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Timestamp: 2016-07-28 18:22:16+00:00

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Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas. T�TULO I.�Sujeci�n al impuesto aspectos materiales, personales y temporales (Vigente hasta el 01 de Enero de 2007).
Vigencia desde 11 de Marzo de 2004. Esta revisi�n vigente desde 01 de Enero de 2007 hasta 01 de Enero de 2007
Código Tributario. Edición 2015 Redacción LA LEY Más info
Hecho imponible 1. Constituye el hecho imponible la obtenci�n de renta por el contribuyente.
c) Los rendimientos de las actividades econ�micas.
d) Las ganancias y p�rdidas patrimoniales.
3. Se presumir�n retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital.
4. No estar� sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
a) Las prestaciones p�blicas extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo.
c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasi�n o como consecuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya sea por el r�gimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la legislaci�n especial dictada al efecto.
d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por da�os personales, en la cuant�a legal o judicialmente reconocida.Igualmente estar�n exentas las indemnizaciones por id�ntico tipo de da�os derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicaci�n de la regla 1.� del art�culo 28 de esta ley, hasta la cuant�a que resulte de aplicar, para el da�o sufrido, el sistema para la valoraci�n de los da�os y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulaci�n, incorporado como anexo en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulaci�n de veh�culos a motor, en su redacci�n dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados.
e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuant�a establecida con car�cter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecuci�n de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliaci�n, estar�n exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el r�gimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o aut�nomos por las mutualidades de previsi�n social que act�en como alternativas al r�gimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones id�nticas a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La cuant�a exenta tendr� como l�mite el importe de la prestaci�n m�xima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributar� como rendimiento del trabajo, entendi�ndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas �ltimas.
g) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del r�gimen de clases pasivas, siempre que la lesi�n o enfermedad que hubiera sido causa de aqu�llas inhabilitara por completo al perceptor de la pensi�n para toda profesi�n u oficio.
h) Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el cap�tulo IX del t�tulo II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las dem�s prestaciones p�blicas por nacimiento, parto m�ltiple, adopci�n e hijos a cargo, as� como las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los reg�menes p�blicos de la Seguridad Social y clases pasivas y dem�s prestaciones p�blicas por situaci�n de orfandad.Tambi�n estar�n exentas las prestaciones p�blicas por maternidad percibidas de las comunidades aut�nomas o entidades locales.
i) Las prestaciones econ�micas percibidas de instituciones p�blicas con motivo del acogimiento de menores, personas con minusval�a o mayores de 65 a�os y las ayudas econ�micas otorgadas por instituciones p�blicas a personas con un grado de minusval�a igual o superior al 65 por ciento o mayores de 65 a�os para financiar su estancia en residencias o centros de d�a, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del salario m�nimo interprofesional.
j) Las becas p�blicas y las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicaci�n el r�gimen especial regulado en el t�tulo II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de r�gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, percibidas para cursar estudios reglados, tanto en Espa�a como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo. Asimismo, las becas p�blicas y las concedidas por las entidades sin fines lucrativos mencionadas anteriormente para investigaci�n en el �mbito descrito por el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigaci�n, as� como las otorgadas por aqu�llas con fines de investigaci�n a los funcionarios y dem�s personal al servicio de las Administraciones p�blicas y al personal docente e investigador de las universidades.
k) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisi�n judicial.
l) Los premios literarios, art�sticos o cient�ficos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se determinen, as� como los premios �Pr�ncipe de Asturias�, en sus distintas modalidades, otorgados por la Fundaci�n Pr�ncipe de Asturias.
m) Las ayudas de contenido econ�mico a los deportistas de alto nivel ajustadas a los programas de preparaci�n establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las federaciones deportivas espa�olas o con el Comit� Ol�mpico Espa�ol, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago �nico establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestaci�n por desempleo en su modalidad de pago �nico, con el l�mite de 12.020,24 euros, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.El l�mite establecido en el p�rrafo anterior no se aplicar� en el caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores discapacitados que se conviertan en trabajadores aut�nomos, en los t�rminos del art�culo 31 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
La exenci�n prevista en el p�rrafo primero estar� condicionada al mantenimiento de la acci�n o participaci�n durante el plazo de cinco a�os, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o al mantenimiento, durante id�ntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador aut�nomo
�) Los premios de las loter�as y apuestas organizadas por la entidad p�blica empresarial Loter�as y Apuestas del Estado y por los �rganos o entidades de las comunidades aut�nomas, as� como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Espa�ola y por la Organizaci�n Nacional de Ciegos Espa�oles.
o) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado espa�ol por la participaci�n en misiones internacionales de paz o humanitarias, en los t�rminos que reglamentariamente se establezcan.
