Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-496-de-junio-16-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8cdcd1bb1c35800ae0430a010151800a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-19 08:03:08+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-496 de junio 16 de 2010
SENTENCIA T-496 DE 16 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:PENSIÓN DE VEJEZ. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA AMPARADO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A LOS CUALES LE ES APLICABLE LA PRECEPTIVA DE LA EDAD DE RETIRO FORZOSO, Y QUE A PESAR QUE NO HUBIEREN ELEVADO LA SOLICITUD DEL RECONOCIMIENTO PENSIONAL REÚNAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL, DERECHO A LA SALUD, PENSIÓN DE VEJEZ, INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia T-496 de junio 16 de 2010
Sentencia T-496 de 2010
Ref.: Expediente T-2.562.758
Acción de Tutela instaurada por Magola Quiñones de Rosero contra ESE. Hospital San Andrés de Tumaco.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco (Nariño), el 11 de noviembre de 2009 y, por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el 19 de enero de 2010, en la acción de tutela incoada por Magola Quiñones de Rosero contra el Hospital San Andrés de Tumaco ESE.
Magola Quiñones de Rosero demandó ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la seguridad social, al trabajo y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la ESE Hospital San Andrés de Tumaco, al dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con la actora por haber llegado a la edad de retiro forzoso sin tener en cuenta que tan solo le faltaban dos años para que el ISS le reconociera la prestación económica de vejez. Por lo tanto, solicita su reintegro al cargo que venía desempeñando en la Institución accionada hasta tanto cumpla con el requisito del número de semanas exigidas por la ley para acceder a la prestación económica que pretende le sea reconocida.
1.1.1.1. Señala la actora que fue nombrada como auxiliar de servicios generales mediante contrato individual de trabajo a término indefinido desde el 11 de septiembre de 1995, ininterrumpidamente, hasta el 22 de septiembre de 2009 en la ESE Hospital San Andrés de Tumaco.
1.1.1.2. Cuenta que el gerente de la ESE Hospital San Andrés de Tumaco, mediante Resolución 1154 del 22 de septiembre de 2009, decretó su retiro por haber llegado a la edad de retiro forzoso, con fundamento en el Decreto 1950 de 1973 que estableció la edad de sesenta y cinco (65) años como una causal de impedimento para seguir ocupando un cargo público y en el artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968 que la establece como una causal de retiro forzoso del cargo.
1.1.1.5 Aduce que en la actualidad cuenta con 65 años de edad, que trabajó durante catorce (14) años en la ESE Hospital San Andrés de Tumaco y que también laboró en el municipio de Tumaco dos (2) años. Sostiene que le faltaba muy poco tiempo para cumplir con el requisito legal del tiempo de servicio para obtener el reconocimiento de la prestación económica de vejez.
1.2 Traslado y contestación de la demanda.
1.2.1. Respuesta del Hospital San Andrés ESE.
1.2.1.1 Manifiesta que la señora Magola Quiñones de Rosero fue vinculada al Hospital San Andrés ESE, mediante un nombramiento en provisionalidad, de conformidad con la Resolución 8809 del 11 de septiembre de 1995, en el área de servicios generales hasta tanto se proveía dicho cargo en forma definitiva.
1.2.1.2 Relata que con posterioridad a dicho nombramiento, mediante Resolución 710 del 4 de junio de 1999 se definió la vinculación del personal del departamento de servicios generales, dentro del cual se encontraba la señora Quiñones de Rosero. En virtud de lo anterior, procedió a vincularla mediante un contrato de trabajo, en el cual se aclaraba su condición de trabajadora oficial, condición que ostentó hasta el 15 de octubre de 2009.
1.2.1.3 Cuenta que mediante resolución número 154 del 22 de septiembre de 2009, se retiró del servicio a la accionante, con base en los artículos 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968 y 122 del Decreto 1950 de 1973, los cuales establecen que la edad de 65 años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos y es una causal de retiro forzoso del empleo y; teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de la accionante, se encuentra acreditado que ya superó los 65 años de edad.
1.2.1.4 Sostuvo que la ESE Hospital San Andrés de Tumaco inició un proceso de acompañamiento sicológico, jurídico y de salud ocupacional para los prepensionados dentro del cual se encontraba la señora Magola Quiñones de Rosero.
