Source: http://www.cidh.org/countryrep/Haiti95sp/cap.3.htm
Timestamp: 2018-09-21 05:34:12+00:00

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Haiti 1995 - Capitulo III
CAPITULO III: LA SITUACION POLITICA EN HAITI
50. El presente capítulo tiene por objeto informar sobre la continuación del proceso político en Haití, así como las negociaciones y gestiones realizadas por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de encontrar una solución a la crisis haitiana. La información proporcionada por la Comisión no pretende ser exhaustiva, simplemente reseñar las decisiones más importantes tomadas por la comunidad internacional a partir de enero de 1994, las reacciones políticas en Haití y sus repercusiones en materia de derechos humanos.
2. El retorno de la Misión Civil OEA/ONU
51. Ante el bloqueo de la situación política en Haití y la agravación de la situación de los derechos humanos, el Enviado Especial de la ONU/OEA, Sr. Dante Caputo recomendó, a principios de enero de 1994, el retorno a Haití de la Misión Civil Internacional. El 26 de enero llegó el primer grupo de 22 observadores, al que se uniría más tarde el resto del equipo que se encontraba en Santo Domingo. A su llegada, la Misión Civil se concentró en Puerto Príncipe y constató un recrudecimiento de la violencia, tanto en la capital como en sus alrededores. El número de asesinatos se mantuvo a un nivel alarmante, en especial las ejecuciones extrajudiciales. En ciertos casos, la Misión Civil obtuvo información que le permitió concluir sobre la responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, sus auxiliares y de miembros del FRAPH. En otros casos, los testimonios recibidos por la Misión señalaban como agresores a civiles armados, lo cual no permitía establecer si se trataba de "attachés" o de bandas armadas que actuaban con la complicidad de las Fuerzas Armadas.
52. La Misión Civil OEA/ONU publicó durante los dos primeros meses de su llegada 11 comunicados de prensa señalando la deterioración de la situación de los derechos humanos, la ola de represión en las áreas rurales, las desapariciones y la existencia de centros de detención clandestinos. No obstante, la presencia y los esfuerzos desplegados por la Misión Civil la situación continuó agravándose y se tornó crítica a fines de abril cuando militantes del FRAPH y fuerzas militares masacraron a más de veinte personas en Raboteau, población de Gonaives.
3. Nuevos esfuerzos para continuar el proceso de negociaciones
53. Durante el mes de febrero de 1994 surgió el "Plan de los Parlamentarios", el cual proponía la designación de un nuevo Primer Ministro, el retiro del General Cédras, la votación de la ley de amnistía y la aprobación, después de que entrara en funciones el nuevo gobierno, de la ley sobre la creación de un cuerpo de policía. Al final se preveía el retorno del Presidente Aristide, pero no se fijaba fecha al respecto. El plan fracasó al no encontrar apoyo en ninguno de los países amigos de Haití y tampoco fue aceptado por el Presidente Aristide por considerar que ese plan se apartaba del Acuerdo de Governors Island.
54. En el mismo mes de febrero se produjo una división en el Senado, cuando cinco senadores de la Alianza para la Cohesión Parlamentaria y ocho senadores elegidos en las controvertidas elecciones del 18 de septiembre de 1993, expulsaron violentamente al Presidente del Senado haitiano, Firmin Jean-Louis junto con los 12 senadores elegidos democráticamente en 1990 y designaron a Bernard Sansaricq. A pesar de que esto dio lugar a una dirección paralela del Senado, la facción liderada por Bernard Sansaricq nunca fue reconocida por la comunidad internacional.
55. El 23 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 903, a través de la cual renovó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas (MINUHA) --que en realidad no se había desplegado hasta ese momento en Haití-- hasta el 30 de junio de 1994 y solicitó al Secretario General le informase cuando existieran las condiciones necesarias para el envío de dicha Misión. En el mismo mes de marzo, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos lanzaron un llamado en favor de un "Plan de Acción Humanitaria" destinado a responder a las necesidades más urgentes de la población haitiana. El presupuesto para poner en marcha el plan de ayuda fue evaluado en 62.7 millones de dólares, los cuales serían repartidos en diferentes campos: salud, nutrición, agricultura y educación. Como las contribuciones no resultaron suficientes, ambas organizaciones tuvieron que hacer un llamado para obtener fondos disponibles dentro del marco de sus programas nacionales para realizar las actividades.
56. En su informe del mes de abril, el Secretario General de la ONU, indicó que las negociaciones conducidas hasta esa fecha no habían desembocado en un progreso concreto, por lo que sería conveniente recomendar la búsqueda de una vía más propiamente haitiana. Por esa razón indicó que sería deseable que los actores, con el apoyo de la comunidad internacional, retomaran un papel efectivo en ese proceso. Agregó asimismo que la comunidad internacional y, en particular, los países más implicados deberían en esa fase buscar una unidad de acercamiento tomando en cuenta el bloqueo reciente de las negociaciones.
4. Ampliación de las sanciones del embargo y sus repercusiones políticas
57. Por una parte, las dos semanas de huelga de hambre del conocido defensor de derechos humanos y director del grupo TransAfrica, Randall Robinson, la detención de seis congresistas que manifestaban ante la Casa Blanca y las agudas críticas del Presidente Aristide contra la política del Gobierno de Clinton. Por otra parte, las críticas de grupos no gubernamentales de derechos humanos sobre la falta de voluntad política de tomar decisiones firmes para reinstaurar a Aristide en el poder y de cambiar la política de repatriación sumaria de los refugiados haitianos y la degradación de la situación de los derechos humanos en Haití hicieron revisar la política del Gobierno estadounidense y se habló de pedir al Consejo de Seguridad de la ONU la aplicación de un embargo total contra el régimen de facto de Haití.
58. Después del cambio de política anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos, Lawrence Pezzullo, Consejero del Departamento de Estado para Haití renunció, el 27 de abril, y en su lugar fue nombrado William Gray, ex-congresista demócrata como asesor especial.
59. Como parte de los esfuerzos para resolver la crisis en Haití, por medios pacíficos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 917, el 6 de mayo, mediante la cual se ampliarían las sanciones del embargo impuesto a Haití en octubre de 1993 y el cual no había tenido el efecto deseado, principalmente en la extensa frontera haitiano-dominicana.
60. Las sanciones comprendidas en la Resolución 917 entrarían en vigor en un plazo de 15 días y a partir de esa fecha todos los Estados: 1) negarían permiso a cualquier aeronave para despegar, aterrizar o sobrevolar su territorio si su destino o procedencia era el territorio de Haití, a menos que el vuelo hubiera sido aprobado por razones humanitarias; 2) prohibirían el ingreso a sus territorios a todos los oficiales militares de Haití, incluida la policía y a sus familiares inmediatos, a los principales participantes en el golpe de Estado de 1991 y a sus familiares; 3) prohibirían la importación a su territorio de todos los bienes y productos que tuvieran su origen en Haití y que se exportasen de ese país, salvo aquellos destinados por razones humanitarias y 4) se instó a todos los Estados a que congelaran inmediatamente los fondos y los recursos financieros de las personas comprendidas anteriormente.
61. En su Resolución 917, el Consejo advertía en cinco puntos que las sanciones no serían levantadas por completo hasta:
a) El retiro del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Haitianas y la renuncia o la partida de Haití del Jefe de la Policía de Puerto Príncipe y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas;
b) El cambio total, mediante el retiro o la partida de Haití, de la jefatura de la policía y los altos mandos militares previsto en el Acuerdo de Governors Island;
c) La adopción de las medidas legislativas prevista en el Acuerdo de Governors Island, así como la creación de condiciones adecuadas para la organización de elecciones legislativas libres y limpias en el marco del pleno restablecimiento de la democracia en Haití;
d) El establecimiento por las autoridades de las condiciones adecuadas para el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUHA);
e) El regreso a la brevedad posible del Presidente democráticamente electo y el mantenimiento del orden constitucional, condiciones que son necesarias para el pleno cumplimiento del Acuerdo de Governors Island.
62. Ante la agravación de la situación de los derechos humanos en Haití, el Consejo Permanente de la OEA, mediante la Resolución 630 del 9 de mayo,[9] condenó enérgicamente las violaciones masivas cometidas bajo el régimen militar de Haití y mencionó al respecto los recientes informes de masacres e incendios que tuvieron lugar en Cité Soleil, Borgne y Raboteau, los cuales constituían un serio obstáculo a la plena consecución de los propósitos perseguidos por la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores y trataban de anular todo propósito de ejercer cabalmente la soberanía política de la nación haitiana.
63. En la misma resolución, el Consejo Permanente solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgara prioridad a la investigación de casos de ejecuciones masivas, abusos sexuales y secuestros de menores, especialmente cuando estos fueran utilizados como métodos de terror político e informara a la Asamblea General en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones, el resultado de la próxima visita de observación a Haití.
64. Antes de que venciera el plazo para que entrara en vigor la Resolución 917 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU y en abierto desafío a la comunidad internacional, Emile Jonassaint[10], magistrado de la Suprema Corte fue designado Presidente provisional de Haití con el respaldo de cinco Senadores encabezados por Sansaricq y apoyados por los militares, en presencia del Jefe de las Fuerzas Armadas, Raoul Cédras.
65. El nombramiento de Jonassaint fue repudiado de inmediato por la ONU y la OEA. El Consejo Permanente de esta última organización declaró en forma unánime que la crisis haitiana sólo se solucionaría con el retorno de Aristide y que todo acto del gobierno ilegítimo sería considerado sin valor, incluyendo un eventual llamado a elecciones.[11] Posteriormente, la falta de legitimidad con que se llevó a cabo el nombramiento de Jonassaint aisló a los políticos que lo apoyaron y la Cámara de Diputados indicó que no reconocería dicho gobierno ni las decisiones que ese adoptara.
66. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encontraba durante esos días en Haití (del 16 al 20 de mayo), indicó que el hecho de instalar un "gobierno" sin votación popular y contraviniendo la Constitución haitiana representaba una flagrante violación de los derechos políticos del pueblo haitiano, así como de los derechos a la participación política establecidos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
67. La CIDH realizó una visita de observación sobre la situación de los derechos humanos en Haití, en la que a pesar de habérsele impedido realizar parte de su agenda de trabajo por parte de las autoridades militares, y del temor expresado por muchas personas de entrevistarse en lugares públicos, la Comisión se reunió en lugares clandestinos y obtuvo abundante información.
68. Al final de su visita, la Comisión informó en rueda de prensa que: los numerosos testimonios de las víctimas de violaciones le permitieron constatar el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país desde su última visita en agosto de 1993. La documentación recibida por la Comisión indicaba, entre otras violaciones, 133 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre febrero y mayo del presente año. Igualmente, la Comisión recibió información de la existencia de cadáveres severamente mutilados en las calles de Puerto Príncipe y comprobó directamente un caso de tal tipo. La Comisión señaló que el propósito de esos actos era aterrorizar a la población.[12]
69. Ante la negativa de los militares de llegar a una solución a la crisis política, las sanciones impuestas en la Resolución 917 de la ONU entraron en vigor el 21 de mayo de 1994.
5. Resolución 6/94 "Llamado al Retorno a la Democracia en Haití" de la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA
70. Durante la vigésimo cuarta reunión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en Belem do Pará, Brasil, del 6 al 10 de junio de 1994, la Reunión ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores tomando en cuenta los informes presentados por la CIDH y por la Misión Civil OEA/ONU, emitió la Resolución No. 6/94 "Llamado al Retorno a la Democracia en Haití", mediante la cual condenó la persistencia de maniobras dilatorias e intimidatorias de las autoridades militares de facto, así como la represión ejercida por esos mismos contra los partidarios de la democracia.
71. También en esa resolución se pidió: 1) el apoyo para fortalecer la Misión Civil Internacional para que aumente su personal; 2) solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siga resaltando las violaciones de los derechos humanos del pueblo haitiano, prosiga sus investigaciones sobre la conducta de las autoridades de facto a fin de contribuir a la determinación de las responsabilidades por las violaciones cometidas, colabore con el Gobierno de Haití en la elaboración y ejecución de programas de reformas de las instituciones judiciales del país y continúe colaborando con la Misión Civil.
72. Finalmente, la Resolución 6/94 instó a todos los Estados miembros a que apoyen las medidas de las Naciones Unidas para fortalecer la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUHA) a fin de que pueda asistir en el restablecimiento de la democracia mediante la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el adiestramiento de la nueva fuerza de policía, ayudando a mantener el orden público y protegiendo al personal de las organizaciones internacionales y otras organizaciones que participan en los esfuerzos humanitarios y de derechos humanos en Haití. La Resolución contiene también un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la atención del problema de las personas que huyen de Haití y ayude al procesamiento de sus solicitudes de asilo en calidad de refugiados, ofreciéndoles protección cuando reúnan los requisitos para ello.
6. Medidas para forzar la salida de los militares haitianos
73. El 10 de junio, el Gobierno de los Estados Unidos anunció su determinación de buscar el aislamiento económico, financiero y aéreo de Haití, en un nuevo intento de forzar la salida de los militares en el poder. En consecuencia, el Presidente Clinton ordenó la suspensión de sus vuelos comerciales hacia Haití a partir del 25 de junio, dando así un plazo para que los estadounidenses que residieran en ese país y quisieran abandonarlo, tuvieran tiempo para hacerlo. Canadá y Panamá adoptaron medidas similares. Después de esa fecha, las únicas comunicaciones aéreas de Haití estarían aseguradas por la compañía holandesa ALM y por Air France, las que más tarde suspendieron también sus vuelos.
74. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió el 30 de junio la Resolución 933/94, mediante la cual pidió al Secretario General que presente al Consejo, a más tardar el 15 de julio de 1994, un informe en el que figuren recomendaciones concretas sobre los efectivos, la composición, el costo y la duración de la MINUHA, con miras a su ampliación y despliegue, la que llegado el momento prestaría asistencia al Gobierno democrático de Haití para garantizar la seguridad de la presencia internacional, los altos funcionarios del Gobierno de Haití y las instalaciones de importancia fundamental; y prestar asistencia para el mantenimiento del orden público y la celebración de las elecciones legislativa que habrían de convocar las autoridades constitucionales legítimas. Igualmente decidió prorrogar el mandato de la MINUHA hasta el 31 de julio de 1994.
7.- Expulsión de la Misión Civil OEA/ONU
75. Inesperadamente, el 5 de julio, el Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Cultos de Haití envió una nota a la Misión Civil señalando que su mandato había expirado y que ella continuaba funcionando en condiciones "no definidas e irregulares", por lo que indicaba que suspendieran sus actividades. Posteriormente, el 11 de julio, las autoridades de facto entregaron al Emb. Colin Granderson, Director de la Misión Civil, un decreto emitido por el Presidente no reconocido por la comunidad internacional, Emile Jonassaint, en el cual declaraba a los miembros de esa Misión "indeseables" y les daba un plazo de 48 horas para abandonar Haití. Inmediatamente, los Secretarios de la OEA y la ONU emitieron una declaración conjunta, en la cual condenaron el deplorable hecho[13] y ordenaron la evacuación de la Misión.
76. Por una parte, la expulsión de la Misión Civil evidenció una vez más el franco desprecio de las autoridades de facto hacia la comunidad internacional. Por otra parte, la población haitiana experimentó un sentimiento de desesperanza y de abandono ante las transgresiones de los derechos humanos, los cuales se hacían cada vez más patentes sobre aquellas personas que guardaban una relación directa con el régimen democrático.
77. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicado del 27 de julio[14], manifestó su preocupación por la expulsión de que fue objeto la Misión Civil, señalando que con ello se privaba al pueblo haitiano de un testigo de las violaciones, y a las instituciones de derechos humanos de una fuente de datos que resultaba indispensable para su tarea. Como resultado de esos acontecimientos, la Comisión consideró conveniente realizar inmediatamente una visita a Haití, con la finalidad de observar la situación de los derechos humanos en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de explorar métodos para terminar dichas violaciones y desarrollar medios alternativos de información.
