Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve04ene2018.html
Timestamp: 2018-01-19 15:12:52+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión de la Comisión Permanente del jueves 4 de enero de 2018
De la Secretaría de Gobernación, contestaciones a puntos de acuerdo e informes; de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria; de la Cámara de Senadores , con informes; solicitud de licencia de senador; reincorporación de senador; de los congresos de Chihuahua y Nuevo León, con iniciativas
Diputado Adolfo Mota Hernández, PRI
Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, PAN
Senador Isidro Pedraza Chávez, PRD
Diputada Araceli Damián González, Morena
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI
Senador Esteban Albarrán Mendoza, PRI, con exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a prevenir incrementos en los precios de los materiales para construcción en las entidades afectadas por los sismos
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, PAN, que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto, por evidente conflicto de intereses
Diputada Olga Catalán Padilla, PRD, que exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida
Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena, que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a evitar cualquier medida que traiga la elevación de índices de contaminación y la consecuente violación de los derechos humanos de los habitantes de la megalópolis
Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, PT, que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a investigar los actos encabezados por el PRD en contra de simpatizantes de Morena en Coyoacán y brindar garantías durante el proceso electoral 2017-2018
Acuerdo de la Mesa Directiva, que crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del año 2018
Acuerdo de la Comisión Permanente por el que condena los asesinatos de Miguel Ángel Licona Islas, su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, Sabino Mejía Rodríguez, Arturo Gómez Pérez, Saúl Galindo Plazola, Gabriel Hernández Arias y Juan José Castro Crespo, Adolfo Serna Nogueda y Marino Catalán Ocampo
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Se procede a pasar lista de asistencia.
(Pase de lista)
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: ¿Falta alguien más por pasar lista de asistencia? Virgilio. Diputado Virgilio. Presidente, tenemos 33 legisladores. Hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:25 horas): Por lo tanto se abre la sesión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura al orden del día. Está publicada en la Gaceta.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El acta de la sesión anterior está publicada en la Gaceta. Y, por lo tanto, solamente pregunte si están de acuerdo en que se dispense la lectura.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Virgilio Dante Caballero. ¿Es en relación al acta?
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): No.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces permítame que votemos la dispensa del acta.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Por favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El acta. Señores diputados y senadores, si están de acuerdo en que se dispense la lectura del acta sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Tome nota, secretaria. Se dispensa la lectura del acta. Ahora sí, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame nada más que aprueben el acta. Ponga a discusión, la Secretaría, el acta.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta. Ahora sí, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Para hacer referencia a los asuntos que tienen que ver con las agresiones cometidas en la Ciudad de México en actos de precampaña política de la maestra Claudia Sheinbaum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿No tenían ustedes un punto de acuerdo del PT en ese sentido?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Ese está...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está presentado por el PT el punto de acuerdo sobre la violencia en la Ciudad de México. Entiendo que es un punto de acuerdo PT-Morena. ¿No prefiere usted, señor diputado, que lo desahoguemos? Si no, le voy a dar un minuto a usted y un minuto a la contraparte, seguramente.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Lo desahogamos con el punto de acuerdo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Adelante con las comunicaciones.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante con las Comunicaciones.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: La Secretaría de Gobernación remite trece contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: La Secretaría de Gobernación remite los siguientes asuntos.
Primero. Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Informe correspondiente al segundo semestre de 2017, sobre los desarrollos y avances de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (GT-OMP).
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Cámara de Senadores.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: El Informe de los programas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, y a la de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores. Adelante con las de la Secretaría de Hacienda.
El secretario senador David Monreal Ávila: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite la información relativa a la evolución de las finanzas púbica el costo total de las emisiones de deuda interna y eterna, correspondientes al mes de noviembre de 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El secretario senador David Monreal Ávila: La Comisión Federal de la Mejora Regulatoria remite el Informe anual sobre el desempeño, sus funciones, así como los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la de Comercio y Fomento Industrial de la de Senadores.
El secretario senador David Monreal Ávila: La Cámara de Senadores remite los informes de actividades de los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Víctor Hermosillo y Celada, correspondientes al quinto año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría ponga a discusión la solicitud de licencia del señor senador José Francisco Yunes Zorrilla.
El secretario senador David Monreal Ávila: Punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al senador José Francisco Yunes Zorrilla, para separarse de sus funciones como senador de la República, a partir del 31 de diciembre de 2017.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
El senador José María Tapia Franco (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, senador Tapia.
El senador José María Tapia Franco (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para en nombre del Senado de la República extenderle el mejor de los éxitos al senador José Yunes, en este nuevo proyecto que va a iniciar. Al mismo tiempo, reconocerle su patriotismo, su dedicación y su compromiso con el Senado en estos cinco años y meses que estuvo al frente y como compañero nuestro, y en reconocimiento a las grandes labores que deja como presidente de la Comisión de Hacienda y a través de nosotros, su compañero del Senado desea el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda que está a punto de emprender. Un saludo al senador José Yunes y mi reconocimiento permanente a su persona.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Seguramente con el mismo objeto, el senador José Adolfo Mota. Adelante. El diputado José Adolfo Mota. Son mis deseos, mi querido diputado.
El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Gracias, presidente. Coincidir con mi compañero senador en esta licencia que se le aprueba a un gran mexicano y a un gran veracruzano. Como veracruzano me uno a esa felicitación, desde luego que ha sido diputado federal también, ha sido senador de la República y creo que en estos cinco años de servicio en la Presidencia de la Comisión de Hacienda ha servido a México y su cometido, que es previsible y adivinable en esta sesión, estoy seguro que podrá recibir la mayoría de la simpatías en el estado de Veracruz. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Sin lugar a dudas sumamos también nuestro aprecio, nuestro reconocimiento y nuestro saludo al hoy senador con licencia Yunes Zorrilla, un extraordinario amigo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, senadora Gómez del Campo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente reconocer el trabajo de nuestro compañero José Yunes, al frente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, su institucionalidad, el manejo que le dio durante estos años a la comisión y además una persona que siempre privilegió el diálogo, el acuerdo y el consenso. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senadora. Adelante, continuamos con las comunicaciones.
El secretario senador David Monreal Ávila: Se recibió oficio del senador Fidel Demédicis Hidalgo, por el que se comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 2 de enero del año en curso.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se comunica a la Cámara de Senadores.
El secretario senador David Monreal Ávila: El Congreso del Estado de Chihuahua, remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El secretario senador David Monreal Ávila: El Congreso del Estado de Nuevo León, remite las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El secretario senador David Monreal Ávila: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro Social.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El secretario senador David Monreal Ávila: Es todo, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluimos con el apartado de comunicaciones.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Adolfo Mota Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar los artículos 7o., 8o. y 12o. de la Ley de Educación, adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, presidente. Esta iniciativa con proyecto de decreto pretende adicionar una fracción al artículo 7, modificar la fracción III del artículo 8, y la fracción I y párrafo segundo del artículo 12, todos de la Ley General de Educación.
La Ley General de Educación menciona en su artículo 12, que de manera exclusiva le compete a la autoridad educativa federal la elaboración de programas educativos para toda la república. Los planes y programas de estudios para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Por eso, esta iniciativa propone que la autoridad educativa incorpore o elabore un programa pedagógico de desarrollo emocional, desde nivel preescolar hasta nivel medio superior dentro del programa educativo.
Algunos pensadores en la materia establecen que esto puede generar mejor autoconocimiento y toma de decisiones en el alumno, mejora en el desempeño del estudiante, proteger y evitar el estrés, las relaciones interpersonales, favorecer el desarrollo personal, otorgar capacidad de influencia y liderazgo, favorecer el bienestar psicológico, reducir la ansiedad y ayuda a superar la depresión, aumentar la motivación y alcanzar metas. Y a mejorar el bienestar y el equilibrio emocional de manera positiva.
