Source: http://hrfbolivia.blogspot.com/2007/
Timestamp: 2017-11-22 10:52:14+00:00

Document:
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA: 2007
Ante los crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Sucre que vienen siendo perpetrados por fuerzas represivas estatales y grupos irregulares alentados públicamente por el Gobierno boliviano, exigimos al Presidente Evo Morales Ayma que, en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas y Jefe Máximo de la Policía Nacional, de acuerdo a los artículos 97 y 216 de la Constitución vigente, primeramente ordene a los efectivos militares y policiales enviados a la ciudad de Sucre, el cese inmediato de las agresiones contra su población civil, y, en segundo lugar, que tome todas las medidas necesarias para disolver de modo definitivo las milicias irregulares, que, a través de amenazas y actos degradantes contra la dignidad humana, han llamado públicamente a la guerra civil, elevado a niveles intolerables la violencia y, con esto, atentado contra la vigencia de los derechos humanos de todas las personas dentro del territorio boliviano.
Los ataques contra la población civil de Sucre, que incluirían al menos cinco asesinatos, múltiples desaparecidos y alrededor de 300 heridos y mutilados, constituyen crímenes de lesa humanidad en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Bolivia es Estado Parte desde el 1° de agosto de 2002:
a) Asesinato; […] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales […] u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; […] k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
A tiempo de recordar al Presidente de la República que los Jefes de Estado que cometen crímenes de lesa humanidad son perseguidos mundialmente y caen dentro de la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional, invocamos a las diferentes organizaciones de la comunidad internacional, en especial, a la ONU y la OEA, para que envíen de manera urgente observadores que verifiquen la sistemática violación a los derechos humanos perpetradas y alentadas por el Gobierno de Bolivia.
Asimismo, urgimos a todos los ciudadanos y colectividades de la sociedad civil boliviana a buscar las vías pacíficas y democráticas para el restablecimiento inmediato y duradero de los derechos y libertades de todas las personas dentro del territorio boliviano.
Santa Cruz, 25 de noviembre de 2007
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 15:58
El día viernes 23 de noviembre del 2007, la directiva de la Asamblea Constituyente dominada por el partido de gobierno –MAS- instaló una sesión plenaria en el Liceo Militar de “La Glorieta”, en la ciudad de Sucre, capital de la República de Bolivia. Dicha sesión violó la legislación boliviana, que prohíbe deliberar en recintos militares, y sólo contó con la presencia de 145 de los 255 integrantes de la Constituyente. Adicionalmente, la directiva mantuvo la resolución ilegal dictada el 15 agosto de 2007, que prohíbe el tratamiento en plenaria de la propuesta de retorno de los poderes Legislativo y Ejecutivo a la capital de la república, incluida en varios informes de minoría de las comisiones. Esta resolución violó la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el Reglamento de Debates y la Ley de Ampliación votada el 3 de agosto del 2007, así como el fallo de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que declaró ilegal la mencionada medida. Igualmente, la primera medida tomada por la plenaria en el recinto militar -consistente en modificar el Reglamento de Debates- violó la normativa interna de la Constituyente, que indica que para modificar el Reglamento la propuesta debe ser puesta a consideración de todos los constituyentes con 72 horas de anticipación.
La instalación de la plenaria en el recinto militar y las múltiples irregularidades ocasionaron movilizaciones de protesta del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, integrado por la mayor parte de las fuerzas vivas de ese departamento. Hacia el mediodía, el Comité Interinstitucional realizó un cabildo multitudinario, donde se declaró ilegal la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente y se anunció un referéndum para resolver el debate sobre la capitalidad plena. Hacia las 13:00 horas, estudiantes de la universidad estatal “San Francisco Xavier” se dirigieron a la sede legal de la Constituyente, el Teatro Gran Mariscal, donde varios funcionarios administrativos estaban sustrayendo muebles y equipos para trasladarlos al recinto militar. Los estudiantes instalaron una vigilia alrededor del edificio para impedir el traslado, momento en el que comenzó el operativo de represión policial. Los estudiantes fueron gasificados en reiteradas ocasiones, hasta que a las 15:00 horas las fuerzas policiales de la ciudad de Sucre se replegaron a sus comandos, momento en que la represión pasó a ser ejercida por policías llegados desde la ciudad de La Paz. Entonces se intensificó la violencia represiva, con disparos de gases y balines a quemarropa y feroces golpizas propinadas con bastones. La oleada de violencia se prolongó durante toda la jornada en el centro de la ciudad y en la zona de El Tejar, a cientos de metros de La Glorieta.
