Source: http://www.notariosyregistradores.com/opositores/INFORMES/2012-febrero.htm
Timestamp: 2013-06-20 09:43:44+00:00

Document:
INFORME PARA OPOSITORES A NOTAR�AS Y REGISTROS. FEBRERO DE 2012.
FEBRERO � 2012
ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO (53).
SOCIEDAD GANANCIAL DISUELTA Y NO LIQUIDADA.
�Es posible embargar la cuota que sobre un bien concreto perteneciente a la disuelta y no liquidada sociedad de gananciales corresponda al c�nyuge deudor?
Para que el embargo sea anotable deber� referirse a la cuota global que corresponda al c�nyuge demandado sobre el patrimonio ganancial y no a bienes concretos.
1. Disuelta y no liquidada la sociedad conyugal, cada c�nyuge no tiene una cuota indivisa diferenciada en todos y cada uno de los bienes que la integran, y de la que puedan disponer separadamente, o que pueda ser embargada individualmente, sino que la participaci�n ganancial de cada c�nyuge se predica globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio �mbito de responsabilidad y con un r�gimen espec�fico de gesti�n, disposici�n y liquidaci�n, que presupone la actuaci�n conjunta de ambos c�nyuges o sus respectivos herederos.
2. Solamente cuando concluyan las operaciones liquidatorias esta cuota sobre el todo ceder� su lugar a las titularidades singulares y concretas que a cada uno de ellos se le adjudiquen en dichas operaciones.
3. El objeto del embargo cuando la traba se contrae a los derechos que puedan corresponder a un c�nyuge en bienes singulares carece de verdadera sustantividad jur�dica; no puede ser configurado como un aut�ntico objeto de derecho susceptible de una futura enajenaci�n judicial (cfr. Resoluci�n de 8 de julio de 1991), y por tanto, debe rechazarse su reflejo registral, conforme a lo previsto en los art�culos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria.
R. 16 enero de 2012. BOE 2 de febrero 2012
Cambio de criterio: El telefax es medio h�bil para notificar al Notario autorizante la calificaci�n negativa.
Se cuestiona la forma de notificar al Notario autorizante una calificaci�n negativa para entender cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Concretamente, el art�culo 59 de esta Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n dispone que las notificaciones �se practicar�n por cualquier medio que permita tener constancia de la recepci�n por el interesado o su representante, as� como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado�.
La incorrecci�n en la forma de notificaci�n afecta, entre otras cuestiones, como se ha visto en resoluciones anteriores, a la fijaci�n del �dies a quo� del c�mputo del plazo para la interposici�n del recurso �as� como en relaci�n con el inicio del plazo de pr�rroga del asiento de presentaci�n� (cfr. art�culo 323 de la Ley Hipotecaria).
La DGRN hab�a puesto de relieve reiteradamente que el telefax no es medio id�neo de notificaci�n de la calificaci�n negativa, por entender que, en v�a de principio, el mismo no comporta suficientes garant�as y porque el propio art�culo 322 de la Ley Hipotecaria establece que ser� v�lida la notificaci�n practicada por v�a telem�tica si �el interesado� lo hubiere manifestado as� al tiempo de la presentaci�n del t�tulo y queda constancia fehaciente (cfr., por todas, las Resoluciones de 28 y 30 de abril y 12 de septiembre de 2005, 12 de mayo, 19 de julio, 1 de octubre, 14 de noviembre y 1 de diciembre de 2007 y 28 de febrero de 2008, entre otras citadas en los �Vistos� de la presente).
Sin embargo, en la presente Resoluci�n cambia el criterio de acuerdo con la STS de 20 de septiembre de 2011, que interpreta el art. 322 LH y su remisi�n a los arts. 58 y 59'de la Ley 30/92. La argumentaci�n es la siguiente: cuando se sujeta la validez de la notificaci�n por medios telem�ticos al requisito de que el interesado hubiera manifestado su aceptaci�n al tiempo de la presentaci�n (y as� constara fehacientemente), se est� pensando en el interesado en el t�tulo (en el titular, en definitiva), que puede carecer de medios telem�ticos para la recepci�n de la notificaci�n, pero no en el Notario que, junto al Registrador, dispondr�n obligatoriamente de sistemas telem�ticos para la emisi�n, transmisi�n, comunicaci�n y recepci�n de informaci�n (art�culo 107 Ley 24/2001, de 27 de diciembre), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la notificaci�n�.
R. 2 de febrero 2012. BOE 20 de febrero 2012. CUENTAS ANUALES I
AUDITOR SOLICITADO POR LOS SOCIOS MINORITARIOS:
�Cabe el dep�sito de cuentas si no se acompa�a del informe del auditor solicitado por los socios minoritarios en las sociedades que no est�n obligadas a verificaci�n contable? NO. El cierre del Registro para el dep�sito de cuentas se produce desde el momento en el que consta la solicitud formulada por los socios minoritarios.
