Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700254.html
Timestamp: 2019-03-18 21:43:51+00:00

Document:
se201700254
SENTENCIA: 254/2017.
EXPEDIENTE: 1183/2013.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 38 a 47, en la que la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1775/2013 de 24 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fojas 69 a 71 vuelta, réplica de fojas 77 a 81, dúplica de fojas 189 y vuelta, notificación de fojas 183 al tercer interesado, decreto de fojas 190, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
La Administración Tributaria demandante señaló que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, realizó una interpretación incorrecta de la normativa tributaria, resolviendo confirmar la resolución de alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz en respuesta al recurso planteado por el contribuyente; en consecuencia, se confirmó la decisión de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa 17-00392-12 de 21 de diciembre de 2012, ordenando que la autoridad tributaria emita un nuevo acto en el que exponga el origen de la deuda tributaria según lo exigido por los arts. 99-II del Código Tributario Boliviano (CTB) y 19 del DS 27310 y sea conforme lo establecido por el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092.
De esa forma, se emitió una resolución contraria y lesiva a los intereses del Estado Plurinacional, además de haber provocado agravios a la Administración Tributaria, por lo que plantea la presente demanda.
El demandante señaló que la Gerencia GRACO Santa Cruz en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 100 y 104 del Código Tributario Boliviano y dando cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 0011OVI04587, procedió a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “COPLISUD”, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales referidas al Impuesto al Valor Agregado IVA, “Verificación Específica Crédito fiscal”, en relación a las facturas de compras detalladas en el formulario F.7520 cuyas diferencias fueron detectadas a través de cruces de información, que fueron declaradas por el sujeto pasivo en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2008, comprobándose sobre base cierta que el contribuyente, no determinó el impuesto conforme a ley, habiéndose ajustado las bases imponibles, liquidándose el tributo en base de las facturas de compras observadas y declaradas por el contribuyente en su libro de compras IVA, a más de haberse labrado las Actas de Contravenciones Tributarias Nºs. 48353, 48354, 48355 y 48434, por el incumplimiento a la obligación de entregar la documentación e información requerida.
Señaló que practicada la liquidación preliminar se estableció un adeudo de UFVs 1.283.104,00 (Un millón doscientos ochenta y tres mil ciento cuatro 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs. 2.272.416,00 (Dos millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos dieciséis 00/100 Bolivianos), girándose la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04587-061/2012 de 10 de agosto de 2012, notificada personalmente al representante legal del contribuyente, a efecto de que en el plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492, ofrezca los descargos que pudiera hacer valer.
En 23 de agosto de 2012, el contribuyente presentò descargos a los reparos establecidos en la Vista de Cargo, que no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, por lo que el 21 de diciembre de 2012, se pronunció la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, contra la que el contribuyente formuló Recurso de Alzada, resuelto por la Autoridad Regional Tributaria Santa Cruz, que emitió la Resolución ARIT-SCZ/RA 0550/2013, decidiendo anular la Resolución Determinativa, por lo que, la Administración Tributaria formuló Recurso Jerárquico, resuelto con la Resolución AGIT-RJ-1775/2013, de 24 de septiembre de 2013 que resolvió confirmar la resolución inferior.
Ratificándose plenamente en lo expuesto en la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, apuntó que responde a los inconsistentes argumentos de la AGIT, señalando que a tal fin, se hace necesario exponer el punto principal de la Resolución Jerárquica, con la siguiente fundamentación técnica jurídica.
Bajo el epígrafe “Sobre los requisitos de la Resolución Determinativa”, transcribiendo el punto xiii y xiv de la resolución impugnada, indicó que la AGIT pretendió señalar que la Resolución Determinativa carecería del requisito esencial de la especificación de la deuda tributaria en la que se detalle el origen de la misma, argumento equivocado y antojadizo, toda vez que el formato para la emisión de las Resoluciones Determinativas es el mismo, no siendo posible que se pretenda anular el 2% de estas Resoluciones y el restante 98% sea aprobado por la misma autoridad.
Transcribiendo el primer párrafo de la hoja número 1 de la Resolución Determinativa, indicó que aquel acto administrativo, de manera irrefutable señala el origen de la deuda tributaria al mencionar que las observaciones surgen de las notas fiscales detalladas en el F-7520, habiendo sido debidamente notificado al contribuyente conforme constan en los antecedentes administrativos, por lo que mal puede la autoridad demandada alegar falta de especificación en el origen de la deuda., olvidando que conforme a la previsión del art. 65 de la Ley 2492, los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y se presumen ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario, quedando claramente establecido que en el presente caso el contribuyente no aportó pruebas suficientes que logren desvirtuar las observaciones establecidas tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa.
