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Timestamp: 2018-03-17 14:20:43+00:00

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Acuerdo y Sentencia 10/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C.A. 2ª SALA Nº 10/17
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de febrero de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, María Celeste Jara Talavera, Gregorio Ramón Rolando Ojeda y Arsenio Coronel Benítez, en su sala de audiencias y público despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "VICENTE SERVIAN PORTILLO contra Resolución Ficta y otra, dictadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA".
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SEGUNDA SALA, MAGISTRADO GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que, en fecha uno de diciembre del año dos mil quince, se presentó ante este Tribunal de Cuentas Segunda Sala, bajo patrocinio de Abogados, e Abogado Vicente Servían Portillo a promover demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Funda la demanda en los siguientes términos: "ADMISIBILIDAD FORMAL DE LA PRESENTE DEMANDA: Que la presente demanda es admisible formalmente en razón de que la Resolución Definitiva N° 107/15 de fecha 29 de setiembre de 2015, dictada por el Juzgado Administrativo 4to. Turno, dependiente de la Dirección Interna de la Dirección General del Ministerio de Educación y Cultura, Jueza: Abogada Rosana Soloaga y Actuaría: Esc. Nancy Delgado, cuya impugnación a través del Recurso de Reconsideración ante la Ministra de Educación y Cultura fue rechazada por Resolución Ficta, de conformidad al apartado 4o de la Resolución N° 216/2008, fue suscripta por la Jueza de Instrucción Sumarial de conformidad A1 Art. 47 de la Ley 1725/2001 y cuya impugnación a través del Recurso de Reconsideración ante la Ministra de Educación y Cultura fue rechazada por Resolución Ficta, de conformidad al apartado 4° de la Resolución N° 216/2008, máxima autoridad del Ministerio de Educación y Cultura, lo que habilita la vía contencioso administrativa para su cuestionamiento, se lo promueve en el plazo legal ante el Tribunal de Cuentas, habiendo llegado a mi conocimiento la existencia de esta Resolución en fecha 11 de noviembre de 2015, recibiendo copia simple del MEMORÁNDUM N° 1441, de fecha 10 de noviembre de 2015, por lo que esta demanda es formalmente admisible. Acompaño copia simple de esta Resolución y del citado Memorándum. HECHOS: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:CUESTIONES PRELIMINARES Que, he incursionado en la docencia en el año 1.992 como maestro de grado y Director Ad Hom en la Escuela Básica N° 1.544 de la localidad de Colonia Paraná, Distrito de Cambyretá, Itapúa, durante dos años. Que en el año 1.994 pasé a cumplir mis actividades como maestro de grado en los turnos mañana y tarde en la Escuela Básica N° 544 "Adela Speratti" de la localidad de Cambyretá, en donde desarrollé mis actividades normalmente. En el año 1.995 me trasladé a la ciudad de Encarnación para continuar con mis estudios y para trabajar en una Escuela que fue creada en el año 1.994 en el Barrio Curupayty de la ciudad de Encarnación, ínterin a dichas actividades realicé mis estudios en la Carrera de Pedagogía en la Universidad Católica de Encarnación de donde egresé como Licenciado en Pedagogía con Énfasis en Estudios Sociales. En el año 1.998 pasé a ocupar el cargo de Vice Director en la Escuela Básica N° 572 "JOHN F. ''KENNEDY" de Encarnación en los turnos mañana y tarde con los rubros de la CATEGORÍA 2 L1H, como ganador de concurso público de oposición, cargo ocupado durante 10 años. Que, en año 2.009, por Resolución N° 4.329 de fecha 24 de agosto de 2.009 fui designado ASESOR JURÍDICO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA, y confirmado este cargo por RESOLUCIÓN N° 7.074 DE FECHA 2 DE DICEMBRE DE 2013 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL SEÑOR VICENTE SERVÍAN PORTILLO, COMO ASESOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO Y ASISTENCIA JURÍDICA EXTERNA, DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE ESTÉ MINISTERIO", desarrollando mis actividades laborales con mucha responsabilidad, honestidad y esfuerzo, esta actividad lo venía realizando sin ningún inconveniente y sin cometer ninguna irregularidad en el ejercicio de mis funciones, extremo que se puede corroborar con los archivos obrantes en la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, que desde ya solicito sean traídos a la vista y requeridos vía oficio para ser agregados a estos autos como prueba documental. Solicito se recabe a ese efecto mi legajo completo, documentado, de todo mi actuar en el Ministerio de Educación y Cultura. PRIMERA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGUNDO ORDEN En fecha 11 de junio de 2014 mediante el MEMORENDUMN0 943, el Abog. Adalberto Gustavo Rodas L. Director General de Asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura solicita a la Ministra de Educación y Cultura se deje sin efecto la Resolución N° 7.074 de fecha 02 de diciembre de 2013, "Porla cual se designar al Señor VICENTE SERVÍAN PORTILLO, Asesor Jurídico del Departamento de Itapúa, dependiente del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa, de la Dirección de Asesoría Jurídica Externa, de la Dirección General de Asesoría Jurídica de este Ministerio". En fecha 18 de junio de 2014, según se desprende de la NOTA DGAJ N° 131/2014, dirigido al Procurador General de la República, el Abog. Adalberto Gustavo Rodas L. Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, informa que en el Juicio Caratulado: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN" "....ejerció la representación convencional de esta Cartera de Estado, el Asesor Jurídico, Abogado Vicente Servían Portillo, oriundo del Departamento de Itapúa, quien según los antecedentes obrantes en el expediente, presentó en forma extemporánea el recurso de apelación y nulidad contra la aludida resolución judicial. Razón por la cual la Dirección de Asesoría Jurídica Externa dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, ha solicitado se deje sin efecto su designación como Asesor Jurídico del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica, con asiento en Itapúa". Al indicar los motivos del pedido expresa en la nota mencionada que "La irresponsabilidad y desidia del profesional (Abog. Vicente Servían Portillo) que tuvo a su cargo la función de defender y velar por los intereses del Ministerio de Educación y Cultura, ha vedado la posibilidad de litigar en segunda instancia, oportunidad procesal para tratar de revertir lo resuelto por el A-quo". En fecha 19 de junio de 2014, como consecuencia de este pedido la Ministra de Educación y Cultura dicta la RESOLUCIÓN N° 9.734,"POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 7.074 DE FECHA2 DE DICEMBRE DE 2013 "POR LA CUAL SE DESIGNA AL SEÑOR VICENTE SERVÍAN PORTILLO, COMO ASESOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO Y ASISTENCIA JURÍDICA EXTERNA, DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA,DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO". Que, la RESOLUCIÓN N° 9.734 no señala ninguna falta administrativa cometida durante el ejercicio de mis funciones; pero al mencionar como antecedente el Memorándum dirigido por el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura Abog. Adalberto Gustavo Rodas L., quien explicó al Procurador General de la República que el pedido se debió a mi actuación en el expediente "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN", tenemos que la Ministra de Educación y Cultura a pedido del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación de Educación me aplica, sin previo sumario administrativo, una Sanción de Segundo Orden previsto en el Art. 49 inc. b) de la ley 1725/2001, "SEPARACIÓN DEL CARGO”. Que, esta medida tomada por la Ministra de Educación a pedido del Abog. Adalberto Gustavo Rodas L. Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura no se ajusta a las disposiciones de la Ley 1725/01, ya que la "separación del cargo y traslado" es una medida disciplinaria de segundo orden establecida en el Art. 49, inc. b) de la Ley 1725/01, y de conformidad al Art. 47 de la Ley 1725/01 esta sanción debe ser aplicado por el Juez Administrativo, previa investigación sumarial. Sin embargo la Resolución N° 9734 de fecha 19 de junio de 2014, por la cual se deja sin efecto la Resolución N° 7.074 de fecha 02 de diciembre de 2013, "Por la cual se designa al Señor VICENTE SERVÍAN PORTILLO, Asesor Jurídico del Departamento de Itapúa, dependiente del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa, de la Dirección de Asesoría Jurídica Externa, de la Dirección General de Asesoría Jurídica de este Ministerio, es una sanción de segundo orden, cuya sanción ha quedado firme a pesar de haber sido recurrida en tiempo y forma. DE LA PROHIBICIÓN DE LA DOBLE SANCIÓN. ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1.286/98 CÓDIGO PROCESAL PENAL.-ero de cualquier manera, y a los fines del presente juicio, queda claro que, ya fui sancionado por una supuesta falta administrativa sin la investigación sumarial correspondiente de conformidad a la Ley 1725/01; por lo tanto la sanción impuesta por la Resolución Definitiva N° 107/15 de fecha 29 de setiembre de 2015, (SEGUNDA SANCIÓN) dictada por el Juzgado Administrativo 4to. Turno, dependiente de la Dirección Interna de la Dirección General del Ministerio de Educación y Cultura, Jueza: Abogada Rosana Soloaga y Actuaría: Esc. Nancy Delgado, cuya impugnación a través del Recurso de Reconsideración ante la Ministra de Educación y Cultura fue rechazada por Resolución Ficta, de conformidad al apartado 4° de la Resolución N° 216/2008, ha violado los Artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y en especial: Artículo 17 - De los derechos procesales: En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: inc. 3) Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4) Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal; 7) La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; en concordancia con el Art. 8 de la Ley 1.286/98 Código Procesal Penal: Artículo 8. ÚNICO PROCESO. Nadie podrá ser procesado ni condenado sino una sola vez por el mismo hecho. No debemos olvidar que aquella primera sanción (Separación del Cargo de Asesor Jurídico), así como la que es objeto de impugnación mediante la presente acción (segunda Sanción), se realizan en el contexto de mi actuación en los autos "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DEINSCRIPCIÓN".- Que, conforme a lo señalado en este apartado, el sumario administrativo del que deriva la Resolución Definitiva N° 107/15 de fecha 29de setiembre de 2015, carece de valor legal y así se demanda en esta acción, solicitando la nulidad de la misma, porque le está vedado la posibilidad de aplicarme sanción administrativa por el mismo hecho generador del presente sumario administrativo, que es mi intervención en el Juicio Caratulado: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓNY LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN", juicio que fue tramitado en el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, ya que por una supuesta falta que me atribuyen a consecuencias de mis actuaciones en dicho juicio ya fui separado del cargo (sanción prevista en el Art. 49 inc. b) de la Ley1725/01) de Asesor Jurídico del Departamento de Itapúa, dependiente del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa, de la Dirección de Asesoría Jurídica Externa, de la Dirección General de Asesoría Jurídica de este Ministerio, en la cual fui designado por Resolución 4.329 de fecha 24 de agosto de 2009, y luego por Resolución 7.074 de fecha 2 de diciembre de 2013, llegando a ejercer la función de Asesor Jurídico del MEC, por más 5 (cinco)años. Este obrar de las máximas autoridades del Ministerio de educación y Cultura, es violatorio a todos mis derechos laborales y constitucionales por lo que el acto administrativo dictado es nulo. DE LA NULIDAD DEL PROCESO SUMARIAL Que, es de vital importancia señalar los vicios de todo el proceso sumarial instruídome en sede del Ministerio de Educación y Cultura, que lo lleva necesariamente a la necesidad de declarar su nulidad en todos sus términos; y a continuación paso a detallar: El 24 de agosto de 2009 fui nombrado como Asesor Jurídico Departamental por Resolución Ministerial N° 4329 de fecha, Dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC.- *El 08 de mayo de 2014 fui Comisionado en la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC por Resolución N° 7.290, hasta el 31 de diciembre de 2014. *El 19 de junio de 2014, fui Separado del Cargo de Asesor Jurídico Departamental de Itapúa por Resolución N° 9734 de fecha 19 de junio de 2014.- *El 19 de mayo de 2015, por Resolución N° 12.436, se ordena la instrucción de sumario administrativo al Prof. Vicente Servían Portillo. *El 29 de setiembre de 2015, se dicta la Resolución N° 107/15, por la cual se destituye al Prof. Vicente Servían Portillo, por supuesta incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad.-a) Que, SÍ bien tengo {Prof. Vicente Servían Portillo, con C. I N° 1.533.469) dos rubros déla categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación, por Resolución N° 7.290 de fecha 08 de MAYO de 2014, fui comisionado en la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, hasta el 31 de diciembre de 2014, para cumplir la función de Asesor Jurídico del MEC. Queda claro entonces que venía cumpliendo una función administrativa desde el año 2009 y no así la función docente, por lo que el Fiscal investigador y la Jueza designada para el sumario administrativo no tienen competencia para entender en el sumario administrativo que me han instruido en sede del Ministerio de Educación y Cultura. A mayor claridad, i) me juzgaron como a un docente; 2) calificaron mi conducta dentro de las prescripciones establecidas para faltas disciplinarias atribuidas a docentes y, 3) me aplicaron una sanción prevista para docente. Sin embargo la actividad y el cargo que desempeñaba y por la que me sancionaron importaba desarrollo de funciones administrativas, por lo que este sumario administrativo debería ser realizado por la Secretaria de la Función Pública, de conformidad al Art. 1° de la Ley 1626/2001, por lo tanto todo el proceso sumarial es nulo, y solicito que así lo declare VV.EE. El Ministerio de Educación Cultura ha violado el Principio de Realidad del trabajador, "En Derecho laboral, este criterio protector significa que en caso de discordancia entre los que ocurre en la realidad y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos, (siempre quesea en beneficio del trabajador). Este criterio se fundamenta en la inferioridad del trabajador, quien puede ser objeto de abusos que sólo pueden subsanarse con la primacía de los hechos sobre las formas, las formalidades". b) NO EXISTIÓ IMPARCIALIDAD: el PROCESO SUMARIAL está viciado de arbitrariedad, no se puede ser JUEZ y PARTE al mismo tiempo, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura me instruye el Sumario Administrativo y soy investigado y juzgado por sus mismos funcionarios, violando todos mis derechos y garantías constitucionales del debido proceso; han violado la defensa en juicio, el Art. 16 de la Constitución Nacional, por lo que señalo otro vicio del proceso sumarial que lo lleva necesariamente a su nulidad insalvable.4.- VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DEL PACTO DE SAN JÓSE DE COSTA RICA: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la lev, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. NO se puede ser JUEZ y PARTE al mismo tiempo, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura me instruye el Sumario Administrativo y soy investigado y juzgado por sus mismos funcionarios, violando todos mis derechos y garantías constitucionales del debido proceso.
