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Timestamp: 2019-12-13 12:55:47+00:00

Document:
Legislación: Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. ,
Tipo: Leyes orgánicas de Leyes de Interés; Leyes orgánicas de Protección Civil Area: Leyes de Interés ; Protección Civil
Para completar, las facultades o potestades de las autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitución, y con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana, se considera necesario establecer el ámbito de responsabilidad de las autoridades administrativas en materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; concentraciones públicas en espectáculos; documentación personal de nacionales y extranjeros en España; así como regular ciertas actividades de especial interés y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fecha: 21/02/1992 Ambito: Nacional
Estado: Derogada Esta ley queda derogada por Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.BOE núm. 77, lunes 31 de marzo de 2015
(Se incluye derogatoria por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.BOE núm. 148, de 21 de junio de 2013)
(Se incluye modificaciones por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. BOE núm. 279, de 22 de noviembre de 2006)
(Se incluye actualización Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de Administración Pública. BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 2001)
(Se incluye actualización presentada por la Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a las equivalencias pesetas-euros de las cuantías de las sanciones, precios comunicados, indemnizaciones, ayudas y cánones del Ministerio del Interior. BOE núm. 263, de 2 de noviembre de 2001)
(Se incluye modificaciones por la Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.BOE núm. 96, de 22 de abril de 1999)
(Se incluye modificaciones por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. BOE núm. 186, de 5 de agosto de 1997)
BOE de 22 de Febrero de 1992
Capítulo II Medidas de acción preventiva y vigilancia
Capítulo III Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana
a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
La Constitución, por otra parte, establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad publica (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de reunión.
Se establece, también, el derecho y el deber de obtener el Documento Nacional de Identidad a partir de los catorce años, que tendrá por s´i solo suficiente valor para acreditar la identidad de los ciudadanos, garantizando en todo caso el respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin que los datos que en el mismo figuren puedan ser relativos a raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o sindical, o creencias. Se regula la expedición del pasaporte o documento que lo sustituya, y se establece, por otra parte, el deber de identificación de los extranjeros que se hallen en España, sin que puedan ser privados de esta documentación, salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad.
En el Capítulo III se habilita para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de desórdenes colectivos o de inseguridad publica graves. Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la evacuación de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible, así como para la suspensión de los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o restricción de la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, con el fin de descubrir y detener a los partícipes en un hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo.
Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que les corresponden, podrán requerir la identificación de las personas. Si no pudieran identificarse por cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a una dependencia policial próxima a los solos efectos de la identificación. No se altera, pues, el régimen vigente del instituto de la detención, que solo podrá seguir produciéndose cuando se trate de un sospechoso de haber cometido un delito y no por la imposibilidad de identificación. Lo que se prevén son supuestos de resistencia o negativa infundada a la identificación, que tendrían las consecuencias que para tales infracciones derivan del Código Penal vigente.
a.	El Ministro del Interior.
b.	Los titulares de los Órganos Superiores y Órganos Directivos del Ministerio del Interior a los que se atribuya tal carácter, en virtud de Disposiciones Legales o Reglamentarias.
c.	Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla.
d.	Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia.
1. En las materias sujetas a potestades administrativas de Policía especial no atribuidas expresamente a Órganos dependientes del Ministerio del Interior, estos solo podrán intervenir en la medida necesaria para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el apartado 2 del artículo 1.
2. Dichos Órganos, a través de sus agentes, deberán prestar el auxilio ejecutivo necesario a cualesquiera otras autoridades publicas que lo requieran para asegurar el cumplimiento de las Leyes.
3. Todas las Autoridades Publicas y sus agentes que tuvieren conocimiento de hechos que perturben gravemente la Seguridad Ciudadana y, en consecuencia, el ejercicio de derechos constitucionales, deberán ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial o Gubernativa.
