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﻿ Sentencia SL3902-2015 de marzo 11 de 2015
SENTENCIA SL3902-2015 DE 11 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:EMPRESAS QUE SUSCRIBAN CONTRATOS DE CONCESIÓN DEBEN RESPONDER POR LAS ACREENCIAS LABORALES DE SUS EMPLEADOS. EL ARTÍCULO 7º DEL DECRETO 539 DE 2000, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA NACIÓN DE ASUMIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CONCESIÓN, NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE HAYA EXCLUIDO AL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES LABORALES PARA CON LOS TRABAJADORES DE CONCESIÓN, PUES POR UNA PARTE, LA ASUNCIÓN POR LA NACIÓN DE TALES OBLIGACIONES ES UNA GARANTÍA MÁS DE SALVAGUARDA PARA LOS TRABAJADORES DE SUS DERECHOS LABORALES, ORIGINADA EN LA CONTRATACIÓN FRAUDULENTA Y POR FUERA DE LOS PLAZOS DE LEY DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN EN PUNTO AL CONCEPTO DE LA BUENA FE QUE DEBE IMPERAR EN LAS RELACIONES LABORALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:REVISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON PREVIO AVISO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, ANTIGUEDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSA AJENA A LAS PARTES, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, RECONOCIMIENTO JUDICIAL DEL CONTRATO DE TRABAJO, TERMINACIÓN VERBAL DEL CONTRATO DE TRABAJO, CARTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL
Sentencia SL3902-2015 de marzo 11 de 2015
SL3902-2015
Rad. 38656
EXTRACTOS:« IX. Consideraciones
Más sin embargo, y como quiera que la proposición jurídica comprende otras disposiciones normativas que guardan estrecha relación con el tema expuesto, esto es, con la responsabilidad que tendría el IFI de asumir este tipo de obligaciones, y que ciertamente el Tribunal no aplicó, la Corte queda facultada para el estudio del ataque.
Los artículos 1º y 2º del Decreto 539 de 2000 acusados por infracción directa, establecen:
ART. 1º—Trasladase la función de administrar, comercializar, explorar y explotar las Salinas Marítimas y Terrestres de Colombia, bajo el régimen legal previsto en el Código de Minas, a la Empresa Nacional Minera Ltda., Minercol Ltda. o quien haga sus veces, con excepción de las Salinas Marítimas de Manaure, las cuales serán administradas, comercializadas y explotadas por la Sociedad Salinas de Manaure, SAMA, en los términos previstos en el Acuerdo de 1991 y en los Decretos-ley 1376 de 1994 y 1323 de 1995.
PAR.—La Empresa Nacional Minera Ltda.-Minercol Ltda. o quien haga sus veces asumirá las funciones descritas en el presente artículo a partir del 1° de enero del año 2001.
ART. 2°—El Instituto de Fomento Industrial-IFI, continuará transitoriamente con la administración y explotación de las Salinas Marítimas y Terrestres de Colombia en desarrollo del Contrato denominado Concesión Salinas con la Nación el 2 de abril de 1970, que en cumplimiento de la cláusula 26 del mismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2000.
Por su parte, el artículo 1º del Decreto 2803 de 2000, que modificó el 2 del Decreto 539 ibídem, estableció:
ART. 1º—El parágrafo del artículo 1° del Decreto 539 de 2000 quedará así:
PAR.—La Empresa Nacional Minera Ltda., Minercol Ltda. o quien haga sus veces asumirá las funciones descritas en el presente artículo a partir del 1° de enero del año 2002."
Entre tanto, el artículo 2º del Decreto 2883 de 2000, que modificó el artículo 2 del Decreto 539 de 2000, que a su vez había sido modificado por el artículo 2 del Decreto 2803 de 2000, dispuso:
El artículo 2° del Decreto 539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 2803 de 2000, quedará así: Artículo 2°. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, continuará transitoriamente con la administración, exploración, explotación y comercialización de las Salinas Marítimas y Terrestres de Colombia, en desarrollo del Contrato de Concesión Salinas del 2 de abril de 1970, prorrogado en cumplimiento de la cláusula veintiséis (26) del mismo, hasta tanto el Ministerio de Minas y Energía o a quien haya delegado o llegue a delegar, y para el caso de las Salinas de Manaure, la entidad u organización a quien se le otorgue el contrato de concesión, asuman las funciones de administrar, explorar, explotar y comercializar, las salinas correspondientes, de conformidad con la Ley 685 de 2001, Código de Minas.