Tiene, además, como objetivo, tres vertientes fundamentales: el preventivo, que pretende ayudar a los alumnos a reconocer las situaciones que pueden generar estrés en la escuela y constituyen un riesgo psicosocial. El objetivo es fomentar una cultura de prevención de riesgos para mejorar las condiciones de las escuelas, como son los problemas de estrés, ansiedad y nerviosismo.
Por lo mismo, en la fracción XVII pretende incluir en los planes textual y programas de estudios para la educación, de desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan tanto en niños de nivel primario como jóvenes de secundaria, hasta nivel superior, interactúen a nivel personal, social y ambiental.
Contribuirá a la convivencia humana tanto para los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando el desarrollo de habilidades socioemocionales.
El artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las siguientes atribuciones:
Fracción I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio, así como de desarrollo emocional para la educación preescolar, primaria y secundaria.
Desde el punto de vista psicopedagógico se ha observado la necesidad de la intervención socioemocional. En estos se encuentran varios antecedentes y en varios países que ya lo llevan a cabo.
Por lo mismo, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente –y sea tan gentil de trasladarlo a la comisión respectiva para su estudio y dictamen– esta propuesta de reforma, de actualización y formulación de los planes y programas de estudio, así como del desarrollo emocional. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado Mota. Efectivamente, su iniciativa se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora, por cinco minutos, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Está suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila y será presentada por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval. ¿Lo dije bien?
La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval: Así es, presidente. Gracias.
Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. Acudo a esta tribuna a nombre de mi compañera y amiga la diputada Karina Padilla, a presentar esta iniciativa que tiene como objeto mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad pública.
Mucho hemos hablado en esta legislatura sobre cuál es el modelo que el Estado mexicano debe aportar y adoptar en materia de seguridad. Ha sido así porque la realidad nos sitúa en un escenario donde la capacidad policiaca del Estado en diversas regiones del país se ha visto rebasada por el poder de acción de grupos de delincuencia, que asechan a la sociedad y vulneran la capacidad de los gobiernos para hacerles frente. La realidad es que este gobierno está reprobado en materia de seguridad pública.
También, dadas las condiciones laborales tan extremas que sufren los elementos de seguridad pública, es cada vez más difícil reclutar a personas que tengan motivación y vocación para entrarle a una tarea que, además de complicada, pone en riesgo sus vidas.
Aunado a ello, el personal de las corporaciones e instituciones de seguridad pública en ocasiones se contrata bajo el régimen de honorarios, situación que a todas luces los sitúa en gran desventaja, al no contar con las condiciones policiacas propicias para garantizarles la cobertura de seguridad social, compensaciones, recompensas y otras prestaciones de ley que maximicen tratándose del desempeño vinculado con la seguridad pública nacional.
A lo anterior debemos sumar otro grave problema que viven día a día los operadores de las instituciones que forman el sistema nacional de seguridad pública, como es la jornada laboral excesiva a la que son sometidos.
La carencia de una ley o disposición que regule los horarios de trabajo de las fuerzas de seguridad pública, ya sea federal, estatal o municipal, han propiciado jornadas de entre 24 y 48 horas de trabajo continuo impactando negativamente en su salud, en la convivencia familiar y en el rendimiento físico, intelectual y profesional. Los efectos físicos invariablemente repercuten en el desempeño profesional, pues se genera bajo rendimiento, reacciones lentas, disminución del estado de alerta y en ocasiones accidentes y lesiones, todo ello resultado de una falta de atención. En la medida de que el personal que desempeña estas funciones cuenten con mejores condiciones de salud y descanso serán más eficientes las actividades encomendadas.
Reconocemos que no es una labor fácil, es cierto, se requieren mayores recursos económicos, humanos, de infraestructura y capacitación, sin embargo frente a los argumentos que impera la premisa del respeto a los derechos laborales, sociales de todo ser humano, es por ello que ponemos a consideración que es necesario homologar la Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer la jornada máxima para los operadores de las corporaciones e instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proponemos que la jornada laboral no sea y no se pueda exceder de 48 horas semanales, complementando con 24 horas ininterrumpidas de descanso una vez por semana, de igual manera establecer que en caso de urgencia el horario no podrá exceder por máximo de dos horas extraordinarias en no más de tres eventos semanales.
En la iniciativa se detalla que la carga excesiva de trabajo no será justificada para dar lugar a la ampliación del horario laboral, precisando la facultad del superior jerárquico para recibir el trabajo que se encuentre a un pendiente o en trámite y éste a su vez lo delegue a quien supla esta función.
Señoras y señores, con esta propuesta buscamos que quienes tienen a su cargo la noble tarea de proteger a la población estén en mejores condiciones de hacerlo. México necesita cuerpos de policías con mejores condiciones laborales, no basta de dotarles con el mejor armamento o el mejor equipo para hacer su trabajo, si velamos por la integridad de que quienes ponen en riesgo su vida al servicio de México, estaremos dando pasos más acertados en pro de la seguridad de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica.
El senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros. Parte de la problemática de las familias en nuestro país tiene que ver muchas veces con el nivel de ingreso y las circunstancias de bienestar familiar, y nosotros hemos visto cómo nos impactan las crisis, particularmente en Estados Unidos.
La de 2008, que creó una gran recesión económica y que incluso algunos todavía no se han podido recuperar de eso. Allá se empezó por la insolvencia de los créditos hipotecarios. Nosotros, en nuestro país nos impactó porque hubo desempleo, hubo baja de importaciones, incluso hubo hasta baja de la entrega de las remeses que se llegan vía de los Estados Unidos.
Pero esto generó una característica. El incremento de la morosidad de los usuarios del servicio de créditos, ya sean de casas comerciales o de bancos, y que ha ido incrementando la morosidad en nuestro país, a grado tal que sí están protegidos los monopolios, pero no está protegido el consumidor. No tenemos protegido al ciudadano frente al gran poder que tienen los monopolios.
Esta ley que hoy presentamos busca crear las condiciones de equilibrio entre los monopolios financieros, entre los que prestan, entre los que dan créditos al consumo, para que podamos defender su derecho, su patrimonio, particularmente garantizando el respeto a los derechos humanos. Esta iniciativa es lo que pretende.
Muchos hemos visto cómo en México el consumo no se ha detenido. El ingreso de las familias sigue siendo permanente frente a la crisis y a la carestía y a lo que hay, y ¿cómo nos explicamos esta característica? Porque han sido o son sujetos de créditos al consumo en compras de autos, compra de tarjetas de crédito para despensa. En fin, ahí están los créditos que han ido generando un nivel de ingreso y de bienestar más o menos sostenido en las familias mexicanas.
Pero también se vienen dando morosidades que van a afectar en largo tiempo o en corto tiempo al ingreso y el patrimonio familiar, por eso es indispensable y oportuno plantearnos esta iniciativa que tiene que ver con el decreto por el que se expide la Ley Federal de Insolvencia familiar, y una de las características, estas leyes hay parecidas a estas, se han establecido en Francia desde 1989, y están protegiendo los derechos de los consumidores, en Bélgica, en el Reino Unido desde 1986, en Alemania y en España, Colombia, en Estados Unidos de América, y en nuestro país tenemos que actualizar este marco normativo para proteger al consumidor.
