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Timestamp: 2017-10-17 20:15:52+00:00

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* Capítulo N* 15 – Los DECLARACIONES PUBLICAS
En el - Anexo nro. 03 - se agregó las declaraciones públicas realizadas por el Dr. Gutierrez Cabello aparecidas el 21 de marzo de 2.001.
a) De su tenor surge sin dudas, el adelanto de lo que va decidir
y pide simplemente se lo soliciten.
a.1 Ha sostenido textualmente que:
“ ... Nadie hace nada por un Siqueiros que se pierde. .... Me resulta extraño que, tratándose de una obra tan importante, nadie se acercara a preguntar por ella. ... ‘ ¿ Si finalmente los organismos oficiales le solicitaran que preservara la obra, tiene Ud. autoridad para sacarla de ese lugar de riesgo ?’. ‘Si, definitivamente. Aunque pueden apelar esa medida.’ .... ‘Cuando leo en los medios que existe preocupación por el patrimonio, me pregunto porque ni siquiera me llaman por teléfono. Me parece óptimo que se traslade a un sitio donde se exhiba y se cuide. ..... que está dispuesto a escuchar ‘con todo gusto a cualquiera que demuestre algún interés’. .... “.
a.2 El Juez omite con conciencia y deliberadamente que es el mismo, el que impidió e impide, que se administre y se preserve la obra con su propia actividad jurisdiccional.
Niega en los hechos al propietario, al despojarlo del uso, al
no darle curso a sus peticiones y al intentar entregar el bien a un tercero.
En otro orden, pide que lo llamen por teléfono funcionarios oficiales y se queja porque no lo hacen, ignorando los derechos de propiedad y defensa de “Dencanor S.A.” cuya obligación es respetarlos.
a.3 Basta cotejar lo allí declarado con lo que luego decidiera el 26 de agosto de 2.002 ( ver fs. 101/03 ).
El Dr. Gutierrez Cabello accede a cualquier pedido de cualquier persona, menos de quién es el titular de dominio, lo que prueba su “parcialidad”. Repárese que en aquella oportunidad, el Dr. Gutierrez Cabello abrió los contenedores con las llaves que le suministró la suscripta de total buena fe y a su pedido, para luego desconocer sus derechos.
En este aspecto los hechos son categóricos.
Los denunciados y los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional NO pueden desconocer que la titularidad de dominio de mi mandante se mantiene, hasta tanto se dicte una sentencia firme que disponga lo contrario.
b) Ante esa publicación, recusé con causa al Magistrado por considerar que había prejuzgado y se había apartado de la "imparcialidad" en perjuicio de mi mandante.
Ofrecí prueba, incluso testimonial.
La sala "A" integrada por los denunciados, sin producir ni sustanciar la prueba ofrecida y previo el dictámen del fiscal Dr. Calle Guevara, desestimó la recusación.
b.1 El escrito recusatorio, el dictámente del Sr. Fiscal y la sentencia recaída se acompañan en el - Anexo nro. 04 - .
b.2 Asimismo sancionó a la suscripta por haber denunciado las causales de recusación y falta de "imparcialidad" con el máximo de la multa prevista en el ordenamiento. Reitero, sin siquiera producir las pruebas ofrecidas.
Tal como sucediera durante el Proceso Militar de 1.976-1.983, la víctima es sancionada cuando denuncia la ofensa que le hicieron.
b.3 Por encima de cualquier tIpo de formalidades y decisiones de coyuntura, cabe comparar lo manifestado en el escrito recusatorio ( - Anexo nro. 04 -, letra a) ) y lo actuado por el Dr. Gutierrez Cabello a posteriori cuando se formalizó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional en el incidente pertinente ( - Anexo nro. 09 - ), para concluír sin ningun tipo de dudas, la exactitud de los dichos.
La sala “A” con plena conciencia comprendió el yerro del Dr. Gutierrez Cabello y optó por desvíar la cuestión principal con el no tratamiento de la misma ni la acreditación de probanzas, todo disimulado bajo la sanción a la dicente.
c) La dicente y su representada recibieron así un mensaje nítido de la jurisdicción, referido que ésta no toleraría la defensa; y las sanciones serían los riesgos de su articulación implicarían "sanciones", cuando menos al letrado defensor.
d) A posteriori el Dr. Gutierrez Cabello, que no ocultó su amistad personal con dos de los camaristas actuantes y el fiscal interviniente, diría a la suscripta que el decisorio desestimatorio y sancionatorio, lo habilitaba para decidir sobre la suerte del mural "Ejercicio Plástico" conforme a sus propios criterios.
e) Dejo constancia que en el concurso, incidentes y procesos conexos de "Fine Arts S.A." han intervenido, tanto la sala "A" como la "B".
Respecto a la primera me permito transcribir la opinión doctrinaria que sigue y que es absolutamente elocuente por si, ahorrando otros comentarios :
" .... Es sabido que la Sala A, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se expidió .... El Tribunal interviniente, porque poco tiempo después la totalidad de sus miembros -téngase presente que uno debió renunciar- fueron vinculados a gravísimas imputaciones de corrupción las cuales, ...., arrojaron un gran descrédito sobre toda la Sala. .... " ( Ernesto E. Martorell, "CRISIS. LIQUIDACION y QUIEBRA de BANCOS. RESPONSABILIDAD." , pág. 122, ed. Jurídicas Cuyo/2.001 ).
f) Es criterio unánime de la mayoría de los países del mundo que el Poder Judicial debe ser independiente , principio de proyección funcional que protege al Juez a fin de preservar su imparcialidad.
La resolución 40/144 del 13 de diciembre de 1.985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dispone que la independencia de los jueces constituye un prin- cipio que los Estados se han comprometido respetar.
La Constitución Nacional impone la obligación de preservar dicha independencia.
f.1 En la especie, es el propio Dr. Gutierrez Cabello quién llamó públicamente a que le realicen solicitudes sobre el mural, incluyendo obviamente a los funcionarios del Estado, y precisando cual va ser su decisión respecto de esas solicitudes.
Pidió ser requerido para decidir a favor de los requirentes.
La Sala "A" convalidó dicha postura.
f.2 En consecuencia, frente al pedido efectuado por el Poder Ejecutivo Nacional, el Dr. Gutierrez Cabello había adelantado ya su acogimiento ( lo que se consumó con el decisorio del 26/VIII/02 ); y el Superior había tolerado lo hecho por su Inferior.
f.3 De esta manera, ambos poderes del Estado ( Ejecutivo y Judicial ) actuan sin rubores de forma conjunta, en detrimento de los derechos de los ajusticiados.
La defensa que le cabe a éstos frente a las pretensiones improcedentes del primero se desvanece, ya que se diluyó la referida independencia del Judicial y todo el proceso se erige como una mera formalidad de actuaciones burocráticas, con la que se pretende legitimizar el despojo de mi instituyente.
g) Esta declaración pública y su convalidación, prueban de forma irrefutable, el aludido “mal desempeño” ya que no se cumple con el servicio de administración de justicia en las condiciones legales.
h) Por último debe remarcarse que el propio Juzgador admite que la medida a ser adoptada es apelable; pero es conciente y omite decirlo que, atento que califica la decisición como “conservatoria” o “cautelar, dicha apelación es con carácter “devolutivo” y de esa manera pretende operar con hechos consumados, sabiendo que una vez traslados los contenedores, sería muy dificultosa y prolongada su devolución.
* Capítulo N* 16 – NO AGREGACION de ESCRITOS y DOCUMENTOS
Dentro de los actos de conculcamiento del derecho de defensa de mi mandante debo remarcar aquellos que en forma reiterada efectuara el Tribunal, NO AGREGANDO TEMPORANEAMENTE AL EXPEDIENTE PRESENTACIONES HECHAS POR ESTA PARTE.
Es conocida la corruptela judicial de agregación de piezas en forma tar- día, cuando ya se ha decidido sin tener en cuanta lo no agregado.
Es lo que se denomina vulgarmente el “muñequeo o manipuleo del expediente” por parte de los Juzgados ( ver Capítulo N* 05, punto b) ).
a) En el caso de autos se denunció la falta de agregación de una serie de presentaciones que hiciera mi representada.
Dichas denuncias obran a fs. 210 vta./211 ( punto 9.- letras c-
a f- y punto 10.- ), a fs. 222/32, 233/34, 270/80 y 326.
b) Las piezas NO agregadas con el respectivo cargo de recepción
del Juzgado, fueron protocolizadas por la dicente agregándose la escritura a 281/325 .
Se acompaña en el - Anexo nro. 05 - . Las demás declaraciones y acreditaciones que surgen de la misma se dan por reproducidas acá.
c) Las piezas NO agregadas son aquellas que presentó esta / /
propietaria. Incluso con anterioridad al decreto del 26 de agosto de 2.002 ( fs. 101/03 ).
Las mismas acreditan presentaciones ante los Sres. Presidentes de la Nación, Dres. De la Rúa y Duhalde y carta documento dirigida al Sr. Secretario de Cultura, lo que indica su importancia ante la pretensión deducida por el Poder Ejecutivo.
d) Pese haberse hecho la denuncia de tamaña irregularidad y
haber entendido jueces de primera y segunda instancia, la cuestión no fue siquiera considerada cuando debió ser tratada de inmediato y de oficio.
Está probado así que, se decidió y se continúa decidiendo ( ver resolución del 7* de enero de 2.003 de fs. 392/94 ) sin considerar las peticiones y presentaciones de esta propietaria, las que se soslayan completamente.
Ello persuade definitivamente a mi instituyente de la “parcialidad” de los denunciados, que han tomado partido sobre el resultado, con anterioridad al examén mismo de la causa.
* Capítulo N* 17 – MULTIPLES LITIS y FALTA de RESOLUCIONES
La compraventa del mural, efectuada el 4* de octubre de 1.994 entre la fallida “Fine Arts S.A.” ( antes “Seville S.A.” ) como “vendedora” y “Dencanor S.A.” como “compradora”, fue cuestionada en el trámite concursal de la primera, como se indica.
Ninguno de ellos fue sentenciado.
Los demandados han contestado a todos, opusieron defensas y excepciones, entre ellas de “prescripción liberatoria”.
a) en los autos : “Fine Arts S.A. s/ conc. prev. – inc. art. 20
L.C. promovido por la sindicatura”.
Fue iniciado en el mes de junio del año 1.997 .
La parte actora resulta la síndica concursal Mirta N. Andrada, cuya pretensión es dejar sin efecto el negocio de compra por supuesto incumplimiento del art. 20 de la ley n* 24.522.
Los codemandados son la propia fallida y “Dencanor S.A.”.
b) en los autos : “Pereyra Iraola, P. M. c/ Fine Arts S.A. y otro ( Dencanor S.A. s/ ord. ( por simulación y fraude )”.
Fue iniciado el 10 de junio del año 1.997 .
Se pretende en él, la inoponibilidad del negocio por supuestos vicios de “simulación” y “fraude”.
La parte actora resulta la pretensa acreedora de la concursada, Sra. Patricia M. Pereyra Iraola.
Los codemandados son “Dencanor S.A.” y la propia fallida, quienes constituyen un litis consorcio pasivo necesario atento las características de las acciones promovidas.
El Dr. Gutierrez Cabello le dio curso a la demanda con anterioridad a expedirse conforme al art. 36 de la ley n* 24.522 , es decir, sin saber si la demandante era o no acreedora o, si al menos, se había presentado a verificar.
Aunque obvio, se aclara que el carácter de “acreedor quirografario” es un requisito necesario e imprescindible para este tipo de acciones ( conf. arts. 959, 961 y concs. del cód. civ. ).
Nota : El Dr. Gutierrez Cabello apartó a “Fine Arts S.A.” de su propia defensa y colocó en su representación y defensa a la síndica concursal Mirta N. Andrada, la que asumió el rol de parte “codemandada”.
c) en los autos : “Fine Arts S.A. s/ quiebra – inc. de simulación y fraude promovido por la síndica Cra. Mirta N. Andrada”.
Fue iniciado el 22 de junio del año 1.999.
Se pretende en él, la inoponibilidad del negocio por supuestos vicios de “simulación” y “fraude”. Resulta una demanda idéntica a la promovida por la Sra. Pereyra Iraola.
La parte actora resulta la síndica concursal Mirta N. Andrada.
Nota : A los fines de la autorización prevista por el art. 119 de la ley n* 24.522, la Sra. Pereyra Iraola ( quién tiene en trámite una litis por idéntico objeto procesal ) prestó su conformidad con la promoción de este juicio.
d) La primera irregularidad que fluye nítidamente de esta
pluridad de litis radica en que existen 2 ( dos ) con idéntico objeto procesal < tacha de simulación y fraude > .
La fallida denunció expresamente tal irregularidad como la falta de decisión al respecto, lo que fue señalado expresamente por la sala "B" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que sostuvo ( ver fs. 115 vta. y 260 vta. ) :
“ ..... sobre la identidad del objeto de ambas acciones, tal como ha sido propuesto reitera “ damente al magistrado de la anterior instancia y sobre el que pende resolución ... “ .
El Dr. Gutierrez Cabello mandó a desglosar ese escrito de denuncia ( ver fs. 96 y 104 ) pero dicho apartamiento de la defensa no purgó los vicios denunciados y sólo fue un burdo intento de enmascarar el desvío del proceso.
Es decir, con la tolerancia del Dr.Gutierrez Cabello se tramitan dos litis con la misma pretensión y el escándolo jurídico que ello conlleva.
e) La segunda irregularidad, estriba en que la síndica Cra.
Andrada ( colaboradora del Juez y “funcionaria” – art. 251 de la ley n* 24.522 - ) actúa como “parte actora” en dos de las demandas por cuestionamiento ( a) y c) ); y como “parte codemandada” <litis consorte pasiva necesaria> en la tercera ( b) ).
Es decir, representa a la vez intereses contradictorios con el agravante que se excluyó de la propia defensa a la misma fallida.
La indefensión no es sólo de “Fine Arts S.A.” apartada de su
actuación, sino también de mi representada, ya que su litis consorte actúa con intereses contrapuestos.
Remarco que en los juicios por “simulación”, es menester que
ambas partes –actora y demandada- produzcan pruebas de forma dinámica, no bastando a los accionados la mera negativa.
Como se puede suponer la “imparcialidad” de la actuación de un Magistrado especializado en cuestiones mercantiles, cuando ha permitido, consentido y tolerado jurisdiccionalmente, una actuación sindical que asumió a la vez, el papel de actora y demandada en los referidos juicios de idéntico objeto <tacha de simulación y fraude> dentro de una quiebra ( que ostenta una connotación publicista que determina que el síndico revista la condición de funcionario público - conf. doct. CNCom., sala “C”, jul-18-997, “Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Capital Cía. de Seguros Generales S.A.”- ), sin considerar mínimamente las denuncias en tal sentido ( ver los autos principales, los referidos juicios y fs. 258/65 y 328/32 ) ?.
g) La tercera irregularidad resulta de la actuación de la propia Sra. Pereyra Iraola, la que promovió una litis y por idéntico objeto dio conformidad para que se promoviera otra.
h) Esta multiplicidad de pendencias con el mismo objeto, sumadas a las demás anomalías mencionadas, deben cotejarse con la profusa información periodística que se hace eco de la complejidad y dilación de los trámites.
La pluralidad de litis manifiestamente incompatibles entre si y el acomple jamiento deliberado de los trámites, responde a la política deliberada del Dr. Gutierrez Cabello descripta en el Capítulo N* 13.
i) A mero título ilustrativo en el - Anexo nro. 06 – se acompa-
ña copia de escrito sobre la prueba dinámica presentado en los juicios por “simulación” y “fraude” que constituye un resumen sobre los antecedentes del caso del que fluye la sin razón de los planteos.
k) En otro orden, se deja constancia que el 28 de agosto de
1.997, se promovieron los autos : “ Fine Arts S.A. s/ conc. prev. – inc. de denun cia –actuación de síndico- “, en el que la fallida, acreedores y mi representado de
nunciaron múltiples irregularidades de síndica Cra. Andrada por mal desempeño y actuación con “parcialidad” .
Pese haber transcurrido más de (5) cinco años desde su iniciación, el Dr. Gutierrez Cabello no decidió lo articulado pese a los constantes requerimientos que se le hicieron y de facto, ha mantenido a la síndica en sus funciones la que continuó actuando con los vicios señalados y se castró el derecho de los interesados y partes de contar con una sindicatura “imparcial” . Es decir, hizo perder sentido al derecho de denunciar a los funcionarios ( arts. 252, 255 y conc. de la ley n* 24.522 ) por la vía de la dilación del pronunciamiento.
j) A fs. 112 vta./113 y 260/61 vta. la fallida ha informado de los principales procesos que suspendiera o no decidiera el Dr. Gutierrez Cabello y que dilatara en forma inusitada afectando el trámite falencial.
Asimismo a fs. 120/24 y 328/22 un acreedor realiza denuncia similar.
Me remito a lo allí expuesto. En el expediente principal y en varios de los incidentes obran denuncias similares.
A la multiplicidad de litis con idéntico objeto se le agrega la enorme demora en los procedimientos, todo ello en forma írrita a los arts. 217, 218, 273 últ. parte y concs. de la ley n* 24.522.
La última parte del citado art. 273 sostiene :
“ .... Es responsabilidad del Juez hacer cumplir estrictamente todos los plazos de la ley. “ La prolongación injustificada del trámite, puede ser considerada mal desempeño del cargo.”.
A su vez el art. 274 de la ley n* 24.522, en forma congruente con lo recién transcripto, da atribuciones al Juzgador para la activación del proce so :
“ Facultades del Juez. El juez tiene la dirección del proceso, pudiendo dictar todas las medidas de impulso de la causa .... que resulten necesarias. ..... “.
El incriminado Dr. Gutierrez Cabello no sólo ha dilatado las actuaciones para dar apariencia de “complejidad” y “litigiosidad”, sino que no ha considerado las reiteradas denuncias que se le hicieron.
Su proceder es entonces conciente y responde como se dijera a su política de desvío del proceso falencial. Ha incurrido en la mencionada causal de “mal desempeño” por la demora de los trámites.
* Capítulo N* 18 – MULTIPLES CAUTELARES
Por la falsa apariencia de “compleja litigiosidad” ( está provocada por el denunciado ) NO se han levantado las cautelares, trabadas anteriores a la solicitud de preventivo por “Fine Arts S.A.” y, a su vez, se han trabado varias nuevas, con apartamiento de los principios rectores para las mismas ( -verosimilitud del derecho-, -peligro en la demora- y –contracautela- ).
Las precaucionales y la multiplicidad de litigios permiten así enmascarar el verdadero propósito que se denunciara en el Capítulo N* 04 y, además, bajo la excusa de su dictado en los hechos concretamente se administra y utiliza a la pintura, en desmedro de su propietario.
a) A los fines de esta exposición, corresponde diferenciar las precaucionales en curso, conforme al momento en que se trabaron las mismas tomando como referencia la socilitud de preventivo de “Fine Arts S.A.”, acaecida el 22 de octubre de 1.996.
Las anteriores a dicho pedido son tres y se mantienen vigen -
tes sin levantarse, pese haber sido satisfecho la razón de su dictado.
La primera de ellas data del 24 de octubre de 1.994.
Consintió en una “prohibición de innovar” decretada contra la vendedora, con accesorias de inmovilización de los contenedores sitos en San Justo, con orden de no entrega al depositario.
La dictó un Juez de la pcia. de Buenos Aires y antes de que se incoara el proceso principal ( art. 207 cpcc ).
La Cámara de dicha jurisdicción estableció que la medida tenía como finalidad asegurar los derechos del acreedor peticionante de la quiebra de “Fine Arts S.A.”.
Ante dicha petición de falencia, en el año 1.995, Fine Arts S.A. depositó y dio en pago la suma por la que se le solicitaba la quiebra, razón por la que no se decretó ésta.
A posteriori y a consecuencia de la atracción pasiva que ejercía el concurso preventivo de la vendedora, dicho pedido caratulado : “Seville S.A. ( hoy Fine Arts S.A. ) s/ ped. de quiebra por P.M.Pereyra Iraola” se radicó por ante el Juzgado a cargo del Dr. Gutierrez Cabello.
b) Mi representada ( por la aludida inmovilización de los contenedores y la orden de no entrega de los mismos ) y la propia “Fine Arts S.A.” ( por la “prohibición de innovar” dictada en su contra ), solicitaron el levantamiento de la medida.
La Justicia Provincial se declaró incompetente y envió las actuacio nes al Juzgado del Dr. Gutierrez Cabello, también atento la atracción pasiva que ejercía el concurso preventivo de la cautelada “Fine Arts S.A.”.
b.1 Se formaron entonces las actuaciones caratuladas : “Mendizabal,H.A. s/ quiebra – inc. de levantamiento de cautelar” en las que mi mandante solicitó el levantamiento de las medidas inmovilizantes, en base a : - la conclusión de la litis principal ( pedido de quiebra pagado ); - la caducidad de la precaucional por transcurso del tiempo ( más de cinco años de trabada – art. 207 cpcc ); - existencia de otras precaucionales; - etc..
El Dr. Gutierrez Cabello desestimó dichos pedidos y se declaró incompetente, cuestión que está hoy en apelación.
Mientras tanto, la inmovilización y la no entrega de los contenedo- res se mantuvieron en vigor desde el aludido momento de traba.
b.2 Al momento de la compraventa de la pintura, pesaban sobre ella dos embargos trabados por acreedores de la vendedora, en los autos : “Limburgo S.A. y otro c/ Seville S.A. ( Fine Arts S.A. ) y otros s/ ejecutivo” y “Arenas Zaefferer, H. c/ Seville S.A. ( Fine Arts S.A. ) y otros s/ ejecutivo”, que mi poderdante tomó a su cargo.
Dichas actuaciones están radicadas en el Juzgado del Dr. Gutierrez Cabello, por la atracción pasiva ejercida por el preventivo de Fine Arts S.A..
Mi representado pagó ambos embargos.
a) El correspondiente al primer juicio se abonó mediante el
depósito judicial de u$s 108.000,oo ( ciento ocho mil dólares ), suma que resultó superior al monto del crédito luego verificado.
El segundo, se abonó a los actores de la litis, dejándose
constancia en el expediente.
b) El levantamiento de dichos embargos no se concretó
antes de la apertura del preventivo de “Fine Arts S.A.”, motivo por el cual y de acuerdo a lo normado por los arts. 21 inc. 4* y concs. de la ley n* 24.522, mi mandante promovió el 10 de abril de 1.997 , las actuaciones : “Fine Arts S.A. s/ conc. prev. – inc. de Dencanor S.A.”. En ellas pidió que se levantaran los embargos pagados y se le autorizara a depositar judicialmente el saldo de precio programado en cuotas.
Luego de sustanciarse el referido incidente durante varios años, el Dr. Gutierrez Cabello suspendió el dictado de la sentencia del mismo, a la espera de pronunciarse en los juicios por “simulación” y “fraude”.
b.3 De lo expuesto se concluye que el denunciado Juez, ha mantenido en vigor y sin levantar durante años, las aludidas cautelares aún cuando se ha satisfecho íntegramente lo asegurado con las mismas.
c) La posterior al pedido de concursamiento pero anterior a la dictada el día el 26 de agosto de 2.002 ( fs. 101/03 ), se indicó a fs. 134/34 vta. ( punto 18.b, nro. 2 ). Está apelada.
Ha sido una “prohibición de innovar” decretada contra “Dencanor S.A.”.
Carecía de sentido ante el mantenimiento de las otras que inmovilizaban al mural, lo que implicaba que no había peligro alguno en la demora.
La misma fue objeto de una concreta denuncia de un acreedor, a mérito de la contracautela impuesta ( ver fs. 328/32 ).
d) Por último, se dictaron las medidas precaucionales obrantes a fs. 101/ 03 y 392/95.
A diferencia de las anteriores que inmovilizaron a los contenedores, con estas últimas, se pretende lisa y llanamente <contra la voluntad de su propietario> administrar la obra y entregar su “uso” y “goce” al Poder Ejecutivo Nacional.
d.1 La primera de ellas, la dictó el Dr. Gutierrez Cabello, con total celeridad, que no se compadecía con sus dilaciones anteriores y falta de resolución de planteos de las partes y reales interesados en el proceso falencial.
Lo hizo pese a las precaucionales anteriores existentes y a
mera solicitud de un tercero ajeno al proceso como es el Poder Administrador, sin
que hubiera siquiera un acto administrativo fundante que posibilitara la actua
ción de los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Estos actuaron a su mera iniciativa, comprometiendo al Estado con su accionar.
La crítica a la misma obra a fs. 209/21, a la que me remito.
Con su dictado, el Dr. Gutierrez Cabello confirmó lo que
adelantara en la nota periodística del 21 de marzo de 2.001 ( ver – Anexos nro. 03 y 04 - ).
Adoptó dicho decisorio, sin que se agregaran al expediente
las presentaciones de esta parte anteriores a la precaucional, luego glosadas a fs. 222/28 y 229 ( ver protocolización en el – Anexo nro. 05 - ).
a) A consecuencia del dictado de esta medida, han
recusado con causa al Dr. Gutierrez Cabello, un acreedor,el retenedor de los contenedores y mi mandante.
b) Esas recusaciones no han sido aún resueltas y la sala
“A” que entiende en ellas, suspendió de hecho su trámite al remitir el incidente principal a primera instancia al estimar la queja cuya sentencia obra a fs. 365.
La “parcialidad” de la sala “A” queda patentizada cuando se compara la celeridad de la resolución recién mencionada y la falta de consideración de las denuncias hechas y demás planteos sustanciales irresueltos y prácticamente no considerados ( ver fs. 120/24, 130/37, 168/69, 178, 194/95, 209/21, 233/34, 236/37, 258/65, 270/80, 326 y 328/32 ).
A ello debe agregarse el antecedente que da cuenta el – Anexo nro. 04 -.
e) En otro orden, la celeridad en decidir la queja ( véase la fecha de elevación de fs. 363 y la de esta resolución ) es congruente con la actuación en la primera quincena de feria por el Dr. Gutierrez Cabello ( que estaba con recusación en trámite ).
Si bien éste no suscribió la resolución de fs. 392/94, lo hizo el Dr. Germán Paez Castañeda quién siguió con idénticos criterios que áquel; y así no sólo habilitó la feria, sino que además, decidió medidas sobre el estado físico de los contenedores privando así de la posesión a mi mandante ( las cerraduras fueron forzadas sin siquiera solicitar las llaves a mi instituyente ).
La referida actuación durante la feria, disminuía la posibilidad de la defensa, ya que se trataba de un periodo de receso.
La medida fue dictada pese a que estaban irresueltas las siguientes cuestiones sutanciales en el caso y que planteara mi instituyente ( sin perjuicio de lo articulado por otros interesados ), como :
- el recurso de apelación contra el decisorio del 26/VIII/02 ( ver fs. 209/21 );
- la nulidad de procedimiento articulada ( ver fs. 130/35 y 194/95 );
- la acreditación de falta de peligro en el estado de la pintura ( ver fs. 168/69 y 336 );
- la denuncia de eventuales ílicitos y la resolución de planteos pendientes ( fs. 233/34 );
- el pedido de levantamiento de la cautelar del 26/VIII/02 y la sustitución subsidiaria de dicha medida ( ver fs. 236/37 );
- se provea la nulidad de procedimientos y se suspendan los plazos ( ver fs. 253 ); y
- la denuncia de presentaciones no agregadas ( ver fs. 326 ).
Esta no consideración implica no un cuestionamiento al procedimiento sino un elemento probatorio irrefutable de la política instrumentada y que se denunciara en el Capítulo nro. 04.
El Dr. Paez Castañeda también actuó con “parcialidad” al acoger el pedido sin tomar en cuenta las copiosa constancias de la causa que indicaban lo contrario a lo que resolviera.
f) A su vez se denegó el pedido de habilitación de la feria del mes de enero/2.003, formulado por mi poderdante y otros interesados, ya que las cuestiones pendientes no fueron consideradas de urgencia.
Como conclusión, se denuncia que las facultades jurisdicciona-
les se han utilizado abusivamente y bajo el pretexto de dictarse medidas precaucionales ( sin siquiera cumplir los recaudos para éstas ), se ha consumado el despojo objeto de esta denuncia ya que se privó al propietario el ejercicio de derechos inherentes al dominio para otorgárselo al Poder Ejecutivo Nacional.
Para ello, ha sido necesario desnaturalizar el proceso falencial, acomplejar los trámites y no considerar sino como mera formalidad, los planteos de los interesados, especialmente de mi mandante.
* Capítulo N* 19 – La SITUACION OBJETIVA
Los hechos denunciados deben ser analizados dentro de un contexto único, con su armonización en un todo tendiente al ilegítimo propósito denunciado.
a) El manipuleo del procedimiento ( su dilación, acomplejamiento, falta de decisiones oportunas, no agregación témporanea de escritos, etc. ) es la tipificación más nítida del “mal desempeño”, cuando como en la especie, tiene una finalidad explícita en contra de derechos fundamentales ( propiedad y defensa ) ya que persigue la entrega del uso a un tercero <el Estado Nacional> en detrimento de su propietario.
b) Y la situación es más grave cuando el Poder Ejecutivo es quién actúa de tal manera, con directivas e influencias al Poder Judicial ( a los denunciados en el caso ) quién las acata con quiebre conciente del principio de independencia y genera una imagen más, de la inseguridad jurídica que se atribuye a la Nación.
c) Ninguna formalidad procesal ni ningún decisorio examinado individualmente puede justificar la situación objetiva que emerge de los antecedentes relatados ya que durante más de ocho años, se ha privado a mi instuyente de ejercer plenamente su propiedad y además, se pretende que dicha privación lo sea por tiempo indefinido.
Todos los demás hechos expuestos, el conculcamiento de derechos elementales de mi representado, la violación de la finalidad del procedimiento y la afectación de la buena fe con que deben actuar los Magistrados, son consecuencia de lo recién dicho.
Se ha tomado la decisión denunciada y en consecuencia, lo sustanciado se subordinó al alcance de la misma. Por esta razón se dilatan o no se resuelven los pedidos de mi mandante o de aquellos que se oponen al desvío del proceso y, por otra parte, con la mayor celeridad y sin considerar otros criterios, se acoge lo peticionado por el Poder Ejecutivo Nacional.
d) La privación del derecho de propiedad implica necesariamente una “parcialidad” de los juzgadores, al menos contra su dueño, con lo que se configura el “mal desempeño” denunciado.
En el caso, la línea argumental de la jurisdicción ha partido de dos premisas falsas, cuya ausencia de veracidad no pueden ignorar los denunciados.
Dichas premisas son que : 1.- la pintura se está deteriorando en los contenedores; y 2.- es necesario adoptar medidas para su salvaguarda y exhibición para el público.
d.1 En primer lugar, jamás se acreditó el supuesto deterioro y mi mandante reiteradamente indicó y probó (informe del maestro Serrano ) que no había tal riesgo (ver a título de ejemplo, punto 3ro. de la carta documento dirigida al Secretario de Cultura de la Nación, obrante a fs.23 ).
a) La irrazonabilidad y arbitrariedad de este argumento es palmaria, cuando se observa que ningún experto idóneo jamás ha revisado la obra. El propio Presidente de la Nación, en los fundamentos del decreto 18/2.002 expresamente reconoce que no se pudo revisar la pintura.
b) Frente a lo recién dicho, cabe cotejar las propias declaraciones del Dr. Gutierrez Cabello del 21 de marzo de 2.001 donde sostiene que hay que preservar al mural y exhibirlo – Anexo nro. 03 -).
Hay otra falsedad implícita y que los denunciados
deliberadamente omiten de considerar ya que obstaría a sus pretensiones que radica en que es absolutamente improcedente que el proceso falencial faculte a los Magistrados a “preservar” o “restaurar” o “exhibir” bienes de terceras personas no fallidas o “entregarlos” al Estado con tales propósitos.
Asimismo, el hecho de haber dictado cautelares <”prohibición de innovar”> tampoco otorga dicha facultad.
d) Pero lo que es más grave e inexcusable estriba que se esgrime la falsa tésis del deterioro por el transcurso del tiempo, cuando simultáneamente se dilata y acompleja el procedimiento, se lo desvía de su finalidad legal y además, se impide a su propietario ejercer los actos naturales de administración y conservación.
En segundo término, no se intenta acá de salvaguardar o exhibir la pintura a mérito de la importancia de la misma sino lo que realmente pretenden los denunciados es que dicha preservación y exhibición se realice sin la intervención de su legítimo propietario, actuando como si éste no existiere.
En efecto, mi mandante ha solicitado reiteradamente que se le permita administrar la pieza e incluso exhibirla, sin afectar la supuesta cautela de garantía en curso y no se le ha permitido hacerlo.
Una prueba contundente de lo dicho surge nítidamente del ofrecimiento hecho al Sr. Presidente de la Nación y que no fuera siquiera contestado y cuyas constancias luego ni siquiera fueron glosadas (ver fs. 224/28 , 233/34 y 326 ). No hubo contestación ni aceptación, ya que cualquiera de ellas hubiera implicado reconocer al propietario.
Otra acreditación irrefutable de lo expuesto, surge del pedido de sustitución de la cautelar glosado a fs. 236 vta./37, conforme al que mi mandante se comprome tió a no exportar la pieza; a preservarla y restaurarla en su caso ( a su propia costa ); y a exhibirla en el país, mientras durara el trámite de los juicios de cuestionamiento a la compraventa.
Por último, es innegable que genera confusión en la opinión pública nacional e internacional al utilizarse las referidas premisas falsas, tal como se denunciara en el expediente principal de la quiebra donde se agregara copioso número de notas periodísticas en tal sentido.
a) Las declaraciones públicas del Dr. Gutierrez Cabello ( –
Anexo nro.03 - ) han dado andamiento a la consideración de los medios en tal sentido con las premisas cuestionadas y son de indudable trascendencia en el punto
b) Ello sin perjuicio que fueron calificadas por el Sr. Fiscal
de Cámara Dr. Calle Guevara como :
“ .... La supuesta idea de que las obras serían patrimonio de la humanidad ( no de Dencanor S.A. – el subrayado es mío ) y que sería provechosa su exhibición no parecen, en el contexto del caso, tener mayor alcance que el de unas meras expresiones de deseo, dichas por el Juez como ciudadano y no en su función jurisdiccional, que en nada predican sobre sus supuestas facultades para disponer sobre los bienes y ni siquiera adelantan lo que habrá de hacer. .... “.
La sala “A” sostuvo textualmente :
“ ..... De conformidad con los fundamentos desarrollados por el Sr. Fiscal General en el dictámen que antecede, que el Tribunal comparte y por razones de brevedad da por reproducidos, se desestima la recusación con causa ... “.
Luego de estos pronunciamientos cabe examinar la acontecido con absoluta objetividad.
c) Aquellas supuestas declaraciones del Dr. Gutierrez
Cabello estaestaban preñadas de premisas falsas y fueron un adelanto innegable de lo que luego decidiera el 26 de agosto de 2.002.
Si un letrado o un litigante actuare con este tipo de premisas y luego se descubriera su falsedad, los propios denunciados sancionarían dicho proceder por considerar violada la “buena fe” procesal (conf. doct. art. 45 cpcc ).
Mas, cuando tienen que examinar lo actuado por sus pares, con una típica defensa corporativa desdoblan la valoración de sus declaraciones, según consideren que los declarantes las hicieron como “ciudadanos” y no como “Magistrados” en ejercicio de su función.
Omiten también de considerar el contexto de lo actuado, ya que el Dr. Gutierrez Cabello requirió a la dicente las llaves de los contenedores como “juez” y no como “simple ciudadano” y ésta accedió a su entrega con la creencia que se estaría realizando un acto jurisdiccional y no una mera curiosidad individual.
En definitiva, lo sostenido al respecto por el Fiscal y la sala “A” considerado a la luz incluso de los acontecimientos posteriores, es francamente insostenible. Solo encuentra explicación en el ya mentado afán de defensa corporativa que tiende a la “impunidad” ( similar al que constantemente adoptan otros organismos del Estado como las Fuerzas Armadas o las de Seguridad ) de los miembros del Poder Judicial y en el hecho denunciado en el Capítulo nro. 04, lo que implica un “mal desempeño”, ya que se aparta de la verdadera función.
Por eso, se podrá sancionar mil veces a esta letrada por ejercer su ministerio pero no se puede de ninguna manera ocultar la privación sistemática y prolongada del derecho de “uso” y “goce” de mi representado y el intento que la misma con tinúe por tiempo indefinido ( muchos años más ), motivo por el que se realiza esta denuncia.
Cualquier persona que fuere objeto de una situación similar de privación de sus derechos de defensa y propiedad ( incluídos los propios imputados o los miembros de este Honorable Consejo de la Magistratura ) realizaría actos de defensa recurriendo a todas las instancias posibles para reparar su perjuicio.
* Capítulo N* 20 – La PRUEBA
Como prueba de lo denunciado, ofrezco la documentación adjunta y los expedientes indicados en el (– Anexo nro. 07 -).
Solicito también se cite a declarar a la periodista Ana Martinez Quijano y a la Dra. María Cristina O’Reilly, sugiriéndose el interrogatorio obrante en en la recusación articualda por este denunciante (ver – Anexo nro. 04 -).
Todo sin perjuicio de las demás medidas que se estimen pertinentes.
Desde ya me ofrezco a prestar las aclaraciones y ampliaciones que se consideren necesarias.
(D) El MAL DESEMPEÑO ........................................................................................................................
* Capítulo N* 21 – La CAUSAL IMPUTADA
Queda absolutamente claro que con esta denuncia no se pretende cuestionar el tenor de uno o varios pronunciamientos, sino que la razón de la misma es que con una actividad jurisdiccional abusiva y tenida de parcialidad se priva del ejercicio de derechos básicos a mi mandante.
Si bien es un aspecto negativo de cualquier sociedad civilizada la absolución de un “culpable”, es muchísimo más grave, la condena de un inocente.
Esta es justamente la situación que sufre mi instituyente. Por el supuesto resultado de los cuestionamientos a la compraventa de “Ejercicio Plástico”, se lo priva ahora de su propiedad ( la restricción por tiempo indefinido del derecho de “uso” y “goce” es la negación del dominio en los hechos ) y se restringe su derecho de defensa. La situación “litigiosa” confiere entonces poderes de hecho para la condena de negación de la propiedad.
La administración de Justicia es un auténtico “servicio” y no un “acto de poder” para convalidar decisiones adoptadas en otro ámbito <en el caso Poder Administrador>, como sucede en la especie. De ahí la importancia de la independencia del Poder Judicial.
a) El concepto de “mal desempeño” cabe determinarlo en cada caso teniendo en cuenta la conducta del Magistrado en el ejercicio de su función.
La buena fe es un requisito insoslayable, que está íntimamente
vinculada a la buena conducta.
La Constitución Nacional invoca esta causal de remoción a fin de dar al Instituto Juzgador la posibilidad de la apreciación razonable y prudente de los hechos que la tipifican.
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que pueden constituír “mal de sempeño”, aquellos actos que perjudiquen al servicio público, en el caso la administración de justicia; deshonren al país o a la investidura pública, como sucede en la especie atento la repercusión internacional que tiene todo lo concerniente a “Ejercicio Plástico”; o impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, tal como se conculcó a mi mandante ( fallos 310:2.845 ). Y cuando las actitudes de los Magistrados revelen un intolerable aparta miento de la misión confiada a los jueces con daño evidente al servicio y menoscabo de la investidura ( Fallos : 304:1.544; 305:113 ).
Es decir, se configura la causal cuando el accionar del denunciado tiene un propósito prefijado, ajeno al leal desempeño de la función en el que la sentencia es el instrumento utilizado para concretarla.
b) A ello hay que adicionarle las hipótesis específicas previstas el art. 273 últ. parte de la ley n* 24.522 ; y el art. 8* del Reglamento para la Justicia Nacional, inc. 2*) referida a la buena conducta.
c) Se configuran en la especie, las hipótesis de reprobación indicadas en a) y b), habiéndose acreditado los hechos tipificantes.
d) En consecuencia, corresponde que este Honorable Consejo se expida sobre lo denunciado, acoja la denuncia (que se acompaña con una copia ) e imponga a los incriminados el máximo de las sanciones que le correspondieren (conf. leyes nro. 24.937 y 24.939 y artículos ya citados de la Constitución Nacional ).
Mirta G. Barruti
Representante de "Dencanor S.A."
Pag. 2-2

References: resolución 
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