Source: https://www.scribd.com/document/127069988/Informe-del-Relator-DDHH-Migrantes-2009-pdf
Timestamp: 2018-06-25 15:39:00+00:00

Document:
Informe_del_Relator_DDHH_Migrantes_2009.pdf
Distr. GENERAL A/HRC/11/7/Add.2 24 de marzo de 2009 ESPAÑOL Original: INGLÉS
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 11º período de sesiones Tema 3 de la agenda
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante* Adición** MISIÓN A MÉXICO (9 a 15 de marzo de 2008)
Documento presentado con retraso.
El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe, anexo al resumen, se distribuye en el idioma en el que se presentó y en español. GE.09-12579 (S) 140409 150409
A/HRC/11/7/Add.2 página 2 Resumen El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes visitó México los días 9 a 15 de marzo de 2008. En el presente informe se analiza la protección de los migrantes en México desde una amplia perspectiva, situando a México en el contexto de las corrientes regionales de migración hacia los Estados Unidos de América y las procedentes de América Central. En el informe se destaca el marco jurídico correspondiente a los derechos de los migrantes a nivel federal, se ponen de manifiesto las deficiencias en la aplicación de las leyes vigentes y se observan políticas que suscitan problemas. A continuación se expone un análisis de algunos grupos del fenómeno migratorio mexicano, con inclusión de la diáspora mexicana y los deportados de los Estados Unidos, los trabajadores migrantes (en el sector agrícola y en el de los servicios domésticos), los niños migrantes, con inclusión de los menores no acompañados, el trabajo infantil y las mujeres migrantes. Posteriormente, el Relator Especial señala los principales problemas en materia de migración, en particular el control de las fronteras y la detención de los migrantes, las redes de la delincuencia organizada y la impunidad entre los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden, así como la asistencia a los migrantes.
A/HRC/11/7/Add.2 página 3 Anexo INFORME PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES, SR. JORGE BUSTAMANTE, SOBRE SU MISIÓN A MÉXICO (9 A 15 DE MARZO DE 2008) ÍNDICE Párrafos I. II. INTRODUCCIÓN............................................................................ PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y FEDERAL DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES.............................................. A. Protección internacional de los derechos de los migrantes....... B. Marco jurídico federal .............................................................. III. EL FENÓMENO MIGRATORIO MEXICANO............................. A. La diáspora mexicana ............................................................... 1. Riesgos y abusos que afectan a los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos..................................................... 2. Redes de bandas transnacionales y deportación.................. B. Trabajadores migratorios .......................................................... C. Los niños migrantes, incluidos los menores no acompañados, y el trabajo infantil .................................................................... 1. Niños migrantes, incluidos los menores no acompañados.. 2. Trabajo infantil.................................................................... D. Mujeres migrantes..................................................................... IV. PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN ........... A. Procedimientos de control de fronteras y de detención ............ B. Redes de delincuencia organizada e impunidad entre los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden............. C. Asistencia a los migrantes......................................................... V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... A. Recomendaciones al Gobierno de México ............................... B. Recomendaciones a las Naciones Unidas ................................. 1 - 8 9 - 21 9 - 13 14 - 21 22 - 53 26 - 32 27 - 28 29 - 32 33 - 37 38 - 48 39 - 44 45 - 48 49 - 53 54 - 80 54 - 64 65 - 70 71 - 80 81 - 95 82 - 92 93 - 95 Página 4 5 5 6 8 9 10 10 11 13 13 15 16 17 17 19 20 22 23 25
A/HRC/11/7/Add.2 página 4 I. INTRODUCCIÓN 1. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes visitó México los días 9 a 15 de marzo de 2008. Estuvo en Tapachula (Estado de Chiapas), Tijuana (Baja California) y Ciudad de México (Distrito Federal). El Relator Especial expresa su agradecimiento al Gobierno de México por su cooperación y asistencia y da las gracias por el apoyo recibido de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 2. El Relator Especial se reunió con varios ministerios y organismos responsables de las fuerzas del orden, el control de fronteras y la protección de los migrantes y sus familias a nivel federal, estatal y municipal, con inclusión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Migración (INM). También mantuvo un diálogo con el Senado. 3. El Relator Especial celebró una reunión con agentes de las Naciones Unidas que se ocupan de las cuestiones relacionadas con la migración, celebró tres foros con la sociedad civil (uno en cada ciudad que visitó) y se reunió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mantuvo conversaciones con diversos agentes no gubernamentales que participan directamente en la protección de los migrantes (servicios jurídicos, de asistencia médica y de alojamiento), así como en la investigación de cuestiones relacionadas con los derechos humanos de los migrantes, y expresa su agradecimiento a todos ellos por el tiempo y los recursos que le dedicaron. 4. Durante su visita, el Relator Especial visitó tres centros gubernamentales de detención de migrantes -la Estación Migratoria Iztapalapa en la Ciudad de México, la Estación Migratoria de Tijuana y la Estación Migratoria Modelo Siglo XXI en Tapachula- para observar las condiciones de detención de los migrantes, y también visitó un albergue oficial para niños migrantes en Tapachula. El Relator Especial visitó brevemente la frontera entre México y Guatemala cerca de Tapachula y en particular los pasos fronterizos oficiales de Talismán y Ciudad Hidalgo, contando con la asistencia de los grupos Beta y del INM. 5. En el presente informe se analiza la protección de los derechos humanos de los migrantes en México desde una perspectiva amplia, situando a México en el contexto de las corrientes migratorias regionales, haciéndose hincapié en las dimensiones de los movimientos de personas hacia los Estados Unidos y los procedentes de América Central. Se destaca el importante papel histórico desempeñado por México en la promoción de los derechos humanos de los migrantes a nivel internacional y se examina la protección concedida en el marco de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en la que México es parte. Posteriormente se hace referencia al marco jurídico de los derechos humanos de los migrantes a nivel federal y se destacan importantes lagunas en su aplicación, observándose también algunas políticas que suscitan problemas. 6. A continuación se incluye un análisis de algunos grupos del fenómeno migratorio mexicano, con inclusión de la diáspora mexicana y los deportados de los Estados Unidos, los trabajadores migrantes (en el sector agrícola y en el servicio doméstico), los niños migrantes,
A/HRC/11/7/Add.2 página 5 incluidos los menores no acompañados, el trabajo infantil y las mujeres migrantes. Después, el Relator Especial hace referencia a los principales problemas que plantea la migración, en particular: el control de las fronteras y la detención de migrantes, las redes de la delincuencia organizada y la impunidad entre los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden, así como la asistencia a los migrantes. 7. Entre sus preocupaciones, el Relator Especial observa los informes sobre la creciente impunidad en casos de corrupción, en particular los sobornos y las extorsiones, así como la violencia y el abuso de prácticas laborales, especialmente contra las mujeres y los niños. La atención de la salud física y psicológica de los migrantes parecería revestir la máxima urgencia. Al Relator Especial le preocupa el hecho de que esta impunidad parece estar vinculada a abusos de poder y de recursos a nivel municipal, estatal y federal. Del mismo modo que en las conclusiones de su predecesora durante su visita a México en 2002 (véase el documento E/CN.4/2003/85/Add.2), el Relator Especial exhorta a que se ponga fin a la dicotomía entre lo que las autoridades y las organizaciones mexicanas piden para sus propios migrantes en el extranjero en materia de protección, y el tipo de tratamiento que el país ofrece en México a la población nacida en el extranjero. 8. Basándose en esas observaciones, el Relator Especial ofrece conclusiones y recomendaciones al Gobierno de México y a las Naciones Unidas. Al formular sus recomendaciones, el Relator Especial presta especial atención a las formuladas por su predecesora tras su visita de 2002, y por el Comité sobre Trabajadores Migrantes en sus observaciones finales de 20061. II. PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y FEDERAL DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES A. Protección internacional de los derechos de los migrantes 9. Debido a la historia de México como país de origen hacia los Estados Unidos y como país de tránsito hacia el norte, la migración ha constituido desde hace mucho tiempo una prioridad de los programas gubernamentales nacionales y de política exterior. A nivel internacional, especialmente en el marco de las Naciones Unidas, México ha demostrado su compromiso con la promoción de los derechos humanos de los migrantes y ha alentado el desarrollo del derecho regional e internacional en esta materia. México ha desempeñado una función de liderazgo en el establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes por la Comisión de Derechos Humanos, mandato renovado en junio de 2008 por el Consejo de Derechos Humanos. México también desempeñó un papel importante en la aprobación de los párrafos relativos a los derechos de los migrantes en la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y en la promoción de la inclusión de una perspectiva de derechos humanos en el proceso que llevó al Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo, celebrado en octubre de 2008 ("el proceso de Manila").
CNW/C/MEX/CO/1.
A/HRC/11/7/Add.2 página 6 10. México es parte en la mayoría de los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, y el Relator Especial observa que, desde la visita realizada por su predecesora en 2002, México ha ratificado los instrumentos siguientes: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (ambos complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional), ratificados el 4 de mayo y el 4 de marzo de 2003, respectivamente; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado el 11 de abril de 2005; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada el 17 de diciembre de 2007, y su Protocolo Facultativo, ratificado el 17 de diciembre de 2007; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones Forzadas, ratificada el 18 de marzo de 2008. 11. México ha sido uno de los principales promotores de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares desde que su Gobierno presentó la cuestión para su examen por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980. El Gobierno de México firmó la Convención el 22 de mayo de 1991 y la ratificó el 8 de marzo de 1999. La Convención fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de México el 13 de agosto de 1999 y el instrumento entró en vigor el 1º de julio de 2003. 12. Tras la ratificación de la Convención, México expresó, en una declaración interpretativa, que reafirmaba su voluntad política de garantizar la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios, de conformidad con la Convención. Presentó su primer informe periódico para su examen por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW/C/MEX/1), de conformidad con las directrices provisionales relativas a la forma y al contenido de los informes iniciales que presentarían los Estados partes con arreglo al artículo 73 de la Convención, aprobadas por el Comité en su reunión informal celebrada en octubre de 2004. 13. En el artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán, conjuntamente con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión, la ley suprema de toda la Unión. En consecuencia, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares forma parte del derecho interno y puede constituir el fundamento de una acción judicial. B. Marco jurídico federal 14. Pese a la función de liderazgo que México desempeñó a nivel internacional en la promoción de un marco jurídico de derechos humanos para la protección de los migrantes, siguen existiendo importantes lagunas en su marco jurídico nacional y en las leyes y prácticas existentes. Aunque México es parte en la Convención, sólo recientemente -el 16 de abril de 2008, con posterioridad a la visita del Relator Especial- aceptó la competencia del Comité sobre los Trabajadores Migratorios para recibir comunicaciones de particulares. Esto limita la acción del Comité para examinar la práctica del Gobierno de México con respecto a la protección de los derechos de los migrantes. En su informe al Comité, presentado en 2006, el Gobierno de México reconoció que el respeto absoluto de los derechos humanos de los migrantes sigue constituyendo un reto para el país, dado que la existencia de un marco jurídico
A/HRC/11/7/Add.2 página 7 que prevea el respeto estricto de esos derechos no garantiza por sí mismo la aplicación de la Convención. 15. El marco jurídico federal relativo a la migración está constituido por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Además, la Ley general de población (1974) y su reglamento (abril de 2000) establecen el régimen jurídico que rige la migración en México con la finalidad de regular el volumen, la estructura y la distribución de la población en el territorio nacional. En la ley se estipula que la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el establecimiento de las condiciones para la entrada y estancia de extranjeros en México. El Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, es la institución encargada de aplicar la política migratoria. El INM y la Policía Federal Preventiva (PFP) son los organismos autorizados para controlar la entrada y salida de personas en México. Las autoridades encargadas de las fuerzas públicas federales, estatales o municipales trabajan en colaboración con las autoridades de inmigración (mediante "acuerdos de colaboración"). Los grupos Beta de protección a migrantes son mecanismos patrocinados por el Gobierno que tienen a su cargo la responsabilidad de proteger y aconsejar a los migrantes en las fronteras septentrional y meridional del país. 16. En el artículo 11 de la Constitución de México se establece el derecho de toda persona a entrar y salir de México, y a viajar por su territorio. En el artículo 33 se define a los extranjeros como aquellas personas que no son mexicanas por nacimiento ni por adopción y se estipula que los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título 1 de la Constitución, entre otras cosas con respecto a la prohibición de la esclavitud y el derecho a la educación. En ese artículo también se autoriza al poder ejecutivo a hacer abandonar a los extranjeros el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, si su permanencia se juzga "inconveniente". El Relator Especial reitera a este respecto la preocupación expresada durante las conclusiones finales del Comité sobre los Trabajadores Migratorios en diciembre de 2006, que observó la reserva de México al párrafo 4 del artículo 22 de la Convención, dado el hecho de que el artículo 33 de la Constitución establece que "el Ejecutivo de la Unión tendrá facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente". 17. Además de la Constitución, la legislación más importante relativa a la migración en México es la Ley general de población y su reglamento, cuyo órgano de aplicación es la Secretaría de Gobernación, y el decreto por el que se establece el Instituto Nacional de Migración, como ya se ha mencionado. Estas leyes y reglamentos rigen los procedimientos de migración, determinan las obligaciones de los migrantes y los límites de sus derechos, pero no enumeran de manera explícita y exhaustiva las obligaciones de México de proteger los derechos humanos de los migrantes. En cambio, esos derechos están regulados por leyes de nivel secundario. 18. Del mismo modo que su predecesora, el Relator Especial expresó durante su visita preocupaciones acerca de las iniciativas de reforma de la Ley general de población, que han sido objeto de un prolongado examen en el Congreso. Como observó el Comité sobre los Trabajadores Migratorios, esas iniciativas no han avanzado demasiado en el Congreso, y los artículos 118 a 125 de la Ley general de población, que estipulan que las infracciones relacionadas con la migración pueden ser objeto de procedimientos penales, siguen en vigor. Esta ley tipifica como delito la situación de los migrantes indocumentados (con penas de
A/HRC/11/7/Add.2 página 8 hasta diez años de prisión), penas que incluso se pueden aplicar a las víctimas de trata y de contrabando. 19. Además, en el artículo 67 de la Ley general de población sólo se autoriza a tramitar procedimientos judiciales a los extranjeros que residen legalmente en el país. Aunque esta disposición no afecta al derecho de todo trabajador migrante a un recurso efectivo, de conformidad con el artículo 83 de la Convención sobre los Trabajadores Migratorios, el Relator Especial se hace eco de la preocupación expresada por el Comité sobre los Trabajadores Migratorios, en el sentido de que esa disposición puede dar lugar en la práctica a un trato discriminatorio de los trabajadores migrantes indocumentados, que limitaría su acceso a la justicia. 20. Durante la misión, el Relator Especial exhortó al Gobierno de México a volver a poner en marcha el largo proceso de reforma de la Ley general de población, lo que aseguraría que se concediera la protección más amplia posible a los migrantes, tanto si están documentados como si se hallan en una situación de estancia irregular. Los migrantes deberían tener los mismos derechos que los nacionales mexicanos para formular denuncias y para tener acceso a los mecanismos de reclamación ante los tribunales. 21. El Relator Especial toma nota especialmente de los esfuerzos de revisión llevados a cabo con posterioridad a su visita, formalizados el 22 de julio de 2008, especialmente las modificaciones de los artículos 118 y 125 aprobadas por la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República. El Relator Especial acoge con beneplácito los empeños realizados por el Senado para despenalizar la migración irregular, haciendo que la entrada sin documentación sea una infracción administrativa y no un delito. Toma nota de las modificaciones a los artículos 19, 120, 121, 123, 124 y 127 de la ley, que, entre otras cosas, reduce las penas aplicables a los migrantes que entren en México sin documentación. El Relator Especial hace hincapié en el hito que suponen estas reformas y exhorta al Gobierno de México a que las aplique en conformidad con las normas internacionales, especialmente, la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. III. EL FENÓMENO MIGRATORIO MEXICANO 22. La complejidad multidimensional del fenómeno migratorio mexicano sólo se puede entender si se considera a México como un país de origen, de tránsito y de destino. La migración mexicana hacia los Estados Unidos ha ocurrido durante siglos, creando una notable diáspora mexicana y una población de mexicanos estadounidenses (también denominados chicanos). Más de 1 millón de personas emigran anualmente a los Estados Unidos, y en la última encuesta realizada por la Oficina de Censos de los Estados Unidos (2003) sobre la población del país nacida en el extranjero se estimó que más del 50% de esta población procedía de México y de Centroamérica; un número mucho mayor intenta entrar en los Estados Unidos pero son deportados o disuadidos antes de entrar, lo que crea una presión intensa en la frontera entre los Estados Unidos, no sólo en los puestos de frontera de Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, sino también en las zonas desérticas y fluviales más remotas que bordean California, Arizona, Texas y Nuevo México, que están sometidas a una vigilancia cada vez mayor.
