Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510272.html
Timestamp: 2019-03-22 18:41:24+00:00

Document:
as201510272
AUTO SUPREMO Nº 272/2015-RRC
Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2014, cursante de fs. 1798 a 1803, Jaime Martínez Jiménez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto de fs. 1774 a 1785 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público, Patrick Maurice Michel Bellanger, Cécile Thérese Michelle Marie Blanloeil, Jean Paul Marcel Pascal Blancho y Maryline Anne Louise Palieerne Blancho, contra Roberto Forero Molina, Azar Martínez Parada, Rosmery Roca Suarez y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Violación Agravada y Encubrimiento, previstos en la sanción de los arts. 252, 308, 310 inc. 5) y 7) y 171 con relación al 23 del Código Penal (CP), respectivamente.
Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 1673), el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 1693 a 1700), resuelto por Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la presentación del recurso de casación, sujeto al presente análisis de fondo.
Del memorial del recurso de casación interpuesto por el imputado y del Auto Supremo 016/2015-RA de 8 de enero (fs. 1811 a 1813 vta.), que declaró su admisión se extraen los motivos a ser analizados en la presente resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia “INOBSERVANCIA O ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA” (sic), arguyendo que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, mantiene los defectos inconvalidables referidos a: a) En cuanto a los motivos fútiles o bajos, se limita a realizar una justificación personal argumentando que, ante una discusión sostenida con Jeremie Ionas Ballenger, actuó en forma desproporcionada al dispararle por dos veces y, en el interior de la vivienda, realizó un disparo contra la humanidad de Fannie Marceline Sylvette Blancho, que por ser mujer estaba más indefensa, hecho que resulta de la atestación del testigo Erwin Melgar Villegas, sin ningún respaldo que sustente esta aseveración; b) En cuanto al presupuesto de la alevosía o ensañamiento, se ha forzado la adecuación típica a los hechos narrados por Edwin Melgar Villegas, interpretando que se mató a traición sin riesgo alguno para el autor, que bajo este razonamiento no existiría la figura del homicidio simple cuando se comete con arma de fuego, contrario a la jurisprudencia nacional. Enfatiza que para demostrar este presupuesto la única prueba material, sería la existencia de los cuerpos de los hoy desaparecidos, extremo que también argumentó en el recurso de apelación y que sólo mereció “una extraordinaria desviación diciendo que lo desarrollarían adelante y que no fue cierto y que se corrobora fácilmente de la lectura del fallo ahora recurrido” (sic)”; c) Sobre el presupuesto consistente en facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar su resultado, se ha argumentado en sentido de haber ocultado, facilitado y consumado el delito de Violación cuando fue absuelto por ese ilícito, siendo contradictorio ya que si hubo violación no había porque asesinar y se pretendió justificar la muerte de Fannie, porque fue testigo de la muerte de su marido. d) Respecto al elemento de vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido, en el afán de confirmar la Sentencia se ha incurrido en contradicciones, al indicar que el esposo le encontró al imputado, abusando de la esposa y trató de oponerse, siendo sacado a empujones del ambiente donde a criterio del Tribunal se cometió el delito de Violación y afuera disparó contra el esposo en dos oportunidades, siendo una historia inventada diferente a la investigada, pero que al final fue absuelto por el delito de Violación contra la esposa que resulta un argumento débil, donde no concurre ninguna de las circunstancias del art. 252 del CP.
El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se devuelva actuados al Tribunal Departamental de Justicia del Beni para que pronuncie nueva Resolución conforme a la doctrina legal de referencia, absolviendo todos los agravios denunciados.
Mediante Auto Supremo 016/2015-RA de 8 de enero, cursante de fs. 1811 a 1813 vta., se determinó la admisión del recurso de casación interpuesto por Jaime Martínez Jiménez vía flexibilización.