Llama poderosamente la atención que las dos sanciones que me han aplicado son por un mismo hecho (supuesto incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad). No puedo menos que considerar una persecución sistemática de parte de las autoridades del MEC: 1°) me aplica la sanción el 19 de junio de 2014, Separación del Cargo de Asesor Jurídico Departamental de Itapúa por Resolución N° 9734 de fecha 19 de junio de 2014;2°) 19 de mayo de 2015, Resolución N° 12.436, por la cual se ordena la instrucción de sumario administrativo al Prof. Vicente Servián Portillo y el 29 de setiembre de 2015, Resolución N° 107/15, por la cual se destituye al Prof. Vicente Servián Portillo, por supuesta incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad. Por lo tanto y conforme al Art. 16 de la Constitución Nacional, Art. 8 de la Ley 1.286/98 Código Procesal Penal: Artículo 8. ÚNICO PROCESO, el proceso sumarial instruídome es nulo en todos sus términos y solicito a VV.EE que así lo declaren.5.- DE LA NULIDAD DE LA R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015Que, el Juzgado de Instrucción Sumarial en la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, la parte resolutiva, numeral 2°) CALIFICAR la conducta del Prof. Vicente Servián Portillo, con C. I N° 1.533.469, como falta de segundo orden prevista en la Ley N° 1.725/01 "Estatuto del Educador" establecida en el Art. 52 inc. C) "incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad" y en el numeral 3°) SANCIONAR al Prof. Vicente Servián Portillo, con C. I N° 1.533.469con la medida disciplinaria de segundo orden establecida en el Art. 49 inc. c)DESTITUCIÓN en dos rubros de la categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. Que, esta calificación de mi conducta y la sanción impuesta por el juzgado de Instrucción Sumarial no se ajusta a derecho: en primer lugar, en mis actuaciones como Abogado apoderado del MEC, no he incumplido ninguna disposición emanada de la superioridad, (no he recibido ninguna disposición ni orientación) esta supuesta falta administrativa es un invento del Juzgado de Instrucción Sumarial. Que, el Juzgado de Instrucción Sumarial del Ministerio Educación y Cultura, no es competente para juzgarme por las funciones administrativas que he cumplido como funcionario administrativo de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, y menos subsumir mi conducta en la función Docente, puesto que desde el AÑO 2009, venía cumpliendo funciones administrativas y comisionado en la misma Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, con rubros docentes, por lo que este SUMARIO ADMINISTRATIVO EN SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA deviene improcedente, no se puede ser JUEZ y PARTE al mismo tiempo, este sumario, por la funciones administrativas que venía desempeñando, debería ser realizado en sede de la Secretaría de la Función Pública, por lo tanto esta calificación de mi conducta y la aplicación de una sanción de segundo orden (DESTITUCIÓN) o juzgar como desobediencia a una instrucción a la superioridad como lo establece el Juez Sumariante al dictar Resolución; es una sanción aplicable a faltas docentes, por lo que esta resolución recurrida no se ajusta a la leyes vigentes, es violatorio a todos mis derechos como docente, viola mis derechos laborales, y me causa un perjuicio enorme, ya que me he forjado una muy buena reputación en mi comunidad gracias al trabajo honesto, a la preparación académica durante toda mi carrera docente y una vida digna durante los 24 años de ejercicio de la docencia, en consecuencia VV.EE, administrando recta justicia corresponde así se demanda en esta acción, DECLARAR la nulidad de la misma y revocar la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, dictado en el EXPTE. N° 130.478/14: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL PROF. VICENTE SERVÍAN PORTILLO, DOCENTE DE ESTE MINISTERIO, por los defectos legales señalados precedentemente y en consecuencia ordenar mi reposición al cargo con dos rubros de la categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación. Que, el Juzgado de instrucción sumarial hace referencia en forma escueta y repite la nota que dio origen al inicio de la presente investigación sumarial; que a fs. 4 y 5 de autos obra la NOTA DGAJ N° 131/2014 DE fecha 18 de junio de 2014, remitida por el Abog. Adalberto Gustavo Rodas L. Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, al Procurador General de la República, en donde se refiere al Juicio Caratulado: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN"; y entre otras dice: "En el referido pido, ejerció la representación convencional de esta Cartera de Estado, el Asesor Jurídico, Abogado Vicente Servían Portillo, oriundo del Departamento de Itapúa, quien según los antecedentes obrantes en el expediente, presentó en forma extemporánea el recurso de apelación y nulidad contra la aludida resolución judicial. Razón por la cual la Dirección de Asesoría Jurídica Externa dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación u Cultura, ha solicitado se deje sin efecto su designación como Asesor Jurídico del Departamento de Apoyo ti Asistencia Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica, con asiento en Itapúa".- Sigue diciendo; "La irresponsabilidad y desidia del profesional (Abog. Vicente Servían Portillo) que tuvo a su cargo la función de defender y velar por los intereses del Ministerio de Educación y Cultura, ha vedado la posibilidad de litigar en segunda instancia, oportunidad procesal para tratar de revertir lo resuelto por el A-quo". Que, igualmente el Juzgado afirma que este hecho ha causado un daño patrimonial inmenso al Ministerio de Educación y Cultura. Esta afirmación del Juzgado no se ha demostrado en el citado sumario administrativo, no existe ninguna pericia, dictamen técnicos u otros documentos que pueda respaldar o demostrar la cuantía del daño patrimonial, para demostrar la afirmación maliciosa y mentirosa del Juzgado de Instrucción Sumarial, dicha afirmación carece de fundamento y en derecho no es válido, no puede ser tenido en cuenta para aplicarme una sanción, esto es porque en el Juicio Expediente Caratulado: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN", se ha demostrado con documentos que el inmueble en litigio históricamente es propiedad de la Municipalidad de Encarnación y que el Ministerio de Educación y Cultura ostentaba un título de propiedad nulo, expedido por el IBR hoy INDERT en el año 1995, que tituló un inmueble que no era de su propiedad, entonces surge la interrogante ¿de qué daño me culpan?, no existe daño, el inmueble nunca fue propiedad del Ministerio de Educación Cultura, en el lugar no existe ninguna obra, construcción edilicia ni mejora del MEC, en el lugar no se desarrolla ninguna actividad educativa, el MEC (Centro Regional de Educación General Patricio Escobar) dejó de utilizar dicho inmueble hace más de 25 años, entonces no existe ningún daño patrimonial como maliciosamente afirman mis ex superiores de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, por lo que señalo otro defecto legal de la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 201 dictado en el EXPTE. N° 130.478/14: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL PROF. VICENTE SERVÍAN PORTILLO, DOCENTE DE ESTE MINISTERIO, por el cual debe ser declarado la nulidad de la misma. 1- CONCLUSIÓN1.-Que, conforme a las argumentaciones precedentes concluyo que como Asesor Jurídico del Ministerio de Educación y Cultura y dentro de mis actuaciones como Abogado en el juicio Caratulado: "MUNICIPALIDAD DEENCARNACIÓN C/INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DEINSCRIPCIÓN", juicio que fue tramitado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, Año: 2010, N° 224, Folio 91 Vito, no he cometido ninguna falta administrativa, ni he incumplido mis deberes legales, ya que la resolución dictada en el citado juicio no es consecuencia de mi nula gestión o irresponsabilidad, no existe ni existía la posibilidad de litigar y revertir el juicio a favor del MEC en segunda instancia. Es más, como ya lo he explicado hasta el hartazgo, la Sentencia en los autos mencionados nunca fue notificada en el domicilio procesal que tenía constituido. Al darme por notificado del mismo, procedí a recurrirlo debidamente aun cuando no tenía instrucciones precisas para ello. No puede decirse aquí que se incumplió con instrucciones de los superiores dado que en el sumario nunca se probó la existencia de dichas instrucciones.2.-Que, ya fui sancionado una vez por la supuesta falta administrativa (aunque sin la investigación sumarial correspondiente de conformidad a la Ley 1725/01); por lo tanto en el presente sumario administrativo no puedo ser sancionado nuevamente por el mismo hecho, de conformidad a los Artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional y el Art. 8 de la Ley 1.286/98 Código Procesal Penal; por lo tanto, el sumario administrativo realizado en sede del Ministerio de Educación y Cultura es totalmente ilegal, han violado mis derechos laborales y constitucionales, privándome de todos los derechos adquiridos durante 24 años de servicios, en consecuencia W.EE, administrando recta justicia corresponde así se demanda en esta acción, DECLARAR la nulidad de la misma y revocar la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, dictado en el EXPTE. N° 130.478/14: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL PROF. VICENTE SERVÍAN PORTILLO, DOCENTE DE ESTE MINISTERIO, por los defectos legales señalados precedentemente y en consecuencia ordenar mi reposición al cargo con dos rubros de la categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación. En el presente sumario han violado mis derechos: Art. 16 de la Constitución Nacional, Art. 8 de la Ley 1.286/98 Código Procesal Penal Artículo 8. ÚNICO PROCESO, el proceso sumarial instruídome es nulo en todos sus términos. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA: Que en autos se encuentran reunidos todos los requisitos legales para el otorgamiento de una medida cautelar de urgencia de SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, dictado en el EXPTE. N° 130.478/14: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL PROF. VICENTE SERVÍAN PORTILLO, DOCENTE DE ESTE MINISTERIO, pues ella Conculca gravemente mis derechos laborales adquiridos y mis derechos constitucionales, dándose todos los requisitos previstos en el Art. 693 del C.P.C., a saber: a)Acreditar prima facie la verosimilitud del derecho que se invoca: la que se halla acreditada con la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, dictado en el EXPTE. N° 130.478/14: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL PROF. VICENTE SERVÍAN PORTILLO, DOCENTE DE ESTE MINISTERIO, con lo que se comprueba una antigüedad de 23 años y 7 meses en la función docente, con estabilidad laboral adquirida, del cual soy DESTITUIDO por la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015,.b)Acreditar el peligro de pérdida o frustración del derecho, o la urgencia de la medida: La R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, ahora cuestionada me priva de mi salario, sustento de mi familia, con lo cual se acredita el haber sido destituido del cargo que legal y legítimamente ocupo, y de no ordenarse la suspensión de los efectos de la Resolución cuestionada, ello llevaría inexorablemente a un grave perjuicio, no solo a mi carrera profesional, sino grave perjuicio económico a un humilde funcionario público que cuenta como único medio de subsistencia el ejercicio de su trabajo.c)Otorgamiento de contra cautela: se ofrece como contra cautela, la caución juratoria de mi parte y la que V.V.E.E. lo dispongan. Por tanto, a V.V.E.E. se solicita se disponga, como medida cautelar urgente LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS de la R.D. N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2015, dictado en el EXPTE. N° 130.478/14: "SUMARIO ADMINISTRATIVO AL PROF. VICENTE SERVÍAN PORTILLO,DOCENTE DE ESTE MINISTERIO, ordenando la Reposición en el cargo ocupado, librando el oficio correspondiente a la Ministra de Educación y Cultura, a la Dirección de sueldos y Beneficios del MEC. y a la Dirección Fortalecimiento del MEC, para tal efecto” (fs. 367/390).
TERMINA SOLICITANDO QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS, SEGUNDA SALA, DICTE.
Que, en fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el representante legal del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a fin de contestar la presente demanda contencioso administrativa. Funda la contestación en los siguientes términos: “OBTETO DE IA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.- El Abogado VICENTE SERVÍAN PORTILLO, bajo patrocinio de abogado, se presenta ante este Excelentísimo Tribunal, a peticionar la nulidad del proceso sumarial llevado le a cabo y cuya determinación adoptada por el Juez Sumariante derivo en el dictamiento de la Resolución Definitiva N° 107/14 de fecha 29 de setiembre de 2014, y en la que finalmente se dispuso cuanto sigue: 1° DAR POR CONCLUIDO, el sumario administrativo instruido al Prof. Vicente Servían Portillo con C.I. N° 1.53.469, docente de este ministerio.2° CALIFICAR la conducta al Profesor Vicente Servían Portillo con C.I. N°l.53.469, como falta de segundo orden prevista en la ley N° 1725 "Estatuto del Educador". Art. 52° inc. c) Incumplimiento de las Disposiciones emanadas de la superioridad.- 3°SANCIONAR al Profesor Vicente Servían Portillo con C.I. N° 1.53.469, con la medida disciplinaria de segundo orden establecida en el Art. 49° Inc. c) Destitución en los rubros de la categoría 2 L1H Vice Director I de la Esc. Básica N° 572 "John F. Kennedy - del Barrio Kennedy de Encarnación, conforme a los fundamentos expuesto en el considerando de la presente resolución.- 4° NOTIFICAR a las partes. 5° REMITIR copia de los antecedentes a la Dirección Externa a fin de arbitrarlos tramites de su competencia.6° REMITIR copia de la presente resolución para su cumplimiento a la Dirección General de Gestión del Talento Humano, a la Dirección General de Administración y Finanzas, a la Dirección de Sueldos y Beneficios para su conocimiento y fines administrativos según su competencia. 7° REMITIR copia de la presente Resolución a la Secretaria General del MEC para su conocimiento y archivo correspondiente. 8° INSERTAR, copia de la presente Resolución en el legajo personal del afectado y para el efecto remitir un ejemplar a la Dirección General de Gestión del Talento Humano.-9° COMUNICAR y cumplido archivar. II- REGULARIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y FICTA PENEGATORIA.-La Resolución emitida por el Ente Administrativo fue como consecuencia de un sumario administrativo realizado al docente, la que fue realizado conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico, que la decisión adoptada por el juez sumariante fue fundada en el hecho de que el Profesor Vicente Servían Portillo cometió la falta de segundo orden prevista en la Ley N° 1.725/01 "ESTATUTO DEL EDUCADOR" art. 52 inc. c) "Incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad". El argumento de la legalidad invocada se basa en las disposiciones instituidas en los artículos 240 y 242 de la Constitución Nacional: "La dirección y la gestión de los negocios públicos están confiados a los ministros del Poder Ejecutivo...."; "Los ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras...", en correspondencia, con los artículos 18 y 91 de la Ley No. 264/98 "General de Educación: "Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura"; "La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura....".Asimismo, la Resolución Ministerial recurrida, como acto administrativo emanado del Poder Público, goza de la presunción de legitimidad y ejecutor redad, por cuanto determina la obligación del administrado de cumplirlo: En dicho contexto, resulta oportuno transcribir lo expresado por el autor Ramírez Candía, Manuel Dejesús, en su obra "Derecho Administrativo": "Todas las actuaciones de la administración pública se hallan sometidas a la Ley, de allí la presunción de que todos los actos administrativos son emitidos y ejecutados con estricta observancia de las disposiciones normativas, y por tanto son válidos. Quien sostenga la ilegitimidad del acto, debe demostrar el extremo alegado con los medios probatorios pertinentes, puesto que "La presunción de legalidad (...) comprende dos aspectos: por un lado, la presunción de verdad, con relación a la certeza de los hechos; y por el otro lado, la presunción de legalidad, pues, si la Administración Pública se somete a la Ley, se presume salvo prueba en contrario, que todos sus actos son verdaderos y practicados con observancia a las normas legales pertinentes " "Como consecuencia de la presunción las decisiones administrativas son de ejecución inmediata...""...La presunción de legitimidad reside en la suposición de que él acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Para privar de validez a un acto administrativo, es necesario, previamente, demostrar que él agente estatal trasgredió disposiciones normativas vigentes con el acto administrativo emitido, quebrantando o violando, con ello, el Principio de Legalidad que rige en el derecho público". (Editora Liticolor SRL. Año 2004. Págs. 78,79 y 129).En similares términos la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado en los autos caratulados: "MERCEDES JAQUET VDA. DE MARTÍNEZ C/RESOLUCIÓN N° 28.506 DEL 10 DE AGOSTO DE 2011, DICTADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA", a través del A.I. N° 1.715 de fecha 04 de julio de 2012: " Que como ya ¡o hemos señalado en resoluciones anteriores al tratar el tema de la suspensión de los efectos de los actos administrativos, debemos partir del principio comúnmente admitido en el Derecho Administrativo, que el acto del poder público causa ejecutoria tina vez producido, aunque no esté consentido por el particular a quien afecta. Esta cualidad de imponerse, que acompaña el acto administrativo, es la que le da eficacia ejecutiva...".En consecuencia, la resolución cuya nulidad hoy es pretendida en autos, se haya perfectamente encuadrado dentro del principio de legalidad que rige en el Derecho Público. III - CONTESTAR DEMANDA; Que, esta representación niega todos y cada uno de los hechos alegados por la parte actora salvo aquellos que fueran expresamente reconocidos en el presente escrito de responde. Que es cierto que el Abogado Vicente Servían Portillo ha ejercido la docencia en el año 1992 como maestro de Grado y Director Ad- Honoren en la Escuela Básica N° 1544 de la Colonia Paraná Distrito de Cambyreta. Que en el año 1994 paso a cumplir funciones como maestro de grado en los turnos mañana y tarde en la Escuela Básica KP 544 "Adela Speratti" de la localidad de Cambyreta, en el año 1995, y que en el año 1998 paso a ocupar el cargo de Vice Director en la Escuela Básica N° 572 "John F. Kennedy" de la ciudad de Encarnación en los turnos de mañana y tarde con los rubros de la categoría2LlH, como ganador de concurso publico de oposición. Que es cierto también que en el año 2009, por Resolución N° 4329 de fecha 24 de agosto de 2009 fue designado Asesor Jurídico Departamental de Itapuá, que posteriormente por Resolución N° 7074 de fecha 2 de diciembre de 2013, se designó nuevamente como Asesor Jurídico Departamental de Itapuá dependiente del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica. IV-EL DICTAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 9734 DE FECHA 17/06/2014; NO IMPLICA NINGUNA SANCION ADMINISTRATIVA Que no es cierto que en fecha 11 de junio de 2014, mediante el Memorándum N° 943 el Abog. Adalberto Rodas, Director General de Asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, haya dispuesto una sanción administrativa a la parte actora, por el hecho de que el mismo haya solicitado que se deje sin efecto la Resolución N° 7074 de fecha 2 de Diciembre de 2013. En primer lugar debemos precisar que el Prof. Vicente Servían Portillo, tal como el mismo lo manifestara en su escrito de demanda contenciosa -administrativa se venía desempeñando como Vice - Director en la Escuela Básica N° 572 "John F. Kennedy" de la ciudad de Encarnación, funciones que lo venía desempeñando normalmente, hasta que posteriormente es comisionado con sus rubros de Vice Director del Turno Mañana y Tarde; a la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, a fin de cumplir funciones como Asesor Jurídico Departamental de Itapuá.
