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Timestamp: 2018-10-17 23:30:20+00:00

Document:
La cuestión de Rhodesia del Sur, a la luz de las Naciones Unidas
LA CUESTIÓN DE RHODESIA DEL SUR, A LA LUZ
VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA: LOS CINCO PRINCIPIOS DE
En el año 1964 el Gobierno de la Gran Bretaña proponía a Ehodesia
del Sur cinco puntos, a ' modo de condiciones necesarias para la independencia de ésta; condiciones que Gran Bretaña exigiría para aceptar la misma.
En términos generales, podemos resumir estos cinco puntos como sigue:
i.° Mantenimiento y garantía sin traba del principio de gobierno de
2.° El Gobierno rhodesiano daría las debidas garantías contra cualquier
regresión constitucional.
3.0 Inmediata mejoría del status político de la población africana.
4.0 Progreso hacia la terminación de toda discriminación racial.
5.0 El Gobierno de la Gran Bretaña no quedaría satisfecho con propuesta alguna de independencia que no resultase aceptable para el pueblo
rhodesiano en su totalidad.
Estos cinco principios indispensables para el reconocimiento por parte
de la Gran Bretaña de la independencia de su, en definitiva, colonia —su
régimen de autonomía interna no se producía del mismo modo ad extra—
no fueron aceptados por el Gobierno de Ian Smith, que el 11 de noviembre
de 1965 declaraba unilateralmente la independencia de Rhodesia del Sur.
Acto seguido, el Parlamento británico lo declaraba, conforme al uso constitucional, Gobierno rebelde, y el Reino Unido, come autoridad administradora, solicitaba una acción internacional para sofocar la rebelión de Rhodesia
del Sur. Es aquí cuando empieza la efectiva participación de Naciones Unidas en ese territorio.Durante ese período de gobierno laborista se celebran dos entrevistas de
Wilson y Smith para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la cuestión
rhodesiana. Las entrevistas —la primera, celebrada en diciembre de 1966,
a bordo del «Teager»; la segunda, en octubre de 1968, a bordo del «Fear177
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL.—12
less», ambas en aguas cercanas a Gibraltar— resultan infructuosas, y el
Gobierno de Su Majestad achaca el fracaso a la no aceptación por Smith
de los cinco puntos de 1964.
Estas cinco propuestas, punto de partida de posteriores negociaciones, han
sido recogidas en los acuerdos Douglas Home-Smith de 1971, según afirmación de la Gran Bretaña, afirmación, como luego veremos, sumamente
De entonces acá se ha producido un cambio de opinión en el Gobierno
británico, cambio que podemos imputar a las implicaciones económicas del
Reino Unido en Rhodesia del Sur. La mayor parte de las grandes empresas
que actúan en este país son británicas, y sus intereses han hecho prevalecer un criterio de reconocimiento del actual régimen rhodesiano, tras la
negociación que concluyó el 24 de noviembre de 1971, del secretario de
Asuntos Extranjeros y de Asuntos de la Commonwealth de Rhodesia, negociaciones que han culminado en una serie de acuerdos cuya aceptabilidad
por el Parlamento británico está pendiente del informe de la Comisión Pearce.
SITUACIÓN POLÍTICA DE RHODESIA DEL SUR. L A S PROPOSICIONES DOUGLAS HOMESMITH. REACCIONES ANTE EL ACUERDO. LA COMISIÓN PEARCE
El Gobierno del Reino Unido, cansado de intentar un arreglo conforme
a los cinco principios citados, rompió en mayo de 1964 las negociaciones
previas con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, que había proclamado
la República —a de marzo de 1970— y puesto en vigor la «Constitución»
aprobada en 1969; el mismo día Gran Bretaña declaraba ilegal el status
republicano de la misma manera que lo había hecho con la declaración
de independencia de 1965.
La Constitución de 1969 excluía de una manera permanente la posible
representación paritaria de los africanos con los europeos en la asamblea.
Asimismo, una de sus disposiciones fundamentales, la Land Tenure Act
(ley sobre ei régimen de bienes raíces), regulaba la propiedad y la ocupación de la tierra, así como la división de ésta entre los europeos y los africanos en partes prácticamente iguales, a excepción de ciertas regiones llamadas tierras nacionales1 o tierras no reservadas (siete millones de acres);
a fines de esta ley, los mestizos y los asiáticos son equiparados a los europeos.
Además, la «Constitución» contenía una declaración de derechos cuya
LA CUESTIÓN DE RHODESIA DEL SUR...
aplicación escapaba a la competencia de los1 tribunales y permitía al régimen ordenar la detención o interdicción de un individuo sin proceso.
A pesar de todo, informada la Cámara de los Comunes por Douglas
Home —9 de noviembre de 1970— de las nefastas consecuencias que tanto
para los africanos, europeos de Rhodesia del Sur, como para el resto del
África austral supondría una ruptura definitiva con el régimen Smith, y
a pesar de las reducidas posibilidades de acuerdo, tras una serie de entrevistas preliminares entre abril y octubre de 1971 se iniciaron las negociaciones oficiales entre representantes del Reino Unido y del régimen ilegal.
En Salisbury (Rhodesia del Sur) se reúnen del 14 al 24 de noviembre de
1971 sir Alee Douglas Home, sir Peter Rawlinson, Attorney-General, y lord
Goodman, enviado especial por parte del Reino Unido —con Ian Smith,
«primer ministro»; Desmond Lardner-Burke, «ministro de Justicia y Orden
Público», y John Howman, «ministro de Asuntos Exteriores», por parte de
Rhodesia del Sur.
Los enviados del Reino Unido se entrevistan con una serie de personalidades africanas—entre ellos Joshua Nkomo, dirigente del Zinbabwe African
Peofle's Union (ZAPU), actualmente en prisión— que muestran su decidida
oposición a todo arreglo concluido sin la participación de los representantes
africanos, sin el establecimiento inmediato del Gobierno por la mayoría y la
abrogación del Land Tenure Act.
Las negociaciones concluyen el 24 de noviembre con la firma por ambas
Delegaciones de unas proposiciones para un arreglo, presentadas acto seguido
al Parlamento británico, a la Asamblea Legislativa de Rhodesia del Sur y
al Consejo de Seguridad. Dos días después de la firma, el Reino Unido publicaba un «libro blanco» con el texto de las proposiciones, en particular una
nueva declaración de derechos que preveían el reconocimiento de la «Constitución» de 1969 como instrumento de gobierno fundamental de una República de Rhodesia, modificada en una serie de puntos. La nueva declaración
de derechos prohibía la adopción de nuevas leyes discriminatorias, pero previendo que toda ley en vigor desde hacía diez años no podría ya ser declarada incompatible con una disposición de la declaración. Las proposiciones
demandaban la creación de una Comisión de examen inmediato, encargada
de estudiar el problema de la discriminación racial en todos sus puntos, prestando particular atención al Land Tenure Act. Estas recomendaciones serían puestas en aplicación por el Gobierno rhodesiano con ciertas reservas
dejadas a su consideración.
Los puntos que se modificaron en la Constitución de 1969 se pueden
i.° Progresivo avance hacia el Gobierno de la mayoría, que será hecho
realidad por la creación de una nueva lista de electores africanos, en la que
no serán inscritos más' que los africanos con un nivel de instrucción y una
situación económica iguales a los que son requeridos a los electores inscritos
en la lista europea.
•. a." Impedir un retroceso de la Constitución modificada.
3.0 Acordar un derecho de apelación ante el Tribunal Supremo contra
violaciones de disposiciones1 antidiscriminatorias contenidas en la nueva declaración de derechos.
El avance progresivo hacia un Gobierno de la mayoría se entrevé, a la
luz de la Constitución modificada, lentísimo: la composición de la Cámara
legislativa —66 miembros; de ellos, jo europeos y 16 africanos, ocho elegidos,
por sufragio directo por los electores de la actual lista africana y ocho por
sufragio indirecto por los Consejos tribales— quedaría 'igual en principio, instituyéndose, sin embargo, una nueva lista electoral africana—lista I—y
creándose dos nuevos escaños —elegidos por los electores de esta nueva lista
electoral africana— cada vez que el número de electores inscritos sobre
esta nueva lista electoral africana aumentará el 6 por 100 en relación al número de electores europeos, hasta que hayan sido creados 34 nuevos escaños y haya paridad entre los miembros europeos y africanos, que sumarán
un total de 100. Los dos primeros escaños suplementarios serían provistos por
los electores de la lista electora africana I y los dos siguientes por sufragio
indirecto según el sistema existente de los colegios electorales tribales, procediendo así hasta conseguir la paridad. La nueva Cámara legislativa estaría
entonces compuesta por 50 miembros europeos, ocho africanos, elegidos por
los electores de la lista electoral africana II; 24 miembros africanos, elegidos
por sufragio indirecto—ocho como hasta ahora y 16 más—y 18 elegidos por
sufragio directo por los electores de la lista electoral I.