2.� Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza id�ntica o an�loga a la de este impuesto y no se trate de un pa�s o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como para�so fiscal.
Esta exenci�n ser� incompatible, para los contribuyentes destinados en el extranjero, con el r�gimen de excesos excluidos de tributaci�n previsto en el art�culo 8.A.3.b) del reglamento de este impuesto, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, cualquiera que sea su importe. El contribuyente podr� optar por la aplicaci�n del r�gimen de excesos en sustituci�n de esta exenci�n.T�ngase en cuenta que la referencia efectuada en este apartado al art�culo 8.A.3.b) del R.D. 214/1999 de 5 febrero, debe entenderse realizada al mismo art�culo del R.D. 1775/2004 de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas (�B.O.E.� 4 agosto).
q) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones p�blicas por da�os personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios p�blicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones p�blicas en materia de responsabilidad patrimonial.
r) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el l�mite del importe total de los gastos incurridos.
s) Las ayudas econ�micas reguladas en el art�culo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio.
t) Las derivadas de la aplicaci�n de los instrumentos de cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de inter�s variable de los pr�stamos hipotecarios destinados a la adquisici�n de la vivienda habitual, regulados en el art�culo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma econ�mica.
u) Las indemnizaciones previstas en la legislaci�n del Estado y de las Comunidades Aut�nomas para compensar la privaci�n de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a.
Letra u) del art�culo 7 introducida, con efectos desde el 1 de enero de 2008, por el art�culo 8 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl�an derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci�n o violencia durante la guerra civil y la dictadura (�B.O.E.� 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2005
v) Las prestaciones econ�micas p�blicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoci�n de la Autonom�a Personal y de Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia.
Letra v) del art�culo 7 introducida por la disposici�n adicional sexta de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia (�B.O.E.� 15 diciembre).Vigencia: 1 enero 2007
a) Las personas f�sicas que tengan su residencia habitual en territorio espa�ol.
b) Las personas f�sicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del art�culo siguiente.
Residencia habitual en territorio espa�ol 1. Se entender� que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio espa�ol cuando se d� cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que permanezca m�s de 183 d�as, durante el a�o natural, en territorio espa�ol. Para determinar este per�odo de permanencia en territorio espa�ol se computar�n las ausencias espor�dicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro pa�s. En el supuesto de pa�ses o territorios de los calificados reglamentariamente como para�so fiscal, la Administraci�n tributaria podr� exigir que se pruebe la permanencia en �ste durante 183 d�as en el a�o natural.Para determinar el per�odo de permanencia al que se refiere el p�rrafo anterior, no se computar�n las estancias temporales en Espa�a que sean consecuencia de las obligaciones contra�das en acuerdos de colaboraci�n cultural o humanitaria, a t�tulo gratuito, con las Administraciones p�blicas espa�olas.
b) Que radique en Espa�a el n�cleo principal o la base de sus actividades o intereses econ�micos, de forma directa o indirecta.
Se presumir�, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio espa�ol cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en Espa�a el c�nyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aqu�l.
1.� A los efectos de esta ley, se considerar�n contribuyentes las personas de nacionalidad espa�ola, su c�nyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero, por su condici�n de:
a) Miembros de misiones diplom�ticas espa�olas, comprendiendo tanto al jefe de la misi�n como a los miembros del personal diplom�tico, administrativo, t�cnico o de servicios de la misi�n.
b) Miembros de las oficinas consulares espa�olas, comprendiendo tanto al jefe de �stas como al funcionario o personal de servicios a ellas adscritos, con excepci�n de los vicec�nsules honorarios o agentes consulares honorarios y del personal dependiente de ellos.
c) Titulares de cargo o empleo oficial del Estado espa�ol como miembros de las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero.
d) Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga car�cter diplom�tico o consular.
2.� No ser� de aplicaci�n lo dispuesto en el ordinal 1.� anterior:
a) Cuando las personas a que se refiere el ordinal 1.� de este apartado no sean funcionarios p�blicos en activo o titulares de cargo o empleo oficial y tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisici�n de cualquiera de las condiciones enumeradas en aqu�l.
b) En el caso de los c�nyuges no separados legalmente o hijos menores de edad, cuando tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisici�n por el c�nyuge, el padre o la madre, de las condiciones enumeradas en el ordinal 1.� de este apartado.
3. No perder�n la condici�n de contribuyentes por este impuesto las personas f�sicas de nacionalidad espa�ola que acrediten su nueva residencia fiscal en un pa�s o territorio calificado reglamentariamente como para�so fiscal. Esta regla se aplicar� en el per�odo impositivo en que se efect�e el cambio de residencia y durante los cuatro per�odos impositivos siguientes.
