Source: http://www.babelrepublicat.cat/es/espana-debe-obedecer/
Timestamp: 2019-11-19 18:36:53+00:00

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España está obligada a cumplir las recomendaciones de la ONU
El Supremo reconoce que España está obligada a cumplir las recomendaciones de la ONU.
El Alto Tribunal español crea jurisprudencia en una sentencia donde condena el estado por no haber cumplido las recomendaciones del Comité de la ONU para eliminar toda discriminación contra la mujer.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que el estado español tiene que aplicar las recomendaciones de la ONU. Le ha condenado a indemnizar con seiscientos mil euros a la madre de una niña de siete años asesinada por el padre, condenado por malos tratos durante una visita no vigilada. La mujer había presentado unas cincuenta denuncias para impedir estos encuentros, pero no lo consiguió. Ahora, el Supremo ha condenado al estado español por no hacer caso de una resolución del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujer.
Dicho comité dictó que España había violado derechos fundamentales de esta madre y de su hija, y pedía que la indemnizaran. También exigía que se abriera una investigación exhaustiva e imparcial para encontrar los errores administrativos que las dejaron desprotegidas. Pero el gobierno español respondió que los dictámenes de la ONU no eran vinculantes, de modo que no estaban obligados a acatarlos.
La sentencia va mucho más allá de este caso concreto.
El razonamiento jurídico que establece jurisprudencia y doctrina, explica conceptos básicos sobre la responsabilidad del estado español de cumplir las recomendaciones de los comités de las Naciones Unidas y más tratados del derecho internacional suscritos por España.
El Supremo recuerda que el artículo 96 de la Constitución española reconoce como parte del ordenamiento jurídico interno la normativa internacional que haya estado ratificada y publicada en el BOE. También recuerda que el artículo 10.2 dice que «las normas relativas a los derechos fundamentales se interpreten conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre ésta».
Así, la jurisprudencia creada por el Supremo afecta también diversos casos como la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, instando a España a respetar los derechos políticos de Jordi Sànchez y que Llarena no cumplió, manteniéndole en prisión para impedirle ser investido.
El texto dice que «se ha pedido al estado miembro [España] que tome todas las medidas necesarias para que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos de acuerdo con el artículo 25 del Convenio». En el mismo texto se indica que esta petición no implica ninguna decisión del comité sobre su caso sino que se trata de una petición cautelar una vez la ONU admitió a trámite la demanda de Sànchez.
Otro derecho que España tiene que cumplir según el artículo 10.2 de la Constitución Española es el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido varias veces por las Naciones Unidas. Hay dos textos fundamentales que el estado español ha firmado y que está obligado a aceptar. Principalmente, el capítulo primero de la carta fundacional de las Naciones Unidas:
«Los própositos de las Naciones Unidas són:
2. Desarrollar entre las naciones relaciones amistosas basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos de los pueblos y de su derecho a la libre determinación, y tomar todas las medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.»
Pero este texto fue muy desarrollado y matizado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, firmado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Dice:
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.»
Otro caso en el que el gobierno español ha hecho caso omiso a las recomendaciones de las Naciones Unidas es en las demandas del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias de la ONU. En el año 2013 hizo un informe donde pedía al gobierno español medidas concretas para encontrar e identificar las personas que están en fosas comunes franquistas.
Noticia original: Vilaweb (23-07-2018)
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References: resolución 
 artículo 96
 artículo 10
 resolución 
 artículo 25
 artículo 10