Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-143-2012-ap-rioja-sec-1-rec-5-2011-26-04-2012-10683801
Timestamp: 2017-10-19 10:58:33+00:00

Document:
Sentencia Civil Nº 143/2012, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 5/2011, 26-04-2012 | Iberley
Sentencia Civil Nº 143/2012, Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1, Rec 5/2011 de 26 de Abril de 2012
Sentencia Civil Nº 6/2013, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 179/2011, 16-01-2013
Órden: Civil Fecha: 16/01/2013 Tribunal: Ap - La Rioja Ponente: Araujo Garcia, Maria Del Carmen Num. Sentencia: 6/2013 Num. Recurso: 179/2011
Sentencia Civil Nº 123/2013, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 568/2011, 04-04-2013
Órden: Civil Fecha: 04/04/2013 Tribunal: Ap - La Rioja Num. Sentencia: 123/2013 Num. Recurso: 568/2011
Sentencia Civil Nº 428/2012, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 328/2011, 21-12-2012
Órden: Civil Fecha: 21/12/2012 Tribunal: Ap - La Rioja Ponente: Araujo Garcia, Maria Del Carmen Num. Sentencia: 428/2012 Num. Recurso: 328/2011
Sentencia Civil Nº 298/2016, JM Badajoz, Sec. 1, Rec 673/2015, 01-07-2016
Órden: Civil Fecha: 01/07/2016 Tribunal: Juzgados De Lo Mercantil - Badajoz Ponente: Gonzalez Amado, Zaira Vanesa Num. Sentencia: 298/2016 Num. Recurso: 673/2015
Sentencia Civil Nº 92/2013, AP - Sevilla, Sec. 5, Rec 2655/2012, 27-02-2013
Órden: Civil Fecha: 27/02/2013 Tribunal: Ap - Sevilla Ponente: Herrera Tagua, Jose Num. Sentencia: 92/2013 Num. Recurso: 2655/2012
Órden: Mercantil Fecha última revisión: 29/05/2017
Formulario de demanda de solicitud nulidad de gastos de constitución de hipoteca.
Ponente: Araujo Garcia, Maria Del Carmen
Núm. Sentencia: 143/2012
Núm. Recurso: 5/2011
Núm. Cendoj: 26089370012012100262
SENTENCIA: 00143/2012
ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 5/2011
D. RICARDO MORENO GARCÍA
SENTENCIA Nº 143 DE 2012
En LOGROÑO, a veintiséis de abril de dos mil doce.
VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de LOGROÑO, los Autos de JUICIO ORDINARIO nº 1368/2009, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo 5/2011 , en los que aparecen como parte apelante, DON Aquilino Y DOÑA Aurelia , representados por la Procuradora de los Tribunales, DOÑA MARIA JESÚS MENDIOLA OLARTE, y asistidos por el Letrado DON LUIS REBOIRO MARTÍNEZ-ZAPORTA, y como parte apelada HERSANZ S.A ., representada por el Procurador de los Tribunales DON JOSE TOLEDO SOBRÓN y asistida por el Letrado DON FRANCISCO JAVIER YARZA DE LA SIERRA, siendo Magistrada Ponente la Ilma. DOÑA CARMEN ARAUJO GARCÍA.
PRIMERO. - Con fecha 19 de octubre de 2010, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Logroño , en cuyo fallo se recogía:
"Desestimo la demanda formulada por la Procuradora Sra. Mendiola Olarte en nombre y representación de don Aquilino y doña Aurelia contra Hersanz S.A., y en su virtud absuelvo a dicha demandada de las pretensiones en su contra deducidas, con expresa imposición de costas a la parte actora."
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandante se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma el recurso de apelación, que fue admitido, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.
TERCERO.- Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 19 de abril de 2012.
PRIMERO.- Impugnan los demandantes la sentencia de instancia, desestimatoria de la demanda por los mismos formulada contra la mercantil Hersanz S.A., solicitando su revocación y que se dicte sentencia que estime la demanda por los recurrentes formulada declarando la nulidad por abusivas de las cláusulas que señala y la ineficacia del contrato de compraventa de vivienda, garaje y trastero suscrito entre las partes, condenando a Hersanz S.A. a estar y pasar por tal declaración y a restituir a los demandantes la cantidad de 54.220 euros, más los intereses legales, con expresa imposición de costas.
