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Timestamp: 2018-08-16 07:05:24+00:00

Document:
VICTORIA de productor fotovoltaico en su recurso frente a liquidación del 10% del aprovechamiento atípico fotovoltaico.
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha eximido a productor fotovoltaico a tener que abonar indebidamente liquidación por aprovechamiento atípico, tras obtener éste declaración de utilidad pública.
Tras obtener un productor fotovoltaico de la Dirección General de Energía de la Consellería de Comerç, Industria i Energía del Govern Balear el 16 de mayo de 2008 declaración de utilidad pública para la instalación de un parque fotovoltaico en el TM de Llucmajor, y ello motivó que el Ayuntamiento de esa localidad hoy apelante, practicara liquidación del 10% del aprovechamiento atípico regulado en el artículo 17 de la LSR por importe de 865.544’49 euros.
Disconforme con esa liquidación el productor fotovoltaico recurrió en reposición ante el Ayuntamiento que confirmó la liquidación emitida.
Instalada la controversia en sede jurisdiccional el productor fotovoltaico alegó:
a) la distinción conceptual entre la declaración de utilidad pública y la declaración de interés general, regulándose la primera en la Disposición Adicional Octava de la LSR en su redacción dada por ley 25/2006 de forma que la declaración de interés general se encuentra incluída en la declaración de utilidad pública cuando se trata de instalaciones de energías renovables, como ocurre en el presente caso, comportando la declaración de utilidad pública la facultad expropiatoria al llevar implícita la necesidad de ocupación de los bienes lo que no ocurre en el supuesto de la declaración de interés general. Esta última no exime de la obtención de las correspondientes licencias municipales, lo que no se precisa cuando se obtiene la declaración de utilidad pública.
b) las energías renovables constituyen un uso permitido en suelo rústico, o dicho de otra forma, no son usos condicionados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la LSR por ello no devenga el aprovechamiento atípico del 10% que contempla el artículo 17 de la misma ley, el cual se devengaría a partir de un uso condicionado que fuera autorizado a través de la correspondiente declaración de
c) para devengar ese aprovechamiento atípico conforme a lo dispuesto en el artículo 17 es preciso la obtención de las licencias municipales correspondientes, y ello no ocurre en el supuesto de autos, lo que demuestra el trato singularizado y privilegiado que obtienen ese tipo de instalaciones de energías renovables.
d) Por último precisa el artículo 17 de la LSR que exista un desarrollo reglamentario que corresponde al Govern de les Illes Balears y no se ha desarrollado esa normativa, de forma que no puede el Ayuntamiento suplir a través de ninguna ordenanza municipal esa omisión.
Frente a esa argumentación se opuso la defensa del Ayuntamiento demandado indicando que:
a) la actividad en suelo rústico de parque fotovoltaico precisaba en todo caso la declaración de interés general con carácter previo a la ley 25/2006 que reformó la LSR e introdujo la Disposición Adicional Octava, admitiendo no obstante la diferencia conceptual entre la declaración de utilidad pública y la declaración de interés general. Y considera que tras la Disposición Adicional Octava aquella declaración de interés general se mantiene como requisito sine qua non, si bien su atribución y competencia corresponde a otro órgano, que no es otro que la Consellería de Comerç e Industria i Energía a través de la declaración de utilidad pública, que comporta la implícita declaración de interés general.
b) Niega también que esa actividad sea un uso permitido en suelo rústico.
c) Alega que los parques fotovoltaicos no se hallan incluidos dentro del PDS Energético de les Illes Balears por lo que no le es de aplicación el artículo 26-4 del Decreto 95/2005 de 23 de septiembre que aprobó definitivamente la revisión de dicho Plan
d) se han dictado varias sentencias en el Juzgado nº 3 de lo Contencioso (St. 45/08, 151/08 de 19 de marzo y 15 de septiembre respectivamente) que reconocen al Ayuntamiento un determinado ámbito de competencias normativas, si bien anularon las liquidaciones por no atender ese 10% al valor del incremento de los terrenos sino del valor de las instalaciones y obras realizadas.
e) la valoración de autos se ha efectuado conforme al incremento del valor de los terrenos, conforme al artículo 137- 3 del RGU y a las normas de valoración debienes inmuebles y de determinados derechos contenidas en la Orden ECO 805/2003
f) que la obtención de las licencias no sea necesaria no por ello deja de surgir el aprovechamiento atípico del 10% que reclama el Ayuntamiento. Considera que la declaración de utilidad pública de la Consellería incluye todos esos permisos porque la interpretación contraria supondría un acto contra legem. De forma que ese Ayuntamiento considera que una vez dictada la declaración de utilidad pública es de aplicación lo dispuesto en el artículo 17-2 de la LSR y puede el Ayuntamiento reclamar ese 10% de aprovechamiento atípico.
La Sentencia dictada por el Juez a quo resuelve:
Disconforme con la sentencia se alzó en apelación el Ayuntamiento de LLucmajor y criticó la sentencia en tanto que
a) no aplica en ningún caso ninguna Ordenanza municipal como ocurrió en el debate de la Sentencia nº 171/2010 citada en la sentencia, sino que obtiene el 10% del aprovechamiento atípico en atención a lo dispuesto en la ley y desde el momento del dictado de la declaración de utilidad pública lo cual le es posible atendiendo al dictado de las sentencias del Juzgado nº 3 citadas en su contestación a la demanda.
b) Insiste en que los parques fotovoltaicos no son un uso admitido en suelo rústico de forma que son un uso condicionado y precisan de la obtención de la declaración de interés general, aunque sea de forma implícita.