Es doctrina reiterada por la DGRN que no puede tenerse por efectuado el dep�sito de las cuentas anuales de una sociedad si no se presenta el correspondiente informe del auditor de cuentas cuando en las sociedades no obligadas a verificaci�n contable se hubiese solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral (art�culo 366.1.5.� del Reglamento del Registro Mercantil). En el caso examinado, la Sociedad hab�a recurrido la decisi�n del Registrador que declar� la procedencia del nombramiento solicitado por la minor�a, y alega que no puede impedirse el dep�sito de cuentas al no ser firme la decisi�n del Registrador por estar pendiente de la resoluci�n del recurso.
La DGRN no considera tal argumento determinante pues la solicitud de auditor�a ya se hab�a producido.
CONCLUSION: el cierre lo causa la solicitud salvo que se resuelva posteriormente que es improcedente, pero el recurso no deja en suspenso la solicitud admitida.
R. 15 de noviembre 2011 BOE 9 de febrero 2012. (54)
NO puede tenerse por efectuado el dep�sito de las cuentas anuales de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta del dep�sito de cuentas del ejercicio anterior (art�culo 366.1.5.� del Reglamento del Registro Mercantil).
R. 21 noviembre 2012. BOE 9 de febrero de 2012. (55)
NO cabe admitir el dep�sito de los documentos contables cuando sea obligatorio presentar el informe de gesti�n por estar obligada la sociedad a auditar sus cuentas, bien por haber alcanzado durante dos a�os consecutivos dos de los l�mites se�alados en el art�culo 257 de la Ley de Sociedades de Capital, bien por haber solicitado la auditor�a de cuentas del �ltimo ejercicio vencido los socios minoritarios, al amparo del derecho que les reconoce el art�culo 265.2 de la precitada Ley.
As� resulta del art�culo 279 de la Ley
de Sociedades de Capital que dispone, de manera taxativa, que �los administradores presentar�n tambi�n, si fuera obligatorio, el informe de gesti�n y el informe del auditor, cuando la sociedad est� obligada a auditor�a o �sta se hubiera acordado a petici�n de la minor�a�. Y, obviamente, el informe de auditor�a habr� de abarcar tambi�n el informe de gesti�n del �ltimo ejercicio econ�mico para su verificaci�n por el Auditor de cuentas.
R. 21 de noviembre 2012. BOE 9 de febrero 2012. (56)
IV HUELLA DIGITAL EN LA CERTIFICACI�N.
De acuerdo con Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptaci�n de la legislaci�n mercantil en materia contable para su armonizaci�n internacional con base en la normativa de la Uni�n Europea y, una vez vigentes el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007 y el Plan General de Contabilidad para PYMES, aprobado por Real Decreto 1515/2007, ambos de 16 de noviembre, el Ministerio de Justicia, con plena sujeci�n a dichas normas legales y reglamentarias, dict� la Orden de 28 de enero de 2009, aprobando los nuevos modelos de presentaci�n de cuentas anuales y estableciendo los medios t�cnicos precisos para facilitar su presentaci�n digital, entre ellos, la incorporaci�n de la huella digital a la certificaci�n del acuerdo del �rgano social competente con el fin de poder asociar dicha certificaci�n con las cuentas presentadas, en cumplimiento de la previsi�n del art�culo 366.1.�, 2.� y 3.� del Reglamento del Registro Mercantil relativos, tanto a la identificaci�n del �rgano social competente para certificar el acuerdo de la Junta general de aprobar las cuentas anuales, como a la identificaci�n de las mismas cuentas que se presentan para su dep�sito.
CONCLUSION: de acuerdo con la Orden
del Ministerio de Justicia de 28 de enero de 2009 es obligatoria la identificaci�n por medio de la huella digital de quienes emiten la certificaci�n acreditativa de la aprobaci�n de las cuentas anuales por la Junta general de la sociedad.
&nbsp;R. 2 de diciembre 2011 (7 resoluciones iguales y de igual fecha). BOE 2 de febrero de 2012.
DIVISI�N HORIZONTAL.
OBRA NUEVA EN CONSTRUCCI�N.
�Cabe escriturar e inscribir la divisi�n horizontal de una obra nueva en construcci�n? SI.
�Puede escriturarse e inscribirse la venta de una finca integrada en un edificio cuya obra nueva est� en construcci�n?
