Source: http://boliviateamo.blogspot.com/2005/06/bolivia-el-derecho-nacionalizar-el.html
Timestamp: 2018-07-23 15:52:38+00:00

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BOLIVIA... LO MEJOR QUE TENEMOS: BOLIVIA: EL DERECHO A NACIONALIZAR EL PETRÓLEO
SUDAMÉRICA: EL IMPACTO DE BOLIVIA
Mientras en el marco de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos surgía como objetivo imponente el desafío de consolidar las democracias en Latinoamérica, nuevamente otro de los países sudamericanos sufre un embate a su democracia que lo coloca al borde de una guerra civil.
La característica más notable de Bolivia por estas horas es la fragmentación. Se trata de un mosaico de disputas desde donde sólo emerge la confusión de muchos.
Puede que en la actual Latinoamérica los golpes castrenses sean tan anticuados como las fantasías de los entusiasmados por la idea de nacionalizar los recursos naturales en nombre del “pueblo”, pero en vista de las alternativas planteadas por la anarquía, no sería improcedente pensar que algunos prefirieran confiar, por enésima vez, en la buena voluntad de las Fuerzas Armadas que, a su juicio, por lo menos servirían para mantener un simulacro de orden.
A la gravedad de la inestabilidad geopolítica en la región y del riesgo de una fractura secesionista, se suma también la de un panorama incierto para el abastecimiento de gas en medio de la crisis energética. Brasil, por ejemplo, mantiene a Petrobrás hablando allí de sus contratos, pero sin certezas sobre cual será el marco jurídico que los contenga.
No hay escenarios claros de salida ni de los tiempos que tomará definir esta crisis aun cuando las elecciones se prevean para el mes de agosto próximo. Los temas pasan más por quién representará a Mesa con un mínimo de legitimidad en una Bolivia dividida donde ningún dirigente político parecería resignar posiciones para la pacificación y, sobre todo, donde el Congreso no comparte una agenda común de consenso.
Tampoco el líder cocalero Evo Morales quien encabeza el partido político que obtuvo el primer lugar en las últimas elecciones legislativas junto con la Central Obrera Boliviana (COB) obtiene una representatividad importante —no alcanza el 20%— para erigirse como una figura convocante de unidad.
A fines de mayo, el Congreso aprobó una ley de hidrocarburos que elevó del l8% al 50% los impuestos para las empresas de energía, con lo cual la inversión en el país en este rubro quedó paralizada. Poco después Mesa vetó la ley pero el Congreso volvió a ratificarla. Por otro lado, en la región oriental del país se impulsa un proyecto de autonomía que le permita explotar la riqueza en materia de hidrocarburos sin depender de las decisiones del Congreso.
Los expertos hablan de 78,000 millones de dólares en reservas de hidrocarburos. De 57 trillones de dólares en reserva gasífera y de la mayor fuente natural de hierro que exista en toda la región, tema que aun no ha comenzado a discutirse.
Entre las causas de esta crisis indudablemente está el fracaso de las políticas de Estado que no han sido capaces de solucionar las desigualdades ni la injusticia social, ni sentar las bases indispensables para un desarrollo armónico que, con reservas y riquezas de este tipo, harían de cualquier otro sistema el más rico del mundo. Aunque no es menos cierto que muchas de las causas que han movido divisiones provienen de intereses ajenos.
La actitud de la dirigencia en uno u otro bando podría evolucionar hacia un intento de secesión. El proyecto de autonomía que impulsa el Departamento de la Sierra buscaría el apoyo de Brasil, mientras Evo Morales ya anunció que buscará el de Hugo Chavez y Fidel Castro con quienes estuvo reunido en La Habana hace poco tiempo.
La crisis de Bolivia mostraría así, la naciente pugna por el liderazgo de América del Sur entre Lula Da Silva y Chávez, así como también la importancia política que esta teniendo la energía en la región.
Un cambio de régimen en la región tendría múltiples efectos. Aunque este país es el más pobre de Sudamérica, tendría mucho más impacto que el producido por la reciente crisis ecuatoriana, mas efectos que el fenómeno de Chávez en Venezuela o incluso que la crisis de gobierno sufrida por Argentina en 2001.
