Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421644.html
Timestamp: 2019-03-25 05:57:37+00:00

Document:
as201421644
Auto Supremo:644/2014
Expediente:CH-50-14-S
Partes:Casiano Osvaldo Pallares Saavedra. c/Valentín Arancibia Espinoza y
VISTOS: El recurso de casación de fondo interpuesto por Enrique Rodríguez Ledesma en representación de Valentín Arancibia Espinoza, de fs. 564 a 566, y el recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por Robert Tomás Martínez Galván defensor de oficio de Justina Romero y otros interesados, de fs. 587 a 589, ambos contra el Auto de Vista Nº SCII- 100/2014 de 29 de mayo de 2014, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de Usucapión seguido por Casiano Osvaldo Pallares Saavedra contra Valentín Arancibia Espinoza y Otros, los antecedentes del proceso y:
El Juez de Partido Tercero en lo Civil emitió Sentencia Nº 46/2012 de 7 de septiembre de 2012, cursante de fs. 397 a 400, declarando improbada la demanda de usucapión de fs. 5 y 31 de obrados.
Resolución de fondo que es apelada por Casiano Osvaldo Pallares Saavedra, mediante escrito de fs. 409 a 410 vlta.,y como consecuencia de ello, nulidades de por medio, se dicta el Auto de Vista Nº SII- 362/2013 de 07 de agosto de 2013, cursante de fs. 478 a 481 vlta., que revoca en forma íntegra la Sentencia Nº 46-2012, declarando probada la demanda de usucapión decenal; Resolución de Alzada que es recurrida de casación, la misma que es anulado por el Auto Supremo No. 13/2014 de 07 de febrero de 2014 que dispuso la emisión de un nuevo auto de Vista, determinación que fue cumplida por el Tribunal de Alzada el cual nuevamente emite resolución, manteniendo la decisión asumida, es decir, revocando en forma íntegra la Sentencia Nº 46-2012, declarando probada la demanda de usucapión decenal, resolución de segunda instancia que es recurrida en casación por Enrique Rodríguez Ledesma en representación de Valentín Arancibia Espinoza y por Robert Tomás Martínez Galván defensor de oficio Justina Romero y otros interesados, que merece el presente análisis.
Del recurso de casación de Enrique Rodríguez Ledesma en representación de Valentín Arancibia Espinoza
El recurrente señala cuatro motivos por los cuales recurre en el fondo, los mismos son:
Primer motivo, indica la errónea interpretación o aplicación del art. 1286 del Código Civil en relación del art. 476 del Código de Procedimiento Civil.
Segundo Motivo, acusa de haberse incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba testifical cursante a fojas 247 – 247 vta. que el testigo no precisa si el demandante vive más de 10 años en el inmueble, por otro lado menciona que a fs. 248-248 vta el testigo señala que el terreno lo ocupa desde hace 18 años atrás sin precisar la extensión ocupada por el demandante, indica que no conoce si es de 150 o 105 mts2, por otro lado el testigo de fs. 249-249 vta declara ser amigo íntimo del demandante.
Tercer motivo, error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba documental de fojas 81 y 125, los cuales demuestran que el actor sabíaquiénes eran los dueños y que intentó comprar el terreno objeto del presente proceso. Además indica que no es evidente que el recibo sea posterior a la demanda, es anterior a la demanda y no posterior como erradamente indican los vocales.
Cuarto Motivo, error de hecho y derecho en la apreciación de la certificación expedida por el Gobierno Municipal de fs. 67 - 69.
Termina peticionando que se confirme la Sentencia dictada en obrados se mantenga improbada la demanda de usucapión.
Del recurso de casación en la forma y en el fondo de Robert Tomás Martínez Galván:
Acusa que el Auto de Vista otorgó más de lo pedido, toda vez que Casiano Pallares en su recurso de apelación no pidió para nada la individualización de los derechos propietarios de Justina Romero y Valentín Arancibia y Sra.
En su segunda causal, acusa nuevamente y vuelve a indicar que se otorgó más de lo pedido, toda vez que el actor no pedio que se tome en cuenta como referencia el dictamen pericial desestimado de fs. 250.
Acusa que se minimizo los efectos legales del recibo de fs. 81 y de la confesión de fs. 210, en donde reconoce que se le devolvieron la suma de Bs.- 6000 entregado en calidad de anticipo de compra del bien inmueble objeto de la litis. Indica también que en su conciencia del actor los dueños son los esposos Arancibia – Yucra, por lo que nunca se condujo como verdadero dueño o propietario, no obstante de no vivir en el terreno sino el Barrio Judicial.
Al ser la confesión la prueba más eficaz de todas las pruebas, ésta cuenta con el valor y alcances señalados por el art. 1321 del Código Civil. Por dicho motivo acusa error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas del recibo de fs. 81 y la confesión de fs. 210.
Como segunda causal de casación indica que a fs. 553 se argumenta que la prueba de inspección judicial y la testifical desvirtuarían la prueba literal de fs. 67 y 69 lo cual no es evidente, debido a que el informe o certificación tiene todo el valor probatorio conforme los arts. 1287 – I, 1289 – II del Código Civil, la cual demuestra que el terreno es baldía y no tiene ninguna posesión del actor, además de la certificación que no puede ser desvirtuada por prueba testifical, peor aún si se incurrió en falso testimonio.
Por todo lo expuesto indica que se incurrió en error de derecho o error de hecho de las pruebas, certificación de fs. 67 a 69, inspección judicial de fs. 242 y vlta, solicitando que el Tribunal de Casación, dicte Auto de Vista casando el Auto Impugnado, declarando en el fondo improbada la presente demanda de usucapión.
Del recurso de casación de Enrique Rodríguez Ledesma en representación de Valentín Arancibia Espinoza:
De la lectura de los cuatro motivos por el cuales recurre en casación el demandado, se debe indicar que todos están dirigidos a objetar la errónea valoración de la prueba cursante en obrados, ya sea prueba testifical y documental, en tal sentido se debe considerar que: las partes en obrados, produjeron prueba conforme lo establece el art. 370 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, las mismas que fueron apreciadas por el Tribunal de Alzada conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resolución que se circunscribió a cumplir con los estándares establecidos en el art. 236 del adjetivo civil, Tribunal que se circunscribió a lo establecido en el art. 1286 del Código Civil en concordancia con el art. 397 de su procedimiento; apreciación y valoración en segunda instancia que le otorga la ley. A este efecto, el Ad quem cumplió con su obligación de valorar las pruebas esenciales y decisivas en la litis.
En este marco, el Tribunal de Alzada estableció que en obrados, se demostró que el actor cuenta con la posesión quieta, pacífica y continuada por más de 10 años, toda vez que cursa en obrados como referencia un plano de ubicación a fs. 250 el cual demuestra que el bien inmueble objeto de usucapión se encuentra ubicado en la parte delantera del inmueble de propiedad del actor, quien transitaba necesariamente por el lote de terreno a usucapir para tener salida a la Avenida del Ejército, toda vez que el inmueble de propiedad del actor nunca tuvo salida a dicha avenida.
Por otro lado y como respaldo a dicha teoría del Tribunal de Alzada se encuentra el acta de inspección judicial de fs. 242 y vta., que hace constar que: “…entre 15 a 20 personas entre hombres y mujeres y son denominados movimiento sin techo aseveran que el señor Casiano Pallares vive en este inmueble y ocupa este patio que está en litigio.”, actuado mediante el cual el Juez de la causa objetivamente constató que la posesión que ejercen el actor es a consecuencia del uso como patio y salida del inmueble ubicado en la parte posterior del terreno a usucapir.
De la misma forma, cursa en obrados las declaraciones testificales de cargo que respalda tal aseveración, que a decir de una de ellas, José Luis Molina Saigua de fs. 247 indica que: “Es evidente lo veía a don Casiano y su familia utilizando el patio. Y su muro es de adobe, en el patio hay una especie de tanquecito”, de la misma forma se tiene la declaración de Juan de Dios Duran Soliz cursante a fs. 249 vta., establece que: “…el demandante posee el inmueble desde hace 12 o 13 años atrás aproximadamente. El lote de terreno tiene un tanque de agua.”, pruebas que tiene todo el respaldo legal que le asigna el art. 1330 del Código Civil el cual tiene concordancia con el art. 476 de su procedimiento que establece la facultad de los Jueces y Tribunales de Alzada de apreciará la prueba testifical considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria que de sus declaraciones pueda resultar.
Por lo cual concluiremos indicando que el Tribunal de Alzada al haber efectuado un nuevo análisis a las pruebas cursantes en obrados ha obrado correctamente, toda vez que las pruebas que acusa el recurrente de no haber sido analizadas por el mismo, no tienen ninguna incidencia en la decisión asumida, toda vez que el recibo cursante a fs. 81 y 125 de obrados fue otorgado en fecha 18 de noviembre de 2010, fecha posterior a la demanda de usucapión que fue planteada en fecha 27 de agosto de 2010 cuando ya se había cumplido los 10 años necesario para usucapir. De la misma forma se debe tener en cuenta que la certificación expedida por el Gobierno Municipal de fs. 67 – 69 no puede determinar si existía posesión o no en el lote de terreno objeto de usucapión, toda vez que solamente los técnicos del Gobierno Municipal indicaron el terreno objeto de usucapión era baldío y que no se observaba una consolidación física por parte del actor, situación que corrobora aún más lo analizado en la litis, en donde se estableció que el actor evidentemente utilizaba dicho terreno como patio por el cual siempre transitó la parte actora para ingresar y salir del inmueble de su propiedad que se encuentra en la parte posterior, hecho que se encuentra ampliamente probado en la litis.
En ese entendido y compartiendo criterio con lo establecido por el Tribunal de Alzada que indica: “…referente a la inexistencia de la posesión, la única autoridad facultada para aseverar este extremo es la judicial al dictar Sentencia, apreciadas con la facultad conferida por los arts. 397 del C.P.C. y 1286 del C.C.” se concluye que no es evidente las infracciones acusadas por el recurrente debiendo dar aplicación a lo determinado en los arts. 272 núm. 2) y 273 del Adjetivo Civil.
En el caso de Autos, el recurrente considera que el citado art. 236 del Código de Procedimiento Civil habría sido vulnerado por el Tribunal Ad Quem, en razón a que éste habría sustentado su determinación en el análisis en segunda instancia de las pruebas cursantes en obrados, lo cual derivó en la revocación de la Sentencia dictada por el A quo.
Siendo ese el reclamo efectuado por el recurrente, corresponde señalar que, es posible que una de las partes no comparta los fundamentos en que se sustenta la Resolución de Alzada o que los considere incongruentes o imprecisos, sin embargo esa observación de ninguna manera corresponde vincularla a la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que dicha acusación únicamente se refiere a la falta de pertinencia o congruencia que adolecería la Resolución de Alzada, situación que no se presenta cuando lo que se cuestiona son los fundamentos de fondo en que se basa la decisión de segunda instancia.
Se tiene que la parte recurrente lo que objeta es la interrupción que se hubiera operado con el recibo de fs. 81 y la confesión de fs. 210, a dicho cometido se debe señalar que en el Auto Supremo No. 308/2013 de fecha 17 de junio de 2013 se estableció: “…la interrupción significa una prescripción no cumplida, porque desde el momento en que el término legal ha transcurrido íntegramente, se produce ipso jure la adquisición del dominio y la prescripción ha consumado todos sus efectos.” (G. Borda); en ese mismo sentido se indica “…la interrupción de la prescripción actúa directamente sobre el elemento posesión (y no sobre el tiempo, como la suspensión), y priva a ésta del quinto requisito necesario para usucapir: la interrupción. Como consecuencia de ello, el efecto de la interrupción es eliminar totalmente, como si no hubiera existido, la posesión anterior. Lo expuesto significa, obviamente, que para que la interrupción tenga lugar no debe haberse cumplido el término de la prescripción.” (Papaño, Kiper, Dillon y Causse) … El fin de este proceso consiste en que el actor busca se le reconozca judicialmente como propietario del bien, alegando el cumplimiento de todos los presupuestos necesarios para dicha declaración, los cuales están vinculados a una situación que debió producirse en el pasado, que es pretérita, como por ejemplo el plazo de posesión exigido por la ley que debió haberse cumplido en fecha anterior a la presentación de la demanda. Así como también debe verificar si esta posesión no fue interrumpida en ningún momento antes del cumplimiento del plazo, la etapa de verificación de esos presupuestos no debe ser actual, sino que corresponda al espacio de tiempo exigido por la disposición legal, pues su derecho a la propiedad lo obtuvo al cumplimiento del plazo escoltado con los otros presupuestos señalados, lo único que le falta al actor es consolidar su derecho con una decisión judicial declarativa.”
En el caso de autos, el actor alegó que desde el año 1998 se encuentra en pacifica posesión, continuada y de buena fe de una fracción de terreno con una superficie de 105 mts2 los cuales los utiliza como patio delantero de su propiedad que se encuentra en la parte posterior del terreno a usucapir; conforme a la jurisprudencia transcrita supra se tiene que para el 2008 el actor ya obtuvo el derecho a la propiedad y solo le faltaba consolidar dicho derecho mediante una decisión judicial, por dicho motivo instaura la demanda de usucapión en la cual, la presentación del recibo cursante de fs. 81 que a criterio de la parte recurrente hubiese interrumpido la posesión, no es evidente, toda vez que dicha prueba es posterior a la presentación de la demanda y de ninguna manera pudo interrumpir la posesión del actor. Por otro lado, sobre la confesión provocada de fojas 210, se debe indicar y compartir criterio con el Tribunal de Alzada que dicha prueba no enerva la continuidad de la posesión del demandante, en virtud que la confesión a más de probar que existía un dueño, demuestra que el actor siempre tuvo la posesión del terreno, no otra cosa se entiende de la respuesta 2 que indica: “Es evidente el año pasado me fueron a buscar, y él me ofreció la venta del lote de terreno porque lo ocupaba por muchos años…”, situación que no puede ser desconocida en la presente causa toda vez que se ha demostrado la existencia de dos inmuebles uno registrado a nombre del actor y el otro objeto de usucapión que fue utilizado como patio y como la única salida y entrada a la propiedad en la parte posterior del actor.
Por dicho motivo, los agravios expuestos por el recurrente no cuentan con sustento legal para invalidar la determinación asumida por el Tribunal de Alzada quien en un correcto análisis determino la procedencia de la usucapión.
Por lo expuesto, corresponde fallar conforme lo disponen los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO:La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los Arts. 271 num. 2)y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación de fondo interpuesto por Enrique Rodríguez Ledesma en representación de Valentín Arancibia Espinoza, de fs. 564 a 566, y el recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por Robert Tomás Martínez Galván defensor de oficio de Justina Romero y otros interesados, de fs. 587 a 589, ambos contra el Auto de Vista Nº SCII- 100/2014 de 29 de mayo de 2014, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 700.

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