Source: https://www.derechoconstitucional.es/2015/05/derecho-libertad-expresion-informacion-honor-intimidad-imagen-jurisprudencia-constitucional.html
Timestamp: 2018-08-18 06:20:57+00:00

Document:
Derecho a la libertad de expresión, información, honor, intimidad y propia imagen a través de la jurisprudencia constitucional - Derecho Constitucional
“El derecho a la intimidad, como este Tribunal ha tenido ya ocasión de advertir, en cuanto derivación de la dignidad de la persona, implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (STC 209/1988, fundamento jurídico 3º). Dada la conexión necesaria que ha de existir entre el derecho en cuestión y la esfera reservada para sí por el individuo, en los más básicos aspectos de su autodeterminación como persona, resulta, por lo menos, cuestionable que en abstracto pueda entenderse vulnerada su intimidad por la exigencia de transmitir información sobre actividades desenvueltas en el tráfico económico y negocial. Unas actividades que tienden a desarrollarse en el ámbito de relación con terceros, y a estar sometidas a fórmulas específicas de publicidad, en aras de la seguridad jurídica y de la transparencia en el tráfico económico, de ahí que sólo con extremada dificultad puedan calificarse como reservadas, en el sentido antes descrito típico del juego del derecho a la intimidad. No cabe duda de que puede existir un interés legítimo en mantener resguardadas del conocimiento de terceros estas actividades, pero dicho interés desborda el ámbito de estricta constitucionalidad, para introducirse en la esfera de lo puramente económico.
Podría sin embargo aceptarse, como hipótesis, que hubiera casos en que alguno de los extremos sobre los que ha de versar la información puede incidir sobre el ámbito del derecho a la intimidad, pero tampoco sería por ello mismo rechazable a priori la imposición de estas cargas informativas. Como ya ha sostenido este Tribunal, el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho (STC 57/1994, fundamento jurídico 5º) (…)”.
- Derecho a la inviolabilidad del domicilio, ligado al derecho a la intimidad
+ Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984
Se trata de un derecho que tiene un carácter instrumental respecto del derecho a la intimidad. Así lo señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984, en su Fundamento Jurídico 2:
“(…) la protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona. Por ello, existe un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio (art. 18.2 de la Constitución) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad (artículo 18.1 de la Constitución) (…)”.
Tal y como señala el artículo 18.2 de la Constitución, este derecho no puede considerarse lesionado cuando el titular del domicilio consienta la entrada, cuando una resolución judicial así lo autorice o en caso de flagrante delito, como dice la misma sentencia en su Fundamento Jurídico 3:
“En el texto constitucional, la norma de interdicción de entrada y de registro sólo admite unas excepciones muy determinadas: el consentimiento del titular, que según el texto del precepto no necesita ser expreso, la existencia de una resolución judicial que la autorice y la producción de un delito flagrante, caso en el cual los perseguidores pueden continuar la persecución del domicilio de la persona afectada (…)”.
+ STC 160/1991
La autorización judicial representa una garantía para este derecho, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 160/1991, en su Fundamento Jurídico 8:
“(…) La garantía judicial aparece así como un mecanismo de orden preventivo, destinado a proteger el derecho, y no -como en otras intervenciones judiciales previstas en la Constitución- a reparar su violación cuando se produzca. La resolución judicial, pues, aparece como el método para decidir, en casos de colisión de valores e intereses constitucionales, si debe prevalecer el derecho del art. 18.2 C.E. u otros valores e intereses constitucionalmente protegidos. Se trata, por tanto, de encomendar a un órgano jurisdiccional que realice una ponderación previa de intereses, antes de que se proceda a cualquier entrada o registro, y como condición ineludible para realizar éste, en ausencia de consentimiento del titular (…)”.
Aun cuando hayamos considerado que tiene un carácter instrumental respecto al derecho a la intimidad, se trata de un derecho sustantivo, esto es: un derecho con contenido propio. El Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984 -antes citada- se detiene en definir lo que -al objeto de este derecho- hemos de entender por domicilio, y advierte que no sólo se viola el domicilio entrando físicamente en él, sino también cuando se invade este espacio de privacidad por medio de aparatos mecánicos, electrónicos o análogos:
“(…) la inviolabilidad del domicilio, que constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública. Como se ha dicho acertadamente, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella. Interpretada en este sentido, la regla de la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades, en las que se comprenden las de vedar toda clase de invasiones incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos (…)”.
