Source: http://documentos-pap.blogspot.com/
Timestamp: 2018-03-24 11:59:18+00:00

Document:
En respuesta al Presidente Ricardo Martinelli
(Extracto de intervenciones del vocero del P.A.P. en Comisión de Reformas Electorales los días 11 y 18 de noviembre de 2010)
Olmedo Beluche, Partido Alternativa Popular en Formación: Nosotros queremos, en primer lugar, rebatir las consideraciones de la representante del Partido Popular, la doctora Teresita Yániz, en el sentido de que un cacique millonario pueda usar la libre postulación presidencial a su favor. El sistema actual garantiza, querámoslo o no, a cualquier plutócrata del país, a cualquier millonario, participar del proceso electoral, y no necesita la libre postulación presidencial para colarse y hacer sus partidos e imponer sus candidatos.
Eso es lo que hemos estado viviendo durante los últimos veinte años. En nuestro país, la gente con poder económico se crea sus propios partidos políticos. Esa ha sido la tradición, la gente con poder económico, como hemos visto en esta misma Mesa también compra y financia a los candidatos a diputados, a candidatos a representantes y alcaldes del país, porque con las excesivas cantidades de dinero que se permite a nivel del financiamiento privado, lo que se garantiza es la plutocracia y el control del dinero.
Así que nosotros rechazamos formalmente que se pretenda establecer limitaciones, trabas a la libre postulación presidencial en función de un argumento que el actual sistema político no garantiza, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que este sistema político controlado por el poder económico en el país, se abra a la participación de los sectores populares. Si un millonario mañana decide tirarse por la libre, es posible que lo pueda hacer en este sistema político, pero no necesita la libre postulación presidencial. Para eso puede inscribir su partido, y en estos últimos veinte años se han inscrito muchos partidos en ese sentido y se han comprado muchos candidatos.
El tema del control de las firmas por parte del Tribunal Electoral, la forma como está señalado es una falacia porque el Tribunal Electoral siempre coteja las firmas como quiera que se presenten éstas, siempre se va a un escaneo, a una revisión de las firmas que hace el Tribunal Electoral que presentan los candidatos.
Y quiero recordar que en las elecciones del 2009 ya los candidatos por libre postulación tuvieron la oportunidad de ellos mismos administrar los libros en donde se inscribían los adherentes, para después ser revisados por el Tribunal Electoral. Y fíjense que aquí el problema de la relación, tiene que ver también con la cantidad de adherentes que se exige, porque cada traba de éstas, aumenta la traba que es el número de adherentes que se exige aquí, que es la traba mayor, el mayor obstáculo de todos.
Frente a la propuesta que se ha hecho y que algunos partidos en esta Mesa han levantado que, supuestamente debe haber “igualdad de condiciones” para los candidatos presidenciales por la libre, igual que los candidatos presidenciales de los partidos, queremos decir que eso es otra falacia y es todo lo contrario de lo que se está proponiendo. La igualdad que nosotros reconocemos es la que exige la Constitución Política del país, es decir, que un candidato por la libre sea panameño de nacimiento, mayor de 35 años y no haya sido sancionado penalmente.
Pero, en cuanto a los adherentes la igualdad es justamente la desigualdad.
Si en las condiciones actuales para inscribir un partido se le exige el 4% de la última elección, y eso equivale a 63,500 firmas, y un partido tiene cinco años para inscribirse, es decir, 60 meses, quiere decir que un partido tendría la posibilidad de inscribir en promedio 1,058 firmas por mes.
Pero si un candidato por la libre postulación presidencial se le exige la misma cantidad de 63,500 firmas para participar en las elecciones y sólo le dan cuatro meses para inscribirse, tendría que hacer un promedio de 15,875 firmas por mes para cumplir ese requisito, es decir, unas condiciones 15 veces peores que las de un partido político con el 7% del tiempo que tiene un partido político para inscribirse.
Si se adopta la cifra del 2% que se estuvo manejando en la última ocasión, serían 31,750 firmas que se exigirían a un partido que, divididas en 60 meses le da apenas a 529 firmas por mes, pero a un candidato presidencial por la libre que se postule y al que sólo se le dan cuatro meses, se le obligaría a inscribir 7,937 firmas por mes.
Si se adopta el criterio del 1% tendremos que el total sería 15,875 firmas que en 60 meses a un partido apenas tendría que inscribir 264 firmas por mes. Pero un candidato por la libre a la Presidencia sólo tendría cuatro meses y por ende, tendría que inscribir 3,969 firmas por mes en esos cuatro meses.
En todas las condiciones, la supuesta igualdad de la cantidad de firmas que se pide, es lo contrario de lo que se argumenta en esta Mesa; es un obstáculo y una diferencia contra los candidatos de libre postulación, y es una medida antidemocrática y por eso la rechazamos.
