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Timestamp: 2018-10-21 06:23:57+00:00

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﻿ Sentencia 2009-01399 de abril 17 de 2013
SENTENCIA 2009-01399 DE 17 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:DERECHOS ADQUIRIDOS EN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. EL CAMBIO DE NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN DE TRABAJADOR OFICIAL A EMPLEADO PÚBLICO IMPLICA LA PÉRDIDA DEL DERECHO A PRESENTAR PLIEGOS DE PETICIONES Y A NEGOCIAR CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, SIN EMBARGO, DEBEN RESPETARSE LOS DERECHOS SALARIALES Y PRESTACIONALES ADQUIRIDOS, ENTENDIDOS COMO AQUELLOS QUE HAN INGRESADO AL PATRIMONIO DEL SERVIDOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, DERECHO DE ASOCIACIÓN, CONVENCIÓN COLECTIVA, DERECHOS ADQUIRIDOS
Sentencia 2009-01399 de abril 17 de 2013
Rad. 050012331000200901399 01
Actor: Ana Acchel Martínez Villegas
Número interno: 1335-2012
EXTACTOS: «Considera
De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación interpuesto es preciso dilucidar si le asiste el derecho a la señora Ana Acchel Martínez Villegas a la reliquidación de sus prestaciones sociales y otras acreencias laborales por su retiro, así como la indemnización por supresión del cargo que venía desempeñando como auxiliar de servicios asistenciales a la luz de la convención colectiva suscrita en el año 2001, entre el Instituto de los Seguros Sociales y Sintraseguridad Social.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que los beneficios de la convención colectiva solamente se aplicaron hasta la vigencia inicial de dicho acuerdo, esto es, hasta el 31 de octubre de 2004. Sus efectos no se extienden a las posteriores prórrogas, puesto que con la expedición del Decreto 1750 de 2003 se modificó su régimen laboral de trabajador oficial a empleado público, quienes no se benefician de la convención colectiva.
Mediante Decreto-Ley 1750 de 2003 se adelantó la escisión del Instituto de Seguros Sociales y se crearon unas empresas sociales del Estado, entre ellas la ESE Rafael Uribe Uribe.
“ART. 416.—Limitación de las funciones (texto destacado condicionalmente exequible) Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga”(1).
Lo anterior encuentra su fundamento en la vinculación laboral de los empleados públicos de tipo legal y reglamentaria, que restringe la posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo(2).
“ART. 1º—1. El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo”.
“ART. 5º—1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva.
En el mismo sentido, se refirió a los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, en Sentencia C-201 de 2002, mediante la cual declaró la exequibilidad del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la Sentencia C-1234 de 2005 que declaró la exequibilidad de la expresión contenida en el mismo artículo “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones colectivas”, bajo el entendido de que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el efecto.
Ahora bien, dado que la escisión del Instituto de Seguros Sociales implicó un cambio en la naturaleza jurídica de la vinculación de sus servidores y que por la misma razón el Decreto-Ley 1750 de 2003 dispuso en el artículo 18 el respeto de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004, en ejercicio del control de constitucionalidad, se pronuncio sobre el tema, y manifestó lo siguiente:
Por su parte, para los trabajadores oficiales se encuentra la referencia que se hace al régimen de prestaciones sociales mínimas que debe expedir el legislador y que aparece mencionada en el numeral 19 literal f) del artículo 150 de la Carta Política como una de las leyes marco, lo cual da idea y fundamento para afirmar que bajo esta categoría, los servidores públicos pueden negociar las cláusulas económicas de su vinculación a la administración y que las prestaciones sociales pueden aumentarse convencionalmente en el contrato, así sea por virtud del conflicto colectivo y de la negociación o de la huelga, salvo en materia de servicios públicos esenciales. (Sent. C-484/95, M.P.Fabio Morón Díaz).
De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo”.
