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Timestamp: 2018-10-23 21:29:49+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 349 DE AGOSTO 10 DE 2009
RESOLUCIÓN 349 DE 10 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. DA POR TERMINADA LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA ABIERTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 31 DE 2009 PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA, EL GRADO Y LOS EFECTOS EN LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, DE UN SUPUESTO DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE LICUADORAS, CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 8509.40.10.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DEJA SIN EFECTO LA DECISIÓN ADOPTADA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 261 DE 2009.
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO EN LA IMPORTACIÓN DE BIEN CORPORAL, OPERACIONES ADUANERAS, IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, DUMPING, DERECHOS ANTIDUMPING
“Por la cual se da por terminada la investigación administrativa abierta por la Dirección de Comercio Exterior, mediante Resolución 31 del 16 de febrero de 2009”.
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los numerales 5º y 15 del artículo 18 del Decreto-Ley 210 de 2003, en desarrollo de los artículos 56 y 105 del Decreto 991 de 1998, y
Que mediante Resolución 31 del 16 de febrero de 2009, publicada en el Diario Oficial 47.275 del 26 de febrero de 2009, la Dirección de Comercio Exterior ordenó la apertura de la investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de producción nacional de un supuesto dumping en las importaciones de licuadoras, originarias de la República Popular China, clasificadas por la subpartida arancelaria 8509.40.10.00.
Que a través de la Resolución 261 del 4 de junio de 2009, publicada en el Diario Oficial 47.376 del 10 de junio de 2009, la Dirección de Comercio Exterior determinó continuar con la investigación administrativa abierta mediante Resolución 31 del 16 de febrero de 2009, e imponer un derecho antidumping provisional a las importaciones de licuadoras clasificadas por la subpartida arancelaria 8509.40.10.00, originarias de la República Popular China, consistente en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 12.65 por unidad y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.
Que durante el desarrollo de la audiencia pública realizada el 9 de junio de 2009, la empresa peticionaria Groupe SEB Colombia S.A. (en adelante Groupe SEB), expresó verbalmente y en la etapa de réplica que:
1. Las importaciones de licuadoras que afectan a la empresa son las que se realizan a precios que varían entre US$ 5/Unidad y US$ 6/Unidad.
2. Que al hacer una comparación entre una Super 4 producida en Colombia y una Magic Clean de alta tecnología producida en Brasil no hay similaridad.
3. Que el caso que está planteando Groupe SEB es sumamente puntual, en el que no se pretende demostrar que una licuadora de 10 velocidades con cuchillas reversibles, sí entra en este caso de demostración de daño a la industria nacional.
4. Varias empresas importadoras no estarían haciendo dumping en la medida que estén en un vecindario de precios de importación que se mueva más hacia el precio normal de US 12, 65.
Que todas las anteriores declaraciones (en adelante las declaraciones), podrían tener un efecto significativo respecto del alcance de la descripción del producto investigado, la similaridad y los análisis técnicos realizados en la etapa inicial y preliminar de la investigación.
Que la etapa procesal que tienen las partes interesadas para practicar los cuestionarios referidos en los artículos 47 y 49 del Decreto 991 de 1998 y así garantizar la defensa de sus intereses, se encuentra agotada.
Que para efectos de contar con elementos de juicio suficientes para evaluar esta afirmación, la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, mediante comunicación del 29 de julio de 2009, requirió al peticionario la ampliación por escrito respecto de las declaraciones presentadas oralmente durante la audiencia en la etapa de réplica, en ejercicio de lo contemplado en el artículo 52 del Decreto 991 de 1998 y en el artículo 6.6 del acuerdo antidumping; requerimiento que fue atendido por la empresa peticionaria a través de comunicación del 3 de agosto de 2009, señalando:
1. Que tales argumentos no deberían ser considerados en el proceso ya que no fueron presentados por escrito dentro de los diez días hábiles señalados en el artículo 52 del Decreto 991 de 1998 y de conformidad con el artículo 6.3 del acuerdo antidumping.
