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Timestamp: 2019-09-16 09:13:17+00:00

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Luego del escándalo por la banca 15, el Concejo Deliberante emitió un Comunicado de Prensa
Un nuevo capitulo tuvo la novela por la banca numero 15 en el Concejo Deliberante capitalino; mediante un comunicado de prensa la Presidencia del Concejo Deliberante explico en detalle los fundamentos. Seguir leyendo...
La Presidencia del Concejo Deliberante del departamento Capital, emitio un comunicado de prensa, donde se explican los fundamentos tanto de la renuncia del Vice-Intendente, su reemplazo. Y tambien lo que reza el reglamento en cuanto a la banca 15; que sigue reclamando el dirigente quintelista Alfredo Menem.
Aqui algunos extractos, del extenso comunicado:
PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL DEPARTAMENTO CAPITAL
1.- RENUNCIA DEL VICEINTENDENTE - REEMPLAZO
Comenzamos diciendo que, sin haber sido objetado por ningún sector político el procedimiento seguido, todo lo actuado en derredor de la renuncia y posterior reemplazo del Dr. Felipe Alvarez se ajustó a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal Transitoria (LOMT) y el Reglamento Interno (RI) del Concejo Deliberante. La primera, ley fundamental del Municipio por cuanto constituye un órgano autónomo, centrada en los principios y garantías constitucionales.
Para el reemplazo, la normativa contempla dos hipótesis, según sea la causa de la sustitución, por ausencia temporaria o por cese permanente. Para el primer supuesto -ausencia temporaria-, la ley establece que “…se hará cargo el Vice-Presidente Primero…” hasta que la ausencia cese (Art. 37 del RI, concordante con el Art. 106 de la LOMT). En cambio, los mismos artículos prevén para el segundo supuesto -cese permanente-, que “…asumirá [el cargo] el Vice-Presidente Primero…” hasta cumplir el mandato (siempre que falten menos de dos años para su culminación, como ocurrió en este caso).
Por la diferente consecuencia jurídica atribuida a cada supuesto, claramente puede advertirse que la naturaleza del mandato asumido por su reemplazante no es idéntica. En el primer supuesto, el Vice-Presidente Primero se hará cargo de la Viceintendencia, o sea, su ejercicio es provisional respecto del periodo que se encuentra en curso. Por otra parte, en el segundo supuesto, el Vice-Presidente Primero asumirá el cargo de Viceintendente hasta cumplir el mandato, su ejercicio es definitivo de pleno derecho.
Es decir que, después de la renuncia del Dr. Alvarez faltando menos de dos años para la finalización de su mandato, siguiendo el precepto legal, el Cuerpo de Concejales con voto de la mayoría absoluta puso en posesión del cargo al Cr. Oscar N. Luna, mediante Decreto del Cuerpo Nº 608/17; quien además prestó juramento de buen desempeño en la función y respeto a la Constitución, porque así lo ordenan los Arts. 104 de la LOMT y 43 del RI, perfeccionándose de esa manera institucionalmente la sustitución.
En consecuencia, producida la acefalia en el cargo de Viceintendente, no es menester renuncia alguna, sino que se produce la movilidad automática en el cargo del edil que se encuentra ejerciendo la Vice-Presidencia Primera, siguiendo la línea sucesoria establecida por la ley.
Con esta solución estatuida por el ordenamiento, la representación de la “Agrupación Vecinalista un Sentimiento para la Comunidad” sigue en cabeza del Cr. Oscar N. Luna, solo que desempeñando la función de Viceintendente y Presidente del cuerpo.
Se hace oportuno recordar que respecto a este tema el ciudadano Rolando Esteban Campos, con fecha 14/02/2018, efectuó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por Usurpación de Autoridad en contra del Cr. Oscar N. Luna. Sostenemos que aquella acusación carece de sustento jurídico, ya que de lo actuado surge que habiéndose producido la acefalia definitiva en el cargo de Viceintendente, el pleno del Cuerpo por mayoría absoluta de sus miembros, mediante Decreto Nº 608/17 puso en posesión del cargo y tomó juramento al Cr. Luna, quien se desempeñaba como Vicepresidente Primero, de conformidad a lo dispuesto por la LOMT en su Art. 106 y el Reglamento Interno en su Art. 37.
2.- INTEGRACION PARCIAL DEL CUERPO
Determinación del suplente - Proclamación
En las elecciones provinciales llevada a cabo el 4 de Junio de 2017 resultó electo como diputado provincial por el distrito Capital el Dr. Felipe Álvarez, quien en ese momento se desempeñaba como Viceintendente del mismo departamento.