El Ministerio Público formuló acusación Pública (fs. 65 a 79) contra Jaime Martínez Jiménez por la supuesta comisión de los delitos de Violación Agravada y Asesinato, previstos y sancionados por los arts. 308 con relación al 310 incs. 5) y 7), y 252 incs. 2), 3), 6), y 7) del CP; contra Roberto Forero Molina y Rosmery Roca Suarez, por la presunta comisión de los delitos de Violación Agravada y Complicidad de Asesinato, previstos y sancionados por los arts. 308 con relación al 310 incs. 5) y 7), además 252 incs. 2), 3), 6) y 7) del CP; y en contra de Azar Martínez Parada, por la presunta comisión del delito de Encubrimiento, previsto y sancionado por el art. 171 del Sustantivo Penal; señalado que el sábado 28 de agosto de 2010, la francesa Fannie Blancho prepara una cena para celebrar el cumpleaños de su esposo Jeremie Bellanger, luego de la cena deciden continuar el festejo saliendo a diferentes centros nocturnos de la localidad de Guayaramerin, junto a los dueños de casa, Oyuki y Richard, cuando salían se incorpora Rosmery Roca, más tarde se integra Jaime Martínez Jiménez y Roberto Forero Molina. Cuando estaban en local “Los Troncos”, se denota que desde el primer momento el ahora imputado Jaime Martínez Jiménez se encuentra notoriamente interesado por conquistar a la francesa Fannie, sin importarle que la misma estaba junto a su esposo; ya el domingo a hrs. 06:00 de la mañana, Jaime Martínez invita a la pareja de extranjeros a su estancia donde tenía que ordeñar vacas, es así que el imputado Jaime Martínez Jiménez, Rosmery Roca, Roberto Forero, la pareja de franceses y otros a quienes no se pudo reconocer, habrían sido vistos por Erwin Melgar Villegas, quien cuando salía a cazar y pescar, y cuando regresaba y pasaba nuevamente por inmediaciones de la casa o estancia de Jaime Martínez Jiménez, siendo aproximadamente a horas 16:30 escucha que en la casa siguen tomando, además escucha gritos de auxilio, momento en el que llega el francés Jeremie en una moto y una bolsa que parecen latas de cerveza, el cual al escuchar los gritos ingresa corriendo a la casa, pero inmediatamente es expulsado a empujones por Jaime Martínez Jiménez, ya afuera Jaime Martínez saca el arma de fuego de su cintura y le da dos balazos al gringo Jeremie, uno cuando está parado, rematando el otro cuando esta en el suelo, luego carga a la camioneta ayudado de otros hombres que se encuentran junto al ahora acusado, siendo el cuerpo llevado a botar a un curichi. A esta acusación se adhirieron los acusadores particulares, acusando además a Richard Roca Camacho, María Grisely Pedriel Rivero y Roy Martínez Jimenez; por lo que piden luego del Juicio Oral, se dicte sentencia condenatoria en contra de los imputados aplicando la pena máxima de los delitos acusados.
El Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma, luego de celebrar el Juicio oral, público y contradictorio, emitió la Sentencia 01/2014 de 02 de marzo, declarando al imputado Jaime Martínez Jiménez, culpable del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2, 3, 6 y 7) del CP, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de treinta años de presidio sin derecho a indulto, Sentencia que fue enmendada por el Auto Complementario de 13 de marzo de 2014 (fs. 1673); extrayéndose de este fallo lo siguiente:
Del desfile de la prueba se constató: que luego de la cena que se preparó para festejar el cumpleaños de Jeremie, las victimas salieron a continuar en diferentes centros nocturnos de Guayaramerín, llegando al restaurant “El Jazmín“ donde se incorporó el imputado Jaime Martínez; luego se dirigieron al restaurant “Los Troncos”, en el cual nuevamente se hizo presente el imputado Jaime Martínez Jiménez, consumieron cerveza, además el imputado proporcionó cocaína al grupo, con base a las declaraciones de Richard Roca y Rosmery Roca, se determinó que el imputado estaba afanado e interesado en enamorar a la francesa pese a la presencia de su esposo.
