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Timestamp: 2020-04-07 05:01:22+00:00

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Sentencia de Tutela nº 620/19 de Corte Constitucional, 19 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 839277306
Sentencia de Tutela nº 620/19 de Corte Constitucional, 19 de Diciembre de 2019
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR SU ESTADO DE SALUD, VINCULADA MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. El accionante manifiesta que trabajo en el hospital HSJM, desde diciembre del año 2009, como auxiliar de enfermería en la unidad de cuidados intensivos, mediante contrato de prestación de servicios, que en dicho hospital adquirió la enfermedad del VIH, ya que el hospital no contaba con los medios de protección necesarios para evitar el contagio de enfermedades, manifiesta que, en razón a su enfermedad le terminaron el contrato de manera unilateral, sin solicitar permiso previo al Ministerio de Trabajo, lo cual le parece un acto discriminatorio, por esa razón, considera que se le vulneraron los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y el trabajo digno. La Sala abordó la siguiente temática: 1º. Reiteración de jurisprudencia, en relación con el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que están en situación de debilidad manifiesta por disminución física, psíquica o sensorial. Se NIEGA el amparo de los derechos invocados, por cuanto existe una justificación suficiente para dar por terminado el contrato de prestación de servicios, en cumplimiento de una orden administrativa dada por el agente interventor de la Superintendencia Nacional de Salud por lo tanto no existió nexo causal entre la terminación de la relación laboral y la enfermedad del trabajador.Recibo Relatoria:
La S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las M.G.S.O.D. y C.P.S., y el Magistrado A.J.L.O., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
El presente expediente fue escogido para revisión por la S. de Selección Número Ocho mediante Auto de 20 de agosto de 2019 y repartido a la S. Quinta de Revisión.
3.1. A. previa
La demanda fue inicialmente inadmitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de M. Mediante oficio N.. 0855[2], se solicitó al actor indicar de manera clara, concreta y precisa la pretensión que da origen a la tutela, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. Con la explicación provista, la demanda fue admitida.
- Copia de la Resolución N.. xxxx, expedida el 8 de septiembre de 2009, por la Secretaría Seccional de Salud de Z, en la que resuelven autorizar al demandante para ejercer la profesión de Auxiliar de Enfermería en el territorio nacional (folio 36 del cuaderno 2).
- Copia del reporte de radicación de afiliación ante la ARL Positiva, del 13 de octubre de 2015, en el que consta como empresa el hospital demandado y como afiliado el accionante (folio 21 del cuaderno 2).Copia del contrato de prestación de servicios N.. 379 de 2015, suscrito entre el hospital y el demandante, por valor de $ 2.200.000, con una duración de dos meses, fijados entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de octubre de la misma anualidad, para la prestación de sus servicios como auxiliar de enfermería (folio 107 a 110 del cuaderno 2).
- Copia del contrato de prestación de servicios N.. 1017 de 2015, suscrito entre el HSJM y el actor, por valor de $ 2.200.000, con una duración de dos meses, fijados entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de la misma anualidad, para la prestación de sus servicios como auxiliar de enfermería (folio 115 a 118 del cuaderno 2).
- Copia del contrato de prestación de servicios N.. 1725, celebrado entre la institución acusada y el señor JLBM, para la prestación de sus servicios de auxiliar de enfermería, por valor de $2.054.000, por el término fijado en un mes y catorce días, correspondientes desde el 18 de agosto de 2016 a 30 de septiembre de la misma anualidad. Así mismo, copia del acta de inicio de dicho contrato (folio 103 a 106 del cuaderno 2).
- Copia del contrato de prestación de servicios N.. 2340 suscrito el 30 de septiembre de 2016, entre el hospital acusado y el actor, por el término fijado entre el 1 de octubre de 2016 a 31 de diciembre de la misma anualidad, por un valor de $4.200.000 (folio 83 a 85 del cuaderno 2).
- Copia del acta de inicio del contrato N.. 180-2017, suscrito entre el hospital demandado y el señor JLBM para la prestación de servicios como auxiliar de enfermería por valor de $1.400.000, con plazo de ejecución el mes de enero de 2017. Así mismo, copia del respectivo compromiso presupuestal, del contrato y del certificado de disponibilidad presupuestal (folios 86 a 92 del cuaderno 2).
- Copia del contrato de prestación de servicios N.. 790, suscrito por el HSJM y el accionante, para la prestación de sus servicios como auxiliar de enfermería, con una duración de tres meses, valor de $4.200.000 y un término fijado entre el 1 de febrero de 2017 y 30 de abril de la misma anualidad. Además, copia del certificado de disponibilidad presupuestal, de compromiso presupuestal y del acta de inicio (folio 94 a 101 del cuaderno 2).
