Source: https://es.scribd.com/doc/46741469/autonomia-y-gestion-de-los-centros-docentes
Timestamp: 2016-05-31 20:26:19+00:00

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Catedrático de Derecho Administrativo Universidad de Valladolid
Me voy a permitir unas palabras iniciales sobre el tema que vertebra estas páginas –la autonomía de los centros docentes– por tratarse de una cuestión íntimamente relacionada con una cierta visión de los problemas históricos de la enseñanza en España. En efecto, no podemos desligar dicho tema de la circunstancia histórica en la que se desenvuelve la educación en España –y singularmente la primaria y secundaria–, dominada por una sensación de fracaso que reiteran una y otra vez los informes más solventes (PISA), algo que en realidad conoce desde hace bastante tiempo con precisión cualquier español medianamente avisado. Es natural que, en este contexto, las instituciones más solventes en materia educativa se pregunten sobre el camino más adecuado para salir de esta situación y enderezar el rumbo del sistema educativo español, el cual –como se reconoce generalmente– constituye la pieza clave para asegurar el bienestar futuro de la sociedad española: sin un sistema educativo sólido es impensable que la sociedad española resuelva los problemas sociales, económicos y de toda índole en los que está aparentemente atascada. Prácticamente desde la Constitución, los debates en torno a la educación y, por tanto, en torno a los centros de enseñanza, se han volcado en el análisis exhaustivo de los derechos y deberes constitucionales previstos en su artículo 27, sin que se haya logrado una interpretación comúnmente aceptada, como lo prueba la conflictiva tramitación de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, a la que más adelante nos referiremos. Cada cual ha querido tirar de la
parte que más le convenía de las reglas previstas en el artículo 27 de la Constitución, creyendo probablemente con ello que los problemas de la organización de nuestro sistema educativo se daban por resueltos de una manera inevitable y obvia. Naturalmente, las cosas no han sido así: al margen del debate sobre los grandes principios, nuestro sistema educativo ha seguido funcionando mal que bien, y en muchos casos renqueando; sólo en los últimos años –como prueban estas páginas– los más avezados han advertido que, al margen del debate sobre los grandes principios, es preciso poner sobre la mesa la letra pequeña de la organización y la gestión de los centros de enseñanza, cuestiones en las que probablemente residen las auténticas soluciones para enderezar nuestro sistema educativo. Por ello me parece tan acertada la elección del tema, ya que precisamente bajo este enfoque he analizado en varias ocasiones el régimen de nuestro sistema educativo, que a mi juicio constituye la cuestión central de los próximos años. En suma, frente a ese debate exhaustivo sobre qué facultades ostentan cada uno de los actores en el mundo de la enseñanza, entiendo yo que vale más la pena preocuparse por cómo se organizan y gestionan los centros de enseñanza, dejando en un segundo plano los referidos principios. Pues no debemos olvidar una cosa: el sistema educativo requiere una organización muy delicada y sería ilusorio pretender que su mejora depende exclusivamente, por ejemplo, del reforzamiento de la financiación. Por eso entiendo que el tema que nos ocupa lo que en el fondo nos está sugiriendo es que la línea de debate se debe situar precisamente en aquellos aspectos más a ras de tierra que podríamos llamar de organización de los centros, dentro de la cual ocupa un lugar destacado la autonomía que se les debe reconocer (a qué centros y en qué términos). El primer paso para explicar la autonomía escolar o de los centros docentes consiste, a mi modo de ver, en separar esta autonomía de la que reconoce el artículo 27 de la Constitución a las Universidades. Puede que haya algún punto en común, porque obviamente en los dos casos nos movemos dentro del sistema educativo. Pero es evidente que el reconocimiento de la autonomía universitaria como derecho fundamental tiene unas connotaciones que alteran radicalmente las características de la misma, condiciona el régimen de las Universidades y su organización y, en definitiva, las separa en aspectos sus-
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tanciales de la autonomía que se pueda reconocer a los centros docentes no universitarios1. Como ha reconocido el TC en la STC 47/2005, el reconocimiento de la autonomía universitaria como derecho fundamental no tiene otro alcance que proteger con dicho carácter fundamental la libertad académica (de estudio, enseñanza, investigación), que concierne evidentemente a los individuos que están integrados dentro de la Universidad. Según esto, la autonomía universitaria tendría simplemente un carácter instrumental para la protección de los derechos de las personas que forman parte de la corporación universitaria; o, dicho en términos procesales, a través del mecanismo de la autonomía universitaria la Universidad como organismo puede defender en la vía de amparo y con carácter fundamental los derechos atinentes a la libertad académica de sus miembros: es lo que se denomina legitimación por sustitución (Fs Js 5 y 6 de la Sentencia citada, que resume anterior jurisprudencia constitucional). El carácter fundamental de la autonomía universitaria tiene numerosas consecuencias en el régimen de las Universidades. Por de pronto, parece razonable afirmar que, para la preservación de la referida libertad académica, conviene asegurar una cierta "distancia" entre las autoridades administrativas y las Universidades, que en la práctica se traduce en el modelo de organismo autónomo por el que se rigen. Por la misma razón, en principio los controles sobre los órganos de gobierno de las Universidades ejercidos por las autoridades administrativas deben ceñirse a la legalidad. Y, sin afán exhaustivo, sino para llamar la atención sobre algunos aspectos que ocupan actualmente la atención de nuestras Universidades, en la propia ordenación de los títulos oficiales, y en especial la configuración de los planes de estudios, deben tener un papel inicial y relevante los miembros de la comunidad universitaria, porque obviamente los planes de estudios afectan a la libertad académica en el sentido que aquí se
Entre la amplia bibliografía sobre la autonomía universitaria puede consultarse Fernández, Tomás-Ramón: La autonomía universitaria: ámbito y límites, Madrid, Cívitas, 1982; Sosa Wagner, Francisco: El mito de la autonomía universitaria, Madrid, Cívitas, 2004, y Torres, Ignacio: La autonomía universitaria: aspectos constitucionales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
maneja. Se trata, en expresión de la jurisprudencia constitucional alemana, de una "materia científicamente relevante" y, en consecuencia, en la elaboración de los planes de estudios debe existir una destacada intervención de la comunidad académica, lo cual no quiere decir ni mucho menos que dicha intervención deba estar exenta de los controles pertinentes. Por el contrario, existen numerosos aspectos en el régimen y funcionamiento de las Universidades alejados de la libertad académica y, por tanto, de la protección fundamental que le confiere el artículo 27 de la Constitución. En este sentido, las Universidades públicas constituyen un organismo administrativo como cualquier otro, por lo que deben someterse a los controles que el legislador considere pertinentes. Así, el régimen de los bienes de las Universidades no tiene por qué diferir del régimen común de los bienes de los organismos públicos o, como ha dicho el TC en la STC 47/2005 y en la posterior 106/1990, lo que podríamos llamar ordenación territorial de las Universidades, que es tanto como decir que la segregación o la adscripción de determinados campus no resultan protegidas por el carácter fundamental de la autonomía universitaria: es tarea de las autoridades correspondientes decidir sobre la organización administrativa territorial y la adscripción de los centros a una u otra Universidad, en función de los criterios que considere más pertinentes, sin otro límite que la discrecionalidad del legislador. Evidentemente, el funcionamiento y la organización de los centros de enseñanza no universitarios se mueven en unas coordenadas muy distintas, puesto que no está presente este carácter fundamental que caracteriza a la autonomía universitaria. En efecto, en la vigente Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, la autonomía de los centros docentes adquiere una importancia destacada2. Con las salvedades que haremos después, esto constituye una novedad, puesto que el principio fundamental de organización de los centros docentes, públicos y concertados, desde la Ley de Educación de 1985, ha sido el principio de partici2
En general, sobre la autonomía de los centros, véase Martínez López-Muñiz, José Luis: “Autonomía de los centros escolares y derecho a la educación en libertad”, en Persona y Derecho, 50 (2004).
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pación. Pues bien, el nuevo texto legal añade a la participación el principio de autonomía: el Título 5º regula precisamente la “participación, autonomía y gobierno de los centros", estableciendo en el artículo 118 que la participación es un valor básico para la formación de los ciudadanos y que dichas participación, autonomía y gobierno de los centros se ajustarán a lo establecido en esta ley; para señalar más adelante en el artículo 120 que los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente Basta leer la Ley Orgánica de 1985, y más en concreto sus artículos 27 y siguientes, para advertir el importante cambio producido desde entonces, puesto que el principio rector de la organización de los centros estaba constituido entonces exclusivamente por la participación, a la que ahora se añade la autonomía de los centros. Sobre este doble pivote –por utilizar la terminología futbolística en boga– se apoya la organización de los centros docentes. Expliquemos en primer lugar qué significa la participación como norma fundamental de organización de los centros docentes no universitarios. Sobre la base l del artículo 27.7 de la Constitución, que prevé la "intervención" de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, la Ley Orgánica de Educación de 3 de julio de 1985 hizo girar la organización de los centros docentes sobre lo que denominaba –y denomina– una "concepción participativa", que debía servir para armonizar los conflictos que pudieran presentarse a la hora de realizar los derechos que confluyen en la enseñanza. En lo que nos concierne aquí, este principio de participación implicaba la creación de unos órganos de gobierno en los centros con participación de la comunidad educativa, a los que se entregaba en lo fundamental la organización y gestión de los centros docentes. Esta intensa concepción participativa, sancionada por la STC 77/1985, traía causa de muchos factores de orden social y político que acompañaron los primeros pasos de la vigente Constitución, por entenderse que en el nuevo Estado constitucional la participación, en términos generales, debía tener un papel preponderante (lo que se denominó entonces la "euforia de la participación", euforia que con el paso de los años se ha ido naturalmente enfriando).