Que luego del cambio de Gobierno producido en el año 2013, donde asume una nueva Ministra de Educación y Cultura, la nueva autoridad ministerial procede a reestructurar la cartera ministerial, realizando una serie de movidas institucionales, como consecuencia de ello, se dicta la Resolución Ministerial N° 9734 de fecha 17 de junio de 2014, que en su parte dispositiva se estableció cuanto sigue: 1- DEJAR sin efecto la Resolución N° 7074 de fecha 02 de diciembre de 2013 "Por la cual se designa al señor Vicente Servían Portillo, como asesor Jurídico del Departamento de Itapuá dependiente del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección de Asesoría jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica. Excelentísimos Miembros del Tribunal de Cuentas, que es de conocimiento general y rutinario, cuando es elegido un nuevo presidente la República, el mismo designa a nuevas personas que integraran su gabinete civil, que pasaran a ocupar los cargos de ministros de los respectivos entes estatales, estas personas designadas como ministros o secretarios de estados, a su vez también así proceden designando a los distintos miembros que integraran la nueva estructura orgánica de los entes ministeriales a su cargo a los efectos de un mejor desempeño institucional, que en esa tarea de restructuración es que la Ministra de Turno, procede a emitir la resolución hoy recurrida por el accionante, y por tanto no puede considerarse que dicho acto de emitir dicha resolución implique la aplicación de sanción administrativa alguna, tal como lo alega el recurrente, y así mismo lo señala la resolución cuestionada; cuando aclara en su considerando apartado segundo cuando refiere lo siguiente: "Que la adopción de la presente Resolución responde a estrategias tendientes a garantizar el mejor funcionamiento institucional respecto a su gestión dejando sin efecto la disposición mencionada más arriba".-Por lo que no se ajusta a la verdad lo señalado por el Abog. Vicente Servían Portillo, que la resolución N" 9734 de fecha 17 de junio de 2014, sea una sanción administrativa de segundo orden, la que presuntamente fuera dispuesta por el Memorándum N° 943 firmado por el Abog. Adalberto Rodas Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura (cuya copia se adjunta), pues si nos remitiéramos a dicho Memorándum en el mismo no refiere lo expresado por la parte actora de esta acción contencioso -administrativo. El dictamiento de la resolución N° 9734 de fecha 17/06/2014, no requiere de la realización de sumario administrativo alguno, pues la misma tal como lo referiría más arriba fue dictada con el objeto de un mejor desempeño institucional, y dentro de las prerrogativas otorgadas por la propia Constitución Nacional que en su Artículo 240 - dispone: DE LAS FUNCIONES "La dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los ministros del Poder Ejecutivo"; Artículo 242 "DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MINISTROS. "Los ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su competencia". Que, dicha norma constitucional invocada concuerda con lo establecido en la Ley N° 1264/98 "General de Educación", que en su artículo N° 91 expresa: "La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura", surge en forma clara y manifiesta entonces que S.E. la Señora Ministra de Educación y Cultura”, se halla investida de las más amplias prerrogativas que le imponen las leyes, es decir, sancionar, reglamentar/legislar y administrar la cartera a su cargo, tendientes a garantizar el normal y buen funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura. Que, en atención a estas prerrogativas legales, y haciendo uso de las mismas es que la Señora Ministra ha emitido la Resolución N° 9734 de fechal9/06/2014, dicha resolución Ministerial, concebimos que es un acto administrativo, emanado del Poder Público, por ende, goza de la presunción de absoluta legitimidad. Que, el connotado autor MIGUEL S. MARIENHOFF en su obra "Tratado de Derecho Administrativo", enseña: "De la presunción de legitimidad del acto administrativo derivan consecuencias trascendentes: 1- En mérito a tal presunción no es necesario que la legitimidad de dichos actos sea declarada por la autoridad judicial. 2-También en base a la expresada presunción la nulidad de los actos administrativos no puede declararse de oficio por los jueces. 3- Quien pretenda la ilegitimidad o nulidad de un acto administrativo debe delegar y probar lo pertinente. 4- Dado que la declaración de oficio o nulidad de un acto administrativo violaría el principio de separación de los poderes de gobierno, este principio queda a salvo si la intervención judicial no es a pedido de parte.... La ejecutoriedad del acto administrativo significa por principio la Administración misma y con sus propios medios lo hace efectivo, poniéndola en práctica...., integra una de las tantas potestades de la Administración: la imperativa o de mando" (págs. 298y 300, Tomo II, cuarta edición actualizada, Editorial Abeledo Perrot2.011).Que, si bien es cierto que en fecha 18 de junio de 2014, según Nota DGAI N° 131/2014, el Director General de la Asesoría Jurídica del MEC, Abog. Adalberto Gustavo Rodas, remite una nota a la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Presidencial N° 221 de fecha 9 de setiembre de 2013, y la Circular N° 11/2013 de fecha 28 de octubre de 2013, dictado por el Ministro Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República del Paraguay, a fin de remitir un listado de cincuenta y dos (52) juicios en los que los abogados de la Dirección General tienen intervención con la indicación de la Instancia Jurisdiccional, Secretaria y el estado procesal actual de dichos juicios.- Que en la nota antes referida el Director General de la Asesaría Jurídica del MEC, Abog. Adalberto Rodas; informa lo siguiente: “MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN"....ejerció la representación convencional de esta Cartera de Estado, el Asesor Jurídico, Abogado Vicente Sennan Portillo, oriundo del Departamento de Itapua, quien según los antecedentes obrantes en el expediente presento en forma extemporánea el recurso de apelación y nulidad, contra la aludida resolución judicial". Que la nota remitida al Procurador General de la República, fue a objeto de poner en conocimiento de dicha autoridad, los juicios donde estaba en juego los intereses patrimoniales del Estado; en este caso el del Ministerio de Educación y Cultura, a fin de que dicha autoridad se interiorice, de los mismos, y procede a tomar los recaudos necesarios en salvaguardad de los intereses superiores del estado tal como lo estipula las normativas mencionadas en el documento de referencia. Que no es cierto que por la Resolución N° 9734 de fecha 19/06/2014, haya sido una sanción de segundo orden tal como anteriormente lo he señalado, fue a consecuencia de la nueva estructuración de funciones, que se les estaba dando a los distintos funcionarios con que cuenta el ente ministerial, entre quienes estaba el recurrente quienes debían volver a su lugar de trabajo anterior a su comisionamiento, y no por la aplicación de sanciones sin habérseles realizado un sumario administrativo previo. Conforme a ello no puede señalarse que; la resolución N° 9734 de fechal9/06/2014, debía indicar necesariamente la falta cometida por el recurrente, para que la citada resolución cuente con un marco de legalidad, ya que dicha determinación adoptada en la resolución, estaba dado con el fin de una mejor gestión institucional, y no por la aplicación de sanción alguna como lo da a entender el accionante, de ahí que no puede considerarse que la determinación adoptada por la máxima autoridad ministerial, tenga que ser encuadrada como una sanción administrativa y haya violentado las disposiciones contenidas en el art. 49° y 47° do la Ley N° 1725/01, pues reitero una vez más que no hubo traslado y separación del cargo, sino una restructuración y fin de comisionamiento del Prof. Vicente Servían Portillo; a la Dirección General de Asesoría Jurídica. Por lo que tampoco es cierto que para ser válido la Resolución Ministerial N° 9734 de fecha 19/06/2014, la misma debió ser dictada previa investigación sumarial, para que se pueda disponer que se deje sin efecto su designación como Asesor Jurídico del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica con asiento en Itapuá, ya que la misma no fue producto de una sanción administrativa, sino de una restructuración ministerial o sea de una mejor gestión institucional dispuesta por la autoridad suprema del Ministerio. V - NO EXISTIÓ DOBLE SANCIÓN ADMINISTRATIVA; NI DOBLE JUZGAMIENTO, NI NULIDAD DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Que la Resolución N° 9734 de fecha 19/06/2014, no implico de manera alguna una primera sanción administrativa contra el recurrente, si fuese así el mismo debió haber también accionado contra la citada resolución ministerial, ante estas instancias judiciales pero no lo ha hecho, por lo que no puede hablarse de doble sanción administrativa. Que el sumario administrativo instruidole en la cartera ministerial al Prof. Vicente Servían Portillo, fue a consecuencia de que el mismo presento en forma extemporánea el recurso de Apelación y Nulidad en losautos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DEINSCRIPCIÓN/ CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN", juicio que se hallaba radicado en los tribunales de Itapuá, localidad o departamento donde el mismo se desempeñaba como asesor Jurídico de pendiente del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección de Asesoría Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura. Que en el sumario administrativo realizado bajo ningún sentido ha violado las garantías establecidas en el artículo 16° de la Constitución Nacional, que expresa: "De la defensa enjuicio: La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales". La facultad para disponer la instrucción de sumario administrativo a los docentes "COMPETENCIA" deviene de lo prescripto en el artículo 53° de la Ley 1.725/01, que dice: "Es obligación de las autoridades competentes de las instituciones educativas y del Ministerio de Educación y Cultura realizar las investigaciones y comprobaciones tendientes a determinar la existencia de hechos que merezcan medidas disciplinarias y, en su caso, de aplicar las sanciones que correspondan. El incumplimiento de esa obligación los hará pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden, sin perjuicio de las sanciones de orden penal". Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura están constreñidas a llevar adelante las investigaciones y comprobaciones tendientes a determinar la existencia de hechos cometidos por docentes en el ejercicio de sus funciones, de los que ha llegado a su conocimiento y que merezcan medidas disciplinarias. En el Ministerio de Educación y Cultura, la dependencia encargada de realizar las averiguaciones sobre las supuestas faltas cometidas por los docentes en ejercicio, es la Dirección General de Asesoría Jurídica. El reglamento que regula el procedimiento sumarial se halla aprobado por Resolución Ministerial N° 19.644, de fecha 1 de noviembre de 2010 "Por la cual se aprueba el reglamento de procedimientos de sumarios disciplinarios a funcionarios docentes del MEC", reglamento de público conocimiento y amplia difusión. (Normativa esta igualmente invocada por el recurrente en su escrito de reconsideración contra la R.D. N° 107). Pongo en énfasis que la igualdad procesal, el principio de inocencia, la defensa en juicio, la verdad objetiva y la absolución en casos de dudas, son reglas legales de aplicación ineludible en todos los procesos sumariales, cuya instrucción fuera ordenado por el Ministerio de Educación y Cultura. Con respecto a la regularidad y legalidad de la designación del Juez Instructor por parte de la Señora Ministra de Educación y Cultura, es preciso realizar la siguiente observación: La Ley 1.626/00 "De la Función Pública", en su artículo 1°, expresamente determina las relaciones jurídicas que regula, el mismo reza: "Esta ley tiene por objeto regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar que presten servicios en la Administración Central (...) Entiéndase por Administración Central los organismos que componen el Poder Ejecutivo, él Poder Legislativo y el Poder judicial, sus reparticiones y dependencias". Ahora, el artículo 2° del mismo cuerpo normativo precedentemente indicado, expresamente excluye del ámbito de su aplicación a algunas funciones públicas, entre ellas a la docente, dicho artículo dice: "Aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior: (...) f) los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica". Resulta claro que la Ley 1626/00, en principio, no regula la situación jurídica entre el Estado y los Docentes del sector público. En ese sentido corresponde que indiquemos cuál es la legislación que regula la situación jurídica de los docentes. En ese sentido, en forma categórica, manifestamos que es la Ley N° 1725/01, así lo dispone su artículo 1°, el cual dice: "La presente ley regula el ejercicio de profesión de educador en los niveles de educación inicial, escolar básica y mema del Sistema Educativo Nacional, que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativas públicas o privadas". Este cuerpo normativo contempla las causas por las cuales un docente puede ser pasible de medidas disciplinarias (artículos 51, 52, y 53), así como cuáles son las medidas disciplinarias imponibles (artículo47). Artículo 11°.- A todos los efectos de la aplicación de esta ley se considerará que continúa en la carrera el educador profesional que ejerza, vasea simultáneamente con las funciones definidas en los Artículos 9° y 10° o independientemente de ellas, funciones técnico administrativas, entendiendo por tales los cargos directivos o de supervisión relacionados con la planificación, organización, administración y evaluación de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. El artículo 56° de la Ley N° 1725/01, faculta al Director de la Asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura (funcionario jerárquicamente inferior al Ministro, y subordinado a éste) para designar al Fiscal de Educación quien efectuará la investigación en el sumario. En cuanto a la designación del Juez Instructor Sumarial, esta función es competencia exclusiva -en el ámbito de la educación- de la Ministra/o de Educación y Cultura, conforme lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACIÓN", que dice: "Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura." y el artículo 91° del mismo cuerpo normativo, el cual dispone: "La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de la organización u funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura...". La aplicación del artículo 74° de la Ley N° 1.626/00, al Prof. Vicente Servían Portillo, resulta inadmisible en virtud a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 1725/01. Esta postura se sustenta, con lo establecido en el artículo 63° del mismo cuerpo normativo, el cual dispone: "El personal administrativo de las instituciones educativas del sector público regirá sus relaciones con el Estado por la Ley que regule al funcionariado público", reafirmando la distinción entre funcionario administrativo y personal docente.