No podemos obviar -hablando de los derechos mencionados derechos e incidiendo en el ámbito de la privacidad, intimidad, etc.- el derecho al secreto de las comunicaciones:
El artículo 18.3 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Ese derecho reconoce la facultad de comunicarnos con otras personas a través de estos u otros medios, y también el secreto de las mismas, de tal forma que -salvo resolución judicial- un tercero no podrá interceptarlas o controlarlas de ninguna manera. En este sentido, no es necesario que el tercero conozca el contenido de lo que se comunica: el mero control de que hemos realizado una llamada a una persona o de que nos hemos dirigido a ella por correo (postal o electrónico) lesiona este derecho aun cuando lo comunicado no haya trascendido.
Como se trata de proteger las comunicaciones que con otras personas podemos tener, este derecho no podemos invocarlo frente a quien intervino en la comunicación. Es decir, si nuestro interlocutor graba nuestra conversación desvelándola a terceros, quizás lesione nuestro derecho a la intimidad -si es que el contenido de la misma hubiera tenido ese carácter- pero no el derecho al secreto de las comunicaciones.
+ STC 114/1984
El concepto de “secreto” del artículo 18.2 de nuestra Carta Magna tiene un carácter formal, en el sentido de que nada tiene que ver el contenido de la comunicación. Lo que queremos decir es que formalmente el carácter secreto también podría predicarse de una llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de Whatsapp que tan sólo comunicara “mañana va a llover”. El bien jurídico protegido es la libertad -la ausencia de control- de nuestras comunicaciones, con independencia del contenido de las mismas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, en su Fundamento Jurídico 7, nos habla sobre ello:
“(…) El derecho al «secreto de las comunicaciones... salvo resolución judicial» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del «secreto»- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo). Por ello, no resulta aceptable lo sostenido por el Abogado del Estado en sus alegaciones en el sentido de que el artículo 18.3 de la Constitución protege sólo el proceso de comunicación y no el mensaje, en el caso de que éste se materialice en algún objeto físico. Y puede también decirse que el concepto de «secreto», que aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales. La muy reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre de 2 de agosto de 1984 -caso Malone- reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda resultar violado por el empleo de un artificio técnico que, como el llamado comptage, permite registrar cuáles hayan sido los número telefónicos marcados sobre un determinado aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma.
Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera «íntima» del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución. Otro tanto cabe decir, en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica. Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 de la Constitución). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex art. 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex art. 18.1, garantía ésta que, «a contrario», no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma posibilidad de los procesos de libre comunicación humana”.
+ Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1996
Hay que recordar lo que señala el artículo 10.2 de la Constitución en relación con la relevancia de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales (debiendo interpretarse conforme a ellos), ya que el Fundamento Jurídico 3 de la Sentencia 49/1996 del Tribunal Constitucional acude a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para subrayar que este derecho puede ser limitado mediante una resolución judicial que justifique la necesidad de intervenir o de controlar nuestras comunicaciones. Al adoptar esta decisión, el órgano judicial habrá de ponderar la necesidad de limitar este derecho atendiendo a las circunstancias del caso. Esto es, habrá de darse una relación de proporcionalidad entre la gravedad de la medida (la limitación de un derecho fundamental) y la finalidad de la misma (justificándose, por ejemplo, para evitar que se cometa un delito).
El Tribunal señala que una prueba que hubiese sido obtenida violando un derecho fundamental -como podría ser a través de una intervención telefónica no autorizada judicialmente, o autorizada sin motivación suficiente- es nula:
“(…) En sintonía con esa doctrina del T.E.D.H., y en la línea de nuestra propia jurisprudencia, recientemente hemos afirmado (STC 86/1995) que "el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser limitado mediante una resolución suficientemente motivada. La existencia de un mandamiento judicial autorizando la intervención, junto con la estricta observancia del principio de proporcionalidad en la ejecución de esta diligencia de investigación, constituyen exigencias constitucionalmente inexcusables que afectan al núcleo esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, de tal modo que la ausencia de autorización judicial o la falta de motivación determinan, irremediablemente, la lesión del derecho constitucional, y por tanto la prohibición de valoración de cualquier elemento probatorio que pretenda deducirse del contenido de las conversaciones intervenidas, no sólo del resultado mismo de la intervención, sino de cualquier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios" (fundamento jurídico 3º) (…)
(…) Si un Tribunal sentenciador fundamenta su resolución condenatoria en pruebas obtenidas con violaciones de derechos fundamentales (sea por la Policía, sea por los Jueces de instrucción) la presunción de inocencia no ha de destruirse, como derecho fundamental que es, con semejante material probatorio (…)”.
+ STC 54/1996
La Sentencia del Tribunal Constitucional 54/1996 insiste en la idea de que los jueces son los garantes ordinarios de los derechos fundamentales. Un derecho no puede limitarse si no es mediante una resolución judicial motivada. Se advierte como en este Fundamento Jurídico 7 el Constitucional vuelve a remarcar la importancia de tener presente el principio de proporcionalidad a la hora de juzgar la legitimidad de una resolución judicial que restrinja el ejercicio o disfrute de un derecho fundamental:
“(…) Desde las primeras Sentencias este Tribunal ha venido declarando que "cuando se coarta el libre ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución el acto es tan grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses por los que se sacrificó. La motivación no es sólo una elemental cortesía sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de los derechos (STC 26/1981), y en este mismo sentido, afirmamos que toda resolución que limita o restringe el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar motivada, de forma que las razones justificativas de tal limitación puedan ser conocidas por el afectado. En esta línea, hemos venido reiterando que la restricción del derecho fundamental debe adoptarse por medio de resolución judicial motivada (SSTC 3/1992, 13/1994), y que ello se debe a la íntima relación existente entre la motivación judicial y las circunstancias fácticas que legitiman tal restricción, pues sólo a través de aquélla pueden conocerse y ponderarse éstas (STC 128/1995). Asimismo cabe traer a colación la STC 85/1994, dictada en relación con un supuesto de intervenciones telefónicas, en la que recordábamos que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -casos Klass y Malone- ha venido exigiendo una serie de requisitos para estimar conforme a Derecho la interceptación de las comunicaciones telefónicas a un particular. Conforme a tales exigencias del T.E.D.H. este Tribunal declaró que, siendo cierto que la observación de las telecomunicaciones supone una grave injerencia en la esfera de intimidad personal constitucionalmente reconocida, como tal ha de estar sometida al principio de legalidad, y en especial, al de proporcionalidad (STC 37/1989) que requiere tanto una específica gravedad de la infracción punible o relevancia social de su bien jurídico para justificar la naturaleza de la medida, como la observancia de las garantías exigibles de autorización judicial específica y razonada con respeto en su realización a los requisitos similares a los existentes en otro tipo de control de comunicaciones (ATC 344/1990). Y la necesidad de motivación resulta necesaria porque sólo a través de ella se preserva el derecho de defensa y se puede hacer el necesario juicio de proporcionalidad entre el sacrificio del derecho fundamental y la causa a la que obedece. Pues corresponde al Juez llevar a cabo la ponderación preventiva de los intereses en juego y determinar si a la vista de las circunstancias concurrentes debe prevalecer el derecho constitucionalmente protegido (SSTC 160/1994, 50/1995), ya que la motivación es la única vía de comprobación de que se ha llevado a cabo la ponderación judicial que constituye la esencial garantía de la excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones. En esta misma línea, en la reciente STC 181/1995, reiterábamos la anterior doctrina acerca de la necesaria observancia del deber de motivación de aquellas resoluciones en que se acuerde la intervención telefónica, y declarábamos la nulidad de una observación telefónica practicada sin la garantía de una autorización judicial específica y razonada (fundamentos jurídicos 5º y 6º) en la que se expusieran las razones que aconsejaban la medida y su necesidad”.
. Material para trabajo de la asignatura “Derecho Constitucional III”, impartida por Juan Manuel López Ulla, en la UCA.
. http://www.derechoconstitucional.es/2013/03/doctrina-posicion-preferente-libertad-de-expresion.html
. http://www.tribunalconstitucional.es/es/actividades/Documents/XV%20Trilateral/PONENCIA.pdf
Etiquetas: Derecho, Derecho a la propia imagen, Derecho al honor, Derecho Constitucional, Libertad de expresión, Libertad de información

References: artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución