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Timestamp: 2018-08-20 20:29:18+00:00

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EL NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD LIMITADA EN ESPAÑA
La afinidad que actualmente han llegado a tener la sociedad anónima y la limitada, no se corresponde con una similitud de origen, ya que éste fue diametralmente diferente para uno y otro tipo. Nació, efectivamente, la anónima fuera del campo contractual, como institución de Derecho público, a modo de feudo mercantil, por decisión del legislador y en virtud de la actividad reflexiva de éste, por lo cual pudo decir Federico de Castro que advino «a la historia del Derecho abrupte, repentinamente» <<1>> , y podríamos añadir nosotros que ya perfectamente articulada y armada como nueva y fecunda Minerva salida de la cabeza de Júpiter Legislador y en disposición de ofrecer inmediatamente su auxilio a los humanos. Por el contrario, la implantación de la sociedad limitada en España <<2>> se produjo a partir de una modesta semilla que fue dejada, consciente aunque innominadamente, por los liberaleskrausistas septembrinos, y que favorecida por los propicios vientos del moderno desarrollo económico, germinó en el apenas roturado suelo del incipiente capitalismo de principios de siglo, y creció y prosperó con un vigor insospechado y sorprendente, gracias, fundamentalmente, a los cuidados de un profesional cultivador especializado del terreno jurídicoprivado, que en esta tarea habría de dejar una de las pruebas más eviden-tes tanto de su prudencia cuanto de su pericia creadora, reconocidas ambas por la doctrina <<3>> , por la jurisprudencia registral <<4>> y hasta por el propio legislador <<5>> .
Por sobradamente repetida no nos detendremos demasiado en la exposición de la trayectoria legislativa de la sociedad limitada española. Sustantivamente regulada por primera vez en la Ley de 17 de julio de 1953 <<6>> , entró nominalmente en nuestro derecho positivo, se ha dicho, como de soslayo, a través del Reglamento del Registro Mercantil de 20 de septiembre de 1919 (art. 107 y 108), que se limitó a declarar la posibilidad de su inscripción, apoyándose más que en las normas de nuestro ordenamiento jurídico entonces vigente, en el reconocimiento de un hecho o práctica atípicos respecto de la ley sustantiva <<7>> ; se le otorgó, en seguida, naturalización fiscal mediante la Ley de 29 de abril de 1920, reformadora de la contribución de utilidades <<8>> ; fue tomada en consideración por varias disposiciones administrativas <<9>> , y mereció la atención de algunos proyectos legislativos y privados <<10>> .
Sí parece conveniente, por el contrario, centrar nuestra atención en la fundamentación ideológica del ordenamiento jurídico mercantil que hizo posible la apoyatura legal de la praxis a través de la cual tomó vida la sociedad limitada en España, destacando con ello algo que, hasta cierto punto, ha pasado inadvertido <<11>> , y es la actitud filosóficopolítica adoptada por los legisladores de la época inaugurada con la Revolución de 1868, puesta de relieve, especialmente en esta materia, en el Decreto de 20 de septiembre de 1869, y en la Ley de 19 de octubre de 1869. El primero fijó los criterios para la reforma del Código de comercio <<12>> y en su Base 5ª, regla quinta, ordenó que habrían de «ampliarse» las «formas y efectos» de las compañías mercantiles «a las ya conocidas y en práctica en Europa... (incluidas las) sociedades con responsabilidad más o menos limitada». Por su parte, la ley de 1869 declaró libre la creación de las «asociaciones que tengan por objeto cualquier empresa industrial o de comercio» (art.1º), y dispuso en consecuencia que se procediera «inmediatamente a la revisión del Código de comercio con el objeto de modificarlo en el sentido de la más amplia libertad de los asociados para constituirse en la forma que tengan por conveniente» ;y finalmente estableció que entonces mismo habría de cesar «la limitación establecida en el artículo 2º de esta ley», es decir, la necesidad de que la sociedad se configurara «en una de las formas que prescribe el Código de comercio en su sección primera, título 2º del libro 2º», o sea, como sociedad colectiva, comanditaria o anónima. Hay por tanto una expresa admisión de la atipicidad para el sistema de formas sociales y con ello la implícita recepción de la posibilidad legal de constituir las sociedades limitadas aparecidas ya entonces en la práctica inglesa <<13>> , si bien conforme a ese sistema de posible atipicidad social, su regulación se encomendó a la autonomía de la voluntad de los socios, con sólo una doble limitación: La primera y fundamental, consistente en la intervención notarial, traducida en la necesidad de escritura pú-blica; y la segunda, la publicidad, a través de la inscripción registral y la inserción de determinados anuncios en la Gaceta de Madrid y en el Boletín de la Provincia <<14>> . A la concepción liberal del legislador, tanto el de 1869 como el de 1885, repugnaba, como contraria a la libertad contractual, toda otra regula-ción acerca de la constitución y vida de la sociedad, y hay que recordar que esta actitud se mantenía aún con firmeza a principios de siglo <<15>> y no dejó de contar con valedores hasta las mismas vísperas de la Ley de 1953, en las que un sector doctrinal todavía cuestionaba la conveniencia de una ley reguladora de estas sociedades, entendiendo, en palabras de Vallet de Goytisolo, que sólo mediante el esfuerzo de los juristas para «procurar amoldar el Derecho a la vida», «se pueden ir forjando figuras jurídicas humanamente perfectas», y esto, concluía, «sin necesidad de pedir auxilio al Poder legislativo» <<16>> .
