Source: https://supremo.vlex.es/vid/-385725900
Timestamp: 2019-09-18 19:48:21+00:00

Document:
STS 485/2012, 13 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 385725900
STS 485/2012, 13 de Junio de 2012
Número de Recurso: 1746/2011
Número de Resolución: 485/2012
En los recursos de Casación por Infracción de Ley y Vulneración de Precepto Constitucional que ante Nos pende, interpuestos por Zaira Yolanda y Salome Raimunda , contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, con fecha 3 de mayo de 2011 , en la causa Rollo número 39/2010, dimanante del Sumario número 6/2009 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ibiza, en la causa seguida contra aquéllas y otra, por delito sobre sustancias nocivas para la salud; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también el Ministerio Fiscal y estando dichas recurrentes representadas, Zaira Yolanda , por la Procuradora Cristina Méndez Rocasolano y defendida por el Letrado D. Rafael Villegas García, y Salome Raimunda , por la Procurador Dña Africa Martín-Rico Sanz y defendida por el Letrado D. Juan María Ormazabal García.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza instruyó el Sumario número 6/2009 por delito sobre sustancias nocivas para la salud contra Salome Raimunda , Teodora Noelia y Zaira Yolanda , y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que, en el Rollo número 39/2010, dictó sentencia de fecha 3/5/2011 , que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS :
En atención a las pruebas practicadas, procede declarar :
Primero .- Que la acusada Teodora Noelia -mayor de edad, con antecedentes penales aquí no computables, y en prisión provisional por la presente causa- viajó el 15 de febrero de 2.009 desde Madrid a Denia, y embarcó después en el buque de la Compañía Balearia con destino a Ibiza, adonde llegó alrededor de las 00,30 h. del día 16 y donde fue detenida tras registro de su equipaje, al portar un paquete que contenía sustancia, y que, tras las pericias oportunas, resultó ser heroína, con un peso neto de 1.380,550 gr. y riqueza media del 57 %, valorada en 50.980 E.
Al margen de otros efectos, le fueron intervenidos 54 E.
Segundo .- Dicha sustancia, le había sido entregada en Madrid por la también acusada Zaira Yolanda , alias " Pava " - mayor de edad, y en libertad provisional por la presente causa-, quien el mismo día 15 de febrero de 2.009 se desplazó a Ibiza vía aérea y debía recepcionarla en la isla de Teodora Noelia .
Zaira Yolanda fue detenida el día 18 de febrero. Sobre su persona, le fueron intervenidos dos móviles, uno de ellos con la tarjeta Sim correspondiente al teléfono nº NUM000 . Practicado registro judicialmente ordenado en el apartamento nº NUM001 de los denominados APARTAMENTO000 de San Antonio de Portmany, le fue intervenida la cantidad de 1.390 E.
Tercero .- Dicha sustancia, tenía por destinataria última a la también acusada Salome Raimunda , alias " Rubia " - mayor de edad, y en libertad provisional por la presente causa-. Salome Raimunda fue detenida el día 17 de febrero. Practicado registro judicialmente ordenado en su domicilio sito en DIRECCION000 nº NUM002 , del BARRIO000 , fueron intervenidos 35 billetes de 50 E; 3 de 100 E; 46 de 10 E; 55 de 20E; 1 de 200 E; 55 de 5 E; 31 monedas de 2E; 52 de 1E; 13 de 50 céntimos; 10 de 20 céntimos y 13 de 10 céntimos; una multiplicidad de teléfonos y una multiplicidad de llaves. Al abrir una ventana con una de las llaves que portaba la acusada Salome Raimunda , y que dá a un patio de luces, se desplazaron unas latas de pintura y un paquete debajo de ellas, que fueron recogidos por dos funcionarios; el paquete resultó contener a su vez otros pequeños paquetes o bolsitas con sustancia. Y también practicado registro judicialmente ordenado en el inmueble sito en C/ DIRECCION001 nº NUM003 del BARRIO000 - inmueble desocupado y cerrado con un candado cuya llave poseía la acusada Salome Raimunda - debajo de un montón de ripio fueron intervenidos 222 paquetes plastificados y una bolsa con sustancia.
Pericialmente analizado todo lo intervenido, resultó ser : 228 trozos de cannabis sativa, con un peso de 1.283.220 gr. y una riqueza del 11,54 % y un valor de 6.601,5 E; 92,340 gr. de heroína, con una riqueza del 42% y un valor de 5.716,76 E; 3,696 gr. de heroína, con una riqueza del 37%, y un valor de 228 E; 16,871 gr. de heroína, con una riqueza del 37% y un valor de 1.044, 48 E.; 14,391 gr. de cocaína, con una riqueza del 82 % y un valor de 866,62 E; y 5,200gr. de cocaína, con una riqueza del 85 % y un valor de 313,14 E.
Cuarto .- Salome Raimunda fue ejecutoriamente condenada por delito contra la Salud Pública, en sentencia dictada por esta misma Sección, de fecha 19-10-2005 , firme el 22-11-2005 , a 3 años de prisión, por hechos perpetrados el 11-2-2005.
Teodora Noelia y Zaira Yolanda eran respectivamente consumidoras de cocaína y heroína, circunstancia que, sin afectar a su capacidad de comprender la ilicitud del hecho, mermó su capacidad de adecuarse a dicha comprensión."
Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Teodora Noelia y Zaira Yolanda , en concepto de autoras de un delito contra la Salud Pública, por tráfico de sustancia gravemente nociva para la salud en cantidad de notoria importancia, con la concurrencia en ambas de la atenuante de toxifrenia, a la pena de 6 años y 1 dia de prisión; multa de 50.980 E; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y al pago, cada una de ellas, de 1/3 parte de las costas procesales.
Quede afecto al pago de la multa impuesta, la cantidad de 54 E, y 1.390 E, respectivamente intervenidos a una y otra acusada.
Y debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Salome Raimunda , en concepto de autora de un delito contra la Salud Pública, por tráfico de sustancia gravemente nociva para la salud en cantidad de notoria importancia, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, a la pena de 8 años de prisión y multa de 59.285,92 E.; inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y al pago de 1/3 parte de las costas procesales.
Quede afecto al pago de la multa impuesta, la cantidad intervenida y citada en el Hecho Probado Tercero.
Para el cumplimiento de las penas impuestas, serán de abono los días de privación de libertad sufridos por la presente causa.
Dése a todas las sustancias intervenidas el destino legal.
Reclámense al Instructor las piezas de responsabilidad concluidas con arreglo a derecho."
Tercero .- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de Ley y vulneración de precepto constitucionales, por las recurrentes Salome Raimunda y Zaira Yolanda , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Cuarto .- Los recursos interpuestos por Infracción de Ley y Vulneración de Precepto Constitucional por la representación procesal de las recurrentes Salome Raimunda y Zaira Yolanda se basaron en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
RECURSO DE Salome Raimunda .
ALEGACIONES POR INFRACCION DE LEY.
PRIMERA.-Al amparo de lo establecido en el art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por error de hecho en la apreciación de las pruebas, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.
SEGUNDA.- Al amparo de lo establecido en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción de art. 24.2 de la CE .
TERCERA.- Afección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva , pues la Sentencia infiere como prueba de cargo respecto del delito contra la salud pública del artículo 368 CP una prueba indiciaria que admite distintas explicaciones o realidades dispares, luego no debió adquirir valor de prueba de cargo .
RECURSO DE Zaira Yolanda .
PRIMER MOTIVO. EXTRACTO.- Se formula por la vía casacional del artículo 5, número 4 de la LOPJ , denunciándose la infracción del artículo 24 párrafo 2 de la Constitución , que consagra el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías legalmente establecidas, a la tutela judicial efectiva y al Secreto de las comunicaciones consagrado en el art. 18.3 CE .
SEGUNDO MOTIVO.-EXTRACTO.- Se formula por el cauce especial del artículo 5, número 4 de LOPJ , y en él se denuncia la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24, párrafo 2 de la Constitución , por no existir una actividad probatoria VALIDA de cargo en que fundamentar un fallo condenatorio para mis representados.
TERCER MOTIVO. EXTRACTO.- Se formula por el cauce especial del artículo 5, número 4 de la LOPJ , y en él se denuncia la infracción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 18, párrafo 2 de la Constitución , por haber procedido a la entrada y registro del domicilio de mi representada, Zaira Yolanda , mediante autorización judicial basada en la conculcación del derecho fundamental de mi representada en el secreto de las comunicaciones protegido por el art. 18.3 CE .
CUARTO MOTIVO. EXTRACTO. Por infracción de ley. Por error de hecho en la apreciación de la prueba.-Se formula por la vía casacional del artículo 849 nº 2 de la Ley Rituaria , al no valorar correctamente la Sala a quo, una cuestión fundamental, consistente en el origen de la atribución de la calificación como " Pava " a mi patrocinada Zaira Yolanda . Como documento fundamentador del error de hecho citamos el acta del juicio oral y el testimonio de los policías actuantes en la instrucción de la causa.
QUINTO MOTIVO. EXTRACTO.- Por infracción de Ley, en virtud del artículo 849. LECr . por no aplicación del art. 757 LECr . y art. 368 CP en su actual redacción, por inadecuación del procedimiento. -sic-
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución e impugnó la totalidad de los motivos esgrimidos, todo ello por las razones expuestas en su escrito; la Sala admitió los mismos; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento de Fallo, se celebró la votación prevenida el día 6 de junio de dos mil doce.
) No obstante haber sido articulado en último lugar, procede el análisis prioritario del motivo quinto por infracción de ley, art. 849.1 LECr .: inadecuación del procedimiento por no aplicación del art. 757 LECr . ante la reforma operada por LO 5/2010 de 22 de junio, que realizó una considerable minoración de las penas en los delitos contra la salud pública y como consecuencia de ella un cambio sustancial en el procedimiento al pasar de ser un sumario ordinario a un procedimiento abreviado.
Adecuación de procedimiento que es exigencia del principio de legalidad y de seguridad jurídica y no cuestión que dependa de si produce o no indefensión.
Como se señala en la sentencia recurrida la cuestión atinente a la nulidad de actuaciones sustentada en la inadecuación del procedimiento fue formulada mediante escrito de 3-3-2011, cuando ya se había dictado por la Audiencia el auto previsto en el art. 632 de apertura del juicio oral, el 14-10-2010, formulada por el Ministerio Fiscal acusación provisional el 20.10.2010 y presentado por el resto de las defensas escritos de calificación el 19.11.2010 y 15-2-2011, e incluso solicitado por el hoy recurrente aplazamiento para presentar su propio escrito de defensa -lo que verificó el 9-3-2011-.
Pretensión que fue denegada por la Sala de instancia por auto de 4-3-2011 y reiterada en el trámite del art. 786.3 LECr .; al desestimar la cuestión previa planteada, singularmente por hallarse una de las acusadas en prisión provisional y la propia incapacidad de la parte de argumentar qué indefensión le habría producido el mantenimiento del señalamiento del juicio oral en el marco del Procedimiento ordinario.
Pronunciamiento que debe mantenerse en esta sede casacional.
En efecto, como hemos dicho en STS 245/2012, de 27-3 , La tutela judicial exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa, y así la indefensión, para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el párrafo 2 del art. 24 CE , se concibe con la negación de la expresada garantía SSTC 26/93 de 25.1 y 316/94 de 28.11 ).
Por ello la exigencia de que la privación del derecho sea real impone e implica una carga para la parte que la alega, consistente en la necesidad de proporcionar un razonamiento adecuado sobre tal extremo, argumentando como se habría alterado el resultado del proceso de haberse evitado la infracción denunciada.
Ello es así porque la situación de indefensión exige la constatación de su material realidad y no sólo de su formal confirmación. Tal exigencia es reiterada de modo constante por la Jurisprudencia del TC y de esta Sala a fin de evitar que bajo la sólo invocación de violencias constitucionales se encubra la realidad de meras irregularidades procesadas que, encajadas en sede de legalidad ordinaria, no alcanzan cotas de vulneración de derechos reconocidos en la Constitución que la parte les asigna; máxime cuando al adaptación del procedimiento a las normas y trámite del Abreviado, no alteraría la competencia objetiva de la Audiencia Provincial, pues conforme a lo dispuesto en el art. 14-3 LECr ., al tener el delito contra la salud pública previsto en los arts. 368 -sustancia que causa grave daño a la salud- y 369 -cantidad notoria importancia- pena superior a la de 5 años de prisión que figura como límite de la competencia de los Juzgados de lo Penal -en concreto de 6 años y de 9 años de prisión-, ello implicaría que el principio de seguridad jurídica y el de necesidad de conservación de los actos procesales, art. 242 LOPJ , en los que no se haya observado la vulneración de normas esenciales, llevaría a mantener la validez de los actos procesales.
Por último, no resulta ocioso recordar que incluso en supuestos en que la reforma operada por LO 5/2010, ha supuesto modificación de la competencia objetiva al no superar la nueva penalidad de la de 5 años de prisión, esta Sala ha admitido la prolongación temporal de la inicial competencia de la Audiencia por aplicación de la doctrina conocida como la de la perpetuatio iurisdictionis ( STS 1181/2011, de 4-11 ) una vez acordada la apertura del juicio oral.
En efecto, como precisa la STS 1336/2011, de 12-12 , el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable con carácter supletorio, por prescripción del artículo 4 de la misma Ley , dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
Y sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (Sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre ) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza, es obligado si esta ley es de naturaleza penal pero más beneficiosa para el inculpado ( art. 25.1 CE y 24 C.P ) y es imposible si se trata de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho ( art. 9.3 CE ). Las leyes procesales pertenecen al primer grupo de los tres enumerados más arriba y por tanto no inciden sobre los procesos pendientes, incoados y en marcha salvo que así lo digan explícitamente, incidencia retroactiva que, de producirse, afecta habitualmente a instancias completas y no por fases o periodos dentro de un mismo grado jurisdiccional. En el caso de silencio de la nueva Ley, rige el principio aceptado por el RD 3 de febrero de 1881, que promulgó la de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 3 establece que los pleitos pendientes en la actualidad continuaran sustanciándose en la instancia en que se hallen con arreglo a la Ley hoy vigente.
Este es el criterio seguido por esta Sala que, en ocasiones, lo ha argumentado desde el principio de tempus regit actum o de la doctrina de la perpetuatio jurisdictionis , como son exponentes las Sentencias 700/2011, de 28 de junio , 602/2011, de 27 de septiembre y 1181/2011, de 4 de noviembre .
Además, la Ley 36/98 de noviembre, que modificó el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , para ampliar la competencia objetiva de los Jugados de lo Penal, contiene una disposición transitoria única, que establece el carácter retroactivo de la ley, en cuanto dispone que "aplicará a las causas que se encuentren pendientes en el momento de su entrada en vigor siempre que, en dicho momento, no se haya dictado todavía auto de apertura del juicio oral". Así pues, parece indudable que, en el ámbito procesal penal, rige la perpetuatio jurisdictionis , al menos, tras el auto de apertura del juicio oral que, en el procedimiento abreviado, determina formalmente el órgano que competente para el enjuiciamiento. El mismo criterio inspira el artículo 788.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y el artículo 48.3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que dispone que "Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes calificasen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del tribunal Jurado, éste continuará conociendo".
Además este criterio parece ser el más respetuoso con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley y con el principio de seguridad jurídica. Debemos recordar la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual el respeto al Juez ordinario "exige, por un lado, la preexistencia de unas pautas generales de atribución de la competencia, que permitan determinar, en cada supuesto, cual es el Juzgado o Tribunal que ha de conocer del litigio", y, "de otra parte, que el órgano judicial llamado a conocer de un caso haya sido creado previamente por la norma jurídica, que le haya dotado de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motiva su actuación" ( STC 156/2007, de 2 de julio ).
) El motivo primero por la vía casacional del art. 5-4 LOPJ se denuncia la infracción del art. 24.2 CE que consagra el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías legalmente establecidas, a la tutela judicial efectiva y al secreto de las comunicaciones consagrado en el art. 18-3 CE . por cuanto la Sala de instancia forma su convicción sobre la base de pruebas nulas de pleno derecho, al no respetarse las garantías legales exigibles en torno a la prueba procesal ni su control judicial, por falta absoluta de proporcionalidad y motivación del auto que acordó las iniciales intervenciones telefónicas.
Como decíamos en STS 210/2012 de 15-3 STS 581/2011 de 14-6 , 465/2011, de 31-5 ; 285/2011 de 20-4 ; 457/2010 de 22-5 ; con cita de las sentencias 25/2008, de 29-1 y 857/2007 de 7-11 , la diligencia de intervención telefónica debe respetar unas claras exigencias de legitimidad constitucional, cuya concurrencia es del todo necesario para la validez de la intromisión de la esfera de la privacidad de las personas, y en este sentido, desde la STC 49/99 de 5.4 , el Tribunal Constitucional viene afirmando que forman parte del contenido esencial del art. 18.3 CE las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que autorizan la intervención o su prórroga. Éstas deben explicitar, en el momento de la adopción de la medida, todos los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, en aras del respeto del derecho de defensa del sujeto pasivo de la medida pues, por la propia finalidad de ésta, la defensa no puede tener lugar en el momento de su adopción ( SSTC 299/2000, de 11 de diciembre ; 167/2002, de 18 de septiembre ).
En el caso analizado la sentencia impugnada, fundamento jurídico III, destaca cómo la solicitud inicial del Comisario Jefe de la Comisaría de Policía de Ibiza -Grupo Operativo de estupefacientes- (folios 12 a 18) de intervención telefónica de 30-12-2008 detalla la implicación del "Clan de Rubia " en la distribución de drogas, principalmente heroína, en el barrio BARRIO000 Se individualiza los componentes del clan, encabezado por la coacusada Salome Raimunda , destacándose sus detenciones- un total de 18 y 5 de ellas por tráfico de drogas, la última en 2005 de que fue detenida junto a su compañero sentimental Teodulfo Nazario .
Y Teodulfo Nazario -al que le constan 3 detenciones por tráfico de drogas- cumpliendo condena. Se citan los hijos de Salome Raimunda y su nuera, así todos ellos con detenciones por delitos contra la salud pública.
Se destaca como ninguno de los miembros del clan se la conoce actividad laboral alguna y pese a ello son titulares de hasta 7 inmuebles en Ibiza, Jaen y Baza (Granada) que están a nombre de las hijas de Rubia que carecen de antecedentes por tráfico, y una operación de venta concreta, dos meses después de ser detenidos y " Rubia " y Teodulfo Nazario (febrero 2005) por la que éste trasmite una finca a Salome Raimunda -hija de Rubia , por un precio inferior al pagado en el año 2004-.
Se describen las investigaciones llevadas a cabo en el mes de diciembre en esa zona para verificar si los sospechosos continuaban dedicándose al tráfico ilícito y como se ha procedido a levantar numerosas actas de incautación de heroína y cocaína a toxicómanos que acuden al barrio que aun cuando reconocen que las sustancias las han comprado a " Rubia " se niegan a firmar esa declaración.
Asimismo se resalta la dificultad de continuar las regulaciones policiales debido a la propia contribución urbanística del barrio con solo cuatro accesos peatonales, la existencia de personas que dan aviso a la presencia policial, la situación de las viviendas en los que se produce el tráfico en calles muy estrechas, el entorno del barrio ocupado en su mayoría por personas relacionados de una u otra forma con el tráfico de droga; y el conocimiento mismo que los investigados tienen de los funcionarios del Grupo, por lo que se considera imprescindible, proceder a la intervención de líneas telefónicas usadas por algunos componentes del clan.
Consecuentemente en el oficio policial se expone de forma detallada quiénes son las personas investigadas -"El Clan de Rubia "- los antecedentes de sus miembros relacionados con el tráfico de drogas, situación patrimonial incompatible con la ausencia de actividad laboral, operaciones económicas irregulares entre familiares para ocultar bienes, y las investigaciones policiales con manifestaciones de compradores. Y continuo trasiego de personas en la vivienda para adquirir sustancias que denotan que dicho clan habría reanudado su ilícita actividad.
Siendo así el instructor en el auto de 2-1-2009 resolvió sobre una petición que no puede entenderse como genérica o estereotipada, de mero conocimiento de hechos que pudieran constituir delito, sino el resultado de una previa investigación sobre personas vinculadas al tráfico ilícito.
Y tal resolución no se limita a una mera remisión al oficio policial sino, como destaca la sentencia impugnada, en su Antecedente Fáctico y Razonamientos jurídicos, claramente se advierte que el Instructor valora la "razonabilidad" global de las sospechas que le transmite la Policía Judicial ( no sería sensato reproducirlo aquí, dada su extensión); y no solo ello, sino la "imprescindibilidad" de la medida ante las elevadas dificultades que comporta la investigación policial en un barrio de elevada conflictividad donde diariamente se lleva a cabo el suministro de sustancias ilícitas, que se correlaciona desde otra perspectiva con las dificultades que entrañan las vigilancias por las propias características urbanísticas del barrio mismo (notorias, incluso para este Tribunal) que hace casi imposible la penetración en él por los funcionarios policiales, para investigar un delito especialmente grave, cual es el delito contra la Salud Pública; por ser además notorio el "modus operandi" en delitos como el presente en el que singularmente las entregas de sustancias, por razones de seguridad, van precedidas de innumerables contactos telefónicos previos que dificultan extremadamente la función investigadora y la obtención de elementos incriminatorios por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, quienes a menudo se ven imposibilitados de conseguir no ya fuentes directas de prueba, sino de alcanzar los mas elevados eslabones del ilícito y corruptor comercio.
Finalmente el Instructor autoriza la intervención telefónica de los números NUM004 , NUM005 y NUM006 -usados por Lorenzo Dimas y Apolonia Belinda - por plazo de un mes ( medida objetiva, subjetiva y temporalmente delimitada), asi como datos asociados a las llamadas que se produzcan y listado de llamadas entrantes y salientes a los solos efectos del delito investigado (Salud Pública) y encomienda su práctica de conformidad a lo prevenido en el art. 579 de la L.E.Cr . a la Fuerza solicitante, quien deberá dar cuenta quincenalmente al Juzgado del desarrollo de la investigación mediante entrega de los soportes magnéticos originales donde se graben las conversaciones producidas en los teléfonos intervenidos y transcripción íntegra de las conversaciones de mayor interés para la causa, asi como decreta el Secreto de las actuaciones, excepto para el Ministerio Fiscal, por tiempo no superior a un mes.
En estas circunstancias no puede concluirse que la resolución judicial cuestionada fuese una decisión infundada por carecer del soporte fáctico suficiente que la legitimara. Por cuanto entendemos que la "noticia criminis" de esos hechos delictivos que se estiman verosímiles y la información de la Policía transmitida a la Autoridad Judicial que, inicial y provisionalmente parece reformada, confirma, cuando menos, una sospecha fundada sobre la que realizar el juicio de proporcionalidad y razonabilidad de la medida de investigación adoptada para la constatación de unas actividades delictivas, cuya naturaleza necesita la intervención telefónica como el medio idóneo para su descubrimiento y esclarecimiento, sin que, obviamente, pueda alegarse que no fue respetado el principio de proporcionalidad, pues aún siendo lícito que una medida judicial limitadora de una derecho fundamental de la persona, como es la intimidad personal y secreto de las comunicaciones del art. 18-3 CE , exige que el delito a perseguir sea lo suficientemente grave como para que pueda afirmarse que está justificada tal limitación ante el deber de perseguir la correspondiente conducta sumarial, la colisión entre tal derecho fundamental y el deber de investigar la comisión de los hechos delictivos ha de resolverse a favor de este deber cuando el delito es importante, y el actual tratamientos legislativo del tráfico de drogas como delitos de acusada gravedad impide que pueda calificarse de desproporcionado el recurso de dicha intervención ( STS 6-6-2005 , 19-11-2003 ).
Esta impugnación de la recurrente aparece, por lo expuesto, infundada.
) En cuanto a la falta de control judicial derivado de que en el auto inicial de 2-1-2009 autorizando las primeras intervenciones, se ordenaba expresamente que los funcionarios policiales debían dar quincenalmente al Juzgado cuenta del desarrollo de la investigación "mediante la entrega de los soportes magnéticos originales donde se graben las conversaciones producidas en los teléfonos intervenidos"; orden que fue incumplida, pues como se acredita por el oficio policial de 3-3-2009, no fue hasta dos meses después cuando se entregaron al Juzgado esos soportes originales de las grabaciones, habiéndose autorizado sucesivas intervenciones sin control judicial de las primeras.
Es cierto que ese control se integra en el contenido esencial del derecho al secreto de las comunicaciones ( STS 924/2009, de 7-4 , y 56/2001 de 3-2 ) , lo que implica que el juez debe conocer y controlar el desarrollo de la ejecución lo que supone que al acordar su práctica debe establecer las condiciones precisas para que tal afirmación sea real. Ahora bien para dicho control no es necesario que la Policía remita las transcripciones íntegras y las cintas originales y que el juez proceda a la audición de las cintas antes de acordar prórrogas o nuevas intervenciones, sino que resulta suficiente el conocimiento de los resultados obtenidos a través de las transcripciones más relevantes y de los informes policiales ( STS 82/2002 de 22-4 , 205/2005, de 18-7 ; 239/2006, de 17-7 ) .
En el caso presente en el auto de 2-1-2009 el instructor estableció la obligación de informar quincenalmente del seguimiento de la intervención, con remisión de la transcripción íntegra de las comunicaciones y de las grabaciones originales. Consta que con fecha 12-1-2009, la Policía ya informó al Instructor del resultado de las intervenciones descritas, interesando su ampliación a nuevos teléfonos y que fue acordada por auto de 13-1 y con fecha 21 del mismo mes informa de otras conversaciones que la "Rula" mantiene con otra mujer, de etnia gitana, apodada la " Pava ", interesando la intervención de otros dos teléfonos, que se autorizó por auto de 23-1-2009.