Pese a que lo justo sería promediar esa cantidad de firmas por mes que tienen los partidos políticos en los cuatro meses que tiene el candidato por la libre, y entonces, si se usara el criterio del 4% el candidato debería inscribir en total en los cuatro meses 4,232 firmas. Si se usa el criterio del 2% debería inscribir en promedio 2,116 firmas, y si se usa el criterio del 1% tendría que inscribir en promedio en los cuatro meses 1,056 firmas para ser equivalentes de verdad con los partidos políticos, eso sí sería de justicia, esa sí sería la equivalencia matemática clara, ese sería el criterio.
Nosotros, el Partido Alternativa Popular ha hecho una propuesta que no es de las 1,056 firmas, es el 0,5% de la última votación, el medio punto, lo que significa 7,500 firmas aproximadamente, y creemos que esa es la propuesta democrática que queremos defender y seguir sustentando ante esta Mesa, ante ustedes, y repudiar esos argumentos que lo que pretenden es poner más obstáculos.
Nosotros seguimos sugiriendo que las firmas de adherentes se recojan en listado simple y sean cotejadas contra la Base de Datos del Tribunal Electoral, y eso no hace óbice para que un plutócrata de este país pueda seguir postulándose al gobierno, postular diputados y seguir controlando las licitaciones que hace el Órgano Ejecutivo en el país porque controlan la política con su dinero. Lo que queremos es la apertura del sistema para que sectores populares podamos participar democráticamente en las elecciones del 2014.
Nosotros queremos reiterar en esta ocasión lo mismo que hemos dicho cuando presentamos la propuesta que se está discutiendo, sobre la reglamentación de la libre postulación presidencial, una conquista que hemos logrado en el 2009 reconociendo finalmente, después de veinte años del régimen democrático en Panamá, que todos los ciudadanos tienen derecho a postularse, inclusive, mediante la libre postulación, derecho que está consagrado en la Constitución del país.
Nosotros hemos señalado que el principal problema del sistema político panameño, llamado democrático, es que es un sistema político excluyente, en el que solamente los sectores adinerados con capacidad económica en este país, pueden participar del sistema electoral, de las postulaciones y de las elecciones a nivel nacional.
La posibilidad de que una reglamentación democrática de la libre postulación presidencial se dé en esta Sala, va a permitir que los diversos sectores populares, podamos por primera vez en 20 años de democracia en nuestro país, participar de los procesos electorales, y eso es lo que estamos exigiendo y le pedimos a esta Comisión que apruebe y que apoye en este momento. Todos sabemos que una reglamentación exagerada en requisitos, puede anular un derecho que consagra la Constitución del país, y que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia y que en la ley electoral ya no puede seguir negando a los panameños y panameñas.
Nosotros exigimos que no puede ponerse como requisito de inscripción de un candidato por libre postulación a la Presidencia de la República, los mismos criterios que se exigen para inscribir un partido político, porque un partido político tiene cinco años para inscribirse y un candidato por la libre, solamente tiene dos meses para hacerlo.
Los comisionados pueden hacer el ejercicio de tomar el lápiz que tienen a su mano derecha, y multiplicar 5 por 12 meses que tiene el año, y podrán ver que les da en cinco años, 60 meses para inscribir un partido político. Si dividimos 63,500 firmas que se exigen hoy para inscribir un partido político en Panamá, el equivalente al 4% de la última votación, tendríamos que los partidos políticos tienen para inscribir en promedio 1,058 firmas mensuales durante esos cinco años, para lograr la meta que la ley exige.
Nosotros, el Partido Alternativa Popular hemos denunciado que esa es una meta exagerada, que el 4% es demasiado con respecto a lo que se pide en diversos países de América Latina, que es un obstáculo para la participación y la inscripción de nuevos partidos políticos y de nuevas alternativas; y que eso se evidenció en las elecciones de 2009, donde “de facto” solamente hubo dos candidatos o dos alternativas que se le presentaron al electorado, y eso es un desastre para la democracia y para cualquier democracia.
Entonces, compañeros Comisionados, si ustedes toman el lápiz, el papel y tienen que, en 60 meses un partido tiene para inscribir 63,500 firmas y lo dividen, esa cantidad les da un promedio de 1,058 firmas por mes en cinco años. ¿Por qué se le va a exigir a un candidato por libre postulación presidencial también el 4% de las firmas para poder inscribirse? Eso sería un absurdo, exagerado, antidemocrático y un obstáculo para la participación democrática.
En dos meses o tres meses de inscripción, en realidad, a un candidato por la libre habría que exigirle 3,175 firmas nada más, que es el 0,25%. Nosotros, para que no se diga que somos exagerados, hemos pedido apenas el 0,5% que equivale a 7,500 firmas en este momento.
