Source: http://www.eumed.net/rev/cccss/03/jab2.htm
Timestamp: 2017-04-29 05:25:30+00:00

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jmariohv@yahoo.es Son muchas las obras que se han escrito sobre el objeto de estudio que lleva el título de este artículo. Sin embargo, a veces, estas mismas obras son muy teóricas y poco cercanas al Ciudadano. Es la propia Ley quien pone en sus manos el instrumento para defenderse del poder exorbitante que, tradicionalmente, ha tenido la Administración y que arrastra desde antaño.
Personalmente, considero fundamental para el estudio de sus recursos el artículo 57.1 de la Ley 30/92 en el que se considera el recurso como “ medio de impugnación contra los actos y disposiciones de la Administración”, de ello se extrae que su uso puede servir para modificar, revocar o invalidar una resolución administrativa.
Tradicionalmente, los actos administrativos se presumen válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, pero se admiten pruebas en su contra a través del recurso con la pretensión de demostrar si se ha incurrido en una ilegalidad y, caso de ser así, anular el acto resuelto.
Alcaraz Berenguel, J.: El Ciudadano ante la Administración: recursos administrativos, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2009, www.eumed.net/rev/cccss/03/jab2.htm
Es, por tanto, una petición de revisión de un acto definitivo que es realizada por la propia administración que lo dictó. El recurrente ha de ser titular de un derecho subjetivo o tener un interés directo o legítimo.
Los recursos administrativos aparecen en nuestro ordenamiento, en su configuración actual, como consecuencia de la atribución del control pleno de la legalidad de los actos de la administración a órganos ad hoc (los órganos contencioso-administrativos), que en una primera fase de 1845 a 1904 fueron órganos de naturaleza administrativa y posteriormente, órganos judiciales. La aparición de estos mecanismos impugnatorios tiene lugar de forma empírica, carente de una planificación racional, y sobre la base exclusiva del principio del control jerárquico.
¿Qué debe contener un recurso para interponerlo? Según el art.110, de la Ley arriba mencionada, la persona que interpone el recurso debe hacer constar: Nombre y apellidos del recurrente, el acto que recurre y razón de su impugnación, lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones y el Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
 Las pretensiones formuladas se estimarán en todo o en parte.
 Las pretensiones formuladas pueden desestimarse.
 Declararse la admisión del recurso.
No son objeto de recurso las disposiciones administrativas de carácter general. Los vicios y defectos que anulan un acto no pueden ser alegados por quien lo hubiese causado.
La interposición de un recurso, como indica el art. 111 de la Ley 30/92, no significa que se suspenda su ejecución, salvo que una norma o el Órgano competente lo indique porque se cause un perjuicio de difícil reparación. La impugnación debe basarse en una causa de nulidad, si en el plazo de 30 días desde la solicitud de la suspensión no se pronunciara sobre ésta se entenderá estimada por silencio administrativo.
2. Recurso Extraordinario de Revisión.
1. El Recurso de alzada, que recupera su denominación clásica en la ley 4/1999, es un recurso ordinario, por el que se impugnan los actos que no han agotado la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
Puesto que tiene carácter ordinario, podrá basarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico en que hubiese podido incurrir el acto impugnado y dirigirse contra cualquier acto que no agote la vía gubernativa, sin necesidad de que se establezca de forma expresa(arts.115.1 y 107 LRJPAC);si bien los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos (art.115.2 LRJPAC).
El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverla. En el primer caso, el órgano que dictó el acto impugnado deberá remitirlo al competente para resolver, junto con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, en el plazo de diez días (art 114.2 LRPAC).
Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin dictar su resolución, se podrá entender desestimado y quedará expedita la vía procedente.
Para proteger a los ciudadanos la LRJPAC ha introducido una discutida excepción a la regla de atribución de un valor negativo al silencio de aquella, al disponer que, cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación presunta de una solicitud por el trascurso de un plazo, se entenderá estimado el recurso si, llegado el plazo de resolución de éste el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo (art.117,en relación con el 43.2, mod. Ley 4/1999).
2. Recurso administrativo extraordinario de revisión, se trata de un recurso previsto, para remediar situaciones de injusticia notoria, producida por actos viciados, pero firmes, esto es en los casos en los que ya han transcurridos los plazos para poder interponer el recurso ordinario o especial que pudiera corresponder, o contra los actos que ponen fin a la vía administrativa.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que también en estos supuestos, el interesado podrá instar, si procede, la revisión de oficio o la revocación del acto susceptible de recurso extraordinario de revisión ; posibilidades que recuerda la LPC en su art 118.3, aunque con la referencia limitada a los supuestos regulados en los art 102 y 105.2 (excluyendo el 103 ) de la misma Ley. Los supuestos en que procede el recurso de revisión están tasados por la ley.
El recurso extraordinario de revisión se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido. LA LPC no establece qué órgano debe resolverlo. En la Administración del estado la competencia se atribuye al mismo órgano que dictó el acto a revisar. Tratándose de actos susceptibles de recurso económico-administrativo también se prevé por los mismos motivos un recurso extraordinario de revisión que se interpone ante el Tribunal económico administrativo central.
