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Timestamp: 2020-07-07 12:49:04+00:00

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﻿ Normas aplicables a los activos, pasivos y resultados
CONTENIDO:Este documento presenta el resumen de los principales aspectos analizados en el estudio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre las Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con partidas del balance y el estado de resultados. En él se incorporan los principales efectos de la posible aplicación de dichos estándares, así como las principales diferencias entre la normativa local y la normativa internacional de los elementos de inventarios, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, costos de préstamos, activos intangibles, activos agrícolas, provisiones y contingencias, deterioro del valor de los activos, beneficios de los empleados, ingresos ordinarios y contratos de construcción.Palabras clave: Valor razonableValor neto de realizaciónDiferencias en cambioActivos agrícolasDeterioro de activosBeneficios de los empleadosIngresos ordinariosProvisiones y contingencias.
REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA N°:27, jul.-sep./2006, págs. 53-146
Normas aplicables a los activos, pasivos y resultados
• NIC 2 “Inventarios”
La normativa del IASB no incluye en esta norma el tratamiento de los contratos de construcción, instrumentos financieros y existencias de productos agrícolas y forestales, que son objeto de atención en otras normas específicas.
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. El uso principal de la contabilidad de inventarios es la identificación de la cantidad de costo a ser reconocida como un activo y cargada en adelante, hasta que los ingresos relacionados con dicho activo sean reconocidos. El estándar establece las guías para la determinación del costo y sus subsecuentes reconocimientos como gasto, incluyendo cualquier registro al valor neto realizable. También provee las guías sobre las fórmulas de costo que serán usadas para asignar los costos respectivos.
1.3. Divergencias fundamentales
Valoración – obtención del costo de adquisición o producción
Son importantes las diferencias entre las Normas Internacionales de Información Financiera NIC-NIIF y las normas contables en relación con los inventarios. En principio, el valor razonable para algunos inventarios, el valor neto realizable y la prohibición de la capitalización de la diferencia de cambio por variación de moneda extranjera son los principales asuntos de medición que se alejan de la norma colombiana.
El contexto de costo histórico fue la directriz principal en la medición de los inventarios entre 1995 y el 2004. Debido al tratamiento por valor razonable permitido en algunos casos particulares, como los productos de los activos biológicos y el valor neto realizable para los productos forestales, se incorpora en la contabilidad los efectos del entorno económico de los negocios a través de dichas mediciones, con lo cual se mantiene la tendencia de abandonar el costo por no ser una medición objetiva.
A los inventarios que tienen un tratamiento específico, tales como contratos de construcción, incluido los servicios directamente relacionados con dichos contratos —NIC 11—, Instrumentos financieros —NIC 32, 39—, activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas hasta el punto de cosecha —NIC 41— no los cobija el estándar.
El estándar no aplica para la medición de los productores de bienes forestales y agrícolas, producción agrícola después de la cosecha, productos minerales y minería, los cuales son medidos por el valor neto realizable de acuerdo con las prácticas establecidas por dichas industrias. Los cambios en el valor neto realizable son reconocidos en el resultado del período en que ocurren.
Por primera vez se habla en el estándar de inventarios del negocio de las materias primas básicas, las cuales son medidas al valor razonable menos el costo de venta por el negociador. Los cambios en el valor razonable menos el costo de ventas deben ser reconocidos en los resultados del período en que ocurran.
Por otro lado, en la valoración posterior de los inventarios estos se miden al costo histórico o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo está conformado por el costo de compra, costo de conversión y otros costos. Sin embargo, en esta oportunidad el estándar no permite capitalizar las diferencias en cambio cuando son adquiridos en moneda extranjera. La capitalización de los costos financieros solo es permitida bajo las circunstancias establecidas en la NIC 23.
Técnicas de medición y fórmulas de costo
En la NIC 2 se diferencian las técnicas de costos —costos estándar y método del menudeo— con las fórmulas de costo —identificación específica, promedio y PEPS—. Se sugiere la utilización de la misma fórmula de costos para inventarios de la misma naturaleza; por otro lado, cualquier cambio debe ser justificado. Se abandona definitivamente el uso del LIFO, debido a una utilización pensada más en efectos impositivos que de presentación de estados financieros.
Reconocimiento de las pérdidas de valor
El reconocimiento de las pérdidas de valor para determinar el valor neto de realización, tales como daños de inventarios, obsolescencia o reducción de precios deben ser reconocidos por cada clase de inventario. En otras palabras, no se deben reconocer por cantidades superiores al de su valor recuperable, que en este caso sería el valor neto realizable (párr. 28 NIC 2, versión 2004). De este reconocimiento se desprende que no existen provisiones, sino disminuciones directas de su valor al ajustarlo al valor neto realizable, en caso que sea superior el costo.
En algunas circunstancias puede determinarse por grupos homogéneos, tal como inventarios de la misma línea de producción, mismo destino, igual zona geográfica, entre otras características similares, las cuales deben ser justificadas.
Problemas de la regulación contable colombiana
Las normas contables y tributarias tienen íntima relación. El párrafo final del artículo 450 del Código de Comercio determina que “los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal”. A su vez, el párrafo del artículo 65 del estatuto tributario, debido a un error en la Ley 174 de 1994, remitió para la valoración de inventarios a las normas de contabilidad, es decir, al artículo 63 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Sin embargo, para la medición en las clases de inventarios regulados fiscalmente existen normas específicas (E.T., arts. 66 y ss.), las cuales difieren en muchos casos de las normas contables.
Dado que la legislación comercial remite a la fiscal y las reglas fiscales remiten a las normas contables queda en el vacío todo lo relacionado con la medición, reconocimiento, deterioro de activos, fórmulas de costos, técnicas de costos, entre otros temas. Separar estos dos siameses unidos por su cabeza, requerirá de una cirugía en la regulación contable de muy alto nivel. No quedan claro entonces los efectos fiscales al adoptar estándares internacionales de contabilidad, antes y después de los posibles cambios en las dos legislaciones, la contable y la fiscal.
Con relación a la valoración de las salidas de inventarios, la norma internacional ofrece la posibilidad de emplear diferentes métodos de valoración que a diferencia de los ordenamientos contables colombianos tienen un direccionamiento netamente fiscal.
Las implicaciones de estas posibilidades de valoraciones de los inventarios no solo van dirigidas a cada una de las empresas al determinar adecuados métodos, sino a las autoridades fiscales que requieren de un buen entendimiento y comprensión de estas normas, aceptando que existen bases comprensivas de contabilidad, entre ellas la fiscal, y que las NIC no son opuestas, sino que contribuyen a un sistema contable más confiable y veraz que permite una correcta tasación del tributo. No se pretende desconocer que existen diferencias, por ello se alude a las diferentes bases comprensivas de contabilidad, y a la existencia de partidas conciliatorias, que obviamente deben ser mínimas para facilitar tanto la fiscalización como la labor tributaria del contador.
Es evidente que la normatividad colombiana desconoce que el rubro de inventarios también puede existir en el sector de servicios. Por su parte, la norma internacional incluye los costos de los mismos, lo que permite reconocer los costos de diversas actividades, sin recurrir al criterio de asociación, que desaparece del marco regulatorio internacional.
2. Activos fijos – propiedad, planta y equipo
2.1. Normativa de referencia
• NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”
Esta norma incluye el tratamiento de las partidas que configuran la propiedad, planta y equipo de la empresa, y que no son objeto de tratamiento específico en otras normas, como sucede con las propiedades de inversión (NIC 40), así como las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural u otros recursos no renovables similares. También se diferencian los activos de los que trata el NIIF 3, que presenta los criterios para el registro de propiedades, planta y equipo procedentes de una combinación de negocios.
El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo y abordar los problemas de contabilización respecto de las adquisiciones, el importe en libros y los cargos por depreciación que deban ser llevados a resultados.
Esta norma exige que un elemento de la propiedad, planta y equipo sea reconocido como un activo, cuando satisfaga los criterios de definición y reconocimiento de activos del marco conceptual.
La norma internacional prescribe los principios para el reconocimiento inicial y contabilizaciones posteriores para los activos de propiedad, planta y equipo. Son fundamentos básicos para la identificación de estos activos que:
• Los elementos de propiedad, planta y equipo sean reconocidos como activos cuando sea probable que a la empresa fluyan beneficios económicos futuros asociados con el activo y que
• El costo del activo pueda ser medido confiablemente.
2.3. Divergencias fundamentales
De acuerdo con la norma local se consideran elementos de la propiedad, planta y equipo aquellos activos tangibles que han sido adquiridos o construidos con el propósito de ser usados permanentemente en la producción o suministro de otros bienes o servicios, para arrendarlos o utilizarlos en la administración del ente. Tales activos no están destinados para la venta en el curso normal del negocio y su vida útil excede de un año.
La norma internacional considera una definición similar para la propiedad, planta y equipo. Adicionalmente, indica que un elemento de propiedad, planta y equipo debe ser reconocido como un activo cuando: a) el costo del elemento puede ser medido confiablemente y b) cuando es probable que beneficios económicos futuros fluirán a la empresa fruto de tal activo. En la práctica, puede ser difícil establecer cuándo es probable que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. El estándar revisado sugiere que esta probabilidad está generalmente establecida cuando los riesgos y beneficios de la posesión son retenidos por la empresa.
Es importante precisar que las normas contables colombianas sobre propiedad, planta y equipo no excluyen, como lo hace la norma internacional, los bosques y recursos naturales y renovables similares, así como tampoco a las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural u otros recursos no renovables similares. Además, no existe un tratamiento especial para la propiedad, planta y equipo en el contexto de las combinaciones de negocios. En las normas locales tampoco se distingue entre propiedades, planta y equipo para el uso y las propiedades de inversión (bienes no mantenidos para el uso directo, sino para la obtención de rentas o plusvalías).
En materia de reconocimiento, se encuentran tres aspectos que implican divergencias fundamentales: a) la determinación de la naturaleza del elemento cuando coexisten componentes tangibles e intangibles, b) la segregación de un elemento en varios componentes y c) el reconocimiento del arrendamiento financiero, bajo la perspectiva tanto del arrendatario como del arrendador.
Sobre lo anterior, para el reconocimiento inicial la NIC requiere que en aquellos elementos que incorporen componentes tangibles e intangibles se evalúe cuál es el peso significativo de cada uno de los elementos, para determinar su respectiva clasificación.
Además la NIC justifica la distribución de la inversión total realizada en un activo entre varios componentes si estos últimos tienen vidas útiles o patrones de generación de beneficios diferentes. Esta situación se ve reflejada en la normatividad colombiana, para el caso de terrenos y edificios construidos sobre tales terrenos.
En Colombia no se acostumbra tratar por separado elementos que componen un mismo bien. Sobre lo cual, y para una mayor claridad, la norma internacional enseña que:
“...en ciertas circunstancias, puede ser apropiado repartir la inversión total de un activo entre sus partes componentes, para contabilizarlas por separado. Este podrá ser el caso cuando las partes componentes tienen vidas útiles de diferente duración, o bien cuando suministran a la empresa beneficios económicos siguiendo patrones diferentes, por lo que necesitan de métodos y tasas de depreciación diferentes. Por ejemplo, una aeronave y sus motores serán tratados como activos fijos depreciables diferentes, si tienen vidas útiles de distinta duración...”.
En el mismo sentido la norma internacional dispone que:
“... Ciertos componentes importantes de algunos elementos de las propiedades, planta y equipo, pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento, y los componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar ser repuestos varias veces a lo largo de la vida del avión. Estos componentes serán tratados contablemente como activos diferentes, puesto que tienen vidas útiles diferentes de los elementos principales de las propiedades, planta y equipo, con los que están relacionados. Por tanto, suponiendo que se satisface el criterio de reconocimiento descrito en el párrafo 8, los desembolsos incurridos, al renovar o reemplazar el componente en cuestión, se contabilizarán como adquisición de un activo separado, al mismo tiempo que se da de baja el activo que ha sido reemplazado...”.
Sobre la determinación de la vida útil de un activo de propiedad, planta y equipo, en Colombia se determina la vida útil en términos del lapso durante el cual se espera usar un activo. No se hace con referencia al número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la empresa, como sí lo determina la norma internacional, aunque se acepta calcular la depreciación en consideración a este número.
Con relación al registro de los activos en régimen de arrendamiento financiero se generan diferencias relacionadas básicamente con la tipificación del contrato y la calificación del activo adquirido, las cuales responden a la aplicación de la característica cualitativa de esencia sobre la forma, establecida en el marco conceptual del IASB. Se señala además que un arrendamiento sea o no financiero depende del fondo económico y la naturaleza de la transacción más que de la sola forma del contrato. Sobre este respecto de arrendamiento financiero se plantean especificidades en la NIC 17.
De acuerdo con la NIC 16, todo elemento de las propiedades, planta y equipo, que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo, debe ser medido, inicialmente, por su costo.
Para lo cual describe los componentes del costo, así:
• Precio de compra (incluido aranceles de importación e impuestos indirectos no recuperables).
• Costos directos relacionados con la puesta en servicio del activo.
• Se deducirá cualquier eventual descuento o rebaja del precio.
• Costos de desmantelamiento, remoción y restauración.
Sobre esta determinación del costo existe una clara diferencia con la normativa colombiana, dado que, actualmente, no se reconocen como mayor valor del costo los valores estimados para desmantelar y trasladar un activo, así como para restaurar su emplazamiento, los cuales, según la NIC 16, deben se amortizados durante la vida útil del activo.
Cuando se difiere el pago de un elemento de las propiedades, planta y equipo, más allá de los plazos normales del crédito comercial su costo será el equivalente al precio de contado, la diferencia se reconocerá como gastos por intereses a lo largo del período del aplazamiento, a menos que se capitalicen de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido establecido en la NIC 23.
Además, las pérdidas iniciales de operación surgidas antes de que el activo alcance su rendimiento pleno esperado se registran como gasto del período correspondiente.
En Colombia se capitaliza la carga financiera ocasionada por la financiación destinada a la adquisición de un activo hasta el momento en el cual el activo está en condiciones de utilización.
El estándar internacional indica que cuando un elemento de propiedad, planta y equipo es adquirido en un intercambio por un elemento distinto de propiedad, planta y equipo u otro activo, el activo recibido es medido por su valor razonable, el cual es equivalente al valor razonable del activo entregado ajustado por cualquier efectivo o equivalente de efectivo transferido.