La lectura de estos artículos no permite afirmar, como lo hace la recurrente, que el IFI no tuviera a su cargo las obligaciones laborales derivadas de los contratos de trabajo que suscribió la demandante con las empresas de servicios temporales entre el 27 de marzo de 1995 y el 12 de mayo de 2000, para prestar servicios al IFI - Concesión Salinas, supuestos fácticos que no se discuten dada la vía directa del cargo, pues de conformidad con las normas acusadas, a cargo del mencionado Instituto estaba la administración y explotación de las Salinas Marítimas y Terrestres de Colombia, en desarrollo del Contrato denominado Concesión Salinas, puesto que para la fecha en la que se produjo la desvinculación de la accionante, esto es, 12 de mayo de 2000, el IFI aún era el encargado de administrar la mencionada concesión, porque de conformidad con el último de los decretos referidos, esta responsabilidad la tendría «hasta tanto el Ministerio de Minas y Energía o a quien haya delegado o llegue a delegar, y para el caso de las Salinas de Manaure, la entidad u organización a quien se le otorgue el contrato de concesión, asuman las funciones de administrar, explorar, explotar y comercializar, las salinas correspondientes.»
De manera que si el Tribunal hubiese acudido a esta normativa para resolver la instancia, su decisión no hubiera tomado otro giro, pues de las mismas es posible concluir que al IFI le asistía responsabilidad frente a las obligaciones laborales de la demandante.
Y en cuanto al artículo 7º del Decreto 539 de 2000, que establece la obligación de la Nación de asumir las obligaciones derivadas del contrato Concesión Salinas suscrito entre la Nación y el IFI, no significa necesariamente que haya excluido a este último de sus obligaciones laborales para con los trabajadores de dicha concesión, pues por una parte, la asunción por la Nación de tales obligaciones, es una garantía más de salvaguarda para los trabajadores de sus derechos laborales, máxime cuando la condena que se impartió en contra del IFI, se derivó, en lo esencial, en la contratación fraudulenta y por fuera de los plazos de ley de los trabajadores en misión que el Tribunal encontró demostrada en el asunto bajo examen, que hace que la usuaria sea considerada como verdadera empleadora de los referidos trabajadores. Y como verdadera empleadora, es lógico que sea ella quien deba inicialmente responder por las obligaciones laborales derivadas de esa condición.
Por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, acusa la sentencia del Tribunal de haber violado los artículos 1 del Decreto 797 de 1949; 19 y 55 del C.S.T.; 769 del Código Civil; 467, 468, 469 y 470 del C.S.T.; 51 del Decreto 2127 de 1945; 1, 8 y 11 de la Ley 6ª de 1945; 3 de la Ley 64 de 1946; 2 de la Ley 15 de 1969; 50 de la Ley 1042 de 1978; 71, 76, 77 y 79 de la Ley 50 de 1990; artículos 1, 2 y 7 del Decreto 539 de 2000; 1 del Decreto 2803 de 2000; y 1 del Decreto 2883 de 2001.
Endilga al Ad quem la comisión de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo que el IFI, obró de mala fe al no pagar al actor la indemnización por despido, y demás prestaciones a que fue condenado.
2. No dar por demostrado estándolo que el IFI no fue el empleador directo del actor, pues este fue contratado por empresa de servicio temporal.
3. No dar por demostrado, estándolo, que la solidaridad en el pago de indemnización por despido y prestaciones no proviene de la ley sino de interpretaron (sic) jurisprudencial, desconocida por el IFI, lo que no constituye mala fe del demandado.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el IFI, creyó de buena fe y tuvo razones atendibles para no pagar los derechos laborales del actor, pues estas obligaciones estaban a cargo de la empresa de servicios temporales, según la Ley 50 de 1990.
5. No dar por demostrado, estándolo, que el IFI no está obligado a pagar obligaciones de la concesión salinas, pues estás están a cargo de la Nación.
Como pruebas erróneamente apreciadas mencionó la carta de terminación de contrato por la empresa de servicios temporales MYG Ltda., la Convención Colectiva de Trabajo entre el IFI y sus trabajadores y el contrato celebrado entre el IFI y la empresa de servicios temporales Suministro de Trabajadores en Comisión MYG Ltda.
Dijo que el ad quem había hecho un extenso análisis sobre la ausencia de buena fe del IFI, pero que había omitido referirse a que las obligaciones laborales están a cargo de la Nación con base en el artículo 7º del Decreto 539 de 2000 que lo exoneraba de lo que llamó “salarios caídos”, buena fe que salta a la vista pues si no tenía obligaciones laborales menos podía actuar de mala fe porque además el IFI tenía un contrato de prestación de servicios laborales con la empresa de Servicios Temporales, es decir, creía de buena fe que estaba cubriendo todas las obligaciones.
Por último expresó que «La solidaridad no está contemplada en la Ley, sino en una interpretación jurisprudencial, que respeto, pero que permite también deducir la buena fe del demandado, que está obligado a conocer la ley, pero no está obligado a conocer la jurisprudencia.»
Los argumentos del replicante hacen relación no solo con que no se atacó el soporte principal de la sentencia porque el deber del casacionista es desequilibrar todos los argumentos del Juez ad quem que lo fueron los artículos 83 de la Carta Política, 57 del CST y 769 del Código Civil que no fueron citados en la demanda, sino también porque, además deben demostrase las razones de esa violación. Para desvirtuar la argumentación acerca de la buena fe, plantea que esta no es una presunción automática, que por el solo hecho de existir un contrato de trabajo en misión, no la desvirtúa pues la empresa se debió dedicar a probar su necesidad, su conveniencia y su procedencia y no lo hizo.
De la extensa disertación que hizo el tribunal en punto al concepto de la buena fe que debe imperar en las relaciones laborales, surge con meridiana claridad que el único y verdadero sustento para fulminar la condena por indemnización moratoria es de estirpe jurídica, puesto que una vez se posó en el caso bajo examen, consideró que no podía presumirse la buena fe de la demandada al utilizar otra forma de contratación distinta a la laboral, en tanto la que utilizó lo hizo para disfrazar la verdadera forma de la que se iba a ejecutar, y de antemano se actuó en contravía al ir más allá de circunstancias particulares que señala la ley para esa clase de contratos. (Folio 29 del cuaderno de segunda instancia).
Agregó el Tribunal que no aparecía prueba demostrativa que la conducta de la demandada hubiera estado ungida de buena fe, puesto que en su contra pesaba el conocimiento de la ley laboral y que no se podía utilizar una forma de contratación con fines distintos a los que de manera concreta establece la ley, tal y como aparece probado que esta modalidad contractual la utilizó la accionada con fines de ocultamiento de la verdadera relación laboral y los reales sujetos de la misma.
Y terminó diciendo que resultaba evidente la mala fe cuando se utiliza alguna forma de contratación que establece la ley diferente al contrato de trabajo, precisamente para ocultar el verdadero empleador con fines contrarios al ordenamiento jurídico y para evadir el pago de prestaciones sociales.
No se refirió a ninguna prueba en concreto para concluir que la demandada actuó de mala fe, pues este aserto lo extrajo de consideraciones jurídicas relacionadas con la forma de contratación de la demandante en calidad de trabajadora en misión, superando el término máximo previsto en la ley laboral en dicha condición, contratos que en esas condiciones resultan ser contrarios a la normativa legal sobre la materia.
Por esta razón puede afirmarse que el ataque debió orientarse por la senda directa, pues en verdad el Ad quem no hizo ninguna apreciación probatoria sobre la carta de terminación del contrato de trabajo por parte de la empresa de servicios temporales MYG Ltda., sobre la convención colectiva de trabajo entre el IFI y sus trabajadores, ni respecto del contrato celebrado entre el IFI y la empresa de servicios temporales Suministro de Trabajadores en Comisión MYG Ltda., como lo afirma la censura cuando denuncia la errónea valoración de estos medios de prueba.
Las costas en el recurso extraordinario correrán por cuenta de la parte recurrente, pues se presentó réplica a la demanda. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 15 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario de BLANCA NUBIA PEDRAZA TUTA en contra de LA NACIÓN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO –FUSIONADO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO; FUERZA TEMPORAL LTDA.; SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN COMISIÓN M Y G. LTDA.; e INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL “IFI” EN LIQUIDACIÓN.

References: ARTÍCULO 7
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