Refirió que, con respecto al Principio de Verdad Material, se cumplió con la obligación de realizar la investigación de los hechos a efecto de establecer la realidad de los elementos que se presentan en un proceso sometido a su jurisdicción y competencia y que ante la diferencia detectada a través del cruce de información mediante el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-II, se pudo comprobar la diferencia entre el emisor de las facturas y las compras declaradas por el contribuyente, quedando establecido que, en aplicación de dicho Principio, la Administración Tributaria recurrió a todos los medios con la finalidad de establecer la verdad en el presente caso.
Agregó que no son evidentes las afirmaciones de la autoridad demandada en la Resolución impugnada, pues, el contribuyente tuvo pleno conocimiento de las observaciones efectuadas a las notas fiscales, que fueron detalladas en el Informe en Conclusiones CIE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/3083/2012 de 12 de noviembre de 2012, que forma parte indubitable de la Resolución Determinativa, no siendo evidente también la afirmación de la AGIT en sentido que la CORPORACION DEL OB ISTO PRESIDENTE DE LA IGLESUIA DE JESUCRISTO DE LOS ANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS no haya tenido conocimiento de los cargos que se le atribuyen, que no pueda presentar descargos, o aclaración respecto al origen de la deuda determinada en su contra, aspecto que ocasionó indefensión al contribuyente con la consecuente vulneración al debido proceso.
En relación a que el contribuyente no tuvo conocimiento de los cargos que se le atribuyeron, añadió que este es uno de los argumentos de la AGIT para anular la Resolución Determinativa, sumado a la falta de origen de la deuda tributaria, sin considerar que, mediante la elaboración de un cuadro, se determinaron las observaciones a las facturas, así como el origen de la deuda tributaria que detalla el periodo, el origen del impuesto, la fecha de vencimiento, tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la deuda tributaria.
Continuó señalando que no es evidente que el contribuyente no pudo presentar descargos o aclaración respecto a las notas fiscales observadas, como afirma la autoridad demandada, pues, conforme está previsto en la norma, se emite la Vista de Cargo donde se establecen los cargos preliminares sujetos a descargo, acto en el que se abre un periodo de prueba o descargo de 30 días, acto con el que el contribuyente fue debidamente notificado, habiéndose respetado los derechos del sujeto pasivo que se encuentran establecidos en el art. 68 de la Ley 2492.
Apuntó en relación a que el sujeto pasivo habría sido sometido a un estado de indefensión y por ende se habría transgredido el derecho al debido proceso, que tal extremo afirmado por la AGIT resultada imposible, en consideración a que las observaciones realizadas por el ente recaudador a las notas fiscales surgen como una valoración, verificación, revisión y comprobación de las mismas notas exhibidas por el propio contribuyente y presentadas como descargo, sustentado la anulación de la Resolución Determinativa en un análisis superficial.
Bajo el subtítulo “Con referencia a la supuesta anulabilidad de la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, alegada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria”, transcribió los arts. 36 de la Ley Nº 2341, 55 del DS 27113 para afirmar que aquella Resolución Determinativa y la Vista de Cargo consignan los datos previstos en el art. 29 del DS 27113 Reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, habiendo alcanzado el fin y siendo debidamente notificados al sujeto pasivo, no existiendo nulidad específica prevista o establecida por ley específica –textual-.
Finalmente, la entidad demandante afirmó que dentro de la presente demanda, se tiene demostrado que la AGIT emitió la Resolución Jerárquica prescindiendo de la sana crítica que tiene el juzgador a momento de impartir justicia y sin valorar de manera integral la Resolución Determinativa (sic), habiéndose probado también que en el primer párrafo de la Resolución Determinativa se estableció el origen de la deuda tributaria, que además se encuentra detallada en la página 13 de dicho acto administrativo, situación que desvirtúa por completo la pretendida nulidad establecida en la Resolución del Recurso Jerárquico.
Concluyó solicitando se dicte sentencia revocando totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1775/2013 de 24 de septiembre de 2013 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-00392-12 de 21 de diciembre de 2012.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente con memorial presentado el 5 de mayo de 2014, que cursa de fojas 69 a 71 vuelta, señalando que, no obstante que la resolución pronunciada está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, consideró pertinente manifestar que si bien la Administración Tributaria puso en conocimiento del contribuyente el inicio y conclusión del proceso de verificación seguido de la notificación con la Visa de Cargo, en la que se expone el detalle de las observaciones a las facturas señaladas en el anexo de la Orden de Verificación y se otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos, a más de modificarse el monto de la deuda tributaria en base a la valoración de los descargos, no existe evidencia que se haya puesto en conocimiento del contribuyente el detalle de las facturas cuyos descargos resultaron insuficientes paras la Administración Tributaria, toda vez que la Resolución Determinativa se limita a hacer referencia a los papeles de trabajo sobre los cuales tampoco existe evidencia que se haya notificado al contribuyente (sic).
Agregó que conforme establecen los arts. 99-II de la Ley 2402 y 19 del DS Nº 27310, la Resolución Determinativa debe contener como requisito mínimo y especial, las especificaciones sobre la deuda tributaria, exponiendo el origen, concepto y determinación de la misma. Que si bien en el presente caso se incluyó el concepto y determinación, no se expuso el origen de la misma, al no haberse mencionado cuales son las Facturas cuya depuración persiste a pesar de los argumentos y documentos de descargo, no conociéndose de manera cierta que transacciones, elementos, hechos o datos, fueron considerados para establecer los reparos para el IVA, sin que exista certeza sobre si la deuda tributaria expuesta en la parte dispositiva, fue correctamente calculada.
Refirió que la ausencia del origen de la deuda tributaria en la Resolución Determinativa, conculcó los derechos del contribuyente, transgrediendo el derecho a la defensa y al debido proceso, y la disposición contendida en el numeral 6) del art. 68 de la Ley 2492, arts. 115-II y 119-II de la Constitución Política del Estado, resultando no ser ciertos los argumentos del demandante, de modo que la Resolución del Recurso Jerárquico ahora impugnada fue dictada en estricta sujeción a lo solicitado por las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, por lo que se ratifica en el tenor de aquella Resolución-
III. DE LA NOTIFICACION AL TERCERO INTERESADO.
Conforme consta en la diligencia de fojas 183, la Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue legalmente notificada con la orden instruida de fojas 168 a 182, en su condición de tercero interesado, a efecto del que asuma conocimiento de la demanda contencioso administrativa, sin que se haya apersonado al proceso.
A efecto de pronunciar resolución, debe tenerse en cuenta que el Procedimiento contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le causen agravio, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, instancia en la que la autoridad jurisdiccional ejercerá el control de legalidad, oportunidad conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, de cuya revisión se establecen los siguientes extremos:
1. La Administración Tributaria a través de la Gerencia Grandes Contribuyentes GERACO Santa Cruz, el 19 de abril de 2011, emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI04587, con el propósito de verificar las obligaciones impositivas del contribuyente Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “COPLISUD”, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales referidas al Impuesto al Valor Agregado IVA, “Verificación Específica Crédito fiscal”, en relación a las facturas de compras detalladas en el formulario F.7520 cuyas diferencias se detectaron a través de cruces de información, que fueron declaradas por el sujeto pasivo en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2008, comprobándose sobre base cierta que el contribuyente, no determinó el impuesto conforme a ley, habiéndose ajustado las bases imponibles, liquidándose el tributo en base de las facturas de compras observadas y declaradas por el contribuyente en su libro de compras IVA. (Fojas 2 a 6, Anexo 2), que dio origen al presente proceso contencioso administrativo.
2. Presentada la documentación de descargo que discurre de fojas 19 a 723 de los Anexos 2, 3, 4 y 5, se pronunció la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04587-061/2012 de 10 de agosto de 2012 que estableció en contra del contribuyente Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “COPLISUD” con NIT 1006897022, a la fecha de emisión, un adeudo tributario de 1.283.104,00 UFVs., equivalentes a 2.272.416 Bs., por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y mantenimiento de valor y multa por incumplimiento de deberes formales, en relación al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las Facturas declaradas en el Formulario F-7520 de los periodos enero a diciembre de 2008 (Fojas 748 a 762 del Anexo 5).
3. Presentados los descargos por el contribuyente a la Vista de Cargo, el 21 de diciembre de 2012, se pronunció la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones del contribuyente en la suma de 354.983 UFVs, equivalentes a 638.500 Bs., correspondiente a Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, por los conceptos y periodos indicados en el punto que antecede (Fojas. 2053 a 2066 Anexo 12)
4. El contribuyente planteó recurso de alzada a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz (Fojas 45 a 54 Anexo 1), instancia que, pronunciado la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0550/2013, decidiendo anular la Resolución Determinativa, al haberse evidenciado que este acto administrativo no especifica el origen de a deuda tributaria referida a las observaciones y códigos determinados por la Administración Tributaria, omisión que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso previstos en el art. 68 numerales 6) y 7) de la Ley 2492 (Fojas 116 a 125 vuelta del Anexo 1)
5. Con ese antecedente, el Gerente de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, interpuso Recurso Jerárquico en los términos del memorial que discurre de fojas 140 a 142 del Anexo 1, que fue resuelto con la emisión de Resolución AGIT-RJ-1775/2013, de 24 de septiembre de 2013 que resolvió confirmar la resolución inferior. (Fojas 171 a 180 y vuelta del Anexo 1), resolución que es impugnada vía el presente proceso contencioso administrativo.
6. En autos se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho previsto en los arts. 781 y 354-II y III del Código de Procedimiento Civil. Concluido el trámite, se decretó autos para sentencia conforme se evidencia en la providencia de fojas 190.
En autos, analizados los actos acaecidos en sede administrativa, efectuando el control de legalidad a que se halla compelido el Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad otorgada por los arts. 778 y ss, del Código de Procedimiento Civil, se identifican los siguientes puntos que hacen al objeto de la Litis:
1.- Si la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, de 21 de diciembre de 2012, que determinó un adeudo tributario contra el contribuyente Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “COPLISUD”, fue pronunciada en estricto apego a la Ley, contiene especificaciones de la composición de la deuda tributaria, así como consigna todos los datos y elementos necesarios para su emisión.
2.- Si la Resolución Jerárquica no tiene ningún sustento al afirmar que el sujeto pasivo de la relación tributara fue sometido a un estado de indefensión y que los actos de la Administración Tributaria habría transgredido el Derecho al Debido Proceso.
3.- Si la Resolución que resolvió el Recurso Jerárquico fue emitida prescindiendo de la sana crítica y sin valorar de manera integral la Resolución Determinativa.
VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.
De la revisión de antecedentes e ingresando al análisis de los puntos identificados como controversia en el caso de autos, se evidencia lo siguiente:
VI.1. En relación al primer punto objeto de la Litis., es decir si la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, de 21 de diciembre de 2012, fue pronunciada en estricto apego a la Ley, contiene especificaciones de la composición de la deuda tributaria, así como consigna todos los datos y elementos necesarios para su emisión.
La Administración Tributaria demandante, sostiene que la Resolución Determinativa es un acto válido que fue pronunciado en el mismo formato en el que habitualmente es utilizado para estos actos administrativos, habiéndose hecho constar el origen de la deuda tributaria no debió ser anulado, no siendo evidente que aquel acto no consigne las especificaciones que componen la deuda tributaria, además de cumplir con todas las exigencias legales por lo que no es admisible que haya sido declarada nula por la autoridad demandada-
Contradiciendo tal argumento, la AGIT señaló que la Resolución Determinativa carece del requisito esencial de la especificación de la deuda tributaria en el que se señale el origen de la misma, por lo que aquel acto se encuentra viciado de nulidad.
Ahora bien, a fin de conceder razón al demandante, o en su caso a la autoridad demandada, reviste vital importancia el análisis del art. 99 de la Ley N° 2492 que en su parágrafo II prevé: “II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución” (negrillas y sub rayado fueron añadidos)
En la especie, revisando la Resolución Determinativa en cuestión, se evidencia que la misma cumple con los requisitos previstos en la norma supra glosada, a excepción de las especificaciones del adeudo tributario, es decir, que, si bien resulta evidente que en dicho acto administrativo se consignó que las obligaciones del contribuyente surgían de las observaciones efectuadas a las notas fiscales detalladas por el propio contribuyente en el Formulario F.7520, el ente fiscalizador olvida mencionar y/o detallar cuales fueron las facturas cuya depuración subsiste pese a los descargos presentados, no siendo suficiente que se exprese que “(..) En el presente caso las observaciones surgen como consecuencia del cruce de información entre las ventas informadas por los proveedores y las compras informadas por el sujeto pasivo, encontrándose diferencias en las facturas detalladas en el anexo de la Orden de Verificación de referencia (…)”, para mas adelante continuar: “(…) El sujeto pasivo ha presentado parcialmente la documentación requerida por la Administración Tributaria emergente de las notas fiscales detalladas en el F-7520 la cual ha sido revisada y producto de dicha verificación se evidenció la existencia de facturas que NO cumplen con el requisito para el cómputo del crédito fiscal, tal como las facturas identificadas y los papeles de trabajo (…)” (fojas 1 y 2 de la RD que cursa de fojas 2053 a 2066 del Anexo 12). Es decir que, si bien es cierto que se menciona que existen facturas observadas y depuradas, conforme consta en los papeles de trabajo, no es menos cierto que en ningún momento se identifica cual es la factura observada y el motivo de dicha observación, incumpliendo de esta manera la Administración Tributaria con el deber de establecer a cabalidad, el origen, concepto y determinación del adeudo tributario conforme el mandato del art. 99 de la Ley 2492 antes citado, solo de esta manera, con un análisis cabal se podrá arribar al cálculo de la deuda tributaria conforme prevé el art. 47 de este cuerpo normativo, en un debido análisis de los elementos que componen dicha deuda tributaria.
A mayor abundamiento, debe también indicarse que, efectivamente en la Resolución Determinativa página 11 (fojas 2063 del Anexo 12), consta el “cuadro resumen” en el que se modifica el tributo omitido, consignándose el periodo, importe observado, importe descargado en la Vista de Cargo, importe no válido y el IVA omitido, empero no figura la individualización de la factura sobre la que subsiste la observación, o cual fue correctamente descargada, no siendo suficiente que la Administración exprese que tales datos constan en antecedentes y que por su ampulosidad no pueden ser reproducidos o formar parte de la Resolución Determinativa, situación que en ningún caso puede ser justificada invocando el Principio de Verdad Material como pretende el actor cuanto en su demanda refirió que en aplicación de este principio se cumplió con la obligación de realizar la investigación de los hechos.
Por lo anotado precedentemente, también se debe acudir a la previsión legal del art. 36-II de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece la anulabilidad del acto cuanto el vicio ocasiona indefensión a los sujetos administrados o cuando el acto, como en el caso que nos ocupa, carezca de los requisitos formales para alcanzar el fin, norma que resulta aplicable por permisión del art. 74 numeral 1 de la Ley N° 2492 y 55 del D.S. 27113.
Por lo expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que en la Resolución Determinativa no se consignó el origen, concepto y determinación del adeudo tributario, correspondiente al contribuyente COPLISUD por lo que la Resolución Determinativa 17-00595-12 de 28 de diciembre de 2012 no cumple con todos los requisitos exigidos por la Norma Tributaria del art. 99-II del Código Tributario Boliviano, por lo que tal defecto debe ser enmendado.
Contrariamente a lo aseverado por el demandante, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con similares argumentos que los esgrimidos en la Resolución del Recurso de Alzada, sostuvo en su decisión que la Resolución Determinativa, efectivamente determinó una base imponible, empero, es carente de especificaciones de su composición, no consigna todos los datos y elementos necesarios para su emisión, incumpliendo con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, entrando por ello en el campo de la nulidad del acto previsto por el art. 38-II de la Ley del Procedimiento Administrativo.
Dicho de otro modo, teniendo en cuenta las disposiciones de los arts. 92 y 93.parágrafo I. 2 y parágrafo II de la Ley N° 2492, la determinación que es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de la una deuda tributaria, en el caso de autos, se produjo la Determinación por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultyades otorgadas por Ley, más en la Resolución Determinativa no consta este aspecto, menos consta si ella se llevó a cabo sobre base cierta o base presunta, si fue parcial o total, incumplimiento que, sin duda hace que el acto administrativo se encuentre viciado de nulidad, conforme el art. 99-II de la Ley anotada que fue glosada en párrafos precedentes.
Por lo expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que en la Resolución Determinativa no se consignó el origen, concepto y determinación del adeudo tributario, correspondiente al contribuyente Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días “COPLISUD”, por lo que la Resolución Determinativa Nº 17-00392-12, de 21 de diciembre de 2012 no cumple con todos los requisitos exigidos por el art. 99-II del Código Tributario Boliviano, por lo que tal defecto debe ser enmendado.
VI.2. Acerca del segundo punto de controversia, es decir si la Resolución Jerárquica no tiene ningún sustento al afirmar que el sujeto pasivo de la relación tributara fue sometido a un estado de indefensión y que los actos de la Administración Tributaria habría transgredido el Derecho al Debido Proceso.
Este aspecto fue identificado como otro objeto de la Litis en virtud a que el demandante sostuvo que la AGIT no tiene razón al afirmar que, con el pronunciamiento de la Resolución Determinativa se sometió al sujeto pasivo de la relación tributaria a un estado de indefensión y por ende transgredió el derecho al debido proceso, cuando -según afirma el demandante-, en la etapa de fiscalización previa a la emisión de la Resolución Determinativa, el ente fiscalizador cumplió con la obligación de notificar al contribuyente con todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, desde el inicio de aquel proceso hasta su conclusión.
A fin de resolver esta problemática, previamente se hace necesario establecer que se entiende por “Debido Proceso”. Mucho se ha dicho y conceptualizado sobre el debido proceso, tratando de arribar a una conceptualización universal diremos que: “El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley”.
En total relación con este marco conceptual doctrinal del debido proceso, los arts. 115-II y 119 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, prevén que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, señalando además que toda persona tiene derecho a la defensa. Por su parte, el art. 68-6) de la Ley 2492, enmarcando su texto en el marco constitucional descrito, establece como uno de los derechos del contribuyente, precisamente “El derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las acciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados en los términos de dicha Ley” .
En autos, evidentemente se procedió a notificar personalmente al contribuyente fiscalizado con la Orden de Verificación Nº 001OVI04587 conforme consta a fojas dos del Anexo 2, a cuya consecuencia, inclusive el representante legal de COPLISUD solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria (fojas 8 del Anexo 2). Igualmente se notificó personalmente al representante legal de COPLISUD con la Vista de Cargo conforme sale de la diligencia de fojas 763 del Anexo 5, así como también se notificó legalmente con la Resolución Determinativa conforme diligencia de notificación de fojas 2017 del Anexo 12, concediendo al contribuyente la oportunidad de presentar los descargos que creyere convenientes y la oportunidad de defensa en sede administrativa. Aparentemente, con las debidas notificaciones se habría respetado el derecho del contribuyente así como el debido proceso. Sin embargo, no consta en antecedentes administrativos que se puso en conocimiento del contribuyente el detalle de las facturas sobre las que persistió la observación o reparo porque a juicio de la Administración Tributaria, los descargos resultaban insuficientes, siendo este aspecto el que definitivamente transgrede el derecho del contribuyente y viola el art. 68 6) glosado, en la parte que establece el derecho del contribuyente al libre acceso a las acciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, consecuentemente, esta falta de conocimiento de los motivos de depuración de las facturas presentadas por el contribuyente sitúan también al contribuyente en estado de indefensión, por lo que la AGIT correctamente determino anular la Resolución Determinativa.
VI.3. Sobre el tercer punto de controversia referido a si la Resolución que resolvió el Recurso Jerárquico fue emitida prescindiendo de la sana crítica y sin valorar de manera integral la Resolución Determinativa.
De la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1775/2013 de 24 de septiembre, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la misma fue pronunciada en estricta sujeción a la normativa legal en la que funda su decisión, a más que, entendiendo que la Sana Crítica tiene por objeto la búsqueda de la verdad en el proceso, en base a las pruebas aportadas por las partes que son valoradas por el juez (en autos autoridad administrativa) en base a sus conocimientos, lógica jurídica y experiencia, sin duda se establece que no puede darse la razón al demandante, habida cuenta que la AGIT al confirmar la Resolución de su inferior que dispuso la nulidad de obrados hasta la Resolución Determinativa no hizo nada más que aplicar las normas tributarias enunciadas en la Resolución, velando por el respeto a los derechos del contribuyente y de manera congruente entre el fundamento y la decisión, observó en la Resolución Determinativa el incumplimiento de uno de los requisitos esenciales de validez que, aun así se haya cumplido con el resto, acarrea la anulabilidad del acto.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en los artículos 4 y 6 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda y en su mérito, firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1775/2013 de 24 de septiembre de 2013

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