Para ahondar más en esa fundamentación ideológica de la admisión de la atipicidad en las formas sociales y con ello explicar el implícito reconocimiento de la sociedad limitada en el Código de comercio de 1885, habría que examinar la concepción del Derecho propiciada por la corriente filosóficosocial conocida como «krausismo español» <<17>> que informó básicamente la actividad de los protagonistas de la Revolución de 1868 <<18>> , como asimismo su concepción del Notario en cuanto profesional activador de la vida del Derecho y artí-fice fundamental de una jurisprudencia cautelatoria <<19>> , en virtud del ejercicio de una función dirigida a propiciar, al margen de actuaciones burocráticas, la deseable armonía social espontánea, ejerciendo con ello un «delicado y digno ministerio» desarrollado en estrecha alianza con la civilización y la libertad, como señaló un Decreto de 29 de octubre de 1873 <<20>> . De aceptarse esto, como parece no sólo posible sino obligado, resultaría que el nacimiento y desarrollo de la sociedad limitada en España a través de la práctica notarial no se habría producido dentro de un vacío normativo absoluto, ni la utilización como apoyo legal de ciertas expresiones contenidas en el C. de c. (art.117:
«...cualesquiera que sean la forma...»; art. 122: «Por regla general, las Compañías mercantiles se constituirán...»; «...figuradas por acciones o de otra manera indubitada...»), puede considerarse como un simple ingenioso recurso de los intérpretes, sino más bien como el hallazgo de la semilla allí dejada intencionadamente por el legislador al insertar en el Código los criterios liberales fijados en 1869, inspiradores del Código de 1885 según expresa declaración de ALONSO MARTÍNEZ <<21>> .
Dentro de ese sistema liberal consagrado en el Código de comercio, la cautela fundamental estaría en el art.119, en la presencia del Notario en la constitución y modificaciones del «contrato primitivo de la Compañía», todo ello conforme a la concepción del Notariado manifestada por el mismo legislador revolucionario en numerosas disposiciones todas ellas firmadas por políticos afines a la tendencia krausista. Acertadamente o no <<22>> , resulta, pues, que la ausencia de previsiones legales sobre los tipos sociales no mencionados nominalmente ni por el legislador de 1869 ni por el de 1885, obedeció a una opción consciente y congruente con una especial concepción liberal de la vida económica, social y jurídica, por lo que, si bien puede discreparse de tal criterio, no parece sea justo acusar a dicho legislador de simple abandono, inhibición o descuido, como se hace en la Exposición de Motivos de la ley de 1953 <<23>> .
Resumiendo, pues, lo dicho, y recalcando los trazos fundamentales de la historia del nacimiento y desarrollo de la sociedad limitada en España, resulta que la figura fue atisbada como posible por el legislador en 1869, y de acuerdo con su concepción ideológica de la sociedad y del Derecho se encomendó su existencia y destino al juego de la autonomía de la voluntad, encauzada y aquilatada por el Notario, para quien por tanto fue un importante reto, del que, como vimos, saldría airosamente <<24>> , utilizando sus instrumentos tradicionales:
Valoración de los intereses en juego, prudencia, reflexión y dialéctica.
La valoración de los intereses, es decir, los fines prácticos perseguidos a través de la sociedad limitada, nos remite a la cuestión de su justificación como figura diferenciada e intermedia entre la colectiva y la anónima, y hasta cierto punto a la cuestión de la naturaleza jurídica de la sociedad limitada. A este propósito no ha faltado quien considerara innecesario este tipo social <<25>> declara que «en iguales principios se ha inspirado el proyecto de Código al ordenar todo lo relativo a las diversas maneras y formas de constituirse las Sociedades mercantiles, cuyos principios pueden resumirse en estos tres: libertad amplia en los asociados para constituirse como tengan por conveniente; ausencia completa de la intervención gubernativa en la vida interior de estas personas jurídicas; publicidad de los actos sociales que puedan interesar a tercero». Como consecuencia de los dos primeros principios se declara válido todo contrato de Compañía mercantil, cualesquiera que sean la forma, condiciones y combinaciones que se estipulen, siempre que sean lícitas y honestas o no estén expresamente prohibidas por el Derecho», pág. XLV. Y en cuanto al alcance de la autonomía reconocida, anteriormente había subrayado cómo, conforme a lo que llama derecho común en el momento, «la fuerza vital que encierra en su seno el principio de la asociación mercantil» había «producido nuevas variedades del mismo contrato, debidas unas veces a combinaciones de las tres antiguas formas, otras a modificaciones de la anónima y otras finalmente a las nuevas doctrinas de la ciencia económica sobre el más acertado empleo de la actividad productora del hombre», pág. XLIV. «Proyecto de Código de Comercio». Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid 1882.
como asimismo quien lo contemplara con la desconfianza que había llevado en Alemania a interpretar humorísticamente las siglas de la figura (GmbH), como parapeto jurídico para segundas intenciones malévolas <<26>> . La mayoría de los tratadistas han puesto de relieve que el fundamento último para la preferencia de la sociedad limitada estuvo en la necesidad de tener limitada la responsabilidad de los socios, sin estar sujeto a las exigencias formales y fiscales impuestas a las anónimas <<27>> . Como dijera Vivante se quería disponer de una sociedad anónima sin tener que soportar su pesada armadura. Pero indudablemente había algo más profundo consistente en ampararse en la responsabilidad limitada conservando el régimen propio de las sociedades en que, como señaló LORENZO MOSSA, los socios podían ser activos en el seno de la empresa social <<28>> . Empleando una fórmula sintética, podríamos decir que la pretensión última demandada a la sociedad limitada consistía en poder construir una sociedad de naturaleza corporativa o institucional pero en la cual la pauta o lógica predominante fuera la contractual <<29>> .
En todo caso, el arraigo de la figura, intensificado al parecer en Cataluña a partir de la primera Guerra Mundial, constituye un hecho concluyente sobre la atendibilidad de las razones e intereses que pretendían ampararse en la sociedad limitada <<30>> y que el Notario y célebre novelista Rafael López de Haro calificó como «imperiosas necesidades del comercio» <<31>> .
Respecto a la prudencia empleada por el Notariado en la configuración de la sociedad limitada, debe decirse en primer término que un buen número de sus miembros, adoptó una postura de cautela ante la posible declaración de responsabilidad ilimitada como quiso profetizar falsamente Joan Pelegrí.
Por ello desde Tell i Lafont («es molt esposat») hasta Manuel Rodríguez González <<32>> , numerosos Notarios se alinearon en la postura doctrinal que consideraba insuficientes los fundamentos legales para sostener ante los tribunales la responsabilidad limitada a las aportaciones, y sin duda esa actitud debió de hacerse presente, como regla general, en el orden de las advertencias en todos los otorgamientos de la etapa inicial. En segundo lugar, de la prudencia notarial da buena prueba el hecho de la amplia difusión de esta sociedad sin que apenas se suscitaran conflictos judiciales, pese a los pesimistas vaticinios pronunciados por algunos.
