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Timestamp: 2020-07-03 13:52:44+00:00

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﻿ ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LATINOAMÉRICA: SU IMPORTANCIA EN LA ELECCIÓN DE LAS SEDES ARBITRALES Y LOS ELEMENTOS MÁS RELEVANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE EN SU REGULACIÓN
CONTENIDO:SE PRESENTA UN ESTUDIO SOBRE EL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LATINOAMÉRICA, DESDE UN ENFOQUE NORMATIVO BUSCANDO PONER DE PRESENTE CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE DICHOS CENTROS Y LOS BENEFICIOS JURÍDICOS QUE OFRECEN A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO, EN EL CUAL SE EXPONEN SUS DEFICIENCIAS Y SE PROPONEN SOLUCIONES, SIRVIENDO DE GUÍA PARA QUIENES LOS UTILIZAN.
TÍTULO:ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LATINOAMÉRICA: SU IMPORTANCIA EN LA ELECCIÓN DE LAS SEDES ARBITRALES Y LOS ELEMENTOS MÁS RELEVANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE EN SU REGULACIÓN
AUTOR:VÁSQUEZ PALMA, MARÍA FERNANDA
TEMAS GENÉRICOS:ARBITRAJE INSTITUCIONALARBITRAJE AD HOCESTADORÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEJUICIO ARBITRAL
REVISTA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE N°:16, ENE.-JUN./2012, PÁGS. 97-187
Arbitraje institucional en Latinoamérica: su importancia en la elección de las sedes arbitrales y los elementos más relevantes que deben considerarse en su regulación(1)
Revista Nº 16 Ene.-Jun. 2012
por María Fernanda Vásquez Palma
1. Ideas introductorias
La institución arbitral presenta diferentes modalidades, tipologías y/o categorías, dependiendo de la perspectiva o foco de atención que se preste al efecto. De manera general, el arbitraje comercial podrá ser: interno o internacional; nacional o extranjero; de derecho, equidad o mixto; y ad hoc o institucional(2), en el presente trabajo nos detendremos en este último.
Como punto de partida debemos enfatizar que este artículo se aparta de una preocupación doctrinal recurrente, como es la defensa del arbitraje institucional vs. arbitraje ad hoc, en tanto consideramos que ambos tipos arbitrales presentan prerrogativas e inconvenientes, dependiendo del lente con que se observe y las peculiares necesidades del caso(3). De hecho, si bien el arbitraje institucional goza de múltiples adeptos(4), también es efectivo que el arbitraje ad hoc siga siendo utilizado no sólo para solucionar conflictos de escasa entidad o envergadura, sino también en grandes contenciosos internacionales(5), lo que se aprecia con claridad en materia de inversiones(6).
Nuestro objetivo se centra en realizar un estudio del arbitraje institucional en Latinoamérica desde un enfoque comparado, con miras a develar su estado actual. Para ello, partimos de la base de que los centros arbitrales mayoritariamente elegidos por las partes para administrar arbitrajes comerciales internacionales no se encuentran en Latinoamérica(7), lo que nos fuerza a preguntarnos por las razones que aquí subyacen. La respuesta necesariamente debe enfrentar variados problemas muy ligados a la elección de las sedes arbitrales(8), pues las partes podrán tener en consideración a la institución arbitral de un determinado lugar al decidir acudir a dicho Estado, o bien, la propia institución como administradora de este(9).
Por dicha razón, si un Estado pretende convertirse en una sede atractiva de arbitraje(10) —como lo han declarado ya varios países latinoamericanos al promulgar sus nuevas leyes de arbitraje— es recomendable que posean uno o más centros arbitrales “profesionales” que estén en condiciones de prestar estos servicios de la forma más eficiente posible(11). No en vano, los principales arbitrajes comerciales internacionales se realizan en Nueva York, Londres y París a partir del protagonismo de instituciones consolidadas en el panorama internacional como la Asociación Americana de Arbitraje —en adelante, AAA—; la Corte Londinense de Arbitraje Internacional y la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París(12), respectivamente.
El abanico de criterios que deben considerarse en este campo es amplio —por ejemplo: la seriedad de la institución, su especialización, grado de profesionalidad, reputación, prestigio, lugar en que se sitúa y su regulación normativa—. En el presente estudio nos ocuparemos del aspecto normativo, analizando el estado en que se encuentra esta materia en las instituciones de Latinoamérica, tanto desde una perspectiva externa —norma estatal—, como interna —norma institucional—. Constataremos que no todos los países ofrecen un abrigo legal que resguarde la manera de constituir y funcionar de estos centros, y no todos los reglamentos internos de estas instituciones se han actualizado de acuerdo a los avances armonizadores que cruzan la institución arbitral.
A estos efectos, realizaremos fundamentalmente un análisis comparado de los centros más relevantes en Latinoamérica. Asimismo, emplearemos el método analítico y sintético, para revisar cada uno de los elementos que conforman el arbitraje institucional, en particular en nuestra región. Concluiremos con el método hermenéutico y la aplicación de la lógica jurídica para profundizar en cada uno de los problemas y soluciones propuestas.
Este ejercicio nos parece crucial y absolutamente necesario considerando el crecimiento y/o maduración que la institución arbitral ha tomado en la región en estos últimos años, y la común aspiración que une a estos y otros países en cuanto a convertirse en una sede arbitral internacional de relevancia. En este sentido, el resultado de este estudio pretende convertirse en una guía que puede considerar el legislador en sus orientaciones en la materia, así como los centros arbitrales que actualmente funcionan o que pretendan funcionar en el futuro con éxito para las partes que deciden escoger uno de estos centros.
El presente artículo se desglosa en cuatro puntos: el primero, parte por configurar y delimitar aspectos básicos del arbitraje institucional, en la búsqueda de un contexto global imprescindible; el segundo, trata la constitución de la institución arbitral y su necesario abrigo legal; el tercero, analiza la normativa interna de estos centros, con especial detención de sus reglamentos, y el cuarto, estudia las principales funciones que debe cumplir un centro arbitral, observándolas desde su temporalidad en relación al proceso arbitral. Concluiremos con algunas reflexiones derivadas de este análisis.
2. Aspectos generales del arbitraje institucional
2.1. Rasgos definitorios y operatividad
El arbitraje institucional constituye una modalidad de arbitraje caracterizada por la intervención de una institución especializada a la que las partes voluntariamente acuden encomendando la realización de una serie de funciones administrativas relacionadas con el arbitraje(13). Estas actividades podrían resumirse en las funciones de apoyo e intermediación necesarias para llevar un arbitraje con éxito.
El impulso de la evolución de este tipo arbitral fue otorgado por el arbitraje internacional donde el fenómeno fue creciente como consecuencia de la carencia de tribunales trasnacionales y el aumento de la demanda de estos servicios. A estos efectos, se establecieron tempranamente varios centros internacionales que alcanzaron un enorme prestigio, tales como: la Corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional —en adelante, CCI—, creada en 1923; la AAA, fundada en 1926; la London Court of Arbitración —LSA—, creada en 1892; la Associazione Italiana per L’arbitrato —AIA—; el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial —en adelante, Ciadi—; entre otros. Esta apertura incentivó la creación de muchos otros centros, tanto para conflictos domésticos como internacionales —ver anexo 1—.
Entre los rasgos definitorios de este tipo de arbitraje se encuentra la elaboración, por parte de estas instituciones, de sus propias normas de procedimiento o la remisión a otras como las del Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional —Cnudmi/Uncitral—(14). La voluntad de las partes constituye la piedra angular en la legitimación de su actuación, pues serán estas las que voluntariamente decidan acudir a una de estas instituciones, hecho que unido a la aceptación de la institución generará un vínculo obligacional entre ambas con los consiguientes efectos asociados.
En la práctica, para que funcione correctamente esta modalidad, la institución ha de ser sólida y disponer de los medios necesarios para llevar a cabo su actividad, en este sentido debemos considerar que no es lo mismo la pura entidad designadora de un árbitro, que una institución administradora, pues a esta se le encomienda una función tutelar en todas las fases del procedimiento arbitral. Por ello se ha de enfatizar el hecho de que la institución debe estar especializada en la prestación de servicios arbitrales y contar con los medios personales y materiales adecuados, pues de lo contrario existirán mayores probabilidades de que el arbitraje, por ella administrado, fracase o sea ineficaz(15).
La importancia del arbitraje institucional podría resumirse en la labor apoyo desarrollada por el Centro a lo largo del proceso arbitral, e incluso antes, mediante la designación de los árbitros. De hecho, una de las características que se enaltecen doctrinalmente, es precisamente la intervención previa a la del árbitro, de un centro arbitral permanente que lleve a cabo los actos necesarios para que pueda llegarse a producir, de forma eficaz, la intervención de este último, así como el esclarecimiento del proceso arbitral por medio de la existencia de normas de procedimiento cada vez más completas que despejan toda duda sobre la actuación de los árbitros y colaboran eficazmente con la marcha y éxito del arbitraje. Debido a ello, la asistencia suministrada por estas instituciones se convierte en un equivalente de la realizada por el juez estatal en el arbitraje ad hoc, con relación a sus funciones de apoyo y control(16).
Adicionalmente, se prevé un factor de seguridad, pues a diferencia del arbitraje ad hoc, que debe ser normalmente diseñado íntegramente por las partes, aumentando las posibilidades de que estas no logren ponerse de acuerdo sobre una serie de materias y/o se generen vacíos o serias discrepancias que impidan avanzar, en el arbitraje institucional el órgano administrador se encargará de suplir las posibles diferencias que pudieran presentarse entre las partes por medio de un reglamento o cuerpo normativo, tomando en consideración la voluntad de aquellas. Si bien ello no es obligatorio, se presenta como un plus añadido al arbitraje institucional, de manera que es francamente difícil que, escogiendo las partes este tipo de arbitraje, no se acojan al reglamento institucional correspondiente(17).
La operatividad práctica puede resumirse sucintamente en la siguiente forma: una vez que las partes designan al centro —por la confianza que este les merezca— quedan obligadas a aceptar la competencia de este y a proceder de la forma prevista en su reglamento, siempre que no hubieren expresado reservas o modificaciones para el proceso concreto. El centro debe ser notificado de su designación y, para triangular la relación, habrá que esperar —en muchos casos— su aceptación del encargo(18). A partir de este momento, tendrá competencia para intervenir cuando cualquiera de las partes se lo solicite. Constituye un principio crucial advertir que esta institución no puede excusarse de servir de centro arbitral de manera discrecional, en tanto se entiende que realiza una oferta permanente y amplia de sus servicios y asume un rol profesional, lo que impide que pueda rechazar el encargo si las partes no cumplen los requisitos establecidos a estos efectos. Derivado de la actuación del centro arbitral, se provocará necesariamente el surgimiento de relaciones nuevas en el arbitraje: de este con el árbitro y de este con las partes, las que serán de mayor o menor complejidad dependiendo del tipo de atribuciones que se le hayan encomendado y asumido en definitiva.
2.2. Delimitación del arbitraje institucional: revisión de los criterios diferenciadores respecto del arbitraje ad hoc
Si bien se suele plantear como criterio distintivo entre ambos la forma reglada o convencional de designar y constituir al árbitro o tribunal arbitral y de dar inicio y continuidad a la intervención procedimental de este último, esta no puede subrayarse como su gran nota diferenciadora. En efecto, esta cualidad no sólo tiende a simplificar la realidad sino que es también falaz, toda vez que podría ocurrir que las partes nombren al árbitro y establezcan el procedimiento arbitral en el arbitraje institucional, en base al principio de autonomía de la voluntad(19), del mismo modo como en el arbitraje libre o ad hoc el árbitro pueda ser nombrado por un centro arbitral o las partes acogerse a un determinado reglamento para llevar a cabo el proceso arbitral sin necesidad de que en ninguno de estos casos se esté optando por un arbitraje institucional(20).
Por dicha razón, existe consenso en que la distinción entre ambos reside en el encargo administrativo del arbitraje que se confía a un centro arbitral de acuerdo con su reglamento, ya que sólo en este caso se tratará de un arbitraje institucional(21). De este modo, lo más relevante como elemento diferenciador son los requisitos y consecuencias jurídicas que subyacen en un arbitraje institucional, lo que se traduce necesariamente en la existencia de un reglamento y la administración del arbitraje como una realidad jurídica autónoma(22). Este cometido podrá efectuarse tanto de manera expresa como tácita, este último se entiende por medio de la remisión in totum a un reglamento institucional, puesto que, en caso contrario, es decir, si sólo se encarga a este centro la designación del árbitro, se tratará en verdad de un arbitraje ad hoc con designación indirecta de árbitro. En este sentido, la administración del arbitraje se entiende como un elemento accesorio en el arbitraje, pero deviene en un elemento esencial en el arbitraje institucional según veremos más adelante.