1.2.1.5 Refiere que en efecto la peticionaria presentó un derecho de petición en el cual solicitaba su reintegro, solicitud que fue negada, ya que el haber llegado a la edad de retiro forzoso, 65 años, era una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Además, la funcionaria no reunía los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez y por ello, se le informó que debía solicitar la indemnización sustitutiva de vejez, para lo cual ofreció su acompañamiento en todo este trámite.
1.2.1.6 No obstante lo anterior, la actora no ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva de vejez, lo que denota negligencia; prestación económica con la cual bien podría sufragar sus gastos personales y familiares.
1.2.1.7 Ahora bien, el Hospital San Andrés de Tumaco, Nariño ESE desconoce si la señora Magola Quiñones de Rosero sufre de artropatía de la rodilla, pues desde que se dio su retiro no ha cumplido con su obligación de acercarse a la dependencia de talento humano a reclamar la orden para que le sean practicados los exámenes de egreso.
1.2.1.8 A su parecer no existe prueba alguna que demuestre que la desvinculación de la actora le causó un perjuicio irremediable, pues ni siquiera puede predicarse vulneración de derecho fundamental alguno.
1.2.1.9 Finalmente sostiene que el retiro de la funcionaria se dio con ocasión de las normas legales que establecen la edad de retiro forzoso de los trabajadores oficiales al servicio del Estado y, a su modo de ver no puede oponer la accionante el hecho de que aún no ha cumplido con los requisitos legales para pensionarse.
1.3 Pruebas y documentos.
1.3.2. Registro civil de nacimiento del niño Brando Staller Rosero Quiñones.
1.3.3. Copia de la Resolución 8809 del 11 de septiembre de 1995, por medio de la cual se realizó el nombramiento de la señora Magola Quiñones de Rosero con carácter provisional.
1.3.5. Copia de la Resolución 710 de 1999, por medio de la cual se definió el vínculo legal con quienes ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, entre los que se encontraban la actora.
1.3.6. Copia del contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito por la actora y por el Gerente del Hospital San Andrés de Tumaco, Nariño ESE.
1.3.7. Copia de la Resolución 1154 del 22 de septiembre de 2009, por medio de la cual se decretó la terminación del contrato laboral, por edad de retiro forzoso, con la señora Magola Quiñones de Rosero.
1.3.9. Copia del derecho de petición elevado por la actora al Hospital San Andrés de Tumaco ESE, adiado el 16 de octubre de 2009.
1.3.11. Constancia expedida por el rector del Instituto Técnico Industrial Nacional de San Andrés de Tumaco, Nariño en donde informa que el niño Brandon Stelinne se encuentra matriculado en dicha institución y que actualmente cursa segundo grado de básica secundaria.
2.1 Decisión de primera instancia - Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco-Nariño.
Aduce el a quo que el amparo tutelar dirigido a obtener el reintegro a un cargo no es procedente, pues cuando se pretende dejar sin efectos un acto administrativo de carácter particular y concreto existe la vía jurídica pertinente para controvertirlo, esta es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y, en el caso particular de la actora, señaló que en ejercicio de esta acción también podía solicitar la suspensión de la Resolución 1154 del 22 de septiembre de 2009, mediante la cual se decretó su retiro por haber llegado a la edad de retiro forzoso. Pero, más adelante aclara que en el caso de los empleados oficiales, debe agotarse primero la vía ordinaria laboral.
Ahora bien, el a quo sostiene que no existió vulneración del derecho al mínimo vital porque pese a haber sido retirada de su cargo y no tener la posibilidad de acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, si puede acceder a la indemnización sustitutiva; compensación con la cual la actora puede cubrir parte de sus necesidades. De otro lado, si la peticionaria considera que fue despedida injustamente puede obtener el resarcimiento económico por los perjuicios causados a través de la vía ordinaria laboral o de lo contencioso administrativo.
2.2 Impugnación.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución, y 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del reglamento de la corporación, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de esta referencia.
Corresponde a la Sala examinar si el Hospital de Tumaco ESE, vulneró el derecho fundamental al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la accionante, al desvincularla de la planta de personal, por haber llegado a la edad de retiro forzoso, 65 años, sin tomar en consideración la protección constitucional reforzada de la que es sujeto, sumado a que el ingreso que percibía por el trabajo desempeñado en la Institución era su única fuente de ingresos económicos para proveer su sustento y el de su familia, dentro del cual se encontraba su hijo de 13 años de edad.
3.2.1 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular y concreto, específicamente para solicitar el reintegro.
En el caso específico de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular, concretamente para solicitar el reintegro al cargo, se ha predicado por regla general su improcedencia a no ser que se invoque para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado puede ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, como medida preventiva solicitar dentro de esta, la suspensión del acto que causa la transgresión.
“…(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad(1)”(2).
“…algunos grupos con características particulares, como los niños o los ancianos, pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aún cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”(3), y que amplia (sic) a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela…”.
3.2.2 La edad de retiro forzoso como causal para la desvinculación del servicio de la rama ejecutiva.
Ahora bien, el artículo 25 del Decreto-Ley 2400 de 1968 establece las causales de retiro o cesación definitiva de funciones dentro de las cuales se encuentra la edad de retiro forzoso para todos los servidores públicos de la rama ejecutiva.
En consonancia con lo anterior el artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968 preceptúa lo siguiente:
“Todo empleado que cumpla la edad de 65 años, será retirado del servicio y no será reintegrado… ”.
“…El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 no ha perdido vigencia con la expedición de la Carta Política de 1991, porque, como se ha establecido, no la contradice. En efecto, la única tacha de inconstitucionalidad que podría impugnársele, en gracia de discusión, es que discrimina a los mayores de determinada edad, impidiéndoles su realización laboral. Pero el legislador como ya se expresó, es autónomo para fijar el tope de edad, porque la Constitución misma prevé estas situaciones, cuando confiere al legislador la potestad de señalar la edad, sin darle ninguna pauta específica. Luego no puede ser inconstitucional una especificación que goza de amparo constitucional.
No existe una discriminación, pues, porque se trata de una figura constitucional, y porque, además, deben brindarse oportunidades laborales a otras personas, que tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida. Los cargos públicos no pueden ser desarrollados a perpetuidad, ya que la teoría de la institucionalización del poder público distingue la función del funcionario, de suerte que este no encarna la función, sino que la ejerce temporalmente. La función pública es de interés general, y en virtud de ello, la sociedad tiene derecho a que se consagren garantías de eficacia y eficiencia en el desempeño de ciertas funciones. Por ello es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos”(4).
“Pensión de retiro por vejez. A partir de la vigencia del presente decreto, el empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la edad de 65 años y no reúna los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez, tendrá derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad de previsión equivalente al veinte por ciento (20%) de su último sueldo devengado, y un dos por ciento (2%) más por cada año de servicios, siempre que carezca de recursos para su congrua subsistencia. Esta pensión podrá ser inferior al mínimo legal” (resalta fuera de texto).
No obstante, el 1º de abril de 1994 entró en vigencia el nuevo sistema de seguridad social integral en Colombia que tiene como fin cubrir las contingencias que afectan la salud y la capacidad económica de todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, la Ley 100 de 1993 es el régimen general aplicable en materia pensional a todos los trabajadores en Colombia con las excepciones allí contempladas.
“ART. 37.—Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”(5).
“Es por ello que la Corte debe precisar, tal y como se señaló, que si bien la fijación de una edad de retiro como causal de desvinculación del servicio es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser razonable de tal manera que, en cada caso concreto, responda a una valoración de las especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que ella no puede producir una vulneración de sus derechos fundamentales, máxime teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y que por esa causa merecen una especial protección constitucional. De otra forma, una aplicación objetiva de la medida, sin atender a las particularidades de cada situación, tendría un efecto perverso para sus destinatarios, porque podría desconocer sus garantías fundamentales de los trabajadores, en razón a que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido decidida de fondo, avocándolos inclusive de manera eventual a una desprotección en lo relacionado con su servicio de salud”(6).
En esta misma sentencia la Sala consideró que hubo vulneración al derecho al mínimo vital del actor y de su familia por cuanto hubo una aplicación objetiva de la norma sin tener en cuenta las particularidades del caso concreto. Sobre el punto dijo: (…) concluye esta corporación que la Secretaria de Educación de Bogotá vulneró el derecho fundamental del accionante al mínimo vital, al haberlo retirado del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso de 65 años, sin haber realizado una valoración de sus circunstancias particulares que consultara y garantizara la protección de sus derechos fundamentales, y sin haber tenido en cuenta que el demandante había presentado una solicitud de pensión que estaba pendiente de decidirse de fondo por la entidad de prestación social correspondiente (…)(7).
Es evidente que la jurisprudencia constitucional ha amparado a los servidores públicos, a los cuales le es aplicable la preceptiva de la edad de retiro forzoso, que a pesar de haber llegado a la edad de 65 años y hubieren elevado la solicitud del reconocimiento pensional esta se encontrara en trámite o también, cuando pese a no haber elevado la petición del reconocimiento pensional este reuniera los requisitos exigidos por la ley para obtener el reconocimiento de la prestación económica de vejez.
Así por ejemplo, en el caso resuelto en la Sentencia T-007 del 14 de enero de 2010(8) la Corte ordenó el reintegro de un trabajador oficial, quien se desempeñaba como celador en la Secretaría de Educación de Medellín, por cuanto la entidad accionada ordenó su desvinculación sin tomar las medidas necesarias para garantizarle su acceso a la pensión. La Sala sostuvo que, se encontraba acreditado que el trabajador reunía los requisitos legales para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez y le recordó a la Secretaría de Educación que si el trabajador no había iniciado el trámite respectivo para reclamar la prestación económica de vejez, esta podía coadyuvar en dicha solicitud, de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Pues, estaba demostrado que el salario que devengaba el actor era la única fuente de ingresos para asegurar su subsistencia y el de su grupo familiar.
En este tema resulta pertinente referir el contenido del parágrafo 3º de la Ley 797 de 2003 que fue condicionado por la Corte en Sentencia C-1037 de 2003. Dicha disposición contempla la procedencia de la desvinculación de un trabajador cuando este ha cumplido con los requisitos legales exigidos para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez. Dice la norma:
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones”(9) (subraya fuera de texto).
“El Estado debe garantizar la “efectividad de los derechos”, en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la “remuneración vital” que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su inclusión en la nominas de pensionados correspondiente. No puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos. Por tanto, la única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor público sea retirado solo cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión”(10) (negrilla fuera de texto).
Por ejemplo, puede presentarse el caso del servidor público, que llega a la edad de retiro forzoso, cuyo ingreso mensual constituye el único ingreso para asegurar su subsistencia y el de su familia. En este caso, procede la aplicación de la norma por haber cumplido el trabajador el supuesto exigido en la ley para ello, haber llegado a los 65 años de edad. Pero, si no ha cumplido el número de semanas exigidas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, la entidad o Institución solo podrá retirarlo del servicio hasta tanto el mismo manifieste si seguirá cotizando al sistema pensional o si en caso contrario, si opta por la indemnización sustitutiva, caso en el cual para asegurar su remuneración vital, deberá retirarlo hasta tanto le sea reconocida y pagada dicha indemnización económica. Lo anterior, permite garantizarle al servidor público y a su familia una fuente de ingresos económicos que les permita satisfacer sus necesidades básicas y, a la vez resguardar derechos de gran valía constitucional como lo son el mínimo vital y la vida en condiciones dignas.
3.2.3 La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Para obtener un derecho adquirido en materia pensional es necesario que el trabajador acredite los requisitos legales exigidos por el legislador dentro del régimen dentro del cual se encuentre cotizando. De lo contrario, no podrá hablarse de un derecho pensional consolidado(11).
Entiéndase que la norma ofrece la posibilidad de que el trabajador siga cotizando al régimen para consolidar un derecho adquirido en materia pensional, lo cual en manera alguna constituye una obligación. Pues, de lo contrario, en cualquier tiempo, el interesado estaría facultado para pedir la indemnización sustitutiva(12).
