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InDret. Propuestas para la práctica de la mediación penal. Juan Alberto Díaz López ANÁLISIS DEL DERECHO
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Purificación Blanco Ayala
1 InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO WWW. INDRET.COM Propuestas para la práctica de la mediación penal Delitos patrimoniales cometidos entre parientes y responsabilidad penal de las personas jurídicas Abogado BARCELONA, JULIO DE 2011
2 Abstract La mediación está despertando paulatinamente un notable interés por parte de la doctrina científica y de los profesionales del Derecho penal. En efecto, pese a la ausencia de una regulación específica, varios Tribunales están fomentando el desarrollo de la mediación en el ámbito penal al amparo de lo establecido por la Decisión Marco del Consejo de 15 de Marzo de 2001 y la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desgraciadamente, y aunque resultaría esencial, no parece que vaya a ser promulgada a medio plazo una Ley de Mediación Penal. Por ello, el presente trabajo efectúa dos propuestas para la práctica de la mediación atendiendo a la legislación actualmente vigente, concretamente en supuestos de delitos patrimoniales cometidos entre parientes y de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los cuales puede operar como una verdadera alternativa al proceso judicial. Mediation is slowly becoming a hot topic among criminal law scholars and practitioners in Spain. Despite the lack of a specific regulation, many Criminal Courts across the country are eagerly implementing mediation processes, under the few rules for mediation in criminal cases provided by the Council Framework Decision of 15 March 2001 and its interpretation by the European Court of Justice. Unfortunately, even if a national law regarding victim-offender mediation is essential, it will not be enacted soon. Therefore, this work intends to make some practice-oriented proposals to support mediation as a true alternative to criminal prosecution regarding two specific and current regulations: economic crimes committed between family members and corporate criminal liability. Der Täter-Opfer-Ausgleich weckt in Spanien allmählich immer größeres Interesse in Lehre und Praxis. Obwohl noch keine spezifische Regelung vorhanden ist, fördern gegenwärtig verschiedene Gerichte Mediationsprozesse auf dem Gebiet des Strafrechts nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses vom und der neueren Rechtsprechung des EuGH. Bedauerlicherweise obwohl dies von wesentlicher Bedeutung wäre ist gegenwärtig die Verabschiedung eines Gesetzes zur Mediation auf dem Gebiet des Strafrechts nicht abzusehen. Deshalb unterbreitet vorliegende Arbeit zwei Vorschläge zur Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs im Rahmen der jetzt geltenden Gesetzgebung, einerseits in Bezug auf Delikte gegen Vermögenswerte im familiären Bereich, andererseits im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Verbandshaftung; auf beiden Gebieten kann Mediation als eine wirkliche Alternative zum gerichtlichen Verfahren fungieren. Title: Practice-oriented proposals for victim-offender mediation: economic crimes committed between family members and corporate criminal liability. Titel: Vorschläge zur Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs: Straftaten gegen Vermögenswerte im familiären Bereich und strafrechtliche Verbandshaftung. Palabras clave: justicia restaurativa - medios alternativos de solución de conflictos - mediación penal - delitos entre parientes - responsabilidad penal de las personas jurídicas. Keywords: restorative justice - alternative dispute resolution - victim-offender mediation - crimes between family members - corporate criminal liability. Stichwörter: opferorientierte Justiz - Alternative Streitbeilegung - Täter-Opfer-Ausgleich - Straftaten im familiären Bereich - strafrechtliche Verbandshaftung. Sumario 1. La mediación como forma de resolución de los conflictos penales 1.1. Orígenes 1.2. Principios rectores 1.3. Recepción en el ordenamiento jurídico-penal español 2. La praxis de la mediación penal en nuestro ordenamiento 3. Propuestas para la práctica de la mediación penal 3.1. Delitos patrimoniales cometidos entre parientes 3.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 4. Tabla de jurisprudencia citada 5. Bibliografía 2
3 1. La mediación como forma de resolución de los conflictos penales 1.1. Orígenes El amargo lamento de MEREU, afirmando que desde el Medioevo se había instalado en el Derecho (especialmente en el proceso penal) un inmovilismo que impedía su necesaria reforma, se torna en paradoja cuando hablamos de mediación, pues ya existían en la Edad Media modelos de resolución de conflictos que evitaban el recurso a instancias oficiales. Afirmaba el precitado autor: È che il Diritto penale si presenta e si riafferma sopratutto in epoca moderna come la tecnica della coazione, e non si possono quindi usare altri argomenti che quelli usati dai vecchi giuristi. 1 Puede igualmente reproducirse la contundente aseveración: Derecho y procedimiento Penal son creaciones humanas y como tales están (estarían) siempre sometidas a transformaciones incluso totales, al igual que ha sucedido en todos los demás ámbitos. Su inmovilidad es, pues, querida. Su perennidad responde a un cálculo político. 2 Concretamente en España, existía una importante tradición mediadora en entornos sociales con costumbres arraigadas, como podían ser juntas vecinales, gremios medievales, y hermandades agrarias y rurales, hecho atestiguado en el Fuero de Avilés (1076), donde puede hallarse una de las primeras referencias al término de mediación ( medianedo ) 3. Pudiera por ello sorprender que en los últimos diez años se invoque la mediación, tanto en la práctica forense como en la producción científica, como el paradigma de un nuevo modelo de Justicia penal, tratándose además de una forma de resolución de conflictos consustancial al ser humano, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo 4. No puede por ello afirmarse que no existiesen desde épocas remotas estos mecanismos para la resolución de conflictos penales, sino que se han visto eclipsados con el paso del tiempo por el proceso judicial como cauce por defecto para dirimir cuestiones propias del orden jurídico-penal. El principal motivo por el que desde la Edad Media se ha venido aplicando la coacción preferentemente a la mediación es bastante evidente: no siempre se puede mediar, ya que es necesaria la predisposición de la posible víctima y del supuesto responsable. De ahí la conocida reflexión de PASCAL "la justice, sans la force, est impuissante; la puissance sans la justice est tyrannique" 5, y por tanto, que el Derecho se fuera configurando como la forma en que el poder coactivo del Estado protege las condiciones de vida social 6. Así, ante mecanismos autotutelados 1 MEREU, La morte come pena. Saggio sulla violenza legale, 2000, p MEREU, Historia de la Intolerancia en Europa, 2003, p Para más información sobre los orígenes históricos de la mediación, véase GARCÍA GÉRBOLES/MUESMANN, "El entronque histórico-jurídico del concepto de mediación desde el Derecho Romano hasta la actualidad", en CARABANTE MUNTADA (coord.), La mediación. Presente, pasado y futuro de una institución jurídica, 2010, p. 23 y ss. 4 Sobre la idoneidad de la mediación como medio de resolución de conflictos entre niños, véase MORRISON, Educación infantil, 2005, p. 14 y ss. 5 PASCAL, Pensées, rétablies suivant le plan de l'auteur, 1835, p VON IHERING, Der Zweck im Recht, t. I, 1916, cita de traducción propia p