Habiendo sido proclamado diputado electo por la justicia electoral provincial, el Dr. Álvarez renunció al cargo de Viceintendente para asumir la nueva función para la que había sido consagrado, dejando vacante el cargo. La dimisión fue presentada el 11/12/2017; es decir, faltando menos de dos años para finalizar su mandato.
Como ya se ha dicho, fue reemplazado entonces por el Concejal Cr. Oscar N. Luna, quien ejercía por ese período legislativo la Vicepresidencia Primera del Concejo Deliberante, hasta finalizar el mandato del periodo 2015/2019.
Producida, a su vez, la vacante en el Cuerpo de Concejales de la banca que ocupaba el Cr. Luna, trajo aparejada varios pedidos a la justicia electoral; individuales y de dos partidos políticos, pretendiendo ser proclamados como su reemplazante; todos ellos basados en disímiles argumentos interpretativos de la normativa vigente.
Así lo solicitaron ante el Tribunal Electoral, individualmente los candidatos Alfredo Menem (“Agrupación Vecinalista un Sentimiento para la Comunidad”) y Álvaro Recalde (UCR), y los partidos políticos a través de sus apoderados “Agrupación Vecinalista Arriba Riojanos” y “Agrupación Vecinalista un Sentimiento para la Comunidad” promoviendo respectivamente a sus candidatos Cristina Orquera y Patricia Carabajal.
Para determinar quién es el suplente que debe ocupar la banca disponible, son aplicables las normas de la Constitución Nacional (CN), Constitución Provincial (CP), Ley Orgánica Municipal Transitoria Nº 6.843 (LOMT) y sus Modificatorias, Reglamento Interno (RI) del Concejo Deliberante del Departamento Capital -Ordenanza Nº 1.705 y sus Modificatorias- y Ley Electoral Nº 5.139 (LE) y sus modificatorias.
Es de destacar que la solución debe orientarse a procurar el resguardo del bien jurídico protegido por la normativa vinculada a la materia; esto es, la soberanía popular y la defensa de la genuina voluntad ciudadana manifestada en el proceso electoral. En este aspecto, el Tribunal Electoral Nacional hace hincapié en el principio de respeto a la genuina expresión del electorado al pronunciar que “…es principio rector en materia electoral garantizar -en la mayor medida posible- la expresión de la auténtica voluntad electoral del votante evitando su confusión.” (3201/03,3204/03, 3259/03).
Entrando a la cuestión de fondo, cabe resaltar que, para el supuesto de vacancia producida en la banca de concejal, la ley contempla dos criterios claramente diferenciados para determinar su reemplazante, agrupando en dos categorías los antecedentes de la norma.
Por una parte, cuando se refiere a cualquier impedimento atribuido a alguna cuestión personal del edil; como ser, si renunciare, falleciere, quedare incurso en alguna inhabilidad, lo destituyeren, etc. -Art. 72 LOMT-; cuando no se presentare para la Sesión Preparatoria -Art. 2 RI-; cuando no sea aceptado por el cuerpo -Art. 3 RI-. En estos casos, la norma ordena que sea designado en su reemplazo “… el suplente que corresponda.” -Art. 72 LOMT-; “… los Concejales que figuren en las listas como candidatos titulares del mismo partido político según el orden establecido.” -Art. 2 RI-; “… un titular de su lista, …” -Art. 3 RI-.
Por la otra, en los casos de acefalia, sea simultanea -Art. 106 LOMT- o simple -Art. 37 RI-, verificada en los estamentos Intendente y Vice Intendente, el mismo plexo normativo establece otra fórmula para sustituir al concejal que ocupare el cargo de la autoridad respectiva. Al respecto las normas concuerdan al establecer que será “…los suplentes en orden de la mayoría.” -Art. 106 LOMT y Art. 37 del RI-.
Una atenta lectura de las citadas disposiciones legales permite señalar que no se advierte dificultades para su interpretación, ya que su texto es claro y preciso, y una correcta hermenéutica no admite prescindir de sus términos, correspondiendo en tal caso aplicarlos en el sentido que resulta de su propio contenido.
De ellas surge, que la voluntad del legislador, al atribuirles distinta consecuencia jurídica, es dejar expresamente establecido que no será el mismo suplente asignado para cubrir el cargo en una u otra hipótesis. En efecto, para el caso del concejal que, ocupando la Vicepresidencia Primera del Concejo Deliberante, deba reemplazar al Viceintendente, será a su vez reemplazado en la banca por el suplente en orden de la mayoría (Arts. 106 LOMT y 37 del RI), aplicando el sistema proporcional D´Hont consagrado en el Art. 171 de la CP y Art. 134 de la Ley Electoral Nº 5.139-.
Nótese que con la aplicación del sistema D´Hont, el señor Alfredo Menem, nominado en 3º término por la “Agrupación Vecinalista un Sentimiento para la Comunidad”, ocupa el 34º lugar en el orden de la mayoría de votos obtenidos con 1633,33 votos obtenidos. En cambio, la señora Cristina Orquera, nominada en 1º término por la “Agrupación Vecinalista Arriba Riojanos”, con 2370 votos obtenidos ocupa el lugar 16º en el orden de la mayoría.
Nuestra provincia tiene adoptado el Sistema Proporcional por divisor, en tanto forma en que se transforman los votos en bancas, empleando el método D´Hont consagrado en el Art. 171 de la CP y reglamentado por la LE en su Art. 134.
Artículo 134°.- SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. En la elección de Diputados Provinciales, los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo del siguiente procedimiento:
a) El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo al tres por ciento (3%) del padrón electoral de Distrito será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3), y así sucesivamente hasta llegar al número total de los cargos a cubrir.
b) Los cocientes resultantes con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir.
c) Si hubiere dos (2) o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado igual número de votos, el ordenamiento resultará de un sorteo, que a tal fin deberá practicar el Tribunal Electoral.
Si bien esta norma se refiere solo a la elección de Diputados Provinciales, es de aplicación a nivel municipal por imperio del Art. 144 de la LOTM.
Partiendo del principio hermenéutico que toda interpretaciónde la ley comienza por la ley misma cuando el texto es claro y expreso, de ella se desprende que el orden de la mayoría surgirá del método plasmado en su contenido, destacando que se hará “… con independencia de la lista de que provengan …”.
De otra manera, ¿qué sentido tendría la palabra “mayoría” si estuviera refiriéndose a un suplente de la misma lista?.
Para agotar la íntegra interpretación de esta norma, cabe apuntar que al prescribir “… los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo del siguiente procedimiento: …”, encuentra explicación en el caso de haber alguna lista obtenido más de un cociente contenidos en el ordenamiento resultante, esos cargos serán asignados conforme al orden establecido por ella. Es decir, si obtiene dos cocientes, corresponde ser asignados el primero y el segundo de la lista en el orden de la mayoría.
Lo hasta aquí señalado, encuentra sustento en los principios de representación y participación de las minorías. Los sistemas proporcionales se basan en el principio de que cada elector tiene derecho a ser representado, procuran que la organización política expresada en el cuerpo elegido guarde una proporcionalidad lo más exacta posible con la composición del cuerpo electoral.
Con esta solución estatuida por el ordenamiento, la representación de la “Agrupación Vecinalista un Sentimiento para la Comunidad” sigue en cabeza del Cr. Oscar Luna, solo que desempeñando la función de Viceintendente y Presidente del cuerpo.
En la otra hipótesis contemplada por la norma, cuando el impedimento de seguir en su cargo se debe a alguna cuestión personal del edil (renuncia, fallecimiento, inhabilidad, destitución, etc.), se justifica que lo reemplace un titular de su lista por el hecho de que su partido pierde a su representante, y así sucedió con los reemplazos que se produjeron durante el presente período: los casos de los Concejales Renzo González, Selva Puga y Matías Soria, todos por renuncia de sus titulares, como un claro ejemplo de asunción por orden de la lista. En cambio, cuando hay acefalía se produce un corrimiento en la línea sucesoria de cargos, sin que se afecte la representación partidaria, solo que el representante cambia de función y se completa el cuerpo por orden de la mayoría (ergo sistema D´Hont).
Por otra parte tambien se explica, el asunto denominado, "pertenencia de las bancas":
En cuanto a la pertenencia de las bancas, otro tema que se ha discutido, la CP y la LOMT en sus Arts. 78 y 154 respectivamente, con idéntico texto prescriben “Declárase que las bancas de toda representación legislativa pertenecen a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos. Cada partido tiene la atribución de determinar si la forma en que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ostenta. …”. Esta norma es concordante con las precedentemente analizadas, sin que se les oponga.
En su parte medular, ambos preceptos garantizan a los partidos políticos la posibilidad de asegurar el cumplimiento de sus principios y bases de acción política por quienes se encuentran representándolos; para ello les atribuye la pertenencia de las bancas.
Pero es el caso, que el referido atributo recae en “los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos”; es decir, en “todos” los partidos, toda vez que la nominación de aquellos se produce antes del acto eleccionario. Por lo tanto, no solo recaerá sobre los que han proclamado candidatos, sino sobre todos los que han intervenido en las elecciones; dejando abierta la posibilidad de ejercer el control del mandato a aquel partido que ocupe una banca en el supuesto de acefalía.
