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Timestamp: 2020-01-21 15:57:29+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 459, de 11/01/2011
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO LÓPEZ CARRASCO
celebrada el martes, 11 de enero de 2011
Dictaminar:
— Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (624/000012).
— Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (624/000013).
Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Buenos días y buen año para todos. Vamos a iniciar las sesiones de este mes de enero con esta Comisión Constitucional.
Ruego al señor letrado proceda a dar lectura de los miembros de la comisión y sustituciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor letrado.
En primer lugar vamos a proceder a la lectura, y en su caso aprobación, del acta de la sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2010. ¿Puede darse por leída y aprobada? (Asentimiento.)
Se declara aprobada por asentimiento.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto primero del orden del día: Proposición de ley orgánica 624/000012, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General.
Habiéndose presentado dos propuestas de veto, propongo que se debatan agrupadamente sin perjuicio de su votación separada. ¿Lo acuerda así la comisión? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el senador Aleu, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para la defensa de la propuesta de veto que ha sido presentada por su grupo parlamentario.
El señor ALEU I JORNET: No es mi intención corregir al presidente, pero este veto no ha sido presentado por nuestro grupo parlamentario, sino por dos senadores que pertenecen a él. Lo doy por defendido en sus justos términos puesto que, como digo, yo no soy ninguno de los dos firmantes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aleu. Queda subsanado el error que su señoría ha puntualizado.
A continuación, tiene la palabra el senador Belda Quintana, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de la propuesta de veto número 2.
Como yo sí soy uno de los autores del veto, junto a mi compañero de Coalición Canaria, voy a proceder a su defensa.
Señorías, desde hace más de treinta años se ha posibilitado que los ciudadanos españoles en el exterior, los llamados electores CERA, puedan votar en las elecciones locales. Pudieron hacerlo en los años 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007, es decir, en ocho procesos electorales. ¿Y por qué con esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se suprime este derecho ahora? Se nos dan básicamente dos argumentos.
En primer lugar, porque hay que dotar de una mayor garantía a este voto emitido por los electores en el exterior, en el sentido de que el voto de estos electores se ejerce mayoritariamente a través del correo y se han dado casos de fraude, y en segundo lugar, porque se vincula la residencia, es decir, la condición de vecino de un municipio con la posibilidad de elegir a sus concejales. Se nos dice que los ayuntamientos son corporaciones territoriales frente al carácter político de las demás instituciones, que son elegidas periódicamente en elecciones libres por sufragio universal y tienen un carácter más político. Por tanto, según el dictamen del Consejo de Estado, hay una dicotomía entre corporaciones territoriales e instituciones políticas. Es algo así como decir que en los ayuntamientos no se hace política.
Frente a estos argumentos, señorías, en primer lugar, en relación con los posibles fraudes, desde hace muchos años en Coalición Canaria hemos propuesto que se vote en urnas. Ya en la reforma existe esta posibilidad en el articulado pero solo para algunas elecciones, suprimiendo el derecho de voto en
urna en las elecciones locales para los electores CERA. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que habría que hacer sería generalizar y que mayoritariamente se pudiera ejercer el derecho de sufragio activo mediante urna.
En segundo lugar, en relación con el vínculo vecino y sufragio en las elecciones municipales, Coalición Canaria entiende que ese vínculo de tantísimos electores en el exterior con los municipios de origen sigue existiendo. Muchos emigrantes, que tuvieron que marcharse, por muy diversas razones, tanto políticas, después de la guerra civil, como por razones económicas, conservan sus propiedades, tienen sus familias, pagan sus impuestos, como el de bienes inmuebles, visitan regularmente su pueblo o ciudad y durante muchísimos años también han enviado recursos económicos, fruto de su esfuerzo y trabajo, para mantener a sus familiares que habían quedado en España. Sin embargo, mediante la reforma se generaliza y se dice que estos electores no tienen vínculos. En definitiva, se pretende que paguen justos por pecadores.
Por otra parte, este vínculo entre vecino del municipio y la condición de elector para ese municipio quiebra en un caso concreto: en las elecciones a los cabildos insulares. Señorías, según se establece en el artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, los cabildos son simultáneamente órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la comunidad autónoma. Por su parte, el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias dice que los cabildos insulares participarán en el Parlamento a través de la Comisión General de Cabildos Insulares y el Reglamento de la Cámara fijará su composición y funciones, que en todo caso serán consultivas e informativas. De la misma manera se regula en el Reglamento del Parlamento, haciendo una similitud con la Comisión General de las Comunidades Autónomas que existe en esta Cámara, en el Senado. Asimismo, en el artículo 12.5 del Estatuto de Autonomía se otorga iniciativa legislativa a los cabildos insulares. Además del Gobierno y los diputados, en el Parlamento de Canarias los cabildos insulares tienen iniciativa legislativa. Y en el artículo 23.5 se dice que los cabildos insulares, en cuanto instituciones de la comunidad autónoma, asumen en cada isla la representación ordinaria del gobierno y de la administración autonómica y ejecutan en su nombre cualquier competencia que esta no ejerza directamente a través de los órganos administrativos propios en los términos que establezca la ley.
Señorías, ni en el dictamen del Consejo de Estado ni en el informe de la Junta Electoral Central se habla para nada de las elecciones a cabildos insulares. Es más, se habla permanentemente de la vecindad en un municipio, pero no se dice nada de la isla. En el dictamen del Consejo de Estado se ignora el artículo 141.4 de la Constitución española y se cita solo el artículo 140 de la Constitución –página 118 del dictamen del Consejo de Estado, referido exclusivamente a los municipios.
También se ignora el artículo 138.1 de la Constitución española, que habla de la atención a las circunstancias del hecho insular. Únicamente se cita a las islas al hablar de las circunscripciones al Senado en las provincias insulares. En las elecciones al Senado, la circunscripción en Canarias es la isla, como todos saben, exactamente igual que en las elecciones a cabildos insulares y exactamente igual también que en las elecciones al Parlamento de Canarias, donde la circunscripción es la isla.
¿Qué diferencia hay entonces, si los cabildos no son solo meras corporaciones locales, sino también instituciones de la comunidad autónoma? Si se argumenta la necesidad de vincular la elección en los municipios con la condición de vecino de ese municipio para justificar la supresión del voto en las elecciones municipales a los ciudadanos en el exterior, ¿por qué esto tiene que afectar también a las elecciones insulares? Si un ciudadano residente en España cambia de municipio no puede votar en el primero, sino en el nuevo en el que se empadrone. Sin embargo, en Canarias tenemos 88 municipios distribuidos entre las siete islas. Por ejemplo, en la isla de Tenerife hay treinta y un municipios, y si un ciudadano se cambia de residencia a otro municipio de esa isla sigue votando a ese mismo cabildo insular, o al Senado por esa isla, o a la lista insular del Parlamento de Canarias por esa isla.
