Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=30
Timestamp: 2019-08-24 09:21:22+00:00

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Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh - Página 30
2. El Estado peruano se compromete a reconocer el tiempo de servicios no laborados, contados desde el 19 de septiembre de 2001 hasta la fecha de su efectiva reposición, para los efectos del cómputo de su tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales dejados de percibir.
3. El Estado reconoce una suma determinada en concepto de indemnización. Para los efectos de reparaciones dinerarias, consistentes en remuneraciones dejadas de percibir, gastos operativos pendientes de liquidación hasta su efectiva restitución, y el monto indemnizatorio, las partes, de común acuerdo, difieren su pago al resultado de las gestiones que se realicen para tal efecto ante el Poder Judicial.
Mediante comunicación de fecha 3 de noviembre de 2008, la CIDH solicitó a ambas partes que presentaran información actualizada sobre el cumplimiento del referido acuerdo de solución amistosa.
Mediante comunicación de fecha 4 de diciembre de 2008, el Estado informó que con fecha 16 de diciembre de 2005, el entonces Ministro de Justicia, Alejandro Tudela, suscribió con el señor Roger Herminio Salas Gamboa un acuerdo de solución amistosa y que en la misma oportunidad se efectuaron las disculpas públicas al Dr. Salas Gamboa. Con respecto a la rehabilitación del título de Magistrado Supremo se indicó que con fecha 15 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura No 021-2006-CNM, mediante la cual se resolvió rehabilitar el título de Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República a favor del señor Gamboa. Asimismo, señaló que con fecha 5 de enero de 2006, se le pagó al Dr. Salas Gamboa la suma de S/68.440.00 (nuevos soles-moneda nacional) por concepto de reparación patrimonial. Finalmente, el Estado informó que en el mes de abril de 2008 el peticionario habría cesado en funciones como Magistrado Supremo Titular y solicitó el archivo del presente Caso.
El peticionario, por su parte, indicó que pese al tiempo transcurrido el Estado aún le adeudaba una suma de dinero como resultado del acuerdo de solución amistosa suscrito.
En el transcurso del año 2009, en reiteradas ocasiones, el peticionario denunció a la Comisión el incumplimiento por parte del Estado peruano de los aspectos pendientes del acuerdo de solución amistosa.
El 11 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. Mediante nota recibida el 6 de diciembre de 2010, el peticionario afirmó que el Gobierno Peruano no ha cumplido a cabalidad los puntos 3 y 4 del acuerdo de solución amistosa. El Estado no presentó respuesta al requerimiento de información formulado por la CIDH.
El 21 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. El Estado no presentó observaciones en el plazo fijado por la CIDH. A su vez, mediante una comunicación del 27 de noviembre de 2011, así como en notas recibidas a lo largo del año, el peticionario mencionó que el Estado no ha abonado de forma integral la reparación por concepto de haberes dejados de percibir durante el período en el que permaneció desvinculado del Poder Judicial. Sobre el particular, la CIDH toma nota de que la cláusula quinta del acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes establece lo siguiente:
Para los efectos de reparaciones dinerarias, consistentes en remuneraciones dejadas de percibir, gastos operativos pendientes de liquidación hasta su efectiva restitución y el monto indemnizatorio, las partes, de común acuerdo, difieren su pago a resultas (sic) de las gestiones que se realicen para tal efecto ante el Poder Judicial.
Por lo tanto, la CIDH considera que los planteamientos relacionados con el pago de remuneraciones dinerarias distintas a la indemnización fijada en la cláusula cuarta del Acuerdo de solución amistosa73 no forman parte del mismo. De esa forma, y sin perjuicio de las gestiones que hubiere adoptado el peticionario ante el Poder Judicial peruano, la CIDH no dará seguimiento a las comunicaciones relacionadas con el pago de remuneraciones y haberes dejados de percibir.
