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BOE.es - Documento BOE-A-2019-16839
Documento BOE-A-2019-16839
«BOE» núm. 281, de 22 de noviembre de 2019, páginas 128880 a 128890 (11 págs.)
BOE-A-2019-16839
En el recurso interpuesto por don C. J. M., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Cajamar Caja Rural, S.C.C.», contra la nota de calificación de la registradora de la Propiedad de Murcia número 7, doña María de los Ángeles Cuevas de Aldasoro, por la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
En el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Murcia se tramitó el procedimiento de ejecución hipotecaria número 44/2014. La finca ejecutada, la registral número 5.956 del Registro de la Propiedad de Murcia número 7, había sido tasada a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en la cantidad de 172.425 euros. Celebrada la subasta, ésta se declaró desierta, y el acreedor ejecutante solicitó, conforme a lo dispuesto en el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dado que el inmueble no tenía el carácter de vivienda habitual del deudor, que se le adjudicara por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que ascendía a 74.236,98 euros. En esos términos se dictó el decreto de adjudicación, de fecha 26 de septiembre de 2016, subsanado mediante decreto de 6 de julio de 2018 a favor de la entidad «Cajamar Caja Rural, S.C.C.».
Presentado el día 25 de junio de 2019 testimonio del citado decreto junto con el correspondiente mandamiento de cancelación, en el Registro de la Propiedad de Murcia número 7, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado el precedente documento, se suspende la inscripción interesada y la cancelación ordenada por: Hechos: Se presenta para su inscripción testimonio librado el día 13 de Julio de 2.018, del decreto de adjudicación dictado el día 26 de Septiembre de 2.016 por el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Murcia, –Servicio Común de Ejecución–, dimanante de los autos de ejecución hipotecaria 44/2014, que inserta decreto de aclaración de 6 de Julio de 2.018 del referido Juzgado, y dos ejemplares del mandamiento de cancelación expedidos el día 13 de Julio de 2.018 por el mismo Juzgado, dimanante de los mismos autos, en el que se inserta dicho Decreto. El procedimiento se ha seguido a instancia de “Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito” contra “Vaquería Hijos del Torero, S.L.”, don A. G. C. y doña J. C. M. y la finca objeto de adjudicación es la registral número 5.956 de la Sección 3.ª de este Registro y se ordena la cancelación de la hipoteca objeto de ejecución y de las cargas posteriores. La finca adjudicada no constituye vivienda habitual y fue tasada en la hipoteca objeto de ejecución a efectos de subasta en la cantidad de 172.425 euros. En el Antecedente de Hecho cuarto y en el decreto de aclaración indicado, consta que “cumplidos todos los trámites procesales, se solicitó y acordó anunciar la venta en pública subasta de la finca, y una vez señalado día y hora para la misma, quedó desierta por falta de licitadores, por lo que la parte ejecutante dentro del término legalmente establecido pidió la adjudicación de la misma por todos los conceptos, que tasadas costas por importe de 5.682,54 euros y liquidados los intereses por 19.430,50, resultó un total de 74.236,98 euros”, –cantidad inferior al 50% del valor de tasación de la finca que es de 86.212,5–. Partiendo del carácter de que la finca adjudicada no es vivienda habitual, la adjudicación deberla haberse verificado por el 50% del valor de tasación de la finca –86.212,5 euros– y no por el total valor de la deuda –74.236,98 euros–, pues en base a una interpretación sistemática y ponderada del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma conjunta con el artículo 651 de la misma Ley, no habiendo postores, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha tenido ocasión de considerar esta interpretación razonada del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en diferentes Resoluciones, de las que resulta que la interpretación de dicho artículo no puede ser la puramente literal –es decir, que el acreedor pueda pedir la adjudicación por todos los conceptos, ya que produciría un resultado distorsionado, pues admitir que el acreedor pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente menos del 50 del valor de tasación supone romper el equilibrio que el legislador ha querido que el procedimiento de ejecución garantice entre los intereses del ejecutante –obtener la satisfacción de su crédito– y del ejecutado –no sufrir un perjuicio patrimonial mucho mayor que el valor de lo adeudado al acreedor–. Fundamentos de Derecho.–Artículos 671 y 651 y 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de septiembre de 2017, 16 de febrero de 2018,20 de abril de 2018 y 6 de septiembre de2018, 11 y 26 de octubre de 2018, 15 de noviembre de2018,20 y 22 de febrero de 2019, 22 y 28 de marzo de 2019, 5 y 25 de Abril de 2019. Prorrogado el asiento de presentación por un plazo de sesenta días contados desde que el interesado tenga noticia de la calificación negativa, en aplicación del art.323 de la Ley Hipotecaria.–Ante la precedente nota de calificación, pueden los interesados: (…).Murcia, a 15 de Julio de 2019.La registradora (firma ilegible) Fdo. M.ª Ángeles Cuevas de Aldasoro.»