En primer lugar, pretenden los recurrentes ser consumidores ya que adquirieron la vivienda para trasladarse a vivir a la misma, añadiendo que no tienen relación con el negocio inmobiliario, y que no se ha acreditado que adquirieran los bienes para integrarlos en un proceso comercial o profesional. Ocurre sin embargo, que consta que los actores son propietarios de la vivienda en que habitan, otra vivienda y una plaza de garaje en Noja (Cantabria), y otra vivienda en Logroño que tienen alquilada y que adquirieron dos años antes de suscribir el contrato objeto de la litis. Frente a tal acreditación, más allá de sus meras manifestaciones, no han probado en absoluto los actores que adquiriesen la vivienda a que se refiere el contrato de compraventa cuya ineficacia pretenden para la satisfacción de su necesidad de vivienda, ninguna prueba han aportado, y la necesidad de vivienda la tienen cubierta al ser propietarios del piso en que habitan. En esta situación la sentencia rechaza que reúnan los demandantes la condición de consumidores y ha de ratificarlo, igualmente, la Sala, añadiendo que ya en la cláusula novena (folio 27) del contrato se establece la posibilidad de venta por los compradores incluso antes del otorgamiento de escritura pública, si bien condicionado a que lo autorice la vendedora expresamente.
En suma, los recurrentes no pueden ser considerados consumidores a los efectos de La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (derogada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) aplicable al caso, dada la fecha del contrato, 3 de abril de 2007, al no haberse probado que la vivienda en virtud de dicho contrato adquirida fuera destinada a vivienda habitual para los actores o para su familia próxima, por lo que hemos de estar a lo dispuesto en el artículo 1 apartado 3 de La Ley 26/1984, de 19 de julio , que establece que "...no tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros...". En este sentido, como este mismo Tribunal reseña en sus sentencias números 29 y 55 de 2012, de 6 y 20 de febrero, El Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de diciembre de 2005 expresa que "El artículo 1, apartados 2 y 3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio , delimita el ámbito subjetivo de la misma atribuyendo la condición de consumidor no a cualquiera que lo sea por aparecer en la posición de quien demanda frente a quien formula la oferta, sino al consumidor que resulte destinatario final de los productos o servicios ajenos que adquiere, utiliza o disfruta. Esto es, al que se sirve de tales prestaciones en un ámbito personal, familiar o doméstico...No a quien lo hace para introducir de nuevo en el mercado dichos productos o servicios, ya por medio de su comercialización o prestación a terceros, sea en la misma forma en que los adquirió, sea después de transformarlos, ya utilizándolos para integrarlos en procesos de producción o transformación de otros bienes o servicios ( sentencias de 18 de junio de 1999 , 16 de octubre de 2000 , 28 de febrero de 2002 , 29 de diciembre de 2003 y 21 de septiembre de 2004 )...".
Teniendo los demandantes, (además del piso en que habitan y otro en Noja (Cantabria) ya un piso alquilado ("comercialización o prestación a terceros"), no acreditado el destino del adquirido a la satisfacción de su necesidad de vivienda o de su entorno familiar más cercano, han de quedar excluidos, conforme a lo expuesto, de la consideración de consumidores.
SEGUNDO .- Alegan los recurrentes haber incurrido la Juez a quo en error en la valoración de la prueba al no considerar el contrato privado de compraventa como un contrato de adhesión.
