Source: http://guillermocastello.com/web/la-educacion-es-un-servicio-esencial/
Timestamp: 2019-10-19 10:10:51+00:00

Document:
La educación es un servicio esencial – Guillermo Castello – Diputado Provincial. Marplatense, casado, dos hijas. Escribano, abogado y docente universitario. Pte.Coalición Cívica MdP.
Un proyecto de ley de nuestra autoría declara en la provincia de Buenos Aires a la educación pública primaria como servicio esencial, lo que significa que, en caso de conflictos laborales, deberán mantenerse como servicios básicos el funcionamiento de comedores escolares, el cumplimiento del calendario escolar obligatorio y una guarda mínima en las escuelas.
Asimismo, facultamos al estado provincial a declarar la educación pública secundaria como servicio esencial de manera temporal en casos de que, ante conflictos laborales, se adopten medidas de fuerza que, por su extensión, oportunidad y modalidad, afecten sensiblemente la adecuada prestación de dicho servicio.
Aunque se trata de una propuesta de fondo, no puede negarse que una coyuntura marcada por la pérdida sistemática de días de clase y una migración sostenida de la población hacia la educación privada hacen que su tratamiento resulte urgente.
Nuestro proyecto recibió algunas objeciones por parte de dirigentes sindicales que invocan erróneamente supuestas violaciones constitucionales, lo que obliga a formular algunas precisiones jurídicas que fundan la absoluta constitucionalidad de nuestro proyecto.
En primer lugar, cabe recordar que el derecho a la educación tiene rango constitucional, conforme surge del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que impone a las provincias la obligación de asegurar «la educación primaria»; el artículo 75, inciso 19, que incorpora los principios de «gratuidad y equidad de la educación pública estatal» y los diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22 del texto constitucional (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
La Constitución de la provincia de Buenos Aires es contundente cuando estipula, en su artículo 198, sin diferenciar entre primaria y secundaria, que la educación es un «derecho humano fundamental». Ninguna duda cabe entonces sobre la jerarquía constitucional del derecho a la educación.
Respecto al derecho de huelga, las entidades sindicales docentes sostienen que la educación no es uno de los «servicios esenciales», es decir, de los que no admiten interrupciones por poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Para ello se apoyan en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente los números 87 y 98, de jerarquía constitucional por remisión de dos tratados de igual rango. Lo cierto es que ninguno de esos dos convenios hace referencia alguna al derecho de huelga o a los servicios esenciales. Al respecto solo existen dictámenes de un comité de la OIT, el de Libertad Sindical, que no son vinculantes para nuestro país. En todo caso, toda normativa emanada de la OIT es de rango claramente inferior al constitucional.
Si bien existe una ley nacional que reglamenta los servicios esenciales, es claro, que solo puede referirse a cuestiones de competencia nacional, siendo evidente que la educación es competencia provincial, lo que explica que el estatuto de los trabajadores de la educación, las negociaciones colectivas del sector y la conformación de Consejos Escolares, entre otras cuestiones, sean materias reguladas por leyes provinciales. A tal punto que en la actualidad, curiosamente, es una ley provincial la que explícitamente impide considerar a la educación como servicio esencial, y expresamente restringir el derecho de huelga.
Hasta aquí surge con toda claridad que el derecho a la educación tiene jerarquía constitucional, mientras el derecho a la no restricción estatal de las medidas de fuerza en materia educativa solo surge de dictámenes no vinculantes de un organismo internacional al que nuestro Estado se encuentra ligado mediante instrumentos de jerarquía inferior a la constitucional.
Otra muy importante cuestión constitucional es que el derecho de huelga es reconocido por nuestra Constitución a los gremios y no a los trabajadores a título individual, lo cual es clave aquí, ya que una sustancial parte de los docentes de la provincia no se encuentran afiliados a ningún gremio.
El derecho comparado es generoso en la temática y muestra profusa legislación en el sentido propuesto, incluso en algún caso de raigambre constitucional como la Constitución de Ecuador, que en su artículo 326 dispone: «El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: […] inciso 15) Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación».
En la misma dirección, la ley peruana nº 28988, en su artículo 1º, dispone expresamente: «Constituyese la Educación Básica Regular como un servicio público esencial.». Resulta interesante mencionar que el Tribunal Constitucional peruano resolvió, en 2009, que la calificación de servicio esencial era constitucional ante una demanda del Colegio de Profesores del Perú fundada, justamente, en la afectación del derecho de huelga de los profesores.
En Italia, el artículo 1, inciso 1, de la ley nº 146 de 1990 señala: «A los efectos de esta ley se consideran servicios públicos esenciales, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo, incluso si se mantiene en régimen de concesión o por convención, las destinadas a garantizar el disfrute de los derechos humanos, protegidos por la Constitución, a la vida, a la salud, la libertad y la seguridad, la libre circulación, la salud y la seguridad social, la educación y la libertad de comunicación».
Finalmente, en fecha muy reciente, el Tribunal Constitucional de Alemania resolvió que los maestros de escuela no podrán hacer huelga por entender que esa acción colisiona con los principios fundamentales de la administración pública.
Entendemos que las sentidas declamaciones sobre la educación deben tener su correlato en hechos y obligaciones concretas como las que plantea nuestro proyecto, de indiscutible raigambre constitucional y en línea con la tendencia de muchos países del mundo.

References: artículo 5
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 198
 artículo 326
 artículo 1
 artículo 1