4.1.3 Ahora bien, en el presente caso existen varios elementos de juicio que llevan a la conclusión de que estamos frente a la configuración de un perjuicio irremediable:
En primer lugar, la accionante tiene 67 años de edad. En consecuencia, se trata de una persona en situación de vulnerabilidad por su edad; en segundo término, existe la afirmación de la peticionaria, que no fue desvirtuada por el ente accionado, de que su hijo de 13 años de edad y su esposo, quien aduce es desplazado, dependían del ingreso mensual que percibía en el Hospital San Andrés de Tumaco ESE; y como un tercer punto, la actora mencionó tener un crédito con el Fondo de Empleados del Sector Salud de Nariño Ltda, para lo cual allegó certificación de dicho fondo en el cual se puede constatar que a la fecha del 7 de octubre de 2009 adeudaba la suma de $ 9.000.000, suma que el gerente del citado fondo solicitó deducir de las prestaciones sociales de la actora con destino a Fondessnar Ltda.
4.1.4 En consecuencia, al hallarse acreditados los elementos para la configuración de un perjuicio irremediable, le asiste a la accionante un interés legítimo para solicitar el amparo constitucional implorado.
4.2. Análisis de la vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante.
Teniendo en cuenta que el Hospital San Andrés de Tumaco ESE, profirió la Resolución 1154 del 22 de septiembre de 2009, por medio de la cual se decretó el retiro del servicio de la señora Magola Quiñones de Rosero por haber cumplido la edad de retiro forzoso, sin tomar en consideración las circunstancias particulares de la actora, como el hecho de que el sustento de su grupo familiar dependía del ingreso que devengaba como trabajadora del Hospital, dentro del cual se encuentra su hijo de 13 años y, que padece quebrantos de salud, la Corte estudiará si de conformidad con las preceptivas constitucionales que regulan el tema, se ha vulnerado el derecho fundamental al mínimo vital y la vida en condiciones dignas de la accionante.
La señora Magola Quiñones fue nombrada en provisionalidad mediante Resolución 8809 del 11 de septiembre de 1995 para desempeñar las funciones de operaria de servicios generales, la cual tomó posesión de dicho cargo en esa misma fecha.
Posteriormente, mediante Resolución 710 del 4 de junio de 1999, se definió el vínculo legal para quienes ostentaban la calidad de trabajadores oficiales en el Hospital San Andrés de Tumaco ESE, mediante contratos de trabajo. En consecuencia, la accionante suscribió un contrato individual de trabajo a término indefinido, en el cual se dejó expresa constancia que la accionante laboraba allí desde el 11 de septiembre de 1995.
Obra también una comunicación del Hospital San Andrés de Tumaco ESE dirigida a la señora Magola Quiñones de Rosero, en donde le reiteran, de acuerdo a las charlas realizadas los días 24 de febrero y 29 de abril de 2009, que la Ley 100 de 1993 contempla la figura jurídica de la indemnización sustitutiva, ya que ha llegado a la edad de retiro forzoso, 65 años, y no reúne el número de semanas exigidas por la ley para acceder a la pensión de vejez. De otro lado, se observa que el departamento de talento humano le solicitó a la señora Quiñones de Rosero informara si no estaba en condiciones de seguir aportando al sistema pensional ya que, en caso afirmativo la institución la apoyaría en todos los trámites tendientes a obtener la indemnización sustitutiva.
Por su parte, el Hospital San Andrés de Tumaco ESE, mediante Resolución 1154 del 22 de septiembre de 2009, decretó el retiro del servicio de la señora Magola Quiñones de Rosero por haber llegado a la edad de retiro forzoso.
Seguidamente, el 28 de septiembre de 2009, el Hospital emitió un comunicado en donde le informaba a la peticionaria que su contrato laboral había terminado, mediante Resolución 1154 de 2009, a partir del 16 de octubre de 2009. Dicha comunicación no tiene la firma de recibido de la actora; sin embargo, aparecen las firmas de dos testigos que no son legibles. (fl. 22, cdno principal).
Adicional a los hechos anteriormente relacionados se halla acreditado que la peticionaria padece de artrosis de rodilla (fl. 68), tiene un hijo de 13 años de edad quien se encontraba matriculado durante el año lectivo de 2009 en segundo grado de primaria y también que, había adquirido un crédito con el Fondo de Empleados del Sector Salud de Nariño “Fondessnar Ltda” del cual adeudaba a 7 de octubre de 2009 la suma de 9.000.000.
4.3.1 La aplicación de la disposición de edad de retiro forzoso en el caso particular de la actora.
El artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968 establece que “Todo empleado que cumpla la edad de 65 años, será retirado del servicio y no será reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión de vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos ” (…).
Es pertinente referir que la actora como trabajadora oficial de la Empresa Social del Estado, Hospital San Andrés de Tumaco ESE ostentaba la calidad de servidora pública de la rama ejecutiva del sector descentralizado. En consecuencia, le es aplicable la disposición normativa sobre la edad de retiro forzoso.
Para el caso particular se observa que la señora Magola Quiñones de Rosero es un sujeto de especial protección por razón de su edad, 67 años, que trabajó al servicio del Hospital San Andrés de Tumaco ESE desde el 11 de septiembre de 1995 en el área de servicios generales hasta el día 22 de septiembre de 2009, mediante Resolución 1154, por haber cumplido la edad de retiro forzoso.
…mi esposo está en estado de desplazamiento…
De las anteriores personas nombradas dependen de mí, mi esposo y Brando Stailer.
Adicional a lo anteriormente mencionado, se encuentra el hecho probado de que la actora había adquirido un crédito con Fondessnar Ltda por la suma de $9.000.000 y, que el gerente del citado fondo solicitó la deducción de dicho valor de las prestaciones sociales de la solicitante.
Como quedó anotado en la parte considerativa de esta sentencia la institución, antes de proceder a la aplicación objetiva de la disposición en mención debió asegurarse de que la señora Quiñones de Rosero hubiere optado o, bien por seguir cotizando o, en caso contrario, por la indemnización sustitutiva, caso en el cual el retiro solo podía realizarse una vez le hubiera sido reconocida y pagada dicha indemnización en aras de asegurarle su remuneración vital.
En el caso de que la actora manifieste su imposibilidad de seguir cotizando al régimen de pensiones y decida de forma libre y espontánea solicitar la indemnización sustitutiva de vejez, deberá la entidad accionada apoyarla en los trámites tendientes a obtener dicho reconocimiento y solo podrá desvincularla hasta que efectivamente se produzca el reconocimiento y pago de dicha prestación económica.
6 Decisión.
1. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009) que confirmó el fallo de tutela proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco (Nariño), adiado el 11 de noviembre de dos mil nueve (2009) que en primera instancia negó la tutela interpuesta por la señora Magola Quiñones de Rosero para proteger los derechos fundamentales invocados por ella. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora MAGOLA QUIÑONES DE ROSERO.
2. En su lugar, ORDENAR, al Hospital San Andrés de Tumaco ESE que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de la misma categoría para que manifieste por escrito dentro de un término prudencial, el cual se considera como un (1) mes:
a) Si opta por seguir cotizando al sistema de pensiones hasta alcanzar el número de semanas exigidas por la ley dentro de su régimen específico, caso en el cual la institución no estaría obligada a mantener en el cargo a la actora, pues constituye una opción personal de la trabajadora el querer o no continuar cotizando al sistema hasta alcanzar el requisito del número de semanas para el respectivo reconocimiento pensional; o,
b) Si se encuentra en la imposibilidad de seguir aportando al régimen pensional y decide libremente optar por la solicitud de la indemnización sustitutiva de vejez, caso en el cual la entidad accionada deberá apoyarla en los trámites tendientes a obtener dicho reconocimiento y solo podrá desvincularla hasta que efectivamente se produzca el pago de dicha prestación económica.
3. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio SierraPorto— Luis Ernesto Vargas Silva, salvamento de voto.
(1) “Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, M.P. (E): Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras”.
(2) Corte Constitucional, Sentencia de Tutela T-069 del 31 de enero de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(3) “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-347/96 M.P. Julio César Ortiz. En el mismos sentido ver la Sentencia T-416/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”.
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-351 del 9 de agosto de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(5) Ley 100 de 1993.
(6) Corte Constitucional, Sentencia T-012 del 19 de enero de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(8) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(9) Ley 797 del 29 de enero de 2003.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-1037 del 5 de noviembre de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentaría.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-375 del 27 de abril de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
(12) Corte Constitucional, Sentencia C-375 del 27 de abril de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

References: Resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 33
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 36