En definitiva, señorías, con esta reforma, con la supresión del voto de los ciudadanos en el exterior en las elecciones locales, no solo se están creando ciudadanos de primera y de segunda, sino que se está ignorando completamente el hecho insular reconocido por la propia Constitución española. El dictamen del Consejo de Estado en el que se basa la propuesta de la subcomisión del Congreso y el acuerdo de la Comisión Constitucional del Congreso parece que está hecho por alguien para el que solo existe la España continental, para el que solo existe el municipio como corporación local electiva. Desde luego, este dictamen no está hecho por alguien que sepa que en las islas –al menos, en Canarias- la organización territorial es otra y la isla tiene su propio gobierno insular, que además es una institución de la comunidad autónoma y, por tanto, ejerce competencias atribuidas o delegadas por las leyes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En Canarias ni estatutaria ni geográficamente existen las provincias. No verán en el Estatuto de Autonomía de Canarias ninguna mención a la provincia. Ustedes no verán ningún cartel flotante entre las islas de Gran Canaria y de Tenerife en medio del océano o, mejor dicho, en medio de las aguas canarias, que diga: Bienvenidos a la provincia de Las Palmas o bienvenidos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo determinante en un archipiélago son las islas y el mar que las une, no la ficción jurídica de unas provincias virtuales. Por eso, en Canarias no existen las diputaciones provinciales, que son entidades locales de elección indirecta, y sí existen los cabildos insulares, que se eligen directamente por sufragio universal.
Otras consideraciones a la hora de presentar el veto pero que no figuran en la justificación se refieren a la generalización del voto rogado en todas las elecciones. Excluyendo a las locales –que se excluyen en la reforma−, en las demás elecciones se establece, con carácter general, que hay que pedir el voto. Por lo tanto, estimamos que la participación en las próximas elecciones va a caer −según los datos de los informes que tenemos− una media de un 32% del electorado CERA respecto a la participación de las últimas elecciones locales, que era voto rogado o solicitud del voto, que fue del orden del 5,75% del electorado CERA. Por lo tanto, este voto rogado no favorece el voto y vulnera el artículo 68.5 de la Constitución Española, ya que hasta ahora no había que solicitar el voto en las elecciones a las Cortes Generales, Parlamento Europeo y parlamentos de las comunidades autónomas. Con la premura de los plazos que se establecen en la LOREG, concretamente en el artículo 75, con el voto rogado no se está facilitando el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles que están fuera de España, que es lo que establece el artículo 68.5 de la Constitución. En este sentido, me remito al informe de la oficina del Censo Electoral y de la Junta Electoral Central, donde se especifican las dificultades derivadas del funcionamiento de los servicios de correo de muchos países, especialmente en aquellos de América en los que hay gran cantidad de compatriotas.
Desde esta perspectiva, nos encontramos con una vulneración del artículo 23.1 de la Constitución española, del derecho fundamental de todos los españoles a participar en los asuntos públicos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Otro argumento es que contraviene lo establecido en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de Ciudadanía en el Exterior, aprobado hace unos años, que establece el derecho de estos ciudadanos en el exterior a ser electores y elegibles en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado Español en los términos previstos en la normativa de aplicación. Por consiguiente, esta ley, aprobada apenas hace cuatro años, entra en contradicción con la supresión del voto en las elecciones locales.
Como argumento final en la defensa de este veto podríamos mencionar que no se ha incluido nada relativo a la incidencia de las nuevas tecnologías en los procedimientos electorales. Es una asignatura pendiente que, si no en esta reforma, quizás en próximas reformas habrá que abordar, pues no se habla nada de lo que la propia Junta Electoral Central menciona en su informe en la página 37 relativo a la mecanización del procedimiento electoral, a la propaganda electoral en páginas web, en foros, en correo electrónico, redes sociales, o algún tipo de sistema de voto electrónico.
Señorías, por todos estos motivos solicito el apoyo al veto presentado por Coalición Canaria a esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belda.
Procede abrir un turno de portavoces de los grupos restantes por un tiempo de diez minutos cada uno.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Imagino, señor presidente, que con carácter previo procede el turno en contra de los vetos.
El señor PRESIDENTE: Según me indica el señor letrado, si la comisión lo considera oportuno, se puede realizar el turno en contra y seguidamente el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el señor Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor presidente, yo no tengo inconveniente en sustanciar el turno de portavoces, pero si va a haber un turno en contra, parece más lógico que en primer lugar sea ese el turno que se utilice.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a abrir el turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para expresar nuestra oposición a las dos propuestas de veto presentadas a la proposición de la Ley Orgánica de modificación del Régimen Electoral General que debatimos hoy por la mañana.
En cuanto a la propuesta de veto presentada por los senadores Guillot y Nuet, que plantean un cambio en los elementos esenciales del sistema electoral español, reforma entre la proporcionalidad de votos y escaños, como hoy no están presentes, trasladaremos su debate al Pleno, pero manifestamos nuestra oposición.
En cuanto a la cuestión −presente en las dos propuestas− que veta el nuevo sistema de sufragio para los españoles residentes en el extranjero, lo referente al voto en las elecciones municipales de los inscritos en el censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero, quiero iniciar la defensa de este sistema y manifestar nuestra oposición al veto, recordando que la Constitución española, en su artículo 140, establece que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio y que los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
A su vez, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece, en su artículo 15, que los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio y que, además, la condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón. Estos fundamentos deberían servir para zanjar este debate, porque queda claro que con la reforma planteada lo que se exige a los españoles residentes en el extranjero es exactamente lo mismo que se exige a cualquier español que reside en España. Se les exige ser vecinos del municipio, estar inscritos en el padrón del municipio en el que pretenden votar en las elecciones municipales. Es por tanto incierto que se vaya a prohibir el voto a los españoles en el extranjero en las elecciones municipales. No es cierto, porque los españoles que residen en el extranjero podrán votar en las mismas condiciones que los españoles que residen en España y podrán votar si cumplen el requisito establecido por la Constitución española: ser vecinos del municipio.
Senador Belda, insisto en ello. Usted exponía el caso de cualquier ciudadano español que tenga una propiedad en España. Según su interpretación, se le priva del derecho al voto -que es verdad, que hasta ahora lo había disfrutado-, pero debemos señalar que esto no es cierto, porque sí podría votar si fuese vecino del municipio en el que tiene esa propiedad con el que le une el vínculo −vínculo que nosotros en ningún momento decimos que se pierda ni que no exista−, y podría votar −insisto− si se empadronara en el municipio en el que tiene la propiedad. Esto es obvio, porque cualquiera de nosotros, españoles residentes en España, votamos en el municipio del que somos vecinos, no en el que tenemos alguna propiedad inmobiliaria.
También es falso sostener -y quisiera insistir en ello- que se estén vulnerando derechos sin justificación o que se esté discriminando a los españoles que residen en el extranjero, porque sí podrán votar en las elecciones a diputados y senadores, en las elecciones a miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en las elecciones a diputados en el Parlamento Europeo y, desde luego, en las condiciones a las que antes hacia alusión, cumpliendo lo establecido en la Constitución Española, podrán votar en las elecciones municipales.
Es falso también mantener que esta reforma restringe el voto de los españoles. Lo que sí es cierto es que se introducen medidas para que el voto de los españoles residentes tenga muchas más garantías, para que haya más trasparencia, y además -usted hacía alusión a ello en su propuesta de veto-mejora las condiciones del ejercicio del derecho a voto introduciéndose una reivindicación histórica de los españoles que viven en el extranjero: la posibilidad de votar en urna, así lo reconocían.
Respecto al vínculo, para nosotros es muy importante que quede claro que el que no puedan votar en el municipio no significa que pierdan el vínculo, porque el vínculo jurídico lo tienen con la condición de vecino de ese municipio, con la condición de estar empadronados.
No quiero insistir más en esta cuestión, y finalizo ya. Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo en este asunto. Lo que hemos pretendido, en definitiva, es reforzar las garantías de un derecho fundamental, que es el ejercicio del derecho de voto; garantías que, desde luego, creemos que no pueden verse en modo alguno mermadas por el ejercicio del voto desde el exterior. Por lo tanto, nos oponemos a los dos vetos presentados.
¿Algún senador quiere utilizar el turno en contra? (Denegaciones.)
Pasamos al turno de portavoces de los grupos, siguiendo el orden de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Belda, de Coalición Canaria.
Intervengo muy brevemente, solo para manifestar que no se me ha dado respuesta en relación con las elecciones a cabildos insulares; se siguen refiriendo exclusivamente a elecciones de ámbito municipal.
En la votación del veto presentado por los senadores Nuet y Guillot nos vamos a abstener, porque una parte de este veto está fundamentada en la oposición a la supresión del voto de los electores en el exterior en relación con las elecciones locales; pero hay otra serie de cuestiones que no compartimos.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el señor Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ser muy breve porque mis condiciones físicas no son las más apropiadas, evidentemente, para un debate de esta naturaleza.
Efectivamente son dos las propuestas de veto presentadas: la primera de ellas de los senadores Nuet y Guillot, como bien apostillaba el senador Aleu, y la segunda de los senadores Quintero y Belda, de Coalición Canaria. Aun entendiendo las razones que han llevado a los autores a su presentación, los nacionalistas vascos vamos a votar en contra de ellas en la medida en que hemos sido firmantes, y por tanto coautores, de esta iniciativa de proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Una proposición de ley fruto del trabajo de una subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para examinar precisamente las posibles modificaciones del Régimen Electoral General y mejorar así la legislación aplicable.
En el texto actual se recogen aquellas modificaciones que ha sido posible consensuar. No están, evidentemente, todas las cuestiones que hubiéramos deseado como grupo, pero se ha llegado hasta donde se ha podido y se han dejado pendientes aquellas que no suscitaban ese consenso en una materia tan sensible como es la electoral.
Los nacionalistas vascos vamos a respetar, por tanto, el acuerdo alcanzado en el informe de la subcomisión, aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con fecha 30 de junio del pasado año, apoyando, en consecuencia, la proposición de ley y votando en contra de las propuestas de veto, aun entendiendo, repito, las razones alegadas por sus autores en la defensa de las propuestas de veto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Casas i Bedós. (Pausa.) No está presente.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu. (Denegación.) No interviene.
Por el Grupo Socialista, señora Sumelzo, ¿va a utilizar el turno de portavoces? (Denegación.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.
Señorías, buenos días a todos.
Coincido plenamente con lo manifestado por la senadora Sumelzo y por el senador Zubia, y más que hacer un turno en contra de portavoces, quiero hacer un turno de defensa del ingente trabajo que ha realizado la subcomisión del Congreso de los Diputados durante veinte meses, que, como muy bien decía el senador Zubia, ha recogido propuestas de todos los grupos, no solamente de los grupos parlamentarios con sede en el Congreso, también del Consejo de Estado y de la Junta Electoral Central, y también mucha jurisprudencia constitucional.
El trabajo que nos presenta el Congreso de los Diputados, señor presidente, señorías, comprende modificaciones de varios tipos: en primer lugar, por ejemplo, una mera actualización de la ley en aspectos
concretos, como denominación de órganos e instituciones; actualización de cuantías de sanciones; cuantías de multas y conversiones a euros –señorías, no se olviden que la ley inicial era de 1985- y actualización de la tipología de penas por delitos e infracciones electorales. También hay meras modificaciones técnicas, como una mejor definición de los plazos de resolución de recursos por la Junta Electoral; un reforzamiento de la potestad de unificación de doctrina de la Junta Electoral Central; un desdoblamiento de funciones de interventores y apoderados, y también clarifica las condiciones para recibir subvenciones electorales. Esto en líneas generales.
Pero déjenme que me detenga en algunos aspectos que al Grupo Popular en el Senado le parecen muy importantes, como las modificaciones que presenta en materia de censo electoral. Señor presidente, el censo electoral es el elemento definidor del cuerpo electoral; es un instrumento para la formación de la voluntad popular. Por lo tanto, es totalmente necesario, señorías, dejar establecida en la Ley Electoral la definición y los plazos de censo cerrado a efectos electorales y los plazos de envío de información de los ayuntamientos y de los consulados a las delegaciones de la Oficina del Censo Electoral, así como los supuestos en que los electores pueden solicitar la rectificación de sus datos en período electoral. Además, la informatización de los padrones municipales y de los registros de matrículas de las oficinas consulares hace que determinadas normas de la Ley Electoral sean innecesarias o aconsejen una mayor flexibilidad. Se refuerzan las garantías para impedir empadronamientos fraudulentos o de conveniencia; es decir, se anticipa un mes la definición de censo cerrado para cada elección y se excluye la posibilidad de solicitar la rectificación del censo en período electoral por cambio de residencia de una circunscripción a otra producida en los dos meses anteriores a la convocatoria electoral y de un año para los residentes en el extranjero.