La decisión que tiene que tomar esta Comisión es responder a la pregunta de si va a abrir o no la puerta a la participación de otros sectores sociales y políticos en el país que han estado excluidos hasta ahora de la participación electoral. Esa es la decisión que ustedes tienen en sus manos, y no colocar más obstáculos y más trabas para que otros sectores no podamos participar.
Aquí se utilizaron en la última sesión argumentos falaces como decir que el problema es que no tenemos simpatías populares. Quien dice esto, no conoce las encuestas electorales, y puede encontrar fácilmente, consultando las encuestas electorales como la de IPSOS del diario El Panamá América, que el profesor Juan Jované cuenta con aval de un 16 % del electorado, que quisiera que fuera un candidato presidencial en el 2014.
Entonces, la pregunta es si ustedes van a cerrar la puerta a la participación poniendo una traba artificial más, o van a permitir que se pueda participar democráticamente en las elecciones. Ese es el punto que queríamos recalcar para abrir la discusión, Magistrado.
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Etiquetas: cuota de adherentes, donaciones privadas, libre postulación, reforma electoral
Propuesta sobre Libre Postulación Presidencial
Panamá, 29 de septiembre de 2010.
Salud. Dado que ha sido colocada para su discusión por la CNRE los criterios para la libre postulación de candidatos a la Presidencia de la República de Panamá, hacemos formal entrega de la propuesta del Partido Alternativa Popular.
En primer lugar, algunas consideraciones: 1. La libre postulación presidencial es un derecho democrático de la ciudadanía panameña establecido constitucionalmente, como usted bien expresara en un pronunciamiento anterior, y fuera ratificado por la Corte Suprema de Justicia; 2. Para garantizar el ejercicio de ese derecho, el Código Electoral debe establecer los requisitos de estas postulaciones de modo que no se constituyan en una traba, por ende, ni en los procedimientos, ni en el monto de los adherentes requeridos se puede proceder con los mismos criterios que se exigen a un partido político, pues los partidos cuentan con cinco años para inscribirse, pero los candidatos por la libre apenas tienen dos meses para recoger sus firmas y cumplir los requisitos.
Por esas razones, proponemos:
Modificar el artículo 233, para que diga: “Las postulaciones de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República se harán por los partidos políticos reconocidos o mediante libre postulación”.
Artículo nuevo, entre el 244 y 245, “Para ejercer la libre postulación a Presidente y Vicepresidente de la república será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Presentar solicitud de postulación debidamente firmada por un número de ciudadanos equivalente, por lo menos, al 0.5% del total de votos válidos emitidos en la última elección a dicho cargo.
2. Las firmas de los ciudadanos que acompañen esta postulación se recogerán en papel membretado y en ella constarán: nombre completo, número de cédula de identidad personal, firma legal, residencia y teléfono.
3. El Tribunal Electoral verificará la validez de las firmas que acompañen la solicitud.
4. Los candidatos por libre postulación a la Presidencia y Vicepresidencia deberán cumplir los demás requisitos constitucionales y legales que se exige a los candidatos para el mismo cargo por los partidos reconocidos”.
Sin otro particular, queda
Representante principal en CNRE
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Etiquetas: libre postulación
Informe sobre Reformas Electorales
El presente informe aborda la situación de lo acordado hasta ahora en la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) convocada por los magistrados del Tribunal Electoral y compuesta por los 6 partidos constituidos, los 4 votos del Foro Ciudadano, y un grupo de organizaciones con derecho a voz, como es el caso de nuestro partido en formación, Alternativa Popular, FRENADESO, mujeres de partidos políticos, etc.
Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HAY AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL.
En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE LA POLÍTICA PANAMEÑA.
Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.
Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.
Como hemos informado anteriormente, el Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en la CNRE que ese porcentaje de adherentes debía ser, cuando mucho, equivalente al 1% del padrón electoral. El Foro Ciudadano y el Partido Popular aprobaron por mayoría que la reducción sea al 2%, es decir, una cifra cercana a los 33,000 adherentes, la cual se puede considerara un avance relativo, aunque aún se mantiene alto. Sin embargo, en dicha votación no participó el PRD y votaron en contra los cuatro partidos oficialistas, quienes tienen el control de la Asamblea de Diputados, en la cual pueden imponer su criterio de que todo quede igual.
Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.
Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.
Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.
Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.
La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.
Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.
En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.
El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.
Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.
En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.
Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.
Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación. A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.
Al respecto los medios televisivos han presentado una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario. Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.
Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.
Quedan aún por discutirse aspectos importantes como la libre postulación presidencial pero se espera que el monto de adherentes que se exigirá será el mismo que para inscribir un partido político. También están pendientes: circuitos pluri y uni nominales, forma de conteo del voto para asignación de curarles, diputados nacionales o circuitales, etc.