Los países con mayoría de población indígena junto con Colombia, Panamá y Venezuela parecen ser atractivos para un excéntrico como Chávez que quiere proyectar su influencia reconstituyendo la unidad histórico-geográfica para crear una República hispanoamericana que se oponga a la imperialidad brasileña.
Pero la crisis boliviana, también afecta a Chile y Argentina al complicar el suministro de gas porque puede impedir la importación argentina desde el país del altiplano. Además Chile podría ver reactivado el reclamo boliviano por la salida al Pacifico y junto con Argentina sufrir un déficit de energia en un año electoral para ambos. Graciela N. Devita es periodista radicada en Argentina.
No es fácil en política, a veces, distinguir la diferencia entre la cara y el disfraz. Se trata de una comedia de equivocaciones no siempre grata. Hoy los vascos -específicamente minorías fundamentalistas- ante una España perpleja se proclaman nacionalistas. Es la máscara, tras ella está el regionalismo secesionista, dicho de otro modo, el afán de suplantar la identidad macro por otra micro. Nada más españolísimo que las provincias vascongadas, pero el chauvinismo comarcano es potente. Ya se vio al momento de la independencia de América, cada provincia hispana de ultramar se emancipa respecto de Madrid y se escinde en relación a las vecinas. Ese fue “el laberinto del general” aludido por García Márquez.
En Bolivia ya surgen “etarras” domésticos que se proponen defender la nación camba de los invasores collas. Eso significa disfraz nacionalista para cubrir el rostro del separatismo, es decir, de la balcanización. 15 millones de nuestros paisanos sonríen y muy orondos sentencian: “Bolivia no es un Estado viable”, pero no consideran que -en la VIII y IX Región- fermenta el afán de autodeterminación de una supuesta nacionalidad mapuche. Bastaría un incidente tipo Kosovo y un poco ducho político santiaguino -de esos que se crea que somos los ingleses de América del Sur- y señale como terapia la limpieza étnica para soportar una intervención armada de una fuerza equivalente a la OTAN.
Entonces, tendremos otra tormenta de viento blanco como en Antuco y el Ejército siempre vencedor y jamás vencido -ese que se moderniza en la cumbre con sofisticados equipos que constituyen un despilfarro mientras sus conscriptos carecen de parkas térmicas- tendría que inclinarse porque su poder de fuego es inferior. Peor aún, tendremos que aceptar una República de Arauco así como España su República de Euzcadi y Bolivia su República de Santa Cruz y hasta el emirato de Tarija. Imagino que nuestras FFAA saben que los imperialismos operan -respecto al Tercer Mundo- fomentado la desmembración. Si lo olvidaron, por favor, recuérdenlo. Lo importante: no confundan rostros con máscaras. Prof. Pedro Godoy P. Centro de Estudios Chilenos
EL DERECHO A NACIONALIZAR EL PETRÓLEO
El presente trabajo del ingeniero Enrique Mariaca Bilbao es muy oportuno en cuanto que en Bolivia los sectores populares luchan para renacionalizar el petróleo y el gas bolivianos. El autor, miembro del Comité de Defensa del Patrimonio, la Soberanía y la Dignidad Nacional (CODEPANAL), desarrolla la tesis de las Naciones Unidas: 'Soberanía Permanente de los Estados sobre sus Recursos'.
'No existe un mal mayor para una nación que las arcas del tesoro vacías, la impotencia nacional, la servidumbre y la muerte de la nación'.
'Bolivianos: ¡No dejemos que nos engañen! El Gas, el petróleo y los minerales... ¡Son Nuestros!
Soberanía Permanente de los Estados sobre sus Recursos
La Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General del 14 de diciembre de 1962, aprobó la Resolución 1803 que expresa: 'Teniendo en cuenta lo dispuesto en su resolución 1314 del 12 de diciembre de 1953, por lo que se crea la Comisión de Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales'. Y en su Resolución 1515, del 15 de diciembre de 1960, bajo los siguientes considerandos más importantes:
Cualquier medida debe basarse en el reconocimiento del derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales en conformidad con sus intereses nacionales.
Los acuerdos económicos y financieros deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los pueblos y de libre determinación.
La prestación de asistencia económica, técnica y el aumento de las inversiones extranjeras deben llevarse a cabo sin sujeción a condiciones que pugnen con los intereses del Estado que los recibe. Declara lo Siguiente:
Primero. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.