SECCIÓN PRIMERA. ARMAS Y EXPLOSIVOS.
a.	Mediante la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas, talleres, depósitos, establecimientos de venta y lugares de utilización y las actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogación o clasificación, autorización, información, inspección, vigilancia y control, así como a requisitos especiales de habilitación para el personal encargado de su manipulación.
b.	Mediante la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedición tendrá carácter restrictivo, especialmente cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las cuales la concesión de las licencias o permisos se limitará a supuestos de estricta necesidad.
c.	Mediante la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos, especialmente peligrosos, así como el depósito de los mismos.
a.	Garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que, para las personas o sus bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o actividad recreativa, participen en ellos o los presencien.
b.	Asegurar la pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebración del espectáculo o el desarrollo de la actividad.
c.	Limitar las actividades de los locales y establecimientos públicos a las que tuvieren autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de cualesquiera otras que estuvieren prohibidas.
d.	Fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización, venta de localidades y horarios de comienzo y terminación de los espectáculos o actividades recreativas, siempre que sea necesario, para que su desarrollo transcurra con normalidad.
2. Los espectáculos deportivos quedaran, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en el Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
SECCIÓN TERCERA. DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL.
1. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, que gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las Leyes, y que tendrá, por sí solo, suficiente valor para la acreditación de la identidad de las personas.
1. Los españoles podrán entrar en el territorio nacional, en todo caso, acreditando su nacionalidad. Los que pretendan salir de España habrán de estar provistos de pasaporte o documento que reglamentariamente se establezca en los términos de los Acuerdos Internacionales suscritos por España, que tendrán la misma consideración que el Documento Nacional de Identidad.
Los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España, con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes. No podrán ser privados de esta documentación salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad.
SECCIÓN CUARTA. ACTIVIDADES RELEVANTES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.
1. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, el alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente.
SECCIÓN QUINTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES.
Las autoridades competentes, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos, podrán dictar las órdenes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el artículo 1 de esta Ley.
La autoridad competente podrá acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras éstas duren.
2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquellos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.
1. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas.
3. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere, deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio.
Los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, procediendo a su ocupación. Podrán proceder a la ocupación temporal, incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresión, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas.
2. Declarado inconstitucional y nulo por STC 341/1993, de 18 de Noviembre.
1. Para obtener el cumplimiento de las órdenes dictadas en aplicación de la presente Ley, las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podrán imponer multas en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. En todo caso habrá de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto, de acuerdo con la naturaleza y fines de la orden, transcurrido el cual se podrá proceder a la imposición de las multas en proporción a la gravedad del incumplimiento. Tales multas no excederán de 25.000 pesetas, si bien se podrá aumentar sucesivamente su importe en el 50 % en caso de reiteración del citado incumplimiento, sin que pueda sobrepasar los límites cuantitativos máximos establecidos para las sanciones.
Según derogatoria por la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, BOE núm. 148, de 21 de junio de 2013 queda derogado dicho articulo
Según incluye modificaciones por la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembreBOE núm. 279, de 22 de noviembre de 2006 queda redactado tal y como sigue:
Según modificaciones por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, BOE núm. 186, de 5 de agosto de 1997 queda redactado el artículo 23 tal y como sigue:
Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se considerarán organizadores o promotores, a los efectos de esta Ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, puedan determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas.
Las infracciones tipificadas en los apartados a), b), c), e), f), g), i), j), m) y ñ) del artículo anterior podrán ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieren alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas.
a.	El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal.
b.	La negativa a entregar la documentación personal cuando hubiere sido acordada su retirada o retención.
c.	La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de las documentaciones de armas o explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de tales documentaciones.
d.	La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de espectáculos, cuando esté prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los mismos.
e.	El exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas.
f.	Las irregularidades en la cumplimentaron de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.
g.	La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.
h.	Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción penal.
i.	Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
j.	Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en Leyes especiales relativas a la Seguridad Ciudadana.
Las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley prescribirán a los tres meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
SECCIÓN SEGUNDA. SANCIONES.
Según actualización presentada por la Resolución de 22 de octubre de 2001. BOE núm. 263, de 2 de noviembre de 2001:
a.	Multa de cinco millones una pesetas a cien millones de pesetas, para infracciones muy graves. De cincuenta mil una pesetas a cinco millones de pesetas, para infracciones graves. De hasta cincuenta mil pesetas, para infracciones leves.
b.	Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.
c.	Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
d.	Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las infracciones graves en el ámbito de las materias reguladas en el Capítulo II de esta Ley.
e.	Clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el Capítulo II de esta Ley.