Contra la anterior nota de calificación, don C. J. M., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Cajamar Caja Rural, S.C.C.», interpuso recurso el día 30 de julio de 2019 mediante escrito y con arreglo a las siguientes alegaciones:
«Primera.–Que en relación a la Calificación emitida por el Registrador de la Propiedad del Registro n.º 7 de Murcia, entendemos que la misma resulta errónea dado que vulnera de manera flagrante los términos establecidos en el art. 671 LEC, precepto que mi mandante cumplió en todos sus términos, tal y como se reseñó de manera expresa en el Decreto de adjudicación de fecha de 26 de Septiembre de 2016 cuya inscripción deniega la calificación recurrida.
En ese sentido, no compartimos la “interpretación ponderada y sistemática” a la que se refiere la calificación discutida, toda vez que la función del Registrador de la Propiedad no es interpretar la Ley, sino limitarse a calificar la legalidad de los documentos cuya inscripción se les solicita, tal y como establece de manera clara y precisa tanto el art. 18 de la Ley Hipotecaria como el art. 100 del Reglamento Hipotecario.
No es por tanto labor del Registrador reinterpretar los preceptos de nuestro Ordenamiento Jurídico y menos aún en sentido contrario a como lo hacen los Jueces y Tribunales, quienes son los que tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, tal y como establece el art. 117 de la Constitución Española.
De ese modo, la decisión tomada por el Registrador de la Propiedad en la calificación que venimos a discutir, supone una extralimitación de su función calificadora, toda vez que, en los casos de resoluciones judiciales o mandamientos, el Registrador sólo puede controlar si el documento cumple con las exigencias formales extrínsecas, la competencia del Juez o Tribunal que dicta el mandamiento y en contenido del documento, esto es, si se ha tramitado correctamente el procedimiento y si lo que ordena se ajusta a Derecho, circunstancias todas ellas que, en nuestro caso se cumplen en todos sus términos, tal y como el propio Registrador reconoce en su calificación.
En efecto, en la propia calificación se afirma expresamente que el Decreto de adjudicación se dictó “cumplidos todos los trámites procesales” por lo que, no es un hecho controvertido que la resolución que se pretende inscribir, cumple con la legalidad vigente ajustándose plenamente a Derecho.
Así las cosas, el Registrador en su calificación lo que viene a realizar es una “modificación” del tenor literal de la Ley, función ésta que en modo alguno le corresponde tal y como hemos adelantado anteriormente y menos aún en virtud de una supuesta interpretación “ponderada y sistemática” del art. 671 LEC que no goza de amparo legal o Jurisprudencial alguno.
De hecho, así lo ha entendido nuestra Jurisprudencia en precedentes resoluciones judiciales como es el caso de la AAP Almería, Civil sección 1 del 15 de febrero de 2017 (ROJ: AAP AL 1266/2017 ECLI:ES:APAL:2017:1266AV. Auto: 1 79/2018 (PROY 2018, 206169'): Recurso: 142/2017; Ponente: Juan Antonio Lozano López; o la AAP Córdoba Civil Sección 1 del 20 de noviembre de 2013 (ROJ: AAP CO 24/2013 - ECLI:ES:APC0:2013:24AJ: Auto: 114/2013 (PROY 2014, 1.76034); Recurso: 159/2013; Ponente: José Francisco Yarza Sanz.
Particularmente ilustrativo nos parece la Sentencia 46/18 de fecha de 13 de Abril dictada por la AAPP de La Rioja, la cual reproducimos en parte a pesar de la extensión de la cita:
“Cuarto.–1.–Rechazados así los argumentos del Auto apelado, se trata ahora de resolver el fondo del asunto, cosa que como hemos explicado no hizo el Auto apelado.
Hay que partir de que el artículo 691,4 Ley de Enjuiciamiento Ovil remite a la subasta de bienes inmuebles, lo que nos remite al artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Lo primero que debemos decir es que la regulación que contempla el artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil es omnicomprensiva, esto es. el precepto regula con minuciosidad y vocación de exclusividad y plenitud el supuesto de que no haya postores en la subasta en sede de una ejecución de bienes inmuebles.
Huelga decir que estamos ante una ejecución hipotecaria. El artículo 691,4 establece claramente que la subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, ser realizara con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la subasta de bienes inmuebles.
La subasta de bienes inmuebles está regulada por el artículo 671 y es el único que debemos aplicar. No estamos ante una ejecución de bienes muebles, y por lo tanto, no se puede aplicar el artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de sostener una interpretación del artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil contraria a su literalidad.
(i) En el rimero [sic] caso (vivienda habitual) el acreedor puede adjudicárselo por el 70% del valor de tasación si la suma que se le adeuda por todos los conceptos se superior a este porcentaje. Pero si la suma que se le adeuda por todos los conceptos (incluidos intereses y costas) es inferior al 70% del valor de tasación pero superior al 60%, puede adjudicárselo entonces por el importe de la deuda por todos los conceptos.
Esta es la interpretación de este apartado que sigue, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 3 del 11 de diciembre de 2017 (ROJ: AAP CS 531/2017 - ECLI:ES:APCS:2017:531.ª) y es el criterio seguido por la DGRN en resolución de 20 de septiembre de 2017 (BOE 16 octubre 2017).
Hay que significar que esta solución, especialmente tuitiva con el deudor cuando el bien inmueble es vivienda habitual, responde al espíritu y finalidad de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que fue la que introdujo este precepto, cuya “ratio legis” era precisamente el aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de su vivienda habitual.
En este caso de subasta sin postores en caso de inmuebles que no son vivienda habitual, el artículo 671 Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aplicable (que es la otorgada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, aplicable en virtud de lo prevenido en la D.T.4 ª), establecía que si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir la adjudicación del bien, y si no se trata de la vivienda habitual del deudor, el acreedor puede entonces pedir la adjudicación del bien “ por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.”
Adelantamos ya que la conjunción disyuntiva “o” (…) a nuestro juicio deja bien claro en el precepto que el Legislador, en caso de vivienda no habitual, permite al acreedor en caso de subasta sin postores optar por cualquiera de estas dos alternativas:
4. A este respecto, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 14 del 21 de mayo de 2015 (ROJ: AAP B 726/2015 - ECLI:ES:APB:2015:726A) razona: “(...) la hipoteca se constituye sobre vivienda no habitual, y las razones de justicia material que acertadamente se argumentan en el auto, no son cuestionadas por esta sala, pero la actuación de los órganos judiciales se ha de regir por el principio de legalidad (artículo 9.3 y 117 CE) al que nos encontramos sometidos jueces y tribunales.
Es al legislador al que corresponde introducir en el ordenamiento jurídico aquellas previsiones que se consideren oportunas para establecer el necesario reequilibrio de intereses en conflicto y dar respuesta legal a los problemas que está generando la actual situación económica en relación a las ejecuciones de hipotecas.
En definitiva, la cuestión objeto de este recurso queda así circunscrita a la interpretación que debe hacerse del artículo 671 de la LEC, el cual resulta aplicable por remisión del art. 691.4, esto es si tras celebrada la subasta sin ningún postor, puede el acreedor hipotecario pedir indistintamente la adjudicación de los bienes por la cantidad que se le deba por todos los conceptos por el 50 por 100 de su valor de tasación. Más limitadamente si es posible la adjudicación por ese porcentaje (en el caso estudiado por 80.658,33 euros), si la deuda es de 22.826,43 euros y la respuesta debe ser positiva, siempre y cuando, según hemos expuesto se hayan cumplido los preceptos que rigen la adjudicación (670.7 LEC posibilidad de pago hasta momento antes de la adjudicación y 672 LEC entrega del sobrante al resto de acreedores o al deudor en último término).
Quinto.–La opción de la ejecutante, no supone un abuso de derechos ni mala fe en su proceder, sino tan sólo la legítima opción de ejecución de un derecho en el marco y sede de un procedimiento de ejecución hipotecario.
En definitiva no puede acogerse la interpretación que el juzgador de instancia realiza del artículo 671 de la LEC, debiendo en consecuencia ser estimado el recurso y dictar auto de aprobación del remate por las cantidades que resultan y se acreditan en el presente procedimiento de ejecución hipotecaria, previa verificación de la posibilidad de enervación ofrecida al deudor (670.7 LEC)...
Por su parte, resulta muy claro el Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 5.ª de 21 de abril de 2016, (ROJ: AAP MA 81/2016 - ECLI:ES:APMA:2016:81A), cuando refiriéndose al artículo 671 de la precitada Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en caso de inmueble que no sea vivienda habitual razona que “la normativa legal establece una disyuntiva en favor de la acreedora ante la no comparecencia de licitadores a la subasta, cual sucedió en nuestro caso, bien la adjudicación de los bienes subastados por el 50% de su valor de tasación ‘o’ la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, quedando patente que la ahora apelada accedió a la segunda de las alternativas que le eran concedidas, sin que, en modo alguno, sea de observar infracción normativa alguna...
Por su parte, el Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección 8.ª, del 15 de diciembre de 2015 (ROJ: AAP CA 200/2015 - ECLI:ES:APCA:2015:200A) razona lo siguiente: “(...(Estamos de acuerdo con ese razonamiento, pues nos parece que efectivamente el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no proporciona fundamento para una conclusión distinta ya que establece claramente una disyuntiva y permite al ejecutante optar entre la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien salió a subasta o por la cantidad debida por todos los conceptos.
En igual línea, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 14 del 12 de febrero de 2015 (ROJ: AAP B 221/2015 - ECLI:ES:APB:2015:221A) establece: “(...(la interpretación propuesta en la resolución apelada, aunque sugerente, no podemos compartirla porque es contraria a las más elementales reglas hermenéuticas que disciplinan la interpretación pues vista la literalidad del párrafo 1.º del artículo 671 LEC (‘si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 50 por 100 de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos’) parece evidente que la opción que se contiene en dicho precepto corresponde al acreedor ejecutante y no al órgano judicial. De hecho, en las posteriores reformas de las que fue objeto este precepto el legislador en ningún momento ha cuestionado este derecho de opción del acreedor y sí solo modificado los términos de la misma cuando de la vivienda habitual del deudor se trate, elevando primero al 60% el porcentaje mínimo de adjudicación (art. 2.3 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio) y luego al 70% (art. 7 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social)”
A mayor abundamiento, a lo anterior debemos añadir que las resoluciones de la DGRN a las que se remite el Registrador en la calificación recurrida, no son fuente de Derecho, sino que se trata de dictámenes que emita la DGRN ante recursos de notas de calificación, hecho este que, no puede servir como referencia a la hora de tratar el supuesto discutido, máxime si el Ordenamiento Jurídico y |a Jurisprudencia que lo interpreta y desarrolla, no comparte el argumento expuesto por el Registrador en la calificación recurrida.
Así lo ha considerado incluso el Tribunal Supremo, entre otras resoluciones en STS de 28 de Junio de 2013 cuando establece lo siguiente:
“...no se han reconocido al registrador de la propiedad facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de oponerse a dichas resoluciones. Tampoco se ha sustituido de hecho al Juez predeterminado por la Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al Registrador el conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de las facultades de los Jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los tribunales ni se han vulnerada las garantías del proceso”.
En definitiva, al Registrador no le compete analizar la legalidad de las disposiciones que ha de aplicar en el ejercicio de su función de control, ni la literalidad de la normativa en vigor, motivo por el que, a la vista de las circunstancias del caso en cuestión, en el que no se trata de la vivienda habitual del ejecutado, la única interpretación posible de la redacción del art. 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la literal siguiendo lo establecido en el art. 3 del Código Civil, de manera que no existe óbice alguno en revocar la calificación recurrida y acordar la inscripción del Decreto de adjudicación de fecha de 26 de Septiembre de 2016 en los términos en los que fue dictado, esto es, acordando la adjudicación a mi mandante de la finca registral n.º5.956 del Registro de la Propiedad n.º7 de Murcia, por todos los conceptos.
Segunda.–En conclusión de acuerdo a la argumentación precedente, consideramos que los argumentos aplicados por el Registrador a la hora de dictar la calificación recurrida, vulneran lo establecido en nuestra legislación procesal, así como la doctrina jurisprudencial existente en la materia, motivo por el que resulta procedente la inscripción y la cancelación jurídicamente ordenadas, a través del correspondiente mandamiento al Registrador n.º 7 de Murcia, contenido en Decreto de adjudicación de fecha de 26 de Septiembre de 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º6 de Murcia (…)».
La registradora de la Propiedad de Murcia número 7 emitió informe ratificando su calificación en todos los extremos y elevó el expediente a esta Dirección General.
Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 18, 129, 130 y 132 de la Ley Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; 651, 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Constitucional números 41/1981, de 18 de diciembre, 217/1993, de 30 de junio, y 113/2011, de 19 de julio; la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2014; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1987, 15 de marzo de 1991, 29 de febrero de 1996, 13 de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de enero de 2004, 23 de julio de 2011, 11 y 29 de octubre de 2013, 13 de febrero de 2014, 12 de mayo y 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2017, 16 de febrero, 20 de abril, 23 de mayo, 6 de septiembre, 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018 y 20 y 22 de febrero, 22 y 28 de marzo, 5 y 25 de abril, 13 de junio y 4 y 22 de julio de 2019.
1. El objeto de este expediente es la calificación registral de un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en el que la finca objeto de adjudicación había sido tasada a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en la cantidad de 172.425 euros. Celebrada la correspondiente subasta, esta quedó desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de la finca (que no constituye vivienda habitual) por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende a 74.236,98 euros, es decir, un 43,05% de dicho valor.
La registradora suspende la inscripción al entender que la interpretación del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de hacerse de forma conjunta con otros preceptos del mismo cuerpo legal conforme a la doctrina de este Centro Directivo. Ello significa que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, dicha adjudicación no podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación de la finca, sin cumplir los trámites previstos en el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurrente considera que la interpretación del precepto sostenida en la nota de calificación supone una extralimitación de la función del registrador y del propio Centro Directivo, cuyas Resoluciones no son fuente del Derecho.
2. Entrando en el fondo de la cuestión planteada, hay que señalar que el caso objeto de este expediente es semejante al que se analizó en la Resolución de 20 de septiembre de 2017, y conforme a lo que en ella se sostuvo, y que ha sido reiterado en otros fallos posteriores (Resoluciones de 16 de febrero, 20 de abril, 23 de mayo, 6 de septiembre, 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018 y 20 y 22 de febrero, 22 y 28 de marzo, 5 y 25 de abril de 2019, 13 de junio y 4 y 22 de julio de 2019), habrá de resolverse el recurso.
Además, debe tenerse en cuenta lo que establece el artículo 132.4.º de la Ley Hipotecaria: «A los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que den lugar los procedimientos de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, la calificación del registrador se extenderá a los extremos siguientes: (…). 4.º Que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe total del crédito del actor, o en caso de haberlo superado, que se consignó el exceso en establecimiento público destinado al efecto a disposición de los acreedores posteriores». Es, por tanto, esencial analizar si la adjudicación se ha realizado correctamente, para determinar si hay sobrante que haya de ser consignado a disposición de los titulares de cargas posteriores. No se olvide que esas cargas posteriores están inscritas en el Registro y corresponde al registrador asegurarse de que dichas titularidades registrales no se cancelan sin que se cumplan todas las garantías que el legislador ha dispuesto en su beneficio: a) que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca (artículo 132.2.º de la Ley Hipotecaria), y, b) que la adjudicación se ha verificado de acuerdo con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, en su caso, ha resultado un precio superior al crédito reclamado por el actor ejecutante, quedando en consecuencia una cantidad sobrante a disposición de estos titulares registrales que van a ver cómo se cancelan su derechos inscritos como consecuencia de la ejecución (artículo 132.4.º de la Ley Hipotecaria).
Alega el recurrente que no es de aplicación la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado ya que no constituye jurisprudencia. En este sentido hay que recordar que si bien las Resoluciones de la Dirección General no tienen alcance jurisprudencial, pues es cierto que la jurisprudencia, con arreglo al Código Civil, sólo emana del Tribunal Supremo, sin embargo ello no impide la necesaria interpretación por este Centro Directivo de la normativa actualmente aplicable al objeto del recurso en tanto no haya un pronunciamiento con valor jurisprudencial concreto al respecto, teniendo en cuenta que la evolución legislativa es claramente favorable a la protección y defensa de los derechos e intereses del deudor hipotecario.

References: artículo 671
 artículo 671
 artículo 651
 artículo 671
 resolución 
 artículo 691
 artículo 671
 artículo 671
 artículo 691
 artículo 671
 artículo 651
 artículo 671
 resolución 
 artículo 671
 artículo 671
 artículo 671
 artículo 671
 artículo 671
 resolución 
 artículo 671
 Real Decreto 
 artículo 671
 artículo 670
 Resolución 
 artículo 132