la DGRN: "No existe ninguna norma que exija la inscripci�n de la terminaci�n de obra para inscribir la propiedad horizontal. En este sentido, esta Direcci�n General (vid. Resoluciones citadas en el �Vistos�) ha declarado que la escritura de venta de una finca en construcci�n cuya terminaci�n �a la que se alude en la propia escritura de venta� no consta a�n registralmente puede otorgarse e inscribirse si bien haciendo constar en la escritura y en la nota de despacho las advertencias de falta de acreditaci�n de la terminaci�n, falta de seguro decenal y sus consecuencias. Tambi�n ha afirmado este centro Directivo (cfr. Resoluci�n de 10 de marzo de 2007) que, si bien s� deber� hacerse constar al pie del t�tulo el car�cter obligatorio de la constataci�n registral de la finalizaci�n de la obra, momento en el que proceder� la exigencia las garant�as correspondientes, siendo obligaci�n del registrador de la propiedad, por tanto, al inscribir la obra nueva en construcci�n, la de advertir sobre la futura exigencia de la prestaci�n del seguro en la inscripci�n de la declaraci�n de terminaci�n de obra, sin que se pueda prejuzgar al inscribir la obra nueva en construcci�n si va a haber o no dispensa de la prestaci�n de las garant�as, si se celebraren compraventas, hipotecas u otros negocios jur�dicos sobre inmuebles en construcci�n, notarios y registradores de la Propiedad advertir�n expresamente y har�n constar al pie del t�tulo, respectivamente, la circunstancia de no constar registralmente la finalizaci�n de obra ni la prestaci�n de las garant�as exigidas, por lo que la falta de constancia de la finalizaci�n de la obra no puede ser obst�culo para la inscripci�n de la propiedad horizontal". R. 24 de enero 2012. BOE 20 de febrero 2012.
HIPOTECA CAMBIARIA (78)
I. Ideas b�sicas sobre la hipoteca cambiar�a.
Es una hipoteca de seguridad constituida en garant�a de una obligaci�n cambiaria, en la que el acreedor queda identificado por el hecho de ser tenedor leg�timo de las letras de cambio. Es en la letra de cambio donde gravita la prueba y consistencia del cr�dito cambiario. El cr�dito garantizado es el derivado de la letra, no el causal, y la hipoteca se resiente de las vicisitudes de la cambial, de manera que ning�n cesionario de �sta puede fundarse en el contenido registral para hacer prevalecer su
derecho, que debe apoyarse exclusivamente en la literalidad de la letra misma: en cuanto a la existencia y vitalidad del cr�dito, los sucesivos endosatarios deber�n atenerse a lo que resulte de la cambial.
Por tanto, en este tipo de hipotecas, su accesoriedad respecto del cr�dito garantido es mucho mayor que en la hipoteca ordinaria, lo que determina que sea en la misma letra de cambio donde gravita, con sus formalidades y rigideces, la prueba y consistencia del cr�dito cambiario: el acreedor queda determinado y legitimado por la tenencia del t�tulo.
II. Relaci�n de todo lo dicho con el art�culo 82 LH.
La exigencia del art�culo 82 LH, que dispone que (ver R de 16 de abril de 2009) las inscripciones practicadas en virtud de escritura p�blica no se cancelar�n sino por sentencia firme contra la que no se halle pendiente recurso de casaci�n, o por escritura o documento aut�ntico en el que preste su consentimiento para la cancelaci�n la persona a cuyo favor se hubiera practicado la inscripci�n o sus causahabientes o representantes leg�timos, debe ser adaptada a la especialidad que presentan estas hipotecas, y, por tanto,
la cancelaci�n registral exigir� la recogida e inutilizaci�n de los t�tulos de que se trate. En este sentido el art�culo 211 del Reglamento Hipotecario determina que si la cancelaci�n se verifica por decisi�n o por providencia ejecutoria dictada en procedimiento ordinario o especial se har� constar la recogida e inutilizaci�n de los t�tulos de que se trate por testimonio del secretario que intervenga en el procedimiento respectivo (cfr. Resoluci�n de 25 de marzo de 1999), por cuanto son los mismos t�tulos cambiarios los que legitiman al acreedor.
III. Este Centro Directivo ha admitido la aplicaci�n anal�gica de la regulaci�n hipotecaria de las hipotecas en garant�a de t�tulos endosables o al portador (art�culos 154 a
156) en cuanto le sean aplicable, pues hay que reconocer que estos preceptos est�n preferentemente pensados para las hipotecas en garant�a de t�tulos-obligaciones, es decir, valores mobiliarios de masa o serie dirigidas u ofertados al p�blico, para captaci�n de fondos del p�blico que quedan generalmente sometidas a un r�gimen jur�dico espec�fico, no en garant�a de letras de cambio, como ha tenido ocasi�n esta Direcci�n General de diferenciar en la Resoluci�n
de 19 de junio de 2009.
No cabe la cancelaci�n de hipoteca cambiaria mediante resoluci�n judicial firme en procedimiento seguido SOLAMENTE contra el primer acreedor, lo cual no es suficiente. " En efecto, sigui�ndose el procedimiento solamente contra el primer acreedor, no puede cancelarse la hipoteca sin acreditarse la inutilizaci�n de los t�tulos cambiarios, pues tal cancelaci�n podr�a producir indefensi�n a los posteriores tenedores de los mismos, si los hubiere".
R. 2 de febrero 2012. BOE 20 de febrero 2012.
DOBLE TITULACI�N Y DOCUMENTO FEHACIENTE.
�Es t�tulo fehaciente h�bil a los efectos de la inmatriculaci�n el documento privado? NO.
La doble titulaci�n exigida para la inmatriculaci�n por t�tulo p�blico, el documento fehaciente que acredite la adquisici�n por el transmitente, NO puede ser un documento privado.