En lo que respecta a la reflexión, fueron numerosos los Notarios que hablaron y escribieron sobre los problemas de la sociedad limitada, a lo que quizás contribuyó el hecho de la inclusión de su estudio en programas de oposiciones, primero las restringidas entre Notarios y poco después las libres <<33>> . Especial mención ha de hacerse del detallado estudio publicado por Navarro Azpeitia en la Revista de Derecho Privado, en el cual, sistemáticamente, fue exponiendo los criterios utilizados en la resolución de cada uno de los problemas principales ofrecidos en la construcción de una sociedad limitada de acuerdo con la práctica notarial. Y también ha de hacerse especial mención de la publicación de fórmulas para la constitución de las sociedades limitadas, como las ofrecidas por Sancho-Tello y por Nart <<34>> . Al no poder hacer aquí un análisis pormenorizado de los planteamientos y soluciones ofrecidos respecto de cada uno de los múltiples problemas constructivos de la sociedad limitada, bastará dejar constancia de que, en general, las aportaciones doctrinales de los Notarios de esta época anterior a la Ley de 1953, trataron de perfilar y preservar esa pauta o clave contractual, que al armonizarse con la lógica institucional resultante del fortalecimiento de la personalidad jurídica por razón de la responsabilidad limitada y generalmente por su denominación objetiva <<35>> , dio como resultado pragmático la especial identidad de este tipo social, en que, como señaló Vicente y Gella, los asociados deseaban «encontrarse en situación análoga a los socios de una sociedad colectiva, pero sin tener los inconvenientes de la responsabilidad ilimitada propia de ésta» <<36>> .
Y como ejemplos de esta preocupación podemos mencionar lo relativo a los requisitos sustantivos y formales para la transmisión de las participaciones sociales, en que fueron especialmente brillantes las aportaciones de Palá Mediano sobre la necesidad de escritura pública <<37>> , y de Navarro Azpeitia, en cuanto a la conveniencia de regular las diversas cuestiones relacionadas con la transmisión, gravamen e incluso embargabilidad y ejecución forzosa sobre las participaciones sociales <<38>> ; la oposición a admitir que el capital de la limitada pudiera estar dividido en acciones <<39>> ; y la cuestión de la inclusión de la regulación estatutaria en la escritura de constitución, sin separación formal de ella <<40>> .
Finalmente, la obra de los Notarios inspirada en la prudencia, guiada por el estudio, y modestamente plasmada en sus protocolos, se completó con su indiscutible protagonismo en la interposición de recursos gubernativos, lo que por un lado dotó de una dimensión oficial y pública a los problemas particulares de la sociedad limitada, y provocó a través de una jurisprudencia registral bastante abundante <<41>> , por otro, su reconocimiento y la formación de criterios básicos sobre el régimen de estas sociedades que sin duda alguna prepararon la regulación legal, logrando así que frente a la postura negativa de algunos Registradores <<42>> , acabaran siendo inscribibles las sociedades limitadas sin ningún obstáculo, según declararía Navarro Azpeitia en 1942 <<43>> .
Como resultado, pues, no de un largo proceso meramente reflexivo como ocurrió en Alemania <<44>> , sino de un complejo proceso pragmático, desarrollado fundamentalmente no sólo bajo el signo de un funcionario autenticador sino sobre todo a expensas de la prudencia y estudio de un profesional especializado en la materia, fue felizmente conseguido el que Wenceslao Roces consideraba «difícil maridaje» entre las sociedades anónimas y las colectivas <<45>> y llevó al propio legislador a reconocer el estado de madurez en España de la que, mucho antes, Lorenzo Benito dijo ser «la verdadera Sociedad mercantil de carácter personal que exigen los tiempos actuales» <<46>> .
«¿Crisis de la Sociedad Anónima?», en Revista de Estudios Políticos, núm. 49, pág.
77. Puede verse a este respecto MANUEL ANDRINO: «Lógica contractual e institucional en la sociedad anónima», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 3, marzo 1987, pág. 402 y siguientes.
Diferente fue el caso de Alemania donde por la ley de 1892 el legislador creó artificialmente el modelo de sociedad limitada, partiendo del tipo de sociedad anónima.
Bastaría como justificación transcribir las palabras de Joaquín Garrigues, según las cuales, «...en España lo que se había hecho en materia de sociedades de responsabilidad limitada, antes de la nueva ley, lo habían hecho los notarios; los notarios, en una prudentísima jurisprudencia cautelar, que fue perfilando poco a poco los rasgos de la sociedad de responsabilidad limitada, cuando ésta tenía que vivir extramuros del Código de comercio». JOAQUÍN GARRIGUES y DÍAZ-CAÑAVATE:
«La exclusión de un socio de la S. de R. L.», en Colegio Notarial de Barcelona: «Sociedades de Responsabilidad Limitada. Conferencias del cursillo del año 1954». Barcelona 1955, p. 59.
Sin afán antológico, se pueden además citar las siguientes referencias respecto a las que el mismo Garrigues consideró «brillantez y eficacia», de la práctica notarial:
CORONAS: «En España, las sociedades de responsabilidad limitada son una acertada y casi exclusiva creación del Notariado, que legítimamente puede gloriarse de su obra...».
JESÚS CORONAS y MENÉNDEZ-CONDE: «El Contrato de sociedad en el libro del Lavoro del Có-digo civil italiano», en «Temas varios de Derecho público y privado». Colegio Notarial de Barcelona, Barcelona, 1943, pág. 145.
PITA: «...el contrato de constitución de este tipo social es una realidad de la vida comercial, de la práctica notarial y de la jurisprudencia». EUGENIO PITA BLANCO: «La sociedad de responsabilidad limitada ante el Derecho Positivo y la Jurisprudencia», en Foro Gallego, núm. 15-16, 1945, pág. 518.