4 por las partes para la resolución de conflictos (propios de una concepción privada de la Justicia, de la que es paradigmático ejemplo el duelo) fue imponiéndose el mecanismo, heterotutelado por la función jurisdiccional del Estado, que llamamos proceso 7. Ahora bien, a pesar del innegable avance que suponía el proceso penal como forma de velar por las garantías de las partes, sus virtudes no se antojaban motivo suficiente para que los mecanismos mediadores fueran completamente desterrados del ordenamiento penal y, sin embargo, es lo que fue sucediendo. A qué puede entonces atribuirse el notorio interés contemporáneo por esta figura? Sirva como ejemplo de este interés el siguiente editorial del diario El País: Por supuesto que la mediación penal tiene que ser voluntaria, pero a juzgar por el rendimiento observado en los ensayos en marcha, la regulación legal de esta moderna herramienta puede conducir, si cuenta con jueces sensibles, a solucionar el conflicto penal con criterios más atentos a la reparación que al castigo. 8 Hace unos años, ROXIN afirmaba que sin demasiados grandes riesgos puede pronosticarse un incremento de las formas de terminación informal en el ámbito de las ya mencionadas alternativas 9, manteniendo igualmente que si sobre la base de un eficaz compromiso entre delincuente y víctima, se le exime de las consecuencias nocivas y socialmente discriminatorias de la privación de libertad y se le da la impresión de volver a ser aceptado por la sociedad, con ello se hace probablemente más por su resocialización que con una costosa ejecución de tratamiento 10. Esta prestación preventivo-especial que puede llegar a desempeñar la mediación, como alternativa a la imposición de una pena, ha sido enarbolada, efectivamente, como uno de los motivos del creciente interés por esta cuestión en el ámbito jurídico-penal 11, sin que pueda descartarse la prestación preventivo-general de la mediación 12. Deberíamos añadir a lo anterior otras razones de orden político-criminal como la supuesta crisis de la pena de prisión (por su incapacidad de rehabilitar al delincuente), o derivadas de la ciencia criminológica y la importancia creciente de la victimología. Concretamente, la mediación podría servir para evitar los diferentes grados de victimización que padece el perjudicado por un delito, y que además de la llamada victimización primaria - la resultante del crimen -, incluirían la secundaria - los daños originados por el propio sistema penal, principalmente por los mecanismos procesales, que olvidan muchas veces a la víctima -, terciaria - la que se produce por la relación de la víctima con otras instituciones sociales, como hospitales o escuelas - o incluso cuaternaria - el efecto estigmatizante que pueden ejercer sobre la víctima los medios de 7 MONTORO BALLESTEROS, "Conflicto social, derecho y proceso", en AA. VV., Derecho y Proceso, 1980, pp Editorial de 8 de agosto de 2006 (www.elpaís.com; última visita: 24 de marzo de 2011). 9 ROXIN, "Informe Final", en ARROYO ZAPATERO/NEUMANN/NIETO MARTÍN, Crítica y Justificación del Derecho Penal en el Cambio de Siglo, 2003, p ROXIN "La reparación en el sistema jurídico penal de sanciones", en AA. VV., Jornadas sobre la reforma del Derecho Penal en Alemania, 1991, p. 21; y EL MISMO, " Tiene futuro el Derecho Penal?", RPJ, 1998, pp ZULITA, "La tercera vía como resolución alternativa de conflictos", en ARÉCHAGA/BRANDONI/RISOLÍA (coords.), La trama de papel. Sobre el proceso de mediación, los conflictos y la mediación penal, 2005, p Sobre las finalidades preventivo-generales de la Justicia restaurativa, véase BRAITHWAITE, Restorative Justice and Responsive Regulation, 2002, p
5 comunicación Por otra parte, gracias a la mediación pueden ser resueltos conflictos más allá de que realmente fuera posible exigir responsabilidad penal. Imaginemos un supuesto de imputación del comportamiento al ámbito de responsabilidad de la víctima, en el que la conducta del supuesto autor fuera considerada atípica por un juez, a pesar de que el perjuicio padecido por la "víctima" (que no lo sería realmente, pues no habría delito) fuera real 14. Del proceso judicial no podría derivar una condena, y el perjudicado probablemente ni siquiera comprendiera por qué no se exige responsabilidad penal a quien participó en el hecho del que derivó su perjuicio. La mediación hubiera podido llegar a resolver el conflicto satisfactoriamente para todas las partes, a pesar de (o más bien, precisamente por) no exigir responsabilidad penal a ninguna de ellas. Al margen de estas posibles ventajas, la raíz del redescubrimiento del mecanismo de mediación en el ámbito penal hay que buscarla 15 en los estudios realizados en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX por PALUMBO, MUSHEN, HALLET, SINGER y otros antropólogos en los Estados Unidos. Estos autores proponían el establecimiento de mecanismos para la resolución alternativa de conflictos (Alternative Dispute Resolution en adelante, ADR -; traducido en castellano como Medios Alternativos de Solución de Controversias - MASC -) en todos los ámbitos de las relaciones humanas. Siendo una de las finalidades del Derecho la resolución de conflictos, no es de extrañar que este movimiento socio-político 16 se adentrara paulatinamente en el ordenamiento jurídico-penal. Se asistió de esta manera al nacimiento de la llamada Justicia restaurativa" o "restauradora (Restorative Justice), como propuesta de solución a la supuesta crisis del sistema penal, originada por su carácter retributivo, preocupado por sancionar al autor del delito (aunque fuese años después de iniciado el proceso), e indiferente por alentar la participación de la víctima en el proceso o lograr la pacificación real del conflicto existente entre las partes. Los postulados de la justicia restaurativa comenzaron de este modo a ser llevados a la práctica en la década de los 80 en Australia y Nueva Zelanda, hasta que irrumpieron en Europa (inicialmente en Austria, Noruega, 13 Véase al respecto CARRASCO ANDRINO, "La mediación del delincuente-víctima: el nuevo concepto de justicia restauradora y la reparación (una aproximación a su funcionamiento en los Estados Unidos)", JPLD, 1999, pp ; EIRAS NORDENSTAHL, Mediación penal. De la práctica a la Teoría, 2005, pp ; y de forma más amplia, exponiendo igualmente las críticas que recibe la Justicia restaurativa, BACA BALDOMERO/ECHEBURÚA ODRIOZOLA/TAMARIT SUMALLA, Manual de victimología, 2006, p. 464 y ss.. 14 Sobre esta cuestión, esencial CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2001, p. 445 y ss. 15 Como señala, entre otros, DE URBANO CASTRILLO, "La justicia restaurativa penal", LLP, 2010 (http://laleydigital.laley.es/; última visita: 24 de marzo de 2011). 16 Así definida la ADR en ORDOÑEZ SOLÍS, "La Directiva europea sobre mediación y sus efectos en el Derecho español: fuera de los tribunales también hay Justicia", DLL, 2009 (http://laleydigital.laley.es/; última visita: 24 de marzo de 2011). Ello enlaza con la idea que sostienen algunos autores de una mediación penal comunitaria, en el sentido de que crea un tejido social útil para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, véase SEGOVIA BERNABÉ, "Mediación penal comunitaria y justicia restaurativa: perspectiva ética y jurídica", FRCOF, 2010, pp
6 Finlandia y Reino Unido) 17. Conviene señalar que ADR y Restorative Justice no son sinónimos: la primera persigue llegar a una solución pactada, la segunda persigue una solución justa en términos restauradores 18. Como forma de expresión de la ADR y la Justicia restaurativa se alza la mediación penal, que puede conjugar esos dos objetivos, y que ha sido privilegiada en el debate mediático y político-criminal frente a otras manifestaciones de la ADR (como podrían ser la conciliación o el arbitraje 19 ), quizás por la popularización de la mediación misma en otras ramas del Derecho 20. En cuanto al concepto de Justicia restaurativa, no existe una definición doctrinal unívoca 21. Sería, grosso modo, un modelo de Justicia centrado en reparar el daño causado por el delito, permitiendo la participación de la víctima en el mecanismo, que tendría por ello naturaleza inclusiva y dialogante, y cuyo fin último sería la reparación del daño y la rehabilitación del sujeto que lo causó, por oposición al carácter retributivo del proceso, donde primaría el castigo al delincuente 22. Desarrollando esta cuestión, CID afirma que tanto el utilitarismo como el retribucionismo (filosofías penales más influyentes en nuestra tradición), consideran que el delito no supone un conflicto entre delincuente y víctima, sino entre delincuente y sociedad, y defienden que el principio de proporcionalidad es la base para resolver ese conflicto. Para el utilitarismo, porque debe imponerse una pena mayor sobre las conductas que más dañan a la sociedad, redundando ello en razones de prevención general. Para el retribucionismo, porque si la pena es proporcional, será justa y la sanción expresará la culpabilidad por la ofensa realizada. Por el contrario, la Justicia restauradora sólo admitiría el recurso al "paradigma proporcionalista" una vez agotados los mecanismos con finalidad restauradora, no estaría tan vinculada a la pena de prisión, se encargaría en mayor medida de la rehabilitación del delincuente y permitiría una participación más activa de la víctima. 23 Las afirmaciones relativas al carácter retributivo del proceso, no obstante, merecen ser sucintamente matizadas. La aseveración de que la Justicia restaurativa es un modelo opuesto al de la Justicia retributiva proviene de una intensa discusión teórica en los ordenamientos jurídicos de tradición anglosajona, y no deberían ser extrapolados estos términos a nuestro 17 MESTITZ, "A comparative perspective on victim-offender mediation with youth offenders throughout Europe", en MESTITIZ/GHETTI (ed.), Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe. An overview and comparison of 15 countries, 2005, p. 4 y ss. 18 Véase CID MOLINÉ, "Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Derecho Penal", AFDUAM, 2007, p. 161, nota Que junto con la mediación, suelen ser citados como mecanismos propios de la ADR, véase ARMENTA DEU, Estudios sobre el proceso penal, 2008, pp Sobre la dinámica social conforme a la cual la mediación penal se ha ido introduciendo en el debate mediático y político hasta lograr su paulatina institucionalización, véase FAGET, La médiation. Essai de politique pénale, 1997, p. 210 y ss.. 21 Cuestión íntimamente relacionada con la ausencia de un fundamento unívoco en las diversas posturas que defienden mecanismos de resolución de conflictos de la denominada tercera vía, véase LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, "El papel del Derecho Penal en la Segunda Modernidad", en DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO (coord.), Derecho y Justicia penal en el siglo XXI: Liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, 2006, p. 336 y ss. 22 CORMIER, "Where there s a Will there s a Way: A Canadian perspective on Restorative Justice", en CORNWELL (coord.), Criminal Punishment and Restorative Justice, 2006, p. 151 y ss. 23 CID MOLINÉ, AFDUAM, 2007, pp
