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Timestamp: 2019-05-24 12:21:06+00:00

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Presupuesto 2013 ~ Tati Meckievi
jueves, noviembre 01, 2012 Alfredo César Meckievi
A continuación transcribo el discurso que di hace instantes en la sesión, mientras debatíamos el Proyecto de Ley del Presupuesto 2013, recientemente aprobado por Diputados:
Cuando analizamos este presupuesto, lo hicimos con la prevención que los antecedentes de los últimos años nos vienen marcando. Aquellos que nos indican que entre las previsiones presupuestarias y la realidad sobreviniente, existen brechas abismales.
Ha sido una constante el subestimar los recursos, presuponer índices de inflación del 10% anual como en este caso nos lleva a una ficción. También ha sido una constante, someter a consideración un cálculo de gastos que no incluye pauta salarial alguna. Como variable de ajuste, se recurre a pedir las autorizaciones de endeudamiento, para cubrir con recursos no genuinos los desfasajes que esta técnica presupuestaria provoca.
Prevenido con estos antecedentes, lo primero que uno hace es el ejercicio de comparar, lo que se planteaba como presupuesto 2012, y los datos que tenemos de la ejecución real.
Aquí encontramos otra de las constantes: una subejecución escandalosa, por ejemplo en los programas sociales, área en la que el Ejecutivo dice invertir y concentrar el esfuerzo. Pero también en la obra pública, donde a lo largo y ancho de la Provincia pueden verse infinidad de carteles de color naranja pero ni un solo obrero trabajando.
Decíamos el año pasado, con referencia al Presupuesto 2012, que era un presupuesto para pagar sueldos. En junio y julio de este año estuvimos a punto de tener que rectificarnos, pues hasta ese magro objetivo estuvo en duda.
Tan irreal resultó el presupuesto, que ya en abril se tuvo que someter a esta Legislatura, un proyecto para que en forma urgente se aprobara un endeudamiento adicional, y peor aún, se aprobara un aumento a discreción en impuestos como ingresos brutos y sellos, mas el ya legendario revalúo de los campos, cuyos efectos negativos todavía no se dejan ver en toda su magnitud, ya que será en 2013 donde impactarán plenamente, tanto en el nivel local como en su secundario efecto de agravar la carga tributaria de nivel nacional, y de los cuales diéramos cuenta con nuestro voto negativo.
Hablando de los recursos, la composición de los ingresos tributarios muestra un descenso, en el proyectado real de este año del 20% en los provenientes del régimen federal de coparticipación. Las cifras que el propio Ejecutivo remite, marcan que de 27994 millones presupuestados, se habrán de recibir solo 22397 millones.
Esto muestra, como hemos dicho en innumerables oportunidades, que la claudicación a la que el Sr. Gobernador nos ha entregado, supera los límites de lo tolerable. Nada ha hecho para revertir esta situación de despojo que somete a los habitantes y contribuyentes de nuestra Provincia. Son por todos conocidas las fuentes de ingresos que por diversos motivos la Provincia ha perdido. Solo baste decir, que si se dejara sin efecto el tope del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, insólitamente congelado en 650 millones de pesos anuales, con datos al día de ayer de la Comisión Federal de Impuestos la provincia hubiera recibido en lo que va de 2012, 10274 millones de pesos más que lo recibido efectivamente.
La contrapartida de estos recursos que no están, son las penurias diarias de los bonaerenses más necesitados: Y que consiste en transferir bimestralmente un monto de $ 300 a cada adulto mayor que vea imposibilitado su acceso a prestaciones de la seguridad social, al no reunir los requisitos necesarios. Su objetivo es contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.
Si analizamos el presupuesto ejecutado publicado por la Contaduría General de la Provincia a Agosto 2012, el Ministerio de Desarrollo Social tiene ejecutado un 53 % de los fondos presupuestados, esto es $ 1.790 millones sobre un total de $ 3.357 millones. Y de los fondos asignados al programa “Promoción de Derechos Sociales”, se ejecutaron, $ 14 millones, un 45% de los $32 millones presupuestados. (Al mes de agosto!! Con ocho de doce meses transcurridos)
Al S.A.T.E. en particular se le asignaron para el 2012 $ 26 millones de los cuales, al mes de Agosto lleva ejecutados $ 11 millones, un 43% de los fondos. De nada sirve que en el Presupuesto 2013 se asignen fondos para el programa “Promoción de Derechos Sociales” al que pertenece el S.A.T.E. por $ 73 millones, con un incremento del 125% respecto al 2012, si después como vemos la partida no se ejecuta.
El INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, tiene su presupuesto consolidado con el Presupuesto General de la Provincia. Así, se disimula en parte el déficit crónico que la Cuenta de Recursos y Gastos padece, merced al cómputo de los excedentes que genera el subsistema previsional.
Para el año 2013, según este proyecto que se nos remite, los Organismos de Previsión Social generarían un Superávit de 1770 millones de pesos, que morigerarán el déficit global.
Estos excedentes, que en la realidad habrán de ser utilizados por el Ejecutivo Provincial, mediante la vía de colocarles Letras al Instituto, reconociéndole una tasa de interés de la mitad, que el Estado Provincial paga por el resto de las fuentes de financiamiento que utiliza, son propiedad de los actuales jubilados de la Provincia de Buenos Aires, y de quienes lo serán en el futuro. Esta práctica se apropia de estos fondos, a cambio de dejar “un papel”, que se sumará a los que ya están, sabiendo todos que simplemente se patea la pelota para adelante, y Dios ayude al que le toque estar en ese “adelante”.
Actualmente el IPS tiene en su poder Letras del Tesoro por $ 6.000 millones, cuando en el 2008, dicho stock era de $ 1.000 millones.
Dijimos recién que este superávit de 1770 millones que se calcula, es cuestionable porque es el producto de que:
* Las jubilaciones tardan dos años en resolverse.
* La resolución de reajustes o readecuaciones se dilata en el tiempo (tiempo que muchos jubilados no tienen)
Y los beneficiarios de las pensiones sociales no contributivas actualmente están cobrando $ 350 menos el descuento de IOMA, o sea $ 333,20 con el fin de cubrir sus necesidades básicas por pertenecer a sectores que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Al respecto, no se puede dejar de mencionar que el Decreto–Ley 9650/80, establece el régimen previsional de la Provincia de Buenos Aires y dispone en su Art.54 que el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado a fijar haberes mínimos de las prestaciones cuando estas hicieran presumir, manifiestamente por su exigüidad, que no constituye una contribución ponderable en los medios de vida del beneficiario. El art.9 de la Ley 10.205 establece que el monto equivaldrá al 70% del haber jubilatorio mínimo vigente para los beneficios del IPS.
Por Decreto 720/2010 se fija el haber mínimo de jubilación y pensión a partir de Mayo del 2010 en $ 500 mas una compensación especial de $386, que no se computan a los efectos de determinar el haber mínimo de las Pensiones no Contributivas, amparándose en la excusa de que la compensación especial es no remunerativa.
Creemos que no es ocioso reclamar desde este Recinto por la imperiosa necesidad de adecuar los montos de las pensiones no contributivas al haber mínimo jubilatorio de $886 y de ir equiparando el monto con las Pensiones no Contributivas a nivel Nacional.
El Presupuesto del IPS específicamente es de $ 16.758 millones, y representa el 12% sobre el Presupuesto Total de Erogaciones.
El Presupuesto asignado al programa Pensiones Graciables (no contributivas) para el año 2013 es de $169 millones, representa el 1% del Presupuesto de Gastos del IPS y es un 3,4% menor al asignado para el ejercicio 2012, que fue de $ 175 millones.
Cabe destacar que dentro de las pensiones no contributivas se encuentran las pensiones a personas con discapacidad y aquí nos encontramos con una problemática especial que requiere de una mayor atención económica. Así lo expresa el “Informe Mundial sobre la discapacidad” que en Junio de 2011 emitieron en conjunto la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial, reconociendo que las personas con discapacidad y sus familias necesitan realizar mayores gastos para lograr la misma calidad de vida que las personas sin discapacidad.
Se insiste en hacer uso de un superávit que la realidad demuestra que no existe, no es un excedente con el que se pueda contar, hay obligaciones sociales del IPS que hay que poner al día.