- Copia del acta de inicio del contrato N.. 1519, celebrado entre el actor y el hospital, para la prestación del servicio de apoyo a la gestión asistencial como auxiliar de enfermería, por valor de $4.200.000 y con un plazo de ejecución de tres meses. Celebrado el 1 de mayo de 2017 (folio 28 del cuaderno 2).
- Copia de la carta que, el 1 de septiembre de 2017, la gerente del hospital le remitió a un profesional de esa institución para que supervisara el contrato N.. 2295 de 2017, suscrito con el señor JLBM, por el término de un mes, por valor de $1.400.000. Así como la copia del acta de inicio y del contrato (folios 63 a 71 del cuaderno 2).
- Copia del acta suscrita el 15 de octubre de 2017 por el supervisor del hospital y el demandante, en la que consta una adición en el tiempo y valor al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión asistencial N.. 2295, por valor de $700.000 y duración 15 días. Así mismo se aporta el respectivo contrato de adición y el certificado de disponibilidad presupuestal sobre dicho valor (folios 53 a 58 del cuaderno 2).
- Copia del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N.. 3442 de 2017, suscrito entre el hospital acusado y el señor JLBM, por valor de $2.800.000, pactado por el término comprendido entre el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2017 y el compromiso presupuestal para dicho contrato (folios 72, 73 y 75 del cuaderno 2).
- Copia del acta de inicio del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión asistencial N.. 0187; copia del contrato; copia de los documentos suscritos por el hospital acusado en calidad de contratante y el demandante en calidad de contratista, con el objeto de prestar servicios de apoyo como auxiliar de enfermería en dicha institución, fijado en un plazo de 10 meses, por valor de $14.000.000, firmado el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de octubre de esa misma anualidad. También anexa copia del certificado de disponibilidad presupuestal N.. 195 de la obligación anterior y del compromiso presupuestal del mismo contrato (folios 12 al 19 del cuaderno 2).
Ahora con relación a la finalización del contrato de prestación de servicios celebrado entre el hospital y el actor en el mes de enero de 2019, adujo que, como fue de público conocimiento, la ESE fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución N.. xxx de xx de febrero de 2019.
Seguido a esto, a través de la Resolución N.. xxx de xx de febrero de 2019, expedida por el Agente Especial Interventor se declaró la terminación de todos los contratos existentes al momento de la toma de posesión de la intervención, suscritos entre el primero de enero de 2019 y el 4 de febrero de la misma anualidad debido a las irregularidades presentadas en el proceso de contratación, por lo que, a la fecha, dichos contratos son inexistentes.
Junto con su respuesta allegó las copias de las Resoluciones N.s. xxx de 2019 y xxx de 2019 y del certificado del registro nacional de medidas correctivas.
A través de esta S. de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, al estudiar el cumplimiento de dicho requisito con relación al expediente de la referencia, la S. lo encuentra acreditado pues entre la fecha en que fue dictada la resolución que le implicó la terminación de su contrato (14 de febrero de 2019) y la fecha en que acudió a la tutela (4 de marzo de 2019), transcurrió menos de mes, por lo que se considera que es razonable.
En ese sentido, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto en el que se alega la afectación del mínimo vital por parte de una persona que padece VIH, y por tanto, sujeto de especial protección constitucional, sumado al hecho de que se alegan actos de discriminación por esa causa, la S. encuentra, que convergen elementos que hacen que la tutela constituya el procedimiento idóneo en aras de evitar un perjuicio irremediable.
Le corresponde a la S. Quinta de Revisión establecer si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida y al trabajo del actor, con la decisión del HSJM de dar por terminado, unilateralmente, el contrato de prestación de servicios que habían celebrado, sin que mediara permiso previo del Ministerio de Trabajo, a pesar de que el demandante padecía VIH.
Para resolver el anterior interrogante, la S., de manera previa al estudio del caso concreto, reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que están en situación de debilidad manifiesta por disminución física, psíquica o sensorial.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que están en situación de debilidad manifiesta por disminución física, psíquica o sensorial. Reiteración de jurisprudencia[10]
Así las cosas, la S. encuentra que, en el asunto convergen distintas situaciones que hacen que goce de relevancia constitucional, pues quien alega la afectación es una persona considerada sujeto de especial protección constitucional, por razón de su condición de salud y que tornan viable que esta Corte aborde el estudio del fondo del asunto en sede de tutela.
El estudio del fondo se contraerá al análisis de las pretensiones que soportaron el problema jurídico fijado por esta S. en tanto el actor, en el escrito de aclaración de sus pretensiones, limitó su interés al reintegro y la consecuente afiliación al SGSSS arguyendo discriminación por enfermedad.
En ese sentido, la S. encuentra acreditado que el demandante se encontraba en curso de una relación contractual pactada por las partes en contrato de prestación de servicios, del cual, como se vio en la parte considerativa de este fallo, permite pregonar el derecho a la estabilidad laboral reforzada por ser portador de VIH. En efecto, su diagnóstico le fue informado el 26 de agosto de 2017, momento a partir del cual se convirtió en sujeto de especial protección constitucional, beneficiario, en principio, del derecho a la estabilidad laboral reforzada, siempre que se hubieran encontrado acreditados los siguientes supuestos:
Para el caso concreto: con relación al primer supuesto, la S. encuentra que, al momento de la presentación de la tutela, el estado de salud del actor, si bien no le generaba una dificultad física para desempeñar sus funciones -pues como se indicó por un médico tratante, en la historia clínica que reposa en el expediente, se trata de un paciente “CON EVOLUCION INMUNOVIROLOGICA SATISFACTORIA CON BUENA ADHERENCIA Y TOLERANCIA AL TAR ACTUAL (…)” (Sic)[27] y que el VIH, es una enfermedad progresiva, por lo que la incapacidad física no sobreviene de manera inmediata con su diagnóstico-, lo cierto es que sí constituye una dificultad para la prestación del servicio de auxiliar de enfermería pues, en el desempeño de sus actividades en la unidad de cuidados intensivos, fácilmente está expuesto a situaciones de riesgo de contagio de bacterias o, al contrario, de transmisión del virus, como también lo advirtió el hospital demandado[28].
Frente a la segunda exigencia, la S. encuentra que si bien el actor en la remisión de su incapacidad[29] no hizo mención expresa de la enfermedad[30] que le fue diagnosticada, la misma se infiere de su lectura[31]. En efecto, en dicho documento se identificó el diagnóstico con el código “B24” que, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE[32], se refiere a la “Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación”. En consecuencia, la S. encuentra acreditada la segunda exigencia en tanto es natural que, por ser su objeto social el de la prestación de servicios de salud, maneje los códigos de clasificación de las enfermedades.
En ese sentido, al mediar una orden administrativa, no encuentra la S. nexo alguno entre la enfermedad y la terminación de la relación laboral que amerite dictar una medida encaminada a revertir la terminación del contrato de prestación de servicios. Tal como ya se explicó, no basta con acreditar la condición de sujeto de especial protección constitucional para imponer la estabilidad laboral reforzada pues, lo que se ha de demostrar, es el obrar discriminatorio con base en la enfermedad diagnosticada. En este caso medió una razón objetiva para la finalización del contrato en la que en nada incidió la enfermedad que tiene el accionante. Tanto es así que, incluso con posterioridad a la fecha del referido diagnóstico, el hospital le permitió terminar el contrato vigente en su momento y suscribió dos contratos adicionales: el primero, con un plazo de ejecución de 10 meses en el año 2018 y, el segundo, en el año 2019 del cual se pregona la estabilidad reforzada.
Finalmente, la S. descarta cualquier tipo de responsabilidad sobre la solicitud con relación a la Secretaría de Desarrollo de Salud del Departamento Z, en lo que tiene que ver con el retiro del hospital. Sin embargo, por ser esta última la entidad pública encargada de velar por el servicio de salud en el régimen subsidiado de ese ente territorial[34], ordenará la Corte que, en caso de que el actor solicite su traslado y afiliación en el régimen subsidiado, proceda a asesorarlo y acompañarlo en dicho trámite.
En consecuencia, la S. procederá a confirmar el fallo de segunda instancia dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de M.
En mérito de lo expuesto, la S. Quinta de Revisión,
[4] Mediante Resolución N.. 000000 de x de xxxxx de 2019, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual se ordenó la posesión inmediata de los bienes, haberes y la intervención forzosa administrativa de la ESE HSJM, por el término de seis meses con la finalidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud de conformidad con las normas que rigen el SGSSS y lo dispuestos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
[33] En efecto, en la Resolución N.. 00XX de 2019, en el numeral primero de su parte resolutiva, indicó “DECLARAR terminados los contratos existentes al momento de la Toma de Posesión de la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar, suscritos entre el primero (1) de enero de dos mil diecinueve (2019) y el cuatro (04) de febrero de dos mil diecinueve (2019), de la ESE HSJM (…).”.

References: artículo 17
 Resolución 
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