2. Que específicamente la investigación no se había dirigido a un competidor específico.
3. Que cuando se mencionan los precios de US$ 5 y US$ 6, se quería enfatizar el cambio esencial que se ha producido en el mercado, pues las importaciones chinas a precios de dumping han logrado cambiar el precio de referencia del consumidor.
4. Que la afirmación referida a que el precio normal está alrededor de los US$ 12,65, tuvo su origen en reiterar que la investigación no se dirigía contra algún productor específicamente, o contra ningún comercializador que no estuviera trayendo mercancías por debajo de un precio de dumping.
5. Que la referencia a la licuadora Magic Clean, la cual no se produce en Colombia, no tiene sustento y sobre este producto no fue construida la similaridad de la investigación, ya que lo que se produce en Colombia, tal como se evidencia en la solicitud, es la Super 4, y esa es la producción nacional que, entre otras, se busca defender con esta investigación.
6. Que como tal las importaciones de licuadoras declaradas a un precio de US$ 31.95 no son las responsables del daño a la producción nacional de Groupe SEB. No obstante, si por alguna circunstancia estas licuadoras Oster de 10 velocidades llegaren a ingresar a precios de 5 y 6 dólares, lo que no me consta, estarían causando daño a la producción nacional de licuadoras.
7. Que los rangos de precios de las licuadoras importadas desde la República Popular China que se señalaron en la audiencia no corresponden a determinadas características (velocidades, potencia, capacidades, programables o no, etc.) de las licuadoras y que particularmente es necesario reiterar como se duplican las importaciones originarias de China durante el periodo de la investigación, particularmente en los rangos de precios bajos (sic).
Que las declaraciones de Groupe SEB fueron presentadas parcialmente por escrito por otra parte interesada (exp., fl. 3081) y que como tal las aclaraciones presentadas por Groupe SEB no desvirtúan las declaraciones y su significación para el proceso en criterio de la subdirección de prácticas comerciales. Así mismo, de conformidad con el numeral 6.14 del acuerdo antidumping las disposiciones contempladas en el procedimiento del artículo 6º “no tienen por objeto impedir a las autoridades de ningún miembro proceder con prontitud (...) a la formulación de determinaciones preliminares o definitivas”.
Que en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en la Constitución Política, y en el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto 991 de 1998, para la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior resulta procedente evaluar las circunstancias mencionadas en los considerandos anteriores.
Que el artículo 56 del Decreto 991 de 1998 establece la posibilidad de dar por concluidas las investigaciones en cualquier momento, considerando razones diferentes a las referidas al margen de dumping de mínimis o al volumen insignificante de importaciones. Por lo anterior, a continuación se presentan los análisis realizados por la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior sobre la determinación del mérito para continuar con la investigación abierta mediante Resolución 31 de 2009 frente a las declaraciones y a las correspondientes aclaraciones realizadas por Groupe SEB.
I. Análisis de la subdirección de prácticas comerciales
En aras de lograr una mejor comprensión de esta situación, la subdirección de prácticas comerciales consideró apropiado abordar las implicaciones que tendría en la investigación restringir en la etapa final del proceso el producto objeto de análisis a un rango de precios y características según lo señalado por el peticionario.
El análisis en detalle puede ser consultado en el expediente en informe técnico, pero un resumen de los argumentos se enuncia a continuación así:
1. Debida identificación del producto objeto de investigación.
De acuerdo con la información suministrada por el peticionario en su solicitud, desde la etapa de apertura el producto objeto de investigación identificado correspondió a licuadoras originarias de la República Popular China. En este sentido se identificó que las licuadoras objeto de investigación, según el arancel de aduanas, se clasifican por la subpartida 8509.40.10.00 que corresponde a: “Licuadoras”, sin determinar ningún tipo de segmentación, tal como la señalada en las declaraciones y aclaraciones.
En relación con la identificación del producto objeto de investigación, la primera cuestión es resolver la viabilidad de realizar una modificación en la descripción del producto objeto de investigación por parte del peticionario en el curso de la investigación con posterioridad a la imposición de derechos provisionales.