Esta misma Audiencia en Sentencia nº 238/2011, de 15 de julio , citando la Sentencia de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid nº 298/2010, de 9 de junio , expresaba: "...Expone la doctrina que el contrato de adhesión es aquel en el que una de las partes establece un contenido prefijado, de tal modo que la conclusión del contrato no va precedida por una discusión del posible contenido del mismo por las partes contratantes. Las cláusulas no pueden ser más que pura y simplemente aceptadas, y si los interesados desean contratar, han de hacerlo aceptando el contenido que con carácter inmodificable se da al contrato. En el mismo sentido se manifiesta la jurisprudencia. Es aquél en que la esencia del contrato, y sus cláusulas han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de negociarlas, hacer contraofertas ni modificarlas sino simplemente aceptar o no; se mantiene la libertad de contratar (libertad de celebrar o no el contrato) pero no la libertad contractual (libertad de ambas partes, no de una sola, de establecer las cláusulas que acepten mutuamente) -- sentencias 28 noviembre 1997 y 13 noviembre 1998 -. Son los redactados únicamente por una de las partes y en los que a la otra solo le es permitido la manifestación de su aceptación o, eventualmente, de su rechazo, Sentencia 27 julio 1999 . No obsta que la reglamentación la hubiere redactado o confeccionado una de las partes, porque esta circunstancia no hace desaparecer el carácter y naturaleza contractual del negocio convenido libremente, pues lo relevante es si aquella reglamentación se alcanzó con total libertad de obrar y decidir-- sentencia 30 mayo 1998 "." Conforme a lo expuesto, no cabe considerar que en el caso enjuiciado nos hallemos ante un contrato de adhesión, por la coincidencia entre las cláusulas de los diversos contratos aportados, obviando las diferencias existentes, y el testimonio de una de las compradoras en la misma promoción, Sra. Luengo, manifestando que pudo negociar el contenido del contrato con la vendedora; y, es que lo que no han probado los actores, ahora apelantes, es que no pudieran convenir el contenido del contrato con total libertad. Por ello, tampoco en este extremo puede ser el recurso estimado, quedando excluida, en suma, la consideración del contrato litigioso como un contrato de adhesión.
TERCERO.- Señalan los recurrentes hasta siete cláusulas y/o estipulaciones del contrato que pretenden "son nulas de pleno derecho por abusivas". Pues bien, en primer lugar, hemos de partir de la consideración de no ser consumidores los apelantes. Y, el concepto de cláusula abusiva tiene su ámbito propio en la relación con los consumidores, siendo cláusulas abusivas aquellas que, no habiendo sido negociadas individualmente, contrarían las exigencias de la buena fe y causan, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato; son las que se relacionan en el artículo 10 bis de La Ley 26/1984, de 19 de julio , General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Ocurre que, en este caso no nos hallamos ante consumidores ni ante un contrato de adhesión, por lo que, en esta situación, lo relevante es que las cláusulas en cuestión atenten contra los principios rectores de la contratación ( artículo 1255 del Código Civil ) y serán abusivas cuando sean contrarias a la buena fe y causen un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, pero en el marco del régimen general de obligaciones y contratos. En este sentido la Sentencia de esta Audiencia Provincial nº 55/2012, de 20 de febrero, que cita la de la Sección 17 ª de La Audiencia Provincial de Barcelona recaída en recurso nº 249/2010, en fecha 11 de mayo de 2011 .
Como expone la sentencia de esta Audiencia Provincial nº 491/2010, de 22 de diciembre : " Esta Sala ya ha tenido ocasión de indicar, tal como recoge el propio preámbulo de la Ley 7/1998, de 13 de abril , sobre condiciones generales de la contratación que transpone la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril y en lo que ahora interesa, que se pretende distinguir entre lo que son cláusulas abusivas y condiciones generales de la contratación, estableciendo que una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes y no tiene por qué ser abusiva, ya que, cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener el carácter o no de condición general ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares.
Será necesario para la determinación de si una cláusula merece ser considerada abusiva o no seguir el criterio que dispone el art. 3 de la Directiva CEE 93/13, de 5 de abril , el cual señala que " las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente, se considerarán abusivas si, pese a la exigencia de la buena fe, causan en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Se considerará que una cláusula no ha podido ser negociada individualmente, cuando haya sido redactada previamente, y el consumidor no hubiera podido influir sobre su contenido, en particular en los contratos de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente deberá probarlo con plenitud " que se transcribe en el citado -y recogido en la sentencia recurrida- art. 10 bis de la Ley 26/1984 de 19 de julio , después de la reforma de la Ley 7/1998 de 13 de abril, de manera que han de considerarse cláusulas abusivas aquellas no negociadas individualmente que sean contrarias a la buena fe, que causen al consumidor un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, y en general que defrauden las expectativas razonables que se derivan de la justa reciprocidad de las prestaciones ( SSTS 4-12-96 , 2-2-99 , 24-7-02 )." (En similar sentido la sentencia de este Tribunal nº 29/2012 , de 6 de febrero, en su fundamento jurídico segundo).
Igualmente, hemos de señalar que, como la misma sentencia expresa, en el artículo 10 bis, apartado 2, de la Ley 26/1984, de 19 de julio , se dispone que las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, procediendo la integración del contrato con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil , y que "solo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declararse la ineficacia del contrato", y añade que, en el caso a que se refiere no se daría tal situación, aun siendo abusiva y nula alguna cláusula, al poder ser de aplicación las reglas generales de los contratos para tales supuestos.