Un elemento que pertenezca a las propiedades, planta y equipo puede ser adquirido mediante un intercambio por otro activo similar, con un uso parecido dentro de la misma línea de actividad y con un valor similar al entregado. Un elemento de las propiedades, planta y equipo puede también ser vendido a cambio de obtener derechos de propiedad sobre activos similares. En ambos casos, puesto que el proceso de obtención de beneficios queda incompleto, no se reconocerán pérdidas o ganancias de la transacción. En lugar de ello, el costo del nuevo activo adquirido será igual al importe en libros del activo entregado. No obstante, la toma en consideración del valor razonable del activo recibido puede suministrar evidencia de desequilibrio, por ser menor que el importe en libros del bien entregado. Bajo tales circunstancias, se dará de baja parte del valor del bien entregado a cambio, y el nuevo valor corregido se asignará como costo del nuevo activo. Ejemplos de permutas sobre activos similares son los intercambios de aeronaves, hoteles, estaciones de servicio y otras propiedades de inversión. Si se incluyen, en la transacción de intercambio, otros activos como efectivo, ello puede ser indicativo que los activos permutados no tienen valores similares.
En Colombia no se considera lo anteriormente expuesto en la norma internacional; en cambio, se toma como costo de un activo recibido a cambio de otro el valor que las partes hubiesen pactado. A falta de este pacto, se utiliza un avalúo. En la norma internacional únicamente se alude al valor razonable de la contraprestación entregada.
Activos construidos por la propia empresa
El costo de un activo construido por la propia empresa se determinará utilizando los mismos principios como si fuera un elemento de la propiedad, planta y equipo adquirido de terceros. Si la empresa fabrica activos similares para su venta, en el curso normal de sus operaciones, el costo del activo será, normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta (v. la NIC 2 Inventarios). Por tanto, se eliminará cualquier beneficio interno para llegar al costo de adquisición de tales elementos. De forma similar, no se incluirán, en el costo de producción del activo, las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de material, mano de obra u otros factores empleados. En la NIC 23, Costos por intereses, se establecen los criterios a cumplir antes de poder capitalizar los intereses como componentes del costo de los elementos pertenecientes a las propiedades, planta y equipo.
En Colombia el costo de un activo construido por el ente se configura normalmente por el valor acumulado de las erogaciones realizadas para tal efecto. El respectivo avalúo se utiliza para valorizar o provisionar el activo, y no para determinar su costo.
Luego de su reconocimiento inicial, la NIC 16 establece dos métodos para la medición de las propiedades, planta y equipo:
Método del costo: luego del reconocimiento inicial del activo, este debe ser contabilizado a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el importe acumulado de pérdidas por deterioro del valor sufrido a lo largo de su vida útil, situación que se presenta cuando no puede establecerse el valor razonable del activo de manera confiable.
Método de reevaluación: para bienes en los que se pueda determinar el valor razonable —entendido como valor de mercado o costo de reposición— a todos los activos integrantes de una misma clase, identificando como contrapartida una cuenta de reservas de revalorización.
Luego de su reconocimiento inicial la NIC 16 permite que las empresas opten por aplicar el valor revaluado, el cual es el valor razonable al momento de la reevaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por el deterioro de valor, subsecuentes.
La NIC 16 establece además que las reevaluaciones deben ser hechas con suficiente regularidad, de manera que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podrá determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance.
Para el caso de la norma colombiana, el valor del activo de propiedad, planta y equipo está dado por el costo de adquisición, más el ajuste por inflación, menos la depreciación acumulada y más o menos la valorización o provisión determinada de acuerdo con los avalúos practicados cada tres años. Además, no se suele ajustar el valor de un activo cuando hay evidencia de su pérdida de valor, aunque debería hacerse por aplicación de la norma de provisiones. La norma internacional resulta más expresa al regular este aspecto dentro del tratamiento dispuesto para la propiedad, planta y equipo.
La NIC 16 también establece que si se revalúa un determinado elemento de propiedad, planta y equipo, deben ser revaluadas todas las partidas que pertenezcan a la misma clase de activos. Sobre este aspecto en Colombia, cada activo debe ser avaluado en el año de su adquisición, y luego cada tres años. Así, en teoría, unos activos serían avaluados en un período y otros en otro. La norma internacional exige que una eventual reevaluación se haga simultáneamente para todos los activos de la misma clase (terrenos, edificios, etc.).
Para cumplir este requerimiento, una empresa debe estimar el valor razonable de sus activos revaluados a la fecha de cada balance general. Sin embargo, esto no significa que una valuación total deba ser realizada cada año, a menos que el estimado difiera significativamente del valor en libros. Este requerimiento podría llevar a que algunos activos con valores razonables volátiles sean revaluados cada año. La NIC 16 sugiere que reevaluaciones de activos, con cambios menores en el valor razonable, sean realizados cada tres o cinco años.
Enfoque de las reevaluaciones: superávit por valorizaciones
Cuando una valuación indica que el valor razonable de un activo es mayor que su valor en libros, el monto del superávit es acreditado al patrimonio de los accionistas bajo el título de superávit por revaluación. Bajo la NIC 1 los incrementos y disminuciones en el superávit registrado, originado por revaluaciones, deben ser revelados, ya sea en una reconciliación de los movimientos de los aportes de los accionistas, o en un estado, que muestre los cambios en el patrimonio.
A la fecha en que el activo es revaluado, la depreciación acumulada existente es:
• Reexpresada proporcionalmente con el cambio en el valor en libros bruto de los activos de manera que el valor en libros del activo después de la revaluación sea igual a su monto revaluado. Este método es frecuentemente usado cuando un activo es revaluado por medio de un índice a su costo de reposición depreciado o
• Eliminada contra el valor en libros bruto y el monto neto reexpresado hasta el monto revaluado del activo. Este es el método apropiado para edificios revaluados a su valor de mercado.
Reversión de pérdidas previamente reconocidas
Si el incremento en el valor razonable del activo reversa una disminución previamente reconocida, el incremento es reconocido como un ingreso hasta el monto de la disminución que fue reconocida como gasto. Cualquier incremento remanente es acreditado al superávit por valorizaciones.
Déficit por revaluación
Cuando una revaluación indica que el valor razonable de un activo es menor que su valor en libros, el monto del déficit es reconocido en el estado de resultados.
Déficit por revaluación reversando un incremento reconocido previamente
Si la disminución en el valor razonable del activo reversa un incremento previamente reconocido, la disminución es debitada contra el superávit por revaluación relacionado, en el monto en que el incremento previo fue acreditado al superávit por revaluación. Cualquier disminución remanente debe ser cargada al estado de resultados.
Realización del superávit por revaluación
El superávit por revaluación es transferido a utilidades retenidas en la medida, o cuando el superávit es realizado. La transferencia a las utilidades retenidas no se hace a través del estado de resultados, sino vía transferencia entre reservas. La realización de la totalidad del superávit ocurre en la venta o el retiro (cuando el activo es retirado permanentemente de uso) y se reciben los beneficios económicos futuros que no eran esperados de su desapropiación. Sin embargo, cuando el bien está siendo utilizado por el propietario el superávit se realiza durante el tiempo de uso del activo.
El monto del superávit, el cual es realizado durante el uso del activo, es calculado como la diferencia entre la depreciación calculada sobre el costo histórico del activo y la calculada sobre el monto revaluado. Esta diferencia es trasladada desde el superávit por revaluación a utilidades retenidas en cada período. Como resultado de esas frecuentes transferencias, cuando un ítem de propiedad, planta y equipo revaluado es totalmente depreciado en el balance general, el superávit por revaluación relacionado habría sido reducido a cero.
Solamente dos tipos de propiedad, planta y equipo están exentos del requerimiento de ser depreciados: “terrenos” e inversión en propiedades. En el caso de los terrenos, siempre y cuando se determine su reconocimiento a través del método del costo; de lo contrario será depreciado únicamente lo pertinente a costos de desmantelamiento, restauración y remoción.
Con el propósito de calcular la depreciación, se debería identificar lo siguiente:
• El monto depreciable del activo, el cual es su costo o el monto revaluado menos su valor residual. Similarmente, si provisiones por deterioro han sido hechas contra el activo, estas son disminuidas para determinar el monto depreciable, y
• El valor residual del activo, el cual es “el monto neto que la empresa espera obtener por un activo al final de su vida útil luego de descontar los costos esperados de la disposición”. Cuando los activos son valuados a su costo histórico, este monto residual no es revisado en períodos posteriores para considerar incrementos subsecuentes. Sin embargo, cuando los activos son llevados a los montos revaluados, un nuevo estimado del valor residual debe ser hecho a la fecha de la revaluación.
Se requiere que la vida útil estimada sea revisada periódicamente, y si los estimados corrientes varían significativamente de los estimados previos una vida útil es usada para calcular la depreciación sobre una base prospectiva. En otras palabras, la nueva vida útil es aplicada al monto en libros del ítem desde la fecha en que la nueva vida útil es adoptada. Considerando que la vida útil de un activo es estimada en su adquisición, un cambio en la vida útil es un cambio en un estimado, no un cambio en una política contable. La gerencia debe considerar este patrón, y seleccionar el método de depreciación que mejor armoniza el consumo de beneficios con los cargos calculados bajo cada método.
El método de depreciación usado debe ser periódicamente revisado para determinar si continúa reflejando el patrón en el cual los beneficios económicos del activo son consumidos por la empresa. Si la gerencia determina que un cambio en el patrón de beneficios ha ocurrido, y que un método de depreciación diferente es apropiado, el cambio es reconocido como una modificación en una estimación contable de acuerdo con NIC 8. Por lo tanto, el nuevo método es aplicado prospectivamente al valor en libros del activo a la fecha del cambio y en períodos futuros, en el remanente de la vida útil del activo.
De acuerdo con la norma internacional, un elemento de propiedad, planta y equipo, sin considerar si ha sido registrado al costo histórico o al monto revaluado, debe ser retirado del balance general cuando se hace disposición del activo o cuando beneficios económicos futuros asociados con el activo no se esperan que continúen fluyendo a la empresa.
La ganancia o pérdida en la disposición es calculada como la diferencia entre el estimado neto del producto de la venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en el estado de resultados.
Como se mencionó anteriormente, el superávit por revaluación es transferido a utilidades retenidas cuando el superávit es realizado. La transferencia del superávit por revaluación a utilidades retenidas no se hace a través del estado de resultados, sino vía transferencia entre reservas. Tales transferencias son reveladas en la conciliación de patrimonio y reservas.
Si un activo es retirado de uso y mantenido para la venta, el activo se registra por su valor en libros en la fecha en que el activo es retirado del servicio activo. Al menos al final de cada año el activo debe ser probado por deterioro de acuerdo con NIC 36 y, subsecuentemente, cualquier pérdida por deterioro debe ser reconocida.
La NIC 16 no trata directamente este tema. El deterioro del activo debería ser reconocido de acuerdo con la NIC 36.
La NIC 16 es mucho más exigente que la norma colombiana en materia de revelaciones. Así, por ejemplo, exige en forma expresa mostrar el movimiento ocurrido entre períodos. En Colombia no se suele mostrar en forma detallada las restricciones existentes sobre los activos, como las hipotecas constituidas sobre ellos. La norma internacional recomienda revelar:
“... el valor en libros de los elementos componentes de las propiedades, planta y equipo, que se encuentran temporalmente fuera de servicio; el valor bruto en libros de cualesquiera elementos componentes de las propiedades, planta y equipo que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso; el valor en libros de los elementos componentes de las propiedades, planta y equipo que, retirados de su uso activo, se mantienen solo para ser desapropiados, y cuando se utiliza el tratamiento contable por punto de referencia, el valor razonable de los elementos componentes de las propiedades, planta y equipo, para los que el mismo es significativamente diferente del valor en libros... ”.
Efectos sobre la sostenibilidad financiera
La implementación integral de la Norma Internacional de Información Financiera NIC 16 no debe afectar la viabilidad financiera de las organizaciones. La norma permite el registro al costo y el método de revaluación para distintas categorías de activos.
Desde el punto de vista estrictamente contable, la aplicación integral de la norma implica mejoras sustanciales en la racionalidad económica-financiera de la información sobre la propiedad, planta y equipos, en aspectos tales como: a) el desmonte de los ajustes por inflación, para utilizar el método de revaluación, es mucho más relevante para representar la realidad económica de este tipo de activos en los estados financieros; b) la aplicación de la depreciación, sujeta a los patrones reales de consumo y no a criterios generales de orden fiscal, permite un reconocimiento más racional del aporte de los activos a la generación de ingresos fruto del desarrollo del objeto empresarial; c) la claridad en materia de criterios para capitalizar los costos financieros permite reconocer la realidad económica de estos activos y d) los criterios de realización de ingresos valorizados en los activos por medio de la depreciación. Todos estos elementos generan una mejora sustancial de la calidad de la información, que permite correlacionar el estado económico de los activos frente a las rentabilidades generadas, viabilizando informes transparentes.
La implementación integral de la norma requiere un cambio en la legislación tributaria principalmente en aspectos tales como:
• Las valorizaciones no son sujetas a depreciación, son registradas además en el activo como un elemento separado de la cuenta de propiedad, planta y equipo.
• La norma internacional no considera los ajustes por inflación sobre la propiedad, planta y equipo por considerar que Colombia no es un país hiperinflacionario. Dichos ajustes son considerados tanto en la norma contable como en la legislación tributaria local.
• El superávit por revaluación, de acuerdo con la norma internacional, se realiza en la vida útil del activo. La norma contable local solo considera la realización de las valorizaciones cuando el activo es transferido a un tercero.
Efecto sobre la transparencia y la responsabilidad
Los requerimientos de revelación y presentación son más rigurosos y permiten un mayor entendimiento de las políticas contables utilizadas por la gerencia. De la misma manera, viabilizan un mejor análisis de la situación financiera de las empresas. En este sentido, los usuarios de los estados financieros se beneficiarán con una información más detallada, objetiva y completa.
La aplicación en Colombia de la NIC 16 conlleva a un gran replanteamiento de las prácticas contables y fiscales, debido a que el marco regulatorio contable local tiene un enfoque eminentemente fiscalista, lo que no viabiliza la representación de la esencia económica de diversos activos de la propiedad, planta y equipo, ya que su valor está dado por la forma legal, más no por su realidad económica-financiera. Independientemente de las normas que regulan el tema, los valores que se utilizan a veces solo buscan ventajas tributarias.