A/HRC/11/7/Add.2 página 9 23. México recibe también un número importante de migrantes, especialmente a través de su frontera meridional, pero debido a su permeabilidad es imposible saber con precisión cuántos migrantes entran y cuáles son los motivos que los impulsan, si se trata de estancias temporales (turistas y comerciantes), si utilizan a México como país de tránsito hacia los Estados Unidos, o bien si cubren la brecha laboral en el sector agropecuario, por ejemplo, creada por la numerosa población de mexicanos que han partido. Las estimaciones aproximadas indican que el número de estos migrantes "meridionales" podría ascender a aproximadamente 400.000 personas en tránsito anualmente. Según el INM, en el período transcurrido entre enero y diciembre de 2007, 50.598 extranjeros fueron detenidos en la región fronteriza meridional, y 45.785 fueron repatriados o deportados. Estas corrientes crean presión sobre la frontera entre México y Guatemala, no sólo en los puestos de cruce de Talismán y Ciudad Hidalgo, sino también en los cruces de ríos o selvas regulados de manera no oficial en las fronteras con Guatemala y Belice. 24. Dentro de estas tendencias generales, se pueden advertir varias dimensiones de corrientes migratorias mixtas: la creación de una pauta de migración orientada hacia el norte, desde México hacia los Estados Unidos; el establecimiento de México como país de tránsito para migrantes procedentes de Centroamérica y América del Sur y el Caribe y, en un número mucho menor, de Asia y África; y la transformación de México en un país receptor de trabajadores agrícolas y de comerciantes, y en un puerto central para el funcionamiento de bandas internacionales que hacen de la migración un "negocio" (contrabando y trata de personas), vinculados a cárteles de traficantes de drogas y de armas. Estas corrientes incluyen un gran número de niños migrantes (de ambos sexos), en particular menores no acompañados, y un pequeño número de solicitantes de asilo. Las mujeres (niñas, adolescentes y adultas) constituyen una gran parte de estos migrantes, lo que las hace más vulnerables a los abusos. 25. También reviste importancia el alcance de los movimientos internos dentro del país, caracterizados por la migración de mexicanos de zonas rurales a las zonas urbanas y desde varias partes del país hacia las fronteras, así como el movimiento de personas nacidas en el extranjero con la intención inicial de dirigirse hacia el norte, pero que permanecen en varias partes de México durante un tiempo más largo del previsto y se integran localmente. Los jornaleros que trabajan en el sector agrícola, especialmente procedentes de los Estados meridionales de México, como Oaxaca, Chiapas y Veracruz, constituyen la mayor parte de este movimiento, y en gran medida tienen a su cargo la cosecha de tomates y manzanas, entre otros cultivos, en los Estados septentrionales de Sinaloa, Sonora y Coahuila. Estos migrantes internos, cuya cantidad se estima en hasta 3,5 millones de personas, cuya mayoría son de origen indígena, viven en ranchos o granjas durante varios meses cada vez, y van rotando según las necesidades de cada temporada. Se informa de que sus condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación son inferiores a las normas internacionales. A. La diáspora mexicana 26. Aunque el presente informe se centra en México como país de tránsito y de destino, México ha sido desde hace mucho tiempo el país de origen para la mayoría de los emigrantes mexicanos dirigidos a los Estados Unidos de América, y esta dimensión forma parte del fenómeno migratorio general del país (véase el documento A/HRC/7/12/Add.2). Se estima que más de 2,5 millones de mexicanos emigraron a los Estados Unidos entre 2000 y 2006, y aproximadamente 560.000 en 2007. Las cifras indican descensos en los intentos de emigración durante la primera parte de 2008, lo que puede estar relacionado con la crisis económica y el
A/HRC/11/7/Add.2 página 10 previsto aumento del desempleo. Aunque numerosos mexicanos han hecho de los Estados Unidos su nuevo hogar, se han convertido en residentes permanentes legales o en ciudadanos naturalizados y han aprovechado las oportunidades de educación y empleo del país, la continuación de la emigración constituye un motivo de preocupación por diversas razones. 1. Riesgos y abusos que afectan a los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos
27. Lo que reviste mayor importancia es el hecho de que, a medida que los Estados Unidos han aumentado sus políticas de control fronterizo (por ejemplo, construyendo un muro a lo largo de su frontera meridional con México, llevando a cabo una vigilancia mediante radar y aumentando su capacidad técnica y humana para hacer redadas y detener a migrantes indocumentados, entre otros procedimientos), el viaje que el mexicano medio en situación irregular hace a los Estados Unidos se ha vuelto más peligroso. Según la Patrulla de Fronteras de los Estados Unidos, aproximadamente 4.000 migrantes murieron durante su travesía en los últimos 12 años, lo que equivale a una muerte diaria durante la última década. Esta cifra extraordinaria se relaciona directamente con la necesidad de los migrantes potenciales de escoger rutas cada vez más riesgosas, que a menudo son más largas y suponen atravesar terrenos agrestes y con temperaturas extremas. 28. A pesar de estos riesgos, una parte significativa de la población mexicana sigue intentando su migración hacia el Norte sin contar con documentación. Los Estados Unidos han absorbido un elevado número de migrantes mexicanos poco calificados y de migrantes procedentes de Centroamérica y de América del Sur y del Caribe, que pasan por México en tránsito, y en su mayor parte han conseguido empleo en servicios de baja calificación y en los sectores comercial, agrícola y de servicio doméstico. Esta migración satisface una demanda y ofrece oportunidades de empleo que posiblemente no existen en los países de origen de numerosos migrantes, pero tienen desventajas para los migrantes que están en situación irregular en los Estados Unidos. Se estima que sus salarios son un 60% inferiores al de los ciudadanos o de los migrantes que están en situación regular, y además son vulnerables a la rescisión ilegal de sus contratos y a actos de violencia xenofóbica y discriminatoria, sin ninguna posibilidad de recurso. Durante su visita, el Relator Especial observó que no sólo incumbe al Gobierno de los Estados Unidos y al sector privado el tener conciencia de esas prácticas y procurar su modificación, sino que también incumbe al Gobierno de México exigir mejores condiciones para sus trabajadores que están en la diáspora, con independencia de su situación jurídica. 2. Redes de bandas transnacionales y deportación
29. Otra dimensión de la migración de la población mexicana (y centroamericana) es su relación con la propagación de redes de bandas transnacionales y con las políticas de deportación conexas. Esto se ha convertido en un fenómeno regional, con numerosas actividades en los Estados Unidos y en las zonas fronterizas de México y Centroamérica, y constituye una seria amenaza contra la paz. Existen dos elementos principales de este fenómeno que revisten interés para el examen de los derechos humanos de los migrantes: uno es el constituido por los miembros de las bandas, que a menudo son detenidos, encarcelados, objeto de malos tratos o deportados, y el otro es el hecho de que el contrabando y la trata de personas se ha convertido en un negocio para muchos de los que explotan esas redes.
A/HRC/11/7/Add.2 página 11 30. No hay acuerdo sobre el origen o los motivos precisos de las bandas. Aunque existen numerosas bandas de jóvenes que imitan a otras o se originan en escisiones, los componentes principales se dividen en dos bandas rivales (o maras): Barrio 18 (también denominada la banda de la calle 18) y Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13). La mayoría de sus miembros son varones adolescentes o de poco más de 20 años de edad. Se mantienen a sí mismos mediante redes de delincuencia organizada dedicadas al contrabando de drogas y personas y a extorsiones. Son conocidos por su violencia (con inclusión de actos de decapitación y mutilación), secuestros y violencia contra las mujeres, así como por el aumento de su penetración geográfica y el incremento del número de sus miembros. Los informes estiman que hay entre 70.000 y 100.000 miembros que llegan por el sur hasta Honduras, se extienden por el norte hacia México y, en un número cada vez mayor, hacia ambas costas de los Estados Unidos. Hay que insistir en la dimensión regional de este fenómeno y en sus consecuencias, en las que México ocupa un lugar central. 31. Con respecto a los miembros que operan en los Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos (pero también procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala), la principal respuesta normativa del Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Seguridad Interna y Oficina Federal de Investigaciones) ha sido el encarcelamiento o la deportación. La Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos estima que el 70% de los miembros de bandas capturados por la policía son deportados; los miembros a menudo son hallados en los Estados Unidos sin documentación y están vinculados en general a la actividad de bandas, pero a menudo se carece de pruebas suficientes para procesarlos por un delito concreto. Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos deporta regularmente a los sospechosos de ser miembros de bandas, fletando jets privados de deportados cada semana y dejándolos en libertad en sus países de origen. La deportación perpetúa en mayor medida el fenómeno y su ciclo ha sido denominado "puerta giratoria", "carrusel" o "cadena sin fin". Las personas deportadas a Centroamérica a menudo tratan de regresar a los Estados Unidos, pasando por México, y con frecuencia reestablecen durante el viaje las relaciones con las redes de bandas. 32. Los deportados regresan a sus países de origen estigmatizados y con escasa asistencia para su integración y empleo; algunos no hablan español con fluidez. Sin embargo, están muy bien capacitados en técnicas sofisticadas de la delincuencia organizada. Con el gran número de otros deportados y la continua comunicación con los miembros que permanecen en los Estados Unidos, a menudo pueden volver a crear y reforzar las redes de bandas existentes con relativa facilidad. Además, debido al gran número de jóvenes desfavorecidos en barrios de bajos ingresos de las capitales, los deportados pueden encontrar una enorme cantidad de nuevos miembros. En México, especialmente a lo largo de la frontera meridional con Guatemala, son los nuevos reclutas y los afiliados de esas redes quienes operan la mayor parte de las redes de contrabando y de trata, y son responsables del funcionamiento del célebre "tren de la muerte" (véase el capítulo II.B supra). B. Trabajadores migratorios 33. México acoge a un gran número de trabajadores migratorios en el sector agrícola y en el de servicios domésticos. Estos trabajadores están sometidos a circunstancias inseguras que se describen a lo largo del informe, pero merecen una mención específica debido a sus situaciones particulares.