El recurrente afirma que la sanción aplicada por la autoridad ministerial no corresponde, y que el mismo no puede ser sometido a sumario administrativo por el hecho de que el mismo ejercía funciones administrativas, pero sin embargo reconoce que posee rubro docente categoría 2 L1H (Vice - Director de turno Mañana y Tarde), por tanto la ley aplicable al mismo es la ley N° 1725/01; que rige a los educadores independientemente que ocupen funciones administrativas, de ahí que el derecho invocado por el mismo no corresponde. Es por ello que no puede hablarse de manera alguna que el Ministerio de Educación y Cultura haya violado el principio de inocencia sustentado por el accionante, pues el fallo emitido por el órgano ministerial fue como consecuencia de un sumario administrativo llevado con todas las de la ley, y basado en lo que establece la Ley N° 1725/01; Artículo 53°: "Es obligación de las autoridades competentes de las instituciones educativas y del Ministerio de Educación y Cultura realizar las investigaciones y comprobaciones tendientes a determinar la existencia de hechos que merezcan medidas disciplinarias y, en su caso, de aplicar sanciones que correspondan. El incumplimiento de esa obligación los hará pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden, sin perjuicio de las sanciones de orden penal". Artículo 54°: "En el sector público, la investigación administrativa estará a cargo de un fiscal designado por el Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, y quedará terminado dentro de los cuarenta y cinco días de su iniciación...” Artículo 47°: "En el sector público de la educación, las medidas disciplinarias serán de primero, segundo y tercer orden; las de primer orden serán aplicadas por el jefe inmediato superior; y las de segundo orden por el Juez Administrativo; y las de tercer orden por el Ministerio de Educación y Cultura. Las de Segundo y tercer orden serán aplicadas previa investigación administrativa". Artículo 49°: "Son medidas disciplinarias de segundo orden: a) Suspensión sin goce de sueldo hasta ciento ochenta días; b) Separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior, si lo hubiese; y, c)Destitución. A los efectos de sustentar el hecho de que el órgano competente para juzgar la conducta del Prof. Vicente Servían Portillo, es el Ministerio de Educación y Cultura, atendiendo a su calidad de docente traigo a colación el A.I. N° 281 de fecha 15 de abril de 2015 dictado por el Tribunal de Cuentas 2o Sala, en los autos caratulados: "EUSEBIA ELDA MARECOS LUGO C. RESOLUCIÓN N° 2391 DE FECHA 10/03/14. DEL MINISTERIO DEEDUCACIÓN Y CULTURA"', donde el tribunal dictamino en el considerando de la resolución, que el sumario llevado a cabo por el juez sumariante designado por el Ministerio de Educación y Cultura; era válido aun cuando la docente cumplía funciones administrativas. En cuanto a la supuesta violación invocada por el recurrente del Artículo 17° de la Constitución Nacional que dice; "DE LOS DERECHOS PROCESALES"; En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a; inc. 3). que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4) que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se puede reabrir procesos fenecidos. 7) la comunicarán previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; en concordancia con el Art. 8° de la Ley N° 1.286/98 Código Procesal Penal UNICO PROCESO: nadie podrá ser procesado ni condenado sino una sola vez por el mismo hecho. Manifestamos que el dictamiento de la Resolución N° 9734 dell9/06/2014, en la que se dispuso que se deje sin efecto su designación como Asesor Jurídico del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica con asiento en Itapuá, no juzgo su actuación como representante legal sino fue producto de una restructuración ministerial, tal como lo refiere dicha resolución; por ello no estamos ante la presencia de un doble juzgamiento, ni doble sanción como lo quiere dar a entenderla parte actora. Que por recomendación del Abog. Juan José Román Asesor Jurídico de la Dirección General de Asesoría Jurídica, según informe preliminar N° 129 de fecha 5 de mayo de 2015, este había recomendado la instrucción de un sumario administrativo al Prof. Vicente Servían Portillo, quien posee 2 (dos) rubros de Vice Director de la Categoría L1H, turnos mañana y tarde de la Escuela Graduada N° 572 "JOHN F. KENNEDY" de Barrio Kennedy de Encarnación, por haber incurrido en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones como las establecidas en la Ley N° 1264/98 "General de Educación" que se establece en su artículo 136°: "Son deberes de los profesionales de la educación: inc. a) Acatar las normas del sistema educativo nacional, la de convivencia y el reglamento interno de la institución a que se integran; Ley 1725/2001 "Estatuto del Educador”, que en su artículo 41° establece: son deberes de los educadores Son deberes de los educadores profesionales: a) Los establecidos en el Artículo 136 de la Ley General de Educación; Son deberes de los educadores profesionales: a) Los establecidos en el Artículo 136° de la Ley General de Educación; c) Cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les otorga el cargo; d) Respetar las normas internas institucionales en particular aquellas emanadas del Ministerio de Educación y Cultura; e) Acatar las directrices de los superiores jerárquicos, relativas a servicios que no sean expresamente contrarios a las leyes y reglamentos; Que las faltas cometida por el funcionarios e encuentra regulados por el artículo 52° del mismo cuerpo legal que establece: "Serán pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden los educadores hallados culpables por la comisión de una o varias de las siguientes faltas: c) incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad"; cuyas medidas disciplinarias se encuentra establecidas en el mismo cuerpo legal. El sumario administrativo ha sido ordenado por Resolución; Ministerial N° 12.435 de fecha 19 de mayo de 2015, que dispuso la instrucción de dicho sumario, y la designación de la Jueza Administrativa a la Abogada Rosana Soloaga, debiendo la misma designar un actuario a fin de llevar a cabo dicho sumario. También se dispuso que la investigación fiscal deba estar a cargo de un Fiscal de Educación, la que deberá ser designada, por el Director General de Asesoría Jurídica. En cumplimiento de dicha resolución ministerial el juzgado a cargo de la Abog. Rosana Soloaga; procedió a dictar el A.I. N° 125/15 de fecha 6 de julio de 2015, que en su parte resolutiva dispuso cuanto sigue: 1° TENER, por iniciado el presente Sumario Administrativo instruido al Prof. VICENTE SERVÍAN PORTILLO con C.I. N° 1.533,469, Docente de este Ministerio, por la supuesta falta prevista en el Art. 52 inc. c) del Estatuto del Educador. 2° DESIGNAR, como Actuaria a la Esc. Nancy Beatriz Delgado Sena, quien deberá refrendar esta Resolución y las demás que recayeren en lo sucesivo en estos autos y con la facultad propia establecida en la Ley N° 879 del Código de Organización Judicial. CONSTITUIR, El domicilio del Juzgado Administrativo en Colón y Presidente Franco Edificio Marcopolo 1° Piso, Ofic. N° 110, horario de 08:00 a 16:00Hs, Tumo Mañana de la Ciudad de Asunción.4° NOTIFICAR, al Prof. Prof. VICENTE SERITAN PORTILLO con C.I. N° 1.533.469, Docente de este Ministerio, sobre la Resolución Ministerial N° 12.435/15 de fecha 19 de mayo de 2015, por el cual se por Supuesta Trasgresión a las disposiciones legales contenidas en el Art. 41 inc. a), c) d; así como también el Art. 52 en su inc. "c" de la Ley 1725/01 Estatuto del Educador, y del presente Auto Interlocutorio que da inicio al sumario administrativo y que puede informarse de la presente causa estando a su disposición expediente en Secretaria pudiendo solicitar copias del mismo, que dispone del perentorio plazo de 6 (seis) días a fin de que el presente Juzgado de Instrucción su Escrito de Descargo del supuesto hecho denunciado, debiendo constituir domicilio procesal, acompañando las pruebas sobre lasque se debe nombrar Abogado Defensor a fin de que le asista en el presente sumario administrativo. Son días de notificaciones, los martes y jueves de cada semana, todo ello bajo apercibimiento de Ley. Conforme lo establece el Art. 74 y 83 del C.P.L. en concordancia con el Art. 20 de la Ley del Educador. 5° DAR INTERVENCIÓN, al Fiscal de Educación del Ministerio de Educación y Cultura designado por el Director General de Asesoría de este Ministerio, de conformidad al Artículo 55 de la Ley N° 1725/01 "ESTATUTO DEL EDUCADOR" quien dentro del plazo de seis días hábiles, deberá presentar escrito de Tomar intervención, solicitar Sobreseimiento y otros, o proponer las diligencias que considere pertinentes realizar antes de emitir dictamen. 6° REMITIR, copia autenticada del presente Auto Interlocutorio a la Secretaria General y a la Dirección General de Gestión de Talento Humano, para su debida toma de razón y fines pertinentes.-7° COMUNICAR y archivar. Producto de dicha comunicación realizada al sumariado, es que este en fecha 22 de julio de 2015, se ha presentado al juzgado administrativo a presentar su escrito de descargo, así como de las pruebas ofrecidas por el mismo bajo patrocinio del Abog. Darío Zarza Vera, conforme se desprende de los antecedentes sumariales remitidos a este Tribunal de Cuentas, por lo que va de contramano; lo señalado por el accionante de que no fuera comunicado y que no haya tenido a disposición de copias del sumario administrativo instruidole. En el proceso sumarial instruidole el sumariado Prof. Vicente Servían Portillo, la parte accionante tuvo la más amplia libertad de ejercer su defensa, por sí misma o a través de representantes, para contestar traslados, ofrecer, controlar, e impugnar pruebas, etc., y así lo ha hecho conforme a las constancia sobrantes en los antecedentes administrativos elevados a este tribunal, por lo que en tal sentido no hubo violación alguna de sus derechos procesales. Debemos recalcar que la parte actora, solamente fue sometido a un solo juzgamiento, el que fuera iniciado a consecuencia de que el citado en su calidad de Representante Legal del Ministerio de Educación y Cultura, en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA S/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN", en el mencionado proceso judicial tramitado ante los tribunales de Itapuá, donde el mismo es oriundo de dicho Departamento y quien según los antecedentes obrantes en el expediente mencionado, ha presentado en forma extemporánea el recurso de apelación y nulidad contra la resolución judicial dictada SD. N° 2304 de fecha 16/10/2013, que Resuelve: 1) DESESTIMAR, con costas la Excepción de prescripción opuesta por el Ministerio de Educación y Cultura por los fundamentos expuestos precedentemente. 2) HACER LUGAR con costas, a la demanda promovida por la Municipalidad de Encarnación en contra del INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL (I.B.R) hoy INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA(INDERT) y en consecuencia declarar la NULIDAD DEL TITULO DEPROPIEDAD otorgado por el INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL (I.B.R) hoy INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL V DE LA TIERRA(INDERT)., a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA identificada como Finca N° 23204, Inscripta en la Décima Sección de la Dirección General de los Registros Públicos, bajo el Numero uno, Folio uno y siguientes del 27 de abril de 1995, cancelando su inscripción registral por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución". Que este hecho demuestra la irresponsabilidad y desidia del profesional Abog. Vicente Servían Portillo que tuvo a su cargo la función de defender y velar los intereses del Ministerio de Educación y Cultura, vedando la posibilidad de litigar en segunda instancia oportunidad procesal para tratar de revertir lo resuelto por el A- quo. Este actuar del mencionado docente y Abogado Vicente Servían Portillo, ha lesionado gravemente los intereses del Ministerio de Educación y Cultura, pues en su gestión como representante legal, debió recurrir a todos los resortes legales disponibles, a fin de revertir lo resuelto por el juzgado, y si el mismo considero que ha habido un actuar malicioso de los funcionarios del juzgado al momento de practicarse la notificación de la S.D N° 2304 de fecha 6 de octubre de 2013, debió presentar el correspondiente incidente de nulidad de la notificación, pero tampoco lo hizo, conforme a las constancias obrantes en el expediente sumarial el mismo únicamente se ha limitado a manifestar que habiéndose producido un cambio dentro de la estructura ministerial, no ha recibido órdenes de sus superiores, sin embargo el mismo esta constreñido, que hasta que no exista disposición en contrario; y como profesional del derecho debe articular todos los mecanismos legales a afín de precautelar los intereses de su mandante en este caso el Ministerio de Educación y Cultura (tal sería el caso de este representante si no contestará la demanda incoada), sostiene igualmente que esa inacción suya, no puede producir daño alguno a la cartera ministerial, por el hecho de que el inmueble no estaba en posesión de la entidad estatal, sin embargo ese hecho queda en evidencia que no es así, de la propia constitución realizada por el juzgado civil, mas específicamente en el acta labrada de fecha 6 de marzo de 2013, y de las fotografías tomadas en aquel entonces que existía una casa de material perteneciente al MEC, un galpón de madera, además que dicho inmueble contaba con cercos perimetrales y numerosos árboles frutales etc.; hecho esto también que fuera corroborado por los testigos propuestos por el propio sumariado, quienes depusieron en el sumario administrativo, que existía una casa y una huerta utilizada por el ente ministerial, en su escrito de demanda el mismo también admite que el predio pertenecía al Centro Regional de Educación General Patricio Escobar, entonces lo que queda patente es que la Municipalidad de Encarnación era la que finalmente no tenía la posesión del inmueble; lo que motivara la demanda iniciada por dicha parte. Otro hecho importante para tener en cuenta que el inmueble en litigio no pertenecería a la Municipalidad, es el propio informe judicial obrante en el mencionado juicio, donde destaca que en el asiento registral de fecha 4/04/1908 de la Finca inscripta a nombre de la Municipalidad de Encarnación, no se menciona la superficie del inmueble transferido, por lo que mal entonces puede señalarse; que dicha superficie (6 hectáreas) es el mismo que fuera titulada a nombre del Ministerio de Educación y Cultura, sin mencionar igualmente que la mensura judicial realizada por la Municipalidad de Encarnación,, y admitida parcialmente como válida por el juzgado civil es nula poique no se dio intervención de la misma a esta cartera ministerial. Otro argumento sostenido por el recurrente para manifestar que no puede ser sancionado por supuestas faltas administrativas, es el hecho deque presuntamente no se produjo ningún daño patrimonial al Ministerio de Educación y Cultura en el marco del juicio caratulado; MUNICIPALIDAD DEENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS/NULIDAD DE INSCRIPCIÓN/CANCELACIÓN Y LEVANTAMIENTO DEINSCRIPCIÓN", va que no existe, dictámenes, pericia u otros elementos que demostrarían el daño invocado por el juzgado de instrucción, pero olvida mencionar el mismo; que el motivo fundamental para solicitar la supuesta nulidad del título ostentado por el MEC, por parte de la Municipalidad de Encarnación, es que existía una fuerte suma de dinero que estaba en litigio, ya que la Entidad Binacional Yacyreta había iniciado un juicio de pago por consignación contra la Municipalidad de Encarnación y el MEC, con respecto a la finca objeto de nulidad, la que radicaba en el Juzgado en lo Civil y Comercial del 10° Turno de la ciudad de Asunción, Secretaria a cargo del Abog. Guillermo Delmas, conforme se desprende del informe judicial agregado a dichos autos, destacando que en este caso la única beneficiada con la indemnización, que debía pagar la entidad Binacional Yacyreta, por el aumento de la cota de embalse que obligaría a quedar bajo agua la finca en disputa, seria la Municipalidad de Encarnación, en detrimento del legítimo derecho de propiedad del MEC. Que el sumario llevado le a cabo al Prof. Vicente Servían Portillo, no está viciado de nulidad alguna, ni ha violentado el Artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica, ya que la propia Ley N° 1626/2000 Ley de la Función Publica dice en su artículo 2°, expresamente excluye del ámbito de su aplicación a algunas funciones públicas, entre ellas a la docente, dicho artículo dice: "Aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior: (...) f) los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica". A su vez la Ley N° 1725/01, dispone su artículo 1°; el cual dice: "La presente ley regula el ejercicio de la profesión de educador en los niveles de educación inicial, escolar básica y inedia del Sistema Educativo Nacional, que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativas públicas o privadas". El Artículo 11° del mismo cuerpo legal citado dice.- "A todos los efectos de la aplicación de esta ley se considerará que continúa en la carrera el educador profesional que ejerza, ya sea simultáneamente con las funciones definidas en los Artículos 9° y 10 o independientemente de ellas, funciones técnico administrativas, entendiendo por tales los cargos directivos o de supervisión relacionados con la planificación, organización, administración y evaluación de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo". Por lo que el Juez que llevo a cabo el sumario al recurrente, y que fuera designado por el MEO fue realizada conforme a lo que estipula las normativas legales, de admitirse la teoría de la actora que el sumario debiera ser realizado por la Secretaria de la función Pública; se consentiría que toda designación de Juez Instructor que no fuera realizada por la Secretaría de la Función Pública(por ejemplo en la Policía Nacional, en el Palacio de Justicia, en la Justicia Electoral, en la Municipalidad de la ciudad de Asunción), podría ser considerada que se está afectando la imparcialidad del juzgamiento como la del proceso, independientemente que se rijan por una Ley distinta a la N° 1626/00"De la Función Pública". Al respecto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, de Manuel Osorio bajo la voz "IMPARCIALIDAD", señala: "Falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o cosas, de que residía poderse juzgar o proceder con rectitud", en el caso sub -judíce, no ha señalado cuales son los derechos o las defensas que le han sido conculcados a la sumariante, únicamente se ha referido que por ser un juez designado por el MEC, carecería de imparcialidad. Por otra parte, la supuesta falta de independencia -que la actora afirma no tiene el Juez Instructor, por haber sido designado por el Ministro de Educación y Cultura- no tiene un sustento real. Todos los jueces instructores de sumarios administrativos se hallan en una situación jurídica igual al Juez Administrativo designado por el Ministerio de Educación y Cultura, pues todos se hallan bajo una dependencia laboral del ESTADO PARAGUAYO (los Jueces designados por la Secretaria de la Función Pública son funcionarios dependientes de la Administración Central); es decir, trabajan para el Estado, reciben instrucciones del Estado y perciben salario por parte del Estado, salarios que son imputados anualmente en el Presupuesto General de la República. Además no puede señalarse de que todos los jueces designados por el Ministerio de Educación y Cultura, se encuentran a arbitrios o decisiones emanadas de su superior, ya que el Art. 15°. Del CP.C, establece cuales son los deberes de los Jueces sean estos jueces sumariantes o no Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: a)...;b)fundarlas resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas ingentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad; c) resolver siempre según la ley, sin que le sea permitido juzgar del valor intrínseco o la equidad de ella; d)pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales;... La infracción de los deberes enunciados en los incisos b),c), d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones. Por lo que las decisiones adoptadas por los mismos no están supeditadas a la voluntad del ministro de turno, y si hubiera alguna presunción de imparcialidad en la decisión tomada por el juez sumariante la misma deberá ser demostrada en el presente proceso contencioso administrativo. El recurrente afirma que el órgano competente para juzgar su actuación en los autos donde el Ministerio de Educación y Cultura perdió la posesión del inmueble, debió ser la Secretaria de la Función Pública, destacando que ello debía ser así porque el mismo cumplía funciones administrativas y no de docente, sin embargo de la R.D. N° 46/14 de fecha 17 de junio de 2014, (cuya copia se adjunta) consiente la competencia del juez sumariante del MEC, en otro proceso sumarial instruidole por mal desempeño de funciones como juez instructor designado por la Función Pública, en el SUMARIO AMINISTRATIVO INSTRUIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL A SOFIA RAMONA GONZALEZ RODRIGUEZ POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE FALTAS GRAVES CONTENIDAS EN LA LEY1626/2000 DE LA FUNCIÓN PUBLICA", porque ahora entonces señala que no debió ser el Juez designado por el MEC, quien juzgue su conducta. En conclusión de todo lo expuesto, se demuestra que el sumario administrativo realizado al Prof. Vicente Servían Portillo, se encuadra a lo establecido en la ley, no hubo violación de derechos procesales, durante la tramitación de dicho sumario, y es a raíz de dicho sumario administrativo llevado a cabo al recurrente, donde se ha demostrado con pruebas, que el mismo no cumplió con responsabilidad su tarea de representante legal del Ministerio de Educación y Cultura, motivo por el cual el ente ministerial, toma la decisión de destituir al mismo atendiendo a lo establecido en el Art. 136° de la Ley General de Educación y en la Ley N° 1.725 - 01 "ESTATUTO DEL DOCENTE; art. 41°: "Son deberes de los educadores profesionales: inc. c) Cumplir con eficiencia y eficacia las Junciones que les otorga el cargo". Ya que su destitución está amparado en lo que establece la Ley N° 1725/01; Articulo 52°: "Serán pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden los educadores hallados culpables por la comisión de una o varias de las siguientes faltas: a) Ausencia injustificada por más de dos días en forma consecutiva o tres alternada en el transcurso de un mes; b) Abandono del cargo; c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad", razón por la cual, y ciñéndose estrictamente a las disposiciones legales citadas más arriba, el Juzgado Administrativo y posteriormente ha sido ratificada dicha decisión por la máxima autoridad ministerial, que ha resuelto aplicar acertadamente la sanción disciplinaria prevista” (fs. 413/432).
Que, en fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, se presentaron ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, los representantes legales de la Procuraduría General de la República, quienes pasaron a contestar la presente demanda, en los siguientes términos: "SOLICITAR INTERVENCIÓN CONJUNTA O INDISTINTAD e conformidad a las disposiciones contenidas en el artículo 246 de la Constitución Nacional, venimos a solicitar conceda nuestra intervención, de manera conjunta o indistinta, en el carácter invocado y tenga por denunciado nuestro domicilio legal y por constituido nuestro domicilio procesal en la casa de la calle Cerro Cora 2249 casi 22 de septiembre de esta Capital.- ACTITUD DEL ACTOR.- Dentro de todas las alegaciones hechas por el actor tenemos que mencionar y recalcar la actitud que mantiene el Abg. Servían para tratar de desvirtuar las actuaciones legales realizadas por el Ministerio de Educación, e intentar llamar la atención para pasar de largo su ineficacia profesional y error cometido como letrado.- En ningún momento, dentro de todo el cumulo de manifestaciones obrantes en el escrito inicial de demanda, el actor niega su actuar, y error profesional (presentación fuera de plazo de la apelación de la sentencia definitiva) cometido dentro del expediente judicial caratulado como: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACION S/ NULIDAD DE INSCRIPCIÓN. CANCELACIÓN/ LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN".- Teniendo en cuenta que por causa de que el profesional del derecho no había presentado en tiempo y forma la apelación de la sentencia definitiva en los autos más arriba caratulados, tal acto erróneo ha causado un perjuicio al Estado Paraguayo, por causa única y exclusiva de la actuación irresponsable del demandante.- Por ende esta representación constitucional no quiere dejar de recordar a VV.EE cual es la causa exacta del sumario administrativo instaurado en contra del Sr. Víctor Servían.- III. ANTECEDENTES DEL CASO El Sr. Vicente Servían se presenta ante este tribunal contencioso administrativo en fecha 01 de diciembre de 2015 a promover demanda contra la Resolución N° 107/15 del 29 de setiembre de 2015, dictada por el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la cual se le destituye de sus rubros docentes por la comisión de faltas contenidas en el inciso c) del art. 52 de la ley N° 1725/01.- En ese orden de ideas es necesario individualizar detalladamente la prelación de los hechos ocurridos en estos autos para así llegar a entender la legalidad de los actos cometidos por el Ministerio de Educación y Cultura.- *El funcionario Vicente Servían Portillo fue nombrado en el Ministerio de Educación y Cultura en fecha 01 de marzo de 1992, en carácter de interino en el cargo de Director ad honorem y profesor de grado con dos rubros de la categoría LP1, según resolución N° 1312 del 18 de marzo de 1992 de la zona Itapuá.- *Tras sucesivas asignaciones, (todas siempre en el ámbito de la docencia) en fecha 24 de agosto de 2009, es asignado en el cargo de asesor jurídico de la dirección general de asesoría jurídica, según resolución N° 4329 del 24 de agosto de la zona de capital.- *Para que luego en diciembre de 2013 fuera nuevamente asignado en el cargo de asesor jurídico de la dirección general de asesoría jurídica, según resolución N° 7074 del 2 de diciembre de 2014 de la zona de capital.- *Por resolución ministerial N° 9734de fecha 19 de junio de 2014, "POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 7074 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013" resolución que designaba al demandante como asesor jurídico del departamento de Itapuá.- Posteriormente el Sr. Servían interpone recurso de reconsideración contra la Resolución N° 9.734 de fecha 19 de junio de 2014.- *El 19 de mayo de 2015, por resolución N° 12.435 se ordena la instrucción del sumario administrativo al profesor Vicente Servían, funcionario del Ministerio que cuenta con dos rubros de docente, Vice director de la categoría L1H turnos mañana y tarde de la escuela graduada N° 572 Jhon F Kennedy de Encarnación por incurrir en faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones establecidas en la ley 1264/98 General de la Educación, infringiendo de igual manera la ley 1725/01.- -En fecha 29 de setiembre de 2015 el juzgado sumaria resuelve mediante R.D N° 107/15, sancionar al Sr. Vicente Servían Portillo con la máxima penalidad y califica la conducta del Profesor Servían como falta de segundo orden y en consecuencia en virtud al artículo 49, inc. c) se ordena la destitución en los rubros de la categoría 2 L1H Vice Director.- *En fecha 13 de octubre de 2015, por medio de cédula de notificación se notifica al demandante de lo resuelto por RESOLUCIÓN R.D. 107/15 de fecha 29 de setiembre de 2015.- *Luego, en fecha 16 de octubre de 2015, el demandante presentó un recurso de reconsideración en contra de dicho acto administrativo.- *Finalmente, en fecha 01 de diciembre de 2015, el Sr. Servían presenta la demanda de autos, la cual, como seguidamente pasaremos a demostrar, fue impetrada extemporáneamente, por lo que, desde ya, a VV.EE. solicitamos hacer lugar a la prescripción planteada.- OPONER EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMO MEDIO GENERAL DEDEFENSA. Que, a través del presente escrito, y en virtud a las disposiciones establecidas en los artículos 223 y 224 inciso g) del código procesal civil, oponemos al progreso de la presente demanda, la excepción de prescripción como medio general de defensa, sobre la base de los argumentos de hechos y derechos que seguidamente se pasa a desarrollarla prescripción es un modo de extinguir los derechos o acciones, por haber transcurrido cierto lapso de tiempo sin que se hubieran ejercido dichos derechos y acciones. La previsión legal de un término de preclusión dentro del cual sea posible ejercer una acción es un valiosísimo instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad a las relaciones entre los particulares en general y, de modo específico, entre los individuos y el estado. De este modo, se puede afirmar que el acceso a la administración de justicia no es absoluto, sino que está condicionado legalmente a que la demanda sea iniciada dentro de los plazos señalados en las leyes, pues la indeterminación y la incertidumbre colisionan frontalmente con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales. El término "prescripción" tiene, pues, como uno de sus objetivos el de racionalizar el ejercicio del derecho de acción. Y, si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, esta es una restricción necesaria, que impone al interesado la obligación de iniciar sus acciones de manera oportuna, so pena de que las resoluciones administrativas adquieran estado de firmes.- A decir del Dr. Casco Pagano, "La prescripción liberatoria es el modo de extinguirse los derechos y las obligaciones, derivado del no uso o ejercicio de los mismos durante el plazo señalado por la ley". La interpretación contraria implicaría un evidente despropósito, teniendo en cuenta que en la jurisdicción administrativa se revisan actos del poder administrador en el sentido amplio, dictados en ejercicio de potestades legales y reglamentarias, y que la característica fundamental de dichos actos es su vocación de cumplimiento inmediato. En palabras del doctrinario administrativista paraguayo el Prof. Dr. Salvador Villagra Maffiodo:"El acto administrativo presenta ciertas particularidades bajo otros aspectos: por su prelación frente al acto judicial, por la facultad de la Administración de hacerlo cumplir por sí misma (ejecutividad), por el estado hábil para ser ejecutado (ejecutoriedad) y por la fuerza ejecutiva del instrumento en que está consignado".- Al parecer el demandante no advirtió que la legislación vigente, específicamente el art. 58 de la ley N° 1725/01, claramente dispone que la decisión condenatoria podrá ser objeto de acción contencioso administrativa, lo cual implica, contundentemente, que el recurso de reconsideración es inviable y que ya se encontraba expedita la vía de lo contencioso administrativo. El art. 58 de la ley N° 1725/01 dispone: "Art. 58. La decisión condenatoria podrá ser objeto de acción contencioso administrativa, dentro del perentorio plazo de cinco días, a partir de la fecha de notificación". No obstante, con la entrada en vigencia de la ley N° 4046/10 "Que modifica el artículo 4° de la ley N° 1462/35 "Que establece el procedimiento para lo contencioso administrativo", dicho plazo se amplió a 18 días: "Art. 43.