Source: https://www.scribd.com/document/14745989/Grassano-c-Quintana-s-Demanda
Timestamp: 2018-10-18 02:53:57+00:00

Document:
DER251_Apuntes_Hoyos (1)
59729764 Letra Hipotecaria
CASOS PARA LIQUIDACIÓN
VISTOS: Los autos “GRASSANO, Roberto Enrique contra QUINTANA, Juan Carlos Roque y otros sobre Demanda” (expte. n° 406/2007)
venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3a Nominación de Rosario, para la resolver actora los a
recursos de nulidad y apelación deducidos fojas 355 contra el
auto número 2.866 del 08.11.2001 en cuanto
hizo lugar al pedido formulado por el codemandado Adelmo Ferrán de levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble de su propiedad fundado en que fue adquirido para vivienda familiar mediante un crédito otorgado por el Banco Hipotecario Nacional (fs.350/352); habiendo expresado agravios a fojas 372/374, los que fueron
contestados a fojas 376/381; encontrándose firme la providencia de autos; y, CONSIDERANDO: 1. Mediante resolución número 2.866 del 08.11.2001, el juez
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3a Nominación de Rosario, hizo lugar al pedido de levantamiento del embargo solicitado por el codemandado Ferrán e impuso las costas al embargante (fs. 250/252). Para así decidirlo, sostuvo que los hechos invocados por peticionante del levantamiento de la cautelar –esto el es,
mantenimiento del bien inmueble como vivienda familiar- no habían sido discutidos por el embargante y tampoco ofreció prueba que lo desvirtuara; que de las constancias de autos surgía que el inmueble cautelado continuaba ostentado destino de vivienda (cfme.
fs.321) (cfme.
que del 309); la
inembargabilidad Propiedad
Registro refirió
fs.304 por
fundamentales la Nación y
elaboradas por la
Corte local en torno a la inembargabilidad
e inejecutabilidad de los inmuebles destinados a vivienda propia y adquirido Nacional. Sostuvo, además, que teniendo en cuenta el carácter de orden público del régimen de protección jurídica de la vivienda familiar establecido por la ley 22.232, no resultaba atendible lo alegado por el incidentista en cuanto a que la transformación del Banco Hipotecario Nacional como entidad descentralizada del Estado con préstamos otorgados por el Banco Hipotecario
Nacional en “Banco Hipotecario S.A.” implicaba la desafectación retroactiva de todos los beneficios otorgados durante la vigencia de la ley citada; ya que las costas debían ser impuestas al
embargante, y
que si bien al solicitar la con las constancias de fojas
traba 304
del embargo tomó debido
conocimiento de la inembargabilidad, no solicitó su levantamiento inmediato. 2. El recurso de nulidad no ha sido mantenido de manera
autónoma en esta sede, por lo que no advirtiendo la existencia de irregularidades desestimarlo. 3. Los agravios del recurso de apelación. o vicios declarables de oficio, corresponde
Las críticas contra el auto apelado son las siguientes:
3.1. Considera que el pedido de levantamiento de embargo formulado en forma tardía y extemporánea, por cuanto
codemandado recién lo planteó en la constatación previa al remate y no dentro del plazo legal contado a partir de la traba de la cautelar. 3.2. Critica la decisión por cuanto el levantamiento se
sustentó en lo que disponía la ley 22.232, norma que organizaba al Banco Hipotecario Nacional como un ente descentralizado del Estado Nacional, pero que en la actualidad se transformó en el Banco Hipotecario S.A., regido por la ley de Entidades Financieras; que al haber perdido vigencia la ley citada, no existe norma la mentada inembargabilidad; que los que
legislativos mencionados determinan que no corresponde mantener la vigencia de una disposición anterior, por lo que corresponde
revocar la decisión apelada y mantener la cautelar trabada. 4. La apelación no habrá de prosperar.
Ello es así, por cuanto el memorial del recurso de apelación no controvierte adecuadamente en los términos requeridos por el
artículo 365 del Código Procesal, los argumentos que dio el juez de grado para disponer el levantamiento de la cautelar ordenada,
limitándose a reiterar casi sin variantes las razones expuestas en la instancia de grado al contestar el traslado del pedido que
efectuó el codemandado para obtener que se levante el embargo sobre el inmueble de su propiedad. 4.1. El agravio que refiere a que el pedido de levantamiento fue efectuado extemporáneamente, carece de entidad para confutar la
judicial atribuye a la norma en que se funda la exclusión carácter de orden público por responder a un objetivo social y de interés general. En consecuencia, el mentado beneficio es de articulación libre, no estando sujeto a las consecuencias de la preclusión procesal. Por lo demás, la materia cautelar por su naturaleza
provisional, no causa estado, de modo que lo decidido respecto a este tipo de medidas puede ser modificado en cualquier tiempo (cfr. PEYRANO, Jorge W., Compendio de reglas procesales en lo civil y comercial, 2ª edic., Ed. Zeus, 1997, pág.80, n° 230) 4.2. Por otra parte, el apelante no logra controvertir en el memorial lo sostenido en el pronunciamiento impugnado, en cuanto a que se verificaban en el caso los requisitos establecidos en la norma citada para disponer y mantener la enejecutabilidad e
