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BOE.es - Documento BOE-A-2003-19628
Documento BOE-A-2003-19628
«BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2003, páginas 38022 a 38031 (10 págs.)
BOE-A-2003-19628
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, en su disposición transitoria primera, establecía que las disposiciones reguladoras de los colegios profesionales y de sus consejos superiores y sus Estatutos continuarían vigentes en todo lo que no se opusiera a lo dispuesto en la referida ley, sin perjuicio de que se pudiera proponer o acordar las adaptaciones estatutarias precisas, conforme a lo dispuesto en aquélla.
En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, en relación con lo determinado en el artículo 6.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, se han elaborado por el Consejo Superior, oídos los colegios, los Estatutos generales del Consejo Superior y Colegios de Ingenieros de Minas, con el fin de adaptarlos, como es preceptivo, a las modificaciones introducidas por la Ley 7/1997, antes citada.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y el Consejo Superior de Colegios, creados en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 9 de diciembre de 1955, se regirán, sin perjuicio de la legislación relativa a colegios profesionales y a las leyes que regulen la profesión de Ingeniero de Minas, por estos estatutos generales, los estatutos particulares de cada colegio y los reglamentos de régimen interior.
Artículo 3. Relación con las Administraciones públicas. Duración de los colegios.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y el Consejo Superior de Colegios se relacionarán con la Administración General del Estado a través del Ministerio de Economía o del que legalmente corresponda en cada momento y tenga atribuidas las funciones y competencias en materia de minería. Con las Administraciones autonómicas se relacionarán a través de las consejerías competentes en materia de minería. La duración de los colegios será indefinida, sin perjuicio de que puedan disolverse y extinguirse por las causas y con los requisitos previstos en la ley y en los estatutos.
Artículo 4. Alcance.
Para ejercer la profesión de Ingeniero de Minas, ya sea en el ejercicio libre o al servicio de cualquier empresa, será requisito indispensable, además de poseer el correspondiente título académico con todas las circunstancias que las leyes y disposiciones vigentes prescriben, pertenecer al Colegio de Ingenieros de Minas en cuyo territorio esté comprendido su domicilio profesional único o principal, lo que le permitirá ejercer en todo el territorio del Estado.
Será voluntaria la colegiación para los ingenieros de minas que estén al servicio del Estado, de alguna comunidad autónoma o corporación local, como funcionarios o empleados públicos y se limiten a realizar únicamente las funciones de su cargo oficial, y forzosa cuando dichos ingenieros realicen trabajos de carácter particular de los indicados en el párrafo anterior, independientes de las funciones de su cargo.
Artículo 5. Ámbito territorial de los colegios.
El número de colegios y el territorio que abarcan son los siguientes, sin perjuicio de que los colegiados puedan hacer uso del derecho a constituir colegios autonómicos o infraautonómicos conforme a lo regulado en las respectivas leyes de colegios profesionales de las distintas comunidades autónomas y siempre que se cumpla lo establecido en el párrafo primero del artículo segundo del Decreto de 9 de diciembre de 1955, sobre colegiación de ingenieros de minas de España:
a) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa.
b) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.
c) Participar en los consejos u organismos consultivos de la Administración en la materia de competencia de la profesión de Ingeniero de Minas.
d) Informar la elaboración de los planes de estudio y las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión de Ingeniero de Minas y mantener permanente contacto con éstos, y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales.
e) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 de la Ley de Colegios Profesionales.
f) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda.
g) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
h) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios.
i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre ellos.
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
k) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, previo acuerdo de las partes interesadas para someter voluntariamente a decisión arbitral tales controversias.
l) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
m) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo, fundamentalmente para los servicios profesionales de los colegiados en el ejercicio libre de la profesión.
n) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.
ñ) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente en los casos en que el colegio tenga creados servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los estatutos particulares de cada colegio.
o) Visar los trabajos profesionales de los colegiados. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes y tiene por objeto acreditar la identidad, titulación y colegiación del colegiado autor del proyecto, encargo o trabajo profesional en cuestión, constatar la inexistencia de incompatibilidad legal y la corrección formal de la documentación integrante de aquél.
p) Organizar cursos para la formación profesional de los posgraduados.
q) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos profesionales y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales, en materia de su competencia.
r) Recomendar y encauzar las aspiraciones de la profesión. El Consejo Superior de Colegios elevará a los centros oficiales correspondientes aquellas sugerencias que redunden en la mejora de los servicios que puedan prestar los ingenieros de minas, tanto en las corporaciones oficiales como a las entidades particulares.
s) Exponer al Ministro de Economía o al que legalmente corresponda en cada momento y tenga atribuidas las funciones y competencias en materia de minería, o al consejero correspondiente de la comunidad autónoma de que se trate o autoridad competente, los casos de presumible incompatibilidad que puedan afectar a ingenieros de minas al servicio de las Administraciones públicas, como consecuencia de su actuación profesional en la esfera privada o por razones de otra índole.
t) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.
Cada colegio estará constituido por todas las personas que, teniendo su domicilio profesional único o principal dentro de la demarcación de aquél, ejerzan la profesión de Ingeniero de Minas, salvo la excepción consignada en el último párrafo del artículo 4, y estarán constituidos por dos clases de miembros:
Artículo 8. Estatutos particulares.
Artículo 9. Dirección y administración.
Artículo 10. Decano.
Artículo 11. Junta de Gobierno.
La duración de los cargos será de cuatro años, renovándose por mitades cada dos años. En la primera renovación entrarán el Decano y el Tesorero, y en la segunda el Vicedecano y el Secretario. El Secretario deberá residir en la capitalidad del colegio y su cargo podrá ser retribuido. Todos los demás cargos son de carácter honorífico, sin perjuicio de que se les pueda abonar los gastos que ocasionen las gestiones que se les encomiende. Todos los cargos serán reelegibles.
La Junta de Gobierno se ocupará de la dirección y administración del colegio, para el cumplimiento de sus fines en todo aquello que de manera expresa no corresponde a la Junta General. Corresponde de modo especial a la Junta de Gobierno:
a) La representación judicial y extrajudicial de la personalidad jurídica del colegio, con facultad de delegar y apoderar.
b) La dirección y vigilancia del cumplimiento de los cometidos corporativos, especialmente los enumerados en el artículo 6.
c) La designación de las comisiones y ponencias encargadas de preparar dictámenes, informes o estudios, o de dictar laudos o arbitrajes, así como el establecimiento de los correspondientes turnos de colegiados.
d) Formación del presupuesto y de las cuentas, y cuanto concierne a la gestión económica.
e) La admisión de nuevos colegiados.
f) La preparación de las Juntas Generales, la ejecución de acuerdos y de los cometidos no previstos.
g) Todas las demás atribuciones que se establecen en otros artículos de estos estatutos.
Corresponde la convocatoria de las Juntas de Gobierno al Decano o al órgano unipersonal que le sustituya, de acuerdo con los estatutos particulares del colegio.
La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario, una vez al mes, excepto en el mes de agosto.
La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter extraordinario, cuando lo considere necesario el decano-presidente, lo solicite la tercera parte de sus miembros, una delegación o cuando lo pidan con su firma el 10 por ciento de sus colegiados, y no podrán tratarse en ella más asuntos que los que figuren en el orden del día. Se celebrará en un plazo máximo de 20 días, a contar desde el día de la presentación de la solicitud de celebración.
Artículo 12. Junta General.
a) Elegir la Junta de Gobierno y renovar los cargos de ésta a su expiración normal, o antes si así lo acuerda por mayoría.
b) Elegir el delegado y delegado suplente del colegio ante el Consejo Superior de Colegios, en los casos en que, en los estatutos particulares del respectivo colegio, no esté expresamente atribuida esta competencia a la Junta de Gobierno para que sean elegidos de entre sus miembros.
c) Examinar la memoria, cuentas, presupuesto e informes de cada ejercicio, que la Junta de Gobierno ha de presentarle, pudiendo aprobarlos, rechazarlos o acordar las modificaciones que estime pertinentes.
d) Estudiar las proposiciones que presenten los colegiados o la Junta de Gobierno, y resolver sobre ellos, dentro de los términos marcados por los estatutos y reglamento.
e) Las demás funciones expresamente consignadas en estos estatutos.
Todas las reuniones de la Junta General deberán ser anunciadas previamente por la Junta de Gobierno con 15 días de anticipación, como mínimo. Se constituirá por todos los colegiados que asistan personalmente o se hagan representar por escrito por otro colegiado que asista a la Junta, siendo necesaria para la validez de sus acuerdos, en primera convocatoria, la concurrencia de mayoría absoluta entre presentes y representados. En segunda convocatoria, que podrá celebrarse media hora después de la anunciada para la primera, serán validos los acuerdos, cualquiera que sea el número de asistentes y representados.
En el supuesto de elección de los miembros de la Junta de Gobierno, el voto habrá de ejercerse personalmente o por correo, sin que sea admisible el voto por delegación.
Las elecciones para la designación de las Juntas Directivas o de Gobierno se ajustarán en todo caso al principio de libre e igual participación de los colegiados.
De cada reunión de la Junta General se remitirá copia de los acuerdos al Consejo Superior, al que asimismo se enviarán los balances anuales dentro de los 15 días que sigan a su aprobación en Junta General.
Artículo 13. Delegación y representaciones.
Los colegios podrán estructurarse en delegaciones. Al frente de cada delegación habrá un representante de la Junta de Gobierno que tendrá, por delegación de ésta, plena representatividad del colegio en la jurisdicción territorial que corresponda a la delegación.
En las provincias donde exista una actividad profesional que así lo aconseje, los colegios podrán establecer representaciones de éstos. Al frente de cada representación la Junta de Gobierno de cada colegio nombrará a un colegiado de éste que deberá tener su residencia en la correspondiente provincia.
Los representantes de provincia, en nombre de su colegio, podrán efectuar el trámite del visado de documentos profesionales, firmados por ingenieros de minas colegiados, que deban tramitarse en dependencias oficiales de la respectiva provincia o de trabajos o actividades que se desarrollen en ésta.
Artículo 14. Alcance.
El Consejo Superior, que a todos los efectos tiene la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, agrupa institucionalmente, en los ámbitos estatal e internacional, a todos los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas.
Artículo 15. Constitución.
Los dos vocales que representen a cada colegio en el Consejo Superior serán el Decano del colegio respectivo y otro colegiado de éste.
Este último será elegido por la Junta General del colegio respectivo, para un plazo normal de dos años. La Junta General podrá revocar este nombramiento antes de la expiración del plazo normal, a condición de hacer simultáneamente nueva designación. A la vez que se haga el nombramiento de delegado, se hará el de un suplente, en la misma forma y condiciones que aquél.
Los vocales representantes de cada colegio podrán delegar en otros miembros pertenecientes al mismo colegio.
Artículo 16. Funcionamiento.
Artículo 17. Funciones.
a) Las atribuidas a los colegios regionales, en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional.
b) Elaborar los estatutos generales de los colegios, así como los suyos propios.
c) Ejercer el control de legalidad respecto de los estatutos particulares o reglamentos de régimen interior de los colegios con jurisdicción territorial que comprenda más de una comunidad autónoma, sin perjuicio de que si se constituyera algún colegio con jurisdicción territorial en una sola comunidad autónoma, deberá estarse a lo que disponga la ley de colegios profesionales de la comunidad de que se trate.
d) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los distintos colegios que tengan jurisdicción territorial en más de una comunidad autónoma.
e) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de los colegios con jurisdicción territorial que comprenda más de una comunidad autónoma si así lo disponen sus estatutos particulares y ello sin perjuicio de las atribuciones que pudieran tener los Consejos Generales Autonómicos si existieren.
f) Adoptar las medidas necesarias para que los colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo Superior dictadas en materia de su competencia.
g) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas de Gobierno de los colegios con jurisdicción territorial que comprenda más de una comunidad autónoma y del propio Consejo Superior.
h) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar equitativamente las aportaciones de los colegios.
i) Informar preceptivamente todo proyecto estatal de modificación de la legislación sobre colegios profesionales.
j) Informar los proyectos de disposiciones estatales que afecten a las condiciones generales de la función profesional de los ingenieros de minas.
k) Asumir la representación de los ingenieros de minas españoles ante las entidades similares en otras naciones.
l) Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión y colaborar con la Administración para la aplicación a los profesionales colegiados del sistema de seguridad social más adecuado.
m) Tratar de conseguir el mayor nivel de empleo de los colegiados, colaborando con la Administración en la medida que resulte necesario.
n) Adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente, con los colegiados más antiguos, las Juntas de Gobierno de los colegios cuando se produzcan las vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La Junta provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones estatutarias.
ñ) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por las leyes y los estatutos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las Juntas de Gobierno de los colegios.
o) Cuantas atribuciones y funciones se deriven directamente de su condición de organismo representativo y coordinador de los colegios, debiendo, por tanto, realizar cuantas gestiones sean de interés para el cumplimiento de sus acuerdos, ostentando la representación de los colegios, o conjunto de éstos, ante los poderes públicos, tribunales de todas clases, corporaciones y particulares.
p) Combatir el intrusismo, efectuando las gestiones e interponiendo las acciones procedentes ante los tribunales de justicia, a fin de evitar que cualquier persona no colegiada ejerza la profesión de Ingeniero de Minas.
Artículo 18. Admisión.
Los ingenieros de minas que deban o deseen colegiarse, lo solicitarán mediante instancia dirigida al Decano del colegio correspondiente, incluyendo certificado de poseer el título académico, en defecto de éste.
El Decano dará cuenta de las solicitudes de ingreso recibidas, en la primera sesión de la Junta de Gobierno, la cual concederá obligatoriamente la colegiación a quienes reúnan las condiciones del artículo 7.
Artículo 19. Obligaciones.
a) Cumplir estrictamente cuantas prescripciones contienen estos estatutos o se establezcan en los estatutos particulares o reglamentos y en las Juntas Generales de los colegios respectivos.
b) Pagar las cuotas y derechos que hayan sido aprobados para el sostenimiento de los colegios y a fines de previsión.
c) Informar a los colegios acerca de aquellas personas que ejerzan la profesión de Ingeniero de Minas sin poseer el título que autoriza para ello, o que, aun poseyéndolo, no estén colegiados. Esta misión incumbe especialmente a los colegiados que desempeñen cargos públicos.
d) Ajustarse en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración a lo regulado en la Ley sobre Competencia Desleal.
e) Someter al visado y registro del colegio la documentación de carácter profesional correspondiente, sin cuyo requisito no podrá ser tramitada.
f) La asistencia a los actos corporativos, siempre que sea compatible con sus actividades profesionales.
g) Aceptar el desempeño de los cometidos que se les encomienden por los órganos gubernativos del colegio.
h) Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno todos los hechos que puedan afectar a la profesión, particular o colectivamente, y que puedan determinar su intervención.
Artículo 20. Derechos.
a) Todo ingeniero de minas colegiado podrá actuar profesionalmente en territorio de cualquier otro colegio, en cuyo caso se abonará en el colegio en que actúe el porcentaje indicado en el artículo 21.2.º
b) Participar en el uso y disfrute de los bienes del colegio y de los servicios que éste tenga establecidos.
c) Tomar parte en las deliberaciones y votaciones que en estos estatutos y en los estatutos particulares o reglamentos se prevengan.
d) Recabar el amparo de la Junta de Gobierno cuando considere lesionados o menoscabados sus derechos e intereses de profesional o de colegiado o los de la corporación.
e) Interponer ante los organismos del colegio y ante el Consejo Superior de Colegios, según legalmente corresponda, los recursos que autorizan estos estatutos.
f) Llevar a cabo los proyectos, dictámenes, peritaciones, valoraciones u otros trabajos que sean solicitados al colegio por entidades o particulares y que les corresponda por turno previamente establecido.
g) Someter de forma voluntaria al arbitraje y conciliación del colegio las cuestiones litigiosas de carácter profesional que se puedan producir entre colegiados ingenieros de minas, previo acuerdo de las partes interesadas para someter a decisión arbitral tales controversias.
h) Todos los demás derechos que legalmente posean los colegiados de agrupaciones profesionales del mismo género y cualquier otro derecho derivado de los estatutos.
Del régimen económico de los colegios y del Consejo Superior
Artículo 21. De los colegios.
1.º Las cuotas, que podrán ser:
a) Cuotas de inscripción de los colegiados. Las cuotas de inscripción serán determinadas por la Junta General de colegiados.
Las inscripciones por traslado de residencia serán gratuitas, con baja simultánea en el colegio anterior.
b) Cuotas mensuales ordinarias.
2.º La percepción colegial por el visado de documentos profesionales, que como cuota de intervención profesional deben abonar los colegiados firmantes de aquéllos y que consistirá en:
a) Proyectos (incluidos los planes de labores):
El cuatro por mil (4 por 1.000) del presupuesto del correspondiente proyecto o plan de labores, después de aplicar al importe de éste los correspondientes coeficientes reductores de la siguiente tabla:
Importe del presupuesto en euros
240,404,84
4.507.590,78
Exceso de 18.030.363,13
36.060.726,26
b) Proyectos de fábricas de explosivos, polvorines y voladuras especiales:
c) Certificados de dirección de obra y de final de obra:
d) Anteproyectos y documentos similares (estudios previos, concursos de obra, etc.):
e) Trabajos sin presupuesto:
f) Se establece la cantidad de 32 euros como cuota de intervención profesional mínima.
3.º Varios.
a) Las subvenciones y donativos que se les conceda por el Estado, corporaciones oficiales o particulares.
b) Los bienes muebles e inmuebles que por herencia, donación o cualquier otro título lucrativo u oneroso, entren a formar parte del capital del colegio, y las rentas y frutos de los bienes y derechos de todas clases que posea.
c) Los ingresos que pueda obtener por sus propios medios, tales como los debidos a congresos, simposios, publicaciones, suscripciones, etc., así como los importes de certificaciones, dictámenes, asesoramientos, etc., solicitados del colegio y hechos por éste.
d) Las multas reglamentarias que impongan.
e) Las cantidades que por cualquier otro concepto puedan recibir los colegios.
Artículo 22. Del Consejo Superior.
a) Los productos de los bienes y derechos que posea el Consejo Superior.
b) Las cuotas mensuales con que los colegios contribuirán al sostenimiento del Consejo Superior, que serán proporcionales al número de colegiados de cada uno.
c) Las cuotas extraordinarias que fije el Consejo Superior a los colegios, que no habrán de ser necesariamente proporcionales al número de colegiados de cada uno.
d) El tanto por ciento que fije sobre los ingresos que tengan los colegios por los conceptos de los apartados 1.º y 2.º del artículo 21.
e) Las sanciones económicas que impongan a los colegiados.
f) Los beneficios que obtenga de sus publicaciones, congresos, simposios, etc.
g) Las subvenciones y donativos que se le concedan por el Estado, corporaciones oficiales o particulares.
En todo caso, la contribución de cada colegio al Consejo Superior no podrá ser inferior al 10 por ciento del total de sus ingresos brutos.
Artículo 23. Responsabilidad disciplinaria.
Los ingenieros de minas están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes colegiales o profesionales.
El expediente se iniciará por un acuerdo tomado por mayoría de los componentes del órgano rector correspondiente, quien designará de entre sus miembros el oportuno instructor y, en su caso, un secretario, y se tramitará en la forma prevenida en el artículo 26.
Artículo 24. Faltas. Su clasificación y prescripción.
a) Cualquier negligencia en el cumplimiento de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos rectores del colegio o del Consejo Superior.
c) La faltas reiteradas de asistencia o de delegación de ésta, por causa no justificada, a las reuniones de la Junta de Gobierno o del Consejo Superior, y la no aceptación injustificada del desempeño de los cargos corporativos que se le encomienden.
d) Las inconveniencias y desconsideraciones de escasa trascendencia a los compañeros en el ejercicio de su actividad profesional, al colegio, al Consejo Superior o a las personas que dependan de ellos.
e) Los actos leves de indisciplina colegial, en especial en aquellas actividades que la Junta de Gobierno del colegio o el Consejo Superior, en su caso, le encomiende, así como aquellos que dañen levemente aspectos deontológicos de la profesión y, en general, los demás casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales ocasionados por un descuido leve y circunstancial.
f) No facilitar al colegio los datos que se le soliciten para la formación del anuario o fichero de colegiados o faltar a la veracidad en los datos personales suministrados al colegio.
a) Haber dado lugar a la imposición de tres sanciones, por resolución firme, por faltas leves cometidas en el plazo de un año, a contar desde la fecha de comisión de la primera.
b) El incumplimiento doloso de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos rectores de los colegios o del Consejo Superior.
c) La desconsideración ofensiva grave a compañeros, al colegio, al Consejo Superior o a las personas que dependan de ellos.
e) La realización de trabajos que por su índole atenten al prestigio de la profesión.
f) Los actos graves de indisciplina colegial, en especial en aquellas actividades que la Junta de Gobierno del colegio o el Consejo Superior, en su caso, le encomiende, así como aquellos que dañen gravemente a la profesión y, en general, los demás casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales que no hayan sido ocasionados por un descuido leve y circunstancial.
g) El incumplimiento del deber de aseguramiento cuando los estatutos particulares de los colegios donde actúe el colegiado así lo exija.
a) Haber dado lugar a la imposición de dos sanciones, por resolución firme, por faltas graves cometidas en el plazo de un año, a contar desde la fecha de comisión de la primera.
b) Hechos constitutivos de delito que afecten a la deontología o a la ética profesional.
c) Actos u omisiones que constituyan ofensas muy graves a la profesión, al colegio o al Consejo Superior o a las personas que dependan de ellos.
d) El encubrimiento de intrusismo profesional a quien no tenga título de Ingeniero de Minas.
4. Prescripción: las faltas leves prescribirán a los seis meses; las faltas graves, a los dos años, y las faltas muy graves, a los tres años.
c) Expulsión del colegio o, en su caso, del Consejo Superior.
Artículo 26. Rehabilitación.
1. Los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos contados desde el cumplimiento de la sanción:
2. Los trámites de la rehabilitación se llevarán a cabo de igual forma que para el enjuiciamiento y sanción de las faltas y con iguales recursos.
Artículo 27. Tramitación del expediente sancionador.
A dicho efecto, designado el instructor conforme a lo dispuesto en el artículo 23, y practicadas las pruebas y actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, formulará, si procede, pliego de cargos en el que se expondrán, con claridad, los hechos imputados susceptibles de integrar falta sancionable, la falta o faltas tipificadas, supuestamente cometidas, las sanciones concretas que, en su caso, se pudieran imponer, así como la identidad del instructor, y del secretario, en su caso, y del órgano competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.
Si se constituyera algún colegio cuya territorialidad abarcara una sola comunidad autónoma, el recurso de alzada deberá interponerse ante el Consejo Superior Autonómico o ante el órgano competente que establezca la ley de colegios profesionales de la comunidad autónoma de que se trate.
Artículo 29. Tramitación de trabajos.
Todos los trabajos técnicos o facultativos realizados en beneficio del interés privado que vayan a surtir efecto ante cualquier dependencia del ministerio o de la consejería autonómica que tenga en cada momento atribuidas las funciones y competencias en materia de minería, y para cuya firma se requiera el título de Ingeniero de Minas, deberán ser visados en el Colegio de Ingenieros de Minas correspondiente, en cuya jurisdicción geográfica se encuentre la dependencia oficial encargada de resolver el asunto, sin cuyo requisito los colegiados no podrán presentar dichos documentos ante aquélla.
Artículo 30. Disolución.
La disolución deberá ser seguidamente elevada al Ministerio de Economía o a aquel que legalmente corresponda en cada momento y tenga atribuidas las funciones y competencias en materia de minería, y aprobada, si cabe, por real decreto del Consejo de Ministros.
Artículo 31. Personal.
Los colegios y el Consejo Superior contarán con el personal que sea necesario para la marcha normal de sus tareas, el cual dependerá del Secretario del colegio respectivo o del Consejo Superior, que asumirá, a estos efectos, la jefatura de dicho personal.
Artículo 32. Regulación del régimen jurídico de los actos administrativos y su revisión en vía de recurso.
1. Cuando el Consejo Superior o los Colegios Oficiales actúen en el ejercicio de potestades administrativas, ajustarán su actuación a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administración Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a cuantas disposiciones posteriores la modifiquen o complementen.
2. Contra los acuerdos emanados de los órganos del colegio se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo Superior de Colegios. Si el acuerdo emana del propio Consejo Superior, el interesado podrá optar entre interponer recurso de reposición ante aquél, o acudir directamente a los tribunales.
Una vez agotada la vía corporativa, los actos del Consejo Superior y de los colegios sujetos al derecho administrativo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
DEROGA la Orden de 7 de marzo de 1957 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1957-4517).

References: artículo 6

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 1
 artículo 4

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 6

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 7

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 21

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 21

Artículo 23
 artículo 26

Artículo 24
 resolución 
 resolución 

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 23

Artículo 29

Artículo 30
 real decreto 

Artículo 31

Artículo 32