- El recurso contencioso administrativo contra toda resolución administrativa deberá interponerse dentro del plazo de dieciocho días".-A este plazo, al noestar indicada la firma de computarse, debe ser aplicado el art. 342 del código civil, como todos los plazos de prescripción, que surgen desde que nace el derecho a exigir (art. 635 del CCP). En consecuencia, debe ser computado en días corridos, pues no se trata de un plazo civil "pre-procesal" previsto para iniciar el proceso, es decir, para entablar la demanda.- La interpretación contraria (el cómputo en días hábiles) implicaría un evidente despropósito, teniendo en cuenta que en la jurisdicción administrativa se revisan actos del poder administrador en el sentido amplio, dictados en ejercicio de potestades legales y reglamentarias, y que la característica fundamental de dichos actos es su vocación de cumplimiento inmediato. Dicho esto, se observa que el plazo para interponer la demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución Definitiva N° 107/15 (decisión condenatoria) era de dieciocho días corridos a partir de la notificación de la misma.- De esta manera, teniendo en cuenta que el Sr. Vicente Servían Portillo fue notificado de la RD N9 107/15 en fecha 13 de octubre de 2015, por lo que el plazo para interponer la demanda venció el 31 de octubre de 2015, mientras que la demanda fue impetrada recién el 01 de diciembre de 2015.-Aun suponiendo que el cómputo del plazo deba contarse en días hábiles, de todas maneras el mismo se encontraba prescripto al momento de impetrarse la demanda, según surge del siguiente cuadro: (fs. 439/440 de autos). Por todo lo expuesto, estamos plenamente convencidos de que este Tribunal de Cuentas declarará viable la prescripción planteada, por ajustarse a derecho y haberse demostrado plenamente que luego de haberse notificado la resolución RD N° 107/15, queda expedita la vía para iniciar la demanda contencioso administrativo y no así el recurso de reconsideración presentado por el demandante.- FUNDAMENTOS DEL RECHAZO DE LA DEMANDA INCOADA.- No obstante, ante el hipotético pero improbable caso de que VV.EE no consideren viable la prescripción planteada, venimos también a contestar la demanda en los términos siguientes: En primer lugar, en virtud a lo dispuesto en el art. 235, inciso a) del código procesal civil, negamos y rechazamos de manera categórica y enfática, todas las aserciones contenidas en el escrito inicial de la demanda presentada por el Sr. Vicente Servían, salvo aquellas que de manera indubitable y expresa surjan como afirmativas de esta contestación, por lo que desde ya rogamos el rechazo de la demanda incoada por su notoria improcedencia.- EL DEMANDANTE SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN IRREGULAR EN EL CARGO QUE OCUPABA.-E1 demandante, según se puede apreciar en los antecedentes del sumario administrativo, contaba, al momento de su destitución, con una serie de rubros docentes.- Así tenemos que el Sr. Servían fue asignado en el mes de diciembre de 2013 en el cargo de asesor jurídico de la dirección general de asesoría jurídica, según resolución N° 7074 del 2 de diciembre de 2014 de la zona de capital.- En este punto resulta necesario abrir un paréntesis y dejar en claro que la situación del funcionario era completamente irregular desde el momento mismo de asumir su primer cargo administrativo utilizando sus rubros docentes. En este sentido, hay que partir de la base que la ley N° 1725/01 en ningún momento autoriza al personal del Ministerio de Educación y Cultura con rubro docente a cumplir funciones administrativas y percibir la remuneración correspondiente al rubro docente. De hecho, el capítulo III de la ley N° 1725/01, que versa sobre las funciones educativas, en ningún momento así lo autoriza, sino que, por el contrario, delimita taxativamente las funciones de este tipo de funcionarios, y en ningún momento concede al funcionario docente la posibilidad de "usar" su rubro docente para cumplir funciones en la administración central, sea como funcionario administrativo del Ministerio de Educación y Cultura o de cualquier otro OEE.- Tal es así, que el art. 51 de la ley N° 4848/13 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2013 (vigente al tiempo de la designación del demandante en el cargo de asesor jurídico), dispone categóricamente que: "Art. 51.- Las remuneraciones previstas en esta ley para los cargos docentes contemplados en el anexo del personal del Ministerio de Educaron y Cultura y de las Universidades Nacionales, serán utilizadas exclusivamente para servicios realizados por quienes posean la habilitación correspondiente para ejercer el cargo de profesor o docente de enseñanza escolar básica, media, técnica, profesional o universitaria y lo ejerzan efectivamente impartiendo clases...".- El art. 9 de la citada ley del estatuto del educador, dispone claramente que: "Art. 9. Son funciones docentes la labor de enseñanza en aulas de centros, establecimientos e instituciones educativas públicas, privadas o privadas subvencionadas; la planificación, el desarrollo y la evaluación del proceso de aprendizaje y, de acuerdo con las disposiciones legales específicas, la realización de actividades complementarias que coadyuven a mejorar la calidad de la educación Por su parte, el art. 12 del mismo cuerpo normativo, establece que: "Las funciones específicas de educador profesional del sector público, ya sean docentes o técnico-pedagógicas, ejercidas en los cargos creados por la legislación correspondiente, serán especificadas en el manual defunciones a ser reglamentado por el Ministerio de Educación y Cultura, con arreglo a la Ley General de Educación, esta ley y a las demás disposiciones legales.- Como se puede observar de la simple lectura de las disposiciones supra mencionadas, no cabe lugar a dudas: de ninguna manera un funcionario docente del Ministerio de Educación y Cultura puede abandonar sus actividades para prestar servicios en la administración central, en detrimento de la comunidad educativa nacional. Lógicamente, mientras esta situación irregular (desempeño de funciones administrativas con rubros docentes) le era favorable, el demandante jamás se propuso denunciarlas. De hecho, lo correcto hubiera sido que, al ser invitado a ocupar los cargos administrativos de confianza que ostentó durante mucho tiempo, debió renunciar a sus rubros docentes y solicitar a su empleador (la máxima autoridad del MEC en aquel entonces) su nombramiento en dichos cargos con los rubros presupuestarios dispuestos en la ley de presupuesto para tales cargos.- Sin embargo, cuando esta misma situación deviene desfavorable a sus intereses, al verse sometido a un sumario administrativo por el mal desempeño de sus funciones con los cargos de docentes (demostrado en el sumario), la parte actora viene a solicitar supuestos derechos adquiridos como docente.- Está ampliamente demostrada en el sumario administrativo la calificación de la conducta realizada por el Sr. Servían.- Lo .que el demandante pretende con esta demanda, es continuar aprovechándose del desorden administrativo que en su momento le permitió acceder a cargos administrativos valiéndose de sus rubros docentes. Sin embargo, lo cierto y concreto es que la ley prohíbe terminantemente tal situación, por lo que el funcionario nunca debió abandonar sus funciones de docentes, pues la ley no se lo permitía. Al menos no percibiendo el salario correspondiente a la función docente que dejó de desempeñar.- La ley es perfectamente clara y no deja resquicio para la duda: el funcionario ocupó cargos administrativos de manera irregular, fue juzgado por incumplimiento del deber, y fue sancionado justamente por tales hechos con el despojo de los rubros.- En este estado de cosas, VV.EE. sabrán apreciar que los actos administrativos se deben ajustar estrictamente al principio de legalidad, por lo que resulta absolutamente imposible convalidar las ilegalidades administrativas, pues estas no confieren derechos.- Es más, el mismo actor, por las propias documentales existentes en la copia de traslado y por ende obrantes en el expediente, demuestra que él fue "ASIGNADO" en el cargo de asesor jurídico de la dirección general de asesoría jurídica, según resolución N° 7074 de fecha 02 de diciembre del año 2013 de la zona capital, sin concurso previo y por medio de una decisión de la máxima autoridad ministerial.- Nótese en este punto, en primer lugar, que el Sr. Servían fue separado de un cargo de confianza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la ley N° 1725/01 tras la remisión directa del segundo apartado del art. 8 de la Ley N° 1626/00, que expresa tajantemente que:"...Quienes ocupen tales cargos podrán ser removidos por disposición de quien esté facultado para el efecto por la lev o, en ausencia de éste, por la máxima autoridad del organismo o entidad respectivo del Estado...". En este sentido, se observa que, a través de su nota de fecha 16 de octubre de 201, el demandante solicitó a la Ministra su reposición en uno de los cargos de asesor jurídico que había desempeñado, lo cual carece completamente de sentido, puesto que lo que el art. 9 de la citada ley de la función pública concede a todo funcionario de carrera separado de un cargo de confianza es el derecho a ocupar aquel cargo que el mismo desempeñaba antes de ocupar el cargo de confianza.- Justamente, la esencia del cargo de confianza es la libre disposición del mismo por parte de la máxima autoridad, por lo que de ninguna manera puede pretender la demandante obtener una respuesta favorable a su pedido de ser puesta en un cargo de estas características, y mucho menos fundarse en la negativa (tácita) de la Ministra a acceder a tal descabellado pedido para iniciar una demanda contencioso administrativa con el fin de obtener su reposición en uno de estos cargos. Nótese, en este punto, que la carrera administrativa y la carrera docente son cosas absolutamente distintas, y que la carrera docente no confiere a quien la invoque los derechos inherentes a la carrera administrativa, tales como a la estabilidad o a ocupar cargos inferiores luego de ser separados de un cargo de confianza, en tal sentido tenemos que el demandante realizaba actos administrativos pero con un rubro de docente.-DEL CARGO DE CONFIANZA QUE OCUPABA EL ABG. SERVIAN.-Es necesario entonces, partir de la base que la "asignación" del Sr. Servían como asesor jurídico es totalmente ilegal, en virtud al artículo 27 del código civil que establece que:"Art.27.- Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no establece otro efecto para el caso de contravención".- Entonces, tenemos el hecho de asignación en el cargo de asesor jurídico, tal asignación por donde se lo mire es totalmente ilegal, ya que la viola la ley presupuestaria y el estatuto del docente, lo que nos lleva directamente a afirmar que al actor le precluye por definición basar cualquier derecho en virtud a tal asignación, todo esto siempre basando y teniendo en cuenta que el acto nulo no produce efectos tal como lo menciona el artículo anteriormente transcripto, en concordancia con el artículo 356 del código civil.- En otras palabras, si no tenía derecho a ser asignado ahí, no puede tener ningún derecho a quedarse en el cargo y mucho menos a generar o reclamar cualquier derecho que nazca del cargo, contraponiéndose esto a la ley del presupuesto general de gastos de la nación, que tiene carácter estrictamente obligatorio.- Entonces, si superásemos la hipótesis del actor, y queriendo sostener que dicha "asignación" sea válida como él lo mantiene, tenemos entonces que el cargo de "asesor jurídico" es un cargo de confianza, por los motivos que demostraremos a continuación.- Tenemos que el Sr. Servían fue designado en el mes de diciembre de 2013 en el cargo de asesor jurídico de la dirección general de la asesoría jurídica, según resolución ministerial N° 7074 del 2 de diciembre de 2014 de la zona de la capital. Como ya lo habíamos manifestado más arriba tenemos que el actor poseía rubros docentes al momento de ser asignado como asesor jurídico, el mismo había accedido a dicho cargo sin concurso público previo y con la sola decisión de la máxima autoridad administrativa.- Tal es así que el Art. 8° de la ley 1626/2000 "De la función pública" establece los cargos de confianza y, sujetos a libre disposición en el ámbito de la función pública.- Dicha norma establece claramente que: "Son cargos de confianza y, sujetos a libre disposición, los ejercidos por las siguientes personas: e) los directores jurídicos, económicos o similares de los organismos o entidades del Estado, con excepción de los que integran la carrera de la función pública....".-Continua afirmando dicha legislación que: "Esta enumeración es taxativa. Quienes ocupen tales caraos podrán ser removidos por disposición de quien esté facultado para el efecto por la lev o, en ausencia de éste, por la máxima autoridad del organismo o entidad respectivo del Estado. La remoción de estos cargos, aún por causas no imputables al funcionario, no conlleva los efectos económicos del despido. Los funcionarios que hayan sido promovidos a ocupar estos cargos conservan los derechos adquiridos con anterioridad al respectivo nombramiento." Como se podrá notar, el actor de la presente demanda, se hallaba comprendido directamente dentro de las disposiciones contenidas en el Inc. e), del art. 8 de la Ley 1626/00: "los directores jurídicos, económicos o similares de los organismos o entidades del Estado...".-Y esto lo afirmamos ya que dentro de las documentales existentes en la copia de traslado y por ende obrantes en el expediente, se demuestra tajantemente que él demandante fue "ASIGNADO" en el cargo de asesor jurídico de la dirección general de asesoría jurídica, según resolución N° 7074 de fecha 02 de diciembre de la zona capital, sin concurso previo y por medio de una decisión de la máxima autoridad ministerial.- Con relación a la situación presupuestaria del recurrente, nos remitimos a la ley N° 1626/2000, la cual en su art. 30 establece "Cargo es la función o trabajo que debe desempeñar un funcionario. El cargo público es creado por ley, con la denominación y la remuneración previstas en el presupuesto General de la Nación. Los cargos tendrán un orden jerárquico. El funcionario que los ocupe se regirá por el principio según el cual a mayor facultad corresponde mayor responsabilidad". Por su parte, el art. 31 reza: "Jerarquía es el orden en que se organizan los cargos en relación con la preeminencia de cada uno de ellos", y el art. 32 dispone: "Categoría es la clasificación presupuestaria de cada cargo. Para su determinación se considerará el orden jerárquico del mismo". Al respecto el Decreto 196/2003, en su Art. 32, establece claramente: "El agrupamiento de cargos administrativos por niveles jerárquico establece de la siguiente manera. Es así, en el NIVEL A, DE CONDUCCIÓN POLÍTICA, comprende los cargos en los cuales se accede: a) Por elección popular; b) Por procedimiento establecidos en la Constitución Nacional, tales como los contemplados en los Artículos 281, respectivamente; c) Por designación del Presidente de la República en virtud a la facultad que le otorga el Art. 238 Numeral 6) de la Constitución Nacional. Corresponde a este nivel el cargo de: ASESOR.- SÍ bien el cargo de ASESOR, el cual ostentaba el demandante al momento de ser destituido, no se encuentra taxativamente citado en el artículo 8 mencionado, no caben dudas de que el mismo es un cargo de confianza, pues dicho cargo es similar al cargo de DIRECTOR JURÍDICO O ECONÓMICO, por corresponder todos ellos a la categoría, de conducción superior, como se expuso supra. Además, el cargo de ASESOR es jerárquicamente superior al cargo de DIRECTOR, por lo que evidentemente, y por una simple cuestión de lógica, tal cargo debe ser considerado DE CONFIANZA. Es decir, un cargo jerárquicamente SUPERIOR a otro cargo enumerado taxativamente como cargo de confianza en la ley, es necesariamente también un cargo de confianza. Sencillamente no tiene sentido que no sea así. Luego, suponiendo que los cargos que componen este tercer "escalafón" fueran todos cargos de confianza (e.g. Directores), por así disponerlo taxativamente el art. 8 de la Ley NA 1626/00, no cabe la menor duda de que los cargos comprendidos en el orden jerárquico superior (2, 3 y 4), que además se encuentran en relación de dependencia directa con la máxima autoridad del ente (el cual, dicho sea de paso, también es un cargo de confianza), dichos cargos son también de confianza. Insistimos, carece absolutamente de sentido suponer que un cargo inferior sea de confianza, y el superior no lo sea. Además, la Resolución SFP N° 45/13 "Por la cual se establecen las políticas de recursos humanos del sector público durante el periodo de transición institucional", en el anexo I, 1.3 reza: "A los efectos de una mayor aclaración, se consideran también como 'cargo de confianza', aquellos correspondientes a Directores Generales y directores u otros cargos de naturaleza similar (coordinadores, por ejemplo) según el inciso e) del Art. 8 de la Ley N° 1626/2000, cuyas principales características son: "el poder decisorio de la persona que ocupa el cargo, el alto nivel del cargo en los cuadros superiores de la administración (estructura organizacional) reportando directamente a la máxima autoridad institucional, la alta confidencialidad de las tareas vinculadas al cargo, o la facultad de quien ocupa el cargo para ejercer funciones de dirección, fiscalización o vigilancia, de sus respectivas instituciones".-Al respecto Marienhoff reseña la clasificación de la jerarquía: "En la jerarquía existen "líneas" y "grados". La jerarquía administrativa dice Santamaría de Paredes, al modo de un árbol genealógico, se extiende por líneas y grados, desde los órganos centrales que representan al Poder Ejecutivo en su unidad, hasta aquellos otros órganos que se hallan en el término de la función de que se trata; la línea es una ramificación del Poder Ejecutivo que enlaza un centro de autoridad con otros inferiores; el grado es el valor numérico que corresponde a un determinado centro de autoridad respecto a otro superior, por los intermediarios que entre ambos existen. De modo que "línea", dentro de la jerarquía, es la serie de funcionarios unidos por una relación de subordinación. Tratase de una sucesión de órganos en sentido vertical. "Grado" es el punto que cada funcionario ocupa en la línea. Esta manifestación de la jerarquía, a la vez que establece el orden jerárquico, tiene trascendencia práctica en la distribución de "competencias" entre los diversos órganos. El cargo de asesor jurídico de la dirección general de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Cultura indefectiblemente es un cargo de confianza de acuerdo al propio organigrama de dicho ente.- Es el caso que nos ocupa VV.EE., el cargo de ASESOR JURÍDICO que ocupaba el Sr. Servían, es de naturaleza cargo de confianza teniendo en cuenta el propio trabajo que es realizado por la persona que desempeña, el cual es asesorar al propio Ministerio de Educación y Cultura.- Sin embargo, reiteramos que la "asignación" del Sr. Servían como asesor jurídico es un acto ilegal que se contrapone a la ley de presupuesto de gastos de la nación, es decir que el Sr. Servían no tenía por qué irse a ese cargo de confianza siendo docente.- DE LA SUPUESTA DOBLE SANCION.- Ante todo lo dicho tenemos que estamos antes dos situaciones: la primera de ellas una asignación irregular (que el Sr. Servían no ataca y de la cual el mismo pretende valerse) y en segundo lugar tenemos que dicha asignación (violando la ley del presupuesto y estatuto del docente) se produce en un cargo de confianza.- Por ende al realizar la revocación de la asignación es simplemente separar al Sr. Servían el cargo de confianza en virtud a la mera atribución del articulo 8° de la ley 1626/00. No existiendo aquí sanción alguna, por lo que lo único que se hace es reconocer la "validez" del comisionamiento y disponer que esa función de confianza del Sr. Servían ya no lo va a realizar más, porque no existe prohibición alguna de dejar sin efecto una "asignación" a un cargo de confianza Todo esto basado claramente en el segundo apartado del artículo 8vo de la ley 1626/00 que establece que: "...Quienes ocupen tales caraos podran ser removidos por disposición de quien esté facultado para el efecto por la ley o, en ausencia de éste, por la máxima autoridad del organismo o entidad respectivo del Estado...". El hecho de que al Sr. Servían se le había separado del cargo de confianza no puede ser considerado de ninguna manera como una sanción hacia el mismo, ya que esto es nada más que un ejercicio regular de la potestad total y absolutamente discrecional que posee la máxima autoridad administrativa del órgano, todo esto en virtud al artículo 8vo de la ley de la función pública, norma que es aplicable para el presente caso en ese momento ya que ahí el actor se encontraba cumpliendo funciones meramente administrativas.- Tal decisión es una mera actuación discrecional de la máxima autoridad por la naturaleza que implica el cargo de confianza, ya que esta es una potestad absoluta discrecional, y en consecuencia, al separarlo del cargo de confianza, el mismo vuelve a las mismas funciones y cargos que cumplía antes de ser asignado en el cargo de confianza, el cual era un cargo meramente docente, en consecuencia no cabe duda alguna que la ley que se le debe aplicar es la del estatuto del docente por la naturaleza del cargo que ejerce.- Nótese en este punto, en primer lugar, que el Sr. Servían fue separado de un cargo de confianza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la ley N° 1626/00 y por expresa remisión del art. 20 de la Ley N° 1725/01. En este sentido, se observa que, a través de su nota de fecha 16 de octubre de 2015, el demandante solicitó a la Ministra su reposición en uno de los cargos de asesor jurídico que había desempeñado, lo cual carece completamente de sentido, puesto que lo que el art. 9 de la citada ley de la Función Pública concede a todo funcionario de carrera separado de un cargo de confianza es el derecho a ocupar aquel cargo que el mismo desempeñaba antes de ocupar el cargo de confianza.- Ya que resulta de entendimiento imposible tener como sanción dejar sin efecto una asignación en un cargo de confianza, puesto que como recalcamos varias veces la asignación o no de una persona en dicho tipo de cargo depende únicamente del arbitro de la máxima autoridad administrativa del ente, por ende no puede tomarse tal decisión como una sanción, sino como una simple decisión autoritaria. Es por eso que al momento de dejar sin efecto una designación de una persona en un cargo de confianza la misma vuelve el estado laboral anterior de la asignación, es decir que una vez la Ministra de Educación en ese entonces resuelve quitarle el cargo de asesor legal (cargo administrativo) del Ministerio al Sr. Servían, el mismo vuelve con su rubro de docente al cargo de docente, por lo consecuentemente el mismo en ese instante vuelve a regirse por la ley del docente, hecho que ha ocurrido en el presente caso.- Dejando en claro que indefectiblemente las actuaciones del Ministerio de Educación fueron totalmente válidas y legales y que la aplicación de la ley 1725/01 para la realización del sumario administrativo corresponde a estricto derecho.- Resumiendo tenemos que el actor de la presente demanda fue asignado al cargo de asesor (cargo de confianza) de manera irregular; comete una falta en el cargo de confianza (presentación extemporánea del escrito de apelación y nulidad en el expediente "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACUION S/ NULIDAD DE INSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN/ LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN"; consecuentemente en virtud 8vo de la ley 1626/00 y a las atribuciones de la máxima autoridad administrativa es separado de ese cargo de confianza (con lo cual se deja de estar violando la ley presupuestaria y el estatuto del educador); y después de ese paso se le inicia el sumario administrativo por la falta cometida y en virtud al estatuto del educador ley 1725, no existiendo en ningún momento una irregularidad por parte del Ministerio de Educación y Cultura.- Sino lo que el actor pretende hacer es valerse de un acto irregular que le beneficia, que es el comisionamiento, para obtener una irresponsabilidad administrativa por la falta que el mismo comete y que no es negada por el demandante.- Ya que de ser posible esto estaríamos frente a la propia perversión de los institutos administrativos para llegar en la sustancia hacer valer una irresponsabilidad administrativa.- Es decir, al demostrarse la falta que ha cometido el Sr. Servían en el cargo de asesor jurídico, la ¿máxima autoridad no puede perder la confianza en él?, razonamiento totalmente ilógico.- Por ende, con esto demostramos claramente, el nombramiento como ASESOR y la complejidad de las labores que desempeñaba el Señor Vicente Servían ante el Ministerio de Educación, es de conducción superior, por tanto dicho cargo corresponde exclusivamente a CARGO DE CONFIANZA, por tanto los funcionarios que ocupen los cargos citados en el artículo anterior, podrán ser removidos por disposición de dicha cartera de Estado.- REGULARIDAD Y VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO.- Es así que tenemos que al aplicarse en el presente caso el segundo apartado de artículo 8vo de la ley 1626/00, que menciona que: "Los funcionarios que hayan sido promovidos a ocupar estos cargos conservan los derechos adquiridos con anterioridad al respectivo nombramiento.- El Sr. Servían automáticamente vuelve a su estado anterior a su asignación como funcionario docente del ministerio, es decir con su cargo de Vice Director con rubro de la categoría L1H de una escuela de la ciudad de Encarnación (según historial de movimientos de ingresos/traslados/comisiones). Lo que conlleva que indefectiblemente, en atención al rubro que mantenía al momento de su asignación como asesor jurídico, que se le juzgue en el sumario administrativo bajo el estatuto del docente, ley 1725/01.-La Resolución N° 107/15 fue dictada por el juez administrativo designado por la Ministra de Educación y Cultura conforme las reglas del sumario administrativo al personal docente, dispuestas en la ley NA 1725/01 y su resolución reglamentaria N° 19.644/10.-Todas las actuaciones del sumario administrativo fueron llevadas adelante con sujeción a las reglas establecidas en las citadas disposiciones legales, el funcionario sumariado tuvo la más amplia posibilidad de ejercer su defensa y de producir las pruebas que consideraba pertinentes.- Se puede observar del cúmulo probatorio de documentos que obran en el sumario administrativo, que quedó demostrado que el docente sumariado definitivamente había realizado indefectiblemente una conducta irresponsable en el carácter en que se encontraba, por lo que la sanción aplicada se debe, precisamente, a que el mismo no obedeció ordenes de defender los intereses estatales, específicamente en el juicio caratulado como: "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACION S/ NULIDAD DE INSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN/ LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN". La propia prueba de la constancia de autos en el expediente judicial, producida en el marco del sumario no fue resistida, refutada o negada por el demandante, sino que el mismo únicamente se limitó a intentar poner excusas inconducentes al respecto.- La resolución definitiva fue emitida de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Resolución N° 19.644/10 y se encuentra debidamente fundada en los hechos que han sido probados durante el sumario administrativo.- Por tanto, la Resolución N° 107/15, por la cual se destituye al Sr. Servían de sus rubros docentes es absolutamente válida, por estar fundada en los hechos probados y demostrados en el sumario administrativo, y es regular, por haber sido dictada por quien tenía la facultad de hacerlo. Y confirmamos que la jueza sumariante del Ministerio de Educación tenía la facultad y el derecho de dictar sentencia definitiva en la causa, teniendo en cuenta los rubros percibidos por el funcionario. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA.-E1 actor al momento en el que ocupaba el cargo de asesor jurídico del Ministerio de Educación y Cultura había cometido falta grave, en el marco del juicio "MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN C/ INDERT Y MINISTERIO DE EDUCACION S/ NULIDAD DE INSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN/ LEVANTAMIENTO DE INSCRIPCIÓN", al haber presentado fuera del plazo procesal establecido, el recurso de apelación y nulidad contra la sentencia definitiva recaída en dichos autos.- Por dicho error profesional la máxima autoridad ministerial ordena en potestad al artículo 8vo de la ley 1626/00 dejar sin efecto la resolución que asignaba al actor en el cargo de asesor jurídico y en consecuencia el mismo vuelve a su cargo original antes de habérsele asignado asesor jurídico.- El cargo anterior del Sr. Servían según historial de movimientos de ingresos/traslados/comisiones del MEC era el de Vice Director con un rubro de la categoría LIH de una escuela de la ciudad de Encarnación, es decir que antes del cargo de asesor el mismo poseía un rubro estrictamente docente y por ende tal rubro era regido por la ley 1725/01.-Tal legislación -Estatuto del Educador- en su artículo 52 inc. c) menciona como dentro de las calificaciones como "falta de segundo orden" (falta grave), el "incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad".-En consecuencia al comprobarse la compatibilidad entre la conducta realizada por el actor y la legislación aplicable al caso, tenemos a todas luces que la sanción de destitución corresponde a estricto derecho.- Todo esto concuerda efectivamente con la no negación por parte del actor del hecho generador del sumario, ya sea en la sede sumarial como en su escrito inicial de demanda, calificando su inobservancia profesional como grave, dejando tajantemente claro que dicho error a causado un perjuicio severo al Estado Paraguayo.- CONCLUSIÓN Según se pudo observar a lo largo de esta presentación, el demandante no se ha ocupado en ningún momento a demostrar que la Resolución N° 107/15 adolece de vicios o irregularidades, sino que únicamente ha intentado confundir a VV.EE. con argumentos que no hacen al caso, tales como la supuesta doble imposición de sanciones, la supuesta omisión de pruebas por parte de aquél o, más grave aún, con la incompetencia de la aplicación de la ley del docente (habiendo este ocupado rubro docente), con el único fin de confundir con el fondo de la cuestión.- Ha sido ampliamente demostrado que la conducta del funcionario fue calificada como una conducta ilícita y pasible de la máxima sanción, por lo que la sanción que le fue aplicada por la Resolución Definitiva N° 107/15 es no solamenteregular y válida, sino justa”(fs. 435/451).