Una vez conseguida la paridad, se organizaría un referéndum entre todos
los africanos inscritos en las listas para determinar si la práctica de las elecciones indirectas debía ser abandonada, de modo que en el futuro todos los
escaños serían provistos por los electores de la lista electoral africana I, o si
esta práctica se conservaría, al menos en parte.
En consecuencia, tras un examen de una Comisión, serían creados diez
escaños a proveer por los electores de una lista electoral común, lo que
daría a los africanos una pequeña mayoría en el Parlamento, o bien sería
adoptada otra solución que contase con el apoyo general.
Con respecto al llamado «Senado», no se prevé ningún cambio. Actualmente se compone de 10 europeos, 10 africanos elegidos por sufragio indirecto y tres senadores nombrados por el Gobierno. Hay que tener en cuenta
que la llamada «paridad» no existirá nunca, pues aun cuando tengan escaño
en la Cámara 50 africanos, sólo 26 de ellos serán elegidos popularmente, y
los otros, designados. La «paridad» consistirá en 26 votos africanos y 74 blancos o controlados por blancos.
Las proposiciones examinan las condiciones necesarias para la inscripción
sobre la lista electoral africana II.
Las condiciones financieras serían reducidas en dos etapas —cada vez en
un i'o por 100—, lo que permitiría a un gran número de africanos obtener
el derecho al voto. Este aumento del número de africanos1 inscritos en la lista
electoral II no sería compensado por un aumento proporcional de su representación parlamentaria, que sería fijada—como en la actualidad—en ocho
El análisis detenido de esta proposición nos sirve de' luz para observar
el carácter del arreglo Douglas Home-Smith.
El ámbito reducido de este trabajo no permite analizar de igual modo
otras cuestiones relativas al régimen rhodesiano, por lo que me limitaré a
señalarlas superficialmente: caso de arreglo, la situación de detenidos y sujetos a interdicción sería examinada por el Gobierno, procurando su solución sin perjuicio del mantenimiento del orden y la seguridad pública.
Una Comisión independiente—formada de acuerdo con el Reino Unido—
examinaría todos los problemas relativos a la discriminación racial, especialmente lo relativo a la utilización y reparto de tierras —Larid Tenure Act—.
También revisaría las leyes y prácticas administrativas para determina'r en
ellas las posibles discriminaciones. Sus recomendaciones carecerían de fuerza
obligatoria para el nuevo Gobierno.
El nuevo Gobierno aseguraría la no regresión en general de la Constitución, evitando proponer o apoyar la modificación de las disposiciones particularmente regidas de la Constitución, consideradas como tales las nuevas
disposiciones relativas al derecho de voto, la sección relativa a la proclamación del estado de urgencia—que, excepto en los1 plazos de vigencias, el
igual que en la Constitución anterior—, las disposiciones de la nueva declaración de derechos y cierto número de disposiciones de la ley electoral.
El régimen de bienes raíces se ve también afectado por las proposiciones,
comprometiéndose el nuevo Gobierno rhodesiano a conceder a los africanos
tierras desocupadas y a mejorar las que ocupan o puedan ocupar, suspendiendo asimismo la expulsión de los africanos habitantes de la zona europea, especialmente de las misiones Epworth y Chishawasha, hasta el dictamen definitivo de la Comisión sobre la discriminación racial.
Para posibilitar el desarrollo económico —proyectos de irrigación de cultivo intensivo, de mejora de comunicaciones, etc.— y el desarrollo de la enseñanza —formación agrícola, técnica y profesional, pedagógica, administrativa, etc.— de los africanos, el Reino Unido entregaría sumas apropiadas,
que se ajustarían a los gastos anuales previstos actualmente.
Las disposiciones de la declaración de derechos propuesta serían consideradas como disposiciones particularmente rígidas de la nueva Constitución y
asegurarían la protección de ciertos derechos y libertades. Algunas de éstas
podrán ser suspendidas ante circunstancias excepcionales, enumeradas de
manera tan genérica —-buenas costumbres, salud pública, urbanismo, etc.—
que hacen dudar de la efectividad de las libertades mencionadas y, lo que
es más grave, de la audiencia previa a todo proceso, que podrá suspenderse
La declaración dispone la igualdad de trato, la no discriminación, garantizada por la jurisdicción—División de Recursos: Appellate División—.
