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Timestamp: 2020-04-08 05:51:15+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 252, de 26/04/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 252
celebrada el jueves, 26 de abril de 2007
- Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del do Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007 ("BOE" núm. 90, de 14 de abril de 2007). (Corrección de errores en "BOE" núm. 95, de 20 de abril de 2007.) (Número de expediente 130/000043.)... (Página 12628)
- Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio ("BOE" núm. 90, de 14 de abril de 2007). (Número de expediente 130/000044.)... (Página 12638)
Declaración institucional... (Página 12643)
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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votaciones.):
- Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007 ("BOE" núm. 90, de 14 de abril de 2007.) (Corrección de errores en "BOE" núm. 95, de 20 de abril de 2007). (Número de expediente 130/000043.)... (Página 12644)
- Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio ("BOE" núm. 90, de 14 de abril de 2007.) (Número de expediente 130/000044.)... (Página 12644)
- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo al establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al decenio internacional para la Acción "El agua, fuente de vida, 2005-2015". "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, núm. 354, de 9 de marzo de 2007.
(Número de expediente 110/000205.)... (Página 12645)... (Página )
- Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013, de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE, y a la asignación de ayuda financiera a los países de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE, hecho en Bruselas el 17 de julio de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 358, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000207.)... (Página 12645)
- Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumania y la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en Luxemburgo el 9 de junio de 2006, y Declaración que España va a formular ante el Secretario General del Consejo de la Unión Europea. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, núm. 359, de 23 de marzo de 2007.
(Número de expediente 110/000208.)... (Página 12645)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Praia el 26 de junio de 2006, e Intercambio de Notas Verbales de fechas 15 de enero y 9 de febrero de 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 360, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000209.)...
(Página 12645)
- Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra parte, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 361, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000210.)... (Página 12645)
- Acuerdo sobre la Seguridad de la Información entre las Partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 362, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000211.)... (Página 12645)
- Convenio relativo a la extradición entre la República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España, hecho en Argel el 12 de diciembre de 2006. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, núm. 363, de 23 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000212.)... (Página 12645)
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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes... (Página 12628)
Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007... (Página 12628)
El señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba) expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación de este real decreto-ley. Tras hacer unas consideraciones generales, hace una breve descripción del texto del real decreto-ley, que contempla un amplio catálogo de medidas que buscan restaurar la normalidad en las comunidades autónomas afectadas y que abarcan el conjunto de los intereses afectados por este suceso, que son de naturaleza distinta: administrativas, fiscales, laborales y ayudas y medidas de coordinación general.
Finaliza manifestando que no es un real decreto-ley excepcional puesto que se ha aplicado en otros casos, aunque sí lo es en la medida en que afecta a un hecho excepcional como es la crecida del río Ebro.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Castillejo Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio... (Página 12638)
La señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación de este real decreto-ley.
Manifiesta que este es un decreto-ley que no supone innovación jurídica alguna, puesto que se trata de restaurar un régimen de funcionamiento previsto en la Ley de Aguas de 1985 y ratificado en la legislación vigente, que se ha visto alterado por una sentencia de la Sala quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del pasado 18 de octubre de 2006.
Finaliza recordando que en España existen 8.000 municipios y que en ellos a su vez hay miles de vertidos de distintas empresas que no vierten directamente al cauce de los ríos o al dominio público hidráulico, sino a través del alcantarillado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Medio Ambiente.
Interviene la señora De Lara Carbó.
Cierra el debate la señora ministra de Medio Ambiente.
Por la señora secretaria primera se procede a dar lectura de una declaración institucional con ocasión de la I Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votaciones.)...
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Sometido a votación el Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007, se aprueba por 258 votos a favor.
Sometido a votación el Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido
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de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba por 260 votos a favor.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 12644)
Acuerdo sobre la seguridad de la información entre las partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997...
Sometido a votación el acuerdo sobre la seguridad de la información entre las partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997, se aprueba por 253 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo al establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al decenio internacional para la Acción "El agua, fuente de vida, 2005-2015"...
Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013, de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE, y a la asignación de ayuda financiera a los países de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE, hecho en Bruselas el 17 de julio de 2006... (Página 12645)
Acuerdo multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumania y la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en Luxemburgo el 9 de junio de 2006, y
Declaración que España va a formular ante el Secretario General del Consejo de la Unión Europea... (Página 12645)
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Praia el 26 de junio de 2006, e Intercambio de Notas Verbales de fechas 15 de enero y 9 de febrero de 2007... (Página 12645)
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra parte, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, hecho en Luxemburgo el 25 de junio de 2005... (Página 12645)
Convenio relativo a la extradición entre la República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España, hecho en Argel el 12 de diciembre de 2006... (Página 12645)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los convenios internacionales reproducidos, se aprueban por asentimiento.
REAL DECRETO-LEY 3/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR DESBORDAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RÍO EBRO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE MARZO Y LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 130/000043.)
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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, iniciamos la sesión en el punto VI del orden del día, referente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes y, en particular, lo hacemos con el Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007. Comenzaremos, señorías, con la exposición de las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley por parte de un miembro del Gobierno, en particular, por el señor ministro del Interior.
Señorías, entre los días 28 de marzo y 9 de abril del presente año se produjo un incremento inusitado del caudal del río Ebro y de sus afluentes motivado tanto por el deshielo como por las fuertes lluvias que se repitieron durante este largo periodo de tiempo. Es un fenómeno que originó el desbordamiento del río con episodios de crecidas que afectaron a la práctica totalidad de los territorios que se encuentran situados en el cauce del Ebro, empezando por Navarra, continuando por Zaragoza y terminando por Tarragona. A pesar de que desde el primer momento la Confederación Hidrográfica del Ebro actuó para minimizar el efecto de la crecida, principalmente mediante la regulación del agua embalsada, no pudieron evitarse efectos del enorme caudal que transcurría por los cauces fluviales, en concreto la inundación de miles de hectáreas de cultivo, con los consiguientes daños en explotaciones agrícolas y ganaderas, los daños en infraestructuras agrícolas y en las vías secundarias, así como en distintas infraestructuras municipales tales como colegios públicos o redes de saneamiento. Ante estos hechos, el Gobierno, bajo el principio constitucional de la solidaridad y al igual que en otros episodios de inundaciones que han devenido en desastres naturales, tenía que dar una respuesta para paliar de manera eficaz las graves repercusiones que se produjeron como consecuencia de estas crecidas, básicamente en el ámbito personal y humano, también lógicamente en el orden económico en cuanto que se han visto afectadas las explotaciones agrícolas, que suponen el medio principal de subsistencia de una buena parte de los damnificados.
Quisiera, antes de presentar el real decreto-ley que expresa en términos jurídicos la solidaridad a la que vengo refiriéndome, hacerles algunas consideraciones generales, una primera en relación con la urgencia. El Gobierno optó por actuar de manera urgente. Los hechos a los que me vengo refiriendo finalizaron el 9 de abril y cuatro días más tarde, el 13 de abril, se aprobó en el Consejo de Ministros el real decreto-ley cuya convalidación presento ante esta Cámara. Dado que el objetivo principal del Gobierno era dar una respuesta inmediata, algunos aspectos técnicos relativos al real decreto-ley, como la concreción de los créditos necesarios, se dejaron para un momento posterior y por tanto van a ser objeto de desarrollo reglamentario del texto que hoy discutimos aquí y ello además porque este tipo de inundaciones no permite una evaluación adecuada hasta que las aguas vuelven a su cauce normal, algo que sucede bastantes días después de producida la tragedia.
Tras estas consideraciones generales, paso a hacer una breve descripción del texto del real decreto-ley, que contempla un amplio catálogo de medidas que lógicamente buscan restaurar la normalidad en las comunidades autónomas afectadas y que abarcan el conjunto de los intereses afectados por este suceso, que son de naturaleza distinta: administrativa, fiscal, laboral, ayudas y medidas de coordinación en general. Realizaré un brevísimo análisis de los aspectos esenciales de las medidas contempladas empezando por señalar que su ámbito de aplicación, como es lógico, se circunscribe a las comunidades autónomas que han sufrido los daños mayores, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, y se concreta en términos municipales cuyo desarrollo se hará a través de una orden del Ministerio del Interior en la que ya estamos trabajando. Las ayudas excepcionales a las que vengo refiriéndome se dirigen en primer lugar a los daños en las infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales. En este caso, las ayudas se concretan a través del Ministerio de Administraciones Públicas mediante los oportunos convenios con las administraciones implicadas. Incluye el real decreto también ayudas para daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para daños producidos en viviendas y enseres. En este supuesto se consignan las ayudas ya establecidas recientemente por un decreto de hace algunas semanas, que como SS.SS. probablemente conocerán incrementa las que había previstas en decretos anteriores para estos supuestos. Se incluyen también ayudas a corporaciones locales, en concreto subvenciones para gastos de emergencia con carácter inmediato que hayan tenido que desarrollar para salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. En este marco, hay convenios específicos que suscribirá la Administración tanto con las comunidades autónomas como a través del Ministerio de Agricultura con las entidades implicadas. El real decreto formula también medidas fiscales, básicamente beneficios fiscales, exenciones de cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles, reducciones en el impuesto sobre actividades económicas y exenciones de tasas de tráfico, así como reducciones fiscales especiales para algunas actividades agrarias. Se incluyen medidas laborales y relativas a la Seguridad Social, concretamente las referidas a los expedientes de regulación de empleo, algunas exoneraciones del abono de las cuotas a la Seguridad Social y algunas moratorias en el pago de las correspondientes cotizaciones.
Además, el real decreto-ley prevé algunas líneas preferenciales de crédito que se instrumentarán a través del Instituto de Crédito Oficial.
Finalmente, quisiera señalar antes de acabar esta intervención que, como es habitual en este tipo de
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decretos-leyes, se incluye un instrumento de coordinación, una comisión interministerial que se encarga de examinar exhaustivamente los daños producidos, de fijar los créditos necesarios, en la que se incluyen bajo la dirección de Protección Civil los departamentos ministeriales afectados y que en concreto ha empezado a trabajar el pasado martes 24 de abril para culminar y desarrollar los trabajos necesarios con el fin de que el real decreto-ley tenga virtualidad completa.
Señorías, este es, en resumen, el real decreto-ley, que, como decía al principio, no es un real decreto-ley excepcional, puesto que se ha aplicado en otros casos, aunque sí lo es en la medida en que afecta a un hecho excepcional, en este caso la crecida a la que vengo refiriéndome.
Desde el Gobierno hemos tratado de responder, como siempre, de un modo inmediato y sobre todo eficaz a las necesidades producidas por estas inundaciones.
Señorías, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea ejercer el turno en contra de la convalidación de este decreto? (Pausa.) Comenzaremos con la fijación de posiciones. Lo haremos con la del Grupo Mixto y en primer lugar con el turno de la señora Barkos.
Nafarroa Bai se va a posicionar a favor del real decreto-ley de ayudas por los daños producidos como consecuencia de estas inundaciones y que nos ha presentado el ministro del Interior esta mañana. Lo hacemos observando algunos puntos que creemos deben ser recogidos con mayor atención respecto a algunos de los daños que se han producido. Nos referimos en concreto al artículo 4, que está referido a las ayudas en relación con el porcentaje y la cobertura de los seguros en determinados cultivos.
Señorías, hay que tener en cuenta que en la circunscripción que yo represento, en Navarra, cultivos emblemáticos, extendidos y de importancia como son los del espárrago o la alcachofa no es que no tengan una penetración importante de contratación de seguros, es que es exactamente un cero por ciento la que se produce en este sector. Por tanto, nos parece -lo dijimos ya en su día con reales decretos de ayudas similares en este sentido- que es importante superar esta tendencia a relacionar las ayudas en el caso de inundaciones, como es el que nos ocupa, con el porcentaje de seguros contratados en los cultivos.
No es solo este artículo del real decreto que hoy votamos el que nos preocupa; nos preocupa enormemente también el artículo 2, que se refiere a las ayudas de hasta el 50 por ciento destinadas al arreglo de bienes materiales en las entidades locales afectadas. Fundamentalmente nos preocupa el hecho de que ante una catástrofe de estas características, haya algunas zonas de Navarra, en concreto dos poblaciones, Castejón y Milagro, en que los daños que se han producido son de enorme entidad.
Entiendo, por tanto, que el Gobierno debiera ser enormemente flexible en la aplicación de este real decreto para atender las necesidades de algunas poblaciones que han sufrido unos daños de entidad; flexibilidad, por tanto, para poder superar en algunos casos estos porcentajes impuestos. Sí nos satisface -y he de reseñarlo así- el hecho de que en este real decreto se recoja la situación como desastre natural, algo en lo que ya insistimos en un caso similar que se produjo en septiembre del año 2004. Insistíamos en que las directivas europeas permitían en casos como estos una denominación que nos posibilitaba claramente poder conceder con mayor premura, con mayor holgura y con mayor potencia ayudas económicas recogidas -como digo- para atender a una situación de desastre natural. Nos congratulamos de que en esta ocasión se haya producido así.
Entendemos que es absolutamente necesario trabajar en estos términos. Por tanto, a excepción de estos dos puntos que reseñaba, votaremos a favor del real decreto. En cualquier caso, nos gustaría escuchar de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el compromiso y tener el convencimiento de que, lógicamente, estas ayudas atenderán por igual, por descontado teniendo en cuenta las especificidades del régimen fiscal de la Comunidad Foral, a los afectados en la Comunidad Foral de Navarra, con la misma intensidad y con la misma capacidad -sin perjuicio lógicamente de las competencias propias- que a los afectados del resto del curso del río Ebro, que dejó los daños reseñados a su paso por Navarra, Aragón y Cataluña, además de por La Rioja. Esperando que así sea votaremos sí, como decíamos al inicio, al real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Barkos.
En el mismo turno del Grupo Mixto tomará la palabra, señorías, también para fijar posición sobre este real decreto-ley el señor Labordeta.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde Chunta Aragonesista consideramos necesario este real decreto de medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por el desbordamiento en las cuencas del río Ebro durante las últimas semanas de marzo y la primera del mes de abril. Vamos a apoyarlo pero dejando constancia de una serie de demandas agrupadas en cuatro bloques. En primer lugar, pediríamos al Gobierno central y a todos los organismos públicos implicados mayor ambición a la hora de aumentar las correspondientes ayudas para los afectados. Los agricultores sin seguro, como decía mi compañera, doña Uxue Barkos, vuelven a quedar excluidos y es un problema que venimos arrastrando
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sin solución. Organizaciones como UAGA han estimado ya en unos 40 millones de euros las pérdidas. No escatimen recursos, porque estamos hablando de situaciones difíciles y duras para los perjudicados. Los artículos 2 y 4 de este real decreto son dos ejemplos que sirven para demostrar que se puede hacer más, y desde Chunta Aragonesista tenemos razones para elevar el tono reivindicativo en este marco general de ayudas, exigiendo más y mayor rapidez en su tratamiento.
En segundo lugar, aprovechando que este real decreto pasa por el Congreso quisiera referirme a la necesidad de establecer cuanto antes un protocolo de actuaciones, a firmar por todas las partes implicadas, capaz de racionalizar la gestión ante sucesos de este tipo. Me comentaba el alcalde de una de las zonas afectadas la angustia sufrida por él y por muchos compañeros suyos ribereños cuando agricultores y afectados iban a sus ayuntamientos a preguntar qué es lo que tenían que hacer en aquellas fechas de las riadas. Esta propuesta que enunciamos serviría para lograr que afectados, organizaciones sociales y administraciones públicas supieran a qué atenerse ante este tipo de desastres, porque la falta de coordinación supone en más de una ocasión un gran problema.
En tercer lugar, otra propuesta es para lograr la colaboración del Gobierno central y exigir la agilidad al Gobierno de Aragón para poner en marcha un plan medioambiental del Ebro que sirva para prevenir inundaciones. Se ha tardado más de tres años en ser redactado y aún no se ha puesto en marcha. Este documento es clave para no seguir hablando alegremente de actuaciones preventivas ante desbordamientos del río que poco o nada tienen que ver con una gestión sostenible del cauce y de las riberas y, por tanto, muy alejadas de los principios rectores de la nueva cultura del agua.
Quiero recordar para concluir que en junio de 2005 en este mismo Pleno estábamos debatiendo un decreto sobre las sequías en Aragón y que dos años antes, en febrero concretamente, se produjeron unas riadas del Ebro con una envergadura igual o más importante, lo que demuestra la doble cara de nuestro territorio y de nuestros ríos. Realizo esta introducción para aclarar uno de los puntos que más tristeza me producen cuando tienen lugar estos desbordamientos: tener que oír como algunos vuelven a resucitar el fantasma del trasvase del Ebro justificándolo en estas crecidas. Es entonces cuando algunos hablan muy poco de solidaridad con los afectados, justo cuando más se necesita, pero sí oímos muchos ecos de palabras cargadas de egoísmo, de demagogia barata, lanzadas cuando más duelen a los aragoneses. Señorías, el pasado 11 de febrero de 2003, en este mismo hemiciclo preguntamos al Gobierno central su opinión acerca de si una riada podía justificar el trasvase del Ebro contemplado ya entonces en el anterior Plan Hidrológico Nacional. La respuesta del anterior Gobierno, fue: "Los sucesos de crecidas son aleatorios y se presentan con una cierta probabilidad en todos los ríos en función de las condiciones meteorológicas y del estado de las cuencas de los mismos. Los caudales extraordinarios producidos por una avenida son difícilmente almacenables en su totalidad." Esperemos que esto quede claro para siempre en este país. Vamos, que no hay ni pantano ni tubería que lo soporte. Y, repito, esta es una respuesta del anterior Gobierno español.
Esperamos que la ayuda llegue muy pronto a las zonas afectadas, a los campesinos y a los agricultores afectados por este desastre natural, que tiene que ver con los aragoneses, con los navarros, con los riojanos y con los catalanes.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Labordeta.
Continuamos con el turno de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Señor Mardones, adelante.
Señorías, mi grupo, en la exposición que ha hecho el señor ministro del Interior, ve plenamente justificadas tanto la urgencia como la necesidad de abordar con este real decreto-ley una compensación a los afectados por los daños catastróficos que aquí se han citado. Desde Coalición Canaria, dado que otras veces también hemos tenido que recurrir a ello por daños catastróficos de accidentes naturales ocurridos en nuestro Archipiélago, quiero poner por delante siempre el principio de solidaridad y de reciprocidad con todas aquellas comunidades autónomas y con aquellas partes de España que se puedan ver afectadas tanto en sus sistemas productivos como en sus sistemas de habitabilidad y de agricultura o en cualquiera de las insuficiencias que haya. Como digo, la urgencia está plenamente justificada y coincidimos en su totalidad con la exposición que ha hecho el señor ministro, está amoldada a la forma que hay de atender todas estas catástrofes naturales y de ahí que mi grupo vaya a votar favorablemente, señora presidenta, señor ministro, la convalidación de este real decreto-ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Mardones.
Señora Navarro, continuamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente este es un decreto necesario y urgente que viene a paliar una situación de emergencia que afecta a agricultores, ganaderos, administraciones locales, industrias y a particulares de las riberas del Ebro, con especial incidencia, como se ha señalado, en La Rioja, Navarra y Aragón. Los efectos no han seguido cauce abajo puesto que los grandes embalses de Mequinenza y Ribarroja han terminado de paliar los efectos de la crecida. Señorías, en cualquier caso, antes de entrar a
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valorar el decreto hay que hablar de responsabilidades. No vamos a negar que el río Ebro es un río mediterráneo y, como tal, sometido a un régimen hídrico irregular que alterna duras sequías con crecidas y avenidas.
Precisamente por ello hay que gestionarlo adecuadamente. Es el momento de pedir responsabilidades a quien tiene la competencia en el gestión y es el momento también de reclamar, una vez más, que se informe del estado de ejecución del plan ambiental del Ebro, de su plan de riberas, prometido y comprometido con ocasión de las inundaciones de hace cuatro años, informe del nivel de ejecución de las infraestructuras hidráulicas acordadas por toda la sociedad aragonesa en la Comisión del Agua y que han sido aceptadas por la Ministra de Medio Ambiente en dos reuniones en la Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, en febrero de 2004 y en marzo de 2007. De hecho, si hubieran estado activas obras como las del recrecimiento de Yesa y la regulación del río Gállego, los efectos de esta última avenida habrían sido inapreciables. Se debe informar también por parte del Gobierno de qué medidas tiene previsto adoptar para garantizar el pago de las indemnizaciones a los afectados por las avenidas del Ebro de hace cuatro años, al parecer todavía sin cobrar.
