Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-s-p-241970
Timestamp: 2017-04-23 10:00:59+00:00

Document:
Sentencia nº 8/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 17 de Enero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 241970
Sentencia nº 8/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 17 de Enero de 2005
Fecha de Resolución:17 de Enero de 2005
Número de Recurso:6469-2002
Recurso de amparo 6469-2002. Promovido por don Jesús Manuel S.P. respecto al Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que revocó el dictado por el Juzgado, y mantuvo el régimen de custodia de su hijo menor.
Sentencia citada en: 126 sentencias, un artículo doctrinal
En el recurso de amparo núm. 6469-2002, promovido por don Jesús Manuel S.P., representado por el Procurador de los Tribunales don Álvaro Arana Moro y asistido por el Letrado don Carlos Lugo Hernández, contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 23 de septiembre de 2002, estimatorio de recurso de apelación deducido contra el Auto del Juez de Primera Instancia núm. 1 de Santa Cruz de la Palma, dictado el 28 de diciembre de 2001, en el incidente de ejecución de Sentencia de divorcio núm. 271/99. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, así como doña María del Rosario R.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Jesús Manuel Dorremochea Aramburu y defendida por el Letrado don Jesús Eduardo Herrera Sicilia. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de noviembre de 2002 el Procurador don Álvaro Arana Moro dedujo demanda de amparo en nombre y representación de don Jesús Manuel S.P. contra la resolución judicial de la que se hace mérito en el encabezamiento de esta Sentencia.
Los hechos que se encuentran en el origen de esta demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
Los cónyuges don Jesús Manuel S.P., hoy demandante de amparo, y doña María del Rosario R.A. obtuvieron Sentencia de separación de mutuo acuerdo el 12 de febrero de 1999. En el convenio regulador de la separación ambos cónyuges acordaron que la custodia de su hijo menor, nacido en 1994, así como la de su hija, correspondiera a la madre, mientras que el otro hijo del matrimonio quedó bajo la custodia del padre. Con posterioridad, por determinadas circunstancias familiares, la hija decidió marchar a vivir con su padre. Con fecha 23 de noviembre de 2000 se dictó Sentencia de divorcio a instancia de don Jesús Manuel S.P., el cual solicitó la custodia de su hijo menor, petición que no fue atendida por el Juez al estimar que no se había acreditado un cambio relevante de las circunstancias concurrentes cuando ambos progenitores habían decidido, de mutuo acuerdo, en el proceso de separación que este hijo permaneciera con su madre.
Como consecuencia de ciertas incidencias (a las que luego se hará mención) habidas en la ejecución del régimen de visitas aprobado judicialmente, el Juez de Primera Instancia dictó Auto, de fecha 28 de diciembre de 2001, en el que modificó la resolución sobre la guarda del menor acordada en Sentencia de 23 de noviembre de 2000 y atribuyó a don Jesús Manuel S.P. la guarda y custodia de dicho hijo, estableciéndose a favor de doña María del Rosario R.A. un régimen de visitas.
Es a partir del mes de agosto de 2001 cuando se tiene en este Juzgado conocimiento cierto de los problemas que está planteando el cumplimiento del régimen de visitas establecido a favor del padre: en fecha 14 de agosto comparece en el Juzgado D. Jesús Manuel Sánchez Paz, informando de que hace mes y medio que no puede ver a su hijo; por parte de Dª María del Rosario R.A. se manifiesta que no se opone a que el niño vea a su padre, pero que es el niño el que no desea estar con él. Finalmente, se lleva a cabo la entrega del menor a su padre.
En fecha 11 de septiembre de 2001 comparece nuevamente en este Juzgado D. Jesús Manuel Sánchez Paz, y nuevamente solicita que se le ampare en su derecho a relacionarse con su hijo: se acuerda requerir a Dª María del Rosario R.A. para que cumpla estrictamente la resolución judicial en la que se establecía el régimen de visitas.