Un aspecto importante a tener en cuenta en la aplicación de esta norma sería el efecto que tendrían los ajustes provenientes de las revaluaciones o pérdidas por deterioro sobre el patrimonio de aquellas empresas que tienen un gran volumen de propiedad, planta y equipo, pues la NIC 16 permite que las revaluaciones formen parte de la base de depreciación. Por su parte, en el ámbito local, este aspecto ha sido un tema solamente de tipo informativo registrado en cuentas valuativas y con metodologías distintas a las contempladas internacionalmente, como es el caso de admitir, según la normativa local, la exclusión de activos inferiores a 20 SMLV para efectos de revaluación.
Otro aspecto que difiere notablemente de la normativa colombiana es el hecho de utilizar el costo histórico ajustado por inflación mientras que la NIC 16 utiliza el criterio de valor razonable. La aplicación del valor razonable, afectaría sustancialmente los montos expresados en los estados financieros de las empresas, por su impacto en las ganancias y en el patrimonio.
Si el valor de mercado no puede ser confiablemente determinado, como es frecuente en el caso de la planta y equipo, debido a que tales elementos son infrecuentemente vendidos, la valuación es realizada sobre la base del costo de reposición depreciado.
Finalmente, de los cambios que se esperarían en materia del reconocimiento y el tratamiento de la depreciación en función de la vida útil de los activos se pueden derivar efectos importantes, no solo en la estructura financiera de las empresas como se advirtió, sino también en sus desarrollos tecnológicos para el procesamiento informacional de las transacciones relacionadas. Ahora, dada la trascendencia de este tipo de activos desde el punto de vista fiscal, para fines de recaudación de impuestos, es de esperarse un cambio en el enfoque de la regulación fiscal con impactos directos e indirectos en las empresas.
3.1. Normativa de referencia
• NIC 40 “Propiedades de inversión”
• No existe normativa específica
La norma internacional prevé un tratamiento específico para las propiedades (terrenos, edificaciones, en su totalidad o en forma fragmentada) que se disponen(1) para ganar rentas o plusvalías, en lugar de su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para fines administrativos, operativos o para su venta en el curso ordinario de los negocios.
En este caso particular no se tratan los problemas cubiertos en la NIC 17: clasificación de los arrendamientos, reconocimiento de rentas por alquiler de propiedades de inversión (NIC 18), medición por el arrendatario de propiedades en régimen arrendamiento operativo, medición por el arrendador de propiedades en régimen de arrendamiento financiero, contabilización de transacciones de venta con arrendamiento posterior. Tampoco aplica para los activos biológicos adheridos a terrenos y relacionados con la actividad agrícola (NIC 41) ni a las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables similares.
Por su parte, la normativa colombiana no realiza ninguna diferenciación específica entre los inmuebles destinados a generar rentas o plusvalías (vía alquiler), de aquellos utilizados en el curso normal de las operaciones, a excepción de la inversiones temporales, que son mantenidas por un tiempo no mayor a un año.
3.3. Divergencias fundamentales
En la normativa internacional, la valoración posterior a la adquisición podrá realizarse siguiendo el modelo del valor razonable, o bien al coste.
Una propiedad de inversión debe medirse inicialmente por su costo. Luego del reconocimiento inicial, la empresa puede elegir como criterio contable entre el modelo del valor razonable o el del coste, por lo tanto, debe aplicar el criterio elegido a todas las propiedades de inversión.
Las ganancias o pérdidas, que surjan de un cambio en el valor razonable de una propiedad de inversión, deben ser incluidas en el resultado del ejercicio en que aparecen.
Dado el tratamiento diferenciado de este tipo de inversiones, el cambio de uso de alguna de ellas generará tratamientos diferenciados. Debe procederse a realizar transferencias a, o de, propiedades de inversión cuando, y solo cuando, exista un cambio en su uso, evidenciado por:
• El inicio de la ocupación por parte del propietario (propiedad de inversión a instalación ocupada por el dueño);
• El inicio de una construcción o desarrollo con intención de venta (propiedad de inversión a inventarios);
• El fin de la ocupación por parte del dueño (instalación ocupada por el propietario a propiedad de inversión);
• El inicio de una operación de arrendamiento a un tercero (inventarios a propiedades de inversión) o
• El fin de la construcción o desarrollo (propiedad en período de construcción o desarrollo a propiedades de inversión).
Cuando se produzca una transferencia de las señaladas anteriormente, y la empresa contabilice la propiedad de inversión por su valor razonable, se deberán tener en cuenta las siguientes valoraciones:
• Propiedad de inversión, a propiedad ocupada o a inventarios: el coste de la propiedad, a efectos de contabilizaciones posteriores, debe ser el valor razonable a la fecha del cambio de uso.
• Propiedad ocupada, a propiedad de inversión: se debe aplicar la NIC 16 hasta la fecha del cambio de uso, tratando cualquier diferencia en ese momento entre el valor contable y el valor razonable como si se tratase de una revaluación al amparo de la Norma Internacional de Información Financiera 16.
• Inventarios a propiedad de inversión: cualquier diferencia entre el valor razonable de la propiedad a la fecha de la transferencia y su anterior importe en libros debe ser reconocida en el resultado del ejercicio.
• Propiedad ocupada en curso, a propiedad de inversión: cualquier diferencia entre el valor razonable de la propiedad a la fecha de la finalización y su importe en libros anteriores debe ser reconocida como resultado del ejercicio.
Las normas colombianas consideran específicamente como inversión aquella decisión de aplicación de recursos en activos financieros como CDT, papeles comerciales, bonos, etc., o en títulos representativos de derechos o capital, como acciones o bonos.
No se establece como una categoría de inversiones a los terrenos, edificios, casas, oficinas, etc., que el ente económico mantenga con el único propósito de generar renta y flujo de caja por alquileres y/o valorización, para lograr incrementos patrimoniales por esta vía.
Así, las inversiones en propiedades (terrenos y edificios) de esta naturaleza, dependiendo del objeto del ente económico, se tratan como inventarios o activos de propiedad, planta y equipo sin considerar los objetivos asignados a este tipo de bienes.
En conclusión, no se contemplan en las normas contables colombianas las previsiones consagradas en la NIC 40.
Al no existir en la regulación colombiana identificación o distinción de bienes inmuebles generadores de renta o plusvalía como inversiones se presentan las siguientes diferencias con la normativa internacional:
• Se le da el tratamiento de propiedad, planta y equipo a terrenos y construcciones que no se utilizan por el propietario para producir bienes o servicios en el desarrollo del objeto social, y que son mantenidos con el propósito de generar rentas no operacionales.
• Los bienes inmuebles se clasifican como inventarios en algunas organizaciones cuyo objeto social lo permite, siendo bienes que reúnen las características de la inversión en propiedad.
• En Colombia, no se establece la proporción de un inmueble que corresponda a propiedad, planta y equipo ni la del porcentaje implicado como una inversión en propiedad, tal y como lo señala la NIC en referencia.
• La Norma Internacional de Contabilidad, NIC 40 considera el modelo o método del valor razonable como el más adecuado para la valoración de las inversiones en propiedad. La aplicación de este método supone el registro de las diferencias entre el valor en libros a la fecha del avalúo y el valor del avalúo al estado de resultados. Entre tanto, en Colombia solo se reconocen las pérdidas de valor en el estado de resultados, y los incrementos se reconocen como valorizaciones y superávit por valorizaciones en el balance general.
4.1. Normativa de referencia
• NIC 23 “Costos de préstamos”
Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los costos de préstamos; deroga la anterior NIC 23-Capitalización de intereses y no se ocupa del costo efectivo o imputado, del patrimonio neto, entendiéndose también como tal el capital preferido, no incluido como pasivo.
La normativa del IASB contempla dos opciones en el reconocimiento de los gastos por intereses asociados a la adquisición de activos: cargarlos a resultados cuando se causan (criterio preferencial), o capitalizarlos como parte del costo de los activos a los que se vinculan (criterio alternativo permitido).
El análisis presentado se refiere a las diferencias que pueden surgir en el caso de capitalización de intereses, que se derivarían de la utilización de fondos ajenos específicos o genéricos.
Esta norma internacional no hace referencia a la capitalización de intereses ocasionados en períodos cortos para la producción en gran escala y en forma rutinaria y repetitiva de cantidades de inventarios, pues no son calificados como activos para los efectos de la presente norma. Tampoco cobija a activos que en el momento de adquisición, están listos para su uso o venta.
4.3. Diferencias fundamentales
Definición de gastos financieros
Se distinguen las siguientes diferencias importantes con respecto a la normativa local:
• La NIC 23 define gastos financieros en un sentido más amplio que la normativa colombiana, al incluir conceptos como las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera, en la medida en que sean consideradas como ajustes a gastos financieros de la operación.
• Por su parte la norma local, en forma resumida, establece la capitalización de todos los gastos financieros, tales como: intereses, corrección monetaria, ajustes por diferencia en cambio y demás gastos financieros hasta el momento en que se concluya la etapa de puesta en marcha de activos construidos (caso Propiedad, planta y equipos), o estén en condiciones de ser vendidos o utilizados; estos bien pueden ser fabricados o adquiridos para diferentes propósitos.
La normativa internacional incorpora conceptos como: a) la compensación de los costos financieros en que se incurre en la adquisición de préstamos destinados específicamente para la obtención de un activo, con los rendimientos obtenidos por la colocación de dichos fondos en inversiones temporales por la duración del proceso de construcción, importación o compra local; b) discrimina puntualmente los tipos de gastos por concepto de intereses susceptibles de capitalización, incluyendo la carga correspondiente a intereses por concepto de contratos de arrendamientos financieros —leasing—, indicados en la NIC 17, elementos no contenidos en la norma local; c) hace referencia a la fácil identificación de tales intereses con los activos que se afectan; d) concreta dos condiciones claves para la capitalización de dichos costos financieros como son: primero, la generación de beneficios futuros por parte de los activos; segundo, la fiabilidad en su medición y e) permite la utilización de diversos criterios para identificar créditos generadores de costos financieros susceptibles de capitalización, conceptos que pueden producir implicaciones importantes en la presentación de tales gastos en los estados financieros.
La norma internacional determina de manera expedita dos procedimientos para el tratamiento de los gastos por concepto de intereses: uno preferencial o por punto de referencia y otro alternativo. El primero, establece el cargo a gastos del período de cualquier interés o costo financiero; el segundo, señala la capitalización directa a activos cuando se asumen o erogan gastos por créditos obtenidos de carácter local o externos para su construcción, adquisición o producción de los mismos. En contraste, la norma local no lo establece en forma clara, lo cual se puede prestar para interpretaciones inadecuadas.
Importe de los gastos financieros susceptibles de capitalización en el caso de fondos ajenos genéricos. La NIC 23 indica que el importe a capitalizar será el que resulte de aplicar una tasa de capitalización (media ponderada de los costos por intereses relativos a los préstamos vigentes durante el período, distintos a los específicamente obtenidos para financiar el activo) a la inversión efectuada en el activo. Si bien se entiende que antes debería descontarse la parte financiada con fondos ajenos, específicamente obtenidos para financiar dicho activo, no está tan claro en el caso de financiación con fondos propios, ya que en ningún momento se hace referencia a esa posibilidad en la norma.
Límite de intereses a capitalizar. La normativa internacional establece que los gastos financieros capitalizados durante un período no deben exceder el total de gastos financieros causados en el mismo; ello obliga a continuar la capitalización si se ha optado por dicho criterio, aun cuando como consecuencia de ello el valor contable del activo fuese superior al importe recuperable. No obstante, en ese caso deberá reconocerse el correspondiente deterioro de acuerdo con la NIC 36. La norma local no puntualiza este asunto.
Exceso del valor en libros del activo sobre el importe recuperable. Cuando esta situación se presente, el valor en libros debe disminuirse o se dará de baja de conformidad con las exigencias de otras NIC-NIIF. En algunas ocasiones el importe disminuido o dado de baja se recupera y se puede reponer, dándole un manejo similar al que señalan otras NIC-NIIF. La normativa local, no deja ninguna opción al no contemplar tal situación.
Ayudas o subvenciones. Vale la pena aclarar que cuando se han recibido ayudas o subvenciones con destino a estos activos, tales importes deben restarse del total de gastos capitalizables. Esta es una diferencia bastante significativa con respecto a la norma local, ya que no contempla nada al respecto y deja a la voluntad del intérprete este manejo contable.
Inicio de la capitalización. La norma local ordena que los intereses por este rubro se capitalicen en el momento en que concluya la puesta en marcha del activo construido, adquirido o producido, siendo muy enfática al hacer alusión a la causación como premisa básica de contabilización de cualquier tipo de gasto, sin perjuicio de la aplicación del principio de la prudencia.
La Norma Internacional de Información Financiera establece que la capitalización de intereses debe comenzar cuando:
• Se haya incurrido en gastos con relación al activo.
• Se haya incurrido en costos o gastos por intereses.
• Se identifiquen dichos costos con la actividad real de preparación del activo para su uso o para su venta.
Adicionalmente, tales gastos, desde el marco regulatorio internacional, debieron implicar necesariamente un desembolso real de efectivo, una transferencia de otros activos, o ser fruto de asumir pasivos que acumulen o causen intereses.
Suspensión de la capitalización. La capitalización de los intereses debe suspenderse cuando se interrumpe el desarrollo de actividades y cuando tal suspensión es significativa en el tiempo. La norma local también deja a la voluntad del intérprete el manejo de esta situación.
Finalización de la suspensión. En este asunto coinciden las normas internacional y local, puesto que se establece que la capitalización de los intereses se reconoce hasta la conclusión de la puesta en marcha del activo.
Debe expresarse las siguientes revelaciones en la presentación de los estados financieros, relativas a los gastos financieros:
• Las políticas contables adoptadas en relación con estos gastos.
• El monto de los gastos por intereses del período.
• La tasa de interés utilizada para el proceso de capitalización.
4.4. Efectos
Sobre la sostenibilidad empresarial
En la medida en que los rendimientos generados por la colocación de recursos no utilizados y asignados a la ejecución de un proyecto sean importantes, podría generarse un efecto de disminución del valor de los costos por intereses, cargado a los proyectos. Adicionalmente, se produce un aumento en el valor de los gastos por el reconocimiento en resultados de los costos por intereses de los recursos no utilizados en la ejecución de actividades del proyecto.