Artículo 29 (Redacción según Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.)
1. Serán competentes para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior:
a.	El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley, por infracciones muy graves, graves o leves.
b.	El Ministro del Interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.
c.	Los titulares de los Órganos a que se refiere el artículo 2.b) de esta Ley para imponer multas de hasta diez millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.
d.	Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla, para imponer multas de hasta un millón de pesetas, las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artículo anterior y la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duración, por infracciones graves o leves.
e.	Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia, para imponer multas de hasta cien mil pesetas, y las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artículo anterior, por infracciones graves o leves.
Según modificaciones presentadas por la Ley 10/1999, de 21 de abril, BOE núm. 96, de 22 de abril de 1999) queda redactado el 29.2 tal y como sigue:
·	Municipios de más de quinientos mil habitantes, de hasta un millón de pesetas.
·	Municipios de cincuenta mil a quinientos mil habitantes, de hasta cien mil pesetas.
·	Municipios de veinte mil a cincuenta mil habitantes, de hasta cincuenta mil pesetas.
·	Municipios de menos de veinte mil habitantes, de hasta veinticinco mil pesetas.
Cuando no concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, en las materias a que el mismo se refiere, los alcaldes pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades competentes o, previa la substanciación del oportuno expediente, propondrán la imposición de las sanciones que correspondan.
1. Las respectivas normas reglamentarias podrán determinar, dentro de los límites establecidos por la presente Ley, la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales por la comisión de las infracciones, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana.
1. No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado, economía, celeridad y sumariedad.
2. Cuando las conductas a que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de infracción penal, se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas, aunque ello no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos.
No obstante, la resolución definitiva del expediente solo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción.
En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal, cuando se acordase el archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infracción penal, deberá aquél remitir a la autoridad sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios, cuando aquéllos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en esta Ley.
En los supuestos de los dos artículos anteriores, la autoridad sancionadora quedará vinculada por los hechos declarados probados en vía judicial.
En todo procedimiento sancionador que se instruya en las materias objeto de la presente Ley, la autoridad que haya ordenado su iniciación podrá optar por nombrar instructor y secretario, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o encargar de la instrucción del mismo a la Unidad Administrativa correspondiente.
a.	El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones y, en particular, de las armas, explosivos, embarcaciones de alta velocidad, o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
b.	La adopción de medidas provisionales de seguridad de las personas, los bienes, los establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situación de peligro, a cargo de sus titulares.
c.	La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.
d.	La suspensión, parcial o total, de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias.
e.	La retirada preventiva de autorizaciones, permisos, licencias y otros documentos expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de lo dispuesto por la presente Ley.
4. Excepcionalmente, en supuestos de posible desaparición de las armas o explosivos, de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en la letra a) del apartado 2 anterior podrán ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad, debiendo ser ratificadas o revocadas por esta en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle legal o reglamentariamente previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalara, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles.
La resolución firme en vía administrativa de los expediente sancionadores por faltas graves y muy graves podrá ser hecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.
·	La Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público.
·	La Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Orden Público.
·	El Real Decreto-Ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público.
·	El apartado 5 del artículo 7 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.
·	El Real Decreto 3/1979, de 26 de enero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
·	Cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
PRIMERA. Las disposiciones de la presente Ley y las que en ejecución de la misma apruebe el Gobierno, determinadas por razones de Seguridad Pública, se entenderán dictadas al amparo del artículo 149.1.29 de la Constitución.
1. Las disposiciones relativas a los espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley, así como las normas de desarrollo de las mismas, serán de aplicación general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en esta materia.
TERCERA. La presente Ley tendrá carácter de Ley Orgánica excepto en los artículos 2; 3; 4; 5.1; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 22; 23, en todos los apartados del párrafo 1, excepto el c); 25; 26; 27; 28.1 y 3; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; disposición derogatoria y disposiciones finales primera, segunda, cuarta y quinta, los cuales tendrán carácter ordinario.
CUARTA. El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para determinar las medidas de seguridad y control que pueden ser impuestas a entidades o establecimientos.
QUINTA. Se autoriza al Gobierno para actualizar las cuantías de las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ley, teniendo en cuenta las variaciones de Índice de Precios al Consumo.
Se incluye actualización Resolución de 22 de octubre de 200. BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 2001
de 21 de febrero , sobre Protección de la Seguridad Ciudadana Articulo 28
28.a) Muy Graves 5.000.001 a 100.000.000 28.a) Muy Graves 30.050,62 a 601.012,1
No existe reglamento de desarrollo.
Aplicación directa de la ley Graves 50.001 a 5.000.000. Graves 300,52 a 30.050,61
Leves hasta 50.000 Leves Hasta 300,51
29.1 b) Hasta 50.000.000.
c) Hasta 10.000.000.
d) Hasta 1.000.000.
e) Hasta 100.000.
29.2 Alcaldes
Hasta 1.000.000.
Hasta 100.000.
Hasta 50.000.
Hasta 25.000. 29.1 b) Hasta 300.506,05
c) Hasta 60.101,21
d) Hasta 6.010,12
e) Hasta 601,01
Hasta 601,01
Hasta 300,51
Hasta 150,25
Real Decreto 230/98, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Explosivos
Art. 293 Infracciones Leves 293 Hasta 50.000 293 Hasta 300,51
Artículo 30 Art. 294 Infracciones Graves 294 a),b),d),e),f),j),k),l) De 50.001 a 5.000.000.
294 c), g) De 50.001 a 2.000.000.
294 h) ,i), m), n) De 50.001 a 1.000.000. 294 a),b),d),e),f),j),k),I) De 300,52 a 30.050,61
294 c), g) De 300.52 a 12.020,24
294 h) ,i), m), n) De 300.52 a 6.010,12
Art. 295 Infracciones muy graves 295 a), b) De 5.000.001 a 100.000.000. 295 a), b) De 30.050,62 a 601.012,1
Art. 155 Infracciones muy graves 155 a) 1º De 5.000.000. a 100.000.000.
a) 2° y d) De 5.000.001 a 50.000.000.
b) y c), De 5.000.000 a 10.000.000. 155 a) 1º De 30.050,61 a 601.012,1
a) 2º y d) De 30.050,61 a 300.506,05
b) y c), De 30.050,61 a 60.101,21
Art. 156 Infracciones graves 156 a), b) e), De 50.001 a 5.000.000.
c) De 50.001 a 500.000 ó 1.000.000.
d) De 50.001 a 250.000 ó 500.000.
f) De 50.001 a 200.000.
g),j) De 50.001 a 100.000.
h) De 50.001 a 1.000.000,
i) De 50.001 a 75.000 156 a), b) e), De 300,51 a 30.050,61
c) De 300,51 a 3.005,06 ó 6.010,12
d) De 300,51 a 1.502,53 ó 3.005,06
f) De 300,51 a 1.202,02
g), j) De 300,51 a 601,01
h) De 300,51 a 6.010,12
i) De 300,51 a 450,76
Art. 157 Infracciones leves 157 a), b) 1, c) 1, e) 1, f) Hasta 50.000
157 b) 2, c) 2, d), e) 2, Hasta 25.000 157 a), b) 1, c) 1, e)1, f) Hasta 300,51
157 b) 2, c) 2, d), e) 2, Hasta 150,25
Real Decreto 731/1982, de 17 de marzo, sobre control de Establecimientos dedicados al desguace de automóviles
Art. 5 De 100.000 a 1.000.000 Art. 5 De 100.000 a 1.000.000 Art. 5 De 601,01 a 6.010,12
Página actualizada el: 01/04/2015

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 5
 artículo 107
 artículo 23
 Resolución 

Artículo 29
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 149
 Resolución 

Real Decreto 

Artículo 30

Real Decreto