inembargabilidad del inmueble de propiedad del codemandado Ferrán. Debe recordarse que el artículo 35 de la ley 22.232 establece que: “No podrá trabarse embargos sobre los inmuebles gravados a favor del banco por préstamos otorgados para única vivienda propia, hasta los montos que determine la reglamentación que dicte el banco mientras éstas mantengan su categoría originaria y aquéllos
conserven tal destino y no podrán ser ejecutados ni constituirse sobre ellos otros derechos reales a excepción de los que se
constituyan con motivo de créditos provenientes de su construcción, adquisición, ampliación, reforma, refacción o conservación. Los
Registros de la Propiedad tomarán nota de dichas circunstancias al
margen de la anotación de dominio”. La doctrina judicial mayoritaria ha interpretado la ley 22.232 en el sentido que, los inmuebles adquiridos bajos quedan excluídos esos regímenes
de la ejecución que intenten los acreedores del convencionales el crédito por o judiciales sin haya sido
propietario fundados en títulos garantía real, aún cuando Así
original quien
judicialmente el cobro de un título ejecutivo, no podrá someter a las resultas de la ejecución al bien de su demandado que goza de aquel privilegio. Ello, por cuanto, la disposición legal citada constituye una norma de orden público que responde a un objetivo social y de interés general. Así Nación en lo ha decidido la Corte (v. Suprema de Justicia de la Fallos, c. 149:183; Pereira 256:572; Rocha de
numerosos 305:449;
295:608;
“Jaralambides,
Jaralambides, Irma”, Fallos, 308:2073, “Giusti, Juvencio c. Sereni, Jorge”, Fallos, 315:129). En sentido análogo, la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe se ha pronunciado en las causas “González, Adolfo c. Lemoine, Guillermo”, A. y S., T.121, pág.131, “Parón, Carlos c. Sencovich, Nicolás”, en El Derecho, bol. del 18.10.96; “Robles, Edison c, Vera, Mario”, A. y S., T.140, pág.244). En el precedente “Vicini, Héctor c. Pettinari, Elio” (La ley Litoral, Justicia septiembre de Santa 1998, Fe pág.1.093), la Corte Suprema de
mantiene el amplio ámbito de aplicación de
la norma al sostener que la inembargabilidad e inejecutabilidad
contemplada en la ley citada se extiende a aquellos supuestos en los que el propietario de un inmueble destinado a vivienda única adquirida bajo el régimen en examen, constituye voluntariamente una hipoteca como garantía de una obligación contraída después de
cancelado el crédito original. Cabe recordar también el precedente “Banca Nazionale del
Lavoro S.A. c. Abdala, Manuel” (A. y S., T.177, págs. 362-368), en el que la Corte Suprema local, con remisión a los antecedentes de la Corte Nacional se (entre otros, a “Giusti”) poner en sostuvo que: “...esa de los
terceros la situación especial en que se encuentra el inmueble, haciéndole oponible el beneficio de la inembargabilidad e
inejecutabilidad que lo ampara, pues supone que se han verificado las circunstancias contempladas en el artículo 35 de la ley 22.232, que constituye su necesario antecedente, y que frente a la
inscripción registral que hace saber que el inmueble se encuentra excluído del régimen común de responsabilidad patrimonial de su titular, incumbe a quien pretende ejecutarlo la demostración de las condiciones que originariamente justificaron el beneficio, han
dejado de tener vigencia”, circunstancia que, como va dicho, el apelante no ha demostrado. 4.3. Finalmente, lo argumentado en cuanto a que habría cesado el beneficio establecido del antiguo carece en Banco de la citada ley merced a la Nacional en con una lo
Hipotecario en
dispuesto por el artículo 3 del Código Civil, toda vez que la ley
contenía beneficios
disposición otorgados
derogatoria al amparo
concreta con relación de la vieja ley
que, por lo demás, enraízan en el concepto de
protección de la vivienda familiar que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por tanto, corresponde rechazar el recurso y confirmar la
resolución de grado. 5. Teniendo en cuenta el rechazo total de recurso, corresponde imponer totalmente las costas a la actora apelante vencida (art.251 CPCC) y regular los honorarios de los letrados que intervinieron en la alzada en el cincuenta por ciento (50%) de los que por esta cuestión se determinen en la instancia de origen. Por tanto, la Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, RESUELVE: 1. Desestimar el recurso de nulidad y
rechazar la apelación de la actora contra el auto número 2.866 del 08.11.2001. 2. Imponer las costas de la alzada a la apelante
vencida. 3. Por la cuestión que se ha decidido en este auto, se regulan los honorarios de los abogados que actuaron en esta sede en el cincuenta por la por ciento (50%) de los que en definitiva se cuestión en la instancia anterior.
Insértese, hágase saber, bajen y tómese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (Expte. Nro. 406/2007). mm.
ARIZA -art.26 ley 10.160-
El doctor Ariza dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advirtiendo la existencia de dos votos totalmente
concordantes invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160,absteniéndose de emitir opinión.
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References: resolución 

artículo 365
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 3
 artículo 14

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