio Público nunca cumple con anticipación a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal ya que en todas las oportunidades presenta su conclusión del procedimiento al final del plazo o al ser emplazado. Considero que esta situación tiene que cambiar en beneficio de todos los sujetos procesales, especialmente, del sindicado, por cuanto al vérsele privado de su libertad durante tres meses, se le priva directamente a su familia de los ingresos económicos que son necesarios para el sostenimiento de su hogar; adicionalmente se le priva del derecho de trabajo y educación. Por lo que concluyo que la solución alternativa al incremento de procesos es la sanción y no la prisión.
CAPÍTULO I INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN LA FASE PREPARATORIA DEL PROCESO PENAL
1.1 Incumplimiento de Plazos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala
En el análisis del incumplimiento de plazos señalados en la Constitución Política de la República de Guatemala y que se relacionan directamente con los derechos del detenido, es necesario tener en consideración que se trata de garantías constitucionales y como tales, deben ser respetadas; por lo que considero necesario, proceder a su análisis definiendo qué son garantías constitucionales.
“Son aquellas que ofrece la Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetarán los derechos que la misma consagra, tanto en lo que se refiere al ejercicio de los de carácter privado, como al de los de índole pública. Las garantías son una protección frente al peligro o riesgo.”3
Dentro de las garantías procesales se encuentran:
Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Argentina: Editorial Heliasta, S. R. L., 1981) 332.
a) Detención Legal: Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley y por autoridad judicial competente y que debe ser consignada a los tribunales correspondientes dentro del plazo de seis horas contadas a partir del momento de su detención.
b) Notificación de la Causa: Toda persona detenida tiene derecho a que la autoridad le notifique a él y a uno de sus familiares la causa que motivó su detención, la autoridad que la ordenó y el lugar en donde permanecerá detenido.
c) Derechos del Detenido: Toda persona detenida deberá ser informada de los derechos que la ley y la Constitución le garantizan en forma comprensibles y especialmente, que puede proveerse de un defensor para que esté presente en todas las diligencias policiales y judiciales, así como que únicamente puede declarar ante juez competente y que no está obligado a declarar contra el mismo ni contra sus parientes, así como que hasta en tanto una sentencia declare su culpabilidad en el procedimiento se le considera inocente.
d) Interrogatorio a Detenidos o Presos: Las personas detenidas únicamente pueden ser interrogadas por autoridad judicial competente y dentro de un plazo que no debe exceder de veinticuatro horas.
e) Centro de Detención Legal: El defensor no puede ser recluido en lugares destinados para cumplimiento de condena y por consiguiente debe ser llevado a un centro legal y públicamente destinados para la detención preventiva.
f) Doble Instancia: Esta garantía estriba en la posibilidad de que otro tribunal distinto al que ha dictado la sentencia pueda examinar las actuaciones del juez ad quo para aliviar la posibilidad del error judicial y dar más garantías de seguridad en los fallos.
g) Cosa Juzgada: Consiste esencialmente en llegar a un fin definitivo en el proceso en donde se agoten los recursos legalmente establecidos, permitiendo una sentencia firme, irrevocable en su forma y por su firmeza ya no podrá abrirse un nuevo proceso por el mismo hecho. La cosa juzgada conlleva a una seguridad y certeza jurídica ya que es inimpugnable; no se podrá cambiar el contenido de la sentencia y por ello se procederá a su ejecutoriedad.
La ley establece plazos concretos y determinados que en todo caso son máximos de modo y manera que jamás la privación de la libertad puede sobrepasarlos y la existencia de tales plazos no implica que la detención se pueda extender hasta su límite. En definitiva y como los plazos máximos sólo podrán ser agotados si se mantienen las circunstancias que originalmente justificarán la restricción de la libertad.
En consecuencia, la detención debe durar el período de tiempo necesario y en ese plazo puedan ser presentados ante la autoridad judicial competente.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su Artículo 6 que los detenidos deberán de ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Asimismo, el Artículo 9 establece que el detenido tiene que ser indagado en el plazo de veinticuatro horas.
En ese orden de ideas, si la detención se realiza como consecuencia de una orden librada por un juez competente o como consecuencia de un delito in fraganti, en un plazo máximo de seis horas la policía debe de poner a disposición de la autoridad judicial competente al detenido. Si la detención se produce por orden de aprehensión dictada por
juez competente en horas inhábiles, debe de consignarlo al juez de paz de turno para cumplir con la norma constitucional en el plazo respectivo.