3. Constitución de la institución arbitral: del necesario abrigo legal para constituir centros arbitrales
3.1. ¿Por qué el Estado puede y debe intervenir en estas materias?
Algunas legislaciones arbitrales han planteando requisitos básicos para que un centro arbitral funcione en su territorio. En tal sentido, suele distinguirse entre requisitos constitutivos y funcionales de los centros. En el primer caso, por ejemplo, es frecuente que se exija que la institución detente la calidad de una determinada persona jurídica y que en sus estatutos señale, entre otras declaraciones, la posibilidad de administrar un arbitraje y designar árbitros(23). Adicionalmente, pueden contemplar un organismo de control que verifique el cumplimiento del estándar constitutivo y operacional, con el objeto de constatar que reúne ciertos requerimientos básicos.
El fundamento que subyace a esta exigencia parte de la base de que estos centros arbitrales no se constituyen ad hoc para cada arbitraje, sino que tienen un carácter permanente(24). Por otra parte, se ocupan de una materia que involucra algunos aspectos de derecho público, en tanto todo arbitraje tiene como finalidad administrar justicia, y el centro tiene como misión apoyar la conducción de este. Tal habitualidad implica que en el desarrollo de su actividad pueda exigírseles una profesionalidad y sobre todo un conocimiento del derecho adjetivo aplicable al arbitraje, y que su propia normativa interna sea coherente con estos. A ello se suma el hecho de que el centro arbitral asume ciertos deberes y obligaciones con las partes —sus clientes—, en relación a su labor administrativa, la que frecuentemente se centra en cerciorarse sobre la viabilidad del arbitraje, supervisar los acuerdos de las partes en materia de arbitraje y la actuación del árbitro en todo aquello que haga referencia a las formas o al procedimiento —verificando su adecuación a las normas reguladoras del arbitraje institucional—, de manera que ejerce un cierto control tanto del instrumento, como de la actuación arbitral. Lo anterior enlaza con la afirmación que una de las consecuencias más acusadas en la distinción del arbitraje ad hoc y el institucional, trasunta necesariamente en la asunción de la responsabilidad frente a las partes, ya que en el caso del arbitraje institucional, el centro debiera asumir tanto la responsabilidad derivada de los actos propios como la generada por los actos de los árbitros, siempre que esta no tenga el carácter de personal(25).
Ahora bien, constituyendo la independencia uno de los pilares esenciales de todo el edificio arbitral, su fomento dependerá en gran medida de aquellas instituciones en cuyo seno se desarrolla(26). En este contexto, debemos preguntarnos por la imparcialidad que debiera reunir el Centro y sus directivos en su labor, y específicamente, qué ocurrirá si sus miembros —directivos, ejecutivos, etc.— son nombrados como árbitros de una determinada causa que administre la institución, si han participado como asesores o negociadores de alguna de las partes del litigio, más aún, si una de las partes del arbitraje puede ser miembro de dicha institución(27). Se trata de materias delicadas cuya ocurrencia podría ser prevista por la legislación respectiva, señalando algunas soluciones, por ejemplo, podría plantearse que la institución deba poner en conocimiento de las partes esta situación dentro un plazo determinado para que estas determinen si perseverarán o no con la administración de dicho centro. Por otra parte, es recomendable que se propicie una sana competencia entre estos centros, para no dar una idea monopólica sobre su conformación(28). La pluralidad apuntada puede incluir la realización de acciones que tienden a reforzar objetivos comunes de dos o más instituciones arbitrales, el mejoramiento de sus cuerpos normativos o la elaboración de determinados códigos de ética arbitral(29), como también los acuerdos entablados entre una institución arbitral consolidada con uno que inicia su actividad, o los mecanismos de fusión de centros o la armonización de estos(30). De este modo, el Estado tendrá un rol relevante en el éxito del arbitraje institucional, en tanto vele por una constitución y actuación adecuada de estos centros.
Por otra parte, un sector importante de la doctrina de derecho comparado estima prudente y necesaria la existencia de un órgano de control, que tenga la facultad de revisión y archivo de los expedientes constitutivos de estos centros de arbitraje, y de esta manera, ser ellos garantistas y guardianes del cabal reconocimiento de los derechos constitucionales que deben existir en todo proceso arbitral(31). Aun a falta de estos órganos, no puede predicarse que la institución tenga total inmunidad ya que quedarán abiertos los mecanismos existentes en la generalidad de las leyes para depurar la responsabilidad civil por daños y perjuicios que cause la gestión y la administración del arbitraje, sea contractual, extracontractual, e incluso penal si hay lugar a ella(32).
Asimismo, el poder estatal podría intervenir cuando el reglamento coloque a las partes en una situación de indefensión en lo que concierne a la constitución del tribunal arbitral o la organización del procedimiento(33). En tal sentido, debemos comprender que la institución arbitral se convierte en una verdadera empresa de servicios, las partes son su clientela y acuden a ella con el objeto de recibir una mayor estabilidad y eficiencia en el desarrollo del procedimiento arbitral, lo que conlleva que deban ser tenidas muy en cuenta las diferentes normativas nacionales relativas a la protección del consumidor(34).
3.2. De la realidad latinoamericana
En América Latina existe una amplia libertad a la hora de constituir este tipo de instituciones(35), de hecho sólo algunas plantean requisitos legales mínimos a estos efectos(36). Así, por ejemplo, en Panamá se sigue un sistema gubernativo donde es al Ministerio de Justicia a quien le corresponde autorizar el funcionamiento de estos centros —art. 4.º, LA Panamá—; en Honduras, la ley atribuye directamente la facultad de crear centros de arbitrajes a ciertas instituciones como “Las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las asociaciones de carácter gremial y las instituciones de educación superior” —art. 81, LA Honduras—. En el caso de Brasil, la Ley 9.307 de 1996, se limita a admitir la remisión en la cláusula arbitral conforme a las reglas de “un órgano arbitral institucional o entidad especializada” —art. 5.º—, a permitir a las partes elegir a los árbitros como precisan las referidas reglas —art. 13. 3.º— y a proveer su sustitución conforme a estas —art. 16.1—. En la República Dominicana, se faculta a las cámaras de comercio de la República a establecer en sus respectivas jurisdicciones un consejo de conciliación y arbitraje que actúa como amigable componedor o árbitro para conocer controversias entre los miembros de la cámara o entre uno de la cámara y otro que no es miembro. En Bolivia, la LA 1770 de 1997 dedica el artículo 88 a la posibilidad de constituir, desarrollar y administrar centros de conciliación institucional manteniendo los programas y actividades de los establecidos con anterioridad a su entrada en vigor. Aunque no se refiere expresamente a los centros de arbitraje, respecto de los cuales no es especialmente explícita si tenemos en cuenta que el artículo 19. II determina que “Las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a entidades o asociaciones especializadas por medio de centros de arbitrajes, de acuerdo con los reglamentos de dichas instituciones”. Al efecto, el artículo 15, al establecer la imparcialidad y las responsabilidades de los árbitros, se limita a afirmar en el apartado IV que “La aceptación del arbitraje hecha por una institución especializada la obliga a administrar el procedimiento con sujeción a lo pactado por las partes, lo establecido en el reglamento institucional o lo prescrito en la presente ley”. En caso de incumplimiento “la parte perjudicada tendrá acción contra la institución en la medida que resulte imputable”. Asimismo, al determinarse el procedimiento el artículo 39 permite a las partes someterse a las reglas de arbitraje establecidas por la institución administradora de este.
En Colombia la realidad cambia, en tanto los centros de arbitraje son instituciones adscritas a una entidad promotora que debe solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia la autorización de la creación del centro, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por dicho ministerio. El artículo 116 LA Colombia concibe el arbitraje institucional como aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje. Compete al Ministerio del Interior y de Justicia, de conformidad a lo establecido en los artículos 91 y 113 de la Ley 446 de 1998, 10 y 11 de la Ley 640 de 2001, autorizar la creación de centros de conciliación y arbitraje a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, entidades públicas y consultorios jurídicos de facultades de derecho. Mediante el Decreto 2618 del 2000 se generó la Dirección de Centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición con funciones y competencias sobre los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición, y luego bajo la Resolución 745 del 2001, se propició un código único de identificación de estos centros. Por último, la Resolución 18 del 2003, del Ministerio de Justicia y del Derecho, implantó los requisitos para la creación de este tipo de centros, correspondiendo al ministerio determinar la metodología para la autorización de estos(37).
En Costa Rica, el artículo 71 de su LA autoriza la constitución y organización de entidades dedicadas a la administración institucional de procesos de mediación, conciliación o arbitraje, a título oneroso o gratuito. Este artículo dispone que estas entidades requieren la autorización previa del Ministerio de Justicia, salvo si están autorizadas por ley especial. El Decreto 27166-J de 1998, desarrolla estas disposiciones distinguiendo entre “entidades” y “centros” dedicados a la resolución alterna de conflictos. Las primeras son aquellas que se dedican habitualmente, y no en forma ad hoc, a desarrollar a favor de sus usuarios, procesos de mediación, conciliación, arbitraje y otras técnicas similares, a título gratuito u oneroso, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley y el reglamento —art. 3.º—; los segundos cumplen esta misma función, pero deben formar parte o pertenecer a personas jurídicas a las cuales se atribuya la responsabilidad sobre su funcionamiento y el cumplimiento de los mandatos de la ley y su reglamento —art. 4.º—(38).
En Ecuador impera la libertad para crear centros de arbitraje manteniendo la obligación de inscribirse en un registro especial que tiene a su cargo la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador —art. 39, LA—. Dicha obligación se extiende a los centros creados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Entre los requisitos establecidos se encuentran: el centro debe estar promovido por una cámara de la producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, el centro deberá contar con una sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo a los juicios de los árbitros y para dar capacitación a los árbitros, secretarios y mediadores; cada centro tendrá su propio reglamento en el que deben figurar una serie de extremos detallados en el artículo 40. Si la administración comprueba que el centro ha incumplido alguno de los requisitos mencionados, procederá a la cancelación del registro y le prohibirá desempeñar funciones de administración del arbitraje.
En Perú, la LA establece expresamente que las partes pueden encomendar a una institución arbitral —persona jurídica— la organización y desarrollo del arbitraje. Gran parte de las instituciones creadas en el país han surgido para atender a sectores específicos, centrándose en los temas que por especialidad conocen. Otras han sido creadas para atender a sectores específicos en los que el Estado tiene un interés en que sea el arbitraje el mecanismo que solucione dichas controversias(39).
Para la LA venezolana el arbitraje puede ser institucional o independiente, entendiendo por el primero el que se realiza por medio de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta ley, o los que fueren creados por otras leyes. A este efecto, prescribe que “Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen con medios de solución de controversias, podrán organizar sus centros de arbitraje. Los centros creados ante la vigilancia de esta ley podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma” —art. 11—. El contenido de los reglamentos de arbitraje que deben elaborar estos centros se regulan en los artículos 12 y 13. Entre los requisitos exigidos se encuentran: una sede permanente; un reglamento que regule todo lo relativo al procedimiento arbitral; un director y una lista de árbitros con un número superior a veinte. Se ha considerado aconsejable la creación de un órgano de control que tenga la facultad de revisión y archivo de los expedientes constitutivos de estos centros de arbitraje, de manera que ellos puedan ser garantistas y también los guardianes del cabal reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales que deben existir en todo proceso arbitral(40).
Si bien Chile contempla en su LA la posibilidad de acudir al arbitraje institucional, su normativa no plantea ningún requisito para la constitución y/o funcionamiento de estos centros. En efecto, el artículo 2º a) de la Ley en cita dispone: “Para los efectos de esta ley: a) arbitraje significa cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo”. Luego el artículo 11, a propósito del nombramiento de árbitros prescribe que: “Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes: ... c. Un tercero, incluida una institución, no cumpla una función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al Presidente de la Corte de Apelaciones correspondiente al lugar donde deba seguirse el arbitraje que adopte la medida necesaria, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo”.