Que, a fs. 461 de autos, consta el A.I. N° 824 de fecha 12 de agosto de 2016, donde se declara la competencia del Tribunal, para entender en el presente juicio, y existiendo hechos que probar, recibir la causa a pruebas, por todo el término de Ley.
Que, a fs. 537 de autos, consta la providencia de fecha 08 de noviembre de 2016, donde se llama AUTOS PARA SENTENCIA.
Y EL MIEMBRO MAGISTRADO GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, nos compete estudiar lo referente a lo planteado por la Procuraduría General de la República (en adelante: Procuraduría) con respecto a la Excepción de Prescripción, en la que sostienen que "el demandante no advirtió que la legislación vigente, específicamente el art. 58 de la ley N° 1725/01, Que establece el Estatuto del Educador, claramente dispone que la decisión condenatoria podrá ser objeto de acción contencioso administrativa, lo cual implica, contundentemente, que el recurso de reconsideración es inviable y que ya se encontraba expedita la vía de lo contencioso administrativo. El art 58 de la ley N° 1725/01 dispone: "Art 58. La decisión condenatoria podrá ser objeto de acción contencioso administrativa, dentro del perentorio plazo de cinco días, a partir de la fecha de notificación."; a su vez argumenta la Procuraduría que los plazos son corridos, detallando que el plazo para que el accionante inicie la demanda corría desde la notificación de la Resolución RD N° 107/15, practicada en fecha 13 de octubre de 2015, venciendo el mismo el 31 de octubre de 2015, mientras que la demanda fue impetrada recién en fecha 1 de diciembre de 2015.
Para resolver lo expuesto, en primer lugar es necesario citar el Art. 3° de la Ley 1462/35 que expresa: "La demanda contencioso administrativa podrá deducirse por un particular o por una autoridad administrativa, contra las resoluciones administrativas que reúnen los requisitos siguientes: a) Que acusen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ellas;...", el acto administrativo mencionado por la Procuraduría es la resolución dictada por la Juez Sumariante, la cual es un informe conclusivo o dictamen, que como es bien sabido, la misma no es vinculante, por lo que hasta ese momento no se había agotado la instancia administrativa, planteando el recurrente el pedido de reconsideración ante la autoridad máxima de la institución, que es el Ministro de Educación y Cultura, tal como lo estatuye el Art. 91 de la Ley N° 1264/98 "General de Educación" al decir: "La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura", solicitud que fue denegada por resolución ficta, agotándose allí la instancia administrativa y quedando expedita la vía judicial respectiva.
A modo de aclarar lo citado por la Procuraduría en cuanto al Art. 58 de la Ley N° 1725/01, en la parte que establece "La decisión condenatoria podrá ser objeto de acción contencioso administrativa...", la misma no expresa que se refiera a la conclusión de un sumario administrativo o a la decisión de otra autoridad que no sea la autoridad máxima de la Institución, por lo que no cabe dudas que la sanción condenatoria debe derivar de la máxima autoridad o a través de la denegatoria ficta de la misma. Por otro lado, es conveniente citar lo que establece el Anexo de la Resolución N° 19.644 de fecha 1 de noviembre de 2010 por la cual se aprueba el Reglamento de Procedimientos de Sumarios a Funcionario Docentes del Ministerio de Educación y Cultura (en adelante: MEC), en su Art. 50 que expresa: "La Resolución Definitiva dictada por el Juez Sumariante es susceptible de ser impugnada por vía del recurso jerárquico, a ser presentada ante el mismo Juez que dictó la Resolución Definitiva, en un plazo de 3 días", sigue estipulando en su Art. 51: “El juez Sumariante deberá remitir todos los antecedentes al Ministro de Educación, en el plazo de 3 días contados a partir de que quedó firme la Resolución Definitiva o desde que se presentó el recurso”.
Por último, con relación a la manera de computarse el plazo para iniciar la demanda contencioso-administrativa, que según la Procuraduría el plazo es de días corridos, debemos tener en cuenta lo que establece el Art. 147 del Código Procesal Civil en su Capítulo VI De los Plazos Procesales al decir: "Cómputo de los plazos. Los plazos empezaran a correr para cada parte desde su notificación respectiva, y si fueren comunes, desde la última notificación que se practicare. No se computará el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles”, entonces, de acuerdo al artículo transcripto, se puede observar a fs. 364 que el recurrente en fecha 11 de noviembre de 2015 tuvo conocimiento, por medio del Memorándum N° 1441 del 10 de noviembre de 2015, que el recurso de reconsideración que había planteado fue "rechazado por Resolución Ficta, de conformidad al Apartado 4° de la Resolución N° 216/08”, computándose de esta manera el plazo desde el día siguiente, o sea, desde el 12 de noviembre, cumpliéndose el plazo de los 18 días hábiles para iniciar la demanda recién el 9 de diciembre de 2015 hasta las 09:00 hs., y el accionante realizó la presentación de su demanda en fecha 1 de diciembre de 2015.
De acuerdo a lo expresado, soy del criterio que no corresponde hacer lugar a la Excepción deducida por la Procuraduría por su notoria improcedencia, pasando en consecuencia a resolver la cuestión de fondo.
Que, conforme surge del escrito inicial, el señor Vicente Servían Portillo promovió demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 107/15 de fecha 29 de setiembre del año 2015, dictada por el Juzgado Administrativo 4to. Turno, dependiente de la Dirección Interna de la Dirección General del Ministerio de Educación y Cultura, en la que se resolvió lo siguiente: "...1°.- DAR POR CONCLUIDO el Sumario Administrativo instruido al Prof. Vicente Servían Portillo,... docente de este Ministerio. 2° CALIFICAR la conducta del Prof. Vicente Servían Portillo,... como falta de segundo orden prevista en la Ley N° 1725 "Estatuto del Educador" Art. 52 inc. c) "incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad". 3° SANCIONAR al Prof. Vicente Servían Portillo,... con la medida disciplinaria de segundo orden establecida en Art. 49 inc. c) "Destitución" en los rubros de la categoría 2 L1H Vice Director I de la Esc. Básica N° 572 "John F. Kennedy - del Barrio Kennedy de Encarnación,..." (fs. 351); y contra la Resolución Ficta emanada del Ministerio de Educación y Cultura.
El sumario instruido al recurrente tuvo su inicio en la Resolución N° 12.435 del 19 de mayo de 2015 (ver fs. 521), teniendo como base el Informe N° 129 de fecha 5 de mayo de 2015 del Abog. Juan José Román, Asesor Jurídico de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, en la que recomendó el sumario por considerar que el señor Vicente Servían Portillo incurrió en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones como las establecidas en la Ley N° 1264/98 "General del Educador" y en la Ley N° 1725/2001 "Estatuto del Educador", citando en ambos casos los incisos que se ajustan al caso; posteriormente en la resolución citada menciona que "examinados los antecedentes, se tiene que los hechos descriptos habrían sido cometidos por un docente del sector público de la educación..”, aclarando que la ley aplicable en lo concerniente al ejercicio de la profesión del educador y al régimen disciplinario es la Ley N° 1725/2001 "Estatuto del Educador) (ver pág. 2 de la Resol.). Conforme a lo expuesto, fue designada como Jueza Administrativa la Abog.-. Rosana Soloaga, Funcionaria de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC. El sumario administrativo culminó con la Resolución R.D. N° 107/15 del 29 de setiembre de 2015 (325/36), la que se fundó en las leyes que rigen para los funcionarios docentes del MEC, pero es importante resaltar, en extrema síntesis, cual fue el hecho que motivó la investigación sumarial y así se observa en la resulta de la conclusión sumarial que menciona como base de la investigación la Nota de fecha 18 de junio de 2014 del Abog. Gustavo Adalberto Rodas, Director General de Asesoría Jurídica del MEC, remitida al Procurador General de la República, con relación al Juicio caratulado “Municipalidad de Encarnación c/ INDERT y Ministerio de Educación s/ Nulidad de Inscripción/ Cancelación/ Levantamiento de Inscripción”, informando que el Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Itapuá dictó la S.D. N° 2.304 del 6 de octubre de 2013 en la que resolvió hacer lugar con costas a la demanda (pleito judicial por un poco más de 6 has.) promovida por la Municipalidad de Encarnación en contra del INDERT y el MEC, declarando la nulidad del Título de Propiedad otorgado por el Instituto de Bienestar Rural (I.B.R. - como fuera llamado anteriormente) a favor del MEC e inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos el 21 de abril de 1995, cancelando su inscripción registral (ver Sentencia a fs. 253/6); mencionando también que quien ejerció la representación convencional del MEC en el juicio fue el Abogado Vicente Servían Portillo (fs. 325).
Asimismo, en su considerando manifiesta que “...el presente Sumario Administrativo se ha iniciado en averiguación de la responsabilidad del Abg. Vicente Servían Portillo, supuesta comisión de faltas administrativas previstas en el Art. 52 inc. c) de la Ley N° 1626/01(7) “Estatuto del Educador" en su carácter de Asesor de Apoyo y Asesoramiento Técnico Jurídico del Departamento de Itapúa... en este contexto se menciona que según los antecedentes obrantes en el expediente el citado profesional presentó en forma extemporánea, el recurso de Apelación y Nulidad contra la aludida resolución judicial, razón por la cual, la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura, ha solicitado se deje sin efecto su designación como Asesor Jurídico del Departamento de Apoyo y Asistencia Jurídica Externa de la Dirección General de Asesoría Jurídica, alegando además que la irresponsabilidad y desidia del profesional que tuvo a su cargo la función de defender y velar por los intereses del Ministerio de Educación y Cultura, ha vedado la posibilidad de litigar en segunda instancia, oportunidad procesal para tratar de revertir lo resuelto por el A - quo..." (fs. 327/8).
Conforme a lo transcripto, es evidente que el recurrente cumplía funciones netamente jurídicas, que nada tenían que ver con la docencia, y esto es así,como se comprueba con la Resolución N° 4329 del 24 de agosto de 2009, en la cual se designa al señor Vicente Servían Portillo como Asesor Jurídico, dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, para el Departamento de Itapúa (fs. 354) y en su posterior confirmación por Resolución N° 7.074 de fecha 2 de diciembre de 2013, por el cual se designa al señor Vicente Servían Portillo, como Asesor Jurídico del Departamento de Itapúa, dependiente del Departamento de Apoyo y Asistencia jurídica externa, de la Dirección de Asesoría Jurídica Externa, de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC.
Siendo ello así, y a pesar de que el recurrente percibía dos rubros de docente en la categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación, esta es una situación irregular como lo sostiene la Procuraduría, pero a la vez es una práctica habitual y repetitiva dentro de esa Institución (MEC), ya que el recurrente no ocupó el cargo de Asesor Jurídico por simple gusto, sino que fue designado por la Autoridad Máxima del MEC, como se demuestra con las resoluciones supra citadas.
Por esta razón, teniendo en cuenta que el accionante ocupaba un cargo Jurídico, encuadrado dentro de la normativa que rige para los funcionarios públicos conforme a la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", es este el marco jurídico que debía aplicarse a la situación legal del señor Servían Portillo, ya que el mismo no cumplía funciones de docente desde el año 2009.
Consecuentemente, el sumario administrativo debió realizarse con la intervención de la Secretaría de la Función Pública y no conforme a la Ley N° 1264/98 "General del Educador" y la Ley N° 1725/2001 "Estatuto del Educador", ya que no cabe encuadrar una sanción para funcionarios docentes a un funcionario administrativo que cumple funciones de Asesor Jurídico, y quien al final fue destituido por supuestas faltas cometidas como docente, cuando en realidad la supuesta falta que se le atribuye fue en el ejercicio de sus funciones como Abogado en representación del MEC.
Entonces, concluyendo el análisis jurídico de la presente litis, soy del criterio que el sumario administrativo instruido al señor Vicente Servía Portillo, no fue realizado conforme a la normativa legal aplicable para la situación jurídica en que se encontraba el actor, resaltando nuevamente que el mismo cumplía funciones de Asesor Jurídico y no de docente, por lo que la sustanciación de todo el sumario resulta enfocada de manera irregular, correspondiendo así, revocar in totum la Resolución R.D. N° 107/15 de fecha 29 de setiembre de 2015 y, su consecuencia, la Resolución Ficta del Ministerio de Educación y Cultura, debiendo la Institución reponer al señor Vicente Servían Portillo en el cargo de docente, con los rubros que percibía en la categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación, más el pago de los salarios caídos correspondientes hasta el momento de su reposición efectiva. En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad al artículo 192 del Código Procesal Civil, que consagra el principio objetivo de la derrota. ES MI VOTO.
A su turno, los Magistrados MARÍA CELESTE JARA TALA VERA y ARSENIO CORONEL BENÍTEZ manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por sus mismos fundamentos.
Asunción, 7 de febrero del 2.017.
1.-) NO HACER LUGAR a la Excepción de Prescripción como Medio General de Defensa, deducida por la Procuraduría General de la República, en base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2.-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en los autos "VICENTE SERVIAN PORTILLO contra Resolución Ficta y otra, dictadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA" y, en consecuencia;
3.-) REVOCAR in totum la Resolución R.D. N° 107/15 de fecha 29 de setiembre de 2015 y, su consecuencia, la Resolución Ficta del Ministerio de Educación y Cultura, debiendo la Institución reponer al señor VICENTE SERVÍAN PORTILLO en el cargo de docente, con los rubros que percibía en la categoría L1H Vice Director I de la Escuela Graduada N° 572 "John F. Kennedy" del Barrio Kennedy de Encarnación, más el pago de los salarios caídos correspondientes hasta el momento de su reposición efectiva, de conformidad a los fundamentos y los alcances establecidos en el exordio de la presente resolución.
4.-) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa.
5.-) NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
María Celeste Jara Talavera
Gregorio Ramón Rolando Ojeda
Arsenio Coronel Benítez

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 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 8
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 Artículo 242
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 artículo 18
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 artículo 74
 artículo 2
 artículo 63
 Artículo 53
 Artículo 54
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 Artículo 49
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 artículo 136
 artículo 41
 Artículo 136
 Artículo 136
e contrario
 artículo 52
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 Artículo 8
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 Artículo 11
 artículo 246
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 artículo 8
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