Pretenden los recurrentes que el expositivo primero y en relación con el mismo la cláusula primera del contrato, constituyen una cláusula abusiva conforme al artículo 10-1-a de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , por no expresarse la superficie del trastero y del garaje. En el contrato se describen como "trastero nº 32 en la planta de entrecubierta" y "plaza de garaje nº 90, con su trastero anejo T-90 en la planta de sótano", y en el expositivo 2º del contrato se refiere estase ejecutando las obras "conforme al proyecto realizado por el Arquitecto Don Íñigo ....habiéndose obtenido la correspondiente Licencia Municipal con fecha 31 de octubre de 2006", además de hacerse constar que los compradores conocen "los planos, croquis y memoria de materiales" en el expositivo 3º. Por ello, no puede considerarse la nulidad de la cláusula primera por el motivo señalado pretendida, teniendo en cuenta la eficacia contractual vinculante de los proyectos de ejecución de obra, en línea con la doctrina jurisprudencial que viene otorgando a éstos, junto con la oferta publicitaria, esa trascendencia hasta el punto de apreciar incumplimiento contractual en supuestos de desviaciones constructivas respecto de lo proyectado. Y es que, tratándose de elementos que no tienen existencia actual sino futura, el consentimiento se otorga en contemplación a las características resultantes de los planos, memoria y proyecto de obra, documentos que no solo tienen una función descriptiva del objeto contractual, sino que ejercen también un papel objetivamente normativo para el promotor-vendedor, en cuanto le obliga a construir o hacer construir las viviendas, garajes y trasteros vendidos de forma que reúnan tales características.
También pretenden los recurrentes la nulidad de la estipulación quinta del contrato, en cuanto que establece la entrega de llaves y el otorgamiento de escritura pública en el plazo máximo de quince días desde que el comprador sea requerido para ello por el vendedor, siendo la única referencia en el contrato a la fecha de entrega, que, según los recurrentes, se deja en manos de la vendedora, y supone un desequilibrio abusivo, determinando que la cláusula sea nula.
Tampoco esta alegación y la correlativa pretensión de nulidad pueden ser estimadas.
Hemos de tener en cuenta que los contratos no solo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Y, la interpretación que pretenden los recurrentes del contenido de dicha cláusula no tiene en cuenta las circunstancias concurrentes al momento de suscribir el contrato y tiene por finalidad dejar sin efecto la referida cláusula, sobre la base de lo dispuesto en la normativa sobre consumidores y usuarios, afirmando para ello que la entrega queda en el contrato a la mera voluntad de la vendedora. Pero, tal cláusula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1284 del Código Civil , ha de interpretarse en el sentido más adecuado para que produzca efecto, en atención a las circunstancias, y considerando en su conjunto el negocio realizado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil y el principio de buena fe contractual, hemos de concluir que la cláusula quinta no deja a la voluntad de la vendedora la fecha de entrega. En el expositivo segundo (folio 25) del contrato se establece que las obras "se están ejecutando conforme al proyecto realizado por el Arquitecto Don Íñigo ....habiéndose obtenido la correspondiente Licencia Municipal con fecha 31 de octubre de 2006". La licencia de obras (folios 107 a 110) se obtuvo efectivamente en fecha 31 de octubre de 2006, y en ella se establece (folio 108) que "El plazo para la ejecución de las obras es de 48 meses a partir del comienzo de las mismas." Las obras, según el certificado de comienzo de obra del arquitecto D. Íñigo (al folio 111), dieron comienzo en fecha 15 de noviembre de 2006, por lo que, el plazo máximo de ejecución finaba el día 15 de noviembre de 2010. Al folio 106, obra el certificado final de obra que señala como fecha de finalización de las obras el día 29 de junio de 2009. En fecha 28 de julio de 2009 (folio 113) se obtuvo la cédula de habitabilidad y con fecha 11 de agosto de 2009 (folio 112) la licencia de primera ocupación, en todo caso dentro del plazo de cuatro años fijado en la licencia municipal de obras, plazo respecto al cual no cabe admitir desconocimiento por los actores-apelantes, cuando ninguna aclaración consta solicitaren al respecto antes de la formulación de la demanda, más de dos años después de firmado el contrato. La integración del contenido de la cláusula quinta con el del expositivo segundo, y demás documental reseñada sobre el inicio y fin de la obra en condiciones de habitabilidad, y la propia conducta de los actores en relación con la misma, excluyen la nulidad de la cláusula pretendida, teniendo en cuenta que los actores no son consumidores y no resulta de aplicación la normativa específica establecida en el artículo 5.5 del R. D. 515/1989, de 21 de abril, sobre Protección de los Consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, ni la Disposición Adicional Primera-5ª, en relación con el artículo 10-bis, de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la redacción vigente a la fecha en que se celebró el contrato, y considerando el contenido global del contrato y las circunstancias concurrentes, en relación con lo dispuesto en los artículos 1258 y 1284 del Código Civil .
Asimismo, los recurrentes pretenden ser nulos el apartado E) de la estipulación segunda y la estipulación tercera, relativas a la subrogación del crédito hipotecario por los compradores, pretendiendo que no es cierto que conocieran las condiciones del préstamo que se les comunicaron el día 13 de julio de 2009, según el documento nº 13 de los aportados con la contestación, invocando el artículo 10 bis 1 de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 . Ocurre que la subrogación en el préstamo hipotecario se establece como una opción para la parte compradora ya que se prevé la posibilidad de renuncia a la subrogación en el último párrafo, de la estipulación tercera. Los compradores, que no son en este caso consumidores, señalan conocer las condiciones del préstamo original, quedando pendiente el conocimiento de las condiciones de la subrogación, lo que no supone desequilibrio de las prestaciones entre las partes contratantes, cuando tal situación fue aceptada libremente por los compradores, que tenían la opción de no subrogarse, una vez se les comunicaron por la vendedora las condiciones de la subrogación según la oferta de la entidad financiera, comunicación que se produjo (folios 98 a 101) en fecha 13 de julio de 2009, dentro de los plazos pactados, según las fechas de finalización de obra, obtención de licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, y entrega de la vivienda, y sin embargo, al recibir tal comunicación ya habían los demandados presentado la demanda (19 de junio de 2009), alegando el desconocimiento de las condiciones de la subrogación. En tal situación, no puede concluirse que las cláusulas relativas a la subrogación en el crédito hipotecario atenten contra los principios rectores de la contratación ( artículo 1255 del Código Civil ), criterio a considerar al no tratarse de una relación con consumidores.
Pretenden los apelantes ser nula la estipulación cuarta en tanto establece que los gastos e impuestos, excepto la Plusvalía municipal, "serán de cuenta exclusiva de la parte compradora", ya que, alegan, no especifica qué gastos, falta de transparencia que ha de determinar la nulidad, según los recurrentes, conforme al artículo 10 bis de La Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios . Tal imprecisión no puede ser apreciada, cuando la misma cláusula establece referirse a los gastos e impuestos "que origine este contrato", "excepto Plus Valía Municipal". Además, el artículo 1455 del Código Civil establece que "los gastos de otorgamiento de escrituras serán de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto en contrario", debiendo reputarse el pacto de asunción de los gastos, impuestos, recargos y arbitrios. Notaría y Registro de la Propiedad por parte de los compradores como correspondientes al ejercicio de una normal voluntad negocial, rechazándose, por ello, la pretensión de nulidad.
Por otra parte, pretenden los recurrentes ser abusivo el contenido del expositivo III del contrato, en cuanto alegan autoriza a la vendedora para introducir en la construcción modificaciones que se consideren por esta necesarias o adecuadas desde un punto de vista técnico o comercial, lo que supone la posibilidad de modificación unilateral del contrato por la vendedora, e invocan los recurrentes el apartado 1-2º de la Disposición Adicional Primera de La Ley 26/1984 .
Tampoco cabe considerar la nulidad del expositivo III ya que la obra está determinada y ninguna modificación consta producida. Y, en todo caso, la cláusula debe ser interpretada conforme a los parámetros lógicos en que se inserta. La vendedora podrá realizar los cambios motivados por imperativos técnicos o jurídicos, pero siempre partiendo de que los bienes adquiridos se hallan perfectamente identificados y que cualquier alteración de superficie o precio requerirá el consentimiento del adquiriente; ya en la misma cláusula expositiva III se indica que tales variaciones no pueden afectar esencialmente a la configuración de la vivienda objeto de este contrato; y, en todo caso, no estamos ni ante un consumidor ni ante un contrato de adhesión, debiendo, en suma, la pretensión deducida respecto del expositivo III del contrato ser rechazada por no resultar contraria a los principios rectores de la contratación ( artículo 1255 del Código Civil ).