En fecha 9 de noviembre D. Jesús Manuel Sánchez Paz acude nuevamente al Juzgado con el mismo propósito, por lo que a la vista de las graves dificultades que está planteando el cumplimiento del régimen de visitas se acuerda convocar a las partes a una vista, que se celebra en fecha 14 de noviembre, y en la que se informa directamente por el Juez de este Juzgado a Dª María del Rosario R.A. de que es su responsabilidad, como titular de la custodia de su hijo, garantizar el cumplimiento del régimen de visitas acordado; y se le informa de que cualquier incumplimiento será sancionado mediante la imposición de multas coercitivas, y que el incumplimiento reiterado del régimen acordado podrá incluso determinar la modificación del régimen de guarda del menor.
A fin de garantizar el cumplimiento del régimen de visitas, y para facilitar la constancia de los acontecimientos, se acuerda oficiar a la Policía Local de Breña Alta, lugar del domicilio de Dª María del Rosario R.A., solicitándoles que, en el caso de que se les informe por cualquiera de las partes de este procedimiento de que se están planteando problemas sobre el cumplimiento del régimen de visitas, acudan al lugar para comprobar qué es lo que está ocurriendo, y den cuenta de ello al Juzgado.
Dicho lo anterior, los datos de los que se dispone resultan claramente indicativos de que la influencia sobre el niño solamente puede proceder de la madre, pues es la titular de la guarda, o del ámbito de la misma, del que es ella responsable: el menor se encuentra, como se ha dicho, bajo su guarda, y los contactos con el padre han sido limitados; se ha constatado que el menor justifica su negativa a ir con su padre en razones que no son propias de un niño (dice, según explica la Sra. perito, que ?su padre le quiere cortar el cogote?, ?si me voy con mi padre no le dará dinero a mi madre? ó ?si me pongo malo no me dan la medicina que tengo que tomar y me da bronquitis?); el informe pericial constata que en realidad el niño hace una valoración muy positiva (como no debe ser de otra forma en un niño de esa edad) de su padre; en el primero de los informes policiales unidos a las actuaciones (a ambos se ha hecho referencia anteriormente) se constata por el agente informante la actitud ?impasible? de la madre cuando se la solicitaba su colaboración para que facilitara la marcha del niño con su padre, y se indica que se limitaba a decir ?el niño está ahí si quiere ir, pero es él el que no quiere?.
Debe añadirse la constatación pericial, así como a través de la prueba testifical practicada (se ha dispuesto, en este sentido, tanto del testimonio de los hijos mayores del matrimonio como de una pariente próxima de la propia Dª María del Rosario R.A.) de que el niño está bien y correctamente atendido en la casa de su padre. Todo ello, unido, como se ha recalcado por el Ministerio Fiscal en la vista celebrada, a la buena relación del niño con sus hermanos, determina que se estime procedente, en interés del menor, modificar la guarda del mismo, que corresponderá a su padre, D. Jesús Manuel S.P. (arts. 776.3 LEC en relación con los arts. 159, 92, 94 y 158.3 CC). Y ello por cuanto aparece que no existe otra vía para poner fin a la situación creada por Dª María del Rosario R.A., a pesar de los sucesivos requerimientos, realizados incluso personalmente por el Juez que firma esta resolución, e incluso imposición de una multa.
Finalmente, debe indicarse que, a la vista de lo avanzado del curso escolar, y dado que por la Sra. perito se ha insistido en que el desarrollo escolar del niño resulta correcto, deberá evitarse que el mismo cambie de centro escolar. El cambio, durante este curso, solamente se llevará a cabo si resulta absolutamente necesario, y previa constatación de la necesidad y de que no se perjudica al niño, por este Juzgado (art. 158.3 CC).