Finalmente exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de la CNRE y del Foro Ciudadano una disminución del entusiasmo inicial que expresaron sectores sindicales vinculados a CONATO y FRENADESO. Es necesario que se escuchen otras voces sociales, y no sólo la del P.A.P., en este asunto crucial para el futuro de la democracia panameña.
Prof. Olmedo Beluche
Secretario General del PAP
Representante principal en la CNRE
Panamá, 6 de septiembre de 2010.
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Etiquetas: cuota de adherentes, democracia, donaciones privadas, financiamiento público, inscripción, libre postulación, medios de comunicación, reforma electoral
Situación Nacional al 7 de agosto de 2010
Realizamos este Directorio Político Nacional del Partido Alternativa Popular bajo el signo de la insurrección obrera, popular e indígena de Bocas del Toro contra la Ley 30 o Ley Chorizo. Lo cualitativo de la nueva situación es que, luego de varios años, la clase obrera ha entrado en escena y se convierte en un actor político importante, junto a otros sectores como los pueblos originarios, los ecologistas, defensores de los derechos humanos y campesinos.
La gravedad de los acontecimientos en Changuinola, y la subsecuente Huelga General a nivel nacional, han producido un vuelco en gran medida inesperado de la situación política precipitándose una crisis, aún en su fase inicial, del gobierno de Ricardo Martinelli.
En momentos en que el gobierno empresarial y ultra derechista de Ricardo Martinelli conmemoraba su primer aniversario, con un alto índice de aceptación según las encuestas, y parecía lo suficientemente sólido para imponer un nuevo conjunto de medidas neoliberales y antiobreras, se ha producido el estallido de descontento del pueblo bocatoreño, dando un vuelco completo a la situación.
Tan fuerte se sentía el gobierno que en un espacio de dos meses impuso un conjunto de leyes que, en su conjunto, implicaban un fuerte golpe a los derechos económicos, sociales y sindicales de la clase trabajadora: Ley Carcelazo, que penaliza la protesta social; aumento del ITBM al 7%; Ley Chorizo, que de un golpe destruía al sindicalismo (eliminación de descuento directo de cuotas, imposibilidad de convocar huelgas, nuevo organismo de representación sindical manipulado por MITRADEL), elimina los estudios de impacto ambiental en ciertos proyectos y legitima la violación de los derechos humanos por miembro de la policía.
La cadena se rompió por el eslabón más débil
Si bien nadie podía predecir la profundidad de la revuelta popular en Changuinola, el análisis indica por qué los trabajadores bananeros han aparecido como la vanguardia en la lucha contra las medidas draconianas de Martinelli.
Por un lado, los trabajadores bananeros pertenecen en su mayoría al pueblo gnobe-buglé, siendo los indígenas la parte más empobrecida del país, y ellos los más pobres entre los pobres. Por otro lado, los trabajadores bananeros tienen una larga tradición de lucha con los métodos clásicos de la clase obrera, es decir, asambleas de empresa, control de la empresa y zonas aledañas durante la huelga, piquetes para custodiar las instalaciones, etc. Y, aunque la huelga más legendaria que se recuerda antes que ésta data de 1960, durante las décadas siguientes hubo movimientos de menor magnitud pero que mantuvieron esa tradición.
Además, la zona de Changuinola es, al igual que antes Barú, completamente dependiente de la multinacional Chiquita Brands, actuando casi como un estado dentro de otro, con el único poder alterno del sindicato (SITRAIBANA), pues las autoridades públicas siempre han sido títeres de la “Compañía”.
A todo lo cual, se suma el descontento larvado por el conjunto de la sociedad panameña con un régimen político de veinte años de “democracia” neoliberal que ha empobrecido sistemáticamente al pueblo. Martinelli, que obtuvo una alta votación en Bocas del Toro, había sembrado la ilusión en un “cambio” en la forma de actuar de los gobiernos. Ilusión que ha empezado a despejarse conforme avanzan los meses y el pueblo panameño descubre que es “más de los mismo”.
En estas circunstancias, Chiquita Brands intentó aprovechar a fondo las ventajas que le ofrecía la Ley 30 para tratar de debilitar al sindicato, negándose a descontar y pagar la cuota sindical, con lo cual detonó el primer llamado a huelga por 48 horas, que se hizo indefinido cuando la asamblea de trabajadores comprobó que la empresa arreciaba con el no pago de salarios a los huelguistas azuzada por la ministra de Trabajo, Alma Cortés, las declaraciones intransigentes del propio Martinelli, y la actitud represiva teñidas de racismo desembozado por parte del ministro Mulino y el jefe de la policía Gustavo Pérez.
El traslado de más de mil unidades de policiales para reprimir el movimiento huelguístico, entre el 7 y el 8 de julio, fue el detonante de la insurrección popular, con su secuela de muertos (al menos 8), heridos de gravedad (al menos 50), cientos de heridos leves, centenares de detenidos, etc. De todos los mártires obreros de esta lucha, destacamos la figura del compañero Antonio Smith, dirigente sindical de las bananeras independientes afiliado a la central Convergencia Sindical.
Pese a la represión, el gobierno y la bananera, NO pudieron derrotar al movimiento, teniendo que tranzar un acuerdo en que se suspendían los aspectos que afectaban al sindicalismo de la Ley Chorizo.
Bocas del Toro impuso la Huelga General pese al divisionismo
El estallido popular de Changuinola fue tan poderoso, sumado a las torpezas represivas del gobierno oligárquico de Martinelli, que impactó la conciencia nacional de tal manera que obligó a las dirigencias sindicales a convocar la Huelga General nacional, aunque era notoria su falta de decisión para llegar a acuerdos que permitieran concretarla.
Por un lado, la dirigencia sindical tradicional de CONATO, pese a denunciar mediante resoluciones la Ley Chorizo , en el primer momento hizo muy poco para enfrentarla. Por ejemplo, nunca convocó al organismo natural de lucha que es el Consejo Nacional de Delegados de CONATO. Fue al calor del movimiento huelguístico bananero que la dirigencia de CONATO aceptó la propuesta de la nueva corriente del sindicalismo independiente, ULIP, para convocar en conjunto la huelga y que CTRP, a la que está afiliado SITRAIBANA, convocó recién el 9 de julio su Consejo de Delegados.
Por otro lado FRENADESO-CONUSI-SUNTRACS, pese a su indiscutible papel de vanguardia de la lucha sindical, se negó reiteradamente a los intentos de alcanzar acuerdos para que la movilización y la huelga fueran convocadas y coordinadas de manera unitaria. El sectarismo tal vez sirva para capitalizar “prestigio”, pero debilita al conjunto del movimiento obrero, sobre todo en una lucha en que la vanguardia la han ocupado sectores sindicales no vinculados a ellos, como los bananeros.
Lo más novedoso y positivo es que el movimiento sirvió de bautismo a la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), nuevo agrupamiento del movimiento sindical independiente, que supo defender los intereses generales de la clase trabajadora, teniendo que maniobrar entre el burocratismo de CONATO y el sectarismo de FRENADESO, convirtiéndose por momentos en el fiel de la balanza.
ULIP tuvo el acierto de convocar un exitoso encuentro nacional, cuando fue llevada a la Asamblea Nacional la Ley Chorizo , y tuvo un papel destacado en la Huelga General , del martes 13 de julio, donde el Sindicato de la Coca Cola paralizó completamente la empresa y la Federación Auténtica de Trabajadores, logró movilizar segmentos importantes, en especial en La Estrella Azul y Cemento Panamá.
Como ya hemos señalado en el balance de la huelga que el P.A.P. realizó, la huelga general, aunque parcial, fue un ÉXITO, logrando afectar severamente sectores industriales que hace años no paraban. Pero al margen de los efectos económicos, los efectos políticos de la huelga son los más notables: teniendo el gobierno que desactivar momentáneamente sus medidas represivas contra la dirigencia sindical y popular, y congelando por ahora la Ley Chorizo.
El gobierno de Martinelli, más débil, pero no está derrotado
La lucha de los trabajadores bananeros y la huelga general han abierto un nuevo momento político, distinto al anterior. Las ilusiones de muchos en el gobierno de Martinelli empezaron a desvanecerse, a la vez que el movimiento social, aletargado desde las luchas de 2003-2005 en defensa de la seguridad social, vuelve a despertar.
Estamos en un momento de mayor intensidad de la lucha de clases, que parece coincidir con una corriente semejante en Latinoamérica, y en especial Centroamérica, cuya vanguardia han sido los hondureños desde el golpe de estado del año pasado. Esta reanimación de la lucha de clases, facilitada por el carácter claramente empresarial y oligárquico del gobierno de Martinelli, está ayudando a la maduración política de los trabajadores y a que tomen conciencia de la necesidad de construir su propio instrumento político.
Sin duda Martinelli y su gobierno han perdido el asalto, usando el argot boxístico, pero no están derrotados. El repudio de la opinión pública a sus medidas es generalizado y se ha apreciado en una caída brusca en las encuestas. Lo peor para ellos es el surgimiento de fuertes contradicciones internas en la alianza de gobierno, en especial con el Partido Panameñista, que se pronostica puedan conducir a una ruptura abierta.
La empresa encuestadora Dichter y Neira, a principio de julio señaló una caída del índice de aceptación del Presidente del 14%, aunque aún se mantenía sobre el 50% (viene cayendo desde el 80%). Pero lo más significativo mostraba que el 60% NO lo volvería a elegir (esta pregunta fue sacada de la página web al segundo día), que la mayoría opina que no cumple sus promesas de campaña y el repudio que gozan la mayoría de sus ministros, en particular los responsable directos de las medidas Alma Cortes y José R. Mulino.
Las pequeñas fisuras que ya se apreciaban en la alianza oficialista, ostensibles desde el rechazo del proyecto de Ley de “Consulta ciudadana”, encabezado por el diputado panameñista José Blandón, se han convertido en grietas bastante marcadas. Las diferencias se expresaron desde el intento del vicepresidente Varela por pactar con los huelguistas de Bocas y la línea “dura” expresada por los allegados a Martinelli. También en la disputa con el alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, y las denuncias de corrupción contra el ministro Ferrufino del MIDES.
La concentración de poder en manos de Martinelli, y su estilo totalitario, que busca aniquilar a otras fracciones burguesas en órganos del estado, no sólo al PRD, sino a sectores de la llamada “sociedad civil”, ya habían generado preocupación de parte de la embajada norteamericana y el viaje intempestivo del secretario de Estado para América Latina, Valenzuela, hace unas semanas. Voceros diplomáticos norteamericanos, en reuniones privadas, han expresado la preocupación de que Martinelli queme todas las opciones de recambio y las válvulas de escape del régimen, debilitando al modelo tal como ha sucedido en otros países de la región.
Aunque debilitado, Martinelli no está derrotado e intenta ganar tiempo para superar la crisis. La maniobra fundamental la ejecuta a través de la llamada “Mesa de Diálogo” bastante parcializada y no representativa, y suspendiendo (no derogando) los artículos antisindicales de la Ley 30 pero sosteniendo lo demás. Por otro lado, continúa su Plan Económico quinquenal con las multimillonarias inversiones públicas que harán más ricos a sus allegados.
Su lado flaco, son los ministros Mulino y Alma Cortés, responsables directos de la Ley 30 y la represión, así como su jefe de Policía. Junto al movimiento sindical y los organismos de derechos humanos, debemos insistir en su destitución y procesamiento por los desmanes cometidos.
La gran falencia sigue siendo la ausencia de un referente político obrero y popular
La fortaleza es que literalmente no existe una oposición política prestigiada. El PRD, aunque intenta superar su crisis, está muy lejos de poder capitalizar el creciente descontento con Martinelli. El PRD no supera su crisis, y carece de una figura que catalice como referente alternativo. Sin embargo, la actual dirección encabezada por Mitchell y Cárdenas ha logrado evitar la fuga de muchos activistas fomentando la ilusión de que “ahora sí” habrá una renovación “progresista” de su dirección.
Gracias a la entrada en escena del movimiento obrero y popular, aparecen mejor ubicados como una oposición política FRENADESO, en particular Saúl Méndez, así como el Prof. Juan Jované, a la cabeza de un frente social amplio, compuesto por ULIP, el Partido Alternativa Popular, el Partido del Pueblo, y hasta sectores de CONATO. Sin embargo, aún no ha cuajado ningún acuerdo concreto al respecto, y con FRENADESO hay pocas esperanzas de que cambie su curso sectario.
El problema para el Partido Alternativa Popular consiste en lograr que esa nueva dirigencia político social adopte como suya la construcción de este proyecto político bajo la forma de un partido electoral tipo frente. Existe un evidente desfase al respecto, pese a los indiscutibles avances del PAP en cuanto a reconocimiento ciudadano y el papel de muchos de sus dirigentes a la vanguardia del movimiento sindical y popular.
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL
Panamá, 7 de agosto de 2010.
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Propuestas de Reformas al Título III del Código Electoral sobre Partidos Políticos
En atención al acuerdo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales del pasado 4 de marzo del presente, presentamos las propuestas de modificación a los artículos que componen el Título III del Código Electoral, para que sean consideradas por tanto por los miembros de la CNRE, como por el Foro Ciudadano y por la ciudadanía en general:
1. Artículos 40 y 41 (sobre definición partido político):
Sostenemos que deben permanecer tres principios: A. que son entidades públicas, B. que existen si perjuicio del derecho a la libre postulación (como establece la Constitución Política); C. que uno de sus objetivos (además de la defensa de las instituciones democráticas) es la “defensa de la soberanía nacional” (tal y como está ahora).
2. Artículo 43: (Requisitos para inscribir un partido político)
Parágrafo 1: Proponemos que se baje de 1,000 a 100 el número de firmas de ciudadanos para solicitar la inscripción de u nuevo partido político.
Parágrafo 4: proponemos que se baje el requisito del 4% de firmas de adherentes (votos válidos última votación) a la cifra de 3,000 adherentes (siguiendo el modelo de Costa Rica) o en su defecto una cifra que no exceda del 1%.
Justificación: la cantidad de adherentes que se exige en Panamá es la más alta del continente, es antidemocrática y la misma impide que surjan nuevos partidos y ofertas electorales. En Colombia el porcentaje que se pide es inferior al 0.4%; en México es inferior al 0.2%; en Costa Rica, que es la democracia más antigua de Centroamérica y con una población semejante a Panamá sólo se piden 3,000 adherentes.
3. Artículo 49: (requisitos sobre memorial de certificación residencia para solicitar nuevo partido):
Parágrafo 5: proponemos que se eliminen o expida las CERTIFICACIONES DE RESIDENCIA el Tribunal Electoral, ya que en este momento la expiden Alcaldes y Corregidores que, si son de partidos contrarios, las bloquean y retardan, lo cual le sucedió al P.A.P.
4. Artículo 56: (Cuando aparecen dos partidos con el mismo nombre):
En el segundo párrafo, cuando se señala el criterio de los magistrados para decidir cuál reconoce, debe agregarse que tiene prioridad el que entregó su documentación primero en el tiempo.
5. Artículo 58: (sobre inscripciones de adherentes):
Parágrafo 1: Debe haber igualdad de condiciones entre partidos en formación y partidos constituidos, ya que la redacción actual otorga a los partidos en formación libros estacionarios (en la calle) sólo 4 meses al año; mientras que el artículo 74 autoriza a los partidos constituidos a mover sus libros durante todo el año.
Parágrafo 2: es un derivado del anterior y obliga a que durante 7 meses del años el partido en formación no puede sacar libros a la calle y sólo puede inscribir en las oficinas del TE.
Además proponemos que existan LIBROS MÓVILES, tal y como el TE autorizó en las elecciones de 2009 a los precandidatos por libre postulación (precedente reciente) y como se hacía durante la década de los 80 (precedente anterior).
Otra variante, utilizada en algunos países, es que los partidos recojan las firmas de los adherentes en listas confeccionadas por el propio partido en formación o por el Tribunal Electoral (semejante al memorial que ahora mismo se utiliza en las primeras mil firmas de solicitud para iniciar un partido), y luego las firmas y los datos se cotejen contra la base de datos del T.E. para determinar su veracidad (tal y como se hace con los iniciadores de partidos nuevos).
6. Artículo 70: (sobre inscripción partidos)
Al igual que en artículo 58 sólo habla de libros estacionarios, proponemos que agregue la opción de LIBROS MÓVILES, LO CUAL YA AUTORIZARON LOS MAGISTRADOS EN 2009 A LOS DE LIBRE POSTULACIÓN, o el sistema de listas que hemos descrito arriba..
7. Artículo 78: (sobre cuántas veces puede firmar un ciudadano en partidos distintos):
La redacción indica que un ciudadano/a no puede firmar en más de un partido en formación a lo largo de un año, pero esta redacción excluye a los partidos constituidos. La norma debe ser igual para todos. El parágrafo 2 del Artículo 83 así lo establece, pero en el artículo 78 la redacción es confusa.
8. Artículo 97: (sobre los derechos de los partidos políticos):
Parágrafo 13: establece el derecho de los partidos constituidos a recibir financiamiento público del TE, proponemos que este derecho se haga extensivo a los PARTIDOS EN FORMACION (a ser reglamentado posteriormente). Si se acepta debe modificarse el artículo 68, parágrafo 1, para que se incluya.
9. Artículos 114 y 116 (sobre extinción partidos):
Si se modifica el requisito de cantidad de adherentes (4% ahora) para formar un partido se requiere modificar los artículos 114 y 116 en el mismo sentido.
10. Artículo 120 (sobre el Consejo Nacional de Partidos Políticos):
Proponemos que se modifique para incluir al Foro Ciudadano Pro reformas Electorales, en representación de la sociedad civil, con cuatro representantes, tal y como está ahora conformada la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).
Aprobado por el Comité Ejecutivo del Partido Alternativa Popular
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Informe sobre participación del P.A.P. en la Comisión de Reformas Electorales
1. El 14 de enero se instaló la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) cuyo objetivo es revisar y reformar el Código Electoral. La CNRE es convocada por el Tribunal Electoral (TE), que la preside. La CNRE es un logro democrático, que se da en pocos países, aunque sus alcances son limitados tanto por su composición, controlada por los partidos políticos legales, como por la Asamblea Nacional de Diputados, por cuyo tamiz deben pasar las reformas. En los últimos períodos el Tribunal Electoral ha invitado a participar a organizaciones de la sociedad civil y le ha reconocido derecho a voto en la CNRE. En esta ocasión se ha creado el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales que tiene 4 votos. Los partidos legales tienen seis votos.
2. El Partido Alternativa Popular, como partido en formación, ha sido invitado a participar de la CNRE con derecho a voz. En un comunicado que repartimos el día de su instalación señalamos que acudimos a la CNRE optimistas y expectantes de que sus miembros estén dispuestos a asumir la profundidad de reformas que el país reclama y que pusieron en evidencia las irregularidades acontecidas durante las elecciones de 2009. El P.A.P. espera de la CNRE una reforma que en verdad democratice el sistema electoral panameño rompiendo el monopolio de partidos y los políticos tradicionales, permitiendo que otros sectores sociales y políticos podamos hacer efectivo el derecho constitucional de participar.
3. Desde antes que se reuniera la CNRE el Comité Ejecutivo de P.A.P. resolvió trabajar en común con los componentes del Foro Ciudadano en busca de acuerdos entorno a las reformas, las cuales van desde bajar la cuota de adherentes y la forma de recolectar las firmas, el financiamiento de los partidos, el acceso a los medios de comunicación, etc.
4. En este primer comunicado podemos informar que la participación del P.A.P. en las sesiones de la CNRE ha sido exitosa. El P.A.P. se ha convertido en la voz de los sectores populares dentro de la CNRE, participando con propuestas sustentadas siempre con razonamientos lógicos y bases jurídicas y democráticas.
5. En asocio con el Foro Ciudadano, el PAP desde la primera sesión se opuso, y logró que se modificara, el artículo 5 del Reglamento de la CNRE que daba más tiempo de palabra a las organizaciones con derecho a voto, logrando igualdad de condiciones para las organizaciones con derecho a voz. A iniciativa nuestra se modificó una frase del art. 6 del Código que hacía del voto una obligación, para nosotros la abstención es un recurso legítimo de la ciudadanía para castigar al sistema político. En el mismo sentido, propusimos eliminar el artículo 20 que autoriza a sacar del padrón a los ciudadanos que no hayan votado en tres elecciones consecutivas. Aunque los cuatro votos del Foro se expresaron en consonancia con esta idea, en este caso el bloque de los partidos legales mantuvo el cuestionado artículo que tiene trazos de inconstitucionalidad. Esperamos que en las próximas sesiones se aborde el tema de los requisitos para inscribir partidos políticos nuevos, donde sostendremos nuestra conocida postura por reducir el número de adherentes al mínimo de 3,000, al igual que en Costa Rica.
Equipo del P.A.P. en la CNRE
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Carta de Protesta ante la Cancillería de la República de Panamá, contra el apoyo del Canciller Juan Carlos Varela a los golpistas de Honduras
Panamá, 25 de noviembre de 2009
Con el respeto acostumbrado, quienes suscribimos la presente misiva, debemos expresarle la disconformidad y sentimientos de protesta por la postura que ha venido asumiendo la Cancillería panameña, que usted preside, frente a la situación del golpe de Estado, que despojó al Presidente Manuel Zelaya de la posición que legítimamente le otorgó el electorado hondureño con sus votos.
Debemos reconocer que la Organización de Estados Americanos, en debido cumplimiento de la Carta Democrática , adoptó decisiones firmes y precisas, acerca de la ilegitimidad del gobierno que preside el señor Roberto Micheletti y acordó el retiro de los embajadores de los respectivos países de nuestra América, como expresión de protesta y condena del gobierno de facto.
Igualmente, debemos lamentar que el gobierno panameño, representado por la Cancillería, ha adoptado posiciones que se alejan de la postura asumida por la OEA, y que van encaminadas a propiciar el proceso electoral organizado por el gobierno golpista y a reconocer los resultados de esas elecciones espurias.
Difícilmente, señor Canciller, se puede reconocer el resultado de sus elecciones organizadas dentro de un clima de persecución contra los vastos sectores de la sociedad hondureña, que respaldan la reinstauración del Presidente legítimo Manuel Zelaya, frente al gobierno de la hermana República de Honduras. Difícil es, desde una perspectiva ética, defender la legitimidad de quien resulte ganador de los comicios organizados en condiciones antidemocrática, totalmente inaceptable.
Por estas razones, señor Canciller, quienes suscribimos la presente misiva, condenamos la postura del gobierno que usted representa, que se aleja totalmente de las tradiciones democráticas que estamos llamados a defender.
Miguel A. Candanedo, 4-79-845 , M.P.U.N.A.
Juan Jované , 3-46-269
Olmedo Beluche, 8-207-1032, Partido Alternativa Popular
Rubén Sousa, 8-138-87, Partido del Pueblo
Rafael Benavides, 9-193-389, Mov. Revolucionario 9 de Enero
Raúl González, 9-85-755, Partido Alternativa Popular
Aurelio Robles, 8-211-571, Movimiento Popular Unificado
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LIBRE POSTULACIÓN PRESIDENCIAL Y DEMOCRACIA EN PAN...

References: artículo 233
 Artículo 43
 Artículo 49
 Artículo 56
 Artículo 58
 artículo 74
 Artículo 70
 artículo 58
 Artículo 78
 Artículo 83
 artículo 78
 Artículo 97
 artículo 68
 Artículo 120
 artículo 5
 artículo 20