Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-572-09.htm
Timestamp: 2017-10-23 22:39:17+00:00

Document:
T-572-09
Sentencia T-572/09
UNIDAD FAMILIAR-Dimensiones de la preservación
DERECHO A LA FAMILIA-Fundamental
DERECHO A LA FAMILIA-Protección estatal
DERECHO A TENER UNA FAMILIA-Traslado de interno cerca de donde residen sus hijos
TRASLADO DE INTERNO Y DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA-Reiteración de jurisprudencia
DERECHOS DEL MENOR A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-Intervención estatal debe estar fundada en razones poderosas
DERECHOS DEL NIÑO A TENER UNA FAMILIA-Protección real por la comunidad internacional
DERECHOS DEL NIÑO-Deber de las autoridades administrativas en el decreto y práctica de restablecimiento de derechos
En este orden de ideas, y recapitulando, la Sala considera que la familia, en tanto que núcleo fundamental de la sociedad, debe ser protegida de manera integral por el Estado. En tal sentido, más allá de la definición que de aquélla se tenga, las autoridades públicas, en tanto que se esta ante un derecho fundamental, deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes. Al mismo tiempo, desde la faceta prestacional del derecho a la unidad familiar, aquéllas se encuentran constitucionalmente obligadas a diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar, medidas positivas que apunten, precisamente, a lograr un difícil equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y cuidados especiales que merecen los niños, en especial, aquellos de menor edad. En otras palabras, las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben contar con programas sociales dirigidos a brindarle a las familias opciones para que los niños permanezcan en un ambiente sano y seguro, mientras que sus progenitores cumplen con sus deberes laborales. En este orden de ideas, la acción estatal no puede encaminarse exclusivamente hacia la implementación de medidas de restablecimiento de derechos (ubicación del menor en centros de emergencia, hogares de paso, adopción, etc.), en tanto que mecanismos legítimos y necesarios dirigidos a proteger los derechos de los niños frente a peligros o amenazas verdaderamente reales contra sus derechos fundamentales, sino que igualmente, y de manera prioritaria, debe encausar su accionar, presupuestal y burocrático, hacia la puesta en marcha de medidas que, como se ha señalado, les faciliten a los padres poder cumplir con sus deberes constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, suplir las necesidades económicas del núcleo familiar (vr. Programas de madres comunitarias, jardines del ICBF, etc.).
DERECHOS DEL NIÑO-Medida administrativa desproporcionada y arbitraria de ubicación en hogar sustituto por cuanto el estado de abandono nunca fue probado
Referencia: expediente T- 2.247.179
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009).
3. Asegura que “Cuando me informaron que la visita tenía como fin llevarse a mi hijo, les pregunté que en que se basaban para tomar esa decisión sin obtener respuesta, sólo se limitaban a contestarme que se lo llevaban y que nunca lo volvería a ver, les pedí que me dieran pruebas del supuesto abandono, pues cuando ellos llegaron yo me encontraba presente en la casa y el supuesto Defensor de Familia me dijo que tenía una prueba, le dije que la mostrara y se negó aduciendo en tono amenazante que nunca más volvería a ver a mi hijo”.
8. Por último, alega la violación del artículo 57 de la Ley 1098 de 2006, por cuanto la medida de ubicación del niño en un hogar de paso sólo procede cuando aquél se encuentre solo, situación que no se presentó por cuanto ella misma le abrió la puerta a los funcionarios que adelantaron la visita.
En cuanto a la práctica de la diligencia, sostiene que “en la misma casa se encontraba un perro raza labrador, color amarillo, al parecer con síntomas de sarna, situación que atenta contra la salud del niño y la salubridad pública. Si bien, el niño contaba al momento de la diligencia con la compañía de su progenitoria y representante legal, ésta compañía no es permanente, según manifestación de sus vecinos”.
Juez de instancia única.
Asegura que son dos los reproches que se le hacen a la Comisaría de Familia de Floridablanca: haber inaplicado en su integridad el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006; y (ii) aplicar indebidamente el artículo 57 de la misma normatividad.
En lo que concierne al artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, referente a las normas sobre restablecimiento de derechos, indica que una lectura literal de la misma podría llevar a la concluir que es requisito sine qua non para la imposición de la medida provisional, la constatación de determinadas exigencias: estado de salud física y psicológica del niño, estado de nutrición, inscripción en el registro civil de nacimiento, vinculación al sistema educativo, entre otras. Sin embargo, considera que “el objeto de la actuación administrativa que adelante las comisarías de familia o entidad competente para ello es precisamente culminar con la verificación de estas exigencias y así tomar la decisión que corresponda en pro de los derechos del sujeto pasivo…si ello no fuera así, sería inane la aplicación de las medidas provisionales de urgencia en la providencia de apertura de investigación”.
“En el presente caso es manifiesto que en virtud de la intervención de la policía nacional y del informe que este (sic) rindiere, la comisaría de familia de Floridablanca decide aplicar como medida provisional de urgencia la ubicación en hogar sustituto, decisión que en forma alguna puede ser censurada en vía de tutela porque la función de aquél servidor público es la efectividad de derechos de personas sujetas a una especial protección. Entonces, del valor que la comisaría de familia de Floridablanca da al informe de la policía nacional rendido el pasado 12 de noviembre, surge su decisión que (sic) aplicar los correctivos provisionales que no comparte el (sic) accionante, quien por demás no tiene fundamento alguno que avale sus afirmaciones (las de la tutelante).
- Respuesta de la autoridad pública accionada[1].
- Fotos tomadas durante la diligencia[2].
- Registro civil de nacimiento del menor.[3]
“ORDENAR que por intermedio de la Secretaría General de la Corte se oficie a la Comisaría de Familia de Floridablanca (Calle 5 núm. 8-25 Floridablanca, Departamento de Santander, tel. 649777) a efectos de que dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la recepción de la correspondiente comunicación, remita fotocopia del expediente administrativo adelantado para la protección del menor Juan Sebastián Uribe Becerra, informando además si el niño todavía se encuentra a cargo de una madre sustituta.
El punto de partida clásico de la noción de familia es aquel según el cual aquélla se origina en el matrimonio. De igual manera, este término incluye el supuesto del matrimonio sin descendencia o sin otros parientes a cargo, la relación de hombre y mujer sin descendencia. Igualmente, abarca los lazos familiares derivados de la adopción. Este es el concepto que se toma en consideración en los distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16.1); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23), al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En tal sentido, recientemente el Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2009[4], al momento de determinar la existencia de perjuicios morales, indicó lo siguiente:
“la familia no sólo se constituye por vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los integrantes. En esta perspectiva, es posible hacer una referencia a las acepciones de “padres (papá o mamá) de crianza, “hijos de crianza”, e inclusive de “abuelos de crianza”, toda vez que en muchos eventos las relacione de solidaridad, afecto y apoyo son más fuertes con quien no se tiene vínculo de consanguinidad, sin que esto suponga la inexistencia de los lazos familiares, como quiera que la familia no se configura sólo a partir de un nombre y un apellido, y menos de la constatación de un parámetro o código genético, sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese conjunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el día a día, y que se refieren a ese lugar metafísico que tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad y la protección de sus miembros entre sí, e indudablemente también a factores sociológicos y culturales”.
Ahora bien, la naturaleza jurídica de la familia sigue siendo un tema controversial. Se debate, por ejemplo, el contenido del derecho a conformar libremente una familia (vgr. voluntad de los contrayentes, requisitos de edad y sexo, etcétera), al igual que el derecho a preservar su unidad, en especial, frente a actos tales como el internamiento de los padres en sitios de reclusión, traslados laborales, alejamiento de menores del seno de la familia a efectos de protegerles frente a situaciones de maltrato y abandono, extradición o deportación de sus integrantes, etcétera.
Se discute igualmente en relación con el contenido y alcance de las medidas constitucionales de protección de la familia. En efecto, aquéllas se manifiestan en la necesaria adopción de normas legales, de actos administrativos, así como de decisiones judiciales, medidas todas ellas encaminadas a lograr y preservar la unidad familiar existente, al igual que brindar una protección económica, social y jurídica adecuada para el núcleo familiar. Estos son los propósitos, o la razón de ser de las normas jurídicas y demás medidas de protección previstas por el ordenamiento jurídico.