Deducido recurso de apelación por doña María del Rosario R.A. la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el Auto impugnado en este recurso de amparo, acordó revocar íntegramente el Auto recurrido en apelación y mantener las medidas acordadas en la Sentencia de divorcio dictada el 23 de noviembre de 2000. De este modo, en lo que ahora interesa, quedaba inalterado el régimen de guarda y custodia del menor a favor de su madre. El razonamiento de la Audiencia que conduce a esta decisión es el siguiente:
El demandante de amparo alega que la Audiencia Provincial, sin haber presenciado personalmente las pruebas practicadas ante el Juez de Primera Instancia, revocó la resolución de éste incurriendo en un gravísimo error de apreciación del material probatorio obrante en los autos, pues, a pesar de la abundante prueba practicada (pericial psicológica, policial y testifical) y de su detallada valoración por el Juez de instancia, el Auto impugnado emplea tan sólo dos líneas para revocar la resolución apelada sin realizar una ponderación concreta y específica de las razones empleadas por el Juez de instancia al acordar la modificación de las medidas inicialmente adoptadas en la Sentencia de divorcio. Tan simplista razonamiento, manifiesta el recurrente, pudo estar influido por el sentido feminista de la Magistrada Ponente.
Mediante providencia de 20 de noviembre de 2003 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio público un plazo de diez días para que formulasen alegaciones en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
El demandante de amparo formuló alegaciones el 13 de diciembre de 2003, insistiendo en la argumentación vertida en la demanda.
El Fiscal, mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2003, interesó la inadmisión de la demanda al estimar que carecía de contenido constitucional que justificase una decisión sobre el fondo mediante Sentencia. Comienza por aludir al carácter formal de la invocación del art. 14 CE, por cuanto la demanda no contiene fundamentación alguna en relación a la vulneración del principio de igualdad. Del mismo modo razona que no pueden esgrimirse en amparo derechos que no se encuentren contenidos en los arts. 14 a 29 CE y la objeción de conciencia, por lo que no cabe invocar con éxito la vulneración de los derechos recogidos en los arts. 9.3 y 39.4 CE.
La Sala Segunda de este Tribunal, en providencia de 22 de abril de 2004, acordó, de conformidad con el art. 11.2 LOTC, la admisión a trámite de la demanda de amparo. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Santa Cruz de la Palma a fin de que, en plazo no superior a diez días, remitiesen a este Tribunal certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo núm. 214-2002 y a los autos 271-99, respectivamente, debiéndose emplazar por el Juzgado a quienes hubieran sido parte en el proceso, excepción hecha del recurrente en amparo, para que en el término de diez días pudiesen comparecer en el presente recurso.
La Sala Segunda acordó, mediante providencia de 4 de julio de 2004, tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Jesús Manuel Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de doña María del Rosario R.A., quien previamente se había personado mediante escrito presentado el 1 de junio anterior.
El Fiscal evacuó el traslado conferido el 6 de julio de 2004. Tras describir los hechos sustanciales que condujeron al dictado de la resolución impugnada reproduce su criterio desfavorable a la estimación de la demanda, ya expresado en su informe de 17 de diciembre de 2003.
Por providencia de 13 de enero de 2005, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo es si el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 23 de septiembre de 2002, estimatorio de recurso de apelación deducido contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Santa Cruz de la Palma sobre modificación del régimen de custodia del hijo menor del demandante de amparo y de quien en otro tiempo fuera su esposa, vulneró o no el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por falta de motivación suficiente. A esta queja añade también el demandante de amparo las de las vulneraciones del derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), del principio de igualdad (art. 14 CE) por el pretendido sesgo feminista que habría guiado a la Magistrada Ponente de tal resolución, de los principios de legalidad, jerarquía normativa y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y, finalmente, de la protección que a la infancia corresponde conforme a los tratados internacionales (art. 39.4 CE).