Hay, el 15 de mayo de 2013, ustedes deben de recordar, varios, que se hizo la reforma a la reforma financiera y había 13 decretos. Dentro de ellos se reformaban 34 ordenamientos jurídicos, y cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 en materia financiera, existen dos figuras que llamaron mucho la atención por el desequilibrio que generaban entre los usuarios de los servicios financieros y las entidades bancarias, y nos referimos al arraigo y al secuestro provisional de bienes. Y eso está ahí en la ley pendiente de que lo revisemos.
Si bien ya caminó, ahora hay que revisar cómo frenamos el impacto de estas dos medidas. Y estas dos medidas llaman la atención porque el artículo 7.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que nadie será detenido por deudas. Este principio limita los mandados de la autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.
Y luego también el 11.1 y el 11.2 que tienen que ver con el respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad. Y en las medidas de estos decretos, del ahorro bancario que hablan del secuestro y del arraigo, hay una violación a los derechos humanos, por eso necesitamos actualizar este marco normativo.
La Ley de Insolvencia familiar propone establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se declaren en bancarrota, celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores, bancos o casas comerciales, de modo que cumplan sus deudas en mejores condiciones.
La iniciativa busca proteger la recuperación de la economía familiar o personal, normalizando la situación financiera y evitando la exclusión social o laboral.
Por otro lado refuerza los esfuerzos por desarrollar en México una cultura de acceso al crédito de manera responsable a través de la información y educación financiera.
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho de los usuarios a servicios financieros para declararse en quiebra frente a sus acreedores para permitir a los padres y madres de familia que se encuentren en situación de insolvencia económica, gozar de un instrumento jurídico para establecer un acuerdo de pago con sus acreedores, con el fin de no afectar a la economía familiar, núcleo de nuestra sociedad.
Con este proceso buscamos homogeneizar nuestra legislación a las mejores prácticas internacionales a fin de proteger el patrimonio de las familias en situaciones fuera de su control, como son los desastres naturales o el desempleo involuntario.
Con el uso del crédito genera un endeudamiento difícil de manejar, las ofertas de créditos como préstamos, tarjetas o líneas de financiamientos, representan un fenómeno global el cual ha generado consecuencias que se han catalogado como graves para el bienestar familiar.
Los créditos son un medio para la calidad de vida de las personas, e incluso, impulsan su avance social. Es por eso que debe de preservarse su disponibilidad a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando un usuario de servicios financieros se enfrenta a la insolvencia en México, siendo madre o padre de familia, es inevitable la catástrofe condenándolo a perder el patrimonio y esperando que esto sea suficiente para saldar sus deudas.
De lo contrario, tendría que cubrir la totalidad del adeudo que se incremente con el tiempo, sin contar con los gastos personales al ya no contar con patrimonio, si lo sacan de su casa, tiene que pagar renta, y esto eleva el nivel de gastos que pueda tener una persona con insolvencia familiar.
El arraigo del deudor es violatorio a los derechos humanos, ya lo expresábamos hace rato, y está marcado en los tratados internacionales en los que México ha suscrito, por ser directamente la persona deudora que no es un delincuente y que se falta a su dignidad, y su derecho a la libertad personal, al derecho del libre tránsito y de trabajo y a la presunción de inocencia, de modo que la providencia precautoria del arraigo con la cual el juez prohíbe un posible demandado o deudor abandonar la demarcación geográfica en la cual se estableció, su juicio mercantil, se viola el espíritu al artículo 17 de la Constitución, que prohíbe sancionar con restricción de la libertad personal, a un deudor por penas de carácter puramente civil.
Esta iniciativa de ley que pretende crear esta Ley de Insolvencia Familiar, son 39 artículos, 6 títulos, 2 transitorios, el título quinto establece el procedimiento de insolvencia económica como lo declara cada ciudadano que quiera declararse en situación de insolvencia familiar, del artículo 12 al 21 viene el procedimiento qué escrito debe de presentar, y el título sexto habla del procedimiento judicial donde se le pide al juez cuáles son los mecanismos que puede llevar con el deudor para poder establecer un mecanismo de insolvencia y negociar un plan de pagos en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, por su atención.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Su propuesta se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y adiciona un 233 Bis a la Ley General de Salud.
El senador David Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, nada más para solicitar en el tema anterior si me permite adherirme a la iniciativa del senador Isidro.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda usted adherido, si el senador está de acuerdo, adelante. La senadora Diva Gastelúm también quiere adherirse.
El senador Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Sí, sí, todas, todas, por favor. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Diputada Damián. Adelante, por cinco minutos.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputado presidente. La iniciativa que presento persigue reformar el artículo 31 y adicionar el 233 Bis de la Ley General de Salud. Esta iniciativa tiene como objeto mejorar el marco regulatorio de la producción de medicamentos en México.
Según el gobierno federal existe una cobertura del 100 por ciento en materia de los servicios de salud. Sin embargo, la última Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares muestra que las familias, las personas que requirieron atención médica, cuando se levantó la encuesta, declararon –el 43 por ciento– que lo hizo de manera privada los gastos relacionados con la salud, aun cuando contaban algunos de ellos con la supuesta cobertura del Seguro Popular, del propio IMSS y del propio ISSSTE.
Como presidenta de la Comisión de Seguridad Social, recibo día a día quejas sobre la falta de medicamentos en nuestro país y, sobre todo, en las instituciones de salud. Por eso consideramos muy importante mejorar la producción de medicamentos en nuestro país, dado el inevitable gasto que tienen que hacer las familias en la materia.
Lo que buscamos es hacer más eficiente el funcionamiento de la industria farmacéutica y además estimular la producción nacional de genéricos, porque está sucediendo algo realmente grave en nuestro país: hay una utilización abusiva de patentes.
Estamos en la necesidad de garantizar condiciones de acceso favorable y fortalecer el rol regulador del Estado mexicano. La salud y el bienestar de millones de mexicanos depende de su acceso a los medicamentos. Hay familias, las más vulnerables, que tienen que tomar la decisión entre dejar morir a un familiar porque no pueden comprar su medicamento, o darle de comer al resto de la familia, y nosotros queremos en Morena que esa situación se acabe, que no sea por un problema de falta de capacidad económica o de falta de producción de genéricos y abuso de patentes lo que impida a las familias, a los enfermos sobrevivir.
Estamos teniendo una industria en donde el 80 por ciento de la compra y venta de medicamentos está controlado por un puñado de empresas, que además de imponer precios a los medicamentos también hacen que los medicamentos aumenten de precio en mayor proporción que el Índice General de Precios al Consumidor en alrededor de 10 por ciento.
Hemos fracasado en la liberalización de las patentes, por lo que consideramos que es necesario que se aumente la producción de genéricos.
También queremos que el Estado mexicano tenga los instrumentos necesarios para suspender temporalmente la vigencia de algunas patentes cuando ello se requiera para garantizar el derecho a la salud. En algunos casos, a nivel internacional la utilización de licencias de explotación obligatoria se ha erigido como una solución eficaz, solvente y socialmente comprometida con la sociedad.
Otras medidas que queremos impulsar en esta iniciativa es la creación de un procedimiento especial transparente, de impugnación de patentes, porque es ahí donde estamos teniendo serios problemas con el abuso de las patentes secundarias.
Impulsamos también con esta iniciativa, medidas para desconcentrar el mercado farmacéutico y promover en su seno de esta rama industrial, una competencia efectiva. Queremos y proponemos incrementar por tanto la gravedad de sanciones vinculadas a las conductas monopólicas y oligopólicas de estas empresas.