Si se dispone en el procesamiento del sindicado, la detención puede convertirse en prisión preventiva, la cual tendrá la duración que el Código Procesal Penal establece para este tipo de medida y dependiendo del caso en particular; caso contrario resolverá la falta de mérito o la imposición de medidas sustitutivas.
Este es uno de los problemas que ocasiona poca celeridad y congestionamiento de los procesos en el proceso penal, ya que si el juez de paz oye al sindicado, también debe resolver su situación jurídica por cuanto que es necesario que la Corte Suprema de Justicia
emita el acuerdo respectivo y los jueces de paz penal tengan competencia, no sólo para oír a los procesados, sino también para resolver su situación jurídica.
1.2 Incumplimiento de Plazos establecidos en el Código Procesal Penal
En el Código Procesal Penal se incumplen los plazos establecidos en el Artículo 87 que se refiere a la primera declaración del imputado que debe prestarse ante juez competente y verificarse en el plazo de veinticuatro horas a contar de su aprehensión. Tampoco se cumple el plazo establecido para las notificaciones contenido en el Artículo 160 que establece que las resoluciones de los tribunales se darán a conocer a quienes corresponda a más tardar al día siguiente de dictarlas. En la actualidad es común el hecho de que estas notificaciones se realicen en plazos que van de cinco a doce días, lo cual refleja que las personas que tienen que ver con este acto procesal incumplan con el plazo señalado. Esto sucede en el caso de que a la persona se le detenga como consecuencia de una orden de juez competente, por cuanto que una vez detenido tiene que llamarse telefónicamente al Ministerio Público al Fiscal del caso, quien en la mayoría de casos, no llega al Juzgado. Y cuando es detenido en horas inhábiles, los Juzgados de Turno Penal no tienen el proceso, por lo cual únicamente se les hace saber el motivo de su detención, situación que podría resolverse con que el Centro Administrativo de Gestión Penal haya una persona de turno para poner a disposición de los Juzgados los expedientes que soliciten.
En lo que respecta a las audiencias, el Código Procesal Penal señala en su Artículo 166 que se conferirán cuando la ley lo disponga, en las audiencias que no tengan señalado plazo
fijado, se considerarán otorgadas por tres días. Actualmente es común que la citación para una audiencia llegue el día anterior o el mismo día de la realización de ésta, lo que provoca que los sujetos procesales no asistan a la misma con la consecuencia lógica de que si el abogado litigante no se presenta, se ordena que se declare el abandono de la defensa. No sucede lo mismo con la incomparecencia del Fiscal del Ministerio Público.
En cuanto a la devolución de vehículos contenida en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual señala que la devolución de los mismos tiene que ser realizada en el plazo de cinco días, tampoco se cumple ya que los vehículos son devueltos a los tres o seis meses, es decir al término de la etapa preparatoria. Con respecto a este Artículo, es
importante señalar que la ley establece que la devolución puede realizarse al propietario, al tenedor, o a la persona de cuyo poder se obtuvieron, ya que los jueces lo devuelven únicamente al propietario.
Tampoco se cumple el Artículo 323 del Código Procesal Penal, que señala la duración de la etapa preparatoria, el que establece que el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerite y deberá practicarse dentro de un plazo de tres meses. Este es el caso cuando se dicta el auto de prisión y el auto de procesamiento por delitos que no tienen medida sustitutiva, es decir que el procesado guardará prisión en el centro de detención preventiva. En el caso de que se haya otorgado medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio es de seis meses a partir del auto de procesamiento, lo que tampoco se cumple, ya que como aseveramos anteriormente, el Ministerio Público se pronuncia mediante medidas conclusivas
hasta los seis meses, a lo que hay que agregar entonces, el plazo de la resolución de la petición, de las notificaciones y de la audiencia, pudiendo ser en algunos casos, un mes mas. En el caso de que no haya vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. La responsabilidad de los
sujetos procesales en el incumplimiento de los plazos va directamente vinculada a la ineficacia o a la falta de interposición del recurso de queja para que efectivamente se cumplan los plazos, es decir, la justicia si no es pronta, tampoco puede ser cumplida, y no es cumplida al no observar los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.
1.3 Principios Procesales incumplidos cuando no se cumplen los Plazos en la Fase Preparatoria
Es indudable que son muchos los principios procesales en materia penal que se ven seriamente perjudicados cuando no se cumplen los plazos, tales como el principio de debido proceso, principio de continuidad, principio de celeridad, principio de sencillez, principio de inocencia y principio de favor libertatis. En el presente trabajo de tesis, únicamente me refiero a los siguientes:
1.3.1 Principio de Celeridad
Este principio tiene relación con los Artículos 160, 178, 180, 399, 413, 282, 323, 324 bis, 410 y 411 del Código Procesal Penal.
Este principio es el que inyecta el dinamismo al Proceso Penal para garantizar los derechos humanos del sindicado procurando que el proceso penal que se le instruyó concluya lo antes posible a efecto de evitar una condena anticipada e injusta.
La celeridad procura el cumplimiento rápido de las actuaciones procesales, agilizando el trabajo en forma esmerada y tratando de ahorrar tiempo y esfuerzos sin menoscabo de las garantías procesales del debido proceso.
1.3.2 Principio de Desjudicialización
Este principio tiene relación con los Artículos 25, 26 y 27 del Código Procesal Penal.
Este principio busca priorizar la tramitación de los procesos, ya que es materialmente imposible atender a todos los casos por igual. De allí que buque una clasificación de los delitos en delitos de trascendencia social y delitos menos graves. En la desjudicialización se enmarcan el criterio de oportunidad, la conversión, el procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la pena.
1.3.4 Principio de Sencillez
Este principio tiene relación con los Artículos 27, 180 y 281 del Código Procesal Penal,
Este trata de evitar el formalismo en la tramitación del proceso; por ello, establece que las formas procesales deben de ser simples y sencillas. Sin embargo las actuaciones
procesales deben cumplir y observar ciertas formas y condiciones mínimas previstas en la ley.
Este principio es importante, ya que en el proceso penal debe privar la sencillez en todas sus etapas y en la interposición de recursos, es decir, tratar de que la justicia satisfaga y resuelva el planteamiento hecho por el agraviado o cualquiera de los sujetos procesales, que entre a conocerlo y que independientemente de que resuelva su procedencia o improcedencia, el sujeto procesal que lo interpuso quede satisfecho con que se le dio trámite al mismo.
1.4 Causas del Incumplimiento de los Plazos en la Fase Preparatoria del Proceso Penal
Es indudable que las causas del incumplimiento de los plazos están íntimamente relacionadas con los sujetos procesales, los jueces de primera instancia y los demás actores que intervienen en el proceso penal, razón por la cual se procedió a realizar una encuesta dentro del presente trabajo de investigación, llegando a establecer en orden de exclusión las diferentes causas de incumplimiento de los plazos:
a) La precaria asignación del dos por ciento no es suficiente para administrar justicia pronta y cumplida y para dignificar a los operadores de justicia.
b) El excesivo incremento de procesos en los juzgados de primera instancia penal provocan en incumplimiento de los plazos toda vez que esta estructura de juzgados contralores de la investigación, ya no responden a la realidad procesal penal guatemalteca, es decir, se han incrementado año con año los procesos pero no se ha incrementado el número de juzgados.
Al momento de la detención del sindicado, no se hace la consignación dentro de las seis horas, pero esto queda inmerso con la falta de celeridad de los juzgados de paz penal de remitir los procesos a gestión penal para que le asigne juzgado de primera instancia éste pueda citar al detenido para recibir su primera declaración ante juez competente. Analizando esta situación, es aquí donde radica parte de la burocracia judicial que impide que se le de cumplimiento al plazo de veinticuatro horas para interrogar a los presos y detenidos, por lo cual propongo que sea el Ministerio Público quien ponga a disposición de juez competente al detenido y no la Policía Nacional Civil. Esto facilitaría que el fiscal que pone a disposición de juez competente a un procesado esté en la primera audiencia y conozca los hechos, y en el mejor de los casos, que el fiscal analice la seriedad de la prevención policial y si no se ajusta a los requisitos de ley, dejar en libertad al encausado.
El Centro Administrativo de Gestión Penal no representa una respuesta a la demanda del cumplimiento de los plazos. Esta institución es participe en muchos casos del atraso de los procesos ya que en la práctica se dan casos en que se notifica a las partes después de los cinco días y no al día siguiente, casos en que el abogado
litigante pregunta por el proceso y le informan que lo tiene el actualizador y éste menciona que está en el juzgado. Por estos retrasos en los procesos es que los abogados litigantes le han denominado “Centro de Congestión Penal.”
e) El Ministerio Público no pide la conclusión del proceso sin que el órgano contralor de la investigación lo emplace y, en ultima ratio, lo hace al finalizar los plazos de la etapa preparatoria, que son de tres meses si la persona está detenida y seis meses si goza de medida sustitutiva.
1.5 Responsables del Incumplimiento de los Plazos en la Fase Preparatoria del Proceso Penal
Los responsables del incumplimiento de los plazos son, en algunos casos, los jueces de primera instancia, por cuanto que no se llevan a cabo los actos procesales en los plazos señalados en la ley; los oficiales del juzgado quienes por tener saturado el calendario de audiencias señalan plazo para la realización de un acto procesal fuera de los plazos señalados por la ley; los fiscales del Ministerio Público, quienes no piden con anticipación al vencimiento del plazo señalado para la etapa preparatoria la conclusión del proceso; el abogado litigante, por el uso excesivo de recursos en algunos casos; el personal de gestión penal, quienes como ya se dijo, no realizan sus actividades dentro de los plazos señalados.
1.6 ¿Por qué no de Aplican las Sanciones Establecidas a los Responsables del Incumplimiento de los Plazos en la Fase Preparatoria del Proceso Penal?
No se aplican sanciones porque el juez de primera instancia y los sujetos procesales saben que hay un constante incremento en los procesos, por lo cual han delegado el uso de recursos, específicamente, el remedio de queja comprendido en el Artículo 179 del Código Procesal Penal, el cual establece que vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el tribunal inmediato superior. Este es el medio idóneo que tienen los sujetos procesales para hacer que el juez de primera instancia cumpla con los plazos establecidos en la ley. La inconveniencia radica, claro está, en que al hacer uso de este remedio, se pueda hacer sujeto de enemistades.
Es evidente que no se aplican sanciones a los jueces ni a los fiscales, pero los abogados litigantes sí son objeto de estas sanciones. Por ejemplo, en el proceso seis mil doscientos sesenta y tres guión dos mil cinco (6263-2005) a cargo del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, se suspendió en dos oportunidades la audiencia de incineración de la droga incautada por inasistencia del juez contralor de la investigación quién se encontraba en un curso, no nombrando la Corte Suprema de Justicia, al sustituto. Aquí no se aplicó ninguna sanción. No obstante, están presentes el Ministerio Público y el abogado defensor.
Contrasta lo anterior con otros procesos en los cuales se ha certificado lo conducente en contra del abogado litigante que no comparece a esa misma audiencia. Sin embargo, fue notificado el día anterior a la incineración, razón por la cual, no pudo estar presente en esa diligencia.
CAPÍTULO II PROPUESTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN LA ETAPA PREPARATORIA DEL PROCESO PENAL
2.1 Etapa Preparatoria Pronta y Cumplida
La naturaleza jurídica de la etapa preparatoria es que dentro de ella se reúnen los medios de investigación contra una persona sindicada de un hecho delictivo y siendo que el imputado puede estar detenido en un centro preventivo también puede estar en libertad a través del otorgamiento de una medida sustitutiva.
En esta etapa, se restringe una de las garantías elementales del ser humano contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala que es la libertad, razón por la cual debe durar el menor tiempo que sea posible para ponerle fin a la incertidumbre del sindicado.
Solo a través de la utilización de los medios que la ley prevé se puede hacer que los plazos en la etapa preparatoria sean cumplidos. Los sujetos procesales deben hacer uso del recurso de queja para que el juez de primera instancia cumpla con los plazos señalados en el Código Procesal Penal, asimismo, el juez de primera instancia penal tiene que utilizar la disciplina con los sujetos procesales, lo que implica, que en caso sea el Ministerio Público quien de lugar al incumplimiento de los plazos se haga saber al consejo del Ministerio Público para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y, si fuera el abogado litigante, se certifique lo conducente al Colegio de Abogados o resuelva el abandono de la defensa.
Solo a través del cumplimiento de los plazos se puede lograr que esta etapa de primordial importancia en el proceso penal, traiga como consecuencia el respeto a las garantías constitucionales, así como el respeto a los derechos humanos contenidos en la Convención de Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos Humanos en cuanto que el Estado debe resolver en un plazo razonable la situación jurídica del procesado.
2.2Sujetos Procesales y Órgano Jurisdiccional deben Velar por el Cumplimiento de los Plazos en la Fase Preparatoria del Proceso Penal
Tanto el Juez contralor de la investigación, Ministerio Público, el querellante adhesivo, el actor civil, el acusado, el abogado defensor y el tercero civilmente demandado deben cumplir los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, especialmente en lo que se refiere a la etapa preparatoria; los jueces de primera instancia deben velar porque a través de su intervención se lleven a cabo las diligencias procesales en los plazos establecidos.