NAVARRO AZPEITIA: «...la Sociedad limitada... llegó a nacer, con viabilidad en nuestra vida jurídica mercantil, encauzada y regulada por la práctica notarial, creadora de tipos contractuales nuevos cuando la realidad económica los hace necesarios; renovadora eficaz de las costumbres jurídicas y precursora, con ello, de las futuras normas legales que consagren los hechos contrastados y arraigados». FAUSTO NAVARRO AZPEITIA: «La configuración de la sociedad limitada a través de la práctica notarial», en Revista de Derecho Privado, núm.
299, enero 1942, pág. 24.
SOLA: «Y en base de dos artículos de un Reglamento, se constituyeron y desenvolvieron las sociedades de responsabilidad limitada, gracias al esfuerzo de los Notarios españoles».
FELIPE SOLA DE CAÑIZARES: «Las sociedades de responsabilidad limitada en el nuevo Derecho español». Madrid, 1954, pág. 7.
VICENTE Y GELLA: «...conozco... todo lo que nuestro Derecho privado debe a la aportación del Notariado español...». AGUSTÍN VICENTE Y GELLA: «Capital y participaciones sociales en las S. de R. L.», en «Colegio Notarial de Barcelona», 1955 antes citado, pág. 37.
RODRÍGUEZ SASTRE: «...los Notarios españoles supieron configurar la Sociedad Limitada en forma que ha podido cumplir su misión jurídicoeconómica, con vida ejemplar y placentera...», p. 157. En la misma página se refiere a la «...tradición honrada y caballeresca de que ellos supieron impregnarla». ANTONIO RODRÍGUEZ SASTRE: «El crédito social y la extensión de la responsabilidad en las S. de R. L.». Colegio Notarial de Barcelona, 1955, citado.
NART: «Son hijas de la práctica notarial, no demasiado definida en su concepción, que unas veces las construye como variantes de la sociedad colectiva y otras como sociedades anónimas sin acciones pero de relaciones personalísimas entre los socios». IGNACIO NART:
«Formulario para la práctica notarial». Barcelona 1952, pág. 212.
N. AMORÓS: «Téngase en cuenta... que con anterioridad al año 1953 la práctica notarial había introducido la sociedad limitada en nuestro derecho... Dependía mucho de la concepción propia del Notario que otorgaba la escritura de constitución y casi variaba de unos a otros, sobre todo cuando la competencia y preparación del Notario trataba de encauzar el fenómeno asociativo en tono menor de nuestra orquestación mercantil con las fórmulas que tenían acceso al Registro Mercantil, por la vaguedad de los preceptos legales y por el prestigio del Notario que la patrocinaba».NARCISO AMORÓS, en el prólogo a la obra de ANGEL VE-LASCO ALONSO: «La ley de sociedades de responsabilidad limitada». Madrid 1972, pág. XIII-XIV.
VELASCO: «En España las sociedades limitadas se configuran primeramente a través de la práctica notarial», pág. 2 de la obra últimamente citada.
SALVADOR BULLÓN: «Hemos de destacar aquí que la sociedad de responsabilidad limitada es en nuestra Patria una creación de la técnica notarial... Lo indudable es que los mismos Notarios han tenido que ir poco a poco ajustando y moldeando las sociedades de responsabilidad limitada nacidas en las escrituras a los requisitos establecidos por la Dirección General». PABLO e HILARIO SALVADOR BULLÓN: «Comentarios a la Ley de Sociedades Limitadas», Madrid, 1958, pág. 66.
La Resolución de la DGRN de 11 de agosto de 1943 declaró que pese a la falta de «organización legal» de las sociedades limitadas éstas constituían «una realidad del comercio, de la práctica notarial y de la jurisprudencia de los Tribunales». La Resolución de 15 de enero de 1945 hizo constar que «las sociedades de responsabilidad limitada, admitidas en el Régimen jurídico español por una costumbre notarial en algunos casos de tan atrevidos vuelos que quizá en lo futuro pueda dar origen a intervenciones legislativas». Y finalmente la Resolución de 21 de marzo de 1947 puso de manifiesto que las sociedades limitadas habían sido «incorporadas a la vida comercial española por una extensa práctica notarial acomodada al principio de libertad en la formación de Compañías mercantiles consignado en el artículo 117 del Código de Comercio».
En la Exposición de Motivos de la Ley de 17 de julio de 1953 se puede leer que «corresponde especialmente a la técnica notarial española el mérito de haber encauzado jurídicamente el impulso de comerciantes e industriales, favorable a este tipo de Sociedad que ha alcanzado un notable desarrollo en nuestra vida mercantil». Ya en el discurso de defensa del dictamen ante las Cortes dijo, Maximino de la Miyar y de la Miyar: «Séame permitido, para terminar, hacer presente a la Cámara que durante más de medio siglo, el Notariado español ha sabido dotar a la Economía y al Derecho de nuestra Patria, de una regulación total y completísima de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que ha funcionado maravillosamente sin un solo texto positivo. Yo estoy seguro de que estas Cortes generosas no han de regatearle este mérito que en justicia le corresponde». Vid. «Revista de Derecho Notarial», núms. 1 y 2, pág. 305.
Se había elaborado un Anteproyecto por la Sección de Reforma del Derecho Privado del Instituto de Estudios Políticos. Sobre este Anteproyecto el Gobierno aprobó el 14 de noviembre de 1952 un Proyecto que fue publicado en el Boletín de las Cortes de 29 de diciembre de 1952.
«Ambas normas, en verdad, obedecían al reconocimiento de un hecho, sin pretender entrar en la cuestión de la admisibilidad de este tipo social en nuestro ordenamiento». Luis Carlos Sánchez, ob. cit. pág. 12.
Asimismo en la ley de 22 de septiembre de 1922, y en la de reforma tributaria de 16 de diciembre de 1940. La celeridad con que el Fisco sometió a tributación la sociedad limitada fue en su día destacada por Nicolás Pérez Serrano, en la R. D. Pr. 1927, pág.16.
