Source: http://www.avizora.com/atajo/que_es/consejo_seguridad_onu.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:07:46+00:00

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Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) - Atajo. Avizora
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04 - La Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional, obliga a los Estados Miembros a solucionar sus conflictos por medios pacíficos, a fin de no poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Esto significa que deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra todo otro Estado y que pueden someter cualquier controversia al Consejo de Seguridad
El órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad. Conforme a la Carta, los Estados Miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Aunque las recomendaciones de otros órganos de las Naciones Unidas no tienen el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo, pueden influir en determinadas situaciones, ya que reflejan la opinión de la comunidad internacional.
Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. En algunos casos, el propio Consejo emprende actividades de investigación y mediación. También puede establecer los principios para el arreglo pacífico y nombrar representantes especiales o pedirle al Secretario General que use sus buenos oficios.
Cuando una controversia conduce a las hostilidades, la preocupación principal del Consejo es ponerle fin a éstas lo antes posible. Para prevenir la ampliación de las hostilidades, el Consejo puede establecer directrices de cesación del fuego. En apoyo del proceso de paz, el Consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto.
Conforme al Capítulo VII de la Carta, el Consejo tiene el poder de tomar medidas para hacer cumplir sus decisiones. Puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.
En algunos casos, el Consejo ha autorizado, conforme al Capítulo VII, el uso de la fuerza militar por una coalición de Estados Miembros o por una organización o agrupación regional. Sin embargo, el Consejo toma tales medidas sólo como último recurso, cuando se han agotado las vías pacíficas para el arreglo de la controversia y luego de determinar que existe una amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto de agresión.
Conforme también al Capítulo VII, el Consejo ha establecido tribunales penales internacionales para enjuiciar a personas acusadas de violaciones graves del derecho humanitario internacional, incluido el genocidio.
Conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.
El Consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes y 10 electos por la Asamblea General por períodos de dos años. Los miembros permanentes son China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia **, Francia y el Reino Unido.
Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por voto afirmativo de, por lo menos, nueve de los 15 miembros. Las tocantes a cuestiones de fondo también requieren nueve votos afirmativos, pero éstos tienen que incluir los de los cinco miembros permanentes. Ésta es la regla de la "unanimidad de las grandes potencias" o, como se dice a menudo, el poder de "veto".
Si un miembro permanente no está de acuerdo con su decisión, puede emitir un voto negativo, el cual tiene poder de veto. Cada uno de los cinco miembros permanentes ha ejercido su poder de veto en alguna oportunidad. Si un miembro permanente no apoya una decisión pero no quiere bloquearla con su veto, se puede abstener en la votación.
De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Los demás órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones.
La Presidencia del Consejo rota mensualmente, según el listado de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés de sus nombres
El Consejo tiene 15 miembros -- 5 miembros permanentes y 10 elegidos por la Asamblea General para un período de 2 años.
Calidad de Miembro y Presidencia del Consejo de Seguridad en el año 2003 (Tomado como ejemplo ya que esta composición se modifica cada dos años)
Fecha en que termina el período en calidad de Miembro
Los países siguientes comenzaron su término de dos años en calidad de miembro el 1 de enero 2003:
Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimientos serán tomadas por el voto afirmativo de nueve de los 15 miembros. Las decisiones sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esta es la regla de "el gran poder de la unanimidad", a menudo referida como el poder del "veto".
Conforme a la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas han acordado aceptar y cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad. Mientras otros órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones a los Gobiernos, El Consejo tiene la facultad para tomar decisiones que los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir.
En la Carta es estipula que las funciones y poderes del Consejo de Seguridad son:
Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas;
Recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de arreglo;
Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar;
Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión;
Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas estratégicas";
Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia .
El Consejo de Seguridad está organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Un representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en la Sede de las Naciones Unidas. El Consejo se puede reunir también fuera de la Sede. En 1972, por ejemplo, se reunió en Addis Abeba (Etiopía) y, al año siguiente, en la ciudad de Panamá (Panamá).