A/HRC/11/7/Add.2 página 12 34. Debido al elevado número de migrantes mexicanos que van hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores salarios, hay una gran escasez de personal en el sector agropecuario. Esto sucede específicamente en el Estado mexicano de Chiapas, donde las plantaciones de café dependen del trabajo temporal de personal centroamericano (cafeteleros), muchos de ellos procedentes de comunidades indígenas de Guatemala, como observó el Relator Especial después de su visita realizada a ese país en 2008 (véase el documento A/HRC/11/7/Add.3). Aunque muchos de ellos carecen de documentación y, por tanto, los datos pueden no ser fiables, en varios informes se estima que hay entre 250.000 y 300.000 trabajadores de este tipo sólo en el Estado de Chiapas. A pesar de que los salarios mexicanos son, según se informa, superiores a los pagados en Guatemala, diferencia que algunos estiman en un 50%, los trabajadores agrícolas de temporada siguen cobrando bajos salarios, trabajando un número de horas excesivas sin pago de horas extras, lo que depende de la situación jurídica de su migración y del empleador. La recogida del café es un trabajo especializado; los granos deben ser seleccionados uno por uno y a menudo las plantas de café crecen en laderas empinadas en las que resulta difícil trabajar. Los granos cosechados, reunidos en grandes canastas, son después transportados por los trabajadores sobre sus espaldas para proceder a la selección y el secado. 35. El Relator Especial ha recibido informes de varios abusos relacionados con la situación irregular de los migrantes y sentimientos de racismo y xenofobia, por ejemplo el exceso de horas de trabajo y la rescisión ilícita de la relación de trabajo. Suscita especial preocupación la práctica de utilizar el trabajo infantil. El Gobierno de México y la Organización Internacional del Trabajo han realizado esfuerzos conjuntos para regularizar la corriente de trabajadores de temporada, pero muchas de las prácticas laborales se siguen llevando a cabo sin participación ni supervisión oficial. El Estado de Chiapas está elaborando nuevos programas para la prestación de asistencia, en particular atención médica y educación para las familias de los trabajadores agropecuarios, pero aún queda mucho por hacer para regularizar las prácticas laborales y para brindar recursos a los trabajadores migratorios en los casos de abusos. 36. El abuso clandestino de trabajadores migrantes domésticos (especialmente procedentes de Centroamérica) constituye una cuestión importante, pero existen escasos programas para protegerlos y pocos datos sobre su número y su nacionalidad. Por ello, carecen en general de protección y siguen siendo especialmente vulnerables ante los abusos. El Relator Especial recibió informes acerca de familias mexicanas ricas que emplean a "sirvientas" procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Algunas estimaciones imprecisas establecen que, por ejemplo, podría haber 1.000 trabajadoras domésticas salvadoreñas sólo en la Ciudad de México, y cientos de trabajadores domésticos guatemaltecos en la zona de Tapachula, muchos de ellos con edades de menos de 18 años y procedentes de comunidades indígenas. Según se informa, los trabajadores domésticos centroamericanos reciben salarios considerablemente más bajos que los trabajadores mexicanos que realizan igual tarea. 37. Sin embargo, estas cifras no se basan en datos recientes, y la ubicación exacta de la mayor parte de esos trabajadores se desconoce. La situación de los trabajadores domésticos sigue suscitando especial preocupación porque se trata de una actividad que carece de toda regulación y, por tanto, merece una mayor investigación. La legislación federal protege en cierta medida a los trabajadores dedicados al servicio doméstico, pero, al parecer, las autoridades laborales hacen poco por supervisar la situación de los trabajadores domésticos o por aplicar las obligaciones que incumben a los empleadores. Al parecer, tampoco se aplican las normas relativas a la salud y la educación.
A/HRC/11/7/Add.2 página 13 C. Los niños migrantes, incluidos los menores no acompañados, y el trabajo infantil 38. Los niños migrantes, incluidos los trabajadores (predominante en el sector agropecuario) y los menores no acompañados, constituyen una cuestión que suscita cada vez más preocupación en México, y su Gobierno le ha dado un carácter prioritario. El DIF estima que en 2007 recibían asistencia 21.366 menores no acompañados y adolescentes migrantes. El INM estima que en 2007 había un total de 17.558 menores mexicanos no acompañados (migrantes internos) registrados en el país. Tanto la región fronteriza septentrional como la meridional plantean un riesgo muy elevado para los niños y adolescentes. Los tratantes y los contrabandistas (polleros o coyotes) -muchos de ellos pertenecientes a bandas- llevan a los menores a través de la frontera, en algunos casos con el objeto de reunirlos con miembros de sus familias que han emigrado y en otros casos para entregarlos a explotadores. Muchos de esos niños necesitan protección internacional, ya que huyen no sólo de la pobreza, sino también de las maras, grupos de delincuentes, violencia y abandono de sus familias y de la sociedad. Son devueltos a países que carecen de redes de protección adecuadas y donde no se presta atención a su futura integración, lo que los expone a nuevos riesgos de tráfico y explotación. 1. Niños migrantes, incluidos los menores no acompañados
39. Muchos niños migrantes son repatriados o deportados a sus países de origen. De los deportados en 2007, el 47,46% eran guatemaltecos, el 36,85% hondureños, el 15,56% salvadoreños y el 0,01% nicaragüenses. En total el 24% (15 niños y 9 niñas) solicitaron asilo en Tapachula; esta cifra representaba el 10,71% del total de los solicitantes de asilo. La mayoría de estos niños estaban acompañados por sus padres. Ninguno de los niños fueron reconocidos como refugiados en Tapachula. 40. El DIF es la principal organización gubernamental que se ocupa de los niños; por medio de sus 32 oficinas a nivel de los Estados, trata de fomentar la capacidad en el plano local mediante programas de protección infantil, una red de 29 refugios y un amplio sistema de recopilación de información sobre casos individuales. Elabora políticas nacionales de protección infantil, así como estrategias de intervención y rehabilitación para víctimas infantiles, y proporciona alojamiento a las familias migrantes y los menores no acompañados. Además, la Secretaría de Desarrollo Social aplica políticas encaminadas a luchar contra la pobreza rural (también hay un número considerable de migrantes internos, niños mexicanos que se trasladan dentro del país para trabajar en el sector agropecuario, con edades de hasta 6 años) y a luchar también contra las manifestaciones agudas de pobreza urbana. Entre esas políticas se incluyen los clubes de apoyo a los inmigrantes, servicios destinados al cuidado de los niños (escuelas o guarderías), programas de asistencia social y de crédito en los municipios más pobres, y actividades destinadas a fomentar la sensibilización entre los empleadores y las familias migrantes acerca de la necesidad de que los niños asistan a la escuela. Esto reviste especial importancia en el Estado de Chiapas, donde hay muchos niños que son hijos de padres inmigrantes y que trabajan en el sector agropecuario (principalmente en plantaciones de café). 41. Aunque el Relator Especial acoge con satisfacción los múltiples esfuerzos realizados por el Gobierno de México para centrarse en la protección de los derechos humanos de los niños migrantes, incluidos los menores no acompañados, no deja de expresar varias preocupaciones. En primer lugar, no resulta claro que exista una política uniforme a nivel federal o en los
A/HRC/11/7/Add.2 página 14 distintos Estados para proteger a los niños migrantes. A pesar de las normas claras establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que México es parte, el Relator Especial recibió información contradictoria acerca de la edad utilizada para definir al "menor" y, por lo tanto, a quien merece una protección adicional. Esto parece variar según el Estado y el sexo (es decir, que hay una edad inferior para considerar adultos a los niños -13 a 15 años en varios casos-, mientras que en ciertas circunstancias las niñas pueden ser consideradas menores hasta los 17 años de edad). Teniendo en cuenta la movilidad de numerosos menores entre los distintos Estados, y dado que no hay pruebas que sugieran que un niño de 15 años de edad no necesitaría tanta protección y asistencia como una niña de la misma edad, por ejemplo, esta política deja lagunas en materia de protección. Esto es especialmente importante si se tienen en cuenta los altos niveles de violencia hacia las niñas y los niños, incluida la prostitución, otras formas de explotación sexual y el tráfico (véase el documento A/HRC/7/12/Add.2). 42. Además, pese a las importantes iniciativas destinadas a atender a las víctimas, México carece de un sistema centralizado eficaz para proteger y prestar asistencia a los niños y los adolescentes que han sido víctimas de delitos de explotación sexual o cualquier otra forma de trata. Aunque los refugios y las estaciones migratorias disponen de atención médica, la estancia media de un menor puede ser sólo de unos pocos días, incluso de horas, lo que limita el tipo de cuidado a largo plazo necesario para tratar los traumas psicológicos y médicos vinculados a la migración. Los programas de reintegración o rehabilitación social prácticamente no existen. Esta falta de asistencia a los niños que son víctimas de explotación sexual y de trata constituye una de las causas de que vuelvan a caer en la situación de víctimas. Sólo 3 de los 31 Estados tipifican la prostitución infantil como un delito grave. Aunque el Gobierno de México parece consciente de lo que resulta necesario hacer, hay deficiencias en materia de capacidad y de recursos, y también impunidad entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; además, aún tienen que elaborarse políticas más amplias para los niños migrantes que son víctimas de delitos sexuales o de trata. 43. Por otra parte, no resulta claro de las visitas realizadas por el Relator Especial a los refugios y las estaciones migratorias gubernamentales que los niños reciban protección en la medida necesaria mientras están bajo la custodia de las autoridades mexicanas o durante el proceso de retorno. Esto plantea cuestiones acerca de la duración de la estancia, los procedimientos de deportación, la relación con los funcionarios consulares y las medidas de reintegración y rehabilitación. Aunque las autoridades de los Estados parecen estar realizando esfuerzos para hacer regresar a los niños a sus lugares de origen tan pronto como sea posible (en algunos casos en el plazo de algunas horas) no hay señales claras de que los niños serían devueltos a un entorno seguro (no todos los niños son objeto de una investigación ni se determina si su huída está motivada por el deseo de evitar abusos) y si, una vez que llegan a la frontera de su país de origen, que el viaje hasta su hogar sea seguro o que gocen de seguridad cuando hayan llegado al mismo. 44. Además, durante una visita realizada al refugio para niños migrantes de Tapachula, administrado por del DIF en el Estado de Chiapas, el Relator Especial encontró que el centro, que tiene una capacidad para ofrecer refugio a más de 100 niños, sólo albergaba a 2 niños. No resultaba claro por qué el refugio estaba vacío, teniendo en cuenta el gran número de niños migrantes que se veían en las calles y que el espacio del refugio es limitado. De la información recibida en las reuniones se desprende que las autoridades que trabajan con el DIF en Chiapas, advertidas de la visita del Relator Especial, sacaron a los niños que estaban en el refugio y