Entre estas puede destacarse la Orden del Ministerio de Trabajo aparecida en la Gaceta de Madrid de 9 de julio de 1931 prohibiendo a las sociedades limitadas «dedicarse a la explotación del seguro», por entender que esa actividad debía realizarse bajo un régimen de fiscalización, incompatible con la sociedad limitada. Véase un comentario a esa Orden, publicado por Francisco de Munsuri en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 161, 1931, pág. 439 y siguientes. Deben también mencionarse las disposiciones intervencionistas promulgadas a partir de la Ley de 29 de septiembre de 1942, así como el Decreto de 19 de enero de 1951 y la ley de 15 de julio de 1952 que exigieron la naturaleza de anónima para las sociedades de capitalización, y de inversión mobiliaria, respectivamente.
Por el contrario la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 no excluyó a las limitadas. También se mencionó como apoyo del reconocimiento legal la ley del Timbre que preveía la posibilidad de sociedad anónima sin acciones. Así, González Echevarri, citado por Navarro Azpeitia, loc .cit. pág. 25.
Los intentos legislativos habidos con anterioridad al Anteproyecto que dio lugar a la Ley de 1953, fueron, en primer lugar, una propuesta hecha al Congreso de los Diputados, en 1882, por el diputado orensano Gil María Fabra y Deas, propuesta extensamente estudiada por Carlos Prieto González, en la Revista de Derecho Mercantil, número 108, abriljunio 1968, pág. 215 a 245.
El siguiente intento fue un proyecto elaborado por JOSÉ ROIG Y BERGADÁ en noviembre de 1918, siendo Ministro de Gracia y Justicia en el Gabinete Alhucemas, y que según él mismo escribió, «la crisis que sobrevino a los pocos días de haberse jurado aquel Gobierno, impidió que dicho proyecto pudiera ser sometido a la aprobación del Parlamento». Vid. su obra «Las sociedades de Responsabilidad Limitada». Segunda edición. Librería Bosch. Barcelona 1930, pág. 12, nota.
Un nuevo intento se produjo al regular esta figura la Comisión de Códigos en el proyecto de reforma del Libro II del Código de Comercio, publicado en la Gaceta de Madrid núm.
247, de 4 de septiembre de 1926, y que asimismo puede verse en la citada obra de Roig y Bergadá, pág. 189 a 198. Una crítica contemporánea de este proyecto puede verse en JULIO MARTÍNEZ DE LA FUENTE, «El proyecto de reforma del Código de Comercio. Las sociedades mercantiles», en RGLJ, tomo 149, 1926, pág. 458 a 461, como asimismo en el artículo ya citado de Pérez Serrano.
Como proyecto particular puede mencionarse el formado por la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, que fue publicado en la «Revista de los Tribunales», tomo XLVIII, págs. 385 y s.
Prieto González, loc. cit. pág. 239, nota 74, llama la atención sobre la influencia en nuestra legislación posterior de la Ley de 19 de octubre de 1869. Y asimismo Girón Tena destaca con su característica maestría este elemento ideológico, en su trabajo «Las sociedades mercantiles en el Código de Comercio», en «Centenario del Código de Comercio», Madrid, 1986, volumen I, pág. 182.
En este sentido Antonio Polo estima que la función de este Decreto es «semejante en la esfera mercantil a la que asume la Ley de Bases del Código civil». «Leyes Mercantiles y Económicas», I, ap. II, Madrid, 1956, pág. 1, cit. por C. Prieto González, loc. cit. pág. 216.
Respecto a la Company limited by guarantee, como contrapuesta a la Company limited by shares, desarrollada ya en la práctica bajo la Companies Act de 1862, y en general el panorama del Derecho comparado pueden verse los siguientes trabajos aparte de la de Roig y Bergadá (pág. 81 y sig.): PEDRO ESTASEN: «Tratado de las sociedades mercantiles», Madrid 1906, pág. 193 y s.; JOAQUÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, «Tratado de sociedades mercantiles», México 1947, II, pág. 426 y s.; LUIS CARLÓN SÁNCHEZ, «Ley de sociedades de responsabilidad limitada», en «Comentarios al Código de comercio y legislación mercantil especial», tomo XXIII, EDERSA, Madrid, 1984, pág. 2 y siguentes; y JOSÉ MARÍA GONDRA ROMERO: «La posición de la sociedad de responsabilidad limitada en el marco de la reforma del Derecho de Sociedades», en «La Reforma del Derecho español de sociedades de capital», Madrid 1987, pág. 922.
Estas obligaciones se entendieron luego sólo exigibles para las sociedades que antes de esa ley necesitaban autorización del gobierno para constituirse, es decir, las anónimas, y así lo declararon la Orden de 7 de marzo de 1870 y la R.O. de 4 de junio de 1872.
Luis Durán y Ventosa diría en 1905 al discutirse el tema de las sociedades limitadas en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona: «¿Es necessari dictar una lley pera regularla? Es aquesta qüestió molt delicada, puig sempre es grave dictar una lley, pero en aquest assumpto s'ha de tenir en compte que 's tracta de regular la llibertat de contractació en una materia ahont hi deu haver la més ampla llibertat, y en tot cas la lley deuria ser sols per evitar perills, may per posar trabas a la volontat dels contractans». Revista Jurí-dica de Cataluña, XI, 1905, pág. 192.
Así, Enrique Taulet,Vallet de Goytisolo, y algún partícipe de la II Semana Notarial de Santander. Vid. JUAN VALLET DE GOYTISOLO: «La responsabilidad personal de los socios en las Compañías de responsabilidad limitada, frente a las sociedades y frente a terceros», en la Revista de Derecho Privado, números 388-9, julioagosto de 1949, pág. 618-9. Esta actitud liberal se había seguido defendiendo también en el orden internacional, y así Joan Pelegrí i Nicolau, nos dice en 1918 que en el Congreso celebrado en París en 1900, en el Congreso Internacional de las Sociedades por Acciones y en la comunicación dirigida por Mr. Nymark a la Sociedad de Economía Política de París en la sesión de 5 de julio de 1902, «els partidaris de l'escola economistalliberal, demanaren l'inhibició dels poders públics en ço relatiu a la creació i funcionament de les Societats per accions, substituint la reglamentació legal per un regisme de llibertat condicionat, tant sols, per una ample publicitat». «Les societats mercantils de responsabilitat limitada segons el Codi de Comerç de 1885», en Revista Jurídica de Cataluña, Tomo XXIV, 1918, pág. 327.