Comités Permanentes - hay dos comités actualmente, y cada uno incluye representantes de todos los Estados Miembros del Consejo de Seguridad.
Comité de Expertos encargado de estudiar el Reglamento (estudia el reglamento y otras materias técnicas y aconseja sobre esto)
Comité de Admisión de Nuevos Miembros
Comités Ad Hoc - se establecen según se requieran, incluyen todos los Miembros del Consejo y se reúnen en sesión privada.
Comité del Consejo de Seguridad para la reuniones del Consejo fuera de la Sede
Consejo de Administración establecido por la resolución 692 (1991)
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo
Grupo de Trabajo sobre cuestiones generales de las sanciones
Comités de Sanciones, Información general :
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999)
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1298 (2000) relativa a la situación entre Eritrea y Ethiopia
Entre junio de 1948 y agosto de 2000, han habido 53 operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.
Tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia - establecido en virtud de la resolución 808(1993) - Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY)*;
Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 - establecido en virtud de la resolución 955 (1994)
Reglamento Provisional del Consejo de Seguridad S/96/Rev.7
**La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue Miembro original de las Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945. En carta de fecha 24 de diciembre de 1991, el Presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin, informó al Secretario General de que su país ocupaba el lugar de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad y en todos los demás órganos de las Naciones Unidas, con el apoyo de los 11 países miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Fuente: ABC de las Naciones Unidas, Número de venta No.S.98.I.20. y la Oficina del Director de la División de Asuntos del Consejo de Seguridad, DPA
Preparado para Internet por la Sección de la Tecnología de Información,
Departamento de Información Pública - © Naciones Unidas 2001
Son un instrumento a disposición del Consejo de Seguridad, fundamentadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que en caso de amenaza contra la paz, de ruptura de ésta o de acto de agresión sean llevadas a cabo. Estas sanciones deben cumplir con ciertas características: tener un objetivo específico, ser limitadas en el tiempo y regularmente evaluadas, tener criterios precisos para su levantamiento, estar acompañadas de dispositivos de exoneración humanitaria y ser excepcionales
Comité de sanciones del Consejo de Seguridad
Caso Bush, Blair y Aznar: Están fuera de la ley. La alerta de los juristas - María Peral
«Sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad, el uso de la fuerza contra Irak puede constituir un crimen de agresión», afirma Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional Público. No es una opinión minoritaria: 290 expertos españoles han advertido por escrito que los estados y gobernantes que decidan una intervención armada al margen del Consejo podrían ser acusados de crímenes internacionales
Varios preceptos de la Carta de Naciones Unidas -suscrita por España y, por tanto, integrada en nuestro ordenamiento interno, en virtud de la Constitución- orientan sobre la exigencia de que el Consejo de Seguridad (CS) autorice el recurso al uso de la fuerza. El artículo 39 establece que «el CS determinará la existencia de toda amenaza a la paz... y decidirá qué medidas serán tomadas». El artículo 2.4 obliga a los Estados miembros a «abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza» contra un Estado «de forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas».
Aunque no puede hablarse de unanimidad, un buen número de expertos españoles en Derecho Internacional coinciden en que «el empleo de la fuerza armada está sometido siempre, salvo legítima defensa, a la autorización del Consejo de Seguridad» y sostienen que, de no mediar la aprobación del Consejo, «los Estados que recurran a la fuerza armada en Irak infringirán normas internacionales».
Esas dos afirmaciones, incluidas en un manifiesto firmado por 290 catedráticos y profesores de Derecho Internacional, abren, a su vez, un mar de incógnitas. Por ejemplo, la amenaza terrorista ¿ampararía una acción bélica en Irak al margen del CS. La respuesta no es indiferente si se tiene en cuenta que el presidente del Gobierno, José María Aznar, maneja ese argumento para justificar la intervención española en el conflicto. «No negaré nunca apoyo activo a quien necesite ayuda contra el terrorismo», insistió el miércoles en el Congreso.