El saldo de la represión fueron más de 100 personas heridas, incluyendo a un estudiante universitario con ambas piernas fracturadas por la golpiza propinada por efectivos policiales, una persona internada por un preinfarto y menores de edad intoxicados por los gases lacrimógenos, que tuvieron que ser atendidos en terapia intensiva. Asimismo, existen insistentes versiones sobre dos fallecidos, información que deberá ser confirmada en las próximas horas. También se registró una agresión de parte de efectivos policiales a un camarógrafo del canal de TV Red Uno, José Vargas, que fue golpeado y a quien se le decomisó su equipo de filmación, tras lo cual se destruyó la cinta en la que había registrado algunos de los momentos más intensos de la represión. Posteriormente, el Sindicato de la Prensa de Chuquisaca denunció que fueron dos los camarógrafos golpeados por la Policía. Paralelamente, fueron apresados más de 50 estudiantes universitarios, los mismos que habrían sufrido golpizas en el lugar de detención y que posteriormente fueron liberados de manera paulatina.
Cabe destacar que, además de la presencia de efectivos policiales y militares, también se encuentran en la ciudad de Sucre varias milicias irregulares como los “Ponchos Rojos”, de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, formación alentada por el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera. La llegada de estas milicias estuvo precedida en las jornada anterior -22 de noviembre del 2007- por un acto efectuado por esas fuerzas en su Provincia de origen, donde degollaron perros mientras proferían amenazas de muerte al prefecto (gobernador) del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y al presidente del comité cívico de la misma región, Branko Marinkovic Jovicevic. Al mismo tiempo, exhibieron armamento de guerra y realizaron ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Versiones por confirmar hablan de la presencia de francotiradores de los “Ponchos Rojos” en los cerros circundantes a la ciudad de Sucre. La llegada de 3.000 campesinos a la capital de la república se realizó con la presunta organización del gobierno nacional, en medio de amenazas de dejar a Sucre sin alimentos ni agua potable.
En las últimas semanas, varios voceros del gobierno y de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo declararon su intención de llevar al país al enfrentamiento civil. Según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, “está más cerca de lo que parece el momento de tensionamiento de fuerzas”. Por su parte, el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró en un mitin celebrado en la ciudad de Tarija que se avecina “Una batalla política. Tienen que entender compañeros que acá, o vamos a salir más fortalecidos o vamos a salir débiles”. De manera similar se expresaba el máximo dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Edgar Patana, quien decía que “Ha empezado la batalla decisiva, la última que estaba esperando el pueblo, para poder hacerse escuchar”, en medio de una marcha que bajó hasta la plaza Murillo de La Paz acompañada por gritos que amenazaban: “¡Guerra civil! ¡Guerra civil!”. En coincidencia con esas amenazas, el alcalde de Achacachi y dirigente de los ponchos rojos, Eugerio Rojas, anunció que su sector se encuentra en estado de alerta ante una eventual confrontación, “incluso una guerra civil”. A esto hay que agregar las instrucciones que, según diarios locales, le habría dado el presidente de la república, Evo Morales Ayma, a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte: “Viva o muerta, me entregas la Constitución el 14 de diciembre”.
Más de 100 heridos, en su mayoría estudiantes de la Universidad “San Francisco Xavier”. Más de 50 detenidos y posiblemente 2 muertos. Dos camarógrafos agredidos y coartados en el ejercicio de su profesión.
El ministro de gobierno, Alfredo Rada, que se encuentra acuartelado en el Liceo Militar de “La Glorieta” y quien presuntamente organizó la represión a la manifestación de los ciudadanos de Sucre. El viceministro de coordinación gubernamental, Héctor Arce, presente en la ciudad de Sucre durante los hechos, y el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, de cuya cartera depende el Viceministerio de Coordinación Gubernamental.
Mientras los graves hechos de violencia se sucedían en la ciudad de Sucre, el presidente de la república, Evo Morales Ayma, se paseaba en un tanque de guerra en la Unidad Militar “Calama”, en la localidad de Patacamaya. Llamó a los chuquisaqueños a “no bloquear la sesión plenaria” pero no se pronunció sobre los hechos de violencia. Por su parte, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, se refirió a los manifestantes agredidos diciendo que “son pequeños grupos que no representan a los chuquisaqueños”. El presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jaime Barrón, lamentó la acción de los uniformados, señalando que “No había necesidad de tanta violencia porque en el Teatro Gran Mariscal no había sesión alguna. Paradójicamente, esta Asamblea Constituyente que se dice popular va a sesionar en espacios que son emblema de la dictadura”. Por su parte, el constitucionalista Jorge Asbún confirmó el carácter ilegal de la sesión en el Liceo Militar, que violaría la ley 3728 del 3 de agosto de 2007, así como el artículo 6 de la ley 3364 del 6 de marzo de 2006. El diputado opositor Oscar Urenda señaló que “Está muriendo la democracia luego de 25 años”. El Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado declarándose en vigilia permanente e indicando que “Quien hiere a Chuquisaca agrede a Santa Cruz”. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) declaró a través de un comunicado que “Es una aberración que contradice los principios humanos y cristianos, usar las necesidades y aspiraciones humanas como recurso de cálculo político e instrumentalizar a grupos sociales como recursos de presión, más aún cuando estas medidas pueden conducir a lamentables enfrentamientos entre hermanos”. La Iglesia espera que a través de mecanismos de conciliación “se compatibilicen aspiraciones particulares con el bienestar de la sociedad” y pidió a la población buscar el diálogo y el consenso “ante la gravedad de los hechos”. El senador del MAS, Guido Guardia, dirigió una carta al presidente de la república, Evo Morales, señalando que “Difícilmente la historia podrá reflejar que usted no será el responsable, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, de un posible derramamiento de sangre en Sucre, autorizando a una institución militar el funcionamiento de una Constituyente reunida bajo presión”.
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-11-24/verespecial.php?id=071124023124
BOLIVIA: CAMPESINOS CERCAN SUCRE AnsaLatina.com - Italy
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 15:03
En un artículo publicado en The Washington Times, Human Rights Foundation-Bolivia alerta sobre el peligro de enfrentamientos suscitados desde el gobierno de Evo Morales, una vez que sus políticas han estado fomentando las divisiones étnicas y regionales. Sostiene que para postularse al Premio Nobel de la Paz, el presidente Morales debería limpiar antes la lista de acusaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.
Lea el artículo completo publicado en The Washington Times.
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 16:45
Cierran primeras investigaciones sobre la muerte de joven Urresti
Ante el anuncio de la Fiscalía de cerrar el primer paso del proceso de las investigaciones para esclarecer la muerte del joven Cristian Urresti en los conflictos de Cochabamba en el mes de enero, se produjo la indignación por parte de los familiares y amigos del joven.
Esta página está dedicada a la memoria, el heroismo y la valentía de Cristian Urresti Ferrel que encarna y encarnará para toda la eternidad la lucha ...www.boliviademocratica.net/view.php?idMenu=93185&&idSeccion= - 19k -
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 16:34
El Nuevo Día - El Evento
Mientras, la Iglesia Católica llamó al diálogo y pidió al Gobierno asumir con ... al Ejecutivo por su “negligencia” en la atención del conflicto, ...www.el-nuevodia.com/Versiones/20061007_006881/nota_249_341734.htm - 40k -
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 16:31
A las 11:30 horas del día sábado 23 de diciembre, cinco policías del Ministerio de Gobierno vestidos de civil, que se encontraban fuertemente armados, detuvieron al refugiado cubano y médico Amauris Samartino Flores mientras caminaba con su esposa en la zona de la Avenida Cañoto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por su esposa Normina Chávez. La mujer contó que fueron interceptados por cinco civiles identificados como policías, aunque no mostraron ningún documento que los identifique. Éstos portaban armas de fuego y después de encañonarlo y reducirlo, lo esposaron y lo introdujeron en una camioneta doble cabina color azul con placa 1071 TLC que partió a toda velocidad con rumbo desconocido. La detención se produjo sin observar ninguna de las garantías del debido proceso, sin orden judicial ni como reacción a un delito cometido in fraganti.
Al día siguiente, domingo 24 de diciembre, el Ministerio de Gobierno reconoció la detención a través de un comunicado e informó que el ciudadano cubano Samartino sería expulsado del país en el primer vuelo con destino a Cuba. Ante semejante intención que viola la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados, organismos internacionales como el ACNUR presionaron al Gobierno para que el disidente cubano no fuera enviado a Cuba y le consiguieron el refugio temporal en Colombia, adonde fue finalmente expulsado.
En muchas ocasiones durante los meses anteriores, Amauris Samartino había criticado públicamente la ausencia de las libertades de expresión y de opinión en Cuba, y la influencia de ese Gobierno sobre el presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de distintos medios de comunicación —habiendo adquirido mucho reconocimiento y simpatía por parte de la mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz, ciudad donde residía y ejercía continuamente su derecho a la libertad de expresión— con la principal misión de denunciar las violaciones a los derechos humanos que se producen en Cuba y principalmente las restricciones al derecho a la libertad de expresión y de opinión que se están volviendo sistemáticas en Bolivia. Samartino, disidente del gobierno de Fidel Castro, llegó a Bolivia en el año 2000, patrocinado por los Estados Unidos de América y la Organización Internacional de Migraciones, con estatus de refugiado político. Dicho estatus que le garantizaba una residencia libre en Bolivia, le fue revocado a través de una resolución ministerial contraria a las normas constitucionales del debido proceso y al Decreto Supremo Nº 24423, que en su artículo 49 regula el régimen legal para la expulsión de asilados y de refugiados políticos en Bolivia, debido a la amistad y afinidad del actual gobierno de Bolivia y el gobierno de Cuba. De esta manera, la Resolución Ministerial Nº 4213 de 19 de septiembre de 2006 derogó ilegalmente la anterior Nº 3430 de 5 de abril de 2001, revocando al disidente cubano su Visa de Permanencia Indefinida en Bolivia.
Desprovisto inconstitucionalmente de su condición de refugiado político a través de la “cancelación” de su visa, el Ministerio de Gobierno aplicó, como causal para su súbita expulsión, el artículo 48 inciso i) del Decreto Supremo Nº 24423 que establece: “Serán expulsados del país y no podrán ingresar en el futuro a territorio boliviano, los extranjeros comprendidos en las siguientes causales: Que intervengan en cualquier forma en política interna o de dirección sindical o inciten por cualquier medio a la alteración del orden social, político o de las organizaciones sindicales. Que se incorporen a asociaciones que tengan directa o indirectamente fines políticos. Que intervengan en la organización o dirección de desfiles, asambleas o cualquier clase de manifestaciones públicas de carácter político o contrarias a las decisiones del Supremo Gobierno o que efectúen declaraciones o publicaciones en el mismo sentido u ofensivas a las instituciones y/o autoridades nacionales. Que inciten de alguna manera al desobedecimiento a las leyes de la República o a las autoridades legalmente constituidas;”
Además de que el artículo aplicado constituye una prescripción que restringe, en contra del carácter “universal” de los derechos humanos, la libertad de expresión y de opinión a los “extranjeros”, el Ministerio de Gobierno actuó con premeditación y mala fe, contrariando el principio de derecho internacional de la buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que efectuó toda la operación de aprehensión y expulsión del refugiado cubano durante el feriado de Navidad, coincidiendo este feriado con la baja cobertura de los medios de prensa para evitar así la presión de la ciudadanía, y con la vacación judicial en todo el país para evitar que se puedan activar a tiempo mecanismos constitucionales de tutela de derechos humanos, como ser el “recurso de habeas corpus”, que hubiera permitido la inmediata cesación (en 24 horas) de la detención ilegal. Sin embargo, debido a la presión internacional, el cubano Samartino no pudo ser enviado inmediatamente a Cuba y dio lugar a que se planteen los recursos pertinentes, aunque fueron declarados “improcedentes” por la justicia boliviana.
La detención arbitraria y consecuente expulsión por parte del Ministerio de Gobierno del refugiado político cubano, Amauris Samartino, por el único motivo de haber ejercido continuamente a través de distintos medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, internet) su derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, la mayoría de las veces de manera abiertamente crítica hacia los gobiernos de Bolivia y de Cuba, viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Por su parte, la actuación del Ministerio de Gobierno también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.
Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.
Sobre esa misma línea de principios, la detención y expulsión de Bolivia de Amauris Samartino viola el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Asimismo, la detención denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la misma Declaración: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
La víctima directa de la violación es el refugiado político cubano, Amauris Samartino Flores, y las víctimas indirectas son todos los refugiados políticos cubanos que habían obtenido ese estatus durante gobiernos anteriores, con la finalidad de poder ejercer sus derechos humanos libremente sin restricciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, y que debido a esta clara actitud de persecución política contra quienes se manifiestan contrarios al gobierno, ahora se encuentran de hecho limitados en sus derechos humanos y sin posibilidad de expresar sus ideas libremente, bajo pena de ser expulsados del país, hacia el país donde seguramente serán encarcelados por disentir.
El responsable por la detención y expulsión ilegales del refugiado político cubano, Amauris Samartino Flores, en razón de sus constantes apariciones en medios de prensa con opiniones e ideas críticas hacia los Gobiernos de Bolivia y de Cuba, es el Ministerio de Gobierno en la persona de la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz Alá, quien firmó en septiembre la Resolución Ministerial que quitaba arbitrariamente el estatus de refugiado político a Samartino, y quien, maliciosamente, esperó el momento preciso de indefensión y de distracción popular para ordenar el súbito arresto y expulsión a Cuba del disidente cubano.
El Ministerio de Gobierno se limitó, a través de un comunicado del día domingo 24 de diciembre de 2004 a informar el conflictivo basamento legal que había utilizado para detener y expulsar inmediatamente al refugiado político cubano Amauris Samartino.
Las personas amigas y que reconocen la trayectoria de Amauris Samartino salieron a protestar durante las semanas que siguieron al arresto.
La comunidad de refugiados cubanos en Santa Cruz denunciaron ser objeto de persecución permanente por parte de agentes bolivianos y cubanos que se encuentran amedrentándolos en el país. José Antonio La Guardia, un refugiado que llegó al país junto a Samartino, afirmó que los cubanos tienen el amparo legal de permanencia en Bolivia y lo sucedido pone en tela de juicio la validez de esos convenios internacionales. “Veníamos de un país donde éramos perseguidos a una tierra que nos dio todas las garantías, pero ahora somos igual de perseguidos pero con más saña”, lamentó.
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 16:17
Los hechos de este caso son ampliamente descritos en los “antecedentes” y “descripción de los hechos” correspondientes al caso “Agresiones físicas contra periodistas y toma de radios en San Julián”।
La omisión de la policía de brindar las garantías de libre locomoción y libre tránsito para que los ciudadanos bolivianos de origen indígena y mestizo, que se desplazaban pacíficamente hacia el Cabildo del Millón que se realizaría en Santa Cruz de la Sierra, pudieran ejercer allí sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Por su parte, dicha actuación también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Asimismo, la actuaciones denunciadas contravienen los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”
Los agredidos eran ciudadanos bolivianos, de identificación racial mestiza y, en su mayoría, descendientes de las etnias indígenas originarias de las Provincias de Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Velasco, ubicadas al norte del departamento de Santa Cruz, a saber: guarayos, ayoreos, chiquitanos, guaraníes, paiconecas, sirionós, tembetas, etc. Entre la totalidad de las víctimas, que alcanza aproximadamente la centena de personas, se han identificado, a través de los registros de hospitales, a las siguientes personas: Miguel Cerrajero (62 años de edad), Pedro Chuquisanbé (50), Roberto Guillén (43), Porfirio Gutiérrez (52), Robertina Macarí (37), Oswaldo Dorado (42), Felipe Cantías (26), Juan Toseabo (39), Ángel Salazar (63), Martín Menchaca (19), Ismar Roque (29), Miguel Rodríguez (42), Aparicio Tusubé (21), Gregorio Tica (28), Wálter Wana (56), Marcelno Román (40), Freddy Ramos (44), José Luis Peña (32),Juan Luis Ovando (30), Santos Chávez (27), Marcelino Ramos (65), Ramón Aguilar (50), José Trujillo (23), Flavio Gómez Sánchez (27), Legni Melgar (57), Angélica Roca (48), Emma Pereyra (52), Wilson Gallardo, Lourdes Vargas (48), Manfredo Villalba (20), Daniel Cutaré (40), Olia Gutiérrez (27), Ángel Pérez (44), Yhenny Velásquez (28), Vicente Roca (20), Erik Opín (25), Pedro Pacheco (29), Raquel Sánchez (50), Silvia Roca (17), Esteban Fernández (47), Carlos Vargas (24), Carlos Serrano (43), Gabriel Montaño (26), Doroteo Chambi (43), Alberto Paredes (30), Sabino López (48), Claudia Abonet (26), Julián Hurtado (24), Samuel Saavedra (14), José Álvarez (39), Leticia Morales (22), Rogelio Álvarez (29), Nina Montero (29), Dionicio Aguilar (24), Santos Rodríguez (23), Marco Antonio Ribera (34).
Los heridos más graves fueron Rosa Durán Soliz (25) quien sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano y Luciano Rodríguez Vedia (26), quien perdió un ojo.
El responsable de las agresiones a los manifestantes es principalmente la policía al mando de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz Alá, quien públicamente ha manifestado su voluntad de desproteger a quienes están en contra del gobierno (véase el caso del escritor Lechín más adelante). Esta actitud beligerante ha provocado inclusive impasses dentro del Comando Nacional de la Policía, cuyo comandante departamental de Santa Cruz ha admitido haber dejado de actuar por encontrarse bajo presiones desde La Paz, y dentro del Ministerio Público, cuyo Fiscal del Distrito de Santa Cruz, luego de no haber podido lograr en concurso de los policías al lugar del conflicto, ha decidido actuar de oficio en la investigación de las agresiones de San Julián.
Como reacción a la agresión sufrida en San Julián, los manifestantes que no pudieron pasar hacia Santa Cruz, volvieron a la localidad de San Ramón y realizaron allí una concentración pública de apoyo al Cabildo de Santa Cruz. Después de la concentración, algunos manifestantes quemaron la sede del partido de gobierno (MAS) en esa localidad. Más tarde, según reportaron fuentes policiales, en Cuatro Cañadas, otra localidad de la zona, también como respuesta a la agresión, una persona de nombre Limberg, quien bloqueaba la vía, habría sido herido de bala en la pierna desde un bus que se dirigía a Santa Cruz. Por su parte, en Concepción, San Javier y San Ignacio, grupos de jóvenes contrarios al Gobierno quemaron varias sedes sindicales claramente comprometidas con el partido de gobierno y casas de dirigentes del MAS. Asimismo, se habrían registrado saqueos contra los puestos de venta de supuestos militantes del Partido de Gobierno en varias localidades de las Provincias Chiquitos, Guarayos y Velasco.
Ante el desenlace de violencia, las instituciones públicas dependientes directamente del Poder Ejecutivo, reaccionaron desproporcionadamente a favor de sus militantes que sufrieron las represalias a sus agresiones en San Julián. De esta manera, contra la versión del propio comandante de policía de San Julián, el vocero gubernamental, Alex Contreras, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Saúl Medrano, temerariamente responsabilizaron a los que se dirigían pacíficamente en buses hacia Santa Cruz de haber provocado los enfrentamientos. En esa misma línea de tergiversar el enfrentamiento iniciado por los propios militantes de su partido, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, libró catorce mandamientos de apremio contra los presuntos autores de los saqueos y quemas de sede del MAS, aunque seguidamente, luego de un acuerdo de pacificación con la Fiscalía y las partes del conflicto, los tuvo que dejar sin efecto. En ese mismo sentido, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, soslayando la intolerancia a la pluralidad política de su gobierno y desconociendo que sus partidarios en San Julián (de origen indígena quechua y aymara) habían atacado a mansalva a ciudadanos bolivianos también de origen indígena (guarayo, chiquitano, guaraní, ayoreo, paiconeca, etc.), había amenazado: “Se van a hacer cumplir esos mandamientos, porque no podemos permitir que a título del conflicto político en el país, la impunidad proteja una sañuda violencia con graves ribetes de limpieza étnica (refiriéndose a sus partidarios agredidos durante las represalias). Este Gobierno no va a permitir la limpieza étnica, habrá justicia, habrá respeto y lo que tenga que investigarse del otro lado también se investigará y se hará cumplir los mandamientos de apremio con seguridad.”[1]
[1] Fuente: Agencia Boliviana de Información. Disponible en:
www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto&j=20061218222100
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 17:26
El 9 de diciembre de 2006 a las 08:30 horas, Jessika Echeverría, una ciudadana boliviana que reside en Santa Cruz y que se encontraba casualmente en el aeropuerto de Cochabamba cuando varios medios de prensa cubrían la llegada de algunos Presidentes latinoamericanos a la Cumbre Sudamericana de Presidentes en Cochabamba, decidió protestar contra el gobierno a través de cánticos de protesta que reclamaban el cumplimiento de los dos tercios de voto en la Asamblea Constituyente. A pesar de que su protesta fue pacífica y de que recibió aplausos por parte de la mayoría de los viajeros presentes en el aeropuerto, la manifestante fue detenida ipso facto por efectivos de la Policía en el aeropuerto de Cochabamba. Según afirmó la detenida: “Lo hacía pacíficamente. Reclamé que se acabe el autoritarismo y que los constituyentes escuchen la voz del pueblo, cuando de pronto fui agarrada por policías y sacada del lugar”, dijo. La manifestante que expresaba libremente sus ideas y opiniones contrarias a la decisión del gobierno de desconocer el quórum mínimo de dos tercios de voto establecido por la Ley 3364 Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente para la aprobación de la nueva Constitución, fue detenida arbitrariamente sin que se sigan las reglas del debido proceso reconocido por la Constitución boliviana y por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Durante la detención, los policías causaron heridas leves a la manifestante y, seguidamente, fue llevada a tres lugares distintos en calidad de detenida. Finalmente, gracias a la intervención de tres abogados cochabambinos, fue liberada.
La detención de la ciudadana boliviana Jessika Echeverría por manifestar públicamente sus ideas y opiniones en contra de una posición política del Gobierno de Bolivia, viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Por su parte, la actuación de la policía, bajo la dirección del Ministerio de Gobierno, también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Asimismo, la detención denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”
La víctima directa de la violación es la ciudadana boliviana Jessika Echeverría.
El responsable por la detención arbitraria de la ciudadana Jessika Echeverría, que se manifestaba pacíficamente en el aeropuerto de Cochabamba, es el Ministerio de Gobierno en la persona de la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz Alá, quien tiene tuición sobre el Comando Nacional de la Policía, y quien debe responder por las acciones arbitrarias de los policías en cumplimiento de órdenes superiores.
Mientras que la manifestante logró bastante reconocimiento popular en el país y fue invitada a varios medios de comunicación a contar su versión de los hechos, el gobierno restó importancia al incidente, no expresó ni siquiera su satisfacción moral hacia la víctima y tampoco reconoció su obligación de indemnizar a la víctima por los daños morales, físicos, psicológicos y económicos a los que fue sometida durante el día de su detención. Por su parte, la víctima ha declarado encontrarse amedrentada, debido ha que ha venido siendo objeto de amenazas de muerte para que deje de aparecer en la prensa televisiva.
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 17:19
El día viernes 24 de noviembre de 2006, aproximadamente a horas 13:00, un grupo de 17 mujeres de instituciones cívicas, agropecuarias, vecinales y voluntarias de Santa Cruza de la Sierra, iniciaron una huelga de hambre en instalaciones del Comité Cívico Femenino, exigiendo al Gobierno que se respeten los dos tercios en la Asamblea Constituyente, que se reforme la Ley INRA en consenso con los productores y que no se apruebe la norma que permita censurar a los prefectos.[1]
Esa misma tarde, enterado de la huelga de hambre de las mujeres, el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la localidad de San Julián, mientras hacía su discurso en la ocasión de la entrega de 20 tractores a los campesinos partidarios de su gobierno, agredió moral y sicológicamente a las mujeres huelguistas, al afirmar textualmente: “Me dicen que no hacen huelga, que están haciendo dieta […] tal vez están muy gordas […] Me dicen que esa huelga no es por ética, es por estética.”
Las declaraciones públicas del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, que agraden la dignidad y la honra de las mujeres huelguistas por el único motivo de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Por su parte, dicha actuación, al constituir un hostigamiento a las mujeres que realizaban la huelga, también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:
Asimismo, las agresiones sicológicas del Presidente contra las mujeres que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Por otra parte, en tanto busca coartar el derecho fundamental de las mujeres a la libertad de expresión y de opinión, la agresión moral y sicológica del Presidente constituye una “discriminación” contra la mujer y viola el artículo 2 inciso d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, de la cual Bolivia es Estado Parte, que establece: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;”
Asimismo, la agresión moral y sicológica del Presidente de la República contra las mujeres huelguistas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y de opinión, es considerada un hecho de “violencia contra la mujer”, conforme se encuentra definido por la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, que establece: “Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: […] c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.”. Por tanto, la agresión del Presidente viola flagrantemente el artículo 4 de la Declaración en sus incisos b), c) y d), que establecen:
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán: b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares; d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos.
Las víctimas son todas las mujeres cruceñas que, en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de opinión, realizaban una huelga de hambre en las instalaciones del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, cuando el Presidente Evo Morales las agredió moralmente el 24 de noviembre de 2006.
El responsable de las agresiones morales a las mujeres que realizaban la huelga de hambre en el Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, es el Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien públicamente les violó los derechos fundamentales a la dignidad y a la honra, con la finalidad de que dejen de ejercer sus derechos a la libertad de opinión y de expresión.
Ante la agresión moral y sicológica del Presidente Morales hacia un grupo de mujeres que residen en la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Jaime Santa Cruz, reaccionó diciendo: “Me parece una total falta de respeto de un presidente que se exprese de esa manera de las mujeres de mi tierra, que entraron en huelga de hambre por la democracia de este país. Es una vergüenza todo lo que hace este Presidente resentido e inadaptado.”[2]
Desoyendo las reacciones de importantes sectores de la sociedad civil, el Gobierno no se disculpó ni expresó algún tipo de satisfacción moral o sicológica hacia las víctimas, menos aún intentó reparar de alguna manera el daño psicológico causado hacia las mujeres huelguistas que ejercían sus derechos a la libertad de expresión y de opinión.
[1] Fuente El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_2.html
[2] Fuente diario El Deber: http://www.eldeber.com.bo/2006/20061125/santacruz_9.html
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 17:16
Descripción de la violación
El miércoles 6 de diciembre en horas de la noche en la ciudad de La Paz, un grupo de aproximadamente 30 simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno que controla completamente el Poder Ejecutivo, y mayoritariamente el Legislativo y la Asamblea Constituyente, llegó hasta inmediaciones del canal de televisión de la Red PAT con el propósito de persuadir, a través de amenazas violentas, a los periodistas de esa red televisiva nacional para que no opinen de manera diferente al Gobierno. Entre otras cosas, la turba pedía la cabeza de Roberto Barbery Anaya, periodista cruceño reconocido a nivel nacional por su imparcialidad y por la profundidad del análisis como conductor del programa “Fisuras” y como comentarista del “Noticiero de PAT”.
Si bien este tipo de manifestaciones dirigidas por el Gobierno Nacional con la finalidad de monopolizar el tratamiento de la información se han dado en varias oportunidades (por ejemplo, contra la Red Unitel ese mismo día), debe resaltarse que preocupa mucho el hecho de que inclusive se den contra la Red PAT, que a lo largo de los años ha sido acreedora de importantes galardones por su reconocido profesionalismo e independencia en el tratamiento de la información.
La actuación de la turba de personas que amedrentó a la Red PAT y al periodista Roberto Barbery, y la complicidad del gobierno por no haberla evitado en defensa de la libertad de opinión, hace responsable internacional al Estado boliviano en la medida en que viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:
Por su parte, dicha actuación también confirma las acciones estatales denunciadas en la Declaración Conjunta de 1999 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión; Freimut Duve, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; y Santiago A. Canton Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión):
Asimismo, el amedrentamiento denunciado viola la libertad de expresión y de opinión conforme a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en México: “Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información.” De igual manera, la actitud denunciada contraviene el principio establecido en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “… la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.”
La víctima es la Red de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) y, en particular, el periodista Roberto Barbery Anaya.
El responsable por la violación del derecho a la libertad de opinión de la Red PAT y del periodista Roberto Barbery, es el Gobierno Nacional, ya que como se podrá evidenciar a través de las denuncias que siguen en este documento, éste suele operar, con medidas de amedrentamiento contra la libertad de opinión y de expresión, a través de seguidores beligerantes.
Al momento de producirse los hechos violatorios, Mario Espinoza, periodista y ejecutivo de PAT, se comunicó con el actual Vicepresidente Álvaro García, quien había sido su colega en un programa televisivo de PAT. Al día siguiente, por su parte, Carlos D. Mesa Gisbert, conocido periodista e historiador boliviano, ex presidente de la República, en su condición de presidente ejecutivo de la Red PAT, denunció ante el Vicepresidente García lo que consideró una “acción callejera” de amedrentamiento a los periodistas y analistas que trabajan en esta empresa. En una misiva, en la que se dirigía al Vicepresidente como su “amigo”, le recordó que, en su condición de analista, participó del programa “El Pentágono” y del noticiero central haciendo críticas a diferentes gobiernos de turno. Los hechos del miércoles, según establece la misiva, “mella[n] peligrosamente la libertad de expresión y muestra posiciones intolerantes que no han tenido antecedentes en nuestra historia”.
Una carta similar de denuncia fue enviada por Carlos Mesa al presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Renán Estenssoro, quien expresó preocupación por la agresión a PAT y Unitel y envió una misiva pidiendo garantías a la Ministra de Gobierno Alicia Muñoz: “Demandamos plenas garantías para que éstos cumplan sus labores con mayor seguridad y libertad.”
El gobierno no investigó a los responsables directos del hecho, aunque de manera reacia brindó las garantías policiales mínimas para la protección de los periodistas amedrentados, es decir, envió algunos policías para resguardar el recinto. Sin embargo la vocación de desproteger a quienes no están completamente de acuerdo con el Gobierno, como se verá más adelante, ya se fue poniendo de manifiesto desde esta oportunidad.
Publicado por Fundación de Derechos Humanos de Bolivia en 17:13

References: artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 2
 Resolución 
 Artículo 2
 artículo 4
 artículo 19