Esta preocupación lleva a desarrollar un análisis a la luz de la definición de “producto objeto de la investigación”. En primer lugar, cabe señalar que ni en el Decreto 991 de 1998 ni en el acuerdo antidumping aparece actualmente una definición expresa sobre lo que se considera “producto objeto de investigación o producto considerado”, razón por la cual este tema ha sido discutido dentro del documento “segunda contribución al debate relativo a las medidas antidumping” (TN/RL/W/10) del grupo de negociación sobre normas en el marco de las negociaciones adelantadas por los miembros de la Organización Mundial de Comercio, (en adelante OMC), en la Conferencia ministerial de Doha.
En particular, las discusiones que se han adelantado en el mencionado grupo de negociación respecto a la definición del “producto objeto de la investigación”, han destacado la importancia de definir este concepto desde la etapa inicial de la investigación, ya que el alcance que se le dé a este término, define también el alcance del “producto similar”, que a su vez determina a los productores nacionales que integran la rama de producción nacional, así como los datos que serán necesarios para el análisis del daño (TN/RL/W/10 ) (resaltado propio).
Así mismo, el grupo de negociación ha advertido que la ambigüedad que existe alrededor de la definición del “producto objeto de la investigación”, puede tener como consecuencia que las autoridades investigadoras definan un grupo de productos destinados a segmentos muy diferentes del mercado como un solo producto sujeto a investigación, de manera que se puede terminar aplicando medidas antidumping a otro producto superficialmente similar, pero sustancialmente distinto. Lo anterior, plantea la necesidad de desarrollar criterios claros y adecuados desde el inicio de la investigación para determinar el “producto objeto de investigación” a fin de evitar que se amplíe arbitrariamente el alcance del producto y le implique a la subdirección de prácticas comerciales la obligación de garantizar el cumplimiento de esto durante el proceso de investigación.
En posteriores discusiones del grupo de negociación se ha planteado que entre los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar el alcance del “producto objeto de investigación”, se incluyen: i) las características del producto, ii) los usos de los productos que correspondan a esas características, y iii) el grado de intercambiabilidad, fungibilidad o sustituibilidad de dichos bienes. Lo anterior, permitirá determinar si los productos que se van a incluir dentro de la definición de “producto objeto de investigación”, están destinados efectivamente al mismo mercado, o si por el contrario, están destinados a diferentes mercados. De igual manera, debe adicionalmente determinarse: iv) si los productos analizados tienen distintas aplicaciones, y v) si son sustancialmente distintos o no son similares cercanos, caso en el cual no podrían considerarse como un único producto abarcado por una única investigación antidumping.
Como tal, la subdirección de prácticas comerciales siempre ha procedido de esta manera, garantizando que en el desarrollo de la investigación el “producto objeto de investigación” esté claramente determinado antes de la imposición de derechos provisionales. A manera de ejemplo, en la investigación sobre calcetines de la República Popular China, por expresa solicitud de los importadores, desde la apertura de la investigación se excluyeron las medias para várices y antiembólicas o demás del sector salud, dado que las empresas colombianas no producen este tipo de media. En la investigación sobre tuercas y tornillos procedentes de China, el producto objeto de investigación desde la apertura de investigación se mantuvo igual a como fue solicitado por los peticionarios sin modificarlo en ningún momento, no obstante que las subpartidas arancelarias de tuercas y tornillos eran mucho más amplias (7318.16.00.00 y 7318.15.90.00, respectivamente). Finalmente, en la investigación de ácido ortofosfórico proveniente de Alemania se excluyeron desde la apertura de la investigación aquellas calidades de ácido ortofosfórico usadas como reactivos o fertilizantes (ácido verde), de una concentración inferior al ácido ortofosfórico objeto de la petición, aunque se clasifica por la subpartida 2809.20.10.00, pero que no es similar al fabricado en Colombia por PAAD.
2. Similaridad.
Desde el inicio de la investigación, para demostrar la similaridad entre los productos de fabricación nacional e importada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 991 de 1998, la empresa peticionaria presentó descripción detallada del producto importado y de fabricación nacional.
Complementariamente, la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, mediante memorando SPC-023 de febrero 4 de 2009, solicitó al grupo de origen y producción nacional concepto de similaridad entre los productos de fabricación nacional y los importados originarios de la República Popular China, con base en la información aportada por el peticionario, dentro de la cual no se hizo una distinción por rango de precios o se excluyó ciertas características específicas (negrilla propia).
Con memorando del 10 de febrero de 2009, el grupo de origen y producción nacional conceptuó que de acuerdo con la información técnica en cuanto al uso, funcionamiento y materiales constitutivos de las licuadoras importadas de origen chino, corresponden a la misma subpartida de las registradas por el productor colombiano (8509.40.10.00), dado que tienen características similares y los mismos usos. Por lo tanto, considera que estas licuadoras son similares a las de producción nacional.
En este orden, la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior considera pertinente reiterar que con fundamento en las discusiones realizadas por el grupo de negociación sobre las normas antidumping en la OMC, la ambigüedad que pueda existir alrededor de la definición del “producto objeto de la investigación”, puede tener como consecuencia que las autoridades investigadoras definan un grupo de productos destinados a segmentos muy diferentes del mercado como un solo producto sujeto a investigación, de manera que se puede terminar aplicando medidas antidumping a otro producto superficialmente similar, pero sustancialmente distinto.
3. Implicaciones sobre la evaluación del dumping.
Para la evaluación del dumping, restringir en la etapa final del proceso —en donde ya están dados todos los parámetros de la investigación— el producto objeto de análisis de conformidad con las declaraciones y aclaraciones señaladas por el peticionario, implicaría que tanto los cálculos del precio de exportación, como los cálculos del valor normal y por ende, del margen de dumping, cambiarían, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
3.1. Determinación del valor normal.
Para la determinación del valor normal, el peticionario allegó en la etapa de apertura folletos publicitarios de supermercados e impresiones de páginas web, en los cuales relacionaba precios de licuadoras de distintas características, referencias y marcas; información que fue complementada para la etapa preliminar.
Las licuadoras relacionadas por Groupe SEB en los catálogos y folletos publicitarios tenían un precio de venta que oscila desde US$ 33,04/Unidad, que corresponde a una licuadora marca Mallory, de 1.2 velocidades y con potencia de 400 watts, hasta US$ 75,54/Unidad, que corresponde a una licuadora marca Walita, de 3 velocidades y con potencia de 600 watts. De la misma forma, dentro de las licuadoras referenciadas en dichos catálogos, se mostraron licuadoras con vasos de distintos tamaños, de entre 1,5 litros y 2,1 litros, así como con otras características adicionales, tales como las distintas funciones que puede tener una licuadora marca Black&Decker de US$ 40,81 que incluyen la función multiclean, tapa sobre tapa, portacable, el vaso con cuchillas integradas y con bloqueo. Todas estas características que también pueden repercutir significativamente en los precios de venta de las licuadoras.
En este sentido, dado que para la etapa preliminar la metodología implicó tener en cuenta toda la información de precios mostrada en los distintos catálogos, y en algunos casos, establecer promedios simples del precio de las distintas marcas y referencias de las licuadoras para una misma fecha de promoción, un valor normal de US$ 32,21/Unidad no es un referente si solo se pretende tener en cuenta un mercado afectado en el que los precios de las licuadoras varían entre US$ 5/Unidad y US$ 6/Unidad, o donde la solicitud sea solo para las licuadoras con características similares como las de la Super 4, pues en todo caso, los rangos de precios mostrados por los catálogos se encuentran muy alejados de este rango de precios y no consideraron unas características específicas según lo indicado por el mismo peticionario.
3.2. Determinación del precio de exportación.
En el curso de la investigación, el precio de exportación fue obtenido a partir de un promedio ponderado de las transacciones de las importaciones de todas las licuadoras ingresadas bajo la subpartida 8509.40.10.00, originarias de la República Popular China, realizadas en el periodo entre enero y diciembre de 2008.
No obstante, el precio de exportación de licuadoras originarias de la República Popular China es muy variable, pues oscila entre US$ 0,67/Unidad para una transacción de 930 licuadoras, y US$ 488/Unidad para una transacción de tan solo 2 licuadoras.
Por tal razón, un precio de exportación promedio ponderado por transacción como el obtenido por la subdirección de prácticas comerciales en la etapa preliminar de US$ 9.27/Unidad para las importaciones de licuadoras originarias de la República Popular China, no puede ser comparable, ya que ni siquiera se encuentra dentro del rango de las licuadoras que ingresan con precios entre US$ 5/Unidad y US$ 6/Unidad.
3.3. Margen de dumping en las importaciones originarias de la República Popular China.
Si se restringe el producto objeto de investigación a las importaciones que ingresan con precios entre US$ 5/Unidad y US$ 6/Unidad o se limitan o excluyen licuadoras con ciertas características, para la comparación entre el valor normal y el precio de exportación implicaría también que los resultados del cálculo del margen de dumping cambiarían.
4. En relación con el análisis de daño importante.
4.1. Comportamiento de las importaciones.
De las declaraciones se podría inferir que el estudio no era para todo el universo de licuadoras domésticas, sino para las que de acuerdo a ciertas características, oscilan sus precios entre los US$ 5/Unidad y US$ 6/Unidad. Luego, implica un nuevo análisis para la parte de importaciones, pues el producto objeto de dumping estaría acotado a un rango de precios.
Lo anterior tiene como efecto que los cálculos de volumen de importación de licuadoras de uso doméstico objeto de dumping serán diferentes, pues se debe dejar de tener en cuenta el total de las importaciones de licuadoras de uso doméstico y solo se debe entrar a considerar una parte de las mismas. Esto, en la práctica conlleva a una variación en la base de datos (depuración), con una variación en el resultado del análisis que se hace sobre el comportamiento de las importaciones en cuanto el volumen de importaciones totales y el volumen de las importaciones investigadas y los precios FOB de las importaciones totales como de las investigadas.
Finalmente, el Decreto 991 de 1998 en su artículo 16 referente al “Examen del daño importante y la relación causal entre las importaciones objeto de “dumping y ese daño”, expresamente establece que se debe determinar si el volumen de las importaciones se ha incrementado de manera significativa tanto en términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo en el país, así como determinar el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. Con un nuevo análisis se estaría frente a volúmenes y precios de importación diferentes. Siendo el volumen de las importaciones base para el análisis de daño y relación causal, el resultado del estudio de las repercusiones de las importaciones en las variables mencionadas y la relación causal entre las importaciones y el daño será diferente.
4.2. Comportamiento de los indicadores económicos y financieros.
En consideración a que la rama de producción nacional - RPN, en la solicitud de apertura de la investigación describió el producto objeto como las licuadoras clasificadas por la subpartida arancelaria 8509.40.10.00, sin restricción alguna respecto al precio o a determinadas características, la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior concluyó que la producción de Groupe SEB corresponde a una amplia gama de licuadoras y por tal motivo abrió dicha investigación para todas las importaciones registradas por la subpartida en mención.
De acuerdo con lo anterior, la información recibida para la evaluación del daño, tanto en sus variables económicas como financieras, corresponde a la totalidad de licuadoras fabricadas por el Groupe SEB, y no a la gama limitada. En el caso que el producto objeto de investigación fuera limitado únicamente a las licuadoras cuyo precio se encuentre en un rango de US$ 5/Unidad y US$ 6/Unidad, la información incluida en los cuadros de variables de daño, estados de costos y de resultados semestralizados para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2005 a segundo semestre de 2008, debería ser acotada a las licuadoras cuyo precio se encuentre en el rango ya mencionado.
Los nuevos cálculos derivados de considerar la información mencionada en el numeral anterior, exigen un nuevo análisis para determinar el posible daño causado por las importaciones con dumping a la RPN, limitado al rango de precio mencionado en párrafos anteriores.