A la misma conclusión desestimatoria hemos de llegar respecto de la solicitud de nulidad de la estipulación undécima, por el principio de libertad de pactos, además de que es al promotor a quien corresponde el otorgamiento de la escritura de obra nueva y división horizontal y no a los compradores hasta que finalizada la construcción reciban sus bienes, consumándose entonces la compraventa, momento a partir del cual a ellos, per se o como integrantes de la comunidad de propietarios, corresponderá la defensa de sus derechos.
Por último, en cuanto a la pretensión de nulidad de la cláusula octava por otorgar a la vendedora la facultad de resolución en caso de impago por los compradores o de percibir un interés del 18%, sin previsión equivalente para el caso de incumplimiento por la vendedora, y en todo caso resultar para los apelantes desproporcionada la indemnización a cargo de los compradores, hemos de expresar que no excluida la acción de cumplimiento o de resolución a instancia de la parte adquiriente en caso de incumplimiento por la parte vendedora, en ambos casos con indemnización de daños y perjuicios causados, ex artículo 1124 del Código Civil , excluida queda la existencia de desequilibrio entre las partes. Y por lo que se refiere a la alegación de un interés de demora abusivo, pactado en el 18% en el contrato, hemos de rechazar tal alegación, ya que, conforme al artículo 1255 del Código Civil , los contratantes pueden establecer los pactos cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, y como esta misma Audiencia, tratando idéntica cuestión, expone en sentencia nº 55/2012, de 20 de febrero : "Y este criterio general cabe ser integrado por el criterio jurisprudencial en cuanto a los intereses pactados en los contratos al amparo del citado 1255 CC, como elemento sancionador para caso de incumplimiento de la parte correspondiente puesto que como señala, entre otras la STS de 2-10-2001 "... un importante sector doctrinal sostiene que, debido a la distinta naturaleza de los intereses retributivos y los moratorios, a esos últimos no se les debe aplicar la Ley de Represión de la Usura, pues cuando se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, y cuando los intereses son moratorios no debe olvidarse que su devengo se produce por una previa conducta del deudor jurídicamente censurable " y la referida resolución concluye indicando que "... En definitiva, los intereses de demora no tienen la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se considere si exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, ni encuadrarlos en la Ley de 23 de julio de 1908 ... "( STS 4-10-2009 , en igual sentido)". En el mismo sentido la Sentencia nº 202/2010, de 18 de octubre, de la Sección 8ª de La Audiencia Provincial de Cádiz .
Por tanto, se rechaza la pretensión de nulidad de pleno derecho de las cláusulas señaladas, y, correlativamente, se desestima la solicitud de declaración de ineficacia del contrato suscrito entre las partes, rechazándose, conforme a lo expuesto, que se haya infringido lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil , y, en suma, se desestima el recurso confirmando la sentencia de instancia.
CUARTO .- Desestimado el recurso, han de imponerse a la parte apelante las costas de la alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394-1 y 398-1 de La Ley de Enjuiciamiento Civil .
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Jesús Mendiola Olarte, en nombre y representación de DON Aquilino Y DOÑA Aurelia , contra la sentencia, de fecha 19 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Logroño, en Juicio Ordinario seguido en el mismo al nº 1368/2009, de que dimana Rollo de Apelación nº 5/2011, debemos confirmarla y la confirmamos.
Se imponen a la parte apelante las costas de la alzada.
Desestimado el recurso se declara la pérdida del depósito por la parte apelante constituido para apelar, al que se dará el destino legal.
Contra la presente resolución puede caber recurso de casación y, en su caso, por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, si se cumplieran los requisitos legales, que serían examinados en cada caso por la Sala,
Ley de 23 de Jul de 1908 (Nulidad de préstamos usurarios) VIGENTE
Fecha de entrada en vigor: 23/07/1908

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1255
 artículo 10
 artículo 1258
 artículo 10
 artículo 1284
 artículo 1258
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 1255
 artículo 10
 artículo 1455
 artículo 1255
 resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 artículo 1255
 resolución 
 artículo 1256
 resolución