En cuanto al voto en el extranjero -como se ha dicho hasta ahora, y también coincido-, registra una importante reforma porque, siguiendo instrucciones de la Junta Electoral Central, se regula un procedimiento muy garantista que permite a los españoles residentes en el extranjero votar en urna en el consulado los tres últimos días de la campaña, sin perjuicio de que se pueda mantener el voto por correo para los que no puedan desplazarse a votar, y siguiendo la recomendación del Consejo de Estado −y en esto no puedo estar más en desacuerdo con el senador Belda− se une la condición de vecino de un municipio para el ejercicio del derecho de sufragio en elecciones municipales, tal y como dispone el artículo 140 de la Constitución y, por lo tanto, figurar en el censo de residentes en España. Esto en lo que se refiere al voto en el extranjero.
En cuanto a la publicidad, por ejemplo, la presente reforma persigue evitar la incidencia de los poderes públicos en las campañas electorales mediante la realización de campañas institucionales y de inauguración de obras, siempre sospechosas, y reducir publicidad y propaganda electoral durante el período electoral. A partir de ahora la contratación de la publicidad electoral en los soportes publicitarios solo podrá realizarse en los quince días estrictos de campaña. También presenta una medida muy importante, a la que no se ha referido ningún grupo: la minoración de gastos electorales, que reduce el límite máximo de gastos de publicidad que pueden asumir las candidaturas en campaña electoral, y además se congelan las subvenciones por voto, por escaño y mailing para 2011.
Por lo que se refiere a la publicidad e información electoral en los medios de comunicación, la prohibición de contratar espacios de publicidad electoral vigente para los medios de titularidad pública se extiende a las emisoras de televisión privadas y, en línea con la Junta Electoral Central y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se extiende a las televisiones privadas el respeto a los principios de pluralismo político y social, e igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, además de la información relativa a la campaña electoral.
La jornada de votación también registra modificaciones. Se amplía la edad para poder pertenecer a las mesas electorales, hasta un máximo de 70 años; se clarifican los supuestos en los que un voto debe ser considerado nulo, adoptando toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; se adoptan medidas para que el voto pueda ser personal hasta la introducción del sobre en la urna, y se fija el alcance de la remisión al Gobierno para regular el procedimiento de votación para personas ciegas o con discapacidad visual.
Si recuerdan, cuando tuvimos ocasión de modificar la Ley Electoral en una iniciativa presentada en el Senado en cuanto a la papeleta de esta Cámara, en la propia ponencia nos planteamos la conveniencia de que figurara un requisito determinado para presentar candidaturas aquellos partidos que no habían registrado representación parlamentaria. La subcomisión del Congreso de los Diputados ha asumido esta
petición que le hizo el Senado y, en consecuencia, el texto que nos envían para su aprobación exige avales para acabar con lo que todos considerábamos un fraude de ley intolerable.
Y por último, de forma muy positiva, la reforma que nos propone el Congreso de los Diputados, señor presidente, aborda el asunto del transfuguismo. Se pretende evitar que con esta actuación se modifique la voluntad popular y se cambien Gobiernos municipales. Es una medida, sin duda, de regeneración democrática que contribuirá a eliminar tensiones políticas y sociales y que pretende, y esperemos que consiga, favorecer la estabilidad en la vida municipal.
Lamento que no estén presentes los dos senadores de Entesa Catalana de Progrés que han presentado el veto, pero sí me gustaría decirle al senador Belda que el artículo 140 de la Constitución establece que los concejales serán elegidos por los vecinos de los municipios -se lo leo textualmente-. Y la condición de vecino se adquiere mediante la inscripción en el padrón municipal. No hay otra; se adquiere así. La asimilación de la condición de vecino a quienes no residen en el municipio, ni tan siquiera en el territorio español, sino en el extranjero, era, según el Consejo de Estado -y el Grupo Parlamentario Popular hace suya esta definición-, formal y ficticia, señoría. Con esta modificación se trata de eliminar esa ficción, de ajustarse a la realidad teniendo en cuenta que el CERA era determinante no ya para elegir un concejal sino para decidir la corporación entera, señor presidente, señorías. Por lo tanto, se ha introducido en el Congreso de los Diputados, y yo desde aquí lo refrendo con los votos del Grupo Parlamentario Popular, esta petición del Consejo de Estado, pero no se elimina ningún derecho, señorías, se condiciona su ejercicio a figurar inscrito en el censo de españoles residentes en España.
De forma muy resumida, señor presidente, estas son las razones por las que el Grupo Parlamentario Popular respalda plenamente el trabajo de más de año y medio del Congreso de los Diputados, y, por tanto, votará en contra de los dos vetos presentados.
Se someten a votación las dos propuestas de veto, por separado.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 1.
Votamos la propuesta de veto número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada esta propuesta.
Pasamos al debate de las enmiendas al articulado.
Para la defensa de las enmiendas números 1, 2 y 35 a 37, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Belda Quintana.
Las enmiendas números 1 y 2 las ha presentado el senador Mur y, por tanto, las doy por defendidas.
Las enmiendas números 35, 36 y 37, que hemos presentado los senadores de Coalición Canaria, están en coherencia con el veto presentado.
La enmienda número 35 pretende suprimir el apartado 3 del artículo 2 que se introduce en la LOREG, que establece que para votar en las elecciones locales se exige ser vecino del municipio.
Respecto a la enmienda número 36, en la proposición de ley se excluye el voto del CERA en las elecciones locales y con esta enmienda se incluye la posibilidad de voto del CERA no solo en las elecciones locales sino en todas las elecciones.
La número 37 es una enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentamos en el Congreso de los Diputados y que, a su vez, es alternativa a la enmienda anterior al artículo 75. Pretende regular de una manera un poco más exhaustiva y de forma similar a como lo hacía la proposición de ley del Parlamento gallego el voto en urna de los ciudadanos en el exterior, con las demarcaciones y secciones consulares, las funciones de los consulados y de las juntas electorales, cuándo se celebran las elecciones en el exterior, cómo se regula el voto por correspondencia y las especialidades del propio escrutinio de las mesas electorales ubicadas en el exterior.