Entonces, en una primera conclusión, tenemos que:
Si se eliminara el superávit del IPS del presupuesto, el déficit proyectado del ejercicio ascendería a $ 5.176 millones al que deberemos agregar la distorsión que se producirá por un presupuesto calculado sin pauta salarial, y con una inflación del 10% cuando la realidad nos habla de un 25% de mínima.
OTRO GRAN TEMA son las partidas que se destinan a OBRAS PÚBLICAS.
Para ponerlo en contexto, solo digamos que para el año 2013 se estima que los gastos corrientes representarán el 94%, mientras que solamente el 6% restante se destinará a Gastos de Capital, y desagregando el mismo, solamente el 3.3% del presupuesto se destina a inversión real directa, esto es 4600 millones de un total de 139.000 millones.
Para este año 2012, cuando el año pasado votamos el presupuesto, la relación era de 3,7% de inversión real directa, es decir 4200 millones de 113.800 millones. Estos datos, que reflejan un nivel de inversión paupérrimo ya en la intención, se convierten en peores aún cuando nos enfocamos en la ejecución real y efectiva, analizando los datos con que contamos a agosto de este año, y con lo que el propio Ejecutivo reconoce que ocurrirá en el Proyectado a Diciembre.
Tomando las dos áreas más significativas, esto es Ministerio de Infraestructura, y Dirección de Vialidad, podemos observar las fotos de la miseria:
Para Ministerio de Infraestructura:
Monto Presupuestado Anual: 2.326 (millones de pesos)
EJECUTADO: 794 (millones de pesos)
SALDO SIN EJECUTAR: 1.532 (millones de pesos)
PORCENTAJE DE UTILIZACION: 34%
DIRECCION DE VIALIDAD:
Monto Presupuestado Anual: 1.875 (millones de pesos)
EJECUTADO: 475 (millones de pesos)
PORCENTAJE DE UTILIZACION: 25%
El porcentaje promedio de utilización del Presupuesto, en el Área de Infraestructura, a Agosto es del 34%, al analizarlo por PROGRAMAS, que va del 100% (o sea se agotó la partida), en el Programa – Emergencia de Infraestructura, al 0%, si 0%, – Servicio de Seguridad, y otras menores, pasando por un 6% – ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo).
Lo mismo se repite en VIALIDAD, donde – Construcciones Viales, de 1035 millones asignados se han ejecutado 192 millones, quedando pendientes, nada menos que 843 millones, o como el caso – Mantenimiento Red Vial, también se ha ejecutado solamente el 21% de lo previsto, tan solo 33 millones, de un total de 158 millones.
Los casos se repiten en casi todas las áreas, los ejemplos que asombran son abundantes.
La Dirección General de Cultura y Educación tiene asignado un presupuesto para el 2013 de $ 41.824 millones. El 98% del presupuesto se destina al pago de sueldos (Rem.y Transf. Ctes), solo el 1% se destina a infraestructura.
Cabe destacar que las escuelas donde el temporal del 4 de Abril del 2012 hizo destrozos, hasta hoy se dictan clases día por medio.
Se destinará $9.165 millones, un 6,60% del Presupuesto. Equivale a la menor inversión de la historia en salud. Nuestra Provincia es la que mayor presión tributaria ejerce sobre los contribuyentes.
Se pide de esta Honorable Legislatura la autorización a fin de renovar y en este caso ampliar, la DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO BONAERENSE.
Del mensaje con que el Gobernador acompaña al proyecto de Ley de Presupuesto las cifras son mostradas como mejor conviene a los intereses de quien emite el mensaje. Sin duda, en una lectura rápida son cifras muy auspiciosas, pero no es menos cierto que la reducción en el monto de los servicios de la deuda a que se hace referencia como un gran logro, lo es con el Estado Nacional, a la sazón nuestro principal acreedor, que no hace sino prestarnos plata sacándola del mismo cajón donde guardó la que no nos dio o perdonándonos intereses que nos cobra con otro nombre.
Por eso decíamos primero que no dudamos de la veracidad de las cifras, lo que nos admiramos es de la creatividad con las que se las ha expuesto. En cambio, también de fuentes indubitables como es la propia Dirección de Crédito Público, y como publica en su página WEB, la deuda en dólares de la Provincia, pasó de 6935 millones en el año 2000 a 14135 millones a fines de 2011, es decir que se duplicó, y ello sin contar que no se incluye desde 2007 la Deuda con el IPS de la Provincia de Buenos Aires.
