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Mensajes de WhatsApp como documento probatorio en el proceso laboral.
Publicado por jcandamio 20-jun-2017
Nuestro ordenamiento jurídico no regula específicamente el tratamiento probatorio de estas comunicaciones, ante lo que se detallan los mecanismos necesarios para la presentación como prueba en juicio.
Para considerar una conversación de WhatsApp como documento -a los fines del proceso laboral-, sería preciso que se hubiese aportado no sólo una copia en papel del «pantallazo», sino una transcripción de la conversación y la comprobación de que ésta se corresponde con teléfono y número correspondientes.
I.- ¿Existe regulación normativa sobre la licitud del WhatsApp como medio de prueba?
II.- ¿Qué se considera documento electrónico?
III.- ¿En que tipo de documentos electrónico deberíamos encuadrar el WhatsApp?
IV.- Desde un punto de vista práctico-procesal ¿Cómo actuar?
V.- ¿Y las posibles alteraciones fraudulentas del contenido de la conversación? ¿Cómo impugnar esta prueba?
VI.- Pronunciamientos judiciales de interés
El artículo 90 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, determina las condiciones de la licitud o ilicitud de la prueba. Fuera el ámbito estrictamente laboral, el artículo 299.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevé la aceptación de los medios: «de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”. No obstante, dado que nuestro ordenamiento jurídico no regula específicamente el tratamiento probatorio de estas comunicaciones, para considerar una conversación de WhatsApp como documento -a los fines del proceso laboral-, sería preciso que se hubiese aportado no sólo una copia en papel del «pantallazo», sino una transcripción de la conversación y la comprobación de que ésta se corresponde con teléfono y número correspondientes.
Igualmente interesa tener en cuenta el artículo 287 de la LE Civ.; y el capítulo IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde (en el ámbito penal eso si), se establece: «Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos».
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá (art. 3, Ley 59/2003, de 19 de diciembre):
a) estar firmado electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.
b) ser expedido y firmado electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica.
c) Ser el soporte de un documento privado al amparo del apdo. 6 c) del art. 3, Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
Un mensaje de la aplicación WhatsApp se podría considerar, según lo establecido en el Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, como: «contenido almacenado en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, visual o audiovisual» (vinculado en este caso a un número de teléfono y un IMEI)Valor y la eficacia jurídica de un WhatsAppLos documentos electrónicos tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable. No debemos olvidar, que la utilización de las aplicaciones de mensajería instantánea como método de difusión masiva, han llegado incluso a las normas colectivas, como podemos ver, a modo de ejemplo en:
art. 24 del Convenio Colectivo de Sector de industrias de aderezo, relleno, envasado y exportación de aceitunas (cod. 41000045011982) de Sevilla (BOP Sevilla 12/06/14), donde se establece «Las llamadas al trabajo se podrán realizar por cualquier medio admitido en derecho y en cualquier caso siempre mediante su publicación en el tablón de anuncios A modo meramente enunciativo serán válidos los llamamientos realizados por teléfono, SMS, o WhatsApp o email»
apdo. n), art. 30. n) Convenio Colectivo de Sector de oficinas y despachos (cod. 49005705012001) de Zamora (BOP Zamora 02/05/14), donde se considera falta grave «La utilización de las redes sociales facebook, whatsapp, twiter.. durante la jornada laboral, bien desde el móvil personal, móvil de la empresa o desde cualquier ordenador» .
No obstante, a nivel probatorio, nos encontramos dos planos distintos:- el empleo del servicio de mensajería instantáneo como prueba; y- el valor probatorio que se otorga a dicho documento.Actualmente, el WhatsApp, no sólo es un medio de prueba válido, pese a no contemplarse en la LJS, sino que ya ha tenido plasmación normativa (como se ha visto en los convenios colectivos citados); no obstante lo cual, para considerar una conversación mediante esta aplicación como documento -a los fines del proceso laboral-, sería preciso que se hubiese aportado no sólo la copia en papel de la impresión de pantalla o, como se denomina usualmente, «pantallazo», sino una transcripción de la conversación y la comprobación de que de que ésta se corresponde con el teléfono y con el número correspondientes. Esto podría conseguirse aportando por una de las parte del propio móvil y solicitando que, dando fe pública, el Letrado de la Administración de Justicia levante acta de su contenido, con transcripción de los mensajes recibidos en el terminal y de que éste se corresponde con el teléfono y con el número correspondientes; o, incluso, mediante la aportación de un acta notarial sobre los mismos extremos. Por su parte la TSJ Galicia, Sala de lo Social, nº 556/2016, de 27/01/2016, Rec. 4577/2015, ha establecido cuatro supuestos para aceptar como documento una conversación o mensaje de este tipo (algo diferente a su valor probatorio):
a) cuando la parte interlocutora de la conversación no impugna la conversación;
b) cuando reconoce expresamente dicha conversación y su contenido;
c) cuando se compruebe su realidad mediante el cotejo con el otro terminal implicado (exhibición); o, finalmente,
d) cuando se practique una prueba pericial que acredite la autenticidad y envío de la conversación, para un supuesto diferente de los anteriores.