Hist�ricamente se entendi� que el documento que acreditaba la adquisici�n por el transmitente pod�a ser un documento privado cuya fecha fuera fehaciente, es decir, que hubiera de ser tenida por cierta, de conformidad con lo establecido en el art�culo 1227 del C�digo Civil.
del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001 entendi� que la fehaciencia requerida deb�a ser no s�lo de la fecha, sino tambi�n del contenido del documento, es decir, que deb�a tratarse de un documento p�blico.
CONCLUSION: documento privado no prueba fehacientemente por s� mismo la adquisici�n del derecho sobre la finca, pues, aun concurriendo cualquiera de las circunstancias previstas en el art�culo 1227 del C�digo Civil, s�lo acredita frente a terceros su fecha pero no la veracidad de su contenido.
R. 23 enero 2011. BOE 20 febrero 2012.
Obra nueva de edificaci�n antigua: constancia de situaci�n de fuera de ordenaci�n (58). Licencia de primera ocupaci�n
FUERA DE ORDENACION (interpretaciones del apartado b) del n�mero 4 del art�culo 20 de la Ley de Suelo).
1. La aportaci�n del acto administrativo declarativo de la situaci�n de fuera de ordenaci�n no es un requisito previo a la inscripci�n.
De las dos posibles interpretaciones del apartado b) del n�mero 4 del art�culo 20 de la Ley de Suelo, parece m�s acertado entender que la aportaci�n del acto administrativo mediante el cual se declare la situaci�n de fuera de ordenaci�n, con la delimitaci�n de su contenido, no es un requisito previo a la inscripci�n, sino que puede ser cumplido, en su caso, con posterioridad. No todos los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c) del n�mero 4 del art�culo 20 de la Ley
de Suelo son previos a la inscripci�n. S� lo es el expresado en el apartado a); y posterior a la inscripci�n es el expresado en el apartado c). El apartado b) puede ser cumplido con car�cter previo, si por ejemplo, se aporta junto con la certificaci�n del Ayuntamiento en la que conste la terminaci�n de la obra en fecha determinada, el acto administrativo en el que se declare la situaci�n de fuera de ordenaci�n, con la delimitaci�n de su contenido; y posterior puede ser en el caso de que la terminaci�n de la obra en fecha determinada se justifique por acta notarial, certificado de t�cnico competente o certificaci�n catastral. Y, por el contrario, no proceder� hacer constar la situaci�n de fuera de ordenaci�n, si la construcci�n, como se ha expresado no se encuentra fuera de ella, por ser conforme con el planeamiento.
2. Consideraciones sobre la categor�a de fuera de ordenaci�n.
Debe tenerse en cuenta que la norma contenida en el art�culo 137 del Texto Refundido de 1992, relativa a las construcciones fuera de ordenaci�n, fue declarada nula por la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, por lo que
la regulaci�n de las edificaciones fuera de ordenaci�n ha quedado reservada al �mbito competencial auton�mico, siendo diversa la regulaci�n auton�mica sobre esta cuesti�n. El nuevo art�culo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio admite ya de manera expresa �y resuelve de esta manera las dudas que con anterioridad pod�an haberse suscitado�, la inscripci�n en el Registro de aquellas escrituras de obra nuevas respecto de las cuales ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urban�stica que impliquen su demolici�n, por haber transcurrido los plazos de prescripci�n, en las que se manifestara, en la correspondiente certificaci�n del Ayuntamiento, que se encontraban fuera de ordenaci�n. Y contiene una norma imperativa en el sentido de que esta constancia registral de la situaci�n de fuera de ordenaci�n debe realizarse en virtud del acto administrativo mediante el cual se declare la situaci�n de fuera de ordenaci�n, con la delimitaci�n de su contenido.
Las obras sin licencia que, por transcurso del plazo de prescripci�n, no puedan ser objeto de demolici�n, pueden encontrarse en tres diferentes situaciones: a) aqu�llas que siendo l�citas, por no contravenir inicial ni posteriormente la ordenaci�n urban�stica, no est�n fuera de ordenaci�n, pueden acceder al Registro de esta forma indirecta, sin que se exprese que est�n fuera de ordenaci�n; b) otras, que siendo inicialmente il�citas no son demolidas, una vez transcurrido el plazo de ejercicio de la acci�n de disciplina, sin quedar incluidas de manera expresa en la categor�a de obras fuera de ordenaci�n (porque la Ley
auton�mica no las declara en tal estado), quedando gen�ricamente sujetas, seg�n
existente, a un r�gimen an�logo al de fuera de ordenaci�n; y c) las que siendo igualmente il�citas, la ley las incluye en alguna categor�a expresa de �fuera de ordenaci�n�.
II. COMPETENCIA ESTADO y CCAA.
1 Corresponde a las normas estatales los requisitos necesarios para la documentaci�n p�blica e inscripci�n registral de las declaraciones de obras nuevas y de obras antiguas, sin perjuicio de la remisi�n a autorizaciones o licencias que establezca la normativa auton�mica o a la prescripci�n, o no, de la infracci�n urban�stica seg�n la normativa auton�mica.