El 19 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. El 18 de diciembre de 2012 Perú remitió una comunicación en la que afirmó que el señor Roger Herminio Salas había sido reincorporado al cargo de magistrado supremo, titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la CSJ desde el 13 de enero de 2006 y que el 11 de abril de 2008 fue cesado por límite de edad. El Estado manifestó que al mes de abril de 2011 había efectuado el pago de 834,166.58 nuevos soles al señor Salas y que el 16 de diciembre de 2005, a las 11.00 a.m., se celebró una ceremonia de desagravio público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del cual participó el señor Roger Herminio Salas. A lo largo del año 2012 el peticionario presentó comunicaciones en las que sostuvo que el Estado peruano no ha concretado el pago de de reparaciones por concepto de haberes y otros beneficios sociales dejados de percibir mientras permaneció desvinculado del Poder Judicial. En cuanto a tales planteamientos, la CIDH reitera que no forman parte del acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes, por lo cual no dará seguimiento por medio del presente capítulo de su Informe Anual.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances alcanzados en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. El Estado presentó información mediante comunicación de 27 de noviembre de 2013. En esta ocasión, el Estado solicitó a la Comisión que diera por cumplido el acuerdo de solución amistosa al haber dado cumplimiento a los 4 compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa, tal y como ha venido informando a la CIDH. El Estado señala que la eventual deuda que pudiera mantener el Poder Judicial a favor del peticionario por concepto de tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales dejados de percibir, no forman parte del acuerdo de solución amistosa.
Por su parte, el peticionario solicitó a la CIDH, mediante comunicaciones recibidas en el mes de agosto y el 7 de noviembre de 2013, que interpretara la cláusula quinta del acuerdo de solución amistosa74 que versa sobre “otro tipo de reparaciones dinerarias” en relación a la cláusula primera del mismo acuerdo, relativa a “antecedentes”.
La Comisión nota que conforme a lo estipulado en la cláusula tercera del acuerdo de solución amistosa, relativo al compromiso de “Rehabilitación del Título de Magistrado Supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura”, el señor Roger Herminio Salas Gamboa fue rehabilitado en el título de Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Resolución Nº 021-2006-CNM de 13 de enero de 2006, cargo que ejerció hasta su cese por límite de edad el 11 de abril de 2008, por contar con 74 años de edad. En consecuencia, la CIDH considera que el Estado ha cumplido con este compromiso asumido en el acuerdo de solución amistosa. Respecto al compromiso asumido por el Estado en las cláusulas cuarta y quinta del anterior acuerdo, relativas a la indemnización y a otro tipo de reparaciones dinerarias, la Comisión observa que el Estado pagó al peticionario la suma de 68.440 nuevos soles el 5 de enero de 2006 por concepto de reparación patrimonial, y que al mes de abril de 2011 había efectuado el pago de 834,166.58 nuevos soles (alrededor de US$ 298,559.38) a favor del señor Salas Gamboa. La Comisión ya ha señalado en sus Informes Anuales de 2011 y 2012 que los planteamientos realizados por el peticionario relacionados con el pago de remuneraciones dinerarias distintas a la indemnización fijada en la cláusula cuarta del acuerdo de solución amistosa no forman parte del mismo acuerdo, con base en el compromiso asumido por las partes en la cláusula quinta del anterior acuerdo: “Para los efectos de reparaciones dinerarias, consistentes en remuneraciones dejadas de percibir, gastos operativos pendientes de liquidación hasta su efectiva restitución, y el monto indemnizatorio, las partes, de común acuerdo, difieren su pago a resultas de las gestiones que se realicen para tal efecto ante el Poder Judicial”. En consecuencia, la Comisión considera que el Estado ha cumplido con el compromiso asumido en las cláusulas cuarta y quinta del acuerdo de solución amistosa. Por último, en relación a la cláusula sexta del acuerdo, relativa a la celebración de una ceremonia de desagravio a favor del señor Salas Gamboa, la Comisión nota que el 16 de diciembre de 2005, a las 11.00 a.m., se celebró una ceremonia de desagravio público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a favor del peticionario, por lo que considera que el Estado ha cumplido este compromiso del acuerdo de solución amistosa.
En virtud de lo anterior, la Comisión concluye que el acuerdo de solución amistosa se encuentra cumplido.
Petición 711-01 y otras, Informe No. 50/06, Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez y Otros (Perú); Petición 33-03 y otras, Informe No. 109/06, Héctor Núñez Julia y otros (Perú); Petición 732-01 y otras, Informe 20/07 Eulogio Miguel Melgarejo y otros; Petición 758-01 y otras, Informe No 71/07 Hernán Atilio Aguirre Moreno y otros (Perú)
El 15 de marzo de 2006, mediante Informe No. 50/06, la Comisión aprobó los términos de los Acuerdos de Solución Amistosa de fecha 22 de diciembre de 2005, 6 de enero de 2006, y 8 de febrero de 2006 suscritos entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 711-01 y otras. El 21 de octubre de 2006, mediante Informe No. 109/06, la Comisión aprobó los términos de los Acuerdos de Solución Amistosa de fecha 26 de junio y 24 de julio de 2006 suscritos entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 33-03 y otras. El 9 de marzo de 2007, mediante Informe No. 20/07, la Comisión aprobó los términos de los Acuerdos de Solución Amistosa de fecha 13 de octubre y 23 de noviembre de 2006 suscritos entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 732-01 y otras. El 27 de julio de 2007, mediante Informe No. 71/07, la Comisión aprobó los términos del Acuerdo de solución amistosa de fecha 7 de enero de 2007 suscrito entre el Estado peruano y un conjunto de magistrados no ratificados, peticionarios de la petición No 758-01 y otras. El 13 de marzo de 2008, mediante Informe No. 71/07, la Comisión aprobó los términos del Acuerdo de solución amistosa de fecha 24 de abril de 2007 suscrito entre el Estado peruano y un magistrado no ratificado, peticionario de la petición No 494-04.
De conformidad con el texto de los Acuerdos de Solución Amistosa comprendidos en los mencionados informes, el Estado:
Mediante comunicación de fecha 18 de diciembre de 2008, el Estado informó que en fecha 9 de diciembre de 2008 se había llevado a cabo una ceremonia de Desagravio Público en el Auditorio del Ministerio de Justicia en honor de los 79 magistrados comprendidos en los Informes No. 50/06 y 109/06, con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales adquiridas en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Asimismo, el Estado precisó que dicha ceremonia contó con la presencia de altos funcionarios del Estado, como el Presidente del Consejo de Ministros – en representación del Presidente peruano-, la Ministra de Justicia, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, entre otros; así como con la presencia de la sociedad civil y del grupo de los 79 magistrados comprendidos en los Informes de la CIDH anteriormente referidos.
El 10 de noviembre de 2009 la Comisión solicitó información actualizada a las partes en relación con los avances en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud de los acuerdos de solución amistosa.
Algunos peticionarios comprendidos en los informes materia de la presente sección presentaron información en respuesta a la solicitud que efectuara la CIDH mediante comunicación referida en el párrafo anterior, como así también presentaron información por iniciativa propia al respecto en distintas oportunidades en el año 2009. En general, los magistrados no ratificados comprendidos en los acuerdos de solución amistosa señalaron la falta de cumplimiento total de dichos acuerdos y solicitaron a la CIDH que reitere al Estado que brinde cumplimiento pleno a los acuerdos suscritos.
El 27 de octubre de 2010 la CIDH sostuvo una reunión de trabajo en el marco de su 140º Período Ordinario de Sesiones, sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano en los acuerdos de solución amistosa relacionados con magistrados no ratificados. En esa ocasión, el solicitante de la reunión de trabajo, señor Elmer Siclla Villafuerte, señaló que si bien el Tribunal Constitucional ha establecido algunos requisitos que deben ser observados por el Consejo Nacional de la Magistratura, la sola existencia de un sistema de ratificación en el Perú, cuya naturaleza no es disciplinario-sancionatoria, es incompatible con los estándares internacionales y constitucionales en materia de independencia del Poder Judicial. Asimismo, sostuvo que el procedimiento de ratificación es incompatible con las garantías de un debido proceso, inexistiendo por ejemplo el derecho a una doble instancia de revisión. El señor Elmer Siclla destacó que el Estado no ha efectuado el pago de indemnización por costas y gastos a todos los magistrados reincorporados y tampoco ha llevado a cabo una ceremonia de desagravio público a favor de todas las víctimas.
A su vez, el Estado informó que se ha asignado al Ministerio de Justicia un monto dinerario para el pago de una parcela de la indemnización de cinco mil dólares estadounidenses a cada uno de los magistrados comprendidos en los acuerdos de solución amistosa homologados por la CIDH. Sostuvo que la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional garantiza a los magistrados un debido proceso y el derecho de recurrir de la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, en caso de no ratificación.
El 11 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada sobre el avance en el cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa homologados a través de los informes 50/06, 109/06, 20/07 y 71/07. Las partes no presentaron observaciones en el plazo fijado por la CIDH.
A lo largo del 2011 algunos peticionarios informaron que un grupo de magistrados habían sido reincorporados en plazas distintas a las que ocupaban al momento de ser desvinculados del Ministerio Público o del Poder Judicial. Señalaron que el Estado aún no ha llevado a cabo una ceremonia de desagravio público a favor de todos los magistrados que suscribieron los acuerdos de solución amistosa y que aún se encuentra pendiente el pago de parte de los 5.000 dólares estadounidenses como monto indemnizatorio.
A su vez, el Estado peruano señaló que ha dado cumplimiento total a la cláusula del acuerdo de solución amistosa relacionada con la rehabilitación del titulo y reincorporación de los magistrados. Añadió que un número muy reducido de magistrados no pudieron ser reincorporados porque habían alcanzado la edad máxima legal de 70 años para el ejercicio de la magistratura o por causas personales que lo impedían, tales como la opción por la jubilación o ejercicio de cargo electivo. Perú afirmó que ha pagado el monto de 5.000 dólares a un total de 79 magistrados y que otros 97 han cobrado parcialmente ese valor. Añadió que el Ministerio de Justicia ya cuenta con una partida presupuestaria transferida por el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado – FEDADOI, destinada al pago del valor remaneciente.
El 21 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. La mayoría de los peticionarios no presentaron información dentro del plazo fijado por la CIDH.
El 26 de octubre de 2011 se realizó una reunión de trabajo entre el Estado peruano y el representante de la petición 33-03, señor Elmer Siclla Villafuerte. En esa ocasión, el solicitante reiteró la información proporcionada en reuniones anteriores. A su vez, el Estado ratificó la información presentada a lo largo del 2011, añadiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura y los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores vienen coordinando una fecha para la realización de una ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad, en los términos señalados en los acuerdos amistosos.
El 19 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. La mayoría de los peticionarios no presentaron información dentro del plazo fijado por la CIDH.
El Estado informó mediante comunicaciones de 11 y 17 de diciembre de 2012, que ha pagado la suma indemnizatoria total a parte de los magistrados (79), y parcialmente a otro grupo de Magistrados (97), habiendo desembolsado una suma de US$ 724,800.00. Indicó que en el caso del señor Castañeda Sánchez, había pagado los US$ 5,000 acordados en el Acuerdo de solución amistosa. Por su parte, algunos peticionarios informaron que el Estado peruano aún no ha abonado la integralidad del monto indemnizatorio de US$5.000 y que tampoco ha realizado una ceremonia de desagravio público a favor de todos los magistrados.
A lo largo del 2012 la CIDH recibió comunicaciones en las que algunos magistrados y magistradas alegan haber sido objeto de procesos disciplinarios sin observarse sus garantías y que Perú no habría efectuado el pago de sus pensiones u otros beneficios sociales devengados. Dado que tales planteamientos no están comprendidos en los acuerdos de solución amistosa suscritos entre las partes y sin perjuicio de las gestiones que hubieren adoptado los peticionarios en sede interna, la CIDH no dará seguimiento a las referidas comunicaciones en el marco de los Informes de Solución Amistosa previamente señalados.
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información a las partes sobre los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano en el acuerdo de solución amistosa. La mayoría de los peticionarios no presentaron información dentro del plazo fijado por la CIDH. El Estado presentó información mediante comunicación de 27 de noviembre de 2013. En esta oportunidad, el Estado indicó que en relación a los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa Nº 50/06 de 15 de marzo de 2006, resolvió rehabilitar sus títulos de magistrados mediante Resolución Nº 156-2006-CNM de 20 de abril de 2006. Igualmente señaló que ha reconocido el tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; les ha pagado la suma de US$5,000 establecido en el acuerdo de solución amistosa y realizó el acto de desagravio público el 9 de diciembre de 2008.
Respecto a los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa Nº 109/06 de 21 de octubre de 2006, el Estado señaló que mediante Resolución Nº 019-2007-CNM de 11 de enero de 2007 rehabilitó sus títulos de magistrados, cumpliendo de esta forma con el compromiso asumido en el acuerdo de solución amistosa. Igualmente, el Estado informó que ha reconocido a este grupo de magistrados el tiempo de servicios de los periodos no laborados para el cómputo de tiempos de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; y les ha pagado por concepto de reparaciones económicas la suma de US$5,000, establecido en el acuerdo de solución amistosa.
El Estado indicó, en relación con los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa Nº 20/07 de 9 de marzo de 2007, que ha reconocido a la fecha el tiempo de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; y les ha pagado la suma de US$3,400 en concepto de reparación económica, quedando pendiente el pago de US$1,600.
Respecto a los magistrados comprendidos en el Informe sobre Solución Amistosa Nº 71/07 de 27 de julio de 2007, el Estado informó que mediante Resolución Nº 319-2007-CNM de 2 de octubre de 2007 resolvió rehabilitar sus títulos de magistrados. Igualmente señaló que reconoció a este grupo de magistrados el tiempo de servicios de los periodos no laborados para el cómputo de tiempos de servicios, jubilación y demás beneficios laborales; y ha pagado por concepto de reparaciones económicas la suma de US$3,400 a cada uno de los peticionarios, quedando pendiente de desembolsar la cantidad de US$1,400 a cada uno de ellos.
A lo largo del 2013 la CIDH recibió comunicaciones en las que algunos magistrados y magistradas alegaron que el Estado había incumplido con la ceremonia de desagravio y no había cancelado el monto total de la reparación económica.
En atención a la información presentada por las partes, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial a los acuerdos amistosos comprendidos en los informes de la referencia y en consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 13 de marzo de 2008, mediante Informe No. 20/08, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición de Romeo Edgardo Vargas Romero.
El 10 de noviembre de 2009 la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes en relación con los avances en el proceso de en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud del acuerdo de solución amistosa. En esa ocasión, la CIDH no recibió respuesta dentro del plazo fijado.
El 6 de enero de 2011 la Comisión volvió a solicitar información actualizada a las partes. El peticionario no presentó observaciones en el plazo fijado por la CIDH.
Mediante comunicación recibida el 3 de febrero de 2011 el Estado anexó la copia de la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura Nº 133-2008-CNM de 22 de mayo de 2008, en la cual se dispuso la rehabilitación del título de fiscal por parte del señor Romeo Edgardo Vargas. En dicha resolución se solicitó información al Fiscal de la Nación sobre la reincorporación del señor Edgardo Vargas en la plaza que ocupaba o, en su defecto, en una correspondiente al título rehabilitado. El Estado no indicó si la reincorporación fue efectivamente cumplida por el Fiscal de la Nación.
El Estado señaló que el 6 de enero de 2011 la Procuraduría Pública Especial Supranacional ofició a la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia a fin de que disponga un cheque a nombre del señor Edgardo Vargas, por el valor de US$ 3,400 (tres mil cuatrocientos dólares estadounidenses). Al respecto, proporcionó la copia de un comprobante de pago emitido por la referida oficina general.
El 21 de octubre de 2011 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. Ni el peticionario ni el Estado presentaron observaciones en el plazo fijado por la CIDH.
El 19 de noviembre de 2012 la CIDH solicitó información a las partes sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. El peticionario no presentó información dentro del plazo fijado por la CIDH. A su vez, Perú remitió una comunicación el 18 de diciembre de 2012, en la que indicó haber dado cumplimiento a los puntos 1, 2, 3 y 5 del acuerdo de solución amistosa, previamente reseñados.
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre los avances alcanzados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano. El Estado reiteró mediante comunicación recibida el 27 de noviembre de 2013 la información proporcionada en años anteriores. El peticionario no presentó observaciones en el plazo fijado por la CIDH.
En atención a la información recibida, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial al acuerdo de solución amistosa suscrito por las partes y en consecuencia, seguirá supervisando los puntos pendientes.
Petición 71-06 y otras, Informe No. 22/11, Gloria José Yaquetto Paredes y otros (Perú)
El 23 de marzo de 2011, mediante Informe No. 22/11, la Comisión aprobó los términos del Acuerdo de solución amistosa de fecha 24 de septiembre de 2010, suscrito por el Estado peruano y veintiuno magistrados no ratificados, cuyos reclamos fueron acumulados bajo la petición 71-06.
De conformidad con el texto del Acuerdo de solución amistosa, el Estado:
El 15 de enero de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes en relación a los avances en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud del acuerdo de solución amistosa. En esa ocasión, la CIDH no recibió respuesta dentro del plazo fijado.
Durante el seguimiento que ha realizó la CIDH sobre el cumplimiento del anterior Informe de Solución Amistosa en el año 2012, el Estado presentó información en relación a algunos de los Magistrados no ratificados. En relación con los compromisos 1 y 4 del Acuerdo, el Estado puso en conocimiento de la CIDH que: por resolución Nº 029-2011-P-CSJS de 1 de septiembre de 2011, el señor Manuel Vicente Trujillo Meza fue reincorporado en el cargo de Vocal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Junín, pero no pudo ocupar la plaza por el límite de edad establecido en la legislación; por resolución Nº 029-2011-P-CSJSU-PJ de 1 de septiembre, el señor José Miguel La Rosa Gómez de la Torre fue reincorporado en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima, pero posteriormente no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, dentro del proceso individual de evaluación y ratificación que se realizó ese mismo año; y que por resolución Nº 122-2011-CNM de 14 de abril de 2011, el señor Carlos Felipe Linares Vera Portocarreño fue reincorporado como magistrado hasta principios del año 2012, ya que con base en un nuevo proceso individual de evaluación y ratificación de diversos magistrados, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no renovarle su confianza. En relación al compromiso 2, el Estado únicamente presentó información en relación con el magistrado Manuel Vicente Trujillo Meza y José Miguel La Rosa Gómez de la Torre.
Igualmente durante el año 2012, el señor José Miguel La Rosa Gómez de la Torre informó a la CIDH en relación con el compromiso 3, que el Estado había abonado una cantidad de $3,000, quedando faltante de pagar $2,000. En relación con el compromiso 4, el señor José Miguel La Rosa Gómez indicó que el nuevo proceso de evaluación y ratificación al que fue sometido, no se realizó conforme con las normas y principios constitucionales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Igualmente indicó que el Estado no había dado cumplimiento al compromiso V del Acuerdo.
El magistrado Carlos Felipe Linares Vera Portocarreño, mediante comunicación de 30 de enero de 2013, informó a la CIDH en relación al compromiso 1 del Acuerdo que el Estado no le reincorporó a su plaza original, pese a estar disponible. En relación con el compromiso 4, el señor Linares señaló que en el nuevo proceso de evaluación y de ratificación al que fue sometido no tuvo derecho a una juez imparcial en segunda instancia.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información actualizada a ambas partes en relación a los avances alcanzados en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en virtud del acuerdo de solución amistosa. En esta oportunidad, el Estado informó mediante comunicación de 27 de noviembre de 2013 que mediante Resolución Nº 123-2011-CNM de 14 de abril de 2011 resolvió rehabilitar los títulos correspondientes a los magistrados comprendidos en el presente acuerdo de solución amistosa, y solicitó a la Comisión dar por cumplido este compromiso. Igualmente, el Estado informó que ha pagado a los peticionarios la suma de US$3,400 por concepto de reparación económica, quedando pendiente el pago de US$1,400 a favor de cada uno de ellos.
La mayoría de los peticionarios no presentaron información dentro del plazo fijado por la CIDH. El peticionario Edwin Elías Vásquez Puris informó, mediante comunicación de 6 de noviembre de 2013, que en relación a la cláusula segunda relativa al reconocimiento del tiempo de servicios, el Estado no ha cumplido con efectivizar todos los derechos a “la jubilación y demás beneficios laborales”, que le correspondían conforme a la legislación peruana. En relación con el compromiso de abonar US$5,000, señaló que solamente había recibido US$3,000, y que no se sometió al nuevo proceso de evaluación y ratificación ya que las condiciones que habían antecedido a su no ratificación no habían variado, por lo que renunció al cargo de Vocal Superior. Igualmente informó que el Estado no ha realizado a la fecha la ceremonia de desagravio público.
El peticionario Fidel Gregorio Quevedo informó, mediante comunicación de 14 de octubre de 2013, que el Estado solamente le había pagado US$3,500 en concepto de reparación económica, y que tampoco había reconocido el tiempo de servicios por el periodo no laborado por la no ratificación a efectos de la pensión, por lo que había entablado un proceso judicial al respecto. Por su parte, el peticionario Carlos Felipe Linares Vera Portocarreño informó, mediante comunicación de 9 de octubre de 2013, que el Estado no ha cumplido con el compromiso sobre incorporación a su plaza original, y con el relativo a contar en el nuevo proceso de ratificación con un juez imparcial.
Caso 12.269, Informe N° 28/09, Dexter Lendore (Trinidad y Tobago)
En su Informe N° 28/09 aprobado el 20 de marzo de 2009, la Comisión Interamericana concluyó que Trinidad y Tobago es responsable de la violación de los derechos del Sr. Lendore, protegidos por los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención Americana, en conjunción con la violación del artículo 1(1) del mismo instrumento internacional, debido a que no se le proveyó de asistencia legal competente y efectiva durante un procedimiento criminal; y que el Estado es asimismo responsable por la violación de los derechos del Sr. Lendore protegidos por los artículos 25 y 8 de la Convención Americana, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, así como también la violación de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, por no otorgar al Sr. acceso efectivo a una Moción Constitucional para la protección de sus derechos fundamentales.
En base a estas conclusiones la CIDH recomienda a Trinidad y Tobago:
Con base en información suministrada por los peticionarios, la Comisión Interamericana observa que el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas continúa pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá vigilando el cumplimiento de sus recomendaciones.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
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