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Timestamp: 2016-06-29 10:09:14+00:00

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Sofía Cala Ariza, archivo
Ley deBibliotecas Públicas Una guía de fácil comprensión
LEY DE BIBLIOTECASUna guía de fácil comprensiónPaula Marcela Moreno ZapataMinistra de CulturaMaría Claudia LópezViceministra de CulturaAna RodaDirectora de la Biblioteca NacionalEnzo Rafael ArizaSecretario GeneralJuan Manuel VargasJefe Oficina Asesora JurídicaSupervisor de la consultoríaTextos y desarrollo:Gonzalo Castellanos V.MINISTERIO DE CULTURARepública de ColombiaBogotá D.C., febrero de 2010
CONTENIDODe qué hablamos…	5La Biblioteca Pública deseada	7Alcances de nuestra Ley	8Utilidad pública e interés social,inversión social y servicio público	8Funcionamientos de las Bibliotecas Públicas	10Personal bibliotecario	12Y el patrimonio bibliográfico	13¿Y quién hará todo esto?	15¿Y con qué?	25El concepto de Red	31Lo hago… No Lo hago… Lo hago…	32
De qué hablamos…“Cuando se abre una biblioteca, se cierra una cárcel” es una de las muchas ideas que se le atribu-yen a Víctor Hugo. Más allá de la certeza de que haya sido el escritor francés quien pronuncióesta frase, dicha noción resume la convicción de que tanto la cultura como la biblioteca públicason un campo abierto a la convivencia pacífica. Hace tiempo –en realidad no tanto como hubiera sido deseable– dejamos de pensar lacultura como un asunto exclusivo de las élites. Hoy, la cultura es esencial a todos como unelemento constitutivo del Estado, un marco de garantía a la expresión de la diversidad de lascomunidades y como un espacio de formación de capital humano indispensable para superarlas profundas desigualdades sociales. Lo anterior se demuestra cuando se piensa que el 7% del PIB mundial proviene del inter-cambio de bienes, productos y servicios del consumo cultural, un asunto que no es ajeno a nues-tra realidad y que, además, irá creciendo en la sociedad de la información. Más allá de la cifraesto resulta sorprendente si se piensa en cuánto aprendizaje y formación, en cuánta creatividad,en cuánto empleo de recursos humanos, científicos o tecnológicos, en cuántas universidades ylibros se necesitan para hacer posible cada bien cultural que integra esa cifra. Este entramado derelaciones determina la forma en la que abordamos hoy cualquier emprendimiento en el campode las bibliotecas, en especial en el de aquellas que deben prestar servicios al público general. Es por ello que existen las políticas públicas. En cualquier sector estas buscan contribuir asu desarrollo mediante la articulación de conocimiento, recursos, gasto público, institucionali-dades y, por supuesto, regulaciones. Dentro de esos componentes, la ley no sólo es un límite sino una forma de dar confianzasobre lo que se debe hacer y lo que se puede esperar del futuro. Ésta es legítima cuando ha-biendo resultado del consenso eleva a reglas un conjunto de estrategias, planes, experiencias oesperanzas, y, ante todo, cuando traza responsabilidades a las próximas generaciones. Así está pensada la ley 1379 de 2010 mediante la cual se organiza la Red Nacional de Bibliote-cas Públicas. Un instrumento que prescinde de postulados retóricos y quiere, con pasos concretos,revalorar la biblioteca pública de hoy como garantía de los derechos ciudadanos y colectivos, ycon la visión flexible propia de los tiempos que corren en cuanto a cambios tecnológicos se refiere. De esa ley, que en adelante llamaremos Ley de Bibliotecas Públicas o simplemente la Ley, seocupa esta cartilla que pretende explicar, en términos sencillos, cuáles son los servicios que cual-quier ciudadano puede exigir a las bibliotecas públicas del país, y cuáles son los medios financie-ros, institucionales y técnicos que disponen las mismas para el cumplimiento de la norma. Estopara que lectores, usuarios y funcionarios obligados a cumplirla, así como quienes comprometenrecursos fiscales, y las empresas que pueden participar a través de sus capítulos de responsabilidadsocial, comprendan los alcances de una ley pensada para todos los colombianos. Paula Marcela Moreno Zapata Ministra de Cultura
La Biblioteca Pública deseadaLa vieja concepción de biblioteca era la de un espacio de distinción social. En laEdad Media, por ejemplo, se trataba de un centro de conservación reservado a quie-nes detentaban el conocimiento y eran los intérpretes y voceros de la religión. Estetipo de biblioteca puede verse en El nombre de la rosa, de Umberto Eco, quien retra-tó con fidelidad ese mundo en el cual los libros y códices eran patrimonio de unospocos. Esa concepción, sin embargo, le cedió su lugar, a finales del siglo xviii a labiblioteca pública como un lugar en donde los habitantes de florecientes ciudadestenían libre acceso a libros y documentos. Desde entonces, con ajustes conceptuales en la medida en que se reformuló lanoción de la cultura, la biblioteca pública se asoció a dos fines fundamentales: serun centro de preservación del patrimonio bibliográfico, y ser un centro de consultade libros y documentos al servicio de estudiantes e investigadores. Hoy, la biblioteca pública se ha adaptado al proceso de evolución de ambos. Sindejar de ser centro de consulta y de conservación, es también un escenario para lalectura de todo tipo de textos, incluso audiovisuales; un espacio activo de encuentrode ciudadanos y comunidades en torno a la cultura, la ciencia, la educación, el di-vertimento y el intercambio universal de conocimiento. 7
Esas dos condiciones, precisamente, son las que debe reunir la biblioteca pú-blica deseada. Una biblioteca que preste servicios básicos y complementariosque contemplen la diversidad y características culturales, étnicas y sociales de cadamunicipio y departamento del país. Una biblioteca que cuente con dotaciones einfraestructura acordes a los requerimientos técnicos mínimos definidos según ca-tegorización legal de municipios y en la cual los servicios básicos sean gratuitos.Una biblioteca que tenga en su agenda la conectividad y las condiciones para elintercambio de servicios con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y con otrasredes bibliotecarias del país y del exterior. Más que un deber ser, esta biblioteca pública es una obligación que deben garan-tizar las administraciones territoriales y nacionales en un término máximo de dosaños. La Ley de Bibliotecas Públicas define todos los instrumentos técnicos, financie-ros e institucionales, así como los espacios de planeación y coordinación necesa-rios para hacerlo. Veámoslos.Los alcances de la LeyLa Ley de Bibliotecas Públicas sienta las bases de la Política Nacional de la Red Na-cional de Bibliotecas Públicas. Para ello, traza lineamientos técnicos sobre el funcio-namiento de todas las Bibliotecas Públicas Estatales del país, su infraestructura,los servicios básicos que deben prestar de forma gratuita o el perfil del personal paracumplirlos. Como no se quiere una ley de papel, ésta define instrumentos para eldesarrollo sostenible de las bibliotecas públicas con incentivos tributarios a quienesapoyen su funcionamiento, recursos públicos, coordinación nacional y territorial,obligaciones institucionales, participación ciudadana, vigilancia y control, entreotros que se mencionarán más adelante. Es necesario insistir en que la biblioteca pública estatal es aquella que prestaservicios al público y que está a disposición de todos los miembros de la comunidad8
sin distinguir raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condi-ción económica o laboral o nivel de instrucción. Es estatal en la medida en que esorganizada por el Estado en sus diferentes niveles territoriales. Es a estas Bibliotecas, que integran la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y queen adelante designaremos simplemente como bibliotecas públicas, a las cuales seaplican todos los contenidos de la Ley de Bibliotecas. También es necesario aclarar que las disposiciones de la Ley no cobijan a otrasbibliotecas o redes, como la Red de bibliotecas del Banco de la República, la Redde bibliotecas de las Cajas de Compensación, las bibliotecas comunitarias y lasbibliotecas escolares y universitarias, si bien todas éstas tendrán asiento en elComité Técnico Nacional de bibliotecas Públicas, que se explicará más adelante.Utilidad pública e interés social,inversión social y servicio públicoDesde el comienzo se ha pretendido que esta no sea una ley retórica. No obstantehay tres conceptos fundamentales que deben destacarse pues implican profundosdeberes, facultades, derechos o recursos: La infraestructura, las dotaciones y los servicios a cargo de las bibliotecas de la RedNacional de Bibliotecas Públicas son de utilidad pública e interés social. La utilidad pú-blica, en el Estado Social de Derecho, es un instrumento político-jurídico que limita lapropiedad privada y los derechos adquiridos. Señala el artículo 58 de la Constitución Po-lítica que si de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interéssocial (como esta) resultan en conflicto los derechos de los particulares con la necesidadreconocida por la ley, el interés privado debe ceder al interés público o social. Por ejemplo,por motivos de utilidad pública o interés social, pueden expropiarse mediante sentenciajudicial e indemnización previa, espacios o bienes necesarios para el funcionamiento de unabiblioteca pública. 9