Finalmente, se puede afirmar que el rasgo distintivo en los casos de acefalia esta dado en la movilidad que se produce en el rol de los ediles siguiendo la línea sucesoria establecida por la ley. Esto es, el concejal en ejercicio de la Vicepresidencia Primera pasa a ocupar el lugar del Viceintendente, el cuerpo elije nuevas autoridades de entre sus miembros y por último se completa el número de concejales con el suplente en orden de la mayoría. De esta manera, los partidos continúan con la misma cantidad de representantes y a su vez la minoría integra el Departamento Deliberativo con un miembro de su lista, pudiendo ejercer la facultad de control sobre su desempeño.
No obstante, el Tribunal Electoral provincial, por Resolución de fecha 12/03/2018 se expidió proclamando al ciudadano Alfredo Menem como concejal electo, designándolo para ocupar la banca de Concejal. Esta resolución fue atacada por la “Agrupación Vecinalista Arriba Riojanos”, con intervención de las partes, mediante Recurso de Casación por ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, quien resolvió confirmar el decisorio del a quo, rechazando el recurso el 06/08/2018.
Seguidamente, la decisión del TSJ fue objeto de Recurso Extraordinario Federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) presentado por la “Agrupación Vecinalista Arriba Riojanos”, por el cual solicita se la deje sin efecto, recurso que fue denegado por el STJ.
Actualmente, se encuentra pendiente de resolución un Recurso de Queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que se espera que haya a la brevedad un fallo definitivo.
Incorporación del suplente - Rechazo
En relación a los hechos sucedidos, la cuestión ingresó al seno del Concejo Deliberante poco después de haberse expedido el TSJ, a instancia del señor Alfredo Menem, al solicitar su incorporación al órgano deliberativo.
En efecto, la solicitud fue presentada por nota de fecha 08/08/2018, tomando el asunto estado deliberativo en la sesión programada para el mismo día, es decir con la celeridad imprimida por la presidencia tal como lo establece la doctrina jurisprudencial de la CSJN, mediante Expte. Nº 11023-CE-18 girado a la Comisión de Legislación para su estudio, que duró hasta el 10/09/2018, acumulando 155 fojas durante un mes.
Producido el despacho por la mencionada comisión, el asunto fue objeto de tratamiento por el Cuerpo de Concejales en la Sesión Ordinaria Nº 949 llevada a cabo el día 12/09/2018, según el Orden del Día establecido.-
Luego del debate pertinente, por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros, el Cuerpo resolvió no aceptar la incorporación del concejal electo solicitada por nota, ejerciendo las facultades privativas que le corresponden, por aplicación del precepto contenido en el Art. 5 del Reglamento Interno -Ordenanza Nº 1.705 y sus Modificatorias- (RI), en cuanto concede a dicho órgano la prerrogativa de erigirse en "(...) juez único de la elección de sus miembros, y una vez pronunciada su resolución al respecto no puede reverla".-
En cuanto al reemplazo de la banca dejada por el Cr. Oscar Luna, se cumplió el procedimiento legal establecido. Pues, la calidad de Concejal no se adquiere en una única instancia decisional. Por el contrario, se trata de un complejo proceso que va perfeccionándose tras la gradual concreción de una importante secuencia de actos políticos, jurídicos e institucionales, iniciado en una primera etapa bajo la órbita de la Justicia Electoral -Ley Nº 4.234, Art. 9, inc) f- y culminado en una segunda etapa bajo la órbita del Organo Deliberativo -Ordenanza Nº 1.705, Art. 5-, que finalmente permiten establecer la calidad electiva legalmente prevista, para darle vida a las instituciones del Estado.
Este complejo proceso está conformado por una secuencia que se inicia en la relación que se da entre los electores y los partidos políticos, en tanto sujetos políticos habilitados para presentar postulantes a cargos electivos. Esa relación inicial se materializa formalmente a través de las pre-candidaturas que cada fuerza política resuelve postular como propias y como representativas de su ideología y de su proyecto político.
Luego, esa fuerza política presentará sus listados de candidatos ante la justicia electoral, quien tiene a su cargo el control formal y material de las condiciones de elegibilidad establecidas en la constitución, con el alcance que tal función les reconoce en los ordenamientos jurídicos -en nuestro ámbito la Ley de Organización de la Justicia Electoral-, oficializando formal y legalmente las candidaturas de cada fuerza política, factor determinante de la habilitación requerida para poder participar en el acto electoral.