3.3. Centros arbitrales de relevancia en América Latina —anexo 2—
A principios de los años noventa, principalmente por la necesidad de modernizar los sistemas judiciales, constituirse en sedes arbitrales y/o proporcionar la seguridad jurídica requerida por los inversionistas extranjeros, se inició una reactivación de los denominados centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio existentes en América Latina, siendo pioneras en este camino las cámaras de comercio de Bogotá, México, Lima y Santiago(41). En menos de una década los centros de la región, afiliados principalmente a cámaras de comercio, experimentaron un proceso de consolidación, modernización y estandarización que abrió el camino para transformarse en proveedores naturales de servicios de resolución de controversias para el empresariado latinoamericano(42).
Entre los distintos centros de arbitraje encontramos los siguientes: en Argentina está el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires(43), cuyo reglamento data de 1963 con el establecimiento de árbitros permanentes que actúan como amigables componedores; dicho reglamento rige su organización y procedimiento y ha sido objeto de variadas reformas, la más profunda de las cuales fue aprobada por la Inspección General de Justicia mediante la Resolución 52 de 1993 formándose la lista de árbitros con miembros de la Bolsa de Comercio. Por su parte, la solución de controversias que surgen en el comercio de granos y productos agropecuarios se ha desarrollado en Argentina por el cauce del arbitraje institucional siendo pionera la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario(44), cuyo origen data de 1899. Otros centros relevantes son el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Córdoba(45) y la Bolsa de Cereales y Cámara de Cereales de Córdoba que actúa como tribunal arbitral. También algunos colegios de abogados cuentan con tribunales arbitrales, así como organizaciones privadas, esto ocurre con el Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje, una institución que fue constituida con el concurso de relevantes despachos de abogados de Buenos Aires en 1988.
En Bolivia destaca el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Servicios e Industria de Santa Cruz —Cainco— creado en 1993 con el propósito de ofrecer a la comunidad empresarial y jurídica del país un sistema de resolución de conflictos. Ha desempeñado un importante rol en la aplicación y administración del arbitraje, estudio e investigación en dicho país(46). Otras instituciones son: el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cochabamba —Cadeco— de 1994(47), y el Centro de Arbitraje de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia(48).
En Brasil existe el Conselho Nacional das Instituições e Arbitragem —Conima—(49)cuya misión es agrupar y representar a las entidades de mediación y arbitraje, supervisando la calidad y la credibilidad de su actuación en la administración de los MASC, señalando el cumplimiento de sus normas reglamentarias y éticas. A su lado está la Confederación Brasileira das Instituições de Mediación y Arbitragen —Cobrimar—(50)del 2003. Además de estos, se encuentran la Cámara de Arbitraje Empresarial —Camarb— creada en 1998(51); la Cámara de Arbitraje de Minas Gerais, Centro de Conciliación y Arbitraje Cámara de Comercio Argentino-Brasileño de Sao Paulo, creado en 1997(52); la Cámara de Arbitraje empresarial de Brasil —Camatb— del 2000(53); el Centro Brasileño de Mediación y Arbitraje instituido en el 2003 o el Tribunal Internacional de Justicia Arbitral de Brasil —Triab— fundado en junio del 2005(54).
En Chile se encuentran el Centro de Arbitraje y Mediación(55) de la Cámara de Comercio de Santiago, creado en 1993, que es sin lugar a dudas el más relevante. Está dirigido por un consejo integrado por destacadas personalidades del mundo empresarial, legal y académico; constituye además, la Sección Chilena de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial —CIAC— manteniendo una estrecha colaboración con la Cámara de Comercio Internacional con sede en París(56). Por su parte, la Cámara Chileno-Norteamericano de Comercio —AmCham—, fundada en Valparaíso en 1918 con la misión de promover el libre comercio y la inversión entre EE. UU. y Chile, junto a otras 22 cámaras de comercio binacionales, se ha asociado con la Cámara de Comercio de Santiago para establecer un centro de arbitraje internacional único en Chile para resolver disputas comerciales internacionales(57). Otras entidades chilenas son los centros de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, la Producción y el Turismo de Valparaíso, que data de 1995, con una clara vocación hacia el sector marítimo, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción —CEAM BIO BIO—(58). Un centro independiente de las cámaras de comercio lo constituye el Centro Nacional de Arbitraje(59).
Colombia, tiene más de 100 centros de arbitraje. La Cámara de Comercio de Bogotá fue la primera entidad colombiana en responder a la necesidad de desarrollar una cultura de resolución amistosa de los conflictos mercantiles, al crear el primer centro de arbitraje y conciliación —CAC— en 1983, cuyo reglamento interno fue aprobado por el Ministerio del Interior y Justicia el 18 de enero del 2007(60), lo mismo que su reglamento de procedimiento. La Cámara de Comercio de Cartagena también cuenta con un centro de arbitraje y conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en 1992(61). Otras entidades que desarrollan funciones de administración de arbitraje son el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín(62), el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali(63) y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla(64).
En Ecuador existe el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de 1992, cuyo objeto es contribuir a la solución de conflictos mediante la organización, gestión, realización, desarrollo e institucionalización de la negociación, la conciliación o mediación, el arbitraje y otros mecanismos de resolución de conflictos(65). Por su parte, también se encuentran la Cámara de Comercio de Quito, que con el apoyo del Banco Mundial estableció su Centro de Arbitraje y Mediación —CAM— en 1997, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana establecida en el 2000, en el contexto de la promoción del comercio y la inversión bilateral entre Ecuador y EE.UU. y al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Cuenca(66).
En México existen muchas instituciones arbitrales. Resultan de obligada referencia el Centro de Arbitraje de México —CAM— que es una institución privada especializada en la prestación de servicios de administración de procedimientos de arbitraje comercial privado que surge en 1997 para llenar un vacío en México: el de la solución de controversias nacionales por la vía del arbitraje administrado(67). A la fecha ha administrado un importante número de arbitrajes internacionales teniendo normalmente como sede arbitral la ciudad de México. También se destaca el Centro de Mediación y de Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México —Canaco—(68)del 2001, que puede participar en arbitrajes internacionales en que intervengan partes con residencia en países que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Por su parte, en Paraguay existe el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay —CAMP—(69)como servicio especializado de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay. Se trata de una entidad privada sin fines de lucro, constituida para promover en forma institucionalizada la aplicación de los MASC.
Perú cuenta con una gran demanda de arbitrajes, entre sus centros se encuentran el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima —Ccani—(70), que cuenta con un detallado estatuto y que desde 1993 ha recibido más de un millar de solicitudes de arbitraje. También está el Centro de la Cámara de Comercio Americana —Amcham Perú—(71), que comenzó su andadura en 1999 y publica una revista electrónica titulada “Laudo”. Otras entidades son: Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú(72), Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, Centro de Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado —Consucode—, Centro de Arbitraje y Conciliación del Perú —Cearco—, Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio y Producción de Piura(73).
Uruguay cuenta con el Centro de Conciliación y Arbitraje, Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur de la Bolsa de Comercio(74) creado con el objetivo de favorecer las relaciones comerciales y la inversión en el país.
Venezuela, por su parte, tiene al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas desde 1989(75); luego, la Cámara de Comercio reactivó su Centro de Arbitraje y nombró una comisión con el fin de reformar el reglamento del centro de arbitraje adatándolo a la nueva ley. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria —Venemcham— y el Centro Venezolano Americano —CVA—, crearon el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje en el año 2001.
Centroamérica cuenta con diversas instituciones, así en Costa Rica existe el Centro de Conciliación y Arbitraje —CCA—, institución creada por la Cámara de Comercio de Costa Rica para administrar procesos de conciliación y arbitraje(76), que cuenta con independencia técnica de la Cámara de Comercio. También se encuentra el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio(77) que posee un Código de ética arbitral. El Salvador cuenta con el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador(78). Honduras tiene el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en San Pedro Sula(79). Nicaragua tiene el Centro de Mediación y Arbitraje “Antonio Leiva Pérez”. Guatemala posee el Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Guatemala, creado en enero de 1994 por la Cámara de Comercio.
4. Régimen jurídico aplicable a los arbitrajes institucionales
4.1. Normativas que rigen a los centros arbitrales y su naturaleza jurídica
Los centros arbitrales disponen, por regla general, de dos tipos de normas: sus estatutos y el reglamento arbitral, al que podría adicionarse un tercero como es el código de conducta del árbitro en el caso de algunas instituciones arbitrales(80). Los estatutos corresponden a la normativa orgánica que establece la estructura interna de estos órganos, quiénes la componen, la adopción de acuerdos y funciones encomendadas, entre otros, lo que obliga sólo a los miembros de la entidad respectiva y no a las partes, incluso si el propio reglamento hace referencia a otras normas internas, aquellas no pueden considerarse obligatorias para las partes, ni para el árbitro, salvo aceptación expresa de estas(81); el reglamento, en cambio, tiene un carácter funcional dirigido fundamentalmente al establecimiento del procedimiento a seguir en el desempeño de las funciones encomendadas. Ambas estructuras son imprescindibles para el adecuado funcionamiento del centro, por ello suelen estar publicadas con el objeto de lograr su correcta difusión en el público y futuros usuarios en general —por ejemplo, sitio web de la institución—.
Centrándonos en el reglamento de la institución arbitral, conviene precisar que se trata de un conjunto de normas privadas que tienden a desarrollar el procedimiento arbitral que debe llevarse a cabo en el caso de optar por el centro en cuestión. Estas normas no pueden ser discordantes con la normativa legal, sino más bien desarrollarla o llenar lagunas legales secumdum lege. Dado que se trata de reglas particulares, requieren de un acto de voluntad de las partes que desean someterse a él, ya sea expreso o tácito, por ello se configura como un conjunto de normas con eficacia interpartes que sólo desplegará sus efectos respecto del centro arbitral y de quienes se sometan a su competencia —partes y árbitros—, de acuerdo a lo previsto en la citada normativa. En cuanto a su contenido, el reglamento normalmente regula las cargas y/o obligaciones de las partes, el árbitro, y las potestades del centro arbitral, los posibles perjuicios y la necesidad de resarcirlos por medio de la asunción de las responsabilidades respectivas.
En relación a la naturaleza jurídica de esta norma, se ha entendido al reglamento como una especie de oferta permanente erga hommes y/o un contrato de adhesión que las partes aceptan desde que estipulan atribuirle competencia al centro, en el caso de que se hubiere requerido su intervención(82); como consecuencia de ello, el Centro no podría rechazar la administración encomendada a su arbitrio(83). El panorama comparado registra notables diferencias entre los reglamentos de arbitraje de las principales instituciones arbitrales(84), no obstante se siguen ciertos denominadores comunes como son: mínimo formalismo del convenio arbitral, amplio respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y máxima protección del laudo arbitral.
Sobre este punto, debemos considerar que las instituciones arbitrales más destacadas a nivel mundial han procedido a modificar sus reglamentos con una predisposición hacia la armonización, promoviendo el efectivo control institucional sobre el arbitraje, acelerar el procedimiento arbitral, enfatizar la autonomía de la voluntad de las partes y reconocer el carácter transnacional del arbitraje internacional(85).
4.2. El Reglamento y su contenido
Cada una de las instituciones arbitrales redacta sus propios reglamentos de arbitraje para determinar, en forma más o menos detallada el procedimiento de arbitraje, el establecimiento del tribunal arbitral, la recusación de árbitros, la sustitución de un árbitro, la presentación de los alegatos de las partes, las pruebas, las audiencias, la toma de decisiones por el tribunal, la forma y notificación de los laudos. En esta labor, es frecuente que el centro de arbitraje decida tomar como referencia un reglamento ya elaborado que haya demostrado su eficiencia, en tal caso, puede adoptarlo en su totalidad o parcialmente de acuerdo a sus necesidades.
Entre los rasgos esenciales de esta construcción se puede afirmar que los reglamentos no debieran incluir reglas excesivas(86), a fin de dejar las cuestiones sustanciales a la decisión de los árbitros tomando en consideración el caso, sus circunstancias y las expectativas de las partes. Esta tendencia a limitar el fureur réglementaire no excluye la necesidad de fijar ciertos límites a las posibles actuaciones discrecionales por parte de los árbitros(87), como serían los principios esenciales del procedimiento arbitral —igualdad, audiencia y contradicción—. Los reglamentos de arbitraje regirán la controversia a menos que una de sus normas entre en conflicto con una disposición de derecho imperativo que las partes no pueden derogar. En todo caso, este es un tema en el cual las instituciones de arbitraje han adoptado posiciones diferentes, en tanto sólo algunas disposiciones reglamentarias consideran expresamente su posible modificación por las partes(88).
