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Timestamp: 2019-10-15 01:56:44+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 170, de 27/05/2013
Sesión celebrada el lunes, 27 de mayo de 2013
– Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la propuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro de los caudales ecológicos de la cuenca del río.
(Núm. exp. 661/000064)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la recuperación medioambiental y socioeconómica de las zonas afectadas por los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2012 en las provincias de Valencia/València y Castellón/Castelló.
(Núm. exp. 661/000078)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la recuperación y regeneración integral de la isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 661/000092)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.
(Núm. exp. 661/000213)
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Como punto previo del orden del día tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior, que celebramos el 30 de abril de 2013.
La señora PRESIDENTA: El punto primero del orden del día es el dictamen del proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A este proyecto de ley se han presentado tres vetos y cuarenta y tres enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y el veto número 3, por el Grupo Parlamentario Socialista. Las cuarenta y tres enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: las números 1 a 20 son de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y las enmiendas números 22 a 43, del Grupo Parlamentario Socialista.
Procede, en primer lugar, el debate de los vetos. Los turnos serán por tiempo máximo de diez minutos, si se quieren agotar.
En primer lugar, tiene la palabra la senadora Capella i Farré.
Intervengo únicamente para manifestar que doy por defendido el veto presentado por los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Tiene la palabra el señor Saura Laporta.
Las razones para presentar el veto fundamentalmente se agrupan en dos bloques. Un veto a un proyecto de ley de declaración de un parque nacional es sorprendente porque teóricamente no deberían existir vetos, sobre todo cuando se trata de un parque nacional con uno de los entornos de mayor valor ecológico y paisajístico tanto de la Comunidad de Madrid como de la Comunidad de Castilla y León. Decía, por tanto, que nuestras razones para presentar el veto se agrupan en dos bloques: el primero, porque pensamos que el procedimiento de aprobación ha sido irregular, lleno de insuficiencias desde el punto de vista de la propia Ley 5/2007, y el segundo viene condicionado por el propio contenido del proyecto de ley de declaración del parque nacional.
En relación con el primer bloque, es decir, el proceso de aprobación, pensamos que está plagado de irregularidades, se incumple repetidamente la Ley 5/2007, y en todo el proyecto aparecen dificultades de participación. Una de las más importantes es la no contestación a las alegaciones que se han hecho. Hay 18 500 alegaciones al Plan de Ordenación de Recursos Naturales y otras 1000 alegaciones al proyecto de parque nacional, y en el expediente no se contempla la contestación a estas alegaciones.
En segundo lugar, de acuerdo con lo que han manifestado diversas ONG, el contenido de la propuesta de parque nacional tiene fundamentalmente tres insuficiencias. La primera es la delimitación de los espacios protegidos, que incluye siempre suelo público, pero excluye fundamentalmente suelo privado. La segunda es que se incluyen zonas de escaso valor, como los pinares de Navarredonda, y en cambio no se incluyen zonas importantes como Cabezas de Hierro o los pinares de Valsaín. Y la tercera es que a
pesar de que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la posibilidad de unir dos estaciones de esquí, Navacerrada y Valdesquí, en el proyecto de ley se va a permitir hacerlo.
Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley que es insuficiente desde el punto de vista de protección, que favorece más los intereses privados y que no incluye todos los elementos que se deberían incluir desde el punto de vista de protección ecológica. Por todas esas razones planteamos nuestro veto.
Para la defensa del veto número 3, tiene la palabra el senador Cascallana.
El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve. El veto que presentamos a este proyecto de ley viene fundamentalmente derivado del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, pues mientras que en la vertiente de Castilla y León ha habido consenso y acuerdo, en la zona de la Comunidad de Madrid la situación ha sido bien distinta, desgraciadamente, ignorando informes del propio anteproyecto presentado por Martínez de Pisón, de la Comunidad Científica; ignorando alegaciones, que —como se ha dicho aquí—, son 18 500, —históricamente era casi inconcebible— de diferentes organizaciones sociales y profesionales y por Amigos del Guadarrama, y que no han sido contestadas. Esto ha generado una sensación de frustración respecto al proyecto de ley que se nos presenta. Además, hay una retórica sobre la economía verde, que no se corresponde en absoluto con no ser capaces de frenar el modelo de desarrollo económico planteando un modelo de desarrollo económico alternativo en el área de influencia económica. Hay un desprecio a la participación en el proceso —como ya se ha dicho—, lo comenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deja claro que las alegaciones no han sido contestadas. El propio Consejo de la red no tuvo información suficiente al respecto. Todos estos son hechos evidentes que rompen incluso la Ley de Red de Parques Nacionales.
En la propuesta de funcionamiento del parque vemos inconcebible que, por ejemplo, se anule la presencia de los municipios en la comisión de coordinación o se excluya del patronato a organizaciones ecologistas, a la Federación de Montañismo o al Colegio de Biólogos, por poner algunos ejemplos.
Es una ley, sobre todo, que está pendiente del Tribunal Supremo. El 21 de febrero de 2013 el Tribunal Supremo se pronuncia sobre dos recursos referidos al PORN, uno de la Comunidad de Madrid, inadmitiéndolo. Por lo tanto, el recurso de casación de la Comunidad de Madrid, que quería impedir, incluso bajar el nivel de protección que ya tenía la zona, ha sido inadmitido por el Tribunal Supremo, pero a la vez admite el recurso presentado por Ecologistas en Acción. ¿Esto qué significa? Que estamos en una situación jurídica dudosa. Podemos aprobar una ley y después una sentencia anular la ley del parque. Tendríamos que valorar si merece la pena no retomar estos asuntos en este momento.
El proyecto de ley tiene límites artificiales, es insuficiente, no avanza en la protección sobre la situación actual en la Comunidad de Madrid, no cambia el modelo económico, como le he dicho, es un proyecto de cumbres, dejando fuera laderas, valles y pies de monte; es decir, es incompleto en todos los sentidos —hay una propuesta de ampliación— y, desde luego, es ajeno a cualquier desarrollo socioeconómico de la zona.
Por lo tanto, creemos que este proyecto puede frustrar las aspiraciones que tenían muchos municipios, muchas organizaciones y muchos vecinos de la Comunidad de Madrid, y por eso presentamos este veto que ya desarrollaremos en el Pleno.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Granados.
EL señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en este turno en contra de unos vetos que, como decía el portavoz de la Entesa, no deberían existir y que si existen es por motivos políticos, por poner palos en la rueda a una decisión democráticamente tomada tanto por el Gobierno de Castilla y León como por el de la Comunidad de Madrid, y —entrando ya en el primer bloque de motivos que llevan supuestamente a estos vetos— que ha cumplido escrupulosamente con la ley en cuanto a información pública y a la apertura a la participación de los ciudadanos y de todas aquellas entidades, sobre todo ecologistas, que han querido presentar alegaciones.
El portavoz del Grupo Socialista, señor Cascallana, se refería al desprecio a la participación, que incluso está recogido en la sentencia del TSJ, supongo que se refiere a la sentencia consecuencia del contencioso administrativo que presentó Ecologistas en Acción y que yo también he tenido oportunidad de leer, y que dice textualmente, en referencia al PORN de la Comunidad de Madrid: «Si examinamos el tomo 2.3 relativo a las contestaciones a las alegaciones al PORN, se observará que la Comunidad de Madrid ha examinado todas y cada una de las alegaciones efectuadas no solo por la asociación recurrente, sino en relación con todos aquellos que formularon sus pretensiones en fase de información pública, y se dan razones tanto para la estimación como para la desestimación, lo que indudablemente supone que el derecho ha sido atendido.» Entonces, yo no sé, señor Cascallana, a qué se refiere de la sentencia, que lo que hace es dar la razón a la Comunidad de Madrid, tanto es así que quien recurre es precisamente Ecologistas en Acción. Supongo yo que si le hubieran dado la razón a Ecologistas en Acción, no la hubieran recurrido.
Todas las alegaciones han sido contestadas; se ha cumplido con la ley en lo que se refiere a la exposición pública; en referencia al parque nacional, se han atendido el 33%, total o parcialmente, de todas esas alegaciones; ha habido mucha participación, no se le ha negado absolutamente a nadie; y la mejor prueba es que, como digo, un tercio de esas alegaciones han sido atendidas total o parcialmente.
Esta teoría tanto de la Entesa como del Grupo Socialista de: esperemos a que se resuelvan en fase judicial estas cuestiones, lo que haría sería paralizar cualquier actividad legislativa en todos los ámbitos, y si en un proyecto de ley, cada vez que alguien fuera a los tribunales, se dijera: hasta que no se resuelva por los tribunales, lo paramos... En fin, para otras cuestiones no les he visto a ustedes esta misma técnica. Supongo que, como digo, se trata de poner palos en la rueda a algo que, sin duda, es una extraordinaria noticia tanto para la Comunidad de Madrid como para la Comunidad de Castilla y León.
Y en lo que se refiere a la delimitación, a si es grande, a si es pequeño, a si coge todo lo que tenía que coger, solo quiero decir —sobre esto ya tendremos tiempo de debatir en el Pleno—, primero, que este parque es más del doble en cuanto a superficie de lo que marca la ley. Por lo tanto, no será tan pequeño. Es mucho más grande que otros parques, por ejemplo, que el de Sierra Nevada. Y, en cualquier caso, la aprobación de la ley no supone el cierre definitivo del parque a esa delimitación, sino que hay mecanismos por los que en el futuro se puede ampliar la delimitación del parque.
Y respecto a las teorías, a las que ya nos tiene acostumbrada la izquierda, sobre el urbanismo especulativo y depredador del Partido Popular, es evidente que ninguna de las zonas pierde protección, sino todo lo contrario. Las que están dentro del parque, decía el señor Cascallana: con afán de quitar protección. ¡Hombre! Si esta es una iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Castilla y León por la cual se da al parque una mayor protección, ¿cómo se puede decir que lo que se hace es quitar protección? Y en lo que no es el parque, desde luego la aprobación de esta ley en nada afecta a la protección que se tenía hasta ahora.
En consecuencia, el Grupo Popular va a votar en contra de los vetos que han presentado los diferentes grupos.
Abrimos un turno de portavoces. ¿Algún portavoz desea intervenir? (Denegaciones.)
Pasamos, por tanto, a la votación de los vetos. Antes de proceder a esa votación, vamos a comprobar las asistencias.
La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de los vetos.
En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos a continuación el veto número 2, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazado.
Al haber sido rechazados los vetos, procede entrar a considerar las enmiendas presentadas, comenzando por los grupos de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra la senadora Capella, si desea intervenir,
Intervengo únicamente para dar por defendidas las enmiendas que hemos presentado; en todo caso, ya se defenderán en el próximo Pleno.
Nuestra enmienda hace referencia a la modificación de la Ley 5/2007, sobre espacios naturales, por la cual se podría producir una invasión competencial, y por eso la mantenemos.
Quiero recordar que en el Congreso nuestro representante de Convergència i Unió votó a favor de la declaración del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, aduciendo que podríamos dar salida a este pequeño escollo, porque entendíamos que no era apropiado modificar otras leyes a través de la declaración de un parque nacional; en todo caso, tendríamos que hablar del parque nacional y no de otras leyes.
Quiero dejar nuevamente constancia de que mantenemos esta enmienda viva y que, por tanto, la defenderemos posteriormente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Montes.
Quiero presentar ante la comisión la justificación de la defensa de las veintidós enmiendas parciales que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado; enmiendas dirigidas, como no podía ser de otra manera, a intentar mejorar la propuesta y en la zona donde entendemos que es posible, ya que la propuesta de esta declaración de parque nacional proviene a su vez de dos planteamientos claramente diferenciados, como se ha visualizado perfectamente aquí en la intervención en contra de los vetos del representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: por un lado, la propuesta de la Comunidad de Madrid, y, por otro, la propuesta de Castilla y León.
En definitiva, nuestras enmiendas van a mejorar la propuesta en la zona de Castilla y León, donde es mejorable, ya que, obviamente, desde nuestro punto de vista la propuesta de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con un espacio denominado parque nacional ni con un espacio que ya tiene una serie de normas de protección altamente elevadas.
Además de esos argumentos, estas enmiendas defienden un modelo de gestión sostenible de los montes Pinar de Valsaín y Matas de Valsaín; un modelo reconocido, ensalzado y valorado a todos los niveles; el modelo que se propuso por la comunidad autónoma, por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de los ayuntamientos de esa comunidad y de las provincias de Segovia y Ávila, y que también obtuvo el refrendo del Consejo de la Red de Parques Nacionales; un modelo obviamente que hace que hoy tengamos más superficies arboladas, más biodiversidad, más ecosistemas y que se produzca una relación y simbiosis perfecta entre ser humano y naturaleza.
Las veintidós enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se agrupan en función de sus objetivos. Un primer grupo hace referencia a la preservación de los usos y actividades tradicionales en los montes de Valsaín, que se recogen en la denominada zona periférica de protección —en concreto, las enmiendas números 28, 38, 24 y 27—, actividades que han sido obviamente favorables para ese medio natural y cultural.
Un segundo paquete de enmiendas defiende la cultura del Guadarrama, entre ellas la manufactura Vidrieras, concretamente las enmiendas números 24, 27 y 40.
Otro grupo de enmiendas, como no podía ser de otra manera, defienden el poder de lo local, la representación directa de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas de la sierra norte del Guadarrama, y también en este caso de la sierra sur, concretamente para que los ayuntamientos tengan el protagonismo que constitucionalmente les compete.
Otras enmiendas fomentan la participación y defienden el reparto constitucional entre las comunidades autónomas y el Estado. Otras inciden en algo absolutamente irrenunciable, que es el compromiso económico de cooperación financiera entre las administraciones, que posibilite un desarrollo socioeconómico sostenible de estas comarcas; por supuesto, incidimos en la accesibilidad y en la igualdad en función de lo que el artículo 8 de la Ley 5/2007 recoge para personas con discapacidad. Y, por último, otras enmiendas pretenden preservar las especies y los límites de este parque.
En definitiva, pensamos que la propuesta realizada para la declaración de este parque por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por parte de la Junta de Castilla y León, viene a recoger los elementos del parque natural de esta zona, viene a recoger los elementos de protección, y con estas enmiendas pretendemos mejorarlo, con la confianza y en la certeza de que esa mejora es perseguida por todos los elementos políticos y sociales de esa comunidad autónoma.
No entramos en las enmiendas parciales a valorar un veto a la totalidad en la parte de la Comunidad de Madrid. Creo que el proceso ha dejado suficientemente claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un problema para la sierra de Guadarrama, que no queremos que traslade y que pase del puerto de Navacerrada hacia el otro lado.
Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Sanz.
Como bien dice el preámbulo de esta ley, la misma no solo culmina una concienzuda evaluación científica de sus valores ecológicos y culturales sino también un largo proceso administrativo particularmente complejo por haber ocupado el ámbito de dos comunidades autónomas: la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, efectivamente, en este sentido, se han presentado cuarenta y tres enmiendas: veinte del Grupo Parlamentario Mixto, una de Convergència i Unió, y veintidós del Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestra posición hasta el momento es la misma que anunciamos en la ponencia; si bien, con el ánimo y el sentir de acercar posiciones y mejorar, posiblemente podamos llegar a algún entendimiento y elaborar, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, alguna enmienda transaccional. Por tanto, seguiremos haciendo esfuerzos y gestiones hasta el Pleno.
¿Algún portavoz desea intervenir? (Denegaciones.)
Procede que votemos el informe de la ponencia. Por tanto, sometemos a votación la propuesta de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 1; abstenciones, 8.
Procede ahora la designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen. (Pausa.) Entiendo que se delega en esta Presidencia, que hará con doble satisfacción este encargo puesto que yo tuve el honor de ser la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que hizo toda esta tramitación. Así es que ha querido la fortuna que me encuentre en esta fase de aprobación final, lo cual me es especialmente grato.
(Núm. exp.661/000064)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el debate y votación de las mociones. La primera de ellas es la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la propuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro de los caudales ecológicos de la cuenca del río.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra su portavoz, el señor Saura Laporta.
Hace ahora aproximadamente un año la Confederación Hidrográfica del Ebro presentó el proyecto del plan hidrológico del Ebro y propuso un determinado nivel de caudal ecológico para el río Ebro. La propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro motivó preocupación en el territorio y en todas aquellas entidades o instituciones que habían trabajado desde hacía tiempo en una propuesta de caudal ecológico. Consideramos muy grave que el caudal ecológico que proponía la confederación hidrográfica situara en el 50% las necesidades de caudal ecológico, que habían sido determinadas por otros estudios, a los que luego me referiré. Y es grave por diversas razones. En primer lugar, porque, a nuestro entender, una propuesta de estas características agravaría los problemas de salinización y de regresión del delta del Ebro, ya que se trata de una propuesta que abre vías a la incompatibilidad entre una sobreexplotación y nuevos usos de regadíos. Además, esta propuesta entra en flagrante contradicción con otros estudios efectuados por expertos e instituciones. Posiblemente detrás de ella se esconda o exista una filosofía que habría que superar, y es que al hablar de la política del agua hay que considerar que primero cuentan los usos económicos del agua y después lo que sobra es el caudal ecológico; o, como dice la Directiva marco del agua, en primer lugar hay que determinar las restricciones medioambientales y ecológicas y después ver qué demandas económicas se pueden satisfacer. Desde ese punto de vista la propuesta que ha hecho la confederación es, evidentemente, antigua; es una propuesta que, por otro lado, tiene un año y no sabemos en qué momento del procedimiento está. Y, como he dicho, entra en contradicción con diversos estudios. El primero y más importante es la propuesta que hizo la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro, una comisión mixta Estado-Generalitat que proponía como caudal ecológico en los años húmedos 12 785 hectómetros cúbicos/año, cuando la propuesta de la confederación lo sitúa como máximo en 5000 hectómetros, es decir, en menos de la mitad. Esta misma comisión propone en los años secos un caudal ecológico de 7305 hectómetros cúbicos/año, cuando la de la confederación no supera los 3300. Es decir, en cualquier caso la propuesta de la confederación está en el 35 o 40% de las propuestas que hace la Comisión para la sostenibilidad. Y lo mismo ocurre en relación con la Agencia Catalana del Agua, que sitúa en 12 000, 9000 y 7000 hectómetros el caudal ecológico, cuando, como he dicho, la confederación lo sitúa en 3000 o 5000. Por último, una propuesta del Parlamento catalán también lo sitúa en 12 000 hectómetros en los años húmedos.
Es decir, todos los estudios que se han realizado desde hace prácticamente diez años determinan que para evitar —insisto— la regresión y la salinización de las tierras del Ebro es necesario un caudal ecológico situado alrededor de los 12 000 hectómetros cúbicos/año; y la confederación hace una propuesta de 5000. Por eso presentamos esta moción, que consta fundamentalmente de dos acuerdos importantes: el primero, que la confederación rehaga la propuesta del plan hidrológico y muy en concreto la de los caudales ecológicos del Ebro, teniendo en cuenta, por un lado, los trabajos que realizó la comisión mixta para la sostenibilidad Estado-Generalitat que, como he dicho antes, sitúa la cifra en los años húmedos en 12 000 hectómetros cúbicos/año, y también que esa propuesta contemple, en relación con el caudal ecológico que pasa por el Ebro, las propuestas del Ayuntamiento de Lérida. Y finalmente, que todas las propuestas de la confederación que se hagan tengan en cuenta todos esos estudios científicos, no solo los estudios de las entidades sino los que han hecho profesionales, evidentemente de una valía considerable.
Desde ese punto de vista les ruego que voten a favor de esta moción, y es que no se puede apoyar un plan hidrológico que va a poner en peligro aún más de lo que ya lo está el delta del Ebro. Se trata
simplemente de atender el trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo y que no fue considerado por la confederación a la hora de presentar el día 25 de abril del año pasado la propuesta de caudales ecológicos.
En turno en contra, tiene la palabra la senadora Pons.
En relación con la moción presentada y expuesta por el senador señor Saura en representación del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, relativa a caudales ambientales del río Ebro, la posición del Grupo Popular, ateniéndose a los informes recibidos del Gobierno sobre esta cuestión, anuncio ya que será negativa por las razones que brevemente intentaré exponer.
En su moción usted nos pide que se lleven a cabo los trámites necesarios para que se haga una nueva propuesta, en el marco del plan hidrológico, de los caudales ecológicos de todas las cuencas y todos los envases de la cuenca del Ebro sobre la base de criterios científicos, que tengan como objetivo principal su correcto funcionamiento y habitabilidad de la fauna, para asumir el buen estado de las masas de agua de acuerdo con criterios e indicadores ecológicos establecidos en la Directiva marco del agua. Y usted lo concreta en el tramo último del Ebro, en que la Confederación Hidrográfica del Ebro incorpore la propuesta de caudales ecológicos de la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro. Y en el tramo del río Segre, a su paso por Lérida, que también se incorpore la propuesta aprobada por el Pleno del ayuntamiento.
Nuestras informaciones son que la elaboración de este plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro se ha realizado con estricto cumplimiento de la legislación que regula la materia, en concreto el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, y la Orden Ministerial 2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. Dicha instrucción es la que establece la metodología para el cálculo de los caudales ecológicos, habiéndose realizado multitud de estudios que contemplan los criterios científicos demandados. Entre esos estudios está también el análisis de las correspondientes propuestas de la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro y del Ayuntamiento de Lleida, a que usted hace referencia, que también se han tenido en cuenta a la hora de definir esos caudales ecológicos.
Por todo ello, el Grupo Popular votará en contra del primer punto de su moción, ya que la elaboración del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro a nuestro entender se ha llevado a cabo con estricto cumplimiento de la legislación vigente, con la realización y análisis de estudios basados en criterios científicos y con la consideración de los caudales ecológicos que se solicita incluir en el plan.
En cuanto al segundo punto de su moción, usted nos pide llevar a cabo los trámites necesarios para que la Confederación Hidrográfica del Ebro tenga especialmente en cuenta las opiniones de científicos y entidades ambientales competentes en la materia en el trámite de exposición pública del plan hidrológico de la cuenca del Ebro. También en relación con este punto, consultado el ministerio al respecto, se nos ha informado de que ha finalizado el proceso de consulta pública de la propuesta del proyecto del plan hidrológico de demarcación hidrográfica del Ebro. Se han recibido 1619 observaciones y sugerencias. En estos momentos se está ultimando el estudio y análisis de todas estas observaciones y sugerencias por parte de un equipo técnico que ha elaborado el plan del organismo de cuenca. El trabajo del personal que lleva a cabo el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro es objetivo, sin que pueda actuarse con ningún tipo de parcialidad a la hora del tratamiento de las alegaciones.
Por todo ello, el Grupo Popular también votará en contra del punto segundo de esta moción, ya que todas las alegaciones realizadas en el período de participación pública del plan están siendo analizadas desde la objetividad y la imparcialidad, como no podría ser de otra manera.
Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.
Intervengo para decir que apoyaremos la moción del Grupo de la Entesa porque entendemos que, dada la importancia de la cuenca del Ebro en su tramo final, la más importante de las zonas húmedas de
Cataluña y una de las más importantes de toda Europa, es de recibo que la Confederación Hidrográfica del Ebro tenga en cuenta las determinaciones de los estudios y el posicionamiento que fije la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro, que de alguna forma es participada por muchos organismos de reconocido prestigio. Y a pesar del tiempo que ha pasado, detectamos que la Confederación Hidrográfica del Ebro sigue sin tener en cuenta a la gente que vive al lado, en el territorio, y las informaciones que aportan. Y aunque se diga que se han tenido en cuenta otros estudios, no los vemos reflejados en ningún caso, estudios que indican que es necesario tener fijado ese caudal ambiental, al igual que cuando se fija un caudal ecológico se tiene que determinar y hacerlo cumplir. No cabe otra posibilidad. Por eso, como seguimos en las mismas a pesar del tiempo pasado, y habrá que seguir pactando y trabajando desde el diálogo con el resto de las zonas afectadas de la cuenca, consideramos apropiado que no se ignore el posicionamiento sobre este tramo final del río Ebro. Por tanto, daremos nuestro voto a favor de la moción de la Entesa.
El señor MONTES JORT: Gracias, presidenta.
Esta moción que hoy debatimos está en línea con la debatida en su momento en el Pleno del pasado 5 de junio del año 2012, debatida tanto en interpelación como en la moción consecuencia de dicha interpelación. Y, pasado un año —lamentablemente la moción fue presentada ante esta comisión el 5 de mayo del año pasado—, aquí nos encontramos. Nosotros seguimos coincidiendo con las líneas argumentales de Entesa sobre la necesidad de que el plan hidrológico de la cuenca del Ebro asegure los caudales ecológicos. Esa es la máxima fundamental de la Directiva marco del agua y también la que reguló los enormes trabajos y avances que se produjeron con los Gobiernos socialistas en relación con la planificación hidrológica en nuestro país. Pero que los asegure en toda la cuenca; todas las partes de una cuenca son importantes a nivel de igualdad, y obviamente hay que tener todo en cuenta.
Como decía, ha pasado un año, y nosotros, en coherencia con el procedimiento reglado dado a esta tramitación, y por respeto al momento procesal, entendemos que, finalizado el período de exposición pública —como se ha apuntado aquí—, y habiéndose recibido más de 1600 alegaciones y propuestas, aunque nos habría gustado que el momento procesal fuera más rápido y que tuviéramos sobre la mesa la contestación a esas alegaciones, lo respetamos por encima de todo. Queremos que se dé una respuesta concreta a las dos peticiones que hoy trae Entesa, peticiones muy focalizadas en un problema claro de la cuenca del Ebro que habrá que solucionar con los parámetros de mantenimiento del caudal ecológico que ha planteado el proponente.
Nosotros nos vamos a abstener, pero no porque no estemos de acuerdo en el fondo. No entramos en él; respetamos lo que la confederación hidrográfica, con criterios científicos, técnicos y absolutamente asépticos del partidismo político, realice sobre todas y cada una de las alegaciones. Creemos que el poder legislativo no debe inmiscuirse en ese procedimiento reglado. Respetemos, pues, esos criterios técnicos. Respetemos los tiempos. Respetemos el principio de la unidad de cuenca y la Directiva marco del agua. Y en coherencia con el respeto al momento procesal, coincidiendo —repito— con las líneas argumentales del mantenimiento del caudal ecológico en una zona especialmente sensible, como es el tramo final del Ebro y su delta, anunciamos que nos vamos a abstener.
Antes de dar la palabra al siguiente portavoz quiero hacer una precisión al hilo de lo que ha señalado el senador Montes. Esta moción estaba en el orden del día de la sesión que la Comisión de Medio Ambiente celebró el 11 de octubre de 2012, solo que en aquel momento, a petición del senador proponente, se quedó sobre la mesa.
Para terminar este debate, tiene la palabra la senadora Pons.
Parece que mis argumentos han sido en parte aceptados por el senador socialista. Me alegro de ello. Quiero explicarles cómo vemos nosotros esta cuestión. El Gobierno ha manifestado desde un principio su voluntad de revisar y finalizar todos los planes de demarcación hidrográfica intercomunitaria en el mínimo plazo posible. Sabemos que llevamos muchísimo retraso en este tema, y existe el compromiso, si es
posible, de acabarlos antes de que finalice este año, 2013. Se está trabajando en ello, y en ese paquete de planes de demarcación de cuenca se encuentra el plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Entendiendo que una demarcación hidrográfica es un territorio complejo —en este caso alberga nueve comunidades autónomas con amplias competencias en materia de agua y medio ambiente—, en la que cualquier intervención requiere de una gran labor de coordinación y corresponsabilidad de las partes, el 12 de mayo de 2012 se inició el período de información y participación pública, publicándose en el BOE el plan hidrográfico de la demarcación, la cuenca más grande de España, un plan que es resultado de muchos años de trabajo, como aquí se ha comentado, en el que se ha perseguido el máximo consenso entre las partes implicadas a través de un amplio proceso de participación, un proceso liderado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por las nueve comunidades autónomas implicadas en su gestión, en el que se han recogido propuestas del todo el territorio de cuenca a través de un programa de reuniones y encuentros con más de 1700 asociaciones e instituciones que representan el entramado social de cada subcuenca, como usted ha citado antes.
Se abrió entonces un período de exposición de seis meses en el que se pudieron plantear las observaciones y sugerencias que se consideraron oportunas —como ya les he dicho, fueron 1619—, que en estos momentos se hayan en fase de estudio; y habrá que esperar a ver qué se resuelve después de ese estudio. Una vez que esté ultimado, se incorporarán, si técnicamente así se considera, al proyecto de plan hidrológico, que requerirá, a su vez, del informe preceptivo del consejo del agua de la demarcación.
Concretamente, por lo que hace al tema del régimen de caudales ecológicos, este se establece de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los sistemas acuáticos y de los sistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar así un buen estado potencial ecológico en los ríos y aguas de transición. Los caudales ecológicos son una restricción que se impone a los sistemas de explotación, y únicamente el abastecimiento a las poblaciones tiene primacía sobre el régimen de caudal ecológico. En el caso de sequías prolongadas puede aplicarse un régimen de caudal menos exigente, con la excepción de zonas incluidas en la Red Natura 2000 en la lista de humedales de importancia internacional, de acuerdo con el Convenio Ramsar. El proceso para el establecimiento de esos caudales se establece en tres fases: una, de estudios técnicos, otra, de concertación, y una tercera, de implantación y seguimiento adaptativo.
Para la definición técnica de caudales ecológicos mínimos se han empleado métodos hidrológicos y biológicos aplicados a una serie de tramos de importancia estratégica, y como resultado se ha obtenido una distribución temporal de caudales para un total de cincuenta masas de la demarcación, no solo del delta sino de todo el río. Estas masas son aquellas que cuentan con resultados por métodos hidrológicos y modelización de hábitats biológicos que disponen de estación de aforo para el control de estos y para realizar un seguimiento adaptativo. En algunas masas no afectadas por la Red Natura 2000 se ha realizado, además, una segunda definición para el caso de sequías. En el caso del delta del Ebro, el régimen de caudal ecológico es muy superior al del resto de puntos de la cuenca del Ebro, ya que al ser una zona Red Natura 2000 y además un humedal incluido en el Convenio Ramsar justifica este tratamiento diferencial. Para la fijación de los caudales del delta se ha analizado la aportación de los estudios del régimen de caudales ecológicos para el delta obtenido por la Agencia Catalana del Agua, propuesto por el Departament de Catalunya para su consideración en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro.
Por todo ello, el Grupo Popular, al igual que el ministerio, creen que el régimen de caudal ecológico del delta satisface lo establecido en el reglamento de planificación y cumple los criterios técnicos definidos en la instrucción de planificación hidrológica. Además, se ha buscado el caudal garantizado máximo compatible con los requerimientos del uso del agua en nueve comunidades autónomas.
El problema del Ebro no es solo su desembocadura ni una comunidad autónoma. Hay nueve comunidades autónomas con problemáticas específicas, cada una con la suya. El resultado propuesto es que se pueda garantizar un régimen de caudal ecológico en el delta del Ebro muy importante y superior al de los ríos de la vertiente mediterránea. Debido a que se encuentra en el embalse de Mequinenza, una gran reserva estratégica para el Ebro, en torno al 30% del total de agua disponible en la cuenca, estará garantizada en el delta del Ebro en su conjunto. El régimen de caudal establecido con carácter no vinculante para el plan en la desembocadura es en la actualidad de 3154 hectómetros cúbicos/año. La propuesta lo aumenta a 3370. No se ha producido una reducción sino un incremento de 220 hectómetros cúbicos, además de un régimen variable de entre 80 y 155 metros cúbicos/segundo, adaptado a las condiciones naturales del río. Por otro lado, se realizan crecidas puntuales de entre 1000 y 1500 metros cúbicos por segundo para renaturalizar el régimen de caudales y reducir la invasión de macrófitos.
Todo este importante caudal con bienes ecológicos para el delta solo es posible si perdura la gran solidaridad de todas las comunidades autónomas que integran el delta de la cuenca del Ebro. Como ya les he dicho, todas las alegaciones presentadas —1619— están siendo estudiadas con rigor y bajo criterios técnicos. Como el ministro de Medio Ambiente ya ha manifestado sobre este tema, el Gobierno no tiene ningún apriorismo político en esta materia sino que cree que se debe hacer con la mejor información técnica disponible. Creemos que hay que esperar al dictamen de los técnicos.
Concluido el debate, procedemos a la votación de esta moción.
La señora PRESIDENTA: Procedemos al debate de la siguiente moción, en este caso presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la recuperación medioambiental y socioeconómica de las zonas afectadas por los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio de 2012 en las provincias de Valencia y Castellón.
A esta moción se ha presentado una enmienda de modificación por el propio Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, se entiende que en este turno se interviene a los dos efectos.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Navarro.
El señor NAVARRO ANDREU: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos, señorías. Quiero empezar destacando la fecha de registro de entrada de esta moción, que es el 11 de julio de 2012. Los incendios del 28 y del 29 de junio desgraciadamente todavía humeaban por aquellas fechas en la Comunidad Valenciana.
Durante los días 17 y 18 de ese mismo mes hubo un Pleno en el Senado, y el Grupo Popular presentó una moción sobre esta misma cuestión: la adopción de determinadas medidas para paliar los daños producidos por los incendios forestales durante 2012, y en especial en la Comunidad Valenciana. El Grupo Socialista propuso una enmienda de sustitución, y el Grupo Popular — quiero agradecerlo una vez más públicamente— firmó una propuesta de modificación con el resto de los grupos de la Cámara que, evidentemente, fue aprobada por unanimidad. Creo, por tanto, que aquel fue un gran día para la Cámara y para los grupos parlamentarios, que fueron capaces de llegar a ese consenso.
Han pasado trescientos veinte días de aquella presentación en el registro, y probablemente si se hubiera llevado a alguna de las comisiones de los tres meses siguientes se habría retirado, porque era más o menos al consenso al que habíamos llegado. Pero en esta ocasión creo que el retraso ha sido positivo porque nos permite analizar aquel acuerdo unánime del Pleno y su cumplimiento. De ahí la autoenmienda que hemos introducido, como decía la señora presidenta, que nos permite revisar algunas de las cosas que acordamos en aquel Pleno. Por tanto, voy a comentar muy sucintamente nuestras propuestas.
En el primer punto planteábamos: Elaborar y poner en marcha con la Generalitat Valenciana y las administraciones locales afectadas de las provincias de Valencia y Castellón un proyecto que, financiado con fondos provenientes de las administraciones central y autonómica, recupere medioambiental y socioeconómicamente aquellas zonas de la Comunidad Valenciana en las que se han registrado los incendios forestales. Los de julio del pasado año.
Pues bien, no hay ningún proyecto global; ni siquiera lo que algunos denominan parches se han aplicado con la celeridad conveniente, y menos como base de ese futuro nuevo modelo de gestión forestal. Pero eso no lo digo yo, lo han dicho asociaciones agrarias, alcaldes de los pueblos afectados y
actas de responsables del Gobierno central y autonómico, que, si les parece, puedo mostrarles en mi segunda intervención.
El punto segundo proponía: Asignar a la Generalitat Valenciana una partida específica y finalista que se destine a promover a través de los incentivos adecuados y que tenga por objeto la inversión, gestión y ordenación forestal y medioambiental de los terrenos incendiados de las provincias de Valencia y Castellón.
Yo no creo que ningún miembro de esta comisión crea que con los dos millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes para la Comunidad Valenciana, sumados a las aportaciones del Consell de la Generalitat, se pueda afrontar la recuperación de las 52 500 hectáreas que se quemaron en nuestra comunidad y unos daños que el propio ministro, el señor Arias Cañete, valoró en cerca de 140 millones de euros en agosto de 2012; por cierto, creo recordar que además solicitó 97,9 millones de euros a la Unión Europea, de los cuales tampoco sabemos nada —después explicaremos por qué—. Es, pues, necesario que esta partida específica y finalista aumente significativamente si queremos que el futuro no nos vuelva a deparar catástrofes como la que hoy estamos recordando.
En cuanto al punto tercero, lo conocen perfectamente porque lo acordamos en el Plenario: incrementar de forma decidida y no temporal, y con recursos económicos suficientes, la aportación estatal en medios materiales y personales para la prevención, etcétera.
Yo creo que si hacemos una somera lectura de lo que son los presupuestos, y no solo los del Estado que aprobamos en la Cámara, sino los de la Generalitat Valenciana, podremos ver que todo aquello que aprobamos por unanimidad se ha quedado en papel mojado.
El punto cuarto, que sí manteníamos de la anterior, decía: Que todas estas medidas de ayuda se encuadren en un nuevo modelo de gestión forestal que englobe a las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como nuevos usos de la economía verde, biomasa, con el fin de conseguir un bosque ambiental, social y económicamente sostenible.
Esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero tampoco ha habido ningún proyecto de nuevos usos. Baste decir —y antes lo hemos hablado— sobre la falta de un nuevo modelo de gestión forestal que la mayor parte de la madera quemada se exporta a Italia para biomasa; no quiero pensar que para aumentar las cifras de exportación, sino más bien por no estimular y conveniar instalaciones en el medio rural, y especialmente en las zonas quemadas. Evidentemente, los pueblos, especialmente los quemados, estarían deseando implicarse porque en ello va su propia supervivencia.
El punto quinto planteaba dar cuenta en el plazo máximo de tres meses de todo lo acordado en relación con las catástrofes naturales a que se refiere esta moción ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado.
Quiero que ustedes mismos piensen si, tal como acordamos en el Plenario, los responsables del ministerio han venido a esta comisión, no ya en tres meses, sino, como decía antes, en diez meses y medio, para dar cuenta de cómo se han llevado adelante todos los acuerdos que se alcanzaron por unanimidad —repito— en el Plenario.
El punto sexto era muy importante especialmente para nosotros, los valencianos, porque suponía garantizar en todo el territorio nacional la aplicación del artículo 50 de la Ley de Montes, en la redacción que le dio la Ley 10/2006, de 28 de abril, para evitar cualquier actuación especulativa en relación con la zona siniestrada, impidiendo en todo caso que se pueda edificar sobre el terreno quemado si no se podía hacer con anterioridad.
Quiero decir que el Gobierno valenciano, y no me lo desmentirán, acaba de rechazar en las Cortes una propuesta sobre este punto exclusivamente, y se ratificó en lo acordado en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2012, donde se dejaba en el aire el cumplimiento de este punto de la Ley de Montes. Creo, señorías, que, siguiendo el espíritu de aquel acuerdo alcanzado en julio de 2012, deberíamos aprobar esta moción. Después de la lección que dimos en el Plenario del pasado mes de julio no podemos defraudar a quienes se sienten defraudados. Por tanto, volvamos a hacer de hoy el gran día que hicimos de aquel de julio del pasado año.
En turno en contra tiene la palabra el senador Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo que confesarle, señoría, que no sabía cómo iba a ser mi intervención, porque no lograba explicarme cuál iba a ser la justificación de esta iniciativa, e intervengo en turno en contra porque sigo sin comprender algunas cosas.
Ustedes presentaron una iniciativa el 11 de julio —dos días después de que el Grupo Parlamentario Popular presentara una iniciativa de similares características— que fue absorbida en el debate que tuvo lugar el 18 de julio en el Pleno, como fruto del cual se llegó a un acuerdo transaccional mucho más exigente que el propuesto inicialmente por el Grupo Parlamentario Popular. Y se aprobó con el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, estoy seguro. De ahí que no logre comprender exactamente cuál es el sentido de esta iniciativa. He escuchado atentamente sus palabras para ver si arrojaban luz sobre la justificación de esta iniciativa, y usted hablaba de revisar los acuerdos o su grado de cumplimiento. Pero tiene usted mecanismos parlamentarios para exigir al Gobierno que dé cuenta del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Parlamento: preguntas orales, preguntas escritas e interpelaciones, como arma más importante de la oposición en el Pleno, y no los ha utilizado.
Hoy, consciente usted mismo de la fragilidad de su iniciativa —permítame que se lo diga, con todo el respeto y con todo cariño—, se hace una autoenmienda que nos acaba de presentar. En el Pleno se quejaba usted de que no había tenido tiempo de valorar la enmienda transaccional, pero ahora nos suelta aquí una enmienda que, más que justificar o aderezar su moción —que estoy seguro de que es muy bien intencionada—, lo que hace es edulcorar el sentido de la misma.
Discúlpeme, pero tengo formación jurídica y un profesor me enseñó que las formas en Derecho son muy importantes. Sin embargo, lo que usted ha hecho ha sido coger una parte de su moción e intentar mejorarla sustituyendo usted mismo parte del texto por el texto aprobado en el Pleno; algo que me deja perplejo, señoría, porque, en mis años de parlamentario, no lo había visto jamás. Todo es posible, el campo es libre para llegar al fondo; pero, desde el punto de vista formal, el mecanismo me parece una chapuza parlamentaria, y siento utilizar este término. En el fondo, seguro que nos podremos encontrar; pero la forma no me parece acertada, desde luego; y mucho menos que venga ahora con una enmienda en la que recoge la parte dispositiva de un acuerdo tomado por todos los grupos en el Pleno en que se debatió este tema. Se lo digo con toda sinceridad, señor Navarro.
Como intervendrá usted en el turno de portavoces, espero tener oportunidad de entrar en el fondo de lo que ha defendido. Si usted quiere, tendré mucho gusto en hacerlo.
Por mi parte, de momento, nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Navarro.
El señor NAVARRO ANDREU: Muchísimas gracias.
Ciertamente, mi formación jurídica no tiene comparación con la suya. En cuanto a las chapuzas, no entro en ese tipo de consideraciones. Voy a perder muy poco tiempo en contrastar con usted la necesidad de esta moción.
Lo he explicado perfectamente. Han pasado 320 días desde que se presentó la iniciativa, y no voy a entrar a discutir si la presentaron ustedes antes; ustedes conocen el Registro, tienen acceso a él y nosotros también. En aquel momento, todos los grupos confluimos —especialmente, los valencianos— en la urgencia de tratar el incendio. Ustedes llevaron su iniciativa al Pleno, nosotros a la comisión, pero creo que esto es lo menos importante; lo transcendente, en este momento, es que han pasado 320 días y ¿cómo estamos? ¿Cuál es el cumplimiento? No sé si esta es una técnica parlamentaria, si la técnica parlamentaria consiste en irse por otros caminos; yo creo que los ciudadanos lo que nos piden es saber dónde estamos en este momento. Voy a leerle el acta de la sesión que se celebró el 23 de abril en el Ayuntamiento de Chulilla, que usted conoce bien. Dice así: Ponentes: don Alfredo González Prieto, director general de Medio Natural, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente —no somos nosotros—; don Luis Santamaría Ruiz, subdelegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana —tampoco—; don Vicente Gonzalo Polo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chulilla; los directores de obra de Tracsa y de INAM. Y dicen lo siguiente: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente destina 16,9 millones de euros para reparar los daños ocasionados por los incendios de 2012; a la Comunidad Valenciana se le destinan dos millones para la restauración, que completan los cuatro millones comprometidos por el Gobierno de la Generalitat Valenciana, de los cuales dos millones fueron
invertidos para la contratación de Tracsa en las zonas afectadas por los incendios de Andilla y Cortes de Pallás. Hablan del marco legal, hablan de la distribución de las ayudas, y ahí nos quedamos. Esa es toda la ayuda que han recibido del Gobierno central y de la comunidad autónoma los damnificados valencianos por los incendios. Creo que el resto de comunidades autónomas, igual. Y le voy a citar otro caso: el municipio de Teresa. Estas son las propuestas que hizo el Ayuntamiento de Teresa. El montante total que recibió por el real decreto fue de 101 150,73 euros, por daños evaluados. ¿Sabe cuánto han recibido hasta ahora? 4409,39. No me voy a extender a todos los puntos de la provincia de Castellón o de Valencia. Esto es lo que están haciendo.
¿Sabe cuál es la valoración de los particulares? Les voy a leer algún párrafo del último boletín de la Unió de Llauradors i Ramaders, del jueves, 23 de mayo de 2013. Dice textualmente: las ayudas por los incendios del pasado año son una tomadura pelo, según la Unió; las de la Generalitat siguen sin pagarse la mayoría y a las del Gobierno, publicadas hoy en el BOE, es muy complicado acceder y el presupuesto es ridículo. Dice que, para las ayudas de la Generalitat, hay que buscar información en los ayuntamientos, que la documentación exigida es demasiado compleja y que, por si fuera poco, se daban apenas veinte días para justificarla, y que pasaba de se ayuda, según normativa de la Conselleria de Gobernación, a ser subvención según la normativa posterior de algunos ayuntamientos, con un evidente coste fiscal para los solicitantes. No quiero extenderme. Son los particulares afectados; antes hablábamos de los ayuntamientos, de los bienes públicos y de dónde estamos.
Por otra parte, tal como dijimos en el Pleno del pasado julio que usted recordó, la Generalitat Valenciana redujo en un 80% la partida para el refuerzo de las brigadas forestales en 2012. Pero, claro, si en los presupuestos de 2013, después de la catástrofe que ocurrió a finales de junio de 2012 y de las críticas que recibió, no ha aumentado ni un euro —es más, la empresa pública Vaersa ha sufrido un ERE—, creo que tenemos que reflexionar. Y, además de reflexionar, tenemos que llegar a un acuerdo para ver qué hacemos con esta, no voy a decir desesperación, pero sí crítica, la que les he dicho.
En julio de 2012, el Gobierno central y la Generalitat Valenciana anunciaron un compromiso conjunto para contratar entre 400 y 450 parados hasta mayo para las labores de limpieza de las zonas afectadas. Pues bien, en este momento, son justamente la mitad. El Gobierno reduce a la mitad los parados contratados para limpiar el monte quemado; lo dice un periódico de enjundia en la Comunidad Valenciana, Las Provincias. Los primeros 200, bajo la financiación de la Generalitat, se incorporaron en unos pocos meses, y dice que ahora, en este momento, es dificilísimo encontrar a los pocos parados contratados para trazar un mapa. Afirma que, en los pueblos del Alto Palancia afectados por las llamas que partieron de Andilla, el número de contratados es de 10, y que los otros desempleados limpian el monte en los pueblos afectados por el incendio forestal de septiembre en Chulilla.
En Benagéber, por ejemplo, se quemaron 637 hectáreas junto al embalse, de un gran valor ecológico, y, a fecha de hoy, las brigadas de Vaersa o de la diputación no han realizado trabajo alguno. El ayuntamiento ha tenido que subastar la madera —esa la mayoría de la cual se la llevan a Italia— para poder contratar a una persona. Fíjese: este es el panorama de que estamos hablando. Las técnicas parlamentarias no serán las correctas, pero nos han elegido para solucionar los problemas de nuestro territorio. Y me remito otra vez a lo que comentábamos antes: tendríamos que buscar un consenso. No podemos mirar hacia otra parte. Esa es la realidad. Y si no, que vengan aquí, durante los próximos tres meses, los responsables de los ministerios —y, si pueden venir los de la Generalitat, mucho mejor— a explicarnos qué se ha hecho de los acuerdos que firmamos en julio del año pasado.
Inicio mi intervención por donde ha terminado el senador Navarro. Efectivamente, este grupo parlamentario tiene sensibilidad y predisposición para alcanzar todos los acuerdos que lleven a mejorar la prevención de incendios y el cuidado de nuestro medio ambiente, especialmente en las zonas que han quedado afectadas por un incendio forestal de las características y de la magnitud que tuvo el que se produjo el pasado verano en las provincias de Castellón y Valencia. No me compete a mí hacerlo, para eso está nuestro portavoz en la materia aquí, que será el que verá la manera de impulsar las acciones oportunas.
Ha dicho usted que han pasado 320 días y que los ciudadanos quieren saber dónde estamos. Es mi obligación y la del Grupo Parlamentario Popular recabar toda la información posible. No sé cuáles serán las fuentes de sus afirmaciones; las fuentes que yo tengo son el ministerio y la Generalitat, y con mucho gusto les voy a dar a todas sus señorías, y a usted especialmente, la oportuna información sobre todo lo actuado en relación con la parte dispositiva de la iniciativa que se aprobó en el Pleno del Senado. Por eso le pido a la Presidencia cierta generosidad con el tiempo, para que pueda explicarme como merecen los ciudadanos de las zonas afectadas.
Han sido 320 días, decía usted. Fíjese: ya el 18 de julio, cuando se debatió la cuestión, había sido aprobado un decreto de la Generalitat Valenciana, el 6 de julio. Todavía no se habían apagado algunos de los focos del incendio, y la Generalitat Valenciana ya había aprobado un decreto con ayudas por importe de 90 millones, y que era algo abstracto. Si usted ha tenido a bien leerlo, ese decreto está muy bien esquematizado, muy bien estructurado, con la condición de beneficiario muy bien delimitada —pymes, personas físicas, explotaciones ganaderas, agrícolas y avícolas, a las que usted ha hecho referencia, e incluso la comunidad de regantes; además, establecía los mecanismos para la obtención de las ayudas.
El Gobierno central: tras el debate del 18 de julio, desde el punto de vista legislativo —que es lo que en una democracia mueve la ejecutoriedad de un Gobierno y de sus acciones—, el 7 de septiembre se aprueba el Real Decreto 25/2012; es decir, transcurren 45 días desde el debate en esta Cámara y desde la aprobación del texto transaccional, con el mes de agosto de por medio. Díganme ustedes si esto no es actuar de manera urgente. Y, por si fuera poco, como usted sabe, a ese real decreto le siguieron otras dos normas: en noviembre, el Real Decreto 1505, que, si el primero establecía la ayudas de urgencia para paliar los daños producidos por los incendios, ampliaba el ámbito de aplicación, y al que siguieron dos órdenes ministeriales, la 279 y la 269, que especificaban los anexos con las poblaciones afectadas, en este caso beneficiarias o destinatarias de las ayudas. Y tras los dos reales decretos, una ley, la 14/2012, de 26 de diciembre, que se superpone en parte a las ya aprobadas e incluye nuevas medidas, como las ayudas a las corporaciones locales por los gastos derivados de la evacuación de personas, a la vez que aprueba líneas preferenciales de crédito. Además, esta Ley 14/2012, de 26 de diciembre, establecía la ampliación de dos meses para la presentación de los proyectos, lo que nos lleva a finales de febrero de 2013. Precisamente a finales de febrero de 2013, por efecto de esta ley, el Ministerio de Medio Ambiente emite la declaración de zona de actuación especial, una vez transcurrido el plazo, para la restauración forestal y medioambiental de esas zonas, y declara la urgencia de las obras de reparación de los daños de los incendios, con dos millones, que se suman los dos millones que aportó la Generalitat; en total 4 millones. En marzo ya estaban en marcha tres actuaciones por importe de 400 000, 375 000 y 1 225 000, respectivamente, en distintas comarcas, que generan la contratación de 300 personas que están llevando a cabo esas labores; 300 personas. Esta información no la he recogido del titular de un medio de comunicación —como habrá hecho usted, probablemente—, es información oficial. A esto hay que sumarle el dinero que destinó tanto la Diputación de Valencia como la de Castellón, y, por qué no decirlo, el gesto —si usted quiere llamarlo así— de la consellería, que, el Día del Árbol, repartió entre las poblaciones de las comarcas afectadas por el incendio 350 000 árboles. Ahí están, igualmente, las demostraciones de la voluntad del Gobierno de la Generalitat y del Gobierno central de repoblar cuanto antes, sobre la base de los 22 convenios que firmaron con los ayuntamientos y de los cuatro millones de euros que adelantó la Generalitat para paliar los primeros efectos. Todo esto, unido a la cobertura de los seguros y unido al decreto del Condell al que me he referido, creo que demuestra que se han puesto en marcha medidas urgentes y que se ha continuado tomando medidas. Por fin, está el control parlamentario que usted decía; mi grupo no tiene ningún inconveniente en pedir la comparecencia de los responsables para que vengan a dar explicaciones, dentro de los cauces parlamentarios pertinentes.
No quiero extenderme, pero no puedo dejar de decir que ha hecho usted una afirmación que es absolutamente falsa: ha dicho que se ha reducido el 80% del presupuesto destinado a prevenir y a paliar los efectos de los incendios. En el año 2012, la Generalitat Valenciana destinó 98 millones de euros a la prevención de incendios; es decir, tres veces más que en la etapa en que gobernaba el Partido Socialista. Eso podría ser relativo, pero supone un millón de euros más de lo que destinó en 2011. Y a prevención, concretamente, en el año 2012 destinó 20 millones de euros. No puede decir que ha habido una reducción del 80%, sino que ha habido un incremento; ligero, pero hay que tener en cuenta la situación de crisis y de ajuste de sus cuentas de todas las comunidades, con el Gobierno de la nación a la cabeza. Quiero decir con esto que no es un tema baladí ni una materia sacrificable para el Gobierno; ni para el Gobierno de la nación ni para el Gobierno de la Generalitat Valenciana, que también preside el Partido Popular.
Con el mejor afán constructivo, le invito a un encuentro, con las iniciativas que estime oportunas, para mejorar, para implementar, lo que se ha hecho. Porque una cosa es cierta —y con esto termino, señora presidenta—: todos los medios son pocos para garantizar que no ocurra una catástrofe natural. Nadie será capaz nunca, con todos los medios del mundo, de garantizar que no se produzca una catástrofe natural que afecte a las personas o a los bienes —en este caso, también a los bienes medioambientales—; pero siempre nos va a encontrar para mejorar nuestro entorno, para mejorar el medio ambiente y, por supuesto, para poner en marcha cuantos medios se precisen para la prevención —y, en su caso, para la extinción— de tragedias como la que ocurrió el año pasado, en la que, desgraciadamente, perdió la vida un piloto. Desde luego, para ese fin, siempre encontrará al Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y gracias por su generosidad, señora presidenta.
Concluido el debate de la moción, pasamos a la votación de la misma.
La señora PRESIDENTA: Procedemos al debate de la siguiente moción que figura en el orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la recuperación y regeneración integral de la isla de La Gomera, en Santa Cruz de Tenerife.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.
El señor MEDINA TOMÉ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Ocho meses después de ser presentada, el 27 de septiembre de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista somete a la consideración de esta comisión la presente moción, relativa a la recuperación y regeneración integral de la isla de La Gomera, moción que trae causa del incendio ocurrido en la isla en agosto de 2012.
Señorías, la isla de La Gomera, declarada en julio de 2012 reserva de la biosfera, apenas tiene una superficie de 370 kilómetros cuadrados; sin embargo, un tercio de su territorio cuenta con algún grado de protección con arreglo a las categorías definidas en la Ley de espacios naturales de Canarias; diecisiete en concreto: un parque nacional, el Garajonay, declarado patrimonio de la humanidad; un parque natural; un parque rural; una reserva natural especial; una reserva natural integral; un paisaje protegido; ocho monumentos naturales y tres sitios de interés científico.
En La Gomera —y salvando lo ocurrido en septiembre de 1984, por lo que supuso de pérdida de vidas humanas—, el incendio de agosto de 2012 es el más importante que hemos padecido, tanto desde el punto de vista de la superficie afectada como por los daños causados. La superficie dañada ascendió a 2984 hectáreas, el 8% de la superficie insular, y afectó a seis espacios naturales protegidos —1742 hectáreas— y a siete espacios incluidos en la red europea Natura 2000 —2338 hectáreas, el 75% de todos—; y lo más grave, delicado y preocupante: en el Parque Nacional de Garajonay se vieron afectadas 733 hectáreas, el 33% de las cuales corresponden al ecosistema que distingue al parque nacional gomero: bosques de laurisilva, reliquias de masas forestales subtropicales que hace millones y millones de años, en el terciario, revestían el sur de Europa y el norte de África, de difícil o imposible recuperación.
Consecuencias: imprevisibles y preocupantes, de no llevarse a cabo de inmediato una restauración forestal y medioambiental. Hay quien piensa, señorías, que se ha perdido un valioso tiempo en el período comprendido entre la finalización del incendio y la aparición de las primeras lluvias. El peligro de la erosión por la desprotección de las zonas quemadas, que tardarán mucho tiempo en recuperarse, si es que lo hacen, es evidente, y el ciclo hidrológico insular puede verse alterado por la disminución en la recarga de
los acuíferos. Alisios-mar de nubes-lluvia horizontal es un trinomio que en La Gomera significa supervivencia. Si no hay tierra, no habrá bosque; si no hay bosque, no habrá agua; si no hay agua, no habrá vida; y si no hay vida, señoría, no habrá Gomera, así de claro y dramático.
Pero el devastador incendio no solo dañó los espacios naturales señalados; también daño, y mucho, determinas infraestructuras insulares y municipales, en las que se vieron afectados cuatro de los seis municipios de La Gomera. A saber: redes viarias insular y municipal, red eléctrica insular y redes de alumbrado público municipales, telecomunicaciones, telefonía, redes de suministro de agua potable y de riego, depósitos de agua de la red insular y depósitos reguladores municipales, redes de saneamiento, parques y canchas deportivas. También se produjeron daños a particulares y empresas: en producciones agrícolas y ganaderas, en instalaciones y equipos, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios y de servicios, y en viviendas y enseres, principalmente en el municipio de Valle Gran Rey. Y por último, señorías, daños intangibles, como los que afectan a las señas de identidad de la isla de La Gomera y especialmente al Parque Nacional de Garajonay.
Pues bien, señorías, el Cabildo Insular de La Gomera, consciente de la necesidad de dar una respuesta rápida y eficaz para la pronta restauración y rehabilitación medioambiental, para la reparación de las infraestructuras insulares y municipales dañadas, así como para atener a los damnificados, especialmente a aquellos que llegaron a perder incluso sus viviendas, elaboró antes de finalizar agosto de 2012 un amplio documento comprensivo de los daños causados, tanto en medios, como en infraestructuras y en las personas y sus bienes; documento que fue trasladado a las primeras autoridades locales, autonómicas y nacionales, incluido el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El 8 de septiembre de 2012 aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades autónomas, real decreto transformado con posterioridad en la Ley 14/2012. Desde su publicación, señorías, y en atención a las especiales circunstancias que rodearon el incendio de agosto de 2012 en La Gomera y sus consecuencias, hemos entendido insuficiente el contenido del referido real decreto, que nada ha mejorado en su tramitación como proyecto de ley. Estimamos necesario y urgente un conjunto de medidas específicas para la isla, que no solo restituyan los daños causados, sino también —y es importante esto— las graves consecuencias en las economías de la isla y de sus habitantes. Proponemos también en la presente moción cuestiones de futuro que podrían ayudar a la prevención y extinción de los incendios forestales como los que hemos padecido en la Gomera, que doy por reproducidas en la moción y para las que pido el apoyo de esta comisión.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
La verdad es que es complicado debatir esta moción, porque somos de Canarias y sabemos lo que sufrió La Gomera por el incendio de agosto de 2012. Pero también creo que hay que analizar la situación, senador Medina, saber lo que pasó y dar respuesta hoy aquí en concreto a la moción que usted defiende. No quiero calificarla ni mucho menos de demagógica, pero sí de extralimitada en algunas peticiones. Con todo lo que pasó en La Gomera, por desgracia, se mezclan medidas como bonificaciones aéreas o ayudas al transporte.
Ha expuesto lo sucedido: un 8% de la isla afectada, el cabildo dice que hacen falta 19,3 millones de euros para restauración forestal y medio ambiente y 54 para infraestructuras de turismo. Aparte, la moción pide cinco millones para que el Gobierno de Canarias bonifique los transportes marítimos. Pero no incluye en esta moción ninguna memoria económica del Cabildo de La Gomera sobre este tema. (El señor vicepresidente, Vallines Díaz, ocupa la Presidencia.)
Por mi parte, voy a contestar a los puntos de la moción con los informes del ministerio; los tengo aquí, si usted los quiere, se los puedo facilitar. En cuanto al primero, emprender las acciones necesarias para solicitar las ayudas del fondo de solidaridad de la Unión Europea, se hicieron todas las gestiones con rapidez e incluso el ministro Arias Cañete se desplazó en varias ocasiones a Bruselas. Tras esas reuniones, en las que se trató de incluir también Tenerife y La Palma, el FSE, el Fondo de Solidaridad Europea desestimó, el 30 de abril de 2013, la concesión de ayudas europeas a los espacios afectados.
Y continúa: Declarar zona de actuación especial para la restauración forestal y medio ambiente. El 7 de septiembre ya se aprobó el Real Decreto 25/2012, que contenía medidas, sobre todo tributarias y personales, para la ayuda a La Gomera.
Dotar a la isla de un equipo de intervención rápida tipo BRIF. Ya hay uno en la isla de La Palma y, según los informes del ministerio, tener más no resultaría demasiado efectivo.
Dotar en épocas de riesgo de más medios humanos y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Estado siempre colabora. Hay que dejar claro —usted lo sabe y lo repetiré luego, en la segunda intervención— que la prevención y la extinción de incendios corresponde a las comunidades autónomas, que tienen delegadas las competencias en los cabildos insulares, lo sabe usted perfectamente. Es decir, el Estado siempre colabora cuando se produce ese tipo de incendios.
Luego habla usted de cofinanciar hasta un máximo del 75% la inversión prevista por el Cabildo Insular de La Gomera; de eximir de la cuota de la Seguridad Social, en referencia al Decreto de septiembre de 2012; de bonificar durante el año 2013 el coste de los billetes de avión desde Tenerife o Gran Canaria, aunque ya sabe usted que en Canarias hay bonificación en esta materia, y la comunidad autónoma considerará una subvención específica de 5 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del año 2013 para el transporte marítimo en las conexiones entre Tenerife y La Gomera, por lo que creo que en ese aspecto se ha salido usted un poco, senador Medina, porque las competencias del transporte marítimo en Canarias corresponden a la comunidad autónoma.
Asimismo, habla de desarrollar una campaña de turismo y elaborar un plan para la recuperación y regeneración integral de La Gomera. Señoría, el Partido Popular en el Parlamento de Canarias pidió la elaboración de ese plan, pero todavía está esperando que el Gobierno de Canarias lo lleve a cabo. Asimismo, pidió una comisión de investigación para averiguar qué sucedió en la isla de La Gomera en ese incendio. Todos los que estábamos en la zona sabemos —usted, mucho mejor que yo, por supuesto, porque es de allí— que se rebajó la alerta ante el incendio el día 8 de agosto y que el día 10 se volvió a activar, pero nunca ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias quisieron aprobar la creación de esa comisión de investigación para saber qué paso, por qué se rebajó el nivel de alerta.
Y, por último, a la vista de lo sucedido en el archipiélago el pasado verano, propone establecer en Canarias una base permanente de tres hidroaviones y tres helicópteros tipo Kamov. En Canarias ya hay Kamov y por todos es sabido, por los informes de los técnicos de la comunidad autónoma, que los hidroaviones son menos efectivos que los helicópteros en Canarias por la dificultad que encuentran muchas veces para llegar a determinadas zonas en La Palma y en Tenerife, y sobre todo, si hay mal tiempo en el mar, no pueden cargar con la misma rapidez que los helicópteros y tienen que hacerlo en los aeropuertos, y por tanto, no son tan efectivos como los hidroaviones, que, sin embargo, pueden llegar desde la península.
Me gustaría que esto no lo considerase como un asunto en contra de su moción, senador Medina, porque sé que usted estuvo allí presente y supongo que en esos momentos se tiene que pasar muy mal. Pero estas son las conclusiones de los informes de los ministerios y que nosotros le ofrecemos.
Por tanto, no apoyaremos esta moción, porque entendemos que sobrepasa lo que realmente se podría pedir al Estado, que ya ha cumplido con ese decreto de ayudas y con sus gestiones en Europa, que no consideró necesaria la ayuda. Bien sabe usted que la prevención y extinción de incendios son competencias de la comunidad autónoma y que están delegadas en los cabildos insulares.
El señor VICEPRESIDENTE (Vallines Díaz): Gracias.
El portavoz del Grupo Mixto no está presente.
El portavoz del Grupo Vasco tampoco está.
El portavoz del Grupo de Entesa, tampoco.
¿Grupo Convergència i Unió? (Denegaciones.) No interviene.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Medina.
El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Como entre canarios anda la cosa, en primer lugar, soy senador por la isla de La Gomera y mi tarea como senador no es cuestionar aquí lo que hacen otros parlamentos ni otros Gobiernos; mi papel aquí es exigir al Gobierno del Estado —que para eso me han elegido los gomeros— lo que yo crea oportuno y
conveniente, sin faltar ni calificar a nadie, acerca de aquello que el Gobierno de España, que es también mi Gobierno, pueda ofrecer para mejorar la calidad de vida de los gomeros. Creo que el senador que ha intervenido en nombre del Grupo Popular no ha entendido la moción, que, efectivamente, va más allá de hablar del incendio: se habla de mejorar una situación económica y social en La Gomera como consecuencia de un devastador incendio, sobre el que no voy a volver atrás a analizar las causas o por qué bajó y subió el nivel de alerta, porque eso ya se ha hecho, y mucho habría que decir sobre ello, pero no voy a entrar. Sí quiero, sin embargo, entrar en esa frase que acaba usted de decir acerca de que el Estado ha cumplido, porque ya podría haber enmendado usted la moción y haberla mejorado. Dice usted que el Estado ha cumplido. No, el Estado no ha cumplido. El Estado ha reaccionado tarde —ahora explicaré por qué—, ha reaccionado de forma insuficiente —y diré por qué— y además su propio ministro, el ministro de Agricultura, ha incumplido promesas y compromisos adquiridos en esta misma sala en su comparecencia de octubre de 2012.
¿Por qué digo que el real decreto ley y las actuaciones del Gobierno están tardando en exceso, desesperantemente? Efectivamente, como ya se ha dicho, el real decreto ley se aprueba el 7 de septiembre y la ley el día 26. ¿Saben ustedes cuál ha sido la primera orden publicada en el Boletín Oficial del Estado que tiene que ver con la activación de las ayudas? La del 22 de mayo. Que me digan a mí dónde está la regulación sobre los daños en producciones agrícolas y ganaderas, de las líneas ICO, de la subvención por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria. Que se diga, si se sabe, para cuándo la publicación de las diferentes normas que desarrollan la Ley 14. Y se están poniendo en marcha medidas ahora, cuando tenemos a las puertas el inicio de la campaña de verano contra incendios. ¡Chiquita tardanza! (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Sigo. Insuficiencia. Le voy a poner un ejemplo al senador del Grupo Popular. Es verdad que fue un error por mi parte no haber incluido en la memoria el documento que elaboró el Cabildo Insular de La Gomera, pero lo tienen el ministro, la vicepresidenta del Gobierno de España, el presidente del Gobierno de Canarias, etcétera. Y tengo aquí un informe firmado por el director conservador del Parque Nacional de Garajonay, quien, poco sospechoso de ninguna inclinación política, evalúa los daños en proyectos de restauración y reposición en 7 036 000 euros. La aportación que hace el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —por eso digo que es insuficiente— para tareas de rehabilitación y mejoras medioambientales son de 578 741 euros, es decir, el 8,2% de las necesidades perentorias que tiene el Parque Nacional de Garajonay, en función de un informe que no es nada político.
Incumplimientos del señor ministro. Quienes estuvimos en la comparecencia del señor Arias Cañete en la Comisión de Agricultura pudimos oírle decir que se celebrarían las reuniones técnicas y sectoriales que hicieran falta. ¿Cuántas se han realizado que no vayan más allá de las dos reglamentarias que marca el Comité de Lucha contra Incendios? Tengo información directa de que con los técnicos de Canarias en esta materia no se ha reunido para abordar tareas de coordinación contra incendios ni una sola vez.
Continúo. ¿Se han tomado o se están tomando medidas, como prometió aquí el señor ministro, para erradicar a los pirómanos, en la lucha contra los pirómanos? ¿Dónde está la planificación y el plan de actuación que debe aprobar el Gobierno para la prevención y la lucha contra los incendios forestales? ¿Lo va a hacer este año otra vez finalizando el mes de junio? ¿Por qué no lo ha hecho ya?
Y concluyo hablando de la tan traída y llevada casuística que tiene que ver con los medios aéreos en Canarias. También afirmó aquí el señor ministro que no haría caso a los políticos pero sí a los técnicos sobre si era o no conveniente ubicar en Canarias medios aéreos. Pero hasta la fecha, esa reunión no se ha celebrado.
Me gustaría plantear una duda que tengo: ¿Qué pasaría si en este año 2013 se repite el escenario de 2012 en Canarias, con tres islas ardiendo y ningún medio aéreo que complemente a los que están en Canarias? ¿Qué pasaría si el Gobierno de Canarias elevara el nivel hasta el nivel 3 y la responsabilidad del incendio estuviese en manos del Gobierno? ¿Cuánto tardaría el Gobierno de España en trasladar a Canarias un hidroavión o más helicópteros? ¿Cuánto tardaría en gestionar con el Gobierno de Marruecos, como hizo entonces, tres o cuatro hidroaviones? ¿Por qué no somos sensatos e instamos al Gobierno de España a que se siente con el canario y todas estas cosas se hablen en un clima de diálogo, consenso y acuerdo? ¿Por qué el Gobierno de España no hace eso, en lugar de que su directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, en respuesta a una solicitud de la Federación Canaria de Municipios, afirme que no son necesarios medios complementarios aéreos porque la mayor parte de los incendios en Canarias son conatos? ¡Faltaría más! ¡Claro que son conatos! Todos los incendios empiezan por conatos. Pero que
es necesaria en Canarias una base, si no permanente, sí temporal, en los meses de mayor índice de posibilidad de incendios: junio, julio, agosto y septiembre, no lo dice un político; lo dicen los técnicos.
Y yo apelo al sentido común de un canario —sé que el canario que me ha respondido es de la provincia oriental, no de la occidental—, apelo a la sensibilidad de un canario para que, al menos, vayamos juntos de la mano a pedir al Gobierno que se siente con el nuestro para buscar soluciones a estas cuestiones, que son delicadas. Señorías, 200 000 hectáreas ardieron el año pasado; esto no es una broma. Y contra los incendios forestales hay que tomar medidas con tiempo suficiente. Y en Canarias en general, y en La Gomera en particular, sobre incendios forestales y sobre desgracias sabemos mucho. Y medios son necesarios.
El señor GUTIÉRREZ VERA: Muchas gracias, señora presidenta.
De entrada, cuando me propusieron debatir esta moción, dije que no me gustaba, porque estamos jugando con tragedias y sucesos muy importantes, que en Canarias no son muy frecuentes, pero cuando se viven son desgraciados. Por lo tanto, en ese punto estoy totalmente de acuerdo con el senador, pero otra cosa es el sentido de la moción.
Senador Medina, si usted hubiera planteado una moción que instase al Gobierno a sentarse con el Gobierno de Canarias para buscar soluciones, la hubiésemos aceptado, pero ha presentado una moción con un montón de puntos que se salen de una lógica de entendimiento.
Como le he dicho, no quería debatir esta moción, aunque podría entrar en el fondo de la cuestión de aquellos días —el 8 y el 10— que se vivieron en La Gomera y que salieron en prensa, pero no quiero hacerlo porque supongo que ustedes lo pasaron muy mal y además supondría iniciar un debate político mucho más importante.
Sin embargo, usted dice que estamos a punto de empezar la campaña del próximo año y seguimos igual, pero, como usted sabe, desde hace tres años, las competencias de los parques nacionales de Canarias: Garajonay, en La Gomera; La Caldera de Taburiente, en La Palma; el Teide, en Tenerife y Timanfaya, en Lanzarote —aunque este no tiene peligro de incendio—, están transferidas a las comunidades autónomas. Desde el año 2010, el Gobierno de Canarias —formado actualmente por su partido y Coalición Canaria— no ha justificado la subvención de 3,5 millones de euros que se le concedió. Además, con la transferencia de los parques nacionales vinieron 16,9 millones de euros, que tampoco se han justificado todavía y, por lo tanto, el Gobierno central no va a dar más dinero al Gobierno de Canarias para parques nacionales mientras no justifique las cantidades anteriores.
Si no cuentan con dinero, los parques nacionales no podrán hacer las tareas de prevención y de limpieza y, por lo tanto, creo que se lo tiene usted que decir a su secretario general, que es el consejero de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, don José Miguel Pérez, para que haga esa gestión y justifique esos gastos ante el Gobierno central, de manera que pueda seguir recibiendo dinero con el fin de que los parques nacionales realicen las tareas de prevención necesarias.
Señor Medina, todos sabemos que los incendios son imprevisibles y nadie los deseamos, pero cada uno debe hacer su trabajo. Por ello, si usted presenta algún día una moción que inste al Gobierno de España a sentarse con el Gobierno de Canarias para hablar de este o de otros temas y llegar a acuerdos, seré el primero que la firme.
Concluido el debate de la moción, vamos a proceder a la votación.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de la última moción del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Alique, para la defensa de la moción.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como senador por la provincia de Guadalajara y como persona vinculada a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía —no en vano nací en uno de ellos, en Sacedón— y preocupado por lo que está aconteciendo allí y por el sentir de los vecinos de esos pueblos, he presentado esta moción que tiene que ver con las obras de abastecimiento de lo que será la futura mancomunidad de Entrepeñas y Buendía.
El 17 de abril del año 2007 se firmó un convenio entre el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía para invertir una situación que ha venido ocurriendo en los últimos años.
La verdad es que los pantanos de Entrepeñas y Buendía, cuando se pusieron en marcha a principios de la segunda mitad del siglo pasado, levantaron una serie de expectativas optimistas sobre el desarrollo económico y social de esos municipios que no solo no se han visto cumplidas sino que se ha producido un empeoramiento en los últimos años, fruto de dos factores: en primer lugar, que debido al cambio climático, las aportaciones a la cabecera se han reducido; y en segundo lugar, que el trasvase Tajo-Segura ha hecho que haya menos agua en esos pantanos, de forma que lo que fue un desarrollo turístico en el pasado se ha convertido prácticamente en desolación, cuando no en el inicio de una despoblación galopante de estos municipios.
Dentro de ese convenio se hablaba de varias cosas, entre ellas, de, al menos, garantizar agua para el consumo humano y para el desarrollo de esos municipios. Por lo que se refiere al consumo humano y al agua para ese desarrollo, se licitaron las obras del proyecto de abastecimiento de la futura mancomunidad de aguas de Entrepeñas y Buendía en noviembre del año 2007. Muchos de estos municipios, a día de hoy disponen de un sistema precario de abastecimiento, algunos de ellos mediante pozos. La obra se adjudicó a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A. Las aguas se cogen en las proximidades de Morillejo, y cuando esté terminada la obra darán agua en cantidad y calidad suficiente para que se asegure el suministro a 54 núcleos de población distribuidos en 30 municipios —23 de ellos de la provincia de Guadalaja y 7 de la provincia de Cuenca—, de esta manera se evitará la presencia de las cisternas que habitualmente aparecen en los meses de verano en estos municipios para suministrar agua, donde se pueden albergar hasta 2474 hectómetros cúbicos en ambos embalses. El año pasado, por ejemplo, vimos que se trasvasaron a la cuenca de levante 25 hectómetros cúbicos más de los que recibieron en ese año hidrológico Entrepeñas y Buendía.
El presupuesto de adjudicación de las obras que se licitaron y adjudicaron en el año 2007 asciende a 40,7 millones de euros. Posteriormente se tramitó el modificado número 1, que abre el abanico a otros municipios pero no afecta en absoluto a la obra principal. En cualquier caso, en la información pública de ese modificado se vuelve a insistir, igual que se hizo en la comisión de seguimiento que se celebró en junio del año 2012, en que las obras deben finalizarse el 14 de diciembre del año 2014, que parece que queda mucho pero realmente solo resta año y medio.
Según la comisión de seguimiento que se celebró en julio de 2012 tenía que haberse dotado el presupuesto de 2013 con 12,1 millones de euros y, lejos de eso, la dotación presupuestaria que el Gobierno propuso en su proyecto de ley y que el grupo parlamentario no modificó, a pesar de que había enmiendas para hacerlo, se quedó en 1,5 millones de euros. Esta cantidad es a todas luces insuficiente para continuar con la ejecución de las obras y, por tanto, para cumplir con el plazo de finalización el 14 de diciembre del año 2014. Es más, les anuncio que las obras están paradas porque 1,5 millones de euros
no dan ni para los primeros meses. En este sentido, el otro día la presidenta de la Diputación de Guadalajara se lo confirmó también a una representación de los municipios ribereños.
Creo que esta situación es absolutamente irreal y esperpéntica ya que se niegan inversiones en los municipios ribereños que son necesarias para terminar las obras en un tiempo razonable y para cuando estaba previsto, y garantizar el suministro de agua, y por tanto de consumo humano, porque insisto en que el año pasado tuvieron que volver otra vez las cisternas en el verano, y si no se remedia, este verano volveremos a verlas. Estos municipios ven dos pantanos, ven el agua —aunque cada vez menos— y no la pueden utilizar para su consumo y desarrollo, mientras se aprueban trasvases y trasvases al Levante español. Este año, por ejemplo, 406 hectómetros cúbicos, más de lo que ha sido la media.
Insisto en que es una situación absolutamente irreal y esperpéntica, que supone una clara discriminación hacia estos municipios, de manera que si esta obra y otras actuaciones no se llevan a cabo están abocados a marcharse de la zona, a dejarla desértica y sin ninguna posibilidad de futuro.
Como en el Grupo Parlamentario Socialista no queremos eso, queremos que haya desarrollo en los municipios ribereños y que puedan beber agua potable, de calidad y que no les falte, presentamos esta moción, que tiene dos partes: la primera, que se cumpla el plazo de finalización de las obras de abastecimiento de la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, de las provincias de Cuenca y Guadalajara para el 14 de diciembre de 2014, que es lo que dicen todos los documentos que existen ahora mismo y que es un compromiso que ha de cumplir la empresa; y, la segunda, es que para que esto se pueda llevar a cabo, se realicen los incrementos presupuestarios precisos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 para dar cumplimiento al citado proyecto, de tal forma que durante este año se reinicien las obras que en este momento están paradas y que puedan llevar un ritmo adecuado para que estén finalizadas en el plazo establecido para su terminación, el 14 de diciembre de 2014, para que a partir de ese momento puedan consumir esa agua que tienen y que no disfrutan los municipios ribereños.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Moya.
La señora MOYA MORENO: Buenas tardes, y muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Alique, las obras de abastecimiento de la mancomunidad de los municipios colindantes a los embalses de Entrepeñas y Buendía, como usted sabe, se encuentran en construcción. El vigente contrato de ejecución de las obras tiene prevista su finalización en el año 2015, y, como usted también conoce, se está tramitando en estos momentos el modificado número 1 del proyecto para permitir en un futuro la ampliación del número de núcleos de población a abastecer no previstos inicialmente —tampoco estaba previsto el presupuesto—, lo que necesariamente va a requerir un plazo de ejecución adicional al actualmente vigente; y, por supuesto, también un presupuesto adicional al vigente, todo ello de acuerdo con lo acordado —valga la redundancia— en la comisión de seguimiento del convenio, que se celebró, como decía usted muy bien, el día 13 de junio del año 2012.
Por tanto, no vamos a apoyar el texto de la moción tal y como usted la ha presentado. Proponemos, como ya sabe, un texto alternativo, por el cual la Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a que se ultime la tramitación del modificado número 1, complementario al proyecto de abastecimiento a la futura mancomunidad de los municipios colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía. Hasta tanto en cuanto no se produzca este modificado con el presupuesto correspondiente y con todos los informes técnicos correspondientes y se firme, difícilmente podrán terminarse las obras. Así pues, entendemos que es prioritaria la aprobación de este modificado número 1 del proyecto de las obras de abastecimiento a la mancomunidad de los municipios de Entrepeñas y Buendía.
Senador Alique, tiene la palabra para decir si acepta o no el contenido de la enmienda que se presenta.
El señor ALIQUE LÓPEZ: No —luego tendré ocasión de contestarle a la señora Moya—. No la podemos aceptar. Solo para que quede claro: el día 26 de noviembre del año 2012 en el Boletín Oficial del Estado se anunció por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo la información pública del proyecto modificado número 1, y lo leo textualmente, señora Moya, porque entiendo que a lo mejor no está en estas cosas y no lo conoce, dice: «Plazo de ejecución. Las obras constitutivas del proyecto modificado número 1 está previsto ejecutarlas dentro del plazo de ejecución actualmente en vigor para las obras
principales cuya fecha de finalización es el 14 de diciembre del año 2014», no del año 2015, señora Moya. Pero es más, el 13 de julio del año 2012 se celebró esa reunión de la comisión de seguimiento —le vuelvo a leer— porque se hace un reajuste de las anualidades, en el que se dota de 12,1 millones de euros para el año 2013; precisamente porque las fechas de finalización de las obras están previstas, dice: el plazo vigente para la finalización de los trabajos el 14 de diciembre del año 2014. So pena de que entienda usted 14 de diciembre del año 2014 por el día 1 de enero del año 2015. En ese caso sí lo entendería, pero ya le digo que están los documentos.
No admitimos la enmienda, que además es de sustitución, porque es una enmienda, si me permite la calificación, de fuegos de artificio. Pretende no hablar de lo que realmente importa y hablar de algo que no estamos planteando. Nosotros no estamos sugiriendo nada del proyecto modificado, imaginamos que lleva el ritmo adecuado: no hace falta la evaluación de impacto ambiental, según se dice en el anuncio del mes de noviembre del año 2012, en el Boletín Oficial del Estado. Es un proyecto que ya autorizó la Dirección General del Agua en 2009; por tanto, entendemos que estará a punto de terminarse, so pena de que usted nos diga lo contrario. Nosotros no hablamos de eso, decimos que el Gobierno ha quitado casi la totalidad, por no decir la totalidad, del presupuesto para hacer la obra principal, que es la que está parada. No es que esté parado el proyecto modificado, está parado el proyecto principal.
El Gobierno no hace ni una cosa ni la otra. No hace el proyecto principal, porque para las obras, y no hace el proyecto modificado, porque todavía está mareando la perdiz. Ustedes lo que nos proponen es que el Gobierno deje de marear la perdiz y ultime la tramitación de la modificación. ¡Pues que deje de marear la perdiz; que lo ultime! Ustedes con esta enmienda, como digo, salen por peteneras, porque lo importante es que el Gobierno ha parado las obras, que ha parado la obra principal, y lo que plantea el Grupo Popular es que se ultime la tramitación del modificado número 1. Pues bien, como le he dicho anteriormente, que se ultime; repito, que se ultime, pero con presupuesto, y sobre todo que se dote de presupuesto a la obra principal, que es la que está realmente parada, porque la obra del proyecto modificado es accesoria; importante, por supuesto, pero no influye sobre la obra principal, porque se sabe dónde están las conexiones, se sabe la sección que tienen que tener las nuevas conexiones; por tanto, la obra principal es la que no debería estar parada.
Yo creo que, igual que el Gobierno mete papeles, el Partido Popular, con esta moción, quiere meter un papel para marear la perdiz, pero no para lo importante, que es lo que proponemos en nuestra moción: que se dote presupuestariamente a esta obra de la cantidad suficiente para que, insisto, se reinicien las obras que están hoy paradas y se pueda cumplir con el plazo de finalización. Me da lo mismo que sea el 14 de diciembre del año 2014, que es lo que dicen todos los documentos del expediente, o el 1de enero del año 2015, que tampoco pasaría nada; el problema es que si no se reinician las obras no estarán terminadas ni en diciembre de 2014 ni en enero de 2015, o, como dicen, por cierto, los Presupuestos Generales del Estado, con la dotación presupuestaria que había para este ejercicio presupuestario de 1,5 millones de euros; en concreto, se terminaría con esa previsión del Gobierno en el año 2016, donde habría 5 millones de euros. Ya digo que es una clara discriminación a una tierra que trasvasa agua; la única de este país que trasvasa agua, que ve cómo el agua sale de su territorio, que ve que no tiene agua para beber y tiene que utilizar cisternas en verano porque no tiene un abastecimiento de calidad y suficiente para beber y para su desarrollo. Creo que La Alcarria, del centro de España, tiene también derecho al desarrollo, y su gente también tiene derecho a beber agua de calidad y suficiente.
No habiéndose aceptado la enmienda de sustitución, para un turno en contra, tiene la palabra la senadora Moya.
La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creo que para el resto de compañeros senadores que no son de la zona, que no son castellano-manchegos, que no son tampoco de la comarca de Entrepeñas y Buendía y que no son ni de Guadalajara ni de Cuenca —como sí lo somos usted y yo, señor Alique— debemos ponernos en situación de cuál es la verdad y qué es lo que ha venido ocurriendo en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía durante muchos años.
Señorías, las obras de abastecimiento a la mancomunidad de los municipios colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía fueron declaradas de interés general por la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, y se encuentran en estos momentos, a pesar de que usted diga lo contrario, en
construcción, y de acuerdo con el contrato de ejecución vigente tiene previsto la finalización en el año 2015.
Usted habla de presupuestos. Yo estoy acostumbrada a ver Presupuestos Generales del Estado socialistas, donde durante muchos años han modificado cantidades a diestro y siniestro, donde anuncian obras que luego no se hacen, y, en definitiva, lo que hacen es anunciar para luego no hacer. Yo creo que hay que ser serios a la hora de hablar de presupuestos, y usted, que tiene alta experiencia en este sentido, debería ser también serio al hablar de esto.
La obra en cuestión, señorías, va a abastecer a unos 66 municipios y núcleos de población de las provincias de Cuenca y Guadalajara, todos ellos del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía y algunos otros que no son del entorno, pero que sí son pueblos o municipios situados por la zona donde transcurre el trasvase Tajo-Segura. La mayor parte de estos pueblos ribereños, señorías, han venido sufriendo problemas de abastecimiento desde hace años, mientras contemplaban con total solidaridad cómo el agua almacenada en los embalses discurría hacia el Levante, a través del trasvase Tajo-Segura, y cómo un Gobierno socialista de la región de Castilla-La Mancha, instalado durante casi treinta años, no procedía ni producía la más mínima inversión, ningún tipo de ayuda al desarrollo de ninguno de ellos, y más teniendo en cuenta que las arcas regionales recibían religiosamente el canon del trasvase. Año tras año lo recibían, a la vez que año tras año también se producía el trasvase de agua a levante, que parece que ahora es algo nuevo. A su vez se hace una guerra abierta con el agua —una guerra entre comillas— por parte de los Gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, haciéndose, por tanto, bandera política por parte del señor Bono, del expresidente Bono, y del señor Barreda, cuya respuesta cuando se les preguntaba que dónde iba a parar el dinero que recibía la comunidad era que al cajón de sastre, incumpliendo, por tanto, la ley, ya que está muy claro que ese dinero debía ir fundamentalmente a los pueblos situados en las cabeceras.
Señorías, señor Alique, si en aquel momento y durante tantos años el dinero recibido por la comunidad autónoma se hubiese destinado a donde debía, es decir, a las cabeceras de los pueblos ribereños, hoy no seguiríamos hablando de abastecimiento con cisternas de agua a muchos de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía. Yo, desde luego, creo que usted, entre otros, durante muchos años debería haber exigido, debería haber pedido, puesto que es de la zona —yo no soy de la zona de los ribereños, usted está más cercano que yo—, debería haber exigido —insisto— la inversión en esos pueblos para dejar de ver las cisternas. Pero ustedes entonces aplaudían, mientras que los demás lo estábamos pidiendo efectivamente.
Señorías, la obra que nos ocupa fue proyectada durante un Gobierno del Partido Popular en el Plan Hidrológico Nacional, que no solo contemplaba esta obra sino otras más, algunas de ellas ya terminadas, sobre todo en infraestructuras en materia de comunicación. Pero, además, también había obras como los azudes de Entrepeñas y Buendía; ahora veo que usted también sale pidiendo el azud, cosa que antes no había hecho, como tampoco otros azudes en otros pantanos que también afectan a Castilla-La Mancha y que suponían un desarrollo y reconocimiento a muchos años de contribución solidaria con otras regiones de España. Pero ya sabemos todos qué es lo que pasó con el Plan Hidrológico Nacional: que el señor Zapatero y el Gobierno socialista lo derogaron, con el consiguiente visto bueno y apoyo de los socialistas de Castilla-La Mancha, incluido usted, señor Alique. Como decía, esas obras fueron declaradas de interés general en el año 2001. Desde el año 2001 y hasta el 2004 el Gobierno del PP planificó ese Plan Hidrológico y empezó a desarrollar esas obras. Me gustaría saber qué hicieron ustedes con anterioridad a 2001, y qué hicieron a partir de 2007 y hasta el año 2009, en que comenzaron las adjudicaciones de algunas obras. Y me gustaría saber qué hicieron para poner en marcha el famoso programa de desarrollo sostenible de esos municipios, que contemplaba, entre otras, las obras de abastecimiento a las que estamos haciendo referencia.
Efectivamente, señor Alique, el 13 de julio de 2012 se reunió la comisión de seguimiento del convenio firmado en 2007, donde se hizo balance de la situación de los expedientes de las obras contempladas en él, entre ellas, el abastecimiento a los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ya en esa comisión, como usted conoce muy bien, se ponen de manifiesto algunas dificultades a la hora de iniciarse la obra debido a la disponibilidad de los terrenos, entre otras cuestiones. También se comunica la tramitación de la modificación número 1, que supone un incremento del 14,8962%, que haría posible la finalización de la ampliación de la red de suministro de agua a los municipios y núcleos urbanos que solicitaron con posterioridad su incorporación al referido abastecimiento mancomunado, así como la modificación local de los trazados inicialmente previstos. Como usted sabe, la modificación supone la
suspensión parcialmente de la ejecución de la obra en algunos tramos; igualmente, deberán acomodarse los plazos y, como es obvio, también los presupuestos. En este caso, señor Alique, como usted sabe muy bien, porque tiene el convenio, igual que yo, los representantes de la asociación de pueblos ribereños ponen de manifiesto que estas obras no estaban contempladas en el proyecto original y que esto supondría un retraso, así como que si este modificado no se aprueba y sale rápidamente no podrán entrar en funcionamiento las redes construidas y la mancomunidad no se pondría en marcha, con el consiguiente perjuicio a los municipios. Es más, añaden que sería una inversión malgastada.
Por tanto, señor Alique, creo que lo importante es que estas obras continúen, que no se corra ningún riesgo, y que se adapten a las dotaciones presupuestarias, dada la situación económica actual.
Finalmente, quiero poner en valor que el Gobierno del Partido Popular — porque aquí hay que hablar de otras cosas en lo que afecta a los pueblos ribereños— ha vuelto a poner en marcha todas las infraestructuras hídricas paralizadas por Gobiernos socialistas. Barreda prometía y Zapatero paralizaba. Además, se ha elaborado un Plan de cuenca del Tajo con el que creo que usted también debe estar satisfecho, que satisface la demanda histórica de los pueblos ribereños. El Gobierno de Castilla-La Mancha, con la presidenta De Cospedal a la cabeza, logra un acuerdo hídrico histórico que establece una nueva reserva de 400 hectómetros cúbicos no trasvasables en los embalses de cabecera. Esto supone una lámina del 40% de la superficie en terreno, un logro que ha sido aplaudido por los pueblos ribereños, por organizaciones agrarias, menos por ustedes, por los socialistas. Creo que hay que recordar que la reserva anterior era de 240 hectómetros cúbicos. Entonces el señor Bono, presidente de la comunidad autónoma, se dio por satisfecho, y a bombo y platillo manifestó: No tengo más objetivos que conseguir. Todos los objetivos que nos hemos planteado en el Tajo, están todos conseguidos. Todos. ¿Cabe mayor satisfacción? Además, dijo: Hemos conseguido lo mejor que podíamos alcanzar, algunas veces ni siquiera en mis sueños más optimistas con respecto al Tajo podía imaginar estos objetivos.
Le suena, ¿no? Vuelve a ser un Gobierno del Partido Popular el que sin alharacas, sin banderas y, por supuesto, sin expresiones como las que se hicieron en aquel momento, presenta una propuesta seria que garantiza el agua en cantidad y calidad, pero no solamente para el abastecimiento —porque podríamos tener obras hechas y después no tener agua— de los castellano-manchegos, sino que también garantiza la demanda de agua para abastecimiento a regadíos y demás usos industriales, de lo que parece que usted se olvida. Garantiza el agua potable aun en época de sequía a más de un millón de personas, y también hay agua suficiente para las más de 158 000 hectáreas de regadíos y la transformación de otras futuras, lo que tendrá como consecuencia la fijación de empleo y población en el medio rural. Y, hablando de fijación en el medio rural, señor Alique, durante los muchos años en los que ustedes gobernaron en Castilla-La Mancha podían haber puesto en marcha medidas que fijaran la población para que la gente no se fuera de los pueblos ribereños, como se ha tenido que ir, porque ni siquiera fueron capaces de poner en marcha los regadíos tradicionales que venían aprobados en el Plan Hidrológico Nacional; ni siquiera fueron capaces de ponerlos en marcha. Señorías, lo más importante es asegurar la finalización del proyecto sin crear falsas expectativas y contar de una vez por todas con una realidad que sea la que desarrolle nuestros pueblos.
Señora presidenta, voy a finalizar rápidamente, pero no sin dejar de referirme a dos o tres consideraciones que creo que son inasumibles por mi parte. El señor Alique calificaba de esperpéntica e irreal la situación que se está viviendo. Yo, desde luego, creo que no hay nada más esperpéntico e irreal que decir la mentira. Y, desde luego, señor Alique, no sé cómo usted tiene el valor, en La Crónica de Guadalajara, el 22 de abril de 2013 —no me lo invento yo—, hablando de esta infraestructura y del azud de Sacedón, de decir: Las obras están paradas, no hay máquinas ni personal trabajando porque el Gobierno de Rajoy las ha dejado sin presupuesto en 2013 para destinar los 12,1 millones de euros que tenían asignados a obras de reparación en el canal del trasvase Tajo-Segura. Señor Alique, creo que cuando uno representa a alguien —usted en este caso a los habitantes de Guadalajara y también de los pueblos ribereños— tiene que ser serio. Usted sabe que las máquinas están allí. Usted sabe que la gente está trabajando en la obra. Usted lo sabe. (El señor Alique López: ¡Pero, bueno!) Pero bueno, no. Usted no tiene que decir esto; lo dice aquí. El señor Rajoy no ha quitado dinero. Usted no va a la obra; usted no ha ido a la obra y no lo ha visto. (Rumores.) Por lo tanto, usted no puede decir que el señor Rajoy ha quitado el dinero a esta obra y la destina a otros menesteres.
También hay que arreglar las grietas que tiene el trasvase para que no se pierda el agua, y ustedes no arreglaron ni una.
Yo creo, señorías, que no hay que crear esas falsas expectativas, como decía; lo que hay que hacer es seguir invirtiendo en esa obra, que en estos momentos tiene más de dos millones. A mí me gustaría que fueran doce, o que fueran catorce, pero también me gustaría que la situación económica de España fuera otra y no la de desastre que ustedes nos han dejado por el despilfarro que han hecho durante los años de Gobierno socialista. Entonces usted no se quejaba. Lo que ha hecho ha sido colaborar con su apoyo, con su voto y con su silencio a que estos pueblos estén en la situación en la que están.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Varios señores senadores: Muy bien.—Rumores.)
En turno de portavoces, tiene la palabra el senador Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, presidenta.
Sinceramente, veo que la señora Moya, quizá por desconocimiento y no estar en el terreno o en el territorio, tiene un cierto guirigay. Y yo creo que lo tiene el PP en su conjunto.
Miren, ABC digital —es una fotocopia, no es el periódico—. «PP: las obras de abastecimiento a pueblos ribereños terminarán en 2013. El senador del PP por Guadalajara, Porfirio Herrero, anunció que las obras de abastecimiento a los municipios ribereños estarán concluidas a finales del 2013.» Lo dice el 17 de julio del 2012, cuando yo hago unas declaraciones diciendo que se está abasteciendo con cisternas a varios municipios ribereños. La señora Moya nos acaba de decir hoy que las obras finalizan en el 2015. Los papeles, los documentos dicen que el 14 de diciembre del año 2014. Y los presupuestos —el señor Rajoy o quien haga esto— dicen que se terminará en el año 2016. Por tanto, no saben ni cuándo la van a terminar. Sinceramente, creo que tampoco tienen mucho interés.
Yo no voy a llamarla a usted mentirosa, porque no creo que sean los términos parlamentarios, pero usted falta a la verdad cuando dice que las obras están en construcción. Pero ¿cómo voy a ver las obras, si están paradas? No se puede ver lo que no existe. Las obras están paradas. Vaya usted a los municipios ribereños. La presidenta de la diputación, que es presidenta del Partido Popular en Guadalajara, el otro día le reconoció a una delegación de los municipios ribereños que las obras están paradas. Vaya a hablar con la gente en los pueblos. Las obras están paradas, se pongan como se pongan. Están paradas, porque no hay presupuesto, no por otra cosa. Si hubiese presupuesto, imagino que la empresa las reiniciaría o las haría. (Rumores.) Yo no les he interrumpido, señora Moya y señores del Partido Popular. Les veo muy nerviosos. Sinceramente, creo que es un asunto mucho más sencillo: que se dote de presupuesto suficiente a esta obra para que se reinicie y se termine en plazo suficiente para que la gente pueda beber agua y pueda tener posibilidades para el desarrollo, claro; el industrial y el que sea. Me hablaba usted de que no se han ejecutado los regadíos... (Rumores.) —bueno, si me dejan hablar, si no también voy a seguir hablando— …los regadíos de los municipios ribereños. Pero es que no está planteado ningún regadío en los municipios ribereños; no confunda usted la zona de Almoguera, que está más abajo. ¿Usted sabe de dónde sale el trasvase Tajo-Segura? Antes ha dicho: …que está afectado por los municipios por los que transcurre el trasvase. El trasvase transcurre desde Bolarque. A esos municipios no les llega el agua. A unos un poquito abajo, sí; a Almonacid. Pero en todos los demás municipios no transcurre el trasvase, es que todavía no ha nacido el trasvase. Desde ahí sale el trasvase del agua. Y no hay ningún regadío ni en Sacedón ni en Huete ni en ninguno de esos municipios (Rumores.); en Sacedón no existe ningún regadío. Hablo de los municipios ribereños; otra cuestión es que estén planteando nuevos. Pero ese no es el asunto que nos trae aquí. El asunto que nos trae aquí es esta obra, que, como digo, se necesita en un sitio donde hay una situación deficiente de abastecimiento en esos pueblos, que se tienen que abastecer —e insistiré hasta el final— con cisternas. Puede ocurrir eso, que sea algo que podamos ver en algún sitio, pero que en el lugar que es el único sitio de este país en que se trasvasa agua al Levante español la gente no pueda beber… (Rumores.) Por Dios, eso no tiene remedio. Pero es que no tienen agua ni para beber ni tampoco para el desarrollo, para que puedan instalarse industrias, etcétera. Y todo esto ocurre —y escúcheme bien, señora Moya— al mismo tiempo que, como le he dicho anteriormente, en la provincia de Guadalajara y la provincia de Cuenca los municipios ribereños son los únicos de este país que llevan trasvasando agua más de treinta años, en este caso al Levante español. Al mismo tiempo que cuando hay una rotura en la conducción del trasvase Tajo-Segura —yo no digo que no haya que arreglarla— para eso no le falta tiempo ni presupuesto al Gobierno del Partido Popular. Mire usted el dinero que había el año pasado para arreglar las conducciones del trasvase Tajo-Segura y mire lo que hay este año, y comprobará que es una realidad lo que le dicho: que sí hay dinero para arreglar la
conducción del trasvase Tajo-Segura y no para hacer la obra de abastecimiento de los municipios ribereños. Y eso se produce bajo un Gobierno del Partido Popular, les guste o no les guste.
Por tanto, el Gobierno no tiene tiempo ni presupuesto para las obras de abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y le falta tiempo para autorizar, por cierto, trasvases. Este año, en el último, de 228 hectómetros cúbicos, ya van 406 hectómetros cúbicos, cuando —fíjense en el último trasvase— El Talave, que es el que recibe el agua de verdad, está echando agua porque ya no puede más por toda el agua que está recibiendo. ¿Sabe a cuánto está la cuenca del Segura en este momento? Al 71,3% más/ menos. Y la cuenca de la cabecera del Tajo, es decir, Entrepeñas y Buendía, está al 40%. Es una cosa increíble. En un momento en que se supone que faltaba agua, hay más que agua o demasiada agua, y donde se supone que debería ser un sitio donde se almacene agua para los problemas que pueda haber el día de mañana no hay agua. Y se siguen autorizando trasvases.
En cuanto a lo del plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que no es para hoy y, por tanto, no quiero distraerme, solamente le voy a decir dos cosas. Primero, el borrador del año 2011, con un Gobierno socialista, no era un borrador del Gobierno en el sentido político, era un borrador que los técnicos habían presentado al Gobierno. Por tanto, era un documento técnico. ¿Y sabe lo que decían los técnicos? Decían que era necesario casar dos cosas, porque, si no, el problema de la cabecera del Tajo sería endémico, no se podría nunca solucionar. La primera, que se fijase un nivel mínimo en cabecera de 400 hectómetros cúbicos. Por cierto, no es el 40% de superficie; veo que controla poco. Usted haga la cuenta: 2474 hectómetros cúbicos; 400 hectómetros cúbicos es el 16,1%, no el 40%, digo yo. ¿O 400 hectómetros es el 40% de 2474? Si ya también le fallan las matemáticas… Ya veo que usted está de números hoy relativamente mal.
Pero, ya digo, hay que casar dos cosas: un nivel mínimo de 400 hectómetros cúbicos de agua, cuidado, no para cinco años que se produzca definitivamente, y, sobre todo, lo más importante, que, como ocurre ahora con los 240 hectómetros cúbicos, aun en situaciones hidrológicas excepcionales, por ejemplo, riegos de socorro, que no se pueda mandar. Porque, ahora, ¿qué estamos haciendo? Subir de 240 a 400, ponerlos en una línea en el hormigón de la presa, pero ustedes se lo pueden saltar, porque en casos excepcionales se puede pasar, cosa que hoy no ocurre con los 240 hectómetros cúbicos. En segundo lugar, junto con esa subida del nivel, limitar los trasvases entre 200— 250 hectómetros cúbicos cada año. Eso es lo que soluciona la cabecera del Tajo y las demandas de la cuenca del Tajo y el que pueda haber agua de calidad en el curso del río Tajo a su paso por las provincias de Madrid y de Toledo.
Por tanto, esa es la cuestión, un nivel mínimo de 400 hectómetros cúbicos, pero con un límite de trasvase en unos 200 hectómetros cúbicos, y lo contrario, subir a 400 hectómetros cúbicos, que son inseguros, porque se pueden pasar cuando se quiera en el caso de que haya una situación excepcional, y no limitar el trasvase, como propone el Partido Popular.
Por tanto, si ese plan se queda como está ahora mismo no satisface las necesidades de los municipios ribereños; a lo mejor las del Partido Popular, las de la señora De Cospedal y las suyas, sí, pero no —repito— las de los municipios ribereños. Y pregunte a ellos, que quieren un 40%; y un 40% no son 400 hectómetros cúbicos.
Usted hablaba al mismo tiempo de las inversiones. Fue el Gobierno socialista en el año 2007 —antes, porque, claro, si se licita en noviembre de 2007 hay que hacer primero el anteproyecto—, el que hizo el proyecto, como hizo también la carretera de comunicación de los municipios de Cuenca y Guadalajara. Pero esa no es la cuestión. Lo haya hecho quien lo haya hecho o quien no lo haya hecho, el problema es que tenemos ahora una situación encima de la mesa, y es que las máquinas en los municipios ribereños están paradas, y para que se continúe se necesita hacer una modificación en el Presupuesto General del Estado para 2013 para dotarlo de mayor cantidad, aproximada a los 12,1 millones de euros, si queremos que se termine en diciembre del año 2014; si no, ya me dirá usted. Lo importante es que se termine; sí, coincido con usted, pero puede terminarse en 2014, como dicen los papeles; en 2013 ya no, como dice el señor Herrero; en el 2015, como dice usted; o en 2016, como dicen los Presupuestos Generales del Estado. Aclárenlo, pero los municipios ribereños no pueden seguir esperando y viendo cómo se trasvasa agua mientras que no tienen agua para su consumo y para su desarrollo.
Y termino. Muchas gracias.
Para la conclusión del debate, ¿quiere intervenir nuevamente la senadora Moya? Tiene usted un minuto.
Voy a intervenir muy brevemente. Señor Alique, le vuelvo a insistir: de verdad, me gustaría que esta obra estuviera terminada desde hace muchos años y que no hubiera cisternas que tuvieran que llevar agua a pueblos de Guadalajara y de Cuenca. Pero, señoría, me habría gustado muchísimo que hubiese estado hoy aquí un senador compañero nuestro de Guadalajara, que por las mañanas cuando sale de su casa para venir a Madrid o cuando va a Guadalajara se fuma un cigarro con los trabajadores, con los que están en el tajo de esta obra; y me habría gustado que hubiera hecho una foto y me la hubiese mandado. Repito: se fuma un cigarro con los trabajadores en el tajo. Usted viaja poco por la provincia de Guadalajara y poco por los pueblos ribereños. (Rumores.) Y prueba de ello es que ahora se hace el defensor total y absoluto, un defensor a ultranza de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuando ha estado muchos años callado, muchos años consintiendo; y ha habido treinta años sin inversiones, treinta años sin que se lleve dinero a esos pueblos, y treinta años en que el dinero que han recibido se ha gastado en otras cosas en las que no se debería haber gastado. Por tanto, esa es la situación en la que nos encontramos. Es una situación muy clara: ustedes han estado callados durante esos casi treinta años y ahora se hacen defensores totales y absolutos.
Vuelvo a insistir: hay regadíos que están aprobados, como los regadíos del Guadiela, aprobados, de interés general, que también son de Cuenca, no de Guadalajara —mire usted, yo soy de Cuenca—, que estaban incluidos en el Plan Hidrológico Nacional. Pero pueblos ribereños son de Entrepeñas y Buendía, y tengo que recordarle que Buendía es el pantano más grande que surte de agua al de Entrepeñas, ¿o no es verdad tampoco? Es verdad, claro. (Rumores.) Entonces, esos regadíos, señoría…
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, por favor.
La señora MOYA MORENO: Es que es así, señor Alique. Esos regadíos estaban declarados de interés general, pedidos por muchos agricultores de la zona, incluidos en el Plan Hidrológico Nacional, y no fueron aprobados ni puestos en marcha nunca porque no había fondos del dinero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hubo un plan especial de pueblos ribereños que ustedes votaron en contra, al menos desde la Diputación de Cuenca para los de Guadalajara, para hacer inversiones. Usted se ríe. Haga todo lo que quiera. Ríase. (Rumores.)
La señora MOYA MORENO: Lo que tiene usted que hacer es ir a explicar a los pueblos ribereños qué es lo que durante treinta años han hecho en el Gobierno de Castilla-La Mancha, y por qué ahora están en contra de que haya una reserva de 400 hectómetros cúbicos de agua para las cabeceras del Tajo. Eso es lo que tiene usted que explicarles, y en qué han gastado el dinero durante treinta años, y por qué durante tantos presupuestos de Gobierno socialista han ido alargando los presupuestos, no han ido haciendo la obra y dónde han invertido el dinero. Eso es lo que tiene usted que explicarles, y por qué se han hecho otras infraestructuras. Nada más y nada menos.
Creo, señoría, que hay una situación económica de la que ustedes son conscientes.
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
La señora MOYA MORENO: Es consecuencia, como he dicho anteriormente, del despilfarro que ha habido durante estos últimos años de Gobierno socialista, y entre todos debemos ser conscientes y sacar adelante a nuestra comunidad autónoma, por un lado, como se está haciendo, y también a España en general. Y estoy segura de que esas obras se van a terminar lo antes posible, porque en el momento en que haya posibilidades presupuestarias se podrán adelantar, lógicamente, y terminar en beneficio de todos y de los pueblos ribereños.
Concluido el debate tenemos que proceder a la votación de la moción. (El señor Alique López pide la palabra.)
Tiene un minuto, pero sin reabrir el debate. (Rumores.)
El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Me imagino que se habrá equivocado la senadora. No voy a entrar en ninguna discusión. Solo quiero decir que hay un canal que comunica Entrepeñas con Buendía y no Buendía con Entrepeñas. Sería imposible que Buendía diese agua a Entrepeñas; es al revés. La comunicación es de Entrepeñas con Buendía. Pero eso forma parte de 2014, 2015 y 2016.
Agradeciendo la clarificación, sometemos a votación la moción.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; votos en contra, 16; abstenciones, 1.

References: artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 50
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