Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2014_09_03/1590
Timestamp: 2020-02-21 22:33:45+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3PPO-2
Solicitudes de Excitativas a Comisiones 3
Acta de la sesión del 30 de abril de 2014.
Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2014.
Una, del Sen. Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamento del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 3 de septiembre de 2014.
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA, PRI.
SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PAN.
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, PRD.
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite el Informe Anual de Actividades de esa comisión y el informe Anual Ejecutivo de Trabajo Legislativo de la misma comisión.
Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La minuta reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su párrafo tercero a fin de establecer que para el caso de procedimientos iniciados de oficio prevé que se entenderán caducados no sólo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución; sino también en los casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por 3 meses.
Con la reforma operará la caducidad por inactividad de la autoridad administrativa en los procedimientos que esta inicie de oficio, independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre y no sólo cuando transcurra el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución; con ello se robustece la figura de la caducidad sin causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público e interés social perseguido por el Estado, brindando por una parte mayor seguridad y certeza jurídica y por la otra permitir que opere en pro del derecho fundamental de una justicia pronta y expedita.
Oficio con el que remite acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Oficio con el que devuelve el expediente del siguiente proyecto de decreto que fue desechados por esa Cámara.
Por el que se reformaba el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la minuta con proyecto de decreto que reformaba la Ley del Seguro Social.
Se remite al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución. La resolución al asunto refiere que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, por haber quedado sin materia con la reforma en los términos que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos para los efectos legales a que haya lugar.
La colegisladora informa que la Ley del Seguro Social vigente, en su artículo décimo cuarto transitorio, ya establece la propuesta objeto de la minuta que se dictamina, en el cual ya se especifica en un inciso e) que para las viudas cuya pensión sea igual o menor a 1.5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el que resulte de multiplicar la pensión que reciban al 31 de diciembre de 2003, o la que se determine al otorgarla si es después de esa fecha, por un factor de 1.11.
La minuta aprobada por el Senado de la República el 5 de diciembre de 2001 contiene un error, como inciso c) del artículo décimo cuarto transitorio, ya que dicha redacción supone que el beneficio del incremento se otorgará sólo a las viudas de pensionados por cesantía y vejez, con lo cual se deja fuera del beneficio a las viudas de los pensionados por riesgo de trabajo, invalidez y vida, cuya pensión sea igual o menos a 1.5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, es decir, que se excluye del incremento, por lo pronto a 30 mil 421 viudas de pensionados por riesgos de trabajo cuya pensión es actualmente igual o menos a 1.5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. La minuta concluye que por tal virtud se aclaran los términos en que debió establecerse, como párrafo y no como inciso dicha previsión.
Por el que se reformaba el inciso e) de la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
La colegisladora remite al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, al pretender establecer en ese inciso que la Planeación nacional del desarrollo, incluye el ordenamiento ecológico.
Una vez concluido el análisis de los diversos conjuntos normativos y estrategias federales sobre planeación y cambio climático, la Cámara de Diputados resuelve que no es necesaria la reforma del inciso e), apartado VI del artículo 7º de la Ley General para Cambio Climático, en razón de que de colocar la nueva adhesión al inciso e) anteriormente mencionado, podría interpretarse de manera diferente la planeación nacional de desarrollo a la establecida por la Ley General de Equilibrio Ecológico o puede resultar ser repetitivo y mal interpretado jurídicamente.
Oficio con el que remite la iniciativa preferente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
LA MESA DIRECTIVA INFORMO DE SU TURNO DIRECTO E INMEDIATO A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA; DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES; PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE EDUCACIÓN; DE DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL LUNES 1 DE SEPTIEMBRE.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tomando como principio rector el interés superior de la niñez, así como los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, que fortalecen y complementan al referido principio rector.
Dispone que cualquier autoridad de los tres órdenes de gobierno tendrá la obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar medidas de protección especial cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentren en situación de vulnerabilidad; por otra parte, cuando cualquier persona que tenga conocimiento de que algún niño, niña o adolescente sufra o haya sufrido cualquier forma de violación de sus derechos, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes.
Se establecen las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como para las personas que tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes. Se reconoce un catálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes. En primer término se aborda el derecho a la vida, y se señala que es deber de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia, llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar su desarrollo y supervivencia.
La Ley establece que estarán exentos de responsabilidad penal niños y niñas a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito, no obstante, serán sujetos a rehabilitación y asistencia social a efecto de contribuir en su libre desarrollo, fortaleciendo su capacidad de reconocer conductas antisociales. Se faculta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, para emitir y acordar la implementación de protocolos de actuación, los cuales deberán contar con la opinión favorable del Sistema Nacional de Protección.
Se crean a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley, a las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Estas procuradurías podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ejercicio de sus funciones, dichas autoridades estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.
Se crea el Sistema Nacional de Protección que tendrá entre otras las siguientes atribuciones: impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para su atención y protección integral; fomentar la colaboración y coordinación entre distintos órdenes de gobierno, para la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias, acciones e inversión; fomentar la colaboración y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, para la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias, acciones e inversiones en la materia, así como la integración de los sectores social y privado.
La Ley contempla un Programa Nacional de Protección a niñas, niños y adolescentes que contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes, prevé que las entidades federativas y los municipios tendrán sus programas locales que deberán contener las acciones de mediano y largo alcance, así como indicar los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en la materia que se armonizarán con el Programa Nacional.
Se propone reformas los artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con la finalidad de encomendar al DIF Nacional la presidencia del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como ser el enlace del Ejecutivo Federal para integrar al referido Consejo a los titulares de otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal relacionados con la materia.
De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Fecha de Publicación: Lunes 29 de septiembre de 2014.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Fecha de Publicación: Jueves 06 de noviembre de 2014.
Oficio con el que remite 128 ejemplares del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
LA PRESIDENCIA INFORMO QUE LOS EJEMPLARES DE ESTE DOCUMENTO SE RECIBIERON EL LUNES 1 DE SEPTIEMBRE Y SE DISTRIBUYERON ENTRE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES, A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.
Oficio con el que remite el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, los días 6 y 7 de agosto de 2014.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de Petróleos Mexicanos 2014.
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de julio de 2014; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de 2013; e informa sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2014.
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone adicionar una excepción de temporalidad al párrafo tercero del artículo 100 para la aplicación de la fracción VI del artículo 95, ambos de la Constitución Política, para que aquellos que desempeñaron el cargo de Fiscal General de la República solo después de tres años puedan ser propuestos como Consejeros de la Judicatura Federal.
Y se adiciona un párrafo cuarto en el que se pretende incorporar que todos los consejeros deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además de reconocimiento en el ámbito judicial.
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone que cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita una recomendación por la existencia de violaciones graves a derechos humanos que tengan como responsables autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo en una entidad federativa, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente a solicitud de la Comisión Nacional, podrá citar a comparecer al Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal respectivo como responsable o en su carácter de superior de las respectivas autoridades.
Dicha comparecencia tendrá como objeto que el servidor público explique las medidas que se han adoptado para atender, reparar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por tales actos, así como para prevenir que éstos se susciten nuevamente, la comparecencia será indelegable; tal solicitud de la Comisión Nacional deberá fundar y motivar el inconveniente de que sea la legislatura de la entidad federativa la que conozca de tal comparecencia, misma que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes presentes el día en que se discuta ésta por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, desahogándose en su momento conforme a su normatividad interna.
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Establece que es derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos.
Señala que tendrán derecho a solicitar la consulta y a ser consultados: los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas; las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional; las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la legislación de la entidad respectiva; la institución que pretenda realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas; y las empresas privadas, dedicadas a la industria eléctrica o de hidrocarburos, que pretendan realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas.
Son responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente. Por lo que cada dependencia o entidad, deberá crear en su estructura un área que se encargue del seguimiento de la aplicación de la consulta indígena.
Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Se considerará materia de consulta cuando: el acto o actos que se pretenden emitir violen o menoscaben de alguna forma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la legislación nacional y estatal, así como en instrumentos internacionales de los que México es parte; las medidas legislativas o administrativas afecten su desarrollo; las acciones de los poderes públicos afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes y territorios o los recursos naturales existentes en ellos; las acciones u actos de los poderes públicos o del sector privado pretendan afectar sus tierras, bienes y territorios por la Industria Eléctrica o de Hidrocarburos.
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Erradicar la Violencia y Promover el Desarrollo Integral en el Entorno Escolar.
La Ley que se pretende expedir tiene como objetivos: salvaguardar y garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes en un ambiente libre de violencia en las escuelas públicas y privadas; garantizar el acceso de estudiantes a condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos; orientar el diseño, instrumentación, seguimiento y control de las políticas públicas para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el entorno escolar; crear el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar; crear el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el entorno escolar; fomentar y fortalecer la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; generar los mecanismos para canalizar, en su caso, un adecuado tratamiento a los miembros de la comunidad escolar que sean víctimas o agresores de violencia en el entorno escolar; fomentar la coordinación interinstitucional, así como entre los tres niveles de gobierno, para prevenir, tratar y erradicar la violencia en el entorno escolar; promover la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar; establecer las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública en materia de capacitación al personal escolar para la prevención e intervención ante casos de violencia en el entorno escolar, con el fin de otorgar apoyo asistencial a las víctimas y agresores, y fomentar la participación de padres de familia y tutores en acciones para la prevención y erradicación de la violencia en el entorno escolar.
Las autoridades competentes son: Secretaría de Educación Pública; Secretarías de Educación en las entidades; Secretaría de Salud; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Desarrollo Social, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se crea el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar el cual tiene por objeto coordinar acciones a nivel nacional entre las Secretarías de Educación, Salud, Gobernación, Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las Secretarías de Educación de las entidades federativas, con la finalidad de diseñar y emprender acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en el entorno escolar.
El Sistema Nacional será un órgano especializado en el tema de la prevención, tratamiento, atención y seguimiento de la violencia en el entorno escolar.
Asimismo se crea el Registro Nacional para el Control de la Violencia en el entorno escolar, a cargo de la Secretaría de Educación, el cual tiene por objeto llevar un conteo y escrutinio de los casos de violencia en el entorno escolar que se presentan en las instituciones de educación públicas y privadas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Salud, en materia de prevención y detección oportuna de la diabetes infantil.
Propone establecer en el artículo 3 de la Ley General de Salud, como materia de salubridad general, la prevención y detección oportuna de la diabetes en la infancia y la adolescencia.
Con las reformas a la Ley General de Desarrollo Social se pretende que el Gobierno Federal destine los recursos necesarios para la organización y funcionamiento de la Contraloría Social; de la misma manera, se propone que todo servidor público que rehusé facilitar el acceso a la información necesaria será sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal de conformidad a la normatividad aplicable.
De igual manera, se propone adicionar el artículo 70 Bis para que en el caso de las comunidades indígenas, el Gobierno Federal brindare la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría Social incorporando para tales efectos el principio de libre determinación y autonomía.
Finalmente, se busca que la Contraloría Social dentro de sus funciones emita informes trimestrales sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos.
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. (Dictamen en sentido negativo)
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.
Propone que en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se sustituya el concepto de atraque, por el de pilotaje o practicaje, término que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, para reservar la calidad de mexicano por nacimiento a quien desempeñe todos los servicios de practicaje.
De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo.
Se propone que en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo correspondiente a la salvedad del plazo para presentar la demanda de amparo de quince días, se contemple los ataques a la libertad personal y estar en concordancia con lo que disponen los artículos 103 y 107 de la Carta Manga.
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Propone establecer en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables la prohibición de comercialización de las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, aún cuando su captura se haya realizado de manera incidental.
Uno, de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. (Dictamen en sentido negativo)
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Unidad para el Pago de Obligaciones.
El objetivo de la presente iniciativa, es crear las Unidades para el Pago de Obligaciones (UPO), que será una unidad de cuenta exclusivamente para actos jurídicos, cuya finalidad es indexar o actualizar el monto de las obligaciones jurídicas de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. Esta unidad de cuenta expresará los valores o montos en dinero, de diversas obligaciones y límites mínimos y máximos para el pago de las mismas, determinados en las leyes federales, así como en los reglamentos de las mismas; por tanto, será una unidad de cuenta y no una unidad monetaria. Su función es desligar al salario mínimo de una función que no le corresponde y permitir que los criterios establecidos en la legislación laboral para su determinación sean los que prevalezcan.
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
EL SEN. ROBERTO GIL ZUARTH PRESENTÓ EL DICTAMEN, A NOMBRE DE LAS COMISIONES.
EN LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL INTERVINIERON LOS SENADORES:
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ PRI	A FAVOR
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA PRD A FAVOR
CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS PVEM A FAVOR
DAVID MONREAL ÁVILA	PT A FAVOR
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO PRD A FAVOR
La Ley que se pretende expedir materia del presente dictamen tiene por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las Soluciones Alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable.
Señala que los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
La ley señala los derechos y obligaciones de los intervinientes que participan en los mecanismos alternativos, ya sea en calidad de solicitantes, de requeridos o de personas complementarias, para resolver las controversias de naturaleza penal. También regula lo concerniente a las atribuciones de ministerios públicos y facilitadores, en cuanto a verificar la admisibilidad de las solicitudes; el registro de los mecanismos alternativos y la expedición de citas o invitaciones.
Los facilitadores podrán disponer la realización de sesiones preliminares con los distintos participantes con la finalidad de explorar la manera en que los intervinientes perciben el conflicto, de modo que puedan aquellos preparar las preguntas y demás intervenciones especializadas que serán necesarias en el curso de las sesiones conjuntas. Se prevén también las distintas hipótesis por las que se puede dar por terminado un procedimiento alternativo.
Se regulan respectivamente tres mecanismos: mediación, conciliación y restaurativo. La mediación es un mecanismo alternativo dirigido por un facilitador, mediante el cual los intervinientes proponen formas de alcanzar la resolución del conflicto. La conciliación es un mecanismo alternativo por el que se deberá optar cuando la mediación no logre dar los resultados esperados. Y el restaurativo tiene como característica principal la posibilidad de que además de las personas directamente involucradas en el hecho presuntamente delictivo, participe la comunidad en la que los intervinientes directos están inmersos, con el fin de lograr el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas e incentivar la recomposición del tejido social.
Se establece la obligación de los órganos responsables de velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en un mecanismo alternativo, lo que comprende reuniones de revisión y la comunicación con el Ministerio Público, para el caso de incumplimiento total o parcial de lo pactado.
Las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales son para adicionar un Capítulo XIII “De los acuerdos reparatorios”, en el Título Primero del Código para establecer el concepto de los acuerdos reparatorios, los supuestos de procedencia, así como la oportunidad para su aplicación. Se señalan las reglas generales del trámite de los acuerdos reparatorios, determinando que se decretará la suspensión del proceso y de la prescripción de la acción penal en tanto se tramita el procedimiento. Además, prevé como consecuencia del cumplimiento del acuerdo, la declaración de la extinción penal y que en caso de incumplimiento se continúe con el procedimiento ordinario desde el momento de su suspensión.
Se propone reformar el artículo 134 del Código, a efecto de establecer que en cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, salvo en los casos previstos en el propio Código y demás disposiciones aplicables, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.
(Se acompaña del correspondiente dictamen de impacto presupuestario)
Del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que coordinen con las instancias federales correspondientes y con el Gobierno del estado de Sonora, un plan integral de reactivación de la economía y de evaluación general de daños con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo, por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora.
EL PUNTO DE ACUERDO MODIFICADO FUE APROBADO.
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias por parte del Coordinador de Vinculación de la oficina de la Presidencia de la República con la empresa española Iberdrola.
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación, de Salud, de Gobernación y de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar e implementar un programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia y acoso escolar.
De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para realizar un reconocimiento a la Universidad de Colima en su 75 aniversario, a celebrarse el 16 de septiembre de 2015.
De la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se convoca a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en una reunión de trabajo ante comisiones del Senado, informen sobre el resultado de las investigaciones iniciadas con relación a los desastres ambientales y riesgos a la salud suscitados en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
RAÚL AARON POZOS LANZ, PRI.
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de Campeche a respetar la veda del pepino del mar.
Uno, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo:
Fecha de Publicación: Jueves 02 de octubre de 2014.
De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en las unidades de estudio de la Encuesta Intercensal 2015 una mayor cobertura conceptual de la población afromexicana o afrodescendiente.
De la Comisión de Población y Desarrollo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a considerar en las unidades de estudio de la Encuesta Intercensal 2015 dar una mayor cobertura conceptual a la población afromexicana o afrodescendiente para conocer sus características socioeconómicas, demográficas, así como su distribución en el territorio nacional.
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el cuadro básico los medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil.
Que exhorta la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel, unidades de atención integral al paciente diabético e incluir dentro del cuadro básico los medicamentos genéricos destinados al tratamiento de la diabetes.
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, se consideren y destinen mayores recursos para la construcción, ampliación y modernización de carreteras en el estado de Yucatán.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo realice las acciones necesarias para que el Estado Mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones unidas.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.
De los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 constitucionales, presentado el 18 de diciembre de 2012.
LA PRESIDENCIA EMITIÓ EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 23 de julio de 2014.
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se realizará el próximo miércoles 3 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, en la sala 2, piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.
Invitación a la Reunión de Trabajo de la Comisión, ha organizado con el Maestro Francisco González Díaz, Director General de ProMéxico, misma que se llevará a cabo el día miércoles 3 de septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en las Salas 3 y 4 del Piso del Piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República.

References: artículo 60
 artículo 60
 artículo 72
 resolución 
 artículo 7
 artículo 72
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 72
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 95
 artículo 102
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 70
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 32
 artículo 265
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 resolución 
 artículo 134
 artículo 329