Lo cierto es que, sobre la base del modelo participativo, la ley de 1985 creó un sistema que ha llegado hasta ahora y que atribuye en lo esencial la gestión de los centros al claustro y al Consejo escolar del centro, en que se hallan representados los actores de la comunidad educativa; y este mismo modelo es válido tanto para los centros públicos como para los centros concertados, puesto que ambos están sostenidos con fondos públicos. Este es el salto que dio en su momento la ley de 1985 al interpretar la "intervención" del artículo 27.7 de la Constitución como "participación". Es evidente, en todo caso, que la base constitucional de la participación de la comunidad educativa en unos centros y en otros (en los públicos y en los concertados) es muy distinta, puesto que en el caso de los centros públicos estamos ante una forma de organización administrativa, mientras que en el caso de los centros concertados, por su carácter privado, la participación ha de concebirse como una limitación a las facultades del titular del centro, como por cierto reconoció el Tribunal Constitucional en la STC 77/1985, aunque estimó que las intensas limitaciones a la libertad de enseñanza que implicaba el régimen participativo estaban justificadas3. La participación viene ahora acompañada de la autonomía de los centros docentes, constituyendo ambos principios rectores fundamentales de la organización y el funcionamiento de los mismos. La incorporación del principio de autonomía de gestión procede de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes, que dedicaba su Capítulo II a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los recursos de los centros educativos. Dentro de la llamada autonomía de gestión de los centros docentes, preveía en el artículo 6 la autonomía para definir un proyecto educativo, que en los centros privados concertados podría incorporar el carácter propio del centro, y en el artículo 7 preveía la autonomía en la gestión de los recursos económicos de los centros públicos en materias tales como la adqui3 Sobre esto, véase mi trabajo “La participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros concertados” en: Panorama jurídico de las Administraciones Públicas en el siglo XXI. Homenaje al profesor Eduardo Roca Roca (Ed. INAP-BOE), Madrid, 2002, pp. 327 y ss.
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sición de bienes, la contratación de obras, servicios y suministros; materias que podrían asumir los centros docentes previa delegación de las Administraciones educativas. La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, siguiendo la misma línea, insistió en el desarrollo de la autonomía de los centros docentes y la reforzó, por entender que el objetivo general de calidad era indisociable de una mayor autonomía de los centros docentes. Así, el artículo 67 reconocía dicha autonomía en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión económica "para favorecer la mejora continua de la educación". Y añadía: "Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores”. La autonomía debía tener, en primer lugar, una proyección pedagógica reconocida en el artículo 68, que debía concretarse en programaciones didácticas y otros planes y, en todo caso, mediante proyectos educativos que, en el caso de los centros concertados, debían incorporar el carácter propio del centro. El artículo 69 reconocía la autonomía organizativa que debía concretarse en la programación anual y en los reglamentos de régimen interior, y, finalmente, el artículo 70 preveía la autonomía de gestión económica en favor de los centros docentes públicos en unos términos más vagos de lo que lo hacía la ley de 1995. Éstos son los antecedentes, que llegan a la ley vigente de 2006, artículos 120 y siguientes, Capítulo II, del Título V, que recibe el nombre de "autonomía de los centros”. La nueva ley asume la autonomía de los centros en los términos formulados por las leyes de 1995 y 2002, señaladas en el apartado anterior. El artículo 120 atribuye a los centros autonomía, que tiene tres dimensiones: pedagógica, organizativa y de gestión. La autonomía pedagógica se traduce en el proyecto educativo previsto en el artículo 121, que debe recoger los valores, objetivos y prioridades de actuación, así como el plan de convivencia; la formulación de este proyecto educativo corresponde por igual a los centros públicos y a los concertados, que incluirán en este caso el carácter propio del centro. El proyecto de gestión, o plasmación de la autonomía económica, se aplica únicamente a los centros públicos, puesto que es evi-
dente que los centros concertados disponen por sí mismos de las facultades relativas a la gestión económica, como consecuencia del derecho del titular a la dirección del centro. En este punto, ni la ley de 1985 ni la legislación posterior trataron de inmiscuirse en la gestión económica de los centros concertados, aunque es obvio que el sistema de pago delegado a los profesores en los referidos centros indudablemente influye en la gestión de los mismos. Como en la ley de 2002, esta gestión económica se contrae a la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, que se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público que recientemente ha entrado en vigor. Ahora bien, tal como sucedía en dicha ley de 2002, queda en manos de las administraciones educativas delegar este tipo de facultades, con mayor o menor amplitud, a los centros docentes. Por ello, bien se puede decir que la ley contempla una determinada orientación para facilitar la autonomía de gestión, pero en último extremo la llave reside en las Administraciones autonómicas. En materia de personal y dentro del mismo apartado de la gestión económica prevista en el artículo 123, prevé la ley que los centros públicos podrán formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, lo cual les confiere, en su caso, una importante proyección no sólo en los aspectos económicos, sino en lo que la ley llama proyecto educativo. En esta misma materia de personal, el apartado 5 del mismo artículo 123 permite asimismo con la misma fórmula a las Administraciones educativas delegar en los centros públicos las competencias que estime pertinentes en materia de gestión de personal. También hemos de incluir dentro de esta autonomía de gestión económica lo dispuesto en el artículo 122 sobre los recursos de los centros, en el que se prevé que los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios en los términos que ahí se establecen. La tercera proyección de la autonomía, la organizativa, se contempla en el artículo 124, a cuyo tenor se atribuye a los centros elaborar sus normas de organización y funcionamiento, que deben incluir las precisas para garantizar el cumplimiento del plan de convivencia.
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La autonomía se atribuye, por tanto, de forma desigual a los centros docentes en función de su titularidad y su régimen jurídico. El legislador tiene en mente por encima de todo a los centros públicos, a los que aplica las tres dimensiones (pedagógica, organizativa y de gestión) de dicha autonomía; mientras que, por el contrario, en el caso de los centros concertados hay que entender que sólo son de aplicación la autonomía pedagógica y la organizativa, mientras que por las razones apuntadas está fuera de lugar la autonomía o proyecto de gestión. En una situación distinta a los centros concertados se encuentran los centros privados no concertados, a los que se aplica el artículo 25 de la ley de 1985, en la redacción dada por la Disposición final 1ª de la nueva ley, que añade a las facultades reconocidas en 1985 sobre todo la elaboración del proyecto educativo. Llegados a este punto, podemos ya fijar algunas conclusiones sobre la autonomía de los centros docentes en el marco de nuestro sistema educativo. En primer lugar, y en relación con los centros públicos, que son los principales destinatarios de las normas sobre la autonomía –en particular la económica–, el principio de autonomía y el principio de participación pueden verse de dos formas distintas, pero complementarias: por un lado, ambos principios confluyen y dan sentido fundamental a la organización de los centros públicos. La participación implica un gobierno de los centros a cargo de la comunidad educativa, mientras que la autonomía da la medida de la capacidad de decisión de dichos órganos en la gestión ordinaria del centro. Pero, por otro lado, la relación entre ambos principios debe situarse también en una perspectiva histórica, y en este sentido, participación y autonomía tienen ya una relación más conflictiva. Me explico: bien pudiera decirse que el reconocimiento de la autonomía de los centros constituye algo así como una venganza histórica, o una antítesis al principio de participación: si ésta iba a ser en la concepción de 1985 la fórmula universal para resolver todos los males de la enseñanza, pública y concertada, nos encontramos diez años después (1995), y veinte años después (2006) con que el propio legislador tiene que reconocer que la clave para la buena gestión de los centros es el reconocimiento de la autonomía pedagógica, de
gestión, etc., que es tanto como decir que la orientación asumida por el legislador para facilitar la mejora de nuestro sistema educativo pasa por una más adecuada organización de los centros, al margen de la trascendencia que ingenuamente otorgaba al principio de participación la ley de 1985. Dicho con otras palabras, lo que viene a sugerir, solapadamente, la reciente legislación española es la preponderancia de la gestión sobre la participación. Frente a una visión marcadamente ideológica que se plasmaba, y se plasma todavía, en el principio de participación, tenemos ahora una visión más realista –en la que probablemente es posible encontrar puntos de acuerdo entre las distintas formaciones políticas– que gira en torno al principio de la autonomía de los centros. No en vano la autonomía surge en la ley de 1995, se traslada a la de 2002 y se refuerza en la ley de 2006. Es curioso este acercamiento entre normas con un origen ideológico distinto, pero que en este punto siguen el mismo sendero. Lo cual es muy de agradecer. Una prueba de que esta es la orientación del legislador español, marcada por un criterio realista que trata de huir de la participación, aunque no lo reconoce en sus últimas consecuencias, se advierte si se contrasta lo que decía la ley de 1985 sobre la dirección de los centros en los artículos 37 a 39, y lo que dice la nueva ley de 2006 en el Capítulo IV, que se titula "dirección de los centros públicos"; en él se contiene una precisa regulación del equipo directivo, de la función directiva, de las competencias del director, de la selección del director, del procedimiento de selección, nombramiento, cese; en definitiva, situando la función directiva de los centros públicos en el punto central de la reforma organizativa del sistema educativo. Aunque no se quiera reconocer abiertamente, hay una considerable distancia entre el poderoso director de la ley de 2006, sostenido por la Administración educativa, y el director de la ley de 1985, que no era más que un simple producto del Consejo escolar, órgano que daba vida por encima de todo al principio de participación. Pero me gustaría también apuntar otra consecuencia de la nueva legislación, en este caso en relación con los centros concertados. Ya hemos señalado que la autonomía de los centros se vierte de una manera más intensa en los centros públicos. En cuanto a los
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centros concertados, la autonomía de gestión económica nunca se ha puesto en duda, aunque resulta fuertemente mediatizada por el propio concierto. Pero ésta es otra cuestión. Lo que me interesa subrayar aquí es que en los centros concertados los principios de participación y autonomía –o, dicho con otras palabras, aplicar un mayor margen de decisión a los centros concertados– en absoluto requieren reformas legislativas complejas que impliquen un mayor reconocimiento de facultades de dichos centros. Como hemos señalado, en el caso de los centros concertados la dirección del centro, que en principio corresponde a su titular, ha sido fuertemente constreñida por el principio de participación de la ley de 1985. En los términos de la ley de 1985, redefinidos en la nueva ley de 2006, Disposición Final 1ª, el Consejo Escolar tendrá una composición y unas funciones que prácticamente coinciden con las del Consejo Escolar de los centros públicos; y lo mismo vale decir para el claustro de los profesores de los centros concertados según la Disposición adicional 17ª de la misma ley de 2006. Esto significa que constituye casi un absurdo hablar del reforzamiento de la autonomía de los centros docentes, aplicada esta expresión a los centros concertados, cuando resulta que a través del principio de participación, que se vierte en las funciones del Consejo Escolar sobre todo, la dirección de los centros concertados resulta gravemente disminuida. Si se quiere arbitrar una mayor autonomía para los centros concertados, puesto que parece que esta orientación es la adecuada, basta con hacer algo muy sencillo: donde la ley de 1985, particularmente en el artículo 57, atribuye todas las decisiones relevantes al Consejo Escolar, debieran atribuirse esas funciones o las más relevantes a la dirección y al titular del centro. Ésta es la cuestión. Nótese que aquí estamos ante un esquema que nada tiene que ver con el propio de los centros públicos, puesto que se trata de la limitación por ley de las facultades de la dirección de los centros. Curiosamente, la ley de 2006 se apoya en la autonomía de los centros, sin tener presente que la forma más sencilla de ampliar la de los centros concertados es reducir la intervención de la Administración pública en los mismos, basada en el referido principio de participación. Si se me permite un ejemplo muy simple: si uno va conduciendo a una velocidad excesiva, para reducir la velocidad basta senci-
llamente con levantar el pie del acelerador. El Estado ha pisado en exceso el acelerador a través de la intervención en la gestión de los centros concertados, apoyándose en el principio de participación. Si quiere otorgarles mayores cuotas de autonomía, lo único que tiene que hacer es levantar el pie del acelerador. Es precisamente aquí donde, a la hora de la verdad, se trunca la pretensión de nuestro Derecho de unificar el régimen de los centros públicos y de los centros concertados sobre la base de que ambos están sostenidos con fondos públicos, cuando lo cierto es que se trata de dos cosas bien distintas.
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