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EXPEDIENTE 1751-2009
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La Detención Preliminar Judicial
Tesis Atencion a La Victima
EL INTERROGATORIO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.pptx
Ponencia Juicios Orales 6-07-12
EXPEDIENTE 1751-2009 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de marzo de dos mil diez. En apelación, y con sus antecedentes, se examina el auto de catorce de noviembre
de dos mil ocho, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente, en carácter de Tribunal Constitucional, en el incidente de
inconstitucionalidad de ley en caso concreto promovido por Prefabricados de Cemento, Sociedad Anónima, por medio de su Administrador Único y Representante Legal, Carlos Humberto Duarte Pineda, contra el artículo 347 B del Código Penal. La entidad solicitante actuó con el auxilio del abogado William René Méndez.
I. LA INCONSTITUCIONALIDAD
A) Caso concreto en que se plantea: causa ocho mil ochocientos setenta y cuatro - dos mil siete (8874-2007) del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala. B) Norma que se impugna de inconstitucional: artículo 347 B del Código Penal. C) Normas constitucionales que se estiman violadas: artículos 2º, 12, 14, 17 y 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. D) Fundamento jurídico que se invoca como base de la inconstitucionalidad: de lo expuesto por la solicitante se resume: a) el Ministerio Público inició proceso penal en su contra por el tipo penal denominado “Contaminación Industrial” contenido en el artículo 347 B del Código Penal, el que vulnera los principios de certeza jurídica, debido proceso, presunción de inocencia, legalidad y la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege consagrados en los artículos 2º, 12, 14, 17 y 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por las razones siguientes: i) se viola
el artículo 2 porque en un estado de derecho, que se basa en principio de libertad y seguridad jurídica, desde ningún punto de vista se puede permitir que se viole el principio de certeza jurídica, por la existencia de un proceso penal que se origina de hechos que no
encuadran en los actos de contaminación industrial y donde se aplica la analogía de una conducta establecida en el Código Penal, lo que conlleva a la falta de certeza jurídica, ya que no es a través de la vía penal donde se resuelven actos que no son típicos, antijurídicos, culpables y punibles; ii) se contraviene el artículo 12 que garantiza el debido proceso, ya que para someterse a un procedimiento penal, debe cumplirse previamente con cada una de las fases establecidas en la ley, es decir, debe basarse en el respeto de todas las garantías constitucionales y procesales para dilucidar si el imputado es culpable
o no, por lo que no debió aceptarse una denuncia por actos que no encuadran en ninguna
figura delictiva, y que por medio de la analogía se trata de enmarcarlo dentro de un delito de acción pública. Agrega que en el presente caso existe un proceso penal en su contra, el cual se fundamenta en actos no imputables a su representada ni al representante legal en lo personal, y que por analogía se trata de aplicar un conducta establecida en el artículo 347B del Código Penal, sin que los actos señalados o su conducta se encuadren dentro de dicho artículo para que se le aplique, lo que equivale a que se le vede el debido proceso, y que el Ministerio Público al presumir que el hecho de que exista una contaminación a nivel general es constitutiva de un delito atribuible a su persona o a su representada, encuadrándola en la figura de la contaminación industrial provoca ilegalidad e inconstitucionalidad; iii) infringe el artículo 14 por cuanto de ninguna manera este
precepto constitucional permite condenas presuntivas o por analogía, ya que éstas deben estar dotadas de veracidad y certeza, por cuanto no se puede invadir la esfera de la inocencia en base a presunciones o por la aplicación de la ley por analogía; y iv) asimismo, considera que se contraviene el artículo 17 porque no se permite la iniciación de un proceso por actos que no están calificados como delitos. E) Resolución de primer grado: el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en carácter de Tribunal Constitucional, consideró: “(…) En el caso de estudio,
el suscrito juez advierte, que al haber analizado tanto los argumentos de los sujetos procesales, así como la norma tachada de inconstitucional, arriba a la conclusión que no asiste la razón al interponente, habida cuenta que la norma contenida en el artículo 347 B del Código Procesal Penal, no contradice lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente lo establecido en los artículos 2, 12, 14, 17 y 44, que contiene el derecho de defensa, y la garantía procesal del Debido Proceso, estableciendo el Juzgador que en ningún momento fue violado su derecho de defensa, pues al interponente se le citó para tomarle su primera declaración en calidad de sindicado, por la representación que ostenta, en su calidad de Representante Legal de la entidad Prefabricados de Cemento, Sociedad Anónima, habiendo encontrado suficientes indicios y elemento de convicción que en su momento aportó los medios de investigación, el juzgador para creer que es responsable del hecho que tipifica en el artículo tachado como inconstitucional, aunado a ello el proceso que se ventila en su contra es legítimo pues lleva el debido proceso que estipula nuestra legislación positiva vigente, al no existir alteración en el proceso y el debido resguardo de las garantías constitucionales y procesales en cada una de las audiencias y diligencias practicadas, no estableciendo el interponente cuales son las alteraciones del debido proceso, al argumentar que esta judicatura está atentando con las garantías constitucionales del hoy sindicado, así mismo no se puede establecer que la figura delictiva en el que se encuentra ligado a proceso penal, no puede ser nula ipso jure, pues no tergiversa las garantías constitucionales, pues en dado caso existe en el artículo trescientos cuarenta y siete literal B del código penal, por el cual se encuentra sujeto a proceso penal calificación de pena que impone al sindicado y en ningún momento el juzgador por analogía ha inventado o creado otra figura delictiva, lo que permite establecer que se cumple con el principio de legalidad contenido en nuestro derecho penal sustantivo como en el adjetivo, como lo pretendió en su momento el sindicado para que fuera reformado el auto de procesamiento el delito por el que se le endilga, indicándole en esa oportunidad que por analogía el juzgador no podía crear una nueva figura delictiva que nuestra legislación no estipulara como tal y que si consideraban que era distinta que en su momento procesal oportuno los podría utilizar para desligarlo del hecho que se le sindica, en ese sentido quien juzga establece que la norma que pretende que sea declarada como inconstitucional no es acogible pues la norma es clara y no existe jurisprudencia que nos indique que esta figura delictiva no haya sido declarada nula ni dictamen emanada por la Honorable Corte de Constitucionalidad donde indique que en todo acto que encuadre en la conducta del artículo trescientos cuarenta y siete literal B del Código Penal sea nula ipso jure, y en consecuencia se deja en suspenso las presentes actuaciones en su pieza incidental como en su pieza principal, hasta que cause firmeza el presente auto, con fundamento en el artículo ciento veintiséis de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, en virtud de lo anterior se suspende la audiencia de apertura a juicio en contra del sindicado Carlos Humberto Duarte
Pineda por el delito de Contaminación Ambiental programada para el veinte de noviembre
del año dos mil ocho hasta que el presente auto cause firmeza ( Y resolvió: “(…) I)
Declara sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto; II) En virtud de haberse declarado improcedente la inconstitucionalidad, se multa al abogado defensor William Rene Méndez, por la cantidad de un mil quetzales, que deberá de hacerla efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, mediante recibo de pago; III) Se deja en suspenso el trámite del presente proceso en su pieza incidental como en su pieza principal, hasta que cause firmeza el presente auto. (
II. APELACIÓN La solicitante apeló. III. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA A) La incidentante manifestó que el Juez de primer grado, al declarar sin lugar la inconstitucionalidad planteada, lo hace sin fundamento, porque se pronuncia sobre un artículo que no fue el impugnado, siendo su obligación la de revisar las disposiciones o resoluciones que dicte; que el artículo 347B del Código Penal viene a constituir para el caso concreto, el precepto legal que viola normas constitucionales expresas, por lo que debe ser cesado en su vigencia en cuanto a dicho párrafo se refiere, ya que viola el artículo 2º de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque en un estado de Derecho, que se basa en los principio de libertad y seguridad jurídica, desde ningún punto de vista se puede permitir que se viole el principio de certeza jurídica, por la existencia de un proceso penal que se origina como consecuencia de hechos que no encuadran en los actos de la contaminación industrial en donde se aplica la analogía. Agrega que para poder ser sometido a un procedimiento penal debe cumplirse con cada una de las fases que se encuentran establecidas en la ley, con el fin de dilucidar si el imputado es culpable o no. Solicitó que se declare con lugar el incidente de inconstitucionalidad parcial como punto de derecho. B) El Ministerio Público, por medio de las Fiscalías de Delitos contra el Ambiente y de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, señaló que comparte la tesis sustentada por el tribunal de primer grado al haber declarado sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto de mérito, el cual es congruente con el alegato formulado por esa institución; que es dentro del proceso penal en donde se investigan hechos producidos por la conducta humana y dentro del mismo, la labor del juez se circunscribe a calificar si dichos hechos revisten caracteres delictivos para dar inicio al juicio, y es en esta etapa procesal donde se aplica la norma si fuere el caso y en la cual el incidentante puede impugnar mediante los recursos correspondientes la actividad jurisdiccional. Indica, asimismo, que los argumentos del postulante no son suficientes para acreditar el vicio que se denuncia, ya que la inconstitucionalidad de las leyes en caso concreto no deviene únicamente de su aplicación dentro de un determinado proceso, sino debe demostrarse dicho vicio mediante argumentos jurídicos que reflejen que el contenido material de las normas cuestionadas o en razón de su creación resultan inconstitucionales frente a las normas fundamentales que se denuncian como violadas, sea por contravención, restricción o tergiversación. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, confirmando el auto impugnado.
De conformidad con el artículo 266 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las partes pueden plantear en caso concreto, en todo proceso judicial o administrativo, en cualquier instancia y aún en casación, como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Para acceder al estudio pretendido en el planteamiento de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, el solicitante debe exponer, en términos claros y precisos, la tesis que evidencie la confrontación lógica jurídica existente entre la norma objetada de inconstitucionalidad y los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, sin dirigir sus argumentaciones a cuestiones de orden fáctico, no susceptibles de ser invocadas en esta vía. Además, su planteamiento es impropio si lo que se pretende es el examen de su aplicación, porque para la impugnación de la decisión la ley provee otros medios.
Prefabricados de Cemento, Sociedad Anónima, promovió incidente de inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 347 B del Código Penal, alegando que dicho precepto vulnera los principios de certeza jurídica, debido proceso, presunción de inocencia, legalidad y la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege consagrados en los artículos 2º, 12, 14, 17 y 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por las razones siguientes: i) se viola el artículo 2 porque en un estado de derecho, que se basa en principio de libertad y seguridad jurídica, desde ningún punto de vista se puede permitir que se viole el principio de certeza jurídica, por la existencia de un proceso penal, que se origina de hechos que no encuadran en los actos de contaminación industrial y donde se aplica la analogía de una conducta establecida en el Código Penal, lo que conlleva a la falta de certeza jurídica, ya que no es a través de la vía penal donde se resuelven actos que no son típicos, antijurídicos, culpables y punibles; ii) se contraviene el
artículo 12 que garantiza el debido proceso, ya que para someterse a un procedimiento penal, debe cumplirse previamente con cada una de las fases establecidas en la ley, es decir, debe basarse en el respeto de todas las garantías constitucionales y procesales para dilucidar si el imputado es culpable o no, por lo que no debió aceptarse una denuncia por actos que no encuadran en ninguna figura delictiva, y que por medio de la analogía se trata de enmarcarlo dentro de un delito de acción pública. Agrega que en el presente caso existe un proceso penal en su contra, el cual se fundamenta en actos no imputables a su representada ni al representante legal en lo personal y que por analogía se trata de aplicar un conducta establecida en el artículo 347B del Código Penal, sin que los actos señalados o su conducta se encuadren entro de dicho artículo para que se le aplique, lo que equivale a que se le vede el debido proceso, y que al presumir el Ministerio Público que el hecho que exista una contaminación a nivel general es constitutiva de un delito atribuible a su persona o a su representada lo encuadra en la figura de la contaminación industrial, lo
cual es ilegal e inconstitucional; iii) infringe el artículo 14 por cuanto de ninguna manera este precepto constitucional permite condenas presuntivas o por analogía, ya que éstas deben estar dotadas de veracidad y certeza, por cuanto no se puede invadir la esfera de la inocencia en base a presunciones o por la aplicación de la ley por analogía; y iv) asimismo, considera que se contraviene el artículo 17 porque no se permite la iniciación de un proceso por actos que no están calificados como delitos.
El Tribunal Constitucional al examinar el artículo 347B del Código Penal y
confrontarlo con el 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, advierte que el primero de los citados dispone: “(…) Contaminación industrial. Se impondrá prisión
de dos a diez años y multa de tres mil a diez mil quetzales, al Director, Administrador, Gerente, Titular o Beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare, en el ejercicio de la actividad comercial o industrial, la contaminación del aire, el suelo o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación fuere realizada en una población, o en sus inmediaciones, o afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y un tercio del máximo de la pena de prisión. Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de mil a cinco mil quetzales. En los dos artículos anteriores la pena se aumentará en un tercio si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas (…)”. Por su parte, el artículo constitucional señalado indica: “(…) Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber cito citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido (…)”.
Como se advierte, el artículo 347B del Código Penal califica un delito, y en el artículo 12 constitucional se consagra la garantía a un debido proceso, el cual esta Corte
ha manifestado que consiste en: “(…) El principio jurídico del debido proceso es elemento esencial del derecho de defensa, pues consiste en la observación de los actos y procedimientos que establecen las normas procesales que conducen a las decisiones judiciales o administrativas, permitiendo al solicitante ejercer su defensa y obtener un pronunciamiento conforme a derecho y, sin tal observancia se infringe el procedimiento
(… )”. Sentencia del diecisiete de septiembre de dos mil tres dictada dentro del expediente un mil treinta y cuatro – dos mil tres. De tal cuenta, se evidencia que, la norma penal impugnada, por tener el carácter de sustantiva y no señalar procedimiento alguno para juzgar a quien incurra en el ilícito que la misma define, no puede contravenir el debido proceso regulado en el artículo 12 constitucional, es decir, el artículo 347B del Código Penal establece únicamente un tipo delictivo que como tal sanciona un comportamiento, y no la forma en la que el Estado debe realizar el procesamiento de los autores. De ahí, que su contenido no es violatorio de la norma constitucional aludida, por no señalar actos o procedimientos que conduzcan a decisiones judiciales, de donde deviene su notoria improcedencia. En cuanto a la vulneración de los artículos 2, 14, 17 y 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por no efectuar el solicitante la confrontación necesaria, se imposibilita a esta Corte efectuar el análisis jurídico de fondo, por lo que deviene su inviabilidad. Por las razones consideradas, el recurso de apelación interpuesto debe declararse sin lugar, confirmando el auto venido en grado en cuanto declarar sin lugar el incidente de mérito, con la modificación de que la multa impuesta al abogado William René Méndez deberá hacerla efectiva en la tesorería de esta Corte, en el plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que el presente auto cause firmeza y que, en caso de incumplimiento, se cobrará por la vía legal correspondiente. LEYES APLICABLES
Artículos citados y 268 y 272 inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 149, 163 inciso d), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 27 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Prefabricados de Cemento, Sociedad Anónima y, en consecuencia, se confirma la parte resolutiva del auto apelado, con la modificación de que la multa impuesta al abogado William René Méndez deberá hacerse efectiva en la tesorería de esta Corte, en el plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que el presente auto cause firmeza y que, en caso de incumplimiento, se cobrará por la vía legal correspondiente. II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.
JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ PRESIDENTE
ROBERTO MOLINA BARRETO MAGISTRADO
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE MAGISTRADO
MARIO PÉREZ GUERRA MAGISTRADO
GLADYS CHACÓN CORADO MAGISTRADA
AYLÍN ORDOÑEZ REYNA SECRETARIA GENERAL
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References: artículo 347
 artículo 347
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 artículo 2
 artículo 12
 artículo 347
 artículo 14
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 2
 artículo 266
 artículo 347
 artículo 2

artículo 12
 artículo 347
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 347
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