Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-06-noviembre-2007-ministerio-de-justicia-541859
Timestamp: 2016-10-21 13:45:40+00:00

Document:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por la Notaria de Éibar doña María Dolores García Aranaz contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de dicha población, doña Begoña Beitia Bastida, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 28 de diciembre de 2006, con número 1241 de protocolo, doña María Dolores García Aranaz, Notaria de Éibar, autorizó una escritura de compraventa de un inmueble en la que se expresa que la única persona compareciente interviene en su propio nombre y derecho y, además, en nombre y representación de la sociedad compradora (una sociedad de responsabilidad limitada, de la que se indica que se constituyó mediante la escritura que se reseña, con los datos correspondientes de su inscripción en el Registro Mercantil). Respecto de dicha representación se expresa lo siguiente:
«Ejerce dicha representación en calidad de administrador único de la mencionada sociedad; cargo para el que ha sido nombrado, por tiempo indefinido, en la referida escritura de constitución.
Complementa dicha representación mediante acuerdo adoptado por la Junta General Universal de la sociedad, en reunión celebrada el día...
Asevera la vigencia e ilimitación de su representación.
Les identifico por su exhibido y reseñado D.N.I., ..., y le juzgo, según intervienen, con la capacidad legal necesaria para el presente otorgamiento...».
«Conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria el precedente documento, que fue presentado 28-12-2006 bajo el asiento 1755 del Diario 23; y notificada la calificación desestimatoria parcial de la presente al presentante y al interesado..., se extiende dicha nota de calificación de conformidad con el artículo 19 bis de la Ley y del R.D. 1039 de 1 de agosto de 2003; conforme a los siguientes hechos y fundamentos de derecho.
Conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de su Reglamento, el Registrador califica bajo su responsabilidad los documentos presentados, extendiéndose la calificación -entre otros extremos- a "los obstáculos que surjan del Registro", a "la legalidad de sus formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción", a "las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan la forma de los instrumentos" y a "la no expresión, o la expresión sin claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad".
No constar haberse acreditado ante el Notario autorizante las facultades ejercitadas por el Representante de la Sociedad compradora, mediante la exhibición de documentación auténtica.
Las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación (sic -párrafo repetido-).
De acuerdo con la ley de 26 de diciembre de 2001 de Acción Administrativa en materia de seguridad jurídica preventiva, frente a la calificación negativa, total o parcial, podrá optar por acudir directamente, en los dos meses siguientes a la notificación de la calificación al Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, o bien podrá el interesado interponer recurso dentro del plazo de un mes a contar desde la misma fecha de la calificación desestimatoria, por medio de escrito dirigido a la atención de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en los términos de los artículos 322 al 329 de la Ley Hipotecaria; o bien solicitar nueva calificación ante el Registrador sustituto, instando la aplicación del cuadro de sustituciones aprobado por la Dirección General, por medio de solicitud presentada ante el Registrador sustituido, en esta caso dentro de los quince días siguientes a la notificación de la calificación desestimatoria, todo ello de conformidad con el R.D. 1039/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el derecho de los interesados para instar la intervención del Registrador sustituto. Éibar, a veinte de febrero de dos mil siete. Fdo. Doña Begoña Beitia Bastida. Registradora de la Propiedad de Éibar.»
La anterior calificación se notificó al Notario autorizante de la escritura el 20 de febrero de 2007. Y el 8 de marzo de 2007 dicho Notario interpuso recurso contra la referida calificación, con base en los siguientes argumentos:
Al amparo de los fundamentos de derecho establecidos por las numerosísimas Resoluciones de este Centro Directivo (Resoluciones de 29 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo y 9 de junio de 2006, 14 y 20 de febrero de 2007 entre otras muchas que conforman un consolidado cuerpo de doctrina), tanto la reseña del documento auténtico del cual dimana la representación invocada, como el juicio de suficiencia en cuanto a las facultades del representante y su congruencia con el contrato formalizado en la escritura que motiva el presente recurso son conformes a lo preceptuado por el artículo 98.2 de la Ley citada y a la interpretación contenida en el cuerpo de Resoluciones al efecto dictadas por el Centro Directivo.
Cabe además señalar que en ningún caso es posible que la referida reseña se haga de documentación que no sea auténtica. Sólo en presencia de documentación auténtica sería posible autorizar el instrumento público notarial y por tanto investir al mismo de las especiales presunciones de legalidad y veracidad de que el mismo goza, -cfr. artículos 1218 del Código Civil, 1 de la Ley del Notariado, y singularmente, artículo 17 bis, apartado b), en la redacción dada al mismo por la Ley 24/2001-. Es decir, y en palabras del propio Centro Directivo: «los documentos públicos notariales hacen fe y se presume que narran no sólo «la verdad» sino «toda la verdad» la presunción, «iuris tantum», de validez, de legalidad, la cual, según la Resolución de 15 de julio de 1954, tiene su base «en la calificación personal del Notario respecto de los requisitos de validez del acto, que abarca el propio requisito de capacidad de las partes, debiendo, en principio, el Notario, no sólo excusar su ministerio, sino negar la autorización notarial cuando a su juicio se prescinde por los interesados de los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos» (y es que sería ilógico que no tuvieran efecto alguno todas las calificaciones y juicios que el Notario ha de emitir y el control de legalidad que ha de llevar a cabo -como funcionario público especialmente cualificado para dar fe, con arreglo a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales, según los artículos 1 de la Ley del Notariado y 145 del Reglamento Notarial; cfr. la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1999, de 11 de noviembre, y la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000-). Por lo demás, no puede desconocerse que las presunciones de veracidad y de legalidad del instrumento público operan combinadamente, para producir los efectos que le son propios y, entre ellos, la inscribibilidad en los Registros públicos. Así como el Registrador no puede revisar ese juicio del Notario sobre la capacidad natural del otorgante (salvo que -como podrá ocurrir excepcionalmente de la propia escritura o del Registro resulte contradicha dicha apreciación), tampoco podrá revisar la valoración que, en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas. Y es que el apartado 2 de dicho artículo, al referirse en el mismo plano a la narración de un hecho, cual es la constatación -«reseña»- de los datos de identificación del documento auténtico aportado, y a un juicio -«valoración»- sobre la suficiencia de la representación, revela la especial eficacia que se atribuye a esa aseveración notarial sobre la representación -«harán fe suficiente, por sí solas de la representación acreditada»-, de modo que además de quedar dicha reseña bajo la fe pública notarial, se deriva de ese juicio de valor sobre la suficiencia de las facultades representativas una fuerte presunción «iuris tantum» de validez que será plenamente eficaz mientras no sea revisada judicialmente».
Ello resulta confirmado por la redacción que el nuevo Reglamento Notarial da al artículo 166, en el que se exige que el Notario «reseñe en el cuerpo de la escritura que autorice los datos identificativos del documento auténtico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada» (...). La reseña por el notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del notario. (...)
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1216, 1217, 1218 y 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 313, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 1, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de prevención de fraude fiscal; 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; artículo trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; artículos 143, 145, 164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Constitucional 87/1997, de 24 de abril, y 207/1999, de 11 de noviembre; la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Séptima) de 25 de octubre de 2006, entre otras posteriores, así como la Sentencia de 22 de Noviembre de 2006 (Sección Cuarta), de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife; y las Resoluciones de 15 de julio de 1954, 13 de mayo de 1976, 26 de octubre de 1982, 29 de abril de 1994, 10 de febrero de 1995, 12 de abril de 1996, 28 de mayo y 11 de junio de 1999, 3 de marzo de 2000, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 11 de junio, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) de mayo, 17 de junio, 1 de agosto, 12 (2.ª y 3.ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 27 (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª), 28 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 29 26 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª) de septiembre y 4 y 15 (2.ª) de octubre de 2005 y 20 de enero, 30 y 31 de mayo y 9 de junio, 12, 13, 19, 20 y 27 de septiembre, 3, 4 y 25 de octubre, 17 de noviembre, 16, 20 y 21 de diciembre de 2006 y 14, 20 y 28 de febrero, 19 y 30 de marzo, 2 de abril, 12, 30 y 31 de mayo y 1 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 2 (1.ª y 2.ª) de junio y 19 de julio 19 de julio, 29 (1.ª y 2.ª), 30 (1.ª y 2.ª), 31 (1.ª y 2.ª) de octubre y 2 (1.ª y 2.ª) y 3 de noviembre de 2007, entre otras.