Estas son las enmiendas que presenta Coalición Canaria y que están en coherencia con el veto que hemos defendido.
Para la defensa de las enmiendas números 3 a 28, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Las doy por defendidas en sus justos términos.
Para la defensa de las enmiendas números 29 a 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el señor Zubia.
Intervengo con la misma brevedad para decir que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, efectivamente, tiene presentadas seis enmiendas a esta proposición de ley, las números 29 a 34, ambas inclusive. Todas estas enmiendas, las seis, se corresponden con posiciones mantenidas por el Bloque Nacionalista Galego que, como se sabe, forma parte de este grupo parlamentario. Me limitaré por ello a darlas por defendidas en sus justos términos a fin de que en la sesión plenaria a celebrar la próxima semana, el senador Pérez Bouza, perteneciente a esa formación política, pueda argumentar en toda su extensión los motivos y razones que las justifican.
Vamos a abrir dos turnos, uno en contra y otro de portavoces.
¿Alguna de sus señorías va a utilizar el turno en contra? (Denegaciones.)
Pasamos, por tanto, al turno de portavoces siguiendo el orden de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Belda.
Coalición Canaria también valora el trabajo que han realizado durante estos dos últimos años la subcomisión del Congreso de los Diputados y la Comisión Constitucional en relación con la modificación de la LOREG, lógicamente en todos aquellos aspectos que no afectan al voto de los ciudadanos en el exterior. Es decir, compartimos gran parte de las modificaciones que se proponen, como los plazos de actualización del censo electoral; las garantías para impedir empadronamientos fraudulentos; las medidas para evitar las incidencias de los poderes públicos en las campañas electorales, que ya estaba interpretado y desarrollado mediante instrucción de la Junta Electoral Central, lo que se viene a hacer es trasladar estas instrucciones de la Junta Electoral Central a la propia ley; la prohibición de realizar actos de propaganda electoral antes del inicio legal de la campaña electoral. Esto va a dar mucho que hablar porque lo que se hace con esta modificación en concreto es no eximir de la actividad ordinaria de los partidos el periodo que va entre la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña electoral, pero antes de la convocatoria de las elecciones sí se podrá hacer esa precampaña -por así decirlo-, luego tenemos un periodo en el cual no se va a poder hacer esa precampaña. Pero, en todo caso, será la Junta Electoral Central la que tendrá que interpretar qué quiere decir este artículo, porque al final se habla de propaganda electoral, y la Junta Electoral Central lo que ha dicho es que propaganda electoral es cuando se pide el voto; cuando no se pide el voto no es propaganda electoral. En fin, esto va a tener sus más y sus menos. Pero, en general, estamos de acuerdo con esto, también con la minoración de los gastos electorales; la extensión de la prohibición para contratar espacios de publicidad electoral, ya vigente para los medios públicos, también para las televisiones privadas, que estaba regulado por una ley orgánica y que se prohibía ya en otra ley orgánica que ahora se deroga con esta modificación; el sometimiento de las televisiones privadas a los mismos principios que las televisiones públicas: igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa −esto también había sido ya objeto de una instrucción de la Junta Electoral Central−; la exigencia de los avales a los partidos sin representación parlamentaria es una novedad con la que también estamos de acuerdo, y las medidas contra el transfuguismo en los ayuntamientos. En definitiva, va a impedir una parte de los tránsfugas, pero quedarán sin solucionar otros casos de
transfuguismo que no se instrumentalicen a través de mociones de censura sino mediante otra serie de actuaciones, fundamentalmente en las corporaciones locales, y esto es de lo que se ha hablado en la comisión, de antitransfuguismo, y precisamente muchos de los encontronazos que ha habido han sido consecuencia de actuaciones distintas de las propias mociones de censura.
En definitiva, estamos de acuerdo con estas cuestiones. Valoramos el trabajo de la subcomisión del Congreso de los Diputados en estos aspectos. En el resto de enmiendas nos vamos a abstener hasta que fijemos una posición definitiva sobre cada una de ellas en el propio Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belda.
Simplemente quiero reiterar lo que ya he tenido ocasión de manifestar al hilo de mi intervención en relación con las propuestas de veto presentadas. Consideramos que el trabajo realizado por la subcomisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados ha sido ciertamente positivo, así lo valoramos, y reconocemos que hemos sido firmantes de esta iniciativa y, en consecuencia, coautores de la misma. Anuncio, por tanto, que votaremos a favor del texto que en este momento existe.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) No está el señor Casas.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, ¿el señor Aleu quiere hacer uso de la palabra? (Denegación.)
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para expresar nuestro voto en contra de las enmiendas presentadas y para expresar nuestro apoyo a esta proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Señorías, la reforma que hoy debatimos es, según nuestro análisis, la de mayor calado de esta ley desde 1985 porque estamos debatiendo la reforma, además, de una norma fundamental del Estado democrático, una norma de gran relevancia constitucional, una ley que contiene las reglas fundamentales de la representación política en democracia. Por ello, señorías, permítanme que manifieste la satisfacción del grupo parlamentario por el consenso mantenido a lo largo de la tramitación de esta reforma, porque el régimen electoral habilita la participación de los ciudadanos traduciendo su voluntad en escaños y legitima democráticamente las decisiones de los diversos poderes públicos del Estado. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista valora especialmente este consenso, este acuerdo -no lo entenderíamos de otro modo- y que en su debate y modificación hayamos estado de acuerdo en la mayoría de las reformas introducidas. Lamentamos sinceramente no haber podido alcanzar acuerdos en determinadas cuestiones, señor Belda, con otros grupos, como aquí se ha puesto de manifiesto.
Señorías, mi grupo parlamentario considera necesario poner en valor el fondo de esta reforma, que mejora sensiblemente el sistema vigente, que refuerza la transparencia en los procesos electorales, que combate el transfuguismo, que introduce mejoras en aspectos organizativos de gestión y de manejo del censo electoral. Además, se regulan aspectos que afectan a la campaña electoral, reduciendo significativamente los gastos y los plazos de las campañas. Se regula también la publicidad institucional, la información en los medios de comunicación, recogiendo expresamente la obligatoriedad de respetar los principios de pluralismo e igualdad en las emisoras de titularidad privada.
No quiero extenderme. Se trata de reformas que pretenden mejorar el sistema electoral vigente, un sistema que durante más de treinta años ha garantizado los tres principios que se le piden a una ley electoral: que sea una ley justa; que recoja la pluralidad y que mediante un método proporcional permita la formación de mayorías y de Gobiernos. Y no nos cabe duda de que esta garantía ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad y a la estabilidad política en España, conformando un régimen democrático cuya solidez y cuya calidad están plenamente consolidadas y reconocidas.
Sin embargo, señor Belda, coincidimos con usted en que todo sistema es mejorable; todo sistema, aun el más elaborado, debe ser sometido permanentemente a análisis y a revisión, debe serlo para evaluar sus necesidades de actuación, para corregir las eventuales disfuncionalidades que sin duda están presentes, que han podido ir configurándose en el día a día y, consecuentemente, para perfeccionar o adaptar la normativa de aquellos aspectos que la evolución política y social de un país democrático como el nuestro demanda. Permítame que le manifieste la disposición de este grupo parlamentario a seguir propiciando todas aquellas reformas que tengan como objetivo facilitar y mejorar la participación ciudadana que nos permitan ganar en calidad democrática e incrementar el rendimiento de las instituciones, pero permítame que hagamos todo ello desde el mayor consenso posible, desde las mayorías de todos los grupos parlamentarios, preferiblemente.
Finalizo reiterando nuestra voluntad de votar en contra de las enmiendas presentadas y de apoyar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que hoy debatimos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vindel.
Señorías, intervengo con toda brevedad porque seguramente yo causaría un asombro generalizado en todos ustedes si después de la intervención que he hecho, colocándome en contra de los vetos presentados, ahora les dijera que mi grupo se muestra favorable a incorporar alguna de las enmiendas que ha presentado y defendido el senador Belda. Ya responderé como corresponde en el próximo Pleno al resto de enmendantes, pero sí le quiero decir, senador Belda, como muy bien decía la senadora Sumelzo, que la Ley Electoral es una ley muy especial, es una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, tras la Constitución y alguna otra ley tan importante como el Código penal, es una ley fundamental, y hay una norma no escrita que dice que si no se puede modificar por unanimidad, lo sea por el mayor número de acuerdo, de consenso y de votos posibles.
Déjeme que le diga una cosa, señoría: yo no quiero ponerme como ejemplo de nada, pero nuestro grupo en el Congreso presentó una serie de enmiendas que no fueron aceptadas, y no pasa nada, hemos renunciado a presentarlas aquí. Hemos trabajado duramente allí y lo haremos aquí para que sea la mejor reforma posible. ¿Qué quiere que le diga? Cuanto más clara sea la ley menos problemas de interpretación habrá, tanto para los tribunales como para la Junta Electoral Central.
Déjeme que le diga que cuando se pide el voto, no es propaganda electoral, la Junta Electoral Central no considera que sea propaganda electoral. Cuando se pide el voto, la Junta Electoral Central, la ley, los tribunales y todos los demás decimos que es campaña electoral. Se sabe que es campaña electoral porque se pide el voto, y se pide el voto porque es campaña electoral. Luego los conceptos están muy claros.
Yo le animo a retirar alguna enmienda. Señoría, yo sé que usted no puede estar en contra de lo que se legisla y se pretende aprobar ya en el próximo Pleno en cuanto a la legislación sobre avales, censo electoral, transfuguismo, etcétera. Si retirara el veto, yo entendería divinamente lo que usted acaba de modificar, y es que no se oponen ustedes a la reforma tal y como viene del Congreso. Pero esperemos a ver qué ocurre la semana que viene.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vindel.
Enmiendas números 1 y 2 y de la 35 a la 37.
El señor BELDA QUINTANA: Señor presidente, pedimos votación separada: enmiendas 1 y 2, y enmiendas 35 a 37.
El señor PRESIDENTE: La 1 y la 2 juntas, y el resto todas agrupadas. Por tanto, vamos a votar las enmiendas números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 2.
Votación de las enmiendas números 35 a 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; votos en contra, 21; abstenciones, 1.
Votación de las enmiendas números 3 a 28, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Votación de las enmiendas números 29 a 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
Votación del texto de la proposición de ley.
En consecuencia, se declara dictaminada la proposición de ley en conformidad con el texto recibido del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Debate de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Se han presentado enmiendas al articulado y, para su debate, vamos a seguir el mismo orden que en el caso de la proposición de ley anterior, interviniendo primero los grupos autores de las enmiendas y, posteriormente, los restantes.
Para la defensa de la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: La doy por defendida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aleu.
Para la defensa de las enmiendas números 2 a 19, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.
En relación con esta proposición de ley, la posición de mi grupo parlamentario es bien distinta a la que hemos mantenido en el caso anterior.
Como bien ha dicho el señor presidente hemos presentado 18 de las 20 enmiendas existentes en esta Cámara a la proposición de ley, todas ellas de supresión, lo que pone claramente de manifiesto nuestra rotunda oposición y rechazo a su contenido.
Nuestras razones son sobradamente conocidas porque no son nuevas sino que vienen de atrás y ustedes las entienden perfectamente, ya que han sido reiteradas por mi formación política en todos y cada uno de los debates que se han sucedido en las últimas fechas en el Congreso de los Diputados, al hilo de la tramitación de esta iniciativa. En consecuencia, entenderán que hoy las dé por defendidas y que sea en la sesión plenaria de la próxima semana en la que por enésima y última vez trataré de argumentar el porqué de estas enmiendas, aun a sabiendas de la suerte que les espera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zubia.
Para la defensa de la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Luis Vallés.
El señor VALLÉS MOLERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestra enmienda añade una nueva disposición final con el fin de que se subsanen errores de redacción y que se hagan algunas correcciones técnicas, que se centran en ampliar el delito de calumnias, contra la intimidad, etcétera. Si bien es cierto que quizá tengan poco que ver con esta reforma de la ley electoral, creemos que puede ser un momento oportuno para propiciar estas reformas que, repito, son simplemente correcciones.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, nos vamos a oponer a todas ellas porque creemos que esta reforma pretende cerrar las vías que pudieran emplearse para sortear o evadir las consecuencias de las ilegalizaciones de partidos políticos.
Tengo en la mano el comunicado que se hizo público ayer y creemos que persisten los mismos sistemas, los mismos engaños y las mismas formas de intentar esquivar la ley para presentarse a las elecciones bajo otras denominaciones o formas, pero con el mismo sentido. En este aspecto, mi grupo parlamentario considera que esta reforma establece ya unas formas que no van a permitir que se puedan presentar bajo ningún caparazón que oculte sus verdaderas intenciones. Además, hay un punto que consideramos fundamental, según el cual un ciudadano de cualquier partido o agrupación que sea ilegalizado podrá defenderse por sí mismo haciendo una mención al motivo por el que fue ilegalizado. Creo que así se deja en manos de las personas el que puedan mantenerse en el cargo y con esto se elimina todo subterfugio y toda duda que pueda existir en cuanto a las intenciones de los partidos ilegalizados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallés.
Como en el caso anterior, vamos a abrir dos turnos: uno en contra, para aquellos que deseen utilizarlo; y, otro, de portavoces.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir en turno en contra? (Denegaciones.)
Iniciamos el turno de portavoces.
En nombre de Coalición Canaria intervengo para manifestar que compartimos el objetivo de esta proposición de ley por cuanto se trata de evitar cualquier resquicio que pueda favorecer la participación en las elecciones de partidos que se encuentran dentro del ámbito de organizaciones terroristas, que haya sido declarados ilegales o que lo sean con posterioridad, si bien es cierto que tenemos nuestras dudas respecto de esa figura de incompatibilidad sobrevenida a la vista de las sentencias del Tribunal Constitucional que desde 1983 y 1984 desvinculan el cargo público representativo del partido por el que se han presentado. Esa es la única dificultad sobre la que tenemos dudas.
No obstante vamos a votar a favor de esta iniciativa, y en relación con las enmiendas, nos abstendremos hasta que fijemos nuestra posición definitiva sobre las mismas en el Pleno que se celebrará la próxima semana.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el señor Zubia.
Intervengo, también con brevedad, para decir que, como ya anunciaba antes, del contexto de las enmiendas de supresión presentadas se deriva claramente nuestra intención de votar en contra de la proposición de ley que nos ocupa. En todo caso quisiera decir, como apunte final, que estamos ante una iniciativa que lleva por título: modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pero a lo largo de su tramitación parlamentaria ha ido engordado de una manera considerable. De hecho en el último trámite del Congreso de los Diputados se incorporó a esta modificación de la LOREG una disposición final primera que modifica a su vez la Ley de Partidos Políticos de 2002, y todo parece indicar, a la vista de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se va a producir también la incorporación, en el último momento, de otra disposición final de modificación del Código penal. Es decir, que nos vamos a encontrar con una especie de tres en uno de lo que era un proyecto exclusivamente de modificación de la LOREG.
Reitero que nuestro voto será negativo y las razones que nos llevan a ello repito una vez más que ya las pondremos de manifiesto en la sesión plenaria de la próxima semana.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zubia.
¿Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Miguel Ángel Uzquiza.
El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Con esta reforma de la Ley Electoral pretendemos dar continuidad a otra ley, la llamada Ley de Partidos, que ha sido clave, que sigue siendo imprescindible en la defensa de la democracia y en la lucha antiterrorista. Es más, me atrevo a decir que en la lucha contra ETA hay un antes y un después de la Ley de Partidos, pues ha permitido a todos, pero, sobre todo, al mundo del radicalismo, llegar al convencimiento de que con la violencia nunca se alcanzarán objetivos políticos. Ese mundo tan cerrado está interiorizando que el terrorismo es incompatible con la democracia, y por tanto, con la participación democrática y con la representación institucional. Fuera de las instituciones el silencio y el ostracismo les conducen a su final, y eso es precisamente lo que quieren evitar.
Han utilizado, señorías, con imaginación y descaro –hay que reconocerlo− todos los procedimientos para sortear la ley con el objetivo de entrar en las instituciones y utilizarlas desde dentro para sus propios fines cuando no para atacarlas y amenazar al resto de los partidos democráticos, intimidando, como hacen con frecuencia, a los que no piensan como ellos.
No somos ingenuos. En estos últimos años hemos visto que, a través de resquicios legales, se han producido fraudes de ley que en algunas ocasiones les han permitido volver a las instituciones. Pues bien, eso es lo que queremos impedir ahora con esta reforma.
Señorías, la democracia no solo tiene el derecho, sino, lo que es más importante aún, la obligación de defenderse frente a los que quieren acabar con ella. No vamos a permitir nunca más que se utilicen las instituciones democráticas para aprovecharse de ellas al tiempo que continúan con el ejercicio del terror. Por ello esta reforma tiene un marcado carácter instrumental; nace para defender y proteger la democracia y los valores democráticos.
Entiendo que al ser este un instrumento pueda haber opiniones discrepantes. Algunos pueden considerar que el instrumento lo llevamos al límite, pero les puedo asegurar que quienes realmente estamos al límite somos todos los demócratas que llevamos más de cuarenta años soportando esta lacra del terrorismo. Y no queremos que se repitan más casos como, por ejemplo, el ocurrido en Mondragón, donde la alcaldesa no condenó el asesinato del ex concejal socialista, Isaías Carrasco, ni permitió utilizar los locales municipales para rendirle homenaje.
Todas estas aberraciones y todos estos dislates que tanto han abundado en el País Vasco son los que deben terminar, aunque para ello haya que aplicar la incompatibilidad sobrevenida, como se apunta en la reforma. Y quiero también dejar claro que aunque no compartimos en absoluto las ideas políticas de esa minoría radical, tampoco las prohibimos. Las posiciones independentistas pueden ser defendidas legítimamente desde un punto de vista democrático. Varios partidos en Euskadi impecablemente democráticos las defienden, y no pasa absolutamente nada, pero lo que no permitimos es que nos las impongan, y menos por la fuerza. Este es el límite, señorías, que confronten democráticamente sin chantajes ni asesinatos o, como se ha dicho en repetidas ocasiones: bombas o votos. Con violencia, con bombas no habrá listas. Ambas opciones son del todo incompatibles y eso ETA lo sabe bien; y aunque pretenda ganar tiempo con el comunicado de ayer, la posición del Gobierno no va a cambiar ni un ápice.