Por eso votamos en contra el mayor endeudamiento esté justificado en razón del destino, de la importancia o magnitud de la obra a encarar, y fundamentalmente, de su perdurabilidad en beneficio de las generaciones futuras a quienes le transferimos la obligación de honrar los compromisos que nosotros contraemos.
Es por lo expuesto, que también adelantamos, que a la hora de la votación de esta ley de presupuesto en particular, nos limitaremos a aprobar los artículos relativos a autorizaciones de endeudamiento que consisten en la renovación de las facultades ya conferidas en ejercicios anteriores, rechazando los artículos que implican la toma de nuevos fondos, en el convencimiento que los mismos tendrán por finalidad financiar gasto corriente, en contraposición a lo que una sana administración indica.
No queremos en este instante dejar de mencionar otro hecho curioso:
En la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, con estos argumentos, le dicen al Gobernador Peralta que no le aprueban la emisión de un título para cubrir obligaciones por parte del Estado Provincial, y ha sido el mismísimo Ministro de Planificación General de la Nación, Julio de Vido quien les pidió a los legisladores Santacruceños que “no voten una ley para endeudarse con el fin de cubrir gastos generales”.
Se incrementa el coeficiente con el que se determina la base imponible del impuesto, pasando del 0,65 al 0,85, provocando como resultado un incremento en el impuesto del 30,7%.
Con respecto al Inmobiliario Rural, el esquema para 2013 es el que se plasmara con la reforma llevada adelante este año por medio del llamado REVALUO, agravado por el hecho que, no se sostiene para el próximo año la exención del 100% sobre las construcciones y mejoras ubicadas sobre predios rurales, que se esgrimiera en abril de este año como gran concesión en medio de tanto reajuste, y que servía para dejar sentado la sensibilidad del Ejecutivo para con el sector agropecuario…
La otra gran novedad en los artículos 114 a 120 del Código Fiscal de cobrar un impuesto adicional, en los casos de titularidad de más de un inmueble por parte de un mismo propietario, resultante de sumar los valores imponibles de dichos inmuebles, separados por categoría (urbana, rural, baldío) como si se tratase de un solo inmueble, aplicándole en consecuencia el tramo de escala que corresponda para esta sumatoria.
Esto hará perder la naturaleza objetiva del tributo, y estaríamos legalizando un impuesto sobre los bienes personales provincial, cuyo impacto no es posible medir si no es caso por caso, amén de constituir una flagrante doble imposición por superposición con el gravamen nacional.
En materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la matriz se repite: La base es la ley vigente para el ejercicio 2012, con las modificaciones introducidas por la ley 14357, que no será recordada precisamente por su número, sino como la ley del “IMPUESTAZO”, INCREMENTANDO CUANTA ALICUOTA ENCUENTRE QUE CORRESPONDA A ACTIVIDADES A LAS QUE ESTE MODELO ESTIGMATIZA, SEA MEDIANTE EL ENTRELAZAMIENTO DE ARTICULOS E INCISOS QUE CONFORMAN UN LABERINTO CAPAZ DE HACER PERDER AL MAS BAQUEANO, O SEA DESEMBOZADAMENTE CUANDO LO PRIMERO NO RESULTA POSIBLE.
La manda que impone la existencia de una ley impositiva anual, es decir que caduca finalizado el año para el que se dicta, nos obliga por la responsabilidad institucional que nos ha sido depositada, a votar en general favorablemente esta LEY IMPOSITIVA, aún con los gravísimos defectos que aquí estamos marcando. Es por ello que siendo coherentes con esta posición, también votaremos favorablemente en particular los artículos 21, 23 y 24, 27 a 29, y 31 a 43 de este proyecto de Ley Impositiva.
En materia del Impuesto la Ley 14357, que no será recordada precisamente por su número, sino como la ley del “IMPUESTAZO”, INCREMENTAN CUANTA ALICUOTA ENCUENTRE QUE CORRESPONDA A ACTIVIDADES A LAS QUE ESTE MODELO ESTIGMATIZA.
Votaremos en forma negativa en particular, los artículos 22, 25, 26, y 30, por tratarse de artículos que importan aumentos de alícuotas que ya son altas, y respecto de los cuales no encontramos mas fundamento que la necesidad recaudatoria como es el caso del artículo 22, que instituye aumentos en la actividad de ventas al por mayor de insumos agropecuarios, de la actividad de la construcción, de los seguros, de los servicios financieros, con la sola excepción del incremento de tasas sobre la actividad de los bingos, que no tendríamos inconveniente en acompañar.
Tampoco apoyamos los artículos 25 y 26 por provocar un aumento del 3,5% al 4%, a contribuyentes del sector servicios. El artículo 30 manda gravar con un incremento del 100% respecto del nivel de tributación actual, a las actividades agropecuarias que se especifican conforme al Nomenclador Vigente, por el solo hecho de llevarse a cabo en campos arrendados.
Y párrafo aparte y final merece en lo que hace al Capítulo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la pretensión a la que nos oponemos, que introduce el artículo 30 que manda gravar con un incremento del 100% respecto del nivel de tributación actual, a las actividades agropecuarias que se especifican conforme al Nomenclador Vigente, < toda vez que el sujeto que la lleve adelante haya tenido ingresos en el año anterior, superiores a los DIEZ MILLONES DE PESOS.
Esta contribución diferenciada que no hemos de avalar, se ve impulsada, amén del afán recaudatorio que resulta denominador común, por un prejuicio de tipo ideológico que enfila la puntería de la herramienta de la imposición, hacia un sector y/o modalidad de explotación que no resulta del agrado de quienes marcan los principios doctrinarios de este gobierno.
En lo que tiene que ver con el Impuesto Automotor, acompañamos las disposiciones de los artículos 44 a 50 de la Ley, en tanto no implican cambios respecto de la normativa vigente.
De igual forma apoyaremos la contribución especial que se establece por los artículos 146 y 147 de esta Ley y consistente en un 15% del impuesto automotor de Camiones, camionetas, pick-ups y jeeps y 10% sobre el resto de los vehículos, que será destinada al fondo Provincial de Vialidad, salvo lo que se recaude por los municipalizados.
Atento la emergencia vial no declarada que padece la provincia, nos parece atinado la adopción de esta fuente tributaria condicionada a que lo recaudado se vuelque en forma efectiva e inmediata a las obras viales que la ciudadanía reclama.
Llegando al Capítulo del Impuesto de Sellos, por las razones institucionales de las que ya diéramos razón, habremos de acompañar el art. 51 y 53 a 61 de este Proyecto, pese a repetir las tasas incrementadas en un 20% o más, según se dispusiera por la ley de reforma de hace tan solo algunos meses, y que a riesgo de ser reiterativos, no podemos dejar de manifestar que nos opusimos completamente.
Y en el “pese a”, también debemos incluir a la mayor carga que se propicia por el inciso e) del punto 8, que eleva de 10 a 15 por mil la alícuota aplicable a “los contratos de locación o sublocación de inmuebles destinados total o parcialmente al desarrollo de actividades de agricultura y/o ganadería cuyos locatarios no sean personas físicas y/o sucesiones indivisas”, otra carga más que solo resulta coherente con la pretensión de gravar de manera diferencial en más, en ingresos brutos, a los arrendatarios.
Lamentablemente, tenemos que hacer esta salvedad para al menos simbólicamente dejar sentada nuestra postura, toda vez que los artículos se ponen a votación en forma íntegra y no por incisos o apartados.
Por fortuna, no es el caso del artículo 52: En una disposición que pareciera destinada a “QUEDAR BIEN”, con la campaña de PESIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA que persigue el Gobierno Nacional, la LEY IMPOSITIVA pretende encarecer los sellados en un veinte por ciento (20%) “cuando el valor imponible del acto, contrato u operación gravado, se exprese total o parcialmente en moneda extranjera”.
En verdad, por más esfuerzo intelectual que hagamos, y no habiendo tampoco el Ejecutivo dado razón del porqué de esta tasa diferencial, lo que como diríamos en Derecho, corresponde demostrar a quien lo alega, no hemos de convalidar este artículo en la votación en particular.
Sobre la Ley Impositiva se vota en contra todo el articulado, excepto el inciso Q del artículo 22.
Sobre la Ley de Presupuesto, votamos en contra los artículos 33, 37, 38, 40 y 42.

References: resolución 
 artículo 22
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 52
 artículo 22