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Timestamp: 2019-08-21 23:09:33+00:00

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13-05-2014 | Se analiza a continuación la gestión de Alieto Guadagni como Secretario de Energía de la Nación, entre febrero y agosto de 2002, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Guadagni fue dos veces secretario de Energía de la Nación: julio de 1982-diciembre de 1983 y febrero-agosto de 2002. En este artículo nos enfocaremos fundamentalmente en el segundo período. Se aclara al lector que Guadagni también fue funcionario de los dictadores Onganía y Bignone, aunque no desempeñándose específicamente en la cartera de Energía de la Nación.
Guadagni, funcionario de dictaduras
Con estos antecedentes, su primera etapa como Secretario de Energía tuvo lugar durante la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, presidencia de Reynaldo Bignone. Durante esta primera gestión, fue artífice de la renegociación de contratos con las empresas de capital nacional que habían accedido a la explotación de áreas productivas de YPF por licitación pública desde 1977, bajo la denominada privatización periférica de la petrolera estatal. Firmas como Pérez Companc, Bridas, Techint, Pluspetrol y Astra se habían hecho de un negocio sumamente rentable y de escaso riesgo, ya que todas las áreas tenían reservas comprobadas e infraestructura adecuada para su explotación a partir de inversiones previas de YPF. Además, los contratos establecían que el petróleo que extrajeran los contratistas debía ser adquirido por la empresa estatal a un precio que generalmente excedía el costo de explotación que YPF tenía en otras áreas de similares características. Como si fuera poco, los contratistas obtuvieron condiciones aún más ventajosas cuando renovaron los contratos en marzo de 1983, durante la gestión de Guadagni.
o El establecimiento de un nuevo nivel de producción básica, sustancialmente menor al volumen de extracción que las empresas mantenían antes de la renegociación.
o La fijación de precios más elevados para la producción básica (ahora reducida por la cláusula anterior) que significó un aumento promedio del orden del 86,4% en los precios (pasando de 26,1 a 48,7 dólares el m3).
o La condonación de las multas por incumplimiento en la producción básica comprometida originariamente en los contratos, por un total aproximado de 40 millones de dólares.
o El incremento de los precios por producción excedente, que se ubicaron en promedio, por encima de los 140 dólares por m3.
De manera que su primera etapa al frente de la Secretaría de Energía no sólo es condenable por haber tenido lugar durante la peor dictadura que asoló a nuestro país, sino también porque bajo su gestión se aprobaron condiciones contractuales que deterioraban aún más el patrimonio de YPF en beneficio de un puñado de grupos económicos, al mismo tiempo cómplices de esa dictadura.
Guadagni en los ochentas y noventas
Durante la década del 80, se desempeñó como ministro de Economía y de Obras y Servicios Públicos en la provincia de Buenos Aires. Con la llegada de Menem a la presidencia, entre 1989 y 1999 se desempeñó en varios cargos públicos, cumpliendo funciones como viceministro de Defensa y de Relaciones Exteriores, secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación, síndico en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), secretario de Recursos Hídricos de la Nación, vicepresidente de la Corporación de Empresas del Estado, secretario del Consejo Federal de Inversiones, además de haber sido embajador argentino en Brasil (1993-1996), y también de haberse desempeñado como consultor del Banco Mundial y del BID en el país.
Introducción a la política energética de Duhalde
Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, volvió a la Secretaría de Energía entre febrero y agosto de 2002. Guadagni fue designado como Secretario el 15 de febrero de 2002 y asumió cuatro días después en medio de fuertes tensiones con las petroleras privadas. En ese sentido, el vocero presidencial Eduardo Amadeo resaltó "el rol estratégico" que tendría el nuevo funcionario en la relación entre el Gobierno y las empresas energéticas (La Nación, 16 de febrero de 2002). En el mismo sentido se expresaba Oscar Vicente, directivo del Grupo Pérez Companc y peso pesado de la industria: "A las petroleras nos gustaría que el titular de la Secretaría de Energía fuese Alieto Guadagni" (Clarín, 17 de febrero de 2002). El Grupo que encabezaba tenía sus buenas razones para apoyar la designación de Guadagni teniendo en cuenta que Pérez Companc fue uno de los contratistas beneficiados con la renovación de los contratos durante su primera etapa en la cartera energética.