Por la declaración de Erwin Melgar Villegas, se comprobó que la muerte de Jeremie Bellanger y Fannie Blanco ciudadanos de nacionalidad francesa, ocurrió el domingo 29 de agosto de 2010 entre horas 16:00 y 17:00 aproximadamente, porque el mencionado testigo indicó que vio, cuando el imputado Jaime Martínez Jiménez salió de la vivienda de la propiedad rural de Alfredo Martínez discutiendo y empujó a Jeremie hacia el patio delantero, momento en el cual el agresor sacó de su cintura un arma de fuego y disparó en la humanidad de Jeremie, quién cayó al suelo donde lo remató con otro disparo dejandole tirado en el suelo. Jaime Martínez Jiménez ingresó nuevamente a la casa, donde aproximadamente de 15 minutos el testigo escuchó el ruido de un nuevo disparo en el interior de la mencionada vivienda, observando luego de ese disparo que dos personas de sexo masculino sacaron hacia el patio el cuerpo de Fannie que aún tenía manchas de sangre en el pecho, trasladando y cargando a la camioneta marca Chevrolet que se encontraba en el lugar, acto seguido el testigo observó que el cuerpo de Jeremie también es colocado en la misma camioneta, siendo tapado con un hule de plástico; posteriormente, se subieron varias personas a la cabina de la camioneta y se dirigieron hacia la propiedad de señor Azar Martínez que queda al frente de la propiedad de Alfredo Martínez -lugar donde habría ocurrido el hecho incriminado- donde existe un arroyo o curichi grande, al cual presuntamente arrojaron los cuerpos, lugar al que regresó al día siguiente el testigo, verificando huellas de la camioneta y de personas.
En base a las pruebas descritas, el Tribunal tomó conocimiento que el autor intelectual y material de la muerte de Jeremie Bellanger y Fannie Blanho, fue el imputado Jaime Martínez Jiménez, situación corroborada por las declaraciones de Oyuki Nishijara y Richard Camacho, quienes de manera uniforme señalaron que fue Jaime Martínez Jiménez quién llevó a las víctimas a la finca rural, quién además desde que conoció a Fannie, demostró un interés por enamorarla y presuntamente mantener relaciones sexuales con ella; asimismo de las declaraciones de Carlos Carvallo Safady y Erwin Jarillo Negrete, se tiene que tanto Jaime Martínez Jiménez como algunos parientes de éste, trataron de obtener una coartada que lo eximiera de su responsabilidad y culpabilidad, tratando de pagar a estos testigos para que declaren señalando que habían visto a la pareja de extranjeros en “Cachuela Esperanza”. También la declaración de Oyuki Nishijara señaló que cuando sentaron la denuncia sobre la desaparición de los extranjeros, fueron amenazados por Jaime Martínez Jimenéz, indicándoles que se habían metido mucho en el asunto y que él sabía que tiene una hija y donde estudia y que a la misma le podía pasar cualquier cosa; además, le habría dicho que no se meta su tía porque no saben quién es él y que ellos no tenían dinero para pagar abogados, en otra ocasión le habría insinuado que entreguen a la defensoría al niño de los franceses y digan que sus padres salieron solos y que no se involucre a nadie. De otro lado, el testigo Rolando Cuevo Cuellar, dijo que tanto el imputado como su padre se apersonaron en su taller para pedirle que diga que el día del hecho llevaron la batería a su taller para que la cargue; sin embargo, él se negó a esa situación, más al contrario indicó que ese día era domingo, por lo tanto no trabajó, además él no tiene el artefacto para cargar baterías. Finalmente el imputado en su declaración informativa habría manifestado que el 29 de agosto, día de los sucesos no se habría comunicado con sus familiares; sin embargo, por los extractos de TELECEL y ENTEL, se tiene que se contactó con su padre, su concubina y su hermano.