7 ordenamiento sin atender al contexto en el que fueron formulados. Los defensores de la Justicia retributiva entienden que la víctima no debe tomar parte en el proceso penal (de hecho, la figura del acusador particular, tan común en ordenamientos continentales, es vista como algo extraño y negativo), para evitar que prime más la venganza que el justo castigo al delincuente (en otras palabras, la retribución). Esta perspectiva retributiva de la Justicia sostiene que un modelo que permitiera la intervención activa de la víctima en el proceso, entrañaría el riesgo de que para satisfacer sus pretensiones vindicativas se alcanzaran soluciones injustas (como la de restituir a la víctima hasta que ésta se sintiera satisfecha, lo cual sería propio de un modelo de Justicia correctiva ). Otro riesgo, en sentido contrario, sería que la víctima perdonase al autor de un delito muy grave y que por ello se le eximiera de responsabilidad. La Justicia retributiva sostiene que en esos casos es irrelevante la opinión de la víctima que concretamente sufrió el delito (token victim). Las ventajas de esta concepción retributiva de la Justicia son evidentes, aunque puede pecar de extremista al obviar cualquier participación de la víctima en el proceso, considerando a lo sumo el papel que puede desempeñar una víctima ideal (ideal victim, inspirada en el buen pater familias), que no perdonaría al delincuente en ningún caso, lo cual ha sido criticado 24. Además, el retribucionismo parte de la just desert theory, y hay quien critica que realmente pueda delimitarse cuál sea ese justo castigo, o su efectividad preventiva, por ejemplo en lo que respecta al Derecho penal económico desde un punto de vista empírico 25. Ahí entra en juego el modelo restaurador de Justicia del cual nace la mediación penal, que fomenta la participación de la posible víctima, abogando por reparar directamente el conflicto entre las partes con mecanismos que eviten en la medida de lo posible la intervención del ius puniendi estatal. A este respecto, otra virtud de la Justicia restaurativa sería que contrariamente a otras doctrinas 26 que también defienden una mayor inclusión de la víctima en el sistema de justicia penal, sortea el peligro de que se impongan al autor, por la fuerza y sin mayor razón de ser que las necesidades particulares de la víctima en cuestión, las pretensiones vindicativas de ésta. No obstante, y sin perjuicio de lo que acabamos de exponer, no deben obviarse las virtudes de la Justicia retributiva, ni entender que nuestro ordenamiento es un modelo retributivista puro, por mucho que el desarrollo de la mediación penal pueda coadyuvar a su mejora. Bien es cierto que la pena es eminentemente un mal que se ejecuta sobre quien ha cometido el delito con el propósito precisamente de privarle de alguno de sus bienes jurídicos más preciados 27. De hecho, una Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1888 ya señalaba que los fiscales no debían "abandonarse a un sentimentalismo incompatible con el rigor de la justicia, 24 Sobre las diversas posturas y la crítica al debate sobre la Justicia retributiva, véase por todos ZAIBERT, "The Ideal Victim", PLR, 2008, pp Véase BRAITHWAITE/PETTIT, Not just deserts: A republican Theory of Criminal Justice, 2002, p. 182 y ss. 26 Véase la exposición que de estas doctrinas realiza SILVA SÁNCHEZ, "Doctrines regarding the fight against impunity and the victim s right for the perpetrator to be punished ", PLR, 2008, pp PEÑARANDA RAMOS, "Sobre la influencia del funcionalismo y la teoría de sistemas en las actuales concepciones de la pena y el delito", Doxa, 2000, p
8 porque al fin, la pena es dolor, y debe serlo" 28. En ese sentido, el proceso judicial, en tanto que mecanismo articulado para imponer (en su caso) una pena, reviste un carácter retributivo. De ahí a afirmar que la retribución es el único objetivo del Derecho o del proceso penal media un abismo considerable 29. De hecho, podría incluso contemplarse la posibilidad de considerar que ese concepto de dolor que implícitamente configura la pena es un constructo comunicativo empleado para reafirmar la vigencia de la norma penal 30. En definitiva, considero plenamente factible entender que la mediación penal puede constituir un equivalente funcional a la imposición de una pena y/o servir de complemento al proceso (según los casos), sin abogar por la contraproducente abolición del mismo. Todo ello dentro del marco de un correcto entendimiento de la finalidad preventivo-general (positiva) del Derecho penal 31. Desde esta perspectiva analizaremos la aplicación práctica de la mediación penal, pues conviene abandonar la concepción antagónica de modelos restaurativos/retributivos, y buscar un modelo integrador de ambos 32, de coexistencia entre el proceso y la mediación penal. Pese a sus deficiencias, el proceso judicial es un logro histórico, y la mediación no es posible en todos los casos. Desde luego, no por aceptar y defender las virtudes de la mediación penal, debemos olvidar que en nuestro ordenamiento rige eminentemente el principio de legalidad 33. Aunque en algunos supuestos la práctica de una mediación sirva para evitar o poner fin al proceso judicial, no puede extenderse como paradigma único de resolución de conflictos penales este mecanismo, ya que las vías extrapenales como recurso de control social substitutivos del proceso penal pueden flexibilizar el principio de legalidad, lo que debilitaría el fin de la prevención general que tiene el Derecho Penal produciendo una gran inestabilidad y desconfianza en el sistema 34. Sea por ello bienvenida la mediación penal como alternativa al proceso judicial en nuestro ordenamiento, pero sin promover en modo alguno la total sustitución del uno por la otra Principios rectores Suele aducirse que la mediación penal se rige por los principios de voluntariedad, gratuidad para las partes, confidencialidad, oficialidad, flexibilidad y bilateralidad (evitando en este sentido que 28 Citada por EGEA BRUNO, "Murcia en el sistema penal de la Restauración", MH, 2009, pp Con carácter general, sobre las funciones del Derecho Penal, véase el magnífico trabajo de FEIJOO SÁNCHEZ, Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho penal, 2007, p. 930 y ss. 30 GÓMEZ-JARA DÍEZ, "La retribución comunicativa como teoría constructivista de la pena: El dolor penal como constructo comunicativo?", InDret, 2008b (www.indret.com, última visita: 24 de marzo de 2011) 31 Excediendo con creces esta cuestión el objeto del presente trabajo, me remito a la brillante exposición sobre las críticas a las concepciones funcionalistas y sobre la prevención general-positiva no (preferentemente) intimidatoria, de PEÑARANDA RAMOS, Doxa, 2000, pp En este sentido, DALY, "Revisiting the relationship between retributive and restorative justice", en STRANG/BRAITHWAITE, Restorative justice: Philosophy to practice 2001, pp GARCÍA TORRES, "La mediación penal. Especial atención a la mediación en los delitos sexuales y familiares.", LLP, 2010, p. 39 y ss. 34 PÉREZ CEPEDA, "Del Derecho Penal como Carta Magna de la Víctima al Programa Social del Derecho Penal en el Estado de Bienestar", en NUÑEZ PAZ/GARCÍA ALFARAZ, Universitas Vitae. Homenaje a Ruperto Nuñez Barbero, 2007, p. 615 y ss. 8
9 las partes adopten posturas adversariales, e intentando que se encuentren en una situación de igualdad) 35. El necesario respeto al principio de voluntariedad engarza con lo dicho anteriormente: la mediación no siempre es posible, porque las partes deben querer mediar como punto de partida necesario para alcanzar un acuerdo, y por lo tanto la mediación y el proceso están destinados a coexistir. Incluso aunque aceptásemos que "la mediación es una técnica de resolución de conflictos moralmente mejor que el uso de la fuerza, el arbitraje o el juicio", debemos admitir igualmente que "ello no significa que sea una técnica alternativa propiamente dicha pues el carácter voluntario de la mediación hace que no sea una técnica definitiva" 36. La implantación de la mediación penal, como decíamos, no puede suponer la desaparición del proceso judicial. El temor hacia esa posibilidad propició que algunos autores criticaran que con el auge de la mediación penal, se podía poner en riesgo principios esenciales como el de igualdad, el de proporcionalidad y el de imparcialidad, junto con la presunción de inocencia. El principio de oficialidad de la mediación pretende que, con la supervisión o el impulso de una autoridad pública, no se vulneren esas garantías esenciales para la administración de los castigos en una sociedad liberal-democrática 37. Respecto del principio de gratuidad, debemos señalar que el papel que deben desempeñar los abogados para el correcto funcionamiento de la mediación penal es esencial, rechazando que una de las ventajas de la mediación penal sea la de una "justicia sin abogados" 38. Los abogados pueden y deben jugar un rol esencial en los pasos previos a la celebración de las sesiones de mediación. Incluso puede ser positivo que acompañen a sus clientes a dichas sesiones para asegurarse de que no se vulneren sus derechos. De hecho, en países de nuestro entorno donde ahora se encuentra legalmente reconocida la mediación en el Derecho penal de adultos, los abogados desempeñaron un papel esencial fomentando su práctica 39. Valga la pena incidir en que no es necesario que se haya incoado un procedimiento penal para que se inicie una mediación, sino que es posible que los abogados, tras serles planteado un problema por parte del cliente, le recomienden someter el conflicto a un mediador. Desde luego, ese mediador puede ser, además, un profesional de la abogacía, aunque ello no sea 35 Sobre los principios que, con carácter general, rigen la mediación penal, véase RÍOS MARTÍN, "Conclusiones del curso "La mediación civil y penal". Dos años de experiencia. 2ª parte del curso sobre alternativas a la judicialización de los conflictos dirigidos a jueces de familia y penales", EDJ, 2007, pp ; o GORDILLO SANTANA, La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, 2007, pp Véase HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, "Aspectos Éticos de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC): Ética y Deontología de la Mediación", AFDUAM, 2007, pp , cita p Sobre esta cuestión, véase LARRAURI PIJOÁN, "Tendencias actuales de la Justicia restauradora", en PÉREZ ÁLVAREZ, Serta in Memoriam Alexandri Baratta, 2004, p. 452 y ss. 38 Supuesta ventaja alegada por WRIGHT, Justice for victims and offenders. A restorative response to crime, 2002, pp GROU-RADENEZ, La Médiation Pénale. Une source d'humanisation de la justice, 2010, pp. 25 y 62. 9
10 relevante porque no ejercerá como tal en la mediación. La actividad y el código deontológico del mediador son completamente diferentes a los del abogado, el psicólogo o el juez 40. Por ello, si un abogado decide ejercer como mediador, deberá colgar la toga y regir su actividad profesional por otros criterios mientras se desarrolle la mediación. No debemos olvidar que en la práctica, muchas veces los clientes actúan guiados por sus emociones, y toman decisiones viciadas "del ego de llevar a la otra parte a juicio, sin saber que dos o más años es mucho tiempo y que el resultado siempre es incierto" 41. Aquí es donde el abogado, siempre que fuera viable y que entendiera que es lo más beneficioso para los intereses de su cliente, debe exponerle otras vías alternativas al proceso judicial para la resolución del conflicto. Este protocolo de actuación del abogado del posible querellante iría en consonancia con el deber del abogado penalista defensor de intentar poner fin cuanto antes al proceso 42. Como supuesto impedimento para esta línea de actuación del abogado, se alza el temor de que la implantación de la ADR en nuestro ordenamiento, jugando con las siglas, se convierta en Alarmingly Dropping Revenues ingresos alarmantemente decrecientes -, lo cual no debería ocurrir si los abogados saben adaptarse a la práctica de la mediación. En efecto, el abogado que ha asesorado y acompañado a la parte en el proceso [de mediación] ha participado en la creación de ese valor y es legítimo que se le retribuya en consecuencia 43. Es decir, que si bien la mediación penal se rige por el principio de gratuidad para las partes (esto es, no son las partes quienes pagan al mediador por sus servicios), la labor del abogado debe ser económicamente remunerada (sin perjuicio de que voluntariamente decida actuar pro bono en algún momento, por ejemplo al informar a sus clientes sobre la naturaleza de la mediación penal) 44. En cuanto al carácter confidencial de la mediación, se trata de un requisito esencial de la misma 45, como ya señalara la Recomendación nº R (99) 19 del Consejo de Europa, sobre mediación en asuntos penales, en su parágrafo 2 ( Discussions in mediation are confidential and may not be used subsequently, except with the agreement of the parties"), especialmente si existe un procedimiento judicial que se está desarrollando paralelamente y que, de no respetarse esta garantía, podría verse contaminado por lo que las partes reconocieran en la mediación. No obstante, en Estados Unidos existe una excepción al carácter confidencial de la mediación (civil), en virtud de lo establecido por la Sección 6ª de la Uniform Mediation Act: que la misma se esté utilizando como tapadera por parte de sus intervinientes (abusando de su carácter confidencial) para planear o cometer un delito; excepción que sigue siendo bastante controvertida pese al respaldo 40 HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, AFDUAM, 2007, pp GARCÍA RAMÍREZ, " Usted qué haría? El arte de convencer a nuestros clientes", Iuris, 2008, p En este sentido, MOLINS AMAT, "Evolución del Derecho Penal", Togas, 2004 (www.togas.biz, última visita: 20 de mayo de 2011). 43 TARRAZÓN, "La mediación y el rol del Abogado en ella", RO, 2010, pp Paulatinamente va implantándose en nuestro ordenamiento la llamada Responsabilidad Social de la Abogacía. Véase en este sentido el "Convenio de colaboración entre TI España y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para fomentar la Abogacía Pro Bono con objeto de proteger el Derecho a la información", de 13 de Julio de GORDILLO SANTANA, "Los principios constitucionales y las garantías penales en el marco del proceso de mediación penal", Redur, 2006, pp (http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/home.htm; última visita: 24 de marzo de 2011) 10
11 jurisprudencial existente 46. Por lo que respecta a España, el reciente Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de Abril de 2011, establece en su artículo 10.2.b), como excepción a la confidencialidad de la mediación en ese ámbito, que sea solicitada información sobre la misma mediante resolución motivada de los jueces del orden jurisdiccional penal. Adelantando algunas cuestiones que desarrollaremos más adelante, es esencial que se respete la confidencialidad de la mediación si es que existiera en paralelo un proceso judicial penal, en salvaguarda del principio de presunción de inocencia. En este sentido, en el acta de mediación no deberían constar reconocimientos de hechos que pudieran perjudicar al supuesto autor, y el contenido de las conversaciones mantenidas en las sesiones de mediación no deberían tener acceso al proceso judicial. Desde luego, parece factible que la confidencialidad se respete si la mediación es satisfactoria, pero pueden surgir problemas en la práctica derivados de una mediación fallida. Estos problemas prácticos son quizás los que con mayor fuerza demandan una Ley de Mediación Penal, ya que es evidente la fricción entre la confidencialidad de la mediación y el deber del testigo de responder a todo lo que supiere y le fuere preguntado (artículo 433 LECrim). Por ejemplo, supongamos que la víctima declarase como testigo en el ulterior proceso penal y dijera que en la fase de encuentro de la mediación, el supuesto autor reconoció ante ella los hechos o incluso afirmó ser consciente de haber cometido un delito. En ningún caso podría admitirse como prueba de cargo esa declaración, pues ello vulneraría el principio de confidencialidad de la mediación, e indirectamente el Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (artículo 24.2 CE) del imputado. Si el supuesto autor hizo un reconocimiento de ese estilo, lo hizo porque la mediación es confidencial, y cualquier uso subrepticio de la mediación por parte de la posible víctima en el ulterior proceso penal debería ser atajado por la autoridad competente, no concediendo validez a lo que declarara en este sentido, y desde luego no obligándole a declarar sobre esos hechos, en salvaguarda de los derechos fundamentales del imputado 47. Pero ante todo, y sin perjuicio de lo anterior, debemos insistir en que someterse a una mediación no requiere reconocer la comisión de un delito, sino a lo sumo establecer un consenso entre los participantes sobre la realidad de unos hechos básicos. La mediación no puede ni persigue determinar la existencia o no de un delito, sino resolver un conflicto existente entre los participantes. Continuando nuestro recorrido por los principios rectores de la mediación, deberíamos añadir que la figura del mediador, puesto que debe respetar escrupulosamente los antedichos principios, determina la naturaleza misma de este procedimiento. La mediación no es un mecanismo de autotutela (puesto que las partes no resuelven el conflicto sin intervención ajena), pero tampoco de heterotutela como el proceso (porque aunque el mediador pueda aproximar 46 Véase DAVIDSSON, "Balancing the Scales of "Confidential" Justice: Civil Mediation Privileges in the Criminal Arena - Indispensable, Impracticable, or Merely Unconstitutional?", McGLR, 2007, pp ; o POON, The corporate counsel s guide to mediation, 2010, pp Sobre el principio de confidencialidad y los límites y problemas que plantea en la práctica, véase ampliamente VAN SCHIJNDEL, Confidentiality and Victim-Offender Mediation, 2009, p. 224 y ss, y en particular sobre el problema de las posteriores declaraciones en el proceso, p
12 posiciones o proponer un acuerdo, no tiene la capacidad de imponerlo). De ahí que se presente a la mediación penal como un mecanismo autocompositivo, que en modo alguno puede sustituir radicalmente y como modelo de Justicia penal al proceso judicial, pero sí servir como alternativa o complemento en algunos casos 48. Además, ha sido señalado que la actitud del mediador, puesto que tiene como objetivo intentar que las partes resuelvan su conflicto, debe estar regida por la empatía, la flexibilidad, la creatividad, la escucha activa, la asertividad y la neutralidad 49. Neutralidad que debe ser entendida como no favorecimiento de los intereses de una determinada parte: el mediador persigue que las partes resuelvan su conflicto, y que lleguen a un acuerdo justo. No se trata por lo tanto de una neutralidad stricto sensu, ya que las sugerencias o preguntas que realice van encaminadas hacia un objetivo claro. Para finalizar, un principio que mantiene una estrecha relación con la mediación penal, aunque no configure este mecanismo, es el principio de oportunidad, por las consecuencias prácticas que la mediación puede conllevar para un proceso judicial en curso o todavía no incoado (las llamadas consecuencias before sentencing de la mediación). Se suele aducir que el principio de legalidad impone a la acusación pública la obligación de iniciar y sostener el ejercicio de la acción penal cuando existan indicios de criminalidad, mientras que el de oportunidad impera cuando, de concurrir algunas circunstancias, se le permite abstenerse de iniciar o mantener el ejercicio de dicha acción. Nuestro ordenamiento se encuentra fuertemente imbuido por el principio de legalidad, lo cual no es óbice para que algunas manifestaciones del de oportunidad se encuentren presentes (figuras tales como el perdón del ofendido): de hecho, se trata de principios perfectamente compatibles en un mismo ordenamiento 50. Sin duda la mediación y el principio de oportunidad revisten dispar fundamento, aunque ciertamente tengan un sentido complementario, pues lo coherente sería que, una vez introducida la mediación, tuviera mayor reflejo e incidencia sobre la acción penal en curso 51. El recurso a la mediación penal debería por ello conducir, apriorísticamente, a una mayor agilidad de la fase de instrucción, y por ende, a una mejor observancia del principio de celeridad en el proceso penal Recepción en el ordenamiento jurídico-penal español Como señalábamos, el interés contemporáneo en establecer mecanismos para la mediación en el ámbito penal se origina en un movimiento con denominación de origen anglosajona, que poco a poco fue extendiéndose por otros ordenamientos. La recepción de la mediación penal a nivel europeo se produce en un triple nivel: por la vía de la ONU (a través del ECOSOC), del Consejo 48 MEJÍAS GÓMEZ, La mediación como forma de Tutela Judicial, 2009, p GORDILLO SANTANA, La Justicia Restaurativa y la Mediación Penal, 2007, pp ; y sobre las distintas fases de un proceso de mediación penal, pp Véase CUADRADO SALINAS, La investigación en el proceso penal, 2010, p. 319 y ss. 51 DEL RÍO FERNÁNDEZ, "El reto de la mediación penal: el principio de oportunidad", DLL, 2006, p DURBÁN SICILIA, "Mediación, oportunidad y otras propuestas para optimizar la instrucción penal", LLP, 2010, (http://laleydigital.laley.es/; última visita: 24 de marzo de 2011). 12
13 de Europa y de la Unión Europea 53. En este sentido, el año 1999 supone un importante impulso para este mecanismo, superponiéndose tres acontecimientos de vital trascendencia: la Resolución 1999/26 del ECOSOC, de 28 de Julio, sobre Elaboración y aplicación de medidas de mediación y justicia restaurativa en materia penal ; la Recomendación nº R (99) 19 del Consejo de Europa, de 15 de Septiembre, sobre Mediación en materia penal ; y la celebración del Consejo Europeo de Tampere, los días 15 y 16 de Octubre, en el que los líderes de la UE acordaron el Plan de Acción ( ) para el establecimiento de un área de libertad, seguridad y justicia, estableciendo en el punto nº 30 la pertinencia de crear procedimientos extrajudiciales alternativos. Dos años más tarde, llegamos al hito que marca el reconocimiento de la mediación penal como mecanismo de resolución de conflictos plenamente admitido a nivel comunitario: la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de Marzo, relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal. Esta Decisión establece, en su artículo 10, que los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida y que velarán por que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación en las causas penales, definiendo a tales efectos la mediación penal en su artículo 1.e) como la búsqueda, antes o durante el proceso penal, de una solución negociada entre la víctima y el autor de la infracción, en la que medie una persona competente. Esta Decisión Marco concedía en su artículo 17 como plazo máximo de ejecución el 22 de Marzo de El cumplimiento de estas previsiones en nuestro ordenamiento ha sido bastante deficiente, incluso comparándonos con ordenamientos de nuestro entorno que implementaron tarde y sin perjuicio de ulteriores desarrollos dicha Decisión Marco (por ejemplo, Portugal 54 ). Bien es cierto que la LO 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante, LORRPM), ya establecía en su artículo 19.3 una referencia a la posibilidad de mediación, en la marco de la conciliación o de la reparación a las que se refiere el apartado 2 del mismo precepto 55. Pero en el supuesto que aquí nos ocupa 56, que no es otro que la mediación en el 53 Para un análisis pormenorizado de la influencia de estas tres instancias y sus resoluciones en los ordenamientos comunitarios, puede consultarse el Informe Final del Proyecto AGIS (JLS/2006/AGIS/147), en WILLEMSENS, Restorative justice: An Agenda for Europe. The role of the European Union in the further development of restorative justice, Véase al respecto LAMAS LEITE, A Mediaçao Penal de Adultos, um novo paradigma de justiça? (Análise Crítica da la lei nº 21/2007, de 12 de junho), 2008, p. 236 y ss.; recensionado por GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN, "La mediación penal de adultos en Portugal", RECPC, 2010b (http://criminet.ugr.es/recpc/; última visita: 13 de mayo de 2011). 55 Sobre la posibilidad legalmente establecida de sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación, véase el comentario al artículo 19 LORRPM y disposiciones concordantes, en DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO/FEIJOO SÁNCHEZ/POZUELO PÉREZ, Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, 2008, p. 755 y ss. 56 Sobre la mediación en el ámbito del Derecho penal de menores, véase CRUZ MÁRQUEZ, "La mediación en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: conciliación y reparación del daño", RECPC, 2005 (http://criminet.ugr.es/recpc/; última visita: 24 de marzo de 2011); PERIS RIERA, "El modelo de mediación y reparación en el nuevo marco de la responsabilidad penal de los menores previsto por la Ley Orgánica 5/2000", LL, 2001, pp ; o TAMARIT SUMALLA, "La mediación penal reparadora en la Ley de responsabilidad penal del menor", en GONZÁLEZ CUSSAC, Justicia penal de menores y jóvenes, 2002, pp ; y DEL 13
14 Derecho penal de adultos, bien puede decirse que España aún no ha hecho los deberes, perdiendo en este sentido una oportunidad inmejorable el pasado 19 de Febrero de 2010, cuando el Ministro de Justicia presentó al Consejo de Ministros tres anteproyectos de Ley (de mediación, de reforma de la Ley de Arbitraje, y de LO complementaria de los dos anteriores), que excluyen expresamente cualquier iniciativa legislativa en materia de mediación penal, laboral y de consumo 57. Esos anteproyectos derivaban de las iniciativas comunitarias en materia de mediación desarrolladas con posterioridad a la Decisión Marco 2001/220/JAI, que efectivamente han prestado más atención a la mediación en otros ámbitos, como muestra la Directiva 2008/52/CE, de 21 de Mayo, "sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles". Esta tendencia ha dado un nuevo paso con la aprobación por el Consejo de Ministros del reciente Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 58, que incorpora al ordenamiento español las previsiones de esta Directiva, excluyendo en su artículo 2.2.a) la mediación penal de su ámbito de aplicación. No faltan voces que entienden que este Proyecto de Ley supone la asunción de la desjudicialización de la vida española como línea de acción por parte del Gobierno 59, pero por el momento la ausencia de iniciativa legislativa en el ámbito de nuestro Derecho penal de adultos resulta palmaria y es fuente de dificultades para su desarrollo en la práctica. Como señala la Fiscalía General del Estado 60 : "la mediación es un empeño personal de los profesionales que trabajan en ella y de los que están al frente de las instituciones que proporcionan los medios materiales para ello. Y hay que tener en cuenta, a tal efecto, que la ausencia de regulación sobre la mediación penal es una tarea pendiente del legislador español, pues las directrices que marca la Unión Europea son muy claras". Ahora bien, aunque no exista una regulación específica de la mediación penal de adultos, la Decisión Marco 2001/220/JAI se refería a la aplicación del mecanismo en todos los ámbitos del ordenamiento penal, y no sólo en el Derecho penal de menores, por lo que la mediación en el Derecho penal de adultos se ha ido abriendo camino en nuestro ordenamiento. En este sentido, debemos insistir en que el hecho de que su única base normativa sea esta Decisión Marco 2001/220/JAI, no impide que pueda ser aplicada directamente, tras el notable vuelco sufrido en el panorama jurídico comunitario tras la conocida STJCE relativa al caso Pupino (asunto C , de 16 de junio de 2005), que conmina a los jueces nacionales a interpretar su Derecho nacional de conformidad con las disposiciones contenidas por las Decisiones Marco. En este asunto, el todavía denominado TJCE abordaba el carácter normativo de las Decisiones Marco, previstas como actos de las Instituciones en el extinto Tercer Pilar (ahora, como es sabido, el Tratado de MISMO, "La justicia reparadora en el sistema penal de menores", en SOLA RECHE, Derecho Penal y psicología del Menor 2007, pp De ahora en adelante, las referencias en el presente trabajo a la mediación penal deben entenderse referidas al Derecho penal de adultos, salvo que se especifique lo contrario. 57 Véase DE URBANO CASTRILLO, LLP, BOCG de 29 de Abril de 2011, Serie A, Nº 122-1, pp PRATS ALBENTOSA, "Desjudicialización (I): el proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles", DLL, 2011, pp Memoria del año 2010 de la Fiscalía General del Estado, pp
15 Lisboa ha reorganizado el sistema y unificado el sistema de fuentes, demoliendo los Tres Pilares 61 ). En efecto, pese a que las políticas criminales comunitarias relativas a la armonización del Derecho penal eran tradicionalmente consideradas como pertenecientes al Primer Pilar, en los últimos tiempos se produjo un desplazamiento del eje jurídico-penal del primer al tercer pilar, lo cual afecta de forma directa al llamado Derecho penal europeizado, consistente en la influencia del Derecho comunitario sobre los Derechos penales nacionales 62. Ahora no reviste tanta importancia esta cuestión, ya que a partir del Tratado de Lisboa, la materia penal pasará a regularse fundamentalmente a través de Directivas, sin que por ello deba obviarse que el caso Pupino fue esencial para determinar el alcance del principio de interpretación conforme, en tanto que forma sutil de lograr el efecto directo 63. El TJCE tuvo en cuenta que el artículo 34.2.b) del entonces Tratado de la Unión Europea vedaba el efecto directo de las Decisiones Marco, pero reconoció que pueden generar efectos interpretativos que condicionen el resultado de un caso concreto: es decir, tienen efectos vinculantes. A pesar de que el impulso para la consecución de un Derecho penal federal europeo se encuentre en estos momentos paralizado, y aunque todavía no exista una armonización consolidada y definida del Derecho penal a nivel comunitario, sí que existen, intra muros, el precitado Derecho penal europeizado y unas tendencias armonizadoras jurídicopenales en la Unión Europea 64, de entre las cuales podemos destacar la que aquí nos ocupa: la tendencia a armonizar en los distintos derechos nacionales comunitarios un mecanismo de mediación penal. Por ello, la Decisión Marco 2001/220/JAI debe ser debidamente considerada, por su incidencia directa en nuestro ordenamiento, al permitir la práctica de la mediación penal en el Derecho penal de adultos aunque no exista una norma nacional específica sobre la materia. Desde luego, como ya señalara SILVA 65, el hecho de que pudiera reconocerse a las Decisiones Marco importancia armonizadora en las legislaciones nacionales no significa que estemos ante un Derecho o una Ley penal europea en sentido estricto, pero ello no es óbice para la aplicabilidad de la Decisión Marco y su invocación allá donde el legislador nacional haya guardado silencio o dejado un margen de maniobra interpretativa, siempre que esta interpretación no sea contra legem y existiendo en todo caso libertad en la forma de interpretarlas por parte de los jueces nacionales. No debe por ello extrañarnos que en el Informe Final del Proyecto AGIS (JLS/2006/AGIS/147), financiado por la Comisión Europea, se afirme que aunque en España no esté específicamente regulada la mediación penal, existen ciertas puertas de acceso (entry doors) en el Código penal que han permitido su desarrollo en la práctica, a través de diversas figuras preexistentes cuya aplicación puede ser consecuencia de la conclusión satisfactoria de un procedimiento de mediación 66. Como ha sido señalado, en lo que respecta a la mediación penal, la práctica ha 61 NAVARRO PORTERA, "El Tratado de Lisboa y el futuro de la acción exterior de la Unión Europea en un mundo globalizado", AJUM, 2009, pp GÓMEZ-JARA DÍEZ, "Constitución europea y Derecho penal: Hacia un Derecho Penal Federal Europeo?", en BACIGALUPO SAGESSE/CANCIO MELIÁ (coords.), Derecho Penal y Política Transnacional, 2005b, pp NIETO MARTÍN, "Legitimidad y aplicación práctica del Derecho Penal europeizado", MJ, 2011 (www.mjusticia.es; última visita: 27 de mayo de 2011). 64 GÓMEZ-JARA DÍEZ, "Orden de detención europea y Constitución europea: reflexiones sobre su fundamento en el principio de reconocimiento mutuo", LL, 2004, pp SILVA SÁNCHEZ, "Los principios informadores de las propuestas de un Derecho Penal Europeo. Una aproximación crítica", RP.com, 2004, pp (http://www.uhu.es; última visita: 24 de marzo de 2011). 66 CASADO CORONAS, Restorative justice: An Agenda for Europe. Supporting the implementation of Restorative Justice in the South of Europe, 2008, pp
16 precedido a la teoría 67, por lo que puede decirse que existe de facto la mediación penal en España, amparada en este único anclaje que constituye la Decisión Marco 2001/220/JAI. Algún autor estima que las experiencias de mediación oficiosa en algunas Comunidades Autónomas no significan que nuestro ordenamiento prevea la mediación en el Derecho penal de adultos, sino que valora las reparaciones a la víctima aún desconociendo la mediación. Debemos admitir que la terminología es importante: aunque nuestro ordenamiento prevea la atenuante de reparación, o la posibilidad de suspensión o sustitución de penas, ello no significa que esté prevista la mediación 68. No deben utilizarse indistintamente alocuciones como mediación, reparación o conciliación, puesto que estas figuras no tienen por qué referirse a lo mismo. Es más, incluso se ha afirmado que el uso de diferentes términos puede servir para identificar diferentes modelos de mediación penal: un modelo más vinculado al proceso, en el que el mediador sería un jurista sin formación mediadora específica y que podríamos denominar conciliación, frente a la verdadera mediación, que persigue la resolución del conflicto con independencia de la existencia o no de un proceso judicial o de las consecuencias procesales de un acuerdo reparador 69. También se ha intentado establecer como elemento diferenciador entre estos dos términos el hecho de que el mediador puede llegar a proponer soluciones a las partes, posibilidad que estaría vetada en una conciliación. A pesar de todo, ni siquiera existe un consenso a nivel lingüístico sobre esta cuestión, de forma que hay quien considera que mediación y conciliación son términos perfectamente intercambiables 70. En puridad, sí podría decirse que nuestro ordenamiento reconoce la existencia de la mediación penal, aunque no sea por medio de una ley estatal. No sólo debido al reconocimiento jurisprudencial de la misma 71. También contempla su existencia alguna norma de carácter autonómico, como la reciente Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOE nº 99 de 26 de abril de 2011), que en su artículo 43.3 establece: "Los acuerdos alcanzados en el ámbito penal deberán ser trasladados al procedimiento penal en cuyo seno se adopten para surtir efectos, en caso de existir procedimiento en curso, en aquellos aspectos en que exista capacidad dispositiva de las partes afectadas." De este precepto pueden extraerse varias conclusiones: que la mediación penal existe en nuestro ordenamiento, que es posible que se lleve a cabo aunque no exista un procedimiento penal que se desarrolle en paralelo (conforme al artículo 1.2 de la precitada ley, una de las finalidades de la mediación consiste en "evitar la provocación de un pleito"), y que si el proceso judicial existe sólo podrá tener aquellos efectos permitidos por nuestro ordenamiento jurídico-penal (las entry doors ya referidas). Debemos insistir en que incluso de interpretar la incidencia del caso Pupino y el 67 Véase AGUILERA MORALES, "La mediación como "alternativa" al proceso penal de adultos: de la práctica a la ley?", en ROBLES GARZÓN/ORTELLS RAMOS (coords.), Problemas actuales del proceso iberoamericano, 2006, pp ; o EIRAS NORDENSTAHL, Mediación penal. De la práctica a la Teoría, 2005, p. 232 y ss. 68 MANZANARES SAMANIEGO, Mediación, reparación y conciliación en el Derecho penal, 2007, p. 27 y ss., cita p. 60; y en similar sentido EL MISMO, "La mediación, la reparación y la conciliación en el Derecho Penal Español", DLL, 2009, p FAGET, "Médiation et violences conjugales", CP/PF, 2004 (http://champpenal.revues.org/50; última visita: 24 de marzo de 2011). 70 GARNER (ed.), Black's Law Dictionary, 2009, pp Muy significativo el AAP de Madrid, Sección 17ª, Nº 24/2011, de 12 de Enero, MP Ramiro Ventura Faci. 16
17 principio de interpretación conforme de forma restrictiva, ello "no significa que no pueda darse validez a un proceso de mediación" penal en España al amparo de lo establecido por la referida Decisión Marco 72. Dicho esto, lo cierto es que la mediación penal se ha ido abriendo paso en nuestro ordenamiento a través de proyectos pioneros, cuando ni siquiera existía la posibilidad de articularlos conforme a la Decisión Marco 2001/220/JAI. Deberíamos remontarnos al año 1993 cuando, fruto de la colaboración entre el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia y el Servicio de Atención a la Víctima de esta Comunidad Autónoma, se lleva a cabo el primer programa de mediación penal en nuestro país, aunque no tuvo un ulterior desarrollo. Posteriormente, fueron realizándose experiencias en otras Comunidades Autónomas, siendo de especial relevancia el programa de mediación penal para adultos que arranca en el año 1998 y se implanta de forma regular en el año 2000 en Cataluña 73 (donde existen importantes iniciativas a nivel local, como la de Sant Adrià de Besòs a partir de ). Llegamos así al proyecto piloto del Consejo General del Poder Judicial, iniciado en 2005 y desarrollado en seis ciudades (Madrid 75, Pamplona, Jaén, Zaragoza, Calatayud, Sevilla, Bilbao y Vitoria), que tenía como objetivo específico ejecutar la Decisión Marco 2001/220/JAI 76. El CGPJ ha ejercido un importante papel potenciando la aplicación práctica de la mediación penal, siendo reseñable el Proyecto sobre Mediación Penal del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del CGPJ, iniciado en 2007, cuyo objetivo es la elaboración de una Memoria para ser entregada al Ministerio de Justicia con el fin de estudiar la implantación específica de la mediación penal en nuestra legislación 77. Por todo ello, sin perjuicio de que sea deseable que se promulgue una Ley específica sobre la materia o un Estatuto del Mediador Penal, existe ya una importante elaboración teórica y práctica sobre cómo debe desarrollarse el mecanismo de mediación penal o las consecuencias que puede tener la mediación para el proceso judicial, lo que nos permitirá formular alguna propuesta para la práctica de la mediación penal. A este respecto, y puesto que las hipótesis que plantearemos 72 RODRÍGUEZ LAÍNZ, "Mediación Penal y violencia de género", DLL, 2011, p Véase al respecto VERGER GRAU, "Una modalidad alternativa al ejercicio de la acción penal", RPJ, 2006, pp Véase al respecto SÁNCHEZ CONCHEIRO, Para acabar con la prisión. La mediación en el Derecho Penal. Justicia de proximidad, 2006, p. 125 y ss. 75 Si bien con anterioridad ya existían experiencias de mediación penal de adultos en Madrid, véase SEGOVIA BERNABÉ, "La mediación en el Derecho Penal de Adultos: Análisis de una experiencia y propuestas de lege ferenda", CEJ, 2004, pp (http://www.cej.justicia.es; última visita: 23 de mayo de 2011). 76 Sobre estos proyectos pioneros, véase CASADO CORONAS, Restorative justice: An Agenda for Europe. Supporting the implementation of Restorative Justice in the South of Europe, 2008, p. 42 y ss. 77 En el marco de este proyecto, se han celebrado además diversos cursos formativos dirigidos a Jueces y Secretarios Judiciales, véase GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN, "La mediación penal en el ámbito de adultos: futura implantación en España", en MONTOYA MELGAR (coord.), Cuestiones Actuales de la Jurisdicción en España, t. II, 2010a, p Un listado actualizado de los Juzgados adscritos al proyecto puede asimismo consultarse en CASTILLEJO MANZANARES, Hacia un nuevo proceso penal. Cambios necesarios, 2010b, pp , nota
18 persiguen evitar el inicio o la continuación del proceso penal, excluiremos de nuestro análisis las referencias a la mediación en el ámbito penitenciario La praxis de la mediación penal en nuestro ordenamiento En lo que respecta al procedimiento de mediación penal, existen varios protocolos de actuación 79 desarrollados en la práctica, que aunque podrían articular una mediación como mecanismo para la consecución de cualquiera de los efectos que detallaremos más adelante (perdón del ofendido, evitar el inicio del proceso, etc.), lo cierto es que cuentan con que se produzca en la mayor parte de los casos un reconocimiento de los hechos por parte del imputado, con el fin de lograr una sentencia de mediación que ponga fin a un proceso ya iniciado. Por ejemplo, una de estas resoluciones sería la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, de 5 de Mayo de 2006, dictada en el marco del Procedimiento Abreviado 80/2006, en la que la defensa aceptó la calificación jurídica y las penas solicitadas por la acusación, se aplicaron atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y se suspendió o sustituyó la condena. Como vemos, se trataría de una conformidad con efectos a todos los niveles, derivado ello de la conclusión satisfactoria de una mediación penal 80. Práctica ésta no exenta de críticas, debido a su posible fricción con la "necesidad de rodear a la mediación de las mismas garantías que asisten al imputado en el proceso penal, entre ellas, de la presunción de inocencia" 81. En este sentido, considero que la mediación no debería ser utilizada subrepticiamente para instar al supuesto autor a reconocer hechos que le perjudiquen, o a mercantilizar el procedimiento para comprar el perdón de la víctima (si es que el supuesto responsable tuviera la fortuna término doblemente apropiado - de disponer de medios suficientes), con el único fin de que esa posible víctima participe de modo activo en la resolución del conflicto. Tanto la víctima como el autor lo son a título de mera suposición mientras no se dicte sentencia condenatoria, y la conclusión satisfactoria de una mediación no puede en modo alguno cambiar este hecho. Pese a la popularización de expresiones como presunto responsable, el imputado es presunto inocente. Por otra parte, ni siquiera un proceso penal es capaz de determinar la verdad histórica de unos hechos, pues siempre subsistirá, en mayor o menor medida, algo de incertidumbre Sobre la mediación en el ámbito penitenciario, véase RÍOS MARTÍN/PASCUAL RODRÍGUEZ/BIBIANO GUILLÉN, Mediación Penal y Penitenciaria. Experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la violencia y el sufrimiento humano, 2008, p. 336 y ss.; y RÍOS MARTÍN, Mediación Penitenciaria: Reducir violencias en el sistema carcelario, 2005, p. 144 y ss. 79 Podríamos tomar como referencia el elaborado para la experiencia piloto de mediación desarrollada por la Asociación de Mediación y Pacificación de Conflictos, el Juzgado de lo Penal Nº 20 de Madrid y los Juzgados de Instrucción Nº 32 y Nº 47 de Madrid (http://www.poderjudicial.es; última visita: 24 de marzo de 2011). 80 Puede consultarse la transcripción de actas de mediación satisfactoria en DE JORGE MESAS, "La mediación en el proceso penal español: experiencias en la jurisdicción ordinaria (adultos)", AJA, 2001, pp Véase VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, "Presunción de inocencia, mediación y conformidad: algunas observaciones críticas sobre los programas españoles de mediación penal de adultos", en CUERDA ARNAU (coord.), Constitución, Derechos Fundamentales y Sistema Penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón, 2009, pp , cita p SILVA SÁNCHEZ, Tiempos de Derecho Penal, 2009, pp
19 Resulta esencial que en el ámbito de la mediación penal se evite manejar estos términos, ya que uno de los peligros que su implantación comporta consiste en que desde el momento en que ésta es atraída por el sistema de justicia penal, se arriesga a perder en parte su virtud, ya que su lenguaje alternativo resulta irremediablemente incluido y homologado al del sistema de justicia criminal 83. En definitiva, si el juicio de culpabilidad de una sentencia condenatoria no debe ser considerado como una verdad histórica inatacable, mucho menos ostentaría tal cualidad un acta de mediación penal. Aunque se acepte que la sola manifestación de voluntad del acusado de que se le condene pueda desvirtuar su presunción de inocencia, sería preciso que esta conformidad se articulase como la antipática prueba de confesión ante el tribunal sentenciador 84, requisitos que no puede cumplir un reconocimiento de hechos en un acta de mediación. Para no vulnerar el principio de presunción de inocencia y demás garantías constitucionales, es esencial que se informe al supuesto responsable del carácter confidencial de la mediación, y de que al estar ésta sometida al principio de voluntariedad de las partes, podría negarse a participar o retirarse del procedimiento sin consecuencias gravosas de tipo alguno. Debemos insistir en que un delito, como bien señala PEÑARANDA, no es un "fenómeno de la naturaleza" 85 : es la calificación que, tras la sustanciación de un proceso, puede conferirse a determinados hechos si se encuentran tipificados en una Ley penal. El papel de la mediación no es ocuparse del delito: es resolver un conflicto entre dos personas, por lo que nunca será necesario reconocer participación alguna en la comisión de un hecho típico. Y aunque así se hiciera en presencia del mediador, en el acta de mediación no debería constar este reconocimiento, ni los motivos por los que se ha acordado una determinada reparación, sino únicamente que se ha resuelto el conflicto entre los participantes. Debido a su confidencialidad intrínseca, la mediación no puede ser utilizada con una finalidad incriminatoria. En cuanto al ámbito de aplicación, resulta un tanto desalentador que la única referencia a la mediación penal que contiene nuestra legislación estatal sea para prohibirla. En efecto, el artículo 87 ter.5 LOPJ (añadido por el artículo 44 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2004) establece que en todos los supuestos cuyo conocimiento corresponda a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer está vedada la mediación. Es cierto que no toda violencia doméstica es de idéntico signo y gravedad, por lo que no toda mediación sería en estos supuestos una concesión de la posible víctima 86, pero en cualquier caso, nos encontramos con una exclusión de delitos, legalmente establecida, del ámbito de la mediación penal. 83 PAVARINI, Castigar al enemigo: criminalidad, exclusión e inseguridad, 2009, pp DE LA OLIVA SANTOS, "Reflexiones sobre la presunción de inocencia, prueba de cargo y sentencia de conformidad", en AA. VV.: Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico. Un diálogo entre Jueces, Fiscales, Abogados y Profesores, 2009, pp PEÑARANDA RAMOS, Concurso de leyes, error y participación en el delito, 1999, p LARRAURI PIJOÁN, "Justicia Restauradora y Violencia Doméstica", en ASUA BATARRITA/GARRO CARRERA (coords.), Hechos Postdelictivos y Sistema de Individualización de la Pena 2009, pp
20 Esta prohibición ha sido criticada 87, pues podría ser beneficioso que se articulara un mecanismo de mediación penal en este tipo de delitos con el fin de evitar algunos problemas que se generan en la práctica forense 88. Bien es cierto que sería necesario extremar las cautelas, ya que la mediación en el ámbito de la violencia de género además de una irremediable asimetría presenta contornos personales y emocionales que no deben pasar desapercibidos 89, y que se trata de conflictos que pueden reclamar imperativamente el público conocimiento que deriva del juicio para que la mujer se decida a denunciarlos 90, lo que con carácter general excluiría de este ámbito un posible procedimiento de mediación. Todo ello sin perjuicio de que alguna propuesta de interpretación sistemática entienda que la prohibición de mediación del artículo 87 ter.5 LOPJ se refiere únicamente a la mediación civil (por las atribuciones en materia de Derecho de familia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), y no a la mediación penal 91. Pero si sólo atendemos al tenor literal del precepto, la mediación sí parece estar excluida de este ámbito. A contrario, puesto que ninguna ley lo prohíbe expresamente, debe interpretarse que en principio cualquier otra infracción penal es susceptible de ser objeto de mediación, conclusión coherente ya que el éxito de la mediación depende más de la voluntad de las partes que de la gravedad del delito considerado en abstracto 92. Existen, no obstante, posturas para todos los gustos: hay quien sostiene que se debe limitar su aplicación a la criminalidad de bagatela; y en sentido contrario, que se debe excluir de la mayoría de las faltas porque dilataría demasiado la tramitación de estos procedimientos y podría producirse un efecto de net widening. Algunos autores consideran desaconsejable que se utilice la mediación para resolver conflictos en los que exista una notoria desigualdad entre las partes, como pudieran ser los delitos violentos graves 93. Por el contrario, hay quienes han llegado a afirmar que la mediación penal puede jugar un papel importante para la resolución de conflictos derivados de delitos graves y violentos 94, incluso de los llamados "crímenes de odio". Podríamos definir los hate crimes como aquellos delitos que el autor comete impulsado por el odio que resiente hacia alguna determinada característica de su víctima, como pudieran ser las enumeradas por nuestro artículo 22.4 CP. Conforme ha expuesto algún autor, la mediación penal podría ser un foro adecuado para que la víctima pudiera contribuir a que el autor constatase la falsedad de los estereotipos que pudieron haber motivado su conducta, y controlar de ese modo sus emociones en el futuro 95. Desde luego, ello no excluye las dificultades derivadas de la posible desigualdad entre las partes en estos 87 MANZANARES SAMANIEGO, DLL, 2009, p PÉREZ GINÉS, "La mediación penal en el ámbito de la violencia de género o las órdenes de protección de difícil control y cumplimiento, DLL, 2010, pp MARTÍN DIZ, "Mediación en materia de violencia de género: Análisis y argumentos", en DE HOYOS SANCHO (coord.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género: Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, 2009, pp FAGET, "The double life of victim-offender mediation", ADRB, 2005, p RODRÍGUEZ LAÍNZ, DLL, 2011, pp VALLS RIUS, "El desarrollo de la Justicia restaurativa en Europa: Estudio comparado con la legislación española", DLL, 2006, p GARCÍA TORRES, LLP, 2010, p. 39 y ss. 94 Véase UMBREIT/PETERSON ARMOUR, Restorative Justice Dialogue, 2011, pp En este sentido, SHENK, "Victim-Offender Mediation. The road to Repairing Hate Crime Injustice", en PERRY (ed.), Hate and Bias Crime. A reader., 2003, pp

References: resolución 
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 artículo 10
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 artículo 10
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 19
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 artículo 2
 artículo 34
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 artículo 43
 artículo 1
de lege ferenda
 resolución 
 artículo 87
 artículo 44
 artículo 87
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 artículo 22