Izquierda Unida, tanto a nivel federal como a nivel autonómico, ha pedido reiteradamente la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente -de nuevo se ha solicitado hace dos semanas- y todavía no hemos podido escucharla ni se han dado los informes reglamentariamente solicitados. El Gobierno deberá dar explicaciones del porqué no se ejecutan las obras acordadas, presupuestadas y adjudicadas e igualmente de los motivos por los que Acesa -la empresa pública creada para ejecutar las obras de la cuenca del Ebro- tiene el dinero en caja y las obras sin hacer. Es evidente que se ha de dar respuesta a estas cuestiones.
Señorías, también hay que hablar de la demagogia y del oportunismo del Partido Popular, especialmente en Murcia, País Valenciano, e incluso hemos escuchado en Madrid, ya que han utilizado la avenida del Ebro de nuevo -y la utilizarán, me imagino, en esta ocasión- para resucitar el triste debate del trasvase, una postura que demuestra la relación del Partido Popular con el medio ambiente, que tratan el río como si fuera una cañería que pierde agua, cuando en primero de EGB nos explicaban a todos, incluido a las señorías del Partido Popular, que los ríos desembocan en el mar y no en los campos de golf; ignorancia del Partido Popular que le sirve únicamente para regar su huerto de votos. Fíjense, señorías, que el Gobierno navarro ha llegado a decir que se ha perjudicado a los navarros para salvar Zaragoza y las obras de la Exposición Internacional de 2008.
Consideramos igualmente necesario y urgente -y debería servir este debate para comprometerlo- llegar a un acuerdo social y político, como ya se ha reclamado en la intervención de otros grupos parlamentarios, que reconozca que el Ebro está sometido a avenidas, pero que este problema no se soluciona con motas kilométricas ni dragando el río como pretenden algunos, ni tampoco regulándolo en su totalidad. Izquierda Unida considera que el río Ebro, como todos los ríos mediterráneos, debe tener previsto un plan de gestión que defina zonas de inundación blanda en sus riberas. Esas zonas previstas deben contar con unas medidas inmediatas de restauración de infraestructuras y equipamientos, esas zonas deben tener un riguroso planeamiento urbanístico y un plan rector del uso de las riberas. Ello solo puede darse mediante el acuerdo con las entidades locales, con las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, con los ciudadanos y ciudadanas de las riberas. Ese pacto social debe dar respuesta a las necesidades sociales, económicas y medioambientales que surgen con motivo de las crecidas del río y debe venir avalado por todas las fuerzas políticas. Izquierda Unida ya lo ha propuesto en Aragón, pero creemos necesario abordarlo también en el Congreso y, por supuesto, en el Consejo de la Cuenca del Ebro, ya que en ambos lugares estamos representadas todas las fuerzas políticas y sociales de todas las comunidades autónomas que comparten el río Ebro.
En relación con el análisis concreto del real decreto, es un real decreto al uso en situaciones como las que ha vivido evidentemente el Ebro y como se ha señalado por parte del señor ministro. El real decreto viene a paliar un problema, pero no lo resuelve ni lo evita en el futuro, es una medida de urgencia necesaria pero que responde a un gobierno actual y anterior poco previsores e ineficaces, pero que ahora, como parche y remedio de urgencia, es evidentemente necesario y, por supuesto, lo vamos a apoyar. Eso sí, creemos que mejoraría en su eficacia abordar cuestiones como aumentar, en el artículo 2, las ayudas para la reparación de infraestructuras y equipamientos, que se cifran en un 50 por ciento del coste. La normativa europea permite llegar hasta el 75 por ciento y dado que son infraestructuras y equipamientos públicos, entendemos necesario llegar hasta el 75 por ciento en la subvención. También en el artículo 6, donde se habla de las reducciones fiscales especiales, hay que incluir la exención del pago del canon de regulación a los usuarios del agua afectados por pérdidas de infraestructuras hidráulicas, exención proporcional al tiempo que no puedan utilizarlas, pues es evidente que la pérdida de canales o acequias impide -hasta que estas no sean reparadas- su utilización. Por ello creemos equitativo que durante este tiempo no se pague el canon por su utilización. Una sugerencia genérica sería que las medidas que contempla este real decreto y que requieren una buena coordinación entre varios municipios y los gobiernos autonómicos se resuelvan con la máxima eficacia y rapidez. En cualquier caso esperamos que así sea por parte del Gobierno y, por supuesto, vamos a dar nuestro voto favorable. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Navarro.
Señor Beloki, continuaremos con usted en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
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Señorías, en esta legislatura, si nuestra contabilidad no va errada, deben ser como 44 los reales decretos aprobados por el Gobierno. De ellos, deben ser 13, incluido este, los que han sido dictados en relación con daños causados por inundaciones, por incendios, por sequías, por movimientos sísmicos o por distintos tipos de adversidades climáticas y de otro signo. Después de todo esto, es evidente que no estamos ante una gran innovación sino en línea con una serie de reales decretos que ya vienen dándose más o menos en los mismos términos de éste. Incluso estamos ante un real decreto que puede calificarse como prácticamente calcado de algún otro, por ejemplo, del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre, que -recuerdo a SS.SS.-era por incendios e inundaciones acaecidas en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana. Se trata este de un real decreto, insisto, prácticamente calcado de aquel, es decir, con un corta y pega, con un cambio de mayúsculas y minúsculas, pero también con selección y borrar algunas cosas, aunque hay diferencias entre los dos, además lógicamente de la no coincidencia plena en los ámbitos de aplicación y también de que en aquel caso se trataba no solo de inundaciones sino de desastres producidos por el fuego. En esta ocasión hablamos solo de inundaciones y en aquella se produjeron daños personales que fueron consecuentemente contemplados en el texto del real decreto-ley al que he hecho referencia, concretamente en el artículo 9, mientras que al parecer en este no es necesario hacerlo. En todo caso, insisto, es evidente que estamos ante dos decretos-leyes que se parecen enormemente; y no lo digo en demérito de este real decreto, más bien en sentido contrario.
En efecto, tal como varios portavoces ya señalamos con ocasión del debate del real decreto al que me he referido anteriormente, es deseable que ante este tipo de desgracias, a la hora del tratamiento por la Administración, estemos ante esquemas ya establecidos y que no se improvisen en cada ocasión, de forma que exista una especie de prototipo básico de respuesta que se aplique a las distintas situaciones, y este es el caso. Ello seguramente facilita que todos aceptemos el real decreto y mi grupo lo va a aceptar sin mayor discusión. En todo caso, para que esto ocurra sería deseable que el ministro de turno -y el señor ministro de turno porque si no estoy equivocado en aquella ocasión fue la ministra de Agricultura quien expuso el real decreto mientras que en este caso es el ministro del Interior- no dedicara su tiempo tanto a la exposición genérica de las medidas -que, insisto, son prácticamente idénticas en una y otra ocasión-, sino a explicar en su caso las diferencias que puede haber entre uno y otro, porque hay diferencias, y casi es más interesante saber por qué se producen diferencias entre un real decreto y otro ante situaciones semejantes que saber que las mismas medidas que entonces se aplicaban se vuelven a aplicar ahora. Eso es lógica pura. No le voy a hablar de todas las diferencias que existen pero quiero citarle algunas, como ha hecho la representante de Nafarroa Bai, porque me interesa saber por qué. En concreto, en el artículo 3 se incluyen dos términos: el de indispensables, referido a las obras que se declaran de emergencia y que no estaba en el real decreto anterior, y el adverbio directamente, referido a los daños causados y que tampoco estaba en el real decreto anterior. Ustedes introducen estos dos términos, un calificativo y un adverbio, y los dos evidentemente limitativos. Me pregunto por qué. En el artículo 4, refiriéndose al periodo de contratación de seguros de siniestros, en esta ocasión se refiere a casos de producciones que en las fechas del siniestro no hubiera finalizado -este es el término que utiliza este real decreto-, mientras que en el anterior se refería a producciones que en las fechas del siniestro no se hubiera iniciado. ¿Por qué esta diferencia? En este mismo artículo -y esto lo ha citado ya Uxue Barkos, de Nafarroa Bai-, hablando de indemnizaciones de daños en producciones agrícolas y ganaderas se establece que irán destinadas a titulares que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento, dice este real decreto, y aquel decía superiores al 20 ó al 30 por ciento.
Esta es otra modificación que sería bueno que explicaran. Y sobre todo, señor ministro, ha desaparecido la disposición adicional primera de aquel real decreto referida a las competencias de las comunidades autónomas y que decía que lo establecido en el mismo se entendía sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas al amparo de lo establecido en sus estatutos de autonomía. Esto decía la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2004, de 17 de septiembre; este no lo dice. ¿Por qué? ¿Significa algún cambio de actitud por parte del Gobierno respecto a las competencias de las comunidades autónomas? ¿Por qué aquí se hace un borrado de esta disposición adicional primera?
Voy terminando refiriéndome a diversos extremos del real decreto. Es evidente que en esta ocasión hay una mayor manga ancha que en aquel real decreto. Es decir, se deja más en manos del Gobierno, desde esa perspectiva es más discrecional, lo cual a mi grupo no le extraña ni le supone ningún problema a la hora de aceptarlo porque seguramente constituye una notable temeridad, dada la urgencia con la que se quieren hacer estos reales decretos, que en los mismos figuren detalles que luego, a la vista de la evaluación de las desgracias producidas, pueden suponer más un problema que una solución. Es lógico que el Gobierno de turno tenga un cierto margen, amplio, para que en función de los criterios establecidos haga después la aplicación más conveniente. Y esto me lleva a otra reflexión. Sería muy deseable que no solo aprobáramos estos reales decretos en los términos de discrecionalidad que quedan para el Gobierno, sino que el Gobierno se comprometiera luego a darnos cuenta de cómo se aplican realmente. Aprovechando este real decreto, que es, insisto, muy semejante a aquel, hoy me hubiera gustado saber con
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detalle qué resultados dio aquel real decreto, cómo se ejecutó finalmente, porque aquí dejamos todo o mucho en manos del Gobierno. Sería lógico que a la hora de aprobar un real decreto en el que otra vez vamos a dejarles la ejecución de las medidas que aquí se proponen sepamos cuántos fueron los que finalmente resultaron beneficiados, en qué términos, cuánto tiempo tardó en ejecutarse, etcétera. Si el decreto número 14 -que seguramente vendrá en esta misma legislatura, aunque no lo deseo- se va a parecer a los anteriores, yo animaría al Gobierno, en primer lugar, a que nos explique en su caso por qué introduce determinadas diferencias, si las introduce, y, en segundo lugar, a que nos explique también cómo ejecutó el anterior, para que sigamos dándole la confianza en la ejecución de este.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Beloki.
