Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/12/registro-oficial-22-de-diciembre-del-2000
Timestamp: 2019-12-13 09:54:06+00:00

Document:
Registro Oficial. 22 de DICIEMBRE del 2000
Viernes 22 de Diciembre del 2000
REGISTRO OFICIAL No. 230
\n MINISTERIO DE AGRICULTURA:
\n 341 Designase al ingeniero\n Francisco Dammer Bustamante, para que integre como miembro principal\n el Directorio de la Corporación de Promoción de\n Exportaciones e Inversiones CORPEI
\n 345 Declárase \n en emergencia fitosanitaria a todo el territorio nacional para\n prevenir la entrada y establecimiento de la plaga cochinilla\n rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus (Green) al Ecuador\n
\n 346 Modificase el Acuerdo\n Ministerial No 181 suscrito el 17 de febrero de 1999
\n 350 Refórmase el Reglamento\n Interno del Centro Infantil expedido con Acuerdo Ministerial\n No 209, publicado en el Registro Oficial No 154 de 1 de septiembre\n del 2000
\n MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:
\n 173 Autorízase la emisiòn\n e impresiòn de varias especies valoradas
\n 174 Autorizase la utilización\n de los formularios del informe empresarial sobre Décimo\n Quinta Remuneración e Información Individual sobre\n el pago de la Décimo Quinta Remuneración del DQS\n (A) 00.001 al DQS (A) 15.000 y del DQS (B) 00.001 al DQS (B)\n 15.000
\n MINISTERIOS\n DE RELACIONES EXTERIORES Y DE AGRICULTURA:
\n 333-A Créase el Comite\n de Gestiòn Fitosanitaria
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n 76-99 Rosa Elena Acosta Espinoza\n en contra de Melita Crespo y otro
\n 352-99 Diners Club del Ecuador,\n sucursal Machala en contra de Jorge Rodrigo Astudillo Solano\n
\n 29-2000 Zacarías Blass\n Arias Bohórquez y otra en contra de Leonardo Solórzano\n Banchòn y otra.
\n 67-2000 Juan Landi y otra\n en contra de Honorio Pastuizaca Paredes
\n 71-2000 Manuel Teófilo\n Patiño Barbecho en contra de Jorge F. Guevara B
\n ll4-2000 Mariana Riofrio Rey\n en contra de Fanny Ontaneda de Lafebre
\n 152-2000 Gabriel Arnoldo Godoy\n Báez en contra de Remigio Almeida
\n 159-2000 Citibank N.A. Tokyo\n Japón en contra de Distribuidora de Autos C. Ltda., DASA\n
\n 163-2000 Olga Piedad Cando\n Jácome en contra de Jorge Arias Sánchez
\n 171-2000 Julio César\n Ormaza Briones y otros en contra de Pedro Ormaza Briones y otros\n
\n Cantón Quinindé:\n Expide el Reglamento Orgánico Funcional
\n Cantón Simón Bolívar:\n Que crea la Unidad de Desarrollo a la Comunidad
\n Muerte presunta del señor\n doctor Guillermo Edmundo Bossano Valdivieso (2da. publicación)\n
\n Muerte\n presunta del señor Fausto Guillermo\n Chasiliquin Loza (2da. publicación)
\n A la publicación del Catastro\n de las Entidades Públicas solicitada por el Comandante\n General de la Marina
Art. 1.- Designar en su representación al ingeniero\n Francisco Dammer Bustamente, para que integre como miembro principal\n el Directorio de la Corporación de Promoción de\n Exportaciones e Inversiones CORPEI, y al doctor Patricio Martínez\n Jaime en calidad de suplente.
Art. 2.- Disponer que se comunique oficialmente a los interesados\n con copia del presente acuerdo, el mismo que entrará en\n vigencia desde la presente fecha.
\n Comuníquese y publíquese.
\n Dado en Quito, a 30 de noviembre del 2000.
f ) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.
\n Lo certifico.
\n f) Director Administrativo Financiero.
\n M. A. G.
\n Fecha: 4 Dic. 2000.
\n No. 345
\n EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y\n GANADERIA
Que la plaga cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus\n hirsutus (Green), se encuentra presente en los siguientes países:\n Australia, India, China, Indonesia, Arabia Saudita, Filipinas,\n Hong Kong, en el Caribe en Antillas Holandesas, Grenada, Islas\n Vírgenes Británicas, Santa Lucía, Trinidad\n y Tobago, Estados de Hawai, Puerto Pico, América del Sur,\n en Guayana y la Isla de Margarita en Venezuela,
Que esta plaga ataca más de 215 especies vegetales,\n incluyendo cultivos de importancia económica, tales como\n café, algodón, caña de azúcar, viñedos\n ornamentales, frutales, hortalizas y especies maderables entre\n otras,
Que la cochinilla rosada es una plaga cuarentenaria y carece\n de enemigos naturales para su control y los daños que\n causaría a los cultivos agrícolas del país\n serían incalculables;
Que esta plaga puede llegar al país a través\n del viento, las aves y otros animales silvestres, por medio de\n viajeros que transportan materiales de plantas infestadas, importaciones\n de productos vegetales, situación que aumenta el riesgo\n de la introducción y establecimiento de esta plaga en\n el país;
Que es necesario tomar medidas de protección fitosanitaria\n que permitan detectar oportunamente esta plaga para proceder\n a su manejo y erradicación,
Que corresponde al SESA, el manejo de la Sanidad Vegetal,\n aplicando las acciones y disposiciones fitosanitarias que sean\n necesarias para prevenir, controlar, supervisar y erradicar,\n esta plaga en el territorio nacional; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de\n Sanidad Vegetal,
Art. 1.- Declarar en emergencia fitosanitaria a todo el territorio\n nacional para prevenir la entrada y establecimiento de la plaga\n cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus (Green)\n al Ecuador. La medida de emergencia se mantendrá por el\n tiempo de dos años.
