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Timestamp: 2019-08-23 15:17:00+00:00

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Digitalsantotome - Garaví: STJ declara la nulidad lo actuado en el juicio político al intendente Erasmo Chukel
UN FALLO QUE ESTABA
CORRIENTES. La Corte Provincial declaró la nulidad de todo lo actuado en el juicio político al intendente de Garaví Erasmo Chukel, a partir del dictado de la Resolución N° 5 del 8 de noviembre de 2018, correspondiendo su restitución en el cargo. Chukel había sido acusado de haber cometido una serie de supuestas irregularidades financieras y administrativas en el ejercicio del cargo. Para algunos observadores, el fallo del STJ era un "secreto a voces" que saldria de un momento a otro luego de las continuas visitas que realizara a esta zona un influyente senador provincial.
Superior Tribunal de Justicia Corrientes *.5C1102.750078.* TXP 9132/19 En la ciudad de Corrientes a los nueve (9) días del mes de agosto del año 2019, estando reunidos los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia Doctores Eduardo Gilberto Panseri, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional N°3 Doctora Adriana M. Camino de Falcione, tomaron en consideración el Expediente TXP 9132/19 "CHUKEL ERASMO C/CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE GARAVI (CTES) S/ACCION DE AMPARO"; EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE CUESTIÓN: ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS? A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. MINISTRO DR. EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:
I- A fojas 29/41 el Señor Erasmo Chukel, en su invocada calidad de Intendente de la Municipalidad de Garaví, promueve acción de amparo denunciando que el H. Concejo Deliberante ha tramitado en su contra un juicio político con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, violando grosera y ostensiblemente la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Constitución provincial y Ley Orgánica de Municipalidades, afectando los derechos constitucionales y políticos suyos y de los ciudadanos de dicha localidad que lo reeligieron para un nuevo mandato mediante sus votos. Solicita la declaración de nulidad del juicio político y su restitución al cargo en el que fue suspendido primero y destituido después, denunciando los vicios que atribuye al procedimiento llevado adelante en el seno del Concejo Deliberante, entre ellos, la participación del edil denunciante en el trámite del juicio político, la falta de los dos tercios necesarios para adoptar decisión, la falta de sustitución del denunciante por el suplente correspondiente y distintos errores e incongruencias que atribuye a la subjetividad y parcialidad de quienes intervinieron en el procedimiento. Por Resolución N°1 fechada el 14 de enero de 2019, se declara formalmente admisible la acción promovida, requiriéndose al Concejo Deliberante de la localidad de Garaví el informe del artículo 8 de la ley 2903 (fs. 50/51) y presentado el mismo a fojas 56/76, se provee mediante auto 159 del 6 de febrero de 2019 teniendo por cumplimentado el informe de ley, por presentado al Sr. Alvez en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante, por ofrecida prueba, poniendo la documental aportada a disposición del actor y proveyendo, a continuación, la restante. (fs.77/78) A fojas 227 el actor acusa de negligencia en la producción del pedido de informe al Registro de las Personas ofrecido por el Concejo Deliberante y solicita el dictado de sentencia y llamados autos para resolver (N°3379 del 14/05/19, fs. 228), la Sra. Juez que previno dicta en la misma fecha – 134 de mayo de 2019 – la Resolución N°03 declarándose incompetente para entender en la causa y en el entendimiento que, sin perjuicio del trámite oportunamente dispuesto y medidas llevadas a cabo, la situación planteada importa un conflicto interno municipal que corresponde a la competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, remitiendo lo actuado a sus efectos.
III- II- Previa vista al Señor Fiscal General del Poder Judicial, quien emite dictamen favorable a la procedencia del conflicto interno municipal planteado (fs. 251/252), el Tribunal declara su competencia exclusiva y originaria para entender en la causa mediante Resolución N° 05 del 18 de junio de 2019 y corre, simultáneamente, traslado a las partes para que aleguen de bien probado. (fs. 255/256vta), agregándose a fojas 261/276 vuelta el alegato del Concejo Deliberante, a fojas 278/281 el informe del Registro Provincial de las Personas oportunamente solicitado vía oficio y dándose por decaído al actor a fojas 284 el derecho dejado de usar, se llama AUTOS PARA SENTENCIA.
Superior Tribunal de Justicia Corrientes III- En ese cometido, se procede, en primer término, a examinar detenidamente la documental aportada y constancias obrantes, observando que las posiciones sustentadas tanto por el Sr. Chukel, Intendente destituido, como por la Sra. Nonino en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante en el informe del artículo 8 y el Sr. Alvez, Concejal a cargo del Concejo Deliberante luego de la destitución del actor, quien reviste además, la calidad de denunciante, revelan la existencia de discrepancias en torno a la implementación del procedimiento previsto en los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades (6042), solicitando el primero la nulidad del juicio político mediante el cual fue finalmente destituido del cargo mientras la Viceintendente y Concejal manifiestan haber actuado con estricta sujeción al plexo normativo vigente y aplicable. En función de tal discrepancia, que constituye, en rigor, el núcleo del conflicto, cabe observar, que el esquema elaborado por los constituyentes nacionales y provinciales, plasmado también en el orden municipal, establece la necesaria existencia de controles sobre los actos de las autoridades elegidas por el voto popular, que no sólo se limitan a los mecanismos de vigilancia política sino también a los controles de legalidad, puesto que las autoridades deben ajustar su actuación pública al marco impuesto por el ordenamiento jurídico vigente y ello cabe, en el caso concreto, tanto a quienes conforman el Departamento Ejecutivo como a quienes integran el Concejo Deliberante.
Vale aclarar, no nos concierne aquí la esencia del juicio político o como dijo la Corte en “Nicosia” (Fallos 316:2940), la decisión acerca de la conducta o desempeño del acusado, sino las formas que deben regir el enjuiciamiento, o en otras palabras, las condiciones bajo las cuales es válido el ejercicio del poder de juzgar por parte del Concejo Deliberante, que por la naturaleza del juicio político no deben guardar, es cierto, estricto apego a las formas propias de los procesos tramitados ante el Poder Judicial, salvo al derecho de defensa, “inexcusablemente inviolable” según el Máximo Tribunal; que en el caso alude a la validez de la facultad de juzgar o el modo en que el Concejo Deliberante la ejercitó. Luego del minucioso examen realizado, tenemos claro que la decisión adoptada por el Concejo Deliberante es de naturaleza política y, en principio, irrevisable en sede judicial pero, debe ponerse especial énfasis en el pleno aseguramiento del debido proceso, donde las formas son sagradas, como viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño y, particularmente, desde el 2005 en “Llerena” al sentar la doctrina de la garantía de imparcialidad para los procesos penales, estableciendo que no puede integrar el tribunal de juicio quien haya participado anteriormente, de cualquier modo, en otra instancia de la misma causa (Fallos 328:1491); federalizada después como una de las garantías mínimas de la administración de justicia al extenderla en la causa "Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía -causa N° 120/02-", fallada el 8 de agosto de 2006 a los procesos radicados en sede provincial (Fallos 329:3034) y ratificada el 12 de agosto de 2008 la garantía del juez imparcial en “Freytes, Daniel Enrique” (Fallos 331:1784).
Y, encontrándonos frente a un notorio caso de interés público generado por la primigenia suspensión en el ejercicio de las funciones y posterior destitución de un funcionario elegido por el voto popular más allá de la necesaria consulta popular para efectivizarla, no cabe duda que la comprobada confusión de roles por parte de los dos concejales que integraron la Comisión de Instrucción votando luego la formación de la causa y, por último, la destitución, ha vulnerado flagrantemente el debido proceso conforme la citada doctrina de la Corte. Cierto es que las diferencias suscitadas entre los órganos municipales por el manejo de la cosa pública y el ejercicio de sus respectivas competencias deben hallar su canal de solución en las disposiciones de la ley 6042 ante la falta de carta orgánica en el municipio, a efectos de evitar que puedan afectar el normal desenvolvimiento de las tareas propias del mismo, pero también lo es que el reclamo del Intendente debe encontrar la necesaria tutela jurisdiccional, teniendo en cuenta la trascendencia que reviste el necesario examen de los hechos por parte de otros concejales que no hayan participado de la Superior Tribunal de Justicia Corrientes investigación y acusación, despejando cualquier sospecha de prejuzgamiento. Ésta, podríamos decir, debilidad estructural del sistema implementado en los artículos 102 a 117 del Capítulo II – Juicio Político - de la Ley Orgánica de Municipalidades (6042) que impone a algunos concejales un doble conocimiento de la cuestión, aunque lo sea en etapas sucesivas, amerita la declaración de invalidez de la formación de causa y suspensión del Intendente por violación del debido proceso. Además, la verificación en la instancia de la legalidad del procedimiento llevado adelante por el Honorable Concejo Deliberante de Garaví no menoscaba la autonomía municipal cuando se trata, nada más y nada menos, que de preservar las garantías y principios constitucionales. Como tiene dicho este Superior Tribunal siguiendo el reiterado y pacífico criterio de la Corte Suprema al respecto, la palmaria notoriedad del vicio que afecta la validez del trámite de juicio político llevado adelante contra el actor, otorga suficiente sustento a la fundamentación que debe contener toda sentencia judicial, sin perjuicio de constatarse la existencia de otros.
En efecto, de la atenta lectura de las actas de sesiones del Honorable Concejo Deliberante se desprende que, el concejal Alvez, denunciante, estuvo presente en todas las sesiones aun cuando no votara, omitiéndose sustituirlo por el suplente como exige el artículo 104 de la ley 6042, sustitución imprescindible habida cuenta que, al conformar la Comisión Investigadora con los dos concejales titulares restantes, quienes presentaron su propio dictamen aunque se aportara a esta causa solo el elaborado por el concejal Miguel Chukel, son ellos mismos quienes deciden tramitar el juicio político y después, apartar al Sr. Chukel de sus funciones, asumiendo el rol de acusadores y juzgadores, sin fundamentar suficientemente la decisión, impidiendo realizar el control de razonabilidad de tal medida y afectando, en consecuencia, la garantía del debido proceso legal sustantivo. La debida fundamentación de los actos políticos es un principio republicano y además hace a la garantía de defensa en juicio del afectado, en este caso, el Sr. Intendente, Erasmo Chukel. La extinción por invalidez de aquellos actos retrotrae el procedimiento al momento inmediato anterior a su dictado, debiendo los concejales, en todo caso, reencauzar el trámite del juicio político a partir de allí. Esta es, a nuestro criterio, la aplicación que ineludiblemente debe efectuarse, en este caso concreto, de la norma contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, armonizándola con el resto del ordenamiento jurídico. Resuelto así el conflicto y sin que implique una intromisión indebida en la esencia del juicio político en cuestión, advirtiendo el Tribunal a partir de las constancias comprobadas de la causa, una circunstancia notoria y determinante como es el incumplimiento de mandatos plasmados en la ley 6042, en particular, la designación de funcionarios en áreas sensibles destinadas al manejo de los fondos públicos, la rendición trimestral de cuentas o la registración contable de ingresos y egresos y su correspondiente contralor, en el caso del Intendente, cuya falta motivara, entre otras causales, la denuncia en su contra, inercia que no puede ser soslayada irreflexivamente por el Tribunal, hallándose en cabeza del mismo y, por tanto, de estos jueces, el deber de asegurar el cumplimiento de aquellos mandatos evitando que esa inacción observada diluya de manera indefinida la fuerza normativa de la ley aplicable, habilitándonos a intimar al Intendente Sr. Chukel y a los Sres. Concejales a disponer lo necesario, dentro de sus respectivas competencias y en el perentorio término de treinta (30) días corridos, para dar total y acabado cumplimiento a las disposiciones de los Títulos IV y V de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Sintetizando, por todo lo expuesto, corresponde admitir el conflicto interno municipal planteado y declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del dictado de la Resolución N° 5 del 8 de noviembre de 2018 por el H. Concejo Deliberante de Garaví, incumpliendo las expresas previsiones de los artículos 103 a 105 de la ley 6042, incumplimiento que subsiste y se profundiza al avanzar con el juicio político disponiendo la formación de causa (Res. N°6 del 20/11/18) y, finalmente, destituirlo, suspendiéndolo hasta tanto se realice la consulta popular (Res.N° 7 del 21/12/18), debiendo reconducirse el trámite respetando las garantías constitucionales del debido proceso. Simultáneamente, debe conminarse también al Intendente y al H. Concejo Deliberante a cumplimentar en tiempo y forma los mandatos plasmados en la Ley Orgánica. Superior Tribunal de Justicia Corrientes IV- Las costas, conforme habilita el segundo párrafo del artículo 68 del C.P.C.yC., se imponen en el orden causado atendiendo a la naturaleza de la acción planteada, un conflicto institucional interno dentro de la Municipalidad de Garaví pues, si fueran impuestas al Concejo Deliberante por aplicación del principio objetivo de la derrota como correspondería, estas serían soportadas, en definitiva, por la comunidad, lo que resulta inequitativo.
EL SEÑOR PRESIDENTE DR. LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ dice: EL SEÑOR MINISTRO DR. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN dice: EL SEÑOR MINISTRO DR. GUILLERMO HORACIO SEMHAN dice: EL SEÑOR MINISTRO DR. FERNANDO AUGUSTO NIZ dice: En mérito del precedente acuerdo, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, dicta la siguiente: SENTENCIA N° 01 1°) Declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio político instruido al Sr. Erasmo Chukel, Intendente Municipal de Garaví, a partir del dictado de la Resolución N° 5 del 8 de noviembre de 2018 correspondiendo su restitución al cargo. 2°) Disponer la reconducción del trámite, debiendo respetarse en el procedimiento de juicio político las garantías constitucionales del debido proceso legal adjetivo. 3°) Intimar al Intendente, Sr. Erasmo Chukel, y a los miembros del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Garaví, Provincia de Corrientes, para que en el perentorio término de 30 días corridos dispongan, dentro de sus respectivas competencias, lo necesario para dar total y acabado cumplimiento a las disposiciones de los Títulos IV y V de la Ley Orgánica de Municipalidades. 4°) Costas por su orden. 5°) Regístrese, insértese y notifíquese.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 104
 Resolución 
 artículo 68
 Resolución