En efecto como hemos recordado en STS. 745/2008 de 25.11 ningún precepto legal impone al Juez de Instrucción la obligación de oír las grabaciones de las conversaciones intervenidas para acordar la prorroga de las intervenciones ya autorizadas, siendo patente que el Juez puede formar criterio de tales efectos por medio de la información escrita o verbal de los funcionarios policiales que hayan interesado y practiquen la intervención ( STS. 1368/2004 de 15.12 ).
En este sentido la STS 1277/2006 de 21-12 precisó que el que las cintas se aportaran con retraso de un mes sobre el exigido, con sus transcripciones, carece de transcendencia, pues aún con ese retraso las tuvo a su disposición el Juez y las partes para ejecutar en defensa, por lo que el retraso no tuvo influencia en los derechos fundamentales del acusado.
Así se ha pronunciado esta Sala en SS. 28.1.2004 , 2.2.2004 , 18.4.2006 y 7.2.2007 , precisando que: "Desde luego es cierta la necesidad de conocer el resultado de las conversaciones, pero ni la sentencia del Tribunal Constitucional dice, ni esta Sala ha exigido, que deba oír las conversaciones directamente el juez o leer su transcripción. Lo esencial es que aquel efectúe el juicio de ponderación y de proporcionalidad en base a los datos que la policía le facilite, si los estima suficientes. En nuestro caso, dadas las necesidades de la investigación, el juzgador estimó convincente y adecuado el informe policial petitorio, en el que se le instruía decretadas del resultado de la medida injerencial y de la necesidad de ampliarla, así como de la marcha de las investigaciones. La credibilidad que al Instructor le merecía la labor policial, en este cometido, no carece de apoyo racional si pensamos en la especial responsabilidad que recae sobre los miembros de la policía que actúan a las órdenes y bajo la dirección del juez en la investigación de las causas penales, amén de que cualquier discordancia entre el contenido de las conversaciones, en breve tendría que aflorar cuando aquéllas se transcribieran. Siendo así, el único obstáculo que teñiría de ilicitud constitucional la ampliación de las intervenciones telefónicas sería la nulidad de las primeras, si las segundas se basaban en aquéllas. La intervención ulterior estaría viciada de ilegitimidad si estos nuevos datos o circunstancias objetivas aportadas, que pretenden fundamentar la nueva solicitud de ampliación. hubieran sido conocidas a través de una intervención telefónica ilícita."
En efecto como recuerda el TC, sentencia 9/2011 de 28-2 " si bien el control judicial de la ejecución de la medida de intervención de las comunicaciones se integra en el contenido esencial del acuerdo al secreto de las comunicaciones, parece considerar cumplido el requisito de que las intervenciones se ejecuten bajo control y supervisión judicial es suficiente con (verificar) que los autos de autorización y prórroga fijaban términos y requerían de la fuerza policial ejecutante dar cuenta al Juzgado del resultado de las intervenciones, así como que el órgano judicial efectuó un seguimiento de las mismas" ( STS 165/2005, de 20-6 ). También hemos afirmado que por otro lado, " que las eventuales irregularidades en la incorporación al proceso de los soportes en los que se plasma el resultado de las intervenciones telefónicas no afectan al derecho al secreto de las comunicaciones, sino al derecho al proceso con todas las garantías contemplado en el art. 24-2 C" ( STS 184/2003 , de 23- 10). En efecto "puede afectar al derecho a un proceso con todas las garantías la utilización como prueba de cargo de grabaciones o transcripciones de intervenciones telefónicas que, al haberse incorporado defectuosamente a las actuaciones, no reúnan las garantías de control judicial, contradicción y respeto del derecho de defensa necesarias para considerarlas prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia". ( STS 150/2006, de 22-5 ).
) El motivo segundo por el cauce del art. 5-4 LOPJ denuncia la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24-2 CE por no existir una actividad probatoria válida de cargo en que fundamentar el fallo condenatorio, dado que al ser nula la intervención telefónica, son nulas todas las pruebas que decreta o indirectamente derivan de las mismas, sin que además exista ningún dato objetivo ni declaración de la policía que haya determinado la circunstancia de identificar a la recurrente Zaira Yolanda como la persona llamada la " Pava ", máxima cuando esa persona reside en Madrid.
Aunque en el ámbito teórico y dogmático la argumentación del motivo sería correcta, por cuanto la doctrina de esta Sala, STS 628/2010 de 1.7 , 1183/2009 de 1.12 , 25/2008 de 29.1 , 261/2006 de 14.3 , 416/2005 de 31.3 al examinar cual es la trascendencia mediata a los efectos inhabilitantes de la prueba obtenida con violación del derecho fundamental, en el sentido de superar las diversas interpretaciones y la integración, en los más justos términos, de lo que el mandato legal contiene como severa proscripción del uso de practicas constitucionalmente reprobables en la obtención de elementos probatorios y de la búsqueda de eficacia, en términos de estricta justicia, para el proceso penal, impone una alternativa, de la que se hacen eco sentencias como la del Tribunal Constitucional 8/2000 de 17.1 y la de esta Sala 550/2001 de 3.4 , entre otras, asentadas sobre las siguientes aseveraciones en orden a la transferencia mediata de la nulidad por vulneración del derecho fundamental a una prueba que directamente no produjo esa vulneración:
Prohibición que afectaría ciertamente, en primer término, a las cintas en que se grabaron las conversaciones y sus transcripciones e impediría incorporar al proceso el contenido de las conversaciones grabadas mediante las declaraciones de los policías que llevaron a cabo las escuchas, pues con tales declaraciones lo que accede al proceso es pura y simplemente el conocimiento adquirido al practicar la prueba constitucionalmente ilícita ( STC 94/99, de 31-5 , 184/2003, de 23-10 ; 105/2003, de 20-6 ) pero en el caso presente no adoleciendo las intervenciones telefónicas de ilicitud constitucional alguna, no existe prohibición de valoración de las mismas ni de las pruebas derivadas. Que la sentencia detalla en el fundamento jurídico VI en particular las conversaciones telefónicas mantenidas entre esta acusada y la coacusada Teodora Noelia inmediatamente precedentes al desplazamiento de ambos a Ibiza, conversaciones transcritas al folio 23 de la sentencia, todas del día 14-2-2009 entre las 15,24 y 19,07 horas, y las conversaciones mantenidas con la otra acusada Salome Raimunda y su hija de igual nombre, algunas de ellas desde un teléfono usado por Zaira Yolanda , NUM000 , los días 15 y 16-2-2009 (folio 24 y 25 sentencia) en los que la acusada Zaira Yolanda nuestra un preocupación porque su "amiga" Teodora Noelia , todavía no ha venido, comprometiéndose Salome Raimunda a acompañarla en su búsqueda.
El motivo por lo expuesto debe ser desestimado al igual que el motivo tercero articulado por el mismo cauce del art. 5-4 LOPJ y en el que se denuncia la infracción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, art. 18-2 CE por haber procedido a la entrada y registro del domicilio de Zaira Yolanda , mediante autorización judicial basada en la conculcación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones art. 18-3 CE dado que siendo válidas las intervenciones telefónicas, nada se alega sobre eventuales irregularidades del propio auto autorizante de la entrada y registro en el domicilio ni sobre la forma en que se desarrolló, máxime cuando el resultado del registro -ocupación de 1390 euros- no ha sido tenido en cuenta por la Sala para formar su convicción condenatoria.
) La cuestión relativa a la atribución de esta recurrente del calificativo de la " Pava " debe ser analizada conjuntamente con el motivo cuarto formulado por la vía casacional del art. 849-2 LECr ., constando como documentos fundamentadores del error de hecho el acta del juicio oral y el testimonio de los policías actuantes en la instrucción de la causa.
Se argumenta en el motivo que no existe prueba de que las conversaciones transcritas hayan sido realizadas por la recurrente o desde teléfonos de su propiedad, no existiendo prueba de reconocimiento de voz.
Pues el acta del juicio oral invocada como documento no lo es a tales efectos. El acta acredita la realidad de la actuación procesal que en ella se refleja y por tanto la de las pruebas practicadas en el juicio oral tal y el modo en que se desenvolvieron ante el tribunal, lo que es distinto de la eficacia y alcance demostrativo de esas pruebas respecto a los hechos que constituyen un objeto ( STS 261/2010 , de 15-).
Y las declaraciones de los policías -como cualquier otro testigo-, son pruebas personales y no dejan de serlo aunque su contenido se documenta en autos. El documento prueba que se hizo la declaración testifical pero esta declaración no es un documento sucesivamente demostrativo de aquellos datos a que se refiere.
En segundo lugar con referencia a la obligación de haberse realizado prueba fonométrica de análisis de voz con el que de someter a contradicción tal prueba, la doctrina de esta Sala, STS 406/2010 de 11-5 ; 924/2009, de 7-10 ; 705/2005, de 6-6 , en orden a la alegación precisa que cuando el material de las grabaciones está a disposición de las partes, que bien pudieron en momento procesal oportuno solicitar dicha prueba y no lo hicieron, reconocieron implícitamente su autenticidad ( SSTS. 3.11.97 , 19.2.2000 , 26.2.2000 ). Sin olvidar que la identificación de la voz de los acusados puede ser apreciada por el Tribunal en virtud de su propia y personal percepción y por la evaluación ponderada de las circunstancias concurrentes. En efecto la identificación subjetiva de las voces puede basarse, en primer lugar, en la correspondiente prueba pericial, caso de falta de reconocimiento identificativo realizado por los acusados, pero la STS 17.4.89 , ya igualó la eficacia para la prueba de identificación por peritos con la adveración por otros medios de prueba, como es la testifical, posibilidad que ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en S. 190/93 de 26.1 .
En síntesis, a falta de reconocimiento, la prueba pericial no se revela necesaria o imprescindible, otra cosa es que sea conveniente, si el Tribunal ha dispuesto de los términos de comparación necesarios o de otras pruebas legítimas que corroboren el contenido de lo grabado, ( SSTS. 163/2003 de 7.2 , 595/2008 de 29.9 , que recuerda "en cuanto a la identificación de la voz, baste decir que no constituye una diligencia obligada en el desarrollo del proceso, por cuanto -con independencia de que cuando las cintas son oídas en el juicio oral, como es el caso, el Tribunal puede llevar a cabo su particular valoración sobre dicha cuestión-, la identificación de las personas que intervienen en las conversaciones intervenidas puede llevarse a cabo por otros medios distintos de las pruebas fonográficas, como pueden ser los seguimientos policiales que sean consecuencia de dichas conversaciones, e, incluso, por el propio reconocimiento explícito o implícito, del propio interesado, al dar las explicaciones que estime pertinentes sobre su contenido", o STS. 2384/2001 de 7.12 , en el sentido de que: "el recurrente está criticando y negando la posibilidad de que la Sala sentenciadora efectúe por sí misma, en virtud de la inmediación propia del Plenario valoraciones y alcance conclusiones relevantes para la resolución del caso. Es evidente que la inmediación no es solo estar presente, sino entender, percibir, asimilar, verificar en definitiva formar opinión en conciencia y en el conjunto sobre todo lo dicho, notando las reacciones y gestos de todos, singularmente de los inculpados, por ello, lo que se critica supone precisamente la manifestación más propia de la inmediación judicial como es verificar que la voz escuchada en una cinta, coincide con lo escuchado directamente de una persona en el Plenario, y concluir con la afirmación de pertenecer a la misma persona. Ello sin perjuicio de que pudiera haberse propuesto la pericial de reconocimiento de voz, lo que no se efectuó por ninguna de las partes ni en concreto por la defensa de la recurrente".
Situación que sería la de la presente causa en la que la sentencia recurrida confirma que Zaira Yolanda es la persona conocida como " Pava ", por la conversación mantenida el 7-2-2009 entre Salome Raimunda y Zaira Yolanda en la que por error, la primera de ellas queriendo llamar a una de sus hijas - Apolonia Belinda - marcó el número de teléfono de Zaira Yolanda ( NUM007 ) identificándola como " Pava ", y por la testifical del agente policial NUM008 , corroborada por la conversación del día 11-2-2009 desde el teléfono NUM007 , transcrita al folio 877 en la que la " Pava " -usuaria de dicho teléfono- se identificada ante la Campaña de Gas Natural como Zaira Yolanda y facilita su DNI que coincide con el número que consta en la declaración judicial de la recurrente, al folio 452, y porque el tiempo de su detención, en uno de los móviles que portaba estaba la tarjeta SIM en el nº NUM000 , teléfono usado en las conversaciones mantenidas por la recurrente con Salome Raimunda y su hija los días 15 y 16-2- 2009.
RECURSO Salome Raimunda .
) El motivo primero por infracción de ley al amparo del art. 849.2 LECr . por error de hecho en la apreciación de las pruebas basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, designando como particulares los siguientes documentos:
-folios 966 y ss, correspondientes al atestado NUM009 .
-folios 191 y 192 correspondientes al acta de entrada y registro del domicilio sito en C/ DIRECCION001 n. NUM003 .
-folios 968 y 969, correspondientes al acta de entrada y registro del domicilio sito en el C/ DIRECCION001 n NUM003 .
-folios 57 y 60 a 62, conversaciones telefónicas móvil NUM004 .
-folios 263 y 264, 268, 269, 272 a 282 , 305 y 968, conversaciones telefónicas móvil NUM004 .
-folios 301, 307 y 386, conversaciones telefónicas móvil NUM010 .
-folios 897 y 898, conversaciones telefónicas móvil NUM010 .
-folios 902, conversaciones telefónicas móvil NUM004 .
Documentos que acreditarían el error en la realización de la prueba practicada de la Sala al mezclar conversaciones habidas entre la hija de la recurrente ( Víbora ) y con la " Pava ", cargando toda la responsabilidad sobre la madre, supuesta matriarca del clan dedicado a la venta de droga, cuando la realidad resultante de la prueba practicada en orden a las escuchas telefónicas, es que muy probablemente, parte de dicha actividad fuera a cargo de la hija de la matriarca.
El motivo, dando por reproducida la doctrina expuesta sobre el alcance de este motivo por error en la apreciación probatoria expuesta en el análisis del motivo cuarto de la anterior recurrente, deviene improsperable.
En efecto ni las conversaciones telefónicas que, en cuanto sólo reflejan las manifestaciones de los interlocutores son pruebas personales sujetas a la valoración del tribunal, ni el acto del registro domiciliario tienen la consideración de "documento" a efectos casacionales pues se trata de textos producidos dentro del proceso y para constancia de actuaciones propias del trámite de la causa (STS 1622/2003, de 26-1; 2025/2004, de 6-10 ; 521/2005, de 25-4 ; 950/2006 , de 10-10).
La diligencia de registro es una manifestación de la actividad investigadora desplegada por el Juez de Instrucción y se incorpora como un factor más, que contribuye a la averiguación de los hechos y participación del acusado -la presencia del secretario si da autenticidad y valor probatorio como prueba presconstituida -y sólo con carácter excepcional puede admitirse el valor documental del acta que refleja un registro domiciliario, en cuanto a los datos objetivos que en ellas se contienen pero no en relación a las manifestaciones que allí consten, sin olvidar que no es suficiente sobre la base del documento designado, realizar una valoración de la prueba que, a través de un razonamiento distinto, conduzca a conclusiones diferentes de los alcanzados por el tribunal sentenciador, es preciso, por el contrario, que el documento -en este caso el acta de registro- revele de forma clara un error del tribunal, bien porque haya consignado como probado algo contrario a lo que el documento acredita o bien porque lo haya omitido cuando es relevante para el fallo, siempre que en ambos supuestos sea la única prueba sobre este extremo. Y en el caso presente la sentencia impugnada se ha limitado a recoger en el factum el resultado del registro, por lo que no puede hablarse de error alguno.
) La posible implicación en los hechos de una de las hijas de la recurrente -la propia sentencia recoge conversaciones telefónicas de la coacusada Zaira Yolanda alias la " Pava ", con la " Víbora " (folio 306) y considera incomprensible que el MF sólo dirigiera la acción penal contra las tres acusadas en autos -no afecta a la responsabilidad de Providencia, alias " Rubia ".
En efecto el principio de igualdad ante la ley no da cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad, de modo que aquel a quien se aplica la ley "no puede considerar en la ilegalidad, de modo que aquel a quien se aplica la ley "no puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la ley no se aplique a otros que asimismo han incumplido ( STC 21/92, de 14-2 ), ni puede pretender específicamente su impunidad por el hecho de que otros hayan resultado impunes, pues la impunidad de algunos "no supone que en virtud del principio de igualdad debe declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos ( STS 502/2004, de 15-4 )."
Consecuentemente, cada cual responde de su propia conducta penalmente ilícita con independencia de lo que ocurra con otros ( STC 17/84, de 7-2 ; 157/96, de 15-10 , 27/2001, de 29-1 ). La no imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la corrección de las sanciones efectivamente impuestas pues, a estos efectos sólo importa si la conducta sancionada era o no, merecedora de dicha sanción-.
) El motivo segundo al amparo de lo establecido en el art. 852 LECr . por infracción del art. 24-2 CE .
El Tribunal de instancia ha declarado probado que en el registro del domicilio que la recurrente ocupaba con parte de sus hijos, el C/ DIRECCION000 n. NUM002 , del BARRIO000 fueron ocupados determinada cantidad de dinero fraccionado, teléfonos y llaves y desplazando unas latas de pintura al abrir una ventana, un paquete con bolsita en un interior con sustancia. Y en la vivienda de la DIRECCION001 n. NUM003 , desocupada y cerrada, abierta con una llave que portaba Providencia, debajo de un momento de ripio, 22 paquetes plastificados y una bola con sustancia con distintas cantidades de cannabis sativa, heroína y cocaína, y el tribunal basa la condena en que la droga intervenida en ambos domicilio pertenecía a Salome Raimunda , sin que exista prueba suficiente que lo acredite, fuera de la mera convivencia familiar.
El desarrollo argumental del motivo, hace necesario recordar:
Que como hemos explicado en sentencias de esta Sala - SSTS 52/2008, de 5-2 ; 742/2007, de 26.9 - cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de un raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS. 1125/2001 de 12.7 ).
En el caso presente la recurrente parte de una premisa equivocada cual es limitar su responsabilidad a las sustancias halladas en los dos domicilios, obviando que la sentencia de instancia (fundamento jurídico VI) concluya que la prueba de cargo practicada en el plenario permite sostener que los 1.380,55 gramos de heroína, con riqueza media del 57% y valor de 50.980 euros que portaba la acusada Teodora Noelia , tenían como última destinataria a Providencia, convicción a la que llega la Sala por el contenido de las conversaciones mantenidas por ésta con Zaira Yolanda " Pava ", los días 15 y 16 de febrero de 2009 que denotan como Teodora Noelia , por cuenta de Zaira Yolanda , portaba la sustancia para Salome Raimunda .
Deducción de la Sala que no puede considerarse ilógica y arbitraria y que conllevaría, por sí sola, la desestimación del motivo.
) No obstante la Sala de instancia atribuye también a Salome Raimunda las sustancias tóxicas intervenidas en los dos inmuebles.
En relación a las alegaciones de la recurrente, es cierto -como dice la STS 94/2006, de 10-2 -, que no basta la convivencia en común para llegar a la culpabilidad por ese solo dato, que quien no se confiesa conocedor de una mera actitud de pasividad se participe en alguna actividad que por su tendencia pudiera ser calificada de facilitación de la actuación del familiar, eso es, habrán de ser otras circunstancias concurrentes u otros indicios no meramente sospechosos en que básicamente justifiquen racionalmente el oportuno juicio de intervenciones, sin que pueda fundarse la responsabilidad en la comisión por omisión del delito ya que los cónyuges o familiares no son garantías de que uno de ellos cometa el delito.
La sentencia 9/2005 de 10-1 expresa que entre los principios fundamentales del Derecho penal, ha sido reconocido, sin excepciones, el de responsabilidad personal. De acuerdo con este principio, la base de la responsabilidad penal requiere como mínimo, la realización de una acción culpable, de tal manera que nadie puede ser responsable por las acciones del otro.
En estos delitos se presenta con frecuencia el problema de distinguir entre la realización del tipo y los casos de aquellas personas inculpadas que tengan simplemente un acceso a los objetos prohibidos, como consecuencia de la convivencia familiar con el autor, sin realizar aporte alguno que exteriorice el contenido criminal que caracteriza a todo tipo penal.
En el supuesto de la tenencia de drogas con propósito de tráfico, previsto en el art. 368 CP , el acceso a la droga que tiene el cónyuge, el padre, hijo, o persona que convive con otra de manera análoga no puede comportar por sí sola la realización del tipo penal. Naturalmente que en este delito es posible compartir la tenencia y que esto es posible también cuando se la comparte entre cónyuge o entre padres e hijos, o demás moradores de la vivienda. Pero en la medida en que es preciso excluir la responsabilidad por hechos ajenos, se requerirán que en estos casos se acreditan circunstancias adicionales que vayan más allá de la mera convivencia familiar y que permitan deducir la coautoría en el sentido de real coposesión de las drogas.
Con razón se ha señalado por la doctrina que ello implicaría una forma de "responsabilidad familiar", que contradice el carácter personal de la pena en el Derecho moderno, porque si bien es posible compartir la tenencia, se requerirá que se acrediten circunstancias que vayan más allá de la convivencia familiar para acreditar el ánimo de tráfico "el simple conocimiento de esta actividad, aunque racionalmente presumible e incluso reconocido, no es fundamento por sí lo para fundar la autoría".
En definitiva, "es indudable que la propiedad o la titularidad de un derecho sobre una vivienda no es algo que por sí mismo, convierta en coautor o corresponsable de los delitos que otro cometa en su interior, a su vez, la convivencia con la persona que materialmente realice la acción típica, en este caso venta de drogas, y antes de la venta, la posesión para su transmisión a tercero, tampoco es suficiente por sí solo para la corresponsabilidad". Con idéntico sentido doctrina reiterada jurisprudencial expresiva de que no basta la convivencia en común para llegar a la culpabilidad por este sólo dato, de quien no se confiesa conocedor o partícipe en la ilícita posesión, es necesario que se participe en alguna actividad que por su tendencia pudiera ser calificada de facilitación de tráfico o consumo".
Pues bien en el caso analizado la Sala de instancia rechaza la versión exculpatoria a Salome Raimunda sobre su relación con el resultado de los registros practicados en ambas viviendas, valorando para ello las actas del secretario judicial levantadas con ocasión de las diligencias de entrada y registro y las testificales de los funcionarios del CN n. NUM011 , NUM012 , NUM013 , NUM014 y NUM015 , que desvirtúan las manifestaciones de la acusada, máxime cuando ésta tenía en su poder la llave del inmueble de la DIRECCION001 NUM003 , en el que se ocuparon las sustancias tóxicas y no ha aportado dato alguno en relación a ese extranjero presunto comprador de la vivienda.
) El motivo tercero por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva pues la sentencia infiere como prueba de cargo respecto del delito contra la salud pública del art. 368 una prueba indiciaria que admite distintas explicaciones o realidades dispares. Insistiendo en la falta de prueba pues el tribunal "no ha tenido en cuenta varios datos objetivos debidamente acreditados, y reflejados en la fundamentación jurídica, deduciéndose de ellos el destino del tráfico de drogas poseída por mi patrocinada en el momento de su detención".
El motivo olvida el verdadero alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 CE que comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los Jueces y Tribunales y exige que las sentencias expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, que están motivadas de forma bastante, lo que además ya sería preceptuado en el art. 142 LECr ., y prescrito en el art. 120-3 CE , deduciéndose implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el art. 9-3 CE .
La STS 24/2010, de 1-2 , recoge la doctrina expuesta por el TC en ss 160/2009 de 29-6 ; 94/2007, de 7-5 ; 314/2005, de 12-12 , subrayando que el requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo y de controlar la aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite constatar la razonabilidad de las resoluciones judiciales -actúa en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por falta de los justificables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que el fundamento la decisión judicial, y actúa también como elementos preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción. Pero el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas que las partes pueden tener en al cuestión que se decide o, lo que es lo mismo, no existe un derecho del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial ( SSTC. 14/91 , 175/92 , 105/97 , 224/97 ), sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que contengan, en primer lugar, los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella ( STC. 165/79 de 27.9 ) y en segundo lugar, una fundamentación en Derecho ( SSTC. 147/99 de 4.8 y 173/2003 de 19.9 ), bien entendido que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que es necesario examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales (por todas, SSTC. 2/97 de 13.1 , 139/2000 de 29.5 , 169/2009 de 29.6 ).
Sin olvidar, que el TC interpretando los arts. 24 y 120 CE , ha señalado reiteradamente que una motivación escueta y concisa no deja, por ello, de ser tal motivación, así como una fundamentación por remisión no deja tampoco de serlo en satisfacer la indicada exigencia constitucional ( STS 5/87 , 152/87 ; y 174/87 ) no exigiéndose que las resoluciones judiciales tengan un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado ( STC 190/88 ) y tampoco la tutela judicial efectiva implica que los tribunales accedan a todas las pretensiones interesadas por las partes.
En el caso presente, tal como se ha razonado en el motivo precedente, la sentencia impugnada justifica cómo los medios probatorios que detalla le llevan a la convicción sobre la autoría de la recurrente con una motivación que no puede tildarse de irracional o ilógica, por lo que no puede entenderse producida la vulneración de la tutela judicial efectiva denunciada.
) n base a lo razonado, los recursos deben ser desestimados, con imposición de costas ( art. 901 LECr .).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por infracción de ley y vulneración de precepto constitucional por Zaira Yolanda y Salome Raimunda , contra sentencia de fecha 3/5/2011 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca , en causa seguida contra aquéllas y otra por delito sobre sustancias nocivas para la salud ; y condenamos a las recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
Comuníquese esta resolución a la Audiencia Provincial de instancia con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Saavedra Ruiz Perfecto Andres Ibañez Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Luciano Varela Castro Antonio del Moral Garcia
AAP Sevilla 228/2006, 6 de Octubre de 2006
AAP Madrid 195/2012, 26 de Mayo de 2012

References: artículo 852
 artículo 368
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 849
 artículo 849
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 788
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución