Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2008/as200812088.htm
Timestamp: 2020-04-10 02:21:07+00:00

Document:
200803-Sala Penal Segunda-2-088
Auto Supremo: Nº 088 Sucre, 18 de marzo de 2008
Expediente: La Paz 273/06
Partes: Ministerio Público, Juana Quispe de Quispe c/Félix Mamani Mayta
Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez
VISTOS: el memorial de 10 de noviembre del año 2006 que cursa de fojas 203 a 205 por medio del cual Félix Mamani Mayta interpuso el recurso de casación impugnando el Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz el 23 de septiembre del 2006, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y por Juana Quispe de Quispe contra Félix Mamani Mayta por la comisión del delito de homicidio tipificado en el artículo 251 del Código Penal.
CONSIDERANDO: que el recurrente interpuso el recurso de casación argumentando: a) que el tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado no observó lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal pues indicó la existencia de incongruencia en la sentencia, cuando el hecho establecido en la acusación que fue la base del juicio oral, fue el mismo por el que el tribunal se pronuncio en la sentencia; b) que el tribunal de apelación ingresó a considerar y resolver aspectos distintos a los puntos impugnados en el recurso, y no consideró la facultad que tiene de rectificar el error de derecho sin anular la sentencia y sin disponer la reposición del juicio tal cual señala el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal; c) que la resolución impugnada ampliando la facultad del tribunal de apelación ingresó a conocer cuestiones de hecho, creando una segunda instancia que no está permitida en el sistema procesal penal acusatorio, pues al tribunal de apelación no le está permitido revalorizar la prueba, actividad encomendada sólo al Tribunal del juicio, que bajo el principio de inmediación percibe directamente el material probatorio; d) que en el Auto de Vista recurrido no existió una adecuada fundamentación, de tal forma que no sólo se suprimió una parte de la estructura del fallo sino que también se privó a las partes del derecho que tienen de conocer cuales las motivaciones del tribunal.
Que la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz pronunció el Auto de Vista de 23 de septiembre del 2006 (fojas 200 a 201 vuelta) por medio del cual declaró admisible el recurso de apelación restringida interpuesto por Juana Quispe de Quispe, además de declarar procedentes las cuestiones planteadas disponiendo la anulación total de la sentencia de 21 de abril del 2006 (fojas 154 a 162) y la reposición del juicio por otro tribunal con los siguientes argumentos: i) que, examinada la sentencia y el acta del registro del juicio oral, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia no fue debidamente fundamentada, pues no se expresó a cabalidad los motivos de hecho y de derecho sobre los cuales basó el Tribunal su decisión; ii) que existió defectuosa valoración de la prueba porque el tribunal no fundamentó porque se le restó valor a la declaración de la testigo presencial Antonia Hilda Morales Huanca y a la proposición de pago efectuada por el imputado, vale decir, que no se expuso el valor otorgado a cada uno de los elementos de prueba; iii) que en la resolución recurrida la producción de la prueba no se vio reflejada en la sentencia, por lo que la defectuosa valoración de la prueba se tradujo en un defecto absoluto.
Que del análisis de los fundamentos expuestos por el recurrente y del examen del Auto de Vista impugnado se advierte que el tribunal de apelación al declarar procedentes las cuestiones planteadas y anular totalmente la sentencia disponiendo la reposición de un juicio no adecuo su determinación a los principios y características del recurso de apelación restringida, toda vez que como señala el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal este recurso es un medio de impugnación que tiene como finalidad determinar la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva; lo anterior significa que el Tribunal de Alzada está en la obligación de establecer que normas o que preceptos legales contenidos en el Código Penal o en el Código de Procedimiento Penal fueron inobservados o erróneamente aplicados, vale decir, que el tribunal de apelación debe fundamentar adecuada y razonadamente la inobservancia o el error de aplicación de la ley sustantiva o adjetiva; en el caso de Autos, en la resolución impugnada, se menciona que la sentencia es incongruente, contradictoria y que está insuficientemente fundamentada; sin embargo no se expone cuales son los razonamientos para llegar a dicha determinación, pues no se señala de manera clara cual es la contradicción o incongruencia que se habría detectado en la sentencia, habiendo sucedido lo propio respecto a la defectuosa valoración de la prueba, toda vez que si bien en la resolución recurrida se indica que el resultado del juicio es contrario al contenido de la producción de la prueba y que no se expresó el valor otorgado a cada uno de los elementos de prueba, refiriéndose al porque se resto valor a la declaración de la testigo presencial del hecho Antonia Hilda Morales Huanca y a la proposición del pago efectuado por el imputado; sin embargo tampoco se indicó en que consistirían esos defectos. Al respecto corresponde manifestar que la apelación restringida si bien abre el camino a una revisión de la sentencia, solamente es respecto a los defectos de la aplicación de la ley (sustantiva o adjetiva), de ahí que el objetivo de las limitaciones de la apelación restringida es dar una protección de los derechos a través de permitir recursos solamente para la revisión de estos elementos que son independientes a la comprobación de los hechos, pues eso solamente se realiza en primera instancia, lo que significa que si bien la existencia de defectuosa valoración de la prueba puede ser observada en el recurso de apelación no puede ser respecto a la existencia o no de prueba con relación al hecho delictivo y la responsabilidad del imputado, sino respecto a la valoración como operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos, que es una tarea principalmente a cargo de los órganos jurisdiccionales y que se exterioriza en la motivación de las distintas resoluciones, pero además con relación al sistema de valoración reconocido por el Código de Procedimiento Penal en el artículo 173 como es la sana crítica en el cual si bien el juez no tiene reglas que limitan sus posibilidades de convicción y goza de las más amplias facultades, su libertad encuentra un limite infranqueable y éste es el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano; la libre convicción se caracteriza por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la prueba con total libertad, pero respetando los principios de la razón, como ser las normas de la lógica y de la experiencia común. En el caso que nos ocupa el tribunal de apelación no precisó qué elemento de la intima convicción del juez o de los jueces que fue expresada en la motivación de la sentencia resultó ser defectuosa y porque es considerada tal, pues como se señala precedentemente el límite de la libre convicción son los principios de la recta razón como son las normas de la lógica y de la experiencia, entonces en dichos aspectos también debería estar la defectuosa valoración, lo cual no ha sido debidamente fundamentado y precisado en el Auto de Vista recurrido.
DOCTRINA LEGAL.- Al Tribunal de Alzada, respecto a la defectuosa valoración de la prueba, lo que le corresponde examinar no es si existe o no prueba respecto a la existencia del delito y la participación del imputado, sino la operación misma de la valoración de acuerdo a los criterios de la lógica y a los principios de la experiencia que hacen a la razón, pues en conformidad con el principio de inmediación sólo el Tribunal del juicio tiene la posibilidad de asumir o no la convicción suficiente para establecer si el imputado es autor o partícipe del hecho y en su momento valorar si dicha convicción va mas allá de toda duda razonable para, en su caso, dictar sentencia condenatoria o, por el contrario, pronunciar un fallo absolutorio.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el parágrafo segundo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista impugnado (fojas 200 a 201) y dispone que los Vocales de la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de La Paz pronuncien nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.
Para fines del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copia del presente Auto Supremo a todas las Cortes Superiores del país para que, por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces y Tribunales penales de su Distrito.
Regístrese y hágase saber y devuélvase.

References: artículo 251
 artículo 362
 artículo 414
 resolución 
 resolución 
 artículo 407
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 artículo 419
 resolución 
 artículo 420