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﻿ SENTENCIA SP16535-2017/49517 DE OCTUBRE 11 DE 2017
SENTENCIA SP16535-2017 DE 11 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:PRECISIÓN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN EN EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL. SE ACLARA QUE EN EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL LA LESIÓN DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO SE PROLONGA DURANTE TODO EL TIEMPO EN EL QUE LA AUTORIDAD SE MANTENGA EN EL ERROR Y AUN DESPUÉS SI SE LLEVAN A CABO ACTOS DE EJECUCIÓN Y CONSUMATIVOS DE ESE PROCEDER. AHORA, EN LO QUE TOCA A LA PRESCRIPCIÓN, SE PRECISA QUE LA JURISPRUDENCIA HA ACLARADO QUE ESE TÉRMINO NO EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL ACTO, SINO DEL ÚLTIMO QUE INDUJO AL ERROR, ENTENDIENDO ESTE NO COMO AQUEL MOMENTO HISTÓRICO EN EL QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DICTÓ EL ACTO CONTRARIO A LA LEY, CUANDO ALCANZA A MATERIALIZARSE, SINO HASTA CUANDO LA CONDUCTA ILÍCITA HA DEJADO DE PRODUCIR SUS CONSECUENCIAS Y CESE.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, ERROR, FRAUDE PROCESAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA
Sentencia SP16535-2017/49517 de octubre 11 de 2017
SP16535-2017
Rad.: 49517
(Aprobado Acta Nº 340)
Bogotá, D. C., once de octubre de dos mil diecisiete.
Con fundamento en la causal 2ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, el demandante solicitó la revisión del fallo de segunda instancia.
Señaló el actor que la acusación quedó en firme el 20 de enero de 2009 y el fallo de segunda instancia ejecutoriado el 19 de febrero de 2014 por tanto, trascurrió entre la ejecutoria de la resolución de acusación y la firmeza de la sentencia 5 años, 30 días.
Por lo anterior, indicó que el término prescriptivo se cumplió después de haberse dictado la sentencia y antes de que la decisión quedara en firme, por lo que resultaba imperativo a su juicio, decretar la cesación del procedimiento.
Con base en lo anotado, solicitó dejar sin efecto el fallo del tribunal, ordenar la libertad inmediata y la cancelación de los registros pertinentes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000, la Sala es competente para resolver la presente acción de revisión, dado que la sentencia censurada fue proferida por un tribunal superior.
En efecto, la demanda se dirige contra el fallo de 19 de diciembre de 2013 mediante el cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la providencia de 1º de abril de 2011 impuesta por el Juzgado 41 Penal del Circuito de esta ciudad, en la que se condenó a S... G... por los punibles de estafa y fraude procesal.
En el asunto, la defensa postula la causal contenida en el numeral 2º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, esto es, “cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal”.
Al respecto la Corte tiene establecido que su estructuración se presenta cuando, (CSJ AP. 31 mar. de 2009. Rad. 30844 y AP. 11 dic. 2013. Rad. 37917):
“En punto de la causal segunda de revisión, su invocación resulta viable cuando se ha establecido que al momento de la ejecutoria de la acusación o del fallo, éste no ha debido proferirse porque la acción penal no podía haberse iniciado, o no podía proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otro motivo de extinción de la acción penal del que se establezca que el Estado ya había perdido toda oficiosidad para continuar ejerciendo la acción penal, lo que, de encontrar demostración en sede de revisión, conlleva, ineludiblemente, en aras del principio de legalidad, a la anulación de la decisión con la consiguiente ejecutoria y a la declaratoria de la cesación de procedimiento” (subrayado ajeno al texto).
Con el objeto de verificar sí en el asunto estudiado, tal como lo predica el actor, operó la prescripción de la acción penal, considera la Sala necesario puntualizar de manera somera la cronología de las actuaciones procesales con incidencia en la determinación del aludido fenómeno, así:
Agotada la fase correspondiente a la instrucción, el 8 de junio de 2007 la Fiscalía 175 Seccional calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en contra del procesado E... S... G...(21), como presunto responsable del concurso de delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y estafa (definidos por los artículos 453, 287 y 246 de la Ley 599 de 2000, vigente en la época de los hechos).
Tal determinación fue confirmada de manera integral el 20 de enero de 2009 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer en de la apelación promovida por la defensa(22), la cual cobró ejecutoria el mismo día de su promulgación, atendiendo a que se trata de una decisión de segunda instancia confirmatoria de la calificación sumarial objeto de impugnación.
La etapa de juicio fue asumida por el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que el 1º de abril de 2011 emitió fallo condenatorio contra S... G... por los punibles de fraude procesal y estafa conforme a lo previsto en los artículos 453 y 246 del Código Penal inciso 1º, en los términos que fuera acusado por la Fiscalía General de la Nación y, además decretó a favor del procesado la cesación de procedimiento por el delito de falsedad en documento público atendiendo a que se encontraba prescrito.
Recurrido el fallo por la defensa, el 19 de diciembre de 2013, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó en su integridad la sentencia condenatoria proferida por el juzgado de primera instancia, proveído que fue comunicado el mismo día a los sujetos procesales mediante oficios Nº T10-11509 al Nº T10-11517(23), incluyendo al procesado quien no se encontraba privado de la libertad, sin que se aprecie devoluciones por parte del correo postal.
Sin embargo, es de anotar que para el año 2013 la vacancia judicial inició el 20 de diciembre de 2013 y finalizó el 10 de enero de 2014, por tal razón, la notificación personal se efectuó a la Fiscalía General de la Nación el 16 de enero de 2014 y al Ministerio Público el 24 de enero de esa misma anualidad, tal como lo preceptúa el artículo 178 de la Ley 600 de 2000.
Así las cosas, contados 3 días a partir de la última notificación personal, se fijó el edicto desde el 27 de enero de 2014 hasta el 29 de enero del mismo año, de conformidad con lo consagrado en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, entendiéndose notificados la totalidad de sujetos procesales (el procesado y su defensor quienes no acudieron a notificarse en forme personal).
Desfijado el edicto se procedió a correr el término de ejecutoria por quince días (del 30 de enero al 19 de febrero de 2014) sin que se interpusiera el recurso extraordinario de casación, quedando así ejecutoriada la sentencia en cita el 19 de febrero de 2014(24).
Del mismo modo, debe resaltarse que en el desarrollo del proceso penal en cita no se advierten trámites referentes a recusaciones que impliquen fundamento legal para suspender el término de prescripción de la acción penal.
En suma, las actuaciones procesales relevantes se concretan de la siguiente manera:
Resolución de acusación 1ª instancia - (Fiscalía 175 Seccional) 8 de junio de 2007
Resolución de acusación 2ª instancia (Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - confirma) 20 de enero de 2009. Ejecutoria de la resolución de acusación
Sentencia 1ª instancia (Juzgado 41 Penal Circuito de Bogotá). 1º de abril de 2011
Sentencia 2ª instancia (Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Decisión Penal) 19 diciembre de 2013
Ejecutoria Sentencia 2ª instancia 19 febrero de 2014
3. Análisis del fenómeno prescriptivo.
3.1. En materia penal, cuando el trámite se adelanta por los cauces de la Ley 600 de 2000, como en el presente asunto, según lo contemplado en el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución de acusación debidamente ejecutoriada y comienza de nuevo a correr en el juicio por un tiempo igual a la mitad del señalado en el canon 83 ejusdem, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10), con las excepciones que establece la ley y la jurisprudencia.
En el caso bajo examen, E... S... G... fue acusado y finalmente condenado por los delitos de estafa y fraude procesal, según conductas definidas por los originales artículos 246 y 453 de la Ley 599 de 2000, (sin las modificaciones introducidas por la Ley 890 de 2004), preceptos que consagran un marco punitivo que oscila, respecto del fraude procesal de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, y en relación con la estafa de dos (2) a ocho (8) años.
Lo anterior indica que en el asunto examinado, durante la fase de juzgamiento, el término para la configuración de la prescripción frente a las dos señaladas conductas punibles es de cinco (5) años, lapso que se concretó el 20 de enero de 2014, habida cuenta que la resolución de acusación cobró ejecutoria material el 20 de enero de 2009.