5. Relación causal.
De acuerdo con los análisis anteriores, al cambiar las cifras de importaciones y de daño, también se modificaría la determinación de la relación de causalidad entre las importaciones investigadas y el posible daño ocasionado a la rama de producción nacional.
II. Evaluación del mérito para determinar la terminación anticipada de la investigación
De acuerdo con los análisis anteriormente realizados, se observa que la solicitud se presentó por la totalidad de licuadoras, y la autoridad investigadora para el inicio de la investigación y la determinación preliminar, no tenía ninguna indicación para limitar sus análisis a las importaciones de licuadoras que, según el peticionario, son las que les causan daño. Por lo tanto, la autoridad investigadora en forma imparcial y objetiva sobre esa base razonable, llegó a la conclusión de que la información era suficiente para justificar la iniciación y la adopción de la decisión preliminar con imposición de derechos antidumping provisionales, para todas las licuadoras que ingresarán por la subpartida 8509.40.10.00.
A partir de los argumentos expuestos por el Groupe SEB en la audiencia pública señalada, se plantea la necesidad de abordar si existen pruebas suficientes para continuar la investigación, dado que se ha llegado a la conclusión que con base en las pruebas en que la subdirección de prácticas comerciales se basó para iniciar la investigación y la adopción de la determinación preliminar, no serían suficientes para continuar con la misma.
Para abordar esta cuestión, conviene tener presente las consideraciones del grupo especial en la controversia “Estados Unidos - Madera Blanda” (WT/DS264/R), en donde se analizó si el párrafo 8 del artículo 5º del acuerdo antidumping impone o no a la autoridad investigadora una obligación permanente de examinar la suficiencia de las pruebas en que se basó su decisión de iniciar la investigación, durante las etapas posteriores de ella, y ponerle fin si llega a la conclusión de que las pruebas en que basó su decisión de iniciarla no son suficientes a la luz de otras informaciones que han surgido (ver, párrafos 4.281 y 5.14).
Entre los aspectos que fueron sometidos a consideración del grupo especial, se destaca la alegación de Canadá que argumentó que el párrafo 8 del artículo 5º se aplica tanto antes de la iniciación de la investigación como durante ella.
Al respecto, el párrafo 8 del artículo 5º del acuerdo antidumping establece: “La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso”.
Para evaluar este tema, el grupo especial analizó que:
“La redacción del párrafo 8 del artículo 5º pone de manifiesto que la disposición trata dos situaciones. La primera se refiere al caso en que debe rechazarse la solicitud antes de iniciarse la investigación; y la segunda trata de la conclusión de la investigación después de que se ha iniciado. Con respecto a la primera parte de la alegación del Canadá, relativa a la iniciación de la investigación, observamos que se planteó una cuestión análoga al grupo especial que se ocupó del asunto México - Jarabe de maíz. Ese grupo especial declaró lo siguiente acerca de las obligaciones establecidas por el párrafo 8 del artículo 5º, después de constatar que no existía infracción del párrafo 3:
En nuestra opinión, este párrafo no impone a la autoridad competente, en lo que respecta a la iniciación de una investigación, ninguna obligación sustantiva adicional a las derivadas del párrafo 3 del artículo 5º. Es decir, si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5º, no se infringirá el párrafo 8 de dicho artículo si no se rechaza la solicitud.
Estamos de acuerdo con esta afirmación. Como hemos constatado que una autoridad investigadora imparcial y objetiva podía llegar a la conclusión de que existían pruebas suficientes que justificaban la iniciación de una investigación y los Estados Unidos, por lo tanto, no violaron el párrafo 3 del artículo 5º, constatamos que los Estados Unidos no han violado el párrafo 8 del artículo 5º respecto de la iniciación de la investigación.
Pasaremos ahora a la segunda parte de la alegación del Canadá, es decir, a determinar si el USDOC debió haber puesto fin a la investigación sobre la base de que las pruebas disponibles a través de los datos de Weldwood, de mayor eficacia “probatoria”, hicieron insuficientes las pruebas sobre cuya base el USDOC justificó la iniciación de la investigación, y debió haberse puesto fin a esta conforme al párrafo 8 del artículo 5º del acuerdo antidumping.