A/HRC/11/7/Add.2 página 15 llevaron a cabo preparativos especiales a fin de que el refugio estuviera en buenas condiciones. Se sugirió que, si algunos de los menores daban la impresión de que sus condiciones eran inferiores a las deseables, se aseguraría su ausencia durante la visita del Relator Especial. 2. Trabajo infantil
45. El trabajo infantil está prohibido tanto en el plano nacional como en el internacional. No obstante, el Relator Especial observó flagrantes violaciones de esta prohibición con respecto a los niños migrantes procedentes de otros países y también de niños mexicanos que habían migrado dentro del país. Aunque las cifras no son concluyentes debido al carácter clandestino del trabajo infantil, se estima que más de 100.000 niños (nacionales y no nacionales) de menos de 16 años de edad trabajan en el sector agrícola mexicano. Esto resulta evidente en los Estados occidentales de la costa mexicana del Pacífico. Además, se pueden ver niños de menos de 16 años que trabajan en el sector de la minería, así como en el servicio doméstico, en las zonas centrales y meridionales de México; se informó concretamente acerca de alarmantes violaciones de los derechos de las niñas en el ámbito doméstico. 46. Estas violaciones tiene un carácter agudo en el caso de los niños mexicanos indígenas que han migrado internamente y de los menores migrantes procedentes de Guatemala. El Relator Especial oyó relatos acerca de un mercado laboral de contratación "por recomendación verbal" en el que los empleadores intercambiaban información sobre la manera y el lugar donde comprar "sirvientas" en Tapachula para trabajar en la Ciudad de México, o en Guatemala para llevarlos a través de la frontera septentrional de México. 47. Los niños migrantes forman parte de un fenómeno, que invita a la reflexión, acerca de los niños de la calle y los niños que ejercen la prostitución, lo que ha sido confirmado por el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que visitó México en mayo de 2007. En su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/7/8/Add.2), el Relator Especial observó que estos problemas "tienen que verse de manera conjunta a las circunstancias que afectan al conjunto de la sociedad local, provocados por contingentes de inmigrantes que ejercen una fuerte presión. El número creciente de niños de la calle, consumiendo drogas y su participación en el tráfico de ilegales o en el tráfico de drogas, no hace sino incrementar su vulnerabilidad y la posibilidad de convertirse en víctimas de explotación sexual"2.
El Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Juan Miguel Petit, pudo recorrer, tanto de día como de noche, la zona de bares y otros centros nocturnos más conocidos de Tijuana. Se le informó de que varios grupos de menores de edad participaban en el comercio sexual que tenía lugar en la localidad y también de que en Tijuana existía una proliferación de otros negocios donde también trabajaban menores de edad que proporcionaban servicios sexuales, como casas de masaje, salones de belleza, spas, agencias de acompañantes o modelos, etc. Todos estos negocios funcionarían al margen de los controles sanitarios públicos, pues no estarían registrados como establecimientos que proporcionen servicios sexuales. Se desconoce, por tanto el número de menores que trabajan en este medio y las condiciones en que lo hacen (véase el documento A/HRC/7/8/Add.2, párrs. 47 a 59).
A/HRC/11/7/Add.2 página 16 48. El trabajo de los niños migrantes es un fenómeno omnipresente, según la información recibida por el Relator Especial. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales, especialmente a nivel de los Estados, no parecen guardar proporción con las altas tasas en que este fenómeno ocurre y con las prácticas de corrupción que hacen posible esta continuación. El Relator Especial acoge con satisfacción los empeños recientes llevados a cabo por el Estado de Chiapas, por ejemplo, para reconocer el fenómeno y combatirlo, pero sugiere que esos esfuerzos son insuficientes. No sólo se necesita un cambio en la consciencia acerca de la realidad y la gravedad de las violaciones, sino una acción más enérgica dirigida a los empleadores y a los agentes de contratación. El primer paso sería una mayor investigación acerca del alcance en que se estaría utilizando el trabajo de los niños migrantes. D. Mujeres migrantes 49. Las mujeres migrantes son especialmente vulnerables en México. Constituyen la mayoría de los casos de acoso o malos tratos en situaciones de detención, trabajo doméstico clandestino (en ocasiones "sirvientas"), prostitución y abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones de trata. También son la mayoría de las víctimas de la trata (se calcula que el total de víctimas asciende a entre 16.000 y 22.000 personas al año, incluidos niños) y hay tasas excepcionalmente altas de homicidios de mujeres, especialmente en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez. Las mujeres migrantes que entran periódicamente en México o encuentran un trabajo decente suelen ser objeto de una diferencia salarial basada en el sexo. Al parecer, su sueldo es hasta un 40% inferior al de los hombres del mismo nivel de cualificación. 50. Según el INM, las mujeres migrantes detenidas en México y deportadas del país constituyen aproximadamente el 20% de las corrientes anuales. Si bien la mayoría de esas mujeres proceden de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), alrededor del 5% procede de otros países de América Latina y diversas partes del mundo. La estancia media en México de las mujeres de Centroamérica parece ser de entre dos y siete días, mientras que las mujeres de otros lugares permanecen más tiempo, por lo general entre dos semanas y tres meses o más, lo que depende de la nacionalidad, el acceso a la protección consular y la presentación o no de una reclamación legal. 51. Según las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres suelen recibir un trato violento o agresivo del personal del INM cuando se las traslada a las estaciones migratorias, y del personal de esas estaciones cuando llegan a ellas y durante su estancia en ellas. Algunos se refieren a comentarios agresivos y discriminatorios y otros denuncian malos tratos físicos. No obstante, hay pocas denuncias formales, debido al temor a represalias o a que al parecer no se sabe muy bien cómo presentar una denuncia formal. 52. En algunas circunstancias, parece que no hay asistencia médica para los migrantes, especialmente asistencia específica para las mujeres. Debido al estrés que la detención causa a las mujeres migrantes, muchas se enferman al llegar a la estación migratoria y algunas tratan de recibir atención para que les curen las lesiones producidas o las enfermedades contraídas antes o durante el viaje. Es necesario seguir desarrollando y ofrecer de forma más general atención y tratamiento relacionados con la violencia sexual. La OIM tiene un programa en Tapachula para colmar esa laguna e informa de que hay un estigma asociado a la presentación de denuncias de abuso sexual. Aunque muchas mujeres migrantes huyen de ese tipo de abusos o los sufren por el
A/HRC/11/7/Add.2 página 17 camino, hay pocos programas de asesoramiento o, más concretamente, para las víctimas de la trata. 53. También hay un pequeño número de mujeres solicitantes de asilo. De conformidad con las cifras del INM de 2007, 40 mujeres solicitaron asilo en Tapachula, 23 de las cuales eran solicitantes principales. Se concedió a cuatro de esas mujeres el estatuto de refugiadas. Todas ellas eran iraquíes. IV. PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN A. Procedimientos de control de fronteras y de detención 54. La mayoría de los migrantes indocumentados llegan a través de la frontera meridional con Guatemala. Se calcula que el 60% pasa por el Estado de Chiapas, pero es extremadamente difícil hacer una estimación del número de personas que cruzan la frontera meridional a lo largo del año. Según las estadísticas de migración, el INM detuvo en Chiapas a aproximadamente 90.601 personas en 2007, el 49,58% del total en México. Además, Chiapas recibe migrantes indocumentados de otros Estados mexicanos para su deportación a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. En 2007, se deportó a 86.206 personas de Tapachula, con un promedio de 225 personas al día. A nivel nacional, México deportó a 182.705 personas en 2007, lo cual constituyó un aumento en relación con las 179.345 personas deportadas en 2006. 55. A fin de evitar que se trate la migración indocumentada como un delito, México utiliza el término "asegurar" en lugar de "detener" en las cuestiones migratorias. De conformidad con la Ley general de población, un extranjero está asegurado cuando, debido a su situación irregular en el país, se lo aloja temporalmente en una estación migratoria, a la espera de que se aclare su situación y, en su caso, se adopte la decisión de expulsarlo del país. Esta última es una sanción administrativa que se aplica cuando un extranjero viola la legislación sobre migración e implica la expulsión inmediata del extranjero del país. 56. Según el Gobierno de México, su política consiste en detener a los migrantes durante un período muy breve (de unos cuantos días a un par de semanas, por lo general). En función de las relaciones bilaterales que México tenga con el país de origen del migrante, éste puede ser expulsado el mismo día después de pasar sólo unas horas en una estación migratoria. La expulsión es llevada a cabo por el Gobierno de México y el destino más frecuente es Guatemala. 57. En 2006 el INM instituyó nuevos procedimientos de repatriación, en parte como respuesta a las denuncias internacionales de malos tratos. El cambio principal es que los ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen ahora la oportunidad de firmar un formulario de repatriación que puede acelerar su expulsión del país. Quienes admiten inmediatamente la entrada ilegal y renuncian a sus derechos a un procedimiento administrativo son llevados a la oficina más cercana del INM para tramitar su expulsión.