Esa lista de candidatos oficializada correspondiente a un partido político, es por la que los electores podrán optar asignándole su mandato y representación política a través de la emisión del voto en su favor; y es también la que será utilizada a los fines de practicar el escrutinio definitivo, la asignación de cargos y bancas, y finalmente la proclamación de los electos. En esta instancia del proceso electoral, los candidatos han obtenido el apoyo de la voluntad popular a través de su postulación por las respectivas fuerzas políticas y de los sufragios logrados en la elección, adquiriendo formalmente la calidad de concejal electo luego del pronunciamiento formal de la justicia electoral que lo inviste como tal mediante las actas y certificados pertinentes. Esta calidad importa la acreditación del cumplimiento de los requisitos formales y de todas las instancias que componen el proceso electoral.
Justamente esa acta de escrutinio, adjudicación de cargos y proclamación de los electos enviada al cuerpo legislativo municipal, es la que acredita la condición de concejal electo, y en consecuencia la que le permite a dicho cuerpo llevar adelante el juicio de admisibilidad de los mismos para su incorporación definitiva a la institución, con miras al ejercicio de la función para la que han sido investidos popularmente. Es el juicio favorable que emite el cuerpo legislativo con respecto a la validez de los títulos, calidades y derechos de los electos el que les permite acceder a la banca, quedando investidos institucionalmente de la calidad de concejal municipal a los fines del ejercicio de sus funciones.
Por lo tanto, la proclamación como concejal electo no importa la incorporación al Cuerpo Deliberativo, ni un derecho a exigirla, sino más bien un paso más en el proceso de adquisición de la representación política, que nace como partidaria, se complementa como popular y finalmente se perfecciona como institucional. Consecuentemente, todo aquel que resulta electo y proclamado tiene un derecho subjetivo imperfecto para acceder al control o examen de sus títulos, calidades y derechos por parte del Concejo Deliberante, pero es éste quien tiene la facultad de desplegar dicho control en el marco del ejercicio discrecional de su accionar político reconocido y establecido por el Art. 5 del Reglamento Interno, bajo la garantía conferida por la CN (Art. 64) y la CP (Art. 86).
Es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico le confiere expresamente como órgano superior que despliega la función política, para que -mediante la apreciación subjetiva de los intereses públicos comprometidos- lleve adelante un juicio de valor destinado a seleccionar una alternativa de decisión igualmente válida para el derecho, a efectos de perfeccionar el proceso de selección y designación de funcionarios electivos mediante su incorporación al cuerpo.
De manera concordante, la Ley Nº 4.234 de Organización de la Justicia Electoral de la provincia, prescribe con toda claridad en su Art. 9 al referirse a las Atribuciones y Deberes del Tribunal Electoral: inc. f) “Calificar las elecciones de autoridades provinciales y/o municipales juzgando su validez por razón de solemnidades y requisitos de forma, sin perjuicio de la facultad del cuerpo a que pertenezcan, de pronunciarse sobre la validez de los títulos;” (lo resaltado me corresponde).
Consecuentemente, la Ley Orgánica Municipal Transitoria prescribe en su Art. 1 que el Concejo Deliberante, en tanto órgano municipal, “tiene autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. Es independiente de todo otro Poder en el ejercicio de las atribuciones que le son propias, las que no podrán ser limitadas por ley ni autoridad alguna.”
Así lo ha establecido la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido que el ejercicio por parte de la justicia electoral de la aludida función instrumental no es vinculante para las cámaras legislativas, las que pueden apartarse de lo resuelto por aquélla, y que lo decidido sobre el punto tiene la índole de una opinión consultiva o un dictamen, que no reviste las características propias del ejercicio jurisdiccional, pues carece del carácter final, en el sentido de que no pueda ser revisada por la función legislativa. Por lo tanto, el control de la justicia electoral no obsta a que el Concejo Deliberante, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 5 del RI, emita un juicio sobre la idoneidad de aquellos que pretendan su incorporación a ese cuerpo legislativo.
Cabe recordar que, con fundamento contrario al esgrimido hasta aquí, el concejal proclamado por la Justicia Electoral promovió acción penal en contra del Viceintendente y ocho Concejales por incumplimiento de los deberes de funcionario público, afirmando que el primero debía tomarle juramento y que los ediles no cumplieron con la orden judicial de la Cámara Electoral (sic). Pero omitió en todo momento, decir que había sido impugnado por el propio partido que lo llevó en su lista, argumentando deslealtad partidaria (transfuguismo), motivo por el cual lo expulsó de sus filas después de las elecciones de 2017, como surge de las actuaciones judiciales y administrativas.
En el proceso penal aludido, actualmente hay una resolución de la Cámara Tercera en lo Penal de fecha 05/04/2019 que resuelve a favor del Viceintendente y los ocho concejales: 1) Hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto; 2) Revocar la resolución del Juez de Instrucción Nº 3, por la que había rechazado el pedido de nulidad planteado; 3) Disponer que el Juez de Instrucción dicte nueva resolución conforme a derecho.