Segundo. La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen superiores al mero interés particular o privado tanto nacional como extranjero. En esos casos se paga al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adopte esas medidas, en ejercicio de su soberanía y con el derecho internacional.
Tercero. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización de origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional.
Cuarto. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales, debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los Estados basado en su igualdad soberana.
Quinto. La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo ya sea que consista en inversión de capitales, públicos o privados, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de información científica, será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales.
Sexto. La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz.
El derecho a nacionalizar esta inscrito en el Derecho Internacional
Mas adelante, en marzo de 1973, el Consejo de Seguridad de la ONU reunido en Panamá emitió la Resolución 330 mediante la cual reafirma la Soberanía Permanente de los recursos naturales por el Estado correspondiente. Así, el derecho a nacionalizar está inscrito en el derecho internacional dentro de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobado por la Resolución No. 3281 (XXIX) en la sesión Plenaria 23152 de Naciones Unidas celebrada el 12 de diciembre de 1974. En el capitulo II declara el derecho de todo Estado de elegir su sistema económico y de ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales; reconoce y determina en el inciso C del artículo 2º, el derecho del Estado de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de los bienes extranjeros, al dominio nacional.
El concepto de regalía
Un aspecto de doctrina que muestra profundas divergencias, es el referente al concepto jurídico anglosajón sobre la propiedad de las riquezas del subsuelo que corresponde, por extensión, al propietario del suelo; frente al concepto tradicional, heredado de la Corona española, de que tales riquezas pertenecían al Rey. De esta manera, la propiedad de las minas estaba estrechamente ligada a la Corona, con la salvedad de que esta propiedad tenía validez durante la vida del Rey, quien quisiera mantener el usufructo de la propiedad del subsuelo debería obtener nueva concesión del Rey sucesor. Es de destacar que los permisos o concesiones dictadas por el Rey, eran otorgadas a cambio, entre otras condiciones, a pagar un tributo al Rey (regalía).
El predominio de la corriente de ideas individualistas en el siglo XIX, hizo que las ordenanzas reales de 1738 se interpretaran en forma diferente al constituirse los Estados nacionales independientes. El Estado demo-liberal entregó sus riquezas mineras a intereses, predominantemente foráneos. Estos intereses realizaron una concentración de derechos y de privilegios que, en el caso de la industria petrolera y minera, dieron lugar a una explotación desconsiderada de los recursos nacionales exentos de tributos y más adelante se establecieron impuestos irrisorios en comparación a la riqueza extraída. Se puede decir que el poder colonial era mejor administrador que el nuevo Estado republicano.
Derecho de la soberanía del Estado
A principios del siglo XXI el aspecto de la tributación se tornó en el punto neurálgico del problema. Las compañías disponían de un arsenal de argucias técnico-económicas para minimizar la tributación; y por otra parte, en las leyes o códigos de petróleo persistían aún disposiciones lesivas al Estado, fuertemente influenciadas por las de los países anglosajones.
Es ilustrativo señalar un concepto tributario anglosajón que hasta hace poco estaba incorporado en la legislación petrolera de varios países latinoamericanos; se trata del llamado 'factor de agotamiento' (depletion allowance) que es una deducción del 27,5% de la producción que hacen las compañías a su favor, libre de impuesto, y que se dice que es una compensación que le corresponde a las compañías por el hecho del empobrecimiento que sufren sus yacimientos de petróleo. La aberración de esta deducción salta a la vista, pues, quién debe ser compensado por este empobrecimiento de los yacimientos es el Estado como legítimo dueño de las riquezas del subsuelo que aún el mismo Departamento del Tesoro (EUA), expresó que 'El depletion allowance es la mayor de todas las trampas'. Al igual que esta disposición lesiva, se podría señalar un gran número de aditamentos legales desfavorables que hacen de la explotación del petróleo un verdadero 'botín de conquista' para las compañías transnacionales.
El derecho a la nacionalización: consolidación de la soberanía permanente del Estado sobre los hidrocarburos. Pronto se advirtió que se hacía imprescindible e insoslayable la necesidad de controlar a través del Estado todo el proceso productivo del petróleo, y para poder cumplir estas aspiraciones, se hizo imprescindible incorporar otros conceptos tales como el de 'utilidad pública' y el de 'función pública o social' que debe satisfacer la propiedad privada en sus actividades económico-industriales. Caso contrario, queda abierta la posibilidad de la expropiación y consagrada la facultad del Estado para hacer la explotación directa de los recursos naturales.
Autodeterminación, la no intervención y la igualdad jurídica de los Estados.
El derecho a nacionalizar tiene su punto de partida en el principio de libre determinación de los pueblos, que consagra el inciso 2º. del Artículo 1º del Capitulo I de la Carta de las Naciones Unidas, y el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece:
Primero. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y promover asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
Segundo. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como en el derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
Tercero. Los Estados partes en el presente Pacto, inclusive los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
La recuperación petrolera consolida la unión nacional
El rescate y nacionalización del petróleo en América Latina ha profundizado la conciencia nacional y patriótica de amplios sectores de la población. Ha evidenciado que cuando existe la decisión de desarrollarse con independencia desaparecen los atavismos y prejuicios raciales y regionales. Se consolida la unidad nacional. Hace que las clases sociales establezcan un nuevo nivel de discusión política, que se desarrollen las organizaciones sociales de carácter popular, de trabajadores y campesinos. Y que en las fuerzas armadas se despierte y reafirme el interés de defender lo que es nuestro: el territorio y los recursos naturales. Se consolida el espíritu y la colaboración e integración latinoamericana.
La nacionalización de los hidrocarburos, sin duda, conducirá a la recuperación de los recursos naturales para plantear un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Este plan soberano, requiere de un gran esfuerzo conceptual y de organización. Que nos saque de estar inmersos en un medio político, económico colonial con gobernantes y operadores sumisos al poder transnacional, dotados de un alto complejo de inferioridad frente al sistema. Además, ignaros de la mecánica y de la ingeniería del sector de los hidrocarburos, repiten los mitos acerca de la incapacidad de los Estados para avanzar en su propio desarrollo, ignorancia innata, que les es imposible superar el mito del desconocimiento. Finalmente, se confiesan incapaces para enfrentar y manejar las obligaciones derivadas de las 'supuestas multimillonarias inversiones' con las cuales nos habrían inundado. Además, agitan el fantasma del 'bloqueo internacional', de la imposibilidad de conseguir nuevos financiamientos para nuestro futuro desarrollo. Ignoran o pretenden ignorar, que Bolivia tuvo una rica experiencia petrolera de más de 60 años.
La nacionalización de nuestros hidrocarburos es por tanto, un acto jurídico-político de expresión de soberanía y de autodeterminación, y no puede ser contestado ni objetado. Esto no excluye que cuando proceda, se realice por medio de expropiación sujeta a justiprecio.
La primera nacionalización en Bolivia se realizó, el 13 de marzo de 1937, cuando el gobierno militar de Toro expropió las concesiones y bienes de la Standard Oil por incumplimiento del contrato y por exportación clandestina del petróleo a la Argentina. La segunda, del 17 de octubre de 1969, el gobierno militar de Ovando expropió las concesiones y bienes de la Gulf Oil por utilidad pública y seguridad nacional, ésta última, por intromisión en la vida nacional, merced al poder económico y político adquirido gracias al Código Petrolero de Paz Estenssoro que les concedió excesivas ventajas.
El gobierno actual ignora o pretende ignorar el accionar positivo de YPFB, integrada en las complejas tecnologías de la industria y con plena autarquía para evitar el manoseo político vigente hasta 1985. YPFB con su lema 'al servicio de la Patria' cumplió con todos los objetivos que demandó el desarrollo nacional y llegó a ser la mas grande e importante empresa del país, con ingresos brutos superiores a los 750 millones de dólares por año, aportando al Estado con el 65% de esos ingresos aparte del pago del 12% de regalías departamentales.
Sus reservas de hidrocarburos al momento de su pseudo capitalización eran: En petróleo, 220 millones de barriles como reservas probadas y 1.600 millones de barriles probables y potenciales.
En gas, reservas probadas 7,2 trillones de pies cúbicos probables y potenciales 23 trillones de pies cúbicos. Y todas estas Reservas fueron enajenadas y transferidas a valor cero.