Art. 2.- Encargar la ejecución de lo dispuesto en este\n instrumento, al Director General del Servicio Ecuatoriano de\n Sanidad Agropecuaria SESA, quien adoptará y coordinará\n acciones fitosanitarias para implementar la emergencia, a través\n de los inspectores de Cuarentena Agropecuaria que laboran en\n puertos marítimos, aéreos y puestos terrestres\n fronterizos. Para prevenir la introducción y establecimiento\n en el Ecuador de la plaga cochinilla rosada del hibisco.
Art. 3.- El SESA inspeccionará en los puertos de entrada\n los medios de transporte, los productos agropecuarios, paquetes\n de mano y equipajes acompañados de los pasajeros, procedentes\n de los países afectados por dicha plaga y mencionados\n en el primer considerando, a fin de evitar su introducción\n al país.
Art. 4.- Toda persona natural o jurídica que llegare\n a tener conocimiento de la presencia de la cochinilla rosada\n en el país, tiene la obligación de comunicar a\n las autoridades del SESA, en forma urgente y abstenerse de movilizar\n el material vegetal del sitio donde se haya encontrado.
Art. 5.- Las autoridades de Aduana, Policía, Fuerzas\n Armadas, Transporte Aéreo, Marítimo y Terrestre\n y organismos públicos, civiles, judiciales y todos los\n miembros de la sociedad civil deberán brindar apoyo al\n Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), para combatir\n y erradicar esta plaga, en caso de presentarse en el territorio\n nacional.
Art. 6.- El SESA, buscará el apoyo de los países\n del área andina, con el objeto de organizar un programa\n conjunto de prevención y lucha contra la plaga cochinilla\n rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus (Green), a fin de\n evitar su introducción y diseminación.
Art. 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 4 de diciembre del 2000.
\n Es fiel copia del original.
\n f.) Director Administrativo Financiero.
Fecha: 7 Dic. 2000
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Que, el 20 de noviembre de 1998 se expidió el Acuerdo\n Ministerial No. 154, publicado en el Registro Oficial No. 79\n de 2 de diciembre de 1998, mediante el cual se creó el\n Comité de Concertación Agropecuaria de la Cadena\n Agroproductiva de la Leche y Productos Lácteos,
Que, el 17 de febrero de 1999, se suscribió el Acuerdo\n Ministerial No. 081, mediante el cual se modificó la conformación\n del Comité de Concertación de la Leche y Productos\n Lácteos o Consejo Consultivo de la Leche;
Que, el mencionado comité mantiene una estructura de\n cuatro (4) representantes del sector productor de leche y cuatro\n (4) representantes del sector industrial del procesamiento de\n lácteos;
Que, durante varias reuniones del Consejo Consultivo, se ha\n pedido la inclusión de nuevos miembros tanto del sector\n productor como del sector industrial, para darle mayor cobertura\n y representatividad a este organismo;
Que, es un objetivo primordial de este comité atender\n los problemas y necesidades de la cadena agroproductiva y alimentaría\n de la leche y derivados de manera global; y,
En uso de sus atribuciones que le competen,
Artículo 1.- Modificar el artículo 2 del Acuerdo\n Ministerial No. 081, suscrito el 17 de febrero de 1999, por el\n siguiente texto:
"ARTICULO 2.- El Comité de Concertación\n de Leche, estará integrado por:
1 . El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado\n quien lo presidirá.
2. El Director del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario\n (SESA) o su representante, quien tendrá voz y no voto\n en las decisiones del Consejo Consultivo de la Leche.
3. El Presidente de la Asociación de Ganaderos de la\n Sierra y el Oriente - AGSO o su alterno,
4. El Presidente de la Asociación de Ganaderos del\n Litoral y Galápagos - AGL o su alterno.
5. El representante de las asociaciones de ganaderos de las\n provincias de Azuay, Cañar y Loja o su alterno.
6. El representante de los criadores de razas lecheras o su\n alterno.
7. El Presidente de la Asociación de Productores de\n Leche del Litoral - ASOPROLE o su alterno. El Presidente de la\n Asociación de Ganaderos de Santo Domingo.
8. El Presidente de la Asociación de Industriales de\n Productos Lácteos del Ecuador - AIPLE o su alterno.
9. El representante de Industrias Lácteas no afiliados\n o su alterno.
10. El representante de las industrias lácteas de la\n costa o su alterno.
11. El representante de los productores de leche en polvo\n o su alterno.
12. El representante de la unión del queso o su alterno.
Las miembros titulares del Consejo Consultivo de la Leche,\n deberán contar con un miembro alterno, quien podrá\n representarlas con voz y voto en las reuniones ordinarias de\n este organismo, Podrán asistir a las reuniones, tanto\n los miembros titulares como los alternos, pero para efectos de\n decisiones, se considerará el voto de ambos como único.".
ARTICULO FINAL.- El presente acuerdo entrará en vigencia\n a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación\n en Registro Oficial.
\n Dado en Quito, el 4 diciembre del 2000.
f ) Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.\n MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Es fiel copia del original.
\n Fecha: 7 Dic. 2000.
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 430 de 8 de agosto de\n 1985, se creó el Centro Infantil para el Ministerio de\n Agricultura y Ganadería y la ENAC;
Que con Acuerdo Ministerial No. 209 de 8 de agosto del presente\n año, se expidió el Nuevo Reglamento Interno del\n Centro Infantil,
Que con memorando No. 791 DRH/AS de 26 de octubre del 2000,\n la Directora de Recurso Humanos, encargada, solicita reformar\n el Reglamento Interno del Centro Infantil; y,
En ejercicio de la facultad conferida en el Art. 176 de la\n Constitución Política de la República del\n Ecuador,
ARTICULO UNICO: Reformar el Reglamento Interno del Centro\n Infantil del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras\n instituciones públicas beneficiarias, expedido con Acuerdo\n Ministerial No. 209, publicado en el Registro Oficial No. 154\n de 1 de septiembre del 2000, en los siguientes términos:
En el Art. 3, Añadir a continuación del Presidente\n del Comité de Padres de Familia del Centro Infantil, "El\n Director de Asesoría Jurídica o su delegado".
En el Art. 6, añadir un inciso que dice: "El Consejo\n Directivo revisará. y aprobará anualmente el aporte\n económico de las instituciones públicas que reciban\n el servicio del centro infantil a través de convenios,\n de los beneficiarias que no son hijos de los funcionarios o empleados\n del MAG.
En el Art. 23, cambiar el inciso segundo del literal a) por\n el siguiente: "Excepcionalmente se podrá admitir\n a un niño hijo de un funcionario que pertenezca a una\n institución pública cuyo convenio no ha sido renovado\n con el MAG, siempre y cuando pague mensualmente el aporte económico\n establecido por el Consejo Directivo durante el tiempo que el\n menor permanezca en el centro infantil. Para el efecto, la Trabajadora\n Social deberá formular un informe socioeconómico,\n comprobatorio, de que los padres del menor no cuentan con los\n medios suficientes para pagar su atención en un centro\n infantil particular".
Cambiar el literal b) por el siguiente: "Podrán\n ser atendidos los nietos y sobrinos de los funcionarios de quienes\n dependen económicamente, previo el cumplimiento de los\n requisitos establecidos en el Art. 24; el funcionario cancelará\n obligatoriamente el aporte económico establecido por el\n Consejo Directivo, el mismo que será descontado a través\n del rol de pagos y depositado en la cuenta corriente correspondiente\n del Centro Infantil".
Dado en Quito, a 7 de diciembre del 2000.
\n M.A.G.
\n Fecha: 11 Dic. del 2000.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con\n lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con\n la intervención de un delegado del Ministerio de Economía\n y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas, en su caso,\n imprima timbres, papel lineado, estampillas y más especies\n valoradas que la Administración Pública requiera,
Que, al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del\n Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado, los contratos de\n impresión de especies referidas, serán suscritos\n entre el Ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico\n Militar,
Que, según lo dispuesto en el artículo 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978, es facultad del Ministro de\n Economía y Finanzas, mediante Acuerdo Ministerial autorizar\n la emisión de especies valoradas,
Que, mediante memorando No. 104 de 26 de octubre del 2000,\n el Jefe de Economía y Finanzas de la División de\n Especies Fiscales de la Subdirección de Control de la\n Dirección Nacional de Tesorería de la Subsecretaría\n de Presupuestos y Contabilidad del Ministerio de Economía\n y Finanzas, recomienda la emisión e impresión de\n mil libretas de tripulante terrestre, quinientos libretines de\n identificación para oficiales color azul, dos mil libretines\n de identificación para tripulantes color concho de vino,\n ciento quince mil quinientas tarjetas de visita al Parque Nacional\n Galápagos, dos millones de tickets de impuesto de viajes\n al exterior, cuarenta y cinco mil formularios para el Ministerio\n de Trabajo y Recursos Humanos y un millón de certificados\n de antecedentes personales,
Que, en oficio No. SPYC - DNT - 2000 3334 de 6 de noviembre\n del 2000, la Directora Nacional de Tesorería del Ministerio\n de Economía y Finalizas manifiesta, estar de acuerdo con\n la emisión e impresión de las especies valoradas\n referidas en el considerando precedente de acuerdo con las características\n detalladas en el memorando No. 104 de 26 de octubre del 2000;\n y,
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 12 del Decreto Supremo No. 429 de 5 de marzo de 1964 y 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978,
Art. 1.- Autorizar la emisión e, impresión de\n las siguientes especies valoradas.
(Anexo 22DIT1,2)
Art. 2.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 12 diciembre del 2000.
Es copia, certifico.- f.) Gabriel Vergara V., Secretario General\n del Ministerio de Economía y Finanzas.
Quito, 12 de diciembre del 2000
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con\n lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que en sus propios talleres y la intervención\n de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o\n del Ministerio Obras Públicas, en su caso, imprima timbres,\n papel lineado, estampillas y más especies valoradas que\n la Administración Pública requiera;
Que, al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del\n Decreto Legislativo No. 014, antes mencionado, los contratos\n de impresión de especies referidas, serán suscritos\n entre el Ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico\n Militar;
Que, mediante oficio No. 207 - DGF - 2000 de 21 de septiembre\n del 2000 el Director General Financiero del Ministerio de Trabajo\n y Recursos Humanos, solicita la autorización para utilizar\n los formularios del Informe Empresarial sobre décimo quinta\n remuneración e información individual sobre el\n pago de la décimo quinta remuneración, como formularios\n de Informe Empresarial sobre décimo cuarta remuneración,\n e Información Individual sobre el pago de la décimo\n quinta remuneración, solicitud respecto de la cual se\n han pronunciado en forma favorable, la Dirección Nacional\n de Tesorería en oficios Nos. SPYC - DNT 2000 2883 y SPYC\n - DNT - 2000 3158 de 18 de septiembre Y 17 de octubre del 2000;\n y, la Subsecretaría General Jurídica en oficio\n No. 1409 SGJ - CFG - 2000 de 7 de noviembre del 2000; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo\n 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978,
Art. 1.- Autorizar la utilización de los formularios\n del informe Empresarial sobre décimo quinta remuneración\n e información individual sobre el pago de la décimo\n quinta remuneración del DQS (A) 00.001 al DQS (A) 15.000\n y del DQS (B) 00.001 al DQS (B) 15.000, como formularios de informe\n empresarial sobre décimo cuarta remuneración e\n información individual sobre el pago de la décimo\n cuarta remuneración.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 12 diciembre del 2000. -
f ) Ing. Luis G., Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.
f.) Gabriel Vergara V., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.
No. 333\n - A
Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones\n Exteriores; Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería,
Que las barreras fitosanitarias son el obstáculo más\n serio para diversificar los mercados e incrementar los volúmenes\n de exportación de productos agrícolas ecuatorianos\n en el Asia - Pacífico;
Que la estrategia más apropiada para superar el problema,\n consiste en la suscripción de convenios fitosanitarios\n con los países cuyos mercados constituyen objetivo de\n carácter estratégico;
Que el objetivo de suscribir convenios fitosanitarios no ha\n podido concretarse, en varios casos, por la falta de un mecanismo\n ejecutivo que agilite la compilación de información\n especializada; y,
En uso de la atribución contenida en el numeral 6,\n artículo 179 de la Constitución Política\n del Ecuador,
Art. 1.- Crear el "Comité de Gestión Fitosanitaria",\n conformado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ecuatoriano\n para la Cuenca del Pacífico (CECP) del Ministerio de Relaciones\n Exteriores, quien lo coordinará; y por el Director General\n del SESA, el Jefe de la División de Inspección\n y Certificación Cuarentenaria, el Coordinador de la Unidad\n de Análisis de Riesgos y un representante de la División\n de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del Ministerio\n de Agricultura y Ganadería.
Art. 2.- El comité tendrá como objetivo coordinar\n el levantamiento y sistematización de la información\n especializada que requieren las autoridades fitosanitarias de\n las economías del Asia - Pacífico, como requisito\n previo para proceder a la suscripción de los referidos\n convenios fitosanitarios.
Art. 3.- El comité se reunirá semanalmente,\n concentrando su trabajo en un solo país hasta satisfacer\n las demandas formuladas por el mismo, y sólo entonces\n iniciará gestiones con una contraparte nueva, hasta cubrir\n en la primera etapa de sus labores, los principales mercados\n del área. El programa de trabajo del comité se\n establecerá de acuerdo a los planteamientos que haga cada\n país contraparte, mientras que las metas y tareas se irán\n fijando de acuerdo a los contactos que permanentemente mantengan\n las embajadas del Ecuador en el exterior, con las autoridades\n especializadas del país de que se trate.
Art. 4.- Encárguese de la ejecución del presente\n acuerdo interministerial a los ministerios de Relaciones, Exteriores\n por intermedio del Secretario Ejecutivo del CECP y de Agricultura\n y Ganadería.
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Quito, a 24 de noviembre del 2000.
f ) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relacione ;s Exteriores.
f ) Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.
\n f )Director Administrativo Financiero.
No 76\n - 99
ACTORA: Rosa Acosta.
\n DEMANDADOS: Melita Crespo y otro.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, a 5 de marzo de 1999; a las 10h30.