Lo anterior busca que los más pobres, a través de estas modificaciones, tengan la posibilidad de acceder a los medicamentos y tener una mejor calidad de vida y mejores condiciones de acceso a este derecho humano fundamental en nuestro país, que día a día se viola, tanto por las instituciones de salud como por las propias empresas farmacéuticas. Es cuanto.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputado Damián.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: ¿Con qué objeto, senador Fernández?
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa de la diputada.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Si no tiene inconveniente la diputada Damián. Está a disposición del senador y quien guste signarla, en la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por la diputada Damián.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Quiero referirme en este posicionamiento a esta iniciativa de reforma. El juicio de amparo en México ha tenido una extensa evolución para consolidarse gradualmente a la luz del marco de derechos humanos, producto de las reformas constitucionales del 2011 y del progreso que ha tenido el sistema universal de protección de los derechos humanos, a través de diversos instrumentos internacionales.
Al día de hoy el amparo se ha convertido en un juicio autónomo de carácter constitucional, que tiene la finalidad de resolver las controversias enmarcadas en el artículo 103 de la Constitución General vigente.
El juicio de amparo principalmente procede cuando se han violentado derechos fundamentales y su objeto consiste en restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho constitucional afectado, volviendo las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación por la norma, acto u omisión de la autoridad.
Sin abundar en las generalidades que hacen del juicio de amparo un verdadero medio de control constitucional, es fundamental para los fines de la iniciativa que presento ante esta asamblea adentrarse un poco al amparo agrario, el cual doctrinalmente ha sido entendido como la instancia jurídica que tiende a proteger núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios y comuneros y aspirantes a esto en sus derechos agrarios, mediante el establecimiento de disposiciones especiales.
Cabe precisar que la Ley de Amparo, abrogada en el 2013, regulaba de forma particular el amparo en materia agraria, puesto que contemplaba un libro segundo, título único, capítulo único.
Ese segundo libro tuvo por objeto establecer medidas protectoras de carácter procesal en beneficio de los derechos colectivos de los núcleos de población comunal o ejidal, para generar el equilibrio real de las partes al reforzarse procesalmente la posición de la parte débil.
Una de las cuestiones que operaba a favor de los núcleos de población ejidal y comunal, era que la ley abrogada ampliaba el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, los actos que les afectaran. Sin embargo, en la estructura de la Ley de Amparo vigente, publicada el 2 de abril de 2013, la cual abrogó a la Ley de Amparo referida con antelación, la regulación del amparo agrario quedó completamente dispersa en el nuevo cuerpo normativo.
El cambio legislativo motivó el descontento y la preocupación por no contar en la nueva ley con una regulación de amparo agrario en un apartado específico. No obstante, cabe aclarar que sí se contempla el juicio constitucional contra los actos relacionados con la materia.
Si bien el amparo agrario no desapareció como tal, lo cierto es que su regulación en la Ley de Amparo vigente le impuso algunos cambios, de entre los cuales preocupa el plazo para interponer la demanda de amparo en materia agraria.
El artículo 17 de la Ley de Amparo vigente dispone ahora en su fracción III un plazo de siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
Es viable sostener que con el plazo de siete años que actualmente fija la Ley de Amparo se impide el acceso a la justicia agraria, pues pese a los demás principios que impera en la materia, la norma se aleja de la realidad social, incentivando un trato desigual.
Estos núcleos de población históricamente han tenido que enfrentar diversos obstáculos para acceder a la justicia, ya que por factores económicos y sociales se mantienen en un estado de vulnerabilidad sin recibir una tutela efectiva por parte del Estado, cuestión que ha provocado una enorme brecha y un rezago que afecta el acceso colectivo y efectivo a la justicia.
Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa propongo modificar la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 102 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la demanda de amparo, tratándose de actos que tengan o puedan tener efecto de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, pueda interponerse en cualquier tiempo tal y como lo disponía la Ley de Amparo anterior.
Con la modificación que propongo no se pretende colocar en una posición superior a los núcleos de población ejidal o comunal, en todo caso, se trata de una medida que los coloque en una posición de igualdad frente a los terceros que violenten o intenten violentar sus derechos.
El campo mexicano requiere seguridad jurídica en todo aspecto, pues sus habitantes se encargan de llevar en hombros una de las actividades más nobles del país. Los derechos de la población ejidal y comunal deben de ser protegidos frente a cualquier acto despótico que pretenda violentarlos.
Por ello, la oportunidad de interponer la respectiva demanda de amparo en cualquier momento es fundamental para garantizar un trato digno frente a los otros. Es cuanto, señor, presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias, diputado Monreal Ávila. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que presento y de la cual fue un tema abordado por mi compañero diputado Clemente Castañeda Hoeflich el periodo pasado, y que hoy se materializa por su servidor, busca reformar los artículos 87 y 88 de la Ley Federal de Derechos, esto en pro de la ciencia en nuestro país, a través de la reducción de los costos relacionados a la aplicación y obtención de patentes sobre variedades vegetales.
El registro sobre nuevas variedades en nuestro país juega un papel esencial en la conservación de la biodiversidad, pues además de ayudar a incrementar la diversidad, permite hacer frente a los cambios climáticos a través de la creación de variedades que resisten condiciones adversas y resistencia a enfermedades. Todo esto ya debidamente protegido por la Ley de Variedades Vegetales.
La creación de nuevas variedades ha sido por muchos años uno de nuestros más sólidos logros en el terreno de la ciencia y tecnología como mexicanos. Sin embargo, en el país los costos involucrados en la creación, promoción y protección de patentes frecuentemente son elevados en términos relativos, particularmente en aquellos casos donde la patente en cuestión es registrada por un investigador a carácter personal y sin el apoyo económico o logístico de instituciones educativas públicas o privadas.
Compañeros legisladores, la propiedad intelectual es uno de los pilares de la economía global y es deber del sector público garantizar su protección, pues todo invento que no cuente con una protección apropiada invariablemente corre el riesgo de ser robado por la competencia, replicado y comercializado sin autorización de sus creadores. Esto lo hemos visto y es costumbre, dándoles así la espalda a los ciudadanos o investigadores que estuvieron detrás de esa misma patente.
Un sólido, y sobre todo, accesible sistema de patentes y procesos resulta primordial, sobre todo fundamental. En 1996 nuestro país se vio envuelto en un problema que revela la importancia de apoyar el registro de variedades vegetales. Este problema surgió cuando un agricultor estadounidense registró en su país una variedad específica de frijol azufrado que se había cultivado en México durante muchos siglos.
Este registro que otorgó al agricultor derechos exclusivos de producción y distribución del material genético robado se convirtió en un impedimento para sus productores mexicanos que buscaban comercializar sus cosechas en el mercado de Estados Unidos.
Si bien el gobierno mexicano participó en litigios posteriores y después de años y años de demandas y juicios, la patente fue correctamente revocada, el daño ya estaba hecho: cientos de toneladas fueron perdidas entre las disputas y durante años los agricultores mexicanos se vieron incapaces de comercializar un cultivo que habían utilizado sin problema durante décadas.
Casos como el anterior demuestran la evidente necesidad de contar con un sistema, no solo que proteja la producción científica de México, sino que resulte asequible para ayudar a nuestros agricultores e investigadores y otorgar y dar certeza a su trabajo.
Actualmente un investigador que busque realizar el registro correspondiente, no gastará menos de 30 mil pesos durante el proceso, esto sin contabilizar la cuota de refrendo anual a la que estará sujeto para mantener dicho registro vigente. En un país donde las expectativas salariales promedio son bajas, los costos relativos resultan considerablemente altos.
El propósito de reducir en 50 por ciento los costos de transacción relacionados al registro de variedades vegetales abona, compañeros, a la efectiva protección de las mismas, así como un incentivo para que aquellos agricultores e investigadores que buscan aprovechar de forma responsable los resultados de su propia labor.
Esperando contar con su apoyo y dar afirmativa a esta iniciativa, le agradezco mucho la atención prestada. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Bien. Le agrademos también, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Presento esta iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo segundo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Hay un problema que el crimen organizado ha dejado muy fuerte, sobre todo en comunidades serranas, que es el tema del desplazamiento. Nosotros hemos trabajado con mucha insistencia este tema. Tenemos aproximadamente cinco años insistiendo sobre un fenómeno que deja a las familias totalmente indefensas, pierden todo, pero todo es todo, porque son expulsados y se pierde el trabajo, la escuela, el patrimonio con mucha dificultad construyen las familias, sobre todo de la zona serrana.
Cuando se dio la Ley de Víctimas estuvimos insistiendo mucho en que el concepto quedara establecido. No lo logramos y fue hasta la segunda mejora que tuvo la Ley de Víctimas cuando logramos solamente el nombre, porque todavía el concepto no está como tal, y mucho obedece a que no tenemos datos claros de dónde están, cuántos salieron, cuántas comunidades.
Necesitamos recurrir a las instituciones que corresponde conocer de números y de estadísticas. Es de todos conocido que hay 12 entidades del país con marcado desplazamiento forzado interno. No es un supuesto de una familia que salió.
Desde el 94 tenemos el problema en Chiapas, que fue un tema distinto pero al final del día fue el arranque de un fenómeno muy serio que teníamos. Hace muy poco, apenas ayer daban cuenta que aproximadamente mil familias habían regresado, pero muchas se quedaron también. Ahí es un enfrentamiento religioso, de usos y costumbres y demás.
Pero en el resto del país, como es el caso de Chihuahua, de Durango, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, de Michoacán, de Oaxaca, de Sinaloa, de Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, es muy marcado que este desplazamiento tiene un sello distintivo que tiene que ver con pandillas... Perdón, con grupos delincuenciales locales.
Ha habido muchos esfuerzos. Colombia tiene un esfuerzo muy interesante sobre el tratamiento que le dio al desplazamiento forzado, y a nivel nacional tenemos dos estados que ya tienen una Ley para Prevenir, Atender el Desplazamiento Interno que son Chiapas y Guerreo.
Sin embargo es necesario tener una estadística confiable. Primero cuántas comunidades, cuánta familia ha salido, pero sobre todo a dónde se han ido, qué están haciendo. ¿Cómo vamos a lograr el regreso o no regreso de ellos?, o ¿cómo va a ser una especie de indemnización que nosotros estuvimos proponiendo anteriormente?
Por eso estamos proponiendo esta reforma de adición al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Inegi, para que genere indicadores sobre el desplazamiento forzado.
Necesitamos tener datos confiables, por eso esta propuesta dice de la manera siguiente en el artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: Población y dinámica demográfica, fenómenos y procesos sociales. Necesitamos saber, además de este fenómeno, otros más.
Y la adición es: los fenómenos y procesos sociales referidos en el párrafo anterior, hacen referencia pero no se limitan solamente al desplazamiento interno forzable. Por su atención, muchas gracias. Buen año 2018.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias a usted, senadora Diva Gastélum. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
La presidenta senadora Adriana Dávila Fernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rafael Hernández Soriano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la presidenta. Acudo a esta tribuna a presentar propuesta que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de crear la Comisión de Planeación, de la Cámara de Diputados.
Esta propuesta tiene dos motivaciones centrales en las que quisiera referirme. El 10 de febrero de 2014 se publicó el decreto en el que se daban a conocer diversas disposiciones que habían sido reformadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de ellas la referente a la fracción VII del artículo 74 que otorga, se refiere a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y leeré textualmente. La fracción señala que: es facultad exclusiva aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá por aprobado.
Derivado de esto es una obligación legal de este Congreso aprobar una reforma que trace la ruta jurídica para que esta Cámara, la de Diputados, ejercite y ejerza esta facultad constitucional, por ello la importancia de que se cree la comisión a la que nos estamos refiriendo.
Baste decir también, abundando en este sentido, de que existen comisiones que atienden en forma exclusiva tareas del Congreso que son muy importantes como la Comisión de Hacienda que conoce los temas inherentes a la política económica, que también está la Comisión de Presupuesto, que ejercitan ambas tareas en materia económica en un ámbito de colaboración entre poderes, es decir, no solamente están hablando de facultades legales de estas comisiones en forma específica, y es la segunda característica de esta propuesta de reforma, también abona en el fortalecimiento de las facultades del Poder Legislativo y desde luego a la sana convivencia en tareas de planeación nacional de coordinación con el Ejecutivo federal como ya lo hacen algunas comisiones como las que señalaba la de Hacienda y la de Presupuesto.
Luego entonces con estos dos argumentos que me parecerían suficientes, el legal y el del equilibrio entre poderes, proponemos la creación de la Comisión de Planeación y ello afectará desde luego a la Ley Orgánica en sus fracciones trigésimo octava del artículo 39 y numeral 6 del artículo 40. Es cuanto, presidente.
La presidenta senadora Adriana Dávila Fernández: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Hemos agotado el punto del orden que se refiere a la presentación de iniciativas.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Iniciaremos el referente al punto de Proposiciones de puntos de acuerdo. En este sentido damos la palabra hasta por cinco minutos, al senador Esteban Albarrán Mendoza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica, a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país.
Este punto de acuerdo está suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El senador Esteban Albarrán Mendoza: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 7 y 19 de septiembre se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados respectivamente, que registraron efectos devastadores en diversas entidades, y que dañaron la vivienda de miles de personas y lamentablemente también la pérdida de vidas humanas.
Esta emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado mexicano. Y una vez más destaco la solidaridad de la sociedad para apoyar a la población que resultó afectada.
Gracias a los avances en materia de protección civil, a la consolidación de una cultura de la prevención y la instrumentación de mecanismos de reacción, se pudieron reducir las afectaciones y salvar el mayor número de vidas.
De manera oportuna el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas, instrumentó diversas acciones que atendieron la situación de emergencia y realizaron el censo de los inmuebles dañados. También se inició la fase de reconstrucción y los esquemas diseñados para reconstruir viviendas, apoyar a los comercios y rehabilitar la infraestructura pública.
Por ejemplo, el gobierno federal, junto con los gobiernos de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, destinó recursos para la reconstrucción de viviendas en estas tres entidades por más de 7 mil millones de pesos.
Se entregaron también apoyos a los damnificados en monederos electrónicos. En el caso de daño parcial, se proporcionó una tarjeta bancaria por 15 mil pesos para usarlos en la reparación de sus viviendas.
En los casos de daños totales, es decir, quienes perdieron sus viviendas, el apoyo fue de 120 mil pesos por vivienda. En estos casos, se entregaron dos tarjetas: una exclusivamente para adquisición de materiales y otra para cubrir otros gastos de reparación.
La atención del gobierno federal fue oportuna. Y, a través de un esfuerzo coordinado con las distintas Secretarías de la administración pública, se está trabajando para atender a los damnificados y los trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas, a fin de reestablecer la normalidad lo más pronto posible.
Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrentan los beneficiarios son los aumentos injustificados en los precios de los materiales de construcción, así como el acaparamiento en su venta. Diversas familias damnificadas han denunciado el abuso de los distribuidores, señalando que el material de construcción se ha incrementado hasta en un 100 por ciento, hecho que hace más difícil reconstruir o construir sus viviendas.
Compañeras y compañeros legisladores, ante este panorama se deben reforzar las acciones institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población sea objeto de abusos y aumentos injustificados. Debemos continuar implementando acciones permanentes en las entidades federativas afectadas, con el propósito de proteger los intereses de la población damnificada.
Con este propósito sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofece, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los operativos para prevenir e inhibir los incrementos indebidos en los precios de los materiales en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos de septiembre del año pasado.
Asimismo, para que investiguen, y en su caso sancionen, posibles prácticas de acaparamiento de tales productos. El objetivo es garantizar que no se registren actos de especulación, actos de corrupción que afecten los precios de los materiales de construcción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias a usted, senador Albarrán. ¿Con qué objeto, estimado legislador?
El senador Jorge Aréchiga Ávila (desde la curul): Para solicitar sumarme a la iniciativa.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Si el senador Albarrán lo obsequia, desde luego está a disposición para firma en el área de Secretaría. El punto de acuerdo será turnado a la Tercera Comisión de Trabajo.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho instituto, por evidente conflicto de intereses. Adelante, senador.
El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, diputado presidente Rafael Hernández Soriano, diputado por la Ciudad de México.
Señoras y señores legisladores, vengo a esta tribuna sumamente preocupado, se trata de un asunto que a todas luces vulnera el principio de imparcialidad con que el Instituto Nacional Electoral debe actuar.
El pasado 18 de diciembre, el Consejo General del INE designó a Lizandro Núñez Picazo, como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Lizandro Núñez será el encargado de revisar los ingresos y gastos de todos los partidos políticos en las elecciones de este año 2018.
El nuevo titular de la Unidad de Fiscalización de INE presentó un día antes su renuncia al cargo de administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con efectos a partir del 1 de enero de este año.
De acuerdo con sus antecedentes laborales, el nuevo responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE fue colaborador del ahora precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, cuando estuvo al mando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal.
Si de profesionalismo y experiencia técnica se trata, hay muchos mexicanos y mexicanas que reúnen los requisitos para ocupar ese cargo tan importante en el INE.
Genera muchas sospechas la designación de Núñez. El INE debe dar vuelta atrás a esta decisión, de lo contrario desde hoy podemos afirmar que se están sembrando fundadas sospechas sobre la imparcialidad de la fiscalización de los recursos de la elección de 2018.
No se trata solo de cubrir los cargos vacantes. No se trata de que los partidos políticos se repartan cuotas, mucho menos tratándose de órganos autónomos del Estado Mexicano. De lo que se trata es de garantizar que en lo particular acudamos a los comicios de 2018, con las certezas y las garantías de que el árbitro actuará con legalidad y sin injerencia de interés político alguno.
La autoridad electoral debe brindar confianza a todos los ciudadanos mexicanos, la designación de Lisandro Núñez genera absoluta desconfianza y nosotros no podemos avalar dicha designación.
En Acción Nacional consideramos que este nombramiento tiene un fin claro que es de proteger los intereses del PRI y su precandidato presidencial. La decisión del INE es desafortunada y no podemos permitir que esto se consolide si queremos que haya equidad e imparcialidad en las elecciones de este año.
Por esa razón, estamos solicitando al Consejo General del INE la inmediata destitución de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, porque evidentemente existe un claro conflicto de intereses en su nombramiento.
En pocas palabras, en pocas palabras el que hace hasta algunos días o semanas era titular del SAT, empleado del precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no puede ser el que fiscalice los gastos de campaña y de precampaña de todos los precandidatos. Evidentemente hay un conflicto de intereses. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias a usted senador Ávila Ruiz. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: ¿Con qué objeto?
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Para adherirme.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Si lo permite el senador, desde luego está a disposición en el área de secretariado para ese fin.
Tiene la palabra, hasta por cinco...
El senador David Monreal Dávila (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: A ver, senador Fernández, con qué objeto... Senador Monreal.
El senador David Monreal Dávila (desde la curul): Si nos permite adherirnos.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Si lo obsequia el proponente está a disposición de quien desee signarlo en el área de Secretaría.
El presidente diputado Rafael Hernández Soriano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de diversas entidades federativas a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información. Tiene la palabra, diputada.
La diputada Olga Catalán Padilla: De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Somos el grito de las que ya no tiene voz. Anónimo.
Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento ante ustedes un exhorto a diferentes entidades federativas, con el objetivo de que se actualicen y se hagan públicas las cifras sobre feminicidios.
En el país el número de homicidios va en aumento, tan solo las víctimas por homicidios dolosos con arma de fuego tuvieron un repunte de 40 por ciento en todo el territorio nacional entre enero y noviembre de 2017, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dentro de este clima de violencia generalizada las mujeres se han convertido en el foco de atención por parte de organizaciones nacionales e internacionales. El caso más emblemático es el de las muertas de Juárez, donde la impunidad y falta de acciones por parte del gobierno dieron lugar a que este fenómeno no fuera exclusivo de dicha localidad.
Actualmente doce entidades federativas tienen declarada la alerta de violencia de género, debido a los altos índices de violencia en sus diferentes tipos contra las mujeres, aunado a que en dichas entidades el número de feminicidios en los últimos años aumentó considerablemente.
Existen algunas organizaciones sociales que han intentado crear acciones para paliar la violencia ejercida contra las mujeres. Tal es el caso del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano contar la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, quienes han advertido que no existe claridad en las cifras y que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.
La violencia feminicida, aún con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades no ha sido incluida en las encuestas oficiales.
Debido a ello, la mayoría de los datos existentes provienen de organismos de la sociedad civil.
Es importante tener en cuenta que a pesar de que existen algunas cifras, a la fecha no se cuenta con mecanismos oficiales de registro, es decir, existe una deficiente implementación de los mecanismos establecidos por la ley, tal es el caso del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
En dicho banco solo se observan cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, sin considerar la violencia feminicida.
Es necesario contar con información confiable y oportuna, dirigida a las dependencias y organizaciones que lo requieran para el combate y erradicación de esta práctica. Es por lo anterior que queremos que se exhorte a los estados de Nuevo León, estado de México, Chiapas y Jalisco a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos de datos estatales sobre casos de violencia.
Concluyo con la siguiente frase: disculpen las molestias, pero nos están asesinando. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senadora. Diputada, perdón. Son mis buenos deseos, todavía estamos en año nuevo. Gracias, diputada, muchas gracias.
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente el punto de acuerdo de la diputada Olga Catalán Padilla.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, presenta proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de índices de contaminación y la consecuente violación de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México y la megalópolis, suscrito por los diputados Juan Romero Tenorio y María Chávez García, todos ellos del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente, muchas gracias. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos muy preocupados por las afectaciones a la salud de millones de personas a partir de la suspensión de las verificaciones vehiculares en la Ciudad de México. Esa medida podría causar la elevación de los niveles de contaminación ambiental, no solo en la capital del país sino en toda la megalópolis.
La contaminación del aire y sus efectos negativos en la salud no conocen fronteras. Estamos ante el umbral de una epidemia de enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía o el cáncer de pulmón, con el agravante de que los efectos más graves se producirán en las personas que ya están enfermas y en grupos vulnerables como niños, ancianos y familias de pocos ingresos que tienen acceso limitado a la atención médica.
La decisión administrativa realizada a espaldas de la sociedad y sin tomar en cuenta a la ciudadanía, académicos, expertos y científicos especialistas, nos pone a un paso de que la Ciudad de México y la megalópolis retomen el deshonroso primer lugar en índice de contaminación atmosférica. Sin duda volveremos a los niveles de la década de los ochenta, cuando todos los días teníamos contingencia ambiental.
Apenas el pasado 18 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018, esto debido a que los 55 nuevos verificentros aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno capitalino, aún no terminan el proceso de instalación para poder operar, por lo que la dependencia suspendió las verificaciones vehiculares para autos con placas de la Ciudad de México durante el primer semestre de 2018. También anunciaron que a pesar de que no se realizaran verificaciones vehiculares, el programa Hoy No Circula no tendrá cambios en su aplicación con esta medida.
El gobierno de la Ciudad de México justificó la prórroga al decir que durante el primer semestre de 2018 se concluirá la instalación y puesta en marcha de los nuevos centros de verificación de la Ciudad de México, la fecha oficial era el 31 de diciembre de 2017.
El argumento es insuficiente y altamente cuestionable porque no informa sobre lo prioritario que es el impacto en la salud de los habitantes de la capital del país. Nada se dice sobre los daños a la población por la mala calidad del aire, los parámetros para medir e informar sobre el tema, ni sobre las acciones adoptadas para enfrentarla.
A la fecha la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que la persistencia de las condiciones de contaminación atmosférica es una violación continua a los derechos humanos. Asimismo, considera como una vulneración a los derechos, la omisión de las autoridades para implementar acciones para prevenir la contaminación, así como para aplicar sanciones a las empresas que las incumplan.
La realidad es que estamos ante una convocatoria fallida para la instalación de los nuevos verificentros. Se ha utilizado el poder público para impedir a los actuales verificentros que presten el servicio mediante una prórroga de actividades, únicamente con el propósito de beneficiar de manera artificial e ilegal a los 55 nuevos centros, anteponiendo intereses personales y de grupo. Esto no es una medida administrativa, es un acto de corrupción con el agravante de la afectación para millones de ciudadanos.
Los centros de verificación vehicular que actualmente operan deben seguir funcionando en tanto se instalan los nuevos, porque aunado a lo anterior con esta medida el gobierno de Miguel Ángel Mancera manda a la calle a 2 mil 500 familias.
La gente está harta de la corrupción y de las medidas que toma el actual gobierno de la ciudad. Proceden a espaldas de los ciudadanos y en contra de la democracia. La posibilidad de continuar al frente del gobierno se les va de las manos con estas actitudes.
Por ello les pedimos, compañeros, que nos acompañen y voten a favor el punto de acuerdo que hoy se presenta. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Virgilio Caballero. Su proposición se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Presenta punto de acuerdo que exhorta a la Ciudad de México –me imagino que al gobierno de la Ciudad de México– a investigar los actos encabezados por el Partido de la Revolución Democrática en contra de simpatizantes de Morena en Coyoacán, y brindar garantías de protección y seguridad durante todos los eventos públicos del proceso electoral 2017-2018. Está suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes. Con su venia, sus señorías.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor senador.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Gracias. Vivimos momentos delicados en la nación. Estamos frente a un proceso que se antoja complicado y a un año que representa grandes retos para el país y, frente a esto, debemos de sumarle ahora los hechos de violencia política en lo general, y en particular a los que han sucedido en la Ciudad de México en los últimos días.
Con esta gran preocupación venimos a presentar el senador Mario Delgado y su servidor el siguiente punto de acuerdo, derivado de los hechos de violencia generados en la delegación Coyoacán, donde funcionarios de esta demarcación agredieron a los asistentes al evento de la precandidata Claudia Sheinbaum, y con particular furia y demencia al periodista Ángel Bolaños.
Este es un acto de barbarie, sin justificación ni lógica, que confirma que la violencia es el miedo a la fuerza de las ideas.
Esta agresión está claramente documentada. La evidencia está en video, en fotografías y testimonios que muestran la intencionalidad y la maldad del hecho.
Por lo tanto exhortamos con un respeto honesto al jefe de gobierno para que tome las medidas para investigar y sancionar, pero también para evitar futuras acciones de esta naturaleza.
La angustia de los corruptos y de los voraces por preservar sus recursos y privilegios ha generado desesperación y esa desesperación ha reavivado su vocación criminal, por lo tanto no podemos ser omisos frente a esto.
Confiamos en que el jefe de gobierno tome cartas en el asunto y confiamos en que no sea parte de esta impunidad. Pero aún con esta confianza, esta confianza no nos releva de nuestro mandato de exhortarlo a tomar medidas.
La Comisión Permanente no puede ser indolente frente a la violencia, por lo que le solicito a sus señorías básicamente dos cosas: lo primero, aprobar en comisiones el punto de acuerdo donde respetuosamente se exhorta a investigar los hechos y a presentar un plan donde se den garantías para la seguridad de los actos públicos de todos los partidos.
Pero también le solicitaríamos, señor presidente, que en el posicionamiento que se hará de la Mesa Directiva sobre la violencia política, se incluya la mención sobre este tema.
Estos hechos son claros, obvios e indefendibles. También en justicia y para no generalizar, debemos de recordar que hace unos momentos los compañeros legisladores del PRD se manifestaron contra cualquier forma de violencia, lo que nos habla de su madurez, su sensatez y su responsabilidad ciudadana.
Señores y señoras, no podemos renunciar a los avances que se han tenido en la ciudad sobre la democracia y la civilidad en áreas de la barbarie y de un grupo específico de bandas de delincuentes venidos apolíticos. Por lo tanto les pido su apoyo para estos dos temas, y es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Como usted lo ha solicitado, para ser resuelto en comisiones, se turna a la Primera Comisión de Trabajo, en relación a su segunda solicitud, suplico a los señores coordinadores que están supervisando la redacción del punto de acuerdo que presentará la Mesa Directiva en un momento más, a nombre de la Comisión Permanente para ser votado por esta Comisión Permanente, sean tan amables de tomar nota para que de manera genérica como está expresado en todos los demás, haya por supuesto, una mención que abarque la solicitud del senador Fernández Fuentes. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico, que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practiquen.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El punto de acuerdo que hoy propongo, así como lo expone el señor presidente en su explicación, pide se exhorte al Centro Nacional de Prevención de Desastres, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, de diferente naturaleza todas ellas, dando prioridad en lo referente a sismos, especialmente a la desmitificación de información errónea, como lo es, por ejemplo, el famoso triángulo de la vida, así como otras acciones sin fundamento técnico que ocasionan daño a la población que las practica.
Creo que todos aquí, los presentes, nos sentimos identificados al decir que el pasado 19 de septiembre, cuando ocurrió el sismo aquí en la Ciudad de México, nos enfrentamos al caos y a la desinformación, debido a que en el momento del sismo, había dudas básicas sobre las cuales actuar para mantenernos a salvo.
Y es que frases como esas famosas: pégate al muro de contención, no uses las escaleras, ponte debajo del marco de una puerta, o métete debajo de un escritorio, entre otras, son mitos de creencia popular que en caso de un desastre, en lugar de abonar a salvaguardar a la población, la perjudica.
Lo que este punto de acuerdo pide va más allá de realizar una campaña de publicidad, que desmiente esta clase de información que pudiera resultar errónea en caso de un sismo, sino más bien a brindar información verídica sobre el cómo actuar ante diferentes desastres naturales.
Debemos recordar que es trabajo tanto del gobierno como de la sociedad civil propiamente, contar con la información necesaria para hacerle frente a los diversos desastres naturales que se dan en nuestro país. Y la prevención y la educación son primordiales para lograr este fin.
De acuerdo a los estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ha experimentado un incremento de desastres naturales cuatro veces mayor que el resto de los países miembros de esa organización.
El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, compañeros y compañeras, ha pasado a convertirse en el desastre más mortífero que México ha experimentado en lo que va del presente siglo.
Sabemos que los desastres naturales no pueden ser controlados y muchas veces ni siquiera se pueden predecir, como ocurre con los sismos, por lo que la prevención se convierte en la única herramienta para poder hacerles frente, la cual si es impulsada a través de políticas inteligentes y certeras se puede lograr empoderar a la población y permitirle ser más resilientes de frente a los desastres naturales.
Los reportes presentados por la OCDE en 2013 hicieron un llamado a que México incrementara sus capacidades preventivas y las situase al mismo nivel de los esfuerzos más recientes de coordinación intergubernamental.
Las campañas que se realicen deben de ser directas, de amplio alcance en la población y, sobre todo, didácticas. El contenido dentro de ellas debe ser sencillo y preferentemente ilustrado.
Recientemente la Cenapred ha iniciado mayores esfuerzos de desmitificación sobre esta y otras técnicas, a raíz de los sismos del 19 de septiembre. Carlos Valdés González, director del Cenapred, enfatizó que el llamado triángulo de la vida no solo no funciona en México, sino que tiene el potencial de ser letal en caso de ser usado durante un sismo, pues las construcciones mexicanas son demasiado pesadas, construidas con materiales muy diferentes, como en otras partes del mundo, como son ladrillo y concreto, como para que dicha técnica pueda funcionar en nuestro país.
La práctica aun así ha perdurado en la población como sabiduría popular, situación que verdaderamente es riesgosa para quienes decidan seguir ese consejo. Desmitificar es tan importante como informar de prácticas y técnicas correctas. Cualquier campaña de prevención tendría, bajo la evidencia expuesta, que llevar un componen te adicional que buscase eliminar este elemento de desinformación.
Ante un desastre natural, el conocer cómo actuar correctamente nos puede salvar la vida. Por lo cual resulta indispensable que la población reciba solo información certera y veraz que le sea de utilidad para enfrentar un desastre, y poder salvar su vida y la de su familia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado don Ernesto Ralis Cumplido. Detallada cuenta técnica de su proposición, que se remite a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. El primero de ellos que crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del año 2018. Adelante.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: Por instrucciones de la Presidencia, damos lectura al acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y Federales del año 2018.
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Federarles y Locales del año 2018.
Segundo. La Comisión estará conformada por 12 integrantes, dos del PRI, dos del PAN, dos del PRD y un integrante por cada uno de los grupos parlamentarios restantes. Todas las decisiones del grupo se tomarán por consenso o en su caso mediante el sistema de voto ponderado, según su representación en la Comisión Permanente. Los grupos parlamentarios informarán a la Mesa Directiva los nombres de los integrantes de la Comisión.
Tercero. Las actividades de la Comisión se circunscribirán a la observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales federales y locales, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y a las responsabilidades y atribuciones de las autoridades electorales para la organización y desahogo de sus procesos comiciales. La comisión se reunirá periódicamente, previa convocatoria que emita el presidente en consenso con los secretarios. El presidente expresará la pluralidad interna, por lo que sus informes y manifestaciones deberán ceñirse estrictamente a los acuerdos tomados al seno de la comisión.
Cuarto. La comisión tendrá vigencia hasta la conclusión del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura y sus integrantes deberán presentar un informe de actividades, el cual será dado a conocer a ambas Cámaras y en los medios de comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de enero del año 2018.
Suscriben por la Mesa Directiva, en su calidad de presidente el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, como vicepresidenta la senadora Adriana Dávila Fernández, como vicepresidente el diputado Rafael Hernández Soriano, como secretaria la diputada María Gloria Hernández Madrid, como secretaria la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, como secretario el senador Isidro Pedraza Chávez, como secretario el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y como secretario el senador David Monreal Ávila.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria. Continúe el procedimiento.
La secretaria diputada María Gloria Hernández Madrid: No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado, por lo tanto, comuníquese.
El diputado Luis Manuel Hernández León (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León (desde la curul): Gracias, presidente. Solo para hacerle la observación. En el segundo punto del acuerdo, lo correcto es que diga: La comisión estará conformada por 12 integrantes, 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD y sería 1 por el resto. Debe decir, 1 por Nueva Alianza, 1 por Encuentro Social, 1 por, y sería lo correcto, con esa observación.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es absolutamente atendible su observación, tomando en cuenta sobre todo que la conformación de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara son diferentes.
Por favor, hágase la corrección respectiva. Le agradezco mucho al diputado habernos hecho esta corrección después de la votación, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. Por favor acérquennos el punto de acuerdo.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Acuerdo de la Comisión Permanente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lea los resolutivos nada más. ¿Ya está incorporado este resolutivo? Permítame explicarle a la asamblea. Los señores coordinadores se han puesto de acuerdo para que se agregue un cuarto resolutivo que leeré de viva voz y formará parte de la votación. Adelante.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los asesinatos de Miguel Ángel Licona Islas, su hijo Miguel Ángel Licona Pérez, Sabino Mejía Rodríguez, Arturo Gómez Pérez, Saúl Galindo Plazola, Gabriel Hernández Arias y Juan José Castro Crespo, Adolfo Serna Nogueda y Marino Catalán Ocampo.
Segundo. Se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que establezcan los mecanismos de coordinación necesaria a efecto de resolver estos crímenes y garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de paz, libre de violencia de cualquier tipo.
Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que instrumente las medidas necesarias para detectar y evitar el financiamiento ilegal o proveniente de cualquier tipo de actividad ilícita a través de la Unidad de Fiscalización y la comisión que la atiende.
Mesa Directiva y firma el presidente...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, permítame, se incorpora un cuarto resolutivo que dice lo siguiente: Manifiesta su preocupación por los hechos acaecidos en la Ciudad de México y exhorta a las autoridades y a los dos partidos involucrados a privilegiar el diálogo y evitar acciones que lesionen la democracia y la libre expresión de las ideas.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Firma Mesa Directiva, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente. Diputado Rafael Hernández Soriano, vicepresidente. Diputada María Gloria Hernández Madrid, secretaria. Senador Isidro Pedraza Chávez, secretario. Senador David Monreal Ávila, secretario y Nelly del Carmen Márquez Zapata, secretaria.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. Diputado Ralis.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Para no solo asumirlo y firmar este tema, sino, además, como diputado lamento y condeno el asesinato de mi amigo, líder social, Salvador Magaña, coordinador municipal en La Huerta, Jalisco, de Movimiento Ciudadano. Exigimos que se esclarezcan las causas de su homicidio, sobre todo si están relacionadas con su labor como activista social y ecológico.
Asimismo, quisiera hoy que se conmemora el Día del periodista, no dejar de señalar que la violencia política se ha ensañado contra los comunicadores, suman ya 39 periodistas asesinados durante el actual gobierno, lo que sin duda pone en evidencia la incapacidad de las autoridades por otorgarles seguridad, proteger el derecho a la libertad de expresión y exhibe que el régimen está controlado por grupos de poder que a toda costa buscan perpetuar sus privilegios. En ambos casos exigimos, señor, se haga justicia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Las expresiones del diputado Ralis quedan inscritas en el Diario de los Debates. Y en relación al nombre de la persona a la que pide se incorpore la condena de esta Comisión Permanente, no creo que haya inconveniente por ningún grupo parlamentario. Por lo tanto, incorpórese al resolutivo primero el nombre del señor Magaña. Y por lo tanto, continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (14:09 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 10 de enero a las 11 horas, no sin antes aprovechar desear a todos los señores legisladores y los señores asistentes muy feliz año.

References: artículo 78
 artículo 201
 artículo 102
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 12
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 artículo 123
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 31
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 artículo 103
 artículo 17
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 artículo 21
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 artículo 74
 artículo 39
 artículo 40