La misma STC 61/1997, de 20 de marzo (anul� buena parte del Texto Refundido de la Ley sobre R�gimen del Suelo y Ordenaci�n Urbana de 26 de junio de 1992) dejaba a salvo aquellos preceptos que, por regular materias que son competencia exclusiva del Estado, eran perfectamente conformes con la Constituci�n Espa�ola.
As� ocurri� con aquellas normas que se refer�an al Registro de la Propiedad (cfr. art�culo 149.1.8.� de la Constituci�n Espa�ola).
2, Corresponde a las Comunidades Aut�nomas determinar qu� clase de actos de naturaleza urban�stica est�n sometidos al requisito de la obtenci�n de la licencia previa, las limitaciones que �stas pueden imponer y las sanciones administrativas que debe conllevar la realizaci�n de tales actos sin la oportuna licencia o sin respetar los l�mites por �stas impuestos. Sin embargo, corresponde al Estado fijar en qu� casos debe acreditarse el otorgamiento de la oportuna licencia (o los requisitos para poder acceder al Registro de la Propiedad
las declaraciones de obras referentes a edificaciones consolidadas por su antig�edad), para que el acto en cuesti�n tenga acceso al Registro, siempre que la legislaci�n auton�mica aplicable exija la licencia para poder realizar legalmente el mismo, o la necesidad de determinaci�n por parte de la legislaci�n auton�mica del plazo de prescripci�n de la posible infracci�n urban�stica o, en su caso, su imprescriptibilidad (cfr. Resoluciones de 22 de abril de 2005 y 4 de mayo de 2011).
III APLICACION TEMPORAL DE LAS NORMAS PARA LA DOCUMENTACION P�BLICA Y LA INSCRIPCION.
A los efectos de la inscripci�n de obras nuevas antiguas ser�n exigibles los requisitos exigidos por las disposiciones que regulan los requisitos necesarios para su documentaci�n p�blica e inscripci�n registral, no las que regulan los controles administrativos sobre la forma en que se ha ejecutado la obra.
Por lo tanto, como ya afirm� este Centro directivo (RR 9 de enero de 2010 y 24 de marzo de 2011), las sucesivas redacciones legales en la materia ser�n de aplicaci�n a los documentos otorgados durante sus respectivos per�odos de vigencia, aunque las correspondientes obras se hayan ejecutado en un momento anterior.
Ahora bien, trat�ndose de escrituras autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de una determina norma de protecci�n de legalidad urban�stica, pero presentadas en el Registro de la Propiedad durante su vigencia, debe exigir el registrador su aplicaci�n, pues el objeto de su calificaci�n se extiende a los requisitos exigidos para la inscripci�n.
En consecuencia, en esto debe confirmarse la aplicaci�n de la norma del art�culo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en su redacci�n dada por el art�culo 24 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio), al presente supuesto de hecho, al estar presentada en el Registro con posterioridad a su inscripci�n, a pesar de que fuera autorizada en fecha en que no estaba vigente el actual apartado 4 del art�culo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
IV. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACI�N.
Es doctrina reiterada de la DGRN que deben diferencias en materia de obras nuevas aquellas exigencias legales dirigidas a proteger la legalidad urban�stica, de aquellas otras establecidas en inter�s de los usuarios de la edificaci�n (vgr. seguro decenal y libro del edificio).
La licencia de primera ocupaci�n se incluye entre los requisitos encaminados a proteger la legalidad urban�stica.
R. 17 de enero 2012 BOE 9 de febrero 2012
R. 21 de enero 2011. BOE 20 de febrero 2012.
PRINCIPIO DE ROGACION (59).
El principio de rogaci�n, seg�n el cual el registrador no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados, queda modalizado en el caso de los documentos judiciales, dadas las caracter�sticas de este tipo de documentaci�n. Dice
la DGRN: �� si bien, seg�n ha declarado reiteradamente este Centro Directivo, de conformidad con el principio de rogaci�n, el registrador no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (cfr. Resoluciones de 13 de enero de 1995, 17 de marzo y 19 de abril de 2004 y 20 de julio de 2006) �y en este caso no hay duda de que el asiento formalmente solicitado fue el de �anotaci�n��, sin embargo tal criterio queda
modalizado en el caso de los documentos judiciales, dadas las caracter�sticas de este tipo de documentaci�n, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador act�e de oficio, incluso a los efectos de su inscripci�n parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboraci�n con las autoridades judiciales (cfr. Resoluciones de 29 de mayo de 1987, 6 y 27 de abril de 2000 y 16 de enero de 2007).
En este mismo sentido ha afirmado este Centro Directivo (cfr. Resoluci�n de 20 de septiembre de 2005) que resulta indiferente que en la documentaci�n judicial presentada al Registro se utilice una terminolog�a que en t�rminos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa o carente de rigor y precisi�n siempre que quede claro cual es el contenido de transcendencia real de la correspondiente resoluci�n judicial, de forma que �la orden del juez ordenando la constancia registral de una determinada situaci�n jur�dico-real ha de entenderse de acuerdo con el contenido registral que se ordena, siendo indiferente que se utilice una terminolog�a, que en t�rminos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa�. Y en este sentido no habr�a de ser obst�culo insalvable para la pr�ctica en el presente caso de un asiento de �inscripci�n� respecto de la sentencia judicial declarando la nulidad de los acuerdos de aprobaci�n del Proyecto de Reparcelaci�n el hecho de que tanto en la sentencia, como en el auto de ejecuci�n y en el decreto de la Alcald�a dictado en cumplimiento de aquellos se utilice el t�rmino de �anotaci�n� en lugar del de �inscripci�n�.
Ahora bien, esta doctrina general cede en el caso concreto de las sentencias judiciales de anulaci�n de instrumentos de ordenaci�n urban�stica, de ejecuci�n, o de actos administrativos de intervenci�n a que se refiere el art�culo 51.1 de la Ley de Suelo, cuyo precepto debe ser interpretado conjuntamente con la norma contenida en el art�culo 71 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que lo desarrolla, y del que resulta que en el caso de las sentencias firmes aludidas el contenido del fallo puede estar referido a dos cuestiones distintas: bien a la mutaci�n de transcendencia jur�dico-real que afecte a la titularidad de las fincas, al contenido de los derechos inscritos o a la modificaci�n de la descripci�n de la finca, o bien, adem�s de lo anterior, a la determinaci�n de los asientos concretos que se hayan de practicar para reflejar el contenido material de la sentencia. En tal sentido el citado precepto reglamentario se�ala en su apartado 1 que la correspondiente sentencia firme �ser� t�tulo bastante para practicar los asientos dispuestos en ella�, a�adiendo su apartado 2 que en cuanto a la cancelaci�n de los asientos originados por los t�tulos inscritos y anulados se resolver� lo que proceda �en tr�mite de ejecuci�n de sentencia, previa citaci�n de los titulares afectados por la posible cancelaci�n�. Este marco normativo, en el �mbito citado, atribuye la determinaci�n de los concretos asientos que han de ser practicados al �rgano judicial llamado a resolver el correspondiente incidente de ejecuci�n de la sentencia de anulaci�n. Por ello, en este �mbito cuando de la propia sentencia no resulta la precisi�n de los asientos que ha de extender el registrador, es necesario complementar la sentencia en tr�mite de ejecuci�n. Y esto es lo que ha sucedido en el presente caso en el que la Sentencia del Tribunal Supremo 26 de julio de 2009 se limita a declarar la nulidad del Proyecto de Reparcelaci�n, siendo posteriormente en tr�mite de ejecuci�n cuando recae auto y providencia de 25 de marzo y 31 de mayo de 2001, respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia del Pa�s Vasco, en los que se ordena la �anotaci�n� de la reiterada sentencia del Tribunal Supremo, sin ordenar las inscripciones y cancelaciones interesadas en la instancia cuya calificaci�n negativa es objeto del presente recurso.
R. 18 de enero 2012. BOE 9 de febrero 2012
I. El objeto exclusivo del mismo es la calificaci�n reca�da a los efectos de suspender o denegar la pr�ctica del asiento solicitado.
Una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguarda de los Tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los Tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (art�culos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
R 20 de enero 2012. BOE 9 de febrero 2012.
R. 28 de enero 2012. BOE 20 de febrero 2012.
II. El recurso s�lo procede contra notas de calificaci�n -suspensivas o denegatorias-, no contra asientos ya practicados, ni tiene por objeto exigir una determinada calificaci�n.
R. 19 de enero 2012 BOE 9 de febrero 2012
III. Recurso gubernativo: desestimaci�n por silencio (52)
Desestimado el recurso gubernativo por silencio, el titulo no puede ser objeto de una nueva presentaci�n con obligaci�n por parte del registrador de emitir una nueva calificaci�n sobre el fondo del asunto debatido.
R. 14 de enero 2012. BOE 2 de febrero 2012
RECTIFICACION DEL REGISTRO. (59) SUPUESTO DE HECHO.
Inscrito en el Registro un Proyecto de Reparcelaci�n que motiv� la cancelaci�n de las fincas de origen y la creaci�n dos nuevas fincas registrales de resultado, el Tribunal Supremo anula el proyecto de reparcelaci�n inscrito.
Esta sentencia dio lugar a (un discutible) asiento de anotaci�n con fundamento en el art�culo 727, apartado 6.�, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que admite la pr�ctica de determinadas anotaciones registrales de medidas cautelares: �6. Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea �til para el buen fin de la ejecuci�n�, para lo que se requiere que la anotaci�n proteja un inter�s digno de protecci�n, que no sea contraria al sistema registral y que resulte �til para el aseguramiento de las resultas del procedimiento correspondiente, requisitos que el registrador entiende concurrentes en este caso. En base al mismo t�tulo que caus� la anotaci�n se solicita ahora que se practique un asiento de inscripci�n cancelando cuantas anotaciones e inscripciones hubiera dado lugar la mencionada Reparcelaci�n y cuantos asientos posteriores a la misma se hubiesen realizado sobre las fincas de origen y de resultado, y que sean contradictorias con la misma, practicando cuantas operaciones sean precisas para llevar a t�rmino la inscripci�n.
Se plantea la cuesti�n relativa a la eficacia de los asientos registrales y su rectificaci�n, cuestiones tratadas repetidamente por la DGRN.
RECTIFICACION DE ASIENTO REGISTRAL.
1. El recurso es el cauce legalmente previsto contra las calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando dicha calificaci�n, haya sido o no acertada, ha desembocado en la pr�ctica del asiento, �ste queda bajo la salvaguardia de los tribunales (art�culo 1 de la Ley Hipotecaria) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los t�rminos establecidos en la propia Ley. El art. 40 contempla los mecanismos para rectificar el contenido del Registro cuando es inexacto. 2. Por tanto, la rectificaci�n de los mismos exige, bien el consentimiento del titular registral (y de todos aquellos a los que el asiento atribuya a alg�n derecho), o la oportuna resoluci�n judicial reca�da en juicio declarativo entablada contra todos aqu�llos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda alg�n derecho. En definitiva, una vez practicado un asiento, �ste no puede ser modificado sin consentimiento del titular registral o resoluci�n judicial.
3. Por su parte, el procedimiento para rectificar los errores aparece minuciosamente regulado en la legislaci�n hipotecaria, y frente a la negativa del registrador o de alg�n interesado a atender la solicitud de rectificaci�n de los de concepto, si se entendiere que se ha incurrido en el mismo �lo que a la vista de las consideraciones anteriores no puede tomarse como conclusi�n pac�fica� habr� de acudirse al juicio ordinario correspondiente (cfr. art�culo 218), sin que pueda lograrse por la v�a del recurso.
4. Y si bien es cierto que este Centro Directivo ha admitido en diversas Resoluciones (10 de marzo y 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 26 noviembre de 1992, 10 de septiembre de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010 y 7 de marzo y 2 de diciembre de 2011)
la posibilidad de rectificar el contenido del Registro sin necesidad de acudir al procedimiento general de rectificaci�n del art�culo 40.d) de la Ley Hipotecaria, siempre que el hecho b�sico que desvirt�a el asiento err�neo sea probado de un modo absoluto con documento fehaciente, independiente por su naturaleza de la voluntad de los interesados, pues en tales casos bastar� para llevar a cabo la subsanaci�n tabular la mera petici�n de la parte interesada acompa�ada de los documentos que aclaren y acrediten el error padecido, sin embargo, es obvio que en el presente caso tal acreditaci�n fehaciente del error no se ha producido, toda vez que, como se ha se�alado, no resulta incontrovertido que el asiento a practicar sea el de inscripci�n.
�Es inscribible una sentencia que declara la nulidad de determinadas inscripciones, cuando con posterioridad a las mismas aparecen derechos inscritos y anotados, cuyos titulares registrales no han sido citados, ni han sido parte, en el procedimiento judicial en el que se declara la nulidad?
SI es inscribible.
�Dicha inscripci�n determina autom�ticamente la cancelaci�n de la hipoteca y de las anotaciones de embargo existentes con posterioridad a las inscripciones que ahora se anulan? NO.
Comentario a la segunda pregunta: a) las hipotecas y las anotaciones de embargo subsistir�n mientras no se declare su nulidad en procedimiento dirigido contra los acreedores, teniendo en cuenta que los acreedores est�n protegidos fe p�blica registral, principio proclamado en el art�culo 34 de la Ley Hipotecaria y que se extiende �seg�n el Tribunal Supremo� no s�lo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a las causas de nulidad del t�tulo del transferente no proclamadas por el Registro (v�ase Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2007).
b) Por tanto, la cancelaci�n del asiento de acreedor no podr� realizarse, a�n cuando procediese, sin su consentimiento o sin la oportuna resoluci�n dictada en juicio declarativo contra �l entablado (cfr. art�culos 1, 40, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria).
Comentario a la primera pregunta: el que no se puedan cancelar registralmente los asientos posteriores no impide, sin embargo, que pueda inscribirse la ejecutoria ordenando la cancelaci�n de las inscripciones de dominio declaradas nulas por la sentencia. En efecto, ning�n obst�culo registral se opone a la constataci�n registral de la declaraci�n de dominio contenida en la sentencia y la consiguiente cancelaci�n de la inscripci�n de dominio a favor de los demandados, dada la declaraci�n de nulidad de su t�tulo de adquisici�n.
El mismo criterio sostuvo este Centro directivo en materia de inscripci�n de tercer�as de dominio (cfr. Resoluci�n de 1 de marzo de 2001, entre otras).
R. 1 de febrero 2012. BOE 20 de febrero 2012.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR COMPENSACI�N DE CR�DITOS.
No es suficiente la referencia a los a�os para tener por cumplido el requisito de la constancia de la fecha cierta en que fueron contra�dos los cr�ditos.
