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Timestamp: 2019-10-22 06:45:33+00:00

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REAL DECRETO-LEY 3/1996, de 26 de Enero, de Reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6 de Julio, de Modificacion del Regimen economico y Fiscal de Canarias. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15386507
REAL DECRETO-LEY 3/1996, de 26 de Enero, de Reforma parcial de la Ley 19/1994, de 6 de Julio, de Modificacion del Regimen economico y Fiscal de Canarias.
Fecha de Entrada en Vigor: 27 de Enero de 1996
Marginal: BOE-A-1996-1707
Norma citada en: 45 sentencias, 11 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
El proceso de reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que se inició con la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, culminó con la promulgación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Este último texto legal establece, entre otras, medidas que inciden directamente en el ámbito específico del régimen fiscal especial de Canarias, a la vez que crea y regula la denominada «Zona Especial Canaria» como instrumento de promoción del desarrollo económico y social del archipiélago.
La modificación que se introduce en el artículo 25 de la citada Ley tiene por objeto extender los incentivos fiscales a la inversión en él regulados a los establecimientos permanentes en Canarias de empresas no domiciliadas en el archipiélago.
La modificación que se introduce en el artículo 26 de la Ley tiene por objeto transformar la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades en favor de las empresas exportadoras, regulada en dicho artículo, en una bonificación en el mismo impuesto en favor de la producción de bienes corporales.
Por último, la modificación que se introduce en el artículo 27, precepto este en el que se regula la reserva para inversiones en Canarias, tiene un doble objeto. Por un lado, se trata de especificar que la mencionada reserva puede materializarse en la suscripción de acciones o participaciones de sociedades que, aun no estando domiciliadas en Canarias, cumplan en el archipiélago los fines señalados en el propio artículo 27. Por otro, se trata de eliminar la posibilidad de que dicha reserva para inversiones pueda materializarse en deuda pública del Estado Español. No obstante, esta última modificación en nada altera el derecho del Reino de España a emitir deuda pública fiscalmente beneficiada.
1. Las sociedades domiciliadas en Canarias, que sean de nueva creación o que, ya constituidas, realicen una ampliación de capital, amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones, gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su constitución, en la ampliación de capital y en las adquisiciones patrimoniales de bienes o derechos, cualquiera que fuera su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio canario, durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución o de ampliación de capital.
3. Las exenciones previstas en este artículo se aplicarán igualmente a los establecimientos permanentes, tanto si pertenecen a empresas domiciliadas en España como a sociedades no residentes.
Se modifica la letra c) del apartado 4 del artículo 27 de la Ley, que queda redactada en los términos siguientes:
c) La suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades que desarrollen en el archipiélago su actividad, siempre que éstas realicen las inversiones previstas en el apartado a) de este artículo, en las condiciones reguladas en esta Ley. Dichas inversiones no darán lugar al disfrute de ningún otro beneficio fiscal por tal concepto.
La vigencia del régimen especial de la Zona Especial Canaria tendrá como límite prorrogable hasta el 31 de diciembre del año 2024, sin perjuicio de la autorización inicial y revisiones periódicas que deba realizar la Comisión de la Unión Europea.
b) Tener la sede social, la efectiva dirección de los negocios y el establecimiento principal dentro del ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria.
Con los requisitos que reglamentariamente se establezcan, las entidades ZEC podrán abrir establecimientos permanentes o sucursales en el resto del territorio nacional, a los que no serán de aplicación los beneficios de la Zona Especial Canaria. Dichos establecimientos y sucursales deberán llevar contabilidad separada respecto de la de la entidad ZEC, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Se suprime la letra d) del apartado 2 del artículo 30 de la Ley.
Artículo 31. Ambito objetivo de aplicación.
3. Las entidades ZEC podrán realizar operaciones fuera del ámbito objetivo de la Zona Especial Canaria delimitado en el apartado anterior, siempre que antes de la realización de dichas operaciones lo comuniquen fehacientemente al Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria y las canalicen a través de los establecimientos permanentes y sucursales a que se refiere el artículo 30.2 b), quedando dichas operaciones sometidas al régimen general y sin que puedan serle de aplicación los beneficios propios de la ZEC a dichas entidades y a sus socios.
c) Los títulos representativos del capital social, en su caso, podrán ser emitidos al portador. Sin embargo, los de titularidad de residentes en España deberán ser nominativos.
Artículo 44. Tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3. La única retención en la fuente a que quedan obligadas las entidades ZEC es la correspondiente a los rendimientos del trabajo personal de las personas físicas que trabajen para ellas dentro de la citada Zona Especial Canaria, y sin que tal retención pueda extenderse a las operaciones realizadas con no residentes en territorio español.
8. No obstante lo indicado en los apartados anteriores, las entidades ZEC que deseen acogerse al régimen previsto en los artículos 30.2, b) y 31.3 de la presente Ley, deberán obtener la autorización previa de la Dirección General de Seguros y quedarán sometidas a la totalidad de lo dispuesto en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
c) El incumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad separada, establecida en el párrafo segundo de la letra b) del artículo 30.2 de esta Ley.
6. La imposición de las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduará atendiendo, en cada caso, a la propia gravedad de la infracción, a la naturaleza de los daños y perjuicios causados y a la conducta anterior de los infractores.
No obstante lo anterior, la infracción grave tipificada en la letra f) del apartado 2 del artículo 66 de esta Ley se sancionará, exclusivamente, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 67, si bien las consecuencias tributarias que se deriven de dicha infracción se exigirán conforme a la normativa de tal naturaleza que resulte de aplicación.
REAL DECRETO 1115/1998, de 5 de junio, por el que se establece la separacion de juzgados de primera instancia y juzgados de instruccion en el partido judicial de santa cruz de tenerife.

References: artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 30

Artículo 31
 artículo 30

Artículo 44
 artículo 30
 artículo 66
 artículo 67

REAL DECRETO