Las tensiones entre la administración de Duhalde y las petroleras se debían al cambio de algunas condiciones de la actividad tras la salida de la Convertibilidad y la megadevaluación del peso argentino. La Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario introdujo dos medidas relacionadas al área energética que fueron fuertemente resistidas por las empresas del sector. En primer lugar, el artículo 8º de la ley dejó sin efecto la indexación de las tarifas de servicios públicos, incluyendo las de suministro de luz y de gas natural. Siendo que los distribuidores tenían suspendidos los ajustes tarifarios, indirectamente, los precios que recibieron los productores de gas natural también se vieron sustancialmente disminuidos.
En segundo lugar, el artículo Nº 6 de la ley creó un derecho de exportación de hidrocarburos por un período de 5 años y facultó al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente, con el objeto de constituir una garantía contra la emisión de títulos de deuda públicos en moneda extranjera para compensar al sector financiero por los perjuicios generados a causa de la pesificación del sistema. A través del Decreto 310 del 13 de febrero de 2002 los niveles de retenciones fueron fijados en un 20% para el petróleo crudo y en un 5% para los derivados. La aplicación de los derechos de exportación o retenciones fue justificada en el marco de la crisis fiscal que atravesaba el Estado.
La medida entraba en vigencia el 1º de marzo de 2002, por lo que durante el mes previo las petroleras no dudaron en lanzar una presión política y económica hacia el gobierno para que no se llevara a cabo, amenazando con quitar inversiones y por ende disminuir la producción. Con esto lograron alinear a sus intereses a las provincias petroleras, que temían cobrar menos regalías, y al sector sindical, que temía que se cerraran puestos de trabajo. Pese a la presentación por parte de gobernadores y petroleras de un impuesto alternativo del 8% sobre la producción de crudo en boca de pozo para reemplazar a las retenciones, Duhalde ratificó su aplicación pero, al mismo tiempo, nombró a Guadagni como nuevo Secretario para recomponer las relaciones rotas con las petroleras.
Gestión de Guadagni
En este contexto, la gestión de Guadagni estuvo atravesada por dos problemas centrales: el aumento del precio de los combustibles y el desabastecimiento de los mismos; y la renegociación de contratos con las privatizadas de luz y gas.
Los aumentos y el desabastecimiento fueron parte de la estrategia que se dieron las petroleras ante la devaluación de la moneda y la aplicación de las retenciones. Guadagni tampoco era partidario de las retenciones y adelantó a los legisladores de las provincias productoras un proyecto por el cual el Gobierno reduciría a la mitad el nivel de las retenciones a las exportaciones de petróleo en 2003 a cambio de un adelanto del impuesto por parte de las empresas (La Nación, 18 de marzo de 2002). Dicha iniciativa no prosperó. Aparentemente, se había tratado de una idea del propio Guadagni, desaprobada por el Ministerio de Economía encabezado entonces por Jorge Remes Lenicov, según se desprende del diario La Nación (27 de marzo de 2002).
En cuanto al desabastecimiento, el combustible con mayor déficit era el gasoil. Al respecto, durante la gestión de Guadagni se promovió el acuerdo con las empresas y la creación de un registro para controlar las exportaciones. Mediante "Convenios de Estabilidad para el suministro del Gas Oil", ratificado por medio del Decreto 652/02 del 19 de abril, las refinadoras se comprometían a asegurar hasta el 31 de julio de 2002 el suministro de gasoil en los volúmenes necesarios para abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, las petroleras se comprometían a asegurar a las empresas refinadoras el suministro de petróleo crudo en volúmenes necesarios.
