Source: http://www.invied.mde.es/01-invied/normativa/rd-1286-usuarios-despuesley.html
Timestamp: 2014-04-18 15:38:47+00:00

Document:
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa - Real Decreto 1286/1999, de 15 de octubre
I.N.V.I.E.D.Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
El INVIED
Real Decreto 1286/1999, de 15 de octubre
Concursos para venta de viviendas militares
Adjudicación de vivienda militar
Ayudas económicas para compra de vivienda
Explotación de bienes
Usuarios vivienda militar
Reducción canon de uso
Transmisión derecho uso
Usuarios con contrato posterior a la entrada en vigor de la Ley 26/1999 (11 de julio de 1999)
Artículo 20. Canon arrendaticio de uso y tasas.
El usuario de una vivienda militar vendrá obligado a satisfacer el canon mensual que tenga fijado, así como a abonar los servicios repercutibles, haciendo efectivo su importe, en el periodo que corresponda, mediante domiciliación bancaria.
2. Los citados cánones, así como las cantidades a abonar por servicios repercutibles, tienen la naturaleza de precios públicos, salvo que proceda su calificación como tasa en los supuestos excepcionales determinados en el artículo 18.1, siendo de aplicación, en consecuencia, los procedimientos que para su reclamación o reintegro prevé la legislación reguladora de las tasas y precios públicos.
3. El Ministro de Defensa fijará la cuantía de los cánones de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento que se adjudiquen.
La cuantía resultante no superará el 50 por 100 del precio medio del mercado de alquiler de viviendas en la correspondiente localidad.
4. La cuantía de los cánones de uso de viviendas militares y plazas de aparcamiento administradas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, será actualizada cada año mediante la aplicación del Índice de Precios de Consumo correspondiente al ejercicio económico anterior, incluidas las que fueron adjudicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio, que quedó fijada para el año 2000 en el importe que venían abonando los usuarios en el año 1999, salvo en los casos en que la vivienda haya sufrido una rehabilitación total o parcial, en cuyo caso el canon se actualizará de acuerdo con los nuevos parámetros.
Artículo 21. Conservación, reparaciones y gastos repercutibles.
1. Serán de cuenta del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa los gastos derivados de las viviendas militares por los siguientes conceptos:
b) Las reparaciones que resulten necesarias en las viviendas y edificios por averías en las conducciones de agua, electricidad, gas, calefacción, ventilación, salida de humos, etc., salvo las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda.
a) Los suministros, servicios y consumos individualizados o susceptibles de medición por contador y los tributos que los graven. En los inmuebles en que no exista contador individualizado la imputación se hará mediante prorrateo, en función de la superficie de la vivienda o zona de que se trate, para los gastos de calefacción o limpieza, y en función del número de personas que habitan la vivienda en los consumos directos para el caso del suministro del agua.
El procedimiento y criterios para la imputación de estos gastos se hará efectiva con carácter general, mediante resolución del Director Gerente del organismo, que podrá establecer una cantidad fija para su cobro cuando la cuantía de los gastos repercutibles representen un importe inferior al 20 por 100 del canon correspondiente.
3. No obstante lo establecido en el apartado 1 de este artículo, una vez constituida la comunidad de propietarios de un determinado inmueble, se estará a las normas de constitución de la misma, así como a los acuerdos que se adopten en las juntas que se celebren, y el Instituto asumirá los gastos que le correspondan según su cuota de participación como propietario.
En este caso, la imputación de los gastos repercutibles a los usuarios de las viviendas militares, se hará de acuerdo con lo que resulte de la administración de las diferentes comunidades de propietarios en las que se integre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
4. En el caso de que habiten en la vivienda personas con minusvalía, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Artículo 22. Resolución de contratos.
c) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no autorizadas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que modifiquen la configuración de la vivienda y de sus accesorios o provoquen la disminución de la estabilidad o seguridad de la misma.
