Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532045.html
Timestamp: 2019-03-26 08:20:34+00:00

Document:
as201532045
Auto Supremo Nº 45/2015.
Expediente: SSA.II-LP.439/2014.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 141 a 143, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 139/2014 S.S.A.II de 27 de agosto (fs. 138), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Bertha Fernández Vallejos, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 147 a 149, el auto de fs. 151 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que dentro del trámite de solicitud de renta única de vejez promovido por Bertha Fernández Vallejos, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, mediante Resolución Nº 06638 de 17 de abril de 2000 (fs. 38), resolvió otorgar en favor de Bertha Fernández Vallejos, renta básica de vejez con reducción de edad, equivalente al 32% de su promedio salarial, en el monto de Bs.349,68.-, más incrementos de ley, renta básica que se pagará a partir del mes de noviembre de 1998; concediendo posteriormente mediante Resolución Nº 004315 de 9 de abril de 2002, de fs. 61, plus de mayo/97 a octubre/98, en el equivalente al 3%, en el monto de Bs.33,97.-, el mismo que forma parte de la renta básica de vejez con reducción de edad, que se pagará a partir del mes de noviembre de 1998, finalmente a través de la Resolución Nº 003402 de 22 de febrero de 2005 (fs. 67), se otorgó pago global complementario con reducción de edad a 28.67 mensualidades de la renta complementaria de vejez con reducción de edad que le hubiere correspondido, en el monto de Bs.11.948,51.-, que se pagará por única vez.
Sin embargo, la misma Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 0011896 de 11 de diciembre de 2013, (fs. 102 a 105), resolvió la suspensión definitiva de la renta básica de vejez con reducción de edad, otorgada a favor de Bertha Fernández Vallejos, otorgar pago global con reducción de edad, determinar el monto de lo indebidamente cobrado y, por la unidad de asesoría legal, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado por la asegurada.
Ante esta situación, la solicitante planteó recurso de reclamación (fs. 115), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 118/14 de 20 de marzo de 2014 (fs. 124 a 126), confirmando la Resolución Nº 0011896 de 11 de diciembre de 2013.
En grado de apelación interpuesta por la asegurada de fs. 130, por Auto de Vista Nº 139/2014 S.S.A.II, de 27 de agosto (fs. 138), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la Resolución Nº 0188/14 de 20 de marzo de 2014, de fs. 124 a 126, debiendo el SENASIR, calificar los aportes realizados por Bertha Fernández Vallejos, en base a la documentación adjunta al expediente.
Esta resolución originó que el representante del SENASIR interponga el recurso de casación en el fondo de fs. 141 a 143, quien haciendo una relación de antecedentes administrativos, denunció como normas legales transgredidas y mal aplicadas el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, manifestando que la CPE, aun siendo la Norma Supra Legal, no deja de ser genérica que se sirve de las leyes especiales para reglar los elementos de cada una de las materias, y que en materia de Seguridad Social que cuenta con normativa específica, describe a detalle los devenires de la materia o los derechos que la CPE solo hace referencia, es decir, nunca se negó a la asegurada el derecho de acceder a la Seguridad Social o a la jubilación en base a todos y cada uno de los principios, observando también la fundamentación sobre la aplicabilidad del art. 14 del DS Nº 27543, transcribiendo el contenido del mismo, aduciendo que, según el formulario de la Comisión Revisora de Rentas en Curso de Pago de 16 de agosto de 2007 (fs. 86)establece que según revisión de planillas de Hilbo (Oruro), se registró la inconsistencia de aportes para el Régimen Básico, debido a que la interesada no figura en planillas en los periodos 06/81-11/81, siendo clara la norma en sentido, que se aplicará el Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, cuando no existieran planillas siendo que en el presente caso que al existir esta documentación, no es aplicable la referida norma, en este sentido la normativa precedentemente señalada fue erróneamente interpretada y mal aplicada por el tribunal ad quem en el auto de vista recurrido.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y confirme la Resolución Nº 00188/14 de 20 de marzo emitida por el SENASIR.
En el caso de análisis, se visualiza que el representante de la institución recurrente, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, por haber revocado la Resolución Nº 0188/14 de 20 de marzo de 2014 y disponer que el SENASIR, califique los aportes realizados por Bertha Fernández Vallejos, en base a la documentación adjunta al expediente, ya que según el ente gestor, la asegurada no figura en planillas de los periodos 06/81 a 11/81, (siendo lo correcto 1/82), denunciando a consecuencia de aquello, como normas legales transgredidas y mal aplicadas el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.
Que así planteada la problemática, de antecedentes procesales se evidencia que presentada la solicitud calificación de renta básica de vejez con reducción de edad, conforme consta el oficio de fs. 30 de obrados, concedida mediante Resolución Nº 06638 de 17 de abril de 2000, conforme consta a fs. 38 y suspendida definitivamente a través de la Resolución Nº 0011896 de 11 de diciembre de 2013 de fs. 102-105, con el argumento de que se habría evidenciado inconsistencia en la densidad de cotizaciones en el régimen básico, al no figurar la asegurada en planillas los periodos 06/81 a 11/82 en la Fábrica Hilanderías Bolivianas Hilbo S.A., fallo que fue confirmado mediante Resolución Nº 188/14 de 20 de marzo de 2014 (fs. 124 a 126).
Al respecto, el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con su art. 18 que dice: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.
Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, la actora, a momento de presentar su solicitud de renta básica de vejez con reducción de edad, entre otros documentos adjuntó, a fs. 15, Certificado de Cotizaciones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, expedido por la Caja Nacional de Salud y a fs. 39 de obrados, certificación del Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril, documentos en los cuales se demuestra de forma contundente que la solicitante trabajó en la Empresa Hilanderías Bolivianas Hilbo S.A. Santa Cruz y aportó para el seguro de vejez a largo plazo durante los periodos extrañados por el SENASIR, es decir, desde junio de 1981 a noviembre de 1982, documentación que no fue tomada en cuenta por los personeros del ente gestor a momento de emitir sus resoluciones.
En base a estos lineamientos y en virtud a los aludidos documentos, queda comprobado que la asegurada trabajó en la Empresa HILBO S.A., desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que la solicitante no figuraba en planillas, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
Este análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el caso presente calificar a favor de la solicitante los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, los cuales han sido reparados por el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 30.11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
Bajo tales antecedentes, se evidencia en obrados que el Tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por el asegurado, sustentando además su Resolución en lo prescrito en el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004.
De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente al inicio del presente proceso, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35.I y 45.II y IV, de la actual Constitución Política del Estado, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
Por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 141 a 143, interpuesto por el SENASIR.

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 Artículo 14
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