Source: https://www.legalik.com/abogados/penal/alzamiento-de-bienes.e4655/preguntas-faq.f28273
Timestamp: 2020-05-27 09:52:00+00:00

Document:
Alzamiento de bienes. Preguntas FAQ
¿Cabe la comisión de un delito de frustración de la ejecución cuando nos encontremos en el ámbito de un procedimiento concursal?
¿Qué sucede si se ejecutan determinados bienes para pagar unas deudas en perjuicio de otras? ¿Se cometería un delito de frustración de la ejecución contra los acreedores de las deudas que no han sido satisfechas?
¿En qué se distingue un delito de frustración de la ejecución,en su modalidad de alzamiento de bienes de un delito de insolvencia punible ?
La respuesta es afirmativa, y así lo dispone expresamente el artículo 257.5 del Código Penal al afirmar que "este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal."
En la actualidad, el procedimiento concursal viene regulado por la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio. Tiene por objetivo que ante una pluralidad de acreedores, todos ellos puedan cobrar en mayor o menor medida parte de su deuda, estableciéndose normalmente supuestos de quita o espera para poder hacer efectivos los créditos de que se trate.
Los procesos civiles y sociales se incorporarán al procedimiento concursal de que se trate y de ellos deberá conocerá el juez de lo mercantil que esté resolviendo sobre el procedimiento concursal. Se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se hayan practicado. Los jueces o tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, social o penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, acciones que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor emplazarán a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la masa, si se personase. (artículo 50 de la Ley Concursal)
Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de la existencia de una pluralidad de acreedores, el Ministerio Fiscal instará del juez que esté conociendo de la causa penal, la comunicación de los hechos al juez de lo mercantil con competencia territorial para conocer del concurso del deudor, a los efectos pertinentes, por si respecto de éste se encontrase en tramitación un procedimiento concursal.
Según el artículo 163 de la Ley Concursal, el concurso podrá ser calificado por el juez de lo mercantil como fortuito o como culpable, no obstante, la calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito.
El artículo 164 de la Ley Concursal define el concurso culpable al afirmar que:
"El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios (...)
6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia."
La Ley Concursal, igualmente en su artículo 166 considera cómplices de un posible concurso culpable "a las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, si los tuviere, con sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, con sus administradores o liquidadores, tanto de derecho como de hecho, o con sus apoderados generales, a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable"
La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común, entendiéndose por insolvencia el estado del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.
La solicitud para entrar en un procedimiento de concurso podrá presentarla el propio deudor acreditando su insolvencia o un acreedor. Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación (artículo 2 de la Ley Concursal).
La Ley Concursal en su artículo 26, distingue entre concurso voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor o concurso necesario en los demás casos, el concurso se considerará necesario.
La declaración de concurso que sea admitida, supondrá la designación de administradores concursales que tendrán mayores o menores potestades de gestión del patrimonio concursal, según se trate de un concurso voluntario o necesario. En el caso de un supuesto de concurso necesario tendrán plenas potestades para la administración frente al caso del concurso voluntario, donde la situación no es tan grave, y el deudor puede realizando la administración de su patrimonio si bien para determinadas operaciones deberá solicitar la autorización de los mencionados administradores.
(artículo 40 de la Ley Concursal que fija las funciones las facultades del deudor concursado)
Declarado el concurso se creará una relación de deudas que pasará a forma la masa pasiva del concurso (artículo 49 de la Ley Concursal, sobre integración de la masa pasiva) y una masa activa con el patrimonio del que dispone el deudor para hacer frente a tales deudas.
La jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2013 o de 2 de octubre de 2012 entre otras muchas) ha entendido que no se comete el delito de frustración de la ejecución si el deudor ha empleado los bienes sujetos a la ejecución para satisfacer un crédito, para cubrir otras deudas, en la medida en la que se entiende que el delito se comete contra todos los acreedores de forma global y no individualmente.
En estos supuestos, no obstante, podremos encontrarnos, especialmente si nos hallamos en un procedimiento concursal ante una vulneración de normas extrapenales de prelación de créditos.
La Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio (artículo 89) en este sentido, hace distinción entre créditos subordinados, ordinarios y privilegiados. Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en:
a) Créditos con privilegio especial, si afectan a determinados bienes o derechos (hipotecas, anticresis o prenda, arrendamientos financieros o compraventas a plazos entre otros).
Se pagan en su totalidad, con preferencia sobre cualquier otro crédito. (artículo 155 de la Ley Concursal)
b) Créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor.
Son créditos con privilegio general (artículo 91 de la Ley Concursal), en términos generales, los salarios frente a los trabajadores e indemnizaciones laborales en ciertos porcentajes, deudas tributarias y los créditos por responsabilidad civil extracontractual.
Se pagan con preferencia al resto de la masa pasiva del concursado. Primero se satisfacen las deudas con la Hacienda Pública y después las deudas con los trabajadores. (artículo 156 de la Ley Concursal)
Si bien en ambos supuestos se da la situación de que el deudor se desprende de su patrimonio para no hacer frente a las deudas que tiene contraídas con el acreedor que resulta perjudicado, la jurisprudencia ha entendido que nos encontramos en un concurso ideal (con un mismo hecho se cometen dos tipos delictivos distintos) del artículo 8 del Código Penal, que ha de resolverse aplicando el delito de insolvencia punible, en la medida en la que éste tiene una pena mayor. (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2004 o de 14 de mayo de 2003)
El artículo 8 mencionado dispone lo siguiente:
"Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, se castigarán observando las siguientes reglas: (...) 4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor"
El autor del delito de insolvencia punible, puede haberla provocado deliberadamente a través de distintos actos de vaciamiento patrimonial entre los cuales se puede incluir un posible alzamiento, el cual quedará consumido por el delito de insolvencia punible al resultar como actos productores del daño o lesión (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2008)

References: artículo 257
 artículo 163
 artículo 164
 artículo 166
 artículo 26
 artículo 8
 artículo 8