En el expediente que aqu� ocupa resulta que tan s�lo se se�ala, en cuanto a la fecha de los pr�stamos, que los cr�ditos a compensar �a efectos pr�cticos, se refunden contablemente en uno solo, con la fecha de este informe�. Pero tampoco es suficiente esta expresi�n, ya que las palabras �a efectos pr�cticos� y �contablemente� que preceden a aqu�llas impiden que se pueda tener por cumplida el imperativo de declaraci�n terminante de sustituci�n de obligaci�n que para la novaci�n real de obligaciones impone el art�culo 1204 del C�digo Civil. Si s�lo se dice que la refundici�n es a efectos pr�cticos y contables, ning�n criterio hermen�utico de los recogidos en los art�culos 1281 y siguientes del C�digo Civil puede conducir a considerar un decidido y terminante animus novandi, exigido en cualquier supuesto de novaci�n.
La novaci�n de los cr�ditos y su refundici�n en uno solo �que tendr�a la fecha del informe� exigir�a que constara en la escritura expresamente la voluntad novatoria, que no se puede deducir de la mera manifestaci�n recogida en el informe que es a efectos limitados contables.
R. 19 de enero 2012. BOE 9 de febrero 2012
SUSTITUCI�N VULGAR (70).
PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE SUSTITUTOS Supuesto de hecho.
Se trata de una escritura de herencia en la que intervienen varios herederos testamentarios: unos son herederos directos, otros sustitutos vulgares de un heredero premuerto (sus descendientes).
La condici�n de sustitutos vulgares se acredita con el certificado de defunci�n del heredero premuerto y con los certificados de nacimiento de los sustitutos vulgares que acreditan su condici�n de descendientes.
�Es exigible que, adem�s de los documentos presentados que acreditan su condici�n de descendientes del heredero premuerto, presenten acta de notoriedad del art. 82 RH, o bien acta de notoriedad declaratoria de herederos o testamento de su causante premuerto? NO.
�Es exigible que se acredite mediante acta de notoriedad que no hay m�s descendientes que puedan ser sustitutos vulgares?
Sobre la primera pregunta, que es la que constituye el objeto inmediato del recurso:
La calificaci�n no exige a los sustitutos vulgares el acta declaratoria de herederos o testamento para acreditar qui�nes son los herederos del heredero premuerto, pues tal condici�n de heredero no es la exigida en la sustituci�n ordenada, que se refiere a los descendientes. Sin embargo, se est� exigiendo el testamento o la declaraci�n notarial de herederos como medio para determinar qui�nes son todos los descendientes del premuerto, es decir, para saber si est�n todos los que son. Por ello, junto a estos dos t�tulos sucesorios, tambi�n admite la calificaci�n el acta de notoriedad del art. 82 RH.
Fiel a este razonamiento, la calificaci�n no se exige tal prueba en el caso del otro heredero premuerto, en el que los sustitutos vulgares han presentado tambi�n el libro de familia. En este caso parece pesar en la calificaci�n la opini�n de que la unidad documental del Libro de familia garantiza que no se excluya ning�n descendiente de la sustituci�n.
En la realidad tampoco es as� pues, por ejemplo, una persona tiene a veces varios libros de familia consecuencia de diferentes uniones. O sea, que el Libro de Familia es una prueba m�s (y de hecho en las Notarias se pierde junto a los certificados para los declaratorios de herederos) pero no es una prueba infalible. Desde esta perspectiva, dicho sea de paso, m�s garant�as ofrecer� el Registro Civil dise�ado por la nueva regulaci�n.
La DGRN dice: "Conforme reiterada doctrina de este Centro Directivo, acreditada la muerte de una heredera mediante el certificado de defunci�n, que aparece unido a la escritura de partici�n, y que ocurri� con anterioridad a la de su hermana causante, pero con posterioridad al otorgamiento del testamento, no hace falta ninguna declaraci�n de herederos de tal heredera premuerta, pues entran directamente, por obra de la sustituci�n, a ser llamados a la herencia los sustitutos vulgares, que en este caso son sus descendientes, y, se�alados los mismos, no procede averiguaci�n ulterior sobre otros posibles sustitutos".
R. 27 de enero 2012. BOE 20 de febrero de 2012.
Ver Sentencia TUTELA (70)
.AUTORIZACI�N JUDICIAL PARA DISPONER.
Venta de un usufructo de la persona incapacitada: �se necesita autorizaci�n judicial para le venta? SI.
Dice la DGRN: "... cualquiera que sea el derecho y proporci�n que ostenta la tutelada sobre el bien inmueble objeto de la compraventa (que la recurrente identifica como un usufructo) es indudable que es un derecho real. Al respecto la previsi�n del art�culo 271.2 en relaci�n al 334.10 del C�digo Civil no deja lugar a dudas al sujetar a autorizaci�n judicial la enajenaci�n que de un derecho real del tutelado pretenda llevar a cabo el tutor...".
R. 27 de enero 2012. BOE 20 de febrero 2012.
Visita n� desde el 10 de julio de 2012

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto