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Timestamp: 2020-04-09 08:10:36+00:00

Document:
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2009 Y SUS ACUMULADAS 64/2009 Y 65/2009.
VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO.
Viernes 29 de enero de 2010 DIARIO OFICIAL (Cuarta Sección)
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, promovidas por los diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, el Partido del Trabajo y el Procurador General de la República.
PROMOVENTES: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMINGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día primero de diciembre de dos mil nueve.
PRIMERO. Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve de octubre de dos mil nueve, Hiram Apolo Contreras Herrera, Jorge Alejandro Espino Balaguer, Arturo Zubia Hernández, Roberto Lara Rocha, Javier Gaudini Díaz Gurrola, José Antonio López Sandoval, Manuel Humberto Olivas Caraveo, Miguel Jurado Contreras, Andrés de Anda Martínez, José Luis Cisneros Carlos, Rosa María Baray Trujillo, Fernando Alvarez Monge y Víctor Manuel Quintana Silveyra, quienes se ostentaron como Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 4, 16, 17, 58, 81, 85 y 131, de la Ley Electoral de esa Entidad, contenida en el Decreto número 733/09 VI P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado el doce de septiembre de dos mil nueve, señalando como autoridades demandadas al Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua.
Asimismo, por escrito presentado en la misma fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la Ley Electoral arriba invocada, concretamente en contra de los artículos 64, 210, 216, 373, 374 y 375 que la integran.
Por último, mediante oficio presentado el doce de octubre de dos mil nueve, ante el autorizado para recibir promociones de término fuera del horario normal de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Chávez Chávez, en su carácter de Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 14, 16, 96, 143, 386, 387, 388, 389 y 390, de la Ley Electoral descrita en los párrafos que anteceden.
SEGUNDO. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan, son violatorias de los artículos 1o., 4o., 14, 16, 34, 35, 41, 54, 109, 115, 116, fracción IV, incisos b), c), d), l) y m), 133 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma expresaron como conceptos de invalidez lo que a continuación se resume:
I. De la demanda suscrita por los Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua:
Que el artículo 4o. de Ley Electoral del Estado de Chihuahua, establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos de esa Entidad, precisando que: “… es su derecho la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para obtener cargos de elección popular y siempre que la naturaleza del cargo lo permita, la proporción atenderá a una relación de 50% máximo para cualquiera de los sexos”, lo que aducen, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de su redacción se desprende que habrá cargos para los que la proporción no “deberá” atender al cincuenta por ciento que como máximo prevé para cualquiera de los sexos, lo que hace evidente la contravención al artículo 1o. de nuestra Carta Magna, en el que se prohíbe todo tipo de discriminación motivada por el género, pues al prever la condición de que la naturaleza del cargo lo permita, ello se interpretará en el sentido de que la mencionada proporción no se aplicará específicamente a las candidaturas de sindicatura y las de presidencia municipal, no obstante que esta última es parte integrante de la planilla del ayuntamiento, en los términos del numeral 4 del artículo 133 de la propia Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Aducen que aun más, la inconstitucionalidad se corrobora con los datos emanados del “Estudio del Comportamiento de las Elecciones 2007 en el Estado de Chihuahua por Sexo”, del que se advierte que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 78 de la Ley Electoral local vigente en aquel entonces, los partidos políticos tenían que inscribir para los ayuntamientos planillas que no podían incluir más del setenta por ciento de candidatos de un mismo género, para ocupar los cargos de presidencia municipal y regidurías. Así, los partidos políticos inscribieron en la planilla del ayuntamiento como propietarios un cincuenta y cinco por ciento de hombres y un cuarenta y cinco por ciento de mujeres, cumpliendo en lo general con la disposición legal de no más del setenta por ciento de un mismo género; sin embargo, analizada la planilla por puestos se tuvo que postularon como propietarios(as) para el cargo de presidencia municipal de los sesenta y siete municipios a doscientos catorce hombres y sólo a veintidós mujeres, lo que se tradujo para ellas en un nueve por ciento de oportunidad para ocupar este cargo. Teniendo como resultado que sesenta y cinco (97%) presidencias municipales las ocuparon hombres y únicamente dos (3%) fueron ocupadas por mujeres.
En esa tesitura, sustentan su argumento de inconstitucionalidad en el hecho de que en las candidaturas de síndicos y presidentes municipales no se podría dar el acceso en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres; por tanto, la aplicación del porcentaje multialudido debe ser establecida para todos los cargos, toda vez que, en su concepto, los puestos que sean ‘únicos’ no se someten a la cuota de género, por lo que las mujeres seguirán siendo excluidas de los cargos en comento.