f) Cuando el titular disponga de otra vivienda adquirida por los procedimientos de adjudicación directa o concurso a los que se hace referencia en los artículos 40 y 41.
g) El fallecimiento del titular si no existen beneficiarios definidos en el artículo 19.
h) La extinción de las causas por las que se otorgó el derecho de uso de la vivienda, previstas en el artículo 19.
b) recibir una indemnización, que se fijará en el importe de 36 mensualidades del canon máximo vigente para las viviendas militares en el momento de producirse dicha resolución o, si fuera mayor, en una cantidad igual al 70 por 100 del valor real de mercado de la vivienda cuando el usuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un uno por ciento menos por cada año más, con el límite mínimo del 10 por 100.
Corresponde al Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa autorizar el realojo al que hace referencia el apartado 3.a) y declarar el derecho a la indemnización que se contempla en el apartado 3.b), cuyo importe se hará efectivo una vez haya sido desalojada la vivienda.
5. Producida cualquiera de las causas de resolución del contrato que se establecen en los apartados 1 y 2, si el usuario no desalojara voluntariamente la vivienda en el plazo de un mes, desde el requerimiento que le dirija al efecto el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se incoará el correspondiente expediente administrativo de desahucio, que se ajustará al procedimiento señalado en la legislación sobre viviendas de protección oficial, cuya resolución deberá notificarse a los interesados en el plazo máximo de seis meses.
Artículo 23. Reglas especiales de la residencia en determinadas causas de resolución.
1. A los solos y exclusivos efectos de lo dispuesto en el artículo 22.1.e) y h), se entenderá que los titulares de contrato que se encuentren en la situación de servicio activo o de reserva con destino, mantendrán la residencia habitual en la vivienda militar, aún en el caso de que pasen a ocupar destino, voluntario o forzoso, en otra localidad distinta de aquella en la que se encuentra el inmueble, siempre que el desempeño de aquel destino no sea por un plazo superior a veinticuatro meses y concurran o persistan, además, los requisitos que se establecen en el apartado siguiente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos destinos que lleven aparejada la adjudicación de pabellón de cargo.
Asimismo, será requisito ineludible que el titular del contrato vuelva a tener inmediatamente un destino en la misma localidad o área geográfica donde se encuentra ubicada la vivienda militar, al término del período de los veinticuatro meses de haber estado destinado en otra.
Respecto de los titulares de contrato que no se encuentran en la situación de servicio activo o de reserva con destino, se considerará que conservan aquella residencia habitual cuando durante el indicado plazo y a través de los pertinentes controles de ocupación se acredite que ocupan el inmueble de manera real y efectiva en los términos que se señalan en los apartados 3 y 4 de este artículo.
3. Serán, además, requisitos necesarios y concurrentes para entender que se mantiene la residencia habitual a los efectos de lo dispuesto en los artículos 19 y 29, los siguientes:
a) Que el cónyuge no separado legalmente o de hecho, la persona en análoga relación de afectividad que el cónyuge, los ascendientes del titular en primer grado y, en su caso, los hijos del titular menores de edad, o que tengan una discapacidad igual o superior al 65 por 100, tengan fijada la residencia en la vivienda militar.
b) Que los residentes en la vivienda militar la ocupen real y efectivamente.
4. La residencia habitual se justificará mediante certificado de empadronamiento expedido por el Registro competente de la localidad donde se encuentre ubicada la vivienda militar, que habrá de ser coincidente con la fecha de su adjudicación, casamiento o inicio de análoga relación de afectividad y, en su caso, nacimiento.
5. La ocupación real y efectiva de la vivienda militar se podrá acreditar mediante el Documento Nacional de Identidad y la presentación de prueba documental justificativa de la asignación, en la localidad o área geográfica del lugar donde este sito el inmueble, de los servicios sanitarios, educativos, sociales o cualesquiera otros que justifiquen su uso y disfrute ordinario.
6. En cualquier caso, quienes se encuentren en situaciones especiales graves de necesidad personal, social o económica, podrán continuar en el uso de la vivienda militar hasta que desaparezca la gravedad o urgencia de aquéllas.
Se entenderá que existen situaciones de especial gravedad cuando, al menos, el nivel de recursos individual sea inferior al 20 por cien del Haber Regulador fijado para el personal del grupo de clasificación «C1» en las respectivas leyes de presupuestos para cada ejercicio económico, mediante el cálculo previsto en el apartado tercero de la Orden Ministerial 154/2000, de 9 de julio, por la que se arbitran diversas medidas tendentes a facilitar el derecho de uso a determinados usuarios de vivienda militar.
Artículo 29. Pérdida del derecho de uso.
No obstante lo anterior, por necesidades operativas de los Ejércitos, el Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, previo informe de aquellos, podrá determinar destinos en los que, aún no coincidiendo con el lugar donde está sita la vivienda militar, no cesará el derecho de uso.
El régimen establecido en el párrafo anterior será de aplicación a:
1. Destinos cuya duración no sea superior al plazo de 24 meses siempre que se obtenga un destino inmediato posterior en la localidad o área geográfica donde se encuentre ubicada la vivienda militar.
2. Destinos en los que, quienes los desempeñen, se encuentren realizando cualquier curso de enseñanza en las Fuerzas Armadas de formación, perfeccionamiento o de altos estudios de la defensa nacional.
La relación de los destinos a los que hace referencia dicho párrafo segundo será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
A las causas de las letras a), c), d) y e), podrán serles de aplicación, en su caso, la previsión dispuesta en el artículo 23.6.
En el caso de no producirse el desalojo voluntario, se incoará el correspondiente expediente de desahucio que se ajustará al procedimiento señalado en los artículos 142 al 144 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas de protección oficial, texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre.
Artículo 60. Régimen general.
3. No se podrá ser titular de dos viviendas militares. Asimismo, durante el tiempo que se esté ocupando un pabellón de cargo, a su titular no se le podrá adjudicar una vivienda militar.
4. En ningún caso se podrá adquirir más de una vivienda enajenada por el Ministerio de Defensa o sus organismos por el procedimiento de concurso o adjudicación directa o por cooperativa que la hubiere construido en terrenos enajenados por los extintos Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa o Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
5. Quienes adquieran una vivienda por el procedimiento de concurso o adjudicación directa, o como beneficiarios de cooperativa que la hubiera construido en terrenos enajenados por los extintos Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa o Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, no podrán acceder a la percepción de compensación económica, ni al uso de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, ni a la obtención de ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda, ni a cualquier otra ayuda del Ministerio de Defensa o sus organismos para la adquisición de vivienda.
Artículo 61. Titulares de viviendas militares enajenables.
Quienes sean titulares de vivienda militar enajenable, durante el tiempo que la estén ocupando, no podrán acceder a la percepción de compensación económica, ni al uso de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial, ni a la obtención de ayudas para el acceso a la propiedad de vivienda, ni a cualquier otra ayuda otorgada por el Ministerio de Defensa o sus organismos para la adquisición de vivienda, ni adquirir vivienda por el procedimiento de concurso previsto en el artículo 41.
Artículo 62. Propietarios de viviendas enajenadas por el Ministerio de Defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este título, quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio, hayan adquirido una vivienda adjudicada por el procedimiento de concurso o adjudicación directa por el Ministerio de Defensa o sus organismos, o por cooperativa que la hubiere construido en terrenos enajenados por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, no podrán acceder a ninguna de las medidas de apoyo previstas en este estatuto, salvo la compensación económica o vivienda en régimen de arrendamiento especial en localidad de destino distinta a la de ubicación de la vivienda adquirida, y cuando en el solicitante concurran las circunstancias que para ser beneficiario de ellas se determinan en este estatuto.
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References: Real Decreto 

Real Decreto 

Artículo 20
 artículo 18

Artículo 21
 resolución 
 artículo 24

Artículo 22
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 23
 artículo 22

Artículo 29
 artículo 23

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 41

Artículo 62