Igualdad disminuida por el mantenimiento de leyes discriminatorias con una
vigencia superior a diez años, a pesar de su incompatibilidad con la declaración.
Para la entrada en vigor de las proposiciones, el Gobierno británico se
asesoraría de su aceptabilidad por una Comisión encargada de recorrer el
territorio rhodesiano y sondear la opinión pública en todos los sectores de
la poblacTón, incluidos los detenidos y los residentes en el extranjero.
Durante el desarrollo de su misión serían permitidas las actividades políticas
normales, siempre que su desarrollo fuera pacífico y democrático.
Convencido de la aceptabilidad de las proposiciones, el Gobierno de su
majestad instaría al régimen ilegal a aplicar las medidas deseadas, y una
vez así, presentaría al Parlamento un proyecto de ley para acordar la independencia de la República de Rhodesia del Sur y poner fin a las sanciones
económicas y generales.
Un estudio del profesor Palley, de la Queens University, de Belfast, y
otro del Sunday Times concluyen que aun suponiendo en Smith y sus suce182
sores una honestidad escrupulosa, la fecha más próxima en que se establecería el Gobierno de la mayoría sería el año 2035, y más probablemente
el 2055, es decir, más de ochenta años a partir de ahora.
De la declaración de Douglas Home ante la Cámara de los Comunes
el 1 de diciembre de 1971 cabe destacar el pesimismo del Gobierno británico
sobre la fecha de instauración del Gobierno de la mayoría, fecha que depende de multitud de factores —número de africanos que se inscribirán en
las listas electorales, número que recibiría una enseñanza secundaria o técnica, ritmo de desarrollo industrial y agrícola— y que, a pesar de no haberlo
declarado así, se desprende del contexto su lejanía.
Ante la imposibilidad de nuevas negociaciones, el ministro recomienda
la aprobación del acuerdo, acuerdo favorable a los africanos y suscrito en
un momento que el Gobierno británico podía aún —por poco tiempo— ejercer su influencia en Rhodesia del Sur.
Las proposiciones fueron aprobadas en la Cámara por 297 votos contra 264, el mismo día, y al día siguiente merecieron el asentimiento de los
lores por 201 votos contra 76 votos.
Las declaraciones de Smith ante el «Parlamento» de su país no daban
opción a nuevas negociaciones ni señalaban la fecha de su efectiva entrada
en vigor. Calificaba las proposiciones de equitativas y prácticas, aceptables
por todos los rhodesianos razonables. El 1 de diciembre, en una entrevista
televisiva, el primer ministro explicitaba su verdadero pensamiento, declarando que los africanos no podían tomar el poder en Rhodesia del Sur antes
—al menos—de diez años y que ignoraba lo que sería la situación del país
dentro de un siglo o de mil años. No creía capaces a los africanos de gobernar el país por el momento, ni los1 creía capaces en diez años.
Ambas declaraciones nos permiten aventurar la infortunada suerte de los
africanos de Rhodesia del Sur caso de entrada en vigor de las proposiciones,
opinión amparada por comunicados, decisiones y reacciones de organismos,
que convendrá analizar en líneas generales para adquirir un planteamiento
objetivo del problema, ajeno a los intereses de las partes intervinientes y acorde, primero, con los de los habitantes del país, y segundo, con los principios del Derecho de gentes.
Así un comunicado de la Organización para la Unidad Africana (OUA),
de 26 de noviembre de 1971, calificaba el acuerdo como «un abandono completo, para varias generaciones, de cinco millones de africanos a los 240.000
blancos de Rhodesia del Sur, apegados a su supremacía y al apartheid»,
como atentatorio contra «los derechos fundamentales, la dignidad y la libertad de cinco millones de africanos», y, dada la carencia de participación de
la población africana y sus organizaciones representativas —la ZAPU y la
Zimbabwe A frican National Union (ZANU)—, las declaraba nulas. La única
solución estaría en poner en manos de los africanos sus asuntos y hacer valer ellos mismos sus derechos por cualquier medio. Los acuerdos atentan contra las resoluciones y decisiones de la OUA sobre cuestiones de descolonización y apartheid, y supone una amenaza para la Commonwealth y el
futuro de las relaciones entre el Reino Unido y el África independiente.
La resolución 2.877 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, adoptada en 20 de diciembre de 1971, se manifiesta en este mismo
sentido de violación de los derechos fundamentales del pueblo africano del
Zimbabwe y rechaza las proposiciones.
En Rhodesia, el anuncio de las proposiciones provocó reacciones, incluso
antes de la llegada de la Comisión.
El reverendo Ndabaningi Sithole, dirigente de la ZANU, actualmente en
prisión, dirigió un largo memorándum, recibido por Douglas Home en 17 de
noviembre, en el que rechazaba las condiciones de un acuerdo que ponía a
la población africana a merced de una minoría blanca, acuerdo que descansaba sobre postulados falsos—que con el tiempo la minoría blanca transmitiría el poder a la africana, tan temida por aquélla—y que en el fondo era
un ardid del Reino Unido para mantener a Rhodesia bajo el yugo del colonialismo.
El A frican National Council, creado en diciembre de 1971 para organizar
una campaña pacífica de rechazo del acuerdo y presidido por el obispo Abel
Muzorewa, de la iglesia metodista unificada americana, rechazó el acuerdo
por perjudicial a los intereses de la población negra y criticó la composición
de la Comisión por estar exclusivamente compuesta de blancos1.
El Christian Council of Rhodesia —reunión de doce iglesias protestantes
y varias organizaciones religiosas—ha mostrado su oposición al acuerdo en
una resolución mayoritaria tomada en Salistmry el 30 de diciembre.
Del mismo modo ha mostrado su oposición al acuerdo, el 20 de enero
de 1972, la Conferencia de Obispos Católicos de Rhodesia y también mostró
la opinión de rechazar el acuerdo Garfield Tood, antiguo primer ministro
de Rhodesia de] Sur, en una reunión pública celebrada en Bulawaya el 10 de
Lord Caradon, predecesor de sir Colin Crowe en Naciones Unidas como
representante del Reino Unido, señala también el carácter injusto, divisionista y antidemocrático de las propuestas, por lo que a los africanos les sería difícil emerger de una soledad política de decenios.
Los argumentos expuestos son genéricamente los mismos que hemos visto. Las consecuencias, unánimes: rechazar el acuerdo.
El Council of Chiefs, reunido en Salisbury el 4 de enero, se declara favorable a las proposiciones por estimarlas fuente de progreso y de prosperidad y provechoso para todos los habitantes de Rhodesia del Sur.
El ANC y el Council of Chiefs preparan reuniones para explicar los
acuerdos, pero las primeras se ven pronto amenazadas, interrumpidas, violentadas y prohibidas. La ANC declara en una conferencia de prensa —13 de
enero— que le han sido denegadas doscientas peticiones para celebración de
reuniones en zonas rurales. Se argumenta que no serían capaces de explicar
el proyecto de acuerdo en la razón de su vocabulario jurídico. A pesar de
ello, el ANC celebra reuniones sin autorización, y después de llegada la
Comisión—16 de enero—lanza más de medio millón de panfletos en lengua
«shona» explicando su oposición; también distribuye veinte mil calcomanías
con la palabra «No» para adherir en los automóviles.
La Comisión encargada de ejecutar el test de aceptabilidad de las proposiciones para un acuerdo es presidida por lord Pearce, vicepresidida por
lord Harlech, sir Maurice Dormán y sir Glyn James, junto a dieciséis comisarios—a los que pronto se añaden dos-^-, todos británicos y expertos en
asuntos africanos y coloniales.
El 22 de diciembre, The Times, de Londres, habla de un informe que
circula privadamente en Rhodesia y que se facilitará a la Comisión, y que
habla de la presión oficial sobre los jefes africanos para que acepten el
acuerdo y la intimidación ejercida por la Policía sobre los africanos cuando
éstos tratan de discutir en reuniones los términos de la propuesta.
La Comisión organiza su procedimiento de trabajo repartiendo 700.000
ejemplares de una versión simplificada de las proposiciones en inglés, «shona»
y «ndedble»; los 8.000 formularios utilizados por los equipos de sondeo rechazan en su mayoría las proposiciones; el procedimiento se abandona y se
escoge el de cartas enviadas por correó. Lord Pearce desmiente que los
formularios hayan sido retirados a petición del régimen ilegal.
Se producen demostraciones de oposición en todo el país —Gwelo, Beligwe, Bulawayo, Shabani—, prontamente reprimidas por la Policía y recha185
zadas por el Gobierno; en una huelga sin relación aparente con la Comisión,
en una mina de amianto, la Policía mata a un hombre y hay nueve heridos.
El 22 de enero el régimen ilegal señala que se eleva a 13 el número de
africanos muertos por la Policía en motines y revueltas. El obispo Muzorewa,
jefe de la ANC, señala que el total se eleva a 31 el 3 de febrero.
En vista de los desórdenes, el Gobierno refuerza sus restricciones: suspende varias audiencias públicas de la Comisión y detiene a miembros de
la oposición —Todd—, especialmente del ANC —el principal, Josiah Chinamano, su secretario—, justificándolos con diferentes argumentos. Lord Pearce
señala que son contrarios a lo dispuesto en el Libro Blanco, pero no se
aventura a dar un juicio prematuro.
La Cámara de los Comunes se inquieta. Smith y su partido, el Rhodesian
Front, intimidan a la población.
El trabajo de la Comisión continúa, y el Gobierno coacciona de diferentes
maneras —detenciones— a los1 encuestados.
La Comisión se reúne con grupos politizados y representantes de diversas corrientes de opinión.
En general, la mayoría es contraria al acuerdo. De fuentes no oficiales
se anuncia que el 22 de enero, de unas 50 reuniones públicas tenidas por los
comisarios en las zonas tribales, sólo se había dado un caso favorable al
Otros hechos de interés sobrevenidos en materia política pueden ser los
relativos al Land Tenure Act, que ha provocado la expulsión de los miembros de la tribu Tangwena de sus hogares, situados en el Gaersi Ranch, ubicado en una «región europea», y que fueron expulsados por la fuerza y, en
muchos casos, condenados por los Tribunales, entre ellos su jefe, Rekayi
Tangwena.
Del mismo modo, el Gobierno anunció la expulsión de africanos del territorio de la misión Epworth—de la iglesia metodista británica—, del de la
misión católica de Chishawaska y de los habitantes del territorio de Stapleford. Ya vimos cómo el Gobierno se comprometía a no formar niguna medida hasta conocer los resultados de la Comisión Pearce.
En virtud de esta misma ley, las escuelas con mayoría de alumnos europeos —incluyendo mestizos y asiáticos— debían pedir autorización para admitir alumnos de color. La iglesia católica, que en un principio no tuvo otro
remedio que aceptar la ley, se ha opuesto a ella en la Conferencia de Obispos de 7 de noviembre, basando su admisión en los méritos del alumno y no
LA CUESTIÓN DE RHODESLA DEL SUR...
en la raza. Es de interés la declaración de ilegalidad de la Cold Confort
Farm, sociedad cooperativa agrícola multirracial; la consideración de sus
tierras como «zona protegida» y la expulsión de su tesorero, Clutton-Brock,
acusado de proteger actividades ilegales.
Es significativa la supresión de becas de 24 estudiantes africanos de la
Universidad de Rhodesia del Sur por su participación en manifestaciones.
Cabría estudiar la producción de recientes acontecimientos relativos a
cuestiones de seguridad nacional, pero ello alargaría demasiado el trabajo.
Es digna de mencionar la creación de un nuevo partido político nacionalista africano, el Front for the Liberation of Zimbabwe (FROLIZI), cuyo
presidente, Shelton Siwela, espera crear un frente unido de partidos y ganarse la adhesión de sindicalistas, estudiantes y comerciantes. Basa todo progreso en la lucha de guerrillas.
El Consejo de ministros de la OUA, en su reunión de Addis-Abeba,
adoptó una resolución de descolonización [CM/Res. 241 (XVII)] en la que
expresaba su preocupación por la inefectividad de las sanciones impuestas a
Rhodesia, debido al apoyo que cuenta por sudafricanos y portugueses y las
negociación del Gobierno del Reino Unido, condenando enérgicamente estas
tentativas por suponer un reconocimiento eventual del Gobierno de Salisbury, y dirigiendo una noción al Reino Unido para que se confirmase con
las resoluciones de los órganos de Naciones Unidas.
Hay, sin embargo, que reseñar el júbilo con que el partido conservador
de la Gran Bretaña aprobó los acuerdos, alegría que choca con las duras críticas con que el partido laborista los rechazó. Pero la mayoría conservadora
dio luz verde a los acuerdos en el Parlamento.