Por todo lo referido, el Tribunal consideró de manera indubitable, que Jaime Martínez Jiménez es el autor material e intelectual de la muerte de Jeremie Bellanger y Fannie Blancho, ocurrida el 29 de agosto de 2010, percibiendo el Tribunal que el imputado trasladó a las víctimas hasta la granja agrícola, ubicada en las afueras de la ciudad de Guayaramerín con la finalidad de enamorar y mantener relaciones sexuales con Fannie Blancho, porque desde que la conoció en el restaurant “Jazmín” y luego en “Los Troncos”, siempre estuvo detrás de ella, conseguido su objetivo y percatándose que fue descubierto por el esposo de la agresión sexual, y para evitar un posterior proceso legal y sanción, optó por quitarles la vida a ambos, haciendo desaparecer los cuerpos con la ayuda de otras personas que no pudieron ser identificadas y procesadas con prueba fehaciente.
Finalmente, con relación a los demás imputados el Tribunal de sentencia observó que no existen los suficientes elementos para condenarles por los delitos acusados, por lo que aplicó el principio constitucional in dubio pro reo, determinando su absolución respecto a los delitos acusados.
El imputado, Jaime Martínez Jiménez, por memorial de fs. 1693 a 1700, interpuso recurso de apelación restringida, exponiendo los argumentos que se sintetizan seguidamente:
Denuncia que la Sentencia adolece del defecto descrito en el inc. 1) del art. 370 del CPP; es decir, 1) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva; señala que el conjunto de la prueba de cargo reflejaría que es inocente del ilícito condenado, porque su conducta no estaría comprendida dentro de los presupuestos establecidos en los incs. 2), 3), 6) y 7) del art. 252 del CP, pues: a) Se demostró los motivos fútiles o bajos que haya tenido para asesinar y que además habría sido absuelto por el delito de Violación agravada; b) Tampoco existiría prueba que demuestre la alevosía o ensañamiento que se hubiera impreso a momento de quitarle la vida, porque sencillamente no habrían los cuerpos que demuestren esa situación; c) Sobre el supuesto de facilitar, consumar u ocultar otro delito para asegurar su resultado, pregunta qué delito habría intentado o dejado que se cometa asesinando a la dos personas; d) Finalmente, señala que respecto al presupuesto de vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido, manifiesta que este supuesto se da cuando se trata de ocultar un delito, en el caso de autos sólo se habría tomado en cuenta la declaración de una persona, tratando de adecuar su conducta al delito de Asesinato con circunstancias o características de un delito de Homicidio.
Refiere que la Sentencia se basa en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba conforme el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, puesto que las pruebas de cargo sólo son presunciones, no son pruebas fidedignas que demuestren su culpabilidad, señala que no se comprobó que su persona hubiera asesinado a los franceses, porque no se habría aportado documento alguno que acredite que los mismos estuvieran efectivamente muertos, por lo que al condenarle sin pruebas se estaría vulnerando el art. 6 del CPP, el cual en su apartado tercero indica que la carga de la prueba corresponde a los acusadores y que se prohíbe toda presunción de culpabilidad. De otro lado, señala que sólo se dio credibilidad a la declaración de Erwin Melgar Villegas, quien señaló que vio a Jeremie con una camisa verde a cuadros; en cambio, no se valoró la declaración de Oyuki Nishijara que habría indicado que el gringo se cambió y se puso una polera, contradicción que no habría sido aclarada ni explicada por el Tribunal de sentencia, violando los arts. 173 y 124 del CPP.
Por otro lado, interpuso recurso de apelación incidental, señalando que el haberse negado la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso sin tener sentencia condenatoria, se incurrió en un acto ilegal y arbitrario, correspondiendo ser corregido por el tribunal de alzada, revocando el referido Auto Interlocutorio y declarando extinguida la acción penal, para lo cual a decir del recurrente se tendría que tener en cuenta el inicio del proceso que sería el 6 de septiembre de 2010.
Concluyó solicitando en mérito al art. 413 del CPP, la revocatoria de la Sentencia, dictando nueva Sentencia absolutoria o en su defecto se ordene la tramitación de un nuevo juicio mandando a reenvío, ante otro Tribunal de Sentencia.