A/HRC/11/7/Add.2 página 18 58. En lugar de permanecer en la oficina o la estación migratoria como en el pasado, se coloca a esos migrantes en cuestión de horas en un autobús del INM. A continuación, el autobús viaja de oficina en oficina, recogiendo a migrantes hasta llenar el vehículo. En 2007, el 63% de los migrantes centroamericanos optaron por la repatriación o fueron repatriados. Ese proceso suele durar entre uno y tres días, según el lugar en el que se detenga al migrante. Al llegar a la estación migratoria de Tapachula, se suele deportar a los migrantes en autobuses en un plazo de 24 horas. 59. El INM informa de que mantiene 48 estaciones migratorias permanentes y 116 instalaciones adicionales para alojar a migrantes a nivel nacional. Esas instalaciones comprenden las oficinas de inmigración y, en ocasiones, celdas carcelarias. El número de estaciones migratorias ha aumentado en más del doble desde 2000, año en que el INM informó de que tenía sólo 22 centros. En 2000 el INM empezó a incrementar su infraestructura mediante la ampliación de la estación migratoria de la Ciudad de México y la remodelación de algunas de las estaciones más pequeñas. 60. En 2006, el INM inauguró la mayor estación migratoria en Tapachula, en Chiapas, con capacidad para 960 migrantes. Las 48 estaciones están ubicadas en 23 de los 32 Estados de México y el Distrito Federal. Se dividen en tres categorías en función del espacio, los tipos de instalaciones y la capacidad administrativa. Por ejemplo, tres grandes estaciones migratorias están autorizadas para tramitar procedimientos administrativos y tienen espacios separados para los hombres, las mujeres y las familias, así como servicios médicos. Se trata de los centros de Saltillo, en Coahuila, cerca de la frontera septentrional, la Ciudad de México y Tapachula. Además, hay otros dos centros en Acayucan, en el Estado de Veracruz, y Juhro, en el Estado de Chihuahua. El INM gestiona los centros con personal de seguridad de la policía local o federal y, en ocasiones, utiliza empresas de seguridad privada, lo cual plantea la cuestión de si se respetan las normas de derechos humanos. 61. El Acuerdo sobre las estaciones migratorias, de 26 de noviembre de 2001, dispone la separación de los varones y las mujeres y el establecimiento de áreas especiales para familias y enfermos psiquiátricos e infectocontagiosos. El personal encargado de la vigilancia en los dormitorios de mujeres debe pertenecer al sexo femenino. Además, el Acuerdo establece que se debe asignar a los asegurados un dormitorio y se les hará entrega de un colchón y enseres de aseo personal. Asimismo, los asegurados tienen derecho a tres comidas al día. 62. A pesar del Acuerdo, el Relator Especial observa problemas recurrentes en las estaciones migratorias de México. Se han denunciado casos de tratos crueles y degradantes y hacinamiento, y la falta de atención médica y la omisión de aviso consular son habituales. También son comunes las quejas por la falta de higiene y las deficiencias en el acceso a los alimentos o su calidad y el trato dado por las autoridades. Las preocupaciones específicas de las mujeres migrantes se refieren a la práctica de que algunos guardias de seguridad que las vigilan y médicos que las atienden son hombres, lo cual ha dado lugar ocasionalmente a acusaciones de acoso y abuso sexual. Además, las mujeres tienen problemas médicos específicos que es posible que sólo quieran revelar a personal médico femenino. 63. En las tres estaciones migratorias visitadas por el Relator Especial, en la Ciudad de México, Tapachula y Tijuana, había muy pocos migrantes detenidos (entre 5 y 50, según la estación migratoria), lo cual significaba que se desconocía el paradero de la mayoría de los
A/HRC/11/7/Add.2 página 19 presuntos migrantes irregulares en el país. Aunque se observa la política del Gobierno de México de repatriación rápida, la tipificación como delito de la migración irregular sigue siendo motivo de preocupación. Al parecer, hay un número desconocido de migrantes en cárceles federales, estatales y municipales, así como en cárceles no oficiales o clandestinas, pero las respuestas a las solicitudes del Relator Especial de datos y estadísticas adicionales sobre los extranjeros encarcelados fueron insuficientes. 64. Según la sociedad civil, en muchos casos los migrantes detenidos no reciben información adecuada sobre sus derechos y carecen de acceso a un abogado, no se ofrece interpretación a los migrantes que no hablan español y la inscripción de los migrantes no es sistemática. Las autoridades detienen durante un período breve a algunos migrantes, que son repatriados voluntariamente (aunque en muchos casos la repatriación es involuntaria), y no hay constancia de la llegada y la salida de algunos migrantes. Algunas organizaciones no gubernamentales explicaron que no podían acceder a los migrantes detenidos con el fin de ayudarlos y que en los casos en que los detenidos tenían acceso a un abogado se les permitía hablar sólo durante 30 minutos (como máximo), lo cual era insuficiente para intercambiar información adecuada sobre los detalles del caso y los derechos de los migrantes. B. Redes de delincuencia organizada e impunidad entre los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden 65. La migración transnacional sigue siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales. Esas prácticas están directamente relacionadas con el aumento de los casos de violencia contra las mujeres y los niños, especialmente a lo largo de las fronteras septentrional y meridional y en los lugares de tránsito. Como tal, la impunidad por las violaciones de los derechos humanos de los migrantes es un fenómeno generalizado. Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan. Los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua parecen constituir la mayoría de las víctimas. 66. El Gobierno de México dispone en cierta medida de una burocracia adiestrada y evolucionada para gestionar los problemas de la migración, como demuestra la multitud de organismos competentes al respecto. No obstante, la aplicación sigue siendo un reto y, según algunos ministerios, la escasez de recursos sigue constituyendo un problema. Al parecer, se han malversado fondos destinados a prevenir la migración de indocumentados a los Estados Unidos (unos 1,5 millones de dólares de los EE.UU.), incluida la profesionalización de la policía. Los grupos Beta, que prestan asistencia y apoyo material a los migrantes en el proceso, suelen carecer de gasolina o de personal suficientes para llevar a cabo su labor. 67. El Relator Especial recuerda una de las observaciones finales del Comité sobre los Trabajadores Migratorios. De acuerdo con la Ley general de población y su reglamento, sólo los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal Preventiva tienen la facultad para ejercer sobre los extranjeros que se encuentren en el país las funciones de verificación y vigilancia que les correspondan. Según el artículo 73 de la Ley general de población, otras autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o
A/HRC/11/7/Add.2 página 20 municipales pueden prestar su colaboración a las mencionadas autoridades de migración cuando éstas lo soliciten. Sin embargo, al Comité le preocupaba que hubiera casos donde autoridades que no tenían competencia a ese respecto, inclusive elementos de las fuerzas armadas y de seguridad privada (también conocidos como garroteros), realizaran labores de verificación migratoria y detención. 68. Se ha informado al Relator Especial de vejaciones cometidas por el INM, agentes del orden y personal de seguridad privada. Algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que grupos de seguridad privada llevaban a cabo detenciones arbitrarias. Esos grupos se encargan principalmente de vigilar las vías de ferrocarril y los trenes y detienen ilegalmente a migrantes indocumentados y los entregan al INM. Los casos más abyectos parecen ser los relacionados con el "tren de la muerte", modo de transporte utilizado a menudo por los migrantes indocumentados que viajan por el país. Al parecer, los migrantes son víctimas con cierta regularidad de mutilaciones, secuestros, agresiones y acoso y abuso sexual durante el trayecto. El Relator Especial recibió denuncias de operaciones frecuentes en las que la policía y fuerzas de seguridad privada hacen uso de una violencia extrema, golpean a las personas o las arrojan del tren y causan accidentes graves que pueden tener como consecuencia la amputación de las extremidades (los brazos o las piernas). 69. Organizaciones de la sociedad civil y periodistas denunciaron casos de agresiones, intimidación, violencia y secuestros contra defensores de los derechos humanos de los migrantes y quienes prestaban asistencia a los migrantes indocumentados. Esos casos suelen producirse en zonas cercanas a los centros donde se alojan los migrantes o en las comunidades de migrantes. Muchos de esos incidentes y prácticas están asociados a la red transnacional de bandas que hemos descrito más detalladamente. También se denunciaron secuestros sistemáticos con fines de extorsión de los que eran víctimas los migrantes con parientes en los Estados Unidos para que éstos enviaran dinero a cambio de la liberación de sus familiares en México. Esos incidentes no se suelen denunciar si los familiares en los Estados Unidos carecen de documentación y no quieren dar la alarma por temor de ser deportados, lo cual aumenta los niveles de impunidad. Se pusieron de relieve las denuncias de secuestros de mujeres que entrañaban además violencia sexual. 70. México ha aprobado una ley contra las maras a nivel nacional y colabora con los Estados Unidos y Centroamérica sobre los enfoques regionales para luchar contra el fenómeno. No obstante, parece haber preocupación por la colaboración entre esas redes por un lado y los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden por otro, lo cual dificulta la distinción entre ambos grupos. La impunidad, la corrupción, la extorsión y el soborno parecen ser un fenómeno creciente en el negocio de la migración, que contribuye significativamente a los abusos generalizados de los que son víctimas los migrantes. C. Asistencia a los migrantes 71. Las garantías procesales básicas comprenden el derecho a información, traducción e interpretación, a ser oído, a un juez imparcial y responsable, a representación letrada, a revisión judicial y al acceso consular. El Gobierno de México afronta el reto de respetar las garantías procesales de los migrantes no autorizados y ayudar al mismo tiempo a la mayoría de ellos a regresar a su lugar de origen de forma rápida y segura.
