Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321310.html
Timestamp: 2019-04-24 18:09:19+00:00

Document:
as201321310
Auto Supremo: 310/2013
Sucre: 17 de junio 2013 Expediente: SC-32-13-S
Partes: Lino Caparicona Catunta c/ Loayza López Saucedo, Rosa Tauri Chávez y Johnny López Tauri
VISTOS: El recurso de Casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Loayza López Saucedo y Johnny López Chávez a fs. 254-257 y vlta., impugnando el Auto de Vista No. 29, de 24 de enero de 2013, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Cumplimiento de Contrato seguido por Lino Caparicona Catunta contra Loayza López Saucedo, Rosa Tauri Chávez y Johnny López Tauri, los antecedentes del proceso y:
Que, tramitada la causa, la Juez Noveno de Partido Civil y Comercial de la Capital Santa cruz, emitió la Sentencia No. 56/2010 de 5 de agosto de 2010, cursante de fojas 187 a 188, declarando PROBADA la demanda de fs. 6 a 8 interpuesta por el demandante, IMPROBADAS las demandas reconvencionales interpuestas por Rosa Tauri Chávez y Loayza López Saucedo en memoriales de fs. 16 a 17 y 19 a 20, condenándose a los demandados a que, a tercero día de la ejecutoria de la Sentencia, entreguen al demandante el inmueble que se describe, desocupado y con la documentación correspondiente, bajo apercibimiento de lanzamiento.
Recurrida la Sentencia mediante apelación por Loayza López Saucedo de fs. 193-195, y adhesión a la apelación de fs. 211-212 por Johnny López Chávez, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista No. 29, de 24 de enero de 2013, cursante a fojas 246 y vlta., CONFIRMA la Sentencia de 05 de agosto de 2010.
Resolución que dio lugar al recurso de casación, interpuesto por parte de Loayza López Saucedo y Johnny López Chávez, que se analiza.
Se plantea de manera conjunta lo que refiere como recurso de casación en el fondo y en la forma, señalando como: Punto I. 1.1. Errónea o aplicación indebida de la ley.- Falta de consideración de pruebas de cargo, aludiendo al art. 3 inc. 1) del CPC, en sentido del deber de los administradores de justicia que los procesos se lleven sin vicios de nulidad, de la misma forma el art. 4 inc. 4) al deber de exigir las pruebas que consideren necesarias, así también al art. 190 de la norma Adjetiva Civil que la Sentencia pondrá fin al litigio de primera instancia, además se señala al art. 192 de la misma norma en su inc. 2); sin embargo –refiere- solo se habría hecho valoración de la prueba de cargo que cursa de fs. 3 a 4, que no mencionaría y mucho menos haría valoración de las documentales de descargo de fs. 37 a 110, tampoco se haría valoración de las pruebas testificales de descargo de fs. 167 a 169, considera que no se ha procedido de manera imparcial ni objetiva, que les habría causado indefensión, violando la igualdad de las partes y el debido proceso.
1.2.- La excepción de impersonería planteada por el demandado Johnny López Chávez, no fuera considerada primera instancia ni en apelación, relatando su participación en la suscripción del documento de transferencia como mero formalismo en la anuencia y que el Juez a tiempo de pronunciar Sentencia no habría referido nada. Se hace interrogantes con relación a la no titularización del derecho propietario, y que no podía ordenarse el punto tres de la Sentencia, señalando que la demanda carecería de eficacia jurídica, pues para ello debiera estar legalmente consolidado, registrado en Derechos Reales y fuera de conocimiento del comprador ese aspecto, que previamente debía iniciar un proceso de Usucapión.
1.3.- Habría parcialización del Juez con el demandante, ya que habría suspensión de la audiencia de la confesión provocada y se habría suspendido y pese a la existencia de nueva solicitud, se habría rechazado la petición y clausurado el término de prueba, que pese a la insistencia se reiteraría el rechazo, y que según el art. 378 del CPC. le facultaría al Juez a ordenar de oficio prueba que juzgare necesaria y pertinente, que en su consideración hubiera aportado luces para dictar Sentencia, que con esto se le causaría indefensión, aclarando que la suspensión no fuera imputable ni a ellos ni al demandante sino del juzgador.
1.4.- El A quo no habría dado cumplimiento al art. 16 de la Ley de Organización Judicial y tampoco fuera observada por el de Alzada. No se habría cumplido con esta obligación llamar a audiencia de conciliación, esto fuera actuar de manera parcializada al demandante, provocado indefensión conllevando nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo.
II.- Nulidad de Obrados por falta de notificación al codemandado Johnny López Chávez. Que se haría notar el procedimiento erróneo aplicado por parte de los de instancia, refiriendo a la notificación de fs. 35, en la que se omitiría colocar la fecha, y de manera confusa dice “es decir el día”, y no se encontraría debidamente notificado con el Auto que traba la relación procesal, ignorándose desde cuando se computa el plazo para ratificar o proponer sus pruebas ni cuando concluye con respecto a su persona, y fuera causal de nulidad en sujeción a lo normado por el art. 90 del CPC., concordante con el 252 de la misma norma, y pide se anule obrados hasta el actuado que se señala, es decir fs. 35 a fin de una nueva notificación al considerar que es demandado.
Observa que habría error en la identidad del demandado Johnny López Chávez dirigiéndola contra Johnny López Tauri que pudiera tratarse de otra persona y pide se anule obrados hasta el vicio más antiguo.
III.- Inobservancia del procedimiento por parte del Tribunal de Alzada. Que habría confusión en los actuados de apelación y contestación existiendo mala foliación, y considera que existe infracción al procedimiento y debe anularse el proceso hasta el vicio más antiguo.
Que entre otras irregularidades estaría el hecho del apersonamiento y adhesión de Johnny López Chávez, que sin notificación se la respondería y esto fuera otra irregularidad del proceso. Confusión de fechas habría en la presentación de la respuesta a la adhesión, por otro lado habría intervención de otro profesional abogado sin la concurrencia del pase profesional que violaría al debido proceso conforme al art. 22 del Código de Abogacía y esto fuera una irregularidad insubsanable.
Que reiterando el memorial de fs. 224 y vlta, no tendría relación con el decreto de fecha 27 de abril de 2012, lo cual fuera demostrativo que el proceso se habría llevado de manera errónea e incorrecta.
Considera que el auto de vista no habría aplicado de manera correcta el ordenamiento jurídico y se habría valorado simplemente la documental de contrato de venta de un lote de terreno, y no otra fehaciente, no habría otra valoración, ni fundamentación con respecto a las pruebas de descargo.
Concluye con el petitorio confuso de casar en el fondo por violaciones a los arts. 253 inc. 1) y 3) del CPC., y en la forma por existir –dice- violación al inc. 4) del art. 254 de la misma norma, solicitando casar el Auto de Vista recurrido y anular hasta el vicio mas antiguo por causar indefensión, a efectos de que se ordene se dicte nueva Sentencia sin afectar y vulnerar procedimiento, guardando las formalidades.
La uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema como por el actual Tribunal Supremo de Justicia a través de sus reiterados fallos, señaló que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, el mismo que puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; cuando el recurso se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado también error "in procedendo", su finalidad es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas expresamente con nulidad por la ley; en tanto que el recurso de casación en el fondo o "error in judicando", procede por errores en la Resolución del fondo del litigio y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba.
En cada caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del adjetivo Civil respectivamente y cumplir de manera inexcusable el mandato del artículo 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y sobre todo especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Con ese antecedente en el caso que se analiza, de la verificación del recurso planteado como de nulidad o casación, sin digresión de la naturaleza de los dos recursos, tornando dificultoso su entendimiento, razón por la cual de principio correspondería por ese desorden declarar su improcedencia, este Tribunal Supremo en sujeción a los nuevos principios que rigen la administración de justicia, establecidos en el art. 180 p. II de la Constitución Política del Estado, considerará el recurso solamente en la forma, no encontrando argumento relacionado al fondo pese a su mención.
Dicho ello, en referencia a lo reclamado en el punto I.1.1.-, sin embargo que se reclamó errónea o aplicación indebida de la ley arribando al razonamiento de no aplicación de normas procedimentales, no se la sustenta debidamente, confundiendo argumentos relacionados a la prueba sin especificar la presunta no valoración de las mismas que habría causado indefensión.
De la misma forma en el punto 1.2., la denuncia que la excepción de impersonería no hubiera sido considerada por los jueces de instancia, señalar al recurrente Johnny López Chávez que al planteamiento hecho a fs. 14-15 de obrados –excepción de impersonería-, se le dio respuesta por Auto de fecha 22 de septiembre de 2009 cursante a fs. 32, notificándosele a fs. 35 no habiendo formulado recurso alguno contra la misma, de manera que no es posible reclamar que haya un nuevo pronunciamiento en Sentencia sobre el mismo tema. El contenido del referido Auto es meridianamente claro, sin embargo, si Johnny López Chávez no estaba de acuerdo con ese razonamiento, debió interponer el recurso legal que corresponda, sin embargo lo consintió y cualesquier reclamo resulta extemporáneo y precluido su derecho, careciendo de veracidad su reclamo. El seguido argumento de la presunta carencia de eficacia jurídica de la demanda no tiene vinculación alguna al planteamiento, siendo una confusión, lo evidente es que las partes firmaron un documento de trasferencia de un bien inmueble y al estar cancelado el precio del mismo, corresponde al vendedor cumplir con su parte del contrato.
Al punto señalado como 1.3 en que se denuncia la presunta parcialidad del Juez con el demandante, por el hecho de no señalar nueva audiencia para la recepción de la confesión judicial provocada, deben entender los recurrentes que a la reiteración hecha por el codemandado López Saucedo, a fs., 171 vlta., el Juez de la causa rechaza la solicitud en razón que la aplicación del art. 378 del CPC., fuera privativa del Juez, resolución con la que se notifica a los recurrentes a fs. 177, no habiendo efectuado cuestionamiento alguno, demostrando su conformidad, y dejando precluir cualesquier derecho que pudieran tener de reclamar contra ese fallo, en su lugar a fs. 181 Loayza López Saucedo presenta conclusiones de parte y el recurrente Johnny López guarda silencio, de manera que al no haber realizado cuestionamiento alguno con referencia al rechazo del Juez al señalamiento de nueva audiencia para la recepción de la confesión judicial provocada del demandante, es extemporáneo cualesquier reclamo que pudiera realizarse en casación, consiguientemente no se evidencia indefensión, careciendo por lo mismo de fundamento la acusación hecha en ese sentido.
Con relación a lo reclamado en el punto 1.4., en sentido de no haberse dado cumplimiento al art. 16 de la Ley de Organización Judicial, corresponde señalar que a fs. 179 de obrados corre acta de suspensión de audiencia de conciliación, aspecto que releva a este Tribunal de hacer consideraciones al respecto, no siendo evidente lo reclamado por los recurrentes.
En el punto signado como II, reclamando la presunta falta de notificación que corre a fs. 35, en la que no se colocaría el día y por lo mismo incertidumbre de no saber cuando empezaría a correr el plazo, habrá que señalar que a fs. 35 corre diligencia de notificación a Johnny López Chávez, con diversos actuados, entre ellos el Auto de fs. 34, de manera seguida aparece la diligencia que se corre con los mismos actuados al codemandado Loayza López Saucedo el miércoles siete de octubre de 2009 y a fs. 35 vlta. a la otra codemandada, de manera secuencial –con el advertido que el primero resulta ser hijo de los últimos-, habiendo las partes y propuesto consecuentemente sus pruebas, si el codemandado que pretende como no válida la notificación y consideraba afectado su derecho, bien podía reclamar oportunamente ese aspecto, pues con el ofrecimiento de prueba de las otras partes fue posteriormente notificado a fs. 154, sin formular reclamo alguno, lo que denota su aceptación o negligencia para ello, precluyendo una vez más cualesquier derecho que pudiera reclamar de manera extemporánea, no siendo pertinente el reclamo en casación, en esa consideración no es evidente que estuviera sancionado con nulidad por el art. 90 ni el 252 ambos del Código de Procedimiento Civil.
En referencia al presunto error que se hubiera cometido en la identidad del codemandado Johnny López en su apellido materno en alguna de las diligencias, no tiene trascendencia alguna, simple error de transcripción no restrictivo de derecho alguno, por lo que la petición de nulidad en razón de ello carece de sustento.
En el punto III, ante la presunta confusión de actuados y que el memorial de contestación a la apelación estuviera antes de la notificación, no reviste mayor trascendencia, y cuando refieren los recurrentes que hubiera infracción al procedimiento que merecería la anulación del proceso hasta el vicio mas antiguo, queda en la mera referencia sin respaldo alguno. Lo propio ocurre con la mención de que la contestación al memorial de adhesión a la apelación fuera una irregularidad, sin señalar cual fuera esa presunta irregularidad y cual la trascendencia del mismo en perjuicio de los recurrentes; y el presunto no cumplimiento del art. 22 del Código de Abogacía, escuetamente mencionar que el D.S. No. 100 de 29 de abril de 2009, abrogó el Decreto Ley No. 16793 de 19 de julio de 1979, de manera que su presunta “irregularidad insubsanable” no tiene sustento alguno, al reclamarse el incumplimiento de una norma abrogada.
Se advierte a los recurrentes a verificar de manera correcta los actuados del expediente para no ingresar en desatinos como el cambiar el tenor de los proveídos, como el que corre a fs. 225 que según ellos diría “adjuntados los edictos de prensa”, cuando de su lectura se verifica que señala “Adjúntese los edictos de prensa”, este Tribunal no puede estar abocado a revisar desaciertos de los recurrentes que en definitiva son impertinentes en el planteamiento de un recurso de casación.
Concluye con la confusa petición a la vez de referir los arts. 253 inc. 1) y 3), así como el art. 254 inc. 4) del CPC., solicitar que se case el Auto de Vista y se anule obrados hasta el vicio mas antiguo, a fin de que se dicte nueva Sentencia, cuando en los reclamos se hizo referencia a presuntas nulidades que comprendían antes de la Sentencia, resulta asimismo incoherente incluso la conclusión a la que arriba.
Con el análisis realizado y constatado que las presuntas vulneraciones denunciadas de manera deficiente no tienen sustento legal, corresponde fallar en sujeción a lo determinado por los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación (concretado por este Tribunal como en la forma) y en sujeción a lo previsto por los arts. 271 num. 1) y 272 de la misma norma legal, IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo por no haberse fundamentado de ninguna manera pese a su mención aspectos relacionados a la violación de la norma sustantiva o de la existencia de error de hecho o derecho en la valoración de la prueba. Ambos contenidos en el memorial de fs. 254 a 257 y vlta., presentado por Loayza López Saucedo y Johnny López Chávez contra el Auto de Vista No. 29, de 24 de enero de 2013 de fs. 246 y vlta. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 258
 resolución 
 artículo 42