c) Se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 17 de la LSR para poder exigir ese aprovechamiento atípico según el incremento del valor de los terrenos. La exención de obtención de licencia de obras y de actividad no impide que la carga real de la cesión del 10 por 100 deba llevarse a efecto ex nunc y ex lege ya que lo contrario significaría un enriquecimiento injusto del particular y un fraude al interés general.
Frente a estas alegaciones se opuso la defensa del productor fotovoltaico recurrente y apelado quien defiende y solicita la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado a quo que concuerda en su integridad.
¿Qué resolvió finalmente el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares?
El recurso de apelación no ha de prosperar. Como las partes admiten la declaración de utilidad pública y la declaración de interés general del artículo 26 de la LSR 6/1997 son dos conceptos jurídicos distintos y que responden a diferente finalidad.
El artículo 52 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre reguladora del Sector Eléctrico declara de utilidad pública que las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y ello es concordado por el artículo 140 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre. Esa determinación legal exime ab initio de tener que justificar la utilidad pública o el interés social de la red eléctrica y las centrales productoras de electricidad pues la ley así lo reconoce. Esa declaración de utilidad pública tal y como recoge el apartado 2º de ese artículo 52 se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas. En consecuencia produce como efecto la posibilidad de ocupación efectiva de los bienes afectados.
Cuando lo que se pretende es la instalación en suelo rústico de actividades vinculadas a infraestructuras públicas, y la instalación de una planta de energía eléctrica fotovoltaica tiene tal condición al amparo de lo dispuesto en el artículo 24-1 c) de la LSR, hay que estar a lo previsto en los artículos 19 apartados 1 y 2, art. 24-2, y Disposición Adicional Octava introducida por ley 25/2006.
3. Hasta la aprobación de una ley reguladora del régimen del suelo y de la vivienda de las Illes Balears, las previsiones contenidas en esta disposición serán de aplicación a las instalaciones de energía renovable (solar fotovoltaica, eólica, biomasa y otras) conectadas a la red eléctrica de las Illes Balears que deban ubicarse en cualquier tipo de
Artículo 24. Utilidad pública
2. Esta declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales sea pertinente su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.”
b) los usos vinculados a actividades declaradas de interés general.”
Y el artículo 24-2 de la LSR establece “Para que los usos vinculados con estas infraestructuras tengan la condición de admitidos deberán estar previstos en los instrumentos de planeamiento general o en los instrumentos de ordenación territorial. En su defecto, la ejecución de la actividad exigirá la declaración previa de interés general, salvo que la aprobación del proyecto lleve aparejada, en virtud de su legislación específica, tal declaración.”
3º.- en materia energética, en particular centrándonos en las instalaciones de energía solar fotovoltaica, en tanto que no prevista en el planeamiento general municipal o en el instrumento de ordenación territorial, una vez obtenida la declaración de utilidad pública por parte de la consellería de Comerç. Instrustria i Energía, ya no era precisa la obtención de declaración de interés general, al estar implícita en aquella declaración. (Disposición Adicional Octava). No obstante, la ausencia de su previsión en el planeamiento urbanístico o en el PTM, determina que su implantación constituye un uso condicionado, siendo posible su ubicación en ese suelo por la existencia de la declaración de utilidad pública que “implica” la de interés general, pues sin aquella declaración no sería posible su implantación en ese suelo.
En el supuesto de autos la recurrente obtuvo esa declaración en Resolución de la Dirección General de Comerç, Industria i Energía de 16 de mayo de 2008 y tal declaración surte sus efectos, de manera que conforme a la Disposición Adicional Octava esa declaración llevó implícita la declaración de interés general. Obviamente un proyecto donde la administración ha declarado la utilidad pública, ya ha valorado la trascendencia que esa instalación supone para la comunidad y no es preciso, a los efectos de autorización del uso pretendido en ese suelo protegido, que se valore nuevamente la trascendencia del proyecto de los intereses particulares en beneficio de la comunidad y la necesidad de su implantación en ese concreto suelo, porque todo ello, junto con más cuestiones, ya han sido valoradas cuando se ha otorgado la declaración de utilidad pública.
El PDS Energético señala también en su artículo 25 apartados 5 y 6 que cuando se obtenga la declaración de utilidad pública no es preciso la obtención de autorizaciones municipales a efectos de licencias. Pero esa limitación se limita a las detalladas en sus Anexos, de forma que las que no proveyere ese Plan Director Sectorial, sí precisarán de esas autorizaciones municipales.
Ahora bien, como la Disposición Adicional Octava de la LSR establece en su apartado 2 d) que uno de los efectos de la declaración de utilidad pública es la exención del régimen de licencias, autorizaciones e informes establecido en la ley 8/1995 de 30 de marzo es claro que esas instalaciones, al haber obtenido la declaración de utilidad pública en Resolución de la Consellería de Comerç, Industria i Energía el 16 de mayo de 2008, están dispensadas de la obtención de tales autorizaciones municipales.
Llegados a este punto, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia apelada que estimó el recurso y anuló el acto impugnado.

References: artículo 17
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 137
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 26
 artículo 52
 artículo 140
 artículo 52
 artículo 24

Artículo 24
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 25
 Resolución