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Timestamp: 2018-12-19 05:50:12+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V1931-15, 18-06-2015 | Iberley
- Imputación temporal del anticipo de los demandantes y del 10 por ciento que corresponde al abogado.
- Devengo del IVA.
Los consultantes, abogado y sindicato, han obtenido una sentencia favorable de un Juzgado de lo Social que condena a una fundación de gestión sanitaria de un hospital donde trabajan 424 afiliados del sindicato a devolverles las cantidades indebidamente descontadas en sus nóminas por aplicación del Decreto Ley 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público, de la Generalidad de Cataluña. Recurrida la sentencia por la fundación, el sindicato ha solicitado su ejecución provisional, lo que da lugar al reconocimiento a los demandantes del derecho a cobrar un anticipo a cuenta del 50 por ciento. A su vez, de este anticipo cada demandante entrega al letrado lo pactado: un 10 por ciento de las cantidades que se obtuviesen (IVA incluido).
El artículo 289 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del día 11), dispone lo siguiente respecto al abono de anticipos:
"1. Cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de aquélla, garantizando el Estado su reintegro y realizando, en su caso, su abono, en los términos establecidos en esta Ley.
3. La cantidad no podrá exceder anualmente del doble del salario mínimo interprofesional fijado para trabajadores mayores de dieciocho años, incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, vigente durante su devengo".
Se plantea en primer lugar la imputación temporal del anticipo percibido por los empleados demandantes en aplicación del precepto transcrito. Al respecto, el hecho de tratarse de un anticipo a cuenta de la cantidad fijada por sentencia judicial, sentencia que ha sido recurrida, nos lleva a efectos de determinar el período de imputaciónÂ al artículo 14.2,a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), donde se determina que "cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza".
El carácter de anticipo a cuenta reintegrable (si se revoca la sentencia impugnada) y el estado de pendencia de la resolución judicial recurrida nos lleva a determinar que, en aplicación del artículo 14.2,a) de la Ley del Impuesto no procede realizar imputación alguna en tanto no adquiera firmeza la resolución judicial. Por tanto, será al período impositivo en que la resolución judicial devenga firme al que proceda imputar "las cantidades indebidamente descontadas en sus nóminas".
En cuanto a las cantidades percibidas por el abogado Â"10 por ciento, IVA incluido, de las cantidades que se obtuviesen mediante sentencia firme", según se indica textualmente en el escrito de consultaÂ, el artículo 14.1.b) de la Ley 35/2006 dispone que "los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse".
La remisión anterior nos lleva al artículo 19.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, BOE del día 11 (normativa vigente en 2014), donde se establece lo siguiente:
"Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros".
Por tanto, considerando que la prestación del servicio de defensa jurídica a desarrollar por el abogado consultante se extiende hasta existencia de sentencia firme que ponga fin al procedimiento iniciado, los honorarios procederá imputarlos al período impositivo en que se devenguen, esto es, cuando se considere prestado el servicio.
No obstante, si el abogado consultante hubiese optado por el criterio de cobros y pagos, en los términos previstos en el artículo 7.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), que establece la opción de utilizar el criterio de cobros y pagos para imputar temporalmente los ingresos y gastos derivados de rendimientos de actividades económicas, el 10 por ciento (excluido el IVA) deberá imputarse al período impositivo en que se haya producido su cobro.
PRIMERO.- El artículo 75, apartado uno, número 2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29), dispone lo siguiente:
No obstante, en las prestaciones de servicios en las que el destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto conforme a lo previsto en los números 2º y 3º del apartado Uno del artículo 84 de esta Ley, que se lleven a cabo de forma continuada durante un plazo superior a un año y que no den lugar a pagos anticipados durante dicho período, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la operación o desde el anterior devengo hasta la citada fecha, en tanto no se ponga fin a dichas prestaciones de servicios.
Por excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refieran se pongan a disposición del dueño de la obra."
De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 75, apartado uno, 2º, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en las prestaciones de servicios, como es el caso de las prestaciones de servicios efectuadas por un abogado o un estudio jurídico, se devengará el Impuesto cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
Por otra parte, el apartado dos del mencionado artículo 75 dispone que en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.
Por consiguiente, en las prestaciones de servicios objeto de consulta el devengo del Impuesto se produce cuando se presten los referidos servicios, con independencia de que la contraprestación se satisfaga después de prestados los mismos, salvo que se realicen pagos anticipados por dichas operaciones, en cuyo caso el Impuesto se devenga en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.
En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central en su resolución de fecha 25 de septiembre de 2002 (RG: 2.836/00), en la que se ha señalado lo siguiente: "(…) el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en las prestaciones de los citados servicios es independiente de la fecha de su pago salvo que el mismo se produzca de forma anticipada antes de que finalice la prestación de dichos servicios, en cuyo caso el devengo de los pagado anticipadamente se anticipa a dicho momento por que se refiere a la parte satisfecha.
Dicho devengo, salvo la excepción del anticipo señalada, se produce una vez finalizada la prestación de los servicios, siendo independiente del momento en que se minuten los mismos o de la demora en su pago, sin perjuicio de que la factura pueda servir como medio de prueba." En idéntico sentido también se ha pronunciado el citado tribunal en su resolución de 25 de junio de 1999 (RG: 4.532/97).
SEGUNDO.- El artículo 80, apartado dos, de la Ley 37/1992 prevé que la base imponible del Impuesto deba modificarse cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o a los usos del comercio, quede sin efecto total o parcialmente la operación gravada o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado.
Por su parte, el artículo 89, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone lo siguiente:
Por su parte, el apartado cinco de este mismo artículo dispone que "cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:
Por consiguiente, según los hechos descritos en el escrito de consulta presentado, el consultante, si tuviera que devolver las cantidades que ha recibido a cuenta, deberá modificar la base imponible conforme a lo establecido en el artículo 80.Dos de la Ley 37/1992 anteriormente transcrito.
Decreto-Ley 3/2010 de 29 de May C.A. Cataluña (Medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público) VIGENTE
Boletín: Diario Oficial de Cataluña Número: 5639 Fecha de Publicación: 31/05/2010 Fecha de entrada en vigor: 01/06/2010 Órgano Emisor: Departamento De La Presidencia
D.A. 7ª. Gastos farmacéuticos
Resolución No Vinculante de DGT, 2078-00, 16-11-2000
Órgano: Sg De Tributos Fecha: 16/11/2000 Núm. Resolución: 2078-00
Resolución Vinculante de DGT, V0210-09, 05-02-2009
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 05/02/2009 Núm. Resolución: V0210-09

References: artículo 289
 artículo 14
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 artículo 14
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 artículo 14
 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 75
 artículo 84
 artículo 75
 artículo 75
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 artículo 80
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 artículo 89
 artículo 80

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