Se pronunció el Auto de Vista 04/2014 de 25 de agosto, emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que declaró improcedente el recurso de apelación formulado por el imputado y confirmó la Sentencia apelada con los siguientes argumentos:
Respecto a la apelación de la Resolución emitida ante la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, observó que el incidentista no acompañó las piezas que dilataron el proceso, careciendo de antecedentes de la etapa preliminar y preparatoria, que son parte del proceso, documental que hubiera permitido determinar dónde están las dilaciones y a quién o quiénes les es atribuibles, conforme lo establecen los arts. 27 inc. 10) y 133 del CPP, las Sentencias Constitucionales 101/2014-R, 0551/2010-R y Auto Constitucional 079/2004, con este fundamento el Tribunal de alzada con el cual confirmó el Auto de 18 de febrero de 2014, dictado por el Tribunal de Sentencia de Santa Ana del Yacuma.
De otro lado, con relación a los defectos de Sentencia establecidos en el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, el Tribunal de apelación estableció que: i) Sobre el reclamo que no se habría demostrado los presupuestos fútiles o bajos, observó que el acusado actuó bajo móviles fútiles y bajos, conforme acertadamente lo entendió y analizó el Tribunal de sentencia, observando que el acusado sacó a empujones hacia afuera al francés cuando este hacía reclamos, luego le disparó no sólo una vez sino dos veces existiendo una desproporción exagerada, además se entiende que Fannie por el simple hecho de ser mujer se encontraba en una situación de desproporción; ii) En cuanto a la falta de prueba que demuestre la alevosía y ensañamiento, señaló el Tribunal de apelación que de la declaración de Erwin Melgar Villegas, se desprende que estos elementos concurren porque las víctimas no tenían la mínima posibilidad de defenderse, al haber sido atacados por un arma de fuego situación que les ponía en desproporción; iii) Sobre el presupuesto de facilitar, consumar o ocultar otro delito, o asegurar su resultado, señaló el Tribunal de apelación que si bien se lo absolvió por el delito de Violación agravada, no fue porque no existía prueba, sino que la misma no fue suficiente lo que generó duda razonable; en cambio, respecto al asesinato, el imputado victimó inicialmente al esposo y para no dejar testigos también asesinó a Fannie; finalmente, respecto al presupuesto de vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido, el Tribunal de apelación precisó que, para la concurrencia del delito de Asesinato, sólo debe concurrir alguna de las circunstancias reflejadas en el art. 252 del CP.
En cuanto a que la Sentencia se basaría en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, el Tribunal de alzada concluyó que la Sentencia se basó en hechos existentes y que las pruebas fueron valoradas correctamente, acreditados por la declaración de Erwin Melgar Villegas, quién vio claramente cuando Jeremie ingresó corriendo a la estancia al escuchar los gritos de auxilio de una mujer, el mismo que fue sacado a empujones por Jaime Martínez Jiménez, quién le disparó dos veces, uno cuando estaba de pie y otro cuando ya estaba en el suelo, situación corroborada por las declaraciones de Rosmery Roca Suarez y Oyuki Nishijara Orellana, quienes testificaron que la pareja de franceses se habrían trasladado a la indicada estancia junto al imputado, además relataron el interés que el imputado tenía sobre Fannie, declaraciones corroboradas además por la declaración de Richard Roca; consiguientemente, determinó que la Sentencia era clara y precisa, no existiendo ninguna contradicción.
Habiendo sido admitido el recurso de casación, vía flexibilización corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 016/2015-RA de 08 de enero, por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establecen las bases legales que servirán de sustento a la presente resolución.
III.1.1. Obligación de los Tribunales de impugnación de circunscribir sus pronunciamientos a las cuestiones planteadas.
Conforme dispone el art. 115.I de la CPE, toda persona goza de protección oportuna y efectiva por parte del órgano jurisdiccional en todas sus esferas, labor que se debe impartir sustentada en principios constitucionales, entre los cuales se encuentra la seguridad jurídica establecida en el art. 178 de la CPE, y las garantías jurisdiccionales como el debido proceso previsto en el parágrafo II del art. 115 de la Carta Magna, cuyo amplio espectro abarca a su vez derechos, principios y otras garantías constitucionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, del que deriva el derecho a recibir respuesta a todas las pretensiones planteadas, generando a su vez la obligación de toda autoridad que emita un fallo en etapa de impugnación, de circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones planteadas por los recurrentes; concordando con la normativa constitucional citada precedentemente, el art. 398 del CPP establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; a su turno, el art. 17.II) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) instituye que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”, normativa que a pesar de ser restrictiva y/o limitativa para los órganos de impugnación, es también imperativa cuando establece el ámbito de pronunciamiento de los Tribunales de impugnación; es decir, por un lado prohíbe emitir pronunciamiento más allá de lo solicitado, pero por otro, manda a pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados; consecuentemente, actuar en contrario, implica incurrir en el defecto absoluto descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP, por infracción de la normativa citada anteriormente y vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia; que implicaría incurrir en un vicio inconvalidable, conocido en la doctrina como incongruencia omisiva o fallo corto.
Al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia, estableció amplia doctrina legal, como la contenida en el Auto Supremo 109/2012 de 10 de mayo, que precisó: “…las resoluciones judiciales, para ser válidas, deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, lo contrario implica incurrir en el vicio conocido como incongruencia omisiva o fallo corto, que tiene como esencia la infracción por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas alegaciones que se hayan traído al proceso de manera oportuna, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.” (Las negrillas son nuestras).
Por otra parte, con la finalidad de establecer si toda denuncia por falta de pronunciamiento implica vicio de incongruencia omisiva, el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, desarrolló paramentos exigibles a ese fin, señalando: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.” (Las negrillas son nuestras). En el mismo sentido, pronunció doctrina legal aplicable el Auto Supremo 325/2012-RRC de 12 de diciembre de 2012, al precisar lo siguiente: “Asimismo, para estar frente ante una incongruencia omisiva es menester que concurran los siguientes presupuestos, a saber: a) La omisión esté vinculada a aspectos jurídicos; b) Las denuncias o pretensiones sean claras y oportunas; c) los agravios sean principales y no alegaciones secundarias; y, d) La ausencia de pronunciamiento sobre problemáticas de derecho, sean de naturaleza sustantiva o procesal”.
III.1.2. Principios de congruencia y su aplicación en el sistema procesal penal vigente.
Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez o tribunal, fue definido por un sin número de autores, entre ellos (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53), como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”.
El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.
La fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.
III.1.3. El delito de Asesinato
El asesinato es un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona física, de carácter muy específico, que consiste en matar una persona incurriendo en ciertas circunstancias agravantes, tales como la alevosía, la premeditación, el precio, la recompensa o promesa remuneratoria y el ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Respecto a este tipo penal, el tratadista Fernando Villamor Lucia, en su Libro Derecho Penal Boliviano, Tomo II, señala que el art. 252 del Código Sustantivo, constituye uno de los delitos más graves, que el bien jurídico protegido es la vida, considerado por Rodríguez Devesa como: "el soporte biológico no sólo del individuo, sino de la especie. Sobre ella descansan todos los demás valores de que el hombre es portador". Por su parte, Creus dice que: "hay vida humana, allí donde una persona existe, cualquiera que sea la etapa de su desarrollo".
En cuanto a la figura de la alevosía, ésta existe cuando se mata en forma segura aprovechando que la víctima se encuentra desprevenida, incapaz de defenderse; en opinión de Creus, es necesario que la víctima se encuentre en situación de indefensión, que le impida oponer resistencia que se transforme en un riesgo para el agente. Subjetivamente, no basta la indefensión de la víctima sino que el autor debe querer obrar sobre seguro, obrar sin el riesgo que puede implicar la reacción de la víctima o de terceros dirigida a oponerse a su acción. Por ello se sostiene, que es una forma insidiosa o traicionera de matar, supone una maquinación cautelosa que tiende aprovechar de manera felona el estado de indefensión de la víctima. La conducta del sujeto activo va dirigida empleando medios, modos o formas que tiendan directa y en forma especial a asegurar el ilícito, sin riesgo para su persona, además de protegerse de todo acto procedente en forma de defensa que pudiera hacer el agraviado.
Para la existencia de la alevosía, no basta lo inesperado del ataque ni la inadvertencia de la víctima, o que esta se encuentre indefensa o parezca estarlo cuando se la comete, es necesario que el homicida realice su propósito criminal, aprovechando de una manera oculta, insidiosa o felina, el estado particular de la víctima, que le impide defenderse, poniendo astucia, engaño, celada, traición o cualquier otra vía que conduzca al mismo fin, pero sin riesgo ni peligro para el agente.
Objetivamente la alevosía exige una víctima que no esté en condiciones de defenderse, o una agresión no advertida por la víctima capaz y en condiciones de hacerlo; aunque subjetivamente, que es donde reside la esencia, la alevosía exige una acción preordenada para matar sin peligro para el autor.
Dentro de esta agravante el Código Penal, como alternativa pone el ensañamiento que consiste en aumentar deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido, denota perversidad, puede ser o no conjunta con la alevosía. Es decir, quién se ensaña obra al impulso del deseo definido de producir la muerte causando sufrimientos innecesarios.
Por otra parte debe tenerse presente que si la conducta del agente está destinada a facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o para vencer la resistencia de la víctima, son razones cualificantes, por el desprecio del sujeto activo del delito por la vida humana.
Antes de ingresar al análisis del caso, es menester tener presente que si bien el recurrente en el recurso de casación sujeto a análisis de fondo, denunció la existencia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, aduciendo que ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 252 del CP, se acomodan a su conducta, identificando cuatro planteamientos; y, que la resolución se basó en hechos no acreditados y en valoración defectuosa de la prueba, no es mensos cierto que omitió establecer la contradicción presunta entre los precedentes que invocó con el Auto de Vista impugnado; empero, este Tribunal considerando que también denunció la existencia de defectos absolutos por vulneración del principio de congruencia e incumplimiento del art. 398 del CPP, determinó admitir el recurso a los fines de establecer si efectivamente el Tribunal de alzada omitió dar respuesta a los cuestionamientos que hubiese alegado en apelación restringida respecto: a) Al presupuesto de alevosía o ensañamiento; b) A la existencia de los cuerpos como única prueba para acreditarlo; c) A las contradicciones no fundamentadas, ni explicadas o aclaradas por el Tribunal de Sentencia. En consecuencia, precisado el ámbito de análisis, corresponde emitir pronunciamiento previo análisis de la denuncia formulada.
De la revisión del Auto de Vista impugnado, se observa que el Tribunal de apelación, en el acápite III. Punto 2 (fs. 1780 vta.), de manera amplia desarrolló los presupuestos de alevosía y ensañamiento, incluso hizo referencia a la doctrina generada por el jurisconsulto Jorge José Valda Daza, refiriendo que: “Básicamente la alevosía comprende el modo de matar a traición, sin que el autor se exponga a la posibilidad de que su víctima se defienda o impida el ataque… asegurar la muerte deseada sin riesgo para el autor” (sic); a continuación, destacó que de las declaraciones del testigo Erwin Melgar Villegas, se estableció que Jeremie Jonas, se encontraba en total indefensión, al estar desarmado, mientras el acusado se encontraba con un arma de fuego, concluyendo que el autor no dio lugar a que la víctima tenga la mínima posibilidad de defenderse o impedir el ataque con un arma de fuego, siendo desproporcional el medio utilizado.
Además, el Tribunal de alzada en el punto 1 del citado acápite III del Auto de Vista impugnado de casación, desarrolló también ampliamente la circunstancia relativa a los motivos fútiles o bajos, señalando que los cuerpos fueron colocados a la camioneta, los mismos que de conformidad a la sentencia (fs. 1663), fueron trasladados y echados presumiblemente a un curichi grande que está cerca del lugar de los hechos, por lo que el Tribunal de sentencia llegó al convencimiento de que el acusado es el autor intelectual y material de la muerte de Jeremie Bellanger y Fannie Blancho; concluyó aclarando: “que para la concurrencia del asesinato solo debe de concurrir alguna de las circunstancias reflejadas en el art. 252 del C.P.)” (sic); es decir, que del tenor literal del art. 252 del CP, se desprende que la calificación de la conducta del agente como Asesinato, es suficiente que concurra una de las siete circunstancias descritas, también es posible que concurran varias de las circunstancias citadas en la citada norma sustantiva, caso en el cual cualquiera de ellas puede considerarse para calificar una muerte como asesinato.
De lo expuesto, se establece que no es evidente la vulneración del principio de congruencia e incumplimiento del art. 398 del CPP, porque el Tribunal de apelación se pronunció de manera amplia sobre los presupuestos de alevosía o ensañamiento, estableciendo que es suficiente que concurra una de las circunstancias descritas en el art. 252 del CP, y siendo que en la Resolución recurrida además se determinó que concurrieron los presupuestos relativos a los motivos fútiles o bajos, resulta intrascendental pretender la anulación del Auto de Vista impugnado por este motivo, razón por lo que se establece que esta denuncia carece de fundamento.
Sobre la inexistencia de los cuerpos de las víctimas, tanto el Auto de Vista como la Sentencia, apoyados en la testifical de Erwin Melgar Villegas, es decir con respaldo probatorio, determinaron que los cuerpos fueron cargados a una camioneta negra marca CHEVROLET y trasladados a un curichi por el acusado acompañado de otras personas, justamente con la finalidad de que no puedan ser habidos, por lo que este reclamo también carece de fundamento.
Finalmente, respecto a la supuestas contradicciones alegadas por el recurrente en apelación, consistentes en que no se habría probado la violación agravada, pero se le condenó por el delito de Asesinato; y, que el testigo Erwin Melgar Villegas habría indicado que Jeremie estaba con una camisa a cuadros pero la testigo Oyuki Nishijara habría declarado que el nombrado se puso una polera; se evidencia que de igual forma fueron consideradas por el Auto de Vista en el numeral tres del acápite III, pues sobre la aparente primera contradicción, el Tribunal de alzada señaló que el Tribunal de Sentencia, asumió que el móvil principal para que se produzca el Asesinato fue ocultar la Violación agravada, sin embargo se determinó la absolución del imputado por este delito, ante la existencia de duda razonable y en aplicación del principio in dubio pro reo, no porque no hubiera prueba en contra del acusado, sino por la concurrencia de duda razonable, enfatizando que sobre el delito de Asesinato existe prueba plena; y, en cuanto a la polera o camisa, se observa que este extremo fue alegado por el recurrente a tiempo de denunciar la existencia del defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, respecto al cual el Tribunal de alzada concluyó que las pruebas fueron valoradas correctamente al haberse acreditado los siguientes extremos: a) El interés que tenía el imputado sobre Fannie; b) La conducción a la estancia en compañía del imputado; c) El desenlace final de los ciudadanos franceses, a tiempo de destacar que Jeremie ingresó a la estancia corriendo al oír los gritos de una mujer, que fue sacado a empujones por el imputado, quien impactó dos disparos, el último cuando la víctima estaba en el suelo, por lo que se concluye que esta denuncia también carece de fundamento.
Por lo expuesto, advirtiendo que el Tribunal de alzada se pronunció sobre cada uno de los puntos denunciados por el recurrente en su apelación restringida, sin incurrir en la incongruencia omisiva, menos en inobservancia del art. 398 del CPP; por ende, sin incurrir en los defectos denunciados por el recurrente, corresponde declarar infundado el recurso examinado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 de CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, cursante de fs. 1798 a 1803, interpuesto por Jaime Martínez Jiménez.

References: Resolución 
in dubio
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
in dubio