La autorización del CS, ¿debe ser expresa o puede considerarse implícitamente otorgada en anteriores resoluciones? ¿Vulnerarían el ordenamiento internacional exclusivamente los países que envíen tropas a la zona o también los que, como viene haciendo España, prestan apoyo logístico?
Juristas consultados por EL MUNDO han abordado éstas y otras cuestiones relacionadas con la legalidad de un ataque a Bagdad.
1. El uso de la fuerza contra Irak sin autorización del Consejo de Seguridad ¿supondría una violación de la legalidad internacional?
En opinión de Antonio Remiro, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, «los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y España tratan de salvar la exigencia de una autorización del CS diciendo que ya existe. No rechazan la idea de que la autorización es necesaria, sino que consideran que ya se ha dado: se otorgó, dicen, en el año 91 con la resolución 687, que ahora resucita, y también en diciembre con la 1441, que, según estos gobiernos, incorpora implícitamente la autorización del uso de la fuerza. Pero la inmensa mayoría de los internacionalistas europeos opinamos que una autorización para utilizar la fuerza nunca puede ser implícita, tiene que ser expresa».
La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo Paz Andrés coincide en que el uso de la fuerza contra un Estado al margen del CS «es un acto de agresión, una violación muy grave de la Carta». Además, «para una decisión de esa trascendencia tiene que haber una autorización expresa, nunca implícita. La propia resolución 1441 lo pone de relieve, no sólo por su contenido (que señala expresamente que el Consejo volverá a ocuparse de la cuestión) sino porque, además, cuando se adoptó esa resolución Francia, Rusia y China hicieron una declaración en la que indicaban que la interpretaban en el sentido de que no implicaba ningún automatismo en el uso de la fuerza».
Para Romualdo Bermejo, catedrático de Derecho Internacional de León, «la regla general es que se precisa la aprobación del CS. Pero no siempre ha sido el caso. El bombardeo de Kosovo se produjo sin autorización del Consejo».
2. ¿Qué consecuencias jurídicas tendría esa posible violación para los estados y gobernantes que intervengan en el ataque?
Remiro califica de «frustrante» este aspecto, porque «más allá de lo que es el juicio doctrinal o de autoridades independientes, instituciones o corporaciones, Naciones Unidas ha tenido una alergia sistemática a tipificar los actos de agresión. Aun si un grupo de estados presentase un proyecto para declarar como acto de agresión el comportamiento de los países que se disponen a atacar a Irak, en el CS no prosperaría porque Estados Unidos y Gran Bretaña lo vetarían».
En el terreno judicial, «si la agresión pudiera ser reconducida a uno de los tipos penales recogidos en nuestro Código no cabe descartar que se pudiera plantear alguna querella contra el presidente del Gobierno» ante el Supremo.
No obstante, «la agresión es la que tendría menos expectativas de una acción judicial concreta. Donde sí creo que existen elementos dignos de consideración es en el desarrollo de la intervención bélica, porque los crímenes de guerra y contra la Humanidad sí pueden estar presentes. Estas guerras, dígase lo que se diga, se hacen contra la población civil y se van a producir muchas muertes. Países como España o Gran Bretaña -no así Estados Unidos- que han ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional están sometidos desde el 1 de julio de 2002 a los tipos criminales que recoge ese estatuto».
Bermejo descarta responsabilidades de orden penal. «Eso es forzar la máquina demasiado», dice. Más aún, considera que la participación de España en el conflicto «es nuestra obligación, no tenemos otra elección porque los pactos son los pactos. Las obligaciones que asumimos en el seno de la OTAN se tienen que cumplir».
Paz Andrés subraya que «en estos momentos no está prevista ninguna sanción en el ámbito internacional. La respuesta jurídica frente a un acto de agresión no está suficientemente desarrollada en el Derecho Internacional».
Para exigir responsabilidades ante los tribunales nacionales «tendríamos que ver si el ordenamiento interno prevé el crimen de agresión». En cuanto a una eventual responsabilidad por el desarrollo de la guerra, «habría que considerar los crímenes de guerra, sobre los que sí es competente el Tribunal Penal Internacional, pero se tendrían que deslindar responsabilidades respecto a cómo ha participado cada uno, porque no es lo mismo prestar la base de Morón que lanzar bombas inteligentes contra la población civil».
A este respecto, Remiro defiende que, aunque España no ha infringido «aún» normas internacionales «porque todavía no se ha producido el uso de la fuerza», en el caso de que «sin autorización expresa del CS, Estados Unidos se embarque en la operación que viene preparando y España colabore en ella de la forma que sea, estaría corresponsabilizándose de esa operación».
«No es necesario que enviemos allí fuerzas militares que participen en la acción. El apoyo logístico -por ejemplo, la cesión de las bases- para una actuación criminal desataría la responsabilidad en ese crimen de agresión», señala Remiro, que añade, escéptico: «De todas formas, no se conoce que los vencedores hayan sido responsables de sus crímenes, eso sólo ocurre con los vencidos».
El fiscal Carlos Castresana comparte la opinión de que «los líderes políticos que decidan un ataque contra Irak sin la aprobación del CS violan la Carta de las Naciones Unidas y, además, en función de cómo se desarrollen las hostilidades, podrían incurrir en responsabilidad penal si las tropas que actúen cometen crímenes de guerra y contra la Humanidad».
3. La violación por Irak de las resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿justifica un ataque armado de uno o varios estados miembros?
«La resolución 1441 se adoptó precisamente porque se consideró que Irak estaba vulnerando la 687», señala Bermejo. «Fue el fruto de un consenso un tanto ambiguo entre los miembros permanentes del CS. Interpretada en su sentido estricto, la posición más correcta es la que defiende Estados Unidos, porque en ella se habla de la última oportunidad de Irak, es decir, que no se le va a dar otra, que no se pueden ampliar los plazos. Es cierto que se cambia la terminología a la que nos tenía acostumbrados el CS, que cuando permitía el uso de la fuerza utilizaba la expresión todos los medios necesarios. Esa expresión no figura en la 1441, que indica que si Irak no cumple esta resolución se expondrá a graves consecuencias. Estados Unidos dice que el espíritu de la resolución es que esa expresión da vía libre al uso de la fuerza. Francia y Alemania no aceptan esa interpretación. Parece que hubo miembros permanentes que aceptaron una determinada interpretación que ahora no admiten. En mi opinión, hay pocas resoluciones tan contundentes y tan tajantes como la 1441, hablando de última oportunidad y de graves consecuencias. Estos términos son tan rotundos como los que se utilizaron en la resolución 678, respecto a la que sí hay consenso en que autorizaba el uso de la fuerza».
Bermejo concluye «si se comprueba que Irak no se ha desarmado ni se está desarmando, la 1441 autoriza el recurso al uso de la fuerza». Pero ¿a quién corresponde esa comprobación, al Consejo de Seguridad o unilateralmente a uno o varios estados miembros? «A todos», responde, «porque los inspectores pueden no detectar todo el desarme».
Remiro y Andrés discrepan. «La violación de las resoluciones del CS justificaría un ataque sólo si así lo aprecia el propio Consejo. Es éste el que tiene que evaluar las consecuencias de la violación de sus resoluciones, no los estados miembros», dice el primero.
Paz Andrés agrega que «una violación, aunque sea grave y reiterada, de una o varias resoluciones del CS la única manera que hay de abordarla es tomando medidas el propio Consejo. Es una falacia decir que hay violaciones reiteradas y que eso justifica ya el uso de la fuerza. En absoluto. Es el propio Consejo el que determina qué hacer en ese caso, como, por otra parte, indica la resolución 1441».
4. ¿Es necesaria una nueva resolución que autorice el uso de la fuerza contra Irak?