Los críticos han examinado duramente la postura laborista defendida
durante el mandato de éstos, diciendo que la cuestión de Rhodesia del Sur
se habría resuelto si durante el mismo los laboristas hubiesen aplicado sanciones y no hubiesen descartado el uso de la fuerza. Vía esta—la de las
armas—que es, como hemos visto, la escogida por las organizaciones nacionalistas negras, que reprueban las proposiciones.
Dentro también de esta polémica que han suscitado los acuerdos, podríamos aventurar nombres de países que, de no haber mediado las reacciones
provocadas ante la visita de la Comisión Pearce, hubiesen dado su aprobación a los mismos: en primer lugar, Portugal y Sudáfrica, junto a los países
satélites de ésta: Lesotho, Malawi y Swazilandia. En segundo lugar, el grupo
de países que, encabezado por Costa de Marfil, mantiene una política de
diálogo con Sudáfrica, a saber: Ugánda, Gabón, Ghana y Madagascar.
Pero los incidentes a que nos hemos referido hacen de lo más dudosa la
posible aprobación de los acuerdos incluso por estos países, de signo más
bien conservador a ultranza dentro del continente africano.
Con esto queda suficientemente analizada la situación política existente
en Rhodesia del Sur, el clima de inquietud y desesperanza provocado por
las, proposiciones Douglas Home-Smith y las reacciones a que han dado lugar por parte de individuos, colectividades y organismos representativos.
Podemos afirmar, por tanto, la falta de representatividad en los mismos
debido al miedo fundado de rechazo por la parte de la mayoría africana,
contra los intereses de la cual atentan descaradamente las proposiciones.
Considero por tanto que la Gran Bretaña debe abstenerse de negociar
con el régimen de Smith y atenerse estrictamente a las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, atentos a los intereses de todos
y fieles a los principios generales del Derecho de gentes.
SITUACIÓN ECONÓMICA DE RHODESIA DEL SUR. LAS SANCIONES:
En el Economic Survey oj Rhodesia, publicado en abril de 1971 por el
régimen ilegal, sobre la situación económica en Rhodesia del Sur en 1970, se
observa un aumento general en todos los sectores, excepto el agrícola, debido
a las condiciones climatológicas desfavorables.
El hablar de la balanza de pagos y las inversiones previstas en el sector
público para el período 1971-74 alargaría excesivamente este trabajo. Tampoco
aludiré al presupuesto para 1971-72, a la situación de la agricultura, de las
empresas de manufacturas y conexas ni a las industrias extractivas.
Tocar estos temas me impediría profundizar en otros que considero de
mayor interés, y aunque la perspectiva del problema rhodesiano sería más
completa, desde un punto de vista jurídico-internacional me inclino por considerar más detenidamente —aunque no demasiado— el tema de las sanciones económicas.
Las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a Rhodesia del Sur puede decirse que han pasado por las fases:
1. En la fase que podemos llamar de sanciones selectivas facultativas:
Facultativas por la posibilidad de los países de aplicarlas o no, a su libre
arbitrio. Sistema que puede compararse con el impuesto por la Sociedad de
Naciones a Italia, allá por los años treinta, ante la ocupación de Abisinia.
Selectivas porque afectaban tan sólo a ciertos productos básicos: petróleo, por ejemplo.
Esta fase se inició con la resolución 217 (1965).
2. Sanciones selectivas obligatorias: Es la fase en que las sanciones impuestas a determinado número de productos han de ser respetadas y aplicadas por todos Jos países obligatoriamente.
Se inició con la resolución 232 (1966).
3. Fase actual, de sanciones globales obligatorias: Afectan a todo tipo
de productos, prohibiendo todo tipo de comercio. Son de obligado cumplimiento para todos los países.
Se iniciaron con la resolución 253 (1968), y como dato curioso hay que
señalar que es la primera vez que las Naciones Unidas imponen sanciones
El efecto de las sanciones sobre las importaciones—comprendidas las reexportaciones— de Rhodesia del Sur fue inmediato, bajando el volumen de
Pero en los últimos años tanto las importaciones como las exportaciones
han visto aumentar su importancia: en primer lugar,debido a las realizadas
por los países africanos de fronteras comunes con Rhodesia, que han precisado no poder permitirse el lujo de prescindir totalmente de ella. También,
y en la medida más importante, por la acción en los mercados mundiales:
se realizan exportaciones por intermedio de África del Sur y Mozambique
y se consignan en el comercio1 mundial como provenientes de éstos y no de
Además, Estados Unidos ha aprobado una enmienda al Military Procurément Bill autorizando las importaciones de cromo rhodesiario, enmienda
criticada por la Asamblea General dé las Naciones Unidas en su resolución 2.765 (XXVI), de 16 de noviembre de 1971, en que recomendaba a los
Estados Unidos evitar estas importaciones. Sancionado el proyecto por Nixon, la cuestión fue examinada por el Comité creado en aplicación de la resolución 253 (1968), de 28 de marzo, que en un informe presentado al Consejo
de Seguridad el 3 de diciembre de 1971 recomendaba recordar la resolución
citada, por la que el Consejo decidió que para lograr el objetivo de poner' fin
a la rebelión, todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas impidieran la importación de toda mercancía o producto proveniente
o exportado de Rhodesia del Sur.
Además, el Comité recomendaba al Consejo declarar que toda ley o
medida de un Estado miembro para autorizar la importación proveniente
de Rhodesia del Sur, en particular de cromo, establecería un precedente peligroso, disminuiría la efectividad de las sanciones, y recomendó no adoptar
o no aplicar ese tipo de legislación o medida.
Teniendo en cuenta la vigencia de las sanciones —como señala la resolución a88 (1970)—, el Comité recomendaba al Consejo reforzar su vigilancia
sobre el cumplimiento de las mismas y recomendar a los Estados su aplicación integral.
A pesar de todo, el 25 de enero de 1972 el Treasury Departement, de
Estados Unidos, ha levantado oficialmente las restricciones impuestas sobre
las importaciones de cromo y «otras materias estratégicas e importantes»
procedentes de Rhodesia del Sur.
EL CONSEJO DE SEGURIDAD ANTE LA CUESTIÓN RHODESIANA
A lo largo del trabajo ya hemos hecho referencia varias veces a la postura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Hay que destacar el deseo de una visión objetiva del problema por parte
del Consejo de Seguridad; en virtud del artículo 39 de su Reglamento Interior provisional, el 2 de diciembre de 1971 —sesión 1.604— decidió invitar a
los dirigentes de los principales partidos de Rhodesia del Sur, Nkomo—del
ZAPU— y Sithole —del ZANU—, para que expusiesen sus puntos de vista
sobre las proposiciones. Para ello, el presidente del Consejo de Seguridad
dirigió una carta al representante permanente del Reino Unido ante las
Naciones Unidas para que su Gobierno, como potencia administradora del
territorio, tomase las medidas oportunas para hacer efectiva esta medida del
Se le respondió el 21 de diciembre con una carta (s/ 10.410), en la que
en definitiva se deploraba no estar en condiciones de pedir al Gobierno
Smith la presentación en Nueva York de los dirigentes negros, manifestación
oficial de que el Gobierno británico no tomaría medida alguna para garantizar la aplicación de la decisión del Consejo de Seguridad.
El proyecto de resolución, presentado el 30 de diciembre por Burundi, Siria, Sierra Leona y Somalia, fue sometido a votación en el Consejo de Seguridad, votando a favor Argentina, Burundi, China, Nicaragua, Polonia, Sierra
Leona, Somalia, Siria y URSS; en contra, el Reino Unido, y absteniéndose
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón.
El veto de Gran Bretaña, miembro permanente del Consejo, supuso la no
adopción del proyecto.
Tampoco pudo ser adoptado, por la misma razón, el proyecto de resolución presentado por Guinea, Somalia y Sudán el 3 de febrero de 1972 y sometido a votación al día siguiente: votaron a favor Argentina, China, Guinea, India, Panamá, Somalia, Sudán, URSS y Yugoslavia; se abstuvieron,
Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón; en contra, Gran Bretaña.
Admisión de nuevos miembros asociados: Rhodesia del Norte
Contribución de Rhodesia del Sur
Teniendo en cuenta que el carácter de amenaza grave a la paz y a
boku liguey, juntas trabajamos
Monitorear el progreso Lista de cotejo de la presentación
El problema político de la Federación Rhodesia
Algunas nociones fundamentales sobre la naturaleza
Miles de europeos pidieron refugio entre 1940 y 1945. Hasta 35.000

References: resolución 
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 artículo 39
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