En la medida en que la norma tributaria interprete que los rendimientos son aceptados como menor valor de los costos capitalizados, se produciría un impacto de reducción en las rentas gravables nacionales y municipales. El efecto en el impuesto de renta se difiere a períodos futuros en relación con la depreciación o amortización del activo capitalizable.
Efecto sobre la transparencia y responsabilidad
Con la aplicación de la norma se evitan los sobrecostos en el desarrollo de proyectos, por cuanto solo se deben capitalizar aquellos intereses netos que tengan relación directa con los recursos provenientes de préstamos, utilizados en la ejecución de actividades de los proyectos financiados. Por otra parte, mediante la aplicación de la norma se proporciona mayor información sobre políticas y métodos contables adoptados para el reconocimiento de los costos por intereses, el importe de los costos por intereses capitalizados durante el período y la tasa de capitalización utilizada.
La NIC 23 define los gastos financieros en un sentido más amplio que la norma local, al incluir conceptos como las diferencias de cambio, procedentes de préstamos en moneda extranjera, en la medida en que sean consideradas como ajustes a gastos financieros de la operación. En esta norma se plantea que el importe a capitalizar será la cuantía de gastos reales devengados por los préstamos, menos los rendimientos conseguidos por la colocación de tales fondos en inversiones temporales.
Aplicando la NIC 23, los gastos financieros capitalizados durante un período no deben exceder el total de gastos financieros devengados en el mismo lapso de tiempo y obliga a continuar la capitalización si se ha optado por dicho criterio, aun cuando como consecuencia de ello el valor contable del activo fuese superior al importe recuperable. En tal caso, deberá reconocerse el correspondiente deterioro.
5.1. Normativa de referencia
• NIC 38: “Activos intangibles”
La NIC 38 regula el tratamiento contable de las partidas que configuran los activos intangibles de la empresa, con la excepción del Fondo de Comercio (V. NIIF 3) y de los contratos de arrendamiento.
5.3. Divergencias fundamentales
La definición expresa de un activo intangible, en la NIC 38, corresponde a un activo identificable no monetario y sin apariencia física. Los recursos intangibles pueden clasificarse como activos, no solo con esta definición, sino cuando además son indentificables, es decir: si son separables o proceden de la adquisición de derechos legales o contractuales. Sin embargo, para su reconocimiento como parte del patrimonio empresarial deben cumplir con tres criterios: (a) que sea probable la obtención de beneficios económicos futuros derivados del activo, (b) que pueda medirse con suficiente fiabilidad el valor del mismo y c) que exista control sobre el activo, es decir, que se tenga el poder sobre los beneficios económicos futuros.
Estos criterios representan el primer obstáculo para el reconocimiento de la mayor parte de los intangibles de la empresa, en especial, de los generados internamente. La incertidumbre en torno a los beneficios económicos futuros, así como la dificultad que entraña la estimación fiable de su valor, impide cumplir con los criterios de reconocimiento, y, obliga a que la mayor parte de los desembolsos en inversiones o actividades intangibles deban cargarse a los resultados.
Así, los esfuerzos monetarios realizados por la empresa para la formación de personal, mejorar la imagen de la marca, fortalecer las relaciones comerciales con clientes y proveedores, o investigar sobre nuevos productos no pueden ser capitalizados y reconocidos en el balance como activos intangibles.
Por su parte, la norma local hace una distinción entre activos intangibles y cargos diferidos, así, refleja a ambos como activos. Los activos intangibles son definidos en la norma local como el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia, valiosos, porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios. Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias.
De igual manera, los activos diferidos son definidos como el conjunto de gastos pagados por anticipado en que incurre el ente económico durante el desarrollo de su actividad, así como aquellos otros gastos comúnmente denominados cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros.
Comprende los gastos pagados por anticipado tales como: intereses, primas de seguro, arrendamientos, contratos de mantenimiento, honorarios, comisiones y gastos incurridos de organización y preoperativos, remodelaciones o adecuaciones, mejoras de oficina, estudios y proyectos, construcciones en propiedades ajenas tomadas en arrendamiento, contratos de ejecución, contribuciones y afiliaciones e impuestos diferibles.
Es claro que la norma internacional no reconoce los cargos diferidos como activos, sino que su reconocimiento inicial tiene efecto directamente en los resultados. En cuanto a la definición de activo intangible, la NIC 38 es mucho más explícita, ya que denota las características básicas de su reconocimiento y determina parámetros para la revelación de estos activos en función de su origen, así: (a) los adquiridos a terceros de forma independiente, (b) los generados internamente por la empresa y (c) procedentes de una combinación de negocios, y, por último una clasificación con referencia a las diferencias en el tratamiento de la amortización, las pérdidas de valor y, en especial, la posibilidad de revalorización de activos.
Valoración de activos adquiridos
Una de las principales diferencias en la valoración de activos adquiridos a terceros de forma independiente está relacionada con el uso de instrumentos de capital como contraprestación.
Los activos intangibles, de acuerdo con la NIC 38, quedan reconocidos según lo establecido para las operaciones de intercambio de activos, es decir, por el valor razonable de los instrumentos de capital entregados o, en su defecto, por el del activo intangible recibido. Así mismo, esta norma establece que se detalle los elementos que pueden, o no, formar parte del costo de adquisición del activo intangible adquirido a terceros de forma independiente.
Las principales diferencias frente a las normas colombianas se encuentran en la valoración de los activos intangibles, procedentes de operaciones de permuta o de subvenciones oficiales. El activo intangible procedente de una operación de intercambio será reconocido por el valor razonable, siempre que se trate de un intercambio de carácter comercial y siempre que el valor razonable de uno u otro activo objeto de la operación pueda ser estimado de forma fiable. En caso contrario, el activo intangible adquirido será valorado por el valor neto contable del activo entregado. En el caso de las cesiones gratuitas de activos intangibles se podrá hacer uso del tratamiento alternativo —NIC 20— que permite que los activos adquiridos a título gratuito se reconozcan por su valor simbólico, más todos los desembolsos incurridos hasta su puesta en marcha.
Activos generados internamente por la empresa
La principal diferencia en el tratamiento de los desembolsos de las actividades de investigación y desarrollo, o de las fases de investigación y fases de desarrollo, se encuentra en el tratamiento de las actividades de investigación. La norma colombiana permite la capitalización de los gastos de ambas fases, además del reconocimiento como activos de los desembolsos correspondientes a los cargos diferidos.
La NIC 38 no permite, en ningún caso, la capitalización de los gastos de investigación, siendo posible activar los gastos de desarrollo si se cumplen ciertas condiciones, como son:
Fase de investigación. No se procederá a reconocer activos intangibles, surgidos de la investigación. Los desembolsos por investigación deben reconocerse como gastos en el periodo en que se incurran.
Fase de desarrollo. Los gastos de desarrollo pueden ser reconocidos como un activo intangible si y solo si, se puede demostrar todos y cada uno de los extremos siguientes:
• Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible, de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta.
• Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.
• Su capacidad de utilizar o vender el activo intangible.
• La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos futuros.
• La disposición de los recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo.
• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.
No deben ser reconocidos como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, generados internamente. Lo anterior, dado a que si provienen de proyectos generados internamente no puede distinguirse el costo de desarrollar la actividad empresarial de su conjunto.
Como se observó, la NIC 38 no permite, bajo ninguna circunstancia, la capitalización de los desembolsos procedentes de la fase de investigación y, además, obliga a capitalizar los gastos de desarrollo desde el momento en que se cumplen todos y cada uno de los criterios de viabilidad técnica, financiera y comercial. De igual manera, se señala que en caso de no poder distinguir entre las fases de investigación y desarrollo, la empresa deberá considerar todos los desembolsos como procedentes de la investigación y cargarlos directamente a los resultados. La NIC 38 también, establece la posibilidad de capitalizar los gastos financieros directamente atribuibles a la fase de desarrollo como parte del valor del activo.
Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en este estándar los cargos diferidos registrados como consecuencia de la fase de investigación y que no se ajusten a las condiciones que enmarcan los activos intangibles (identificabilidad, control y beneficios económicos futuros) tendrán que llevarse al estado de resultados. Diferencia bastante sustancial, más cuando algunas compañías colombianas tienen rubros considerables bajo el concepto de la norma local (cargos diferidos), que en el momento de la implementación tendrían repercusiones severas en el estado de resultados.
Valoración, crédito mercantil y los activos intangibles procedentes de una combinación de negocios
El crédito mercantil solo podrá ser objeto de reconocimiento en el balance de la empresa si procede de una adquisición, es decir, siempre que no se trate de un crédito mercantil generado internamente por la empresa.
El reconocimiento de los activos y pasivos identificables procedentes de esta operación deben reflejarse por su valor razonable, la NIIF 3 recoge reglas de cálculos del mismo más detalladas para cada una de las partidas patrimoniales, entre ellas los intangibles.
La principal diferencia, hasta la entrada en vigor de la nueva normatividad en el 2005, en el tratamiento de la amortización del crédito mercantil se encuentra en la preferencia de la NIC 38 por el método lineal, y la obligación de recoger la justificación correspondiente de las revelaciones, en caso de seleccionar otro método de amortización.
Sin embargo, la NIIF 3 supone la adopción de un tratamiento consistente en eliminar la amortización del crédito mercantil y analizar anualmente el deterioro de valor que haya podido sufrir, de acuerdo con los procedimientos de la NIC 36, en la cual se establece el concepto de la unidad generadora de efectivo, así como los procedimientos para asignar el crédito mercantil a la unidad correspondiente, para poder calcular la pérdida de valor como diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable de la UGE.
Por último, en lo que se refiere al tratamiento contable del crédito mercantil negativo, la NIIF 3 obliga el reconocimiento inmediato de la ganancia procedente de la operación, en los resultados del ejercicio en que tuvo lugar la adquisición.
Las normas contables colombianas unen el tratamiento del crédito mercantil al de los activos intangibles en el Decreto 2649, artículo 66, mientras que IASB excluye el tratamiento del crédito mercantil de la norma sobre activos intangibles (NIC 38), para darle el manejo particular que se presenta en la NIIF 3, combinación de negocios. Por lo anterior, la norma internacional tiene un alcance más amplio que la legislación local, al tocar aspectos como la valoración inicial y posterior del crédito mercantil, su forma de amortización y vida útil; por otro lado, reconoce la realidad económica de estos negocios al proponer un tratamiento para el crédito mercantil negativo.
Además, se hace referencia al crédito mercantil “good will” en el artículo 95 del Decreto 2649, para indicar que el ajuste por inflación al patrimonio proveniente de un crédito mercantil formado no se ajusta por inflación. Frente a este aspecto, la NIIF 3 no hace referencia, debido a que el tema inflacionario para efectos de reporte de los estados financieros es desarrollado en la NIC 29. No obstante, de la lectura de la NIIF 3 se deduce que un crédito mercantil solo se genera en una combinación de negocios, por lo tanto, el crédito mercantil generado no debe ser reconocido en los estados financieros, como lo sugiere el Decreto Reglamentario 2650 de 1993.
Amortización, enajenación, pérdida de valor y revalorización de activos
El tratamiento de las pérdidas de valor que hayan podido sufrir los activos intangibles, así como la posibilidad de revalorización al valor razonable son las principales diferencias en el reconocimiento posterior de los activos intangibles en el balance.
Método de amortización. La NIC 38 establece el uso del método de amortización lineal si el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros no puede determinarse de forma fiable. Por su parte, la norma local establece que la amortización de estos activos debe realizarse de una manera gradual. De acuerdo con las normas fiscales esta amortización debe realizarse con el método de línea recta, lo que hace que las compañías utilicen este método, más por efectos de la fiscalización.
Vida útil. La norma internacional dispone la posibilidad de que los activos intangibles tengan una vida útil indefinida y sean, en vez de amortizados, sometidos a una prueba anual de deterioro del valor, de forma similar al crédito mercantil. La vida útil se considera infinita cuando, basado en un análisis de todos los factores relevantes, no hay límite estimable al período sobre el cual se esperan generar flujos económicos futuros.
Por su parte, la vida útil se considera finita cuando los derechos se derivan de contratos y derechos legales, caso en el cual no puede exceder el período contractual, a menos que sea renovable a costo insignificante. En todo caso, puede ser menor al contrato, dependiendo del período de explotación.
Para el caso de la vida útil infinita puede existir una evidencia convincente de que esta lo sea, para lo cual la empresa:
• No amortizará el activo.
• Estimará el importe recuperable, al menos anualmente, para detectar cualquier pérdida por deterioro del valor del elemento o alguna consideración de vida limitada. Los cambios se considerarán cambios de política.
• Revelación a través de notas de las razones por las cuales el activo es de vida útil infinita.
Pérdidas de valor. El tratamiento contable de las pérdidas de valor de los activos intangibles implica que el valor en libros del activo queda minorado, registrándose la correspondiente pérdida en la cuenta de resultados, salvo en el caso de los activos revalorizados, para los que se registrará una disminución en la reserva de la revalorización.
Por último, la alternativa de revalorización de los activos intangibles, que menciona la NIC 38, establece que tras el reconocimiento inicial, los activos intangibles deben ser contabilizados por sus valores reevaluados, esto es, llevados a su valor razonable, menos la amortización acumulada (NIC 38), practicada con posterioridad, y menos cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor con posterioridad de la reevaluación. Las reevaluaciones deben realizarse con suficiente regularidad.
Se establece también que si un activo intangible es objeto de reevaluación todos los demás activos de su misma clase deben ser reevaluados, a menos que no exista un mercado activo para esos elementos.
Cuando se incremente el importe en libros de un activo intangible debe ser llevado directamente a una cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento debe ser reconocido como ingreso del período en la medida en que se exprese la reversión de un decremento de valor del mismo activo, que fue reconocido previamente como una pérdida.
Cuando se produce una reducción, tal disminución debe ser reconocida como una pérdida del período. No obstante, el decremento debe ser cargado a cualquier superávit de reevaluación registrado previamente en relación con el mismo activo.
La norma colombiana reconoce esta disminución o incremento en el activo intangible a través de una provisión con efecto en los resultados o de una valorización con efecto en el patrimonio; a diferencia del estándar, no se revierten las provisiones anteriormente reconocidas en los resultados, en el momento de determinarse incrementos posteriores al registro de dicha provisión.
5.4. Efecto
Efecto sobre la sostenibilidad financiera
La implementación integral de la NIC 38 no debe afectar la viabilidad financiera de la empresa. La norma permite el registro al costo o el tratamiento alternativo permitido para el reconocimiento de los intangibles. En este sentido, la determinación del valor razonable solamente será necesario cuando la empresa decida optar por este tratamiento. Con respecto a los cargos diferidos y demás operaciones no permitidas por la norma internacional para ser reconocidas como activos intangibles, ello no tendrá efecto sobre el flujo de caja y análisis financiero, dado que son desembolsos reales de efectivo en el periodo en el que incurren.
Desde el punto de vista estrictamente contable y financiero, la aplicación integral de la norma representa grandes repercusiones en los resultados de las empresas al no reconocerse los cargos diferidos y demás partidas que no cumplan con las condiciones estrictas de los activos intangibles, puesto que será cargado a los estados de resultados, por su importe, su total en el periodo en el que incurre.
La aplicación de la norma en sus aspectos estructurales de definición de la vida útil y el método de amortización establece que para determinar los beneficios futuros que se esperan del activo intangible se deben realizar revisiones periódicas, para detectar algún deterioro en el valor del activo, variabilidad en los beneficios económicos o carácter infinito de estos, lo cual repercutirá directamente en los resultados, ya sea a través del reconocimiento, o no, de la amortización del activo.
La implementación integral de la norma requiere un cambio en la legislación tributaria principalmente en los siguientes aspectos:
Las valorizaciones no están sujetas a amortizaciones y son registradas en el activo como un elemento separado del activo, siempre y cuando cumplan con las condiciones para tal reconocimiento. Sobre este aspecto, el artículo 142 del estatuto tributario condiciona el tratamiento previsto en dicho artículo, según “la técnica contable”, lo cual automáticamente cambia las bases de tributación si se cambian las normas de contabilidad.
El artículo 142 dice lo siguiente:
Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, deban registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos naturales. También es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito.
PAR.—. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el título V de este libro, deberán sujetarse adicionalmente a las normas allí previstas, en materia de ajuste a los activos amortizables”.
Conforme con lo anterior, es necesaria una reorganización en el ordenamiento fiscal, toda vez que si esta disposición se condiciona a la técnica contable, y esta última se establece conforme a lo establecido en las NIIF las valoraciones no son susceptibles de ser amortizadas —NIIF 3—, además de no ser reconocidos los cargos diferidos como activos, sino con afectación directa en los resultados.
La norma internacional no considera los ajustes por inflación sobre los activos intangibles por considerar que Colombia no es un país hiperinflacionario. Dichos ajustes son considerados tanto en la norma contable como en la legislación tributaria.
El reconocimiento de incrementos o disminuciones de valor de los activos intangibles de acuerdo con la norma internacional se puede revertir en el siguiente período, ya sea con efectos en el patrimonio o en los resultados, hasta el monto que fue registrado en el anterior, como efecto de la valoración del período correspondiente. La norma contable colombiana solo considera revertir el superávit y no, los valores reconocidos en los resultados.
Lo anterior conduce a que se requiere un ordenamiento fiscal diferente al actual.
Los requerimientos de revelación y presentación son más rigurosos, y permiten un mayor entendimiento de las políticas contables utilizadas por la gerencia y, un mayor y mejor análisis para comprensión de la situación financiera de las empresas. En este sentido los usuarios de los estados financieros se beneficiarán con una información más detallada, objetiva y completa.
Las valoraciones deben ser realizadas por profesionales capacitados e independientes, ya que en este contexto la norma internacional apoya la transparencia e integridad que debe acompañar los estados financieros. La gerencia debe hacer una representación expresa a sus auditores que no ha influenciado en el trabajo de los expertos contratados para realizar el avalúo.
La aparición del concepto de valor razonable, el reconocimiento de los gastos de investigación y desarrollo, el cálculo de las pérdidas de valor de los activos intangibles, la alternativa de reevaluación y la eliminación de la amortización para algunos activos intangibles, incluido el crédito mercantil, pueden señalarse como las principales diferencias que la adopción de la normativa internacional implica. No obstante, los cambios que traerá consigo la adopción de las NIC-NIIF están relacionados tanto con los criterios de reconocimiento y valoración de los activos intangibles como con la información que sobre ellos deberá recogerse en las notas a los estados financieros. Los efectos de esta norma pueden ser amplios, y se requieren estudios de medición de la magnitud del impacto, por el traslado en resultados de significativos montos reconocidos hoy en las empresas como cargos diferidos.
6. Activos agrícolas
6.1. Normativa de referencia
• NIC 41 “Agricultura”
La NIC 41 fue aprobada por el Consejo del IASC, en diciembre del 2000, y tiene vigencia para los estados financieros que cubran períodos contables a partir del 1.º de enero del 2003.
Su objetivo es prescribir el tratamiento contable, la presentación de los estados financieros y las revelaciones relacionadas con la actividad agrícola. Son ejemplo de las actividades organizacionales a las que se refiere la NIC 41: los activos biológicos, productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, subvenciones del Gobierno, siempre y cuando estén relacionados con la actividad agrícola. Ha de tenerse presente que la actividad agrícola descrita en esta norma incluye el cultivo de plantas, así como lo relacionado con la actividad pecuaria (animales - seres vivos).
Sin embargo, no trata el proceso del producto de la agricultura después de su cosecha, por ejemplo: el proceso de caña de azúcar a azúcar refinada y el de lana a hilo.
6.3. Definiciones
Actividad agrícola es la gestión, por parte de un ente económico, de las transformaciones de carácter biológico relacionadas con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes.
Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos del ente económico. Un activo biológico es un animal vivo o una planta. La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación, causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos, o de plantas que sean similares. La cosecha o recolección es, bien la separación del producto del activo biológico del que procede, bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico.
La actividad agrícola cubre una gama de actividades diversas, por ejemplo: el engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas anuales o perennes, el cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las piscifactorías). Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características comunes: a) capacidad de cambio: tanto las plantas como los animales vivos son capaces de experimentar transformaciones biológicas; b) gestión del cambio: la gerencia facilita las transformaciones biológicas ya que promueven, o al menos estabilizan las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue a la actividad agrícola de otras actividades. Así, no constituye actividad agrícola la cosecha o recolección de recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el océano y la tala de bosques naturales) y c) medición del cambio: tanto el cambio cualitativo (v. g.: adecuación genética, densidad, maduración, contenido grasa, proteínico y fortaleza de la fibra) como el cuantitativo (v. g.: número de crías, peso, metros cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) conseguido por la transformación biológica es objeto de medición y control como una función rutinaria de la gerencia.
La transformación biológica da lugar a los siguientes tipos de resultados: a) cambios en los activos, a través de: – crecimiento (incremento en la cantidad o mejora en la calidad de cierto animal o planta); – degradación (decremento en la cantidad o un deterioro en la calidad del animal o planta), – procreación (obtención de plantas o animales vivos adicionales); o bien b) obtención de productos agrícolas, tales como el látex, la hoja de té, la lana y la leche.
6.4. Divergencias fundamentales
El ente económico deberá reconocer un activo biológico o producto agrícola solamente cuando: a) controla el activo como resultado de eventos pasados, b) es probable que los beneficios económicos futuros llegarán al ente y c) el valor justo o costo del activo puede ser medido confiablemente.
Medición a su valor razonable
Los activos biológicos deben ser medidos bajo su reconocimiento inicial y, el siguiente reporte de datos a su valor razonable, menos los costos estimados para situarlos en el punto de venta, salvo que el valor razonable no pueda ser medido confiablemente.
El producto agrícola debe ser medido a su valor razonable, menos los costos estimados en el punto de recolección. Debido a que el producto recolectado es un bien susceptible de ser vendido en el mercado, no hay excepción de “confiabilidad de medición” por producto.
Requiere el cálculo de un valor razonable menos el costo estimado en el punto de venta y en el reconocimiento inicial de los activos biológicos hasta el punto de su cosecha, diferente de cuando el valor razonable no puede ser medido confiablemente en su reconocimiento inicial.
La ganancia en el reconocimiento de activos biológicos o de los productos agrícolas por su valor razonable y los cambios en dicho valor se reconocen en el estado de resultados, en el periodo en el cual ocurre.
Todos los costos relacionados con los activos biológicos, medidos a valor razonable, son reconocidos como gastos cuando se incurre en ellos.
Este estándar presume que el valor razonable puede ser medido confiablemente para la mayor parte de los activos biológicos. Sin embargo, esa presunción puede ser rebatida para un activo biológico al momento de su reconocimiento inicial, si este no tiene un precio específico en el mercado activo y no ha sido determinado de manera clara o confiable otro método de estimación del valor razonable. En tal caso, el activo es medido a su costo, menos cualquier depreciación y cualquier pérdida acumulada por disminución de su valor. Si las circunstancias cambian, y el valor razonable se convierte en confiablemente medible, el ente económico debe medir el activo o el producto biológico a su valor razonable en el punto de venta.
Es necesario revelar, entre otros, aspectos como las mediciones no financieras o las estimaciones referentes a las cantidades físicas por cada tipo de activos, ya sea activo biológico o producto agrícola. También señalar, aunque no como exigencia, la separación en el cambio de valor razonable, menos costos estimados para situarlo en el sitio de venta, entre la parte atribuible a cambios físicos y la originada por cambios de precios. Con las revelaciones exigidas se cuenta con elementos que permiten de manera más amplia interpretar, analizar y evaluar las tendencias o proyecciones de un ente económico, lo anterior en beneficio de todos los usuarios de la información.
La NIC 41 no puede aplicarse a todos los bienes relacionados con la actividad agrícola. En consecuencia, para los terrenos relacionados con esta actividad, la empresa sigue los estándares de propiedad, planta y equipo o, de inversiones en propiedad, dependiendo de cada circunstancia. La NIC 16 requiere que se valore el terreno a su costo, menos cualquier pérdida acumulada por deterioro o a un monto revaluado. La NIC 40 requiere que el terreno, que es inversión en propiedad, sea medido a su valor razonable, o costo, menos pérdidas acumuladas por deterioro. Los activos biológicos que están anexos al terreno (por ejemplo: árboles plantados en un bosque) son medidos a su valor razonable, menos los costos estimados para situarlos en el punto de venta, separadamente de terrenos.
El valor razonable para la medición se detiene en la cosecha. Los inventarios aplican después de la cosecha. Los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola, por ejemplo, cuotas de leche, se tratan bajo la NIC 38 de activos intangibles.
A una concesión del gobierno relativa a un activo biológico medido a su costo, menos cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro se debe aplicar la NIC 20, contabilidad para licencias de gobierno y revelación de asistencia de gobierno.
Los requerimientos de revelación, al ser más severos, permiten a los usuarios de la información un mayor conocimiento de las políticas empleadas por la administración del ente económico, lo que sin duda redunda en un beneficio para el análisis de la información y, por ende, en un mejor reconocimiento de la situación financiera del ente económico.
El impacto, fruto de la aplicación de la norma en materia impositiva, puede reflejarse, en un momento dado, en el incremento de las diferencias temporales, pues genera un impuesto diferido, tanto débito como crédito (en el caso de las normas tributarias actuales). En el caso del impuesto de comercio y avisos ICA, la situación puede ser más compleja, pues en la medida en que el valor razonable se incremente generará mayores impuestos afectando los flujos de efectivo del ente económico, si los activos no son efectivamente enajenados.
La aplicación de la NIC 41 puede generar traumatismo para los entes económicos una vez la adopten, pues en Colombia no existe ninguna norma especial que señale el nivel de detalle requerido por esta, puesto que estos criterios se derivan de normas generales. Su aplicación en este sector real de la economía (agricultura) puede tener significativas consecuencias sobre la valoración de las empresas. De igual forma, esta actividad es fuertemente desarrollada por pequeñas y medianas empresas, en varios casos microempresas, y ellas operan como proveedoras o subcontratistas de compañías que podrían entrar en la categoría de empresas de interés público.
7. Provisiones y activos contingentes
7.1. Normativa de referencia
• NIC 37 “Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”
La NIC 37 establece pautas específicas para el registro de provisiones, reconociendo la base económica y no únicamente la base legal. En ese sentido establece, por ejemplo, que se deben constituir provisiones no solo para los pasivos exigidos legalmente, sino sobre aquellas obligaciones que las NIC-NIIF definen como “construidas por la propia empresa”, producto de prácticas comerciales o políticas internas en las cuales se establecen responsabilidades futuras como resultado de eventos pasados. Como un ejemplo de estas provisiones se encuentran las provisiones por garantías de los productos y, los sistemas de premios por puntos acumulados por las compras en un almacén.
La norma internacional no contempla provisiones por situaciones que no correspondan a las definiciones previstas en el marco de conceptos. Así, las pérdidas que se pueden generar por obsolescencia o pérdida de inventarios o el no recaudo de cartera no se consideran un evento que origine el reconocimiento de una provisión, sino el cargo de un gasto que disminuye el activo, solo en el momento en que se produzca.
Se define como activo contingente un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la empresa.
La NIC 37 señala que los activos contingentes no deben reconocerse porque: a) supondrían la realización de un ingreso, lo cual a su vez distorsiona la información para la toma de decisiones; b) provienen de sucesos inesperados o no planificados de cuya ocurrencia pueden derivarse ingresos futuros para la compañía; c) cuando la realización del ingreso se convierta prácticamente en cierta, se debe reconocer; d) los activos contingentes han de ser sometidos a evaluación de forma continuada para poder reflejar apropiadamente su evolución; e) cuando un cambio en las circunstancias hagan que el ingreso sea prácticamente cierto deberá reconocerse un ingreso y, el activo en el período en que se presentó dicho cambio y f) si el evento sigue siendo probable, la empresa deberá revelar dicha situación en las notas.
La norma internacional se refiere también a los reembolsos. Afirma que en el caso de que la empresa espere que una parte o la totalidad del desembolso pasado le sea reembolsado por un tercero, este reembolso será reconocido cuando el recaudo sea completamente seguro. Dicho reembolso será tratado como un activo independiente y su monto no debe exceder al de la provisión.
En síntesis, son tres postemas que aborda la NIC 37, a saber: a) el tratamiento de las provisiones como menores valores de los activos; b) la medición y revelación de activos contingentes y c) la clasificación separada de los reembolsos.
7.3. Divergencias fundamentales
Activos contingentes - concepto y tratamiento contable
Según la normativa internacional no debe reconocerse ningún activo contingente, y solo en el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la empresa se informará de la naturaleza de los mismos y, si es posible, de sus efectos financieros.
Aunque en teoría y apariencia habría igualdad entre el Decreto 2649 y la IAS, especialmente al comparar las definiciones del capítulo del marco conceptual, en la práctica dichos principios no se cumplen por la intromisión y prevalencia de las normas fiscales.
En primer lugar, las provisiones de inventarios y cartera, por citar las más relevantes, son significativamente practicadas en las empresas en Colombia, aunque su trasfondo obedece más a parámetros fiscales que financieros. Incluso, se han generalizado normas que fijan topes para la provisión, sin que esta corresponda a la realidad financiera o económica de la empresa.
De igual manera, sucede con la revelación de información de activos contingentes, en el sentido de que el decreto, en teoría, plantea una revelación amplia y suficiente por medio de notas. Sin embargo, en la práctica las notas a los estados financieros tan solo son desagregaciones de cifras presentadas en el cuerpo del balance.
Por lo tanto, la práctica colombiana no revela información contingente, salvo en las cuentas de orden, que no suelen ser tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones.
Efecto sobre la sostenibilidad empresarial
El valor de los activos reconocidos en los estados financieros puede aumentar por el no reconocimiento de provisiones que, como los casos de cartera e inventarios, no cumplen con la definición dada por el marco de conceptos. Cuando se generen pérdidas por obsolescencia o se establezca el no pago de cartera, tales valores se registrarán como gastos en el momento en que se produzcan, afectando los resultados en ese momento.
Por otra parte, los activos contingentes revelados, pese a no estar en el cuerpo del balance, pueden afectar de manera significativa la posición financiera proyectada de una organización.
Finalmente, los reembolsos no son clasificados separadamente, aunque en los planes de cuentas sí se detalla su valor. Al ser agrupados, según la normativa internacional, los reembolsos distorsionan los resultados de la gestión en términos del valor de los activos.
Si la autoridad tributaria acoge el procedimiento contable previsto en la NIC 37, se afecta, por mayor valor, el monto del patrimonio fiscal (es decir, del total de los activos), al no poder reconocer las provisiones. Por esa misma razón, los gastos disminuyen y, por lo tanto, la renta anual aumenta, salvo en los casos en que el menor valor de activos se produzca, efectivamente, en ese período.
En lo relacionado con los activos contingentes, este estándar genera mayor transparencia, ya que la información contingente revelada en las notas permite hacer proyecciones de eventos, que normalmente no se realizan en empresas colombianas (pese a estar contempladas en el Decreto 2649 de 1993). Así mismo, el no reconocimiento de provisiones en activos, permite conocer de manera más pertinente la situación económica de una empresa. Finalmente, el reconocimiento separado de los reembolsos permite entender, de manera más precisa, el origen de los ingresos de la empresa y facilitar, por lo tanto, una mejor evaluación de la gestión empresarial.
La principal dificultad para la adopción de la NIC 37, en cuanto a activos contingentes, tiene que ver con las mediciones de probabilidad de ocurrencia de hechos, incertidumbre proveniente de factores externos de las organizaciones, que muy poco se miden y que menos se incorporan a la contabilidad.
Se sugiere la adopción, por conveniencia, a fin de reflejar la situación económica, debido a que no genera mayores dificultades para el sistema de información empresarial.
Debe, sin embargo, definirse el tratamiento fiscal establecido para provisiones sobre activos, que en adelante ya no podrán seguir siendo reconocidas como tal en lo financiero, pero que pueden ser reguladas con propósitos exclusivamente tributarios.
8. Deterioro de valor de los activos
8.1. Normativa de referencia
• NIC 36 “Deterioro de valor de los activos”
La NIC 36 aplica a todos los activos, excepto a: inventarios(2) activos en construcción(3), activos por impuestos diferidos(4) activos relacionados con beneficios de empleados(5) activos financieros(6). En consecuencia, aplica a terrenos, edificios, maquinaria y equipo, inversiones en propiedades llevadas al costo, activos intangibles, inversiones en subsidiarias, asociadas y uniones temporales y activos llevados a cantidades revaluadas(7).
En Colombia, aunque se contempla en el Decreto 2649, al igual que en las regulaciones emanadas por las diferentes entidades de control para cada uno de los sectores, es inexistente una normativa general aplicada para regular las pérdidas de valor de los activos.
8.3. Divergencias fundamentales
Las normas colombianas sobre el deterioro de activos consideran:
• Valuación y medición. Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de medición aceptados el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente.
• Propiedades, planta y equipo. Al cierre del período, el valor neto de estos activos, reexpresado como consecuencia de la inflación, debe ajustarse a su valor de realización o a su valor actual o a su valor presente, el más apropiado en las circunstancias, registrando las provisiones o valorizaciones que sean del caso. Pueden exceptuarse de esta disposición aquellos activos, cuyo valor ajustado sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales.
• El valor de realización, actual o presente de estos activos, debe determinarse al cierre del período en el cual se hubieren adquirido o formado y al menos cada tres años, mediante avalúos practicados por personas naturales, vinculadas o no laboralmente al ente económico, o por personas jurídicas, de comprobada idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e independencia.
• Activos intangibles. Al cierre del ejercicio se deben reconocer las contingencias por pérdida, ajustando o acelerando su amortización.
• Procedimiento para el ajuste de valor de otros activos no monetarios. El valor de los activos no monetarios una vez ajustado, cuando exceda el valor recuperable de su uso futuro o su valor de realización, según el caso, debe reducirse mediante una provisión técnicamente constituida.
• Normas generales sobre revelaciones. Las provisiones se deben presentar como una disminución del activo respectivo.
De lo anterior, puede concluirse que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia consideran la evaluación del demérito de los activos (propiedades, planta y equipo y activos intangibles) en forma general, y con unos lineamientos amplios para su determinación.
La NIC 36 define la pérdida por deterioro como la cantidad en que excede el valor contable de un activo a su importe recuperable. Este importe recuperable debe estimarse para cada activo individualmente. Si esto no es posible, deberá determinarse el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que tal activo pertenece. Esto ocurre en los casos en que el valor de uso no puede estimarse como cercano a su precio de venta, o cuando el activo en cuestión no genere ingresos de efectivo que sean en buena medida independientes de los producidos por otros activos.
En este contexto, la NIC 36 define unidad generadora de efectivo como el grupo identificable de activos más pequeño, cuyo funcionamiento continuado genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.
Por lo anterior, las principales diferencias originadas entre la NIC 36 y los PCGA colombianos están dadas por:
• La utilización de unos indicadores (fuentes externas y fuentes internas) para determinar el demérito de los activos, en vez de una evaluación anual o de cada tres años sobre tales activos.
• Se definen como metodologías de medición: el precio de venta neto o valor en uso en vez del valor actual, valor de realización y valor presente. No obstante, en términos generales, el principio es similar.
• La NIC 36 define con claridad los parámetros utilizados para establecer la tasa de descuento que se debe utilizar, según las circunstancias. Las normas contables colombianas hacen referencia a una “tasa pactada”, que no se precisa o, en su defecto, “a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de CDT con un plazo de 90 días”.
• La NIC 36 establece la posibilidad de agrupar activos por unidades generadoras de efectivo y la metodología para determinar el demérito del “good will” o “crédito mercantil”.
• La NIC 36 propone realizar mayores revelaciones sobre las pérdidas y recuperación por demérito de activos, así como sobre su presentación en el estado de resultados.
8.4. Efectos
En la medida en que las compañías hayan reconocido provisiones para sus activos fijos y activos intangibles de acuerdo con las normas contables colombianas, el efecto de la aplicación no debería ser significativo. El ajuste se va a originar en las metodologías que se utilizarían y en los factores importantes, como la determinación de la tasa de descuento.
En caso contrario, y como revisión detallada de los activos expuestos a demérito de acuerdo con la NIC 36, se podrían originar efectos negativos como es el reconocimiento de provisiones significativas con su correspondiente impacto en el estado de resultados, lo que podría afectar el patrimonio de las compañías, incluso pudiendo llevarlas a causales de liquidación técnica.
Se estaría proporcionando una mejor información sobre el valor recuperable de los activos a los usuarios de la información financiera, junto con la revelación sobre las pérdidas o recuperación por demérito de activos contemplados por el estándar.
Las provisiones registradas de acuerdo con lo establecido en la norma internacional, bajo el marco fiscal actual colombiano, no serían deducibles para efectos de impuesto de renta, lo cual origina que las compañías sigan declarando y pagando impuestos sobre bases que no corresponden a la realidad económica de las compañías.
A efectos de la determinación del patrimonio bruto fiscal (activos totales en la contabilidad) esta provisión no sería aceptada para efectos tributarios. Esto implicaría que los activos fiscales estuvieren sobrevaluados y, dado que ello hace parte de la determinación de la renta presuntiva, representaría mayores impuestos para aquellas compañías que tributan bajo este esquema. Igualmente, en la determinación de impuestos sobre el patrimonio fiscal, al no permitirse descontar de este las provisiones por demérito de activos, se estarían liquidando mayores tributos.
8.5. Conclusión
Se recomienda la adopción de la NIC 36 para la determinación del deterioro en activos, con las consecuencias que esto implicaría. Cada compañía debe señalar cuál sería el efecto en los resultados y en el patrimonio contable de la misma. También se recomienda analizar las implicaciones tributarias con el propósito de establecer un mecanismo que permita considerar estas provisiones en la determinación de tributos, partiendo del principio de equidad y progresividad del impuesto.
9. Beneficios a los empleados
9.1. Normativa de referencia
• NIC 19 “Beneficios a los empleados”
La normativa internacional sobre las prestaciones a empleados es sin duda mucho más desarrollada y sistemática que la normativa colombiana, lo que implica que todos los aspectos significativos quedan regulados con mayor nivel de detalle en la NIC 19 que en las normas nacionales, en las que se percibe algún grado de ambigüedad referido al tratamiento de las partidas contables en lo que respecta al reconocimiento de pensiones y sus diferentes modalidades de responsabilidad y régimen.
9.3. Divergencias fundamentales
Tipología de los planes de pensiones
La normativa internacional diferencia, a efectos de su tratamiento contable, entre planes de aportación definida y planes de prestación definida. Los primeros son aquellos en los que la empresa realiza aportaciones de importe predeterminado a una entidad separada (fondo) y no tiene obligación de realizar aportaciones adicionales, en el caso de que el fondo no posea activos suficientes para atender las prestaciones por servicios prestados en el ejercicio actual y en los anteriores. Los segundos son aquellos en los que la empresa tiene la obligación de satisfacer las prestaciones acordadas y asume el riesgo actuarial y de inversión.
Determinación del gasto anual por pensiones
La normativa internacional especifica el método de valoración actuarial que debe aplicarse (método de la unidad de crédito proyectada) en el caso de planes de prestación definida.
Según la NIC 19, el gasto anual, en el caso de planes de aportación definida, es la contribución realizada al plan. Cuando se trata de planes de prestación definida, la determinación del gasto del ejercicio requiere aplicar un método de valoración actuarial, distribuir las prestaciones entre los periodos de servicio y realizar suposiciones actuariales. Concretamente, el IASB establece el método actuarial de la unidad de crédito proyectada.
Consideración de los activos afectos a un plan de prestaciones definidas
La normativa internacional considera activos afectos a los mantenidos por un fondo para los empleados a largo plazo y a las pólizas de seguros emitidas por un asegurador que no esté vinculado con la empresa, si los ingresos de la póliza solo se pueden emplear para financiar las prestaciones en un plan de prestación definida y no están disponibles para los acreedores de la empresa, ni se pueden pagar a esta.
Reconocimiento del costo por servicios pasados, consecuencia de modificaciones en el plan existente o introducción de uno nuevo
La normativa internacional propone que el costo por servicios pasados se reconozca como gasto de forma lineal, a lo largo del periodo medio que reste hasta la consolidación definitiva del derecho a recibir las prestaciones y, en caso de que dicho derecho se consolide de forma inmediata, el costo por servicios pasados también debería reconocerse inmediatamente en resultados.
Determinación de las hipótesis actuariales de naturaleza financiera
La NIC 19 indica que las hipótesis financieras deben basarse en las expectativas del mercado, a fecha de balance, para el período durante el cual se van a liquidar las obligaciones.
La NIC 19 establece una serie de referencias a tener en cuenta en la selección de las hipótesis actuariales, en las que incluye las de carácter demográfico y las financieras, indicando, entre otras cosas, que la tasa de descuento y otras hipótesis financieras se determinan en términos nominales, excepto si en términos reales fuesen más fiables.
Reconocimiento de beneficios y pérdidas actuariales
La NIC 19 limita el reconocimiento de beneficios o pérdidas actuariales (originadas por diferencias técnicas o cambios en las hipótesis actuariales) a los casos en que el importe neto acumulado no reconocido de los beneficios (pérdidas) actuariales, al cierre del ejercicio anterior, supere el mayor valor entre el 10% del valor actual de la obligación por prestaciones en esa fecha y el 10% del valor razonable de los activos del plan en la misma fecha.
No obstante, la NIC 19 permite cualquier tratamiento sistemático que resulte de un reconocimiento acelerado de los beneficios o pérdidas actuariales, siempre que se aplique la misma base para los beneficios que para las pérdidas, y se haga de forma uniforme en el tiempo.
Compensación de activos y pasivos
La norma internacional, en determinadas circunstancias, establece la compensación entre un activo de un plan y un pasivo de otro plan. Esta compensación debe realizarse cuando la empresa tiene legalmente reconocido un derecho para utilizar el excedente de un plan a fin de cancelar las obligaciones de otro, y tiene, bien la intención de liquidar las obligaciones sobre una base neta, o bien de realizar el excedente en un plan, y simultáneamente liquidar su obligación bajo otro plan.
En general, las divergencias más importantes en la contabilización de los beneficios de los empleados bajo la NIC 19, con las normas contables colombianas, son las siguientes:
• Los cálculos actuariales de pensiones de jubilación realizados actualmente en Colombia, por concepto de pensiones de jubilación, en la mayoría de los casos solo incluyen los pagos mínimos requeridos de acuerdo con la legislación vigente; otros conceptos pagados a los pensionados, en virtud de convenios laborales vigentes o políticas internas de las empresas tales como salud, educación, primas de pólizas de seguros de vida, entre otros, no son incluidos en dichos cálculos actuariales.
• La consolidación del pasivo por cesantías causadas de empleados encontrados bajo el régimen anterior a la Ley 50, se hace con base en los salarios actuales y no con base en un estudio actuarial preparado con los salarios proyectados a la fecha estimada de retiro de los empleados, como lo requiere la NIC 19.
• No se determinan actualmente en los estados financieros de las empresas colombianas las obligaciones surgidas por concepto de beneficios pagados a los empleados a largo plazo con base en un estudio actuarial, tales como las primas de antigüedad establecidas en algunas convenciones colectivas. En su lugar, el registro se hace únicamente cuando se pagan o solamente se causan en el pasivo las obligaciones que van a surgir a corto plazo.
• Los cálculos actuariales preparados en Colombia para pensiones de jubilación se efectúan con base en una tasa de interés técnica determinada por un promedio de la tasa DTF en los últimos años. El tiempo promedio base para tal cálculo es: a) para entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) según el promedio de los últimos 10 años y b) para las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades según el promedio de los últimos tres años. La NIC 19 requiere que dicho cálculo se realice en todos los casos de acuerdo con tasas actuales de mercado de bonos de alta calidad a largo plazo, que circulen en el país. Esto genera una diferencia en tasas de interés que afecta la obligación actuarial de manera importante.
• Los cálculos actuariales elaborados en Colombia para pensiones de jubilación no incluyen los conceptos de ganancias o pérdidas actuariales ni la amortización de costos de servicios pasados.
• La contabilización de la obligación por pensiones de jubilación actualmente se realiza en Colombia amortizando dicho pasivo con cargo a resultados sistemáticamente en un período de tiempo determinado por decreto, o por las entidades de control (superintendencias). En algunos casos dicho período vence en el 2005 y, en otros casos, ha sido prorrogado hasta el año 2023, independiente de si los empleados están en servicio activo o ya se encuentran pensionados. La NIC 19, como se indicó anteriormente, requiere que dicho pasivo se asigne según la fórmula actuarial en el periodo de tiempo en que el empleado presta el servicio. Bajo este criterio, cuando un empleado se retira a disfrutar de su pensión la obligación actuarial ya se encuentra acumulada en su totalidad en el balance de la empresa, de ahí en adelante solo se registra, con cargo a resultados, el costo financiero del plan, las ganancias o pérdidas actuariales y el costo de servicios pasados por cambio en las condiciones de la pensión, en virtud de nuevas normas legales o internas de las empresas.
• En los pagos por retiros injustificados de los empleados en Colombia, cuando se hacen en planes de reducción de personal, las autoridades de control han permitido que tales montos sean diferidos en varios años, en algunos casos; de acuerdo con la NIC 19 dichos pagos son llevados directamente al estado de resultados. Las normas contables colombianas no tienen una reglamentación específica para el registro de tales obligaciones, cuando existen planes de retiro a la fecha del balance y no se han efectuado los pagos. Por lo anterior, algunas empresas no registran dichos pasivos y, en otros casos, las diferentes superintendencias han permitido que sean diferidos hasta por un periodo de cinco años cuando han efectuado tales pagos.
9.4. Efectos
Con base en el análisis presentado, los efectos más significativos de la aplicación de la norma NIC 19, en las empresas colombianas podrían ser, entre otros, los siguientes:
1. En la elaboración de los cálculos actuariales requeridos bajo la NIC 19 la tasa de descuento a utilizar es el interés de mercado, a la fecha de cálculo, de un bono de alta calidad de largo plazo. Por el contrario, para propósitos de los cálculos de los estudios actuariales de pensiones de jubilación se utilizan tasas de interés promedio DTF de los últimos 10 años para las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), y de tres años para las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. En ese orden de ideas, funcionarios de las divisiones de actuaria de tales instancias regulativas, que colaboraron en el estudio de esta norma, hicieron un cálculo aproximado de cuáles podrían ser los efectos globales que se presentarían con este cambio en las entidades vigiladas, obteniendo los siguientes resultados con fecha de corte al 31 de diciembre del 2003:
De acuerdo con la NIC 19 las tasas a aplicar, teniendo en cuenta los factores a utilizar, serían los siguientes:
• Tasa de incremento salarial y pensional 7.50%, promedio 3, 2, 1 de los últimos años.
• Tasa de descuento del 13.00%, rendimiento aproximado de los TES.
• DTF a largo plazo con base en consulta verbal al Banco de la República.
• Tasa de descuento real 5.12%.
Con estos parámetros, los resultados globales estimados anteriores serán los siguientes:
Así las cosas, solo para el caso de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) se presenta un incremento trascendente en los pasivos actuariales.
2. La amortización actual de los cálculos actuariales de pensiones de jubilación del sector real (vigiladas por Supersociedades), bajo normas contables colombianas se encuentra en promedio en un 78%. Por su parte, las de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) en un 95% y los de las entidades adscritas a Caxdac en un 60% aproximadamente. Así, si se tiene en cuenta que la NIC 19 requiere el registro del pasivo 100% se tendrían los siguientes incrementos adicionales en promedio:
Además de los anteriores impactos, hay que agregar los efectos que tiene en las empresas la entrada en vigencia de la Ley 797 del 2003, en virtud de la disminución del cálculo actuarial a cargo del Instituto de Seguros Sociales.
3. Otro gran impacto está dado por la necesidad de incluir en los cálculos actuariales actuales algunos pagos que las empresas realizan a los pensionados o aportes por concepto de salud, educación y primas extralegales o quinquenios; por ejemplo, un beneficio de un salario adicional a los 14 usuales y un abono por salud del 10% del salario podría incrementar el cálculo actuarial en una suma cercana al 10%. Al no tener datos y corresponder a casos especiales de cada empresa, no estamos en condiciones de valuar dicho impacto.
4. Bajo la NIC 19 las compañías tendrían que realizar cálculos actuariales para aquellos empleados con régimen de cesantías anterior a la Ley 50 de 1990, lo que probablemente incrementará el pasivo por este concepto, en montos que es imposible cuantificar en este momento.
5. Finalmente, el último gran impacto estaría dado por empresas que hubieren realizado planes de retiro de personal, cuyos costos se estén difiriendo bajo autorizaciones especiales de las diversas superintendencias. Tales planes, al entrar en vigencia la NIC 19, deben ser llevados al patrimonio en el momento inicial con cargo a “ganancias retenidas no apropiadas”. Este impacto se vería reflejado principalmente en los estados financieros de empresas con acuerdos de reestructuración privados, al amparo de la Ley 550 de 1999. Tampoco es posible cuantificar su efecto en este momento, pero es importante que sea tenido en cuenta.
En conclusión, podemos considerar que la aplicación integral de la NIC 19 en las empresas colombianas conducirá a un incremento sustancial de sus pasivos por beneficios de los empleados, lo que puede ocasionar en algunas de ellas, especialmente empresas del Estado o con una gran carga de pasivo pensional o en proceso de reestructuración financiera, una disminución sustancial de su patrimonio que las puede llevar a incurrir en causal de disolución. Por otro lado, la determinación de dichos pasivos de una manera técnica y acorde con la realidad económica de las empresas implica que los administradores sean responsables y evalúen detenidamente el impacto en los resultados de las empresas de ciertos beneficios que se conceden a los empleados a largo plazo, ya que tales beneficios, de acuerdo con las normas contables colombianas vigentes hoy, no se reflejan en los pasivos, difiriendo, de esta manera, el problema a administraciones futuras.
Son varios los impactos fiscales de la aplicación de la NIC 19, entre ellos:
1. Actualmente, los cálculos actuariales que realizan las empresas sirven para propósitos fiscales y contables, con lo cual es necesario que las autoridades tributarias tomen una decisión de si los nuevos cálculos realizados bajo la NIC 19 serían también aceptados para propósitos fiscales, o en su lugar sería necesario realizar dos tipos de cálculos actuariales. Tales cálculos tendrían propósitos fiscales y contables, lo que incrementaría el costo de su realización para las empresas y originaría el rechazo de la deducción de pasivos que, de acuerdo con la realidad económica, son válidos.
2. Desde hace varios años la amortización de los pasivos pensionales para propósitos fiscales y contables no es la misma. Mientras que las normas fiscales establecen una amortización anual máxima del 4% acumulada de dichos cálculos, el Gobierno Nacional, la Contaduría General de la Nación y las superintendencias han establecido diferentes plazos para su amortización, atendiendo básicamente situaciones coyunturales, políticas, o la influencia de grupos económicos. En este orden de ideas, las diferencias de amortización han sido tratadas para efectos del cálculo del impuesto diferido de las empresas como una diferencia temporal y, así, podrían seguir siendo tratadas con la implementación de la NIC 19.
Podemos sintetizar en cinco las conclusiones más significativas de la contrastación de la normativa local y la internacional en materia de Beneficios a los empleados:
1. La implementación de la NIC 19 integralmente generará ajustes importantes en los estados financieros de las empresas colombianas al registrar los pasivos por beneficios a los empleados en los balances, de acuerdo con la realidad económica de las leyes, convenciones, pactos colectivos y normas internas de las empresas que regulan las relaciones con sus empleados. Esto permitirá una mayor transparencia en la información financiera que presentan las diferentes empresas a los usuarios. De hecho, si desde hace varios años estos pasivos se hubieran registrado en Colombia adecuadamente, se hubieran tomado oportunamente las medidas significativas para corregir los problemas pensionales que hoy afronta el país.
2. La determinación de la realidad económica de dichos pasivos por beneficios de los empleados con base en convenciones colectivas o pactos internos, llevará probablemente a que algunas empresas tengan que renegociar con sus empleados dichos beneficios.
3. La Administración de Impuestos Nacionales debería permitir que los cálculos actuariales que se realicen con la implementación de la NIC 19, sean también válidos para propósitos fiscales, con el fin de evitar a las empresas el costo de la realización de dos cálculos actuariales a una misma fecha. En su lugar, se puede conservar la amortización de dichos cálculos de acuerdo con las normas tributarias actuales y de esta forma el recaudo de impuestos no se vería afectado sustancialmente. Otra opción para este fin sería ampliar el periodo de amortización fiscal.
4. La NIC 19 es uno de los estándares que más complejidad reporta en su aplicación; por tal razón se requiere una adecuada capacitación de los diferentes contadores y revisores fiscales de las empresas y de los actuarios.
5. Finalmente, consideramos que la aplicación de la NIC 19 debe ser integral a partir del momento que se haga la adopción total de las NIC-NIIF en Colombia. La postergación de aplicación, como ya se dijo, no permitirá reconocer adecuadamente los pasivos reales de las empresas.
10. Contabilización e informes financieros de planes de beneficios por retiro de los empleados
10.1. Normativa de referencia
• NIC 26 “Planes de beneficios por retiro de los empleados”
El estándar establece criterios para la presentación de estados financieros de planes de beneficios de retiro de los empleados, reportados como una entidad separada de los empleadores. Estos informes reflejan los beneficiarios de dicho plan y de los participantes como personas individuales, tal como sucede con los fondos de pensiones y cesantías que hoy se manejan en Colombia, los fideicomisos o patrimonios autónomos que constituyen algunas empresas en sociedades fiduciarias o compañías de seguros (sin que la compañía de seguros asuma el riesgo por las desviaciones actuariales de los cálculos) para atender el pago de las pensiones de jubilación.
10.3. Análisis
Para efectos de la determinación de la presentación de estos estados financieros la NIC 26 divide, como se indica en la NIC 19, los planes de beneficio de retiro en dos clases:
a) “Planes de contribución definida”, es decir, aquellos en los cuales el monto a ser pagado a los beneficiarios del plan está determinado por el valor de los aportes de los empleadores y de los empleados al plan, más el rendimiento de las inversiones que se efectúen con dichos fondos y
b) “Planes de beneficios definidos”, que son aquellos en los cuales los beneficios pagados a los empleados se determinan en una fórmula normalmente basada en los salarios de los empleados y los años de servicio.
Para los planes de “contribución definida”, la NIC 26 requiere que se presenten como estados financieros del plan un estado de “activos netos disponibles” (activos menos pasivos), junto con la siguiente información en notas a los estados financieros:
• Una descripción de las políticas del fondo, en cuanto a ingreso de contribuciones y pago de beneficios e inversiones del fondo; por ser planes de contribución definida no requieren la preparación de estudios actuariales.
• Descripción de las principales actividades del fondo en el período de los efectos de los cambios en los planes del fondo y de los términos y condiciones de sus miembros.
• Un estado de inversiones del fondo y de los resultados de dichas inversiones.
Para los planes de “beneficios definidos”, la NIC 26 requiere la presentación de un estado que muestre:
• Los activos netos disponibles para el pago de los beneficios;
• El valor presente actuarial de beneficios a ser pagados a los participantes del plan, separando en el valor presente actuarial los beneficios ya ganados y los no ganados, por lo que el estudio actuarial debe ser preparado teniendo en cuenta las condiciones del plan, con base en niveles corrientes de salario o niveles de salarios proyectados. La norma no establece el tipo de interés a ser usado en los cálculos, pero es evidente que debe ser similar a la utilizada en la NIC 19;
• El exceso o déficit resultante de comparar los dos valores anteriores, junto con una explicación de la relación existente entre los activos netos del plan y el valor presente actuarial, con indicación de las políticas del fondo para subsanar los déficits que se presenten.
• Información similar a la indicada para los planes de contribución definida en los acápites anteriores.
Las inversiones de los diferentes planes se deben registrar en los estados financieros a su valor de mercado.
10.4. Conclusión
Como se observa de la exposición anterior, la NIC 26 no representa un cambio importante en relación con los principios contables colombianos. Realmente, lo que la norma estable son unas pautas de presentación de los estados financieros de dichos planes y no fija pautas contables propiamente dichas. En tal sentido, su aplicación en Colombia no genera efectos importantes en las empresas ni en los planes existentes actualmente, como son los fondos de pensiones y cesantías. Por lo cual, no se hace un análisis adicional en cuanto a su implementación por primera vez ni en sus efectos fiscales ni sobre la sostenibilidad empresarial. Se recomienda su implementación en Colombia, porque los cambios son menores con la información hoy requerida por la Superintendencia Financiera de Colombia a dichos fondos y porque son importantes los beneficios en transparencia e información en conjunto con otros estándares emitidos por IASB.
11. Provisiones y pasivos contingentes
11.1. Normativa de referencia
• Decreto Reglamentario 2650 de 1993
11.2. Alcance
La NIC 37 distingue provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Son provisiones aquellas obligaciones presentes, surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya cancelación implicará probablemente la aplicación de recursos por parte de la empresa, existiendo incertidumbre en relación con el importe o con su vencimiento.
Un pasivo contingente es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia de acontecimientos futuros inciertos que no están enteramente controlados por la empresa, o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, no reconocida contablemente, porque es improbable que la empresa tenga que desprenderse de recursos para satisfacerla o porque el importe de la misma no puede medirse con la suficiente fiabilidad.
11.3. Divergencias fundamentales
Pasivos contingentes - concepto y tratamiento contable
La NIC 37 establece pautas para el registro de provisiones que deben ser reconocidas en los estados financieros cuando una empresa tiene una obligación presente, fruto de eventos pasados, y cuando es probable el sacrificio futuro de recursos de la empresa para cancelarla. Se requiere, en todo caso, elaborar un estimado confiable de dicha obligación.
La NIC 37 establece que el registro de estas provisiones en los estados financieros de las empresas se efectúe por el valor presente de las obligaciones futuras, calculado a tasas de interés de mercado que reflejen el riesgo asociado con el pasivo, cuando se considera que el efecto del tiempo es material en su determinación.
También, establece la norma internacional que se deben constituir provisiones sobre “contratos onerosos”, definidos como aquellos en los cuales los costos inevitables futuros en la ejecución de un contrato exceden los beneficios futuros. En tal sentido, la provisión se debe constituir por el valor presente de dichos excesos.
Según la NIC 37 se deben constituir provisiones para planes de reestructuración de las empresas cuando:
• Se tiene un plan formal de reestructuración identificando al menos: a) la parte de los negocios a ser reestructurada, b) las principales localidades afectadas, c) el número de empleados a ser retirados o indemnizados, d) los gastos que serán realizados, e) fecha en que el plan será implementado y cuando
• Ha surgido una expectativa válida en aquellos afectados por la reestructuración.
La provisión debe ser reconocida únicamente por los costos directos asociados con la reestructuración, y no por los costos surgidos en las operaciones normales; por otra parte, tampoco se permite el registro de provisiones por pérdidas operacionales futuras.
La NIC 37 también define el concepto de activos y pasivos contingentes, los cuales son similares a las normas contables colombianas. También, se establece que por dichos activos o pasivos contingentes no se debe efectuar ningún registro contable y, en su lugar, se deben efectuar adecuadas revelaciones en notas a los estados financieros.
Desde un punto de vista filosófico o conceptual del principio, no existe una diferencia importante con los principios contables colombianos en relación con las provisiones señalados en los artículos 23 y 67 del Decreto 2649 de 1993; la única diferencia consiste en el cálculo de dichas provisiones mediante el uso del valor presente de los flujos futuros, cuando el valor del dinero en el tiempo es importante.
En general, la NIC 37 hace un mejor desarrollo conceptual del tema de provisiones que lo establecido en normas locales, fijando parámetros claros para su registro sobre una base económica y no únicamente sobre su base legal, como eventualmente sucede en Colombia. De igual forma, este estándar fija pautas para el registro de provisiones sobre contratos onerosos y sobre reestructuraciones de empresas, que no están establecidas en las normas colombianas. Una adecuada aplicación de los principios actuales llevaría a que las empresas enfrentadas a dichas situaciones también tuvieran que registrarlas.
11.4. Efectos
Efectos sobre la sostenibilidad empresarial
Si una empresa colombiana ha aplicado cabal y adecuadamente el Decreto 2649 de 1993, en lo referente a las provisiones, no deberían presentarse efectos importantes en la aplicación por primera vez de la NIC 37. Esto, con excepción de los efectos que podrían surgir al calcular dichas provisiones por su valor presente descontado, cuando el valor del dinero en el tiempo sea importante, lo que consideramos que puede no ser significativo en la mayoría de las empresas.
Los efectos más importantes podrían presentarse, por ejemplo, en algunas empresas con contratos onerosos a largo plazo, en los que probablemente no se han registrado provisiones para pérdidas, como sucede con algunos contratos de compra de energía en empresas electrificadoras y contratos BOMT de algunas entidades estatales. Igualmente, pueden existir impactos en el caso de las provisiones requeridas para el abandono de plantas o riesgos ambientales que, probablemente, no han sido cubiertos adecuadamente.
En general, en Colombia las provisiones no han sido deducibles fiscalmente. Si se continúa con dicho tratamiento tampoco serían deducibles las nuevas provisiones reconocidas con la entrada en vigencia de la NIC 37, con lo cual será necesario el cálculo de los impuestos diferidos débito que ello genere entre la diferencia de tales pasivos, para propósitos fiscales y para propósitos contables.
Nuevamente, consideramos que, si las empresas han sido juiciosas en la aplicación de los principios locales de provisiones, no debería existir ningún efecto en la transparencia de la información financiera que presenta a terceros; si esto no es así, entonces la aplicación va a permitir conocer la verdadera dimensión de los pasivos.
La implementación de la NIC 37 en Colombia no debería generar grandes inconvenientes para la mayoría de las empresas. Solo en aquellas organizaciones que no han hecho adecuadas provisiones para costos ambientales y de abandono de plantas o con contratos calificados como “onerosos”, como sucede con algunas empresas estatales, siguiendo rigurosamente los PCGA en Colombia, podría tener un efecto importante la aplicación del IAS, que no es posible cuantificar en este momento.
12. Ingresos
12.1. Normativa de referencia
• NIC 18 “Ingresos”
12.2. Alcance
El análisis realizado se centra en los ingresos procedentes de las siguientes transacciones: a) venta de productos, b) prestación de servicios, c) el uso por parte de terceros de activos de la empresa que produzcan intereses y d) cánones (por el uso de patentes, marcas, derechos de autor o aplicaciones informáticas) y dividendos.
12.3. Divergencias fundamentales
La normativa internacional hace referencia al valor razonable de lo recibido como el importe por el cual debe ser reflejado el ingreso. La NIC 17 indica que la medición del ingreso debe realizarse utilizando el valor razonable de la contrapartida (normalmente efectivo) recibida o por recibir.
La normativa internacional diferencia el intercambio de bienes y servicios de la misma naturaleza —no genera ingresos— y de distinta —genera ingresos—. La NIC 18 señala que el intercambio de bienes o servicios de la misma naturaleza no se considerará como una transacción que produzca ingresos.
La NIC 18 especifica las condiciones que se deben dar para el reconocimiento del ingreso. Según el IASB los ingresos deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones:
• La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.
• La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
• El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.
• Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.
Así, si una empresa mantiene riesgos significativos la transacción no será una venta; por ejemplo cuando se asumen obligaciones del funcionamiento incorrecto de los bienes más allá de la garantía. El reconocimiento de los ingresos depende de la obtención de los beneficios por parte del vendedor o de si el comprador tiene derecho a cancelar el contrato y existe incertidumbre de que ello suceda.
La norma internacional define que los ingresos asociados con una prestación de servicios deben reconocerse considerando el grado de finalización de la prestación a la fecha de cierre (siempre que el resultado de la transacción pueda estimarse con suficiente fiabilidad).
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando:
• El importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad.
• Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción.
• El grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance general, puede ser medido con fiabilidad.
• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad.
Uso de activos de la empresa por terceros
El uso de los activos de la organización, por parte de terceros, ajenos o vinculados con la empresa, pueden generar:
• Intereses. Por el uso de efectivo, de otros medios equivalentes al efectivo o por el mantenimiento de deudas para con la empresa.
• Regalías. Por el uso de activos a largo plazo de la empresa, tales como patentes, marcas, derechos de autor o aplicaciones informáticas.
• Dividendos. Distribuciones de ganancias a los poseedores de participaciones en la propiedad de las empresas, en proporción al porcentaje que supongan sobre el capital o sobre una clase particular del mismo.
El reconocimiento de ingresos de la empresa por terceros, a causa del uso de activos, debe realizarse de acuerdo con:
• Los intereses deben ser reconocidos sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del activo.
• Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o causación), de acuerdo con la substancia del acuerdo en que se fundamentan.
• Los dividendos deben ser reconocidos cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista.
• La probabilidad de que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
• Que el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable.
Según lo establecido por la NIC 18 se deben: revelar las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las operaciones de prestación de servicios; la cuantía de cada categoría significativa de ingresos, reconocida durante el período, con indicación expresa de los ingresos procedentes de:
a) La venta de bienes,
b) La prestación de servicios,
c) Intereses,
d) Regalías y
El importe de los ingresos producidos por intercambios (permutas) de bienes o servicios incluidos en cada una de las categorías anteriores de ingresos.
12.4. Efectos
Se vislumbra que la aplicación de este estándar en las empresas colombianas no tiene efectos significativos.
En general, se percibe que la aplicación del estándar no tiene efectos significativos en el aspecto fiscal, pero la aplicación en conjunto de la norma podría originar situaciones de controversia con las autoridades fiscales de Colombia.
12.5. Conclusión
La NIC 18 diferencia el intercambio de bienes y servicios de la misma naturaleza —que no genera ingresos— y de distinta —genera ingresos—. Igualmente, define que los ingresos asociados con una prestación de servicios deben reconocerse considerando el grado de finalización de la prestación a la fecha de cierre (siempre que el resultado de la transacción puede estimarse con suficiente fiabilidad). La especificación de los tipos de ingresos expresados en la norma internacional, puede ser aportativa para la transparencia de la información financiera.
13. Contratos de construcción
13.1. Normativa de referencia
• NIC 11 “Contratos de construcción”
• No existe referencia específica
13.2. Alcance
El análisis realizado se centra en los criterios a seguir para la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas.
13.3. Divergencias fundamentales
La NIC 37 es aplicable para cada contrato de construcción, no obstante, considera que hay ocasiones en que puede resultar más adecuado aplicarla a cada componente identificable de un contrato único o bien juntar un grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable, para lo cual establece criterios concretos.
Cuando un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse por separado, siempre y cuando:
• Se han recibido propuestas económicas diferentes para cada activo.
• Cada activo ha estado sujeto a negociación separada, existiendo la posibilidad de aceptar o rechazar cada uno de ellos.
• Puedan identificarse los ingresos y costos de cada uno.
Un grupo de contratos (de uno o varios clientes) debe tratarse como único, cuando:
• Se negocia como un único paquete.
• Los contratos son parte de un único proyecto con un margen de beneficios genérico para todos ellos.
• Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien en una secuencia continua.
Un contrato puede reflejar, a voluntad del cliente, la construcción de un activo adicional a lo inicialmente pactado, o puede ser modificado para incluir la construcción de tal activo. En estos casos, la construcción de ese activo debe tratarse como un contrato separado cuando:
• El activo difiere significativamente (diseño, tecnología o función) de los activos cubiertos por el contrato original o
• El precio de activo se negocia sin tener como referencia el contrato original.
De acuerdo con la NIC 11 los ingresos del contrato comprenden tanto el importe inicial acordado en el contrato como cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones e incentivos (cuando sea probable que deriven en un ingreso y sean susceptibles de medición fiable).
Para la NIC 11, los costes del contrato incluyen los que se relacionan directamente con él (mano de obra, materiales, depreciación, costes de desplazamiento de activos, alquileres, diseño y asistencia técnica, entre otros), los relacionados con la actividad de construcción, en general, y los que pueden ser imputados al contrato (seguros, diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con la obra y costes indirectos de construcción), así como cualesquier otra partida que se pueda cargar al cliente de acuerdo con lo pactado (costes generales de administración).
Por otro lado, existen partidas que no se pueden incluir en los costes de los contratos, tales como los gastos generales de administración (si no se ha pactado), costes de venta, costes de I+D (salvo que se especifique en el contrato), la depreciación del inmovilizado asociada a la infrautilización del activo.
La NIC 11 establece que si el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos y costes vinculados a él deben imputarse a resultados en función del estado de terminación (método del porcentaje de realización) de la obra al cierre del ejercicio.
Esta estimación se puede realizar si se cumplen las siguientes condiciones:
• Los ingresos totales del contrato pueden medirse razonablemente.
• Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del contrato.
• Los costes que faltan para finalizar la obra y su grado de determinación a la fecha de cierre pueden ser medidos con fiabilidad.
• Los costes atribuibles al contrato pueden ser identificados y medidos con fiabilidad, pudiéndose comparar realizaciones con estimaciones.
Si el desenlace de un contrato no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, entonces:
• Los ingresos se imputarán a resultados solo en la medida en que sea posible recuperar los costes incurridos (la empresa se abstendrá de reconocer ganancia alguna por el contrato cumplido).
• Los costes asociados al contrato se reconocen como gastos del período en que se incurren.
Situaciones en las que no se pueden recuperar los costes en los que se incurre, se presentan si:
• Existen dudas sobre la validez del contrato,
• La terminación de la obra está sujeta a una sentencia,
• Se ven implicados derechos de propiedad que serán expropiados,
• El cliente no puede atender sus obligaciones y
• El contratista es incapaz de cumplir el contrato.
De acuerdo con la NIC 11, cuando sea probable que los costes del contrato vayan a exceder a los ingresos totales, las pérdidas esperadas deben imputarse inmediatamente a resultados (con independencia de si los trabajos han comenzado o no, el estado de realización de la obra o los resultados asociados a otros contratos que, junto con este, no son considerados a efectos contables como uno solo).
13.4. Conclusión
Este es un tema no tratado en la regulación local. Son inexistentes normas generales en materia contable que aborden este tópico, lo que implica que esencialmente la norma IASB sea el referente. La NIC 11 trata con suficiencia el tema, considerando cuidadosamente los principios de realización de los ingresos y los costos, así como los períodos en que estos se deben causar.
En la práctica se ha venido haciendo uso extensivo de los métodos permitidos por la legislación tributaria para contabilizar fiscalmente los denominados contratos de servicios autónomos. Actualmente, es inexistente en la normatividad contable colombiana el tratamiento específico para los ingresos, costos y gastos derivados de los contratos de construcción, y la NIC 11, es un criterio internacionalmente aceptado, permite reconocer tales partidas y sus impactos en la realidad económica y financiera de las organizaciones.
(1) Por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero.
(2) NIC 2
(3) NIC 11
(4) NIC 12
(5) NIC 19
(6) NIC 39
(7) NIC 16 y 38

References: artículo 450
 artículo 65
 artículo 63
 artículo 66
 artículo 95
 artículo 142
 artículo 142