El Derecho fue definido por Enrique Ahrens, como «el conjunto de las condiciones dependientes de la voluntad humana que son necesarias para el cumplimiento del fin asignado al hombre por su naturaleza racional». «Curso de Derecho Natural o de Filosofía del Derecho», Madrid 1841, I, pág. 51. Así pues, como señalaría luego Giner de los Ríos, el Derecho, «es el orden de la conducta libre, a su vez y en otro aspecto, necesaria, orientada al cumplimiento de los fines de la vida». Vid. ELÍAS DÍAZ: «La filosofía social del krausismo español». Madrid 1973, pág. 114.
Resulta evidente el gran ascendiente de la doctrina krausista en la obra legislativa de los revolucionarios del 68. A este respecto Alvarez Villamil ha escrito que «en la formación del contenido ideológico de la revolución de septiembre hay tres elementos: uno político, que arranca de las Cortes de Cádiz, otro económico, provocado por la corriente librecambista y hay sobre todo un elemento intelectual universitario. Es el krausismo. Es don Julián Sanz del Río. Es su cátedra de la Central. Por ella desfilaron los hombres que luego dieron vida a la revolución». Vid. MARÍA DOLORES GOMÉZ MOLLEDA: «Los reformadores de la España contemporánea», Madrid 1966, pág. 182. Por su parte, Pierre Jobit menciona entre los juristas y políticos próximos al krausismo a los siguientes: Alonso Eguilaz, Romero Girón, Maranges, La Serna, Cirilo Alvarez, Soler, Nicolás Serrano, Fernando Elías, Crehuet, Miralles, Pisa Pajares, Pacheco, Silvela, y afirma en general que el krausismo formará, como tercera generación, hombres políticos a quienes corresponda el peligroso honor de dar una nueva constitución al país. «Les educateurs de l'Espagne contemporaine. I. Les Krausistes». París 1936, pág. 124-5.
La expresión se encuentra en los «Prolegómenos del Derecho o Enciclopedia jurídica», del krausista N. Falk, traducida por Ruperto Navarro Zamorano y José Alvaro de Zafra.
Respecto al origen y significación de la corriente intelectual conocida como «krausismo español» y en concreto sobre Navarro Zamorano, nieto de Notario, y primer traductor de Ahrens, puede verse MANUEL ANDRINO: «Navarro Zamorano y los orígenes del krausismo en España», en la «Revista de Estudios Políticos», núm. 53, septiembreoctubre de 1986, pág.
71 a 100; y «La conciliación entre catolicismo y krausismo», en «Sistema», núm. 79, julio de 1987, pág. 55 a 71.
Este Decreto fue firmado por el krausista Santiago Soler, y aparte de hablar del «delicado y digno ministerio» notarial, dirá en su preámbulo: «La antiquísima institución de la fe pública, necesaria en todos los tiempos y bajo todos los sistemas, estrechamente aliada de la civilización y de la libertad...». Otras interesantes referencias al Notariado en la legislación de este período se encuentran en el Decreto-Ley de 8 de enero de 1869, y en el Decreto de 17 de abril de 1873. En el preámbulo del primero se alude a los protocolos notariales como imperecedero testimonio del desenvolvimiento de «los principios del Derecho en la diversidad de relaciones jurídicas de los pueblos». Y en el segundo se habla de la «necesidad de reformar radicalmente esta importante institución» en lo relativo «al fin jurídico que cumple». Está firmado por el krausista Nicolás Salmerón.
Efectivamente en la Exposición que él firma acompañando al Proyecto, en 1882, después de calificar a la ley de 1869 como «el Derecho común en esta importante materia», <<22>>
A este propósito ha escrito Girón Tena que «el Código, con su liberalismo, no advirtió que la libertad de contratación tan consustancial con las ideas de la revolución decimonónica, pudiera chocar con principios de otros sectores que no son de ese campo de la contratación sino de personas jurídicas y de publicidad material». «Las sociedades mercantiles en el Código de Comercio», en «Centenario del Código de Comercio», Madrid, 1986, volumen I, pág. 182.
«Del abandono de que el legislador hizo víctima a la Sociedad de Responsabilidad Limitada...».
MANUEL GONZÁLEZ ENRÍQUEZ y JERÓNIMO LÓPEZ LÓPEZ resaltaban «los aciertos indiscutibles del Notariado en la configuración de este tipo social, a los que sin duda se debe el escaso número de litigios que el mismo ha suscitado».«Significado y régimen jurídico actual de la sociedad de responsabilidad limitada», en ADC, V, 2, 1952, pág. 11.
Así, PONSA GIL, reacio a la introducción de la figura, escribió en 1923 que «el tiempo dirá si esas sociedades llenan un vacío en nuestra legislación o se trata sólo de una pasajera imitación a la que tan propicios somos los españoles». «Sociedades civiles, mercantiles, cooperativas y de seguros». Barcelona 1923, I, pág. 221, cit. por Taulet, loc. cit. pág. 215.
Igualmente MANUEL DE LA CÁMARA dirá que, dada la flexibilidad de la regulación de la sociedad anónima, «la S.L. vino así a llenar un vacío, más imaginado que real». «Estudios de Derecho Mercantil», Madrid, 1977, I, 1º, pág. 398.
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Efectivamente la significación propia de GmbH, o sea, Gesellschaft (= sociedad) mit (=con) beschränkter (=limitada) Haftung (=responsabilidad), se explicaba así: Gesellschaft (=sociedad) mit (=con) bösen (=malévolas) Hintergedanken (=segundas intenciones) .La anécdota está reseñada por Pérez Serrano, loc. cit. pág. 19.
Así, a pesar de la opinión antes señalada, CÁMARA nos señala que la anónima constituía «un aparato ortopédico absolutamente inadecuado para que vivan acopladas al mismo empresas colectivas de menor entidad económica, y sobre todo pertenecientes a un número reducido de socios», loc. cit. pág. 398.
