Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6202
Timestamp: 2019-02-22 21:32:14+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 235/2007
SENTENCIA 235/2007, de 7 de noviembre
ECLI:ES:TC:2007:235
La Sentencia contiene, entre otros, los siguientes hechos probados: “el acusado Pedro Varela Geiss, mayor de edad y sin antecedentes penales, actuando en su condición de titular y director de la librería Europa ... ha venido procediendo de forma habitual y continuada, con posterioridad al mes de junio de 1996, y a sabiendas de la entrada en vigor en España de la actual legislación penal en esta materia, a la distribución, difusión y venta de todo tipo de materiales en soporte documental y bibliográfico, libros, publicaciones, cartas, carteles, etc..., en los que de forma reiterada e inequívocamente vejatoria para el grupo social integrado por la comunidad judía, se negaba la persecución y genocidio sufridos por dicho pueblo durante el periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial, masacre colectiva programada y ejecutada por los responsables de la Alemania nazi que gobernaron en la época del III Reich. La inmensa mayoría de dichas publicaciones contenían textos en los que se incita a la discriminación y al odio hacia la raza judía, considerandoles seres inferiores a los que se debe exterminar como ‘a las ratas’”; “en la citada librería se vendían también publicaciones relativas a Arte, Historia y Mitología religiosa, pero su número era manifiestamente testimonial en comparación con las obras dedicadas al revisionismo del holocausto judío. El público habitual del establecimiento eran jóvenes caracterizados por su afinidad con las ideologías defensoras de la violencia como método de resolución de conflictos. Dichas publicaciones y material estaban a la venta al público y se exportaban por correo a multitud de clientes en Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Argentina y Sudáfrica, entre otros países. La librería Europa figuraba en toda la correspondencia remitida y recibida como editora y distribuidora del material comercializado”. Junto a ello se recogen algunos extractos de los contenidos de algunos de los libros ocupados negando el genocidio o justificando el mismo, o bien con afirmaciones incitando al exterminio.
4. Por providencia de fecha 31 de octubre de 2000, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 607.2 CP por presunta vulneración del art. 20.2 CE, así como, de conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de su Ley Orgánica, dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado al objeto de que, en un plazo improrrogable de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular cuantas alegaciones estimasen convenientes.
5. Por escrito registrado en este Tribunal con fecha de 15 de noviembre de 2000, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara el día 13 de noviembre de ese mismo mes y año en el sentido de no personarse en el presente procedimiento ni formular alegaciones, poniendo a disposición de este Tribunal las actuaciones de la Cámara que pudiese precisar por remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
6. Por escrito registrado en este Tribunal con fecha de 24 de noviembre de 2000, la Presidenta del Senado comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de noviembre de 2000 por el que se solicitaba que se la tuviera por personada en el presente procedimiento de inconstitucionalidad, a cuyos efectos ofrecía su colaboración de conformidad con lo establecido en el art. 88.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
7. Por escrito también de fecha 24 de noviembre de 2000 el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, compareció en el proceso oponiéndose a la cuestión de inconstitucionalidad promovida sobre la base de las siguientes alegaciones:
Desde el punto de vista del Abogado del Estado, “profesar ideas y doctrinas que nieguen que el genocidio sea delito, o que justifiquen el delito ... no constituye un acto de ejercicio del derecho fundamental a opinar libremente” dado que, frente a lo que se afirma en el Auto de planteamiento, tal comportamiento resulta peligroso —al menos en abstracto— para el bien jurídico protegido toda vez que con ello podría llegarse a “estimular resortes psicológico-sociales no bien conocidos, y crear una atmósfera social que, como demuestra el desarrollo de los hechos en la Alemania nazi, comienza con la discriminación legal en el acceso a cargos públicos y profesiones, sigue con el estímulo de la emigración de parte de la población, y se extiende e intensifica en todos los campos de la convivencia hasta los extremos de destrucción y exterminio que conoce la historia”. Por ello concluye que no cabe negar frontalmente, como parece hacer el órgano judicial proponente de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la peligrosidad de esas acciones que el legislador ha juzgado peligrosas y, por consiguiente, punibles.
1. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha promovido cuestión de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del artículo 607 del Código penal, a cuyo tenor “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de uno a dos años”.
2. Antes de entrar a analizar las dudas que plantea la Sala que promueve esta cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 607.2 del Código penal es preciso delimitar el objeto del presente proceso constitucional. Aun cuando el Auto de planteamiento se refiere en su parte dispositiva como precepto de cuya constitucionalidad se duda al citado art. 607.2, sin más especificaciones, sin embargo, toda su fundamentación jurídica se dirige a solicitar un pronunciamiento por parte de este Tribunal exclusivamente con relación a su primer inciso, que se refiere a la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados como genocidio en el art. 607.1 CP. En efecto, el proceso en el que se originó la presente cuestión es un recurso de apelación dirigido contra la Sentencia de 16 de noviembre de 1998 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Barcelona. En la misma se declaró probado que el condenado se dedicaba a la distribución, difusión y venta de materiales y publicaciones en los que se negaba la persecución y el genocidio sufrido por el pueblo judío. El Auto de planteamiento de la presente cuestión, al realizar el necesario juicio de relevancia, parte de que la librería del acusado “estaba especializada en libros de la Segunda Guerra mundial desde el punto de vista de los autores que defienden a la Alemania nazi y niegan la existencia del Holocausto”. Pese a ello, se somete al control de este Tribunal, de manera genérica, la constitucionalidad de todas las conductas previstas en el art. 607.2 LOTC.
4. Desde la primera ocasión en que este Tribunal tuvo que pronunciarse sobre el contenido constitucionalmente protegido de la libertad de expresión, venimos afirmando que “el art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política. La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos, y la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder” (STC 6/1981 de 16 de marzo, FJ 3, recogido, entre otras, en las SSTC/1990, de 15 de febrero; 336/1993, de 15 de noviembre; 101/2003, de 2 de junio; 9/2007, de 15 de enero). En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, reitera que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno (SSTEDH Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42, y Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43).
5. Todo lo dicho no implica que la libre transmisión de ideas, en sus diferentes manifestaciones, sea un derecho absoluto. De manera genérica, se sitúa fuera del ámbito de protección de dicho derecho la difusión de las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se quieran exponer, y por tanto, innecesarias a este propósito (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; 160/2003, de 15 de septiembre, FJ 4). En concreto, por lo que hace a las manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo, hemos concluido que el art. 20.1 CE no garantiza “el derecho a expresar y difundir un determinado entendimiento de la historia o concepción del mundo con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, al tiempo de formularlo, a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social, pues sería tanto como admitir que, por el mero hecho de efectuarse al hilo de un discurso más o menos histórico, la Constitución permite la violación de uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, como es la igualdad (art. 1.1 CE) y uno de los fundamentos del orden político y de la paz social: la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)” (STC 214/1991, de 11 de noviembre, FJ 8).
6. El precepto cuestionado es el primer inciso del art. 607.2 CP, cuyo tenor literal ya ha sido reseñado anteriormente. Como ponen en evidencia el Auto de planteamiento de la cuestión y el Abogado del Estado y el Fiscal en sus alegaciones, este precepto debe entenderse en el contexto de otros que vienen a dar cumplimiento, en el ámbito penal, a los compromisos adquiridos por España en materia de persecución y prevención del genocidio; entre ellos, el apartado segundo del artículo 22 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos que establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley” y el art. 5 del Convenio de Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 9 de diciembre de 1948, por el que España se compromete a establecer, con arreglo a su Constitución, “sanciones penales eficaces” para castigar a las personas culpables de genocidio o de “instigación directa y pública” a cometerlo.
7. Conforme reiteradamente hemos venido manteniendo, en virtud del principio de conservación de la ley sólo cabe declarar la inconstitucionalidad de aquellos preceptos “cuya incompatibilidad con la Constitución resulte indudable por ser imposible llevar a cabo una interpretación conforme a la misma” (por todas, SSTC 111/1993, de 25 de marzo, FJ 8; 24/2004, de 24 de febrero, FJ 6; 131/2006, de 27 de abril, FJ 2). Por ello será preciso “explorar las posibilidades interpretativas del precepto cuestionado, por si hubiera alguna que permitiera salvar la primacía de la Constitución” (SSTC 138/2005, de 26 de mayo, FJ 5; 76/1996, de 30 de abril, FJ 5) habiendo admitido desde nuestras primeras resoluciones la posibilidad de dictar sentencias interpretativas, a través de las cuales se declare que un determinado texto no es inconstitucional si se entiende de una determinada manera. No podemos, en cambio, tratar de reconstruir una norma contra su sentido evidente para concluir que esa reconstrucción es la norma constitucional (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 4). Y ello porque la efectividad del principio de conservación de las normas no alcanza “a ignorar o desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos” (SSTC 22/1985, de 15 de febrero, FJ 5; 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 2; y 341/1993, de 18 de noviembre). En definitiva, como señalamos en la STC 138/2005, de 26 de mayo, “la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem, pues ello implicaría desfigurar y manipular los enunciados legales, ni compete a este Tribunal la reconstrucción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal y, por ende, la creación de una norma nueva, con la consiguiente asunción por el Tribunal Constitucional de una función de legislador positivo que institucionalmente no le corresponde (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 96/1996, de 30 de mayo, FJ 22; 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 13; 194/2000, de 19 de julio, FJ 4; y 184/2003, de 23 de octubre, FJ 7)”.
8. Procede, por tanto, determinar si las conductas castigadas en el precepto sometido a nuestro control de constitucionalidad pueden ser consideradas como una modalidad de ese “discurso del odio” al que, como ha quedado expuesto anteriormente, alude el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como forma de expresión de ideas, pensamientos u opiniones que no cabe incluir dentro de la cobertura otorgada por el derecho a la libertad de expresión.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel respecto de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5152-2000, promovida por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 607.2 del Código penal, por presunta violación del artículo 20.1 de la Constitución.
2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años.”
- La proliferación en distintos países de Europa de episodios de violencia racista y antisemita que se perpetran bajo las banderas y símbolos de ideología nazi obliga a los Estados democráticos a emprender una acción decidida para luchas contra ella.
- España no permanece ajena al despertar de este fenómeno.
- Y, en fin, porque constata dicha proliferación, nos vemos obligados a dar un paso más allá de la represión de cuantas conductas puedan significar apología o difusión de las ideologías que defienden el racismo o la exclusión étnica, dado que constituyen —según la STC 214/1991— obligación que no ha de verse limitada en nombre de la libertad ideológica o de expresión.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez respecto de la Sentencia del Pleno de 7 de noviembre de 2007, referente al delito de difusión de ideas que nieguen o justifiquen delitos de genocidio.
3. En un célebre Voto particular (caso Milk Wagon Drivers Union of Chicago v. Meadowmoor) el Juez Black, del Tribunal Supremo norteamericano, afirmaba, en 1941, que la libertad de hablar y escribir sobre asuntos públicos es tan importante para el gobierno en América como el corazón para el cuerpo humano. La libertad de expresión —decía— es el corazón mismo del sistema de gobierno norteamericano. Por eso cuando el corazón se debilita desfallece el sistema y cuando se silencia el resultado es su muerte.
4. El problema constitucional se acrecienta, y ahí se profundiza aún más mi discrepancia, cuando, con cita de la STC 48/2003, de 12 de marzo, sobre la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, el fallo de la mayoría produce una modificación de la doctrina vertida en el fundamento jurídico 7 de aquella Sentencia unánime del Pleno, al no reparar en que, ante delitos como el de genocidio, se trae a colación siempre la dignidad del ser humano, que tratamos con cuidado exquisito en el fundamento jurídico 7 de la referida STC 48/2003. La Sentencia de la mayoría considera que las ideas u opiniones que han dado origen a esta cuestión de inconstitucionalidad “resultan repulsivas desde el punto de vista de la dignidad humana constitucionalmente garantizada” (sic en FJ 4) pero ello no impide concluir que, al menos en parte, deben encontrar cobijo en una visión de la libertad de expresión del art. 20 CE de la que discrepo.
3. Voto particular que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, respecto a la Sentencia del Pleno de 7 de noviembre de 2007, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5152- 2000.
1. La Sentencia al final del fundamento jurídico 7 sostiene que el precepto que sanciona la negación del delito de genocidio solo “resultaría conforme a la Constitución si se pudiera deducir del mismo que la conducta sancionada implica necesariamente una incitación directa a la violencia contra determinados grupos o un menosprecio a las víctimas del delito de genocidio”.
2. Tampoco comparto que el precepto, en la parte que es objeto de la declaración de inconstitucionalidad, pueda ser vulnerador de la libertad científica (art. 20.1 b CE) porque no se trata de castigar el resultado de la investigación de un historiador demenciado que llegara a la absurda conclusión de la inexistencia de un genocidio universalmente contrastado, en cuyo caso no habría elemento intencional alguno, y por lo tanto no resultaría punible, sino de poner coto, mediante la sanción penal, a la profusión de informaciones directamente encaminadas a minimizar o a explicar hechos monstruosos de genocidio para romper la barrera de repugnancia social que impide su temible repetición.
4. Voto particular que formula el Magistrado don Pascual Sala Sánchez a la Sentencia de este Tribunal recaída en la cuestión de inconstitucionalidad 5152-2000, planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto del artículo 607.2 del vigente Código penal.
1. La exigencia de un elemento tendencial en el tipo definido en el antecitado artículo 607.2 CP, que la Sentencia de que discrepo considera comprendido en la conducta consistente en la difusión de ideas o doctrinas que “justifiquen” un delito de genocidio (FJ 9) y que sin embargo no admite en aquéllas que lo nieguen, elemento este que la Sentencia de la que disiento (FJ 8, último párrafo) concreta en que la difusión de ideas o doctrinas —opiniones las llama— “fuese en verdad idónea para crear una actitud de hostilidad hacia el colectivo afectado”, resulta —dicho sea con todo respeto— en sí misma contradictoria, habida cuenta que la figura delictiva las identifica cuando coloca en la misma posición la negación y la justificación, conductas a las que simplemente separa por la disyuntiva “o”.
2. Aun prescindiendo del mencionado elemento tendencial, que como acaba de razonarse si se admite para una de las dos conductas contempladas en el artículo 607.2 CP ha de admitirse para las dos, se ha de llegar a la misma conclusión de constitucionalidad del precepto tan pronto se tenga en cuenta que no solo no constituye una interpretación irrazonable o errónea del tipo definido en el artículo 607.2 CP, sino que, por el contrario, resulta ajustado a los parámetros de la lógica entender que el precepto en cuestión define el delito de genocidio con un presupuesto común a todas las modalidades comisivas que contempla, a saber: la exigencia del propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo que ocurre es que el artículo 607.1, en sus cinco ordinales, hace referencia a conductas directa y hasta físicamente lesivas de bienes jurídicos ligados a la vida, integridad física, salud o condiciones de vida y, en cambio, el artículo 607.2 CP hace relación solamente, como se ha repetido, a la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen no los hechos sustentadores de las formas comisivas del apartado 1, sino “los delitos tipificados” en dicho apartado, delitos estos que no pueden cometerse sin el “propósito” previo anteriormente destacado. Al ser así, entender que ese elemento tendencial está también inmerso en las modalidades comisivas del tan mencionado apartado 2 es un razonamiento perfectamente coherente con la más elemental lógica jurídica.
3. Es cierto que este argumento podría ser tachado de interpretación de legalidad ordinaria que no incumbe hacer a este Tribunal y sí a los correspondientes órganos de la jurisdicción ordinaria. Pero no lo es menos que sirve para poner de relieve que se trata de una interpretación, lo mismo que la argumentada en el apartado 1 de este Voto, perfectamente factible y, por ello, susceptible de ser sustentada por el Tribunal a quo que planteó la cuestión parcialmente acogida en el criterio mayoritario, del mismo modo que, en relación con el caso concreto que enjuiciaba, podía haber resuelto cualquier problema concursal o de compatibilidad que ese caso pudiera presentar respecto de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas que citaba el Auto de planteamiento (arts. 510, 515.5 y 519 CP).
4. Tampoco puede decirse que la declaración de inconstitucionalidad de la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que “nieguen” los delitos de genocidio sea conforme con los textos internacionales más recientes o, con una perspectiva constitucional, con la necesidad de evitar la introducción en el tipo penal de elementos que no figuran recogidos en su tenor literal.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 5152-2000
Fecha de resolución 07/11/2007
Síntesis Descriptiva Planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto al artículo 607.2 del Código penal.
Síntesis Analítica Vulneración del derecho a la libre expresión: sanción penal de la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen delitos de genocidio. Nulidad parcial e interpretación de precepto legal. Votos particulares.
Resumen Se enjuicia la constitucionalidad del artículo 607.2 del Código penal, que castiga la difusión, por cualquier medio, de ideas o doctrinas tendentes a negar o justificar un delito de genocidio o a rehabilitar un régimen o institución que lo ampare.
Se declara parcialmente inconstitucional el precepto legal controvertido. La conducta consistente en la mera negación del genocidio, en la medida en que consiste en una mera transmisión de ideas y en cuanto no constituye, siquiera, un peligro potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma en cuestión, permanece en un estadio previo al que justifica la intervención del Derecho penal. En consecuencia, la inclusión de la expresión “nieguen o” en el primer inciso del precepto supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, el Tribunal apoya su decisión en la doctrina constitucional sobre manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenófobo sentada en la STC 214/1991, de 11 de noviembre, y en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el discurso del odio. Éste es definido en la STEDH Ergogdu e Ince c. Turquía, de 8 de julio de 1999 como el que, por sus propios términos, supone una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos o contra determinadas razas o creencias, supuesto que no coincide con el tipificado por el legislador español.
Por otro lado, se declara que no es inconstitucional tipificar como delito la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar el genocidio. El legislador penal puede castigar la justificación pública del genocidio sin quebranto constitucional, siempre que tal justificación opere como incitación indirecta a su comisión, incriminándose conductas que, aunque sea de forma indirecta, supongan una provocación al genocidio, o cuando se busque alguna suerte de provocación al odio hacia determinados grupos por su color, raza, religión u origen nacional o étnico, de tal manera que represente un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que pueda concretarse en actos específicos de discriminación. Resulta constitucionalmente legítimo castigar conductas en ejercicio de la proporcionada intervención penal del Estado como última solución defensiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas protegidos, cuya directa afectación excluye la conducta justificativa del genocidio del ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad de expresión, de manera que, interpretada en este sentido, la norma punitiva resulta, en este punto, conforme a la Constitución.
La Sentencia cuenta con cuatro votos particulares, todos ellos discrepantes.
1. La difusión de opiniones que nieguen el genocidio permanece en un estadio previo al que justifica la intervención del Derecho penal, en cuanto no constituye, siquiera, un peligro potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma en cuestión, de modo que su inclusión en el art. 607.2 CP supone la vulneración del derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) [FJ 8].
2. La mera negación del delito, frente a otras conductas que comportan determinada adhesión valorativa al hecho criminal, promocionándolo a través de la exteriorización de un juicio positivo, resulta en principio inane [FJ 8].
3. Resulta constitucionalmente legítimo castigar penalmente conductas que, aun cuando no resulten claramente idóneas para incitar directamente a la comisión de delitos contra el derecho de gentes como el genocidio, sí suponen una incitación indirecta a la misma o provocan de modo mediato a la discriminación, al odio o a la violencia, que es precisamente lo que permite en términos constitucionales el establecimiento del tipo de la justificación pública del genocidio (art. 607.2 CP) [FJ 9].
4. El comportamiento despectivo o degradante respecto a un grupo de personas no puede encontrar amparo en el ejercicio de las libertades garantizadas en el art. 20.1 CE, que no protegen las expresiones absolutamente que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas (SSTC 174/2006, 110/2000) [FJ 9].
5. Doctrina sobre libertad de expresión (SSTEDH Castells c. España de 1992, Ergogdu e Ince c. Turquía de 1999) [FJ 5].
6. El deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social, priva de protección constitucional a la expresión y difusión de un determinado entendimiento de la historia que, de no ser por ello, podría encuadrarse en el ámbito constitucionalmente garantizado por el art. 20.1 CE [FJ 5].
7. Más allá del riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, a las normas penales les está vedado invadir el contenido constitucionalmente garantizado de los derechos fundamentales [FJ 6].
8. En nuestro sistema no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución (STC 48/2003) [FJ 4].
9. Doctrina sobre el principio de conservación de la ley (SSTC 111/1993, 131/2006) [FJ 7].
10. Doctrina sobre la función de la Cuestión de inconstitucionalidad (SSTC 17/1981, 64/2003) [FJ 2].
Artículo 607.2 (anula)
Artículo 10, f. 5, VP I, VP II
Artículo 1.1, f. 5, VP II
Artículo 10.1, f. 5, VP II
Artículo 16, ff. 4, 6, 9
Artículo 16.1, VP I
Artículo 20, ff. 4, 9, VP II
Artículo 20.1, ff. 3 a 6, 8, 9, VP I, VP II, VP IV
Artículo 20.1 a), f. 1, VP I
Artículo 20.1 b), ff. 6, 8, VP III
Ley Orgánica 4/1995, de 11 de mayo. Modificación del Código penal, mediante la que se tipifica la apología de los delitos de genocidio
Título XXIV, VP I
Título XXIV, capítulo II, VP I
Título XXIV, capítulo II bis, VP I
Artículo 18, f. 9, VP I, VP IV
Artículo 149, f. 1, VP I
Artículo 150, f. 1, VP I
Artículo 510, f. 6, VP I, VP IV
Artículo 510.1, f. 6
Artículo 515.5, VP I, VP IV
Artículo 519, VP I, VP IV
Artículo 578, VP II
Artículo 607, f. 6, VP I, VP II
Artículo 607.1, ff. 1, 2, 9, VP I, VP II, VP IV
Artículo 607.2, ff. 1 a 3, 6 a 9, VP I, VP II, VP III, VP IV
Artículo 615, ff. 6, 7, 9, VP I, VP IV
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2005. Conmemoración del holocausto y sobre el antisemitismo y el racismo
Propuesta de decisión marco del Consejo de la Unión Europea, de 20 de abril de 2007. Lucha contra el racismo y la xenofobia
Artículo 1, f. 9, VP IV
Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América (Milk Wagon Drivers v. Meadowmoor Dairies) (312 U.S. 287, 1941)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio de 1999 (Erdogdu e Ince c. Turquía)
§ 98, f. 5
Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos de 24 de junio de 2003 (Garaudy c. Francia)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de junio de 2004 (Zdanoka c. Letonia)
§ 79, f. 5
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 29 de junio de 2004 (Chauvy y otros c. Francia)
§ 69, ff. 4, 5
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2006 (Monnat c. Suiza)
Contenido de la libertad de expresiónContenido de la libertad de expresión, f. 4
Discriminación por razón de razaDiscriminación por razón de raza, f. 5
Discurso del odioDiscurso del odio, ff. 5, 8, 9
Exclusión de la democracia militanteExclusión de la democracia militante, f. 5
Interpretación de los derechos fundamentales conforme al Derecho internacionalInterpretación de los derechos fundamentales conforme al Derecho internacional, f. 5
Límites a la libertad de expresiónLímites a la libertad de expresión, ff. 5, 9
RacismoRacismo, f. 5
GenocidioGenocidio, ff. 7 a 9
Interpretación conforme con la ConstituciónInterpretación conforme con la Constitución, Límites, f. 7
Justificación del genocidioJustificación del genocidio, f. 9
Negación del genocidioNegación del genocidio, f. 8
Provocación al odio y a la violenciaProvocación al odio y a la violencia, ff. 5, 6, 9
Pueblo judíoPueblo judío, f. 5

References: resolución 
 artículo 607
 artículo 22
 artículo 607
 artículo 20
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 607
 artículo 607
 resolución 
 artículo 607
 artículo 607

Artículo 607

Artículo 10

Artículo 1

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Artículo 16

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Artículo 20

Artículo 20

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Artículo 18

Artículo 149

Artículo 150

Artículo 510

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Artículo 515

Artículo 519

Artículo 578

Artículo 607

Artículo 607

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Artículo 615

Resolución 

Artículo 1