El proyecto de nueva resolución presentado por Estados Unidos, Gran Bretaña y España le parece a Andrés «totalmente insuficiente. La utilización de la fuerza tiene que ser expresa y, por tanto, una mera constatación de que Irak no ha cumplido una resolución anterior no significa una autorización para desarrollar la guerra. Como mínimo, la nueva resolución tendría que tener un texto similar a la resolución 678».
A su parecer, tampoco es válido el argumento de esos tres gobiernos de «encadenar resoluciones de manera que si no se cumple, dicen, la 1441, volvemos a la situación de la 687 y ésta revive la 678».Para Andrés, sin embargo, «con la 687 termina la vigencia de la 678, como se desprende claramente de su contenido. Además, para que el CS tome una decisión en el marco del capítulo VII de la Carta -es decir, una decisión obligatoria que incluya el uso de la fuerza si lo estima oportuno- lo primero que tiene que hacer es calificar la situación como de amenaza a la paz. No puede servir una resolución de hace 13 años para el momento presente, en el que la situación es distinta. La resolución 678 se adopta sobre la base de la situación entonces existente, que era Kuwait invadido por Irak, que no se retiraba. No se puede decir que, para una situación distinta, vale la misma resolución».
Remiro opina que «una nueva resolución con el contenido que tiene el proyecto presentado por esos tres países no significaría una autorización del uso de la fuerza armada. Un ataque como el que se planifica por Estados Unidos y sus colaboradores con esa resolución también sería un acto de agresión».
Para él, «si la resolución que ahora se discute se queda en que Irak ha perdido su última oportunidad y nada más, será el propio CS el que tenga que extraer las consecuencias de ese hecho. Ésta es una función que sigue en manos del CS, no de los estados miembros».
En cambio, Bermejo sostiene que una nueva resolución «no sería estrictamente necesaria. Otra cuestión es que sea conveniente. Si los inspectores constatan que el régimen iraquí no ha demostrado que se ha desarmado, no habría necesidad de otra resolución porque el informe ya estaría declarando que Irak no está cumpliendo con la 1441 y, por tanto, se expone a graves consecuencias. De otra forma, estamos siempre en el CS y con el posible abuso del derecho de veto».
5. Una amenaza terrorista probada, ¿constituiría un supuesto de legítima defensa que permita un ataque sin autorización del Consejo?
Romualdo Bermejo cree que «un Estado que sea atacado o esté ante un peligro inminente puede recurrir a la legítima defensa sin autorización del CS». Incluso si no se demostrara el vínculo entre el grupo terrorista y el Estado en cuestión, «si éste hace oídos sordos a otros estados que denuncian que tiene en su territorio un grupo terrorista y no adopta las medidas pertinentes para impedir que actúe, cabría una acción armada de legítima defensa».
Remiro admite que «si en un Estado se identifican campamentos terroristas y el Estado no toma medidas para acabar con ellos, se podría considerar que existe una base suficiente para desarrollar una acción armada proporcionada a eliminar ese tipo de campamentos en la medida en que sean una amenaza inminente. Si no, el propio Consejo, al que se tiene que acudir, sería el que tendría que adoptar las medidas correspondientes. No cabe descartar que en un supuesto en el que Consejo no pudiera actuar por impedirlo el veto de un miembro permanente y ante una amenaza cierta e indudable se utilizara la fuerza armada para sofocar ese riesgo, interpretándolo como una situación de legítima defensa. Pero, si no es así, no se puede sin más hacer la ecuación de que ataque armado y terrorismo son lo mismo».
6. ¿Permiten las leyes internacionales el uso de la fuerza para cambiar un régimen político?
Los tres catedráticos coinciden en que «si no hay una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos, el Derecho Internacional no avalaría una intervención armada para derrocar a ese régimen.
«Las leyes internacionales no permiten que, por el hecho de que a alguien no le guste un régimen o considere que no es democrático, pueda ir allí unilateralmente a derrocarlo», dice Remiro

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 artículo 39
 artículo 2
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