4. Cuando no proceda la aplicaci�n de normas espec�ficas derivadas de los tratados internacionales en los que Espa�a sea parte, no se considerar�n contribuyentes, a t�tulo de reciprocidad, los nacionales extranjeros que tengan su residencia habitual en Espa�a, cuando esta circunstancia fuera consecuencia de alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 de este art�culo.
5. Las personas f�sicas que adquieran su residencia fiscal en Espa�a como consecuencia de su desplazamiento a territorio espa�ol podr�n optar por tributar por este Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes durante el per�odo impositivo en que se efect�e el cambio de residencia y durante los cinco per�odos impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
El Ministro de Hacienda establecer� el procedimiento para el ejercicio de la opci�n mencionada en este apartado.
V�ase la disposici�n transitoria �nica del R.D. 687/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, aprobado por el R.D. 1775/2004, de 30 de julio, para regular el r�gimen especial de tributaci�n por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se eleva el porcentaje de gastos de dif�cil justificaci�n de los agricultores y ganaderos en estimaci�n directa simplificada (�B.O.E.� 11 junio), sobre plazo para el ejercicio de la opci�n por el r�gimen especial previsto en el n�mero 5 del art�culo 9.
Atribuci�n de rentas 1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jur�dica, herencias yacentes, comunidades de bienes y dem�s entidades a que se refiere el art�culo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se atribuir�n a los socios, herederos, comuneros o part�cipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la secci�n 2.� del t�tulo VII de esta Ley.
2. El r�gimen de atribuci�n de rentas no ser� aplicable a las sociedades agrarias de transformaci�n que tributar�n por el Impuesto sobre Sociedades.
3. Las entidades en r�gimen de atribuci�n de rentas no estar�n sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
Individualizaci�n de rentas 1. La renta se entender� obtenida por los contribuyentes en funci�n del origen o fuente de aqu�lla, cualquiera que sea, en su caso, el r�gimen econ�mico del matrimonio.
2. Los rendimientos del trabajo se atribuir�n exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepci�n.
No obstante, las prestaciones a que se refiere el art�culo 16.2 a) de esta ley se atribuir�n a las personas f�sicas en cuyo favor est�n reconocidas.
3. Los rendimientos del capital se atribuir�n a los contribuyentes que, seg�n lo previsto en el art�culo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de que provengan dichos rendimientos.
4. Los rendimientos de las actividades econ�micas se considerar�n obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenaci�n por cuenta propia de los medios de producci�n y los recursos humanos afectos a las actividades.
Se presumir�, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades econ�micas.
5. Las ganancias y p�rdidas patrimoniales se considerar�n obtenidas por los contribuyentes que, seg�n lo previsto en el art�culo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los bienes, derechos y dem�s elementos patrimoniales de que provengan.
Regla general 1. El per�odo impositivo ser� el a�o natural.
2. El Impuesto se devengar� el 31 de diciembre de cada a�o, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo siguiente.
Per�odo impositivo inferior al a�o natural 1. El per�odo impositivo ser� inferior al a�o natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un d�a distinto al 31 de diciembre.
2. En tal supuesto el per�odo impositivo terminar� y se devengar� el impuesto en la fecha del fallecimiento.
Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputar�n al per�odo impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputar�n al per�odo impositivo en que sean exigibles por su perceptor.
b) Los rendimientos de actividades econ�micas se imputar�n conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse.
c) Las ganancias y p�rdidas patrimoniales se imputar�n al per�odo impositivo en que tenga lugar la alteraci�n patrimonial.
a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resoluci�n judicial la determinaci�n del derecho a su percepci�n o su cuant�a, los importes no satisfechos se imputar�n al per�odo impositivo en que aqu�lla adquiera firmeza.
b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en per�odos impositivos distintos a aqu�llos en que fueron exigibles, se imputar�n a �stos, practic�ndose, en su caso, declaraci�n-liquidaci�n complementaria, sin sanci�n ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el p�rrafo a) anterior, los rendimientos se considerar�n exigibles en el per�odo impositivo en que la resoluci�n judicial adquiera firmeza.La declaraci�n se presentar� en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto.
c) La prestaci�n por desempleo percibida en su modalidad de pago �nico de acuerdo a lo establecido en la normativa laboral podr� imputarse en cada uno de los per�odos impositivos en que, de no haber mediado el pago �nico, se hubiese tenido derecho a la prestaci�n. Dicha imputaci�n se efectuar� en proporci�n al tiempo que en cada per�odo impositivo se hubiese tenido derecho a la prestaci�n de no haber mediado el pago �nico.
d) En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, el contribuyente podr� optar por imputar proporcionalmente las rentas obtenidas en tales operaciones, a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. Se considerar�n operaciones a plazos o con precio aplazado aqu�llas cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos, siempre que el per�odo transcurrido entre la entrega o la puesta a disposici�n y el vencimiento del �ltimo plazo sea superior al a�o.Cuando el pago de una operaci�n a plazos o con precio aplazado se hubiese instrumentado, en todo o en parte, mediante la emisi�n de efectos cambiarios y �stos fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, la renta se imputar� al per�odo impositivo de su transmisi�n.
En ning�n caso tendr�n este tratamiento, para el transmitente, las operaciones derivadas de contratos de rentas vitalicias o temporales. Cuando se transmitan bienes y derechos a cambio de una renta vitalicia o temporal, la ganancia o p�rdida patrimonial para el rentista se imputar� al per�odo impositivo en que se constituya la renta.
e) Las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las cuentas representativas de saldos en divisas o en moneda extranjera, como consecuencia de la modificaci�n experimentada en sus cotizaciones, se imputar�n en el momento del cobro o del pago respectivo.
f) Las rentas estimadas a que se refiere el art�culo 6.3 de esta ley se imputar�n al per�odo impositivo en que se entiendan producidas.
g) Las ayudas p�blicas percibidas como compensaci�n por los defectos estructurales de construcci�n de la vivienda habitual y destinadas a su reparaci�n podr�n imputarse por cuartas partes, en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes.
h) Se imputar� como rendimiento de capital mobiliario de cada per�odo impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la p�liza al final y al comienzo del per�odo impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversi�n. El importe imputado minorar� el rendimiento derivado de la percepci�n de cantidades en estos contratos.No resultar� de aplicaci�n esta regla especial de imputaci�n temporal en aquellos contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Acciones o participaciones de instituciones de inversi�n colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que se trate de instituciones de inversi�n colectiva adaptadas a la Ley de instituciones de inversi�n colectiva, o amparadas por la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985.
b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:La determinaci�n de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deber� corresponder, en todo momento, a la entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozar� de plena libertad para elegir los activos con sujeci�n, �nicamente, a criterios generales predeterminados relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a otras circunstancias objetivas.
La inversi�n de las provisiones deber� efectuarse en los activos aptos para la inversi�n de las provisiones t�cnicas, recogidos en el art�culo 50 del Reglamento de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, con excepci�n de los bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.
Las inversiones de cada conjunto de activos deber�n cumplir los l�mites de diversificaci�n y dispersi�n establecidos, con car�cter general, para los contratos de seguro por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y dem�s normas que se dicten en desarrollo de aqu�lla.
El tomador �nicamente tendr� la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cu�les debe invertir la entidad aseguradora la provisi�n matem�tica del seguro, pero en ning�n caso podr� intervenir en la determinaci�n de los activos concretos en los que, dentro de cada conjunto separado, se invierten tales provisiones.
En estos contratos, el tomador o el asegurado podr�n elegir, de acuerdo con las especificaciones de la p�liza, entre las distintas instituciones de inversi�n colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los contratos, sin que puedan producirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado.
Las condiciones a que se refiere este p�rrafo h) deber�n cumplirse durante toda la vigencia del contrato.
i) Las ayudas incluidas en el �mbito de los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda en propiedad, percibidas por los contribuyentes mediante pago �nico en concepto de Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) podr�n imputarse por cuartas partes en el per�odo impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes.
j) Las ayudas p�blicas otorgadas por las Administraciones competentes a los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Hist�rico Espa�ol inscritos en el Registro general de bienes de inter�s cultural a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist�rico Espa�ol, y destinadas exclusivamente a su conservaci�n o rehabilitaci�n, podr�n imputarse por cuartas partes en el per�odo impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes, siempre que se cumplan las exigencias establecidas en dicha ley, en particular respecto de los deberes de visita y exposici�n p�blica de dichos bienes.
3. En el supuesto de que el contribuyente pierda su condici�n por cambio de residencia, todas las rentas pendientes de imputaci�n deber�n integrarse en la base imponible correspondiente al �ltimo per�odo impositivo que deba declararse por este impuesto, en las condiciones que se fijen reglamentariamente, practic�ndose, en su caso, declaraci�n-liquidaci�n complementaria, sin sanci�n ni intereses de demora ni recargo alguno.
4. En el caso de fallecimiento del contribuyente todas las rentas pendientes de imputaci�n deber�n integrarse en la base imponible del �ltimo per�odo impositivo que deba declararse.

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