Como en tantas ocasiones nuestra primera tarea ha de centrarse en la delimitación de lo que pueda considerarse en correcto rigor técnico el tema que hemos de afrontar en este recurso de amparo, pues buena parte de los reproches efectuados a la resolución judicial hubieran merecido una resolución de inadmisión a limine si no fuera porque, además, junto a ellos se formula una queja que autónomamente considerada reviste entidad suficiente como para hacer preciso un pronunciamiento sobre ella mediante Sentencia de este Tribunal.
Como acabamos de recoger, y admite el Ministerio público, en las alegaciones efectuadas el demandante de amparo denuncia la falta de motivación de que adolecería el Auto de la Audiencia Provincial, revocatorio de la resolución del Juez de Primera Instancia por medio de la cual se atribuyó al demandante de amparo la guarda y custodia de su hijo menor, que hasta entonces tenía la madre. Tal queja puede entenderse vertida en el conjunto del escrito de demanda, y alcanzaría concreción en los pasajes en que se alude a las escasas líneas empleadas para revocar el Auto del Juzgado en contraste con el abundante razonamiento de éste, así como en las referencias al simplismo de la argumentación de la Audiencia Provincial.
La aplicación de esta doctrina al caso ahora enjuiciado ha de conducirnos al examen de si la resolución de la Audiencia Provincial permite o no tomar cabal conocimiento de las razones por las que se estimó incorrecta la resolución apelada, pues, aun cuando suele ponerse el acento en el carácter de novum iudicium del recurso de apelación (con lo que se sitúa el foco en los poderes del órgano ad quem), no cabe olvidar que tal medio de impugnación no se configura pura y simplemente como un replanteamiento de lo sometido al Juez de instancia, sino como un medio de fiscalización de una resolución judicial que ha de combatirse en su resultado y fundamentación, de tal modo que ni aquél ni ésta pueden sencillamente ignorarse por más que para esta labor de enjuiciamiento se dote al órgano llamado a realizarla de unos poderes frente a la fijación de los hechos muy semejantes (aun cuando no idénticos) a los del órgano que conoció en primera instancia. Consecuencia de lo anterior es que el enjuiciamiento constitucional de la adecuación de la motivación de una resolución judicial toma en consideración, no solamente lo planteado por las partes desde el inicio del proceso, sino también, y esencialmente, las razones ofrecidas por la resolución judicial impugnada, las cuales habrán de ser avaladas o contradichas por el órgano a quem. Es más, la necesidad de hacer explícitas las razones que conducen a un determinado fallo se hace más patente cuando la resolución de segunda instancia corrige la resolución apelada, pues, mientras que para la confirmación del criterio del órgano a quo puede ser suficiente con razonar la falta de disentimiento con su criterio, para la revocación de toda resolución es preciso expresar con claridad, aun cuando sea brevemente, las razones que conducen a ello.
Pues bien nos encontramos por tanto ante una resolución judicial en primera instancia que se basa en la constatación de ciertos hechos y en la ineficacia de las medidas judiciales acordadas como consecuencia de ellos, y que valora estas circunstancias como justificativas de un cambio del régimen de custodia en beneficio del mantenimiento del trato del menor con su padre y sus hermanos, que conviven con éste. Por el contrario la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación interpuesto frente a tal resolución, tras reconocer las facultades del Juez para acordar lo mejor para el menor sin sujeción al principio dispositivo, se limita a razonar que "no concurren razones que justifiquen una modificación del régimen de custodia en su momento acordado, ya que no han sobrevenido nuevas circunstancias que justifiquen una modificación de una medida de tanta trascendencia para la vida del menor, sino la adopción por el juzgado a quo de cuantas medidas sean necesarias para garantizar su ejecución, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley de enjuiciamiento civil".
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Jesús Manuel S.P. y, en consecuencia:
Declarar que se ha vulnerado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerlo en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 23 de septiembre de 2002, retrotrayendo las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior a su dictado para que por dicho órgano judicial se pronuncie nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental invocado.
Sentencia nº 58/2008 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 28 de Abril de 2008

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución