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Timestamp: 2020-08-06 16:30:30+00:00

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﻿ Auto 2015-00018 de marzo 3 de 2016
AUTO 2015-00018 DE 03 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:EL JUEZ NO ESTÁ LLAMADO A SUBSANAR LA FALTA DE PRUEBAS CON EL MERO CONOCIMIENTO. PRUEBA EN EL PROCESO JUDICIAL DEBE REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS EXTRÍNSECOS DE LEY. LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA ESTÁ EN RELACIÓN DIRECTA CON EL PRINCIPIO DE NECESIDAD, PUES SE REQUIERE INELUDIBLEMENTE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LOS HECHOS QUE HAN DE SERVIR DE SUSTENTO A LA APLICACIÓN DEL DERECHO Y EL JUEZ NO ESTÁ LLAMADO A SUBSANAR LA FALTA DE PRUEBAS CON EL MERO CONOCIMIENTO PRIVADO O PERSONAL. ASÍ PUES, EN EL DESARROLLO DEL PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTA CUENTA CON PRINCIPIOS INTRÍNSECOS, QUE VARÍAN DEPENDIENDO DE CADA SITUACIÓN, Y EXTRÍNSECOS, QUE SE APLICAN A TODOS LOS CASOS, EN ESTOS ÚLTIMOS APARECEN ALGUNOS COMO LA PERTINENCIA, LA CONDUCENCIA Y LA OPORTUNIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA, ACLARACIÓN DE LA PRUEBA, DECRETO DE PRUEBA EN JUICIO ELECTORAL, DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA, AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA, ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA, APORTACIÓN DE LA PRUEBA, ANÁLISIS DE LA PRUEBA, AMPLIACIÓN DE LA PRUEBA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA, DECRETO DE PRUEBA, DECRETO DE PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA DE REFERENCIA, APELACIÓN DEL AUTO QUE NIEGA PRUEBA, CLASES DE PRUEBA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, DELEGADO DE PRUEBA, DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE PRUEBA, DESISTIMIENTO DE LA PRUEBA, DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO, CLASES DE PRUEBA DE OFICIO, CONJUNTO DE PRUEBAS
Auto 2015-00018 de marzo 3 de 2016
Exp.: 110010325000201500018-00
Nulidad electoral - Recurso de súplica
Bogotá, D.C., marzo tres de dos mil dieciséis
Procede la Sala a resolver el recurso de súplica presentado por el señor Federico González Campos en su calidad de demandante, contra la decisión adoptada por la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro de la audiencia inicial que tuvo lugar el día doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016) dentro del proceso de la referencia en el cual se debate la legalidad del Acuerdo 6º de julio diecisiete (17) de dos mil quince (2015) expedido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial modificado por el acuerdo número 07 de julio treinta (30) siguiente.
De manera concreta la decisión controvertida es la de negar el decreto de la prueba documental solicitada por el actor referente al censo de servidores de la justicia y del mapa judicial de cada distrito judicial.
Lo anterior con base en los siguientes.
El señor Federico González Campos, actuando en nombre propio y en ejercicio de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad electoral, demandó la legalidad de los acuerdos 6º y 7º de 2015 proferidos por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
Mediante providencia de enero trece de dos mil quince la magistrada ponente, al encontrar inviable la acumulación de pretensiones de nulidad simple de contenido electoral con las de nulidad por inconstitucionalidad, dispuso escindir la demanda(1).
Una vez escindida la demanda, mediante providencia de agosto trece (13) de dos mil quince (2015) se dispuso admitir la demanda con pretensiones de nulidad electoral(2).
1. Decisión suplicada
La Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en su calidad de consejera ponente dentro del expediente de la referencia, en el curso de la audiencia inicial que tuvo lugar el día doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), negó el decreto de la prueba documental solicitada por el demandante con el fin de que oficiara al Consejo Superior de la Judicatura para que remitiera al expediente certificación del censo de servidores de la justicia y del mapa judicial para establecer numéricamente la disparidad de población y matemáticamente concluir cuál es el 20% de cada uno de los distritos judiciales.
Como fundamento de dicha decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
Manifestó que la prueba es inconducente toda vez que se adelanta un proceso de legalidad objetiva por lo que los parámetros numéricos derivados de los censos de los servidores de la justicia para compararlos con el mapa judicial, en nada contribuye ni ilustra el tema objeto de controversia, relacionado con la competencia de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial violación de normas de rango superior(3).
Inconforme con dicha decisión el actor, interpuso el respectivo recurso de súplica.
Como fundamento del mismo, expresó en resumen lo siguiente:
Aseveró que los cargos propuestos en el caso concreto se relacionan con la violación del principio de igualdad, transparencia y publicidad en la medida en que la Comisión acusada se extralimitó en sus funciones al crear unos requisitos que el Acto Legislativo 2 de 2015 no incluía.
Señaló que los documentos son pertinentes para demostrar que faltó transparencia en este proceso, toda vez que es imposible que los candidatos supieran la cantidad de firmas que debían recaudar para poder inscribirse.
Indicó que fue abstracto, ambiguo y poco transparente lo referente al número de firmas de que cada candidato debía presentar para poderse inscribir en el proceso objeto de análisis(4).
3. Traslado a la contraparte
Surtido el traslado de los argumentos del recurrente a las demás partes, estas se pronunciaron en los siguientes términos:
El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que el recurso interpuesto parece pertinente.
A su turno, el señor Pablo Bustos Sánchez, quien actúa en calidad de coadyuvante dentro de este asunto, señaló no tener ninguna objeción al recurso.
Por su parte, el apoderado del señor Vicente Calixto de Santis Caballero, quien actúa como tercero interesado dentro del proceso, solicitó negar el recurso al considerar que carece de todo fundamento.
Finalmente, el apoderado de la Rama Judicial pidió negar el recurso por cuanto el acápite correspondiente ya fue suspendido provisionalmente, y por tanto, en la práctica, a nadie se le exigió el requisito del 20%.
Agregó que este es un debate eminentemente objetivo en el que se revisa de pleno derecho la situación.
Adujo que al decretarse esa prueba se estaría dilatando un proceso que es de interés nacional(5).
Luego del análisis de los fundamentos expuestos por la consejera ponente dentro de este asunto como fundamento de su decisión y de los expresados por el recurrente sobre la necesidad del decreto de las pruebas denegadas procede la Sala a resolver los recursos de súplica formulados, previas las siguientes.
La Sala es competente para resolver el recurso de súplica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual este “procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia (…)”.
En este caso la providencia recurrida denegó el decreto de una prueba documental, decisión esta que, en principio, de conformidad con lo establecido en los numerales 9º y 3º de los artículos 243 y 321 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso(6), respectivamente, son susceptibles del recurso de apelación.
Por lo tanto, como la referida decisión fue proferida en el curso del proceso de la referencia el cual se surte en única instancia, es claro que contra la misma procede el recurso de súplica, el cual debe ser resuelto por los miembros restantes de la Sala a la que pertenece la consejera ponente.
Lo anterior, sin perjuicio de que esta Sala considera que los actos que se demandan son actos de trámite con las consecuencias que ello conlleva.
Según se tiene, el asunto bajo estudio se contrae a determinar si la prueba documental solicitada por la parte actora, concretamente, la referida a oficiar al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que remita al expediente el censo de servidores judiciales y el mapa judicial, con el fin de establecer numéricamente la disparidad de población y matemáticamente concluir cuál es el 20% de cada uno de los distritos judiciales, es conducente y en consecuencia, si debe ser decretada o no dentro de este asunto.
En el presente caso, se debate la legalidad de los acuerdos 6º y 7º de 2015, a través de los cuales la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial convoca a los magistrados de Tribunales y jueces de la República y empleados de la Rama Judicial para elegir a su representante y conformar el Consejo de Gobierno Judicial.
En síntesis, el actor considera que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial actuó sin competencia y se extralimitó en sus funciones al expedir los referidos actos administrativos, además que los mismos se encuentran viciados de falsa motivación.
Con base en lo anterior, dentro de la audiencia inicial celebrada dentro de este asunto se estableció que el objeto del litigio consiste en determinar si los actos demandados son nulos por violación de los artículos 2º y 18 del Acto Legislativo 2 de 2015; 254 de la Constitución Política; 76, 83 y 97 de la Ley 270 de 1996; 5º y 7º del Acuerdo 1º de 1996 expedido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y además si dicha entidad actuó en el caso concreto sin competencia y extralimitación en sus funciones.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la decisión objeto de súplica se estableció que la prueba en cuestión resultaba inconducente por cuanto en el presente caso se analiza la legalidad objetiva de los actos demandados, por lo que los parámetros numéricos derivados de los censos electorales y su comparación con el mapa judicial en nada contribuye a la resolución de la controversia planteada.
Dicha decisión fue recurrida por el actor bajo el argumento de que en este evento se invocó el desconocimiento de los principios de igualdad, transparencia y publicidad por cuanto los aspirantes nunca conocieron la cantidad de firmas que debían reunir para su postulación.
Adujo que, en consecuencia, los referidos documentos resultan pertinentes para demostrar la falta de transparencia del proceso cuestionado.
Como primera medida, la Sala se permite precisar que de conformidad el artículo 168 del Código General del Proceso - aplicable al caso por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo- es enfático en prescribir que el juez debe rechazar “las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.
Teniendo en cuenta tales criterios, en el sub exámine se resolverá el recurso formulado.
Según se tiene, la parte actora pretende que se decrete la prueba documental solicitada con el fin de demostrar que en el proceso de convocatoria de jueces, magistrados de Tribunal y empelados de la Rama Judicial para conformar el Consejo de Gobierno Judicial no se fue lo suficientemente claro y transparente a la hora de establecer lo referente al número de firmas que los aspirantes debían reunir para postularse a dichos cargos.
No obstante lo anterior, en los términos en que quedó fijado el litigio, la controversia en este caso gira entorno a puntos no susceptibles de ser demostrados a través de la prueba en cuestión.
En este caso, el litigio se fijó en los siguientes términos: “determinar si el Acuerdo 6º de 17 de julio de 2015 “por el cual se convoca a los magistrados de tribunales y jueces de la Republica (sic) y Empleados de la Rama Judicial para elegir sus representantes y conformar el Consejo de Gobierno Judicial” junto con su anexo denominado Protocolo para el proceso de elección de los magistrados de Tribunales y Jueces de la República y el Acuerdo 7º de 17 de julio de 2015 “por el cual se modifica y aclara el Acuerdo 6º del 17 de julio de 2015”, expedidos por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial son nulos por: a) violación a los artículos 2, 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, 254 de la Constitución Política, 76, 83 y 97 de la Ley 270 de 1996, 5º y 7º del Acuerdo 1º de 1996 expedido por la Comisión Interinstitucional, b) incompetencia y, c) extralimitación de las funciones propias de la Comisión Interinstitucional(9).
Por lo tanto, la controversia gira en torno a establecer si con la expedición de los actos acusados se desconocieron una serie de normas de orden constitucional y legal, concretamente, los artículos 76, 83 y 97 de la Ley 270 de 1996; 5º y 7º del Reglamento de la Comisión Interinstitucional, 40 de la Ley 489 de 1998, 18 del Acto Legislativo 2 de 2015, 254 de la Constitución Política que disponen:
“Ley 270 de 1996.’ART. 76.—De las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la Constitución y la ley, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en dos salas:
El Consejo en Pleno cumplirá las funciones que le atribuye la presente ley’.
‘ART. 83.—Elección de los magistrados de los consejos seccionales. Los magistrados de los consejos seccionales se designarán así:
Acuerdo 1º de 1996. Reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. ‘ART. 5º—Funciones del presidente. Son funciones del presidente:
3. Convocar a las reuniones extraordinarias, cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Estatutaria de la Justicia. (Artículo 96 inciso tercero de la Ley Estatutaria).
“ART. 7º—Funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. ‘La Comisión Interinstitucional ejercerá las funciones asignadas en el artículo 97 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia’”.
Acto Legislativo 2 de 2015. “ART. 18.—El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.
Quedan derogados los numerales 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 97 y el numeral 6º del artículo 131 de la Ley 270 de 1996”.
Ley 489 de 1998. “ART. 40.—Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. ‘El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes’”.
Constitución Política. “ART. 254. ‘El Gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Estos órganos ejercerán las funciones que les atribuya la ley con el fin de promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial’”.
Visto así el asunto, es claro que ninguna de las normas se refiere al punto esgrimido por el recurrente como fundamento de la súplica bajo estudio, concretamente la falta de información en cuanto al número de firmas que debían recaudar los candidatos para poderse inscribir para conformar el Consejo de Gobierno Judicial, por lo que, como se dejó dicho la prueba relacionada con el censo electoral no resulta conducente para solucionar el problema jurídico planteado en este caso.
Es decir, como en el asunto de la referencia se debe establecer si se desconocieron las normas de orden legal y constitucional antes citadas, y además, determinar si se actuó con falta de competencia y extralimitación de funciones, es claro que, tal y como lo decidió la ponente en este asunto, el censo de los servidores judiciales y su comparación con el mapa judicial no aporta elementos de juicio necesarios para resolver el problema jurídico planteado.
Además, los argumentos esgrimidos por el recurrente en la sustentación de la súplica bajo estudio no desvirtúan en manera alguna la inconducencia de la prueba en cuestión por cuanto los mismos solo se refieren, como se dijo, a la falta de claridad en el número de firmas necesarias para postularse en la convocatoria objeto de revisión, aspecto este que no hace parte del estudio de legalidad objetivo planteado el caso concreto.
Asimismo se advierte que la referida prueba documental tampoco serviría para establecer si la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial actuó sin competencia o se extralimitó en sus funciones al expedir los actos acusados.
Por lo tanto, como con la prueba documental solicitada por la parte actora no resulta idónea para demostrar los hechos planteados en la demanda relacionados con los cargos en que se fijó el litigio dentro de este asunto, la decisión suplicada habrá de ser confirmada.
1. Confírmase la decisión suplicada adoptada en la audiencia inicial celebrada dentro de este asunto el día doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Consejeros: Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.
1 Folio 68.
2 Folios 70 a 81.
3 Minutos 1:10:36 a 1:11:58 de la grabación contenida en el disco compacto que obra a folio 559 del expediente.
4 Minutos 1:22:05 a 1:23:40 de la grabación contenida en el disco compacto que obra a folio 559 del expediente.
5 Minuto 1:24:00 a 1:25:37 de la grabación contenida en el disco compacto visible a folio 559 del expediente.
En tales condiciones, como el auto que deniega el decreto o la práctica de una prueba, junto con las demás providencias enlistadas en el artículo 321 del Código General del Proceso, son susceptibles de apelación, dada su naturaleza, en virtud de dicha norma sí podría afirmarse que dichas decisiones -cuando son proferidas por el Consejo de Estado en única o segunda instancia- son susceptibles del recurso de súplica.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-830 de octubre ocho (8) de dos mil dos (2002). M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.
9 Ver folio 549 del expediente.

References: artículo 246
 resolución 
 artículo 168
 artículo 211
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 131
 artículo 321