El propio vicepresidente primero del Gobierno, don Alfredo Pérez Rubalcaba, lo expresó ayer claramente al señalar que si Batasuna quiere ir a las elecciones tiene dos opciones: o ETA deja las armas, lo que no ha hecho ni quiere hacer, o bien Batasuna rechaza su relación con ETA –y eso está por ver−. Y digo esto a sabiendas de que los demócratas estamos ganando claramente la batalla a los terroristas. Es cuestión de tiempo, señorías, pero la batalla la sabemos ganada y esta proposición de ley debe ser un claro mensaje para la izquierda abertzale. Entendemos que el comunicado de la banda terrorista se queda corto y nos ha defraudado. Esperábamos más valentía para pasar página. Simplemente no vamos a aceptar condiciones. ETA tiene que desaparecer.
También con esta reforma pretendemos cerrar la posibilidad de que los partidos legales presten sus siglas a personas procedentes de partidos ilegales incorporándolos en sus listas. Esto ya se ha hecho en otras ocasiones. No se trata de ilegalizar un partido de trayectoria democrática, como podría ser, por
ejemplo, Eusko Alkartasuna, que ha hecho declaraciones al respecto, pero sí de impedir que los violentos utilicen subterfugios legales para estar presentes en las elecciones.
Y finalizo, señor presidente, lamentando que algunos grupos con una trayectoria democrática intachable no compartan estas reformas que proponemos. Llevamos casi cincuenta años sufriendo el terrorismo, y también combatiéndolo juntos. Ahí están importantes hitos en la lucha antiterrorista, como el Pacto de Ajuria Enea, que ahora precisamente va a cumplir veinticinco años. Por tanto, y al margen de legítimas discrepancias, es ahora más necesario que nunca mantener las posiciones unitarias en la lucha contra el terrorismo, pues está constatado que la unidad de los demócratas es la herramienta más eficaz para lograr el fin de ETA y de la violencia terrorista que le acompaña.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uzquiza.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Vindel.
La Ley Orgánica de Partidos Políticos se aprobó para fortalecer nuestro sistema democrático, y desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, es uno de los más notables ejemplos de compromisos en defensa y consolidación de nuestro régimen de libertades. ¿Y ello por qué? Porque establece que los partidos políticos debían respetar en su actuación el método democrático para defender sus ideas y sus objetivos. Como todos ustedes saben perfectamente, conllevó la ilegalización de partidos que justificaban la violencia como método y que estaban en connivencia o servían de instrumento a organizaciones terroristas para prolongar el terror, la amenaza, la intimidación y la extorsión.
Y a fin de excluir durante el proceso electoral las candidaturas fraudulentas, sucesoras todas ellas de partidos ilegalizados, la Ley de Partidos Políticos introdujo en la Ley Electoral una reforma articulada en torno a dos medidas, una contenida en el artículo 44 de la Ley Electoral y otra en el artículo 49.5 de la Ley Electoral. La primera de ellas, recogida en el artículo 44, establece la prohibición de presentar candidaturas para las agrupaciones de electores que de hecho vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, y cito textualmente. Por su parte, el artículo 49.5 de la LOREG afirma y da legitimidad al Gobierno y al ministerio fiscal para hacer efectiva esta prohibición mediante el recurso contra la proclamación de tales candidaturas ante la Sala 61 de Tribunal Supremo.
Pues bien, señorías, nueve años después, con la experiencia acumulada y desde la convicción de que la democracia puede dotarse de instrumentos jurídicos suficientes para su defensa y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y el mío han considerado conveniente reformar determinados preceptos de la Ley Electoral para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para fraudulentamente, como se ha dicho, concurrir a elecciones y obtener representación institucional.
Y con este fin, señor presidente, la presente reforma de la Ley Electoral propone cuatro cosas en concreto. Primero, ampliar a partidos, federaciones y coaliciones la prohibición de presentar candidaturas que de hecho sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado. Esto significa, por lo tanto, que se amplía la legitimación del Gobierno y del ministerio fiscal para impugnar candidaturas presentadas por partidos, federaciones y coaliciones, además de las presentadas por las agrupaciones de electores.
Segundo, se hace posible la impugnación de las candidaturas durante la campaña electoral, señorías, ampliando el plazo de presentación de recurso y también aquel para que el Tribunal Constitucional resuelva los posibles recursos, que coincidirá con el último día de la campaña electoral.
Se establece también la posibilidad de que desde la proclamación de electos el Gobierno y el ministerio fiscal soliciten a la Sala 61 del Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la proclamación de electos pertenecientes a candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones integradas por partidos contra los que se vaya a promover un procedimiento de ilegalización o un incidente de ejecución de sentencia de ilegalización en los quince días siguientes.
En cuanto a la incompatibilidad sobrevenida, efectivamente es una novedad y según este texto concurrirá en los representantes electos de las candidaturas presentadas por partidos, federaciones o coaliciones de partidos declarados posteriormente ilegales por sentencia firme, salvo que de modo expreso e indubitado rechacen las causas que motivaron la ilegalización de la formación bajo cuya lista concurrieron.
En definitiva, señorías y señor presidente, para garantizar el normal funcionamiento de las entidades locales cuando no sea posible cubrir las vacantes, ya sea por fallecimiento, renuncia o incapacidad, y ante la negativa de los ciudadanos a ocupar los mismos se propone encomendar la gestión de estos municipios a los órganos que tengan atribuida la competencia sobre régimen local según los respectivos estatutos de autonomía y leyes básicas del Estado.
Señorías, creemos que con esto cerramos cualquier resquicio o agujero que pudiera contener la vigente Ley Electoral. En este sentido, señorías, mi grupo, como no podía ser de otra manera, votará favorablemente esta propuesta que nos llega procedente del Congreso y en contra de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y de Senadores Nacionalistas. Por último, señor presidente, anuncio que votaremos a favor de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sin añadir nada más.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Votamos las enmiendas números 2 a 19, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 2 a 19.
Votamos la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; votos en contra, 1; abstenciones, 1.
A continuación, votamos el texto de la proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; votos en contra, 1.
El señor PRESIDENTE:En consecuencia, se declara dictaminada la proposición de ley en conformidad con el texto recibido del Congreso.
Queda por designar al senador que ha de presentar los dictámenes ante el Pleno.
La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular propone a su señoría. (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Así será, tal y como propone su grupo y secunda el resto de grupos. Muchas gracias.
Eran las doce horas y cincuenta y cinco minutos.

References: artículo 8
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 23
 artículo 141
 artículo 140
 artículo 138
 artículo 68
 artículo 75
 artículo 68
 artículo 23
 artículo 140
 artículo 15
 resolución 
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 2
 artículo 75
 artículo 44
 artículo 49
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 artículo 49