Ella contiene una serie de disposiciones instituidas para regular las relaciones de trabajo en la empresa. Así, en la convención colectiva se establecen en forma general y abstracta las estipulaciones que rigen las condiciones de los contratos de trabajo, las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de sus trabajadores, como también, las obligaciones que el patrono en forma común adquiere frente a la generalidad de los trabajadores. (Sent. SU-1185/2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
De acuerdo con las anteriores precisiones, acogidas por la Sentencia C-349 de 2004 de la misma corporación, se concluye que el cambio de la naturaleza de la vinculación de trabajador oficial a empleado público implicó la pérdida del derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo, sin embargo, deben respetarse los derechos salariales y prestacionales adquiridos, entendidos como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor; sin embargo, se respetarían sus derechos por el término inicial del acuerdo convencional, esto es, hasta el 31 de octubre de 2004.
Con base en las anteriores disposiciones la misma ESE, le reconoció a la actora unos derechos derivados de la convención colectiva, por el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2004, fecha en la cual, de conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el año 2001 finalizaba su vigencia inicial.
Se encuentra probado en el proceso que la señora Ana Acchel Martínez Villegas prestó sus servicios al Instituto de los Seguros Sociales desde enero de 1995, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales, vinculada a la planta el 15 de enero de 1996.
Luego de la escisión de la entidad, a partir del 26 de junio de 2003, quedó vinculada como empleada pública en la ESE Rafael Uribe Uribe.
Mediante la Circular Externa 00052 de 16 de julio de 2004 proferida por el presidente del Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de la Protección Social, por la cual hace unas precisiones en relación con la aplicación de la Sentencia C-314 de 2004. En ella señaló que se reconocerían beneficios convencionales por el lapso comprendido entre el 26 de junio y el 31 de octubre de 2004, y a partir de esta última fecha se daría cabal cumplimiento al régimen legal correspondiente a los empleados públicos.
Mediante el Decreto 405 de 2007, se suprimió la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe y se ordenó su liquidación, y en el artículo 12 determinó que la supresión de empleos como consecuencia del proceso de liquidación de la ESE Rafael Uribe Uribe, daría lugar a la terminación del vínculo legal y reglamentario o contractual, según el caso, de los servidores públicos de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Afirma la demandante que la administración ha debido liquidar sus prestaciones sociales y otras acreencias laborales por su retiro, así como la indemnización por supresión del cargo que venía desempeñando como auxiliar de servicios asistenciales a la luz de la convención colectiva suscrita en el año 2001, entre el Instituto de los Seguros Sociales y Sintraseguridad Social con fundamento en las prórrogas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
A lo anterior se agrega que para el momento en que el periodo inicial de la convención colectiva llegó a término (oct. 31/2004) la mayoría de trabajadores de la ESE, incluyendo a la actora, ya eran empleados públicos motivo por el cual no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.
En esas condiciones, no es no es viable avalar la interpretación de la Corte Constitucional sostenida en la Sentencia T-1166 de 2008, pues a la luz de lo expuesto por la misma alta corporación en las sentencias de constitucionalidad, las cuales tienen efecto erga omnes, la protección deriva del concepto amplio de derecho adquirido y no puede ser una excusa para que la actora sostenga que con posterioridad al 31 de octubre de 2004 e incluso para el año 2007 aún era beneficiaria de la convención colectiva.
En esas condiciones, no es del caso inaplicar el artículo 14 del Decreto 0405 de 2007 para efecto de liquidar la indemnización por supresión del cargo, para en su lugar aplicar normas convencionales, así como para la liquidación de los derechos salariales y prestacionales reclamados, pues como se expuso esa no es la norma aplicable a la actora en virtud de su calidad de empleada pública.
En consecuencia se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Heriberto Cuartas Muriel.
CONFÍRMASE la sentencia de 7 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda formulada por la señora Ana Acchel Martínez Villegas.
(1) Declarada exequible por la Sentencia C-201-02.

References: artículo 416
 artículo 55
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 12
 artículo 14