Así mismo, se presenta una controversia acerca de si la familia puede ser considerada, en sí misma, un derecho fundamental o uno de carácter prestacional. De tal suerte que las medidas de protección de aquélla pueden ser comprendidas de manera diferente, dependiendo de si se entiende que familia es un derecho fundamental (de primera generación), o si, por el contrario, se ubica como un derecho de contenido prestacional.
Por el contrario, si se comprende a la familia en términos de derecho fundamental, entonces las medidas estatales relacionadas con aquélla serán obligatorias, no pudiendo alegarse argumentos de contenido económico para incumplirlas, pudiéndose además instaurar la acción de tutela para su protección.
En tal sentido, desde temprana jurisprudencia la Corte ha entendido que “la familia no puede ser desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado, sin justa causa fundada en graves motivos de orden público y en atención al bien común y sin el consentimiento de las personas que la integran, caso en el cual dicho consenso debe ser conforme al derecho[5]”
Sobre el particular, la Corte en sentencia T-274 de 2005, consideró la solicitud de amparo de un recluso que mediante amparo solicito el traslado a un centro de reclusión donde residiera su familia, petición que fue negada atendiendo a que los centros donde solicitó el traslado presentaban hacinamiento. Sin embargo, en dicha oportunidad esta Corporación estableció que en el proceso de resocialización de los internos, debe considerarse la participación de la familia y el contacto permanente con la misma de manera que deberá procurarse el mantenimiento de los vínculos filiales del recluso, al respecto se expuso:
“Igualmente, el concurso de la familia para adelantar un proceso exitoso de resocialización está fuertemente vinculado con la eficacia de otros derechos fundamentales del recluso. La posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con personas fuera del penal, de conservar una vida sexual activa permitirán, las más de las veces, una reincorporación menos traumática al mundo de la vida fuera de la cárcel. Lo anterior está además asociado con las garantías básicas de la dignidad humana, la libertad y la intimidad personal (estas últimas con sus obvias limitaciones). (...)”.
“En el caso bajo estudio de la Sala en esta ocasión, podría decirse a primera vista que la restricción de los derechos de los niños está justificada y es necesaria tanto por razones de prevención general de la criminalidad como por motivos de prevención especial. Cuando se realiza un examen sobre la restricción de los derechos de los niños – en este caso el no traslado de su padre a un lugar más cercano al sitio donde los niños residen - y se compara con los efectos negativos que, dada la situación irregular en que se encuentran los menores, se despliegan para la efectiva realización de sus derechos fundamentales, es factible constatar un desequilibrio. Como ya lo expresó la Sala en párrafos anteriores, es justamente en este punto en el que los intereses superiores y prevalecientes del menor adquieren un peso específico y es precisamente por tal razón que la Corte considera razonable ampararlos”.
Bajo el mismo criterio excepcional, en la Sentencia T-566/07, la Corte ordenó el amparo solicitado por un preso en representación de su hija menor de edad, que al igual que su compañera permanente se encontraban privados de la libertad en el mismo centro de reclusión.
“a los establecimientos carcelarios les corresponde posibilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo existen niños, infantes o adolescentes, dicho contacto se materializa a través de visitas y comunicaciones frecuentes, las cuales permiten preservar la unidad familiar garantizando el desarrollo armónico e integral de la misma.
Por otra parte, en materia de traslados de docentes y su relación con la preservación de la unidad familiar, la Corte ha construido una jurisprudencia uniforme, según la cual (i) la estabilidad de la carrera docente no implica una inalterabilidad de la sede de trabajo o inamovilidad de los profesores porque ese derecho está limitado por el ejercicio de la “potestad organizatoria” de la administración, el deber del Estado de atender las necesidades básicas insatisfechas en materia de educación y de garantizar la adecuada, eficiente y oportuna prestación del servicio de educación; (ii) el ejercicio del ius variandi a cargo del empleador o de la facultad legal otorgada a la entidad territorial nominadora de autorizar traslados por necesidad del servicio es una potestad discrecional pero no arbitraria, en tanto que se explica a partir de condiciones objetivas y está obligada a valorar situaciones individuales del trabajador, como quiera que la figura del traslado no sólo está concebida como un instrumento de protección del interés general, sino también como un mecanismo para defender algunos derechos del docente, tales como el derecho a la vida, a la salud e integridad personal y familiar; y (iii) el traslado de docentes debe concretarse en un acto administrativo motivado porque, al adoptar esa decisión, a la administración corresponde armonizar o ponderar los derechos e intereses en tensión, esto es, de un lado, los derechos de los docentes a la estabilidad, al trabajo, a la vida, salud personal y familiar y a la dignidad humana y, de otro, el interés general que representa la defensa del derecho a la educación de los niños y la continuidad, eficiencia y oportunidad en la prestación del servicio de educación.
En este orden de ideas, y recapitulando, la Sala considera que la familia, en tanto que núcleo fundamental de la sociedad, debe ser protegida de manera integral por el Estado. En tal sentido, más allá de la definición que de aquélla se tenga, las autoridades públicas, en tanto que se esta ante un derecho fundamental, deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes. Al mismo tiempo, desde la faceta prestacional del derecho a la unidad familiar, aquéllas se encuentran constitucionalmente obligadas a diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar, medidas positivas que apunten, precisamente, a lograr un difícil equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y cuidados especiales que merecen los niños, en especial, aquellos de menor edad. En otras palabras, las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben contar con programas sociales dirigidos a brindarle a las familias opciones para que los niños permanezcan en un ambiente sano y seguro, mientras que sus progenitores cumplen con sus deberes laborales.
En este orden de ideas, la acción estatal no puede encaminarse exclusivamente hacia la implementación de medidas de restablecimiento de derechos (ubicación del menor en centros de emergencia, hogares de paso, adopción, etc.), en tanto que mecanismos legítimos y necesarios dirigidos a proteger los derechos de los niños frente a peligros o amenazas verdaderamente reales contra sus derechos fundamentales, sino que igualmente, y de manera prioritaria, debe encausar su accionar, presupuestal y burocrático, hacia la puesta en marcha de medidas que, como se ha señalado, les faciliten a los padres poder cumplir con sus deberes constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, suplir las necesidades económicas del núcleo familiar (vr. Programas de madres comunitarias, jardines del ICBF, etc.).
En suma, la preservación de la unidad familiar, desde la perspectiva iusfundamental del derecho, demanda del Estado un deber general de abstención (prohibición de puesta en marcha de medidas infundadas e irrazonables de restablecimiento de derechos de los niños), en tanto que desde la faceta prestacional, el Estado debe implementar medidas positivas (programas sociales), dirigidas a mantenerla y preservarla. De tal suerte que el accionar de las autoridades públicas competentes en materia de infancia y adolescencia, no puede ser ajeno a la existencia de una realidad social consistente en que miles de familias colombianas, en especial en los casos en que las madres son las únicas que deben velar por aquéllas, no cuentan con los recursos económicos suficientes para escolarizar tempranamente a los niños más pequeños, razón por la cual éstos quedan, en el mejor de los casos, a cargo de algún pariente.
Sobre el particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia[6]; y que aun cuando los padres estén separados de sus hijos la convivencia familiar debe estar garantizada[7]. Las medidas que impidan ese goce constituyen una interferencia en el derecho protegido en el artículo 8 de la Convención[8]. El mismo Tribunal señaló que el contenido esencial de este precepto es la protección del individuo frente a la acción arbitraria de las autoridades públicas. Una de las interferencias más graves es la que tiene por resultado la división de una familia.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva núm. OC-17 del 28 de agosto de 2002, referente a “la condición jurídica y los derechos humanos del niño”, siguiendo la Directriz núm. 14 de Riad, y la jurisprudencia del TEDH según la cual cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño, sostuvo lo siguiente:
“Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el "desplazamiento" de un lugar a otro.
En igual sentido, siguiendo al TEDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que es necesario ver que las autoridades poseen, en algunos casos, facultades muy amplias para resolver lo que mejor convenga al cuidado del niño[9]. Y más adelante aclara que “Sin embargo, no hay que perder de vista las limitaciones existentes en diversas materias, como el acceso de los padres al menor. Algunas de estas medidas constituyen un peligro para las relaciones familiares. Debe existir un balance justo entre los intereses del individuo y los de la comunidad, así como entre los del menor y sus padres[10]. La autoridad que se reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pudiera acarrear daño para la salud y el desarrollo del menor[11]. Estas preocupaciones y otras vinculadas con ellas determinan el contenido de varios preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 5, 9, 19 y 20, inter alia)”.
En suma, como regla general, el niño siempre debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones imperiosas y determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal. De igual forma, la evaluación de una situación de abandono debe ser integral, no pudiendo fundarse simplemente en apariencias, preconceptos o prejuicios de las autoridades públicas, en otros términos, deben existir datos objetivos que respalden la decisión administrativa y no confundir una situación real de abandono con un la existencia de un entorno familiar en el cual se pretende simplemente equilibrar la difícil consecución de recursos económicos con la disponibilidad de tiempo con que cuentan los padres para dedicarle a los niños.
Artículo 56. Ubicación en familia de origen o familia extensa. Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos.
“Artículo 106. Allanamiento y rescate. Siempre que el defensor o el comisario de familia tengan indicios de que un niño, una niña o un adolescente se halla en situación de peligro, que comprometa su vida o integridad personal procederá a su rescate con el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen practicará allanamiento al sitio donde el niño, niña o adolescente se encuentre, siempre que le sea negado el ingreso después de haber informado sobre su propósito, o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo que para ello solicite.
Sobre el particular, conviene destacar que la Corte en sentencia C- 256 de 2008, condicionó la exequibilidad del citado artículo, en los siguientes términos:
“Declarar EXEQUIBLES los artículos 86, numeral 6 y 106 de la ley 1098 de 2006, por los cargos analizados, en el entendido de que previamente, el defensor o el comisario de familia deberá en una decisión escrita, valorar las pruebas que demuestran que se reúnen en cada caso los requisitos para que proceda el allanamiento con la finalidad exclusiva de efectuar el rescate y proteger al menor de edad.
“Para garantizar el cumplimiento de la finalidad preventiva y protectora de la medida, será suficiente que existan indicios serios de los cuales sea razonable inferir la existencia de una situación de peligro grave para la vida o integridad del menor. Este estándar probatorio, mucho menos riguroso que “los motivos fundados” exigidos en el allanamiento judicial, asegura que la información a partir de la cual se analiza si existe un peligro grave para la vida o integridad del menor que justifique el allanamiento con fines de rescate, contenga algún elemento objetivo que permita valorar su seriedad y veracidad, y que luego de tal valoración, el defensor o comisario de familia concluya sobre la necesidad de acudir a un fiscal.
Respecto al soporte probatorio con el cual debe contar el Defensor o el Comisario de Familia al momento de decretar una diligencia de allanamiento y rescate, es preciso tener en cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los informes de policía judicial no constituyen prueba. En tal sentido, en sentencia C- 392 de 2000 consideró lo siguiente:
El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.
Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso, mas no los mencionados informes”. (negrillas agregadas).
En pocas palabras, las autoridades administrativas, al momento de decretar y practicar medidas de restablecimiento de derechos, deben ejercer tales competencias legales de conformidad con la Constitución, lo cual implica proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes con base en criterios de racionalidad y proporcionalidad; lo contrario, paradójicamente, puede acarrear un desconocimiento de aquéllos.
En el caso concreto, como se ha indicado, la Comisaría de Familia de Floridablanca, mediante providencia del 12 de noviembre de 2008, decretó como medida provisional “a favor del menor SEBASTIÁN su ubicación en el hogar sustituto del centro zonal sur LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO”. De igual manera, ordenó el allanamiento y rescate del menor de la vivienda ubicada en la Calle 19 núm. 101ª -43 del Barrio Guanata. Lo anterior con base en un informe de policía judicial, según el cual, el día anterior habían pasado, en horas de la tarde por la casa de la peticionaria, “encontrando al menor de aproximadamente tres años, cabello largo, asomado por la ventana del primer piso quien al parecer se llama Sebastián. Quien nos dijo literalmente que se encontraba solito y que tenía hambre”.
La diligencia se llevó a cabo el día y hora (10 am) previstos, habiendo sido atendida por la accionante. Asistieron igualmente un representante del Ministerio Público, un Policía de Menores y la psicóloga de la Casa de Justicia de Floridablanca.
Según la peticionaria, las autoridades intervinientes no le explicaron el motivo de la diligencia, versión que es controvertida por las mismas. Sea como fuere, importa destacar que las fotos que fueron tomadas durante aquélla muestran a un niño de tres años, en buen estado de salud, cabello largo, habitando una casa en condiciones perfectamente normales. En otras palabras, no se evidencian signos externos de maltrato familiar ni un entorno peligroso para el niño. Es más, reposa en el expediente fotocopia del registro civil del niño, al igual que carné de Colmédica, es decir, afiliación al régimen subsidiado de salud.