A/HRC/11/7/Add.2 página 21 72. En la práctica, el Gobierno respeta las garantías procesales de manera desigual. Uno de los problemas es que autoridades de varios organismos participan en el proceso de detención antes de entregar a los migrantes a los funcionarios de migración. Como consecuencia, la información inicial sobre las circunstancias que condujeron a la detención no siempre es clara. En teoría, una reforma reciente por la que se despenalizó la entrada sin documentación en el país debería haber devuelto las competencias de migración a los agentes del INM y a la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, si los funcionarios del INM detienen a centroamericanos de los que sospechan que son migrantes irregulares y si esas personas no pueden presentar ningún documento legal de migración, se incoará un procedimiento de deportación contra ellos, con poco tiempo para aclarar su situación. 73. Una vez que los migrantes están bajo la custodia de los funcionarios de migración, los procedimientos varían entre las distintas oficinas regionales. Por ejemplo, algunos funcionarios permiten a los migrantes llamar por teléfono, pero otros no. Algunos migrantes entrevistados afirmaron que no podían llamar por teléfono si no tenían el dinero necesario, lo cual solía ser el caso, especialmente de los menores de edad. 74. El Relator Especial observó varios problemas en relación con los procedimientos consulares y la detención de los migrantes y su expulsión al país de origen. De conformidad con las normas internacionales3, el Estado receptor debe informar sin retraso alguno a las autoridades consulares o diplomáticas del Estado que envía cuando un trabajador migratorio o un miembro de su familia sea arrestado o detenido, si así lo solicita la persona afectada. Sin embargo, no quedaba claro cómo se aplicaban esas normas. Los migrantes entrevistados en las estaciones migratorias afirmaron que no habían hablado con su abogado. Si bien es posible que ello se obviara por la rápida expulsión de algunos migrantes (especialmente los guatemaltecos), los migrantes de otras nacionalidades seguían detenidos sin que se les comunicaran sus derechos ni la duración de la detención. 75. La expulsión depende de un acuerdo bilateral entre el país de destino o de tránsito y el país del que el migrante tenga la nacionalidad (no necesariamente el país de origen). Al visitar las estaciones migratorias, era evidente que México tenía acuerdos recíprocos en vigor con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en virtud de los cuales se liberaba y expulsaba rápidamente a la mayoría de los migrantes indocumentados de esos países detenidos por las autoridades de México (a menudo en un plazo de dos semanas, pero en muchos casos en cuestión de días y a veces de horas). México suele pagar el regreso de esos migrantes, como demuestra la facilitación de transporte terrestre (autocares). 76. Los acuerdos bilaterales con otros países no resultaban tan claros. Cuba, por ejemplo, parece menos tolerante con la emigración de sus ciudadanos y, por lo tanto, menos dispuesta a acoger a migrantes repatriados, a pesar de un memorando de entendimiento concertado con México. Los migrantes cubanos se quejaron de tener que esperar detenidos sin información sobre la duración ni sobre el regreso. Los repatriados pueden ser objeto de persecución, puesto que la legislación cubana tipifica como delito la salida del país, lo cual plantea la cuestión de la no devolución de los migrantes cubanos en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, art. 36.
A/HRC/11/7/Add.2 página 22 77. Como hemos señalado en el informe, la asistencia física y psicológica a los migrantes es una laguna significativa en el grado de protección prestada por México. Las estaciones migratorias proporcionan un mínimo de cuidados físicos y rara vez ofrecen asistencia de salud mental. La escasez del tratamiento disponible para las víctimas de la violencia sexual y de género constituye una deficiencia. Los casos de los amputados y los mutilados en relación con la violencia perpetrada en el "tren de la muerte" y la deficiente asistencia médica e incluso la negligencia ulteriores resultan alarmantes. 78. Los solicitantes de asilo indocumentados que llegan a través de la frontera meridional de México plantean un problema de procedimiento. Es extremadamente difícil vigilar la frontera entre México y Guatemala y hay varios centenares de pasos fronterizos no oficiales a lo largo de la frontera. En los pasos fronterizos oficiales no hay un procedimiento normalizado para remitir los casos y al parecer hay confusión sobre los procedimientos ad hoc en vigor. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), como la mayoría de las personas no permanece más que unas horas en la estación migratoria, su problema principal es identificar a los posibles solicitantes de asilo entre los centenares de migrantes indocumentados. En teoría, se entrevista a todos los migrantes (en el puesto de control o la estación migratoria) y el INM debería conservar una grabación de la entrevista, pero no siempre sucede así. Algunas organizaciones de la sociedad civil denuncian la expulsión sistemática de solicitantes de asilo que están a la espera de que se determine su condición de refugiados. 79. En 2007, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula analizó 224 casos. Los migrantes en cuestión procedían de 26 países. Poco menos de la mitad de los refugiados eran de origen cubano, salvadoreño, hondureño y guatemalteco y no se concedió el estatuto de refugiado a ninguno de ellos. Se concedió el estatuto de refugiado en ocho casos analizados por la COMAR de Tapachula: Colombia (2), Somalia (1), Burundi (1), Cuba (1) e Iraq (3). El 31% de los solicitantes abandonaron el procedimiento, en muchos casos por la cantidad de tiempo que pasaron en la estación migratoria. 80. El porcentaje de personas a quienes se concede el estatuto de refugiado parece estar disminuyendo, tal vez debido al hecho de que se concede a los solicitantes de asilo de origen africano un permiso de salida (oficio de salida), que les permite viajar por el país (por lo general, con el objetivo de cruzar la frontera septentrional). Como el destino de los migrantes extrarregionales suele ser el Norte, a menudo no se molestan en solicitar asilo en México cuando pueden obtener un permiso de salida. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 81. Los progresos de México en la formulación y la ejecución de programas para proteger los derechos humanos de los migrantes son evidentes, tanto en términos de capacidad como de voluntad del Gobierno. El Relator Especial fue testigo de los notables esfuerzos realizados por las autoridades de México para mejorar la gestión de las estaciones migratorias (especialmente el hacinamiento), la capacitación de los funcionarios de fronteras, la expulsión y la protección de los niños. No obstante, numerosas cuestiones merecen atención y recursos adicionales y, por lo tanto, el Relator Especial desea formular las siguientes propuestas para que se examinen y se adopten medidas al respecto.
A/HRC/11/7/Add.2 página 23 A. Recomendaciones al Gobierno de México Reformas legislativas 82. En lo que respecta a la expulsión de migrantes de su territorio, el Relator Especial recomienda que el Gobierno de México revise su legislación relativa a la expulsión (artículo 33 de la Constitución y prácticas correspondientes estipuladas en la Ley general de población) y formule políticas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y que se expulse a los migrantes únicamente en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente en virtud de la legislación. Además, el Relator Especial, de conformidad con las recomendaciones del Comité sobre los Trabajadores Migratorios, recomienda que México estudie la posibilidad de adoptar medidas para retirar su reserva al párrafo 4 del artículo 22 de la Convención sobre los trabajadores migratorios. 83. En lo que respecta a la tipificación como delito de la migración irregular, el Relator Especial acoge con satisfacción la reforma de la Ley general de población e insta a que se armonice con el derecho internacional y a que queden reflejadas en la práctica las protecciones correspondientes. El Relator Especial está preocupado por las medidas punitivas contra los migrantes irregulares, incluidos los migrantes involucrados en el contrabando y la trata. Habida cuenta de que las reformas han despenalizado la migración irregular y de las recomendaciones del Comité sobre los Trabajadores Migratorios, el Relator Especial recomienda que la legislación, entre otras cosas, califique la entrada ilegal en el país como falta administrativa y no como delito. 84. El Relator Especial acoge con satisfacción una vez más los esfuerzos de México por aplicar la Convención sobre los trabajadores migratorios y observa que México formuló recientemente una declaración con arreglo al artículo 77 por la que reconoció la competencia del Comité para recibir comunicaciones de particulares. El Relator Especial lamenta que esa renuencia pueda significar una falta de pleno apoyo a la propia Convención. A la luz de los esfuerzos ejemplares de México en la promoción mundial de los derechos de los migrantes, el Relator Especial subraya el carácter crucial de ese elemento en la promoción de la Convención. 85. El Relator Especial recibió información contradictoria sobre la edad legal a la que el Gobierno federal y los organismos de los Estados consideraban a los niños migrantes menores de edad y, por lo tanto, merecedores de protección adicional. También señaló que parecía haber diferencias en función del sexo. Las niñas tienen derecho a un período de protección más prolongado que el de los niños, lo cual demuestra lagunas en la protección y falta de coherencia en las políticas. Por lo tanto, el Relator Especial recomienda que se revise la edad legal de la minoría de edad en los planos federal y estatal y propone que abarque a todos los niños, independientemente del sexo, menores de 18 años4.
