Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221173L.htm
Timestamp: 2019-03-25 22:42:54+00:00

Document:
201208-Sala Civil liquidadora-1-173
Auto Supremo: Nº 173
Sucre: 24 de agosto de 2012
Expediente:C-44-07-S
Partes:Fernando Luciano Postigo Gamez c/Jaime Iriarte Angulo.
Tercera Magistrada Relatora: Dra. María Arminda Ríos García
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 528 y vuelta, interpuesto por Fernando Luciano Postigo Gamez, del Auto de Vista de 8 de junio de 2006, cursante a fojas 484 y vuelta, dentro del proceso ordinario de rendición de cuentas seguido por el recurrente contra Jaime Iriarte Angulo, la respuesta de fojas 531 a 532, la convocatoria de fojas 555, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso ordinario de rendición de cuentas, el Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 12 de marzo de 2004 (fojas 449 a 451), declarando improbada la demanda de fojas 21, probada la excepción perentoria de usufructo e improbadas las excepciones de falta de acción y derecho y de prescripción opuestas.
En grado de apelación, por Auto de Vista de 8 de junio de 2006 (fojas 484 y vuelta), la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, confirmó la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
Que, contra el referido Auto de Vista, Fernando Luciano Postigo Gamez, interpuso recurso de casación en el fondo, en el que señala los siguientes argumentos:
Acusa la violación de los artículos 125, segundo párrafo del artículo 202 y del artículo 211, todos ellos del Código de Comercio y del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil.
1.- Respecto de la violación de la segunda parte del artículo 202 del Código de Comercio, refiere que esta norma dispone que los actos de disposición de sociedades comerciales tienen validez plena, hacen fe entre partes y surten efectos contra terceros, desde el día de su inscripción en el Registro de Comercio, mientras no sean modificadas y/o anuladas legalmente.
2.- Expresa por otra parte, que estando acreditado su derecho como socio, al no permitirle ejercer ese derecho, se violaron el artículo 211 del Código de Comercio y el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil.
3.- Por otra parte, acusa la violación del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil al no permitir que el demandado rinda cuentas del manejo de la sociedad.
4.- Reitera la acusación de violación de la segunda parte del artículo 202 del Código de Comercio, en cuanto los actos de disposición de cuotas de capital, surten efectos legales contra terceros solamente a partir de su inscripción en el Registro de Comercio, habiéndose determinado hacer prevalecer un usufructo en el que el recurrente afirma no haber intervenido y por no haber sido inscrito en el Registro correspondiente, condición sine qua non para que surta efectos frente a terceros, incluida su persona.
5.- Asimismo acusa la violación del artículo 125 del Código de Comercio, respecto del usufructo, por cuanto según esta disposición, una sociedad se concibe sólo cuando dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas, no encontrándose reconocido el usufructo en las sociedades comerciales, como por el hecho que desnaturalizaría e hiciera desaparecer los elementos constitutivos de la sociedad y fundamentalmente el que se refiere al derecho a la repartición de los beneficios o utilidades producidas.
Concluye el memorial, solicitando que este Supremo Tribunal, case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, conceda las pretensiones demandadas de rendición de cuentas y pago de dividendos en la sociedad Empresa Complejo Industrial del Acero (CINA Ltda.).
Antes de ingresar en el análisis de la problemática planteada, se debe dejar claramente establecido que el memorial de interposición del recurso carece de técnica jurídica, limitándose a efectuar una relación de hechos que se produjeron durante la tramitación del proceso, constreñido a referir la violación de las normas que cita, aunque de manera superficial.
Que, conforme la abundante jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación es uno extraordinario, constituyéndose por esta razón en una nueva demanda de puro derecho, que debe contener y circunscribirse a los requisitos enumerados en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, el recurrente se encuentra obligado a fundamentar de manera precisa y concreta las causas que dieron lugar a la interposición del recurso ya sea en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, no siendo suficiente la simple cita de normas legales y la relación de los hechos que se dieron a lo largo del proceso, sino demostrar en términos razonados y razonables, en qué consiste la infracción que se acusa. No obstante, se ingresa al fondo a objeto de resolver la causa y brindar una respuesta al recurrente.
El artículo 125 del Código de Comercio da el concepto y en consecuencia refiere los términos en los que debe comprenderse los alcances de lo que constituye una sociedad comercial, al expresar que "Por el contrato de sociedad comercial dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas."
En virtud de lo señalado en el acápite precedente, se entiende que partiendo de la noción que brinda el artículo 450 del Código Civil de lo que constituye un contrato, éste se forma "...cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica."
Tomando en cuenta lo indicado, para que se produzcan obligaciones recíprocas entre las partes, se debe partir del presupuesto de la existencia de un contrato en el que se hayan establecido los derechos y obligaciones a las que cada uno de los que suscriben se reata. En la especie, tomando en cuenta el contenido del Testimonio Nº 114/93, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública Nº 7 del Distrito Judicial de Cochabamba, a cargo de María del Carmen Montaño del Granado, cursante a fojas 59 a 62 y vuelta, no se encuentra que en la misma, ni en la Escritura Pública Nº 62/82 de 9 de marzo de 1982, como tampoco en la Escritura Pública Nº 110/83 de 11 de marzo de 1983, figure el recurrente como socio de la Empresa CINA Ltda. es más, de acuerdo con lo que se encuentra señalado en el Testimonio Nº 114/93, según la distribución de cuotas de capital en la sociedad, corresponde a Jaime Alberto Iriarte Reyes Ortiz, el cincuenta y dos por ciento (52%), a Elizabeth Iriarte Reyes Ortiz, el dieciséis por ciento (16%), a María Susana Iriarte Reyes Ortiz el dieciséis por ciento (16%) y finalmente, a María Inés Iriarte Reyes Ortiz el dieciséis por ciento (16%) restante, con lo que suma el cien por ciento (100%) del total de cuotas de participación, por lo que no se encuentra que fuera evidente la acusación formulada.
En cuanto se refiere a la violación que el recurrente acusa del segundo párrafo del artículo 202 del Código de Comercio, debe tenerse presente que el motivo de la litis en el caso de estudio, es la demanda de rendición de cuentas planteada por el ahora recurrente, quien al no constituir parte de la sociedad, no se encuentra legitimado a tal efecto, como acertadamente lo señalaron tanto el juez A quo en la Sentencia de primera instancia, como el Tribunal Ad quem al resolver el recurso de apelación, quedando clara la expresión contenida en este último cuando señala que "...El demandado, sea como administrador o usufructuario de aquella empresa, no tiene ninguna obligación de rendir cuentas a una persona extraña y ajena a dicho negocio, porque no le liga ningún vínculo comercial ni contractual."
Respecto de la supuesta violación del artículo 211 del Código de Comercio, que en relación con los mecanismos de control dentro de una sociedad de responsabilidad limitada como corresponde al caso en análisis, dispone: "Los socios tienen el derecho de examinar la contabilidad, libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo. Podrá también establecerse un órgano de control y vigilancia cuyas facultades y funciones se regirán por las normas señaladas para los síndicos en las sociedades anónimas, en cuanto aquellas sean aplicables.La creación del órgano de control permanente no significa la pérdida del derecho al control individual por parte de los socios." Es decir, que habiendo quedado demostrado que el recurrente, Fernando Luciano Postigo Gamez, nunca tuvo la calidad de socio en la Empresa Complejo Industrial del Acero (CINA Ltda.), mal puede acusar la violación de la norma citada, pues los mecanismos de control a los que alude, se encuentran reservados a quienes tienen interés legítimo (socios) en la sociedad, no siendo en consecuencia evidente la vulneración acusada.
El razonamiento expuesto precedentemente, se aplica a la violación acusada por el recurrente, sobre la disposición contenida en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, que indica: "Todo el que administrare o gestionare negocios ajenos estará obligado a rendir cuentas de su gestión." Esta norma es meridianamente clara en su mandato, pues resulta inobjetable que el administrador de un negocio se encuentra obligado a rendir cuentas de su gestión; sin embargo, esa rendición de cuentas debe ser hecha en relación con los socios de la empresa y de ninguna manera con personas extrañas o ajenas que no tienen el vínculo contractual nacido y expresado en la escritura de constitución de la misma o derivado de un contrato o acuerdo de negocios que la sociedad hubiera celebrado con terceros, lo que en la especie no sucedió, por lo que una vez más, no se encuentra que fuera evidente la infracción acusada.
Sobre el punto 2 del memorial del recurso en el que Fernando Luciano Postigo Gómez reitera la violación del artículo 211 del Código de Comercio en relación con el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, se debe dejar claramente establecido que en ningún momento, a lo largo de la tramitación del proceso, demostró su calidad de socio de la Empresa Complejo Industrial del Acero (CINA Ltda.), habiéndose fundamentado abundantemente ut supra respecto de la aplicación del artículo 211 del Compilado de Comercio; y en cuanto al artículo 688 del Código Adjetivo Civil, éste claramente dispone que "Solicitada la rendición de cuentas por quien acreditare su derecho a exigirla contra el obligado a rendirlas, el juez concederá a este último el plazo de ocho días, bajo apercibimiento de apremio." Es decir, que no queda la menor duda que quien puede solicitar la rendición de cuentas, debe acreditar su derecho a exigirla contra quien se encuentre en la obligación de darla, lo que no es aplicable en el caso sub lite por las razones ya expuestas, no siendo evidente en consecuencia la vulneración que se acusó.
Si bien es evidente la afirmación que efectúa el recurrente en relación con la disposición contenida en la segunda parte del artículo 202 del Código de Comercio, en cuanto que los actos de disposición de las cuotas de participación en las sociedades de responsabilidad limitada surten efectos legales contra terceros solamente a partir de su inscripción en el registro de comercio, no es menos cierto que dicha norma es aplicable en relación con los socios o con terceros que tengan interés legítimos en las actividades de la sociedad, más no con cualquier tercero; en la especie, ha sido demostrado que el recurrente no tiene vínculo alguno con la misma; nunca fue socio ni mantuvo relación comercial alguna con ella. Debe quedar claro que la calidad de socio no se adquiere de hecho, sino en virtud de la existencia de un documento que le acredite como tal.
En cuanto a la referencia que hace en relación con el usufructo en el que el recurrente no hubiera intervenido, sobre el particular, cabe advertir que dicho instituto legal es un derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se altere su sustancia. El usufructo legal, en el caso presente, fue constituido en relación con los bienes (cuotas de participación en la sociedad) de los hijos menores a favor del padre; es decir, que no existía razón alguna por la que el recurrente, que una vez más, no era socio, tampoco mantenía relaciones comerciales con la sociedad y menos tenía relación filial con el usufructuario y administrador de la sociedad, hubiera tenido que participar de dicho acto o que el mismo le afecte en alguna medida, pues no ha sido demostrado que tuviera derecho legítimo alguno en la sociedad.
Sobre la violación acusada del artículo 125 del Código de Comercio, cuando el recurrente señala que la vulneración se produjo en relación con el usufructo que fuera establecido a favor del padre de los socios menores y que una sociedad se concibe sólo cuando dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas, no encontrándose reconocido el usufructo en las sociedades comerciales, plantea una seria contradicción con la afirmación que realizara y que fue analizada en el acápite precedente, cuando afirmaba que él no había participado en la constitución del acto referido. Por otra parte, ya se ha expresado con total claridad que el usufructo es un derecho real de uso y goce de una cosa que pertenece a otro, no existiendo norma alguna que sustente a afirmación del recurrente. No obstante, a mayor abundamiento, se debe tener presentes las disposiciones contenidas en el Libro Segundo, Título IV, Capítulo I, Sección I, artículos 216 al 249 del Código Civil.
Que, en el marco legal descrito, el Tribunal de Alzada, no incurrió en trasgresión, violación o errónea aplicación de normas, ni en la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al confirmar la Sentencia de primera instancia como se acusó en el recurso de fojas 528 y vuelta, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1) del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 y la convocatoria de fojas 555, declara INFUNDADO el recurso deducido a fojas 528 y vuelta, con costas.
ibro Tomas de Razón 173/2012

References: artículo 202
 artículo 211
 artículo 687
 artículo 202
 artículo 211
 artículo 688
 artículo 687
 artículo 202
 artículo 125
 artículo 258
 artículo 125
 artículo 450
 artículo 202
 artículo 211
 artículo 687
 artículo 211
 artículo 688
 artículo 211
 artículo 688
 artículo 202
 artículo 125
 artículo 273
 artículo 42
 artículo 8