78. La Misión Civil OEA/ONU presentó, el 27 de julio, un informe titulado "Situación de la Democracia y de los Derechos Humanos en Haití"[15] que cubre el período entre el 31 de enero y el 30 de junio de 1994, en donde señala la represión política ejercida por los militares y las numerosas violaciones de derechos humanos como consecuencia de la misma. El informe indica también los hostigamientos e intimidaciones de que fueron objeto los miembros de la Misión Civil, por parte de las autoridades de facto con la finalidad de obstaculizar sus actividades.
8. Resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU
79. Ante los recientes acontecimientos y el recrudecimento de la violencia en Haití, el Presidente Aristide pidió a la comunidad internacional, mediante carta del 29 de julio dirigida al Secretario General de la ONU, tomar una acción rápida y decisiva bajo la autoridad de las Naciones Unidas a fin de permitir una aplicación total.
80. El 31 de julio de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución No. 940/94, mediante la cual decidió lo siguiente:
Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, autoriza a los Estados Miembros a integrar una fuerza multinacional bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, a recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con el Acuerdo de Governors Island, el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de Haití, así como a establecer y mantener un entorno seguro y estable que permita la aplicación del Acuerdo de Governors Island...,
81. Inmediatamente a esa resolución, las autoridades de facto de Haití decretaron el estado de sitio y la idea de una intervención de los Estados Unidos llevó a los militares haitianos a recrutar por la fuerza a numerosas personas y adiestrarlos para defender el país.
82. La situación en Haití se hizo muy tensa durante el mes de agosto y algunas Embajadas retiraron al personal diplomático. En varias ocasiones las líneas telefónicas fueron cortadas dejando al país incomunicado. Los ataques a los medios de prensa se hicieron constantes y mediante decretos de las autoridades de facto se les prohibió difundir información proveniente de Embajadas (en especial la de Estados Unidos). No se permitía la entrada al país a los periodistas que lo intentaban a través de la República Dominicana, a menos que pagasen 500 dólares y sólo se les daba acceso a ciertos eventos y lugares.
83. La situación de los derechos humanos en Haití siguió degradándose aún más. El asesinato a sangre fría del Padre Jean-Marie Vincent, amigo cercano y partidario de Aristide, cometido el 28 de agosto, era uno más en la serie de violaciones cometidas impunemente. Su muerte representó un duro golpe contra el sector que apoyaba el retorno del régimen democrático y los medios cristianos de las comunidades de base. Las Fuerzas Armadas haitianas continuaban desafiando a la comunidad internacional y cometiendo todo tipo de actos violentos para seguir la represión contra la desafortunada población que también cargaba con el peso de las sanciones aplicadas por el embargo. Una economía al borde del colapso, con una terrible escasez de productos y más de un 80% de desempleo, así como los obstáculos creados por las autoridades de facto tendientes a impedir la distribución de la ayuda humanitaria por casi un mes.
84. El Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, había anunciado a mediados de agosto 1994 el envío de una Misión de la ONU para dialogar con los militares haitianos. Su emisario, el Sr. Rolf Knutsson viajó con antelación a la República Dominicana y de allí hacer los arreglos necesarios para que recibieran a la Misión, la que trataría sobre la salida de los militares en forma pacífica. Sin embargo, los militares hicieron saber que tendrían que hablar con el Presidente de la Cámara de Diputados y Bernard Sansaricq que fungía como Presidente del Senado para discutir sobre un plan de reconciliación nacional y no sobre la aplicación de la Resolución 940.
85. El 30 de agosto, Boutros Ghali anunció el fracaso de dicha iniciativa, al mismo tiempo señaló que la situación en Haití era insostenible para el pueblo haitiano, ante la represión y violaciones de los derechos humanos e indicó que los países que habían recibido un mandato para intervenir en Haití tenían que tomar sus propias decisiones.
86. Durante la reunión de los Cancilleres de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) a la que asistieron el subsecretario de Estado norteamericano, Strobe Talbott y el subsecretario de Defensa, John Deutch, el 30 de agosto, se discutieron algunos puntos de la Resolución 940 que se refieren a la fuerza multinacional. Dicha resolución contemplaba una operación en dos fases: la primera una fuerza multinacional que invadiría Haití y tomaría el control, y luego una misión de la ONU-MINUHA compuesta por 6000 hombres mantendría la paz y controlaría las fuerzas de seguridad haitianas. En un principio, cuatro países afirmaron que contribuirían con una fuerza de paz de 266 miembros del CARICOM (Jamaica, Barbados, Belice y Trinidad y Tobago), destinada a mantener el orden en Haití después del derrocamiento de los militares. Gran Bretaña informó sobre su participación en la fuerza multinacional. Se esperaba que otros países contribuirían en la segunda fase de la operación.
87. Por otra parte, a fines de agosto, 88 observadores de la ONU, "Grupo Multinacional de Observadores" (GMO), fueron asignados en la frontera entre la República Dominicana y Haití, para evitar el contrabando de combustible y de otros productos hacia el territorio haitiano, de acuerdo con el embargo decretado por las Naciones Unidas. Canadá, Argentina, Jamaica, Barbados y Antigua participaron en dicho grupo. También el Ejército dominicano desplazó 15000 soldados en la región fronteriza, sin embargo, según ciertas informaciones, todavía continuaba el contrabando de combustible entre esos países.
9. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y los militares haitianos
88. Ante la crítica situación por la que atravesaba Haití y una inminente invasión, la Comisión señaló, el 31 de agosto, que en su próxima sesión de septiembre analizaría detalladamente la situación de Haití y las medidas que podría tomar para contribuir a aliviar el continuo patrón de violaciones de derechos humanos en ese país.
89. El 15 de septiembre de 1994, ante la negativa de los militares de dejar el poder el Presidente Clinton anunció la invasión a Haití. Al día siguiente informó que como último esfuerzo para evitar la intervención armada se enviaría una Misión compuesta por el ex-Presidente James Carter, el General Colin Powell y el senador San Nunn, para tratar sobre los términos de la salida de los militares del país. El 18 de septiembre, el Gobierno de los Estados Unidos informó sobre el acuerdo obtenido con el General Cédras de abandonar pacíficamente el poder, contando con un plazo hasta el 15 de octubre y durante ese período el Parlamento haitiano trabajaría sobre la ley de amnistía. Parte del acuerdo estipulaba que las fuerzas policiales y militares haitianas trabajarían en estrecha cooperación con la Misión militar de los Estados Unidos. Dicho acuerdo fue recibido en diferentes medios con muchas interrogantes.
10. Llegada de la Fuerza Multinacional
90. La Fuerza Multinacional comandada por los Estados Unidos llegó el 19 de septiembre de 1994 a Haití y permanecería en el país hasta la llegada de la MINUHA. Ese mismo día, el Representante especial de la ONU/OEA para Haití, Sr. Dante Caputo presentó su dimisión, indicando en su carta la ausencia total de consulta entre los Estados Unidos y la ONU y la decisión tomada unilateralmente en el proceso haitiano. Cuatro días más tarde el Secretario General de la ONU nombró al ex-Ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Sr. Lakhdar Brahimi, como su Representante Especial para los asuntos de Haití.
91. Con motivo del desembarco de los Infantes de Marina de los Estados Unidos un gran sector de haitianos se había reunido en Puerto Príncipe para observar su llegada y manifestar su júbilo ante lo que significaba para ellos una protección de sus garantías individuales, cuando agentes de la Policía dispersaron a la gente golpeando severamente a los manifestantes ante la presencia de los soldados norteamericanos sin que éstos intervinieran. Los hechos de violencia dejaron un saldo de dos muertos y numerosos heridos. Días más tarde se produjo en Cabo Haitiano un choque armado entre una patrulla de la Fuerza Multinacional y militares haitianos, en el que murieron diez de éstos últimos.
92. Los actos de violencia fueron repudiados por el Consejo Permanente de la OEA, mediante la Declaración CP/DEC. 21 (1006/94), del 22 de septiembre de 1994, en la que solicitó el regreso de la Misión Civil Internacional a Haití e instó a la CIDH para que de acuerdo con la visita solicitada por el Presidente Aristide, coadyuvara a la defensa y promoción de los derechos humanos en ese país. En la misma declaración, el Consejo, al igual que las Naciones Unidas, expresó su satisfacción por los progresos que se habían alcanzado en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis de Haití.
93. El 29 de septiembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 944 en la que le pidió al Secretario General que tomase las medidas necesarias para completar de inmediato el despliegue de los observadores y de los demás miembros del grupo de avanzada de la Misión de las Naciones Unidas en Haití.[16]
94. Por su parte, el Parlamento haitiano inició el 5 de octubre de 1994 el estudio del proyecto de ley de amnistía para los militares que participaron en el golpe de Estado que derrocó al Presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide. El nuevo proyecto contiene una enmienda al artículo 3 de la antigua ley de amnistía establecida en 1860, la que precisa que de acuerdo con la Constitución solamente el Jefe del Estado puede concederla y sólo en materia política, es decir, casos de crímenes y delitos en contra de la cosa pública (res publica), de la seguridad interior y exterior del país cuando los crímenes tiendan a perturbar al Estado y los crímenes y delitos accesorios definidos como tal por el Código Penal. Dicha ley fue votada el 6 de octubre de 1994.
95. Desde el Acuerdo de Governors Island, en julio de 1993, los militares haitianos habían exigido que se les otorgara una amnistía a cambio de permitir el retorno del Presidente Aristide, reclamando una ley amplia que cubriera todas las violaciones a la ley surgidas a raíz del golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991.
96. El 3 de octubre de 1993, el Presidente Aristide había emitido un decreto de amnistía que comprendía las infracciones políticas cometidas desde el 29 de septiembre de 1991 al 3 de julio de 1993. Dicha amnistía no comprendía los delitos de derecho común, ni protegería de eventuales demandas judiciales civiles a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Haití después de esa fecha. El decreto fue rechazado por los militares quienes exigían una ley que cubriera todo el período del régimen de facto.
97. El 10 de octubre, un día antes de que venciera su mandato, el General Cédras anunció que abandonaría el país y efectuó el traspaso de la jefatura de las Fuerzas Armadas al mayor general Jean-Claude Duperval, quien había sido oficialmente designado por el Presidente Aristide en diciembre de 1993. Gracias al asilo otorgado por el Gobierno de Panamá, los Generales Raoul Cédras y Philippe Biamby y 14 miembros de sus familias abandonaron el país el 12 de octubre. Una semana antes el teniente Joseph Michel François, jefe de la policía haitiana, había ingresado en la República Dominicana por medio de una visa de turista proporcionada por el gobierno de ese país, autorizándole a permanecer temporalmente mientras consiguiera residencia permanente en otro país. Posteriormente, la mayoría de los oficiales de la misma promoción de Cédras abandonarían Haití para ocupar puestos de agregados militares en diversos países.
98. Mediante nota del 11 de octubre, el Secretario General de la OEA anunció el fin de algunas de las sanciones aplicadas por ese organismo contra Haití, previa consulta con los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de la OEA, y a solicitud formulada por el Presidente Aristide. Quedarían sin efecto las medidas concernientes a la suspensión de vuelos comerciales y la suspensión de las transacciones financieras internacionales con Haití, manteniéndose las demás medidas hasta que reasumiera sus funciones el Presidente Aristide.
[9] OEA/Ser. G, CP/RES 630 (987/94) del 9 de mayo de 1994.
[10] Emile Jonassaint fue designado Presidente de la Suprema Corte a raíz del golpe de Estado de 1991.
[11] OEA/Ser.G CP/DEC.18 (986/94), del 11 de mayo de 1994.
[12] La información obtenida durante esta visita es analizada en el capítulo sobre la situación de los derechos humanos.
[13] Situación de la Misión Civil Internacional OEA/ONU, OEA/Ser.G CP/RES.633 (995/94) corr.1, del 11 de julio de 1994.
[14] Ver anexo página 110
[15] Doc. A/48/532/Add.3, del 27 de julio de 1994.
[16] Resolución 944/94, del Consejo de Seguridad de la ONU, S/1994/1109, del 29 de septiembre de 1994.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 23
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 artículo 3
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