El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que México es parte, dice lo siguiente: "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".
A/HRC/11/7/Add.2 página 24 86. A pesar de algunos programas en vigor, el Relator Especial observó una falta generalizada de conciencia pública sobre la gravedad y el alcance de las prácticas de trabajo infantil de los migrantes en México y pide que el Gobierno de México adopte medidas inmediatas, a saber: una mejor campaña nacional de educación contra el trabajo infantil, la aplicación de la legislación por la que se tipifica como delito la práctica del trabajo infantil y el enjuiciamiento y el castigo de la contratación de menores de edad en los planos federal y estatal. Aplicación y práctica 87. El Relator Especial toma nota de los esfuerzos del Gobierno de México por profesionalizar y capacitar a sus fuerzas de policía y sus funcionarios de control de fronteras. Acoge con satisfacción las iniciativas del INM de organizar cursos de capacitación técnica destinados a funcionarios administrativos sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes. El Relator Especial invita a México a que prosiga sus esfuerzos, especialmente a nivel local, y en particular los destinados al personal del INM, los agentes de la Policía Federal Preventiva que apoyan al INM en el ámbito de la gestión de la migración y los funcionarios que trabajan para los grupos Beta. Pide a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preste asistencia a esas actividades de capacitación y fomento de la capacidad. 88. El Relator Especial toma nota de la rapidez con que las autoridades tratan de expulsar a los inmigrantes indocumentados a sus países de origen, una vez detenidos en las estaciones migratorias. Ello varía en función del país de nacionalidad y del acuerdo bilateral correspondiente que México tenga con el país en cuestión. No obstante, también observó que había lagunas en la medida en que México había concertado acuerdos bilaterales que abarcaban las condiciones del retorno con muchos países de los que salían migrantes hacia México. Por lo tanto, recomienda que México revise sus actuales acuerdos bilaterales con los consulados de los países en los que se encuentra a migrantes en México y formule disposiciones más específicas sobre lo siguiente: a) los gastos ocasionados por el retorno; b) la gestión de la recepción de los migrantes; c) el transporte desde la frontera o la oficina consular hasta el hogar familiar u otro destino seguro; d) la prestación de atención médica de urgencia en caso necesario; y e) el suministro provisional de ropa, alimentos y vivienda, si correspondiera. 89. El Relator Especial observó lagunas en lo que respecta a la protección consular, puesto que muchos migrantes afirman que no se les ofreció representación letrada ni se les informó de la fecha de salida del país. Ello limita el conocimiento de sus derechos, aunque el migrante esté en situación irregular. El Relator Especial recomienda que las autoridades de México notifiquen sin dilación a las autoridades consulares o diplomáticas del Estado de origen cualquier detención o encarcelamiento de un migrante. 90. El Relator Especial observa la participación de las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada en la gestión de los migrantes, práctica que no les está permitida en virtud del derecho internacional ni la legislación federal. Recomienda que México y, más concretamente, el Instituto Nacional de Migración adopten las medidas necesarias para que las autoridades competentes lleven a cabo exclusivamente el control de la migración y
A/HRC/11/7/Add.2 página 25 el aseguramiento de los migrantes y que se denuncie rápidamente cualquier violación en ese sentido. 91. En lo que respecta a los abusos contra los trabajadores domésticos, el Relator Especial recomienda que el Gobierno de México dedique recursos adicionales a mejorar los datos sobre el trabajo de los migrantes en el ámbito doméstico, en particular, aunque no exclusivamente, la investigación del número y la nacionalidad de los trabajadores domésticos y los empleadores de trabajadores migratorios en el servicio doméstico. Además, recomienda que examine los posibles abusos en el proceso de contratación, mediante investigaciones de los organismos de contratación y los sistemas de inscripción de trabajadores migratorios para el servicio doméstico. Asimismo, el Relator Especial recomienda que el Gobierno cree un mecanismo para que los trabajadores, incluso los que estén en situación irregular, puedan presentar denuncias de abusos en relación con prácticas laborales injustas en el servicio doméstico, y mejore los servicios de apoyo y los centros de acogida para las víctimas de abusos en el servicio doméstico. 92. El Relator Especial recomienda que se introduzcan reformas legislativas adecuadas contra la impunidad por las violaciones de los derechos humanos, una de las principales deficiencias del sistema judicial. A ese respecto, el Relator Especial recomienda al Gobierno que establezca la obligación de comunicar anualmente el número de actuaciones judiciales, como detenciones y condenas contra autores de violaciones de los derechos humanos de los migrantes, y en particular el número de actuaciones judiciales contra los autores de abusos en relación con el trabajo infantil. B. Recomendaciones a las Naciones Unidas 93. Si bien el Relator Especial se complació en conocer los diversos organismos y las oficinas en el país de las Naciones Unidas que participaban en actividades para proteger a las mujeres y los niños de origen extranjero, observó un enfoque fragmentado entre ellos, compuesto por diferentes proyectos y programas, que se podría beneficiar de una mayor cohesión. Por lo tanto, recomienda que el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los organismos especializados: a) examine los programas que tratan de proteger los derechos de los migrantes, y b) los integre de manera que exista un enfoque más amplio para promover la protección de los migrantes en el sistema de las Naciones Unidas. Ello se puede llevar a cabo en colaboración con las oficinas de las Naciones Unidas en Guatemala, Honduras, El Salvador y los Estados Unidos, entre otros países. Teniendo en cuenta el importante paso de población migrante, las oficinas de las Naciones Unidas en México deben desempeñar una función de liderazgo en ese sentido. 94. El Relator Especial, al redactar el presente informe, se complació en recibir las recomendaciones de la Reunión Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas en el Contexto de la Migración Internacional, "Migración y Derechos Humanos de los Niños y las Niñas", organizada conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ciudad de México los días 30 de septiembre y 1º de octubre de 2008. El Relator Especial reitera el llamamiento a las instituciones intergubernamentales, como las Naciones Unidas,
A/HRC/11/7/Add.2 página 26 para que apoyen las iniciativas que promuevan la protección de los derechos de los niños migrantes, y recomienda que las Naciones Unidas alienten la coordinación interinstitucional a nivel nacional, a través de mecanismos específicos y con la participación de la sociedad civil, los servicios consulares, los gobiernos locales y el sector privado. 95. El Relator Especial acoge con satisfacción las reformas de la Ley general de población y la reciente iniciativa del Senado de la República de México de reconocer la competencia del Comité sobre los Trabajadores Migratorios para recibir comunicaciones de particulares, de conformidad con los artículos 76 y 77 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El Relator Especial se complace en saber que la Comisión de Población y Desarrollo del Senado colabora en la creación de un grupo de trabajo, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, para poner en práctica esas iniciativas. Por lo tanto, el Relator Especial recomienda que esa oficina, en cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones y diversas organizaciones no gubernamentales que se dedican a cuestiones de la migración, colabore estrechamente con el Congreso para armonizar la legislación y las políticas nacionales con las normas internacionales. -----
Documents Similar To Informe_del_Relator_DDHH_Migrantes_2009.pdf
24-02-17 El TLC “no es un asunto de fe” y vamos a mantenerlo si le conviene a México_ Videgaray en el Senado - Proceso.pdf
Desacatos_46
Pablo E Becerra N
Isa Gamboa
shahshahshas
Libro para el maestro Español1 vol. 2
Las Migraciones Contemporaneas Iberoamericanas
Desigualdades Sociales y Ciud.
66021703007
El Acceso a La Salud de Los Inmigrantes Indocumentados de Centroamérica en Estados Unidos. Un Estudio de La Ley Estadounidense OBAMACARE_Elinor Ackerman
Abiezer Rodríguez
130-463-1-PB
CarlosSanMartinC.
Los Migrantes Poblanos en Estados Unidos
Conceptualizacion de La Migracion, Segun La Demografia.
David Tapia Herrera
Trabajo Examen Remesas
YaraideNoemiDzibNoh
Agier_2014_De_la_frontera_a_la_condicion_cosmopolit.pdf
05_MUMMERT_ARIZA_2012_2AS
147Pon Ana Ma Chavez-Antonio Landa
Gatita Delia

References: artículo 73
 artículo 133
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 67
 artículo 83
 artículo 73
 artículo 22
 artículo 77
 artículo 1