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Timestamp: 2020-07-09 09:10:25+00:00

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00001-2012-Conga | Minería | Constitución
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Caso Don Tomate versión final
Ordenanza Regional de Cajamarca N.º 036-2011-GR.CAJ-CR, que
declara inviable el Proyecto Minero Conga.
EN EL PORTAL OFICIAL
Se declara la inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional de Cajamarca
N.° 036-2011-GR.CAJ-CR, que declara inviable el Proyecto Minero
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de
inconstitucionalidad presentada por el Fiscal de la Nación contra la
Ordenanza Nº 036-2011-GR.CAJ-CR del Gobierno Regional de
Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga al determinarse que el
Gobierno Regional de Cajamarca se extralimitó en sus funciones y
contravino la repartición de competencia establecida por la Constitución,
pues los gobiernos regionales no son competentes para regular aspectos
relativos a la gran y mediana minería. Por tal motivo, señaló, que
corresponde al gobierno nacional elaborar planes de control de la
actividad económica de las empresas dedicadas a la extracción de
minerales, pues si bien la inversión privada es necesaria para crear riqueza,
corresponde al Estado el ineludible rol de fiscalizar que tales actividades
no se encuentren reñidas con el medio ambiente, principalmente en el
caso de actividades extractivas.
En el presente caso, el Colegiado advirtió de los considerandos de la
Ordenanza Regional bajo examen dos tipos de argumentos: Aquellos
dirigidos a sustentar la conservación e intangibilidad de la protección de
cabeceras de cuencas como de interés público regional, y aquellos
dirigidos a sustentar la inviabilidad de la ejecución del proyecto Conga al
cuestionar el EIA de tal proyecto minero aprobado por la Dirección
General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MEM.
Señaló también que este proceso de inconstitucionalidad era en esencia
un conflicto de competencias que debe ser tramitado según lo ordena el
artículo 110º del Código Procesal Constitucional debido a que la
Ordenanza Regional tiene rango legal (art. 200º, inciso 4, de la
Precisó, por otro lado, que en este caso en particular, no analizaría la
legalidad o constitucionalidad de actos administrativos como el EIA
referido, por no ser competente para ello en el presente proceso,
avocándose exclusivamente a determinar las competencias establecidas
por la Constitución y otras normas (LBD, LOGR, Ley Nº 28273 - Ley del
Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, Decreto Supremo
Nº 052-2005-PCM o el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, entre
otros), tanto para los gobiernos regionales como para el Gobierno
Nacional en el ámbito del sector minero, teniendo en consideración la
protección del medio ambiente, específicamente, los recursos hídricos (las
cabeceras de cuenca).
Asimismo, para determinar los límites concretos de las competencias de
los gobiernos regionales y el Gobierno Nacional, el Colegiado apeló al
test de competencia, el cual está estructurado según determinados
principios constitucionales: principio de unidad, principio de
competencia, entre otros, desarrollados en las STC Nº 0020-2005-PI/TC
(FF. JJ. 34-79) y otras (0024-2006-PI/TC, 006-2010-PI/TC y 008-2010-
PI/TC). Así, refirió que la Constitución (art. 192º) ha establecido que las regiones son competentes para regular las materias relativas al ámbito de minería. Por su parte, la LBD (art. 36 c) y la LOGR (art. 10º inc 2 c), en su calidad de normas interpuestas, han establecido que estas competencias son compartidas. Sin embargo, aclaró que estos artículos no presentan una lista específica de cómo se reparten tales responsabilidades normativas, pero que ello se podría deducir de lo establecido en el artículo 59º de la LOGR, que complementando y desarrollando las disposiciones previas, establece que son funciones específicas de los Gobiernos Regionales, en materia de energía y minas e hidrocarburos: “a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. […]” y “f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional” (énfasis agregado). De lo expuesto advirtió que los gobiernos regionales están encargados de regular y fiscalizar la pequeña minería y la minería artesanal, no contando con competencia expresa en el ámbito de la gran y mediana minería, cuya competencia corresponde al Gobierno Nacional. Por tanto, siendo esto así, concluyó el Tribunal que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería, como es el caso del proyecto Conga; y que, con la Ordenanza Regional impugnada, estaría excediendo sus funciones y contraviniendo la repartición de competencia establecida por la Constitución y las normas antes citas. Por todo ello, consideró que el artículo segundo de la Ordenanza regional bajo estudio debía ser declarado inconstitucional. De otro lado, en la Ordenanza Regional impugnada se planteó también proteger a determinado sector de la población cajamarquina de un proyecto minero cuyo EIA tenía, supuestamente, serias deficiencias. El Colegiado, expresó al respecto, en consonancia con lo señalado en el punto anterior, que la determinación y autorización del EIA para proyectos de mediana y gran minería era competencia del Gobierno Nacional. A mayor abundancia, citó que tal relevancia ha sido, asimismo, reconocida en la LRH, que en su artículo 75 establece: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Además, puntualizó que del artículo 4 de la LRH se lee que la Autoridad Nacional es una referencia a la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por lo tanto, es el ANA el organismo encargado de determinar la intangibilidad de una zona de cabecera de cuenca y no el Gobierno Regional, que no interviene en tal procedimiento. Consecuentemente, determinó que atendiendo al principio de taxatividad y de subsidiariedad, el Gobierno Regional de Cajamarca no era competente para declarar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca en su región, deviniendo también en inconstitucional el artículo 1º de la ordenanza impugnada.
Conflicto de competencias y legitimidad de actos administrativos - competencias normativas en materia ambiental de los Gobiernos Regionales - competencias normativas en materia de minería - derecho al medio ambiente - descentralización - inversión privada deseada por la Constitución - minería y protección de los recursos hídricos - principio constitucional de la co-participación de la riqueza - test de competencia.
Derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado. Derecho al agua potable.
Normas Constitucionales: Artículo 1º; 2º, inc. 18; 39º; 58º; 59º; 66º; 189º al 199º, 200º, inc. 4 de la Constitución.
Normas Infraconstitucionales: D.S. Nº 036-2007-PCM; R.M. Nº 179- 2006-MEM-DM; Artículo 18º de la Ley Nº 27446, del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (LSNEIA); Artículo 36º c) de la LBD; Artículo 59º de la LOGR; Artículo 1º y 2º de la Ordenanza Regional N° 036-2011-GR.CAJ.CR.; Artículo 3º del Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera (RAAEM) - D.S. Nº 020-2008-EM.; Artículo III numeral 5º y 4º de la LRH; Artículos 88° y 89° del RCR.
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References: artículo 110
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 Artículo 59
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