El eterno saqueo de las transnacionales bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial
El actual gobierno, apuesta a una nación colonia, sujeta al eterno saqueo por las transnacionales y bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial. Se asusta ante la 'nacionalización' y la tilda de 'suicidio económico'. Total ignorancia, ya que para su información conviene revisar la historia de las indemnizaciones: se pueden señalar muchos casos con arreglos globales. EUA con Checoslovaquia en 1946 y con Yugoslavia en 1948; Francia con Checoslovaquia en 1950; Gran Bretaña con Hungría en 1954 y con Rumania en 1961. En todos estos acuerdos el pago se redujo en 50%, 33% y hasta el 20%. O sea, que no hubo indemnización plena o adecuada, según el informe de agosto de 1973 al Comité Jurídico Internacional.
La forma de pago ha sido motivo de debate y en particular en los Estados Unidos de Norte América, no habiendo disposiciones obligatorias al respecto, solamente la costumbre internacional. Y Naciones Unidas recomienda agotar la jurisdicción nacional del Estado y actuar en consecuencia. Y en verdad o se han obtenido compensaciones cubiertas en un plazo muy largo, hasta de 30 años como en el caso de México, o bien se han hecho arreglos destinados a cubrir nacionalizaciones de varios sectores. Estos acuerdos se llaman 'lumpusum agreement'.
La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados establece en todo lo relativo a la compensación, 'se resolverá por el derecho interno'. Hay que añadir, que el pago no debe comprometer al Estado obligado de modo que ponga en peligro la marcha normal de sus servicios, su desarrollo y seguridad. El plazo largo y los medios adecuados pueden resolver este problema.
Es pertinente afirmar que el petróleo, el gas y los minerales pertenecen al Estado y no pueden ser adquiridos por prescripción o cesión dolosa, considerando además que el petróleo y el gas constituyen la principal fuente de energía y compromete todas las actividades económicas. Por tanto, compromete el desarrollo y la seguridad de la Nación. La explotación y operación de los hidrocarburos son de utilidad pública. Y ningún derecho privado, debe impedirlo. Así está previsto en nuestra Carta Magna, Articulo Nº 22, numeral II que dice: 'La expropiación se impone por causa de utilidad publica o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa'.
Primeras nacionalizaciones en Latinoamérica: hazañas de Bolivia en 1936 y de México en 1938
Uno de los acontecimientos más relevantes en el panorama de la industria petrolera mundial a partir de 1936, fue la aparición de las empresas estatales petroleras latinoamericanas como resultado del surgimiento de una conciencia nacional clara. Este histórico hecho se inicia con la creación de la primera empresa petrolera estatal en el escenario latinoamericano, a la terminación de la absurda Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932 a 1935). Esta guerra fue atizada subterráneamente por los poderosos consorcios petroleros Standard Oil (USA) asentada en Bolivia desde 1924 y la Shell Royal Dutch (Inglaterra), en Paraguay. Culmina este hecho con la inmediata nacionalización de los hidrocarburos y la expropiación de los bienes de la Standard Oil el 13 de marzo de 1937, por incumplimiento del contrato y haber incurrido en exportación clandestina de petróleo a la Argentina. Así nace a la vida Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el 21 de diciembre de 1936.
La Guerra del Chaco tuvo la virtud de amalgamar las diversas idiosincrasias regionales y raciales, y hacer prevalecer el pensamiento unitario para construir un país mejor y con justicia social. Para ello, había que empezar con el rescate del petróleo, y gracias a la triunfal Batalla de Villa Montes, se salvó ese valioso recurso natural para emprender la hazaña de la explotación con esfuerzo propio.
Para el rescate del petróleo se ideologizó el proceso de Nacionalización, un macro proceso que exigía la presencia de dos elementos básicos: el principio de soberanía sobre sus riquezas del subsuelo y la voluntad política de afrontar los riesgos externos del colonialismo vigente que sería afectado.
A un año de este histórico evento, el 18 de marzo de 1938 el gobierno de México bajo la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización de toda la industria petrolera y la expropiación de las concesiones y bienes de las 17 grandes empresas petroleras norteamericanas, inglesas y holandesas.