Al examinar el sentido corriente del texto pertinente del párrafo 8 del artículo 5º, observamos que en él se establece que “la autoridad competente... pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping”. (Sin cursivas en el original). Esto significa, a nuestro juicio, que la autoridad investigadora debe poner fin a la investigación en cuanto se haya cerciorado de que su investigación indica la inexistencia de pruebas suficientes de dumping. Pero no encontramos ningún fundamento para llegar a la conclusión de que el párrafo 8 del artículo 5º impone a la autoridad investigadora una obligación permanente, después de iniciada la investigación, de seguir evaluando la suficiencia de las pruebas presentadas con la solicitud y poner fin a la investigación fundándose en que otras informaciones destruyen la suficiencia de esas pruebas. Una vez iniciada la investigación sobre la base de pruebas suficientes de existencia de dumping, la solicitud ha cumplido sus fines. Lógicamente, la obligación permanente de poner fin a la investigación cuando la autoridad investigadora se ha cerciorado de que no existen pruebas suficientes que justifiquen su continuación debe basarse en la evaluación de la situación general de las pruebas presentadas en la investigación a la autoridad que la realiza, y no en una evaluación sobre si siguen siendo suficientes las informaciones presentadas con la solicitud. Opinamos que no puede haber sido el propósito de los redactores del párrafo 8 del artículo 5º que su interpretación diese lugar a que la investigación pudiera iniciarse sobre la base de pruebas suficientes, pero tuviera que ponerse fin a esa misma investigación si los declarantes, posteriormente, aportaban otras pruebas, a pesar de que las obtenidas durante la investigación indicasen la existencia de dumping” (párrafos 7.134 a 7.137) (subrayado y negrillas fuera de texto).
Ahora bien, de la evaluación general realizada en la sección I de la presente resolución, se puede concluir que a partir de las declaraciones realizadas por el peticionario, hubo un cambio en la identificación del producto objeto de investigación que exige, dado el momento procesal, la construcción de una nueva solicitud con pruebas suficientes del dumping, daño y relación causal, que permitan determinar si existe o no mérito para adelantar una investigación a las importaciones de la subpartida 8509.40.10.00, restringida únicamente a las licuadoras cuyo precio se encuentre en el rango y características anteriormente citadas.
En este orden de ideas y de acuerdo con los resultados de los análisis realizados por la subdirección de prácticas comerciales de la Dirección de Comercio Exterior en relación con las declaraciones expuestas oralmente por la empresa peticionaria Groupe SEB en la audiencia pública realizada el 9 de julio del año en curso, las cuales fueron ampliadas y aclaradas a través del escrito presentado por el Groupe SEB el 3 de agosto de 2009, se puede concluir que es procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Decreto 991 de 1998, dar por terminada anticipadamente la investigación, y en consecuencia, dejar sin efecto la exigencia de los derechos antidumping provisionales impuestos por el artículo segundo de la Resolución 261 del 4 de junio de 2009. Lo anterior, sin perjuicio de que la rama de producción nacional representada por el Groupe SEB, pueda presentar una nueva solicitud si así lo considera, aún sobre la totalidad de las licuadoras en cuestión.
ART. 1º—Dar por terminada la investigación administrativa abierta mediante Resolución 31 del 16 de febrero de 2009, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
ART. 2º—Dejar sin efecto la decisión adoptada en el artículo segundo de la Resolución 261 del 4 de junio de 2009, expedida por la Dirección de Comercio Exterior.
PAR.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 991 de 1998, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, realizará la devolución de la garantía o de la totalidad de lo pagado a título de derechos provisionales, si es del caso, conforme lo determine el estatuto aduanero (D. 2685/99) o las normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan.
ART. 3º—Comunicar a todas las partes interesadas en la investigación y a los representantes diplomáticos o consulares del país de origen, la decisión adoptada.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
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 Resolución 
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 artículo 52
 artículo 6
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 artículo 56
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 artículo 5
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 artículo 25