Continuaremos con el turno de la señora Oliva, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro y algunos de sus afluentes, durante la última semana de marzo y la primera de abril, han causado daños graves en diversos municipios de las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. El desbordamiento del río Ebro ha provocado que miles de hectáreas de cultivo hayan quedado anegadas, la evacuación de residentes en algunas de las zonas inundadas, el corte de carreteras y caminos por desprendimientos e inundaciones, daños en infraestructuras tales como acequias, alcantarillado o colegios, así como diversos daños en otros bienes tanto públicos como privados. La magnitud de este desastre natural y de sus consecuencias obligan, desde el respeto al principio de la solidaridad, a la adopción de una respuesta rápida de las autoridades públicas. Por este motivo consideramos acertado que el Gobierno proponga a la Cámara la convalidación de un real decreto-ley con la finalidad de impulsar medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones, restablecer los servicios dañados y habilitar las indemnizaciones que correspondan. La urgencia con la que hay que responder ante tales daños justifica la figura adoptada.
La propuesta contempla un grupo equilibrado de medidas relevantes en casos de actuación urgente por causa de desastre natural, como son las subvenciones a entidades locales para la reparación de infraestructuras, la indemnización por determinados daños en producciones agrícolas y ganaderas, la previsión de beneficios fiscales sobre diferentes tributos, la reducción del pago de cuotas a la Seguridad Social, diversas medidas relacionadas con el mantenimiento del empleo, así como ayudas por daños a la vivienda, entre otros. Ante un real decreto-ley de corte eminentemente económico, como el que se presenta hoy, consideramos sin embargo que hubiera sido deseable conocer una primera estimación por parte del Gobierno del coste que implicará su aplicación. Parece razonable disponer de esta información para poder valorar adecuadamente la idoneidad del paquete de medidas propuesto. Por otro lado, nos queda la duda sobre cuánto de lo acaecido se hubiera podido prevenir, no tanto por una mejor gestión de la catástrofe cuanto por un mayor control de las actividades que se llevan a cabo dentro del área de la inundación natural del río.
Esto es relevante ahora y lo será en el futuro, puesto que los modelos climáticos predicen en general, y particularmente en la península Ibérica, un incremento de la variabilidad en las precipitaciones. Ante la amenaza real de que fenómenos como el que nos ocupa hoy se repitan con mayor frecuencia, es razonable exigir al Gobierno que, en aras de minimizar el riesgo de que se repitan daños similares en el futuro, ponga un mayor énfasis en el control de las actividades e infraestructuras que se permita realizar en áreas afectadas.
La obligada urgencia de esta medida no debería restar atención a los problemas de largo alcance que afectan y van a afectar en el futuro al Ebro. Nos referimos en particular a algunos episodios graves de contaminación, siendo el de Flix sin duda el más importante, y sobre todo a la gravísima amenaza de subsistencia que sufre el delta, agudizada por el pronosticado aumento del nivel del mar a consecuencia del cambio climático. Este enfoque preventivo y más a largo plazo debería presidir las actuaciones del Gobierno y a buen seguro minimizaría los costes que en el futuro vaya a tener que afrontar de nuevo en concepto de actuaciones reparadoras de daños que hubieran podido evitarse o, como mínimo, reducirse. En definitiva, y a pesar de las dudas que planteaba en el tramo final de mi exposición, Esquerra Republicana va a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Oliva, muchas gracias.
Continuamos con el turno del señor Guinart en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo va a posicionarse también favorablemente ante la convalidación de este real decreto, como no podía ser de otra forma, en tanto en cuanto así lo ha hecho en todos los que se han presentado ante esta Cámara. Es lógico que el Estado implemente, y cuanto antes mejor, una serie de medidas, un catálogo de estipulaciones para compensar los daños producidos por estas catástrofes naturales, como lo ha hecho anteriormente cuando se han producido incendios o inundaciones por tormentas tropicales, movimientos sísmicos u otro tipo de catástrofes naturales. Nuestro grupo lo ha
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hecho siempre así y también ha insistido en la necesidad de plantearse algún mecanismo que diera una mayor agilidad a ese tipo de decisiones y que no sea cada vez un real decreto-ley con su trámite parlamentario, sin sustraerlo de la soberanía popular que esta Cámara representa, sino por pura agilidad y eficacia que en este caso se ha dado en tanto en cuanto pocos días después ya se había aprobado este real decreto-ley que se está aplicando, como en otras ocasiones. Si hubiera un mecanismo más ágil que encuadrara este inventario de medidas, muy parecidas en todos los casos, se daría mayor seguridad y tranquilidad a los ciudadanos al ver que en catástrofes de este tipo hay previsto un catálogo de medidas de ayudas a las administraciones locales y provinciales, beneficios o incentivos fiscales, de Seguridad Social, laborales, créditos privilegiados o créditos blandos, que en este caso también se dan. Además, así se sustraería este mecanismo habitual de real decreto-ley a convalidar del uso partidista de esas catástrofes naturales, porque siempre existe la posibilidad de utilizar la ocasión para hablar de temas colaterales críticamente o de culpar a una administración u otra, bien del Estado o las autonómicas, de su mayor o menor eficacia en la actuación preventiva o ante cada una de las crisis que se produzcan.
Para nosotros es una novedad en este real decreto-ley que se planteen para un ulterior desarrollo reglamentario aquellos campos de actuación cuyo detalle es necesario conocer con mayor intensidad respecto a los daños producidos, lo que justifica todavía más no aceptar la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley en cuanto se prevé que se pueda ajustar su aplicación por vía reglamentaria, a diferencia de alguna ocasión anterior en que sí apoyó nuestro grupo su tramitación como proyecto de ley para incluir algunas zonas no previstas en el real decreto, que era mucho más preciso y minucioso en su descripción, por lo que nuestro grupo va a apoyar el real decreto-ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias señor Guinart.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señor Pintado. Cuando quiera.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, muchas gracias por su exposición de un nuevo decreto en cuanto a paliar los daños acaecidos por las inundaciones del río Ebro. A juicio de este portavoz y del Grupo Parlamentario Popular este no es un acto solamente de solidaridad sino también de justicia. Todo esto se deriva de los criterios de la directriz básica de la planificación de Protección Civil. Aquí se ha dicho por algún portavoz que habría que establecer mecanismos y protocolos, pero estos mecanismos y protocolos existen hace bastantes años. De hecho, la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio del Interior junto con los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, lógicamente, son los que en combinación con las comunidades autónomas tratan de mitigar los efectos de las riadas. Esos criterios son, por orden de importancia, salvaguardar la integridad de las personas, salvaguardar la afección a los núcleos urbanos y salvaguardar las infraestructuras agrarias, de carreteras e industriales. Estamos lógicamente de acuerdo con estos criterios. De aquí se deriva claramente esa necesidad de hacer justicia, no solamente solidaridad, con las indemnizaciones a los agricultores, con la reparación de los daños de las infraestructuras afectadas y con la reposición de los cauces también afectados.
El decreto-ley que hoy nos presenta el Gobierno podríamos denominarlo decreto ley tipo -se ha referido a ello el señor Beloki- en cuanto que uno hace unas referencias a los decretos firmados durante los últimos diez o doce años y prácticamente todos son del mismo tenor, salvo alguna variación introducida con motivo de la reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del régimen especial del IVA y especialmente las modificaciones introducidas con el Decreto 307, de 2005, en que se regulan las subvenciones a situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica. Este es el debate que hoy nos ocupa: celeridad en la tramitación de las ayudas, ejecución de las acciones encaminadas a subsanar las afecciones y el cálculo de las afecciones provocadas. Por cierto, señor ministro, en cuanto a su ámbito de aplicación en este real decreto aparecen Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña. A este diputado, a fecha de hoy -por eso estaría de acuerdo con lo que planteaba el señor Beloki-, no le consta que en la Comunidad Autónoma de Cataluña haya habido ninguna afección. En cualquier caso, nos gustaría conocer con todo detalle, en el momento que se pongan en marcha los distintos mecanismos para hacer la valoración definitiva, en qué queda ese asunto. Lo digo porque a veces tirando de tipex, de pegar y cortar, se puede pasar de un sitio a otro sin tener en cuenta exactamente las afecciones.
Quisiera introducir hoy un nuevo elemento en la convalidación de este decreto porque, señorías, la prevención es un aspecto fundamental para evitar las afecciones por las riadas. Lógicamente, como han dicho distintos portavoces no solo en esta Cámara sino fuera de ella, es difícil de predecir cuándo se va a producir una riada. Ahora bien, sí que es fácil de predecir qué es lo que ocurre con los ríos pirenaicos. Para eso, señorías, me gustaría que ustedes se hicieran con un documento del Centro Meteorológico Territorial de Cataluña que explica con todo detalle qué es lo que ocurre con los ríos pirenaicos y por qué se produce este tipo de aportaciones; aportaciones que en régimen natural si no existiera ningún embalse podríamos aprovechar aproximadamente el 10 por ciento.
¿Qué quiere decir esto? Yo quisiera decir a algunos portavoces que han hecho uso de la palabra anteriormente, cuando se empeñan en denostar
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las regulaciones de los embalses, que me gustaría que hoy el ministro del Interior o la ministra de Medio Ambiente que nos acompaña nos pudieran informar, y de hecho así se lo solicitamos ayer al secretario general de Ordenación del Territorio en su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, qué es lo que hubiera pasado con Zaragoza, qué es lo que hubiera pasado con Tortosa, qué es lo que hubiera pasado con todos los municipios de la ribera navarra o del centro de Aragón que hoy están afectados sin la labor de laminación tan importante, fundamental, que hacen los embalses a la hora de evitar catástrofes mayores. En este sentido, el Partido Popular ha apostado y sigue apostando por continuar con las regulaciones. Ayer, en el debate que se originaba en la Cámara, en la Comisión de Medio Ambiente, el secretario general de Ordenación del Territorio decía que en España tenemos 1.200 presas. Pero no son por casualidad sino porque en aras a las aportaciones que tienen nuestros ríos, no solo la vertiente del Mediterráneo en el caso del Ebro, sino en el resto de las cuencas hidrográficas, si no hubiera embalses difícilmente podríamos hacer un aprovechamiento racional. Nadie está hablando de hacer regulaciones para secar los ríos y hacer un aprovechamiento total, pero sí estamos hablando de hacer regulaciones para hacer un aprovechamiento hacia abastecimientos, aprovechamientos hidroeléctricos y medioambientales para establecer cauces, para regadíos por supuesto, y en el caso que hoy nos ocupa para las laminaciones de avenidas. Hay un mapa de la página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que les aconsejo que miren, donde aparecen los embalses de la cuenca del Ebro. Este diputado vive en este territorio y les puedo garantizar que durante los últimos quince o veinte años en las zonas donde existe más regulación no hay problemas de inundaciones. Es decir, las zonas donde todavía se pueden hacer regulaciones, donde hay pendientes regulaciones, donde el Ministerio de Medio Ambiente tiene el compromiso de ir hacia adelante con ciertas regulaciones, independientemente de los problemas que pueda haber, señora ministra, de carácter administrativo, de carácter medioambiental, cuando nos lleguen riadas de este tipo seremos capaces de trabajar con mayor perfección.
Un compañero ha dicho desde esta tribuna que había que variar los conceptos, y los conceptos iban en la dirección de crear zonas blandas de inundaciones. Este es un tema bastante peligroso porque antes de salvaguardar intereses -está ahí la directriz básica de Protección Civil- se tiene que poner en primer lugar la salvaguarda de la integridad de las personas, después de los núcleos urbanos y posteriormente de las cuestiones agrícolas. El hecho de sacar motas para que el agua circule libremente hacia los sectores agrarios puede ser una solución en un momento determinado, pero otro aspecto fundamental -que por el poco tiempo que me queda no podré analizar en profundidad- es el saneamiento de los ríos desde el punto de vista de los dragados y de las acciones.
Señora ministra, he tenido oportunidad de acceder a la página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro y valorar y estudiar cuáles son las actuaciones que en estos momentos está llevando el ministerio en los distintos ríos de la cuenca del Ebro. Si esto se puede presentar, como ayer intentó hacer el secretario general de Ordenación del Territorio, como una labor para dragar ríos, para poder crear cauces que permitan el paso de las avenidas, suena a broma; se lo digo con toda sinceridad y con todo respeto. Estamos totalmente de acuerdo con una serie de actuaciones, pero no se puede presentar la limpieza de barrancos, que conozco personalmente y por los que puedes pasar sin ningún problema, como una cuestión básica para evitar las inundaciones. Esa variabilidad tan importante en las aportaciones de los ríos pirenaicos va a venir condicionada, según se desprende de los últimos informes del cambio climático, por el hecho de periodos extensos de grandes sequías con periodos en los que va a haber un índice de pluviometría mucho más importante. Habrá que aplicar criterios a la hora de valorar y establecer los proyectos que hagan remodelar los cauces de los ríos, para dar una mayor celeridad y una mayor capacidad de desagüe a este asunto tan importante.
Como conclusión, a juicio del Partido Popular, la previsión es la mejor herramienta para trabajar en esta dirección. Hay una necesidad clara de seguir trabajando en las obras de regulación previstas en el plan de la cuenca del Ebro, en el que aparecen una serie de medidas de lucha contra las crecidas y las riadas. Sabemos que hace falta una decisión política clara de acometer la entrada en los ríos. Señora ministra, creo que usted ha pasado por algún proceso en el que ha tenido que hacer valoraciones importantes en ese sentido; también a los que hemos tenido responsabilidades en gobiernos anteriores nos ha tocado bregar con ese tema; pero hay que encontrarse con un alcalde cuando la crecida está llegando a su núcleo urbano para poder decir no solamente a los grupos ecologistas, sino también a algún juez o fiscal que en un momento determinado ha paralizado algunas de estas obras, qué es lo que se siente y cuáles son los ríos que ahí se ponen. Respeto medioambiental, por supuesto, pero si seguimos con la directriz básica de protección de medio ambiente habrá que tener muy en cuenta los trabajos en los cauces de los ríos. En ese sentido hay que ir a las causas y no a los efectos. En tanto en cuanto se produzcan situaciones de este tipo, serán necesarias acciones rápidas como este decreto-ley y también el suficiente desarrollo reglamentario. Los poderes públicos tenemos la obligación de velar de forma continua y eficiente por estas situaciones que tanto daño provocan.
En definitiva, de cara a los ciudadanos de todas esas zonas, a todos los ciudadanos ribereños del Ebro y de otros ríos en los que se producen inundaciones, el mejor mensaje que podemos enviar hoy con la aprobación de este decreto es la certidumbre de que estamos trabajando y que cuando se produzcan situaciones de este tipo sepan que tienen el apoyo no solamente del
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Gobierno de la nación y de los gobiernos regionales sino también de toda esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Pintado.
Finalizamos, señorías, con el turno de la señora Castillejo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro del Interior, señora ministra de Medio Ambiente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para mostrar el apoyo a la convalidación de este real decreto-ley que pretende, como se ha dicho, contribuir a reparar los daños causados por el reciente desbordamiento producido en la cuenca del río Ebro durante la última semana de marzo y la primera del mes de abril. El temporal de lluvia y de nieve que azotó el norte de nuestro país provocó que el río alcanzara importantes desbordamientos que han otorgado carácter extraordinario a esta crecida, provocando una situación de desastre natural, como afirma este real decreto. Ratificaremos en este acto una serie de medidas, decididas y aprobadas con carácter urgente por el Consejo de Ministros, destinadas a paliar los daños producidos en varias comunidades -La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña- que han afectado, como ya se ha dicho, a carreteras y a distintas redes de abastecimiento y saneamiento, causando graves pérdidas en cultivos, infraestructuras agrícolas y explotaciones ganaderas en los márgenes del río Ebro y de sus afluentes. Huelga expresar en nombre de mi grupo un reconocimiento a todas aquellas personas, profesionales de los distintos ámbitos y administraciones, que han formado parte del operativo establecido para evitar males mayores en las poblaciones afectadas.
Creemos que el Gobierno de España, en el marco de sus competencias, ha actuado de una manera rápida y eficaz con la remisión de este real decreto al Congreso que supone un importante catálogo de medidas, en términos de solidaridad y equidad, que abarca la reparación de daños en infraestructuras, equipamientos e instalaciones, beneficios fiscales, indemnizaciones en el ámbito agrícola y ganadero y el resto de medidas expuestas ya con detalle por el ministro del Interior, medidas todas ellas que persiguen un objetivo importante, un objetivo nada desdeñable como es la recuperación de la normalidad en las circunstancias sociales, geográficas y humanas de las zonas afectadas. Mi grupo también quiere poner en valor la inmediatez en la actuación del Gobierno, porque estamos hablando de la aprobación de estas medidas por el Consejo de Ministros apenas cuatro días después de producirse estas inundaciones. El ministro del Interior ha hecho un extenso relato del texto que se somete a nuestra consideración, por lo que no me extenderé en este punto ni replicaré a algunas de las afirmaciones que fueron objeto de debate en la Comisión de Medio Ambiente que celebramos en el día de ayer, a la que, por cierto, señora Navarro, asistimos únicamente tres grupos para hablar de estas inundaciones y también del Ebro en general, aunque en realidad, señor Pintado, parece que algunos no estuvieron en esa Comisión en la que compareció el secretario general en nombre de la ministra, que siempre -y esto que quede bien claro- está a disposición de esta Cámara, y ustedes lo saben muy bien.
Quiero detenerme en el hecho de que en estas semanas pasadas, y con motivo de estos desafortunados acontecimientos, hemos tenido que asistir a las manifestaciones de distintos representantes políticos que, lejos de aportar calma y serenidad, han arrimado el ascua a su sardina para hacer un uso partidario de unos hechos que han perturbado el devenir diario de miles de ciudadanos que habitamos la ribera del Ebro. Hoy hemos vuelto a escuchar en este hemiciclo el eco de esas declaraciones de líderes, todos ellos del Partido Popular, un partido que una vez más en lugar de aportar soluciones alimenta la crispación y la confrontación. Fíjense que dudan incluso de la inclusión de Cataluña en este real decreto y elevan además el tono de sus reivindicaciones en función de quién es el partido que gobierna en España. Quizás yo les recomiendo que tomen ejemplo de las actuaciones de los alcaldes de los municipios afectados en mi comunidad, que han sido capaces de dejar sus diferencias a un lado para formar un frente común y unirse para buscar soluciones a un hecho, las riadas del Ebro, que, dicho sea de paso, no es algo que no conozcamos de toda la vida quienes vivimos en su ribera. En efecto, las inundaciones del Ebro más o menos importantes, más o menos graves, no son un fenómeno nuevo y decirlo resulta una obviedad. Lo que sí es nuevo es que un partido acuse directamente y sin ambages al Gobierno de España poco menos que de causar estas inundaciones, como hemos podido leer en algún medio de comunicación y hoy se ha insinuado -no se ha dicho tan claro, pero se ha llegado a insinuar- en esta tribuna gracias al fundamentalismo medioambiental que, al parecer, este Ejecutivo practica. Señorías, cuando lo que cabía esperar era solidaridad y aportación de soluciones, lo que hemos escuchado en estos días ha sido la resurrección de debates superados, además de afirmaciones que lo único que pretenden es el enfrentamiento entre territorios y, en definitiva, el enfrentamiento entre los ciudadanos de estos territorios. Lo decía la señora Navarro: hemos asistido atónitos a las declaraciones del señor Sanz, el presidente de mi comunidad, la Comunidad Foral de Navarra, que ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a su presidente, de actuar perjudicando a Navarra en beneficio de Aragón. Y hemos escuchado al Partido Popular de varias comunidades lanzando una vez más acusaciones sobre el desperdicio del agua del Ebro o, lo que es peor, asegurando que las inundaciones se deben a la derogación del trasvase del Ebro, ese trasvase para el cual la Unión Europea denegó todas las peticiones de
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financiación por sus efectos tan sumamente negativos en términos de sostenibilidad medioambiental.
Señorías, desde nuestro grupo creemos que estas acusaciones carecen de rigor, de sensatez, de sentido común, y parece mentira que provengan de quienes se definen a sí mismos como garantes de la unidad de España.
Quienes pretendemos aportar mecanismos y herramientas para solucionar este tipo de catástrofes naturales, lejos de poner el acento en lo que nos separa, preferimos emplear nuestros esfuerzos en actuaciones de importancia capital para el futuro de nuestro país; y, lejos de emplear nuestros recursos hídricos para enfrentar a los ciudadanos, optamos por situar en el frontis de nuestra actuación no solo elementos y herramientas eficaces para una política hídrica sostenible, sino además todas las medidas posibles que puedan contribuir a paliar el cambio climático, porque no podemos olvidar que los expertos nos están alertando ya de que el cambio climático traerá más riadas y en periodos de tiempo más cortos.
No puedo acabar esta intervención sin apelar, como recientemente lo hacía el Senado por unanimidad de los grupos, a la mayor colaboración posible entre administraciones para desarrollar con urgencia las medidas de este real decreto. No me cabe duda alguna de que los esfuerzos del Gobierno de España ya están encaminados en este sentido, lo reconocía el señor ministro citando la reunión de coordinación que este mismo martes se celebraba. Asimismo, quiero hacer un llamamiento para que se abunde en las medidas necesarias para la regulación y protección de los márgenes del río Ebro que sean necesarias para prevenir en un futuro las riadas e inundaciones. No me cabe ninguna duda de que este Gobierno trabaja en ese sentido y cumplirá con ambas aspiraciones, además de, como decía la señora Barkos -permítaseme este paréntesis-, cumplir en el marco de sus competencias con los ciudadanos afectados en la Comunidad Foral de Navarra.
Acabo manifestando la importancia de la aprobación de estas medidas en el día de hoy. Cualquier actuación en sentido contrario, como solicitar un artificial debate tramitando esta iniciativa como proyecto de ley, supondría un retraso y un perjuicio innecesario para los afectados por las inundaciones del río Ebro.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Castillejo.
- REAL DECRETO-LEY 4/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO. (Número de expediente 130/000044.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos, señorías, al debate del último punto del orden del día de hoy, referido al Real Decreto-ley 4/2007, de 13 abril, por el se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Comenzaremos, señorías, en el turno de exposición por parte de un miembro del Gobierno de las razones que han obligado a la promulgación de este real decreto-ley, con la intervención de la señora ministra de Medio Ambiente. Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna para defender la convalidación de un decreto-ley que no supone innovación jurídica alguna, puesto que se trata de restaurar un régimen de funcionamiento, previsto en nuestra legislación de aguas, en la Ley de Aguas de 1985, y ratificado en la legislación vigente en esta materia, que se ha visto alterado por una sentencia de la Sala quinta del Tribunal de lo Contencioso-administrativo del pasado día 18 de octubre del año 2006. Esa sentencia, señorías, se refiere a la nulidad de un artículo del reglamento de dominio público hidráulico, de acuerdo con la redacción dada a este reglamento en el Real Decreto 606, del año 2003. Se trata del artículo 245.2, que es el que regula las autorizaciones de vertido indirecto, es decir, las autorizaciones relativas al vertido no al cauce de los ríos, no al dominio público hidráulico, sino el vertido a las redes de alcantarillado, a las redes de saneamiento de nuestras ciudades.
Esas autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas y, en particular, con lo desarrollado reglamentariamente en el texto del decreto señalado del año 2003, estaban atribuidas a las autoridades competentes, sean locales o autonómicas, en razón precisamente de que se trata de un vertido a las redes de saneamientos y, por tanto, de acuerdo con las atribuciones que tienen los gobiernos autonómicos y locales en esta materia, nuestra legislación de aguas atribuía dicha función de autorización a estas administraciones. Pues bien, la sentencia de la Sala quinta del Tribunal de lo Contencioso-administrativo ha venido a declarar nulo este artículo, puesto que conculca la Ley de Bases de Régimen Local que exige que para atribuir competencias a los entes locales se debe de utilizar una norma con rango de ley y, en este caso, esa competencia la teníamos contemplada en una norma con rango de decreto. Por tanto, señorías, este real decreto-ley pretende restablecer el régimen de funcionamiento que se ha dado a lo largo de los años y que no debe de ser alterado, por cuanto los organismos públicos de cuenca no pueden atender esa función de autorización de vertido porque carecen de los medios técnicos y materiales que permitan controlar la gestión del saneamiento, la gestión de las redes, la gestión de los alcantarillados. En el supuesto de que no aprobásemos este decreto-ley, de que no modificáramos la Ley de Aguas para incorporar en ella de forma nítida y explícita las competencias de los entes locales autonómicos en esta materia, nos encontraríamos en una situación de grave irresponsabilidad
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en la gestión de los vertidos de aguas residuales. Por tanto, señorías, pido la convalidación de este Decreto-ley a la Cámara recordando que en España existen 8.000 municipios y que en ellos, a su vez, hay miles de vertidos de distintas empresas y comunidades de producción que vierten no directamente al cauce de los ríos, no directamente al dominio público hidráulico, sino a través del alcantarillado, y la sentencia del año pasado ha provocado una situación que en estos momentos hace peligrar la buena gestión de las aguas residuales en nuestro país. De hecho, hay multitud de expedientes en tramitación que han quedado en suspenso o más bien, de acuerdo con esa sentencia, han pasado a ser competencia de repente de los organismos públicos de cuenca. Por tanto, teniendo en cuenta el carácter extraordinario y urgente de la situación que se ha creado con esta sentencia relativa al Decreto 606/2003, pedimos que se recupere la situación precedente, esta vez, por supuesto, de acuerdo con lo que establece la Ley de Bases de Régimen Local.
Señorías, como ven, no se trata de cambiar desde el punto de vista jurídico nada de lo que hasta ahora ha sido habitual, sino más bien de que se pueda seguir trabajando en el ámbito competencial en esta materia, de acuerdo también plenamente con la Ley de Bases de Régimen Local.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.
¿Algún grupo desea ejercer turno en contra? (Pausa.)
Señor Labordeta, comenzamos con usted en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, haré una intervención muy breve para llamar la atención sobre la situación en la que quedan los municipios con este decreto que les devuelve competencias y que, sin embargo, puede suponer que las confederaciones abandonen a su suerte a muchos ayuntamientos que no tienen ni formación ni personal para tramitar con corrección técnica esos asuntos.
En algunos supuestos, ciertas actividades industriales de vertido, sería necesario el informe de la confederación correspondiente y demandamos al Gobierno que reflexione sobre esta situación que acerca a la Administración local más responsabilidades, pero que sin compensación no hace más que degradar los servicios. Ha pasado con muchas leyes y sigue pasando con demasiada frecuencia. Nos queda esta duda. Además, la exposición de motivos me genera más incertidumbre, sobre todo la afirmación de la primera parte del párrafo cuarto y el final del penúltimo párrafo.
En fin, este tema del agua necesita recursos y en este sentido pediría más explicaciones sobre el coste-beneficio de esta decisión. Y una pregunta que dejo en el aire: ¿era la menos mala de las soluciones posibles este decreto?
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Labordeta.
Señor Mardones, su turno en nombre de Coalición Canaria.
Señora ministra de Medio Ambiente, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley porque vemos que se ha tomado la solución de técnica legislativa y competencial más razonable y de sentido común. La sentencia de la Sección 5ª de la Sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, al tomar la sentencia de octubre del año pasado en consideración de su aplicación, ha generado verdaderamente un galimatías jurídico de una doble competencia; una competencia en los organismos de cuenca, en las confederaciones hidrográficas, y una competencia que las entidades locales entendían, fundamentalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, que en el caso de Canarias o Baleares hubiera sido esperpéntico porque, con la aplicación directa de la sentencia del Tribunal Supremo en los archipiélagos que no tienen cuencas hidrográficas, ¿quién hubiera entonces ejercido este tema? La sentencia es impecable jurídicamente. Señala que se ha conculcado la Ley de Bases de Régimen Local según la cual un ayuntamiento o una corporación local no puede ejercer una competencia que se le haya transmitido por rango inferior al de ley, es decir, por un real decreto, como es el caso de los aprovechamientos o de la disciplina hidráulica que anula en ese artículo 245 la sentencia del Tribunal Supremo. Pues bien, si era necesaria una ley para los ayuntamientos, para las corporaciones locales y para las comunidades autónomas que no tuvieran reconocida esta competencia en sus estatutos de Ley orgánica de autonomía, ¿qué ocurre con Baleares y Canarias? A nosotros esto nos plantea un limbo. No hay organismos de cuenca; por tanto, ¿quién ejerce esa competencia si el Tribunal Supremo, entre los ocho mil y pico municipios que ha señalado la señora ministra que hay en España, dice a los municipios de Baleares y Canarias que no están incluidos en territorios de cuencas hidrográficas? Los ayuntamientos canarios concretamente se encuentran con un vacío, en un auténtico limbo. También es lógico que, si las autorizaciones administrativas para el vertido de aguas residuales dependen de si son cauces de dominio público -en este caso las confederaciones se ocupan de ello- o de si se trata de vertidos a alcantarillados o a colectores, obras de licencia municipal o competencia autonómica, esto se regule, pues no se puede llegar al absurdo de exigir a las confederaciones hidrográficas un vertido de aguas residuales a una red de alcantarillado, que es municipal, o a colectores
cuya autorización de trazado, obra civil, construcción y mantenimiento puede ser competencia de la comunidad autónoma. El rigor de la ley no consiste solo en aplicar una autorización administrativa, sino en tener los instrumentos técnicos para comprobar la toxicidad del vertido, las condiciones en que se hace, los diluyentes, los productos tóxicos, etcétera. Resulta que hay confederaciones que no tienen estos recursos técnicos y en Canarias, como no existen las confederaciones, no puede haber un ente abstracto jurídicamente creado por una sentencia del Tribunal Supremo. Ni siquiera tienen asistencia jurídica para tener los medios técnicos. ¿Quién tiene los medios técnicos para la comprobación de los vertidos? Los ayuntamientos, en el archipiélago canario los cabildos o las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas, que tienen equipos de funcionarios, de análisis químicos, de análisis bacteriológico de las aguas residuales que se vierten. La solución que se da en este real decreto-ley nos parece jurídicamente acertadísima, pues saca a Canarias y a Baleares del limbo en el que esa sentencia les había puesto al no tener, como he dicho, organismos hidrográficos de cuencas correspondientes y ni siquiera los medios técnicos para hacerlo. Se entiende que la Ley de Aguas que tenemos en este momento es suficiente para dar salida a la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo y el correspondiente rango a la transferencia de una competencia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas en base a la Ley de Bases del Régimen Local y que la Ley de Aguas, por tener rango de ley, con el decreto legislativo que la acompañaba, tiene el valor jurídico suficiente para atender la indicación del Tribunal Supremo de respeto a la legislación competencial. Por esta razón nos parece acertadísima la fórmula. No se podía tener durante más meses a los ayuntamientos de Canarias y a los de Baleares con esa incertidumbre jurídica, en ese limbo, por lo que la urgencia para nosotros está plenamente justificada, señora ministra, y por esta razón vamos a votar favorablemente la convalidación inmediata de este real decreto-ley.
Continuamos con el turno del señor Herrera en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Mi grupo también va a dar su apoyo, señora ministra, por lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues lo que se hace es dar respuesta, precisamente, a esta resolución de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de 18 de octubre de 2006. Lo que vamos a hacer es legislar para hacer lo que se hacía. El Gobierno debía aprobar esta medida, este real decreto-ley, y vamos a continuar haciendo lo que se hacía.
Quiero aprovechar la oportunidad en la que vamos a modificar una parte de este texto refundido de la Ley de Aguas para preguntarle cuándo vamos a modificar dicha ley, pero de verdad. Digo esto porque todos hemos escuchado a multitud de grupos que han trabajado con ustedes y muy bien para modificar la Ley de Aguas. Precisamente hoy existe una demanda para que esta ley se modifique y avanzar hacia la nueva cultura del agua, como usted ha planteado en multitud de ocasiones y nosotros también.
Entendemos que, si bien era fundamental dar respuesta a esta resolución del Supremo, tan importante como esto es aprobar una nueva Ley de Aguas en la que se introduzcan esas medidas, usted sabe el caso de Adena y de otras organizaciones ecologistas. Existe una gran preocupación por que, finalmente, en esta legislatura no veamos la Ley de Aguas. Nosotros creemos que o se presenta de forma inmediata ese proyecto de ley o lo que nos vamos a encontrar, en definitiva, es que vamos a acabar la legislatura habiendo hecho los deberes en las grandes infraestructuras, es decir, derogando el trasvase del Ebro y abordando esa nueva cultura de la energía en lo que se refiere a materia de infraestructuras, y nosotros coincidimos con ello, pero no habremos hecho las modificaciones legislativas oportunas, con las que además me consta que usted está de acuerdo. Por tanto, nuestra preocupación es esa.
Yo quería aprovechar la oportunidad para decir cuándo. Lo digo porque incluso, en el caso de que decidiésemos aprobar el real decreto-ley y tramitarlo como ley -sé que no va a ser así-, podríamos introducir todas las modificaciones en el trámite parlamentario que nosotros queremos introducir en la Ley de Aguas. La verdad es que voy a estar atento a una respuesta, porque para nosotros un elemento fundamental es no ya la aprobación de este real decreto, sino la aprobación de una modificación sustancial de la Ley de Aguas hoy vigente.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera, muchas gracias.
Señor Txueka, adelante, en nombre del Grupo Vasco.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta, señora ministra.
Evidentemente, como el resto de los grupos mi grupo también va a apoyar el real decreto-ley que se nos propone y que viene a atribuir a los entes autonómicos o locales la competencia para autorizar vertidos indirectos, aguas superficiales y a solventar la falta de rango normativo del real decreto que fue apreciado por el Tribunal Supremo. La precisión para ello, como nos ha explicado la señora ministra, una ley que de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local modificara esta cuestión. La anulación de este artículo llevó a que fuera el organismo
de cuenca el único competente para autorizar los vertidos, generando graves problemas de gestión. El real decreto-ley nos parece correcto y adecuado y volvemos a una situación que era la que debía de ser.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Txueka.
Señor Guinart, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene usted la palabra.
Intervengo para mostrar nuestro apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, porque supone la solución técnica a una voluntad política que en momento ya fue mayoritaria que era la de atribuir por coherencia, por lógica y por eficacia en la gestión las autorizaciones para que las aguas residuales vayan a los alcantarillados de los municipios o a la distribución de menor capilaridad de aquella Administración que le es más próxima, como pueden ser los ayuntamientos y las comunidades autónomas, con lo cual con este real decreto se supera lo que fue en su momento probablemente un desliz jurídico al no tener en cuenta la Ley de Bases del Régimen Local que prevé que a los municipios o a las autonomías se les atribuían las competencias con normativas con rango de ley. En este caso, lo que se hace es superar esta circunstancia. De esta forma se consigue una unidad de acción por parte de quien gestiona posteriormente los alcantarillados y la misma Administración es la que debe autorizar y, en consecuencia, controlar con medios técnicos y humanos esta actuación, que es básica para la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otro lado, entendemos que esto se pueda tramitar vía real decreto ley, por tanto, con un cierto carácter de urgencia, porque se están produciendo colapsos en las autorizaciones de este tipo que en nada contribuyen a una mejora de la calidad de vida en este caso de las aguas residuales o de los abocaments -no me sale la palabra en castellano- a los alcantarillados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Guinart.
Señora De Lara, en nombre del Grupo Popular, el turno es suyo.
La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoyará el real decreto que hoy nos ha presentado la señora ministra por entender que la sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de octubre de 2006, supuso que la competencia para autorizar los vertidos indirectos a aguas superficiales pasa a ser de los organismos de cuenca, al igual que el control y el cumplimiento de las condiciones de la correspondiente autorización. Ello supone, señorías, como ya se ha dicho aquí, disociar esa competencia de los entes que gestionan las redes de conducción de aguas residuales en las que se producen tales vertidos, tal y como indica el texto del real decreto. Indudablemente eso es una competencia que debe corresponder a la Administración autonómica y a las entidades locales, que son las que disponen de los elementos técnicos indispensables para su control, seguimiento y adecuación a la normativa vigente, a la vez que presta agilidad al proceso. Por consiguiente, reitero nuestro voto favorable al real decreto.
Aquí, señorías, podía haber terminado mi intervención, si no quisiera denunciar ante esta Cámara un hecho, en mi opinión, extremadamente grave que se ha producido. Se ha dicho ya -y yo reitero- que, a raíz de la sentencia, las competencias para autorización y control de los vertidos han pasado automáticamente a los organismos de cuenca. Hoy, al aprobar el real decreto, pasarán de nuevo a las comunidades autónomas y entidades locales, es decir, señorías, entre octubre de 2006 y abril de 2007 las competencias eran de los organismos de cuenca. Denuncio ante esta Cámara, señorías, la actuación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que el pasado mes de febrero anunció a bombo y platillo que retiraba las competencias de control de vertidos al Ayuntamiento de Morón de la Frontera, del Partido Popular, dada la pasividad del ayuntamiento. Creo, señorías, que esto es intolerable, porque o bien el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desconocía la sentencia y desconocía que ya él ostentaba estas competencias -algo impensable que desconociera la sentencia y, de ser así, merece, por supuesto, ser inhabilitado- o bien, como nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, utilizó las instituciones para mentir, manipular y engañar, ya que indudablemente en el mes de febrero no puede quitarle unas competencias al Ayuntamiento de Morón, que usted sabe, señora ministra, que no poseía. No podía quitárselas ni al Ayuntamiento de Morón, del Partido Popular, ni a ningún ayuntamiento de España.
(Rumores.) Las competencias ya eran de los organismos de cuenca. También usted, señora ministra, en Andalucía se refirió a la retirada de competencias del Ayuntamiento de Morón. Señorías, la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía compareció en sede parlamentaria el 8 de marzo para valorar la retirada de competencias en control de vertidos al Ayuntamiento de Morón, del Partido Popular, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, afirmando que habían tenido que tomar la decisión, que había sido una decisión muy dolorosa, pero que la habían tenido que tomar. Es decir, la consejera de Medio Ambiente mintió en sede parlamentaria, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mintió, sabiendo que el ayuntamiento no ostentaba estas competencias, que decían ellos que se las quitaban.
Señorías, que desde las instituciones se utilice la mentira, el engaño y la manipulación con fines políticos, en este caso contra un alcalde del Partido Popular, creemos que es algo inadmisible y que, haciéndolo reiteradamente
como lo está haciendo el Partido Socialista, están ustedes dañando la democracia. Que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya engañado y haya mentido a los andaluces con finalidad política es algo reprobable y que, en mi opinión, no puede quedar impune.
Espero, señora ministra, que usted utilizará hoy su turno de réplica -que tiene si desea- en sede parlamentaria para pedir disculpas en su nombre, porque usted también se refirió a esta mentira, en nombre del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, y en nombre de la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía del Partido Socialista y, en su nombre, le pedirá usted disculpas ante esta Cámara a los andaluces y a todos los españoles, porque aunque estemos en época electoral, señora ministra, no vale esta mentira continuada a la que nos tienen acostumbrados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora De Lara.
Finalizamos, señorías, con el turno del señor Mas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, hoy consideramos la convalidación del Real Decreto-ley 4/2007. Esta real decreto surge de la situación creada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 18 de octubre de 2006, que declara nulo el último inciso del artículo 245.2 del reglamento del dominio público hidráulico, en la redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se otorgaba la competencia para emitir las autorizaciones relativas a vertidos indirectos a aguas superficiales al organismo autonómico o local competente. Señoras y señores diputados, estamos prácticamente debatiendo una línea de texto normativo.
La sentencia del Tribunal Supremo recuerda que la atribución de competencias a los entes locales, según la Ley reguladora de las bases del régimen local, solo puede determinarse por una norma de rango de ley, y no por disposición reglamentaria, hecho este que cualquier municipalista ha defendido siempre. Frente a esta sentencia, el Gobierno nos propone, en el real decreto-ley que hoy consideramos, incluir aquella pretensión prevista en el reglamento del dominio hidráulico en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, corrigiendo de esta forma la causa de nulidad del inciso en cuestión. El Grupo Parlamentario Socialista considera adecuada esta propuesta, ya que estaba en la idea prevista inicialmente en el reglamento. Se reafirma además en la conveniencia de que esta competencia esté radicada en la administración que mejor conoce la problemática que comporta y, al mismo tiempo, gestiona la infraestructura donde se produce este vertido indirecto, y en tercer lugar, como ya he dicho antes, esta propuesta resuelve la causa de nulidad determinada por la sentencia del Tribunal Supremo.
El ministerio podría haber considerado mantener la adscripción al ámbito de las confederaciones hidrográficas, las entidades gestoras de cuenca, pero esto hubiera sido un absurdo, ya que estas hubieran tenido que cargar con una responsabilidad que les es lejana y desconocida, al tiempo que disociada con el ente gestor de la infraestructura y el ente autorizador del vertido. Señorías, estamos hablando de autorizaciones de vertidos a alcantarillas.
No creo que haya que extenderse demasiado en la consideración del carácter extraordinario del tema; solo quiero resaltar la necesidad del correcto y de sentido común reparto de competencias. Señor Labordeta, no se preocupe, las corporaciones locales tienen entidades de apoyo de segundo grado que pueden ayudar a realizar estas tareas. Asimismo, creo que tampoco hay que debatir el carácter de urgencia, toda vez que una tramitación de una disposición legal ordinaria comportaría un periodo dilatado, en el que nos encontraríamos con la disociación entre los organismos gestores de cuenca y los organismos gestores de las infraestructuras. Por tanto, el voto del Grupo Parlamentario Socialista será favorable a la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora ministra de Medio Ambiente, Narbona Ruiz, pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Mas.
Señorías, la señora ministra me pide la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hacer uso de un brevísimo turno final, en primer lugar, para agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios el apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, que como se ha señalado lo único que hace es restituir la situación de responsabilidades y de competencias que ha existido hasta el momento de esa sentencia, y que obligaba a ayuntamientos y a comunidades autónomas a ejercer adecuadamente sus competencias. Debemos partir de ese reconocimiento, porque de lo contrario tendríamos que decir que, desde la aprobación de la Ley de Aguas y del reglamento del dominio público hidráulico, comunidades autónomas y ayuntamientos estaban actuando sin tener competencia para ello. Entendemos que hoy se repara esta situación en el plano efectivamente formal, tal como nos exige el cumplimiento adecuado de la Ley reguladora de las bases del régimen local, pero, señoría, las responsabilidades han sido, durante todo este tiempo, antes y después de esa sentencia, en la práctica, de los entes locales y de las comunidades autónomas.
Quiero contestar al portavoz, señor Herrera, que preguntaba sobre cuándo se aprobará la reforma de la Ley de Aguas. Quiero decirle, señoría, que tenemos la
voluntad de que se pueda aprobar la reforma de la Ley de Aguas dentro de esta legislatura, y querríamos hacerlo con el máximo acuerdo social posible. Por eso, señoría, ante la reacción que determinados sectores representantes de los regantes, en particular, han tenido cuando se estaba preparando la reunión del pleno del Consejo Nacional del Agua, ante los últimos artículos que no habían sido todavía objeto de análisis por ese órgano, cuyo informe tiene carácter preceptivo para una reforma de la Ley de Aguas, hemos considerado oportuno que se estableciera un cauce de diálogo directo con ese sector, cauce que ha tenido ya su primera manifestación en una reunión conjunta, tanto del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad como del secretario general de Agricultura los días pasados, con representación de los usuarios del agua, y, gracias a ello, hemos vuelto a encontrar el hilo conductor de un posible acuerdo amplio sobre el contenido básico de esa reforma de la Ley de Aguas. Por tanto, señorías, espero que podamos culminar cuanto antes el proceso -que es necesario- de consulta y de informe del Consejo Nacional del Agua.
Por último, señora de Lara, creo que usted estará de acuerdo conmigo en que, en el caso de Morón de la Frontera, de acuerdo con la información disponible, se habían producido numerosísimos incumplimientos en lo que se refiere precisamente a la calidad de los vertidos indirectos, competencia del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Eso es lo relevante, señoría, porque, sin perjuicio de que, efectivamente, haya habido una sentencia, mucho antes de esa sentencia el Ayuntamiento de Morón de la Frontera era uno de los que acumulaba el número más alto de denuncias, de expedientes abiertos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo que interesa a los ciudadanos es que los ayuntamientos y que todas las administraciones cumplamos cada una con nuestra obligación. Por supuesto, cualquier error de carácter formal que se haya podido producir -cuando efectivamente ya estábamos en un periodo, al menos, que requería el acto que hoy estamos realizando- por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo asumo en primera persona, pero, señoría, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera tiene que corregir, y de manera muy radical, su comportamiento, que ha sido manifiestamente irresponsable durante demasiado tiempo y ha sido el que, efectivamente, ha producido una contaminación al cauce del río Guadalquivir, en concreto, al Guadaira, que debe de ser efectivamente corregida. Espero que, a partir de la convalidación de este real decreto-ley, ni el Ayuntamiento de Morón de la Frontera ni ningún otro ayuntamiento en nuestro país, gobierne quien gobierne, dejen de cumplir adecuadamente con sus funciones.
Tres minutos, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, aquí no venimos a valorar el cumplimiento o incumplimiento del Ayuntamiento de Morón, especialmente en una fase en la que no tenía las competencias para el control de los vertidos. Yo, por supuesto, me manifiesto a favor de que todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas cumplan los temas ambientales que son de su competencia. Aquí lo que yo he denunciado ha sido el engaño, la manipulación y la mentira del presidente de la Confederación de Guadalquivir, la mentira de sus palabras corroborando que habían quitado las competencias, y la mentira de la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que el 8 de marzo -las competencias eran del organismo de cuenca- fue a sede parlamentaria a valorar por qué habían quitado unas competencias que indudablemente no podían quitar. Aquí valoramos las mentiras, señora ministra: suyas, del presidente de la confederación, y de la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Cerrará el debate, señorías, la señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señorías, me alegro de que el Partido Popular quiera en esta sede parlamentaria hablar de mentiras, pero, si queremos hablar de mentiras, llevaría mucho tiempo esta mañana. Insisto en que lo importante es que los ayuntamientos, y el de Morón de la Frontera en particular, cumplan con las responsabilidades y con las competencias que tienen atribuidas. Ya le he dicho, señoría, que cualquier error formal que se haya producido lo asumo en primera persona, como ministra, y por lo tanto no hay nada más que añadir a mis palabras esta mañana. Si quieren hablar de mentiras, podemos abrir otro turno, señoría. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a dar lectura a la declaración institucional del Congreso de los Diputados con ocasión de la Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial.
Será la secretaria primera de la Mesa quien dé lectura a dicha declaración.
La señora SECRETARIA PRIMERA (Sainz García): Del 23 al 29 de abril de 2007 tiene lugar la Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial. Sumándose a esta iniciativa de Naciones
Unidas, la Comisión Europea ha constituido el día 27 como el Día Europeo por la Seguridad Vial. En el marco de las mismas, el Congreso de los Diputados quiere sumarse a las actuaciones de apoyo en la prevención de accidentes de tráfico, y de manera especial mostrar la solidaridad con las víctimas y sus familiares.
Cada año mueren en el mundo alrededor de un millón doscientas mil personas como consecuencia de los accidentes de tráfico, y en nuestro país siguen suponiendo la primera causa de mortalidad de jóvenes menores de 39 años.
Ante esta realidad, el Congreso de los Diputados quiere reafirmar su voluntad de seguir trabajando, desde el máximo consenso, tanto en medidas de concienciación y formación como en la mejora de las infraestructuras viales y las medidas de atención a las víctimas. En este sentido, reafirmamos también nuestra voluntad de modificar el Código Penal, en la línea ya acordada, desde un amplio consenso, en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, y nos comprometemos a seguir impulsando el necesario cumplimiento del objetivo europeo de reducir, en un 50 por ciento en el año 2010, la tasa de mortalidad como consecuencia de accidentes de tráfico.
En esta misma línea, y para cumplir estos objetivos, desde el Congreso de los Diputados consideramos necesario continuar de manera decidida con los esfuerzos en la detección y supresión de los tramos de concentración de accidentes; revisión permanente de la señalización; recubrimiento de las barreras agresivas IPN, y mantenimiento constante del asfalto.
Todas estas medidas, junto con la presencia de la educación vial en las diferentes etapas del sistema educativo, deben contribuir a mejorar la prevención de accidentes de tráfico, sumándonos a las actuaciones que en diciembre de 2005 quedaron ya reflejadas en la Resolución A/60/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre mejora de la seguridad vial en el mundo. Pleno del Congreso de los Diputados de 26 de abril de 2007.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora secretaria. (Aplausos.)
Llamamos a votación.
- REAL DECRETO-LEY 3/2007, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS POR DESBORDAMIENTOS EN LA CUENCA DEL RÍO EBRO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE MARZO Y LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL DE 2007. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 130/000043.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Procedemos a iniciar las votaciones, que serán un mínimo de tres. En primer lugar, la referida al Real Decreto-Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 258.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Los votos emitidos han sido 258 y todos ellos se han emitido a favor. Por tanto, queda convalidado el real decreto-ley.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Denegaciones.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Procedemos a la segunda votación, la del Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 260.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Han sido 260 los votos emitidos, todos ellos a favor. Queda, por tanto, convalidado el real decreto-ley.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Denegaciones.)
(Número de expediente 110/000211.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Último punto del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Pues pasamos a la tercera y última votación, que tiene que ver con los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, y en particular a la votación separada del dictamen relativo al siguiente acuerdo: acuerdo sobre la seguridad de la información entre las partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 253; en contra, cuatro; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda, por tanto, aprobado el referido dictamen.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO AL DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN, "EL AGUA, FUENTE DE VIDA, 2005-2015".
- ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA COMUNITARIA CONCEDIDA CON CARGO AL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA EL PERIODO 2008-2013, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-CE, Y A LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES DE ULTRAMAR A LOS QUE SE APLICA LA PARTE CUARTA DEL TRATADO CE, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE JULIO DE 2006. (Número de expediente 110/000207.)
- ACUERDO MULTILATERAL ENTRE LA REPÚBLICA DE ALBANIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA, LA REPÚBLICA DE BULGARIA, LA REPÚBLICA DE CROACIA, LA COMUNIDAD EUROPEA, LA REPÚBLICA DE ISLANDIA, LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA, EL REINO DE NORUEGA, SERBIA Y MONTENEGRO, RUMANIA Y LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN KOSOVO SOBRE LA CREACIÓN DE UNA ZONA EUROPEA COMÚN DE AVIACIÓN (ZECA), HECHO EN LUXEMBURGO EL 9 DE JUNIO DE 2006, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR ANTE EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 110/000208.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN PRAIA EL 26 DE JUNIO DE 2006, E INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES DE FECHAS 15 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO DE 2007. (Número de expediente 110/000209.)
- ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE ÁFRICA, DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA PARTE, FIRMADO EN COTONÚ EL 23 DE JUNIO DE 2000, HECHO EN LUXEMBURGO EL 25 DE JUNIO DE 2005. (Número de expediente 110/000210.)
- CONVENIO RELATIVO A LA EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN ARGEL EL 12 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000212.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Sometemos finalmente a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara la aprobación del resto de los dictámenes reproducidos en el orden del día. ¿Lo acuerdo así la Cámara? (Asentimiento.)

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 artículo 4
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 artículo 2
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 artículo 2
 artículo 6
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 artículo 9
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 artículo 3
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 artículo 4
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 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
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 artículo 245
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 resolución 
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 artículo 245
 Real Decreto 
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 Resolución 
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