Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810999.html
Timestamp: 2019-11-20 04:46:35+00:00

Document:
as201810999
AUTO SUPREMO Nº 999/2018-RA
Expediente : Tarija 52/2018
Parte Imputada : Claudia Concepción Noguera Espinoza y otro
Por memoriales presentados el 23 de agosto y 21 de septiembre de 2018, Ángel Eusebio Hoyos, de fs. 239 a 243 vta.; y, Claudia Concepción Noguera Espinoza, de fs. 266 a 268, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 52/2018 de 13 de junio, de fs. 214 a 216, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la representación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 53/2015 de 1 de octubre (fs. 3 vta. a 7 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante procedimiento abreviado declaró a Ángel Eusebio Hoyos y Claudia Concepción Noguera Espinoza, autores y culpables de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, con costas y resarcimiento del daño civil, regulables en ejecución de Sentencia. En atención a la Sentencia emitida, los representantes legales del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija impetraron la reparación del daño civil (fs. 44 a 50), que fue resuelta mediante Resolución 31/2017 de 3 de julio (fs. 152 vta. a 154 vta.), dictada por la Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró probada la demanda por reparación del daño, sancionando a los sentenciados, al pago de Bs.- 672.126,50 (seiscientos setenta y dos mil ciento veintiséis 50/100), con costas.
Contra la mencionada Resolución, los imputados Ángel Eusebio Hoyos (fs. 192 a 197); y, Claudia Concepción Noguera Espinoza (fs. 198 a 200) interpusieron recursos de apelación restringida e incidental, siendo resueltos mediante Auto de Vista 52/2018 de 13 de junio, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar las apelaciones planteadas; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.
Por diligencias de 16 de agosto y 14 de septiembre de 2018 (fs. 251 y 261 vta.), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista; y, el 23 de agosto y 21 de septiembre del mismo año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.
II.1. Del recurso de Ángel Eusebio Hoyos.
El recurrente luego de rememorar la fecha de su notificación con la Resolución impugnada, arguyendo el derecho a interponer su recurso de casación; y, exponer que la “violación del debido proceso, principio de legalidad, valoración razonable de la prueba, acceso a la justicia”, son vulneraciones que autorizan en forma excepcional la revisión del recurso incoado aun de oficio, señaló que:
El Auto de Vista recurrido incurre en falta de fundamentación y motivación al no haberse pronunciado en cuanto a todos los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida interpuesto por el recurrente, incurriendo el Tribunal de alzada en el vicio de incongruencia omisiva; explicitando que el recurso de apelación deducido no fue en contra de la Sentencia condenatoria en el caso de Autos sino más bien en contra de la Resolución pronunciada dentro del proceso de reparación de daño la cual establece el pago de Bs.- 672.126,50.
Refiere también la vulneración al debido proceso, principio de legalidad y seguridad jurídica.
II.2. Del recurso de casación de Ronald Gabino Delgadillo Daza.
Por su parte la recurrente a tiempo de rememorar la Resolución 31/2017 dictada dentro del proceso de reparación de daño civil; y, que su persona no hubiere cometido los delitos por los cuales fue Sentenciada, con énfasis en que no existió daño económico al Estado alguno, señala que:
El Tribunal de alzada no valoró los elementos probatorios presentados durante la tramitación del proceso, como tampoco apreció su condición de madre de una menor con discapacidad múltiple, situación que le genera preocupación, inestabilidad laboral y falta de recursos económicos.
Manifiesta también, que la Resolución impugnada es vulneradora del debido proceso, principio de legalidad, valoración de pruebas y acceso a la justicia, acotando que en el presente proceso se sometió a procedimiento abreviado por falta de recursos económicos para solventar un juicio oral.
En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 16 de agosto y 14 de septiembre de 2018, interponiendo sus recursos de casación el 23 de agosto y 21 de septiembre del mismo año respectivamente; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
En este punto, corresponde mencionar con fines ilustrativos previo al análisis de admisibilidad de los motivos extraídos de ambos recursos, que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.
En el caso de Autos, la Resolución impugnada -52/2018 de 13 de junio-, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, conoció la alzada en contra de la Resolución que resolvió la reparación del daño conforme al inc. 10) del art. 403 y el inc. 1) del art. 51 del CPP, incurriendo en un error de taypeo insustancial al señalar en la parte infine del Auto de Vista recurrido que: “En observancia de los arts. 123 y 417 de la Ley 1970, se advierte a las partes que tienen el plazo de cinco días desde su legal notificación para interponer el recurso de casación” (sic), cuando de conformidad a lo previsto por el art. 387 de la citada norma adjetiva penal la Resolución ahora impugnada no admite recurso ulterior; por lo que, al no tratarse de una Resolución emitida por el Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia prevista por el art. 51 inc. 2) del CPP, así como los requisitos para la admisión del recurso de casación desarrollados en el acápite III de la presente resolución y el entendimiento asumido por este máximo Tribunal de Justicia, en cuanto al tipo de resoluciones judiciales recurribles a través del recurso de casación, se concluye que los motivos de ambos recursos de casación interpuestos devienen en inadmisibles, ante la ausencia de legitimación objetiva para impugnar el fallo recurrido.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación interpuestos por Ángel Eusebio Hoyos, de fs. 239 a 243 vta. y Claudia Concepción Noguera Espinoza, de fs. 266 a 268.

References: Resolución 
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