Agregan que el artículo combatido es contradictorio con los diversos preceptos 24, numeral I, inciso e) y 79 de la propia Ley Electoral, en los cuales se establece la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre sexos, así como una cultura democrática con perspectiva de género; además de que también se vulnera lo dispuesto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en tanto que el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, ha sido omiso en el cumplimiento de dicho instrumento internacional, pues no ha establecido las medidas legislativas que obliguen a los partidos políticos y coaliciones a que no discriminen a las mujeres, a efecto de revertir la realidad que se presentó en el proceso electoral 2007, todo ello en franca contravención a lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 41 y 133 de la Constitución Federal.
Señalan que el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 16, así como el numeral 3 del diverso 131 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua son inconstitucionales, porque establecen excepciones al porcentaje ya señalado de cuotas de género, en relación con las candidaturas de diputados de mayoría relativa como de representación proporcional, así como en los cargos de ayuntamiento cuando provenga de un proceso de elección democrático que se encuentre previsto en los estatutos de cada partido político, de donde es clara su inconstitucionalidad, toda vez que subordinan la ley a los referidos estatutos, los cuales no pueden establecer reglas contrarias a los derechos contemplados en la primera, mucho menos reglas violatorias de los derechos protegidos por la propia Constitución y los instrumentos internacionales en materia de paridad de género y protección a la mujer, pues en tales condiciones se limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, lo que implica la discriminación y la consecuente violencia contra las mismas.
Esto se demuestra, de igual forma, con los datos arrojados por el “Estudio del Comportamiento de las Elecciones 2007 en el Estado de Chihuahua por Sexo”, pues del mismo se obtiene que para las diputaciones por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos postularon a sesenta y nueve por ciento de hombres y treinta y uno por ciento de mujeres, y por el principio de representación proporcional a cincuenta y tres por ciento de hombres y a cuarenta y siete por ciento de mujeres; quedando ocupadas por ambos principios sólo siete curules por mujeres de las treinta y tres que hay en total; y que los vicios que se atribuyen a las normas combatidas se demuestra también, si se toma en cuenta que la ley debe obligar a los partidos políticos para que establezcan en sus estatutos los mecanismos que los lleven a generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en cuanto a la participación política en los cargos de elección popular; además de que con la redacción de los artículos en comento, se violan los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, toda vez que, por un lado se prevé la paridad electoral y, por otro, se estatuye lo necesario para omitir su aplicación.
Por otra parte argumentan que es inconstitucional el numeral 4 del artículo 17 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua pues establece que: “Cuando del registro total de las candidaturas que hagan los partidos o coaliciones por el principio de mayoría relativa, aparecieren más del 50% de candidatos de un mismo sexo, el sexo subrepresentado al cargo como propietario ocupará, cuando menos, el segundo lugar propietario de la lista de representación proporcional”, en virtud de que esa hipótesis sólo constituye una ‘argucia’ legislativa ineficaz, ya que la regla de otorgar a una mujer el segundo lugar de la lista para quienes inscriban a menos del cincuenta por ciento de candidatos por el principio de mayoría relativa, no cumple con la paridad electoral, pues los partidos grandes inscriben mayoritariamente a hombres en los tres primeros lugares de la lista de candidatos, que son los que alcanzan diputaciones en la segunda ronda por el porcentaje de votos emitidos; en cambio, los partidos pequeños no alcanzan diputaciones en una segunda o tercera ronda, por lo que aducen, la disposición impugnada debió otorgar el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional al sexo subrepresentado.
También indican que con base a la alternancia que la nueva Ley Electoral establece como obligatoria, las mujeres ya tenían asegurado el segundo lugar en la lista para el caso de que el primer lugar se asignara a un hombre, empero, el hecho de que el artículo otorgue al sexo subrepresentado el segundo lugar de la lista, tiene implícita la intención de no cumplir con la paridad electoral, ya que no constituye una verdadera sanción para los partidos políticos en caso de incumplimiento, en virtud de la alternancia referida, y que esto trae como consecuencia la restricción de los derechos políticos de las mujeres, configurando nuevamente la discriminación y violencia en su perjuicio; por ello, aseguran, el legislador debió prever que se otorgara el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional al “sexo subrepresentado”.
Argumentan que se debe declarar la invalidez del artículo 58, numeral 5, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, porque contradice lo dispuesto en el artículo 41 de la misma Ley electoral, ya que la norma impugnada establece que “para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario”, mientras que el segundo de los numerales establece que los partidos políticos habrán de canalizar el quince por ciento del financiamiento público destinado a actividades ordinarias permanentes, al impulso de diversos mecanismos en materia de género; por lo que tal contradicción constituye un acto discriminatorio contra las mujeres militantes de los partidos políticos, pues tales disposiciones podrán interpretarse en su perjuicio.
Indican que el numeral 4 del artículo 81, y el numeral 7 del diverso 85, de la Ley impugnada, son contrarios a la Constitución General de la República, toda vez que prevén un setenta por ciento como máximo para que el Instituto Electoral de la Entidad se integre con miembros del mismo sexo, lo que limita la participación de las mujeres en la vida democrática del Estado de Chihuahua, y trae como consecuencia la discriminación, la evidente desigualdad de oportunidades y la consecuente violencia contra las mujeres, como lo demuestra el “Estudio del Comportamiento de las Elecciones 2007 en el Estado de Chihuahua por Sexo”; además de que transgreden las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en dos mil tres, en el sentido de “...Extender la obligatoriedad de la paridad en la integración de los órganos electorales, desde los funcionarios de casillas hasta la conformación del tribunal federal electoral...”, y “...Observar la paridad entre géneros tanto en posiciones uninominales como plurinominales y en las titularidades y suplencias en las elecciones del Congreso...”.
Y que lo antedicho es así, porque el setenta por ciento como máximo para que el Instituto Electoral se integre con miembros de un mismo sexo, limita la participación de las mujeres, lo que insisten, se corrobora con los resultados de las elecciones de dos mil siete ya citados.
Cabe destacar que en los conceptos de invalidez hechos valer, los diputados señalan que las normas impugnadas transgreden diversos instrumentos internacionales, a saber, los artículos II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23, inciso I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 4, 5, 7 y 8, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y, 4 y 5 de la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belem do Pará.
II. De la demanda suscrita por el Partido del Trabajo:
Que se debe declarar la invalidez del artículo 64, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en cuanto prevé la práctica de procesos extraordinarios de fiscalización, lo que viola las garantías de audiencia y debido proceso legal que prevén los artículos 14 y 16 en relación con el diverso 116 fracción IV, incisos b) y I), de la Constitución Federal, pues cualquier proceso de fiscalización debe estar supeditado a un procedimiento determinado y especifico, como se señala en los artículos 60 a 63 y 65 de la propia Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Por ello, argumenta, es inadmisible que se dote al Consejo General del Instituto Electoral de la Entidad de facultades extraordinarias para abrir procesos de fiscalización y bajo los plazos que unilateralmente llegue a determinar, lo que sin lugar a dudas podría dejar en un completo estado de indefensión a los institutos políticos a los que se les decida abrir dichos procesos, contraviniendo así los principios rectores de la materia electoral, esto es, los de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad e independencia.
Agrega, que la norma combatida también puede generar un trato inequitativo entre los distintos partidos políticos, pues bajo este tipo de procedimientos a algunos institutos políticos se les pueden conceder mayores plazos para la rendición de cuentas y su respectiva revisión y a otros no, ya que al no estar determinadas las circunstancias y requisitos para incoar dichos procesos extraordinarios, la autoridad administrativa válidamente puede o no, ejercer esta facultad a favor de un determinado instituto político.
Que el artículo 210, numerales 15 y 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso I), de la Norma Fundamental, al prohibir la realización de recuentos parciales o totales en sede jurisdiccional cuando éstos se hayan llevado a cabo en los órganos administrativos, lo que hace nugatorio el derecho que tienen todos los institutos políticos y candidatos a solicitar ante el órgano jurisdiccional el recuento total o parcial de votos.
Asimismo aduce que hay una deficiente regulación para realizar el recuento en sede jurisdiccional, en tanto que no se señala de manera clara cómo se llevarán a cabo los recuentos en dicha sede jurisdiccional, citando en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 68/2009, del Tribunal Pleno, cuyo rubro es el siguiente: “RECUENTO DE VOTOS EN SEDES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. LA OMISION LEGISLATIVA QUE INCUMPLE EL MANDATO PREVISTO EN EL ARTICULO 116, FRACCION IV, INCISO L), CONSTITUCIONAL, ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y OBLIGA AL LEGISLADOR ORDINARIO A SUBSANAR LA DEFICIENCIA DE LA LEGISLACION ELECTORAL ESTATAL”.
Que el artículo 216, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es inconstitucional porque contraviene la finalidad del sistema de representación proporcional en el régimen de los ayuntamientos, es decir, lo dispuesto por los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, pues resulta inadmisible que bajo la premisa de buscar una mayor proporcionalidad a efecto de integrar los ayuntamientos, el legislador distribuya y realice una sobrevaloración de votos de los partidos que se dicen con mayor porcentaje de la votación; esto es, con la fórmula que propone consistente en que en primer término se asignen regidores a aquellos partidos que alcancen u obtengan el 2%, y en segunda ronda, si quedasen o faltaren regidores por repartir, se asignen regidores a través de una fórmula de cociente natural y resto mayor, se genera una valoración con distinto peso del voto de los partidos que entran en primera ronda, que aquellos votos que se contabilizan en segunda ronda, lo que viola las reglas vinculadas con el principio referido.