Para asegurar el abastecimiento interno era necesario limitar las exportaciones de gasoil. A través del Decreto Nº 645 de fecha 19 de abril de 2002, se creó un Registro de Contratos de Operaciones de Exportación en el cual debían registrarse inicialmente todas las operaciones de exportación de gasoil, entre otros hidrocarburos y sus derivados. A su vez, con el Decreto Nº 867 del 23 de mayo se declaró en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en todo el país hasta el 30 de septiembre de ese año y la Secretaría de Energía quedaba facultada para determinar los volúmenes de la producción nacional de petróleo crudo y de gas licuado de petróleo (GLP) que debían destinarse al consumo doméstico.
A tal fin, la Secretaría de Energía instrumentó la Resolución Nº 140 del 30 de mayo que determinó que las firmas productoras y exportadoras de petróleo crudo estaban facultadas a exportar durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2002, una proporción del volumen producido en el mes inmediato anterior equivalente al 36%. Esta norma fue flexibilizada por la Resolución Nº 166 del 21 de junio. Apenas un mes más tarde, ambas resoluciones fueron derogadas por Resolución Nº 341 del 26 de julio con efecto a partir del día 31 de ese mes, dado que "atento a la continua normalización del mercado de los combustibles y manteniéndose actualmente las condiciones que no hacen prever inconvenientes en el abastecimiento de los mismos, resulta razonable y conveniente dejar sin efecto las limitaciones impuestas a la exportación de petróleo crudo".
Aparentemente, la presión ejercida por las petroleras dio sus frutos para derogar una norma más que moderada que buscaba regular el perfil exportador del sector. El techo para exportar el 36% de lo producido era demasiado alto aún.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo decidió ampliar la lista de derivados de los hidrocarburos sujetos a los derechos de exportación dada la situación de emergencia y la necesidad de asegurar el nivel de los ingresos fiscales. Mediante el Decreto Nº 809 del 13 de mayo se fijó una retención del 5% para la exportación de etileno, propileno, butileno, butadieno, vaselina, parafina, coque de petróleo, betún de petróleo, pizarras y arenas bituminosas. Además, fijaba una retención del 20% hasta el 30 de septiembre y a partir de allí se reducía al 5% para el propano crudo, butanos, gas licuado de petróleo (GLP) y otros. Sin embargo, una vez más, la presión de las petroleras hizo retroceder parcialmente la medida.
La Resolución Nº 196 del Ministerio de Economía del 15 de julio determinó la ratificación del "Acuerdo de Estabilidad en el Precio Mayorista del Gas Licuado de Petróleo" firmado por el Gobierno y representantes de Repsol YPF, Pecom, Transportadora de Gas del Sur, Refinor Total Austral, Pluspetrol, Shell, Capex y Camuzzi Gas del Sur. Las compañías se comprometían a mantener el precio del GLP hasta septiembre a cambio de que la rebaja de la retención a ese combustible al 5% se efectivizara de manera retroactiva al 1º de junio.
La relación con las empresas de servicio público privatizadas también atravesó marchas y contramarchas de acuerdo a la capacidad de presión que éstas ejercieron sobre el gobierno. Con la Resolución Nº 38 del Ministerio de Economía, el 10 de abril se disponía que los organismos de la administración pública nacional, incluyendo los entes reguladores, debían "abstenerse de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente los precios y las tarifas de los servicios públicos". También establecía que se debía interrumpir cualquier proceso de revisión tarifaria. De esta manera, al congelamiento de las tarifas dispuestas por la Ley de Emergencia Económica se sumaba la suspensión de los ajustes estacionales de las mismas. En la edición del 11 de abril del Diario La Nación, se decía que "en las empresas distribuidoras de los servicios la decisión de Economía cayó como un balde de agua fría, ya que la interpretación general había sido que los ajustes de precios estacionales quedaban fuera de las consideraciones de la ley de emergencia económica, que congeló las tarifas de los servicios públicos y eliminó la indexación por el índice de inflación de los Estados Unidos". Y La Nación agregaba que "un ejecutivo de una de las dos principales distribuidoras de luz advirtió que "así comenzó el caos eléctrico en California, porque el gobierno no permitió trasladar a las tarifas el costo de generación"". La amenaza de caos -ampliada por sus voceros mediáticos- es el arma preferida de estas empresas.
Finalmente, el 16 de abril, apenas unos días más tarde, el Ministerio de Economía debió aclarar mediante la Resolución Nº 53 que los reajustes estacionales de los servicios de electricidad y de gas quedaban fuera del congelamiento de tarifas dispuesto por la ley de emergencia económica.
El desenlace de la gestión Guadagni
Cuando Remes Lenicov presentó su renuncia como Ministro de Economía el 23 de abril, el nombre de Guadagni sonó fuerte como su posible reemplazante. Ciertamente, ese mismo día circuló que voceros del oficialismo habían estimado que estaban "muy adelantadas las conversaciones con Guadagni", quien intentaría recomponer las tratativas con el FMI, pero a cambio de establecer un sistema de anclaje para la relación entre el peso y el dólar (La Nación, 23 de abril de 2002). Sin embargo, un día después, Guadagni debió rechazar la titularidad de Economía ante la resistencia que generó su figura entre los gobernadores y legisladores del Partido Justicialista. El Diario La Nación describía así al candidato frustrado: "vehemente como Domingo Cavallo, democristiano y desarrollista de origen, Guadagni fue hombre de Antonio Cafiero, pero después se adaptó al modelo neoliberal en el gobierno de Carlos Menem" (La Nación, 24 de abril de 2002). Finalmente, el elegido fue Roberto Lavagna, quien asumió el 27 de abril como nuevo Ministro de Economía. Guadagni fue ratificado al frente de la Secretaría de Energía pese a su candidatura para suceder a Remes Lenicov.
Desde mediados de junio trascendió en la prensa que Guadagni dejaría su cargo en el corto plazo. Al parecer, eso había acordado con Lavagna y con Duhalde ya que "la política de retenciones tornó imposible su relación con las empresas petroleras y con el sector energético" (La Nación, 17 de junio de 2002).
Finalmente, su renuncia se efectivizó el 7 de agosto aunque continuó como asesor del Ministro de Economía y tiempo más tarde asumió como representante argentino ante el Banco Mundial. El diario Clarín publicó que, según fuentes del Congreso, su alejamiento estaba motivado "por el enfrentamiento que tuvo con el justicialismo bonaerense por no haber frenado ninguno de los sucesivos aumentos de los combustibles" (Clarín, 7 de agosto de 2002). El aumento fue superior al 70% en el caso de la nafta y de hasta un 111% en caso del gasoil en los primeros siete meses de 2002 (La Nación, 10 de agosto de 2002), en el marco de una economía todavía deprimida.
Más allá de no tener certezas sobre el motivo de alejamiento, lo cierto es que la gestión de sólo un semestre de Alieto Guadagni no logró satisfacer a las petroleras, que aspiraban a la eliminación de las retenciones, y tampoco a la propia tropa oficial, que observó su inacción ante la escalada de precios de los combustibles (o sea, beneficio de las petroleras en detrimento del bolsillo de una muy golpeada sociedad).
Para evaluar la segunda gestión de Alieto Guadagni al frente de la Secretaría de Energía tomamos los meses completos, es decir, desde marzo a julio de 2002. Durante esos cinco meses, la extracción de crudo se redujo un 0,8% pero la exportación aumentó un 1,9% en relación al mismo período del año anterior, pese a la preocupación oficial por limitar las exportaciones. Por esa razón el coeficiente entre exportación y extracción de petróleo pasó del 34 al 35%.
La extracción de gas natural disminuyó más bruscamente, un 9,4%, así como su exportación, un 4%. Con todo, el porcentaje de exportaciones sobre extracción aumentó del 12 al 13%.
En materia de refinación se verifica una caída importante de la producción. El procesamiento de crudo retrocedió un 7,3%, la elaboración de gasoil un 11,4% y la de nafta súper un 15,2%. A su vez, la exportación de ambos combustibles cayó fuertemente, un 43,9% en el caso del gasoil y un 15,7% en el caso de la súper. Los datos se sintetizan en la tabla Nº 1.

References: artículo 8
 Resolución 
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