Por otra parte, se encuentra en curso una demanda de Ejecución de Sentencia iniciada por el señor Menem. Creemos que la misma es improcedente, toda vez que la misma no tiene naturaleza de Sentencia de Condena que imponga al Concejo Deliberante una obligación, por lo tanto no es susceptible de ejecución coactiva.
Volviendo al análisis de fondo, recientemente se produjo un caso análogo en la Legislatura provincial, cuyo desenvolvimiento puede traer claridad al tema que estamos tratando. La Cámara de Diputados de la provincia, a fines del año 2017 decidió rechazar el ingreso a su seno del diputado proclamado electo por el mismo Tribunal Electoral, el Dr. Felipe Alvarez, sin que ello haya suscitado algún pedido de intervención a la casa de las leyes.
Con el mismo criterio aplicado por el Sr. Alfredo Menem, que desde luego no compartimos, debería promover acción penal en contra de los diputados que votaron por el rechazo del ingreso del diputado proclamado electo y pedir la intervención del órgano. Muestra un desconocimiento acerca de que la facultad privativa de ser juez de las elecciones, derechos y títulos de los miembros del cuerpo, en cuanto a su validez -arts. 64 C.N. y 86 C.P.-, está regulada en la esfera del Poder Legislativo de cada una de las gradaciones de las que se compone el Estado Federal -Congreso de la Nación, Legislatura de la Provincia y Concejos Deliberantes de los Municipios-
En efecto, como lo ha advertido el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el precedente (TSJ, Sala Electoral, Agua de Oro -Departamento Colon- Jouve, María Luisa -Amparo- Recurso de Apelación, Sent. N° 2, de fecha 12/04/2000), “en la esfera del Poder Legislativo de cada una de las gradaciones de las que se compone el Estado Federal -Congreso de la Nación, Legislatura de la Provincia, Concejos Deliberantes de los Municipios-, se regula como una de las funciones privativas, la de ser juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez -arts. 64 C.N.; 92 C.P.; 81 C.O.M.-. Dicha prerrogativa surge no sólo de la letra y espíritu que inspiraron las normas antes mencionadas, sino también de la necesidad de salvaguardar la cuota de independencia funcional que se debe reconocer a cada órgano de gobierno, por lo que las decisiones que adopten los respectivos Cuerpos Legislativos en esta materia, han sido calificadas como actos institucionales o políticos, denominación que, en principio, excluye la posibilidad de revisión por parte de otra autoridad.”.
Esta prerrogativa surge no sólo de la letra y espíritu que inspiraron las normas en nuestro caso Arts. 86 CP y 64 CN, sino también de la necesidad de salvaguardar la cuota de independencia funcional que se debe reconocer a cada órgano de gobierno, por lo que las decisiones que adopten los respectivos Cuerpos Legislativos en esta materia, han sido calificadas como actos institucionales o políticos, denominación que excluye la posibilidad de revisión por parte de otra autoridad.
En el mismo sentido nuestro Tribunal Electoral se ha pronunciado en sentencia recaída en los autos Expte. Nº 1.349, Letra “M”, Año 2017, Caratulado “ALFREDO NICOLAS MENEM S/ PROCLAMACION COMO CONCEJAL”, considerando 4º) “Ahora bien, retratado lo anterior al solo efecto de constatar la existencia de una vacante, pero sin abrir juicio respecto de la situación actual de quien fuera nombrado como Vice Intendente, así como tampoco sobre los pormenores y derivaciones de su designación (materia propia y exclusiva de análisis del cuerpo deliberativo en calidad de órgano parlamentario autónomo dentro de la organización jurídica municipal), …”, el subrayado me corresponde.
Es necesario diferenciar con claridad dos etapas en el proceso de examen de los títulos, calidades y derechos de los miembros del cuerpo: la primera corresponde al proceso electoral y se agota en la actuación misma de la jurisdicción electoral; y la segunda es el proceso legislativo de admisibilidad cuyo juicio decide sobre la aceptación o no de los concejales electos y su posterior incorporación al cuerpo a través del juramento de rigor. Dentro de ellas, cada órgano -el electoral y el legislativo- deberá cumplir privativamente las atribuciones respectivas, así lo recoge la Ley de Organización de la Justicia Electoral.
En la medida que ello acontezca dentro de un marco de respeto y observancia de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, el Poder Judicial se encuentra impedido de considerar y juzgar el modo de ejercicio de las facultades exclusivas reconocidas constitucionalmente al Cuerpo Deliberativo, por quedar comprendidas intrínsecamente en la zona de reserva que abarca el examen de admisibilidad de la incorporación de representantes; tal como también acontece en relación a la calificación y juicio de las calidades de remoción en el marco del juicio político municipal. Es que el juez no puede revisar ni sustituir el contenido intrínseco del acto en cuestión, puesto que ello avasallaría la libertad de apreciación política de la oportunidad, mérito o conveniencia y eficacia por parte del cuerpo legislativo, violentando la división de poderes y su zona de reserva.
En este sentido resulta de aplicación lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho desde antiguo, en el sentido de que es regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente.
La magnitud institucional y funcional de esta potestad del Congreso de la Nación ha sido destacada como “el más importante y fundamental, sin duda de los privilegios colectivos de las Cámaras, es éste de ser único ‘juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez’” (González, Joaquín V., “Manual de la Constitución Argentina (1853-1860)”, actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 319).
Los términos en que es definida la facultad por los constitucionalistas argentinos conduce a descartar toda interpretación de la cláusula que conlleve a despreciar su contenido literal, así como a restarle trascendencia en el marco del diagrama de división de funciones institucionales proyectada por los constituyentes originarios, entendiendo, por ejemplo, que se trata simplemente de una atribución de evaluación meramente formal de los derechos de los candidatos electos, una tarea exclusivamente administrativa de constatación de la legalidad extrínseca de los instrumentos emitidos por la justicia electoral, relativos a la proclamación de las personas electas en los comicios.
La Corte ha tenido oportunidad de interpretar el art. 56 del Texto Fundamental (art. 64 en su numeración actual) reconociendo a las cámaras del Congreso de la Nación su derecho exclusivo para resolver sobre el mérito de protestas en lo relativo a la validez de las elecciones (Fallos: 12:40). También ha dicho que “...la resolución respecto de los títulos de los electos para el desempeño de funciones políticas del Gobierno Nacional, está reservada por la Constitución al Congreso de la Nación, según lo dispuesto por las respectivas cláusulas de sus arts. 56, 67, incs. 18 y 28, y 81 a 85. Y se desprende de la armónica lectura de esos textos que la decisión del Congreso alcanza a las elecciones igualmente ‘en cuanto a su validez’ o a la ‘pertinencia de su rectificación’, arts. 56 y 67, inc. 18, in fine citados...” (Fallos: 256:208, cons. 4º).
No hay duda acerca de lo que implica el rol de juez, pues su función por naturaleza es emitir un juicio. El juez es aquel que tiene autoridad y potestad para juzgar sobre determinado aspecto. “Juzgar”, en su significado literal no es otra cosa que deliberar sobre la razón que le asiste en algún asunto a alguien y decidir lo procedente, formar un juicio u opinión sobre algo (conf. “Diccionario de la Real Academia Española”, 21° edición, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1992, p. 859). En esta definición gramatical del término, nada indica que este juicio u opinión que es propia de la tarea del juez deba estar limitada a un aspecto formal, sino que, por el contrario, remite a una valoración global que recae sobre un acontecimiento determinado.
Fallos: 317:1469, al afirmar que “el ejercicio por parte de la Cámara Nacional Electoral de la mentada función 'instrumental' no es vinculante para las cámaras legislativas, las que, como surge del art. 56 (art. 64 nueva numeración) de la Ley Fundamental y de la jurisprudencia citada, pueden apartarse total o parcialmente de lo resuelto por aquélla” y que “lo que decida sobre el punto la Cámara Nacional Electoral tiene la índole de una 'opinión consultiva' o un 'dictamen', que no reviste las característica propias del ejercicio de la jurisdicción judicial, pues carece del carácter final, en el sentido de que no pueda ser revisada por otra rama del gobierno” (cons. 9º y 10º del voto aludido).
IMPOSIBILIDAD DE REVER LA DECISION ADOPTADA POR EL CUERPO
Así lo prescribe el Art. 5 del Reglamento Interno “El Concejo es Juez único de la elección de sus miembros, y una vez pronunciada su resolución al respecto no puede reverla.”.
Por ello, resulta inadmisible la insistencia del bloque peronista de concejales en volver a tratar el tema, basados en la idea equivocada de creer contar con facultades ilimitadas, que les permite incorporar al temario deliberativo cualquier iniciativa, aun aquellas que contravienen la normativa vigente.
Es regla jurídica elemental que no hay derechos ni poder absolutos, su ejercicio está limitado por las leyes. Esta limitación también alcanza a los concejales y funcionarios del CD, cuya actividad es reglada, para apartarlos de la arbitrariedad; están sujetos al principio de legalidad del derecho público. De esa manera lo establece el Art. 19 de la Ley Orgánica Municipal Transitoria “Esta LOMT, las Ordenanzas que en su consecuencia se dicten y los convenios celebrados …, son Ley del Municipio, y sus autoridades están obligadas a someterse a ella con arreglo a lo establecido por la Constitución Nacional, las Leyes de la Nación y la Constitución de la Provincia y las Leyes Provinciales.”.
En este sentido, un vasto número de normas del Reglamento Interno prescriben los límites referidos; por ejemplo, el Art. 26 dice que “Ningún Concejal presente en sesión podrá (…) protestar contra las resoluciones de la mayoría, …”; el Art. 176 ordena que “Ninguna disposición de este Reglamento podrá ser alterada ni derogada por resolución sobre tablas, …”. También constituye un límite, que el Concejo no pueda sesionar sin quorum (Art. 15); el Art. 49 del RI establece que “[las] comisiones tendrán como única función dictaminar los asuntos que hayan ingresado al seno del Cuerpo para su tratamiento y girados a las mismas para su estudio.”; etc.
¿Entonces, que prevé la norma para el caso de que algún concejal no se ajuste a lo normado?
Para el caso de despacho de las comisiones, existe una instancia de revisión, claramente necesaria. En la Cámara de Diputados es asumida por la Comisión de Labor Parlamentaria, pero el Concejo no cuenta con ella; por lo tanto, el Viceintendente que por mandato constitucional lo preside (Art. 169), en su carácter de máxima autoridad de la institución está facultado para llevarla a cabo, también Art. 45 f) del RI.
En lo que hace a las mociones de los ediles en sesión, éstas no son válidas si se formulan contraviniendo el RI. Por lo tanto, el Presidente en ejercicio de la facultad de dirigir el plenario puede no darles lugar. De ello existe un sin número de antecedentes en el congreso nacional.
Haciendo una comparación con el Reglamento del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, éste señala expresamente que ante la falta de algún requisito en la presentación de los proyectos “la Presidencia no les dará curso” (Art. 54).
Para finalizar, hace unos meses los riojanos conocimos un fallo que nos atañe, pronunciado por el más alto tribunal de la nación, referido a la enmienda de la Constitución de la Provincia, declarándola inválida por cuanto el procedimiento seguido para promoverla no ha respetado el texto que la propia Constitución provincial establece, ya que no cumple sus exigencias respecto a la oportunidad en que debía realizarse la consulta popular, ni las mayorías necesarias para la ratificación de la modificación constitucional.
Esta conclusión del máximo tribunal, constituye un claro ejemplo de la actividad reglada a la que debe ajustarse todo funcionario público sin excepción.
JUICIO POLITICO AL CONCEJAL CARLOS MACHICOTE
Esta causa tramitó bajo Expte. Nº 11.217-D-18, caratulado “Denuncia del señor Roque Eugenio Romero contra el Concejal Carlos Machicote”, concluyendo con la decisión de la mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo de Concejales de pasarla a archivo, ocurrido en la Sesión Ordinaria Nº 959 de fecha 10/04/2019, oportunidad en la que se trató sobre la procedencia de la acusación.
Las actuaciones se iniciaron con la denuncia del ciudadano Roque Eugenio Romero presentada por nota de fecha 07/12/2018, en contra del Concejal Carlos Machicote por mal desempeño en sus funciones y/o incapacidad y/o inhabilidad sobreviniente, con motivo del hecho que ha tomado estado público sobre la falta de rendición de cuentas de los fondos del programa GIRSU durante su función como secretario de la municipalidad.
En la primera sesión posterior -Nº 955-, llevada a cabo el 12/12/2018, el Cuerpo de Concejales tomó conocimiento de la denuncia y decidió por mayoría absoluta de sus miembros otorgarle la procedencia formal, pasando el expediente a la Comisión de Juicio Político, integrada por los Concejales Raul Larrain y Gonzalo Brizuela, quienes emitieron el dictamen respectivo, el cual fue tratado en la Sesión Ordinaria Nº 959, decidiendo el archivo de las actuaciones. Todo con arreglo al debido procedimiento deliberativo establecido por la normativa vigente.
JUICIO POLITICO A LOS CONCEJALES ANDRES CEJAS Y RAUL LARRAIN
Sobre ambos Concejales hubo denuncia y pedido de Juicio Político, que se tramitan en autos Expte. Nº 11301-D-19, caratulado “GARCIA SILVIA ISABEL Y ROMERO MARIANA ANDREA s/SOLICITA JUICIO POLITICO AL CONCEJAL HUGO ANDRES CEJAS” y Expte. Nº 11302-D-19, caratulado “IRIBARREN VANESA s/SOLICITA JUICIO POLITICO AL CONCEJAL LARRAIN RAUL”.

References: Artículo 134
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