VISTOS: Rosa Elena Acosta Espnioza interpone recurso de casación\n de la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Cuenca que, por mayoría de votos, confirma\n el fallo de primera instancia dictado por el Juez Décimo\n Quinto de lo Civil de Cuenca que declara sin .lugar la demanda\n y que el vehículo materia de la acción pertenece\n a la señora Melita Ofelia Crespo, dentro del juicio verbal\n sumario seguido por Rosa Elena Acosta, reclamando el dominio\n de un vehículo, en contra de Melita Crespo y Mesías\n Duchimaza.- Concedido el recurso ha subido la causa correspondiendo\n su conocimiento a esta Sala por el sorteo de ley.- Para resolver,\n se considera: PRIMERO.- En el escrito de interposición\n del recurso, Rosa Elena Acosta manifiesta que en la sentencia\n impugnada se violan las siguientes normas de derecho: Art. 3,\n inciso 1, literal c) de la Ley de Venta con Reserva de Dominio,\n Art. 1767 del Código Civil; y 117, 118 y 119 del Código\n de Procedimiento Civil. Fundamenta el recurso en las causales\n 1a. y 3a. del Art. 3 de la Ley de Casación, aduciendo\n que: el principal artículo violado en la sentencia de\n mayoría es el 3o. de la Ley de Venta con Reserva de Dominio,\n que prescribe que los contratos hechos al amparo de dicha ley\n surtirán efecto entre las partes y respecto de terceros\n siempre que se cumplan con los requisitos determinados, entre\n los que consta en la letra c) que el contrato de venta con reserva\n de dominio, lo suscribirán las partes y se lo inscribirá\n en el Registro de la Propiedad; que en el. caso, la venta del\n vehículo a la recurrente Rosa Elena Acosta se la realizó\n por parte del anterior propietario Vidal Duchimaza y que a la\n fecha en que éste realizó la venta (12 de abril\n de 1994), el vehículo no tenía gravamen alguno;\n que una vez en su poder el vehículo viene la acción\n de aprehensión del mismo, promovida por Melita Crespo,\n enterándose que el automotor tenía reserva de dominio;\n que si bien Melita Crespo vende a Duchimaza el vehículo\n el 31 de enero de 1994. no ha sido inscrita la reserva de dominio\n en el Registro Mercantil a la fecha de la celebración\n del contrato, sino días antes de la demanda, esto es el\n 23 de mayo de 1994, o sea cuando ya se operó la transferencia\n de dominio a favor de la recurrente Rosa Elena Acosta Espinoza,\n que por tanto "la venta es válida y perfecta conforme\n lo dispone el Art. 1767 del Código Civil"; en razón\n de que la venta tuvo lugar el 12 de abril de 1994, mediante escritura\n pública, fecha en que no se encontraba inscrito el gravamen,\n pues se lo hace con posterioridad, esto es el 23 de mayo de 1994.\n Concluye la recurrente expresando en su escrito de casación\n que existe error en la aplicación de las normas de derecho\n citadas, como consecuencia de una "falsa y errada interpretación\n y aplicación de las pruebas aportadas al proceso, valorando\n pruebas inexistentes, forzando las mismas para manifestar que\n mi contrato es ficto" (sic), razón por la cual se\n han "vulnerado" los artículos 117, 118 y 119\n del Código de Procedimiento Civil, pues tan sólo\n se trata de verificar y establecer las fechas de los contratos.\n SEGUNDO.- De la fundamentación hecha por la impugnante\n Rosa Elena Acosta Espinoza se establece que el principal fundamento\n en que se apoya el recurso de casación es la falta de\n inscripción en el Registro Mercantil del contrato de venta\n con reserva de dominio del vehículo materia de la controversia,\n contrato celebrado el 31 de enero de 1994 mediante el cual Melita\n Crespo vende a Vidal Duchimaza el mencionado vehículo\n Mercedes Benz, tipo bus. Que por tanto, cuando Vidal Duchimaza\n a su vez vende el automotor a Rosa Elena Acosta no tenía\n gravamen alguno, en razón de que el mencionado contrato\n sólo fue inscrito el 23 de mayo de 1994 días antes\n de la demanda, razón por la cual la venta realizada el\n 12 de abril de 1994 es válida, de acuerdo con el Art.\n 1767 del Código Civil. Por tanto, el recurso de casación\n interpuesto se encasilla en la causal 1a. del Art. 3 de la Ley\n de Casación, por tratarse, según lo consignado\n en el escrito de impugnación, de normas de derecho las\n que supuestamente han sido violadas en la sentencia recurrida,\n debiendo establecerse si la violación se ha producido\n por aplicación indebida, por falta de aplicación,\n o por errónea interpretación de dichas normas.\n TERCERO.- De acuerdo con la Ley de Venta con Reserva de Dominio\n (Art. 3 innumerado, literal c) es requisito para su validez,\n entre otros, que el contrato se inscriba en el registro correspondiente\n y, en el caso, conforme consta del proceso, la inscripción\n del contrato de venta con reserva de dominio se ha realizado\n el 23 de mayo de 1994, fecha desde la cual el contrato de venta\n con reserva de dominio surtía efecto entre las partes\n y respecto de terceros, de conformidad con el Art. 3 antes citado,\n pues tan sólo en esa fecha se cumplía con todos\n los requisitos puntualizados en dicha norma. En consecuencia,\n al no haberse cumplido con el requisito de la inscripción\n que en la indicado disposición legal se exige, la venta\n del vehículo realizada por Vidal Duchimaza a favor de\n la recurrente Rosa Elena Acosta, el 12 de abril de 1994, era\n legalmente válida por no existir a esa fecha el gravamen\n de reserva de dominio legalmente inscrito en el registro respectivo.\n El hecho de la inscripción posterior realizada el 23 de\n mayo de 1994, días antes de que se presente la demanda,\n no convalida la omisión pues ya se produjo la transferencia\n de dominio del automotor el 12 de abril de 1994, fecha en la\n cual no pesaba gravamen alguno en el vehículo materia\n de la compra venta. Por lo expuesto, este Tribunal de Casación\n ha llegado a la conclusión que en el fallo de mayoría\n dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Cuenca, existe falta de aplicación de la norma de derecho\n consignada en el Art. 3 innumerado de la Ley de Venta con Reserva\n de Dominio, razón por la cual está incurso en la\n causal 1a. del Art. 3 de la Ley de Casación procediendo,\n en consecuencia, el recurso de casación interpuesto por\n Rosa Elena Acosta, fundado en la indicado causal. Por estas consideraciones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se casa la sentencia materia del recurso, se acepta\n la demanda y se declara que Rosa Elena Acosta Espinoza es la\n propietaria del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 1980,\n Tipo Bus, matriculado en la provincia del Cañar, de placas\n UBJ - 974, motor No 3559660018766. Sin costas.- Notifíquese.
Fdo.) Dres, Armando Bermeo Castillo, Rodrigo Varea Avilés\n y Estuardo Hurtado Larrea, Ministros de la Tercera Sala de lo\n Civil y Mercantil.
\n Certifico.
\n f ) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora La una foja\n que antecede es fiel copia de su original Quito, 1 8 de septiembre\n del año 2000.
\n f ) Secretaria Relatora.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
Quito, 4 de abril del 2000, las 10h45.
VISTOS: Atenta la solicitud formulada por Rosa Elena Acosta\n constante a fs. 9 y luego del traslado previsto por la ley, sin\n que la contraparte se hubiere pronunciado, se amplía la\n sentencia dictada por este Tribunal en el sentido de que el vehículo\n en referencia sea entregado a la peticionaria, señora\n Rosa Elena Acosta, a cuyo efecto el señor Juez de primera\n instancia impartirá las órdenes pertinentes. -\n Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.
\n f ) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.
\n Es fiel copia de su original.
\n Quito, 18 de septiembre del año 2000.
\n f.) Secretaria Relatora
No 352\n - 99
ACTOR: Diners Club.
DEMANDADO: Jorge Astudillo.
Quito, a 22 de octubre de 1999; a las\n 11h00.
VISTOS: Jorge Rodrigo Astudillo Solano interpone recurso de\n casación contra la sentencia pronunciada por la Primera\n Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Machala, dentro del\n juicio verbal sumario que, en contra de él, sigue Sandra\n Minuche Castro, como representante legal de Diners Club del Ecuador,\n sucursal Machala, fallo que reforma el dictado por el Juez de\n primer nivel. El recurrente invoca la causal 2a. del Art. 3 de\n la Ley de Casación. Sostiene que en la sentencia hay ...\n "una falta de aplicación de la norma procesal civil\n fijada en el Art. 278". La contraparte guardó silencio.\n Con estos antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO.\n El autor de la impugnación invoca la causal 2a. del Art.\n 3 de la Ley de Casación, según la cual el recurso\n podrá fundarse en "Aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa y que la respectiva\n nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente". Jorge\n Rodrigo Astudillo Solano invoca la causal transcrita, pero ni\n se le ocurre mencionar que la falta de aplicación de aquella\n norma procesal haya viciado el proceso de nulidad insanable o\n provocado indefensión como exige dicha causal, de modo\n que el recurso carece de fundamento. SEGUNDO.- Alega que no se\n ha aplicado el Art. 278 del Código de Procedimiento Civil,\n según el cual: "En las sentencias y en los autos\n se decidirán con claridad los puntos que fueren materia\n de la resolución, fundándose en la ley y en los\n méritos del proceso, y, a falta de ley, en los principios\n de justicia universal"; pero de la lectura del respectivo\n fallo se concluye que, por el contrario, la Sala ha aplicado\n en debida forma la norma transcrita. En esta virtud, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se deniega el recurso de casación interpuesto. Sin costas,\n ni multa. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Armando Bermeo Castillo, Rodrigo Varea Avilés\n y Estuardo Hurtado Larrea.
\n La una foja que antecede es fiel copia de su original
\n Quito, 18 de setiembre del año 2000.
No 29\n - 2000
ACTOR: Zacarías Arias.
DEMANDADO: Leonardo Solórzano.
Quito, a 3 de febrero del 2000; a las\n 10h45.
VISTOS: El señor Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil\n acepta la demanda y ...."declara la nulidad de la Resolución\n Municipal de Adjudicación N° 30879 del 16 de diciembre\n de 1987, por contravenir a las normas establecidas en el decreto\n legislativo dictado por la Cámara Nacional de Representantes,\n publicado en el Registro Oficial N° 131 de 21 de febrero\n de 1980. Acepta, así, la demanda propuesta por Zacarías,\n Blass Arias Bohórquez y Rosa Elizabeth Arias Bohórquez\n en contra de Leonardo Solórzano Banchón y Gloria\n Mercedes Arias Gómez. La Quinta Sala de la H. Corte Superior\n de Guayaquil, revocando la decisión de primer nivel, rechaza\n la demanda. Al efecto, hace la siguiente reflexión ..."se\n impone advertir que un acto emanado de un organismo público,\n o de sus representantes en ejercicio de facultades legales, no\n puede anularse o declararse nulo en un procedimiento judicial,\n sin que se haya contado con la entidad del sector público\n de que se trate, a la que se citará coma parte procesal\n necesaria. En la especie, al no haberse demandado a la Municipalidad\n del Cantón Guayaquil o a sus representantes legales los\n señores Alcalde y Procurador Sindico Municipal, según\n sea del caso, ni haberse contado con ellos en el juicio, la demanda\n deviene improcedente, por lo cual es de rigor que el juzgador\n la deseche en sentencia". Zacarías y Rosa Arias Bohórquez\n han interpuesto recurso de casación contra el fallo pronunciado\n por dicho Tribunal, pues, consideran violados los Arts. 19, 22\n y 48 de la Constitución Política del Estado, los\n Arts. 360, 361 y 1062 del Código de Procedimiento Civil,\n así como el Decreto Legislativo promulgado en el Registro,\n Oficial N° 131 del 21 de febrero de 1980. Invocan las causales\n 1a., 2a. Y 4a. del Art. 3 de la Ley de Casación, La contraparte\n ha guardado silencio. Con estos antecedentes, para resolver,\n se considera: PRIMERO.- Si se trata de demandar, como se demanda\n nulidad de la escritura de adjudicación hecha por la Municipalidad\n de Guayaquil a favor de Solórzano Banchón y Arias\n Gómez, es obvio que debió contarse tanto con dicha\n institución como con los adjudicatarios. SEGUNDO.- La\n doctrina enseña cuales son los presupuestos procesales,\n sin los cuales no puede progresar ninguna demanda, y, entre éstos\n están los nombres de actor y demandado. (Lovato, tomo\n IV, Pág. 45 y siguientes). TERCERO.- En el caso, se prescinde\n de la I. Municipalidad de Guayaquil, institución que es\n precisamente la que otorga la adjudicación cuya nulidad\n se demanda. Y, CUARTO.- De esta suerte, 'el Tribunal de segunda\n instancia no ha infringido norma alguna, y, por el contrario,\n ha aplicado las normas pertinentes con arreglo a la ley y a la\n doctrina. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega el recurso\n de casación interpuesto. Sin costas, ni multa. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea, y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.
\n f) Secretaria Relatora.
\n La una foja que antecede es fiel copia de su original.
\n Quito, 18 de septiembre del 2000.
\n Certifico. f ) Secretaria Relatora.
No 67 - 2000
ACTORES: Juan Landy y otra.
DEMANDADO: Honorio Pastuizaca.
Quito, a 25 de febrero del 2000; a las\n 10h00.
VISTOS: En el juicio ordinario que por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio sigue Juan Landy y otra,\n contra Honorio Pastuizaca Paredes, tanto los actores como el\n demandado interponen recurso de casación de la sentencia\n pronunciada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Azogues que confirma el fallo de primera instancia dictado\n por el Juez Séptimo de lo Civil de Biblián, en\n el que declara sin lugar la demanda de prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio, así como también declara\n "sin lugar la reconvención y la acción reivindicatoria".-\n Habiéndose concedido los recursos de casación antedichos,\n ha subido la causa correspondiendo, por el sorteo de ley, su\n conocimiento a esta Sala, la misma que, para resolver considera:\n PRIMERO.- En razón de que la acción reivindicatoria\n seguida por Honorio Moisés Pastuizaca Paredes en contra\n de Juan Bautista Landy y María Mercedes Guallpa se ha\n acumulado al juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio antes mencionado, se han tramitado ambas acciones\n en un solo proceso, mereciendo sentencia, tanto de primera como\n de segunda instancia, en las que se declara sin lugar dichas\n acciones. SEGUNDO.- En la primera providencia dictada por esta\n Sala (fs. 4 de este cuaderno), se rechaza el recurso de casación\n deducido por los actores Juan Bautista Landy Inga y María\n Mercedes Guallpa, por haberse interpuesto sin base legal. Por\n tanto, corresponde a este Tribunal de Casación entrar\n a conocer tan sólo el recurso de casación del demandado\n Honorio Moisés Pastuizaca Paredes, que ha sido aceptado\n a trámite en la mencionada providencia. TERCERO.- Dicho\n recurrente funda la impugnación en las causales 1a. y\n 3a. Del articulo 3 de la Ley de Casación, y, en su extenso\n y confuso escrito de casación, que bien puede calificarse\n como un alegato de instancia, no precisa en forma clara y concreta\n las normas violadas en la sentencia, tanto en lo que se refiere\n a las normas de derecho, como a las normas procesales que tienen\n que ver con los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba; pues si bien cita varias de ellas, no explica con\n claridad y precisión los fundamentos en que se apoya y\n la incidencia o influencia que ha tenido sobre el fallo, de modo\n que permita individualizar concretamente el vicio que justifique\n la impugnación. El recurso de casación es de carácter\n extraordinario y formal, razón por la cual el Art. 6 de\n la ley de la materia, de manera imperativa, exige entre otros\n requisitos determinar los fundamentos en los que se apoya el\n recurso, señalando, concreta y específicamente,\n cada una de las disposiciones legales cuya infracción\n haya sido cometida en el fallo recurrido, y el modo por el cual\n se ha incurrido en la violación, esto es por indebida\n aplicación, por falta de aplicación o por errónea\n interpretación de las normas sustantivas y adjetivas,\n CUARTO.- En el presente caso, el recurrente señala como\n norma sustantivo infringida el Art. 953 del Código Civil,\n y como normas adjetivas, supuestamente infringidas, los Arts.\n 118, 119 y 1062 del Código de Procedimiento Civil; pero,\n no precisa el modo por el cual se ha incurrido en la violación,\n pues en el escrito de casación lo que se hace es un análisis\n de las pruebas actuadas en el proceso, en forma general, mas\n no se indica claramente cómo en cada una de las disposiciones\n legales se ha producido la violación, esto es por aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de la norma de derecho para la causal 1a. del Art. 3 de la Ley\n de Casación, y de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba, para la causal 3a.; pues,\n no puede alegarse en forma generalizada, como se hace, la existencia\n de los vicios aludidos teniendo en cuenta que se trata de conceptos\n contrarios e incompatibles, ya que si existe falta de aplicación,\n mal puede haber aplicación indebida o errónea interpretación.\n Por ello resulta necesaria la precisión a la que nos venimos\n refiriendo a fui de que el Tribunal de Casación esté\n en capacidad de examinar las posibles violaciones a la ley en\n la sentencia. QUINTO.- Sin embargo de lo dicho, examinado el\n proceso la Sala considera que la apreciación de la prueba\n que se hace en el fallo materia del recurso, por parte del Tribunal\n de instancia es correcta, ya que se la ha apreciado en conjunto\n y de acuerdo con las reglas de la sana crítica conforme\n a lo dispuesto en el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil, sin que por lo tanto exista violación o falta de\n aplicación de dicha norma, así como tampoco del\n Art. 118 del mismo código, pues las pruebas son atinentes\n a los hechos alegados en el proceso. En cuanto al Art. 1062 ibídem,\n que se refiere a la facultad que tienen los magistrados del Tribunal\n Supremo de Justicia para aplicar el criterio de equidad, no es\n pertinente al recurso de casación por la propia característica\n de este recurso, que es eminentemente formalista. Por tanto,\n no viene al caso tal aplicación, como pretende el recurrente.\n Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso\n de casación interpuesto por Honorio Moisés Pastuizaca\n Paredes. Sin costas, ni multas. Notifíquese.
Certifico. f ) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.
\n La dos fojas que anteceden son fiel copia de sus originales.
N°\n 71 - 2000
ACTOR: Manuel Patiño.
DEMANDADO: Jorge Guevara.
Quito, a 25 de febrero del 2000; a las\n 10h40.
VISTOS: Jorge F. Guevara B. interpone recurso de casación\n de la sentencia pronunciada por la Tercera Sala de la H. Corte\n Superior de Justicia de Cuenca (fs. 52 del proceso), confirmatoria\n del fallo de primer nivel que acepta la demanda reivindicatoria\n propuesta por Manuel Teófilo Patiño Barbecho en\n contra del recurrente. Concedido el recurso ha subido la causa,\n habiendo correspondido su conocimiento, en virtud del sorteo\n legal, a esta Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia, la misma que, para resolver, considera:\n PRIMERO.- Jorge Guevara B., en su escrito en el que interpone\n el recurso de casación (fs. 58 de los autos), señala\n que "Las normas de derecho que las estimo se han infringido\n en este juicio, son las de los artículos 11 9, 277 y 358\n del C. de P. Civil (sic)". Manifiesta también en\n el mismo escrito que funda el recurso en las causales segunda,\n tercera, cuarta y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.\n La contraparte no ha dado contestación al traslado con\n el recurso deducido. SEGUNDO.- El recurso de casación\n es un medio de impugnación extraordinario y supremo que\n tiene como propósito atacar una sentencia o resolución\n para evitar que tales providencias causen daño o lesión\n a la parte que interpone el recurso. Por tanto, se trata de un\n recurso eminentemente formal que impone al recurrente determinar,\n de manera clara, amplia y suficiente cuál es el agravio,\n cuál es la lesión, cuál es la norma que\n se ha quebrantado, cuál es la solemnidad que se ha omitido\n y, más aún, obliga también al recurrente\n a ilustrar al Tribunal de Casación cómo tales vicios\n de fondo o forma han determinado o influido en la sentencia dictada\n y en el agravio consiguiente. Y, TERCERO.- En el presente caso,\n el recurrente en su escrito de fundamentación que obra\n a fojas 58 del cuaderno de segunda instancia, cita algunas normas\n del Código de Procedimiento Civil que dice han sido infringidas\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Cuenca y, además,\n aduce que no se ha valorado debidamente las pruebas, pero no\n explica cómo cada uno de los artículos enumerados\n influyó en la resolución. En resumen, el recurso\n de casación deducido carece de fundamento, ya que la Sala\n ha hecho una debida valoración de la prueba, en cumplimiento\n de los Arts. 119 y 120 del Código de Procedimiento Civil,\n fundándose en la ley y en los méritos del proceso.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n interpuesto. Sin costas, ni multa. Notifíquese.
Certifico. f ) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.\n La una foja que antecede es fiel copia de su original. Quito,\n 18 de setiembre del año 2000.
No 114\n - 2000
ACTORA: María Riofrío.
DEMANDADA: Fanny Ontaneda
Quito, a 22 de marzo del 2000; las 10h25.
VISTOS: Mariana Riofrío Rey dice que Fanny Ontaneda\n de Lafebre ocupa como arrendataria un local comercial en la casa\n de aquella, situada en la calle Jos&ea

References: Artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 179