Los recursos para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se consideran inver-sión social, materia que corresponde a un nuevo concepto de Estado, en donde losrecursos públicos no buscan aumentar la producción de determinados bienes, sinomejorar el bienestar general y satisfacer necesidades de las personas mediante crite-rios redistributivos, en especial sobre los sectores sociales más necesitados. El artículo 350 de la Constitución prevé que el presupuesto de inversión –en-tendiéndose que el presupuesto contiene por obligación un componente de gastopúblico social o inversión social– no puede disminuir con relación al gasto totaldel presupuesto del año inmediatamente anterior, con lo cual las bibliotecas pú-blicas deben tener asignaciones constantes de los presupuestos públicos, jamás de-crecientes. Del mismo modo, el artículo 366 constitucional contempla que en lospresupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público socialdebe ser prioritario sobre cualquier otra asignación, de manera que en la asig-nación nacional o territorial de dineros para la cultura, las bibliotecas tienen tratopreferente.Por otra parte, el artículo 359 de la Carta exceptúa de la prohibición de crear rentasde destinación específica, aquellas de inversión social. Esto posibilita, por ejemplo,que la Ley canalice hacia las bibliotecas públicas un porcentaje fijo del IVA a la tele-fonía celular o de la estampilla Procultura. Finalmente, los servicios bibliotecarios de las bibliotecas de la Red Nacional deBibliotecas Públicas se consideran un servicio público. Vale la pena ver que cual-quier servicio público debe prestarse sin solución de continuidad, con un carácteruniversal, vale decir, a todos, y bajo criterios de eficiencia. Las autoridades públicas(la policía incluso) debe garantizar esa prestación, por ejemplo, actuando de manerainmediata para impedir que a un ciudadano se le niegue el acceso a la bibliotecapública, o se le cobren los servicios básicos, o que se afecten las horas semanalesmínimas que la biblioteca debe estar abierta al público. Con esa perspectiva de servicio público la Ley de Bibliotecas regula las jornadas,los servicios básicos o la infraestructura que éstas deben garantizar, asunto que im-plica, en el otro extremo, un conjunto de derechos fundamentales y colectivos paralos usuarios, quienes pueden acudir a mecanismos de protección inmediata (p. ej.Tutela, Acción Popular) o denunciar disciplinaria o penalmente las omisiones o vul-neraciones en que incurra la administración de una biblioteca pública.10
La inspección y vigilancia de la prestación de un servicio público le corresponde alPresidente de la República, lo que puede hacer mediante mecanismos especiales queestablezca, o por intermedio del Ministerio de Cultura - Biblioteca Nacional, comocoordinador general de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.Funcionamientode las Bibliotecas PúblicasLos servicios a cargo de las bibliotecas públicas de la Red Nacional de BibliotecasPúblicas están plenamente regulados a favor del usuario y de su derecho a la infor-mación, al conocimiento y a la cultura, tanto en aspectos administrativos comotécnicos. Veamos hasta dónde: La jornada para servicios de consulta no puede ser inferior a 40 horas semana-les, incluidos los sábados y, en lo posible, domingos y festivos. Invita la Ley a que,según posibilidades razonables, los horarios de apertura sean diferentes a los horariosde clase de los estudiantes u otros horarios de los oficios de la comunidad. Los servicios bibliotecarios, entendidos como el conjunto de actividades quelleva a cabo una biblioteca pública, instrumentalizan la misión reiterada en la Ley,de promover el acceso de las personas a la información y la cultura. Estos servicios, bajo una proporcionada valoración, deben ser de calidad (conparámetros de satisfacción del cliente que hoy rigen en el mundo, lo que implicaprocesos de planeación, acción y control); pertinentes (aptos a lo que el ciudadanorequiere o solicita, no parciales); oportunos (a tiempo con el requerimiento ciudada-no o para satisfacer la necesidad de consulta, no dilatorios); plurales y garantistasde la diversidad cultural y lingüística (p.ej. la dotación de una biblioteca públicadebe estar acorde con el idioma que mayoritariamente se hable en el municipio, loque no implica negar otros). 11
Hay servicios básicos de naturaleza gratuita (no onerosos o sujetos al pago delpúblico por ninguna vía directa o indirecta) que incluyen la consulta, el présta-mo externo, referencia, formación de usuarios, información local, programacióncultural propia de la biblioteca, extensión a la comunidad, acceso a internet,promoción de la lectura, alfabetización digital y otros que, si llega a ser necesario,podrá reglamentar el Ministerio de Cultura con sujeción a las características de losmunicipios. También hay servicios complementarios, que como su nombre lo indica sonaccesorios y están sujetos a la capacidad de la respectiva biblioteca. Aquí encontra-mos los de reprografía, casilleros, cafetería, librerías, eventos y espectáculos. El Mi-nisterio de Cultura debe reglamentar, si las condiciones así lo aconsejan, las tarifasde estos servicios.La infraestructura bibliotecaria entendida como los espacios físicos e inmueblesdiseñados, construidos o adaptados para la realización de las actividades y serviciosbibliotecarios, deberá seguir los lineamientos técnicos que establezca el Ministeriode Cultura en coordinación con la Biblioteca Nacional, asunto que naturalmentetambién se cumplirá con valoraciones proporcionadas en función de la capacidadreal de cada entidad territorial. Por supuesto se espera que la infraestructura bibliotecaria, como mínimo, tengaespacios aptos para el ingreso de personas con discapacidad, niños y ancianos y quegarantice condiciones de seguridad a los usuarios. Es sabido que las bibliotecas públicas en muchos lugares comparten espacios conotro tipo de instituciones culturales. En estos casos, es obligación de la administra-ción de la biblioteca garantizar que su operación no se vea afectada por esas otrasactividades, como por ejemplo, no puede afectarse el horario de consulta de librospor el hecho de que en el mismo edificio funcione el grupo de baile del municipio. Los acervos documentales, fondos bibliográficos o colecciones, entendidoscomo los documentos en cualquier soporte que hacen parte de una biblioteca, ade-más de estar dispuestos físicamente al alcance de los usuarios, deben estar cataloga-dos según lineamientos técnicos que promoverá el Ministerio de Cultura-BibliotecaNacional. Se espera que próximamente los catálogos de las bibliotecas de la RedNacional de Bibliotecas Públicas puedan ser consultables a través de la red, as-12
pecto que debe mejorar el préstamo interbibliotecario a nivel nacional y que natu-ralmente contará con el apoyo del proyecto de conectividad que se abordará másadelante. Las bibliotecas están llamadas, con base en recursos financieros que también re-visaremos, a mejorar continuamente las colecciones y dotaciones bibliotecarias(elementos necesarios para la prestación de servicios bibliotecarios, como muebleso equipos), con un criterio de movilidad y actualización, que además de una buenacolección universal incluya de manera especial las obras publicadas por autores dela respectiva entidad territorial, pues las bibliotecas deben dejar de ser estanteríasinertes de libros para convertirse en espacios activos que reflejen la conformación decada comunidad.A propósito de inventarios, las bibliotecas públicas deben garantizar la disposiciónde catálogos e inventarios actualizados de colecciones y dotaciones; así mismo debenadoptar medidas y políticas que prevengan su deterioro. Sin embargo, acudiendoal concepto de que más vale un libro perdido que un libro no leído, a partir de laLey, para efectos presupuestales y contables los fondos documentales y bibliográ-ficos tienen la calidad de bienes fungibles, es decir, que se deterioran con el usonormal según lo define el artículo 663 del Código Civil. Se exceptúan las obras deDepósito Legal o las declaradas Bienes de Interés Cultural, tema sobre el que luegovolveremos. El Personal Bibliotecario no responde penal, disciplinaria o pecuniariamentepor la pérdida o deterioro de los libros, naturalmente si ello se origina en el usonormal por su consulta o préstamo o por casos fortuitos o fuerza mayor. Por su-puesto, este tipo de medida no está diseñada para cobijar el desdén en el cuidado delas colecciones, pues si este llega a comprobarse, implica asumir cualquiera de losanotados tipos de responsabilidad. 13
Personal bibliotecarioLa prestación de servicios bibliotecarios en la forma que se ha planteado hasta aquítiene en cuenta a las personas que promueven los servicios y a los usuarios, más quelos elementos y la infraestructura. La ley destaca que los empleados en el servicio de las bibliotecas –como es obvio-deben cumplir con las competencias laborales y requisitos de los empleos, segúnla categorización de los departamentos, distritos y municipios. Es importante, asímismo, darle continuidad y permanencia al personal que ya ha recibido capacita-ción y formación en el área de las bibliotecas con el fin de preservar las inversionesque en esta materia se han hecho y garantizar que las bibliotecas estén atendidas porpersonal calificado. El número de plazas o la vinculación laboral o contractual del personal biblio-tecario (personas que atienden los servicios en una biblioteca a razón de su forma-ción, competencias y experiencias) le corresponde a la entidad territorial (munici-pio o departamento) con la aspiración general de que se actúe como lo obliga laConstitución, es decir, asumiendo que la función pública está al servicio del in-terés general y la cobijan principios como la celeridad o la moralidad, entre otrosderroteros, más aún si se observa que el de las bibliotecas públicas es un ServicioPúblico. Quizá la única previsión adicional de la Ley en este campo consiste en que,con sujeción a la categorización territorial, quien dirija y administre la bibliotecapública debe acreditar título profesional, técnico o tecnológico, de formación enbibliotecología o experiencia o capacitación en el área, materia que reglamentará elGobierno Nacional.14
Y el patrimonio bibliográficoSe considera patrimonio bibliográfico y documental de la Nación toda obra o con-junto de obras o documentos (por ejemplo. libros, folletos, manuscritos, materialgráfico y audiovisual), en cualquier soporte, que se recibe por Depósito Legal o quese valore por los individuos o la sociedad como herencia, memoria o elementorepresentativo de la identidad nacional. El patrimonio bibliográfico y documental hace parte de un universo mucho ma-yor que es el patrimonio cultural de la Nación, el cual está plenamente regulado enla ley 397 de 1997 Ley General de Cultura, modificada por la ley 1185 de 2008.Dado, pues, que ya existe esa legislación especial, nuestra Ley de Bibliotecas se refie-re sólo a algunos aspectos puntuales. Veámoslos:Depósito LegalComo ya se había dicho, entre los aspectos medulares de la biblioteca pública estála conservación del patrimonio bibliográfico y documental, asunto que si bien havenido redimensionándose en la historia, sigue siendo fundamental para la memoriade la Nación y de sus generaciones futuras. Al lado de múltiples mecanismos contemplados en la Ley General de Culturapara la preservación del patrimonio cultural, el Depósito Legal regulado desde 1834y luego por las leyes 23 de 1982, 44 y 98 de 1993 y el decreto 460 de 1993, es uninstrumento para que la Nación pueda recibir como parte de su memoria, todo tipode documentos que se editen, comuniquen o publiquen en el país, lo que se cumplemediante la entrega de un número de ejemplares en plazos predeterminados por eleditor o productor a la Biblioteca Nacional o a las Bibliotecas Departamentales,según estén ubicados en un lugar distinto al Distrito Capital. El Depósito Legal es de interés público, concepto ya visto. Por eso, ante incum-plimiento en sus plazos o formas el Ministerio de Cultura debe imponer sanción deun salario mínimo legal diario vigente por cada día de retraso, sostenida si aquél semantiene. Cuando hablemos de la financiación de la Red Nacional de BibliotecasPúblicas, veremos a dónde llegan los dineros recaudados por sanciones. 15
También se consagró la inhabilidad de que quien esté incumpliendo el DepósitoLegal, no puede participar directamente o por interpuesta persona en procesos decontratación estatal para adquisición de libros y dotaciones bibliotecarias. Seguramente el Ministerio determinará pronto los lineamientos de informaciónsobre incumplimiento del Depósito en las Bibliotecas Departamentales, tanto enlo relacionado con la imposición de sanciones como en lo que tiene que ver con lageneración de reportes por incumplimiento. Estos reportes podrán ser consultadospor las entidades en sus procesos de compra. Hay que recordar que los documentos recibidos por Depósito Legal no tie-nen, como los demás acervos bibliotecarios, el carácter de bienes fungibles y, enconsecuencia, debe evitarse, incluso mediante políticas de protección especial, sudeterioro por uso. En el caso del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales declaradospor las autoridades territoriales o por el Ministerio de Cultura como Bien de InterésCultural (BIC) según su ámbito de influencia y valores, entran a tener un RégimenEspecial de Protección y de estímulo económico. Si un acervo, colección, documento, fondo bibliotecario o, incluso un edificiode las bibliotecas públicas se declara entonces mediante los procedimientos esta-blecidos como BIC, queda de inmediato sujeto al régimen plenamente reguladoen la Ley General de Cultura, modificada por la 1185 de 2008, y en el decre-to 763 de 2009, si bien el Ministerio de Cultura puede fijar reglamentacionesespeciales. Si bien ese régimen debe consultarse en tales normas, cabe destacar que la de-claratoria de un BIC puede implicar la adopción de un Plan Especial de Manejoy Protección que, entre otros aspectos, determina el nivel de intervención al quedicho bien puede someterse. Del mismo modo, el BIC queda sometido a un régimen de autorizaciones pre-vias y plenamente reguladas en cuanto a su intervención material, enajenación oexportación temporal. En el caso de inmuebles, la declaratoria debe registrarse enel folio de matrícula inmobiliaria y el Plan Especial de Manejo y Protección debeincorporarse al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).16
Finalmente, los acervos, libros o documentos declarados BIC tampoco se consideranfungibles para el manejo de los inventarios y contabilidad de las bibliotecas públicas.¿Y quién hará todo esto?Podemos legislar y trazar políticas para el país que tenemos o hacerlo para el paísque esperamos. La Ley de Bibliotecas opta por la segunda visión, naturalmente conun criterio realista que parte de reconocer las distancias entre el desarrollo de lasentidades territoriales y la disponibilidad de recursos. Cada acción que la Ley determina para la Nación o las entidades territorialesen materia de Bibliotecas Públicas está asociada a obligaciones constitucionales y aotras leyes de recursos y competencias, incluso anteriores a la misma Ley de Biblio-tecas. Esta prevé medios de financiación ambiciosos que adelante trataremos. Veamos quién debe hacer qué de lo dicho:1.	Nivel nacionalMinisterio de CulturaEl Ministerio de Cultura, como coordinador de la Red Nacional de BibliotecasPúblicas por intermedio de la Biblioteca Nacional de Colombia, tiene funcionesrectoras y de fijación de la política, tareas de gestión, de reglamentación técnica y eldictado de lineamientos generales. Repasemos en detalle qué le compete a dicho Ministerio: •	Definir, dirigir y coordinar la política estatal relacionada con la Red Na- cional de Bibliotecas Públicas. 17
•	Dictar normas de carácter técnico y administrativo aplicables obligato- riamente a todas las bibliotecas públicas del país, sobre desarrollo de do- taciones y colecciones; prestación de servicios bibliotecarios; condiciones mínimas de la infraestructura bibliotecaria; lineamientos sobre catálogos, tarifas especiales y flexibles para los servicios complementarios. •	Del mismo modo, puede establecer servicios básicos adicionales a los previstos en la Ley, o condiciones especiales para los acervos e infraes- tructuras bibliotecarias que se declaren como Bienes de Interés Cultu- ral. Como coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas debe promover estrategias para que los catálogos de todas las bibliotecas sean consultables a través de la red de información pública.Estas funciones reglamentarias se cumplen mediante la expedición de una o variasresoluciones de carácter general, naturalmente previa valoración de las categoriza-ciones municipales y departamentales, de la información disponible y de la prio-ridad o no de expedirlas, es decir, no son indispensables para el funcionamientopleno de la ley y pueden emitirse en la medida en que el avance de la Red y de lasnecesidades lo aconseje. •	Promover la cobertura en el país de los servicios bibliotecarios públicos, aspecto que puede llevar a cabo mediante normas técnicas, políticas, re- comendaciones o asignación de recursos. •	Definir el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas con base en los li- neamientos de participación establecidos. Actualmente este corresponde al Plan Decenal de Cultura incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos lineamientos se registran en el documento CONPES 3222 del 21 de abril de 2003. •	Participar en la dotación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con base en sus asignaciones presupuestales. Esta dotación considerará las adquisiciones previstas en la ley 98 de 1993 Art. 15 con destino a las bibliotecas públicas y al programa de canje de la Biblioteca Nacio- nal. Por esta ley El Gobierno Nacional propenderá por la adquisición a través del Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional, de una cantidad de ejemplares por título, no inferior al 50% de las bibliotecas públicas registradas, de la primera edición de cada libro de carácter científico o cultural, editado e impreso en el país, que han cumplido con las disposi- ciones de depósito legal y registro del ISBN. En ediciones de corta tirada18
o alto valor comercial, la cantidad mínima es del 10% de las bibliotecas públicas. •	Reglamentar el funcionamiento, elección de representantes, quórum y demás aspectos pertinentes al Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas, lo que desarrolló ya mediante la resolución 0422 de 2010, y llevar su Secretaría Técnica por intermedio de la Biblioteca Nacional de Colombia. •	Coordinar con el Ministerio de Educación Nacional, con universidades e instituciones de formación, una política de lectura, de formación del personal bibliotecario, promotores de lectura y gestores culturales y de información. •	Definir, con la asesoría del Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Pú- blicas, los métodos de evaluación de las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hay que recordar que la evaluación es necesaria dado el carácter de servicio público de los servicios que prestan las biblio- tecas públicas. •	Coordinar con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co- municaciones la implementación de medios tecnológicos para avanzar en un concepto de biblioteca pública interactiva, con instrumentos para la provisión de información digital y demás propios de la “sociedad de la información”, y apoyar para el efecto mediante la provisión de in- formación o la sostenibilidad del servicio.El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas se une al Plan Digital de la Biblioteca Na-cional y contempla estrategias como el Portal de Bibliotecas Públicas de Colombiaen Internet, con la proyección de poner al servicio de los usuarios documentos enformato digital. •	Administrar el Depósito Legal en el ámbito nacional por intermedio de la Biblioteca Nacional de Colombia, adelantar los procesos sanciona- torios e imponer las sanciones en casos de violación a los plazos y condi- ciones del Depósito, tanto en el nivel nacional como departamental, lo que implica, como ya habíamos dicho, una coordinación de información sobre las violaciones que se cometan en el espacio departamental.Del mismo modo, para la toma de decisiones relacionadas con políticas, planeación,seguimiento, evaluación de la Red Nacional de Bibliotecas y los planes de lectura 19
y escritura, debe establecerse en esta entidad un sistema de información suficiente,que además permita promover modelos de cooperación entre las redes y sistemasbibliotecarios del país.Ministerio de Tecnologías de la Informacióny las ComunicacionesAl Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le compete: •	Propender porque en un plazo máximo de 5 años todas las bibliotecas públicas del país cuenten con dotación informática y conectividad su- ficiente para prestar los servicios bibliotecarios a su cargo, en perspectiva del tamaño de las poblaciones usuarias.Esto no es lo que común y despectivamente suele llamarse un saludo a la ban-dera. En la última década del siglo pasado toma forma la llamada sociedad de lainformación, caracterizada por el surgimiento de sistemas interactivos, compu-tacionales y digitales encargados de suministrar en tiempo real una profusión dedatos. La biblioteca, como estructura organizativa que, mediante servicios apro-piados, tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad de usuarios a do-cumentos en cualquier soporte, viene adecuándose a ese cambio universal y cultu-ral, en algunos lugares del país con profundo desarrollo, en otros todavía en lentoproceso. La biblioteca de antaño, referida solamente al papel impreso, ha dado paso a unabiblioteca que acoge con creciente campo el documento digital que requiere parasu lectura un computador. La biblioteca digital, resultado de esa transformacióntecnológica y cultural, se concibe como aquella conformada por colecciones digita-lizadas de documentos o basada en información producida directamente en formatodigital. La nueva biblioteca está llamada no sólo a recibir este tipo de acervo de crecientepresión y producción masiva, sino a garantizar que este pueda ser consultado me-diante la red. Ya no es indispensable un edificio enorme para albergar documentos,sino medios suficientes para consultar acervos y documentos que posiblemente nose encuentren físicamente en el espacio de una biblioteca, sino en otra a miles dekilómetros de distancia que, pese a ello, puede leerse en tiempo real.20
La conectividad debe ser aprovechada, mediante interacciones, para poner endiálogo museos, bibliotecas, centros de documentación, archivos, fonotecas, radioscomunitarias y múltiples espacios de información como parte de un proyecto am-bicioso del conocimiento. De manera que el propósito de que en un máximo de 5 años todas las bibliotecaspúblicas del país cuenten con dotación informática y conectividad suficiente, no esun sueño, sino el resultado perfectamente coherente de un proyecto mayor lideradopor el Gobierno consistente en algo que se denomina Agenda de Conectividad,Programa Gobierno en Línea, en búsqueda de un desarrollo interactivo y unificadode todos los entes del Estado, articulados sobre tres fines: incrementar la eficienciadel Estado, fortalecer la transparencia y la participación ciudadana y mejorar laprestación del servicio. Todas las entidades nacionales y territoriales designadas en la ley como partíci-pes en el proyecto de consolidación de los servicios bibliotecarios públicos, debencoordinar acciones mediante información y recursos disponibles para el logro de laconectividad.Departamento Nacional de Planeación (DNP)Además de participar, según sus funciones naturales, en la tasación de los recursosdel Sistema General de Participaciones y en el diseño de los planes de desarrollo, elDepartamento Nacional de Planeación (DNP) también adquiere tareas en el interésde consolidar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Al DNP le compete, en consecuencia, establecer una metodología que recibacomo insumo la evaluación que debe llevar a cabo el Ministerio de Cultura sobre lasbibliotecas de la Red, para tomarla como parte de los indicadores de gestión delas entidades territoriales. Igualmente, con fundamento en los indicadores legalmente establecidos, le com-pete participar en el proceso de distribución de los recursos del IVA a la telefoníamóvil celular, dada su destinación porcentual específica a las bibliotecas públicas enparticular de acuerdo con la Ley de Bibliotecas y a otros componentes culturales,sobre lo que hablaremos luego. 21
Comité Técnico Nacional de Bibliotecas PúblicasEste es un comité representativo de los sectores, agremiaciones y partícipes del pro-ceso de fomento de la lectura, el libro y, por supuesto, del campo de las bibliotecaspúblicas así como de otras redes de bibliotecas activas en el país. Ha sido concebido como un organismo asesor del Gobierno-Ministerio de Cultura,y como instancia de articulación y concertación con las instituciones públicas, privadas olas personas que puedan contribuir al desarrollo de la Red Nacional de Bibliotecas Públi-cas. La visión técnica del Comité debe acompañar el proceso concertado de reglamen-tación que trace el Ministerio para las bibliotecas públicas, a la vez que debe contribuir adiseñar mecanismos de cooperación entre la Red y otras redes bibliotecarias. Allí participarán el Director de la Biblioteca Nacional de Colombia, representan-tes de los ministerios de Educación Nacional y el de Tecnologías de la Informacióny las Comunicaciones, así como del Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-nología y de la Red de Bibliotecas del Banco de la República; también representantesde la Red de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar, de la Red Nacionalde Bibliotecas Públicas y de otras redes públicas, privadas, comunitarias o mixtas,de la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos (ASCOLBI), de las facultades deBibliotecología y Ciencias de la Información existentes en el país, de las bibliotecasdepartamentales, y de cada Comité Regional de Bibliotecas Públicas, cuando secreen las Regiones Administrativas y de Planificación.Gobierno NacionalEl Gobierno Nacional, por intermedio de las entidades antes descritas, tiene la mi-sión de promover este proceso de desarrollo bibliotecario, conectividad y, funda-mentalmente, de impulso y garantía de los derechos culturales, humanos, individua-les y colectivos que subyacen en cualquier emprendimiento cultural. En el campo reglamentario, el Gobierno mantiene la competencia de expedir losdecretos que sean requeridos para desarrollar plenamente la Ley, sin que esto sea óbice oimplique el aplazamiento de la aplicación inmediata que de la Ley deben hacer desde elmismo día de su promulgación las instancias involucradas en el nivel nacional y territorial.Una reglamentación necesaria será relativa a la acreditación de título profesional,técnico o tecnológico, de formación en bibliotecología o experiencia o capacitación22
en el área para quienes dirijan o administren cada biblioteca pública, asunto que,como ya se ha dicho, consultará la categorización de municipios y departamentos.2.	Nivel departamentalAhora, lo que le corresponde a las entidades territoriales:Sin crear cargas o funciones adicionales a las que le corresponden a las entidadesterritoriales en virtud de la Constitución y las normas de reparto de competen-cias, dentro del enfoque holístico de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas e in-cluso con el apoyo de recursos de los ministerios de Tecnologías de la Información,el de Cultura o de cualquier otra instancia nacional, la Ley puntualiza que a lasentidades territoriales, en particular a los departamentos, municipios y distritos, lescompete buscar mayor sostenibilidad de las inversiones o de las políticas nacionalese impulsar la ejecución de políticas bibliotecarias en sus jurisdicciones y promoverlas directrices trazadas por el Ministerio de Cultura dada su facultad coordinadora. Por supuesto, estas deben coordinar el funcionamiento de la Red en sus juris-dicciones (lo que implica, por ejemplo, contar con la infraestructura, dotación,conectividad, estabilidad laboral y formación del personal bibliotecario, serviciosbásicos, o los complementarios según posibilidades), incluso promoviendo la parti-cipación del sector privado para lo cual puede acudir a los incentivos que la mismaLey crea y, en todo caso, bajo parámetros de austeridad y límite de gastos de fun-cionamiento contemplado en la ley 617 de 2000 o en las disposiciones que en losucesivo determinen esas limitantes. Por último, como es natural en la búsqueda de garantizar la acogida de creacionesy características propias de cada región, se renueva la invitación a que en materiabibliotecaria, la entidad territorial promueva servicios bibliotecarios para comuni-dades rurales y colecciones que tengan en cuenta la composición étnica y culturalde la respectiva jurisdicción. Un aspecto central reiterado de manera insistente, y nuevamente necesario cuan-do revisamos la especificidad de lo que compete a las entidades territoriales, radicaen que las bibliotecas públicas de este nivel deben cumplir con la prestación de losservicios bibliotecarios, infraestructura, dotaciones o disposición de personal con ti- 23
tulación o experiencia, acorde con los mínimos exigidos por la Ley (todos los cualeshemos tratado ya), o con los lineamientos técnicos (reglamentaciones) que trace elMinisterio de Cultura en unos casos específicos o el Gobierno en otros, en su misióncoordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. También hemos destacado que conociendo la realidad nacional, las distancias dedesarrollo, las dificultades en la asignación de recursos o la complejidad de nuestroacontecer, el proyecto de consolidar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se basaen la idea del país que buscamos y en eso somos, declaradamente, ambiciosos. De modo que, si bien la prestación de servicios y cumplimiento de los mínimostécnicos exigidos es un asunto obligatorio en la función pública que corresponde alas administraciones territoriales y Nacional, el desarrollo de exigencias técnicasserá gradual y consultará la categorización de las entidades territoriales. Como sabemos esa categorización es mutable en la forma que lo determinanlas leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se funda en variables de ingresos corrientesanuales del nivel central territorial de libre destinación, la población del año anteriory el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento del nivel central enlos ingresos corrientes de libre destinación del año anterior. A manera de ejemplo, la obligación de que cada biblioteca pública cumpla conuna jornada de servicios básicos no menor a 40 horas semanales, es inaplazabley no modulable. Pero la obligación de acreditación de título profesional, técnico otecnológico, o simplemente experiencia relacionada para quien dirija la bibliote-ca, o el tipo de infraestructura bibliotecaria mínima requerida sí lo son, de maneraque al expedir reglamentaciones técnicas el Gobierno y el Ministerio de Culturamodularán, es decir, consultarán las diferencias y las exigencias que son razonables. Sin menoscabo de lo hasta aquí comentado en forma general para las entidadesterritoriales, hay algunos temas específicos que en esta repartición de competenciasdentro de la Red le corresponden a cada una. Veamos.DepartamentosA los Departamentos les compete, de manera especial, administrar el Depósito Le-gal en su jurisdicción por intermedio de la Biblioteca Departamental, actividad que24
debe ir en coordinación con la Biblioteca Nacional, la cual, para estos fines, trazarálos lineamientos y políticas necesarios. Esta obligación, en realidad no es nueva enla Ley de Bibliotecas y rige desde hace más de una década. Incluso se prevé la posibilidad de que el Departamento delegue esta función,lo que naturalmente debe hacerse en consonancia con las facultades generales exis-tentes en la administración pública en materia de delegación, es decir, teniendo enconsideración qué y a quién puede delegarse fundamentalmente bajo la directrizvigente muchos años atrás en el sentido de que la delegación no exime al delegantede la responsabilidad y deber de vigilar lo que ha dejado en manos de otra autoridad. Esta posibilidad de delegación coincide con la obligación de que todos los Depar-tamentos cuenten con su biblioteca propia o que definan mediante convenio con otrabiblioteca de la Red las acciones necesarias para la preservación del patrimonio biblio-gráfico del departamento, entre ellas la aplicación del depósito legal, definiciones yacciones que no podrán superar un lapso de tres años desde la promulgación de la Ley. El interés de acopio y preservación de la memoria documental del país tienecomo herramienta principal al Depósito Legal. A decir verdad, son muy pocos losdepartamentos que vienen cumpliéndolo en forma regular, pese a esfuerzos manco-munados y acuerdos para que ello se lleve a cabo en forma plena. Es evidente que hay departamentos en los cuales el nivel de publicaciones dematerial documental (libros, impresos, audiovisuales, etc.) es escasa; pero es extrañoun departamento o municipio en el que no se publique y distribuya un diario oque cuente con un canal de televisión que hace emisiones en su jurisdicción. Todosesos materiales deben llevarse a Depósito Legal, con independencia del volumen deproducción o circulación, ante lo cual se renueva el llamado a las entidades depar-tamentales y a las bibliotecas públicas de este nivel para que atiendan postulados deDepósito plenamente regulado. Del mismo modo, como es obvio dentro de las competencias de coordinaciónque le corresponden a los Departamentos, a éstos se les atribuye la coordinación dela Red en su jurisdicción (p. ej. apoyando iniciativas municipales o promoviendoel intercambio entre las bibliotecas de los municipios que las componen, o inclusomediante las funciones que de intermediación de recursos como los del IVA le co-rresponden hacia los municipios). 25
Esa coordinación debe cumplirse por un profesional o técnico, asunto que nonecesariamente implica la creación de cargos fuera de las posibilidades financie-ras o administrativas del Departamento, sino, de ser el caso, la asignación de estasfunciones a un miembro del personal ya existente, pero con dedicación exclusiva. Adicionalmente, cada Departamento puede crear, a voluntad y sin que ello dilateel cumplimiento de ninguno de sus deberes, un Comité Departamental de Biblio-tecas Públicas, como órgano asesor de los planes y políticas para el desarrollo dela Red en el ámbito departamental. En cierto modo, si se crean, estos Comités ten-drían funciones similares a las del Comité Nacional de Bibliotecas Públicas, sobreel cual ya hablamos, y estarían guiados por la misma noción de gratuidad de susintegrantes. También les compete a las bibliotecas departamentales la prestación de los ser-vicios bibliotecarios bajo las condiciones y requerimientos mínimos que ya aborda-mos.Municipios y DistritosLa organización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas parte del principio deque los municipios cumplen como entidad fundamental de la división político-ad-ministrativa del Estado, en particular de la previsión constitucional que los concibecomo los prestadores esenciales de los Servicios Públicos definidos en la ley (comola Ley de Bibliotecas Públicas), y su función es promover la participación comuni-taria, y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Se reafirma, entonces, la obligación para alcaldes y concejos municipales y distri-tales, dado que estos últimos cumplen similares funciones en la prestación de servi-cios a los de la órbita municipal, de mantener y dotar su biblioteca pública (tambiénse trata de una obligación legal existente desde la Ley General de Cultura en 1997),para lo cual cuentan con todo el sistema de apoyos que la Ley determina dentro delconcepto de la Red y dentro de la política trazada en el Plan Nacional de Lectura yBibliotecas (PNLB), en donde una bolsa de recursos, coordinaciones, solidaridadesy apoyos del sector privado puede operar de forma integral. Por eso no es una decisión sacada de un sombrero de magia la que determi-na que los municipios que no tengan una biblioteca pública deberán crearla en26
el plazo máximo de dos (2) años desde la expedición de la Ley, sino la renovaciónde un mandato ya existente que en el plano práctico se viene cumpliendo casi enun 100%, gracias, entre otras, al impulso que en este ámbito le ha dado al país elPNLB. Estas bibliotecas pueden organizarse como dependencias del nivel central,como órganos descentralizados o asignándole a una dependencia ya existente la fun-ción de biblioteca pública. Vale recordar que la ley 115 de 1994 establecía la posibilidad para los municipioscon población igual o menor de veinte mil habitantes, de cumplir con la obligaciónde tener una biblioteca educativa mediante convenio con la entidad municipal o lainstitución que tuviera la infraestructura apropiada para el efecto; que las leyes 136de 1994 y 9ª de 1989 contemplaron áreas culturales, edificaciones e inmuebles parael desarrollo cultural; que la ley 715 de 2001 fija la destinación por los municipiosde recursos (propios, del Sistema General de Participaciones o de co-financiación)para apoyar el desarrollo de las redes de información cultural, bienes y servicios,instituciones culturales (museos, archivos, etc.) y que el artículo 24 de la Ley Gene-ral de Cultura ya ordenaba que las administraciones territoriales incluyeran todoslos años en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener elmayor número de bibliotecas públicas en sus jurisdicciones. La noción de Red que se acoge en este nuevo diseño indica que los servicios bi-bliotecarios se basan en principios de coordinación y complementariedad. De allíla razón de prever que si en un municipio hay una biblioteca eficiente y suficienteperteneciente a otra Red (como puede ser el caso de una biblioteca mixta o privadao de una Caja de Compensación Familiar), la biblioteca pública del municipio po-drá actuar preferiblemente en otros corregimientos, localidades o barriadas, a la vezque se invita, sin que ello constituya obligación, a que los municipios de categoríaespecial y categorías 1, 2, 3 y 4 tengan más de una biblioteca pública. 27
¿Y con qué?Las políticas públicas requieren instrumentos concretos de realización, como losrecursos necesarios para llevarlas a cabo, pues de lo contrario corren el riesgo de notrascender un nivel retórico, de lo cual hay numerosos ejemplos. Con ese entendido se ha venido definiendo un conjunto de mecanismos de fi-nanciación para la cultura en general que implica asignaciones fijas de los recursoscorrientes del Estado (recordemos que para la inversión social y la promoción delpatrimonio cultural la Constitución permite las rentas de destinación específica),intervenciones en la actividad y la propiedad privada cuando se trata de arbitrarasuntos relativos a la cultura y al acceso colectivo a la misma, así como un gruesosistema de incentivos tributarios para la producción, distribución, consumo o in-tercambio de productos, bienes y servicios culturales, o para la asociación del sectorprivado. Existe también un esquema de tratamientos preferenciales en el orden cambiario,arancelario, aduanero y crediticio, que junto con los señalados anteriormente puedeutilizarse de manera concurrente en el proceso de crear o de llevar un bien culturalal disfrute colectivo o individual. Por sólo citar algunos ejemplos se puede nombrar el inventario de recursos dedestinación especial e incentivos al cine, al patrimonio cultural, a las donaciones einversiones del sector privado o a la industria editorial, modelos de financiación quecontribuyen de manera estructural a que Colombia sea en la actualidad la cuartaindustria mayor productora de cine en América Latina, a que ocupe una posiciónincluso mejor en la industria editorial o a que los aportes agregados de los sectoresculturales hayan sido en algunos años de este siglo superiores al 3% del PIB. En el caso de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se buscó equilibrar labalanza de mecanismos de apoyo entre la oferta editorial, consagrados ya en la co-nocida Ley del Libro (ley 98 de 1993) y que pasan por los procesos de creación,producción, edición, distribución e incluso adquisiciones del libro en sus diferentessoportes, con modos de fomento fuerte para este eslabón de la cadena situado enlas bibliotecas y que tiene como finalidad o por esencia garantizar el acceso de lacomunidad a la lectura y al conocimiento.28
Veamos qué creó la ley para apoyar los fines y compromisos alrededor de la Red, loque como se verá tiene énfasis en las entidades territoriales.IVA a la telefonía móvil celularComo sabemos, desde el 2007, el servicio de telefonía móvil celular está gravadocon IVA a la tarifa del 20%, si bien la mayoría de servicios lo están a una tarifa del16%. Conforme al artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado por la ley 1111 de2006 y reglamentado por el decreto 4934 de 2009, el incremento del 4% allí pre-visto debe distribuirse en un 75% para el deporte y el 25% restante debe girarse porel Ministerio de Cultura al Distrito Capital y a los departamentos para que éstos –mediante convenio con los municipios, y previa presentación de proyectos que seanviabilizados– destinen ese monto al que aludimos ( es decir, 25% de los 4 puntos deIVA) en un 50% al deporte y otro 50% al fomento de la cultura. Pues bien, la Ley de Bibliotecas, atendiendo el carácter preeminente de éstaspara el desarrollo social, definió que mínimo el 10% del total del incremento de IVA(los 4 puntos de IVA) se destinen directamente a la dotación, infraestructura ycreación de bibliotecas públicas, recursos que no podrán financiar nómina ni elpresupuesto de funcionamiento de la respectiva biblioteca. Dicho de otro modo, una vez cada año o periodo predefinido esté calculadoel recaudo del IVA a la telefonía celular, y de allí se haya desagregado el 4%, so-bre éste deberá descontarse directamente un 10% con destino a la dotación, in-fraestructura o creación de bibliotecas públicas de la Red Nacional de BibliotecasPúblicas, y la suma restante se distribuirá en la forma que describimos al inicio deeste acápite. En forma lamentable, durante el mes de junio de 2010 el proyecto de ley 280 de2010 Cámara; 245 de 2010 Senado sobre recursos para la salud, en su artículo 10elimina la destinación del 10% a la que nos hemos referido en este acápite.Estos recursos no pueden destinarse a nómina ni funcionamiento, lo que implicaque su finalidad es la financiación de proyectos de inversión. 29
Estampilla ProculturaPara los mismos fines que comentamos en el caso del IVA, quedó definido que lasentidades territoriales en disposición de la estampilla Procultura que permite gra-var entre un 0.5% y 2% algunas actividades a decisión de los respectivos concejosy asambleas con el propósito de destinar su recaudo a la cultura, deben destinarno menos de un 10% de tal recaudo a la dotación, infraestructura, mejoramientoo creación de bibliotecas públicas en la circunscripción territorial en la que dichogravamen se perciba. Actualmente no menos del 50% de municipios y departamentos han establecidoeste gravamen, de manera que allí también hallarán una fuente autónoma de finan-ciaciones de los proyectos relativos a sus respectivas bibliotecas públicas. Dado que existen Redes de Bibliotecas Públicas consolidadas en algunos distri-tos, si éstos cuentan con fuentes sustitutivas, equivalentes a la suma que correspon-dería al 10% del recaudo total de la estampilla, pueden a su elección destinar esosrecursos anualmente y aplicar lo proveído por la estampilla a otros fines, en todocaso culturales. Los montos definidos en este caso, tampoco pueden destinarse a nómina ni fun-cionamiento, sino sólo a inversión.Fondos EspecialesNo obstante la gratuidad que de manera obligatoria debe caracterizar los serviciosbásicos de una biblioteca pública, éstas quedaron facultadas para comercializar bie-nes y servicios (p.ej el servicio de reprografía o tiquetes de entrada a un espectácu-lo), cuyos recaudos pueden destinarse a la financiación de inversiones en la mismabiblioteca (dotaciones y acervos, infraestructura, mejora de servicios, entre otros). En materia presupuestal esto implica que se ha creado un recurso o fuente delas denominadas fondos especiales, concebidos en el Estatuto Orgánico de Presu-puesto como los ingresos definidos para la prestación de un servicio público espe-cífico, que implican un manejo no asociado a la “unidad de caja” del presupuesto,sino que son dineros de destinación especial que deben, en cierto modo, separarsede los demás pues deben cumplir la finalidad explícita y específica para la cual fue-ron creados.30
Dicho de otro modo, la eficiencia que una biblioteca tenga para comercializarservicios complementarios y que se refleje en el recaudo de una suma equis de di-nero, implica que ese dinero en el mismo monto debe ser apropiado en el presu-puesto de la siguiente vigencia fiscal y destinado a la misma biblioteca. La misma característica se aplicará a los fondos que recaude la Biblioteca Nacio-nal por concepto de multas ante violaciones al Depósito Legal, según aspectos delDepósito que tratamos antes.Incentivo tributario a las donacionesHistóricamente se ha promovido en las políticas culturales el llamado mecenazgocultural, encaminado a buscar el apoyo o financiación del sector privado respecto delas actividades y sectores culturales. El concepto en realidad no resulta bienvenidohoy, pues significaría acudir a recuerdos de tiempos pasados cuando el mecenas de-terminaba la obra que debía realizar el artista de su cuerda. Hoy exploramos un camino distinto enmarcado en la responsabilidad social ysolidaridad que debe tener la empresa privada, con un horizonte de redistribuciónde la riqueza, en proyectos de insoslayable impacto social como corresponde a todosaquellos de los campos de la cultura. Esa es la guía con la que opera el sistema de incentivos tributarios a los sectorescontribuyentes de renta que apoyan económicamente las actividades culturales, de-bido a que se entiende que el esfuerzo económico que hacen debe obedecer por unaparte a su deber de responsabilidad social y, por otra, a beneficios fiscales o comer-ciales que puedan obtener. Naturalmente el incentivo fiscal, en la hacienda pública,tiene reflexiones de suyo más complejas que apuntan a miradas redistributivas y aintereses de generación de riqueza en sectores estratégicos, lo que, en todo caso, noes ajeno a críticas que tienden a verlos como un factor desestabilizador de las finan-zas públicas.Con una visión u otra, se refleja allí un esfuerzo estatal con miras a apoyar aquellode lo que todos estamos convencidos: que la cultura tiene alcances sociales, de con-vivencia, de desarrollo humano que bien valen la pena el mejor esfuerzo.Así se configura entonces en nuestra Ley el incentivo a las donaciones con destino alas bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 31
En este sentido, mediante una adición al artículo 125 del Estatuto Tributario,se ha establecido un modelo en el que las personas jurídicas que hagan donacionesen dinero efectivo para construcción, dotación o mantenimiento de las bibliotecaspúblicas, pueden deducir en el proceso de depuración de su impuesto de renta, el100% del valor que así donen. Evidentemente quienes hacen este tipo de donaciones incurren en un gasto, perodeducible como no sería otro en su actividad productora de renta, y potenciable si seaprecia que el donante puede convenir con la biblioteca pública destinataria, formasde publicidad que en otro caso tendrían altísimo costo. El instrumento de canalización de estas donaciones será un fondo cuenta admi-nistrado por el Ministerio de Cultura mediante un encargo fiduciario, cuyos recur-sos se asignarán preferentemente a municipios de categorías 4, 5 y 6. En todo caso, siel contribuyente define el destino que autónomamente quiere para su donación, porejemplo a la dotación de la biblioteca X, serán la entidad territorial a cargo de esabiblioteca y el Ministerio de Cultura los encargados de definir si resulta convenienteo no la donación y, en consecuencia, si se acepta o se rechaza. Pero puede haber casos en los cuales el donante no tiene muchos impuestos quepagar en un año. Este caso está plenamente contemplado y permite que el donanteamortice el 100% del incentivo en un término de 5 años. Dado que la donaciónse acreditará mediante un Certificado de Donación Bibliotecaria que, además deavalar la deducción, tiene carácter de título valor a la orden negociable en elmercado secundario, el contribuyente donante también puede, a su elección, ne-gociar (transferir mediante endoso) a otro contribuyente dicho título.El mismo incentivo beneficiará a los donantes de acervos bibliotecarios, recursosinformáticos y, en general, recursos bibliotecarios, previo avalúo del Ministerio deCultura y reglamentación que expida al respecto, caso en el cual, por obvias razones,tales bienes no ingresarán al fondo cuenta. Estamos en presencia de una modalidad de incentivo que debe resultar muyatractivo para el sector privado. Por una parte su donación no se diluye en el patrimonio de una entidad, sinoque se destina a la inversión en una biblioteca pública; por otra parte, lo que invierte32
puede ser deducible en su totalidad, sin límite, en un término hasta de 5 años; delmismo modo, el donante puede definir el destino de la donación o simplementesaber que ésta se canalizará con criterios de equidad a las bibliotecas de municipiosubicados en categorías 4, 5 y 6. También puede tener certeza de que cuando dona dinero éste no ingresa a launidad de caja del presupuesto, sino que conserva su destinación y motivación ori-ginaria de la donación; como negocio financiero, resulta atractivo en la medida enque el Certificado de Donación Bibliotecaria que recibe, puede ser negociado en elmercado secundario. Por supuesto no es común que las montañas vengan a Mahoma, de manera quela búsqueda de este tipo de aportes del sector privado implica un serio nivel degestión por parte de las administraciones de cada biblioteca pública, lo que implicaarmar diseños suficientes que puedan mostrarle al potencial donante la cadena debeneficios que puede percibir, no sólo en el plano tributario, sino de responsabilidadsocial y en el terreno publicitario, entre otros.Incentivo a la industria editorialEn el terreno de la lectura hay un proceso de cadena que empieza con la producciónde contenidos, en particular el libro en todos sus soportes. Con esta visión, y atendiendo a los resultados notables de la industria editorialnacional y a su participación en la balanza de intercambio internacional, se prorrogópor 20 años a partir del 31 de diciembre de 2013, la exención total del impuestosobre la renta y complementarios creada en la Ley del Libro (ley 98 de 1993). Se trata de un beneficio para las empresas editoriales constituidas en Colombiacomo personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea la edición delibros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural,cuando la edición e impresión se realice en Colombia, o cuando se ocupen tambiénde su distribución y venta.La ampliación temporal del incentivo se sujetó a la circunstancia de que el respec-tivo editor satisfaga el Depósito Legal en un número de ejemplares por cada títuloeditado, no superior a diez (número mayor que el actual), asunto que tiene como 33
finalidad apoyar la dotación de las bibliotecas públicas y que, en todo caso, deberáreglamentarse oportunamente por el Gobierno.Otros mecanismosLa noción holística del diseño de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas implicaque existen otras redes o bibliotecas que pueden contribuir a fines similares. Se previó, en este sentido, que en la medida en la que aquellas otras bibliotecasno públicas se integren con la finalidad de apoyar el acceso del público, según re-glamentación del Gobierno, también podrán tener ingreso en el sistema de apoyoseconómicos que el Estado otorga. Como señalamos en el inicio de este acápite, los mecanismos económicos de laLey de Bibliotecas, no son los únicos y, antes bien, concurren con muchos otrosanteriores como los recursos de participación de propósito general que canaliza laNación hacia las entidades territoriales, los instrumentos de incentivo a la aplicacióndel Régimen Especial de Protección de los bienes declarados como Bienes de InterésCultural (ley 1185 de 2008), los del sector editorial y de fomento a la circulacióndel libro (ley 98 de 1993) y, en general, muchos otros que invitamos a consultaren la página web del Ministerio de Cultura y que, sin estar previstos en la Ley deBibliotecas, sin duda completan este esfuerzo.El concepto de RedLa Red Nacional de Bibliotecas Públicas a la que hemos aludido se concibe comola articulación de las bibliotecas públicas en el orden nacional, departamental, dis-trital y municipal, sus dotaciones y acervos, los servicios bibliotecarios, los recursosdisponibles, las infraestructuras y, ante todo, el personal que cumple la misión derelación con el público, con los usuarios, con la comunidad, destinatarios esencialesde este gran proyecto.34
Se trata de un conjunto articulado de normas, entidades, procesos y recursos quebusca evitar la duplicación de esfuerzos; promueve la unidad de criterio y objetivosmediante principios y reglas de interpretación y aplicación encaminadas al desarro-llo y transformación de la realidad desde el concepto contemporáneo de bibliotecapública. La Red, como toda institución, busca finalidades constructivas, facilitado-ras de interacciones y a la vez, delimitadoras de competencias y atribuciones. La visión de la Red se basa en antecedentes, desde la creación de la BibliotecaNacional de Colombia en 1777, la experiencia de los años setenta para la moviliza-ción de un enfoque de red, como en visiones contemporáneas, estrategias y una ex-periencia recorrida en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, incluido en el PlanNacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2001-2005”, en el Plan deDesarrollo 2005-2009, y en el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, todo en laperspectiva de definir el marco institucional que regirá la acción de las bibliotecaspúblicas en el país que queremos. La asignación de compromisos en el concepto de la Red es congruente con laestructura descentralizada territorial, de manera que el nivel central propone po-líticas y normas para tal efecto; el nivel departamental se encarga de coordinar lainteracción entre la Nación y los municipios, y éstos se encargan de ejecutar losproyectos correspondientes para la creación, fortalecimiento y mantenimiento detodo proyecto. No es fortuito, por eso, que la Ley de Bibliotecas señale que la política de la RedNacional de Bibliotecas Públicas se integre a los planes de desarrollo económicoy social en todos los niveles territoriales, lo que tiene las siguientes implicaciones: •	La necesidad de incluir, en el Plan Nacional de Desarrollo, un Plan rela- cionado con el fomento de la Red. •	Teniendo en cuenta la estructura de planeación en cascada, los entes te- rritoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para la elaboración de planes departamentales, distritales y municipales, esas políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Para la inclusión en los planes de desarrollo del componente bibliotecario se puede acudir a la asesoría del Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas. •	Los planes territoriales deben desarrollarse mediante los correspondientes planes de acción, y son materia de evaluación de gestión y resultados a 35
partir de los indicadores de gestión, eficacia, eficiencia y efectividad que se hayan incluido, por eso la evaluación del del DNP, en forma que ya se describió, tienen plena cabida.Lo hago… no lo hago… lo hago….La Ley determina que la administración pública en todos sus niveles garantizará laparticipación de los ciudadanos en la formulación de políticas, programas y proyec-tos del sector bibliotecario, lo cual es congruente con el esquema de participaciónque define el Sistema Nacional de Cultura tanto para la planeación de programas yproyectos sectoriales, como para su seguimiento y control. Al control social se une el imperativo legal de que los organismos de control, Pro-curaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, ContraloríasTerritoriales y, por qué no, el Consejo Nacional de Cultura, el Consejo Nacional deLectura y Bibliotecas, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y los ConsejosDepartamentales y Distritales de Patrimonio, así como el Comité Técnico Nacionalde Bibliotecas Públicas podrán concurrir en la vigilancia y control al seguimiento deeste propósito público. No se trata de una mera invocación al control, sino de resaltar que los distintosórganos del nivel central, ministerios de Tecnologías de la Información y Cultura,la Biblioteca Nacional, el Departamento Nacional de Planeación o los del ordendescentralizado territorial, gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos adquierenobligaciones que deben materializarse. Hay muchas medidas, casi todas, que resultan vinculantes y cuya omisión generadistintos niveles de responsabilidad. La omisión de estos deberes genera faltas disciplinarias contempladas en el Có-digo Disciplinario Único que van desde la amonestación hasta la destitución y la36
inhabilidad para ejercer funciones públicas. En materia fiscal, la indebida gestión derecursos ocasionaría, eventualmente, desde medidas administrativas para el mejora-miento hasta juicios de responsabilidad fiscal para que el funcionario, con su propiopatrimonio, asuma el resarcimiento del daño que ocasione. También hay un nivelde responsabilidad penal por la omisión de deberes o la destinación de recursos enforma contraria a los parámetros legales establecidos. Más que las sanciones será el interés de lograr un país soñado, un país de lectoresque no solamente descifren signos sino que los interpreten con sentido constructivo,el que motive el cumplimiento de lo que impone o reitera la nueva Ley de Bibliote-cas. En eso confiamos los ciudadanos. 37
Texto de la Ley 39
Resolución del Comité Técnico de Biblitecas Públicas 55
Resolución 1250Red de Biblitecas Públicas
Sofía Cala Ariza

References: artículo 58
 artículo 350
 artículo 366
 artículo 359
 artículo 663
 resolución 
 artículo 24
 artículo 470
 artículo 10
 artículo 125

Resolución 

Resolución