Igualmente, podrían establecerse algunas normas reglamentarias que puedan asumirse como parte del acuerdo arbitral, en defecto de una voluntad expresa, con el consiguiente valor añadido. Por seguridad jurídica el centro arbitral debiera tener un único reglamento aplicable a todos los arbitrajes que pueda administrar, con independencia de que exista una pluralidad de procedimientos en función de la materia, cuantía u otra variable. Asimismo, tal reglamento debiera permanecer inmutable para las partes que a él se han sometido, de manera que los cambios que pudiera realizarle por el centro con posterioridad, no afecten en modo alguno a las partes que se encuentran operando bajo dicha normativa.
4.3. Tendencias en la materia y la situación de Latinoamérica
Los centros latinoamericanos suelen tomar como referentes los modelos de reglamento(89) de instituciones de amplio y reconocido prestigio(90). A modo de ejemplo, el reglamento de la CCI inspira en buena medida al Reglamento del CAM de México, pero al mismo tiempo, se ha aprovechado la ocasión para hacerlos más acordes con las modernas tendencias, insistiendo en algunos elementos relevantes: el desarrollo de las audiencias preliminares, el acortamiento de los límites de plazo en el procedimiento y la cuestión de las medidas cautelares(91).
En general, estos reglamentos están concebidos para la administración del arbitraje interno, en ellos se observan diferencias relevantes: ciertos centros imponen la sede arbitral a las partes de manera que esta se corresponda con el lugar en que la institución funciona; otros han sido especialmente cuidadosos en calificar la relación que se forma con las partes(92), mientras que instituciones, como el centro de Bolivia Cainco, han optado por una posición más jurisdiccionalizada del arbitraje(93). Al margen de estas diferencias, se observa que los reglamentos de estos centros, en su generalidad, se han ido acomodando a los postulados de la práctica internacional(94), privilegiando la autonomía de las partes y la celeridad del arbitraje.
Las legislaciones estatales podrían intervenir en la configuración de estos reglamentos condicionando el contenido, eficacia y los efectos del reglamento arbitral que establece un centro arbitral, como ocurre en algunos casos en Latinoamérica(95) y otros ordenamientos(96). En Chile no se exigen requisitos formales que debieran revestir el reglamento arbitral —por ejemplo protocolización del reglamento—, por esta y otras razones creemos que estas materias debieran estar uniformadas con criterios mínimos a fin de prever problemáticas futuras en la práctica de este tipo arbitral.
5. Funcionamiento de los centros arbitrales en Latinoamérica: la administración como principal labor
5.1. Delimitación de la función administrativa
La administración es la principal labor que asume una institución arbitral, en tal contexto están aquellas cuyo ámbito de actuación se limita a una actividad o a un territorio concreto y aquellas que poseen una vocación universal. Estas últimas ponen a disposición de los operadores jurídicos un reglamento de arbitraje aplicable a una generalidad de controversias, y pese a contar con una denominación territorial precisa —por ej. París— no se limitan a desarrollar actividades en el lugar de su sede, distinguiéndose de la sede arbitral(97). En relación al tipo de conflictos que se presentan en los centros, estos expresan relación con causas empresariales —por ej. cobro de deudas y obligaciones, incumplimientos de contratos—, laborales, contratos de Estado y cuestiones societarias.
La administración implica la realización de los actos de gestión necesarios para que el arbitraje se lleve a cabo de una forma eficaz antes, durante y con posterioridad al arbitraje, lo que habitualmente se traduce en funciones de apoyo y control de la actividad arbitral como tal. En esta línea, cabe citar como ejemplos la designación del árbitro, la resolución de la recusación de este último, la advertencia y resolución de cláusulas arbitrales patológicas y la notificación de resoluciones arbitrales, entre otras.
Administrar es, en líneas generales, gestionar los intereses ajenos, sin disponer de ellos, pero actuando en nombre propio. En otras palabras, el administrador no actúa en representación de quienes le han encomendado la administración, sino que lo hace a su nombre gestionando intereses ajenos. Ello implica realizar los actos de gestión necesarios para que el arbitraje se lleve a cabo de una forma eficaz antes, durante y con posterioridad al arbitraje, lo que habitualmente se traduce en funciones de apoyo y control a la actividad arbitral propiamente dicha(98) en una situación análoga a la justicia estatal respecto del arbitraje ad hoc(99).
La delimitación de la función administrativa que puede desempeñar la institución arbitral resulta crucial desde el punto de vista funcional, pues de esta forma se podrá determinar el régimen jurídico aplicable a estos actos de administración. Tales funciones o labores debieran encontrarse previstas en sus normas reguladoras, de manera que las partes podrán asumirlas todas, expresa o tácitamente al hacer remisión a los reglamentos de la institución arbitral, o bien reservarse el ejercicio de algunas de ellas, si ello es posible.
5.2. Momentos de la administración
Sentada la base anterior, debemos desglosar tres momentos de esta administración: antes de iniciar el proceso arbitral, durante su realización y luego, cuando está concluido el arbitraje, según el detalle que pasamos a exponer:
5.2.1. Antes de iniciar el juicio arbitral
Lo primero que debe hacer el centro arbitral es revisar la existencia de la cláusula arbitral y comprobar si efectivamente en ella se le nombra como la institución que administrará el arbitraje. A estos efectos, normalmente la institución debería mantener a disposición “modelos de cláusulas arbitrales”, con el objeto de evitar posibles errores en esta. No le cabe a la institución pronunciarse sobre la validez de la cláusula arbitral, la competencia del árbitro o la arbitrabilidad de la materia sometida a arbitraje; todas estas materias corresponden ser resueltas por el propio tribunal arbitral a partir del principio “competencia-competencia” y sus facultades decisorias(100), tal como se encuentra recogido en la mayor parte de derecho arbitral comparado(101). Igualmente, si alguna de las partes impugna la validez del acuerdo arbitral no debe ser la institución quien se pronuncie al respecto, pues se trata de una función propiamente arbitral que corresponderá al árbitro decidir, aunque sí podría facilitar la resolución de la problemática por medio de la emisión de estudios o informes sobre la materia.
Ahora bien, si la cláusula presenta un error en la individualización del centro arbitral, esta podrá ser considerada como una cláusula patológica que requerirá de la interpretación respectiva(102). La legislación o el reglamento debería establecer a quién y en qué momento, corresponderá pronunciarse sobre el particular, distinguiendo vías de solución diversas entre el error gramatical y el error in personae. En principio, estos vicios o aparentes irregularidades no deberían afectar la validez del convenio arbitral sino sólo la eficacia de su carácter institucional, no obstante, esta solución también debe ser cuidadosa para no vulnerar la verdadera voluntad de las partes que podrán verse vinculadas a un arbitraje ad hoc sin ser esta su real intención. Similar problematización cabe plantearse respecto de las modificaciones subjetivas sufridas por el centro, pues si se trata de un cambio estructural —fusión, escisión—, y no su extinción, tal circunstancia no debería afectar la validez y eficacia del convenio arbitral puesto que se tratará exclusivamente de un cambio en la estructura orgánica de la institución siempre que se mantenga la denominación y el reglamento arbitral.
Frente a las posibles incompatibilidades que pudieran surgir entre la voluntad de las partes expresada en el convenio y el reglamento respectivo, deberíamos considerar que la primacía, a la hora de determinar la estructura del proceso arbitral, es de las partes. La sumisión de la gestión de arbitraje a una institución arbitral supone atribuirle facultades en orden a completar su voluntad en todos aquellos aspectos que no hubieran sido previstos, e incluso llegar a suponer la concesión de facultades para sustituir la voluntad de estas cuando lo que acordaron sea contrario a las disposiciones que la normativa arbitral adopta con carácter imperativo, justamente para preservar la validez del proceso arbitral.
Por otra parte, algunos centros plantean requerimientos especiales para aceptar el encargo de administración, bajo pena de rechazar la designación si así no lo hicieren.
Otra labor relevante que desempeña el centro se centra en la designación del árbitro. Al respecto, si bien la mayoría de los reglamentos mantiene una lista cerrada de árbitros, en principio no se oponen a que las partes elijan a la persona del árbitro de manera independiente a la lista confeccionada a estos efectos, posibilidad que se explica desde la óptica del principio de autonomía de la voluntad(103). En este caso, normalmente se exige que el nombre del árbitro deba ser necesariamente confirmado por la propia institución; así, si el árbitro designado por las partes no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento del centro arbitral y el ordenamiento jurídico, la institución podrá vetar el aludido nombramiento y requerir de las partes una nueva designación conforme a la citada normativa. La lógica que subyace a este planteamiento reside en el hecho de que el árbitro entrará en una determinada relación jurídica con el centro arbitral, y en su actuación deberá dar cumplimiento al reglamento institucional. El centro tendrá una relación directa con el árbitro e incluso hará una regulación de las funciones de este a través de las normas dictadas por la propia institución de manera que el árbitro desarrollará su labor adecuándola a su reglamento y bajo su administración.
La elección del árbitro será uno de los puntos importantes en el éxito que pueda tener o no un arbitraje y un centro arbitral, no sólo por su experiencia o especial conocimiento para resolver un caso, sino también por su independencia e imparcialidad. En este sentido, se ha puesto en tela de juicio la posible desconfianza que puede despertar la elaboración de estas nóminas por parte de los centros(104) y/o el amplio mandato con el que algunas instituciones cuentan para nombrar a la persona del árbitro, que ha sido calificado incluso como un “mandato ciego”(105). Para dimensionar lo anterior, debemos comprender que el criterio de designación de los árbitros se convierte en uno de los factores determinantes del éxito de la labor desempeñada por estas instituciones, en especial cuando existen normas que les confían la designación, sin intervención de las partes y más allá de la ratificación de los propuestos. Adicionalmente, ha de considerarse que los árbitros, por su propia naturaleza, carecen de la nota de permanencia que caracteriza a los miembros del poder judicial, pues se nombran para un caso concreto, de manera que las instituciones arbitrales deben tener una especial cautela a la hora de sus nombramientos con el objeto de no crear una “profesionalización, ni monopolio” de estos(106). Con dichos elementos, podemos conjeturar que el éxito del arbitraje institucional pasa en gran medida por la correcta elección del tribunal arbitral, sopesando estas y otras variables.
Bajo este último presupuesto, el centro debiera garantizar que los árbitros estén en la posibilidad material de analizar y valorar de manera razonable todas las alegaciones efectuadas en el proceso arbitral, evitando el nombramiento de personas que no disponen de los conocimientos o tiempos necesarios para el óptimo desempeño de estas funciones(107), situación que debería quedar reflejada en los respectivos reglamentos de arbitraje(108). Asimismo, deberían descartar peligrosas prácticas de nombramientos de árbitros o de presidentes del tribunal a partir de criterios preestablecidos —como su pertenencia a un despacho de abogados de determinadas características, su trayectoria profesional favorable a una determinada concepción de justicia, su adscripción preferente a un determinado modelo procesal, etc.—(109), y optar en cambio, por transparentar sus criterios de selección, requisitos de ingreso a dichos centros en calidad de árbitros, procedimiento establecido a estos efectos, entre otras materias de innegable importancia. En igual sentido y siendo las partes las que en principio deben escoger al árbitro, el centro podría poner a su disposición la lista de candidatos con un curriculum estandarizado de cada uno de ellos a fin de que estas escojan con la mayor información posible(110).
Tomando en consideración la importancia de este asunto, normalmente la institución es cautelosa al elaborar la lista de árbitros o candidatos elegibles como tales. Así mismo busca prevenir, bajo una cierta lógica, la posible repetición de estos(111) y sus causales de recusación, toda vez que —como señalamos— el criterio de selección y designación de los árbitros efectivamente independientes se convertirá en uno de los factores determinantes del éxito de la labor desempeñada por las instituciones, en especial cuando existen normas que les confían la designación, sin intervención de las partes, más allá de la ratificación de los propuestos(112).
Asimismo, algunas instituciones han optado por capacitar y/o preparar a los árbitros que eligen o nominan en sus centros como posibles candidatos, principalmente por las responsabilidades derivadas de la actuación de este, a las que nos referiremos más adelante. Se ha de tener presente igualmente, que aun cuando las partes confieran poder a la institución arbitral para el nombramiento de árbitros, ello no es óbice de la posible recusación o inhabilidad que estas pueden ejercer sobre aquellos(113), y de proceder, en último caso, a una elección independiente de los nombres señalados en la nómina respectiva si ello fuese permitido por el centro.
Asimismo, en relación a los recursos y la constitución de un tribunal arbitral de segunda instancia, la institución debería toma en especial consideración lo establecido por la ley en cuanto a su pertinencia(114).
5.2.2. Durante el juicio arbitral
Una vez que el árbitro ha asumido el cargo, le corresponderá a él guiar el procedimiento arbitral de acuerdo con los trámites que dispongan las partes y el reglamento arbitral de la institución administradora. El centro tendrá un rol limitado que estará asociado a su propio reglamento y a la extensión del encargo, entre estos es frecuente: la recepción de escritos y documentos entregados por las partes y los árbitros en relación al arbitraje, hacer las correspondientes notificaciones, colaborar en la práctica de medios probatorios, y apoyar materialmente en las audiencias —por ejemplo: prestando salas para audiencias, soportes, facilitación de los medios de comunicación, reproducción, plasmación de información, personal administrativo, archivos, etc.—.
También puede apoyar la actuación del árbitroen relación con el conocimiento que debe tener este sobre el derecho aplicable en la resolución de la controversia, principalmente el adjetivo o procedimental. Esta función enlaza, además, con una nueva práctica profesional que se ha ido gestando en el seno de los arbitrajes comerciales internacionales, denominada Amicus curiae, queimplica que los centros arbitrales, sin formar parte de un proceso, pueden suministrar información sobre un conflicto a los tribunales estatales para ayudar en el procedimiento llevado ante estos últimos; en tal sentido, brinda la oportunidad de que estas instituciones puedan entregar opiniones escritas relacionadas con la controversia y contribuir a que el tribunal estatal decida el litigio(115).
La práctica actual nos conduce a que el centro adquiera un rol importante para la concesión de medidas cautelares, en caso de que aún no exista un tribunal arbitral constituido, a través de un tercero ad hoc que se ocupe de esta cuestión por un procedimiento especial. Un ejemplo concreto se contiene en los arbitrajes administrados por la CCI toda vez que esta entidad ha elaborado un reglamento Référé prearbitral —1990—, que incorpora un procedimiento complementario del Reglamento de Arbitraje de la CCI de 1998 y que se pone a disposición de los operadores del comercio internacional(116). Su empleo está en función de que las partes lo hayan previsto de forma expresa, ya sea en la cláusula arbitral o en cualquier otro documento separado; por esta razón, habitualmente la persona es nombrada por las partes de común acuerdo y sólo en su defecto por el presidente del tribunal arbitral. Otros centros arbitrales han adoptado procedimientos similares: la AAA cuenta con las Optional Rules for Emergency Measures of Protection, con el objeto de dar respuesta a ciertas situaciones de emergencia dentro del estricto marco arbitral, sin necesidad de recurrir a la colaboración judicial, para lo cual la AAA designa, si las partes lo han pactado expresamente, a un grupo de árbitros de emergencia cuyo fin se dirige a que puedan actuar de inmediato en casos de necesidad(117).
5.2.3. Al término del juicio arbitral
Sería óptimo que la institución arbitral realice todas las sugerencias que estime pertinentes al árbitro y las partes en relación a la correcta marcha del proceso arbitral, velar por el cumplimiento de las formalidades procedimentales determinadas por las partes o por su propia normativa, así como de las garantías procesales y demás trámites esenciales cuyo incumplimiento podría dar paso a la nulidad del procedimiento(118); igualmente debiera velar por la correcta emisión del laudo y la regulación de las costas y honorarios. Así, por ejemplo, el artículo 27 del Reglamento de la CCI determina que ningún laudo podrá ser dictado por el tribunal arbitral antes de haber sido aprobado, en cuanto a su forma, por la Corte; esta podrá también llamar la atención sobre algunos puntos relacionados con el fondo de la controversia. Esta medida aumenta la seguridad en el laudo, toda vez que —con carácter general— los laudos arbitrales no son susceptibles de ser apelados. Los reglamentos de América Latina no suelen ahondar en esta cuestión(119).
El centro sólo podrá interferir en lo relativo a sus aspectos formales que sean constatables objetivamente, más sin embargo, no podrá hacerlo en la función decisoria propiamente correspondiente al árbitro, una función arbitral que se estima como ajena por completo(120). La debida asesoría que debe poner el centro a disposición del árbitro no se debe explicar en base a una obligación formal con este, sino más bien porque se subsume y enmarca en su función administrativa, de la misma manera que el árbitro tiene la obligación de rendir cuentas al centro para evitar incurrir en responsabilidades ante este.
La existencia de estas potestades en relación a la vigilancia y supervisión de la actuación del árbitro, permiten explicar su posible responsabilidad, en tanto garante de la actuación procedimental. Desde esta perspectiva, esta facultad se puede observar como una obligación, en tanto que se entenderá responsable cuando los actos del árbitro causen daño y perjuicios, aún cuando la institución no lo hubiere designado, sino ratificado. Esta responsabilidad sólo podría concebirse respecto del arbitraje institucional, no así cuando la única obligación del centro sea la designación del árbitro, por eso es que normalmente no se concibe a este último como un arbitraje institucional, sino más bien como un arbitraje ad hoc con designación indirecta de árbitros.
Por otra parte, siendo una de las características del arbitraje su onerosidad, se debe asumir la existencia de costos adicionales(121). En ellos, deben distinguirse los honorarios del árbitro(122) de los costos procesales ocasionados por el arbitraje en sí mismo y los derivados de la administración institucional, los últimos podrían contemplar los anteriores costos como un todo. En tal sentido, se acostumbra a que el escrito de designación haga referencia a las remuneraciones de los árbitros con la indicación de arancel que suelen figurar en los reglamentos de arbitraje y con la indicación de que será el centro el que determine de manera exclusiva los honorarios y gastos del arbitraje —art. 2.4 y apéndice III Reglamento CCI—. Los aranceles, derechos y costes de las instituciones arbitrales deberán atender a criterios de moderación ajustándose estrictamente a la cuantía y complejidad de los asuntos. Ciertos centros siguen el sistema de remuneración por hora o por día de trabajo, otros reglamentos se basan en otras normas como las del Colegio de Abogados, y otros establecen un arancel basado en la cuantía reclamada por medio de un sistema que partiendo de unos costes mínimos se va a aumentar a partir de un mecanismo proporcional(123).
La institución podría exigir a las partes la provisión de fondos económicos calculados sobre la base de gastos procesales y honorarios del tribunal arbitral para las primeras gestiones administrativas iniciales(124), con el objeto de garantizar que el arbitraje pueda llevarse a cabo con normalidad. En este punto, la información debiera ser clara y estar en lo posible publicada a partir de tarifas objetivas a fin de contribuir en la transparencia de su actuar(125). Estos costos abarcan, por lo general, los gastos de viaje y de otra índole de los árbitros, los gastos de asistencia administrativa que precise el tribunal arbitral y los honorarios de los árbitros; sin embargo, no puede descartarse que los servicios del centro incluyan la gestión y contabilidad del dinero depositado. Como regla general, la provisión precisada por la institución arbitral deberá ser pagada en partes iguales por la demandante y la demandada, pero cualquiera podrá hacer el pago total si la otra parte no hace el pago que le incumbe. Normalmente una vez que se dicta el laudo, el administrador entregará a las partes un estado de cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado —ej.: Reglamento AAA, art. 33.d—. Aunque no es habitual, algunas legislaciones de América Latina prestan atención a esta cuestión (por ej. el art. 64, LA de Nicaragua. En Colombia existen normas en que se invita a los centros a fijar anualmente su marco tarifario dentro de los lineamientos económicos determinados por el Ministerio de Justicia, lo que provoca una disminución de dicha autonomía, en pos de un aumento del control de estos(126).
La actividad decisoria le corresponde al tribunal arbitral, de manera que la institución arbitral no puede cumplir este rol(127). Su función, como señalamos, debe ser entendida en un contexto administrativo en relación a las diversas etapas de un arbitraje(128). En este escenario, las decisiones adoptadas por la institución arbitral no pueden ser consideradas declarativas de derechos subjetivos, ni son constitutivas de una transformación de la realidad jurídica, se trata de meros actos administrativos(129) y por tal razón no podrían ser objeto de control por parte de la judicatura estatal(130).
Finalizado el juicio arbitral, la institución deberá velar por la notificación del laudo y su aclaración si corresponde. Podría, igualmente, realizar actos de certificación de actuaciones, de custodia y entrega de documentos, archivo de expedientes, cobro de costas, entre otras. Sin la realización de estas gestiones, el procedimiento arbitral carecería de una importante red de concreción y, podría devenir en un procedimiento completamente inoperante. Estas funciones deberán estar claramente contempladas en el reglamento respectivo, pues como obligaciones que son, pueden exigirse por las partes en un momento dado.
5.3. Revisión de la administración en los reglamentos latinoamericanos —ver anexo 3—.
Si revisamos los reglamentos de las principales instituciones arbitrales de Latinoamérica, veremos en general que:
— La mayor parte de ellos no distinguen entre instituciones arbitrales nacionales e internacionales, por lo que aplican idéntica normativa.
— La mayoría de los centros dispone de cláusulas modelos.
— En relación a las cuestiones preliminares, sólo algunos centros disponen de ciertos requisitos para aceptar el encargo de administración, así como el contenido de la demanda y la contestación. En otros casos, se plantea la posibilidad de que el centro llame a conciliación o mediación a las partes, antes de iniciar el procedimiento; o el llamado a una audiencia preliminar para resolver cuestiones relacionadas a la validez de la cláusula arbitral.
— La libertad de las partes se manifiesta preferentemente al elegir el tribunal arbitral, sede arbitral y determinación de las leyes de fondo aplicables. En lo restante, no existe normalmente un pronunciamiento sobre las normas que pueden ser derogadas por las partes. No obstante, existen casos en que la sede es impuesta, y nada se señala sobre la posibilidad de las partes de elegir la legislación aplicable.
— La mayoría de los centros dispone de listas cerradas de árbitros, sin especificar el modo en que estos son designados en ellas y luego nombrados en los respectivos procesos. A falta de voluntad expresa de las partes, la designación del árbitro se entrega a la institución.
— En la mayoría de estas normativas no se detallan las actividades administrativas que asume el centro, en especial: la revisión de la cláusula arbitral, revisión del laudo, apoyo a la labor del árbitro y las notificaciones, entre otras.
— Sólo algunos reglamentos se pronuncian sobre las medidas precautorias, pero la mayoría de ellos entrega esta facultad al tribunal arbitral.
— En cuanto a la cautela de la imparcialidad e independencia de los árbitros, algunos centros exigen cumplir con la obligación de declarar las circunstancias que pueden poner en duda estas condiciones. Igualmente, por lo general se establece un procedimiento de recusación de los árbitros.
— Todos los reglamentos contienen disposiciones que atienden a la regulación de las costas y honorarios generados en el arbitraje. En la mayoría de los casos, las tarifas son de público conocimiento.
— Casi todas las instituciones establecen la confidencialidad del proceso, a menos que las partes dispongan lo contrario.
— La mayoría de los reglamentos disponen de cláusulas limitativas de responsabilidad.
6. Reflexiones y conclusiones
En el presente artículo analizamos varias cuestiones ligadas al arbitraje institucional y, en particular, el estado de su regulación en Latinoamérica desde un enfoque comparado. Se trata de un estudio completo, que ha puesto los acentos en aquellas cuestiones más relevantes y actuales que deben considerarse al hablar sobre este tipo de arbitraje, y entre ellas destacamos, a modo de conclusión, las siguientes:
1. La madurez y desarrollo del arbitraje institucional de un Estado y su correspondiente normativa tendrá una innegable relevancia en consolidar el arbitraje institucional en dicho país y su potencial atractivo para convertirse en una sede arbitral de carácter internacional. En tal lineamiento, debe valorarse la normativa que el Estado contempla para regular el nacimiento y funcionamiento de estos centros, así como la reglamentación que el centro se otorga en cuanto a su competencia administradora del arbitraje y lo dispuesto en relación al procedimiento arbitral.
2. Normalmente es el Estado el que otorga abrigo a la institución arbitral señalando requisitos de conformación y funcionamiento, y en algunos casos, mecanismos de control. Se trata de implementar, sobre la base de objetivos y fundamentos concretos, y siguiendo variadas formulaciones de derecho comparado, una cierta manera de conducirse para el éxito del arbitraje institucional, tanto desde una perspectiva nacional como internacional(131). La exigencia de un estándar mínimo para llevar a buen término un arbitraje de estas características, facilita su construcción, puesta en marcha, evaluación y control, disminuyendo —de paso— el riesgo de que la institución arbitral funcione en términos inadecuados. Por otro lado, podría surgir inevitablemente la pregunta de si el Estado, ante su omisión reguladora, es parte responsable de dicha situación y los perjuicios generados.
A partir de ello, estimamos que regular esta situación se vuelve una necesidad imperiosa a fin de establecer las características y los requisitos mínimos que deben cumplir estos centros para administrar un arbitraje(132), la calidad jurídica que debe revestir la institución, las funciones que pueden desempeñar, el tipo de relaciones que se generará con su participación, los efectos de estas, los supuestos y el grado de responsabilidad que les corresponde asumir(133), entre otras cuestiones de vital importancia para la eficaz marcha de un arbitraje.
3. El arbitraje institucional liga a la elección de las sedes arbitrales, en tanto que normalmente se toma en consideración la institución arbitral para determinar esta. En tal sentido, se puede mirar primero al centro y en atención a este, las partes eligen la sede, o bien estos centros podrán manifestar cierta preferencia por una sede en particular, lo que también orienta la elección de las partes. Puede también ocurrir que las partes escojan primero el lugar, y luego a la institución administradora. En todos los casos, se aprecia esta relación simétrica.
Frente a esta realidad, es usual que algunos países o ciudades, intentando constituirse como sedes arbitrales de prestigio, acojan en su territorio instituciones arbitrales relevantes —por ej. CCI en Suiza— o regulen su posible constitución y funcionamiento —por ej. Madrid(134).
4. La normativa interna que genera la institución arbitral es crucial para el éxito del arbitraje. Se produce una dinámica de relación de causa-efecto, pues mientras la institución disponga de mejor regulación , más atractiva resultará en la elección de las partes. En líneas generales, se consideran relevantes aspectos tales como: la rapidez del procedimiento que viene determinada por el plazo en que se fija en el reglamento correspondiente para la emisión del laudo, así como la posibilidad de prórrogas, la libertad en el nombramiento de árbitros, la revisión del laudo por la corte arbitral, la posibilidad de procedimiento electrónico, la posibilidad de procedimiento abreviado y los costos administrativos que resultan del arbitraje, entre otros.
Los reglamentos suelen hacerse cargo de la delimitación administrativa que asume el centro, de manera que es aquí donde se aprecia si este contempla reglas atractivas para las partes. Analizados los reglamentos de las principales instituciones arbitrales latinoamericanas, podemos constatar que si bien un número no menor se adhiere a los postulados que existen en la materia, liderados por los centros arbitrales más relevantes del mundo, sólo unas pocas siguen los lineamientos más modernos al establecer, por ejemplo, la posibilidad de realizar actuaciones preliminares relevantes —como la concesión de medidas cautelares—, el apoyo que debe prestarse a los árbitros en su función, y el control de la emisión del laudo arbitral, a fin de minimizar riesgos en su emisión. Otros errores frecuentes consisten en limitar la libertad de las partes en la elección de la sede arbitral, la determinación de las leyes aplicables, y la elección de los árbitros. Finalmente, respecto de este último punto, sólo unas pocas establecen mecanismos para asegurar la debida imparcialidad e independencia de estos.
5. Llegados a este punto, desde un enfoque general, consideramos que el arbitraje institucional en Latinoamérica, si bien ha dado algunos importantes pasos en su modernización, se encuentra actualmente entre la internacionalidad y el regionalismo que ha caracterizado a la región en lo que respecta a la materia arbitral. La pregunta que planteamos al inicio del presente trabajo se puede responder, en lo que concierne al estadio jurídico, en base a los elementos expuestos, los que debieran considerarse si se pretende una mayor competitividad(135).
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(1) Este trabajo se inserta en el Proyecto Fondecyt —n.º 11090227— en que la autora es la investigadora responsable.
Tabla de abreviaturas. LA: Ley de Arbitraje; LMU: Ley Modelo Uncitral; RAU: Reglamento Arbitral Uncitral; Uncitral/Cnudmi: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; CNY: Convención de Nueva York. LACI: Ley de arbitraje comercial internacional de Chile.
(2) En tal sentido, el arbitraje podrá ser interno o internacional, entre otras razones, dependiendo de si el lugar del arbitraje, o el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, está situado fuera del lugar en que las partes tienen sus establecimientos —LMU, art. 1.3—; por su parte, si el arbitraje presenta una conexión única con un determinado Estado, se entiende nacional o interno, mientras que será extranjero el arbitraje pronunciado en un Estado distinto de aquel en que se pide reconocimiento y ejecución de la sentencia —CNY, art. I.1.º—; dependiendo de la manera de actuar del árbitro y la naturaleza de sus decisiones, el arbitraje podrá ser entendido de equidad, derecho o mixto; finalmente, el arbitraje podrá ser ad hoc o institucional. Para profundizar en el análisis de cada una de estas modalidades: Vásquez Palma, M. Fernanda. Arbitraje en Chile. Análisis crítico de su normativa y jurisprudencia, pp. 59-92.
(3) Entre las ventajas señaladas sobre el arbitraje institucional se destacan la comodidad que proporciona su especialización en materia arbitral, el buen funcionamiento de sus reglamentos y los servicios de apoyo que proporciona la institución arbitral; mientras que del arbitraje ad hoc, se enaltece su mayor flexibilidad y libertad, menor coste, mayor rapidez y la mayor confiabilidad en la confidencialidad. Sobre esta temática, entre otros: Alonso Puig, José Ma. Comentarios a la ley de arbitraje, pp. 690-691; Roca Aymar, Jose Luis, El arbitraje en las Cámaras de Comercio: nuevas tendencias y campos de actuación, pp. 121-135; Romero Seguel, Alejandro y Díaz Villalobos, José, El arbitraje interno y comercial internacional, p. 107.
(4) Cordón Moreno, Fernando. El arbitraje de derecho privado. Estudio breve de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje, pp. 81-82; Mullerat, Ramón. Anuario de justicia alternativa, pp. 233-239; Hömberg, R. El arbitraje institucional y sus retos en el inicio del siglo XXI. El ejemplo de la Corte Internacional de Arbitraje CCI, pp. 68-72.
(5) Verdera y Tuells pone como ejemplo los casos petroleros de oriente próximo, donde las multinacionales implicadas han preferido proceder directamente al nombramiento de los árbitros y organizar el procedimiento arbitral para mantener el control sobre este, cuidando así una reserva más estricta sobre la controversia. Verdera y Tuells, Evelio. La Ley 60/2003, de arbitraje y la modernización del arbitraje en España, pp. 22-35, y algunas consideraciones en torno al arbitraje comercial, pp. 137-177.
(6) Ofrecería en este estadio una mayor flexibilidad en los casos donde estén involucradas cuestiones de soberanía estatal. Sobre el particular, Fernández Rozas, José, Tratado de arbitraje comercial de América Latina, pp. 71-104.
(7) Ellos se encuentran en Norte América, Europa y Asia. Ejemplos de ellos: American Arbitration Association —Asociación Americana de Arbitraje, AAA—, EE.UU.; International Chamber of Commerce —Cámara de Comercio Internacional, ICC— Francia; Singapore International Arbitration Centre —Centro Internacional de Arbitraje de Singapur, SIAC—; International Centre for the Settlement of Investment Disputes —Centro Internacional para la Resolución de Conflictos en materia de Inversión, Icsid— EE.UU.; London Court of internacional Arbitration —Tribunal Londinense de Arbitraje Internacional, LCIA—, Inglaterra; International Economic and Trade Arbitration Commission —Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China, Cietac—; Hong Kong internacional Arbitration Centre —Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, HKIAC—; Indonesian National Board of Arbitration —Consejo Nacional de Arbitraje de Indonesia, BANI—; Stockholm Chamber of Comerse —Cámara de Comercio de Estocolmo, SCC—; y Vienna Arbitral Centre —Centro Arbitral de Viena—.
(8) Vásquez Palma, M. Fernanda. Relevancia de las sedes arbitrales y criterios que determinan su elección —en prensa—.
(9) A modo de ejemplo, véase Reglamento de Procedimientos de la CIAC, artículo 13.1 —a falta de opción de las partes, la elección es efectuada por parte de la CIAC de manera inicial, “sin perjuicio de la facultad de los árbitros para hacerlo de manera definitiva”, teniendo en cuenta “las pretensiones de las partes y las demás circunstancias del respectivo arbitraje”—; Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 39(a) —a falta de elección por las partes, “el lugar del arbitraje será determinado por el centro, habida cuenta de cualquier observación formulada por las partes y de las circunstancias del arbitraje”—; Reglas de Arbitraje del CAM, artículo 20.1 —selección por parte de la institución—; Reglamento de Arbitraje de la Canaco, artículo 21.1 —selección por parte del tribunal arbitral, de acuerdo con las circunstancias del arbitraje”—; Reglamento de Arbitraje del Cemarc, artículo 15 —fijando como sede supletoria la de la Cemarc, Buenos Aires—; Reglamento del Tribunal de Arbitraje de la BCBA, artículo 67 —Buenos Aires—; Reglas del Centro de Arbitraje AmCham Perú, artículo 3.º —Lima—.
(10) En detalle, véase: Vásquez Palma, M. Fernanda, ob. cit., pp. 75-134.
(11) En algunos casos, es el propio gobierno el que incentiva estas características como sucede en el caso de Madrid.
(12) Para un estudio comparado de estas instituciones, véase: Gola, Gotz Staehelin, Graf —eds.—. Institucional Arbitration, Task and Powers of different Arbitration Institutions.
(13) Como explica Roca Martínez en Arbitraje e instituciones arbitrales —pp. 173-174—, el término institución obedece más bien a un consenso tácito de la doctrina que a un estricto sentido técnico jurídico.
(14) Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ arb-rules/arb-rules-s.pdf.
(15) Sobre la materia, véase: Storme, Marcel & De Ly, Filip —ed.— The Place of Arbitration.
(16) Nos referimos a las funciones de apoyo y control. En todo caso, la institución arbitral no puede reemplazar todas las funciones de los jueces estatales, puesto que existen actividades que sólo pueden desempeñar estos últimos por ser privativas de la judicatura, tales como la concesión de medidas cautelares, la ejecución del laudo. Sobre el detalle de estas interacciones y su estado en Chile: Vásquez Palma, María Fernanda, Arbitraje en Chile, ob. cit., pp. 235-276.
(17) La mayor parte de los centros arbitrales han nacido al alero de una cámara de comercio y en menor medida de un colegio de abogados, sobre sus orígenes y la vinculación de aquellas al arbitraje. Sobre la materia: Díez Clavero, José. Tendencias del derecho hacia el arbitraje institucional mercantil, pp. 545-560. En el escenario internacional, las instituciones más prestigiosas son la ICC, AAA, ICSID, entre otras. Sobre la comparación de las reglas del arbitraje internacional institucional: Smith, H. & Pechota, V., A Chart Comparing Internacional Commercial Arbitration Rules, pp. 24 y ss. Para un análisis detallado de las normas de la ICC, Derains, Y. y Schaschwartz, E. A guide to the ICC Rules of Arbitration, pp. 2-384; López Santa María, Jorge. Notas sobre el desarrollo de un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pp. 117-124.
(18) La relación jurídica que se forma entre las partes y la institución arbitral no tiene un reconocimiento unívoco en derecho comparado; para algunos subyace un verdadero contrato de mandato, para otros se trata de una prestación de servicios, o bien de un contrato innominado, derivado de la multiplicidad de aristas involucradas. Sobre el particular, Romero Seguel, Alejandro y Díaz Villalobos, José, El arbitraje interno y comercial internacional, p. 105-106.
(19) Al respecto: Diez-Picazo Jiménez, I. y Vega Torres, J. Derecho procesal civil: proceso concursal, arbitraje, pp. 106-107.
(20) Como el elaborado por la CNUDMI, aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 de diciembre de 1976.
(21) Munné Catarina, Frederic. La administración del arbitraje. Instituciones prearbitrales y procedimiento prearbitral, p. 20.
(22) Sobre el arbitraje institucional: Ciurana, Baldomero. Las instituciones arbitrales —Desarrollo, fundamento y consolidación del arbitraje institucional—, pp. 81-116. Del mismo autor: La aceptación del arbitraje y la designación de los árbitros por las instituciones arbitrales, pp. 307-338; Díez Clavero, José, ob. cit., pp. 545-560; Munné Catarina, Frederic, ob. cit., pp. 20-35; Merino, José y Merchán, José. Tratado de arbitraje privado interno e internacional, pp. 856-857.
(23) A modo de ejemplo, el artículo 10 de la LA española 60/2003 prescribe que para que un centro arbitral se constituya deberá ser o estar en el seno de una corporación de derecho público o en una asociación o entidad sin ánimo de lucro; haber asumido en los estatutos de la asociación o en las normas reguladoras de la corporación el desarrollo de funciones arbitrales; elaborar un reglamento que regule la administración del arbitraje y la forma de designación de los árbitros; protocolizar notarialmente el reglamento y sus modificaciones, entre otras. En el derecho español tal posibilidad se le confiere a: las corporaciones de derecho público, las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro. Entre las corporaciones de derecho público se destacan los colegios profesionales y las agrupaciones oficiales de empresarios y comerciantes, esencialmente los colegios de abogados y las cámaras de comercio, por su tradición secular en materia de arbitraje. Las asociaciones deben cumplir los requisitos que exigen las leyes para este tipo de asociaciones, tanto respecto de los estatutos y su contenido, como respecto de su forma y demás obligaciones legales que debe cumplir. Al igual que la corporación debe tener un carácter asociativo, puede estar integrada por personas físicas y jurídicas, pero a diferencia de las corporaciones, no tiene que tener un carácter obligatorio ni, necesariamente, un carácter permanente. Además, los actos de las asociaciones son de carácter privado, de forma que están sometidos al control del orden jurisdiccional civil. Como no pueden tener una finalidad lucrativa, se excluyen de este elenco a las sociedades civiles y mercantiles. Asimismo, el artículo 11 de la ley sobre arbitraje comercial de Venezuela, dispone en su artículo 11 “Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, así como las asociaciones internacionales existentes, las organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales, las organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen como medios de solución de controversias, podrán organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados ante la vigilancia de esta ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus reglamentos a los requerimientos de la misma”. El artículo 15 de esta normativa señala: “Cuando las partes no establezcan sus propias reglas de procedimientos para llevar a cabo un arbitraje independiente, las reglas aquí establecidas serán las aplicables...”.
(24) Tal como lo reconoce el artículo 2.º de la Ley n.º 19.971.
(25) Sobre la responsabilidad del árbitro en Chile: Vásquez Palma, M. Fernanda. Arbitraje en Chile, ob. cit., pp. 195-210.
(26) Sobre la distinción entre la independencia y la imparcialidad: Lorca Navarrete, Antonio. ¿Tienen que ser las instituciones arbitrales independientes o imparciales?, pp. 437-440.
(27) Por esta razón, los centros de arbitraje más consolidados dan una respuesta tajante a esta cuestión impidiendo que sus funcionarios ejerzan funciones arbitrales en las causas que se tramitan ante ese centro. A modo de ejemplo: artículo 2.º del apéndice II Reglamento CCI —reglamento interno— que parte de la incompatibilidad absoluta —aunque admite ciertas inflexiones, mostrando una cierta protección corporativa—. Esta incompatibilidad se está introduciendo en algunos sistemas arbitrales al regular los arbitrajes que se desarrollan de conformidad con un reglamento preconstituido, y que puede afectar a los arbitrajes internacionales que eligen Italia como sede de arbitraje. Briguglio, A. La dimensione transnazionale dellàrbitrato, pp. 679-709.
(28) Sobre la materia, Thirgood, R. International arbitration: The Justice Business, pp. 342-344.
(29) Un ejemplo en tal sentido lo otorga el Centro Nacional de Arbitraje. Información disponible en: http://www.cna.cl/index-0.php?id=codetica
(30) Realidad que pone de manifiesto, Fernández Rozas, José. Tratado de arbitraje comercial de América Latina, p. 108 y ss.
(31) A modo de ejemplo: Navarro, Marielis. Arbitraje comercial: nuevo paradigma para la administración de justicia, pp. 62-86. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131562682005000200005&lng=en&nrm=iso. ISSN 1315-6268.
(32) Un ejemplo, en tal sentido, lo plantea la legislación peruana. Sobre el particular: Matheus López, Carlos. Introducción al derecho de arbitraje, pp. 64-65.
(33) Si bien una división del Ministerio de Economía mantiene cierta preocupación sobre el arbitraje, este tiene un aspecto muy limitado, en tanto se trata del arbitraje de inversión extranjera, que es no propiamente comercial internacional. Información disponible en: http://www.economia.cl/1540/article-186923.html.
(34) En este sentido, Cremades, Bernardo. El arbitraje en el siglo XXI, pp. 4 y ss.
(35) Un detallado estudio de la materia: Conejero Roos, Cristian; Hierro Hernández-Mora, Antonio; Maccia, Valeria; Soto Aguila, Carlos. El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica, marco legal y jurisprudencial.
(36) Sobre esta materia en detalle: Fernández Rozas, José. Tratado de arbitraje comercial, ob. cit., pp. 426 y ss.
(37) La Resolución 1342 del 2004, complementa la anterior, al exigir la presentación de una metodología de factibilidad que consiste en un estudio coherente y razonable que cumpla con criterios de conveniencia y oportunidad donde se incluya la ubicación del centro, tipologías del conflicto de, estimación de la demanda de servicio, organización administradora del centro, estrategia de divulgación, sistema de evaluación y seguimiento, programa de educación continuada, recursos físicos, logísticos y financieros, reglamento interno, listas de conciliadores y/o árbitros, entre otros; en virtud de su artículo 4.º, el Ministerio del Interior y de Justicia puede revocar la autorización de creación de los centros de conciliación y/o arbitraje cuando se compruebe que se modificaron los requisitos aprobados en la metodología de factibilidad presentada son aprobación previa del ministerio.
(38) Los requisitos para su creación son: a. Personería jurídica vigente de la entidad a la que pertenece el centro, o de la entidad misma si ella administra directamente los métodos de resolución alterna de conflictos; b. Dirección exacta de la entidad o centro, así como dirección exacta y calidades de sus representantes legales; c. Reglamento de funcionamiento, debidamente aprobado por el órgano jerárquico superior del centro o entidad, en el cual se demuestre que cumple con todos los requisitos de la ley y este reglamento; d. Organigrama del centro o entidad; e. Uno o varios reglamentos que regulen conforme a la ley los diversos métodos de solución de controversias que administra el centro o entidad, habida cuenta que debe haber una regulación expresa para cada uno de los métodos que administra el centro o entidad; f. Código de ética de los neutrales y personal administrativo del centro o entidad; g. sistema de tarifas, honorarios de neutrales y costos administrativos vigentes en el centro o entidad, cuando los servicios se presten a título oneroso, o indicación expresa que el servicio que se presta es a título gratuito. Las autorizaciones tienen una vigencia de 3 años y para su renovación la entidad o centro deberá acreditar nuevamente todos los requisitos antes referidos. Existen actualmente autorizados 13 centros de administración institucional de procesos de resolución alterna de conflictos.
(39) Fernández Rozas, José, Tratado de arbitraje comercial, ob. cit., p. 432.
(40) Baumeister Toledo, A. Algunas consideraciones sobre el arbitraje comercial en Venezuela: informe al Comité AIDA CILA sobre aplicación del arbitraje en Venezuela, pp. 317-343.
(41) Ver: http://www.redadr.com/es/p_red.asp
(42) Véase Fernández Rozas, José. Tratado de arbitraje comercial, ob. cit., p. 451.
(43) Ver: http://www.cbcba.sba.com.ar/Tribunal/tribunal.asp
(44) http://www.bcr.com.ar/pagcentrales/tribunal.asp
(45) http://www.bolsadecordoba.com.ar/
(46) http://www.cainco.org.bo/
(47) http://cadeco.org/
(48) http://www.sibcochabamba.com.bo/arbitraje/
(49) http://www.conima.org.br/
(50) http://www.fimasp.org.br/codigo_etica.asp
(51) http://www.camarb.com.br/areas/conteudo.aspx
(52) http://www.camarbra.com.br/concilia_intro.asp
(53) http://www.camarb.com.br/principal/default.aspx
(54) http://www.triab.com.br/quem_somos.php
(55) http://www.camsantiago.com/
(56) Sobre el tema, Helmlinger Casanova, Karin. Arbitraje institucional. Experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, pp. 131-143.
(57) http://www.amchamchile.cl/node/1130
(58) http://www.cpcc.cl/portal/ceam.php
(59) http://www.cna.cl/cna-inicio.php
(60) http://cac.ccb.org.co/paginas.asp
(61) http://www.cccartagena.org.co/juridica/arbicon.htm
(62) http://www.camaramed.org.co/www/index.asp
(63) http://www.ccc.org.co/conciliacion/conciliacion-arbitraje.htm
(64) http://www.camarabaq.org.co/cms/content.jsp
(65) http://www.centrodearbitraje.org/
(66) http://www.ccuenca.com.ec/
(67) http://www.camex.com.mx/
(68) http://www.arbitrajeCanaco.com.mx/
(69) http://www.camparaguay.com/
(70) http://www.camaralima.org.e/arbitraje/estatutos.htm
(71) http://www.amcham.org.pe
(72) http://wwwpucp.edu.pe
(73) http://www.camcopiura.org.pe
(74) http://www.arbitraje.com.uy
(75) http://www.arbitrajeccc.org/
(76) http://www.camara-comercio.com/
(77) http://www.cica.co.cr/
(78) http://www.mediacionyarbitraje.com.sv
(79) http://www.ccichonduras.org
(80) Como ocurre en el caso del Centro Nacional de Arbitraje en Chile.
(81) En la estructura de estos centros se destaca la existencia de una asamblea general, la junta directiva o de gobierno, el presidente y el secretario. La primera, normalmente, tiene a su cargo la elaboración del reglamento arbitral, la aprobación de sus modificaciones, el nombramiento y cese de los miembros de la institución, de su presidente y secretario, el establecimiento de tarifas generales relativas a honorarios de árbitro y gastos de administración, aprobación de la memoria y cuentas anuales; la segunda tiene a su cargo la función de gobierno de la institución, en general le corresponderá la aceptación o rechazo de los arbitrajes propuestos, la elaboración de una lista de personas apta para desempeñar funciones de árbitro, la designación de árbitros en casos concretos, así como la administración y el control de arbitraje encomendado. El presidente presidirá y dirigirá las reuniones así como las de la junta de gobierno, podrá convocar reuniones y tener especial valor su voto. El último es un órgano administrativo encargado de efectuar las convocatorias del presidente y de documentar las sesiones que se celebran, recibir los escritos dirigidos a la institución y practicar todas las notificaciones que se requieran con las partes y los árbitros.
(82) Para Munné se trataría en realidad de un acto unilateral no recepticio por cuanto va destinado a un número indeterminado de posibles compromitentes. Las partes, al decidir por qué un determinado centro administrará el arbitraje, también actuarían dentro de un marco de un acto jurídico unilateral, esta vez recepticio y dirigido que no vincula al centro hasta que aquel no ha aceptado el encargo, de manera que en principio se trata de dos negocios jurídicos independientes que darán lugar a un iter procedimental del que aquellos constituyen presupuestos. Munné Catarina, Frederic, ob. cit. —n. 22—, pp. 65-66.
(83) En un sentido similar, Ciurana señala que las instituciones arbitrales no podrían rechazar la designación que las partes han efectuado a su respecto, si aquellas han cumplido toda la normativa correspondiente, de manera que queda vinculada por su propia oferta. Ciurana, Baldomero, Las instituciones arbitrales, ob. cit. —n. 23—, p. 91.
(84) Véase: Smith, H. y Pechota, V. Arbitration Rules Isuued by Internacional Institutios, Yonkers, N.Y., 1997.
(85) Véase: Greenblantt, J.L. y Griffin, P. Towards the Harmonization of internacional Arbitration Rules: Comparative Analysis of the Rules of the ICC, AAA, LCIA, and CIET, pp. 101-110.
(86) Un referente obligado lo constituye el Reglamento de Arbitraje de la Uncitral que data de 1976.
(87) Fernández Rozas, José. Luces y sombras del arbitraje institucional en los litigios transnacionales, p. 82.
(88) Véase, por ejemplo, el Reglamento de Arbitraje Internacional de la American Arbitration Association establece en su artículo 1.1 que sus reglas estarán sujetas a cualesquiera modificaciones que las partes adopten por escrito; a diferencia de la CCI que ha rechazado administrar arbitrajes en los que las partes hayan realizado modificaciones no previstas expresamente en el reglamento. Véase: Derains, Y. y Schaschwartz, E. El nuevo Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, p. 18.
(89) Beechey, J. Internacional comercial Arbitartion. A Process Ander Review and Change. En: Dispute Resolution Journal, vol. 55, n.º 3, 2000.