Antes de esa fecha, estos es, del 20 de enero de 2014, no alcanzo firmeza la sentencia emitida contra el procesado, pues, como ya se ha puntualizado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo condenatorio de primera instancia el 19 de diciembre de 2013, empero, esa decisión de segundo grado, tras el cumplimiento de los inevitables ritos de notificación y el cómputo del término para interponer los recursos de ley, sólo vino a cobrar ejecutoria el 19 de febrero de 2014 (tal como se describió en acápite precedente) es decir, un mes después de la consolidación del fenómeno extintivo la acción penal por prescripción.
3.2. Ahora bien, no está demás precisar que ninguna incidencia tiene sobre los anteriores cómputos el carácter permanente que por vía de jurisprudencia se le ha atribuido al delito de fraude procesal.
En efecto, de acuerdo con el aludido criterio jurisprudencial(25), en el delito de fraude procesal la lesión del bien jurídico tutelado se prolonga durante todo el tiempo en el que la autoridad se mantenga en el error y aun después si se llevan a cabo actos de ejecución y consumativos de ese proceder. En palabras de la Sala:
Si bien no se exige la producción del resultado perseguido, se entiende consumada cuando el agente, de manera fraudulenta, induce en error al servidor. No obstante, perdura mientras dura el estado de ilicitud y aun con posterioridad si se requiere de pasos finales para su cumplimiento.
El carácter permanente del delito implica, entonces, que la lesión al bien jurídico tutelado se prolonga durante todo el tiempo en el que la autoridad se mantenga en el error y aun después si se requiere de actos de ejecución.
Ahora, en lo que toca con la prescripción, la jurisprudencia ha aclarado que ese término no empieza a contarse, no a partir de la firmeza del acto administrativo, este caso, sino del último acto de inducción en error, entendiendo éste no como aquel momento histórico en el que el servidor público dictó el acto contrario a la ley –cuando ello alcanza a materializarse– sino hasta cuando la ilícita conducta ha dejado de producir sus consecuencias y cese, en consecuencia, la lesión que por ese medio se venía ocasionando a la administración(26)(subrayado ajeno al texto).
Acorde con lo anterior, si el fraude procesal se remonta, conforme a la situación fáctica precisada en la acusación y acogida en las instancias, a la presentación el 3 de abril de 2003 de documentos falsos ante la Secretaria de Tránsito y Transporte de Mosquera (Cundinamarca), con el fin de registrar la propiedad del vehículo objeto del debate en favor de la empresa del señor J... J... G... y obtener la respectiva tarjeta, sin que con posterioridad a ese acto el acusado incurriera en otra acción para mantener el error al aludido funcionario de administrativo, hasta cuando el 26 de enero de 2005(27) la Fiscalía ordenó la cancelación del respectivo(28), deviene indiscutible que con sujeción a la línea jurisprudencial los efectos de ese delito cesaron en esa última fecha, antes de que se emitiera y quedara en firme la resolución de acusación (el 20 de enero de 2009).
3.3. La anterior precisión también agota cualquier debate en cuanto a si en la calificación jurídica de la conducta debieron los funcionarios de instrucción, o los de juzgamiento, tener en cuenta la modificación que en cuanto a la pena introdujo el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, norma que por expreso mandato del artículo 15 del mismo compendio entró vigor desde el 7 de julio de 2004.
Y ello es así porque si el último acto consumativo del delito de fraude procesal, de efectos permanentes según la jurisprudencia, ocurrió el 3 de abril de 2003, en atención a lo previsto en el artículo 84, inciso segundo, de la Ley 599 de 2000(29), la calificación jurídica impartida en el pliego de cargos y acogida en las sentencias de primero y segundo grado, deviene ajustada a derecho, por corresponder con la ley sustancial vigente para ese entonces.
3.4. Hechas las precisiones del caso, se tiene en claro lo siguiente: (i) al procesado S... G... en la resolución de acusación se le atribuyeron los delitos de fraude procesal y estafa, los cuales conforme a la legislación vigente al tiempo de los hechos –3 de abril de 2003– y atendida en el pliego de cargos tienen prevista una pena de prisión máxima de 8 años; (ii) el término de prescripción de la acción penal se interrumpió con la ejecutoria de la resolución de acusación, estos es, el 20 de enero de 2009; (iii) al día siguiente comenzó a correr de nuevo el cómputo del término prescriptivo por tiempo igual a la mitad de la pena máxima prevista para los respectivos delitos, sin que, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, ese lapso pudiera ser inferior a cinco años; (iv) el 1 de abril de 2011 el juzgado de primera instancia condenó al procesado en los mismos términos reseñados en la resolución de acusación, es decir, por los punibles de fraude procesal y estafa definidos por los artículos 453 y 246 de la Ley 599 de 2000 –también declaró la cesación de procedimiento en relación con el delito de falsedad en documento público por prescripción atribuido igualmente en el pliego de cargos–; y (v) el 19 de diciembre de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria proferida en primera instancia, empero, el fallo quedó debidamente ejecutoriado el 19 de febrero de 2014, fecha para la cual ya se encontraba extinguida la facultad punitiva del Estado, pues había transcurrido el término previsto por el legislador para perseguir la acción penal, el cual se concretó el 20 de enero de 2014.
4.1. De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto le asiste razón al demandante, pues la sentencia de segunda instancia fue dictada el 19 de diciembre de 2013 y quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 2014, esto es, después de la materialización de la prescripción de la acción penal.
4.2. Por tanto, la Corte declarará fundada la causal de revisión invocada y, en consecuencia, dejará sin efecto la condena dictada contra el actor y, ordenará la libertad inmediata de E... S... G..., para lo relacionado con este asunto.
4.3. Finalmente, se procederá a ordenar la cancelación de los antecedentes judiciales y demás anotaciones que le hayan sido registrados en virtud de los fallos aquí invalidados, así como de los compromisos que haya adquirido en razón de este diligenciamiento, todo lo cual queda a cargo del juzgado de primera instancia.
1. DECLARAR fundada la causal 2ª de revisión invocada por el apoderado judicial de E... S... G..., según lo descrito en la parte motiva de esta providencia.
2. DEJAR SIN EFECTO la condena proferida en contra de E... S... G... mediante fallos del 1º de abril de 2011 y 19 de diciembre de 2013, proferidos por el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, respectivamente.
3. DECLARAR prescrita la acción penal y la consecuente cesación de procedimiento respecto de las conductas punibles de estafa y fraude procesal atribuidas a E... S... G...
4. DISPONER la libertad inmediata en este asunto de E... S... G..., libre de caución, en caso de encontrarse aun cumpliendo su pena en privación de libertad y, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad judicial.
5. ORDENAR la cancelación de los antecedentes judiciales y demás anotaciones que le hayan sido registrados en virtud de los fallos aquí invalidados, así como de los compromisos que haya adquirido en razón de este diligenciamiento, todo lo cual queda a cargo del Juzgado de primera instancia.
6. DEVUÉLVASE el expediente a la oficina de origen.
21 Cfr. Folios 222 y ss., cuaderno Fiscalía General de la Nación.
22 Cfr. Folios 281 y ss., ibíd.
23 Cfr. Folios 28-34, cuaderno del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.
24 Cfr. Folios 35-36, ibíd.
25 Providencia del 17 de agosto de 1995, Radicado 8968, reiterada en la sentencia del 18 de junio de 20008, Radicado 28.562, y la providencia del 4 de julio de 1989, Radicado 3268.
26 Ver, entre otros, la providencia del 4 de julio de 1989 (Radicado 3268) y el fallo del 18 de junio de 2008, ya citado.
27 Cfr. Folios 50-57, cdno. Fiscalía General de la Nación.
28 Cfr. Folios 50-57, cdno. Fiscalía General de la Nación.
29 De acuerdo con el precepto la “Iniciación del término de prescripción de la acción” “En las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcancen el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto”.

References: artículo 220
 resolución 
 artículo 75
 artículo 220
 resolución 
 artículo 178
 artículo 180

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 84
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
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