1. En el caso a que se refiere este recurso el título calificado es una escritura de compraventa de un inmueble, en la que, el único compareciente actúa en su propio nombre y derecho, como vendedor, y, además, como administrador único de la sociedad compradora, especialmente autorizado por acuerdo de la Junta General de ésta. En dicha escritura se especifican determinados datos de la escritura pública de constitución de la sociedad que también contiene el nombramiento del referido administrador (Notario autorizante, fecha, número de protocolo y datos de inscripción en el Registro Mercantil). Además, la escritura calificada contiene la aseveración por la Notaria autorizante sobre la exhibición de «los Estatutos que rigen a dicha Sociedad», que -según añade- tiene a la vista y considera «suficientes para este otorgamiento».
Esta Dirección General ha reiterado en numerosas ocasiones que, así como el Registrador no puede revisar el juicio del Notario sobre la capacidad natural del otorgante, tampoco podrá revisar la valoración que, en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas. Y es que el apartado 2 de dicho artículo, al referirse en el mismo plano a la narración de un hecho, cual es la constatación -«reseña»-de los datos de identificación del documento auténtico aportado, y a un juicio -«valoración»-sobre la suficiencia de la representación, revela la especial eficacia que se atribuye a esa aseveración notarial sobre la representación -«harán fe suficiente, por sí solas de la representación acreditada»-, de modo que además de quedar dicha reseña bajo la fe pública notarial, se deriva de ese juicio de valor sobre la suficiencia de las facultades representativas una fuerte presunción «iuris tantum» de validez que será plenamente eficaz mientras no sea revisada judicialmente.
3. En el presente caso, la Notaria autorizante del título calificado ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura pública de constitución de la sociedad en la que también consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de tal administrador resulta de las facultades atribuidas al cargo por los Estatutos sociales. En la reseña de dicha escritura se indica el Notario autorizante, la fecha de otorgamiento, número de protocolo y datos de inscripción en el Registro Mercantil. Lo que ocurre es que en el título calificado la Notaria autorizante se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica de la referida escritura de constitución de la sociedad.
Ciertamente, podría entenderse que si -como acontece en este supuesto- el Notario autoriza la escritura añadiendo, bajo su responsabilidad, que juzga suficientes las facultades representativas para otorgar la escritura de que se trata, y no hace reserva o advertencia alguna sobre la falta de exhibición del documento auténtico del que resulten las facultades representativas, es porque éste se le ha aportado (dicha exhibición es, según el mencionado artículo 98.1, el medio para «acreditar» la representación alegada). Pero es igualmente cierto que la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (cfr. artículo 148 del Reglamento Notarial), habida cuenta de sus efectos, y especialmente la trascendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado precepto legal y el Reglamento Notarial para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible (cfr. Resolución de 19 de marzo de 2007).
Por otra parte, cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado artículo 98 de la Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo). Por ello, también en el caso de actuación del administrador de una sociedad de responsabilidad limitada el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades representativas suficientes.
Según la doctrina de este Centro Directivo (cf., por todas, la Resolución de 20 de febrero de 2007), en los supuestos en que el Registrador achaque al título la omisión de ese juicio notarial sobre la suficiencia de la representación o la incongruencia del mismo con el contenido del título, únicamente podrá subsanarse ese defecto mediante un nuevo juicio notarial sobre la suficiencia de las facultades representativas de que se trate (aparte la posibilidad de ratificación del negocio por el «dominus»). Pero en ningún caso podrá ser suplida esa valoración notarial por la que eventualmente pretendiera llevar a cabo el Registrador por el hecho de que voluntariamente se le exhiba el documento auténtico con el que se pretenda acreditar la representación (según el mencionado artículo 98 de la Ley 24/2001, en ningún caso puede solicitar «que se le transcriba o acompañe el documento del que nace la representación»), pues, como ha quedado expuesto, se trata de una valoración que es ajena a la responsabilidad del Registrador y también a su calificación.

References: artículo 19
 artículo 98
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 166
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 148
 Resolución 
 artículo 98
 Resolución 
 artículo 98