(90) Entre ellos se encuentran el RAU, aprobado por la Resolución 31/98 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1976; las recomendaciones otorgadas por la CNUDMI, con el objeto de ayudar a las instituciones arbitrales y otros órganos interesados en relación con los arbitrajes, a partir del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI; el Reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial —CIAC—. A pesar de ello, aún subsisten diferencias significativas en los reglamentos dictados por las distintas instituciones de arbitraje y donde las huellas del enfrentamiento entre el Common Law y civil law aún no se han desvanecido por completo, por ejemplo, el Reglamento de la AAA restringe los daños punitivos; el Reglamento de la LCIA faculta al tribunal arbitral para autorizar que uno o varios terceros sean parte del arbitraje, siempre que cualquier tercero y la parte solicitante de su inclusión en el arbitraje hayan expresado su conformidad a este respecto por escrito y su consentimiento para la emisión de un solo laudo arbitral conjunto o de tantos laudos como partes estén implicadas en el arbitraje —art. 22. h—, lo que no ocurre en la mayoría de modelos procedimentales. Por su parte, las instituciones suizas en el año 2004, adoptaron un reglamento común de arbitraje internacional, llamado a sustituir a cada uno de los reglamentos de arbitraje que cada cámara venía utilizando. Este nuevo reglamento se inspira en el RAU, incrementando el grado de certidumbre y seguridad para los operadores del comercio internacional que deben resolver sus controversias a través del arbitraje. Asimismo, el Reglamento Internacional de Arbitraje de la AAA ha experimentado numerosas modificaciones al adaptarse a las necesidades cambiantes del derecho de los negocios internacionales, hasta llegar al reglamento en vigor desde mayo de 2006. Se infiere de estos modelos una preferencia por la flexibilidad en contraposición a las normas detalladas.
(91) Fernández Rozas, José. Tratado de arbitraje comercial, ob. cit. —n. 31—, p. 468.
(92) Así, de acuerdo al artículo 4.º del Reglamento CACC, dispone que “El acuerdo de las partes sometiéndose al Reglamento General del CACC implica automáticamente que estas quedan sujetas a las normas del presente reglamento y que aceptan la tarifa administrativa y la fijación de los porcentajes que realice el comité ejecutivo para los honorarios de los árbitros. Cuando las partes se sometan al arbitraje institucional o a la mediación de la Cámara de Comercio de Caracas, se entenderá que hacen referencia al CACC”.
(93) Fernández Rozas, José. Tratado de arbitraje comercial, p. 476.
(94) A modo de ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas que reformó su reglamento en el año 2000 y 2005 para introducir mejoras relevantes en el manejo de los procedimientos arbitrales.
(95) Así, en Colombia, todo centro de arbitraje deberá contar con su propio reglamento que deberá contener una serie de especificaciones, como son: la manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos año, requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites de inscripción y forma de hacer su designación; b) listas de secretarios con vigencia no superior a dos años y forma de hacer su designación; c) tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje institucional; d) tarifas para gastos administrativos; e) normas administrativas aplicables al centro; f) funciones del secretario; y g) forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades —art. 125 LA de Colombia—. En Ecuador también ocurre una situación similar, pues para que funcione un centro de arbitraje es menester que este cuente con su propio reglamento que deberá regular al menos los siguientes asuntos: a) La manera de formular las listas de árbitros, secretaros y mediadores, las que tendrán la vigencia no superior a dos años, los requisitos que deben reunir las personas que las integren, y las causas de exclusión de ellas; b) Las tarifas de honorarios para árbitros, secretarios y mediadores y la forma de pago de estas; d) forma de designar al director del centro, sus funciones y facultades; y e) código de ética para los árbitros, secretarios y mediadores. Así también ocurre en Venezuela al disponer su artículo 13 de la LA que todo centro de arbitraje ubicado en dicho país tendrá su propio reglamento, el cual deberá contener: a) procedimiento para la designación del director del centro, sus funciones y facultades; b) reglas de procedimiento arbitral; c) procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y renovada, por lo menos cada año; los requisitos que deben reunir los árbitros; las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y el procedimiento para su designación; d) tarifas de honorarios para árbitros y tarifas de gastos administrativos, las cuales serán revisadas y renovadas cada año; e) normas administrativas aplicables al centro; y f) cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro.
(96) Vid. artículos 10, 13 y 24 de la LA española 60/2003.
(97) Fernández Rozas, José. Tratado de arbitraje comercial, ob. cit., p. 444.
(98) Doctrinalmente se acostumbra a distinguir entre arbitraje fully-administered de la AAA y la LCIA y el semiadministered de la CCI. De manera que en el primero el centro arbitral es el único canal de comunicación entre las partes y el árbitro, incluida la notificación del laudo arbitral, y es quien instruye el procedimiento arbitral; en cambio, en el segundo se contempla la comunicación directa entre las partes y los árbitros, y el procedimiento arbitral se instruye por acuerdo entre las partes y los árbitros, y el procedimiento arbitral se instruye por acuerdo entre las partes y, en su defecto, por acuerdo de los árbitros.
(99) Para un detallado análisis sobre el particular: Vásquez Palma, M. Fernanda, Arbitraje en Chile, ob. cit., pp. 235-276.
(100) Sobre las implicancias y connotaciones de este principio, entre otros: Gómez Jene, para quien en el reconocimiento de este principio se aprecia verdaderamente la confianza que el legislador deposita en la institución arbitral. Gómez Jene, Miguel. El arbitraje comercial internacional en la Unión Europea: La eficacia del laudo arbitral, p. 104; Cardaso Palau, Juan. Potestad de los árbitros para decidir sobre su propia competencia, pp. 255-267; Gisbert Pomata, Marta. Comentarios a la nueva ley de arbitraje, pp. 135-139. Sobre la situación de este principio en Chile: Vásquez Palma, M. Fernanda, Arbitraje en Chile, ob. cit., pp. 211-254.
(101) Una de las pocas jurisdicciones que lo refuta es la China —artículo 20 de la Ley de arbitraje—. Un análisis sobre el particular: Petsche, Markus. The growing autonomy of International commercial arbitration, p. 81. Para un completo examen de este principio: Hanotiau, Bernard, L`arbitrabilité et al favor arbitrandum: un réexamen, Journal du Droit International, pp. 899-966.
(102) El origen de esta doctrina surge de lo dispuesto en el artículo II del CNY, que establece tres tipos de causales de ineficacia del convenio, con carácter muy general. Se señala que los tribunales estatales respetarán el acuerdo por escrito entre las partes y enviarán a estas al arbitraje, a menos que comprueben que dicho acuerdo es “nulo, ineficaz, o inaplicable”. Sobre el particular: Artuch Iriberri, Elena. La jurisdicción del Ciadi de acuerdo con el artículo 25 de la Convención del Ciadi, pp. 287-297; Fernández, Arenas, De Miguel. Derecho de los negocios internacionales, pp. 648-649; Vásquez Palma, M. Fernanda, Arbitraje en Chile, ob. cit., pp. 347 y 374.
(103) Díez-Picazo Jiménez, I. y Vega Torres, J. Derecho procesal civil: proceso concursal, arbitraje, pp.106-107.
(104) Como bien señala Sánchez-Calero Guillarte, ocurre que en muchas ocasiones la lectura de la lista de candidatos elegibles como árbitros en algunas de estas instituciones o la repetición de aquellos que son nombrados para los asuntos de importancia pero de distinto tenor, llevan a pensar que se trata de instituciones cuyos criterios de selección de posibles árbitros no resultan claros. Sánchez-Calero Guilarte, Juan. El impulso al arbitraje y algunas deslealtades al procedimiento arbitral, p. 372.
(105) El CNA intenta diferenciarse de otras instituciones arbitrales justamente a partir de este punto, al involucrar a las partes en esta toma de decisión, posibilitando que estas queden conformes con la designación del árbitro. A estos efectos, parte por reconocer que el mecanismo imperante en otros centros arbitrales chilenos es precisamente un “mandato ciego”. Disponible: http://www.cna.cl/index-7.php#03.
(106) Fernández, Arenas, De Miguel, Derecho de los negocios internacionales, ob. cit., pp. 159-204.
(107) La voz autorizada de Lalive, señala a este respecto “Une critique analogue est adressée à certains arbitres, pourtant dignes d’estime par ailleurs, mais réputés ne pas rédiger eux-mêmes leurs décisions, sans doute par sur occupation. La critique nous a paru peu crédible à priori, tant il est vrai que l’acte de juger ne se réalise vraiment qu’au moment et Dans la rédaction de la décision - forme et fond étant inséparables. Mais le seul fait que ces critiques soient possibles et que ces rumeurs circulent est en soi inquiétant, et nuisible pour l’ensemble de la communauté des usagers et des arbitres”. Lalive, P., Dèrives arbitrales (I), Bull. ASA, 23, 2005, p. 590.
(108) Haciendo eco de esta necesidad: artículo 40 del Reglamento de la Cámara de Comercio de Caracas —CACC—, o el artículo 8.º del Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Argentina de Comercio —Cemarc—.
(109) Fernández Rozas, José. Luces y sombras del arbitraje institucional en los litigios transnacionales, en Revista de la Corte Española de Arbitraje, pp. 71-104.
(110) Ríos Álvarez. Rodrigo, Sociedades complejas y arbitraje organizacional, pp. 100-125.
(111) Sánchez-Calero Guilarte, Juan, ob. cit., p. 372.
(112) Sobre las críticas de este sistema: Espugles Mota, Carlos. Sobre algunos desarrollos recientes del arbitraje comercial internacional en Europa, pp. 193-194.
(113) Los reglamentos de arbitraje acostumbran a regular minuciosamente esta cuestión, aunque no existe una unanimidad en cuanto al mecanismo utilizado. Unos optan por que el centro de arbitraje asuma por entero la decisión —Reglamento AAA, art. 9.º, Reglamento CCI, art. 11.3 o Reglamento LCIA, art. 10.4—, otros prefieren dejar la decisión a los árbitros —Reglamento CEA, art. 16.1—, existiendo variantes si la decisión sobre la recusación se ha dejado a los árbitros si son varios y a la institución en caso de árbitro único. Con ciertas diferencias, señaladamente plazos más breves, esta fórmula se recoge en el artículo 17 del Reglamento del Centro de Arbitraje de México —CAM—, en el artículo 15 del Reglamento del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México —Canaco— o en el artículo 11 del Reglamento Cemarc.
(114) A modo de ejemplo: artículo 239 del Código Orgánico de Tribunales —COT—.
(115) Un caso que sirve de ejemplo a esta práctica es el asunto Todosabor, C.A./Haagen Dazs International Shoppe Inc. —2006—
(116) Ver: http://www.iccwbo.org/court/frencj/refere/all_tipics.asp
(117) Esta posibilidad la recoge el artículo 22.2. del Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje —Cedca— de Venezuela.
(118) Al efecto, el artículo 27 del Reglamento CCI determina que ningún laudo podrá ser dictado por el tribunal arbitral antes de haber sido aprobado, en cuanto a su forma, por la Corte; esta podrá también y, respetando la libertad de decisión del tribunal arbitral, llamar la atención sobre algunos puntos relacionados con el fondo de la controversia.
(119) En Argentina, el Reglamento de Procedimientos para la solución de Controversias ante las Cámaras Arbitrales y Afines contenido en el Decreto 931/1998 que incorpora, al lado del tradicional recurso de anulación ante la jurisdicción ordinaria, un peculiar sistema de recursos de contenido extrajudicial, en concreto declaratoria, de reconsideración y de unificación. Otro sistema es el que aporta el Reglamento del CAM Santiago, a través de un órgano arbitral que desempeña las funciones de una segunda instancia. De acuerdo con ello, en contra de la sentencia definitiva dictada por un árbitro arbitrador, “procederán el recurso de aclaración, rectificación y enmienda, y también el recurso de apelación, solo cuando se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 642 del CPC conferido previo mandato a la Cámara de Comercio de Santiago para que designe al tribunal arbitral de segunda instancia de entre los miembros del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago —art. 41—. Y si la decisión que pretende impugnarse ha sido pronunciada por un árbitro de derecho conocerá también “un tribunal de segunda instancia compuesto de tres miembros designados entre los integrantes del cuerpo arbitral del centro, cuando las partes así lo hayan manifestado en el compromiso o acordado en acto posterior, antes de la iniciación del juicio” —art. 42—.

References: artículo 88
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 39
 artículo 116
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 71
 resolución 
in fine
 artículo 40
 resolución 
 artículo 2
 artículo 11
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 67
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
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 artículo 15
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 4
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 artículo 1
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 239
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 642