Esta es una obligación inherente a los sujetos procesales y al juzgado de primera instancia penal, por lo cual es necesario que se cumplan.
Esto aunado al principio de imperatividad contenido en el Código Procesal Penal en el cual se establece que los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar la forma del proceso ni la de sus diligencias o incidencias.
Disciplina judicial debe desempeñar el papel que le corresponde para que sean efectivas las resoluciones de la sala de apelaciones con respecto a los remedios procesales interpuestos por los sujetos procesales.
2.3 Aplicación de Sanciones a los Responsables del Incumplimiento de los Plazos en la Fase Preparatoria del Proceso Penal
La aplicación de sanciones a los responsables del incumplimiento de los plazos en la fase preparatoria del proceso penal, traerá como consecuencia que éste sea un disuasivo para que en el futuro no se incumpla con los plazos, ya que como se ha apuntado, el sujeto procesal sobre el que recaen los efectos negativos de su incumplimiento, en la mayoría de casos es el procesado. El medio idóneo para la aplicación de sanciones a los funcionarios responsables del incumplimiento de los plazos en todo proceso penal y, especialmente, en la fase preparatoria es el recurso de queja regulado en el Artículo 179 del Código Procesal Penal.
Las formas de aplicación de las sanciones deben de hacerse efectivas, también a través de Disciplina Judicial, quien es el órgano encargado de imponer las sanciones pertinentes al funcionario que hayan incumplido con los plazos, esto en congruencia con el Artículo 151 del Código Procesal Penal que establece “que el incumplimiento de los plazos implica mala conducta en el desempeño de las funciones y la sanción disciplinaria procederá de oficio”, por lo que es recomendable que Disciplina Judicial lleve un control más efectivo
del cumplimiento de los plazos en el proceso penal y, como se dijo anteriormente, que los sujetos procesales acudan por medio del recurso de queja para que se cumplan los plazos.
2.4 Soluciones Alternas al Incremento de Procesos para el Debido Cumplimiento de los Plazos
Las soluciones que se presentan como posibles al incumplimiento de los plazos en la etapa preparatoria son los siguientes:
a) El incremento de la asignación constitucional del dos por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado al Organismo Judicial.
b) Que los juzgados de paz penal conozcan de los delitos de posesión para el consumo, que representan, según la estadística del Centro de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), el veinticinco por ciento, por cuanto que en la mayoría de casos la forma de resolver este delito es a través de la aplicación del criterio de oportunidad, el cual también lo aplica el juzgado de paz penal, es decir, el proceso es remitido al centro de gestión penal y éste lo distribuye dentro de los nueve juzgados de primera instancia penal, quien al recibirlo, si ya viene indagada la persona, se limita a señalar la audiencia para la incineración de la droga incautada. Posteriormente se inhibe de seguir conociendo por razones de
competencia ya que corresponde la aplicación del criterio de oportunidad cuando el delito no tiene pena superior a los tres años al juzgado de paz penal.
Es de hacer énfasis en que el juez de primera instancia por estar saturadas las fechas de audiencia de incineraciones señala más de un mes de plazo para la realización de la misma. Esto sumado al plazo de notificaciones, al plazo de inhibitoria, al plazo de señalamiento de la audiencia respectiva por el juzgado de paz penal que conlleva una auténtica tortura psicológica para el
procesado, quien se ve limitado en sus relaciones familiares, en su trabajo, en sus relaciones con su pareja; esto sumado al daño psicológico que provoca el encierro. En la doctrina, varios autores entre ellos Raúl Eugenio Zaffaroni autor del libro “Las Penas Perdidas,” señala que éstos son castigos que carecen de sentido, es decir, son penas perdidas que solo tienen como principal consecuencia la estigmatización del procesado.
c) Que se delegue en los jueces de paz no solo el conocimiento a prevención de los procesos, sino que puedan resolver la situación jurídica del procesado a través del otorgamiento de medida sustitutiva. Esto traería como consecuencia, que el
procesado pueda quedar en libertad en el plazo señalado en el Artículo 9 la Constitución Política de la República de Guatemala y Artículo 87 del Código Procesal Penal. Una vez resuelta la situación jurídica del procesado, se remitiría el proceso para gestión penal para la distribución respectiva. El hecho de que los juzgados de paz penal conozcan a prevención y no puedan resolver la situación jurídica del procesado, es una contradicción que trae como consecuencia encarcelamientos inútiles, lo que implica masificación de reclusos en las prisiones
preventivas. Por supuesto, podría adoptarse como limitante que los jueces de paz penal resuelvan de esta forma únicamente en los delitos en los que puede otorgarse medida sustitutiva.
d) Que la Corte Suprema de Justicia establezca un mayor número de juzgados de primera instancia penal, tomando en consideración para la determinación de los nuevos juzgados, el incremento de los procesos con relación al año 1992.
e) En reiteradas ocasiones, me he preguntado porqué no es el Ministerio Público quien pone a disposición de juez penal competente al sindicado de un hecho delictivo, lo cual traería consigo que la Policía Nacional Civil tenga necesariamente que contar con el aval del Ministerio Público de la consignación respectiva, quien deberá revisar los presupuestos penales por los cuales es consignada una persona. Y esto debe ser así porque en una gran cantidad de casos la noticia criminal, en este caso, la prevención policial carece de los elementos necesarios para dictar el auto de procesamiento respectivo dando como consecuencia que el juez de primera instancia decrete la falta de mérito.
Esquema del Procedimiento Propuesto para el Efectivo Cumplimiento de los Plazos en el caso de delito flagrante
Detención Policía Nacional Civil Delito flagrante
Calificación de la Prevención Policial por parte del Ministerio Público
Juez de Paz o primera instancia toma primera declaración en presencia del procesado, en presencia de su abogado defensor y agente del Ministerio Público y resuelve falta de mérito, auto de procesamiento o medida sustitutiva
Juez de Primera Instancia o Sala de Apelaciones conoce de apelación, de la falta de mérito, medidas sustitutivas y de todas las etapas del proceso.
Se debe insistir en que es necesaria la presencia del fiscal del Ministerio Público en la calificación de la prevención policial, evitando de esta manera las constantes faltas de mérito por prevenciones policiales que no reúnen los requisitos de ley. CONCLUSIONES
1. Se comprueba la hipótesis de que en la etapa preparatoria del proceso penal, se incumplen los plazos establecidos tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en el Código Procesal Penal.
2. El incumplimiento de los plazos es por mala práctica del Ministerio Público, falta de comunicación y coordinación entre Policía Nacional Civil y Ministerio Público, por razones presupuestarias del Organismo Judicial, y por abuso de recursos de los abogados litigantes.
3. El artículo 268, último párrafo, del Código Procesal Penal contradice la Constitución Política de la República de Guatemala porque permite que los plazos se prorroguen cuantas veces quiera el juzgador, y adicionalmente, contradice la naturaleza jurídica de los plazos, que en el proceso penal son perentorios e improrrogables.
4. La precaria asignación del dos por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para el Organismo Judicial tiene relación directa con el incumplimiento de los plazos porque se ha provocado, que aún cuando, todos los años se incrementan los procesos, no haya incremento de juzgados, y se carezca de dignificación salarial de los operadores de justicia.
5. La ausencia de sanciones disciplinarias, tanto contra los jueces de primera instancia, como para los fiscales del Ministerio Público y Abogados de la defensa, estimulan el constante incremento en los procesos penales en los cuales se incumplen con los plazos, aunado a ello, la ausencia del remedio de queja por parte del abogado litigante.
6. El incumplimiento de los plazos provoca el hacinamiento de los reclusos en los centros de detención, divide a las familias y expone al nuevo detenido a formar parte de organizaciones criminales, incentiva la venganza privada, los linchamientos y la falta de credibilidad en los órganos de administración de la justicia.
1. Se recomienda al Organismo Judicial solicitar incremento de su presupuesto para hacer positivas las reformas contenidas en el Decreto 51-2002 y aumentar el número de juzgados en el país.
2. Para evitar el constante incremento de procesos que conocen los jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, también se recomienda que los juzgados de paz penal deban conocer, tramitar y resolver el delito de posesión para el consumo, regulado en el artículo 39 de la Ley contra la Narcoactividad, reformando para ello el artículo 1, inciso tercero, del Decreto 51-2002 que establece que los juzgados de paz penal no podrán conocer de los delitos regulados en la Ley contra la Narcoactividad. La razón es que en la presente investigación se establece un constante incremento de procesos por este delito, en el año 2003 y 2004 hubieron, respectivamente, 8323 y 9174 personas detenidas, lo que representa más de un 7% del total de los casos ingresados. De este porcentaje, solo se condena en menos del 3% de los casos.
3. Que las dependencias supervisoras habidas en los respectivos entes que intervienen en la administración de justicia, ejerzan un control más estricto y responsable con los expedientes que se encuentran a su cargo.
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