En otras palabras, señala que la fórmula propuesta genera una valoración distinta del voto de los partidos que entran en la primera ronda en relación con los votos que se contabilizan en la segunda ronda, en virtud de que la fórmula propone, en primer término, la asignación de regidores a aquellos partidos políticos que obtienen el dos por ciento de la votación municipal válida emitida y, en caso de quedar regidores por asignar, estos se designaran en una segunda ronda a través de una fórmula distinta de cociente natural y resto mayor.
Y que la fórmula no es matemáticamente exacta pues según señala, los votos utilizados para la asignación de regidores en la primera ronda (partidos que alcancen el dos por ciento de la votación) se vuelven a contabilizar para la obtención del cociente natural y el resto mayor, por lo que aduce, la fórmula contabiliza dos veces los votos utilizados para la obtención del dos por ciento necesario para lograr una regiduría en primera ronda, cuando deberían restarse dichos votos para calcular el cociente de unidad y el resto mayor y proceder a la segunda asignación.
Argumenta que se debe declarar la invalidez de los artículos 373, 374 y 375 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, por contravenir a las garantías de audiencia y de debido proceso legal, establecidas en los artículos 14 y 16, en relación con el 116 fracción IV, incisos b) e I), de la Carta Magna, de éste último los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad e independencia que rigen la materia electoral, ya que el legislador al regular lo relativo a los incidentes, creó circunstancias fácticas irreales que no garantizan los principios rectores de la materia electoral, pues con ello se abre la posibilidad de llevar a cabo dos formas de procedimientos que pueden repercutir en un mismo resultado, o bien impiden que los procedimientos tramitados en forma de juicio, ya sea en órganos administrativos o jurisdiccionales, se realicen y se acoten en un sólo momento e instante, ya que puede darse el caso de que al resolver el incidente se presenten anomalías que repercutan en forma directa en el asunto principal, lo que restará certeza y definitividad a los actos electorales; aunado al hecho de que se propone la suspensión de los plazos electorales cuando en materia electoral, los plazos se computan de momento a momento y en forma continua, sin que las resoluciones interrumpan los plazos ni su ejecución.
III. De la demanda suscrita por el Procurador General de la República:
Que el artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua prevé en relación a los distritos electorales, que: “La aprobación de su demarcación territorial se hará mediante votación de por lo menos las dos terceras partes de los diputados presentes…” lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 41, Base V y 116, fracciones II y IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Poder Legislativo estatal asume facultades en materia de distritación y geografía electoral que, por su naturaleza, le corresponden al Instituto Electoral del Estado.
Que lo anterior es así, porque la Constitución Federal señala que será el órgano electoral (federal o local), el responsable del proceso electoral en forma integral y directa, en actividades, entre otras, como la geografía electoral, pues le corresponde la responsabilidad de todo el proceso, en los actos y etapas que las propias leyes electorales prevén, lo que lleva acabo como órgano especializado en la materia y, desde luego, con el personal idóneo profesionalmente para ello, de donde es claro que no es al órgano legislativo local a quien le corresponde aprobar la llamada geografía electoral, en atención a que la autoridad administrativa electoral cuenta con personal preparado, capacitado y experimentado para tal efecto, que actúa de manera libre, autónoma, independiente y apegado a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
Por otra parte, señala que el artículo 16, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece que: “Ningún partido político podrá contar con más de veinte diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal válida emitida…”, lo que aduce, atenta contra lo dispuesto en los preceptos 54 y 116, fracción II, de la Constitución Federal, ya que, en cuanto a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, si bien las legislaturas locales pueden preverlo de forma distinta a la señalada en el numeral 54 de la Ley Fundamental, también lo es que dicho precepto constitucional contiene bases fundamentales que deben ser observadas para llevar a cabo la asignación de referencia.
Así, dentro de dichas bases se encuentra la relativa a que el tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al número de distritos electorales; luego, el precepto que se combate no cumple con lo establecido en la base de referencia, toda vez que prevé que ningún partido político podrá contar con más de 20 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, cuando en términos del artículo 40 de la Constitución del Estado de Chihuahua, se advierte que en la Entidad existen 22 distritos electorales uninominales, de ahí la inconstitucionalidad del precepto combatido y que ello encuentra sustento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 69/98, de rubro: “MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL”.
Agrega, que al existir un mandato previsto en el numeral 54 de la Constitución Federal, en cuanto al tope máximo de diputados por ambos principios, es claro que invariablemente se conculca el diverso 116, fracción II, de la propia Constitución, pues provoca que en la Entidad se actualice una subrepresentación, al existir un porcentaje menor de diputados por los principios de representación proporcional y mayoría relativa que puede alcanzar un partido político, que el número de distritos electorales que componen el Estado.

References: artículo 4
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 78
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 58
 artículo 41
 artículo 81
 artículo 64
 artículo 210
 artículo 116
 artículo 216
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 40