Importa igualmente destacar que si bien la Comisaría de Familia decretó la práctica de un allanamiento con rescate, éste no se adelantó por cuanto la madre del niño se encontraba presente al momento de la diligencia.
Una vez finalizada la diligencia, el niño fue ubicado en un hogar sustituto, medida que según el Comisario de Familia ayudaría “fortalecer los lazos afectivos entre madre e hijo y demás miembros que conforman su núcleo familiar, a través del trabajo social y sicológico que se llevará a cabo entre éstos”.
Obra igualmente en el expediente administrativo una decisión del 24 de noviembre de 2008, adoptada por el Comisario de Familia de Floridablanca, mediante la cual se cita a la accionante “para que retire la autorización de visitas de su hijo JUAN SEBASTÍAN URIBE BECERRA y de igual forma se le comunique el nombre de la madre sustituta donde se encuentra ubicado el niño”. De igual manera, se le practicaron varias valoraciones psicológicas al niño “con el fin de identificar abandono físico y emocional por cuanto permanece sólo en su domicilio mientras su madre labora”, según el Comisario de Familia. Así mismo, se ordenó la práctica de diversos testimonios.
El 25 de noviembre de 2008, la accionante radicó un documento ante la Comisaría de Familia, solicitando “por segunda vez me permitan saber de mi hijo Juan Sebastián Uribe Becerra, puesto que desde el día 12 de noviembre no se nada de él”.
El día 10 de diciembre de 2008, el señor José Luis Baez Pallares, compañero permanente de la accionante, radicó una petición a la Comisaría de Familia, solicitando poder ver al niño ya que “llevo un mes sin saber de él, yo soy la única figura paterna que tiene, he tenido y tendrá Sebastián, puesto que desde que es un bebecito me he hecho cargo de él como un verdadero padre”.
Ese mismo día, la madre presentó ante la misma autoridad un escrito solicitando “me den respuesta de dónde estuvo el niño desde las 11 am del día 12 de noviembre/08 hasta las 7 o 7:30 pm en que fue entregado al hogar de paso, además de los juguetes y ropa con los que mi hijo Juan Sebastián Uribe Becerra se fue de la casa, puesto que no se nada de eso y como madre tengo derecho a saber. Además, quisiera saber cómo va el proceso, puesto que mi hijo me hace mucha falta, además que es el único motivo que tengo para luchar y no puedo estar más tiempo sin él”.
Obra asimismo en el expediente un informe de psicología, fechado 19 de febrero de 2009, donde se destacan los siguientes apartes:
“El niño ingresa a protección el 13 de noviembre de 2008, por vulneración de la integridad personal, de acuerdo a la información que se encuentra en la historia socio familiar que reposa en el ICBF
Se realiza valoración psicológica inicial el 27 de noviembre de 2008, de acuerdo a manifestación de la madre sustituta encargada el niño presenta episodios de agresividad y temor exagerado frente a la posibilidad de permanecer solo y hambre exagerada. Su apariencia deja ver un niño con cabello más debajo de los hombros y cubre sus cejas, uñas largas y sucias y ropa en mal estado”
En primer lugar, la diligencia de allanamiento y rescate no podía haber sido decretada por cuanto no se contaba con el material probatorio necesario para ello. En efecto, los informes de policía judicial no son prueba, con lo cual se precisaba de mayores elementos de juicio para decretar la medida. Tanto es así que el día en que aquél se realizó, la madre del menor atendió personalmente a las autoridades, sin que se constatara objetivamente existencia alguna de abandono, ni físico ni psicológico.
No se buscaba la satisfacción de un derecho constitucionalmente protegido por cuanto, de conformidad con el acervo probatorio, el niño no se encontraba abandonado, ni mucho menos ante una situación de riesgo físico o emocional; de igual manera, la medida administrativa de intervención en la faceta iusfundamental del derecho a la preservación de la unidad familiar, eran innecesaria por cuanto no se fundó en una lógica de graduación. En efecto, una vez recibida la información policial concerniente al supuesto abandono del niño, y dado que se pudo constatar que tal situación era irreal, carecía de toda necesidad alejar al menor de su entorno familiar. De hecho, de considerar procedente, bien se hubiera podido comenzar por hacer un llamado de atención a los padres, y luego, de ser procedente, adoptar decisiones más drásticas, y no actuar de manera contraria, tal y como sucedió en el caso concreto; por último, la medida tampoco supera un test de proporcionalidad estricto, por cuanto el sacrificio que sufrió el derecho fundamental no fue compensado por el beneficio que obtuvo aquélla. Todo lo contrario. Siendo la familia el núcleo central de la sociedad, no se justifica que aparten a los niños de su seno, so pretexto de proteger sus derechos fundamentales.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de amparo proferida el 3 de diciembre de 2008 por el Juzgado 4º del Circuito Administrativo de Bucaramanga, en el proceso adelantado por la señora Blanca Cecilia Becerra Villabona contra la Casa de Justicia, la Defensoría de Familia y la Alcaldía Municipal, todas ellas de Floridablanca.
SEGUNDO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por daño consumado.
TERCERO. PREVENIR a la Defensoría de Familia, a la Alcaldía Municipal y al cuerpo de Policía de Floridablanca (Santander), para que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en hechos semejantes a los examinados en la presente sentencia.
[1] Visible a folio 59 del cuaderno principal
[2] Visible a folio 20 del cuaderno principal
[3] Visible a folio 34 del cuaderno de pruebas.
[4] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2009, M.P. Enrique Gil Botero, Actor: Elvia Rosa Arango y otros contra Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.
[5] Sentencia T- 447 de 1994.
[6] Ver Eur. Court H.R., Case of Buchberger v. Austria, Judgment of 20 December 2001, para. 35; Eur. Court H.R., Case of T and K v. Finland, Judgment of 12 July 2001, para. 151; Eur. Court H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 43; Eur. Court H.R., Case of Bronda v. Italy, Judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, para. 51; y Eur. Court H.R., Case of Johansen v. Norway, Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-IV, para. 52.
[7] Ver Eur. Court H.R., Case of Ahmut v. the Netherlands, Judgment of 27 November 1996, Reports 1996-VI, para. 60; Eur. Court H.R., Case of Gül v. Switzerland, Judgment of 19 February 1996, Reports 1996-I, para. 32; y Eur. Court H.R, Case of Berrehab v. the Netherlands, Judgment of 21 June 1988, Series A no. 138, para. 21.
[8] Ver, inter alia, Eur. Court H.R., Case of Buchberger v. Austria, Judgment of 20 November 2001, para. 35; Eur. Court H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 43; Eur. Court H.R., Case Bronda v. Italy, Judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, para. 51; y Eur. Court H.R., Case of Johansen v. Norway, Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-III, para 52.
[9] Ver Eur. Court H.R., Case of Buchberger v. Austria, Judgment of 20 November 2001, para. 38; Eur. Court H.R., Case of K and T v. Finland, Judgment of 12 July 2001, para. 154; Eur. Court H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 48; Eur. Court H.R., Case of Scozzari and Giunta, Judgment of 11 July 2000, para. 148; Eur. Court H.R., Case of Bronda v. Italy, Judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, para. 59; Eur. Court H.R., Case of Johansen v. Norway, Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-III, para. 64; y Eur. Court H.R., Case of Olsson v. Sweden (no. 2), Judgment of 27 November 1992, Series A no. 250, para. 90.
[10] Ver, inter alia, Eur. Court. H.R., Case of Buchberger v. Austria, Judgment of 20 November 2001, para. 40; Eur. Court H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 50; Eur. Court H.R., Case of Johansen v. Norway, Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-III, para 78; y Eur. Court H.R., Case of Olsson v. Sweden (no. 2), Judgment of 27 November 1992, Series A no. 250, para. 90.
[11] Ver Eur. Court. H.R., Case of Buchberger v. Austria, Judgment of 20 December 2001, para. 40; Eur. Court H.R., Case of Scozzari and Giunta v. Italy, Judgment of 11 July 2000, para. 169; y Eur. Court H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 50; y Case of Johansen v. Norway, Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-IV, para. 78.

References: artículo 57
 artículo 52
 artículo 57
 artículo 52
 artículo 8

Artículo 56
 artículo 61