Es importante y justo remarcar el papel protagónico que le tocó jugar a México a raíz de la expropiación petrolera, pues constituyó un ejemplo y una enseñanza para los pueblos latinoamericanos. Fue el primer gran enfrentamiento de una nación con las transnacionales petroleras, defendiendo su dignidad y los principios de independencia económica. Puesto que las compañías estaban acostumbradas a atropellar las instituciones del país, complotar contra la estabilidad política del gobierno, evadir impuestos, corromper la moral administrativa, atentar contra la propiedad y vida de los ciudadanos que resistían sus presiones (como ocurre hoy en día, en Bolivia).
Estas actitudes colmaron la paciencia del Gobierno de México, además del desconocimiento público, de las compañías, de un laudo arbitral obrero-patronal refrendado por la Corte Suprema de Justicia. Y su decisión de abandonar los campos, plantas y equipos. Estas actitudes constituían una insolencia y un desacato hacia los poderes del Estado, y mostraban el desprecio por los intereses del pueblo mexicano al pretender paralizar el país y crear el caos. El Gobierno Mexicano dio de inmediato una respuesta digna y contundente al decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, medida que se complementó, con la creación de un organismo estatal para que asuma la responsabilidad del manejo y desarrollo de la industria en todas sus fases.
El cartel mundial del petróleo
Históricas medidas, la boliviana y la mexicana, que tuvieron extraordinaria repercusión internacional. A partir de entonces, se produce una toma de conciencia, acerca de la enajenación de los recursos naturales y de su proceso liberador. Se analizan antecedentes jurídicos y económicos en torno al derecho propietario de las riquezas del subsuelo, las figuras de concesión, y se formulan tesis tendientes a la recuperación del petróleo. Un duro golpe infringido al Cartel Mundial del Petróleo (el conjunto transnacionales que tenían el monopolio mundial de la industria), pues a partir de entonces, se fue produciendo la erosión de su poderío hegemónico que parecía absoluto.
El petróleo esta vinculado con el sorprendente avance tecnológico universal de los últimos cien años: la revolución industrial tuvo su motor en la utilización creciente del petróleo y se constituyó en un tremendo factor del poder tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, para aquellas naciones que controlaban la producción y las reservas mundiales de petróleo. La explotación e industrialización del petróleo, ha generado una imponente masa de beneficios y ganancias, en progresión geométrica.
La concentración de la industria petrolera ha determinado la aparición del Cartel, el cual llego a manejar monopolísticamente todas las actividades de la industria petrolera mundial, esto es: controlar las fuentes de producción, imponer los precios del petróleo y sus derivados, distribuir mercados y precautelar un desarrollo tecnológico exclusivista y cerrado.
Cuando se hizo evidente la portentosa riqueza petrolera del Cercano Oriente, que abatiría los precios causando el derrumbe de las compañías, se reunieron en Escocia los jerarcas de la Standard Oil, Shell Royal y Anglo Persian, y elaboraron un documento por el cual se estableció un mecanismo para fijar el precio índice del petróleo: que sería el mas caro el del Golfo de México (Texas). Además, se reguló y prorrateó la producción para evitar excedentes y se distribuyeron los mercados. Este acuerdo abrió una época de ganancias ilimitadas que se extendió plácidamente por cerca de 30 años, sin el menor respeto y consideración hacia los países dueños del petróleo.
La segunda guerra mundial vino a trastocar esta situación con el despertar de la conciencia nacionalista de los países latinoamericanos, que se fijó como un objetivo la intervención del Estado en la industria petrolera; la presencia en el escenario mundial de la pujante industria petrolera soviética bajo la modalidad de trueque, rompió la tradicional práctica del Cartel Petrolero de exigir pago en dólares o libras esterlinas. Finalmente, otro elemento perturbador para el Cartel fue el nacimiento de la OPEP, con la finalidad de estudiar el mecanismo de los precios y revisar la tributación.
Nacionalización, proceso de liberación
El profesor de derecho Konstantin Katsarov (Universidad de Sofía), en su libro Teoría de la Nacionalización, expresa: 'Después de 1944, las aspiraciones de la humanidad hacia la paz social, hacia una vida mas próspera, hacia una mayor justicia social, se orientaron en gran parte, hacia la nacionalización de los medios de producción y la realización de este postulado tomó el aspecto de una mística que ejerció sobre los pueblos, un efecto, por así decirlo, fascinante'.