En su tratamiento es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (art 22.9 de su ley orgánica). Para su resolución sólo se tendrá en cuenta los motivos de revisión aducidos, y no cualquier otro vicio susceptible de haber sido esgrimido, en su día, en un recurso ordinario (STC del TS de 18 de julio de 1986).
En todo casi, la resolución debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido (art 119.2). El recurso se entiende desestimado por silencio negativo desde los tres meses siguientes a su interposición, quedando expedita la vía contencioso-administrativa (art 109.3); debiendo recordar cuanto se ha dicho anteriormente en relación a los recursos ordinario desestimados por silencio negativo sobre la no necesidad de solicitar la certificación del artículo 44 para recurrir a la vía contencioso-administrativa, por cuento en este caso la LPC tampoco hace referencia alguna a dicho precepto.
3. El recurso de reposición es un recurso ordinario, por el que impugnan potestativamente, los actos que han agotado la vía administrativa ante el mismo órgano que la dictó.
Sin ninguna justificación material la LGT ha consagrado definitivamente en este ámbito una nueva especialidad, que, en realidad, no añade nada al sistema de garantías, pero que, sin embargo, contribuye a complicar aún más lo que ya por si es complicado y constituye un nuevo factor de confusión respecto a la funcionalidad de un recurso administrativo(el de reposición). que, a partir de la Ley Jurisdiccional de 1956,había conseguido una configuración uniforme y general.
De acuerdo con dicha norma, este recurso de reposición se concibe como potestativo, prohibiéndose su interposición simultánea con la reclamación económico administrativa, que podrá no obstante, ser intentada una vez resuelto aquél expresamente o por silencio administrativo. El plazo de interposición de este recurso administrativo es de quince días y el de su desestimación por silencio de treinta; desde la notificación de la resolución expresa o desde el día en que se produzca el silencio desestimatorio se inicia de nuevo el cómputo del plazo de la reclamación económico-administrativa propiamente dicha. La interposición de este recurso produce efectos suspensivos de la ejecución del acto impugnado, siempre que se garantice ante la Administración el ingreso de las cantidades discutidas.
La LJ ( Ley Judicial) estableció, como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, el recurso de reposición, que se presentaba ante el órgano que dictó el acto impugnado en el plazo de un mes a contar de la publicación o notificación (art 52) y se consideraba desestimado por silencio por el trascurso de un mes desde la interposición (art 54).tales preceptos han sido, sin embargo, derogados expresamente por la LRJPAC Disp derogatoria 2.c), que sustituye aquel trámite, cuando se recurre contra actos que ponen fin a la via administrativa, por el de la comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado (art 110.3),cuya práctica deberá acreditarse al interponer el recurso contencioso, a tenor del apartado f) que ahora se añade al art 57.2LJ (Disp.ad 11ª LRJPAC).
A pesar de haber sido muy teórico, explicando la definición del recurso y detallando los tres tipos que, de forma tradicional, se distinguen, me gustaría dejar patente lo que dije al comienzo del mismo y sobre lo que insistí también en el artículo “Hacia una Modernización del Lenguaje Administrativo, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2009, y es que, desde siempre, aunque últimamente está cambiando, las decisiones de la Administración, en palabras de Abel Tena y David García Rebelo, tienen una enorme repercusión social y es difícil que un ciudadano no se haya enfrentado alguna vez, en algún momento de su vida, ante un acto administrativo en el que se haya visto de una u otra forma perjudicado.
Para defenderse de ese poder exorbitante, que mencionamos al comienzo de este escrito, el hombre de a pie posee básicamente los tres recursos mencionados:
• Alcaraz Berenguel, J.: “Hacia una Modernización del Lenguaje Administrativo, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2009.
• CASSAGNE, JUAN CARLOS, Procedimiento y proceso administrativo. / Juan Carlos Cassagne.
• DEL POZO, CLAUDIA, Control difuso y procedimiento administrativo • GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, ERNESTO, El silencio administrativo en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
• HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO, La caducidad del procedimiento administrativo.
• MARTINEZ FERNÁNDEZ DE VELÁSCO, JUAN, Efectos del silencio administrativo positivo por parte de la administración del Estado .
• MORÓN URBINA, JUAN CARLOS, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General .
• GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS; GARRIDO FALLA, FERNANDO. ; MIGUEL S. MARIENHOFF TORRES, RAMÓN. FERNÁNDEZ,El contencioso administrativo y la responsabilidad del Estado.
• VALLEFÍN, CARLOS, Protección cautelar frente al Estado Nota Importante a Leer:
Página: [1] Por: william vega uribe
Fecha: 10 del 10 de 2013 - 16:29 Agradecer por estas publicaciones, son muy útiles, para los que no tenemos la fortuna o el dinero para acceder a una universidad o a otra dependencia educativa.

References: artículo 57
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 44
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