En la aplicación práctica a la hora de presentar una conversación por WhatsApp una transcripción privada de la misma, acompañada del correspondiente "pantallazo", podría aceptarse como medio probatorio, siempre que no fuera impugnada por la otra parte. Para evitar posibles impugnaciones sería recomendable dar fe pública de los mensajes, para ello podemos recurrir:
Al Letrado de la Administración de Justicia, para que levante acta del contenido con transcripción de los mensajes recibidos en el movil, y de que éstos corresponde con el teléfono y número pertinente (SAP Córdoba 02/04/2014 (R. 359/2014) -a pesar de tratarse de un tema penal -).
Acta notarial reflejando el contenido de la conversación. En este caso ha hacerse constar los números de teléfonos que aparecen en la misma, la tarjeta SIM con la intención de identificar al propietario de la línea, el IMEI del dispositivo y la conversación completa como medio de prueba de la falta de manipulación de las comunicaciones.
Cotejo de la conversación con el teléfono de la otra parte. En este caso quedaría acreditada la conversación en caso de coincidir ambas versiones.
Prueba pericial informática que pueda acreditar la autenticidad y el envió de los mensajes.
En algunas sentencias puede observarse la admisión como única prueba de las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, junto con las declaraciones de las partes al corroborar el contenido de los WhatsApps el resto de pruebas existentes y practicadas (SAP Barcelona 07/11/2013 (R. 288/2012) -a pesar de tratarse de un tema penal -)
Todo lo anterior ha de entenderse, sin perjuicio de los riesgos que pueden existir de manipulación -a través de múltiples programas informáticos- de la conversación, imagen o números que se reflejan, lo que permite que el Magistrado que valore dicha prueba pueda rechazar su eficacia probatoria; o que la parte aporte una prueba pericial informática reveladora que la inexistencia de alteración.
Si se impugnare la autenticidad de esta prueba ha de recurrirse al apdo. 3, art. 8, de la citada Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica («la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica»). Por lo que, siguiendo el precepto citado, la carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.
Junto con la citada Sentencia TSJ Galicia, Sala de lo Social, nº 556/2016, de 27/01/2016, Rec. 4577/2015, analizada por ser, sin lugar a dudas, la más explicativa, podemos encontrar:
Auto del TS 20 octubre 2016 (Rec. 674/2016). En el caso enjuiciado «pretende la empresa recurrente en suplicación que se modifiquen los hechos probados como consecuencia de una conversación de whatsapp [donde a su criterio quedaba claro que la trabajadora no había sido despedida sino que había dimitido previamente], lo que la Sala rechaza con el argumento de que dicho medio sirve a los efectos de que el Magistrado de instancia fije su convicción respecto de los hechos probados pudiendo analizarse y valorarse en instancia pero no sirviendo a efectos de modificación de hechos probados, que es precisamente lo que se realiza en la sentencia de contraste». Ante la citada pretensión de revisión de hechos probados con fundamento en la transcripción de conversaciones mantenidas mediante servicio de whatsapp, el Tribunal Supremo declara que «una cosa es que dicho medio probatorio pueda analizarse y valorarse en instancia ante el Magistrado que practica la prueba con todas las garantías, y otra es que ello sirva para modificar los hechos probados, lo que no sirve, ya que dicho medios de comunicación no hacen más que reflejar las comunicaciones que la partes intercambian entre sí, que pueden valorarse en instancia, pero no es documental fehaciente»
Sentencia TSJ Madrid, Sala de lo Social, nº 455/2015, de 10/06/2015, Rec. 817/2014. En el supuesto de autos la actora solicita en primer lugar que se suprima en el Hecho Probado Quinto la frase que hace referencia a que «por la tarde la encargada de zona se comunicó con la actora a través de la aplicación WhatsApp, reiterando ésta que no iba a volver al trabajo», y aduce la recurrente al efecto que dicho extremo no se encuentra amparado en prueba documental válida. Sin embargo, el TSJ matiza: «no es posible ignorar que la alegación de inexistencia de prueba válida no basta para sustentar la revisión del relato fáctico al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, a lo que se ha de añadir que el intercambio de WhatsApp entre la directora de zona y la demandante, en que ésta mantiene su posición de dejar el trabajo, ha quedado acreditado a través de la testifical, según se señala expresamente en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, sin que dicha prueba resulte apta para la modificación del relato de hechos probados, por impedirlo la técnica suplicatoria».
Sentencia TSJ Cataluña, Sala de lo Social, nº 420/2016, de 26/01/2016, Rec. 6242/2015. Donde se establece que «el trabajador presta servicios un día a la semana, 8 horas, que realiza en sábados o domingos, siendo avisado por la empresa, mediante mensajes de WhatsApp, el día concreto que ha de acudir a trabaja», sin cuestionarse en ningún momento de las actuaciones la veracidad, autenticidad, o integridad del documento electrónico obrante en autos.
Sentencia TSJ Canarias, Sala de lo Social, nº 1464/2013, de 30-09-2013, Rec 620/2013. Se analiza (en relación con el derecho a la intimidad) un caso en el que un despido disciplinario se realiza tomando como prueba una fotografía (enviada por un compañero a su superior) vía whatsApp donde la trabajadora aparece durmiendo en horas de trabajo.
Sentencia TSJ Cataluña, Sala de lo Social, nº 5098/2014,de 11-07-2014, Rec 2817/2014. Se declara la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora (directora de un hogar de niños) que permite que uno de los empleados envíe por WhatsApp fotografías de contenido inapropiado.
Sentencia TSJ Cantabria, Sala de lo Social, nº 447/2014, de 18-06-2014, Rec 280/2014. Se declara la procedencia del despido disciplinario de un conductor de autobús que durante casi todo el trayecto utiliza el WhatsApp a través del teléfono móvil, usando la mano izquierda y manejando el volante del vehículo con la mano derecha, siendo observado y fotografiado por pasajeros, que viajaba en el asiento situado inmediatamente detrás del conductor.
255 Vistas Comentarios: 0 Enlace permanente Etiquetas: convenio colectivo, medios de prueba, mensajerãa instantã¡nea*, firma electrónica, documento público, documentos administrativos, fuerza probatoria, prueba pericial, prueba documental
La Tarjeta Profesional Europea (TPE) se pone en marcha.
Publicado por jcandamio 12-jun-2017
Con la publicación del reciente Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, se ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, con el objeto de establecer las normas y procedimientos para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea.
Entre las distintas novedades (tratadas en la noticia “Reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado miembro de la UE”), merece especial atención la denominada Tarjeta Profesional Europea (TPE), que a pesar de venir aplicándose a determinados profesionales desde 2016 ahora esta llamada a convertirse en una importare herramienta para facilitar la movilidad de profesiones por los países europeos, como un sistema de convalidación de títulos de formación y un reconocimiento automático de experiencia profesional.
I.- ¿Qué es la Tarjeta profesional europea?
II.- ¿Cuando se expedirá? ¿Su expedición permite automáticamente ejercer una determinada profesión? ¿Se termina la obligación de colegiación?
III.- ¿Cómo funciona? ¿A quienes se les aplica ya?
IV.- ¿Afectará al acceso al empleo público? ¿Un profesional de la Unión Europea podrá participar en oposiciones?
V.- ¿Por cuanto tiempo es válida?
VI.- ¿Qué información figurará en la tarjeta profesional europea?
VII.- ¿Qué ocurre con profesiones sin posibilidad de solicitar la TPE?
Según define el propio Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, se trata de un Certificado electrónico que acredita el cumplimiento por parte de un profesional de todas las condiciones necesarias para el ejercicio de una profesión regulada en un Estado miembro de acogida, bien sea en la modalidad de prestación temporal y ocasional de servicios o bien para el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento.
La tarjeta profesional europea se expedirá a petición de un profesional previa presentación de los documentos necesarios y habiéndose cumplido los procedimientos correspondientes de comprobación por las autoridades competentes. Cuando la tarjeta profesional europea se expida a efectos de establecimiento, debe constituir una decisión de reconocimiento y ser tratada como cualquier otra decisión de reconocimiento con arreglo a la Directiva 2005/36/CE.
La expedición de una tarjeta profesional europea no conferirá un derecho automático a ejercer una determinada profesión si existen requisitos de registro, colegiación en aquellos supuestos en que su ejercicio esté sujeto a colegiación obligatoria u otros procedimientos de control establecidos con anterioridad a la introducción de la tarjeta profesional europea para esa determinada profesión.
Corresponde a las autoridades españolas que en cada caso resulten competentes para cada una de las profesiones reguladas la preparación y tramitación de los expediente individual del solicitante en el marco del Sistema de Información del Mercado Interior (expedientes IMI) y, en su caso, la expedición de la tarjeta profesional europea de acuerdo con las previsiones legales.
En este apartado merece la pena destacar la relación de profesiones cuyo ejercicio exige un conocimiento preciso del derecho positivo español, por las que la norma establece la necesidad bien un periodo de prácticas o bien una prueba de aptitud para el desempeño de su actividad para optar a Tarjeta Profesional Europea, como son:
Graduado social, Graduado social diplomado o Diplomado en Relaciones laborales.
Solicitud de la tarjeta profesional europea y creación de un expediente individual del solicitante en el marco del Sistema de Información del Mercado Interior (expedientes IMI)
La solicitud de la tarjeta profesional europea se llevará a cabo a través la plataforma electrónica creada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983, cuyo funcionamiento se apoya en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) [plataforma a la que acceden todos los Estados miembros y a través de la que disponen de toda la información relativa a las cualificaciones profesionales de los solicitantes de reconocimiento] (pulsar aquí). Dicha solicitud, que deberá ir acompañada de los documentos exigidos en el Anexo II del Reglamento generará la creación de un expediente IMI. El expediente IMI se creará asimismo para todas las solicitudes realizadas por escrito de conformidad con la legislación vigente.
Documentación y formalidades.
Las solicitudes de reconocimiento para el ejercicio en España de una profesión regulada, deberán ir acompañadas de los documentos y certificados enumerados en el anexo V.
Igualmente puede consultarse "documentos para la solicitud de reconocimiento"
Declaración previa en los casos de desplazamiento.
Con carácter previo al primer desplazamiento, el prestador de servicios deberá informar de la prestación que pretende realizar mediante la presentación de una declaración por escrito a la autoridad competente española. Dicha declaración deberá cumplir los requisitos establecidos en el art. 13 y se formalizará en el modelo oficial
Procedimiento tras la entrega de la solicitud
El artículo 7, Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, establece el siguiente procedimiento:
En el plazo de una semana a partir de la recepción de la solicitud , la autoridad española competente, acusará recibo de la solicitud del interesado y, en su caso, le requerirá la aportación de los documentos necesarios para su tramitación.
La autoridad española competente, comprobará que el solicitante reúne las condiciones para estar legalmente establecido en España, así como que todos los documentos necesarios expedidos sean válidos y auténticos, pudiendo, en su caso, formular las consultas necesarias a los órganos u organismos correspondientes y solicitar al interesado las copias compulsadas de los documentos.
En el caso de solicitudes ulteriores presentadas por el mismo solicitante no se le podrá exigir la presentación de documentos que ya figuren en el expediente IMI y que sigan siendo válidos.
El funcionamiento de la tarjeta profesional europea debe apoyarse en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) introducido por el Reglamento (UE) 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. La TPE (como viene sucediendo ya) no va a estar disponible para todas las profesiones sino únicamente para aquellas que cumplan tres requisitos:
I.- que exista o pueda existir una movilidad significativa en la profesión de que se trate;
II.- que las partes interesadas hayan manifestado suficiente interés;
III.- que la profesión o los programas de educación y formación destinados al ejercicio de la profesión estén regulados en un número significativo de Estados miembros.
Hasta la fecha, este procedimiento resulta de aplicación para las profesiones de enfermería, farmacéutico, fisioterapeuta, guía de montaña y agente de la propiedad inmobiliaria, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983 de la Comisión de 24 de junio de 2015.
Se puede acceder a más información, los antecedentes y el cuestionario planteado por la CE para la implantación de esta medida en el siguiente enlace.
El acceso al empleo público en España, de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, se regirá por la normativa general en materia de Función Pública, en particular el artículo 57 del texto refundido de la del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y sus normas de desarrollo. A tal efecto, serán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas los encargados de determinar las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.
La tarjeta profesional europea mantendrá su validez en el conjunto del territorio de todos los Estados miembros de destino de que se trate mientras su titular mantenga el derecho a ejercer su profesión sobre la base de los documentos y de la información que figuran en el expediente IMI. En principio, la TPE será válida (al igual el reconocimiento de las cualificaciones profesionales por otros medios):
indefinidamente si se produce un establecimiento a largo plazo.
18 meses en los casos de prestación de servicios temporales, o 12 meses para las profesiones que afecten a la salud o la seguridad públicas.
La información que figura en la tarjeta profesional europea se limitará a la información necesaria para comprobar el derecho de su titular a ejercer la profesión para la que la tarjeta haya sido expedida, en particular, su nombre y apellidos, su fecha y lugar de nacimiento, su profesión, sus títulos de formación, el régimen aplicable, las autoridades competentes implicadas, el número de la tarjeta, las características de seguridad y la referencia a una prueba de identidad válida.
El expediente IMI incluirá, además, la información relativa a la experiencia profesional adquirida o las medidas compensatorias superadas por el titular de la tarjeta profesional europea.
A pesar de ser previsible un incremento del listado de profesiones que puedan acceder a la TPE; fuera de las profesiones citadas en el punto tercero, el resto de profesionales seguirán acreditando sus competencias por el sistema estándar, mediante el reconocimiento de las autoridades del país de destino, teniendo que presentar en muchos casos otro tipo de documentación.
En este caso puede consultarse el procedimiento administrativos y la documentación necesaria en "Reconocimiento de cualificaciones profesionales"
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Futuros recargos por no ingresar la cuota de autónomos. ¿Qué esperar de la nueva ley de autónomos que se avecina?
Publicado por jcandamio 05-jun-2017
La futura nueva ley de autónomos incluye un nuevo apartado específico sobre los nuevos recargos que tendrán que pagar los autónomos en caso de retraso en el pago de sus cuotas mensuales a la Seguridad Social. ¿Empezamos el camino hacia un sistema progresivo para los trabajadores autónomos?
Actualmente, desde el primer día de impago de la cuota al RETA, la Administración impone un recargo del 20 %. Esta situación se agrava en los casos de la extendida Tarifa plana de 50 euros, en la que el citado recargo no se hace sobre el importe de la tarifa reducida, sino sobre la ordinaria de 267 euros (o 275 según indican las previsiones tras la publicación de los PGE 2017). Igualmente, no podemos olvidar que la posibilidad de pedir un aplazamiento sobre la deuda se ciñe a aquellos casos en los que el importe de la misma supere al doble del salario mínimo (más de 1.400 euros) por lo que no siempre es posible.
¿Qué esperar de la futura Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en relación a la flexibilización en el pago de cuotas?
Según el borrador de la ley, y de no ser modificado mediante enmienda a última hora, la nueva modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, se concretará de la siguiente manera:
De esta manera observamos que:
la sanción económica que se aplicará por demoras en los pagos se fijará en tres escalones en función del tiempo transcurrido: 3 % si se abona la deuda el mes siguiente; 5 % si se corrigen las cuotas debidas dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario; y 10 % si se hace dentro del tercer mes siguiente al vencimiento.
el 20 % que se aplica actualmente, de forma generalizada y a partir del primer día, se aplicará del tercer mes en adelante.
Como adelantamos en nuestra noticia del 19/05/2017, las previsiones hablan de que la nueva Ley de autónomos será una realidad antes del verano.
129 Vistas Comentarios: 3 Enlace permanente Etiquetas: régimen especial de trabajadores autónomos, cotización a la seguridad social, intereses de demora, cuota de autónomos, cuotas de cotización, vencimiento del plazo, bonificaciones, tarifa plana para autónomos, regãmenes de la seguridad social*, obligación de cotizar a la seg. social, reclamación de cantidad, devengo de intereses

References: artículo 90
 artículo 299
 artículo 287
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 57
 Real Decreto 
 artículo 76