Entre las exigencias más onerosas de la anónima se puede señalar la obligación de publicación de cuentas (art. 57 C. de C.), el impuesto de emisión de valores, y como señaló Taulet, la propia confección de las acciones, «el gasto y la molestia de imprimir esas bonitas acciones que siempre tenían en el dibujo una chimenea que echa mucho humo». ENRI-QUE TAULET RODRÍGUEZ LUESO: «Sociedades de Responsabilidad Limitada», en «Colegio Notarial de Barcelona: Estudios de Derecho histórico y moderno». Conferencias del Cursillo del año 1947. Madrid, pág. 222.
LORENZO MOSSA: «Esencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada», en Revista de Derecho Privado, número 434, mayo 1953, pág. 383.
Vid. MANUEL ANDRINO: «Lógica contractual e institucional en la sociedad anónima», en la «Revista General de Legislación y Jurisprudencia», núm. 3, marzo 1987, pág. 392-3, donde se diferencia la lógica o pauta contractual, vinculada al orden jurídicoobligacional general y regida por sus principios básicos de autonomía, unanimidad y libertad formal; y la lógica institucional donde prevalece el factor corporativo, y se imponen los criterios supraindividuales.
Según Pelegrí en el año 1916 sólo se inscribieron en el Registro de Barcelona tres limitadas, «una d'elles fundada sense capital». Loc. cit. pág. 339. La estadística publicada por RUIZ ALMANSA («La constitución de sociedades y la asociación de capitales. Un estudio estadístico sobre los datos del Registro mercantil», en Revista Nacional de Economía, XX-VIII, n. 85, 1929, p. 472) muestra que el número de las sociedades inscritas de 1920 a 1928 fue el siguiente: 1920, 213; 1921, 173; 1922, 211; 1923, 271; 1924, 302; 1925, 228; 1926, 302; 1927, 304; 1928, 319. El número de anónimas descendió en el mismo período de 776 a 363. Puede verse el cuadro en F. EHRENFRIED: «Das Aktienrecht Spaniens», Berlín, 1936, pág. 297.
Taulet afirma que de 1933 a 1942 se constituyeron sociedades limitadas en gran número, sin que se produjeran conflictos sino que reinó «una paz octaviana» pues «no había ninguna mala ley por medio». Loc. cit. pág. 226. Y asimismo señala que según el profesor Ros en el Registro mercanti de Valencia se registraron más de 450 sociedades limitadas desde el año 1939 al 1945 (loc. cit. pág. 242). Por su parte, Navarro Azpeitia escribía en 1942 que el número de limitadas era «progresivamente creciente» hasta el punto de haber «desplazado a la mayor parte de las Sociedades comanditarias, a muchas de las colectivas y a no pocas de las anónimas, en la vida mercantil española», loc. cit. pág. 25. Y finalmente según los datos aducidos por el Ministro de Justicia al aprobarse la Ley de 1953, en el quinquenio de 1947 a 1952 se constituyeron en España 3.521 sociedades limitadas, frente a 3.880 anó-nimas, y 1.237 colectivas. Vid. «Revista de Derecho Notarial», n. 1 y 2, pág. 318.
Así en el escrito del recurso que dio lugar a la Resolución de la DGRN de 14 de julio de 1933.
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En el discurso sobre «Societats mercantils de responsabilitat limitada y sa regulació», pronunciado en la «Academia de Jurisprudencia y Legislación» de Barcelona, resumido en la Revista Jurídica de Cataluña, tomo XI, 1905, pág. 190-1. Respecto a González Enríquez escribiría en 1953 que el trabajo publicado por él y Jerónimo López en el Anuario de Derecho Civil, de 1952, fue «el último antes de la Ley, en que se trata de impugnar la admisibilidad de la sociedad limitada en el Derecho entonces vigente». «Algunas reflexiones...», ADC, VI, IV, pág. 3. Como postura contraria puede citarse también la respuesta dada en 1914 a una consulta propuesta a la Redacción de la «Gaceta del Notariado Español», que hizo constar la «imposibilidad de constituir Sociedades mercantiles de forma o condiciones diferentes de las que fija el Código de Comercio». Año LXIII, núm. 15, 12 de abril de 1914, pág. 205. El supuesto planteado en la consulta fue el siguiente: «A., mediante un contrato privado, posee el arrendamiento de unas minas. Y no teniendo dinero para la explotación, ha convenido con B. que éste aporte el capital necesario y partir las utilidades.- A. y B.
quieren tener en la explotación la misma intervención e iguales derechos; pero B. quiere limitar su responsabilidad a las cantidades que aporte.- Surge la dificultad de que si se constituye Sociedad regular colectiva, B. no limita su responsabilidad, y si se le da la forma de comanditario, B. no tiene la intervención que desea. Además resulta imposible fijar en este caso la cantidad de la comandita, porque en este género de explotaciones varían mucho las necesidades de las mismas.-Por todo ello se desea conocer el ilustrado criterio de esa Redacción sobre la forma que podría dársele al contrato para satisfacer los derechos de A. y B.» <<33>>
En el programa de las oposiciones entre Notarios de fecha 20 de abril de 1926 se incluyó el siguiente tema, bajo el número 22: «Sociedades de responsabilidad limitada. Garantías de su constitución. Cuentas en participación».
Asimismo en el tema 22 del programa de 19 de junio de 1926, para ingreso en el Notariado, o sea, «a Notarías determinadas», en el primero de los temas dedicados a sociedades mercantiles, se incluyó como última pregunta la relativa a «Compañías de responsabilidad limitada».
Hay contestaciones a este programa escritas por FRANCISCO HERNÁNDEZ BORONDO:
«Derecho mercantil». Madrid 1930, pág. 354-5.
VICENTE SANCHO-TELLO Y BURGUETE incluyó la fórmula en la segunda edición de su obra «Redacción de instrumentos públicos», Valencia 1926, pág. 294 a 296. Justificaba la inclusión con la publicación del Reglamento del Registro Mercantil, si bien califica ese fundamento legal como «deleznable», y consideraba a la sociedad «peligrosa y ocasionada a litigios».
IGNACIO NART la incluyó en su citada obra «Formulario para la práctica notarial», pág.
212 a 218.
Fue puesto de relieve este aspecto por Rafael López de Haro en el recurso que dio lugar a la Resolución de 14 de julio de 1933 («...que es preciso diferenciar la razón social de la denominación: la primera es exclusiva de las sociedades de personas, pues ella es la que, arrancando del crédito o aptitudes de los que la forman o figuran en la rúbrica, da fisonomía al ente colectivo y es base de confianza en sus negocios, en tanto que la denominación hace desaparecer a las personas visibles y jurídicamente, cual ocurre en las anónimas».
«Curso de Derecho mercantil comparado», Zaragoza 1948, pág. 191, cit. por Vallet, loc. cit., pág. 600, donde él mismo declara su disconformidad con la tesis de Gay de Montellá, según la cual el hecho de la falta de responsabilidad ilimitada significara que no eran sociedades de personas.
Sin duda, a la vista del art. 143 del Código de Comercio, se consideró que la transmisión de los derechos de un socio requería el consentimiento de los demás, en cuanto, situados en la lógica o pauta contractual, se daba por supuesto que todo cambio de socios implicaba la modificación del contrato de sociedad, y no un simple acto independiente de este contrato que hubiera agotado su virtualidad una vez constituida la entidad mercantil. Ello mismo llevaba a la exigencia de la escritura pública como única forma del contrato translativo, por irradiación de la exigencia del artículo 119 del Código de Comercio, según hizo constar el Registrador de la Propiedad en el recurso que dio lugar a la Resolución de 21 de marzo de 1947 («...la separación o admisión de nuevos socios es acto de modificación fundamental de la Compañía, que debe reflejarse en el Registro por exigencia de los artículos 25, 26, 119 y 220 del Código de Comercio y sus concordantes del Reglamento del Registro Mercantil»).
Sólo cuando la lógica institucional fue expandiendo su fuerza, empezó a consagrarse en los Estatutos una prudente mitigación del consentimiento unánime para la transmisión, bien mediante el consentimiento por mayoría o bien mediante la previsión de un derecho de adquisión preferente, que según Navarro Azpeitia, era lo más frecuente (loc. cit. pág. 38). Esta es también la solución acogida en el formulario de Ignacio Nart. A este respecto sería interesante realizar un estudio evolutivo en los protocolos notariales.
PALÁ MEDIANO («Los problemas de la sucesión en los derechos del socio», conferencia pronunciada en el Colegio Notarial de Barcelona y publicada en «Estudios de Derecho sucesorio», pág. 118, cit. por Vallet, loc. cit. pág. 609) partió del presupuesto de que «la cesión de cuota o parte social de esta clase de compañías es siempre un negocio jurídico causal (contrato obligatorio), a diferencia de la cesión de acciones, que por tratarse de transferencia de títulos valores, es negocio abstracto».
Loc. cit. pág. 37-8.
«Nuestra opinión, escribió Vallet, es que esas sociedades, si representan totalmente su capital en dichos títulos, no serán compañías de responsabilidad limitada, sino verdaderas sociedades anónimas, aun cuando se les dé aquel primer nombre». Loc. cit. pág. 606.
En el mismo sentido Palá Mediano escribió que «el pacto estatutario que permite la incorporación de la cuota a un documento o título (aunque sea nominativo) negociable o transferible mediante acto abstracto, altera la naturaleza de la sociedad y supone una contradicción fundamental con el nomen iuris», cit. por Vallet, pág. 607-8.
Esta fue la solución más general, si bien no faltaron, a medida que el proceso de institucionalización se fue intensificando, intentos contrarios. Uno de ellos dio lugar a la Resolución de 9 de noviembre de 1951, que, aun en época tan avanzada, se pronunció en contra de la separación entre escritura y estatutos, aunque con el especioso argumento esgrimido por el Registrador de que se trataba de un simple documento privado protocolado, lo que significaría la infracción del art.119 del Código de Comercio, así como que «la distinción admitida por la doctrina mercantil entre escritura social y estatutos resulta desconocida al sustraer a la primera partes esenciales de su contenido según la Ley», lo que en definitiva significaba admitir la posibilidad de separación entre escritura y estatutos .Tanto en el formulario de Sancho-Tello, como en el de Nart, la regulación de carácter estatutario está incluida en las cláusulas de la escritura, sin diferenciación formal alguna.
Las más importantes Resoluciones de la DGRN sobre sociedades limitadas dictadas hasta la aprobación de la Ley de 1953 fueron las siguientes: 14 de julio de 1933; 16 de abril de 1942; 9 de marzo de 1943; 11 de agosto de 1943; 15 de enero de 1945; 24 de octubre de 1945; 12 de diciembre de 1945; 10 de mayo de 1946; 21 de marzo de 1947; 2 de agosto de 1950; 30 de marzo de 1951; 9 de noviembre de 1951.
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Todavía en 1918 Joan Pelegrí decía que el criterio contrario a la legalidad de la sociedad limitada "ha tingut fa pocs mesos una confirmació oficial» (?), consistente en la negativa del Registrador de Manila a inscribir una limitada constituida según el Código de Comercio español para funcionar en las islas Filipinas por estimar que la misma no era válida según dicho Código . Loc. cit. pág. 343.
Loc. cit. pág. 42.
Respecto a ésta, y a la contraposición del proyecto de Oechelhauser, caracterizado por el trasplante a la sociedad colectiva de los principios de la responsabilidad limitada, y de Hammacher, que tomaba como base la sociedad anónima, y que triunfó a la postre en la ley de 20 de abril de 1892, además de la obra citada de Feine, puede verse, JOAQUÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: «Tratado de sociedades mercantiles», México 1947. II, pág. 428 y s.
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Prólogo a la obra de FEINE, «Las sociedades de responsabilidad limitada», Madrid 1930 , pág. 10.
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«Formas que pueden adoptar las sociedades mercantiles», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo 104, 1904, pág. 561.

References: artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 117
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 119
 Resolución 
 Resolución