La nacionalización en la época contemporánea tiene un status jurídico dentro del Derecho Internacional. Es evidente que se crea el conflicto de intereses al aplicar la nacionalización, caso frecuente en Latinoamérica, con dos problemas: la reclamación por una parte y la compensación por la otra.
Los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los Estados, la tesis de la supremacía del derecho interno sobre el internacional, ha reforzado el derecho soberano de los países para realizar las nacionalizaciones y llegar a acuerdos directos con los afectados. La organización de las Naciones Unidas dispuso la creación de la Comisión de la Soberanía Permanente de los Recursos Naturales que se encarga de estudiar lo concerniente a los derechos de los pueblos sobre sus riquezas naturales. Desde que las empresas petroleras estatales crecen y se mantienen dentro de una política petrolera diametralmente opuesta a la de las compañías transnacionales, estas han movido sus poderosos resortes con las fuentes de crédito. Y así, sabotear la cooperación, con una serie de medidas contrarias a las normas internacionales, pero pese a todo, las empresas estatales han podido sortear con éxito las dificultades y carencias. Consecuentemente, en los países latinoamericanos de mayor desarrollo, apareció la manufactura de herramientas y equipos, y también se han organizado centros de investigación.
A medida que pasan los años, se consolida cada vez más el principio de la participación directa del Estado en el desarrollo de la industria petrolera. El Estado preserva, regula y racionaliza su uso en función de las necesidades presentes y futuras, mientras que las compañías se dedican a explotarlo en forma indiscriminada, a menudo irracional, causando datos irreparables al medio ambiente y el irrespeto a las comunidades.
Lo único que les interesa es el lucro
El Estado puede planificar su desarrollo petrolero conforme a sus intereses y en concordancia con el desarrollo nacional. El Estado propone y ejecuta la integración energética nacional y vela por un desarrollo armónico y planificado. El Estado promueve el crecimiento de la industria y es consciente de la importancia de la tecnología y fomenta la investigación científica. El Estado, dueño de su petróleo, está libre de presiones que atentan su propia estabilidad.
Por el contrario, cuando operan las compañías transnacionales, inquietan el ambiente político y frecuentemente han intervenido en asuntos internos para proteger sus intereses (como en el caso del separatismo de Santa Cruz y Tarija). A las petroleras, no solo que no les interesa la investigación en el país, sino que aún para el manejo técnico-administrativo, utilizan personal foráneo. Y sobretodo, lo 'único que les interesa es el lucro para la empresa y nada más'.
Por otra parte, los hidrocarburos bajo el control del Estado, representan una conquista en el ideal de liberación e independencia nacional; mientras que la presencia de las transnacionales significa la supervivencia de elementos antinacionales, afines con procesos políticos-económicos regresivos. Finalmente, en el orden económico, el manejo de los hidrocarburos por el Estado se traduce en su aprovechamiento óptimo; es la única forma en que se convierte en riqueza nacional real, pues los valores que de él se derivan se inyectan en la economía del país y genera una acción en cadena. Con el resultado de diversificación, ampliación de las actividades de la industria, la minería, la agricultura y el comercio. Además, crea una vasta perspectiva de estabilidad al fomentar el desarrollo económico y social del país.
El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en un articulo publicado por IPS, califica como una 'inmensa explosión de gas', lo sucedido en Bolivia. 'La gente se ha alzado porque se niega a aceptar que ocurra con el gas lo que antes ocurrió con la plata, el salitre, el estaño y todo lo demás'.
Comienza hablando del auge de la plata de Potosí, cuyo resultado es 'una montaña hueca, indios asesinados por extenuación y unos cuantos palacios habitados por fantasmas'. Luego señala que en el siglo XIX también perdió 'su salitre' y 'el mar', cuyo ganador es un empresario británico que alimentó las costas de Europa con el fertilizante boliviano. En el siglo XX, Bolivia abasteció de estaño a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. El rico de entonces fue Simón Patiño. Cuando las minas fueron nacionalizadas quedaba poco mineral. Ahora, el recurso preciado es el gas, pero 'la desobediencia popular ha hecho perder un jugoso negocio al consorcio Pacific LNG, integrada por Repsol, British Gas y Panamerican Gas'. Por: Enrique Mariaca Bilbao (INFOMORENO - TRIBUNA BOLIVIANA)

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 artículo 2
 Artículo 1
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